Desde hace más de cincuenta años todo español ha sido educado en una verdad absoluta: el rey, nuestro rey, es el primer defensor de la patria. Culto y refinado, pero sencillo y campechano; padre y marido ejemplar; defensor de las más nobles causas sociales y ecológicas; honesto, decente y demócrata, ajeno e incólume al mal gobierno; virtuoso entre los virtuosos paladines de la Constitución. Sin embargo, más allá de una publicitada estrategia institucional, la realidad se nos ofrece más oscura y menos virtuosa. La historia de Juan Carlos I de España está llena de silencios incómodos que pocos se atreven a desvelar.

Esta polémica y abrumadora obra ofrece el más completo y descarnado relato biográfico del que fuera rey de España hasta 2014. Elegido y educado para ser rey por Franco, defensor de la herencia política del dictador, garante del statu quo institucional a lo largo de cuarenta años, esta vibrante e incómoda obra no silencia ninguna parcela de su vida y reinado; ni sus negocios millonarios, ni sus poco edificantes círculos de amistades, ni su ajetreada vida sentimental, ni tampoco su participación en alguno de los hitos más siniestros de la historia reciente como el intento de golpe de Estado del 23F.

Una lectura tan perturbadora como imprescindible.

Rebeca Quintans

Juan Carlos I: la biografía sin silencios

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Titivillus 27.05.18

Título original: Juan Carlos I: la biografía sin silencios

Rebeca Quintans, 2016

Diseño de cubierta: RAG

Editor digital: Titivillus

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A Pepe Rei, primer editor que hizo posible este libro en su lucha incansable por la libertad de expresión.

A todos los antifascistas que dieron su vida defendiendo la II y a los que hoy luchan por la III República desde las trincheras del activismo social.

En memoria de Andrés Sánchez, mi cómplice en esta y otras muchas aventuras.

Introducción

Un rey golpe a golpe

Pasear con Pepe Rei siempre fue una aventura trepidante. Lo digo tanto en sentido figurado (en lo que se refiere a haber tenido el privilegio de vivir de cerca la historia de Ardi Beltza / Kalegorria), como en el más literal. Desde la caza de brujas contra «el entorno» de ETA de 1997, Pepe se había convertido en toda una figura mediática, con constantes apariciones en los telediarios en primetime: en la Audiencia Nacional, introducido en un furgón policial, saliendo de prisión… Y ciertas calles de Madrid no eran precisamente un hervidero de sus fans. A veces le saludaban muy poco afectuosamente y no era demasiado agradable, la verdad. Por eso, en sus visitas a «la capital del imperio», Pepe insistía en movernos en coche, a veces incluso para desplazamientos ridículos si atendíamos a la distancia, por cortesía hacia nosotros, por mucho que le aseguráramos que no era necesario.

Recuerdo que, junto con mi compañero, el periodista Andrés Sánchez, circulábamos en coche en uno de esos recorridos absurdos por el centro de Madrid, cuando comenzó a contarnos sus planes para el lanzamiento de Ardi Beltza (oveja negra).

Fue después de su juicio en la Audiencia Nacional, en 1997; después del cierre de Egin, en 1998; después de ser detenido, encarcelado y puesto en libertad, en 1999… Todas actuaciones judiciales —una tras otra, sin tregua— que nunca iban a llegar a buen puerto, fallidas en el intento desde el principio; pero con un daño inmediato indiscutible, y encaminadas más a medio y largo plazo a minar la moral y la paciencia de los más resistentes. Era increíble que después de todo eso Pepe tuviese energías, no ya para continuar, sino para empezar de cero con un proyecto nuevo tan ambicioso y tan difícil. Pero así era Pepe.

Cuando le conocí, hacía poco tiempo que yo había terminado mi frustrante tesis doctoral e intentaba ganarme la vida como reportera free-lancer, con temas de sociedad que a duras penas conseguía que llegasen a las páginas de revistas como Interviú, Tiempo, Tribuna… Mi única válvula de escape, el semanario Artículo 20, estaba a punto de cerrar sus puertas definitivamente, tras una huelga (en la que yo no tomé una parte activa, porque era sólo colaboradora) que acabó como el rosario de la aurora (según la empresa editora se llegaron a lanzar huevos al director, José Luis Balbín; y yo no voy a reconocer más…). En ese contexto el discurso de Pepe era una bocanada de aire fresco que me reconciliaba con mi pasión por el periodismo.

A medida que nos iba contando el proyecto, me contagiaba su entusiasmo. Parecía dar especial valor a temas que hubieran rechazado revistas convencionales por cuestiones políticas o de conflicto con las empresas que pagaban la publicidad de las publicaciones… De eso había mucho en los cajones de los periodistas free-lancers en Madrid; e incluso de los que no eran free-lancers, como Andrés, y que estarían dispuestos a pasarlos a Ardi Beltza para publicarlos bajo pseudónimo. Hablamos de temas que yo ya tenía en aquel momento listos y por distintos motivos no había podido colocar. Casi todos le parecían interesantes. Pactamos una colaboración estable y comprometida por mi parte, que se iba a mantener todo el tiempo que duró la publicación; aunque siempre bajo pseudónimo (sobre todo, para no poner en dificultades con mi firma la inestable estabilidad laboral de mi compañero, Andrés Sánchez, en Interviú: temíamos que sus jefes, que desde hacía tiempo acechaban un motivo procedente para despedirlo, lo fueran a encontrar no ya en su colaboración, que por supuesto también la hubo, sino en la mía, atribuyendo su autoría a los trabajos bajo mi firma).

En la misma sustanciosa conversación, nos contó Pepe cómo pensaba financiar la publicación (que nadie piense mal: tendría que ser sostenida por los propios lectores, distribuyéndose exclusivamente mediante suscripción: quien quisiera leerla tendría que pagar todo el año; en aquel momento estaban en plena campaña de captación de suscriptores, previa al lanzamiento). Y nos habló de la línea editorial que pensaba iniciar en paralelo, incluyendo en el paquete anual de suscripción cuatro libros que, evidentemente, todavía no existían. Todavía no existían y Pepe quería ideas… pero algunas ya las tenía bien pensadas.

Uno de los primeros libros (quizá el segundo o el tercero de la colección, calculaba) habría de ser sobre el rey. Un tema tabú donde los haya, quizá el más tabú de todos. Ese libro quería Pepe que fuera un bombazo y seña de identidad de la publicación. Se trataba de hacer una biografía no autorizada que recogiese lo más destacado sobre el monarca, de la multitud de informaciones que circulaban fragmentadas, o en un exclusivo boca a boca en los mentideros de la corte, o que dormían el sueño de la censura en los cajones de la conciencia (o de alguna publicación poco audaz). Pepe necesitaba un periodista serio, riguroso, con cabeza, que escribiera bien… Pero tampoco era necesario —nos explicaba— que realizase una gran labor de investigación: sería un trabajo sobre todo de documentación; y Pepe y otros colegas le iban a facilitar el contacto para entrevistas confidenciales con personajes relevantes, y el acceso a diversas fuentes extraoficiales e inéditas. Podría firmar bajo pseudónimo y se garantizaba la confidencialidad.

Yo le escuchaba cada vez más inquieta en el asiento delantero del coche, girándome hacia atrás para mirarle y pasando por la mirada escorada de Andrés al volante… Mi compañero definía ciertos aspectos de mi carácter como una pertinaz querencia a saltar en los charcos sin calcular bien los riesgos, y creo que adivinaba lo que quería decir en aquel momento. Era una novata sin apenas experiencia en el mundo del periodismo; pero hacía poco tiempo, como ya dije, que había terminado una frustrante tesis doctoral, precisamente sobre el rey (sobre sus discursos y su repercusión en la prensa, para ser exactos)[1]. Y digo «frustrante» porque la elección del tema se había hecho con toda la intención, pero el resultado de mi trabajo se quedó muy corto en cuanto a capacidad crítica sobre la institución monárquica (mucha lingüística pragmática y poca conclusión política).

Me había pasado varios años leyendo hasta entre líneas todo lo que caía en mis manos sobre la vida y milagros del monarca y la Transición española, escudriñando en las hemerotecas las páginas de la prensa que hacían la más mínima referencia al rey, interpretando gestos y analizando campañas mediáticas… Y disponía de unos archivos bien ordenados con una documentación extensa a los que apenas había podido sacar provecho en la redacción de la tesis, con cuyo resultado nunca estuve satisfecha. ¡Yo quería hacer ese libro! Yo prometía ser «seria» y «rigurosa» y poner mis cinco sentidos en ello. Prometía ajustarme al pie de la letra a todos los objetivos del editor, cumplir todos los plazos, dejarme ayudar, aconsejar y criticar todo lo necesario… Yo quería escribir ese libro. De hecho, ya estaba empezando mentalmente a darle vueltas al caldo de ideas y a pensar en cómo deconstruirlo en capítulos, cómo organizar la información…

No sé a dónde nos dirigíamos en aquel coche aquel día, eso no lo recuerdo. Pero sí que, para mi gran alivio, Andrés no puso objeciones —al menos en voz alta— a mi osadía, planteada con la ansiedad e insistencia de una niña frente a un escaparate de caramelos; incluso apoyó con alguna frase que sí podía ser «seria» y «rigurosa» y esas cosas… Y Pepe, aunque es cierto que hacía muy poco que nos conocíamos, se lanzó a la piscina de creer en mí, con ese atrevimiento con el que acometía casi todo lo que hacía.

Visto ahora, con la distancia de más de una década, no puedo menos que idealizar un poco aquella etapa, atroz en algunas cosas, apasionante siempre. Hicimos varios libros y un montón de reportajes, en una constante vorágine de actividad. Para coordinarnos, planificar proyectos y, sobre todo, reír juntos del éxito que suponían los ladridos impotentes del poder cuando cabalgábamos, Andrés y yo viajábamos a Euskadi, Pepe bajaba a Madrid, nos llamábamos varias veces al día por teléfono… No parábamos y, todo hay que decirlo, pese a la multitud de dificultades y contratiempos, lo pasábamos en grande. ¡Cuánto aprendí en aquellos paseos con Pepe, por La Concha o por la zona vieja de Compostela o por donde nos pillase! No sólo de periodismo, sino sobre todo de actitudes ante la vida, en la lucha, inasequibles al desaliento.

Ardi Beltza vio la luz por primera vez en enero de 2000 y tuvo una intensa y corta vida de poco más de un año, en el que se convirtió en la segunda revista vasca de información general. Durante sus primeros meses se fue pergeñando el libro del rey, en un ritmo de trabajo casi relajado al principio. Recopilaba información nueva, hacía entrevistas… y pensaba, en interminables conversaciones con Andrés, en la forma y estructura que había que darle. Cuando se acercaba el otoño, hubo que pegar un extraordinario y estresante acelerón para cumplir con el plazo que nos habíamos propuesto. Pero las ideas sobre lo que había que decir estaban ya tan claras que la redacción salía del tirón, casi sin esfuerzo, como si estuviera ya escrito de antemano. Sin tiempo ya ni para que Andrés pudiera leerlo, aunque su colaboración había sido extraordinaria en toda la fase previa, yo le iba entregando el texto capítulo a capítulo a Pepe por correo electrónico, y él lo revisaba y lo enviaba a imprenta, directamente, con plena confianza. Me llamaba cada noche para comentar algunos cambios y correcciones que había hecho, pero se le notaba satisfecho con el trabajo.

Lo último que envié fue el rebuscado pseudónimo que enmascararía mi nombre, y la biografía para la solapa:

LA AUTORA: PATRICIA SVERLO

Este libro no podría ser obra, evidentemente, de un monárquico, y, en efecto, Patricia Sverlo no lo es. Su formación en el campo del periodismo, en gran medida autodidacta, se ha centrado en lo que considera tres herramientas básicas: aprender a escuchar, observar y leer entre líneas; a expresarse sin autocensura; y a reconocer para quién se trabaja; es decir, el lado de la Historia desde el que se escribe. En cuanto a sus obras, las que ha hecho más a gusto, nunca pudo firmarlas, por lo que su currículum oficial carece aquí de mayor interés. El presente libro es otra de las que quedarán fuera de él. Como la realidad manda, la editorial Ardi Beltza ha aceptado la responsabilidad, ya que en las actuales circunstancias políticas un proyecto de estas características es inasumible individualmente por nadie. El pseudónimo Patricia Sverlo, más que a una persona, representa un «estado de situación» que, esperamos, cambie en el futuro.

No diré que estábamos «asustados», pero sí en estado de alerta, desasosegados, cautelosos en nuestro bullebulle… No sabíamos qué iba a pasar, nunca se había publicado nada así, ni parecido… Cuando entregué las últimas páginas llevaba meses encerrada escribiendo, sin apenas salir de casa ni hacer vida social en absoluto, en una burbuja de concentración y expectación extraña. Me marché con Andrés al día siguiente a un viaje cuyo destino decidimos en el momento en una agencia de viajes, casi al azar, a lo más distante y exótico que permitía nuestro presupuesto: Sri Lanka, que en aquellos momentos estaba en estado de excepción por el conflicto con los independentistas tamiles del norte (con Andrés los viajes nunca eran turísticos). No sabíamos si al regreso nos íbamos a encontrar el libro secuestrado, a Pepe Rei en la cárcel, una orden de busca y captura contra el autor… Hubiera deseado que el viaje durase mucho más, que a nuestro regreso ya hubieran pasado meses desde la publicación y ya se hubiese calmado cualquier temporal que hubiera podido provocar… Pero cuando llegamos todo estaba tranquilo, en una calma chicha todavía.

Un rey golpe a golpe salió a la venta a tiempo para la feria del libro de Durango, y esa fue su verdadera presentación en sociedad, más que la distribución a los 12.000 suscriptores de Ardi Beltza por correo. Fue toda una satisfacción oír cómo batía récords de ventas día tras día, y las cariñosas quejas de Pepe Rei porque le dolía la mano de tanto firmar ejemplares de un libro que no había escrito él. La acogida fue extraordinaria; y, como autora, disfrutaba enormemente escuchando los comentarios llenos de entusiasmo de personas que no tenían ni idea de mi autoría. En seguida Pepe comenzó a lanzar nuevas ediciones, con unas tiradas impresionantes que sin embargo se vendían rápidamente.

Y eso que su presentación fue prohibida en distintos medios, y que las publicaciones se negaban a sacar siquiera el anuncio —pagado— en sus páginas. Muchos libreros, cubriéndole la espalda al monarca, no querían venderlo. En Madrid, sólo algunas librerías pequeñas y alternativas lo distribuyeron. El Corte Inglés se negó en redondo, y eso que la distribuidora ya había abierto esa vía comercial, muy astutamente, antes, con el libro sobre el programa «Gran Hermano» (que, por cierto, a otra escala, también había tenido muy buenas ventas, y El Corte Inglés lo sabe bien). La Casa del Libro atendía por encargo las peticiones de la clientela, por debajo del mostrador, con los ejemplares escondidos en un cajón muy lejos de los expositores. Aun así, Un rey golpe a golpe se vendía como rosquillas, por más que ninguna de las revistas especializadas en novedades editoriales y listas de ventas hicieran jamás referencia alguna.

A casi nadie le cupo dudas de que el libro fue una de las razones —aunque hubo otras: el trabajo en la redacción de Ardi Beltza era muy intenso— por la que la revista fue ilegalizada, si bien nunca se la mencionó como tal en el sumario judicial ni en las noticias de la prensa. El 19 de enero de 2001, el superjuez Baltasar Garzón ordenó la enésima detención de Pepe Rei, que se produjo en la redacción de Orereta. Tampoco quedaron claros los motivos, pero la sombra de Un rey golpe a golpe revoloteaba por ahí. Estaría encarcelado 145 días en Alcalá Meco, secuestrado por el Estado, hasta que un auto de la Sala Cuarta de la propia Audiencia Nacional, contra las tesis de Garzón, ordenó su libertad, el 13 de junio de 2001.

La ilegalización de Ardi Beltza no sirvió de mucho: nació Kalegorria (calle roja) en mayo de 2001, y Un rey golpe a golpe volvió a publicarse a cargo de Miatzen, la editora de la revista, domiciliada en el Estado francés para mayor seguridad. Se siguió vendiendo a buen ritmo y además se tradujo al catalán, aunque la campaña en su contra también continuó, por supuesto.

Incluso se persiguió su derecho a estar en una biblioteca pública: ABC denunciaba el 22 de enero de 2001, como si fuera un gran escándalo, que organismos como la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Bilbao dispusieran de ejemplares en sus respectivas bibliotecas. Y aunque se donaron ejemplares a muchas otras, como la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela, no llegó a figurar en sus catálogos. El Mundo, por su parte, difundía en grandes titulares (el 3 de marzo de 2002) las críticas del PP a un supuesto apoyo institucional al libro en Baleares, porque se había consentido que la edición catalana fuera presentada en el marco de la XIII edición de la Setmana del Llibre en Català, organizada por el Gremi de Llibreters, en colaboración con el Govern balear y el Consell de Mallorca; y eso que reconocían en el mismo artículo que Un rei cop per cop, presentado apenas unos días antes, estaba ya agotado, lo que corroboraba que existía una demanda importante de la obra que justificaba la traducción que se había hecho de ella (de hecho, en noviembre se situaba en el lugar número 15 de la lista de los 25 títulos más vendidos en Cataluña).

Repito que es difícil no idealizar aquella época, llena de pequeñas y grandes satisfacciones, aunque fueran de esas que no sirven en absoluto para escalar puestos ni «triunfar», en el sentido más convencional que la sociedad suele darle al término. Una etapa llena de sueños y proyectos que veías crecer poco a poco e ir tomando cuerpo. Recuerdo que a comienzos de 2002 ya se había puesto en marcha la versión digital y la incipiente actividad audiovisual de Kalegorria, con la producción de dos documentales. Preparábamos un tercero basado en el libro, y yo trabajaba en el guion al tiempo que comenzaba a recoger información para una especie de segunda parte en papel, que estaría centrada en la figura del príncipe Felipe. En aquella época mi actividad laboral ya se desarrollaba en exclusiva en la empresa Kalegorria, aunque desde la distancia de Madrid y sin que mi nombre apareciese por ningún lado.

Y, entonces, pasó lo que pasó. En agosto de 2002 Pepe Rei sufrió un accidente de circulación en la variante de Donostia, con el resultado de una grave lesión cerebral. Las secuelas le han impedido poder seguir dedicándose a su pasión: el periodismo de investigación. Su gran proyecto quedó huérfano y, aunque Kalegorria todavía se mantuvo en pie durante un tiempo, acabó resintiéndose irremediablemente de la pérdida y las dificultades económicas terminaron por devorarla.

Nunca podré llegar a expresar todo lo que he echado de menos a Pepe, tanto profesional como personalmente, estos años, si bien hemos mantenido un contacto limitado, pero profundamente afectuoso siempre, al amparo de su admirable compañera Miren, entrañable amiga para mí. En lo profesional he de reconocer que el mundo se me vino abajo. Después de todo lo que habíamos vivido, me resultaba imposible volver a hacer «reportajillos» —cada vez peor pagados, además— para semanarios convencionales sobre temas estúpidos. Hay caminos que tienen muy difícil vuelta atrás. Y en poco más de un año decidí que, como eso de comer todos los días y llegar a fin de mes era a pesar de todo imprescindible, habría que buscar una solución.

Desde 2004 intenté compaginar la actividad periodística en medios alternativos (nada rentables en lo económico, aunque sí en cuanto a los compromisos éticos adquiridos con el oficio) con mi trabajo como profesora de secundaria de Lengua y Literatura (en un instituto de Entrevías, en Madrid, que también tiene su reto). Y en 2006, alentada por alguna que otra oferta editorial, acometí por primera vez la revisión del libro, que ya estaba descatalogado pero seguía difundiéndose y comentándose en internet. Pasaba el verano en Cedeira (Galicia), al borde del mar, ordenador en ristre y chaqueta gruesa al hombro para defenderme del viento del norte, cuando llegó otro terrible mazazo: la muerte de mi compañero Andrés Sánchez, repentina y fulminante.

Se podrá comprender que quedara noqueada un tiempo, sin ánimo para volver sobre el tema. Publiqué desde entonces, eso sí, algunas cosas sueltas que iban saliendo al paso, en El otro país (sobre las cacerías del rey y sobre la muerte de la hermana de Letizia Ortiz), y en Diagonal (una entrevista con Martínez Inglés, algunos apuntes sobre los negocios en Mallorca de Urdangarin y compañía…); pero poco cosa. Y sólo ahora he tenido el valor de retomar una tarea que, cuanto más tiempo pasa, más urgente se hace pero también más difícil. Han pasado más de 15 años desde la primera edición y hay cada vez más cosas que actualizar.

Fahrenheit 490.3. Libertad de expresión y monarquía

Si Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arden los libros (que impiden ser feliz al pueblo, según las autoridades, en la claustrofóbica sociedad de la novela de Ray Bradbury y de la película homónima de François Truffaut); y Fahrenheit 6/11 la temperatura a la que arde la libertad en el nuevo orden mundial de George Bush (en la película documental de Michael Moore); Fahrenheit 490.3 es la temperatura a la que el sistema jurídico se pasa por la parrilla nuestra libertad de expresión cuando el tema a tratar es la monarquía, ya sea la de Juan Carlos I o la de Felipe VI.

«La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», dice la norma normarum, la Constitución de 1978, en su artículo 56; y, en el 64, que los únicos responsables de sus actos serán «las personas que los refrenden» (es decir, el Gobierno, ya sean actos públicos o privados). Lo que significa que no se le puede juzgar, haga lo que haga o diga lo que diga. Pero no es así para quien escriba sobre el rey, que puede ser perseguido de oficio y sufrir las caricias de todo el aparato del Estado del Reino de España.

Lo mucho que —pese a todo— salió a la luz en los últimos tiempos sobre Juan Carlos I, hizo descender unos grados, si no la temperatura, sí la sensación térmica con la que vivimos la censura. Pero los vientos que provocaron el cambio no suponían que la maquinaria de control informativo hubieran dejado de funcionar. Se trataba más bien de una pequeña tregua para acabar con el reinado de Juan Carlos I y dar paso al de Felipe VI, y de un pequeño cambio en el que la censura estaba adoptando una cara distinta.

Durante los primeros años de la Transición, la buena mano del secretario del rey, Sabino Fernández Campo, sirvió de apagafuegos para tratar asuntos delicados y negociar con la prensa. Su legendaria técnica consistía en ofrecer información a cambio de silencios. «No publiques esto, y te doy información sobre esto otro». Pero en la trastienda había mucho más. Esto sólo valía para tratar con los ya predispuestos, los «buenos chicos» de la prensa, que aceptaron sin problemas un «pacto entre caballeros» para no atacar la figura del monarca. Los casos de censuras y sanciones por supuestas injurias se sucedieron año tras año.

Por citar sólo algunos ejemplos, rayanos en lo ridículo, de ciudadanos represaliados por su osadía, recordemos al cocinero Marciano Delgado Francés, que en 1988 se pasó seis meses en la cárcel por insultar al rey durante un desfile; al marinero ceutí Abdelauhab Buchai Laarbi, condenado en julio a seis meses por injurias leves al rey en un autobús; al joven José Espallargas, juzgado en enero de 1990 por haber hecho un dibujo obsceno sobre un sello del rey en una carta que enviaba a su novia desde la mili; o a los tres turistas extranjeros detenidos en agosto de 1991 por insultar al rey y a España mientras viajaban en un autobús en Madrid. Ninguno de ellos había usado un medio de comunicación masiva para expresarse.

Otros que sí lo hicieron corrieron suerte, si no pareja, peor: el 13 de febrero de 1981 fue secuestrada la revista Punto y hora; en noviembre de 1985, la revista satírica El Cocodrilo; en noviembre de 1987 el Tribunal Supremo condenó a seis años de cárcel al periodista Juan José Faustino Fernández Pérez, de la revista Punto y hora (aunque en 1990 el Constitucional suspendió la condena); y en febrero de 1990, a un año al articulista Ignacio Antigüedad, por la publicación de la columna titulada «¡Juan Carlos fuera!». En todos los casos el presunto delito era «injurias al rey», aunque aún no estaba tipificado como tal.

Con todo, cerca ya de la década de los noventa, cada vez más publicaciones se atrevían con artículos y reportajes que quebrantaban tímidamente el pacto de silencio. En julio del 88 Tribuna publicaba un escandaloso reportaje titulado «Así se forran los amigos del rey. Sus fortunas y sus negocios»; y dos años más tarde repitió éxito de ventas con «Líos de la corte de Mallorca: Aristócratas, financieros y políticos rodean a la Familia Real». También algunos autores incluían informaciones interesantes en obras que en modo alguno se presentaban como fustigadoras de la imagen del rey. Entre ellas las del periodista Jaime Peñafiel, hoy desprestigiado y desterrado a los últimos y más inmundos confines de la televisión basura, pero en su mejor momento audaz traidor a la confianza que los círculos monárquicos depositaran un día en él.

La crisis con la prensa en esos años tuvo una de sus consecuencias más visibles en la salida nada amigable de la Casa Real del propio Sabino Fernández Campo, bajo sospecha de estar personalmente involucrado en la filtración de algunos extremos de la monarquía borbónica. Y, sin duda, tuvo mucho que ver también con la reforma de 1995 del Código Penal (a cargo del ministro Belloch, entusiasmado en la redacción de uno prácticamente nuevo), que sirvió entre otras cosas para salvar el escollo de que no existiera ningún delito tipificado como de «injurias al rey».

El nuevo artículo 490 establecía en su punto 3: «El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son» (con su coletilla en el artículo 491 que establece una «multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona»).

Existe la percepción de que ahora se publican más libros, de que la prensa ha roto por fin esa especie de acuerdo tácito, el «pacto de caballeros» para no publicar nada dañino a la Corona, que estuvo tan férreamente amarrado durante la Transición (tanto que la prensa extranjera llegó a atribuirle una base formal, hablando de un acuerdo presuntamente firmado en 1976 entre el Gobierno y la Federación de la Prensa). El supuesto pacto de silencio se justificaba por el desapego popular al sistema monárquico durante los primeros años del posfranquismo coronado, que obligaba a protegerlo frente a críticas peligrosas que hubieran sido inevitables en un sistema de completa libertad de prensa. Actualmente, sí, existe la percepción de que se ha roto o al menos debilitado; pero el pacto sigue firmemente consolidado entre buena parte de periodistas, escritores y editores, y bajo la atenta mirada de jueces y fiscales que deciden en última instancia qué se puede publicar o decir y qué no. Y la Casa Real sigue interviniendo como antaño, con discreción pero con la fuerza y contundencia que considere en cada caso.

Sí es cierto que, en lo que a libros se refiere, la producción de obras en torno a la figura del rey y otros miembros de la familia real ha sido bastante fructífera en los últimos años. Pero la mayoría de ellos continúan el tono hagiográfico habitual y pocos aportan apenas información de interés (a excepción de escasos ejemplos, como el magnífico estudio de Sáinz de Medrano sobre la familia de la reina Sofía, si bien con un formato y estilo poco asequibles al lector medio y desde una perspectiva cuando menos «amable» con el sistema monárquico en general, y con la estirpe de Juan Carlos en particular).

El tono ha cambiado bastante, después de Un rey golpe a golpe, en algunos, como Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones, de Iñaki Errazkin; Juan Carlos I: El último Borbón, de Amadeo Martínez Inglés; o Una monarquía protegida por la censura, de Iñaki Anasagasti. Pero hay que decir que no resultó fácil la publicación de estos libros. Martínez Inglés denunció en su día que la editorial Espasa Calpe, del grupo Planeta, había roto el compromiso para la publicación de su libro La Conjura de mayo en el último momento, teniendo que buscar otra precipitadamente. También Iñaki Anasagasti contó su odisea con la editorial La Esfera de los Libros, que en 2007 le encargó la obra para que en ella contase sus vivencias, desde dentro del sistema, con el entorno de la monarquía; y luego cometió la torpeza de enviarlo a la Casa Real e, inmediatamente, claudicar ante sus presiones para que no se publicase (finalmente, un año después, lo sacaría la colección Foca, de la editorial Akal, una colección dirigida a la sazón por el añorado Javier Ortiz).

Otros se quedaron irremisiblemente en el camino. No sabemos cuántos, claro. Pero sí tenemos noticia, por ejemplo, de las memorias de Manuel Prado y Colón de Carvajal, fallecido en diciembre de 2009. En junio de 2010 se decidió que Una lealtad real no llegaría nunca a las librerías. Su editorial (Almuzara, de la que es dueño Manuel Pimentel, exministro del PP de Aznar) dio marcha atrás y encerró el manuscrito en el baúl de los recuerdos, cuando ya se había pagado un adelanto cercano a los 36.000 euros, estaba preparada la campaña de publicidad e incluso un número de ejemplares con la firma de puño y letra del autor. Y eso que de su contenido no se esperaba una auténtica bomba, ya que las omisiones, presumiblemente, eran más clamorosas que lo que realmente contaba. Según parece, Prado hablaba, entre otras cosas, del golpe del 23F y de su condena relacionada con el caso KIO. A día de hoy, no ha sobrevivido ningún ejemplar de las primeras pruebas de imprenta. Todos, siguiendo la política de ISBN de las editoriales, fueron destruidos ya que no se había publicado en el momento preciso. Sin embargo, Prado dejó testimonios orales y aun escritos de sus vivencias al lado del rey, algunos en poder de El Confidencial, el digital fundado por Jesús Cacho, que ha publicado jugosos fragmentos (apuntes personales del propio Prado) referidos al 23F.

En los últimos años se vivió, sin embargo, un momento especialmente fecundo para una producción editorial poco frecuente, que jugó un destacado papel en la partida de ajedrez en Palacio, en los momentos previos y posteriores a la abdicación. El libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria, colaboró conscientemente en hacer inclinar el peso de balanza a favor de Felipe, en detrimento de la figura mítica de Juan Carlos, que se arrojaba a la basura sin contemplaciones. Final de partida, de Ana Romero, resarcía de la frustración del silencio en torno a la entrañable amiga del rey, Corinna, dentro de los límites del pudor bienpensante; y reforzaba el apoyo a la figura intachable del nuevo Felipe VI. Sorprendentemente, ninguna de las dos obras tuvo problemas para llegar al mercado. La primera, apadrinada por la editorial de José Manuel Lara, marqués del Pedroso de Lara por la gracia del rey y nada sospechoso de ser un defensor de la libertad de expresión. La segunda, con la Esfera de los Libros, del grupo Unidad Editorial, al que también pertenece El Mundo, el diario del que salió la autora, Ana Romero, muy indignada porque le habían censurado un artículo en el que hacía mención a Corinna.

Que se trata de una cuestión de tempos y de saber medir la cantidad exacta de información que se suministra, presentándola en el tono y con la ideología de fondo adecuada, lo demostró también otro libro presuntamente crítico, supuestamente de investigación, de la misma editorial: La corte del rey Felipe VI, de Daniel Forcada y Alberto Lardiés. Ya en los agradecimientos advierten de la colaboración del fontanero de Zarzuela Javier Ayuso, el que fue director de Comunicación durante toda la etapa previa a la abdicación de Juan Carlos. Ayuso introdujo una nueva manera de llevar el control mediático: minimizar daños asumiendo lo que no se podía negar, haciendo llegar a donde correspondiese la narración ya lijada de asperezas y detalles sórdidos innecesarios, bien podada de lo que pudiera hacer daño de verdad.

Lo único realmente crítico que llegó a publicarse, y crítico además con el círculo no sólo de Juan Carlos sino especialmente con el de Felipe, el nuevo gran tabú, fue Adiós, princesa. No es por hacerle la pelota al editor, Ramón Akal, pero es de destacar su coherencia a lo largo de una prolífica carrera en un minúsculo grupo de los que no se arredran. No se presentó ninguna querella contra el libro, que desvelaba la hipocresía de Letizia Ortiz, reconvertida en reina ultraconservadora tras un pasado de mujer normal, en el que había optado por ejercer sus derechos al divorcio y a interrumpir voluntariamente un embarazo, antes de entrar en el círculo anacrónico de la monarquía. Se prefirió en cambio dejarlo caer en el olvido, y dar la callada por respuesta a todos los niveles. No se ha distribuido con la misma facilidad que otras obras, evidentemente. Pero se ha vendido bien, sin que se haya comentado mucho, y no parece que haya terminado su vida editorial.

En cuanto a la prensa convencional, cuando las autoridades creen que con una regañina basta, se conforman con eso. La susceptibilidad de la Casa Real había encontrado enormemente irritante que El Mundo, en el verano del 92, se hubiera hecho eco de lo publicado previamente en la revista francesa Point de Vue, al respecto de los amores del rey con la decoradora catalana Marta Gayá; pero no por el contenido de la información difundida —decían—, sino porque el diario madrileño habían omitido los «elogios y valoraciones positivas» en torno al rey que incluía el texto de la revista francesa. Mucho más recientemente, en diciembre de 2004, las sutilezas monárquicas dieron muestras de su vitalidad, impulsando que se trasladara su «desagrado» a la Conferencia Episcopal por el tratamiento que había recibido la familia real en la Cope, la cadena de los obispos. En concreto, la Casa del Rey se quejó por los comentarios realizados por Federico Jiménez Losantos en su programa La mañana, el 17 de noviembre, sobre la visita oficial a Cataluña de los príncipes de Asturias. Al comentar la agenda del heredero de la Corona y su esposa, Jiménez Losantos había osado decir: «Siendo príncipes de Asturias, lo suyo es tratar con el mundo marginal, con el hampa» (se refería a que habían comido con «los chicos del PSC»).

Cuando no pueden evitar que una información salga, intentan que los propios medios de comunicación la suavicen en la medida de lo posible: En las Navidades de 2005 diarios como El País y El Mundo se hicieron eco de las críticas a La Zarzuela por recurrir a un burdo fotomontaje para felicitar a los españoles, con distorsiones apreciables a simple vista (entre otras, a Juan Carlos le faltaba la pierna derecha, y a Victoria Federica, hija de los Duques de Lugo, las manos); pero disculpándolo: «El hecho de felicitar la Navidad con una fotografía es una decisión privada, de la misma manera que otros optan por los dibujos, las caricaturas o los simples mensajes», puntualizaba El Mundo, citando una fuente confidencial de la Casa del Rey. El País restaba importancia a cómo no-se-había-hecho la foto: «Cada vez es más difícil reunirlos a todos, en especial a los niños porque algunos son pequeños. En este caso los avances de la técnica han ayudado».

Pero lo más práctico es censurar, lo que sea, directamente: en abril de 2011 la TV3 catalana (siendo su directora general Mònica Terribas) encargó a los cineastas Montse Armengou y Ricard Belis un documental que tuviera como eje la valoración política de la institución monárquica española. El título del trabajo, ya realizado, ya finalizado, a punto de emitirse, era «Monarquía o República». Pero, no se sabe por qué (al menos oficialmente), TV3 suspendió su emisión sine die.

Y es que la imagen del rey creada en la prensa a lo largo de los años sigue siendo una cuestión de Estado. Se hará lo que sea preciso, se invertirá cuanto sea necesario en teleseries almibaradas y reportajes grandilocuentes, para que no se resquebraje el retrato robot. Un retrato que, en palabras de Alejandro Segura (en su artículo «El Rey según McLuhan, una historia de mensajes y masajes» lo ha resumido tan bien que por qué enmendarle nada), nos lo presenta como: «Juan Carlos I el campechano, el afable bribón, el bromista, el deportista, el hombre de familia. Pero cuidado, también y al mismo tiempo el hombre de Estado que vela por nuestros intereses, el mesías de cuya mano cruzamos el desierto, el elefante dormido al que no hay que molestar o te mandará callar. El personaje público que ha copado el número uno de todos los rankings del más querido en nuestro país en las últimas décadas. El símbolo de la unidad. Cuánto del español medio en la era de la comunicación se podría contar a través de su figura».

Es cierto que se le ha hecho daño, a lo largo de los años con un goteo constante de multitud de informaciones que, sobre todo en el campo sin cancelas de internet, corrieron de boca en boca. Sobre las cacerías de Juan Carlos, sobre sus abusos y los de ciertos miembros de su familia, sobre lo que supone económicamente mantener el boato de esta institución obsoleta… Pero si la cosa se ponía fea, se cerraban filas, se llamaba al orden y se organizaba una campaña mediática de propaganda pura y dura. Durante la última década hubo varias, coincidiendo con distintos eventos y celebraciones de efemérides. Una de las últimas, la que se fraguó en febrero de 2012, en el contexto del escándalo Urdangarin, y en la que participaron la mayor parte de los grandes medios de desinformación social, estaba enfocada a convencernos de que la monarquía no es cara. Desde la agencia Europapress se dictó a El País, El Mundo, La Razón, Informativos Telecinco, La Verdad de Murcia y un largo etcétera de diarios digitales, una «noticia» prefabricada sobre la baratura de la monarquía española, que derivaba de un estudio «independiente», para sacarlo al unísono el domingo, que es cuando tienen audiencias más altas. Con un poco de maquillaje para darle un toque algo personal, cada uno en su línea, El País hizo un largo reportaje de acercamiento a la institución, mientras pasaba de puntillas y eludía los numerosos episodios lamentables del monarca. El Mundo y La Razón argumentaban, casi con las mismas palabras, que de todas las monarquías la española era la más barata.

Otra, la campaña audiovisual que padecimos con la celebración del 75 cumpleaños de Juan Carlos, en enero de 2013. Aparte de la ¿entrevista? del súbdito Jesús Hermida en la televisión pública, se reclutó a todo tipo de personajes populares (desde Concha Velasco a César Alierta) para hacer un renovado panegírico de su reinado en un documental de difícil digestión, con el que volver a dar vida a todos los tópicos del campechano salvador de la patria.

Todo es poco, en estos tiempos de elefantes, corinnas y urdangarines, a los que ya apenas se podía proteger, a los que habría que dejar caer, como se deja caer un perdón-me-he-equivocao si no hay más remedio, para que nada cambie… y con el as en la manga del repuesto felipesco por si acaso.

No fue la prensa la que acabó con Juan Carlos, o al menos no la prensa española. Todo lo contrario. Sirvieron en todo momento como amortiguadores de los golpes que le llegaban desde los juzgados de Palma de Mallorca, o desde los mejores amigos de la monarquía, que habían tomado partido por su hijo Felipe.

La preocupación porque no se dañase la imagen de Juan Carlos llegó a ser un reto imposible para la prensa cortesana. Pero nunca flaqueó en su defensa del valor simbólico de la monarquía como sistema, proscribiendo el republicanismo al ámbito de lo marginal y minoritario. Sin dejar nada al albur de lo que pudiera desatar una palabra peligrosa, este afán enfermizo llevó, por ejemplo, a manipular entidades como el Instituto Cervantes. Son múltiples los viajes de promoción de la familia real por todo el orbe con la excusa de inaugurar nuevas sedes de este organismo. Por si fuera poco, el 18 de junio de 2010, celebración del día de la lengua castellana, el Cervantes organizó una votación para que la gente eligiera su palabra preferida. En la página web de la institución el proceso se podía seguir al minuto, hasta que la palabra «República» se situó en el primer lugar. A partir de ese momento se suspendió la selección por «fallos del sistema» que iban a ser solucionadas rápidamente. Pero esos fallos no se solucionaron durante tres días, al cabo de los cuales se limitaron a dar un mensaje de las 10 primeras palabras en «orden alfabético», entre las que «República» pasaba mucho más inadvertida. La directora del Instituto, Carmen Caffarel, acompañó el cambio con un discurso en el que informaba que ella había elegido para este día la palabra «Respeto» (una ironía, supongo). Un año más tarde, en 2011, para no cogerse los dedos, sustituyó la votación popular por la de un elegido grupo de «personalidades» del ámbito cultural latinoamericano, proponiendo cada una de ellas su palabra preferida. Entre las personas seleccionadas figuraban: Shakira, Raphael, Alejandro Sanz o Emilio Botín (que escogió «Santander», aprovechando el vídeo que le ofrecía una institución pública para hacer publicidad durante uno o dos minutos de una empresa financiera con sedes en paraísos fiscales y abusos de todo orden).

Todo esto, por las buenas (es un decir, porque no sabemos hasta qué punto pudieron llegar las presiones en algunos casos). Pero si alguien osa pasarse de la raya, ahí está el aparato del Estado para reprimirlo, por las malas, con toda la fuerza de la ley, y en especial del artículo 490.

Agarrándose a ese artículo como gato a las cortinas, jueces y fiscales se afanan en impedir que nadie pueda siquiera gastar una broma sobre el monarca. No sólo importan los contenidos, sino también las formas. Porque no basta con no tener animus injuriandi (o intención de causar daño), sino que también hay que evitar el animus jocandi (o ánimo de cachondeo, en jerga legal), ya que también está considerado delito hacer chistes. Esto no hace más que enmarcar nuevamente los riesgos de una sociedad que se dice revestida de libertades, entre ellas la de información, e incluso la de opinión, y más concretamente la política. Cuando estas ideas son republicanas, se pasa al campo de los «conspiradores».

Los jueces se han aplicado bien en la última década. José María Vázquez Honrubia, desde la sala central de lo Penal de la Audiencia Nacional, es de los que más se esfuerzan. Acaparó varios casos en los últimos meses de 2009 por injurias al rey. Entre ellos, uno por la quema de fotografías del monarca en Girona, con el resultado de una multa de 2.730 euros a los encausados. En otro proceso, sentó en el banquillo a dos dibujantes del diario Deia y a un articulista, también por injurias al rey, en concreto por burlarse del monarca con motivo de la caza del oso Mitrofán; pero estos tuvieron la fortuna de ser finalmente absueltos.

Otro caso reciente es el del grupo segoviano Ardor de Estómago: En abril de 2011, su tema «Una historia Real» causó cierta polémica al ser incluido en un CD de la IV Muestra de Música Joven organizada por el Ayuntamiento de Segovia. El PP puso el grito en el cielo y el alcalde, Pedro Arahuetes, del PSOE, se asustó, ordenó retirar la grabación, pidió disculpas a su majestad el rey católico su señor y, además, encargó a la Fiscalía que investigase si la canción era delictiva. Iba a ser que sí: los tres componentes del grupo, El Crestas, El Muñones y El Abuelo, acabaron siendo juzgados en la Audiencia Nacional, acusados de injurias al rey, en marzo de 2012. Aunque el juez perdonó la «negligencia» de los políticos que dejaron que la letrilla se les colase, los miembros de Ardor de Estómago fueron condenados con una multa de 900 euros.

Los hermanos Eduardo y Nayara C. A., detenidos en Móstoles (Madrid) en 2006 cuando exhibían una bandera republicana durante una visita de los príncipes de Asturias, fueron juzgados en mayo de 2012 en la Audiencia Provincial de Madrid por deshonor a la figura del Jefe del Estado y alteración del orden público. Aunque no de las patadas e insultos que recibieron (y por lo que su defensa exigió 12 años de cárcel a los cinco policías implicados, sin éxito alguno), sí se libraron por los pelos de los dos años de cárcel y una multa de 2.500 euros a cada uno que la fiscalía pedía. Fueron absueltos.

Pero quedó claro que con la bandera republicana no se juega. No están dispuestos a dejar pasar este tipo de agravios. En agosto de 2012, el ejecutivo mantuvo que enarbolarla «incita a la violencia», cuando justificó en una respuesta parlamentaria la multa a un aficionado al balonmano porque ondeaba la enseña tricolor «con gran vehemencia». Alegó para ello el Gobierno que la actitud del alborotador podía interpretarse como una «provocación» a los aficionados españoles. El suceso había tenido lugar en el mes de abril en un partido entre las selecciones de España y Argelia celebrado en Alicante, y la Policía acabó expulsando al portador de la bandera y abriéndole expediente de sanción en virtud de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. En otro partido posterior, al mismo portador de la tricolor se le vetó la entrada, se le trasladó a un espacio vacío del polideportivo y se le conminó a identificarse de forma intimidatoria.

También se han cansado los jueces de sufrir en silencio las extravagancias de Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, diplomado de Estado Mayor, escritor, historiador militar y azote de la monarquía por puro gusto y sentido del deber en su poco frecuente manera de entenderlo, siendo como es de formación militar. En abril de 2012 fue llamado ante el juez de la Audiencia Nacional, imputado en un presunto delito contra la Corona. Pensaba que, más tarde o más temprano, tendría que acudir con sus libros, sus investigaciones… pero al Congreso de los Diputados, a cuenta de sus múltiples escritos dirigidos a la Cámara, con acusaciones serias y formales sobre actuaciones cuando menos irregulares del monarca y de su entorno que habría que investigar. No fue así. Fue en los juzgados donde hubo de rendir cuentas por un artículo publicado en la prensa digital (en el periódico Canarias-Semanal), en diciembre de 2011, titulado «Por qué te callas», en el que blasfemaba no precisamente en arameo contra la religión juancarlista, por pura frustración de que no se hiciera caso alguno a las buenas palabras. Y fue, de nuevo, el aplicado juez Vázquez Honrubia el que se encargó de condenarlo, a 6.500 euros de multa, por llamar al Borbón reinante «cabrón, putero, vago y borracho», entre otras lindezas.

Por supuesto, no se libran de estos ataques a la libertad de expresión los políticos, ejerciendo como tales, si son del rojerío incómodo y tienen la ocurrencia de mear fuera del tiesto.

A Javier Madrazo (por entonces consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales y coordinador general de IU-EB) le dieron un toque de atención con una querella por injurias al rey, en abril de 2003, presentada por la fiscalía del alto tribunal vasco, aunque luego fue desestimada. En un acto en la localidad guipuzcoana de Eibar para conmemorar la Segunda República, Madrazo había osado criticar el «silencio» de la Casa Real ante el conflicto bélico de Irak, lo que desde su punto de vista demostraba «el carácter antidemocrático» de la monarquía. Como si el muy inocente se hubiera tragado eso de la libertad de expresión a pies juntillas, todavía añadió: «Ya que les pagamos palacios, yates, viajes a esquiar y montar a caballo, no habría estado de más que, por una vez, abandonasen sus ocupaciones y compartiesen con la sociedad esta preocupación».

Un poco más difícil se las pusieron al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (de Izquierda Unida), por unas declaraciones que realizó en abril de 2008 en Los Barrios (Cádiz), en el transcurso de un acto conmemorativo del 77 aniversario de la Segunda República. Aunque Grande-Marlaska, el juez que lo llamó a declarar pocos meses después en la Audiencia Nacional, puso todo el énfasis en su acusación de «injurias graves al rey» en la utilización de palabras como «crápula» o «deleznable», lo cierto es que pasó por alto el fondo del discurso de Barroso. Porque si se le llamaba «crápula», era para pedir que se conocieran «todas las andanzas» del rey. Barroso señalaba que los «escarceos amorosos» del monarca no le «parecen mal», pero con lo que no está de acuerdo es con que «se lo paguen con los fondos reservados del Estado». En el juicio oral (en junio de 2009) se ratificó en todas sus críticas y matizó que sus acusaciones iban dirigidas contra el concepto de dinastía y, en concreto, la borbónica. «Más pronto que tarde, los pueblos de España conocerán todo y lo juzgarán», dijo. Y por todo eso se le solicitó una multa de 10.800 euros, insistiendo el fiscal en que si hoy no se condenaba a este acusado «este tipo de delitos contra el rey quedarán impunes». Al final se la rebajaron a 6.840 euros, pero Grande-Marlaska acabó por declararlo insolvente, al no entregar el alcalde la cantidad de la multa en el plazo establecido «sin que se le conozcan bienes que puedan ser embargados». Quizá lo hizo para evitar que continuase adelante la campaña de recaudación de fondos iniciada unos meses antes por Izquierda Unida de Cádiz: no para ahorrarle a Barroso el pago de la multa, explicaron en la presentación de la campaña, «sino para hacer partícipe de la causa a todos los que crean en los valores republicanos y en un sistema más democrático».

Pero el caso más flagrante que ha llegado a los tribunales en los últimos años es sin duda el de Arnaldo Otegi, que ha tenido un largo recorrido en los juzgados, con Otegi esperando en prisión.

En febrero de 2003, cuando era portavoz de Batasuna, Otegi hizo unas declaraciones sobre el rey, en cuanto que jefe y símbolo del aparato del Estado y de las Fuerzas Armadas. El diario vasco Egunkaria había sido cerrado ese mismo mes por la Audiencia Nacional, y el juez Juan del Olmo había ordenado la detención de buena parte de sus responsables, que denunciaron haber sido torturados por las fuerzas de seguridad. En ese contexto, y reaccionando además contra una controvertida y en absoluto oportuna visita del monarca, Otegi dijo en un acto que el rey, textualmente, «es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y a la violencia».

Sin que se le reconociera su condición de aforado, en tanto que parlamentario, Otegi fue procesado por injurias (en aras del debatido artículo 490.3 del Código Penal) en Bilbao, en marzo de 2005. El máximo tribunal del País Vasco lo absolvió, pero la sentencia fue recurrida y el Tribunal Supremo le impuso una condena de un año, condena que fue ratificada por el Supremo y, luego, por el Constitucional. En mayo de 2006 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco suspendió durante tres años la ejecución de la pena, invocando jurisprudencia del Tribunal Constitucional que aboga por evitar el cumplimiento de penas de corta duración a los condenados con «pronóstico favorable». Pese a todo, fue detenido y encarcelado en junio de 2009 (por orden del juez Baltasar Garzón), por el caso Bateragune (en el que se establecía que cualquier sospechoso de independentismo era de ETA, sin paliativos); y, con él, representantes de distintos sectores de la izquierda abertzale fueron sentenciados (en septiembre de 2011), por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, a diez años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargo público.

El caso de las injurias de Otegi acabó llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que en marzo de 2011 condenó al Estado español por violar la libertad de expresión del político vasco. España tendrá que pagar 20.000 euros por daños morales y 3.000 de costas. La corte de Estrasburgo considera la sanción impuesta a Otegi «severa» y «desproporcionada». Dice también que contradice la Carta de Derechos Fundamentales y el artículo 10 de la Convención Europea, porque las palabras del condenado «no son un atentado personal gratuito contra la persona del Rey, ni cuestionan su vida privada o su honor personal». La sentencia de Estrasburgo afirma que «el hecho de que el Rey no sea responsable penalmente, según la Constitución, no impide por sí mismo un debate libre sobre sus posibles responsabilidades institucionales, e incluso simbólicas, a la cabeza del Estado». Una sentencia modélica en la que queda patente que Otegi fue desasistido por los tribunales al enfrentarse al rey. Claro que ese no fue el único error judicial: la propia Audiencia Nacional acabó dictaminando, en 2010, que el cierre del periódico Egunkaria y la detención de sus responsables fue ilegal, ya que no guardan ninguna relación con ETA. En el caso Bateragune, tras revisar los recursos interpuestos por Otegi y el exdirigente del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, ambos encarcelados desde junio de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rectificó en mayo de 2012, considerando que se habían excedido en la condena de 10 años y rebajándola a 6. Nadie entiende ahora por qué Otegi continúa entonces en prisión al cierre de este libro (si la doctrina Parot ya no se aplica, gracias también a una resolución del TEDH), pero así lo ratificó el Tribunal Constitucional en julio de 2014. Otegi tendrá que recurrir otra vez a Estrasburgo, cuando sobre su sentencia anterior las autoridades judiciales españolas todavía no han dicho ni mu, ni han movido ficha desde que fue dictada. Todo parece indicar que se quedará en una victoria, en absoluto pírrica, pero sí meramente moral.

Si así no fuera, una de las primeras consecuencias habría de ser la reforma del Código Penal para la supresión de los artículos 490 y 491, como vienen pidiendo desde hace años representantes de grupos políticos minoritarios. Así lo hicieron el republicano Joan Ridao (ERC) y el ecosocialista Joan Herrera (ICV), que presentaron en 2008 en el Parlamento una propuesta en este sentido, que ni siquiera llegó a debatirse. En marzo de 2011, volvieron a intentarlo el propio Ridao, Núria Buenaventura (ICV) y Gaspar Llamazares (IU), con una proposición de ley orgánica para despenalizar las injurias a la Corona, en la que ampliaban la exposición de motivos al recoger los razonamientos del TEDH. Pero el PSOE no creyó «necesario» modificar el Código («no se puede cambiar esta ley básica al albur de un acontecimiento. Además, la figura del jefe del Estado debe ser adecuadamente resguardada», fue su argumento); y mucho menos el PP, claro.

Todo esto junto (las manipulaciones, presiones, intoxicaciones, acciones represivas policiales y judiciales…) han llevado a que amplios sectores de la población vivan en un estado general, nada metafórico, de «paramnesia» (citando a Pedro López y otros en su artículo «Amnistía, amnesia y paramnesia», publicado en Rebelión, 08-04-10), que es una patología consistente en la elaboración de falsos recuerdos. La negra fábrica de una falsa memoria colectiva ha creado el mito de la santa transición modélica, la democracia coronada y el rey campechano con su adorable y ejemplar familia, igual que creó la paz franquista sobre las fosas comunes de los fusilados y los exilios del exterior y del interior.

Con el recién coronado heredero de la dinastía borbónica, el panorama se presenta peor si cabe. Junto a los abusos de poder de sus escoltas desde que era Príncipe de Asturias (amedrentando a periodistas con detenciones y cacheos ilegales), los intentos de la familia Ortiz por establecer por orden judicial censura previa a todo lo que se publique sobre ellos, el secuestro de revistas por mostrar animus jocandi en el tratamiento de su real figura… continúa con ejercicios de hipocresía colectiva de los que tanto gusta participar la sociedad bien. Como el «homenaje a la libertad de expresión» que los príncipes de Asturias presidieron en noviembre de 2004, en la entrega del Premio Antonio Asensio (el ya fallecido fundador de la revista Interviú) a la cadena británica BBC, por su independencia, rigor y defensa de la libertad. En el acto, Felipe de Borbón destacó «el decisivo papel que el proceso de comunicación desempeña en las sociedades democráticas y abiertas de nuestros días». Ello requiere, añadió el príncipe, «de la laboriosidad y pericia que caracterizan al periodista que sabe desmenuzar, explicar y exponer ese volumen de información que hoy nos llega con tanta facilidad». También su consorte, Letizia Ortiz, en un mucho más reciente encuentro con sus colegas ya como reina (también en la entrega de un premio de periodismo, en septiembre de 2014), lanzaba soflamas a favor de la libertad de expresión sin el más mínimo rubor, reivindicando enérgicamente a «los periodistas que saben decir no» (y seguro que no se refería a sus compañeros de RTVE que en los mismos días denunciaban las presiones y censura a que se ven sometidos en su trabajo diario).

Nada de este espíritu rebelde debían de tener en su ánimo en julio de 2007, y no se rieron nadita con el animus jocandi de la revista satírica El Jueves, que mostraba en portada a Felipe y Letizia haciendo su primer trabajo rentable: fabricar un hijo para obtener la ayuda de 2.500 euros a la maternidad anunciados entonces por el Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó el secuestro de la publicación y abrió diligencias por la «irreverente» viñeta. El siempre entregado juez Vázquez Honrubia condenó a una multa de 3.000 euros al dibujante Guillermo Torres y al guionista Manel Fontdevila por un delito de injurias al sucesor de la Corona. La sentencia está recurrida, pero la editora de El Jueves la tiene más que asumida. Ha aprendido la lección y ya no hace falta que venga ningún juez a leerle la cartilla: en la primavera de 2014 lo demostraron auto-secuestrando su propia publicación, para evitar que otra viñeta sobre el traspaso de poderes de Juan Carlos a Felipe llegara a los quioscos. Mostraba una metáfora del estado actual en el que han dejado la corona que les fue entregada por el pueblo no soberano, cubierta de excrementos y moscas. Como consecuencia, una parte de los trabajadores de El Jueves (incluido Manel Fontdevila) abandonó la publicación, para crear otra nueva, Orgullo y satisfacción, con la que poder seguir siendo satíricos (se difunde a través de internet desde septiembre de 2014).

Al cierre de este libro, ya celebrado el primer año de reinado de Felipe VI, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba una pena de un año de cárcel para la edil de la formación «Guanyar Alicante» Marisol Moreno, conocida como «La Roja», por un delito de injurias a la Corona, por un artículo titulado «Borbones asesinos» publicado en su blog. Junto a una fotografía del rey Juan Carlos I tras abatir un elefante, se podía leer: «Este hijo de puta ha matado a un ser que, en muchos aspectos, es mejor que los humanos, aunque claro, qué se puede esperar de un tío que disparó a su propio hermano y lo mató. (…) Nuestro dinero público financia las matanzas de la realeza española en todos los sentidos, matanza económicas como la de Urdangarin y que el rey apoya».

También en estas fechas, detenían en Vallecas a otro joven por el mismo delito. Sobre las nueve y media de la mañana del 28 de octubre de 2015, dos agentes de la policía se presentaban en el domicilio de Óscar, le acusaban de un presunto delito telemático y se lo llevaban detenido hasta la comisaría de Moratalaz. Tras ficharle como si fuera un delincuente, le tomaron declaración y le dejaron en libertad con cargos. Su presunto delito había sido injuriar a la Corona a través de una cuenta de Twitter cuyo único fin es el humorístico. De hecho, sus tuits son bastante habituales en el espacio «Tremending Topic» de diario Público. Véase una muestra:

—Está usted detenido.

—¡Léame mis derechos!

—Mierda, sargento, ¿qué hacemos? ¡Pide que leamos!

—Es listo el cabrón… ¡Dale un porrazo!

(@policiia) July 3, 2015

Tenía gracia, el chaval, que está a la espera de que un juez decida si sus tuits son causa de delito o no. El nuevo código penal ampara que las consideradas injurias contra la Corona en España constituyan un delito de lesa majestad, que era el término en derecho antiguo, no para una ofensa, sino para el delito que se cometía contra la vida del soberano o sus familiares. Y en esta vuelta a la Edad Media las bromitas se pagan con hasta 2 años de prisión.

La desigualdad como principio constitucional

No hay mejor excusa que el pueblo. Siempre se le invoca para justificar los abusos del poder, señalando al mismo tiempo la soberanía popular como el paradigma a seguir. Pero es un simple juego de palabras, demagógico e insultante. El poder establecido hoy no es más que un botín de guerra —de la última—, que se ha substanciado no en la lógica del derecho de los ciudadanos, sino en la de las instituciones imperantes que los convierte automáticamente en súbditos, vaciando de contenidos la aludida soberanía popular.

La autodenominada democracia «formal», que de «real» sólo tiene la imposición de la monarquía, es tan injusta, por mucho que se vista de legalidad a sí misma, como cualquier sistema que mantenga la polarización del poder y la desigualdad en la sociedad (ya se llame monarquía, teocracia, república bananera, democracia orgánica o dictadura). Por eso en la cruda realidad no ven más remedio que apelar al argumento del «menos malo de los sistemas políticos».

A lo largo de la historia los reyes han contado con el monopolio de las riquezas y las guerras; y los pueblos han estado obligados a la pobreza, los levantamientos y las revoluciones. Para que la desigualdad exista de una forma manifiesta e irrecusable en la vida cotidiana, se encuentran las leyes, normas y usos protocolarios que distinguen y polarizan las clases sociales. Incluso entre los representantes de las diferentes instituciones existe un orden de precedencia inapelable, que se hace ostensible y ejemplar en todo momento. El protocolo español se gestó con Carlos I, inspirado en el «uso del ducado de Borgoña», que era complejo y sofisticado ya en el siglo XIV. El III Duque de Alba tuvo el encargo de enseñárselo al príncipe de España, el que luego sería rey Felipe II. Entre los fines de este protocolo estaba la «creación de una atmósfera casi divina en torno al soberano, que obligaba a los súbditos a creer en el mito del monarca», lo que quedaba perfectamente encuadrado con el derecho divino de los reyes: «Todo poder viene de Dios, y Dios lo deposita directamente en una persona».

Actualmente, las normas de protocolo que siguen vigentes, «obedecen todas, directa o indirectamente, a un mismo fundamento, esto es, a la desigualdad de los hombres. A diferencia de lo que suele acontecer con la generalidad de las normas jurídicas, las de protocolo se fundamentan esencialmente en tales desigualdades. No parece inexacto afirmar que, si todos los hombres fueran iguales, no podrían existir normas de protocolo», recoge Francisco López-Nieto y Mallo, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en su libro Legislación de protocolo. Es inútil decirlo más claro, y con mayor autoridad. Cabe afirmar pues que el más desigual de todos los españoles es el rey, a quien le asiste el derecho constitucional, además, de ser un irresponsable absoluto.

Según los artículos 56 y 64 de la Constitución española de 1978, la norma normarum, «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». El único representante ante la ley de sus acciones es el Gobierno, con independencia de la materia de que se trate, y ya sean actos públicos o privados («de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden», dice el artículo 64). Esta norma anacrónica es incompatible con los principios del Tribunal Penal Internacional (cuyos estatutos fueron aprobados en Roma en 1998 y ratificados por el Estado español en diciembre de 2003), y que establecen la improcedencia de cargo oficial: todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado. Es inadmisible que existan sujetos impunes, con privilegios, inmunidades o eximentes.

La impunidad del rey recogida en la Constitución exige más aún que la inmunidad penal: que no se le investigue, que no se le señalen sus actos fronterizos o presuntamente más allá de la norma, que no tenga que sentarse en procesos judiciales ni en el lugar de los testigos… El rey Juan Carlos, por no estar sometido a la ley, ni siquiera se rigió por las propias normas de la monarquía, que cuando no se cumplen, no pasa nada: vale que se siga el orden dinástico de sucesión, o no; aplicar o no la ley sálica o la norma de que el rey debe haber nacido en el territorio del Estado… Todo depende de lo que convenga en cada caso.

Pero las desigualdades institucionalizadas no son gratis, y sólo se pueden mantener por la violencia, también institucional, por la represión. Tradicionalmente, cuanto mayor es la distancia entre los extremos, más fuertes han de ser los medios coercitivos oficiales para perpetuarla. Apuntalar las desigualdades requiere de la existencia de poderes complementarios que, con diferentes argumentos, divinos o humanos, son los ejecutores más inmediatos del sistema: la Iglesia, el aparato de propaganda institucional, las autoridades públicas… y, por supuesto, las Fuerzas Armadas. Éstas mantienen evidente su propia estratigrafía piramidal de clases y poderes, y la aplican expeditivamente con la contundencia de los argumentos de la guerra: a base de prisioneros, heridos y muertos.

En el Estado español, el sistema político establecido es la Monarquía Parlamentaria (de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución), garantizándolo las Fuerzas Armadas (artículo 8), cuyo mando supremo le corresponde al rey (artículo 62). ¿Dónde está la soberanía popular, la libertad para ejercer el pluralismo político, si de cualquiera de las maneras la república no tiene cabida? Si la voluntad popular se expresase en contra, por cualquier modo posible, ahí están los tres ejércitos con el rey a la cabeza para decidir con las armas y la Constitución en la mano cuál es el orden legal. ¿Cómo el pueblo, o los diferentes pueblos del Estado, pueden entonces ejercer sus supuestas potestades democráticas? ¿Cómo pueden ejercerse la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político a que también hace referencia el artículo 1?

La desigualdad monárquica no es más que la filosofía del poder en una versión moderna. La Constitución reconoce primero los privilegios reales, y luego habla de la igualdad de todos ante la ley. Es un sinsentido. Esto puede ponerse en paralelo con algunas palabras del monarca, a veces materializadas en párrafos —que a saber quién escribiría— dignos de ser recogidos en la antología «nacional» del dislate, como éste del discurso del día de la Hispanidad de 1983, plagado de contradicciones: «Los Reyes Católicos crearon un Estado moderno, fundamentado en las ideas de unidad y de libertad, es decir, del derecho a la diversidad. Para ello no dudaron en reducir a los que alzaban sobre los intereses nacionales sus egoísmos y sus pequeños intereses de campanario derribando, cuando fuera preciso, sus castillos».

El dominio de un rey tiende al absoluto por su propia filosofía. Por ello, modernamente, se le dibujan límites y símbolos de representación dentro de los cánones establecidos por la oligarquía.

Del poder político actual del monarca se dice que sólo tiene un valor representativo, que su papel se limita a ser algo así como un embajador del Estado en el extranjero, con la ventaja de que nos ahorramos elecciones a presidente de la república… Y, sobre todo, se destaca que el rey es símbolo de la unidad y permanencia de la patria.

Sin embargo ¿hay que explicar que la España «una, grande y libre» es anterior a la instauración de la monarquía? La «unidad de la Patria» como principio irrenunciable y sagrado responde a causas que tienen mucho más que ver con el reparto de poderes, que con una monarquía que a lo largo de los siglos ha visto cómo las fronteras del Estado variaban sin verse enormemente afectada. La simbología de la Corona, en atención a lo que la Constitución del 78 establece, se corresponde más con un sistema político concreto, unido con argamasa legal, y que en lo fundamental tampoco se diferencia demasiado del régimen anterior. La novedad, en la instauración de la monarquía de Juan Carlos I y su Constitución, es que se establecieron nuevos principios de control político interno de la soberanía, más acordes con los tiempos (como el artículo 68, que describe el sistema electoral proporcional para impedir el acceso a las instituciones de grupos no deseados; o el 38, que exalta la «libertad de empresa» y la «economía de mercado» elevándolos al rango constitucional).

Además, se institucionalizó una España europea, otánica y global. En la peculiar manera de entender el nacionalismo español de los padres de la Carta Magna, no se hizo mucho caso a las cuestiones que garantizarían la independencia de España frente a influencias o injerencias de otros países o centros de poder. Se siguió en este sentido una línea sólo comparable a la de las leyes que impusieron tras la Segunda Guerra Mundial los aliados en los Estados vencidos, Alemania e Italia. Se ha dejado al pueblo supuestamente soberano sin derecho de autodeterminación, frente a una mayoría coyuntural en el Congreso que podría hacer cesión, a través de tratados internacionales, de competencias propias de la soberanía popular, en todo lo militar y lo político, sin hacer obligatorio su refrendo por los ciudadanos (artículo 93). El Parlamento puede aprobar la firma de un tratado que obligue a modificar leyes propias, en cualquier materia, y las leyes internacionales siempre prevalecerán por encima de las españolas en caso de contradicción. Para los tratados que afecten a cuestiones económicas, incluso se prescinde del trámite de que tengan que ser aprobados por las Cortes. Un Gobierno podría ceder, o enajenar, o dejar en concesión a entidades extranjeras, sectores neurálgicos del patrimonio económico común sin problema alguno.

En cambio la Constitución sí otorga al monarca atribuciones que no tiene el pueblo como derecho. Puede, entre otras cosas, convocar a referéndum o no, manifestar consentimiento u oponerse a tratados internacionales, convocar o disolver las Cortes si lo cree necesario, conceder indultos y declarar la guerra o hacer la paz. Todo esto se justifica en su función de «árbitro» en el gobierno de todos, absolutamente independiente de los partidos. Árbitro regulador, moderador, de contraposiciones y de tensiones políticas y sociales, haciendo especial hincapié en las facetas en que aparece dividido el Estado, en los terrenos político, social, ideológico y nacional.

Como todo esto se garantiza con la fuerza de tres ejércitos, es casi como legalizar el golpe de Estado de la monarquía, siempre que se invoquen razones constitucionales. Un experimento que ya fue probado por otro Borbón, Alfonso XIII, cuando apoyó el alzamiento militar del general Primo de Rivera en septiembre de 1923. El general Primo de Rivera se sublevó en Barcelona (era capitán general de Cataluña), el 11 de septiembre de aquel año, para «salvar la Patria». La voluntad del rey estaba «secuestrada», decía. Tres días después, el 15, el general sublevado juraba en el Palacio Real, hincado de rodillas ante el rey Alfonso XIII con la mano sobre los Evangelios, «restablecer el imperio de la Constitución».

Cuando el pueblo echó a Alfonso XIII ocho años después, los monárquicos volvieron a recurrir al ejército para reinstaurar la monarquía. Ese era el objetivo del alzamiento del 18 de julio del 36, contra una república que no fue simplemente una forma de Estado sino un camino de transformación revolucionaria. Los planes de la conjura monárquica para restaurar a los Borbones habían comenzado a fraguarse en 1932. La intención del golpe militar era que el general Sanjurjo se hiciera con el poder para que Alfonso XIII pudiera regresar al trono. Pero no salió como esperaban. El pueblo se echó a la calle, y tomó las armas para defender la República, Sanjurjo se mató en un accidente, y el golpe de Estado acabó convirtiéndose en una guerra civil. Si tras la victoria de los «nacionales» no se restauró la monarquía inmediatamente, fue porque después de la Segunda Guerra Mundial los aliados, con EEUU a la cabeza, decidieron que Franco continuara gobernando en la «reserva espiritual de Europa», la reserva fascista, para asegurar de la forma más firme posible la retaguardia de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

En todos estos avatares históricos los Borbones siempre han hecho gala de una cualidad que nadie les puede negar: cuando el futuro es dudoso están siempre al lado del poder. También Don Juan, aunque le hubiera salido mal y nunca fuera rey. En su enfrentamiento con Franco las posiciones ideológicas contaron poco. Fue sencillamente una lucha por el poder, en la que Don Juan se colocó tanto al lado de la derecha como, formalmente, al lado de la izquierda, según lo que él creía que le podía venir mejor para situarse bien en su carrera personal por el trono.

Pero de todos los Borbones, ninguno ha tenido tan desarrollado este instinto como Juan Carlos. Sobre Franco dijo no hace mucho: «A veces me preguntan si el General ejerció sobre mí una gran influencia. Pues sí, me influyó, por ejemplo, en la manera de ver las cosas con tranquilidad, tomando distancia, con cierto desapego». Juan Carlos es el más Borbón de los Borbones en su querencia por el poder, pasando por delante de quien hiciera falta. El mejor ejemplo es que accedió al trono saltándose a su propio padre. Despreciar las propias reglas de la Casa Real es un indicativo de que el poder era el objetivo más allá de otros criterios. Desde luego, también pasó por encima del pueblo, quedando constancia en los privilegios reconocidos en la propia Constitución.

Lo más curioso del poder del que la monarquía de Juan Carlos se invistió, traspasándolo luego a su hijo Felipe VI, en el contexto de la democracia parlamentaria y el Estado de derecho, es que es más independiente que ningún otro: no está sometido al control judicial, puesto que es impune; tampoco está sometido al control político, puesto que no se presenta a elecciones y no ha de dar cuenta de sus acciones en el parlamento; y no está sujeto, siquiera, al control de la prensa, porque no se puede hablar del rey. Pero, en cambio, sí es un espacio susceptible de ser manipulado y utilizado por quien sepa aproximarse a él: un gobierno extranjero, un grupo de poder económico, un partido político…

Desde la coronación al fin de su reinado, Juan Carlos ha borboneado con los distintos gobiernos para hacer, en cada momento, lo que le daba la real gana, no pocas veces bajo la influencia de grupos de poder privados. Y al final, cuando ya estaba en peligro su propia permanencia y la del sistema monárquico por la crisis que acabó provocando en la institución, pactó una jubilación de lujo, para irse de rositas sin que se cuestionase ninguna de sus acciones pasadas ni su fortuna presente.

Nuestra condena colectiva a sufrir la imposición de Felipe como heredero a la Jefatura del Estado, pese a todo y contra todos si es necesario, es firme ya. Su llegada al trono se adelantó, al no demostrarse eficaz el cierre de filas que en torno a su padre llevaron a cabo las fuerzas vivas (en su paseíllo ante las cámaras de las últimas campañas mediáticas), que no consiguieron poner freno a la caída en picado de su popularidad y a las luchas cainitas dentro de la propia familia real.

Después de haber perdido el tren de la historia, la oportunidad de llevar a cabo un cambio en el modelo de Estado aprovechando la caída de Juan Carlos, no está la cosa como para esperar tiempos de mayor libertad con el cambio. Los sectores políticos más reaccionarios parecen los más satisfechos con el relevo de Felipe VI, del que la derecha espera que sea su rey. Con su impunidad recién estrenada, los medios de información blindados en la defensa de su mayestática prestancia y una horda de vasallos reclamándole que salve a la patria de la amenaza secesionista catalana, la coyuntura no invita al optimismo.

La presente edición

El libro que presentamos a continuación es una actualización del que la editorial Ardi Beltza publicó en el año 2000 con el título Un rey golpe a golpe. Biografía no autorizada de Juan Carlos I, bajo el pseudónimo Patricia Sverlo.

En el año 2000 habíamos optado por la utilización del pseudónimo por miedo, sí. Porque la realidad política, la falta opresiva de libertad de expresión en todo lo que rodeaba a la monarquía, demandaban prudencia. Se buscaba que se juzgara antes la obra y no a su autora; evitar una campaña de persecución personal, más que una demanda o querella judicial que, como es sabido, nunca llegó a producirse.

No poder reconocer la autoría, salvo a los más íntimos y en voz baja, ni aun en aquellos momentos de ebullición, de emoción exultante por la acogida que estaba teniendo, supuso siempre un sentimiento de rabia e impotencia. Pero muy en especial cuando el aparato del poder comenzó a tomar represalias en otros. Como calculábamos, las autoridades habían dado la callada por respuesta, táctica habitual por parte de la Casa Real cuando piensan que la información se va a mantener en medios alternativos sin gran difusión y que es mejor no hacer demasiado ruido para que pase lo más desapercibida posible. Pero le hizo pagar el pato al editor, de manera vengativa y arbitraria, encarcelándolo durante 145 días y cerrando la editorial y la revista. Sin hacer ninguna acusación explícita con respecto al libro, eso sí, y esa fue la única razón por la que yo no me presenté voluntaria e inmediatamente para responsabilizarme de la obra, a recoger los laureles que me quisieran dar.

También hay que reconocer que el hecho de no poder contar con el respaldo en carne y hueso del autor dificultó bastante las posibilidades de difusión y promoción del libro, sobre todo en el extranjero. Perdimos varias oportunidades para presentarlo en Grecia, en Francia y en Estados Unidos por ese motivo. La decisión de salir del armario del pseudónimo en esta nueva andadura deriva de estas cuestiones de índole práctica. Lo he hecho a fin de que el propio libro pueda salir de la clandestinidad también y moverse con más libertad, libre de la lacra de no contar con una cabeza visible que se haga cargo de dar respuesta a cuantas dudas puedan surgir sobre su elaboración o contenidos.

En la presente edición, todo el texto de la obra original ha sido revisado en mayor o menor medida, se ha reordenado parte de la información y se han añadido capítulos. Pero no se ha eliminado, ni por autocensura ni por censura de otros, ni una sola línea. Aunque sí se han corregido algunas cosas y añadido muchas más que antes no se habían incluido; bien porque no estaban entonces suficientemente documentadas; bien porque, sencillamente, sucedieron con posterioridad a la publicación de la obra. Por eso podríamos decir que es una versión menos corregida que aumentada.

Aproximadamente desde el año 2002, año del cierre de la revista y editorial, Un rey golpe a golpe dejó de reimprimirse y ha estado circulando libremente en versión PDF por internet, algo que como autora siempre me ha parecido bien, puesto que estaba descatalogado y era imposible conseguirlo de otro modo. Sin embargo, todos estos años he estado intentando que el libro pudiese reeditarse, si bien para ello consideraba imprescindible actualizar antes parte de sus contenidos, que se habían quedado obsoletos. La verdad es que la puesta al día ha conllevado un enorme esfuerzo. Desde aquí quiero pedir disculpas a todos los que me han estado insistiendo durante años para que acabar esta tarea de una vez. Mi trabajo (el que me paga la luz y la hipoteca) apenas me deja tiempo y no podía comprometerme con un plazo de entrega. Estuve a punto de terminarla en varias ocasiones, y siempre surgieron obstáculos (en mi vida profesional o personal), que obligaron a posponer el proyecto una y otra vez, mientras la historia seguía avanzando sin piedad, aumentando el trabajo que quedaba por hacer. Hoy, por fin, he terminado los últimos capítulos, aunque al tratarse de una biografía vital, la obra sigue necesariamente inconclusa.

Esta obra no se presenta en forma de investigación académica, sino con un estilo más ligero, con apenas citas literales, como ensayo periodístico. Sin embargo, huelga decir que, como en su primera edición, parte de un trabajo de investigación, documentación y análisis concienzudo. He utilizado fuentes bibliográficas, textos legales (sentencias, denuncias, sumarios…), cantidades ingentes de información procedente de hemerotecas (nacionales y extranjeras) y entrevistas con desinteresados colaboradores anónimos.

Tanto en lo que se refiere a los contenidos de la versión original como a lo añadido en la presente, tuve mucho cuidado en ser escrupulosamente respetuosa con las informaciones utilizadas. Todo lo que aquí se afirma está contrastado, y en no pocas ocasiones existen pruebas tangibles de su veracidad. Además, he buscado confirmación bibliográfica de las informaciones orales siempre que fue posible, limitándome a las versiones ya divulgadas en caso de duda, por lo que cuento con ciertas garantías de que lo que aquí se dice, se puede decir. Como consecuencia, en gran medida lo que aquí se cuenta ya había sido publicado en alguna ocasión, y no me duelen prendas en reconocerlo. Por eso, si alguno se sorprende por algún dato en particular en este libro que le resulte especialmente escandaloso, tenga en cuenta que es muy probable que haya aparecido ya con anterioridad en alguna otra fuente impresa, adornado de distinta manera. Si nadie se ha molestado, por el momento, en poner reparos a autores como Luis María Ansón, Pilar Urbano, José Luis de Vilallonga, Sáinz de Medrano, García Abad o Ana Romero, entre otros muchos, podemos presumir que no lo harán ahora conmigo al tratar los mismos asuntos.

Desperdigadas aquí y allá se han publicado más cosas de las que en principio se pudiera pensar. Aparte de valientes aportaciones como la del periodista Jesús Cacho en su libro El negocio de la libertad (que vio la luz gracias al arrojo, nuevamente, de Ramón Akal), otros autores han tenido una curiosa manera de difundir informaciones interesantes, incluyéndolas en obras que en modo alguno se presentaban como fustigadoras contra la imagen del monarca.

Jaime Peñafiel, pionero en el atrevimiento a la hora de sacar a relucir cotilleos sobre los Borbones actuales, insertaba un simpático comentario en su capítulo sobre la «cólera real» (o cuando el rey se cabrea y es maleducado), en su libro ¡Dios salve… también al rey!: «Don Juan Carlos se dejó llevar, como cualquier ser humano, por ese desahogo que es la cólera, no sólo propia de hombres sino hasta de Dios. ¿No existe acaso la cólera divina? ¿No se apoderó de Cristo frente a los mercaderes que invadieron el templo?».

Sin llegar a tales extremos retóricos, Pilar Urbano hacía un concienzudo estudio sobre los acontecimientos de 23F (en su libro Con la venia… yo indagué el 23F), en el que aporta sobrados datos sobre la contribución del monarca, para llegar al final, después de 270 páginas, y dedicar toda una sección a argumentar «una verdad de Perogrullo —en sus propias palabras—: si el Rey hubiese estado de acuerdo con el golpe, el golpe necesariamente habría triunfado». E inmediatamente después, en el siguiente apartado, Urbano vuelve a explicar que, de todas formas, el golpe sí triunfó en más de un sentido. Otro tanto ha hecho la veterana periodista en su último bombazo, La gran desmemoria, con más de una contradicción a lo largo de sus 700 páginas en las que, si no se pone suficientemente atención, acaban perdiéndose las 7 u 8 que realmente merecen la pena.

También el Don Juan de Luis María Ansón resultó en su día un primoroso ejemplo de habilidad dialéctica para decir y no decir al mismo tiempo. El propio autor sostenía que «las razones en favor de la República las comprende cualquiera. Las razones en favor de la Monarquía hereditaria requieren estudio riguroso, así como considerable disciplina mental». Luego explicaba, aportando muchos testimonios y pruebas, que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 tenía como objetivo restaurar la monarquía de los Borbones; aunque los conjurados no se cargaron la República del 31 porque la monarquía fuera mejor, sino porque era «de ideología revolucionaria», es decir, de izquierdas; demostraba además que la verdad de fondo en la contienda entre Franco y Don Juan no se debió a cuestiones ideológicas, sino a una lucha por el poder puro y duro; que Juan Carlos decepcionó y traicionó a su padre… Y todo ello, en un fogueado discurso envolvente, que no se alejaba un ápice de la ortodoxia monárquica más recalcitrante. Terminaba Ansón su libro con altisonantes párrafos sobre «la Monarquía de todos», «la política profunda de Don Juan», «su impresionante estatura moral», «la justicia histórica»… En fin, un despropósito total, aunque muy bien documentado.

El mismo estilo laudatorio que Point de Vue acostumbra a utilizar con temas monárquicos, ha seguido siempre la revista italiana Oggi. Por ejemplo, después de publicar, en un reportaje de 1988 sobre la familia real española, informaciones aquí absolutamente tabú, como: «La infanta Elena nace enferma, como muchos de sus antepasados, y todavía hoy debe someterse a continuas terapias»; añadía comentarios compensatorios como: «A los 50 años [el rey Juan Carlos] es un ejemplo de fidelidad: a la familia, a España, a los valores de la democracia…». En otra de sus curiosas redacciones, cuando Oggi reveló el asunto de la presunta hija ilegítima del rey de España con la condesa italiana Olghina de Robiland (también en 1988), el texto del reportaje matizaba: «Con la lealtad y honestidad que han siempre caracterizado su comportamiento, en toda circunstancia, y que le ha permitido conquistar la confianza de los españoles, Juan Carlos advierte a Olghina desde el primer beso, que el suyo es un amor imposible».

Otro tanto cabría decir de las más recientes aportaciones del mundo editorial, como Final de partida de Ana Romero o La corte del Felipe VI de Forcada y Lardiés, que difunden datos demoledores sobre la vida y milagros de los miembros de la familia real, sin apearse de la burra de monarquismo en su defensa explícita de la institución, reencarnada en el nuevo rey.

Por otra parte, cabe destacar que las referencias que aparecen a lo largo del libro a las distintas intervenciones del gobierno de los Estados Unidos y de la Comisión Trilateral en la vida política del Estado español, están en su mayor parte tomadas del estudio del profesor Joan E. Garcés Soberanos e intervenidos, una magnífica investigación sobre documentos desclasificados del gobierno norteamericano, cuya lectura recomiendo encarecidamente. Y pueden contrastarse asimismo en las rigurosas obras de Alfredo Grimaldos, La CIA en España y La sombra de Franco en la Transición.

Vaya mi agradecimiento por delante a todos los autores cuyas obras consultadas —y utilizadas aquí como parte imprescindible de la documentación— se recogen por orden alfabético en la bibliografía del final. Como en la primera edición, he preferido evitar las referencias puntuales, párrafo a párrafo, aunque no resulte muy ortodoxo, a fin de facilitar la lectura y no, en cambio, la labor de los que tienen espíritu censor, ya que podría poner en peligro el compromiso de confidencialidad con los informantes inéditos que colaboraron conmigo. Soy además consciente de que parte de mis fuentes de información lo son involuntariamente, y no estarían en absoluto agradecidas de ser citadas en una obra de estas características, ya que nunca fue su intención ponerse a mal con la monarquía.

Además de actualizar las informaciones sobre algunos personajes (los que, después del año 2000, fueron procesados, entraron en prisión o fallecieron, por ejemplo), en ciertos momentos he añadido datos nuevos sobre temas antiguos, sencillamente porque enriquecían la narración: como la declaración de culpable de alta traición de Alfonso XIII, las investigaciones más recientes en torno a la muerte del hermano del rey, el proceso de legalización del Partido Comunista de España (PCE), el testamento de Don Juan de Borbón, etcétera.

También he añadido apartados completos en algunos capítulos, como «Una de los suyos», en el capítulo 6, sobre los antecedentes aristocráticos de la reina Sofía; «Golpes domésticos y otros sinsabores», sobre el presunto maltrato de Juan Carlos a su mujer, en el mismo capítulo; «La Constitución» y «Paseando su espíritu democrático por el mundo: El rey y Videla», en el capítulo 10; sobre los primeros pasos políticos del rey en la Transición «Guerra sucia pre-GAL», en el capítulo 11; «Herencias dudosas: la colección del duque de Hernani», en el capítulo 17. «Haciendo caja», sobre cómo se fraguó la fortuna privada de Juan Carlos; «María Bach, otra duda razonable», «Liliane, la institutriz enamorada» y «Sandra Mozarowsky y una muerte en extrañas circunstancias», en el capítulo 19, sobre amores y otras batallas; «El conde de Fontao», sobre su asesor privado, José Manuel Romero Moreno, en el capítulo 20; y «Episodios judiciales» y «Condenas de saldo», sobre el cierre judicial del caso KIO, en el capítulo 22.

El capítulo 12, sobre el 23F, se ha rehecho prácticamente entero, atendiendo a nuevas informaciones y a un planteamiento más directo, menos cauteloso, a la hora de hablar de la implicación de Juan Carlos I en los hechos. Y, por supuesto, también el que trata sobre sus herederos, renumerado como capítulo 29, que en la primera edición se había quedado antes de la boda del entonces príncipe Felipe.

Pero lo más novedoso son los 11 capítulos nuevos en la quinta y última parte del libro, «Sembrando vientos», que recogen los años terminales del reinado de Juan Carlos I: su relación y borboneos con los distintos gobiernos, sus nuevos amigos y su nueva forma de hacer negocios con ellos, los cálculos sobre lo que nos cuesta la monarquía y sobre su fortuna personal, la corte de Mallorca y otras sucursales… Y, por supuesto, todos los escándalos previos a la abdicación: cacerías, Corinna y el caso Urdangarin. Tras esta revisión de la última década, se mantiene como colofón el capítulo «El Pudridero Real», cada día más vigente.

Con todo esto, el libro recoge lo esencial del reinado de Juan Carlos I en su totalidad, en una visión que intenta romper con las versiones temerosas o directamente hagiográficas sobre su historial político, ofreciendo los datos relevantes ubicados en su contexto y con los argumentos que los interpretan. No se persigue necesariamente hacer un discurso republicano, que nunca está de más, sino mostrar que la institución monárquica fue y es una herramienta clave del mismo poder económico-político del régimen franquista; lo que acaba resultando un discurso republicano como consecuencia, de todos modos.

En la redacción final de Juan Carlos I. La biografía sin silencios sigue sin aparecer ni un solo insulto, ni una sola injuria, ni una sola calumnia… Y espero que sus lectores menos fervientes lo tengan en cuenta, a la hora de acometer la crítica, en un plano dialéctico y no represor y judicial.

PRIMERA PARTE
Destinado a descollar

1. Por designio divino

«El pobre nació ochomesino —escribe Doña María de las Mercedes, la madre de Juan Carlos, en sus memorias— y tenía los ojos saltones… Era horrible. Menos mal que enseguida se arregló». Fue el 5 de enero de 1938, en Villa Gloria, calle Parioli, 112, de Roma, casi en la periferia; un barrio de la burguesía media. Juan Carlos Víctor María de Borbón y Borbón fue bautizado en la capilla de la Orden de Malta por el cardenal Pacelli, más tarde Pío XII (1939-1958), el papa que colaboró con el fascismo y que el 1 de julio de 1949 condenó en un Acta del Santo Oficio al marxismo.

Era el primer hijo varón de Don Juan, conde de Barcelona, heredero al inexistente trono que había perdido su padre Alfonso XIII. Nació cuando los golpistas que le educarían y le harían sucesor de Franco, avanzaban con el apoyo de Hitler y Mussolini, y mientras la legal República, salida de las urnas, luchaba por su vida en la batalla de Teruel, una de las más cruentas de la Guerra Civil. Pero, aquella no era ni la primera ni la última casa real que seguía, cada cual desde su exilio respectivo, echando cuentas sobre a quién le tocaría ponerse la corona si llegaba el momento. Europa estaba plagada.

Que Juan Carlos fuera el heredero de los Borbones no era precisamente algo que cayera de cajón. Una dificultad nada desdeñable era que nacía fuera de España. No tenía siquiera el derecho a la nacionalidad, puesto que su abuelo lo había perdido al mismo tiempo que la corona, por decreto republicano para castigar su complicidad en el golpe de Estado de Primo de Rivera. Además, una antigua ley que regulaba las normas de sucesión en la Corona española (el Autoacordado del 10 de mayo de 1713), pensada en contra de los archiduques austríacos, para que los Habsburgo no regresaran a España, establecía que nacer en el extranjero era impedimento para poder acceder al trono. Pero esta ley ya se la había cargado otro Borbón a su conveniencia, Carlos IV, que también había nacido fuera, sustituyéndola por la famosa Pragmática Sanción de 1789, que es la que hoy todavía está en vigor. Los Borbones siempre supieron arreglárselas y arreglar las leyes a su medida.

También había que saltarse a varias mujeres para poder llegar por línea torcida a Juan Carlos, apoyándose en eso de que los varones, porque así lo ha decidido la Casa Real, tienen preferencia. Es sólo una más de esas normas que, como todas las que afectan a la monarquía en general, no tienen nada que ver ni con la justicia ni con la razón. Nada más nacer Juan Carlos fue considerado mejor y más digno que un nutrido grupo de mujeres de sangre real. Sin remontarnos muy atrás, sólo a Alfonso XII, se puso por delante de la primera y de la segunda hija de éste, María de las Mercedes y María Teresa, y de toda la descendencia de ambas. La voluntad divina también se pasó por alto a las hermanas mayores de Don Juan, Beatriz y María Cristina; y a la hermana que ya tenía Juan Carlos cuando nació, Pilar.

La torticera línea dinástica también había esquivado a unos cuantos hombres. Alfonso XIII había designado heredero, con el título de Príncipe de Asturias, a su tercer hijo vivo, Don Juan, por la exclusión de otros dos debido a sus deficiencias. No era una práctica nueva. Ya Carlos III había excluido a su primogénito, don Felipe, por su «imbecilidad notoria», declarando que «después de haber intentado por todos los medios posibles, no han logrado descubrir en el desgraciado príncipe, mi hijo mayor, el menor rastro de juicio, de inteligencia, ni de reflexión».

Pasó en aquella ocasión a heredar el trono su segundo hijo, Carlos IV, que era casi tan tonto como su hermano mayor. Pero no era cuestión ponerle demasiadas dificultades al destino de la patria. La imbecilidad, en cualquier caso, no era cosa nada rara, porque ya el que inauguró la dinastía, Felipe V (la falta de descendencia de Carlos II, último de los Austrias, desencadenó la entronización de los Borbones en España, en la persona de su sobrino-nieto Felipe), dio claras muestras de desórdenes mentales graves. Afortunadamente para la dinastía borbónica, ya había asegurado su descendencia con varios hijos varones cuando se empeñó en que estaba muerto y dio orden de que lo metieran en un ataúd, rezasen unos responsos y lo enterrasen vivo. El segundo de sus hijos, que le sucedió después de Luis I, muerto a los 17 años, fue Fernando VI, un personaje cuando menos extravagante. Una de sus curiosas manías era esforzarse por no evacuar nada, para lo cual se sentaba sobre los pomos puntiagudos de las antiguas sillas de su cuarto, utilizándolas a la manera de tapones. Una vez estuvo 18 horas en esa posición sin moverse. Al fin, cercana ya su muerte, se postró en la cama. Allí hacía sus inmundicias, que arrojaba indistintamente a todos los que le servían. Murió a los 46 años, y su médico escribió: «Privado de los consuelos de la religión, y entre sus propios excrementos, ha fallecido Fernando VI, el más pulcro y religioso de los hombres».

Volviendo a Carlos IV… Este desgraciado monarca, que acabó huyendo de España destronado por su propio hijo, se casó con su prima, María Luisa de Borbón, que tuvo, entre partos y abortos, 24 hijos. La familia sería magníficamente retratada por Goya, en una imagen que vale más que mil palabras. Y le sucedió Fernando VII. Su hija, Isabel II, que lo era también de María Cristina de Borbón y Borbón, tercera esposa del rey y su prima, también se casó con su primo carnal, Francisco de Asís, y siguió así «mejorando» la estirpe con la endogamia.

Del hijo de Isabel II, Alfonso XII, que al parecer sí era inteligente, nació Alfonso XIII. Éste, por una vez, no tuvo la ocurrencia de casarse con su prima, pero en cambio introdujo un nuevo problema en la rama familiar: la hemofilia. Parece ser que ya el rey británico y su hermana la princesa Beatriz advirtieron a don Alfonso de que era posible que Victoria Eugenia de Battenberg, la nieta predilecta de la reina Victoria, a la que Alfonso XIII había elegido por esposa cabezonamente, transmitiese a alguno de sus hijos varones la enfermedad. También el ministro de exteriores inglés se lo advirtió a su homólogo español, el marqués de Villa-Urrutia. Pero no hubo nada que hacer: la decisión de Alfonso XIII estaba tomada. Confiaba en su buena suerte, porque no siempre la hemofilia se transmite.

No la tuvo, y su primer hijo fue hemofílico. Alfonso, siempre pálido y ojeroso, vivía permanentemente en vilo ante la posibilidad de enfermar o de sufrir un accidente que presentara hemorragias que no se pudieran detener. El rey Alfonso XIII nunca superó que su hijo mayor fuera un enfermo. Además, había rechazado, a sabiendas de que como heredero a la corona de España tenía que casarse para perpetuar la dinastía, a la princesa Ileana, hija de la reina María de Rumanía. Se retiró al palacete de la Quinta, en los montes de El Pardo, un maravilloso lugar con jardines del siglo XVIII inspirados en el palacio de Versalles, a los que añadió una granja de gallinas y cerdos para su solaz personal (era aficionado a eso de ser granjero).

En 1931, cuando la familia real española parte hacia el exilio, comienzan los problemas de dinero y la salud del príncipe Alfonso va a mucho peor. Se le ingresa, entonces, en una clínica de Lausana, Suiza, y es allí donde conoce a Edelmira Sampedro, la hija de un hacendado cubano. El rey Alfonso XIII se enteró por la prensa de la relación de su hijo con la joven cubana y se opuso frontalmente a un matrimonio tan desigual. El verano de 1933, en Lausana, el Príncipe de Asturias, don Alfonso de Borbón y Battenberg, convencido de que nada se podía hacer para arreglar la situación, renunció oficialmente a sus derechos a la corona de España, así como al de sus sucesores.

Dos años después la Puchunga —como era conocida entre la familia real—, decidió separarse de él y regresar a Cuba. Alfonso de Borbón, que permaneció sólo en París por un tiempo, terminó desesperado y se embarcó rumbo a América con la intención de recuperarla. Se rehízo el matrimonio y se impusieron los buenos tiempos hasta que, con el estallido de la Guerra Civil Española, el príncipe Alfonso cayó gravemente enfermo. Entonces Edelmira, que ya no estaba dispuesta a seguir soñando con que un día sería de verdad princesa, le abandonó para siempre. En un par de meses Alfonso volvió a casarse con otra hermosa cubana, Marta Esther Rocafort Altuzarra, hija de un dentista de La Habana y modelo reconocida de alta costura en Nueva York.

Murió solo, el 6 de septiembre de 1938, durante una noche en la que conduciendo su coche por las calles de Miami, se estrelló contra un poste de teléfono. A su entierro no fue apenas nadie. Y la única persona que le envió flores fue su madre, la reina Victoria Eugenia. Sus restos, gracias a un gesto de su sobrino, el rey Juan Carlos de España, reposan desde 1985 en El Escorial.

El siguiente hijo de Alfonso XIII, Jaime, era sordomudo, y su padre le obligó también a renunciar a la corona por este motivo en 1933, antes de que se casara. En aquella época no se podía aceptar que un rey tuviera que entenderse por gestos. Sin embargo, como era sordomudo y no necesariamente idiota, más adelante recapacitó, y quiso volverse atrás en su renuncia.

El tercer hijo de Alfonso XIII nació muerto. Y las dos siguientes fueron niñas, y a ellas ni siquiera se las tuvo en cuenta. Pero mejor no reivindicar, al menos en el caso muy concreto de la infanta Beatriz, el derecho a heredar el trono de la mujer, si tenemos en cuenta lo que su descendencia acabó dando de sí. Beatriz, que era junto con su hermana María Cristina uno de los peores partidos de la realeza en toda Europa, por ser posibles portadoras de la hemofilia, tuvo que contentarse para casarse con Alejandro de Torlonia, un personaje de discutible reputación que llevaba un título rimbombante, príncipe de Civitella-Cesi, pero de escaso valor. Su primogénita, Sandra, se fugó para casarse con un playboy llamado Clemente Lecquio, que había sido embajador de la Italia fascista en Madrid entre 1940 y 1943, y luego había vivido varios años en Perú como productor cinematográfico. En 1963 el pretendiente al trono de Italia, Humberto de Saboya, que era muy amigo de Don Juan en Estoril, donde compartían exilio, le hizo la gracia de inventarle el título de conde, que nunca tuvo existencia legal en Italia. De Sandra y Clemente es hijo Alessandro Lecquio. Sí, el famosísimo conde Lecquio de los escándalos rosa, que podría haber sido —ser hoy— nuestro rey.

Aparte de todo esto, habría que contar con los múltiples bastardos que, a lo largo de la historia, han nacido de alguna cabeza coronada en una unión no matrimonial, y cuya larga lista complicaría enormemente este resumen en dos vertientes: por un lado, invalidando el derecho legítimo al trono de algún que otro monarca y de toda su descendencia (se consideran bastante verosímiles históricamente las «leyendas» sobre las infidelidades a su marido de, por ejemplo, María Luisa de Borbón, esposa de Carlos IV, quien llegó a declarar a su confesor que ninguno de sus hijos era realmente de su marido); o, por otro, teniendo que incluir, en su correspondiente orden dinástico, a aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio (que están en la legislación española —igual ¿para todos?— protegidos con los mismos derechos que los hijos legítimos). Estaría, por tanto, mejor situado para el puesto de rey Leandro Alfonso Ruiz Moragas que Juan Carlos de Borbón; en realidad, mejor situado incluso que Don Juan, su padre.

Leandro Alfonso Ruiz Moragas, hijo de Alfonso XIII y una actriz, salió del armario de la bastardía clandestina en 2002, cuando publicó el libro El Bastardo Real, acabando con siete décadas de anonimato. «Quiero que se sepa que la palabra bastardo no se creó para insultar o descalificar a personas, sino como timbre de honor, para designar a quien es hijo de rey», argumenta el adusto don Leandro en su libro, monárquico y franquista hasta el tuétano. Leandro pasó gran parte de su vida presumiendo entre los íntimos de su sangre azul. Según él narra, gustaba de compararse con Don Juan de Austria, cuya tumba visitaba en el panteón de infantes de El Escorial: «Yo, como tú, también soy bastardo», rezaba como una letanía. Reconocido extraoficialmente mediante una ayuda económica real, gustaba de mezclarse con la plebe en sus bares y sus restaurantes preferidos. Así ocurría en la calle Rafael de Riego de Madrid, donde solía frecuentar en los años noventa a un grupo de amigos, buenos comensales y mejores jugadores de mus. Sus comparsas eran: un maestro jamonero, un oficial de la construcción y Alfonso Arias, el de los Almacenes Arias. Con la entrada del nuevo siglo comenzó la aventura de reivindicarse a sí mismo como principal ocupación, en los foros de los grandes medios de comunicación, reclamando el apellido Borbón y más atenciones por parte de la familia real; pero no se ha atrevido por el momento a reclamar el trono al que legalmente tendría derecho, ni para él ni para sus hijos, que todavía están a tiempo de hacerlo.

Pero dejemos la ficción, porque fue Don Juan de Borbón y Battenberg el que se convirtió en Príncipe de Asturias, al tener la suerte de no nacer hemofílico ni sordomudo ni ser mujer ni oficialmente bastardo. Se casaría, siguiendo la curiosa tradición familiar, con una prima suya, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, hija del infante Carlos de Borbón y la princesa doña Luisa de Orleans, en octubre de 1935. Y después de una primera hija, Pilar (nacida en Cannes, el 30 de julio de 1936), nació Juan Carlos; «Juanito», literalmente, durante dos décadas para la familia; nada importante como diminutivo si no fuera porque a su hermano menor le trataban de Alfonso y no de «Alfonsito».

Nació con honores de heredero, pero llegado el momento, además de saltarse a su propio padre, tendría que lidiar todavía un par de faenas más, dos Alfonsos, que podrían haberle arrebatado la corona. Uno se lo encontró en la rama de Jaime, su tío el sordomudo, que se retractó mil veces de su renuncia al trono. Cuando Don Juan comenzó, tras la Guerra Civil, a apostar por una línea liberal, el primogénito de Jaime, Alfonso de Borbón y Dampierre, se convirtió en el candidato perfecto de la Alemania nazi, y siguió siendo después el «príncipe azul de la Falange» durante todo el franquismo. Cuando en 1972 se casó con la nieta de Franco, Carmen Martínez-Bordiú, la cosa se complicó todavía más.

Otro problema importante con el que se encontró Juan Carlos fue la competencia de su hermano pequeño, Alfonso, tres años menor. Es cierto que no había ninguna duda de que él estaba primero en la línea sucesoria, pero ya hemos visto que saltarse a alguien, entre los Borbones, no era algo en absoluto excepcional. Aparte de haber nacido ochomesino y con los ojos saltones, «Juanito» tenía en su contra que nunca fue una lumbrera. Desde muy pequeño estuvo acompañado de tutores y clases especiales, como refuerzo a los cursos de los ya de por sí poco convencionales colegios en los que estudió. Y tuvo, además, seguimiento clínico constante. Alfonso, en cambio, era el listo de la familia. Le llamaban «Senequita» (esto sí en diminutivo), y todos le describían como chocantemente inteligente y de una gran sensibilidad. Era sin ninguna duda el preferido de su padre.

El problema de su hermano desapareció muy pronto. Contaba Juan Carlos 18 años y 83 días cuando accidentalmente le pegó un tiro. El de su primo, nunca se consideró del todo resuelto hasta el día de la coronación. Aún y así murió en «un cruce de cables» que se trata más largamente en capítulos sucesivos.

2. Aquellos duros años del exilio

Alfonso XIII, culpable de alta traición

A las 3 horas y 55 minutos de la madrugada del 20 de noviembre de 1931 las Cortes Constituyentes de la II República Española aprobaron por aclamación el texto que parcialmente se reproduce:

Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue Rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país, y, en consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en el territorio nacional.

Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en el territorio nacional, se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá el uso más conveniente que deba darles.

Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de sancionada por el Gobierno provisional de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de las Naciones.

Alfonso XIII, viendo la que se le venía encima, ya había huido precipitadamente de España la noche del 14 de abril de 1931. Primero se dirigió a Cartagena en su coche deportivo de lujo y allí embarcó con destino a Marsella. Nunca más volvería en vida. La decisión de «empaquetar» al rey hacia Marsella fue tomada el día antes, el lunes 13 de abril. El gobierno había explicado a Alfonso XIII que en caso de querer batallar con las armas el resultado de las elecciones municipales del 11 de abril, no podría contar con gran parte del Ejército y de la Guardia Civil. Se encargó al ministro de Marina José Rivera y Álvarez de Canedo sacarlo de España y trasladarlo sano y salvo a Marsella. Se marchó corriendo dejando atrás a su mujer y a dos hijos enfermos, entre ellos, su primogénito, el Príncipe de Asturias.

La República había sido proclamada y el buque donde él partía hacia el exilio debía izar la bandera republicana. «¿Cuándo?», preguntó el antiguo monarca. «Cuando usted esté en tierras francesas y nosotros no estemos en sus aguas», respondió Rivera. El buque llegó a la costa marsellesa a las 5.30 horas de la mañana. Se le aconsejó que no hablase y se despidiese discretamente de los oficiales y jefes, y así lo hizo dándoles la mano y sin pronunciar palabra. Entonces lloró amargamente. «Dispense Don José, no lo he podido evitar», dijo a Rivera.

El buque Príncipe Alfonso inició el camino de vuelta presidido por la bandera tricolor de la República y con el nuevo nombre de Libertad. Se retiraron todos los retratos de la familia real y símbolos de la monarquía.

ESPERANDO EL FIN DE LA GUERRA

La reina Victoria Eugenia y sus hijos salieron de España, el día 15 de abril, en el tren de Hendaya rumbo a Francia con la escolta del director de la Guardia Civil, el general José Sanjurjo. La familia se reuniría en París, y comenzó un interminable periplo europeo… Se instaló primero en Francia y después en Roma, donde viviría Alfonso XIII hasta su muerte. Don Juan, que no fue considerado el heredero antes de 1933, pasó los primeros años de la República recorriendo medio mundo como marino. Y luego, cuando se casó, en 1935, se instaló con su familia en Cannes. Pero tuvieron que irse de allí, expulsados, porque las manifestaciones hostiles en su contra durante toda la Guerra Civil Española no cesaban. Primero se instalaron en Milán, y después en Roma, que fue donde nació Juan Carlos. Desde allí siguió la familia real con suma atención cómo avanzaba el golpe de Estado fascista, mientras anhelaban la hora de poder regresar.

La república había tenido la amabilidad de enviarles en sus estuches todas sus joyas privadas, pero nada más. El mismo decreto republicano por el que Alfonso XIII se había visto privado de la nacionalidad española, condenándolo por su participación en la dictadura de Primo de Rivera, le había despojado de sus propiedades. Pero Alfonso XIII abandonó España con más de 140 millones de euros (al cambio actual), de los que un tercio se encontraba ya fuera del país, así que tampoco fue para tanto. Está claro que el cambio, del palacio real a vivir como burgueses, no lo llevaron demasiado bien… En Roma, Don Juan se instaló primero, algún tiempo, en el hotel Eden; y luego en un piso del palacio Torlonia, en via Bocca di Leone, en el que no estaban muy cómodos. Con esa campechanía tan borbónica alardean de las penurias con anécdotas como la del día en que Alfonso XIII llegó sin avisar y se encontró con su mujer en la cama con impermeable y paraguas para defenderse de las goteras que producían los vecinos de arriba con su bañera desbordada. No había dinero para más, para una instalación mejor. En cualquier caso, como suele pasar, la peor parte se la llevaron sus criados. A Petra, la doncella de Doña María, y a Luis Zapata, el criado de Don Juan, les llegaron a deber un año de sueldo. Luego se trasladarían al barrio de Parioli, que fue donde nació «Juanito».

Aquello no era la situación ideal, pero lo iban llevando con paciencia, en la esperanza de un futuro mejor. Para conseguirlo, sus colaboradores ya se habían puesto a trabajar duramente en España. Había que preparar un clima propicio al Alzamiento, pensado con el objetivo de acabar con aquella república de tintes revolucionarios, y restaurar la monarquía. La clase media empezó a realizar los primeros movimientos, que son el preludio del fascismo, en 1932, con campañas propagandísticas en los medios de comunicación y con intrigantes profesionales de la talla de Eugenio Vegas Latapié (luego preceptor del príncipe Juan Carlos). O Pedro Sainz Rodríguez, el mismo que luego sería la mano de derecha de Don Juan hasta que se pasó al bando de su hijo. Fue en aquella época el enlace de los monárquicos en el exilio con la subversión contra la República en el interior, para organizar la conspiración que condujo al 18 de julio de 1936.

Sainz Rodríguez hacía un poco de todo. Una curiosa anécdota que de él se cuenta trata de que, en su estrategia para la incorporación de la Iglesia, utilizó los servicios de una conocida y atractiva rubia. La rubia, T. M., era monárquica de corazón. Había sido amante del propio Alfonso XIII y del general Sanjurjo. Pero lo que interesa para la historia es que en el momento en el que Sainz Rodríguez requirió sus servicios, lo era del nuncio monseñor Tedeschini, que además de ir de putas tenía el descaro de apoyar abiertamente a la República. Cuentan que Sainz Rodríguez, para neutralizar al nuncio, fue a visitarla; que ella lo recibió desnuda en la bañera; y que allí mismo, sentado en el bordillo, despacharon el asunto. Obtuvo don Pedro con sus buenas mañas una declaración por escrito de la cortesana, con la que habría de conseguir que el Vaticano le retirase su confianza al nuncio republicano.

Cuando creyeron que todo estaba ya dispuesto, se produjo lo que en principio estaba pensado que fuera un golpe de Estado rápido y contundente. Pero no fue así. Muchos militares fieles a la República no se sumaron al Alzamiento, el pueblo se lanzó a la calle y comenzó una terrible Guerra Civil.

Como de lo que se trataba era de recuperar la corona, a pesar de la presunta precariedad económica que padecían, Alfonso XIII dispuso para apoyar su cruzada un millón de pesetas y medió para Franco e intercedió con Mussolini para que facilitara armamento militar y enviara a España, con la mayor rapidez posible, la aviación militar fascista. En agosto de 1936, apenas un mes después del estallido de la contienda, había realizado ya su primera gestión en favor de los sublevados. Días antes, el general Emilio Mola había advertido que si en el plazo de ocho días no recibía más aviones de caza y bombardeo, la guerra se podía poner muy fea para los nacionales. El marqués de Luca de Tena viajó enseguida a Roma y encontró allí al consejero del rey, Pedro Sainz Rodríguez, quien le puso en contacto con el conde Ciano, ministro italiano de Relaciones Exteriores. Luca de Tena entregó a Ciano una carta de Mola para Benito Mussolini. Al día siguiente, el ministro dijo que el Duce accedía a enviar a España los aviones que se le pedían y que, en el curso de las siguientes semanas, saldrían los aparatos por barco. Pero había un grave inconveniente: Mola no podía esperar tanto tiempo. Los aviones debían viajar por aire, pero Ciano argumentó que él no podía discutir con Mussolini, añadiendo que el único con autoridad para hacerlo era el antiguo rey Alfonso XIII, que se encontraba en aquel momento de montería en Checoslovaquia, en el castillo de Metternich, donde pasaba algunas temporadas. Así que en Praga se presentó al día siguiente Luca de Tena y tras no pocas vicisitudes, logró hablar al fin con el antiguo rey, que a la mañana siguiente telefoneó a Mussolini y en unas horas los aviones que Mola reclamaba desesperadamente salieron volando hacia Burgos. No contento con eso, visitó luego en Roma al papa Pío XI para que apoyase a los sublevados.

Tampoco Don Juan se lo pensó dos veces, y tardó apenas unos días después del alzamiento en ponerse en camino para combatir al lado de los traidores. El 1 de agosto cruzó la frontera por Dancharinea, se vistió el uniforme de los voluntarios nacionales en aquella zona (mono azul y boina roja) e intentó llegar a sus filas. Pero el general Mola le detuvo. No lo quería allí y le hizo volver por donde había venido. Don Juan no se dio por vencido y siguió insistiendo. El 7 de diciembre de 1936 envió una carta a Franco ofreciéndose para servir en el crucero Baleares. Pero Franco le rechazó por segunda vez. Así que no tuvo más remedio que volverse a Roma… a esperar. Y mientras los españoles demócratas defendían la República de los golpistas de Franco apoyados por las armas y las tropas de Hitler y Mussolini, su seguidor Don Juan concibió a Juan Carlos, actual rey.

Nadie ha sabido explicar jamás, de un modo satisfactorio y razonable, por qué los generales fascistas rechazaron en sus filas al infante Don Juan, que era marino profesional formado en la armada británica. Pero aquella decisión le vino muy bien, más adelante, al aspirante al trono. Primero, porque al crucero Baleares lo hundieron poco después. Y, segundo, porque así pudo disfrazar su lucha por el poder, eventualmente, como si fuera contra Franco, de espíritu democrático, cuando el cambio le convino. Aquel paso de bando no iba a tardar en llegar, impuesto por el curso que estaban tomando los acontecimientos nacionales e internacionales.

En los planes de los conspiradores estaba que Sanjurjo tomara el poder e hiciera regresar a Alfonso XIII al Trono durante seis meses, para que luego abdicase en Don Juan. Pero Sanjurjo se mató en un accidente, y Franco pasó a dirigir la contienda. Con él, la guerra se alargó mucho más de lo que hubieran podido esperar y, sobre la marcha, fue matizando sus intenciones.

En 1939 Alfonso XIII celebró la victoria de Franco como el que más, y le felicitó generosamente. Pero Franco ya estaba en otra onda. Desde luego quería que Alfonso XIII abdicase, porque le hacía responsable del desastre de la llegada de la República. Franco decía que no quería ser otro Primo de Rivera. Pero, además, sólo seis meses después del final de la guerra, cuando estalló el conflicto en Europa, Franco se situó al lado de Hitler, en una tendencia ideológica en la que la monarquía no tenía cabida. Aunque su entrevista con Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940 no fue ningún éxito, su postura era claramente pro III Reich.

En un último intento por salvar la situación, Alfonso XIII abdicó en favor de su hijo Juan en enero del 41. Pero ya era demasiado tarde. Murió un mes después en Roma, y Don Juan inauguró una nueva etapa, asesorado por su consejo privado, apostando por la rama anglófona, la de los aliados, en la nueva fase de la guerra que se veía venir.

EN LAUSANA

Con la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial, la antigua reina Victoria Eugenia fue declarada persona non grata, porque era una princesa británica. Y toda la familia se trasladó a la neutral Suiza, a Lausana, en 1942. «Juanito» tenía entonces 4 años de edad.

Sin reconocer nunca los bienes que obraban en su poder pese a la condena de la República, el nivel de vida cambió sensiblemente en Lausana. Don Juan y familia se instalaron esta vez en un palacete, y la exreina Victoria Eugenia residió en el hotel Royal durante bastante tiempo, hasta que una supuesta misteriosa y cuantiosa herencia de una amiga extranjera le permitió adquirir Vieille Fontaine, todo un palacio con elevado muro y abundantes árboles, con casita de invitados, junto al lago Leman. Allí vivió hasta su muerte, acaecida en abril de 1969. En la guía de teléfonos figuraba bajo la letra R (entre «Reina de Saba, tapices y objetos de Oriente», y «Reina Juana, mercería», como «Reina (de España) Victoria Eugenia, 24 avenue de l’Élysée»). Como aún no existían las «páginas amarillas», es imposible saber si en ellas hubiera aparecido en semejante orden, clasificada profesionalmente en el apartado de monarquías, entre monaguillos y monjas. En Suiza, como es sabido, son muy metódicos y de una gran precisión.

En Vieille Fontaine, la antigua reina Victoria Eugenia daba cócteles a los que asistían hasta 200 personas: banqueros, nobles, artistas (entre los que estaban Charles Chaplin, que vivía cerca, en Vevey), y miembros de las familias reales sin trono de Rusia, Rumanía, Italia… El padre de «Juanito», acompañado con frecuencia por su mujer, según los informes de la policía que los vigilaba, llevaba «una vida desreglada, frecuentando cabarets y casinos, regresando con frecuencia a casa a las 4 y a las 5 de la madrugada, bastante perturbado por los efectos del excesivo uso del whisky y de los cócteles», afición que nunca ocultó.

Pero «Juanito» era demasiado joven para seguir todo aquello. Al año de estar en Suiza confiaron su educación a Eugenio Vegas Latapié y, a muy temprana edad, después de pasar por el Colegio Rolle de Lausana, ya lo metieron en un internado, para cuidar una educación que se presentaba difícil. El mismo día que ingresó en el colegio sus padres mantuvieron una conversación con el director, el padre Marcel Ehrburger, y le pidieron que tratase a su hijo con naturalidad y, si fuera preciso, con severidad, como a cualquier alumno. No era un gran estudiante y habían de presionarle para que se esforzara, amenazándole con quedarse castigado en el internado los fines de semana, sin poder viajar a Lausana para reunirse con sus hermanos y con sus padres. Eugenio Vegas le acompañó como preceptor desde 1943. Pese a los sinsabores de los estudios, en el internado Saint-Jean de Friburgo, al que asistían niños de diversas nacionalidades aunque predominaban los franceses, Juan Carlos hizo buenos amigos, como el príncipe Zourab Tchokotua y Karim Aga Khan.

Como Franco continuaba sin querer soltar el poder, Don Juan empezó a pensar que habría que librarse de él para conseguir el trono. Esa baza la jugaría apoyado por los aliados, fundamentalmente Estados Unidos e Inglaterra. Sólo la Unión Soviética de Stalin apostaba abiertamente por la vuelta de la República. Los demás estaban en contra de la Alemania nazi, por supuesto; y, de rebote, contra el fascismo español de Franco; pero no hasta el punto de permitir que en España volviera al poder la izquierda surgida de las urnas del 16 de febrero de 1936 con la coalición del «Frente Popular». Por eso apoyaban, formalmente, el restablecimiento de la monarquía controlada de Don Juan.

En este contexto el infante don Jaime, el sordomudo, que se había casado con Manuela Dampierre y tenido dos hijos, rectificó por primera vez su decisión de renunciar al trono. Su hijo primogénito, Alfonso de Borbón y Dampierre, llegó a ser el candidato patrocinado por la Alemania nazi para una Regencia bajo Franco, para mantener a éste y a la Falange en el poder.

Durante un breve periodo, parecía que los aliados iban a apostar por derribar el Régimen de Franco y colocar la monarquía de Don Juan en su lugar, como mejor baza para proteger sus intereses. O al menos eso creyó Don Juan. Pero mientras la guerra duró, estuvieron más interesados por intentar evitar que la España de Franco entrara en el conflicto del lado de Alemania. A esta tarea estuvieron febrilmente entregados los servicios secretos británicos en España, comprando la complicidad de banqueros, generales, y políticos. Entre otros, en puesto destacado, estaba Juan March, que era el gestor principal para contactar en España con quien hiciera falta, y hacer los pagos correspondientes a militares del sistema, para que se manifestasen en contra de entrar en la guerra y convencieran al Generalísimo. Gracias a todos los generales y políticos cooptados por los aliados, y a que a medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba pudo adivinar el Caudillo la derrota alemana, se fue poniendo del lado de los aliados y se mantuvo al margen de la confrontación. A cambio lo que quería era seguir mandando, y los aliados se conformaron. El apoyo a Don Juan fue sólo una forma de ejercer presión sobre el dictador. Fue una etapa de tensos tiras y aflojas. Impulsado por los aliados, en mayo de 1945, Franco envió a Suiza a José María de Areilza, conde de Motrico, miembro del Consejo Nacional de Falange, para comunicar al conde de Barcelona la pronta restauración de la monarquía, aunque sin identificación del futuro monarca, cosa que Don Juan rechazó.

El 4 de febrero de 1945, en plena euforia victoriosa, Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron en Crimea, en la Conferencia de Yalta. Los tres grandes iban a decidir la suerte del mundo, la división de Alemania, la creación de la ONU, las nuevas fronteras y el reparto de influencias. España fue en Yalta una anécdota menor. Pero los aliados consideraron una solución razonable que se restaurase la Monarquía en la persona de Don Juan. Al concluir Yalta, ya se creía rey. Completamente lanzado a tal aventura, Don Juan decidió condenar el Régimen totalitario de Franco, en el Manifiesto de Lausana del 19 de marzo de 1945, en donde dejaba bien clara su nueva postura; aunque ésta, en contra de lo que tanto se ha escrito después sobre el presuntamente demócrata Don Juan, tampoco era para tanto: «Sólo la Monarquía Tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles; sólo ella puede obtener respeto en el exterior, mediante un efectivo estado de derecho, y realizar una armoniosa síntesis del orden y de la libertad en que se basa la concepción cristiana del Estado», decía en el manifiesto. Eso sí, harto de esperar seis años, desde que terminara la guerra, cada vez más desesperanzado, a que Franco cumpliese el plan inicial colocándolo como rey una vez asentado el poder, no le costó gran cosa hablar de «disconformidad» e «insolidaridad con el Régimen»: «Por estas razones, me resuelvo, para descargar mi conciencia del agobio cada día más apremiante de la responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al general Franco para que, reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el poder, y dé libre paso a la restauración del Régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la Religión, el Orden y la Libertad». Su criterio de progreso para el pueblo pasaba por la monarquía, la religión —que no la libertad religiosa—, y el traspaso de poderes al margen de lo que habían determinado las elecciones generales antes del golpe militar del 36. Todo un paradigma de criterios sobre la libertad a la que hacía referencia.

Pero el manifiesto resultó contraproducente para sus objetivos. Por un lado, el dictador prohibió con graves amenazas la publicación de la declaración. La censura actuó de forma implacable. Ni siquiera ABC pudo hacer la menor alusión a un texto que sí recogieron los periódicos del extranjero. Por el otro, los aliados dejarían tirado a Don Juan. El cambio comenzó a la muerte del presidente Roosevelt, el 12 de abril de ese año 45, dos meses después de la conferencia de Yalta. Su sucesor en el cargo, Truman, no asumió los compromisos. Estaba más preocupado en aquellos momentos con el peligro de Stalin, en su avance por Europa. Así que decidió que Franco siguiera. Tras Potsdam, estaba claro que los aliados no iban a intervenir y que el Generalísimo se había salvado. Truman decidió congelar las decisiones de Yalta. No quería una Monarquía débil en España que pudiera ser presa de Stalin y que dejaría a Centroeuropa en medio de una tenaza comunista.

TRASLADO A ESTORIL

Don Juan, apoyado por su consejo privado de incondicionales, no acaba de creérselo. No quería o no podía darse cuenta de que su función es sólo la de muro de contención al franquismo. Sin renunciar a su objetivo de conseguir el trono, inició un cambio de estrategia que pasaba en primer lugar por un cambio de residencia. El 1 de febrero de 1946 los condes de Barcelona se trasladaron a Estoril. Salieron de Lausana casi de madrugada, en automóviles oscuros escoltados por un coche de policía, y se fueron en avión vía Londres.

Los hijos irían más tarde. En principio, se quedaron a cargo de su abuela (la antigua reina Victoria Eugenia) en su palacete de Lausana. Todos menos «Juanito», al que dejarían interno en el Colegio marianista Saint-Jean de Friburgo. Tenía sólo 8 años, pero sus padres parecían sinceramente preocupados por unos estudios que se estaban convirtiendo en una tortura. Le habían dicho que si no sacaba buenas notas no le dejarían ir el fin de semana a ver a su abuela. Tenía con él a su preceptor, Eugenio Vegas, que se quedó en un hotel de la ciudad.

En Estoril, mientras tanto, había presiones de la Embajada española sobre el gobierno portugués para que no les ampliasen los visados de estancia en Portugal y dificultar la venida de los cuatro infantes de Suiza. Con tal motivo, para intentar solucionarlo, Don Juan recibió la visita el 15 de marzo de Juan March. March tenía varias empresas de navegación y hablaron de organizar el viaje por barco de los infantes, ya que no podían atravesar Francia y España. March además era el que ayudaba a sobrevivir a Gil-Robles, otro exiliado en Estoril y colaborador de Don Juan, colocándolo como abogado en Explosivos Trafaria, una empresa que dependía de Explosivos Río Tinto. Por su parte, Don Juan presionaba a Salazar, amenazando con el escándalo que supondría su expulsión, porque voluntariamente no se iba a ir.

Las relaciones con Nicolás Franco, entonces embajador de España en Portugal, del que había que obtener autorización para que vinieran sus hijos, fueron tensas. En abril se reunieron Nicolás Franco y Salazar. El embajador advertía que Franco consideraba inconveniente la estancia de Don Juan en Portugal, porque eso obligaría al gobierno español a vigilar estrechamente a las personas que quisieran venir a verlo. Pero Salazar insistía en el desinterés creciente Inglaterra y Estados Unidos por la monarquía y lo inocuo de la estancia de la familia real Borbón. Franco ponía como condición que Don Juan se retractase de lo declarado en el manifiesto de Lausana, pero Don Juan se negó. La ruptura con Franco era definitiva, y lo publicó la prensa tanto en Suiza como en Portugal.

Pero Don Juan seguía a su aire, estaba seguro de que lo del visado iba por buen camino, y visitó el palacete de Bel Ver, de los condes de Feijó, que quería alquilar para cuando llegasen sus hijos. También estaba en Monte Estoril y era mucho más grande que Vila Papoila, la primera casa en la que vivió, que le habían prestado los marqueses de Pelayo. Bel Ver era de un estilo más acorde con sus aspiraciones. Tenía piscina y espacio para los caballos. En Lausana, mientras tanto, hacían y deshacían las maletas. Para ir adelantando tareas, antes que a los infantes, los condes se trajeron los muebles y enseres en cuatro rancheras; y también varios coches, uno de ellos un Bentley de cuatro puertas.

El viaje de los infantes de Lausana a Estoril tuvo lugar a mediados de abril de 1946. Los dos infantes, «Juanito» y Alfonso, eran ambos considerados posibles herederos, y se decidió que viajaran en aviones separados para asegurar la continuidad sucesoria en caso de catástrofe. Primero voló Alfonso con sus hermanas, y dos días después, «Juanito», con su abuela hasta la escala en Londres. Pero «Juanito» iba sólo de vacaciones, no para quedarse. Tendría que volver al internado. Su estancia en Estoril, sin embargo, se prolongó por problemas de salud: una intoxicación persistente, que retrasó su primera comunión y su regreso al internado de Friburgo hasta noviembre del 47.

El colegio al que tendrían que asistir en Estoril, también «Juanito» en sus estancias más o menos largas, que fueron varias, era la Escola das Religiosas do Amor de Deus. Era un centro de acogimiento de niños, que recibía en sus aulas a indigentes de la zona y niños pobres de las colonias portuguesas. Pero ellos ni se enteraron, porque se formó un grupo especial para 7 u 8 niños españoles: los hermanos Eraso, los Arnoso, los hijos de Gil-Robles y los de otros colaboradores de Don Juan. Era la única opción para que estudiaran con profesores españoles, porque en el otro colegio que había, el Instituto Español de Lisboa, el director era Eugenio Montes, que por su relación con Falange y por su dependencia del gobierno español no le era simpático a Don Juan. Las monjas del Amor de Deus pertenecían a una congregación fundada en Zamora, y eran españolas. Además el colegio estaba muy bien situado, al lado de la playa, cerca de Monte Estoril.

Pero a «Juanito» se le sometió a una disciplina especial. Su preceptor continuó siendo Eugenio Vegas Latapié, y se le puso una casa, Vila Malmequer («Margarita»), un chalé ofrecido por los propietarios, los marqueses de Pelayo, los que también les habían dejado Vila Papoila como residencia en un primer momento. Allí, con profesores especiales, «Juanito» pasaba las mañanas y las tardes estudiando. «Al pobre, muchas veces sólo lo veíamos en vacaciones», recuerda la infanta Margarita. Incluso en verano, tenía que pasar horas y horas en Malmequer. También a ella, la infanta Margarita, su hermana ciega, le pusieron una profesora especial, la polaca madame Petzenick. En mayo de 1946 su madre la había llevado a Fátima para implorar «la gracia de iluminar sus dulces ojitos apagados», según publicó ABC. Pero no hubo nada que hacer. Aparte de ciega, Margarita era bastante extravagante. Un día contó un chiste que había oído sobre Franco, y Don Juan le dio una sonora bofetada delante de todos. De niños, «Juanito» y sus amigos hacían brincadeiras (bromas) a cuenta de ella. Cuando nadaba en la playa de Tamariz, le decían, «más a la izquierda», «más a la derecha», y ella nadaba con seguridad, sin miedo a nada, mientras su hermano y sus amigos se tronchaban de risa. «Juanito» también le gastaba bromas cuando intentaba pescar, dando con disimulo unos tirones al sedal. «¡Margarita, que ya pican, ya pican!».

En 1947, con nueve años de edad, los reyes seguían siendo para «Juanito» magos que traían juguetes a los niños después de Navidad: «Queridos Reyes: os escribo porque a lo mejor me traéis algo. Pero os digo que si no he sido bueno no tenéis que darme nada. Sólo carbón. Si me permitís, voy a pedir unas cositas para el 6 de enero: una escopeta de aire comprimido, una pistola con balines y una cosa que se pone en los oídos con una antena que se puede oír la radio». Los monárquicos de Bilbao le regalaron además aquel año un balandro para aprender a navegar, el Sirimiri. Fue su primer barco. Sólo más adelante supo que diferentes reyes en paro pasaban a menudo por su casa sin que fuera 6 de diciembre.

DÍAS DE «DRY MARTINI» Y ROSAS

La vida que los condes de Barcelona y sus hijos llevaron en Estoril, pese a tratarse del exilio y a estar teóricamente sin ingresos, no fue precisamente un infierno. Semanal o mensualmente, representantes de la nobleza española se trasladaban a Portugal para turnarse asistiéndoles como mayordomos. La marquesa de Pelayo, acostumbrada a meterse en gastos importantes como financiar la CEDA, les había dejado gratis dos palacetes: uno para vivir, y otro, Malmequer, para que montasen aquella especie de colegio particular sólo para «Juanito», al que veían sus padres que le hacía falta toda la ayuda que pudieran conseguirle. Además, Juan March gestionó que Pedro Galíndez Vallejo, otro altruista, les cediera un velero de 30 toneladas y 26 metros de eslora durante todos los veranos, con tripulación y todos los gastos pagados, que disfrutaron durante 17 años hasta que el barco se murió de viejo.

Al médico de la familia, el doctor Loureiro, tampoco le pagaban nada. Juan Carlos iba con frecuencia a la consulta, no se sabe con qué motivo, y ya en la adolescencia, cuando salía con sus amigos y se tomaba unas cervezas o copas, le pedía al doctor que le diera algo para que no notasen en su casa que estaba alegre.

La Casa Real de los Borbón pasaban los días en febril actividad. Iban al picadero de la Sociedad Estoril Plage; de caza en la Herdade do Pinheiro o el Condado da Palma; a practicar el tiro de pichón; a jugar al golf por las tardes, con contrincantes, entre otros, como el embajador de Estados Unidos, en el Club de Golf de Estoril; al Casino…

Dicen que las relaciones entre Don Juan y Nicolás Franco, el hermano mayor del Caudillo y embajador en Portugal, fueron siempre difíciles. Pero lo cierto es que, una vez normalizada la residencia de la familia Borbón en Estoril, pasaron a saludarse cordialmente; y sus descendientes respectivos, Juan Carlos de Borbón y Nicolás hijo, entablaron una gran amistad que duró muchos años. Ya en la década de los 70 les llevó a colaborar juntos en los prolegómenos de la Transición. El embajador, cuando le preguntaban por la relación, lo que decía era: «Me encuentro con el Conde de Barcelona frecuentemente, primero porque me gusta beber whisky y segundo porque así evito que otros lo hagan con ideas conspiradoras».

Así como a la esposa de Don Juan, Doña María, le iba el «Old Fashion» (un combinado de compuesto de whisky de Canadá, un terrón de azúcar, gotas de bitter amargo, unas rodajas de limón y de naranja, hielo y una cereza), es sabido que al conde de Barcelona lo que le gustaba beber era «dry Martini». A veces en el bar los camareros comentaban: «Ahora no puede más». Pero siempre podía. Los camareros se decían entre ellos: «un dry Martini tamaño rey»; porque su cóctel en lugar de una copa de ginebra llevaba dos (dos tercios de ginebra, un poquito de vermut francés, una gotita de whisky y mucho hielo). Reía siempre con grandes carcajadas sonoras que llamaban la atención, estuviera donde estuviera.

En medio de la vorágine festiva de la familia, hasta el espía que los servicios secretos de Salazar le pusieron para estar puntualmente informados, João Costa, que oficialmente ejercía como guardaespaldas, resultó ser un simpático personaje, que encajaba bien con el resto de la troupe. Antes de ser policía, había trabajado en el circo como trapecista y, cuando estaba de buenas, daba saltos mortales en el jardín para entretener a los niños.

El día de su santo, en una costumbre que luego heredaría su hijo «Juanito», el conde de Barcelona celebraba grandes fiestas. Y como todos querían salir en las fotos junto a él, Don Juan hacía llamar a un fotógrafo profesional, Cesar Cardoso. Pero luego tenía Don Juan la curiosa costumbre de llevar personalmente las cuentas: él recogía las copias del fotógrafo, se las compraba y luego las revendía a los invitados. Lo mismo hacía cuando los fotografiaban en grupo en Villa Giralda o en el Club de Golf.

La familia real Borbón no era la única que se había instalado en Estoril en aquella época de «dry Martini» y rosas. El vecindario no podía ser mejor. Aparte de residentes de lujo como el almirante Nicolás Horty (que había sido regente en Hungría, combatiendo a favor de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, acusado de criminal de guerra después y liberado en 1946 con la condición de vivir siempre en el exilio), el barrio de Monte Estoril estaba lleno de palacetes habitados por reyes en el exilio. Como el rey Carol de Rumanía y su esposa, la presunta familia real de Francia, la de Bulgaria, la de Brasil… Y también el exrey de Italia Víctor Manuel con toda su prole, que había tenido que abandonar su país en 1946, tras el referéndum que acabó con la monarquía, acusado de connivencia y simpatías por Benito Mussolini. Todos vivían felices a la espera de tiempos mejores. El barrio tenía figuras sobradas para que le hicieran chistes los jugadores de mus: «Tiene más reyes que Estoril».

La familia de Don Juan sobre todo tenía relación con los italianos y los franceses. Eran amigos, se trataban de tú, hacían excursiones juntos, se visitaban asiduamente en sus casas, asistían en grupo a los mismos espectáculos y lugares de recreo, tenían profesores comunes para sus hijos… Y es que toda esa vida tenían que compaginarla los niños, los de todos ellos, como era lógico, con los estudios; primero en el colegio de las monjas zamoranas y más tarde en los Salesianos.

En los Salesianos, a «Juanito» le daban las lecciones aparte de los demás niños, en el despacho del padre Valentini. Además continuaba con las clases especiales en Malmequer, tanto en verano como en invierno, y con la sombra constante de su preceptor, Eugenio Vegas Latapié, soltándole broncas a diestro y siniestro. Un día le dijo: «Por este camino, nunca podrá ganarse la vida, y tal como está el mundo todos debemos prepararnos para poder trabajar de un modo u otro». «Juanito» se quedó muy afectado, y al día siguiente desapareció. Cuando regresó a Villa Giralda dijo que había estado recogiendo pelotas en el Club de Tenis, y le enseñó a su preceptor un puñado de monedas que tenía en la mano: «Tú creías que no me podía ganar la vida… Claro que sí». Lo de las pelotas fue la única actividad remunerada en la que tuvo que doblar el lomo, que recuerden los que, hasta hoy, han hecho públicas sus memorias.

Aparte de que «Juanito» no fuera muy listo, dicen los amigos que tuvo en aquella época que tampoco era atrevido y no solía tener éxito con las mujeres. Ya en la adolescencia, aunque entre semana prácticamente no lo veían porque tenía mucho que estudiar, los fines de semana lo dejaban salir un ratito y se iban a bailar a una boîte llamada Ronda. Aun con todas las dificultades, tuvo varias «novias». Primero, Chantal de Quay, una belga muy avanzada y moderna para su época. También vivió una profunda pasión por una tal Viky o Piky, de la familia Posser de Andrade, que le acabó robando su amigo Babá Arnoso. Pero la más importante fue María Gabriela de Saboya, la segunda hija de las tres que tenía Humberto, aspirante al trono de Italia. La mayor de las hermanas, María Pía, tenía fama de inteligente; la pequeña, Titi, de alocada; y Gabriela, de «paradita», de ser «la más sosa», aunque, eso sí, también la más guapa de las tres.

Así vivieron, matando el tiempo, en lo que para el resto de Portugal fue una dura etapa, la de la dictadura de Oliveira Salazar. A finales de los años 40 y durante los primeros 50, en la margen sur del río Tajo, zona industrial de abundante población obrera, el «cinturón rojo» del Alentejo, había huelgas y manifestaciones constantes. La detención, tortura, juicio y condena a cadena perpetua del líder comunista Álvaro Cunhal en 1950 fue uno de los puntos álgidos. Lo que era el paraíso para las casas reales en el exilio, significó un campo de concentración de mordazas y miseria para la población lusa.

Apenas llegaba el ruido de la lucha de clases a la residencia de los condes de Barcelona. Después de Bel Ver, donde vivieron desde abril de 1946 hasta finales de 1947, se fueron a Villa Giralda. No se sabe con qué dinero consiguió comprársela el supuestamente arruinado Don Juan a los Figueiredo. Pero no debió de ser con demasiadas apreturas, puesto que antes de trasladarse a ella, definitivamente en 1948, hicieron importantes obras para acondicionarla que duraron casi un año. Villa Giralda estaba rodeada por un jardín de más de 3.000 metros cuadrados, contaba con 51 habitaciones y una terraza con vistas a la costa de Cascais. Cabían hasta 400 personas, a juzgar por algunas fiestas. Muy sensibles a la realidad social, los condes de Barcelona formaban una vez a la semana, en el jardín, una ordenada fila de pobres a los que daban comida. No se sabe si las sobras de los ágapes reales o un menú de puchero para sans-culottes.

3. Moneda de cambio con el franquismo

NEGOCIANDO CON EL RÉGIMEN

Algunas de las 51 habitaciones de Villa Giralda estaban dedicadas a las oficinas de la secretaría de Don Juan, que mantenía sus actividades político-conspirativas. No estaba allí sólo para darse la gran vida. Entre sus ocupaciones, rodeado por el consejo privado que había formado, aparte de redactar comunicados y manifiestos, se dedicaba a negociar con el Régimen de Franco. Utilizando hasta a sus hijos herederos como moneda de cambio, para ir consolidando la idea de la restauración monárquica, un objetivo al que nunca renunció. Posturas internacionales como la retirada de los embajadores extranjeros de España, tras la condena de la ONU del Régimen de Franco, eran lo que le permitían conservar la esperanza.

También Franco tenía gestos de buena voluntad, de cara a los aliados y de cara a Don Juan. En 1947 convirtió oficialmente a España en Reino, con la Ley de Sucesión dictada en marzo y ratificada mediante referéndum el 6 de julio; en reino sin rey. Toda una paradoja. Además, a partir de ese momento, el gobierno franquista comenzó a pasar una renta anual de 250.000 pesetas a Victoria Eugenia como reina viuda. No hay constancia de que también pasase alguna renta a Don Juan, que en cualquier caso recibía ayuda de nobles y empresarios con el consentimiento del Régimen.

Pero los gestos de Franco no eran suficientes para el aspirante al trono. No le gustó nada la Ley de Sucesión y, como respuesta, lanzó el Manifiesto de Estoril, el 7 de abril, descalificando el proyecto: «…sin comprender que la hostilidad de que la Patria se ve rodeada en el mundo nace en su mayor parte de la presencia del general Franco en la Jefatura del Estado, lo que ahora se pretende es pura y simplemente convertir en vitalicia esa dictadura personal…». Poco más tarde insistió además con las famosas declaraciones a The Observer, que se publicaron el domingo 13 de abril, abriendo a tres columnas la primera página del número 8.133. Decía que no tenía nada que rectificar del Manifiesto de Lausana de 1945. Ya no esperaba nada de Franco, y muy poco de los aliados, que le habían dejado colgado: «…echo de menos —decía—, por parte de las potencias occidentales (…), una visión diáfana de los medios que hay que poner en práctica para evitar que se prolongue el actual aislamiento de España». Y comenzaba a buscar abiertamente la complicidad de los opositores al Régimen: «Todos los individuos y entidades que se muevan y actúen dentro de la legalidad gozarán de idénticas libertades. La Monarquía habrá de reconocer los derechos políticos y sociales de todos los españoles sin distinción de clases, y la efectividad de los mismos podrá mantener un parangón airoso con los de los países más progresivos». Incluso les prometía un referéndum: «…seré el primero en desear y pedir esa confirmación de la voluntad de España tan pronto como las circunstancias lo permitan».

Sus iniciativas, sin embargo, no acababan de tener éxito. Desde luego, el pueblo no se lanzó a la calle en España para exigir el regreso de Don Juan. Tampoco las potencias extranjeras decidieron el desembarco. Y de Franco lo único que consiguió fue que se cabreara con los miembros de su consejo privado, que tan mal le habían aconsejado.

Vegas Latapié estaba entonces en Friburgo, acompañando como preceptor a Juan Carlos al que, en su más que complicado plan educativo, le había tocado regresar temporalmente al internado. En julio presentó la dimisión como miembro de la secretaría política de Don Juan, no se sabe bien si porque ya no aguantaba más la tensión de las persecuciones políticas, o por desavenencias con la línea que Don Juan se decidió a seguir después del fracaso de su segundo manifiesto. Aunque durante algún tiempo aún continuó acompañando al príncipe. Luego tomaría el relevo en el puesto de preceptor Luis Roca de Togores, vizconde de Rocamora.

Juan Carlos continuaba en Friburgo cuando en enero del 48 tuvo que ser internado en un hospital 15 días a causa de una otitis. Hay una posterior intervención quirúrgica sobre la que se tienen pocos datos. Aparte, tiene dificultades en el oído izquierdo por lesiones de tipo genético, hereditarias.

Ese mismo mes de enero Don Juan se preguntaba: «Bueno, y ahora ¿qué hago?». Y fue Sainz Rodríguez el que asumió la responsabilidad de aconsejarle. «Señor, Franquito está tan consolidado como el Monasterio de El Escorial. No hay quien lo mueva», le dijo éste. Pese al aislamiento internacional al que le tenían sometido, el dictador continuaba dispuesto a no soltar el poder. Pero sí parecía predispuesto a continuar la política de gestos iniciada con la Ley de Sucesión para intentar romper el cerco. «Para que le dejen de tratar como a un maricón con purgaciones —le explica Sainz Rodríguez a Don Juan—, Vuestra Majestad tiene una baza en las manos, vital para Franco: Don Juanito. Juéguela a fondo». Aceptar a Juan Carlos en España podría servirle a Franco para demostrarle al mundo que estaba empezando a pensar en el futuro, y a Don Juan tampoco le costaría tanto renunciar a un hijo que de todas formas ya tenía lejos de él la mayor parte del tiempo. Sainz Rodríguez utilizó toda su retórica para convencerlo: «Le lamerá el culo a Vuestra Majestad cuantas veces haga falta para tener a don Juanito en España», le aseguró.

El 25 de agosto de 1948 se reunieron Don Juan y Franco en el yate del Caudillo, el Azor, cerca de San Sebastián. Don Juan acudió en su barco prestado, el Saltillo. En la cámara del Azor, y a solas, el aspirante al trono y el dictador hablaron durante horas, y acordaron que el príncipe se instalara en España para estudiar su bachillerato. Franco aceptó sin poner objeciones a los profesores elegidos por Don Juan, y se comprometió a permitir propaganda monárquica en los periódicos ABC y Diario de Barcelona.

A Don Juan no le gustó el texto que salió en los medios de comunicación españoles el 29 de agosto. Y decidió de repente enviar a Friburgo a Juan Carlos nuevamente, después del verano. Fue sólo temporal. Hasta que Don Juan consiguió que los periódicos del Régimen publicasen un comunicado en el que se precisaba que nunca había tenido el proyecto de abdicar en favor de su hijo. Después del periplo de Suiza a Estoril y de Estoril a Suiza, Juanito volvió de nuevo a Portugal para iniciar desde allí el viaje a Madrid. Con tanta ida y vuelta, empezaría el curso con algo de retraso.

PRIMER VIAJE A MADRID

Su primer viaje a España convirtió a Juanito en Juan Carlos, para diferenciarle de su padre y congraciarle con los carlistas.

El duque de Sotomayor, José Aguinaga, el conde de Orgaz, Mercedes Solano y el vizconde de Rocamora, acompañaron el 8 de noviembre del 48 a Juan Carlos hasta Madrid en el Lusitania Express. Fue una salida discreta, siguiendo las instrucciones del embajador Nicolás Franco, sin despedidas, salvo la familia. Conducía el tren el conde de Alcubierre, vestido con el mono azul y la gorra de ferroviario (entonces los ingenieros de caminos podían conducir trenes; en otros viajes posteriores también lo llevó el conde de Ruiseñada). Aparte de conductor aristócrata, Juanito contaba con un vagón especial, enviado para la ocasión desde España por Renfe. El tren salió a las 8 de la tarde.

Para el recibimiento, que no fue en Madrid, sino en la estación de Villaverde, estaban el conde de Fontanar, el marqués de Casa Oriol, el sacerdote Ventura Gutiérrez y Julio Dánvila, que fue su primer preceptor en España. Es decir, un grupo de señores vestidos de negro, con la alegría del franquismo en sus rostros. A la llegada, lo llevaron directamente al Cerro de Los Ángeles; y, allí, misa, comunión y ofrenda al Sagrado Corazón.

Unas semanas después, el 24 de noviembre, lo llevaron a su primera visita a Franco, en El Pardo, que lo recibió en plan abuelito, sólo que tratándolo de Alteza. Para el príncipe fue como ir a ver a un artista de cine. Le pareció «más bajito que en las fotografías, tenía barriga y me sonreía de una forma que me resultó poco natural». Le preguntó por la marcha de los estudios, y para comprobarlo, le requirió la lista de los reyes godos. También si le gustaba cazar, y lo invitó a ir con él a Aranjuez a tirar a unos faisanes, antes de que se fuera de vacaciones de Navidad a Estoril. Para la ocasión le prometió regalarle una escopeta. El principito también saludó a «la señora». Y Franco también recibió al médico que asignaron para que hiciera un seguimiento clínico del príncipe, Heliodoro Ruiz (el hijo del profesor de gimnasia, de mismo nombre).

No fue a un colegio convencional, sino que montaron uno especial para él en Las Jarillas, una finca propiedad de Alfonso Urquijo situada a menos de 20 kilómetros de Madrid, cerca de un cuartel militar, en Colmenar Viejo. Para que no estuviera solo buscaron unos cuantos niños de su edad, lo mejor de cada casa de la alta burguesía y la aristocracia, que dejaron sus colegios para residir y estudiar junto al príncipe: Carlos de Borbón Dos Sicilias (su primo), Alfonso Álvarez de Toledo, Agustín Carvajal Fernández de Córdoba, Jaime Carvajal Urquijo (marqués de Isasi), Fernando Falcó (marqués de Cubas), Alfredo Gómez Torres, José Luis Leal, y Juan José Macaya y Aguinaga. Y también hubo que constituir un equipo de profesores especial, dirigido por José Garrido, un hombre de absoluta confianza de Don Juan.

En su primera carta «Juanito» contó que había participado en una cacería con Alfonso Urquijo y que había matado un jabalí. Don Juan se comunicó poco con él, mucho menos que con sus otros hijos cuando estuvieron lejos. Sólo alguna que otra carta en la que le recomendaba que fuera respetuoso y obediente, y que estudiara mucho. Daba también autorización a sus profesores para que le dieran algún cachete si lo creían necesario.

No se quiso que la llegada del príncipe tuviera demasiada repercusión en el interior. La situación política era ya de por sí complicada. Ante la necesidad de buscar una salida al Régimen de Franco, existían varios grupos de opinión. Por un lado los opositores al Régimen. Pero también, entre los adeptos, había grupos antimonárquicos, que eran muchos. El propio Franco había participado en la deslegitimación de la monarquía. Se trataba fundamentalmente de dos grupos: los carlistas (que defendían la opción al trono de Carlos Hugo); y la Falange, que entendía, en el disparate entre su discurso y su práctica, que España no debía desenvolverse en un área política capitalista, y que nunca habían gustado de la Monarquía como forma de Gobierno.

Pero a Las Jarillas sólo llegaban gentes muy escogidas. Uno de los visitantes favoritos del príncipe era el general José Millán Astray, manco y tuerto por heridas de guerra y fundador de la Legión, por la que Juan Carlos siempre sintió una gran fascinación. Y, por supuesto, los monárquicos. Venían a verle los sábados, sobre todo señoras mayores que veían en él la reaparición de Alfonso XIII. Se arrodillaban ante él y le besaban la mano. Manuel Prado y Colón de Carvajal fue alguna vez a estos besamanos acompañado de su madre.

NO SIN SU HERMANO

En el curso 1949-1950 Don Juan determinó que Juan Carlos estudiase en Portugal. El caso es que no veía que su situación personal mejorase nada con la estancia en España del príncipe. O trataban mal a su hijo, lo ninguneaban no sacándolo nada en la prensa o, muy al contrario, se producían aquellos besamanos indecentes y la prensa franquista dejaba entrever que «Juanito» iba a ser el sucesor directo de Alfonso XIII, y que su presencia era un anticipo de la abdicación de Don Juan. Aquello no lo podía consentir.

Así que Juan Carlos estudió aquel curso en Malmequer, en Portugal. No fue posible llevarse a todo el equipo de compañeros de estudios de Las Jarillas, pero sí fueron Jaime Carvajal con algún otro para que no estuviera él solo y, claro, algunos profesores. José Garrido y el padre Ignacio Zulueta, que se trasladaron desde Madrid para proseguir la formación del niño. El señor Monllor, un profesor del Instituto Español de Lisboa, iba todos los días a Estoril para colaborar con ellos. Pese a que el equipo de profesores estuvo todo el año en cuerpo y alma dedicado a «Juanito», no hizo un buen curso, y después de cuatro semanas de vacaciones, a finales de julio, volvieron los profesores para preparar los exámenes de septiembre, que tendrían lugar en el Instituto de San Isidro de Madrid, para que tuvieran validez oficial.

El curso siguiente se volvió a plantear la cuestión. La ausencia de «Juanito» de España había hecho que Arriba e Informaciones comenzasen a agitar la bandera de don Jaime, que en diciembre del 49 reafirmó inesperadamente sus derechos al trono, alegando que su renuncia del 33 carecía de valor legal. Esa decisión afectaba fundamentalmente a su hijo Alfonso, que ya en 1947, cuando España de convirtió en reino, había sido postulado como posible sucesor al trono. Don Juan recapacitó. Pero si el argumento era que el heredero debía educarse en su patria y no en el extranjero… entonces lo mejor era enviar a su hermano Alfonso con él.

En respuesta, a finales del 52 Franco convenció a Jaime de la necesidad de que también su hijo Alfonso se educara en España bajo su supervisión. Y el Dampierre se trasladó para estudiar Derecho en la Universidad de Deusto, primero, y en el Centro de Estudios Universitarios (CEU), de Madrid, después.

Don Juan decidió que sus hijos estudiasen en Donostia, en el palacio de Miramar, que había sido residencia veraniega de la familia real a finales del siglo XIX y principios del XX. Franco había anulado el decreto por el que la familia real había perdido con la llegada de la república sus propiedades, de modo que, en aquel momento, era de Don Juan, como herencia de su padre. Enviar allí a los infantes era como tomar posesión del Palacio nuevamente. Aunque lo que entonces se argumentó fue que si se instalaban allí era para distanciarse de Franco. La ventaja del Caudillo, por otro lado, quedó clara cuando el 4 de noviembre de 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas votó el regreso de los embajadores a Madrid.

En Miramar se organizó de nuevo todo un centro escolar, al estilo del de Las Jarillas, sólo para los infantes. Se dio traslado a un grupo de alumnos elegidos todos por Don Juan, en su mayoría hijos de amigos suyos. Y se constituyó un equipo de profesores, sumando algunos nuevos al antiguo equipo: Aurora Gómez Delgado, Ángel López del Amo (que ya había sido profesor de Juan Carlos en Suiza), Carlos Santamaría, el comandante Díaz Tortosa para la educación física, el padre José María Galarraga, y profesores de idiomas. Pero como todo aquello era bastante irregular, iban de vez en cuando catedráticos de Madrid a examinarlos.

Durante los cuatro cursos que los infantes estudiaron en Miramar, Franco continuó avanzando en sus relaciones con Estados Unidos. El 26 de agosto de 1953 se firmó el pacto de Madrid, que situaría en territorio español tres o cuatro bases militares.

Los veranos los pasaban en Estoril. El hermano listo, Alfonso, de vacaciones; y «Juanito» acompañado por los profesores José Garrido y el padre Zulueta, que después de un mes de descanso se venían también a Portugal, a Malmequer, para la versión veraniega del colegio, a cumplir con un mínimo de cuatro horas de clases y estudio, cada día.

La despedida de fin de curso de junio de 1954 fue un poco especial. Por fin, «Juanito» había terminado sus estudios de bachillerato. No se sabía qué iba a suceder después, así que, protocolariamente, «Juanito» y su hermano Alfonso visitaron al Generalísimo para despedirse, casi como uno amenaza, dándole las gracias por haberse educado en su patria.

En verano, para celebrar la graduación, «Juanito» viajó con toda la familia en el Saltillo, el barco que Don Juan tenía gratis total, para reunirse con la reina Federica de Grecia en uno de aquellos cruceros que en plan casamentera organizaba en el mar Egeo, en el yate Agamenon, para que mantuvieran contactos los miembros de las diferentes familias reales y, de paso, promocionar el turismo en la zona. Sorteaba los puestos en las mesas del comedor con unos papelitos y unos números. Aquel fue el primer encuentro sin flechazo entre Juan Carlos y Sofía de Grecia. La verdad es que en aquel yate también iba Gabriela de Saboya.

EDUCACIÓN MILITAR

Después del bachillerato, Don Juan tenía la intención de que «Juanito» estudiase en la universidad belga de Lovaina, o eso decía. Envió a Franco una nota en la que se lo comunicaba, aunque parece ser que nunca pensó en poner en marcha semejante proyecto. Se achacó a sus consejeros, que pensaban por mayoría que a estas alturas no había ya otra posibilidad, la decisión de ceder para que continuase de nuevo en España. Pero antes, Don Juan exigió una nueva reunión con Franco. No le importó esperar hasta que lo consiguió. Ya había perdido «Juanito» un trimestre de estudios, cuando se fijó la entrevista para el 29 de diciembre de 1954, en la finca salamantina de Las Cabezas, que era propiedad de un hombre leal a Don Juan, el conde de Ruiseñada. En ella acordaron que antes de que pasara por la universidad, no estaría mal que «Juanito» se pasase por las tres academias militares: dos cursos en la Academia General Militar de Zaragoza, otro curso con la Armada en Marín y otro en San Javier con los aviadores.

Cuando su hermano regresó, también volvió a Madrid Alfonso, el pequeño. Pero esta vez, ya sin el peso muerto de la educación especial de su hermano, se matriculó en un colegio normal para continuar su bachillerato de un modo más convencional.

Después de la entrevista de Franco y Don Juan en Las Cabezas, el Movimiento Nacional esperaba que el Caudillo explicase, o aclarase, cómo iba a ser la monarquía que tenía en mente para España. Lo hizo rápidamente, en enero de 1955, con unas declaraciones al diario Arriba, portavoz oficial de la prensa falangista. Lo primero que dijo fue: «La monarquía que en España pueda instaurarse en un futuro nada tendrá que ver con la liberal y parlamentaria que conocimos, ni con aquella otra influenciada por camarillas cortesanas que la crítica republicana nos presentó con objeto de estigmatizarla». Añadió: «Será una instauración y no una restauración, siendo la legitimidad en ejercicio la base de la misma».

Pero parece que esto no convenció a los falangistas, que consideraron que Franco les estaba resultando un traidor. Todavía se enfadaron más cuando Semana y los diarios ABC y La Vanguardia publicaron la primera entrevista con el príncipe, el 14 de abril de 1955, realizada por José A. Giménez Arnau. Ese mismo mes, durante una conferencia sobre las monarquías europeas en el Ateneo de Madrid, los falangistas distribuyeron octavillas ridiculizando a Juan Carlos y acabaron a bofetadas con los juanistas. Poco después el príncipe fue abucheado en un concurso hípico, y de nuevo cuando tuvo la ocurrencia de visitar un campamento de verano falangista. El malestar se hizo notar también el 20 de noviembre del 1955, durante el funeral por José Antonio Primo de Rivera, en El Escorial. «¡Franco, traidor!», le gritó el maestro de escuela Francisco Urdiales, al que abofeteó luego el jefe superior de Policía, De Diego. Al salir el Generalísimo, desde la guardia que rendía honores, alguien más vociferó: «¡No queremos reyes idiotas!», que era en general la consigna de los falangistas contra «Juanito».

Bajo toda esta presión, comenzó la primera etapa, la de su preparación para ingresar en la Academia General Militar. Se nombró preceptor del príncipe al general Carlos Martínez Campos, duque de la Torre. También se incorporaron a su equipo otros militares, entre ellos, Alfonso Armada (excombatiente de la División Azul, que más tarde organizaría la primera Secretaría General de la Casa del Príncipe y con los años el golpe de Estado del 23F), como ayudante del duque de la Torre; Nicolás Cotoner, marqués de Mondéjar (condecorado por su participación en la batalla del Ebro, que de profesor de equitación pasaría con el tiempo a ser Jefe de su Casa); y el comandante Cabeza Calahorra (que más tarde fue codefensor del teniente general Milans del Bosch en el proceso del 23F). En el equipo también había civiles: Ángel López del Amo, miembro del Opus Dei, catedrático de Historia, que ya había sido su profesor desde Las Jarillas; y un cura, en este caso el padre dominico Aguilar. Aparte, iba todos los días a clase al Colegio de Huérfanos de la Armada.

Pocos meses antes al duque de la Torre se le había ocurrido comentar en una comida que el príncipe buscaba casa, como residencia durante su preparación para el ingreso en las academias militares. Y a los marqueses de Montellano (padres del marqués de Cubas, que había estudiado con el príncipe desde Las Jarillas) se les ocurrió generosamente ofrecer su palacio de la Castellana, en el solar que hoy ocupa la Unión y el Fénix. Al duque de la Torre le pareció una idea estupenda: «En caso de que el príncipe acepte el ofrecimiento, tendréis que abandonar la casa». Ya no hubo marcha atrás. Los marqueses de Montellano tuvieron que dejar todo el servicio y el personal a su disposición y marcharse a un piso alquilado… pero contentos de hacer con ello méritos de futuros cortesanos. En Montellano estuvo el príncipe desde enero hasta junio de 1955. La «Casa» vivía de una subvención de Presidencia, pero los Montellano pagaban gran parte de los gastos de mantenimiento.

De vez en cuando recibía a su hermano, a Gabriela… o a personajes importantes que querían conocerlo, como monseñor Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Y el propio Juan Carlos también hizo algunas visitas, dos de ellas al general Franco en El Pardo. Los domingos, después de misa, hacía excursiones o se iba de caza con Nicolás Cotoner.

Una de aquellas excursiones, especialmente accidentada, fue al castillo de la Mota. Iba el príncipe con Mondéjar y Emilio García Conde, que tenía un Mercedes que le dejaba conducir al príncipe, aunque éste no tenía carné. En Olmedo, Juan Carlos atropelló a un ciclista. No fue nada demasiado grave. Apenas unos rasguños. Los acompañantes del príncipe resolvieron el problema con unos cuantos billetes, «para que arreglase una rueda y se comprase un pantalón nuevo». Y eludieron dar parte a la Guardia Civil. El duque de la Torre se quedó muy preocupado, y unos días más tarde le entregó a Juan Carlos, sin mayores trámites, como regalo de cumpleaños, un carné de conducir. Para que fuera una sorpresa, lo introdujo en sobres, uno dentro de otro, cada vez más grandes, que ponían «reservado», «confidencial», «secreto», «máximo secreto»… y así sucesivamente. Y al príncipe, que cumplía 18 años pero era muy infantil, le hizo mucha gracia.

Igual que con lo del carné de conducir, Franco opinaba que para ingresar en la academia militar era una tontería que tuviera que presentarse a los exámenes estipulados, que daba igual. Pero esta vez el duque de la Torre insistió. Eso sí, los hizo fuera de plazo, con un poco de retraso con respecto a la convocatoria oficial para los demás alumnos, porque llevaba el programa con cierta lentitud. Cuando se incorporó como cadete a la Academia de Zaragoza (la misma que la República se había encargado de cerrar al poco de proclamarse, en 1932, cuando precisamente era su director el general Francisco Franco), le acompañó el duque de la Torre. El mismo día que juró bandera (ABC le dedicó la portada, autorizada expresamente por Franco), el 15 de diciembre de 1955, España ingresaba en las Naciones Unidas con 55 votos a favor y las abstenciones de México y Bélgica. La Unión Soviética no ejerció su derecho al veto a cambio de que Estados Unidos tampoco lo ejerciera en la incorporación de Mongolia. Así que hubo empate acordado: España por Mongolia.

4. Lo de Alfonso el «Senequita»

Lo de Alfonso, el «Senequita» como le llamaban todos, supuso un breve paréntesis en la formación militar del Juan Carlos. Alfonso era el hermano pequeño de Juan Carlos, aunque su madre siempre se refería a ellos como si fuera al revés, llamando con diminutivo al mayor y sin él al más joven. «Mis muy queridos Juanito y Alfonso», encabezaba las cartas que les enviaba a ambos desde Villa Giralda durante el curso de 1955, sólo un año antes de la muerte de Alfonso. Lo cierto es que por el contenido, si se hubiera de apostar en lógica, se apostaría por que «Juanito» era el pequeño. Era un chaval muy sensible, que se emocionaba y llegaba a llorar cuando le aplaudían en un acto público. Pero ni el uno ni el otro eran ya tan niños. Tenía Juan Carlos los 18 años cumplidos y Alfonso 14, cuando aconteció el trágico suceso.

Nadie pone en duda que Alfonso era el inteligente, y el favorito de Don Juan, en más de un sentido. Jugaba al golf como él, y además muy bien. Y de mayor quería ser marino, siguiendo sus pasos. Estaba previsto que Alfonso ingresara al año siguiente en la Escuela Naval de Marín. Juan Carlos, en cambio, aparte de un pésimo jugador de golf, deporte del que no disfrutaba en absoluto, había sido un niño difícil, siempre condenado a estudiar a doble jornada para intentar seguir el ritmo que le correspondía a su edad. Unos dicen que era «muy distraído». Otros, que las «deficiencias» en su formación se debían a sus ajetreadas circunstancias familiares. Otros, que era un estudiante «notable», y que la causa de su preparación especial se debía a un excesivo celo por parte de sus padres porque estaba destinado a ser rey. Pero su hermano, el «Senequita» Alfonso, no parecía afectado por ninguna de esas razones. Tenía bula. Decían todos que había salido al padre, mientras que Juan Carlos se parecía más a su madre. Hay quien piensa que de no haber muerto, Alfonso habría sido el elegido por Don Juan para sucederle, por la misma razón que Franco había puesto sus ojos en «Juanito», al considerarle más manejable, justo en la línea de lo que necesitaba para dar continuidad al Régimen bajo la dirección de sus seguidores.

En 1956 los dos hermanos estaban en España, aunque en distintos sitios: Alfonso en Madrid, en el Colegio Santa María de los Rosales, estudiando el bachillerato, y Juan Carlos en la Academia Militar de Zaragoza, como cadete. Aquella Semana Santa, partiendo el 22 de marzo, los dos viajaron juntos a Estoril de vacaciones en el Lusitania Express. Tenían pensado regresar a Madrid el 2 o 3 de abril.

Alfonso iba a participar en un torneo infantil de golf (Taça Visconde Pereira de Machado, en el Club de Golf de Estoril). Precisamente el Jueves Santo, día 29, jugó la semifinal y se clasificó. Su padre no cabía en sí de gozo. La final sería el sábado siguiente, pero ya no le fue posible jugarla. Aquella misma tarde, después del torneo, todos los miembros de la familia acudieron juntos, a eso de las 6, a los oficios de la iglesia de Santo António, como era costumbre, y después se fueron a Villa Giralda. No había servicio aquel día, por ser festivo. Los dos hermanos estaban solos en el piso de arriba, «jugando». La condesa charlaba con unas amigas en el saloncito, y Don Juan hacía tiempo en su despacho hasta la hora de cenar, cuando oyeron un disparo seguido de unos gritos. La bala le entró por la nariz y fue directamente al cerebro. Procedía de una pistola automática Long Star del calibre 22, que les había regalado, según algunas versiones, el conde de los Andes y, según otras, el general Franco, con motivo del ingreso de Juan Carlos en la Academia Militar de Zaragoza. La muerte del infante Alfonso fue inmediata.

Juan Carlos llamó a gritos a su padre. Cuando Don Juan subió y vio cómo se estaba desangrando su hijo en el suelo, en ese momento cogió la bandera de España, la puso sobre el cadáver y le exigió a Juan Carlos que, allí mismo, jurase que no lo había hecho a propósito. El médico de la familia, el doctor Loureiro, fue llamado con toda urgencia, pero ya no se pudo hacer nada. Don Juan estaba fuera de sí. No podía soportar la presencia de Juan Carlos. Aquella misma noche se tomó la decisión, por el bien de los dos, de que se fuera de vuelta a Zaragoza inmediatamente después del entierro, el sábado. Tuvo que ir el duque de la Torre, preceptor del príncipe, corriendo con el coronel Emilio García Conde, el aviador, a traerle un avión militar, un DC-3, a Estoril para llevárselo. Juan Carlos ya fue al entierro con el uniforme militar puesto.

En la capilla ardiente, el féretro se cubrió con la bandera de España adornada con el escudo de la monarquía. Fue enterrado en el cementerio de la Guia, a 8 kilómetros de Villa Giralda. Luego Don Juan se fue al mar y arrojó a sus aguas la pistola.

A su madre, María de las Mercedes, tuvieron que ingresarla en una clínica alemana para recuperarse de una profunda depresión. Amalín López Dóriga, viuda de Ybarra, se ocupó después de hacerle compañía y ser su paño de lágrimas, hasta su muerte. Don Juan le expresaría su agradecimiento en una manda testamentaria con un recuerdo para su hijo Fernando Ybarra.

La situación familiar debía de ser bastante tensa, porque a la infanta Margarita, la cieguita, también la enviaron a Madrid ese mismo mes de abril, para estudiar puericultura, y se quedó tres años en España. Era la primera vez que vivía tanto tiempo lejos de sus padres. No regresó a Estoril antes de 1959. También se fueron de la casa el aya de todos infantes durante muchos años, la suiza Anne Diky, que había entrado en la casa cuando nació Alfonso.

Durante un tiempo, no se sabe si por iniciativa propia o a sugerencia de Don Juan, Juan Carlos habló de renunciar a sus derechos e ingresar en una orden religiosa, de meterse en un convento, de hacerse cartujo… Pero, con el tiempo, se le fue pasando el disgusto. De hecho, a los pocos meses, cuando conoció a Olghina de Robiland, en el siguiente verano de vacaciones en Estoril, Juanito no daba señales de tener el menor complejo. Estaba de luto, y llevaba una corbata y una banda negras, pero eso era todo. Ya se dedicaba a ir a fiestas, bailar y a despeinarse con chicas en la parte trasera de su coche. No quería ni oír hablar del asunto, eso sí.

Franco no envió su pésame a Don Juan hasta varios meses después, en mayo, aprovechando una visita de Dánvila (que entonces era enlace entre Estoril y El Pardo). Oficialmente, la embajada española distribuyó a través de EFE la versión de que el accidente había sucedido cuando Alfonso limpiaba el arma. Se le había disparado a él mismo. Pero Estoril se llenó de periodistas y, aunque todos los allegados recibieron la consigna de no decir nada y se vigiló muy en particular a los niños para que no se fueran de la lengua, al poco tiempo la revista italiana Settimo Giorno publicó una versión que se aproximaba mucho más a la verdad, lo cual irritó profundamente a Franco. Comentaría después el dictador: «a la gente no le gustan los príncipes que no tienen suerte».

El hecho fue enseguida oficialmente catalogado como un mero accidente por parte del Gobierno dictatorial del general Franco, a través de una nota de su legación diplomática en Lisboa, evitando que las autoridades portuguesas del momento (sometidas a una dictadura de corte similar a la española) abrieran ninguna investigación al respecto.

Posteriormente, cosas del franquismo, una historia muy similar a la del príncipe y su hermano aparecería reflejada en un libro de texto de secundaria titulado La moral católica, como ejemplo para analizar los límites de la responsabilidad personal, alarmando a los franquistas que estaban al tanto del asunto. «Dos amigos salen de caza; a uno de ellos, manejando o limpiando su escopeta, se le dispara y da muerte a su amigo. ¿Qué circunstancias modifican la culpabilidad de la acción?», se les preguntaba a los niños en los ejercicios de la lección 3, después de haber estudiado que la «Responsabilidad es el primer y principal efecto del acto humano y consiste en la obligación de dar cuenta de los propios actos y sufrir las consecuencias».

Nunca se le hizo autopsia al fallecido. El hermano de Don Juan, Jaime, pidió una investigación, pero Don Juan no la consideró oportuna, y no se hizo. En un documento fechado en 1957, Jaime decía:

Varios amigos me han confirmado que fue mi sobrino Juan Carlos quien mató accidentalmente a su hermano Alfonso.

Esta confirmación de la certidumbre que yo tenía desde el día en que mi hermano Juan se abstuvo de citar ante los tribunales a quienes habían expuesto públicamente tan terrible realidad, me obliga a solicitar de las jurisdicciones nacionales e internacionales adecuadas que se proceda a la encuesta judicial indispensable para establecer oficialmente las circunstancias de la muerte de mi sobrino Alfonso.

Exijo que se proceda a esta encuesta judicial porque es mi deber de jefe de la Casa de Borbón y porque no puedo aceptar que aspire al trono de España quien no ha sabido asumir sus responsabilidades.

Con motivo del primer aniversario de la muerte de Alfonso, el conde de Ruiseñada decidió inaugurar un busto del infante en su finca de El Alamín, y quiso que Juan Carlos presidiese la ceremonia. Pero cuando informó a Franco de su propósito, éste le sugirió que en su lugar llamase a su primo Alfonso de Borbón y Dampierre. Franco ya empezaba a pensar en él, o a amenazar con él, para la sucesión. Le dijo al conde: «Quiero que le cultive usted, Ruiseñada. Porque si el hijo nos sale rana, como nos ha salido el padre, habrá que pensar en Don Alfonso».

Ese mismo verano el Dampierre acudió a Estoril acompañado de un abogado, pretendiendo que se le concediera la condición de infante de España. Pero no consiguió nada.

Nunca olvidó Don Juan al que había sido su hijo favorito. En Villa Giralda tuvo siempre en lugar bien visible colgado su retrato. Todavía en 1961, en una carta que envió a Franco, hablaba de lo mucho que significaba el matrimonio ya anunciado de Juan Carlos, «asegurando para el futuro la continuidad de la Dinastía, que era asunto que me preocupaba hondamente desde la desgraciada muerte de mi querido hijo el Infante don Alfonso (q.e.p.d.)».

En octubre de 1992, por primera vez desde 1956, Don Juan le habló a su hijo el rey de su hermano muerto. Tenía entonces Don Juan 69 años y estaba ya desahuciado por un cáncer de garganta. Pero no quería morirse sin verle en El Escorial. Juan Carlos no tuvo más remedio que acceder. Los restos fueron trasladados desde el cementerio de Cascais. Don Juan salió de la clínica para enterrarlo de nuevo, treinta y seis años después, en la zona destinada a los infantes del monasterio.

Años más tarde, en septiembre de 2008, el coronel del ejército español en la reserva, Amadeo Martínez Inglés, intentó resucitar el tema dirigiéndose al Fiscal General del Estado de Portugal. En la carta que le remitió explicaba que más de cincuenta años después las circunstancias que rodearon aquella extraña muerte seguían sin aclararse adecuadamente: «Quedan bien patentes una serie de circunstancias (indicios racionales) que avalan la peor de las hipótesis sobre el supuesto accidente así como la falsedad de las posibles causas que lo propiciaron, tejidas en su día por el entorno familiar de Juan Carlos de Borbón para justificar lo injustificable». Y las enumeraba:

El autor del disparo que acabó con la vida del infante D. Alfonso no era ningún niño (como la información sesgada del Gobierno español del momento quiso hacer creer a los españoles) sino un profesional del Ejército (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), con más de seis meses de instrucción militar intensiva y otros seis de instrucción premilitar.

Era, por lo tanto, experto en toda clase de armas portátiles de las Fuerzas Armadas españolas.

Conocía, en consecuencia, el manejo y uso en instrucción y combate de las citadas armas.

Había realizado ejercicios de fuego real con todas ellas, con arreglo a la cartilla de tiro correspondiente a un caballero cadete de primer curso del citado centro de enseñanza castrense.

En consecuencia, conocía el uso y manejo de las pistolas de 9 mm reglamentarias en las FAS españolas.

Con mayor motivo debía conocer el uso y manejo de la pequeña pistola de 6,35 mm de la que era propietario y con la que había efectuado (la última vez, el día anterior al luctuoso suceso) numerosos disparos.

Conocía asimismo los protocolos de actuación que marcan los reglamentos militares españoles para el uso, limpieza, desarmado, armado, equilibrado, preparación para el disparo… etc., etc., de cualquier arma portátil y en particular todas las precauciones que debe tomar un profesional de las armas antes de efectuar un disparo de instrucción o combate.

Resulta inconcebible que todo un cadete de la AGM (un centro de enseñanza modélico en aquellas fechas), con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y con numerosos ejercicios de tiro realizados, no tomara las elementales medidas de seguridad (activación de los seguros de la pistola y comprobación de la recámara) antes de proceder a manipular su pistola en presencia de hermano.

El pequeño proyectil de 6,35 mm, que difícilmente hubiera podido traspasar la bóveda craneal del desgraciado infante si el disparo hubiera seguido una línea de tiro directa hacia su cabeza, curiosamente buscó una anómala dirección de abajo a arriba para penetrar por sus fosas nasales y poder alojarse así sin ningún impedimento en su cerebro causándole la muerte instantánea. Algo que la casualidad no puede explicar de ninguna de las maneras por las prácticamente nulas posibilidades de que tal cosa pueda ocurrir en un disparo accidental. La previsible trayectoria del disparo resulta tan forzada y difícil que es manifiestamente improbable que el proyectil saliese de la boca del arma siguiendo esa anómala línea de tiro sin influencia alguna del tirador.

La pistola causante de la tragedia fue lanzada al mar por el padre del homicida, sin que la policía o los jueces portugueses pudieran examinarla, con lo que se hurtaba a la justicia una prueba fundamental.

El homicida no prestó declaración ni ante la policía ni ante juez alguno, abandonando inmediatamente Estoril en un avión militar español rumbo a Zaragoza. Tampoco se presentó voluntariamente a las autoridades para relatar los hechos y asumir sus presuntas responsabilidades.

La tesis oficial del accidente fortuito, propalada por las autoridades españolas, no puede sostenerse sin caer en el rubor más absoluto ya que el propio homicida en manifestaciones, tanto a su íntimo amigo Bernardo Arnoso como a su entorno familiar (la propia madre de Juan Carlos, M.ª de las Mercedes, manifestaría después en sus Memorias que su hijo le dijo que «jugando apuntó a la cabeza de su hermano y disparó sin percatarse de que había una bala en la recámara»), admitió que fue él el que disparó sin comprobar negligentemente si la pistola estaba cargada. Por lo tanto, nada de accidente fortuito. Homicidio imprudente o asesinato premeditado. Ambas figuras tipificadas en el Código Penal de cualquier país civilizado.

Ante todo esto, Amadeo Martínez Inglés solicitó a la instancia judicial de Portugal que abriese las oportunas investigaciones y los trámites necesarios para esclarecer el hecho. No hubo nada que hacer. El Fiscal General del Estado portugués admitió a trámite el informe y prometió «que o caso vai ser analisado». Pero a los pocos días, por presiones del Gobierno español según medios portugueses, comunicó a Martínez Inglés su archivo debido al tiempo transcurrido y a la complejidad de abrir en esos momentos un caso judicial tan delicado. Ni que decir tiene que José Luis Rodríguez Zapatero, a quien, como presidente del Gobierno español, remitió copia de todo el escrito con acuse de recibo, dio la callada por respuesta.

SEGUNDA PARTE
Aprendiz de Franco

5. Seduciendo al franquismo

COMIENZA LA «OPERACIÓN LOLITA»

Aquel joven, adolescente, rubio y alto, de mirada melancólica, que era Juan Carlos a los 18 años, no tuvo problemas para seducir a los hombres serios del Opus Dei tipo López Rodó, allá por los años 50. La visita a Montellano de Escrivá de Balaguer, en 1955, ya había sido un claro síntoma de la voluntad de la Obra por aproximarse al príncipe. También llevaba años siendo una figura constante en su formación Angel López del Amo, profesor del príncipe en Friburgo (1947), en Miramar (entre 1951 y 1954), durante distintos periodos en la especial escuela principesca de Malmequer, en Estoril, y además el único civil durante la etapa de formación militar (en Montellano y en la Academia de Zaragoza). Hubiera seguido siendo una pieza clave si no hubiese muerto en accidente de tráfico, en Estados Unidos, en 1956.

La lucha política entre las familias del régimen se definía a finales de los 50 con toda claridad en dos bloques: de un lado, los tecnócratas del Opus; del otro, la Secretaría General del Movimiento, la Falange pura y dura. Los primeros se decantaban por la monarquía, pero no encarnada en Don Juan, sino en un hijo del régimen domado a sus pechos, Juan Carlos. Los segundos, todo lo contrario, gastaban sus energías en intensas campañas contra los Borbón, construidas en torno a una idea-consigna básica: «No queremos príncipes tontos que no saben gobernar».

Junto al himno de las viejas JONS, que proclamaba «no más reyes de estirpe extranjera», también se cantaba sobre las notas de una zarzuela de época «Viva la revolución», que se difundió como «Himno de las milicias andaluzas de la Falange». Causó furor durante décadas, como grito de desahogo en algaradas y manifestaciones ilegales. Decía su texto:

¡Viva, viva la revolución!,

¡Viva, viva Falange de las JONS!

¡Muera, muera, muera el capital!,

¡Viva, viva el Estado Sindical!,

Que no queremos —¡no!— reyes idiotas,

que no sepan gobernar.

Lo que queremos e implantaremos:

el Estado Sindical.

¡Abajo el Rey!

Otra tonadilla, que cantaban con la música de «¿Dónde vas Alfonso XII?», decía:

De Portugal ha venido, de Portugal ha llegado

el que va a ser Rey de España, y se llama Don Juan Carlos.

A la estación de Delicias ha salido a recibirle

la aristocracia española, entre dos guardias civiles.

El maquinista era conde, la cocinera marquesa,

La mujer de la limpieza dicen que era baronesa.

Si Juan Carlos quiere corona, que se la haga de cartón,

que la corona de España no es para ningún Borbón.

Si Juan Carlos quiere corona, que se la haga de cartón,

que la corona de España es para el pueblo español.

Y hasta tenían un villancico, con la popular música de «Jingle bells» (en español «Navidad, navidad, dulce navidad…»):

¡Reyes, no!

¡Reyes, no!

¡Revolución, sí!

Qué bonita es la bombita

Que vamos a colocar,

Cuando venga el Rey Juan Carlos,

en el Palacio Real.

Era la suya una posición visceralmente hostil a la Monarquía y a Don Juan. Pero mucho más a Juan Carlos, que significaba para los falangistas la alternativa viable a la que Franco podría dar paso. Precisamente por eso, Juan Carlos gustaba a los tecnócratas de la obra.

A partir de 1957, después de la muerte del infante Alfonso, por distintas circunstancias políticas, miembros y simpatizantes del Opus y los de la ACN de P (la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, algo más jóvenes, que algunos años más tarde, para darse un poco más de empaque, pasaría a llamarse «grupo Tácito») comenzaron la que dieron en llamar «Operación Lolita». Con ella intentaban planificar con antelación suficiente cómo deberían ser las cosas a la muerte de Franco: una evolución pacífica, sin ruptura, que permitiera la pervivencia del Régimen bajo unas formas modernizadas. La monarquía se contemplaba más como una salida que como una solución a la dictadura franquista. Apostaban por ella porque sabían que el Régimen no tenía heredero y se agotaba con Franco. Su «Operación Lolita» (luego en los libros de historia rebautizada como «Operación Príncipe», a saber por qué) tenía previsto todo para gobernar hasta los años ochenta, como poco. Contaban con su Jefe de Estado, Juan Carlos; varias opciones alternativas para Jefe de Gobierno (Carrero Blanco primero, Torcuato Fernández Miranda después, o López Rodó), y sus planes de desarrollo.

La guerra de familias la iba ganando la Falange, hasta que Carrero Blanco, tenido por la eminencia gris de la dictadura, comenzó a ganar cada vez más terreno en El Pardo, y consiguió en febrero del 57 que Franco hiciera una crisis de Gobierno que incorporaría a los suyos a los círculos de poder… La euforia entre los monárquicos fue enorme.

Torcuato Fernández Miranda actuó desde el comienzo como el ideólogo de la operación, por llamarlo de alguna manera. Al igual que Carrero Blanco, no pertenecía pero estaba próximo al Opus. En sus planes se contemplaba la necesidad de llevar a cabo ciertas reformas aperturistas, para romper con el aislamiento de España y con la autarquía, pero siempre dentro de un orden, y desde la total coherencia con el Régimen. Luego se le añadieron a la verdadera historia un sinfín de pretensiones, matices, justificaciones… y en estudios recientes se ha intentado presentar aquellos planes como algo que nunca fueron, como si aquel grupo de poder, que lo único que pretendía era consolidarse a sí mismo, hubiera tenido en mente una reforma democrática. En realidad, para Fernández Miranda, la sucesión en Juan Carlos representaba la garantía constitucional de la continuidad, como dejó escrito repetidamente. Todavía en el año 66, escribía en el diario Arriba que el futuro rey «tiene que ser de estirpe real. Pero además tiene que ser encarnación de la legitimidad histórico-nacional que el Estado español, surgido del 18 de julio, encarna». Más que claro, lo tenía clarísimo: «Las leyes fundamentales del Estado español —escribió— exigen un Rey comprometido en la continuidad histórica de la legitimidad nacional surgida del 18 de julio, como fecha irreversible».

¿Cómo vivía todo esto Juan Carlos? Pues, bastante distante y hasta distraído, se dedicaba a otras cosas. Todos lo trataban como a un jovenzuelo, y en lo esencial se comportaba como tal, poco consciente de lo que pasaba a su alrededor.

En aquella época estaba en la Academia Militar de Zaragoza, y los viernes y sábados, se lo llevaban a dormir al Gran Hotel, para que se relajara y la vida militar no se le hiciera tan dura. En mayo o junio, conoció a Antonio García Trevijano (más conocido por Trevijano, a secas), que ejercía de notario de Albarracín y frecuentaba el mismo hotel los fines de semana, muy posiblemente por ser el mejor de la ciudad y el que más visión de futuro podía darle. Claro que Juan Carlos no supo quién era hasta algunos meses después. Con la misma candidez que había encandilado a aquellos señores tan serios y católicos, empeñados en planificar el futuro de la patria, Juan Carlos tomó a Trevijano por un ricachón mejicano, sólo porque llevaba un sombrero de paja de ala ancha, hablaba con acento andaluz y lucía un gran bigote negro. Y ni sus tutores ni el avispado notario le sacaron de su error, ¿para qué? Juan Carlos se había quedado petrificado un día contemplando el coche de Trevijano, un espectacular descapotable Pegaso, primer premio mundial de elegancia en la exposición de París. Y sin pensárselo dos veces se le acercó con interés y timidez al mismo tiempo. «¿Eres mejicano?». «Sí, sí». Y como un chiquillo le preguntó si le llevaba a dar una vuelta, pero que antes tenía que ir a pedir permiso. «¿Y cómo tienes que pedir permiso tan alto como eres?», le vacilaba Trevijano, que disimulaba, como si no supiera quién era el príncipe. Juan Carlos se acercó a un grupo de generales, y volvió emocionado: «Que sí, que sí puedo ir. Me ha dicho el jefe que sí». «Pues venga, sube». Y el notario incluso le dejó conducirlo un rato. Al día siguiente aceptaría además llevarlo de vuelta a la Academia, satisfaciendo los deseos del príncipe de llegar allí en el coche. Quería que sus compañeros lo vieran y presumir un poco delante de ellos, para resarcirse de todas las bromas que tenía que aguantar con respecto a su padre. Más de una vez había tenido que pelearse, dándose cita de noche en el picadero de la academia, para ajustar las cuentas con alguno a puñetazos. Y en varias ocasiones había salido de esos encuentros con un ojo a la funerala.

Desde su primer encuentro, Juan Carlos y Trevijano se hicieron inseparables para las febriles correrías de sábado noche durante ese curso y el siguiente. Trevijano le presentaba chicas un poco mayores que él, que eran las que le gustaban. Como Cuqui la venezolana y otras muchas, con las que se iban a bailar o a merendar, siempre en el Pegaso. Juan Carlos iniciaba entonces su azarosa vida sexual, con aventuras mil que también tendrían como escenario el Estoril de los reyes exiliados. Precisamente ese año comenzó sus relaciones con la condesa Olghina de Robiland que, siguiendo la pauta habitual, le llevaba unos cuantos años, y a la que le escribiría numerosas cartas con citas de letras de canciones rancheras, que años más tarde ella vendería a la prensa.

Con Trevijano Juan Carlos pasó varios meses en la inopia, sin saber realmente quién era su correligionario de juergas, hasta que Don Juan, en unas vacaciones en Estoril, le interrumpió una entusiasta parrafada sobre su amigo «el mejicano»: «¡¿Pero no ves que te está tomado el pelo, hombre, que ese es Trevijano, y es de aquí?!». Naturalmente también tuvo que explicarle quién era el tal Trevijano (no iba a ser tan fácil sacarle de una metedura de pata tan ridícula), ya un conocido personaje en aquella época, asiduo en una variopinta gama de intrigas políticas, aparte de amigo personal del propio Don Juan. El descubrimiento, con todo, no quebró su amistad con el notario. Ya que estaba tan metido en política, y que su padre lo había descrito como tan inteligente, Juan Carlos aprovechó para preguntarle, a ver si él lo sabía: «¿Y tú me puedes decir qué va a pasar? ¿Quién va a ser rey, mi padre o yo?». Trevijano le dijo que él después de su padre, pero la respuesta no debió convencerle demasiado. Lo poco que percibía de lo que se cocía a su alrededor con los del Opus había conseguido que estuviera inquieto, nervioso e impaciente. «Pero yo… no sé. Como rey ¿qué voy a hacer?», le preguntaba. Y Trevijano, medio en broma medio en serio, le espetó un día: «Pues, lo primero, me vas a tener que meter a mí en la cárcel». Juan Carlos se rio mucho con la ocurrencia, pero Trevijano acertó. El primer gobierno del rey Juan Carlos, con Fraga como ministro de la Gobernación, lo llevaría a prisión en el mes de marzo del 76.

BUSCANDO SITIO EN LA IZQUIERDA Y EN LA DERECHA

A medida que Juan Carlos, desde su mayoría de edad recién estrenada, iba afianzando su puesto en la carrera hacia el trono, Don Juan iba perdiendo terreno, hasta quedarse prácticamente sin sitio. La opción juanista estaba cada vez más desdibujada y difusa. Mientras, su hijo se consolidaba como el representante de la amenaza franquista, convirtiéndose en el enemigo dentro de la casa Borbón. Sus vanos intentos por aproximarse a la oposición no acababan de dar los frutos esperados. A menudo, cuando Juan Carlos iba de permiso a Estoril y hablaban de tal o cual problema, su padre se irritaba: «¡Demonios! ¡Me hablas desde el punto de vista de Franco!». Ya no se trataba sólo de una guerra de familias, entre los distintos sectores franquistas; ahora era también de la propia familia, en el hogar de los últimos Borbones.

Don Juan nunca se rindió ante los avances de su hijo. En uno de sus sucesivos bandazos políticos a la desesperada, en Estoril, el 20 de diciembre de 1957, intentó recuperar un espacio suyo, adhiriéndose a la Comunión Tradicionalista de los carlistas, en un emotivo acto en el que aceptaba sus principios generales, a fin de ganarse el apoyo de sus hombres. Según la legitimidad de origen carlista, los derechos a la Corona recaían en él, siempre que supiese ganárselos moviéndose hacia la derecha. Poco más tarde, en 1958, en Lourdes, rodeado de unos 2.000 carlistas, reafirmó la postura poniéndose la boina roja símbolo de los requetés. Fue inútil, y poco más tarde volvió a tontear con la oposición liberal.

En el 58 padre e hijo montaron una especie de competición navegando alrededor del mundo, que resultó fiel reflejo de la que tenían en el campo político. Juan Carlos había embarcado en la bahía de Cádiz el 10 de enero como guardiamarina del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Y Don Juan había salido el 18 de marzo en el Saltillo (el velero del que disfrutaba en Estoril), desde Cascais, para emprender la aventura con unos amigos de atravesar el Atlántico a vela. La coincidencia no tenía mayor trascendencia, hasta que en medio de la travesía Don Juan recibió un cablegrama de José María de Areilza, embajador de España en Estados Unidos. Le contaba que su hijo había sido invitado a una recepción en Washington en honor del Juan Sebastián Elcano, y como Areilza era muy juanista, le invitaba también a él, para que no fuese menos. Don Juan, que nunca aceptaba las invitaciones de las embajadas españolas, por no confraternizar con el Régimen, esta vez aceptó sin dudarlo; y además hospedarse, como su hijo, en la residencia del embajador. A partir de este punto, la travesía se convirtió en una verdadera carrera para ver quién llegaba antes. El conde de Barcelona aceleró el viaje haciendo cambios en el itinerario previsto. Al enterarse de que Juan Carlos había llegado ya a la base naval de Norfolk, renunció a visitar Florida y se embarcó en un guardacostas de la Marina estadounidense, que lo recogió en alta mar y lo dejó en la base aérea de Port Macon, para que un avión militar lo trasladara lo antes posible a Washington. Llegó justo a tiempo de no dejar a su hijo solo, del 8 al 12 de mayo, en Washington; y el 12 fueron juntos a Nueva York para una cena en el Spanish Institute que presidieron con Areilza. Don Juan se engalanó con el Toisón de Oro y la Cruz de Santiago, que casualmente había metido en la maleta y, como si fuera el verdadero protagonista y no un añadido de última hora metido con calzador por Areilza, agradeció a las autoridades las atenciones hacia su hijo.

Juan Carlos, en todo caso, impulsado por sus consejeros franquistas, tampoco escatimaba esfuerzos. Tenía claro que, por el momento, le tocaba trabajarse a la derecha. Tras obtener el empleo de alférez de fragata y pasar a la Academia de Aviación de San Javier, Murcia, en 1958 se decidió por primera vez a participar en las celebraciones del día de la Victoria, desfilando ante el Caudillo como cadete. No fue un camino de rosas. Por primera vez el recorrido se llenó de pancartas: «¡No queremos reyes idiotas!», «¡Franco sí, el principito no!». Eran los falangistas y los carlistas que, en los alrededores del desfile, provocaron altercados callejeros, frente a juancarlistas y también frente a juanistas, que había para todos los gustos y de todos los colores. Debió de ser desagradable para él, pero Juan Carlos, como su padre, tampoco estaba dispuesto a arrojar la toalla. Con esa ansia de aproximarse al poder que siempre le ha caracterizado, continuó insistiendo con los falangistas, acudiendo unos días después a depositar una corona de flores a la cárcel de Alicante, donde había sido fusilado José Antonio en 1936, el fundador de la Falange. A Franco rogando y con el mazo dando.

A continuación le tocaba mover ficha a Don Juan. En cuanto Juan Carlos terminó sus estudios militares (de una forma poco brillante, desde el punto de vista de los estudios, como era habitual en él), el conde de Barcelona quiso demostrar que seguía teniendo autoridad sobre su hijo, y lo retiró de España, esperando que Franco pasara por el aro de una nueva entrevista pública. Se abría la fase de negociación en torno a los estudios universitarios del muchacho.

En principio estos estudios estaba previsto que se realizasen en Salamanca. Para ello se le había buscado piso al príncipe, porque a Don Juan le pareció excesivo el palacio de Monterrey que le ofrecieron los duques de Alba. Y se había configurado un programa semiprivado de dos años de duración, para el que no pensaban traer profesores de otras universidades, porque las asignaturas que cursaría eran básicas, en cualquier caso, y no se necesitaban especialistas.

Pero Don Juan sólo jugaba a soltar la cuerda para volver a dar breves tirones otra vez. Todo se complicó de repente en el último momento, con Don Juan encabronado por una reunión que habían tenido Franco y su hijo el 15 de diciembre, muy cariñosa, en la que Franco le había comentado al príncipe las dificultades que iba a tener en la Universidad, acostumbrado como estaba al ambiente militar. Don Juan dijo «no» a Salamanca a falta de 15 días para el inicio de los cursos programados. Y moviendo las caderas de izquierda a derecha, puso como excusa que era intolerable la presencia de ayudantes militares (golpe a la derecha), al tiempo que consideraba graves inconvenientes la presencia de profesores como Tierno Galván en Salamanca (golpe a la izquierda). Al duque de la Torre, que era entonces el preceptor del príncipe, no le gustó ni un pelo aquello. Se quejó de que Don Juan le dejara quedar como un idiota, como si él hubiera engañado a todo el mundo: se habían hecho gastos, ya estaban contratados los profesores, los programas hechos, la organización de actividades establecida… Después de una agria entrevista con el conde y sus colaboradores en Estoril, dimitió en diciembre de 1959, lamentándose con amargura de haber sido dado de lado después de «conseguir los tres despachos de oficial para el príncipe», cosa que, por el tono en que lo dijo, no le había debido resultar fácil.

Después de un curso entero perdido, en marzo de 1960, Don Juan logró su deseado nuevo encuentro en Las Cabezas con el dictador, pero muy breve. Duró poco más de una hora, en la que debieron hablar sin parar, yendo muy directos al grano, para establecer que Juan Carlos residiría en la Casita de Arriba del Escorial. Algunos, como era de esperar, habían apostado decididamente por la Universidad de Navarra, la del Opus Dei. Pero no ganaron. Al final se adoptó una decisión intermedia: estudiaría cursos especiales, sólo para él, con un equipo de profesores universitarios bajo la dirección de Torcuato Fernández Miranda. El equipo base era un conglomerado de cierto equilibrio entre hombres del Opus Dei, de Franco y de Don Juan, entre los que figuraban Jesús Pabón, Antonio Fontán y García Valdecasas; y, para algunas clases ocasionales, Martín de Riquer, Laureano López Rodó y Enrique Fuentes Quintana, entre otros. Además, para revestir de oficialidad el plan de estudios, el príncipe asistiría a algunas clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

Después del comunicado oficial sobre la entrevista de Las Cabezas, Don Juan volvió a enfadarse momentáneamente, y amenazó con la Universidad de Lovaina. Pero fue sólo un amago y Juan Carlos se trasladó pronto a la Casita de Arriba del Escorial, siguiendo lo acordado. Era ésta un palacete que Franco se había hecho construir por si necesitaba refugiarse durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía un salón, un comedor, tres dormitorios y un despacho. Eso era todo, pero contaba con una red de comunicaciones ultramodernas y estaba construida a prueba de bombas.

Torcuato Fernández Miranda era el más asiduo. Iba todas las mañanas a la Casita para darle lecciones de Derecho político. Se sentaba delante de Juan Carlos sin papeles, sin notas, y le hablaba durante horas. «¿No me va a traer libros?», le preguntaba el príncipe. «Vuestra Alteza no los necesita», le explicó Fernández Miranda. Y entre ellos fue naciendo una fuerte amistad. También fue una calurosa etapa en las relaciones ente Franco y el príncipe. Se veían con asiduidad, sólo para charlar, y Franco le observa y le contaba batallitas de África.

Pero fuera de la Casita del Escorial, el mundo seguía girando. Juan Carlos lo comprobaría poco más tarde, cuando tuvo que representar el papel de estudiante en la Complutense. Desde finales de los 50 se había producido un recrudecimiento de las luchas estudiantiles en las universidades, con focos de disturbios en repetidas ocasiones. Y el príncipe fue recibido como era de esperar.

Cuando el 19 de octubre de 1960 entró por primera vez en el vestíbulo de la Facultad de Derecho, lo recibieron con gritos ensordecedores de «¡Fuera el príncipe de Sissi!», «¡Abajo el príncipe tonto!», «¡No queremos reyes idiotas!». En este contexto, no se trataba tan sólo de grupos de falangistas y carlistas. Y Juan Carlos tuvo que volverse por donde había venido, de vuelta a su Casita del Escorial. Durante varios días, en lugar de disminuir, continuó creciendo la tensión. Poner solución a aquello no resultaba sencillo y se recurrió entonces a las JUME (Juventudes Monárquicas Españolas). Su líder, Luis María Ansón, consiguió negociar con las Falanges Universitarias que presidía Alberto Martínez Lacaci. E incluso, dice Ansón, que con la ASU (Asociación Socialista Universitaria); y hasta con la célula comunista clandestina, aunque con éstos «negociaban» a estacazos y detenciones directamente los grises de Franco. Como quiera que fuese, con algunos al menos las JUME llegaron al acuerdo de que dejasen que el príncipe asistiera a clase como si fuera un estudiante más. Y con los más reacios, sobre todo un grupo minoritario de carlistas irreductibles, se probaron otras técnicas: los jóvenes monárquicos desplegaron el 31 de octubre todos sus efectivos en la universidad y rodearon a los alborotadores. Consiguieron por fin que Juan Carlos entrara en la Facultad sin gritos. De todos modos, los estudiantes de la oposición de izquierdas (que de aquellas, hace ya tantos años, contaba entre sus filas con gentes como Nicolás Sartorius o Pilar Miró), continuaron saliendo del aula en señal de protesta en el momento en que entrada Don Juan Carlos.

Pero las protestas en Ciudad Universitaria, con grises o con monárquicos actuando como fuerzas del orden público, no eran la única fuente de preocupación para los franquistas en aquellos años, por mucho que Juan Carlos no se enterara de prácticamente nada. También estaban en marcha proyectos nacionalistas renovados en Cataluña y el País Vasco, que planteaban un desafío directo a la tradición centralista indesmayable del franquismo. Y, lo más importante en lo que a conflictos sociales se refiere, las luchas obreras que, en febrero de 1961, celebraron por primera vez desde 1939 una huelga prolongada en la cuenca minera de Asturias, de proporciones y enfrentamientos masivos, duramente reprimida por el gobierno del que era entonces ministro Manuel Fraga.

Todo aquello preocupaba mucho a Washington. España continuaba siendo una de las dictaduras protegidas por Estados Unidos (junto con la de Salazar en Portugal, Trujillo en la República Dominicana, Somoza en Nicaragua, Chiang Kai-chek en Taiwán y «potencialmente» Diem en Vietnam). Pero en lugar de plantearse una «intervención premilitar indirecta», algo que de hecho se le pasó por la cabeza en estos años agitados, la CIA comenzó a pensar, para este rincón del planeta, en una pequeña apertura democratizadora calculada. Por ahí iban precisamente los tiros de los tecnócratas del Opus y de eso trataban en sus reuniones en Madrid los miembros del gobierno franquista con los representantes del centro de inteligencia norteamericano, transmitiéndole después a Franco el interés de la institución yanqui por conseguir que nuestro Estado tolerase primero, y legalizase después, al menos dos partidos: uno socialdemócrata y otro democrático-cristiano. Lo de uno demócrata y otro republicano, a imitación yanqui, tampoco era el caso, cuando de lo que se trataba era de mantener el control sobre el poder. La CIA creía que con estas actividades cumplía el deber de prever el futuro, pues de lo contrario al régimen débil sucedería el caos, y a éste el comunismo.

Los planes de reforma, sin embargo, aunque el propio Franco estaba muy al tanto, permanecían muy verdes todavía cuando, en junio de 1962, la oposición decidió acelerarlos con la celebración del IV Congreso del Movimiento Europeo. En el famoso «Contubernio de Múnich», arrastrados por la ola que anunciaba cambios posibles, se reunieron monárquicos liberales, democristianos, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas vascos y catalanes… bajo la alta autoridad moral de Salvador de Madariaga que, al concluir la reunión, afirmó: «Hoy ha terminado la Guerra Civil». Uno de los que más se lo creyó fue Don Juan, que ya llevaba tiempo en segundo plano mientras su hijo ofrecía espectáculos gratuitos en directo a los estudiantes de la Complutense de Madrid. Vio en aquello una oportunidad y, aunque no fue personalmente a Múnich, sí envió representantes para hablar con distintos partidos, que le transmitieron —probablemente entre otras novedades de su interés— que el PSOE, en concreto, si la Corona lograba establecer pacíficamente una verdadera democracia, respaldaría lealmente a la Monarquía.

Franco no estaba preparado para aquello. Su reacción fue mucho más agresiva de lo que el conde de Barcelona podría haber esperado. Se encolerizó y se dedicó a encarcelar, deportar y exiliar a los asistentes con la misma saña que siempre había demostrado con sus enemigos. Lo de los planes de apertura había sido sólo una broma y Don Juan se dio cuenta demasiado tarde. Rápidamente, el presidente del Consejo Privado, José María Pemán, acompañado por el secretario Valdecasas, visitó a Don Juan y entre todos redactaron una nota: «El conde de Barcelona nada sabía de las reuniones de Múnich hasta después de ocurridas… Si alguno de los asistentes formaba parte de su Consejo, ha quedado con este acto fuera de él». Una vez más, sus coqueteos con la oposición le habían salido mal.

UN TOISÓN PARA FRANCO

Don Juan no quiso enfadar demasiado a Franco y aprovechó la ocasión de invitarle oficialmente a la boda de Juan Carlos, en septiembre del 61, para ofrecerle el Toisón de Oro. Laureano López Rodó le había transmitido sutilmente que al Caudillo le gustaría recibirlo, y era un detalle que en aquel preciso momento le pareció de lo más oportuno al conde de Barcelona. Le envió una carta en la que le decía que tenía firmemente decidido que el primer español a quien otorgaría el Toisón habría de ser el Generalísimo Franco.

La Orden del Toisón de Oro había sido creada en Brujas por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, en 1426. Y el documento que la instituía establecía que se concedía por tres causas: «La primera, para honrar a los antiguos caballeros que sus altos y nobles hechos son dignos de recomendación. La segunda, a fin de que aquellos que de presente son fuertes y robustos de cuerpo, y se ejercitan cada día en hazañas pertenecientes a la caballería, tengan motivo de continuarlas de bien en mejor; y la tercera, a fin de que los caballeros y nobles que vieren llevar la insignia (…) se animen a emplearse aún mejor que ellos en nobles hechos». Siguiendo las normas de la tradición, Don Juan explicó a Franco en su carta que, a él en concreto, se le concedía como «expresión del reconocimiento por parte de la Dinastía de los altos servicios prestados por V. E. a España a lo largo de toda su vida de soldado y de hombre público», incluidos expresamente los merecimientos «del General victorioso en una guerra que más que civil lo fue contra el comunismo internacional», y «la gratitud al gobernante». Era una bajada de prendas en toda regla por parte del pretendiente al trono, una más de tantas… Pero Franco lo rechazó secamente, diciéndole textualmente: «Deberíais pedir información histórica sobre la materia».

La condecoración, consistente en un gran collar de veinticuatro eslabones dobles entrelazados con pedernales, del que pende el Toisón o Vellocino, de oro esmaltado, tiene un dudoso origen sobre el que los historiadores no se ponen de acuerdo. Circulan varias versiones, que seguro que Franco conocía. Según la más curiosa de ellas, Felipe el Bueno, entrando un día en el secreto retrete de su dama, encontró allí una rizada y rubia guedeja, o mata de pelo, siendo esta impensada casualidad motivo para que, sonrojada la dama, y notando los presentes que acompañaban al duque su descuido, no disimulasen las risas. Y para hacer misterio del caso y castigar tácitamente la poca modestia y menos disimulo de los circunstantes, hizo el duque juramento de que, lo mismo que había causado tanto rubor y vergüenza a la dama, había de ser el mayor lustre y honor de la más insigne nobleza. Y así instituyó la Orden, cuyo collar representaría el «vellocino» de la dama. Aunque también pudiera representar, según otra de las leyendas, el de sus veinticuatro amantes o barraganas juntas (que algunas fuentes citan con sus nombres completos: Marie van Cronbrugge, Thérèse Stalports Vander Wiele, Joséphine-Henriette de la Woestine, etc.), entrelazados entre sí, que el duque iba coleccionando y solía llevar colgado del cuello como lazo de amor. La Corte se mofaba de ello, y por esa razón el soberano quiso dignificarlo, creando la Orden de mayor prestigio que se podía imaginar. Cabe apuntar también que la más aburrida de las fábulas identifica el Toisón con la alegoría de una de las principales actividades de los Estados del duque: la manufactura de lanas.

Del duque de Borgoña pasó el honor de gran maestre de la Orden a su hija, y luego a su nieta, cuyo hijo, Felipe el Hermoso, al casarse con Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, trajo a la Corona de España la soberanía del Toisón. Tuvo en principio sólo 24 caballeros, que luego Carlos V aumentó hasta 51, en 1516. Los collares no son nunca propiedad de los caballeros a los que les fuera concedido, y a su muerte tienen que devolverlo. Pero se fueron «perdiendo» tantos a lo largo de la historia, que el número de los que pueden existir actualmente es incalculable (se estima que cerca de 4.000).

El Toisón se transformó en «condecoración», y no «orden», en tiempos de Alfonso XII, y es hoy la más importante de la dinastía española, correspondiendo el título de gran maestre al Jefe de la Casa de Borbón.

Tanto Isabel II como Alfonso XIII evitaron concederla mientras estuvieron en el exilio. Pero no Don Juan, que otorgó seis; mientras su hermano mayor, Jaime, el sordomudo, que le disputaba el privilegio de ejercer como jefe de la Casa Borbón, y como aspirante a la corona de Francia y de España, también lo distribuyó con largueza en un número que no se ha podido determinar; entre otros, a los astronautas norteamericanos Bormah, Lovell y Anders, que al parecer dieron la callada por respuesta; y al propio Franco, tras la boda de su hijo con la nieta del dictador, que esta vez sí lo aceptó aunque nunca se lo puso. Así que no se sabe cuántos hay circulando por el mundo ahora mismo. Juan Carlos se lo otorgaría a más de veinte personas en su día. Entre otros, en 1985, al emperador Hiro Hito de Japón, quien en otro viaje oficial a España, diez años más tarde, lo metió en una maleta que le extravió Iberia y nunca más supo de él. Esa es la versión oficial, aunque quizá, como Franco, conociera sus leyendas.

En la casa Spink de Londres, numismáticos de fama mundial, se han vendido en las últimas décadas al menos cuatro Toisones de oro españoles, todos fabricados en el siglo XX en vil metal sobredorado, que es como se hacen últimamente. El precio de cada uno oscilaba entre las 250 y las 350 libras esterlinas (menos de 500 euros). En agosto de 2015, bajo la autoridad de su vigesimosegundo Jefe y Soberano el Rey de España Don Felipe VI, también eBay (la conocida página web de subastas online) ofertaba un ejemplar del Toisón de oro a un precio de salida de 580 euros. Procedente de Barcelona y fabricado en plata de ley, oro y esmaltes al fuego, su propietario advertía a posibles compradores: «No es una réplica»; por lo que pedía «seriedad absoluta». Quizá se tratara del extraviado por el emperador Hiro Hito.

6. Matrimonio y golpes domésticos

BODAS REALES E IRREALES

Las bodas en las familias reales siempre representan un problema, y más en el caso de los Borbón, por aquello de sus enfermedades congénitas, de las que algunos miembros pueden ser portadores aunque no las padezcan personalmente, como es la hemofilia. Con frecuencia, en lo que se refiere en especial a las representantes femeninas de la estirpe, han tenido que renunciar a la pretensión de casarse con personas de sangre real, que es no sólo lo ideal, sino un requisito imprescindible para poder mantenerse en la lista de los herederos al trono, aunque sea en segundo, tercero, cuarto o quinto puesto, después del primogénito varón u otros elegidos por designio casi divino.

La hermana mayor de Juan Carlos, Pilar, sumaba a todos los inconvenientes borbónicos naturales el de tener mal carácter, ser poco agraciada físicamente y, además, desaliñada hasta el punto de que, llegado un momento en que ya su padre estaba preocupado por su boda, le obligó a comprar una barra de carmín y le pintó él mismo los labios. La exreina Victoria Eugenia, la abuela de la joven, no cejaba desde Lausana en su empeño de casarla a costa de lo que fuera. Ya que Pilar no lograba encontrar pareja por sí misma entre tanto aristócrata exiliado en Estoril, Victoria Eugenia pensó en Balduino de Bélgica, también con su cruz a cuestas por lo cuitado de su carácter y la ausencia total de belleza; aunque, eso sí, rey coronado. Preparó con sumo cuidado el encuentro entre ambos y, como en aquella época era costumbre que las infantas viajaran con una dama de compañía, le dio instrucciones para que llevara con ella a «la menos llamativa» de sus amigas. Siguiendo sus consejos, lo peor que Pilar pudo encontrar fue Fabiola de Mora, tan poquita cosa ella, detrás de aquellas gruesas gafas de pasta negra. Sin embargo la tragicomedia iba a cernirse de nuevo sobre los Borbón. De aquel viaje juntas a la Corte de Bruselas fue a nacer la historia de amor entre Balduino y Fabiola, que tantas páginas de la prensa rosa ocupó en su día y que como todo el mundo sabe acabó en boda. Estaba claro que eran tal para cual y el destino se había encargado de unirlos. Pilar consiguió casarse años más tarde, en 1967, aunque no con un aristócrata. Fue su elección Luis Gómez-Acebo, abogado que trabajaba como secretario general de la compañía de cementos Asland. Y aun dentro de la humildad que caracterizaba a los Borbón, la boda congregó a más de 20.000 curiosos a las puertas de la iglesia, aunque sólo podían considerarse invitados 5.000, entre ellos 200 representantes de casas reales. Celebraron el banquete en el Hotel Estoril Sol y el aperitivo se lo amenizó la tuna de Valencia.

La otra hermana de Juan Carlos, la infanta Margarita, ciega de nacimiento y de carácter un tanto «ingenuo» y peculiar, todavía lo tuvo más difícil. Le gustaba perderse sola por los alrededores de Estoril, ir a la feria de Carcavelos y regatear con los gitanos para comprar calzoncillos a su hermano, una costumbre que conserva hasta hoy en día. Una de las anécdotas que se cuentan de sus años mozos es que, cuando ya estaba en edad de merecer, en algún momento después de 1961, un día conoció a un americano tomando un café en una terraza, en Estoril, quien después de una breve conversación la pidió en matrimonio. Margarita, emocionada, le contó a un amigo que se iba a fugar con él a Estados Unidos y que no quería pasar siquiera por Villa Giralda para no tener que dar explicaciones a la familia. Cuando le describió al presunto novio le dijo que era un americano muy simpático y «un poco… maricón». Pero sí pasó por casa y, ese mismo día en la cena familiar, con el amigo confidente como invitado, Margarita accedió a contárselo a sus padres y anunció muy seria: «Mamá, me voy a casar». En el comedor se hizo un silencio espeso, pero aquello no debió de coger demasiado por sorpresa a los condes de Barcelona. Muy tranquilo, aunque hastiado de tanta tontería, Don Juan, que era un hombre de carácter, le dijo a su invitado: «Anda, explícale a Margarita la diferencia entre un hombre y un maricón». Él se lo explicó como pudo, al comprobar sobre la marcha que, en efecto, ella era tan ingenua que no lo sabía. Naturalmente no hubo fuga romántica. Años más tarde consiguieron casarla con el doctor Zurita, en 1972, y al parecer fueron muy felices.

El matrimonio de Juan Carlos no iba a resultar mucho más fácil de conseguir que el de sus hermanas. En su caso, no se podía renunciar con tanta facilidad a la boda con alguien de sangre real. Y tampoco había tanto donde elegir.

UNA DE LOS SUYOS

Para entender cómo Juan Carlos llegó a comprometerse con Sofía de Grecia, necesariamente ha de volverse atrás en el tiempo, porque fue en 1954 cuando se vieron por primera vez, en un crucero del Agamenon, uno de aquellos viajes por las islas griegas que organizaba la reina Federica de Grecia para promocionar el turismo y, de paso, facilitar las relaciones entre los de sangre azul de todo el mundo. Pero ahí no hubo nada. Gabriela de Saboya, una novia de juventud, acompañaba en aquella ocasión al príncipe.

Juan Carlos y Sofía no volvieron a verse hasta cuatro años después, en 1958, esta vez en el castillo alemán de Althausen, con motivo de la boda de una hija de los duques de Württemberg. El general Armada fue testigo de aquel encuentro: «En este baile fue donde conocí a la princesa Sofía. Estaba monísima. El príncipe me la presentó y confieso que, mientras bailaban, me pareció que hacían una pareja colosal». Pero tampoco aquí hubo nada especial entre ellos. Ese preciso año estaba Sofía muy concentrada en Harald de Noruega, heredero al trono de ese país. Se estuvieron publicando cosas sobre su presunto noviazgo durante dos años. Pero todo se vino abajo cuando se hizo pública la cantidad fijada para la dote de Sofía. El rey Pablo había pedido para la ocasión 50 millones de francos antiguos al gobierno de Grecia, pero sólo le concedieron 25. Se rumoreó que a la familia real noruega le pareció demasiado exigua. Hubo negociaciones. La reina Federica estaba dispuesta a una concesión anticipada de su herencia personal en favor de Sofía para incrementar la suma. Pero no fue adelante la cosa. Entre otras razones, de esas que la razón no entiende, porque Harald con quien quería casarse era con Sonia Haraldsen, que no era de sangre real. Y lo consiguió seis años después. Sofía se quedó desconsolada.

Volvieron a coincidir los futuros reyes de España en 1960, en el mismo castillo alemán, también para una boda (la de la princesa Diana de Francia con el heredero del ducado de Württemberg, en este caso). Pero la pareja de baile de Juan Carlos seguía siendo Gabriela de Saboya. Y, aparte de Gabriela, en aquella época se mantenía entretenido con La Chunga, una bailaora española, aunque sólo era la favorita de sus pasiones. Había más, incluida Olghina de Robiland, con la que mantenía algún que otro vis-à-vis ocasional.

Tras tanto desencuentro con la princesa griega, sin embargo, muy poco después, en mayo de ese mismo año, surgiría como por arte de magia el flechazo. Los Borbón viajaron en esa fecha a Nápoles para asistir a la Semana de Vela de las Olimpiadas de Roma, desde Cascais a bordo del Saltillo con algunos amigos (por cierto, incluida la omnipresente Gabriela). Se hospedaron en el mismo hotel en donde estaban los reyes de Grecia y familia; y allí —sí, justo allí tuvo que ser— consiguió por fin Cupido hacer diana.

Nadie se percató, pero de regreso a Estoril, Juan Carlos le confesó a un amigo (Bernardo Arnoso, Maná) que se había hecho novio de Sofía, y le enseñó una pitillera que ella le había regalado. Si se lo contaba, era porque quería un favor; que le acompañase a decírselo a su padre, aunque sobraban motivos para pensar que iba a ser una buena noticia: Sofía era un miembro del clan de las monarquías europeas, educada para reinar… fuera donde fuera que las vicisitudes de la historia la hiciesen aterrizar.

Sofía y Juan Carlos eran primos lejanos y, ambos, primos de la reina Isabel II de Inglaterra, pero esto no es nada extraño. Hay que entender que, aunque a los plebeyos nos pase prácticamente desapercibido, las distintas casas reales europeas están casi todas íntimamente relacionadas entre sí, como un clan con diversas ramificaciones. Se mueven por Europa, en casas reales o errantes a la caza de tronos vacantes, como Pedro por su casa. Poco importa el apellido que ostenten en un momento o geografía determinados: pueden pasar de ser duques aquí a reyes allá; de llamarse «Hannover» o «Sajonia-Coburgo-Gotha» a llamarse «Windsor»; de «Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg» o «Habsburgo», a «de Grecia» o «Borbón»… Pero siempre son los mismos: una gran familia con intereses comunes y grandes ansias de poder que hay que perpetuar… entre ellos. La familia de Sofía no era sino parte de aquella tribu de la realeza que se había ido conformando a lo largo de siglos de exclusividad.

Los orígenes de la dinastía griega se sitúan entre Dinamarca y Alemania. El verdadero apellido de la reina Sofía, el impronunciable Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, tiene su origen en 1582, cuando al príncipe Hans de Dinamarca, tercer hijo del rey Christian III, le fue otorgado este ducado, feudatario de la corona danesa, situado geográficamente al sur de Jutlandia (una península de la Europa noroccidental que comprende la parte continental de Dinamarca y el norte de Alemania). Desde entonces los Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, en sus distintas ramas, gobernaron aquellos pequeños territorios, en una época en la que el mismo Imperio alemán estaba compuesto por una infinidad de pequeños estados soberanos. Aquel príncipe Hans de Dinamarca dejó una enorme descendencia que, por ventajosas alianzas matrimoniales, dieron monarcas no sólo a Dinamarca, sino también a Suecia y a la Rusia zarista.

Es en la línea familiar de la reina Victoria de Inglaterra donde más claro queda el carácter de tribu de las casas reales europeas. A Victoria, proveniente de una estirpe alemana emparentada con los Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, los Hannover, se le ha conferido el título popular de «la Abuela de Europa» por la multitud de uniones conyugales de sus hijos y nietos con otros monarcas, que no hicieron sino reafirmar el vínculo originario común, de clan, que les une. Claro que al tratarse en la mayor parte de los casos de uniones entre primos y parientes próximos, tuvo algún que otro inconveniente. Ya se sabe que la endogamia no ayuda precisamente a mejorar la estirpe, y menos cuando la abuela del clan era portadora de hemofilia, una enfermedad que transmitió a todos sus descendientes.

La reina Victoria, última representante de la casa alemana de Hannover (dinastía reinante en Gran Bretaña desde 1714), fue sucedida por su hijo Eduardo VII, que tomó el apellido de su padre, el príncipe consorte Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha (primo de Victoria y también alemán; todo queda en casa). Pero la nueva dinastía sería conocida como la casa de Windsor desde 1917, cuando en el transcurso de la Primera Guerra Mundial (en la que Inglaterra y Alemania estaban enfrentados) decidieron por proclamación real cambiar el nombre, para ocultar el origen germánico. El sabor alemán seguiría dándoles problemas, sobre todo después de que los nazis fueran derrotados en la Segunda Guerra Mundial; y la casa real británica no gusta de recordar que la mismísima reina Victoria habló sólo alemán —su idioma materno— durante sus primeros años, y que sólo cuando se hizo evidente que algún día ocuparía el trono de Inglaterra accedió a aprender la lengua de Shakespeare. Victoria reinó durante casi 64 años, en un periodo marcado por la gran expansión del Imperio británico, y también por la de su clan familiar a lo largo y ancho de las casas reales europeas. Después de muchos avatares históricos, cambios de dinastía y/o apellido oportunos e innumerables bodas entre primos, hacia 1910 sus nietos eran soberanos o herederos de los tronos de Inglaterra, Alemania, España, Rumanía, Rusia, Suecia, Noruega y Grecia. Como muchas de estas monarquías han desaparecido con el paso del tiempo, si nos limitamos a los actuales monarcas reinantes, la reina Victoria es tatarabuela de la reina Isabel II de Inglaterra, pero también de la reina Margarita II de Dinamarca, del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, del rey Harald V de Noruega, y de nuestros reyes eméritos a dos bandas: tanto de Juan Carlos como de Sofía.

Respecto al reino heleno, la tribu de la realeza europea de origen alemán llegó al trono en 1863, cuando el príncipe Guillermo de Dinamarca se convirtió en el primer rey de Grecia, con el nombre de Jorge I, apoyado por las grandes potencias de Inglaterra y Alemania. Fue entonces cuando tanto él como su familia comenzaron a llamarse «de Grecia», sin otro apelativo. Sin embargo se negoció con las grandes potencias (y, por un acuerdo dinástico interno, con su familia danesa) que, sin límite de generaciones, la nueva dinastía griega conservaría vigentes sus eventuales derechos sucesorios al trono danés, caso de que el proyecto griego no llegase a buen puerto. Por eso la ahora reina Sofía era, cuando la conoció Juan Carlos, princesa de Dinamarca a mayores de princesa de Grecia.

Además, la familia real griega ostenta el apellido Hannover. De hecho las primeras biografías oficiales del príncipe Felipe de Borbón preparadas por La Zarzuela llamaban a la reina «Sofía de Grecia y Hannover». El apellido le viene de su madre, Federica, que nació y fue princesa de Hannover y duquesa de Brunswick y Luneburg, y también princesa de la Gran Bretaña e Irlanda durante tan sólo unos meses. Un año después de su nacimiento, en 1918, la revolución daba al traste con todos los pequeños reinos y ducados del Imperio alemán, y los padres de la pequeña princesa quedaban desposeídos de los territorios en los que la familia había reinado durante siglos. Tras la revolución los Hannover se retiraron discretamente a sus propiedades patrimoniales de Austria y Alemania; y Federica se casó después con Pablo de Grecia, primo y tío suyo por dos líneas familiares diferentes (y, por cierto, ambos cónyuges primos en segundo y tercer grado, respectivamente, de Don Juan de Borbón). Pero siguen teniendo el apellido Hannover.

Federica de Hannover formó parte de las Juventudes Hitlerianas junto a sus hermanos Welf y Christian; y otros muchos parientes suyos militaron en las filas del partido nazi. Un pasado que les gustaría haber borrado pero no pudieron, entre otras cosas por culpa de unas fotografías uniformados que le causarían numerosos problemas. En 1963, siendo ya Federica reina de Grecia, fue abucheada con este motivo en las calles de Londres cuando, acompañada de su hija Irene, visitó la capital británica a título privado para asistir a la boda de su sobrina la princesa Alejandra de Kent. La señora Betty Ambatielos, esposa de un comunista griego encarcelado, la interpeló y atacó en la medida de sus fuerzas, aunque Federica salió ilesa. Pero cuando en julio del mismo año los monarcas griegos volvieron a Londres en visita oficial el ambiente ya estaba caldeado y fueron recibidos con una famosa foto en la que aparece con atuendo hitleriano hecha pancarta y grandes titulares en la prensa que los calificaban de «huéspedes no deseados». La visita se desarrolló en medio de grandes medidas de seguridad, lo que no impidió que la misma Betty Ambatielos y el prestigioso filósofo Bertrand Russell organizaran una manifestación pública de protesta a la que asistieron miles personas.

Ni que decir tiene que los Hannover han negado siempre su vinculación con el régimen nazi. Como única explicación a las pruebas existentes, la propia Federica achacó el asunto a una cuestión de moda. Relató: «Se había convertido en ley que todos los jóvenes debían incorporarse al movimiento de las Juventudes Hitlerianas, y […] me vi obligada a llevar aquel uniforme que consistía en una camisa blanca, una bufanda blanca y una falda blanca. Vestida de aquella guisa, paseaba colina abajo hasta el pueblo para unirme al grupo de chicas de alguna escuela vacía. No me gustaba llevar uniforme y nunca me ha gustado desde entonces, pero contemplaba todo aquello como algo que, finalmente, me ponía en contacto con otros niños». Eso sí, tanto su madre como otros miembros de la familia han admitido una relación próxima con Adolf Hitler; y un trato de mucho favor cuando, en diferentes vicisitudes históricas, se exiliaron a la Italia de Mussolini.

Y es que la familia alemana impuesta en el trono heleno nunca lo tuvo demasiado fácil para ser aceptada por sus súbditos. El 18 de marzo de 1913, el rey Jorge caía asesinado a tiros por un anarquista griego-búlgaro de Macedonia en la ciudad de Salónica, que acababa de ser ocupada por los griegos. Fue sucedido por su hijo Constantino, cuyas nuevas aventuras militares en Turquía tuvieron un resultado desastroso y se vio obligado a abdicar, esta vez en su primogénito, Jorge II. Constantino y su familia salieron para el exilio, y el soberano se estableció en Palermo. Constantino moriría allí sólo tres meses después, de una hemorragia cerebral. El Comité Revolucionario griego impidió que se celebrase ningún funeral por él en Atenas, y negó a su hijo el rey Jorge el permiso para que hiciese ondear la bandera griega a media asta en el palacio real.

El reinado de Jorge II tampoco sería largo. Habiendo asumido la corona en circunstancias tan extremas, sólo fue rey nominalmente durante menos de un año. En diciembre de 1923 fue depuesto por el ejército. Junto a su esposa, la princesa Isabel de Rumanía, y su hermano, el ya heredero príncipe Pablo, salió para un largo y difícil exilio que duraría catorce años. Todas sus propiedades fueron confiscadas y los príncipes griegos se vieron obligados, una vez más, a vivir en distintos lugares de Europa hasta que en 1935 un nuevo plebiscito llamó de vuelta a la monarquía.

LA GRAN BODA GRIEGA

Pero volvamos al noviazgo de Juan Carlos y Sofía. Habíamos quedado un poco más atrás en que Juanito no quería ir solo a darle la noticia de su noviazgo a Don Juan, y pidió a su amigo Bernardo Arnoso, Maná, que lo acompañase. En aquellos momentos, las relaciones entre El Pardo y Estoril eran más tensas que nunca y, de rebote, también entre padre e hijo. Después de lo de Alfonso, Juan Carlos se dedicaba a jugar la baza de los franquistas que querían saltarse a Don Juan como heredero legítimo, y aquello no tenía que se diga muy contento a su padre.

Maná y Juan Carlos fueron a ver al cabreado Don Juan a su despacho, y Juan Carlos le dijo como quien suelta una bomba de impredecibles consecuencias: «Vengo para darte una noticia. Papá, ¿sabes que en la Olimpiada de Italia me he hecho novio de Sofía de Grecia?». Don Juan se levantó y le dio un abrazo. Estaba contento, muy contento. Y Juan Carlos suspiró aliviado. La satisfacción del conde de Barcelona no era tanto porque no le gustase Gabriela, que le gustaba; ni por lo mucho que le encantase Sofía… que tampoco era el caso. Venía más bien porque adivinó de inmediato que la noticia a Franco le iba a sentar como un tiro. Precisamente un año antes el Caudillo había rechazado tajantemente a las hijas de los reyes de Grecia como candidatas, en una conversación con uno de los tutores del príncipe, por ser de religión ortodoxa y su padre «un masón». El anuncio del noviazgo era todo un regalo que Don Juan iba a poder utilizar a su antojo para reafirmarse frente a él. Juan Carlos acababa de inaugurar, quizá inconscientemente, la etapa más difícil en sus relaciones con el dictador, que duraría aproximadamente dos años.

Pese a conocer la importancia que el Caudillo le daba a la elección de una compañera adecuada, Don Juan le mantuvo al margen del noviazgo, y sólo le comunicó la noticia por radio, cuando Franco estaba en el Azor. El Caudillo se quedó en blanco durante un par de minutos, hasta que recuperó el habla. Eso lo disfrutó enormemente Don Juan. Y también imaginando su cabreo cuando el 13 de septiembre decidió anunciar oficialmente el compromiso, sin consultarlo antes, en Lausana, en casa de la reina Victoria Eugenia. Poco antes los felices novios se habían presentado públicamente como pareja, cuando coincidieron en Londres en la boda del duque de Kent.

Don Juan no quería enfadar demasiado a Franco, sobre todo después de lo del «Contubernio de Múnich», y aprovechó la ocasión de invitarle oficialmente a la boda para ofrecerle el Toisón de Oro. Pero tan disgustado estaba el dictador que, aparte de la condecoración famosa, también declinó la invitación a la boda, incluso cuando el propio Juan Carlos le visitó para pedírselo personalmente, en marzo del 62.

Los problemas para resolver el conflicto religioso entre la pareja fue toda una complicación que tardaría meses en resolverse. Pero en enero del 62, cuando la reina Federica viajó a Portugal con las dos hijas, Sofía e Irene, para que ambas familias se reuniesen y pudiesen organizar una boda que se aventuraba tan difícil, no dudaron en celebrarlo por todo lo alto. Tanto festejaron que varios restaurantes de la zona todavía hoy se disputan el honor de haber sido el local donde tuvo lugar la pedida de mano. Cosas de hosteleros, por otro lado encantados de que los Borbón decidieran hacer de cada comida una fiesta, repartiendo un trozo de pastel a cada uno de ellos.

Eso sí, hubo nuevamente problemas con el tema de la dote, aunque los pretendientes españoles no estuvieran realmente en condiciones de pedir demasiado. La reina Federica y el rey Pablo pidieron al Parlamento un aumento con respecto a los 25 millones de francos antiguos que habían concedido cuando intentaron negociar la boda de Sofía con Harald de Noruega; y ante el peligro de que se chafase otra boda y se les quedase la princesa soltera, el Parlamento se hizo de rogar pero al final aprobó la concesión de una cantidad algo superior. Venía a ser, al cambio, entre 15 y 20 millones de pesetas de 1962, una cantidad que los Borbón no protestaron pero que a Sofía le pareció miserable y humillante. En declaraciones a la prensa (esta vez francesa, nunca habló así a la prensa española), dijo más tarde: «Todavía hoy, no lo he olvidado y recuerdo aquello con cierta amargura». Lo mismo opinó la izquierda griega, personalizada por Giorgios Papandreu y Stefano Stefanopoulos, pero no por pequeña, sino por excesiva. Se negaron a aceptar la invitación a la boda y amenazaron con manifestaciones el día de la ceremonia, pero sus quejas no sirvieron de nada.

El 14 de mayo de 1962 se casaron en Atenas los príncipes de Asturias, título que los identificaba como los sucesores de un supuesto rey: Don Juan. Juan Carlos todavía aparecía como Príncipe de Asturias en las invitaciones, en las medallas conmemorativas y en todos los ceremoniales. Ese día, además, lució sobre el pecho la placa que le identificaba como tal. Una placa que, después de que en 1969 Juan Carlos aceptase ser sucesor de Franco, su padre le obligó a devolver.

Franco no asistió al fin, pero envió al embajador en Grecia, Juan Ignacio Luca de Tena y, en representación suya, al ministro de Marina, almirante Abárzuza, al mando del buque insignia de la Escuadra española, el crucero Canarias. También recibió autorización para asistir Alfonso Armada, que se había convertido en servidor inseparable del príncipe. Como testigo del novio figuró Alfonso de Borbón y Dampierre, su presumible competidor por la corona. Juan Carlos prefería tenerle cerca y hacerle objeto de deferencias.

Y, aunque no fueron los representantes de la izquierda griega, no faltaron los grandes magnates, como Aristóteles Onassis y Stavros Niarchos que fueron invitados de excepción. Aristóteles Onassis incluso colaboró en la organización del evento, poniendo varios aviones de su compañía aérea, la Olympic Airways, a disposición de los invitados extranjeros.

Para el pueblo llano, nos podemos imaginar cómo sería el ambiente que rodeó la celebración por la crónica que escribió sobre otra boda dos años posterior (la del hermano de Sofía, Constantino), una periodista amateur enviada a Atenas por la prensa italiana: la condesa Olghina Nicolis di Robiland (sí, la misma que había mantenido una relación amorosa con el príncipe Juan Carlos antes de su matrimonio). Olghina se codeaba con la mejor aristocracia y sociedad del momento, pero quizá por sus desavenencias con Juan Carlos dejó que su resentimiento mostrase una cara bien distinta a la que ofrecía la prensa oficial, tanto española como griega: «Me había escandalizado enormemente la pobreza de una Grecia desconocida para mí, en contraste con la pompa de las casas reales —contaba—. Mientras en Atenas pululaban los pordioseros que salían de todos los rincones como moscas y muchos lisiados similares a los de Muge, en Portugal, la policía contenía a la muchedumbre con barreras y porrazos mientras por el centro de las avenidas desfilaba la realeza rebosante de joyas, coronas, diademas y suntuosos vestidos. Me vi envuelta en una peligrosa avalancha de multitud harapienta y no conseguí llegar al sitio reservado a los periodistas, por lo que asistí a ese acontecimiento desde otro punto de vista que ponía en evidencia una palpable injusticia. Sentí rabia, una fuerte descarga de adrenalina. Odié a esa Federica que saludaba en actitud presumida ante la multitud de desgraciados».

En cuanto a la ceremonia oficial, Don Juan quería dejar claro que era exclusiva competencia de la Familia Real y, como jefe de ella, quería asumir todo el protagonismo. Cuando se produjeron las primeras negociaciones, en septiembre del 61, Don Juan insistía en una boda exclusivamente católica con previa conversión de Sofía, lo mismo que había sucedido con su propia madre, la reina Victoria Eugenia. La Casa de Borbón estaba dispuesta a celebrar la boda en Lausana o Lisboa para obviar los inconvenientes. Pero se encontró con la oposición tajante de Federica, que dijo que se jugaba su corona (la de Grecia), aunque prometió la conversión de Sofía después de la boda.

Los meses precedentes fueron de inusitada actividad diplomática. El ministro de Exteriores griego, al que el Gobierno de Atenas había encargado todas las negociaciones, fue al Vaticano y consiguió el permiso para el matrimonio mixto. Se estableció que habría cuatro bodas consecutivas: una ceremonia católica, otra ortodoxa y dos civiles: una para el registro español y otra para el griego. Sin embargo, no se ponían de acuerdo en cuál iría antes y cuál después, y surgieron también diferencias en la distribución de las invitaciones a los distintos actos.

Todos estos conflictos provocaron incluso el aplazamiento sin previo aviso del viaje de Juan Carlos a Atenas para los preparativos más inmediatos (en abril, la boda sería en mayo), cuando Sofía y toda la comitiva le estaban esperando ya en el aeropuerto. La reina Federica telefoneó entonces muy enfadada a Vieille Fontaine, la residencia de la reina Victoria Eugenia, abuela de Juan Carlos, en Lausana. La conversación fue tan tensa, apelando la una y la otra a su condición de reinas (a ver qué reina valía más, si la de copas o la de picas), que los testigos llegaron a pensar que la boda no se llegaría a celebrar nunca.

Por fin, parece ser que ganó Federica en el diseño de la cuádruple ceremonia que, el 14 de mayo de 1962, tuvo a los participantes toda la mañana de un lado a otro de Atenas. Primero, a la boda católica, en la catedral de San Dionisio, a las diez. Luego, a la firma del acta para el registro civil español, en el Palacio Real. Después, con los novios en coches separados —Juan Carlos en coche descubierto, con su madre; y Sofía en carroza, con su padre— porque la boda todavía no era válida ni para la iglesia ortodoxa ni para el Estado griego, a la boda ortodoxa en la catedral metropolitana de la Anunciación de Santa María, a las doce. Y, en cuarto lugar, la segunda ceremonia civil, en el Salón del Trono del Palacio Real, donde los contrayentes firmaron su acta matrimonial civil ante el alcalde de Atenas y el presidente del Consejo de Estado.

Todo al revés de como aseguraba el embajador de España en Grecia, Luca de Tena, que deberían haber sido las cosas, con una ceremonia ortodoxa reducida al mínimo, para dar protagonismo a la verdadera, la católica. La verdad fue que la boda ortodoxa duró 15 minutos más, fue retransmitida al país, asistieron las autoridades y no se recortó la liturgia: Juan Carlos besó varias veces el Evangelio y la mano del oficiante, bailó la danza de Isaías y bebió tres veces del cáliz. La boda católica, con un número reducido de invitados, fue ignorada por los medios griegos.

José María Pemán, que era entonces presidente del consejo privado de Don Juan, recoge en sus Diarios la anécdota del olvido de Sofía en la boda al no solicitar permiso de su padre antes de dar el «sí quiero» (el mismo error que años más tarde cometería la infanta Elena en su boda): «la mirada conminatoria de la reina Federica es tal que se echa a llorar —narra Pemán en un dramático presente histórico—; luego manda recado para que Don Juan Carlos le preste el pañuelo». No le tenían mucho cariño a Federica los juanistas, para los que la reina griega quería a su hija sentada en el trono de España cuanto antes, para así fortalecer su permanencia en el suyo propio. «No puede estarse quieta. Manda siempre —decía Pemán—. De ahí el recelo de algunos que creen intrigará para saltarse al padre y coronar a Sofía».

Mucho se han quejado siempre de que no tenían dinero ni para la luna de miel, pero lo cierto es que el viaje en cuestión duró cinco meses, visitando «casas de amigos». Comenzó en aguas griegas, a bordo del yate que el armador Niarchos les había prestado.

A bordo de ese yate tuvo lugar la conversión. Sofía se casó como cismática (separada de la Iglesia), y 15 días después tuvo lugar la ceremonia en la que abrazaría el catolicismo. Y es que esto no se iba a poder pasar por alto. Se puede suponer la importancia que Franco daba a este punto, si entre los requisitos del que iba a ser su sucesor a título de rey fijó, entre otros, que fuera católico. Y más teniendo en cuenta la exaltación franquista de los Reyes Católicos (que le gustaban mucho más que Alfonso XIII), un título concedido por el papa a Isabel y Fernando en 1494 y que lo reyes de España ostentan desde entonces (como los de Francia son «Cristianísimos», los de Portugal «Fidelísimos» y los de Hungría «Apostólicos»).

Para su completa conversión, Sofía firmó un documento de obediencia al papa en presencia del arzobispo de Atenas. Y se supone que debió abjurar de la Iglesia ortodoxa. Quizá leyendo un párrafo similar al que tuvo que leer Victoria Eugenia, poco antes de casarse con Alfonso XIII, renegando de la Iglesia presbiteriana por imperativo real, en marzo de 1906. Son todo un ejemplo de tolerancia y respeto por la dignidad humana estas fórmulas de la iglesia: «Siento grandemente haber faltado contra la fe de la Santa Iglesia Católica, que es la única verdadera, a la cual yo me someto, y reniego y condeno todo lo que ella reniega y condena, y estoy dispuesta a obedecer todo aquello que ella me mande…».

Sofía debió de tomárselo al pie de la letra, porque con el tiempo se convertiría en una católica modélica y casi integrista, en la defensa de todas las posturas defendidas por la jerarquía eclesiástica. Se cercioró de que sus hijos se educasen en centros de sólida inspiración católica, les enseñó a rezar y a besar el anillo del papa con una inclinación reverencial.

Luego continuó la luna de miel, con la misma dosis de romanticismo: tuvieron la deferencia de pasarse por Madrid a visitar al Caudillo, para lo cual les enviaron un avión de las Fuerzas Armadas. El encuentro fue breve. Comieron en El Pardo, y al día siguiente continuaron el viaje de novios. Pero por culpa de aquella visita, que no le gustó nada a Don Juan, cesaron como jefe de la Casa del Príncipe al duque de Frías.

Y, por supuesto, a continuación a Roma y el Vaticano, donde fueron recibidos por el papa Juan XXIII.

Luego, las siguientes paradas ofrecieron un poco más de glamour: Mónaco, visitando a los príncipes Grace y Rainiero; Jordania, para ver a su amigo el rey Hussein; Japón, donde saludaron al emperador Hiro Hito; Tailandia; India; y, por último, como fin de fiesta, Estados Unidos, país en el que las principales atracciones fueron la visita al presidente Kennedy en Washington y la excursión a Hollywood, a ver de cerca y saludar a los famosos de moda. Algo sencillito, vamos.

CERQUITA DE EL PARDO, EN LA ZARZUELA

Al regreso debían de estar agotados, pero aún tuvieron que continuar la diáspora algún tiempo más. Primero tuvieron montada una casa en Grecia. Luego se instalaron a vivir en Estoril, en una villa propiedad de Ramón Padilla, la Carpe Diem. Pero el destino definitivo iba a ser La Zarzuela, en Madrid. Don Juan no quería que volviera a España, más que por tenerle cerca, por una cuestión política. Pero como tenerlo a su lado tampoco servía de mucho y el príncipe no soportaba bien la monotonía y aburrida vida de Estoril, en una casa pequeña y prestada, Don Juan cedió. Ya no era tiempo de solicitar entrevistas con el dictador y esta vez se conformó con escribirle una sencilla carta, fechada el 8 de febrero de 1963, en la que continuaba la línea de peloteo que ya había iniciado con la carta del Toisón: «…No ha pasado por mi imaginación suspender la presencia del Príncipe de Asturias en España y mucho menos por una decisión mía».

En ese mismo mes de febrero regresaron a Madrid y se instalaron en el Palacio de La Zarzuela, cerquita de El Pardo. Las relaciones con Franco se habían estropeado no poco desde su boda mitad y mitad entre el rito ortodoxo y el católico, cosa que no podía estar bien vista por alguien que gustaba de pasearse bajo palio a la menor ocasión. Pero fueron recuperando el buen tono poco a poco, gracias a la presión de los hombres del Opus, que siempre supieron anteponer lo que realmente importaba a sus convicciones de integrismo católico. Y en gran medida también a los esfuerzos de Sofía, que sabía muy bien para qué estaba España y puso todo de su parte para ir ganándose al dictador. Ocasiones no le faltaron para poder demostrar que era una «profesional» bien capacitada, educada para hacer cualquier sacrificio por una razón de Estado, aunque fuera tragando quina por un marido que se iría de picos pardos a la menor ocasión.

En sustitución del malparado duque de Frías, se encargó de la dirección de la Casa del Príncipe al duque de Albuquerque, aunque desde siempre realizaba casi todas sus funciones, extraoficialmente, Nicolás Cotoner, el marqués de Mondéjar, que ocupó formalmente su puesto a partir de 1964. Casi al mismo tiempo el propio príncipe reclamaba a Alfonso Armada para el cargo de secretario. Los dos, Mondéjar y Armada, formaban un equipo de militares muy próximos afectivamente al príncipe desde los tiempos del Palacio de Montellano, cuando Juan Carlos preparaba su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza. Mondéjar había sido su profesor de equitación y se había ido convirtiendo, a falta de uno mejor, en un verdadero padre, al que todos los días, cuando se incorporaba al trabajo con él, lo primero que hacía era dar un beso. Armada por su parte llegaría a ser con el tiempo uno de los mejores amigos de Sofía, con la que la afinidad de carácter, e ideológica, se manifestó desde el comienzo. A Franco le parecían bien los dos, porque eran buenos franquistas. Y a Don Juan también, porque eran además monárquicos. Una combinación en absoluto infrecuente en aquel ambiente. De modo que ambos apoyaron los nombramientos.

A lo largo de la década de los 60 el príncipe visitaba a Franco una vez al mes como media, una o dos horas cada vez. Y, aparte, Franco estaba bien informado de todo lo que acontecía en La Zarzuela, a través del personal de la casa, muy especialmente de Alfonso Armada, que no le ocultaba ninguna gestión ni visita.

Pero aunque aparentemente todo marchaba por el buen camino, de la pareja real nunca se pudo decir aquello de que fueron felices y comieron perdices. No llevaban ni un año de casados cuando en Atenas —nunca en España, naturalmente— la prensa comenzó a hablar de que no se llevaban bien, y de que era más que probable que se separasen. Los rumores llegaron incluso al Parlamento griego, donde el diputado Elias Bredimas quiso saber qué sucedería con la dote de la princesa si su matrimonio se rompía.

DOS HIJAS LEGÍTIMAS Y UN HEREDERO

Como las bodas, los hijos de la realeza son una cuestión de Estado. Y quizá por eso la primera persona a quien los príncipes anunciaron el primer embarazo de Sofía fue a Laureano López Rodó. Nació la infanta Elena el 20 de diciembre de 1963, lo más alejado posible de la Seguridad Social, en la clínica privada Nuestra Señora de Loreto. Pero, pese a la enorme expectación que había despertado el acontecimiento, más en el círculo político que en el familiar, todo el entusiasmo se vino repentinamente abajo. No sólo porque resultó ser una niña. La recién nacida difícilmente podría ser considerada nunca heredera, con ley sálica o sin ella, debido a una enfermedad que ha sido durante décadas —y continúa siendo— uno de los mayores tabúes informativos en torno a la familia real. Aun así hubo celebraciones, y para el bautizo, el 23 de diciembre, incluso vinieron de Estoril los condes de Barcelona, si bien no les dejaron entrar en Madrid y se alojaron en Algete, en la finca El Soto del duque de Albuquerque.

Cuando se produjo el segundo embarazo, los círculos políticos de los tecnócratas del Opus ya estaban escarmentados y, en general, el tema recibió un tratamiento mucho menos entusiasta y más discreto en la prensa, por si las moscas. Apenas hay información sobre el nacimiento de la segunda infanta, Cristina, en 1965, que siempre había pasado bastante desapercibida, lo que seguro agradeció, hasta últimamente, que es centro de atención gracias a los negocios de su marido. Ésta sí nació sana, pero se trataba de otra niña, por lo que la cosa tampoco era como para muchas fiestas.

Al tercer embarazo ya estaban los príncipes sinceramente preocupados. Ella temía que, por las dificultades que había sufrido en partos anteriores, ya no pudiera tener más hijos. Para colmo, el periodo de gestación estuvo rodeado de noticias tan malas para ellos como la pérdida del trono de su hermano Constantino de Grecia, que tuvo que huir con lo puesto a Roma, a donde Juan Carlos tuvo el detalle de enviarle algo de ropa suya para que fuera tirando. Y la cuestión de la sucesión estaba más complicada de lo que nadie hubiera podido prever. No sólo habrían tenido que hacer posible que una mujer pudiera heredar el trono. Aparte, había que saltarse a la primera de las hijas. Demasiado complejo para unos pretendientes tan dudosos ya de por sí. Pero, para su tranquilidad, en 1968 nació por fin un niño, un principito.

El bautizo, el 7 de febrero, fue todo un acontecimiento social, que requirió no sólo la presencia de los abuelos, sino también la de la antigua reina Victoria Eugenia, recibida en Madrid en olor de multitudes. Era su regreso después de haber salido precipitadamente el 15 de abril del 31, para reencontrarse con un pueblo que la primera vez, el día de su boda con Alfonso XIII, la había recibido con un ramo de flores explosivo, brindado por Mateo Morral desde un balcón de la calle Mayor. Pero habían pasado muchas cosas desde entonces, muchos muertos y una película, ¿Dónde vas, Alfonso XII?, producto de propaganda monárquica para las masas, que había conmovido al populacho, convenciéndolo de que Victoria Eugenia, aunque no salía en la peli, como personaje de aquel universo debía de ser algo así como la «Sissi emperatriz» española. La policía cifró en 150.000 las personas que se movilizaron para recibirla. También Don Juan notó el afecto de las masas franquistas en cada uno de sus movimientos, en especial cuando visitó el Valle de los Caídos y se detuvo ante la tumba José Antonio Primo de Rivera. Pero bajo palio sólo entró Franco en la Iglesia.

Los hijos de Juan Carlos llevarían como segundo apellido, por parte de la madre, «y Grecia», ya que a Sofía el ministerio danés de Justicia le había prohibido, mediante una declaración en comunicado oficial, usar Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, y usaba el «de Grecia» y «Hannover» indistintamente en aquellos momentos.

GOLPES DOMÉSTICOS Y OTROS SINSABORES

Hasta qué punto Sofía de Grecia sabía dónde se había metido, no lo sabemos. Todo parece indicar que no tuvieron una convivencia muy íntima antes del matrimonio. Sin embargo las alarmas debieron de empezar muy pronto. A lo largo de su vida matrimonial hubo varios amagos de separación, aunque sólo muy recientemente han empezado a salir a la luz pública informaciones que dan cuenta de que la pareja real lleva décadas sin ser una pareja real; de que los malos tratos y la violencia de género formaron parte del menú cotidiano; y de las múltiples infidelidades e hijos ilegítimos que Juan Carlos fue dejando por doquier.

De todo esto, lo único que nos ha mostrado Sofía a lo largo de los años es su «profesionalidad» impertérrita. Ni un gesto, ni una mala cara, aunque por dentro estuviera tragando quina (cosa que no se puede decir del temperamental Juan Carlos, cada año más suelto en eso de abandonarse a su mala uva en público). Si el modelo de mujer a seguir fuera el de la resignada y sufrida esposa, que no sólo calla ante él, sino que disculpa y minimiza ante los demás los golpes a su dignidad para proteger con ello la imagen pública de su marido, habría que darle una medalla. Como no es el caso, resultaría grotesco, la sociedad biempensante ha optado por ponerla en el pedestal de la «profesionalidad» regia, que poco o nada tiene que ver con la dignidad y los derechos de la mujer, poniendo el énfasis en la capacidad de aguante y disimulo ante cualquier vicisitud.

Los testimonios sobre episodios de violencia doméstica de Juan Carlos han sido corroborados por diversos testigos ocasionales que presenciaron cómo en una ocasión, por ejemplo, le arrojó a la cabeza un plato desde el otro extremo de la mesa. También se escucharon con frecuencia, y no sólo por los más próximos, insultos machistas y humillaciones para referirse a ella, con el lenguaje soez del que tiene bien integrado en su vocabulario cotidiano, por ejemplo, llamarle «maricones» a los homosexuales (y esto sin ánimo de ofender). Pero no hacen falta filtraciones, porque Juan Carlos nos ha brindado bonitas imágenes de su carácter campechano y abusón en repetidas ocasiones públicas: haciendo la peineta a un grupo de manifestantes que lo abucheaban, dándole un pescozón a su chófer, un empujón o un grito a su mujer… Sobre todo en los últimos tiempos, más que nada porque una vez lo han captado las cámaras, las imágenes se reproducen a través de las redes sociales mucho antes de que puedan manipularlas o hacerlas desaparecer, como antaño.

El 25 de julio dea la misma hora que «os bos e xenerosos», miles de manifestantes nacionalistas, llenaban reivindicativamente las calles de Santiago de Compostela para celebrar el día de la patria, los reyes borbónicos y sus acólitos reivindicaban todo lo contrario con la ofrenda al Patrón de las Españas en la catedral. Una curiosa coincidencia que se repite todos los años, con más o menos concurrencia de las fuerzas de seguridad. No hubo incidentes con los robocops del régimen ese año en las calles, que con frecuencia superan en número a los manifestantes de las convocatorias más modestas; pero sí un rifirrafe dentro del templo, con un sonoro «¡Suéltame, coño!» al aire, al estilo más tejeriano, acompañado de unos manotazos con los que Juan Carlos trataba de agradecer a la reina que ésta le ayudara a trepar por la angosta escalerilla que conduce a la parte de atrás de la imagen del santo matamoros. Sofía quedó impertérrita y los antidisturbios no intervinieron.

El 25 de abril deal recibir al pie del avión al emir de Catar, Hamad bin Khalifa Al Thani y su esposa en Mallorca, a Juan Carlos se le fue la mano en un muletazo soberbio para apartar a Sofía de la alfombra roja. Se había visto muy claramente por televisión y Ramón Iribarren, jefe de prensa de la Casa Real entonces, se vio obligado a intentar neutralizarlo con una ronda de llamadas a los periodistas más amiguetes y mejor posicionados para que no le dieran más bombo del necesario a la cosa.

El 20 de agosto dede nuevo al pie del avión para recibir esta vez al papa Benedicto XVI, Juan Carlos volvió a «pedirle» a Sofía que se apartara de su querida alfombra roja y no le hiciera sombra. Era a él a quien le correspondía caminar al lado del papa, que por cierto hizo que no se enteraba de nada, como mandan las normas de urbanidad en estos casos. No fue necesario repetir el muletazo: con un pequeño empujón y unas palabritas Sofía entendió y se retiró, visiblemente molesta pero sumisa. También las cámaras de televisión estaban ahí para verlo y ahondar en esa imagen tan ejemplar del monarca.

En lo que respecta a los líos amorosos e hijos ilegítimos, si Sofía no sabía cómo era Juan Carlos antes de casarse con él —cosa improbable, porque su fama seguro que le precedía—, tuvo enseguida ocasión de descubrirlo. Como ya comentamos, no llevaban ni un año de casados cuando el parlamento griego comenzó a preguntarse si habría hecho un buen negocio con la dote de la princesa, ante lo que se anunciaba como inminente separación. Pero Sofía siempre fue, como dice de ella el rey, en una expresión que a ella no le gusta porque suena a otra cosa, una «gran profesional».

Eso era lo que le gustaba a Franco de la princesa: que tragaba con todo, en silencioso sufrimiento, como una reina, educada para soportar cualquier sacrificio por razones de Estado. Sofía tuvo una crianza al estilo de la realeza: rodeada de lujos y protocolos, enseñada a fingir… Y presume en especial de su capacidad para no mostrar sus verdaderos sentimientos mediante «tácticas escapistas». En sus propias palabras: «esa táctica “escapista” me dio tan buen resultado que la uso muy a menudo en actos públicos importantes, para no emocionarme, para no ponerme nerviosa, para no sufrir: me salgo de la escena y la vivo desde fuera. Incluso he llegado ya a cierto “dominio de la técnica” y, en ocasiones, controlo todas mis emociones y mis actitudes a base de vivir aquello en lo que estoy como si hubiera ocurrido ayer o anteayer, y yo estuviera recordándolo». Aunque esta «técnica» tiene también sus inconvenientes: «Al distanciarme —explica Sofía—, no te ligas, no estás atada ni aprisionada a lo que en ese instante ocurre. Te desapasionas. Sí, tienes un dominio total de tus emociones personales… Quizá por eso, a veces, se me pone una cara inexpresiva».

Con todo, a lo largo de los años ha sabido aprender también a llorar cuando las circunstancias lo exigen, para parecer una más y una persona corriente, siguiendo el estilo campechano y popular de su esposo. La primera vez que la vimos inconsolable fue durante el funeral por Don Juan de Borbón, en El Escorial. La fotografía de aquel instante fue portada en todos los periódicos al día siguiente y, dadas las buenas críticas, repitió el gesto desde entonces en multitud de actos de condolencia ante desgracias provocadas por desastres naturales, por ejemplo, hasta hacer habitual la imagen de la reina como abuelita condoliente de todo aquel que sufría y conmover el corazón de periodistas, televidentes y súbditos juancarlistas en general.

También le gustaba mucho a Franco ese «saber estar» de Sofía en las audiencias privadas del rey con sus colaboradores, e incluso su saber meter baza, para apoyar las decisiones más militaronas que jamás Juan Carlos haya tomado, sobre todo en la etapa de Alfonso Armada, con quien tan bien supo conectar Sofía, en la secretaría de La Zarzuela. Pero en sus posiciones políticas nunca salió del armario hasta que recientemente la periodista Pilar Urbano logró arrancarle algunas opiniones controvertidas (contra las bodas gay, por ejemplo), y publicarlas en un edulcorado libro en el que, sin embargo, queda retratada como lo que es, y que en expresión popular se conoce como «facha».

Lleva la realeza en la sangre. Hija de rey y hermana de rey, cuenta en su árbol genealógico con dos emperadores alemanes, ocho reyes de Dinamarca, cinco reyes de Suecia, siete zares de Rusia, un rey y una reina de Noruega, una reina de Inglaterra y cinco reyes de Grecia. La monarquía, sea cual sea, es su verdadera patria. Y, por lo demás, siempre se ha sentido un poco extranjera, incluso en su propio país de origen. En el palacio real ateniense nunca se habló griego. Sofía aprendió como primera lengua el alemán, y como segunda, inglés. Sólo en tercer lugar griego. Ahora, España no es un país que le guste especialmente, y cuando quiere estar a gusto agarra el Falcon de las Fuerzas Armadas, su paquetito de sándwiches vegetales preparados en Zarzuela (porque no le gusta la comida de avión), y se va a Londres, donde se siente mucho más cómoda.

Con el tiempo la pareja real se avino a una relación con poco ruido, formal y «profesional» para las cosas importantes. En un viaje oficial que hicieron a Chile, en octubre de 1990, un periódico local (el diario Fortín Mapocho) dedicó su portada a destacar que les habían tenido que reservar dos habitaciones distintas en el hotel Crown Plaza de Santiago en el que se alojaban: «Los reyes harán tuto (sic) en camas separadas», decía el titular. Aquí también se ha publicado que, desde hace años, en La Zarzuela disfrutan de estancias bastante alejadas la una de la otra. Ella duerme en la segunda planta y él en un apartamento en la primera.

Por no compartir, ni siquiera comparten aficiones, y mucho menos en cuanto a música se refiere. Juan Carlos, al parecer, disfruta de las rancheras y de la canción italiana marchosa al estilo Raffaella Carrà, o la latina de Paloma San Basilio; mientras que a ella le gusta la música clásica, sobre todo cuando el intérprete es de enjundia. Siempre sintió una especial debilidad por Rostropóvich quien, buen conocedor del aprecio de la reina, siempre que pasaba de gira por Madrid, cumplía como un rito el homenaje privado de ofrecer para ella, al final de su concierto, la partitura para violonchelo en si menor de Dvorak. En una ocasión Sofía llegó a interrumpir un viaje oficial en California (EEUU), para asistir a una lección magistral que daba el maestro en la capital de España. Hubo que enviarle un avión especial a Los Ángeles a recogerla, mientras el rey se quedó en el sitio, continuando la visita.

Con todo, aunque el pacto de la prensa vistió siempre el matrimonio de armonía, y ellos interpretaron el papel de cónyuges felices con discreción, a lo largo de medio siglo de matrimonio, estalló alguna que otra tormenta y Sofía ha declarado que no recuerda que le dijera nunca «te quiero». La primera bronca conocida de Juan Carlos y Sofía fue a los pocos meses de la coronación, a comienzos del 76. En aquella ocasión la cosa trascendió porque Sofía tuvo la ocurrencia de coger a los niños y marcharse con bastante alboroto a Madrás (India), donde en aquel momento residían su madre, la antigua reina Federica, y su hermana Irene. El viaje se justificó oficialmente por motivos de salud de Federica.

Otra espantada sonada de la reina fue en vísperas de su aniversario de boda, el 14 de mayo de 1991, cuando se marchó con su prima Tatiana Radziwill, que precisamente había sido dama de honor en la boda, a los Andes bolivianos. La prensa publicó una foto en la que se la veía cabalgando una mula.

Pero difícil, casi imposible, sería intentar enlazar estos sucesos con lo que se sabe de las relaciones extramatrimoniales de Juan Carlos en cada uno de esos históricos momentos. En la lista interminable se entrecruzan unas con otras. Al parecer, a finales de los 70 y principios de los 80, tuvo una aventura con una conocida vedette de Totana (Murcia), que le había presentado el entonces presidente Adolfo Suárez. Pero también, simultáneamente o alternándolas, con otra rubia famosa, que procedente de Italia triunfaba entonces en la televisión española. Luego vino, en los primeros 80, el flirt con una popular cantante española, a la que iba a visitar en moto a la casa en la que ella residía, en Majadahonda, cerca de Madrid. Pero con la de Totana no había roto del todo, y retomó la relación a comienzos de los 90, que fue cuando rompieron definitivamente, lo que provocó una violenta reacción por parte de la vedette. Poco antes de aquella ruptura, el rey inauguró otra relación con una decoradora catalana, que duró varios años y, al parecer, fue más seria que las demás.

En medio de todo este berenjenal, en 1992 se desencadenó la crisis matrimonial que a punto estuvo de traspasar las paredes del hogar familiar para convertirse en cuestión de Estado. Mucho se ha escrito de la supuesta conjura para derrocar a Juan Carlos y forzarle a abdicar en favor de su hijo, el príncipe heredero Felipe. Y no faltaron veladas alusiones a que el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, en connivencia con la reina Sofía, apoyaba la idea. A Sabino, algunos —Mario Conde fundamentalmente, pero no sólo él— le acusaron explícitamente de filtrar información comprometedora a la prensa para dinamitar su imagen pública. De la reina no se dijo tanto, pero sí que estaba al borde de colmar su paciencia, aunque lejos de la histeria de un ataque de nervios. Sofía mantenía frialdad suficiente para no olvidar los deberes de Estado, y sustituir al monarca en actos oficiales como la apertura de la Cumbre Iberoamericana de Guadalupe, Cáceres, mientras la prensa publicaba que él se divertía de vacaciones en Suiza. Y también para ocuparse de gestiones tan delicadas como la censura del diario Claro, cuando en el mes de agosto pretendía publicar cómo ella misma había frustrado el noviazgo de Isabel Sartorius con el príncipe Felipe, al enterarse de que un hermano de la joven había sido detenido en Argentina por consumo de cocaína y de que la madre de ambos había sido investigada en relación con el narcotráfico por el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren.

El tema de la conjura todavía coleó varios años por otros derroteros (al margen del entorno de La Zarzuela, con Luis María Ansón de protagonista), antes de desinflarse definitivamente. Es hoy por hoy un tema tabú del que ni los más osados quieren decir palabra. Como quiera que fuese, Juan Carlos y Sofía tuvieron ocasión de rehacer su imagen llorando juntos en los entierros y en contadas apariciones públicas cogidos del brazo.

El último romance conocido de Juan Carlos es el de Corinna, con la que mantuvo una relación estable —que iba más allá de lo sentimental— durante más de 10 años, llevándola como acompañante en algunos viajes casi oficiales e incluso disponiendo para ella una residencia dentro del recinto de La Zarzuela, donde se alojaba con su hijo pequeño. Aunque había comenzado bastantes años antes, la tormenta estalló en el añouando Juan Carlos parecía decidido a un divorcio en toda regla. Pero eso no era lo que quería Sofía, sino la abdicación a favor de su hijo, y se opuso con uñas y dientes al divorcio por razones institucionales. El asunto acabaría resolviéndose dos años más tarde, cuando Juan Carlos se avino por fin a renunciar al trono. Tan contenta estaba Sofía que no dejó entrever más que satisfacción en aquellos últimos besos fingidos al dimitido rey en las celebraciones de la coronación de Felipe. Desde entonces, viven una especie de divorcio de hecho que no se esfuerzan demasiado en disimular.

7. El juramento como sucesor

«DON JUAN YA NO SIRVE»

Cuando Juan Carlos y Sofía se casaron, a comienzos de los años 60, el horno del franquismo no estaba para muchos bollos. Las luchas obreras comenzaban a adoptar la actitud de un movimiento social de ámbito estatal y permanente, con un empuje en dos direcciones: ya no sólo estaban comprometidos con la consecución de salarios más altos y de mejores condiciones de trabajo, ahora también querían libertades democráticas, y esto no lo podía tolerar el Régimen. En estas cuestiones se unían a ellos los movimientos estudiantiles y los nacionalistas de Cataluña y Euskadi. La sociedad estaba en general demasiado revuelta cuando en 1966 las Comisiones (origen de CCOO) decidieron salir a la luz. Sólo duraron un año antes de que el Tribunal Supremo las declarase ilegales, lo que abrió una oleada de represión que no sirvió más que para crear mayor inestabilidad social.

Con estos toros lidiaba el régimen de Franco, cuando los coqueteos de Don Juan con la izquierda —pese a todos sus esfuerzos, con cartas que pretendían apagar incendios— hicieron exclamar a Franco un definitivo «Don Juan ya no sirve». La única baza segura era Juan Carlos. El desenlace se produjo bastante antes de la designación oficial como sucesor, aunque el conde de Barcelona no quisiera darse por enterado. La cosa había quedado suficientemente clara cuando, a finales de 1965, la agencia Efe difundió unas declaraciones del que entonces era ministro de Información, Manuel Fraga Iribarne, al prestigioso Times, en las que aseguraba que si algún día la Monarquía volvía a España sería con Juan Carlos. La noticia pilló a Don Juan en Suiza, donde pasaba unos días con su madre, y su irritación recorrió todas las fronteras para llegar de inmediato a Estoril, donde todo su equipo, entonces constituido por 62 consejeros, se sintió solidariamente molesto. Lo primero que hicieron fue exigir una nota de repulsa y una reacción del príncipe que, por supuesto, no consiguieron. Juan Carlos se limitó a visitar a Franco para explicarle que Fraga le había puesto en un aprieto, en el que resultaba difícil poder mantener su papel de buen hijo. El Caudillo no le hizo mucho caso: «Pero ¿por qué tanta preocupación? Si eso lo ha dicho un ministro…». En realidad los dos eran perfectamente conscientes de que Fraga no improvisaba, que estaba orientado.

«Tu hijo te quiere arrebatar el trono», le dijeron los más próximos a Don Juan. Y para compensar su consternación el Consejo Privado propuso celebrar un acto público de lealtad al conde, con un documento firmado por todos los consejeros y encabezado por Juan Carlos. A esto sí se avino, en principio, el príncipe, y se fijó como fecha el 5 de marzo de 1966.

Para asegurarse de que Juan Carlos iba a ir, que era lo verdaderamente relevante del evento, Pemán y el duque de Alba lo visitaron en La Zarzuela el viernes 4. No había dudas. El príncipe incluso les enseñó el billete de avión. Pero al día siguiente, cuando ya todo estaba preparado para el almuerzo en el hotel Palacio, a eso de las 12 de la mañana sonó el teléfono en Villa Giralda. Era Juan Carlos, que alegaba en el último momento una afección de vientre para excusar su presencia. Había entonces allí varios consejeros, que desde el salón pudieron perfectamente seguir la conversación entre padre e hijo, gracias al elevado tono de voz con que Don Juan le respondió, al teléfono en el despacho y con la puerta abierta. «No tienes ningún derecho a ponerte enfermo y menos hoy… El día que me casé con tu madre yo también estaba hecho una mierda, y aguanté hasta el discurso de Pemán sin desmayarme. Tuve que joderme, y por la noche cumplir a pesar de todo con tu madre».

Fue un discurso memorable que todos los presentes, entre los que se incluía el propio Pemán, recordarían con pavor durante años. Don Juan nunca se creyó que la cagalera de su hijo fuera real, al menos antes de haber aguantado el rapapolvo paterno. Y eso que nunca supo que ese mismo día había tenido el descaro de visitar a Franco acompañado de la princesa, para decirle que no le agradaba asistir a dicha reunión política, aunque su padre tenía especial empeño en ello, episodio que el dictador contó algunos días después a uno de sus más fieles colaboradores, Pacón. Tampoco supo que a los pocos meses el príncipe acudiría a una reunión con políticos reformistas en casa de Joaquín Garrigues Walker (la ventanilla de EEUU), para presentarse como alternativa a la incompatibilidad entre su padre y Franco.

Dominando su ira, sin dar mayores explicaciones, Don Juan y sus consejeros decidieron continuar como si nada el acto que tenían previsto, haciendo de tripas corazón, sobre todo Pemán, que pronunció pese a todo un florido discurso. Ya por la noche, reservadamente, el conde de Barcelona se reunió a cenar en Villa Giralda con un grupo de consejeros: el propio Pemán, Yanguas, Sainz Rodríguez, Gamero, Andes, Martínez Almeida, Fanjul y Ansón. Y tras el café en el salón, les anunció solemnemente: «El príncipe ha salido hoy de mi autoridad. La unidad de la Dinastía, queridos míos, está rota». Sainz Rodríguez, que ya nadaba a dos aguas (había con anterioridad escrito una carta a Franco, pidiéndole volver a Madrid, con el objetivo de colaborar en el nombramiento del príncipe como sucesor), le explicó a Don Juan que aquello era algo que todos, menos él, habían visto venir desde la entrevista del Azor. «Don Juanito tiene que jugar su papel en España y lo que ha hecho hoy era inevitable». También le dijo que él veía muy claro que la única oportunidad que el conde de Barcelona tenía de ser rey de España desde 1946, era que Franco se muriese, en un accidente o en un atentado. Y Don Juan se quedó muy especialmente con aquella parte del discurso, que retumbaría en su cabeza un año después, cuando tuvo noticias de que el Generalísimo acababa de sufrir una lipotimia mientras cazaba en Cazorla.

«SU BAJEZA»

En el mes de octubre de 1967, durante el transcurso de una cacería en la sierra de Cazorla, Franco se puso repentinamente enfermo. Una lipotimia. Los mecanismos del régimen actuaron de inmediato para que la noticia no trascendiera, pero aun así, Don Juan consiguió enterarse, a través de un amigo inglés, un marino, que estaba participando en la montería. Don Juan tuvo una visión… de sí mismo ya con la corona puesta. Si Franco se moría de repente, como había dicho Sainz Rodríguez, ésa era su oportunidad. Había que moverse rápido y discretamente, y pensó que lo mejor era llamar a Antonio García Trevijano, que estaba en Madrid, para que hiciera por él las gestiones oportunas. Y, naturalmente, Trevijano las hizo. Una vez enterado del asunto, lo primero fue entrar en contacto, a través de mediadores de la banca, con el director general de seguridad de Franco, el coronel Blanco, que se quedó no poco sorprendido de que Trevijano estuviera al tanto: «¡¿Quién más lo sabe?!», preguntó asustado. Intercambiaron datos, y hablaron del tema. La verdad era que lo de Franco no había sido nada. Una falsa alarma. Pero de todos modos pensaron que lo mejor era ponerse en la hipótesis, de cara al futuro. «Y si a Franco le pasa algo un día… ¿qué hacemos?, ¿cómo nos organizamos?». El plan de Trevijano consistía en enviar un avión militar a Lisboa y traer a Don Juan para presidir los funerales. Si en vida a Franco no se le ocurría dar ningún paso hacia la vía sucesoria, tal y como estaban las cosas eso sería lo más lógico y natural. Así se lo pareció también al coronel Blanco, y así quedó el proyecto establecido, pero no sólo entre ellos dos. Como es de suponer, no consultaron con Franco, pero en cambio, en los meses siguientes sí metieron en el ajo, a través de conversaciones secretas, a banqueros como Valls Taberner y Alfonso Escámez, a mandos militares, a representantes de la oposición… Cuando Don Juan vino a Madrid para el bautizo de Felipe, un año después, Trevijano le facilitó encuentros, algunos en su despacho de la plaza de Cristo Rey y otros en el mismo Palacio de La Zarzuela, con Díez Alegría, con Escámez, con gente de Comisiones Obreras, con curas, con militantes de partidos clandestinos… De todo un poco. Quien no intervino en absoluto fue el príncipe Juan Carlos. Con él no se contó para nada de nada, en principio porque se llevaba muy en secreto, pero también porque su participación, en caso de llevarse a efecto los planes, sería nula.

Con lo que no contaban era con que Juan Carlos ya estaba a esas horas trabajando en sus propios proyectos, también reclutando adeptos, muchos tremendamente próximos al grupo de Don Juan. Incluso dentro de él. El mismo Luis Valls Taberner, no se sabe bien cuándo exactamente, se pasó del bando juanista al juancarlista. Desde luego, se ocupaba de la economía de Juan Carlos desde 1962, es decir, desde su boda con Sofía. Pero, como buen banquero, procuraba estar a bien con todos. Al mismo tiempo que ayudaba a Trevijano en sus primeras gestiones para contactar con el coronel Blanco, también ayudaba a Pedro Sainz Rodríguez a conseguir un pasaporte especial para viajar a Madrid a entrevistarse en secreto con Juan Carlos; y decirle que, si se lo proponían, tenía que aceptar ser el sucesor sin dudarlo.

En alguno de sus movimientos no fue el príncipe del todo afortunado. Sobre todo cuando se le ocurrió recurrir al propio Trevijano para que sondease en Estoril a alguien que no sabía si estaba con él o con su padre. El príncipe estaba dejando ver demasiado a las claras que había una diferencia de intereses entre los dos, precisamente ante quien, pese a haber compartido con él tantas chicas en los tiempos de Zaragoza, estaba ciertamente con el conde. Trevijano se fue a Estoril y rápidamente llamó a Don Juan para contárselo. Fue Sainz Rodríguez el que, cínicamente, se mostró más escandalizado por lo que oía. «Si eso es así, yo dejo de llamarle al príncipe su alteza y a partir de hoy le llamaré su bajeza», dijo.

Pero tampoco Don Juan lograba dar en la diana con sus iniciativas. En noviembre de 1968, los juanistas consiguieron colar en la revista francesa Point de Vue, especializada en familias reales, una entrevista en la que el príncipe declaraba con rotundidad: «Nunca aceptaré la Corona mientras mi padre esté vivo». En realidad se trataba de una frase que Juan Carlos había pronunciado años antes, en otra entrevista realizada en 1965 y publicada en enero de 1966 en la revista norteamericana Time. Los adláteres de Don Juan pretendían que Juan Carlos se viera obligado a confirmarla. Pero no les salió bien. La conmoción que aquellas declaraciones causaron en El Pardo provocaron una reacción contraria en el príncipe. Después de múltiples desmentidos por parte de sus colaboradores más próximos (López Rodó, Mondéjar y Armada), él mismo pidió visitar a Franco para contarle la verdad de la historia. Franco le aconsejó que no rectificase: «Las familias reales no pueden discutir en la prensa. Hay que salir al paso indirectamente». Lo que se les ocurrió fue sacar rápidamente otra entrevista para la prensa española. Siempre se disputaron la autoría Manuel Fraga (que sostenía que en la redacción definitiva le ayudó Gabriel Elorriaga, jefe de su gabinete, quien la llevó luego a La Zarzuela, donde el príncipe la aprobó y añadió dos líneas de su puño y letra) y Alfonso Armada (que decía que la escribió él mismo a partir de unas notas escuetas que le había dado el príncipe). El caso es que fue el director de la agencia Efe, Carlos Mendo, el designado para firmar la entrevista y distribuirla a toda la prensa. La posición del príncipe quedaba clara: lo aceptaba todo y, si Franco le nombraba, sería el sucesor a título de rey, tras jurar los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales. Se publicó en varias revistas y en el diario Pueblo, en portada y con grandes titulares: «Declaraciones a tumba abierta». En Zarzuela se recibieron más de 20.000 felicitaciones.

LA DESIGNACIÓN

Todo estaba más que dispuesto ya para cuando Franco quisiese dar el último y definitivo paso. Quedaban apenas cuatro cositas, cuatro condiciones previas, que no tardaron más de un año en cumplirse.

El 5 de enero de 1968, el todavía considerado Príncipe de Asturias (en tanto que heredero de Don Juan) cumplía 30 años, la edad fijada por la ley de 1947 para poder ser designado sucesor a título de rey. Pocos días después visitó a Franco, quien le recomendó: «Tenga mucha tranquilidad, alteza. No se deje atraer por nada. Todo está hecho». Antes de terminar el mes, el día 30, nació su primer hijo varón, Felipe. Ya había heredero. Segundo problema resuelto.

Pero quedaban todavía un par de detalles. Franco temía tanto la intransigencia de la exreina como la del frustrado nunca rey, sobre todo de cara al exterior, si se negaban a asumir la irregularidad que tendría que producirse en la línea sucesoria, y no quería dejar cabos sueltos. Tenía que garantizar que su reacción sería razonable por la vía que fuese.

Lo de Victoria Eugenia se resolvió apenas unos meses después de la forma más natural. Se murió el 15 de abril de 1969. Paseaba con sus perritos por los alrededores de Vieille Fontaine, su casa de Lausana, cuando se cayó y se produjo una herida en la cabeza. Tenía 81 años. Don Juan se dio cuenta de inmediato de las repercusiones que aquello podía tener y adoptó una actitud abiertamente arisca hacia su hijo. No le llamó para decírselo hasta tres días más tarde, después del entierro; y cuando por fin se vieron, lo único que hicieron fue discutir. Lo cierto era que tenía poco que decirse después de las declaraciones a la agencia Efe. Juan Carlos insistió en que si estaba en España era para aceptar lo que había. Y Don Juan le replicó tajante: «Sí, pero no para suplantarme a mí». El príncipe regresó al día siguiente a Madrid, para asistir junto a Franco a otro funeral por la exreina. Se celebró en San Francisco el Grande, se cantó la Misa de Perosi y Franco entró en el templo bajo palio, como era su privilegio otorgado por la Iglesia española al Caudillo de la Cruzada Nacional Católica.

De todos modos, las cosas no podían quedar así con su padre. La misión de Juan Carlos era conseguir, en la medida de lo posible, su apoyo. Y con tal objetivo le pidió a Alfonso Armada que le acompañase a Estoril —nunca se las arregló bien solo—, para explicarle al conde de Barcelona una vez más cómo estaban las cosas. Armada le habló de la España oficial, del punto de vista del Ejército, de las presiones de un grupo importante de ministros (Carrero, López Rodó, Alonso Vega, López Bravo, etc.)… Para acabar diciéndole que tenía el convencimiento personal de que Franco nombraría sucesor a su hijo. Pero Don Juan no le creyó. «Juanito —le dijo el conde de Barcelona—, si te nombran, puedes aceptar; pero puedes estar seguro de que eso no sucederá». En la misma línea, todavía el 8 de mayo, Don Juan, como el más incauto iluso, envió una carta a Franco proponiendo una reunión, «sobre aquellos puntos en donde convergen nuestros desvelos por España. Y con esta mira tan alta, ¿no parece evidente, mi General, la conveniencia nacional de que hablemos con sosiego y corazón abierto?». No hubo respuesta.

No se sabe exactamente con qué anticipación comenzó el equipo de Juan Carlos a trabajar para conseguir sin problemas la aprobación de las cortes a su nombramiento. Pero desde el mes de noviembre tenían preparada la «Documenta», una especie de currículum, resumen de las actividades del príncipe, que el día del juramento distribuirían a los procuradores y a la prensa. También con meses de antelación, con el propósito de asegurarse el voto de la Falange, Juan Carlos se reunió con su más destacado representante, Antonio Girón de Velasco, en una comida en el restaurante Mayte Commodore. Juan Carlos intentó estar simpático y le preguntó si le podía llamar de tú. «Mientras no me insulte usted me puede llamar como quiera». Girón se explayó contándole las esencias del Movimiento Nacional y, cuando terminó, el príncipe soldado también hizo su párrafo: él era un militar y como militar asumía la patria y muchos de los postulados de Girón. Eso sí, como él no era el Generalísimo Franco, dijo haciendo un poco de broma, pues tenía que ir a mear. Y es que el aguante de Franco, que no se movía de la mesa del consejo de ministros durante toda una mañana, fue uno de los tópicos del Régimen. En definitiva, la reunión resultó un éxito. Juan Carlos le había caído francamente bien y Girón decidió apoyarle. En el pleno resultaría fundamental el rotundo «sí» del primer falangista de España, como motor de arrastre de todos los demás.

A mediados de junio, Juan Carlos viajó de nuevo a Portugal para estar unos días en familia. Antes de irse había pasado por El Pardo a despedirse del Generalísimo. «Venid a verme en cuanto regreséis, porque tengo algo importante que deciros», le había anunciado éste. Y, todavía antes, había hablado con López Rodó, quien por su parte le había adelantado que estuviese preparado. Pero en Estoril no dijo nada de estas conversaciones. Muy al contrario, le aseguró a Don Juan que todavía no sabía absolutamente nada de la sucesión, y que, si él quería, cogía a Sofía y a los niños y se venía a Portugal; apuntando, eso sí, que si seguía en España y Franco le proponía como sucesor, no le iba a quedar más remedio que aceptar, porque si no Franco nombraría a Alfonso Dampierre.

Está claro que no fue suficientemente rotundo en cualquier caso porque, de vuelta en Madrid, Juan Carlos le dijo a López Rodó que no había podido adivinar cuál sería la actitud de su padre cuando el hecho se produjese. El problema siguió ahí hasta que, en julio, Sainz Rodríguez tuvo su trascendental y decisiva entrevista secreta con Juan Carlos en Madrid, en la que le aseguró: «No se preocupe por su padre. De su buena reacción me encargo yo».

El 3 de julio de 1969 Miguel Primo de Rivera fue llamado a audiencia por Franco. El entonces jefe del Estado le dijo que había pensado nombrar a Juan Carlos de Borbón sucesor, a título de Rey, pocas semanas después (como así sería). Primo de Rivera prometió guardar secreto, excepto en un caso: el del propio príncipe. Así que de El Pardo se fue, sigiloso, a La Zarzuela, donde narró a Juan Carlos lo que el dictador le había dicho. Ambos, príncipe y Miguel Primo de Rivera, exteriorizaron su alegría abrazándose efusivamente. Tanto, que ambos cayeron a la piscina vestidos, como estaban.

Apenas unos días después, el 12 de julio de 1969, Juan Carlos recibió la esperada llamada de Franco. En su cita, después de comer, en El Pardo, el dictador le comunicó por fin su decisión de designarle sucesor y las fechas previstas a tal efecto. «De acuerdo, mi general, acepto». Franco sonrió imperceptiblemente y le dio un abrazo. Cuando el príncipe salió del despacho pudo ver que ya estaba allí esperando el embajador de España en Lisboa, al que Franco le entregaría a continuación una carta que ya tenía preparada para Don Juan, para que la llevase inmediatamente a Estoril.

En cuanto Juan Carlos llegó de vuelta a Zarzuela, llamó a Villa Giralda, pero no se atrevió a decir nada, ni siquiera a su madre, y se limitó a anunciar que Nicolás Mondéjar salía aquella noche para llevarle una carta a su padre.

La carta de Franco para Don Juan, encabezada «Mi querido Infante», le anunciaba la decisión y añadía: «quiero comunicároslo y expresaros mis sentimientos por la desilusión que pueda causaros, y mi confianza de que sabréis aceptarlo, con la grandeza de ánimo heredada de vuestro augusto padre D. Alfonso XIII». Y, aparte, se permitía prevenirle «contra el consejo de aquellos seguidores que ven defraudadas sus ambiciones políticas». En cuanto la leyó Don Juan exclamó: «¡Qué cabrón!». Y rápidamente, como para todas las misiones sensibles, prácticamente en secreto, a espaldas de sus consejeros oficiales, llamó a Trevijano para decirle: «Lo peor ha sucedido».

Trevijano salió en su propio coche a toda velocidad y en pocas horas se presentó en Villa Giralda. En cuanto llegó, Don Juan le enseñó la carta de Franco, que provocó en el abogado todavía más indignación que en Don Juan. Sentenció que era necesario responder, y Don Juan le encargó que redactase él mismo la respuesta.

Al día siguiente, con Trevijano todavía clandestinamente en Villa Giralda, le llegó a Don Juan la carta de su hijo: «Como por teléfono no se puede hablar, me apresuro a escribirte estas líneas…». Todavía con el recuerdo vivo de los últimos enfrentamientos, en aquel acto de adhesión al que no había ido, cuando murió la abuela… no se atrevía a hablar con él personalmente. «Rogando a Dios que mantenga por encima de todo la unidad de la Familia —le decía en la carta, mientras aguardaba la reacción a una más que prudente distancia—, quiero pedirte tu bendición». Todavía le sentó peor esta carta a Don Juan que la de Franco. Y también a Trevijano, quien lleno de cólera le dijo que aparte de las razones familiares, tenía que salvar su posición ante la historia: «Esta carta tiene que ser contestada con un documento que conste». Y Don Juan aceptó: «Pasa a limpio la carta de Franco para que salga ahora mismo, y prepárame otra para mi hijo». El texto que Trevijano escribió decía: «¿Qué Monarquía salvas? ¿Una Monarquía contra tu padre? No has salvado nada. ¿Quieres salvar una Monarquía franquista?… Ni estoy de acuerdo, ni daré mi acuerdo nunca, ni aceptaré jamás que tú puedas ser rey de España sin el consentimiento de la Monarquía, sin pasar a través de la dinastía». En cuanto estuvo terminada, Don Juan la firmó y lacró; y aseguró que, junto con la destinada al dictador, saldría enseguida hacia Madrid.

Pero con otros consejeros (en concreto Areilza y Sainz Rodríguez), Don Juan redactaría otro documento, un manifiesto bastante más suave que las cartas, que fue el que se dio a conocer a la opinión pública: «…Para llevar a cabo esta operación no se ha contado conmigo, ni con la voluntad libremente manifestada del pueblo español. Soy, pues, un espectador de las decisiones que se hayan de tomar en la materia y ninguna responsabilidad me cabe en esta instauración», decía. Quedaba claro que no pensaba abdicar, pero tampoco se enfrentaba abiertamente a su hijo. Los consejeros le habían recomendado que no lo diese todo por perdido, y que se mantuviera como candidato de la oposición al régimen, como alternativa.

Cuando creyó que la tormenta ya había pasado, Juan Carlos llamó por teléfono insistentemente, pero Don Juan no quiso ponerse al teléfono. Seguramente lo hizo su madre, doña María, y en más de una ocasión. Se dice que durante esos días intervino todo lo que pudo a favor del hijo, apaciguando los ánimos e intentando evitar que se produjera una situación de ruptura irreversible. Entre ella, Sainz Rodríguez y los demás consejeros, consiguieron que Don Juan prácticamente se retirase, y le arrancaron el compromiso: «Yo contra mi hijo no voy a hacer una guerra civil, no voy a enfrentarme. Yo eso no lo hago». Eso sí, prohibió a los miembros de la familia real asistir al acto del juramento en las Cortes, y exigió a su hijo la devolución de la placa de Príncipe de Asturias, la Cruz de la Victoria. Según Pedro Sainz Rodríguez, le dijo: «Esto no es lo nuestro, de manera que venga la placa». En vísperas de la designación, el príncipe se había quedado sin título. López Rodó con Carrero Blanco, por un lado, y Juan Carlos con Sofía y el marqués de Mondéjar, en La Zarzuela, por otro, tuvieron que ponerse a pensar a toda prisa en el que podría llevar a partir de entonces. Al parecer, fue Sofía la que, inspirándose en su propio apellido, sugirió el de «Príncipe de España», sobre el que no había precedente histórico alguno. Y a todos les pareció bien. ¿Qué otra cosa podían hacer?

EL JURAMENTO EN LAS CORTES

Algunos días antes, con la colaboración de sus ayudantes Mondéjar y Armada, con la de Torcuato Fernández Miranda, que no se lo quiso perder, y con el asesoramiento de Carrero Blanco y López Rodó, Juan Carlos ultimó su discurso. Luego se lo leyó al dictador, dos veces, para su aprobación definitiva.

Todo estaba preparado para el gran momento en el que sería proclamado Príncipe de España. La ceremonia del juramento, un evento de enorme relevancia histórica, aunque la falta de previsión (o la premeditación, no se sabe) del propio Franco al señalar la fecha, hizo que coincidiera, nada más y nada menos que con el alunizaje de Armstrong, Collins y Aldrin; acontecimiento que, claro, le restaría un poco de protagonismo a lo del príncipe en los medios de comunicación.

El 23 de julio de 1969, Juan Carlos de Borbón y Borbón juró en ceremonia solemne, como sucesor a título de rey del Generalísimo Franco, los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales (una especie de compendio, a modo de constitución, de todas las disposiciones legales del franquismo). «Mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar», declaraba en el posterior discurso, que fue muy bien acogido por la audiencia franquista. Sólo los carlistas mostraron su desacuerdo ausentándose de la sala, y algunos juanistas votando un sonoro «no» al príncipe. Los procuradores restantes, incluidos los de Falange, le interrumpieron hasta en diez ocasiones con aplausos y aclamaciones. Fueron en total cuatro minutos de discurso y doce de aplausos. «Ya hay un Estado monárquico definido: la Monarquía del Movimiento», publicaba exultante el diario Informaciones en portada dos días después.

Don Juan navegaba aquel día por aguas portuguesas en el Saltillo. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si había ido hacia el norte (rumbo a Figueira da Foz), o hacia el sur (al Algarve). Pero lo que importa al caso es que consiguió desembarcar a tiempo para buscar un lugar desde donde poder seguir la retransmisión de la televisión española: «Qué bien ha leído Juan Carlos», dijo al finalizar la ceremonia.

Por la noche, en aquella ya legendaria fecha, los recién estrenados «Príncipes de España» cenaron en La Zarzuela con sus colaboradores más próximos. El regocijo era general. Se respiraba en el ambiente cuando en un momento de euforia, sin poder reprimirse, Sofía alzó su copa y dirigiéndose a Armada dijo: «Hoy tomamos el mejor vino y yo brindo por usted, Alfonso».

A partir de entonces las visitas de Juan Carlos a El Pardo pasaron de mensuales a semanales. Todos los lunes a las cinco de la tarde se sentaba con el dictador para comentar los temas que previamente Armada le había preparado en unas notas, y que a la vuelta comentaría de nuevo con él en La Zarzuela.

Mucho tuvo que aguantar la sufrida ciudadanía años después, cuando a los padres de la transición se les dio por querer convencernos con sesudos estudios de que todo aquello no había sido, en realidad, más que una pesada broma. Juan Carlos, el defensor de la democracia, ya tenía de aquellas completamente decidido liquidar el régimen de Franco, según ellos. En fin, que había jurado los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales con los dedos cruzados. Y eso aun después de que, en 1993, el propio Juan Carlos hubiera declarado públicamente: «No lo comprenderá todo el mundo… Pero si uno lo piensa bien… A menudo me he preguntado si la democratización de España hubiera sido posible al finalizar la guerra civil». Asegurando a continuación que la Victoria de Franco había sido «una paz que me transmitió unas estructuras en las que me pude apoyar».

8. Los últimos pasos hasta la meta

ABURRIDO DE ESPERAR

Desde la designación de Juan Carlos como sucesor hasta 1972 Don Juan no quiso verlo. El reencuentro fue con motivo de la boda de la infanta Margarita con el doctor Carlos Zurita, el 12 de octubre, en Estoril. Aun así, con ambiente de fiesta y todo, el conde evitó que le fotografiasen con su hijo.

Fueron años difíciles para el príncipe, sobre todo porque, mientras esperaba como millones de españoles —aunque con sus motivaciones particulares— a que Franco se muriera de una vez, se aburría. «Estoy aburrido —dijo en una ocasión—. He pensado en poner una granja en La Zarzuela. Estoy cansado de esta situación. Quiero saber de una vez y para siempre qué voy a hacer. Si voy a ser carpintero, que me lo digan».

En las escasas actividades de su jornada laboral, lo más entretenido era ir a El Pardo una vez a la semana. Para la ocasión, Armada le preparaba, con bastante reflexión sistemática, unas notas. Pero lo cierto era que aquellos despachos, que duraban una hora, normalmente los lunes después de comer, le resultaban a Armada mucho más fascinantes que al príncipe, ya que aprovechaba para apuntar los temas sobre los que a él le interesaba conocer la opinión de Franco. El príncipe ya era suficientemente adulto como para no tener «tutores», pero a lo largo de toda su vida será una constante el tener el apelativo «Juanito», o «don Juanito», y a alguien al lado dirigiendo sus pasos en la dirección adecuada en cada momento. Irá sustituyendo a uno por otro, según mejor le convengan. En esta etapa en concreto, esta persona era Alfonso Armada, su secretario particular. Con él consultaba todo, le informaba de todo, se dejaba aconsejar en todo… Aunque poco a poco, a medida que se iba acercando el momento de asumir responsabilidades como rey, Juan Carlos iría dejando que ese puesto de influencia, de tutoría política, lo fuera ocupando Torcuato Fernández Miranda, rodeado por un equipo más o menos coordinado y bien avenido de políticos jóvenes.

Aparte de las reuniones de adoctrinamiento con Franco, sus «tutores» franquistas juzgaron conveniente que se formase un poco en el conocimiento de la administración pública, pasando por distintos ministerios para estudiar las competencias y funcionamiento de cada uno, aunque resulta complicado imaginar qué podía hacer exactamente en esos sitios en el horario que se organizó para él, entre las 5 y las 8 de la tarde, unas horas en las que difícilmente quedaba nadie ya en las oficinas públicas. El resto del tiempo, recibía insignes visitantes de La Zarzuela, como los ministros López Rodó y López Bravo. También solía recibir comunicaciones, informes o recados, del ejército, de falangistas, intelectuales, empresarios, periodistas…

En fin… todo muy aburrido. Así que, para hacérselo un poco más ameno, Franco le aconsejó que empezase a viajar por toda España, para que el pueblo lo fuera conociendo. Aquello sí que resultaba emocionante, sobre todo para sus acompañantes. En una localidad cerca de Valladolid, a la que fue escoltado por el ministro de Agricultura, la gente les arrojó patatas cuando pasaron frente a ellos en coche. El ministro estaba horrorizado, y el príncipe se vio en la obligación de tranquilizarle: «Cálmese, señor ministro, a quien se las tiran es a mí, no a usted»; pero seguro que algún que otro patatazo le cayó también al ministro. Otro día, en Valencia, iba andando por la calle con el capitán general de la región cuando vio a un hombre que se les acercaba corriendo. Instintivamente, en lugar de avanzar más rápido, el príncipe dio un paso atrás y el tomatazo fue a caer sobre el capitán general, que se había quedado solo en medio de la calle. «Gajes del oficio, como hubiera dicho mi abuelo don Alfonso XIII», le consoló Juan Carlos. También en su visita a Granada le tiraron tomates. Y en un viaje oficial a Canarias, el sucesor de Franco se quedó bloqueado durante varios minutos en medio de un discurso, porque no entendía la letra de el que se lo había escrito; y fue al presidente del Cabildo, que había tenido que negociar la presencia del príncipe con comunistas y socialistas aun en la clandestinidad, al que le tocó aguantar el chaparrón.

PREPARANDO EL TERRENO

Mientras Juan Carlos esquivaba tomates y visitaba los edificios vacíos de los ministerios, los hombres de la «Operación Lolita» continuaban su ardua tarea de preparar el terreno para lo que vendría después de Franco. La decisión del dictador de nombrarle sucesor había sido en gran medida fruto de la tenaz labor de Laureano López Rodó, y a partir del 69 él y los otros continuaron con su estrategia por otros derroteros. Para liberalizar la economía y acabar con la autarquía, habrían de pasar necesariamente por una sensible apertura a las libertades políticas, y eran perfectamente conscientes de ello. El propio López Rodó votaría a favor de la Ley para la Reforma Política de 1976 y a favor de la Constitución de 1978. Para trabajar en ese terreno, necesitaban algo más que un sucesor colocado en La Zarzuela.

Era necesario que Franco, cuando menos, se desprendiera de la función de presidente del Gobierno en favor de una persona que asegurara a su muerte la entronización pacífica de Juan Carlos. Sobraban argumentos para hacerlo cuanto antes, sobre todo cuando ETA comenzó a actuar, en 1968, matando en agosto al guardia civil José Pardines y al policía Melitón Manzanas, primeros de una larga lista a la que el régimen no conseguiría poner freno. A comienzos de los 70 se sucedían las movilizaciones de protesta en torno a Euskadi y los juicios del tribunal militar de Burgos contra nacionalistas vascos. También supuso un impulso el derrame cerebral que inmovilizó al dictador portugués Oliveira Salazar, al caerse de una silla, el 7 de septiembre de 1968. El caso era como para tomar nota. Aquí podría pasar algo parecido en cualquier momento. Pese a su gran apego al poder, Franco acabó por ceder en junio de 1973, designando como presidente del Gobierno a su asesor, el almirante Luis Carrero Blanco. Fernández Miranda se convirtió en su vicepresidente, ministro secretario general del Movimiento y, además, cada vez con mayor fuerza, el hombre de confianza política del príncipe Juan Carlos.

Completando el trabajo de los tecnócratas del Opus, intervino en estos años Estados Unidos, en una dirección similar, si bien con miras más anchas. Eso sí, organizando viajes de propaganda con tonterías, las mínimas. Cuando fue en enero de 1971 invitado por Nixon con motivo del lanzamiento del Apolo XIV, durante la retransmisión en directo de televisión no sólo no se quedó en blanco, sino que fue capaz de improvisar, sin papel alguno y en un perfecto inglés, a preguntas de un periodista de la televisión norteamericana, supuestamente por sorpresa: «La influencia que tiene en las generaciones contemporáneas la concepción del universo, obliga a los hombres a salir de su aldea y procurar una visión de la vida más ancha que la que tuvieron las gentes de épocas anteriores». La brillante actuación del príncipe se destacó en la prensa como prueba inequívoca de que no era tan tonto como parecía, lo que no le vino nada mal para lavar su imagen. Estaba ya bastante quemado, e incluso había dicho: «Estoy asqueado de que aquí venga todo el mundo a chuparme el culo y luego me consideren tonto». Quizá algo tuvo que ver en aquel éxito extemporáneo el bueno del tío Dick, Lord Mountbatten, quien como buen familiar y miembro del clan, siempre había estado dispuesto a echar una manita en esa gran empresa común de la tribu monárquica europea.

El tío de Sofía, Lord Mountbatten (Luis Battenberg en realidad: se cambió el apellido tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis perdieron, renunciando a sus títulos alemanes para hacerse más británico), era un intrigante nato. En palabras de Constantino de Grecia, «disfrutaba mucho asumiendo misiones delicadas, yendo a unos y otros con embajadas interesantes». En noviembre de 1970, apenas dos meses antes del viaje de Juan Carlos por lo del Apolo XIV, puso su granito de arena en el «proyecto-juanito»: durante una visita a Washington animó al presidente Richard Nixon a apoyar la causa monárquica tanto en Grecia como en España. En sus diarios escribió: «Durante la cena tuve la oportunidad de hablar un poco con el presidente, tanto sobre Tino (de Grecia) como sobre Juanito (de España), y sobre la forma en la que yo sentía que los Estados Unidos podían ayudar a ambos. El presidente pareció estar tan interesado que llamó al secretario de Estado para que se uniese a la conversación y tuvimos una charla a tres bandas de unos veinte minutos». Mountbatten fue asesinado por el IRA en las costas de Irlanda en 1979.

La inestabilidad política de los 70 era la máxima preocupación de Estados Unidos. Y consideraron que, después de la criba que había hecho Franco a lo largo de 30 años, España estaba ya suficientemente preparada como para que se pudiera acometer el camino hacia una transición pacífica. Con una módica inversión político-monetaria, pusieron en marcha sus planes de cooptar, financiar y proteger a equipos de variadas etiquetas previstos para la transición, elegidos para la misión de organizar partidos políticos que serían legalizados cuando las circunstancias fueran las adecuadas. Los partidos a crear, o recrear, fueron diseñados como si de sucursales de un centro estratégico supranacional se tratara, con cuadros que debían constituirse en gestores-delegados territoriales. Al electorado se les reservaba la función de meros «consumidores» del producto, por cuyo voto un grupo de partidos especialmente elegidos competiría entre sí en régimen de oligopolio. Las «marcas», eslóganes y campañas de dichos partidos iban a ser prefabricadas, con técnicas traídas de Estados Unidos, por personajes formados y teledirigidos para dicha función, como Julio Feo para el lanzamiento y acceso al poder de Felipe González, el candidato fundamental que desmontaría los partidos de izquierdas y haría que España quedase en la OTAN.

De acuerdo tanto con los planes de la «Operación Lolita» como con los de los norteamericanos, en torno a la Casa del Príncipe comenzaron a confluir una serie de personas de su generación. Constituirían algo no muy distinto al Consejo Privado que tenía su padre en Estoril, aunque no se reunían nunca todos juntos. De uno en uno, o de dos en dos, pasaban por Zarzuela a hablar con Juan Carlos, cuya principal función venía a ser servir de núcleo y de correa de transmisión entre unos y otros. Se trataba fundamentalmente de jóvenes ya introducidos en el sistema político del Régimen, como Miguel Primo de Rivera y Urquijo (que era Consejero Nacional), José Joaquín Puig de la Bellacasa (segundo de Fraga en la embajada de Londres), Jaime Carvajal (amigo y compañero de estudios de Juan Carlos desde la infancia, e introducido en el mundo de la banca), Nicolás Franco Pascual de Pobil (hijo del que fuera embajador en Portugal, sobrino de Franco y Consejero Nacional) y Jacobo Cano (ayudante de Alfonso Armada en la Secretaría de la Casa del Príncipe), entre otros. Y lo que tenían que hacer, su trabajo, era contactar con personas de distintos sectores, y en especial de la oposición, para ir explicándoles a todos los planes del príncipe cara el futuro. Cada uno hizo una lista de gente con la que les parecía interesante hablar, y se pusieron a trabajar sobre ella.

Jacobo Cano, por ejemplo, facilitó los primeros contactos con el PSOE, a través de los hermanos Javier y Luis Solana. Pero no le dio tiempo a hacer mucho más. Murió casi nada más empezar, en agosto del 71, cuando su coche se estrelló contra un autobús de la Guardia Civil, precisamente en una de las curvas de la carretera de acceso a La Zarzuela, y se partió el cuello.

Tomó el relevo de aquellos contactos Jaime Carvajal, que trabajaba en el Banco Urquijo con Luis Solana. Luis Solana acabó siendo él mismo un asiduo de La Zarzuela, a donde iba en moto y entraba sin quitarse el casco, para no ser reconocido. Al grupo del príncipe le interesaba especialmente porque, siendo un buen chico de la burguesía, tenía el lustre de haber estado en la cárcel por vinculación con la Asociación Socialista Universitaria y tenía algunas relaciones, aunque no orgánicas, con el Partido Socialista. Su hermano Javier (el que acabaría siendo Secretario General de la OTAN en el momento del bombardeo de Yugoslavia), sí estaba mucho más encajado en el organigrama del partido y también estaba al tanto de las conversaciones, aunque no participara en ellas personalmente.

Aparte de «hacer contactos», el entorno del príncipe, como buen gabinete de relaciones públicas, tenía que ocuparse de ir construyendo una buena imagen del futuro monarca. Fue una idea que surgió ya en la época en que Carrero Blanco era presidente del Gobierno, un poco preocupado porque aquello de tanto tomatazo no era buena señal. Precisamente ahí fue donde Adolfo Suárez comenzó por primera vez a trabajar para Juan Carlos, desde su puesto de director general de Televisión. Se encargó personalmente de crear una filmoteca con imágenes de Juan Carlos y Sofía, en favor de la causa monárquica juancarlista, suprimiendo todas las apariciones de Carlos Hugo y de Don Juan.

Otra tarea imprescindible consistía en estudiar mediante qué mecanismos, y en qué condiciones exactamente, se iba a poder desarrollar la evolución hacia la monarquía. Ya habían comenzado antes del 69, con iniciativas como la creación de una comisión de seis militares, nombrados por el Estado Mayor Central, Sección de Planes y Proyectos, con Alfonso Armada y Emilio Alonso Manglano entre otros. A esta comisión se le había encargado estudiar el tema: «Ideas básicas que deben ser mantenidas a ultranza por las Fuerzas Armadas». Se trataba de descubrir algo así como el alma del Ejército, o las razones por las cuales estaría dispuesto a iniciar otra guerra civil. Todo tenía que estar atado y bien atado. El informe, una vez culminado, fue entregado en Zarzuela, y al príncipe le gustó mucho.

En los años siguientes se hicieron muchos más estudios de prospección, sobre todos los sectores sociales, como los informes FOESSA dirigidos por el profesor Juan Linz, sobre la realidad política y social de España. En la encuesta que esta Fundación realizó en 1970 se llegaba a la conclusión de que el sistema preferido para después de Franco era la república (para un 49,4 por 100 de la población, mientras que el régimen tal cual sólo contaba con el 29,8 por 100, y la monarquía con el 20,8 por 100), así que había mucho trabajo por delante.

También se encargaron análisis sobre las posibilidades de cambio político respetando la legalidad franquista. En 1973 una serie de jóvenes «progres», entre otros Luis Solana, que pusieron cada uno una cantidad, financiaron el del catedrático de derecho constitucional Jorge de Esteban. Cuando estuvo terminado le hicieron entrega de los borradores al príncipe.

Torcuato Fernández Miranda no escribió un libro, pero también elaboró su propio plan. Éste le resultaba más fácil de entender a Juan Carlos, porque no tenía que leer. Ya se lo explicaba su viejo profesor. Así que fue el de Torcuato el que le gustó, y su autor se convirtió en el hombre clave del cambio. Gracias a los estudios y encuestas sabían que el patrón diseñado se ajustaría al cuerpo político de España.

LA MUERTE DE CARRERO

El 20 de diciembre de 1973 el Dodge negro del almirante Carrero Blanco voló por los aires en la calle Claudio Coello de Madrid. Se dirigía, como cada día desde hacía años, siempre siguiendo el mismo itinerario, a la misa de nueve de una iglesia de la calle Serrano frente a la Embajada de Estados Unidos cuando, como un cohete, de repente, ascendió a gran altura para ir a caer en el patio interior de un convento de jesuitas. Con semejante travesía, el almirante, su chófer y su escolta personal resultaron muertos en el acto.

La princesa Sofía se enteró antes que el príncipe y que la mayoría de los españoles, cuando iba en el coche a llevar a los niños al cole, porque tenía por costumbre escuchar por radio la frecuencia de la policía. En cuanto llegó a Zarzuela, fue rápidamente a decírselo a Juan Carlos a su despacho. En ese momento sonaba el teléfono y era para darle la noticia.

Los príncipes quisieron ir enseguida al hospital, pero Armada no estaba muy seguro de que fuera prudente, y quiso enviar antes una avanzadilla, en misión de exploración, porque no sabían si era un hecho aislado o si era algo coordinado más amplio. Por fin les dio permiso, y los príncipes se fueron en un coche que conducía el propio Juan Carlos, aunque ya no había heridos a los que visitar. Luego, al volver a La Zarzuela, el príncipe habló con Franco y llegaron al acuerdo de que acudiría en representación suya a presidir el entierro, vestido con el uniforme de marino para honrar al almirante.

El atentado contra Carrero tenía el claro objetivo de desactivar, o cuando menos entorpecer, los mecanismos puestos en marcha por el Régimen para facilitar la transmisión de poderes a Juan Carlos a la muerte de Franco; es decir, la perpetuación del propio Régimen. Pero, curiosamente, las recientes revisiones sobre la Transición se han negado a entenderlo así. En la excéntrica nueva versión que elaboraron periodistas del calibre de Victoria Prego (relanzada en años posteriores con su célebre frase «¡A por ellos!», dirigida a todo «el entorno» abertzale, en la Puerta del Sol de Madrid), ETA habría poco menos que pretendido boicotear el camino hacia la democracia, encarnada en el mismísimo Carrero Blanco, un demócrata de toda la vida, como todo el mundo sabe. Y, para complicar más la peripecia, los servicios secretos de Estados Unidos habrían colaborado con ETA en el atentado, sin que los padres de la nueva versión de la historia pudieran aclarar con qué intención exactamente.

Fuera como fuese, lo cierto es que la muerte de Carrero supuso un importante trastorno para los planes ya elaborados por el grupo concreto de los tecnócratas monárquicos del Opus, involucrados en la «Operación Lolita». Más que nada porque a Franco, ya en plena decadencia física, se le ocurrió inexplicablemente aprovechar la ocasión para hacer un cambio en la línea de gobierno, probablemente influenciado por su familia. Ante la sorpresa general, nombró a Carlos Arias Navarro, un falangista, presidente del gobierno, cuando lo más lógico hubiera sido que a Carrero le sucediera su vicepresidente, Torcuato Fernández Miranda. Arias era precisamente el ministro responsable de la catástrofe del atentado, como ministro de la Gobernación (Interior). Conocido popularmente con el sobrenombre de «el carnicero de Málaga» (que se había ganado en su época de represor, como fiscal militar en la posguerra en esa circunscripción), no se podía decir que fuera un hombre especialmente carismático. Y nadie entendió su nombramiento. Pero tampoco la enigmática frase «No hay mal que por bien no venga», que dijo el Caudillo al referirse a la muerte de Carrero, en su surrealista discurso de fin de año. No era una de las mayores preocupaciones de Franco que sus decisiones fueran o no comprendidas.

Lo único que ocurrió fue que Franco siguió los consejos de lo que se conocía como «el Búnker» o «aparato de El Pardo». Un grupo muy próximo a él que integraban su señora, Carmen Polo; su yerno, el marqués de Villaverde; su médico, Vicente Pozuelo; y sus ayudantes, el general José Ramón Gavilán y el capitán de Marina Antonio Urcelay. Arias Navarro representaba para ellos la garantía de que iban a poder seguir estando ahí, mandando, en el futuro.

Para el grupo «Lolita» todo se vino momentáneamente abajo. Los hombres del almirante fueron destituidos en cadena: Gregorio López Bravo, José María López de Letona, Gonzalo Fernández de la Mora… Torcuato Fernández Miranda, que también pronunció un simpático discurso en aquella época, como despedida de su cargo, hablando de los «nubarrones» y otros fenómenos atmosféricos que aquejaban a España, fue prácticamente expulsado de la vida política, y hubo de refugiarse en la presidencia del Banco de Crédito Local. Laureano López Rodó lo tuvo algo mejor, con nuevo destino en Viena, de embajador. Pero ellos y los otros volverían luego, con el ascenso al trono de Juan Carlos.

Por lo demás, que Arias estuviera al frente no iba a resultar tan trascendental. Quizá no era tan hábil como Fernández Miranda, lo que podría haber dificultado el cambio pacífico, sin ruptura. Pero los planes USA siguieron con él adelante. En el entorno del príncipe no hubo cambios. El trabajo de sus colaboradores siguió avanzando en la misma línea. Y Arias, a su manera, esbozó su propio plan de transición pacífica.

El 12 de febrero de 1974 lo expuso ante las Cortes en un memorable discurso, que ralentizaba un poco el ritmo sobre el de los del Opus, pero no introducía cambios sustanciales. Su programa, como el de ellos, rechazaba toda «ruptura», la opción por la que se luchaba en los movimientos populares. La diferencia entre Arias y los tecnócratas estaba en que el aperturismo proyectado se basaba en la modificación de las Leyes Fundamentales no por vía de reforma, como en el plan del Opus, sino por vía de interpretación. Al igual que la «Operación Lolita», el «Espíritu del 12 de febrero» de Arias Navarro consistía en «vestir el muñeco» del franquismo con un nuevo traje, sin cambiar su esencia. Para poner su plan en marcha, el 16 de diciembre de 1974, Arias aprobó el Estatuto de las Asociaciones Políticas, de tan escaso alcance que pareció ridículo incluso a los propios franquistas.

Con «Operación Lolita» o sin ella, fuera como fuera, el régimen pudo recomponer la situación política sin excesivos problemas después de la muerte de Carrero. Lo que no quiere decir que, en un primer momento, no supusiera en efecto un momento especialmente peligroso, por el vacío momentáneo de poder que suponía, para su estabilidad. Así lo creyeron, entre otros muchos, Trevijano y Don Juan, que vieron entonces una oportunidad, apoyándose en la oposición democrática, para provocar la ruptura con el fin particular, en el caso del conde de Barcelona, de recuperar la corona que había perdido su padre y ahora le quería arrebatar su hijo.

Esta vez fue Trevijano el que llamó a Don Juan, y no al revés, nada más tener noticias de lo que había ocurrido. Y le organizó en París, en el hotel Meurice, una entrevista con todos los exiliados, con los intelectuales, con la gente de Ruedo Ibérico… La idea era que Don Juan hiciera unas declaraciones al periódico francés Le Monde, la biblia del progresismo europeo, manifestándose en contra de todo lo que significaba la dictadura. Naturalmente, eran fruto de la creatividad de Trevijano; y se resumían en 12 puntos clave que incluían la amnistía, la legalización de todos los partidos políticos, un referéndum para decidir si se quería monarquía o república, el reconocimiento de los derechos de las distintas naciones del Estado, el completo establecimiento de las libertades y derechos civiles, la libertad sindical y de prensa, la independencia del poder judicial y la separación entre la Iglesia y el Estado. Tras las declaraciones, los distintos partidos y grupos de la oposición irían sumándose en cadena, apoyándolas, para crear una situación irreversible de ruptura con el régimen. Todos aceptaron el proyecto, y Don Juan se hizo demócrata para la ocasión y también accedió. La publicación estaba prevista para el día 28 de junio.

Pero cuando ya estaba todo listo, la intervención de Juan Carlos y los consejeros tradicionales de Don Juan estropeó el asunto en el último momento. Pese a que estaba claro que la iniciativa suponía la ruptura, al tiempo que con Franco, con su hijo, Don Juan tuvo la ocurrencia de consultarlo con él, en una entrevista en Palma de Mallorca, a donde había ido a reparar su barco. Prueba de que no veía tan mal la cosa después de la muerte de Carrero como Fernández Miranda y los otros, el príncipe hizo todo lo que pudo por quitarle la idea de la cabeza. Por otra parte, los consejeros del conde insistieron en que la Restauración sólo se podía hacer con el apoyo del ejército y en que aquello iba a suponer el fin de la monarquía; cuestión en la que, probablemente, tenían toda la razón. Y al fin, ya muy cerca del día 28, en la segunda quincena de junio, el secretario de Don Juan llamó a Trevijano para decirle que se suspendían las declaraciones. Don Juan no se atrevía, decía que estaba abandonado por todo el mundo, que no contaba ni con el apoyo familiar ni con el de los monárquicos, que el único que creía en él era el propio Trevijano…

Sin darse por vencido, Trevijano no tuvo más remedio que continuar adelante sin él. Transformó el texto de las respuestas de Don Juan en los doce puntos de la declaración programática de la Junta Democrática, una nueva plataforma que agrupaba varios sectores de la oposición, que se reunió por primera vez el 25 de julio de 1974 en el hotel Intercontinental de París.

Este sí fue el final definitivo de Don Juan aunque, siempre con un poco de retraso para darse cuenta de las cosas, todavía en julio del 75 hacía declaraciones de corte liberal, como si aún estuviera a tiempo de algo: «Concibo la monarquía como garantía de los derechos del hombre y sus libertades…». Cuando las hizo, se le prohibió poner los pies en España, y Juan Carlos tuvo que pedir disculpas, deplorando sus palabras, ante Franco, que le dijo: «No se preocupe. Otras veces hemos superado circunstancias parecidas». El príncipe, emocionado, le abrazó efusivamente.

SURESNES Y OTROS DESMANES DE LA OPOSICIÓN

Más inquietante todavía que la muerte de Carrero, que al fin y al cabo resultó sustituible, fue para el Régimen el estallido de la Revolución de los Claveles, en abril del 74, en el vecino Estado portugués. Y no sólo para los españoles residentes allí, que vieron como los radicales incendiaban la residencia del embajador. Aquello podía resultar contagioso.

Luego la cosa no resultó para tanto. Los principios revolucionarios iniciales fueron traicionados y, poco a poco, se fue calmando y retrocediendo la situación hasta situarse dentro de los parámetros de las democracias europeas. En la comunidad de exiliados aristocráticos de Estoril, algunos habían huido al extranjero a toda velocidad, preocupados sobre todo por sus propiedades. Pero otros no sólo se quedaron sino que aprovecharon la situación para comprar barato a los que salían corriendo. Como el duque de Braganza, pretendiente a la corona lusa, que se hizo con una finca y un palacio romántico en Sintra que hoy valen 30 veces más de lo que le costaron. Don Juan también se quedó y, muy digno, dijo: «Le debo tanto a Portugal, que prefiero la inseguridad y el riesgo antes que dañarle en lo más mínimo». En realidad Mário Soares le había garantizado la seguridad de Villa Giralda y sus ocupantes.

Pero aunque no hubiera tenido un éxito rotundo, la Revolución de los Claveles significaba un muy mal precedente, y una situación nueva que había que aprender a controlar. Ya un mes después del estallido, la Comisión Trilateral se reunió para estudiar medidas políticas que evitasen el acceso al gobierno por vía electoral-parlamentaria de la izquierda, en Portugal y en los distintos países en peligro, entre ellos España, que se preveía convertida en «democrática» en un futuro muy próximo. La Trilateral era —y es— un consorcio de empresas transnacionales y de bancos, una especie de gobierno mundial en la sombra, impulsado desde el grupo económico Rockefeller e íntimamente ligado al club Bilderberg. Primero tuvo éxito dirigiendo el mundo de manera informal, pero luego, en octubre de 1973, instituyó una organización formal, la «Trilateral Commission». Representa la mayor concentración de riqueza y de poder económico que se haya reunido jamás en la historia, y tiene tres oficinas principales —en Nueva York (núcleo de la zona de América del Norte), París (para la Europa Occidental) y Tokio (para el área asiática)—, y de ahí su nombre.

Las conclusiones fundamentales de su reunión de 1974 se recogieron en un informe, que coincide inequívocamente con los distintos pasos que se fueron siguiendo en España en los últimos años de la dictadura y primeros de la Transición. Entre las medidas que proponían estaba, por ejemplo, la de suprimir las leyes que prohibían la financiación por las grandes empresas de los partidos políticos. En general, de lo que se trataba era de no dejar al azar el funcionamiento democrático, y establecer una especie de Pacto Atlántico en el terreno ideológico que contuviera la excesiva voluntad de cambio de los países. Los partidos debían depender de sus «inversores capitalistas» y transformarse en una subespecie de empresa con plantilla de producción política según el «mercado». La financiación ilegal y la corrupción no son más que parte de la mecánica, puesta al descubierto posteriormente.

En España, en una primera fase, antes de la muerte de Franco, resultó fundamental el apoyo político y financiero de organizaciones centradas en la República Federal Alemana (las internacionales Demócrata-Cristiana, Socialdemócrata y Liberal), para la recreación de los partidos que habían de ostentar el poder años más tarde. En julio de 1974, se convocó en Suresnes (Francia), con toda urgencia y con la financiación del partido en el gobierno de la RFA, un cónclave de jóvenes escindidos dos años antes del tronco del PSOE, que situó a su cabeza al equipo de Felipe González, los socialdemócratas de la baza norteamericana disfrazados de izquierdas. Y los colaboradores de Juan Carlos intensificaron los contactos con la oposición controlable.

José Joaquín Puig de la Bellacasa, que justo antes de entrar al servicio de Juan Carlos había estado en la embajada de Londres con Fraga, se encargó fundamentalmente de ayudar al príncipe a mantener contacto con la prensa, sobre todo con la extranjera, y con algunos políticos de la oposición. Había sido miembro fundador de un grupo que se llamaba la Asociación Española de Cooperación Europea y que reunía a monárquicos democristianos y liberales (como Íñigo Cavero, Fernando Álvarez de Miranda y Leopoldo Calvo Sotelo), y se ocupó en especial de este sector. Pero también llevó a La Zarzuela a gente como Fernando Morán, José Pedro Pérez Llorca, Manuel Villar Arregui, Jordi Pujol y algunos nacionalistas vascos de derechas.

Otro de los colaboradores de Juan Carlos, Nicolás Franco Pascual de Pobil, el sobrino del dictador, se encargó de hacer otra lista con las cincuenta personas que consideraba de mayor peso en el arco político y social del país, desde la derecha establecida en el poder hasta la izquierda que se refugiaba en la clandestinidad. Y se dedicó a entrevistar, uno por uno, a quienes había apuntado. Lo que al juancarlismo le interesaba saber, con la mayor exactitud posible, era el grado de flexibilidad política en la España que Franco traspasaba a Juan Carlos. Querían tener controlado hasta dónde iban a ser capaces de sacrificarse, tanto los que estaban en el poder como los que estaban en la oposición, para lograr el consenso de una reforma pacífica.

A finales de 1974 tuvieron lugar sus encuentros con Santiago Carrillo y con Felipe González. No era algo que se hiciera en absoluto a espaldas de Franco. De hecho, prácticamente se anunció en la prensa. En abril de 1975 la revista Cambio 16 publicó una entrevista con el sobrino del dictador, y su foto en portada, en la que se declaraba «demócrata». Entre otras cosas, decía que era «urgente dar voz legal y voto correspondiente a la izquierda», y añadía: «No tiene por qué haber presos políticos. Es absurdo seguir pensando en la existencia de delitos de opinión». Y todo esto sin escándalo alguno, después de que el entrevistado leyese las galeradas enviadas por la revista y lo comentase con Franco.

Con Santiago Carrillo ya habían existido algunos intentos de contacto previos, antes del de Nicolás Franco. En una rocambolesca operación, Juan Carlos había enviado a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal a Rumanía, para solicitar la mediación del presidente Ceaucescu, al que el príncipe había conocido en las fiestas conmemorativas del Sha de Irán en Persépolis. Nada más poner los pies en Bucarest, a pesar de la carta de presentación que llevaba, Prado no pudo evitar que lo encerraran durante dos días. Cuando aclaró su situación, fue recibido por Ceaucescu, pero la enrevesada gestión sirvió más bien de poco. El presidente rumano intentó organizar una entrevista entre Carrillo y el general Díez Alegría, que al final no pudo llevarse a efecto y además le costó el puesto al entonces jefe del Alto Estado Mayor del ejército.

La aproximación del sobrino de Franco en el otoño del 74 salió mucho mejor. Viajó personalmente a París para reunirse con el líder del PCE, y comieron juntos en el Vert Galant con el beneplácito del Régimen. El PCE era el partido más importante de la oposición y se pensaba que su legalización evitaría que el PSOE aglutinase a toda la izquierda. El representante del príncipe sacó una «impresión positiva y constructiva de la reunión». De hecho, Carrillo comprometió al PCE en no mover ni un dedo hasta que Juan Carlos fuera coronado rey, y en reconocer la monarquía a cambio de la legalización de su partido. No se podía pedir más.

Al poco tiempo Nicolás se entrevistó con Felipe González en Madrid, en una cena en casa de José Mario Armero, en Pozuelo. De esta entrevista salió todavía más contento. El Partido Socialista giraba hacia el electorado socialdemócrata, para lo que asumía que tendría que abandonar una serie de dogmatismos inflexibles. Todo iba saliendo tan bien, de acuerdo con las directrices marcadas desde la Trilateral y Estados Unidos, que prácticamente parecía que hubiera telepatía. Tras entrevistarse en Madrid con Juan Carlos, en mayo del 75, un colaborador del presidente Ford declaraba a Le Monde: «La transición gubernamental en España se efectuará en el transcurso de los próximos cinco años». En septiembre, Felipe González decía al diario sueco Dagens Nyheter: «Espero la instauración de la democracia en España de aquí a cinco años». Eso sí, hasta 1976 —para algunos detalles como el tema de la OTAN todavía más tiempo—, tanto Carrillo como González postularían en público exigencias en contradicción con los compromisos que ya habían adquirido en nombre de sus partidos, aún secretos incluso para su propia militancia de base. Que siguieran hablando de la formación de un gobierno provisional, la amnistía, las libertades, el referéndum sobre monarquía o república… era sólo una cuestión de imagen, teatro para las masas.

EL ÚLTIMO OBSTÁCULO BORBÓNICO

«Si dos tetas valen más que una carreta, imagínate seis tetas a la vez… Vamos a ver qué pasa», dijo Juan Carlos a más de uno en su despacho de La Zarzuela, cuando vio que al equipo del «búnker» de El Pardo se alistaba pisando fuerte María del Carmen Martínez-Bordiú, la nietísima, tras su boda con Alfonso de Borbón y Dampierre. La boda de su madre ya había incorporado a una pieza de artillería, el marqués de Villaverde. Pero el Dampierre era más peligroso que ningún otro. El hijo de Jaime, el hermano mayor de Don Juan, era el favorito de los falangistas para suceder a Franco desde hacía años; y aunque no era fácil que el dictador pudiera echarse atrás del nombramiento de Juan Carlos, la cosa tenía su peligro. El príncipe pudo percibirlo con toda claridad cuando, después de la ceremonia nupcial, celebrada el 8 de marzo de 1972 en la capilla de El Pardo, Carmen Polo, señora de Franco, se inclinó reverencialmente ante su nieta como si fuera una reina. Otro detalle que no le gustó nada fue que el infante don Jaime regalara al dictador un Toisón de Oro, asumiendo el papel de jefe de las Casa de Borbón; y mucho menos que Franco lo aceptara —aunque jamás hizo uso de él—, después de haber rechazado el que le había ofrecido su padre 10 años antes.

Poco tiempo después, en el mes de junio, cuando coincidieron en Estocolmo, Alfonso le dijo a López Rodó: «Reconozco la instauración del 22 de julio y a mi primo en tanto respete los Principios Fundamentales. Si no los respetara, dejaría de reconocerle». El exministro del Opus tuvo que informar a Juan Carlos de esto y, poco después, en octubre, de que su primo había pedido a Franco que le nombrase príncipe. Al parecer, Carrero había defendido el asunto como mejor había podido, diciéndole a su Caudillo que eso sólo debía hacerse a petición de Juan Carlos. Y Franco no vio el problema por ninguna parte: le dijo a Carrero que redactara el borrador de la solicitud para que lo firmara su sucesor inmediatamente. Fue un mal trago para el príncipe, que quería seguir ostentando el título en solitario. Si oficialmente existían dos príncipes, era como si existieran dos sucesores. Era ponérselo demasiado fácil al Dampierre. Pero no podía enfrentarse a Franco. Aquello era una encerrona.

Para solucionarlo, Juan Carlos fue a ver al Generalísimo el 20 de noviembre, tras el funeral por Primo de Rivera en el Valle de los Caídos. Pero no se atrevió a decírselo cara a cara y le entregó «una nota», que le habían preparado sus colaboradores con mucho tino, «negociando» una salida al conflicto. Argumentaba que la coincidencia de títulos produciría confusión y que además aquello de «Príncipe de Borbón» (que era lo que Alfonso había sugerido), sonaba «muy francés». Proponía como compensación que se le concediera el tratamiento de Alteza Real y el título de duque de Cádiz. Y Franco aceptó, lo que supuso una gran victoria moral para Juan Carlos. El 22 de noviembre, coincidiendo con el nacimiento del primer biznieto del Caudillo, que lo era también de Alfonso XIII, dictó un decreto por el que, «a petición de su Alteza Real el Príncipe de España», concedía a Alfonso de Borbón y Dampierre las dos distinciones propuestas.

El último obstáculo borbónico parecía felizmente superado. Mientras vivió, Franco nunca dejó ver que dudase lo más mínimo de la decisión que había tomado en 1969. De hecho, no se preocupó por atender a su casi consuegro, el infante don Jaime, durante los últimos años de su vida, en los que, siempre escaso de dinero, incluso tuvo que dejar su casa en Rueil-Malmaison por no poder pagar el alquiler. Al Caudillo no le caía bien. Después de haberse divorciado de Manuela Dampierre, se le había ocurrido casarse (un matrimonio no reconocido por el Estado español) con Carlota Tiedemann, una prusiana alcohólica, cantante de cabaret. En marzo de 1975, en París, en el curso de una violenta discusión con Carlota, Jaime se cayó hiriéndose en la cabeza. Murió al cabo de unos días, el 22, tras ser trasladado al hospital de Saint-Gall, en Suiza.

Fue a la muerte de don Jaime cuando Alfonso de Borbón y Dampierre asumió que él era a partir de entonces el Jefe de la Casa de Borbón. Aunque hubiera reconocido la renuncia de su padre al trono, que no era el caso, eso no tendría por qué haber supuesto una renuncia implícita también a este otro honor, que le correspondía como el primogénito de Alfonso XIII. Como una cosa era Franco y otra cosa era el «búnker», él y su familia política continuaron intrigando para desplazar a Juan Carlos en los escasos meses que le quedaban al ya decrépito dictador en su último otoño. Y como ya estaba tan enfermo que se pasaba inconsciente la mayor parte del tiempo, Juan Carlos volvió a temer por su suerte, ante la posibilidad de que el aparato de El Pardo o los falangistas diesen un golpe de timón de última hora.

«¿Qué está pasando con el duque de Cádiz?», pedía consejo el príncipe al doctor Pozuelo, sin saber qué hacer. Y el médico de los de El Pardo le sugirió sobre todo que tratase con cariño al dictador. «Dígale que le quiere más que a su padre, porque su padre quiere quitarle el reino y él, en cambio, quiere dárselo». Y también, mientras Sofía asentía con la cabeza: «Juegue usted mejor sus cartas, Alteza. ¿No se da cuenta de que los hijos del duque de Cádiz se pasan aquí todo el día llamándole abu, abu, sin parar? Yo le recomiendo que venga usted todos los días, aunque sea un rato, y que traiga a sus hijos para que estén con él, para que sienta el afecto que le tenéis». Obediente, Juan Carlos aumentó la frecuencia de sus visitas al Caudillo con los niños, y dejó para la historia escenas entrañables de toda la familia unida acudiendo al Pazo de Meirás a ver al «abuelito». Cuando hubo de librar la última y decisiva batalla, venció sin mayores problemas a su primo.

Como si realmente hubiera alcanzado la corona de Francia, que era otra de sus pretensiones como Borbón —luego heredada por su hijo Luis Alfonso, también como pretensión—, Alfonso de Borbón y Dampierre tuvo el honor de morir decapitado, por un cable que se interpuso en su camino, mientras esquiaba en Beaver Creek, Colorado, el 30 de enero de 1989.

REY INTERINO

Antes de que Franco acabase de morir, cosa que le llevó varios meses de agonía, el príncipe tuvo ocasión de ocupar interinamente el puesto de rey durante algún tiempo, y así probarse a sí mismo, y a todos los españoles, de lo que era capaz.

La primera vez fue en julio de 1974, cuando el Caudillo cayó enfermo con una flebitis en la pierna derecha y tuvo que ser ingresado. Ya veía venir la parca, y empezó a decir: «Esto es el principio del fin». Llamó al presidente Arias y mandó que fuese preparando el Decreto de Traspaso de Poderes para aplicar el artículo 9 de la Ley Orgánica… «por si acaso».

Ya antes de que se hiciera tal trámite, el 18 de julio, Juan Carlos le sustituyó presidiendo en La Granja la recepción que Franco solía ofrecer todos los años para conmemorar tan importante fecha golpista, y que ese año contaba entre las atracciones con un montaje sobre la vida de Boccherini en la corte de los Borbón, escrito por Antonio Gala para la ocasión.

En los días siguientes Franco no mejoraba. Y Juan Carlos, probablemente aconsejado por quien mejor sabía, estaba reacio a asumir la interinidad. «Contentaos con esperar», le decían los de su entorno, y movieron todos los hilos para intentar retrasarlo lo máximo posible. Se preparaban para algo más importante, que era aprovechar la enfermedad del Caudillo para proclamar directamente rey a Juan Carlos, y que fuese rey del todo, un rey con las manos libres. Pío Cabanillas, ministro entonces de Información y Turismo, fue uno de los que participó en tal contubernio, y el cabeza de turco que pagó la maniobra monárquica con su cargo, del que sería cesado en octubre.

Juan Carlos iba a ver al Caudillo todos los días al hospital, y le decía amablemente que su enfermedad no era lo suficientemente grave como para justificar el traspaso de poderes. Pero no pudo ser. Un día Franco fue víctima de una fuerte hemorragia y los médicos que le cuidaban se mostraron muy pesimistas. Había que actuar ya. Y el príncipe decidió, el 20 de julio de 1974, asumir la jefatura del Estado, aunque tuviera que ser de manera interina. «¡Vaya, buen servicio que has hecho a ese niñato de Juan Carlos!», le dijo cabreado Villaverde al doctor Gil cuando se enteró. Todo el «búnker» estaba que mordía.

Ese mismo día el príncipe realizó el primer acto oficial de su mandato interino: la firma de una declaración conjunta para la prórroga del tratado de ayuda mutua con Estados Unidos. Y su cargo ya no dio para mucho más. Nunca le gustó renunciar a sus vacaciones y no se iba a perder su veraneo en Mallorca sólo porque era Jefe del Estado en funciones. Franco salió del hospital el 30 de julio y regresó a El Pardo, a donde Juan Carlos fue en visita relámpago desde las islas Baleares para presidir un consejo de Ministros el 8 de agosto. Luego, a mediados de mes, Franco se reunió con su familia en el Pazo de Meirás para pasar allí su convalecencia. Y otra vez tuvo que ir volando Juan Carlos, esta vez un poco más lejos, a Galicia, para presidir otro consejo el día 30. En su visita encontró al Caudillo francamente recuperado, paseando por el jardín, pero sólo consiguió que le dijera: «Alteza, creedme, lo estáis haciendo muy bien. Continuad». Aquella misma noche el príncipe tomó el avión hacia Palma de Mallorca.

Pero Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués Villaverde, y que además de marqués era doctor, había formado un equipo de médicos muy bien escogidos para garantizar la inmediata curación del Caudillo a cualquier precio. No tardaron en conseguirlo. Menos de 50 días (43 para ser exactos), fue lo que le duró el cargo al rey interino, antes de que el aparato de El Pardo consiguiera que diesen de alta a Franco y éste llamase de nuevo a Arias para anunciarle: «Arias, ya estoy curado. Prepara los papeles». La mayor parte del tiempo se lo había pasado Juan Carlos de vacaciones en la playa.

De todos modos, aquello de la recuperación milagrosa de Franco no se lo creyó nadie, ni él mismo. En la primavera del 75 visitó España el general Walters, un peso pesado en la CIA. Se reunió con el Generalísimo y, después de hablar con él un rato de cosas intrascendentes, Franco le preguntó abiertamente: «¿Usted viene para saber qué pasará en España el día que yo muera? Pues voy a decírselo: reinará el príncipe Don Juan Carlos, que es lo establecido, y se hará lo que el pueblo español quiera. De los políticos no me fío». Walters también estuvo con personal de Zarzuela, con Armada en concreto, quien le aseguró que igual que el aparato había funcionado para la interinidad, funcionaría después. Poco después visitó España el presidente Ford. Tan reiteradas visitas de los norteamericanos desvelaban que el fin no podía estar lejos.

Utrera Molina, que era el ministro secretario general del Movimiento, se atrevió un día a decirle a Franco que el príncipe podría no estar «sinceramente identificado» con la continuidad del Régimen. Ante este comentario Franco cambió de color, abrió los ojos desmesuradamente y con patente desagrado exclamó: «Eso no es cierto y es muy grave lo que me dice». Utrera y cualquier otro que hubiera podido albergar alguna duda no tuvieron que esperar mucho para comprobar que era Franco el que llevaba razón. Después del verano de 1975 se celebraron varios consejos de guerra y fueron condenados a pena de muerte once presos políticos. Se indultó a seis, y el 27 de septiembre se cumplió la sentencia de los otros cinco: tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) y dos de ETA. El rechazo internacional fue considerable. Se asaltaron las embajadas españolas por toda Europa, algunas fueron incluso saqueadas, y en el interior varios países retiraron a sus representantes. El primero de octubre, en la plaza de Oriente, después de los fusilamientos, el príncipe apareció junto a Franco en el balcón del Palacio Real. La manifestación, el último acto de masas del franquismo, tenía como objeto mostrar la adhesión al Caudillo para compensarle por las múltiples condenas internacionales que habían provocado los fusilamientos. El dictador habló, ante cientos de miles de personas congregadas, de la subversión comunista y el complot judeo-masónico, la cantinela de los últimos cuarenta años, para terminar diciendo: «Evidentemente, el ser español vuelve a ser una cosa seria en el mundo». Juan Carlos permaneció impasible a su lado mientras la muchedumbre gritaba consignas como «No queremos apertura, sino mano dura», «Muera el comunismo», etc. Mientras lanzaba su soflama, el mismo número que los fusilados, cinco miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, morían en atentado a manos de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

A mediados del mismo mes Franco volvió a caer enfermo. Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, que era jefe de los servicios de cardiología del hospital La Paz, insistió en que no se le trasladara de El Pardo. Allí reunió a un equipo de médicos de su elección para que vigilasen permanentemente su salud, con el material clínico suficiente para montar una UVI e incluso operar si era necesario. El día 17 Juan Carlos llamó a Torcuato Fernández Miranda para decirle: «El viejo está mal. Quiero verte el lunes a las 7:30». Durante esta segunda y definitiva enfermedad, intensificaron los contactos que mantenían desde 1960 de forma más o menos permanente. Torcuato era desde 1973 el candidato de la monarquía para ser el presidente de su primer gobierno. Pero antes de que llegara ese momento, Juan Carlos tendría que asumir una vez más el puesto de Jefe del Estado interino, para resolver un problema que no podía esperar.

La posición española en el Sáhara, una de sus últimas colonias, estaba sentenciada por los organismos internacionales y por la organización política de los saharauis, el Frente Polisario, partido que buscaba la independencia. Pero la oportunidad la iba a aprovechar Marruecos, que quería su anexión al reino alauita. La Haya había dictado ya sentencia sobre el conflicto, reconociendo a los habitantes, bajo control español, el derecho de autodeterminación. Pero España llevaba tiempo retrasando sin motivo el referéndum popular que había prometido para que el pueblo saharaui pudiera decidir por sí mismo. A finales de octubre, el rey Hassan II, aprovechando la situación de vacío de poder, organizó la «Marcha Verde», una especie de invasión civil para ocupar la zona Norte del territorio. Comenzó con la concentración cerca de la frontera de 200.000 personas dispuestas a avanzar en un frente hasta el Aaiún. La «Marcha Verde» comenzaría el 1 de noviembre de 1975. En esa misma fecha, Juan Carlos, después de pensárselo mucho (aunque Franco llevaba ya unos días inconsciente), asumió la jefatura del Estado. El Caudillo, que ya tenía redactada la despedida a los españoles, ni siquiera se enteró de la sustitución en esta ocasión.

Algunos días antes, el príncipe se había reunido en La Zarzuela con los jefes militares, presa del pánico y con la tensión por las nubes, hasta el punto de requerir atención del médico. Fue la princesa Sofía la que dijo: «Los generales deben estar con sus tropas». Y le pidió que le ofreciera como regalo de cumpleaños (que era el 2 de noviembre) el irse al Sáhara. A quien no le gustó nada la idea fue a Mondéjar, aunque Armada intentó explicarle que el riesgo era mínimo. En realidad, ya se había pactado con el rey Hassan II. Y el casi rey, «heroicamente», acabó por aceptar hacer el viaje. En realidad, lo que hizo en su visita relámpago fue el cuento a los militares que estaban destinados en la zona (que ni siquiera habían sido provistos de munición para repeler la invasión): con una conferencia, un desfile, una comida en el casino, ceremonia de condecoraciones, copa con jefes y oficiales… Se organizó una retirada «honorable». Pero el viaje fue considerado todo un éxito, y a la vuelta, al día siguiente sin más tardanza, esperaban en el aeropuerto, para recibirle a bombo y platillo, Milans del Bosch y los mandos de la División Acorazada.

De vuelta en La Zarzuela, recibió una llamada del rey Hassan II. Según la versión oficial, su viaje le había dejado tan impresionado que iba a abortar la «Marcha Verde». La verdad de lo que ocurrió fue que el Estado español evacuó a sus tropas y dejó a los saharauis abandonados a la invasión marroquí y mauritana, lo que no resolvió el conflicto, salvo en lo que correspondía al príncipe, que dio el asunto por zanjado.

Después de esta brillante operación, Juan Carlos continuó con sus visitas diarias a Franco, hasta que murió, el 20 de noviembre de 1975. Poco antes tuvieron una emotiva despedida. El príncipe se acercó a su cabecera y el dictador le cogió la mano, la apretó muy fuerte y le dijo en un suspiro: «Alteza, la única cosa que os pido es que mantengáis la unidad de España».

TERCERA PARTE
En nombre de la Santa Transición

9. Posfranquismo coronado

«¡MUERA EL REY FASCISTA!»

Aparte del tema sagrado de la unidad de España, Franco, con su tan traído y llevado «atado y bien atado», había dejado bien atornillado a Juan Carlos al trono de la jefatura del Estado.

Villaverde y los Franco habían hecho todo lo posible para mantenerlo vivo, obsesionados con que no muriese antes del día 26 y pudiera renovar el mandato de Alejandro Rodríguez Valcárcel, que expiraba ese día, aunque fuera con una mano ya en la tumba. Pero no lo consiguieron. Murió en algún momento, la noche del día 20 de noviembre, aunque oficialmente se retrasó hasta las cinco y media de la mañana para que los operativos militares que tendrían que garantizar el orden público pudieran organizarse. Después de hacerlo oficial, el ya rey de facto llamó a Torcuato Fernández Miranda por teléfono: «Ha muerto. No te muevas de casa».

Al día siguiente Arias Navarro leyó lloroso por televisión la despedida que había dejado preparada el Generalísimo, su testamento político. «Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, Don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado». Y en La Zarzuela se reunieron Juan Carlos y Torcuato con Sofía, Mondéjar y Armada.

Su mayor preocupación era preparar el discurso de coronación, que se celebraría dos días después, rodeada por un fuerte movimiento de oposición desde la izquierda, con cartelería que rezaba: «¡Muera el rey fascista!». Desde la prensa extranjera sus líderes no habían podido menos que seguir el torrente de euforia del pueblo por la muerte del dictador, y hasta Santiago Carrillo y Felipe González todavía mantenían una falsa actitud de oposición a Juan Carlos, con declaraciones como ésta de Carrillo: «[El príncipe es] una marioneta que Franco mueve como quiere, un pobre hombre incapaz de toda dignidad y sentido político, un tontín que está metido hasta el cuello en una aventura que le costará cara. ¿Qué posibilidades tiene? Todo lo más ser rey durante unos meses». Algún tiempo después, cuando en 1976 la periodista que le había entrevistado para El Europeo, Oriana Fallaci, recopiló sus trabajos de esta época en un libro, Carrillo le pidió que esta y otras frases brillantes desaparecieran sin dejar rastro, y la periodista cumplió.

También continuaban existiendo en aquellos momentos sectores de oposición a la monarquía desde la ortodoxia franquista, así como de los estudiantes falangistas del SEU (el sindicato estudiantil del movimiento), que siguió algún tiempo insistiendo en su lema favorito: «¡No queremos reyes idiotas!».

Y en este entorno social, lo único verdaderamente importante era que la celebración del acto se llevara a cabo. Pero todo estaba controlado. El ejército había puesto en marcha inmediatamente la «Operación Lucero», que cubría las cuestiones de orden público y alerta hasta el entierro del Caudillo en el Valle de los Caídos, con los máximos honores, escoltado su cadáver por el flamante nuevo rey. Y luego se aplicó la «Operación Alborada», para la fase de transmisión de poderes, también con medidas para garantizar el orden público, y para organizar un desfile militar y la ceremonia de coronación.

En las Cortes, el discurso de coronación del rey se interrumpió en varias ocasiones con ovaciones. Cuarenta segundos de aplausos con el hemiciclo puesto en pie cuando hizo referencia a Franco. Otros cuarenta segundos en la referencia a Gibraltar. Cuando habló del progreso económico, veinte segundos, y en la mención a su padre apenas una docena procuradores puestos en pie lograron arrancar un aplauso de ocho o diez segundos. En un estilo retórico que iría luego consolidando a lo largo de los años, con estudiada ambigüedad, repartió un poco para todos. Y también habló de la concordia nacional, de la integración de las diversas opiniones, de las libertades. «Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional», decía Torcuato por boca del nuevo monarca. Ahí, en cambio, hubo silencio en el hemiciclo. Todo el mundo como en misa.

Pero en la calle a aquel discurso no se le hizo caso. De hecho fue escuchado con más atención el pronunciado inmediatamente después por Vicente Enrique y Tarancón, cardenal arzobispo de Madrid, en la misa de la coronación, que habló explícitamente de los «derechos humanos» y la «libertad». El del rey no había aclarado nada, y los que albergaban alguna duda sobre lo que iba a pasar tuvieron que esperar a que fuera a Estados Unidos, en junio del 76, donde le prepararon un speech un poco más directo para ser pronunciado en un acto ante el Congreso. Habló entonces de algo así como una reforma «que asegure el acceso ordenado al Poder de las distintas alternativas de Gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados».

Era la primera señal de que iba a haber algo parecido a una democracia. Pero, de todos modos, demostró inmediatamente que no iba a ser lo que normalmente se conoce por un sistema de libertades. Para ilustrar informaciones sobre aquel viaje, la recién aparecida Cambio 16 incluyó un dibujo de Dodot + Ortega (Joaquín Rodríguez Gan y Enrique Ortega), en la discreta página 11, en el que rey aparecía vestido de frac y bailando claqué al estilo de Fred Astaire. Una inocente caricatura sin gran fondo político que, sin embargo, el gobierno presidido por Arias Navarro consideró tremendamente ofensiva. La revista fue secuestrada, se le abrió un expediente, y sólo la presión de los artículos editoriales de publicaciones extranjeras como Le Monde y el Washington Post, entre otros, consiguieron que finalmente desistiese de cerrarla definitivamente.

Con el título de «Rey de España», Juan Carlos asumía además todos los que corresponden a la Corona (más tarde confirmados como legítimos por la Constitución de 1978), que forman lo que tradicionalmente se denomina el «título grande de su majestad», compuesto por: Majestad Católica; Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, de las Islas y tierra firme del Mar Oceánico; archiduque de Austria; duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, de Atenas y de Neopatria; conde de Habsburgo, de Flandes, del Tirol, de Barcelona, de Goceano, y del Rosellón y la Cerdaña; señor de Vizcaya y de Molina; y marqués de Oristán.

Todo esto era Juan Carlos sin que su padre, que ya no se sabía si seguía o no siendo conde de Barcelona, hubiera abdicado. Desde luego, Don Juan no vino a la coronación de su hijo. Continuó viviendo en Estoril y, a partir del 75, cuando viajaba a Madrid por alguna razón, prefería hospedarse en casas de amigos y no en La Zarzuela. Sólo años después, en 1982 se decidió a instalarse definitivamente en España, en una casa en el barrio residencial Puerta de Hierro de la capital, que también llamó Giralda, aunque todavía mantuvo su residencia en Estoril algún tiempo.

REINVENTAR LA MONARQUÍA

Tras la transmisión de poderes, para poder dar los primeros pasos, el equipo del rey seguía necesitando como el aire que respiraba —quizá más que nunca— encuestas y estudios de prospección que le dijeran por dónde podían tirar. Había que reinventar la monarquía para ponerla en marcha. Juan Carlos le explicó a Santiago Carrillo en una ocasión que durante veinte años había tenido que «hacer el idiota, lo que no es fácil». No se refería a que hubiera fingido a propósito ser un mal estudiante ni nada parecido, sino a que se había visto obligado a dar a entender que estaba con el Régimen, y lo cierto es que lo había hecho tan bien que todo el mundo había creído que en verdad era un fascista. Ahora había que rectificar. Pero si, como decía, no le había resultado fácil hacer el idiota, mucho menos iba a ser a estas alturas convencer a España de que no lo era.

No había ninguna certeza de que el pueblo fuera a aceptar sin más ni más la Monarquía. Pero las encuestas no sólo servían para valorar cómo estaba la situación, sino también para modificar las circunstancias. Los reyes tenían que comportarse de acuerdo con los deseos de la opinión pública. Todas sus actividades oficiales y privadas iban a programarse en función de ello. Y para lograrlo, en La Zarzuela contaban con un equipo de sociólogos que trabajaron muy estrechamente con la Secretaría General. En él estuvieron Jorge Miquel, del Instituto Gallup, y Juan Díez Nicolás, que tuvo varias empresas de sondeos de opinión y fue un precursor de estas técnicas aplicadas a la política. Mes a mes se tomaba una muestra para examinar cómo iba evolucionando la valoración de la institución, en función de los acontecimientos de la Transición.

En este contexto tuvo también una especial relevancia GODSA (Gabinete de Orientación y Documentación S. A.). En la Comisión de Estudios, uno de sus departamentos, los técnicos preparaban entre otras cosas informes de temas de interés y entrevistas a políticos para entregar luego a la prensa, sin tener que contar ni con el político ni mucho menos con el periodista que luego la firmaría. Pero la tarea de GODSA no se quedaba en mero «trabajo intelectual». Iba mucho más allá. «GODSA político-militar», como le han llamado algunos, era un invento de Fraga en su época de «la calle es mía» como ministro de la Gobernación. Y su función primordial era luchar, en una especie de continuación de la «Operación Lucero», contra los riesgos que se cernían sobre la monarquía parlamentaria de primera fase: el terrorismo, el separatismo y el republicanismo fundamentalmente. Aglutinaba a un selecto grupo de políticos, juristas e intelectuales; pero, sobre todo, contaba con militares vinculados a los servicios de inteligencia del Alto Estado Mayor y del SECED (entre otros Javier Calderón, que más tarde sería director general del CESID; y José Luis Cortina, mando del CESID implicado en el 23F en 1981). La vida oficial de GODSA fue breve. Cuando se nombró presidente a Suárez, desapareció formalmente, aunque continuó en la práctica, convirtiéndose en el embrión de Reforma Democrática, el primer partido de Fraga, con el que luego se integraría en Alianza Popular. Los militares acabarían la mayoría destinados en el CESID.

Aparte de todos estos apoyos políticos oficiosos, la monarquía de Juan Carlos desarrolló su política oficial en los primeros tiempos a través de un gobierno presidido por Arias Navarro. La «Operación Lolita» del Opus había previsto que fuera Torcuato Fernández Miranda el que ocupase este puesto. Lo necesitaban para poder colocarse ellos en los puestos de poder. Pero fue el propio Torcuato el que lo echó por tierra. El 27 de noviembre ya lo tenía claro. Cuando se reunió con la gente de la Operación, que insistía en que tenía que ser presidente, Torcuato se escudó en el rey: «Yo lo que el rey quiera». Aunque ellos le decían: «Es que el rey hará lo que tú digas». Lo que pasaba era que a Torcuato se le había ocurrido sobre la marcha un plan mucho mejor que la «Operación Lolita», para el que tenía que mantener provisionalmente a Arias. Él sería mientras tanto el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, cuyo puesto quedaba en ese momento vacante. Desde ahí podría maniobrar para poner en marcha su programa de reformas. Después —ya lo veremos—, haría todo lo posible para sustituir a Arias por algo más que un hombre de confianza suyo: por alguien dispuesto a seguir sus instrucciones. De este modo, él lo controlaba todo, y no necesitaba a nadie más de su antiguo equipo.

Como, en efecto, Juan Carlos hacía lo que Torcuato le decía, Carlos Arias mantuvo su puesto y Torcuato Fernández Miranda accedió a lo que quería el día 2 de diciembre de 1975. En el acto de toma de posesión del nuevo gobierno, Carlos Arias afirmó que seguía «perseverando en el Espíritu del 12 de febrero». Pero el organismo que iba a llevar la iniciativa sería el constituido el 31 de enero del 76, una comisión mixta del gobierno y el Consejo del Reino de Torcuato. El cometido de esta comisión era estudiar propuestas sobre el programa de reformas, y las bases para la modificación de las Leyes Fundamentales. En ella comenzaron a trabajar sobre los trabalenguas de la Transición: «los principios fundamentales del Movimiento son inmutables pero no irreformables», «hay que hacer la reforma sin reformar los principios», «una reforma dentro de la continuidad», «una reforma sin aire revisionista», etcétera.

Lo importante era calcular cómo impedir que la derecha perdiera nunca el poder. Y las dificultades se materializaban en problemas de orden público, en una oleada sin tregua del movimiento obrero y la oposición de izquierdas por hacerse oír, que había comenzado el 6 de enero con una huelga en el Metro de Madrid; y continuado el 12 con otra, esta vez general, también en Madrid, con más de 100.000 personas secundando el paro (del metal, funcionarios de Correos, empleados de Telefónica…). En general, las reivindicaciones consistían en la petición de aumentos salariales, 30 días de vacaciones al año, jornada laboral de 40 horas… Las asambleas se celebraban con frecuencia en iglesias. El sindicato vertical de Franco había saltado hecho añicos y se había puesto de manifiesto que existía un sindicalismo paralelo perfectamente organizado, con claros objetivos políticos, no sólo laborales.

La idea de la evolución del sistema de Torcuato, era que había que «integrar» a la izquierda sin potenciarla. Y calculaba que sólo se integraría si se sabía débil. El mecanismo para llegar a una cosa después de la otra, era la represión pura y dura. El 6 de febrero se dictó la Ley Antiterrorista. El 3 de marzo, la policía abrió fuego contra una manifestación obrera en Vitoria, matando a cuatro manifestantes e hiriendo a muchos otros.

Estaba precisamente Adolfo Suárez como ministro interino de la Gobernación en aquel momento, sustituyendo a Fraga, de viaje en Alemania. Alrededor de las 5 de la tarde se había celebrado una gigantesca asamblea de huelguistas en una parroquia en las afueras de Vitoria. La policía lanzó botes de humo en el interior de la iglesia para forzar la salida. Pero fuera también había manifestantes, concentrados en gran número. La policía no dudó en hacer uso de armas de fuego contra ellos. Aun así, tuvieron que pedir contingentes de refuerzo a Burgos, Logroño, Donostia e Iruña para «apaciguar» la situación. El 5 de marzo se celebraba en Vitoria el funeral por los muertos, con una nueva manifestación masiva. El rey siguió todos los acontecimientos de cerca: «Noche dura la de anteayer, Alfonso. ¿Estuvo Suárez tan bien como dicen?», le preguntó a Alfonso Osorio, quien naturalmente le confirmó que el ministro interino había estado estupendo. Por primera vez el rey fijó su mirada en Suárez.

Por su parte la oposición de izquierdas seguía luchando por la ruptura. Aunque tanto los líderes del PCE como los del PSOE, entre otros, habían pactado ya con la corona una especie de rendición a cambio de ciertas cotas de poder, todavía no habían podido controlar a su militancia de base, que nada sabía de las conversaciones secretas ni de los compromisos que habían adquirido. Haciendo un paripé indecente, se sumaron a los demás en la Coordinación Democrática, más conocida como «Platajunta». La coordinadora unía en una sola organización la Junta Democrática (en la que estaban el PCE y otros partidos, la mayoría a su izquierda), y la Plataforma de Convergencia Democrática (con el PSOE como epicentro). El 29 de marzo se reunieron en el despacho de Antonio García Trevijano, apasionado impulsor de la Platajunta, representantes de todos los grupos: Comisiones Obreras, Movimiento Comunista, Partido Carlista, Partido Comunista, Partido Socialista Demócrata, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Partido del Trabajo y Unión General de Trabajadores. Y al finalizar entregaron a la prensa un documento que se podría resumir en una idea básica: «Coordinación Democrática se opone a la continuidad del régimen». Solicitaba la inmediata liberación de los presos y detenidos políticos, sin exclusión, el retorno de los exiliados, plena libertad sindical, derechos y libertades políticas de las distintas nacionalidades, apertura de un periodo constituyente… Y el manifiesto lo firmaron todos los grupos asistentes, excepto los democristianos de Joaquín Ruiz-Giménez.

La policía hizo acto de presencia en el despacho de Trevijano y detuvo allí mismo a los reunidos. Pero no todos recibieron el mismo trato. Raúl Morodo y Javier Solana (el de la OTAN), por ejemplo, dos de los detenidos aquel día, tuvieron buenos padrinos para conseguir salir a la calle de inmediato. Íñigo Cavero, Fernando Álvarez de Miranda y otros ministros se interesaron por ellos, y fueron puestos en libertad. Quedaron detenidos en cambio Marcelino Camacho, Nazario Aguado, José Álvarez Dorronsoro y Antonio García Trevijano. Trevijano, Tono para sus amigos, había acertado cuando en aquella ocasión, hacía ya más de 10 años, se lo había adelantado al entonces príncipe Juan Carlos. El primer gobierno del rey lo había llevado a prisión en sólo cuatro meses desde la coronación. Juan Carlos, compungido, le mandó un recado a Carabanchel a través de un emisario: «¡Hay que ver, Tono, que estoy de rey y no puedo hacer nada!».

El 4 de abril se intentó en Madrid una manifestación pro amnistía, que Fraga prohibió terminantemente. Aun así salió a la calle y, sorprendentemente, el PCE fue uno de los grupos convocantes. Claro que eso facilitó a la policía la detención de los comunistas que consideraba más peligrosos, con la idea de dejarlos encerrados al menos hasta el 1 de mayo, en previsión de las movilizaciones que se podrían organizar ese día. De este modo consiguieron que el día de los trabajadores se registrara una «baja conflictividad», en gran medida gracias al PCE, que buscaba la respetabilidad para incorporarse de pleno en la transición pactada.

En el ámbito del nacionalismo vasco, sin embargo, los problemas no remitían. El 5 de abril se produjo una fuga masiva de presos políticos de la cárcel de Segovia. Aunque la mayor parte fueron detenidos al día siguiente, la reacción represiva no se hizo esperar. El día 18 la policía abatía a tiros a dos militantes de ETA, el 25 a uno más y, en menos de 40 días, se produjeron 140 detenciones.

Otro acontecimiento importante en este periodo fue el de Montejurra, el 9 de mayo, también con Suárez de ministro interino (de nuevo sustituyendo a Fraga, esta vez en Venezuela). Se trataba de un acto de un sector de los carlistas, los de Carlos Hugo, que apoyaban la ruptura desde una postura nacionalista. El suceso se quiso presentar como un enfrentamiento entre ésta y otra sección carlistas, la que apoyaba a otro Borbón, Sixto. Pero en realidad eran miembros de la ultraderecha los que, apostados en una ladera, dispararon sobre la multitud que ascendía hacia el monasterio de Iratxe, ya cerca de la cumbre de Montejurra. Hubo un muerto y varios heridos, pero José Luis Marín García-Verde, más conocido como «el hombre de la gabardina», que fue fotografiado allí mismo con la pistola en la mano, nunca fue juzgado. Hoy vive como jubilado en Huelva. Fue una llamada de atención a los que se querían salir del redil, del camino que iba marcando la Transición. Y el modo en que se resolvió —aunque la sangre hubiese llegado al río— fue considerado un mérito más para que Suárez apuntase en su historial de pacifista y neutralizador de histerias vengativas, cara un futuro ascenso que no tardaría en llegar.

EL PROBLEMA CON ARIAS

El 26 de enero de 1976 se había prorrogado la legislatura de las Cortes hasta el 30 de junio del 77. No había entonces prisas todavía por hacer cambios, tampoco en el gobierno de Arias. Los primeros meses de Arias eran útiles porque permitían ganar tiempo sin crear excesivas tensiones, e hicieron posible desplegar los mecanismos necesarios para el control de las instituciones. En el gabinete de Arias estaban representados los que se consideraba «reformistas», como Manuel Fraga y Antonio Garrigues Díaz-Cañabate; Alfonso Osorio y José María de Areilza eran además monárquicos; y también hombres fieles a los Principios del Movimiento, como Adolfo Suárez, que era su secretario general.

Suárez era ya en aquel momento, además, un hombre de Torcuato Fernández Miranda; y jugaba en su favor, manteniéndole al tanto de todo lo que pasaba en el seno del Gobierno, de los comentarios y actitudes de Arias. Gracias a él, en La Zarzuela tenían noticia puntual de todas las frases fuera de tono que pronunciaba el presidente, como aquella de «el rey no dice más que tonterías». Arias, un franquista recalcitrante de la Falange, ascendido gracias al apoyo del «búnker» de El Pardo, no podía evitar despreciar al nuevo monarca. Le gustaba «escarmentar al Borbón», como él decía. Un día le dijo a Rodríguez Valcárcel, uno de los suyos, cuando todavía era presidente de las cortes (el cargo que luego ocuparía Torcuato): «Yo con un niño no sé hablar más allá de diez minutos. Después no sé qué decirle y me aburro. Algo así me pasa con el rey».

Con esta actitud, las relaciones del rey y Arias se fueron deteriorando a pasos agigantados en los primeros meses de la monarquía. El presidente tenía una irritación cada vez más agresiva contra Juan Carlos. «Estoy atornillado en este sillón por ley, y contra esto nada puede el rey», le dijo a más de un ministro, cuando se empezó a hablar de su dimisión.

Exigírsela, que era una manera más fina de cesarlo, era una sugerencia de Torcuato cada vez más insistente. Pero nadie más la aconsejaba. Juan Carlos se desahogaba de sus desmanes en las reuniones que mantenía con sus colaboradores, Mondéjar y Armada, en La Zarzuela, a las que también asistía la reina. Todos intentaban calmar su desesperación. Pero la Casa se oponía a que lo cesara, y Armada en concreto le dijo: «Torcuato será un gran profesor, pero de político nada. Como político es incapaz». En una de aquellas reuniones, a la reina Sofía se le ocurrió meter baza en alguna cuestión que sacó de quicio al monarca, y sus gritos resonaron de tal modo que ella tuvo que salir corriendo, llorando a moco tendido. Luego él fue detrás de ella a pedirle disculpas y, cuando se lo contó a Torcuato, le echó la culpa a la tensión que le provocaban los conflictos con Arias: «Lo que más me irrita es que pienso que Arias me puede. Y esto, cojones, no es así, tú lo sabes».

La actitud un tanto chulesca de Carlos Arias con el rey, asegurándole cada dos por tres «sin mí el poder estaría arrojado a la calle», arrancaba de un famoso incidente que se había producido en los días anteriores a la muerte de Franco, cuando uno era presidente y el otro jefe del Estado interino. Se habían enfrentado por un conflicto de poderes: «Tú no me informas de lo que haces», «yo soy el que tengo que informar a Franco y no tú», etc., etc., etc. Y acabó con Arias poniendo su dimisión sobre la mesa, y con Juan Carlos literalmente «acojonado» con lo que aquello podía suponer. El todavía príncipe pidió perdón a Arias, le rogó que no presentara la dimisión, envió al marqués de Mondéjar a darle explicaciones, suplicó… Y, claro, Arias no sólo no se fue, sino que quedó reforzado en su puesto, convencido de que a aquel «niñato» lo tenía perfectamente controlado.

Algunas versiones van más allá y sostienen que Arias tenía una baza más para asegurarse en el cargo, que hacía que Juan Carlos se sintiera amenazado: unas cintas magnetofónicas con conversaciones grabadas de cuando Juan Carlos era príncipe, al parecer, con comentarios y juicios tremendos sobre Franco, sobre Don Juan… que serían un verdadero Watergate a la española.

En sus conversaciones con Torcuato, su viejo profesor, el rey confesaba: «He usado toda mi cordialidad y tengo que decir que es contraproducente. La verdad es que no sé cómo tratar a Arias… No me deja hablar, no quiere o no sabe escuchar y me da la sensación de que no necesita contar conmigo; es como si creyera que está absolutamente seguro, que es presidente por cinco años, que yo no puedo más que mantenerle…». Estaba desesperado.

Pero no se podía reducir todo a un mero problema personal, a una incompatibilidad de caracteres. En el trasfondo estaban las visitas constantes de los embajadores de Estados Unidos y de la República Federal Alemana a Torcuato Fernández Miranda, en los últimos meses del 75 y primeros del 76. La vía de la represión para controlar a la oposición no era suficiente. Había que tomar otras medidas más políticas. Sobre todo a partir de la formación de la «Platajunta», comenzaron a darle vueltas a la idea de crear un partido gubernamental. Era imprescindible de cara a una futura legalización de otros partidos. Pero Arias no les valía para ese proyecto. Había que librarse de él.

Madurando aquella idea del partido gubernamental, y otras sugerencias para la reforma política tomadas de los informes de la Trilateral, por iniciativa de la Casa Real se celebró el 4 de mayo una reunión con las figuras más destacadas del mundo financiero. Las gestiones para la organización las hicieron, como hombres del rey, Camilo Mira y Miguel Primo de Rivera; y, como miembros del gobierno, fueron Alfonso Osorio y Adolfo Suárez. La reunión y cena, para hablar de la reforma política, una «reforma sin riesgo», se celebró en casa de Ignacio Coca. Los financieros eran Pablo Garnica, Juan Herrera, Arne Jessen, Emilio Botín, Jaime Carvajal, Ignacio Herrero, Jaime Castell, Alfonso Fierro, Pedro Gamero, Carlos March… Se comentó sobre todo que la multiplicidad de partidos políticos podía tener graves consecuencias en el futuro. Y Osorio les rogó que sólo prestasen apoyo financiero a los que se agrupasen en partidos más amplios, tendiendo hacia el bipartidismo. Así les resultaría más fácil a ellos negociar la conformación del partido gubernamental, de derechas, que querían; y forzarían a la izquierda a unirse en torno a los líderes que ya tenían de mano, en especial Felipe González. Esta segunda parte no dejó muy convencidos a los banqueros. Hablaron de cómo el marxismo podía infectar la vida política. Aunque Jaime Carvajal apuntó que la identificación socialismo-marxismo no era exacta, Pablo Garnica dijo: «Eso es lo mismo que decir que como tu tía no tiene trole, no es un tranvía».

No se puede decir que aquella reunión sirviera para mucho más que para sentar unas bases mínimas de actuación. Pero era un comienzo. Lo siguiente seguía siendo conseguir la dimisión de Arias, que nunca podría haber sido un líder de la derecha capaz de vencer en las urnas. Y avanzar en el proyecto de un partido gubernamental.

Torcuato insistía cada vez más ante el rey, pero Juan Carlos no podía: «No sé cómo hacerlo. Continuamente dice que él es el presidente porque así lo quiso el Caudillo, que él pensó dejarlo y que yo he sido quien le ha comprometido en una tarea que ahora ha de concluir… y que él no dimite, que si lo creo conveniente que le dé el cese… Todo esto me cabrea». La cuestión era saber si se podía, en un momento tan delicado, meter al Consejo del Reino en una decisión así. Armada decía que sería un error muy grave, que más complicaría que resolvería las cosas. El rey, dominado por una irritación creciente, no dormía, tenía la tensión por las nubes…

En abril, Arias continuaba hablando por televisión, que era su foro favorito para dirigirse directamente al pueblo, para decir: «Estamos en el camino de la reforma». ¿Qué hacer? La solución acabó llegando de Estados Unidos. Tras su viaje oficial a este país, iniciado a finales de mayo, el rey volvió reconfortado; y con la decisión tomada del cese de Arias, dispuesto a enfrentarse a las consecuencias que pudiera haber. Además, ya traía parte del trabajo hecho. En una entrevista concedida al Newsweek, calificó a Arias de «an unmitigated disaster» (un desastre sin paliativos). Era el primer paso para forzar su dimisión.

En total, Arias duró siete meses en el cargo. La escena del cese en el Palacio de Oriente fue muy violenta. Llegaron a forcejear físicamente cogiéndose de la solapa. Pero oficialmente fue una dimisión, firmada el 1 de julio del 76 por el propio Arias. Al día siguiente, como compensación, el rey le otorgó por decreto el título de marqués con Grandeza de España; un envoltorio para sacarle de la política y aparcarlo en el museo de cera de la historia del ascenso al poder del propio rey. Allí se iban acumulando juanistas encabezados por su propio padre, y se había inaugurado la temporada de los falangistas.

Desde febrero Torcuato y el rey ya habían empezado a pensar en su sucesor. Los nombres que más sonaban eran los de Manuel Fraga y José María de Areilza, ambos políticos competentes del régimen y comprometidos en los nuevos planes de reforma. Pero a Fernández Miranda no le gustaban. Fraga tenía sus propios recursos de poder, y para Torcuato era más un adversario político que un candidato posible. Areilza también tenía su personalidad e ideas propias. Nunca hubiera sido un segundo de Torcuato. La condición fundamental que según Fernández Miranda debía cumplir el nuevo presidente, era la de ser un leal servidor de un proyecto ajeno —el suyo—, alguien «disponible», y «abierto a las ideas directivas», en sus propias palabras. Incluso sugirió al rey que deberían de hacer con él —fuera quien fuese— un pacto, un acuerdo formal mediante el cual el presidente del Consejo del Reino (Torcuato) y el futuro presidente se comprometiesen ante el rey para desarrollar un plan político concreto (el suyo). Al Borbón, con esa intuición que le caracterizó siempre para advertir situaciones en las que su poder se pusiera en peligro, le pareció un poco excesivo este punto. Prefirió mantenerlo todo en un terreno informal: «El pacto lo acabamos de hacer tú y yo y basta», le dijo a Torcuato.

El hombre elegido fue Adolfo Suárez. Veían en él ambición y capacidad política para la acción. Juventud, gancho y «carisma para ganar unas elecciones», la fórmula yanqui de la «democracia», una patente exportable que iba a funcionar como una franquicia. Suárez estaba manifiestamente dispuesto a dejarse llevar por Torcuato, o eso al menos había venido demostrando durante los últimos meses, como «submarino» del presidente de las Cortes en el gobierno de Arias Navarro. Y era una persona aceptada por la banca; por el Movimiento, del que seguía siendo secretario general; y por el ejército, profundamente satisfecho por sus actuaciones como ministro interino de Gobernación en Vitoria y Montejurra. Es decir, prácticamente perfecto. Luego les salió rana, cuando —como decía Torcuato— «quiso volar solo». Pero eso no lo preveían de momento.

Torcuato Fernández Miranda tuvo que hacer una compleja maniobra política para introducirlo en la terna de candidatos, que tenía que presentar el Consejo del Reino al rey, junto a Federico Silva y López Bravo. El mérito, al parecer, consistía en conseguirlo sin dejar que adivinasen que Suárez iba a ser el elegido. Pero lo de la terna era, al fin y al cabo, una pura formalidad heredada de Franco, que solía dictar los nombres que quería que estuviesen en ella sin mayores problemas. Lo mismo podría haber hecho el rey, sin duda, sin que Torcuato hubiera tenido que esforzarse tanto por mantener la intriga hasta el último momento.

10. El gobierno de su majestad

LA REFORMA DE TORCUATO

Cuando Suárez fue incluido en la terna, se le tomó por un relleno insignificante, casi como un gesto protocolario para que los falangistas estuvieran representados, siendo Suárez el sustituto de su candidato natural, Alejandro Rodríguez Valcárcel. Los otros dos que le acompañaban en la lista parecía tener muchas más posibilidades de salir elegidos. Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo, los dos de posiciones continuistas, con una larga experiencia en política, significaban la garantía de la supervivencia del Régimen. Torcuato había salido del Consejo del Reino con la terna en la mano, sin desvelar ninguno de los tres nombres, y diciendo: «Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido», y todos pensaron en Areilza, que era el más monárquico de los ministros. Pero el 3 de julio del 76 Televisión Española daba la noticia de la designación de Adolfo Suárez, dejando a todo el país boquiabierto.

Para su primer gobierno Suárez nombró a Alfonso Osorio vicepresidente. Era del clan, había colaborado en el nombramiento del nuevo presidente, y esto era lo que le correspondía en cumplimiento del pacto que habían hecho. Pero luego se encontró con problemas para poder completar la lista. Fraga, muy cabreado por no haber sido él el elegido por el rey, anunció que se iba del gobierno. Le seguirían José María de Areilza y Antonio Garrigues, entre otros, y luego muchos más no aceptarían ocupar sus puestos. No había sido intención del rey y Torcuato apartarlos del gobierno. Los necesitaban, y Mondéjar fue enviado a casa de Manuel Fraga para tratar de convencerle de que continuara. Pero Fraga no cedió. Al final, no tenían a casi nadie, y tuvieron que escoger a gran parte de los ministros entre los hombres democristianos del grupo «Tácito» (la antigua Asociación Católica Nacional de Propagandistas), que facilitó Alfonso Osorio, aunque eran jóvenes perfectamente desconocidos. Sin embargo algunos de ellos, como Rodolfo Martín Villa, elegido para ministro de la Gobernación, se harían famosos enseguida. Era el primer gobierno verdaderamente de su majestad.

El plan de acción que ese gobierno iba a tener que seguir ya estaba perfectamente diseñado por Torcuato. Los primeros pasos eran aprobar la reforma del Código Penal para empezar a legalizar partidos, abordar una amnistía política simbólica, elaborar una ley de reforma y organizar un gabinete especial para asesorar al gobierno, sobre todo en política económica, siguiendo la línea iniciada en la etapa anterior para «reinventar» la monarquía.

Empezando por esto último, Alfonso Osorio creó la Dirección General de Prospectiva, al parecer a iniciativa de la reina, muy interesada en este tipo de estudios. El primer director fue Jesús Moneo, que había sido propuesto por Nicolás Mondéjar.

Con respecto a la oposición, el gobierno tenía claro al menos tres cosas: que no iba a convocar un referéndum para darles la oportunidad de que se votase a favor de la república; que la reforma de las Leyes Fundamentales la iban a hacer ellos solos, a su manera (en el Consejo de Ministros del 24 de agosto tomaron la decisión de declarar materia reservada todos los asuntos y documentos relacionados con la reforma política); y que las elecciones generales tendrían que producirse dentro de un sistema de representación proporcional.

En el mes de agosto comenzaron los contactos con la oposición, para ver cómo habría que ajustar la ley para su legalización a lo que estaban dispuestos a dar. Pero siempre con conversaciones a nivel individual, por separado con cada líder político, sin que el gobierno aceptase una negociación colectiva, que era lo que proponía la Platajunta.

Aparte de las del gobierno, hubo reuniones desde ese mismo mes de Joaquín Garrigues Walker, representante de la Trilateral en España, con distintos líderes de la oposición, para ir tanteando. Se celebraban en su casa de Aravaca y, entre otros, habló con Raúl Morodo, Miquel Roca, Joan Reventós, Alejandro Rojas-Marcos, Antonio García Trevijano, Francisco Fernández Ordóñez, José Mario Armero…

Por su parte Suárez se trabajaba fundamentalmente al PSOE que, después de sus primeros contactos con el entorno del príncipe antes de la muerte de Franco, ya estaba de rebajas, en la junk politic (política basura de inspiración yanqui). El día 10 de agosto se entrevistó en secreto con Felipe González, en casa de Fernando Abril Martorell, el ministro de Agricultura que ya era la mano derecha del presidente; y, de nuevo, el 2 de septiembre. En esas reuniones Felipe González se mostró dispuesto a reconocer la Monarquía a cambio de ciertos compromisos de apoyo al PSOE, en detrimento del Partido Comunista. Eso sí, anunciaba que, cara al exterior, seguirían defendiendo la República como forma política del Estado, en una actitud testimonial, porque no podían hacer otra cosa frente a su militancia, por el momento. Al mismo tiempo, otros dirigentes del PSOE (los hermanos Solana, Enrique Múgica y Luis Gómez Llorente) maniobraban para presionar al entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, a fin de que no legalizara al PCE, al que veían como fuerte competidor.

El 8 de septiembre Suárez convocó a los capitanes generales y a la cúpula militar para explicarles los planes de reforma, con el proyecto de ley ya en la mano, y para hablarles de la legalización de los partidos. Supuestamente, en este último punto ya se incluía al PCE, y el presidente tenía que explicárselo y convencerlos de que no pasaba nada. Pero aquí hay versiones discrepantes. Suárez aseguró después, en los momentos previos a que la legalización se hiciera efectiva, que sí se había tratado el tema y que a los militares les había parecido bien. Según la versión de Armada, sin embargo, cuando un alto mando militar le preguntó si se iba a legalizar el Partido Comunista, la respuesta de Suárez fue que, con los estatutos que en aquel momento tenía el partido, era imposible su legalización, y con esa respuesta se sintieron aliviados. Esta versión es más coherente con lo que se sabe de los acuerdos a los que Suárez había llegado días antes con los socialistas, y con lo que se podía esperar de los militares. Tiene por eso más visos de ser la verdadera. Como quiera que fuese, el presidente tuvo un gran éxito personal, lo cual era bastante extraordinario, ya que muchos de aquellos militares habían acudido a la cita dispuestos a dar guerra. Les explicó tan bien las cosas que un coronel acabó jaleando a Suárez con un «¡Viva la madre que te parió!».

Dos días después, el Consejo de Ministros aprobaba el texto definitivo del Proyecto de Ley para la Reforma Política, cuya redacción se atribuye a Torcuato Fernández Miranda. Con ella el rey conseguiría desembarazarse de las Leyes Fundamentales a las que había jurado fidelidad en 1969. Pero antes había que conseguir que la aprobasen las Cortes de Franco, teniendo en cuenta que iba a suponer su disolución.

El viejo profesor de Juan Carlos trabajó incesantemente, intrigando con unos y con otros para conseguir sus votos, negociando con ellos casi uno por uno. Y fue consiguiendo los de los que necesitaba, alentados por la esperanza de conservar un lugar de privilegio en el nuevo sistema de poder que se estaba estableciendo. Fue difícil, pero no tanto como podría parecer a primera vista. Al fin y al cabo, todos sabían que si las Cortes hacían fracasar el proyecto del gobierno con una votación negativa, el rey y el Consejo del Reino podrían suspender la prórroga aprobada en enero de 1976, cuando todavía era Arias presidente, y disolverlas inmediatamente. Y otro tanto si después del debate se introducían más enmiendas de las deseadas. Fernández Miranda ya lo había advertido claramente en una entrevista publicada en la prensa, como amenaza para apuntalar los votos de los despistados. Todo estaba atado y bien atado. No hubo pues sorpresas cuando, el 18 de noviembre del 76, se aprobó la ley con una única enmienda.

El siguiente trámite, imprescindible para poder modificar las Leyes Fundamentales e ir «de ley a ley», como quería Torcuato, era que el pueblo español la confirmase en referéndum. Esto era un «más difícil todavía» que iba a requerir un trabajo mucho más serio y delicado. Se fijó como fecha el 15 de diciembre, y se pusieron en marcha.

En primer lugar, había que mantener a la oposición democrática en silencio. El ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, comenzó por reunirse con gobernadores civiles, y luego les envió una circular: «En el orden público se actuará con prudencia en cuanto se refiera al campo de las ideas, pero se impedirá, en todo caso, y con la máxima energía, cuanto atente a la unidad de España, a la forma monárquica del Estado o a las Fuerzas Armadas». La intervención del carismático Adolfo Suárez en televisión el mismo día que el proyecto de Ley había sido aprobado por el Consejo de Ministros, en septiembre, y la subsiguiente campaña en la prensa, ya habían conseguido que más de la mitad de la población considerara satisfactorios sus contenidos. Era cuestión de seguir insistiendo. Su éxito final habría que agradecérselo en gran medida al talento de pequeños cráneos privilegiados del momento, en particular al entonces joven periodista Fernando Ónega, que creó bonitas frases para la historia como el famoso «puedo prometer y prometo» de Suárez. Así empezó su brillante carrera, trabajando bajo la batuta de Torcuato Fernández Miranda, escribiendo los discursos del presidente del mismo modo que hacía todos los editoriales del diario Arriba, de la Falange. Un talento el suyo que ha vuelto a despegar con nuevos bríos en la ingrata tarea de defender la figura del rey tras su abdicación, con el libro hagiográfico Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar y empalagosas apariciones mediáticas.

La actitud que eligieron mantener públicamente los «amigos» del PSOE iba a suponer un importante trastorno. Sin atreverse a defraudar a sus bases públicamente tan pronto, el Partido Socialista llevó a cabo una verosímil campaña por la abstención. La abstención, y no el rechazo directo, fue todo lo que el gobierno de Suárez consiguió arrancarles. A Luis Solana lo detuvo la Guardia Civil en Majadahonda, junto con Rodríguez Colorado (que al pasar de los años acabaría siendo director general de la Policía y se vería salpicado por el escándalo de los fondos reservados), pegando carteles que decían: «Sin libertad, abstenerse». Su mujer, Cuca, tuvo que hablar con Manolo Prado para que se lo dijera al rey, que estaba en Palma, en Marivent, y llamó a casa para interesarse.

En un deliberado juego de ambigüedades, ya muy cerca del referéndum, entre el 5 y el 8 de diciembre, el PSOE celebró el primer congreso en el interior de España desde la República, con la autorización implícita del gobierno, en un hotel de lujo de Madrid. Contó con la presencia de importantes figuras del socialismo mundial (Willy Brandt, François Mitterrand, Olof Palme, Michael Foot), y algunos fueron recibidos por Suárez y por el rey. Aunque en las conclusiones del congreso se seguía manteniendo la recomendación de la abstención activa en el referéndum, en el discurso de inauguración Felipe González afirmó: «El PSOE está dispuesto a negociar con el gobierno el proceso de tránsito a la democracia…». Y en la conferencia de prensa posterior dijo: «No vamos a hacer toda nuestra lucha en función de la legalidad del Partido Comunista». Se iniciaba el trabajo de desgaste y disolución del PC para integrarlo en otro grupo socialdemócrata más próximo al PSOE.

Con todo, sin duda el momento estrella de la convención fue la aparición de un joven espontáneo con una enorme bandera republicana, que arrancó gritos incontenibles de «España, mañana, será republicana» entre los asistentes. Los propios líderes del PSOE lo sacaron de allí como pudieron, y empezaron a cantar la Internacional, al mejor estilo de los coros y danzas del franquismo, para acallar el vocerío. Espectáculo político y catarsis, los que quisieran; cambio político y cuestionar al rey, no estaban en los planes de los dirigentes socialistas.

Al cabo de todos los problemas y dificultades, sin embargo, el gobierno y el rey pudieron respirar tranquilos al fin cuando, el 15 de diciembre, ganaron el referéndum con un amplio número de votos afirmativos. Curiosamente, la Ley para la Reforma Política se publicaría en el BOE, pocos días después, como la «Octava Ley Fundamental».

LA LEGALIZACIÓN DEL PCE

A comienzos del año siguiente, el proceso de Transición entró en una nueva etapa. La sucesión del régimen franquista había sido iniciada mientras Kissinger estaba en el poder yanqui de asuntos exteriores; y tanto el gobierno de Arias Navarro como el de Suárez, en sus primeros cinco meses de vida, se ajustaron a sus directrices a la perfección. Sólo se pretendía un cambio político muy limitado en cuanto al fondo y las formas. Pero inaugurada la Administración Carter, en enero de 1977, el posfranquismo se readaptó de inmediato. Supuso fundamentalmente una aceleración del ritmo, en cuanto a la legalización de los grupos políticos y sindicatos que aceptaban el cambio programado, y el reconocimiento de las autonomías como «apagafuegos» de los conflictos nacionalistas. Todo, siguiendo un modelo ya probado antes, en la Europa de la guerra fría, tras la Segunda Guerra Mundial, que limitaba el arco de posibilidades políticas. El nuevo sistema español iba a dejar fuera fundamentalmente a los exponentes republicanos y a los nacionalistas de izquierdas vascos, gallegos y catalanes. No se les reconocerán sus derechos políticos hasta que, mucho después de las primeras elecciones, el espacio electoral y el Parlamento estuvieron ocupados por los comprometidos con la reforma pactada.

Hasta diciembre de 1976 Suárez no dio un solo paso sin consultarlo previamente con Torcuato. Pero a partir de aquí comenzaron a surgir desavenencias entre ellos. También entre Armada y el presidente. Ninguno de los dos amigos del rey estaba de acuerdo con la aceleración que estaba imponiendo Suárez. Pero no se trataba de un capricho, sino de una imposición de fuera, y el rey Juan Carlos sí estuvo conforme y lo apoyó en todo. Uno de los primeros movimientos complicados cuya responsabilidad tendría que asumir el presidente fue la legalización del PCE. Todos tenían claro que había que hacerlo. También Torcuato era partidario de dar ese paso, pero a su ritmo, llevando él las negociaciones directamente con Carrillo, y le sentó mal que Suárez se le adelantara. Pero los acontecimientos en la calle ayudaron a que la decisión se tomara con prontitud.

Enero fue un mes de movilizaciones y conflictos. El día 23 moría asesinado por el pistolero de extrema derecha Jorge Cesarsky, el joven Arturo Ruiz en una manifestación en Madrid. Al día siguiente, en un acto de protesta, resultaba gravemente herida la joven universitaria Mari Luz Nájera por el impacto de un bote de humo, para acabar falleciendo. De forma simultánea a las manifestaciones callejeras, distintos grupos de lucha armada activos en aquel momento, ETA y GRAPO, encadenaban una acción con otra. Ya estaba secuestrado por el GRAPO Antonio María de Oriol, expresidente del Consejo del Reino, cuando, el mismo día 24, fue secuestrado también el teniente general Emilio Villaescusa. Pero la gota que colmó el vaso fue la acción de un grupo de pistoleros de extrema derecha (dependiente del que luego sería uno de los protagonistas de la trama golpista del 23F, García Carrés, presidente entonces del sindicato vertical franquista de transportes), que ese mismo día por la noche asaltó un despacho de abogados laboralistas en la calle de Atocha, abatiendo a tiros a cinco miembros del Partido Comunista y de Comisiones Obreras. El funeral de las víctimas constituyó el primer acto masivo del todavía clandestino Partido Comunista. Y la tensión del rey se elevó a tales niveles de riesgo que puso en peligro su escasa salud «coronaria».

Los contactos del gobierno con el embajador de Estados Unidos, Wells Stabler, se intensificaron para tratar la situación. Suárez repetía a sus colaboradores, interrogándose a sí mismo en voz alta: «Y si los comunistas ocupan un día la calle, no pacíficamente como en el entierro de Atocha, ¿qué hacemos? ¿Les disolvemos por la violencia?; y si insisten ¿les ametrallamos?; y si se presentan masivamente en las comisarías alardeando de su militancia, ¿les detenemos a todos?». Había que decidirse ya, y acabó planteando la legalización del PCE abiertamente.

Como vimos, a primeros de septiembre Suárez se había reunido con el Consejo Superior del Ejército para explicarles la reforma política. Y se apoyó en el éxito de aquel encuentro para argumentar que el vicepresidente para asuntos de Defensa, Gutiérrez Mellado, y él mismo, tenían controlado al Ejército y no había peligro de involución. Pero Alfonso Armada tenía información directa sobre aquel día por otras vías, a pesar del compromiso de secreto de los asistentes. Y elaboró un informe al respecto que luego le entregó al rey. Su valoración no coincidía en absoluto con la de Suárez. Armada tenía el convencimiento de que, si se daba el paso de la legalización del PCE, la irritación de los militares se desbordaría. Ante la discrepancia en las versiones sobre lo que había pasado, el rey convocó a los dos en su despacho, y allí se enzarzaron al intentar aclarar si realmente Suárez les había dicho o no que iba a legitimar el comunismo a los militares que acabaron la reunión aplaudiéndole. Suárez aseguraba que sí, que el ejército estaba por completo al lado del gobierno y era muy favorable a la legalización del PCE. Las apreciaciones de Armada eran sólo fruto de su imaginación. En medio de la discusión, incluso llegó a atribuir a la extrema derecha los secuestros de Antonio María de Oriol y el general Villaescusa (en poder del GRAPO), que tendrían según él la intención de desestabilizar el sistema para evitar la habilitación legal de los comunistas. A Armada le costó trabajo contenerse ante tamaña herejía. En definitiva, resultó imposible que se pusieran de acuerdo. El rey, allí al menos, no tomó partido por ninguno. Pero creyera o no el relato de su presidente, asumió que en cualquier caso los militares sí serían controlables. Se iba a legalizar el PCE.

Carrillo ya llevaba entonces algún tiempo entrando y saliendo de España cuando le parecía, y explicándolo con el truco de la peluca. Sin embargo, ya hacía meses que no se molestaba en ponerse el ridículo bisoñé que no engañaba a nadie. A finales de año había sido detenido en plena calle y conducido con todo respeto a la cárcel de Carabanchel, prácticamente bajo palio. Llevaba consigo un falso pasaporte francés. Pero una semana después ya había salido en libertad bajo fianza. En febrero de 1977, poco antes de la legalización, tuvo una larga reunión de seis horas con Adolfo Suárez.

El que organizó la reunión fue José Mario Armero, un «informador» de los Estados Unidos. No un simple agente de la CIA, que puede ser un pringado, sino alguien más importante, que informaba directamente al Departamento de Estado. Suárez y Carrillo se cayeron genial y la conversación duró muchas horas. En plena euforia, Suárez le dijo: «En España hay dos políticos: usted y yo». Desde ahí se pasaron al tuteo y ya todo fue una dulce amistad.

Lo que el presidente quería conseguir de Carrillo era que aceptase la monarquía y la bandera, que se comprometiese a controlar cualquier movilización o revuelta callejera y —la puntilla— que hiciese desaparecer del nombre del partido la palabra «Comunista». Esta era una cuestión fundamental sin la cual nadie creía posible que se pudiese mantener al ejército en sus cuarteles. Y esto era en lo que Torcuato, Juan Carlos y resto de la panda habían quedado. Claro que Suárez no lo había hablado tan crudo con los militares cuando se reunió con ellos en septiembre. Sólo les había explicado que podían estar tranquilos, porque el PCE como tal no se iba a legalizar nunca. Contaba con poder arreglar ese pequeño fleco antes.

Pero Carrillo resultó ser un encantador de serpientes a la altura, y enseguida se llevó a Suárez al huerto. Aceptó todos los puntos menos ese. Eso no podría justificarlo ante su militancia. Pero lo demás, vaya si lo cumplió, sin consultarlo siquiera con el partido que continuaba llamándose «comunista» de chiripa. Durante los primeros años de la Transición, si a algún desinformado se le ocurría sacar una bandera republicana en una manifestación del PCE (y a alguno se le ocurría), acababa con una manta de hostias por parte de la seguridad del propio partido. Había órdenes estrictas. Eran los tiempos del «¿para qué queremos policía si tenemos al PCE?».

Veinticuatro horas después de hablar con Suárez, Carrillo convocó al Comité Central y les «comunicó» que el Partido Comunista sería legalizado y podría acudir a las elecciones generales; y los cambios al respecto de la bandera y la monarquía… Todo lo más escuetamente posible. El grueso de la conversación no se lo podía contar porque era «secreto de Estado». En un día, Carrillo cambió cincuenta años de historia del PCE sin pedir permiso ni informar de los detalles. Por ejemplo, de la fecha para la legalización que ya habían pactado, pero que ambos decidieron reservarse.

A comienzos de marzo, como si ya fuera un hecho, se celebró en Madrid la cumbre eurocomunista, que contó con la presencia de Enrico Berlinguer, el secretario general del PC italiano; y Georges Marchais, su homólogo francés.

En Semana Santa, a primeros de abril, Suárez se reunió con Gutiérrez Mellado y con Alfonso Osorio, ambos vicepresidentes de su Gobierno; con Landelino Lavilla, ministro de Justicia; y con el de Interior, Rodolfo Martín Villa. Les dijo que había que encontrar lo más rápidamente posible un soporte jurídico para justificar a los ojos del país —y sobre todo de los militares— la legalización del Partido Comunista. El 9 de abril el fiscal general del Reino constató que nada probaba el carácter ilícito del partido de Carrillo. Y el sábado siguiente —Sábado Santo— la prensa informó a los españoles de que el PCE acababa de ser legalizado.

Salvo a los que fue imprescindible informar, la noticia pilló por sorpresa a casi todo el mundo. Suárez y Carrillo habían hecho exactamente lo mismo: no comunicárselo a nadie, no consultar con nadie. A Martín Villa, como ministro de interior, sólo se lo dijo el presidente una hora antes. A Torcuato, Mondéjar, Armada y el propio Juan Carlos, cuando ya era un hecho consumado. Rápidamente se organizó una reunión en La Zarzuela, con todos ellos y Suárez. El rey se pilló un cabreo monumental, pero sobre todo fue otra discusión entre Armada y el presidente de las que hacen época, con el general gritando que había puesto en peligro la Corona.

Pero Suárez ganó. Lo había hecho y los tanques no habían salido a la calle. En cambio, Armada recibió un claro mensaje, a través de Mondéjar, de que tendría que ir pensando en abandonar La Zarzuela. Pero transcurrirían varios meses antes de que eso ocurriera.

La mayoría de los ministros, de vacaciones de Semana Santa, se enteraron por la radio de que el PCE ya era legal. El de Marina, almirante Pita da Veiga, presentó inmediatamente la dimisión; y otros cuatro amenazaron con hacerlo, aunque al final desistieron «por lealtad a la Corona». El martes 12 de abril se reunió el Consejo Superior del Ejército, y lanzó un comunicado público expresando la repulsa general que había causado en todas las unidades, aunque admitían la legalización disciplinadamente como un hecho consumado. Aparte, redactaron un escrito más extenso y diferente en el que, al parecer, iban más lejos, con ataques a Suárez y a Gutiérrez Mellado, y se lo enviaron al rey. Y eso fue todo. No hubo más.

Con el tiempo, los militares se calmaron, sobre todo cuando vieron el pésimo resultado que el PCE obtenía en las primeras elecciones generales, con sólo un 9 por 100 de los votos, gracias a la tarea de destrucción de los principios que lo habían mantenido vivo durante todo el franquismo, llevada a cabo implacablemente por Santiago Carrillo. En 1977, Carrillo ya asistía a las recepciones oficiales del Monarca como si tal cosa, y presumía además de que en ellas los camareros de Comisiones Obreras le reservaban los mejores canapés. El rey y «Don Santiago» (como Juan Carlos le llama cariñosamente, incumpliendo excepcionalmente la borbónica costumbre de tutear a todo el mundo) acabaron haciéndose amigos. «Tendría usted que rebautizar su partido y llamarlo el Real Partido Comunista de España —le dijo un día el monarca—. A nadie le extrañaría». Carrillo le reía las gracias al rey como cualquier otro personaje palaciego.

Ni que decir tiene que los partidos nacionalistas de derechas también obtuvieron la legalización sin problemas, a tiempo para las elecciones, tan pronto como aceptaron las condiciones que les imponía la Transición. Una de las primeras iniciativas en esta dirección (aparte de las conversaciones secretas con Jordi Pujol y nacionalistas vascos, ya antes de la muerte del dictador) fue mandar llamar a Josep Tarradellas, de su exilio en Saint-Martin-le-Beau. Un avión fue a buscarlo a París, y el 28 de junio Juan Carlos le recibió en La Zarzuela. Se entendieron de maravilla el republicano y el rey. «A mí lo que me gustaba de él —dice el monarca— era la distancia que sabía tomar con los problemas a los que no veía solución… En eso Tarradellas se parecía a Franco». Cuando ya tomaba el avión que debía llevarle a Barcelona, Tarradellas preguntó al representante del gobierno que le acompañaba si tenía alguna garantía de que no le fueran a fusilar como a su predecesor en la Generalitat de Cataluña. «Tiene la garantía personal de don Adolfo Suárez, señor presidente», le contestaron. «En el fondo —comentaría Tarradellas—, la única garantía que quiero es la de que me eviten hacer el ridículo». Hay discrepancia de opiniones sobre si lo logró o no.

Otro logro político importante de esta etapa Suárez fue la abdicación de Don Juan, el padre del rey. También fue el presidente el que asumió esta responsabilidad en nombre del monarca. Todos, incluido el propio Don Juan, le atribuyen a él el haber impedido que la ceremonia se hiciera en el Palacio Real, como quería hacerlo el Conde, con la solemnidad que merecía su renuncia a los derechos dinásticos heredados de Alfonso XIII. Se celebró en La Zarzuela, casi en la intimidad, el 14 de mayo de 1977, un mes antes de las elecciones generales. Don Juan leyó un breve discurso, y al terminar se cuadró ante su hijo e inclinó la cabeza: «¡Majestad, por España, todo por España, viva España, viva el rey!». Pero nunca, hasta su muerte, tendría una relación cordial con su hijo.

LAS PRIMERAS ELECCIONES

Las primeras elecciones generales se convocaron para el 15 de junio de 1977. Fue una verdadera sopa de letras. Pero el bosque de siglas distraía la atención sobre las que faltaban: las de los partidos que no se habían legalizado. Salían como favoritos, no por este orden necesariamente: el PSOE, con la financiación de Alemania; la Alianza Popular de Manuel Fraga, en la que se habían unido distintos grupos de derechas que se autoproclamaban «reformistas» y «democráticos», apoyada por la banca; y, por supuesto, la UCD de Suárez.

La Unión de Centro Democrático respondía a la idea que había empezado a desarrollar Torcuato Fernández Miranda de «partido gubernamental» y de la monarquía, que en principio tenía que haber unido a la derecha, ocupando el mismo espacio que AP. Si no fue así, se debió a dos razones: la primera, la incompatibilidad manifiesta entre Suárez y Fraga, que quiso impulsar la creación de su propio grupo desde el comienzo de la legislatura de Suárez, primero a través de Reforma Democrática y, luego, uniéndose con otros en AP. La segunda y fundamental, la aceleración en el ritmo que Suárez estaba imprimiendo a las reformas, impuesto desde Estados Unidos, con el que muchos franquistas —aunque favorables a Transición en su conjunto— no estaban de acuerdo. Ni siquiera los más próximos a La Zarzuela, como Armada o Torcuato Fernández Miranda.

Armada se puso del lado de AP, en donde su propio hijo era candidato en el puesto 27 de la lista por Madrid, enviado cartas con el membrete de la Casa Real pidiendo el voto para esta formación política (por las que tuvo que pedir disculpas a un airado Suárez cuando éste se enteró). A Torcuato no le valía el liderazgo de Fraga, no lo hubiera aceptado nunca. Pero su ruptura con Suárez era ya manifiesta. Y 15 días antes de las elecciones, presentó la dimisión como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, y se fue a casa. Él preveía que UCD y Alianza Popular iban a obtener un número de votos muy igualados, sin alcanzar ninguno de los dos mayoría suficiente para gobernar. Y tenía planes para que, como Suárez y Fraga no querrían pactar entre ellos, el rey recurriese a un independiente —él mismo— a quien encargarle la presidencia de un gobierno de centro-derecha. En esos momentos sí hubiera aceptado ser presidente del Gobierno, cargo que había rechazado cuando el rey se lo ofreció a la muerte de Franco. Sus proyectos políticos, sin embargo, no le salieron nada bien en esta ocasión.

La UCD renunciaba a la derecha más pura, y se presentaba como un partido de centro, incorporando a grupos de socialdemócratas, democristianos y liberales. Tuvo todo el apoyo del rey, absolutamente encandilado con los encantos de Suárez, que ya había sustituido en su corazoncito, de golpe, a su viejo profesor, Torcuato Fernández Miranda. De principio, el proyecto UCD no tuvo la comprensión de la gran banca franquista, que puso todo tipo de dificultades antes de darles el respaldo económico que necesitaban para preparar la campaña. Sólo Suárez, con su fabulosa verborrea, lograría convencer a los representantes de las finanzas españolas en una memorable cena en casa de Ignacio Coca, el banquero que se acabaría suicidando años más tarde a causa de la deuda que tenía con Banesto.

Pero contaba además con otros apoyos. Hay pruebas de que, cuando menos para preparar las elecciones que vendrían a continuación, las municipales, se pidió dinero a los países proximoorientales. A la corte de Teherán en concreto llegó una carta secreta del rey de España, fechada el 22 de junio de 1977 (carta poco difundida pero que perdió su carácter de comunicación secreta cuando se incluyó, en 1991, en la edición del diario de Asadollah Alam, ministro del Interior y primer ministro del Sha Reza Pahlevi). El firmante de la carta, el rey Juan Carlos, pedía al Sha de Persia (al que llama su «hermano») 10 millones de dólares para apoyar al partido de su primer ministro, Adolfo Suárez, en las elecciones municipales que se celebrarían en 6 meses. Explicaba que el PSOE contaba con toda la ayuda de la Internacional Socialista, especialmente de la riquísima socialdemocracia alemana; y que era necesario contrarrestar esa situación y buscar apoyos para que un Gobierno de centro derecha, como era el de Adolfo Suárez, pudiera sostenerse y proteger así a la institución monárquica de la amenaza marxista. El monarca iraní, que se sepa, respondió favorablemente con la concesión de un crédito por importe de 100 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas), mucho más de lo que se había pedido, que la Casa Real tendría que devolver en un plazo de diez años sin intereses. No sabemos de qué otros monarcas extranjeros Juan Carlos se hizo deudor con iguales argumentos.

En lo que respecta a otros grupos legalizados para participar en las elecciones, lo que cabe señalar es que no jugaban en igualdad de condiciones en cuanto a la financiación ni en cuanto a las oportunidades de obtener representación parlamentaria. Gracias al sistema proporcional establecido desde el gobierno de su majestad, se favorecía a los partidos que obtuviesen más votos, con la intención de dejar fuera del parlamento a la oposición, ninguneándola, y avanzando hacia el bipartidismo modelo yanqui. Además, todos tuvieron que avenirse a varias condiciones previas. Tenían acceso a televisión, para los breves espacios electorales, igual que hoy día, pero había temas intocables: el rey, las Fuerzas Armadas, la bandera y la unidad de España. Para el PSOE, el PCE y el PSP de Tierno Galván, que también se había reunido varias veces con Suárez para pactar su legalización, esto no suponía ningún problema. Aceptaron sin poner objeciones. Para otros resultó un poco más complicado, pero acabaron también pasando por el aro. En particular, el espacio televisivo que había preparado la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) fue materia de discusiones. Su líder, el sociólogo Jaime Pastor, aparecía delante del Palacio Real diciendo, más o menos: «La grave crisis por la que atraviesa España tiene un máximo responsable: el inquilino de este palacio, el rey, que ha sido impuesto por Franco». Para afrontar este tipo de casos se había formado una Comisión gubernamental, encargada de pasar revista a la propaganda electoral y censurar cuanto fuera necesario. En esa comisión estaba precisamente Sabino Fernández Campo, el que muy poco tiempo después sería Secretario General de la Casa del Rey, como subsecretario del ministerio de Información. Y fue él el que más se opuso a que se emitiera el vídeo del LCR. Jaime Pastor criticó duramente a los miembros del PCE, del PSOE y del PSP por «tragar las exigencias antidemocráticas» del Gobierno, pero no tuvo más remedio que retirar el anuncio.

Con Suárez apareciendo por televisión cada dos por tres, las paredes empapeladas con carteles electorales, las ciudades abarrotadas de grises para disolver con pelotas de goma las manifestaciones de la oposición, y de fachas armados con cadenas para intentar impedir que los militantes de izquierdas hicieran propaganda a pie de calle… el resultado de las elecciones del 15 de junio fue el único posible. Adolfo Suárez ya sabía lo que iba a suceder y se pasó las semanas previas anunciando a diestro y siniestro: «¡Barremos!». A los de AP en general y, fuera de ellos, a Torcuato Fernández Miranda en particular, fue a los únicos a los que sorprendió el resultado: holgada victoria de UCD, aunque no mayoría absoluta; seguida del PSOE, y sólo en tercer puesto Alianza Popular, con 16 escaños.

Uno de los primeros trofeos fue la cabeza de Alfonso Armada. Suárez se plantó ante el rey aprovechando la ocasión, dos días después de las elecciones, y le dijo: «O él o yo». Y el rey tenía perfectamente claras sus prioridades en aquel momento. Armada pidió que se dijera que abandonaba La Zarzuela voluntariamente con el fin de mandar tropas y completar su carrera militar. También puso como condición que su sustituto fuera Sabino Fernández Campo, porque tenía el mejor concepto de él desde que se habían conocido en la secretaria del Ministerio del Ejército en la época de Franco. Cuando Mondéjar escribió al vicepresidente Gutiérrez Mellado para pedir un destino para Armada en la Escuela Superior del Ejército, dejó constancia además de que el exsecretario general de la Casa se iba, pero seguiría prestando servicios a La Zarzuela: «…Deseo utilizar de forma esporádica la colaboración del general Armada, que lleva muchos años en esta Casa y conoce particularmente algunos asuntos».

Suárez pondría en marcha a partir de ese momento su política de consenso, palabra clave en todo el proceso de la Transición, que consistía básicamente en pactarlo prácticamente todo de espaldas al pueblo y tomar las decisiones importantes por una unanimidad de facto, en avanzadilla de lo que hoy llamaríamos el establecimiento de un «pensamiento único». En los famosos «Pactos de la Moncloa», Suárez negociaría con mucha habilidad con las otras fuerzas políticas que estaban dentro del sistema, cediendo poder a cambio de concesiones. Pero se fue quemando poco a poco con esta técnica que, al final, no dejaba satisfecho a ninguno, ni a los suyos ni a los otros.

LA CONSTITUCIÓN

No se había advertido. Los partidos no habían hablado de ello en sus campañas electorales. Pero aquella iba a ser la legislatura encargada de elaborar una constitución acorde con los nuevos tiempos. Los diputados y senadores elegidos tuvieron ocasión de pactar por su cuenta lo que les vino en gana, sin tener que dar explicación alguna a los electores ni tener que someter cada cuestión al juicio de los votantes. Luego se sometería a referéndum un todo global, sin dar opción a debatir aspectos concretos y ni a hacer modificaciones.

La Casa Real, por supuesto, tenía ideas propias para este gran proyecto y, aparte de contar con información privilegiada sobre el proceso de gestación de la criatura, con el gobierno y con todos los diputados de UCD, se proveyó de otros apoyos. Siguiendo la tradición heredada de Franco de nombrar directamente un cupo de procuradores (los llamados «cuarenta de Ayete»), en la legislatura constituyente de 1977-1979 Juan Carlos nombró 41 senadores reales, elegidos con su real dedo. Formaron un grupo parlamentario y a veces actuaron corporativamente, al servicio de La Zarzuela, con la que mantenían frecuentes contactos, sobre todo a través de Sabino Fernández Campo. Desde la Secretaría General de la Casa se les rogaba que plantearan o no, dependiendo del caso, determinados temas, pero siempre con suma discreción para evitar implicar a la Corona directamente, porque oficialmente no podía parecer que los senadores la representaban.

En la lista, que se hizo pública en junio de 1977, figuraban políticos, militares, intelectuales, banqueros, falangistas y empresarios (véase lista completa en el apéndice). No estaba Armada, aunque sí había figurado en los borradores provisionales. Juan Carlos reclutó personalmente a cada uno de ellos. Julián Marías, por ejemplo, uno de los elegidos, cuenta que ya unos meses antes, un día llamaron por teléfono a su casa y le dijeron: «Espere un momentito que le va a hablar el rey». Y se puso Juan Carlos directamente, con su habitual campechanía, para decirle cuánto le había gustado el último artículo en la prensa del afamado ensayista y citarlo en La Zarzuela. Era el primer contacto que tenían. La mayoría de los «elegidos» se sintieron tan halagados ante llamadas similares del monarca que, que se sepa, ninguno se negó. Ni siquiera Justino Azcárate, que había sido ministro en la República y había fundado desde el exilio la Agrupación al Servicio de la República; ni el prestigioso economista y escritor José Luis Sampedro, que había tenido que abandonar la universidad donde era catedrático en 1969, a raíz de unas declaraciones. Y mucho menos, claro, gente como Camilo José Cela, el galleguista Domingo García Sabell, el empresario Luis Olarra, el banquero Alfonso Escámez o el abogado Antonio Pedrol Rius. Teniendo en cuenta el papel que habrían de jugar, cabe destacar especialmente a los que eran del entorno más inmediato del rey, que ya llevaban tiempo trabajando en su equipo: Manuel Prado y Colón de Carvajal, Jaime Carvajal, Miguel Primo de Rivera y Torcuato Fernández Miranda. Como grupo, los senadores reales tenían de todo: ideólogos de la transición, intrigantes profesionales, gabinete jurídico, poder económico, profesionales de la manipulación, mandos militares y, para que no faltara de nada, a los amos de la prensa: José Ortega Spottorno (presidente de Prisa, editora de El País), Víctor de la Serna (expresidente de Prensa Castellana, editora del Informaciones), Guillermo Luca de Tena (presidente de Prensa Española, editora de ABC) y Fermín Zelada (presidente de Editorial Católica, editora del Ya).

Durante la elaboración de la Constitución del 78, los senadores reales tuvieron algunas iniciativas, fundamentalmente para reforzar el españolismo. Y seguramente también, aunque no está confirmado, para poner su granito de arena en uno de los puntos más controvertidos que afectaba directamente a la Corona: la sucesión, que se abordó en el artículo 57.

Por razones absolutamente particulares, que afectaban a la familia de Juan Carlos, hubo que establecer un orden en el que sería preferido siempre «el varón a la mujer». Algo, ya para empezar, inconstitucional, en atención al artículo 14 (capítulo segundo, Derechos y Libertades) de la misma constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Para resolver esta contradicción, Juan Carlos tuvo que hablar en secreto y a calzón quitado con los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso, los padres de la criatura, en tanto que padre de otra criatura: la infanta Elena. El problema era que, si no se establecía que los hijos varones tenían preferencia, según el orden de primogenitura le tocaría ser princesa de Asturias a ella, y esto no podía ser, puesto que había nacido «enferma», como todo el mundo sabe por mucho que haya sido a lo largo de los años el tema más tabú de todos los que han rodeado a la familia real española. La Casa Real sentía pánico a tener que admitirlo públicamente, lo que obligaría a la infanta a ceder el paso a su hermana, Cristina, que sí era sana y no habría tenido ningún problema para reinar. La enfermedad de la niña —a la que nunca se ha querido poner nombre, y que se ha apellidado «psicosomática» off the record— podía poner en peligro a una institución recién estrenada, que se apoyaba en privilegios de nacimiento difíciles de explicar, y más en el caso de Juan Carlos, que ya se había saltado a su padre a la torera, y a la línea de su tío por ser sordomudo, llegando al puesto sólo mediante una imposición del franquismo. Los padres de la Constitución del 78 entendieron a su majestad, y el tema de la discriminación de sexos ni siquiera llegó a discutirse en las Cortes. Silencio total, como si nadie se hubiera dado cuenta de la incongruencia que, ahora sí, aflora en los foros internacionales creando problemas que apuntan hacia una reforma de la Constitución ahora que ya ha heredado el trono Felipe.

También está creando conflictos en los foros internacionales el artículo 56.3 (completado en el 64 y 65) que dice: «La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Es decir, que no se le puede juzgar, haga lo que haga o diga lo que diga. Otro regalo constitucional al monarca, en contradicción de nuevo con el artículo 14, y con los acuerdos firmados años más tarde para la creación de un Tribunal Penal Internacional, sin que se haya sentido por ello ninguna necesidad de reformar la sacrosanta Constitución.

Aparte de los artículos específicos sobre la Corona, la Constitución de 1978 recogió el espíritu de la letra de los principios establecidos por la Comisión Trilateral, en su informe sobre la «democracia» de 1975: un sistema electoral proporcional (artículo 68), para poder limitar el acceso al gobierno por vía electoral-parlamentaria de grupos políticos indeseables; descentralización de la administración pública, pero sin dar poder político real a las comunidades autónomas (capítulo tercero del Título VIII), convirtiendo los parlamentos en órganos más técnicos y menos políticos; supresión de las leyes que prohibían la financiación de los partidos por las grandes empresas, que se sumaría a la financiación desde fondos públicos; exaltación de los mitos de la «libertad de empresa» y la «economía de mercado» elevándolos al rango constitucional (artículo 38), etcétera.

Pero lo más importante era instituir que la forma política del Estado español iba a ser la Monarquía parlamentaria (artículo 2), en un orden político que sería protegido por el ejército (artículo 8), cuyo mando supremo correspondería al rey (artículo 62).

Aunque el PSOE y el PCE, entre otros, habían engañado al pueblo haciéndole creer que defenderían el sistema republicano, todo estaba pactado de antemano, sin dejar cabos sueltos. Atendiendo a lo que habían dicho en la campaña electoral, lo que luego hicieron fue un fraude, pero de lo único que se preocuparon fue de camuflarlo un poco. La Comisión Ejecutiva socialista decidió que el voto republicano se mantuviera hasta el debate de la comisión constitucional del congreso, el 11 de mayo de 1977, para que lo defendiera Luis Gómez Llorente en la sesión con la prensa. El PSOE quiso aparentar que no abjuraba de su ideología, sino que era derrotado ante una mayoría constituida por UCD, AP y los nacionalistas de derechas. Gómez Llorente lo dijo así en su discurso: «Nosotros aceptaremos como válido lo que resulte en este punto del Parlamento constituyente. No vamos a cuestionar el conjunto de la Constitución por esto. Acatamos democráticamente la ley de la mayoría. Si democráticamente se establece la Monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella». Luego, en el referéndum, pedirían abiertamente el sí a la Constitución.

El 6 de diciembre de 1978 los españoles se vieron ante un plato de lentejas: o las tomas o las dejas. Era monarquía o nada. Y, mayoritariamente, la Constitución del 78 fue aprobada. Al decir de los que estaban en el poder, la victoria ya valía como si el pueblo hubiera dado un sí rotundo a Juan Carlos.

PASEANDO SU ESPÍRITU DEMOCRÁTICO POR EL MUNDO: EL REY Y VIDELA

Su espíritu «democrático» ya lo había comenzado a pasear por el mundo un poco antes. Ya en el año 1976 Juan Carlos I había hecho de intermediario con la dictadura militar argentina y el gobierno español y, sobre todo, entre la dictadura militar argentina y grandes empresarios y banqueros. Entre esos prebostes destacó la figura Emilio Botín padre, del Banco Santander, que firmó acuerdos millonarios con el sanguinario régimen de Rafael Videla.

Y es que las políticas represivas argentinas absorbían una parte sustancial del presupuesto estatal. En mayo de 1976, cuando aún no se habían cumplido dos meses del golpe de Estado, los cuerpos policiales ya habían gastado un 70 por 100 de su presupuesto anual y los jefes policiales se vieron obligados a pedir una inyección de 12 millones de dólares. Según los cálculos realizados entonces, las tareas represivas iban a costar, al menos en 1976, unos 400 millones de billetes norteamericanos.

El 1 de julio de 1976, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya. De acuerdo al informe reservado elaborado por el diplomático, el rey tuvo «expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que éste vive». Ante un Anaya que se salía de su uniforme de contento, el rey Juan Carlos prometió que el responsable de Economía argentino tendría la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales, para concurrir al encauzamiento y solución de los problemas que pudieran plantearse. Luego vendría el ministro Martínez de Hoz y le recibieron encantados el rey Juan Carlos; el gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma; el banquero Alfonso Escámez, presidente del ya desaparecido Banco Central; y Emilio Botín padre, entre otros.

Ambos Estados acordaron poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera, por el cual España vendería a Argentina bienes de equipo (barcos, dragas, equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, equipos industriales…), por un valor global de 290 millones de dólares. Para facilitar las cosas, el Banco Exterior de España se comprometía a establecer «una línea especial de crédito» que permitiría amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares. Además, España accedía a otorgar a Argentina un crédito en condiciones concesionarias por valor de 50 millones de dólares.

Los empresarios españoles hicieron un negocio redondo. Entre otros puntos, los acuerdos alcanzados en materia pesquera permitieron a la flota española desembarazarse de numerosas unidades —algunas obsoletas— que habían quedado inactivas. Por otro lado también consiguieron una intensa participación en obras públicas que le fueron adjudicadas sin contrapartidas y a veces en perjuicio de las propias empresas argentinas.

En 1978, un mes antes de que se aprobase la Constitución, Juan Carlos visitó Argentina en viaje oficial. Una Argentina donde el Congreso no pudo recibirlo, porque ya no existía: Videla y compañía lo habían disuelto, como habían prohibido los partidos políticos. Se encontró con el presidente de facto sobre la balsa de muertos de la dictadura, que durante aquellos breves días de su visita hizo desaparecer a al menos 10 ciudadanos (Alfredo Antonio Giorgi, Calos Santiago, Tito Deria, Gertrudis Laczik, Hugo Alberto Merolo, Claudia Victoria Poblete Hlaczik, Pepe Poblete Roa y Marta Inés Vaccaro). Juan Carlos no oyó sus gritos mientras Videla pronunciaba sus palabras de bienvenida: «Este es un día de memorable encuentro filial. Todos los argentinos lo hemos aguardado con desbordante afecto, conscientes de su transcendencia y su dinámica proyección de futuro». Ante el aislamiento internacional y las denuncias de desapariciones y cárceles clandestinas que corrían por muchos países, España, en la figura de su rey, reconocía con su visita a la Junta militar. Para que no quedase ninguna duda, Juan Carlos concedió ese mismo año al dictador Videla la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel. Y no quedó, al menos del compromiso de los Borbones con la dictadura, que tuvo el detalle de nombrar al príncipe Felipe Guardiamarina Honoris Causa de la armada argentina en 1981.

EL FIN DE UNA ETAPA

El periodo constituyente, del 77 al 79, fue glorioso para Adolfo Suárez. El rey estaba absolutamente deslumbrado: «¡Es un fenómeno! —comentó un día en Zarzuela—, mirad qué artículo segundo de la Constitución ha hecho para solucionar la grave cuestión de las autonomías y al mismo tiempo manteniendo la unidad de España». Pero el encantamiento estaba a punto de empezar a decaer.

Los problemas llegaron, sencillamente, porque Suárez se había quemado. Su tarea había culminado, y lo cierto es que al rey Juan Carlos nunca le preocupó demasiado tener que dejar tirado, de golpe, a quién le había servido bien, tan pronto como hubiera terminado su misión. Lo mismo que había pasado ya con Torcuato Fernández Miranda, ocurriría ahora con Suárez; y luego pasaría otro tanto con Sabino Fernández Campo, el sustituto en el corazón del monarca. Pero, por el momento, el general Fernández Campo acababa de entrar en Zarzuela para ocupar el puesto que había dejado vacante Alfonso Armada, y se convirtió rápidamente en mucho más que un secretario: en un consejero al que el propio rey acabó llamando «jefe».

El PSOE, que tanta carne había puesto en el asador de la Transición, quería cobrárselo accediendo a la presidencia. Lo intentó en las primeras elecciones generales después de la Constitución, las de 1979. Pero era demasiado pronto. No conseguiría vencer a la UCD de Suárez, muy a su pesar, mientras esta formación continuase contando con todo el apoyo de la banca y de la Casa Real. Y en aquel momento todavía tenía a ambos de su lado. Se le ayudaba en todo, hasta haciendo coincidir la investidura de Suárez, el 30 de marzo, con la campaña de las elecciones municipales, previstas para el 3 de abril de 1979, para que UCD pudiera beneficiarse de la atención prestada al presidente por los medios de comunicación.

En el siguiente congreso del PSOE, algunos meses después, en mayo, Felipe González decidió, por inspiración de deducible origen, que el partido iba a dejar de ser marxista. Tenía que ganarse la confianza de la banca como fuera, y si esto era lo que querían banqueros y yanquis, pues había que hacerlo. No más cartas del monarca hablando de la amenaza marxista como argumento para apoyar a Suárez. «Hay que ser socialista, antes que marxista», dijo Felipe en el congreso, con una frase que recordaba a los trabalenguas de la Transición: la reforma sin reformar lo inmutable, que sin embargo no era irreformable. Dejó boquiabierto a su partido, que lo tomó por loco y se negó a acatarlo. Pero González estaba dispuesto a ir hasta el final. Presentó la dimisión, una dimisión táctica para ejercer presión. Y en septiembre volvió, afianzando su autoridad personal. Quedaba convencer a la banca de que aquello iba en serio.

Aparte del PSOE, también AP estaba deseando librarse de la UCD, que le había hurtado el puesto que le correspondía. Fraga, reconvertido en «demócrata de toda la vida», creía que lo natural sería que los partidos mayoritarios fueran el suyo y el de los socialistas, un bipartidismo perfecto. Y los propios barones de UCD se sumaron a la campaña de acoso y derribo de Suárez, unos acercándose a AP y otros al PSOE. Joaquín Garrigues Walker, Francisco Fernández Ordóñez y Landelino Lavilla conspiraron con ellos para apoyar una moción la censura contra el presidente, presentada por el PSOE en mayo de 1980, que no prosperó.

Otro factor a tener en cuenta era el «malestar» de las Fuerzas Armadas. Suárez, impulsado por el propio monarca a imprimir ritmo a las reformas, aunque asumiendo él toda la responsabilidad, se había convertido en el enemigo número uno del Ejército. Era como el juego del policía bueno y el policía malo. Primero Suárez actuaba de malo y, luego, los militares se pasaban por Zarzuela a quejarse al rey, que era el bueno. El 28 de noviembre del 79 fue recibido Milans del Bosch en audiencia privada, y poco después acudiría también a Palacio una amplia representación de la división acorazada, presidida por el general Luis Torres Rojas. Lo que más cabreados les tenía era la política de depuración del gobierno, que había enviado a destinos fuera de los centros de poder a los más adeptos al antiguo Régimen, para poner a otros nuevos e ir lavándole la cara a las Fuerzas Armadas.

Y, desde luego, seguían sin olvidar el asunto de la legalización del PCE. El Consejo Superior del Ejército se había reunido entonces en el Palacio de Buenavista, en Madrid, y sacado una nota de protesta casi golpista, contra Suárez. Lo lógico hubiera sido que se produjeran arrestos por aquello, y el único que lo podía haber ordenado era el rey; pero se ve que prefirió capear el temporal para que no se volvieran contra él. Milans del Bosch, que estaba entonces en la división acorazada, estuvo a punto de salir con los tanques a la calle. Decía que lo de Suárez había sido una cosa muy fea, que era un traidor que los había engañado. Y fue el rey quien consiguió neutralizarlo. Le llamó y le dijo: «Jaime, no te muevas, ¿eh? Déjate de tanques…». Si no, se hubiera movido.

Cómo y por qué lo convenció es otra cuestión. Desde luego no fue por sus principios antigolpistas, como quedaría demostrado poco más tarde, con el 23F.

Pero volviendo a Suárez, sus relaciones con el monarca se estaban volviendo cada día más tensas hasta llegar a un punto sin retorno. Juan Carlos escuchaba a Felipe, a Fraga, a Armada, a Milans… metido en su papel de «árbitro» de España, para mediar entre ellos y el presidente. Y acabó, con un pequeño impulso que le dieron desde el exterior (como en prácticamente todas sus decisiones políticas importantes), inclinando la balanza a favor de los primeros. Juntos empezaron a elucubrar posibles salidas al problema, a hacer planes que acabarían cuajando el 23 de febrero de 1981. Suárez solía decir en privado: «El rey a mí no me borbonea». Y prefirió presentar él mismo la dimisión en el momento en que lo consideró oportuno, para que Juan Carlos no tuviera ocasión de utilizarlo a su conveniencia. Pero todo esto no podría entenderse fuera del contexto de la preparación del golpe del 23F. Baste decir, por el momento, que su salida de Moncloa fue dura, pese a los 200 millones de pesetas (1.200.000 euros) que el Estado le dio, a propuesta del propio Juan Carlos, para compensar el golpe de cambio de estatus. Cuando Suárez presentó la dimisión, en algún momento de la conversación que tuvieron, de la que se desconocen bastantes detalles, el rey le prometió además un ducado. Después lo consideró excesivo, y quiso volverse atrás, pero Suárez insistió y evitó que pudiera retirar la oferta. A diferencia de otros (como Arias Navarro o, posteriormente, Sabino Fernández Campo) lo uso profusamente, e incluso hizo bordar sus camisas con una corona ducal.

Suárez también quería el Toisón, que creía merecer cuando menos tanto como Torcuato Fernández Miranda. Quizá para humillarlo, Juan Carlos se lo otorgó en cambio al penoso José María Pemán en aquella época (el 20 de mayo de 1981), por los servicios prestados y su lealtad a la institución monárquica. Pero a Adolfo Suárez no se lo entregó hasta 2008, cuando ya no pudo ni asistir a recogerlo por su pésimo estado de salud.

Suárez desapareció del mapa político, pese a sus vanos intentos por volver a la cima con un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), del que dimitió como presidente en 1991 tras los malos resultados obtenidos en las elecciones municipales y que más tarde lideró temporalmente otro fracasado en sus relaciones con el monarca, Mario Conde. Pero siguió estando ahí algún tiempo, desempeñando un papel de mediador, de hombre con influencia en las altas esferas, gracias al poder que dan años de secretos compartidos; hasta el 2003, en que un Alzheimer declarado le apartó definitivamente de la vida pública (tomando el relevo su hijo, Adolfo Suárez Illana, como candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla-La Mancha). Cuando se fue en 1981, el rey le escribió una carta de despedida: «Para Adolfo, Amparo y sus hijos, y para la Historia…», en la que se justificaba por haberle abandonado. Pero años más tarde, cuando Suárez negociaba con una editorial la publicación de sus memorias, el rey no quería saber nada de la «Historia» y le llamó: «¡A ver lo que vas a escribir!». No se volvió a hablar de las memorias nunca más, y el mal de Alzheimer le hizo olvidar hasta que había sido presidente. Al parecer, Suárez dejó todos sus documentos microfilmados y depositados en la caja fuerte de un banco suizo. No hay expectativas razonables, sin embargo, de que alguna vez vayan a ver la luz.

11. Turista accidental en Gernika

UNA, GRANDE Y MONÁRQUICA

Poco antes del golpe de Estado del 23F, los reyes realizaron su primera visita oficial a Euskadi. Y esto es lo que, cronológicamente, corresponde tratar ahora, aunque sea brevemente. Pero antes tenemos que retroceder un poco en el tiempo, para entender lo que significó en su momento ese viaje.

La obsesión de Franco por la sagrada «unidad de la patria» («una, grande y libre», como acuñó en cada una de las pesetas que pasaba por las manos de los españoles) le fue traspasada intacta al monarca. El dictador asumió, aparentemente sin mayor problema, que tras su muerte se iban a llevar a cabo reformas tendentes a una democracia formal, como quedó demostrado, por ejemplo, cuando consintió la entrevista en Cambio 16 de su sobrino Nicolás Franco, colaborador del entonces príncipe, hablando del tema y declarándose a sí mismo «demócrata». En cambio puso todo su empeño, en sus últimos tiempos, ya moribundo, en recordarle a su sucesor una sola razón de Estado que debía ser básica y guiar sus pasos en el futuro. De hecho las últimas palabras «coherentes» que Juan Carlos recuerda haber oído de sus labios fueron: «Alteza, la única cosa que os pido es que mantengáis la unidad de España».

En esencia, en el nivel simbólico, éste es el pretexto de la monarquía como sistema político: «El rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia», como se recogería en la Constitución de 1978 (primer artículo referido a la Corona, número 56). El tópico de la unidad territorial ha sido el más repetido en sus discursos a lo largo de sus años de reinado, sobre todo en los mensajes navideños retransmitidos por televisión, en los que no faltó ni un solo año, casi siempre acompañando a las críticas a los «nacionalismos exacerbados». A veces, con párrafos —que a saber quién escribiría— dignos de ser recogidos en la antología «nacional» del dislate. Como éste del discurso del día de la Hispanidad de 1983, plagado de contradicciones: «Los Reyes Católicos crearon un Estado moderno, fundamentado en las ideas de unidad y de libertad, es decir, del derecho a la diversidad. Para ello no dudaron en reducir a los que alzaban sobre los intereses nacionales sus egoísmos y sus pequeños intereses de campanario derribando, cuando fuera preciso, sus castillos».

En la intimidad, las conversaciones de los reyes con sus colaboradores sobre la cuestión debieron de ser todavía mejores, por lo que sabemos. Un día de 1976 que los miembros de la Casa discutían en el comedor de La Zarzuela la conveniencia de realizar o no una visita oficial al País Vasco inmediatamente, alguien opinó que tal vez sería mejor dejar pasar el tiempo hasta que mejorara la situación. Fue entonces cuando Mondéjar dijo: «Si no, se les da la independencia y ya está». Aunque, naturalmente, era sólo una broma, la reina, que solía participar activamente en aquellas reuniones políticas, replicó alarmada que esa solución era impensable. Mondéjar continuó su guasa añadiendo: «Se les da la independencia, después se les declara la guerra y finalmente se les conquista». Y todos se rieron mucho.

Al margen de las elucubraciones más o menos graciosas, nadie sabe con certeza todo lo que hubo —o se discutió qué podía haber— en los primeros pasos de la monarquía, para solucionar un tema que se planteaba difícil, muy especialmente en Euskadi. «GODSA político-militar» (del que ya se ha hablado en el capítulo 9), el Gabinete de Orientación y Documentación creado por Manuel Fraga en su etapa de ministro de la Gobernación, estrechamente vinculado al CESID, aparte de «orientar» y «documentar» en la dirección adecuada, pasaba parte de su tiempo elaborando planes que requerirían para su ejecución algo más que unos artículos de prensa.

Jorge Verstrynge, el cachorro de Fraga (al que años después se le destiñó el azul y se hizo de izquierdas como el que se hace un traje), forjó su carrera política en GODSA, donde se enteró de algunos de aquellos proyectos. En una ocasión, en los primeros años de la monarquía, Antonio Cortina (el militar que luego, destinado en el CESID, participaría en el golpe del 23F) le sondeó respecto a una posible intervención militar. Cortina quería saber si la recién creada Alianza Popular podría colocar a 30.000 personas en Burgos (AP tenía entonces unos 20.000 afiliados). El plan que estaban estudiando en GODSA era concentrarlos en la ciudad castellana, para hacerlos avanzar desde allí en una columna, con Fraga al frente, a pie hacia el País Vasco. Preveían que al paso les saldrían contramanifestantes, a medida que se acercaran a Vitoria, y entonces —según le explicó Cortina— un helicóptero del Ejército trasladaría a Fraga a Madrid para que no corriera peligro. El plan reproducía el golpe de la rue d’Isly durante la Batalla de Argel. En aquella operación los extremistas de la OAS organizaron una manifestación multitudinaria pro francesa que avanzó por esa calle camino de un barrio musulmán controlado por los independentistas del Frente de Liberación Nacional argelino. Después de que el ejército francés se interpusiera, algunos francotiradores ocultos dispararían contra los musulmanes para que éstos replicasen del mismo modo, provocando así a las tropas de interposición. Sin embargo los militares franceses no cayeron en la trampa y acabaron disolviendo a tiros a los suyos. Cuando Verstrynge, que siempre fue un «bicho raro» políticamente, se dio cuenta de lo que le estaba diciendo Cortina, se lo contó a Fraga un tanto alarmado, y éste dijo que él mismo sería el único en contactar con Cortina a partir de entonces.

Por cómo se desarrolló la historia, fue sólo un proyecto que no se llevó a término. Pero no dejan de llamar la atención las coincidencias del plan con lo que sucedió —o a punto estuvo de suceder— unas décadas después en Madrid. Con motivo de la muerte del concejal Miguel Ángel Blanco, ejecutado por ETA, el CESID convocó en la capital una manifestación «espontánea» multitudinaria, con una nueva consigna que habían creado para la ocasión: «ETA no, vascos sí». Durante todo el día los canales de televisión modificaron sus programaciones habituales para dedicar todo el espacio a retransmitir los acontecimientos a medida que se producían, provocando una catarsis colectiva sin precedentes. Telemadrid, en concreto, hizo llamadas a la manifestación y siguió minuto a minuto cómo la convocatoria en la plaza de Colón se iba llenando de gente. Los locutores del telediario llegaron al extremo de llorar en directo, mientras daban la noticia de la muerte del concejal. Cuando la manifestación llegó a su término, en la Puerta del Sol, todavía quedaba uno de los platos fuertes por llegar, con la periodista Victoria Prego jaleando a las masas desde un pódium con su famoso «¡A por ellos!». En un momento dado, aquello se dio por terminado. Pero las masas allí concentradas estaban demasiado exaltadas, arrebatadas, fanatizadas… No estaban dispuestas a disolverse, y un grupo de la extrema derecha se sumó a ellas con banderas españolas para dirigir una marcha a pie hacia Euskadi, a la que deberían ir sumándose gentes de otras regiones a lo largo del camino. Iban a liberar las Vascongadas. Como en el caso del golpe de la rue d’Isly, no llegaron a partir, afortunadamente. La policía fue contra los suyos, contra los manifestantes de «manos blancas», y los disolvió con antidisturbios. Ahí queda, sin embargo, un inquietante precedente, como aviso a caminantes de la disidencia.

Pero volvamos a los primeros años de la Transición. En agosto de 1976, el primer gobierno de Adolfo Suárez y el rey se sentaron a discutir qué hacer con el problema vasco. Tenían sobre la mesa una carta-informe que les había enviado el presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, en la que proponía una serie de «medidas de gracia» para apaciguar los ánimos. En concreto, pensaba Unceta que había que devolver a Bizkaia y Gipuzkoa los conciertos económicos que habían sido derogados por Franco, en un decreto ley de julio de 1937 que castigaba la actitud de las dos provincias al no sumarse al Movimiento Nacional. La devolución no era una cuestión de justicia, sino de habilidad política. La misma intencionalidad tenía otra propuesta, curiosamente de la Dirección General de la Guardia Civil, en la que se sugería no sólo el restablecimiento de los conciertos, sino también la legalización de la ikurriña. El plan era que el rey fuera personalmente a Gernika a llevar la buena nueva y, particularmente, se manifestó dispuesto a hacerlo. Pero fue a Suárez al que no le pareció bien el plan, porque creía que aquello era «defender a los capitalistas vascos que no querían pagar impuestos».

Para que no continuaran rompiéndose la cabeza, en otoño ETA presentó en una rueda de prensa la alternativa KAS. «Pocas o ninguna son las reivindicaciones de libertades que pueden obtenerse por la negociación burocrática con los gobiernos reformistas de la Monarquía juancarlista —decían en su manifiesto—. KAS declara que la obtención de las aspiraciones democráticas y nacionales aquí expuestas no pueden realizarse más que por un proceso de lucha popular que debilite y rompa cualquier fórmula que signifique la continuidad del fascismo y del poder oligarca». El gobierno de Suárez había perdido la iniciativa. Lo que creían que podían haber resuelto con una bandera y unas concesiones fiscales, se había complicado enormemente porque, aparte de las reivindicaciones nacionalistas (el derecho de autodeterminación, el establecimiento inmediato a título provisional de un régimen autónomo para Euskadi Sur, el bilingüismo, etc.), también exigían «las medidas económicas que lleven a la nacionalización de los sectores de base de la economía, con la socialización del suelo y de la industria». Y, naturalmente, libertades democráticas, la disolución de todos los cuerpos represivos y la amnistía. El nacionalismo de izquierdas vasco se había convertido en una contundente oposición al régimen juancarlista, con la que ya resultaría imposible intentar pactar medias tintas.

Todavía en enero de 1977, ante los disturbios por la muerte de una joven de 15 años en una manifestación pro amnistía en Sestao, Suárez le dijo a su vicepresidente Alfonso Osorio: «O tomamos pronto algunas medidas de gracia para distender la situación en el Norte o el País Vasco se belfastiza (de Belfast)». Iba a comenzar una política, fracasada de origen, de concesiones autonómicas que se materializarían en la constitución del 78, y que sólo servirían para enganchar al sistema al nacionalismo de derechas (del PNV, Convergència i Unió y similares), que a lo largo de los años se demostraría ineficaz para sus propósitos.

CONSTITUCIÓN VERSUS AUTODETERMINACIÓN

La política autonómica de Suárez consistió en un «café para todos» que otorgaba los mismos derechos a todas las comunidades, sin tener en cuenta su identidad nacional. Con ello se pretendía difuminar los conflictos vasco, catalán y gallego, en un mare magnum de descentralización administrativa.

«¡Es un fenómeno!», dijo el monarca entusiasmado refiriéndose a Adolfo Suárez, cuando leyó el artículo 2 de la Constitución: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». La defensa de este principio se encomendó a las Fuerzas Armadas, en un artículo 8 que reproducía sin grandes cambios el artículo 38 de la Ley Orgánica del Estado de Franco. El texto del 78 dejaba claro además que, para garantizar su cumplimiento, el rey podría intervenir, no sólo mandando al ejército en tanto que Jefe Supremo de las FFAA; sino también como moderador. El rey «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones», dice el artículo 56, otorgándole una prerrogativa que, como se ha discutido recientemente (el ya fallecido ex Jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo lo aseguró en una conferencia pronunciada en el año 2000), sería de aplicación si, por ejemplo, un hipotético gobierno legítimo —con mayoría o en minoría, eso sería lo de menos— asumiese una actitud separatista. Dicho de una manera más clara, si el gobierno autonómico vasco (o catalán, como es el caso actual) se manifestase a favor de la independencia, el rey podría ordenar la disolución de las cámaras o nombrar un gobierno provisional y, si se lo pusieran difícil por las buenas, ordenar la intervención del ejército.

El sistema autonómico, tal y como quedó establecido en el Título VIII de la Constitución, suponían descentralizar la administración pública, pero los parlamentos quedaban limitados a las competencias más técnicas y menos políticas. Además, también se especificaba que «en ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas». Y, por supuesto, se instituyó que serían legalmente incompetentes en todo lo referente a posibles cambios en las relaciones de producción e intercambio, en todo lo económico. Por no poder, ni siquiera pueden expropiar. En cambio sí podían endeudarse con el exterior.

Para conseguir que la redacción de la Constitución contuviese estos principios, colaboraron todos, aunque de principio se barajaron varias alternativas en el modelo a seguir, que eran variaciones sobre el mismo tema y tenían un mismo objetivo.

Los senadores reales, de común acuerdo, defendieron al comienzo del proceso constitucional una enmienda para reconocer, de otra forma a como había llegado del Congreso, los derechos forales del País Vasco. Estuvieron de acuerdo hasta los senadores militares (los generales Díez Alegría y el almirante Gamboa), siempre más reticentes a reconocer diferenciaciones territoriales. El rey seguía con la vieja idea sugerida por el gobernador civil Augusto Unceta y la Dirección General de la Guardia Civil, para ganarse muy en particular el apoyo del Partido Nacionalistas Vasco. Los senadores hablaron varias veces con Sabino Fernández Campo sobre esta enmienda. Y tres de ellos, Carlos Ollero, Alfonso Osorio y Luis Olarra (éste último próspero empresario vasco, próximo al Opus Dei, muy activo en la lucha contra ETA), se encargaron de hablarlo con los senadores del PNV, que dieron su acuerdo a la enmienda. Pero al final la iniciativa no prosperó, debido a la firme oposición del vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, en la línea que ya años antes había manifestado Adolfo Suárez. Abril Martorell defendió en una violenta discusión en el Senado el principio de que la soberanía popular radicaba en las cámaras, negándose a admitir que se fragmentara en virtud de un pacto entre la Corona y los vascos, y logró finalmente imponer su criterio.

Otro de los senadores reales, Julián Marías, republicano durante la república y monárquico juanista durante el franquismo, había sido reclutado por Zarzuela en enero del 77, como buen articulista, para escribirle discursos al rey… y otras cosas. Durante el proceso de gestación de la constitución, Marías colaboró fundamentalmente con un artículo que publicó en El País, en que objetaba que en el primer anteproyecto no se empleara la palabra nación para hablar de España, lo cual le parecía «una monstruosidad increíble». El artículo le gustó tanto a Suárez que hizo fotocopias para todo el gobierno, para toda la ponencia constitucional y para todos los jefes de los partidos en el parlamento. Y la palabra «Nación», con una enorme mayúscula, apareció como por arte de magia en el glorioso artículo 2, al hablar de «la indisoluble unidad de la Nación española».

Curiosamente, en la peculiar manera de entender el nacionalismo español de los padres de la Constitución, no se hizo mucho caso a las cuestiones que garantizarían la independencia y el derecho de autodeterminación de España frente a influencias o injerencias de otros países o centros de poder. Si no se reconocía la soberanía de los pueblos catalán, vasco y gallego, tampoco se tenía intención de devolver la soberanía interior y exterior a los ciudadanos del Estado, secuestradas durante la dictadura. Se siguió en este sentido una línea sólo comparable a la de las leyes que impusieron tras la Segunda Guerra Mundial los aliados en Alemania e Italia. La Constitución del 78 posibilita a una mayoría coyuntural en el Congreso la cesión, a través de tratados internacionales, de competencias propias de la soberanía popular, en todo lo militar y lo político, sin hacer obligatorio su refrendo por los ciudadanos (artículo 93). El Parlamento puede aprobar la firma de un tratado que obligue a modificar leyes propias, en cualquier materia, y las leyes internacionales siempre prevalecerán por encima de las españolas en caso de contradicción.

De la falta de respeto a la soberanía del pueblo en este sentido ya tenemos algún ejemplo en la historia reciente: en 1986 todavía se hizo un «simulacro» de referéndum para que el pueblo soberano decidiera la relación de España con la OTAN. En él se decidió que la fórmula fuera la integración en la parte civil y permanecer fuera de la estructura militar. Los que defendieron con su voto que lo mejor era permanecer fuera de la OTAN perdieron ese referéndum y hubo que aceptar el resultado. Sin embargo, años después se hizo caso omiso de esta decisión y el Estado español se integró plenamente en la estructura militar sin que se realizara ninguna otra consulta popular, ya que la Constitución no obligaba a ello.

Para los tratados que afecten a cuestiones económicas pasa tres cuartos de lo mismo, incluso se prescinde del trámite de que tengan que ser aprobados por las Cortes. Un Gobierno podría ceder, o enajenar, o dejar en concesión a entidades extranjeras, sectores neurálgicos del patrimonio económico común, sin problema alguno.

Por si no hubiera quedado perfectamente claro en su primera formulación, las reformas constitucionales posteriores lo dejaron cristalino. Reformas que, por supuesto, no fueron refrendadas por el pueblo. No sólo a los catalanes les está vedado el derecho a llevar a cabo una consulta popular y, en definitiva, a la autodeterminación.

La primera modificación de la Constitución se produjo en el contexto del tratado de Maastricht del 7 de febrero de 1992. El punto 8.B decía que «todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida». Como eso contradecía el artículo 13.2 de la Constitución española, sin necesidad de referéndum alguno, el Gobierno acordó iniciar un procedimiento de urgencia con una Proposición de Reforma en el Congreso, que fue aprobada sin enmiendas por la totalidad de los miembros, al igual que luego en el Senado. ¡Cuánta sintonía política! Hay que matizar que, para no andarse con tonterías, el texto aprobado iba unos cuantos pasos más allá en la cesión de la soberanía nacional, dejando más abierto el camino a los dictados de Europa: «…solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales…».

La segunda reforma, en 2011, fue un poco más radical. Modificó el artículo 135 estableciendo en el texto la prioridad absoluta del pago de la deuda pública en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán superar «los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea», se «fijará el déficit estructural máximo permitido», «habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito», el pago de la deuda pública «gozará de prioridad absoluta», no se podrá «superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea»…

En palabras de Vicenç Navarro, «el cambio de la Constitución, hecho en cuestión de días, (…) obligaba al Estado a tener un déficit casi cero (lo cual condena a España a continuar a la cola de la Europa Social) quedando escrito en piedra que el máximo deber del Estado era pagar la deuda pública, forzando (…) unos recortes de gasto que imposibilitan que España y sus CCAA puedan corregir el enorme retraso de gasto público social que tiene el país. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 (junto con Portugal)» (Navarro, 2013).

Quizá este espíritu tan opuesto al de autodeterminación de la Constitución del 78 —no ya con respeto a las naciones irredentas dentro del Estado, sino en lo que se refiere a la soberanía popular del propio pueblo español—, ampliado luego en sucesivas reformas, pueda mejor que ningún otro servir para explicar el encono del poder establecido, ya antes de la Transición, en contra de los nacionalismos, cuando a los nacionalistas se las daba por hablar de estos conceptos tan abstractos: «soberanía popular», «derecho de autodeterminación» y todas esas zarandajas.

GUERRA SUCIA PRE-GAL

Pero el problema fundamental era ya —y lo seguiría siendo durante décadas— el así denominado «problema vasco»: Aquel peligro real de belfastización, difícil de atajar con el grupo armado ETA, cada día más activo y con un apoyo social muy sólido, frente al que las concesiones autonómicas resultaban absolutamente ineficaces. La guerra sucia hizo su aparición ya en 1974, y con Suárez atravesó distintas etapas antes de llegar a su estructura más institucionalizada con el GAL de Felipe González.

En una cinta magnetofónica que los servicios secretos habían grabado, subrepticiamente, en 1978 (que luego Felipe González y Manglano quisieron utilizar para repartir con Suárez las responsabilidades de la guerra sucia poniendo en marcha el ventilador) se hablaba de cómo y de qué forma se tenía que actuar contra ETA.

Se trataba de una reunión de coordinación de la lucha antiterrorista, en un chalé de la calle de Herrera Oria de Madrid, en la que también estuvieron presentes el general Gutiérrez Mellado; el director del SECED, Bourgón López-Doriga; el jefe de Misiones Especiales, José Luis Cortina; el jefe del Grupo 1, García Almenta; y el jefe de Investigación, González Torres, entre otros. Suárez dijo entonces que había «que buscar una mayor cooperación», para operaciones como la que en 1974 llevó a los servicios secretos a infiltrar en el seno de ETA a uno de sus agentes, Mikel Lejarza, el Lobo. El trabajo de Lejarza provocó la detención de 150 activistas de ETA en 1975, pero no resultó bien del todo, en especial para Lejarza, que se quedó colgado y abandonado por los suyos cuando acabó la misión. «Es evidente que lo estamos haciendo mal y quizá sería mejor otro sistema», dijo Suárez, que quería seguir con la misma dinámica pero con nuevos colaboradores y una organización interna más consistente: «Eso crearía a los terroristas un problema de enfrentamiento en los distintos sectores e incluso el temor de tener infiltrados». Pero no sólo eso. También se habló de la política de «disparar a matar» que la policía puso en marcha durante unos cuantos —demasiados— años, consistente en «cogerlos y matarlos», es decir, aprovechar los enfrentamientos y detenciones para eliminar personas: «Que se lleven a un par de tíos por delante, con lo cual se robustece la moral de nuestras fuerzas», dijo Suárez.

Naturalmente, todo esto suponía unos gastos (el pago de confidentes y colaboradores, en especial), para lo que Suárez propuso: «Se abre medio millón de dólares en una cuenta corriente de un banco de Suiza que se pueda utilizar desde allí». Por supuesto con fondos reservados, que es lo mismo que decir con el dinero de todos, pero sin que se sepa. «El montaje debe ser de artesanía pura», explicaba el presidente.

Con posterioridad a aquella reunión de 1978, el Batallón Vasco-Español, la Triple A, AntiTerrorismo ETA y otros grupos parapoliciales, precedentes de los GAL, utilizaron a ultras italianos, argentinos y exmiembros de la OAS, como Jean-Pierre Cherid, en acciones contra ETA. La guerra sucia pre-GAL cobró una ininterrumpida carrera de muertes y atentados en territorio francés y español e incluso en Venezuela y EEUU.

Con los Gobiernos de UCD presididos por Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, hasta 1982, se registró una intensa actividad, con un resultado de 41 muertos y 36 heridos. Los asesinatos comenzaron en julio de 1978, cuando el coche del dirigente etarra Juan José Etxabe fue ametrallado en San Juan de Luz; resultó gravemente herido y muerta su esposa, Agurtzane Arregui. Seis meses después se producía otro asesinato en Anglet (Francia): el de José Miguel Beñarán, Argala, uno de los que presuntamente habían participado en el atentado contra Carrero Blanco. Juan José Rosón ocupaba la cartera de Interior cuando el 24 de noviembre de 1980 se produjo el ametrallamiento del bar Hendayais, en Hendaya, que dejó dos muertos y 10 heridos y tuvo repercusiones por las responsabilidades que se atribuyeron al comisario Manuel Ballesteros, entonces al frente del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Un mes después, José Martín Sagardia Zaldua, Usurbil, fue asesinado en Biarritz. El 13 de febrero de 1981, por primera vez después de la muerte de Franco, un detenido político, Joseba Arregui, fue torturado hasta la muerte por la policía.

Una de las estrellas fulgurantes en el cielo del terrorismo de Estado de estos años fue Emilio Hellín Moro, aunque sus actividades por la patria habían comenzado incluso antes. A principios de los años 70, el ingeniero de Telecomunicaciones Hellín empezó a colaborar con el Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED), servicio secreto creado por el almirante Carrero Blanco, donde siguió trabajando bajo el primer gobierno de la Monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro. Gracias a su experiencia en las cloacas, durante la transición democrática Hellín, con 32 años, fue jefe de seguridad de Fuerza Nueva (FN) del distrito madrileño de la Arganzuela, y jefe del denominado «Grupo 41», del parapolicial Batallón Vasco-Español (BVE), antecedente de los GAL. Desde una academia de Electrónica y Telecomunicaciones, que poseía en una céntrica calle de Madrid, organizó atentados y actos de «guerra sucia» dentro y fuera del País Vasco.

El 1 de febrero de 1980, se reunió con los otros miembros del comando, Ignacio Abad Valavázquez, José Ricardo Prieto Díaz y Félix Pérez Ajero para organizar el secuestro y asesinato de Yolanda González Martín, de 19 años, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, siguiendo indicaciones de David Martínez Loza, jefe nacional de seguridad de FN. Junto a ellos, como en otras ocasiones, se encontraban dos correligionarios ultras: el policía nacional Juan Carlos Rodas Crespo, que se ofreció a servirles de escolta, y el guardia civil Juan José Hellín, hermano de Emilio, de quien jamás se pudo probar que participara en la operación. La denuncia de Rodas trajo consigo la detención del «Grupo 41», del BVE y destapó la caja de los truenos de las «tramas negras», compuestas por ultraderechistas y miembros de los servicios de seguridad del Estado.

Las conexiones de Hellín con los servicios de seguridad del Estado eran evidentes. Pero los indicios jamás fueron investigados. Los datos eran: un guardia civil —Juan José Hellín— y un policía nacional —Rodas Crespo— participaban en las reuniones del grupo. Un ordenador Skanner VHF, de la academia, estaba conectado a una terminal usual de los servicios de Seguridad e Inteligencia del Estado. Inexplicablemente, el ordenador de Hellín fue desconectado y retirado de la circulación al comienzo de las investigaciones, evitando de este modo que se supiera con quién estaba conectado. La policía encontró en poder de Hellín una cinta magnetofónica grabada donde una voz dictaba nombres de militantes de la izquierda vasca supuestamente desde las dependencias de un organismo de Seguridad del Estado, y junto a esa voz aparecía, dialogando por unos instantes, la de Hellín. Gran parte del armamento encontrado en los dos pisos francos era reglamentario del Ejército. Al querer indagar sobre sus dueños legales, no hubo respuesta. En el tejado de su casa, Hellín poseía una antena de gran alcance, también desaparecida a los pocos días de ser detenido. Para allanar la casa de Yolanda, Hellín utilizó un carnet del SECED y, tras el asesinato, confesó que había seguido el dictado de su jefe al reivindicar «el arresto, interrogatorio y ejecución» de Yolanda en nombre del «Batallón Vasco-Español, grupo operativo militar».

En el asesinato de la dirigente estudiantil actuó una trama negra bien organizada, con armamento, locales, documentos, material informático poco usual en la época… El arsenal incautado a Hellín por la Policía y reseñado en la sentencia resulta demoledor: cincuenta kilos de goma-dos, las armas del crimen, un subfusil Mauser, cebos electrónicos, sesenta cartuchos de explosivos fabricados por la Empresa Nacional Explosivos Río Tinto, granadas de mano PO reglamentarias del Ejército, botes de humo como los utilizados por la Policía, un aparato Skanner VHF, receptores de emisoras policiales y un bolígrafo-pistola con capacidad para disparar balas del calibre 22 corto… Un día después de asesinar a Yolanda, Hellín durmió en la casa de un policía de Vitoria. Interrogado por el abogado Benítez de Lugo en el sumario, este policía declaró «que Hellín tiene contacto con importantes peces gordos de los cuerpos de Seguridad y el Ejército». Estos «contactos» se mantuvieron con el paso del tiempo.

Tras seis años en la prisión de Zamora, el 24 de enero de 1986, Emilio Hellín disfrutó de su primera libertad durante cinco días. El juez de vigilancia penitenciaria, José Donato Andrés Sanz, le concedió el permiso a partir del cual protagonizó dos fugas penitenciarias, una que duró apenas unos días y la segunda, en la que dispuso de DNI auténtico con otro nombre e identidad, y con el que logró escapar a Paraguay, donde creó el Centro de Estudios Profesionales y trabajó para los servicios de seguridad de la dictadura de Stroessner, que le protegió durante tres años, hasta que fue localizado por Interviú y extraditado el 21 de septiembre de 1990. Y por fin, a partir de 2008, cerró el círculo. Desde entonces trabaja con asesor en temas de criminalística al servicio de la Guardia Civil y la Policía, es uno de sus expertos y, a través su empresa New Technology Forensics, radicada en Madrid, trabaja asiduamente en el peritaje de casos criminales, como el caso Bretón. Su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles; asiste como perito judicial a la Audiencia Nacional (que le condenó) y a numerosos juzgados. También imparte cursos de formación a agentes de la Policía, la Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra. Condenado a 43 años por asesinato, sólo cumplió catorce años en la cárcel.

Pero volviendo al contexto de la visita del rey a Gernika… digamos que la guerra sucia contra ETA estaba en uno de sus momentos de esplendor y afectaba al panorama político en el País Vasco no precisamente para crear buen ambiente.

Luego, después los primeros meses de 1981 y tres intentos de atentado en Francia, las armas de los mercenarios se callaron, y se abrió el periodo de silencio más largo, que comprendió los últimos 17 meses de Gobierno de UCD y los 12 primeros del Ejecutivo del PSOE. Fue temporal. Volvió con nuevos bríos en octubre de 1983, ya con los socialistas en el poder. Con el secuestro y asesinato de José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa en Bayona, seguido del secuestro de Segundo Marey, los GAL entraban en acción.

GERNIKA 81

Los reyes esperaban a que el problema vasco se solucionara, pero en este contexto político, sencillamente, no había solución posible. En febrero de 1981 ya no podían retrasarlo más. Los reyes iban a realizar por fin su primer viaje oficial a Euskadi.

La reina siempre muy echada p’alante, y con fama de vehemente en temas políticos, solía manifestarse siempre a favor de dar la cara, o al menos a favor de que la dieran otros. Cuando, en enero de 1979, ETA ejecutó al gobernador militar de Madrid, el general Ortín Gil, Suárez le escamoteó los honores militares en un entierro casi de tapadillo, invocando la «necesidad de no cargar las tintas fúnebres». La extrema derecha solía aprovechar aquellos entierros para dar vivas a Franco y pedir un golpe de Estado. Pero los militares, que demostraban ya públicamente su «malestar» hacia su gobierno, acabaron por convertir el entierro, pese a todo, en una manifestación multitudinaria por el centro de Madrid. Los más exaltados zarandearon e insultaron a Gutiérrez Mellado. Otros se empeñaron en llevar el ataúd a hombros, se lo arrebataron a los oficiales que lo sacaban del Cuartel General del Ejército, y hubo empujones, mamporrazos y carreras en plena calle para conseguir recuperarlo. Fue un suceso que dio mucho que hablar, y la reina también tenía algo que decir —eso sí, en la intimidad—, echándole la culpa al equipo de Suárez: «Tendría que haber asistido el Gobierno en pleno… eso entra dentro de sus sueldos». Sin embargo aquel viaje a Euskadi la tenía preocupada. «Fue un momento de esos en los que no sabes qué va a ser de ti… —contó después—. El rey y yo fuimos a aquel acto muy sobre aviso y muy alertas: nos dijeron que había algo preparado, algo contra nosotros».

La visita real había despertado un singular interés en los medios de comunicación; y ya en los días previos, mientras se preparaba, ocupó las páginas de los periódicos, anunciando que podría ser conflictiva. No era para menos. Coincidía con el telón de fondo de la crisis de Gobierno y un clima de cierta tensión provocada por el secuestro del ingeniero José María Ryan y un atentado fallido contra el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Pero, sobre todo, con una fuerte campaña contra la visita misma, llevada a cabo por la izquierda nacionalista, que comenzó el sábado 31 de enero y continuó durante toda la semana. Se hicieron pintadas —en las que podía leerse «Reyes, kanpora» (Reyes fuera), «¿A qué vienen?», «Presos a la calle, los reyes a casa», «Rey, no», etc.—, y manifestaciones. Hubo enfrentamientos con la policía en los que se hizo uso de abundante material antidisturbios y balas de goma. Los manifestantes cruzaron coches, lanzaron cócteles molotov e hicieron barricadas en las calles. En la zona de Orereta se convocó una huelga general, y en varios ayuntamientos se presentaron mociones de repulsa a la visita real.

La celebración en la Casa de Juntas de Gernika, considerada el acto político fundamental, era el 5 de febrero a las 12 del mediodía. Se sabía que el rey pronunciaría un discurso con algunos párrafos en euskera, pero no se sabía con exactitud qué iban a hacer la coalición Herri Batasuna y las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda extraparlamentaria vasca. Lo único seguro era que, a pesar de las fuertes medidas de seguridad, los más de treinta representantes electos de HB en el Parlamento vasco y las Juntas Generales de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, habían obtenido con anticipación sus credenciales, por lo que tenían asegurado el paso.

Algunos medios de comunicación afirmaron que habían echado lejía en la comida dispuesta para los reyes, que contaban con cuatro cajas de bombas fétidas para la sala donde se reunirían con los representantes del parlamento autonómico, y que incluso habían introducido varias debajo de la lengua. Pero lo que hicieron en realidad fue, cuando el rey inició su discurso, interrumpirle cantando con el puño en alto el Eusko Gudariak (el himno del soldado vasco). Juan Carlos forzó una sonrisa de circunstancias, Sofía se quedó pálida, y el lendakari Carlos Garaikoetxea no sabía dónde meterse. Hubo quien contó que el rey, con la mano derecha detrás de la oreja, se dirigió a los alborotadores y les dijo: «¡Cantad más alto…! ¡hombre!, ¡que no os oigo!»; pero no hay constancia documental de tal hecho. Enseguida los aplausos de los demás diputados intentaron acallarlos. Fueron sólo unos minutos, hasta que los servicios de seguridad echaron a los representantes de HB a empujones. El rey pudo entonces proseguir con el discurso que llevaba preparado, francamente oportuno, que al día siguiente reprodujo la prensa para los que se lo habían perdido: «Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita como jefe de Estado a esta entrañable tierra vasca incluyera la realización de un acto que sellase el reencuentro del rey con los representantes de los territorios que durante siglos fueron ejemplares por su lealtad y fidelidad a la Corona».

El momento sería inmortalizado por las cámaras de televisión, para mayor gloria de la monarquía, que recibió sin embargo todo tipo de felicitaciones, públicas y privadas, durante los días siguientes. Josu Bergara, portavoz del PNV, destacó que había sido «un acto importante, un paso fundamental para la libertad de Euskadi». Marcelino Oreja, entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, declaró que la presencia del rey había provocado «horas de intensa emoción, durante las cuales se han fortalecido las instituciones autonómicas». En los semanarios de información general se dedicaron a recabar las opiniones de los personajes célebres del momento entre rosas, azules y grises (Pedro Ruiz, Silvia Tortosa, Fernando Vizcaíno Casas, Francisco Umbral, Pedro Carrasco, Ramoncín…) que, unánimemente, consideraron que el rey había estado «magnífico», «admirable», «muy reconfortante contemplarle tan relajado», «ha revalidado el título»… Sólo los dirigentes de HB se atrevieron a decir en voz alta: «El viaje del rey a Euskadi ha sido un fracaso».

Como era de esperar, los diputados abertzales fueron procesados en la Audiencia Nacional por injurias al rey, aunque declararon que no entendían que cantarle su himno pudiera ser considerado una injuria: «Para insultar a alguien conocemos otros términos». Y también tuvieron que pasar por los juzgados el alcalde y cuatro concejales del pueblo de Larrebezúa, que habían aprobado en el pleno municipal una moción que declaraba indigno al Monarca para pisar territorio vasco.

Las instituciones del Estado tomaron a partir de entonces medidas más contundentes a la hora de «preparar» el ambiente para una visita real, metiendo en la cárcel a los alborotadores y censurando cualquier tipo de propaganda en contra con suficiente antelación. Pero la historia de la represión de los nacionalismos vasco, gallego y catalán es demasiado larga, y hay que continuar avanzando, hacia un acontecimiento trascendental en la historia de la Transición, que tuvo lugar ese mismo mes: el golpe de Estado del 23F.

12. 23F. El golpe

SECRETOS A VOCES

Se dice que sobre el 23F ya se ha dicho todo, ya se ha escrito todo. Y, reconozcámoslo: probablemente es verdad. Otra cosa es que todavía queden muchos empecinados en no ver más allá de sus narices.

Atendiendo a los datos contrastados con los que se cuenta, al alcance de todo el mundo (contenidos en el sumario del proceso y otras fuentes testimoniales y bibliográficas nunca desmentidas ni objeto de querellas), sin más añadidos ni revelaciones exclusivas, se llega fácilmente a la conclusión de que el rey Juan Carlos sí tuvo una participación activa en el golpe, no sólo conocimiento previo. El día clave las iniciativas tomadas desde Zarzuela no pueden considerarse en sí mismas capaces de abortar la conjura, tal y como estaba programada. El famoso mensaje televisivo asegurando que se habían tomado «las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente», se emitió en el mismo momento en el que el general Armada estaba en el Congreso para «restablecer» el orden constitucional con un gobierno de «salvación nacional», presidido por él mismo, que era lo que desde el comienzo estaba previsto hacer. La Casa Real era conocedora de lo que iba a producirse; confabuló con los golpistas para autorizarlo y organizarlo; y, más tarde, cuando el plan resultó un fiasco, contribuyó a liquidarlo todo de la manera más ventajosa para su imagen personal como salvador de la patria.

Cierto que el juicio fue un fraude, en el que ni siquiera se escucharon las grabaciones de las conversaciones telefónicas —realizadas «de oficio» por el CESID durante tan trepidante noche— entre Zarzuela, la sede de la JUJEM y todas las capitanías generales, entre otros. No han salido oficialmente a la luz documentos como la nota manuscrita del rey a Pardo Zancada; ni el telegrama interceptado desde el CESID por el teniente coronel Álvaro Guitián, responsable del departamento de comunicaciones, enviado al general Milans del Bosch desde Zarzuela; ni el informe de veinte folios escrito y firmado de puño y letra por el general Armada, con todos los detalles del golpe y los nombres completos del futuro Gobierno; ni el informe en el que Enrique Múgica detallaba a su partido (el PSOE) los pormenores de su reunión con Armada; ni la carta escrita por el mismo general Armada antes del juicio, fechada el 23 de marzo del 81, en la que pedía al Monarca «por el honor de mis hijos y de mi familia» permiso para utilizar durante el consejo de guerra parte del «contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual», mantenida días antes del golpe; ni esa «nota puntual», claro; ni el «informe Jáudenes» del CESID, realizado mes y pico después de la intentona para evaluar las responsabilidades de La Casa, en el que se citaba a ocho agentes directamente implicados…

Pero conocemos el contenido de gran parte y mucho más. A lo largo de casi 35 años ha habido muchas filtraciones, muchos testimonios a cara descubierta y off the record. Tenemos mucha documentación, muchos estudios sobre la implicación de los servicios secretos españoles (entre otros, en el libro de Jesús Palacios 23F: el golpe del CESID); y del gobierno norteamericano, a través de la CIA (en el de Alfredo Grimaldos, La CIA en España). Se ha contrastado, confirmado y vuelto a confirmar la connivencia del rey en todo el entramado, en los datos recogidos en la abundantísima y rigurosa producción bibliográfica sobre el tema (alguna muy reciente, a cargo de autores como Pilar Urbano o Martínez Inglés, por citar sólo algunos, que han revisado las agendas personales y recogido la voz de testigos de primera fila antes de que se llevaran sus secretos a la tumba).

Hubo demasiada gente que tuvo conocimiento (previo o posterior) de los detalles del golpe «de efecto» del 23F. En los círculos militares, evidentemente más. En los servicios secretos del CESID, con mayor razón y profundidad. Y en otros sectores sociales con pleitesías políticas o informativas de los ámbitos del poder, de manera demasiado extensiva como para que el secreto pudiese controlarse durante demasiado tiempo.

Pero con todo lo que se publica, la Casa del Rey continúa sin ver motivo para ninguna aclaración. Lo único que dicen, como un sonsonete, es: «El papel del Rey para toda la sociedad española en defensa de la Constitución y de la democracia está claro». Esto fue lo que contestaron, por ejemplo, ante los papeles desclasificados por el Gobierno alemán en febrero de 2012, incluidos en el volumen del Instituto de Historia Contemporánea, Actas de Política Exterior de la RFA de 1981. Entre ellos figuraba el despacho 524, enviado por el embajador en España, Lothar Lahn, a Bonn, sobre una reunión privada que había tenido con el rey en el Palacio de La Zarzuela el 26 de marzo. Como es habitual, el despacho fue conocido porque lo publicó la prensa extranjera primero (en concreto el semanario alemán Der Spiegel), y la prensa española se hizo eco después sólo porque no tuvo más remedio. El rey se había soltado bastante en aquel encuentro, quizá porque Lahn (que dominaba la lengua castellana, y que había representado a su país en Chile en los años del golpe militar de Augusto Pinochet, en 1973) era más que receptivo a este tipo de discursos. El embajador alemán, que murió en 1994, relataba en el despacho que el rey había expresado «comprensión, si es que no incluso simpatía» a los militares sublevados. Juan Carlos explicó a Lahn que «sólo querían lo mismo a lo que todos aspiramos: el restablecimiento del orden, la disciplina, la seguridad y la calma».

En la hagiografía autorizada Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar, de Fernando Ónega, el ya exrey desmentía lo publicado por Pilar Urbano: tenía «noticias de que había reuniones de mandos militares descontentos» pero que en ningún momento pensó que iban a llegar a dar un golpe de Estado. Esta es la postura que se viene imponiendo desde los grandes medios en los últimos tiempos, también alimentada por obras como Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Esta renovada versión oficial, asumiendo tan sólo un par de medias verdades, les permitió seguir manteniendo la mentira de una forma algo menos bochornosa en los primeros años tras el golpe. En aquellos momentos, periodistas e intelectuales de tradición izquierdista y republicana (como Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán o Manuel Vicent) no habían tenido reparos en colaborar, sumándose fervorosamente a las filas del «juancarlismo» con apasionadas defensas de su papel en la Transición, que nunca fueron rectificadas ni matizadas, pese a la apabullante documentación histórica que demuestra lo contrario.

Actualmente los medios del régimen (ni un solo canal de televisión queda fuera) continúan situando al monarca en el pedestal de salvador de la Patria. Al pueblo se le hizo creer que el riesgo de golpe de Estado estaba latente y que sólo el rey tenía poder para desactivarlo, para protegernos. Su intervención en los acontecimientos del 23 de febrero se sigue asumiendo como el espaldarazo definitivo para la monarquía española. Fue el momento cumbre de la «democracia coronada». Todo un giro de tuerca.

Porque sí, se ha escrito mucho sobre una realidad obstinada en asomar por todas las rendijas. Lo suficiente para poder tener «claro», ahora sí, el papel de Juan Carlos I «en defensa de la Constitución y de la democracia». Y pocos se atreven ya a lanzar discursos grandilocuentes en ese sentido, a tres décadas del shock postraumático inicial.

Pero el poder establecido sigue siendo eficaz para evitar que la verdad se «oficialice», a través, por ejemplo, de una investigación parlamentaria o judicial. Se impone el silencio, el ninguneo de las informaciones reveladoras, la callada por respuesta. Así que no está de más insistir.

El presente análisis se enfoca a implementar las piezas de la versión «no oficial», que encontramos con frecuencia fragmentada y a veces rodeada de una nebulosa discursiva que no hace sino crear confusión. Nada como ensamblar el rompecabezas de datos contrastables para tener una visión global coherente de uno de los episodios más esperpénticos de nuestra historia reciente.

LOS MÓVILES DEL GOLPE

Una de las claves para poder entender el 23F está en el análisis de los móviles del crimen al pueblo. Fueron varios los conflictos que la conflagración de 1981 pretendía solucionar mediante la «solución Armada».

El primer móvil era defender la unidad de la patria. Los militares involucionistas reaccionaban contra las acciones de ETA. Y esto aun teniendo en cuenta que la actividad terrorista no manifestaba una intensidad particular en los meses precedentes al 23F, o al menos no mayor a la de periodos anteriores. Más bien la novedad estaba en la actitud de las Fuerzas de Seguridad: el 13 de febrero de 1981, por primera vez después de la muerte de Franco, un detenido político, Joseba Arregui, había sido torturado hasta la muerte por la policía. De todos modos no hay que minimizar las ganas de los militares por ir mucho más allá con la guerra sucia ya iniciada, o con una guerra abierta legitimada con un golpe de Estado. La amenaza golpista había sido algo siempre presente desde el comienzo de la Transición. Ya en 1978 los servicios de seguridad del Estado habían abortado la Operación Galaxia, así llamada porque los conjurados se reunían en una cafetería de dicho nombre, montada por el propio teniente coronel Tejero y por el capitán Sáenz de Ynestrillas.

Otra de las motivaciones para el golpe de Estado era el malestar de algunos mandos de las Fuerzas Armadas por la política de ascensos y castigos que el gobierno Suárez había iniciado. A mediados de abril del 79 había puesto a José Gabeiras, en el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército, en un irregular ascenso de general de división a teniente general; y saltándose a los candidatos lógicos por antigüedad, uno de los cuales era precisamente Jaime Milans del Bosch, uno de los conjurados el 23F. Era la segunda afrenta, porque Milans ya había sido trasladado, en octubre del 77, de la División Acorazada Brunete, en Madrid, a la capitanía de la III Región Militar, con sede en Valencia. El general Luis Torres Rojas, otro de los conjurados, también había sido recientemente desplazado, éste a A Coruña, en enero de 1980, cuando presidía la mencionada DAC Brunete, siendo sustituido por el general José Juste Fernández, impuesto por Gutiérrez Mellado. Y Armada, el «brazo político» del golpe, había sido enviado a Lleida después de que Suárez, como es bien sabido, forzara su cese, en octubre del 77, como secretario de la Casa Real. Todos se la tenían jurada.

Esta política de depuración de Suárez se sumaba a otro enorme «malestar» de la vieja guardia del ejército con respecto a la legalización del PCE, en unas maniobras del presidente que les habían resultado manipuladoras, torticeras, enmascaradoras… si no abiertamente fundamentadas en el engaño y la mentira. No lo podían tolerar. El propio rey culparía de la intentona militar al presidente del Gobierno democráticamente elegido, Adolfo Suárez, porque «despreció al Ejército». Según explicó al embajador alemán en conversación privada poco tiempo después, él le había aconsejado al presidente que «tuviera en cuenta las peticiones de los militares», pero no hizo caso, y ellos «empezaron a actuar por su cuenta».

Además de los militares, estaba el problema con la oposición, incluso con algunos miembros del partido del gobierno, la UCD. Todos estaban hartos de Suárez y negociaban con el rey la mejor manera de librarse de él. En abril de 1980, el monarca recibió en La Zarzuela a Felipe González y a Manuel Fraga, y en junio a Santiago Carrillo. Todos coincidían en que había una creciente sensación de desgobierno, una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, una inminente crisis de Estado… Hacían responsable a Suárez, y abogaban ante el rey por algún tipo de gobierno de coalición como única solución al problema, en el que cada uno tendría su trozo de pastel.

Pero por encima de todo, hay que señalar que los acontecimientos del 23F coincidieron con el conflicto en torno a la entrada de España en la OTAN, una cuestión que no se puede descartar como una más que probable importante motivación para la acción golpista. El empujón militar del 23F podría haber tenido como objetivo forzar el ingreso con premura. Poco después de haber ganado las elecciones de 1980, el presidente norteamericano Ronald Reagan (según documentos que el KGB hizo circular en aquella época) envió una carta en la que instaba al rey Juan Carlos a «actuar con diligencia para eliminar obstáculos que impiden el ingreso de España en la OTAN», aludiendo a un misterioso grupo de «pacifistas del Opus Dei». No se sabe quiénes podrían configurar ese misterioso grupo, ni hay certeza de que aquella carta no fuera una falsificación, como aseguró la Casa Real. Pero sí es cierto que a Adolfo Suárez se le reprochaba que diese largas al asunto durante sus cuatro años al frente del Gobierno. Suárez no lo veía claro, y descuidaba la «transición exterior» apuntando un cierto antiamericanismo.

Hasta qué punto la Corona se sentía presionada por Estados Unidos y los militares, amenazada por las acciones de ETA, o convencida de la conveniencia del nuevo reparto de poder que proponían los grupos de la oposición parlamentaria, es difícil de decir. Pero las circunstancias políticas en que se encontraba hicieron exclamar a la reina, mucho más militarona (sobre todo por su experiencia griega de connivencia de la monarquía con una Junta Militar), la última vez que Armada estuvo con los reyes en los Pirineos, al despedirse: «¡Alfonso, sólo tú puedes salvarnos!».

EL PLAN

La extrema derecha castrense preparaba ya otra intentona, programada para el 2 de mayo de 1981. Los planes de la conjura se supieron con antelación suficiente, y se pudo haber detenido y procesado a los implicados; pero se prefirió aprovechar este impulso y las cosas no sucedieron así.

Atendiendo a los intereses de Estados Unidos, era necesario dar un giro, pero sin salirse del marco constitucional. En otro caso, España no podría ingresar en la OTAN, presuntamente formada por países democráticos. Este era un requisito sine qua non. Pero a alguien se le ocurrió que se podían unir las fuerzas de todos los motivados, en una acción que utilizase a su favor tanto los impulsos de los golpistas más clásicos como los de los representantes del poder legalmente establecido.

Se dice que fue Tarradellas el primero en sugerir eso del «golpe de timón», pero sin duda el cerebro de la operación fue Cortina. El comandante José Luis Cortina había sido compañero de Juan Carlos en la XIV Promoción de la Academia Militar de Zaragoza, y era en esos años un reputado espía del CESID, responsable de sus operaciones especiales como jefe de la Agrupación Operativa de Medios Especiales (AOME). En la primavera 1980, Cortina expuso en Zarzuela la situación a su amigo Juan Carlos: terrorismo, separatismo, jaula de grillos gubernamental… y lo que ya se sabía de la conjura de mayo (en la que estaban involucrados los generales Milans, Torres Rojas, Cabeza de Calahorra, Alvarado, Iniesta Cano; con las simpatías de otros muchos, como Merry Gordon, González del Yerro, Campano, De Santiago y Díaz de Mendívil, Pardo de Santayana, el colectivo Almendros, el grueso de los jefes y oficiales del Cuarto Militar del Rey…).

Para comentarlo con su amigo Juan Carlos, Cortina desempolvó un dossier elaborado por el CESID entre 1977 y 1978, que le pareció que venía muy a cuento, conocido como «Operación De Gaulle». Incluía un «estudio teórico» sobre su posible aplicación en España, «como corrector del sistema desde el propio sistema». Podría resultarles útil en caso de querer remover de su puesto al presidente, si éste se negaba. La operación pasaba por una intervención militar correctora, sin violencia ni derramamiento de sangre, para sustituirle por alguien de fuera del parlamento. El estudio teórico establecía la necesidad de simular un pretexto (SAM: Supuesto Anticonstitucional Máximo) para forzar y al tiempo justificar el recurso a las FFAA. «No hay que tomar el poder, basta con recogerlo», decía el informe.

Este plan tan sofisticado encantó a Juan Carlos, contagiado por el entusiasmo del ponente. Pero no estaba del todo listo. Así que tras 10 días, Cortina volvió a Zarzuela a discutir la adaptación, en la que en realidad había poco que hacer: «Prácticamente nos lo dan hecho», dijo Sabino Fernández Campo, que estuvo también presente en la reunión, y que hizo una importante aportación: «cuanto más al margen se quede Su Majestad, mejor». Lo que se estaban planteando era lo que se vino a llamar «la solución Armada», cuyo leitmotiv fundamental era que las acciones deberían enmarcarse dentro de los límites de lo constitucional, en una especie de revival del famoso lema de Fernández Miranda, «de la ley a ley» (para hacer el tránsito del franquismo a la democracia parlamentaria dentro del contexto de las Leyes Fundamentales); pero con el paso previo imprescindible de un amago de golpe duro, que el rey se encargaría de reconducir después. Combinaba la acción de Tejero (fiel al espíritu de la operación Galaxia, de golpe puro y duro para «meter al país en cintura»); con la idea del golpe suave estilo De Gaulle (inicialmente respetuoso constitucionalmente y confiando en cierta complicidad de los principales partidos políticos con los militares). Y añadía un elemento que parecía inspirado en el golpe de los coroneles griegos de 1967, bien conocido por la reina, en el sentido de que los rebeldes contaban con el respaldo del rey. Como más tarde explicaron a Tejero, sin que al parecer llegara a entenderlo del todo, dentro de España la crisis se arreglaría… a la española; aunque, eso sí, los países de fuera querrían seguir viendo aquí la Democracia y la Corona.

Su desarrollo pasaba por distintas fases. En primer lugar, habría que crear un estado de alarma favorable a una solución militar, para lo que contarían con los fontaneros de CESID especializados en intoxicación informativa, y con la prensa que ya tenían bien a mano, en una campaña regiamente orquestada. En una segunda fase, empezaría el marketing informativo en torno a un «hombre especial»: el general Armada.

Al mismo tiempo, debían propiciar entendimientos y pactar un gobierno de concentración con los políticos del momento, organizando encuentros dirigidos por conspiradores avezados. El argumento para vender la moto de un gobierno presidido por un militar era que se podrían tomar medidas fuertes (contra el terrorismo y el separatismo en especial), muy impopulares, sin que los partidos «democráticos» tuvieran que asumir la responsabilidad ante el pueblo.

Luego venía la parte más importante: el «incidente detonador». Una operación militar incruenta, para la que no se necesitaban muchos preparativos (y ni siquiera munición), ya que había que evitar indiscreciones y maximizar el factor sorpresa. Además, no precisaba poner en danza a los capitanes generales, sólo tenerlos quietos y con sus tropas acuarteladas, por lo que cuantos menos estuvieran en el ajo, mejor.

En el movimiento inicial de este operativo, Tejero entraría en el Congreso. A continuación Milans dictaría un bando declarando el estado de excepción y sacaría los tanques a la calle, aunque sin munición. Luego se establecería una ronda de consultas telefónicas con los capitanes generales para conseguir que se mantuvieran a la espera a disposición del rey. Y todo habría de llevarse a cabo en las dos primeras horas.

Por fin, Armada haría su entrada en el Congreso con el acompañamiento testimonial de Pardo Zancada al frente de la columna motorizada de la DAC Brunete, para darle prestancia al asunto; y Tejero se retiraría.

Todas las acciones militares planificadas, y luego llevadas a efecto, respondían a un plan único que gravitaba sobre cinco puntos neurálgicos: el Congreso de los diputados, la capitanía de la III Región Militar (Valencia), la sede de la División Acorazada Brunete (de Madrid), los estudios centrales de RTVE en Prado del Rey y el Palacio de La Zarzuela.

CENAS Y AUDIENCIAS PRIVADAS

Mal o bien ejecutado, antes del fracaso —sólo relativo— del desenlace final, el golpe del 23F pasó por un proceso más o menos largo de preparación, con multitud de reuniones y actuaciones previas de los implicados que no dejan lugar a dudas del alcance de la conjura.

En los meses previos al golpe hubo repetidas reuniones de José Luis Cortina tanto con Juan Carlos como con el embajador de Estados Unidos, Terence Todman, y con el nuncio del Vaticano. Sólo en el mes de febrero (1981) visitó Zarzuela hasta en 11 ocasiones.

Desde junio de 1980 políticos de todo signo se prodigaron en cenas, citas, encuentros… Participaban desde Alfonso Osorio y Manuel Fraga, de AP; hasta Herrero de Miñón, del partido gubernamental, UCD, y de forma bastante activa además. A los del PSOE, Felipe González, Enrique Múgica y Gregorio Peces-Barba, les puso al tanto del asunto el propio Sabino Fernández Campo, en una comida en La Gran Tasca (en la calle Santa Engracia de Madrid), en la que terminó diciéndoles: «la voluntad del Rey es que ese Gobierno de muchos, de cuantos más mejor, se forme en tiempo breve». Luego desde el PSOE pidieron a Carlos Ollero, catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, miembro del Consejo Privado de Don Juan y Senador de designación Real, independiente, un informe jurídico sobre la licitud de la investidura de Armada.

La Zarzuela fue un hervidero a lo largo del otoño. El rey recibía, en audiencias individuales sin ningún control, un variopinto desfile de pilares de la sociedad: militares, dirigentes de la patronal, hombres de negocios, juristas… Estaba además en aquellos momentos en ronda de conversaciones con los dirigentes de la oposición (Felipe González, Manuel Fraga, Jordi Pujol, Santiago Carrillo…). Aunque hay pocos datos sobre esas entrevistas, se sabe que en ellas se hablaba fundamentalmente de la crisis institucional, de que Suárez era un problema y de una posible salida con un gobierno de coalición, de «salvación nacional». «Yo no puedo hacer nada para librarnos de él», les decía a todos Juan Carlos, «tenéis que ayudarme a dar ese cambio, ese golpe de timón, y a reconducir la situación. Pero por vías pacíficas y legales». Al respecto de este tipo de manifestaciones del rey, Carrillo le comentó un día a Sabino con sarcasmo: «Si eso me lo dijo a mí, ¿qué no le diría a alguien como Milans del Bosch?». Pero, pese al sarcasmo y al gesto digno de no querer echarse al suelo el día del golpe, Carrillo se reunió en secreto con Sabino Fernández Campo en su casa de los apartamentos Colón en varias ocasiones, porque sabía que era la única forma de que hubiera un ministro comunista en el gobierno de «salvación nacional». Y es que, según fuentes muy diversas, en la «operación Armada» casi el único que no estaba era Suárez.

Sí, en Madrid fue Sabino Fernández Campo el que asumió la ardua tarea de ir explicando a los políticos adeptos al nuevo régimen los pormenores del plan y de captar sus voluntades, a cambio de una participación en el dream team gubernamental de Armada. Juan Carlos hacía una introducción general, pero los detalles se los dejaba a Sabino. Era demasiado complejo. En Cataluña, contaron para este tipo de tareas con Enrique Múgica, que en octubre tuvo un encuentro con Miquel Roca (CiU) en la sede de la Generalitat; y otro el día 22, con Armada y los socialistas Joan Reventós y Antoni Siurana, alcalde de Lleida, en casa de este último. Luego escribió el «Informe Múgica» para informar a su partido de las conversaciones con Armada, pero de su contenido no sabemos nada. En el juicio del 23F Múgica se aferraría a la versión de que sólo habían hablado de la cría de mulas.

En noviembre los dirigentes de los partidos de la oposición volvieron a pasar por Zarzuela para hablar con el rey en una nueva ronda de consultas. Ya de vacaciones en Baqueira, el rey también llamó a conversar con él a Suárez, que se negó a aceptar un gobierno de coalición con ningún partido de la oposición.

UN «HOMBRE ESPECIAL»

En fecha indeterminada, a finales de año, Armada, temiendo que le espiasen, encargó a Aseprosa (una empresa de seguridad que servía de tapadera al CESID, controlada por Antonio Cortina, hermano de José Luis, el jefe de la AOME) el barrido de sus teléfonos, que fue realizado por técnicos del CESID. Estaba el general todavía destinado en Lleida desde donde, según se pudo constatar, sólo en el mes de diciembre habló con el rey al menos en tres ocasiones. El día 18, cuando se fue de vacaciones a Madrid, lo visitó en La Zarzuela. Aparte de aprovechar para citarse el 3 de enero en Baqueira, revisaron juntos el discurso que el rey pronunciaría en Nochebuena. Armada conserva una fotocopia de las cuartillas con retoques de su puño y letra.

El 24 diciembre el rey lanzó aquel mensaje navideño lleno de sugerentes ideas, por primera vez solo ante las cámaras, sin su familia, sentado ante su mesa de trabajo: «La Monarquía que en mí se encarna (…) impulsora de una acción de todos para todos…». Dirigiéndose a los políticos, dijo: «consideremos la política como un medio para conseguir un fin y no como un fin en sí misma. Esforcémonos en proteger y consolidar lo esencial si no queremos exponernos a quedarnos sin base ni ocasión para ejercer lo accesorio». Y al pueblo en general: «No podemos desaprovechar, en inútiles vaivenes, compromisos y disputas, esta voluntad de transformar y estabilizar a España…».

Dos días después de la entrevista que había concertado con Armada, para poder acudir a la cual el general tuvo que adelantar el fin de sus vacaciones, el rey pronunció otro discurso. Esta vez, el de Pascua, dirigido a los militares, que terminaba: «Yo tengo la certeza de que si permanecéis unidos; entregados a vuestra profesión; respetuosos con las normas constitucionales en las que se basa nuestro Estado de derecho; con fe y confianza en los Mandos y en vuestro Jefe Supremo, y alentados siempre por la esperanza y la ilusión, conseguiremos juntos superar las dificultades inherentes a todo periodo de transición y alcanzar esa España mejor en la que ciframos nuestra felicidad».

El 10 enero de 1981, Armada viajó a Valencia para encontrarse con el general Milans del Bosch. Una semana después, el día 18, sería Milans el que viajara a Madrid para reunirse, en un piso del coronel Mas, con éste y otros conspiradores (en este caso Tejero, Torres Rojas y el civil García Carrés), e informarles del desarrollo de la entrevista con Armada. Fue en esta reunión donde se estableció el plan de ocupar el Congreso, derrocar por la fuerza al Gobierno y formar otro nuevo que encauzara la democracia. Estimaron que la operación no debía llevarse a cabo hasta que Armada fuese nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, previsto para fechas próximas. De esta forma se realizaría sin violencia, e incluso se habló de un procedimiento constitucional y político.

Al día siguiente el coronel Ibáñez, del Estado Mayor de Milans y enlace suyo, partiría a Lleida para comunicarle a Armada el resultado de la entrevista anterior.

Del futuro ascenso de Armada ya tenían noticia todos estos militares, cuando el 22 enero se enteró el presidente Suárez. Se lo comunicó el rey, en una reunión en Zarzuela que acabó en acalorada discusión entre ambos. Ni Suárez ni Gutiérrez Mellado estaban de acuerdo, pero el rey impuso su criterio.

FONTANEROS, PERIODISTAS Y MILITARES

En prensa trabajan, entre otros, Emilio Romero (reputado columnista) y Luís María Ansón (director de la agencia EFE), pero de una u otra forma llegaron a participar medios muy diversos: desde los de la derechona, como El Alcázar; pasando por los monárquicos, como ABC; hasta los considerados progresistas, como El País. El editorialista de este último, Javier Pradera, mandó aviso a Suárez en julio de que dentro del PSOE se estaba discutiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo con los militares para quitar a Adolfo del poder. Después del verano comenzaron a aparecer comentarios acerca de que, desde el entorno de Felipe González, se promovía a un general para la Presidencia de un gobierno de coalición. Y los rumores circulaban de un modo más extensivo entre políticos.

En noviembre las referencias en la prensa seria o convencional (El País, ABC…) sobre tal idea, «en una situación de extrema gravedad», en «una eventual emergencia peligrosa para la democracia», se hicieron más constantes. Además, el 17 de diciembre, el «colectivo Almendros» publicó un artículo sobre la preparación de una conspiración de militares en el diario más leído en los cuarteles, el Alcázar. Luego vendrían otros, en otros medios, llenos de informaciones en clave y alusiones al golpe.

Ya desde el verano de 1980 habían comenzado a preparar el «incidente detonante» los militares, guardias civiles y civiles a secas, a planificar el operativo que había de tomar las Cortes. En el mes de julio se reunieron el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero; el ayudante de campo del general Milans del Bosch en la III Región Militar de Valencia, Pedro Mas; y el civil Juan García Carrés. En noviembre Tejero compraba, a través de mediadores, los seis autobuses usados que trasladarían a los guardias civiles que asaltarían el Congreso. Quedaron depositados en una nave industrial de Fuenlabrada (Madrid), arrendada al efecto.

PEQUEÑOS DESAJUSTES

Todo estaba prácticamente dispuesto cuando el 26 enero a Suárez se le ocurrió dimitir.

Esto se produjo después de varios desencuentros con el rey que fueron minando su resistencia. Uno de ellos, el 22 de enero de 1981, cuando Suárez acudió a Zarzuela en vísperas del consejo de ministros. Suárez le recordó en medio de una discusión que estaba en el cargo por las urnas (en las que había obtenido 6.280.000 votos en 1979). La respuesta de Juan Carlos fue contundente: «Tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos… Yo estoy aquí porque me ha puesto la Historia, con setecientos y pico años. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. Discutimos si OTAN sí u OTAN no, si Israel o si Arafat, si Armada es bueno o peligroso. Y como no veo que tú vayas a dar tu brazo a torcer, la cosa está bastante clara: uno de los dos sobra en este país. Uno de los dos está de más. Y, como comprenderás, yo no pienso abdicar».

Otro, el 23 de enero de 1981, de nuevo en La Zarzuela, cuando Juan Carlos invitó a Suárez a una encerrona con cuatro tenientes generales (Milans del Bosch, Elícegui, Merry Gordon, y Campano López), que habían acudido a quejarse de él. «¿Te das cuenta de hasta dónde me estás haciendo llegar?», le dijo, y allí lo dejó con ellos para que se las entendiesen solos, que él ya estaba harto y le habían interrumpido una cacería. Milans le dijo a Suárez que por el bien de España debía dimitir ya, cuanto antes, y el presidente le pidió que le diera una razón. Fue entonces cuando Merry Gordon sacó del bolsillo de su guerrera una pistola Star 9mm, y mostrándosela dijo: «¿Le parece bien a usted ésta?».

Estos debates, con un guion digno de Juego de Tronos, eran sin embargo contraproducentes para los planes de Juan Carlos. Daban pie a que Suárez entrase en la partida de ajedrez y desbaratase la jugada preparada para acabar con él, como así sucedió.

Comunicó su dimisión antes que a nadie a los miembros de su gobierno. Dice que tuvo la precaución de anunciárselo antes a ellos que al rey, para que el monarca no pudiera apuntarse el tanto de haber sido él el que le había pedido que dimitiera. «A mí no me hace lo que a Arias Navarro», parece ser que comentó. Sólo al día siguiente, el 27, fue a La Zarzuela a informar al rey. Suárez siempre ha dado a entender que estaba al tanto de que se planeaba un golpe de Estado para destituirle, y que dimitió para evitarlo. En su larga conversación con el rey le dijo que lo hacía «como única manera de evitar a Vuestra Majestad el riesgo político de resolver la crisis que se anuncia». En otro contexto explicaría además que en aquellos momentos era su obligación «defender al rey incluso del rey mismo». Y el 29 de enero lo explicó en un mensaje televisado bastante claro para todo el mundo: «Dimito porque no quiero que el sistema democrático, tal como nosotros lo hemos deseado, sea, una vez más, un simple paréntesis en la historia de España».

Después de todas las tensiones y discusiones con el monarca, no tanto para conseguir que Suárez presentase la dimisión como para intentar llevarle a su camino en política internacional (en el tema del ingreso en la OTAN fundamentalmente); después de negarse repetidamente a formar un gobierno de coalición con la oposición; después de todos los planes que habían hecho, hablando y hablando en los medios de comunicación de una inevitable crisis institucional para preparar el terreno, a fin de dar el «golpe de timón» previsto con la excusa de que Suárez no dimitía… Después de todo eso, la intempestiva decisión del presidente cogió al monarca por sorpresa.

Su primera reacción, que ofendió profundamente a Suárez, fue recurrir a Sabino para preguntarle qué hacía. Con el consejo de su secretario, decidió darse un poco de tiempo. Tenía muy poco, porque la UCD había ya convocado un congreso en Mallorca para que el propio partido eligiese un nuevo candidato que proponer a las Cortes. Pero, inopinadamente, una oportunísima huelga de controladores aéreos, convocada por UGT, duró lo justo para retrasarlo, y fue desconvocada inmediatamente después sin que se hubiera alcanzado ningún acuerdo.

La dimisión de Suárez supuso un revés. Aparentemente se habían quedado sin el motivo para actuar, aunque ese motivo —Suárez— no era más que una excusa. Los objetivos reales del golpe iban mucho más allá de conseguir un simple cambio de presidente, los planes ya estaban en marcha y no iban a echar el freno ahora. Todo lo contrario, se decidió acelerarlo. Al día siguiente del anuncio público de la dimisión, Emilio Romero publicaba en ABC un artículo en el que ya se hablaba explícitamente de la «solución Armada».

El 3 de febrero el rey llamó a su exsecretario para darle la noticia de su nombramiento, y la enhorabuena por ello, desde el aeropuerto de Barajas, donde esperaba a que se abriera el de Vitoria para iniciar su primer viaje oficial al País Vasco (el famoso y accidentado viaje a Gernika). Ese mismo día también habló Armada con el coronel Ibáñez, que acudió personalmente desde Valencia a Lleida para entrevistarse con el general, y valorar juntos la nueva situación que se había creado tras la dimisión de Suárez.

El 6 febrero los reyes, que estaban en Baqueira para descansar después de los acontecimientos de la Casa de Juntas de Gernika, se citaron con Armada para cenar en un restaurante de Artiés. La cena en el restaurante tuvo que suspenderse cuando recibieron noticias de que la madre de la reina, Federica, estaba gravísima en la clínica de la Paloma, en Madrid. En realidad ya había muerto. Sofía salió rápidamente en helicóptero hasta Zaragoza y desde allí tomó un DC-9 con destino a Madrid. Pero la entrevista del rey con Armada no podía posponerse, así que, estuviera como estuviera su suegra, el rey se quedó para cenar con el general, una cena improvisada por la infanta Elena en casa, a base de ensalada y tortillas francesas. Estuvieron juntos hasta las tres de la madrugada. A esa hora, el propio Juan Carlos, conduciendo su coche, lo dejó en el parador del Valle de Arán.

Después de la celebración del II Congreso de UCD, el día 10, el rey propuso finalmente a las Cortes a Calvo Sotelo para la presidencia del gobierno. De nuevo, quería reunirse con Armada. Cuando éste pasó al día siguiente por La Zarzuela, para los oficios religiosos ortodoxos en memoria de la madre de la reina, a los que asistían familiares y amigos todas las tardes, tuvieron ocasión de hablar brevemente en un aparte. El rey le dijo que tenía mucho interés en verle, y le citó para el día 13, a las 10:30. Llamó a Sabino para que lo apuntase en el libro de visitas, y Sabino le advirtió que no había hueco, pero el rey insistió en que retrasara a quien fuera necesario (que en este caso fue Alfonso de Borbón, citado a aquella hora).

Ninguno de los dos ha revelado jamás el contenido de la conversación que mantuvieron en aquella cita extraordinaria. Alfonso Armada solicitó permiso por escrito a Juan Carlos para darla a conocer como prueba que le favoreciera en su juicio. Pero no le autorizaron y Armada cumplió a rajatabla la orden.

Una vez elegido el candidato a presidente, el rey tuvo que mantener una nueva ronda de consultas con los líderes políticos, preceptiva constitucionalmente. Con González, Fraga, Carrillo… con todos los líderes. Pero hubo muchas más reuniones esos días. Entre ellas, el 16 de febrero, nueva entrevista en Madrid entre Ibáñez (el segundo de Milans) y Armada, previamente establecida por teléfono por el propio Milans del Bosch. El 17, otro contacto del rey y Armada, en un aparte de un acto en la Escuela Superior del Ejército.

Por fin, el día 18, Ibáñez establecía con Tejero, en una conversación telefónica, la fecha definitiva para la «operación Congreso». Se había pensado en el viernes 20, con ocasión de la votación de investidura del nuevo presidente del gobierno. Pero Tejero puso dificultades y acordaron que podría ser el lunes 23, dado que la votación se repetiría y, nuevamente, volvería a estar el pleno del Congreso de los Diputados reunido, y todos los miembros del gobierno presentes.

Apenas quedaban unos días para el día señalado cuando José Luis Cortina Prieto, jefe de la Agrupación Operativa de Medios Especiales (AOME) del CESID, mantuvo encuentros con el entonces embajador de Estados Unidos en Madrid, Terence Todman, y con el nuncio del Vaticano, monseñor Antonio Innocenti.

Cortina también se reunió, el día 21 por la noche, en Madrid, con Antonio Tejero, Alfonso Armada y Vicente Gómez Iglesias (su mano derecha en el CESID). Fue en esa reunión en la que Armada se descubrió personalmente ante Tejero como cabeza de la operación. Cortina le indicó al guardia civil que los socialistas no iban a dar la menor guerra, que aceptarían lo que les propusiera, que también veían la necesidad de un golpe de timón. Se le explicó, al parecer no demasiado bien, que su operación en el Congreso habría de reconducirse hacia el objetivo político de Armada. Según su declaración en el juicio, a Tejero le dieron a entender en aquel momento que el nuevo gobierno sería sólo de militares; y que el verdadero jefe era el rey, que lo apoyaba totalmente. Armada en concreto le explicó: «La Monarquía necesita robustecerse, por ello Su Majestad me ha encargado esta operación». Matizó además que «la Corona y la Democracia seguirían incólumes… aunque ya hay preparados varios decretos que entrarán inmediatamente en vigor». También le revelaron que tanto el Vaticano como el gobierno norteamericano habían sido sondeados, y que habían recibido promesas de ayuda de la administración Reagan.

En vísperas del 23 de febrero el comandante Pardo Zancada, de la DAC Brunete, viajó a Valencia para entrevistarse con Milans del Bosch, el verdadero jefe militar de toda la operación. También conversó Milans con Armada por teléfono.

EL DÍA DE AUTOS, AUTOBUSES Y TANQUES

El 23 de febrero de 1981, a las 18:22 horas, el teniente coronel Antonio Tejero, al frente de 288 guardias civiles, irrumpía violentamente en el Congreso de los Diputados, interrumpiendo la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. Poco después, en Valencia, el teniente general Jaime Milans del Bosch sacaba a la calle los tanques y las tropas bajo su mando en la III Región Militar y decretaba el toque de queda; y la División Acorazada Brunete tomaba los puntos clave de Madrid, entre otros RTVE y varias emisoras de radio. Se trataba de la puesta en escena para el verdadero golpe de Estado, que se produciría —según los planes— cuando el general Armada, en nombre del rey, abortara el alzamiento militar, formando un gobierno de «salvación nacional» encabezado por él mismo. Pero vayamos paso a paso.

A primeras horas de la mañana del 23 de febrero, los oficiales del Estado Mayor de la III Región Militar (Valencia) ultimaban los planes de movilización de tropas. A las 10:20 Milans se reunió con sus mandos y les informó de que se podría producir en Madrid un hecho «grave e incruento», que se conocería por la radio, que el rey estaba al corriente y que el general Armada daría las oportunas instrucciones desde el Palacio de La Zarzuela.

Pero el ministro de Defensa español, interpelado en el Congreso de los Diputados el 17 de marzo de 1981, no pudo desmentir que las primeras en ponerse en situación de alerta, comenzando ya el día anterior, fueran las tropas de la base aérea de Estados Unidos en Torrejón, a 6 kilómetros de Madrid.

Algo más retrasado que Milans y que los americanos, en torno a la 1 del mediodía, Tejero seleccionaba improvisadamente a los guardias civiles que le acompañarían a tomar el Congreso, sin darles muchas explicaciones sobre a dónde ni a qué iban. Después de comer, en la Comandancia Móvil de la Benemérita, en Valdemoro (Madrid), les repartieron los fusiles y los subieron a los autobuses.

Pasadas ya las cinco de la tarde, el gobernador militar de A Coruña, el general Torres Rojas, se presentó inesperadamente en el recinto de la División Acorazada, en Madrid. Los que ya estaban informados del golpe (Pardo Zancada entre otros) aprovecharon el momento para compartir con los demás mandos militares su secreto.

A estas horas, Armada hacía vida normal, despachando como era habitual con el general Gabeiras, su inmediato superior, en el Cuartel General del Ejército, el JEME, en el Palacio de Buenavista.

Cerca de las 6, Tejero conducía a sus hombres a las Cortes en los 6 autobuses previstos para la ocasión. Varios agentes de la SEA (Sección Especial de Agentes, unidad operativa del CESID creada por Cortina meses antes), todos guardias civiles (Rafael Monge, Miguel Sales y Moya…), ayudaron a los asaltantes escoltándoles hasta el Congreso. Uno de sus coches se quedó aparcado allí, entre los autobuses, en la calle Fernanflor, y Sales tuvo que ir a recuperarlo más tarde.

A las 6 y 22 minutos entraban Tejero y sus acompañantes en el Congreso lanzando tiros al aire y famosas frases a la historia: «¡Se sienten, coño!».

A su majestad le pilló el ruido de los disparos en chándal, preparándose para jugar un partido de squash con Ignacio Caro y Miguel Arias. El tercero de sus amiguísimos, Manuel Prado y Colón de Carvajal, estaba en su despacho del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), cuando López Schummer (vicepresidente del ICI) llamó a su puerta acalorado para decirle que ETA había entrado en el Congreso. Según dejó escrito de su puño y letra, Prado puso entonces en marcha su pequeño y antediluviano transistor y como las noticias eran tan confusas decidió que su puesto estaba en Zarzuela. Su sólida relación con el rey le permitía esas y otras licencias. Se presentó en menos de media hora y ya no saldría de allí hasta las seis y poco de la tarde del día siguiente. Es decir, que los íntimos de Juan Carlos estaban, casualmente o no, en Zarzuela. Siguieron la trepidante retransmisión radiofónica «en familia». Cuando la Reina oyó aquel discurso del capitán Muñecas a los diputados en el hemiciclo («no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar a que venga la autoridad militar competente…»), se le escapó: «¡Ése es Armada!».

El ambiente general era de alegría expectante. Los militares allí presentes (ayudantes de campo y miembros del Cuarto Militar, como Agustín Muñoz Grandes júnior y Guillermo Quintana Lacaci; el responsable de transmisiones, José Sintes; y hasta el jefe de la casa, Nicolás Cotoner), estaban cuando menos en el ajo, si no directamente a favor.

Porque sorpresa, lo que se dice sorpresa, no debió ser para nadie. Los niños (las infantas y el principito), casualmente, no habían ido a clase ese día: vacaciones extraoficiales. Juan Carlos se había preocupado por la seguridad de los más próximos… incluso fuera de la familia: a la vedette Bárbara Rey le había advertido: «¡Oye, el lunes, 23, procura no salir de casa!, porque puede pasar algo…». Pero en palacio, con las primeras noticias, se despertaron aires de celebración más que de miedo, como sería lógico. A Sabino Fernández Campo no le sentó nada bien encontrarse en el despacho de Su Majestad un improvisado sarao, como esos que se montan en familia para ver el Festival de Eurovisión o la entrega de los Óscar. Brindaban juntos la familia (incluidas la hermana de la reina, Irene de Grecia; y las del rey, Pilar y Margarita, acompañadas de sus maridos, Luis Gómez-Acebo y Carlos Zurita); y sus íntimos (Miguel Arias, Ignacio Caro Aznar y, más tarde, Manuel Prado). Y el secretario real puso el grito en el cielo: «¡Señor!… ¿Está usted loco? Estamos al borde del precipicio y usted brindando con champán… ¡Señor!, ¿no se da cuenta de que la Monarquía está en peligro? ¿No se da cuenta de que puede ser el final de su reinado? ¡¡¡Recuerde lo que le pasó a su abuelo!!!».

Sabino quiso poner orden en el desmadre y actuó como la cabeza más fría del grupo. Como los teléfonos ardían y todas las conversaciones se realizaban desde líneas estándar de Telefónica, advirtió a Juan Carlos: «¡Ojo!, que son armas de doble filo, por lo que hablemos en uno y otro extremo, y por lo que nos quieran grabar».

Mientras, Milans decretaba el estado de sitio en Valencia, con un bando calcado del 18 de julio del 36, aunque explicando a los más próximos que no se trataba de proclamar el estado de guerra, porque todo estaba dentro de la Constitución. Eran las siete de la tarde cuando las emisoras locales comenzaban a transmitir el bando y los tanques salían a la calle. Aparte de la entrada de Tejero en el congreso, esa imagen aportó pavor a la puesta en escena del golpe; aunque Milans, que coincidió en prisión años más tarde con Martínez Inglés, aseguró a éste que había sido sólo eso, una puesta en escena, ya que los tanques no llevaban munición: era puro teatro.

En Madrid la DAC Brunete también estaba en marcha. El general José Juste Fernández, jefe de la DAC y próximo al gobierno de Suárez, acababa de enterarse de los planes golpistas. Aparte de otros detalles, Pardo Zancada y los demás le dijeron que Armada iba a dirigir la operación desde Zarzuela. Para cerciorarse de que la información que le estaban dando era correcta, apenas pasadas las seis y media intentó contactar con él en la Casa Real. Pero como no estaba, le pasaron con el secretario, Sabino Fernández Campo. Según la versión oficial, Sabino desmintió con sorprendente seguridad que Armada fuera a aparecer por allí: «Ni está ni se le espera». No se sabe con certeza lo que hablaron ni en qué tono, pero, de resultas, Sabino se enteró de algunos pormenores que no le hicieron gracia. Muy en particular, de que los golpistas estaban invocando a la corona con frases poco afortunadas («el rey está al tanto de todo», «contamos con las simpatías de la reina»…). Hombre cauto por naturaleza, se sintió un tanto alarmado, y fue rápidamente a hablar con el rey. Se lo encontró al teléfono con Armada, en el momento en que éste le decía: «Recojo unos documentos y voy para allá». El secretario le hizo gestos como pudo al monarca para que interrumpiera la comunicación un momento y le convenció de que no era nada aconsejable que Armada se presentara en La Zarzuela, en medio de tanta confusión. «Señor, en plena batalla un jefe no puede abandonar su puesto (en la JUJEM). Sería un disparate». «Tiene razón Sabino», intervino la reina. Y el monarca, superado por los acontecimientos, aceptó su tutela.

Ante las informaciones que iban llegando de la chusquera entrada de Tejero en las Cortes, hasta Juan Carlos estaba asustado. «¡Qué coño es eso de intimidación! ¡Eso no estaba previsto!», gritaba. «¡Sabino, por favor, sálvame! ¡Sálvame, salva a la Monarquía, ahora mismo no sé lo que hago ni qué decir!». Y Sabino asumió el mando en Zarzuela: «Señor, lo que hay que hacer es parar esta locura. Si triunfa eso la Monarquía caerá como cayó la de su abuelo».

¿PARAR ESTA LOCURA?

Desde las ocho de la tarde Sabino Fernández Campo no se despegaría prácticamente del rey. Su intervención esa noche podría resumirse en dos iniciativas muy simples, que asumió públicamente y que de principio no resultaban demasiado trascendentales: primero, insistió en que Armada no actuase desde La Zarzuela, para que la Corona no se comprometiese demasiado, aunque mantuvieron contactos telefónicos con él toda la noche; en segundo lugar, con la misma intención, intentó evitar que se invocasen los nombres del rey y de la reina, del modo tan explícito en que se estaban utilizando, para llamar al alzamiento.

Estas actuaciones no son en absoluto incompatibles con estar en el ajo del golpe del 23F desde el comienzo —no sólo Juan Carlos, sino también su secretario general, Sabino Fernández Campo—, ya que habrían sido sólo una precaución para proteger al rey en caso que algo saliera mal, o incluso tan sólo una cuestión de formas. No hay que olvidar que, pese a la propaganda institucional para presentarlo como el gran defensor de la democracia en la noche del 23F, casi más efectiva en lo que respecta a Fernández Campo que al propio rey, Sabino no ha brillado nunca como precisamente «progre». Baste señalar sus declaraciones en el verano del 2000 (en una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo), en las que afirmaba que el rey, como moderador y también como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, «debería intervenir en el caso de que las prerrogativas concedidas por un hipotético Gobierno en minoría a un partido separatista amenazaran la integridad de España». Estaba defendiendo ni más ni menos que una intervención militar en Euskadi, apoyándose en consideraciones jurídicas sobre el artículo octavo de la Constitución. Algo parecido, en la línea constitucionalista de Armada, podría habérsele ocurrido en febrero de 1981.

En cualquier caso, las de Sabino fueron iniciativas que en sí mismas nunca hubieran parado ni evitado el golpe.

Sorprendentemente Juste, por su parte, aunque supuestamente ya había sido informado de que el rey no apoyaba el golpe —y según la versión oficial se había sentido aliviado («¡menos mal!»)—, permitió que la DAC Brunete, que seguía bajo su mando, comenzara a movilizarse, con tres escuadrones, para ocupar militarmente puntos clave de Madrid, en especial la sede de Radio Televisión Española y varias emisoras de radio. Por otra parte, continuó haciendo gestiones para localizar a Armada donde quiera que estuviera.

Armada no fue a Zarzuela, pero se pasó la noche junto a Gabeiras, en el Cuartel General de Tierra. Allí se concentraron el generalato de todas las divisiones del Estado Mayor, en total doce generales. Como diría con sorna Milans en los juicios: «Conozco ese despacho: estarían los doce igual que en un tranvía». Y desde allí se establecieron además conexiones telefónicas, télex y faxes, con las capitanías generales, divisiones, brigadas, gobiernos militares, regimientos, bases aéreas… La orden transmitida: «Alerta 2 sin alarma»; lo que es equivalente a estado de excepción. Todo según los planes.

Sabino y el rey, en contacto permanente con la JUJEM, repetían desde Zarzuela, directamente ellos, en doblete, los contactos con los once capitanes generales (todas las regiones militares), zonas marítimas y regiones aéreas «para sondear la situación». La orden que les transmitieron fue que nadie debía hacer nada sin consultarles antes. La reina Sofía desvelaría años más tarde que lo del rey con los militares en torno al 23F fue un «juego voluntariamente ambiguo», y que les había hecho creer que estaba con ellos. Lo que no desveló fue cuándo dejó de estarlo.

Entre los muchos aconteceres extraños de aquel día, está el que un miembro de la Guardia Real hubiera logrado entrar desde el primer momento en el Congreso. Fue aquel guardia el que llamó a La Zarzuela para facilitar el número de teléfono a través del cual Sabino podría hablar con Tejero y preguntarle sus pretensiones. Pero la gestión no resultó un éxito, no se sabe por qué. La versión oficial insiste en que Tejero, a pesar de invocar el apoyo del rey en su asonada, se negó a hablar con el secretario de la casa (el rey ni lo intentó), y anunció que sólo recibiría órdenes de Milans del Bosch.

Y es que, sorprendentemente, las líneas telefónicas de La Zarzuela no se habían cortado. La centralita se saturó de llamadas. El propio rey le comentó años después, cuando ya estaba tan metido en su papel de salvador de la patria que no controlaba lo que decía, a Vilallonga, para su biografía autorizada: «Si yo fuera a llevar a cabo una operación en nombre del rey, pero sin el acuerdo de éste, la primera cosa en la cual habría pensado sería aislarle del resto del mundo impidiéndole que se comunicara con el exterior. Y bien, esa noche yo hubiera podido entrar y salir de La Zarzuela a mi voluntad y, en cuanto al teléfono, ¡tuve más llamadas en unas pocas horas que las que había tenido en un mes!». Sabino, que era más listo, se encargó de que este párrafo fuera suprimido de la edición española del libro, en cuanto se dio cuenta de que el rey había metido la pata.

Que se sepa, además de la familia, también llamaron primeros ministros y reyes, para preocuparse por la situación; y los presidentes de los gobiernos autónomos del País Vasco y de Cataluña, Carlos Garaikoetxea y Jordi Pujol. Juan Carlos los tranquilizó a todos, en concreto a Pujol con la frase que luego recogería la prensa: «Tranquilo, Jordi, tranquilo». La gente de Comisiones Obreras telefoneó varias veces y le preguntó al monarca: «¿Quemamos nuestros archivos y nos tiramos al monte?». El rey les respondió: «¡Sobre todo no hagáis eso! ¡Tengo el asunto controlado!».

En cambio, Alexander High, el secretario de Estado de Estados Unidos, en Washington, cuando conoció las noticias se limitó a declarar: «Es un asunto interno de los españoles… Yo no tengo nada que decir».

Después de más de una hora intentándolo, el jefe de la DAC, general Juste, consiguió por fin contactar con Armada. No se sabe qué hablaron, pero la DAC tampoco entonces retiró sus tropas. También hablaba con Armada el general Aramburu, director general de la Guardia Civil, que estaba en el Hotel Palace en un improvisado cuartel general de mandos militares para vigilar desde el exterior lo que acontecía en el Congreso. Aramburu reclamaba a Armada con urgencia, para mediar con los asaltantes: «¡Alfonso, ven para acá, porque a mí no me obedecen!».

Con Milans del Bosch, en cambio, fue Juan Carlos el que mantuvo la primera conversación (aproximadamente a las 8 de la tarde), y todas las demás a lo largo de aquella noche. No era para menos, teniendo en cuenta que Milans era el militar más monárquico de España, y amigo personal de Juan Carlos desde hacía muchos años. Había asistido al bautizo del príncipe Felipe, a recibir al rey interino a su regreso de su campaña en el Aaiún al aeropuerto de Barajas para felicitarle… El rey nunca había tenido motivos para dudar de su lealtad. Y Milans también estableció su red de contactos directos con los suyos.

En la ronda de llamadas a los militares, hubo algunos problemillas: Campano no se ponía al teléfono con el rey; Merry Gordon estaba mosqueado con Milans porque no le había avisado antes ni se contaba con él para el mando de la operación; González del Yerro, que en principio estaba a favor (cuando se trataba de librarse de Suárez), no veía claro lo de quitar a Calvo Sotelo, «un señor serio, respetable, con un apellido histórico, el del protomártir del Alzamiento… Hay que darle una oportunidad»… Pero la sintonía por parte de sus interlocutores —Zarzuela, la JUJEM y Milans— mantuvo a todo el rebaño en el redil, a la espera y en estado de alerta.

En torno a las ocho y media Armada estuvo en el Cuartel General de Tierra, dedicado a cambiar impresiones con unos y con otros. Expuso los planes del gobierno presidido por él a los generales allí reunidos, para lo cual pidió un ejemplar de la Constitución, a fin de poder señalarles con toda precisión cómo era aquello de que se pudiera dar un golpe de Estado dentro de la legalidad, apoyándose en el artículo 8. Al fin y al cabo, según él, «no había situación más anticonstitucional que la existente en aquel momento». También habló con Milans por teléfono. Y, aproximadamente a las nueve, otra vez con el rey. El rey le pasó el teléfono a Sabino, y éste mantuvo con Armada una larga conversación.

Después de esta última charla, Armada habló con el general Gabeiras, su superior, proponiéndole ya abiertamente el plan de ir al Congreso. Le explicó, como a los otros generales, que el ejército estaba dividido, que la situación era peligrosa, que contaba con el apoyo de los socialistas y… en fin, que consentía en sacrificarse ofreciéndose para presidir el gobierno. Hablaron también de la posibilidad de ofrecer un avión para que Tejero y sus oficiales salieran de España. Y Gabeiras, aunque no había estado en la conjura de entrada, se quedó convencido de que aquello era lo que había que hacer. Pero antes de tomar ninguna resolución definitiva, tenía que volver a hablar con Zarzuela.

Así lo hizo, y a las nueve y media Sabino confirmó que la «solución Armada» tenía ya entre sus partidarios también a Gabeiras, quien le aseguró además que estaba dispuesto a acompañar a Armada en su misión. El secretario de la Casa Real le recomendó que no lo hiciera, porque eso significaría implicar a la JUJEM (Junta de Jefes del Estado Mayor del Ejército). Pero transmitió el consentimiento real para que Armada fuera al Congreso, aunque precisando que cualquier propuesta tendría que hacerla a título personal, sin hablar del apoyo del rey, y de acuerdo con su conciencia.

EL MENSAJE DEL REY

Aquello era, según preveían, el final de la aventura, el momento del verdadero golpe. No dudaban que todo iba a quedar zanjado con la visita de Armada a las Cortes, y en La Zarzuela comenzaron a trabajar en la redacción del mensaje del rey a los españoles, que sería transmitido por televisión.

Sabino Fernández Campo pidió a RTVE que enviasen un equipo de grabación y otro de filmación. Es cierto que el coronel Joaquín Valencia Remón, con efectivos del Regimiento Villaviciosa 14, de la Caballería Ligera, división DAC Brunete, había tomado las instalaciones de Prado del Rey y, en principio, no dejaban salir al equipo. Pero la cuestión, sorprendentemente, se solucionó sin mayores problemas, aún no sabemos bien cómo. Según una versión, sólo aceptaban órdenes de Armada, pero afortunadamente éste todavía estaba en la sede de la JUJEM y no tuvo ningún problema en llamar al coronel del Regimiento Villaviciosa para decirle que obedeciera a Sabino. Según otra, fue Mondéjar, desde Zarzuela, el mediador con Valencia Remón (ya que los dos eran de caballería y Mondéjar superior); que se las ingenió con un decir sin decir, para que pensaran que el mensaje del rey podía ser en apoyo al levantamiento. En una tercera versión, no existió ningún escollo que salvar: la misión del regimiento de la DAC era, más que ocupar RTVE, protegerla y preservarla de modo que estuviese en manos seguras cuando la autoridad necesitara hacer uso de ella, y éste era el momento.

En consonancia con la iniciativa que acababan de decidir llevar a cabo, diseñaron un discurso que hacía hincapié en la «fórmula constitucional» como salida al problema militar. Lo redactó Sabino con la ayuda de Manolo Prado, el amiguísimo del rey, que lo revisó con el secretario y quitó y añadió algo, con mucho acierto según Sabino, y hasta tuvo ocasión de introducir una clave o marca personal como recuerdo caprichoso. Era un texto breve, que requería precisión de relojero. El rey no podía quedarse corto, pero tampoco excederse. Éste es un buen momento para repasar aquellas palabras, y comprobar la coherencia del discurso con el plan inicial y la «solución Armada»:

Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente:

Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.

Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.

Llama la atención la delicadeza con que se refiere al golpe y al criminal secuestro del parlamento: «las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo», «la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso»… Pero sobre todo no deja de sorprender, a 35 años vista, esa orden a las autoridades civiles y la Junta de Jefes de Estado Mayor para «que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente». ¿Qué medidas eran ésas?

También se hablaba de ellas en el primer comunicado público de la JUJEM, redactada mientras Armada estaba todavía en el Cuartel General del Ejército y preparaba su salida hacia la solución final: «La JUJEM manifiesta que, ante los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina». Sería transmitido a las capitanías generales al filo de las 11 de la noche.

En torno a la misma hora Televisión Española empezó a anunciar la alocución del rey a la nación, sin fijar hora y sin adelantar nada de su contenido, sin definirse. Y acto seguido el rey volvía a hablar con el teniente general Jaime Milans del Bosch. Le pidió que hablase con Tejero para convencerle de que siguiese las instrucciones de Armada.

El equipo de RTVE llegó a Zarzuela a las 23:30, con los periodistas Pedro Erquicia y Jesús Picatoste. Aparte del equipo de grabación, traían con ellos la peliculera irrupción de Tejero en el Congreso, que estuvieron repasando con el rey. Era la primera vez que veían las imágenes y causaron un gran impacto. Hasta ese momento sólo habían escuchado ruidos confusos —con tiros nada confusos, eso sí— en la retransmisión radiofónica de la SER. Pero verlo resultaba espeluznante. Toda la ilusión se vino abajo. Juan Carlos rápidamente ordenó que se destruyeran de inmediato aquellas imágenes que tanto daño iban a causar a España. Afortunadamente, ya era demasiado tarde, porque ya circulaban por todo el mundo.

Todo se detuvo en Zarzuela. Picatoste y Erquicia esperaban y esperaban mientras el rey seguía en chándal, vociferando: «Tal como están las cosas, ¿cómo me voy a definir…? Si me precipito puedo quemarme en vano. Yo no creo que convenga que el rey se queme, ¿no?».

Pero Armada ya estaba en marcha. Un cuarto de hora más tarde de que los de la tele llegaran a Zarzuela, a las 23:45, salió del despacho de Gabeiras, que le despidió con un abrazo y un «¡A tus órdenes, presidente!», cuadrándose ante él. Todavía varios generales insistieron en acompañarle, pero acabaron por acordar que fuera solo para no dar la sensación de coacción.

A medianoche el rey se vistió de militar para el vídeo, de media gala: camisa blanca, corbata negra, fajín con borlones de oro… En la grabación estuvieron presentes las dos infantas, el príncipe Felipe y la reina, sentados en el sofá frente a él; mientras Sabino, varios ayudantes y Manuel Prado iban y venían.

Ya no tenían tan claro las repercusiones que el mensaje del rey pudiera tener, y el clima era de incertidumbre total con respecto a Tejero y capitanías como la de Valladolid, con Campano a un ay de echarse a la calle con los tanques como Milans. Había muchos interrogantes. El rey tenía que condenar los hechos del Congreso y decir a la ciudadanía civil que la Corona apostaba por la Constitución. Pero, por otro lado, podían esperar a que se despejase algo más el panorama, a ver en qué acababa la gestión de Armada. Discutían y discutían, y el tiempo se les echaba encima.

Por fin se grabó el mensaje y se hicieron dos copias del vídeo, y media hora después, a las 12 y media, salían en coches y recorridos distintos hacia Prado del Rey (que seguía tomado por los militares golpistas).

Prácticamente a la misma hora, a las 00:35, llegaba Armada al Congreso. Había tardado 50 minutos, casi una hora, en llegar desde el Palacio de Buenavista, sede de la JUJEM, en Vitrubio 1, que está a apenas 5 minutos. El fiscal Claver Torrente no mostró interés alguno por conocer cómo se invirtió este lapso de tiempo. Se hacen cábalas sobre la posibilidad de que hubiera pasado por La Zarzuela, para hablar con el rey y con Sabino de lo que iba a decir a Tejero y a los diputados, o incluso para estar presente en la grabación del mensaje real… Pero nada se sabe al respecto.

Lo que sí está probado es que antes de entrar en el Parlamento hizo una breve escala en el Palace, convertido en puesto de mando de los generales que comandaban los cuerpos militarizados que rodeaban el Congreso. Armada les volvió a soltar la misma parrafada que llevaba horas repitiendo: que algunas capitanías podrían estar a favor de Milans, que el ejército estaba dividido… Y expuso su oferta de un gobierno de transición. Le dieron vía franca. El general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y el general Sáenz de Santamaría, jefe de la Policía Nacional, le acompañaron hasta la puerta del Congreso.

No hay explicación oficial sobre cómo llegó a conocimiento de Armada el santo y seña para entrar en el edificio, «Duque de Ahumada».

TEJERO HACE FRACASAR EL PLAN

El elemento verdaderamente distorsionador fue Tejero. Uno de los puntos más débiles del plan era que, con un estilo similar al que Suárez había utilizado para legalizar el PCE, sin informar del todo a los militares, aquí se había utilizado a Tejero sin desvelarle toda la verdad del plan. Y en el momento crucial, Tejero fue el que realmente abortó el golpe.

Su espectacular irrupción en el Parlamento, que pudo seguirse en directo por la radio (y, luego, por televisión en diferido, en todo el mundo), ya había significado el fracaso del plan desde el principio, aunque algunos tardaran más que otros en darse cuenta. No es que la entrada no estuviera prevista, pero los modos zarzueleros de sargento chusquero, lanzando tiros y «coños» al aire, la desigual batalla con un anciano general para intentar sin éxito derribarlo, el desafío del líder comunista como héroe solitario que se mantiene erguido entre una multitud medrosa, hasta el tricornio acharolado que el duque de Ahumada había diseñado para la Guardia Civil en el siglo XIX (y que hoy ya no está en uso salvo en ocasiones especiales) añadía a la escena un toque carnavalesco… Todo esto unido tenía una bochornosa fuerza audiovisual que no era compatible con una salida digna. Sobre todo en el extranjero, la bochornosa chapuza el 23F se había convertido en «el golpe de los 10 minutos» de modo irremediable, porque eso fue exactamente lo que habían durado sus posibilidades de éxito. Nadie podía apoyar aquel ridículo internacional. Pero para los más lentos en asumirlo, Tejero volvería a boicotear la conspiración en el último intento de Armada por reconducirla a su cauce original.

Armada entró en el Congreso tras dar el santo y seña convenido por los golpistas para recibir a la «autoridad militar» que esperaban, al «elefante blanco»: «Duque de Ahumada». Habló con Tejero en un despacho acristalado, desde donde los guardias armados no podían oírlos, pero sí verlos discutir acaloradamente, mientras Armada agitaba en el aire un ejemplar de la Constitución del 78 que había llevado para explicarle algo a Tejero.

Su propuesta estribaba fundamentalmente en que se retirasen los guardias, le dieran paso a él al hemiciclo, y permitieran que fuera el propio Congreso el que deliberase y acordara una fórmula para la formación de un gobierno de solución a la situación creada, para volver a la normalidad. Luego el Congreso presentaría su propuesta al rey, a fin de que todo fuera constitucional. En la versión de Tejero, que no confirmó Armada, los diputados ya estaban preparados, y el futuro gobierno pactado: la presidencia para él; la vicepresidencia, para Felipe González; y dos o tres carteras a cada partido, con socialistas y comunistas moderados como Enrique Múgica y Solé Tura, éste como ministro de Trabajo. Armada le habló además de lo del avión para salir de España él y sus hombres.

El cabreo de Tejero fue monumental. Aquello no era lo que él esperaba, no era lo que le habían dicho… Insistió en que el rey tenía que promulgar unos decretos disolviendo las Cortes, que Milans tenía que estar en el gobierno, que nada de comunistas. Y, naturalmente, no se pusieron de acuerdo.

A la 1:20 de la madrugada Tejero daba por finalizada la conversación con Armada, y ordenaba a dos guardias que le condujesen a la salida e impidiesen que volviera a entrar sin su permiso. Armada salió del Congreso desolado. ¡Lo que en aquel momento le pasaría por la cabeza…!

Dentro, Tejero se quedó comentando la conversación con sus oficiales, lleno de ira. Se reafirmó dispuesto a no darse por vencido e improvisaron un manifiesto. Intentarían que se difundiera por radio, pero los militares del exterior consiguieron evitarlo.

A la 1:23 se emitió el mensaje del rey por televisión. En La Zarzuela todavía no sabían que el plan de Armada había fracasado en aquel momento. Armada ni siquiera había podido seguirlo. Según sus declaraciones, le resulta imposible precisar en dónde estaba en ese instante: «Yo debía de estar hablando con Tejero en el Congreso», «creo que estaba en el Hotel Palace, cuando se emitió», «me parece que debió darse el mensaje por televisión cuando yo iba en el coche del gobernador civil»… En efecto, ese fue el recorrido que siguió al salir. Del Congreso fue directamente a dar cuenta en el Palace de lo que había pasado, y de allí fue conducido al Ministerio del Interior (donde se había constituido una Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el siguiente escalón al de los ministros, un organismo civil que tuvo un valor más simbólico que otra cosa, ya que no tomaron ninguna decisión sin consultar a La Zarzuela en toda la noche). Fue desde Interior desde donde Armada habló con la Casa Real, por primera vez en la versión oficial.

Pero el mensaje sí lo habían visto millones de ciudadanos, que esperaban despiertos y expectantes. Entendieron lo que estaban deseando oír: que el golpe había sido abortado por el monarca. ¿A quién se le iba a ocurrir pensar en un desenlace «constitucional» tan rocambolesco como el que habían previsto en realidad? Pero, de todos modos, la mayor parte de la población no se sintió aliviada y se fue a dormir esperando a ver qué pasaba con los tanques de Valencia y los Guardias Civiles del Congreso. La situación era demasiado confusa.

En La Zarzuela se echaban las manos a la cabeza pensando «y ahora… ¿qué hacemos?». Hay testigos que dicen que en esos momentos, Juan Carlos lloró como un niño.

Nada se había pactado con los sublevados para que depusieran su actitud por las buenas, ni se habían tomado medidas militares para reducirlos por las malas. La única medida para «restablecer el orden constitucional» era Armada. El comandante Pardo Zancada salió de la División Acorazada Brunete, como estaba previsto en el plan inicial, aunque no acompañando a Armada, con una columna de 113 hombres hacia las Cortes, dispuesto a apoyar a Tejero en lo que hiciera falta. Nadie interceptó su marcha y entró en el Congreso sin dificultad. Algo más tarde llegó todavía el capitán de navío Menéndez Tolosa, con la misma intención. Y tampoco tuvo problemas para entrar.

A las dos de la madrugada, cuando ya todos los implicados estaban bien al tanto del fracaso de Armada, los golpistas de la rama dura seguían insistiendo. Pensaban todavía que si más batallones del ejército se sumaban a la insurrección se podría forzar la situación. Y reclamaban que el rey tomara la iniciativa, apoyándoles abiertamente y nombrando por su cuenta y riesgo, sin constitución ni hostias, a Armada presidente. Pero el Borbón siempre ha sabido calibrar muy bien los riesgos. La experiencia de un golpe de ese estilo ya la había tenido su abuelo, Alfonso XIII, con Primo de Rivera… y no le había salido bien. Además eso no era lo que querían los americanos. No, no podía ser. Como le dijo a Milans, ya era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada. Tejero había abortado el golpe de Estado que él mismo había iniciado. La alocución televisiva ya se había emitido y, como le dijo a Milans, después de ese mensaje ya no podía volverse atrás. Pero a Milans parecía no llegarle la orden de que tenía que retirar sus tropas y pedir a Tejero que se rindiese sin más historias, de modo inmediato.

Las opciones en la nueva situación, estaban claras: o bien reconvertir el golpe blando en un golpe duro, con un gobierno militar no constitucional, con o sin el apoyo del rey; o bien darlo todo por perdido, minimizar daños, eludir responsabilidades e intentar rentabilizar políticamente el fracaso.

Milans estaba decididamente a favor de la primera. En un momento dado le dijo al rey que si no se ponía de su parte, tendría que abdicar y marcharse. Pero el apego del Borbón al trono le hizo resistir. Lo cierto es que, gracias a la cautelosa gestión desde Zarzuela, los golpistas de la rama dura no contaban con suficientes apoyos en las capitanías generales. Juan Carlos, que casi nunca había sabido imponerse verbalmente en una discusión, prefiriendo recurrir a Sabino o a una nota escrita, se lo transmitió por télex:

Confirmando conversación telefónica acabamos de tener, te hago saber con toda claridad lo siguiente:

1. Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente; después de este mensaje ya no puedo volverme atrás.

2. Cualquier golpe de Estado no puede escudarse en el Rey, es contra Rey.

3. Hoy más que nunca estoy dispuesto a cumplir el juramento de la bandera, muy conscientemente, pensando únicamente en España; te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido.

4. Te ordeno que digas a Tejero que deponga su actitud.

5. Juro que no abdicaré la Corona ni abandonaré España; quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil y será responsable de ella.

6. No dudo del amor a España de mis generales; por España primero, y por la Corona después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho.

Poco después de recibirlo, Milans comunicó a Zarzuela que cumpliría sus órdenes. Ya no había salida. Pero advirtió que el teniente coronel Tejero no le obedecía y la situación del Congreso era muy peligrosa.

A las 4 de la madrugada las tropas se retiraban de las calles de Valencia y se dictaba un bando que anulaba el anterior. A las 6 y media Milans se retiraba de su puesto de mando, y se iba a dormir sin preocuparse demasiado por la situación en la que quedaba Tejero, encerrado todavía en las Cortes. De todos modos, el teniente coronel de la Guardia Civil comenzaba a comprender. Hasta el comandante de la División Acorazada que había ido a apoyarle cuando ya todo estaba perdido, Pardo Zancada, le aconsejaba que se rindiera, mientras sus guardias huían por las ventanas. Con la mañana, tan claro veían todos el final, que el mismísimo líder de Alianza Popular, Manuel Fraga, se puso en pie en el hemiciclo y lanzó una memorable parrafada antigolpista: «¡Quiero salir porque esto es un atentado contra la Democracia y la Libertad!… ¡Esto no favorece ni al rey, ni a España, ni a la Guardia Civil!… ¡Prefiero morir con honra que vivir con vilipendio!». Lo secundaron los diputados Óscar Alzaga, Fernando Álvarez de Miranda e Íñigo Cavero, abriendo sus chaquetas de par en par: «¡Dispárenme a mí!». Todo un show como fin de fiesta.

Antes de entregarse, Tejero exigió la presencia de Armada. Sólo con él pactaría la rendición. Un gesto entre militares y en su lenguaje, para dejar patente su traición y humillarlo públicamente. A las 12 y media del 24 de febrero, después de hablarlo con el rey, Armada firmó a las puertas de las Cortes, sobre el capó de un coche, la «nota de capitulación» con las condiciones de Tejero. Los guardias que todavía quedaban dentro montaron en sus vehículos y salieron hacia sus respectivos acuartelamientos. Después, los diputados, rodeados de cámaras y micrófonos de periodistas.

A las dos y media del mediodía, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Gabeiras, llamó a Milans del Bosch y le ordenó acudir inmediatamente a Madrid. A las siete en punto de la tarde, Milans entró en el Ministerio de Defensa, donde fue detenido.

Esa misma tarde, la Junta de Defensa reunida en La Zarzuela, con Suárez todavía de presidente en funciones, ordenaba a Gabeiras que arrestase también a Armada. Gabeiras se volvió hacia el rey, entre sorprendido y alarmado, haciendo exclamar a Suárez: «¡No le mire al rey, míreme a mí!».

MAQUILLANDO MORETONES

La inmensa mayoría de los casi 300 guardias civiles y más de 100 soldados que ocuparon el Parlamento nunca fueron juzgados. En total, sólo 32 militares y un civil serían encarcelados y procesados, y ni siquiera todos resultaron condenados después. El juicio comenzó en febrero del 82, en un antiguo almacén de papel del Servicio Geográfico del Ejército, habilitado al efecto, en la zona militar madrileña de Campamento.

Aquellos meses debieron ser amargos para el monarca, aunque una multitud enfervorizada de columnistas y políticos intentaron paliarlo en la medida de sus posibilidades, con una sólida campaña en defensa de la Corona. La Junta de Andalucía llegó a hacer una declaración oficial de adhesión al rey en marzo del 82, durante el juicio.

El embajador alemán cuenta que fue ese mismo mes cuando tuvo su conversación privada con él en Zarzuela, y luego narró, en un despacho recientemente desclasificado, que el monarca planeaba interceder para que a Antonio Tejero y los demás involucrados «no les sucediera nada demasiado grave». Y desde luego lo consiguió, aunque las primeras sentencias del 3 de junio no fueran todo lo satisfactorias que se esperaba. De los 33 encausados, 11 resultaban absueltos, a Armada sólo le caían 6 años y, aunque a Milans y a Tejero se les aplicaba la pena máxima (30 años), el propio Tribunal Militar anunciaba que iba a solicitar su indulto al gobierno.

El entonces presidente, Calvo Sotelo, expresó su disconformidad y anunció la intención gubernamental de recurrir la sentencia. Con ello la causa pasó a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia. El 6 de abril del 83 se abría en la sala segunda la vista de los recursos. Pero cuando se dictó sentencia firme, el 28 del mismo mes, se pudo ver que los cambios eran poco significativos, salvo en el caso de Armada, que salía ahora con 30 años de condena. Para suavizarlo un poco, el Tribunal especificaba que «si el Consejo Supremo de Justicia Militar persiste en su propósito, anunciado en su sentencia, de dirigirse al Gobierno para que se ejercite el derecho de gracia respecto al teniente general Milans y al teniente coronel Tejero, deberá hacerlo extensivo, para evitar agravio comparativo, al general Armada».

Milans, Tejero y Armada fueron los únicos con una condena superior a 12 años. Con más de 3, sólo resultaron condenados ocho de los encausados. Aunque el número de absueltos se redujo a sólo tres, a la mayoría les correspondieron penas de 1 a 3 años, al cabo de los cuales podrían reincorporarse nuevamente a sus puestos en el ejército. Uno de los condenados, éste a 5 años, fue el capitán Jesús Muñecas, cuya brillante actuación televisiva anunciando en el hemiciclo la llegada inminente de una «autoridad militar», merecería también haber sido premiada con un óscar. Otros que tuvieron la suerte de no salir por la tele pudieron librarse con mucha más facilidad. Los coroneles Valencia y Arnáiz, por ejemplo, que se encargaron de tomar RTVE y varias emisoras de radio, no fueron encausados y poco después del 23F los dos fueron ascendidos al generalato.

El que peor parado salió de todo el proceso, sin duda, fue Tejero, el último de los procesados del 23F en salir de prisión. A él le tocó comerse el grueso del marrón. Aparte de los 30 años, fue condenado a pagarle al Estado 1.076.450 pesetas, por los destrozos que había causado en el Parlamento. Además, como se le había expulsado del cuerpo, su familia tuvo que desalojar el piso de la Guardia Civil en el que vivía (aunque al parecer se le ayudó off the record desde entonces hasta la actualidad). Su primera residencia fue el castillo de La Palma de Mugardos, en la ría de El Ferrol de su Caudillo. Aunque el recinto estaba dedicado a cárcel militar desde la guerra civil, su celda era mejor que muchos pisitos de clase media: 65 metros cuadrados con varias habitaciones, un servicio con bañera y hasta una cocina. No había barrotes. Fue lugar de peregrinación para fachas nostálgicos antes de que el Xacobeo se pusiera de moda y todavía mantiene su halo: su celda fue abierta al público en agosto de 2015, después de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Mugardos y el grupo de inversores que en 2003 compró la construcción al Ministerio de Defensa para convertirla en un moderno hotel spa, abierto no sólo para golpistas convictos. Tejero disfrutó estas instalaciones dos años y luego, para neutralizar un poco la concurrencia de visitantes excesiva, fue trasladado al Castillo de San Fernando, en Figueras, una fortaleza del siglo XVIII, en la que fue prácticamente el único inquilino de 1983 a 1991. A partir de ahí continuó en prisión, en la cárcel de Alcalá de Henares, donde desarrolló afición por la pintura, escribió sus memorias, aprendió idiomas y cursó la carrera de Geografía e Historia. Desde septiembre de 1993 disfrutó del tercer grado (régimen abierto), saliendo en libertad condicional en 1996. Aparte de una carta al director del diario Melilla Hoy criticando el estatuto de Cataluña, en 2006, no ha tenido más apariciones públicas. Pero en febrero de 2014 volvió a la palestra cuando su hijo, el también teniente coronel Antonio Tejero Díez, le organizó una paella con un nutrido grupo de amigos para conmemorar el 33 aniversario del intento de golpe de Estado, en el mismo acuartelamiento de Valdemoro (Madrid) en el que era jefe del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. A la paella también había asistido el excapitán Jesús Muñecas, recuperando fama además al ser acusado de torturas por la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo. Tejero Díez fue destituido fulminantemente cuando la noticia se publicó en la prensa, causando estupor a propios y extraños. Pero todo quedó en nada: a los pocos meses, el 23 de julio, fue ascendido a coronel y le dieron el destino que quería. Tejero salió mal parado, pero sus compañeros no lo olvidan.

Milans del Bosch lo tuvo un poco mejor. El ejército empezó por mostrarle su apoyo concediéndole la medalla de sufrimientos por la patria, a finales de 1981, aunque luego el gobierno consiguió anularlo, porque aquello era demasiado descarado. Con su condena de 30 años a cuestas, pasó por varias prisiones (Algeciras, Alcalá de Henares, Figueras y la Prisión Naval de Carranza, en El Ferrol de su Caudillo). Desde la cárcel continuó en sus trece, tuvo ocasión de estar también implicado en la conspiración golpista del 27 de octubre de 1982 (consta que se entrevistó con el coronel Muñoz Gutiérrez, uno de los tres implicados, estando en la prisión de Fuencarral), y nunca mostró ningún atisbo de arrepentimiento. No quiso pedir el indulto, pero fueron buenos con él y el 1 de julio de 1990, después de haber cumplido la tercera parte de la condena (dicen, aunque las cifras no cuadran: desde febrero del 81 sólo habían pasado 9 años), se le concedió de todos modos y fue puesto en libertad. Se instaló en un chalet de la Moraleja, un barrio residencial de lujo, en Madrid, y se murió en el 97 de un tumor cerebral. Lo enterraron como a un héroe en la cripta del Alcázar de Toledo, por su condición de defensor del recinto durante la Guerra Civil.

Lo de Armada, que sólo cumplió 7 años de cárcel en total, se puede decir que fue un chollo. A finales de 1987 ya el Consejo Supremo de Justicia Militar le había rebajado la pena a 26 años, ocho meses y un día. Pero la libertad definitiva la obtuvo el 24 de diciembre de 1988, cuando el Gobierno socialista de Felipe González le indultó por razones de salud y por «acatar la Constitución». Vivió sus últimos años en Galicia, en un pazo en donde se dedicó a cultivar camelias. Decía tener guardadas unas memoria, con todo lo que no dijo en las ya publicadas, listas para ver la luz tras su muerte. Pero falleció el 1 de diciembre de 2013 a los 93 años y nada supimos de ellas. Los reyes enviaron el pésame a través de un telegrama a título personal.

En lo que respecta al CESID y a su papel en el 23F, al igual que en todo lo relativo al monarca, también hubo campaña de silencio, adoctrinamiento y destrucción de pruebas. Entre los documentos desaparecidos en los días siguientes, de los que sólo queda el recuerdo en las mentes de agentes que entonces estaban en activo, se citan el informe «Delta Sur» (que evaluaba la actitud de cada mando del CESID respecto a un cambio de régimen), unos edictos y decretos que debían difundirse una vez que hubiese triunfado el golpe, e informes de vigilancia que incluían fotos de reuniones conspirativas celebradas en distintos puntos de Madrid. Luego se hizo el «Informe Jáudenes», «acerca de la posible participación de miembros de la AOME (Agrupación Operativa de Medios Especiales, cuyo jefe era José Luis Cortina) en los sucesos de los días 23 y 24 de febrero pasados». Se le encargó al teniente coronel Juan Jáudenes el 31 de marzo del 81, cuando ya no quedaban pruebas. Pero aún se pudieron recabar testimonios que implicaban a unos ocho agentes (García Almenta, Monge, Sales y Moya, entre otros). De todos modos, ninguno de ellos fue denunciado por el CESID.

Si José Luis Cortina, el cerebro organizador del golpe, llegó a ser procesado, fue sobre la base de las imputaciones de Tejero. Se le acusó de actuar de enlace de Armada en Madrid y de dar el apoyo logístico a Tejero para que tomara el Parlamento. Durante el interrogatorio a que fue sometido por parte del fiscal, durante el juicio, sucedió un hecho inquietante. Al sentirse acorralado por las preguntas, Cortina, cada vez más nervioso y sin encontrar ningún resquicio por donde escabullirse, aprovechó un pequeño receso para salir disparado hacía el teléfono y marcar un número con ansiedad. En determinado momento se le oyó decir indignado: «Como siga este tío así, saco a relucir lo de Carrero». Y a partir de ese momento, cuando se reanudó la sesión, el tono de las preguntas fue muy distinto, como si hubieran cambiado al fiscal. Cuando se produjo el atentado contra Carrero, José Luis Cortina estaba destinado en los servicios de inteligencia del Alto Estado Mayor. Su secreto debía de tener mucho peso: la sentencia del Consejo de Guerra, pese a que el fiscal le pedía 12 años, le absolvió de todos los cargos.

Cortina no dejó el ejército. Desde 1983, estuvo destinado en distintos puestos: en el Regimiento de Infantería Jaén 25, en el Polígono de Experiencias de Carabanchel y, por último, en 1985, en el Cuartel General del Ejército, en el departamento MASAL (Mando de Apoyo Logístico), ascendido a coronel de Estado Mayor. En 1990 le fue concedida la Cruz Militar con distintivo blanco y la placa de San Hermenegildo. Luego, su suerte se torció: todavía con el PSOE en el poder, en 1991 fue expedientado y destituido por negligencia en la custodia de documentos secretos. Pero esa es otra historia.

Gómez Iglesias fue al único agente del CESID condenado por la implicación directa en el asalto al Congreso. El tribunal militar sólo le impuso una pena de 3 años, que luego el Supremo amplió a 6. Pero fue indultado en diciembre de 1984 tras una declaración expresa de acatamiento a la Constitución y las leyes, siendo el primer condenado por el golpe de Estado de 1981 en obtener dicho beneficio.

Los demás agentes del CESID implicados ni siquiera testificaron en el juicio. El «Informe Jáudenes» fue incorporado a la causa 2/81 y después devuelto. En los 13.000 folios del sumario no se hace ninguna mención a él.

En cuanto a la implicación de políticos, y muy especialmente de los socialistas que estaba probado que se habían reunido con Armada, hay que decir que también tuvieron mucha suerte en el juicio. Tanto ellos como el grupo de La Zarzuela, Armada incluido, cumplieron el compromiso de no implicarse mutuamente. Un equipo de abogados entrenó a Múgica durante mucho tiempo para que su declaración como testigo se ajustara a los intereses del PSOE, que eran desvincularse de Armada. Al cabo de los años Múgica no ha modificado su disciplina, y lo más que reconoce es que hablaron de la cría de mulas para el transporte de las unidades de artillería de montaña.

Cuando salió la sentencia, Felipe González, que ya era presidente del Gobierno, declaró en el Congreso: «esta sentencia cierra un capítulo importante y doloroso de la historia de España». Comenzaba a entrenarse en aquello de que se enteraba de las cosas por la prensa, cuando, recalcando «la absoluta independencia entre el poder judicial y el ejecutivo», dijo: «Yo me he enterado a media mañana del contenido de la sentencia, por una nota manuscrita del portavoz del Gobierno».

LA RESPONSABILIDAD REAL

Sabino, diversas instituciones y funcionarios de distinto tipo se emplearon a fondo para intentar dejar al margen del procedimiento judicial a Juan Carlos. Los abogados defensores mantuvieron la tesis de que los militares sublevados habían actuado «por obediencia debida» en nombre del rey, y tuvieron la pretensión de que éste prestara declaración como testigo, cuando menos por escrito, dado el protagonismo que había tenido la noche y madrugada del golpe de Estado. Si no estaba de acuerdo con que Tejero invocase el nombre del rey en su entrada al Congreso, ¿por qué no lo desmintió inmediatamente? Pero no hubo manera. En su lugar, declaró Sabino. Armada se comprometió en un pacto de silencio que nadie pudo romper, pero los demás coincidían en que estaba al tanto, y en que en el plan de actuación se contaba con su participación. Así que, de todos modos, el rey acabó apareciendo implicado en las declaraciones de la mayor parte de los encausados.

Sin embargo, gracias a los esfuerzos no se sabe bien de quién, las referencias a Juan Carlos desaparecieron en la sentencia, ocupando Sabino su puesto como responsable de algunos de sus actos. Por ejemplo, se atribuyó al secretario de la Casa la conversación que el rey había tenido con Armada, a las 18:30 aproximadamente, en la que el general se «ofrecía» para ir a La Zarzuela. Y eso que esta novísima versión no se correspondía con ninguna de las declaraciones durante el juicio: ni con la de Fernández Campo, ni con la de Gabeiras, ni con la de Armada. Luego el propio rey se encargó también de desmentirla en sus conversaciones con Vilallonga para su biografía autorizada.

No fue su única metedura de pata en aquellas largas entrevistas. Tan ensoberbecido estaba en su papel de salvador de la patria que se permitió incluso descalificar a los golpistas, con exclamaciones como «¡Verdaderos amateurs!», o «¡Era un golpe de Estado montado sin sentido común!». Exclamaciones que le pudieron haber valido que fieles como Armada le perdieran el respeto y rompieran su pacto de silencio, pero que Sabino, siempre más atento a los detalles que el monarca, se encargó de que fueran suprimidas en la edición española.

Recientemente, la desprotección legal en la que quedó Juan Carlos momentáneamente tras su abdicación, y la publicación de un libro de Pilar Urbano con testimonios inéditos del ya fallecido Sabino Fernández Campo, dieron pie a varios intentos por reabrir la investigación, tanto política como judicialmente, en torno a sus responsabilidades en el golpe del 23F.

El coronel retirado Amadeo Martínez Inglés, fiel a su papel de azote del juancarlismo, dirigió un escrito el 19 de febrero de 2015 a la Fiscalía General del Estado solicitándole la apertura de una investigación judicial, acompañado de un informe exhaustivo de 35 folios. Los puntos en los que hacía hincapié eran las ilegalidades (e inmoralidades) cometidas por el rey a lo largo de esa fatídica noche.

En primer lugar, en el ámbito civil, despreció la autoridad del Gobierno interino de subsecretarios y secretarios de Estado que él mismo había aceptado, tomando decisiones políticas sin refrendo alguno de ese Ejecutivo provisional (y, por ende, sin ningún valor legal), arrogándose poderes que no le correspondían constitucionalmente (actuando de facto como un dictador) y «negociando» directamente con los capitanes generales franquistas la sumisión a su persona y a la Institución que ella representaba mediante promesas de actuación política futura a cargo del Gobierno de la nación.

En segundo, en el ámbito militar, dio orden a la JUJEM, también directa y sin consultarla siquiera con el Ejecutivo provisional, para que controlara toda la estructura operativa de las Fuerzas Armadas a través de la cadena de mando y le informaran a él directamente de la más mínima novedad. Pero no impartió orden alguna ni ejerció personalmente ninguna presión sobre el teniente coronel Tejero para que retirara a sus hombres del Congreso y pusiera fin al secuestro del Gobierno legítimo de la nación.

Además, cuando consideró que no podía asumir unos acontecimientos que podían dañar seriamente a la Institución monárquica, abandonó a su suerte a los dos generales monárquicos que lo habían planificado, renegando de ellos y de sus intenciones «involucionistas» para inmediatamente tratar de neutralizar la peligrosa situación creada.

Ya antes, en marzo de 2014, a raíz de la publicación del libro de Pilar Urbano La gran desmemoria, el dirigente de Izquierda Unida Cayo Lara había comparecido ante los medios para advertir que «quien calla, otorga», y reforzar su reclamación de un desmentido urgente por parte de la institución monárquica, ante unas revelaciones que dejaban patente la participación del rey. «La impunidad, si es verdad, toca a su fin». Pero la Casa del Rey se limitó a manifestar que «el papel y la actuación del rey el 23F están ya consolidados por la historia, y el modo decidido y determinante como actuó en defensa de la democracia es conocido por toda la sociedad española y en todo el mundo».

En torno a las mismas fechas, el grupo parlamentario de Izquierda Plural denunció en el Congreso la «falta de transparencia» en torno al 23F, que «siembra de dudas un episodio trascendental de nuestra democracia», y solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el golpe. Además exigían (con el apoyo de una campaña de recogida de firmas en internet) la desclasificación de todos los documentos del 23F, ya que, por increíble que parezca, 35 años después la documentación oficial de la investigación judicial se encuentra bajo secreto. Por supuesto, en perfecta sintonía con la Casa del Rey la iniciativa fue rechazada por el PP en el Parlamento, asegurando que «el 23F es objeto de investigación histórica. La investigación política está muy clara». De modo que incluso el sumario seguirá siendo secreto de Estado hasta el año 2031.

Lo que sí nos han dado a conocer es la anodina sentencia del caso, cuando éste pasó al Supremo, de 1983, puntualizando a lo largo de sus 144 considerandos que la rebelión hubiera existido aun sin el supuesto «impulso regio». Se decía literalmente: «no sobra razonar que si, hipotéticamente y con los debidos respetos a su majestad, tales órdenes hubiesen existido, ello sin perjuicio de la impunidad de la Corona que proclama la Constitución, no hubiera excusado, de ningún modo, a los procesados, pues, tales órdenes, no entran dentro de las facultades de Su Majestad el Rey, y, siendo manifiestamente ilegítimas, no tenían por qué haber sido obedecidas».

Ahí queda para que la juzgue la historia, porque nada pudo hacerse para reabrir la investigación, tanto en el ámbito político como judicial, aprovechando la momentánea falta de impunidad de Juan Carlos, en el breve espacio de tiempo entre su abdicación y el nuevo aforamiento exprés.

EL TRIUNFO DEL GOLPE

El golpe del 23F, al fin y a la postre, acabó triunfando de cualquier manera. No sólo por la sesión de maquillaje a que se vio sometida la versión oficial. La desmovilización popular fue el logro más importante, desde el momento en que consiguieron que toda España se quedara clavada frente al televisor esperando las palabras del monarca, como en trance. El éxito del sainete recogió los frutos de los primeros años de la Transición, con los partidos defraudando las expectativas y las reivindicaciones sociales. Como consecuencia, se habían producido altas tasas de abstención en las elecciones, multiplicada por dos y por tres entre 1977 y 1980, bordeando el 70 por 100; y, paralelamente, la desafiliación casi en masa de militantes en los partidos comunista y socialista (superior al 50 por 100 entre 1977 y 1980). El cénit fue el 23F.

Unos días después, el 27 de febrero, hubo una multitudinaria y pacífica manifestación en Madrid que inauguraba la nueva etapa política, con los «héroes» del 23F (Felipe González, Carrillo y hasta el mismísimo Fraga Iribarne) encabezando la promovida concentración de masas que daban vivas al rey.

Por otra parte, el ingreso de España en la OTAN fue inmediato. En octubre del 81 Juan Carlos se reunió con Reagan en visita oficial a Washington, y unos meses después, en mayo del 82, Calvo Sotelo consiguió que las Cortes lo aprobaran sin mucho ruido.

En general, hubo un bandazo hacia la derecha en todo el Estado. En este marco, AP (Alianza Popular, hoy renombrado como Partido Popular) ganó las elecciones autonómicas de Galicia (el 20 de octubre), pisando por primera vez el poder en la Transición. Y en las andaluzas (el 23 de mayo), el PSOE barrió al PCE. En todas partes bajaba en caída libre la UCD, a la que se hacía responsable de lo que estuvo a punto de perderse. El golpe de Estado había mostrado que las libertades existentes eran frágiles. Hasta el PCE, en el que hasta entonces algunos sectores habían mantenido reservas críticas hacia la política de concentración democrática (especialmente en Cataluña), reconocía que habían subestimado los riesgos de involución.

Cuando en agosto se convocaron elecciones generales para octubre, el PSOE ya estaba preparado para poder cambiar su discurso, y no preocupar a la banca ni a los poderes fácticos, apoyando sin complejos a la monarquía. El 23F era la coartada perfecta. Fue la definitiva domesticación de sus bases. El 28 de octubre ganó con promesas de sacarnos de la OTAN, crear 800.000 puestos de trabajo y consolidar las libertades, por mayoría absoluta con el 48 por 100 de los votos.

En el discurso de apertura del nuevo Parlamento, en noviembre, el antes republicano Peces-Barba se permitió el lujo de decir que «Monarquía y Parlamento no son términos antitéticos, sino complementarios, y su integración en la monarquía parlamentaria, tal como se dibuja en nuestro texto constitucional, produce una estabilidad, un equilibrio y unas posibilidades de progreso difíciles de encontrar en otras formas de Estado». Cuando Juan Carlos firmó el decreto de nombramiento de Felipe González, el 3 de diciembre, le dijo emocionado a Peces-Barba: «Si mi abuelo hubiera podido tener esta relación con Pablo Iglesias, habríamos evitado la guerra civil». Y Gregorio le contestó: «Quizá, señor, para llegar a esto tuvimos que pasar por aquello». Sin duda también, podríamos añadir, por el 23F.

Ahora que el reinado de Juan Carlos I ha tocado a su fin envuelto en un mar de escándalos, la historia oficial ha tenido que desvestirse de gran parte de sus velos hagiográficos, pero no de todos. La hazaña del 23F se enarbola todavía como una antorcha que ilumina su reinado. Y todavía da miedo la pasión con que sus acólitos la defienden. Poco antes de su muerte, el amiguísimo Prado y Colón de Carvajal escribía esta profética soflama: «Nadie debe llamarse a escándalo si digo que el príncipe Felipe, como futuro monarca, quizá necesite otro 23F para reinar en España. Hablo, naturalmente, de un metafórico 23F, acorde con los nuevos tiempos de esta España cansina de hoy, con tanta democracia adormecida por el orfidal del aburrimiento, con tanto nacionalismo cuarteador de este país en porciones del que, sospecho, es más juancarlista que monárquico». Inaugurado el reinado de Felipe VI, ojalá esta peregrina idea haya caído en el olvido, porque el poder sigue estando de su parte para repetirlo.

CUARTA PARTE
A cuerpo de rey

13. El rey de los socialistas

ENCANTADO CON LOS DIRIGENTES DEL PSOE

La monarquía se consolidó con el 23F, sin duda. No hay que insistir más en la paradoja que esto representa. Da más miedo que vergüenza. Un golpe de Estado en el que está implicado fracasa y, en el proceso de reconducción del fiasco, consigue el triunfo más clamoroso de su reinado. De risa si no fuera para llorar que, todavía a día de hoy, cráneos privilegiados de la política y la cultura continúen con el sonsonete del salvador de la democracia. En fin, que la historia lo juzgue como se merece algún día es lo único que pueden esperar los cuatro locos que siguen insistiendo en convencer a la ciudadanía de que eso de comulgar con ruedas de molino no es compatible con el ejercicio de la razón.

El gran éxito de la democracia coronada ha sido durante mucho tiempo patente de corso para Juan Carlos. Cuando en 1982 el PSOE accedió al poder, comenzaría una etapa para la monarquía de gran prosperidad. El presidente Felipe González, sobre todo en los tres primeros años de su mandato, llegó a tener una íntima amistad con Juan Carlos, que estaba fascinado por su gracia andaluza. Aunque institucionalizaron un despacho de trabajo todos los martes, hablaban por teléfono y cambiaban o ampliaban sus encuentros muchas veces. Con frecuencia los dos matrimonios salían a cenar juntos y después veían películas en La Zarzuela hasta la madrugada. Al final, Felipe se pasaba por La Zarzuela cuando quería, sin avisar.

El presidente se desvivía por atender los deseos del rey, con un planteamiento gubernamental que podría resumirse en la recomendación siguiente: «Señor, no se preocupe, nosotros nos ocupamos de todo: diviértase Vuestra Majestad». Y Juan Carlos estaba encantado con los socialistas, capaces de llegar hasta la frivolidad y el despilfarro para proporcionarle cualquier capricho: aviones, helicópteros, barcos, automóviles, la práctica de los deportes más caros, viajes a los lugares de moda internacional… y, sobre todo, vacaciones, muchas vacaciones. El día de su santo se celebraban grandes saraos en los jardines del Campo del Moro, con más de 4.000 invitados de la beautiful people, esa nueva casta social de «isabelitas preysler» y ministros del nuevo régimen venidos a más, que medraba a los pechos del PSOE.

En el plano estrictamente político, apenas hubo desavenencias. Quizá la única situación crítica entre el rey y Felipe González se derivó de las declaraciones que Juan Carlos hizo a Jim Hoagland, del Washington Post, en 1986, como anticipo del viaje oficial que iba a realizar a Estados Unidos. El Jefe del Estado discrepaba de cómo llevaba el gobierno español las negociaciones para el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas, y se alineaba sin reservas en el dispositivo de defensa de Washington. Daba la impresión de que el rey mandaba mensajes al presidente a través de la prensa estadounidense, lo que no era en absoluto correcto: se trataba más bien de que los norteamericanos enviaban el mensaje a través del monarca al gobierno de los socialistas, y éstos lo captaron inmediatamente. Las fricciones entre la Casa Real y Moncloa no llegaron a mayores.

En general, había una sintonía perfecta entre ellos, hasta el extremo de que en mayo de 1983, en el transcurso de una visita oficial de Su Majestad a Brasil, éste pronunció un discurso ante las Cámaras Legislativas de la República Federativa prácticamente idéntico a un artículo que había publicado Felipe González en Le Monde Diplomatique, en la edición en lengua española para Iberoamérica, el mismo mes. La plática del rey, que trataba sobre los valores democráticos, había sido unánimemente alabada por toda la prensa: «El Rey Juan Carlos explicó cómo en España, con independencia del partido que gobierne, la proyección americana es uno de los objetivos fundamentales de la política exterior, un compromiso encarnado por la Corona que está reflejado en la Constitución», decía en su crónica Diario 16. Sin embargo, no tardó en descubrirse que se habían repetido párrafos literales del artículo del presidente González. En total, ocho partes del discurso del rey se correspondían con exactitud, hasta en los puntos suspensivos, con otras ocho del artículo de Felipe, y la prensa se lanzó a la crítica. «Bochornoso patinazo», «metedura de pata», «refrito», «desliz», fueron algunas de las expresiones con que se calificó el hecho. Eso sí, apuntando directamente hacia el gobierno. El rey no es criticable ni por esas.

El director general de la Oficina de Información Diplomática (OID), Fernando Schwartz, pidió disculpas públicamente. Por su parte Felipe González lamentó lo ocurrido, y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, se irritó. Pero a quien le costó el puesto fue a Carlos Miranda, entonces director general para Asuntos de Latinoamérica. La Casa Real no se pronunció.

Según las explicaciones que entonces se ofrecieron en la prensa, es habitual que los discursos de los viajes oficiales o ante visitantes del rey se encarguen al ministerio correspondiente. En este caso el encargo había pasado a un funcionario de la Dirección de Latinoamérica de Asuntos Exteriores. Entre la documentación facilitada estaba el borrador del famoso artículo de Felipe González. Después del funcionario, el discurso había circulado por distintas manos: el director general de Latinoamérica (Carlos Miranda), el ministro de Asuntos Exteriores (Fernando Morán), Presidencia del Gobierno y, luego, por último, por las manos de la Casa Real, donde de nuevo se revisó y limó la redacción (no mucho, al parecer). Total, que todo había sido algo así como el error informático de Ana Rosa Quintana en su novela-plagio Sabor a hiel.

A nadie pareció llamarle la atención, sin embargo, el hecho de que el artículo de Felipe González —como podía fácilmente deducirse del episodio en que su «borrador» aparecía en manos de un funcionario— tampoco hubiera sido escrito por él mismo. Ni se cuestionó quién intervenía en la redacción de los discursos institucionales. Y si nadie puso en duda al presidente, mucho menos al rey, que años después, en su biografía autorizada, firmada por José Luis de Vilallonga, seguía manteniendo con respecto a sus discursos, sin pudor alguno: «El presidente del Gobierno sabe lo que voy a decir (no sería leal por mi parte ocultárselo), pero no sabe en qué términos voy a expresarlo… Las líneas maestras de mis mensajes son siempre obra mía. Luego las discuto aquí, en palacio, con mis colaboradores más íntimos. Después, según el tema que tengo que tratar, hago que me aconsejen juristas, sociólogos, a veces el ministro de Asuntos Exteriores, incluso militares… Pero no hay en España un speech writer como en los Estados Unidos o como en Inglaterra». Tan poca importancia le dan a lo que la gente pueda pensar sobre esta cuestión que Sabino Fernández Campo, el secretario, ni siquiera se preocupó de «censurar» esta parte del libro, como sí hizo con otros párrafos desaparecidos en la edición española que ya hemos comentado (sobre todo los referentes al 23F).

GOLPES QUE NO FUERON DE ESTADO

A lo largo del «reinado» del PSOE, mientras el rey se divertía en Mallorca, en Baqueira, en Suiza o donde fuera, su valoración en las encuestas registraba las cotas más elevadas de popularidad, por encima del 80 por 100, creciendo imparable. Y los únicos inconvenientes eran los golpes que con real torpeza se llevaba de vez en cuando, mientras jugaba a alguno de sus juegos favoritos, que le obligaron a pasarse de baja largos periodos. Aunque esto nadie se lo podría achacar a los socialistas, los golpetazos reales se sucedían unos tras otros y, todos juntos, habrían conformado un desternillante programa de «vídeos de primera» de gran duración.

Ya antes había comenzado a sufrir percances, como el de julio de 1981: es domingo por la tarde, hace calor y Juan Carlos acaba de disputar un intenso partido de squash. El rey se dirige presuroso hacia la piscina, pero no ve la puerta de cristal, habitualmente abierta. El choque resulta impresionante. El cristal salta en pedazos, y el rey sufre lesiones de importancia en brazos, piernas, pecho y rostro. Felipe se queda pálido al ver a su padre caído en el suelo y sangrando. Con presencia de ánimo, el herido se esfuerza por tranquilizar a todos. Le trasladan a la clínica de la Cruz Roja, donde entra por su propio pie. Allí es curado con anestesia general, dadas las amplias zonas lesionadas. Las primeras noticias que se filtran resultan alarmantes, incluso con rumores que hablan de un posible atentado.

Pero luego vinieron muchos accidentes más, que nunca pillaban al monarca trabajando. En enero de 1983, durante las vacaciones navideñas en Gstaad, tuvo uno de los accidentes más graves. Resbaló sobre una placa de hielo, lo que le produjo una fisura en la pelvis. Fue un susto importante que casi le cuesta un testículo. Después de ser atendido en Suiza fue trasladado rápidamente a Madrid. Cuando Sabino Fernández Campo, el secretario de la Casa Real, fue a recibirlo y lo vio postrado en la camilla en que lo bajaban del avión, pálido, demacrado, con el pelo revuelto… vamos, hecho un asco, no pudo menos que exclamar: «Señor, con todo respeto, he de decirle que un rey sólo puede tener ese lamentable aspecto si viene de las cruzadas». La recuperación de Juan Carlos duró dos meses, pero dejó como secuela un hematoma interno que originó una fibrosis reactiva («brida fibrótica pelviana periureteral que ejerce presión sobre el uréter izquierdo»), que hubo que operar dos años después. En la intervención se extirpó la fibrosis y parte del testículo izquierdo. Los médicos le recomendaron entonces que pusiera sus partes al sol para favorecer la cicatrización, y fue cuando tuvo la mala suerte de que un paparazzo le fotografiase desnudo sobre la cubierta del yate Fortuna en aguas de Mallorca, como si fuera un «naturista», cuando sólo lo hacía por prescripción facultativa.

En 1988 se dio un empellón cazando en Suecia. Perseguía arrebatado una pieza cuando una rama le golpeó el ojo a traición. En diciembre de 1989, durante unas vacaciones en la estación de Courchevel (los Alpes franceses), otro batacazo le produjo magulladuras y heridas en la cara. El 28 de diciembre de 1991, esquiando en Baqueira, se dio un topetazo más, mientras descendía por una pendiente muy empinada, que le produjo el hundimiento del platillo tibial de la rodilla derecha, lo que obligó a una nueva intervención quirúrgica. Tuvo que llevar muletas hasta el mes de abril. La Casa Real, preocupada con que los españoles pudieran comenzar a pensar que tanto golpe no era normal, difundió la versión de que el accidente había sido contra otro esquiador que se había cruzado en su camino. El misterioso obstáculo nunca fue identificado, aunque las redacciones de algunas revistas se llenaron de espontáneos que querían arrogarse el honor.

EN MANOS DEL GOBIERNO

El idilio entre el PSOE y el rey comenzó a entrar en zona oscura cuando los casos de corrupción que afectaban al gobierno comenzaron a aparecer en la prensa, y acabaron salpicando a la Corona.

En un primer momento su unión no se rompió. En 1990, cuando estaba apenas en sus inicios la oleada de escándalos, la Casa Real y la Moncloa se aliaron para darle un tirón de orejas a la prensa. Habían salido ya a la luz, en cuanto al PSOE, los primeros episodios de corrupción, especialmente los casos de la renovación de la flota de Iberia y el caso Juan Guerra. Y, en cuanto al rey, dos publicaciones, el semanario Tribuna y el diario El Mundo, se habían atrevido en el mes de agosto a publicar varios reportajes críticos sobre los «líos de la corte de Mallorca», con titulares como «Así se forran los amigos del rey». En su discurso de Navidad de aquel año, el rey pronunció las siguientes palabras: «Si la libertad de expresión implica por parte de todos capacidad para aceptar las críticas y las opiniones diversas, el derecho a la información veraz exige de los medios de comunicación social la máxima profesionalidad y responsabilidad en el ejercicio de su tarea. Si hay que pedir comprensión ante las críticas a quienes las reciben, es legítimo pedir también mesura y respeto a la verdad a quienes las hacen».

Sus palabras no gustaron nada a la prensa y comenzó a difundirse el rumor de que el párrafo en cuestión había sido una imposición de Moncloa. Se dijo que el propio Felipe González lo había incluido de su puño y letra en contra incluso del entonces máximo responsable de la política de la Casa Real, Sabino Fernández Campo. Curiosamente, El País fue el único periódico que no se sumó a las críticas al mensaje navideño y, cuatro días después (el 28 de diciembre), se publicó en portada una felicitación del rey por la celebración de sus primeros 5.000 números, en la que decía: «Siempre he estado seguro de que, como Rey, podría contar con El País en cada ocasión en que la historia reciente lo requería, es decir, cotidianamente, en los momentos más graves y en los más livianos».

Pero ése no iba a ser el final de la historia ni mucho menos. Unos meses después, en el transcurso de un viaje oficial a Granada, junio de 1991, el rey, evidentemente aconsejado por otros, se refirió por primera vez a la corrupción: «Es lógico que (…) queráis romper con la desidia y la corrupción que han malogrado tantas cosas en España», dijo en un contexto en el que el caso Guerra estaba calentito calentito. Y sus palabras, dichas como quien no quiere la cosa en medio de un discurso bastante largo, fueron destacadas por toda la prensa menos, sospechosamente, por los telediarios de Televisión Española. Sentaron como un tiro al gobierno. Algunos incluso las calificaron de «injerencias» en asuntos políticos que no le correspondían.

En la complicada etapa política que estaba por venir para el PSOE, sin embargo, al rey también le iba a tocar sufrir. Poco después de lo de Granada, apareció involucrado él mismo en una nueva tremolina mediática, de la mano inocente de Felipe González, como un pequeño aviso de que, si caían ellos, iban a caer todos. Fue en 1992. Comenzó cuando el presidente, «sin querer», le dijo a un periodista que el rey no estaba en España. Los primeros en publicarlo fueron los de El País, pero luego toda la prensa se dio cuenta de que aquello era muy irregular, porque no se tenía constancia oficial de su ausencia y su firma aparecía en decretos como si nunca hubiera abandonado el Estado. Para complicarlo más, acabó filtrándose que estaba de vacaciones en Suiza… ¡con una amante! Fue un escándalo terrible, que acabaría costándole la cabeza, en un juego de intrigas complicadísimo, no a Felipe sino a Sabino Fernández Campo.

En el mensaje de Navidad de 1994 el rey volvió a hacer referencia al tema de la corrupción, pidiendo que se corrigieran «con firmeza los abusos cometidos». Había que salvar la cara como fuera, después de que, aparte de miembros importantes del PSOE, varios amigos íntimos (Miguel Arias, Manuel Prado, el príncipe Tchokotua, Pedro Sitges, Mario Conde…) empezaran a pasar por los juzgados. Poco le hubiera costado dejarlos a todos ellos tirados en nombre de la monarquía, para seguir impoluto él solo adelante. Pero ¡cuidado!, que el PSOE de Felipe González no iba a estar dispuesto a bajar solo a los infiernos, como sí hubieran aceptado algunos de sus íntimos, siguiendo el modelo de su fiel Armada, por ejemplo.

Y no hay que olvidar que el propio rey era escuchado (espiado) por el CESID al menos desde 1990, y en este sentido nunca se sabrá hasta qué punto, con qué clase de secretos, el PSOE lo tenía en sus manos. En octubre de aquel año, como luego se supo, el CESID lo había captado de forma «casual» en el sistema de escuchas hablando desde el coche, cuando se dirigía a «una cita». «¡Vaya por Dios! A ver… A ver, qué ha dicho éste…», dijo Manglano cuando le llevaron la cinta. A partir de ese momento la actividad adquirió gran importancia, traspasada a otro sector, controlado directamente por Manglano, porque «con estos bobones nunca se sabe». Mientras el rey jugaba al squash, se iba a esquiar a los Alpes o a las regatas de Mallorca, el PSOE se había dedicado, durante años, a través de los servicios secretos, a grabar y archivar sus conversaciones privadas con sus amigos (Manuel Prado, Carlos Perdomo, Tchokotua…). Cuando se supo, en 1995, tuvieron que dimitir el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra; el ministro de Defensa, Julián García Vargas; y el jefe del CESID, general Manglano. Pero el mal ya estaba hecho.

Los líos económicos se convirtieron en moneda de chantaje contra la Corona, utilizados por los que tenían acceso a ellos. Sobre todo cuando el PP llegó al gobierno, el rey tuvo que dejar de estar permanentemente de vacaciones, para intervenir en varios asuntos que requerían su atención, en favor del gobierno que durante tantos años le había dado una vida regalada.

14. El comienzo de su fortuna

ALMA DE NEGOCIANTE

Tenía cinco o seis años cuando el rey reconoce haber hecho el primer mal negocio de su vida. Fue en Lausana. Un español que había ido a visitar a su padre le regaló una pluma de oro. Justo delante del hotel Royal, donde vivían entonces, había una tienda en la que los niños solían comprar caramelos y chocolate. Como «Juanito» no tenía un céntimo en el bolsillo tuvo la luminosa idea de venderle la pluma de oro al portero del hotel por cinco francos, y correr a gastárselos en golosinas. En cuanto Don Juan se enteró fue a ver al portero, y tuvo que compensarle con diez francos para recuperar la pluma. «¡Me has hecho perder cinco francos!», le riñó al hijo que, con el tiempo, le haría perder muchísimo más.

Siempre tuvo alma de negociante, que afloraba a la mínima ocasión. Ya adulto, continuó demostrando escaso talento para los asuntos económicos, haciendo tratos poco afortunados, como cuando le cambió al periodista Jaime Peñafiel, habitual en La Zarzuela, una cámara fotográfica Nikkon moderna que éste tenía, por una valiosa Leika-Flex con motor propiedad de la Casa Real.

Pero con el tiempo fue aprendiendo y otros le salieron bastante mejor. A finales de 2008 el rey vendió al jefe de la patronal madrileña, Arturo Fernández, íntimo amigo suyo y dueño del grupo hostelero que lleva su nombre, el Maserati Quattroporte que le había regalado un jeque árabe de una de las monarquías del Golfo Pérsico, valorado en más de 150.000 euros. El presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) y vicepresidente de la CEOE reconoció haber comprado la berlina de lujo después de que el monarca se pusiera en contacto con él para ofrecérsela. «No tengo por qué ocultarlo. Pagué a Su Majestad unos 100.000 euros por el coche», aseguró a la prensa, y nadie se escandalizó. Quiso negar, sin embargo, que el vehículo fuera un regalo de un jeque árabe: «El Rey compró el vehículo a la casa Maserati y lo pagó de su bolsillo. Lo sé porque me enseñó la factura. Lo que yo le pagué a él fue menos de lo que le había costado el coche», añadió. Pero esta versión resulta poco creíble si tenemos en cuenta que Fernández tuvo que desembolsar otros 40.000 euros para modificar los sistemas de navegación, seguridad, emisiones, frenos y dirección del vehículo, a fin de adaptarlos a los requerimientos y especificaciones europeas, obligatorios para homologar un automóvil procedente del mercado asiático.

Dicen los que lo conocen que desde niño Juan Carlos se preocupó de proveerse de cierta seguridad económica, para librarse de los fantasmas de las penurias del pasado, cuando su pobre padre tenía que «mendigar» yates, palacios y Bentleys a los amigos para poder vivir sin renunciar a los dry martinis. Y se señala como un rasgo típico de su carácter cierta obsesión compulsiva por no perderse las oportunidades que ve a su alrededor. El editor José Manuel Lara fue testigo en una ocasión. Estuvo ni se sabe cuántos años persiguiendo al exsecretario del rey, Sabino Fernández Campo, para conseguir con sus memorias lo que sería uno de los mayores best-sellers de la edición española. Pero Sabino siempre lo rechazó, alegando que «lo interesante no lo puedo contar y lo que puedo contar no tiene ningún interés», que es un argumento muy honrado por su parte. De todas maneras, Lara no dejó de insistir hasta el día de su muerte (en 2003), y un día que coincidieron en un restaurante, se lo recordó nuevamente, llegando a ofrecerle un cheque en blanco. Y Juan Carlos, que almorzaba con Sabino, saltó para decir: «Pero yo llevo una parte, ¿eh?». Esas memorias nunca se publicaron, al menos no con forma de libro de memorias, pero en cierto sentido Juan Carlos sí se llevó su parte, cuando comenzaron a aflorar a retazos, en libros de Pilar Urbano o artículos de Iñaki Anasagasti.

Nunca dio puntada sin hilo, ni se cortó en pedir comisiones para sacar provecho de todo. Por eso extrañaría que hubiera salido gratis su presencia en actos de promoción, una actividad constante a lo largo de su reinado, sólo a favor de las entidades que le dio la gana, claro. De hecho puso siempre mucho celo la Casa Real en no permitir que se conocieran los nombres de quienes le servían y proveían de todo lo necesario para vivir. En la época de Alfonso XIII, muchas eran las personas físicas o los establecimientos que tenían a gala ser merecedores de la autorización para ostentar el título de «Proveedores de la Real Casa». Pero entre las muchas medidas que tomó Juan Carlos cuando accedió al trono en 1975, una fue la de suprimir toda clase de privilegios de este tipo. Eso sí, no ponía ningún reparo en dejarse fotografiar con su familia ante clínicas privadas como Teknon de Barcelona, prefiriéndola a la Seguridad Social para sus partos y otras eventualidades médicas. Siguiendo otra de sus aficiones, también apadrinaron los reyes bodegas como Bach, de Sant Esteve de Sesrovires, y Codorniu, con sus visita a las cavas en Sant Sadurní d’Anoia. Se ve que con estas empresas en particular no iba la cosa de los privilegios.

Pese a no tener gran agudeza, Juan Carlos supo rodearse toda su vida de buenos colaboradores que le han ayudado en el terreno de los negocios, como otros lo han hecho en lo político, llegando a desarrollar unas dotes especiales para obtener beneficios, incluso de algunas operaciones poco sutiles que fueron sonoros fracasos, y en general no le ha ido mal. La primera etapa de gobiernos del PSOE fue especialmente fructífera. Aunque él no figurara en ellos oficialmente, sus amigos íntimos no se quedaron fuera prácticamente de ningún gran acontecimiento: Ibercorp, Expo 92, KIO, etc. Luego todo les explotó en la cara pero, que se sepa, no tuvieron que devolver ni una peseta.

Con talento o sin él, casi siempre utilizando mecanismos —como se verá— muy simples, Juan Carlos ha logrado ir amasando a lo largo de los años una nada modesta fortuna personal. Como su vida está sujeta al control de la opinión pública, no puede hacer gran cosa con ella. De todos modos casi todos los gastos se los paga el Estado. Pero al parecer sí ha tenido la previsión de situarla en bancos extranjeros. Algún día, si las cosas se tuercen en el Estado y tiene que salir corriendo, tanto él como su familia tendrán las espaldas cubiertas con unos ahorrillos que actualmente se calculan en unos 1.800 millones de euros, en bancos suizos y de Liechtenstein.

LIQUIDANDO A ALFONSO XIII Y A DON JUAN

La República que hizo salir corriendo a Alfonso XIII en 1931, permitió que las joyas personales de la antigua reina Victoria Eugenia le fuesen enviadas en sus correspondientes estuches. Pero se quedó con sus propiedades en España, entre las que había varios palacios, la mayoría oficialmente para pasar el verano: uno en Santander, otro en Donostia, una isla en la ría de Arousa… Aquello supuso un duro trastorno para los Borbones en el exilio. Siempre se ha dicho que la Casa Real española es pobre, y no sólo en comparación con casas reales como la británica, una de las mayores fortunas del planeta, sino con muchas de las familias de la alta burguesía española y no digamos ya de la aristocracia bancaria. Así justificaron la necesidad de ayuda continuada de una serie de nobles para salir adelante durante los primeros años de su exilio.

Desde 1947, cuando Franco convirtió formalmente a España en un reino, el gobierno comenzó a pasarles una renta anual, cuya cifra inicial aquel año fueron 250.000 pesetas de la época, entregadas a Victoria Eugenia como reina viuda.

Además, ya en 1939 Franco les había devuelto oficialmente las propiedades incautadas por la República y, a la muerte de Alfonso XIII, pasaron a poder de Don Juan de Borbón, no sin problemas. Alfonso de Borbón y Dampierre, el hijo de Don Jaime, siempre se ha quejado con resentimiento, no sólo por el tema sucesorio, sino de que Don Juan, según él, le había «robado» su patrimonio: «Se ha quedado con todo».

A la muerte de Franco, con su hijo ya coronado, lo primero que hizo Don Juan fue poner en orden sus asuntos y comenzó a vender palacios a toda prisa, como si tuviera miedo de que aquello de la monarquía fuera a durar poco. El palacio de Miramar, en Donostia, fue la operación más sencilla. Don Juan ya había tomado posesión de él cuando, en los primeros años 50, había enviado a sus hijos «Juanito» y Alfonso a estudiar allí, y nadie puso en cuestión su propiedad. La venta del de la Magdalena, en Santander, resultó algo más conflictiva.

El palacio había sido regalado por los santanderinos en 1912 a Alfonso XIII, para residencia de verano. Se lo construyeron en estilo inglés para halagar a su esposa, con las aportaciones populares, de algunos miembros de la nobleza y de empresarios de la ciudad. Los reyes veranearon allí de 1913 a 1930. Pero después, con la República, recuperado por el pueblo, se dedicó a otros fines. El poeta Pedro Salinas fundó en él la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (la UIMP), de la que fue su primer rector y, aunque Salinas —como tantos otros— se fue al exilio después de la guerra, durante todo el franquismo la Magdalena no dejó de estar dedicado a sede de actividades académicas.

Pero en 1977 Don Juan no tuvo reparos en invocar que era suyo. El ayuntamiento negoció la compra para no tener que desalojar la UIMP de allí, tanto del palacio como de la península (28 hectáreas de terreno), que también pertenecían teóricamente a Don Juan. Protestó la oposición municipal la decisión del alcalde, Juan Ormaechea. Consideraban la compra improcedente, y se constituyó un organismo de partidos, centrales sindicales y asociaciones de ciudadanos para revocar el acuerdo. Pero no hubo nada que hacer. Eso sí, como estaba claro que aquello era muy anómalo, sólo le dieron a Don Juan una cantidad simbólica de 150 millones de pesetas, para lo cual el ayuntamiento tuvo que endeudarse con un crédito del Banco Santander de Botín. El trato se firmó el 25 de noviembre.

Poco después empezaron a planificar la remodelación del palacio, que tardó en ejecutarse más de 10 años y estuvo rodeada de irregularidades. Acabó costando más de 6.000 millones de pesetas, aunque el presupuesto inicial aprobado en la adjudicación de la obra era de sólo 895 millones. De nuevo, se contó con créditos del Banco Santander, gestionados por el gobierno municipal del PP. Y cuando el palacio estuvo preparado, fue a inaugurarlo el rey Juan Carlos, en 1995. Dejaron una placa de mármol, en la sala de ordenadores, de reconocimiento al que había sido el fundador de la UIMP, Pedro Salinas.

Al menos en la Magdalena los reyes de España habían pasado algunos veranos, que era lo que querían en su momento los que se lo regalaron, a fin de atraer el turismo a la zona. Pero en la isla de Cortegada, en la ría de Arousa, sólo disfrutaron de la visita real un día de septiembre de 1907. El tiempo justo para que Alfonso XIII, a bordo de una canoa, fuese a tomar posesión y volviese a marcharse para no volver jamás.

Cortegada había sido expropiada a los vecinos de Carril a principios de siglo, para regalársela al rey con la misma idea en mente que tuvieron los santanderinos muy poco después con más éxito. Querían que Alfonso XIII construyese allí su palacio de verano, una idea del empresario local Daniel Poyán, que consideraba que sería un gran negocio para Galicia. A su proyecto se unieron hacendados, hombres de fortuna amasada en las Américas, empresarios, banqueros adeptos a la causa… Para aceptar el regalo, Alfonso XIII, como si les estuviera haciendo un favor, puso varias condiciones: la primera, que la donación se transformara en escritura de propiedad en su favor con todas las garantías; y la segunda, que la isla le fuera donada en su integridad. El ayuntamiento aceptó ambas cosas, y como en ella había en aquella época 211 propietarios, familias de mariscadores, hubo que expropiarlos a todos y obligarlos a abandonarla.

Aunque en la concesión se planteaba la pertenencia a perpetuidad de la isla a la Corona, y con el objetivo de que la familia real instalase su residencia de verano en ella, cosa que nunca hicieron, setenta años más tarde, en 1978, el regalo real fue vendido por su heredero, Don Juan de Borbón. De nuevo, se trató de una venta irregular. Esta vez los compradores eran miembros de su propio «Consejo», encabezados por Ramón Pais Ferrín, a través de la inmobiliaria Cortegada S. A., constituida al efecto. El precio establecido, ridículo pero cierto, fue de tan sólo 60 millones de pesetas.

Los compradores (de los que siempre hubo sospechas de que fueran meros testaferros del propio Don Juan) querían construir una urbanización de lujo y un puente que comunicase la isla con tierra firme, pero la oposición de grupos ecologistas y otros movimientos sociales se lo pusieron difícil. La isla está muy valorada por la riqueza de sus fondos marinos y por poseer el mayor bosque de laurel que existe en Europa; y, ante el conflicto, la Xunta de Manuel Fraga quiso recomprarla con dinero público. Los hombres de Cortegada S. A., que no tienen un pelo de tontos, decidieron pedir una indemnización 200 veces superior al valor de la compra que hicieron a Don Juan de Borbón (20.000 millones de las antiguas pesetas, unos 120 millones de euros), en compensación por los beneficios urbanísticos que dejaban de ganar. Pero como se pasaron de la raya, el asunto acabo encasquillándose durante años en los tribunales. Los vecinos de Vilagarcía, mediante la Comisión Pro-Cortegada, consiguieron finalmente que se declarase parque natural público, paralizándose así las pretensiones constructoras (o destructoras, según se entienda). Su lucha se vio coronada con la integración de la isla dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. El 30 de agosto de 2007, fue expropiada por la Xunta de Galicia, no sin antes pasar por el pago de un justiprecio de 1,8 millones de euros. Así la isla volvió definitivamente a ser de dominio público, aunque la pugna entre el pueblo de Carril y la inmobiliaria Cortegada S. A. no acabó con la expropiación forzosa y la toma de posesión como propiedad pública, en medio de una gran fiesta popular, y la empresa continuó varios años pleiteando para reclamar la devolución de las cesiones que hizo en su día al Concello de Vilagarcía como parte del convenio de urbanización.

Tras la Magdalena y Cortegada, Don Juan continuó todavía en años sucesivos vendiendo propiedades, sin que se sepa qué necesidad tenía de tanta liquidez. En 1990 el alemán Klaus Saalfel, empresario y abogado de patentes en Múnich, propietario de una tipografía en Lisboa, le compró su querida Villa Giralda de Estoril, a través de su testaferro, Nils Peter Sieger. Un palacio que también había sido un regalo, esta vez de los nobles que querían ayudar a Don Juan y su familia en el exilio. Y, una vez más, el precio establecido fue una cifra irrisoria: 85 millones de escudos (poco más de 400.000 euros) por un palacio que 10 años después su propietario quiso vender a la Fundación Conde de Barcelona, formada en parte por los mismos que se lo habían regalado en primer término, por un precio tres o cuatro veces superior.

O Don Juan fue un negociante pésimo, o algo hay detrás de todas esas ventas extrañas en las que prácticamente regaló palacios y propiedades que en realidad eran de titularidad más que dudosa. Pero nadie con capacidad legal para ello se ha preocupado de investigarlo. Con todo, la suma de mal comerciante, dado el volumen y calidad de las ventas, sumaron, sólo en lo que se ha repasado aquí, casi 2 millones de euros, una cantidad que muchos españoles no hubieran considerado despreciable. Por otro lado señalemos que, según distintas fuentes, él era uno de los que estaban en la lista de los «perdonados» fiscalmente por el PSOE, a los que se refería en enero de 1997 el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, cuando anunció que el Estado había dejado de ingresar 200.000 millones de pesetas (1.200 millones de euros) en impuestos, de cerca de 600 personas físicas y jurídicas, fundamentalmente instituciones financieras. Después de desatar el escándalo, el gobierno del PP no pudo o no quiso identificarlos, y la duda quedó vagando en el aire.

A la muerte de Don Juan se llegó a publicar que no tenía dinero ni para pagar la clínica, que sólo dejaba dos millones de pesetas (12.000 euros). Luego se dijo que en su testamento legaba a sus hijos un chalet en Puerta de Hierro, parte de un edificio de la Gran Vía de Madrid, un apartamento en Estoril y unos 6 millones de las antiguas pesetas (36.000 euros) en una cuenta… de Suiza. Lo de Suiza ya pintaba mal, pero además recientemente se conocieron más pormenores de ese testamento (por la información publicada por El Mundo en 2013, para conmemorar —tiene guasa— el vigésimo aniversario de su muerte) y las cifras eran bastante superiores. Juan de Borbón habría dejado una fortuna de 1.100 millones de pesetas (6,6 millones de euros), incluidos 728 millones en cuentas de Suiza, de las cuales el rey habría heredado 375 (2,25 millones de euros).

La incertidumbre sobre los orígenes de esta fortuna se extiende al cumplimiento de las obligaciones tributarias que les corresponderían a los herederos. Zarzuela no pudo demostrar que el rey pagara impuestos por esta herencia. Se limitó a decir que tenía «la convicción» de que los albaceas se habrían ocupado de liquidar las obligaciones con el fisco, pero no tenía datos para probarlo. Hacienda tampoco podría confirmarlo, ya que la información se había difundido después de 20 años; las entidades bancarias suizas en donde estuvo depositado el dinero habían desaparecido o habían sido absorbidas por otras que a su vez habían cerrado; y los albaceas, en concreto Luis de Ussía y Gavaldá, conde de los Gaitanes, había fallecido en 2005.

Según la versión oficial, las cuentas suizas heredadas por Juan Carlos en 1993 quedaron en su sitio hasta 1995. Los albaceas recomendaron no repatriar la herencia a territorio español porque podría sembrar dudas sobre el patrimonio acumulado por el Conde de Barcelona. Después el dinero se usó para pagar asuntos pendientes de Don Juan, sin que se especificasen nunca cuáles, y se cerraron. La Casa del Rey aseguró que Juan Carlos «no tiene ninguna cuenta en el extranjero» desde entonces. Así nos lo contaron y habrá muchos españoles que se lo creyeron a pies juntillas.

SUSCRIPCIÓN POPULAR

Oficialmente, Juan Carlos llegó al trono de España literalmente con lo puesto. Para viajar a Atenas a visitar a su novia tenía que pedirle prestado dinero a su padre, que a su vez vivía de lo que le daban los amigos nobles leales a la monarquía. Esos mismos nobles tuvieron que sufragar el viaje de novios. Se cuenta, como si hubiera sido una gran tragedia, que en su escala en Tailandia, la entonces princesa Sofía se quedó prendada de un zafiro que vio en un escaparate de Bangkok, y que Juan Carlos se sintió abochornado por no poder regalárselo. Por ese y otros detalles, nadie se rasgó las vestiduras cuando se descubrieron los primeros movimientos del príncipe para comenzar a consolidar un pequeño patrimonio propio. Su ambición era, como la de cualquier españolito medio, ser económicamente independiente.

Desde 1962, es decir, desde su boda con Sofía, el banquero Luis Valls Taberner comenzaría a administrar una lista civil o «suscripción popular» que aportaría liquidez económica a los recién casados, en la que colaboraban, además de otros banqueros, muchos nobles y empresarios del franquismo. Valls Taberner fue un fiel juanista hasta que se dio cuenta de que el futuro estaba en Juan Carlos, y se pasó a su bando. Entonces intentó convencer también a los demás para que hicieran lo mismo. En concreto, según cuentan algunas fuentes, se le resistió bastante Calvo Serer, no ya en cuestiones de apoyo económico, sino político, a través del diario Madrid que dirigía. Y, al parecer, aquella desavenencia tuvo bastante que ver con la voladura del diario, en 1973, una decisión que Valls, con gran influencia en el régimen, ayudó muy activamente a tomar.

El que sí participó fue Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López, padre del último Emilio Botín presidente del Santander, que regaló un millón de pesetas de la época a un Juan Carlos recién casado con Sofía de Grecia, para que los novios pudieran financiar la vuelta al mundo que emprendieron como viaje de bodas, porque el joven príncipe no disponía de ese dinero. Como se iba llorando por los rincones de que no tenía donde caerse muerto, don Emilio hizo más: le fue haciendo una cartera de inversiones capaz de soportar el tren de vida de la pareja. Todo lo cocinaba el banquero y el alma de negociante de Juan Carlos, deseoso de tomar las riendas, protestaba porque no le gustaba tal o cual empresa.

En aquellos años comenzaba a despuntar en la vida económica de España un Ruiz Mateos todavía en ciernes, que improvisaba como mejor sabía lo que debía hacer para estar al lado del poder. Su padre había sido alcalde de Jerez en la época de Franco, pero él de política no sabía mucho. Era perito mercantil, y lo único que sabía hacer bien era ganar dinero. Lo que se le ocurrió fue a ir a hablar con Luis Valls Taberner y Gregorio López Bravo para que le asesoraran. Comentó con ellos que ya llevaba algún tiempo acudiendo a ver a Don Juan a Estoril, como primera medida, pero Valls y López Bravo le dijeron que estaba perdiendo el tiempo y el dinero. «Tú lo que tienes que ser es amigo de Juan Carlos». Y Ruiz Mateos tomó nota, y entró en contacto con La Zarzuela inmediatamente. Comenzó la relación cuando Juan Carlos todavía era príncipe, y continuó después, siendo ya rey.

Ruiz Mateos contó —en diversas ocasiones y a más de uno— que, al estilo de cómo se hacían las cosas en aquella época, le llevaba grandes cantidades dinero en maletas de Loewe, directamente a palacio, donde los guardias de seguridad no ponían mucho empeño en revisar lo que pasaba o dejaba de pasar por el control de la entrada. Ponía la maleta sobre la mesa del despacho de Juan Carlos, éste la tiraba debajo de un rincón, y caía exacto siempre en el mismo sitio. «¡Cuánto ha tenido que practicar!», decía Ruiz Mateos. No había ninguna cantidad estipulada ni cosa parecida, y tampoco Juan Carlos le pedía nada, como cualquiera puede suponer. Sencillamente, le llamaba por teléfono y se lamentaba como quien no quiere la cosa de los apuros económicos que estaba pasando: «¡Es que no tengo ni para pagarle al servicio!»; o bien: «Esto no puede ser, Constantino me cuesta mucho dinero… son unos inútiles, no ganan dinero… No puedo más». Y Ruiz Mateos rápidamente le tranquilizaba: «No se preocupe usted de nada, Alteza. Usted dedíquese a los problemas del España, que para lo demás ya estamos nosotros, estoy yo». A veces, Juan Carlos también recurría al empresario del Opus para que «echara una mano» a alguna amiga. En una ocasión le llamó para decirle que le iba a ir a ver una «señora» de su parte: «Se trata de una persona que se dedica a la beneficencia, que no tiene sede…». Y Ruiz Mateos, aunque la señora en cuestión no tenía aspecto de pertenecer al club de la madre Teresa de Calcuta, pues le compró un piso.

También, alguna que otra vez, el empresario jerezano había hecho transferencias importantes desde Nueva York. De esas operaciones sí conservaba los papeles, y eso sí preocupó a la Casa Real cuando, tras la expropiación de Rumasa, Ruiz Mateos, prófugo de la justicia, huido en Londres, quiso utilizarlos para presionar y que el monarca no le dejase tirado. Y según declaraciones que el alcalde de Puerto Real de IU, José Antonio Barroso, realizó en abril de 2008, en el año 1982 el rey llegó a solicitar a través de la Casa Real una ayuda para abortar el proceso de expropiación de Rumasa, de 6 millones de dólares de la época, de los que le fueron entregados 3 para abortar ese proceso. «Si el Rey tiene huevos que lo niegue. Porque yo sé quién le dio el dinero y cómo se lo dio». Pero la intervención del Banco de España se produjo y supuso un batacazo que Ruiz Mateos no acababa de creerse.

Ruiz Mateos acusó entonces al rey de haber recibido mil millones de pesetas, con lo que había supuesto José María que tendría las espaldas bien cubiertas frente a cualquier acción del gobierno. Se entrevistó con el entonces secretario general de UGT de banca, Justo Fernández, y le pasó toda la documentación al respecto. Pero cuando Justo Fernández volaba de vuelta a Madrid, ya estaban en el aeropuerto esperándole, personas nunca identificadas, para explicarle cómo eran las cosas. Y algo bastante fuerte debieron de decirle, porque se olvidó del asunto para siempre. Ruiz Mateos todavía siguió insistiendo por su cuenta un tiempo, y el Fiscal General del Estado le acabó acusando de un delito de injurias al Jefe del Estado. Pronto comprendieron, sin embargo, que aquello iba a ser un callejón sin salida. Ese juicio podría haberse convertido en un verdadero circo, y Ruiz Mateos se libró. El Estado prefirió olvidar el tema y archivó la causa basándose en tecnicismos.

Otro empresario muy conectado al monarca desde sus tiempos como sucesor de Franco fue Camilo Mira, el introductor de la cultura de la hamburguesa en España como pionero de la instalación de los restaurantes McDonald’s. El granadino Camilo Mira había conocido a Armada a través del general Juan Castañón de Mena, ministro del Ejército con Franco. Además de presidente de La Unión y el Fénix, Camilo Mira era entonces socio, en una empresa inmobiliaria, de Florentino Martínez, cuya hija, Maita, estaba casada con Juan Castañón hijo. En 1969, aprovechando sus conexiones en Zarzuela, consiguió que el príncipe acudiera a inaugurar el selecto Club Las Lomas, una urbanización de lujo. El difícilmente explicable apoyo del príncipe garantizó el éxito de la promoción de la urbanización. Además de Juan Carlos, asistieron los ministros más influyentes del momento, como eran López Rodó y Silva Muñoz. Mira se convirtió en un visitante frecuente de La Zarzuela a partir de entonces, y congenió especialmente bien con Armada, que hizo varios intentos de meterlo en el staff de la casa que no cuajaron. Se dedicó de lleno a los negocios, pero siguiendo todos los avatares políticos de cerca.

La tradición de hacerle favores al rey continuó durante décadas, a cargo de personajes como Mario Conde o Javier de la Rosa. El alma inquieta de negociante de Juan Carlos no le permitiría estar inactivo, y se embarcó en todo tipo de aventuras financieras, pero el vicio de pedir no se le quitó nunca.

15. La vida en Palacio

LA ZARZUELA RESORT

En La Zarzuela, tienen 25 perros y cerca de una docena de gatos, atendidos por un cuidador especializado e instalados en modernas perreras con todos los adelantos. No es excesivo, teniendo en cuenta que una vez, hace algunos años, tuvieron además un guepardo. Estaban los reyes de viaje particular en Etiopía cuando el entonces secretario de la casa, Alfonso Armada, recibió un télex anunciándole: «Vamos con un guepardo, prepara alojamiento». No era una broma, y Armada tuvo que llamar al zoológico de Madrid para pedir ayuda a la hora de recibirlo. Se informó bien sobre el tipo de comida que necesitaba y, en fin, todo lo que interesaba saber para cuidar bien al animal más veloz de la fauna terrestre. El guepardo vivió en palacio varios años, paseándose por los salones y los pasillos como si tal cosa, hasta que murió de viejo. No fue antes de que Sabino Fernández Campo sustituyera a Armada en el puesto de secretario. El primer día que acudió a trabajar a La Zarzuela no estaba sobre aviso y el guepardo le dio un susto de muerte cuando entró en su despacho con total naturalidad. Lo que más le preocupó no fue que pudiera atacarle, sino que pudiera estar sufriendo alucinaciones.

Tienen a su disposición 70 vehículos que integran el parque móvil de la Casa Real (y que complementan los coches de lujo personales de cada uno, con frecuencia regalados por particulares o los propios concesionarios de los vehículos).

Del cuidado y mantenimiento se encargan en total unas 160 personas que trabajan en palacio, incluyendo a los guardias, chóferes y hasta al cuidador de los perritos. Juan Carlos cuenta con dos ayudas de cámara para vestirle por las mañanas, y la Reina con dos doncellas.

La Zarzuela, que era en origen un pequeño chalet para las cacerías de los últimos Borbones, elegido por Franco para residencia de los príncipes por su proximidad a El Pardo, ha sido rehabilitado varias veces desde que lo ocuparon por primera vez, en 1962. Durante la Guerra Civil el pabellón original había quedado casi destruido por los combates y Carmen Polo se encargó personalmente de restaurarlo y decorarlo. Luego pasó por otra reforma, una pequeña ampliación, poco después de que Juan Carlos fuera proclamado rey; y la tercera, más ambiciosa, se realizó entre 1987 y 1988. Aprovechando el desnivel en el que está ubicado el palacio se construyeron nuevas plantas para despachos, salones de reuniones, oficinas, archivos, salas de visitas y un salón de audiencias… En aquella remodelación también se construyó un refugio antinuclear y se instaló un moderno sistema informático y de comunicaciones, que cuenta incluso con un pequeño estudio de televisión desde el cual el rey puede dirigirse al país cuando quiera. La nueva superficie construida ocupa 2.660 metros cuadrados en la planta principal y 1.540 en la planta semisótano. En total, 4.200 metros.

La parte antigua y la moderna se comunican a través de dos largos túneles que discurren por debajo del jardín y la piscina de la familia real. La construcción es noble, de granito y mármol fundamentalmente. Los muebles y la decoración son una combinación entre lo clásico y lo funcional, con piezas procedentes del Patrimonio Nacional.

La construcción principal, conocida como «Cristales», tiene dos plantas. La primera para los empleados y la segunda tiene un salón de audiencias, los despachos de Juan Carlos y el de Felipe, y las distintas alas del rey y la reina. Aparte, hay otros edificios: en el llamado «Magnolias», tienen dependencias los 150 empleados que trabajan para la familia real a tiempo completo, además de un salón de audiencias y despachos; hay otro para el servicio de seguridad; un tercero para la administración; otro es el ala de invitados donde Irene, la hermana de la reina, tiene su propio apartamento (y es que los reyes, aparte de con la suya propia, corren con los gastos de la familia real griega, porque, al parecer, no tienen cómo ganarse la vida); hay también un moderno pabellón de caza, construido a espaldas de la opinión pública por 3 millones de euros, para los trofeos cinegéticos del rey; la casita de La Angorilla, en donde residió un tiempo Corinna con su hijo; y, por último, el de más reciente construcción, el palacete del príncipe, construido para Felipe cuando era Príncipe de Asturias, en el que ha mantenido su residencia tras pasar a ser Felipe VI.

Pero todo esto no lo podemos ver, ni siquiera desde lejos. Apenas la fachada cuando graban allí algún acto oficial. La finca cuenta con varios accesos, los principales desde la carretera de A Coruña y por la de El Pardo. Este último, llamado de Somontes, es la entrada más habitual. Tras cruzar un puente, a unas decenas de metros, un control de la Guardia Real identifica a vehículos y personas. No se puede acceder sin contar con un permiso especial. La Zarzuela se alza en una pequeña hondonada, lo que impide ser vista desde el exterior (salvo desde los propios montes de El Pardo, pero ésta es zona reservada), lo que proporciona, en conjunto, muy buena seguridad. Los planos urbanos de Madrid no señalan la situación exacta de los edificios de La Zarzuela (hagan ustedes mismos la prueba en Google maps y verán el gran vacío). Ni desde el cielo podemos verlo, ya que está prohibido sobrevolar la zona con helicópteros o avionetas. Una pena, porque una vista aérea desvelaría a la opinión pública la verdadera extensión de lo que se empeñan en catalogar, no como palacio, sino como un sencillo chalet de clase media.

Al «resort» de La Zarzuela se suman otros casoplones desperdigados por la geografía del Estado español, a su disposición para las vacaciones de la familia real. La principal y más conocida es Marivent, en Mallorca, pero hay más, como la finca La Mareta, en la isla de Lanzarote.

COCHES DE LUJO Y OTROS REGALITOS

A todas estas dádivas habría que sumar la ristra de regalos caros que la familia ha ido acumulando en Zarzuela a lo largo de los años. Como cargo público, como primer funcionario, no podría aceptar regalos de ninguna clase, ya que sería suspendido de empleo de uno a tres años, según el Código Penal reformado en 1996. Lo que sucede es que el soberano no es responsable ante la Ley, según el art. 56.3 de la Constitución, y ni siquiera tiene que dar cuenta de ellos, así que no hubo más problema que un poco de mala prensa en contadas ocasiones. En una ocasión, en 1988, rechazó un regalo, un reloj de coleccionista de unos 18.000 euros (en otras versiones se trataba de un reloj de abordo, un Patek Philippe modelo Nautilus, valorado en 3.000 euros). Pero eso fue porque Sabino prácticamente le obligó a hacerlo, sólo porque venía de Mario Conde y el secretario de la casa tenía una guerra abierta contra él. Ese hito histórico de devolver las cosas no volvió a repetirse.

Desde el comienzo del reinado, La Zarzuela convirtió el día de Reyes en una fiesta de solidaridad a cuenta de la generosidad de los demás. La tradición comenzó a raíz de una Feria del Juguete de Valencia en la que los organizadores ofrecieron a Juan Carlos unos regalos para las infantas y el príncipe. El rey, que no pierde una, les pidió que, en su lugar, le mandasen juguetes de menos valor pero más numerosos, con el fin de poder obsequiar a los hijos del personal de la Casa. El 6 de enero de 1976, primer año en que fue rey, los fabricantes entregan 250 lotes de juguetes para ser repartidos, y lo continuaron haciendo así durante años, como fieles vasallos, para que el rey, Felipe y sus hermanas, partícipes del espíritu caritativo de su padre, pudieran proceder a regalar los regalos en un entrañable acto en los salones de palacio. Con el paso del tiempo, esta tradición sería suprimida, cuando Elena, Cristina y Felipe se hicieron mayores y el aumento de personal en la Casa complicó la organización del evento.

Por otro lado, las cocheras reales fueron constantemente alimentadas por dádivas sin ningún tipo de control. Le regalaban motos, una de sus grandes aficiones, y no iba a decir que no. Cuando la edad se lo permitía, le gustaba salir de La Zarzuela a gran velocidad, en el anonimato que le da el casco. Presume de que nunca le han puesto una multa «porque la policía no llega a alcanzarme», aunque ya relatamos en otro capítulo un incidente en el que, todavía sin carné, atropelló a un ciclista, y si no lo detuvieron fue porque se escaqueó pagándole una cantidad al herido. De todas formas, todo el mundo pudo ver su falta de habilidad en aquel polémico documental de la familia real, de producción británica y firmado por la periodista Selina Scott, de 1992, que tanto había disgustado a Sabino Fernández Campo, y en el que el rey aparecía en el jardín de La Zarzuela llamando a los mecánicos porque no sabía arrancar una moto a la que no le pasaba nada.

Otra de las pasiones de Juan Carlos fueron siempre los coches de lujo y su casa dispone de una abundante flota, con más de 80 vehículos, de cuyo cuidado y mantenimiento se encargan más de 65 funcionarios. Del Parque Móvil del Estado, es decir, de titularidad pública, son 72, entre ellos 14 blindados y 8 motos. En propiedad, reconocidos, los reyes tienen tres turismos y cinco motos. Entre unos y otros, su colección de automóviles de gran cilindrada es digna del más caprichoso magnate. Destacan tres Rolls Royce Phantom IV, adquiridos por Franco en los años cincuenta. En Mallorca solía utilizar un Audi RS2 familiar, de una serie muy limitada. También tenía un Porsche 959 que se hizo famoso por un accidente que protagonizó cuando viajaba con la infanta Cristina hacia Baqueira Beret; y un Porsche Carrera de casi 150.000 euros que le había regalado un grupo de empresarios catalanes (entre los que figuraba Javier de la Rosa). Asimismo conocimos su Maserati Quattroporte, valorado en más de 150.000 euros, que le había regalado un jeque árabe de una de las monarquías del Golfo Pérsico, y que Juan Carlos revendió al jefe de la patronal madrileña, Arturo Fernández en 2008 por 100.000 (no sabemos por qué, quizá porque lo tenía repetido). Pero hay muchos más: BMW le suele regalar todos los modelos nuevos que va sacando; los que están a su altura, claro, porque los utilitarios no le interesan a Juan Carlos. El rey disfruta también el privilegio de conducir vehículos «prestados por un tiempo indeterminado» por las marcas más exclusivas. En 2003 recibió dos Nissan 350Z deportivos biplaza de 280 caballos valorados en más de 40.000 euros cada uno. Y en el 2005, el presidente de Daimler-Chrysler, Dieter Zetsche, le cedió un Maybach 57S. Además, la casa Mercedes «trabaja» con La Zarzuela, cediéndoles para su uso y disfrute modelos como un deportivo SL55 AMG valorado en 150.000 euros, varios todoterreno o el Smart que el rey regaló a Sofía a finales de los 90.

16. Rodeado de buenos amigos

LA CUADRILLA DEL REY

Se suele decir que la corte española es «una corte sin cortesanos», y es cierto que los reyes no han sido nunca demasiado amigos de aliarse con la aristocracia. En su lugar, han preferido a empresarios, banqueros y nuevos ricos en general. Las amistades de la Reina, aparte de su querido Rostropóvich y Alfonso Armada, son poco conocidas. Salía mucho con la esposa del constructor Mario Caprile. Las del rey han dado mucho más que hablar. Aparte de Manolo Prado y Mario Conde (que son dos casos muy especiales), de todos los «tutores» (Torcuato Fernández Miranda, Mondéjar, Armada, Sabino Fernández Campo…), y de sus colaboradores políticos (Puig de la Bellacasa, Nicolás Franco, etc.), con quien el rey se toma las copas y habla de cosas de hombres es con un grupo o clan de amigos, que tienen en común el dedicarse a «sus negocios» de una forma que no pocas veces los ha llevado a los tribunales.

Esta cuadrilla era conocida como «clan de Las Cuatro Estaciones», nombre del restaurante de Miguel Arias, situado en la calle General Ibáñez del Ibero 5, donde Arias tiene además un apartamento que también frecuenta el rey. En este grupo de amigos estaban, entre otros, Miguel Arias, Joaquín Vázquez Alonso y Cardenal Pombo. Aparte de reunirse para comer, hacían negocios juntos, sobre todo en el sector inmobiliario, con no pocos asuntos turbios. Algunos también aparecieron implicados en la trama Ibercorp. Están tan mezclados los asuntos de unos con los de los otros que resulta realmente complicado explicar el historial de cada uno de ellos por separado.

Miguel Arias es el propietario de la estación de esquí de Navacerrada, y tiene además varios restaurantes en Madrid y en Mallorca. Pero también participa en negocios inmobiliarios y le gusta jugar en la bolsa sobre seguro. Jaime Cardenal Pombo es socio de Arias en el restaurante Las Cuatro Estaciones, y fue además socio de Borja Prado (hijo de Manuel Prado, el amiguísimo del rey), en el sector armamentístico. Joaquín Vázquez Alonso fue el constructor que remodeló en su día el Palacio de La Zarzuela, y socio de Cardenal Pombo y de Miguel Arias Molino en varios negocios inmobiliarios.

Francisco Sitges, expresidente de Asturiana de Zinc y antiguo propietario de los astilleros Mefasa, también formaba parte de este privilegiado grupo de amigotes. Gracias a su amistad con el rey, Mefasa recibió la adjudicación del Patrimonio del Estado para la construcción del segundo yate Fortuna. Pero Sitges estaba tan bien relacionado que en Mefasa también se construyeron el Blue Legend de Javier de la Rosa y el Alejandra de Mario Conde. Mefasa acabó siendo mayoritariamente del Banesto de Conde, que lo arrastró en su caída, lo llevó a la quiebra y al banquillo de los acusados.

Próximos al grupo, al menos en aficiones y estilo de vida, estaba Alberto Alcocer quien, a través del Banco Zaragozano, del que era presidente, también participaba en negocios en el entorno del monarca. Pero sobre todo Alcocer era el compinche de cacerías y juergas, y el que más le hacía reír. Debía de tener muchas historias graciosas que contar de cuando, en los 80, junto a su primo Alberto Cortina, protagonizó escándalos legendarios que acabaron en el divorcio de las hermanas Koplowitz y en su consiguiente salida de FCC.

Menos gracia tuvo el affair Urbanor, uno de los mayores escándalos económicos de los años del pelotazo, que tuvo amargados a los dos primos durante más de 10 años hasta que les llegó la deseada absolución.

Urbanor era la sociedad que construyó las ya emblemáticas torres inclinadas de la sociedad kuwaití KIO, en la Plaza de Castilla de Madrid, conocidas también como Puerta de Europa. Lo que sucedió fue que los Albertos, como socios minoritarios de Urbanor, se las arreglaron para ganar mucho más dinero que los mayoritarios y, claro, éstos se mosquearon. El arquitecto y el constructor los denunciaron, y los Albertos fueron condenados a pagar 50 millones de euros. Pagaron, aunque se libraron de ir a la cárcel y recurrieron la sentencia.

Durante más de 10 años fueron protagonistas de un intenso debate mediático, porque casi nadie entendía cómo podían tener tanta suerte los primos, en ese y en otros casos económicos en los que se vieron envueltos…, salvo que tuvieran una poderosa mano que les protegiera, porque finalmente incluso consiguieron ser absueltos en el caso Urbanor: primero por el Tribunal Constitucional, en febrero del 2008; y luego por el Tribunal Supremo, en junio de este mismo año. Esa absolución les otorgó además el derecho a reclamar de sus exsocios la indemnización millonaria que habían pagado en su momento. La historia no quedó ahí, porque mientras coleteaba surgieron otras… Pero todo eso son otras historias. Los amigos del rey son tan prolíficos en escándalos económicos y aventuras judiciales que el culebrón daría para toda una biblioteca. Sólo un detalle: apenas un mes después de la absolución del caso Urbanor, la revista Forbes incluyó a Alberto Alcocer entre las 1.000 mayores fortunas del mundo. Son incombustibles. Ahí sigue Alcocer, con sus bromas y sus cacerías. Aficionado a la caza mayor, fue de todas formas distinguido entre los principales «Economillonarios» por El País el 21 de febrero de 2008, y elogiado por su compromiso ecológico por ABC el 5 de octubre de 2008. Dicen que porque combina sus actividades e intereses empresariales, entre ellos de la empresa forestal y de celulosa ENCE, con una «intensa actividad agrícola y una labor privada de reforestación de sus fincas».

EL CLAN DE MALLORCA

Otro sector completamente distinto de amigos del rey, es el clan de Mallorca, mucho más aristocrático. Una de las figuras clave en este grupo es Zourab Tchokotua, Zu para los amigos, un empresario de origen norteamericano que se presentaba en Mallorca como príncipe georgiano, al que Juan Carlos conoció en el internado de Friburgo. A este personaje le debe el rey importantes favores.

Fue Tchokotua el que, en 1973, medió para que la Diputación Provincial de Mallorca le cediera a Juan Carlos el palacio de Marivent, gratis total, siguiendo el modelo de las cesiones que hicieron en su día distintas poblaciones a Alfonso XIII. El edificio pertenecía por donación del coleccionista de arte griego Juan de Saridakis a la Diputación. Pedro Salas, un acaudalado prohombre del franquismo, que había sido presidente de la Diputación y el suegro de Tchokotua (casado con Marieta Salas), convenció al organismo oficial de que se lo cediera al futuro rey para que lo disfrutase en vacaciones.

Aparte de estas gestiones, Tchokotua es conocido desde que en 1978 un juzgado mallorquín ordenara su procesamiento e ingreso en prisión en relación con una estafa inmobiliaria. En septiembre de 1992 se sentó de nuevo en el banquillo con una acusación similar junto a su socio Oliver Mateu, otro amigo de Juan Carlos del clan de Mallorca. Pero estas menudencias no han logrado quebrar su amistad con el monarca. Incluso se dice que en una ocasión lo ocultó durante algún tiempo en Zarzuela para evitar su detención.

Se trató de uno de los pleitos más largos de Baleares, que centenares de propietarios de la urbanización palmesana de Los Almendros iniciaron en abril de 1977, presentando una querella por estafa e imprudencia temeraria contra los tres promotores de la urbanización, Juan Oliver Mateu, Zourab Tchokotua y Tomás Forteza de Olives, y contra todo el cuadro de arquitectos, aparejadores y empresas que habían participado en el proyecto, que tardaría en resolverse más de tres décadas. Se trataba de familias jóvenes y modestas en su mayor parte, que vieron cómo sus recién compradas viviendas se llenaban de humedades, grietas y otros defectos y vicios nada más estrenarlas. El asunto, con recursos y contra-recursos, aplicaciones anticipada de indultos, pasando de la vía penal a la civil… coleó hasta 2007, sin que se consiguiera ni que Zu entrase en prisión, ni que pagase la indemnización impuesta. En 1998 se había condenado a los tres promotores «a reparar las deficiencias constructivas que presentan los bloques», pero no lo hicieron. Zu en particular, porque se declaró insolvente en abril de 2007.

En los últimos años se ha retirado bastante de los focos. Pero durante años, Zu fue para Juan Carlos un relaciones públicas excelente. En su casa se organizaban cenas a las que asistían, junto al rey, Manuel Prado, Javier de la Rosa, Jaime Enseñat, el multimillonario argentino Carlos Perdomo, Rodolfo Bay (presidente de la compañía Spantax, ya muerto en accidente de tráfico), Bartholomew Tummy Beslard (cónsul de EEUU en Palma), Giovanni Agnelli (el rey de la Fiat) o Raul Gardini, expresidente de Montedison, la más importante empresa química de Europa, a la que Juan Abelló vendió su laboratorio Antibióticos con la ayuda de Mario Conde. El rey fue fotografiado con él y con Agnelli el 7 de agosto de 1990 en Puerto Portals, pocos años antes de que se suicidara, en 1994, al ser implicado por los jueces italianos en temas de corrupción.

Además, hacía negocios junto con otros amiguísimos del rey, como Manuel Prado, del que fue socio en Trébol Internacional; y se le consideró —como a Prado— una especie de contable real. También apareció como beneficiario del dinero kuwaití expoliado a KIO, y en noviembre de 1998 hubo de dar explicaciones sobre los 300.000 dólares que había percibido de la sociedad de KIO, aunque siempre mantuvo que procedían de la venta el yate Sea Falcon a Javier de la Rosa. Actualmente el príncipe Tchokotua reside en Marruecos, donde hace negocios al lado de Mohamed VI.

También en los dulces veranos de Mallorca fructificó la amistad con Simeón de Bulgaria, otro buen amigo con sangre real aunque sin reino, quien ha actuado muchas veces de intermediario o embajador personal de Juan Carlos ante otros reyes como Hassan de Marruecos, amigo personal suyo, o Hussein de Jordania.

Simeón había subido al trono en 1943, con sólo seis años, tras la repentina muerte de su padre (dicen sus partidarios que envenenado por Hitler, aunque en realidad era un aliado de los nazis). Cuando tenía 10 años los comunistas lo subieron a un tren y lo mandaron al exilio. Ningún país europeo quiso darle asilo y se tuvo que refugiar en Egipto. En 1951, siendo apenas un niño de 14 años, fue recibido en El Pardo por Franco, y le pusieron casa en un chalet de la avenida del Valle, junto a la Ciudad Universitaria; y una novia, Margarita Gómez-Acebo, con la que además emparentó indirectamente con la Familia Real española.

Cuando cumplió los 18 años leyó en Madrid una proclama en la que se declaraba rey de Bulgaria, pero ahí quedó la cosa y tuvo que buscarse la vida de otra manera. Fue ejecutivo de la multinacional electrónica Thomson y entró con éxito en el mundo financiero e inmobiliario internacional. Pero no se olvidó de su reino. Simeón había formado un cónclave de partidarios, el Consejo de los Cien, un organismo de asesores que le permitiría formar gobierno instantáneamente si caía el comunismo y se proclamaba la monarquía en Bulgaria. Pero el comunismo cayó y la cosa no fue tan instantánea. En 1996 regresó por primera vez a Bulgaria y en 2001, tras recuperar la ciudadanía búlgara con el nombre de Simeon Borisov Sakskoburggotski, se instaló definitivamente en el país creando su propio partido político: El Movimiento Nacional Simeón II. En las elecciones parlamentarias de julio de 2001 obtuvo 119 de los 240 escaños y Simeón fue nombrado primer ministro, siendo el único caso en la historia en que un rey destronado recupera el poder político bajo formas republicanas. Simeón no ha renunciado nunca al trono. Sin embargo, ha afirmado varias veces no pretender la restauración de la monarquía en Bulgaria.

En 2005 Simeon Borisov perdió las elecciones legislativas siguientes, celebradas, en un clima de cuestionamiento de su gobierno por corrupción de varios de sus ministros, en las que resultó vencedor por mayoría simple el Partido Socialista. No obstante su influencia política seguía siendo considerable y su partido el MNS (segunda fuerza política del país) formando parte de la coalición de gobierno. Pero en la siguiente convocatoria electoral el chiste ya sonaba demasiado repetido. El fracaso electoral de 2009, en el que su formación se quedó sin representación parlamentaria, le llevó a abandonar la dirección del partido y retirarse de la política después de los comicios. Boiko Borisov, su exguardaespaldas, ganador de los comicios, pasó a ser el nuevo jefe del Gobierno.

Claro que la experiencia le resultó bastante rentable: en 2009, mediante una demanda contra él presentada por el ministro de Agricultura, Miroslav Naydenov, en nombre del Estado búlgaro, se le instaba a que restituyera varias parcelas en las montañas Rila (1.600 hectáreas de bosque) y a que abone al Estado 2,5 millones de euros en concepto de indemnización por la explotación de esos bosques. Se había apropiado de esas tierras al ganar las elecciones, con el argumento de que habían pertenecido a la familia real antes de que se aboliera la monarquía en el país en 1946.

En el mismo círculo mallorquí de amigos estaba un grupo selecto de empresarios hosteleros: José Escaño (dueño del restaurante San Marino), Alejandro Arroyo (cuñado de Mario Conde, y propietario del restaurante El Capricho, en Puerto Portals), y José Oliver Rodríguez (propietario de varias discotecas). En ese entorno fue en el que Juan Carlos entraría en contacto con Marta Gayá, una decoradora catalana muy amiga de Marieta Salas, la mujer de Zu, con la que vivió una larga aventura, y mentora de José Luis de Vilallonga cuando éste escribió su biografía autorizada del rey.

También alardea de su amistad con el monarca en Mallorca Pedro Serra. Serra cuenta con orgullo que en una ocasión en la que estuvo indispuesto y no pudo asistir a una de las recepciones que en verano organizan en Marivent, Juan Carlos preguntó «¿Dónde está el amo de Mallorca?». Y es que a Serra se le conoce popularmente como el Ciudadano Kane de las islas. Tiene un grupo empresarial, Grupo Serra, que controla el 90 por 100 de la Información en la comunidad autónoma: los periódicos Ultima Hora, Diari de Balears (cuya cabecera y patrimonio inmobiliario compró por un precio irrisorio a la cadena de medios de comunicación del Movimiento), Mallorca Daily Bulletin y Mallorca Magazin; la totalidad del accionariado del semanario Sóller y una importante participación en otras publicaciones de la «part forana»; emisoras radiofónicas (como Ultima Hora-Radio y Top-Radio); la adjudicación de las emisiones locales de Antena 3 y la televisión local Telenova.

Otro amigo íntimo del rey fue Enric Puig, consejero delegado de Antonio Puig S. A., uno de los empresarios catalanes que colaboró en la financiación del último yate Fortuna. Durante más de 20 años todos los derechos de imagen de los participantes de la Copa del Rey de Vela pertenecieron en exclusiva a la empresa de Puig, dedicada a productos de perfumería (Agua Brava, Azur…). Y con ello consiguió doblar su tamaño y navega viento en popa en la economía española. En septiembre de 2008 falleció Enric Puig de un infarto, lo que es más que probable que haya tenido algo que ver con que no se hayan vuelto a ver las famosas camisetas azules, ni a la infanta Cristina a bordo del Azur de Puig en esta competición. La regata continuó, sin Agua Brava (de Puig), pero con MAPFRE (en cuya fundación, casualmente, figuraba la infanta Elena como directora de proyectos culturales y sociales).

Como amigos no le faltan al monarca, la lista sería interminable si contásemos todos los que han hecho méritos por arrogarse el título. Cuando Juan Carlos cumplió 50 años, un grupo de catalanes con posibles le regalaron un Porsche Carrera de 24 millones. Entre ellos estaban Javier de la Rosa, Alberto Folch, José María Esteve, Mariano Puig y Pedro Mir. El grupo fue recibido en Palacio para hacer entrega del regalo, y alucinaron con el garaje. La casa BMW le regala al rey todos los modelos de alta cilindrada cuando salen al mercado. Todos estos obsequios no entran en su declaración de la renta.

MONARCAS DEL ISLAM

Las relaciones de Juan Carlos con los monarcas musulmanes, desde el Sha de Persia al rey de Marruecos, han sido siempre excelentes, por razones desconocidas. Quizá por la mera solidaridad de la sangre azul, aunque esto no bastaría para explicar por qué se ha inclinado tanto hacia estas monarquías cuasi feudales, en lugar de escorarse hacia la gran tribu de la realeza europea, lo que resultaría más lógico. Pero fuera como fuese, siempre ha mirado más hacia esos gobiernos absolutistas en torno al señorío de una familia que reina y es al mismo tiempo propietaria de gran parte de las riquezas de un pueblo, sin importarle demasiado toda esa mandanga de los derechos humanos.

Dentro del sector de la realeza, uno de los mejores amigos del rey es Karim Aga Khan, el príncipe ismaelita al que cada pocos años sus fieles entregaban su peso en oro, y que el rey Juan Carlos conoció, como a Zu, en el internado de Friburgo. El príncipe Karim (que se convirtió en Aga Khan —líder espiritual de los ismaelitas— en 1957 al ser designado como sucesor por su abuelo) se considera descendiente directo de Alí, el yerno de Mahoma. Pero ostenta también otros títulos para codearse con la realeza europea, entre ellos el de «Su Alteza» (concedido por la reina de Inglaterra en 1957) y «Su Alteza Real» (concedido por Su Majestad Imperial, el Sha de Persia, en 1959).

Sobre su solvencia económica existen pocas dudas: está considerado uno de los hombres más ricos del mundo. En 2004 pagó más de mil millones de dólares (en forma de propiedades, joyas y efectivo) a su segunda mujer, la Begum Inaara, en lo que se considera uno de los divorcios más caros de la historia (negociado —en un acuerdo amistoso— por la abogada Fionna Shackleton, una de las mayores expertas del Reino Unido en «descuartizar» maridos, con una cartera de ilustres clientes entre las que figuró Diana de Gales). Pero este desembolso no significó una tragedia para el Aga Khan. Su fortuna personal (que incluye 600 caballos de carrera, mansiones, hoteles, aviones, empresas y una colección de joyas y obras de arte) está valorada en diez veces esa cantidad y sus ingresos anuales fluctúan entre 100 y 300 millones de dólares. Todo ello sustentado en el impuesto que pagan los 20 millones de musulmanes ismaelitas que hay repartidos por el mundo y que entregan a este descendiente de Mahoma el 12,5 por 100 de sus ingresos. Este dinero es ingresado en cuentas suizas, a pesar de que el príncipe Karim es británico. Vive en Berkshire, Inglaterra; aunque pasa parte del año en Mallorca, donde el rey y él solían verse con frecuencia.

En los últimos años ha demostrado que su amistad con Juan Carlos sigue viva, al acoger en su fundación a la pobre infanta Cristina, en el exilio suizo para huir del ruido que ha generado el caso Urdangarin. Cristina necesitaba redondear sus sueldecito de La Caixa de 300.000 euros al año, para instalarse con holgura en Ginebra, y el Aga Khan le hizo el favor, en respuesta a la llamada de Juan Carlos, de completarlo con otros 300.000 y la cesión de un despacho. Presuntamente, su cometido es coordinar los proyectos de la Fundación La Caixa y la Fundación Aga Khan.

Pero la familia real que ha mantenido una afición más larga y fructífera con Juan Carlos a lo largo de los años es la de Arabia Saudita, el reino al que el petróleo descubierto en marzo de 1938 transformaría económicamente para siempre, mientras mantiene un sistema feudal en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. La confraternidad de Juan Carlos fue especialmente próxima con el rey Fahd bin Abdelaziz al-Saud, ya desde que éste era príncipe heredero y hasta su muerte siendo monarca en 2005. A él debía Juan Carlos multitud de favores contantes y sonantes, como los 100 millones de dólares que le prestó durante la Transición y que el Borbón nunca entendió que había que devolver, o el regalo de su segundo yate Fortuna, en 1979.

MANUEL PRADO, EL AMIGUÍSIMO

Ninguno de todos los amigos con los que contó Juan Carlos a lo largo de su reinado llegó al nivel de Manuel Prado y Colón de Carvajal. Descendiente directo de Cristóbal Colón, «Chiquitín», como solía llamarle Juan Carlos, era manco y tenía siete años más que él, características todas que lo rodearon de una cierta aura de leyenda ante los ojos del rey. Se conocieron por primera vez cuando su madre, muy monárquica, lo llevaba a ver al príncipe durante su primera estancia en España, a aquellos «besamanos» que los fieles a la corona le organizaban en la finca de Las Jarillas. Pero no trabaron amistad hasta unos años más tarde, cuando en 1961 el duque de Calabria, Carlos de Borbón Dos Sicilias, lo llevó un día a cenar con su primo Juan Carlos al Nuevo Club. La velada se prolongó hasta la madrugada y allí nació una amistad indestructible entre los dos.

Pero fueron mucho más que amigos. Prado se definía a sí mismo como «intendente general de Don Juan Carlos I», o «administrador de los dineros privados de Su Majestad». Aunque su residencia oficial estaba fijada en Lausana (Suiza), fue nombrado por designación real Embajador at large, es decir, sin embajada en ningún país, pero disponiendo de un pasaporte diplomático que le permitía viajar con mayor libertad de movimiento y más protección oficial, para que pudiera realizar en nombre del monarca gestiones en el extranjero.

Su gran amistad con el rey se extendió a prácticamente todos los miembros de la familia real. Con la reina tenía relación a través de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que ella preside y en la que él colaboraba. Precisamente en esta actividad, en una reunión del patronato, conoció a Mario Conde en 1992, con el que luego entraría en negocios en el asunto de Castillo de los Garciagos. Por otra parte, su hijo Borja es amigo de Jaime de Marichalar y de la infanta Elena, que visitó en varias ocasiones su finca El Toñanejo, cercana a Medina Sidonia, donde se celebró la boda de Borja. Aparte de esto, es difícil establecer el número de sociedades más o menos fantasma que maneja.

En su actividad como hombre de negocios nadie ha podido distinguir jamás lo que Manolo Prado hacía en nombre propio y lo que hacía como administrador del rey, salvo en los casos en que sus asuntos se complicaron hasta llegar a los tribunales. Entonces, oficialmente, siempre era cosa suya y Juan Carlos quedaba al margen.

Entre las múltiples y variadas actividades de Prado estaba la de actuar como asesor de empresas, a las que facilitaba los trámites legales necesarios para funcionar en España. Henry Ford II, presidente de la multinacional norteamericana del mismo nombre, recibió en marzo de 1974 una cariñosa carta del entonces príncipe de España, recomendando encarecidamente a su amigo Manuel Prado como la persona adecuada para tales menesteres. El empresario norteamericano preparaba entonces su viaje a España para colocar en Almussafes (Valencia) la primera piedra de la factoría española de Ford. Juan Carlos de Borbón se despedía en la carta dejando constancia de que una respuesta positiva sería adecuadamente valorada en un próximo futuro.

También actuaba como valido del rey, una especie de secretario personal con plena confianza de Juan Carlos para asuntos económicos y políticos, redactando cartas con membrete de la Casa Real para pedir dinero a entidades financieras o gobiernos extranjeros, según los casos, con distintos fines. Pedía dinero, por ejemplo, para salvar la democracia ayudando a financiar las campañas electorales de la UCD (caso de cuando pidió dinero al Sha, en 1977), para que pudieran utilizar las bases españolas en sus operaciones militares (caso de Kuwait en la guerra del Golfo), etc. De estos asuntos estaban al tanto sólo en parte el resto del personal de la Casa, que en más de una ocasión se vieron sorprendidos, sobre todo en los tiempos en que Fernando Almansa era un recién llegado, al recibir lo que parecían respuestas a cartas que no constaban en el registro de salida. Almansa se dirigía entonces al propio monarca para aclarar el aparente sinsentido: «Señor, ha llegado una carta del Rey de Arabia Saudí diciendo que en contestación a la carta de mi hermano de fecha tal… ¿Sabe a qué carta alude?». «Sí, sí, no te preocupes, ésa la escribió Manolo Prado».

Con frecuencia, además, desempeñó cargos públicos. Con los gobiernos de Adolfo Suárez, por ejemplo, Prado fue presidente de Iberia, lo que suscitó especulaciones sobre el aprovechamiento que podía estar haciendo de la capacidad de carga y de circulación de los aviones por todo el mundo. Nunca se probó nada. En esta época está el origen de la corona que lucen los aviones de Iberia, que Prado intentó rebautizar como Reales Líneas Aéreas Españolas. Y también del establecimiento de una línea directa con Riad. Para director general de ventas se buscó a un miembro de una familia saudí destacada, como es costumbre en ese país. Y se eligió a un joven muy religioso y estricto con las leyes del Corán, de una familia muy rica, que pasó a ser empleado de Iberia y cuyo nombre era Osama Bin Laden. Al parecer apenas aparecía por la oficina y no se metía en nada. Una de las pocas veces lo hizo fue para exigir a Iberia que pagase el Zankat, que suponía el 2,5 por 100 de los beneficios que había obtenido. Se trataba de una especie de impuesto religioso que tienen que pagar todas las empresas saudíes. Pero Prado pudo convencerle y dejó las cosas como estaban.

También fue presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI). De este cargo lo destituyó José Pedro Pérez Llorca, ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Calvo Sotelo, en 1982, a causa de unas declaraciones que hizo al semanario Tiempo en las que criticaba la política exterior gubernamental. El ministro meditó lo que suponía cesar a un amigo del rey, pero no tuvo otra opción para seguir siendo respetado.

De todas formas, enseguida llegó al poder el PSOE, y Prado volvió a ocupar cargos importantes. Fue comisario de la Expo 92, consejero de la Sociedad Estatal V Centenario en representación del Ayuntamiento de Sevilla, y también trabajó como impulsor del proyecto Cartuja 93, un parque temático de ocio, que se pretendía crear a partir de los restos de la Expo de Sevilla.

Al principio, con el PSOE tuvo sus más y sus menos, en un proceso de tira y afloja que hizo fracasar algunos de sus proyectos inmobiliarios, como el del hotel Los Bordales, debido a intereses enfrentados con algunos líderes socialistas. También por los abusos en el cobro de comisiones por petróleo que Prado pactaba para el rey con sus «hermanos» de países árabes. Él era la persona a la que el expresidente Felipe González se refería cuando, frente a Sabino Fernández Campo, advertía: «¡Y dile a Manolo que se conforme con el 2 por 100, porque cobrar el 20 por 100 es una barbaridad…!». Y por si fuera poco, ETA secuestró a su hermano Diego en abril de 1983 pensándose que era él. Diego Prado y Colón de Carvajal ya se había visto también salpicado por presuntas irregularidades, cometidas esta vez en el ya desaparecido Banco de Descuento, del que fue presidente.

Pero las cosas se fueron arreglando poco a poco, sobre todo cuando entró en contacto con Enrique Sarasola, que era a Felipe González algo así como Prado era al rey. En los últimos años del felipismo las empresas de Sarasola compartían sede con las de Prado, en el número 31 del paseo de la Castellana, en el edificio Pirámide. En 1995, sus hombres de confianza (Álvaro Álvarez por parte de Sarasola, y Jesús Sainz por parte de Prado) estaban juntos en el consejo de administración de Filo, una empresa radicada en Barcelona dedicada a actividades inmobiliarias y de asesoramiento y promoción.

En el complejo entramado de empresas de Prado, la principal era la sociedad instrumental suiza Trebol S. A. A su vez esta firma participa en la sociedad española Trebol Internacional, con domicilio en Madrid, en la que Prado estaba rodeado de importantes socios (entre otros el príncipe georgiano Tchokotua y el rey Simeón de Bulgaria). En su filial sevillana, Trebolquivir, constituida en 1987, Prado tenía como hombre fuerte a Arturo Moya, exdiputado de UCD por Granada; y era secretario Jesús Bores, amigo personal de Felipe González y de su cuñado, Francisco Palomino.

A través de estas empresas Prado conseguía contratas para obras en terceros países, con frecuencia financiadas con créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo). En 1989, por ejemplo, logró la contrata para la construcción de un hospital en Yemen del Sur por 25 millones de dólares; y un crédito FAD para llevar a cabo el proyecto, negociando con Germán Calvillo y Gloria Barba (esposa del entonces ministro Carlos Solchaga), responsables entonces de la empresa pública Focoex.

A veces combinaba esta actividad con la antigua de asesor a terceros. En 1991, por citar un caso, fue contratado por la empresa pública Indra (a través de Atlas Internacional, que forma parte del grupo Trebol), para ofrecerle servicios como consultor y promotor de un contrato con Venezuela para obras aeroportuarias, que eran de adjudicación directa. Indra y Atlas Internacional pactaron una comisión del 3 por 100, lo que suponía casi 1.000 millones de las antiguas pesetas (unos 6 millones de euros). Prado consiguió para Indra que el Consejo de Ministros del 22 de diciembre de 1993 aprobase la concesión de un crédito FAD de 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros) para que acometiera la modernización de todos los aeropuertos de Venezuela. Luego la cosa salió mal, porque hubo elecciones en Venezuela y con el cambio de poder se acabaron las adjudicaciones a dedo.

En otra de sus facetas Prado se dedicaba a los negocios inmobiliarios, aunque por aquí no siempre le salieron bien las cosas. Con vistas a la especulación inmobiliaria de la Expo 92 se metió en negocios ruinosos; como el de las parcelas de Expovillas S. A., que le acabó colocando a De la Rosa; y el complejo turístico de Castillo de los Garciagos de Jerez (en el que, además de a De la Rosa, también involucró a Mario Conde).

Al principio en todos sus tejemanejes se fue librando, si no de la condena moral ante la opinión pública, sí de la cárcel. Había sido imputado junto a Javier de la Rosa por el caso Gran Tibidabo, un caso de corrupción a gran escala que marcó época, pero nunca ingresó en prisión. Se libró por los pelos a finales del 95, cuando el juez Aguirre le dejó en libertad bajo una fianza de 150 millones de pesetas (unos 900.000 euros), que se vio obligado a pagar aunque en principio tuvo el rostro de enviar al Juzgado una relación de bienes por importe de 2 millones (12.000 euros).

Pudo ir capeando el temporal, aunque arreciaba cada vez más y su salud se resentía. Durante la fase judicial del escándalo Tibidabo, la enfermedad conoció uno de sus más violentos episodios en la Clínica de la Luz de Madrid. Casi se le dio por muerto antes de revivir como el ave fénix de sus cenizas, superando una tromboflebitis, y le fueron implantadas dos válvulas coronarias.

Pero no sólo eran problemas de salud. Su relación con el rey, que parecía intocable como si hubieran firmado una especie de pacto de sangre capaz de superar todos los malos momentos, acabó tocada. El caso KIO marcó su final. Ahí se torció la cosa, y eso que Prado no dejó de asumir con lealtad y silencio toda la culpa durante el proceso.

En 1998 la jueza Palacios impuso a Prado una nueva fianza de responsabilidad civil de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros). Y en 2002 fue condenado a 2 años de cárcel y a indemnizar a Torras con 27 millones de euros (cifra que incluía la cantidad embolsada más los intereses). Prado se negó a devolver ni un solo euro y esto motivó su ingreso en prisión en abril de 2004, a pesar de llevar tres años de quimioterapia y con 73 años.

Convivió en la cárcel de Sevilla II con otros 1.480 reclusos. Bueno, la convivencia fue relativa: residía en la galería de internos de características especiales con presos de confianza, y recibía un trato especial por orden escrita de la dirección del centro penitenciario. Todo estupendo hasta que se supo y la orden tuvo que ser revocada. Salió a la luz al tiempo que se denunciaba que había recibido la visita de dos personas, que no se identificaron ante los funcionarios que vigilaban las diferentes puertas y cuyos nombres no se inscribieron en el Registro de Comunicaciones. El director de la cárcel había acompañado a dichas personas hasta un patio ajardinado, próximo a la Unidad de Mujeres donde se reunieron con Prado. Los visitantes habían llegado acompañados por escoltas, que se quedaron esperando en la cafetería de funcionarios. De todos modos, Prado salió enseguida del talego, en dos meses, por «problemas de salud» que resultaron ser ciertos. Tenía varios bypass y un cáncer de piel.

Lo del dinero no consiguió resolverlo nunca, el pobre. Prado testificó en todos los juicios que su patrimonio no ascendía más allá de los 3 millones de pesetas (18.000 euros). Después de veinte años de servicios a España y a su rey, eso es lo único que le quedaba.

Algunos dicen que Juan Carlos lo dejó tirado, que cuando enfermó dejó de llamarlo y no pasaba a darle un abrazo cuando iba a Sevilla. Pero otros dicen que no es cierto que lo hubiera borrado de sus afectos y le diera la espalda. Hasta 2007 aproximadamente el «intendente» seguía teniendo despacho en Zarzuela. Y todavía en enero de 2009 tuvo una reaparición muy sonada en público en la finca El Cristo (en Gredos), una de las mejores fincas de España de caza mayor, perteneciente a su amigo Germán Gamazo Hohenlohe, marqués de Soto de Aller, conde de Gamazo y vizconde de Miravalles. También dicen que el rey lo cuidó hasta el final a través de Alberto Alcocer, lo que ayudaría a explicar su silencio.

Fuera como fuere, murió el 5 de diciembre de 2009 y ya no sabremos si le fue fiel a Juan Carlos de verdad hasta el final o no. Manuel Prado quería dejar sus memorias, pero no le dejaron. Tenía ya un libro preparado, Una lealtad real, que llevaba mucho tiempo intentando publicar. Y por fin, en marzo de 2008, la editorial Almuzara estaba dispuesta a ello. Ya estaba preparada la campaña de publicidad, decididos los ejemplares a firmar de puño y letra, e incluso se le había pagado al autor un adelanto cercano a los 36.000 euros. Pero alguien se encargó de que no llegara a las librerías nunca. Su editorial dio marcha atrás, sin ninguna explicación por parte de su dueño, el exministro Manuel Pimentel, y se destruyeron hasta las pruebas de imprenta. Cuentan quienes conocen el espíritu del libro que era una loa aderezada con secretos cotidianos, que relataba sus años junto al monarca «sin ánimo vengativo, sino descriptivo». Pero según parece, Prado hablaba también de su condena relacionada con el caso KIO… Ya no podemos saberlo.

Los reyes no fueron a su entierro.

17. Haciendo caja

EL OSCURO NEGOCIO DEL PETRÓLEO

Con Manuel Prado o con otros, Juan Carlos se vio involucrado en la era del felipismo en varios negocios dudosos, aunque siempre eran sus «amigos» los que figuraban oficialmente en los papeles. Se movió en varios sectores pero una de las formas más antiguas que utilizó para ir haciéndose con un pequeño capital personal fue a través del oro negro: el petróleo. No se sabe de dónde le vino la afición, pero quizá algo tuvo que ver su cuñado, Constantino de Grecia.

A partir de 1967, Constantino se decidió a ocuparse de distintos negocios para incrementar la hacienda familiar. Hasta la abolición definitiva de la monarquía griega en 1974, aunque sólo fuera rey de nombre, percibía una lista civil como jefe del Estado que ascendía a unos 33 millones de pesetas anuales (unos 200.000 euros) y siguió en posesión, al menos nominal, de todos sus bienes privados. Especial importancia tuvieron entonces su buena amistad con el rey Hussein de Jordania (que en 1977 se llevó a toda la familia real griega de visita a Disneylandia) y, sobre todo, con el Sha de Persia. Algunos cuentan, y así lo escribe un cercano asistente del Sha, que éste colocó al rey de Grecia en los consejos de administración de sus múltiples sociedades y empresas con sede en Europa, dedicadas a las exportaciones de petróleo de su país. Aquello, junto con otros muchos negocios de distinta índole de los que poco se sabe, engrosaron de forma importante las arcas del depuesto soberano griego.

Pero Juan Carlos se decantó por los países árabes. Todavía en tiempos de Franco, se produjo la primera crisis del petróleo, que comenzó en 1973 a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (que agrupaba a los países árabes y del Golfo Pérsico miembros de la OPEP) de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. La crisis afectó a España de forma importante. Entonces a Barrera de Irimo, que era ministro de Economía, se le ocurrió ir a ver al príncipe y pedirle que mediase con el príncipe Fahd, de Arabia Saudí, uno de los mayores productores de crudo, para conseguir una remesa rápida de petróleo. Juan Carlos envió un emisario y la respuesta fue inmediata: «Decid a mi hermano el príncipe Don Juan Carlos que le enviaremos todo el petróleo que España necesite». A cambio de estos servicios de mediación el príncipe cobró una comisión y a todo el mundo le pareció muy normal. El propio Juan Carlos ha explicado que su habilidad para tratar con los árabes se debe a que sabe comprenderlos mejor que nadie: «Sólo los que sabían tomárselo con paciencia llegaban a veces a hacer el negocio de su vida», dijo una vez.

El gobierno de Suárez adoptó desde entonces un acuerdo para que un porcentaje pequeño de las transacciones comerciales petrolíferas realizadas por España con otras monarquías del mundo se desviara hacia el patrimonio privado de los Borbones. Estas transacciones comerciales estaban gestionadas por Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Alfredo Pardo, director de flota de Cepsa, pudo comprobarlo cuando tuvo que suspender un viaje a Kuwait que tenía programado para firmar un contrato multimillonario de compra de petróleo al emirato, que le iba a dejar un cuantioso beneficio de dos centavos por barril en concepto de regalía para el comprador. Cuando ya estaba a punto de partir, para su sorpresa, le llamaron para decirle que no fuera, que la firma del contrato iba a correr a cargo de don Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y coincide que el entonces emir de Kuwait, el jeque Zayed de Abu-Dhabi, era, como Fahd, un gran amigo del rey. «¡Un personaje extraordinario!», solía decir de él Juan Carlos.

También un exconsejero de Campsa lo contó, denunciando sin tapujos (en un programa de Radio 3W) que Juan Carlos había cobrado comisiones del petróleo árabe. Lo constató en el año 1979. Cuando la segunda crisis del petróleo, la de Irán y los ayatolás, volvió a dejarnos sin petróleo, Roberto Centeno tenía el mandato del Consejo de Ministros —directamente de Fernando Abril Martorell, el vicepresidente—, de solucionar el problema de los suministros para España. Era su trabajo, ya que estaba al frente del monopolio de petróleos. A través de su amigo Fernando Schwartz, entonces embajador en Kuwait, consiguió resolver el problema. Sólo esperaba felicitaciones, pero entonces el ministro de Hacienda, Paco Fernández Ordóñez, le llamó muy alterado conminándole a deshacer el contrato de compra. «¡Pero Roberto! ¿Qué has hecho? —le dijo el ministro a consejero de Campsa— ¡Me has buscado la ruina! ¿Pero cómo se te ocurre ir a Kuwait? Ha estado Prado y Colón de Carvajal ¡y me ha montado un pollo…!». Ya había conseguido Manolo, a través del rey, traer una serie de suministros de Arabia Saudita y de los Emiratos con unas comisiones «del copón con ruedas».

Como norma, España pagaba el petróleo más caro por el sobrecoste de las comisiones, que podían oscilar entre uno y dos dólares por barril de crudo. Esto supone unas cantidades astronómicas. Un petrolero de 200.000 toneladas lleva aproximadamente 1,5 millones de barriles, lo que podía producir un beneficio de 2 millones de dólares del año 1979, que se pagaban con el dinero de los españoles porque, naturalmente, eso iba después al precio de la gasolina.

Aparte de las comisiones, que muchos justifican como perfectamente razonables y hasta legales, no se sabe si el rey Juan Carlos tuvo otros negocios en el sector, aunque hay indicios que apuntan a ello. Como amigo de los países árabes, ha actuado como mediador político para ayudar a resolver los problemas de Oriente Medio. Y también sirvió de mediador en otros conflictos particulares, en los que se tomó mucho más interés del que se podría esperar.

Ahí está el ejemplo del caso del Izarra. El petrolero Izarra (con tripulación española, aunque con bandera de conveniencia panameña) fue detenido por las autoridades nigerianas el 19 de junio de 1984, cuando pretendía alcanzar las aguas internacionales, tras cargar ilegalmente en Nigeria una partida de gasóleo. Las autoridades retuvieron dos meses a toda la tripulación, pero luego se contentaron con procesar y condenar a muerte a su capitán, Luis Peciña, por contrabando de gasoil. La detención se produjo en un contexto en el que el contrabando de crudo estaba costando al país africano más de 500 millones de pesetas diarios, al tiempo que producía una acuciante escasez en el mercado interior de los productos derivados, pese a ser uno de los mayores productores del mundo. Los contrabandistas compraban gasóleo subvencionado para la pesca en Nigeria a la mitad de precio, y lo vendían en Canarias, en donde se llegaban a mover más de 30.000 toneladas anuales. Al parecer, habían sido los armadores griegos los primeros en introducirse en ese peculiar negocio, con la compañía naviera Lavinia. Pero tras el golpe de Estado de diciembre del 83, el nuevo gobierno militar presidido por Mohamed Buhari había centrado sus esfuerzos en acabar con la corrupción, deteniendo y procesando, en sólo 6 meses, a 474 altos cargos del régimen civil derrocado. Y en su lucha contra los barcos extranjeros que participaban en el negocio había caído el Izarra.

Las autoridades nigerianas reclamaron inmediatamente al armador y gerente, José María López Tapia, como verdadero responsable del delito, para que rindiera cuentas. Pero López Tapia nunca mostró ningún interés por acudir a Nigeria. Ni siquiera interrumpió sus vacaciones en Bermeo. Y tampoco su hermano y socio, Gregorio, quien, curiosamente, navegaba por aguas mallorquinas con su yate. López Tapia ya había sido implicado en marzo de 1980 en la quiebra de la naviera Letasa, y sobre él pesaban varias denuncias judiciales por presuntos delitos monetarios (evasión de divisas, estafa a fondos públicos…). Con anterioridad al golpe de Estado del 30 de diciembre del 83, él y su hermano poseían, a través de unos intermediarios, negocios en la construcción y en el sector de hidrocarburos en Nigeria. Y desde entonces funcionaban transportando crudo a Canarias con una flota de tres petroleros, uno de los cuales ya había sido detenido poco tiempo antes en Nigeria.

Ante el conflicto, el Estado español no hizo nada por facilitar el traslado del más que dudoso López Tapia a Nigeria. Y tampoco mostró solidaridad alguna con los procesos anticorrupción que habían emprendido en el país. Muy al contrario, el gobierno se dedicó a hacer declaraciones sobre la falta de garantías jurídicas, exigiendo la inmediata puesta en libertad de Peciña. Las gestiones, y aquí entramos en la zona oscura del asunto, llegaron al más alto nivel. Las hijas y la mujer de Peciña fueron a pedirle ayuda al rey Juan Carlos, y debieron de resultarle muy conmovedoras, porque el monarca mostraría un interés inusitado en el caso a partir de entonces.

Para empezar, la embajada española contrató al prestigioso abogado nigeriano Oduba, que cobraba más de medio millón de pesetas por día de trabajo, para llevar la defensa de Peciña, que se centró en las buenas relaciones entre España y Nigeria. La mayoría de los países occidentales que tenían en aquel momento ciudadanos en cárceles nigerianas (por diferentes delitos, desde el contrabando al tráfico de cocaína), se quedaron pasmados ante la actitud del Estado español, que consiguió que a su detenido en el centro penitenciario de Port Harcourt le enviasen a diario la comida desde el mismo hotel en el que su mujer se alojó, a cuenta de la embajada, durante los dos años que duró el proceso. Además, en la cárcel, Peciña tenía a varios presos comunes trabajando para él como asistentes.

Cuando se publicó la sentencia a pena de muerte, en diciembre del 84, el rey de España envió una carta al presidente nigeriano solicitando el indulto y la inmediata puesta en libertad del capitán del Izarra, sin que se sepa en qué tipo de argumentos se basaba para solicitar tal gracia. La carta la llevó en mano un emisario del monarca, que fue nada menos que Manuel Díez-Alegría. Díez-Alegría había sido jefe del alto Estado Mayor del Ejército, miembro del Consejo del Reino y Senador Real en la legislatura constituyente, además de haber colaborado con Juan Carlos, cuando todavía era príncipe, mano a mano con Manuel Prado, en aquella rocambolesca operación rumana para contactar con Santiago Carrillo, en 1974.

El 17 de diciembre de 1984, Díez-Alegría, impecablemente vestido con su uniforme de teniente general del Ejército español, renqueante a sus 78 años y con una leve cojera, tuvo un encuentro de 10 minutos con el presidente nigeriano Buhari. Le entregó la carta del rey y también hablaron de una próxima visita del monarca en visita oficial al país, que se había aplazado sine die a raíz del golpe de Estado. Salió del encuentro satisfecho, afirmando que la carta del rey había tenido «un impacto claro». Pero no consiguieron todo lo que querían: sólo la conmutación de la pena de muerte por una condena de 25 años de cárcel. No era suficiente, y las instituciones españolas continuaron las gestiones.

Por fin, cuando el general Buhari fue derrocado, en agosto de 1985, por otro golpe de Estado, esta vez dirigido por el general Babangida, se acabó la campaña anticorrupción. El nuevo presidente nigeriano decidió personalmente anular la sentencia de Peciña, que fue puesto en libertad el 19 de julio de 1986. El Estado español se había gastado 70 millones de pesetas reconocidos en su defensa y en los gastos de su familia. En la cárcel, curiosamente, Peciña había engordado varios kilos. No se sabe qué opinarán de todo esto los familiares de otros presos españoles en cárceles extranjeras, pero el asunto a simple vista suena bastante extraño, y no es difícil imaginar por qué algunos sacaron en conclusión que el monarca tenía algo que ver con los negocios de los López Tapia.

Tres años después, en 1991, el armador López Tapia reclamaba al país africano 45 millones de dólares, a través de un proceso admitido a trámite por la Audiencia Nacional, por piratería contra el gobierno que había encabezado Buhari, por incautarse del Izarra ilegalmente.

En esta faceta filantrópica en defensa de presuntos contrabandistas de petróleo, el rey también solicitó el indulto para Marc Rich. Se le ha calificado en diferentes medios como «monsieur pétrole», «el gran dragón de la corrupción» o «el delincuente más inescrupuloso de la era moderna». Cuando en 1983 se fugó de EEUU, el FBI lo perseguía por 65 delitos, entre ellos las ganancias de 105 millones de dólares por venta ilícita de petróleo. Rich adquirió la nacionalidad española y se estableció en Suiza. Organizó su red de empresas e hizo suculentos negocios con la mafia rusa, con Milósevic y con la Halliburton de Cheney. Y en 1998 fue indultado por Bill Clinton, tras financiar la campaña para senadora de Hillary. El rey Juan Carlos I figura entre los solicitantes del indulto, junto a Shabtai Shavit, exjefe del Mossad; Camilo José Cela, expresidente de la Fundación Marc Rich en el Estado; y por el exvicepresidente del Real Madrid, el empresario Fernández Tapias.

TRÁFICO DE ARMAS

Otro de los sectores en los que «amigos íntimos» del rey han aparecido relacionados es el tráfico de armas. Ya en la década de los 70 Manuel Prado estaba al frente de la sociedad Alkantara Iberian Export, una sociedad mixta impulsada por los gobiernos de España y Arabia Saudí para canalizar, en principio, la venta de bienes de equipo a Riad, que se reconvirtió más tarde para canalizar la venta de armamento. En la empresa participaron Focoex y el INI, por parte española; y por parte saudí Triad Internacional, la sociedad de Adnan Khashoggi, en la que trabajaba además Borja Prado, el hijo del mejor amigo del rey.

Arabia Saudita tenía dinero del petróleo, quería construir su ejército, y Khashoggi le mostró el camino, convirtiéndose en el vínculo entre los fabricantes de armas y el reino. Hizo una gran fortuna en este mundillo y estuvo envuelto en grandes escándalos, como el Irán-Contra: él fue el traficante de armas a través del cual los altos funcionarios de la administración Reagan enviaron armas a Irán, violando el embargo impuesto por el Congreso, en una operación de doble intención con la que querían obtener beneficios off the record para financiar la Contra en Nicaragua.

Pero Khashoggi quiere ser recordado como «Mr. Fix It», el facilitador arregla-todo, más que como un vulgar traficante de armas. Le gusta contar con orgullo la historia de cómo ayudó a un importante «empresario» estadounidense que estaba siendo investigado por el Congreso, sospechoso de pagar 400.000 dólares en sobornos a generales saudíes. Khashoggi le dijo: «Dame el dinero a mí y digo que lo recibí yo». Le entregó la cantidad estipulada y a continuación un ejecutivo de la compañía le preguntó si iba a decirle a los investigadores que el dinero le había sido entregado a él, no a los generales, como comisión. «Por supuesto que lo voy a decir. ¿Para qué se creía que me pagaba los 400.000 euros?», contaba, dándose una palmada en la rodilla de satisfacción. «Lo más importante es ayudar a los amigos», concluía como moraleja con una risotada.

Adnan Khashoggi fue considerado en los 80 el hombre más rico del mundo, aunque hubiera sido más exacto decir que era el que más gastaba en el mundo. Compró una de las mayores fincas villa en Marbella, llamada Baraka, en la que era anfitrión de grandes y legendarias fiestas a las que asistían estrellas de cine, políticos y celebridades del pop. Y fue él el responsable de traer al entonces príncipe Fahd de Arabia Saudita allí por primera vez. Aquella visita se traduciría en la construcción de una mezquita y una residencia de tipo palacio.

Los servicios de Khashoggi como facilitador han sido recurrentes en las administraciones estadounidenses desde Nixon hasta, por lo menos, 2003, poco antes de la invasión de Irak, cuando se le vio con Richard Perle, el famoso «lobbyista» norteamericano conocido como uno de los «arquitectos de la guerra». Y su sistema de actuación y de hacer negocios recuerdan en muchos aspectos a los de «mediación internacional» que más tarde pondrían en marcha Corinna y Juan Carlos de Borbón en la última década (por cierto, en alguno de ellos en equipo con la tercera exmujer de Khashoggi).

Pero volviendo a la década de los 80, en la época del PSOE de Felipe González la intendencia del ejército pasó al control de las autoridades civiles del Ministerio de Defensa. Desde entonces, la compra de armamento y las dotaciones se dictaron con intereses gubernamentales, a veces incomprensibles para el propio ejército. Una de las empresas que hizo buenos negocios en esta etapa fue Simulación, Mando y Control S. A., que tenía por objeto la elaboración de programas informáticos aplicables a aviones de combate y navíos de guerra. En ella compartían capital Mario Conde y Borja Prado Eulate (hijo de Manuel Prado), a través de BTA Internacional (que se dedica a vender tecnología para la defensa, o sea armamento); y era consejero Juan Alfonso Cardenal Pombo (hermano de Jaime, el socio de Miguel Arias en el restaurante Las Cuatro Estaciones, íntimo amigo del rey).

ESPECULACIÓN FINANCIERA

Resulta difícil clasificar otras actividades económicas de los «amigos» del rey, que para la gente común se fundamentarían básicamente en «manejar millones»: operaciones de bolsa, gestión de créditos, fondos de inversión especulativa… Todas ellas actividades para las que es necesario contar con un capital, o dicho de otro modo, que no son aptas para pobres.

Juan Carlos, en principio, no tenía dinero para jugar a este juego tan divertido. Pero nada más ocupar el trono a la muerte del dictador, Manuel Prado se dedicó a remitir una serie de misivas reales a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, para pedirles dinero en nombre del rey de España. Y luego el propio Prado invertía, especulaba, gestionaba aquellos fondos de la forma más conveniente.

Aparte de los 10 millones de dólares que le pidieron por carta al Sha de Persia, y que nunca se supo cómo invirtieron, entre 1976 y 1977 se hicieron viajes a Marruecos y a Arabia Saudita con el fin de recaudar fondos, a instancias de rey, y para «vender» en el exterior su proyecto de democracia, afirmar la corona y dotar a la recién creada UCD. Además se hicieron otras gestiones. Manuel Prado habló con Adnan Khashoggi para que mediara pidiendo ayuda financiera al príncipe Fahd de Arabia (en aquel momento reinaba Jaled y el príncipe Fahd era su primer ministro). Le consiguieron sacar 100 millones de dólares, como un crédito a devolver en diez años sin intereses (no iban a ser usureros entre hermanos). Manuel Prado, encargado de administrar los dineros del rey, invirtió la suma como mejor le pareció. Y a los diez años la Casa Real dijo que no tenía dinero para devolver el crédito. Pero los saudíes, en contra de lo que Prado hubiera podido pensar, estaban decididos a recuperarlo, y de la tarea de reclamar la devolución quedó encargado un hermano del rey Fahd, que tenía una espléndida mansión en la Costa del Sol.

De esa época hay divertidas anécdotas que se cuentan por Mallorca. Al parecer en una ocasión que el príncipe saudí acudió a almorzar con el rey a Palma, los que tenían que ir recibirlo, Prado y Tchokotua, se equivocaron de aeropuerto. Recibieron en su lugar a los duques de York en el aeropuerto militar, mientras en el aeropuerto civil, al ver que nadie había acudido a recibirlo, el hermano del rey Fahd partía de vuelta a Marbella muy enfadado. Cuando se enteró el rey tuvo uno de sus fantásticos ataques de ira, rompió sillas y muebles del Patrimonio Nacional en Marivent, pero consiguió arreglar el asunto pidiéndole disculpas al príncipe, y al final le dieron cinco años más para devolver el dinero.

Como Prado insistía en que no había dinero al cabo de ese plazo, en 1996, Conde le facilitó un crédito de Banesto de 3.500 millones de pesetas (21 millones de euros), que se justificaron oficialmente como destinados a solucionar los problemas de la ruinosa urbanización de Castillo de los Garciagos. No se sabe si al final Prado pagó o no pagó, o si el tema sigue todavía pendiente. Por Palma de Mallorca corrió durante bastante tiempo de boca en boca una frase como chiste sólo para iniciados: «¡Que viene el moro cabreado, y quiere cobrar!».

Tampoco se sabe a dónde pudieron ir a parar los 100 millones de dólares gestionados por Prado. Fue una época en la que los negocios especulativos eran el no va más, la edad dorada del «clan de la beautiful», cuando los más listos del PSOE pusieron las bases de la cultura del pelotazo, siendo Miguel Boyer ministro de Economía y Hacienda y Mariano Rubio gobernador del Banco de España. Y en aquella época, a las «cenas de amor», que era como las llamaban, solía acudir el rey como invitado de lujo. En torno al monarca se sentaban Antonio Garrigues Walker, Claudio Boada, Plácido Arango, José Antonio Ruiz de Alda, Mariano Rubio, José María Entrecanales, Manolo de la Concha, José María Echevarría, Carlos Bustelo, Rafael Pino, Carlos Solchaga, Juan Tomás de Salas y algunos más.

En el escándalo de la trama Ibercorp acabó saliendo a luz una lista trucada de beneficiarios por la venta de acciones de Sistemas Financieros, en la que figuraban muchos de los asistentes a aquellas cenas, como Mariano Rubio, Miguel Boyer y Leopoldo Calvo Sotelo, entre otros. Y, también, la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey; y un tal «Arias y Rey», que resultó ser Miguel Arias Molino, el dueño del restaurante Las Cuatro Estaciones. Nunca se encontraron pruebas de que el rey, personalmente, tuviera más implicaciones con la trama de Manuel de la Concha.

HERENCIAS DUDOSAS: LA COLECCIÓN DEL DUQUE DE HERNANI

Otra de las formas más curiosas de adquirir bienes de los Borbón es a través de herencias de parientes muy muy lejanos, o incluso de perfectos desconocidos. Sí, sí, por extraño que parezca, estas cosas pasan… pero sólo a ellos. Si un desconocido regala de repente toda su herencia, ese impulso se llama amor a la dinastía borbónica.

El caso más reciente que tenemos es el del multimillonario de Ciudadela (Menorca) Juan Ignacio Balada Llabrés, fallecido en noviembre de 2009, que legó su fortuna a la Casa Real. Concretamente, el empresario e inversor menorquín donó la mitad de su herencia a los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, así como a los ocho nietos del Juan Carlos. Con el otro 50 por 100 del legado Felipe y Letizia tienen encomendado crear una fundación de interés general. La Casa Real confirmó la noticia y sólo le pareció que la cosa era un poquito «inusual». El único problema que vieron fue que el proceso a partir de la notificación notarial de la herencia iba a ser «complicado y muy largo», sobre todo por el hecho de que los nietos fueran menores de edad, lo que prolongaría la transmisión objetiva de los bienes. Balada fue hijo único y no dejó descendencia.

Pero el más importante, por el momento, es el extraño caso de la herencia del duque de Hernani. Su título acabó en manos de Margarita de Borbón, la hermana menor de Juan Carlos, y gran parte de su colección de 681 cuadros de incalculable valor está en paradero desconocido. Luis Alfonso Méndez de Vigo, que se considera a sí mismo el legítimo heredero, lleva años pleiteando en los juzgados y denunciando ante la opinión pública el «robo» de los cuadros y del título, asegurando además que es el rey Juan Carlos el que está detrás de todo esto, a través de un complicado plan de falsificación de documentos y con testaferros.

Cualquiera podría pensar que lo que le pasa a Luis Alfonso Méndez de Vigo es, sencillamente, que quería la herencia para él, como sobrino de Manfredo, el último duque de Hernani. No fue así por un testamento sorpresa e incomprensible para los Méndez de Vigo. Incomprensible porque el duque de Hernani no era especialmente adepto a los actuales Borbones (ni siquiera por tradición, ya que sus antepasados lucharon en el bando carlista). A la hermana del rey, Margarita, ni siquiera la conocía, y su relación de parentesco con ella era prácticamente inexistente: compartían el apellido Borbón, pero por líneas colaterales en las que hay que remontarse hasta Carlos III para encontrar el punto de consanguinidad. Todo hay que decirlo, tampoco Méndez de Vigo tenía esta relación con él, al proceder de la rama familiar del segundo marido de la madre de Manfredo, que no era Borbón; aunque su relación de parentesco político es mucho más próxima con el finado, y mucho más comprensible.

La hermana del rey Juan Carlos tiene, sin embargo, un interés muy directo por el título: es el único que podrá dejar en herencia a sus hijos, ya que el que ostenta, duquesa de Soria, es sólo vitalicio. Se lo regaló su padre cuando estaba en el exilio en Estoril, y no fue legitimado hasta el 23 de junio de 1981, reinando ya su hermano Juan Carlos I. Por eso el de duquesa de Hernani le viene como anillo al dedo. Es cierto que los títulos nobiliarios no llevan hoy en día aparejado ningún patrimonio (la Ley Desvinculadora de 1822 lo prohíbe), pero su influencia es indudable en el mundo de los negocios, las finanzas y, muy especialmente, en el mercadeo de obras de arte y antigüedades. Tienen su importancia, por ejemplo, a la hora de justificar la posesión de unos cuadros cuyo título de propiedad haya desaparecido.

A la muerte del duque, Margarita reclamó el título, alegando una supuesta carta en la que él mismo expresaba su deseo de que lo tuviera. El Juzgado de Primera Instancia dio la razón al sobrino, Méndez de Vigo; recurrió Margarita a la Audiencia y le dio la razón a ella; el sobrino interpuso un recurso de casación en el Tribunal Supremo, y éste falló definitivamente a favor de Margarita, y es ella por tanto la que ostenta el título legalmente en la actualidad.

En lo que respecta a la colección, las peripecias legales son largas y complejas. Méndez de Vigo lo ha explicado miles de veces a todos los que le han querido escuchar, porque ha realizado personalmente toda una investigación sobre el tema. Pero se trata de un enredo legal en el que varios aristócratas se pelean como gatos entre ellos por unos bienes que en realidad deberían ser de titularidad pública, que ocultan de Hacienda y sacan fuera de España sin permiso. De todos modos, y aún a pesar de resultar, si no tedioso, abrumadoramente complicado, vale la pena intentar reconstruir brevemente el proceso.

El origen de la colección está en un Borbón del siglo XIX, casado con una Borbón y en segundas nupcias con otra Borbón (la descendencia iba a tener problemas seguro), que acabó sus días en el exilio por causa de la revolución de 1868 y la instauración de la Primera República. Se trataba de Sebastián Gabriel Borbón y Bragança, conocido como el infante portugués, biznieto de Carlos III, que se casó primero con Amalia de Borbón, hija del Duque de Salerno; y, tras quedarse viudo, con otra prima, Cristina de Borbón, hermana del rey consorte Francisco de Asís.

La colección del infante, estaba compuesta por 800 cuadros y fue expuesta por primera vez en el «Asilo» cedido por la municipalidad de la ciudad de Pau, Francia, donde Sebastián Gabriel pasó sus últimos años en el exilio. La componían tres grupos de cuadros: primero, los provenientes de la herencia de Carlos III, los cuales fueron incautados al infante en 1835 por apoyar la causa carlista, formaron parte del extinto Museo de la Trinidad y le fueron devueltos más tarde; segundo, los cuadros provenientes de su exilio en Nápoles (por la misma causa que le habían incautado los cuadros); y finalmente los cuadros provenientes de las compras realizadas en España aprovechando la desamortización de los bienes eclesiásticos ordenada por Mendizábal en 1855. En este grupo ha de incluirse también la colección privada del pintor José Madrazo, amigo personal y director del Museo del Prado, que el infante compró a sus herederos tras la muerte de aquél.

A consecuencia de la testamentaria del infante, en 1887 se produjo la dispersión de la pinacoteca entre su viuda y sus cinco hijos. Uno de ellos, Alfonso de Borbón, reagrupó una buena parte después, comprando las obras a los demás herederos. Y de él pasó a su sobrino, Manfredo de Borbón, el último duque de Hernani, que conservó 681 cuadros de la primitiva colección hasta su fallecimiento en 1979.

La Colección Duque de Hernani es una de las pinacotecas más importante de España, aunque probablemente nunca estuvo reunida todo junta desde la muerte del infante Sebastián Gabriel. Se trata de «un pequeño Museo del Prado» en el que se encuentran casi todas las tendencias artísticas de Occidente desde el siglo XIV al XIX, ambos inclusive, con autores en su mayoría de primera línea, tales como Tiziano, Carpaccio, Veronese, Rafael, Caravaggio, Rembrandt, Van Dyck, El Greco o Goya.

Se hallaba diseminada en distintas propiedades del duque de Hernani cuando fue incautada para protegerla en el Museo del Prado durante la Guerra Civil. En 1933, la Segunda República ya la había puesto bajo protección del Estado, dándole carácter de Bienes del Tesoro Artístico Español. Y en el 36 se la llevó al Prado la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico (JIPTA). Este organismo había nacido a iniciativa de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y tenía como finalidad la intervención directa en palacios, iglesias y otros edificios incautados con el objetivo de reconocer, inventariar y trasladar a depósitos convenientemente acondicionados para su conservación las obras que fuera necesario. Entonces se tomó nota de los cuadros, pero no hay un registro fiable de los mismos a día de hoy, porque se mezcló con la colección genérica de su antecesor el infante portugués Sebastián Gabriel, o aparecen apuntadas con datos incompletos, sin registrar ni el autor del cuadro en muchas ocasiones. En el último catálogo de las obras en depósito del Museo del Prado, además, no figuran con fotos, por lo que no se pueden identificar fácilmente si de repente aparecen en un museo del extranjero o en una colección privada, cosa que, al parecer, ya ha pasado con no pocos de ellos.

En 1940, terminado el conflicto armado, se restituyó la colección a su propietario, pero Manfredo sólo llegó a retirar ciento y pico obras del museo. Las demás quedaron depositadas allí y nadie preguntó por ellas durante décadas.

Naturalmente, el duque tenía los títulos de propiedad de los cuadros, pero estos fueron robados de su domicilio en la noche del 23 de febrero de 1977. Dos falsos sirvientes, que habían sido contratados dos meses antes, narcotizaron al resto del personal y se llevaron, además de 17 cuadros, la documentación de toda la colección. Las obras robadas aparecieron a los dos meses en Portugal y se detuvo a los delincuentes, pero los documentos ni se mencionaron. La noticia apareció en la prensa en su día, los ladrones fueron detenidos, pero nunca se abrió el proceso penal por este robo.

Manfredo, el último duque de Hernani, murió el 6 de enero de 1979, día de reyes y cumpleaños de Juan Carlos. Y Méndez de Vigo insiste en que el rey se tomó un regalito por su cuenta, apoderándose de los cuadros, buena parte de los cuales seguía depositada en el Prado.

En un principio, por un lado, se produjo el pleito en torno al título, entre Méndez de Vigo y Margarita de Borbón, y el Tribunal Supremo acabó confirmando a Margarita como sucesora del duque. Por otro, el Juzgado de Instrucción n.º 46 paralizó todas las investigaciones sobre el paradero de los cuadros e hizo inútiles las querellas criminales presentadas contra ellos.

Teresa Mariátegui Arteaga, segunda esposa de Manfredo, fue la heredera única y universal, pero parece ser que nunca retiró los cuadros del Prado, y desde luego no declaró la colección de arte a la Hacienda Pública, eludiendo el pago del impuesto sucesorio. Para que se investigase qué había pasado, en noviembre de 1986 la familia Méndez de Vigo interpuso Denuncia Pública contra ella por la ocultación de todos los bienes muebles heredados de su esposo. Se abrió proceso.

Extrañamente, la Inspección de Hacienda recurrió a Edmund Peel & Asociados para hacer una valoración de lo no declarado y encontrado en varios registros. Pero Edmund Peel & Asociados no es «funcionario técnico al servicio de la administración con título adecuado a la naturaleza de los bienes» (conforme exige el artículo 117 n. 12 del Decreto 1018/1967 de Tarifas del Impuesto de Sucesiones aplicable al tiempo de interponer la Denuncia Pública 40/86), sino que es un comerciante que suplantó las funciones encomendadas a la Junta de Valoración y Exportación de Bienes Culturales, el único perito oficial a quien corresponde la valoración de los bienes del Patrimonio Histórico Español. Valoró tan sólo las 130 obras de la colección, las que se encontraron en el domicilio de Teresa Mariátegui, entre las que se había cuadros de Tiziano, Carpaccio, Rembrandt y Veronese; y les atribuyó una tasación no superior a 150.000 euros (25 millones de las pesetas de 1979), no sin antes descalificarlos al punto de considerarlos, en su mayor parte, como de escuelas sin importancia, cuando en realidad podrían alcanzar los 180 millones de euros según otras estimaciones. En Resolución de 2 de abril de 1993, aparte de imponer la valoración de Edmund Peel para el pago de las tasas que estaban pendientes, la Inspección de Hacienda eludió todo conflicto con los cuadros depositados en el Museo del Prado y con los que se pudieran haber vendido ya, y excluyó de la base imponible 542 cuadros, «por no haber acreditado esta inspección su pertenencia al causante en el momento de su fallecimiento y por consiguiente no formar parte de la herencia».

Para poder vender esos cuadros fuera de control, venía soberanamente bien que los títulos de propiedad hubieran sido robados en 1977. Así no se podría verificar la autenticidad o falsedad de la documentación que se presentase al realizar la operación. Los duplicados de la original deberían haber estado en los archivos del Patrimonio Histórico Español, pero también aquí —casualmente— faltaban expedientes (en concreto el 518 y el 110 de la Colección Duque de Hernani). De todos modos Méndez de Vigo consiguió reconstruir parte de la documentación sustraída con los duplicados que sí quedaban. Y, con su larga y concienzuda investigación personal, descubrió que multitud de los cuadros que tendrían que estar depositados en el Prado habían ido a parar a colecciones privadas (como los lienzos «Cabeza de monja» y «Cabeza de monje», de Goya), al Museo Meadows de Dallas (como el «Retrato del Duque de Osuna», de José de Ribera), o al Metropolitan de Nueva York (como las «Majas al balcón», de Goya; o «Santa Tecla libera a la ciudad de Este de la peste» de Tiepolo), entre otros. Todos ellos vendidos por Manuel González López, que Méndez de Vigo supone testaferro del rey.

Una operación comercial más rara todavía, sobre todo teniendo en cuenta la valoración de Edmund Peel, se produjo en 1991: el Museo del Prado pagó a la viuda del duque de Hernani 2,7 millones de euros (450 millones de pesetas) por uno sólo de aquellos cuadros que, en conjunto, se suponía que no valían más de 150.000. Se trataba de «Bodegón de caza, hortalizas y frutas», firmado y fechado en 1602 por Fray Juan Sánchez Cotán. Fue una adquisición controvertida, esta vez por todo lo contrario en cuanto a la valoración: la cantidad pagada representaba un precio diez veces superior a su verdadero valor, en torno a los 180.000 euros. Méndez de Vigo piensa que la estimación de los cuadros de Edmund Peel se había hecho para engañar a la viuda, que no tenía ni idea de lo que los cuadros podían valer; que después se le ofreció la compra de gran parte de ellos por el precio de 2,7 millones de euros, muy superior al de tasación para alentar su interés; y que se encubrió la operación con la venta del bodegón de Sánchez Cotán.

Si Méndez de Vigo relaciona con la familia real este y otros episodios en la extraña historia de la colección, es porque considera que el tráfico de influencias (con altos cargos de Hacienda y del Museo del Prado, entre otros, de por medio) sobrepasa con creces las posibilidades de actuación de la viuda, Teresa Mariátegui Arteaga (hoy ya fallecida), a la que considera también engañada en este proceso. Pero sobre todo por el activo papel que jugó el entonces secretario real, Sabino Fernández Campo, que actuó —como tantas veces había hecho protegiendo los intereses de la monarquía mediante la censura encubierta— para evitar la difusión del tema en los medios de comunicación. Según Méndez de Vigo, ordenó y mandó militarmente silencio, con amenazas, como se contó en el programa de Antonio Herrero de la emisora Cope del día 28 de septiembre de 1994.

Como ni los jueces ni la prensa le hacían caso, Méndez de Vigo acabó colgando una página en internet con abundante documentación sobre el tema. Pero nada de esto llegó nunca a los telediarios. Con sus denuncias lo único que consiguió fue que, en octubre de 2002, la Audiencia Nacional condenase a su hijo, el abogado Luis Méndez de Vigo, a una multa de 2.190 euros por injurias al rey, al tiempo que se clausuraba su página web. Según el fiscal, en la maraña de procesos judiciales abiertos tras la muerte del duque, el acusado implicaba reiteradamente a la familia real en la elaboración de un plan «para falsificar toda la sucesión del duque de Hernani y estafar la herencia a sus herederos», en alusión a la pinacoteca, perteneciente al Patrimonio Histórico desde la Ley de Patrimonio Artístico de 1933.

El tema sigue coleando y, aunque la firma de los Méndez de Vigo no aparece por ningún lado, hay artículos (en páginas web como la de Unidad Cívica por la República) y hasta un vídeo en YouTube (titulado «La familia real española se esconde por detrás de Urdangarin»), que continúan dando información, apuntando en diversas direcciones. En el vídeo de YouTube, en concreto, se establece una relación entre la estancia en Washington DC de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, y en especial del viaje de la reina para visitarlos en 2011, en plena crisis por el caso Nóos, con una operación para sacar lo que quedaba de la colección de cuadros de España.

EL NEGOCIO DEL LADRILLO

Por último, cabe destacar un sector de actividad económica en el que ya habían hecho sus pinitos Alfonso XIII y Don Juan, el conde de Barcelona, aprovechando los regalos que les hacían sus súbditos: el sector inmobiliario.

Pero además el rey tenía buenos contactos en el mundillo de la construcción, desde los tiempos de Camilo Mira y su urbanización de Las Lomas. Otro buen amigo suyo era Joaquín Vázquez Alonso, el constructor que remodeló en su día el Palacio de La Zarzuela, acometió a su vez varias obras en el de la Moncloa y se encargó también de la construcción de la finca Los Carrizos de Mario Conde. Joaquín Vázquez era además socio de Borja Prado Eulate (hijo de Prado) y Jaime Cardenal Pombo (el copropietario con Miguel Arias de Las Cuatro Estaciones) en Spengler S. A. Esta pequeña inmobiliaria consiguió que le adjudicaran por las buenas la remodelación de todas las fachadas de las sucursales de Banesto (un negocio de 1.058 millones de pesetas), en los tiempos de la mejor amistad de Mario Conde y el rey. También le adjudicó Luis Roldán —exdirector general de la Guardia Civil— la construcción de al menos dos casas cuartel de la Benemérita.

En la década de los 90, el Ayuntamiento de Monachil (Granada), por un acuerdo en pleno, reservó en la estación de esquí de Sierra Nevada una parcela de la empresa pública Promonevada, de 1.113 m², para construir una residencia para Juan Carlos. Como tantos otros municipios que antes habían probado suerte con Alfonso XIII, querían que la presencia del monarca sirviese para atraer al turismo. El rey no dijo que no, y aceptó agradecido el obsequio por escrito. Pero en una extraña operación, Promonevada acabó vendiendo la parcela a la sociedad «Pequeños Hoteles de Montaña», por una cifra ridícula, 60 millones de pesetas, y en lugar de la residencia real se construyó el hotel Lodge. La operación fue avalada por sociedad Daude, de Miguel Arias Molino. «Pequeños Hoteles de Montaña», creada al efecto en 1992, era propiedad de Vázquez Alonso y Cardenal Pombo, y Miguel Arias Molino también tenía algunas acciones.

Otro de los negocios inmobiliarios relacionados con el rey fue el de Castillo de los Garciagos, un proyecto urbanístico faraónico en Jerez de la Frontera, ideado por Manuel Prado, para aprovechar lo que iba a ser el boom de la Expo 92 en el sur. Prado compró la finca a través de su empresa Trebolquivir a la familia Calle Vergara; y el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, le dio todas las facilidades. En las 200 hectáreas de terreno Prado quería construir chalés, un hotel y hasta un campo de golf de 28 hoyos, en una zona azotada por la sequía. El desastre se veía venir. Prado necesitaba financiación y a comienzos del 90 hizo socio a Javier de la Rosa, firmando un acuerdo con él a través de Prima Inmobiliaria (que formaba parte del imperio de KIO). En la versión que el financiero catalán presentó en la Audiencia Nacional (en el juicio oral por el caso KIO), dijo que Prado le había pedido que le hiciera un favor «al Patrón» (en referencia al rey), adquiriendo una finca en Jerez por 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros), un valor muy superior al del mercado. Después de la Guerra del Golfo, en 1992, las deudas de Prima Inmobiliaria acabarían siendo de más de 45.000 millones y el negocio de Castillo de los Garciagos, ruinoso.

El exembajador real había tenido con anterioridad otros confusos negocios con De la Rosa en esos años. Entre ellos, había vendido a través de Expovillas S. A. a Gran Tibidabo (el gran proyecto catalán de De la Rosa), con derecho a recompra (es decir, que aquello era un préstamo), unas fincas en Dos Hermanas (Sevilla), de otro de sus negocios de construcción: la urbanización Las Palmeras de Condequinto. La operación rondaba los 1.600 millones de pesetas, aunque los terrenos los había adquirido Prado apenas dos años antes por sólo 125 millones. El negocio era muy favorable a Prado, pero Gran Tibidabo lo necesitaba para que les guardase las espaldas en las grandes esferas. Con la operación, De la Rosa creía estar comprando apoyo político. Y para asegurarse bien, nombraron a Manuel Prado vicepresidente de Gran Tibidabo. De la Rosa, que no se fiaba mucho del exembajador real, firmó en la fecha de venta una carta ante notario en la que decía: «Quiero declarar que ninguna compraventa será firme en esta operación, si el citado D. Manuel de Prado y Colón de Carvajal deja dicha vicepresidencia de Gran Tibidabo». Veía venir que podría traicionarle en cualquier momento, y de hecho seis días después de la venta, el 27 de diciembre del 92, llegó la carta de dimisión de Prado.

Prado ponía como excusa que le habían propuesto la presidencia de Partecsa, filial de Cartuja 93, y no podía compatibilizar ambas cosas. El 14 de abril de 1993 se recogió en acta de Gran Tibidabo su dimisión, y Prado rompió relaciones con De la Rosa oficialmente. Fue francamente oportuno, porque se libró por los pelos del estallido de uno de los escándalos económicos más sonados de los últimos tiempos, principio del fin de Javier de la Rosa. Aunque Prado tampoco saldría al final de rositas.

Una auditoría de Ernst & Young, correspondiente a 1993, revelaba un agujero de entre 6.000 y 11.000 millones de pesetas en Gran Tibidabo. No se sabe bien quién impulsó el tema contra el financiero catalán, aparte de los pequeños accionistas afectados. Pero el PP, todavía en la oposición, lo aprovechó todo lo que pudo para cargar contra Convergència i Unió, pidiendo la creación de una comisión de investigación en el Parlamento catalán. También se presentaron denuncias en los juzgados, y el fiscal jefe de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, acabó por apreciar al menos tres delitos en las actuaciones de Javier de la Rosa: estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Estaba en la cárcel por el caso KIO cuando concluyó la instrucción del caso Gran Tibidabo. El fiscal pidió para él 14 años de cárcel. El proceso penal por la descapitalización de Gran Tibidabo no llegó a su fin hasta 2008, y la sentencia firme dictada contra Javier de la Rosa se quedó en 3 años de cárcel. Prado se libró de ingresar en prisión por los pelos a finales del 95, cuando el juez Aguirre, encargado de la instrucción del caso Gran Tibidabo, le dejó en libertad bajo una fianza de 150 millones de pesetas (900.000 euros), si bien no se libraría de probar la reclusión por el caso KIO aunque fuera lo último que hiciera en la vida.

18. Bribones y fortunas

PASIÓN POR EL MAR

La afición del rey de España por los barcos es tal, que merece todo un capítulo para hablar de ella. Su amor por el mar y los deportes náuticos estuvo muy relacionado con sus frecuentes escapadas de fin de semana a Palma de Mallorca, en cualquier época del año, y preferiblemente sin la reina que, en cambio, prefiere Londres (donde, al parecer, se ha comprado una casita que está amueblando). Y también con su pasión por la velocidad, ya legendaria en el rey, que abarca todas las modalidades: tierra, mar y aire.

Decía su amigo Mario Conde que es como si siempre estuviera huyendo de algo, o persiguiendo un más allá inalcanzable, casi como una manía patológica. De la vela, por ejemplo, no le gusta pasear, como a la mayor parte de los aficionados. Tan sólo le atraen las regatas, la competición. Y en cualquier caso prefiere los yates, para poder correr. El último que tuvo, lo solía poner al máximo, forzando la velocidad de 70 nudos hasta que las turbinas no resistían más. En eso consistían básicamente sus paseos por aguas mallorquinas, en llegar lo antes posible a las costas de Conejera, con un viento en la cara que en absoluto invita a disfrutar del mar, para llegar allí, detenerse brevemente y volver de nuevo a toda pastilla al puerto de Palma.

A lo largo de los 80 y 90, todos los años participaba en la regata Copa del Rey, abordo del Bribón, y casi todos los años su tripulación ganaba y le brindaban a él el trofeo para que la prensa pudiera sacar bonitos titulares: «El Bribón del rey gana su propia copa». Es un deporte para ricos, que se basa fundamentalmente en contar con un barco caro, al que también son aficionados otros miembros de la familia real. El príncipe Felipe participa con frecuencia a bordo del Aifos de la Armada Española, y la infanta Cristina era habitual en la tripulación de un velero que hacía publicidad de una conocida marca de colonia (aunque también contaba con un barco de su propiedad, de tipo familiar —con dos camarotes, aseo, cocina y salón— adquirido en diciembre del 97 en el Salón Náutico de Barcelona por más de 150.000 euros (exactamente 26 millones de pesetas). Asimismo participaba ocasionalmente, con su velero Fram, el rey Harald de Noruega, el primer novio de la reina Sofía, quien solía seguir las regatas a cierta distancia, cómodamente instalada en el yate Fortuna.

A toda la familia le viene la afición sin duda de Don Juan que, como marino de carrera, siempre sintió una gran atracción por la vela, que pudo gozar a placer en los largos años de exilio portugués. Buen conocedor de lo que podía hacerle más feliz, cuando el banquero Juan March fue a verlo a Estoril en marzo de 1946, le ofreció el barco El Saltillo para que disfrutara un poco de la vida con su familia. Era un velero de dos mástiles, de 30 toneladas y 26 metros de eslora, propiedad de Pedro Galíndez Vallejo, quien gracias a las gestiones de March se lo dejó todos los veranos, con tripulación y todos los gastos pagados.

En su última travesía, en la primavera de 1962, El Saltillo salió de la bahía de Cascais rumbo al puerto griego de Turkolimanos para asistir a la boda de Juan Carlos y Sofía, recién embellecido con velas nuevas de dacrón sustituyendo a las viejas de lona. Luego el conde de Barcelona lo devolvió, tras haberlo disfrutado durante 17 años, cuando ya estaba para el desguace, y su legítimo dueño se lo donó a la Escuela Náutica de Bilbao para que durmiera atracado en el puerto su último sueño.

El mismo año que se quedó sin El Satillo, unos amigos regalaron a Don Juan un barco de regatas que había sido construido en Dinamarca y que bautizaron como Giraldilla. Pero pasado un tiempo llegaron a la conclusión de que era muy pequeño para una persona tan importante. Un grupo de monárquicos se asoció entonces para hacer una colecta y comprar otro más grande. Al parecer, no llegaba el dinero, y Don Juan acudió a Franco diciéndole que, si no le ayudaba, el barco tendría que llevar bandera extranjera, ya que su matriculación en España, para un hombre como él que vivía en el exilio, resultaba prohibitiva. Con semejante argumento, el Caudillo no tuvo más remedio que resolverle el asunto. El nuevo barco se llamó Giralda, sin diminutivo. Siempre muy apañado, el conde vendió el anterior, el Giraldilla, a unos amigos (Bernardo Arnoso, Manolo Lapique y Rodolfo Bay), por 2.700.000 pesetas, que le vinieron de perlas para ayudar a sufragar los gastos de la reciente boda de su hijo Juan Carlos.

Cuando en septiembre del 2000 el rey visitó, acompañado por Fraga Iribarne, el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), para la presentación oficial del equipo español de la Sardinia Cup, se emocionó al ver que habían trasladado allí el viejo velero Giralda de su padre, que llevaba dos años atracado en la Escuela Naval de Marín.

Aquel viaje por las costas gallegas fue memorable no sólo para él. También embargó la emoción a los habitantes de la isla de Ons durante la visita real de 48 horas, gracias a la cual sus habitantes disfrutaron de suministro eléctrico durante dos días completos. Al principio, con la novedad, los vecinos sintieron extrañeza y curiosidad. El último día en el que Juan Carlos estuvo con ellos, esperaron hasta las 2 de la madrugada para ver lo que pasaba. Pero a las 7 horas después de que se fuera el rey, cortaron el suministro de nuevo. Ante las protestas, Medio Ambiente explicó que el regalo no había sido para los isleños, sino para atender las necesidades de seguridad de las autoridades, siguiendo las recomendaciones de la Casa Real. Díez Yáñez, el Conselleiro responsable, dijo: «No somos ni Fenosa, ni una compañía eléctrica». Y es que en la isla de Ons, que cuenta con unas 80 viviendas, sólo disfrutan de 8 horas diarias de luz eléctrica, y el resto del tiempo han de apañárselas con generadores privados, lámparas de gas o velas. Están ya deseando que vuelva el monarca.

DEL PRIMER VELERO AL PENÚLTIMO YATE

El primer barco que tuvo Juan Carlos, el Sirimiri, se lo trajeron los Reyes Magos en 1947, su primer año en Estoril. En realidad, como el propio Juan Carlos descubriría años más tarde, los reyes no existen, y el pequeño crucero de regata, construido aquel mismo año por Udondo, había sido un regalo de los monárquicos de Bilbao a Don Juan, que lo cedió a sus hijos para que fueran aprendiendo a navegar y acostumbrándose a aquello de recibir regalos caros.

Ya adulto y ya coronado, cuando empezó a veranear en aguas mallorquinas, en 1976, Juan Carlos estrenó su primer Fortuna, que era apenas un yatecito en comparación con los de otros ilustres veraneantes de la isla, como los magnates Giovanni Agnelli o Raul Gardini, y desde luego con el rey Fahd de Arabia Saudí. Precisamente fue este último, con quien el rey de España ya había empezado a «mediar» en negocios petrolíferos y otros asuntos, el que, dándose cuenta de que a Juan Carlos se le caían los ojos viendo el suyo, le regaló su segundo Fortuna, en el año 1979. Había sido construido en Estados Unidos y contaba con todos los adelantos técnicos del momento. Tan apañado como su padre, Juan Carlos vendió el primero al entonces Jefe de la Casa Real, el marqués de Mondéjar. El regalo del rey Fahd no figuró en la declaración de Hacienda que ya por aquella época comenzaba a presentar el monarca como un español más, porque oficialmente era de titularidad de Patrimonio Nacional, la institución que costeaba su mantenimiento.

Este segundo Fortuna dio mucho juego durante casi diez años, pero en 1988 ya empezó a dar sus problemillas. El 13 de agosto, con Carlos de Inglaterra a bordo, viajando desde Mahón a Palma, tuvo una avería y tuvieron que remolcarlo dos pesqueros. Aquello no daba buena imagen a la monarquía, y ya entonces empezaron a pensar en su sustitución. Pero a falta de otro regalo de Fahd, que por aquel entonces lo que quería era cobrar su famoso crédito de 100 millones de dólares, la cosa estaba difícil. Era entonces ministro de Defensa Narcís Serra, y cuando el rey habló con él del asunto del barco, lo primero que se le ocurrió fue la peregrina idea de pagarlo con 1.000 millones de los fondos reservados (6 millones de euros). Pero aquella ocurrencia no gustó y no fue adelante. Lo de los fondos reservados estaba bien para el GAL, pero no había que mezclar las churras con las merinas.

De todos modos, ese mismo año Patrimonio Nacional decidió poner en venta el barco y construir uno nuevo con cargo al Estado. Se llegaron a editar folletos para la venta del Fortuna, gestionada por una compañía británica, con un precio que se había establecido en 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros). El 19 de julio de 1989 Patrimonio adjudicó a los astilleros Mefasa (Mecanización y Fabricación S. A.), la naviera de Avilés propiedad de Paco Sitges, amigo íntimo del rey, la construcción del nuevo yate, presupuestado oficialmente en 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros). Eran los años dorados de Mefasa, que al mismo tiempo estaba construyendo el Alejandra de Mario Conde, en los mismos astilleros que el del rey.

El barco que se había proyectado para la familia real era una embarcación de lujo, diseñada por el británico Don Shead, el mejor del mundo, con un motor de 9.200 caballos y 45 nudos de velocidad. El propio rey viajaba frecuentemente a Avilés para supervisar su construcción, y también la reina, encargada de elegir las tapicerías.

Pero cuando ya estaba prácticamente terminado, en junio del 91, la Casa Real anunció por sorpresa que iba a renunciar a su adquisición. Nunca se pudo aclarar la razón, aunque circularon distintas versiones. La oficial fue que, en previsión de la crisis económica que se avecinaba, ante los gastos fastuosos de la Expo 92 y las Olimpiadas de Barcelona, Juan Carlos renunciaba voluntariamente al yate como gesto de sobriedad. En otra, se atribuía a Sabino Fernández Campo, ya Jefe de la Casa Real, la recomendación de hacerlo, para mejorar la imagen que el monarca había dado en los últimos tiempos de frivolidad y despilfarro en Mallorca, que el verano anterior había salido a relucir en algunos reportajes periodísticos inusualmente críticos. Pero hubo más versiones, que también llegaron a las páginas de distintos medios de comunicación.

En una tercera explicación, se decía que Juan Carlos se había tenido que acomodar a disgusto a un presupuesto oficial estrecho, que el barco se le hacía pequeño antes de estrenarlo, y que había preferido dejar la compra para mejor ocasión; es decir, aguantarse con el viejo hasta que pudiera comprarse el que realmente quería.

El cuarto relato completaba el anterior, llevándolo un poco más allá, al incorporar nuevos datos sobre unos créditos blandos de Mario Conde a Mefasa. El banquero, que en aquellos años disfrutaba de la plena confianza y amistad del monarca (muy a pesar del Jefe de la Casa del Rey, que nunca lo tragó), prácticamente había comprado los astilleros de Francisco Sitges para Banesto en marzo del 90. Y, según especulaban algunos medios, la construcción del barco del rey había pasado a partir de entonces a contar con una serie de añadidos (en concreto unas turbinas que aumentarían la velocidad de la embarcación) fuera de presupuesto que, sin embargo, no aparecían reflejados en las cuentas oficiales. Como aquello era muy irregular y podría estallarles en las manos en cualquier momento, la Casa del Rey forzó la renuncia al barco.

En una quinta y última versión, simplificación y compendio de la anterior, Mario Conde habría querido regalar el nuevo yate Fortuna al rey, con la intención de ganarse su amistad. Y el monarca habría declinado cortésmente el ofrecimiento.

Como quiera que fuese, Patrimonio Nacional acabó por vender el barco nuevo en lugar del viejo, por 1.235 millones de pesetas (7,4 millones de euros) que se destinaron al pabellón Real de la Expo, y a obras en el Palacio Real y La Zarzuela. Lo compró una empresa británica (Boxing Investments Limited), y lo rebautizó como Corona del Mar. En principio iba a estar destinado a ser un yate de alquiler para millonarios que pudieran permitirse pagar más de un millón de pesetas diarios. Pero al parecer pasó inmediatamente, casi desde el mismo astillero, a manos de una acaudalada gallega residente en Miami, viuda del dueño de las conservas Pescanova.

El viejo Fortuna, que después del episodio de su fallida venta aún parecía más viejo a los ojos del monarca, continuó teniendo averías varios años. Fueron especialmente escandalosas las de Semana Santa y verano del 95, con explosiones de los motores y humaredas en el sistema propulsor. Pero fue reparado en Estados Unidos, con cargo a Patrimonio Nacional, y la familia real tuvo que seguir tirando con él un poquito más.

EL ÚLTIMO FORTUNA

Para el que sería el último yate del rey, los planos (y los planes) existieron mucho antes que el dinero con el que habría de costearse. Juan Carlos estaba dispuesto a pagarlo de su propio bolsillo si era necesario, y comenzó en 1993 por encargar el diseño. Pero aquello no podía ser, entre otras cosas porque iba a tener que explicar de dónde procedía su capital. Oficialmente, podía decir que era la herencia de Don Juan… Pero tampoco, porque, oficialmente, aquella herencia no era nada: un piso en Estoril y un par de millones.

Otra opción era aceptar la oferta de una serie de empresarios mallorquines del sector turístico que querían regalárselo, repitiendo el modelo de los que habían regalado palacios a su abuelo para que veranease en su zona y fuese un reclamo para el turismo. Esta idea, que ya era vieja, había sido rechazada en su día tajantemente por Sabino Fernández Campo, como Jefe de la Casa Real, que entendía que aceptar este tipo de obsequios suponía una deuda con los empresarios que el monarca, como Jefe de Estado, no podía asumir. Pero una vez que Sabino estuvo fuera de La Zarzuela, la alternativa volvió a cobrar vida.

Al parecer fue a Mario Conde al que se le ocurrió mejorar un poco las formas, haciendo que las aportaciones de los empresarios se canalizasen a través de una tasa creada por ley por el Gobierno Balear; de este modo, el regalo tendría el aspecto de una «cesión pública», como ya era el palacio de Marivent, la residencia de la familia real en Palma, cedido por la diputación provincial. Pero después de la pérdida de influencia de Conde, tras la intervención de Banesto, la idea se retomó sin él al frente de un modo bastante chapucero.

En la primavera de 1996 diversos medios de prensa empezaron a preparar el ambiente para el cambio de yate con la publicación de reportajes sobre el calamitoso estado del Fortuna, cada vez más proclive a averías en alta mar absolutamente impropias de la categoría del rey de España. Las malas lenguas dicen que también el capitán del barco, el inglés Richard Cross, que llegó a España recomendado por el exrey Constantino de Grecia, hermano de Sofía, había tenido bastante que ver con todos aquellos percances tan oportunos, que acabaron de convencer a España de que había que comprarle un barco nuevo a Juan Carlos. La gota que colmó el vaso fue la avería, real o inventada, con el matrimonio Clinton a bordo, mientras estaban en Palma de Mallorca, en visita relámpago antes de acudir a la cumbre de la Alianza Atlántica que se iba a celebrar en Madrid a continuación.

Renovados los votos de los empresarios turísticos de la Comunidad Balear, los Escarrer y otros constituyeron la denominada Fundación Turística y Cultural Isla de Baleares, que reunió a 26 socios con el compromiso de aportar cada uno 100 millones de pesetas (600.000 euros) para el barco del rey. En total, 2.600 millones de pesetas (15 millones de euros) a los que se sumarían otros 460 (2,7 millones de euros) provenientes de fondos públicos, a iniciativa del entonces gobierno del PP en Mallorca. En una oscura operación que se ocultó a la opinión pública, pero que fue denunciada algún tiempo después por la oposición autonómica de IU, el entonces presidente Jaume Matas había forzado a las entidades de Fomento del Turismo de Mallorca, Menorca e Ibiza, a suscribir acuerdos que contribuyeran al pago del barco, con unas cantidades que luego les serían devueltas mediante subvenciones del Ejecutivo regional durante los siguientes cuatro años.

Con todo, la colecta de más de 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros) se quedó escasa, ante un presupuesto disparado hasta una cifra casi cinco veces superior, cercana a los 85 millones de euros, tras dos años de obras, cambios, remodelaciones y más cambios. Como los empresarios de Mallorca no habían previsto tanto, tuvieron que acabar participando la mayor parte de los bancos y grandes empresas del país (Repsol y BBV entre otros muchos). Los motores del nuevo barco, con turbinas Rolls Royce, fueron financiados, al parecer, por una sociedad instrumental del Aga Khan.

La construcción se llevó a cabo en los astilleros de Bazán, de Cádiz. Esta vez no se recurrió a Mefasa porque su presidente, el gran amigo del monarca Paco Sitges, se sentaba en aquellos momentos en el banquillo de los acusados por el caso Banesto, y no era plan.

El Fortuna III, estrenado por fin en el verano del 2000, mide 41,3 metros de eslora y tiene una manga de 9,2 metros, todo ello multiplicado por los tres niveles de sus cubiertas. Para el diseño no se ha utilizado ni tecnología ni ingeniería nacional. La empresa norteamericana L. Blount and Associates ha sido la encargada de esta importante faceta, y de controlar uno de los aspectos más cuidados del nuevo barco real: la velocidad. El Fortuna ha recibido un tratamiento especial en su casco para que las turbinas de la nave le proporcionen una velocidad de 70 nudos (alrededor de 130 km/hora), cifra que envidiaría cualquiera de las patrulleras de la Guardia Civil o Servicio de Vigilancia Aduanera en sus persecuciones de narcotraficantes y que ni por asomo puede alcanzar el más moderno de los buques de la Armada que deberán darle escolta.

Es precisamente el reto de la seguridad el que más ha preocupado a la policía, guardia civil y seguridad del Ministerio de Defensa durante el tiempo que duró su construcción. Antes de que se empezaran las operaciones, el personal de Bazán que iba a ser destinado a la obra fue minuciosamente seleccionado y todo obrero sospechoso de posiciones políticamente incorrectas fue destinado a menesteres menos prestigiosos. La obsesión por la seguridad llegó hasta tal punto, que cotidianamente personal de la Casa Real controlaba a los obreros que accedían a la embarcación para trabajar, registrando cajas de herramientas, partidas de piezas e incluso por un circuito cerrado de TV, los aledaños del hangar en donde el buque se construía.

Lo que en principio fue considerado por los trabajadores del astillero como un privilegio, al ser los encargados de la construcción de un barco de elite que podría atraer a posteriores armadores y combatir de esa manera la precariedad económica de la factoría, poco a poco provocó en la plantilla un gran malestar. Los continuos cambios de opinión del rey y la reina causaron no menos retrasos y engorros en una labor que se prolongó innecesariamente por dos años. Por ejemplo, todo el sistema de conducción de agua, que en principio era de acero inoxidable, fue cambiado por decisión real a PVC y después, vuelta a empezar con lo mismo. También fue cambiada varias veces la moqueta que cubre el suelo, diseñada y proporcionada, al igual que todos los elementos estéticos (incluidas las fundas de los colchones, bordadas con escudos reales), por la firma italiana Celeste D’llanta.

No se han escatimado ni lujos ni tecnología. Los pasamanos de las barandillas de cubierta son de titanio, y están valorados en más de 9 millones de pesetas. Todo el barco está insonorizado, los cristales son blindados y dispone además de varias cámaras de televisión, dos de ellas submarinas, que le permiten controlar a distancia todo lo que se acerque.

A partir de la colocación del primer tornillo, todas las piezas que se incorporaron fueron rigurosamente pesadas por un operario de alta cualificación, de tal manera que en todo momento, los encargados de la seguridad real sabían el peso de la embarcación. Así, se podría descartar la incorporación de elementos no deseados a la misma. Lo que hasta ahora no ha trascendido es cómo calibran los sesudos miembros de inteligencia el peso de escaramujos, verdín y demás elementos marinos que por días se adhieren a toda embarcación flotante.

Mucho lujo y total, en unos cuantos años se cansó de él. En 2013 Juan Carlos jubiló su último Fortuna.

Puede que tuviera no poco que ver la muerte de Richard Cross, en julio de 2008. Sin que nadie se lo dijera —porque esas cosas no se le dicen a los reyes— debió de darse cuenta de que él no sabía pilotarlo y no le servía para mucho. Cross falleció con 61 años después de 35 dedicado al Fortuna como ingeniero mecánico y patrón. Era un hombre de origen británico nacionalizado en España, «muy discreto», que es la cualidad más importante para poder trabajar cerca de la familia real, máxime cuando el «compañero» de navegación de Juan Carlos solía ir con él a tomar algo cuando amarraban. Habían hecho muy buenas migas. ¡Lo que habría tenido ocasión de ver!

En los últimos años de su reinado Juan Carlos abandonó completamente su afición por el mar, dedicado a la caza y la Fórmula 1 (esto último como espectador, claro). La edad ya no le permitía hacer el paripé de patronear el Bribón, sobre todo porque el que patroneaba de verdad, el armador Josep Cusí, se retiró del circuito profesional de vela en 2011. Cusí era otro gran amigo del monarca, quien incluso es padrino de uno de los hijos del armador barcelonés, y con el que había formado equipo durante casi 40 años. El lujoso Bribón XV acabó en los anuncios de segunda mano de una web especializada en el sector náutico. Se vendió por 650.000 euros.

En cuanto al yate Fortuna, cuando en 2013 el rey renunció a su uso, la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares (Fundatur), formada por los empresarios que se lo habían regalado, solicitó que se devolviese, ya que la donación estaba condicionada a que la familia real lo utilizase durante sus vacaciones en la isla. Y el 28 de enero de 2014, se firmó en Palma de Mallorca la devolución. El yate se puso a la venta el 27 de marzo con el nombre de Foners en Port Adriano (Calvià). En principio querían venderlo por 10 millones de euros (había costado 85, aunque sólo 15 reconocidos), luego lo rebajaron a 8… Pero no conseguían venderlo y tuvieron que rebajar más el precio, sobre todo —dicen— después de la abdicación, porque no se cotiza lo mismo «el yate del rey» que «el yate de un exrey». Al final, fue vendido en julio a la empresa Baleària —tampoco esperaron tanto, la verdad— por 2,2 millones de euros, para desguace. La adquisición, al parecer, se hizo con la intención de aprovechar las turbinas Rolls Royce del buque e instalarlas en sus ferris. Pero para eso tenían que convertirlas previamente de diésel a gas licuado, y esa opción era tan cara que al final desecharon la idea, y comenzaron a considerar vender el yate por piezas, por un lado los motores y por otro el resto del buque.

El flamante yate Fortuna, de 41,5 metros de eslora y 18 millones de euros de coste, tuvo durante sus 14 años de vida sólo 1.000 horas de navegación, algo menos de 72 horas anuales. Que le aprovechen al exrey.

19. De amores y otras batallas

SIGUIENDO LA TRADICIÓN DE LOS BORBONES

Allá cada cual con sus aventuras, que no es el propósito de este libro hacer moralina con cuestiones de cama. Pero la historia de los amores de Juan Carlos es todavía más larga y compleja que la de sus barcos y sus cacerías. Aparte de los que podrían considerarse sus «romances» de juventud —dicho de un modo fino—, poco antes de su matrimonio con una de propio clan, Sofía de Grecia, en su etapa de casado no son escasas las peripecias reales. Aunque, insistimos, lo que interesa aquí no es en absoluto repasar su vida privada con espíritu de escándalo de prensa rosa (en su caso azul). Es una revisión de la hipocresía con que se incumplen algunas normas esenciales de la monarquía. Los fundamentos monárquicos han tomado hasta el diccionario, invadiendo acepciones de términos como «bastardo», «morganático»… Y de ello han de responder.

Sería de agradecer, por ejemplo, la sinceridad a la hora de asumir responsabilidades en cuanto a lo que a los hijos respecta. Al fin y al cabo está perfectamente asumido que en las casas reales haya algún que otro hijo bastardo. El propio Don Juan, por ejemplo, no tuvo mayores problemas en reconocer públicamente un secreto a voces, cuando invitó a su hermano ilegítimo a la celebración de sus bodas de oro en 1985, que tuvo lugar en El Pardo. Leandro Ruiz Moragas, que debería ser llamado con propiedad Leandro Borbón Ruiz, era hijo de Alfonso XIII y una actriz de teatro, Carmen Ruiz Moragas, de la que el monarca había sido amante durante años, y por tanto tío del rey Juan Carlos I.

Por lo demás, el pueblo español ha demostrado en sobradas ocasiones que no se escandaliza de la legendaria promiscuidad de los Borbones que, como si fuera un mal genético, ha arrebatado a lo largo de los siglos tanto a los representantes masculinos como a los femeninos. Ya le advertía Carlos III a su hijo, el futuro Carlos IV: «Hijo mío, las princesas también pueden ser putas». Precisamente a la que sería su esposa, María Luisa de Borbón, su prima, mujer que buscaba a los gallardos guardias recién llegados para satisfacer sus apetitos, se le atribuiría una larga lista de amantes en la que figuraron, entre muchos otros, Manuel Godoy, el conde de Teba o Agustín de Lancaster. El hijo y sucesor de Carlos IV, Fernando VII, también fue famoso por sus «muchos y desordenados apetitos», aunque no gustaba de solazarse con las damas de su corte, prefiriendo salir disfrazado por las noches en compañía del duque de Alagón, «siendo las hembras con quienes el amanolado monarca gustaba de platicar y juntarse mozas de rompe y rasga, de mucho trapío y poco señorío, que en los barrios bajos gozaban de renombre», según cuentan las crónicas de la época. La vida adúltera de su hija y sucesora en el trono, Isabel II, fue también comidilla de todo el mundo, y está probado que los rumores no se debieron siempre a la maledicencia. También Alfonso XII salía muchas veces de palacio, acompañado de su inseparable duque de Sesto, a recorrer burdeles. Y dejó el legado de su fogosidad a Alfonso XIII, quien ya a los pocos meses de su reinado apareció en los papeles, en un semanario parisino, por sus escarceos con una tiple de la ópera, de nombre Genoveva Vix.

El caso de Juan Carlos no hace sino continuar una tradición familiar de correrías y juergas nocturnas. Resulta prácticamente imposible reseñar una nómina completa de las distinguidas por los favores reales (es un decir; para algunos supone el ejercicio indecente de un derecho de pernada actualizado). Según cuentan los más próximos, como las ocasiones que tiene el monarca de conocer gente eran más bien escasas, solía encandilarse de las que veía en televisión, y cuando esto sucedía solicitaba a mediadores que se las presentasen. Eso de ser rey parece que, en general, funciona bastante bien y el éxito de la operación solía estar asegurado.

El personal de Seguridad de la Casa Real tuvo que correr lo suyo detrás de Juan Carlos, al que en algunas ocasiones se le iban las piernas detrás de Raffaella Carrà, Nadiuska, Carmen Díez de Rivera, Sandra Mozarowsky, Paloma San Basilio, Karina, la actriz Mari Paz Pondal y otras tantas. En los primeros años utilizaba un picadero que entonces tenía en Las Matas. En 1981, tras el golpe de Estado del 23F, para evitar que algún caso saliera a la luz, el CESID alquiló media docena de pisos en uno de los edificios aledaños a la Plaza de Colón, en el número 16 de la calle Marqués de la Ensenada. Los inmuebles se utilizaban en principio para celebrar encuentros secretos con algunos generales golpistas y convencerles de que depusieran su actitud. Pero, pasado el tiempo, dos de los pisos los adquirió en propiedad Sabino Fernández Campo, donde vivió hasta su muerte, y el resto se utilizaron como picadero real al contar con ascensores distintos y con la protección estática de los policías adscritos a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Pero como el lugar era demasiado céntrico, el CESID recomendó que los picaderos se desmontaran y se buscase una zona más discreta. El lugar, según le contó el coronel Alberto Perote a Mario Conde, fue un piso en la calle Sextante de Madrid, situada en el barrio de Aravaca. En cuanto El Mundo publicó la información del piso de la calle Sextante, equipado con cámaras de televisión y sistemas de grabación ocultos para poder celebrar en el mismo entrevistas secretas con personalidades extranjeras, el Gobierno mandó desmantelar las instalaciones de manera que no quede rastro de lo que allí se cocinaba.

Las aventuras de Juan Carlos, casi siempre poco exclusivistas, solían durar poco tiempo, o bien se mantenían durante años pero de forma intermitente, intercalándose unas con otras. Fueron frecuentes desde los primeros años de su matrimonio, pero el ímpetu sexual del monarca no disminuyó con los años, y continuó en plena madurez, hasta la edad de disfrutar de una plácida jubilación y más allá. Preocupado por mantener una buena imagen, a partir de los 50 años comenzó a cubrir su incipiente calvicie con dos pequeños postizos intercambiables que cubrían la tonsura, y se sometió a varios tratamientos de rejuvenecimiento y embellecimiento (sobre todo para arreglar unos dientes incisivos superiores demasiado pequeños, que ensombrecían su sonrisa), combinados con ejercicio físico para mantenerse en forma.

El resultado global del ataque a los primeros síntomas de la vejez pudo comprobarlo casi todo el mundo cuando el 20 de mayo de 1995 la revista italiana Novella 2000 publicaba las fotos del rey desnudo sobre la cubierta del Yate Fortuna, a sus 57 años, «en espléndida soledad». Las instantáneas se habían tomado, según la revista, después de la boda de la infanta Elena (en marzo del 95), cuando el monarca se relajaba del trajín en el mar quitándoselo todo menos el gorro. Aunque según otras fuentes eran más antiguas, de 1989 concretamente, tomadas en Mallorca no por uno, sino por diez reporteros de seis grandes agencias de prensa. En el hecho de que sólo una pequeña parte de ellas llegaran a ver la luz quizá tuvo algo que ver lo que les espetó Juan Carlos en el Club Náutico de Palma a los paparazzi al regreso de la aventura marinera: «¡Si queréis guerra, la vais a tener!». Tardaron seis años en ser publicadas, y sólo vieron la luz en el contexto de lo que muchos calificaron como una «ofensiva» contra el monarca, en el marco del «caso Mario Conde», y precisamente en las páginas de la Novella 2000 (del grupo Rizzoli, relacionado con el banquero español y con el diario El Mundo).

Los paparazzi ya habían pillado antes a algún que otro príncipe heredero (entre otros a Alberto de Mónaco), pero nunca antes ni después a un rey coronado. Y como demostraba un bronceado uniforme, tenía hábito, aunque la Casa Real se apresuró en asegurar que lo hacía «por prescripción facultativa», para poner al sol las cicatrices de la intervención quirúrgica que le había arrebatado parte del testículo izquierdo en 1985 a consecuencias de un golpe.

De todos modos, en las imágenes no se veía tan al detalle. Más bien se ofrecían apenas, y a gran distancia, «las reales rotundidades a los besos del sol», que decía el texto del reportaje. Y aunque el semanario alentaba el morbo anunciando que Juan Carlos mostraba «las más escondidas joyas de la corona española» cuando maniobraba para cambiar de postura, no pudieron los más fisgones satisfacer su curiosidad por comprobar si, también en esto, Juan Carlos era comparable a su antepasado Fernando VII, apodado el Deseado, que, como es sabido, «asustaba a sus cónyuges con el desproporcionado volumen de sus atributos».

En España no se pudieron ver las fotos, porque la misma agencia que las vendió en Italia a Novella 2000 se las cedió por una cuantiosa suma al semanario Interviú que, pese a su afán por desnudar en sus páginas a todo sujeto capaz de provocar el escándalo, prefirió guardarse la exclusiva en un cajón, a saber por qué y a cambio de qué. Pero el tema trascendió de todos modos, y hubo reacciones para todos los gustos. Más la imaginación que la comprobación de lo que la revista italiana había publicado realmente, llevó a algunos entusiastas juancarlistas a escribir halagadores comentarios sobre el miembro viril de nuestro rey. Antonio Burgos, por ejemplo, se dejó llevar diciendo: «Con estas fotos hemos podido comprobar, así, fehacientemente, que Don Juan Carlos tiene la entrepierna tan bien amueblada como demostró el 23F». Francisco Umbral exclamaba en su columna: «¡Albricias con el desnudo real! El Rey ha demostrado tener el mandado en condiciones». Y hasta el ultraconservador Jaime Campmany, recitaba en la Cope: «Dicen que el Rey en las fotos / sale con muy buena cara, / y tres palmos más abajo / lo que se ve da la talla (…) así que al ver la bandera / que el Fortuna lleva izada / salió de la espuma Venus / exclamando: “¡Viva España!”».

Sus grandes dotes —aunque en este caso no en lo que respecta a su físico— también llamaron positivamente la atención de Ashley Madison, una red social para aventuras extramatrimoniales, que en junio de 2011 irrumpió en la Gran Vía madrileña con pedazo cartel publicitario con la imagen del rey Juan Carlos como icono del adulterio. Ocupaba toda la fachada de un edificio de la céntrica calle. Junto a Juan Carlos aparecían fotografías del príncipe de Gales y del expresidente de EEUU, Bill Clinton, junto a la pregunta: «¿Qué tienen estas “realezas” en común?». El faldón del anuncio respondía con otra frase: «Deberían haber utilizado Ashleymadison.com». La compañía estadounidense, que se declara «líder mundial en aventuras discretas para gente casada o en pareja» y que recurre habitualmente a polémicas estrategias publicitarias, había mandado previamente una nota de prensa a los medios avisando de su colocación y augurando que causaría «mucho revuelo». Pero lo cierto fue que sólo unos pocos afortunados pudieron llegar a ver el cartel que, como por arte de magia mayestática, desapareció en apenas unas horas.

Ni la entrepierna (de la que, además, en las fotos de Novella 2000 se veía más bien poca cosa), ni la falta de discreción del rey en el trato con sus amantes deberían interesar en este libro más que en lo que pueda tener relación con la vida política del país. Pero eso no es poco. Por un lado, porque la falta de discreción real ha podido llevar en alguna ocasión secretos de Estado, que se han ocultado con sumo cuidado a la opinión pública, a la alcoba de amantes que, además, tomaron la precaución de dejar constancia, en cintas de vídeo o sonoras, de los detalles. En segundo lugar, en un plano más general, por los episodios de censura ilegal, por distintos mecanismos, que han rodeado a las aventuras del monarca, y que ponen de relieve el tipo de democracia que la monarquía quiere ofrecernos. En tercer lugar, por el trato a la mayor parte de sus hijos ilegítimos, repartidos a lo largo y ancho de la geografía mundial (Estados Unidos, Suiza, Cataluña…), al margen de la ley y de la moral más básica que, por supuesto, los dejó fuera de la línea sucesoria y hasta de sus derechos fundamentales. Y en cuarto lugar, por todas las ilegalidades (e incluso delitos) que pudieron cometerse para ocultar (o impedir) su existencia.

Los fantasmas del pasado le han acosado una y otra vez en sus últimos años de reinado, con reapariciones estelares en la prensa del colorín de sus líos y sus consecuencias. La condesa bohemia, la decoradora balear, la vedette, la estrella del destape, la cantante, la bailaora, la aristócrata, la chica de familia bien y un largo etcétera, engrosan la lista que las esforzadas periodistas del corazón se han esforzado por recopilar en papel cuché. Toda la escala social, vamos, en una especie de carrera de fondo sin fin, en la que Juan Carlos ha demostrado, más que la erótica del poder, el poder a secas.

GABRIELA Y LA SOMBRA DE UNA DUDA

Juan Carlos empezó su vida de playboy precozmente. Antes de Sofía, la primera candidata oficial a convertirse en su cónyuge había sido la princesa María Gabriela de Saboya, nieta del antiguo rey Víctor Manuel e hija de Humberto, el aspirante al trono de Italia, que al igual que los Borbones disfrutaba con toda su familia de vacaciones indefinidas en Portugal. Juan Carlos y Gabriela, Ena para los más íntimos, se conocían desde niños, y no se sabe exactamente dónde empezó y dónde acabó su noviazgo, ya que salían juntos habitualmente en pandilla desde siempre. Tanto el conde de Barcelona como el aspirante Humberto estaban de acuerdo con aquel emparejamiento y, de hecho, estuvieron a punto de formalizarlo en más de una ocasión; la primera, abortada trágicamente por la muerte de Alfonso, en 1956. Se sabe que ella fue a visitar alguna vez a Juan Carlos mientras estaba en España, y comió con él invitada en el Palacio de Montellano, en 1955. Durante su estancia en la Academia Militar de Zaragoza, con 18 y 19 años, se escribían; y el príncipe incluso tenía un retrato suyo en la mesilla de noche, hasta que un día el director de la Academia le dijo: «¡Alteza, quite esa foto! El Caudillo podría disgustarse en caso de que viniera a hacer una visita a la Academia». María Gabriela, que tenía 15 o 16 años de aquellas, no le gustaba mucho a Franco. En primer lugar por la separación de hecho de Víctor Manuel y su esposa, que vivía en Suiza y tenía fama de alocada; y por la fama de homosexual en el armario de su padre, Humberto de Saboya. Pero, además y sobre todo, no le gustaba que su príncipe se casara con una princesa sin trono. Quería para él una familia real de las de verdad, de las reinantes.

Pese a aquella oposición sin demasiado convencimiento del dictador, la cosa podría haber seguido adelante. No se sabe muy bien por qué no acabó de cuajar, después de largos años de relación casi oficial. Probablemente tuvieron mucho que ver los devaneos amorosos simultáneos del príncipe, que eran vox populi hasta en sus momentos más comprometedores y escandalosos. Aunque la propia Gabriela se encargó de no quedar como una tontita burlada y abandonada, con una larga retahíla de amores, en noviazgos más o menos formales. Después de Juan Carlos, Gabriela salió durante un tiempo con el hijo de Nicolás, el hermano de Franco, embajador de España en Portugal. Niky, como se le conoce familiarmente, era muy amigo de «Juanito», o sea, que todo quedaba en la familia. Después, y sin salir del círculo familiar, cayó en los brazos de Alfonso de Borbón. En 1957, Mohamed Reza Pahlavi, el último Sha de Persia, tras divorciarse de su segunda esposa, manifestó su interés por ella con proposiciones decentes, pero la cosa no acabó de cuajar. Más tarde Gabriela conocería al multimillonario Robert de Balkany, casado y padre de dos hijos; y, al cabo de seis años de «noviazgo» tormentoso, se casó con él, aunque el matrimonio no duró mucho tiempo (se separaron en 1976). Después… quién sabe. Vivió (y vive actualmente) con su madre en Merlinge, a 20 kilómetros de Ginebra, dedicada principalmente a su gran afición por el juego y los casinos.

Su existencia no había vuelto a ser foco de atención para casi nadie hasta que, en 2001, una mujer francesa presentó ante los tribunales de Burdeos una demanda de paternidad. Se llamaba María José de la Ruelle y decía ser la hija natural de Juan Carlos y de María Gabriela de Saboya; y que había sido concebida a bordo del Agamenon. Nació en Argel en 1954, había sido adoptada y las investigaciones sobre su verdadero origen la habían llevado a estas conclusiones. La Casa Real se pronunció al respecto y dijo que todo era «un infundio». Pero la prensa española, tímidamente al principio, con todas las precauciones debidas, acabó por dar oídos a su querella, una vez confirmado que el asunto estaba efectivamente en manos de un juez. Con todo, pese a la insistencia de María José de la Ruelle durante un par de años, en los que se dejó entrevistar y fotografiar a discreción, su rocambolesca versión de los hechos acabó por mostrarse contradictoria y sin sentido, con fechas que no llegaban a coincidir del todo. Periodistas que se entrevistaron con ella personalmente no salieron nada convencidos de la salud mental del personaje; y su demanda en los tribunales también fue desestimada. La sombra de la duda se mantendrá, sin embargo, mientras no se realicen las pruebas de ADN que ella solicitaba y que, por supuesto, fueron denegadas.

OLGHINA Y UNA HIJA MÁS PROBABLE

De forma simultánea al noviazgo casi oficial con Gabriela de Saboya, Juan Carlos mantenía otras relaciones menos aristocráticas y formales. Se habló de flirteos con una noble madrileña y de otros amores fugaces en Zaragoza, apadrinados por Trevijano, en una época en la que el único y verdadero amor del príncipe era un prototipo de coche deportivo de lujo marca Pegaso. Pero sobre todo, fue mucho lo que se comentó de sus relaciones con la condesa italiana Olghina de Robiland, a la que había conocido en Portugal en 1956, pocos meses después de la muerte de su hermano Alfonso, cuando ya se le había pasado el disgusto y no se perdía un sarao.

El flechazo entre Olghina y Juan Carlos se produjo en una cena en el restaurante Muxaxo, junto a la playa del Guincho, organizada por un grupo de altezas reales: la «fiesta de los exiliados». Olghina frecuentaba los círculos aristocráticos de Estoril cuando iba a visitar a su tía Olga, que tenía un palacete en Sintra. Y en aquel sarao coincidió con Juan Carlos, que no tardó en tirarle los tejos y sacarla a bailar. Él tenía 19 años y ella 23. «Me gustas muchísimo, Olghina, te mueves como las olas…», le dijo. Y esa misma noche consiguió llevarla a casa en el «escarabajo» negro que usaba para desplazamientos cortos, no sin antes aparcar un rato en un punto elevado con vistas al Atlántico. Los asientos traseros de aquel coche serían su lugar de encuentro habitual durante aquel verano.

Para Olghina, Juan Carlos era «un iluso un poco tonto», pero alto, rubio, de ojos azules… y sobre todo sano, a diferencia de muchos de sus familiares. Pese a su juventud, le gustaba su «virilidad adulta». La Robiland ya había recorrido mil caminos, con dos abortos incluidos de por medio. Sabía de la vida. Pero está claro que Juan Carlos supo hacerse con ella. «Le encantaba sorprenderme y dejarme con la boca abierta», recuerda. Al parecer, poco tuvo que ver en su enamoramiento el hecho de que él fuese un príncipe heredero. De hecho lo consideraba entonces un candidato muy distante e improbable a un trono inexistente. Y, por otra parte, siempre andaba sin dinero y con frecuencia tenía que pagar ella cuando salían a cenar o iban a un hotel.

Su relación no fue en absoluto clandestina. Él iba a buscarla a su casa y hablaba con su tía. Pero, eso sí, tenía la firme convicción de que estaba llamado por el destino, «ya jugaba a ser rey», y le dejó claro desde el comienzo que de casarse nada. La candidata oficial seguía siendo Gabriela de Saboya y Olghina era… otra cosa, más carnal. En sus cartas le decía: «Te quiero más que a nadie ahora mismo, pero comprendo, y además es mi obligación, que no puedo casarme contigo y por eso tengo que pensar en otra, y la única que he visto, por el momento, que me atrae, física, moral, por todo, muchísimo, es Gabriela» (mayo de 1957).

Ella creía, y discutió el tema con él, que podía competir con Gabriela en cuanto a genealogía. Pero él no lo vio así, ni por supuesto sus padres. Nunca fue considerada un partido a la altura. Y además era una libertina: «Me gusta dar todo lo que tengo, y como sólo me tengo a mí misma… Puede que en mi caso la generosidad no sea una virtud», decía de sí misma. Anduvo toda su vida mezclada en escándalos y sus propios padres le dieron la espalda.

De todos modos, aceptando las condiciones que se le imponían, tuvieron una relación larga, si bien intermitente, de más de tres años. Y él escribió muchas cartas, en una extraña mezcla de francés, inglés, italiano y, sobre todo, español, a la «Olghina de mi alma, de mi cuerpo y de mi corazón». En ellas intercalaba letras de sus rancheras favoritas, a falta de mejores poemas que echarse al papel, porque nunca fue un amante de la buena literatura. Pero también, como era obligado, incluyó algunos párrafos gloriosos de creación propia, que brindó a la historia (puesto que las cartas se hicieron públicas a finales de los años 80): «Esta noche en mi cama he pensado que estaba besándote, pero me he dado cuenta de que no eras tú, sino una simple almohada, arrugada y con mal olor (de verdad desagradable), pero así es la vida. La pasamos soñando una cosa mientras Dios decide otra» (1 de marzo de 1957).

Tan libertino como Olghina —aunque bastante más protegido de la maledicencia popular—, Juan Carlos, además de mantener su relación semioficial con la de Saboya y la aventura off the record con la Robiland, tenía al mismo tiempo otras, y en concreto una muy sonada con una bailarina brasileña a la que había conocido cuando andaba embarcado en el Juan Sebastián Elcano. También a ésta le escribió decenas de cartas apasionadas. Para que llegaran más rápido, se las enviaba por mediación de la representación diplomática española en Río de Janeiro. Pero nunca recibió respuesta, pese a las «simpatías» que ella le había mostrado. Franco le llamó un día en aquella época para ordenarle un «¡basta de aventuras!» contundente, y recomendarle que fuera buscando novia aristocrática de una vez. Y le puso encima de la mesa todas las cartas que él le había enviado a la brasileña, y que el embajador de Brasil, fiel lacayo, había interceptado sólo para sus ojos (los del dictador).

Con Olghina continuó teniendo encuentros, lejos ya de Estoril. En 1957, en una escala del Elcano, se vieron en Portofino y pasaron unos felices días juntos. Luego más veces, a lo largo de 1958, sin que al príncipe le importase lo más mínimo el último alboroto provocado por la Robiland, el del Rugantino, por el que Olghina había sufrido incluso un proceso judicial y fue estigmatizada por la alta sociedad. Todo había sido porque su fiesta de cumpleaños, en noviembre del 58, en un club nocturno de Trastévere, había acabado con el striptease integral de una bailarina turca, un instante captado por un paparazzo para mayor escándalo de la buena sociedad en aquella Italia de la dolce vita.

Y así siguieron hasta que la relación entró en zona oscura en 1959, con cartas cada vez más distanciadas y frías. Instalada en Italia, Olghina trabajaba entonces como periodista, haciendo crónica social y entrevistas a famosos para Lo Spechio, un periódico fascista; y como actriz ocasional cuando caía algo. Precisamente estaba con un pequeño papel en una obrita teatral (para el que la habían contratado, más que por sus dotes interpretativas, porque su nombre atraía público), cuando se dio cuenta de que estaba embarazada por tercera vez. En esta ocasión se negó a abortar. Tenía perfectamente claro quién era el padre, y quiso tener el hijo a toda costa, pese a su mala situación económica. Se marchó de Roma para dar a luz discretamente, y Paola de Robiland nació a finales de ese año cerca de París.

Olghina no le dijo nada a su querido Juan Carlos entonces. Pero sí lo hizo en agosto de 1960, casi un año después, cuando se lo encontró en el Club 84, acompañado de Clemente Lecquio (el padre del famoso Dado Lecquio). Una vez se libraron del acompañante se fueron juntos a la pensión Paisiello, y sólo a la mañana siguiente Juan Carlos le confesó que estaba prometido con Sofía de Grecia. Incluso tuvo el mal gusto de enseñarle el anillo que le había comprado. Fue entonces cuando Olghina le contó lo de Paola. Poco se sabe de cómo terminó aquella conversación, salvo que él escuchó «con distanciamiento borbónico» y dijo poco; y que Olghina tuvo que pagar la habitación y el taxi, razón por la cual se justificó más tarde que Juan Carlos le enviara un cheque, firmado por él mismo, por una suma indeterminada de dinero.

Corría el año 1986 cuando estos fantasmas del pasado vinieron de nuevo a acosar al rey. La relación amorosa con la condesa italiana de Robiland hacía ya muchos años que había acabado, pero este año, al parecer acuciada por problemas económicos, Olghina reapareció. Ahora bien, no fue a ver al monarca, que se sepa, sino a Jaime Peñafiel, exdirector de la revista Hola, reportero especializado en la familia real para viajes oficiales y otros saraos y, en aquellos momentos, que era lo que le interesaba a la Robiland, director de La Revista, una nueva publicación que luchaba por abrirse hueco en la prensa del corazón. Olghina tenía para vender una serie de 47 cartas de puño y letra del monarca, fechadas entre los años 1956 y 1960. Decía que lo importante era que aquellos documentos no se perdieran para la historia, que el pueblo español tenía derecho a conocer una de las facetas más tiernas y encantadoras de su monarca. Según la descripción de Peñafiel, que no fue precisamente piadoso con ella, la condesa tenía ya sesenta años largos y era, a estas alturas de la vida, «poco agraciada físicamente, de aspecto desaliñado y con una miopía que la obligaba a utilizar gafas como culo de vasos». Le costaba trabajo imaginar que era lo que su rey podía haber visto en ella, pero las cartas no dejaban lugar a dudas.

En cuanto el periodista recibió la oferta, se puso en contacto con Sabino Fernández Campo, que estaba en Oviedo y volvió pitando a Madrid a ver qué tenían aquellas cartas. Sabino y Peñafiel ya habían tenido algunos contactos con anterioridad, porque el secretario de la Casa Real se ocupaba personalmente de tratar con los periodistas, sobre todo para negociar qué tipo de cosas se podían publicar sobre el rey, y qué otras resultaban del todo inconvenientes. Y Sabino, después de leer las cartas, llegó a la conclusión de que aquello era de las cosas que de ninguna manera se podían publicar. En cuanto informó a Juan Carlos, que confirmó la autenticidad de los documentos y de la historia que contaba la condesa, Sabino le pidió a Peñafiel que las comprase, pagando lo que pedía, 8 millones. Pero no para publicarlas, sino para hacerlas desaparecer del mapa. Aunque, claro está, eso último no tenía que explicárselo a la condesa. Siempre dispuesto a hacer un servicio a la patria, Peñafiel cerró el trato con la Robiland 24 horas después, en el apartamento del Centro Colón del propio Sabino. Pero, naturalmente, el patriotismo de Peñafiel no llegaba al extremo de querer correr con los gastos de la operación. El dinero, en fajos de billetes de 5.000 pesetas, se lo había entregado previamente Manolo Prado y Colón de Carvajal al periodista. En cuanto cobró, Olghina se fue a Roma con el dinero en la maleta, y Peñafiel envió las cartas a La Zarzuela.

Sin embargo, la examante del rey se sintió frustrada porque las cartas no habían salido a la luz, así que poco después volvió a venderlas (esta vez las fotocopias que había hecho antes del trato con Peñafiel) a la revista italiana Oggi, que publicó una serie de cuatro capítulos sobre el tema, añadiendo fotografías de la época, de la hija que supuestamente había tenido con el entonces príncipe, y daba cuenta de otros documentos a los que había tenido acceso la revista, como un diario íntimo de Olghina y un cheque firmado por Juan Carlos por una cantidad indeterminada de dinero, sin especificar mucho sobre el asunto. No contenta con eso, la condesa de Robiland publicó poco después, en 1991, un libro de memorias que se tituló Sangue blue, en el que iba todavía un poco más allá en los detalles del romance con «don Juanito».

MARÍA BACH, OTRA DUDA RAZONABLE

Todavía en la adolescencia, al tiempo o poco después de los devaneos con Gabriela y con Olghina, Juan Carlos tuvo otras precoces relaciones, poco conocidas por la prensa española hasta épocas muy recientes. Aunque la televisión holandesa ya había entrevistado al protagonista de la historia mucho antes, fue el periódico alemán Bild (el mismo que en abril de 2012 destapó la relación de Juan Carlos con la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein) el primero en publicarlo con todos sus detalles y últimas novedades. Después el suplemento Vanitatis seguiría con el asunto, a mediados de junio de 2012; y la prensa española (incluso la más convencional, aunque sobre todo medios digitales más independientes) no pudo menos que hacerse eco.

A mediados de los años cincuenta, a la edad de 17 años, cuando Juan Carlos aún estaba en la Academia Militar de Zaragoza, hizo un viaje a Barcelona donde conoció a María Bach Ramon, hija de una familia de conocidos banqueros de Girona, una saga relacionada también con la producción de cava. Al parecer ella fue su primer amor verdadero; y de aquel amor nacería un hijo, en 1956. En aquellos años del franquismo, y siendo ella de buenísima y conservadora familia (pero no de sangre real, por lo que el matrimonio resultaba imposible), no es sorprendente que el embarazo se mantuviera en secreto. Tras el parto en la Maternidad de Barcelona, el niño fue arrebatado a su madre y llevado a Ibiza, donde estuvo sus primeros años, no se sabe a cargo de quién. Albert, que así se llama aquel niño, no tiene recuerdos tan antiguos, pero ha podido reconstruir su historia para saber que estuvo allí hasta 1961. Luego lo llevaron de vuelta a Barcelona, para ser adoptado, en 1964, por la familia Solà Jiménez, de Sant Climent de Peralta.

Ya adulto, Albert estuvo unos años viviendo en México y, a su regreso (hace ya casi 20 años), empezó a investigar sus orígenes. Contrató a un equipo de detectives que, a finales de los noventa, concluyó que su presunta madre biológica era María Bach Ramon. Tras presentar una demanda para poder conseguir su documentación de nacimiento, en 2001 un juez de los tribunales de Barcelona le ofreció cerca de un centenar de páginas. En el laberinto burocrático que supone para cualquier niño adoptado tratar de acceder a la verdad sobre sus padres biológicos, Albert se percató de que en su partida de nacimiento había varias irregularidades. Empezando porque, en lugar de una, había dos partidas de bautismo diferentes, de dos libros distintos, cosa que en España es imposible. Cuando nació, constaba como Albert Bach Ramon; pero al ser acogido por la familia de Sant Climent, sus apellidos cambiaron por Solà Jiménez. Otra anomalía que no casaba con las leyes de la época de Franco: los apellidos de la madre biológica había sido completamente eliminados, borrados… También descubrió que en la partida de nacimiento original aparecía una referencia: «chupete verde». Algunos historiadores consultados por Albert Solà le explicaron que se trata de una mención que sólo consta en las partidas de los que son hijos de la realeza.

Sus incertidumbres fueron en aumento, porque toda su vida había estado rodeada de cierto misterio en el que se dejaba entrever la larga mano del poder. Vivía en una familia humilde, sus padres adoptivos aparentemente no tenían nada, pero de alguna manera se las arreglaron para no negarle nunca ni los más mínimos caprichos; como si hubiera alguien detrás, a mayores, que nunca perdió la pista de aquel niño y le protegía a cierta distancia.

Papeles aparte, alguien debió de soplarle cuál era el hilo del que debía tirar para desenredar la madeja. Quizá se pueda engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo; entre otras cosas porque Juan Carlos había compartido el problema con varios de sus amigos poco antes de nacer el niño (la chica debía de ser de muy pero que muy buena familia y estaba agobiado), y había acabado por llegar a oídos del mismísimo generalísimo. Demasiada gente en el secreto y, ahora, algún «garganta profunda» de turno se encargó de desvelársela también al propio Albert Solà.

Descubrir que Franco estaba en el ajo de su existencia (que, por ejemplo, había intervenido personalmente en su protección y para mantener la clandestinidad de su verdadero origen, salvando para ello las irregularidades que fueran necesarias) le llevó a pensar que se le había considerado siempre una especie de as bajo la manga, por ser varón y por ser mayor, sobre todo durante la larga marcha matrimonial de Juan Carlos para alcanzar la ansiada descendencia masculina, que tardó más de lo esperado por la vía regular. Sus investigaciones hicieron saltar la liebre de manera suficientemente concluyente; tanto como para que la Casa Real, que evidentemente también estaba bien informada del asunto, cambiase la táctica del secreto absoluto por la de materia reservada a unos pocos; entre los que incluyeron —confiando en la discreción tradicional de los bastardos reales mimados en la intimidad— al propio Albert. No lo hicieron directamente, pero dieron vía libre al juez número 14 de lo familiar de Barcelona para que le notificase extraoficialmente que era segura la paternidad del rey. Y, casi al mismo tiempo, se le facilitó un número de fax a través del cual se podría comunicar con el Palacio de La Zarzuela, y de manera directa con su padre en persona. Albert Solà ha utilizado este fax numerosas veces, para enviar cartas dirigidas a Juan Carlos en tono afectivo, y tiene la certeza de que llegan a él, aunque nunca hayan sido contestadas. Reconoce que, salvo esas cartas, su contacto es siempre a través de terceras personas (fuentes que no puede o no quiere revelar), que conocen al rey y a su madre biológica.

Y es que su madre biológica es casi más inaccesible que el rey. Su familia es tan poderosa que su blindaje es tremendamente sólido y no ha podido llegar a ella. De esto hace responsable Albert a su entorno, a Franco y a sus abuelos, verdaderos artífices de su destino y del de María Bach, engañada en su juventud, separada de su hijo en contra de su voluntad y mantenida en la frustración y el dolor de no poder recuperarlo nunca.

LILIANE, LA INSTITUTRIZ ENAMORADA

Liliane Sartiau conoció a Juan Carlos poco después del nacimiento de Albert, en la etapa más prolífica de la vida del rey en lo que a hijos se refiere. Se sabe muy poco de su relación, y con datos incompletos. Fue en 1956, en Francia (o en Bélgica, según la versión), cuando ella trabajaba para la aristocrática familia de Merode como institutriz. Pero no está claro si establecieron contacto o si sólo fue un amor platónico por parte de la niñera, sin que él se percatase siquiera de que ella existiera, y sin que ella llegase a saber quién era él realmente. Desde luego la cigüeña no visitó a la pareja hasta más tarde, cuando se reencontraron en 1966, poco después del nacimiento de la infanta Cristina y antes del de Felipe. Liliane se había «enamorado» de aquel joven príncipe de ojos azules y seguía pensando en él aún diez años después. Viajó a la Costa del Sol en unas vacaciones con la esperanza de encontrarlo de nuevo y, casualmente o no, lo encontró, en una discoteca de renombre. Juan Carlos tenía entonces 31 años. Pasaron tres noches de pasión —dice su hija— en un hotel de lujo en Marbella. Fruto de aquellos encuentros nació Ingrid. Sólo al final supo quién era realmente, porque se lo dijo el conserje del hotel: el príncipe heredero al trono de España. A Liliane le entró el pánico y salió huyendo en su coche.

Tras conocer que estaba embarazada, dos enfermeras belgas le aconsejaron abortar por las consecuencias que el embarazo podría tener para el régimen franquista, pero ella siguió adelante porque el hijo que esperaba era fruto del amor de su vida. Nunca volvió a tener relaciones con otro hombre.

SANDRA MOZAROWSKY Y UNA MUERTE EN EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS

Ni Sandra Mozarowsky ni el hijo que nunca tuvo pudieron llegar nunca tan lejos como Ingrid y su madre Liliane. Su «historia de amor» con el rey Juan Carlos acabó mucho antes y mucho peor, con la trágica muerte de Sandra, en extrañas circunstancias, al caer por el balcón de su casa.

La joven actriz de 18 años, hija de un diplomático ruso, triunfó en los años 70 en el sórdido mundo del cine español más rancio, en los años del destape. Simultaneaba su carrera de actriz con su trabajo en un «club» de alterne cuyo socio era el también actor Paco Martínez Soria, situado en la madrileña calle de Oriente. El local se convirtió en semillero de actrices dispuestas al desnudo, prohibido durante cuatro décadas. Conocida como «la Ornella Muti española», Sandra era muy guapa y debió de llamar la atención de Juan Carlos, que tenía 39 años (ella unos cuantos menos). En aquella época, el monarca con frecuencia elegía a las chicas que le gustaban en la tele y hacía que sus colaboradores se las trajeran. Sandra no fue la única: Sara Montiel, Raffaella Carrà, Nadiuska y Bárbara Rey también fueron llamadas a su presencia regia, con fines poco nobles. Ser rey da para todo eso también.

En el caso de Sandra, enseguida conocieron el asunto numerosos periodistas, actores, actrices y escritores, sobre todo los más próximos a ella, como el actor Pepe Sancho. Desde luego que esas cosas no salían en la prensa del corazón, siempre comedida y servicial; pero el «romance», o lo que fuera, era vox populi. Y, tras el trágico final, se contó en varios libros semiclandestinos, publicados con pseudónimo y de escasa difusión. Era conocido tanto entre las élites como en las cañerías de la política (entre personajes como Julián Sancristóbal, Narcís Serra y Mario Conde). Pero para el gran público fue uno de los secretos más oscuros durante décadas.

El caso es que Sandra se quedó embarazada. Lo comentó con su gente, y además hizo unas crípticas declaraciones contra el aborto que no venían muy a cuento, anunciando que se iba a vivir a Londres. Al mismo tiempo, mantenía un misterioso contacto con una revista italiana que nunca llegó a publicar nada.

Murió, sorpresivamente, al caer desde el balcón de su casa, en la calle Barquillo (Madrid). Ya que no había nada allí que pudiese motivar un accidente, durante un tiempo se habló de suicidio, aunque incluso su hermano, León Mozarowsky, dudaba de ello. No tenía sentido. Pero nunca se investigó a fondo. Fuera como fuera, nada hay que impidiera a Juan Carlos, con la legislación que le protegía mientras fue rey, cobrar comisiones ilegales o matar a una amante molesta arrojándola por la borda de su barco o desde el balcón de su casa. Porque ninguna denuncia habría prosperado, ni siquiera se hubiera abierto ninguna investigación. La familia de Sandra asumió un resignado silencio sobre todo el asunto. Y ahí sigue, enterrado en el fondo de la memoria, esperando la mano que levante el velo.

MARTA Y LOS DECRETOS FALSOS

Después de Sandra Mozarowsky debió de haber muchas más mujeres en la vida de Juan Carlos, pero centrándonos en las que tienen un interés general, y dejando al margen escabrosas escenas de alcoba que no motivarían a nadie, el siguiente jalón en su currículum nos lleva a la corte veraniega de Mallorca en 1992.

Aquel infausto año, aparte de los supuestos manejos, nunca probados, para impulsar la renuncia de Juan Carlos al trono —de triste recuerdo para la reina— dejó el nombre propio de Marta Gayá grabado en las páginas impresas de varios medios de comunicación, que por primera vez hablaron de una amante del rey con inusitada frescura, provocando otras turbulencias políticas de distinto alcance.

Después de 30 años de matrimonio y una lista de amantes a la que nadie se aventura a poner cifras, el rey perdió la cabeza por la catalana Marta Gayá, reputada decoradora, divorciada de un importante empresario productor de galletas del que tiene un hijo, alta y esbelta, de ojos verdes, siete años menor que el rey y residente en la isla de Mallorca todo el año, en un lujoso chalet en La Mola, península para ricos y famosos. Se habían conocido en 1990, aproximadamente, y pasaban juntos muchos fines de semana y otros periodos no vacacionales en los que el monarca comenzó a descuidar las obligaciones familiares e incluso las oficiales.

Sus encuentros eran protegidos al principio con gran cautela, pero su apego se volvió tan intenso que el secreto fue breve. Sofía se enteró de las primeras, el viernes 29 de junio de 1990, en una cena que ofrecía el rey, en el Beach Club de Mallorca en honor de Karim Aga Khan y de Alberto de Mónaco, con ocasión de las regatas de la Copa del Rey. Asistían al convite unos 200 comensales, todos sentados ya, como manda el protocolo, cuando llegaron el rey, la reina y sus invitados ilustres. Pero una mesa todavía estaba vacía. Casi a los postres, se presentaron descortésmente tarde José Luis de Vilallonga, Marta Gayá y el príncipe Tchokotua con su mujer, Marieta Salas. En lugar de enfadarse, para humillación de la reina, el rey se levantó de su asiento y fue a saludarlos efusivamente. Los presentes comentaron que aquello tenía que estar previsto, y que era una especie de prueba de amor de Juan Carlos, quizá para hacer más o menos pública su relación con Marta Gayá. Porque, de otro modo, la falta de delicadeza que había mostrado con la reina no podía explicarse.

Por cierto que esta fue la etapa en la que el rey decidió que fuera Vilallonga su «biógrafo autorizado», aunque el escritor Baltasar Porcel ya llevaba decenas de horas de conversación grabadas con el mismo propósito. El monarca interrumpió las conversaciones en La Zarzuela con Porcel inesperadamente y le pidió las cintas sin muchas explicaciones.

Pero la aventura con Marta Gayá comenzó a ser un problema más tarde. Primero porque las relaciones del monarca siempre habían sido más breves e intermitentes, y ésta comenzaba a durar demasiado. Marta, una profesional seria, una señora respetable, no se prestaba fácilmente a una aventura pasajera. Su relación parecía cosa formal, y podía poner en peligro incluso la estabilidad del matrimonio real en un momento difícil en la edad de Juan Carlos, la cincuentena. Pero, sobre todo, se convirtió en un conflicto de verdad cuando las escapadas del rey empezaron a tener consecuencias políticas.

Las turbulencias comenzaron gracias a Felipe González, cuando el 18 de junio de 1992 un periodista de El País le preguntó si había consultado con el rey el nombre del ministro que sustituiría en Exteriores a Francisco Fernández Ordóñez, y el presidente le contestó: «No he podido hacerlo, porque el rey no está». Pero no había ningún viaje en agenda. El País publicó entonces que el monarca estaba en Suiza para someterse a un chequeo médico rutinario, pero Fernández Campo desmintió la noticia al día siguiente en la radio, y dijo literalmente sobre el viaje: «Bueno, lo que yo creo y lo que se me ha dicho es que está descansando, un pequeño descanso, descanso de montaña que le viene muy bien». Su expresión «lo que se me ha dicho» despertó suspicacias de todo tipo.

Sabino habló telefónicamente con el rey para que volviera a España cuanto antes, y Juan Carlos regresó apresuradamente el sábado 20 de junio por la mañana. Despachó con Felipe González antes del mediodía y comió en privado con el presidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk, que estaba en Madrid de visita oficial. Pero, perdiéndose la celebración en familia del que sería el último cumpleaños de Don Juan, que cumplía 79 años, por la tarde ya estaba de nuevo en Suiza, en una localidad cercana a Saint-Moritz. La reina fue sola a la cena en la residencia del conde de Barcelona en Puerta de Hierro, y al día siguiente presidió en sustitución del monarca la apertura de la Cumbre Iberoamericana.

En total, el rey estuvo en Suiza del 15 al 23 de junio, víspera de su santo, que tampoco contó con la tradicional celebración en el Campo del Moro. El horno no estaba para bollos. Ni siquiera fue a la tradicional corrida de la Asociación de la Prensa. Y, para colmo, el príncipe Felipe tampoco aparecía por ningún lado. Según la explicación oficial estaba entrenando con el equipo olímpico de vela, aunque otros relacionaban su ausencia con el fuerte disgusto que le había provocado la ruptura con Isabel Sartorius.

Y la polémica no cesó. Por el contrario, El Mundo destacó unos días después que, como consecuencia de la escapada, se había incurrido en un presunto delito de falsificación de documento público. En efecto, según el BOE el rey había firmado una ley en Madrid (la sanción real de la ley de creación de la Universidad de La Rioja), un día que estaba en Suiza (el 18 de junio). «O el lugar es falso, o la fecha es falsa o la firma es falsa», afirmaba El Mundo. Y advertía además que, aunque el rey no está sujeto a responsabilidad según la Constitución, el presunto delito cometido se correspondía según el Código Penal con una pena de entre 6 y 12 años de prisión mayor. El columnista Javier Ortiz ponía la puntilla: «Lo mismo va la gente y se cabrea, y le da por pensar que tal vez un presidente de la República podría salirle más económico. No sería la primera vez que este país hiciera, por así decirlo, Borbón y cuenta nueva».

Cuando ya todo parecía haberse calmado, en agosto la revista francesa Point de Vue sacaba la historia del rey con Marta Gayá. A raíz de lo publicado por el diario español, Point de Vue había llamado a la clínica en la que el rey había estado supuestamente descansando en Suiza, y les colgaron el teléfono precipitadamente. Tirando del hilo del secreto que se quería guardar, citaban fuentes del entorno del monarca (del staff de La Zarzuela) para hablar, en concreto, de Marta Gayá como explicación del misterio; y también hacían referencia al affaire del príncipe con la Sartorius, que «envenena desde hace tres años la atmósfera madrileña». Al día siguiente, lo reproducía El Mundo en una nota de portada, ampliada con más información en el interior.

La nueva tormenta política se centró esta vez en la preocupación por descubrir la fuente que había filtrado la historia a la prensa. En un complicado enredo, se citaban y culpabilizaban unos a otros. La primera en publicar algo, muy solapadamente, sobre el romance mallorquín del rey, había sido la revista Tribuna en 1990; el siguiente empujón lo habían dado Felipe González y El País en junio del 92; y El Mundo había dado eco a la polémica; Point de Vue había tirado del hilo, y la historia había rebotado de nuevo en El Mundo, y luego otra vez en Tribuna… en todos.

En medio de todo el lío, y lo más rápido posible, El Mundo había eliminado la nota de la primera página en su segunda edición, y también quitó algunos párrafos de la información del interior, suavizando y matizando sus comentarios. Por ejemplo, su referencia a que Point de Vue era «la revista sobre la realeza más prestigiosa de Europa», se convirtió en algo más discreto: «la revista monárquica francesa». Pero Pedro J. Ramírez no se iba a librar así como así de la responsabilidad.

De repente y por sorpresa, el 19 de agosto, Diario 16 difundió en portada que el culpable de las filtraciones había sido Mario Conde. Y el rey llamó personalmente a Conde, y Conde dijo que no tenía nada que ver. Y el rey también llamó a su amigo Giovanni Agnelli, presidente de Fiat y máximo accionista del grupo Rizzoli, propietario de la revista Oggi y del 45 por 100 del accionariado de El Mundo. Y Agnelli llamó al presidente de Rizzoli y éste a Unidad Editorial, matriz empresarial del diario El Mundo, pidiendo la cabeza de Pedro J.

El director del diario madrileño salvó el pellejo de milagro, en un almuerzo de conciliación entre Conde y el rey, al que llegó a los postres el propio Pedro J., el 12 septiembre del 92. Para ser perdonado por la Casa Real, Pedro J. Ramírez, a instancias de Mario Conde, se vio obligado a asegurar que había sido en realidad Sabino Fernández Campo el que había filtrado la información, lo que luego serviría a Conde para insistir en su recomendación al rey de que lo cesara de su cargo.

Conde pudo evitar también que los socios italianos vendieran su paquete de acciones y abandonaran El Mundo. Y todo quedó solucionado, aunque nada claro, porque todavía después, el 24 de septiembre, la revista italiana Oggi (propiedad del grupo Rizzoli, del que era máximo accionista Agnelli, el amigo del rey que controlaba además el 45 por 100 del accionariado de El Mundo), volvió a publicar un completo reportaje contando otra vez toda la historia de Marta Gayá: «El rey de las olimpiadas es sorprendido en fuera de juego». Citaba a Point de Vue y aderezaba el texto con numerosos comentarios críticos, sobre un monarca que estaba siendo «poco reflexivo», «menos diligente en sus obligaciones», «tan enamorado que parece un niño», etc. Está claro que la prensa extranjera no se rige por las mismas normas.

Aquí, los artículos sobre el rey de El Mundo no aparecieron en el suplemento-resumen sobre los temas principales publicados por el periódico en sus cinco primeros años de vida y, desde luego, no se repitió la aventura de publicar insensateces sobre el monarca durante mucho tiempo. Tribuna, por su parte, sustituyó al director, Julián Lago, por Fernando García Romanillos, que entendió que los temas de la Casa Real no incrementaban el número de lectores y, en cambio, con ellos perdía publicidad. Y Sabino Fernández Campo salió por la puerta falsa de La Zarzuela muy poco después.

La relación del rey con Marta Gayá continuó todavía varios años. En los círculos próximos se les consideraba una pareja prácticamente estable, una especie de segundo matrimonio, desde 1990. Se la llevaba a cenar con los íntimos y hasta pasaban vacaciones juntos invitados por conocidos personajes de la banca y la empresa española. Eso sí, con infidelidades… al menos por parte de Juan Carlos, que se iba con unas y con otras a la menor oportunidad. Hasta que apareció Corinna y le exigió una exclusividad, que tampoco consiguió, pero que le llevó a romper al menos formalmente con Marta. En la actualidad siguen manteniendo contacto, y el antiguo rey se ocupa de que esté bien atendida, y hasta de que algún matrimonio amigo la acompañe a cenar cuando viene a Madrid, donde tiene casa.

BÁRBARA REY: HISTORIA DE UN CHANTAJE

Bárbara Rey, reapareciendo como Olghina de un pasado esta vez no tan lejano, protagonizó en 1997 otro de los episodios más oscuros en la complicada trama de los amoríos del rey. La historia se ha publicado ya, seccionada en distintas partes, en varios libros y revistas. Si bien todos los autores, en atención a las dificultades de un tema sobre el que, en España, sencillamente es mejor no hablar, han preferido no identificar al mismo tiempo a los dos protagonistas: o bien se hablaba de «el rey y la vedette», o bien de «Bárbara Rey y una alta personalidad del Estado». Una precaución que no hace sino poner en evidencia la escasez de libertades en la que nos vemos obligados a movernos, y la hipocresía de un poder que establece normas ridículas de censura encubierta que no engañan a nadie. Aunque es vox populi, y sin duda en todos los medios de comunicación cuentan con información sobrada, repleta de indicios y testimonios, no por ello se publica.

La historia de Bárbara Rey con el monarca comenzó en los primeros tiempos de la transición. Se hicieron «amigos» por mediación de Adolfo Suárez, en una etapa en la que la vedette apoyaba al líder de la UCD como mejor sabía (pidiendo el voto para la formación política en las campañas electorales). A Juan Carlos siempre le gustaron las mujeres de rompe y rasga y, al parecer, aparte de sus largas piernas, disfrutaba especialmente las delicias culinarias que la murciana le preparaba en la barbacoa de su chalé.

La relación había continuado de forma intermitente a lo largo de los años, hasta que un buen día, en el mes de junio del 94, el rey, con frases amables, le hizo saber que la historia había terminado. Pero Bárbara no iba a pasar página tan fácilmente. Para ello contaba con todo un arsenal de grabaciones, filmaciones y fotografías, obtenidas en distintos encuentros.

Por alguna razón desconocida, la vedette siempre tuvo afición a dejar constancia de sus conversaciones privadas con sus parejas. En televisión ya salió en antena una vez (a primeros de marzo del 2000, en el programa en directo Crónicas Marcianas) la grabación de una discusión entre ella y su exmarido, Ángel Cristo, que su hija Sofía ponía vía telefónica a los telespectadores. La intención de Sofía Cristo era dejar en mal lugar a su padre, que en la cinta, sin que se supiera a cuento de qué, insultaba a Bárbara llamándola «puta» con gritos a pleno pulmón. Pero consiguió el efecto contrario cuando el domador de tigres en decadencia, presente en el plató, lanzó un lastimero: «Si esta señora ha sido capaz de chantajear a uno de los hombres más importantes de nuestro país, cómo no va a tratar de destruir a un pobre y humilde hombre de circo como yo».

Al parecer, la discreción no fue uno de los dones ni de Juan Carlos ni de su amante, y juntos se despachaban a placer hablando de todos sus problemas, incluidos asuntos íntimos sobre la reina. Cuando los cómplices de Bárbara Rey, para el chantaje que tenía previsto, vieron y escucharon algunos ejemplos de lo que tenía grabado y de lo que podía contar, se quedaron asustados de la sangre fría de la vedette. Comentaba con desparpajo anécdotas sobre la entrañable relación con el monarca, haciéndole paellas y satisfaciéndole sobre todo en aquellas facetas del amor en las que muchas mujeres de la generación de Sofía, bien educadas y temerosas de Dios, no osaban entrar, rechazando la mera idea con más asco que pudor (claro que Bárbara no lo contaba tan fino). Pero lo verdaderamente preocupante eran las grabaciones en las que el monarca había comentado como si tal cosa cuestiones de política nacional y, muy especialmente, algunas frases relativas a los sucesos del golpe de Estado del 23F. Por ejemplo, parece ser que una de las cintas que tenía contenía una llamada telefónica, fechada el 22 de febrero de 1981, recomendándole que al día siguiente no saliera de casa, sin dar muchas explicaciones sobre el motivo: sólo que no saliera de casa.

Aparte, también había abundante material gráfico. «Algunos recuerdos», según Bárbara, entre los que se encontraban fotos amateur tomadas por su hijo Ángel desde el jardín. Pero además se supo que, desde 1993, asesorada por un proveedor de materiales de espionaje, en su chalé de Boadilla del Monte (Madrid) había montado todo un nido de «vigilancia» que contaba incluso con una cámara de vídeo camuflada en las cortinas del dormitorio. Y había hecho copias de los materiales grabados, que tenía repartidas tanto en España como en el extranjero. Según algunas fuentes, había sido Cristina Ordovás (la condesa de Ruiz) la que había aconsejado que lo hiciera con un argumento muy concluyente: «A ti también te han grabado en la calle Sextante, ¿no?». Se refería al local que en el número 6 de esa calle el CESID de Manglano tenía para filmar cine porno con estrellas de la política o las altas finanzas (una operación de espionaje y/o chantaje, nunca confirmada oficialmente, en la que Bárbara Rey y/o algunas de sus amigas bien podrían haber sido artistas invitadas). Con esa u otra coartada autojustificativa, la actriz habría hecho grabaciones en su propio domicilio de Boadilla del Monte, aprovechando las últimas visitas de la «persona importante».

No se sabe bien por qué la relación de la vedette y el monarca acabó tan mal. Pero quizá algo tuviera que ver en el asunto un turbio negocio, con unos pagarés argentinos con los que Manuel Prado habría compensado a Bárbara de cualquier incomodidad derivada del final de su relación con Juan Carlos, y de los que nunca se obtuvo el beneficio esperado.

Para poner en marcha la trama del chantaje, según sus cómplices, Ramón Martín Ibáñez entre otros, Bárbara le echó imaginación a la historia, y se inventó que había recibido un paquete en su casa, con algunas copias del material gráfico. Lo único que ella hizo, en su versión, fue entrar en contacto con quien correspondía, para ponerle sobre aviso del peligro. Martín entraría en escena a continuación, encarnando al que da la cara como supuesto chantajista, para solicitar nada menos que 12.000 millones de pesetas (unos 70 millones de euros). Pero el montaje no funcionó.

Debido a lo delicado del material de que se trataba, sobre todo en lo político, Zarzuela, que ya había puesto al corriente al CESID, le encargó el asunto a Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y Prado dudó desde el primer momento de Bárbara, convencido de que lo había hecho ella misma. Ante la negativa de Prado a negociar con los chantajistas, la vedette intentó ponerse en contacto directamente con el rey, pero no lo consiguió. Y en los tira y afloja del asunto, los cómplices acabaron quedando fuera de la negociación.

Todo pareció entrar en vías de solución gracias a un programa en TVE que arregló el entonces director del Ente, Jordi García Candau, y que devolvió fugazmente a Bárbara Rey al estrellato de la pequeña pantalla. Aparte, se le entregaba un sobre cerrado con el estipendio mensual (unas fuentes dicen que de un millón de pesetas, otras que más), a lo largo del 95 y parte del 96. Pero la preocupación principal de Prado seguía siendo recuperar el material comprometedor. El 23 de febrero del 96, la vedette caía afectada de una extraña enfermedad en medio de la grabación del programa Esto es espectáculo. Le acababan de dar la noticia de que personas no identificadas estaban buscando en casa de sus padres, en Totana (Murcia), las grabaciones. Ya no se fiaban ni lo más mínimo de su palabra.

Todo empezó a ir mal a partir de entonces, sobre todo cuando no le renovaron el contrato en televisión. El programa desapareció de parrilla por falta de audiencia y Bárbara, muy cabreada, comenzó de nuevo a presionar exigiendo un aumento de la asignación (hasta los dos millones de pesetas al mes). Algunos, sin embargo, aseguran que lo que de verdad quería la vedette era volver a estar en la tele, satisfacer su ego; pero eso los encargados de negociar con ella no lo entendieron. El enredo se complicó sin remedio, y en 1997 se puso en marcha la fase más dura del chantaje.

Comenzó con dos denuncias presentadas en comisaría por Bárbara Rey (una del 25 de mayo y otra del 1 de junio del mismo año), cuyo trasfondo era el robo de «tres cintas de cassette, cinco de vídeo y veinte diapositivas», de contenido comprometido para una «alta personalidad». Fueron dos los intentos por recuperar todo el material comprometedor.

En el primero, habría interpretado el papel de Mata Hari al servicio de la corona la enigmática Cristina Ordovás, amiga de Bárbara y condesa de Ruiz del Castillo (que alcanzó cierta relevancia pública cuando en 1992 su marido, Juan Goyeneche, recibió un paquete bomba que le causó graves heridas, al parecer remitido por un «cobrador del frac» sin identificar, no se sabe si dirigido a él o a su mujer, cliente más que habitual del casino de Madrid con escaso éxito). De acuerdo con el anónimo y la denuncia presentada en comisaría, Cristina Ordovás había reactivado su vieja amistad con Bárbara para arrebatarle una noche subrepticiamente las llaves de su casa y entretenerla pocos días después en el Casino de Torrelodones hasta muy altas horas de la madrugada, mientras otras personas robaban algunos documentos en su domicilio. Pero, al parecer, los ladrones no obtuvieron lo que buscaban.

En el segundo, según el texto de la diligencia efectuada en la comisaría de Tetuán, «el día 5 del presente mes se ausentó de su domicilio y su hijo entró en su casa en la madrugada del día 9, notando el día 10 que personas extrañas habían entrado en el domicilio, sustrayendo del mismo carretes fotográficos sin revelar, cintas grabadas de varios autores, una agenda personal, todas ellas comprometedoras para ambas partes (sic) y propiedad de la declarante, especialmente relevante para esta persona importante de la cual no desea decir su identidad».

Pero no estaban seguros de habérselo llevado todo, y la situación se endureció poco después con una tercera denuncia por parte de Bárbara Rey (del 13 de junio), en la que se hablaba de amenazas de muerte contra ella y sus hijos, e interpuesta, explícitamente, contra Manuel Prado y Colón de Carvajal.

La noticia se difundió primero de forma anónima, escrita en un informe de siete folios enviado a la prensa, del que la Rey dijo no saber nada, aunque nunca desmintió ni una palabra de su contenido. El documento narraba la historia con todo un lujo de detalles, e incluía una copia de la última denuncia. La prensa sólo se atrevió a contarlo con medias palabras, pero la Casa Real tuvo que intervenir directamente cuando la propia Bárbara pretendía ir a explicarlo todo en directo al programa Tómbola (líder de audiencia en la televisión valenciana, Telemadrid y Canal Sur). Su presencia fue vetada en el último momento, pero nadie pudo impedir, en primer lugar, que ella cobrara lo que le correspondía por su fallida intervención en el programa; y, en segundo, como consecuencia de lo anterior, que al menos el hecho de que se había impuesto la censura desde la Casa Real se diera a conocer, lo que ya era en sí mismo bastante grave.

Las negociaciones continuaron, intentando llegar a un nuevo acuerdo económico, esta vez de la mano de Fernando Almansa, jefe de la Casa Real en aquel momento. En lugar de la asignación mensual que la vedette había pactado con Manuel Prado, se ofreció comprar el material por una única suma, una cuantiosa cantidad, más que suficiente para que Bárbara no volviera a tener problemas económicos en su vida y pudiera dejar que su affaire con el rey descansara en la paz del silencio y el olvido. El problema estaba en cómo garantizar que no fuese a quedar por ahí ninguna cinta comprometedora suelta, en manos de la vedette o en otras manos. (A este efecto, se sondearon semanarios como Artículo 20, que entonces dirigía Javier Bleda, un peligro público que, cuando trabajaba en el Ya de Rodríguez Menéndez, había sido condenado a 2 años de prisión por difundir otro vídeo sexual —el de Pedro J. Ramírez con Exuperancia Rapú—, en uno de los episodios más sucios de la guerra del GAL. Pero no había ni rastro de más vídeos).

En cuanto a Bárbara, se ha publicado una rocambolesca historia, atribuida a fuentes del propio CESID, en la que un superagente secreto se habría reunido con ella en la cafetería Riofrío del centro Colón de Madrid y le habría ofrecido 500 millones de pesetas (unos 3 millones de euros) por las cintas, con la peculiaridad de que se los pagarían a razón de 20 millones al mes (unos 120.000 euros), a cambio de que, para evitar riesgos de robo, ella decidiera guardarlas en una maleta de seguridad que quedaría depositada en su casa hasta completar la cantidad total.

Bárbara Rey habría accedido a un trato tan generoso y, tras recibir el primer pago, habría metido el material «en una maleta de tamaño medio de viaje» que el propio agente del CESID le habría llevado a Boadilla. Tenía dos cerraduras y se quedarían con una llave cada uno. Él precintó la valija y enseguida se marchó. Pero apenas desapareció, Bárbara Rey creyó oír un tic tac en el interior de la maleta y, espantada por la posibilidad de que se tratara de una bomba, ni corta ni perezosa la cogió en sus manos, salió corriendo al jardín y la tiró inmediatamente a la piscina. Allí permaneció flotando durante un tiempo, mientras la vedette merodeaba cautelosamente a su alrededor. Por fin se decidió a abrirla tomando todo tipo de precauciones y descubrió que las grabaciones y documentos gráficos que había guardado estaban completamente destruidos. No era una bomba, sino un dispositivo de relojería para activar unos frascos con ácido corrosivo, camuflados en el interior de la maleta.

Fuera como fuera en realidad, al final de todas las peripecias no parece que se les hayan escapado ninguna copia oculta en un rincón; o eso es lo que parece indicar el silencio al que ha vuelto a acostumbrarse Bárbara Rey al respecto de esta cuestión, en sus ocasionales apariciones televisivas. En una de las más recientes, Jimmy Giménez Arnau llegó a preguntarle directa y explícitamente sobre su relación con el monarca, y ella lo negó todo tajantemente. Asunto zanjado. Una pena, porque nos quedaremos sin oír la famosa cinta sobre el 23F, quizá para ello, y para mayor indignación, colaborando económicamente de forma forzosa —a través de nuestros impuestos— al bienestar de la vedette. El coronel Amadeo Martínez Inglés ha denunciado en repetidas ocasiones pero sin ningún éxito, ante la Fiscalía, ante el Parlamento y ante la opinión pública, la «malversación de caudales públicos» por parte de Juan Carlos y procedentes de los denominados «fondos reservados» adscritos a Defensa, presidencia del Gobierno e Interior, al conocer y no desautorizar el pago a determinada vedette del espectáculo español por las prestaciones sexuales que le había realizado durante más de quince años y que ella, en 1996, amenazaba con hacer públicas a través de documentos audiovisuales de su propiedad.

20. Reputados asesores

SABINO, EL CENSOR DEL REY

Ni el rey ni la reina fueron al entierro de Sabino Fernández Campo cuando murió a los 91 años, el 26 de octubre de 2009, en la clínica privada Ruber Internacional de Madrid (de una neumonía que contrajo allí mismo, por cierto, durante una intervención quirúrgica a la que había sido sometido unos días antes). Es verdad que, durante los días previos de hospitalización, la reina se había interesado por su salud en una ocasión, con una visita que duró «más de una hora» (destacó la prensa en su día, como si fuera gran cosa). Pero Juan Carlos sólo fue a la capilla ardiente, instalada en el Tanatorio de La Paz (Tres Cantos, Madrid), sin gastar más de 15 minutos en la foto consolando a la viuda. Al entierro en Oviedo no asistió nadie de la familia real, que se conformó con mandar una corona. En su lugar, como representación, enviaron a su sucesor en la jefatura de la Casa Real, Alberto Aza (que para entonces ya sustituía a Fernando Almansa, el primero en ocupar el puesto al cese de Sabino). Con esta frialdad tuvo a bien el monarca acabar sus relaciones con el que durante casi 20 años había estado a su servicio en Zarzuela.

Sabino no había sido un amigo, y mucho menos un amigote, pero sí cómplice y testigo de una etapa fundamental en la vida de Juan Carlos. El «jefe», como le llamaba el rey, fue un personaje decisivo en la historia de la monarquía española, aportando habilidad política para solventar situaciones difíciles en multitud de ocasiones, y transfiriendo a la Corona su propia imagen de prudencia, que no se correspondía en realidad con las decisiones que Juan Carlos tomaba por su cuenta. Sabino corregía sus meteduras de pata, ocultaba informaciones comprometedoras, dirigía los pasos que tenía que dar… actuando casi siempre, más que como secretario, como un «tutor» y un «apagafuegos» en desaguisados políticos.

Pero no nos engañemos: de todo esto tendría que estarle agradecido Juan Carlos, pero no un país al que colaboró a engañar con el único objetivo de perpetuar el sistema monárquico, con censura, mentiras y operaciones de imagen, en temas tan serios como el 23F.

Sabino Fernández Campo comenzó su carrera de militar en la Guerra Civil, cuando se alistó como voluntario —del lado de los nacionales, claro—, y fue alférez y teniente provisional en la «defensa» de Oviedo. Aunque estudió Derecho, ya nunca abandonaría el ejército, en el que destacó por su formación académica y, en general, por sus capacidades intelectuales. Entre 1957 y 1961 tuvo uno de sus primeros destinos en la Comisión de Enlace con la Misión Americana, donde coincidió con Alfonso Armada. Y a comienzos de los 60 completó su formación realizando el curso «The Economics of National Security» (la economía de la seguridad nacional), del Internacional College de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Años más tarde visitaría las academias militares estadounidenses más legendarias y prestigiosas.

De 1960 a 1963 fue interventor de la Casa Militar de Franco; y después tuvo distintos cargos, en intendencia, en el Ministerio del Ejército, al lado de distintos ministros del franquismo. El paso a cargos políticos lo dio en 1975, apoyado por Alfonso Armada, que lo conocía desde hacía años y lo recomendó para el puesto de subsecretario de Presidencia, incluyéndolo en el equipo que el propio Armada, Camilo Mira y Alfonso Osorio habían formado para ir preparando el acceso al trono de Juan Carlos a la muerte de Franco.

Tras la muerte del dictador, con el primer gobierno de Suárez, Sabino fue llamado —de nuevo recomendado por Armada— para la secretaría del Ministerio de Información y Turismo. Un puesto fundamental durante los meses clave de la Transición, cuando se empezó a desmantelar la Cadena de Prensa y Radio del Movimiento y había que contar con gente muy hábil, capaz de organizar el control sobre los medios de comunicación en un nuevo contexto. Temas como la amnistía política, la autoliquidación de las Cortes franquistas, el referéndum para la Reforma Política, la legalización de los partidos políticos o la renuncia de Don Juan, no se podían dejar en manos de cualquiera para su tratamiento informativo. Formó parte de la Comisión gubernamental encargada de pasar revista a la propaganda electoral en las primeras elecciones generales de 1977, para censurar cuanto fuera necesario, y su papel no fue precisamente poco beligerante. En general, sus encuentros y despachos tanto con el rey como con Adolfo Suárez, a propósito de la televisión, fueron frecuentes durante esta etapa.

Cuando Armada fue cesado como secretario de la Casa Real, por imposición del presidente Suárez, recomendó a Sabino para el cargo. El 31 de octubre de 1977 tomó posesión oficialmente. De su competencia dependían en Zarzuela el protocolo, la intendencia, los servicios que tramitan el derecho de petición, el estudio de los programas de actividades, el archivo general, la programación de visitas oficiales, la preparación de los despachos con el presidente del Gobierno… es decir, prácticamente todo. Pero Sabino prestó en especial atención a las relaciones con los medios de comunicación, en un momento político en el que construir una buena imagen de la monarquía, en función de estudios de opinión, era el objetivo fundamental de la Casa.

La buena mano del secretario para tratar asuntos delicados y negociar con la prensa se hizo legendaria. A decir de muchos, su técnica consistía en ofrecer información a cambio de silencios. «No publiques esto, y te doy información sobre esto otro». Pero en la trastienda había mucho más. Eso sólo valía para tratar con los ya predispuestos, los «buenos chicos» de la prensa, que aceptaron sin problemas un «pacto entre caballeros» para no atacar la figura del rey. Aunque la aprobación de la Constitución supuso el reconocimiento legal del derecho a la información y la libertad de expresión, los casos de censuras y sanciones por supuestas injurias al rey continuaron sucediéndose año tras año, si bien los conflictos fueron quedando relegados cada vez más a sectores casi marginales o alternativos.

Por citar sólo algunos ejemplos, el 13 de febrero de 1981 fue secuestrada la revista Punto y Hora; en noviembre de 1985, la revista satírica El Cocodrilo; en noviembre de 1987 el Tribunal Supremo condenó a seis años de cárcel al periodista Juan José Faustino Fernández Pérez, de la revista Punto y Hora (aunque en 1990 el Constitucional suspendió la condena); y en febrero de 1990 a un año al articulista Ignacio Antigüedad, por la publicación de una columna titulada «¡Juan Carlos fuera!». En todos los casos el presunto delito era «injurias al rey».

Pero la obra cumbre de Sabino fue sin duda la forma en que solucionó el problema de las acusaciones de José María Ruiz Mateos, tras la expropiación de Rumasa, en 1983. Aunque el propio Ruiz Mateos aportaba documentación sobre pagos mediante transferencia a la Casa Real, no hubo manera de que ningún medio de comunicación se atreviera a publicarlo, ni ningún grupo político solicitara una investigación, ni nada de nada. Al parecer, para un tema tan delicado, no valía con presentar denuncias por injurias, y hubo que llevar la «negociación» siguiendo otra modalidad.

También es de destacar el episodio en el que intervino para comprar las cartas de la condesa Olghina de Robiland, en 1985, a fin de evitar su publicación.

Con edad para ello (20 años más que el rey), con todo lo que sabía y teniendo en cuenta además todas las papeletas que le había solucionado, Sabino llegó a representar una verdadera autoridad moral en La Zarzuela, suficiente para permitirse el actuar como un «tutor» del monarca. Como cuando Juan Carlos regresó en camilla de unas vacaciones y Sabino le dio un respetuoso tirón de orejas dialéctico, con aquello de que «un rey sólo puede volver así de las cruzadas». Aparte, se preocupaba de «aconsejarle» que no se metiera en aventuras como la de dejarse regalar un barco o un reloj, etcétera.

Sería difícil valorar hasta qué punto esta actitud de Fernández Campo sirvió para salvarle la cabeza a la monarquía, o al menos para ayudar a consolidarla. Pero a Juan Carlos llegó a cansarle. A partir de 1992 sobre todo, cuando ya estaban bien instaladas en su entorno otras influencias, Sabino comenzó a perder puntos a pasos agigantados, y empezaron a trascender las discrepancias entre ellos.

Una de las primeras decisiones que el rey tomó en franca oposición a las indicaciones de Sabino fue la de dejarse entrevistar por la periodista británica Selina Scott para un reportaje de la cadena ITV. Al Jefe de la Casa Real no le había gustado la idea desde el comienzo, y después de que se hubiera hecho el reportaje pese a todo, intentó que se censurase su emisión en España, por el sistema de evitar que ninguna cadena comprara los derechos. Pero la polémica suscitada en torno a él ya había levantado demasiada expectación, y el semanario Tiempo acabó por distribuir copias en vídeo. Poco después se emitió también por televisión. Cuando se vio el reportaje, nadie entendía muy bien a qué venía tanta historia. El rey mostraba su torpeza al intentar sin éxito arrancar una moto, rompía el protocolo tirando a Selina al agua entre bromas en la piscina… pero poco más. Era casi un spot publicitario de la monarquía, en el que, sobre todo, se mostraba la «campechanía» de la familia real. El problema en realidad estaba en el porqué y cómo la periodista británica había conseguido la entrevista, que le hubiera encantado hacer a tantos periodistas españoles. Parece ser que la atractiva y joven reportera consiguió la gran exclusiva gracias a su simpatía personal con el monarca, pero sobre todo por la mediación del cuñado del rey, Constantino de Grecia, al que se atribuye en aquellas fechas un apasionado romance con Selina.

Otra discrepancia importante entre el monarca y su secretario fue el asunto de la biografía real. Primero había empezado a trabajar en ella el escritor mallorquín Baltasar Porcel, amigo personal de Juan Carlos. Grabaron largas conversaciones. Pero al final, no se consideró conveniente publicar el libro y Porcel, persona ponderada, aceptó la decisión sin provocar el más mínimo problema. Lo mismo ocurrió con Miguel de Grecia, un primo de la reina, que también tuvo el privilegio de entrevistar al monarca en extenso, para una serie de reportajes destinados a publicaciones europeas. Igualmente se le dijo que había que suspender la publicación, y aceptó. Pero en el verano de 1991 José Luis de Vilallonga, un polémico aristócrata que había combatido la opción al trono de Juan Carlos desde la Junta Democrática en el exilio en París y después se hizo entusiasta juancarlista, coincidió con el rey en Palma de Mallorca. Tenían en común a una buena amiga, Marta Gayá, quien, al parecer, fue su mentora cuando el rey decidió concederle a él el honor de ser su biógrafo autorizado. Sabino se opuso, pero Juan Carlos dijo que su compromiso con Vilallonga era irreversible, y no lo discutió más. A comienzos de 1992 empezaron las entrevistas. El resultado fue la recopilación de más de setenta horas de grabación. El rey se había explayado con gran sinceridad y cierto descontrol.

Vilallonga, marqués de Castellbell, entregó en La Zarzuela el original y, al leerlo, Sabino puso el grito en el cielo. Aun así, siempre dispuesto a hacer un servicio a la Corona, se puso a colaborar para que saliera lo mejor parada posible, armado de tijera. Entre el original que entregó Vilallonga en palacio y la edición que salió a la calle las diferencias fueron de bulto. Y eso que mientras Sabino estaba en plena tarea de corrección le llegó el cese, y tuvieron que terminar su trabajo el nuevo jefe de la Casa, Fernando Almansa, y el historiador Javier Tusell. Como se hizo con cierta prisa, luego fue necesario también introducir algunos cambios entre las ediciones francesa e inglesa y la edición española, con la desaparición de varios párrafos y entrecomillados sobre el 23F, por ejemplo.

La salida de Zarzuela de Fernández Campo no fue amigable, y se debió en gran medida a la influencia del que entonces comenzaba a ser el verdadero «hombre fuerte» en palacio. El propio Sabino lo ha dicho claramente, no sin resentimiento: «Yo salí por una puerta, y por otra entró Mario Conde».

Fernández Campo ya había pedido en varias ocasiones y por escrito su relevo, y había hablado con el rey de posibles sustitutos. Cuando en enero de 1990 se jubiló Nicolás Cotoner, marqués de Mondéjar, y Sabino fue ascendido a jefe de la Casa, propuso para el puesto de secretario al diplomático José Joaquín Puig de la Bellacasa, con vistas a que fuera en un futuro próximo su sucesor. Puig se incorporó prácticamente a los preparativos de la estancia veraniega de la familia real en Marivent, pero apenas sobrevivió en el puesto más allá del verano. No hubo química entre el rey y él, y salió enseguida. Al parecer Puig de la Bellacasa, que era un hombre profundamente religioso y de estricta moral, se escandalizó con la conducta del monarca en Mallorca, y no supo o no quiso disimularlo. Aquello era precisamente lo que no quería Juan Carlos, harto ya de tener un tutor, casi inquisidor, en Sabino. Para el otoño ya había decidido su cese.

Para sustituirle se nombró secretario general de Joel Casino, antes secretario de despacho en La Zarzuela, que era una solución de trámite.

El 30 de abril de 1992, el rey otorgó a Sabino Fernández Campo el título de conde de Latores (pueblo natal del padre de Sabino). Y Sabino, que ya tenía 74 años, supo que la despedida estaba próxima. Este tipo de distinciones solía coincidir con el cese casi siempre. Juan Carlos tenía la delicada costumbre de compensar de este modo a quien se quitaba de encima. Así había sido, por ejemplo, en los casos de Arias Navarro (nombrado marqués de Arias Navarro tras su dimisión), Torcuato Fernández Miranda (nombrado duque de Fernández Miranda) y Adolfo Suárez (nombrado duque de Suárez). Al menos, Sabino agradeció que llevara a cabo el nombramiento con cierta antelación. Su cese definitivo aún tardaría algunos meses. Pero Mario Conde trabajaba incesantemente para conseguir que no se retrasara demasiado.

Los argumentos que Conde utilizó para convencer al rey fueron varios. El que más molestó a Sabino fue que dijera que sufría trastornos mentales, algo así como el «síndrome del sirviente» que se rebela contra su amo. Pero el más efectivo ante Juan Carlos fue la acusación de que estaba filtrando información comprometida a la prensa, con la intención de perjudicarle. Precisamente él, que tanto había trabajado a lo largo de los años por todo lo contrario.

Lo cierto era que, desde finales de la década de los 80, varias publicaciones habían comenzado ya tímidamente a quebrantar el pacto de silencio. ¿Se daba por clausurada la Transición y la etapa en la que la monarquía debía ser protegida? La primera publicación en romper el hielo había sido el semanario Tribuna, entonces dirigido por Julián Lago, un periodista formado en Interviú y mucho más interesado en vender y ganar dinero que en ninguna otra cosa (el mismo que unos años más tarde se haría famoso en televisión con La máquina de la verdad). En julio del 88 el semanario publicó un escandaloso reportaje titulado «Así se forran los amigos del rey. Sus fortunas y negocios», con el que vendió un montón de ejemplares. Un par de años más tarde, en el verano del 90, volvió a repetir éxito con otro parecido: «Líos de la corte de Mallorca: Aristócratas, financieros y políticos rodean a la Familia Real». En un tono bastante más suave, también aquel mes de agosto, El Mundo se atrevió a publicar algunas cositas, bastante escondidas, en su magazine de fin de semana, sobre la temporada estival del monarca.

Al rey no le gustó nada el atrevimiento de la prensa, aunque, desde el punto de vista de Sabino, las críticas eran un «correctivo» poco dramático que no le venía mal, para que aprendiera a comportarse. El verano siguiente, el de 1991, gracias a la amenaza de la prensa, Sabino consiguió que se contuviera un poco en su veraneo y otros saraos de invierno. Fue el primer año, por ejemplo, que no celebró la habitual verbena en el Campo del Moro para festejar su santo, llevándose la fiesta a Sevilla para impulsar la última fase de los preparativos de la Expo 92, con muchos menos invitados. Esto llevó a Tribuna a elaborar otra portada bajo el título: «El Rey rectifica».

Pero en 1992 volvió a desencadenarse la tormenta, iniciada cuando el rey se perdió en Suiza en el mes de junio y la prensa difundió su aventura con Marta Gayá. El desmentido de Fernández Campo en la radio, con aquel tan sospechoso «lo que se me ha dicho es que está descansando», dio pie a Mario Conde para relacionar al jefe de la Casa Real con el origen de las filtraciones a la prensa. Y lo cierto es que nunca Sabino había sido tan poco hábil en un desmentido.

En favor de los que pensaban que el jefe de la Casa Real había tenido algo que ver con la publicación de aquellas informaciones, estaba además la confirmación de que no había perdido su poder con la prensa cuando sí quería ejercer su control. Demostró su poderío, por ejemplo, cuando consiguió evitar que el 7 de agosto de 1992 el diario Claro saliera a los quioscos. De esta fecha son las planchas de la última edición, en la que el periodista José Ayala había escrito el artículo titulado: «Drogas, la razón por la que Isabel Sartorius nunca será reina de España». Contaba cómo la reina Sofía había frustrado el noviazgo con el príncipe Felipe, al enterarse de que un hermano de ésta había sido detenido en Argentina por consumo de cocaína y de que la madre de ambos había sido investigada en relación con el narcotráfico por el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren.

Aunque también corrió el rumor de que la filtración había sido culpa de Mario Conde, en las informaciones de Point de Vue y Oggi sobre el romance mallorquín del rey con Marta Gayá se citaban fuentes anónimas del «personal de La Zarzuela». Y, para ponerle la puntilla, Pedro J. reconoció ante el rey algo así como que el propio Sabino le había dicho en alguna ocasión que consideraba necesario sugerir al monarca, a través de la prensa, que estaba vigilado.

En el trasfondo de la acusación de filtrar información inconveniente, estaba otra más grave en la que se sugería que Sabino pretendía propiciar con ello la abdicación del rey en su hijo; una idea en la que también estaba de acuerdo la reina. Nada se pudo probar, y Sabino lo negó tajantemente. Lo que sí es cierto es que estaba en muy buenas relaciones con Sofía. Ya en 1991, con la excusa de los reportajes sobre los veraneos del rey que Tribuna y El Mundo habían publicado el verano anterior, la reina y Sabino Fernández Campo habían «conspirado» juntos para intentar que pasara parte de las vacaciones en Santander, lejos de las islas del pecado. Pero al final no pudieron conseguirlo y los amigos de Mallorca se alegraron mucho.

Conde acabó de convencer al monarca de la presunta falta de lealtad de Sabino en una comida con Pedro J. Ramírez, en la que los tres se rieron mucho pensando en lo oportuno que había sido el título de conde de Latores («delator es»), dadas las circunstancias. Y a partir de ahí, el relevo se precipitó traumáticamente.

Sin que se llegara a acordar con él un sustituto, ni esperar a la jubilación prevista tan sólo para unos meses después, el jefe de la Casa Real y la reina se enteraron por sorpresa al mismo tiempo del cese inmediato. Fue en el transcurso de una comida de los reyes con Sabino, en la que precisamente se festejaba el cumpleaños de éste, cuando Juan Carlos dijo de pronto, como si tal cosa: «¡Oye, Sofía, que éste se nos va!». La reina se quedó tan sorprendida como el propio Fernández Campo, y bastante afectada, ya que en los últimos tiempos se había convertido en confidente y paño de lágrimas.

Antes que Sabino y que la reina, ya habían sido informados el presidente Felipe González, el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana. Y estaba en el secreto el presidente de Banesto, Mario Conde; el amigo del rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal; el jefe del CESID, general Alonso Manglano; su sustituto, el diplomático Fernando Almansa; el nuevo secretario general de la Casa, Rafael Spottorno; el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez; y el empresario Francisco Sitges, por lo menos.

El cese del jefe de la Casa del Rey fue oficial el 8 de enero de 1993. Tres días después, el 13, hubo una copa en La Zarzuela en su honor, con todo el personal de palacio, y contando ya con la presencia de su sustituto, Fernando Almansa. Sabino pronunció unas breves palabras de despedida, aunque se disculpó de que «la explicable y acertada celeridad» con que se habían desarrollado los acontecimientos no le hubiera permitido «disponer de las dos semanas que, según Mark Twain, son imprescindibles para realizar una buena improvisación».

Sabino nunca habló mal de Juan Carlos públicamente. Pero en privado hizo importantes revelaciones a distintas personas no especialmente discretas (una periodista, un senador díscolo…). Los confidentes que eligió no contaron nada al principio, incluso después de su muerte mantuvieron silencio; pero recientemente, al rebufo de la crisis previa a la abdicación, muchas de las revelaciones del secretario de la Casa del Rey salieron a la luz. Dan cuenta de una imagen del monarca que no era la que nos había querido transmitir con su eficaz trabajo de censor en los años de la santísima transición. Y para poder quitarle la máscara hubo de quitarse la suya propia también en cierta medida. En definitiva, que ambos quedan retratados como intrigantes conspiradores en la trama del golpe del 23F y en otras batallas menores, confirmando de primera mano lo que antes eran sospechas bien fundamentadas.

El chiste de Mario Conde sobre el título de conde de Latores («delator es»), le había hecho al rey tanta gracia que no perdió oportunidad de contarlo una y otra vez hasta gastarlo, y por supuesto acabó por llegar a oídos del propio Sabino. Jamás lo usó (el único título que figuró siempre en sus tarjetas fue el de marqués de la Ensenada, que era la calle en donde vivía), pero nunca renunció a él.

MARIO CONDE, DELIRIOS DE GRANDEZA

Si Sabino Fernández Campo sufrió el «síndrome del sirviente», Mario Conde pecó por su parte de «delirios de grandeza». Sus ansias por aproximarse al monarca formaban parte de una estrategia general por llegar a convertirse en el hombre más poderoso de España. Y durante su breve periodo en las alturas casi lo logró, aunque no había partido de una especial posición de privilegio. Más bien era lo que los americanos llamarían a self-made man, un hombre hecho a sí mismo, paradigma del éxito en la sociedad capitalista de oportunidades para los que menos escrúpulos demuestren tener.

Comenzó vendiendo sus apuntes durante su etapa estudiantil en la facultad de Derecho de la Universidad de Deusto; y debían de ser muy buenos, porque con 24 años ya tenía la vida resuelta, al aprobar las oposiciones de Abogado del Estado con la mejor nota de la historia de este cuerpo. Pero sus ambiciones iban mucho más allá y lograría su fortuna siguiendo un camino muy diferente. Antes de pasarse a la banca, dio sus primeros pasos en la industria farmacéutica, de la mano de su socio Juan Abelló, que algún tiempo después sería el que posibilitó su acercamiento al rey. Con él dio el primer pelotazo económico importante de su vida: la venta de Antibióticos, uno de los pocos laboratorios farmacéuticos autorizados en España para elaborar productos derivados del opio. Se la vendieron a Raul Gardini —entonces presidente de Montedison, la más importante empresa química de Europa—, veraneante en Mallorca y amigo personal del rey hasta que, en 1994, se suicidó tras ser implicado por los jueces italianos en temas de corrupción.

Se ha escrito que fue la amistad que había crecido entre Don Juan, el padre del rey, y Mario Conde, lo que propició el acercamiento del banquero a Juan Carlos. Pero difícilmente podría haber sido así, teniendo en cuenta que Don Juan y su hijo no tuvieron buenas relaciones nunca. Habían pasado demasiadas cosas entre ellos: la muerte del infante Alfonso; la aceptación de Juan Carlos de la designación como sucesor de Franco, saltándose a su padre a la torera; la poco elegante ceremonia de renuncia a sus derechos que le había organizado en La Zarzuela… En fin, que no eran precisamente camaradas. Más bien, la confraternidad de Mario Conde con ambos al mismo tiempo suponía un problema para el monarca, que en más de una ocasión discutió con el banquero: «¡Tienes que entender que rey sólo puede haber uno!», le decía a Conde.

La relación con Don Juan había surgido en un momento distinto y por otras vías, a través de José Antonio Martín (el apellido completo es Martín y Alonso Martínez), un antiguo marino mercante que acabó siendo asesor de imagen de Mario Conde. Martín había invitado en una ocasión a cenar en su domicilio madrileño al entonces ya presidente de Banesto para que conociera al padre del rey, y congeniaron inmediatamente porque a los tres les unía la pasión por el mar (desde un punto de vista muy diferente al de Juan Carlos, que no disfrutaba del reto de la vela, sino de la velocidad, cosa que los tres criticaban). Además siempre corrió un rumor, con bastantes visos de verdad, sobre la pertenencia de Don Juan y Mario Conde a la misma logia masónica, lo que sin duda les habría unido mucho más.

Sobre todo en los últimos años de su vida, el conde de Barcelona, apartado del protocolo de la Casa Real y abandonado por los «amigos» que se habían movido en su entorno durante años con ambiciones políticas que ya no tenían sentido, se encontraba bastante solo. Y Mario Conde le divertía, le acompañaba… y, sobre todo, le halagaba prestándole tanta atención. El banquero por su parte sentía un poco lo mismo. Al fin y al cabo él, que no era nadie, que había partido de la nada, era considerado por todos el mejor amigo de un casi rey, lo que le llenaba de orgullo en lo más íntimo. Don Juan fue su primer «Éxito» social con mayúsculas. Cuando en el verano del 92 el conde de Barcelona tuvo que ser ingresado, el banquero no dejó de acudir a visitarle asiduamente, sin aspavientos y hasta con elegancia, entrando en la clínica universitaria de Navarra por la puerta de atrás para no ser detectado por la prensa. El propio Juan Carlos —que viendo cerca la muerte de su padre tuvo, como tantos hijos, un último arrebato de amor filial mezclado con sentimientos de culpa— se dio cuenta, y alentó las visitas de Conde abiertamente: «Mario, vente a ver a papá, porque dice que se aburre con todos menos contigo. No quiere verme a mí ni al príncipe ni a las infantas», le decía el rey. Luego se dijo además que Mario Conde se había encargado de pagar la factura de la clínica; cosa que, de ser cierta, sería un regalo muy generoso por su parte, pero en ningún caso justificado por la falta de fondos del padre del rey, como se ha querido presentar el caso.

Pero volviendo a su amistad con Juan Carlos… Desde que en 1987 Conde se hizo cargo de la presidencia de Banesto —elegido por las familias propietarias para hacer frente a los tradicionales competidores del Bilbao y del Vizcaya, que habían intentado absorber el banco—, dio un paso más en su camino hacia La Zarzuela. En Banesto uno de sus hombres de confianza y vicepresidente era Ricardo Gómez-Acebo («Ricky»), marqués de Deleitosa, cuñado de la hermana mayor del rey y asesor financiero de la familia real desde hacía años.

También en esos años llegó Conde a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), presidida por la reina. Un curioso club que algunos han calificado de «poder en la sombra», del que formaban parte los prohombres más influyentes del Estado, muchos de ellos íntimamente conectados con Zarzuela (entre otros José María López de Letona, Ricardo Martí Fluxá, Eduardo Serra, Plácido Arango, José María Entrecanales y Manuel Prado), a los que se irían uniendo los nuevos ricos del PSOE (Enrique Sarasola, Jesús Polanco, etc.). Y precisamente en una reunión del patronato conocería Conde a Manuel Prado, el amiguísimo del rey, con el que luego entraría en negocios

El objetivo de Mario Conde durante estos años no era ganar dinero, o no sólo ganar dinero. Lo que quería era poder. Su ambición se puso de manifiesto en sus conocidos movimientos para hacerse con influencia en medios de comunicación. Intentó entrar en el accionariado de Prensa Española (editora de ABC), para lo cual recurrió a la ayuda de Don Juan. Pero ni con ésas le dejó Ansón que se aproximara siquiera. También tuvo escaso éxito en sus intentos de hacerse con La Vanguardia. En su lugar, adquirió acciones de lo que pudo: de El Mundo (oficialmente, en torno al 4 por 100 del capital del periódico), y de Época (el semanario derechista por excelencia, en el que conseguiría ejercer el control mayoritario). Bueno, él personalmente no. Mario Conde no era un capitalista a la vieja usanza. Más bien utilizaba el capital de Banesto para sus operaciones, que es como en los últimos tiempos se hacen las cosas en los círculos de poder económico: el que manda es el directivo, no necesariamente propietario de un gran paquete de acciones. Se juega con el dinero de otros (los pequeños accionistas), que son los que al final pagan el pato cuando hay un descalabro.

Aparte, como sabía que el grupo más importante y poderoso era Prisa, y ahí sí que no tenía ninguna posibilidad de entrar, puso todo de su parte para aproximarse a Jesús Polanco. «Si no puedes con ellos, únete a ellos», que dice el refrán. Y, en su momento, le hizo algunos favores. Pese a ser uno de los hombres más poderosos de todo el Estado, Polanco no tenía relaciones con el rey, ni buenas ni malas, hasta que en 1990 Mario Conde lo introdujo en Palacio. Pero, como le pasa a casi todo el mundo, Mario no supo comprender la confusa relación de Prisa con el PSOE, en la que no era fácil distinguir realmente quién mandaba más. Conde pensaba ingenuamente que podría llegar a aliarse con Polanco incluso contra Felipe González, y su osadía acabaría costándole cara.

El banquero y el rey solían reunirse con frecuencia, en La Zarzuela o en casa de Paco Sitges, para intercambiar impresiones. Charlaban, se tuteaban, se decían que se querían y hasta se les escapaba algún que otro lagrimón cuando, ya después de su muerte, recordaban al malogrado Don Juan. «Todo mi afecto pasado hacia Don Juan es hoy para el rey», le dijo a Juan Carlos, embargado por la emoción, su amigo Mario, en una de las primeras entrevistas que tuvieron tras el fallecimiento del conde.

Pero todo esto no era un mero entretenimiento. Lo que la amistad del rey podía ofrecer a Conde era sobre todo información. Juan Carlos recibía a todo el mundo, y luego se lo contaba todo a Conde. Si Narcís Serra estaba por el relevo de Solchaga, si Felipe González estaba pensando en disolver las cámaras y convocar elecciones, si sus relaciones con la reina iban de mal en peor… El peligro consistía en que, igual que le contaba todo a él, en cuanto salía por la puerta, también soltaba todo lo que el banquero le había contado en contrapartida: «Mario me ha dicho…», «Mario opina…», «Mario quiere…». Y lo iba colocando, sin darse cuenta de lo que hacía, a su estilo, en una situación muy difícil, buscándole más enemigos de los que se podía permitir.

Además de información, Conde anhelaba influir a un nivel mucho más efectivo y real sobre el monarca, para intervenir en la vida pública. Y, después de ganarse su confianza, pasó a aconsejarle todo lo que podía sobre lo que debía hacer con respecto a Felipe González, a Aznar, a Sabino…

En un determinado momento, a comienzos de los 90, se le metió entre ceja y ceja que había que acabar con la corrupción. Paradojas de la vida. Formaba parte de una campaña de cambio de imagen personal, para la cual había adecuado su discurso en una línea crítica con la llamada cultura del pelotazo, en claro declive desde el final del boom económico con la Guerra del Golfo. Declaró ante muchos, por ejemplo, que era «peligroso instalar la cultura de que hay que ganar mucho dinero en el menor tiempo posible». Él estaba más por otro estilo, menos chapucero, mejor fundamentado en grandes operaciones económicas de un capitalismo a lo bestia, pero lejos del choriceo cutre del socialismo, en escándalos de pésimo gusto como el de Juan Guerra. Y, curiosamente, su peculiar cruzada vino a coincidir con las polémicas palabras del rey en Granada, pronunciadas en su viaje oficial del 26 de junio de 1991, hablando de «la desidia y la corrupción que han malogrado tantas cosas en España». Era la primera vez que se refería a la corrupción, y la prensa no albergó ninguna duda del cambio de actitud frente al gobierno: «el aguijón del rey para con el PSOE ha sido evidente», se publicó.

El PSOE salió mal parado de aquella campaña. A los pocos meses del discurso del rey, Alfonso Guerra anunciaría su dimisión aunque, como se recordará, el presidente Felipe González llevaba un año repitiendo hasta la saciedad que tal dimisión no se iba a producir, y que si se producía dimitiría él mismo («tendrán dos por el precio de uno»), cosa que desde luego no hizo.

A todas éstas, para poder trabajarse al rey, Conde se veía obligado a lidiar casi a diario con su secretario, Sabino Fernández Campo, lo que resultaba realmente incómodo. Desde sus primeros intentos de aproximación a La Zarzuela, Sabino se había colocado en una postura de franca oposición al banquero, que no requiere de profundos análisis para entender a qué venía. Sencillamente, quería proteger a la Corona de una influencia externa que pretendía utilizarla en su provecho con las peores mañas. El fiel Sabino no podía consentirlo.

En 1988, tras ser recibido en audiencia oficial el Consejo de Administración de Banesto, Conde le envió al rey (pagado por Banesto, claro) un valioso reloj de abordo, un Patek Philippe modelo Nautilus, valorado en medio millón de pesetas (unos 3.000 €), según la versión del banquero; aunque, según la de Sabino, se había tratado de un reloj de bolsillo, una valiosa pieza de coleccionista adquirida en una subasta en Londres, que el tasador de palacio había valorado en unos tres millones de pesetas (unos 18.000 €). Como quiera que fuese, el precio era lo de menos. El rey ya había aceptado en otras ocasiones regalos bastante más caros con el consentimiento de Sabino. Precisamente ese mismo año, con motivo de su cumpleaños, en enero, un grupo de empresarios catalanes (entre los que figuraba Javier de la Rosa) le había regalado un Porsche Carrera de 24 millones (casi 150.000 euros) sin mayores problemas ni escándalos. Pero lo de Sabino con Conde era algo personal, y prácticamente obligó al rey a rechazar su obsequio. El propio secretario general de la Casa se encargó de devolvérselo, acudiendo para ello al despacho de la presidencia de Banesto que entonces ocupaba Conde, en el paseo de la Castellana. El rey prefería, según él, las pruebas de amistad que no tuvieran valor económico. En aquella entrevista firmaron la declaración de guerra.

Mientras conseguía librarse de Sabino, lo que ya había logrado era convertirse en el banquero de confianza del monarca, desplazando al que hasta entonces había cumplido tal cometido, Alfonso Escámez, presidente entonces del Banco Central Hispano. El 27 de diciembre de 1992 el Consejo de Ministros ratificaba la decisión real de otorgar a Escámez el marquesado de Águilas, un claro gesto de despedida.

Esas Navidades ya había Conde vencido también al secretario cuando consiguió intervenir en la redacción del mensaje de Nochebuena que el monarca retransmitiría por televisión, introduciendo algunas de sus ideas sobre «la gran política que necesitamos». Más de un cuarto del discurso estaba dedicado a defender una Europa «sin obsesiones ni precipitaciones», que era el último leit motiv del banquero, con evidentes similitudes con la alocución que él mismo pronunciaría poco después, en su investidura como doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid.

Pero, aunque creía que el tema provocaría menos inquietudes en los mandamases de la política que cuestiones de economía interna, Conde se había metido en un terreno muy resbaladizo al hablar de Europa. Tenía planes para presentar una lista civil a las elecciones del 94 al parlamento europeo, y hablaba también de que había que hacer un referéndum sobre el euro. Demasiado para un hombre que patinaba en sus rencillas privadas con el PSOE y no controlaba lo más mínimo de política internacional.

Su medida estaba más bien en la guerra que había iniciado contra el Jefe de la Casa Real. En su más victoriosa batalla logró no sólo librarse de Sabino, sino además introducir a un hombre suyo en su puesto. No fue una tarea fácil, aunque por aquella época el rey le consultaba prácticamente todo. Cuando se había tomado la decisión del relevo de Sabino, el monarca le pidió: «Hazme un perfil del hombre que necesitamos». Y entre Manolo Prado, Paco Sitges y Conde acordaron de principio que fuera un diplomático, para romper con la tradición de que siempre fueran militares.

Diciembre del 92 fue el momento oportuno para forzar un cambio que se hizo efectivo el 8 de enero del 93. Mario había pensado en su amigo Fernando Almansa, un diplomático con título de vizconde del Castillo de Almansa, hijo del que había sido el representante granadino de la causa juanista. Estaba en aquel momento en la Subdirección General de Europa Oriental del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque pensaba abandonar pronto ese destino para incorporarse a la embajada de España en Washington, como número dos de la legación diplomática española. Aparentemente era perfecto para el cargo.

Conde había comenzado meses antes a darlo a conocer en fiestas y saraos de la jet. Luego había tenido que vencer la resistencia de Manolo Prado quien, por su cuenta, intentaba colocar en Zarzuela a uno de los suyos, el marqués de Tamarón. Conde ganó el pulso frente a Prado, en una cena en su casa de Sevilla a la que también asistía el rey. Los tres solos trataron el tema. Los argumentos de Conde frente al monarca para defender a su candidato resultaron definitivos: «Si es una persona a la que no conozco, yo no puedo comprometerme a ayudarte», le dijo más o menos al rey. Y asustado ante la posibilidad de que Mario dejase de ser su consejero político favorito, Juan Carlos decidió nombrar a Almansa en aquel mismo momento.

Para el puesto de secretario general de la Casa se eligió a Rafael Spottorno, recomendado por Jesús Polanco, con el que Mario Conde intentaba llevarse lo mejor posible. Spottorno era un hombre próximo al gobierno socialista, que entonces ocupaba la jefatura del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana. Y como jefe de Protocolo se nombró a otro diplomático, Ricardo Martí Fluxá, que formaba parte de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que presidía la reina Sofía.

La coronación de Conde, en la plenitud de su éxito, fue el 10 de junio de 1993, cuando fue investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense en una ceremonia presidida por el rey a la que también acudieron otros destacados representantes de los Borbones (como el primo del monarca, Carlos de Borbón Dos Sicilias, y su hermana Margarita de Borbón, acompañada de su marido Carlos Zurita). Conde todavía lo estaba celebrando cuando, el 16 de agosto, el núcleo central de la familia real —con las infantas, la reina y el príncipe— fue a visitarle a su barco, el Alejandra, en la isla de Conejera.

Pero aquel verano iba a ser el último de su edad dorada. Los rumores de su entrada en política eran cada vez más fuertes en septiembre. Sus delirios de grandeza le habían llevado a pensar que podría sustituir a Felipe González en la Moncloa. En su exaltación creía ya que el rey, llegado el caso de que en las siguientes elecciones generales ni Aznar ni González consiguieran la mayoría absoluta, resultado previsible dado el clima político, podría querer nombrar un presidente independiente que pusiera fin a la etapa de crispación. Después de Torcuato Fernández Miranda (en 1977) y Alfonso Armada (en 1981), era el tercero en albergar el sueño de presidir un «gobierno de salvación nacional» sin pasar por las urnas. El rey estaba muy preocupado por la decadencia del felipismo, por los escándalos del PSOE, no conectaba con Aznar… Y Mario estaba convencido de que le habría encantado que él fuera presidente del gobierno. Llegó incluso a tratar con Suárez y con Miquel Roca la posibilidad de organizar una opción de centro.

El sueño se derrumbó tras un viaje a Estados Unidos de Juan Carlos, en el mes de octubre. A su regreso dejó claro que, si en algún momento había tenido en consideración los planes políticos de Mario Conde, el encantamiento se había roto ya sin remisión. Aznar fue recibido en La Zarzuela el 25 de octubre, el 28 se reunió para cenar en Moncloa con el presidente González y en los días siguientes la prensa (tanto El País como ABC) publicaba que se había sellado un pacto entre ellos para tranquilizar la tensión, en el que al parecer el monarca había mediado. Conde todavía tuvo ocasión de reunirse con Juan Carlos (trascendió una cena con él y con Prado el 29 de noviembre), pero el rey ya no hablaba mal del PP. La suerte de Mario Conde estaba echada.

El 28 de diciembre de 1993, día de los Santos Inocentes, el Banco de España intervino Banesto. Parece ser que Conde trató todo el día de hablar con el rey, pero no consiguió que se pusiera al teléfono hasta el día siguiente, cuando se hizo pública la intervención. Juan Carlos estaba en Baqueira Beret, jugando al mus; preocupado por Banesto, pero sin perder del todo la concentración en el juego. «Es que Mario se había transformado en un personaje incómodo para mucha gente», se le oyó decir.

El 11 de enero del 94, Conde acudía a una rueda de prensa con una gran sonrisa de circunstancias, en la que se dedicó a desmentir las acusaciones del Banco de España. El rey le llamó por la noche para felicitarle por lo discreto que había estado: «Te has comportado como se esperaba de ti, porque tú no podías convertirte en un nuevo Ruiz Mateos». Sí, fue mucho más discreto. De hecho, durante todo el proceso se mantuvo un silencio sepulcralmente respetuoso al respecto de una cuenta del rey, con un descubierto de 150 millones de las antiguas pesetas, encontrada durante la intervención pública de Banesto. No sólo gracias a Conde, también a la gestión de otro «honorable» banquero, el que le sustituyó al frente de Banesto: Alfredo Sáez, miembro del Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias, que logró título oficial de corrupto poco después en los juzgados por sus prácticas en ese periodo, con una sentencia que le inhabilitaba para continuar haciendo favores en el sector de la banca. Se libró in extremis con un indulto en los últimos minutos del gobierno Zapatero, ya en funciones (noviembre de 2011), que le permitiría continuar como vicepresidente del Santander hasta abril de 2013.

Conde también gozaría de tratos de favor varios y diversos en su personal viacrucis judicial y carcelario. Unos meses después de la intervención de Banesto, el 23 de diciembre, sería trasladado para su ingreso en la prisión de Alcalá Meco, después de prestar declaración en el Juzgado de Delitos Monetarios, acusado de estafar más de 7.000 millones de pesetas (unos 42 millones de euros). «Bueno, Mario, yo te llamo, y cuando te digo yo, ya sabes quién soy yo, para decirte que estamos contigo plenamente y que ánimo», le había dicho por teléfono Manuel Prado, el valido del rey, para levantarle la moral, un día antes. Saldría en libertad bajo fianza de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) 39 días después.

Volvería a entrar poco después, en 1997, para volver a la calle en libertad provisional en tiempo récord, en 1999; y otra vez en 2001, esta vez con una estancia algo más prolongada, hasta 2009, incluido el tiempo de disfrute del tercer grado en el que tan sólo tenía que acudir a dormir al Centro Victoria Kent. Todo ello al hilo de la sucesión de juicios por distintos sumarios (de los casos Banesto y Argentia Trust), con condenas por apropiación indebida, estafa y falsificación entre otros motivos.

La acumulación, refundición, revisión y aumento de penas llegaron a suponer en total y en definitiva una condena de 20 años, de los que cumpliría más de lo que viene siendo habitual en este tipo de «ladrones de guante blanco» tan bien conectados con el poder, y mucho más de lo que Conde podía esperar de las palabras de Manuel Prado («estamos contigo plenamente…»). Pero es que Mario, en sus múltiples idas y venidas de Alcalá Meco, no cejó en su empeño de intervenir todo lo que podía en asuntos que ya no consideraba de su incumbencia el rey; y mucho menos Prado, con el que acabó consolidando una firme y manifiesta enemistad.

Y es que la cárcel propicia curiosos encuentros y relaciones. En Alcalá Meco residía en la galería de internos de características especiales con presos de confianza de la dirección, que entre otros asuntos se encargan de entregar los objetos de primera necesidad a los presos que ingresaban o pasaban en tránsito hacia otros centros penitenciarios. Y no se le escapó ni uno.

Primero coincidió con Julián Sancristóbal, en prisión por el tema GAL, y gracias a él contactó con Alberto Perote en su primera salida en libertad condicional. Juntos se metieron en un jardín que acabaría con la portada de El País en la que se les acusaba de intentar chantajear a la Corona (como ya se ha contado en el capítulo sobre el tema GAL). Es decir, que sus gestiones, si es que iban encaminadas a ayudar a Juan Carlos a salir del atolladero en el que estaba metido, sólo sirvieron para meterlos a ellos en otro peor.

También en esa etapa coincidió con otro ilustre inquilino de Alcalá Meco, Javier de la Rosa, en prisión por el caso KIO. De la Rosa le contó muchas cosas, buscando su colaboración; pero sobre todo le habló de lo pringado que estaba Manuel Prado en el asunto. Conde quiso recuperar su influencia sobre Juan Carlos advirtiéndole contra Prado, contra los peligros que suponía no desmarcarse de él de forma clara y contundente. Pero sólo consiguió una nueva portada, esta vez en Diario 16, con nueva acusación de chantaje a la monarquía, estaba vez en complicidad con De la Rosa. Otro fracaso, otro marrón, que trajo como consecuencia —tras una red de intrigas palaciegas— el encumbramiento de Jesús Polanco, cada vez más «Jesús del gran poder»: en poder de las más secretas y comprometidas informaciones del estado, y con el poder mediático necesario para hacer de ellas un arma de destrucción masiva.

La destrucción de Mario Conde no fue, sin embargo, total. En su último periodo en Alcalá Meco gozó de injustificables privilegios, como disfrutar de una media mensual de seis comunicaciones vis a vis (es decir, en una habitación privada, no en la típica cabina con telefonillo y grueso cristal de por medio), con una duración superior a las tres horas y siempre por las tardes, cuando lo preceptivo es una mensual y por las mañanas para cualquier preso. Y en 2004 le fue concedido un permiso especial de cinco días para que pudiera asistir a la boda de su hija mayor, Alejandra Conde Arroyo, con Fernando Guasch (hijo del empresario Manuel Guasch, vinculado en su día a Javier de la Rosa y al escándalo KIO). Al sarao, cubierto por la revista Hola, no asistieron sus viejos amigos, aunque el ágape tuvo el sabor aristocrático de ser servido por el restaurador Rafael Juliá, el mismo que preparó el banquete nupcial de la infanta Elena y Marichalar. Bastante más de lo que tuvo De la Rosa, a quien dos años después, en mayo de 2006, no le permitieron salir de la cárcel de Figueras (Girona) donde cumplía condena para asistir al enlace de su hijo, en el que el mismo restaurador sirvió el menú; aunque, como contrapartida, sí pudo gozar de la presencia de Marichalar como representante de la familia real.

Todos estos privilegios de Mario Conde acabaron costándole el puesto al director de Alcalá Meco, Jesús Calvo, en agosto de 2004. Tras su fulminante destitución, cuando disfrutaba de sus vacaciones veraniegas a las puertas de su jubilación, declaró que se había sentido intimidado por la jueza de vigilancia penitenciaria María del Prado Torrecilla para que emitiese un informe favorable al tercer grado cuando Conde sólo había cumplido unos meses de los veinte años que el Supremo ya había confirmado por el caso Banesto; y la jueza fue sancionada con siete meses de suspensión por visitar a Conde en prisión y presionar a otros funcionarios para que le concediesen la semilibertad.

Conde salió de la cárcel en julio de 2009, tras obtener la libertad condicional. Y, aunque nunca volvió a la cúspide, siguió jugando a intentar cambiar el mundo en su peculiar manera de entenderlo. Ya en 2000, aprovechando un hueco entre estancias carcelarias mientras se revisaban penas y concluían sumarios, había realizado una incursión política, al presentarse a las elecciones generales bajo las siglas del Centro Democrático y Social (aquel partido fundado por Adolfo Suárez cuando abandonó UCD), sin obtener representación. Y en 2011 volvió a intentarlo con un nuevo partido que él mismo fundó y presidió: Sociedad Civil y Democracia (SCD), con el que en octubre de 2012 decidió presentarse a las elecciones al Parlamento de Galicia, y que —afortunadamente para los gallegos— tampoco obtuvo representación. Durante el transcurso de la campaña electoral, la Audiencia Nacional, por medio del juez Fernando Grande-Marlaska, ordenó el embargo de cinco fincas que, según el juez, le pertenecían, por una sentencia del año 2000 que justo entonces tuvieron a bien ejecutar.

El 21 de mayo de 2013 anunció su despedida de SCD, pero su proyección pública continúa con la publicación de algún que otro libro, supuestamente de memorias uno de ellos, aunque poca memoria demuestra tener en un texto que no descubre nada nuevo. Y en los últimos años se le podía ver como tertuliano en los programas más rancios de la ya de por sí carpetovetónica cadena Intereconomía, lanzando al viento mesiánicas teorías políticas. No le ha salido gratis, ya que para colocarse en ese púlpito hubo de invertir en el grupo mediático parte del gran capital que oficialmente no tiene.

JESÚS DEL GRAN PODER

Jesús Polanco, «Jesús del gran poder» como se le conocía popularmente, tuvo una relación con el rey completamente distinta, que ni siquiera hubo de disfrazarse de amistad para llegar a ser mucho más efectiva en la práctica que la de Mario Conde. Había empezado a ser recibido en Zarzuela en 1990, precisamente gracias a la mediación de Conde. Pero fue después, en el 94, coincidiendo con la caída en desgracia del banquero, cuando pasó a ser una influencia decisiva.

Empresario hecho a sí mismo, su pertenencia juvenil al Frente de Juventudes («centuria García Morato») había colocado a Polanco en una buena posición inicial para obtener los favores del franquismo, y supo aprovechar bien después las oportunidades. El comienzo de su imperio mediático comenzó con la editorial de libros de texto Santillana durante la década de los 60. Él y su socio Eduardo Díez Hochleitner, el responsable del Ministerio de Educación y Cultura, crecieron como la espuma adelantándose en primicia a los cambios que el gobierno iba a aprobar, y luego con contratos que daban salida a sus excedentes en Hispanoamérica. Siempre supieron estar en el momento adecuado en el lugar preciso, porque lo adecuado y lo preciso lo decidían ellos mismos, y no tuvieron nunca mayores reparos en lucrarse gracias a las dictaduras del Cono Sur como Argentina y sobre todo Colombia.

La buena marcha del negocio de los libros de texto le permitió asumir una ola de compras de editoriales de diverso tipo (Alfaguara, Taurus, Aguilar, Mangold, Diagonal, Altea, Asuri…) para dar forma a lo que resultaría siendo el Grupo Santillana, y a Prisa después, grupo multimedia propiedad de Polanco que constituye un monopolio mediático forjado en gran medida gracias a los favores recibidos del PSOE. La fortuna y poder que amasó a través del negocio editorial y de medios estuvo siempre por encima de cualquier régimen político. Supo trabajar con dictaduras y reconvertirse a los tiempos de la democracia. Precisamente, convirtió el diario El País en el referente del progresismo en plena Transición, y supo ganarse el favor y simpatía del felipismo durante 13 años, con los que consolidar su imperio e irrumpir en el mercado audiovisual

Mario Conde tuvo bastante que ver, sin proponérselo, con el ascenso de Polanco en su relación con la Casa Real, un terreno que aún no había cubierto. Todo comenzó cuando el presidente de Banesto ingresó en prisión. Alcalá Meco se había convertido en la sede de un selecto club, al más alto nivel. Allí conoció Conde a Javier de la Rosa, también residente en aquel momento. Y se enteró por él de que Manuel Prado, el amiguísimo del rey, había cobrado 100 millones de dólares de KIO gracias al financiero catalán, quien pensaba utilizar la información, involucrando directamente a la Corona, para conseguir librarse de sus problemas con la justicia. Muy preocupado, en cuanto salió de prisión Conde llamó a Fernando Almansa con intención de ponerle al corriente. Pero el jefe de la Casa, como si el asunto no fuera con él, le remitió a la Asesoría Jurídica Internacional. «Pero ¿tú eres bobo?», le dijo Conde, que empezaba a poner en duda su acierto en la elección de Almansa. El banquero consiguió hablar directamente con el monarca, y poco después con el propio Prado (en marzo del 95, en el hotel Villamagna). Pero Prado no quería que Conde se metiera en donde nadie le llamaba, y se limitó a negarlo todo. Se trataba de una burda mentira nacida en la imaginación de Javier de la Rosa.

Mario Conde, que todavía no acababa de creerse que el rey se hubiera olvidado de su amistad tan de repente, quería hacerle un favor previniéndole contra Manolo Prado. Pero no consiguió nada. Nadie podía nunca nada contra Prado en el entorno del monarca. Era el único al que Juan Carlos, hasta aquel momento, no había abandonado a su suerte, llegada la ocasión, para salvar el propio pellejo. Y, en cambio, Conde se ganó la enemistad del embajador real, quien, por su cuenta y a su estilo, estaba ya dedicado a sus gestiones para librarse de la inculpación en el caso KIO, bastante chapuceras, por cierto. Por el momento, lo que interesa es que buscó el apoyo de quien creyó que podía tener más poder para ayudarle: Jesús Polanco; con su potente aparato mediático: el Grupo Prisa.

Pero el paraguas del grupo de comunicación más influyente de España no era gratis. Prado tuvo que echarse en brazos de Polanco, pasándole información de todo tipo. El escándalo KIO iba a servir en bandeja al amo de Prisa la posibilidad de convertirse en el verdadero poder fáctico del Estado, al contar a partir de aquel instante con los secretos mejor guardados del monarca. Juan Carlos se había convertido en su patrimonio informativo de futuro.

El PSOE no tuvo reparos desde entonces en lanzar veladas amenazas contra el monarca para resolver sus conflictos. La técnica consistía, básicamente, en atribuir a Mario Conde, u otros, presuntos intentos de intimidación a la Corona, para sacar a la luz que contaba con información contra el rey en los mismos temas en los que la opinión pública atacaba entonces al gobierno. Era una especie de advertencia de que si caían ellos, iba a caer también el rey. En septiembre del 95 El País publicó que Mario Conde había pretendido dar un ultimátum al Gobierno con los centenares de microfichas que el coronel Perote se había llevado del CESID (que demostraban la íntima relación entre el gobierno del PSOE y el GAL), y dejaba entrever que el rey estaba también en peligro. Poco después, el 10 de noviembre del 95 (esta vez a través de Diario 16, pero contando con información que sólo Manuel Prado podría haber aportado), se lanzaba una nueva historia de «Chantaje al rey», por parte de Javier de la Rosa y de nuevo Mario Conde, en una segunda entrega de lo que interpretaban como una conspiración para derribar al gobierno y a la monarquía. Por ahora baste decir que la información con la que indirectamente desafiaba el PSOE al monarca podría resumirse en dos ideas fundamentales: que el rey no era ajeno a la actividad de los GAL, y que el rey estaba involucrado en casos de corrupción económica (en particular, en el caso KIO).

Aparte del apoyo incondicional del rey al PSOE en las batallas políticas que le tocaría librar, como consecuencia de los ases informativos que se guardaba en la manga, Polanco conseguiría que la Casa Real interviniera además a su favor en el caso de Sogecable, convirtiéndolo en una cuestión de Estado. Como se recordará, el juez Javier Gómez de Liaño había abierto diligencias contra la sociedad (perteneciente al Grupo Prisa) por presunta estafa con los depósitos de los abonados de Canal Plus. Pero cuando, en mayo de 1997, citó a declarar a Juan Luis Cebrián, directo responsable como consejero delegado de Sogecable, Aznar comenzó a recibir llamadas del rey, muy preocupado por el asunto. Aznar y su equipo no tenían desde luego ningún interés en ayudar a Prisa (de hecho Polanco y su entorno no dejaron nunca de quejarse de que era el gobierno del PP el que tenía interés en meterlos en la cárcel), pero cedieron a las presiones recibidas. El vicepresidente Álvarez Cascos fue el encargado de hacer las gestiones oportunas con la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, y de llamar al fiscal general del Estado para parar el asunto. Y lo pararon. Las cosas funcionan así. El juez acordó suspender la comparecencia y pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial alegando coacciones. Y, como todo el mundo sabe, lo que consiguió fue acabar él mismo condenado por prevaricación.

Tras acabar con Mario Conde (y de paso con Francisco Sitges, otro buen amigo del rey, inculpado con el banquero en el caso Banesto), y con Prado completamente en sus manos, Polanco se convirtió en la nueva influencia a tener en cuenta en el entorno del monarca. Al parecer, también hubo un intento de librarse de Fernando Almansa, en 1995, porque Almansa era amigo y testigo de Mario y podía seguir siéndole fiel. Pero al final, después de tratar con él, no lo creyeron necesario. En efecto, Conde no había acertado demasiado en su elección. Pese a su fulgurante éxito, el banquero acabó por descubrir con su caída que no contaba en realidad con ningún incondicional sincero.

En los últimos años de la década de los 90 los reyes se hicieron asiduos en las cenas y saraos organizados por Jesús Polanco. En uno de ellos, a finales de junio del 99, celebrado en la casa de Plácido Arango, íntimo amigo de Polanco, Juan Carlos y Sofía bailaron tras la cena, amarraditos los dos como en sus mejores tiempos, una ranchera lenta. Se ponía fin a una etapa en la monarquía de Juan Carlos.

Polanco falleció en Madrid, a los 77 años de edad, el 21 de julio de 2007, víctima de un mieloma múltiple. Tras su pérdida, El País dejó de ser el periódico de fiar que había sido con Polanco, en su papel de asesor off the record de palacio. A su entierro, aunque hubo gran concurrencia de personajes importantes (entre los que se dejaron ver el expresidente Felipe González y el expresidente de Colombia y presidente de la Fundación Santillana en América, Belisario Betancur), no asistió Juan Carlos ni de paisano ni de militar.

EL CONDE DE FONTAO

A comienzos de los 90, entre tanta convulsión mediática y judicial, Juan Carlos llamó a José Manuel Romero Moreno como su asesor jurídico para sus asuntos privados. El aristócrata abogado, conde de Fontao y marqués de San Saturnino, ya era amigo suyo desde los tiempos universitarios, cuando coincidieron en la Complutense de Madrid.

Hijo de una buenísima familia, ultracatólica y franquista, en 1960, durante su segundo curso de Derecho, Romero había acompañado al entonces príncipe Juan Carlos, cuando éste tenía que ir protegido por un grupo consistente de jóvenes monárquicos para abrirse paso hasta las aulas. Pese a este comienzo de niño bueno en su apoyo personal a los planes del régimen de Franco encarnados en Juan Carlos, luego le sobrevino la rebeldía; y entre 1968 y 1974 participó en un baile político de última hora con el grupo de inspiración cristiano-marxista Frente de Liberación Popular (FLP o FELIPE, como fue conocido popularmente), en cuyas filas recalarían, junto a los de verdad, también muchos otros izquierdistas apócrifos: Miquel Roca, José Pedro Pérez Llorca, José María Maravall, Narcís Serra, Joaquín Leguina, Pasqual Maragall, Nicolás Sartorius, Jesús Aguirre…

Romero comenzó su andadura profesional en la asesoría legal del Banco Hispanoamericano, donde se escoró hacia el mundo de las finanzas siguiendo la tradición familiar de su padre, agente de cambio y bolsa. Luego fundó su propio despacho de abogados donde, en 1991, participó en la creación de la Fundación Caja Madrid, que iniciaría el camino de las grandes fundaciones culturales y empresariales españolas. Esta fue su gran especialización. Su vinculación al mundo fundacional se intensificaría en años posteriores. Fue asesor legal de la Fundación Caja Madrid, de la Fundación Caixa Galicia (ahora Afundación), de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, de la Fundación del Centro Internacional de Estudios Económicos y Sociales; presidente de la Fundación CEAR Habitáfrica; miembro de los Patronatos de la Fundación Axa, de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, de la Fundación DARA, de la Fundación Juan Antonio Sagardoy, de la Fundación Rafael del Pino…

En 1999 inició, asimismo, otra etapa como colaborador institucional internacional en iniciativas de debate y reflexión, en el puesto de vicepresidente de FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior), en la Junta Directiva del Club de Madrid y, desde 2009, como secretario del Patronato del Real Instituto Elcano (junto a otros buenos amigos de Juan Carlos como Borja Prado, hijo de Manuel Prado y presidente de Endesa; Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL; Emilio Botín, presidente del Banco Santander; o César Alierta, presidente de Telefónica, entre otros).

Todo esto al mismo tiempo que llevaba la estresante asesoría jurídica privada del rey, que comenzó oficialmente en 1993, siendo ya jefe de la Casa del Rey Fernando Almansa en sustitución de Sabino Fernández Campo. Las labores que realiza para los Borbones son las que no se pueden poner en manos del Servicio Jurídico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, y son muy diversas. Entre otras cosas, fue, por ejemplo, el representante legal del rey y sus hermanas, Pilar y Margarita, en la operación inmobiliaria para la venta en 2002 de Villa Giralda, la residencia de su padre, Don Juan, en la lujosa urbanización Puerta de Hierro de Madrid. Juan Carlos también le encargaría más tarde que asumiera discretamente, entre bambalinas, el papel de asesor jurídico en el caso Urdangarin, no para llevar directamente la defensa de su yerno ni la de su hija, sino para guiar en la sombra a toda la familia acerca de la estrategia a seguir.

En este cometido, fue Romero Moreno quien encomendó al duque de Palma que abandonara el Instituto Nóos y, un año después, que buscara una actividad profesional por cuenta ajena, a ser posible fuera de España. También aconsejó qué bufetes de abogados debían representar a los imputados reales ante los tribunales.

Desde 2004, para mejor servir al rey, es consejero de Patrimonio Nacional, el organismo público que custodia los bienes del Estado para uso y disfrute del monarca y su familia.

Debe de hacer su trabajo muy bien porque, después de la abdicación, Felipe VI lo mantuvo en nómina de 72.600 euros anuales para que continúe su asesoría jurídica, que ya dura un par de décadas. Una labor de enorme confianza en todos los aspectos (personales, familiares, organizativos y políticos) relacionados con el rey y su familia.

21. El GAL

CONNIVENCIA REAL

Si nunca se ha podido llegar a establecer, al menos en el terreno judicial, la participación de Felipe González en los GAL, mucho menos se ha podido decir sobre la responsabilidad del rey. Sin embargo, contamos con datos incontrovertibles sobre tres cuestiones en el papel jugado por Juan Carlos en las andanzas del grupo terrorista organizado desde el gobierno; sobre todo en lo que respecta a su intervención encauzada a parar el proceso de investigación. Hay además «rumores» que helarían la sangre del más monárquico, aunque son sólo eso: rumores. Pero este capítulo es en este sentido poco ambicioso. Vaya por delante advertir de que lo único que aquí se pretende es revisar datos, conocidos y probados, para que el lector saque sus propias conclusiones.

La primera cuestión irrefutable es la responsabilidad del rey en la trama del GAL en cuanto Jefe Supremo de las Fueras Armadas, siguiendo la misma argumentación lógica de Arnaldo Otegi, que fue a la cárcel por proclamar en voz alta la conclusión a una cadena silogística evidente: el rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas; la Guardia Civil forma parte de las Fuerzas Armadas; hay guardias civiles que torturan; ergo el rey es el jefe de dichos torturadores.

Pero la segunda, y no menos importante, lo que más ha preocupado a los que han investigado la trama GAL con respecto al rey, es su connivencia con lo que estaba pasando; es decir, la constatación de que el rey sabía, disimulaba y toleraba las transgresiones que cometían sus subordinados.

Para esta materia es importante señalar que la fundación del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) data de 1983, en una reunión de la JUJEM (Junta de Jefes del Estado Mayor). A primeros de marzo centenares de militares del Ejército español (de coronel a teniente general) tuvieron constancia a través de un escrito secreto del CESID (luego conocido como «Acta fundacional de los GAL») de lo que preparaban los dirigentes antiterroristas de las cúpulas de Defensa e Interior. En octubre se celebró una reunión del entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, con la JUJEM, integrada por los jefes del Estado Mayor de cada una de las armas y por un presidente, que era Álvaro Lacalle, en la que con toda probabilidad se habló del tema. A tenor de las declaraciones de Serra en el juicio por el secuestro de Segundo Marey, es la JUJEM la que, al hilo del atentado contra el capitán Martín Barrios, pidió intervenir directamente contra ETA.

Algunas fuentes sostienen que aquella reunión estuvo presidida por el rey, extremo que ha sido desmentido por La Zarzuela. De hecho, no tenía por qué presidirla, aunque el monarca debía estar necesariamente al corriente de la misma, según la cadena de mando, porque el rey es el jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor, la máxima autoridad, el último escalón. De no haber asistido, debería cuando menos conocer el contenido de aquella reunión, puesto que existe acta; y está confirmado, por otro lado, que fue «cubierta» por el CESID, que sacó copia sonora de lo que allí se dijo.

No sería lógico pensar que se hubiera mantenido a Juan Carlos al margen de todo esto, en tanto que comandante en jefe de las FAS, por lo que el coronel Amadeo Martínez Inglés no ha dudado en acusarlo públicamente de «terrorismo de Estado», como «responsable, en grado de colaborador necesario, de los crímenes de los GAL», al tener previo conocimiento de la guerra sucia y no haber impedido su puesta en marcha. «Aquí sí que no hay tu tía sobre lo de presunto o no presunto», sostuvo en un artículo Martínez Inglés, llamado a declarar a la Audiencia Nacional en abril de 2012 por esta y otras afirmaciones.

En todo caso, el monarca debió conocer los detalles a través de los despachos semanales que mantenía con el presidente del gobierno, Felipe González, sobre cualquier operación antiterrorista en marcha, incluidas las planificadas para «responder al terrorismo etarra con sus mismas armas», como han descrito la actividad del GAL algunos implicados.

Por otro lado, Jesús Gutiérrez declaró en el juicio por el secuestro de Segundo Marey que, cuando volvió a España tras ser excarcelado en Francia, el 8 de diciembre de 1983, recibió miles de telegramas y cartas de felicitación, «de altos cargos, de alguien del Tribunal Supremo, de la Familia Real…». Una declaración que, cuando menos, debe interpretarse como un intento por parte de Gutiérrez de señalar los niveles de responsabilidad en la trama de la guerra sucia. Jesús Gutiérrez Argüelles había participado el 18 de octubre de 1983 en la segunda operación de los GAL, junto con otros policías de la Jefatura Superior de Bilbao (con el comisario Francisco Álvarez al frente de la operación). Habían intentado secuestrar en Francia a José María Larretxea Goñi, pero todo había salido mal. Comenzaron por atropellar a Larretxea en plena calle; y, luego, cuando intentaban recoger el cuerpo e introducirlo en el vehículo, fueron sorprendidos por un gendarme francés, que les detuvo a todos. A Larretxea lo llevaron a un hospital y los cuatro funcionarios españoles fueron encarcelados. El entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, dijo sobre aquella operación: «Se trataba simplemente de una acción humanitaria destinada a salvar la vida del capitán Barrios», entonces secuestrado por ETA. La responsabilidad de los hechos la asumió públicamente el comisario Francisco Álvarez, jefe superior de policía de Bilbao, y sus cuatro policías fueron puestos en libertad el 8 de diciembre tras comprometerse por escrito y «por su honor» a regresar a Francia para comparecer en el juicio contra ellos. Pero el 12 de junio tuvo que celebrarse sin su presencia y los funcionarios españoles fueron condenados en rebeldía a 18 meses de prisión. El gobierno español no los cesó ni los entregó nunca a la justicia francesa.

Hay que advertir además, para los más incrédulos, que el rey suele estar enterado en realidad de muchas más cosas de las que, en principio, parece que le corresponden. Se sabe, por ejemplo, que en los años 90 la Casa Real intervino de forma activa en una mediación con ETA, en el periodo en el que Ricardo Martí Fluxá, un hombre próximo a La Zarzuela, donde justo antes había sido jefe de protocolo, ocupaba el cargo de segundo de Mayor Oreja en el Ministerio de Interior, como secretario de Estado para la Seguridad.

Como poco, el rey tendría que haberse enterado, como Felipe González, por la prensa, que en 1987 había comenzado a revelar datos acerca de la participación de José Amedo y Michel Domínguez, de que el GAL estaba formado por miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado.

Los GAL desaparecieron tras los acuerdos entre los Ministerios del Interior de España y Francia (dato que fue información de primera página de Diario 16 en junio del 86), después de perpetrar 29 asesinatos. Estaba claro que su objetivo había sido colaborar en la política gubernamental frente al Estado francés, y que lo habían logrado. Primero fueron las deportaciones; luego, los confinamientos, las entregas inmediatas y las extradiciones; después, el aumento del control de la gendarmería sobre los refugiados. Y, al final, Francia había exigido la desaparición de los GAL.

En palabras de Juan Manuel Olarieta, a partir de 1987 «la represión pasa del GAL a lo leGAL; el Estado pudo dejar de matar gente en Francia porque Francia se la servía en bandeja. Aquel año la ley antiterrorista también dejó de ser ileGAL. Nunca jamás se volvió a discutir sobre la ileGALidad de la ley antiterrorista, (…) ni sobre la ileGALidad de la Audiencia Nacional; es más, nunca se volvió a discutir nada de nada».

«SÓLO ZARZUELA PUEDE PARARLO»

Sin embargo el proceso mediático y judicial no iba a poder pararse con tanta facilidad. La investigación periodística se había iniciado en 1987 en el periódico vasco Deia y en Diario 16, con periodistas como Ricardo Arqués y Pepe Rei, entre otros. En 1989, a raíz del despido de Pedro J. Ramírez como director de Diario 16 y de la posterior creación de El Mundo, las investigaciones sobre el caso continuaron en dicho periódico.

Aquí entra en juego la tercera servidumbre del rey en la trama GAL: su participación en el proceso que cerró en falso la depuración de responsabilidades políticas y penales.

El caso Amedo, el primero que comenzó a salir a la luz, tuvo el impulso de una desesperada ofensiva del PP para sacudirse de encima a lo que entonces se llamaba el felipismo, que amenazaba con eternizarse en el gobierno ante la ineptitud del Partido Popular para ganar unas elecciones. El PP tuvo que auparse al gobierno fuera de las urnas, mediante una campaña mediática de altas proporciones que enfangó al PSOE con el GAL —sólo al PSOE— hasta las cejas.

Pero una vez puesta en marcha la maquinaria, tanto judicial como mediática, lo difícil iba a ser pararlo. Y para conseguirlo la intervención real resultó fundamental en varias ocasiones.

En 1989, cuando el juez Baltasar Garzón comenzaba a instruir la investigación inicial (en el proceso contra Amedo y Domínguez), contó delante de 12 personas, en una comida en el restaurante L’Hardy de Madrid, que el rey lo había llamado a La Zarzuela y le había dicho: «Yo de ti no avanzaba en eso del GAL. Hombre, los dos sabemos que es un tema de Estado…». Cuando Garzón se dio cuenta de cómo reaccionaban todos ante lo que estaba contándoles, se despidió precipitadamente sin postre. Un mes después, hablando de nuevo del tema, delante de algunas de las mismas personas que estaban en aquella mesa, Garzón comentó: «Yo no creo que en el GAL estuvieran ni Felipe González ni el rey». Le recordaron entonces sus contertulios lo que había contado la otra vez y el juez lo negó tajantemente para sorpresa de todos: «¡Yo nunca he dicho tal cosa!».

Como quiera que fuese, Felipe González consiguió en aquella fase del proceso neutralizar a Garzón, convirtiéndole en su inseparable número dos de cartel electoral y prometiéndole una brillante carrera política en el Ministerio de Interior. Aunque luego no resultó. Garzón fue elegido diputado en las listas del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado, bien lejos del tema GAL (aunque en mayo de 1994 abandonó ambos cargos y regresó a la Audiencia Nacional).

Volviendo a 1991, durante el juicio contra los agentes Amedo y Domínguez, los altos cargos de Interior (Vera y Barrionuevo) mantuvieron en todo momento que los GAL habían sido grupos inconexos, no terroristas, que eran contratados de atentado en atentado. Y Amedo y Domínguez no desmintieron entonces su versión. Así consiguieron que fueran condenados sólo ellos, a 108 años de cárcel. Pero luego se supo que durante el tiempo que estuvieron en prisión habían estado cobrando cantidades millonarias mensuales de los fondos reservados de Interior. El gobierno les había prometido además (a través de José Luis Corcuera, Juan de Justo y los abogados Jorge Argote y Gonzalo Casado) que pasarían poco tiempo en la cárcel, que la condena sería leve, porque el Supremo rebajaría la sentencia; y que serían indultados en breve plazo (algo similar a lo que había pasado con el general Alfonso Armada tras el juicio por el golpe de Estado del 23F, que sólo pasó en total 7 años en prisión pese a haber sido condenado a la pena máxima).

Pero el Supremo ratificó la sentencia y, después de varios años en la cárcel, el indulto se retrasaba. A Amedo y Domínguez les seguían diciendo que era cuestión de semanas, que no se preocuparan. Pero los policías comenzaron a ponerse nerviosos.

Felipe González había nombrado ministro de Interior y Justicia a Juan Alberto Belloch, sorprendiendo a todos, convencido de que él podría librarle del caso GAL y del caso Roldán. Nunca se supo por qué medios pretendía Belloch conseguirlo, porque sus gestiones resultaron un fracaso. Lo que sí está claro es que no iba a tener reparos en hacer lo que fuera necesario a costa de los antiguos subordinados de González. Belloch ya había demostrado su estilo cuando era juez de Bilbao, queriendo encarcelar a Julián Sancristóbal (entonces gobernador civil en Vizcaya). En sus primeras decisiones como ministro, en 1994, cerró el grifo de los fondos reservados, dejando de pagar el sueldo que recibían las esposas de Amedo y Domínguez y, al mismo tiempo, seguía demorando el indulto.

En noviembre de 1994, tres ex de la lucha antiterrorista, Juan Alberto Perote, Francisco Álvarez y Julián Sancristóbal, se reunieron en el hotel Tryp de Madrid. Los tres estaban ya trabajando para la empresa privada, sin cargos oficiales, pero estaban preocupados por las consecuencias que pudieran tener las decisiones del ministro Belloch. Sancristóbal, en concreto, recibía presiones de José Amedo y Michel Domínguez, amenazando con hablar. Estaba en juego su propia cabeza, y necesitaban convencerlos —tanto a ellos como a otros policías relacionados con el GAL—, de la necesidad de seguir callados. Pero iba a ser imposible si alguien no ponía freno a Belloch. Julián Sancristóbal, asustado, le pidió a Perote: «Juan, dile a Manglano —que era el director del CESID— que esto va estallar y que sólo Zarzuela puede pararlo. Ya sabes que Felipe no quiere oír hablar de este tema y lo que nos pase a nosotros le importa un bledo». Pero el rey, al parecer, no pudo o no quiso hacer nada en aquel momento.

También el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, estaba preocupado; y también él intentó conseguir el apoyo del rey cuando vio que la cárcel iba a ser inevitable. Empezó a mover todos los hilos para que Juan Carlos le recibiera. Incluso acudió al general Sabino Fernández Campo para que le gestionara la audiencia, aunque éste ya había sido cesado de su cargo en la Casa Real y ni podía ni tenía ningún interés en ayudarle. De todos modos, por otras vías (no se sabe cuáles), Vera acabó siendo recibido en La Zarzuela. Pero tampoco él consiguió preocupar al monarca.

Como resultado, en diciembre de 1994, Amedo y Domínguez relataron a El Mundo el principio y el fin de los GAL, y comenzaron a colaborar con el juez Garzón, que volvía a encargarse del caso después de romper relaciones con Felipe González (aunque el sumario del secuestro de Segundo Marey ya lo había reabierto antes el juez García Castellón, a instancias del fiscal Ignacio Gordillo, cuando Garzón todavía estaba en Interior). Gracias a las declaraciones de los dos policías, Garzón comenzaría una serie de arrestos en cadena de toda la cúpula del Ministerio del Interior: Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Juan de Justo, Damborenea…

En otra de sus brillantes actuaciones, el ministro Juan Alberto Belloch había logrado traer de vuelta a España a Luis Roldán (exdirector general de la Guardia Civil con el PSOE, involucrado en un famosísimo caso de corrupción), en una rocambolesca operación en la que lo engañó con unos papeles falsos en los que negociaba su extradición. Curiosamente, la primera comparecencia en los tribunales de Roldán, que había jurado «tirar de la manta», coincidiría con el descubrimiento de los restos de José Lasa e Ignacio Zabala, los dos jóvenes secuestrados el 16 de octubre de 1983 y luego torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil en la que fue la primera acción de la guerra sucia. El caso GAL continuaba adelante.

Por otra parte, el coronel Perote y otros no estaban dispuestos a que pagasen sólo unos pocos. Juan Alberto Perote había abandonado el CESID tres años antes, coincidiendo con su ascenso a coronel, pasando a ser asesor de seguridad de Repsol. Pero, antes de irse, había hecho limpieza de papeles en su despacho y contaba con 1.245 folios, que se correspondían con 23 microfichas del CESID, entre los que figuraba el «acta fundacional» del GAL.

En prisión por segunda vez, por sus propios problemas, que nada tenían que ver con el GAL, Mario Conde contactó en Alcalá Meco con Julián Sancristóbal, en 1995, quien le puso al corriente de algunos detalles de la trama GAL. En marzo, recién salido de la cárcel, el banquero se entrevistó con Perote. Al exagente del CESID le interesaba la influencia de Conde en los medios de comunicación (en particular en El Mundo) para dar caña en el tema GAL a favor de sus compañeros, y Conde no iba a desaprovechar la ocasión de hacerse con una valiosa información. Tras varias reuniones pensaron que los «papeles del CESID» que tenía Perote podían no tener valor judicial, pero sí para presionar. Perote y Conde llegaron al acuerdo de hacer «frente común», aunque por motivos diferentes, a la hora de utilizar los papeles frente al gobierno del PSOE. La intención de Perote era que «no dejaran tirada a la gente». Amenazando con hacer pública aquella información, pretendía obligar al gobierno de Felipe González a que hiciera algo efectivo para que no condenasen a sus amigos (Paco Álvarez, Julián Sancristóbal, etc.). Una de dos, o les solucionaban el asunto como fuese, o iban a tener que rendir cuentas todos ante la justicia (o al menos ante la opinión pública). Y Conde pretendía por su parte solucionar sus asuntos pendientes. Consideraba que lo justo era retornar a la situación en la que estaba antes de la intervención de Banesto (había sido propietario de un total de 7 millones de acciones, que con la cotización de aquel momento, a 2.000 pesetas cada una, suponían una cifra de 14.000 millones de pesetas, unos 85 millones de euros).

A punto de entregarle los papeles del CESID, Perote, conocedor de la amistad de Conde con el monarca, le preguntó: «Hay una cosa que no entiendo bien. ¿Cómo es posible que el rey no haya podido evitar que las cosas hayan llegado hasta donde están?». Conde contestó: «Ese es un tema difícil de explicar… Lo único que se me ocurre decirte es que Su Majestad no tiene la libertad que algunas veces quisiéramos y así lo tenemos que aceptar». Pero iba a ser el rey el que facilitara la negociación de estos dos con la Moncloa.

A estas alturas Conde ya no tenía unas vías de acceso fáciles con Zarzuela y recurrió a Adolfo Suárez para que pusiera al tanto del asunto al monarca. Luego, una vez informado el rey de que aquello iba en serio y de la necesidad de negociar, ya fue Juan Carlos el que recomendó a Felipe González que recibiera a Conde.

Quizá gracias a la mediación de Mario Conde, el diario El Mundo, azote del felipismo sobre todo en el tema GAL, no cejó del todo en su empeño, pero comenzó a tener algunos gestos. El propio Pedro J. Ramírez, director del periódico, contaba en sus memorias (Amarga victoria) que «el tono vibrante y emotivo» del evento real que coincidió en las mismas fechas (marzo de 1995), le llevó a decidir «guardar el secreto de que habían aparecido los cadáveres de Lasa y Zabala para no estropear la primera boda real (la de la infanta Elena y Marichalar) en medio siglo en España». Todo un detalle.

Luego, en mayo de 1995, Perote hizo llegar a Barrionuevo un informe-resumen sobre el GAL, redactado por él mismo basándose en la documentación del CESID que tenía en su poder. Quería provocar una guerra de nervios. En aquel momento estaban en la cárcel de Guadalajara Julián Sancristóbal y el comisario Miguel Planchuelo; y Barrionuevo fue a visitarlos muy agitado, porque creyó que las informaciones provenían de ellos. Estaba sobre todo inquieto ante la idea de que el informe, igual que le había llegado a él, pudiera llegarle a Garzón. Sancristóbal y Planchuelo negaron que tuvieran nada que ver en el asunto, y seguramente de aquella reunión Barrionuevo ya salió con la idea de que el informe provenía de Perote y Conde.

El informe de Perote circuló por los canales previstos hasta que llegó a Moncloa, y provocó la ira en Felipe González. Era lo que quería Perote, para preparar el terreno. Felipe tenía que saber la dimensión de lo que tenían para avenirse a pactar algo. Al principio, González quiso solucionarlo por la vía expeditiva. El general Santiago Bastos, jefe de la División de Interior del CESID, llamó a Perote con amenazas más o menos explícitas. Pero entonces intervino el rey, para que Felipe González recibiera a Santaella, el abogado que habían designado Conde y Perote para que llevase el asunto, y negociara con él. El propio González lo reconocería implícitamente poco más tarde, cuando, para justificar su reunión con Jesús Santaella, dijo: «Yo creía que era interesante desde el punto de vista de la seguridad del Estado haber hecho esta reunión. No sólo lo creí yo sino personas a las que tengo mucho respeto».

La reunión con Santaella, en Moncloa, tuvo lugar el 23 de junio de 1995. Pero la negociación no fue bien. Felipe González no podía o no quería hacer nada por sus subordinados. Alguien iba a tener que pagar el pato, y desde luego no iba a ser él. En septiembre se dieron por rotas las negociaciones con Moncloa, y enseguida se volvieron a utilizar otros métodos más resueltos y vivaces.

El País publicó ese mes que Mario Conde y Juan Alberto Perote habían pretendido chantajear al gobierno y al rey con información reservada que el exagente había robado del CESID. Se trataba de intentar neutralizar el potencial de la documentación que podría meterlos a todos en la cárcel, convirtiéndola en ilegal. El coronel Perote ingresó en prisión ese mismo mes, el día 29, por revelar secretos militares (dos años después, en julio de 1997, el Tribunal Central Militar acabaría condenándole a 7 años de prisión). Pero otro de los objetivos de González, no menos importante, era presentar las investigaciones en torno a la trama GAL como una conjura para acabar con el gobierno… y la monarquía. De paso, se hacía una velada advertencia al monarca —y a todo aquel que pudiera estar interesado en seguir adelante con el tema—, ya que también él, el mismísimo rey, era susceptible de ser chantajeado con los papeles del CESID, lo que daba a entender que estaba involucrado en la trama. Si caía Felipe, caería también la monarquía.

Poco después, el 10 de noviembre, esta vez a través de Diario 16, se lanzaría una nueva historia de «Chantaje al rey», esta vez protagonizada por Javier de la Rosa y, de nuevo, Mario Conde, en una segunda entrega de lo que interpretaban como una conspiración para derribar al gobierno y a la monarquía, ahora relacionada con escándalos económicos.

El tema de los papeles del CESID siguió coleando varios años. Pero adelantemos ya que, aunque sí acabaron en los medios de comunicación (al menos una parte importante de ellos), nunca fueron desclasificados para que pudieran ser utilizados como prueba en un juicio.

Los últimos de la fila en el tema GAL no contaron con más ayuda por parte del rey que algún que otro gesto de buena voluntad. Pero otra cosa muy distinta iba a pasar cuando la justicia intentase elevar el listón de las responsabilidades. El rey ya estaba advertido.

EL «APAGAFUEGOS» REAL CONSIGUE EL PUNTO FINAL

Después de la primera ronda de detenciones (Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo, Vera, etc.), la cosa empezó a complicarse de verdad. El siguiente que podía caer era el exministro de Interior, José Barrionuevo, que constituía ya una pieza de caza mayor. El 12 de octubre de 1995, en la recepción en el Palacio Real del día de la Hispanidad, el rey le cogió del brazo y lo paró interrumpiendo la marcha del besamanos. «Pepe, ¿cómo te encuentras?». Contestó la mujer del exministro: «Bien, Majestad, muchas gracias». Barrionuevo estaba ya convencido de que iba a ser procesado y condenado y, en cierto sentido, lo tenía asumido. Pero su círculo familiar, en especial su mujer, Esperanza Huélamo, le presionaba para que no se dejase arrastrar él solo por el fango e involucrase a González; y el presidente ya se sabía lo que estaba dispuesto a hacer. Aquella fue una etapa de grandes gestos y muchas buenas palabras para conseguir evitar que la moral del exministro se quebrase. Pero había que hacer más.

Las complicaciones aumentaron cuando, el 3 de marzo de 1996, el Partido Popular ganó las elecciones generales. Aznar ya había pactado antes con Felipe González (en sus conversaciones de otoño del 93 impulsadas por el rey, cuando entre los dos se pusieron de acuerdo para acabar con Mario Conde), un final «pacífico» de los escándalos del PSOE, incluido el tema GAL. Pero habían pasado muchas cosas desde entonces. Entre otras, la aparición de los papeles del CESID, que el nuevo partido en el gobierno se había manifestado partidario de entregar a la justicia durante la campaña electoral.

Precisamente, uno de los que habían defendido en público tal idea, Rafael Arias-Salgado, era el candidato del PP para ocupar la cartera de Defensa. A primeros de abril ya había comenzado a visitar el ministerio, cuando todavía era titular Gustavo Suárez Pertierra, para ir poniéndose al día, al respecto por ejemplo del envío de tropas a Bosnia.

En cuanto se supo, González pasó recado a Juan Carlos por mediación de Adolfo Suárez, quien se reunió con el rey en La Zarzuela el 9 de abril para tratar la cuestión. Y allí mismo, delante de Suárez, Juan Carlos telefoneó a Aznar para citarlo al día siguiente por la mañana. Aclaremos, por si en vista de tanto tejemaneje se llega a crear confusión, que el rey no tiene autoridad alguna para imponer a un ministro ni vetar a otro. Y recordemos que Aznar llegó al poder con promesas de «regenerar» España después de más de una década de corrupción. Por lo tanto, si el líder del PP aceptó las presiones del monarca, lo hizo por su cuenta y riesgo, aunque a cierto sector de la población le pueda resultar comprensible y hasta aceptable que lo hiciera por salvar a la monarquía de una quema segura, y no desde luego por echar una mano a Felipe González. El pueblo español ha tenido durante muchos años la dudosa fortuna de contar con este tipo de salvadores de la patria para decidir por él lo que conviene o no defender. Y Juan Carlos ha salido beneficiado de ello en no pocas ocasiones a lo largo de su reinado.

Y, dicho esto, volvamos a la narración de los hechos. Después de su audiencia con el rey en Zarzuela, el mismo día 10 de abril a mediodía, José María Aznar se reunió en Moncloa con Felipe González y Adolfo Suárez. La noticia se filtró a la prensa con bastante ruido, sobre todo porque Leopoldo Calvo Sotelo, como expresidente, se sintió marginado. Era el único que faltaba en la reunión, y el único que no sabía por qué, aunque la prensa no dio explicaciones de lo que hablaron.

Como luego fue quedando claro, Aznar se prestó a negociar nombramientos importantes que afectaban a Defensa, Interior y CESID. Arias-Salgado fue compensado con la cartera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (donde, en lugar de protagonizar una brillante cruzada contra la guerra sucia, tuvo ocasión de lucirse dando explicaciones, durante la etapa más desastrosa de los aeropuertos españoles, ante hordas de pasajeros que se amotinaban contra las tripulaciones de los vuelos). Y la cartera de Defensa fue a parar a Eduardo Serra, que ya había sido subsecretario a las órdenes de Narcís Serra en el mismo ministerio, y era además un hombre de confianza en La Zarzuela. Jaime Mayor Oreja ocupó, como estaba previsto, el puesto de ministro de Interior. Pero su segundo, el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, procedía de la Casa Real (había sido el jefe de Protocolo). El nuevo director general del CESID, el general Javier Calderón, había compartido con Eduardo Serra la dirección de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en cuyas filas también militaba Martí Fluxá. Y el 2 de agosto de 1996, al calor del verano para no llamar la atención, el nuevo gobierno decidió no desclasificar los papeles del CESID. Aznar se los negó a los jueces que los reclamaban para continuar la investigación de los distintos casos argumentando que afectaban a la seguridad del Estado, postura contraria a la que defendía el Partido Popular desde la oposición, cuando acusaban al gobierno de González de escudarse en la seguridad del Estado para salvaguardar la propia.

Pero en el tema del GAL no se podían echar las campanas al vuelo todavía. El punto álgido iba a ser el juicio del caso Marey, el ciudadano francés secuestrado en Hendaya el 4 de diciembre de 1983 por el GAL… por error.

El juez Garzón estaba fuera de control. En 1996, con su habitual falta de discreción, el monarca, con Julio Anguita y ante una botella de vino de Moriles, expresó como si tal cosa su opinión de que el instructor del principal sumario de los GAL era «un fantasma» con demasiadas ansias de protagonismo y notoriedad. Luego su comentario trascendió; y Garzón, muy ofendido, empezó a decir a unos y a otros: «¡Parece mentira! ¡Con los favores que yo le he hecho…!». Inmediatamente Juan Carlos telefoneó a Garzón para «aclarar» las cosas, pedirle disculpas, certificarle cuánto se le quería en La Zarzuela… a fin de que, al menos, no empeorasen las cosas.

En marzo de 1997 la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras analizar los informes del CESID, decidió desclasificar algunos de ellos, decisión recibida con satisfacción por los partidos políticos y otras fuerzas sociales, aunque se señaló que los documentos desclasificados ya eran conocidos. Aznar se lavó las manos como Poncio Pilatos y comunicó que acataría las decisiones que tomara el Tribunal Supremo.

Como preparación del juicio, en el que estaban encausados el exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, hubo de todo. Entre otras cosas, la denuncia de una tercera conspiración para derribar al gobierno y a la monarquía, esta vez centrada en transmitir la idea de que el tema GAL había sido una maquinación periodística. Para ello contaron con la ayuda inestimable de Luis María Ansón, por lo que el episodio fue bautizado popularmente como «la ansonada».

En enero del 98 Ansón concedió una entrevista a un presunto periodista, hermano del exministro Juan Alberto Belloch, que sería publicada en el semanario Tiempo. En ella relataba que Felipe González había sido víctima de una conspiración para acabar con su gobierno, en la que él mismo había participado junto a un grupo de periodistas de distintos medios de comunicación (entre los que figuraban Pedro J. Ramírez, Antonio Herrero, Pablo Sebastián, Manuel Martín Ferrand y otros). Siguiendo la tradición de los dos intentos de chantaje anteriormente denunciados en la prensa, incluyó también a un personaje de carácter. Si antes los protagonistas habían sido Mario Conde y Javier de la Rosa, esta vez le tocó el turno a Antonio García Trevijano. Y, por supuesto, también en la línea de las anteriores conjuras contra el gobierno, aseguró que el anhelo último era derribar la monarquía. Había que destacar cuantas veces fuera necesario que los destinos de Felipe González y el rey Juan Carlos estaban indefectiblemente unidos. Esto en concreto le daba un toque un tanto surrealista a la historia, viniendo de un monárquico redomado como Luis María Ansón; pero el director de ABC no ahorró detalles, hasta fijar el escenario de las reuniones en su propio despacho, para dar más verosimilitud al relato.

«La ansonada», una epopeya que muy pocos llegaron alguna vez a creer, se supo más tarde que había sido en realidad urdida durante una comida en el restaurante El Cenador de Salvador de la localidad serrana de Moralzarzal, a la que asistieron Ansón, Vera, Barrionuevo y Corcuera, poco tiempo antes de la publicación de la entrevista. Los antiguos dirigentes del GAL llevaban al menos un año presionando por todos lados para conseguir un trato favorable en el juicio que tenían pendiente, chantajeando a distintos personajes públicos con vídeos sexuales y otras pruebas documentales que tenían contra ellos. Según distintas fuentes (que constan en un sumario instruido por el juez Garzón en 1998), entre esas personas estaba incluso el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Aunque sin duda el caso más conocido, porque no se dejó chantajear y el famoso vídeo del corsé rojo salió a la luz, fue el de Pedro J. Ramírez.

El vídeo del director de El Mundo lo mostraba en prácticas sexuales demasiado audaces para la pacata moral del españolito medio, en compañía de una prostituta ecuato-guineana negra (otro tabú), cuyo nombre —Exuperancia Rapú— corrió de boca en boca en su efímero momento de gloria. Había sido filmado unos meses antes, con una cámara de escasa calidad oculta en un armario, y causaba más risa que estupor. Se distribuyó por correo en octubre de 1997, y luego circularon copias de mano en mano por toda España. Pero también se propagaron fotos en el diario Ya, entonces dirigido por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni, entrevistador del falso Anglés, víctima de un intento de asesinato por encargo de su propia esposa, y gran amigo de Rafael Vera, al que se ha visto en fiestas en su chalet junto al adivino Rappel y Jorge Argote (abogado del Ministerio del Interior), entre otros especímenes del zoológico privado de don Emilio.

Nunca se ha sabido con qué argumentos fue presionado Luis María Ansón para colaborar con Vera y Barrionuevo. Ni se sabrá, como es lógico suponer, después del alto precio que el antes periodista tuvo que pagar en prestigio personal. Para los artífices del invento, la peripecia tuvo su pequeña compensación cuando la teoría de la conspiración salió a relucir durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey en el Tribunal Supremo. En su declaración como testigo, Narcís Serra, exministro de Defensa, dijo: «Luis María Ansón me advirtió que iba a comenzar una campaña para obligar a González a dejar el gobierno y con la Monarquía como objetivo final». Pero tampoco sirvió de mucho.

Consciente de que todo estaba todavía en el aire, Felipe González redobló sus esfuerzos en los meses previos a la vista de la causa, enviando multitud de mensajes al monarca por diversos conductos. Y todavía continuó infatigable durante el juicio, que se celebró a lo largo de los meses de junio y julio de 1998.

En la vista, Vera y Barrionuevo no perdieron los papeles y dejaron fuera de todo el asunto a sus superiores. Por lo demás, fue un verdadero circo en el que no faltó de nada: un encausado que se presentó a prestar declaración en pijama bajo los efectos de alguna medicación que lo tenía atontado, obligando a suspender la sesión; un testigo que sufrió un dramático ataque al corazón mientras contestaba a las preguntas del fiscal y se murió allí mismo; varias sesiones de publicidad encubierta de Fabada Litoral…

Fuera de la sala del Tribunal Supremo, también se sucedían las comparecencias de unos y de otros, en más de una docena de entrevistas de dos en dos, en distintos escenarios: entre González y Sabino Fernández Campo (uno de los canales que utilizó el expresidente para mandar recados al rey); entre Aznar y el rey; entre González y el rey; entre Aznar y la ministra de Justicia… Todas orientadas a ver cómo se solucionaba aquello.

El compromiso definitivo lo sellaron Juan Carlos y José María Aznar, ya finalizado el juicio, en agosto, en lo que se conoció como el «pacto de Marivent». El gran defensor del respeto a las decisiones judiciales, Aznar, acudió a un despacho oficial en Mallorca con el árbitro y moderador del buen funcionamiento de las instituciones, Juan Carlos, y al parecer el encuentro fue algo tenso. Con todo, acabaron llegando a un acuerdo.

La sentencia se conoció el 10 de septiembre. Rafael Vera y José Barrionuevo habían sido condenados a 10 años de prisión cada uno, y Felipe González los despidió a la puerta de la cárcel de Guadalajara pocos días después. Pero ni el exsecretario de Estado para la Seguridad ni el exministro de Interior se quedarían mucho tiempo haciendo footing por el patio del módulo que tenían para ellos solos. En tres meses Barrionuevo salió de la cárcel. A Vera, apenas dos meses después, el Gobierno de Aznar, a solicitud de un grupo de concejales socialistas y de «un particular», le concedió un indulto parcial que rebajaba la pena de prisión a tres años y cuatro meses.

Rafael Vera volvió a ser condenado en octubre de 2004 por el Tribunal Supremo, confirmando la sentencia que dos años antes había dictado la Audiencia Provincial de Madrid, de siete años de prisión y 18 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos en el conocido como «caso de los fondos reservados». El expresidente Felipe González y los exministros Corcuera y Barrionuevo solicitaron su indulto, que fue denegado. Algunas fincas que Vera compró con parte de este dinero pasaron, también en 2004, a ser de titularidad pública.

Vera ingresó por tercera vez en prisión en febrero de 2005. Pero en marzo de 2006 se le concedió el acceso al régimen en el que se le permitía pasar fuera de la cárcel cinco días a la semana. Y en agosto obtuvo el tercer grado penitenciario, que le posibilitó no volver a la cárcel más que a controles rutinarios.

22. El caso KIO

LA OBRA CUMBRE DEL SISTEMA DE CORRUPCIÓN

«Un fantasma recorre Europa…», citó a Marx el abogado Melero, defensor de Javier de la Rosa, en su primera intervención del primer día de juicio oral de la primera pieza del caso KIO. Se refería precisamente a las diferentes piezas y juicios relacionados que deambulaban por distintos juzgados del Reino Unido, Suiza y el Estado español. Pero con su discurso dejó entrever sobre todo que el verdadero «fantasma» que sobrevolaba por todos estos procesos judiciales, dejándose intuir pero sin llegar a personarse nunca, era el del rey Juan Carlos.

El 2 de agosto de 1990, Sadam Hussein había invadido Kuwait, lo que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a los iraquíes. Se formó enseguida una coalición internacional para liberar el emirato y España desplazó unas fragatas en tareas de vigilancia y bloqueo, aunque en zonas alejadas del conflicto. A primeros de octubre, vistiendo uniforme de alférez de navío, el entonces príncipe Felipe embarcó en Abu Dabi en la fragata Santa María, para mostrar su apoyo a la dotación destacada en la zona.

De aquellos días y posteriores fueron los hechos del conocido como Caso KIO, juzgado en España en varios procesos en la Audiencia Nacional entre 1995 y 2015. Javier de la Rosa sostuvo en todo momento que en 1990 había realizado «pagos de guerra» por valor de más de 75 millones de euros al diplomático y también imputado Manuel Prado y Colón de Carvajal, a través de las cuentas de KIO, para «liberar» a Kuwait de la ocupación iraquí. Según la versión de De la Rosa, estos pagos habrían sido aceptados por el rey, quien lo consultó «personalmente» en una llamada telefónica con el entonces presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush (1989-1993).

El caso KIO fue la obra cumbre del sistema de corrupción imperante en el Estado español durante la etapa de gobierno del PSOE. Las cifras que se manejaron no tenían parangón con las de otros casos famosos. Ni tampoco la categoría de los personajes involucrados. Aquí no cabe hablar de inculpados de «última fila». No hubo sicarios ejecutores que vayan a poder pagar el pato por sus jefes. Como clave secreta de un rompecabezas misterioso e invisible, KIO los reunió a todos, aunque algunos estén sólo relacionados de un modo marginal o sólo participen como «enterados» de lujo: Manuel Prado, De la Rosa, Sarasola, Felipe González, Juan Carlos de Borbón, Ruiz Mateos, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, Luis María Ansón… Quien acusó, los perjudicados, no estaban bajo el control de las instituciones del Estado español, eran extranjeros. Habrá que recordar, sin embargo, una vez más, que el rey era impune, antes de empezar con la narración de los hechos.

UNA GUERRA MUY RENTABLE

La sociedad kuwaití KIO era un organismo dependiente de la agencia gubernamental de inversiones del Estado de Kuwait, a través del cual dicho estado canalizaba parte de los beneficios derivados del petróleo, actuando a través de varias compañías mercantiles instrumentales. En España esta sociedad era el Grupo Torras.

La intervención norteamericana e internacional para expulsar al ejército de Sadam Hussein de Kuwait en 1990 fue inmediata. Pero el interés de las grandes potencias en el conflicto no era altruista. Kuwait suministraba el 6 por 100 del petróleo que se consumía en Occidente y era por tanto un aliado importante. No hubiera sido necesario sobornar a muchos políticos para tener su apoyo condicional. Pero de todos modos, KIO quería colaborar en los gastos de la guerra de su país para la compra de armamento, contratar mercenarios o lo que fuera necesario. Así que ese mismo mes de agosto De la Rosa habló con Enrique Sarasola (el amigo de Felipe González) y con Carlos Solchaga (entonces ministro de Economía) para poder desbloquear las cuentas de la sociedad kuwaití y operar con sus fondos, y desde luego consiguió carta blanca. A muchos se les pusieron los ojos como platos pensando en el enorme pastel que había para repartirse. Las guerras suelen resultar a unos cuantos muy rentables, y ésta no iba a ser menos.

Javier de la Rosa ya llevaba algunos años queriendo aproximarse a La Zarzuela cuando tuvieron lugar estos hechos. En 1988, se había unido a un grupo de empresarios catalanes para regalarle al rey un Porsche Carrera de 24 millones por su cumpleaños. Pero las relaciones empezaron a ser más próximas y personales a partir de su relación de negocios con Prado, en 1990. Entre otras cosas, Prado había llegado a ser vicepresidente de Gran Tibidabo, el gran proyecto de De la Rosa para Cataluña. Y fue Prado el que introdujo a De la Rosa en Palacio. El financiero catalán fue recibido gracias a él en privado con su mujer y sus hijos por el rey, que les ofreció un pequeño ágape. Uno de los hijos de De la Rosa hizo fotos como recuerdo. Y luego De la Rosa presumió mucho en todas partes de su gran amistad con el monarca, aprovechándolo para sus negocios.

Comenzada la guerra, la elite del poder económico se había puesto a echar cuentas sobre lo que le podrían sacar a los kuwaitíes, aprovechando la ocasión con la ayuda de De la Rosa. Y la idea de cómo hacerlo no se sabe a quién se le ocurrió primero. De la Rosa explicó en los juzgados de Londres que buena parte del vaciado de fondos de las arcas del Grupo Torras (la filial de KIO en España) se había justificado ante los kuwaitíes como el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato. Para que la aviación estadounidense pudiera disponer a su antojo de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, había sido preciso «untar» a los políticos, y Javier de la Rosa se había encargado de hacerlo. Parte del dinero, según sus declaraciones en los tribunales británicos, habían ido a parar a Sarasola, destinada a su amigo Felipe González; otra parte, a Manuel Prado, destinada a Juan Carlos de Borbón.

Según su versión, Prado le había pedido que tramitase una petición a KIO de 100 millones de dólares «como pago por sus servicios». El dinero estaría destinado a pagar el famoso crédito del rey Fahd, concedido por la familia real saudí 10 años antes. KIO, al parecer, había rechazado la petición, y entonces fue cuando intervino directamente el rey. Según De la Rosa, en agosto de 1990 recibió una llamada de Juan Carlos desde Marivent, en la que le citaba para cenar en Londres al día siguiente. La supuesta cena tuvo lugar en el hotel Claridge, y en ella el rey le pidió personalmente que mediase en la petición de dinero a KIO.

Fueran cuales fueran los argumentos utilizados ante los kuwaitíes, funcionaron. En fechas próximas a las de las peripecias para el cobro de los 100 millones de dólares, Sabino Fernández Campo, cuando todavía era secretario de la Casa Real, acudió un día a petición del monarca al piso que Javier de la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, en el paseo de la Castellana, para transmitirle un mensaje: «Dile que, de parte del rey, todo está arreglado y que muchas gracias». Este encuentro fue confirmado por el propio Sabino, después de que lo publicaran varios medios, cuando el exsecretario fue llamado a declarar, aunque se limitó a decir que había ido por motivos personales.

Finalmente, después de todos los trámites, Prado recibió una primera entrega de 80 millones, en octubre de 1990. Entre el 91 y el 92 De la Rosa explica que recibió «constantes llamadas del señor Prado, y, en algunas ocasiones, de Su Majestad el Rey, normalmente en mi despacho de Barcelona, urgiendo que se completara la cifra total pedida inicialmente, a la que Su Majestad el Rey se refería siempre como “el Tender” pendiente». Prado acabó recibiendo los 20 millones que faltaban en junio de 1992, el mismo día que De la Rosa dejaba la vicepresidencia ejecutiva del holding. El dinero, como aclaró la investigación judicial, había sido depositado en dos cuentas de la Sociéte Générale Alsacienne de Banque (Sogénal) en Suiza, lugar donde tenía fijada su residencia oficial Manuel Prado desde 1985.

Posteriormente —siempre según la versión de De la Rosa, que en esta ocasión aseguraba poder documentar con un vídeo— el financiero y el rey se reunieron de nuevo en el hotel Claridge de Londres, y Juan Carlos le dio las gracias en privado por el dinero de KIO. Que se vieron en ese hotel está confirmado, aunque el vídeo nunca lo vio nadie. Claro que, en un registro a Javier de la Rosa, después de que ingresara en prisión por el caso Gran Tibidabo, se encontró mucha «documentación comprometedora» que el juez Joaquín Aguirre ordenó destruir, y es posible que, si alguna vez existió, ya no exista.

VARIAS QUERELLAS RECORREN EUROPA

Los kuwaitíes acabaron perdiendo el rastro de una parte considerable del dinero que había movido De la Rosa. Después del conflicto armado en el Golfo, no les cuadraban las cuentas. Descubrieron que habían desaparecido unos 60.000 millones de pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) mantenía en su filial española, el Grupo Torras. En octubre del 92 empezaron las querellas en Londres y Madrid, contra los responsables de KIO en Kuwait y contra De la Rosa en España. Querían, aparte de todos los detalles sobre a dónde había ido a parar el dinero, que se les devolviera.

La primera medida de De la Rosa fue hablar con Prado para que devolviera su parte. Qué ingenuidad. Prado no estaba por la labor. Se le ocurrió en cambio que podrían ir capeando el temporal, maquillando los pagos y peleando poco a poco, «al tran tran», en los tribunales. La demanda civil en la capital británica se llevaba con calma. Ninguno de los implicados llamaba a declarar a testigos y el tema se dilataba hasta quedar prácticamente parado. Pero los kuwaitíes seguían acosando a De la Rosa.

De todos modos, cuando el financiero se cabreó de verdad, con Prado y con los demás, fue cuando cayó en desgracia por el caso Gran Tibidabo. Ahí empezaron los verdaderos problemas. Javier de la Rosa había tenido negocios con todos y repartido dinero a todos: bufetes de abogados, periodistas, consultores, asesores, banqueros, políticos estatales y autonómicos… Presumía de tenerlos pillados a todos. Y largaba mucho, que era lo peor. Contaba por doquier, por ejemplo, que había sido recibido en el Vaticano por Juan Pablo II, quien le había dicho: «La Iglesia está pasando dificultades financieras, no sé si lo sabe… Yo le pido a usted que nos ayude». También aseguró De la Rosa que le había dado dinero a Adolfo Suárez para pagar la sede del CDS, a Convergència i Unió, una maleta de dinero a un dirigente del PP y un largo etcétera más. De modo que, si por un lado los que habían cobrado tendrían que estar contentos, por otro estaban atemorizados por la desatada verborrea del financiero. Lo cierto fue que, cuando cayó en desgracia, todos pasaron de él.

En el verano de 1993, el abogado de De la Rosa, Joan Piqué Vidal, siguiendo sus instrucciones, se entrevistó con Manuel Prado en el aeropuerto de Barajas, y le pidió sin andarse con tapujos que interviniera ante el rey para que paralizara las diligencias del sumario en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, relacionado con el proyecto Gran Tibidabo. Piqué le dijo claramente que De la Rosa estaba decidido a llevarse por delante al propio rey si él acababa en la cárcel. En la primavera de 1994 Manuel Prado acudió a la calle Génova a hablar con Aznar. Pero el líder del PP no se mostró receptivo y, al parecer, le aseguró que en caso de crisis institucional, el Partido Popular nunca le apoyaría en un escándalo de corrupción económica que salpicara a la Corona, o si el rey no actuaba como garante de la unidad de España. La gestión del exembajador real, en definitiva, no sirvió para nada, pero De la Rosa continuó amenazando y presionando. Fue entonces cuando declaró ante el juez sobre el dinero evaporado de KIO: «Ese dinero se empleó en comprar voluntades políticas para crear un clima favorable a la causa kuwaití».

No pudo sin embargo evitar su ingreso en la prisión de Can Brians, el 17 de octubre de 1994. Inmediatamente después se ordenó el registro de su domicilio, pero no encontraron nada. En un segundo registro (una semana después) en la casa de Arturo Piñana Bo, uno de sus hombres, en Sant Just Desvern, sí aparecieron cintas, informes, falsificaciones bancarias y documentación comprometedora para muchos, que el juez Joaquín Aguirre, incomprensiblemente, ordenó destruir (para no dañar la imagen de terceros).

A un mes de estar en la cárcel, al parecer sirviéndose de la mediación del capellán que diariamente daba la comunión al recluso, De la Rosa le dio instrucciones a su esposa, Mercedes Misol, para que enviara telegramas al rey Juan Carlos, a Jordi Pujol y a Aznar, recordándoles: «Ha pasado un mes y todavía sigo aquí». También, intentó sin éxito que el rey la recibiera en Zarzuela, pero tras numerosas gestiones, no lo consiguió. De continuar la situación, De la Rosa advertía que rompería su silencio. Pero nadie movía un dedo por él.

Cuando el financiero catalán salió de la cárcel, tras depositar una fianza de 1.000 millones de pesetas, el 22 de febrero de 1995, pesaba 22 kilos menos y estaba muy cabreado: «Lo que han hecho conmigo no tiene nombre. Les he convertido en ricos a todos, y el que acaba en el talego soy yo. ¡No te jode!».

GESTIONES Y AMENAZAS

Las gestiones de De la Rosa a partir de ese momento son múltiples y diversas. Por ejemplo, se reunió con un alto cargo policial del Ministerio de Justicia e Interior, Gabriel Fuentes, enviado por el ministro Belloch, un par de semanas después de salir de prisión en un conocido restaurante gallego de Barcelona. Luego continuaron en contacto a través de otros mediadores (Alfredo Fraile, por parte de De la Rosa). De la Rosa presionaba con revelar supuestos favores prestados a políticos y empresarios, con una explosiva carta que había escrito en la cárcel.

También entró en contacto con Mario Conde, que estaba en todas y no podía faltar en este lío. Fue en la cárcel, entre diciembre del 94 y enero del 95, durante el primer ingreso en prisión del banquero. Trasladado de la cárcel Modelo de Barcelona a Alcalá Meco por motivos de seguridad, Javier de la Rosa fue a coincidir con él. Le contó el asunto de los 100 millones de dólares cobrados por Manuel Prado de KIO. Más tarde, cuando ya estaba fuera, se lo confirmó enseñándole los documentos de la cuenta suiza que demostraban el ingreso. Conde hizo gestiones para poner al corriente al rey, sin conseguir que el monarca tomara medidas contra su embajador personal.

Prado, por su cuenta, también estaba dedicado en cuerpo y alma a sus gestiones para librarse de las imputaciones que se le hacían, y de una forma bastante chapucera, por cierto. Entre sus brillantes iniciativas, sostuvo más de seis horas de conversación telefónica con el emirato kuwaití. Les pedía documentación con la que pudiera inculpar definitivamente a Javier de la Rosa, ya fuera en los juzgados o en la prensa. En concreto hablada de El País, que citaba como el único periódico decente. En estos momentos ya estaba Prado en el bando de Felipe González y Polanco. Pero, no se sabe cómo, la grabación de esa amigable charla acabó en manos de Javier de la Rosa, que también estaba negociando a título individual con los de Kuwait. Y el financiero catalán, en su habitual estilo desbocado, hizo circular las cintas por medio mundo. También las pasó al Ministerio del Interior, cuyos laboratorios certificaron que la voz que se escuchaba en las mismas era realmente la de Manuel Prado.

En aquella conversación, en perfecto francés, Prado se refería al rey, como «mon patron», «mon ami le patron», «sa majesté», «il connais tout»… Además hacía mención de la existencia de unas cuentas comprometedoras en Liechtenstein, cuya numeración (letras y números) citaba. Y también decía que el Gobierno del PSOE estaba al corriente.

Javier de la Rosa «ofreció» las cintas al rey Juan Carlos, pero el rey no las quiso. Siguió al lado de Prado. Lo que él hizo, en cambio, fue pedir al príncipe Felipe que escribiera una carta dirigida al príncipe heredero de Kuwait, hablando de la necesidad de «arreglar las cosas entre nuestros dos pueblos hermanos…», misiva de la que, al parecer, dio cuenta la televisión kuwaití.

Luis María Ansón, que es otro que también está en todas, tuvo asimismo ocasión de escuchar las cintas, y pensó que había que prever la posibilidad de que el escándalo, si llegaba a estallar, se llevara por delante a Juan Carlos I. Viajó a Sevilla para entrevistarse con Prado, para conminarle a que firmase un documento que el periodista llevaba al parecer redactado, una especie de declaración o manifiesto a la nación que se haría público en caso necesario. En él se deslindaban sus negocios de las finanzas de la Casa Real y Prado se hacía personalmente responsable de lo ocurrido, exonerando de toda responsabilidad al Monarca. Además pretendía que Prado abandonara España para instalarse definitivamente en Lausana. Ansón no consiguió nada, pero algo más tarde sacaba una espectacular primera página en ABC, con el titular «Trifulca entre financieros», y en el artículo editorial recogía las ideas básicas de su escrito. Solicitaba a Prado que «cuando sea oportuno haga una declaración escrita, pública, completa y rigurosa diciendo la verdad: que todo este asunto empieza y termina en él».

Mientras tanto Londres continuaba presionando a De la Rosa para que concretase los nombres de los beneficiarios del dinero de KIO. En mayo del 95 le dieron el ultimátum. De las múltiples acusaciones que había vertido previamente, en los tribunales británicos mantuvo dos: el pago de 100 millones de dólares a Prado, y la transferencia de 27 millones de dólares a Sarasola.

A Felipe González se le ocurrió aprovechar todo esto para apoyar sus tesis de una conspiración contra el gobierno y la Corona, por parte de Javier de la Rosa y Mario Conde. El 10 de noviembre de 1995, Diario 16 sacó la famosa portada «Chantaje al Rey», acompañándola de un capítulo del libro El saqueo de España, de Díaz Herrera e Isabel Durán. Manuel Prado había sido la principal fuente de información, convencido de que esto era lo mejor para él. El mismo día, El País publicaba las cartas con el membrete de la Corona que se habían enviado a KIO, en las que se agradecía a Kuwait el supuesto envío de cantidades millonarias, y se decía que habían sido falsificadas por Javier de la Rosa para coaccionar al rey. La publicación de las cartas en El País fue una forma de neutralizarlas.

Dos días después, el 12 de octubre, domingo, Juan Carlos se reunió con Felipe González en La Zarzuela. La tormenta periodística era de órdago. El caso estaba en su punto álgido. Lo que se publicaba resultaba a todas luces escandaloso, y salpicaba a la Corona quisieran o no. Pero al final sirvió para lo que pretendían: neutralizar las acusaciones de De la Rosa, enmarcándolas en un episodio de chantaje.

Aparte de la tempestad mediática, el financiero denunció que «miembros del CESID» le amenazaron para que no hablase sobre «las personalidades» que podrían resultar implicadas, y dijo que los agentes llegaron a ejercer un «control absoluto» sobre sus movimientos y declaraciones judiciales.

EPISODIOS JUDICIALES

Pese a las graves acusaciones que se habían publicado en Diario 16 (contra De la Rosa, por querer chantajear al rey; y contra Prado y el rey por haber cobrado, si la versión de De la Rosa era cierta, para intervenir en la decisión política de apoyar a Kuwait en su conflicto armado con Irak), la Fiscalía General del Estado no formuló denuncia por los hechos. Tan sólo ordenó la incoación de diligencias informativas, en el transcurso de las cuales prestaron declaración De la Rosa, Prado, y los periodistas Isabel Durán y Díaz Herrera. Pero el 25 de noviembre del 95 el fiscal general, Carlos Granados, aseguró que Juan Carlos I y la Casa Real estaban al margen de los negocios privados de De la Rosa y Prado, e informó de que no estaba prevista la práctica de nuevas diligencias en relación con ese asunto.

Por su cuenta y riesgo, como cualquier ciudadano podría haber hecho, José María Ruiz Mateos presentó entonces una denuncia primero, una querella después, contra Javier de la Rosa y Manuel Prado. Quería, sencillamente, que la justicia española no hiciera caso omiso, que se abrieran diligencias, y personarse en el ejercicio de la acción popular. Naturalmente tendría sus intereses políticos o ideológicos detrás. Ruiz Mateos estuvo años presentándose como acusación particular en los casos que afectan al PSOE. Pero eso no quita que tuviera razón. En este asunto en concreto, el empresario jerezano consideraba, como por otra parte consideraría cualquiera que lo hubiera leído, que lo que se había publicado era muy grave: en primer lugar, que había una apropiación indebida de entre 12.000 y 60.000 millones de pesetas; por otra parte, que se habían producido o bien «injurias» al rey, o bien una intervención ilegítima por su parte, con motivación económica de por medio; en tercer lugar, se había acusado a De la Rosa de maniobrar con la intención de provocar la abdicación del rey, lo que supone un delito de alta traición.

Aparte de las informaciones periodísticas, Ruiz Mateos aportaba como indicios otras cosas. Pero el juzgado de la Audiencia Nacional le denegó «la admisión como prueba de determinadas grabaciones de conversaciones entre personas cuya identidad no tiene objeto revelar en esta resolución, que decía haber adquirido en un mercadillo». Denegó además su personación en el caso, con curiosos fundamentos jurídicos: «Resulta, cuando menos, sorprendente que sea precisamente el Sr. Ruiz Mateos quien quiera constituirse en parte procesal acusadora en defensa del honor de Su Majestad el Rey… —decía el escrito del 9 de enero del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional—. No se discute el abstracto derecho a hacerlo por cualquier ciudadano pero sí que sea precisamente él, que se encuentra procesado por el tipo delictivo que ahora imputa a otros». ¡Como si un ladrón no tuviera derecho a presentar una denuncia si alguien le roba! Sobre los delitos de De la Rosa, se aseguraba en la misma resolución: «Los pensamientos no delinquen y los comentarios, aun groseros, en ocasión de la salida de la cárcel de De la Rosa (…) deben quedar en dicho ámbito y al margen de todo reproche penal».

El 10 de enero, el juez Bueren resolvió el sobreseimiento y archivo del caso, dictaminando que no había lugar a tener por la parte querellante a Ruiz Mateos en tanto no depositara una fianza de cien millones de pesetas. Al día siguiente Carlos Bueren dejaba la Audiencia Nacional y se iba a trabajar al bufete de Aurelio Menéndez y Rodrigo Uría, casado con Mónica Prado y Colón de Carvajal, sobrina de Manuel Prado, al puesto que acababa de dejar vacante Jaime Alfonsín al ser nombrado secretario del príncipe Felipe.

Pero después del vano intento de Ruiz Mateos, todavía quedaban asuntos judiciales que colearían varios años. Ya en la etapa PP, el gobierno de Aznar colaboraría con el rey para cortar algunos flecos, sobre todo cuando Sabino Fernández Campo fue llamado a declarar sobre la entrevista que había tenido con De la Rosa.

Este episodio llegó a los juzgados porque Javier de la Rosa había presentado una querella contra el periodista Ernesto Ekaizer (por un libro, Banqueros de rapiña, en el que, entre otras cosas, daba cuenta de aquella entrevista). En noviembre del 96, Sabino recibió la citación del Juzgado de primera instancia número 13 de Madrid para declarar como testigo, e inmediatamente informó al rey. Unos días después el exjefe de la Casa Real recibió una llamada de Francisco Álvarez Cascos para pedirle amablemente que se pasara por su despacho en Moncloa. Cascos explicó que el presidente había tenido noticia de una citación judicial, y que el Gobierno quería ayudarle, «porque el asunto es delicado». Delante del propio Sabino, Cascos llamó al abogado del Estado, y le dijo después que el letrado opinaba que lo mejor era no ir a declarar; que no pasaba nada… en tal caso una multa. Tenían que ganar algo de tiempo mientras pensaban cómo solucionar el entuerto. También llamó a Sabino Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), «de parte de la ministra Mariscal de Gante», para insistir en lo mismo: «Nosotros arreglaremos el asunto… La ministra invoca razones de Estado», le dijo Ramón Rodríguez.

Fernández Campo acabó por aceptar quedarse en casa, y lo justificó con un certificado médico de un amago de gripe. Naturalmente, hubo nueva citación (y nueva llamada del monarca, nuevo contacto con el vicepresidente del Gobierno, etc.). Pero se había ganado tiempo suficiente, y cuando por fin prestó declaración, admitió que habían estado reunidos, por cuestiones privadas, y ahí se quedó la cosa. El juez no quiso profundizar en el asunto y Sabino no tenía nada más que declarar. Una de las abogadas de la acusación quería saber de qué había tratado la conversación, si era portador de un mensaje… Pero el juez cortó por lo sano: no había lugar a la pregunta. Y extendiendo el acta de su declaración, ordenó a Fernández Campo: «A ver, firme ahí. Ya puede irse».

El 13 de mayo del 97 Prado comparecía de nuevo, esta vez ante la jueza Teresa Palacios, encargada del caso Torras-KIO en la Audiencia Nacional. Prado siguió insistiendo en desvincular al monarca, declarando en sus comparecencias judiciales y comunicados públicos que su relación con De la Rosa fue siempre mercantil y personal, y siempre en el extranjero. Reconoció el cobro ante los tribunales, pero no dio una explicación verosímil de los motivos, de lo que se pretendía pagar con una suma tan elevada. Prado pretendió justificarlo como el cobro de una factura por un contrato de asesoramiento que Prado (a través de la compañía inglesa Wardbase LTD) ofrecía al grupo Torras; es decir, por unos informes técnicos. Pero no le creyeron y las investigaciones continuaron adelante cada vez más complicadas.

Javier de la Rosa, que ya se había pasado casi un año en la cárcel por el caso Gran Tibidabo, volvió a ingresar en prisión en 1998 por el caso KIO. Prado todavía se libró. La jueza Palacios, atendiendo una petición de la Fiscalía Anticorrupción, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros), que tuvo que depositar para evitar que embargasen sus bienes. La cantidad se correspondían con una parte de los 72 millones de euros (12.000 millones de pesetas) recibidos de De la Rosa, la parte que en ese momento investigaba la jueza, en lo que entendió que había sido una operación de «sustracción a través de una factura falsa emitida por la sociedad Wardbase».

Antes del juicio oral, en enero de 2000, se celebró una reunión del rey con Manuel Prado, Javier de la Rosa y Fahed Mohamed Al Sabah (responsable de KIO), que la defensa de De la Rosa no pudo demostrar. El tribunal le denegó el derecho a contar como testigos con el exjefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, y el jefe de la Seguridad de Zarzuela, general Sintes, así como con cualquier confirmación de los servicios de Palacio. No fue lo único: a falta de nada mejor que hacer por su defendido, el abogado Melero pormenorizó la larga lista de pruebas y diligencias de pruebas que fueron denegadas durante la instrucción del caso, orientadas a demostrar el grado de involucración del monarca en la apropiación indebida. Por ejemplo, su petición de que se investigase el destinatario final de los dineros que cobró el intendente real, y que no era otro que el propio Juan Carlos I según distintas declaraciones de Javier de la Rosa. El órgano judicial argumentó entonces que ese asunto no era pertinente ni relevante. Tampoco entendieron que era importante la declaración de una serie de testigos que, al parecer, en los 10 largos años de instrucción del caso, la Audiencia Nacional no pudo localizar por «no constar el domicilio». Excluidas del sumario también quedaron las pruebas documentales presentadas sobre «conversaciones telefónicas» desde el Hotel Clarigde de Londres.

Ni que decir tiene que el testimonio directo de Juan Carlos de Borbón quedó fuera de toda discusión. Estaba protegido por el principio de inviolabilidad y la exclusión de responsabilidad penal garantizada constitucionalmente. Pero el «fantasma» del rey sobrevoló el proceso en todo momento.

CONDENAS DE SALDO

En diciembre de 2002, la Audiencia Nacional condenó a De la Rosa a cinco años y medio de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental. Acumuló con el tiempo varias sentencias condenatorias más —que incluyeron el pago de multas millonarias—, dictadas por la Corte Comercial de Londres, la Audiencia Provincial de Barcelona y la Audiencia Nacional. La Corte Comercial de Londres, que condenó a De la Rosa y otros exgestores de KIO a indemnizar con más de 575 millones de euros al grupo kuwaití, no logró que el financiero pagara.

Aunque el fiscal llegó a pedir para De la Rosa hasta 38 años de cárcel, la condena dictada por la Audiencia Nacional tras los últimos juicios del caso, por un delito continuado de apropiación indebida de más de 375 millones de euros de Kuwait Investment Office (KIO), fue de sólo cinco años y dos meses de prisión, luego elevados a siete años por el Tribunal Supremo.

Su hija, la abogada Gabriela de la Rosa, convirtió durante años la defensa de su padre en su profesión. No consiguió librarlo de la cárcel ni de una muerte social irreversible, pero sí al menos de tener que devolver lo robado: tanto los tribunales españoles como los británicos llevan años intentando que pague las multas que le impusieron por su gestión al frente de KIO en España. Entre ellas, una multa de 2,2 millones de euros, a la que fue condenado en una de las múltiples causas del caso Torras. Sin éxito, porque el financiero alega que todos sus bienes están embargados. En realidad, De la Rosa había conseguido esconder parte de sus fondos en la Fundación Blomor, montada en el paraíso fiscal de Luxemburgo (según documentos que la revista Interviú hizo públicos en 2004).

Prado, en cambio, sólo fue condenado a 2 años por el caso Wardbase, por el desvío de 11,4 millones de euros del Grupo Torras a una cuenta suiza. Se le condenó también a indemnizar a Torras con 27 millones de euros (cifra que incluía la cantidad embolsada más los intereses), pero se negó a devolver ni un solo euro.

El 26 de abril de 2004 ingresó en la cárcel de Sevilla II. Rafael Fernández, el director del centro, decidió que debía conceder al ilustre preso un trato favorable de forma inmediata y emitió una orden que creó enorme malestar entre los funcionarios:

Orden de Dirección N.º 2

Fecha: 4/05/04

Por razones de carácter regimental, de salud y de dignidad personal, el interno Manuel Prado y Colón de Carvajal, que se encuentra ubicado en la galería de internos de características especiales del Departamento de Ingreso y Tránsitos de la Unidad de Preventivos, con objeto de poder disfrutar de su horario de paseos, queda autorizado por la presente a trasladarse diariamente a la zona de jardines y viveros de la Unidad de Mujeres, en horario de 11,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas con carácter voluntario, donde podrá realizar labores de jardinería.

El 5 de mayo, un día después de la polémica orden, se produjo otro hecho anómalo. Prado recibió la visita de dos personas, que no se identificaron ante los funcionarios que vigilaban las diferentes puertas y cuyos nombres no se inscribieron en el Registro de Comunicaciones, tal y como ordena el reglamento penitenciario. El director de la cárcel acompañó a dichas personas hasta un patio ajardinado, próximo a la Unidad de Mujeres, donde se reunieron con Prado. Los visitantes llegaron acompañados por escoltas, que se quedaron esperando en la cafetería de funcionarios.

La polémica creada provocó la revocación de la orden dos días después, pero la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, evitó destituir a Rafael Fernández. Y Prado, total, no estuvo ingresado más que dos meses, antes de salir por problemas de salud.

En marzo de 2009 la Audiencia Provincial de Madrid volvió a condenar al exdiplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, de 78 años, esta vez a 6 meses de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil, cometido para evitar un embargo preventivo de bienes decretado en el marco de la investigación de la pieza Wardbase. Pero de esta condena no llegó a cumplir ni un solo día. Murió el 5 de diciembre de 2009.

El proceso judicial del caso KIO dictaminó que los gestores del grupo Torras se habían enriquecido de forma fraudulenta y causaron gravísimos perjuicios al grupo, que concluyeron con su descapitalización y posterior suspensión de pagos. Pero el tiempo todo lo cura. Aunque la última sentencia, consecuencia de un fleco que había quedado pendiente, se dictó todavía en junio de 2015, algunos años antes, en mayo de 2008, Kuwait ya había dado por cerrado el conflicto y prometía invertir en España.

Con el barril de petróleo por encima de los 130 dólares, las monarquías del Golfo Pérsico se habían convertido en tabla de salvación de algunas economías occidentales. Los fondos soberanos de estos Estados semifeudales regaban con sus petrodólares empresas en crisis. Pero a España no llegaban, o sólo con cuentagotas, a causa, según los expertos, de la desconfianza generada por el caso KIO. Y ahí el rey volvió a ser «el mejor de los embajadores», como repite sin cesar la meliflua prensa convencional. «España dispone de un tejido productivo competitivo e innovador dotado de recursos humanos y tecnológicos adaptados al proceso de globalización de los mercados y economías más exigentes», dijo el rey, metido en el papel de representante comercial de los empresarios de su troupe en la gira organizada por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Se trataba de convencer de que las empresas españolas eran «socios fiables», especialmente en aquellos momentos en que se estaba negociando un acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

El entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró que el responsable del fondo público del emirato, Mohamed Al Sabah, le había dicho que el escándalo KIO era un «asunto personal del pasado». Una vez más se había salido con la suya. Juan Carlos se había liberado del lastre de los amigos gastados y, con otros nuevos como Corinna, estaba empezando una nueva etapa de fructíferos negocios.

QUINTA PARTE
Sembrando vientos

23. Borboneando gobiernos

EL REINADO DEL PAPEL CUCHÉ

La monarquía pasó por distintas fases, al compás de los presidentes de turno y un puñado de reputados consejeros con los que el rey ha bailado, unas veces llevando él y otras dejándose llevar por los encantos del partenaire de turno. En principio, su papel político debía ser inexistente. Así lo establece la Constitución que, en su artículo 63, únicamente le atribuye la función de representante exterior del Estado. Ninguno de sus apartados le legitima para intervenir en un debate político. Al rey corresponde, y no es poco, acreditar «a los embajadores y otros representantes diplomáticos»; «manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados»; y, «previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz». Pero en la práctica los límites de estas atribuciones no están nada claros.

El rey, por ser quien es, tiene grandes privilegios de todo orden y un campo muy extenso de intervención política abierto ante sí. Las limitaciones a lo que dice o hace, tanto en el plano estatal como en el internacional, no se han establecido nunca. Se dice que desde su papel redentor la noche del 23F Juan Carlos no volvió a participar en tareas de gobierno, pero esto no es del todo cierto.

Después de la etapa PSOE del felipismo, las últimas décadas del no-gobierno de su majestad estuvieron llenas de borboneos y contradicciones que llegaron a confundir incluso a la izquierda antimonárquica. La misma izquierda que, por boca de Julio Anguita, le reprochaba con un «¿por qué no se calla?» cuando opinaba sobre el tratado de Maastricht y la integración europea, le pediría años más tarde que sí hablase y se manifestase contra la guerra, o mediase con el rey de Marruecos en el conflicto con la activista saharaui Aminetu Haidar, sin dejar de criticar al mismo tiempo su abrupto y etílico «¿por qué no te callas?» a Hugo Chávez. A la vez que se había mojado en la guerra del GAL, a favor de un grupo político concreto, hay constancia de que tomó partido a favor de la primera tregua de ETA y fomentó las negociaciones con el grupo armado en tiempos de Mayor Oreja (con el gobierno Aznar), no se sabe con certeza a favor de quién ni por qué. Bandazos en la pista, que dejaron a más de uno anonadado.

Aunque está bastante claro el fondo ideológico de la monarquía en general, y de Juan Carlos —sucesor del Generalísimo— en particular, esto no parece haber afectado a su relación con los partidos políticos (conservador uno y presuntamente de izquierdas el otro) que se han ido alternando en el poder. Coherente en el fondo, sus posturas han estado siempre acordes con su propio interés, no precisamente político. Su ideología nunca ha sido óbice para mover la cadera a derecha e izquierda cuanto fuera necesario. Y su relación con sus colaboradores y gobernantes de turno no se vio tampoco afectada por ella a la hora de devolver simpatías y favores, o bien ejercer un revanchismo mezquino, en el terreno político. Y es que, ante todo y sobre todos, Juan Carlos se ha llevado bien con quien no le ponía problemas a que hiciera lo que le daba la real gana. Siempre con el permiso de los Estados Unidos, eso sí.

En este sentido, no hay duda de que ha sido por imposición el rey de todos (mal que nos pese a muchos); aunque, por gusto y por conveniencia de ambos, sobre todo ha sido el rey de los socialistas. Los años del felipismo fueron su edad dorada, y la llegada al gobierno de Aznar no fue ninguna alegría para él.

De principio, la vida política de Juan Carlos fue mucho más pacífica. Después de tanto escándalo (presuntos chantajes, el difícil punto final del GAL, el caso KIO, el horribilis 92…), la familia real volvía a reinar en el papel couché con sus mejores galas, en bodas, bautizos y funerales.

Con la fastuosa boda de la infanta Elena en Sevilla, en 1995, la Casa Real se dio cuenta de que aparecer en la portada del Hola disparaba los índices de popularidad de la institución mucho más que mil artículos de ABC, y lo tuvo claro. Las infantas dejaron de aprovechar la ropa vieja de mamá, y se dedicaron a lucir en la mejor de las perchas modelitos de los diseñadores de más relumbrón. La imagen de Elena de Borbón con grandes pamelas, y la de su nuevo esposo con extravagantes pantalones que dieran que hablar en Tómbola, se multiplicó en actos mundanos de todo tipo. También a la infanta Cristina le llegaría su turno, cuando se anunció un noviazgo que parecía casi como el del resto de humanidad; aunque el novio, Iñaki Urdangarin, se lo había robado a otra que no era princesa. No podía haber elegido nada mejor que un jugador de elite, aunque fuera de balonmano, en una etapa en la que las «anitas obregón» del mundo perseguían futbolistas que, junto con los toreros, se convirtieron en la última década del siglo en la especie más perseguida por aspirantes a famosas. La boda de Cristina en Barcelona, realizada para Televisión Española por Pilar Miró, ya encargada antes de la de la infanta Elena, fue un nuevo éxito de audiencia. Un espectáculo en toda regla.

Luego vinieron los hijos de ambas, y los profesionales de la prensa tuvieron que hacer horas extra para no perderse ni un minuto de la larga espera ante las clínicas privadas en que nacieron. El pueblo español no podía perderse las primeras carantoñas de Froilán, Juanito Urdangarin, Victoria Federica… Y las cadenas de televisión interrumpían las emisiones habituales para anunciar tan buenas noticias en directo. La muerte de la madre del rey, María de las Mercedes, condesa de Barcelona, en enero de 2000, acabaría de dar el último barniz de humanidad a la familia real, que tanto estaba necesitando después de varios amagos de conjura contra la Corona lanzados desde el PSOE. En su funeral, como ya habían hecho en el de Don Juan, el rey y la reina aparecieron juntos, llorando emocionados y, de nuevo, el gesto fue desproporcionadamente ensalzado en la prensa, como si hubiera algo de extraordinario en que alguien llorase la muerte de su madre. Francisco Umbral, en sus últimos años entregado a explicarle al país lo humano que era el rey «que no quiso ser Franco» (lo que podría entenderse en un doble sentido, sin la mayúscula en «Franco», aunque no era la intención del escritor), publicó en su columna diaria de El Mundo: «Este Rey Juan Carlos, que tanto ha enseñado a reír a los ásperos españoles, es un hombre que llora cuando le pasan cosas. A la gente le gusta saber eso». Aunque también decía: «El Rey llora con un ojo pero me mira con el otro…».

Miraba a su alrededor el monarca, como diciendo: «¡A ver qué pasa…!». Y es que la llegada al poder de Aznar debería haberlo devuelto a los quehaceres veleidosos de las vacaciones en el yate y los bodorrios… sin más preocupaciones. Pero no se podía todavía bajar la guardia. Hubo que seguir todavía varios años con un ojo abierto para vigilar lo que ocurría en el desenlace final de tanto sumario instruyéndose en los juzgados. El PSOE había dejado demasiada huella.

AZNAR Y EL REY… CUANDO TOCA

Después de la larga y azarosa etapa de reinado con el felipismo, el rey Juan Carlos entró en una nueva fase política con el Partido Popular (PP). No era ningún secreto que José María Aznar recelaba de la institución monárquica y del protagonismo del rey. Pero tuvieron que amoldarse el uno al otro.

Antes de conseguir llegar a la Moncloa, pese a los escándalos del PSOE que trabajaban en su favor (sobre todo el tema GAL), el Partido Popular no lo había tenido nada fácil. No ya porque contase o no con la confianza de la banca o la patronal CEOE, o con la simpatía o no del monarca. Es que frente a los españoles defraudados por los presuntos socialistas, la derecha no era realmente una alternativa. Desencantarse ante el choriceo del PSOE y huir hacia el PP sólo se le podía ocurrir a los atrapados entre el guatemala y el guatepeor que el régimen de la monarquía parlamentaria había logrado ir consolidando a lo largo de los años. En el PP lo sabían, y pusieron todo su empeño en una campaña para moverse hacia el centro, aun a costa de unas cuantas cabezas —«cráneos privilegiados», que diría Valle-Inclán— del PP más recalcitrante. Pero antes de ganar las elecciones en 1996, por pura desesperación de un electorado cuya alternativa era abandonarse a la abstención en masa, a Aznar le pusieron alguna que otra zancadilla.

Al rey Juan Carlos, muy en particular, le costaba bastante aceptar el previsible resultado de que el PP fuera a llegar al gobierno un día no muy lejano. Se había sentido demasiado cómodo con Felipe González y, sobre todo, atado a él por los secretos compartidos. Durante la campaña electoral del 93, en un debate en directo con el líder del PSOE en Antena 3, José María Aznar dijo algunas cosas que todo el mundo estaba deseando oír, sobre los escándalos de corrupción económica y la guerra sucia. Viniendo de él, no era como para echar las campanas al vuelo, pero era algo; y, aparte de un enorme éxito de audiencia, el debate dio al líder del PP como claro ganador. Pero inmediatamente después, mientras el público esperaba impaciente la segunda entrega, que iba a tener lugar en el plató de Telecinco entre los mismos contendientes, Aznar recibió una llamada, y el consejo real de no tensar demasiado la situación. «Menos crispación» era la consigna. El 31 de mayo de 1993, toda España estaba pegada a Telecinco, como si lo que fueran a emitir fuera la final de la liga… O más, porque el debate preelectoral alcanzó unas cifras de audiencia que ni Gran Hermano en sus momentos más calientes conseguiría superar. Fue el récord de la cadena en toda su historia, nunca batido hasta el día de hoy. Sin embargo, Aznar desaprovechó la ocasión, y defraudó. El público se quedó pasmado ante la imprevisible y anodina desaparición de las referencias a la corrupción, y el PP redujo la ventaja que había adquirido en el anterior debate. Acabó perdiendo las elecciones.

Con todo, los ocho millones de votos que obtuvo en su derrota del 93, la falta de otras alternativas y el punto de vista del gobierno yanqui sobre el contencioso, situaban ya a Aznar como un inevitable futuro presidente cara a la siguiente legislatura. En círculos próximos al monarca se barajaba la posibilidad de una «tercera vía» con el banquero Mario Conde a la cabeza para dar salida a la situación, pero esta opción quedó descartada definitivamente después de un viaje de Juan Carlos a Estados Unidos, en octubre de 1993. A su regreso, Aznar fue recibido en La Zarzuela, y luego se reunió en Moncloa con Felipe González, para comenzar una especie de «traspaso de poderes» por anticipado, con varios acuerdos para acabar de forma terminante con Mario Conde (el 28 de diciembre siguiente el Banco de España intervendría Banesto) y pactar un punto final al tema GAL. El 3 de marzo de 1996 el Partido Popular ganó las elecciones generales.

Entre los flecos que habían quedado pendientes, estaba lo del caso KIO. Aznar había comenzado por explicar a Manuel Prado, cuando recurrió a él por primera vez, en una entrevista que tuvieron en la primavera de 1994, que el PP no se iba a mojar por el rey en un escándalo de corrupción económica (o si el rey no actuaba como garante de la unidad de España). Pero en sus telegramas de noviembre del 94 desde la cárcel, uno de los destinatarios de Javier de la Rosa, junto con el rey y Jordi Pujol, fue José María Aznar. No se sabe con certeza lo que tal advertencia podría significar, aunque De la Rosa ha hablado en alguna ocasión de una «maleta de dinero» entregada a un dirigente del PP. Como quiera que fuese, ya después de las elecciones del 96, en noviembre de ese año, el gobierno de Aznar colaboraría con el rey cuando Sabino Fernández Campo fue llamado a declarar sobre la entrevista que había tenido con De la Rosa, a través de su vicepresidente Francisco Álvarez Cascos.

El gobierno del PP también colaboraría en ayudar a Polanco y Cebrián con sus problemillas en el caso Sogecable, porque el rey se lo había pedido. Jesús Polanco tenía entonces (y seguiría teniendo hasta su muerte, en 2007) mucho predicamento en Zarzuela.

Aun así, nunca hubo química entre el rey y el líder del PP, por mucho que la primera dama, Ana Botella, pusiera todo su empeño en resultar simpática. Ante testigos, Juan Carlos se cansó de criticar y ridiculizar a Aznar en multitud de ocasiones («¡Pero qué corto, qué hombre tan corto!», dicen que dijo). Aparte, el monarca no se contuvo lo más mínimo en desplantes varios y diversos. Como cuando anunció el compromiso matrimonial de la infanta Cristina el mismo día en que Aznar era recibido por el presidente Clinton; o cuando abrazó efusivamente a Felipe González ante una nube de fotógrafos, después de un sobrio apretón de manos a Aznar, en la recepción para celebrar el día de su santo en los jardines del Campo del Moro, en junio del 98.

Aznar devolvía todas las pelotas que podía, como si estuviera jugando el partido de pádel de su vida. Lo tenía danzando de un lado para otro en viajes oficiales con la reina a toque de corneta, pero si el rey quería ir a Cuba, pues eso iba a ser que no. «Ahora no toca», decía Aznar, y había que esperar. Su pertinaz negativa a que el rey viajase a la Cuba de Fidel Castro (un líder que siempre supo ganarse a los que le visitaban, aunque fuesen tan fachas como Fraga Iribarne), constituyó un claro síntoma de la falta de entendimiento. Cuba se quedó como una espinita clavada en el corazón del rey Juan Carlos. No pudo visitarla oficialmente en sus 39 años de reinado, aunque pudo pisar La Habana en 1999, con motivo de la Cumbre Iberoamericana. Aznar no le dejó volver y con Zapatero el tema ni se llegó a plantear.

Otra desavenencia importante (la primera que tuvieron, en el verano de 1996, apenas llegado Aznar a la Moncloa), fue por el tema del yate Fortuna. El gobierno se resistía a que los Presupuestos del Estado sufragasen su construcción; y fue cuando el rey optó —como ya se ha contado— por aceptar la propuesta de un grupo de empresarios mallorquines de costearlo ellos y regalárselo.

LA EXTRAÑA POLÍTICA ANTITERRORISTA

Pero estas nimiedades carecen de importancia cuando, en lo que realmente cuenta, reina la armonía. Ya se lo había advertido Aznar a Manuel Prado en el 94, que lo que más le importaba, como a Franco, era la «unidad de la patria». Ahí, por lo que se ve, los dos se portaron. Y eso a pesar de las aparentes contradicciones, que no fueron pocas.

Para tranquilidad del PSOE, Aznar se avino a negociar, por mediación del monarca, importantes nombramientos que afectaban a los ministerios de Defensa (con Eduardo Serra a la cabeza), e Interior (con Ricardo Martí Fluxá como segundo de Mayor Oreja); y también al CESID (con el general Javier Calderón como nuevo director general). Luego, el 2 de agosto, Aznar decidió no desclasificar los papeles del CESID. Y, tras el juicio del caso Marey, celebrado en el verano del 1998, concedió el indulto a Vera y José Barrionuevo, que no llegaron a pasar ni un año en la cárcel.

Por otro lado, el rey tuvo un papel bastante activo y estrambótico en la política frente a ETA, aunque sabemos bastante poco al respecto. En 1997, en medio de una catarsis colectiva sin precedentes, de las masivas manifestaciones contra ETA tras la ejecución de Miguel Ángel Blanco, el rey quería participar como fuese. Bajo la creativa consigna «ETA no, vascos sí», el CESID había convocado en la capital una manifestación «espontánea» multitudinaria, anunciada insistentemente durante todo el día en todos los canales de televisión, que modificaron sus programaciones habituales para dedicar todo el espacio a retransmitir los acontecimientos a medida que se producían. Cuando la manifestación llegó a su término, las masas allí concentradas estaban demasiado exaltadas, arrebatadas, fanatizadas… No estaban dispuestas a disolverse, y un grupo de la extrema derecha se sumó a ellas con banderas españolas para dirigir una marcha a pie hacia Euskadi, para «liberar las Vascongadas». En ese contexto, Juan Carlos tuvo la idea de lanzar un mensaje institucional por televisión, que para eso se había montado todo un estudio en La Zarzuela. A saber lo que quería decir porque, afortunadamente, la cosa estaba demasiado complicada y Aznar lo paró, «por considerarla desacertada, inoportuna e inconveniente». No le gustó nada esto al monarca, pero tampoco a los manifestantes que la policía acabase yendo contra los suyos en la Puerta del Sol, contra los manifestantes de «manos blancas», disueltos con antidisturbios.

Hay que advertir, para los más incrédulos, que el rey suele estar enterado y meterse en muchas más cosas de las que, en principio, parece que le correspondan. Se sabe, por ejemplo, que en los 90 la Casa Real negoció una mediación con ETA, aunque no por qué. Fue una incongruencia quizá relacionada con estar buscando vías para cerrar el tema GAL. Javier Abasolo, un empresario vasco ligado a los socialistas de Bizkaia, tuvo contactos con miembros de la banda armada mientras cumplía condena en cárceles francesas por intentar cobrar un pagaré sin fondos. Y Abasolo le hizo llegar a Alberto Perote (exagente del CESID), más tarde, información sobre una propuesta de mediación de la Casa Real española en el tema de ETA. Parece ser que de aquellas negociaciones, que continuaron durante años, acabó surgiendo la tregua de 1999, según Perote. Se produjo precisamente en el periodo en el que Ricardo Martín Fluxá —un hombre próximo a La Zarzuela, donde justo antes había sido jefe de protocolo— ocupaba el cargo de segundo de Mayor Oreja en el Ministerio de Interior, como secretario de Estado para la Seguridad. Fue una breve etapa que parecía anunciar una negociación final al conflicto.

Pero en seguida el gobierno del Partido Popular volvió a estar donde quería estar. Era de esperar. Aquello de Aznar refiriéndose a ETA como «Movimiento de Liberación Nacional», más que chocante, sonaba a mentira; y no podía durar. En seguida su gobierno dio oficialmente por finalizada la «tregua-trampa» (nunca, en realidad, había llegado a tomarla en serio) e inició su verdadera política antiterrorista. Lejos de los sucios métodos del GAL —con todos los peligros que, se había visto, traían acarreados—, a Aznar se le ocurrió algo mucho mejor: básicamente, seguir haciendo lo mismo, pero convirtiéndolo en legal. En palabras del abogado Juan Manuel Olarieta: «Ése es el papel de los jueces ¿para qué hacer las cosas ilegalGALmente si podemos hacer lo mismo leGALmente? Y ¿qué es lo leGAL y qué es lo ileGAL? La respuesta os la sirven todos los días en los medios de intoxicación: lo leGAL es lo que los jueces dicen que es leGAL. Punto y final». La estrategia del gobierno de Aznar consistió en pasar las competencias del GAL a los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, hacer lo mismo de manera distinta.

La Ley de Partidos de 2002, que sustituía a la de 1977, indicaba en la exposición de motivos que su objetivo era «garantizar» el funcionamiento del sistema democrático: «…impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas». Muy amplio y muy vago. En Francia, para ilegalizar a un partido político hace falta un acuerdo del pleno del Consejo de Ministros, que se puede recurrir ante el Consejo de Estado, es decir, los máximos órganos políticos. En 1956 Alemania ilegalizó al Partido Comunista después de un largo proceso judicial ante el máximo tribunal del Estado, el Tribunal Constitucional. En España en abril de 2003 Garzón, un simple juez de instrucción, ilegalizó Batasuna y todo su «entorno» (y al PCEr, de paso) con un simple auto; ni siquiera necesitaba una sentencia. Fueron condenados y disueltos sin que nadie les convocara a juicio para poder defenderse.

La judicialización de la política acabaría acarreando todo tipo de problemas a los partidos que la habían creado también, cuando los casos de corrupción comenzaron a proliferar.

BORBONEANDO A FAVOR DEL GOBIERNO

Eso sí, mucha «España una, grande y libre» pero el patriotismo de Aznar prosiguió con las mismas características curiosas que siempre tuvo en las distintas etapas políticas de la Transición, a favor de una soberanía intervenida por potencias extranjeras. Durante su gobierno se dieron importantes y decididos impulsos a la «integración» de España en organismos internacionales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Europa Comunitaria, con decisiones vinculantes que afectaban a la defensa y a la independencia económica del Estado, naturalmente sin llevar a cabo ninguna consulta popular, ¿para qué? Y el papel del rey era apoyar de forma activa esta política, con sus palabras para empezar. Un papel que cumplía con tanta diligencia como cuando pronunciaba discursos plagiados de artículos de Felipe González en la anterior etapa. Quizá en esta nueva, con más ahínco. Se ve que Aznar le ponía más deberes que su predecesor.

Precisamente estas cuestiones provocaron la primera crítica al rey desde los foros políticos institucionalizados que ha podido constatarse. Se la hizo Julio Anguita, y no con la boca pequeña precisamente, justo antes de que la campaña de acoso y derribo contra él se cobrase su cabeza. «Lo que tiene que hacer el rey es callarse», sostuvo Anguita en septiembre de 1996 en una rueda de prensa, dos días después de haber hablado, además, en su mitin de la tradicional fiesta anual del PCE en Madrid, de la República, el federalismo y el derecho de autodeterminación de los pueblos (incluido el español). Sus críticas venían a cuento de varios discursos en los que el monarca se había referido a la OTAN y al tratado de Maastricht.

Juan Carlos había hablado sin tapujos de que la renovación de la OTAN debería permitir la plena participación de los países que la componían, y abogaba por una reforma que facilitara la total integración de España en la Alianza. Fue en su discurso en la sede de la OTAN, en Mons, Bélgica, el 25 de abril del 96, redactado inicialmente por José de Carvajal Salido (director general de Seguridad y Desarme en aquellos días), y luego limado en Moncloa (todavía era Felipe González presidente en funciones, pero envió el discurso real, por cortesía, a la sede al PP de Aznar). También había tratado el rey el tema de Europa en varias alocuciones públicas (entre otras en la del 30 de agosto de 1996, con motivo del Consejo de Ministros presidido por él en La Zarzuela), defendiendo los acuerdos de Maastricht: «Los objetivos que, a plazo fijo, España desea alcanzar en el seno de la Unión Europea exigirán decisiones importantes por parte del Gobierno y un esfuerzo considerable de todos los ciudadanos…», dijo aquel día. Y todo esto fue lo que provocó que el entonces líder de Izquierda Unida dijera: «El Rey, con el tema de la OTAN, lo mejor que podía hacer era callarse. Y, en el tema de Maastricht, callarse. Y si no se calla en estos temas, hombre, que le eche una mano a la justicia en el sentido de todo lo que está pasando. Pero yo creo que es mejor que se calle, cumpliendo su papel constitucional».

Aunque no está claro: su papel de representante exterior del Estado que la Constitución le confiere, no le legitima para intervenir en un debate político abiertamente, pero sí depende de él: «manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados», según el artículo 63 punto 2. Pero el réspice de Anguita no tuvieron que contestarlo ni Aznar ni el rey, porque ya se encargaron gentes como Felipe González o Cristina Almeida (que dijo que Anguita estaba «hablando de otro mundo»). Convirtieron sus reacciones ante las palabras del comunista en una defensa de la monarquía. El tema del papel del Estado español en los organismos internacionales ni se debatió. Pero, eso sí, durante semanas las tertulias radiofónicas polemizaron sobre si se podía o no criticar en público al rey. Y naturalmente llegaron a la conclusión de que, en cualquier caso, aunque se pudiera, no se debía hacer. Para ampliar sus informaciones sobre el tema, la cadena de la Conferencia Episcopal, la Cope, encargó una encuesta a la empresa Sigma 2 sobre la opinión de los españoles con respecto, entre otras, a la cuestión: «¿Es, en general, aconsejable o desaconsejable el hecho de que se le planteen críticas al rey?». El mero hecho de ponerlo en duda resultaría objetable en un Estado que establece la libertad de opinión y de expresión como derechos fundamentales; pero sólo el 15,8 por 100 de los consultados entendieron que sí estaba bien analizar, y reprobar si era el caso, las actuaciones del rey. Una abrumadora mayoría daba la razón a las consignas del pensamiento único.

En lo que también tuvieron buena sintonía Aznar y Juan Carlos fue en lo de la guerra de Irak. Y también por esto el rey se tragó, no sin pestañear, unas cuantas críticas. El peneuvista Anasagasti, que hace algún tiempo se pasó al lado oscuro con los críticos a la monarquía, tuvo un diálogo duro un día con el rey, cuando éste le dijo que «él era militar y le gustaban las guerras» y Anasagasti le contestó que se fuera él y mandara a su hijo. No fue lo único que tuvo que escuchar, porque hubo más críticas a su «pasividad», «falta de coraje», «dejación de sus funciones»… y, en fin, su pacatería ante un Aznar que se había reunido en las Azores con Bush, Barroso y Blair, y quería mandar tropas a una guerra «para sacar a España del rincón de la historia». Esas decisiones acabaron siendo su tumba política.

EL PROBLEMA CON ESTADOS UNIDOS

La victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, tres días después de los atentados en Madrid del día 11 de marzo, se produjo en medio de una gran conmoción social.

Tras importantes movilizaciones contra la guerra, el Estado español había acabado entrando de todos modos en ella por la tozudez de Aznar, que se había creído a pies juntillas aquel discurso de telepredicador del hermano de Bush: «los beneficios serán inmensos». Se refería, naturalmente, a los recursos naturales que iban a esquilmar en Irak las transnacionales occidentales. A Aznar se le veía encantado de jugar a ese juego tan divertido de la guerra, en la liga de los Bush, hablando en tex-mex y poniendo los pies en la mesa para enseñarle al mundo islámico las sucias suelas con las que los pensaban pisotear.

Entonces pasó lo que pasó: el brutal atentado en la estación de Atocha de Madrid, llevado a cabo por una célula de terroristas yihadistas, tal como reveló la investigación policial y judicial. Fue el segundo mayor atentado cometido en Europa hasta la fecha, con 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes de varias estaciones de cercanías, en hora punta de la mañana (entre las 07:36 y las 07:40). Más tarde, y tras un intento de desactivación, la policía detonaría de forma controlada dos artefactos que no habían estallado. Tras ello desactivaron un tercero que permitiría, gracias a su contenido, iniciar las primeras pesquisas que conducirían a la identificación de los autores. Fallecieron 193 personas y 1.858 resultaron heridas.

La mayoría de los españoles relacionó inmediatamente lo sucedido con la prepotencia y chulería de Aznar, y con su empecinamiento por meternos en una guerra que nadie veía clara y desde luego no quería. Para eso no hacían falta medios manipuladores ni campañas de intoxicación. La guerra acababa de llegar a la puerta de casa, con los únicos «beneficios» que las guerras repercuten en el pueblo: la muerte. Por si a los ejecutivos de Repsol y compañía se les había olvidado. El PSOE, era lo mínimo, no pudo sino prometer una rectificación inmediata y el regreso de las tropas de Irak. Y ganó las elecciones.

No tiene buen perder la derecha en general y la española en particular. El Partido Popular y sus medios de comunicación acusaron a los del PSOE (la emisora de radio Cadena SER, controlada por PRISA, muy en especial) de haber agitado a la opinión pública para provocar el giro político en los comicios del 14 de marzo. No se podían creer que hubiesen caído solitos, por sus propios méritos. Tampoco sus amigos americanos podían creerlo. El 11M fue analizado por la inteligencia de Estados Unidos y, según los documentos que destapó Wikileaks, concluyeron que la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero no era sino una consecuencia directa de la mala gestión del anterior gobierno tras los atentados. Como en muchos otros casos, Wikileaks mostraba lo poco inteligente que en realidad era la inteligencia yanqui. ¿Qué tipo de milagro esperaban de Aznar para tapar los muertos, en los que la política norteamericana tenía una importante responsabilidad?

Tan fría se quedó la relación con los amigos americanos que Bush no se quiso poner al teléfono cuando Zapatero le llamó para felicitarle por su segunda victoria electoral. Y Zapatero no quiso levantarse ante la bandera de los Estados Unidos en el tradicional desfile militar del 12 de octubre. La recuperación de la confianza iba a ser un proceso muy lento.

Había que recomponer las cosas y ahí acudió raudo y veloz el mediador borbónico a la llamada. En noviembre de 2004 el rey Juan Carlos fue convocado por George W. Bush a su rancho de Crawford, en Texas, a ver qué se podía hacer para distender las relaciones entre la Administración de EEUU y el Gobierno español, en su momento más gélido.

No arregló mucho, pero le tuvo ocupado borboneando hasta 2008. Antes de abandonar la Casa Blanca, George W. Bush envió una sentida carta a los reyes en la que incidía en la larga relación de Estados Unidos con España, a la que calificaba de «aliado vital», y aseguraba que Madrid y Washington compartían una «fuerte y duradera» relación de «amistad». Una amistad que estaba por encima de coyunturas como la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. E incluso de George W. Bush. Nada más llegar a la Casa Blanca, Obama expresó su voluntad de estrechar los lazos con España y mantuvo una primera reunión bilateral con Rodríguez Zapatero en abril en Praga, durante la cumbre anual de la Unión Europea y Estados Unidos, y en octubre lo recibió en la Casa Blanca.

De este periodo —y en particular sobre el rey, Aznar, Zapatero y EEUU—, tenemos algo de información gracias a la organización periodística Wikileaks. Consiguieron y filtraron 3.620 documentos centrados en España, secuestrados a la opinión pública por los gobiernos, pertenecientes a la misión diplomática estadounidense en Madrid (103 secretos, 898 confidenciales y 2.619 sin clasificar). Sacaban a la luz presiones y amenazas ejercidas por EEUU sobre personas con poder de decisión en España acerca de temas conflictivos con la diplomacia estadounidense, como la retirada de las tropas de Irak o los vínculos con Cuba y Venezuela. Si bien en algunos casos estas revelaciones tenían estrictamente el valor que tiene la opinión de una persona de posición influyente, y en la mayoría se trataba de relatos narrados por una sola fuente (el servicio diplomático de Estados Unidos), resultaban tremendamente reveladoras, aunque sólo fuera para entender cómo se ven las cosas desde arriba. Pero por desgracia Wikileaks escogió a El País para pasarles la información (y otros cinco diarios mundiales), con el propósito de que el diario la difundiera a sus lectores. Y, claro, El País hizo lo que le dio la gana: de los más de 250.000 cables remitidos, decidió hacer pública sólo una parte, reservándose los que consideró unilateralmente «de dudosa credibilidad». Publicó información sólo sobre «aquellos que consideramos imprescindibles» que, la verdad, resultaron ser la mayoría irrelevantes.

Por lo que supimos por El País, los funcionarios de EEUU estaban poco entusiasmados con sus homólogos españoles de la era Zapatero, refiriéndose a «la pobre impresión» causada por algunos miembros del gobierno. Pero valoraban especialmente la figura del rey Juan Carlos. En un cable, se ofrecía asesoramiento sobre cómo ganarse su admiración, a base de peloteo del fino, algo que recomendaban a Washington encarecidamente.

POR QUÉ NO TE CALLAS

No nos filtró nada El País, sin embargo, sobre el apoyo a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga en Venezuela en 2002, brindada por sólo dos países en todo el mundo: la España de Juan Carlos de Borbón y los Estados Unidos de Bush. Cuando Zapatero llegó al poder, el tema todavía coleaba. Esto también había que encauzarlo de nuevo, fuera como fuera; y el ministro de Asuntos Exteriores con Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, hacía esfuerzos para suavizar tensiones. Las relaciones comenzaron a mejorar tras distintas reuniones que mantuvieron Chávez, Moratinos y Zapatero en visitas oficiales y foros internacionales como la Cumbre Euro-Latinoamericana. Pero el conflicto no estaba resuelto del todo cuando a Juan Carlos se le ocurrió poner su granito de arena, durante el transcurso en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2007.

Chávez acababa de hacer unas declaraciones recordando la participación de España en el golpe de Carmona, algo que ya Moratinos había reconocido en diciembre de 2004, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Sus afirmaciones para intentar clarificar la cuestión habían sido: «1. que hubo un golpe de Estado en Venezuela; 2. que el Embajador español recibió instrucciones del Gobierno; 3. que el objetivo de estas instrucciones —o mejor dicho, para evitar juicios de intención, que el efecto de la ejecución de esas instrucciones y de otras actuaciones— fue apoyar el golpe». Matizaba además el sentido en que sus palabras debían entenderse: «Por apoyar quise y quiero decir que no condenó el golpe de Estado, que lo endosó y que le ofreció legitimidad internacional». La cosa estaba clara. Sin embargo, Zapatero se propuso, cual caballero andante, salvar el honor de Aznar y recriminar a Chávez por lo que había dicho de él, durante una de las sesiones de la Cumbre. Eso sí, de una forma muy suave y educada, casi meliflua, que no gustó demasiado a Juan Carlos, teóricamente convidado de piedra en este tipo de actos políticos.

En la Cumbre participaban los Jefes de Estado de los distintos países acompañados de otros representantes políticos electos, como los ministros de Asuntos Exteriores, pero éstos en un segundo plano. Menos España, como excepción habitual, que estaba representada por partida doble: por el presidente electo del Gobierno (en aquel momento José Luis Rodríguez Zapatero) y por el rey Juan Carlos I. En estos foros es normal que el rey pronuncie un discurso inaugural o de clausura, un brindis… Pero no que intervenga en las sesiones deliberativas en las que los representantes electos debaten entre ellos cuestiones políticas puntuales. Su presencia es menos participativa que simbólica. O así debería ser. Pero no lo fue el día 10, durante la última jornada de la Cumbre, en la que de forma inopinada se le ocurrió intervenir.

Zapatero exigía respeto para Aznar, y Chávez le contestaba fuera de turno: «Dígale a él que respete la dignidad de nuestro pueblo…». «Un momentín…», le rogaba Zapatero, cuando atronó la voz de Juan Carlos, señalando con un dedo amenazador a Chávez: «¡Tú! ¡¿Por qué no te callas?!». «Un momentín…», insistió Zapatero. «Podrá ser español el presidente Aznar, pero es un fascista —dijo Chávez— y es una falta de respeto».

Es decir, que la abrupta salida de tono de Juan Carlos no consiguió en absoluto que Hugo Chávez se callara. Es más, a continuación la intervención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció la privatización de la distribución eléctrica por gobiernos nicaragüenses corruptos y anteriores en favor de la empresa española Unión Fenosa; y se quejó de la injerencia de las embajadas de España y Estados Unidos en asociación con la derecha de Nicaragua. Fue en esos momentos cuando Juan Carlos de Borbón se levantó y salió del recinto.

Tampoco con esto consiguió el rey acallar las críticas al polimorfo neocolonialismo español en Hispanoamérica. Lo que provocó fue un aluvión de reacciones y la consecuente tensión diplomática, por su mala educación y sus maneras fascistoides en primer lugar: La frase —tildada de «exabrupto», «salida de tono», «gesto sin precedentes», «duro enfrentamiento»— fue portada de en diarios nacionales y extranjeros, no sólo de habla hispana («the King’s Rebuke to Chávez», era el titular de la revista estadounidense Time). La espontánea campechanía del rey no fue entendida allende las fronteras del Estado y supuso una caída de la reputación real en América Latina y un grave problema diplomático entre España y Venezuela, con incluso llamadas a un posible conflicto bélico en la prensa de ese país.

El representante cubano en la Cumbre, el vicepresidente Carlos Lage, fue uno de los primeros en salir en defensa de Chávez, destacando su derecho a «defenderse», dado que Aznar también había «atacado a la dignidad de Venezuela» en «reiteradas ocasiones». A su juicio, no debería interpretarse «el derecho de Venezuela a defenderse como un ataque al rey o al Gobierno de España o al pueblo español». El argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, declaró: «Hace falta más de un rey para callar a Chávez»; y «Quizá no fuera oportuno, pero Chávez tenía razón». También el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expresó: «Me parece una tremenda falta de respeto, por más que haya perdido (la paciencia) de quien estimo mucho, Juan Carlos, y gracias a Dios, Chávez no lo oyó».

Es cierto que no lo había oído, o eso declaró en un primer momento Chávez: «Yo no oí lo que dijo el rey», comentó, para agregar que le contaron que el soberano español estaba «como un toro». Pero luego fue incrementando las tensiones a través de repetidas declaraciones acerca del incidente. Calificó las palabras del rey como un «exabrupto» («que venga un rey a gritarle a un presidente: Ahora cállate»). Y unos días después advirtió: «Las empresas españolas van a tener que empezar a rendir más cuentas», y «yo voy a meterles el ojo a ver qué están haciendo aquí, a todas las empresas españolas que estén en Venezuela». Semanas más tarde afirmó que si el rey Juan Carlos I no pedía disculpas «por haberle agredido» en la XVII Cumbre Iberoamericana, tomaría «acciones». Hugo Chávez lo tenía claro: si el rey se había revuelto como un toro no era sólo por defender a Aznar. «Es difícil pensar que el embajador va a estar apoyando a los golpistas, que va a ir al Palacio [presidencial] sin la autorización de su majestad», dijo.

En los foros latinoamericanos en internet la tormenta arreciaba. Se podían leer cosas como: «España es una mierda que vivió de los latinos y hoy que ya no tienen dinero se acuerdan de Latinoamérica, pero mejor que chinguen a su madre, ratas racistas, viva Latinoamérica y mueran los traidores». Pero en España el tema se intentó suavizar desde un primer momento. Aparte de las críticas de Izquierda Unida (dirigidas más al papel de Aznar en Venezuela durante su mandato que al rey por su exabrupto), el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero eludió la cuestión. Y el Partido Popular se centró en criticar la actuación de Zapatero, a cuya «imprevisión», «negligencia» y «falta de capacidad de actuación» atribuyó el incidente, al mismo tiempo que elogió al rey por «defender al conjunto de los españoles».

La Casa Real dio una explicación: el rey Juan Carlos había abandonado el pleno en protesta por los ataques a Aznar, para mostrar el «desagrado de la delegación española», de acuerdo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se había quedado en la sesión por si era necesario responder a nuevas acusaciones. Pero como aquello no era de recibo, se llegó a dejar correr off the record, a modo de disculpa, que el rey sufría una intoxicación etílica, que lo habían tenido que sacar de allí entre varios porque se caía… No era la mejor opción del mundo para salir del paso, pero surgió otra salvadora: antes de que la sangre llegara al río, hete aquí que por intervención divina, de repente y sorpresivamente, todo se tomó a broma. Al poco tiempo de la hecatombe diplomática y mediática que parecía haberse producido, la frase comenzó a repetirse y a utilizarse de forma humorística. De la interpretación desde parámetros políticos, se pasaba a una lectura mucho más inocua: todo había sido una gracieta del rey. Las tiendas de recuerdos y los mercadillos se inundaron de banderolas y camisetas con el lema, y la prensa seria comenzó a contraprogramar los chistes malévolos que circulaban por internet con viñetas de humor blanco con el rey campechano como protagonista.

Gran parte del fenómeno social se manifestó en la red. El portal YouTube registró rápidamente la subida de numerosos vídeos que recogían el momento en que fue pronunciada la frase, con dicharacheras ediciones propias, animaciones, fotomontajes y hasta un reggaetón. La acogida del público fue grande y diferentes blogs y foros tocaron el tema, además de aparecer en redes sociales como Facebook. Los análisis del acontecimiento realizados por el sitio web Compete —que muestra el tráfico de los dominios más conocidos— registraron en el mes del boom internauta un pico que llegó a alcanzar los 10.000 visitantes mensuales en porquenotecallas.com y 2.000 en el equivalente español, porquenotecallas.es.

En Argentina, la frase se utilizó para un programa de televisión del canal Telefe, conducido por Mariano Peluffo. Y en España se insertó en la canción «Baila el Chiki-chiki» seleccionada para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2008 compuesta por el humorista Rodolfo Chikilicuatre. Joaquín Sabina, en un encuentro con la prensa en Bogotá en el que destacó su condición de republicano por convicción, la usó humorísticamente dirigiéndose a su colega Joan Manuel Serrat, en momentos en que éste le interrumpía una y otra vez durante la rueda de prensa conjunta y después de que ambos se hubieran negado a referirse al incidente. Serrat sólo declaró: «Hemos venido a promover nuestro Dos pájaros de un tiro, no el de Chávez ni el del rey».

Sin saber cómo, el réspice del rey a Chávez se había convertido en una broma que a todos, desde cualquier postura ideológica, hacía gracia. La polémica se desvió así hacia una postura de humor mucho más afectuosa. Para llegar a ella había sido necesario hacer el esfuerzo de olvidar el contexto formal y político en que se había pronunciado.

Si lo comparamos con otros casos, vemos que no es infrecuente que un exabrupto se convierta en frase humorística a nivel popular, aunque no sea gracioso en sí mismo. Cualquier ciudadano, en España, seguro recuerda unas cuantas cuchufletas repetidas hasta la saciedad. Algunas pronunciadas originariamente por escritores de prestigio, como el «Yo he venido aquí a hablar de mi libro» de Francisco Umbral (en el programa «Queremos saber» de Mercedes Milá, en 1993); o el «¡Váyase usted a la mierda, a la mierda!», que Fernando Fernán Gómez le espetó a un lector que, con cierta insistencia, le pedía una dedicatoria de un libro que acababa de presentar. Otras, por personajes más populares, como Belén Estaban, con su celebérrimo «Andreíta, cómete el pollo». Pero el «Tú, ¿por qué no te callas?» del rey triunfó sobre todas ellas.

La gracia parece estar más en la repetición descontextualizada que en el exabrupto mismo. A veces, la frase en cuestión no es ni siquiera un réspice. Podríamos citar innumerables ejemplos que no lo son, creados por humoristas profesionales —como el «Que va, que va, que va… yo leo a Kierkeegard» de Faemino y Cansado; el «Hoy no… Mañana» de José Mota; o el «cállate, cállate que me desesperas» que el personaje de Quico solía repetir en la serie televisiva mexicana El Chavo del 8 (por cierto, de gran parecido fonético y semántico con la frase del rey)—. Pero también otros, puestos en el disparadero de la risa por no profesionales del humorismo: tuvo mucho eco la «relaxing cup of café con leche» de la exalcaldesa Ana Botella, por ejemplo.

El propio Chávez acabó por encontrarle la gracia al borbónico humorista involuntario, después de una negociación diplomática, durante la visita oficial que realizó a España en julio de 2008. En el reencuentro con el monarca en el Palacio de Marivent, en Mallorca, aceptó con una sonrisa socarrona el regalo de Juan Carlos I: una camiseta con la inscripción de la frase; y se dejó fotografiar con ella mientras le decía: «Y ahora, ¿por qué no nos vamos a la playa?».

Lástima no acabe todo con tan buen vino. Que los Borbones no suelen tenerlo, lo acababan de demostrar apenas unos meses antes de la Cumbre, cuando ordenaron el secuestro de El Jueves porque no les hizo gracia una viñeta. Y eso que muchos opinaron que aquella portada de Felipe y Letizia «trabajando» por la dinastía tenía mucha más chispa que el «¿Por qué no te callas?» del rey.

FUNCIONARIOS DEL REY

En lo que respecta a los funcionarios de la Casa, el rey también hizo, por supuesto, lo que le dio la real gana. Aznar tuvo que aceptar que Fernando Almansa y Rafael Spottorno, como Jefe y Secretario respectivamente, continuasen donde Mario Conde y Polanco los habían puesto tras conseguir el cese de Sabino Fernández Campo en 1993. Pero el tema Eva Sannum acabaría quemando al equipo. Fue cuando se rumoreó con mayor intensidad que el presidente del Gobierno, José María Aznar, tenía una relación difícil con Juan Carlos, que el rey no aguantaba a Aznar y Aznar no soportaba al rey. A Fernando Almansa le tocó estar en medio.

En 2002 fue sustituido por Alberto Aza, y Spottorno por Ricardo Díez-Hochleitner. El cambio no fue tan grande.

Díez-Hochleitner ya había estado con el expresidente del Gobierno Felipe González, en su equipo de asesores personales como jefe de su Gabinete de Asuntos Internacionales. Y su padre, exconsejero del Grupo Prisa del mismo nombre, mantenía con Polanco una estrecha amistad desde 1970, año en el que fue aprobada una nueva Ley de Educación. Como resultado de la reforma y de la información privilegiada que manejó Polanco gracias a Díez-Hochleitner, sólo la editorial Santillana, de Prisa, vendió libros escolares con los textos adaptados. Díez-Hochleitner había sido el hombre clave del Gobierno en aquella operación.

Por otra parte Rafael Spottorno, que también tiene relaciones familiares con el diario El País, no se fue muy lejos. Fue recompensado tras su salida del leal servicio a Palacio con un puesto en el Consejo de Administración de la extinta Caja Madrid, con la que también tenía conexiones, a través de la Fundación, José Manuel Romero Moreno, asesor jurídico privado de Juan Carlos. Spottorno fue uno de los diez privilegiados que se repartieron 25 millones de paga extra por cabeza, el mismo año en que la entidad que presidía Rodrigo Rato tuvo que ser rescatada por el Gobierno con cerca de 5.000 millones de euros procedentes de los bolsillos de todos los ciudadanos. Claro que también estaba Miguel Blesa, íntimo amigo de José María Aznar, con quien compartió pupitre en los años 70 en una academia madrileña en la que preparaban oposiciones para inspector fiscal, llevándose mucho más. A pesar de presiones políticas de todo color para que renunciaran a estos bonus, Spottorno insistió en su derecho a cobrar.

Tras nueve rentabilísimos años con Caja Madrid, en 2011, Spottorno cesó su relación con la entidad y volvió a La Zarzuela en sustitución de Alberto Aza; es decir, esta vez como Jefe de la Casa. Justo a tiempo para los últimos trepidantes años del reinado de Juan Carlos, que vivió de modo muy activo. Tras la abdicación, iba a seguir cobrando como consejero del rey, pero tuvo que dimitir. Otro escándalo de Caja Madrid, el de las tarjetas black (opacas) lo señalaba como uno de los usuarios de aquella maquinación que les permitía robar a manos llenas los fondos de la entidad, mediante un procedimiento tan sencillo como retirar billetes en un cajero automático. El consejero del rey se había llevado sin justificación alguna más de 200.000 euros.

EN BENEFICIO DE SU MAJESTAD

Juan Carlos no volvió a tener nunca con ningún otro presidente la complicidad que había tenido con Felipe González. Cuando se vio libre del yugo de Aznar, con Zapatero, se desató. Pero no había armonía entre ellos y a veces aquello crujía. Juan Carlos empezó a considerar que ya había hecho bastante por España y quería dedicarse a sí mismo. Le debían de resultar demasiado estresantes sus obligaciones al servicio de intereses que no siempre coincidían con los suyos en particular. Le robaban demasiado tiempo. Así que Juan Carlos engañaba a Aza con otros aduladores que le ayudaban a darle esquinazo, y también engañaba a Zapatero, para irse de viaje por su cuenta a dedicarse a lo suyo. Bueno, por su cuenta no: con cargo al Estado en lo que a gastos se refiere. Al gobierno cada vez le costaba más trabajo disciplinarlo. Su actitud no era razonable pero no había forma de pararlo.

Desde 2004, su relación con la presunta princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein acrecentó su indisciplina. Controlarlo se convirtió en misión imposible. Pero el problema no era de moral sexual, sino político y económico. Con Corinna, Juan Carlos se embarcó en un maremágnum de negocios y correrías, en el ámbito internacional, en el que más de una vez entró en contradicción con la política oficial del gobierno.

Sus actividades extraoficiales se realizaban con frecuencia en peligrosa combinación con actuaciones oficiales. Durante la gestión de Zapatero se le permitió consolidar la costumbre de efectuar viajes privados que incluían encuentros con los líderes del país de destino, pero que no seguían la línea de información establecida con el Ministerio de Asuntos Exteriores. La información sobre estos viajes era prácticamente nula. Como mucho se comunicaban al gabinete del ministro. Eran viajes privados, pero realizados con medios públicos y con entrevistas con los líderes de esos países.

Paralelamente a los placeres privados, el monarca «mediaba» en acuerdos económicos con implicaciones políticas. La cosa tendría un pase si al menos lo hiciera a iniciativa del gobierno, en beneficio de eso que llaman Marca España (que en la práctica es un grupúsculo de empresarios y financieros muy particular). Pero, digan lo que digan, esto no siempre fue así. Como cuando «medió» para que el Gobierno aprobase la entrada de la petrolera rusa Lukoil en el accionariado de Repsol: seis veces en un solo día llegó a telefonear a Zapatero.

La comisionista Corinna, en la que la erótica del poder se mezclaba con la erótica a secas, intervino en el asunto de la Lukoil, pero no sólo en eso. En 2007 también participó directamente en otra gestión problemática: un gran contrato de suministro de gas procedente de Argelia. Para ganarse el favor de los argelinos, el rey llegó a hacer una declaración donde defendía un acuerdo para el Sáhara respetando su libre determinación, llevando la contraria al entonces ministro Moratinos, más pro marroquí.

Los medios de comunicación españoles, siempre colaboradores con el régimen, lograron evitar que la declaración que había hecho el monarca fuera del dominio público. Y así costó mucho menos trabajo hacer olvidar lo que había dicho, cuando fue necesario. Por ejemplo, a la hora de negociar con Marruecos la venta de armas —o mediar en la negociación—. El derecho de autodeterminación del Sáhara no le interesó nada cuando, en diciembre de 2009, Hillary Clinton y Moratinos sugirieron que Juan Carlos I llamara a Mohamed VI para resolver el caso Haidar. La activista saharaui Aminetu Haidar había comenzado una huelga de hambre cuando las autoridades marroquíes le impidieron aterrizar en El Aaiún, le requisaron el pasaporte y la confinaron en el aeropuerto de Lanzarote. Tan sólo tres días antes de la injerencia estadounidense a cargo de Hillary Clinton, Izquierda Unida, los sindicatos UGT y CCOO, tres premios Nobel —Günter Grass, José Saramago y Dario Fo—, otro escritor que ganaría el premio al año siguiente, Mario Vargas Llosa, y más de 200 artistas, como el director Pedro Almodóvar o Aitana Sánchez Gijón, habían celebrado un acto para reclamar la intervención del rey de España como último recurso para salvar la vida de una mujer que entonces llevaba 26 días sin comer. Entonces el monarca se excusó en que la política exterior no era competencia suya, sino del gobierno. El conflicto terminó cuando las autoridades marroquíes, tras 32 días de huelga de hambre, accedieron a que la activista volviera con sus dos hijos a la capital del Sáhara, El Aaiún, a la que Haidar dijo que retornaría «viva o muerta».

En cambio, en 2013 el rey sí «se mojó» por un pederasta español, condenado en Marruecos en 2011 a 30 años de cárcel por abusar de once niños. Daniel Galván Viña salió en libertad de la cárcel de Kenitra (40 kilómetros al norte de Rabat) gracias a un indulto real. Formaba parte de un grupo de 48 reos españoles indultados por el rey Mohamed VI, en respuesta a una petición en este sentido del rey Juan Carlos. El caso de Galván levantó una enorme indignación en Marruecos y, pese a la falta de libertad de expresión, se convocó a través de Facebook una manifestación ante la Cámara de Representantes, a la que se adhirieron más de 3.000 personas. Para solucionarlo, Mohamed VI expulsó de Marruecos al pederasta y le prohibió volver a entrar en el país. Así que nada más hacerse público, Galván se dirigió al Consulado español de Rabat para tramitar su documentación, poder abandonar el país y regresar a la amada patria.

EL ÚLTIMO GOBIERNO DEL REY

El escándalo del pederasta indultado sí tuvo difusión en la prensa. Uno más, junto con lo de Botsuana, Urdangarin, los hijos ilegítimos… Ya Mariano Rajoy había tomado el relevo a Zapatero, y la crisis española —también de la monarquía— estaba fuera de control. Ya no se podían poner puertas al campo, en la difusión de informaciones sobre corruptelas y correrías indecentes. Ni la izquierda ni la derecha tenían argumentos para defenderlo. Fue una caída en picado del circo borbónico, en el que cada día crecía un enano.

Rajoy tomó posesión en diciembre de 2011, tras un adelanto en las elecciones que le dio la mayoría absoluta al Partido Popular. Recién llegado, lo primero que escuchó del rey cuando empezaron a despachar fue que quería abdicar. Al presidente casi le da un síncope. Le hizo ver que la situación era difícil, mucho más grave de lo que él se esperaba. No se sabía lo que podría pasar si se iba. No podía ceder el trono a su hijo en unas condiciones tan críticas. Y tan feo le dibujó el panorama que Juan Carlos no tuvo más remedio que achantar y esperar. El tic tac de la cuenta atrás ya estaba sonando, sin embargo. La abdicación se veía como algo seguro, pero había que intentar que con Juan Carlos no cayera la monarquía. Los republicanos se frotaban las manos esperando la llegada inminente de la Tercera.

El gobierno popular tenía demasiado ocupadas las suyas en resolver sus propios conflictos con la Gürtel y los papeles de Bárcenas, así que dejó en el tejado de los funcionarios de Zarzuela salvar el cuello de Juan Carlos. Spottorno tomó el relevo en la jefatura de la Casa del Rey de un ya agotado Alberto Aza y, con el apoyo de Javier Ayuso en comunicación, acometió el reto de su vida: salvar la monarquía sin pisarle los callos a Juan Carlos. Porque, dispuesto a colaborar, el rey no estaba.

Entre todos, no fueron capaces de conseguir dejar fuera del caso Nóos a la infanta Cristina. La judicialización había llegado sin remedio también a la Casa Real. A todos, al presidente del gobierno el primero, les hubiera gustado poder deshacerse entonces de ese montaje y de los jueces que lo habían hecho posible, porque se había vuelto en su contra. Tanto en los que afectaban al Partido Popular como en el caso Urdangarin, lo que alimentaba los sumarios era la serie sin fin de ataques y contraataques que se propinaban unos a otros, como en una pelea de borrachos. Y aquello no tenía fin. Naturalmente, el rey estaba protegido por su impunidad constitucional, pero las chispas que saltaban en torno a su familia resultaban cada día más amenazantes. Porque, al final, el verdadero poder judicial no está arriba, en el Tribunal Supremo, sino abajo, en un simple juzgado de instrucción. Un juez tiene más poder que 500 diputados. El parlamento redacta una ley, pero quien envía a la gente a la cárcel es un juez.

Más que una politización de la justicia, lo que se estaba viviendo era una judicialización de la política, de una política que no se podía hacer a través de los votos. La Marea Blanca, por ejemplo, que englobaba los colectivos movilizados en contra de los recortes en Sanidad, ganaba batallas no en la calle ni en el parlamento, sino en los juzgados. A falta de estrategias políticas más eficaces, todo acaba en los juzgados: denuncias de casos de corrupción, reivindicación de la memoria histórica… En lo que afectaba a la Casa Real, y pese a la impunidad, no fueron ni uno, ni dos, ni tres los casos en los que tuvo que defenderse, no siempre con la misma suerte.

Por un lado, el caso de Arnaldo Otegi: en 2006 fue condenado por injurias al rey a un año de cárcel; pero tras un arduo camino judicial, en marzo de 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo acabó dándole la razón y condenando a España por violar su libertad de expresión. Un «zasca» en toda la boca al aparato protector de la santísima monarquía, con un coste para el Estado de 20.000 euros por daños morales y 3.000 de trámites judiciales. Una victoria, en absoluto pírrica, pero sí meramente moral, ya que el Estado —siempre respetuoso con las leyes— se negó tanto a pagar como a poner en libertad a Otegi.

Por otro lado, lo del caso Nóos se desmadró a partir de 2012, cuando Urdangarin y su socio, Diego Torres, rompieron relaciones y empezaron a dispararse con acusaciones mutuas que salpicaban por doquier. El juez Castro parecía independiente y era todo un peligro.

En un terreno mucho más íntimo, también aparecían problemas y no pequeños: comenzaron a surgir hasta de debajo de las piedras hijos ilegítimos de Juan Carlos. Su lucha en los juzgados no fue de las más afortunadas, pero estas cosas llevan su tiempo. Ya se vio en el caso Otegi que, donde no llega la justicia española, a veces llega la europea.

Todos estos líos tendrían que haber mantenido a Juan Carlos suficientemente ocupado y preocupado, pero aún le quedó tiempo para meterse en asuntos políticos que no tendrían que haber sido su cometido. En especial, como no le gustan las cosas sencillas, se le ocurrió meterse en el jardín soberanista de Cataluña. Fue también en 2012, el 13 de septiembre, dos días después de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Barcelona en favor de la independencia. Aquel día se ofreció una audiencia oficial en Zarzuela a la junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que asistió Salvador Esteve, veterano dirigente de CiU y, además de presidente de la Diputación de Barcelona, alcalde de Martorell. Como tal había votado a favor de la moción presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para adherir la localidad a la Asociación de Municipios por la Independencia. Al acabar el acto Juan Carlos abordó a Esteve y le abroncó de forma muy airada ante el silencio estupefacto de varios de los asistentes. Estaba enfadado porque no podía soportar la deriva soberanista a la que Artur Mas estaba abocando a la formación que tan fiel le había sido siempre. Fue durante el encuentro privado, ya sin la presencia de cámaras ni fotógrafos, y elevando el tono de voz: «¡Ya está bien, hombre, la que estáis liando!». Y el dirigente de CiU, abochornado, apenas alcanzó a balbucir unas pocas palabras: «Majestad, es el sentir del pueblo catalán…». Ya ve usted lo que eso le importaba a Juan Carlos que, visiblemente encrespado, le cortó de forma abrupta: «¡Ya está bien, hombre!».

Tan sólo cinco días después, el 18 de septiembre, el jefe del Estado insistía en hacer campaña de sus propias ideas sobre la indivisibilidad de España, de forma algo más comedida pero igualmente improcedente, lanzando un mensaje a través de la página web de la Casa Real en el que, sin citar expresamente a Cataluña ni a CiU, aseguraba que «lo peor» que se puede hacer en estos momentos es «perseguir quimeras» y «alentar disensiones».

La reacción inicial del gobierno catalán fue la de no darse por aludido. Pero, al día siguiente, el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, dijo que Juan Carlos se había equivocado con su mensaje, y que había «perdido la oportunidad de ser árbitro». Desde entonces, las críticas hacia él se extendieron a todos los sectores sociales, y en Cataluña ya no le libra ningún miembro de la familia real de pitadas y abucheos ni dentro del Liceo y rodeados de las élites.

Nada pareció afectar en exceso a Juan Carlos que, pese a las tormentas que arreciaban, no cejó en sus viajes y correrías en sus últimos años de reinado. Botsuana fue el culmen, pero ni mucho menos la última aventura en la que dio rienda suelta a su irresponsabilidad, no solamente institucional y política, sino también personal, porque era evidente que su estado físico desaconsejaba tales andanzas.

Poco antes de la abdicación, en mayo de 2014, el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón registró en el Congreso de los Diputados una batería de siete preguntas dirigidas al gobierno sobre los viajes del rey con empresarios, que en una buena parte el ejecutivo rechazó contestar. Ni Izquierda Unida ni la mayoría de los españoles sabían entonces que Juan Carlos estaba despidiéndose, en adelanto a su abdicación, cuando recorrió vertiginosamente en cinco viajes oficiales el Golfo Pérsico en apenas dos meses. Con razón se quejaba el diputado Garzón de que «habrían tenido lugar sin la suficiente información y transparencia que correspondería de acuerdo al carácter público de la actividad». Asimismo, señalaba en su escrito: «Hay que tener presente que hasta el momento España es una monarquía parlamentaria en la que los actos públicos del ciudadano Juan Carlos de Borbón, en su rol de rey, deben ser refrendados por el poder ejecutivo».

El gobierno se negó a aclarar si el rey había estado acompañado en sus viajes por empresarios españoles y, en ese caso, en cuántas de las visitas realizadas y qué empresarios acompañaban a Juan Carlos. Tampoco hubo respuesta a la cuestión de si el rey había operado «como intermediario comercial entre las grandes empresas españolas y los gobiernos de los países visitados» ni si el Gobierno o la Casa Real recibían «alguna comisión por operar como intermediario comercial entre las empresas españolas y los gobiernos extranjeros». No sería de extrañar que, en realidad, tampoco ellos tuvieran la respuesta.

24. La nueva camarilla

LOS SEÑORES DEL IBEX 35

En la última década del reinado de Juan Carlos muchos de sus más queridos adláteres habían caído en desgracia, y la guadaña monárquica los había liquidado de la vida pública antes de que el último mal acabase con la biológica. No pocos de ellos habían pisado la cárcel y habían sido borrados de la memoria de la santa Transición con goma de borrar: Armada, Tchokotua, Mario Conde, Manolo Prado… La verdad es que nunca tuvo Juan Carlos demasiados escrúpulos a la hora de prescindir de quien ya no le resultaba útil y sustituirle por otro, así que su círculo de amistades varió un poco.

Al lado de los compinches de siempre que milagrosamente habían sobrevivido a todas las batallas (los Albertos, Miguel Arias, Josep Cusí o Paco Sitges), en esa mezcla de negocio y placer con que ocupaba sus horas hacia el final del reinado, Juan Carlos frecuentaba a conocidos miembros de la aristocracia financiera y empresarial, en una entrañable amistad. Formaban un curioso grupo o pandilla de privilegiados, cada uno de ellos al frente de un feudo empresarial y todos bajo la protección real. El Santander, Telefónica, BBVA, Inditex, Iberdrola, OHL, Repsol…, es decir, las empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE), en las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia), y forman el Ibex 35, el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME). Ellas eran la Marca España que el rey se encargaba de promocionar por el ancho mundo, encarnadas en los señores que las representaban. Algunos procedían de las grandes familias de empresarios y financieros que desde el franquismo han estado en la oligarquía (como Juan Miguel Villar Mir o Emilio Botín); la novedad estaba en los otros, los que no son propietarios de la entidad que utilizan para forrarse: altos cargos, directivos, presidentes o consejeros, de consorcios de accionistas, muchas veces provenientes de privatizaciones: como Telefónica / Movistar o Renfe / Adif; o de cajas de ahorros reconvertidas en bancos (como Cajamadrid / Bankia, La Caixa / Caixabank o la CAM). Se trataba de personajes como César Alierta, Isidro Fainé, Guillermo de la Dehesa o Javier Monzón, que habían sido puestos en el lugar adecuado por los políticos de turno.

Entre tanto ir y venir de viaje juntos, se ve que surgió el cariño, porque entre los señores neo-feudales del Ibex 35 y el rey hubo un apoyo mutuo sincero y profundo. Juan Carlos les ayudaba a conseguir contratos en el extranjero y ellos le correspondían a él de múltiples maneras. Una de ellas, enchufando parientes y allegados en puestos con buenos sueldos y poco trabajo. Fernando Almansa, por ejemplo, cuando dejó de ser Jefe de la Casa Real pasó a ser miembro del consejo de administración de la Telefónica de César Alierta. También Urdangarin encontró su sitio como consejero de Telefónica Internacional S. A., cobrando una pasta, cuando dejó el instituto Nóos.

En los peores momentos de Juan Carlos, antes de la abdicación, supieron estar a la altura y mostrarle su adhesión pública. Como el 20 de marzo de 2012, en plena crisis por el caso Urdangarin. Lo mejor de cada casa, con 16 de 17 miembros del Consejo Empresarial de la Competitividad, que agrupa a los principales dirigentes de las grandes compañías españolas, le brindó su apoyo en la sede de Telefónica, en una reunión privada cuyas fotos publicó toda la prensa.

Juan Miguel Villar Mir fue uno de los adláteres más fieles del monarca, y sin duda de los más próximos e íntimos del grupo. Entre otras cosas, se encargaba de Corinna durante su relación con Juan Carlos. Su lealtad la premió el monarca el 3 de febrero de 2011, otorgándole un marquesado «por su destacada y dilatada trayectoria al servicio de la Corona». El gesto no gustó demasiado al elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles; menos todavía que el pintoresco título otorgado al tiempo a Vicente del Bosque (entrenador de «la Roja» en el mundial de fútbol que acababan de ganar, el de 2010), porque aquél no había ganado nada de lo que los demás pudieran alegrarse. La aristocracia más rancia se preguntaba perpleja qué méritos le habrían granjeado la concesión del título al acaudalado empresario, pero lo cierto es que eso de ennoblecer a empresarios y banqueros no suponía más que una actualización de los motivos, y era ya tradición en los Borbones desde el siglo XVIII.

En 1789, mientras en Francia la Revolución se disponía a conducir al patíbulo a Luis XVI, la España de Carlos IV convertía en conde al francés Francisco Cabarrús, fundador del Banco Nacional de San Carlos, precedente del Banco de España. De aquellos años procede el condado de la Reunión de Cuba o el marquesado de Santa Rita, ejemplo de burgueses que, enriquecidos en las Antillas, fueron ennoblecidos por decreto tras poner sus fortunas a los pies del rey. En 1829, Fernando VII hacía marqués de las Marismas del Guadalquivir al financiero de origen judío Alejandro Aguado. El entonces ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, aconsejó aludir en la carta ejecutoria a los «enormes recursos económicos aportados por Aguado para el fomento de la agricultura y la industria», eludiendo sin embargo el más pedestre argumento de los servicios pecuniarios prestados al monarca. Más o menos como ahora. Pura tradición borbónica.

Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, fue además uno de los hombres más beneficiados financieramente por las gestiones de «mediación» del rey en los últimos tiempos. Con su grupo empresarial y OHL, se mostró particularmente activo en las monarquías de la península arábiga y el Golfo Pérsico, gracias a la intervención de Juan Carlos. Por ejemplo, su grupo se adjudicó en consorcio un contrato en Kuwait por importe de 645,5 millones de euros; y otro, más importante todavía, para la construcción y explotación de la línea de alta velocidad Medina-La Meca en Arabia Saudí de 6.000 millones, que OHL compartirá con Renfe y Adif. Tras acompañar al rey en su viaje a la India en octubre de 2012, consiguió otro más con Ashok Hinduja, presidente del gigante constructor del mismo nombre y viejo conocido de Juan Carlos, dentro del programa de inversiones del gobierno hindú para construir infraestructuras por un billón de euros, el equivalente casi al PIB español de un año.

Juan Carlos y Villar Mir se habían conocido gracias a Emilio Botín López, que fue el que lo introdujo en palacio de forma paulatina y casi con calzador. Primero tuvo un fugaz paso por la política de apenas seis meses, como vicepresidente Económico y ministro de Hacienda de Arias Navarro, en el primer gobierno de la Monarquía, en el año 1976. A partir de aquella experiencia, decidió dedicarse a los grandes negocios de forma más discreta, lo más alejado posible de los medios de comunicación.

Botín tenía con Villar Mir una relación casi paternofilial, o de patronazgo. Se vio con claridad con motivo de la privatización, en 1986, de la división inmobiliaria de Rumasa, el imperio expropiado a Ruiz Mateos por Miguel Boyer. Se trataba de un «pelotazo» muy apetitoso, de 10.500 millones de las antiguas pesetas (63,2 millones de euros), por el que estaban enfrentados el empresario con el competidor Grupo Heron. Emilio Botín quiso poner paz y forzó una cena en la mansión de Villar Mir en Puerta de Hierro: «Tenéis que poneros de acuerdo», le dijo a su protegido. Y añadió: «Eso sí, si ganáis la operación la tenéis que hacer con el Santander». Pero aquello no acabó bien, porque el gobierno de Felipe González no tenía buen feeling con Juan Miguel. La división inmobiliaria de Rumasa fue para Heron. Pero no importó, porque Villar Mir ya estaba levantando una fortuna con la compra-venta de empresas en crisis y negocios inmobiliarios varios. Tras dar en 1987 el gran salto con la adquisición por una peseta de Obrascón, que más tarde se fusionó con Huarte y Laing, dando origen al Grupo OHL, Villar Mir apareció en diciembre de 1993 en el balance del Banesto expropiado con créditos por importe de 17.500 millones de pesetas (105 millones de euros), que él y su mujer habían avalado con su fortuna personal, pero que el Banco de España dio por perdidos.

Hoy la fortuna del empresario ennoblecido, centrada en el grupo que lleva su nombre —con negocios de energía, siderometalurgia, fertilizantes, construcción e inmobiliario— ronda los 6.000 millones de euros. Como casi todos los buenos amigos del rey, ya ha sido imputado por la Fiscalía Anticorrupción, en septiembre del 2014, por el presunto amaño de la concesión de una obra pública en un hospital de Baleares. El caso todavía no está resuelto.

Con la saga de banqueros de los Botín también tuvo Juan Carlos una larga y fructífera relación. Para el padre, Juan Carlos ya había hecho de «intermediario» con la dictadura militar argentina de Rafael Videla en el año 1976, consiguiendo acuerdos millonarios con el sanguinario régimen. Y con el hijo, el Emilio Botín fallecido en 2014, la colaboración fue más estrecha todavía. Con sus más y sus menos, eso sí, porque entre dos personalidades tan fuertes nunca se supo bien quién llevaba la batuta de verdad. El banquero tuvo gestos estrambóticos con el rey alguna que otra vez, con los que parecía estar diciéndole «¡cuidadín, cuidadín!». Como aquella vez en Brasil, en junio de 2012, cuando el presidente del Banco Santander logró eclipsar al monarca recibiéndolo ante la prensa con un llamativo look en rojo corporativo, formado por polo, bermudas y zapatillas perfectamente combinados en el mismo tono. Fulgurante como una antorcha en medio de los trajes azul oscuro casi negro de los demás empresarios de la comitiva, el saludo de Botín resultaba tan amenazador como el «Hola, soy tu menstruación» de un conocido anuncio de compresas.

Fuera o no una llamada de atención y aviso a caminantes, Botín pudo por fin respirar tranquilo 3 meses después, cuando tras 25 años de litigio consiguió que su histórica causa de las cesiones de crédito terminara en nada, a pesar de haber llegado al Tribunal Constitucional. Era un caso que le había irritado durante años. Las cesiones de crédito fueron un producto financiero comercializado por el Banco Santander entre 1987-1989, a través del cual los clientes podrían haber cometido un delito fiscal (es decir, que estaban pensados para eso: para defraudar a Hacienda). Los directivos del banco, con su presidente a la cabeza, habían sido acusados de presuntos delitos fiscales que causaron un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros a todos los españoles. En 2006, tras repetidas solicitudes presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había archivado la causa; y en 2007 lo había confirmado el Tribunal Supremo. Un fallo que marcó jurisprudencia con la denominada «doctrina Botín», por la que se impedía abrir juicio oral a instancias exclusivas de la acusación popular; es decir, que quien tuviera controlada a la Fiscalía del Estado no tenía nada que temer. Era algo que no estaba en la ley, que habían tenido que inventar ad hoc para el banquero y de más que dudosa constitucionalidad. Por eso la acusación particular seguía insistiendo y presentando recursos. No dejaban al pobre Botín en paz. El Tribunal Constitucional había admitido el recurso, y aquello era lo que le quitaba el sueño al banquero a mediados de 2012, porque dejaba abierta la posibilidad de que tuviera que ser juzgado de nuevo. Pero sorpresivamente, la acusación particular retiró el recurso de amparo presentado y admitido, tras alcanzar un acuerdo privado con Uría Menéndez, el despacho defensor de Botín (en el que casualmente había trabajado Alfonsín, antes de incorporarse al servicio del entonces príncipe Felipe en La Zarzuela). Ninguna de las partes implicadas quiso explicar cuáles habían sido las condiciones del acuerdo, justo a tiempo de evitar un fallo judicial a punto de resolverse, motivo que podría explicar la resolución extrajudicial alcanzada.

Otro de los grandes señores del Ibex, estrechamente vinculado al monarca era César Alierta, presidente de Telefónica, cuya privatización total había tenido lugar mediante dos ofertas públicas de acciones en 1995 y 1999. Antes de aterrizar en Telefónica apadrinado por el Partido Popular, Alierta ya se había lucido al frente de otra empresa pública privatizada en 1999: Tabacalera. Mientras se estaba cerrando el proceso de privatización, en 1997, siendo su presidente, Alierta había ideado la forma de aprovechar el conocimiento de determinados hechos sustanciales relativos al mercado bursátil, a las operaciones que se iban a realizar y a la repercusión que tales hechos fueran a tener en el desenvolvimiento del mercado de valores para obtener una ventaja patrimonial considerable. En concreto, sabiendo de antemano que la entidad iba a adquirir la tabaquera Havatampa, entendiendo que la noticia iba a tener repercusión en el precio de las acciones de la sociedad, se puso de acuerdo con un sobrino de su esposa, Luis Javier Placer Mendoza, para que pareciera que había sido él el único interviniente en la oportuna y rentable inversión que hicieron a medias.

Lo de que la justicia sea lenta tiene muchas ventajas: en julio de 2009 la jueza Manuela Carmena dictó sentencia absolutoria por haber prescrito el delito. Siempre tienen suerte estos avispados financieros. Aunque la sentencia no dejó del todo satisfecho a Alierta, por eso de dejar la sombra de la duda sobre su honor, le salvó la cara lo suficiente como para continuar al frente de Telefónica sine die.

Las ventajas de estar en Telefónica / Movistar son de distinto tipo. Se trata de un gigantesco conglomerado de intereses en el que abrevan todo tipo de iniciativas. Casi 1.500 millones de euros se destinan a patrocinios culturales, deportivos o de simple caridad; y, aparte, se destina otra buena cantidad —sin cuantificar oficialmente— a dar acomodo a los buenos amigos que lo necesitan, con puestecitos a razón de más de 200.000 euros de sueldo. Aparte de Urdangarin y de Fernando Almansa, en la lista de empleados de lujo de Telefónica figuraron nombres como el de Isidro Fainé (otro buen amigo del rey que también sirvió en La Caixa que da de comer a la infanta Cristina), José Manuel García-Margallo Valterra (hijo del ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy), José Iván Rosa Vallejo (marido de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría) o Paloma Villa (mujer del secretario general del Grupo parlamentario del PSOE, Eduardo Madina).

Otros ilustres prebostes en la camarilla de Juan Carlos en los últimos tiempos fueron Juan Abelló, quien tras el gran pelotazo de la venta de Antibióticos y el poco lucido papel de escudero de Mario Conde en su conquista del poder en Banesto, se convirtió a partir del año 2000 en el empresario de moda al frente de Airtel (luego Vodafone); tanto por su exitosa apuesta por el sector de las telecomunicaciones como por su estrecha relación con Aznar. Y banqueros como Amusátegui, navieros como Fernández Tapias, potentados de la distribución y otros negocios como Plácido Arango, capitanes de grandes empresas recién privatizadas como Miguel Corsini (en Renfe), Alfonso Cortina (en Repsol), o Jaime Carvajal Urquijo (amigo de la infancia y consejero de Ferrovial).

La familia real amparó la gran boda de la industria y el comercio en el 2000, en un sarao que fue la puesta en escena de la sociología de la cúpula del poder económico en la era del Partido Popular. Se casaban la hija del presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, y el hijo de Juan Abelló, primer terrateniente de España; y tuvo lugar en la finca Las Jarillas, que medio siglo atrás había sido acondicionada en las afueras de Madrid para que sirviera de colegio al príncipe Juan Carlos y a una serie de muchachos de buena familia de su generación. Felipe de Borbón encabezó la lista de testigos por parte del novio y la infanta Elena y su marido, Jaime de Marichalar, lo hicieron por el de la novia.

LAS NUEVAS GENERACIONES

Si en algún ámbito de la sociedad puede hablarse sin metáforas de una «casta», es en éste. Los cortesanos, los viejos amigos del rey que en las últimas décadas del siglo pasado habían protagonizado escándalos de corrupción y estafas millonarias comenzaron a pasar a la historia. La muerte de algunos de ellos coincidió en el tiempo con la decadencia y muerte social de los que quedaban. Tras de sí dejaron estruendosos silencios sobre el grado en el que el rey había estado involucrado en sus correrías financieras, pero también dignos herederos para continuar camino cerca de la familia real. Aun sin títulos aristocráticos, el legado de los compinches de Juan Carlos en anteriores etapas de su reinado, ya defenestrados, fue algo más que un buen recuerdo.

Manuel Prado, el amiguísimo, desapareció; pero ya antes su hijo, Borja Prado, había comenzado a seguir sus pasos. Su padre no le dejó oficialmente fortuna alguna, ya que tenía que aferrarse a la declaración de insolvencia para no devolver lo robado en el caso KIO; pero Borja ya llevaba décadas haciendo negocios, con su padre y por su cuenta, y continuó su carrera como asesor financiero de grandes fortunas, muy próximo a las nuevas generaciones de la familia real. La buena relación de los Borbones con los Prado y Colón de Carvajal es evidente. Mónica, la prima de Borja, está casada con Jaime Alfonsín Alfonso, secretario del príncipe Felipe primero y actualmente Jefe de la Casa del ya coronado Felipe VI. Y Borja es amigo de Jaime de Marichalar y de la infanta Elena.

Con la vieja guardia, el hijo de Prado ya había estado en Simulación, Mando y Control S. A. (junto a Mario Conde y Juan Alfonso Cardenal Pombo, hermano de Jaime, íntimo amigo del rey, del clan de Las Cuatro Estaciones). También fue consultor en España de la Union des Banques Suisses (UBS), que es uno de los bancos suizos más grandes y rentables, regido por la ley del secreto; exvicepresidente del banco de negocios Lazard España; presidente de la filial española de Mediobanca; y, además, consejero de Endesa, una de las empresas del Ibex 35. Dicen los entendidos que no hay operación o negocio de cierta importancia que se haga hoy en España que no pase de alguna forma por sus manos. Digno hijo de su padre, nadie duda en el Madrid de las clases altas de sus habilidades para ayudar a construirse una fortunita a las nuevas generaciones de la Casa Real.

Otro de los expulsados del entorno del rey tras su paso por prisión, Javier de la Rosa, también consiguió salvar del ostracismo social a sus descendientes, que continuaron moviéndose en los mejores círculos. En la boda de Javier de la Rosa hijo con la hija de los condes de Luna, Mencía Roca de Togores, en Sevilla, había sido Jaime de Marichalar (cuando todavía estaba casado con la infanta Elena) el encargado de representar a la familia real. Y a la boda del príncipe Felipe, en mayor de 2004, asistió como invitada la hija del financiero, Gabriela de la Rosa. Lo hizo en calidad de acompañante de otro ilustre niño de familia bien, el hijo mayor de Pilar de Borbón, Juan Gómez-Acebo, del que fue novia durante algún tiempo. Se habían conocido durante una de las meriendas en el Palacio de La Zarzuela a las que Juan Carlos había invitado a la familia del financiero catalán. Siendo abogada, Gabriela dedicó la mayor parte de su carrera profesional a la defensa de su padre en sus múltiples procesos judiciales, y ahí seguro que incrementó su contacto con la familia real. Pero no consiguió que el financiero pudiera asistir ni a la boda de su hijo ni a la de los príncipes, que también se había perdido Manuel Prado. Ambos tuvieron que seguirla por la tele, desde los respectivos centros penitenciarios donde cumplían condena. Después, ya les contarían los cotilleos más íntimos sus hijos. Estaban bien representados.

Emilio Botín también dejó sucesión a su muerte en 2014. Tan sólo 48 horas después del deceso, una Ana Patricia Botín sonriente tuvo a bien entrevistarse con el heredero de Juan Carlos, el ya coronado Felipe VI, de una generación similar a la suya y educado como ella en el arte del poder. Poco después volvieron a coincidir, en febrero de 2015, durante la presentación oficial de la Cámara de Comercio de España, de la que es vicepresidenta Patricia. Al acto también asistieron los ministros de Fomento y de Industria, y una nutrida representación del mundo empresarial. Felipe VI resaltó el valor de que los jóvenes cuenten con una experiencia laboral internacional y sepan considerar el mundo entero como su campo de acción. «No sólo son las empresas las que se deben internacionalizar». Y a todos a los que la crisis obligó a emigrar se quedaron con cara de parvos, preguntándose si era una broma o qué.

Los hijos de otro íntimo amigo del rey Juan Carlos, Simeón de Bulgaria, tomaron el relevo de su progenitor en los veranos de Mallorca y los negocios de altos vuelos. Los niños se casaron con niñas bien: Rosario Nadal, Carla Royo Villanova, Miriam Ungría y María García de la Rasilla. Y a la única hija se le permitió un casamiento más frívolo con el aventurero Kitín Muñoz.

El primogénito, Kyril Saxe-Coburg, casado con una exmodelo, es protagonista asiduo de las revistas del corazón, que prefieren llamarle príncipe Kyril. Se dedicó siempre a la gestión de inversiones financieras de grandes carteras, como director de la gestora de fondos de inversión GLG Partners LP, una entidad cuyos productos se encontraban en las carteras de algunas de las sociedades de inversión de mayor tamaño de España, pertenecientes a nombres ilustres del mundo financiero (como Alicia Koplowitz, Amancio Ortega o Juan Abelló). En la primera década del siglo estuvo en la cresta de la ola y las SICAV de los VIP españoles invertían con profusión en los fondos de Kyril. Tanto dinero ganó que empezó a salirle por las orejas… Y en 2009 comenzaron a publicarse informaciones sobre su presunto blanqueo de capitales, en una operación inmobiliaria especulativa en las Islas Baleares, junto a su todavía esposa Rosario Nadal (en trámites de divorcio). Se trataba de la compra de una finca de 2,9 millones de euros, que se había pagado con unos dineros de procedencia ignota, por los que no se habían rendido cuentas a Hacienda. La irregular adquisición se había cerrado ante notario el 31 de agosto de 2005, actuando como su representante legal Miguel Nadal, entonces vicepresidente del Consell de Mallorca y primo de su esposa, que cobró una comisión, o unos honorarios, de 370.250 euros. Nadal tuvo que acabar presentando su dimisión tras su imputación en varios casos de presunta corrupción urbanística para no perjudicar, dijo, con informaciones falsas publicadas en los medios de comunicación a los miembros de su familia.

Otro estilo de sucesor genético es el del hijo del que había sido el primer presidente del régimen monárquico: Adolfo Suárez, otro colaborador necesario de Juan Carlos que éste no tuvo reparos en liquidar cuando se desgastó. Suárez Illana, el hijo, se licenció en Derecho, y hasta estudio un máster en Harvard, pero la abogacía no era lo suyo. Los que lo conocen de cerca aseguran que en lo que destaca de verdad es en la caza, actividad en la que su escopeta llegó a ser reputadísima a la hora de abatir muflones. Se casó con la hija de una de las mayores fortunas del país, el ganadero Samuel Flores; e intentó abrirse paso en política de la mano de su amigo Agag, el consejero y yerno de Aznar. Para apoyarle en su candidatura a la presidencia de Castilla-La Mancha, no dudó en hacer participar a su padre —ya enfermo de Alzheimer— en un mitin del PP en Albacete, en la campaña de las autonómicas de 2003, aun consciente del desprecio que Suárez había sentido siempre por esa formación, antes conocida como Alianza Popular. Afortunadamente perdió estrepitosamente las elecciones y dejó descansar a su progenitor y a los inocentes castellano-manchegos, que no tenían la culpa de que no se le hubiera dado bien el Derecho.

Cuando ya los estragos del Alzheimer eran evidentes, Adolfo Suárez hijo tomó las riendas de la vida de su padre e intentó reescribir parte de su historia, borrando, por ejemplo, escenas sórdidas en su última etapa con Juan Carlos. Decidió, entre otras cosas, aceptar en su nombre el Toisón de Oro que Juan Carlos había tardado demasiado en otorgarle, en un acto lamentable en el que sólo él fue el protagonista, porque el expresidente ya estaba mentalmente ausente. El mismo día que se lo entregó personalmente, se tomó la libertad de fotografiar al rey junto a su progenitor de espaldas, paseando por el jardín de su casa como si fueran tan amigos. Una foto emblemática en la que la verdadera cara de Suárez quedaba oculta, con la que su hijo ganó el premio Ortega y Gasset a la mejor información gráfica de 2009. Él mismo había tenido la osadía de postularse pretenciosamente para un galardón, dotado con 15.000 euros, pensado para estimular la defensa de las libertades, la independencia, el rigor, la curiosidad y la pasión, como valores esenciales de quienes ejercen el periodismo.

Ese mismo año también quiso ser duque, título que había heredado su hermana mayor y de ella pasado a su hija. Para ello dirigió un patético escrito al rey en el que le pedía que desposeyera a su sobrina Alejandra del ducado que le correspondía como heredera legítima, y se lo concediera a él; ya que tal era, según argumentaba, el deseo que su padre expresaría si el Alzheimer no se lo impidiera. No lo consiguió, pero sí reencauzar la maltrecha relación con el soberano Borbón que había dejado a su padre en la estacada años antes, absolviéndolo por su cuenta de todos sus pecadillos.

Otro caso interesante para ver cómo las nuevas generaciones comenzaron a tomar posiciones y asumir el relevo de sus progenitores, en el entorno y en el corazoncito del monarca y su familia, es el del príncipe Al Waleed, nieto de Fahd y heredero del actual rey Abdalá de Arabia Saudita. El rey Fahd bin Abdelaziz al-Saud había mantenido una larga relación de amistad con Juan Carlos, ya desde que era príncipe heredero y hasta su muerte en 2005. A él debía el Borbón multitud de favores contantes y sonantes, como los 100 millones de dólares que le prestó durante la Transición y que Juan Carlos nunca entendió del todo que había que devolver. Pelillos a la mar, porque en los vaivenes de la vida siempre hay ocasión de hallar formas de compensación. Por ejemplo, echándole una mano a su nieto.

Aparte de amigo personal del rey, el príncipe Al Waleed bin Talal está considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Es dueño, entre otros muchos negocios de todo tipo, del 30 por 100 de Mixta África, una empresa dedicada a construir casas baratas en Senegal, Argelia y Mauritania, en la que Iñaki Urdangarin, yernísimo del rey, también tuvo una pequeña participación.

En 2008 Soraya, una joven modelo de Mallorca de 20 años, denunció que había sido narcotizada y violada en un lujoso yate en Ibiza, el Turama, que estaba ocupado por miembros de la familia real saudí. La víctima identificó a través de unos vídeos televisivos a Al Waleed como su agresor.

El 11 de agosto Soraya había quedado en el puerto con dos chicas árabes a las que había conocido días antes. Juntas cogieron un barco que las llevó a la elitista discoteca El Divino y fue allí, en la zona vip, donde ella cree que le echaron alguna sustancia en la copa que le sirvieron. «Tras dar dos tragos —contó en su declaración policial—, empecé a sentirme rara, muy mareada y como si estuviera en un sueño». Confió a sus amigas que quería irse a casa y salieron juntas al exterior, donde un coche las trasladó a un superyate, que a ella le pareció un crucero debido a sus imponentes dimensiones. Una vez en el barco, las chicas que la acompañaban le dijeron que tenía que apagar el teléfono porque estaban en un barco de la familia real saudí y allí no se podía hablar por el móvil. «Recuerdo que había muchas chicas y muchos chicos —unos treinta más o menos— como si fuese una orgía. Había mucha droga y gente consumiendo. Después, lo único que recuerdo es que estaba como en un sueño, como si alguien estuviese tocándome y como si estuviera encima de mí besándome, a la vez que noté un fuerte dolor en mis partes [íntimas]. Estaba en una habitación con una pequeña luz. Al ver al chico encima de mí, me levanté de la cama. Corrí hacia la puerta. Estaba muy mareada y en estado de ansiedad».

Al Waleed escribió al menos en dos ocasiones a su gran amigo el rey Juan Carlos pidiéndole ayuda en este pequeño asuntillo que podría llevarlo a la cárcel. Juan Carlos no le prometió nada, asegurándole que nada se podía hacer, porque la justicia en España es independiente… Pero algo sí se pudo. El acaudalado príncipe saudí también requirió ayuda del entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y de la Embajada de España en Riad. A través de todas estas vías se le aconsejó al magnate que tuviera paciencia, haciéndole notar que la justicia acabaría imponiéndose.

Pero aunque todos digan que no le ayudaron, los hados vinieron a conjurarse a su favor y, pese a la denuncia y los indicios, una superficial investigación policial y judicial no sirvió para aclarar el caso en absoluto. Los análisis forenses detectaron en la orina de Soraya restos de Nordazepam, un fármaco ansiolítico, hipnótico y sedante, dando credibilidad a su relato. Pero el Instituto Nacional de Toxicología guardó el ADN extraído del esperma hallado en su cuerpo y nunca lo cotejó con el de Al Waleed. La joven entregó las ropas que vestía la noche de autos —unas bermudas y un par de camisetas— pero no fueron analizadas. Tampoco figura nada en los escritos judiciales que indique que los policías se trasladaran al Turama para hacer investigaciones rápidas y directas. El juez Pablo Mendoza Cuevas dictó una providencia en la que, dando por bueno que el barco era «propiedad de la familia real saudí», sostenía que podía estar afectado por el convenio de Viena de 1961 que establece «inmunidad penal para los agentes diplomáticos».

El caso no avanzó, porque la policía no realizó más indagaciones. Cayó en vía muerta y la juez Carmen Martín Montero dispuso el sobreseimiento el 28 de marzo de 2010, y el archivo de las actuaciones judiciales el 8 de junio, argumentando que «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito».

El rey se alegró tanto que no dudó en enviar una breve carta al príncipe saudí, entregada personalmente por el embajador Pablo Bravo, mostrándole su «alegría» y su «felicitación».

Soraya tuvo mucha suerte, en el fondo. Si le hubiera pasado lo mismo en Arabia Saudita, sin duda las consecuencias para ella hubieran sido mucho peores. Lo fueron para la Chica de Qatif, como la prensa saudí la llamó para preservar su identidad, en mayo de 2006. La muchacha, que entonces tenía 18 años, había sido atacada y violada por unos desconocidos, cuando estaba con un compañero de instituto con el que había quedado en un centro comercial. Armándose de valor, porque en todo Oriente Próximo la violación constituye una vergüenza que rara vez llega a los tribunales, presentó denuncia. Bueno, le pidió a un abogado que la presentara por ella, porque en Arabia Saudita una mujer necesita un representante legal que haga la denuncia en su nombre. A pesar de que el fiscal pidió la pena de muerte para los siete presuntos violadores, los jueces la limitaron a entre dos y nueve años de cárcel. Y, maravillas del sistema judicial saudita, la víctima acabó siendo condenada a 200 latigazos y 6 meses de prisión. En primer lugar, por encontrarse con su amigo sin tener parentesco, lo cual constituye un delito en el reino; y en segundo, por intentar «influenciar al tribunal llevando su caso a la prensa».

No se trató de un caso aislado. Pero estas aberraciones tan habituales en el reino del príncipe Al Waleed no le importan nada al rey Juan Carlos, que no percibe más que alegría en el pueblo saudita en sus viajes de placer y negocios. España sigue cerrando con su monarquía contratos millonarios, entre otras cosas de venta de armas (por valor de 725 millones de euros entre 2003 y 2014). Y, mientras, Arabia Saudita sigue azotando mujeres y ejecutando a destajo (a un ritmo de un condenado, normalmente decapitado, cada dos días), sin ningún reproche de las democracias occidentales, y mucho menos de su entrañable hermano Juan Carlos de Borbón, pese lo que pese a Sorayas y chicas de Qatif.

25. La corte de Mallorca y otras sucursales

PALACIOS Y CASOPLONES

La Casa Real no es en realidad una «casa», como todo el mundo sabe. De hecho, en lo que se refiere a patrimonio inmobiliario con función residencial disfrutan de mucho más que una simple «Casa», por mucha mayúscula que se le ponga. Dejando al margen propiedades para personal de servicio, administrativo y de seguridad; y todos los monasterios y conventos que figuran como bienes de la Corona, los Borbón y Borbón han venido disfrutando, a lo largo de los 39 años de reinado de Juan Carlos, de al menos 8 palacios reales y 5 residencias reales de campo. Eso es lo que dicen en su página web, aunque no especifican cuáles y el número no coincide exactamente con los datos que se aportan en la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

Según el artículo 2 de esta ley, «tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen». La lista es bastante curiosa y merece la pena repasarla. Está en el artículo 3, que dice:

Integran el Patrimonio Nacional los siguientes bienes:

1. El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.

2. El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos.

3. El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor, y la llamada «Casita de Arriba», con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes.

4. Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.

5. El monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe. El Palacio Real de La Zarzuela y el predio denominado «La Quinta», con su Palacio y edificaciones anexas; la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos.

6. El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca.

7. Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

8. Las donaciones hechas al uso y servicio de la Corona.

Aquí figuran, en efecto, 8 palacios reales y 5 residencias de campo; pero también «edificios anexos», «Casas de Oficios», «edificaciones anexas» y «edificios contiguos», sin especificar el número ni las características. Se trata de decenas de viviendas y casas forestales, gestionadas por Patrimonio, muchas de ellas reconvertidas en lujosas residencias, en cuya rehabilitación y conservación se han invertido varios millones de euros en la última década. Una de ellas, en El Pardo, es La Angorilla, remodelada en 2006 para dar acomodo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. También Urdangarin y la infanta Cristina querían «una casita», y en 2003 hicieron gestiones ante Patrimonio Nacional para que este organismo público les acondicionara una en la sierra de Madrid, para vivienda ocasional de la pareja (como se supo después, por esos indiscretos correos electrónicos del caso Nóos).

Por otro lado, están «las donaciones hechas al uso y servicio de la Corona». Es curioso: en la página web de la Casa Real lo dicen justo al revés, explicando que Patrimonio administra «las donaciones hechas al Estado por Su Majestad el Rey», matizando que «conservando su derecho de uso». Sea como sea, en el gran cajón de sastre de las «donaciones» no se sabe lo que hay dentro exactamente; si se incluye o no, por ejemplo, el uso y disfrute de Son Vent, en Mallorca; o el palacio de La Mareta, en Lanzarote.

La Mareta, ubicado al borde del mar en la localidad turística de Costa Teguise, es un complejo formado por una villa principal y otras siete edificaciones más pequeñas, además de dos piscinas, erigido al estilo «magnate árabe». Lo mandó construir el rey Hussein I de Jordania a finales de los años 70, aunque nunca lo usó (sólo su hijo, una vez, durante su luna de miel). Hussein se la regaló a Juan Carlos en los años 80, no sabemos por qué o a cambio de qué, y ni siquiera para qué, porque Juan Carlos tampoco la usó nunca hasta 1993, y después muy poco. En cualquier caso, parece ser que el rey la «cedió» inmediatamente a Patrimonio Nacional para que el organismo se hiciera cargo de los gastos.

Mantener estos palacios no sale barato. Aparte de obras de remodelación cada tanto, en La Mareta trabajan durante todo el año dos empleadas del hogar, una encargada, dos personas que se ocupan del mantenimiento y un equipo de vigilancia 24 horas. Lo demás está encomendado a la Asociación Insular de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan). Todo esto para un escasísimo uso.

Al formar parte de Patrimonio Nacional, y como la familia real rechazaba usarlo para sus vacaciones estivales, el palacio se usaba para alojar personalidades de visita, como el excanciller alemán Helmut Kohl, durante la cumbre hispano alemana celebrada en Lanzarote en 1992. Pero después del fallecimiento de Don Juan, en el 93, y de la venta de sus propiedades, la familia real buscó refugio en La Mareta para pasar la Navidad y celebrar el fin de año en especial. Tras la muerte de la madre del rey, María de las Mercedes, el 2 de enero de 2000, que le sorprendió precisamente allí, dejaron de ir.

Desde entonces usaron La Mareta los entonces príncipes herederos Felipe y Letizia en una ocasión; y, esporádicamente, ilustres mandatarios como Mijaíl Gorbachov y su esposa Raisa, o los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Este último, como presidente del gobierno y ya que era de titularidad pública, la había elegido para sus vacaciones estivales en 2005; pero la Casa Real le puso problemas, porque al parecer la querían disponible permanentemente, en exclusiva. No tienen muy claro eso de la titularidad pública, parece. Como, aunque no tengan razón, tienen poder, desde ese año los presidentes del gobierno no volvieron a pisarla. Sólo se registró una visita del exdirigente checo Vaclav Havel, en 2008, y nada más. Diez años sin reyes, príncipes ni infantas… Quizá sí con alguna «princesa» off the record: en el verano de 2006 estuvo de vacaciones en Lanzarote la entrañable Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, aunque no hay constancia de dónde se alojó.

En los meses previos y posteriores a la abdicación, se percibió cierto movimiento y trasiego de bienes en distintos palacios reales que no constan en la Ley de Patrimonio, como los Alcázares de Sevilla y éste de La Mareta. Los vecinos de Costa Teguise vieron, en el verano de 2015, cómo una furgoneta se llevaba las últimas obras de arte (varios cuadros y una escultura) con destino a la península. No se sabe qué habrá sido, por ejemplo, de la impresionante colección de relojes que decoraba el lugar.

Extrañamente, los Reales Alcázares de Sevilla no figuran en el listado de la Ley del Patrimonio Nacional, aunque son igualmente considerados residencia de los reyes durante sus estancias en Sevilla, y sí se da cuenta de ello tanto en la página web de la Casa Real como en la de Patrimonio Nacional (pero no en la Ley).

También es curioso que el complejo de La Zarzuela, que es la residencia principal, esté ahí perdido en medio del monte del punto 5, y que ni siquiera se mencione explícitamente el Pabellón del Príncipe, en el que continúa residiendo el ahora rey Felipe VI. Tampoco se hace alusión alguna a la segunda residencia en importancia: el complejo de Marivent y Son Vent, en Mallorca.

LA SUCURSAL MÁS IMPORTANTE DE LA ZARZUELA

En Mallorca se emplaza la sucursal más importante de La Zarzuela (entendiendo por «sucursal» un «establecimiento dependiente de un establecimiento central que desempeña sus mismas funciones», como dice el diccionario de la RAE). Llega agosto y con él la estampa familiar más esperada en la isla: la familia real posando al completo en Marivent, la sede central, para facilitar el trabajo a la prensa.

Aunque hay un palacio real en Mallorca de titularidad pública, el de la Almudaina, por supuesto en perfectas condiciones de uso y mantenido con el dinero de todos los españoles, los caprichosos Borbones prefirieron este otro, que no pertenece a Patrimonio Nacional.

No, no es que fueran tan honrados que decidieran pagarse ellos mismos sus vacaciones y alquilar o comprar una casita. Eligieron una que depende de la comunidad autónoma; así que, a mayores de pagar todos el mantenimiento de la Almudaina, los baleares en particular tienen que pagarles Marivent. Para que pudieran llevar a efecto la ocupación real, primero tuvieron que desalojar del palacio un museo abierto al público.

En agosto de 1973, con la cesión del palacio, la Diputación Provincial de Baleares rompió el acuerdo al que había llegado con los antiguos inquilinos: la familia Saridakis. Juan de Saridakis, ingeniero y artista griego fascinado por el paisaje y las costumbres de la isla, había encargado la construcción de este palacio al arquitecto Guillem Forcada, que lo terminó en 1925. Allí vivió el artista hasta su muerte y fue entonces cuando su viuda, Anunciación Marconi Taffani, el 28 de abril de 1965 cedió Marivent a la diputación a condición de que se hiciera un museo con el nombre de su marido que estuviese abierto al público. Y así fue hasta, que en 1973, los entonces príncipes de Asturias, Juan Carlos y Sofía, se encapricharon de él.

Por mediación de su gran amigo, el presunto príncipe Tchokotua, casado con Marieta Salas y por tanto yerno de Pedro Salas, un acaudalado preboste del franquismo, que había sido presidente de la Diputación. Salas convenció a sus colegas del organismo oficial de que aquello iba a ser fenomenal para promocionar la isla, era una inversión: la familia real alquilaba su imagen a cambio de los lujos del palacio.

A los Saridakis no les consultaron, pero cuando se enteraron no gustó la idea. Además se preguntaban qué había pasado con la colección artística del museo. Esto podría haber sido otro lío como el de la herencia del duque del Hernani (capítulo 17), pero todo era mucho más reciente y estaba mejor documentado. Recurrieron a los tribunales para que se respetase la condición impuesta para la cesión del Palacio. En concreto, el hijo de Juan de Saridakis y su madre, Anunciación Marconi, interpusieron una demanda civil reclamando la devolución de todos los bienes del Palacio, entre los que se incluían valiosos cuadros de Delacroix («Cabeza de caballo»), Picasso («Niño»), Goya («Retrato del general Palafox»), Zuloaga, Sorolla o el propio Saridakis; además de grabados de Goya, Durero y Frank Brangwyn; o aguafuertes de Chabiles y Lahoz. Había también una colección de cerámicas formada por más de doscientas piezas de Manises. En fin, un fabuloso patrimonio artístico de incalculable valor. La demanda se presentó en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma de Mallorca, y en ella se aportaba, entre otros documentos notariales, un exhaustivo inventario de todos los bienes.

También entregaron al juez un acta notarial donde se reflejaban las sucesivas visitas realizadas por un fedatario público al palacio. A petición suya, iba un notario y solicitaba visitar el museo previo pago de la entrada, y tomaba nota de la respuesta, que siempre era la misma: el servicio de vigilancia no le permitía entrar y le remitían a la Casa Real para cualquier autorización de acceso.

Esta historia no se supo en su momento, porque los medios de comunicación oficialistas, siempre al servicio de su majestad, nos privaron de la imagen de los agentes judiciales entrando en palacio para incautar los bienes de los que se habían apropiado ilegalmente los Borbones. Porque los Saridakis finalmente pudieron recuperar todos sus bienes que, al parecer, se llevaron fuera de España.

Quienes salieron perdiendo, como siempre, fueron los ciudadanos, que se quedaron sin su museo. Los reyes y toda su parentela llevan alojándose en Marivent desde hace más de cuatro décadas, y ni siquiera los periodistas del régimen han podido nunca fotografiar el interior. Aunque sí informaron de que las obras de restauración y acondicionamiento fueron supervisadas personalmente por Sofía, que optó por «muebles blancos, pintura clara, colchas a juego con las cortinas y unas sillas de plástico blancas para la terraza que eligió por ser baratas, prácticas y fáciles de limpiar» (sic).

El palacio de Marivent, dicen, tiene seis habitaciones, cuatro baños y varios salones distribuidos en dos plantas. En la primera altura están los dormitorios de Juan Carlos y Sofía junto al de los invitados, además de dos salones, el comedor oficial y varios despachos. Ya en el piso superior se encuentran el resto de dormitorios destinados a los tres hijos de los reyes y un estudio que se construyó en lo que antes era la torre del palacio y cuyo hueco estaba desaprovechado. Lo mejor del palacio es una gran terraza con vistas a la bahía donde comen a diario en verano. Desde allí también ven la piscina, construida en un inmenso jardín que se comunica con el mar gracias a una escalera de piedra mallorquina. Pero desde fuera no se ve nada más que un largo muro alargado y blanco frente a un Mercadona y una enorme gasolinera, y a un lado los contenedores de la empresa de paquetería DHL.

URBANIZACIÓN BORBÓN

El palacio no es la única edificación del complejo residencial de los Borbones en Mallorca. En 1992 se le añadieron varias fincas adyacentes, a las que el entonces príncipe Felipe había echado el ojo, porque se les había quedado pequeño a la gran familia.

Pegadita a Marivent, Son Vent se levanta en un promontorio sobre el mar en Porto Pi. Inicialmente había pertenecido a un acaudalado palmesano, que en 1944 la vendió al Ministerio de Marina. Tenía una construcción central tipo palacete del siglo XIX, que pasó a convertirse en residencia del jefe del Sector Naval de Baleares, hasta que la Marina «dejó de necesitarla» y decidió, motu proprio, cederla al rey través de la Comunidad.

En principio comenzaron las obras de remodelación casi clandestinamente, negando que fuese para el príncipe; luego lo justificaron, de nuevo como inversión: para «garantizarse la perpetuidad de la Familia Real en Palma de Mallorca». Es decir, para ampliar el contrato de alquiler con más prebendas. Gabriel Cañellas, entonces presidente de Baleares del PP, asumió que la idea se le había ocurrido a él solito. Emitió un escrito al almirante jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo solicitando la cesión y éste dijo que sí, a condición de que se destinara para uso de la familia real. Después se cursó el ofrecimiento al rey, que aceptó agradecido. El Govern balear firmó con el Ministerio de Defensa la cesión, asumiendo los gastos de mantenimiento y conservación, por un plazo de 99 años —tiempo máximo que autoriza la Ley del Patrimonio—, hipotecando así también a las generaciones venideras.

La primera restauración estuvo nuevamente bajo la supervisión inquisitiva de la reina Sofía, que seguro que lo dejó todo hecho un primor sólo para sus ojos. No sabemos cuánto costó. En cualquier caso fue insuficiente, porque en poco tiempo, en 2004, el mismo año en que se casaron Felipe y Letizia, se llevó a cabo otra, también sufragada por el gobierno balear. Al parecer se trataba de cambiar la instalación eléctrica de la vivienda, anticuada y en precario estado, dijeron, después de unos 10 años, e implantar un nuevo sistema de aire acondicionado más moderno y silencioso. Además se reformó la cocina y se cambiaron los electrodomésticos. Las obras de reacondicionamiento de la residencia y el muro que protege a los príncipes de las miradas indiscretas supusieron un desembolso superior a los 400.000 euros; asimismo, el Govern se gastó otros 250.000 en renovar el mobiliario. En total, pues, 650.000 euros.

El palacete principal tiene 1.200 metros cuadrados repartidos en dos plantas y la torre central, habilitada como buhardilla, con los típicos tejados mallorquines de cuatro aguas. Cuenta con ocho habitaciones, una biblioteca, un gran salón, un comedor, un recibidor, una cocina y tres cuartos de baño. Posee también una amplia terraza con porche que rodea toda la casa y unas bonitas vistas al mar, fruto de su perfecta ubicación sobre el acantilado de Cala Major.

Pero la finca posee otros edificios, también restaurados para convertirse en las residencias veraniegas de las infantas Elena y Cristina con sus familias y sus invitados. Elena ocupó Son Ventet, de 170 metros en una sola planta, con tres habitaciones con baño, salón-comedor, recibidor, un aseo, cocina y mirador al mar. Y Cristina, la Residencia de Oficiales, de 200 metros en dos plantas, y también tres habitaciones con baño, salón-comedor, cocina y aseo. Y la Casa dels Posaders, de 70 metros, se habilitó para invitados, con una habitación con baño y salón. Ideal por si alguna de las hermanas de Letizia, por ejemplo, decidían recalar en Mallorca.

En medio se levantó una zona ajardinada común, donde se emplaza una espléndida piscina y un pozo, flanqueados por palmeras, encinas y pinos. Junto a la piscina, se construyó un porche con parrilla para barbacoas que imita una cocina mallorquina con chimenea de barro, además de aseos, lavandería, despensa y office con armarios.

A esto hay que sumar un pequeño palacete desconocido para el gran público, La Masía, donde reside el personal doméstico de Casa Real y que cuenta con una gran sala de prensa y varios apartamentos. Hay también un helipuerto.

Todo esto a un centenar de metros de Marivent, en el mismo recinto, al que se añadió después otro terreno anejo de 25.000 metros cuadrados, donde hubo unos depósitos de Campsa abandonados. En total la finca que tiene 33.000 metros cuadrados. Es tan grande que, para moverse en su interior, la familia real utiliza el coche. En la práctica, Marivent y el recinto de Son Vent son una especie de urbanización Borbón.

Para los ciudadanos de Mallorca la única obra fue rodear todo el recinto de un muro de piedra de tres metros, coronado por una alambrada; cubierta de brezo, eso sí, para que luzca bonita. Después de un incidente, durante una Semana Santa, en el que una avioneta violó los cielos y disparó dos bengalas en los jardines, decidieron también ampliar el espacio de exclusión aérea y se instaló una batería antiaérea capaz de derribar cualquier avión que vuelva a osar hacerlo. Además se destinaron en la isla medio millar de efectivos policiales, para blindar a la familia real. Unido a la seguridad, todo esto cumple también la función de proteger su intimidad, para que se encuentren lo más cómodos que sea posible en Mallorca.

LOS GASTOS DE PERSONAL DEL VERANO

Un equipo de altos cargos y funcionarios de Zarzuela se trasladan todos los años en verano a Marivent, donde se les permite cierto relajo protocolario y acudir al despacho en mangas de camisa. De los siete responsables de otros tantos departamentos que integran el organigrama de la cúpula de Zarzuela, se desplazan el jefe de la Casa, que se turna con el secretario, el responsable de prensa, el jefe de seguridad y el director del departamento de planificación y coordinación (que se encarga de organizar actividades, coordinar viajes, las compras y el correo), con dos miembros de su equipo y un ayudante. Aparte, cuatro administrativos que realizan funciones de secretaría y un escribiente o ayudante de prensa. El rey también se lleva a Palma tres de sus ocho ayudantes de campo del Cuarto Militar y una treintena de escoltas. En el equipo de servicio doméstico figuran el ama de llaves, el cocinero-jefe, los ayudas de cámara y mayordomos de Juan Carlos y Felipe, y las doncellas personales de la reina. Pero de la limpieza y mantenimiento de Marivent se encarga el personal del gobierno autónomo. Y los demás miembros del servicio de Zarzuela están preparados para acudir cuando sea necesario.

Todos tienen su sede en la sombra en La Masía, donde el equipo de administrativos comparte espacio con una zona de servicio donde se encuentra la lavandería del palacio, el cuarto de la plancha y el tendedero.

La corte de Marivent se adelanta siempre a la llegada de los reyes y, salvo los responsables de la Casa, viaja en un vuelo anterior. En ese avión viaja también el grueso del equipaje de la regia familia, que lleva su ropa en grandes baúles. Posteriormente, los monarcas, con el jefe de su Casa, se desplazan de Madrid a Palma en un Falcon de las Fuerzas Armadas, donde llevan su equipaje de mano.

La correspondencia es muy importante. Por eso, dos funcionarios pasan el verano yendo y viniendo en avión a Madrid para recoger las cartas, que transportan en una valija. Además de sus tareas institucionales, se multiplican para atender también encargos personales. Por ejemplo, si Sofía necesita champú, un administrativo contacta con la peluquería del centro comercial de Porto Pi, donde trabaja el peluquero de la reina, para comprarlo. Tienen los Borbones la manía de adquirir sus productos siempre en los mismos establecimientos, y esto resulta a veces un poco engorroso. En una ocasión, Juan Carlos necesitaba en Mallorca una almohada, pero tenía que ser una especial de plumas con medidas de 60 por 60 que sólo venden en una colchonería de la madrileña calle Goya. Así que un administrativo se puso en contacto con Zarzuela, de donde llamaron a la colchonería y la enviaron por avión a Marivent.

Los miembros del equipo de servicio no duermen en el recinto, sino en hoteles de Mallorca. Los altos cargos, que van con gastos pagados, se alojan en hoteles de cinco estrellas. El resto van a hoteles de cuatro, con derecho a desayuno o media pensión y perciben dietas. Cada mañana les recogen los automóviles oficiales de Zarzuela para llevarles a Marivent. Los directores de departamento tienen allí su coche oficial con chófer, y los administrativos son trasladados en grupo también por coches oficiales que, al acabar la jornada, les devuelven a su hotel. Los únicos miembros del personal que pernoctan en Marivent son el ayudante de campo que esté de turno y los escoltas, que están instalados en barracones junto al helipuerto y duermen en habitaciones con literas.

HACIENDO SU AGOSTO

Cuando salen del recinto amurallado, los miembros de la familia real raramente se dejan ver, salvo que quieran. Es el caso muchas veces, cuando se pasean por el puerto, «modelando» en las regatas. Cada verano Mallorca se convierte en un gran escaparate de marcas comerciales que los distintos miembros lucen como hombres-anuncio de postín.

Marcas de colonia, bancos y cajas de ahorros, empresas de telefonía, clínicas privadas o bodegas famosas utilizan desde hace años el tirón de la «buena imagen» alquilada de la Casa Real española para promocionar sus productos desde el escenario de la isla. Sus Altezas Reales lucen camisetas con logotipos o, si el logo es pequeño, se las ingenian para hacer llegar con detalle de qué firma son las gafas de sol que tanto les favorecen para que esa información crucial no se pierda en los pies de foto de la revista Hola. También acuden a eventos públicos donde son fotografiados ante carteles publicitarios, convirtiendo las aguas del Mediterráneo en un verdadero mercadillo de alto standing.

Este tipo de pluriempleo de monarcas, príncipes e infantes es algo tan moderno como real. Unas veces llevan el uniforme militar, representando a la máxima instancia del aparato bélico de un país; otras visten la camiseta de una marca de colonia que patrocina el barco en el que compiten en una regata. La publicidad ha llegado a las casas reales y éstas se han convertido, por derecho de protocolo, en los «top models» de los reclamos en la guerra de las marcas.

«Patrocinar», según el diccionario de la Real Academia Española, es «defender, proteger, amparar, favorecer». Cabe preguntarse si patrocina Azur de Puig a la infanta, o si patrocina la infanta a Azur de Puig, cuando toda su familia —incluidos los niños— se pasean con las camisetas con el anagrama por la isla, para ser fotografiados y acabar en las páginas de papel cuché de las revistas del corazón, con Hola a la cabeza. Los participantes en una regata suelen estar obligados a llevar una pegatina con publicidad del patrocinador del evento, aunque desde luego no se obliga a que también la luzcan otros miembros de su familia.

Hay que tener en cuenta que los deportistas de élite, cargados de anuncios, son hoy algunas de las personas mejor pagadas del mundo, por ser una «imagen que vende». Se gana tanto dinero como soporte publicitario que incluso algunas entidades deportivas han pasado a cotizar en bolsa, para rentabilizar la imagen deportiva y comercial (caso del club italiano de fútbol Lazio). Naturalmente, para ganar mucho, cuenta tanto o más ser buen deportista como tener una imagen impecable. El año 2000, en Alemania, la mala imagen del entrenador del Bayer Leverkusen, Christopher Daum, provocó la caída en bolsa de los títulos de RWE, una empresa del sector energético que había contratado a Daum para una campaña publicitaria. Y es que esto de mojar en la salsa de la «fama» y la «buena imagen» funciona en ambas direcciones. Por eso los miembros de la familia real fueron siempre reclamos tan cotizados, hasta la última década del reinado de Juan Carlos, claro, cuando el escándalo Urdangarin puso en auténtico peligro todo el tinglado. Pero a juzgar por las revistas del corazón en los veranos posteriores a la abdicación, milagrosamente ha sobrevivido con suficiente buena salud como para que sigamos bien informados de las marcas de los complementos de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Desde el centro neurálgico de Mallorca, la actividad de los Borbones se balanceó constantemente entre la de patrocinadores y patrocinados. El rey Juan Carlos es presidente de honor del Real Club Náutico de Palma, con un importante calendario de pruebas anuales. Y toda la familia y algunos allegados participaron durante décadas en el curioso escaparate que allí se monta. Servía de pasarela, entre otros, el Trofeo Princesa Sofía de vela, primera regata del año de clase crucero. Pero la regata más importante fue siempre la Copa del Rey. En ella la prensa rosa tenía ocasión de fotografiar, entre otros, a Elena o a María Zurita, sobrina del rey, embarcadas en el Siemens; a Marisa de Borbón, en el Antena 3-Loewe; al príncipe Felipe en el CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo); al rey en el Bribón (casi siempre con logotipo de La Caixa); a la infanta Cristina en el Azur de Puig… y hasta algún año a Jaime de Marichalar, cuando era duque de Lugo, en el velero de La Casera, tomando el lugar de Luis Alfonso de Borbón, que compagina las regatas con el hockey sobre hielo y no puede estar en todo.

El Bribón del rey ganó cinco veces la regata, casi siempre coincidiendo con momentos de crisis en que su presencia dio un espaldarazo muy de agradecer a la competición (sobre todo en las primeras ediciones, cuando sólo el 10 por 100 de los barcos estaban patrocinados, lo que hacía que los ingresos fueran escasos, ya que los derechos de inscripción son más elevados si llevan publicidad). La primera vez, en la tercera edición (1984), cuando el certamen se salió del contexto del CIM (Campeonato Internacional del Mediterráneo). Y, en otra de las ocasiones, en 1993, en un periodo de transición al sistema de medición de barcos IMS, que hizo descender la participación en regatas y la inversión en patrocinio en todo el mundo.

La afición marítima heredada de Don Juan incluye otras regatas fuera de Mallorca, como el Trofeo de S. M. la Reina —organizado por el Real Club Náutico de Valencia, en el que también suele participar el Bribón (que ganó en la segunda edición, 2000), y el CAM del príncipe Felipe (que ganó la tercera, 2001)—; la regata Zegna (en aguas de Barcelona), que el Bribón ganó en más de 7 ediciones; o, fuera del Mediterráneo, el Trofeo Príncipe de Asturias, éste en aguas gallegas de Baiona. El Monte Real Club de yates de Bayona otorga además premios a los deportistas más importantes del año en el mundo de la vela. El rey Juan Carlos ganó el título de patrón del año en el 2000. Y el Bribón (esa temporada patrocinado por Telefónica Móviles) fue el barco del año en el 2001.

En la retina de los españoles quedaron grabadas a lo largo de los años las imágenes de la infanta Cristina y familia posando, cual si fueran un equipo, con las mismas camisetas Azur de Puig; de la reina con una gran troupe de nietos paseándose adornados con pegatinas de MAPFRE y Audi, o entregando premios ante un gran cartel de Rolex; de la infanta Elena en el velero de Siemens; de Marichalar, asesor de lujo marcas como Vuitton, Dior o Moët&Chandon, sin perder ni un ápice de su glamour como tripulante de La Casera; del príncipe Felipe con gafas de sol marca Acme; o del rey en el Bribón, bajo el logotipo de La Caixa o Telefónica, con su reloj Breitling bien visible en la muñeca y sus Camper modelo «Imar» en los pies.

Ya que oficialmente toda esta actividad de la familia real como «patrocinadores/patrocinados» de marcas comerciales, sencillamente, no existe, resulta arduo difícil calcular el nivel de ingresos que le reporta. Aunque podemos deducir que, o bien se trata de una anodina y filantrópica entrega a un privilegiado grupo de empresas, por la cara; o bien, comparando con los beneficios de los deportistas de élite habituales, estaríamos hablando de millones de euros anuales, que no cotizan a Hacienda.

CABRERA, EL PATIO DE SU CASA

Cuando no estaban luciendo escaparate rodeados por una nube de fotógrafos, los Borbones siempre prefirieron moverse en la intimidad y no ser vistos, cosa que consiguen con facilidad incluso fuera del recinto de 33.000 metros cuadrados de Marivent, gracias a la comprensión de las autoridades. Lo tenían bastante fácil cuando salían a navegar en el yate Fortuna. Y, para ir a la playa en tierra firme, gustaban de recalar en la isla de Cabrera que, como si fuera el patio de su casa, se ha reconvertido en muy particular.

Como es parque natural, está restringida al público, y durante años sólo un barco tenía permitido fondear donde quisiera en el archipiélago Cabrera: el Fortuna de la Casa Real, que se pasaba los veranos echando el ancla en Cala Santa María, la mejor bahía del parque nacional, la única que mira a la isla de Mallorca y que se esconde del viento de Levante. Acudían a la hora que les apetecía, normalmente por la mañana para pasar el día entero. A fin de que no fueran molestados, en 1995 se decidió extremar la protección de la zona, dejándoles para ellos solitos tres playas desiertas en las que está terminantemente prohibido hacer parada y fonda según el reglamento, que no incluye la sangre azul como eximente.

Las fortísimas multas ahuyentan a los osados hace años. Pero Juan Carlos, Sofía, Felipe, Letizia y toda la troupe tienen bula y se resguardaron allí no pocas veces de la legión de fotógrafos paparazzi que no se conformaban con los rentables posados oficiales. En Cabrera no podían capturar instantáneas ni siquiera desde el aire, al estar también penado el vuelo con ala delta o parapente por todo el perímetro del archipiélago. El Reglamento que regula el fondeo en la isla sólo permite, bajo autorización por escrito, el estacionamiento en el medio centenar de boyas de la bahía del puerto, así como en las zonas señaladas en La Olla. El Fortuna gozó de un régimen especial. En un archipiélago donde no se puede ni fumar, donde bucear es un privilegio destinado a los pocos que logran el permiso, y donde no puede haber más de 40 submarinistas a la vez, el yate real campó a sus anchas.

UN DESAHUCIO ESPERADO

En los últimos años los miembros de la familia real llegan a la isla a cuentagotas, por sorpresa y por separado. Cuando unos aterrizan otros se van, imposibilitando recoger una instantánea de todos juntos. Desde que el escándalo Urdangarin llegó a los juzgados y a la prensa seria (porque en Mallorca ya había escandalizado mucho antes en el boca a boca, aunque no podían hacer nada), no fue fácil hacer la típica foto a las puertas de Marivent con toda la Familia Real al completo.

La marejada empezó en 2007. Juan Carlos esperaba un verano tranquilo en Mallorca, con sus regatas, sus cenas en el restaurante Flanigan de Puerto Portals y sus encuentros, siempre protocolarios, con Zapatero y el president del Govern. Pero las vacaciones empezaron muy moviditas en Marivent, y se convirtieron en las más incómodas que recuerda. Se acababan de morir varios de sus amigos, como Jesús Polanco, presidente del Grupo Prisa y uno de sus fieles consejeros desde finales de los 90; y también Ignacio Caro, «Nachi», compañero de regatas y puente de mando en el Fortuna. Para más inri, el Bribón fue derrotado en la Copa Breitling. Pero lo que más le fastidió fueron las declaraciones de Joan Lladó, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Baleares y conseller de Interior del Consell de Mallorca.

Fiel a su postulado independentista, nada amigo de los Borbones, Lladó reivindicó el uso ciudadano de la residencia veraniega real: «Marivent podría servir para hacer muchas cosas en lugar de utilizarlo como lugar de vacaciones de una persona que no ha sido elegida por el pueblo», dijo. Lladó ya era conocido por haber sido uno de los famosos asaltantes en agosto de 2005 a la piscina del periodista Pedro J. Ramírez, para denunciar que se trataba de una construcción ilegal. En esta ocasión, y en sintonía con el ideario defendido por ERC en las Islas, no se cortó un pelo a la hora de pronunciarse: «Las autoridades rinden vasallaje y sometimiento a la Familia Real que siempre han resultado nefastos para los intereses de los Países Catalanes».

Tras estas declaraciones, no le quedó más remedio a la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, que solicitar una audiencia con el rey para lamentar las declaraciones de su subordinado en el Govern de la Isla. Por su parte, el president Francesc Antich dejó claro su «total respeto» a la institución que representa el rey. «Es una muy buena noticia que pase un mes al año en Baleares junto a su familia, ya que se trata de un hecho que realza a nuestras Islas». Los hoteleros, en boca del presidente del Fomento del Turismo de Mallorca, Álvaro Middelmann, tampoco tardaron en lamentar las declaraciones de Lladó.

Pero el mal ya estaba hecho. Además de suponer la primera crisis entre los socios del PSOE-PSIB y ERC del Govern, la presencia de Juan Carlos en la isla cayó en picado desde entonces. Se retiró de las regatas y renunció al yate Fortuna, que además ya se había quedado sin piloto de confianza. Desapareció para siempre la imagen de la familia feliz. Sobre todo desde que son reyes, Felipe, Letizia y las niñas prefieren dejarse ver en grupo independiente, para mantenerse impolutos frente a la mala prensa de los demás. A ellos corresponde la tarea de conseguir que los recientes cambios en la institución no afecten a la estancia borbónica en Palma. Y Sofía ha asumido el papel de abuelita entrañable y argamasa del resquebrajado clan. De la familia de Cristina ya sólo van los niños, que siguen ofreciendo tiernísimas imágenes con sus primos, los Marichalar, en la jornada de inicio de su tradicional curso de vela en Palma, casi como niños de clase obrera corrientes y molientes.

Después de la abdicación, como hicieron con el Pabellón del Príncipe en Madrid dentro del complejo de La Zarzuela, en Mallorca Felipe y Letizia no han desalojado a Juan Carlos y Sofía del palacio central, en este caso Marivent, y continúan pasando sus vacaciones en Son Vent. Pero no se sabe por cuánto tiempo, ni unos ni otros.

Felipe está haciendo un ímprobo esfuerzo para recuperar la popularidad perdida, pero su simpatía no da para tanto. Los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Baleares empiezan están cada vez más hartos de tanto abuso en nombre de la monarquía. Y en especial de costear el mantenimiento de la Urbanización Borbón, que les cuesta 1,5 millones de euros al año (1.549.421 euros, para ser exactos, fue el presupuesto para 2015). Pero ese detalle puede suponer una ventaja en cierto sentido a corto plazo. No dependen de la decisión de gobierno central del Estado: pueden de manera autónoma decidir, sencillamente, no seguir pagándolo, o incluso desahuciar a los Borbones de su propiedad.

Esta situación se convirtió en una amenaza real tras las elecciones autonómicas del 24 de marzo de 2015. En Baleares ya no cuentan los reyes con un gobierno, no ya amigo (como los de siempre del PP, con los que ya tenían una relación estable bien consolidada), sino controlable. Marivent es un objetivo reconocido del recién constituido Govern, de corte republicano y de izquierdas. Su presidenta, Francina Armengol, muy a su pesar, se lo dejó bien claro tras su audiencia en Zarzuela, tras tomar posesión. Aprovechó para exponer al nuevo monarca, Felipe, cómo «el acuerdo de gobernabilidad» alcanzado por su partido, el PSIB-PSOE, con el temidísimo Podemos y la coalición econacionalista Més, incluye la posibilidad de «buscar fórmulas» para al menos abrir al público «parte de los jardines de Marivent».

Felipe es más frío, más flemático, y casi tan inexpresivo como Sofía. Pero la cosa le inquietó lo suficiente como para, ese mismo verano, abrirlos por vez primera a las autoridades baleares, que siempre eran recibidas en una audiencia en el Palacio de la Almudaina. En unos momentos en que las principales instituciones están dirigidas por fuerzas políticas que cuestionan la monarquía o defienden abiertamente la república, Felipe y Letizia acogieron en esa recepción a un 35 por 100 más de invitados que el año pasado, casi cuatrocientas personas, procedentes de todos los sectores de la vida balear.

El futuro de los jardines de Marivent ocupó además un espacio destacado en las conversaciones que mantuvo en el propio palacio con las nuevas autoridades políticas del archipiélago, especialmente con la presidenta de la Comunidad, Francina Armengol, la del Parlamento autonómico, Xelo Huertas, y el alcalde de Palma, José Hila. Están buscando una forma jurídica a su iniciativa política, porque los jardines ocupan terrenos de tres dueños: la Comunidad Autónoma Balear, Patrimonio Nacional y el Ministerio de Defensa. Una vez resuelta habrá que delimitar la zona que se muestre, supuestamente sólo la que pertenece a la Comunidad. Felipe les garantizó a todos ellos su disposición a estudiar la propuesta de apertura parcial, que el alcalde socialista de Palma considera importante para reforzar el atractivo turístico de la capital, si cumple los requisitos legales. Después el nuevo rey trasladó a la prensa la necesidad de tratar el tema «con normalidad», analizarlo bien para no «dar pasos en falso» y colaborar para organizarlo todo de la mejor manera posible. Habrá que pensar concienzudamente todos los detalles, incluida la viabilidad económica de la idea: cuánto habrá que cobrar a cada visitante y cuánto habrá que gastar en seguridad, no vayan a colarse un ladrón de flores o un terrorista.

A pesar de estos miedos por tener que mezclarse con cualquiera, también en 2005 comenzó a permitirse el acceso a la prensa más que nunca a Marivent, aunque sólo a los jardines de la polémica. En sólo una semana tuvieron tres oportunidades de entrar: el viernes 31 de julio, con ocasión de las cuatro audiencias consecutivas concedidas a las autoridades baleares; otro día para el posado de los reyes con sus hijas; y un tercero con motivo del despacho con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Pero la cosa no está fácil para Felipe. Las nuevas autoridades rechazaron asistir a la entrega de trofeos de la 34.ª Copa del Rey MAPFRE de Vela, que preside el rey en el recinto de Ses Voltes, al pie de la Catedral. Ni Armengol, ni Huertas, ni Ensenyat fueron, a diferencia de ediciones anteriores de esta ceremonia, en las que no faltaban los presidentes del gobierno, el parlamento autonómico y el Consell de Mallorca. Todo parece indicar que, de seguir así las cosas, no sólo los jardines serán reclamados.

Mientras los palmesanos menos serviles esperan con ansiedad el desahucio de los Borbones de Marivent, Felipe ve el cielo de Mallorca oscurecerse, a pesar de la exclusión aérea, sin remedio. Juan Carlos ya lo dio por perdido y busca nuevos escenarios para sus vacaciones en la Costa Azul.

26. Nuevas formas de hacer dinero

FACILITADOR COMISIONISTA

Una persona normal podría pensar que, después de acumular unos cuantos millones, toca retirarse y disfrutarlos. Pero los que acumulan millones no son muy normales. Siempre quieren más, aunque sea difícil de entender para qué se puede querer tanto, máxime en una persona como Juan Carlos, que va a gastos pagados a todas partes. Él y toda su familia. Seguro que no lleva ni dinero en el bolsillo cuando sale. Disfruta de palacios, coches de lujo, yates y un pequeño ejército de sirvientes, sin abrir siquiera la cartera de los presupuestos oficiales asignados a la Casa Real. ¿Para qué puede querer más de 1.000 millones de euros y seguir intentando conseguir más? Bueno, al parecer esto sólo se lo preguntan los mindundis de la tierra. La élite se carcajearía ante tal inquietud. Así que no vale la pena romperse demasiado la cabeza intentando entender los motivos. Debe de ser cosa de ellos, un vicio o una adicción difícil de dejar.

Juan Carlos se retiró de muchas otras cosas antes de llegar a plantearse siquiera abandonar su gran afición por acumular dinero. Desde los años en que, todavía príncipe, comenzó a labrarse una pequeña fortuna —recogiendo como un niño en su primera comunión las dádivas de los mil padrinos de la monarquía española—, hasta la última década de su reinado, cambiaron muchas cosas, pero más en el estilo que en el fondo de la cuestión. Fundamentalmente, porque pasó de ser un mero receptor, a tomar una parte cada vez más activa, a involucrarse cada vez más, en la aventura y los tejemanejes para conseguirlo. Aunque en apariencia lo único que siempre hizo fue «facilitar» que otros hiciesen los negocios, algo que se confundía con facilidad con sus funciones como monarca, como embajador de los intereses del Estado.

Los que se han fijado en sus actividades no tienen muy claro bajo qué etiqueta se podrían catalogar. Algunos dicen que Juan Carlos es un «comisionista», y el término no suena demasiado mal, pero conviene aclarar qué significa exactamente. En la definición del diccionario de la RAE, que generalmente aclara poco, se establece que el comisionista es el que se «emplea en desempeñar comisiones mercantiles»; esto es, «mandatos» o encargos, encaminados a facilitar un acuerdo comercial. Es decir, que es una especie de recadero al servicio de empresas que quieren hacer un negocio determinado, normalmente no por amor al arte, sino a cambio de una retribución (comisión).

En la economía de mercado, el mercadeo o conchabeo de la contratación pública es cada vez más importante. Hay que tener en cuenta que las administraciones invierten una gran cantidad de dinero en obras y servicios (aeropuertos, carreteras, centros sanitarios…), en compras a gran escala de productos (armas, por ejemplo), etc. Y una institución pública es el cliente ideal, sobre todo si los políticos de turno pasan de eso del bien general. Un empresario normal intentará comprar lo más barato posible y que no le tanguen. Pero el político está ahí coyunturalmente y la «empresa» —el Estado— no es suya; así que, si la arruina, tanto le da. Si la empresa que va a contratar le da una comisión por elegirla, entonces elegirá a la más cara aunque sea la peor, porque además la comisión será mayor (calculada sobre el montante de lo que la administración pagará a la empresa). Si una persona de gran relevancia, una alta autoridad del Estado, no tiene poder para decidir una concesión pero sí puede influir en el que lo decide, el efecto es el mismo.

Naturalmente esto, en lo que a contratación pública se refiere, es ilegal. Se llama corrupción. Pero si una empresa privada española paga una comisión para conseguir una concesión de un Estado extranjero, tendemos a darle otra lectura. Si un grupo de empresarios españoles viaja, pongamos por caso, a Arabia Saudita, para intentar ganarse un contrato multimillonario de ese Estado, eso es invertir en su expansión. Si lo hacen acompañados de una persona muy muy importante, que puede influir en aquellos gobernantes a su favor, esa persona «está ayudando mucho a España», aunque los beneficiados sean un pequeño grupito de capitalistas y los perjudicados un país entero. Si esa alta personalidad cobra una pequeña comisión por ayudarles, eso es… ¡Bah! ¡Una nimiedad sin importancia!

Las nimiedades sin importancia están en torno al 3 por 100. Esto no está escrito en ningún sitio, pero es el porcentaje establecido como habitual. No parece mucho, pero si el contrato que se firma es de, supongamos, un millón de euros, la comisión asciende a 30.000, que no está nada mal. Ya es dinero. Y hay que tener en cuenta que hablamos de contratas de miles de millones, así que calculen ustedes.

¿Cómo podría el rey Juan Carlos influir en los que toman este tipo de decisiones económicas, para «ayudar» a los empresarios españoles? Por mucho que se hable de su «hermandad» con los monarcas del Golfo Pérsico y alrededores, sería muy ingenuo pensar que se dejan comer la cabeza sólo por su gran campechanía y entrañable amistad. Esto está bien para establecer el contacto; pero en estos asuntos hay más de intercambio, de un hoy por ti mañana por mí, que de franca generosidad entre colegas. De una u otra manera estos favores se pagan. Aunque, claro, el favor toca que lo devuelvan los españoles por él: dando apoyo internacional a un régimen que no respeta los derechos humanos, vendiéndoles armas que está prohibido venderles porque son para masacrar a su propio pueblo, o dejando en libertad a un violador.

Sin embargo no se oculta, es más, se destaca en la prensa en titulares, la gran labor del rey impulsando para las firmas españolas los contratos millonarios que tiene pendientes de licitación el mayor país de los que componen el Consejo de Cooperación de Golfo. Aunque quedan en la letra pequeña los detalles.

La opacidad es una condición previa en estas actividades. Lo importante se habla lejos de la luz y los taquígrafos. Se está traficando con influencias en competición con otros equipos que están intentando lo mismo, y todas las negociaciones se llevan con extrema discreción. Las conversaciones se producen muchas veces en encuentros que aparentemente tenían como objetivo otras intencionalidades, incluidos actos benéficos, acontecimientos deportivos, entregas de premios… y hasta viajes oficiales.

Lo que pasa es que los viajes oficiales no son el contexto ideal. Los privados, al fin y al cabo, también se realizan con cargo al Estado, y no hay que dar ninguna explicación, ni real ni ficticia, sobre qué se va a hacer exactamente en el país que sea, con quién se habla y de qué. Tampoco hay que cargar con acompañantes indeseados, que no sean de la pandilla, y no hay que dar explicaciones por llevarse a una amiguita que sí lo es.

Juan Carlos sabía esto y lo puso en práctica en multitud de ocasiones. Uno de sus destinos favoritos fue Abu Dabi, en los Emiratos Árabes, a donde Juan Carlos acudió a la Fórmula 1 desde 2009; algunas veces con Corinna, como en 2011, cuando fue tratada como pseudomujer del rey por las autoridades. El embajador de España, Gonzalo de Benito, se enteró a posteriori. En otra ocasión, el 3 de abril de 2012, viajó a Kuwait para «impulsar las relaciones políticas y económicas con aquel país», sin que este desplazamiento constase en su agenda oficial ni se diese noticia previa del mismo. Viajó al Estado árabe sin la compañía de un ministro de jornada, como manda no sólo la tradición, sino como también exige el refrendo —a efectos de cualquier tipo de responsabilidad— de los actos y palabras del Jefe del Estado según el artículo 64 de la Constitución. Pero el rey se mostró sumamente renuente a dar conocimiento de sus actividades en la última década de su reinado, hasta para saber con exactitud cuántos días de la Semana Santa pasaba en Palma de Mallorca.

También tenía encuentros con empresarios casi en clandestinidad. Poco clandestino, pero extraoficial, fue el encuentro a petición suya en la sede de Telefónica, el 20 de marzo de 2012, con dieciséis de los diecisiete miembros del Consejo Empresarial de la Competitividad, que agrupa a los principales dirigentes de las grandes compañías españolas. El almuerzo se conoció por una filtración a El País y El Mundo, que publicaron el domingo 25 de marzo en primera página una fotografía del acto a cinco columnas. A lo largo de la mañana de ese día, y ante el revuelo causado por la inédita exclusiva, la Casa del Rey —que asumió el error de considerar privado el encuentro pero que negó la autoría de la filtración— distribuyó a través de la agencia EFE las imágenes del monarca y los empresarios ya pasadas las 11 horas de la mañana. Pero no nos contaron, ni unos ni otros, a qué había venido aquello ni de qué hablaron, claro.

Desde los tiempos de los más bien chapuceros Manolo Prado o Javier de la Rosa, entre otros reputados asesores, había mejorado mucho y resultaba evidente su progresiva especialización. Sus colaboradores más próximos, los hombres del Ibex 35, con grandes amigos como Villar Mir a la cabeza, no eran meros aficionados; y tampoco lo era Corinna.

Se ha dicho que Corinna sustituyó en su corazón a su amigo Prado, pero también en su agenda de negocios. Juntos se divirtieron cruzando en rojo muchos semáforos, como la pareja de la canción de su vieja amiga Paloma San Basilio. Y cabe preguntarse hasta dónde llegó su colaboración en lo económico, porque ella se llevó todas las culpas de las cuentas de Apollonia Associates, por ejemplo, cuando en realidad su nombre no figuró en la sociedad hasta el 24 de enero de 2013, coincidiendo con la fecha en la que el CNI organizó su salida de España. En cualquier caso, con Corinna, a partir de 2004, se produjo una casi profesionalización en las actividades de mediación comercial de Juan Carlos como no se había conocido antes.

Si atendemos a la versión más extendida, Apollonia Associates era la cabeza visible de los negocios de la princesa Corinna, y la firma a través de la que cobraba sus trabajos de asesoría y mediación entre grandes empresas españolas y países árabes para la obtención de contratos milmillonarios. Aunque también operaba con dos cuentas en Suiza abiertas a nombre de «identidades operativas»; es decir, nombres completamente falsos pero dotados de documentación española (DNI y pasaporte) totalmente legal, cortesía del CNI. Por norma general, este tipo de identidades se generan con autorización judicial para facilitar el trabajo de agentes encubiertos que trabajan sobre el terreno para el Centro Nacional de Inteligencia; y éste no era el caso, evidentemente. Así que tuvieron que dar explicaciones. Los portavoces oficiales del CNI negaron de forma taxativa que se hubieran utilizado las identidades operativas para realizar pagos a Corinna.

Sobre el papel, Apollonia estaba ubicada en Londres, pero al menos desde octubre de 2010 operaba desde el paraíso fiscal de Malta. Allí, un despacho de abogados abrió dos compañías con nombres muy similares: Apollonia Associates Ltd y Apollonia Associates Holding. Su director, un fiduciario del despacho, nunca desveló quién estaba tras las sociedades. En febrero de 2012, como director de la primera firma figuraba Joseph M. Formosa, un ingeniero maltés que trabajó durante años para Repsol en Libia.

La entrada oficial de Corinna en las sociedades, en 2013, fue seguida casi inmediatamente por el cese de actividad comercial. Fue casi entrar para decir adiós. Ambas sociedades fueron liquidadas en verano de 2014, coincidiendo con la abdicación. Sobre el papel, la empresa ganó en limpio 25.811 euros en 2011 y 14.245 en 2010; en el segundo caso, apenas unos 5.000 euros más que el salario mínimo español. Increíble, literalmente.

Aparte del dinero que había de por medio, en estas actividades contaba la aventura. Y es que en el fondo, todo esto, bien empaquetadito en sus viajes, sus intrigas y su lujo asiático (o africano, según el caso), en colaboración con su amante y socia, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, debía de resultarle fascinante a Juan Carlos. La vida del comisionista está llena de glamour, y lo de hacer negocios conversando durante una partida de golf se queda cutre; es mejor hacerlo cazando elefantes, por ejemplo. Juan Carlos casi siempre disfrutó de safaris como el de Botsuana invitado, porque en el fondo formaban parte del trabajo o eran una gratificación por él. Pero también hizo viajes con interés privado disfrazados de viajes oficiales, que tiene más delito, porque el paganini resultó ser el sufrido pueblo español.

El negocio del comisionista, se mire por donde se mire, siempre da beneficios. Aparte de viajes, reciben regalos tan golosos como Ferraris por pares, tal que si fueran capones lucenses de Vilalba. Además, aunque un negocio salga mal y se eche todo a perder, los gastos de gestión son los gastos de gestión, y el intermediario cobra cantidades nada risibles. Los ricos llevan muy bien las cuentas y nunca perdonan ni un céntimo. El comisionista, como la banca en los juegos de azar, siempre gana.

El tinglado de comisiones montado por Juan Carlos empezó bastante antes de la llegada de Corinna, en multitud de viajes oficiales con interés privado, durante los 90 sobre todo con destino a esquilmar a América Latina sus recursos naturales, en apoyo de los grandes señores de Fenosa, Repsol o el Santander. Y todavía antes, en los 70, con Prado y las comisiones por el petróleo de los países árabes. Pero no cabe duda de que con Corinna la cosa fue a más, también en la parte moral. No por su affaire privado, que eso es cosa de ellos, sino por lo que se ganó en hipocresía y cinismo a la hora de mezclar el interés privado con el público.

La Marca España que promociona el Estado está formada por transnacionales apátridas con directivos maleados en mil corruptelas. Empresas que, pese a la crisis, continúan forrándose; y que sólo revierten en el pueblo un encarecimiento abusivo de servicios básicos como la luz.

La labor del rey Juan Carlos como «facilitador» de sus negocios particulares sería cuando menos cuestionable, aunque no hubiera cobrado comisiones por hacerlo. El descontrol en sus actuaciones se produjo bajo el amparo de la falta de transparencia oficializada, que todavía en 2012 el Consejo de Ministros intentaba mantener excluyendo a la Casa del Rey —y por lo tanto, las actividades del Jefe del Estado— del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que aprobó. Y eso que la ley tampoco era para tanto. Así que resultaron todavía más sospechosas y provocaron un rechazo que venía a alimentar la mala racha que estaba pasando la imagen pública de la monarquía. Pero esto no debía de preocupar mucho a Juan Carlos.

En su última etapa, consideraba que ya había trabajado bastante por España, y ahora quería dedicarse a él. No estaría mal, incluso para los españoles, sobre todo eso de que dejara de salvar a la patria con intervenciones como la del 23F, el punto final del GAL o el apoyo a meternos en la guerra de Irak. Si no fuera porque su nuevo hobby, aparte de estar subvencionado por los presupuestos generales del Estado, suponía una perversión del interés general del país con consecuencias para todos.

PATROCINIOS DEPORTIVOS

Dentro del mundo del comisionista de alto standing, un sector de cierta importancia es el de los patrocinios deportivos. En la corte de Mallorca la familia real se paseaba como un escaparate ambulante de marcas comerciales, sobre todo en eventos deportivos de vela, pero el negocio del patrocinio iba mucho más allá. Eso era sólo un anuncio.

Una de las personalidades más enteradas en este mundillo era Juan Antonio Samaranch, gran amigo del rey Juan Carlos que seguro que le ayudó a iniciarse. Su muerte tuvo una cobertura mediática aderezada de desproporcionadas alabanzas y su cuerpo fue expuesto en el Palau de la Generalitat, máxima expresión de homenaje y respeto a una persona en Cataluña, pese a su pasado franquista, del cual nunca se distanció. En los años cincuenta vestía con orgullo el uniforme fascista y saludaba a todas las autoridades de la misma manera en que se despedía en sus cartas: «Siempre a tus órdenes, te saluda brazo en alto». Todavía en 1999 declaró en una entrevista: «No estoy avergonzado de mi servicio al régimen dirigido por el general Franco. Franco hizo grandes cosas por España. Mantuvo a España fuera de la II Guerra Mundial, creó las clases medias y escogió a un buen sucesor, el Rey».

Samaranch estudió en la Escuela de Negocios IESE, conocida por sus vínculos con la organización ultracatólica del Opus Dei; y fue un miembro de alto rango del gobierno de la ciudad y la provincia de Barcelona, de las Cortes Españolas, y mantuvo un cargo equivalente a ministro de Deportes, todo ello bajo el régimen de Franco. También se convirtió en embajador en Rusia, cargo que utilizó para ser elegido como presidente del Comité Olímpico Internacional. En sus últimos años se convirtió en presidente de La Caixa, la mayor de las instituciones de ahorros españolas y benefactora de la monarquía de muchas maneras. Entre otras, dándole cobertura laboral a la infanta Cristina y patrocinando el velero Bribón del rey durante muchos años.

En tanto que presidente del COI, fue apodado «El Señor de los Anillos» (por el periodista Andrew Jennings, que terminó en la cárcel por exasperar a Samaranch y sus compinches). Los casos de corrupción fueron lo más llamativo de su mandato. Pero aparte de la cultura de la componenda y amiguismo que logró hacer extensiva, su aportación más negativa al movimiento olímpico fue la transformación de los Juegos en una gigantesca franquicia. Los días del espíritu olímpico quedaron lejos cuando dio la bienvenida a la profesionalización de los deportes y la venta obligatoria de ciudades enteras en beneficio de las corporaciones globales. Esto dio lugar a la postergación y el abandono de las necesidades más urgentes de las ciudades (vivienda asequible, empleos dignos, espacios verdes, atención sanitaria, por nombrar sólo unas cuantas).

La cultura de la corrupción que promovió en el Comité Olímpico Internacional (COI) le rebotó en la cara en Salt Lake City, con denuncias que comportaron investigaciones internas, aunque una mayoría de miembros que habían sido elegidos por él mismo lo absolvió de toda culpa. Al menos un tercio del total estaba involucrado en casos de corrupción en la selección de Salt Lake City, Atlanta y Sídney. Su amistad con dictadores y miembros de gobiernos profundamente corruptos también le causó un problemilla, tras haber nombrado a varios de ellos miembros del Comité Internacional, que tuvieron que dimitir debido al escándalo que supuso.

Nada de todo esto enturbió su buena fama en España, sin embargo. En 1988 se le concedió el premio Príncipe de Asturias; y en 1991, el rey le regaló el título de marqués de Samaranch. Y es que la familia real fue siempre muy olímpica. Sofía, siendo princesa de Grecia, había desfilado con los atletas de su país como miembro suplente del equipo femenino de vela, en los juegos de Roma de 1960, aunque no intervino en ninguna prueba. Doce años después, en 1972, Juan Carlos participó en la Olimpiada de Múnich; y fue abanderado del equipo aunque, como tripulante de un velero de la clase Dragón, quedó en un discreto puesto veinticinco. La infanta Cristina acudió a Seúl en el año 1988, como reserva del equipo femenino de vela, y también desfiló como abanderada del combinado español. Elena fue preseleccionada en hípica para Los Ángeles, en 1984, pero al final no consiguió plaza. En 1992 sí la consiguió el príncipe como miembro del equipo de vela, y el presidente del COE, Carlos Ferrer Salat, se dirigió corriendo a Zarzuela para ofrecer nuevamente el puesto de abanderado. Desde el COI Samaranch también mantuvo una fluida relación con Pilar, la hermana de Juan Carlos, que es presidenta de la Federación Hípica Internacional.

En este contexto, la amistad entre el Señor de los Anillos y la familia real llegó a la intimidad del contagio de personalidades, y Samaranch acabó creyéndose rey. Cuando se las arregló para que su hijo, Samaranch Salisachs, le sucediese en el cargo del COI, el mismo día en que abandonó la presidencia y a propuesta suya, algunos miembros comenzaron a referirse al clan como la «monarquía de los Samaranch».

Con tan buenos contactos, no es extraño que el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, decidiera dedicarse profesionalmente, tras abandonar el balonmano, a este sector. Se inició precisamente con un sobrino de Samaranch, como director de Planificación y Desarrollo de una empresa de marketing deportivo, en octubre de 2001. La empresa, Octagon Esedos, estaba controlada en un 51 por 100 por tres socios: Joan Cuscó, Xavier Bartroli y José Luis Samaranch; y se dedicaba a la organización y difusión de acontecimientos deportivos, trabajando con clientes corporativos como Telefónica, Cepsa, El Corte Inglés, Airtel, Coca-Cola… Uno de sus retos era convertir a la hípica en uno de los puntos fuertes, casualmente uno de los deportes en los que participaba de manera activa la familia real, en este caso a través de las infantas Elena y Pilar de Borbón.

Pero no sólo Urdangarin. Lo del patrocinio deportivo se convirtió en una especie de negocio familiar y un trabajo en equipo en el que participaron todos, en mayor o menor medida, apadrinando eventos, para empezar. El príncipe Felipe también, acudiendo, por ejemplo, a un torneo de pádel para promocionar el Club de Campo Villa de Madrid (en mayo de 2001), junto a otros famosos como el locutor Matías Prats hijo o el madridista Michel. Igualmente la infanta Elena brindó a la prensa cuché bonitas fotos ante vallas publicitarias en trofeos de hípica, como el Trofeo San Pedro Regalado. Y Juan Carlos, por su parte, se aficionó a la Fórmula 1, empezando por el Gran Premio de España del 2001, que se celebró en el circuito de Montmeló y que contó para la entrega de premios con la presencia del rey, invitado por el organizador, su amigo personal Bernie Ecclestone.

Pero sobre todo se trabajaron el mundo de las regatas. En los deportes náuticos el negocio del patrocinio había irrumpido con fuerza a finales de los años 80, en la Copa del América. El presupuesto de los equipos se disparó. En 1983, el de un equipo como el Australia II, que rompió la hegemonía de EEUU, rondaba los seis millones de euros. En poco más de una década, el de uno como el Oracle ascendía a un mínimo de 160 millones. Por eso ya no bastaba con tener un millonario de tu lado para competir con cierta dignidad. El cambio se produjo coincidiendo con la entrada de patrocinadores como Louis Vuitton o Moët & Chandon. Las regatas consolidaron su condición de gran negocio y la competición perdió algo de su aura de romanticismo, aunque el glamour permaneció intacto.

El modelo pasó pronto a regatas como la Copa del Rey. En las primeras ediciones (ahora vamos por la 35.ª) sólo el 10 por 100 de los barcos llevaban publicidad, lo que hacía que los ingresos fueran escasos. Pero el negocio de los patrocinios irrumpió con fuerza en los 90 y no ha dejado de crecer desde entonces.

Ahora bien, hay que entender en qué consiste el negocio, cómo se obtiene el beneficio. Porque no se trata exactamente de cobrar por asistir a un evento. De hecho es posible que por esto, en particular, no se facture nada. El tomate está en las mediaciones para conseguir patrocinadores, que dejan sustanciosas comisiones. Es decir, los organizadores de, por ejemplo, la Copa del Rey, gratifican a un «facilitador», que debe conseguir que entidades como La Caixa, MAPFRE o Puig, pongan los millones que hagan falta. Aparte del don de gentes de los Borbones, su baza para este trabajo está en que su presencia resulta un aliciente para los anunciantes porque, gracias al seguimiento mediático de la familia real, su marca se hace más visible. Sin duda a los organizadores les interesa también tener a los Borbones de su lado, para que todo fluya. Pero los Borbones no son la madre Teresa de Calcuta, y no van a ayudar a unos y a otros por amor a España.

Entre las entidades con mayor presencia en las actividades deportivas más conectadas con la Casa Real figura La Caixa. Aparte de «patrocinar» a la infanta Cristina con un contrato laboral todo el año, fue el mecenas más estable del Bribón a lo largo de los años, compartiendo sólo ocasionalmente el espacio publicitario más privilegiado en las imágenes estivales del rey con otras entidades como Telefónica o Madrid’12. Para afianzar su buena relación con la entidad financiera, entre otros muchos detalles, los reyes visitaron su sede central en el transcurso de una visita oficial de dos días a Barcelona en marzo de 2001. Y el príncipe Felipe le entregó a la Fundación el IV premio Codespa (fundación que preside) a la empresa solidaria, también en 2001.

Otra fue la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), patrocinadora habitual de la embarcación de los campeones olímpicos Fernando León y Kiko Sánchez-Luna, en la que era habitual como patrón Felipe.

Las dos cajas se vieron envueltas en los últimos años en casos de corrupción, tras su reconversión en bancos, con directivos cobrando indemnizaciones millonarias después de abocar a la entidad a la ruina y a ser rescatadas con el dinero de todos. La CAM no sobrevivió.

Fuera del mundo financiero destacaban las colonias Puig. Enric Puig, consejero delegado de la empresa dedicada a productos de perfumería (Agua Brava, Azur…) y amigo personal del rey, había sido uno de los empresarios catalanes que colaboraron en la financiación del último yate Fortuna, así que ya estaba acostumbrado a dar mucho y recibir no tenemos ni idea de cuánto. Durante más de 20 años, los derechos de imagen de los participantes de la Copa del Rey de Vela pertenecieron en exclusiva a su empresa, que en ese periodo dobló su tamaño y navegó viento en popa. En septiembre de 2008 falleció Enric Puig de un infarto, lo que trajo como consecuencia que no se volvieran a ver las famosas camisetas azules con las que la infanta Cristina y toda su prole se paseaban por la isla.

Después, la Copa del Rey de Vela tuvo que continuar, sin Agua Brava, asumiendo el papel de patrocinadores Audi y la aseguradora MAPFRE al alimón. En la Fundación MAPFRE trabajaba desde un año antes la infanta Elena como directora del área de Acción Social, con un contrato de 200.000 euros anuales, que seguro que «facilitó» alguien también.

Hasta qué punto estas cosas no son inocentes casualidades, pudimos comprobarlo en la investigación del caso Nóos, porque el instituto se dedicaba precisamente a hacer esto, pero quedándose con algo más que unas comisiones por los fondos recaudados y, a falta de Copas del Rey, sacándose de la manga de la imaginación eventos a patrocinar, como Illes Balears Fórum o Valencia Summit.

Ahí sonó el nombre de Camper, pero porque el mallorquín Lorenzo Fluxá, que preside la firma, rechazó entrar en ese juego. Urdangarin le había propuesto aportar fondos para patrocinar la segunda edición del Illes Balears Fórum, un minicongreso sobre mecenazgo deportivo y desarrollo turístico celebrado en Palma en 2006, por el que el expresidente Matas desembolsó 1,2 millones de euros de fondos públicos. Pero Fluxá no quiso. En lugar de eso, la empresa zapatera prefirió patrocinar ese año, precisamente, la Copa del Rey de Vela; y el mismo rey Juan Carlos agradeció su gesto luciendo su zapatos en las páginas cuché del Hola, que tomó debida nota del detalle en el pie de foto. De todos modos, la otra rama de los Fluxá —la de Miguel, hermano de Lorenzo y presidente de la cadena hotelera Iberostar—, sí hizo gestiones a favor de Urdangarin, aunque no consta si éste le pidió fondos para el Instituto Nóos.

En los correos electrónicos hechos públicos, el entonces duque de Palma hablaba de «la gestión que le pedimos a Miguel Fluxá», o se informaba de que se había comunicado a «Fluxá la buena sintonía con BBVA» para que actuase en consecuencia. Eran gestiones que tenían que ver con una importante operación de patrocinio en la que participaban casi todos los miembros de la familia real de una u otra manera, a juzgar por los emails hechos públicos por Diego Torres, el socio de Urdangarin: el proyecto Ayre de la Copa América.

Sí hicieron aportaciones a Nóos muchos otros buenos amigos del rey. Sólo para los foros sobre turismo y deporte que el Instituto organizó en Baleares y la Comunidad Valenciana, 42 empresas españolas pagaron 4,5 millones de euros en concepto de patrocinio. La mayor parte de esa cantidad —a la que hay que añadir otros 5,5 millones aportados por los gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps— fue a parar directamente a los bolsillos de Urdangarin y su socio.

EL FONDO HISPANO-SAUDÍ DE INVERSIÓN

Entre 2006 y 2010, el rey Juan Carlos se dedicó a impulsar la creación del Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras, una iniciativa surgida de su entorno más próximo para promover el desarrollo conjunto de construcciones y servicios. Se reclutó para él a empresas y bancos (como Caja Madrid, ACS, Iberdrola, Grupo Villar Mir, Endesa, Sacyr y otras), que pusieron dinero para las gestiones iniciales.

El proyecto estuvo muy conectado a la Sayn-Wittgenstein, ya muy activa en círculo de mayor proximidad de Juan Carlos. Al parecer fue Corinna la que facilitó los primeros contactos, aunque Juan Carlos ya tenía por su cuenta envidiables relaciones con las monarquías árabes. Se suele señalar la visita privada que el monarca realizó en febrero de 2006 al estado alemán de Baden-Württemberg como uno de los momentos clave de esta empresa común. El viaje había sido enteramente planificado por Corinna, incluida la cena en honor de Juan Carlos que ofreció el magnate de la construcción Manfred Osterwald en el castillo de Schöckingen, no lejos de la ciudad de Stuttgart, a la que asistieron los presidentes de las principales empresas alemanas.

Durante aquella cena, Corinna y Osterwald flanquearon al monarca en la mesa presidencial, y muy cerca de ellos se sentaron Amr ibn Abdulá al Dabagh y Shahpari Zanganeh. El primero de ellos, Al Dabagh, era el presidente de la Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA), la agencia estatal saudí de inversiones internacionales. La segunda, Zanganeh, una empresaria iraní, tercera esposa del traficante de armas saudí Adnan Khashoggi, que tendría después un relevante papel en la negociación del contrato por la construcción del AVE a La Meca. La amistad con Al Dabagh era uno de los nexos de unión entre Sayn-Wittgenstein y Zanganeh, ya que ambas comisionistas habían trabajado para la SAGIA y tenían entre sus principales clientes a grandes empresarios saudíes y a inversionistas occidentales en el país árabe.

En aquella cena en realidad de lo que se hablaba era del fondo de inversión: el rey y Al Dabagh abordaron en la sobremesa su creación con 5.000 millones de dólares, lo que se materializó un año más tarde durante un solemne acto celebrado en Madrid, con asistencia de Juan Carlos y del monarca saudí, Abdalá bin Abdelaziz, aunque el proyecto finalmente se malogró. Pero Juan Carlos y el presidente de la SAGIA también hablaron en aquella cena del macroproyecto del AVE La Meca-Medina, cuya licitación estaba a punto de ser lanzada, aunque sólo lo supieron unos cuantos privilegiados como el rey.

En abril de 2006, dos meses después de aquel encuentro en Baden-Württemberg, el Rey, Corinna y Zanganeh volvieron a coincidir en otro viaje, éste de carácter oficial. La aristócrata alemana y la exmujer de Khashoggi viajaron en el mismo avión militar que trasladó desde Madrid a Riad, la capital de Arabia Saudí, a Juan Carlos, Sofía, los entonces ministros Miguel Ángel Moratinos y José Montilla; y a los presidentes y altos ejecutivos de 11 grandes empresas españolas. La insólita presencia de las dos comisionistas amigas del rey en la delegación española fue una exigencia del propio monarca y de las autoridades saudíes. Confeccionaron la lista de invitados marginando a la propia patronal española (CEOE), que había exigido una comitiva empresarial más amplia y con representación de casi todos los sectores. Finalmente viajaron en el avión real los máximos responsables de las que Juan Carlos quiso: ACS, Ferrovial, Navantia, Repsol YPF, Técnicas Reunidas, Banco Sabadell, Cepsa, Carboex, Abengoa, Indra y OHL.

La cosa debió de ir bien, pero para que fuera mejor, en junio de 2007 Juan Carlos impuso el Toisón de Oro al rey Abdalá bin Abdelaziz al-Saud, aprovechando su visita oficial a Madrid, y no se hizo ninguna mención a los desmanes de un régimen para el que el respecto por los Derechos Humanos más básicos es inexistente. También con el heredero de Abdalá, el príncipe Al Waleed bin Talal, uno de los hombres más ricos del planeta, había una relación fluida. Aparte de ser socio de Urdangarin a través de la empresa Mixta África, Juan Carlos le ayudó todo lo que pudo en el «problemilla» de 2008, cuando lo acusaron de violar a una joven en Ibiza.

En 2008 se puso en marcha el Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras, SSIF por sus siglas en inglés, presidido por Juan Carlos y el rey Abdalá. Se planteaba como un fondo de inversión, de capital privado, dotado de 5.000 millones de dólares para la inversión en infraestructuras, industria energética, nuevas tecnologías e industria de Defensa.

Comenzaron a recaudar dinero, pero el proyecto fracasó y se cerró a principios de 2010 porque los saudíes se acabaron echando atrás. Para entonces unas 14 empresas españolas (entre ellas Sacyr Vallehermoso, Caja Madrid, La Caixa, Iberdrola, Unión Fenosa y el Grupo de su íntimo amigo Villar Mir) ya habían aportado unos 21 millones de euros que se quedaron por el camino. La cantidad de dinero que desapareció pudo ser mucho mayor, incluso: «A nadie le gusta confesar que ha perdido dinero, y menos si está por el medio una amiga del rey», decían algunos perjudicados. Otros directivos sí comunicaron personalmente al gobierno su malestar por el tremendo fiasco, pero ahí se quedó la cosa. Desde luego, no recuperaron nada de lo que habían puesto, porque aunque el proyecto fracasara ya se había gastado todo en servicios de gestión.

Esto de los management fees (tarifas de gestión) fue el verdadero chollo de Corinna, que era la «gestora». Cobró al menos cinco millones de dólares. Otro que ganó en lugar de perder fue el bufete Garrigues (con Juan Garrigues, socio y amigo de la infancia de Juan Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar). Y los amigos como Villar Mir pudieron resarcirse de las pérdidas enseguida, al entrar en el contrato del AVE a través de OHL, de la que es presidente.

EL AVE DEL DESIERTO

Casi simultáneamente en el tiempo a las de los fondos SSIF, desde 2006 se desarrollaron las negociaciones para el contrato de la construcción de una línea ferroviaria de Alta Velocidad que unirá Medina con Yeda y La Meca, y que sí salieron bien. Fue el mayor contrato privado de la historia de España; y el más emblemático, aunque no el único, con la Saudi Arabian General Investment Authority, el fondo soberano de Arabia Saudí. Lo ganó el consorcio hispano-saudí Al Sula Group, español en un 88 por 100. Las empresas beneficiadas fueron Renfe, Adif, Imeco, Talgo, Copasa, Cobra, Consultrans, Imathia, Inabensa, Dimetronic, Indra y OHL.

Ascendió al montante de 6.736 millones de euros, de los que se calcula que sus «facilitadores» se llevaron una comisión del 3 por 100, lo que asciende a la astronómica cifra de 195 millones. Pero no se sabe entre cuántos exactamente se lo tuvieron que repartir.

Una de los del grupo fue, sin ninguna duda, Shahpari Zanganeh, la ex de Adnan Khashoggi que se dedica sin tapujos a estas cosas y firmando contratos legales para ello. Pero al parecer Corinna y el rey Juan Carlos también ayudaron mucho, y se da por bueno que al menos Corinna cobró por ello.

Sobre la implicación de Zanganeh hay varias versiones. Según una de ellas, fue la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein quien la puso en contacto con el rey, y éste comenzó a «consultarle» para el tema del AVE. Según otra, la incorporación de Zanganeh fue propuesta por la empresa española OHL (controlada por Villar Mir, el amigo de Juan Carlos; y López Madrid, el amigo de Felipe), que formaba parte del consorcio y que ya había trabajado con ella antes, en la licitación para la construcción de las estaciones del AVE en España.

Shahpari Zanganeh operaba a través de la empresa Epica, de la que era propietaria, y que fue la que firmó un contrato de «asesoramiento» con las empresas privadas españolas del consorcio. Las públicas —Renfe, Adif e Ineco— no lo firmaron por los problemas legales que podría acarrear el pago de comisiones para la concesión.

No se sabe, sin embargo, qué gestiones hizo la mediadora iraní que valieran lo obtenido como beneficio. Pero hubo mucho trabajo de lobby en la sombra de Juan Carlos y las dos comisionistas. Las gestiones personales que el jefe del Estado hizo ante la familia real saudí resultaron decisivas para que la docena de empresas españolas se adjudicaran el proyecto. Del papel que desempeñó Corinna se sabe menos que de ninguno de los otros, salvo que estaba allí siempre, omnipresente, y que ella misma insistió en que su papel había sido crucial.

Para empezar, el proyecto inicial se presentó después de aquella cena en Baden-Württemberg organizada por ella, que había permitido al trío formado por Corinna, Juan Carlos y Shahpari tener la información privilegiada previa de que se iba a licitar el proyecto. La Saudi Railways Organization (SRO) publicó sólo ocho meses más tarde, en octubre de 2006, el concurso internacional para la construcción de la línea del AVE del desierto. Se presentaron cinco consorcios internacionales y se intensificó el trabajo de los grupos de presión.

A principios de 2011, hubo un momento en que las negociaciones se complicaron y las empresas españolas temieron que el contrato terminara siendo adjudicado al consorcio galo-saudí. A los empresarios se les ocurrió la brillante idea de pedir ayuda al Gobierno, y Zapatero envió a Arabia Saudí a la frustrante diplomática frustrada Trinidad Jiménez, entonces aupada a ministra de Asuntos Exteriores en sustitución de Moratinos. Su visita no logró el éxito deseado, sino más bien al contrario. Y éste fue el argumento perfecto para justificar el recurso a otros mediadores profesionales, que en realidad ya habían estado en el ajo desde el principio, y que fueron los que finalmente, en octubre de 2011, lograron que se firmara el megacontrato.

Zanganeh consiguió además ganarse la confianza del PSOE, en especial a través de figuras como Julián García Valverde, que había sido ministro de Sanidad y Consumo en el tercer gobierno de Felipe González e imputado en el caso de la adjudicación de terrenos de la línea del AVE Madrid-Sevilla mientras era presidente de Renfe. García Valverde logró, gracias a Zanganeh, introducir a dos de sus empresas en el consorcio: Imathia y Consultrans. La participación de estas dos compañías es del 5 por 100, por lo que su facturación en el contrato se elevará a 335 millones.

Pero ya se sabe que la chapuza es el deporte nacional y, después de conseguir el dinero, las constructoras no se preocuparon mucho por hacer bien su trabajo; un hábito que conocemos demasiado bien aquí, a través de nuestras frecuentemente accidentadas obras públicas, que ven cómo su presupuesto inicial se multiplica sin control. Pero esta cultura de la picaresca española sorprendió a los saudíes. En diciembre del 2014 ya habían surgido suficientes problemas como para provocar un supuesto ultimátum por parte de los saudíes aireado por la prensa aunque negado oficialmente.

Las obras acumulaban retraso tras retraso, y habían surgido dificultades que obligaban a aumentos del presupuesto previsto desproporcionados. El consejero delegado del consorcio, Rafael Valero, fue despedido. Y los directivos, Santiago Cobo (vinculado a Adif) y Moisés Gilaberte (ligado a Ineco) cesados a continuación. Nuevas dimisiones amenazaban la posición de España en el proyecto, que también se enfrentaba a los conflictos entre las constructoras que lo componían. La OHL de Juan Miguel Villar Mir, que como buen amigo de Juan Carlos no se pierde una, estaba dispuesta a asumir «más carga de trabajo», para poner remedio a los retrasos. Y esto levantó suspicacias entre el resto de empresas constructoras, especialmente en la gallega Copasa, que vio amenazado su trozo de pastel.

Al parecer había habido «contratiempos técnicos» difíciles de resolver en la ejecución, durante los dos últimos años de obras. Por ejemplo, hubo que ampliar sobre la marcha la previsión de kilómetros de vía en placa y el presupuesto se agotó mucho antes de terminar. Todo porque fueron tan listos que no se les ocurrió informarse antes de la intensidad pluvial en el desierto. Como llueve poco, se dijeron, para qué gastar más. Y optaron por el material barato sin tener en cuenta que la lluvia, cuando llega, aunque sea pocas veces, produce una cantidad de agua que es incapaz de filtrarse rápidamente y se forman torrentes que arrastran violentamente el suelo y lo erosionan con facilidad. Una información sobre el clima de los desiertos de Arabia accesible a cualquier chaval de la ESO en la página web «El rincón del vago».

Otro problema digno de Pepe Gotera y Otilio se produjo porque el plan que diseñó la ingeniería estatal española Ineco para que la arena no afectase a los trenes, no contemplaba fallos, tan seguros de sus genialidades están. Si no funciona, como ya vieron que es más que probable que suceda, habrá que hacerlo otra vez, pero bien. Y, claro, con su retraso y su sobrecoste. A grandes rasgos, el sofisticado plan de Ineco para afrontar las violentas tormentas del desierto arábigo, que no admitía dudas, consistía en un muro de contención al lado de la vía y una serie de trincheras excavadas junto al tendido ferroviario.

Si quieren cumplir los plazos estipulados, tendría que estar todo listo para diciembre de 2016. La vía ferroviaria constará de 450 kilómetros y quiere dar soporte a 50 millones de viajeros anuales. Estará operado por las españolas Renfe y Adif. Que se abrochen los cinturones.

NUEVOS SOCIOS EN LA VENTA DE ARMAS

Los colaboradores habituales de Juan Carlos en el negocio de las armas desaparecieron del mapa a comienzos de siglo. Manolo Prado primero cayó en desgracia por el caso KIO y luego falleció. Khashoggi, sencillamente, cayó en desgracia. Fue procesado por ayudar a evadir capitales a Imelda Marcos, la esposa del exdictador de Filipinas, se arruinó y se instaló en Estados Unidos bastante retirado. Pero esto no sirvió para que Juan Carlos abandonara la provechosa actividad de «facilitar» la contraventa de armamento, en transacciones tanto dentro como fuera de la legalidad.

Sus nuevos colaboradores, asesores, socios o como se les quiera llamar, eran, entre otros, su íntimo amigo Mohamed Eyad Kayali, mano derecha en España del príncipe Salman bin Abdelaziz, ministro de Defensa saudí. Kayali, también amigo de Corinna, jugó asimismo un papel importante en las negociaciones del AVE. Y él era uno de los acompañantes de la parejita en la escapada a Botsuana para cazar elefantes que terminó tan mal. De hecho, se dijo que fue él el que la financió, para celebrar la adjudicación al consorcio empresarial español de las obras del AVE a La Meca; aunque en tal caso lo lógico sería que la hubiera pagado Juan Carlos, en nombre de la Marca España que había salido beneficiada. También se dijo que, cuando Corinna y Juan Carlos salieron de urgencia en un avión rumbo al hospital, Kayali prefirió quedarse para cazar al día siguiente el elefante que iba a matar el rey, que ya estaba pagado.

Y, por supuesto, la ínclita Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. Gran parte de su actividad mientras residió en España, en su incesante ir y venir en coches oficiales y jets privados con escolta del CNI, se centró en esta actividad, tan contradictoria con sus otras tareas gestionando grandes eventos solidario-caritativos. Entre las diferentes operaciones en las que «medió» en representación del rey, una que salió mal fue la venta de 240 carros de combate Leopard, fabricados por la empresa Santa Bárbara Sistemas/General Electric bajo licencia de transnacionales alemanas en sus factorías de Asturias y Sevilla, a Arabia Saudita.

Este tanque viene con un paquete adaptado para combatir en ambientes urbanos e incluye como armamento adicional un lanzagranadas MG40 y una ametralladora de calibre 7,62. Fue durante décadas una de las obsesiones del gobierno de la familia Saud, los dueños de Arabia Saudí, con el fin de poder repeler una insurrección popular; similar, por ejemplo, a la de la plaza de Tahrir en Egipto, donde en dos ocasiones resultaron muertas decenas de personas y centenares fueron heridas. Pero el Consejo Federal de Seguridad de Alemania, máximo órgano de decisión del gobierno alemán en materia de exportaciones de armamento, no dio la autorización para la venta. Primero, debido a un pacto para no vender armas ofensivas a ningún país enemigo de Israel. Y segundo, porque en efecto existe el riesgo de que el carro sea utilizado para sofocar cualquier revuelta interna y no para la defensa del país, una circunstancia que infringe la legislación internacional que prohíbe la exportación de armas a países en conflicto.

Por la misma razón tres ONG, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y Greenpeace, enviaron una carta al Gobierno que fue depositada en el Congreso de los Diputados. Lo cual no fue óbice para que tanto el rey como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Defensa, Pedro Morenés y Corinna Zu Sayn-Wittgenstein siguieran presionando para que este contrato de 3.000 millones de euros se firmara cuanto antes, argumentando que sólo así Santa Bárbara Sistemas podría retirar parte del ERE que acababa de presentar en 2012.

Pero los desplazamientos de Corinna a Asturias, Sevilla y A Coruña, no tenían un único objetivo. También se negociaba un contrato de venta de buques de guerra para Bahrein, a cargo de la sociedad pública Navantia.

No se sabe si Sayn-Wittgenstein tendría algún papel en las operaciones con Marruecos, país al que España ha exportado material bélico por valor de más de 250 millones de euros de forma ininterrumpida desde 1995. La venta de armas a Marruecos es un secreto a voces nada actual. Pero las autoridades se quedan como si tal cosa cuando, año tras años, varias ONG en defensa del pueblo saharaui hacen una campaña de denuncia pública y ante los tribunales. Su escrito de denuncia se acompañó en 2012 de una serie de documentos, entre los que había fotografías y vídeos que demostraban que el material comprado a España había sido utilizado en la represión del pueblo saharaui. Se trataba de material bélico español, principalmente tanques y todoterrenos militares. Por ello exigían que se denegasen las autorizaciones para exportar armas a Marruecos y que se revocasen las concedidas.

La Coordinadora Estatal de Acciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), una de las organizaciones denunciantes, envió junto a otras ONG una carta al rey antes de su visita a Marruecos de 2012, para pedirle que tuviera el «coraje de asumir sus responsabilidades» para con el pueblo saharaui, un pueblo «al que España abandonó y con el que tiene una deuda histórica». Le pedían también que no pusiera los intereses económicos por encima de los Derechos Humanos. Se atrevieron además a declarar bien alto que el monarca «con sus visitas a Marruecos no sólo pretende mejorar las relaciones internacionales, sino que trabaja como intermediario en la venta de armas».

Ni que decir tiene que la carta y las declaraciones fueron ignoradas, y Mohamed VI dio la bienvenida con los brazos abiertos de par en par a Juan Carlos, al ministro de Exteriores y a sus acompañantes, que llegaron tan contentos al país vecino para debatir sobre sus intereses comerciales comunes.

Y la denuncia, como las presentadas en años anteriores, fue desestimada por los tribunales, que alegaron que toda información «acerca de la exportación de armas es secreto de Estado».

LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

El rey Juan Carlos no dudó nunca en representar los intereses tremendamente nocivos de la inversión española en Hispanoamérica, que está depredando el entorno con una industria energética de amarga repercusión en comunidades rurales e indígenas. Los grandes empresarios españoles no tuvieron reparos en destruir sistemas culturales y ecológicos muy frágiles, apoyándose en mecanismos creados por la legislación de las dictaduras apoyadas por los Estados Unidos, en Chile, por ejemplo. Ni el rey, en apadrinarlos en multitud de viajes oficiales que hicieron juntos.

Pero lo que más le cundió en la última década de su reinado estuvo localizado en el mundo árabe, también en lo que respecta a la explotación de nuevas energías sin atender demasiado más que a los intereses de las transnacionales que contaron con su «mediación», o con la rentabilidad personal que podía obtener. Y también en este ámbito intervino la esclarecida Corinna con profusión.

Sayn-Wittgenstein sirvió de enlace entre Juan Carlos y los Al-Nahyan de Abu Dabi (Emiratos Árabes), atraídos a España por las primas a las energías renovables que el gobierno de Rodríguez Zapatero incrementó exponencialmente a partir de 2005. Se trataba de incentivar la inversión en plantas de energía termosolar, garantizando sustanciosas subvenciones para que resultasen rentables. En esa dinámica, Corinna y Juan Carlos se pusieron a la labor de convencer a sus amigos de Abu Dabi. Entre otras, en octubre de 2011, el rey Juan Carlos y el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, inauguraban por todo lo alto la planta Gemasolar, en Fuentes de Andalucía (Sevilla), en un acto al que asistieron más de 350 invitados, incluidos varios miembros de la familia real de Abu Dabi y ministros de los Gobiernos de ambos países.

Pero los recortes a la retribución de las energías renovables realizados por el Gobierno empezaron en menos de dos años. Los inició el propio Zapatero y los llevó hasta el extremo el gobierno de Rajoy. Y no tuvieron el más mínimo reparo en aplicarlos con carácter retroactivo, en un desenfreno de iniciativas contra las energías renovables que llegaron a incluir la privatización del sol mediante impuestos: cualquier usuario particular que instalase una placa solar de uso doméstico habría de pagar un canon. Todo por no reducir los márgenes de beneficios de sus amigos de las eléctricas ni un pelín.

El 12 de julio de 2013 el Gobierno de Rajoy aprobó la reforma eléctrica que acabó de convertir las primas a las renovables en una estafa. Un disparate nacional. Cogió lo publicado en el BOE, donde invitaba a los inversores a poner su dinero garantizándoles unas condiciones, y lo rompió. El decreto-ley establecía, entre otras medidas, la eliminación de las primas para las empresas del sector y su sustitución por un sistema que supuestamente garantizaría una «rentabilidad razonable» de las inversiones del 7,5 por 100, con carácter retroactivo. Los inversores se sintieron como los afectados por las preferentes, pero, en su caso, la culpa no era de los bancos sino del Gobierno. Porque las medidas adoptadas, sencillamente, no funcionaron como se esperaba… o sí. Llevaron a la quiebra a numerosas pequeñas empresas; y, a las grandes, a grandes demandas contra España en el ámbito internacional, alegando inseguridad jurídica. Las demandas se fueron extendiendo por toda la geografía de la inversión mundial y llegaron al emirato de Abu Dabi, a pesar de los esfuerzos para limar asperezas del Gobierno, incluso recurriendo a la mediación de Corinna cuando supuestamente ya se la había invitado a salir del país, tras el escándalo de Botsuana.

En diciembre de 2012 Zu Sayn-Wittgenstein regresó a Madrid y dialogó sobre los problemas con los líderes de Emiratos Árabes en Zarzuela, con el general Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); y con José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pero se ve que no hubo sintonía. En el mes de enero siguiente el rey canceló el viaje que tenía previsto a Abu Dabi, en el que se presume que coincidiría con Corinna, presionado no se sabe bien por quién. Luego habría otros viajes pero, en lo que respecta a las primas de las renovables, Juan Carlos desde luego no consiguió solucionar nada. En febrero de 2014 la empresa estatal Masdar, filial de Mubadala Development Company, el fondo soberano o compañía de inversiones del emirato de Abu Dabi, propietaria de la planta Gemasolar, solicitó el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, para solucionar el conflicto con España. Su inversión fallida en esta y otras dos plantas e instalaciones también en España había supuesto cerca de 1.000 millones de euros. Afortunadamente para ellos, Juan Carlos y Corinna no tuvieron que cargar con las culpas.

También se reconoció oficialmente la intervención directa de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en otra gestión, esta vez de presunto éxito para España y sus empresas: un gran contrato de suministro de gas procedente de Argelia, en 2007. La compañía rusa Gazprom firmó un acuerdo con la argelina Sonatrach. Se iba a crear una especie de OPEP del gas (para hacer subir los precios de venta, al estilo de lo que hacen los países con reservas de petróleo) con el consiguiente perjuicio para España, ya que casi la mitad del gas natural que consumimos procede del país norteafricano. Así lo anunció el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, en vísperas de una visita a su país del rey Juan Carlos, en marzo de 2007. Sonatrach, la empresa estatal argelina, anunció meses después que rompía su acuerdo con Repsol y Gas Natural para construir un gasoducto entre Argelia y Almería. Fuentes diplomáticas reclamaron entonces la intervención de «el único que puede reparar este fiasco, el Rey». Francia quería quedarse con ese proyecto y entrar como socia del gas argelino y los servicios secretos, entonces de Sarkozy, peleaban con todo para lograrlo. Debió de ser un momento trepidante, con el espionaje español del CNI, el rey Juan Carlos y la princesa Corinna luchando codo con codo para mantener los acuerdos con Argelia. El rey llegó a hacer una declaración donde defendía un acuerdo para el Sáhara respetando su libre determinación, olvidándose de la política gubernamental, contraria a tal postura, y de su hermosa amistad con la monarquía de Marruecos. Corinna por su parte utilizó sus contactos e influencias en Rusia, de los que había hecho gala en varios viajes que le había organizado al rey, y en los que trabó una interesante amistad con Putin. En cuanto al gas de Argelia, el resultado fue muy positivo. La tensión entre los dos países se rebajó y en junio de 2011, la española (y privada) Gas Natural y la argelina (y estatal) Sonatrach sellaron la paz. La española admitió pagar 1.500 millones de euros por el gas recibido entre 2007 y 2009 (un aumento del 30 por 100 en el precio que repercutiría en el precio de los consumidores). La argelina, además, adquirió en torno al 5 por 100 de la española. Por otra parte, el acuerdo para el gasoducto entre Argelia y Almería siguió adelante y Gas Natural consiguió un 10 por 100 del proyecto. La empresa española tendrá garantizados 800 millones de metros cúbicos de gas al año. Todos ganaron, o perdimos todos menos ellos, según se mire.

Debió de haber muchos más tejemanejes de este tipo, pero no los sabemos todos. El expresidente de la compañía petrolera francesa Elf, Le Floch-Prigent, procesado por fraude en 2003, manifestó ante el juez haber entregado 55 millones de euros al rey Juan Carlos, con el que aseguraba haberse visto en múltiples ocasiones, como soborno para que hiciera valer su valiosa (y tanto) opinión a favor de la compañía. El dinero también iba destinado a los próximos a Felipe González, con quien el rey ha mantenido una amistad casi tan entrañable como con Corinna desde que comenzaron a bailar a dúo en los 80. La compra de la petrolera española Ertoil por parte de la empresa gala se había desarrollado con supervisión de De la Rosa y con el empresario vasco Daniel de Busturia de intermediario, que también afirmó que una parte de las comisiones que se pagaban iba al rey de España. De Busturia fue condenado por este caso —aunque no llegó a pisar la cárcel— y acabó de presidente de Unilabs (del que era consejero Juan José Güemes al tiempo que consejero de Sanidad, cuando la empresa se hizo con la gestión de los laboratorios de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid).

También se supo que Juan Carlos presionó en 2008 al entonces jefe del Gobierno, el socialista Rodríguez Zapatero, para que se aprobara la entrada de la petrolera rusa Lukoil en el accionariado de Repsol: seis veces al día llegó a telefonearle. Los rusos pretendían gastarse 9.000 millones de euros para adquirir el 29,9 por 100 de Repsol, en manos de Sacyr, y otro 9,9 por 100 adicional en poder de La Caixa.

En el negocio intervenía como comisionista la famosa Corinna, contratada por el gobierno ruso, supuestamente utilizando al rey como plataforma para hacer negocios particulares. Aquí sí que resultaba difícil de justificar eso de que todo se hacía en beneficio de España, porque se trataba de vender la española Repsol, que en su origen había sido pública, a la rusa Lukoil, por mediación de la empresa Apollonia Asociates. Si el rey no estaba con Corinna en esto, no se entiende su insistencia en las negociaciones. De todos modos, acabaron frustrándose, oficialmente por la oposición de sectores del Gobierno, avalados por informes del CNI, también en contra de esa operación, porque no se podía poner en manos del Gobierno ruso el interruptor de la calefacción de las casas españolas. Aunque mucho patriotismo supone al CNI y al PSOE esta versión, que no parece tener en cuenta los intereses del omnipotente Estados Unidos, siempre tan presente en las decisiones del monarca y del Estado español. Corinna no cobró por su trabajo de consultoría en esta ocasión, pero siguiendo la mecánica habitual, no habría salido de vacío por los gastos de gestión cobrados a los rusos de Lukoil para intentarlo.

SOBRAS DE ARTE

Entre aciertos y fracasos, la frenética actividad de «facilitador» de pelotazos debió de tener muy entretenido a Juan Carlos, cualquiera podría pensar. Pero se ve que no lo suficiente para conseguir distraer su atención de mil cositas sueltas más. En su vida cotidiana, no se da puntada sin hilo.

Por un lado, él y toda su familia siguieron recibiendo regalos, fuera del control de Hacienda y de la opinión, ambas públicas, salvo en contadas ocasiones y por mero azar, en que se llevaron un pequeño disgustillo. Los coches de lujo continuaron llegando, por lo menos hasta 2011. En esa fecha se recibieron los que llegaron a ser sus automóviles más famosos: dos Ferrari —uno blanco y otro negro— valorados en 500.000 euros que le regaló el jeque Mohamed bin Rashid al Maktoum, primer ministro de Emiratos Árabes. Lo relevante fue que, esta vez, se supo, junto con otros detalles de su vida público-privada que hicieron correr ríos de tinta. Juan Carlos, que aún estaba convaleciente de una operación en el talón de Aquiles de su pie izquierdo, en contra del criterio de sus médicos había ido a Abu Dabi en noviembre acompañado por Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, para presenciar en Yas Marina el Gran Premio de Fórmula 1. Con tanto interés como se tomó, no era de extrañar el agradecimiento del jeque.

La primera noticia de la existencia de los Ferrari la dio el diario digital República Constitucional, fundado y editado por Antonio García Trevijano, viejo conocido de Juan Carlos que seguro que se dio un gustazo, porque tuvo una repercusión inmediata. Los portavoces de la Casa Real salieron al paso con una explicación: el obsequio se había producido «dentro de una campaña de regalos realizados a diversas personalidades de todo el mundo», como si se tratara de un par de bolis con publicidad corporativa; y una mentira: «Siguiendo el procedimiento habitual, este obsequio ha sido integrado en los bienes de Patrimonio Nacional».

No era verdad, porque Patrimonio Nacional (el organismo que custodia los bienes de titularidad estatal para uso exclusivo del rey y su familia) no sabía nada, no se había hecho cargo de la custodia de los dos vehículos y ni siquiera había sido informado. Habían llegado vía aérea y se habían depositado directamente en Zarzuela. Tres años después, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba un real decreto que daba cuenta de la incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de uno de ellos. La disposición oficial, sin embargo, ocultaba deliberadamente la marca del vehículo y el origen del mismo. En su lugar, informaba escuetamente del número de chasis del automóvil: ZFF73SKB000181574. Dicen que no tienen ni idea de qué hacer con él, pero han de hacerse cargo del mantenimiento ya que el rey lo aceptó sin preguntar antes, así que lo suyo sería subastarlo, pero ya lo intentaron, y la subasta quedó desierta. Del otro vehículo no sabemos nada. Sigue en poder del exmonarca, o quizá no, porque en los mentideros se comenta que su destinataria era Corinna.

Por otro lado, en varios de los jugosos correos del caso Nóos, fechados en junio de 2004, se descubrió cómo el bueno de Urdangarin perdió el sueño porque no cayera en saco roto una partida de zapatillas Reebok Spain, de una edición especial con motivo de las Olimpiadas, que la marca le ofreció gratis. Él mismo puso en marcha la maquinaria de Zarzuela para que se encargase de gestionar la entrega; y García Revenga, el secretario de las infantas, sacó tiempo de donde pudo para el alto servicio al Estado de hacerse con las tallas de pie de toda la familia real y conseguir que les calzasen como un guante los 13 pares de zapatillas que les iban a enviar.

A Urdangarin siempre le había dado Juan Carlos todo su apoyo hasta que decidió sacrificarlo para salvar la cabeza de los demás en el caso Nóos. Lo asoció con amigos suyos como el príncipe Al Waleed o Samaranch, y lo puso bajo la tutoría de Corinna, a la que había pedido en 2004 que lo apadrinase, que le ayudase a buscarle una ocupación a su altura. Y también le hacía pequeños encargos que el yernísimo cumplía lo mejor que podía como fiel recadero. En los encuentros que tuvieron el exduque y la presunta princesa en Londres (en junio y diciembre de 2004), aparte de preocuparse por su futuro, el yernísimo también aprovechó para hacerle unas gestiones al suegro. A fin de «facilitárselas», Corinna le presentó a Robin Woodhead, consejero delegado de la prestigiosa casa de subastas Sotheby’s, que se encargaría de subastar algunos objetos de Juan Carlos.

Y es que la venta de obras de arte fue una afición que cobró mucha fuerza hacia el final del reinado, como si estuvieran recogiendo para una mudanza o un exilio.

En un vídeo de internet titulado «El verdadero motivo de ir a vivir a Washington DC y de la visita de la reina en septiembre de 2011: sacar los cuadros de España, a la muerte de Sabino», se denuncia lo que resume el titular. Se refiere al supuesto robo de los cuadros de la colección del duque de Hernani, pero la verdad es que no se ofrecen demasiadas pruebas al respecto. Con todo, los rumores sobre más episodios raros en torno a la venta o simple desaparición de piezas de arte de dudosa titularidad, circulan cada vez más por los mentideros de la corte. La fama de los Borbones no mejoró con la difusión de la poco conocida historia en torno a la colección de Marivent, cedida para museo público por los herederos del pintor y coleccionista griego Juan de Saridakis. Según la versión más extendida, era la reina Sofía la que quería quedarse algunas piezas, como el «Retrato de Palafox» pintado por Goya, un sorolla, una cabeza atribuida a Delacroix, muebles ingleses o unas piezas de mosaicos mallorquines. Y los herederos tuvieron que recurrir a la justicia para recuperarlos.

En la primavera de 2014, cuando el rey ya veía inevitable la abdicación, empezó a arreglar asuntos de familia que tenía pendientes, como el reparto de joyas y cuadros de los Reales Alcázares de Sevilla, que Juan Carlos estima que pertenecían a su madre, María de las Mercedes, y por tanto ahora son de su propiedad. También se dedicaron a vaciar de cuadros y esculturas el palacio La Mareta, en Lanzarote, sin ningún tipo de control.

Otro episodio harto curioso fue el de la compra de un cuadro de Dalí que decoraba el despacho del rey Juan Carlos en Zarzuela. En diciembre de 2008 el gobierno de Zapatero se tuvo que gastar cerca de 3 millones de euros en el cuadro, dicen que porque el monarca se encaprichó de él, pero la historia no acaba de tener sentido.

El cuadro había sido encargado a Dalí por el Gobierno de Franco, para representar al arte español en los Juegos Olímpicos que se celebraron en México en 1968. «El atleta cósmico» es un enorme óleo de dos por tres metros, inspirado en «El discóbolo» de Mirón, que el COE renunció a comprar. Anselmo López, entonces vicepresidente de este organismo, decidió adquirirlo con su propio dinero. Tras exhibirse en México, el cuadro regresó a España y estuvo algún tiempo en su casa, hasta que en 1971, por decisión propia y sin contraprestación alguna, se lo cedió en depósito y con carácter vitalicio al todavía príncipe Juan Carlos. El Dalí fue trasladado al despacho del rey, y allí se quedó.

Pero tras la muerte de Anselmo López en el año 2004, sus herederos iniciaron con la Casa del Rey los trámites oportunos derivados del cambio de propiedad del cuadro. Después de unos contactos amistosos, las dos partes firmaron el 25 de octubre de 2005 un documento que, sin alterar la naturaleza de la cesión, regulaba determinados aspectos que, en opinión de todos, requerían aclaraciones complementarias. En el nuevo documento, firmado por el jefe de la Casa, Alberto Aza, y los tres hermanos López Ribé, se establecía que la cesión del cuadro al rey era de por vida y que los propietarios eran los herederos de Anselmo López. También se recogían como condiciones de los préstamos del cuadro para exposiciones, que las muestras fueran sin ánimo de lucro y que se informara siempre a los propietarios, que serían los beneficiarios de las pólizas de seguros. Días después, la Fundación Gala-Dalí tasó el cuadro en 3,6 millones.

Pero cuando ya el asunto parecía resuelto, Patrimonio Nacional inició las gestiones para la compra de la pintura, con la partida de la que dispone para comprar obras de arte. En plena crisis económica, este organismo decidió que era una buena oportunidad para comprar el cuadro, siempre con las limitaciones de uso pactadas; es decir, para que lo disfrutara sólo el rey. Al precio de 3,6 millones se le restó la cantidad correspondiente al valor de uso que ya había cedido gratis la familia, y se valoró en 2,88 millones lo que había que abonar. El gobierno de Zapatero aprobó la operación en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, cuya titular era María Teresa Fernández de la Vega entonces.

Tras la abdicación, antes que cedérselo a su hijo, Juan Carlos se llevó de su despacho en Zarzuela algunas cosas personales. Entre ellas, un ejemplar de la Constitución, algunas fotos familiares y «El atleta cósmico» de Dalí, que todavía no ha colgado en las paredes de su nuevo despacho en el Palacio Real.

27. Cálculos reales

SUS INGRESOS OFICIALES

Lo que haya podido ganar Juan Carlos a lo largo de sus 13 años como heredero de Franco y casi 40 como rey es difícil de calcular. Todo es tan opaco que ni siquiera resulta sencillo saber cuánto ha costado directamente de los presupuestos del Estado su tren de vida en Zarzuela y demás sucursales palaciegas. Es decir, la cuenta que se les ha pasado a los españolitos de a pie.

En principio, de los impuestos de todos salía la partida especial de los Presupuestos Generales del Estado destinada a la Casa Real. La cantidad estipulada por primera vez, en 1980, ascendió a 1,2 millones de euros. La variación anual se suponía que tenía que ser la del índice de precios al consumo (IPC), pero no se sabe bien cómo, a lo largo de los años el presupuesto se disparó, aumentando hasta los 8,9 millones en que quedó congelado en 2010, cuando la crisis económica confluyó con la penúltima remesa de escándalos palaciegos. En 2011 comenzaron además unos sutilísimos recortes, en concordancia con las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para reducir del déficit público, que continuaron los años posteriores. Nada comparable a los recortes en Educación o Sanidad, sin embargo. El presupuesto del último año completo del reinado, 2014, fue de 7,8 millones de euros. En resumidas cuentas, en los Presupuestos de los últimos años, hasta 2015, la Corona perdió 1.121.880 euros (un 12,61 por 100).

Esta partida oficial es la parte fácil de toda la matemática monárquica. Se podía estar en desacuerdo con la cantidad asignada, pero al menos era una cantidad conocida y aprobada en el Parlamento. Pero hasta ahí, porque desde el comienzo se trató de una cantidad global que, como dispone el artículo 65.1 de la Constitución, el rey distribuía «libremente», «para el sostenimiento de su familia y Casa». No tenía por qué dar explicaciones sobre en qué se lo gastaba, ya fuera en guepardos o en motocicletas o en lo que le diera la gana. Y ni siquiera estaba sometido al control del Tribunal de Cuentas.

Esto crispó durante años los nervios de partidos no mayoritarios (de los que caen fuera del sistema del bipartidismo y sus acólitos), que poco pudieron hacer al respecto salvo protestar, y esto porque fueron malvados y muy pesados. Todavía en 2009, cuando se discutieron los Presupuestos Generales del Estado en el Parlamento, el partido gubernamental PP votaba en contra de sus enmiendas pidiendo una mayor transparencia con argumentos de peso como: «por ser contraria a la Constitución y porque rezuma, una vez más, un odio verdaderamente deleznable hacia la institución mejor valorada por el pueblo español». Y, por supuesto, se aprobó que se continuase manteniendo el secreto más estricto sobre el destino de los 8,9 millones de euros de la Casa Real para ese año. Ni los diputados, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni la Comisión de Secretos Oficiales tenían acceso a dicha información. En definitiva, ni siquiera la partida de los Presupuestos destinada a los fondos reservados, a la que al menos una delegación de las Cortes tenía acceso, era tan ignota.

Las peticiones de mayor transparencia fueron un constante ninguneo en el Parlamento, siempre contestadas negativamente con argumentos llamando al patriotismo. «Ustedes aprovechan siempre el debate de la ley de presupuestos para hacer propaganda republicana», decía el diputado Albendea Pavón, del PP, a la oposición, sin querer darse cuenta de que eran este tipo de medidas gubernamentales las que estaban alentando cada vez más el espíritu antimonárquico.

Lo único que se hizo, en 2007, fue anunciar a bombo y platillo que el monarca había nombrado a un interventor de su confianza para gestionar sus cuentas; si bien Zarzuela aclaró rápidamente que el elegido, Óscar Moreno Gil, de 72 años, funcionario de Hacienda jubilado, no actuaría ni como interventor público ni tampoco iba a rendir cuentas a las Cortes.

En 2009, lo único que querían los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con Joan Tardà a la cabeza era, por ejemplo, que el Gobierno de turno presentase en el primer trimestre de cada año natural la liquidación presupuestaria del ejercicio vencido. O saber si el salario del jefe del Estado era igual o mayor que el salario del presidente del Gobierno. También el Partido Comunista de España (PCE) lanzó en enero de 2010 una campaña de firmas para exigir la transparencia de las cuentas de la Casa Real bajo el lema «¿En qué gastas mi dinero?». Pero no hubo manera.

En principio, todavía en el borrador de 2012, se pretendía dejar fuera de la Ley de Transparencia a la Casa Real y solucionarlo con algunas concesiones informativas en su página web; no por ley, sino como un «gesto» de buena voluntad, que servía para más bien poco. Escandaloso. Pero finalmente parece que influyó bastante la opinión de la prensa extranjera, en especial la estadounidense, porque sólo cuando se empezó a publicar fuera las instituciones españolas empezaron a preocuparse. La fortuna personal de Juan Carlos fue portada del New York Times en 2012, y los periodistas daban voz a Joan Tardà, quien afirmaba: «Hay un control nulo sobre las actividades del rey y la Casa Real»; y añadía: «Las finanzas de la Casa Real son hoy en día un enorme agujero negro».

Así que cuando se aprobó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, «de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», se le dio cabida en ella al monarca, que tuvo a bien rubricarla con estas palabras que debieron de ser como tragarse un sapo: «Juan Carlos I Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente [ley]». Y es que, con sus limitaciones, permite que se pueda solicitar la información que se quiera y tendrá que ser contestada, siempre que el que la pida se identifique. En concreto, para la información referida a la Casa Real hay que dirigirse a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, «órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley», según la disposición adicional sexta. Aunque ya se sabe: Contra la virtud de pedir, el vicio de no dar.

Ya se había comenzado unos años antes a dar una información controlada, limitada a algunos datos, a través de la página web institucional. Desde luego no completos, pero pudimos saber, por ejemplo, en cuánto estaban establecidos los sueldos de los distintos miembros de la familia real; y hacer un superficial seguimiento de, por ejemplo, el estatus oficial de la infanta Cristina en los distintos momentos desde entonces.

Resultó que sí, que el rey ganaba bastante más que el presidente del gobierno. Hasta 1979 había estado cobrando un sueldo de capitán general, y los gastos de la casa los llevaban desde el ministerio correspondiente. Su salario era de 4,5 millones de pesetas anuales (27.000 euros) y cobraba además otros 5,5 (poco más de 33.000) en gastos de representación. Luego, al cambiar el sistema, no supimos nada más que lo que nos quería decir. Por su buena fe supimos que, en el último año de reinado de Juan Carlos, 2014, su sueldo personal se fijó en 140.519 euros y, en concepto de gastos de representación, otros 152.233 euros (cifras similares a las de años precedentes, a pesar de que la partida de los Presupuestos Generales del Estado para la Casa sufría recortes). En total, casi 300.000 euros. Muy por encima de todas las demás altas instituciones del Estado, que ya no nos salen baratas. El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibía ese mismo año un salario anual de 78.185,04 euros brutos (6.515,42 euros al mes).

También superaba el sueldo del presidente el de la reina Sofía, que era de 131.739 euros (el 45 por 100 del salario de Juan Carlos), el del entonces príncipe (de 146.376 euros brutos), y hasta el de su esposa Letizia (102.464 euros, un 35 por 1000 de la nómina de su suegro).

Las infantas habían pasado por una etapa de zozobras. En los últimos años percibían una cantidad variable, en función de su agenda, como gastos de representación. Aunque la agenda debió de ser bastante estresante, porque la cantidad presupuestada para estos gastos en el ejercicio 2011 ascendió a 375.000 euros. Por cierto, este fue el último año en que se nombró a Cristina explícitamente. Luego preferirían hablar de «el resto de los miembros de la familia real», para no entrar en detalles sobre si los españoles estaban o no subvencionando a los imputados del caso Nóos. Esta partida fue bajando mucho en los siguientes años, más que por recortes, porque la Casa Real estaba reorganizando a la familia, y al final se quedó sólo Elena, con 25.000 euros de asignación, para atender sus gastos de representación.

Del presupuesto específico de la institución deberían salir todos los demás gastos del personal que trabaja para ellos en Zarzuela, y que son más de 150 personas. Pero la mayor parte es personal funcionario, y cobra su nómina del ministerio de Administraciones Públicas o del que le corresponda. Sólo 17, según la propia Zarzuela, cobran sueldos de la institución para la que trabajan. Son los del círculo más próximo, el de mayor confianza. Sin embargo la partida para personal del presupuesto es de 3,8 millones euros. Una enormidad que no se puede explicar, pero que la Casa Real entiende perfectamente justificado especificando que casi el 70 por 100 (2,6 millones) son incentivos al rendimiento. Están «destinados a retribuir el excepcional rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que desempeñen sus funciones, o bien servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo». También aclara que puede tratarse tanto de «personal que percibe sus retribuciones con cargo al presupuesto de la Casa de S. M. el Rey (con excepción del Jefe de la Casa)»; como del que «percibe sus haberes de otros organismos»; es decir, que puede destinarse a sobresueldos.

También resultan otro saco sin fondo los gastos en «Material, suministro y otros» (es decir, material de oficina), de más de 2 millones de euros al año. Se ofrece grosso modo la lista de productos (que incluye prensa, revistas, material informático no inventariable, comunicaciones, seguros, asesorías técnicas, fotografía, servicios de noticias, asistencia técnica…), sin asignarles cantidades concretas. En 2014 se presupuestaron 1.931.000 euros, pero sobre la marcha tuvieron que aumentarlo con otros 160.473,49 adicionales. El interventor que contrataron —que es el único que tiene acceso, al menos por el momento, a las facturas— dijo que todo estaba en orden.

LAS CUENTAS REALES

Los aproximadamente 150 empleados que trabajan en Zarzuela pero que cobran de otro lado son sólo la punta del iceberg de todos los gastos que desbordan el presupuesto oficial de la Casa Real. También están los de los viajes, recepciones y actos oficiales; los gastos de mantenimiento del yate Fortuna y de la colección de palacios y casitas reales; de los jets privados y excursiones con amigos; del ejército de escoltas que acompaña a los miembros de la familia real a todas partes… Unos dependen de Patrimonio Nacional, otros de Asuntos Exteriores, de Defensa o de alguna Comunidad Autónoma. Y todos ellos son desembolsos de dinero público que revierten en beneficio de los Borbones y sólo de los Borbones: su bienestar y permanencia.

Está claro que el rey no sólo recibe 7,8 millones de euros (cantidad de 2014). Hay gastos que no paga y que están escondidos en los Presupuestos. Pero resulta extremadamente difícil hacer el cálculo, no sólo por tener que ir de institución en institución, sino porque además, con frecuencia, las partidas destinadas a servicios a la Casa Real no vienen especificadas como tales, están mezcladas con otras o se dividen en departamentos. Todo es tan confuso como, por ejemplo, el texto de la Ley Orgánica de los Presupuestos Generales del Estado para 2005, publicada el martes, 28 de diciembre de 2004 (no era una inocentada, pese a la fecha). Se destinaban dos partidas: una genérica para la «Jefatura del Estado», referencia 911M, por un importe total de 7.776.340 euros; y otra de «Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado», cuyo importe ascendía a 5.282.130. Y ni siquiera la suma de las dos era el total.

Esa partida de «apoyo a la gestión» se refería fundamentalmente a los sueldos del personal funcionario y eventual adscrito a la Casa que dependen de Presidencia, unos 135 funcionarios, que nos cuestan al año en torno a los 6 millones de euros, a los que hay que sumar los del epígrafe «gastos corrientes» en el mismo apartado, que elevan el montante a 6,5 millones como media.

Pero hay otros muchos que no trabajan necesariamente en el recinto de Zarzuela. En los últimos años descendió un poco el número, como medida de austeridad, dejando sin cubrir unas cinco bajas que hubo. Pero continuaron siendo 369 trabajadores. Dependen de distintos ministerios y nos cuestan a todos 22,5 millones de euros al año.

Otra factura que el monarca no sufraga son los viajes al extranjero, que abona el Ministerio de Exteriores. El presupuesto varía en función de los viajes que se realicen, pero ronda una media de 0,5 millones anuales.

Los actos oficiales y viajes dentro del Estado, que son muchos más, están a cargo de Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. En 2012 se destinaron a este fin 11.894.220 euros, 2,3 millones más de lo que se había presupuestado inicialmente, y eso que se celebraron muchos menos actos oficiales de los previstos (la Corona tendría que haber realizado 110 actos oficiales y sólo organizó 64; ese annus horribilis se cancelaron todas las visitas de jefes de Estado previstas, que eran siete). El desglose del programa de gastos describe estas actividades como «Infraestructura y apoyo para la realización de actos oficiales», sin entrar en más detalles. Se trata de servicios como el gasto en flores y similares en los actos oficiales (sector al que, por cierto, se dedicaba profesionalmente Anselmo López, el benefactor que cedió a Juan Carlos «El atleta cósmico» de Dalí). Cuando hay algún acontecimiento real, como una boda o una abdicación, el presupuesto se dispara todavía más. La media de los últimos años no baja de los 12 millones.

Para mantener y rehabilitar los palacios reales y resto de bienes del Patrimonio Nacional, la institución se gasta, además, entre 18 y 20 millones de euros anuales, en los que se incluyen los gastos del yate Fortuna, compras como la del cuadro «El atleta cósmico» o la reforma de «la casita» de Corinna en El Pardo.

A esto hay que añadir el mantenimiento de la Urbanización Borbón en Mallorca, el complejo residencial que se han montado en torno al palacio de Marivent, que le supone 1,5 millones de euros al año (1.549.421 euros, para ser exactos, fue el presupuesto para 2015), en este caso a la Comunidad Autónoma Balear.

El Ministerio de Economía y Hacienda asume por su parte los gastos de coches oficiales (mantenimiento, carburante, revisiones), así como chóferes y mecánicos. Hay un parque móvil estimado en 300 vehículos adscritos a la Casa Real, no todos para el uso personal de la familia, que suponen un gasto estimado de 3,5 millones al año de media.

El Ministerio de Defensa se encarga del mantenimiento de los caballos de la Guardia Real (destina 632.675,30 al año a pienso, heno y viruta), y además de los propios guardias del regimiento, de la logística, los acuartelamientos y el armamento, con una media en últimos años de 80 millones de euros. El Cuarto Militar le cuesta otros 45 millones.

El Grupo de Fuerzas Aéreas de transportes VIP (que realiza una media anual de 3.500 horas de vuelo para la Casa Real; lo que supone el 70 por 100 de la actividad total) tiene un presupuesto de más de 100 millones, 70 de ellos para atender las necesidades de su majestad.

Los gastos de seguridad y despliegue para eventos en los que intervenga el Jefe del Estado (desfiles, maniobras específicas, visitas, bodas reales…) suponen una media de 56 millones (sólo la boda real de 2004 costó a Defensa 20 millones de euros).

El Ministerio del Interior se gasta unos 40 millones anuales en seguridad activa y pasiva (contravigilancia) en Palacios, personas y eventos, a cargo de la Guardia Civil (sólo la boda del príncipe le costó a la Benemérita 18 millones de euros). Y todavía hay que sumar otros 45 millones por la seguridad, también pasiva y activa, que corre a cargo de la Policía Nacional (sólo la boda real supuso un despliegue de 15.000 efectivos, que costó 22 millones euros).

Queda fuera del cálculo la cantidad que se haya cargado a fondos reservados de Presidencia, Defensa, Interior y CESID/CNI, a lo largo de los últimos 40 años, para pagar viajes no oficiales, regalos, encuentros particulares del monarca, etcétera.

El total de gastos anuales de la Casa Real, teniendo en cuenta todo esto, no es por tanto de 7,8 millones sino, en un cálculo muy por lo bajo, de un mínimo de 70 millones, sin contar la mayor partida destinada a seguridad, que hace aumentar el montante final a un mínimo de 400 millones (véase el cuadro resumen en los anexos). ¡Más de un millón de euros al día!

Esto es lo que cuesta la monarquía o, desde otro punto de vista, lo que suman los ingresos de Juan Carlos como rey, porque aunque no se lo lleve en dinero, es todo lo que se ahorra de pagar de su bolsillo. Una retribución en especies —en este caso servicios— que son una especie de retribución en B.

¡De monarquía baratita, nada de nada!

EL RESTO DE SU FORTUNA

Los ingresos de los Presupuestos Generales de Estado, con ser enormes, no suponen la única fuente de ingresos de Juan Carlos. Ya que gran parte la cobra en servicios, sería imposible que de ellos pudiese llegar a ahorrar la inmensa fortuna que se le supone.

En septiembre de 2012, calificado como annus horribilis del rey español, el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo sobre Juan Carlos I, su tren de vida y sus inconvenientes amigos, destacado en portada en la edición internacional y reproducido luego en el International Herald Tribune. Tras el accidente de caza en Botsuana y los «daños colaterales» que le comportó, destacaban las críticas que estaba recibiendo, en plena crisis económica, por su ritmo de vida lujoso y la opacidad de sus negocios privados. En este sentido, mencionaban las dudas sobre la forma en que habría logrado su fortuna, que se mantiene en secreto, aunque el diario neoyorquino estimaba que alcanzaría los 1.790 millones de euros.

La cifra escandalizó a todo el mundo. Y eso que, a juzgar por los datos que tenemos, se quedaba obsoleta. Otras fuentes periodísticas extranjeras ya habían hecho el cálculo en torno a esta cantidad 10 años antes, y la última década ha estado llena de oportunidades y beneficios para Juan Carlos, así que tendría que ser más. Dos han sido las revistas especializadas que han hablado del tema: la norteamericana Forbes, especializada en grandes fortunas, y la británica Eurobusiness. Esta última, en artículos de los años 2000 y 2002, cifraba la fortuna en una cantidad muy próxima, considerando que formaba parte del club europeo de las 400 familias más acaudaladas.

En su artículo del año 2000, Eurobusiness afirmaba: «La familia del rey Juan Carlos heredó un número importante de propiedades en España y en otros lugares de Europa, incluyendo la isla de Mallorca… También recuperó obras de arte. Pero la fuente más importante de la fortuna de la familia real procede de una fundación organizada, a finales de los años cuarenta, para la restauración de la monarquía por el general Franco. El rey tiene una fortuna personal valorada en 545 millones de euros y controla bienes familiares por valor de 1.136 millones». La fortuna ascendía por tanto a 1.681 millones de euros, 10 veces más que lo que el monarca podría justificar haber obtenido legalmente a lo largo de sus menos de 30 años de reinado entonces, a cuenta de sus ingresos legales de los Presupuestos Generales del Estado, si se lo hubiera ahorrado todo y no hubiera pagado ni los sueldos del personal de Zarzuela. Sin embargo, la noticia publicada en la prensa británica no despertó la atención de los apáticos medios de comunicación españoles, que dieron mayoritariamente la callada por respuesta.

En el Eurobusiness de 2002 la cantidad ascendía a 1.790 millones de euros, 109 millones más que en el año 2000. En pesetas hablábamos entonces de muchos ceros, 300.000.000.000, una cifra que ni cabía en la cabeza. Esta vez sí se habló en la prensa. Después de aparecer algunas referencias en la revista La Clave de José Luis Balbín, en La Estrella Digital de Pablo Sebastián y en El Confidencial de Jesús Cacho, Javier Ortiz puso la puntilla en su columna de El Mundo del 10 de julio. En un tono conciliador hasta el punto de despertar la simpatía de la propia Casa Real, Javier Ortiz aconsejaba a ésta «una pública y formal rectificación de lo publicado, antes de que la opinión pública española conceda carta de naturaleza a un infundio». Ese mismo día el embajador español en Londres, quizá siguiendo su sugerencia, envió un escueto escrito de rectificación a la revista Eurobusiness, al tiempo que el gabinete de prensa de la Casa Real distribuía a través de EFE una explicación: «La disparatada cifra de 1.700 millones de euros sólo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad del Patrimonio Nacional, del Estado español, son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto… Su Majestad efectúa anualmente, como el resto de los españoles obligados a ello, las correspondientes declaraciones de renta y patrimonio».

Y menos mal que lo difundió EFE, porque Eurobusiness no se molestó en rectificar nada. Tenían el asunto perfectamente claro e insistieron: la prensa británica sabía diferenciar perfectamente bien ambas partidas, lo que es patrimonio nacional y lo que no. No había por su parte ningún error, el cálculo estaba bien hecho. Los bienes del rey Juan Carlos, que incluyen capital financiero líquido, inversiones, propiedades y bienes artísticos, le hacían aparecer en cuarto lugar en el ranking de los españoles más adinerados (tras Amancio Ortega, propietario de Zara-Inditex; José María Entrecanales, presidente de Acciona; y el ya fallecido banquero Emilio Botín). En lo que respecta a las monarquías europeas, ocupaba el sexto puesto, en una lista que ya entonces lideraba el príncipe Hans-Adam II, del paraíso fiscal de Leichtenstein.

No nos quiso aportar Eurobusiness más datos sobre cómo había hecho el cálculo. Con todo, la Casa Real dio el asunto por zanjado y no inició acciones legales, pese a que el monarca había sido acusado implícitamente, cuando menos, de delito fiscal. Eso sí, presionó lo suficiente a la otra revista, la norteamericana Forbes, como para que el nombre de Juan Carlos no volviera a aparecer nunca más en su publicación, y ni siquiera puede consultarse ya en la hemeroteca digital. Por su parte, pocos años después, Eurobusiness cerró.

Las estimaciones son eso, estimaciones, y queda pendiente una auditoría pública para saber más, porque resulta extremadamente difícil obtener datos por libre, incluso con la Ley de Transparencia. Como viene reclamando desde hace años grupos como Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), en sus enmiendas a los Presupuestos abocadas al fracaso, los reyes y demás miembros de la familia real debían empezar por presentar su declaración de bienes y patrimonio, como hacen los parlamentarios y los miembros del Gobierno.

A partir del establecimiento de un presupuesto anual para la Casa, después de la Constitución, también se pensó en la necesidad de que el rey hiciera la declaración de la renta, para que fuera un ciudadano más. Se consultó con el Ministerio de Hacienda para que aconsejara sobre lo que había que hacer, y entendieron que lo mejor era que él mismo se asignara una cantidad como sueldo, que serían sus ingresos para calcular los impuestos a pagar. El sueldo del rey, aun cuando no se hacía público, se regía por un convenio especial entre la Casa y el Ministerio de Hacienda y se materializaba en una nómina donde figuraban los correspondientes ingresos, los rendimientos del patrimonio personal y las retenciones del IRPF.

No se contabilizaban, sin embargo, los regalos que recibía, a veces millonarios y en cualquier caso totalmente fuera de control. Algunos especialmente significativos, como el último yate Fortuna, obsequio de un grupo de empresarios de Mallorca, cuyo precio estimado rondó los 85 millones de euros, se puso legalmente a nombre de Patrimonio Nacional, a fin de que este organismo corriera con los gastos de mantenimiento. Pero no todo lo que recibió.

Y podemos dar por hecho que tampoco se declaraban los ingresos que no procedieran de los presupuestos del Estado. En su declaración de renta y patrimonio, por separado, tanto el rey como la reina reconocían un limitado patrimonio personal, compuesto por títulos y acciones, y también algunas propiedades inmobiliarias (como la residencia en la urbanización Puerta de Hierro), que aparecieron por vez primera en 1994 debido a la herencia de Don Juan, repartida entre el rey y sus hermanas (por la que, además, pagaron el impuesto de sucesiones y transmisiones). A los dos monarcas les solían salir positivas, es decir, a pagar. Juan Carlos fue incluso objeto de una inspección fiscal: en 1976, el año que se estrenó como rey, cometió un error en la declaración de la renta, por el que un par de años más tarde se vio obligado a presentar declaración complementaria y a pagar los recargos.

La declaración incluye como ingreso el uso y disfrute de La Zarzuela y de Marivent, ambos propiedad del Patrimonio del Estado. Pero es dudoso que incluya la de todos los demás bienes y servicios de los que disfrutan.

No podemos saberlo porque la cuantía de los impuestos reales es «materia reservada». Y en cualquier caso, para poder calibrar hasta dónde nos podemos fiar del rigor y honorabilidad de los funcionarios de Hacienda que llevan los registros y controles, tenemos alguna anécdota reciente.

Cuando se investigaron —es un decir— los presuntos delitos fiscales de la infanta Cristina, durante la instrucción del caso Nóos, pasó algo muy curioso. La infanta necesitaba justificar unos ingresos, dar cobertura a la fortuna de su matrimonio con Iñaki Urdangarin, y el juez pidió informes a Hacienda. Pero se montó un poco de lío, porque a un funcionario de la sede central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se le ocurrió negarse a validar un informe falso, y además lo contó. El informe atribuía al DNI 14-Z, perteneciente a Cristina Federica Borbón y de Grecia, la venta de 13 fincas, lo que servía para justificar un incremento en la renta de 1,4 millones de euros. Las supuestas ventas se habían realizado entre 2004 y 2005; y las fincas, que no tenían nada que ver con la infanta, estaban repartidas por todas la geografía española: Alicante, Ciudad Real, Barcelona…

Lo gordo no fue que la infanta mintiera, sino que, ante la negativa del funcionario, fue la propia directora de la agencia estatal, Beatriz Viana, la que firmó el informe falso. Había sido pergeñado, como luego se supo, por dos inspectores fiscales de la máxima confianza de Beatriz Viana.

Al descubrirse que el informe era falso y que habían tratado de engañar al juez, todo se vino abajo. De ahí las rectificaciones posteriores y la petición de disculpas para salvar a toda costa a la Casa Real de un desaguisado que seguramente fue preparado entre todos. El ministro Montoro quiso hacer creer a la ciudadanía que había sido un error, que los inspectores habían equivocado el número del carné de identidad de la infanta con otro (en realidad con otros, porque las 13 fincas no habían sido vendidas por ni a la misma persona). Hubiera colado, si todavía la infanta tuviera un número de DNI normal, pero se lo pusieron muy difícil a Montoro. El de Cristina, número 14, no puede llevar a error. La familia real tiene los números 10 (el del rey), 11 (Sofía), 12 (Elena), 14 (Cristina) y 15 (Felipe), y sigue la numeración con su hijos. Van a continuación de la primera decena, reservada para los Franco: número 1 (Francisco Franco Bahamonde), 2 (Carmen Polo) y 3 (Carmen Franco Polo)… El número 13, que era el que le tocaba a Cristina, se lo saltaron para no tener mala suerte. Pero Cristina, en este caso, no se libró.

Con este panorama en la Hacienda pública, está claro que no nos vamos a enterar del patrimonio de Juan Carlos por ellos. Sus negocios no están a la luz, y el Estado no muestra el más mínimo interés en investigar, por ejemplo, la utilización de paraísos fiscales (Liechtenstein es el favorito de la realeza europea) y la disposición de las llamadas «titularidades de respeto», personas de la absoluta confianza del monarca que prestan su cara y su firma para llevar a cabo las operaciones pertinentes (testaferros en lenguaje coloquial).

En Liechtenstein se supo de la existencia de unas cuentas comprometedoras, cuya numeración exacta quedó grabada en unas cintas relacionadas con el caso KIO. Las cintas registraban una conversación de 6 horas de Manuel Prado, el amigo y socio del rey, con el emirato kuwaití, centradas en distintas gestiones para librarse de las imputaciones.

Liechtenstein es un territorio minúsculo (el menor Estado europeo, después de Mónaco y San Marino), con 160 kilómetros cuadrados y 30.000 habitantes. Pero tiene la monarquía más rica. Todo un partidazo que el príncipe Felipe se perdió, porque la princesa Tatiana pasó una temporada estudiando en Madrid, dejándose ver cuando Felipe andaba buscando consorte. Pero los deseos de Tatiana y su padre, Hans-Adam II, no coincidieron con los del entonces príncipe Felipe. Fue la segunda vez que los Borbón estuvieron a punto de emparentar con ellos, porque aunque tocara un poco más de lejos, el padre de Isabel Sartorius, otra candidata a reina de España, el marqués de Mariño, se había casado con Nora de Liechtenstein, hermana de Hans.

El poder en Liechtenstein lo ejercen los Liechtenstein. El padre es el príncipe reinante, pero sobre todo se ocupa de la gestión de sus bienes artísticos y empresariales; mientras que el primogénito y heredero al trono, el príncipe Alois, actúa como regente desde 2004, encargándose de las tareas de gobierno. Liechtenstein es sobre todo un paraíso fiscal en el corazón de Europa. Y de ahí, en parte, el inmenso patrimonio de su casa real, y que Su Alteza Serenísima Hans-Adam II sea dueño de un capital de 3.300 millones de euros. Una fortuna personal procedente en gran medida de la gestora privada Liechtenstein Global Trust, un grupo bancario y conglomerado empresarial que incluye bienes inmuebles y activos financieros, y que dirigen el propio Hans junto a su segundo hijo, Maximilian, quien por cierto hace años tuvo algún problema con el fisco alemán, donde residía entonces.

Volviendo a Juan Carlos, también se le encontraron cuentas suizas, a raíz de investigaciones del caso Gürtel.

Una de las comisiones rogatorias remitidas a Suiza por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en febrero de 2010, puso al descubierto un gran escándalo en torno a la cuenta Soleado de Arturo Fasana (contable de Francisco Correa) en Ginebra, aunque la prensa minimizó algunos detalles. Encontraron que un depósito bancario que estaba vinculado a la cuenta de Fasana, pero sin relación alguna con la trama Gürtel, había sido abierto con un DNI reservado del CNI, de los que el Ministerio del Interior facilita a las Fuerzas de la Seguridad del Estado para sus operaciones encubiertas. En este caso no había ninguna cobertura legal que lo justificase. Desde esta cuenta se habían realizado transferencias a otros bancos y pagos por diversos servicios. Entre otros, la sociedad de Fasana, Rhone Gestion, había pagado el alquiler de los aviones privados que la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein contrató desde España para sus viajes de negocios y ocio por Europa.

Los DNI reservados son una fórmula muy restrictiva, articulada desde la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, para proporcionar a los agentes encubiertos una doble o triple personalidad. De esa manera, se les facilita su infiltración en redes delictivas internacionales, vinculadas al narcotráfico, el terrorismo o el tráfico de armas. Pero esas falsas identidades nunca pueden ser utilizadas para operaciones privadas o ajenas a la Seguridad del Estado. El uso de los documentos reservados es muy similar al del dinero de los fondos reservados para combatir el crimen organizado. No suelen dejan rastro y, si esto sucede, las identidades son inexistentes.

La arisca reacción del bróker Arturo Fasana cuando los policías españoles, que cumplimentaban una de las comisiones rogatorias en su despacho de Ginebra, intentaron acceder al contenido de un archivador, levantó todas las alarmas: «Si le enseño esta carpeta hunden a España».

Al año el CNI recibe un reparto de entre 50 y 60 cartulinas del Documento Nacional de Identidad, DNI, en blanco para las operaciones especiales. La Guardia Civil, unas 30; y el Cuerpo Superior de Policía, el que menos, una decena. Al parecer, el que sirvió para abrir la famosa cuenta en Suiza era uno de tres que la Dirección del CNI se había reservado.

El departamento de Interior que controla su expedición, está bajo el mando del teniente coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, hermano del presidente del Tribunal Constitucional y uno de los pocos directivos que sobrevivió al cambio de gobierno: habiendo sido designado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, permaneció en su cargo tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa.

La comisión rogatoria que la justicia española cursó a Berna para esclarecer esta cuestión fue contestada por la Fiscalía helvética en su día, «en plazo y forma»; pero su respuesta se perdió y los cuatro abogados personados en la causa Gürtel no consiguieron dar con ella.

También en relación con Corinna, los servicios secretos españoles habían abierto otras dos cuentas en el Bank of Scotland de Zúrich y el Private Bank de Ginebra a nombre de «identidades operativas». Y habrá muchas más cosas ocultas que, tal vez, vayan saliendo a luz poco a poco. La afición por el país helvético viene de lejos y, aunque lo supimos en 2013, ya habían existido cuentas de la casa real en ese país mucho antes, al menos desde los años 90. Don Juan había dejado allí un legado que ascendía a 6,6 millones de euros, de los que el rey habría heredado 2,25 millones, en unas cuentas que los albaceas habían recomendado no repatriar para no sembrar dudas. Después al dinero se le perdió la pista.

En una rocambolesca historia, en septiembre de 2014, el joven y posible agente del CNI Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como «el pequeño Nicolás», grabó una conversación entre él y Javier de la Rosa en el hotel Meliá Castilla de Madrid. Las cintas acabaron siendo incautadas, tras la detención por la Policía Nacional de Nicolás un mes después. Se había presentado a De la Rosa como un enviado de la Vicepresidencia del Gobierno (el CNI depende de Vicepresidencia). Aunque el tema principal de la conversación era Jordi Pujol, De la Rosa contaba muchas más cosas, como que Arturo Fasana, el bróker de Francisco Correa Sánchez, guardaba 300 millones pertenecientes al entonces rey de España.

También relataba en aquella conversación que, durante las privatizaciones de las grandes empresas del Estado entre 1980 y 1990, el rey obtuvo paquetes de acciones de Endesa, Ence, Abengoa, Telefónica y Repsol. Lo cual explicaría que se sintiera tan cómodo con sus directivos y que confluyera después en tantos viajes e intereses comunes con ellos. Aseguraba De la Rosa que toda esta información se podía demostrar gracias a documentación que, por alguna razón, estaba en poder del diario estadounidense The New York Times; y que por eso Juan Carlos había visitado su redacción en septiembre de 2012: para desmentir la veracidad de la información.

De ser cierto, lo consiguió sólo en parte, porque lo de las acciones no lo publicaron, pero sí —inmediatamente después de su visita y en portada— que su fortuna privada ascendía a 1.790 millones de euros. Se ve que esto no lo pudo desmentir.

28. Su juego favorito

DE FAVILA A MITROFÁN

Un oso ibérico, allá por el año 739, acabó con el rey Favila (sucesor de don Pelayo), mientras hacía sus necesidades. De ahí el popular dicho español: «espabila, Favila, que viene el oso». Pero el nombre del plantígrado no quedó grabado en la memoria de la historia. Más recientemente, en 2006, otro oso, éste ruso y con nombre propio —Mitrofán—, trascendió su propia muerte, patética y cruel, y alzó sus fauces de nuevo contra la monarquía, asestando tremendo bocado a la edulcorada campechanía de Juan Carlos. Fue el primer escándalo en torno a las aficiones cinegéticas del monarca.

El filósofo Jesús Mosterín escribió entonces en El País que el tema era grave, y que la Corona, al parecer, estaba en juego por ello. El rey no debería continuar con «conductas que produzcan indignación moral profunda o que choquen frontalmente con los valores de nuestra época», decía. Se refería, en particular, a la afición del monarca por darle al gatillo contra cualquier cosa que se mueva, una actividad para la que desde bastante joven mostró peligrosas inclinaciones.

En su hazaña contra el pacífico Mitrofán, en agosto de 2006, el rey logró dar caza a un oso domesticado al que previamente, para ponérselo más fácil y que no le pasara como a Favila, habían emborrachado con vodka mezclada con miel. «Eso no es caza, es asesinato», denunció Sergey Starostin, vicedirector del Departamento de Conservación de Terrenos de Caza de Vólogda (la región rusa donde se organizó la batida).

La carta que Starostin dirigió al gobernador, Viacheslav Pozgaliov, denunciando lo que calificó de «acto abominable», tuvo importante repercusión en la prensa rusa en el mes de octubre de aquel año. Bajo el titular «Pasatiempo feudal», el diario local Gazeta 35 publicaba en primera página un fotomontaje del monarca español apuntando a un oso pardo que dormitaba dulcemente. Pero el que más contribuyó a difundir la historia al completo fue el diario Kommersant, uno de los más influyentes en los medios económicos y políticos de Rusia. De ahí corrió como la pólvora en medios de comunicación de todo el mundo, algunos tan prestigiosos como la BBC. Pero a un periódico vasco, Deia, publicar la noticia le costó una denuncia por «injurias al rey».

A Juan Carlos de Borbón, rey de España, presidente honorífico de ADENA (Asociación para la Defensa de la Naturaleza, sección española de una de las mayores organizaciones mundiales dedicadas a la conservación de la naturaleza, World Wildlife Fund for Nature), le convenía dejarse retratar de vez en cuando ante los flashes de la prensa rosa en actos ecologistas, como aquel en el Parque Nacional de la isla de Cabrera, coincidiendo con uno de sus veraneos baleares. Todo ternura, en las páginas del Hola, ayudando a volver al mar a tres tortugas heridas que antes habían sido curadas. Pero con bastante más frecuencia continuaba cazando, incluso especies protegidas por convenios internacionales como el de Berna de 2001.

Desde la caída del comunismo y el proceso de devoluciones de tierras confiscadas a los nuevos terratenientes, países como Polonia, Rumanía o Rusia se volcaron en una doble explotación suicida de sus montes: la industria maderera, por un lado, y las empresas de caza para atraer un turismo de muy alto nivel, por otro. A través de transnacionales —a menudo americanas— pusieron en venta los osos, los lobos, los bisontes, los urogallos…, apoyándose en la complicidad de personajes influyentes, como es en este caso el rey de España. En Rumanía, entre los años 1989 y 2004, los cazadores abatieron más de 2.600 osos. En Rusia, sólo en Vólogda, unos 400 en 2005.

La de agosto de 2006, no había sido la única cacería del rey en Rusia, pero sí una de las más sonadas. Invitado en visita privada por el presidente Putin, nuestro campechano rey se hospedó durante su estancia en la región de Vólogda, 400 kilómetros al norte de Moscú, en la mansión Glujarinni Dom (Casa del Urogallo), con un séquito de 29 personas. Según la versión del funcionario Starostin, organizaron la batida con el objetivo de que el rey de España quedara satisfecho. Y para eso contaron —sin su consentimiento, claro— con Mitrofán, un oso amaestrado, incapaz ya de vivir en libertad, asustadizo y con miedo a los perros, al que tenían en la localidad turística de Novleskoye como atracción para niños. Tras darle vodka mezclado con miel, a Mitrofán lo metieron en una jaula, lo trasladaron al lugar de la cacería y lo empujaron al campo donde el monarca pudiese encontrarlo. Lo hizo y lo mató de un solo tiro. Siguiendo la tradición se llevó la cabeza y la piel como trofeo.

A pesar de que uno de los diarios más oficialistas de Moscú, el Rossiskaya Gazeta, ya había dado cuenta de la visita del rey al norte ruso para la caza del jabalí y el oso (el 25 de agosto, en un artículo titulado «A la caza real»), cuando en octubre estalló el escándalo la primera tentación fue negarlo todo. El gobernador de Vólogda, Viacheslav Pozgariov admitió tan sólo que el rey había visitado dos importantes monasterios de la zona, pero que toda su actividad cinegética se había limitado a visionar unas películas. Rompiendo la coherencia del relato, la Casa del Rey confirmó en cambio que el monarca sí había estado cazando en Vólogda, pero calificó de «ridículas» las versiones que difundidas sobre que el oso estaba drogado.

Sergey Starostin continuó insistiendo: «La cacería del Rey fue todo un espectáculo», sostuvo en declaraciones a la prensa y añadió que ese tipo de farsas eran algo común en ese coto. De ahí su denuncia, con la que aseguraba que no pretendía perjudicar al monarca, sino acusar a los poderes políticos rusos que violaban las leyes. Para ello declaró ante la Fiscalía, a la que entregó unos documentos (entre los que podría haber fotografías) que, aseguraba, comprometían al vicegobernador Gromov y a su subordinado Filatov, y que demostraban que el rey había estado de cacería en Vólogda. Con todo esto, el gobernador de Vólogda, Viacheslav Pozgaliov, se vio obligado a ordenar una investigación, a cargo de un grupo especial, para comprobar el hecho y las circunstancias de la muerte de «un oso amaestrado» durante la cacería «organizada para el Rey de España». Pero todo en vano: Al comprobar el hecho incontrovertible de que Mitrofán había efectivamente muerto, surgieron nuevas versiones contradictorias: unos decían que el oso había enfermado y muerto solo; y el director de la reserva de caza en que sucedieron los hechos, Igor Gorokhov, fue siete pueblos más allá al atribuirse heroicamente (en las páginas del International Herald Tribune) la autoría del disparo fatal. Aseguraba que el oso no había muerto hasta el 6 de octubre, cuando intentaban reparar su jaula, y que no era ni tan bondadoso ni tan alegre como lo pintaban, sino «muy cruel y peligroso por naturaleza».

La visita a Vólogda no había sido ni mucho menos la única. Se sumó a otras parecidas: en 2001, Kazajistán; en 2002, Rusia, Parque Nacional de Zavídovo; en 2004, sin duda un gran año, Polonia en febrero, de nuevo Rusia en agosto y Rumanía en octubre…

En Polonia se cobró una pieza que a los ricos les costaba unos 7.000 euros poder matar dentro de la legalidad: un «zubr», último representante del bisonte europeo que ya sólo se puede encontrar en Masuria, al noroeste de Polonia. Aunque están en peligro de extinción y protegidos, hay cacerías legales en las que se apartan los ejemplares más viejos, en lo que los expertos consideran una «caza de vacas» sin ningún interés cinegético. Al del rey lo apartaron de la manada para colocárselo delante del rifle y, tras esquivar no se sabe cómo el primer disparo del avezado tirador, caer muerto con el segundo.

En Rumanía, utilizando un método que al parecer se usaba en época de Ceaucescu, se colgaron de los árboles con una semana de antelación animales domésticos muertos como cebo, para acostumbrar a los osos a encontrar comida fácil siempre en el mismo lugar. Por fin, el día de la gran cacería cincuenta bateadores pusieron bajo las narices del rey a 30 animales, de los cuales abatió a nueve osos jóvenes de pequeña puntuación, a una osa gestante y a un lobo. Otros dos animales quedaron malheridos.

Según confirmó en su día la firma Abies Hunting, organizadora de la cacería, el rey fue con cuatro norteamericanos, que pagaron todo el viaje (la invitación propiamente dicha corrió a cargo de Kenneth Behring, presidente de la corporación estadounidense Wheelchair Foundation, que se dedica a facilitar sillas de ruedas a niños impedidos y osos pardos en peligro de extinción a los rifles de los monarcas campechanos). Las 15 personas que formaban la partida se alojaron en Erdofule, una de las 39 cabañas de las que Ceaucescu disponía en la región. Y la empresa les preparó, aparte de la cacería, el clásico recibimiento folclórico, con alegres lugareños vestidos con trajes regionales dando vivas al rey.

Pero en cuanto les dejaron quitarse el disfraz, estalló el escándalo. La Fundación Aves, dedicada a la protección de la fauna salvaje, elevó una protesta «contra la matanza organizada por el Gobierno rumano en honor del Rey de España». Y en numerosos medios de comunicación (sobre todo fuera de España, claro) la noticia llenó páginas y páginas de resentimiento. Desde los foros de internet se enviaron miles de mensajes a la Casa Real, firmados por ciudadanos y organizaciones sociales de toda Europa. Se repetía sobre todo una carta-tipo a Su Majestad, a quien se reclamaba: «Como Jefe de un Estado democrático […] de la Unión Europea, tiene usted una responsabilidad especial […]. Se espera de usted que sea un ejemplo a seguir, no que haga añicos los esfuerzos europeos para preservar las especies». Aunque en un nivel más familiar, cada cual añadía sus comentarios personales: «¿Es que está el rey por encima de las leyes?», se preguntaba un ciudadano desconocedor de la realidad constitucional española. Otro exclamaba: «¡La era feudal ya ha terminado! ¡Despierte!». Otro: «No es mejor que Jack el destripador». Y muchos más insistían en la idea de que «es usted una vergüenza para su país».

En España resultó mucho más fácil correr la habitual cortina de silencio. El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia sentó en el banquillo a dos dibujantes del diario Deia y a un articulista por injurias al rey, por hacerse los graciosos a costa del monarca con motivo de la caza del oso Mitrofán; aunque tuvieron la fortuna de ser finalmente absueltos. Y en octubre de 2006 el Congreso rechazó la iniciativa de ERC (que sólo apoyó la representante de IU-ICV) para llevar al Pleno una batería de preguntas sobre la caza de Mitrofán. Esquerra Republicana aprovechaba para tratar de averiguar si el Gobierno estaba al tanto de las dos últimas reuniones mantenidas por el rey con el presidente ruso, Vladimir Putin, y si creía que la Casa Real debía dar explicaciones al Gobierno o al Parlamento sobre los hechos ocurridos en Rusia. Además, incluía otra cuestión para saber si el rey tenía permiso de armas. Pero la Mesa del Congreso alegó que la actividad privada del rey no formaba parte del ámbito de competencias del Gobierno y que, conforme a la Constitución, la figura del monarca no está sujeta a control parlamentario. Como es habitual, también en este tema está blindado en su impunidad.

Por eso, aunque los osos rumanos se unieron en espíritu a los madrileños en las manifestaciones por la III República en los años siguientes (nunca faltaban referencias en consignas y pancartas con lemas como: «Los osos rumanos también somos republicanos»), el sacrificio de Mitrofán y tantos otros no consiguió que la postura del monarca se enmendara en absoluto. Muy al contrario, la caza desplazó con fuerza a cualquier otra como su diversión favorita.

MONTERÍAS Y OTRAS FRUSLERÍAS

En toda la Unión Europea está prohibido cazar urogallos, osos, lobos o bisontes; por eso tenía Juan Carlos que desplazarse tan al este para darle al gatillo a placer sin demasiados problemas. Porque en España no le quedaba más remedio que, junto a otros avezados cazadores y prohombres del sistema (como Juan Abelló, Alberto Alcocer, Emilio Botín, José María Amusátegui, Florentino Arzuaga, Samuel Flores o el exministro Francisco Álvarez Cascos), conformarse con lugares de caza como la Encomienda de Mudela, en Ciudad Real, especializado en perdiz roja; Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, coto especializado en jabalí, corzo y ciervo; La Camacha, en La Mancha, donde compartió una jornada de caza con George Bush padre; o Las Golondrinas, en las proximidades del municipio extremeño de Torremocha.

Ser presidente de honor de la entidad protectora de animales WWF (World Wildlife Fund) nunca frenó su amor por la caza y siempre tuvo mucho donde elegir, entre las fincas de ricos terratenientes que se disputan su presencia y le asedian con invitaciones; y, como es natural, los paraísos cinegéticos pertenecientes a Patrimonio Nacional, dedicados sólo a su escopeta. Entre ellos destacan el monte de El Pardo (el patio de su casa), La Encomienda de Mudela, Los Quintos de Mora o el coto Nacional de Selladores-Contadero, en el Parque Nacional de la Sierra de Andújar. Este último fue también un coto tradicionalmente frecuentado por los ¿socialistas? en el que, según cuentan, un hijo de Felipe González llegó a cazar con sus amigos en helicóptero, como también lo hacía su padre cuando era presidente del Gobierno, junto a Alfonso Guerra, que asimismo encargaba disecar trofeos provenientes del Parque Nacional de Doñana.

Ya sea en terrenos públicos o privados, una montería que se precie tiene un coste de no menos de 3.000 euros por persona y día. Pero habrá que tener en cuenta que, aun cuando sale de la casa de Patrimonio Nacional, el rey caza por el morro y gratis total, a cuenta del erario público o de algún amigote. Como es de rigor, los dueños de las fincas suelen estar encantados de haber tenido al monarca como invitado, dispuestos a presumir luego de amistades poderosas que les permiten estar a la última. En febrero de 2009, en medio de la polémica por una famosa cacería protagonizada al alimón por el juez Garzón y el ministro de Justicia en una finca cercana a Torres (Jaén), la opinión pública comenzó a percatarse de que esta actividad era el principal quehacer del rey en días laborables. Las monterías lo reunían con lo más selecto para pegar tiros juntos mientras intrigaban en asuntos públicos o negocios privados. En escenarios como la finca El Cristo (de su buen amigo Germán Gamazo Hohenlohe, marqués de Soto de Aller, conde de Gamazo y vizconde de Miravalles), se podían cobrar hasta 90 piezas en un día, entre venados y jabalíes, entre sólo 10 escopetas. Todo un atracón de sangre, el deporte de la oligarquía. En una famosa foto de caza de esta época, varias veces reproducida por la prensa, todos los acompañantes del rey resultaron procesados o acabaron en la cárcel al cabo de pocos años. Uno de ellos era Jaume Matas, expresidente de la Comunidad Autónoma Balear, ya condenado; otro, Gerardo Díaz Ferrán, presidente de los empresarios madrileños antes de ingresar en prisión; otro, Arturo Fernández, nieto de armeros de los antepasados Borbones, exvicepresidente de la CEOE con causas judiciales abiertas.

La delicada salud que Juan Carlos mostró en la última época no consiguió apartarlo de su pasatiempo favorito. Es verdad que requiere madrugones, largas horas de pie e importante esfuerzo físico. Pero eso sólo para la plebe. Al rey le llegaron a diseñar una silla especial para llevarlo casi en brazos (como «a la silla de la reina»), para evitar las largas esperas durante las monterías. Al fin y al cabo, a Juan Carlos lo que le gusta es la parte en que dispara. Lo demás, lo puede pasar por alto.

Siempre se dijo que a Sofía estas cosas no le gustaron nunca. «No habléis muy alto de caza, que la reina es ecologista», se le escuchó decir al rey en una ocasión. Pero la verdad es que tendría que haber estado sorda como una tapia para no enterarse de las balaceras al lado de su casa. En mayo de 2013 un contrato oficial dejó algunas pistas de lo que se había matado en El Pardo de cacería: Patrimonio del Estado vendió la carne de un total de 1.800 gamos, 800 ciervos y 900 jabalíes abatidos en la campaña 2012-2013. Aunque a la venta se le llamó eufemísticamente «aprovechamiento de bio-consumibles», los animales muertos se entregaban abiertos en canal, es decir, eviscerados y con piel, pero sin pezuñas ni cabeza, porque eso se lo quedan como trofeo para deleitarse mirándoles a los ojos de cristal que puso el taxidermista. El concurso público para recibir el fastuoso botín de 2013 lo ganó una empresa de Alcorcón: Productos Avícolas Guerra, propiedad del empresario Juan José López del Cerro, que además posee en la localidad el conocido restaurante de caza «El Rececho», denunciado por trato de favor urbanístico en varias ocasiones.

Cazar en El Pardo está absolutamente prohibido para todos los mortales por razones de seguridad (por su proximidad al Palacio de La Zarzuela) y por razones ambientales (es un paraje protegido). Treinta guardas velan por que nadie se acerque, y si algún furtivo osa hacerlo, se suelen airear las detenciones para dar ejemplo. Por eso se supo que no, que no hay tantos furtivos. No se le pudo achacar a nadie más que al rey —y sus invitados personales— la muerte de los 3.500 animales abatidos.

Lo que no se supo fue la cuantía cobrada por la venta de esos más de 100.000 kilos de carne. Aunque el contrato subrayaba con otro eufemismo que la «enajenación del aprovechamiento de la carne de gamo, venado (ciervo) y jabalí procedente del Monte de El Pardo» tendría «el precio como único criterio de adjudicación», el Gobierno indicaba en la portada de su web y en la información pública de este contrato que el precio que esperaba obtener por tamaño botín carnívoro era de 0 euros, cantidad que repitió en el anuncio del BOE. Sin embargo a la contrata se presentaron 4 empresas y la más alta ofreció 1,55 euros por cada kilo de carne (1,71 con IVA), cantidad ligeramente inferior al precio de mercado. Si el contrato se hubiera cumplido, Productos Avícolas Guerra habría tenido que ingresar en las arcas del Estado 171.000 euros. Pero el expediente está lleno de confusiones y contradicciones. Parece claro que era un concurso público sólo para entendidos.

La afición de Juan Carlos empezó en su más tierna infancia. Cuentan que el primer animal que cazó fue una liebre en El Pardo, y que mató a su primer jabalí en 1949, con sólo 11 años, en la finca toledana de El Castañar, propiedad de José María Finat y Riva, actual conde de Finat. Este entrenamiento no le sirvió para aprender a tener cuidado con las armas, a juzgar por el accidente que causó la muerte de su hermano Alfonso en 1956, por un disparo procedente de una pistola en manos de Juan Carlos. Y el trágico homicidio tampoco sirvió para amedrentarle. No se abstuvo nunca de seguir apretando el gatillo por deporte, ni de transmitir la noble afición a su prole. Otros miembros de la ilustre familia real fueron entrenados también desde su más tierna edad, aunque fue en la infanta Elena en la que más caló la afición. Todavía adolescente, se dejó fotografiar sin pudor alguno para el Hola en su bautismo de muerte, rodeada de otros campechanos cazadores de su rango, celebrando su primera pieza cobrada con un baño de sangre procedente del animal, en una imagen digna de una película gore que quedará en el imaginario colectivo.

Más recientemente, a Letizia Ortiz también parece que la cosa cinegética le ha llegado más hondo que el esquí o la vela, dentro de esa gama de nuevas actividades para privilegiados que empezó a conocer. De novios los príncipes solían acudir algunos fines de semana de cacería a fincas de amigos, y la prensa rusa dio cuenta de que también, en varias ocasiones, estuvieron cazando allí (y de que la entonces princesa abatió una gran pieza en 2006). Se comentó que Letizia se había aficionado de tal manera que había empezado a recibir clases de tiro en Zarzuela. No es de extrañar, teniendo en cuenta que el regalo que el día de Reyes del año 2005 le hizo Felipe, otro ecologista, fue precisamente una valiosa escopeta; y más vale aprender a utilizarla, que luego las carga el diablo, como debió aconsejarle su suegro si tuvo ocasión.

Pero en las nuevas generaciones el que apunta maneras de forma más clara es el borbónico Froilán, que está demostrando ser el más fiel heredero en Juan Carlos en más de un sentido. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, quinto en la línea de sucesión al Trono, nieto mayor de los reyes, hijo de la infanta Elena de Borbón y Jaime de Marichalar, y conocido popularmente como Froilán a secas, tuvo su propio accidente con arma de fuego en la Semana Santa de 2012, aunque con la suficiente puntería como para dispararse a sí mismo en un pie.

Lo de Froilán ocurrió cuando practicaba tiro en Soria con su padre, Jaime de Marichalar; si bien lo de que «practicaba» era sólo la versión oficial, porque a su madre, la infanta Elena, se le escapó ante la prensa un «sí, más o menos estaban de caza» bastante torpe, que la Casa Real luchó inútilmente por desmentir luego. Ya tenían suficiente tarea intentando tapar que, incluso para sólo practicar, Froilán no tenía la edad legal. El uso de armas de fuego está prohibido en España a los menores de 14 años, una edad que Froilán no cumpliría hasta unos meses más tarde. Y los mayores de 14 deben contar con una autorización especial, conocida como AEM, que Froilán por supuesto no tenía. La autorización se obtiene tras superar una doble prueba de capacitación, teórica y práctica, en la que hay que demostrar el conocimiento de las armas y su Reglamento, y la habilidad para el manejo. Con 13 años no vale que se alegue que el menor estaba con su padre y que la finca fuera de propiedad familiar. No se trata de Eurovegas: en las fincas reales también rigen o deben regir las normas del Estado. Además, como todo el mundo sabe, para manejar armas es necesario tener un equilibro mental y psicológico, y no parece lo más adecuado dejarlas en manos de un adolescente que está en plena efervescencia hormonal, en general; y mucho menos de uno, en particular, cuyos instintos le llevaban a emprenderla a patadas con sus primos ante las cámaras, y a problemas en los estudios que ya habían recomendado su traslado a un internado del Condado de Sussex, Reino Unido, para «controlar sus travesuras».

El accidente se produjo hacia las cinco de la tarde de un día de pellas (porque las vacaciones escolares de Semana Santa ya habían terminado), cuando Froilán, su padre y su hermana Victoria Federica, paseaban por la finca (y coto de caza) que la familia Marichalar tiene en Soria, armado con una escopeta de calibre 36 que apuntaba al suelo. Al parecer, se disparó accidentalmente y el proyectil se incrustó en el pie derecho de Froilán. El estado no era grave, pero tuvo que ser trasladado inmediatamente al hospital —privado— Santa Bárbara de la capital soriana, y de allí a la clínica Quirón de Madrid, también privada, donde fue intervenido quirúrgicamente hacia las 22 horas.

La reina Sofía le quitó hierro al asunto cuando acudió a visitarlo: «Con los niños siempre pasa eso…», dijo a la prensa con una sonrisa nada ecologista. Juan Carlos no dijo nada, porque no fue. Su entorno dejó correr que estaba «muy afectado», porque el accidente le evocaba el que él mismo había protagonizado y que había acabado con la vida de su hermano en Estoril en 1956. Cualquiera lo habría creído, era normal, incluso entre personas tan poco normales como los Borbones. Pero la realidad era muy otra, como todos supimos después, gracias a otro accidente: un tropezón y traspiés el salir de la cama, en un campamento de caza en Botsuana. Juan Carlos estaba relajándose disparando a elefantes.

BOTSUANA

—O estás loco o eres el hijo de puta más egoísta e irresponsable que he conocido jamás. Vas a echar a perder esta película por inconsciente. ¿Y para qué? Para cometer un crimen, para matar a una de las criaturas más raras y nobles que vagan por este miserable planeta. Y con tal de cometer ese crimen estás dispuesto a olvidarte de todo y dejar que el proyecto se malogre.

—Te equivocas, chico. No es un delito matar a un elefante. Es mucho más que eso. Es un pecado matar a un elefante. ¿Entendido? Es un pecado. Es el único pecado que puedes cometer comprando una licencia. Por eso quiero hacerlo más que ninguna otra cosa en este mundo. ¿Me comprendes? Por supuesto que no. Es imposible. No me comprendo ni yo mismo.

No, no es un diálogo del rey Juan Carlos en la clínica donde fue ingresado con la cadera rota el 14 de abril de 2012. Pertenece a otro guion, el de la película «Cazador blanco, corazón negro», de Clint Eastwood. Un guion basado en la novela homónima de Peter Viertel, en quien está inspirado además el personaje que en esta escena increpa al cazador, inspirado en John Huston. Pero la verdad es que recoge muy bien lo que a muchos españoles, empezando por los más próximos, se les debió de pasar por la cabeza cuando se desayunaron con la noticia de que el rey se había roto la cadera cazando elefantes en Botsuana, un país en el que España no tiene representación diplomática y con un sistema de telecomunicaciones precario. Estaba acompañado de una rubia recauchutada y amiga entrañable. Celebraban el pelotazo que acababan de dar con las comisiones por un contrato de más de 6.000 millones de euros.

Algo parecido —pero sin palabrotas— le habría dicho su mujer, la reina Sofía, o incluso más. Algo así habrían pensado también los reputados asesores que esos meses se afanaban por salvar de la quema lo poquito que quedaba ya de la buena imagen de la monarquía: que se lo estaba jugando todo y lo iba a echar todo a perder. Pero ellos no se lo habrían dicho, claro. No se le habla así a un rey. Y menos a este, que tiene muy mal vino. Y Sofía también se contuvo, al menos unos días. Había recibido la noticia en la capital griega, donde celebraba la Pascua ortodoxa, y decidió seguir adelante con sus planes y no regresar a Madrid hasta dos días después. Cuando por fin llegó, a la prensa apenas le dio tiempo de fotografiarla, en el visto y no visto de su visita relámpago de un cuarto de hora al hospital USP San José de Madrid, en el que se encontraba todavía ingresado.

Todo por un tropezón en un escalón que le hizo estamparse contra el suelo. La caída provocó una fractura de la que el médico personal que le acompañaba no quiso hacerse responsable. Recomendó meterlo rápidamente en un avión rumbo a España. El rey fue ingresado de urgencia y tuvo que ser intervenido. Se había fracturado la cadera derecha en tres fragmentos, lo que requirió una reconstrucción y la colocación de una prótesis.

El accidente y el traslado de urgencia en plena noche sirvieron para desvelar la razón por la que no había aparecido en público desde el domingo de Resurrección en Palma, para aquella foto con la reina, la infanta Elena, los príncipes de Asturias y sus hijas, las infantas Leonor y Sofía. Sólo para la foto, porque inmediatamente después abandonó la isla. Ni siquiera había pasado por el hospital para visitar a su nieto Froilán; ni estaba, como correspondía a su cargo, en la Cumbre de las Américas que se celebraba en Bogotá.

El momento no pudo ser más inoportuno. Porque no sólo el pueblo llano estaba sufriendo las consecuencias de la crisis, sino que sus amigos más próximos tenían problemas que no podían ser desatendidos. El Ibex 35 registraba su peor semana del año situándose en niveles de hacía tres, y Repsol YPF atravesaba una grave crisis en Argentina.

Ni la prensa más amiga pudo evitarlo: Hasta El País se hizo eco, abriendo portada con un titular con tipos tamaño 60 u 80 con el que intentaba salirse por la tangente: «La Zarzuela asegura que informó a Rajoy del viaje del Rey a Botsuana». Lo adornaba con una foto en la que aparecían los guapos príncipes de Asturias y las infantas saliendo de la clínica madrileña (privada, por supuesto) tras la visita obligada. El escándalo fue mayúsculo. La versión oficial insistía sobre todo en que había sido invitado, se había dejado llevar… Pero el pecado de matar elefantes no había sido sin querer. Esas cosas no se improvisan y requieren preparación, tanto en la logística como en lo personal.

Juan Carlos estaba entrenado. Ya había estrenado su rifle en África con sólo 24 años; y a partir de entonces había cazado búfalos, antílopes, leopardos, rinocerontes y también elefantes. Durante sus vacaciones estivales en Mallorca, donde podía matar poco, aprovechaba para seguir mejorando, a fin de lo cual recibía clases de rifle para el abatimiento de grandes mamíferos (en la finca Sa Torre, del municipio de Sant Llorenç, y en la base de Son Sant Joan), dejándose ver con un flamante fusil de un calibre tan grueso que puede disparar a cinco kilómetros. Hay que tener en cuenta que coleccionar armas de lujo —nacionales o de importación (como las legendarias Holland & Holland, y Purdey, que llegan a costar 100.000 euros), con frecuencia hechas a medida, con maderas nobles en la culata y hasta oros añadidos— es uno de los mayores atractivos de un pasatiempo para millonarios que poco o nada tiene que ver con el primitivo instinto cazador del ser humano.

Ni siquiera Botsuana era una novedad para él. Ya había estado en 2005, también para la caza de elefantes, como muchos otros cazadores de las elites financieras del mundo que eligen este país, pese a que allí el elefante sea una especie en recesión a la que se aniquila sin piedad para traficar con sus colmillos.

La cacería de abril de 2012 del rey fue un safari planificado y pagado con bastante antelación. Estos lujos africanos para superpijos no son aptos ni accesibles para todos los bolsillos. Y de los países del continente, Botsuana no es, precisamente, de los más baratos debido a sus condiciones particulares, como la falta de infraestructuras hoteleras.

En un safari de caza se paga por varios conceptos. En primer lugar, por la organización de la cacería, lo que incluye traslados, alojamientos o guías y se inicia una vez en el país de origen. En segundo lugar, se paga por los permisos para disparar y por pieza abatida en zonas determinadas. Las licencias no son difíciles de conseguir, pero no es lo mismo cazar antílopes que elefantes o leopardos, que son mucho más caros. Tampoco es lo mismo cazar un elefante pequeño que uno grande. La tarifa depende del tamaño de los colmillos y de su peso en libras. Las tasas, en todo caso, están establecidas por el Gobierno de Botsuana.

Rann Safaris es una empresa especializada que organizó este tipo de excursiones para Juan Carlos en varias ocasiones. Para Jeff Rann, el aventurero norteamericano responsable de la empresa, contar con el rey entre sus clientes siempre fue un orgullo, y por eso mostraba en su página web diversas fotografías en las que aparecía con él, junto a un elefante abatido durante una cacería en el año 2005, por ejemplo. Pues, para hacerse una idea, con Rann un safari de 14 días con un elefante como objetivo venía a costar —tarifa básica con tasas incluidas— 44.700 euros. Este precio no contempla los gastos del viaje en avión a Maun (en torno a 1.200 euros), ni tampoco el desplazamiento desde el aeropuerto hasta el área de caza, que hay que realizar en avioneta privada (y que suele costar 1.600 dólares la ida y otros 1.600 dólares la vuelta, a cargo del cazador deportivo).

Sí se incluyen en la tarifa básica los 2.000 dólares diarios en concepto de daily rates, por el alojamiento en pensión completa en un campamento de lujo, lavandería diaria, vehículo 4×4, acompañamiento de un cazador personal, chófer, guía de la zona y cocinero. A los cazadores no les puede faltar de nada. Los coches van siempre llenos de comidas y bebidas frías, y son capaces de improvisar —con mesas, sillas, mantelería y todo lo demás— una comida en mitad de la sabana como si fuesen restaurantes de lujo. El precio también engloba las tasas por el permiso de importación de armas, los animales cazados en concepto de trophy fee, el tratado de taxidermia y los permisos de exportación de trofeos.

El rey no eligió cualquier fecha para viajar a Botsuana. De abril a septiembre es la mejor época para cazar elefantes y se aseguró de ser de los primeros. Tampoco estaba cazando en un sitio al azar. La zona elegida, el delta del río Okavango, es la más cara, por tratarse de un área salvaje, sin pueblos ni asentamientos humanos cercanos, lo que convierte al lugar en un destino muy exclusivo. La falta de infraestructura turística obliga a instalar campamentos (fly camps) para hospedar a sus distinguidos huéspedes. Para que cuenten con todos los lujos que tendrían en un hotel de cinco estrellas, hay que llevar hasta allí todo lo necesario, incluso generadores eléctricos, lo que encarece el viaje. Esta es una de las razones por las que el precio de un safari similar al que hizo Juan Carlos habría sobrepasado los 50.000 euros en Rann Safaris.

Resulta imposible saber quién lo pagó. «No ha tenido coste alguno», aseguró a la prensa la Casa Real, dando a entender que había sido una invitación, aunque sin desvelar de quién partía. Pero una parte al menos, indudablemente, provenía de fondos públicos: el rey había estado siempre acompañado por un médico de su equipo habitual y tres escoltas de su dispositivo de seguridad. Por otro lado, los gastos del viaje en avión eran imputables a la asignación de Juan Carlos o a otra de las partidas que tiene la Casa Real, pero no se sabe con certeza a cuál ni a cuánto ascendió exactamente. Una duda que tampoco se podría resolver con la Ley de Transparencia, aunque todavía no se había aprobado entonces. Todas las versiones de la prensa oficialista insistieron en la tesis de la invitación, atribuyendo el regalo a Mohamed Eyad Kayali, mano derecha en España del ministro de Defensa saudí, el príncipe Salman. Y al menos parece cierto que Kayali lo acompañaba, además de la princesa Sayn-Wittgenstein, su hijo, su exmarido y varios empresarios españoles, que volaron con el monarca a Botsuana en un jet privado. Lo que resulta más difícil explicar es el motivo de tanta generosidad. Los más próximos a Juan Carlos relacionaron el viaje con una promesa que había hecho el rey al hijo de Corinna por su cumpleaños, y con su euforia (personal y compartida con Corinna y Kayali) por haber conseguido el contrato del AVE del desierto. Pero ambas circunstancias le habrían puesto en el disparadero de asumir él mismo semejante dispendio, cosa nada habitual en ningún Borbón. Por lo que, dijeran lo que dijeran, los españoles se quedaron con el regusto amargo de que al menos en parte aquello había salido, además de insultantemente caro, de sus propios bolsillos.

También tuvo su coste para los botsuanos. Los safaris de los blancos ricos están saliendo caros al ecosistema en países como Botsuana, Namibia, Tanzania, Sudáfrica o Zimbabue. En ellos se permite la caza legal del elefante africano por los ingresos que supone, pero se trata de una especie amenazada cuya población ha descendido de forma alarmante en los últimos años, sobre todo como consecuencia de la pérdida de su hábitat y por la caza masiva. Se calcula que hace medio siglo había entre tres y cinco millones de ejemplares. En la actualidad, y según diversas estimaciones, su población oscila entre los 470.000 y 690.000 individuos. En junio de 2014 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES por sus siglas en inglés), el organismo internacional encargado de la protección de especies en peligro, indicó que los elefantes africanos enfrentaban la posibilidad de extinción. En su informe precisaba que, entre furtivos y legales, cada año se cazaban en torno a 20.000 elefantes, una cifra que excedía por mucho su tasa de reproducción.

Es cierto que las cacerías de los ricos dejan beneficios pero, como ya denunciaron colectivos de países africanos en diversas ocasiones, muy poco de ese dinero llega a las comunidades que acogen a los cazadores. Más bien al contrario, estas comunidades sufren las consecuencias. En 2009, por ejemplo, los masai de Tanzania denunciaron que el gobierno había evacuado una amplia franja de su tierra para dar paso a lo que sería un «corredor de vida salvaje», que muchos sospechaban una treta para permitir a una empresa de caza extranjera campar a sus anchas en la zona. Sus clientes, adinerados turistas, tendrían así fácil acceso para disparar a majestuosos animales, en matanzas masivas que llevaban años teniendo lugar, incluso desde helicópteros, lo que va en contra de toda la cultura de los masai. Se resistieron en 2009 al desalojo y cientos fueron arrestados y golpeados. No consiguieron nada.

Pero esta vez, el escándalo internacional de Botsuana sí provocó daños colaterales que afectaron a los cazadores. También a Juan Carlos, pero poco. Para empezar, su querida Corinna y su hijo fueron recogidos a primera hora de la mañana del día 15 por un par de agentes del CNI en el Hotel Miguel Ángel, donde habían pasado la noche al venir de Botsuana. De allí los llevaron a Barajas, directamente a la escalerilla de un avión rumbo a París, con la recomendación de no volver a poner sus pies en España. Y él se vio obligado a tragar uno de los peores sapos de su vida pidiendo perdón.

Lo hizo ante las cámaras al abandonar la clínica, con el más breve comunicado oficial de su reinado. Cierto es que el campechano «Lo siento. Me he equivocao. No volverá a ocurrir», no significaba mucho. No se sabía en qué reconocía haberse equivocado realmente, ni qué era lo que no volvería a hacer. Si era en lo referente a marcharse sin avisar ni informar a nadie, no fue la última vez. Los viajes privados, sobre todo a países árabes, siguieron produciéndose, como ya había hecho antaño centenares de veces sin importarle un comino.

Si de lo que se trataba era de no dejarse ver públicamente con la cazadora Corinna, tampoco Botsuana supuso el final. De hecho, el 19 de abril el diario El País publicaba la siguiente información: «Don Juan Carlos mantendrá a partir de ahora una mayor discreción con respecto a las amistades personales que le acompañan en sus actividades particulares y desplazamientos. No obstante, añaden fuentes oficiales, el Rey no renunciará a estas amistades, que incluyen la estrecha relación que desde hace años mantiene con la princesa alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, empresaria y organizadora de safaris, que también acompañaba al monarca en la cacería de Botsuana».

También podría haberse referido a su propósito de enmienda en cuanto a las cacerías, pero tampoco esto era verdad. O no se lo dijo a sus íntimos. Porque uno de los últimos regalos que recibió antes de la abdicación fue precisamente un exclusivo rifle de gran valor (dicen los expertos que de alrededor de 150.000 euros) de la marca Westley Richard, fabricado en Birminghan, dedicado en letras de oro por el jeque Mohammed bin Hamad Khalifa Al Thani, el antiguo emir de Catar. Fue un regalo de cumpleaños más que inadecuado, dado su pésimo estado de salud y sus falsos buenos propósitos con respecto a la caza. Aparte del regalo revelador, después de Botsuana quizá dedicó el resto de 2012 y comienzos de 2013 a practicar en El Pardo, porque esa fue la temporada en la que se abatieron allí 3.500 animales, luego vendidos abiertos en canal a un restaurante de Alcorcón.

Pero los españoles tuvieron que conformarse con esta extraña petición de disculpas. Los partidos del régimen, PSOE, PP y CiU, alcanzaron un pacto político, sólo para rechazar las preguntas que Izquierda Unida registró en el Congreso sobre los detalles de Botsuana (sobre los costes económicos de la cacería, sobre quién se hizo cargo de los mismos o sobre la compañía que había elegido Juan Carlos). Si era cierto que había sido invitado, el diputado de IU Ricardo Sixto quería saber, por ejemplo, si el rey había «realizado durante los últimos años algún tipo de gestión para favorecer los negocios de los patrocinadores de la cacería». El escrito de rechazo emitido por la Mesa del Congreso argumentaba que las preguntas se referían «a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución española configura dicha función, sino que supondría, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquél».

La petición de perdón tampoco pareció satisfacer a la opinión pública internacional, a juzgar por lo publicado por la prensa extranjera, que nunca antes había sido tan abiertamente crítica con la figura de Juan Carlos. Muy al contrario, aprovecharon para hacer repaso, a través de extensos reportajes, sobre los últimos escándalos: la imputación de su yerno, el disparo en el pie de su nieto, los rumores sobre desórdenes alimenticios de su nuera y, por último, su cacería en Botsuana. En todos los países del mundo (Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Italia, Rusia, Japón…), y en cabeceras tan prestigiosas como Time, Paris Match, Le Monde, The Huffington Post, The Financial Times, The Guardian o La Stampa… Juan Carlos y su annus horribilis eran trending topic. «La primavera podrida de la Casa Real española», titulaban. O «un rey que envejece», «la imagen de la monarquía española se tambalea», «la Familia Real vive en el cielo»… Las declaraciones de la actriz Brigitte Bardot en Le Monde sobre lo sucedido tuvieron especialmente impacto. Decía estar escandalizada y acusaba al rey de ser «la vergüenza de España», y sus palabras fueron repetidas y aplaudidas a lo ancho y largo del planeta.

Todo este malestar tuvo consecuencias inmediatas en ADENA, la delegación española de WWF, una organización conservacionista que trabaja activamente para la protección de especies vulnerables, entre las que se encuentra el elefante africano. Se hizo muy visible que Juan Carlos ostentaba la Presidencia de Honor, algo que muchos de los socios desconocían antes de lo de Botsuana, y que no les resultó coherente, aunque su papel fuera «meramente simbólico», como decían sus máximos responsables. Precisamente por eso. La reacción no se hizo esperar y a la sede de ADENA llegaron cientos de cartas expresando su profunda decepción y malestar, e incluso dándose de baja en la asociación.

El rey había estado ligado a ella desde su fundación, en 1968. En los años sesenta el conservacionismo era algo muy nuevo en España y Juan Carlos contribuyó a que se crearan los primeros espacios protegidos y parques nacionales; algunos abiertos a la caza como cotos privados de su majestad, todo hay que decirlo, aunque esto era algo que no parecía importar demasiado a los mandamases de ADENA. Que el rey era un cazador avezado lo sabían de sobra. Sólo empezó a preocuparles cuando la presión de sus colegas de las delegaciones internacionales (sobre todo por parte de países como Holanda o Alemania) puso en juego su credibilidad.

En principio intentaron que fuera el propio Juan Carlos quien abandonara la organización por iniciativa casi propia. Para ello le enviaron una carta a la Casa Real, a los pocos días del accidentado regreso de Botsuana, en la que solicitaban una reunión para hacerle llegar «el profundo malestar y preocupación» de WWF ante la demanda de un importante sector de la opinión pública que se oponía a la caza de elefantes y que pedía que dejara la Presidencia de Honor. Pero ese encuentro nunca llegó a celebrarse, y la organización acabó por convocar una Junta Extraordinaria para tratar el asunto. Durante la asamblea celebrada en julio de 2012, los socios decidieron por abrumadora mayoría (226 votos a favor, 13 en contra, cinco en blanco y una abstención) que el rey dejara de ser presidente de honor con la diplomática fórmula de eliminar ese cargo. Esto evitaba su destitución.

Hubo otros daños colaterales de Botsuana bien positivos para todos menos para los cazadores. El país africano, hasta entonces paraíso para la caza mayor de elefantes, leones y búfalos, empezó a ponérselo difícil. Sacrificando unos ingresos por turismo que suponen el 12 por 100 del PIB, el gobierno de Botsuana sucumbió a la presión conservacionista internacional y acabó por anunciar la prohibición de la práctica de la caza de animales salvajes en el ámbito comercial, a partir de enero del 2014, por tiempo indefinido. Fue la única forma que se encontró para frenar el declive de algunas especies, que supone una amenaza real para la conservación de su patrimonio natural y para la salud a largo plazo de su industria turística local, que es su segunda fuente de ingresos, por detrás de los diamantes. Botsuana quería así ser coherente en su compromiso con la conservación y protección de la fauna local y con el desarrollo económico del país.

Mientras Juan Carlos encuentra otros lares, puede conformarse por un tiempo con sus recuerdos disecados. En terrenos de El Pardo, dentro del recinto de La Zarzuela, a un kilómetro y medio de palacio, se ha montado un verdadero pabellón de los horrores para almacenar a sus víctimas momificadas en extrañas posturas y con ojos de cristal. Se trata de un moderno pabellón de caza construido a espaldas de la opinión pública entre 2007 y 2009, donde se guardan los trofeos cinegéticos del rey. Costó 3,4 millones de euros, pagados por Patrimonio Nacional con el dinero de todos.

El edificio tiene alrededor de 1.000 metros cuadrados en su planta baja y cerca de 700 en la planta superior, que cuenta con un dormitorio, por si quiere pasar la noche con sus amiguitos momificados rellenos de serrín. En la taxidermia De Béjar, ubicada cerca del Retiro, en Madrid, se disecó una cabeza de rinoceronte blanco abatido por el rey en África que probablemente ahora esté allí; y cuyo coste, incluidos todos los gastos, pudo ascender a cerca de 60.000 euros (sin contar los del safari para cazarlo, permiso para disparar y licencia de exportación). Sin embargo, el taxidermista oficial de Juan Carlos fue José Luis Benedito Bruñó, una persona de toda su confianza fallecida en 2011, que se había iniciado como profesional en 1978 y ganado la plaza de taxidermista del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, seis años más tarde. Su taller estaba ubicado en la calle Galiana de Madrid, aunque posteriormente se trasladó al municipio de Alcorcón, donde quizá tuviera ocasión de degustar la carne de los animales abatidos por Juan Carlos en El Pardo, en el restaurante que se hacía cargo de darle salida gastronómica.

Muchas bocas podría haber alimentado la cantidad de carne de las piezas que Juan Carlos tiene disecadas en su pabellón. En la planta inferior hay alturas de hasta diez metros, lo cual permite la colocación de trofeos de mayor tamaño como elefantes, rinocerontes o jirafas, reservándose otras dependencias para los trofeos nacionales de venados, jabalíes, lobos, gamos o cabras montesas. Allí fueron llevados todos los trofeos que antes estaban dispersos en el Palacio de Ríofrío y en otras fincas. Hay que apuntar que, entre estos, hay numerosos récords de España y también internacionales.

La empresa encargada de la construcción del extraordinario pabellón de caza clandestino fue Condisa, que pertenece al Grupo Ortiz. Entre 10 y 15 operarios trabajaron de forma permanente en la obra durante un año y medio, y todos tuvieron que firmar un documento de confidencialidad. En particular al respecto de una de las estancias más especiales: una sala acorazada de 200 metros cuadrados, a modo de armero, para la custodia de las armas del monarca, entre las que figuran piezas de Holland & Holland, Sarasqueta, Winchester y otras marcas de reconocido prestigio.

Este pabellón de caza es el monumento que demuestra que ninguno de los «errores» o falta de oportunidad borbónicos a la hora de apretar el gatillo han tenido por el momento demasiadas consecuencias. Ninguna balacera real, por sórdida y sangrienta que resulte —contra mamíferos racionales o irracionales—, logró arrancar ni una palabra de indignación a las autoridades políticas españolas, por grande que fuera el escándalo internacional, lo que sin duda propicia que puedan continuar repitiéndolos y hasta alardeando de ellos.

Pero a través de bromas más o menos serias, la presión de la opinión pública continúa, en la calle y en internet, con campañas satíricas como una recogida de firmas, a través de una conocida plataforma de peticiones, bajo el lema: «Exige que la familia real española entregue las armas y se disuelva».

29. Herederos

LA DESORDENADA LISTA DE HEREDEROS

En una guía de Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones, Asociaciones, Colectivos, etc., editada en Madrid en 1999, se situaba —«por un error tipográfico» según han asegurado sus autores— a la Fundación Institucional Española (FIES) en el apartado de «ecologistas», como entidad especializada en la «protección de especies en extinción». Fue un curioso error, teniendo en cuenta que la FIES es en realidad una fundación cultural privada, creada en 1976, que tiene como objetivo «la difusión de las ventajas de la Institución Monárquica» (o sea, que tampoco tiene nada que ver con los presos del Fichero de Especial Seguimiento).

Su trabajo se materializa en proyectos de «educación ciudadana», en los que colaboraron económicamente, entre otras, entidades como el Banco Herrero, el Club Internacional del Libro, Falomir Juegos, Uniarte, El Corte Inglés, Marks & Spencer, o el grupo de negocios inmobiliarios Masa. Editan una revista, organizan el concurso infantil anual «¿Qué es un rey para ti?» —patrocinado por Orange—; y, además, dan premios de periodismo —patrocinados por Nutrexpa— a los que han destacado por su labor en apoyo de la monarquía. Entre los galardonados figuran Juan Manuel de Prada, Tom Burns Marañón, Fernando Ónega, Antonio Burgos, Baltasar Porcel, Pilar Cernuda, Francisco Umbral, Alfonso Ussía, Manuel Hidalgo, Carmen Henríquez (esta última en representación de los servicios informativos de TVE que cubren a la familia real), Sabino Fernández Campo (¿periodista?), la revista Hola…

Y es que la cuestión de la continuidad monárquica fue durante todo el reinado de Juan Carlos I un problema que no acababa de asentarse nunca. Tras su anómalo acceso al trono como sucesor de Franco y no de su padre, de las renuncias poco claras de los hermanos mayores de Don Juan, de haber dejado fuera a los hijos ilegítimos de Alfonso XIII, de la exclusión de las hermanas de éste en función de sus bodas con hombres que no eran de sangre real, de la postergación de las mujeres en favor de los varones… ya nadie podía tener claro qué principios y leyes seguían en vigor para ser aplicadas a los sucesores de Juan Carlos. Y, además, el azar no se lo puso fácil. Primero fue el problemilla con Elena. Luego, la preocupación por tener un sucesor varón. Más tarde, el largo periodo de incertidumbres por el pertinaz celibato, nada tranquilizador, de Felipe. Y, por último, la cuestión de los hijos ilegítimos.

Hagamos un breve repaso de las que se suponen normas vigentes para regular los derechos sucesorios de los Borbones.

Felipe V, el primer Borbón, promulgó en 1713 la ley sálica española, estableciendo que no podrían reinar en España mujeres. Pero como aparte de esta norma la ley contenía además otras que no le convenían, la abolió Carlos III en 1789 y estableció, convocando las Cortes y aprobándola sin debate, la Pragmática Sanción, que es semi-sálica, ya que establece que los herederos varones sólo tienen preferencia. Pero no la publicó ni se aplicó hasta que en 1830 Fernando VII, casado por cuarta vez con María Cristina de Nápoles, pensó en lo que ocurriría si sólo tenía descendencia femenina. Eso permitió que a su muerte heredara el trono su hija de tres años de edad, Isabel II. Su hermano Carlos nunca lo aceptó y se alzó en armas, autoproclamándose Carlos V y comenzando así la primera guerra carlista.

En la Convención Internacional de Nueva York del 18 de diciembre de 1979 se estableció la «eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer». Pero el tratado se firmó un año después de ser promulgada la Constitución del 78, en la que se consagraba la preferencia dinástica del varón. Cuando el Estado español ratificó la convención, en 1983, se hizo la expresa salvedad de que sus disposiciones no afectarían a las constitucionales en materia de sucesión a la Corona.

Ahora bien, si se respetó la Pragmática Sanción de Carlos III en cuanto a dar prioridad a los hombres, no se entiende cómo no se respetó también el principio que establece que sus príncipes o princesas deben casarse con alguien de sangre real. Una norma que siempre ha coexistido con las distintas constituciones españolas. Teóricamente Felipe de Borbón podía elegir entre una treintena de princesas (que ya era bastante; Juan Carlos sólo tenía 10 para elegir). Pero nunca a una plebeya, o quedaría excluido del trono. Esta norma no se sabe cuándo se rompió oficialmente, ni cómo se estipuló —bajo qué condiciones— hacerlo. En la práctica, se les aplicó a las hermanas de Alfonso XIII y no recuperaron sus derechos dinásticos después ni para sus descendientes, que tendrían que haber pasado a ocupar un lugar en la lista de posibles sucesores y no fue así. Tampoco lo recuperaron las hermanas de Don Juan, que figuran como excluidas de la lista de sucesores por sus matrimonios morganáticos, y por tanto sus descendientes. Pero éstas, Pilar y Margarita, sí renunciaron explícitamente a sus derechos cuando se casaron, y podría considerarse que se excluyeron solas. Los que no lo hicieron fueron ni el príncipe Felipe ni las infantas Elena y Cristina, casados los tres con plebeyos y, como fue evidente en la sucesión de Felipe, sin desaparecer por ello de esa lista. De hecho, se estudió concienzudamente la posibilidad de dejar fuera a Cristina, a raíz de su imputación en el caso Nóos, y al parecer no podía hacerse nada si no era ella misma la que renunciaba. En fin, que es un caos que nadie consigue aclarar.

Otra de las normas del derecho común de las sociedades occidentales modernas —España también—, que parece no afectar a las leyes de sucesión de los Borbones, es que eso de marginar a los hijos ilegítimos no se contempla. Ante la ley, los mismos derechos tienen los hijos tenidos dentro del matrimonio y fuera de él; los naturales y los ¿artificiales? Así se estipula en la modificación del Código Civil que tuvo lugar en 1981 en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio (y que consolida la reivindicación por la legitimidad de los hijos fuera del matrimonio de la que fue pionera, a principios del siglo pasado, la periodista republicana Carmen de Burgos, «Colombine»).

En los últimos años a Juan Carlos le han salido de hasta debajo de las piedras hijos no reconocidos que podrían incluso reclamar el trono que hoy ostenta Felipe con toda la razón de la ley, porque aun dentro del caos los hay varones, sin matrimonio morganático y mayores que Felipe.

ELENA, MÁS CHISTES QUE LEPE

Elena es la primogénita legítima de Juan Carlos. El hecho de haberse casado con un plebeyo no supuso su exclusión de la lista. Por consiguiente tendría más derecho al trono que Felipe —aunque no más que sus hermanos ilegítimos—, si no se aplicara una norma constitucional discriminatoria contra la mujer y, por tanto, en esencia anticonstitucional. Este despropósito de los padres de la Carta Magna tiene difícil explicación, y la única verosímil que ha circulado es que se quiso excluir a Elena porque la consideraron (ellos y el rey Juan Carlos) incapaz para ostentar la Corona desde el mismo momento de nacer.

Sólo la prensa extranjera se atrevió a hablar de la enfermedad de la primera hija de los reyes, y lo hizo con cierta naturalidad: «La infanta Elena nació enferma, como muchos de sus antepasados, y todavía hoy debe someterse a continuas terapias», publicaba la monárquica revista italiana Oggi en 1988. En España siempre fue un tema tabú y, cuando se dice, es en la estricta intimidad y en voz baja. Claro que, para compensarlo, el acervo popular se ha proveído de infinidad de chanzas. Esto es lo que la Casa Real ha conseguido con su secretismo: que la infanta Elena cuente hoy por hoy con más chistes que Lepe, cuya antología —suponemos— no podrá ser publicada en menos de 100 años. Ya un conocido escritor y locutor de televisión catalán, Quim Monzó, sufrió en su momento la censura por este motivo, a raíz de un programa, emitido con ocasión de la boda de su hermana en Barcelona.

La «infanta amazona», como la llamaba la prensa en sus años mozos, siente en efecto una gran pasión por los caballos, aunque no es muy diestra. Desde su primer embarazo, de todas formas, ya no se la ve practicar como antes. Hace años lo hacía con frecuencia, acudiendo para ello a las caballerizas de la Guardia Real en El Pardo. En una ocasión, delante de multitud de testigos, mostró su genio con la fusta sobre los lomos de un joven coronel, en uno de los ataques de ira a que tiene acostumbrados a los más próximos. La irascibilidad colérica, combinada a ratos con una gran cordialidad y campechanía, es un rasgo típico que multitud de historiadores han detectado en el temperamento borbónico. Y al parecer la infanta lo ha heredado de su padre, a juzgar por lo que algunos autores han escrito sobre las iras domésticas del monarca, de las que se dice que fue testigo e incluso víctima propiciatoria en muchas ocasiones su ayuda de cámara, Blas Leyva Moreno, y motivo de abandono del servicio en La Zarzuela de alguna que otra doncella de la reina, sin que la Casa Real lo haya por el momento desmentido nunca.

Aunque siempre estuvo bajo la atenta mirada de una psicóloga argentina (y del propio Sabino Fernández Campo, que acudía a su consulta por encargo real para monitorizar los progresos de la joven princesa), Elena consiguió terminar sus estudios con el apoyo de un equipo de pedagogos terapeutas que sacaron lo mejor de ella. Primero, en el Colegio de Santa María del Camino; y, a continuación, en la Escuela Universitaria ESCUNI de Madrid, donde se diplomó en 1986 como maestra de Educación General Básica en la especialidad de idioma inglés. Hizo sus prácticas en el mismo colegio donde había estudiado de niña, situado en Puerta de Hierro (Madrid), en la época en que era directora Isabel Carvajal Urquijo (hermana de Jaime, el excompañero de estudios del rey desde sus primeros años en España y su colaborador político en los últimos años del franquismo y primeros de la Transición). Y después incluso efectuó un curso especializado de Sociología y Educación en Exeter (Reino Unido), y completó sus estudios en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Educación en junio de 1993.

Finalizada su etapa de formación, Elena se dedicó, como la infanta Cristina, a colaborar en actos oficiales que requerían la presencia de algún representante de La Zarzuela. Los asuntos culturales se los dejó a su hermana, y ella se especializó en temas de educación y en niños discapacitados, aunque con algunas reservas. En 1991, Elena, con su mejor intención, aceptó de motu proprio la presidencia de los juegos paralímpicos españoles. Pero en cuanto la Casa Real se enteró, no le pareció en absoluto oportuno. Según la versión oficial, había distintos grupos de poder introducidos en este organismo y no era aconsejable que se mezclara un miembro de la familia real. Parece que el entonces presidente del Consejo Superior de Deportes, Javier Gómez Navarro, tuvo que intervenir personalmente para deshacer el entuerto, y Sabino Fernández Campo exigió que a partir de entonces la Casa Real tuviera constancia de todo tipo de actividades del príncipe y las infantas, y que no se aceptara nada sin consultar.

En 1994 se anunció el compromiso oficial de la infanta con Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada, un chico de familia bien, el hijo más feo del conde de Ripalda, sin titulación universitaria alguna, sólo el bachillerato, y empleado de banca en París. Como los Borbones hacen lo que les da la gana, Juan Carlos pasó completamente de todos los trámites previstos en el artículo 57.4 de la Constitución: «Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes», dice. Pero la Casa del Rey no lo comunicó oficialmente a las Cortes, limitándose a anunciarlo públicamente, sin refrendo. Lo mismo haría después con la boda de Cristina con Urdangarin, y de Felipe con Letizia.

La boda de la infanta, que se celebraría en Sevilla el 18 de marzo del 95, fue todo un acontecimiento en las revistas del corazón y disparó de nuevo la popularidad de la familia real en las encuestas de opinión pública, después de haber pasado por momentos muy bajos. Por eso no le tuvieron en cuenta al pueblo sevillano, ni que rebautizasen popularmente su Hospital Infanta Elena como «La Tonta», ni que chanceasen con que si el rey dudaba entre otorgarle el título de duquesa de Lugo o el de condesa de Formentera. Cosas de la grasia andaluza. Hasta pasaron por alto que, en Madrid, determinados barrios populares como Las Ventas se llenasen de pintadas, firmadas por un tal «Comando Mateo Morral», diciendo: «Basta de experimentos genéticos. No a las bodas Reales».

Marichalar trabajaba, cuando conoció a la infanta, en la delegación en París de un banco suizo. No como banquero, sino como bancario, que no es lo mismo. Pero en la biografía que se ofreció a la prensa el día que se hizo público de manera oficial el compromiso, 23 de noviembre de 1994, figuraba que era economista. Consciente de su error o mala información, La Zarzuela rectificó, pero a medias. Donde se había dicho «economista», se decía «conocimientos de economía». Lo cual podía ser cierto ya que, en aquella época, Jaime ya se encargaba en el Credit Suisse de la administración de capitales privados, porque tras la boda con la infanta subió en su carrera vertiginosamente. Después de la estancia en París le dieron en la oficina madrileña, con un sueldo de 18.000 euros mensuales, un alto cargo de rimbombante nombre: managing director senior adviser. Y, convertido en gran ejecutivo, comenzó a acumular además otros puestos: presidente de la Fundación Winterthur, consejero de Portland, miembro del consejo de administración de Loewe, y asesor del hombre más rico de Francia, Bernard Arnault, dueño de LVMH, que aglutina las marcas más importantes de lujo como Vuitton, Dior o Moët&Chandon.

Marichalar y Elena se instalaron en Madrid y tuvieron dos hijos: Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, que con cierta precocidad se ha convertido en un icono borbónico; y Victoria Federica, de quién dijo su padre al nacer: «la pobre se parece a su madre».

A Marichalar no se le veía nunca estresado, sino arrastrando incansablemente a su esposa, la infanta, a los lugares más sofisticados y chic de América (Los Hamptons) y Europa (Capri), oculta bajo voluminosas pamelas. Y es que a Marichalar Palma se le había quedado muy pequeña y, lo peor, hasta un poco hortera. Pero el matrimonio comenzó a ir mal y un día de noviembre de 2007 se anunció oficialmente el «cese temporal de la convivencia». Se iniciaron trámites tanto para la nulidad eclesiástica matrimonial como para el divorcio civil, aunque la polémica se dio en cuanto a la parte religiosa de la separación, porque ahí no vale con el mutuo acuerdo. Acabó transcendiendo que la infanta había alegado presuntos problemas surgidos por el «consumo ocasional de cocaína» por parte de Jaime, algo sobre lo que ya se había especulado a raíz de su accidente cardiovascular, que lo puso al borde de la muerte y dejó secuelas evidentes en su apostura. La cuestión de la nulidad acabó cayendo en el olvido y en 2009 se produjo el divorcio. El expediente fue depositado en una caja fuerte de grado de seguridad IV perteneciente al juzgado en el que se tramitó el procedimiento, para evitar que pudiese ser sustraído, por si acaso.

Y es que el secretismo siempre ha rodeado a Elena. El morbo por conocer los detalles de su enfermedad no ha cesado y sólo la amenaza de una querella por injurias a la Corona evitó que se hablara públicamente de la cuestión todo lo que se hubiera querido. ¿Por qué se la apartó del trono? Sólo a Juan Carlos corresponde la responsabilidad de una decisión que podría haber sido arbitraria, tramontana y discriminatoria si no existe realmente una razón para ello. Se da por bueno que padece algún tipo de discapacidad, pero quizá no suficiente como para su exclusión. Su tío abuelo Jaime había renunciado por ser sordomudo, en una época en la que ni se dudó de que eso fuera razón de peso para hacerlo. Algo que hoy en día se hubiera considerado discriminatorio e injusto. De Elena no sabemos si tiene dislexia o algo más grave.

El testimonio de David Rocasolano, infiltrado de lujo en la Casa Real durante un tiempo por su parentesco y amistad con Letizia Ortiz Rocasolano, aclara poco: «Yo no sé si Elena tiene algo, desde el punto de vista médico. Pero cualquier persona que pueda mantener con ella una conversación de diez minutos se da cuenta de que algo falla».

En una de sus rarezas, Elena comenzó a trabajar después del divorcio. Una decisión anodina en el seno de la familia Borbón, si no contamos con los cargos de la mayor parte de sus miembros en entidades y fundaciones con sueldazos por hacer no se sabe bien qué. Lejos del glamour a la que se veía abocada con su exmarido Marichalar, quiso ejercer como profesora de inglés en una guardería. No en el sistema público de educación, claro, eso hubiera sido pasarse de la raya; sino en el colegio «Todo niños», de sus amigas las hermanas María y Marta Riva Aldama. Les agradeció el favor de que hubieran confiado en ella robándoles a todo su alumnado, hasta el punto de que tuvieron que cerrar la empresa, cuando con otras colegas la infanta se hizo empresaria, abriendo su propia guardería para los cachorros de la oligarquía: «Micos, mi primer cole».

En los últimos tiempos, en medio del maremágnum de escándalos por corrupción de su familia, sólo Elena parecía salvarse de la quema. De repente, sólo ella parecía digna y cada día más inteligente, al lado de su hermana Cristina, empeñada en demostrar a todos que era más tonta que nadie. Pero en esa nueva imagen no acaba de encajar que, desde 2008, la honesta primogénita legítima disfrute de un contrato de la Fundación MAPFRE, en la que presuntamente dirige el área de Acción Social, con una remuneración de 200.000 euros anuales. Estaba claro que con el sueldo de maestra no le llegaba para sostener su pisito de 468 m² en el barrio del Niño Jesús de Madrid, valorado en casi dos millones de euros.

David Rocasolano cuenta en el libro Adiós, princesa, una apasionante crónica de la familia real en la intimidad, cómo él y su mujer se acercaron a conocerla mejor en la sobremesa de una cena en palacio:

—¡Ah! Yo doy clases —dijo con la voz monótona y desapasionada que tiene siempre—. A niños de cuatro años.

—¿Y de qué das clases? —había que extraerle la información a machacamartillo. Su expresión era fría, su mirada siempre estática y fija en un punto algo elevado. La espalda recta. No parecía relajada.

—De inglés —respondió con su habitual elocuencia telegramática.

Patricia [la entonces mujer de David] parecía determinada a seguir charlando. Cristina seguía la conversación con una sonrisa protocolaria, las manos cruzadas sobre el regazo y sin decir nada.

—Tiene que ser difícil, ¿no? —prosiguió Patricia—. Enseñar inglés a unos niños tan pequeños. ¿Cómo lo haces?

—Pues, mira… —su tono se transformó en el de una chica de ocho años contándole un cuento a su hermano de cuatro—. Yo cojo —se levantó—. Voy a la pizarra y escribo: blue. Y entonces les digo: «El cielo es… ¡bluuuuuuuu!» —y alzaba las manos hacia lo más alto mientras alargaba la vocal como un perro aullando a la luna—. Escribo: yellow. Y entonces les digo: «El sol es… ¡yellowwwwww!» —y otra vez los mismos gestos—. El campo es… greeeeeeennnn.

Patricia y yo nos quedamos sin capacidad de reacción mientras Elena se volvía a sentar y recuperaba su compostura natural, o adulta, no sé cómo expresarlo. El caso es que acabábamos de ver a una mujer de cuarenta años transformada en una especie de muñeco articulado y con una grabación dentro. A mí me vino a la mente Chucky, el muñeco diabólico. Algo así. Pero Elena es un Chucky sin maldad.

Siguiendo la línea legítima, después de Felipe de Borbón y sus hijas, Elena figura todavía como la primera en el orden sucesorio. Tras ella están en la lista su hijo Froilán y luego su hija Victoria Federica. A continuación están la infanta Cristina, su hijo Juan y los demás.

CRISTINA, LA INFANTA LISTA

Desde que nació, Cristina tuvo poco protagonismo en la vida pública. «Hay qué rica… es niña. Bueno, ya llegará el niño, ya llegará», dijo la entonces princesa Sofía, con mucha tranquilidad, cuando se la llevaron. Ni siquiera fue Don Juan a su bautizo. Como consecuencia de excluir a su hermana del trono, también se la excluyó a ella, que sin embargo estaba considerada, según algunos historiadores, «la infanta más lista de los Borbones».

Goza de óptima salud y fue una estudiante poco problemática, que complementaba sus estudios con clases de piano en casa y la práctica de deportes, sobre todo la vela, a la que es gran aficionada. Estudió en el colegio de los Rosales, y luego en el de Santa María del Camino. Más tarde hizo la carrera de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, sin planes de estudios especiales ni más privilegio que poder elegir los profesores que más le gustasen.

Como la de Elena, su vida pública de infanta se basó en asistir a actos públicos y, en su caso particular, en apadrinar desde Regimientos de Ferrocarriles hasta aviones de Iberia y corbetas de la Armada.

La prensa rosa no dejó de atribuirle novios que, a excepción del empresario Pepe Barroso, eran todos de sangre real, o casi: Felipe de Bélgica, Cayetano de Alba, el príncipe de Noruega, Dimitri de Yugoslavia… Pero estos supuestos romances, si alguna vez existieron, no cuajaron. Y tal vez tuvo algo que ver en ello la maldición de la hemofilia, que afecta a la línea femenina de su familia, como posibles transmisoras, desde que la introdujo su bisabuela Victoria Eugenia de Battenberg, que las ha convertido a todas desde entonces en «malos partidos» para la aristocracia. Como quiera que fuese, Cristina acabó eligiendo para casarse a todo un atleta, capaz de regenerar él solo toda la sangre de la familia: Iñaki Urdangarin, plebeyo aunque con un antepasado obispo y mártir a manos de los mandarines (San Valentín de Berriotxoa, canonizado en 1988 y hoy patrón de Bizkaia), y una estrella del deporte pese a sus problemas de oído, que le incapacitaron para cumplir el servicio militar obligatorio.

Se casó el 4 de octubre de 1997 en Barcelona, ciudad en la que ella ya residía antes por su trabajo en La Caixa, y el rey les regaló el título de duques de Palma para celebrarlo. Tuvieron cuatro hijos, todos ellos bautizados por el cardenal-arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, con agua traída del río Jordán expresamente, como se hace para todos los bautizos de la Casa Real. Todos rubiecitos como los de «las casitas del barrio alto» de la canción de Víctor Jara, que con otros rubiecitos iban juntitos al colegio, ay, en el barrio de Pedralbes.

Debió de ser allí donde, entonces, Cristina pasó de lista a tonta. Pero esa ya es otra historia… que no tiene que ver de manera directa con la cuestión sucesoria, así que la continuaremos en otro momento.

FELIPE, SALVADO POR LA CAMPANA

Felipe nunca contó con el arsenal de chistes y chascarrillos de su hermana Elena. Pero un par de ellos fueron suficiente para que la Casa Real mostrase su profundo desagrado. El primero, de 1998, obligó al director del periódico en el que apareció, Pedro J. Ramírez, a dar explicaciones y pedir disculpas públicamente. En la viñeta de El Mundo, firmada por Ricardo y Nacho, que levantó ampollas en Palacio, el príncipe había aparecido anunciándole al rey, su padre: «Papá, ahora que está a punto de casarse Cristina quiero darte dos noticias, una buena y una mala… La buena es que he encontrado pareja… Y la mala es que es Alberto de Mónaco». Aunque el príncipe acababa haciéndole un guiño a su padre —«¡Que era broma, hombre!»—, lo único que le faltaba al soltero de oro era que la corte empezara a bufonear sobre él en el mismo tono en que se hablaba de su colega, el heredero de Mónaco, siempre rodeado de despampanantes modelos y de rumores incesantes sobre su homosexualidad, una condición absolutamente respetable pero complicada y hasta peligrosa para alguien que tiene como objetivo en la vida garantizar la continuidad de la dinastía. El segundo, aunque esta vez incidía en su vida sexual como hetero, una viñeta en la que aparecía precisamente dedicado a procrear, tampoco gustó. Provocó el secuestro de la revista satírica El Jueves, que nunca volvió a ser la misma. Está claro que el sentido del humor no es una de las virtudes de Felipe de Borbón.

Siguiendo la tradición, su designación como sucesor estuvo rodeada de casi tantas irregularidades como la de su padre. Para saltarse a sus hermanas mayores a toda velocidad, ya antes de que Juan Carlos fuera proclamado rey, se le quiso nombrar Príncipe de Asturias. Así lo iba a anunciar, antes de que cumpliese los seis años, el entonces presidente del gobierno Arias Navarro, en un discurso vetado por Franco. El problema era que ni siquiera su padre lo era, porque la placa del título se la había quitado Don Juan cuando le traicionó aceptando la designación de Franco saltándoselo a él. Entonces Juan Carlos había tenido que adoptar el título inventado de Príncipe de España. Luego, cuando tan sólo llevaba seis meses como rey, asesorado por Torcuato Fernández Miranda, decidió que su heredero sí debía ser nombrado Príncipe de Asturias, ya pesara a su padre y a quien se le pusiera por delante. Una borbonada perpetrada cuando todavía se estaba discutiendo la nueva Constitución. La izquierda asturiana no quiso aceptar la legalidad de esa proclamación, cuando todavía estaba por decidirse si España sería una monarquía o una república. Con la rebaja de investidura a simple homenaje, los parlamentarios asturianos del PSOE y del PCE no acudieron a la celebración, que se llevó a cabo en enero de 1977, al tiempo que se promulgaba un decreto con el nombramiento. Eso sí, tuvieron que hacer el paripé con una placa falsa, ya que Don Juan no entregaría la auténtica hasta después de su propia abdicación, en mayo de ese mismo año.

Su primera juventud la pasaría Felipe centrado en su formación militar. En la Escuela Naval de Galicia, siguiendo la tradición de la escuela, compartía habitación con tres camaradas que cambiaban regularmente, lo que permitía que la totalidad de los 280 alumnos de la Marina se conocieran entre sí y que no se pudiera atribuir a ninguno una amistad más íntima que a otro. Después dio la vuelta al mundo en el Juan Sebastián Elcano, como ya hiciera su padre, y se lo pasó todavía mejor… de escándalo. Fue su segundo año de formación militar y era el benjamín de su promoción. Con 72 compañeros, hizo una travesía de cinco meses de duración, pasando por Canarias, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Salvador, Santo Domingo y Baltimore, para terminar su recorrido en Cádiz.

Luego, aparte de la formación académica, su problema pasó a ser encontrar una compañera. No parecía tarea fácil, y eso que la revista norteamericana People le había seleccionado en 1993 como uno de los 10 hombres más atractivos del mundo, y pese a la multitud de novias que se le fueron atribuyendo, para disipar cualquier habladuría. Entre las aristócratas se le relacionó prácticamente con todas las posibles, incluidas algunas primas o parientes próximas como María Pilar de Orleans-Borbón, Carolina de Borbón Parma, Alexia de Grecia o Victoria de Borbón Dos Sicilias. En la lista de las plebeyas hubo un poco de todo. Chicas de buena familia, como Vicky Carvajal o Gabriela Sebastián de Erice; y otras de dudosa reputación, como la camarera Alice Krejlova. Pero las únicas con las que se dio por bueno el romance antes de Letizia fueron Isabel Sartorius, Gigi Howard y Eva Sannum. Con cada una de ellas es de destacar el enredo de intrigas y presiones a la prensa que rodeó las aventuras, al más puro estilo las peripecias protagonizadas por su padre en distintos momentos de su vida, con algunas de sus conocidas examantes, y con Sabino Fernández Campo de «apagafuegos» real.

Isabel Sartorius, hija de los marqueses de Mariño, fue lo más próximo a una novia oficial de Felipe de Borbón. Su relación se desarrolló entre 1989 y 1991, aunque algunas fuentes aseguran que Isabel no fue más que una coartada o tapadera para mantener en secreto una relación mucho más real con un joven de la alta burguesía madrileña de la misma pandilla, con el que siguió viéndose varios años más.

Isabel fue adoptada por los lectores de la prensa rosa, que la bautizaron como «la novia de España». No era de sangre real. Es más, era la sobrina del conocido excomunista Nicolás Sartorius, el mismo que, cuando en octubre de 1960 el entonces príncipe Juan Carlos intentaba acudir «de incógnito» a sus clases en la Facultad de Derecho, participaba en los alborotos para que se volviera por donde había venido, de vuelta a su Casita del Escorial. Pero todo aquello era ya sólo agua pasada. Cuando fue rey, Juan Carlos quiso relacionarse con sus condiscípulos, incluidos los díscolos, en unas cenas mensuales que se encargó de organizar uno de sus más discretos amigos, el consultor Antonio Álvarez Couceiro. Y Sartorius, ya en otra onda, fue asiduo a aquellos encuentros; y a otros en casa de su tío, el embajador Manuel Bermúdez de Castro, en los que los reyes confraternizaban con un grupo de militantes de izquierda, entre los que estaban, aparte de Nicolás Sartorius, Antonio Gutiérrez, Cristina Almeida, Diego López Garrido y Antonio Elorza, entre otros.

Pero, por otros motivos, La Zarzuela no aceptó a Isabel. A la reina y a Sabino Fernández Campo se les atribuye el haber roto la pareja, en 1992. En aquel mes de junio en el que el rey andaba desaparecido en Suiza y no se presentaba a sus obligaciones oficiales, tampoco estaba disponible el príncipe Felipe que, se dijo, estaba demasiado afectado con el fuerte disgusto que le había provocado la ruptura con la Sartorius, aunque la explicación oficial de su ausencia fue que estaba entrenando con el equipo olímpico de vela. Luego Sabino, en el mes de agosto de ese mismo año, tuvo que trabajar con los temas del hijo como ya tantas veces había hecho con los del padre, para conseguir evitar que el periódico Claro sacase el historial con las drogas de la madre y el hermano de Isabel Sartorius, motivo por el cual, presuntamente, la reina había impedido que el compromiso de la pareja prosperase.

La discreta Isabel Sartorius lloró en silencio sus penas de amor y en 1995 se trasladó a Londres. Desde allí se informó un día que estaba embarazada, aunque la prensa, que nunca había dejado de acosarla, no le conocía novio alguno. Meses después se casó con el aristócrata Javier Soto, en un matrimonio que todos los medios interpretaron como «de conveniencia» y del que nunca se llegó a tener documentación legal. En 1997 regresó a España para dar a luz a su hija Mencía, y unos días más tarde anunció su separación matrimonial.

Otro grotesco enredo del príncipe Felipe fue el que protagonizó con su novia norteamericana, la multimillonaria Gigi Howard, con la que había sido sorprendido en actitud cariñosa en una idílica playa de la isla de Saint Martin, en el Caribe. Se habían conocido mientras el príncipe estudiaba un master en Estados Unidos, no suficientemente lejos de los paparazzi de la prensa rosa española. Después de haberlos cazado en Saint Martin, Hugo Arriazu (el mismo reportero que había descubierto a la infanta Elena en su secretísima luna de miel) continuó el seguimiento de la pareja, lo que acabó provocando su ingreso en prisión, en junio de 1995, en un enredo al estilo del cine negro americano. Acusaron al periodista de espionaje telefónico, por un supuesto pinchazo en las líneas de la Howard que, sin embargo, había ejecutado un confidente de la policía norteamericana que no resultó acusado de nada. En el juicio, la acusación contra Arriazu se basó en el testimonio del agente Hunker de la policía yanqui. Pero estuvo rodeado de contradicciones y zonas oscuras. Por ejemplo, el juez interrumpió la declaración de Hunker cuando los abogados de Arriazu intentaban averiguar quién o quiénes le habían ordenado controlar los movimientos del periodista, incluso su cuenta corriente, con antelación a los hechos que se le imputaban. Lo único que al final quedó claro fue que, a instancias no se supo de quién, la policía norteamericana había colaborado activamente en el acoso al reportero que, al final, tuvo que ser absuelto.

Poco después, a principios del 98, fue cuando se publicó en El Mundo la tira de humor gráfico en la que se insinuaba su homosexualidad. Y no fue sólo eso: Inmediatamente después llegó a los kioscos el primer número de Zero, revista gay del Grupo Prisa, en cuyas páginas se pudo ver la foto del heredero de la corona con el titular «¿Puede ser gay el Príncipe?», y un artículo que decía «queremos plantear seriamente la posibilidad de que el príncipe sea gay […] el príncipe, una persona excepcional a quien por cierto pudimos ver en la fiesta de inauguración de Amor de hombre en la discoteca Pachá de Madrid». Después de un paréntesis de dos años, apareció en las portadas del papel cuché el romance con Eva Sannum, que a muchos pareció una nueva cortina de humo para preservar su hombría y virilidad.

Eva Sannum trabajaba para la agencia de modelos Magic en 1997, cuando la revista Hola —precisamente Hola, considerada el boletín oficial de la Casa Real, porque nunca publica nada referente a la monarquía sin su consentimiento—, comenzó a anunciar el noviazgo con varios de reportajes, algunos supuestamente robados y otros en los que la pareja aparecía posando para las fotos. En uno de ellos, por ejemplo (publicado en enero de 2000 aunque había sido realizado durante el verano anterior), el príncipe y la modelo se mostraban abrazados y felices, mirando a cámara, en la India. Pero nadie pareció preguntarse de qué modo unas fotos presuntamente tan íntimas, y evidentemente no robadas, habían llegado a la revista y, lo que resultó más sorprendente todavía, por qué había decidido publicarlas, en contra de su línea editorial habitual de absoluto respeto con la Casa Real.

Según la versión oficial de Hola y de los restantes medios de comunicación que trataron el tema, el supuesto idilio habría surgido en Noruega, en el verano de 1997, durante el 60 cumpleaños del rey Harald; aunque la primera cita fue en el otoño de 1997, con motivo de una cena con varios amigos en el restaurante mexicano Cuchi de Madrid, en la que casualmente fueron sorprendido por los paparazzi de Hola. Pero los datos sueltos que poco a poco se pueden ir recopilando señalan en otra dirección.

La agencia Magic (que desde 1997 ha cambiado de domicilio social y de nombre, para llamarse Fashion Traffic) era propiedad de Carlos Mundy con otros socios como Javier Merino. Y Carlos Mundy era íntimo amigo del entonces príncipe Felipe y de su hermana la infanta Elena, con la que coincidía con frecuencia en su afición a la hípica. Está comprobado que fue esta agencia la que trajo por primera vez a España a Eva Sannum con un contrato. Y se sabe también que, las primeras semanas, fue el propio Carlos Mundy el que la alojó en un piso de su propiedad.

A comienzos del nuevo siglo, el campechano rey de España continuaba asegurando como si tal cosa que su niño se casaría cuando le diera la gana.

Pero la opinión pública seguía estando mayoritariamente en contra de esa relación. El PSOE de Zapatero y Felipe González jugaban a la extravagancia de mostrarse a favor, sobre la base de que el entonces príncipe era un ciudadano como cualquier otro, lo cual le otorgaba los mismos derechos. Si se le reconocía la capacidad para ejercer la Jefatura del Estado, también se le debía reconocer el derecho a escoger su futura esposa. Pero esto era algo a lo que se oponía con todas sus fuerzas la derecha. Las declaraciones al respecto de José Luis de Vilallonga —el aristócrata biógrafo del rey— se entendieron como una sentencia definitiva: «Recuerde el Príncipe que los monárquicos de toda la vida serán los primeros en reprocharle su primer paso en falso y Dios no quiera que sea el de su matrimonio. Yo mismo, monárquico genético por no decir endémico, consideraría un error grave una boda que nos pusiera a la altura de los ingleses y quizá empezaría a calibrar las posibilidades de una República que me ahorraría tener que reverenciar a una reina equivocada. Por lo menos, con la República podría despacharme a gusto».

El aireado romance con Eva tuvo su punto álgido en agosto de 2001, cuando se dejaron ver y fotografiar juntos en la boda de Haakon de Noruega con Mette Marit. Todo hacía presagiar el inminente anuncio de su compromiso. Pero a saber hasta dónde llegaron las presiones, porque en diciembre de ese mismo año la Casa Real convocó por sorpresa a un grupo de periodistas al Palacio de La Zarzuela aparentemente con otro motivo, y en una charla informal Felipe anunció la ruptura de un noviazgo que nunca había sido oficial: «Eva y yo hemos decidido de mutuo acuerdo que no habrá compromiso que anunciar en el futuro [y] poner fin a la relación. Simplemente no ha prosperado y punto. No hay más lecturas».

Todavía los «monárquicos de toda la vida» tuvieron que seguir esperando, entre romances más o menos irreales, como el que lo emparejó con la actriz Gwyneth Paltrow, en lo que podría haber sido un revival del cuento de hadas monegasco de Rainiero y Grace Kelly. Al parecer la pareja mantuvo una buena amistad, reconocida por la Casa Real, y se encontraron en diversos lugares entre 2002 y 2003. En Mallorca, concretamente, cenaron juntos con amigos comunes en varias ocasiones. El romance, si lo hubo, no llegó a nada, pero mantuvieron un contacto entrañable y rentable que llevó a Felipe a presentarle a su cuñado Urdangarin, para que la Paltrow hiciera negocios con Nóos en 2007.

Oficiosamente, Gwyneth fue la última novia de Felipe antes de Letizia, con la que ya no se dejó ni tiempo para hacer sondeos de opinión previos a la decisión y al anuncio del compromiso, no fueran a venir las malas lenguas a estropearlo todo otra vez. Lo cierto es que todo resultó forzado y por momentos inverosímil, pero resultó.

Juan Carlos debía de estar muerto de ganas de que se casara para aceptar el plan. Pero es que llevaba ya muchos años pensando en la abdicación y ese era un paso previo absolutamente necesario. Al menos desde septiembre de 1987 hablaba de que llegaría el día que cedería el trono al Príncipe de Asturias (por primera vez, en una entrevista con Jim Hoagland, del Washington Post). Unos años después, en torno a 1992, vendrían las tensiones surgidas en la pareja real que llevaron, presuntamente, a la reina a pensar en la abdicación del rey a favor de su hijo, como una forma de liberar a su marido de las servidumbres que impone la Institución. Los rumores se expandieron justo en los momentos previos a la salida de Sabino de la Casa Real, coincidiendo también con la célebre conjura «republicana», más tarde revelada por José María Ansón en su famosa «ansonada». Pero en 2004, después de conocer a Corinna, era él el que tenía más razones que nunca para resolver la cuestión de la sucesión de una vez y retirarse.

El noviazgo de Felipe y Letizia fue un visto y no visto, literalmente, porque nadie lo vio ni venir. Todo sucedió a una velocidad vertiginosa, paralelamente en el caso de la futura reina al solapamiento con otra relación y a un ascenso profesional meteórico.

Para la boda real, sólo el despliegue policial y del ejército costó 60 millones de euros. Pero todo quedó muy deslucido bajo el cielo de Madrid, que descargó lluvia para aburrir a los monárquicos que querían aplaudir al paso del cortejo y enfangó los bajos del vestido de la novia. La crónica social estuvo llena de anécdotas con los recién llegados Ortiz-Rocasolano al suelo regio de los Borbón.

Por petición de Juan Carlos, en la organización del bodorrio colaboró —no se sabe cómo— su entrañable amiga Corinna. Sus dotes para gestionar la privacidad permitieron que su presencia pasara inadvertida. La Casa Real no suele ofrecer a la prensa la nómina de los asistentes a este tipo de actos, que considera suficientemente publicitada con las instantáneas de la ceremonia y el tedioso besamanos. Y Corinna también se encargó de la luna de miel, con un éxito rotundo: de los 32 días viaje, sólo se difundieron informaciones e imágenes del breve periplo que comenzó mirando a Cuenca, y continuó por Teruel, Zaragoza, Navarra y País Vasco.

Con la boda, y pese a la pertinaz negativa de Felipe a regalar a sus súbditos con la imagen de un simple piquito (limitándose a un casto beso en la frente a su esposa), los rumores sobre su presunta homosexualidad parecieron acallarse para siempre. Máxime cuando concibieron su primera hija. Para los españoles está perfectamente claro que un hombre casado y con hijos no puede ser gay. Así que la cosa se relajó una barbaridad. Tanto que Felipe incluso se permite dejarse ver de copas con sus amigos por el barrio de Chueca de Madrid, conocido por su ambiente gay, sin más problema que algún rifirrafe de sus escoltas con algún paparazzo espontáneo.

En su primer año de reinado como Felipe VI, la Casa Real Española recibió el premio Fitur Gay (LGBT)-Diversity Consulting en la categoría de Institución, como reconocimiento por el apoyo que mostraron a este colectivo. Y eso que la reina Sofía no se mostró muy abierta con el tema del matrimonio gay, por ejemplo, en sus declaraciones a la periodista Pilar Urbano para un libro; y que son de sobra conocidas las expresiones homófobas que adornan la campechana manera de hablar de Juan Carlos, que descalifica con «ese maricón» a los que no le caen bien. No se sabe qué hizo Felipe VI exactamente por el colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT); pero también la revista Ragap (especializada en contenidos LGBT) quiso rendirle un pequeño homenaje, eligiéndolo como imagen de portada para su número de enero de 2015. La publicación considera al monarca uno de los más aperturistas de Europa.

En las apasionadas palabras de su redactor, Juan Rueda, el 19 de junio de 2014, «Madrid celebró la proclamación, lo que se vino a llamar la marcha del Orgullo Rey. Contó con numerosos actos protocolarios y un desfile por el centro de Madrid, protagonizado por el Monarca desde un lujoso Rolls Royce, y muchos militares ataviados con plumas y sus mejores uniformes, ante centenares de personas ondeando coloridas banderas».

LOS HIJOS ILEGÍTIMOS

En los meses previos a la abdicación de Juan Carlos, antes de que ese colorido desfile de la proclamación ocupara el centro de Madrid como si estuviéramos en estado de sitio, surgió algo más que hubiera podido suponer un serio problema sucesorio. Varios supuestos hijos ilegítimos de Juan Carlos salían a la palestra y hacían visible su historia en los medios de comunicación internacionales y nacionales.

Ya antes, en 2001, María José de la Ruelle, ciudadana francesa, había presentado ante los tribunales de Burdeos una demanda de paternidad. Decía ser la hija natural de Juan Carlos y de María Gabriela de Saboya; y que había sido concebida a bordo del yate Agamenon. Nació en Argel en 1954 y fue dada en adopción. Las investigaciones sobre su verdadero origen la habían llevado a estas conclusiones. La Casa Real se pronunció al respecto y dijo que todo era «un infundio». Pero la prensa española, tímidamente al principio, con todas las precauciones debidas, acabó por dar oídos a su querella, una vez confirmado que el asunto estaba efectivamente en manos de un juez. Con todo, pese a la insistencia de María José de la Ruelle durante un par de años, en los que se dejó entrevistar y fotografiar a discreción, su rocambolesca versión de los hechos acabó por mostrarse contradictoria y sin sentido, con fechas que no llegaban a coincidir del todo. Periodistas que se entrevistaron con ella personalmente no salieron nada convencidos de la salud mental del personaje; y su demanda en los tribunales también fue desestimada. La sombra de la duda se mantendrá, sin embargo, mientras no se realicen las pruebas de ADN que ella solicitaba y que, por supuesto, fueron denegadas.

También era ya bien conocido el caso de Paola de Robiland. Públicamente, su madre, Olghina, dio versiones contradictorias sobre la identidad del padre de Paola. Por ejemplo, en la versión española de sus memorias, publicadas por Grijalbo en 1993, desmintió tajantemente que el padre fuera «un hombre alto». A sus padres no les dijo siquiera que había sido madre hasta que lo descubrieron por su cuenta tres años después, y luego pretendió que se conformasen con el cuento de que el padre de la niña había muerto. Pero aquello no coló. El 17 de agosto de 1961, su padre, el conde Carlo Nicolis di Robiland, le escribió una carta pidiéndole explicaciones satisfactorias, ya que su madre se había enterado de la verdad que toda Roma comentaba: que el padre de la niña no había muerto, sino que, muy al contrario, tenía pensado casarse con otra próximamente. En ese párrafo de la carta (que publicó años más tarde la prensa italiana) figuraba una anotación al margen que ponía «con SAR Sofía de Grecia» (y las fechas coinciden, porque Juan Carlos y Sofía se casaron en febrero del 62). Por su parte Carolina de Kent, la madre de Olghina, fue a verla personalmente y tuvieron una disputa en la que le acabó diciendo a su hija textualmente: «Yo sé quién es el padre de esta niña. No continuaré diciendo que está muerto. Es el príncipe Juan Carlos de España. Un día él lo sabrá y así también Paola lo sabrá. Porque ella tiene derecho a tener un padre. Y yo haré que esto suceda». Así fue como comenzó una trifulca familiar que acabó en los juzgados, después de largos años en que sus padres siempre habían ignorado a su hija, absolutamente despreocupados por los problemas, económicos o de otro tipo, que pudieran aquejarla. Ahora, sorprendentemente, pasaban a interesarse muchísimo por su nieta, y en los mentideros se comentaba que todo respondía a una bien calculada generosidad, puesto que la niña en cuestión «podría convertirse en la gallina de los huevos de oro». Los padres de Olghina, abuelos de Paola, iniciaron un proceso judicial para hacerse con la custodia de la niña, que ganaron sin dificultad a comienzos del 62, con el argumento de que Olghina estaba en la indigencia y no podía atenderla.

La examante del entonces príncipe Juan Carlos se quedó hundida. Se sentía humillada, desesperanzada… y rompió definitivamente las relaciones con su alcoholizado padre y su manipuladora madre. Estos meses de profunda depresión, febrero y marzo del 62, en los que coincidieron la pérdida de su hija y la boda de Juan Carlos y Sofía, escribió un diario, para desahogarse. En él, de modo muy significativo, Juan Carlos era el verdadero protagonista, reapareciendo una y otra vez en constantes alusiones, aunque ya ni se veían ni mantenían correspondencia. El 28 de febrero del 62 escribió que su tía Olga, «por snobismo inverso al de mi madre», estaba aterrorizada con la idea de que Olghina se pudiera presentar con la niña en Estoril, lo que provocaría una tensión límite con los Borbón. También escribió: «He sabido que Juan Carlos se ha declarado escandalizado (con los primos Torlonia) por mi maternidad clandestina. ¡¡¿¿Precisamente él??!! ¡Es el colmo! A menudo me pregunto por qué me hago la heroína y cubro las espaldas de los viles». «¡Si supieras cuánto me debes!», escribía todavía refiriéndose a él el 3 de marzo.

Pero Paola de Robiland vive en Nueva York y nunca mostró el más mínimo interés por ser reconocida ni por reclamar sus derechos dinásticos. Es profesora de la Universidad de Columbia, no quiere saber nada de su madre y mucho menos de la prensa.

El caso que tanto preocupaba en 2014 era muy diferente. Albert Solà apareció por primera vez en la prensa en 2012. Nacido en 1956, según declaraba, era hijo de María Bach Ramon y Juan Carlos, que lo habría concebido cuando aún estaba en la academia militar de Zaragoza, a los 17 años de edad. Esto podía representar un problema, porque se trataba de un varón mayor que Felipe, y las consecuencias podían ser más graves que alimentar la fama donjuanesca del rey.

Había sido adoptado en 1964 por la familia Solà Jiménez, de Sant Climent de Peralta y, lógicamente, no conserva recuerdos más antiguos. Pero ya adulto, a su regreso en los años 90 de México, donde vivió una temporada, Albert empezó a investigar sus orígenes. Contrató a un equipo de detectives que concluyó que su presunta madre biológica era María Bach Ramon. Tras presentar una demanda para poder conseguir su documentación de nacimiento, en 2001 un juez de los tribunales de Barcelona le ofreció cerca de un centenar de páginas. En el laberinto burocrático que supone para cualquier niño adoptado tratar de acceder a la verdad sobre sus padres biológicos, Albert se percató de que en su partida de nacimiento había varias irregularidades. Empezando porque, en lugar de una, había dos partidas de bautismo diferentes, de dos libros distintos, cosa que en España es imposible. Cuando nació, constaba como Albert Bach Ramon; pero al ser acogido por la familia de Sant Climent, sus apellidos cambiaron por Solà Jiménez. Otra anomalía que no casaba con las leyes de la época de Franco: los apellidos de la madre biológica había sido completamente eliminados, borrados… También descubrió que en la partida de nacimiento original aparecía una referencia: «chupete verde». Algunos historiadores consultados por Albert Solà le explicaron que se trataba de una mención que sólo consta en las partidas de los que son hijos de la realeza.

Sus incertidumbres fueron en aumento, porque toda su vida había estado rodeada de cierto misterio en el que se dejaba entrever la larga mano del poder. Vivía en una familia humilde, sus padres adoptivos aparentemente no tenían nada, pero de alguna manera se las arreglaron para no negarle nunca ni los más mínimos caprichos; como si hubiera alguien detrás, a mayores, que nunca perdió la pista de aquel niño y le protegía a cierta distancia.

Papeles aparte, alguien debió de soplarle cuál era el hilo del que debía tirar para desenredar la madeja. Quizá se pueda engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo; entre otras cosas porque Juan Carlos había compartido el problema con varios de sus amigos poco antes de nacer el niño (la chica debía de ser de muy pero que muy buena familia y estaba agobiado), y había acabado por llegar a oídos del mismísimo generalísimo. Demasiada gente en el secreto y, ahora, algún «garganta profunda» de turno se encargó de desvelársela también al propio Albert Solà.

Descubrir que Franco estaba en el ajo de su existencia (que, por ejemplo, había intervenido personalmente en su protección y para mantener la clandestinidad de su verdadero origen, salvando para ello las irregularidades que fueran necesarias) le llevó a pensar que se le había considerado siempre una especie de as bajo la manga, por ser varón y por ser mayor, sobre todo durante la larga marcha matrimonial de Juan Carlos para alcanzar la ansiada descendencia masculina, que tardó más de lo esperado por la vía regular. Sus investigaciones hicieron saltar la liebre de manera suficientemente concluyente; tanto como para que la Casa Real, que evidentemente también estaba bien informada del asunto, cambiase la táctica del secreto absoluto por la de materia reservada a unos pocos; entre los que incluyeron —confiando en la discreción tradicional de los bastardo reales mimados en la intimidad— al propio Albert. No lo hicieron directamente, pero dieron vía libre al juez número 14 de lo familiar de Barcelona para que le notificase extraoficialmente que era segura la paternidad del rey. Y, casi al mismo tiempo, se le facilitó un número de fax a través del cual se podría comunicar con el Palacio de La Zarzuela, y de manera directa con su padre en persona. Albert Solà utilizó este fax numerosas veces, para enviar cartas dirigidas a Juan Carlos en tono afectivo, con la certeza de que llegan a él, aunque nunca hayan sido contestadas. Salvo esas cartas, nunca tuvo contacto directo con el rey Juan Carlos, pero sí a través de terceras personas (fuentes que no puede o no quiere revelar), que conocen al rey y a su madre biológica.

Y es que María Bach es casi más inaccesible que el rey. Su familia es tan poderosa que su blindaje es tremendamente sólido y Albert nunca pudo llegar a ella. De esto hace responsable a su entorno, a Franco y a sus abuelos, verdaderos artífices de su destino y del de María Bach, a la que sitúa como protagonista de una triste historia: engañada en su juventud, separada de su hijo en contra de su voluntad y mantenida en la frustración y el dolor de no poder recuperarlo nunca.

Desde que se estableció el aséptico contacto vía fax con Zarzuela, la relación ha sido siempre cordial a niveles oficiosos e indirectos. Pero esto a Albert Solà no le basta. Solà podría haber sido el heredero directo al trono debido a que, con sus 56 años en 2014, era él el primogénito varón del rey y no el príncipe Felipe, nacido 8 años después; y la legislación española no establece diferencia alguna entre hijos legítimos e ilegítimos en cuanto a sus derechos, hereditarios o de otro tipo, al menos para el resto de la ciudadanía.

Sin embargo Albert, que se gana la vida como camarero, aseguró a la prensa que no buscaba nada de todo eso. Declaró sin tapujo alguno su apoyo incondicional a su hermano Felipe como heredero del trono, y dijo que el rey lo sabía perfectamente. Pero le faltaba ese algo más que todo hijo quiere de su progenitor: «Exijo una explicación de él, de padre a hijo», fueron sus palabras.

En esto está siendo contumaz hasta la rebeldía. «Más vale que lo haga. Así de frío se lo pongo», dijo entonces, y se impuso un plazo (octubre de 2012) para que ese encuentro sucediera, antes de iniciar una demanda judicial. Cumplió con lo dicho, quizá con cierta ingenuidad, seguro de que los tribunales la aceptarían. No fue así: aunque la impunidad del rey (antes de la abdicación) no alcanzara para estar exento de ser demandado por paternidad en opinión de numerosos jueces y abogados (la figura de Juan Carlos nunca fue inviolable en la esfera civil o jurídico privada y sí en aquellos actos que realizó fruto del ejercicio de sus funciones como rey), se archivó el caso. Otros juristas, los que cuentan de verdad, opinaron que no se podría obligar al rey a que facilitara una prueba de ADN y, aunque Solà llegó a solicitar que, en el caso de que el monarca fuese inviolable, se exhumase el cadáver de Don Juan, el conde de Barcelona, para que se realizasen las pruebas pertinentes, no pudo hacerse nada.

Sin embargo, la aparición de otra supuesta hija al poco tiempo volvió a darle nuevos bríos a su caso. La ciudadana belga Ingrid Sartiau buscaba información en internet cuando se encontró con este posible hermano y entró en contacto con él.

Ingrid Sartiau es presuntamente fruto de un encuentro de Liliane Sartiau con Juan Carlos en 1967. Pero no tiene fácil probarlo. En su caso, ni con el parecido físico, porque con 18 años se sometió a una rinoplastia para eliminar de su rostro su prominente nariz —que aún no sabía que era borbónica—, algo que disgustó enormemente a su madre, sin que ella entendiera muy bien por qué. Y es que hasta el incidente de Botsuana su madre no le confesó la verdad. Según su propia narración, sucedió casi de improviso, mientras ambas veían la televisión. Discutían ante el televisor porque Liliane defendía tozudamente al rey, que los noticiarios belgas mostraban en aquellos momentos indefendible, en su máximo esplendor de cazador de elefantes. Entonces Liliane rompió su silencio en medio de lágrimas y golpes, ya que no iba a permitir que su hija pensara que tenía un mal padre, tan campechano como él era. «Siempre fue un buen hombre, y es tu padre». Ingrid se debió de quedar de piedra y tardó en reaccionar.

Sin estar del todo convencida, comenzó a indagar meses después, buceando en internet en busca de información sobre los Borbón y sus hijos ilegítimos. Con más miedo que entusiasmo, se fue convenciendo poco a poco, sintiéndose abrumada y decepcionada. Saberse la hija desconocida de un rey le producía más pena que orgullo. «Habría preferido tener a un carnicero como padre. Hubiese sido más fácil vivir con la idea», declaró a la prensa más tarde.

Cuando se decidió a emprender la batalla legal contra su presunto padre, convenció a su madre para que la acompañara a un notario de Gante, que tomaría buena nota de su declaración con el relato completo. Luego fue cuando, de modo casual, en sus viajes por la red topó con una persona en su misma situación: Albert Solà Jiménez, que había concedido una entrevista a una cadena de televisión holandesa; y se puso en contacto con él.

Uno de los primeros pasos que dieron juntos fue encargar pruebas de ADN sobre sí mismos, a fin de saber qué probabilidad de parentesco existía entre ambos. Para ello enviaron el material necesario al profesor Jean-Jacques Cassiman, un genetista de la Universidad de Lovaina, reconocido a nivel mundial. Dos meses después tenían los resultados: había un 91 por 100 de probabilidades de que fueran hermanos. «Los resultados son claros —concluyó Cassiman—, pero los estudios no pueden especificar si es el padre o la madre. Yo no sé quién es el padre, son ellos los que dicen que es don Juan Carlos».

Esto fue lo que dio pie a que, en junio de 2012, tanto su historia como la Albert saltasen conjuntamente a la prensa, en el Bild alemán primero, y en Vanitatis y otras publicaciones después, a las que fuentes oficiales de la Casa Real confirmaron conocer la historia, pero renunciando a darle ningún tipo de credibilidad y negando valor científico a las pruebas realizadas por el prestigioso genetista de Lovaina.

Albert e Ingrid se conocieron personalmente poco después en Girona, tras establecer una cita que sentían absolutamente necesaria y urgente después de conocer los resultados. Sólo tardaron una semana en organizar un viaje para reunirse en el hotel Els Arcs de Monells; lugar al que viajó Ingrid junto a su marido y en el que abrazó a Albert como hermano suyo.

Albert la estaba esperando con toda la prensa, cosa que no gustó nada a Ingrid, pero se mostró dispuesto a, por su parte, apoyarla en todo. De hecho no tuvo reparos en facilitarle de modo inmediato el número de fax de Zarzuela que él utiliza para comunicarse con Casa Real de forma habitual, y decidieron unirse para reclamar la prueba de ADN que confirmara la paternidad del rey Juan Carlos.

Ingrid se mantuvo muy cauta, impresionada con la que se le había venido encima, sin iniciar contacto alguno con el rey en principio y, aun con el firme propósito de que la reconociera como su hija, sin tener claro lo de entablar una demanda de paternidad hasta que Solà la puso en el disparadero. En sus encuentros con la prensa también le hicieron la pregunta: «¿Qué piensa de la monarquía?». Y su evasiva pero inquietante respuesta fue un escueto «sin comentarios».

Sobre la contundente base de su prueba genética, ambos iniciaron una nueva demanda, que registraron en octubre de 2013 y que, aunque fue igualmente inadmitida a trámite por la inviolabilidad que la Constitución otorgaba al entonces jefe del Estado español, fue recurrida y quedó depositada en la sección 24 de la Audiencia Provincial Civil de Madrid.

Con el tiempo, aunque no se ganase en primera instancia, el caso podría haber llegado recurso tras recurso hasta Estrasburgo, que está siendo en no pocas ocasiones la única alternativa de defensa que les quedas a las víctimas de la justicia española. Menudo problemón abierto en las venas de un reinado en los estertores de la muerte. Hubo muchos más alicientes, pero este solo hubiera sido suficiente para impulsar la decisión de la abdicación. Otra cosa hubiera sido un caos en el proceso sucesorio de Felipe, quizá detonante de una crisis ya anunciada del sistema.

Eso sí, con la corona Juan Carlos traspasó a Felipe la conveniente impunidad civil y penal que tenía. Cuando el rey abdicó, en junio de 2014, se creó un vacío legal temporal que serviría —entre otras cosas— para resucitar el caso, que allí estaba esperando en la Audiencia Provincial de Madrid.

Albert Solà Jiménez aprovecharía la pérdida de la inviolabilidad del rey para ampliar su demanda de filiación contra él. El escrito de ampliación alegaba que «si precluidos los actos de alegación previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y antes de comenzar a transcurrir el plazo para dictar sentencia, ocurriese o se conociese algún hecho de relevancia para la decisión del pleito, las partes podrán hacer valer ese hecho». En este caso, el hecho de relevancia era la renuncia al trono.

Tendría que haberse celebrado en septiembre de 2014 una vista en la que se iba a deliberar sobre el recurso de apelación, pero la maquinaria del Estado se puso rápidamente en movimiento para el aforamiento exprés del rey emérito; y la Audiencia de Madrid no tuvo más remedio que elevar la causa al Tribunal Supremo tras los «términos rotundos» de la ley orgánica 4/2014, del 11 de julio, que dispone en su disposición transitoria que los tribunales que estén en conocimiento de hechos relacionados a los nuevos aforados deberán suspender su tramitación y remitirlos «inmediatamente» al alto tribunal.

Ni que decir tiene que la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó de inmediato el archivo de la demanda de paternidad, que ya había sido separada en dos piezas: una del ciudadano español Alberto Solà Jiménez y otra de la nacional belga Ingrid Sartiau. Pero el Pleno acabó por rechazar sólo la primera. Las razones para esta diferencia son complejas para algunos. Para Solà, en realidad, «es simple: yo soy el primogénito y ella no. Si un tribunal me diera la razón, la Casa Real tendría un gran problema. Habría que preguntarle al Supremo si ha recibido presiones de algún tipo». No quiere dar por zanjada la cuestión todavía, sin agotar todas las vías legales en España y llegar al Tribunal de Estrasburgo. «Allí es imposible que primen la inviolabilidad o el aforamiento del monarca emérito sobre los derechos individuales de un ciudadano», declaraba su abogado, Francesc Bueno, tras recibir la noticia.

El TS consiguió invalidar la prueba de ADN que emparentaba de forma tan íntima a Solà con Sartiau, al entender que estaba contaminada. Y también convencieron a Sartiau de ello… o al menos de que no le convenía nada aliarse con Solà. Desde entonces continuaron caminos por separado, tanto en lo estrictamente judicial como en lo personal, y no volvieron a reunirse, por razones desconocidas. Quizá algo tuvo que ver en ello la utilización mediática que Albert hizo de Ingrid desde un primer momento, avisando a la prensa de sus encuentros sin advertirle a ella antes. Todo esto en un contexto en el que Solà tonteaba con Josep Anglada, un ultra de los de Blas Piñar, líder del xenófobo partido Plataforma per Catalunya y concejal de Vic (Barcelona), que se aferró a la historia de Albert y fue uno de sus máximos valedores. Solà se convirtió en un elemento clave para la agrupación política y se especuló incluso sobre la posibilidad de que fuera el candidato a la alcaldía de Barcelona. Desaciertos que le llevaron a perder muchas simpatías, no sólo de su presunta hermana.

Subida en principio casi a la fuerza al carro de Solà, Ingrid continuó después sola con su demanda, que corrió millas con mucha más fortuna que la de su presunto hermano. En el caso de Sartiau, la Fiscalía también emitió un informe negativo (1372/2014) por «no haber ningún indicio de prueba», pero su letrado consiguió aportar elementos nuevos «que por sí mismos pueden ser incluso estimatorios en plenitud de la demanda». El presidente de la Sala de lo Civil del TS decidió en diciembre 2014 que este asunto tenía suficiente relevancia como para que fuera debatido en Pleno. Y, finalmente, el Supremo sí admitió trámite la demanda de paternidad de Sartiau contra Juan Carlos I.

Entre estos elementos se encontraba la correspondencia de un familiar de Juan Carlos, Joseph Guijarro Romanov de Colonard-Borbón, que tiene una «estrecha relación» y una «cordial amistad» con la Reina Sofía. Dicho familiar, según consta en la demanda, escribió varios emails a Sartiau en los que le confirma su condición de auténtica Borbón y donde la trata siempre de «querida sobrina».

Otro indicio de prueba en la ampliación de la demanda fue una prueba pericial de ADN que se hizo en el laboratorio genetista IGENEA para comparar las características genéticas de un primo hermano de Juan Carlos I con las de Sartiau. Según el abogado, obtuvo esta muestra de ADN del familiar real «a cambio de una compensación económica, ya que tenía problemas económicos».

Gracias a la investigación personal en torno a sus propios orígenes realizó Albert Solà, Ingrid Sartiau avanzó en la suya propia. Y, como en el popular juego de mesa, «de oca a oca y tiro porque me toca», la aparición de Sartiau fue luego el detonante para que un nuevo hijo ilegítimo asomara la cabeza en el tablero, aunque este no pretenda por el momento, al parecer, recurrir a la justicia. Su situación es bastante peculiar. Fruto de otro «romance» posterior al que Juan Carlos tuvo con María Bach y Liliane Sartiau, allá a finales de los años 70, este otro presunto hijo se llama Felipe, como el actual monarca. Pese a no ser también de la reina Sofía, está viviendo en La Zarzuela, donde realiza tareas «de protección y policía de los miembros de la familia real».

Ingrid Sartiau tuvo una reunión con este Felipe el 23 de marzo de 2014, en el restaurante Casa Lucio, y durante la comida el segundo Felipe reconoció que eran hermanos biológicos y le dio el siguiente consejo: «Ingrid, haz lo que sientas que tienes que hacer y lo que te salga del corazón». Y lo que le salió fue incluir esta información en su demanda (en el punto 2.3 del escrito de ampliación), presentada por el abogado de Banyoles Jaume Pararols, en la que se dice explícitamente que en Zarzuela viviría un «hijo biológico de SM Juan Carlos Primero, de nombre Felipe, de 43 años de edad, metro ochenta y cinco de estatura, moreno, ojos azules, que es hermano biológico de SM Felipe VI, actual Rey de España»; y se narra este encuentro.

Ingrid no se atrevió a contar todo esto en televisión, cuando fue entrevistada en el programa «Un tiempo nuevo» de Telecinco. Visiblemente nerviosa tras saber que la demanda se había admitido a trámite, se escaqueó como pudo de confirmar todo lo referente a este nuevo hermano de Zarzuela, quizá pretendiendo frenar la caída libre de la cadena de fichas de dominó, que adquiría por momentos una velocidad vertiginosa, como una metáfora del camino que llevaba la monarquía en España. Quizá le advirtieron o aconsejaron especial discreción en este punto…

Fuera como fuera, estas comedidas declaraciones en la prensa dieron pie a que, en febrero de 2015, los abogados del rey interpusieran un recurso. Y ya nunca se inició el proceso judicial en el que lo previsible era que Juan Carlos fuera sometido a una prueba de paternidad. La Sala de lo Civil del TS decidió en marzo dar la razón al rey, inadmitir a trámite la demanda que previamente había admitido interpuesta por Ingrid Sartiau y archivar las actuaciones, en un auto contra el que no cabe recurso alguno. La justificación que dan para ello —con sólo un voto particular en contra, de José Ramón Ferrándiz Gabriel, al que se adhirió Xavier O’Callaghan Muñoz— se fundamenta en las contradicciones entre la narración de los hechos que se presenta en la demanda y los datos incompletos y contradictorios recopilados de la prensa.

Como dándole un tirón de orejas por salir en la tele y en varias revistas, el auto dice: «Ocurre que, desde entonces (momento de presentación de la demanda) hasta ahora (después de varias apariciones de la prensa), la situación ha cambiado de tal forma que aquello que se admitió como principio de prueba ha dejado de serlo por la actuación de la parte demandante, a la que esta Sala no puede permanecer indiferente, hasta el punto de reducir ese principio de prueba, e, incluso, la propia demanda y su escrito de ampliación, al más completo vacío». Y concluye atacando: «La demanda carece por completo de verosimilitud o seriedad. (…) Es, lisa y llanamente, falsa, frívola y torticera». ¿Qué iban a decir? Sólo les faltó ¡Por España, todo por España! Y ¡Viva el rey!

30. Y demás parentela

UNA FAMILIA ENCANTADORA

Ya se lo decía Sabino a Suárez: «No olvides, Adolfo, que estos señores son… como de otra raza». Y es que la campechana y encantadora familia que tantas veces nos mostraron los medios de comunicación, sobre todo durante los primeros años de la Transición, no resulta del todo verosímil. Tenemos todo un ejército de periodistas acreditados para acercarse a ellos en actos oficiales o semioficiales de todo tipo, pero apenas hemos sacado nada de interés de todas sus informaciones. Lo habitual sigue siendo que, adornada de una engolada presentación llena de genuflexiones, nos presenten a «sus majestades» de forma entrañable, celebrando con los de su casta —tan entrañables y campechanos como ellos— en la práctica las mismas cosas que una familia normal: bodas, bautizos, etc. Pero la realeza, y los Borbones en particular, no son exactamente como el resto de los mortales.

En contadas ocasiones, algún periodista acreditado ha acabado pegando un portazo y saliendo por la puerta de atrás con algún aspaviento, tras años de peloteo impenitente. Es el caso de Jaime Peñafiel, cuyas críticas a la familia real no despiertan más que el recochineo arrogante de los que se saben a salvo de la mala prensa; y, más recientemente, de la periodista Ana Romero, acreditada para hacer seguimiento de la Casa Real por el diario El Mundo, que tras años de ejercicio sólo cuando fue despedida se dio cuenta de que no había libertad de expresión en el tema de los Borbones. Ana Romero publicó después un libro sobre los últimos años del reinado (Final de partida) que descubre muchos secretos pero adolece de lo mismo que las crónicas de Peñafiel, que siempre dice eso de «valgo más por lo que callo que por lo que digo». También la pupila de Pedro J. Ramírez se calla cosas, sin demasiado pudor a la hora de reconocerlo. Ambos nos ofrecen informaciones filtradas por el tamiz de un criterio más vengativo que a favor del derecho a la información honesto y decidido. Nos beneficiamos todos de lo que nos cuentan, claro, aunque sólo sean unas migajas… Pero el retrato resultante es parcial e incompleto.

Una descripción costumbrista mucho más vivaz de cómo es la familia real en la intimidad nos la ofrece David Rocasolano en Adiós, princesa. Aparte del titular, que en sí mismo justifica la publicación del libro, sobre el aborto voluntario de Letizia Ortiz en la clínica Dator de Madrid en 2002 (dos años antes de su boda con Felipe), el libro tiene mucho más: la crónica de un infiltrado de la plebe en ese ambiente de altezas y majestades, príncipes, infantas, duques, condesas y muchos «hijos de algo», narrado con un estilo por momentos desternillante. Como decía el viejo eslogan de la contracultura, «la gente encantadora tiene algo que esconder», y Rocasolano nos invita a mirar con él un rato por el ojo de la cerradura.

Sin embargo, la línea que seguimos en este libro no es exactamente ésa. Y nos vamos a centrar más en las actividades económicas de los Borbón y Grecia que en sus pequeños gestos de majestad cotidiana. El amor al dinero y la falta de moral a la hora de conseguirlo es sólo una parte, pero una pieza clave para el retrato psicológico del clan borbónico.

Hace unos años, un periodista británico, haciéndose pasar por el jeque árabe que no era, tendió una trampa a la esposa del príncipe Eduardo, propietaria, junto a su esposo, de una empresa de relaciones públicas. Gracias a las artimañas del reportero, la opinión pública supo que los hijos de la reina Isabel de Inglaterra se valían de su privilegiada posición para hacer grandes negocios bajo el paraguas real. Ese es el periodismo que se está echando de menos en el reino de España, no por falta de buenos profesionales, sino porque aquí, con toda probabilidad, hubiera acabado con sus huesos en la cárcel.

LOS BORBONES

Según la ley, la impunidad sólo alcanza al monarca, formalmente, pero en la práctica toda su familia parece estar protegida. En su biografía autorizada El Rey (de José Luis de Vilallonga), Juan Carlos contaba que sólo se considera como familia a los más cercanos, «pero no a los hijos de mis hermanas ni sus maridos». Sin embargo, en la práctica, no cabe duda de que son todo un clan. Los Borbones que quedan fuera, formalmente, de la Familia Real, están excluidos también de los Presupuestos Generales del Estado, pero siguen representando a la dinastía con bastante provecho. Ya que no todos se pueden sentar en un trono, muchos han optado por los negocios para rentabilizar el apellido.

Entre España y Reino Unido hay al menos 20 parientes de la Casa de Borbón que se reparten 71 cargos en 44 empresas. Desde la caza hasta la administración de fincas, desde sillones en grandes consejos de administración pasando por pequeñas sociedades de inversión personales, los registros mercantiles recogen los nombres y apellidos de eco medieval que identifican a los representantes de la descendencia borbónica.

La que más destaca es sin duda Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz y hermana de Juan Carlos. Allá en los 80, en la época de la beautiful, de la cultura del pelotazo, del Banco de España de Mariano Rubio y la trama Ibercorp, acabó saliendo a luz una lista de beneficiarios por la venta de acciones de Sistemas Financieros en la que figuraba Pilar de Borbón. Su presunta implicación en casos de corrupción del felipismo no tuvo consecuencias, porque siempre estuvo bien protegida. Como cuando a la muerte de su marido, Luis Gómez-Acebo, tuvo que hacerse cargo de una deuda que había dejado como herencia en el Banesto. Para solucionarlo de un modo discreto, el rey llamó a Mario Conde, y a Conde se le ocurrió que, como lo de perdonarle la deuda sin más ni más iba a quedar bastante mal, y lo de pagarlo era algo descartado, lo mejor era darle un cargo en la Fundación Banesto, para que fuese pagando lo que debía con su sueldecito. Y se le dio a Pilar un despacho, sin nada que hacer, claro.

Superado el bache, su actividad no ha cesado. Ha tenido cargos en siete empresas: administradora única de San Jacobo S. L., una empresa que desde 1967 alquila bienes inmobiliarios por cuenta propia; y de Labiernag S. L., dedicada a la especulación inmobiliaria y extinguida en 2004; administradora solidaria de Plusfondo Renta Fija, Fondo de Pensiones; y administradora consejera de Plusfondo Dos, Fondo de Pensiones. También está presente en empresas dedicadas a productos y servicios de lujo: consejera de la extinta agencia de viajes Boga S. A.; de Interiorismo Importación Directa, dedicada a materiales de decoración interior; de Vendôme LG Ibérica S. A.; y de Richemont Ibérica S. L., que se dedica a la importación de artículos de joyería de lujo de alta gama, filial española de la Compagnie Financière Richemont, una entidad suiza fundada por el millonario sudafricano Anton Rupert. Como administradora consejera de esta última comparte puesto con el exprimer ministro portugués Mário Soares y con el abogado español Juan Antonio Cremades Sanz Pastor, perteneciente a una importante familia del Opus Dei. Esta sociedad mercantil, con un capital de seis millones de euros, obtuvo unos ingresos de explotación en 2004 de más de 70 millones de euros.

En noviembre de 2012, Pilar de Borbón estuvo en el ojo de la polémica porque sus primas italianas la señalaron como culpable desde el primer momento en el que se conoció que uno de los familiares de la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, había vendido un brazalete por problemas económicos. «Yo no he sido. Ojalá me hubiera tocado a mí, pero la pulsera no es mía», afirma la hermana del Rey. Ahí quedó la cosa.

También ha destacado en el mundo de las SICAV, un invento estupendo para que los ricos puedan defraudar a Hacienda dentro de la ley. Y es que, para el común de los mortales, ocultar unos cuantos cientos de euros en la declaración de la renta es un delito; pero para el que tiene de un millón para arriba no supone mayor problema. A fin de no pagar nada más que el 1 por 100 sólo tienen que invertirlo en una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable), siglas que ocultan un auténtico paraíso fiscal encubierto y legal en España, que no puede ser controlado por la Agencia Tributaria, y cuyo requisito único consiste en disponer de un capital mínimo de 2,4 millones de euros. Con este mecanismo legal, las grandes fortunas españolas, la aristocracia del dinero, no necesitan ocultar su dinero en el extranjero, ni evadirlo, porque aquí, en España, pueden tenerlo cómodamente, y retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase. La SICAV es un limbo seguro, fuera del alcance y supervisión del Ministerio de Hacienda, pagando lo mínimo, mientras que el resto de los ciudadanos ve cómo le suben sus impuestos y paga una media de 35 veces más.

Pilar de Borbón es presidenta y consejera delegada de Gaviojsa Finanzas (antes Labiernag), Sociedad Inmobiliaria de Capital Variable (SICAV), en la que también figuran como administradores consejeros dos de sus hijos, Bruno Alejandro y Beltrán Ataúlfo. La SICAV borbónica cuenta con un capital social de 4,4 millones de euros. En 2009, la empresa ganó 392.000 euros, por los que sólo tributó 931 euros (que ni siquiera alcanzan el 1 por 100 preceptivo, que hubieran sido 3.920 euros).

La familia de la infanta Pilar es asidua a los veranos de la corte en Mallorca, pero como todos no caben en el complejo urbanístico de Marivent, tuvo que buscarse la vida en otra parte, cosa que no resultó del todo fácil. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares le ordenó demoler la planta que había levantado ilegalmente en 1986 en su casa mallorquina, privando a un vecino de las vistas al mar, quien la denunció. Pero la hermana del rey hizo caso omiso, contando con la complicidad del alcalde de Palma, Juan Fageda, del PP, en un proceso que duró 10 años. Después del expediente, la sentencia, el recurso y algunos pleitos más, sólo ante la amenaza de acusar al complaciente edil de desacato se cumplió la sentencia y la planta fue demolida, en 1996.

Pilar, de carácter borbónico, no tiene buen perder, y prefirió abandonar entera su casa de Porto Pi. Se trasladó con su corte paralela a la urbanización Sol de Mallorca, donde se hizo construir una mansión durante el mandato de la alcaldesa socialista Margarita Nájera, que recibía cada año a Doña Pilar con un ramo de flores. Se trata de una zona muy exclusiva, que Juan Carlos visitó en más de una ocasión, porque el cumpleaños de Pilar coincide con la estancia veraniega de ambos en la isla. Cuando el rey se desplazaba a la zona ya era notoria la presencia en ella de linajes indispensables de la sociedad madrileña, así como de destacados delincuentes rusos, como Gennadios Petrov, que llegó a Mallorca a finales de los 90. Las mujeres despampanantes que pululaban por Sol de Mallorca habían sido motivo de conversación entre los vecinos. Y también había despertado la curiosidad de la policía, que comenzó a investigar en 1996. Tras la «operación Troika», en el verano de 2008, la mansión de Petrov fue embargada, en una decisión tomada por el entonces juez Baltasar Garzón. El mafioso ruso aún residió en ella unos meses más hasta que se fugó de la justicia española en el año 2012, cuando aprovechó un permiso para viajar a Rusia y no regresó, con la excusa de una enfermedad. Ahora el uso de la mansión de Gennadios es objeto de debate. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, propuso en 2015 destinar la descomunal residencia a fines sociales, gestionada por la asociación Amadip-Esment.

Los hijos de Pilar están muy bien situados. Juan Gómez-Acebo es socio de la transnacional de derecho Freshfields Bruckhaus Deringer (con 2.500 abogados repartidos en 28 oficinas en las principales ciudades del mundo), desde 1991; en la actualidad es el responsable de la división de inmobiliario de la firma en España y reside en Mallorca. Simoneta se dedica a hacer de modelo publicitaria con fines benéficos (asegura que todo lo que cobra lo dedica a la organización Nuevo Futuro). Bruno ha tenido problemas judiciales, al enfrentarse a la acusación de haber vendido una propiedad del rey, su madre y su tía y no haber devuelto la comisión de la venta. Pero el más pijo es Fernando, protagonista de entrañables anécdotas que acaban con un soberbio «¡No tienen ni idea de quién soy yo!»; como cuando en el madrileño aeropuerto de Barajas se negó a recoger las heces de su perro, un pastor alemán que había defecado en las instalaciones. El sobrino del rey no portaba la documentación del animal y no disponía de las bolsas de plástico pertinentes, pero no se cortó un pelo al exigirle a los policías que le recriminaron su actitud que llamaran al servicio de limpieza, porque él no pensaba recogerlo. En otra ocasión, en la primavera de 2011, el hijo pequeño de Pilar y su entonces esposa colocaron en su vehículo un cartel en el que se leía «Prioridad Oficial. Casa de Su Majestad el Rey», mientras aprovechaban para irse de compras e incluso tomarse unas cañas por la Milla de Oro madrileña. Los pillaron los paparazzi pero, lejos de avergonzarse, Fernando Gómez-Acebo de Borbón sacó la lengua en un simpático y aristocrático gesto para el papel cuché.

Todos los hijos de Pilar tienen muy buena relación con sus primos, la familia directa de Juan Carlos, y Bruno en especial es uno de los que no fallan —en tiempos acompañado de su exmujer, la modelo Laura Ponte— en la pandilla de íntimos de Felipe y Letizia.

Otros Borbones muy próximos en todos los sentidos al núcleo duro de La Zarzuela desde hace décadas son los Borbón Dos Sicilias, descendientes de la rama francesa de los Borbones. Carlos, el jefe de esta rama familiar, es primo hermano de Juan Carlos y su amigo desde la infancia. Se dedica al mundo de las telecomunicaciones, el petróleo, la construcción y las autopistas, sectores nada sospechosos. Fue consejero y accionista de Grupo Dragados, del poderoso grupo alemán Thyssenkrupp, y actualmente de la constructora Reyal Urbis, sociedad lastrada tras sus excesos antes de que explotara la burbuja inmobiliaria. Junto al exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, entre otros, fue consejero de Inmobiliaria Urbis; y volvió a coincidir con él como administrador consejero en la empresa concesionaria del Estado Iberpistas S. A., dedicada a la gestión de autopistas. En la petrolera CEPSA figuró como consejero vocal hasta finales de 2013.

También participó en Viajes Marsans, de Gerardo Díaz Ferrán. De hecho, cuando en junio de 2013 Díaz Ferrán fue declarado culpable de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero (eufemismo de robar todo el patrimonio de la empresa hasta hundirla, dejando pufos por doquier, y ocultar el dinero en Suiza), Carlos de Borbón Dos Sicilias se libró por los pelos. Para ser rigurosos, por una enfermedad degenerativa. Cuando declaró como testigo en el juicio, alegó que ésta le impedía atender a sus responsabilidades como consejero de la empresa, y la dolencia le sirvió para evitar el embargo de bienes pedido por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid.

Pero parece que la enfermedad neurodegenerativa que padece, que no es cuento, le ha llevado a trasladar las riendas paulatinamente a sus hijos, sobre todo a Pedro y Cristina. Todos ellos, como en el caso de los Gómez-Acebo, son primos y amiguitos desde niños de los hijos de Juan Carlos. Victoria fue durante años la aspirante ideal a novia de Felipe, siguiendo la tradición endogámica de los Borbones; pero la cosa no funcionó y acabó casándose con Markos Nomikos, armador griego, millonario e íntimo amigo de Felipe. Inés, que dice ser artista, vive en Italia; y María, que se casó con el archiduque Simeón de Habsburgo-Lorena, en el paraíso fiscal de los 157 km² de Liechtenstein.

Pedro y Cristina son, desde el verano de 2014, administradores solidarios de Dehesa de La Higuera, la empresa a través de la cual los Borbón Dos Sicilias explotan sus dominios. Pedro es el que cuenta con más cargos entre los familiares de la Casa presentes en el registro mercantil: 12, repartidos en ocho empresas, cuatro de ellas dedicadas a la gestión de fincas de caza (Agrocinegética San Huberto, Forestal de Boniches, Turolense Forestal y Hato 13). Además es consejero de la empresa de ingeniería Gerystec, y apoderado de Gubel, S. A., que tiene una participación del 50 por 100 en el coloso de la seguridad Prosegur. Pero Cristina de Borbón-Dos Sicilias es la que juega el papel más afectivo con los hijos de Juan Carlos, y el eslabón entre los expríncipes de Asturias y los exduques de Palma, junto a su marido, Pedro López-Quesada.

Pichoncete —como llamaba a este último Urdangarin en los correos filtrados por su socio Torres en el transcurso del caso Nóos— dicen que es el único miembro del círculo íntimo de Felipe que se ganó a Letizia. Hoy es mucho más famoso por su relación con Urdangarin, aunque Pedro López-Quesada, Pichoncete, fue mucho antes amigo de Felipe, que fue el que los presentó. Luego los tres se hicieron inseparables. De hecho, fueron Pedro e Iñaki los encargados de organizarle la despedida de soltero a Felipe.

Se dedica a la banca, por tradición familiar, como director general del Citibank en España. Le da mucho coraje la mala fama que han adquirido los bancos y los banqueros en los últimos años y por ese motivo dedica su entusiasmo a un programa de educación financiera que, con el amparo del gobierno del PP, la Asociación Española de Banca está introduciendo en los planes de estudio y en las escuelas públicas de Primaria y Secundaria. Dedica su tiempo libre a cazar y a esquiar; pero es muy discreto y no habla nunca de sus escapadas con Felipe a Baqueira Beret.

Tras el escándalo del caso Nóos, los pichoncetes Dos Sicilias fueron de los pocos que no rompieron los vínculos con los Urdangarin. Al parecer están abonados a la teoría de que Iñaki es un cabeza de turco. Pero tampoco se han apartado de Felipe y su cónyuge. La prima Dos Sicilias se deja ver ante la prensa rosa, tanto de concierto de Beck o de Alejandro Sanz con la recién coronada Letizia, como de compras en La Moraleja Green con la imputada Cristina. Y así, ayuda a que la familia se mantenga unida.

Otra rama de los Borbón Dos Sicilias, la de Annunziata (hija de Antoine de Borbón Dos Sicilias), se instaló profesionalmente en Reino Unido, donde la princesa es directora de una sociedad limitada que lleva su nombre. También Andrés de Orleans Borbón (hijo de otro primo de Juan Carlos, Álvaro de Orleans) tiene un alto cargo en una empresa británica.

En círculos mucho más apartados está el resto de la parentela de sangre azul-borbón, algunos con interesante currículum financiero y empresarial. Como Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, bisnieto de Franco, sobrino de Juan Carlos y pretendiente al hipotético trono de Francia. Sin oficio conocido, aparece relacionado con cuatro empresas españolas. Ninguna de ellas supera los 5.000 euros de capital, ni siquiera la sociedad de la que es socio único, dedicada a transacciones financieras. Destaca, eso sí, Servicio Integral de Taxi, una sociedad anónima con capital de 3.000 euros que se dedica a actividades diferentes de las que su nombre sugiere: «Intermediación en el campo del marketing y de la promoción empresarial», recoge el registro mercantil.

LOS GRIEGOS

La otra rama familiar, la de la reina Sofía, es, para empezar, bastante más reducida, si nos limitamos a los de Grecia (excluyendo las ramificaciones Hannover, Sajonia-Coburgo-Gotha, Windsor, Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg o Habsburgo, que se mueven por Europa, reinantes o errantes a la caza de tronos vacantes).

El jefe de la casa de los de Grecia es Constantino, uno de los primos más cercanos y queridos de la reina Isabel de Inglaterra y del duque de Edimburgo, hermano de Sofía y con una relación con Juan Carlos especialmente estrecha. Más de una vez, off the record, el monarca español se quejó de lo mucho que le costaba mantenerlo, pero de eso ya hace mucho. Exrey desde 1974, Constantino vivió en el exilio en Londres durante más de 3 décadas, al parecer con el apoyo de Juan Carlos, aunque también se buscó otras fuentes de financiación.

Tras apoyar en un primer momento el golpe de Estado de los coroneles de 1967, el intento de rectificación de Constantino II con un contragolpe fracasó, y se vio abocado al exilio en Roma. Desde ese enclave se mantuvo en el puesto de rey hasta 1974, mientras aguantó la dictadura militar, aunque en una situación muy peculiar: fue formalmente alejado de todas sus funciones, pero el Estado seguía siendo una monarquía. Los coroneles seguían necesitando su firma para sacar un decreto, y él se la enviaba cada vez amablemente. A cambio, siguió en posesión, al menos nominal, de todos sus bienes privados; y aún percibía una lista civil como jefe del Estado griego, que ascendía a unos 33 millones de pesetas anuales. Pero a partir de 1974 esta pequeña ayuda se acabó. En julio de este año, la dictadura militar terminó por caer. Constantino se instaló en Londres, confiado en que se le invitaría a regresar, pero esto no sucedió. Aunque los conservadores de Karamanlis ganaron las elecciones parlamentarias de noviembre, al mes siguiente la monarquía perdió el referéndum, obteniendo la república un respaldo del 70 por 100 de los votos.

El resultado fue aclamado en todo el país por manifestaciones de alegría. Pero para los de Grecia-Glücksburg, aparte del disgusto, esto sólo produjo problemas financieros, y Constantino se decidió a ocuparse de distintos negocios para incrementar la hacienda familiar.

Especial importancia tuvieron entonces su buena amistad con el rey Hussein de Jordania, que en 1977 se llevó a toda la familia Glücksburg de Grecia de visita a Disneylandia para que se distrajeran un poco; y, sobre todo, con el Sha de Persia. Tan buenas eran sus relaciones con el monarca persa, que, algunos cuentan, y así lo escribe un cercano asistente del Sha, que éste colocó al exrey de Grecia en los consejos de administración de sus múltiples sociedades y empresas con sede en Europa, dedicadas a las exportaciones de petróleo de su país. Aquello, junto con otros muchos negocios de distinta índole de los que poco se sabe, engrosaron de forma importante las arcas del depuesto soberano griego.

Desde su residencia campestre en Hampstead, cerca de la capital británica, también ejerció como miembro activo del Comité Olímpico Internacional, que tan enriquecedor ha resultado siempre para la realeza. Y con su cuñado Juan Carlos también estableció una línea directa Londres-Madrid de buenas y fructíferas relaciones. Como cuando Zarzuela encargó los blindajes de los coches oficiales de la Casa Real a una empresa que Constantino tenía en Londres. El servicio de seguridad quiso comprobar después la efectividad de tal blindaje, y se encontró con la sorpresa de que el pequeño proyectil disparado contra los vehículos reales entraba por una puerta y salía por la otra. Hubo que blindarlos de nuevo. Debió de ser en la misma época de la polémica entrevista en exclusiva que Juan Carlos concedió a la entrañable amiga británica de Constantino, Selina Scott.

Los Glücksburg o de Grecia, que oficialmente no tienen apellido, no han cesado en los intentos por recuperar las propiedades en la República Helena desde 1974. En cuanto a los bienes muebles, del registro oficial de 1973 que recogía 100.000 piezas valiosas (entre las cuales había 17.500 libros raros, 13.100 objetos de oro y plata, muebles antiguos, joyas, pinturas, estatuas y objetos bizantinos), ya en 1991 una buena parte había sido sacada del país en nueve contenedores que pesaban sesenta y ocho toneladas, con el permiso del entonces primer ministro, de centro-derecha. Además la exfamilia real poseía importantes propiedades en palacios y fincas. En agosto de 1993, Constantino recibió permiso del gobierno conservador de Mitsotakis para regresar, argumentando que deseaba mostrar a sus hijos su herencia griega. Llegaron en un jet privado que les había prestado su amigo el rey Hussein de Jordania, en el que realizaron un periplo por varias ciudades. Constantino estaba tan contento y tan henchido que, al final, consiguió ser expulsado. Las autoridades acabaron por considerar una provocación que recorriera el país con un pasaporte en el que se identificaba como rey de los helenos.

Tras la vuelta de los socialistas al poder, con Andreas Papandreu, en abril de 1994 se le despojó, no sólo de sus propiedades, sino también de la nacionalidad griega y se le retiró el pasaporte hasta que aceptase jurase la Constitución, se empadronase en el país y declarase no tener derechos dinásticos ningunos. Además el gobierno socialista aprobó una ley por la cual toda la fortuna real sería confiscada, puesto que habían disfrutado de esos bienes en tanto que monarcas o habían sido obtenidos valiéndose de ese privilegio. Se trataba de las 16.800 hectáreas de la finca de Tatoi, incluyendo el palacio y las tumbas reales; la finca de Polydendri, cerca de la ciudad de Larisa, de 14.119 hectáreas; y el palacete y la finca de Mon Repos, en Corfú. Constantino, Sofía, Irene y su tía Catalina iniciaron una dura batalla legal contra el embargo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Cuando ya habían llegado a un acuerdo por el que Constantino aceptaba pagar la deuda tributaria contraída por su familia durante el exilio, condición impuesta para poder conservar las propiedades, la aparición del libro La Reina, a principios de 1997, volvió a tensar las relaciones entre España y Grecia, por las opiniones que Sofía vertía en relación con el famoso golpe de los coroneles y la salida del rey Constantino del país. Los medios de comunicación helenos cargaron con titulares como «¡Sofía al ataque!», o «La dinastía no perdona a Karamanlis». No sólo sorprendieron las críticas al viejo líder Karamanlis, la bestia negra de la monarquía helena, sino también la imagen que Sofía intentaba dar de su madre, Federica, sobre la que decía que nunca le había interesado la política, sin conseguir convencer a nadie.

Mon Repos pasó en ese momento a incorporarse al patrimonio público del municipio de Corfú para ser convertido en museo. Constantino, Irene y su tía Catalina (la reina Sofía había decidido ceder sus derechos a sus hermanos y no presentarse como parte litigante) agotaron la vía interna del país y recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por fin, en el año 2000, el Tribunal sentenció de forma irrevocable a su favor, condenando al gobierno griego a devolver las propiedades confiscadas. Dio un plazo de dos años a las partes para que procedieran a la negociación de la devolución, pero la noticia sentó como un jarro de agua fría y el gobierno socialista se negó a negociar. Ante la imposibilidad de acuerdo, en el año 2002, Estrasburgo estableció una indemnización millonaria por la confiscación del patrimonio.

En plena crisis económica, Grecia se vio obligada al pago de la mayor cuantía que este tribunal establecía en su historia, superando los 12 millones de euros, más las costas judiciales y la indemnización por daños y perjuicios en favor de Constantino, 900.000 euros a favor de Irene y 300.000 euros a favor de Catalina. A Sofía, presuntamente, no le correspondió nada, por no haber sido parte del proceso. El gobierno pagó al exrey Constantino II el dinero del Fondo de Desastres Naturales, echándole así en cara el daño que estaba causando al pueblo. Y Constantino lavó su imagen anunciando la creación de una fundación privada —la Fundación Anna Marie, el nombre de su esposa— con el mismo fin, radicada en el paraíso fiscal de la realeza, el principado de Liechtenstein, con un capital inicial de 12 millones de euros. En su junta directiva se encuentran personajes como el príncipe El-Hassan de Jordania, el expresidente de Sudáfrica Frederik de Klerk o la actriz griega Irene Pappas.

Los proyectos helenos para convertir Tatoi en un museo se quedaron parados a causa de la crisis, y se consideró muy seriamente la posibilidad de venderla. De todas las expropiedades de la exfamilia real griega, es la más añorada tanto por Constantino como por Sofía, y no sólo por razones sentimentales. Se trata de un hermoso palacio de estilo romántico, a 20 kilómetros al norte de Atenas, en una finca de 4.000 hectáreas (equivalente a 4.000 campos de fútbol), en su mayor parte un gigantesco bosque. Por eso no extrañaron los rumores sobre el deseo del exrey de hacerse, a través de una tercera persona, con la propiedad de la casa donde nacieron tanto él como sus hermanas. Quizá con esa intención se instaló en Grecia, abandonando su exilio londinense tras casi cuatro décadas, en 2013.

Prácticamente retirado como un ciudadano más de la República Helena, su hijo Pablo ha tomado el relevo de los de Grecia en el centro neurálgico de la City londinense. Con los Borbones su relación es incluso mejor que la de su padre. Fue a estudiar a Estados Unidos con el entonces príncipe Felipe en el prestigioso y carísimo «college» de Georgetown, pero rentabilizó los gastos al emparejarse allí con la rica heredera americana Marie Chantal Miller (hija del fundador y propietario de la cadena de tiendas libres de impuestos de los aeropuertos, las duty free, más importante del mundo), con la que se casó poco después.

Tras su boda —y su sustancioso incremento patrimonial— Pablo de Grecia entró a trabajar en la Charles R. Weber Company, una importante firma naviera de la City de Londres. En 1997 fundó la firma Griphon Asset Management, que trata con grandes fondos y capitales, y en 1998 creó la Ivory Capital Group, que se dedica a grandes inversiones de carácter privado. La pareja reside en Londres, pero también viajan con frecuencia tanto a Nueva York como a Grecia, donde buscan casa en propiedad junto a su padre.

Para su desgracia, aunque evidentemente tienen posibles para comprarse medio país, el gobierno heleno retomó en 2015 los planes de rehabilitación del palacio para uso público, en concreto con la intención de crear un museo sobre la monarquía —o de la historia del lugar (porque tras 40 años la cuestión de la corona aún parece desencadenar reacciones entre muchos griegos)—. La riqueza del palacio era tal que, aunque en los 90 permitieron que Constantino se llevara unos cuantos objetos personales (en 9 containers), los expertos consideran que los que dejó atrás en la urgencia del saqueo podrían convertirse en el núcleo de una interesante colección. Las migajas del banquete de los poderosos son un verdadero festín para el ciudadano común.

31. El caso Urdangarin

IÑAKI, DE YERNO PERFECTO A BELLACO Y LADRÓN

Las alarmas tendrían que haber saltado mucho antes. Cuando se casó con la infanta Cristina, en 1997, ya supimos algunas cositas que indicaban que Iñaki apuntaba maneras.

Por ejemplo que, en aquellos tiempos de lucha contra el Servicio Militar Obligatorio —con el Movimiento de Objetores de Conciencia primero y la desobediencia civil de los insumisos después (muchos de ellos fueron encarcelados en prisiones militares por negarse a hacer la mili)—, el yerno del rey había sido más listo y se había librado por la cara. Con los niños bien no iba la cosa, salvo con los que ya tenían querencia propia hacia lo cuartelero, que no era el caso de Urdangarin, de costumbres mucho más exquisitas. Así que alegó que era incapaz con un certificado médico que le declaraba sordo. Curiosamente, esto no le causó ningún problema en el balonmano profesional, ocupación que tenía cuando conoció a la infanta y que le llevó a las Olimpiadas de Atlanta de 1996.

En Barcelona, donde se celebró la boda el 4 de octubre de 1997, circuló meses antes una relación de deudas del futuro yerno de Su Majestad con la Ciudad Condal, a razón de: una colección de multas por mal aparcamiento (por un importe total de unos 933 euros); impuestos de circulación no satisfechos desde 1993 (otros 900 euros); e impuestos de bienes inmuebles de su piso, que tampoco pagaba (600 euros más). En total, una deuda con el pueblo de unos 2.500 euros y un año de vida de servicio a la patria.

Iñaki no destacó en los estudios. Ni siquiera había terminado la carrera. Pero se casó con la más inteligente de los Borbones, o eso decían entonces, que se encaprichó de él y fue a por todas cuando él tenía otra novia. Y todos estaban encantados. Aquello tendría que haber dado que pensar, la lista y el sordo, en otro inolvidable capítulo de la saga monárquica que acabaría pareciendo «No me chilles que no te veo».

Después de la boda había que subir el estatus del flamante nuevo miembro del clan. Otra cosa no, pero buena planta sí tenía para todo tipo de postureo en las altas esferas. Como lo suyo era el deporte… y poco más, lo nombraron vicepresidente del Comité Olímpico Español un mes después de abandonar el balonmano profesional. Ahí se fue formando, al lado de los Samaranch padre e hijo, en esa otra faceta de los deportes que quizá hasta entonces le había pasado desapercibida: la mercantilización y el lucro.

Más tarde, en octubre de 2001, sería fichado como director de Planificación y Desarrollo de la empresa Octagon Esedos S. L., dedicada al marketing deportivo, controlada en un 51 por 100 por Samaranch el viejo, que entonces era presidente de honor vitalicio del Comité Olímpico Internacional.

Luego también fue administrador consejero de Motorpress Ibérica S. A., editora de varias revistas de automovilismo, cuyo director ejecutivo era José Luis Samaranch Sáenz de Buruaga, pariente lejano de Juan Antonio Samaranch. De hecho, Urdangarin y Samaranch Sáenz de Buruaga ya habían coincidido en Octagon Esedos, de la que este último fue consejero. Además, el yerno del rey participó en Dentipartnes S. L., Odont Mad S. L., Sport e Rormacziones S. L. y Enveitg XXI S. L.

Urdangarin no era el único que andaba metido en el patrocinio deportivo en el clan borbónico. Felipe y Letizia, por ejemplo, apoyaban con su presencia actos privados como la celebración del centenario de la fundación del diario barcelonés Mundo Deportivo (MD), junto con el presidente honorífico del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch.

También Juan Carlos tenía una nutrida agenda de actividades deportivas mercantilizadas (regatas, Fórmula 1…) y, después de conocer a Corinna, en 2004, todavía se intensificaron más. Corinna era una verdadera experta, por ejemplo, en aquello de organizar eventos deportivos o solidarios, recaudando dinero de los patrocinadores y quedándose con una comisión. Juan Carlos estaba fascinado por su desparpajo, y le encargó que espabilase un poco a su yerno, que le ayudase para que fuese capaz de ganarse la vida por sí mismo.

Con tal motivo Urdangarin cenó con Corinna el 22 junio de 2004 en Londres, y tuvieron después más encuentros, en los que Corinna le presentó a Robin Woodhead, consejero delegado de la casa de subastas Sotheby’s, para que se encargase de subastar algunos objetos que Juan Carlos quería vender.

Entre 2004 y 2005 Corinna compaginaba su trabajo en la londinense Boss (organizando cacerías de lujo) con sus labores como intermediaria en los premios de la Fundación Laureus. Y ahí introdujo a Urdangarin, consiguiéndole un trabajo en el que cobró una start-up fee de 50.000 euros, sólo por estudiar el establecimiento en España de la fundación, que se instaló finalmente en 2006. Pero Urdangarin ya había declinado la oferta de presidirla, lo que le hubiera permitido ganar 200.000 euros anuales. No se sabe por qué lo hizo, pero lo que adujo —sin ponerse colorado— fue que veía dificultades debido a su pertenencia a la Casa Real. La presidencia fue asumida por Juan Antonio Samaranch júnior.

Iñaki iba picoteando aquí y allá y se iba enriqueciendo gracias a la doble moral que le permitía sacar provecho de su rango y nutrida lista de contactos y relaciones, como hacían todos. En su abanico de actividades hasta había sido socio del restaurante El Pou junto con Manuel Doreste, Fernando Barbeito y Jesús Rollán. Pero quería poner orden y tomar el mando en sus desordenados negocios. Una vez consiguió terminar sus estudios de empresariales y hasta un MBA (Master in Business Administration), se asoció con el profesor de Política y Empresa en el ESADE (la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona), Diego Torres, al que había conocido en un trabajo previo de consultoría, para que se ocupase de los detalles técnicos de los chanchullos. Torres observaba, recopilaba datos y hacía el trabajo duro, mientras que Iñaki se empapaba del ambiente y se mostraba campechano con los responsables de los fondos a captar. En 2002 crearon al 50 por 100 la sociedad mercantil Nóos Consultoría Estratégica; y, en 2003, el Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo, bajo la fórmula jurídica de asociación profesional sin ánimo de lucro.

EL ESTILO PIJO-AHORRATIVO DE URDANGARIN

El matrimonio Urdangarin tenía unos ingresos nada despreciables. Cristina venía recibiendo un mínimo de 72.000 euros anuales (acaso más), de las opacas partidas de la Casa Real de los Presupuestos Generales del Estado. A eso había que sumar los 250.000 euros de La Caixa, donde «trabajaba» como directora del Área Social de su Fundación. Con eso podría muy bien haber mantenido a su familia y a otras cuantas más ella solita. De los ingresos de Iñaki se fue sabiendo después que podrían ser todavía más altos, y más confusos. Cobraba 200.000 euros al año de «Londres», 100.000 más de «París» y una cuantía no detallada de Nóos. En total, la pareja estaba ingresando del orden de los 700.000 euros anuales (calculando a la baja).

Esto les permitió meterse en la hipoteca por su «palacete» de 6 millones de euros en Pedralbes, el barrio donde vive la flor y nata de la burguesía catalana, donde sus niños podrían ir al colegio de élite Liceo Francés, que cuesta entre 4.500 y 6.000 euros al mes por alumno.

Por lo que sabemos de sus facturas a raíz del caso Nóos, que les sacó las vergüenzas, su tren de gastos desgravables incluía hoteles de 1.500 euros la noche (como el Santa Chiara, en Roma), safaris en África, clases de salsa, compras de ropa deportiva exclusiva por teléfono a una tienda de Nueva York, miles de euros en vino Baigorri, muslitos de codorniz y otras delicatessen culinarias o la serie completa de libros de Harry Potter (esperemos que para los niños). Pero todo esto guardando bien las facturas para poder desgravarlo todo a Hacienda, con un estilo pijo-ahorrativo que dista mucho de la imagen del ricachón al que se le van cayendo los billetes del bolsillo. Echaban bien las cuentas y no perdonaban ni cinco céntimos. En uno de los correos electrónicos enviados por Urdangarin a López-Quesada, fechado el 13 de mayo de 2003, le informaba de que la infanta había comprado para regalar al entonces vicepresidente de Telefónica, Francisco de Bergia, una cámara de fotos, a cuenta de los dos. «Nos cuesta 325 euros, así que tienes un saldo negativo con la jefa de 162,5 euros». Resulta chocante que se preocupasen por cantidades tan pequeñas, teniendo cometidos mucho más elevados en su vida. Pero aún añadía Urdangarin, a modo de queja: «¡Por ese precio en Nueva York podríamos haber comprado la tienda entera!».

En su afán por ser ahorrativos, también en 2003, Urdangarin y la infanta Cristina intentaron conseguir de Patrimonio Nacional —es decir, gratis a cuenta de los españoles— «una casita» en la sierra de Madrid para sus visitas ocasionales a la capital. Se desprende que hicieron gestiones para ello de otro correo de Urdangarin a Pedro López-Quesada (lo que no sabemos es si finalmente lo consiguió o qué). Por otra parte, en diferentes mensajes, el entonces duque tramaba cómo ahorrar en los gastos domésticos con sus asesores, engañando a la Seguridad Social en la contratación de una empleada del hogar a la que iban a hacer pasar como telefonista de la primera empresa propiedad de los duques de Palma, Namasté 97.

Hay, además, correos electrónicos en los que se hablaba de enchufes en Zarzuela de mujeres de amigos suyos, porque Iñaki también se preocupaba por los demás. Dejó patente su generosidad asimismo cuando gestionó una entrega de zapatillas Reebok gratis para toda la familia real, en junio de 2004. Y eso que supuso todo un engorro, con varios mensajes en los que ponía en marcha los servicios de Zarzuela y a García Revenga (el secretario de las infantas) para hacerse con las tallas de todos los regios pies. Trece pares de Reebok, edición especial para las Olimpiadas, no eran para despreciarse. Los servicios de Zarzuela y García Revenga también le ayudaron, en el verano de 2013, para vender unas 48 o 49 acciones que le habían regalado del Club de Golf de Sant Vicenç de Montalt, compradas a un precio «simbólico» pero que se habían revalorizado una barbaridad (esas cosas que sólo le pasan a los ricos: de 400 euros habían pasado a valer 21.000).

Pero todos estos esfuerzos por no gastar, por ser ahorrativo y por buscarse la vida, no se los tuvieron en cuenta ni se los agradecieron nada. Porque Iñaki tenía sus apurillos con la hipoteca, a pesar de la ayuda de 2 millones de euros para la entrada de su suegro; y de la subvención del Estado al mantenimiento de algunos de los gastos suntuarios achacables a su estatus como miembro de la familia real. Pero cuando resultó imputado en el caso Nóos por prevaricación y falsedad, entre otros delitos, desde la Casa Real en vez de ayudarle le afearon la conducta con determinación, tanto él como Cristina fueron apartados del protocolo real y, lo que es peor, se les suspendieron todas las asignaciones.

EL INSTITUTO NÓOS Y LA CADENA DE FAVORES REALES

Bajo la forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos se constituyó dejando mucho menos protagonismo al socio inicial de Urdangarin, Diego Torres. De hecho, la Casa Real detentaba el control en la asamblea de socios de pleno derecho, con cuatro votos de cinco. Y esa misma asamblea decidió la junta directiva, en la que Diego Torres sería vicepresidente, pero Iñaki Urdangarin sería el presidente; Cristina de Borbón, vocal; Carlos García Revenga, secretario de las infantas, el tesorero; y Miguel Tejeiro, asesor fiscal del matrimonio Urdangarin, secretario.

En este contexto, hubo además muchas intervenciones y colaboraciones, acreditadas por Diego Torres en la instrucción del caso, de funcionarios de la Casa Real, aparte de Revenga, como Romero Moreno, el abogado personal del rey; el secretario personal de la reina Sofía, el Jefe de la Casa Real Alberto Aza, el responsable de comunicaciones o el actual jefe de la Unidad de Administración, Infraestructura y Servicios de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey.

Con esta alegre pandilla, entre 2003 y 2007 Iñaki vivió su momento más dulce. Fue durante la gestión de Jaume Matas en el Gobierno balear, y especialmente con José Luis Ballester —Pepote— como director general de Deportes. La trama Nóos llegó a ingresar 16 millones de euros en nueve años (hasta 2012), y casi el 40 por 100 procedía del Govern balear y de la Generalitat valenciana, ambos en manos del Partido Popular.

La prensa y la oposición locales comenzaron a dar guerra con el asunto desde 2006 y no dejaron que el caso quedara impune. El 12 de diciembre de 2009 más de un millar de personas se manifestaron en una convocatoria espontánea por las calles de Palma para expresar el rechazo a la corrupción política. Fue la primera; y Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear, el primero en caer, imputado de nueve delitos por el caso del velódromo Palma Arena: 22 millones de euros pagados por la construcción no estaban justificados y 30 más no tenían certificado de final de obra. La imputación de Urdangarin, como una ramificación de este proceso, tardaría un poco más en llegar. Y la de la infanta a punto estuvo de perderse por el camino. Lo que no se llegó ni a considerar fue la implicación de otros miembros de la familia real, y en especial la del rey Juan Carlos, aunque su sombra asomó una y otra vez por los resquicios del proceso mediático, político y judicial.

Durante el periodo de instrucción se tuvo noticia de la intermediación de Juan Carlos para pedir ayuda a políticos de la Generalitat valenciana en algunos proyectos empresariales de su yerno. En particular, el socio de Urdangarin presentó correos electrónicos en los que daba cuenta de varias gestiones que el rey había hecho ante Francisco Camps para apoyar sus negocios con las administraciones públicas, en el entorno de las Valencia Summit y de la Copa América.

Por su parte Jaume Matas siempre dio a entender que el Govern pagó 1,2 millones de euros al Instituto Nóos por organizar un congreso de tres días sobre Turismo y Deporte, el Forum Illes Balears (22 a 25 de noviembre 2005), porque se lo pidió «el yerno del rey». Con el mismo argumento de peso Urdangarin consiguió que la comunidad pagase 6 millones de euros anuales para que el equipo ciclista Banesto se transformara en el Illes Balears.

La primera cita del yernísimo con Matas para tratar el patrocinio del equipo ciclista tuvo lugar en el mismo palacio de Marivent (residencia de verano de los reyes en Palma de Mallorca), durante una partida de pádel. Aquí tuvo un papel relevante el también imputado Pepote Ballester, que declaró ante el juez que Urdangarin marcó la relación contractual con Baleares, que Matas la aceptó sin dudar y que el duque fijó en 300.000 euros lo que debía cobrar él por la venta del equipo ciclista a los nuevos patrocinadores. Lo que no explicó Pepote fue cómo no se le ocurrió comentar estas cosas con su íntimo amigo, el entonces príncipe Felipe, que fue el que lo presentó a Urdangarin. Ni hasta qué punto estaba Juan Carlos al tanto de lo que se jugaba junto con el pádel en su casa.

Las implicaciones de la Casa Real también fueron patentes por la intervención de García Revenga. El conocido como el secretario de las infantas fue el receptor del famoso correo electrónico en el que Iñaki se despedía con la gracieta del «duque-em-Palma-do». A las gentes de Mallorca les hizo tan poca gracia que le retiraron el nombre de una plaza dedicada a ellos y, con el tiempo, presionaron lo suficiente como para forzar a que el ya coronado Felipe VI les retirara el aristocrático título.

El secretario de las infantas (oficialmente, asesor vocal de la Casa Real) había dado clases de matemáticas y física a las infantas en sus años escolares y, una vez terminados los estudios, se fue con ellas a Zarzuela. Sus cometidos nunca estuvieron demasiado claros, así que hacía un poco de todo, desde tomar la talla de pies para las zapatillas Reebok, hasta servir de enlace con «el pequeño Nicolás», el presunto falso agente del CNI Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

Nicolás hablaba por teléfono con Revenga y hasta estuvo invitado a la coronación de Felipe VI. En su versión, colaboraba con la Casa Real para mediar con Manos Limpias, sindicato anticorrupción sin representación alguna en ningún centro de trabajo, cuyo único cometido parece ser interponer denuncias. Liderado por Miguel Bernad, un militante ultraderechista también responsable de la organización Frente Nacional y nombrado Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco por sus «servicios en defensa de los ideales del Movimiento», su enfoque político está bien definido. Sin embargo, sus extravagantes iniciativas les llevan a dar palos a diestro y siniestro, sin más contemplaciones que el aguante del empecinamiento de Bernad. Se han querellado contra el juez Garzón y contra el escritor e intelectual de izquierdas Alfonso Sastre; se han empeñado en que hubo un complot para manipular las pruebas del atentado islamista del 11M en Madrid, que en su versión, como en la del PP de Aznar, fue cometido por ETA; se han personado en las causas por la trama Gürtel (corrupción del PP) y por los ERE falsos de Andalucía (corrupción del PSOE)… Y, en febrero de 2012, se les ocurrió personarse en el caso Nóos solicitando la imputación de la infanta Cristina de Borbón, sin que ni «el pequeño Nicolás», ni García Revenga, ni el fiscal Pedro Horrach, ni el rey, pudieran convencerlos nunca de que aflojaran la presión.

Aparte de sus fracasadas gestiones con Francisco Nicolás Gómez para intentar librar a la infanta, García Revenga participó en el Instituto Nóos de una forma nada banal: fue tesorero de la entidad durante el mandato de Urdangarin. En los correos y faxes hechos públicos durante la instrucción quedaba claro que no era sólo nominal. En algunos de ellos, dirigidos a «At. Carlos García Revenga. Empresa Casa Real», Iñaki daba cuenta, por ejemplo, de la creación de Namasté, una de las empresas de la trama. En otros le pedía que recurriera a gente «de total confianza de Zarzuela» para traducciones o asesoramientos. El Instituto Nóos contaba con una carpeta en la que ponía «seguimiento de Zarzuela», en la que estaban todos los temas que habían pasado por la Casa Real pero que aún no se habían resuelto. Los trabajadores de la organización de Urdangarin debían preguntar de vez en cuando «a Charo o a Carlos (García Revenga) de Zarzuela» cómo iba la cosa.

Imputado por el juez Castro en enero de 2013, García Revenga consiguió ser desimputado en noviembre de 2014. No abandonó Zarzuela hasta diciembre y tuvo que recurrir a los tribunales para que Zarzuela respetara sus derechos laborales, porque lo echaron sin indemnización y sólo le quedó el paro.

Siguiendo con la cadena de favores que no se sabe dónde empezó y que nunca terminó, el rey también puso a su asesor jurídico personal, el conde de Fontao, a revisar todas las actividades de Nóos no desde 2006, como se ha dicho, sino desde los primeros momentos. Ahí, necesariamente, tuvo que enterarse de todos los detalles que todavía no sabía, implicaciones legales incluidas. Según la versión oficial, Romero Moreno, el conde de Fontao, aconsejó en 2006 que Urdangarin se apartase de Nóos. Es decir, que en aquellos momentos ya eran perfectamente conscientes de que esa asociación desarrollaba actividades cuando menos «inadecuadas», y de que el comportamiento del duque no parecía haber sido «ejemplar». Parece razonable pensar que la intervención de la Casa se produjo precisamente por el peligro que podían representar esas «actuaciones», y eso que el proceso judicial, que comenzó con el caso Palma Arena, no se abriría hasta octubre de 2007. Pero el malestar en la prensa era ya una molestia.

Como Urdangarin se mostraba reacio a dejar Nóos, el rey envió a Romero a Barcelona para ayudarle a reciclarse con otras actividades, pero no se le apartó de los encuentros y representaciones de la Casa borbónica. Y, además, Romero siguió ayudándole para traspasar su negocio del Instituto Nóos a la Fundación Areté, que creó para él. Esta era la especialidad del conde de Fontao, las fundaciones, empresas non profit, con las que se puede operar en un limbo de exenciones fiscales y al margen de los requisitos legales de las actividades mercantiles.

Se dice que Urdangarin desoyó sus consejos, porque creó con su socio Diego Torres otra fundación por su cuenta: la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS, organismo sin ánimo de lucro para niños enfermos de cáncer), engañando a Romero. Y es verdad que el asesor del rey tuvo que asumir la presidencia de la que no quiso Iñaki, Areté, hasta que le traspasó lo que tenía a FDCIS. Sería que a Iñaki le gustaba más el nombre elegido por Torres. Pero no había muchas más diferencias ni hubo más problemas que hacer el traspaso. Los gestores de Nóos «presentaron» a Romero su proyecto FDCIS, que debía cortar amarras con el primer instituto. Y el asesor legal externo de la Casa del Rey, José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, votó el 7 de mayo de 2007 cederles el capital fundacional de 30.000 euros de la Fundación Areté. La Fundación DCIS había sido registrada el 14 de febrero de 2007, aunque los documentos intervenidos confirman que su gestación comenzó en 2006. Dos meses después de quedar inscrita, Iñaki Urdangarin se incorporó a su consejo asesor.

Urdangarin y su socio continuaron con sus actividades «empresariales» sin que se notase ningún parón, después de supuestamente haber roto con Nóos. Aunque nominalmente ya no estaba en la entidad, Iñaki siguió utilizando su nombre, sus sedes y los proyectos iniciados continuaron su curso.

Cuando la cosa se complicó más a nivel mediático, Romero volvió a intervenir para aconsejarle que se buscase un trabajo por cuenta ajena durante una temporada. Rápidamente lo nombraron consejero de Telefónica Internacional y presidente de honor del Foro Generaciones Interactivas, un organismo creado por Telefónica, la Universidad de Navarra y la Universidad Iberoamericana, y en 2009 puso tierra de por medio y se instaló en Washington, también por consejo de Romero.

LOS CHANCHULLOS DEL YERNÍSIMO

Ya fuera a través de Nóos, la FDCIS, otra empresa del entramado o a título personal, las actividades de Urdangarin resultaron muy rentables; aunque en absoluto productivas, en el sentido de que no generaban ningún bien, salvo para Urdangarin y su clan.

Una de las actividades consistía en organizar eventos como el Forum Illes Balears o la Valencia Summit. La clave del éxito estaba en conseguir grandes cantidades de dinero de subvención de instituciones públicas, para cubrir unos presupuestos exageradamente inflados. Los ingresos se complementaban, además, con las aportaciones de los patrocinadores privados.

Mucho más sencillo todavía resultaba recaudar fondos de esos patrocinadores y mecenas sin ningún motivo concreto, porque sí. Por extraño que parezca, la cosa resultaba. El Instituto Nóos recibió por esta vía dinero de entidades como la SGAE, el BBVA y Telefónica, sin que quedara claro en ningún sitio a cambio de qué. La Fundación DCIS recaudó en poco más de dos años medio millón de euros de donaciones de grandes empresas. Más de treinta entidades figuraban en su listado de contactos generosos, entre ellos Volvo, Mutua Intercomarcal o, de nuevo, la SGAE.

La Sociedad General de Autores de España (SGAE) «colaboró» con las entidades de Urdangarin, sobre todo desde que, en abril de 2007, Teddy Bautista, que aún era el presidente de la SGAE, fue nombrado presidente del Consejo de Mecenazgo, órgano que debía asegurar un flujo estable de ingresos a la Fundación DCIS. No se sabe de dónde proviene la extraña alianza con Urdangarin, pero está claro que tienen mucho en común. Bautista está imputado por hechos similares a los que han cercado judicialmente a Urdangarin y Torres: el saqueo de las arcas de la Sociedad General de Autores a través de empresas de sus propios directivos. Entre 2005 y 2006, la SGAE de Teddy Bautista pagó a Instituto Nóos 232.000 euros. Otros 30.000 fueron abonados a Fundación DCIS en 2007 y una cantidad idéntica al año siguiente. En el trienio de 2008 a 2010 todavía se pagaron 296.501 euros más a otra de las empresas de la trama, Intuit. En total, más de 588.000 euros, que sitúan a la SGAE entre los más importantes paganinis del centenar de clientes de Urdangarin.

Aparte de esto, se ve que el duque andaba un poco a la que caía, siempre ojo avizor de las oportunidades, sin mostrar más astucia que acudir presto y saber poner el cazo con algo más de glamour que el buscavidas tradicional de clase baja.

Por ejemplo, corría el 2002 cuando el entonces heredero Felipe de Borbón buscaba desesperadamente esposa. Entabló entonces una anodina amistad con la actriz Gwyneth Paltrow, con relaciones en España desde que, en sus años de instituto, cuando aún no era famosa, pasó un curso en Palencia como estudiante de intercambio con una familia de allí. El actual rey y la rutilante estrella de Hollywood se conocieron en Mallorca, y algunos medios les atribuyeron entonces una relación sentimental. La cosa no cuajó, Felipe acabó casándose con Letizia Ortiz y Gwyneth con el cantante Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay. Pero entre ellos quedó cierta amistad. Pues ahí vio una oportunidad de hacer negocio Iñaki Urdangarin, cuando en 2007, un año después de que la Casa del Rey le hubiera supuestamente ordenado desvincularse del Instituto Nóos, Felipe los puso en contacto para que ambos hicieran negocios a través de la entidad, no se sabe a iniciativa de cuál de los tres.

La Paltrow había recibido una oferta para rodar en España una serie televisiva, a medio camino entre reality show y road movie, sobre la gastronomía española, para la televisión pública de EEUU. El propósito de Urdangarin era recurrir a sus excelentes contactos políticos en la Comunidad Valenciana, utilizando a la actriz como tarjeta de presentación, para que el Ayuntamiento de Rita Barberá y la Comunidad de Francisco Camps patrocinasen un capítulo sobre la paella. El 11 de mayo de 2007, Mario Sorribas, secretario y mano derecha de Urdangarin en el Instituto Nóos y apoderado de Aizoon, envió un correo electrónico a Miguel Zorío, el abogado que hizo de intermediario entre el yerno del rey y la Administración Pública valenciana, para abordar el asunto.

Esta vez, sin embargo, Iñaki no consiguió sacar tajada. La Fundación Turismo Valencia se negó a desembolsar más fondos al yernísimo, y así se lo comunicó Sorribas a Ángel Díaz, otro colaborador de Urdangarin y la infanta Cristina en Aizoon, a vuelta de correo.

La que fue su iniciativa más ambiciosa, el proyecto Ayre, tampoco llegó a buen puerto. Y eso que tuvo muchos apoyos. Su exsocio Diego Torres acreditó la colaboración de prácticamente todos los miembros de la familia Borbón, con numerosos datos, en su libro Urdangarin y la Copa América (firmado con el pseudónimo Ricardo Grenville y publicado por la ignota editorial canadiense Ivy Business Press). Vamos, que en esto estuvo muy bien acompañado. Pero tuvo mala suerte.

Después del éxito de la edición de 2007 de la Copa América en Valencia, empezaron en familia las gestiones para sacar mayor partido en la siguiente. En apoyo del equipo patrio, el Desafío Español, habían estado todos; hasta Corinna, que fue invitada a bordo como tripulante 18, junto al rey, la infanta Cristina y Urdangarin. Pero para 2009 idearon un proyecto propio en el que España tendría un segundo representante, del que poder lucrarse de forma más directa. Para ello, necesitaban reunir al menos 100 millones de euros, que es lo mínimo que cuesta un equipo para este tipo de competiciones.

A ello se pusieron Pedro Perelló y Jorge Forteza —regatistas, empresarios y amigos de las infantas— con el apoyo de Iñaki Urdangarin. Perelló había navegado con la infanta Elena en 2007, y nunca ocultó sus padrinos ni que el plan contara con la bendición del rey y la participación activa de Urdangarin. El yernísimo iba a encargarse del área «social y cultural» del proyecto y, según informaba a Torres en un correo electrónico, contaba con sacar un pellizco: «alguna cosita para la fundación [FDCIS] puede haber».

Los miembros del equipo español oficial, el Desafío Español, se mosquearon un poco con los movimientos que empezaron a ver por parte de los distintos miembros de la familia real, claro. Agustín Zulueta, responsable de su tripulación en la edición de 2007, pidió a Cristina tomar un café para hablar del tema, y pareció quedarse más tranquilo tras la entrevista, pero molesto. El problema venía siendo la competencia desleal en la lucha por conseguir patrocinadores, porque a los que ellos habían tenido les llegaban ofertas sorpresa del nuevo equipo que se estaba gestando, avalado por la familia real prácticamente al completo.

En particular, Juan Carlos hacía las labores de mediación que le pedía su yerno. ¿O era al revés? El 31 de septiembre de 2007, por ejemplo, Urdangarin escribía desde Washington a su socio: «Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema de la base del Prada. Y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla». Aunque parezca un galimatías, estaba haciendo alusión a las instalaciones necesarias en el puerto de Valencia para amarrar el futuro barco del proyecto Ayre.

El rey llegó a involucrarse tanto que ofreció toda su ayuda para encontrar financiación. En otro correo, Urdangarin decía: «El Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos a Miguel Fluxá», en alusión al propietario y presidente del grupo Iberostar. «Por otro lado, le he transmitido [a Fluxá] la buena sintonía con BBVA y que le iba a dar un empujón a Paco González», explicaba Urdangarin a Perelló.

El 27 de agosto de 2007 el ahora abdicado, entonces en el trono, abandonó su palacio en Mallorca para visitar en Marbella al príncipe saudí Salman, que tiene allí un palacio. Acudió con Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, pero la motivación de la escapada era económica: pretendía sacarle a Salman 100 millones de euros para patrocinar el proyecto Ayre. Y, de hecho, regresó de allí muy contento diciendo que lo había logrado. Todo un éxito.

Sin embargo, el sueño se vino abajo cuando el equipo BMW Oracle llevó la 33.ª edición de la Copa del América a los tribunales, donde quedó paralizada más de año y medio; y el proyecto Ayre, que llegó a inscribirse como desafío ante la America’s Cup Management (ACM), acabó por desvanecerse pese a los esfuerzos.

Aun con estas pequeñas derrotas ocasionales, entre unas cosas y otras las empresas sin ánimo de lucro de Urdangarin funcionaron muy bien. Pero los 16 millones de euros que recibieron no fueron a parar a los pobres ni a los niños con cáncer, sino a los bolsillos privados de Urdangarin y su socio Diego Torres, apareciendo por arte de magia en las cuentas de las empresas mercantiles satélite controladas por ellos.

Por lo que se deduce del sumario, el Instituto Nóos y la Fundación DCIS, aunque presuntamente sin ánimo de lucro, les servían para recaudar dinero público; Aizoon S. L., la sociedad patrimonial de Iñaki y Cristina, era su hucha para el dinero público desviado; y Baxton Consulting, una empresa diseñada para defraudar a Hacienda. El papel de las restantes sociedades del entramado era el giro de facturas falsas entre ellas, mediante lo cual se apoderaban del dinero.

Contaban además con una bien pergeñada estructura fiduciaria para desviar fondos al extranjero, con la finalidad de evadir el dinero obtenido y ocultar a sus verdaderos beneficiarios, así como «atemperar» su tributación. En esa estructura jugaron un papel fundamental las mercantiles De Goes For Stakeholder Management (en Reino Unido) y Blossom Hills (en el paraíso fiscal de Belice, minúsculo país centroamericano de unos 250.000 habitantes).

En el caso de Aizoon, las facturas libradas por ésta contra el Instituto Nóos y Nóos Consultoría Estratégica constituían una vía para que el dinero de origen presuntamente ilegal acabara en las cuentas de Iñaki y Cristina. La sociedad familiar estaba domiciliada en su residencia particular desde su creación en 2003 hasta 2011. Cuando se supo que la sociedad era objeto de investigación judicial, poco después de la imputación de Diego Torres y antes de la de Urdangarin, se llevó a cabo una operación de mudanza mercantil urgente, cambiando su dirección. Así evitaron que la comisión judicial y policial registrara su mansión, su palacete de Pedralbes, como ocurrió con todos los despachos y viviendas bajo sospecha vinculadas al entramado de Nóos.

SALVAR A LA INFANTA

Antes de llover, chispea. Y antes de que empezara la trama judicial propiamente dicha, empezaron las denuncias públicas y políticas. En febrero de 2006 el PSOE balear denunció una adjudicación a dedo del Govern al Instituto Nóos, del que apenas se sabía nada todavía, salvo que Urdangarin presidía la entidad y que se dedicaba «a investigar procesos de formulación e implementación de estrategias de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social». Se le acababa de pagar una millonada por organizar aquel congreso de tres días. Fue cuando saltaron las alarmas en Zarzuela y se puso en marcha Romero. Poco más tarde, en las autonómicas de 2007, Matas perdió su cargo de presidente y Ballester, con él, el suyo.

Ese mismo año, tras llegar los socialistas al poder en las islas, estalló el caso judicial Palma Arena, todavía no directamente relacionado con Urdangarin. Pero, por si acaso, el rey Juan Carlos empezó a mover sus hilos, intentando evitar que el proceso se extendiera. La Casa Real consultó mucho en esos tiempos a Carlos Dívar, que presidía el Consejo General del Poder Judicial. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Aguayo Avilés, por su parte, asesoraba en 2008 a Torres y Urdangarin por correo electrónico, desde direcciones corporativas del Ministerio de Justicia.

En la primavera de 2009, el Hola anunciaba la huida a Washington de Cristina e Iñaki, ella a cuenta de la Fundación La Caixa y él a cuenta de Telefónica. En concreto Telefónica ya había servido en más ocasiones como puente de plata para recolocar a ilustres cesantes (como, en su día, Fernando Almansa, al dejar su puesto como Jefe de la Casa Real en el 2002; o, más recientemente, Eduardo Zaplana tras dejar la política). A Iñaki ya le había hecho más favores. Tenía motivos para estar agradecido a Bergia, el vicepresidente al que regaló una cámara de fotos de 300 euros a medias con López Quesada tras un encuentro familiar en La Granja. Nóos había firmado su primer gran contrato de «asesoramiento estratégico» con la entidad un mes después de aquella comida campestre. Ahora, la misma Telefónica le brindaba un cargo de director general en USA, con sueldo de un millón de euros al año, aparte de casa, viajes y otras bagatelas.

En Washington los Urdangarin vendrían a coincidir —casualmente— con el expresidente balear Jaume Matas, que también disfrutaba de una especie de exilio dorado allí, desde que había perdido las elecciones en el 2007, pese a que se estaba investigando su patrimonio en los procesos judiciales pendientes. Seguro que en alguna ocasión hablaron de eso e intercambiaron inquietudes. El caso Palma Arena se centraba en el presunto enriquecimiento ilícito y la posible malversación de fondos públicos de Matas y, en el transcurso de las investigaciones, llegó al juzgado el expediente casi vacío de sus contratos millonarios con Nóos.

En la Casa Real le estaban viendo las orejas al lobo Castro cada vez más cerca. En mayo de 2010, a raíz de un problema de pulmón de Juan Carlos que creyeron que podría ser cáncer, se empezó a pensar en la sucesión y en empequeñecer la familia real. Había que dejar fuera a Elena y Cristina y concentrarse en el núcleo central: los reyes, los príncipes de Asturias y las infantas pequeñas. La línea divisoria se iba a establecer, básicamente, en los presupuestos generales del Estado: entre los que presuntamente vivían exclusivamente del dinero público y los que no.

Antes de que esto tomara cuerpo, ese mes de julio, el juez Castro abrió pieza informativa sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de turismo (Ibatur, dependiente del Gobierno balear) y el Instituto Nóos. Jaume Matas no pudo explicar satisfactoriamente por qué pagó 1,2 millones de euros a la entidad para organizar una conferencia.

Pero ese 12 octubre de «nada que celebrar», todavía Cristina e Iñaki acudieron con el resto de la familia real al desfile militar en el paseo de la Castellana de Madrid. Y también al siguiente, en 2011, con cara todos de circunstancias y por última vez. Porque un mes después, la tarde-noche del 7 de noviembre, la policía llevó a cabo un doble registro casi simultáneo en Barcelona y Valencia, que incluía la sede de Instituto Nóos y la de Aizoon (que ya no estaba domiciliada en el palacete de Pedralbes).

Urdangarin, que todavía estaba en Washington DC, emitió desde allí un precipitado comunicado asegurando que defendería su «honorabilidad e inocencia», y que lo haría desde la convicción de que su «actitud profesional ha sido siempre correcta». Al parecer, los asesores de Zarzuela consiguieron evitar que se presentase como una declaración institucional ante las cámaras de televisión, que era lo que pretendía. «Se pensó que era el rey parando el golpe de Estado del 23F», comentaron algunos. No les gustó nada el texto del comunicado, no porque no reconociera nada ni pidiera perdón, sino porque no incluía un contundente desmentido de cualquier participación de Juan Carlos; y el 10 diciembre 2011, Iñaki lanzó un segundo comunicado para puntualizar: «Lamento profundamente que los mismos [informaciones y comentarios en la prensa] estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de Su Majestad el Rey, que nada tiene que ver con mis actividades privadas».

Había comenzado la operación «Salvar a la Corona». Se anunció el alejamiento oficial de Urdangarin de todas las actividades relacionadas con la Casa. Pero ni él ni Cristina podrían dejar de pertenecer a la familia real, a no ser que se cambiaran las disposiciones legales, salvo que se divorciaran. Y el Hola continuaba mostrándolos muy sonrientes en Washington, de compras navideñas con la reina Sofía en visita sorpresa.

El rey se descolgó aquel 24 de diciembre, en su tradicionalmente siempre parecido mensaje navideño, con que «la justicia es igual para todos», con gesto de absoluta normalidad. Había expectación previa por qué iba a decir, y la frasecita no cayó en saco roto. Estaba claro que, una vez más, iba a sacrificar a los más próximos para quedar él incólume. Lo mismo que con Armada y Milans en el 23F, que con Prado en el caso KIO… Urdangarin lo tenía claro.

Cinco días después se hizo pública su imputación. La maquinaria se puso en marcha para evitar como fuera la de la infanta Cristina.

El sentido pragmático de Juan Carlos lo inclinó a dejar caer a Urdangarin, pero no a la infanta. Tuvo varias reuniones con su hija, pero, para poder ayudarla, tenía que hacer lo mismo que él: librarse ella aun a costa de los demás, en este caso de su marido. Tenían que divorciarse y luego decir —como la Pantoja en su calvario judicial— que su chico la había engañado como a una tonta (aunque a la folclórica no le sirvió para librarse de la cárcel). Envió a Fernando Almansa, anterior jefe de la Casa, a visitar a los todavía duques de Palma en enero de 2012 en la estación de esquí de Aspen (Colorado). Almansa trasladó a la infanta la petición del rey de que tomara una decisión: o se divorciaba de Urdangarin o renunciaba a sus derechos sucesorios. La respuesta de Cristina fue no a todo. Se negó con la cabezonería de la convicción personal. Sencillamente, no le parecía justo que pagaran ellos por hacer lo mismo que hacían todos. Y no porque lo hubieran hecho mal o desoyendo los consejos, sino como chivos expiatorios de la crisis institucional, que había encontrado en ellos el punto más débil del tejadillo monárquico.

En realidad era una lectura bastante razonable de lo que estaba pasando, pero no sirvió para nada ni a unos ni a otros. No dejaba salidas. Así que se hizo lo único que se podía hacer. Cristina se difuminó hasta desaparecer de la página web de la Casa Real y se dejó correr que las relaciones con Juan Carlos, Felipe y Letizia estaban rotas. Pero, al mismo tiempo, en la sombra, se intensificaron las gestiones para salvarla.

OPERACIÓN PEPOTE

Un movimiento fundamental en este sentido fue el pacto de José Luis Ballester, Pepote, en enero de 2012, con la Fiscalía Anticorrupción.

Pepote era amigo personal, de toda la vida, de toda la familia, especialmente de Felipe, junto a quien había estado en el equipo olímpico de vela en Barcelona’92; y fue medalla de oro de vela en Atlanta’96 junto a Fernando León, que también navegaba con el entonces príncipe en el velero patrocinado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de Valencia.

El expresidente Jaume Matas fichó en 2003 a Pepote —que no es del PP— por su relieve y prestigio tras triunfar en los juegos olímpicos de 1996 y por tener una relación de confianza con el príncipe Felipe. Y, desde que fue nombrado director general de Deportes, se multiplicaron las colaboraciones entre las iniciativas empresariales de Urdangarin y la comunidad balear. El patrocinio del equipo de ciclismo fue por su mediación directa.

Durante una fructífera etapa, en la que era conocido en determinados círculos como «Iñaki-me-ha-dicho», Pepote funcionó como emisario y conseguidor de contratos. Como responsable de la Fundación Illesport, gestionaba los grandes eventos en las islas: desde la obra del velódromo del Palma Arena a los torneos de tenis, pasando por los foros que montaba su amigo Urdangarin.

Ninguno se esperaba que la aventura terminara tan mal. Pepote Ballester fue detenido como un vulgar chorizo el 5 de agosto de 2009, imputado por presunta corrupción en el caso Palma Arena junto a Jaume Matas. Pasó su primera noche en los calabozos y sólo salió en libertad con cargos después de haber abonado una fianza de 50.000 euros. Para la familia Borbón debió de ser un verdadero trauma. Aunque achacaron a la crisis que sufría todo el país (como si a ellos les afectara el paro) el que redujeran en 15 días su estancia habitual en la isla ese verano, su desaparición les evitó tener que posar ante las cámaras con tal decepción en el rostro. La reina, las infantas y sus hijos, decidieron de improviso acudir a un bautizo en Grecia, justo en las fechas en las que se inauguraba la Copa del Rey, pese a las críticas de los patrocinadores.

Este gran amigo de los Borbones, que entraba y salía de Marivent como Pepote por su casa, facilitó en diciembre de 2011 la imputación de Urdangarin pactando con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo de colaboración en vísperas de la de la infanta. Ballester ofreció una confesión de hechos, citas, fechas, personajes y firmas, a cambio de una serie de compensaciones penales. En sintonía con la estrategia iniciada por Zarzuela, el relato pormenorizado que hizo perjudicaba a Iñaki, aunque contra quien cargaba era contra Matas: «No puse en duda los precios de Nóos porque quien lo acordó y decidió fue Matas… Me ordenó que todo lo que viniera de Urdangarin recibiera el visto bueno». Eso sí, se esforzó en dejar libre de toda sospecha a otros, como el Comité Olímpico Internacional: «Es totalmente falso lo que Diego Torres dice sobre contactos con el COI. Ni yo ni que yo sepa ningún miembro del Gobierno balear ha contactado con el COI con ocasión de la primera cumbre. Urdangarin y Torres fueron los que hablaron de que sus trabajos venían avalados por el COI, pero nada más», declaró.

En lo que respecta a Cristina, aseguró que en el palacio de Marivent nunca había nadie más de la familia real cuando se reunían con Urdangarin; al que dijo haber conocido fuera del contexto de los Borbones, en 1985, en la Residencia Blume de Barcelona para deportistas de élite, donde se hicieron amigos. Y, desde luego, recalcó que «cuando Urdangarin hablaba de temas de trabajo nunca estaba presente su mujer. Ni Urdangarin me lo dijo ni yo sabía que la infanta fuera vocal del instituto Nóos. Nunca me comentó que su esposa fuese conocedora de sus temas laborales».

El juez José Castro acudió, de manera excepcional, a tomar declaración a este imputado especial en la sede de la Fiscalía en Palma, a petición del fiscal general, Pedro Horrach. Una discreción justificada para abordar esta confesión de «arrepentido». Pepote Ballester es un colaborador protegido y activo, que ha pagado su parte de la fianza civil personal y carga, además, con una fianza civil solidaria de 3,5 millones compartida con Matas.

El fiscal anticorrupción le reconoció el papel de colaborador de la justicia en su escrito de acusación de una de las piezas del caso Palma Arena, en el que reclamaba que se le aplicase una atenuante penal muy cualificada y rebajaba su petición de pena a una multa de 25 euros diarios durante un año, porque «decidió colaborar con la Administración de Justicia y, de hecho, se puso a disposición del Juzgado Instructor a efectos de colaborar en la investigación de los hechos, reconociendo su participación en los mismos». En la causa principal del caso Nóos, en la que Horrach pedía inicialmente para Ballester una condena de dos años de prisión, en el marco del pacto de confesión se baraja la hipótesis de que el tribunal no reclame el cumplimiento, si es hallado culpable.

Pero lo más importante es que su relato fijó los límites de la versión aceptada oficialmente, que se materializaría en la estrategia de defensa de la infanta diseñada desde Zarzuela: Iñaki había actuado por su cuenta, traicionando la confianza de la familia real, y Cristina no sabía nada. Ahí se ha quedado el fiscal.

LA IMPUTACIÓN DE CRISTINA

En febrero de 2012 Juan Carlos se reunió en Zarzuela con Rajoy (entonces presidente del Gobierno), Gallardón (entonces ministro de Justicia) y Eduardo Torres-Dulce (entonces Fiscal General del Estado), para asegurarse de que la infanta estaría debidamente protegida jurídicamente. Al mismo tiempo, Spottorno duplicaba la estrategia de control de daños y afrontaba la parte mediática del asunto, contratando para ello al periodista Javier Ayuso como Jefe de Comunicación.

El hueso iba a ser duro de roer. Cristina de Borbón figuraba como administradora en Nóos: firmaba las cuentas anuales, los traspasos a cuentas fantasma en paraísos fiscales, presentaba facturas de sus gastos personales como si fuera un proveedor más de la empresa, etc. Además, recibía de Aizoon cada semana entre 600 y 700 euros (no menos de 510.000 euros en tres años), por unos servicios que no se pudieron llegar a detallar nunca.

La imputación estaba al caer, después de que, a comienzos de año, el sindicato Manos Limpias la demandase formalmente en el juzgado. Todavía en marzo, por la presión de la Fiscalía Anticorrupción, ejerciendo como defensa improvisada, el juez Castro rechazó esa opción al no ver indicios «en este momento». Estaba recopilando información para imputarla por delito fiscal.

Pero a continuación comenzó el goteo de correos electrónicos comprometidos que Diego Torres comenzó a airear en su estrategia de defensa. De algunos que Urdangarin había dirigido a su socio se podía deducir que la infanta Cristina estaba al corriente de los proyectos y operaciones de Nóos. Y la estrategia de hacerse la tonta perdió credibilidad.

Cristina no sólo presentaba facturas de sus gastos personales, también se le pedía opinión sobre decisiones corporativas, servía de correa de transmisión entre Urdangarin y su padre, asistía a las asambleas, se reunía con personalidades… No era pura maldad por parte de Torres. Su mujer, Ana María Tejeiro, también figuraba como administradora de una de las entidades del entramado societario, en gran parte sin actividad, para emitir facturas falsas y transferir fondos para desviarlos a paraísos fiscales. Es decir, que estaba en una situación similar a la de Cristina de Borbón. Sin embargo, aunque Tejeiro no había realizado acto de administración alguno, ella sí había sido imputada a mediados de 2011. Torres solicitó por segunda vez que se le levantase esa imputación, utilizando los mismos argumentos que había usado el juez Castro al rechazar la de la infanta. Pero no le hicieron caso y, para colmo, la defensa de Urdangarin, que desde luego se había opuesto a la imputación o comparecencia de su esposa, se opuso con un recurso a que se levantase la de Ana María Tejeiro. Y no sólo eso: por si acaso, ya que la mejor defensa es un ataque, se lanzó en picado a echarle las culpas a Torres, endosándole toda la responsabilidad.

Ese mismo año 2012, el 14 de abril, día de la República, estallaba el escándalo de la cacería de elefantes en Botsuana. En medio de un ambiente enrarecido, con todos los miembros de familia real sin excepción recibiendo abucheos en cada aparición pública, Telefónica anunció en un comunicado el despido encubierto como «excedencia temporal» de Urdangarin, por el daño que estaba causando a su imagen corporativa, que percibían en el flujo continuo de mensajes críticos de sus clientes. Ni él ni Cristina acudieron a la fiesta de «nada que celebrar» del 12 octubre, y Elena tuvo que situarse huérfana en otra tribuna para el desfile militar, al lado del triste Alfredo Pérez Rubalcaba, líder de la oposición.

El juez Castro seguía investigando los presuntos delitos fiscales de Cristina, pero no lo tenía nada fácil. La maquinaria del Estado se puso al servicio de la Corona para boicotear su trabajo. El juez pidió informes a Hacienda que justificasen —si era posible— los ingresos de la infanta; y le enviaron un documento falso, pergeñado por la directora de la agencia estatal, Beatriz Viana, que se inventaba la venta de una serie de pisos que no tenían en realidad ninguna relación con Cristina de Borbón. Como luego se supo, se montó un poco de lío, y tuvo que acabar pidiendo disculpas hasta el ministro Montoro. Quiso hacerlo pasar por un error inocente de los funcionarios, que no se sabían el número de DNI de la infanta, aunque sólo coló entre los adeptos a la monarquía.

Todavía hubo más intrigas palaciegas para evitar la imputación. Cuando dio por concluida su investigación, el juez Castro hizo un primer intento citándola a declarar el 27 de abril de 2013 en los juzgados de Palma de Mallorca, como copropietaria de Aizoon y directiva de Nóos. En su escrito exponía que podía existir un «supuesto de cooperación necesaria» con Urdangarin. La infanta había prestado su consentimiento a que se utilizaran «su nombre, tratamiento y cargo». El magistrado decía además en su auto: «No se acaba de entender que el Rey no comente con su hija las críticas que había hecho llegar a su marido».

El primero en reaccionar, curiosamente, fue el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach que, alzándose en paladín de la infanta, le brindó un caballeresco recurso de apelación contra el auto. Él seguía sin ver indicios suficientes.

La Casa del Rey tampoco pudo disimular su espanto y se salió por primera vez del guion habitual de no hacer valoraciones, para manifestar su «sorpresa por el cambio de posición expresado por el juez en esta resolución, frente a la mantenida en el auto de 5 de marzo de 2012 confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca». Encadenando varias contradicciones seguidas —como el que suelta un «sin ánimo de ofender, es usted un gilipollas»—, La Zarzuela expresó al mismo tiempo su «absoluta conformidad» con la decisión de recurrir la imputación planteada por la fiscalía, «desde el máximo respeto a las decisiones judiciales».

El recurso de la fiscalía retrasó la citación, pero no la evitó. Y por fin, pese a la oposición del fiscal y a las presiones de la Casa Real, tras las siete remesas de documentos que Torres fue entregando al juzgado, con toda España en vilo, la imputación definitiva de la infanta se produjo el 8 de enero de 2014. El juez José Castro consideraba que había indicios suficientes para interrogarla, «sin que por ello se tambaleen los pilares del Estado de derecho», por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal. La hija del rey, la ciudadana Cristina Federica de Borbón y Grecia, tendría que acudir a declarar el 14 de febrero, día de los enamorados, eso de que lo había hecho todo por amor.

El abogado de la infanta, Miquel Roca, notificó por escrito al magistrado y al fiscal Pedro Horrach que renunciaba a recurrir el auto y que su cliente declararía «voluntariamente».

El juez decano autorizó que la infanta hiciera el «paseíllo» de entrada a los juzgados en coche, siguiendo las recomendaciones policiales que aludían a «grupos hostiles, a la gran repercusión en las redes y a la relevancia del personaje».

BUSCANDO EL PUNTO FINAL

Tras una declaración de la infanta que resultó más bien sosa (no sabía nada, no se acordaba de nada…), se vio que el juez había tenido razón y no se tambalearon los pilares del Estado. Pero el ambiente entre los imputados estaba bastante enrarecido, lo que no suele ser bueno en este tipo de batallas judiciales. Pese a la satisfacción de Torres por ver, si no des-imputada a su mujer, al menos imputada también a Cristina, su ruptura con Urdangarin era ya un hecho consumado. Fue la consecuencia lógica al «sálvese quien pueda» que se inició en estampida desde que, en diciembre de 2011, La Zarzuela puso en marcha su plan para salvar la Corona. Sencillo como el mecanismo de un botijo, consistía en dejar fuera de todo el cotarro a Juan Carlos y demás miembros del núcleo central de la familia; fundamentar la defensa de Cristina una mezcla de incapacidad intelectual y amor ciego por su esposo, con el objetivo principal de evitar que se sentara en el banquillo; dejar que lo hiciera Urdangarin, minimizando los daños con una negociación que evitara la cárcel; y volcar todas las culpas en los demás para que ellos pagaran el pato. Y, claro, estos últimos, en especial Diego Torres, no se iban a quedar callados sin más ni más.

Torres, citado a declarar antes, había optado por guardar silencio. Pero Urdangarin, en su declaración ante el juez, de 21 horas repartidas en dos días, justo un año antes de la de su esposa, había atribuido toda la responsabilidad a su exsocio sobre las principales irregularidades detectadas durante la investigación judicial. Entonces Torres pidió que le tomasen declaración de nuevo. La guerra estaba servida, para regocijo de la concurrencia que seguía la corrida en los medios de comunicación.

Para frenar aquel desmadre, Urdangarin —probablemente bien asesorado— comenzó una negociación para cerrar un pacto de conformidad con la fiscalía, como se resuelven estas cosas en las altas esferas: pagando. El acuerdo implicaría declararse culpable, devolver los fondos malversados y así eludir una pena que implicaría su ingreso en la cárcel, con una posible pena de más de dos años. Algo parecido a lo que había hecho Pepote Ballester. Pero el papel de Diego Torres en todo ello no quedaba claro.

El pago resultaba absolutamente necesario para que, si se llegaba a una conformidad, pudiera aplicarse la atenuante de reparación del daño. Pero esto suponía devolver al menos 3,5 millones para cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios causados, aunque una pericial de Hacienda tendría que ajustar los cálculos de la fiscalía sobre las partidas malversadas y los fondos públicos desviados por facturación falsa. Era una suma considerable, aunque no representaba ni la mitad de lo sustraído, por mucho que la fiscalía de Baleares se llenase la boca asegurando que no aceptaría un pacto a la baja, una oferta blanda, dada la magnitud de las partidas de dinero desviadas y la carga penal de los supuestos delitos.

Diego Torres se enteró sobre la marcha de que los intermediarios del yerno del rey habían iniciado ese camino y, rápidamente, se puso con las gestiones para subirse al carro también. En principio, iban a tener que pagar a medias: 1,7 millones de euros cada uno. Durante unos días compartieron estrategias para evitar la cárcel. Pero los contactos entre los abogados de Torres y Urdangarin en relación a un posible acuerdo con la fiscalía quedaron interrumpidos sin que se conozcan con exactitud las causas.

Por otra parte, el equipo jurídico de Cristina de Borbón siguió haciendo «gestiones» y buscando argucias legales para evitar que, aunque ella también estuviera siendo procesada, tuviera que sentarse en el banquillo durante el juicio oral, que se preveía largo y con amplia cobertura mediática. No se sabe si integrado o no en este equipo, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, se adhería en julio de 2015 a la petición de la infanta ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, para que se le rebajara la fianza.

Al cierre de este libro, no del todo abandonada por su familia, Cristina se ha buscado un sueldecito complementario al de La Caixa, para compensar la pérdida de los ingresos procedentes de las partidas de la Casa Real. Trabaja actualmente en la Fundación de Karim Aga Khan, otro fiel amigo del exrey Juan Carlos. La decisión de renunciar a los derechos de sucesión dinástica sigue en sus manos (ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono), mientras tanto el rey emérito como el vigente le insisten en que lo haga de una vez.

La prensa oficialista, como El País, que al principio del proceso vinculaba en grandes titulares el caso Urdangarin con el futuro de la Monarquía, ha apaciguado el tono después de la abdicación. La protección del heredero ya está asegurada. A Felipe sí que no le van a llamar a declarar, por mucho se le cite en correos electrónicos y que sus más íntimos amigos figuren entre los principales encausados. Ya es impune, como lo fue su padre durante 40 años. Y, como él, parece dispuesto a hacer cuanto sea preciso para defender su estatus. Después de las últimas elecciones autonómicas, adelantándose a lo que el nuevo gobierno progresista de las islas le iba a exigir formalmente, como había prometido hacer, Felipe VI tomó la decisión de revocar el uso del título de duquesa de Palma a su hermana, y su pulso borbónico no tembló al firmar el real decreto.

Al cierre de este libro el juicio oral, que comenzó en enero de 2016, no ha concluido.

32. Corinna Corinna

PROSTITUCIÓN INSTITUCIONAL

«Corrine Corrina… —repite como una letanía la letra del famoso blues popularizado por Ray Peterson en los 50 y versionada luego por tantos— Amo a Corrina, díselo al mundo entero… Si ves a Corrina, mándamela de vuelta a casa… Corrine Corrina, te quiero tanto…»[1]. Esta podría ser la banda sonora de la engolada versión oficialista (de esas que se dejan correr en la prensa convencional) del affaire Corinna. Una versión cuasi romántica, en la que un rey en el cénit de su carrera se enamora de una hermosa y decidida princesa que le devuelve las ganas de vivir; pero su alto cometido como salvador de la patria pondrá obstáculos insalvables que le obligarán a renunciar a su amor… Vino a sustituir a la anterior exégesis en la que, sencillamente, se negaba todo; algo imposible después del escándalo de Botsuana, el 14 de abril de 2012.

Cinco días después, tras las forzadas disculpas de Juan Carlos a la salida de la clínica privada en que fue tratado por la ruptura de cadera (dicen que al saltar de la cama), de aquel triste «lo siento, me he equivocao, no volverá a ocurrir», El País aclaraba a qué no se refería: «Don Juan Carlos mantendrá a partir de ahora una mayor discreción con respecto a las amistades personales que le acompañan en sus actividades particulares y desplazamientos. No obstante, añaden fuentes oficiales, el Rey no renunciará a estas amistades, que incluyen la estrecha relación que desde hace años mantiene con la princesa alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, empresaria y organizadora de safaris, que también acompañaba al monarca en la cacería de Botsuana». La propia Corinna completaría la información en varias entrevistas (entre otras con Ana Romero, en El Mundo) en las que se pactó denominar la relación como «entrañable amistad».

Estaban dispuestos a cantarle el trágala de su amor a todos, y el apagafuegos contratado en Zarzuela, el periodista Javier Ayuso, se entrevistó con Paddy Harverson. Paddy es un gurú de las relaciones públicas de Londres que, desde su agencia de control de crisis —al estilo de la de Olivia Pope, de la serie «Scandal»— consiguió que los británicos aceptaran a Camilla Parker como esposa del príncipe de Gales. No había resultado fácil después de escándalos como la conversación del tampax y la trágica muerte de Lady Di. Pero la reina Sofía estaba viva, y parece que Harverson no pudo hacer nada para ayudar a Juan Carlos. La puesta en escena de la ruptura era la única opción. Y sólo nos faltó un patético comunicado oficial, como el del entonces príncipe Felipe cuando presuntamente rompió con Eva Sannum, para completar la imagen de un Juan Carlos llorando como Zarzamora por las esquinas.

Con la supuesta ruptura, se cerró la carpeta de los millones de euros públicos gastados, en bienes y servicios que incluían agentes de todas las clases para jugar el papel de celestinas e interponerse ante el derecho a la información de los ciudadanos.

El apaño duró una década (de 2004 a 2014), durante la que el establishment político y económico abrió sus brazos a Corinna para agradar a su majestad, y era recibida en las cenas y monterías de la mejor sociedad. Incluso parte de la familia real estaba en el ajo. Además de ayudar a Urdangarin, en 2004, reuniéndose con él varias veces en Londres, se la pudo fotografiar en la mesa presidencial del Valencia Summit de Nóos con fondos públicos (en 2004); y como tripulante 18 a bordo del Desafío Español en la celebración de la Copa del América 2007 en Valencia, con el rey, la infanta Cristina y Urdangarin. También organizó la boda del entonces príncipe Felipe con Letizia Ortiz, y su secretísima luna de miel.

Lo peor, sin embargo, por parte de Juan Carlos, fueron los niveles de abuso de su posición institucional en beneficio de sus apetitos personales. Si no fuera tan mal sonante, habría que referirse a todo al asunto como un enorme «encoñamiento» (según la RAE, «acción y efecto de encoñarse»; «dicho de un hombre: Sentir atracción sexual por una mujer hasta llegar a tener obsesión por ella»). Pero el servicio de Zarzuela estaba obligado a llamarla «la princesa» y a dirigirse a Corinna con el tratamiento de «señora», el mismo tratamiento que recibe el rey, por orden expresa suya. Y era «Ingrid» en los mensajes emitidos a través de las radios de los servicios de seguridad, lo cual también es indicativo de un tratamiento de alta personalidad. Esta actitud de moderno señor feudal de Juan Carlos llegaba hasta el resto de la ciudadanía, avasallada, a través de los tributos, de los que se pagaron las facturas generadas.

No hubiéramos conocido los detalles si no fuera por el mini golpe de Estado en los servicios de seguridad de Zarzuela, previo a la abdicación. A principios de 2013 el general Manuel Barrós fue relevado de sus atribuciones de jefe de seguridad de la Casa del Rey, tras 14 años en el cargo y otros seis más de servicio en La Zarzuela, con una patada para arriba: fue ascendido a general de división. Le sustituyó como autoridad máxima el coronel de la Guardia Civil Francisco López Requena, exjefe de seguridad de la reina Sofía, quien estaba tomando el poder, junto a su hijo Felipe, en todo el cotarro. Y, con las fricciones que se produjeron entre el equipo entrante y saliente, alguna fuente directamente informada sintió la necesidad irrefrenable de contar algunos extremos. Eligió a los periodistas Luis Miguel Montero, Luis Rendueles y Daniel Montero, de la revista Interviú, donde todavía quedan rescoldos de buen periodismo de investigación.

Gracias a ellos sabemos, por ejemplo, que Corinna disfrutaba de más protección que las propias infantas. Formaban su burbuja de seguridad tres agentes operativos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El segundo y tercer anillo lo componían equipos de cinco agentes de la Guardia Civil adscritos a la Casa del Rey. La «princesa» tenía a su disposición un vehículo de alta gama de los que dispone el parque de Zarzuela, para salir de tiendas caras a la calle de Serrano en la capital. Generalmente un Jaguar XJ, aunque rotaba entre otros, que conducía uno de los operativos del CNI. Hacía de avanzadilla un equipo de cinco agentes CAE (Curso de Adiestramiento Especial) de la Guardia Civil, para proteger el lugar al que se iba a desplazar; y otro se encargaba de la seguridad directa y próxima.

Al principio, cuando venía a España Corinna se instalaba en hoteles. Pero en 2006 se empezó a reformar el pabellón La Angorilla, dentro del recinto de La Zarzuela, en el monte de El Pardo. Se trataba de un antiguo pabellón de caza junto al embalse de la Marmota, reconvertido en casoplón. Las obras de reforma, pagadas por Patrimonio Nacional con fondos públicos, incluyeron la construcción de dos piscinas, la remodelación del jardín y la decoración de la mansión, además del asfaltado de dos caminos rurales de acceso: uno comunicando con el exterior, desde la carretera de El Pardo; y otro interno, desde el Palacio de La Zarzuela, situado a un tiro de piedra. El importe ascendió a más de 2 millones de euros.

Los movimientos de Corinna pasaban allí inadvertidos. En las proximidades —barrio de Mingorrubio— apenas hay un cuartel de la Guardia Real, otro de la Guardia Civil, el servicio cinológico del instituto armado, el cuartel general del Regimiento de Guerra Electrónica, el centro de mando de la antigua División Acorazada y las residencias de unos cuantos vecinos, veteranos de la Guardia Real o trabajadores de Patrimonio Nacional. Su entorno, por tanto, era de máxima confianza. Aunque no tanto como para que la reina Sofía no se enterara de nada, aunque ya no vivía en España, dado que lo hacía Londres.

La reina ya frecuentaba la capital británica antes, pero desde 2005 aproximadamente su hogar estaba allí, con sus hermanos y sus sobrinos. Solía alojarse, con suma discreción, en el hotel Claridge’s (donde la suite cuesta a partir de 2.500 euros la noche). Sólo la acompañaba, para su seguridad, un piloto militar del Grupo 45. El Claridge’s había sido el hotel favorito de sus padres y de numerosos miembros de la realeza europea que, durante la Segunda Guerra Mundial, lo utilizaron como residencia en su exilio. Como las estancias de Sofía en el Claridge’s se airearon en la prensa y se criticó su ostentoso estilo de vida, que ponía en duda su imagen de austeridad e intelectualidad prefabricada, dejó de vérsela por allí. Se dice que se ha hecho con una casa propia, pero no se sabe con certeza ni dónde ni a cuenta de quién.

Para ir a Londres, la reina utiliza un avión para servicios VIP de las Fuerzas Armadas. Y para los desplazamientos más largos, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein contaba con un jet particular, dispuesto en la zona para uso militar del aeropuerto de Torrejón de Ardoz por órdenes superiores. Solía ser un avión Cessna Citation Excel de la empresa Netjets Europe. El coste del avión era de unos 5.000 euros por cada hora de vuelo, con espacio para sólo siete pasajeros. El trayecto, a veces con destino a Niza, a veces a Palma de Mallorca, a veces a Marrakech, se abonaba con una tarjeta prepago a nombre de una sociedad en Suiza, pagada por los servicios de inteligencia al margen de la contabilidad del Estado. A efectos oficiales, esos viajes nunca existieron.

UNA PRINCESA GOLPE A GOLPE

Pero ¿quién era esta Corinna, presunta princesa, que llegó a formar parte de la comitiva real en varios viajes de Estado? Su biografía es más bien misteriosa, porque tuvo la precaución de contratar a una empresa de abogados para que borraran del alcance de cualquiera toda imagen de su vida anterior. De hecho, en internet no pueden encontrarse imágenes antiguas de Corinna Larsen, su apellido de soltera, ni referencias o fotografías de sus otras etapas, ni siquiera de los años de infancia, que al parecer pasó con su familia en Marbella. Sólo quedan los retazos con los que construyó su propia historia, que comienza en una tienda de armas londinense.

Procedente de una familia de la burguesía alemana de origen danés (su padre fue director para Europa de la aerolínea brasileña Varig), Corinna mostró siempre la inclinación por el lujo de las clases más altas, a las que buscó aproximarse profesionalmente y en sus relaciones sentimentales. Desde su trabajo como dependienta —o comercial, que suena mucho mejor— en la armería Boss & Company, se abrió al mundo laboral mediante la organización de cacerías de alto standing, y tuvo sus primeros contactos con la jet. Con poco más de 20 años de edad ya había tenido un romance con un representante de la nueva aristocracia mediática: el piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna, muerto de forma trágica años después en un accidente en el circuito de San Marino. Luego se casó con un empresario británico, Philip Atkins, con quien tuvo en 1992 una hija.

Después de separarse de Atkins, con el que sigue manteniendo una entrañable amistad (de hecho acompañaba a Juan Carlos y a Corinna en aquel fatídico safari de Botsuana), llegó a comprometerse con Gert Rudolph Flick, «Muck Flick», uno de los representantes de los Flick, familia que controla gran parte del imperio Mercedes pero sobre todo conocida por el Caso Flick. Aquella fue una gran trama de corrupción, que estalló en 1981, orquestada por el empresario alemán Friedrich Karl Flick, tío de Muck, que sobornó a políticos de todos los partidos políticos representados en el Bundestag, y a cambio recibió cuantiosos beneficios fiscales. El caso se extendió a España, ya que también llegaron donaciones de Flick por valor de un millón de marcos alemanes para financiar al PSOE de Felipe González.

Corinna Zu Sayn-Wittgenstein cumplió después de los 40 su sueño de emparentar con la realeza, tras su matrimonio en 2000 con el príncipe Casimir Zu Sayn-Wittgenstein Berleburg, que no fue nada bien recibido por la familia del aristócrata y que duró justo hasta después de tener a su descendiente. Ese hijo le iba permitir a Corinna mantener el apellido Zu Sayn-Wittgenstein, el título de princesa de ningún reino y los contactos con la aristocracia europea y la jet set.

Según los que la conocen, se trata de una mujer con tendencia a la manipulación, que más que inteligente es lista, muy lista; incluso un poco bruja, tanto por sus omnipotentes intuiciones como por su carácter, con fuertes dosis de soberbia y descomunales ataques de ira, casi de estilo borbónico. Al parecer Juan Carlos de Borbón conoció a esta joya, cuyo retrato tanto se le parece, en febrero de 2004, en una cacería en la finca La Garganta (Ciudad Real) del duque de Westminster, el hombre más rico de Reino Unido. Pero podrían haberse conocido en cualquier otro sitio, porque las aficiones y el talante ante la vida de ambos parecían dispuestos a hacerlos coincidir como fuera.

El azar les podría haber llevado a cruzarse, por ejemplo, en alguna de aquellas cacerías en las que, desde 1999, Corinna trabajaba como organizadora, animadora, participante…, para la Boss & Company Sporting Agency, de la que llegó a ser consejera delegada. Ofrecía «únicamente los mejores disparos», según el lema de la propia firma, a sus clientes, millonarios americanos, rusos, jeques árabes… Y se ocupaban de todo: armamento, transporte, comida, vinos… Cualquier capricho personal. Juan Carlos era cliente asiduo de empresas similares, para sus cacerías en Rusia, en Rumanía o en África. Pero no se conocieron allí.

También hubiera sido fácil que se tropezaran en el acto benéfico de alguna ONG o fundación, no sólo como invitados. Las fundaciones eran la especialidad de Romero Moreno, el conde de Fontao, asesor personal del rey, y todos los miembros de la familia real parecen tener la suya propia de cabecera. Y Corinna era habitual colaboradora de varias de estas organizaciones, en defensa de la infancia o de lo que fuera; como la Fundación Auténticos, de la que fue cofundadora y dirigió durante un tiempo. En este sector tan rentable, entre 2004 y 2005 compaginó Boss con su trabajo como intermediaria en los premios de la Fundación Laureus, como organizadora del evento y captadora de fondos de patrocinadores (al 10 por 100 de comisión). Pero tampoco fue ahí donde se conocieron, aunque sí colaboraron juntos en ello poco después, y Juan Carlos contribuyó activamente a la captación de fondos, no sólo convirtiéndose en soporte fundamental de estos eventos.

Los Premios Laureus fueron un jalón de buen entendimiento en su relación, no sólo sentimental; pero hubo muchos más. A las 6 semanas de aquella cacería en La Garganta del duque de Westminster, en abril, Manolo Prado, el administrador y amiguísimo del rey durante tantas décadas, ingresó en prisión como consecuencia del caso KIO. Estaría dentro sólo dos meses, pero también estaba muy enfermo y, sobre todo, desahuciado en los alrededores del rey. Juan Carlos encontraría su relevo en Corinna. En seguida se puso a encargarle cosas y, en poco tiempo, se había convertido en su consultora, ayudante personal, relaciones públicas de altura, mediadora… Como Prado, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein disfrutaba de pasaporte diplomático (no hay constancia de que ya no lo tenga), no se sabe de qué tipo (el de Prado era de embajador at large; es decir, del más alto rango, acreditado para representar al país en el ámbito internacional).

La princesa comenzó a participar en operaciones comerciales para grandes empresas españolas; como la OHL de los grandes amigos del rey, Juan Miguel Villar Mir, y del príncipe Felipe, Javier López Madrid. Cobraba comisiones en torno al 3 por 100, trabajando en la mayoría de los casos sólo «a éxito» (es decir, cobrando sólo si la operación finalmente salía adelante), exceptuando los suculentos management fees (es decir, los gastos de gestión iniciales), que se cobraban en cualquier caso. Las empresas llegaban a estos acuerdos con Corinna porque les habían hecho una oferta que no podían rechazar, desde las más altas instancias del Estado: cuando una operación comercial importante se bloqueaba, era común que los empresarios interesados solicitaran la ayuda del rey, formalmente para que éste encabezara negociaciones diplomáticas. En ese contexto, Juan Carlos recomendaba la intervención de la señora Corinna como consultora, aunque con cargo a las empresas españolas que aspiraban al contrato.

A la par, Corinna actuaba en nombre del rey en otras operaciones, supuestamente para el Gobierno español; aunque siempre ha asegurado que éstos eran trabajos pro bono (es decir, gratis, voluntariamente y sin retribución monetaria por el bien del interés público). La Casa del Rey sólo dijo al respecto, con poca contundencia, que «no tiene constancia», y que al jefe del Estado «sólo le representan los altos cargos autorizados de la Administración española». Pero en una nota oficial —emitida en 2010— la Kingdom Holding Company de Arabia Saudí recordaba que tres años antes, en 2007, el príncipe Al Waleed bin Talal al-Saud había recibido a la princesa Corinna en su cuartel general de Riad, en su calidad de «representante de Su Majestad el Rey Juan Carlos de España». El presidente de la compañía también se había reunido con «Sayn-Wittgenstein, representante del Rey», en su oficina de la capital saudí, y posteriormente «ofreció un almuerzo en honor de su invitada».

PLACER Y NEGOCIO

Aunque no está claro hasta qué punto llegó, si era en beneficio público o privado, ni con quién repartió beneficios exactamente, su colaboración —o cuando menos su presencia participativa— parece confirmada en algunos de los negocios más sustanciosos para los amigos de Juan Carlos de la última década. Como la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina, el AVE del desierto, el mayor contrato privado de la historia de España; o un gran convenio de suministro de gas procedente de Argelia.

En el día a día, placer y negocio se entremezclaban en una sucesión de excursiones, cacerías, grandes cenas, eventos, entrevistas… Como en aquel viaje no oficial del rey a Alemania, en febrero de 2006, que acabó ante los tribunales en noviembre.

Fue una visita privada a Ditzingen, un pueblo de Baden-Württemberg, en el sur de Alemania, por invitación de Manfred Osterwald, un acaudalado constructor de Braunschweig que obtuvo millonarios beneficios en la remodelación de Berlín, cuando la ciudad se preparaba para el traslado de la capitalidad alemana desde Bonn, y en las obras de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Se alojaron en el castillo de Schöckingen (una residencia señorial cuyos cimientos datan del siglo XIII, varias veces reconstruida, que se utiliza para eventos privados); y celebraron un exclusivo banquete para 26 invitados, presidido por Corinna y el duque Carl von Württemberg. Estaban, entre otros, jefazos de Bosch, de Thyssen-Krupp, de Bertelsmann, de EON… Un banquete de señores feudales en el que Wulf Bernotat, presidente de EON, tuvo ocasión de comentar con Juan Carlos sus planes en la OPA contra la eléctrica española Endesa, en la que estaba enfrascado por aquellos días, para arrebatársela a Gas Natural y La Caixa. También estaban Shahpari Zanganeh, la tercera esposa del traficante de armas saudí Adnan Khashoggi, que tendría después un relevante papel en la negociación del contrato por la construcción del AVE a La Meca; y Amr Ibn Abdulá al Dabagh, presidente de la Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA), la agencia estatal saudí de inversiones internacionales; así que, también, seguro que se habló del fondo de inversión hispano-saudí que se estaba fraguando.

En ese ambiente tan distendido, la decoración floral, las delicatessen, los vinos y el servicio supusieron un gasto de 100.000 euros que, por supuesto, no pagaron. Ni siquiera el anfitrión, Osterwald. Imbuidos todos por el espíritu de filantropía y magnanimidad que les resulta tan práctico, las facturas fueron presentadas como gastos desgravables por fines culturales. El fraude se llevó a efecto por medio de la Fundación para el Diálogo Cultural Internacional, que Osterwald, volcado en proyectos culturales y artísticos, había creado el verano anterior. A los inspectores de Hacienda de Ditzingen les llamó la atención ese dispendio filantrópico. Pidieron explicaciones por escrito y comenzaron a tirar de un hilo que llevó a la Fiscalía a presentar una demanda, terminando así aquella agradable velada en los tribunales. Toda una aventura.

Este tipo de viajes de placer mezclados con negocios fuera de la oficialidad, constituyeron la pauta en los últimos años de reinado de Juan Carlos, siempre acompañado de su querida Corinna. Incluso cuando estaba de baja, e ignorando la recomendación de los facultativos, el rey viajó (con muleta) al menos en dos ocasiones con la Zu Sayn-Wittgenstein; primero, a Mónaco, y más tarde a Kuwait y los Emiratos Árabes. Fue después de una intervención quirúrgica en septiembre de 2011. La Casa del Rey había informado de que Juan Carlos tardaría entre 7 y 10 semanas en recuperar por completo la movilidad en su tendón de Aquiles; y de que durante ese periodo de tiempo no participaría en ningún acto oficial fuera de La Zarzuela, aunque sí trabajaría en su despacho. Pero, tan sólo tres semanas después, se saltó toda recomendación y viajó de forma privada a Mónaco para pasar el fin de semana. Se anunció que la visita al Salón Náutico de Barcelona, prevista en su agenda oficial para un mes y medio más tarde, en noviembre, quedaba suspendida; pero al día siguiente de cancelarla el rey emprendió un nuevo viaje privado, acompañado también por la princesa Corinna, en esta ocasión a Kuwait y los Emiratos Árabes. En este último país asistió al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, invitado por el jeque Mohamed bin Rashid al Maktoum. Mientras presenciaba la carrera y mantenía diversos encuentros privados con otros mandatarios extranjeros, Sayn-Wittgenstein era agasajada como consorte de Juan Carlos por las autoridades.

En actos oficiales en España tampoco mostraban reparos en dejarse ver juntos. En mayo de 2006, con motivo de la entrega de los Premios Laureus en Barcelona, se producía su primera aparición pública en pareja. Luego vino la excursión a bordo del Desafío Español de la Copa América, en compañía de otros miembros de la familia real y el príncipe Federico de Dinamarca.

Pero lo que más estupor causó en la prensa extranjera fue lo de los viajes oficiales al exterior. En la llegada al aeropuerto de Stuttgart, en 2006, Corinna compartió incluso alfombra roja y honores militares con el rey. Y llegó a viajar, en una visita oficial a Arabia Saudí, en el mismo avión militar en el que volaron la reina Sofía y dos ministros del Gobierno. La amiga del monarca se desplazó en calidad de «consejera estratégica» del jefe del Estado, integrándose en la delegación empresarial que visitó junto a los reyes la capital saudí, Riad, del 8 al 10 de abril de 2006. La comitiva fue recibida en la base aérea de la capital por el rey Abdalá. Después, el programa oficial de la visita, de tres días de duración, se ajustó al estricto código social de conducta saudí: hombres y mujeres por separado. Los reyes tuvieron agendas paralelas, y sólo coincidieron, en la última jornada del viaje, en la recepción que ofrecieron a la colonia española en Arabia Saudí. Pero mientras Sofía visitaba hospitales o ruinas históricas y cenaba con las mujeres, Corinna acompañaba a Juan Carlos en algunos de los actos programados exclusivamente para el monarca. Por ejemplo, en su visita a la Agencia Saudí de Inversiones Internacionales (SAGIA, en sus siglas en inglés), donde el rey se dirigió a un auditorio compuesto por autoridades y empresarios de ambos países para animar a sus anfitriones a invertir en España. Un año más tarde, en 2007, Al Waleed bin Talal la recibiría en su despacho de Riad como «representante de Su Majestad» sin tener que ir con él.

Lo de Botsuana fue una gran pillada, sólo por culpa de una cadera medio carcomida por la edad. Nunca se tomaban demasiadas precauciones para evitar que algo así pudiera pasar, que de repente fueran descubiertos en una de sus múltiples escapadas, confiando en un sistema de control de la información prácticamente infalible. Pero esta vez no funcionó. O no quisieron que funcionara. La enorme indignación que despertó la abominación de dedicarse a disparar a elefantes por diversión acalló en parte otras cuestiones.

España se sintió resarcida por la afrenta del adulterio público con un gesto nimio de la reina Sofía, que hizo el alarde de no regresar inmediatamente a Madrid cuando recibió la noticia, demorando su regreso de Atenas, donde celebraba la Pascua ortodoxa, un día entero. ¡Qué barbaridad!

Nos conformamos con saber que estaba con Corinna, y no se investigó demasiado quiénes los acompañaron en el jet privado, porque no iban solos. Se sabe que Atkins, el primer exmarido de Corinna, y el hijo de su segundo matrimonio, de 10 años de edad, formaban parte de la comitiva, de modo que aquello era una especie de «Modern Family» de altos vuelos. Pero también estaba Mohamed Eyad Kayali —mano derecha en España del ministro de Defensa Saudí, el príncipe Salman—, con el que al parecer celebraban el éxito en el contrato del AVE del desierto. Pero, además del médico personal del rey, había varios empresarios españoles, cuyos nombres aún no han salido a la luz.

También nos dimos por satisfechos con la versión de que no nos había costado nada, de que el rey había sido invitado por Kayali, sin preguntarnos demasiado, siquiera, de dónde venía tanta generosidad.

Y si no nos conformáramos ni nos quedásemos satisfechos, iba a ser igual. PP, PSOE y CiU alcanzaron un pacto político sólo para vetar en el Congreso las preguntas sobre todo lo interesante.

IDILIO EMÉRITO

Lo de Botsuana vino a coincidir con la resaca que algunas actividades de Corinna y Juan Carlos habían dejado en parte del mundo empresarial. Porque no todas las gestiones conjuntas resultaron un éxito para España y sus empresas. El Fondo hispano-saudí, por ejemplo, una iniciativa del rey Juan Carlos para la que, con la colaboración de Corinna, se reclutó en 2006 a empresarios y bancos como Caja Madrid, ACS, Iberdrola, Grupo Villar Mir, Endesa, Sacyr y otras, fue un fiasco que supuso pérdidas de más de 21 millones de euros. El proyecto se canceló en abril de 2010 y, aunque a nadie le gusta confesar que ha perdido dinero, y menos si está por el medio una amiga del rey, algunos de los perjudicados incluso comunicaron personalmente al Gobierno su malestar por que el proyecto fracasara, pese a que ella cobrara fuertes cantidades por sus servicios (se calcula que unos 5 millones de dólares).

Tampoco fue ningún éxito lo de la Lukoil, en 2008. Juan Carlos y Corinna, a través de su empresa británica Apollonia Associates, presionaron a favor del Gobierno ruso para tratar de conseguir que España aprobara la entrada de la petrolera Lukoil en la española Repsol. Pero ahí la mosca del malestar revoloteó en la oreja, no empresarial, sino institucional. Se opusieron sectores del Gobierno español, avalados por informes del CNI, que también estaba en contra. Y vete tú a saber quién más desaprobó una operación con tantos intereses geoestratégico-financieros, en el sensible sector energético, allende las fronteras del reino. Porque pudieron más que el rey: el plan se acabó frustrando y Corinna no cobró por su trabajo de consultoría esa vez.

Por estos y otros errores, claro está, no iba a pagar el pato el rey. Eso nunca pasa. Y Botsuana fue la excusa perfecta para librarse de Corinna. Aquel 14 de abril de 2012 durmió con su hijo en el Hotel Miguel Ángel, de Madrid. A primera hora de la mañana fueron sacados por un par de agentes del CNI y acompañados a Barajas rumbo a París, con la recomendación de no volver a España.

Fue la puesta en escena de una ruptura que en la vida real fue sólo momentánea. Una separación provocada, que no causaría más daño que otras anteriores en su convulsa y larga relación, propiciadas por la intervención de terceras personas, de uno y otro lado. Pero también por las presiones por parte de Corinna para normalizar su estado juntos, a nivel oficial.

Sobre todo después del anuncio del «cese temporal de la convivencia» de la infanta Elena con Marichalar, en 2007, Corinna creía que era posible explicarle a los españoles el triángulo monárquico. Juan Carlos llegó a hablar, en 2009, con el presidente Rodríguez Zapatero y el ministro de Exteriores Moratinos, planteándoles que quería iniciar una nueva vida: realizar menos visitas oficiales al extranjero y, sobre todo, una petición expresa: que no se le organizaran viajes de Estado junto a la reina. Al mismo tiempo, la idea era incrementar el número de visitas a la península arábiga, pero con un nuevo diseño en su trabajo público de rey, con algo inédito: sin que los embajadores informasen al Ministerio de Asuntos Exteriores, por petición expresa de la Casa Real.

La relación no avanzó, pero se desarrolló sin mayores problemas hasta lo de Botsuana, dentro del secretismo habitual, con apenas algunas informaciones extemporáneas en la prensa. En febrero de 2010 se dejaron fotografiar en una estación de esquí de los Alpes Suizos, aunque las fotos las compró Hola para guardarlas en un cajón, lejos de las miradas maliciosas de los súbditos. Unos meses después, en marzo, El Mundo publicó las primeras notas sobre «la bella princesa que triunfa en España», pero sin decir nada de su relación con Juan Carlos. En el tira y afloja de aquellos tiempos, ese mismo verano Juan Carlos dejó notar su ausencia por primera vez en la Copa del Rey de Vela de Mallorca, mientras se le fotografiaba de nuevo con Corinna, comiendo en el restaurante Aspen de Madrid, aunque una vez más nadie publicaría las fotos. Todo muy normal, hasta aquel aciago 14 de abril de 2012.

El cierre a cal y canto de la prensa pareció acabar entonces. Las críticas a las actuaciones del rey brotaron como si se hubiera abierto una espita, con un chorro imposible de contener, sobre todo en la prensa extranjera, pero también en su suelo patrio. El ataque a la rubia alemana, que tan mala influencia estaba siendo para el antes campechano monarca, fue unánime.

Como respuesta, Corinna comenzó a enseñar los dientes con insinuaciones y datos incompletos, en las páginas de El Mundo, Hola, Paris Match… Lo peor no fue que se mostrara en todo su esplendor de mujer fatal con una pulsera valorada en más de tres millones de euros supuestamente regalada por Juan Carlos, sino las amenazas veladas a que contaba con documentación que demostraba su colaboración con el Gobierno de España en varias operaciones de interés presuntamente general.

La cosa se estaba liando peligrosamente cuando, tras varios correos electrónicos filtrados en los que aparecía, se barajó su posible imputación en el caso Nóos de Urdangarin. Su declaración podría haber sido de pánico. Pero la sangre no llegó al río y, el 16 de octubre de 2013, el juez Castro rechazó imputarla. Este alivio permitió una negociación menos crispada de su salida definitiva de España.

Pero no está del todo claro que, pese a la puesta en escena, la ruptura anunciada en la prensa a bombo y platillo se produjera en la realidad. Corinna Zu Sayn-Wittgenstein se instaló oficialmente en Mónaco, donde desde 2008 ya residía parte del tiempo (186 días al año, para ser exactos), por motivos fiscales; pero con frecuentes estancias en Londres. Y en ambas ciudades continuaron viéndose.

Uno de los encuentros más sonados fue en el verano de 2013, en Sussex, en la casa de Philip Atkins, el ex de Corinna, a donde fue invitado a pasar unos días. Se acababa de publicar un incendiario libro sobre Letizia Ortiz, la futura reina, lo que había provocado una enorme crisis en el seno de la familia Borbón. Juan Carlos estaba convencido de que Felipe tenía que divorciarse de inmediato. Él no podía abdicar en esas circunstancias. Aprovecharon esos días para hacer planes juntos, contemplando incluso la posibilidad de contraer matrimonio y de que ella obtuviera el título de su alteza real Corinna de Borbón. El complicado plan implicaba llegar hasta los fastos de celebración del 40 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I, en noviembre de 2015. El tiempo de margen antes de pasar la batuta a Felipe serviría para librarse de Letizia, cerrar el caso Urdangarin, y para estabilizar la situación política con otra victoria del Partido Popular. Y luego ellos podrían retirarse juntos a un país extranjero, apenas con un apartamento en el Palacio Real al que acudir cuando los ánimos de los españoles se hubieran atemperado. ¡Qué sueños!

Otro tuvo lugar en la capital británica, la víspera de la Pascua Militar de enero de 2014. El rey tuvo una de sus apariciones públicas más patéticas a su regreso, en el tradicional acto ante los mandos militares. Lo mejor que se podía decir de sus titubeos —lingüísticos y gestuales— era que parecía habérselo pasado muy bien la noche anterior. Para que el vídeo fuera un éxito en internet no hizo falta adornarlo con artificios cómicos de ningún tipo.

El proceso de abdicación se aceleró tras ese discurso, y también la negociación con la princesa para dejar todo atado y bien atado en lo pecuniario. La operación duró meses, antes del cierre definitivo en noviembre de 2014. Es de suponer que resultaría difícil, porque el accidente de Botsuana debió de pillar a la pareja sin ningún tipo de previsión para la partición de sus peculiares «gananciales». Pero, mal que bien, al parecer, se llegó a un arreglo. Y se cerraron carpetas. Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que nunca hasta entonces había figurado en la sociedad, se había incorporado como directora a Apollonia Holdings a comienzos de 2013, coincidiendo prácticamente con su salida del país y también con el cese de actividad comercial de la compañía. A partir de ahí, dejó de entrar dinero en ella y Corinna rompió sus vínculos comerciales con España.

Se fue, ante las protestas de destacados empresarios, con 30 millones de euros cobrados por sus servicios, además de una cantidad indeterminada para taparle la boca, según algunas filtraciones bien documentadas; aunque los portavoces oficiales del CNI negaron de forma taxativa su participación. Porque al parecer, como en el caso de Bárbara Rey, se utilizaron los servicios de inteligencia y quizá fondos reservados para liquidar el asunto. Según filtraciones periodísticas, el Centro habría abierto dos cuentas en Suiza donde realizar pagos a la princesa Corinna (una en el Bank of Scotland de Zúrich y otra en el Private Bank de Ginebra), utilizando «identidades operativas» (nombres falsos pero dotados de documentación española legal). Una vez recibido el dinero, el bróker encargado de la gestión se lo haría llegar a la princesa alemana, que tendría un poder notarial sobre ella, o bien accedería a través de cheques al dinero. Con este sistema, que sería el mismo que se emplearía, por ejemplo, para pagar el trabajo de un sicario en la guerra sucia, el dinero no deja rastro; de modo que si un juez tratase de seguir las huellas y pidiera información a Suiza, no encontraría nunca ningún pago a nombre de la princesa Corinna.

33. La monarquía no está de moda

¿LA MONARQUÍA VA BIEN?

Sólo un 8 por 100 de los ciudadanos del planeta viven hoy bajo regímenes monárquicos, a pesar de que la monarquía era la forma más extendida de poder y gobierno hasta el siglo XVIII e incluso hasta después de la II Guerra Mundial; y la mayoría es mejor no sacarlos mucho de paseo a la ONU, porque pueden pedir que los súbditos vuelvan a llevar cadenas en los pies. El continente americano parece inmune al monarquismo desde su irrupción en los tiempos modernos. En Asia hay cinco monarquías activas: Japón, Nepal, Tailandia, Malasia y Brunei. Apenas el mundo árabe parece garantizar una cierta afición a este tipo de régimen, como filiales de las multinacionales del petróleo, con Marruecos, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes. En todo África, aparte de Marruecos, nada más subsisten dos ejemplos para desearle algo mejor a sus pueblos: Lesoto y Suazilandia; y otras dos en Oceanía, en pequeñas islas del Pacífico: Tonga y Tuvalu. Y sólo una monarquía reinante, la marroquí, tiene más de cuatro siglos de existencia, lo que no impide que desde la proximidad familiar, el príncipe Mulay Hicham, primo del rey Mohamed VI, surja la voz que pide que el rey reine pero no gobierne si quiere perdurar.

En Europa, de unas cuarenta casas reales reinantes a principios de siglo, sólo diez continúan en la actualidad en activo, en el marco de monarquías constitucionales y regímenes democráticos, entre las que se encuentra un pequeño grupo que, más que países, son paraísos fiscales, como Mónaco o Liechtenstein. Completan la lista Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica y España. El mayor descalabro se produjo después de la II Guerra Mundial, que dejó un montón de príncipes destronados al caer sus países en manos de los comunistas, y ninguna consiguió ser restaurada después (sólo la Casa Real española, gracias al generalísimo Franco). Muchos reyes errantes se refugiaron en Egipto; pero, al ser derrocado el rey Faruk en 1962, aceptaron la oferta de Franco para un dorado y tranquilo exilio en España. Y así fueron llegando: la reina madre Juana de Bulgaria y su hijo, el rey Simeón, aún niño; el rey Carol de Rumanía y su amante, la hermosa Popescu; Alejandro de Yugoslavia; Wladimiro de Rusia y su esposa Leónida; la emperatriz Zita, del Imperio austro-húngaro; la bellísima reina madre Geraldine de Albania y su hijo Leka…

Leka se había autoproclamado a sí mismo rey de Albania bajo el cielo de París, añadiendo a su pretensión la reivindicación del trono de las que llamaba las tres provincias albanesas: Montenegro, Macedonia y Kosovo. El 31 de enero de 1979, el entonces presidente Adolfo Suárez ordenó su expulsión inmediata de España, en cuestión de horas, por tenencia y tráfico de armas. Leka poseía todo un arsenal y un pequeño ejército de albaneses armados hasta los dientes en su mansión madrileña de Pozuelo de Alarcón, dispuestos a reconquistar el reino. Se le autorizó a llevarse a su familia, escoltas, perros de presa y armamento. Para ello, se fletó un avión de la compañía Spantax, con dirección a Rodesia. La operación le costó a Leka 3,2 millones de pesetas de entonces, aunque se le ayudó algo. Sobre todo porque el rey Juan Carlos, a quien el presidente Suárez informó de su decisión de expulsarle, pidió que se hiciera con respeto y sin violencia.

Pero la mayoría, como Giorgij Romanov, Alejandro Karadjordjevic de Yugoslavia, Constantino II de Grecia o Víctor Manuel de Saboya, parecen contentarse con que se les permita regresar a los países donde ellos o sus familias reinaron, con la intención de recuperar parte de sus patrimonios. También los herederos del Imperio alemán, como Felicitas de Prusia, bisnieta del último emperador alemán, Guillermo II, y una docena más de pequeñas casas reales con nombres que parecen de transnacionales, como la Hohenlohe-Langenburg, Thurn und Taxis, Toerring-Jettenbach o Waldeck-Pyrmont, pasan sus días apaciblemente en sus antiguos dominios.

Otros están llevando a cabo una especie de revival monárquico-democrático, convirtiéndose en reyes republicanos, en una monarquización de las democracias que se ha demostrado tan absurda como parecía, ya también en la práctica.

El pretendiente al trono de Rumanía, Mihail I, septuagenario, fue animado por los nostálgicos rumanos en 1992 a crear el Partido Nacional Liberal y al menos logró que la liberada exrepública comunista le concediese la mitad de la paga que le hubiera correspondido como jefe de Estado en ejercicio y parte de sus antiguas propiedades. Los monárquicos portugueses parecen desear igualmente que el duque de Braganza, pretendiente al trono portugués, haga incursiones tentativas en la política. Otto de Habsburgo, por su parte, renunció a sus haberes y ambiciones políticas sobre Austria para poder regresar a su tierra, y se convirtió después en eurodiputado por la CSU bávara.

En Yugoslavia se da una situación curiosa. Alejandro, pretendiente al trono, no sólo reside en el país: por voluntad del Gobierno, lo hace en el palacio real de Belgrado. Su prima Elizabeth de Yugoslavia (Elizabeth Karageorgevich), que se dedica a las labores humanitarias a través de su propia fundación (¡qué afición por las fundaciones!), decidió postularse para presidente de Serbia en las elecciones de 2004. Tenía en contra que ni siquiera vive en Yugoslavia, aunque cuenta con su propio palacio allí desde hace años. Su primo Alejandro, además, puso objeciones. Pensaba que la familia real debía mantenerse al margen de la política. Pero Elizabeth insistió en que, si ganaba, su prioridad no iba a ser volver a la monarquía. Afortunadamente no ganó. Con el 2,1 por 100 de los votos, obtuvo 15 representantes, que no eran suficientes para tomar el poder. La princesa yugoslava es prima hermana de la reina Sofía, y se casó en terceras nupcias con el ya fallecido exprimer ministro del Perú Manuel Ulloa (después de haberse separado éste de Isabel Zorraquín, la madre de Isabel Sartorius).

Sí consiguió ganar unas elecciones Simeón de Bulgaria, el caso más insólito de rey republicano. Refugiado en la España de Franco desde 1951, emparentó con la familia de Juan Carlos al casarse con Margarita Gómez-Acebo y entró con éxito en el mundo financiero e inmobiliario internacional. En 1996 decidió regresar a su país después de más de cincuenta años. En 2001, recuperada la ciudadanía búlgara, recuperó también el poder político con la extravagante idea de presentarse a las elecciones parlamentarias y ganarlas, con su partido, Movimiento Nacional. Fue primer ministro y, tanto se metió en el papel, que se convirtió en un político corrupto más, como cualquier otro sin sangre azul. Pero sobre todo durante su mandato aprovechó para apoderarse de tierras y propiedades, con el argumento de que habían pertenecido a su familia antes de que se aboliera la monarquía. En 2005 perdió las elecciones en un clima de cuestionamiento de su gobierno por corrupción; y en julio de 2009, su partido se quedó sin representación parlamentaria. Simeón decidió retirarse de la política cuando el Estado le estaba reclamando que devolviera las 1.600 hectáreas de bosque y varias parcelas en las montañas, y que abonase 2,5 millones de euros, en concepto de indemnización por la explotación de las tierras.

Las diez monarquías europeas que consiguieron mantenerse en el trono también pasan por momentos de incertidumbre, en espera de que unas poco prometedoras nuevas generaciones tomen el relevo. En Inglaterra no saben qué hacer con el príncipe Carlos, al que les encantaría poder saltarse en favor de su hijo, antes de que éste empiece a labrarse una mala imagen también.

En Bélgica, el rey Alberto II abdicó el 21 de julio de 2013 en favor de su hijo Felipe. En 1993 el rey Balduino había muerto sin descendencia. Entonces le sucedió su hermano, Alberto, con poco entusiasmo. Aunque desde el primer momento era su hijo Felipe, sobrino favorito de Balduino, el que estaba previsto como sucesor, su padre no lo veía suficientemente preparado entonces. Tardó 20 años en decidirse a traspasarle la corona.

En los Países Bajos ya han ejecutado también el relevo, no sin problemas. Cuando aún era príncipe, Guillermo Alejandro de Holanda se casó con la argentina Máxima Zorreguieta, lo que suscitó resquemores por ser empleada de banca y, sobre todo, porque su padre había sido ministro durante la dictadura del general Videla. Máxima tuvo que pagar un precio por estos pecadillos, y su padre no pudo asistir a los esponsales. Pero pudieron aguantar el tirón de las críticas. Beatriz, reina de los Países Bajos y miembro del Club de Roma y del Grupo Bilderberg, abdicó el 30 de abril de 2013 en su hijo, que está —presuntamente— acometiendo un proceso de modernización de la institución.

Los países escandinavos —Dinamarca, Noruega y Suecia— atraviesan procesos similares de adaptación a los nuevos tiempos. La viuda Margarita de Dinamarca, que después de más de 40 años de reinado todavía no ha abdicado, pertenece a la casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, como la reina Sofía; y tuvo que mostrar, como ella, transigencia para aceptar la boda de su heredero, Frederik, con una mujer de sangre no real. Frederik contrajo matrimonio el 14 de mayo del 2004 con Mary Elizabeth Donaldson, de nacionalidad australiana y que trabajaba como jefa de marketing. Conoció al príncipe en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, porque esto del deporte entretiene mucho a la realeza y a los yuppies del marketing deportivo. Continuando con sus aficiones, en octubre de 2009, el príncipe heredero fue elegido miembro del Comité Olímpico Internacional, lo que no le pareció demasiado bien al pueblo de Dinamarca, ya que podría significar que comprometiera su neutralidad política. Frederik aseguró que sólo estaría involucrado en las cuestiones relacionadas con el deporte, dejando la política a los políticos. Y, como Iñaki Urdangarin ha demostrado, esto es más que suficiente para mantenerse ocupado.

Sonia de Noruega era secretaria cuando ella misma inauguró la moda-tendencia a los matrimonios morganáticos en la realeza europea, al casarse con el entonces príncipe heredero Harald. En marzo de 1968 el rey Olaf V, tras consultar con el gobierno, anunció su consentimiento para que el príncipe heredero se casara. Harald había hecho pública su decisión de renunciar a sus derechos al trono si no se autorizaba su boda. El compromiso y la boda civil levantaron un debate sobre el futuro de la monarquía en Noruega. Pero la elección matrimonial de su hijo Haakon, en 2001, fue peor. Un nuevo reto frente a la opinión pública. No agradó ni a su madre ni a nadie. Tiessem Mette-Marit era una madre soltera a la que conoció en la movida «punk» noruega, con una niña de tres años cuyo padre estuvo implicado en asuntos de droga.

Por su parte el soberano sueco, que es el que menos poder y responsabilidades tiene de toda la realeza de Europa, tampoco se ha atrevido todavía a abdicar hasta ver el futuro un poco más asentado. Carlos XVI Gustavo sigue estando disconforme con la decisión del Parlamento sueco de 1980 de eliminar la ley sálica con efecto retroactivo, lo que le quitaba la condición de heredero a su hijo pequeño, Carlos Felipe, en favor de la hermana mayor, Victoria. El Parlamento no tuvo en cuenta la opinión del monarca para eliminar una ley discriminatoria con la mujer. Pero Carlos Gustavo todavía, cuando tiene ocasión, critica esa nueva ley de sucesión, a la que califica de «absurda». A esta problemática se unió en 2002 la publicación de una encuesta en la que se desvelaba que la inmensa mayoría de los parlamentarios estaban por la república. Los reyes se vieron sorprendidos el 28 de diciembre con el anuncio de la presentación de una moción en el Parlamento sueco para la supresión de la monarquía, con un plan de urgencia que haría posible transformar el actual sistema de monarquía constitucional en una república. Luego la cosa quedó en nada, y los suecos siguieron con interés la dislexia y la anorexia de Victoria; y su boda con Daniel Westling, otro deportista (entrenador personal y empresario de varios gimnasios).

EL JUANCARLISMO EN CRISIS

Un estudio estadístico realizado en 1970 por la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) revelaba que la forma de gobierno preferida por los españoles era la república, con un 49 por 100, frente a un 29,8 que prefería el franquismo y tan sólo un 20,8 la monarquía. Pero ese fue sólo el punto de partida. Por supuesto que entonces se realizó una campaña promocional de la institución para que los inmaduros españoles vieran con buenos ojos al monarca propuesto por el caudillo. Y resultó.

La monarquía con Juan Carlos I llegó a tener unos altísimos índices de popularidad, siendo la institución mejor valorada durante décadas en las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas, de España). Sobre todo después de aquel gran éxito que fue el 23F de 1981, en el que Juan Carlos se erigió como salvador de la patria después de haber consumado con inesperado éxito la mayor felonía de su reinado.

En el año 2000, un sondeo realizado por el Instituto Opina para El País con ocasión del 25 aniversario de la instauración franquista de la monarquía, señalaba que un 84 por 100 de los ciudadanos consideraba la actuación del rey como buena o muy buena.

Sin embargo, desde comienzos de siglo, como de repente pero poco a poco, empezó una tendencia a la baja en la valoración de la monarquía, primero entre los jóvenes y luego de forma generalizada, paulatina e irrefrenable. El descontento popular avanzó paso a paso hasta lo de Botsuana, que lo elevó hasta el paroxismo.

En 2005, sobre la misma pregunta que habían hecho en 2000, esta vez sobre los 30 años de reinado, el porcentaje de los que consideraban la actuación del rey como buena o muy buena había bajado al 79 por 100. Todavía, apenas el 4 por 100 juzgaba que la actuación del rey había sido mala o muy mala. El porcentaje de los que manifestaban que su figura era una garantía de orden y estabilidad había bajado nueve puntos (al 66 por 100). La encuesta también indagaba en las preferencias de los ciudadanos sobre la forma de Estado. Un 45 por 100 se consideraba monárquico, frente a un 29 por 100 que se declaraba republicano, y un 26 por 100 que no sabía o no respondía.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) avisó en esa celebración por los 30 años de reinado de que aproximadamente uno de cada cuatro españoles se inclinaban por la república, cuando hacía cinco años era uno de cada cinco. En 2006, los jóvenes de entre 18 y 24 años consultados por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la Corona, la suspendían con un 4,77. Sin distinción por edades, la calificación iba bajando en caída libre: en 2010, 5,5; y en 2012, un inédito suspenso de 4,89. La nota aún caería hasta el 3,72 en 2014.

Desde 2005, comenzaban a preocupar las manifestaciones en Madrid por la III República, que ya llevaban años aunque no salían en la prensa, tradicionalmente celebradas tanto el 6 de diciembre (día no lectivo en honor de la santísima Constitución) como el 14 de abril (no reconocido oficialmente como día de la II República Española). Cada año congregaban a lo que empezaron siendo unos pocos cientos y se fueron convirtiendo en miles de republicanos, cada vez más, en su recorrido desde Atocha, por Cibeles, hasta la Puerta del Sol, coreando alegres consignas como: «¡Los Borbones, a los tiburones!»; «¡Queremos un pisito como el del principito!»; «¡La ley de extranjería, para la reina Sofía!»; «Marichalar, a trabajar al Pizza Hut!»; «¡Urdangarin, a trabajar al Burger King!», «¡Los osos rumanos también somos republicanos!» y un largo etcétera.

En las visitas oficiales por la geografía del Estado, Juan Carlos empezó a tener que aguantar un poco de todo y no le gustaba nada. Por ejemplo, en la que hizo a Cataluña en septiembre de 2007, que los manifestantes quemasen fotos con su cara.

Al menos desde 2009, se convirtió en costumbre una sonora pitada, aprovechando su presencia en la final de la Copa del Rey de fútbol, de baloncesto o de lo que fuera. En 2009, la de fútbol la jugaron el 13 de mayo el Athletic de Bilbao y el FC Barcelona en Valencia. Esas cosas antes no pasaban, pero la esperaban y en la retransmisión televisiva consiguieron que no se oyera casi nada. De todos modos, la habían escuchado decenas de miles de testigos-participantes y testigos a secas. A algunos les sentó mal. La fundación Defensa de la Nación Española (Denaes) incluso presentó una querella en la Audiencia Nacional contra los grupos de independentistas catalanes y vascos que, decían ellos, habían urdido el abucheo. El juez Santiago Pedraz la inadmitió a trámite. Todavía no se había aprobado la nueva ley mordaza (de 2015) para acabar con los últimos resquicios de la libertad de expresión, y darle una sonada pitada al rey aún no se podía considerar constitutivo de delito alguno.

El 22 de febrero de 2010 los multitudinarios abucheos se repitieron en Barakaldo al inicio de la final de la Copa de baloncesto, siempre directamente dirigidos a la persona del monarca, cada vez con menos adeptos, sobre todo en el País Vasco, más desde que abandonó su papel de árbitro para expresar su interés por que el PSE arrebatara al Gobierno autonómico al PNV. Las pitadas venían a expresar —pacíficamente— un sentimiento de rechazo que no se podía expresar de otra manera.

El príncipe heredero, Felipe, también recibía lo suyo. Como hombre de su generación, tuvo uno de sus primeros encuentros con el movimiento de los indignados el 17 de junio de 2011. Volvía a la Universidad Autónoma de Madrid, donde se había licenciado en Derecho, para clausurar un encuentro sobre voluntariado universitario. Allí fue recibido por un grupo de estudiantes del movimiento de los indignados, que aguardaban su llegada frente a la puerta de la Escuela Politécnica Superior con banderas republicanas y pancartas en las que se podía leer: «La educación no es mercancía». Como no se paró a hablar con ellos, le corearon de lejos algunos gritos contra la monarquía y contra el Banco Santander, patrocinador del evento.

Aquel más del 25 por 100 de abiertamente republicanos de 2005 ya era el 57,8 por 100 de los jóvenes entre 18 y 29 años en 2012, en una encuesta publicada por El Mundo. Un estudio realizado por Simple Lógica (que es el nombre de una empresa de estudios de opinión) también puso de manifiesto que ese año el 50,4 por 100 de los españoles estaba a favor de la celebración de un referéndum sobre el modelo de Estado. El porcentaje se disparaba entre los jóvenes. El 73,1 por 100 de los encuestados entre 18 y 24 años se manifestaba a favor de elevar la pregunta a las urnas de manera inmediata.

Y todo esto antes de lo de Botsuana, cuando se abrió la espita del malestar y ya no se pudo cerrar.

Lo de la cacería de elefantes fue el 14 de abril, día de la República; y la atronadora pitada a Felipe, durante la final de la Copa del Rey en el estadio Vicente Calderón de Madrid, el 25 de mayo, la primera oportunidad para expresar el clamor popular. Fue tan estruendoso que no se pudo disimular en la retransmisión del partido, otra vez entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. El sindicato de ultraderecha Manos Limpias denunció ultrajes a la Jefatura del Estado y a la bandera de España, en un escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado, en el que solicitaban la apertura de una investigación contra varias asociaciones como presuntos «inductores y cooperadores necesarios» de ese delito. Nuevamente, esta vez el Ministerio Público, se archivó la querella, considerando que lo ocurrido había sido simplemente algo «inoportuno y molesto». El gobierno de Mariano Rajoy ya estaba ahí, pero llevaba poco (desde diciembre de 2011), y aún no había tenido tiempo para pergeñar la ley mordaza, que iba a poner fin a todos esos desmanes.

Las expresiones ruidosas de sentimientos hacia la monarquía se convirtieron en una constante. Incluso la reina Sofía, que nunca tenía un mal gesto ni para su marido cuando le daba un empujón y le decía «quita de ahí», se tornó en blanco de ensordecedores abucheos, para sorpresa de sus fieles acompañantes, donde quiera que iba. El 22 de noviembre de 2012, frente a la Real Casa de la Moneda en Madrid, a su llegada a la XXIII edición del Premio Tomás Francisco Prieto. El 25 de octubre, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, en compañía de su hijo, el príncipe Felipe. El 8 de enero de 2013, en un acto solidario en el cine Callao de Madrid: la presentación de la película de televisión basada en la biografía de Vicente Ferrer, que entregó su vida a los intocables de la India. El 13 de mayo de 2013, en Mérida, en la inauguración de un Congreso Internacional de Arqueología Clásica, cuando un grupo de personas le gritó «¡Sofía, Sofía, la olla está vacía!». El 31 del mismo mes, en el paseíllo de inauguración de la Feria del Libro de Madrid, cuando otra congregación de manifestantes le gritó «¡Ley de extranjería, para la reina Sofía!» y «¡La cultura no se vende!». El 21 de junio, le atribuyeron los abucheos en el Teatro Real sólo al ministro de Educación, José Ignacio Wert, con el que acudió al homenaje a la mezzosoprano Teresa Berganza. Pero el 22 se los repitieron a ella solita en el Auditorio Nacional, donde se celebraba un maratón sinfónico dirigido por Jesús López Cobos. El 20 de septiembre, en Murcia, volvió a escuchar silbidos cuando inauguraba un teatro…

Lo peor era que en esas manifestaciones públicas de malquerencia no había ningún hooligan ni perroflauta, ni radicales anti-sistema, ni independentistas violentos, sino españoles de bien, la mejor sociedad. Como el 31 de mayo de 2013, en el Liceo de Barcelona, un lugar poco sospechoso de albergar a desharrapados, donde los príncipes de Asturias recibieron una sonora pitada, con el gesto inexpresivo de verdaderos profesionales del fingimiento.

Las muestras de inquina hacia Juan Carlos, cuando salió con su bastón del hospital y volvió a la vida pública, eran más irrespetuosas todavía. El 10 de febrero de 2013, cuando acudió al Buesa Arena en Vitoria para presidir la Copa del Rey, el recibimiento fue desolador. Además de la tradicional pitada al himno nacional, los asistentes le gritaron «¡Fuera, fuera!» y, lo que es peor, le corearon la canción infantil: «Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña».

El rechazo llegó a una de sus cotas más altas cuando el 30 de julio de 2013, silenciosamente y sin el resguardo de una multitud, una familia de las víctimas del tren de Santiago negó el saludo a los príncipes. Fue durante el funeral por las 79 personas que murieron en el accidente de un Alvia que descarriló en las vías de alta velocidad (que también suscitó críticas por haber sido un acto religioso, siendo España, según el texto de la Constitución del 78, un Estado «aconfesional»). Se celebró en la catedral, levantando más críticas que aplausos por su organización, en la que se daba todo el protagonismo a Felipe y Letizia, y otras altas autoridades como Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, dejando muy en segundo plano a las víctimas, que ni siquiera salieron en la foto que al día siguiente se reprodujo en las portadas de los principales periódicos.

Marta Besada Garrido y su padre, familiares de una víctima mortal del accidente, se atrevieron a negarle el saludo a «los que se hacen llamar altezas». «A nosotros no nos representan», explicó en las redes sociales Marta. Dijo asimismo: «Muchas gracias también a todo el mundo que ha estado en la plaza del Obradoiro, algunos aplaudiendo a los políticos, otros a nosotros». Pero añadiendo: «Es vergonzoso que nosotros tengamos que esperar a que venga el puto principito y cía. ¿Os habéis hecho ya la foto? Podéis marcharos».

EL PAPEL DE LA PRENSA

A todas estas, la prensa oficialista se esforzaba por ocultar o cuando menos minimizar lo que podía. Aparte de panegíricos fílmicos y la pseudoentrevista de Jesús Hermida a Juan Carlos en TVE (un regalo por su 75 cumpleaños, en enero de 2013), el monárquico ABC de toda la vida continuó siempre defendiendo al monarca; y venía a apuntalarlo El País, reconvertido en el más fiel baluarte de la dinastía borbónica.

El sistema estaba tan bien amarrado que cualquier atisbo de republicanismo, por anecdótico que fuera, se consideraba poco menos que enaltecimiento del terrorismo. El 28 de noviembre de 2003, cuando el Himno de Riego sonó por error como himno oficial de España durante la final de la Copa Davis de Tenis en Melbourne (Australia), el establishment político y mediático conservador reaccionó con una arrebatada agresividad. El conjunto español escuchaba estupefacto la interpretación del trompetista James Morrison de un himno diferente, con cara de no saber de qué iba la música. Pero con los primeros acordes, Juan Antonio Gómez Angulo y el embajador español saltaron de sus asientos y el secretario de Estado se dirigió a los jugadores gritándoles y haciéndoles gestos desde la grada: «¡No empecéis a jugar! ¡Me hago responsable de la situación!», vociferó. España amenazó con un plante y la eliminatoria no pudo comenzar durante un buen rato. Luego el secretario de Estado comentó: «La delegación española ha sido objeto de una ofensa y también la nación española. La protesta irá más allá de lo que es la competición deportiva y exigimos a la Federación Internacional que abra una investigación oficial para saber cómo se ha llegado a esta situación, una ofensa intolerable en una final de tanta trascendencia deportiva». También pidió que se disculparan ante la embajada española en Australia y que el Gobierno de este país diera una explicación. Ni que decir tiene que la anécdota fue portada de todos los periódicos.

Tampoco era para tanto. El Himno de Riego (general célebre por el Levantamiento en Las Cabezas de San Juan contra el absolutismo y a favor de la Constitución de Cádiz, la famosa «Pepa») se compuso en febrero de 1820 en los días del absolutismo y por tanto es toda una invocación a la libertad perdida. Fue himno nacional oficialmente en 1822 y no sólo lo entonaron los liberales y luego los republicanos, sino también el propio Fernando VII, desde uno de los balcones del Palacio Real de Madrid ante una enfervorecida multitud. Pero sobre todo se recuerda como himno y marcha oficial de la II República.

En una relectura de los medios escritos, lo que resulta sorprendente es el papel de El Mundo, con continuos artículos sobre la abdicación, unas veces a favor y otras en contra; porque su exdirector Pedro J. Ramírez era así, hasta que se libraron de él y le quitaron ese juguete tan divertido con el que se reía de la opinión pública. El 18 de abril de 2012, insertó un significativo editorial titulado «Los reyes sí abdican». El 30 de marzo de 2013, hacía el homenaje envenenado a Don Juan de Borbón, en el 20.º aniversario de su muerte, de publicar su testamento, en el que figuraban tres cuentas en Suiza. Su hijo, el rey, había ingresado 2,25 millones de euros no declarados a Hacienda. Pero poco después, el 12 de mayo de 2013, salió con otro artículo editorial, «El retorno del Rey batallador», en el que dejaba escrito poco menos que lo contrario de lo que había dicho un año antes. Pedro J. ya no quería que el rey abdicase: «Lo que ahora requerimos de él no es que nos vuelva a representar en los Juegos Olímpicos sino que impulse un proyecto regenerador, similar al de la Transición, que nos saque del hoyo». Y llegó a decir de Juan Carlos: «sigue siendo el mayor activo de nuestra democracia».

Nada comparable, con todo, al apoyo incondicional y sobre todo constante de El País. Cuando el afecto popular empezaba a flaquear, al periódico de Prisa nunca le faltaron argumentos.

En el especial por el 30.º aniversario de la coronación, del 22 de noviembre de 2005, se recogió un chorro inagotable de lisonjas, agasajos, alabanzas, zalamerías, panegíricos y cucamonas: «el Rey del cambio», «parachoques de la democracia», «determinante en la Transición», «el equilibrista infatigable», «la Monarquía que recuperó la democracia», «el cruzado que se convirtió en regente», «la contribución a la paz en Oriente Próximo», «ha convertido la Monarquía en marca cotizada en el mercado global», «su pragmatismo, tolerancia y simpatía le han reportado el reconocimiento de los españoles»… La reina era la «embajadora de la solidaridad», «Doña Sofía tiene muy interiorizado, por sus raíces, el deber de ser útil a España»…

Se recuperaban firmas que ya habían mostrado su adhesión en otros momentos, que continuaban de modo ya injustificable (no achacable a la ignorancia de las características del reinado de Juan Carlos y de su verdadero papel en la historia). Como el escritor Manuel Vicent, que seguía apelando a la campechanía del rey como el mejor argumento para la defensa de la monarquía: «En medio de la adversidad, el carácter espontáneo de Juan Carlos ha sido el aceite que ha lubrificado el aparato anquilosado de la vieja Monarquía hasta convertirla en una máquina de uso corriente, cercana, pragmática, al servicio de los intereses del Estado. […] Soy juancarlista desde un lejano 23 de abril, Día del Libro, en que fui presentado al Monarca por Jesús Aguirre […]. El Rey y el duque de Alba empezaron a comer chorizo castellano mientras la tuna cantaba Clavelitos, y ante esa visión pensé que estaba asistiendo a la profundidad máxima de España. Desde aquel día, el Rey me llama Manolo».

Gracias al sumario del caso Nóos supimos un poco más sobre cómo se fraguaban este tipo de campañas, por si a alguien le quedaban dudas. En un correo electrónico enviado por Carlos García Revenga, secretario de las infantas, al periódico La Vanguardia, se daban «recomendaciones» al conde de Godó (el asunto del correo electrónico era: Nota para hablar con Godó) sobre cómo presentar el traslado y la adquisición de vivienda del matrimonio Urdangarin cuando, finalmente, se establecieron —ya como pareja— en Barcelona en el año 2004. Los puntos, luego seguidos con docilidad y a pies juntillas por la línea editorial, eran:

Te pido:

a) Que la presentes [la crónica] como una aportación positiva que los Duques de Palma fijen su residencia en Barcelona.

b) Que lo presentéis como algo natural de compra inmobiliaria, con los riesgos de endeudarse que tienen las parejas jóvenes hoy.

Los tres pilares del sistema —monarquía, medios de comunicación y transnacionales— venían a confluir en sus intereses sin mayores disimulos. Como en Soitu, un gran proyecto informativo, nacido como medio nativo digital, que duró dos años (de 2007 a 2009) y sirvió para experimentar con los nuevos modelos en línea. Lo dirigió Gumersindo Lafuente, experiodista de El Mundo, con la financiación del BBVA, que tenía el 49 por 100 a través de su sociedad Cidessa, en cuyo Consejo de Administración el banco estaba representado, entre otros, por Javier Ayuso Canals, poco después director de Comunicación de la Casa Real.

La prensa pudo ir sorteando toda la «mala prensa» de la mejor manera posible. Si bien los Borbones se lo ponían francamente difícil, actuaban como el fiscal del caso Nóos en su defensa de la infanta Cristina: buscando tramas argumentales que funcionasen como un airbag con el que dulcificar el golpe. Y aun así los Borbones se quejaban. Urdangarin, con aquel segundo comunicado desde Washington, el 10 de diciembre de 2011, en el que echaba toda la culpa de sus males a las informaciones y comentarios en la prensa: «Lamento profundamente que los mismos estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de Su Majestad el Rey, que nada tiene que ver con mis actividades privadas».

No se callaban, eso sí, ni los medios de comunicación alternativos de izquierdas ni las redes sociales, rebotando informaciones y columnas en todas direcciones. Ya no se podía poner cancelas a ese campo. Y hay que destacar el aliento que infundieron desde artículos de opinión las voces de intelectuales como Vicenç Navarro, Agustín Moreno, Carlo Frabetti o Ignacio Escolar, entre otros, poniendo un poco de cordura en el desolador panorama mediático.

En otra onda, la cadena de los obispos Cope, el grupo Intereconomía y similares, desde una perspectiva de nueva ultraderecha, repartió estopa a la monarquía con un regodeo sorprendente. Hizo pústula en la dura piel de los Borbones. Juan Carlos acabó quejándose ante Esperanza Aguirre, durante un almuerzo oficial en el Palacio Real en octubre de 2007, por una entrevista con el locutor y escritor Federico Jiménez Losantos en un programa de Telemadrid. Apenas un mes antes, Jiménez Losantos había pedido la abdicación del rey en su programa matinal en la Cadena Cope, de la que era propietaria la Conferencia Episcopal. «Lo mejor que podía hacer la Institución —había dicho— es que el Rey abdicase en el Príncipe, que eso mantendría la institución con vigor renovado». A los fachas les había dado por meterse con el rey, y unos querían que abdicase en favor de su hijo y otros que simplemente abdicase.

Con todos los problemas que tenía Juan Carlos, su nuera Letizia vino a complicarle más la vida, con más escándalos mediáticos de los que la familia Borbón podía manejar. Desde la boda en 2004, todo habían sido enfrentamientos.

Durante el breve noviazgo se produjo uno de los más violentos encontronazos de sus escoltas con la prensa. Felipe y Letizia habían decidido pasar una tarde de compras en un conocido centro comercial de la capital, cuando los guardaespaldas se percataron de la presencia de un paparazzo. El fotógrafo Paco Ginés fue hábil y se deshizo de la tarjeta de su cámara en la que se habían registrado algunas instantáneas. Los escoltas, grandes como armarios, le llevaron a rastras a un cuarto destartalado, en el que no había ni luz. Le desnudaron y le cachearon intentando obligarle de mala manera a darles el material fotográfico. Viendo que no lo tenía, le dejaron ir.

El siguiente encuentro tuvo lugar en la portada de la revista satírica El Jueves, en julio del 2007, con una caricatura de los todavía príncipes. Esta vez fueron más allá del cuarto oscuro y acabaron en la Audiencia Nacional, después del secuestro de la publicación, juzgando al dibujante Guillermo Torres y al guionista Manel Fontdevila por un delito de injurias al sucesor de la Corona, por el que naturalmente fueron condenados.

Pero en abril de 2013 la cosa fue a mayores, con la publicación de Adiós, princesa, escrito por un primo de Letizia, David Rocasolano. El libro tenía mucha más enjundia, con el fresco retrato de la familia real en la intimidad que ofrecía, pero todos se quedaron con el titular sobre el aborto voluntario de Letizia, dos años antes de su boda con Felipe. Al parecer la familia real no sabía nada al respecto, y la noticia no tuvo lo que se dice buena acogida en la Casa. Los problemas de Letizia se superpusieron a los de Juan Carlos. Y no eran pequeños. Una cosa era comentar su extrema delgadez, su mala relación con Felipe o sus inadecuadas salidas con amigas. Pero aquello del aborto era demasiado. La derechona, cada día más crítica con la monarquía, no iba a pasar por alto así como así los papeles de la clínica Dator que la editorial Akal acababa de sacar a la luz. Todavía se complicó más la situación con un presunto chantaje al que fue sometida la princesa, con unas capturas de pantalla del móvil de su cuñado, el marido de Telma. Todo fue muy misterioso. Tuvo que acabar interviniendo el CNI, y al parecer la tesitura se resolvió con éxito. Hay que decir que ningún medio oficialista publicó ni una línea, ni sobre el libro de Akal, ni sobre lo que decía el libro, ni sobre la marejada que produjo en Zarzuela, ni sobre las capturas que llegaron a alguna que otra redacción…

Y es que aparte de estas informaciones, ese verano de 2013 llegó también a los medios una carta de Javier Ayuso, ya director de Comunicación de la Casa del Rey, que causó cierta sorpresa, más que nada por lo explícito del mensaje. La Casa transmitía su descontento con la forma en que algunos de sus miembros eran tratados en la prensa, y en especial por la «persecución» efectuada sobre la princesa de Asturias (por parte de varios fotógrafos en moto por las calles de Madrid cuando iba en su coche un día). Se pedía a los directores de las revistas del corazón y a las principales agencias de fotos, que aplicasen criterios más rigurosos en la compra de determinados reportajes; es decir, que no los compraran, publicaran ni distribuyeran. «Confío en que se impongan las buenas prácticas y el sentido común y que todos podamos trabajar de la mejor manera posible» concluía la reprimenda real, prometiéndoles colaborar con ellos facilitándoles material gráfico y «literario».

Sin hacer ningún caso del ambiente que se respiraba de verdad en la calle, los caballeros andantes de la prensa soplaron y soplaron para apagar todos los fuegos que se iban abriendo camino de la abdicación. Lo más bochornoso vino después, con la respuesta unánime del establishment español, con sus ideólogos y tertulianos a sueldo para promover los valores que sustentan la Corona, desde su enorme servilismo, volcados en loas tanto al rey saliente como al entrante. La acorazada mediática se movilizó en bloque para expresarle a Juan Carlos su agradecimiento por habernos traído la democracia, tras una Transición empecinados en llamar modélica. Aunque se supone que el rey es una mera figura simbólica, allí estaba la flor y nata del periodismo, la cultura y la política, pidiendo al nuevo rey que nos salvara otra vez.

El almibarado Fernando Ónega, relanzando su carrera como alabardero y periodista de cámara, ponía la base afectiva exprimiendo la vía victimista, al explicar que lo que había terminado de empujar al rey a abdicar había sido, como él mismo le había dicho, el abandono que sentía tras las críticas feroces recibidas por aquella patética actuación en la Pascua Militar del año anterior. «¿Es que no hay nadie que me defienda?», cuenta Ónega que el rey le preguntó, abatido. ¡Claro que sí! ¡Allí estaban Fernando y toda la troupe!

El País lanzaba en su portada el 2 de junio de 2014 el gran titular: «El Rey abdica para impulsar las reformas que pide el país»; añadiendo, por si alguien no lo interpretaba bien, que el Príncipe de Asturias tenía la madurez necesaria para asumir esa responsabilidad y tutelar los cambios que ellos consideraban necesarios para asegurar la permanencia del establishment del régimen monárquico en el poder.

Javier Marías, maniqueo desde el título («Ecuanimidad o histerismo»), justificaba a Juan Carlos de todos sus escándalos, prefiriendo el glamour de los Borbones a cualquier presidente electo de república alguna, independientemente de su ideología.

Javier Cercas era más contundente todavía: «Sin el Rey no habría democracia». Su panegírico continuaba con una sucesión de ideas que sonarían ñoñas hasta a Pemán, que no se entiende cómo siguen publicándose sin que hasta el papel del periódico se ponga colorado: «Sus casi 40 años de reinado han sido los mejores de nuestra historia moderna»; «como todo el mundo sabe, el 23 de febrero de 1981 es una gran ficción colectiva amasada, a lo largo de ya más de 30 años, por una serie de ideas fantasiosas, teorías sin fundamento, especulaciones noveleras…»; «la abdicación del Rey se produce porque se siente viejo y cansado, y porque cree que es lo mejor para la monarquía que tanto trabajo le costó restaurar y quizá porque piensa que puede ser un revulsivo para este país; ojalá lleve razón».

POLÍTICOS Y PARTIDOS

Desde la política de partidos, la cuestión de fondo sobre monarquía o república no llegó a calar, ni siquiera después de la cacería de Botsuana de 2012.

Antes, en el contexto del escándalo Urdangarin, la «casta» se había esforzado en gestos públicos de adhesión al rey. Le habían rendido una sonora ovación el 27 de diciembre de 2011, con motivo de la apertura de la X Legislatura. Y, después, el 19 de marzo de 2012, otra en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Constitución allí aprobada en 1812.

Tras lo de Botsuana, los dos grandes partidos de la monarquía —PP y PSOE— no tardaron en acudir en su auxilio, pero con menor convicción. El portavoz del Partido Popular consideró la crisis de abril de 2012 como «coyuntural e injusta»; añadiendo a continuación: «Después de la tempestad vendrá la calma y lucirá el sol». La cúpula del PSOE disculpaba los errores cometidos, porque la institución había hecho «un trabajo espectacular desde la Transición»; y ampliaba su postura recordando que, pese a que el PSOE hunde sus raíces en la «tradición republicana», había que centrar los esfuerzos en impulsar «reformas» que conviertan a la Casa Real en la «Monarquía del siglo XXI» y que colaboren a que ejerza «su responsabilidad con la mayor ejemplaridad».

Tanto los populares como los socialistas creían que el rey no había entendido bien aquellas manifestaciones de lealtad. No le habían ofrecido patente de corso de cara al futuro, para que siguiera haciendo lo que le daba la gana. Como le sucedía a la prensa, les resultaba un reto irrealizable continuar dando la cara por él. El rey se había pasado, con paso de elefante, del límite de lo políticamente defendible.

Pero, curiosamente, era la derecha la que estaba más enfadada y más crítica con Juan Carlos; aunque no resulte del todo incomprensible y desde luego nada tranquilizador. Lo que más le reprochaban era que se hubiera desentendido de los asuntos políticos demasiado. Añoraban una monarquía más intervencionista, que asegurase el orden económico y social, además de la unidad de la patria, por supuesto. Muchos empezaron a ver en Felipe la encarnación de ese ideal. Era una persona nítidamente de derechas. Como su madre, Sofía, tradicionalista y muy conservadora, que no había tenido reparos en confesar a Pilar Urbano, para que lo publicara en el libro La Reina muy de cerca, que estaba en contra del matrimonio entre homosexuales, del aborto y de la eutanasia, pero a favor de la impartición de clases de religión en las escuelas.

En cambio Juan Carlos, el rey de los socialistas que no había conseguido llevarse bien con Aznar, no tenía convicciones patrióticas ni cristianas. Sólo miraba hacia su propio sustento, siempre regateando comisiones y gorroneando invitaciones. Había construido un reinado «abstencionista» en lo visible para el público, eludiendo mojarse abiertamente en cuestiones de Estado que podrían comprometer su imagen. Eso era lo que le había achacado Jiménez Losantos, en su soflama pidiendo la abdicación, ya en 2007. Había acusado a Juan Carlos de «inhibición clamorosa» de sus funciones cuando España estaba en la crisis «más grave de su historia».

La derecha le reprochaba ni más ni menos su inutilidad, aunque pretendiendo que el inútil era Juan Carlos y no la monarquía misma. ¡Qué peligro!

Desde abril de 2012 el tema de la abdicación del rey en favor de su hijo fue una constante. Quizá por este motivo se hizo pública la relación con Corinna, que al fin y al cabo era una más de sus amoríos, que nunca salían a la luz, siempre celosamente guardados por su cohorte de cortesanos. Desde luego, no fue un scoop de periodismo de investigación. La prensa ya lo sabía, pero no lo publicaba. Detrás de los ataques de algunos medios de comunicación de la derecha, lo que había era un intento desesperado por precipitar una sucesión que garantizase la continuidad de la institución y frenase una marea republicana que podría tener graves consecuencias para la elite empresarial y financiera del país. De republicanismo, desde luego, nada de nada.

Aunque también había un ala republicana en la ultraderecha, con más peligro todavía que la monárquica. Las aguas de la familia Borbón bajaban revueltas y, a lo obsoleto del ideal monárquico, se unió la escasa confianza que el tea party hispano —la extrema derecha— tenía en un príncipe que había roto la tradición apostando por un matrimonio morganático, es decir, con una plebeya, que además era divorciada, había abortado y no sé cuántas cosas más.

Ya en 2005 comenzaron a circular por internet algunos detalles de lo que se llamó «La conspiración de Marvao» (Marvao es un pequeño pueblo del Alentejo portugués): una conversación de alrededor de una veintena de empresarios, intelectuales y gentes de diversa procedencia y pelaje, que disertaron en torno al futuro de una república de derechas en España, en la que Aznar podría ser el futuro presidente.

No hay que olvidar, además, que fue el pseudosindicato Manos Limpias, de extrema derecha, el impulsor principal de la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, al personarse como acusación particular. Con el fiscal Horrach, ya lo tenían todo arreglado para dejarla fuera, pero con Manos Limpias no hubo manera de negociar. Y eso que lo intentaron, utilizando la mediación de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, «el pequeño Nicolás», que contactaba principalmente con García Revenga.

El PSOE no llegaba ni de lejos a estos extremos; pero en lo que respecta a la sustitución de un muñeco por otro, Felipe por Juan Carlos, venía a decir tres cuartos de lo mismo que el PP. Aun con esa coletilla constante del recuerdo a su tradición republicana, se habían convertido en la izquierda monárquica del Partido Popular. Portavoces como el primer secretario del Partido Socialista Catalán (grupo regional del PSOE), Pere Navarro, incidían en la necesidad de una abdicación para que el príncipe Felipe liderara una «segunda Transición» que permitiera afrontar «con mejores garantías los cambios que requiere el Estado». Lo mismo que decían los «intelectuales» orgánicos de El País.

Sus nuevas generaciones, en concreto las Juventudes Socialistas de Valencia, contagiadas por el espíritu que tomaba las calles, pedía la apertura de un proceso constituyente. «El PSOE tiene miedo de asumir abiertamente estas tesis, pero ahí está nuestro papel como juventudes: el de apretar al partido para que se postule sin ambigüedades», declaraba José Enrique Muñoz, su secretario general. Había otras voces socialdemócratas que, aunque minoritarias y sofrenadas, se alzaron para pedir un referéndum sobre el modelo de jefatura del Estado. Hacía mucho tiempo que no escuchaban a su electorado ni a sus bases, que la cúpula iba por su cuenta, pero entre sus seguidores todavía perduraba mucho republicano, y no había mitin del PSOE en el que no se asomase alguna bandera tricolor, ni congreso en el que no se discutiera la posibilidad de cambio. Pero siempre para concluir que, mientras funcionara, más valía dejar las cosas como estaban.

De esa especie de republicanismo tibio estuvieron afectados, en realidad durante décadas, no sólo al PSOE, sino a toda la izquierda parlamentaria. Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya formalizaron, prácticamente en todas las legislaturas, preguntas en el Congreso al respecto de todos los asuntos turbios de la monarquía, que nunca eran aceptadas pero servían de excusa para alguna que otra filípica desde la tribuna. Y aderezaron sus actuaciones políticas con gestos como el de abril de 2005. IU y ERC rechazaron la invitación de Juan Carlos a la cena para conmemorar el 30.º aniversario de la aceptación de la Corona organizada por la Casa Real. Pero siempre con el mismo respeto. En aquella ocasión, por ejemplo, aclararon que su ausencia no era por desconsideración. El diputado Joan Tardà, de ERC, dijo que, «con todo respeto», ellos no iban a estos actos debido a su ideología republicana. Lo cierto es que nunca fueron ni siquiera maleducados con el rey, pese a los abusos de todo tipo que ellos mismos denunciaron legislatura tras legislatura desde el estrado. Y con las mismas actitudes continuaron hasta la abdicación y más allá. Tardà también había explicado en 2005 que la monarquía era «una institución absolutamente caduca». «El tsunami de la modernidad acabará con ella», había sentenciado. Y la izquierda española se había sentado a esperar a que llegara solo, porque entendía que la hora de debatir sobre el futuro de la Corona todavía no tocaba.

Poco más allá fueron en la crisis monárquica de 2012. Después de lo de Urdangarin, de Botsuana y de Corinna; incluso después de la abdicación, de la coronación exprés y del aforamiento exprés; el momento seguía sin llegar para PSOE e IU, mientras ERC se lanzaba directamente a por la república, pero en Cataluña, en la aventura independentista que no contaba con ningún respaldo en el resto del Estado.

EL TSUNAMI QUE NO LLEGA

Si el esperado tsunami no llegaba, una enorme marea sizigia inundaba la calle. Pero los indignados que habían tomado la Puerta del Sol el 15M de 2011 renegaban de toda organización y hasta ideología política conocida, incluidos de los tibios republicanos de izquierdas. Aunque el movimiento estaba imbuido por un fuerte sentimiento republicano, la cuestión del modelo de Estado no fue un punto a tratar en las asambleas, porque eso ya era una cuestión política. Como en las asambleas, total, había mucho ruido, se daba por supuesto que aquel punto, en cualquier caso, estaba claro. A nadie se le hubiera ocurrido dudar del talante antimonárquico del movimiento. Pero quizá creían que la monarquía se caería sola aplastada por el peso de la modernidad, y que no había que hacer más que esperar.

El movimiento social, entendido en un sentido amplio, comenzó a convocar iniciativas conjuntas con objetivos generales en el 2012. Ocupa el Congreso, también conocida como 25S, fue una acción convocada para el 25 de septiembre en Madrid, con la intención de rodear el Congreso de los Diputados y pedir la dimisión del gobierno. ¡Poco menos que asaltar los cielos! Aunque en realidad lo que se buscaba era provocar una reacción en la ciudadanía, despertar el tsunami. Denunciar el «secuestro de la democracia por parte de los poderes financieros», y pedir «la dimisión del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente de participación directa». La idea original partió del colectivo Plataforma En Pie y la Coordinadora 25S, creada al efecto, que acogió asambleas y otros colectivos que quisieron participar en la protesta, que después continuaría con otras convocatorias. Entre los colectivos que acudieron a sus llamadas había grupos republicanos como la Asociación Unidad Cívica por la República y la Junta Estatal Republicana, pero sobre todos colectivos sociales como las Mareas ciudadanas de todos los colores y asambleas locales o de barrio, en una ambivalente relación con Democracia Real Ya y el llamado Movimiento 15M.

La manifestación fue autorizada por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero se topó con la opinión de su secretaria general María Dolores de Cospedal, quien comparó la acción de Ocupa el Congreso con el golpe de Estado del 23F. Para empezar, se valló y restringió el paso por delante del Parlamento y numerosas calles adyacentes, así que la concentración tuvo que desplazarse a la Plaza de Neptuno. Lo hizo de forma pacífica, al grito de «¡Lo llaman democracia y no lo es!», «¡Esta crisis no la pagamos!», «¡Que se vayan todos!», «¡illa, illa, illa, Botín hijo de puta!»…

Pero, pese al aire festivo, acabó siendo disuelta con cargas policiales que incluso se extendieron a otros lugares, como la estación de Atocha. Las cargas comenzaron sin causa aparente. Provocaciones de los manifestantes, dijo la autoridad. Luego se supo que dos de los detenidos eran policías infiltrados en la concentración. A uno de ellos lo grabaron cuando era reducido por varios agentes mientras gritaba: «¡Que soy compañero, coño!». Los manifestantes trataron de huir por distintas calles cercanas, y muchos quedaron atrapados entre dos anillos formados por la policía. Los sucesos más polémicos ocurrieron cuando varios grupos de antidisturbios, vestidos como Robocop, irrumpieron en la estación de Atocha en persecución de los manifestantes, aterrorizando a la concurrencia.

La Delegación del Gobierno cifró la participación en 6.000 personas, pero eran muchas más. El saldo final fue de 34 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos policías, al parecer. Ocho de los organizadores del evento fueron procesados por la Audiencia Nacional (aunque el 4 de octubre el juez Santiago Pedraz los dejó en libertad y archivó la causa).

La reacción política general se centró en hablar del orden público, nada más, dejando el gran malestar social de fondo aparcado. Los socialistas se mostraron tajantes en sus críticas ante lo que consideraban unas actuaciones policiales «desproporcionadas» e incluso «excesivas» si se comparaban con el pasado. Los diputados de IU, por su parte, las consideraron «desproporcionadas» y «represivas». Y ambos partidos pidieron la dimisión de Cifuentes. No vieron, por el momento, motivo para más.

Los políticos profesionales no habían entendido bien de qué iba la cosa. Gaspar Llamazares, diputado de IU, dijo que Cifuentes había convertido «una movilización social democrática en una estrategia de antiinsurgencia antidemocrática»; aunque en realidad la acción sí tenía algo de insurgencia, de subversión, que no consiguió triunfar del todo. Pero, en respuesta a las cargas policiales, se convocaron nuevas concentraciones en los alrededores del Congreso los días 26 y 29 de septiembre, para repetir el mensaje. Y el sábado 29 la afluencia de manifestantes fue todavía mayor que el día 25. Según la Delegación del Gobierno eran unas 4.500 personas, aunque fuentes externas como la BBC elevaron esa cifra a 60.000, convirtiéndola en la más numerosa de todas. La manifestación transcurrió de forma pacífica, aunque finalmente la plaza fue desalojada con una nueva carga policial. Durante la concentración se pidió la dimisión del Gobierno, de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, la retirada de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y la libertad de los detenidos en esa semana.

Hubo todavía otros intentos, el último el 25 de abril de 2013, con una nueva convocatoria, esta vez bajo el lema Asedia el Congreso. Aunque en esta ocasión fueron muchas menos las organizaciones que se sumaron al llamamiento para «asediar el Congreso indefinidamente y no abandonarlo hasta que el gobierno dimitiera en bloque». La convocatoria tuvo un seguimiento escaso, pero el despliegue policial sumó prácticamente tantos agentes antidisturbios nada pacíficos como manifestantes, y el cuerpo a cuerpo se saldó con 15 detenidos y 29 heridos. Un mes después de estos hechos, la Plataforma ¡En Pie! se disolvió. «Repetir una estrategia que no aporta ningún resultado conduce al cansancio colectivo y aumenta la sensación de impotencia», rezaba su último comunicado.

Hasta aquí, ninguna referencia a la república ni al rey. Y por fin, en septiembre de 2013, la Coordinadora 25S resucitó con la convocatoria de una manifestación antimonárquica bajo el lema Jaque al rey. El ambicioso plan de lucha establecía esta vez una marcha al Palacio Real, para concentrarse allí indefinidamente, exigiendo la abdicación.

Las palabras de la abogada Doris Benegas, participante en la marcha, resumen el espíritu de una movilización con vocación de tsunami: «El monarca está fuera de peligro, y ha sido operado sin listas de espera, donde ha querido y por quien ha querido, no como el resto de españoles afectados por los recortes. En este último año, la Casa del Rey ha protagonizado buena parte de los escándalos de corrupción que han sacudido el país. No es irreal pedir la abolición de la Monarquía. Si en el pasado se consiguió echar dos veces a los Borbones, esta puede ser la definitiva». Benegas ya había sido una de las imputadas por la convocatoria de un año antes, y tiene el triste honor de ser una de las activistas más vigiladas por el Ministerio de Interior de todo el Estado.

En la marcha se vieron camisetas verdes, contra los recortes en Educación, pero, sobre todo, banderas republicanas y lemas antimonárquicos. La horquilla de edad incluía desde adolescentes hasta jubilados, que fueron, quizá, los más combativos. Pero no tuvo el apoyo que los organizadores ni la policía esperaban.

Aunque siete de cada diez españoles simpatizaban con el movimiento 15M todavía dos años después de la acampada, las disensiones sobre métodos, estrategias y objetivos fueron constantes día a día y paralizaron muchas iniciativas. Incluso dentro de la coordinadora 25S, procedente en gran parte de la cultura del 15M, algunos consideraron «inoportuno y desvirtualizador celebrar con ese lema el aniversario de aquella acción» (la del 25S de 2012), y no fueron. Muchos discrepaban no tanto en el fondo, como en la forma y el estilo de las acciones de la Coordinadora 25S. Así que al final sólo se concentraron unos miles de personas, que la fuerte lluvia fue mermando antes de que la abundante presencia policial llegara a cortarles el camino en las inmediaciones del palacio (para impedirles que pudieran asaltarlo, sin duda).

Rodeados por los antidisturbios, los convocantes leyeron un comunicado frente al cercano Teatro Real exigiendo la apertura de un proceso «destituyente y constituyente» que acabara con el actual sistema de monarquía parlamentaria, que consideraban «ilegítimo y corrupto». Al acabar, llamaron a disolver la concentración. Varias decenas de jóvenes permanecieron alrededor de una hora coreando gritos contra el centenar de policías que les custodiaban y cercaban las calles del centro de Madrid. Después, se dispersaron, masticando su frustración. «La lucha continúa. Volveremos», dijeron antes de marcharse.

La Coordinadora 25S está integrada en la Junta Estatal Republicana (JER), y la JER participa en las movilizaciones del 25S; y claro que volvieron a la calle, tanto una como otra organización. La JER se creó a nivel estatal en enero de 2012, cuando se consideró llegado el momento de establecer una estrategia colectiva en torno a un proyecto republicano de izquierdas, por una república federal, laica, participativa y solidaria, con respeto a la identidad de los pueblos y su derecho a decidir. No pretende ser una organización republicana más, sino aglutinar a todo el movimiento social republicano para buscar una unidad de acción. Se integraron medio centenar de organizaciones, entre partidos políticos, plataformas ciudadanas, asociaciones culturales o movimientos sociales, que se reclaman del republicanismo. Su presidenta, Gloria Aguilar explicaba sus objetivos: «La República no viene, se trae, y sólo puede hacerse desde la movilización social y la creación de conciencia republicana. Por eso hay que lograr la unidad de acción de todos los grupos republicanos».

En su declaración de principios, achacaban la crisis no meramente a una cuestión económica, sino al deterioro institucional. Y por eso consideraban imprescindible «proclamar una ruptura con el modelo salido de la Transición, que está agotado, corrupto y sin capacidad de regeneración democrática». «Es el fin de una era, una crisis sistémica, el colapso del modelo institucional, político y territorial de la Transición, que se rompe por las costuras porque ya no aguanta más». El objetivo fundamental era «lograr la fuerza necesaria para impulsar el inicio de un proceso constituyente». Y planteaban como pauta para dinamizar la lucha, entre otras cosas, la denuncia de la monarquía, como institución antidemocrática además de ilegítima, y del comportamiento del monarca y sus corruptelas en lo público; y el rechazo al heredero de la corona.

La República que propugna la JER, como un modelo de sociedad integrador y moralmente superior al de la monarquía, no es apolítica. Aunque no tienen intenciones electoralistas, la JER no pretende una República «neutra», ni una «República del capital», sino con principios claros de izquierda para establecer un nuevo contrato social y político basado en la radicalidad democrática, con un «modelo económico basado en la planificación, propiedad de los medios de producción y reparto de la riqueza en beneficio de la mayoría». Pero, en cambio, la JER no tiene ambiciones electoralistas, así que no se presenta.

En la convocatoria 25 de mayo de 2014, para elegir representantes al Parlamento Europeo, la JER pidió a sus asociados que votasen a partidos que tuvieran el republicanismo en sus principios. Y uno de ellos era Podemos.

El 11 de marzo de 2014 se inscribió en el registro el nuevo partido político Podemos, surgido de la cultura del 15M, para poder participar en las Elecciones europeas. Acometieron la campaña con un presupuesto limitado, en comparación con las grandes formaciones, y un plan de campaña basado en la difusión por redes sociales y el boca a boca. Tan sólo unos días antes de las elecciones, el 9 de mayo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) elevaba las aspiraciones de Podemos cuando la última encuesta señaló que podrían conseguir un diputado. La formación pasaba de ser una incógnita a convertirse en una promesa. Pero el sondeo se quedó muy corto.

Podemos se convirtió en la gran sorpresa y logró cinco escaños en Estrasburgo, con 1.245.948 votos (el 7,97 por 100). La suma de PP y PSOE había perdido 30 puntos sobre las europeas de 2009 y bajaba del 50 por 100 por primera vez en democracia. Mientras estaban mareando la perdiz del ciclo bipartidista, calculando si era turno de Rajoy o si le tocaba ya a Rubalcaba, perdieron más de cinco millones de votos.

Aunque Podemos no era una candidatura claramente republicana (Podemos no era claramente nada), al menos los monárquicos sí se preocuparon con el panorama. Desde luego el ambiente estaba calentito calentito. Ya no se podía más con los escándalos por corrupción, no sólo monárquicos, por supuesto. Pero la Casa Real acaparaba gran parte del protagonismo en el malestar social: Urdangarin, Botsuana, Corinna, la hipocresía de Letizia, los hijos ilegítimos, el discurso bochornoso de Pascua Militar…

En la euforia poselectoral de la izquierda, España, Madrid en especial, parecía un depósito de combustible inmenso esperando que la cerilla de cualquier nuevo escándalo lo hiciese estallar.

Toda esa energía acabaría aflorando la tarde del 2 de junio, tras el anuncio por sorpresa de la abdicación. El mismo día, los partidos Podemos, Izquierda Unida y Equo pidieron públicamente la convocatoria de un referéndum vinculante para que los españoles decidieran si querían proseguir con una forma de gobierno monárquica o querían que se instaurase una república. Algunos sectores del PSOE, como Izquierda Socialista, se pronunciaron en el mismo sentido. Los mismos y alguno más, como ERC en Cataluña y el Bloque en Galicia, y JER (Junta Estatal Republicana) en todas partes, convocaron las primeras manifestaciones para las 8 de la tarde, en las principales ciudades, exigiendo una «transición real sin rey». Aunque la mayoría de los participantes ni siquiera sabían quién había convocado. Acudieron de manera espontánea, cuando se enteraron por el boca a boca, o sencillamente fueron sin saber a dónde, a ver si había algo… Facebook, Twitter, grupos de Whatsapp… Las redes sociales ardían. Y, luego, las plazas públicas se llenaron de banderas tricolor, al grito de «¡España, mañana, será republicana!»; y «¡Los Borbones, a las elecciones!» (alternándose con la más tradicional «¡Los Borbones, a los tiburones!»).

La manifestación republicana en Madrid, en la Puerta del Sol, fue probablemente la más numerosa, con más de 20.000 personas. Pero hubo en total más de sesenta concentraciones en todo el Estado y en ciertas capitales extranjeras, como París y Bruselas.

La cosa podría haber acabado con Pablo Iglesias —el nuevo héroe del pueblo— liderando las masas, esta vez sí hasta el Palacio Real, aunque aquello es un museo por el que los Borbones no pasan con demasiada frecuencia; o hasta el Congreso, o no más lejos de la mítica Puerta del Sol donde se celebró la proclamación de la II República. Quién sabe qué hubiera pasado… Pero el eurodiputado Pablo Iglesias optó por quedarse en Estrasburgo en momentos tan significativos como la abdicación del rey.

Desde allí afirmó que los españoles tienen derecho a decidir su futuro; que si el Gobierno consideraba que Felipe tenía la confianza de los ciudadanos, que invitase a la gente a votar. Además le pidió al PSOE que no pactase con el PP para poner en marcha una ley orgánica sobre la sucesión, dándole la oportunidad a los socialistas de que demostraran que no eran lo mismo que los populares. Pero, frente a la virtud de pedir, está el vicio de no dar.

Esquerra Republicana de Catalunya, por su parte, proponía a los españoles que emulasen a los catalanes con la celebración de un referéndum como el que estaba previsto en Cataluña para el 9 de noviembre, ya que entendían que los españoles tienen que decidir en las urnas como los catalanes. Pero nadie pareció recoger el guante.

El sábado 7 de junio, se realizaron nuevamente manifestaciones en más de 40 ciudades españolas, reiterando la demanda de un referéndum para que los ciudadanos pudieran decidir entre monarquía y república. Pablo Iglesias seguía en Estrasburgo.

A los republicanos continúa sin hacérseles mucho caso, e incluso desde la izquierda política republicana no se acomete en serio la cuestión de fondo, monarquía o república. La crisis juancarlista no sirvió, o no se aprovechó, para presionar en favor de, cuando menos, una consulta sobre el modelo de Estado.

El pequeño tsunami republicano se quedó en un amago. Otra vez a esperar. Como dice la soleá de Cádiz:

Sentaíto en la escalera

esperando el porvenir…

Y el porvenir que no llega.

INTERESES CONTRARIADOS

No, la República no llegó. Sólo la abdicación del rey, que no fue gracias a los republicanos, sino más bien contra ellos, para fortalecer el sistema monárquico sustituyendo la oxidada figura de Juan Carlos por un muñeco nuevo: Felipe de Borbón.

La monarquía no va bien, en el mundo en general y en España en particular. Lo saben el Centro de Investigaciones Sociológicas, los partidos políticos mayoritarios y la prensa oficialista, aunque haga como que no se entera. Y en ese contexto se produjo la abdicación de Juan Carlos, pero no por eso.

Está claro que algo influyó decisivamente en que sucediera, aquel 2 de junio que parecía el peor momento del mundo para ponerse a mover fichas en ese tablero. Fue un movimiento arriesgado, en el que se notó precipitación y, al mismo tiempo, falta de entusiasmo tanto por parte de Juan Carlos (que no consiguió durar hasta el 40.º aniversario de la coronación, a sólo un año de la meta), como de Felipe (que ni siquiera estaba en España cuando se anunció).

Si no fue la escasa fuerza del movimiento republicano, ni la tibieza de los partidos políticos de izquierdas, ni la impasibilidad de la prensa cortesana, ni el menospreciado desprecio popular, será que las causas estaban en otro sitio, a otro nivel con mucho más poder sobre la Casa Real. Como en la mayor parte de los delitos, conviene seguir el hilo del dinero, del poder económico.

Todos los problemas de Juan Carlos de las últimas décadas acababan por confluir en ese único hilo conector. Incluso el amorío con Corinna Zu Sayn-Wittgenstein alcanzó especial notoriedad, a diferencia de lo que había ocurrido con otras mujeres, cuando las líneas entre lo privado y lo público formaron una intersección que acabó provocando un problema de Estado. Sus negocios privados chocaban en no pocas ocasiones con los intereses gubernamentales o de otros sectores, nacionales e internacionales.

Por eso no resulta poco significativo que la abdicación se produjera al día siguiente de la 62.ª reunión anual del Club Bilderberg, celebrada el 29 de mayo y el 1 de junio de 2014 en Copenhague. La selecta organización, motor de la Trilateral, reunió a las máximas autoridades de la política, las finanzas, la aristocracia y el poder militar de Europa y Estados Unidos.

En representación de las casas reales participó, como viene siendo habitual, la reina Sofía. Junto a ella, acudieron Beatriz de Holanda (hija del fundador del club, Bernardo de Holanda), que había abdicado del trono un año antes, el 30 de abril de 2013, en favor de su hijo Guillermo Alejandro; y el príncipe Felipe de Bélgica, que había tomado el mando de la monarquía también un año antes, tras la abdicación de su padre. Así que el ambiente era propicio a que se hablara del trasvase generacional que las monarquías estaban llevando a cabo a través de abdicaciones. A los especialistas en seguir e interpretar lo que pasa en Bilderberg no les cabe la menor duda de que la decisión sobre la abdicación de Juan Carlos fue consensuada en Copenhague.

Aunque desde el club se insiste en que sus reuniones no tienen un carácter oficial, en que se trata sólo de un foro de discusión privado, Bilderberg es el encuentro internacional más importante del mundo, en el que se toman decisiones concretas que afectan a todos, a beneficio de unos pocos. Sólo 15 días después de la reunión del club de 2012, que se celebró en Estados Unidos, España pidió un préstamo a Europa para rescatar a la banca. Cuando Bruselas presiona a los gobiernos elegidos democráticamente, para que reduzcan las ayudas a la dependencia y los presupuestos de sanidad, ese impulso se llama Bilderberg. El club mete mano a todo lo que pueda afectar al desempeño de sus socios (la élite económica y política), aunque lo que prevén de antemano no les sale siempre bien.

Aparte de la abdicación del rey de España, seguro que se trataron otros temas. Por ejemplo, los posibles conflictos armados en Rusia, China y Oriente Próximo y Medio. Y por eso la presencia militar fue especialmente importante. Occidente —el modelo capitalista— es un bloque, y se está reforzando para no dejarse invadir por otros bloques. En la lista de invitados figuraban el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen; el general jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa, Philip Breedlove, y otros altos cargos del ministerio de Defensa estadounidense; el exdirector de la CIA, David Petraeus; el jefe del MI6 (el servicio de espionaje británico), Sir John Sawers; así como numerosos ministros de exteriores europeos, entre otros el de España, José Manuel García-Margallo.

Pero, por supuesto, lo más importante se centra siempre en cuestiones económicas, en absoluto desvinculadas de lo militar ni de los modelos de Estado a seguir.

Junto a los grandes líderes militares y de la aristocracia, acudieron a Bilderberg 2014 los directores de corporaciones como Shell, BP, Fiat, Novartis, Dow Chemicals, Unilever, Airbus o Nestlé; directores de bancos e instituciones financieras como HSBC, Citigroup, Lazard, Goldman Sachs, Barclays, American Express, JP Morgan, TD Bank y Deustche Bank; propietarios, editores y representantes de medios como The Financial Times, The Wall Street Journal, Die Zeit, Le Monde y The Washington Post; líderes y políticos de instituciones como el Banco Mundial, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Bank for International Settlements, el FMI, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; y políticos europeos, estadounidenses y canadienses como Mark Rutte, primer ministro holandés; o David Cameron, primer ministro británico.

La representación española se completó con el director general de La Caixa y el del Banco Santander; y con Juan Luis Cebrián, presidente del grupo mediático Prisa y exdirector de El País.

Las amistades y los negocios de Juan Carlos y Corinna, al margen del control gubernamental y de los estadounidenses, tanto con los países árabes como con Putin y empresas rusas, contrariaban los intereses de Bilderberg, evidentemente.

Pero no podemos saber en qué medida esto influyó en la decisión de la abdicación. Como tienen por costumbre, todas las ponencias y deliberaciones discurrieron en el más absoluto secreto: a puerta cerrada, sin acceso de más medios que los directamente involucrados y sin publicación de conclusiones.

34. Recogiendo tempestades

DURAR O NO DURAR

Más allá de los grandes temas de fondo, al comienzo de la transición el rey decía a algunos que su principal objetivo era durar… Así que no está de más preguntarse si fue obligado a abdicar el 2 de junio de 2014, si lo presionaron y lo convencieron, o si lo hizo con sumo placer, como algunos sostienen. Naturalmente, a nivel oficial, conviene mucho más decir que fue una decisión personal. Pero lo cierto es que no parece que fuera así.

En la narración más extendida, Juan Carlos se sentía viejo y cansado. Los golpes de la vida, que le llevaron en pocos años a ocho intervenciones quirúrgicas (una artroscopia de rodilla, la reparación del talón de Aquiles, una fractura de cadera, la infección de la cadera, una hernia discal, otra artroscopia de rodilla…), a su edad, septuagenario, acabaron de hacerlo polvo. Su imagen entrando y saliendo de hospitales (siempre en la sanidad privada), luciendo los modelos de muletas más vanguardistas, hasta llegar a convertirse en un complemento de estilo más en su look, se hizo habitual. Pero él nunca llegó a acostumbrarse ni a la muleta ni al más aristocrático bastón, que le molestaba enormemente. Durante las apariciones públicas intentaba eludir apoyarse en él para las fotos, y tenía un ayuda de cámara constantemente pendiente de acercárselo o hacerlo desaparecer cada tanto, acosado por las llamadas exasperadas de Juan Carlos, en su cara menos campechana.

De todos los problemas de salud, el más grave fue sin duda el que le llevó al Hospital Clínic de Barcelona el 8 de mayo de 2010. Fue una operación de pulmón, para extirparle una parte en que pensaban que se podría haber desarrollado un cáncer. La intervención despejó dudas y descartó la posibilidad, pero incluso los reyes pueden tener miedo cuando se enfrentan a la muerte. Ese tipo de experiencias suele hacer pensar.

En el caso de Juan Carlos, no sólo a él. Todo su entorno empezó a darle vueltas en la cabeza a la sucesión. Pero no está claro que funcionara como un revulsivo que le llevara a él mismo a querer abdicar. Más bien parece que fueron otros los que quisieron aprovechar la coyuntura para empezar a hacer planes de futuro a corto plazo. Llegó a haber reuniones para tratar el asunto, de Juan Carlos y Felipe con el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y el presidente de las Cortes, José Bono. Aseguran algunos que, ante la rotunda negativa de Juan Carlos a abdicar, consideraron poner en funcionamiento la previsión constitucional de la regencia, para asegurarle que él se moriría siendo rey; y que su hijo le reprochó: «¿Qué me vas a hacer? ¿Lo mismo que a tu padre?», recordándole el salto dinástico en contra de quien era su progenitor y heredero de los derechos reales. O sea, que la charla fue tensa. Pero al final, la cabezonería de Juan Carlos pudo más.

Otro de los argumentos que se barajaron para justificar las supuestas ganas de abdicar de Juan Carlos, fue el amor. O el odio, según se mire.

Su animadversión, en concreto y en particular, hacia Sofía, la reina, su mujer. «¡Odio a Sofía! —tuvo que escuchar, con gran incomodidad, un ministro de labios del rey— ¡No puedo soportarla!». Desde mucho antes de su relación con Corinna, el matrimonio de los reyes era puro disimulo. Pero desde que la presunta princesa alemana entró en la vida de Juan Carlos, la cosa se agravó. Fue público y notorio, por varios episodios de ira del monarca hacia la reina consorte, en presencia incluso de las cámaras de televisión.

Y su querencia por pasar la mayor parte del tiempo posible con su querida Corinna también fue manifiesta. Desde 2010, ya no quería ni ir como espectador a las regatas de Mallorca, prefiriendo incluso el abrasador verano madrileño, pero al lado de su Corinna.

Con todo, la teoría más romántica no parece tener mucho sentido. Su relación con ella involucraba más cosas, sus negocios juntos, por ejemplo. Y para mantener el estatus y seguir haciendo lo que hacían era necesario conservar el poder. Cuando Juan Carlos ya no fuera rey, perdería muchas prebendas económicas, toda la infraestructura para los viajes semioficiales y, sobre todo, la gran influencia y contactos en tanto que Jefe de Estado. Aunque él hubiera querido, no parece probable que el trato conviniera a Corinna y, sin ella, para qué.

Otra idea que circuló con insistencia en el runrún abdicante era que el rey quería dejar de ser rey para poder ser libre. Una paradoja tan absurda como parece. Porque resultaría lógico que alguien con altas responsabilidades en la representación de un Estado echara de menos un poco de libre albedrío para tomar decisiones, tener los amigos de su elección, comportarse con menos protocolo, emprender aventuras, dedicarse a los negocios… Pero todo esto Juan Carlos siempre lo hizo como, cuando y cuanto le dio la real gana; con el atractivo añadido de tener todo un ejército de guardaespaldas detrás para no ser molestado por curiosos, con cargo a los presupuestos generales del Estado y con total impunidad. No resultaría muy lógico que quisiera más libertad a costa de perder esos beneficios.

De hecho, la cuestión de la impunidad, precisamente, fue un obstáculo importante para que se produjera el relevo. Juan Carlos y su entorno sabían, mejor que nadie, que cuando cediera la corona perdería la inviolabilidad que le reconoce el artículo 56 de la Constitución, que pasaría a su hijo como nuevo rey; y lo que eso podría traer consigo. Renunciar a la inviolabilidad penal significaba arriesgarse a ser investigado, denunciado y hasta condenado.

Por ejemplo, por sus presuntos hijos ilegítimos, Albert Solà e Ingrid Sartiau, dispuestos a pedir una prueba de ADN sobre paternidad ante los tribunales, con lo que podrían crear un conflicto dinástico. Sobre todo Albert, varón y mayor que Felipe, que podría reclamar su derecho como sucesor sobre el trono.

Poner fin al reinado de un rey inviolable, blindado, intocable, que se sintió siempre impune para vivir a su antojo sin rendir cuentas a nadie, no iba a resultar fácil. Juan Carlos no estaba dispuesto a ceder en ese tema. Quería que se le garantizase una impunidad vitalicia. Pero para poder hacer eso, antes habría que desarrollar y aprobar la ley orgánica que prevé el apartado 5.º del artículo 57 de la Constitución: «Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán mediante una ley orgánica». Y eso conllevaba otras dificultades añadidas, porque sacaba de debajo de la alfombra, al debate público, otros asuntos; como la reforma pendiente de ese mismo artículo 57, para suprimir la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión, cosa que era preferible hacer una vez Felipe estuviera en el trono, porque si no las que podrían reclamar sus derechos serían las infantas Elena y Cristina. En fin, que era un lío.

Ante este complejo panorama, Juan Carlos debió de debatirse en un mar de dudas, con varios dilemas: Salud vs. Aventura, Amor vs. Poder, Impunidad vs. Libertad… Lo que resultó perceptible para todos fue que su carácter campechano se fue agriando, y la ira real hizo su aparición pública en no pocas ocasiones.

En junio de 2004, los fontaneros de la Casa Real se afanaron por hacer desaparecer de internet el vídeo del dedo del escándalo. Recogía la salida de los reyes de la catedral de Vitoria. Juan Carlos y Sofía cruzaban ante el público, que manifestaba división de opiniones sobre su presencia (los vascos, ya se sabe). El rey agitó la mano ante los vociferantes y, de pronto, su dedo corazón se disparó como impulsado por un muelle. La imagen congelada del rey haciendo la peineta, como Bárcenas, resultó impactante. La Casa del Rey, cargada de buenas intenciones, intentó explicar que se trataba de una mala interpretación del saludo regio. Pero, como no coló, hicieron desaparecer el vídeo.

A partir de 2012, después del escándalo de Botsuana, Juan Carlos parecía siempre desquiciado. El 30 de agosto, visiblemente molesto por el lugar donde aparcó en su visita a la Dirección General de Tráfico, se lo recriminó a su chófer desde el asiento del copiloto y terminó propinándole un puñetazo en el hombro, con el más rancio estilo clasista y autoritario. Todo porque tenía que pasar delante de un grupo de funcionarios que, como todas las semanas, se concentraban haciendo sonar sus silbatos mientras exhibían una pancarta: «Basta ya de recortes, no más robos».

Quizá más importante que todo lo demás, a la postre, para convencerse íntimamente de que tenía que abdicar, influyera el deseo de huir de tanta crítica, tanto silbido y tanto abucheo.

JUEGO DE TRONOS

Aparte de su propia guerra interior, en la abdicación de Juan Carlos se conjuraron una serie de factores externos, que aparentemente no tenían mucho en común, que aparecían como independientes hasta que confluyeron en un remolino para mostrar que en realidad no lo eran. Un montón de adversidades que descargaron su negatividad sobre la corona; «un sombrero que deja pasar la lluvia», como dijo Federico el Grande, rey de Prusia y uno de los máximos representantes del despotismo ilustrado del siglo XVIII.

No resulta fácil contar un final de reinado digno de un guion de película… aunque demasiado complejo para recogerlo todo en una sola. Periodistas, tertulianos, analistas de todo pelaje se esforzaron durante los meses siguientes en la ardua tarea de ir desgranado capítulos de la maraña de intrigas palaciegas que rodearon la abdicación. Se mezclaron especulaciones peregrinas, medias verdades y mentiras enteras, como es habitual; y, entre medias, alguna que otra verdad. La cronología de la crisis construye una narración trepidante en la que no nos falta de nada, del estilo de esas que hoy triunfan en los canales de pago, como Juego de Tronos, y no carente de la misma dosis de carnaza en un plano más simbólico.

El penúltimo capítulo empieza en 2004, con la muerte civil de Prado, el amiguísimo, y la entrada de Corinna en el tablero de juego, al lado del rey de los siete reinos. Cerca de ellos, se mueven los validos y funcionarios de la Casa Real; el conde de Fontao, la «mano» del rey; los consejeros que han sobrevivido a los tiempos, como Felipe González; y los grandes señores del Ibex 35 en sus castillos: Alierta en Telefónica, Botín en el Santander, Villar Mir en OHL…

La boda del príncipe heredero constituye la gran secuencia de superproducción hollywoodense, con la realeza europea bailando con las nuevas familias de plebeyos: los divertidos secundarios Ortiz y Rocasolano. El casting para elegir a la que hará el papel de futura reina ha sido duro, y el público está desconcertado con la elección: ha habido sorpresa con la joven y flaca periodista con mirada algo torva. El personaje promete dar juego. La prensa del corazón se frota las manos.

En otra localización, seguimos las aventuras de los duques de Palma. Cristina y Urdangarin se están volviendo muy ambiciosos. Desde su castillo de Pedralbes hacen negocios traficando con influencias. Nadie ve problema en ello: hay mucho para repartir de los fondos públicos y todos tienen su pedazo, o miguitas, del pastel que están cocinando. Pero de fondo suena esa musiquilla inquietante de cuerda como una amenaza. Advierte de que hay algo sórdido en lo que hacen, cuando dan el paso adelante de la creación del Instituto Nóos como bastión de su casa.

Cerca de ellos, en el mismo emplazamiento de Barcelona, los independentistas planean retar el poder del reino.

En trama paralela continúa su curso la historia sentimental de Juan Carlos y Corinna, en diferentes escenarios: Rusia, Abu Dabi, los Alpes Suizos… Son viajes de amor y lujo, un recorrido colorista adornado de joyas, Ferraris, palacios y sirvientes. Pero también viajes de negocios, con intrigas y aventuras en negociaciones imposibles. Juntos disfrutan y aprenden. Se estrechan amistades y, sobre todo, la complicidad de la pareja. En pleno fervor crean su propia bandera: Apollonia.

Urdangarin ya ha conseguido con su entidad sin ánimo de lucro, Nóos, 1,2 millones de euros del ejecutivo autonómico balear, aprovechando las influencias de su suegro.

Juan Carlos instala a Corinna en «la casita» dentro del recinto de La Zarzuela a costa del erario público. Los Señores del reino lo saben y lo consienten. La princesa de ningún reino es aceptada en la alta sociedad de los fieles caballeros del rey, que le hacen la pelota todo lo que pueden. Adulan al rey, pero a sus espaldas cotillean como chismosos televisivos y lo critican.

La infanta Elena anuncia el «cese temporal de la convivencia» con Marichalar. Sofía establece su residencia extraoficialmente en Londres con los griegos exiliados de su reino, huyendo de la humillación y los sinsabores que le deparan la corte y el matrimonio con Juan Carlos. Elena y el rey se reencuentran afectivamente, apoyándose el uno al otro por sus fracasos conyugales. Y una prole de bastardos, que no se sabe si reclaman sus derechos o sólo —al menos— una muestra de cariño de su padre, hace su aparición.

Los negocios de Urdangarin, ese exitoso emprendedor, empiezan a dar que hablar. Hay denuncias de la oposición, se comenta… La plebe está inquieta. No es para tanto, piensa Juan Carlos. Nada podrán contra el poder del rey. Su «mano» y asesor legal, el conde de Fontao, aconseja que el duque de Palma desaparezca durante un tiempo. Y que cierre Nóos. El rey le compensa de su sacrificio consiguiendo que uno de sus vasallos del Ibex 35, César Alierta, le nombre consejero de Telefónica Internacional en Washington. El juez Castro espera al pie del «humilladero» de los juzgados de Mallorca, en luchas intestinas con el fiscal Horrach, que tiene otras servidumbres.

En las visitas oficiales, los harapientos de la plebe queman fotos de los reyes, les silban, les abuchean… No hay color con los viajes de, por y con Corinna, sobre todo al mundo árabe. Se está fraguando el proyecto del Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras (SSIF) y se negocia el gran contrato del AVE del desierto. Todo es de color. Aunque en la política de favores mutuos, el rey se ve obligado a intervenir a favor del príncipe Al Waleed, acusado de intento de violación de una modelo española a bordo de su yate en las playas de Ibiza; y eso afea un poco el panorama.

Llegan los grandes señores de más allá del Atlántico. Juan Carlos se reúne con el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, y el embajador en España y Moratinos. Los «amigos americanos» transmiten sus inquietudes, y son escuchados con sumo respeto, como siempre ha sido.

En primavera le descubren un nódulo en el pulmón izquierdo y el miedo se apodera de Juan Carlos. Hay que operar de inmediato, porque podría tratarse de cáncer. «Si salgo de esta, lo dejo», dice. Pero cuando sale tiene dudas. Corinna tampoco lo tiene nada claro.

Distanciado de la reina y de su hija Cristina, conserva sólo el cariño de Elena, la más Borbón de todos, como él; como también parece apuntar maneras Froilán, el hijo de la infanta y nieto favorito del rey. Cuando está de buen humor, dice: «Si mi hija Elena pudo separarse, yo también»; cuando se queda triste, por el contrario, define a Corinna como «mi prozac».

Sus reputados asesores son puerilmente optimistas al valorar que los problemas acuciantes (las reivindicaciones soberanistas en Cataluña, los problemas de Letizia…) tendrán solución a corto plazo.

En Mallorca soplan malos vientos. El juez Castro abre pieza informativa sobre el Instituto Nóos. Urdangarin vive ya un destierro dorado en Estados Unidos cuando su socio, Diego Torres, es llamado a declarar. Poco después la policía realiza un doble registro casi simultáneo en los feudos de Barcelona y Valencia. El rey y el CNI intentan convencer a Cristina de que se separe de Urdangarin, de que no se hunda con él. Incluso le enseñan pruebas de supuestas infidelidades de Iñaki. Pero Cristina rechaza alejarse o separarse, ante el disgusto del monarca. Después de Navidad, Iñaki va a ser imputado por delitos que suman hasta 19 años de prisión. La reina Sofía viaja a Washington para darles su apoyo.

En Zarzuela contratan a Javier Ayuso como jefe de Comunicación. Comienza una trama de intrigas palaciegas para salvar la Corona. El rey es tajante en su discurso de Nochebuena a la nación: «La justicia es igual para todos». Urdangarin se da por sentenciado.

Los problemas de salud agobian a Juan Carlos. Se siente encerrado en La Zarzuela y se escapa con Corinna al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, sin importarle las recriminaciones de sus asesores y médicos. Su indisciplina y su mal humor están fuera de control.

El señorío de Rajoy toma el poder. Es un decir. En su despacho con el rey, Rajoy quiere hacerle ver que la situación es grave. Juan Carlos no escucha. Amenaza con abdicar si continúan presionándole. El órdago funciona. Los señores de la política no ven claro que pueda ceder el trono a su hijo en esas condiciones tan críticas. Acuerdan que el rey debe continuar al frente del Estado. Lo agasajan con una gran ovación en un acto público en Cádiz con motivo de la conmemoración de la Constitución de 1812.

También los señores del Ibex 35 le brindan su apoyo, a regañadientes. Juan Carlos se reúne con los miembros del Consejo Empresarial de la Competitividad en la sede de Telefónica, donde renuevan sus votos de fidelidad al monarca. Pero hay resquemores por el fracaso del proyecto del Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras (SSIF), que ha dejado pingües beneficios a Corinna pero un importante pufo de 21 millones de euros a los amigos del Ibex 35, que empezaron a poner dinero cuando el rey se lo pidió. Brillan los cuchillos. Rodarán cabezas.

El último capítulo de la temporada, el desenlace, comienza en el exótico emplazamiento de Botsuana, y los dragones del Mar Dothraki han sido sustituidos por elefantes, personajes místicos que cuando son abatidos persiguen como fantasmas a su asesino…

Tras los escándalos de Botsuana, Urdangarin y Corinna, comienza a jugarse un pulso en la corte, entre los partidarios del príncipe —que ya piden abiertamente al rey que abdique en su hijo para proteger la institución— y los del rey, que creen que el escándalo de Botsuana se puede arreglar con unas simples disculpas. Unos y otros maniobran en los pasillos y en los medios, conscientes de que el fin está próximo, en pos del desenlace final.

Y, de fondo, la plebe de harapientos republicanos en los movimientos sociales, se manifiesta en las calles y abuchea a los miembros de la familia real en sus apariciones públicas.

ROSARIO DE UNA ABDICACIÓN NO ANUNCIADA

Desde Botsuana a la abdicación se sucede un rosario de misterios —dolorosos los más, y gozosos muy pocos— que, golpe a golpe y paso tras paso, avanzan como en un viacrucis hacia el desenlace.

Misterios de la penitencia

Aparte de las reprimendas privadas que pueda haber tenido —y de la supuesta expulsión clandestina de Corinna de España para siempre, que dicen se produce de inmediato después del regreso de Botsuana—, Juan Carlos es humillado públicamente en cinco ocasiones, como castigo o consecuencia del escándalo que se ha montado.

– 18 de abril de 2012. Juan Carlos pide perdón. Cede a las presiones y claudica a la salida del hospital, pidiendo perdón: «Lo siento, me he equivocao. No volverá a ocurrir». Lo hace ante las cámaras de TVE y la Agencia Efe. Posa, triste y mal iluminado, frente a una pared.

– 4 de junio de 2012. Botín en bermudas rojas. En su viaje oficial a Brasil, es recibido en el hall del hotel por Emilio Botín, presidente del Banco Santander y presunto amigo, en un alarmante y nada protocolario atuendo rojo corporativo. También estaba allí, vestido más discreto, César Alierta, de Telefónica.

– 28 de agosto de 2012. Telefónica despide a Urdangarin. La mala imagen del yerno del rey está creando un problema en la entidad. El caso Nóos se ha convertido ya en un «martirio», como lo definió Rafael Spottorno, Jefe de la Casa Real.

– 23 de septiembre de 2012. El New York Times habla de su fortuna. A pesar de que Juan Carlos ha viajado hasta Estados Unidos para intentar convencerlos de que es mentira, después de su charla con la redacción el prestigioso periódico publica, pese a todo, que tiene unos 1.800 millones de euros de oscura procedencia.

– 21 de julio de 2012. ADENA le quita la Presidencia de Honor. La junta extraordinaria de la organización conservacionista, delegación española de WWF, decide por abrumadora mayoría que el rey deje de ser presidente de honor, con la diplomática fórmula de eliminar ese cargo. Como Telefónica, no ha podido con la presión que la mala imagen del rey está transmitiendo.

Misterios del golpe de palacio

La penitencia de Juan Carlos no es suficiente castigo. Según las versiones mediáticas más atrevidas, entre finales del 2012 y comienzos de 2013, se produce un «golpe de palacio» en La Zarzuela para forzar la abdicación. Lo lleva a cabo el círculo próximo de la reina Sofía y el príncipe Felipe, y los detalles están rodeados de misterio. Pasa por varios momentos decisivos:

– Diciembre de 2012. La misteriosa reunión de Corinna en Zarzuela. Sayn-Wittgenstein regresa a Madrid y dialoga con el CNI (Sanz Roldán) y Exteriores (Margallo) en Palacio. Las conversaciones no son cordiales. A continuación Corinna abandona definitivamente la casita de El Pardo y se instala en Londres.

– Enero de 2013. El misterio del viaje a Abu Dabi cancelado. El Gobierno, el jefe de la Casa y hasta el director del CNI intervienen para obligar a Juan Carlos a cancelar el viaje previsto a Abu Dabi, para la Energy Summit, acompañado de Corinna. Por primera vez no se hace lo que le da su real gana y Juan Carlos se desespera. «Mándame una pistola para que me suicide», le dice a un amigo.

– 4 de marzo de 2013. Misterio tras la operación de hernia discal. Tras la intervención, los médicos le han prescrito de dos a seis meses de baja. El rey es sometido a un «confinamiento en régimen de incomunicación» (es un decir; se siente encerrado porque «lo dejaban solo queriendo»), como medida de presión para conducirlo a la abdicación.

– 22 de marzo de 2013. El mistérico relevo en los servicios de seguridad. El general Manuel Barrós es relevado como jefe de seguridad de la Casa del Rey, tras 14 años en el cargo y otros seis más de servicio en La Zarzuela, con una patada hacia arriba: ascendido a general de división. Le sustituye el coronel de la G. C. Francisco López Requena, exjefe de seguridad de la reina Sofía. El equipo de la reina y el príncipe está tomando el poder.

Misterios del calvario mediático-judicial

Paralelamente a la crisis en Palacio, arrecian comentarios e informaciones en la prensa, como un bombardeo sobre la familia real. La mayor parte proviene de los avances en la instrucción del caso Urdangarin, pero no todos.

– 24 de enero de 2013. El correo electrónico del duque empalmado. Se filtra en la prensa el correo que Urdangarin envió a Revenga (el secretario de las infantas) que firma como «el duque em… Palma… do». Revenga es imputado (aunque no es acusado por reírle el chiste). Urdangarin desaparece de la página web de la Casa Real.

– 27 de febrero de 2013. Corinna entrevistada en el Hola. La presunta princesa alemana, entrañable amiga del rey, lanza su propio mensaje de defensa, en medio de posados glamurosos en los que muestra una pulsera valorada en más de 3 millones de euros, supuestamente regalo de Juan Carlos. Lo hace en la revista Hola, siempre tan respetuosa con la Corona que se la conoce como «el BOE de la Casa Real».

– Marzo de 2013. Revenga y Fontao en los juzgados de Mallorca. Primero el secretario de la infantas, García Revenga (el día 3); y después Romero Moreno, conde de Fontao y asesor privado del rey Juan Carlos (los días 18 y 19), comparecen ante el juez Castro para declarar en el caso Nóos. Las ramificaciones se acercan cada vez más a Juan Carlos.

– 30 de marzo de 2013. El Mundo publica el testamento de Don Juan. El diario de Pedro J. Ramírez tiene la ocurrencia de publicar, justo ahora, el testamento del padre del rey, Don Juan de Borbón, fallecido en 1993. Sale a luz que había dejado tres cuentas en Suiza. De la fortuna que dejó, a su hijo Juan Carlos le habían tocado en el reparto 2,25 millones de euros, que nunca declaró a Hacienda.

– 3 de abril de 2013. Primera imputación de la infanta. El juez Castro imputa a Cristina de Borbón y la insta a acudir al juzgado a declarar el día 27 de ese mismo mes. El fiscal Horrach se opone y, actuando como defensor, consigue paralizarlo todo durante un tiempo indeterminado. El escándalo general es mayor con la desimputación que con la imputación.

Misterios de los abucheos

También y en paralelo a las tensiones en Palacio y al calvario mediático-judicial, la familia real padece una ruidosa crisis de cariño público. Sobre todo desde el escándalo de la caza de elefantes, pero superponiéndose a todo lo demás (Corinna, Urdangarin…). Reciben abucheo tras abucheo, pitada tras pitada, broncas de todo tipo en cuanto se dejan ver en un acto público. Todos se ven afectados, incluida la reina Sofía, que hasta el momento solía quedar fuera de estos malos gestos. La lista de misterios es inmensa y se recogen sólo los momentos más traumáticos.

– 25 de octubre de 2012. Abucheos en los premios Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias escucha junto a su madre, la reina, abucheos y pitidos en la entrega de los premios que llevan su nombre. El acontecimiento, antes conectado al recuerdo de su encuentro con Letizia durante su noviazgo todavía secreto, tantas veces repetido en televisión, adquiere un carácter menos dulce para Felipe.

– 8 de enero de 2013. La reina, abucheada en el cine Callao. No es el único que la reina tiene que soportar. Hay muchos más, desde noviembre del 2012 casi hasta la abdicación. En la Real Casa de la Moneda, en un congreso de Arqueología Clásica en Mérida, en la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, en el Auditorio Nacional, en la inauguración del curso escolar… Pero el del cine Callao fue especialmente traumático. Era el propio público, asistente a un acto solidario en honor de Vicente Ferrer, el que le mostraba su rechazo y su desprecio. Sus acompañantes habituales no estaban acostumbrados a eso.

– 10 de febrero de 2013. Le cantan «Un elefante se balanceaba» a Juan Carlos. Acude al Buesa Arena en Vitoria para presidir la Copa del Rey de baloncesto y el recibimiento es desolador. Además de la tradicional pitada al himno nacional, los asistentes le gritan «¡Fuera, fuera!» y, lo que es peor, corean la famosa canción infantil. Hasta sus guardaespaldas se ríen.

– 31 de mayo de 2013. Pitada en el Liceo a los príncipes de Asturias. Uno de los más importantes templos de la cultura, todavía en el Estado español, el teatro de la ópera de Barcelona, se vuelca en una sonora pitada a Felipe y Letizia, que aguantan el tipo como pueden ante las cámaras y un público poco habitual en algaradas callejeras.

– 30 de julio de 2013. Víctimas del tren de Santiago niegan el saludo a los príncipes. Letizia y Felipe tratan de explotar una de las vetas de popularidad que ha usado siempre la familia real: mostrarse ante las cámaras sirviendo de consuelo a los que sufren, compungidos y llorosos abrazando a las víctimas. En el funeral por los fallecidos en el trágico accidente de Compostela, algunas víctimas hacen fracasar su intento, negándoles el saludo como muestra de rechazo a este juego.

Misterios de la princesa Letizia

Entre abril y septiembre de 2013 tiene lugar uno de los episodios más misteriosos en las peripecias de Letizia Ortiz. Venganzas, chantajes, espías, espantadas, amantes, mensajes de Whatsapp… Se sabe poco de lo que realmente pasó, pero se ha especulado mucho.

– 8 de abril de 2013. Sale a la venta Adiós, princesa. La publicación de un libro sobre la vida familiar de Letizia y los Borbones desata una tormenta en Zarzuela, aunque en público se da la callada por respuesta. El autor del libro, un primo de la princesa, desvela además que Letizia ha tenido un aborto voluntario en una clínica madrileña poco antes de su boda con Felipe, en su retrato de una personalidad fría, ambiciosa, autoritaria y cada día más hipócrita.

– 8 de agosto de 2013. Letizia deja plantados a Felipe y a las niñas en Mallorca. Adelanta su regreso a Madrid sin motivo aparente. Algunos medios hablan de un intento de chantaje con respecto a unos mensajes de móvil de Letizia a su cuñado, Jaime del Burgo. Un asunto turbio. Es entonces cuando Juan Carlos pide al príncipe que se divorcie, para salvar la monarquía. La familia real recurre al CNI para solucionar el asunto del chantaje.

– Agosto de 2013. Planes de boda en Sussex. De vacaciones en Sussex, el trío Juan Carlos, su entrañable Corinna y el exmarido de ésta, Philip Atkins, hacen planes a medio plazo. Será en noviembre de 2015, tras el 40.º aniversario de la coronación. Juan Carlos pasará la batuta a Felipe y se casará con Corinna. Luego, Juan Carlos y su alteza real Corinna de Borbón se retirarán a vivir a un lugar discreto en el extranjero.

– Mediados de agosto de 2013. Letizia viaja a Zúrich. Después de su interrumpida estancia en Mallorca, la princesa viaja en vuelo regular a Zúrich. Aparte de bancos, en Suiza está Jaime del Burgo, amigo íntimo de Letizia y supuesto autor de los mensajes del chantaje, en trámites de separación de Telma Ortiz, la hermana de Letizia.

– Septiembre de 2013. Todo queda en el olvido. Al parecer, por vías misteriosas, la supuesta incapacidad para reinar de Letizia queda enterrada. Ya hay un motivo menos para que Juan Carlos se resista a abdicar.

Misterios de la despedida

A partir de enero de 2014 se dispara a espaldas de la opinión pública la maquinaria de preparación de la abdicación, que se prevé en principio un proceso más largo. Misteriosamente, a finales de mayo se pierde el compás y adquiere velocidad de vértido todo.

– 6 de enero de 2014. Discurso de Pascua Militar patético. Juan Carlos se presenta ante la plana mayor del ejército, para su tradicional discurso anual, dando señales alarmantes de que, cuando menos, no ha dormido bien la noche anterior. Regresa de celebrar su cumpleaños en Londres con Corinna. Escudriña el papel, titubea, resopla, se tambalea peligrosamente… Su entorno inmediato en Zarzuela lo acorrala. Juan Carlos inicia su despedida.

– Marzo de 2014. Despedida de Rubalcaba. La decisión de abdicar se comunica a los líderes políticos. El del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, da un argumento a favor de acelerar el proceso. No sabe cuánto tiempo va a durar al frente del partido, después de las elecciones de mayo. Hay poco tiempo para buscar un sustituto que garantice el apoyo del PSOE al proceso.

– Primavera de 2014. Despedida de los amigos del Golfo. Juan Carlos inicia un periplo de despedida por el Golfo Pérsico, para no dejar temas en el aire con sus hermanos árabes. Son viajes semioficiales, y no se sabe en qué términos les anuncia que pronto dejará el trono y les pide apoyo, ni para qué. Del 13 al 16 de abril viaja a Emiratos Árabes y Kuwait; del 27 de abril al 2 de mayo, a Omán y Bahrein; del 17 al 19 de mayo, a Arabia Saudí… El cuarto viaje, programado para junio a Catar, se suspende por la abdicación.

– 25 de mayo de 2014. Podemos y las Elecciones Europeas. Podemos no gana, pero obtiene 5 diputados contra toda previsión. PSOE y PP se llevan tremendo batacazo. Por una vez, no todos celebran en la rueda de prensa posterior su propia supuesta victoria. Los medios más reaccionarios del sistema lanzan la voz de alarma ante lo que puede venir.

– 29 de mayo al 1 de junio de 2014. Reunión del Club Bilderberg. La reina Sofía asiste a la reunión semiclandestina del semiclandestino y poderoso club internacional, con representantes de las más altas instancias del poder occidental: corporaciones financieras, grandes medios de comunicación, multinacionales, servicios de inteligencia, organizaciones militares, gobiernos estatales, organismos supranacionales y casas reales. Se celebra en Copenhague. Hablan sobre lo que el mundo necesita que hagan por él.

– 2 de junio de 2014. La abdicación. A primera hora de la mañana el presidente del gobierno anuncia la abdicación del rey. El mensaje televisado de Juan Carlos se retrasa hasta las 13:00.

Se ha hecho de forma súbita. Es lunes por la mañana y día lectivo. La noticia pilla a toda España con legañas. Nadie acaba de creérselo. Los afortunados que tienen trabajo no se concentran en sus tareas.

No se habla en ningún medio de la celebración de un referéndum sobre la forma de Estado. Se anuncia la proclamación de Felipe VI de manera inmediata. Se lanzan entusiastas publirreportajes hagiográficos y se insiste en que la renuncia al trono fue por voluntad propia y en que todo estaba planeado desde hacía meses.

La noticia ha sorprendido a Felipe en el avión de regreso de un viaje oficial a El Salvador, para representar a España en la toma de posesión del nuevo presidente, Salvador Sánchez Cerén, un día antes. Nadie se pregunta cómo no se tuvo la precaución de cancelar ese viaje —y enviar en su lugar, por ejemplo, al ministro de Exteriores— para que pudiera acompañar a su padre en un día tan señalado.

La reina Sofía tampoco está en España. Asiste en Nueva York a una irrelevante apertura de la Junta Ejecutiva de Unicef. Aturullada por las cámaras y los micrófonos en la puerta, insiste en pedir calma: «El cambio va a ser completamente tranquilo. Y la continuidad va a seguir con el Príncipe y no va a haber ningún problema. Estamos todos en la misma idea… todos tranquilísimos».

El anuncio también sorprende al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que había sido citado por el propio rey ese día, en su recién estrenada campaña para erigirse él mismo como el solucionador del problema de la independencia catalana, abandonada ahora, de repente, por las misteriosas prisas en abdicar.

Al recién estrenado como eurodiputado Pablo Iglesias le pilla en Estrasburgo, adaptándose a la dinámica del Parlamento Europeo, que no puede interrumpir.

Las plazas de las principales ciudades se llenan de banderas tricolor, empezando por la Puerta del Sol, en Madrid, escenario de la proclamación de la II República.

REY EMÉRITO

Seis meses después de todo esto, las cámaras de televisión sorprendían a Juan Carlos más feliz que una perdiz en Abu Dabi. Asistía como espectador de lujo a la última carrera del piloto Fernando Alonso con Ferrari, en el Circuito de Yas Marina. Ante las preguntas de un periodista de Antena 3 que no vio a Corinna, el exrey se mostró de vuelta en su campechanía tradicional desvelando, con su mejor sonrisa, una exclusiva celosamente guardada por Alonso por motivos comerciales: «Me ha dicho que se va a McLaren. Está muy contento».

Tras la firma de su abdicación, el 18 de junio de 2014; después de soportar con un estoicismo encomiable besos y arrumacos de la reina, y casi también de Letizia, el día de la proclamación de Felipe VI, el 19 de junio, había pasado a tener un perfil bajo en la escena pública. Justo lo que él quería.

Las reivindicaciones republicanas también. Apenas continuaron hasta la toma policial de Madrid para garantizar un desfile monárquico como dios manda. La autoridad se encargó incluso de retirar de las ventanas cualquier insinuación tricolor que afease el paso de la cabalgata. Hubo algunas detenciones… Pero no pasó nada.

Y, poco a poco, las revueltas aguas del sistema se aquietaron en su cauce. El tema de la República no tuvo mayor relevancia en la siguiente convocatoria electoral: las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. El momento histórico ya se había echado a perder, a saber hasta cuándo.

De entrada, después de la abdicación, las altas instancias del Estado ni siquiera se molestaron en cambiarlo todo para que todo siguiera igual. Siguió igual, simplemente. Con sólo un añadido para los frustrados republicanos: en lugar de librarse de un rey, ahora tenían dos.

El asunto del «régimen de los títulos, tratamientos y honores» se acometió como tarea gubernamental urgente, aunque desde La Zarzuela anunciaron antes, nada más conocerse la abdicación, cómo iba a ser la cosa: Juan Carlos mantenía en todo momento el título de rey, sin adjetivo alguno, y lo mismo Sofía. Y el 13 de junio, el Real Decreto 470/2014 lo confirmaba. «El otorgamiento de un tratamiento singular al Rey que, voluntariamente, pone fin a su reinado, y a la Reina Consorte, además de continuar la senda de precedentes históricos y de la costumbre en otras monarquías, no es sino la forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles», decía en las disposiciones generales. Para luego establecer en su artículo único: «Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias».

En principio, a Juan Carlos se le desalojó de su despacho en Zarzuela (aunque no del palacio), y se le habilitó uno más pequeño cerca de sus habitaciones. Felipe ocupó el antiguo (pero siguió viviendo en su propia residencia). En cambio, la reina Sofía mantuvo el suyo, desde el que continuar con sus actividades culturales, musicales y filantrópicas, además de las que desempeña al frente de la Fundación que lleva su nombre.

Pero desde septiembre, se dispuso que Juan Carlos tuviera otro despacho oficial en el Palacio Real, que en la práctica diaria se usa sólo como museo y en actos oficiales muy relevantes. En él podrá recibir visitas rodeado del oropel de la majestad y ordenará una agenda sin carácter oficial. Lo más sorprendente es que la Casa Real aseguró en su presentación que «no acarreará ningún coste económico», aunque sólo los gastos de personal suponen el mantenimiento de un equipo de colaboradores de alto nivel, dirigido por Alfonso Sanz Portolés, durante años jefe de protocolo y luego el segundo de a bordo de la Casa. Él es quien se encarga de gestionar su día a día y de acompañarle.

Su asignación anual, que antes, como rey único, era de 300.000 euros al año (la cifra que él mismo se había adjudicado), bajó a 187.356 (por decisión de su hijo). Eso sí debió de dolerle. Poco desinteresado de por sí, llevaba años manteniéndose el mismo sueldo, a pesar de que la partida de los Presupuestos Generales del Estado para la Casa iba disminuyendo progresivamente por los recortes. Porque aunque tenga unos ahorrillos (se le calculan 1.800 millones de euros escondidos por ahí), no es amigo de tirar de lo suyo. Además, ahora tiene otros gastos: le resulta mucho más caro desplazarse, por ejemplo, ya que no dispone de los aviones Falcon que antes estaban a su disposición.

De todas formas, no están mal los ingresos teniendo en cuenta que trabajo, lo que se dice trabajo, no es que tenga mucho. No se agobia demasiado, que se sepa. No cuenta con agenda oficial y sólo se informa de su actividad cuando tiene alguna misión encomendada a su alta representación. Y no son muchas, la verdad. De primeras, acudir a alguna toma de posesión de presidentes hispanoamericanos, tomando él el relevo a su hijo, que era el encargado de esta área en los últimos años.

Por lo demás, todo fue como la seda en el traspaso de un poder que es sólo simbólico y que sigue manteniendo de forma honorífica. Y, además, los dos reyes, como por arte de magia y sin motivo aparente, empezaron a recuperar popularidad día a día.

El rey padre comenzó a reaparecer discretamente en eventos deportivos, sin que se produjeran incidentes. Su presencia no figuraba en ninguna agenda ni se anunciaba. Desde la secretaría de Zarzuela se avisaba poco antes de que Juan Carlos asistiría, y ya. Con Sanz Portolés, exsecretario de su Casa, acudió, por ejemplo, a dos de los partidos que la selección española de baloncesto jugó en el Mundial. El primero en Granada y el segundo en Madrid, donde España quedó eliminada. Y aun así no hubo pitadas.

Además empezó a salir de restaurantes sin esconderse. Al principio, a sitios discretos como un hotel en las afueras de Burgos, donde paró para almorzar unos huevos fritos con morcilla, que es su debilidad. Lejos de increparle los clientes, que se sorprendieron con su presencia, porque se sentó como uno más en el comedor general, se le acercaron a pedirle un selfie o solicitando que algún escolta hiciera de improvisado fotógrafo, y Juan Carlos posó campechanamente con muchos de ellos.

Su nueva vida como rey emérito pareció centrarse en una ruta gastronómica sin fin, de la que la prensa iba haciendo seguimiento como si fuera el publirreportaje de una cadena de restaurantes pijos, ofreciéndonos todos los datos sobre el menú que había degustado su alteza. Se ilustraba además con fotografías de Juan Carlos saludando en su campechano estilo al orgulloso chef. Porque, después de los huevos con morcilla, vinieron todas las estrellas Michelin del Estado español. Tanto se entregó en su nueva campaña, que la Real Academia de Gastronomía le acabó rindiendo un homenaje en el Casino de Madrid.

También se dejó ver en algunas ocasiones en el extranjero. En noviembre, en las carreras de Abu Dabi; y en diciembre, de juerga en Beverly Hills, California. Pero todo el mundo sabía que hacía otros viajes, de los que su círculo más íntimo no quería hablar. Mallorca, no la había vuelto a pisar.

La prensa extranjera apuntaba a Londres. Desde septiembre, andaba a vueltas con el tema del divorcio. Sobre todo la italiana que, en el diario La Repubblica y en la revista Oggi, insistía en que Juan Carlos y Sofía estaban ya separados y en que en fecha próxima se anunciaría de forma oficial su divorcio. Afirmaba también que el rey emérito ya estaba viviendo en Londres junto a su «entrañable amiga», la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, a la espera de los papeles para poder casarse con ella.

Pero la española se puso en seguida a trabajar en la construcción de una versión oficial más cortesana. El último capítulo del libro de la vida de Juan Carlos todavía no puede escribirse. Pero, de momento, la prensa amiga va matizando la manera correcta de interpretar lo que sucede. El diario El País se encarga de poner límites a la imaginación popular, arbitrando hasta dónde puede llegar y marcando el estilo adecuado para referirse al «Rey saliente» que, como en un anuncio de Ikea, «redecora su vida».

En esa versión oficial, Juan Carlos está aún en periodo de adaptación a «las nuevas circunstancias». No es que no haga nada, es que no quiere estar ocioso y precisamente por eso estudia «con sumo cuidado» su futura ocupación. No es que sea demasiado interesado, es que no quiere ser un monarca jubilado deprimido como Alberto de Bélgica, que se queja de que ya nadie se acuerda de él y de que no tiene dinero para cubrir sus gastos ordinarios. No es que se pase el día de juerga, es que no quiere llevar una vida hogareña como Beatriz de Holanda. No es que no quiera informar de sus actividades, es que no quiere robarle el protagonismo que le corresponde a Felipe.

En lo sentimental, no es que esté tramando nada con Corinna, es que «es tal su discreción que no han faltado las especulaciones sobre su persona». No es ninguna sorpresa que ya no pise Palma, es que ya no tiene compromisos oficiales allí. No es que se haya separado de Sofía, sino que en su ámbito privado siguen haciendo la vida de siempre, cada uno por su lado; y en los actos oficiales, una vez que sus agendas se han reducido hay pocos motivos para que coincidan. No se ha ido a Londres, sino que sigue viviendo en el recinto principal del Palacio de La Zarzuela, aunque en un ala alejada de la de Sofía, reconociendo que ni tan siquiera se ven a la hora de comer. No es que se vaya a divorciar, no lo necesita. Con Corinna ya no se ve, y sólo mantienen contacto telefónico y una entrañable amistad a distancia.

Siguiendo la misma línea hagiográfica, la comunicación entre el rey saliente y el actual es presuntamente fluida: la relación entre ambos siempre fue buena y el tiempo en que se preparó el relevo en la Corona les acercó aún más.

De Cristina, que aún no ha renunciado a su posición como sexta en la línea de sucesión de la Corona, ni se habla, mientras no acabe el calvario judicial del caso Nóos. De los tres hijos legítimos, Elena es la elegida para encarnar el vínculo afectivo familiar. En la encantadora imagen que se construye, acostumbra a visitarle regularmente en palacio, y también se encuentran para salir y viajar juntos, a veces, en compañía de Froilán, el más Borbón de sus ocho nietos.

De sus hijos ilegítimos se dejó de hablar en cuanto se solucionó el tema del aforamiento exprés, salvo para anunciar que el Supremo archivaba las causas.

La impunidad perdida de Juan Carlos fue la pieza más peligrosa en el tablero de juego tras la abdicación. La Constitución dejaba claro en el artículo 56.3 que esa previsión sólo afectaba al rey como cargo y no como título honorífico: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Pero también se saltó este escollo.

En los planes del Gobierno no entraba en el futuro a medio plazo poner en marcha lo que se conoce como una Ley de la Corona y mucho menos impulsar una reforma constitucional. Pero había que protegerlo como fuera de posibles denuncias, ya fueran civiles o penales, y que ya se estaban produciendo. Eso era lo pactado, y el PP de Rajoy se puso rápidamente a buscar la fórmula que permitiera el desarrollo normativo necesario para cubrir las lagunas que dejaba la nueva situación.

La idea consistía en convertirlo en aforado a toda velocidad, antes incluso de las vacaciones del mes de agosto, presentando dos enmiendas a una ley técnica que ya se encontraba en tramitación: La ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y de otras medidas de reforma administrativa por la que se modificaba la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Las dos novedades que introducía la reforma del artículo 55 bis de la ley orgánica del Poder Judicial eran, en primer lugar, el aforamiento, no sólo del rey emérito, sino también de la nueva reina Letizia, de la princesa de Asturias, la infanta Leonor, y de la reina «madre» Sofía. Cuatro por el precio de uno. Y eso que la reina consorte nunca había gozado de la condición de aforamiento durante el reinado de Juan Carlos, desde el 20 de noviembre de 1975; ni tampoco Felipe mientras fue Príncipe de Asturias, ni su mujer. La que sí quedó fuera del grupito de agraciados con tal privilegio legal —que redirigía al Tribunal Supremo cualquier posible contencioso judicial contra ellos— fue la segunda hija de los reyes, la infanta Sofía. En segundo lugar, agregaba una disposición transitoria por la que se establecía el traslado automático a ese tribunal de toda acción judicial iniciada hasta entonces, que era ni más ni menos que aplicarla con carácter retroactivo.

Lo cierto era que, en ese breve lapso de tiempo en que fue el «ciudadano Juan Carlos de Borbón», después de la abdicación, se habían empezado a acumular querellas. Aparte de la de los hijos ilegítimos, la Audiencia Nacional volvió a recibir el escrito solicitando el procesamiento de Juan Carlos por su presunta participación en el 23F, que el juez Santiago Pedraz ya había rechazado el 8 de mayo por ser el rey impune. En esta segunda oportunidad, el 24 de junio, se vieron obligados al menos a estudiarla. El partido Soberanía pedía que se abriese una investigación, sustentando la querella en el relato de la escritora Pilar Urbano en su libro La gran desmemoria. Se formulaba contra Juan Carlos y otros presuntos implicados en la denominada «trama civil» del 23F, como Felipe González, el también socialista Enrique Múgica y el exmiembro del PCE Ramón Tamames, entre otros.

En otra querella que se había presentado, ésta ante la Agencia Tributaria, se solicitaba que se investigase la supuesta fortuna que mantiene la Casa Real española en el extranjero, por un posible delito fiscal continuado. Estaba fundamentada en las informaciones publicadas por el diario El Mundo en torno al testamento de su padre, Don Juan de Borbón, consistente en una fortuna de 6 millones de euros depositados en cuentas suizas y nunca declarados a Hacienda por los herederos: Juan Carlos y sus hermanas Pilar y Margarita. El abogado alicantino que solicitaba su procesamiento, José Luis Escobar, experto en delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la corrupción, ya había interpuesto otra denuncia contra el rey cuando estaba en activo, en 2012, por un delito de cohecho tras el polémico viaje a Botsuana. Pero entonces Juan Carlos no podía ser responsable «ni civil ni penalmente» de ningún acto.

El 13 de julio el Pleno del Senado aprobaba de manera definitiva el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la reforma de la ley. El aforamiento de Juan Carlos —y del resto de la familia real— ya era una realidad.

El PP, con su mayoría absoluta y el apoyo de UPN y Foro, no tuvo que discutir mucho; y el PSOE se permitió el lujo de abstenerse, al mismo tiempo que defendía públicamente la necesidad de que Juan Carlos disfrutara de una «situación singular» cuando dejara de ser rey. Justificaron ese ambiguo juego político por complacer a todo el mundo con posturas intermedias, declarándose contrarios a las formas de la tramitación exprés. Hubieran preferido un debate más sosegado, dijeron. No entendían tantas prisas si, total, las causas que pudieran iniciarse antes de la entrada en vigor del blindaje penal y civil, se atendrían a la nueva norma, hasta el punto de que los tribunales que las tramitasen deberían suspender su trabajo para remitirlas «inmediatamente» a la sala competente del Supremo. Tampoco lo entendieron CiU ni Coalición Canaria, y se abstuvieron con el PSOE. El resto de partidos votó en contra.

Gaspar Llamazares, como portavoz de IU, aprovechó además para despacharse a gusto con una soflama en la comisión de Justicia: «Este aforamiento vitalicio es una medida extrema, repugnante, huele a Monarquía medieval». Pero eso fue todo. Aunque con tal motivo el PP aprovechó para negar cualquier presión por parte de la Casa Real y sólo admitió, a la hora de explicar la premura, la influencia de la crisis interna que azotaba al PSOE. «Dentro de mes y medio no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pudiéramos tener en el primer partido de la oposición una actitud similar a la de Izquierda Unida y la polvareda sería mucho mayor, con el consiguiente coste para el Gobierno y también para la Monarquía. Simplemente, actuamos con responsabilidad», afirmó uno de sus portavoces.

De todos modos, antes de que se aprobara el aforamiento, la Audiencia Nacional, prietas las filas, ya había rechazado por su cuenta la querella sobre el 23F. Alegaban que la documentación presentada no podía ser tenida como «material indiciario suficiente», pero tampoco estaban en modo alguno dispuestos a la apertura de una investigación, ya que el tribunal consideraba la prescripción del delito como un «avatar sustantivo absolutamente impeditivo». Y con tan chusca sentencia, daban carpetazo al asunto.

Los demás casos fueron trasladados con urgencia al Tribunal Supremo tras el 13 de julio, siguiendo lo establecido en la reforma a la ley del Poder Judicial. Cualquiera pensaría que tampoco es para tanto, pero es que este tribunal, cabeza de uno de los tres Poderes del Estado, es el menos independiente de todos. Está compuesto por el presidente (elegido por el Gobierno) y por un número indeterminado de magistrados, todos ellos nombrados por Su Majestad el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado, está formado por 21 miembros: su presidente, que es el presidente del Tribunal Supremo; 10 miembros elegidos por el Congreso y 10 por el Senado.

Se encargan de velar por que los políticos estén suficientemente protegidos, no dejando que nadie más los juzgue ni los investigue. Y ahora también velarán por Juan Carlos y toda la familia real. Además, el Tribunal Supremo es el único que puede ordenar la detención de sus propios miembros y sólo él puede procesarlos y separarlos por responsabilidades civiles y penales en el desempeño de sus funciones. Sólo son supervisados en su funcionamiento por el Consejo General del Poder Judicial, aunque todos los actos de este Consejo pueden ser anulados por el propio Tribunal Supremo en vía contencioso-administrativa. Así que todo está atado y bien atado. Esto del aforamiento es un gran invento.

Las querellas, por separado, de los presuntos hijos ilegítimos de Juan Carlos corrieron en el Supremo suertes muy distintas. La de Albert Solà fue de inmediato inadmitida a trámite. La de Ingrid Sartiau fue admitida, y archivada unos meses después.

El 11 de febrero de 2015 dos abogados pusieron sus firmas en un recurso de 25 folios en defensa de Juan Carlos I dirigido a la Sala Civil del Supremo. Era tan bueno que la misma sala que sólo siete días antes la había admitido a trámite, cambió de opinión en pleno. Caso cerrado. Uno de ellos era un socio del bufete Garrigues; el otro, Fernando Pantaleón Prieto, en octubre del mismo año fue promovido al cargo de magistrado del Tribunal Supremo, con destino en la misma Sala Civil a la que hizo rectificar en el asunto Sartiau vs. Borbón.

No parece que la justicia vaya a darle problemas a Juan Carlos en el futuro. Para acabar de limpiar su imagen y mantener en la historia su buen nombre, se gesta la puesta en marcha de —¡cómo no!— una fundación que lleve su nombre, y presidida por él, en la que estarán representadas importantes personalidades y en la que podrá recibir legalmente todas las donaciones que le hagan. Su estatus de rey le permitirá una jubilación emérita, como premio a sus buenos servicios, y morirá sin llegar nunca a conocer eso que llaman ser un ciudadano normal. Aunque…

Nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. (Julio Cortázar, Rayuela, 71 Morelliana).

35. El Pudridero Real

La dinastía española de los Borbones es la más antigua de Europa, ya que ha reinado desde el año de gracia de 1700. Pero como es bien sabido su recorrido histórico ha pasado por todo tipo de avatares, incluidas cuatro regias figuras que salieron por piernas del país mientras el pueblo hacía fiesta en las calles. Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando VII acosado por las masas, y se fue al exilio, de donde ya no regresaría. Murió en Nápoles en 1819. Ya antes, en 1808, su sucesor, Fernando VII, había sido también expulsado. Dejó el trono a su hija Isabel II. Con ella el pueblo fue más severo. No permitió que dejara a otro Borbón en su lugar cuando hubo de salir corriendo, en 1868, e instauró la I República. Poco después, sin embargo, volvió Alfonso XII a restablecer la monarquía en olor de multitudes. Fue en 1874, y el joven Borbón tuvo una acogida tan apoteósica en Madrid que, inclinándose sobre su caballo le dijo a un hombre que le aclamaba: «Gracias, gracias». A lo que el hombre respondió: «Eso no es nada. ¡Si hubieseis visto cómo gritábamos cuando echamos a su madre!».

Alfonso XII aguantó en el trono hasta su muerte, que le llegó muy joven, según rumores que corrían por Madrid, recogidos por los historiadores, «hecho polvo de tanto joder». Y dejó «la menor porción posible de rey», en palabras de Sagasta, al tratarse de un bebé de apenas unos meses, pero un rey al fin y al cabo. Sería la madre de Alfonso XIII, María Cristina, la que le guardase el trono como regente, hasta su mayoría de edad, dejando que Cánovas y Sagasta se alternasen en el poder, fiel a los últimos consejos de su esposo, quien ya en la agonía le dijo en su castizo lenguaje: «Cristina, guarda el coño, y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas».

Pero Alfonso XIII también sería expulsado, como su abuela, en 1931, con la declaración de la II República. Antes aún tuvo tiempo el abuelo de Juan Carlos de apostar por el general golpista Primo de Rivera, y después se fue a la carrera lo más cerca de Dios que pudo, frente al Vaticano, en espera de que el designio divino le devolviera al Palacio de Oriente tras un nuevo golpe de Estado. No llegó a consumarse a su favor y se quedó el Caudillo en su lugar, que marchando bajo palio y con el brazo incorrupto de Santa Teresa en sus manos, para demostrar que también él contaba con el designio divino de su parte, actuaría como regente de Juan Carlos hasta su muerte.

Por el momento, parece que la monarquía española está capeando el temporal para librarse de una nueva caída. Pero ni Juan Carlos I ni Felipe VI deberían estar tranquilos todavía. Ya decía Miguel Maura, aquel monárquico que fue ministro del Interior del primer Gobierno de la República en 1931, cuando ofrecía consejo a un eventual nuevo rey de España: ¡Que no deshaga las maletas! No vaya a ser que no tenga tiempo de volver a hacerlas si las cosas se estropean. José Luis de Vilallonga se lo recordó en una ocasión al rey Juan Carlos, para ver cómo reaccionaba ante la impertinencia, y su respuesta fue muy flemática: «Procede de un pesimismo que ya no tiene fundamento. Miguel Maura no podía imaginarse que nuestra actual monarquía sería del agrado de muchos republicanos de toda la vida». A esta afirmación se le podría añadir, sin embargo, que sólo los reyes son capaces de provocar el fervor republicano.

Como quiera que sea, y aunque sea sin república ni cambio de régimen, llegará un día un final para la vida biológica de Juan Carlos como llegó el ocaso para su reinado. Ya que este libro es una biografía que por su momento histórico se queda necesariamente inacabada, sin ánimo de ser morbosos y mucho menos agoreros, adelantemos algunos datos de lo que, como desenlace, podemos prever.

Juan Carlos I ocupará, como el resto de los Borbones de su dinastía y algunos Austrias, un lugar en el que se ha erigido como monumento fúnebre de la monarquía, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Dentro de él, es en el Panteón de Reyes donde están enterrados los monarcas. Se trata de una pequeña joya del barroco, una estancia octogonal de apenas 10 metros cuadrados, cubierta de mármol, donde se emplazan 26 urnas sepulcrales sostenidas por garras de león en bronce dorado. Se encuentra enclavada en el subsuelo de la Basílica, concebida por Felipe II como una parte del monumento representativo de su poder, pues reinaba entonces sobre un imperio que tenía su leyenda negra pero donde no se ponía el sol. Allí reposan los restos de todos los reyes de España desde Carlos I (con sus esposas, si habían sido madres de un rey, ya que si no lo tenían vetado). Y sólo faltan dos: Felipe V, que encontraba lúgubre El Escorial y prefirió ser inhumado en La Granja de San Ildefonso; y Fernando VI, que eligió la Iglesia de las Salesas para estar junto a su esposa, Bárbara de Braganza, que no había tenido descendencia.

Hasta para morir hay clases, al menos en lo que respecta al envoltorio. Y tan importante es para la monarquía este monumento, que una de las grandes preocupaciones de Alfonso XIII desde que se exilió a Roma en 1931, tras proclamarse la II República, fue la suerte que correrían los sepulcros. Miguel Pinte, marqués de Bóveda de Limia, uno de los primeros generales que entraron en Madrid al mando de las tropas de Franco, tuvo que desplazarse a El Escorial antes que a su propia casa para informar al monarca exiliado de que las tumbas no habían sido profanadas.

Ignoramos la pompa y boato del que la ceremonia, llegado su momento, podrá revestirse en honor del rey emérito Juan Carlos I de Borbón. Podría, como él mismo adivina, estar adornada de muchos republicanos de boquilla, de los que llevan años adulándole, a falta de una corte aristocrática de verdad, que nunca se ha trabajado mucho en vida, manteniendo un patente distanciamiento del estamento nobiliario.

Y eso que en los últimos tiempos redobló los esfuerzos por conquistar su afecto, no sólo presidiendo las asambleas de la Diputación de la Grandeza. Esta entidad es algo así como el sindicato de la nobleza, que vela por su integridad y pureza, y que actualmente reconoce alrededor de 2.700 títulos vigentes (entre señoríos, baronías, vizcondados, condados, marquesados, ducados y Grandes de España). Una lista que el rey Juan Carlos ayudó a aumentar, integrando a más de 50 plebeyos a los que otorgó títulos. Entre otros, en ese censo figuran Carmen Polo, Josep Tarradellas, Alfonso Escámez, José Manuel Lara, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Vicente del Bosque, Juan Miguel Villar Mir…

No están sin embargo, porque consideraron que el título no les encajaba y rechazaron el honor, Severo Ochoa y Pedro Laín Entralgo. No se sabe de más casos. También Franco había asumido por decreto (del 4 de junio de 1948) el derecho de otorgar títulos, y lo hizo en 38 ocasiones, procurando que los elegidos vistieran uniforme del más alto rango militar. Casi todos fueron generales de la Guerra Civil (Mola, Moscardó, Queipo de Llano, Carrero Blanco…), o falangistas (como Julio Arteche o José Antonio Primo de Rivera). Tal vez el dicho de «nobleza obliga» lo aplicaron ambos, Franco y el rey, como palanca de fidelidad sobre los ascendidos a condes y duques de última hora.

En esta nómina figuraban también los yernos de Juan Carlos, como consortes de las infantas. Con la salvedad de que los títulos concedidos, los ducados de Lugo y el de Palma de Mallorca, son títulos de la Casa Real concedidos con carácter vitalicio, por lo que, tras el fallecimiento de sus titulares, revierten en la Corona; y Felipe VI ha empezado el reinado ordenando la reversión del de Iñaki y Cristina por Real Decreto. Revocó la atribución de duquesa de Palma a su hermana sin que le temblara el pulso, antes de que el nuevo gobierno autónomo balear le exigiese públicamente que lo hiciera.

Los que no podrán en su momento, aunque quisieran, rendirle honores al rey, serán algunos de sus mejores amigos. A lo largo de toda la vida y el reinado de Juan Carlos, ha sido una constante para él el contar con alguien a su lado, como consejero o colaborador, a veces como tutor. Pero también fue una constante el ir sustituyéndolos a unos por otros, según mejor conviniera a los tiempos, dejándolos abandonados a su suerte como juguetes rotos en cuanto finalizaba la etapa. Así pasó con Torcuato Fernández Miranda (su tutor universitario y tutor político durante los primeros años de la Transición), Alfonso Armada (su secretario particular y gran amigo hasta el 23F), Adolfo Suárez (su primer presidente y fiel colaborador hasta que se hartó de él), Sabino Fernández Campo (su director de escena en la representación teatral de la monarquía durante muchos años), Mario Conde (que acabó en los tribunales por delitos económicos sin que su amigo de Zarzuela pudiera hacer nada por evitarlo), Francisco Sitges (en las mismas circunstancias), Javier de la Rosa (benefactor del monarca hasta que se sintió traicionado y se convirtió en su espada de Damocles), el príncipe Tchokotua (que pasó por los tribunales y fue condenado por estafa en un fraude inmobiliario, pese a su larga relación de afecto con el rey), Manuel Prado (que ingresó en la cárcel poco antes de morir, sin llegar a involucrar nunca a Juan Carlos en sus negocios fraudulentos y estafas de Estado como la de KIO)…

En los últimos años antes de la abdicación, se expulsó del entorno real y arrojó a los tiburones sin contemplaciones a otra buena partida de allegados y reputados asesores, al menos de cara a la opinión pública: el antes yernísimo, Iñaki Urdangarin; el antes primísimo, David Rocasolano; el antes secretario de las infantas, García Revenga; el antes Jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno; la antes amiga entrañable, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein…

A todos, uno tras otro, Juan Carlos los fue dejando en la cuneta en el mejor de los casos, en el peor en prisión, asumiendo responsabilidades que presuntamente habían compartido. Y es dudoso que ninguno de ellos sea invitado a asistir a rendirle su último homenaje.

Claro que él era impune, y luego aforado por vía exprés, y eso lo sabe todo el mundo. No hay razón pues para que algunos se hayan sentido traicionados. Hablando sobre la amistad el propio rey Juan Carlos matizaba: «En España empleamos la palabra amigo con demasiada ligereza. Termina por no querer decir nada».

Volviendo al destino que aguarda al monarca en El Escorial, hay que explicar, aunque pueda resultar un poco desagradable, que antes de ser trasladados al Panteón, los cadáveres de los reyes pasan un tiempo en el «Pudridero Real».

Se trata de una estancia toda en piedra, con los suelos de granito y el techo en forma abovedada, de unos 16 metros cuadrados, distribuida en tres cuartos a manera de alcobas, sin luz ni ventilación alguna. Un descanso, si no eterno, al menos pleno. Allí se depositan los cadáveres, para entrar en real descomposición, durante un tiempo prudencial, de 20 a 40 años. Lo que se estime necesario para que culmine el proceso biológico de su reducción natural. Unos tardan más y otros menos. Alfonso XII, por ejemplo, sólo esperó 13 años (de 1885-1898) antes de pasar al Panteón Real. Se pudrió enseguida. Y Alfonso XIII ni siquiera llegó a pasar por él. Había fallecido en Roma en 1941, y transcurrieron 40 años hasta que fue trasladado a España, en 1980. Sin embargo presentó problemas. Como estaba embalsamado, no cabía en la urna y hubo que romperle las piernas en una ceremonia que le tocó presidir al entonces jefe de la Casa del Rey, el marqués de Mondéjar. No debió de ser precisamente una fiesta, y no es de extrañar que el entonces príncipe Felipe, en una entrevista, cuando le preguntaron lo que más le había impresionado en su vida, recordara aquel momento: «En El Escorial, cuando la transferencia de las cenizas de Alfonso XIII…».

Para facilitar la descomposición de los cuerpos, se depositan en una caja dentro del cuarto, sobre cuatro cuñas de madera que la sostienen como a dos o tres pulgadas del suelo. El féretro se apoya sobre una bandeja de cal, tras practicarle agujeros en la base para que salga la materia orgánica y se desinfecte al contacto con dicha sustancia. Y, fuera, se coloca una sencilla lápida de mármol negro con el nombre de a quién pertenecen los restos. Allí se quedan hasta que, consumida la humedad y cuando ya no despiden mal olor, son trasladados al Panteón, en urna más pequeña (de apenas un metro de largo y 40 centímetros de ancho).

No existe ningún documento que recoja la fecha de creación del Pudridero Real, aunque debió de ser próxima a la del Panteón (inaugurado en 1654, bajo el reinado de Felipe IV). El primer testimonio sobre su existencia es de 1854. Está custodiado por una comunidad de padres agustinos, un colectivo de 51 miembros religiosos en la actualidad, que lleva los asuntos entre Dios y sus designados para reinar, y que guardan el monasterio desde 1885. La entrada al Pudridero está prohibida para todos los demás (los 700.000 turistas que cada año visitan el mausoleo, por ejemplo), y la permanencia no digamos. Ni siquiera tiene puerta. Cada vez que se accede, los albañiles han de derribar un tabique, y volver a levantarlo después.

Si todo esto tiene importancia aquí y ahora, es porque el Pudridero Real será con toda probabilidad el destino definitivo del rey Juan Carlos I, debido a que en la cripta octogonal no queda sitio para nadie más.

El 8 de noviembre del 2000 fue trasladada desde El Escorial hasta la catedral de Santa María la Real de la Almudena, María de las Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII (la de las películas y la copla de Juan Ignacio Luca de Tena «¿Dónde vas, Alfonso XII?»). Pero el traslado de sus restos mortales no significa que se haya hecho un hueco para un nuevo inquilino en el Panteón Real, ya que ella estaba enterrada en la Basílica, de prestado hasta que llegara la hora en que pudieran cumplirse los deseos de Alfonso XII.

Actualmente hay tres cadáveres en descomposición en el Pudridero, en espera de plaza definitiva: el de la reina Victoria Eugenia, abuela de Juan Carlos (fallecida en 1969 y trasladada en 1985 al Escorial procedente de Lausana); el de Don Juan, Conde de Barcelona (desde su muerte en abril de 1993, que no fue rey pero será enterrado como tal por expreso deseo de su hijo); y el de la Condesa de Barcelona, madre del rey (que murió el 4 de enero del 2000). Con el paso de estos tres cadáveres al Panteón, la estancia quedará al completo.

De todos modos, no está la entrega del cuerpo al Pudridero Real exenta del ceremonial digno de un rey, cosa que no sucede en el traslado habitual de allí al sepulcro definitivo. Éste se hace normalmente en la intimidad, salvo por la presencia un miembro de la comunidad agustina como testigo, de un arquitecto de Patrimonio Nacional para dirigir la operación, de dos operarios, y de un médico que testimonie que el proceso de descomposición ha finalizado. A la ceremonia del Pudridero, en cambio, asiste hasta el ministro de Justicia, que ha de pronunciar las palabras: «Padre prior y padres diputados, reconozcan vuestras paternidades el cuerpo del señor/señora…, que conforme al estilo y la orden de su majestad que ha sido dada voy a entregar para que lo tengáis en vuestra guarda y custodia». Luego el prior y los padres agustinos ancianos presentes contestan: «Lo reconocemos». Se cierra el féretro, se levanta un acta de entrega, y los agustinos se hacen cargo de la llave del ataúd.

La tradición manda también que se den tres fuertes golpes en la caja del monarca difunto, llamándole por su nombre, tras lo cual el jefe de la Casa Real ha de declarar solemnemente: «Puesto que el rey no responde, está muerto».

ANEXOS

Las cuentas reales

Cifras estimativas de 2014, redondeadas en millones euros

|  | Subtotales
Asignación oficial para la Casa Real | 7,8 | 7,8
Personal funcionario y eventual en Zarzuela | 6 |
Otro personal funcionario y eventual | 22,5 | 28,5
Viajes oficiales al extranjero | 0,5 |
Actos y viajes oficiales en España | 12 |
Grupo de Fuerzas Aéreas de transportes VIP | 70 | 82,5
Mantenimiento de bienes y palacios de PN | 18 |
Mantenimiento de Marivent | 1,5 |
Mantenimiento del parque móvil | 3,5 |
Mantenimiento de las cuadras (GR) | 0,6 | 23,6
|  | 142,4
Guardia Real | 80 |
Cuarto Militar | 45 |
Seguridad militar | 56 |
Seguridad Guardia Civil | 40 |
Seguridad Policía Nacional | 45 | 266
|  | 408,4

Lista de senadores reales (1977-1979)

Con la Ley para la reforma política de 1977 reapareció el Parlamento bicameral, con dos Cámaras que recibieron la denominación tradicional de Senado y Congreso de los Diputados. El nuevo Senado se componía de 248 senadores, de los cuales 41 fueron elegidos por designación real en la primera legislatura. Las nuevas Cámaras se encargaron redactar y aprobar la nueva Constitución de 1978, aunque antes de su promulgación fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978. Con ella desaparecieron los senadores de designación real.

Abril Martorell, Fernando: vicepresidente del Gobierno con Adolfo Suárez

Angulo Montes, Luis: presidente del Partido Demócrata Cristiano.

Arespacochaga, Juan de: exalcalde de Madrid y diputado de UCD.

Azcárate, Justino de: ministro de Relaciones Exteriores de la II República. Exiliado. Fundador de la Agrupación al Servicio de la República.

Begué, Gloria: catedrática de Economía Política y Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Carvajal, Jaime: director general del Banco Urquijo. Compañero de estudios del rey Juan Carlos.

Cela, Camilo José: confidente de Falange. Escritor.

Díez Alegría, Manuel: teniente general, exjefe del Alto Estado Mayor del Ejército.

Escámez, Alfonso: presidente del Banco Central. Banquero personal del rey.

Fernández Miranda, Torcuato: profesor y consejero del rey. Vicepresidente con Carrero Blanco. Presidente de las Cortes con el rey.

Fuentes Quintana, Enrique: catedrático de la Universidad Complutense, exprofesor del rey.

García López, Ignacio: exsecretario Nacional del Movimiento.

García Sabell, Domingo: gallegista. Médico, filósofo y ensayista. Presidente de la editorial Galaxia.

González y González, Antonio: catedrático de Química Orgánica y Bioquímica de la Universidad de la Laguna.

Gutiérrez Rubio, Julio: exvicesecretario General del Movimiento Nacional.

Hernández Gil, Antonio: catedrático de Derecho Civil. Presidente de las Cortes Constituyentes. Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Lándaburu, Belén: exsecretaria general de la Federación de Amas de Casa. Exprocuradora de representación familiar.

Lavilla, Landelino: diputado de UCD.

Luca de Tena, Guillermo: presidente de Prensa Española, editora de ABC.

Marías, Julián: ensayista.

Martín Villa, Rodolfo: exjefe nacional del SEU. Ministro de Gobernación de UCD.

Olarra, Luis: empresario. Presidente del Consejo Provincial de Bizkaia.

Ollero, Carlos: catedrático de Derecho Político y Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Intermediario entre el Gobierno y la oposición durante la gestión de la Ley para la reforma Política.

Oreja, Marcelino: ministro de UCD.

Ortega Spottorno, José: presidente de Prisa, editora de El País.

Osorio, Alfonso: ministro franquista y vicepresidente del Gobierno con UCD.

Pedrol Rius, Antonio: abogado. Presidente del Consejo General de Abogacía.

Prado y Colón de Carvajal, Manuel: amigo del rey.

Primo de Rivera, Miguel: consejero nacional de Franco. Colaborador político de Juan Carlos.

Ribera Rovira, Andrés: empresario. Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Barcelona.

Riquer Morera, Martín de: catedrático de Literatura. Exprofesor del rey.

Salas Larrazábal, Ángel: teniente general del Aire. Consejero del Reino y miembro del Consejo de Regencia de Franco.

Sampedro, José Luis: economista y escritor.

Sánchez Agesta, Luis: exmiembro del Consejo Privado de don Juan.

Serna, Víctor de la: presidente de Prensa Castellana, editora de Informaciones.

Serrahima, Mauricio: secretario en 1931 de la Unió Democràtica de Catalunya, exiliado tras la Guerra Civil. Escritor.

Silva Melero, Valentín: catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo, de la que fue rector.

Socias Humbert, José María: exsecretario general de la Organización Sindical franquista. Exalcalde de Barcelona.

Uría, Juan Ignacio: miembro de la Sección Guipuzcoana de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Exalcalde de Azpeitia.

Zelada, Fermín: presidente de Editorial Católica, editora del Ya.

Lista de títulos nobiliarios concedidos por el rey

Título
Características
Nombre
Labor
Mérito

Señorío de Meirás
Con Grandeza de España
Carmen Polo de Franco
Viuda de Francisco Franco
Franquista

Ducado de Franco
Con Grandeza de España
María del Carmen Polo y Franco
Hija de Francisco Franco
Franquista

Marquesado de Lozoya
Asciende a Grandeza de España
Juan de Contreras y López de Ayala
Historiador y literato
Historiador

Marquesado de Arias
Con Grandeza de España
Carlos Arias Navarro
Expresidente del Gobierno
Franquista

Conde de Rodríguez Valcárcel
A título póstumo
Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda
Expresidente del Consejo de Regencia
Franquista

Conde de Iturmendi

Antonio Iturmendi Bañales (a su esposa Rita Gómez Nales)
Expresidente del Consejo de Regencia
Franquista

Duque de Fernández-Miranda

Torcuato Fernández Miranda y Hevia
Expresidente de las Cortes
Facilitador
Transición

Conde de Villacieros

Antonio Villacieros Benito
Exjefe de protocolo de la Casa del Rey
Funcionario del rey

Duque de Suárez

Adolfo Suárez González
Expresidente del gobierno
Funcionario del rey

Marqués de Bradomín

Ramón María del Valle-Inclán (a su hijo Carlos del Valle-Inclán)
Escritor
Artes

Marqués de Salobreña

Andrés Segovia Torres
Músico
Artes

Marqués de Dalí de Púbol
Vitalicio por expreso deseo del titular
Salvador Dalí Domènech
Pintor
Artes

Marquesado de Valenzuela de Tahuarda
Asciende a Grandeza de España
Joaquín de Valenzuela y Alcíbar-Jáuregui
Exjefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey
Funcionario del rey

Marqués de Tarradellas

Josep Tarradellas Joan
Expresidente de la Generalitat de Cataluña
Facilitador Transición

Marqués de Marañón
Con Grandeza de España
Gregorio Marañón (a su hijo Gregorio Marañón y Moya)
Científico
Científico

Marqués de Águilas

Alfonso Escámez López
Banquero
Banquero

Marqués de los Jardines de Aranjuez

Joaquín Rodrigo Vidré
Músico
Artes

Marqués de Samaranch

Juan Antonio Samaranch Torelló
Expresidente del COI
Empresario

Conde de Latores
Con Grandeza de España
Sabino Fernández Campo
Exjefe de la Casa del Rey
Funcionario del rey

Conde de los Gaitanes
Asciende a Grandeza de España
Luis de Ussía y Gavaldá
Exintendente de Don Juan
Funcionario de Don Juan

Conde de los Alixares
Vitalicio por expreso deseo del titular
Emilio García Gómez
Arabista, traductor y exembajador
Científico

Marqués de Puebla de Cazalla

Javier Benjumea Puigcerver
Fundador del grupo Abengoa
Empresario

Marqués del Pedroso de Lara

José Manuel Lara Hernández
Editor del Grupo Planeta
Quinto poder

Marqués de Gutiérrez Mellado

Manuel Gutiérrez Mellado
Exvicepresidente del Gobierno
Facilitador Transición

Marqués de Iria Flavia

Camilo José Cela Trulock
Escritor, premio nobel de literatura
Artes

Condesa de Fenosa
Ampliado al cónyuge
Carmela Arias Díaz de Rábago
Esposa del empresario Pedro Barrié
Empresario

Marqués de la Ría de Ribadeo
Con Grandeza de España
Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo
Expresidente del gobierno
Facilitador Transición

Vizconde del Castillo de Almansa
Asciende a Grandeza de España
José Fernando de Almansa
Exjefe de la Casa del Rey
Funcionario del rey

Marqués del Valle de Tena
Con Grandeza de España
Guillermo Luca de Tena y Brunet
Editor del diario ABC
Quinto poder

Marqués de la Ribera del Sella

Antonio Durán Tovar
Empresario
Empresario

Marqués de Oró

Juan Oró Florensa
Científico
Científico

Marqués de Garrigues

Antonio Garrigues Díaz-Cañabate
Jurista y diplomático
Facilitador Transición

Conde de Casa Dávalos
Asciende a Grandeza de España
Martín de Riquer y Morera
Académico de la RAE
Franquista

Conde de Godó
Asciende a Grandeza de España
Javier de Godó y Muntañola
Editor de La Vanguardia
Quinto poder

Marqués de Guadalcanal

Antonio Fontán Pérez
Expresidente del Senado
Facilitador Transición

Marqués de Canero

Margarita Salas Falgueras
Científica
Científico

Marquesa de O’Shea

Paloma O’Shea Artiñano
Filántropa y pianista; esposa de Emilio Botín
Banquero

Marqués de Oreja

Marcelino Oreja Aguirre
Político y diplomático
Facilitador Transición

Marqués de Castrillón

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
Historiador
Historiador

Marqués de Asiaín

José Ángel Sánchez Asiaín
Banquero
Banquero

Marqués de Tàpies

Antoni Tàpies i Puig
Pintor y escultor
Artes

Marqués de Laserna

Íñigo Moreno de Arteaga
Historiador y casado con una prima del rey
Historiador

Baronesa de Perpinyà

Roser Rahola i d’Espona
Viuda del historiador Jaume Vicens Vives
Historiador

Marqués de Ibias

Aurelio Menéndez Menéndez
Exministro y jurista
Funcionario del rey

Marqués de Del Bosque

Vicente del Bosque González
Entrenador de la selección de fútbol
Artes

Marqués de Vargas Llosa

Jorge Mario Vargas Llosa
Escritor y premio nobel de literatura
Artes

Marqués de Villar Mir

Juan Miguel Villar Mir
Exministro y empresario
Empresario

Marqués de Daroca

Ángel Antonio Mingote Barrachina
Dibujante, escritor y académico
Artes

Marqués de Fuster

Valentín Fuster
Cardiólogo
Científico

Marqués de Grisolía

Santiago Grisolía
Bioquímico y premio Príncipe de Asturias
Científico

Condesa de Gisbert

Carmen Iglesias
Académica, exprofesora del Príncipe Felipe y expresidenta de Unidad Editorial
Funcionario del rey

Marqués de Crémenes

David Álvarez
Presidente fundador del grupo Eulen
Empresario

Marqués de Pereira Coutinho

Vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho
Empresario portugués
Empresario

Lista de condecorados con el Toisón de Oro

Condecoraciones otorgadas por Jaime de Borbón y Battenberg

Bormah, Lovell y Anders (astronautas norteamericanos) (1969)

Francisco Franco (1972)

Condecoraciones otorgadas por Juan de Borbón y Battenberg

Juan Carlos de Borbón y Borbón (1941)

Balduino de Bélgica (1960)

Pablo I de Grecia (1962)

Duque de Calabria (1964)

Duque Roberto II de Parma (1964)

Constantino II de Grecia (1964)

Condecoraciones otorgadas por Juan Carlos de Borbón y Borbón

Marqués de Mondéjar (1977)

Torcuato Fernández Miranda (1977)

Beltrán Alfonso Osorio y Díez de Rivera (1977)

José María Pemán (1981)

Felipe de Borbón y Grecia (1981)

Carlos Gustavo de Suecia (1983)

Gran duque Juan de Luxemburgo (1983)

Olaf V de Noruega (1983)

Aki Hito del Japón (1985)

Hussein de Jordania (1985)

Beatriz de Holanda (1985)

Margarita II de Dinamarca (1985)

Isabel II de Inglaterra (1988)

Alberto II de Bélgica (1994)

Harald V de Noruega (1995)

Simeón II de Bulgaria (exrey), exprimer ministro de Bulgaria (2004)

Bhumibol Adulyadej de Tailandia (2006)

Enrique I de Luxemburgo (2007)

Adolfo Suárez (2007).

Abdalá bin Abdelaziz de Arabia Saudita (2007)

Francisco Javier Solana (2010)

Víctor García de la Concha (2010)

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (2011)

Enrique Iglesias, exsecretario general iberoamericano (2014)

Condecoraciones otorgadas por Felipe de Borbón y Grecia

Leonor de Borbón, princesa de Asturias (2015)

Bibliografía

Alam, A., The Shah and I. The confidential Diary of Iran’s Royal Court, 1969-1977, Londres, Taylor & Francis, Ltd., 1991.

Albin, D., «España financió a la dictadura de Videla», Rebelión 21/10/2014.

Alcocer, J. L. Fernández Miranda. La agonía de un Estado, Barcelona, Planeta, 1986.

Anasagasti, I., Una monarquía protegida por la censura, Madrid, Akal, 2009.

—, Una monarquía nada ejemplar, Madrid, Los libros de la Catarata, 2014.

Ansón, L. M.ª, Don Juan, Madrid, Plaza & Janés, 1994.

Apezarena, J., El Príncipe. Cómo es el futuro Felipe VI, Madrid, Plaza & Janés, 2001.

Aranguren, J. L., La cruz de la Monarquía actual, Madrid, Taurus, 1974.

Areilza, J. M.ª de, Diario de un ministro de la monarquía, Barcelona, Planeta, 1977.

—, Diario de un ministro de la Monarquía, Barcelona, Planeta, 1978.

Areilza, J. M., Crónica de la libertad, Barcelona, Planeta, 1985.

Armada, A., Al servicio de la Corona, Barcelona, Planeta, 1983.

Arques, R. y Miralles, M., Amedo, el Estado contra ETA, Madrid, Plaza & Janés, 1995.

Attard, E., La Constitución por dentro, Barcelona, Argos Vergara, 1983.

B alansó, J., La familia real y la familia irreal, Barcelona, Planeta, 1992.

—, Trío de príncipes. Madrid: Plaza & Janés, 1995.

Balansó, J., La corona vacilante, Madrid, Plaza & Janés, 1996.

Bardavío, J., La rama trágica de los Borbones. Plaza & Janés, 1989.

—, Las claves del rey, Madrid, Espasa-Calpe, 1993.

Barredo, D., El tabú real, Córdoba, Berenice, 2013.

B eladiez, E., Pensamientos de reyes de España, Madrid, Prensa Española, 1972.

Black, C. E., The Dynamics of Modernization, Nueva York, Harper and Row, 1966.

Blas, P. (con el pseudónimo «Tom Farrell»), Escrito en un libro. Madrid: Séneca, 2011.

Bleda, J., Mario Conde, la reclusión del éxito, Madrid, J. Gómez Bleda, 2006.

Borbón, J. C., Por España, con los españoles. Autobiografía, Madrid, Doncel, 1973.

Borras, R., Los últimos Borbones, de Don Alfonso XIII al Príncipe Felipe, Barcelona, Flor de Viento, 1999.

Burgos, R., «Todo lo que siempre quiso saber sobre los Borbones y nunca se atrevió a preguntar», Rebelión 13/10/2014 [también en el blog del autor: http://www.rafaburgos.com/].

Burns Marañón, T., Conversaciones sobre el Rey, Madrid, Plaza & Janés, 1995.

Cabezas, J. A., La cara íntima de los Borbones, Madrid, San Martín, 1979.

Cacho, J., MC. Un intruso en el laberinto de los elegidos, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

—, El negocio de la Libertad, Madrid, Akal, 1999.

Cacho, J. y García-Abadillo, C., La Estafa. Ibercorp y el fin de una era, Madrid, Temas de Hoy, 1992.

Cadenas y Vicent, V., «El Toisón de Oro: de orden dinástica a condecoración nacional», Revista Hidalguía 194 (1986).

Calvo Serer, R., ¿Hacia la tercera república española?, Barcelona, Plaza & Janés, 1977.

Calvo Sotelo, L., Memoria viva de la transición, Barcelona, Plaza & Janés, 1990.

Campmany, J., El rey en bolas y otros romances, Madrid, Espasa, 1997.

Cancio, L., «Empeñar la venera», Gaceta Numismática 83 (1986).

Carol, M., Anécdotas de don Juan Carlos, Barcelona, Planeta, 2000.

Carr, R., España: de la Restauración a la democracia (1875-1980), Mundo Actual de Ediciones, 1984.

Carrillo, Santiago, Memoria de la transición, Barcelona, Grijalbo, 1983.

—, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993.

Castro-Villcañas, J., El fracaso de la monarquía, Barcelona, Planeta, 2013.

Cercas, J., Anatomía de un instante, Barcelona, Mondadori, 2009.

Cernuda, P.; Pi, R.; Oneto, J. y Ramírez, P. J., Todo un Rey, Madrid, Fundación Institucional Española, 1980.

Conde, M., El sistema: mi experiencia del poder, Barcelona, Martínez Roca, 2009a.

—, Memorias de un preso, Madrid, Séneca, 2009b.

—, Los días de gloria, Barcelona, Martínez Roca, 2010.

—, De aquí se sale, Barcelona, Martínez Roca, 2011.

Díaz Herrera, J. y Durán, I., El saqueo de España, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

Díaz-Plaja, F., La vida cotidiana de los Borbones, Madrid, Espasa-Calpe, 1988.

Ekaizer, E., Banqueros de rapiña, Barcelona, Plaza & Janés, 1994.

Errazkin, I., Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones, Tafalla, Txalaparta, 2009.

—, Juan Carlos, un rey con antecedentes, Madrid, Akal, 2014.

Esteban, J. de y González-Trevijano, P. J., Curso de Derecho Constitucional Español III, Madrid, UCM, 1994.

Eyre, P., Dos borbones en la corte de Franco. Don Juan Carlos y Don Alfonso: intrigas familiares y palaciegas por la sucesión a la Corona, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005.

Fallaci, O., Entrevistas con la Historia, Barcelona, Noguer y Cault, 1976.

Feo, J., Aquellos años, Barcelona, Ediciones B, 1993.

Fernández López, J., Sabino Fernández Campo. Un hombre de estado, Barcelona, Planeta, 2000.

Fernández-Miranda Lozana, P. y Fernández-Miranda Campoamor, A., Lo que el Rey me ha pedido, Barcelona, Plaza & Janés, 1995.

Ferrando Badía, J., El Régimen de Franco. Un enfoque político-jurídico, Madrid, Tecnos, 1984.

Fisas, C., Las anécdotas de los Borbones. La gracia real, Barcelona, Planeta, 2000.

Forcada, D. y Lardiés, A., La corte de Felipe VI, Madrid, La esfera de los libros, 2015.

Forest, E., Operación Ogro, Hondarribia, Hiru, [1974] 2012.

Frabetti, C., «El pensamiento discreto», Gara, 29/03/2007.

Fraga Iribarne, M., En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987.

Franco Salgado-Araujo, F., Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976.

Fuente, I., Don Juan de Borbón: hijo de rey, padre de rey, nunca rey, Barcelona, Prensa Ibérica, 1992.

Garcés, J. E., Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles, Madrid, Siglo XXI de España, 1996.

García Abad, J., La soledad del rey, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004.

García-Trevijano, A., La alternativa democrática, Barcelona, Plaza & Janés, 1978.

—, El discurso de la República, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

Gil Robles, J. M., La monarquía por la que yo luché, Madrid, Taurus, 1976.

Girón, J. A., Si la memoria no me falla, Barcelona, Planeta, 1994.

González de Vega, J., Yo, María de Borbón, Madrid, El País Aguilar, 1995.

González-Doria, F., Don Juan de Borbón, el padre del Rey, Madrid, Mirasierra, imp., 1976.

—, ¿Abdicará el Rey? España ante el año 2000, Madrid, Master, 1995.

Gracia, F., La madre del Rey, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

Grecia, F. de, Memorias de la Reina Federica, Madrid, G. del Toro editor, 1971.

Grenville, R., Urdangarin y la Copa América, Canadá, Ivy Business Press, 2013.

Grimaldos, A., La sombra de Franco en la Transición, Madrid, Oberón, 2004.

—, La CÍA en España, Barcelona, Debate, 2006.

Guindal, M., El declive de los dioses, Barcelona, Planeta, 2011.

Gurriarán, J. A., El Rey en Estoril, Barcelona, Planeta, 2000.

Huntington, S., The Crisis of Democracy, Nueva York, Trilateral Commission (comp.), New York University Press, 1975.

Irujo, J. M. y Mendoza, J., Comisión ilegal. Negocios y sobornos al amparo del Estado, Madrid, Temas de Hoy, 1996.

Juaristi, J., A cuerpo de rey, Madrid, Ariel, 2014.

Laot, F., Juan Carlos y Sofía de España. Un reino, una familia, Madrid, Espasa-Calpe, 1988.

Le Floch-Prigent, L., Affaire Elf, affaire d’Etat, París, Le Cherche-midi Editeur, 2001.

López Arnal, S., «Las reales cuentas de la Realeza», Rebelión 05/01/2012.

—, «El Rey, su inviolabilidad y posibles asesinatos», Rebelión 02/05/2012.

López López, P.; Rodríguez Arias, M. Á. y Vicente Márquez, L., «Amnistía, amnesia y paramnesia. ¿Se está convirtiendo España en lo que se ha dado en llamar un “Estado gamberro”?», Rebelión 08/04/2010.

López Rodó, L., La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, Noguer y Caralt, 1977.

—, Las autonomías. Encrucijada de España, Madrid, Aguilar, 1980.

López-Nieto y Mallo, F., Legislación de protocolo, Madrid, Dykinson, 1999.

Martín Villa, R., Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984.

Martínez Forega, M. (coord.), Los Borbones en pelota, Zaragoza, Olifante Ibérico, 2014.

Martínez Inglés, A., La transición vigilada, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

—, 23-F, el golpe que nunca existió, Madrid, Akal, 2001.

—, La Conjura de mayo. La rebelión de los generales franquistas, Barcelona, Styria, 2008a.

—, Juan Carlos I: El último Borbón, Barcelona, Styria, 2008b.

—, «¿Por qué te callas ahora?», Canarias Semanal 2/12/2011.

Merino, J. y Segura, S. Jaque al Rey. Barcelona: Planeta, 1983.

Meyer-Stabley, B., Juan Carlos el rey. Biografía, Barcelona, Ediciones B, 1983.

Morales, J. L., La trama del GAL, Madrid, Talasa, 1988.

Morales, J. L. y Celada, J., La alternativa militar, Madrid, Talasa, 1982.

Morán, F., Una política exterior para España, Barcelona, Planeta, 1980.

Morán, G., Adolfo Suárez: Historia de una ambición, Barcelona, Planeta, 1979.

—, Adolfo Suárez: Ambición y destino, Barcelona, Debate, 2009.

Moreno, A., «Los “intelectuales” y Felipe VI», Cuarto Poder 30/6/2014 [www.cuartopoder.es/laespumaylamarea].

Muñoz, P., Hay que vigilar al Rey, Madrid, Grupo Libro 88, 1992.

Navarro, V., «La falta de autocrítica en el socialismo español», Revista Sistema 24/5/2013.

Nieto, M. A., Cazadores de Noticias, Madrid, Temas de Hoy, 1997.

Olarieta, J. M., «El juez se estrella», http://amnistiapresos.blogspot.com.es, 03/2010a.

—, «Fiscales de la Audiencia Nacional al servicio de la CIA», Insurgente 11/12/2010b.

Oliver Araújo, J., «La reforma constitucional de la Corona (una propuesta radical y diez moderadas)», Revista de Derecho Político 77, enero-abril, 2010, 15-69,

Oneto, J., La noche de Tejero, Barcelona, Planeta, 1981.

—, Anatomía de un cambio de régimen, Barcelona, Plaza & Janés, 1985.

Osorio, A., Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelona, Plaza & Janés, 1980.

—, De orilla a orilla, Barcelona, Plaza & Janés, 2000.

Palacios, J., Los papeles secretos de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1996.

—, 23 F: El golpe del CESID, Barcelona, Planeta, 2001.

—, 23 F, el rey y su secreto, Madrid, Libros Libres, 2011.

Pardo Zancada, R., La pieza que faltaba, Barcelona, Plaza & Janés, 1998.

Paredes Aparicio, A., Curiosidades de Juan Carlos y el Conde de Barcelona, Cádiz, Imp. San Rafael, 1984.

Payne, S. G. La España de los Borbones, Madrid, Playor, 1986.

Peces-Barba, G., La elaboración de la Constitución de 1978, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.

Pemán, J. M., El Conde de Barcelona, Madrid, Amigos de Maeztu, 1962.

Peñafiel, J., Dios salve a la Reina, Madrid, Temas de Hoy, 1993.

—, Dios salve… también al Rey, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

—, Los tacones de Letizia y otras curiosidades reales, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004.

Pérez Mateos, J. A., Juan Carlos. La infancia desconocida de un Rey, Barcelona, Planeta, 1980.

Pérez, E. y Nieto, M. A. Los cómplices de Mario Conde, Madrid, Temas de Hoy, 1993.

Perote, J. A., Confesiones de Perote. Revelaciones de un espía, Madrid, RBA Actual, 1999.

Platón Carnicero, M., La amenaza separatista. Mito y realidad de los nacionalismos en España, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

Portero, Á. y García-Pelayo, P., Tú serás mi Reina. Letizia Ortiz, una periodista camino del Trono, Madrid, Espejo de Tinta, 2003.

Powell, C. T., El piloto del cambio, Barcelona, Planeta, 1991.

—, Juan Carlos. Un Rey para la democracia, Barcelona, Ariel/Planeta, 1995.

Preston, P., El triunfo de la democracia en España, 1969-1982, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

—, Franco, caudillo de España, Barcelona, DeBolsillo, [1993] 2006.

—, Juan Carlos I, el rey de un pueblo, Barcelona, Debate [2005] 2012.

Ramírez, P. J., El desquite. Los años de Aznar (1996-2000), Madrid, La Esfera de los Libros, 2004.

Ramos Fernández, F., «La utilización publicitaria de la imagen del rey y la familia real», Ámbitos 11-12, 1.er y 2.o semestres de 2004, pp. 9-38.

—, «El tabú periodístico de la monarquía en España. La crisis real y la crisis coyuntural», Revista latina de comunicación social [www.revistalatinacs.org/068/paper/975_Vigo/09_Ramos.html].

Raventós, D., Las condiciones materiales de la libertad, Barcelona, El Viejo Topo, 2007.

Rayón, F., La boda de Juan Carlos y Sofía: claves y secretos de un enlace histórico, Madrid, La Esfera de los Libros, 2002.

Reparaz, G. de (hijo), Los Borbones en España. Historia patológica de una dinastía degenerada, Madrid, Javier Morata, 1931.

Ríos Mazcarelle, M., Vida privada de los Borbones, Madrid, Merino, 1994.

Robilant, O., Reina de Corazones, Barcelona, Grijalbo, [1991] 1993.

Rocafort, G., SICAV, paraíso fiscal, Barcelona, Rambla, 2011.

Rocasolano, D., Adiós, princesa, Madrid, Akal, 2013.

Rojas, C., Los Borbones destronados, Barcelona, Plaza & Janés, 1997.

Romero, A., Final de partida. La crónica de los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I, Madrid, La Esfera de los Libros, 2015.

Sáinz de Medrano, R. M., La familia de la Reina Sofía. La dinastía griega, la Casa de Hannover y los reales primos de Europa, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004.

Sainz Rodríguez, P., Un reinado en la sombra, Barcelona, Planeta, 1981.

Sánchez, A., Prensa rosa, voto azul, Orereta, Ardi Beltza, 2000.

Sánchez, J., «Un nuevo Jefe para la Casa Real, una nueva vergüenza para la Monarquía», Rebelión 10/08/2011.

Segura, A., «El Rey según McLuhan, una historia de mensajes y masajes», Rebelión 16/05/2012.

Semprún, J., Autobiografía de Federico Sánchez, Barcelona, Planeta, 1978.

Sinova, J. (ed.), Historia de la Democracia. 1975-1995. 20 Años de nuestra vida, Madrid, Unidad Editorial, 1995.

Soriano, M., Sabino Fernández Campo. La sombra del Rey, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

Toquero, J. M., Franco y don Juan, Barcelona, Actualidad y Libros, 1989.

—, Don Juan de Borbón, el rey padre, Barcelona, Actualidad y Libros, 1992.

Tusell, J., Juan Carlos. La restauración de la monarquía, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

Urbano, P., Con la venia… yo indagué el 23 F, Barcelona, Argos Vergara, 1982.

—, La Reina, Barcelona, Plaza y Janés, 1996.

—, La Reina, muy de cerca, Barcelona, Planeta, 2008.

—, La gran desmemoria. Lo que Suárez ha olvidado y el rey prefiere no recordar, Barcelona, Planeta, 2014.

Urreiztieta, E. e Inda, E., Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos, Madrid, La esfera de los libros, 2012.

Utrera Molina, J., Sin cambiar de bandera, Barcelona, Planeta, 1990.

Verstrynge, J., Memorias de un maldito, Barcelona, Grijalbo, 1999.

Vidal Sales, J. A., Los Borbones: una dinastía trágica, Mitre, 1984.

Vilallonga, J. L. El Rey. Conversaciones con D. Juan Carlos I de España, Barcelona, Salvat, 1993.

Vilar, S., Historia del antifranquismo. 1939-1975, Barcelona, Plaza & Janés, 1984.

VV.AA., Informe sociológico sobre la situación social de España, Madrid, Fundación FOESSA, 1970.

VV.AA., La moral católica, Madrid, Bruño, 1960.

Yoldi, J., «La paradoja del juicio imposible», El País 30/05/2012.

Zavala, J. M.ª, «Los Borbones y la Guerra Civil», http://www.josemariazavala.com/josemariazavala/ficha-articulos/borbones_y_la_guerra_civil.html, 2010a.

—, El Patrimonio de los Borbones, Madrid, La Esfera de los Libros, 2010b.

—, Bastardos y Borbones: los hijos desconocidos de la dinastía, Barcelona, Plaza y Janés, 2011.

—, El secreto del Rey, Barcelona, Ediciones B, 2013.

REVISTAS Y PERIÓDICOS CONSULTADOS

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REBECA QUINTANS (Arzúa, A Coruña, 1964) es licenciada en Filología por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como reportera freelancer para diversas publicaciones, tanto convencionales (Interviú, Tiempo, El Semanal, Tribuna, Artículo 20, Mía, A Nosa Terra, El Correo Gallego…) como alternativas (Ardi Beltza, Kale Gorria, El Otro País, No a la Guerra, Diagonal…).

Junto con Andrés Sánchez escribió Gran Hermano, el precio de la dignidad. Actualmente compagina su trabajo como profesora de Teatro, Lengua y Literatura en un instituto público de Educación Secundaria del barrio de Entrevías de Madrid, con el de profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

Notas

[1] Discursos del rey (1969-1996). Análisis lingüístico pragmático. Año: 1996. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Filología Española III, programa de doctorado «Lengua y Literatura en relación con los medios de comunicación social». <<

[1] I love Corrina, tell the world I do

I pray each night she loves me too

Corrine Corrina…

I love you so

Oh little darling, now where you’ve been so long

There’s been no love since you’ve been gone

Corrine Corrina

I love you so

I left Corrina way across the sea

If you see Corrina, send her home to me

Corrine Corrina

I love you so <<