«El trabajo de tantas horas con las que ha amanecido este libro, es mérito exclusivo del Periodista (las mayúsculas adrede) Ricardo Angoso, quién quiso y pudo y supo entrevistar al General Jorge Rafael Videla, ex Presidente de facto de la República Argentina.

Se vuelve a juzgar a los militares que combatieron a los terroristas, y todo el esfuerzo estatal está abocado a mantener vivo el relato oficial de aquella tragedia argentina. Para que se entienda bien: En los últimos 30 años, la democracia Argentina juzgó a los principales responsables militares y guerrilleros de los años 70. Luego los encarceló. Más tarde los indultó. Salieron en libertad. Después la democracia argentina declaró inconstitucional los indultos, pero solo los indultos de los militares. Y entonces volvió a encarcelarlos, para juzgarlos con tribunales especiales luego y condenarlos con condenas casi calcadas. De un plumazo el relato oficial escondió a los terroristas de la historia violenta que Argentina sufrió en los años 70.

Es casi imposible conseguir una entrevista con algún militar detenido por el régimen kirchnerista en Argentina. Todo periodista que se aboca a la misión de hacer los trámites para acceder con cámaras o grabadoras a las cárceles donde los militares argentinos (la mayoría mayores de 70 años y con serias afecciones crónicas de salud), choca con una pared infranqueable levantada con duros ladrillos de intolerancia. Los jueces no permiten entrevistas, y los organismos de derechos humanos que monitorean los juicios políticos y a los militares detenidos, han levantado un pesado cerco imposible de sortear.

Este libro tan solo trata de romper el muro de silencio impuesto a los militares argentinos que tuvieron responsabilidades durante uno de los periodos más difíciles de la historia de Argentina». HORACIO PALMA.

Ricardo Angoso

Jorge Rafael Videla se confiesa

La historia jamás contada de un periodo turbulento

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Titivillus 17.06.18

Título original: Jorge Rafael Videla se confiesa

Ricardo Angoso, 2012

Editor digital: Titivillus

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A la memoria de las víctimas del terrorismo en Argentina.

La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.

MARCO TULIO CICERÖN

Prólogo

Argentina: Todavía los 70

Seré breve. No caeré en la tentación de tanto prologuista con ansias de protagonismo que se aprovecha de laureles ajenos.

El trabajo de tantas horas con las que ha amanecido este libro, es mérito exclusivo del Periodista (las mayúsculas adrede) Ricardo Angoso, quién quiso y pudo y supo entrevistar al General Jorge Rafael Videla, ex Presidente de facto de la República Argentina.

En un país donde los militares presos por haber combatido al terrorismo en la Argentina en los años 70 han sido perseguidos abiertamente, acallados deliberadamente y estigmatizados sin pudor, Ricardo Angoso quiso y supo y pudo lo que muchos periodistas argentinos (me consta) no.

Son tiempos de información digital en tiempo real. Mucho podrán ustedes encontrar sobre los distintos integrantes de los grupos terroristas que asolaron a la República Argentina durante casi dos décadas. Y verán que la versión de un terrorismo «idealista» y «romántico» se ha extendido de manera oficial como una forma perversa de maquillar los violentos años escarnecidos de un país que se desangró, dolorosamente, en intestinos egocentrismos. Sin embargo, y no es casual, poco y nada podrán encontrar sobre la visión de los protagonistas militares.

En los años 70 yo iba a la escuela primaria. Quiero decir que toda mi vida de adulto la viví en una democracia que, por alguna razón que nunca alcancé a comprender, intentó ocultar la historia y la palabra de los militares que tuvieron que combatir a un terrorismo impiadoso y especialmente cruel, que no dudaba en atentar con bombas, acribillar por la espalda o secuestrar a sus víctimas para luego fusilarlas en algún sótano «revolucionario».

Incluso hoy, habiendo recorrido la democracia argentina tres décadas ininterrumpidas, el tema de los violentos años setenta ha sido colocado nuevamente en el tapete por un gobierno que se ha autodenominado «heredero ideológico» de aquella generación de guerrilleros y terroristas que intentaron asaltar el poder a sangre y fuego. Se vuelve a juzgar a los militares que combatieron a los terroristas, y todo el esfuerzo estatal está abocado a mantener vivo el relato oficial de aquella tragedia argentina. Para que se entienda bien: En los últimos 30 años, la democracia Argentina juzgó a los principales responsables militares y guerrilleros de los años 70. Luego los encarceló. Más tarde los indultó. Salieron en libertad. Después la democracia argentina declaró inconstitucional los indultos, pero solo los indultos de los militares. Y entonces volvió a encarcelarlos, para juzgarlos con tribunales especiales luego y condenarlos con condenas casi calcadas.

De un plumazo el relato oficial escondió a los terroristas de la historia violenta que Argentina sufrió en los años 70.

Es casi imposible conseguir una entrevista con algún militar detenido por el régimen kirchnerista en Argentina. Todo periodista que se aboca a la misión de hacer los trámites para acceder con cámaras o grabadoras a las cárceles donde los militares argentinos (la mayoría mayores de 70 años y con serias afecciones crónicas de salud), choca con una pared infranqueable levantada con duros ladrillos de intolerancia. Los jueces no permiten entrevistas, y los organismos de derechos humanos que monitorean los juicios políticos y a los militares detenidos, han levantado un pesado cerco imposible de sortear.

En el mientras tanto… suceden actos y sucesos que se asemejan y mucho a crueles amenazas contra quienes intentan saltar el cerco. Para muestra basta un botón. A fines del año 2012, el jefe del Servicio Penitenciario Federal de Argentina, el Dr. Víctor Hortel, se apersonó cámara de fotos en mano en las habitaciones de varios militares argentinos presos. Alguno de ellos inválidos. El Dr. Hortel sacó fotos de las habitaciones y unas semanas más tarde esas fotos aparecieron publicadas en una conocida Revista de relato oficial. Miedo.

Cada vez que alguien sortea el cerco y logra hablar con los militares detenidos, sus condiciones carcelarias se vuelven más duras y arbitrarias.

Así las cosas, muchos de los familiares y amigos de los presos políticos (así se sienten y se autoproclaman los militares argentinos presos) han elegido el silencio. Un silencio que yo mismo he intentado sondear. Al principio creí que el silencio de los familiares de los militares presos de Argentina era un silencio que susurraba vergüenza. Años de estigmatización en el relato podrían haber dejado esa huella. Con el tiempo entendí que el silencio de muchos presos políticos de Argentina y sus familiares, grita una sola palabra: Miedo.

Y con casi treinta años de democracia ininterrumpida en Argentina, el miedo es un estadío peor que la vergüenza. Después de todo, la vergüenza es un sentimiento personal, es de uno… pero el miedo es, en este caso, un sentimiento ocasionado por las actitudes y las represalias de los que desde hace años detentan el poder en Argentina.

Represalias, quita de beneficios como las prisiones domiciliarias, endurecimiento en los regímenes de visitas, problemas laborales etc. son una constante en los familiares de los militares presos de los mismos militares que están detenidos por haber combatido al terrorismo en Argentina.

Un gran pensador, compatriota del autor de este libro, dijo alguna vez: «Uno es uno, y sus circunstancias». Una gran verdad que parecen haber olvidado los arquitectos del relato oficial de Argentina sobre la violencia vivida en los años 70. Los hacedores oficialistas del relato setentista en Argentina, han obviado con premeditación y alevosía las circunstancias. Se han salteado especialmente la perspectiva histórica.

Años de arquitectura construyendo un relato obtuso de la historia, han parido una generación de «demócratas» que creen correcto cercenarle el decir a una persona. Por eso, en las actuales circunstancias de Argentina, que un periodista se haya atrevido a entrevistar en su lugar de detención al General Jorge Rafael Videla, ex presidente de facto de Argentina, ha sido visto en el seno del Poder de Argentina, como un acto de extrema osadía.

Haber entrevistado a un personaje central de los años setenta de nuestro país, ha sido una afrenta imperdonable hacia todos aquellos que desde hace años militan en esconder la «otra parte de la verdad». Y a fuerza de ser sinceros, también ha sido un acto de valentía la decisión del General Videla de consentir la entrevista.

La valentía de Ricardo Angoso periodista, ha sido para ese espacio de Poder de la Argentina un «sapo» difícil de digerir. De ahí la desmesurada repercusión en el seno del Poder, y esa impostura sobreactuada alegando una preocupación que no es tal. Hasta la presidenta de Argentina, Sra. Cristina Fernández viuda de Kirchner, hizo varias veces alusión a la entrevista que Ricardo Angoso le realizara al General Videla. Luego de publicado el reportaje, Ricardo Angoso vivió en carne propia el escarnio de los «demócratas» argentinos, que rápidamente le enrostraron haberle dado voz a un «personaje tan siniestro».

Angoso, Periodista de raza, contestó con una obviedad olvidada en estas latitudes: «Que alguien entreviste a alguien, o escriba sobre alguien o hable sobre alguien no significa directamente que esté tomando partido. Yo creo que un periodista tiene que escuchar a todas las fuentes, y desde luego un flaco favor le haríamos al periodismo si solamente escucháramos a una de las fuentes o a una de las partes implicadas en un conflicto».

Este libro es un libro esencial para entender mejor los años setenta de Argentina y de América. Nobleza obliga, agradezco al periodista Ricardo Angoso, pues nos ha facilitado lo que otros nos han querido ocultar… el revés de la historia oficial, contada directamente por uno de sus principales protagonistas: El General Jorge Rafael Videla. Les propongo otra obviedad olvidada en estas latitudes: Leámoslo… y luego saquemos nuestras propias conclusiones.

Horacio R. Palma, periodista y escritor

1. SITUANDO A JORGE VIDELA ANTE LA HISTORIA:

LOS ORÍGENES DE LA INTERVENCIÓN MILITAR DE MARZO DE 1976

A finales del año 1975, como un barco a punto de naufragar, la situación de Argentina era dramática. El irreversible proceso de deterioro en todos los órdenes había comenzado el 1 de julio de 1974, cuando muere el general Juan Domingo Perón y accede a la presidencia del país su compañera de fórmula, María Estela Martínez Perón.

El terrorismo, que golpeaba con fuerza desde la extrema derecha y la extrema izquierda, sobre todo a través de la Triple A y los Montoneros, respectivamente, era ya un problema de dimensiones nacionales y desbordaba a los cuerpos de seguridad. Atacaba con fuerza a todos los sectores sociales, pero especialmente a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de extrema izquierda, era otro de los grupos terroristas que estaba en la batalla política a través de las armas y era el responsable de numerosos atentados, rivalizando en crueldad y desproporción en sus actos —causando numerosas víctimas civiles— con los fanatizados montoneros. El objetivo del ERP era lograr una «zona liberada» en la provincia de Tucumán y solicitar la intervención internacional, posibilitando de esa manera el apoyo logístico y militar de la Cuba castrista. La situación económica no era menos dramática y el clima de contestación, ante la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, era muy alto, el país estaba al borde de un estallido social, mientras la clase política padecía una suerte de afasia colectiva ante la manifiesta incapacidad e inutilidad de la presidenta en ejercicio. Nadie sabía a ciencia cierta hacia dónde iba el país, el viaje hacia ninguna parte comenzado hace décadas por los peronistas no parecía tener fin. La corrupción sindical no conocía límites, era una cuña enclavada en el poder y los «gordos de la CGT» aprovechaban al máximo la situación.

Argentina se encaminaba, si alguien no lo remediaba, hacia una guerra civil o hacia una caótica situación de anarquía y desgobierno que podría tener fatales consecuencias, sin descartar que el ala más izquierdista del peronismo, los Montoneros que había echado de la Plaza de Mayo apenas hacia unos meses el general Perón, a los que denominó sin ambages como «estúpidos e imberbes», se hiciera con el poder en un momento de crisis y abierta descomposición.

Todos los sectores sociales, desde la patronal hasta la Iglesia católica, pasando por las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, los sindicatos y casi todas las confesiones religiosas, estaban sumamente preocupados por la deriva que había tomado el régimen peronista. Aparte de la desaparición del elemento carismático, que era Perón, estaba la nefasta sucesión que había dejado como legado el difunto caudillo.

Los atentados se sucedían sin parar e incluso el ERP ya contaba con un frente abierto en Tucumán, es decir, un territorio «liberado» por los comunistas para construir su «paraíso» socialista al estilo de la isla-prisión de Cuba. En estas circunstancias tan difíciles, un nuevo factor vino a unirse a la zozobra y desespero que surcaba por todo el país: la presidenta tuvo que apartarse del poder, en septiembre de 1975, por enfermedad y estuvo de licencia por razones de salud durante una larga temporada (13 de septiembre hasta el 16 de octubre de 1975).

Había que hacer frente a una situación caracterizada por el vacío de poder, la parálisis institucional, la creciente anarquía y el accionar cada vez más osado de los grupos terroristas. En resumen, había que tomar medidas urgentes y efectivas para gestionar un colapso no ya de la maquinaría del Estado, sino del país en general.

Y los hechos se precipitaron rápidamente: el 13 de septiembre de 1975 la presidenta Martínez solicitó licencia por motivos de salud, asumiendo interinamente la presidencia de la Nación, Ítalo Argentino Luder, en su carácter de presidente provisional de la cámara alta argentina, hasta el 16 de octubre, en que regresaría de nuevo la mandataria tras su descanso por razones de salud, visto casi con alivio por los argentinos dada su supina ignorancia y escasas dotes para el manejo de la Nación en una situación tan compleja.

Los decretos del presidente Luder

Fue entonces y no después, durante su ejercicio de la presidencia interina por enfermedad de la presidenta, cuando Luder firmó los controvertidos decretos 2770, 2771 y 2772, por los cuales se creaba un Consejo de Seguridad Interior integrado por el presidente de la Nación y los jefes de las Fuerzas Armadas, extendiendo a todo el país la política de «aniquilar» la perniciosa acción de los grupos subversivos que se había iniciado unos años antes sin que nadie les hubiese puesto coto.

Así se puso en marcha el Operativo Independencia contra las guerrillas de orientación comunista que operaban en Tucumán. Como vemos, estos hechos se producen mucho antes de la intervención militar de marzo de 1976, y los decretos firmados por Luder constituyeron la columna vertebral legal que sirvió a las Fuerzas Armadas para iniciar la guerra contra la subversión y justificar muchos de los acontecimientos que después ocurrieron.

Unos años antes de estas «catarata» de decretos aprobado por Luder, el mismo Perón, hastiado de los despropósitos causados por los Montoneros y el terrorismo de izquierdas, había dicho: «El objetivo perseguido por estos grupos minoritarios es el pueblo argentino, y para ello llevan a cabo una agresión integral». Añadiendo claramente: «Por ello, sepan ustedes que en esta lucha no están solos, sino que es todo el pueblo que está empeñado en exterminar este mal, y será el accionar de todos el que impedirá que ocurran más agresiones y secuestros. La estrategia integral que conducimos desde el gobierno nos lleva a actuar profundamente sobre las causas de la violencia y la subversión, quedando la lucha contra los efectos a cargo de toda la población, fuerzas policiales y de seguridad, y si es necesario de las Fuerzas Armadas». Lo dice bien el claro el viejo general: «exterminar» como a un cuerpo extraño incrustado en la sociedad argentina al terrorismo.

Pero, lamentablemente, María Estela, Isabelita, regresó de nuevo al poder a finales de octubre, como ya hemos dicho, y la situación siguió deteriorándose de una forma imparable. En las Navidades de 1975, como parte de una agonía que no se detenía, el país se hundía entre la desesperanza y la resignación, la apatía y el hastío ante lo que sucedía.

Fruto de este estado de cosas y del mal gobierno ejercido por los peronistas, el 23 de diciembre ocurrieron los incidentes de Monte Chingolo, cuando un comando fuertemente armado y pertrechado del ERP formado por varios cientos de hombres intentó tomar unas instalaciones militares y hacerse con un importante y estratégico arsenal de armas. El ejército argentino, en una acción ejemplar y eficaz, respondió a los insurgentes y les causó unas cien bajas, según fuentes oficiales de la época.

La revista católica criterio escribía en su editorial: «… Es posible decir que el saldo impresionante (…) del episodio de Monte Chingolo, produjo en muchos un sentimiento de alivio: cien muertos son cien enemigos menos, y si fueron más mejor, cualquiera haya sido la manera de su muerte»…

La sublevación del brigadier Capellini

La sublevación del brigadier Orlando Jesús Capellini, tuvo lugar luego de que Ítalo Argentino Luder se negara a sustituir a la presidente que se encontraba con uso de licencia por enfermedad, tal como se lo habían sugerido los titulares del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada de la República Argentina; Jorge Rafael Videla, Héctor Luis Fautario y Emilio Eduardo Massera respectivamente.

Esta noticia enfureció a Capellini como a sus seguidores, que comenzaron a planear una sublevación.

María Estela Martínez de Perón volvió a ocupar su cargo el 16 de octubre de 1975. Un día después, el almirante Emilio Eduardo Massera y el teniente general Jorge Rafael Videla decidieron que para marzo de 1976 destituirían a la presidente, sin embargo el brigadier general Héctor Luis Fautario no apoyó bajo ningún punto de vista la idea de interrumpir nuevamente el orden constitucional.

En una reunión que tuvo lugar en Campo de Mayo entre Jorge Videla, Emilio Massera, Roberto Viola y Armando Lambruschini, Massera afirmó que había que sacar a Fautario del medio, y se le comunicó dicha determinación al entonces brigadier Orlando Ramón Agosti.

En definitiva, se estaban planeando dos golpes al mismo tiempo. El grupo liderado por el brigadier Orlando J. Capellini se reunió el 17 de diciembre y decidieron iniciar el golpe el 18, cuando se anunciara quiénes serían los militares de la aeronáutica que pasarían a retiro, y uno de ellos era el mismo Capellini.

A las siete y media de la mañana del 18 de diciembre un grupo de comodoros detuvieron al titular de la Fuerza Aérea, brigadier general Héctor Luis Fautario junto a los brigadieres Francisco Cabrera, Roberto Donato Bortot y Rubén Bonoris cuando se encontraban por realizar un viaje a Córdoba. Fautario fue encerrado en una habitación sin custodia en el Taller Regional de Quilmes y sus subordinados también detenidos fueron llevados a Morón.

Ante esta situación, el ministro de Defensa Tomás Vottero se reunió con Videla y Massera, quienes le propusieron nombrar a Agosti como jefe de la Fuerza. Luego del encuentro, el ministro redactó el decreto de designación 3971, que nombraba a Orlando Ramón Agosti como titular de la Aeronáutica, y se fue a Olivos para que lo firmara la presidente. Fautario logra salir de su lugar de encierro y se dirige a la Casa Rosada, donde pide hablar con la presidente, ante la negativa que recibió, le manda a decir por medio del edecán aeronáutico que le darían un golpe de Estado en marzo de 1976.

La sublevación fue aplastada cuatro días después de su inicio cuando la VII Brigada Aérea fue bombardeada y luego de que los tres comandantes dieran su apoyo al gobierno. Esta revuelta sacó del medio al brigadier general Héctor Fautario y al Subjefe del Comando de la Fuerza Aérea, brigadier mayor José María Klix y al resto de los brigadieres mayores, quienes no adherían a ningún golpe de Estado.

Así, lentamente, el país se encaminaba por el camino de la violencia terrorista. Pero lo peor era la ineficiencia política hacia una certera guerra en la que, seguramente, los subversivos podrían llegar al poder por la vía armada. Eran los tiempos de la guerra subversiva contra el poder establecido, democrático o no, y en los que la izquierda defendía la estrategia de ese aventurero y pistolero llamado Ernesto «Che» Guevara, que llamaba a incendiar todo el continente, creando «uno, dos, tres Vietnam». Los comunistas, en aquellos tiempos aciagos, no ocultaban su estrategia final de llegar al poder por las armas aprovechando la «inocencia» de los «tontos útiles» que decía Lenin, que en la Argentina estaba claro quienes eran: los peronistas.

El nuevo año, 1976, tampoco trajo mejores presagios y cada vez quedaba más evidente la tirantez entre unas Fuerzas Armadas obligadas a luchar en desigualdad de condiciones frente a un enemigo despiadado y un poder oficial que no hacía todo lo posible para ganar la guerra, para frenar a la subversión, en definitiva.

Así las cosas, en enero de 1976 había suficientes señales de que el período peronista iniciado tras las elecciones de 1973 estaba agotado y consumido, sobre todo debido a la ausencia de un poder político real y un sentido de autoridad del que carecía, desde luego, la viuda de Perón.

El comienzo del año 1976 fue especialmente violento y los atentados del ERP, los Montoneros y del grupo ultraderechista Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) se sucedían por doquier. Argentina se enfrentaba a una verdadera guerra y la gravedad de la situación era reconocida en casi todos los cables diplomáticos y medios de comunicación. No se podía ocultar ya el drama.

Como muestra de la gravedad de la situación, el 15 de marzo de 1976 fracasa un atentado contra el Comandante General del Ejército, el teniente general Jorge Rafael Videla, mediante un coche bomba accionado a distancia, colocado en la zona de estacionamiento cerca de una entrada lateral al Edifico Libertador, en el centro de Buenos Aires. Videla salva su vida por un instante, ya que su auto acababa de ingresar al edificio; el resultado fue la muerte de un civil inocente y otros 23 heridos, entre los que destacaban varios coroneles, suboficiales, soldados y también civiles. El atentado se producía apenas 9 días antes de la intervención militar que puso fin al desgobierno de la fallida presidenta María Estela Martínez de Perón.

Paradójicamente, desde el poder más que hacer frente a la amenaza terrorista se «promocionaba» a la Triple A, que comandaba un ministro de la viuda y presidenta, el conocido ultraderechista José López Rea, apodado como «el brujo», y que fue secretario privado y ministro de Bienestar Social del mismo Perón y después de María Estela.

Esta alianza tácita entre el poder oficial y las organizaciones terroristas revelaba fielmente el carácter anárquico y poco sujeto al orden del movimiento peronista. López Rega, amigo íntimo de Perón, era el representante más genuino de la derecha peronista y fue procesado por asociación ilícita, decenas de homicidios y desapariciones y secuestros. López Rega era el emblema de toda una época caracterizada por el despropósito y el manifiesto desgobierno. Sus relaciones con el matrimonio Perón fueron comparadas en su tiempo con las de Rasputín con el zar de Rusia.

López Rega, el 11 de julio de 1975, fue obligado a renunciar a su cargo tras las violentas reacciones al plan económico promovido por su protegido Celestino Rodrigo (quien también debió renunciar a su cargo), y fue nominado embajador itinerante. Finalmente, tras el 24 de marzo de 1976, se refugió en España. López Rega abandonó España más tarde y se refugió en Suiza, donde viviría cerca de Ginebra hasta 1982, cuando fue descubierto por un fotógrafo. Escapando de la notoriedad, huyó a Bahamas, donde vivió hasta 1986, alternando su residencia con Miami.

La intervención militar del 24 de marzo de 1976 y la amenaza terrorista

Finalmente, y como parte de un guión ya previamente conocido por todos los argentinos, las Fuerzas Armadas de Argentina ponen el punto y final al desgobierno de la presidenta Perón el 24 de marzo de 1976.

La sucesora es arrestada y confinada en una instalación militar. La normalidad en el país, tras la asonada militar, es total; apenas hay protestas y la comunidad internacional recibe el hecho como fruto político tras los años de absoluto descontrol del agónico peronismo. No hay ni críticas ni oposición a la asonada militar.

Los radicales, con Ricardo Balbín al frente, habían estado animando a las Fuerzas Armadas a dar el golpe de Estado y acabar con el estado de cosas reinante. De la misma forma, las organizaciones empresariales se adhieren al movimiento militar e incluso algunos de sus líderes, como José Alfredo Martínez de la Hoz, acabarían formando parte del primer ejecutivo liderado por los militares.

Tampoco hubo protestas de los sindicatos o de los partidos de izquierda, tal como reflejan todos los medios de la época e incluso el Partido Comunista de Argentina mostró su tibio apoyo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) que auspiciaban las Fuerzas Armadas en su conjunto, tal como se recoge en un comunicado emitido al día después de la acción militar:

«Ayer, 24 de Marzo, las F.F.A.A. depusieron a la presidenta María E. Martínez, reemplazándola por una Junta Militar integrada por Los comandantes de las tres armas». No fue un suceso inesperado, entonces. La situación había llegado a un límite extremo «que agravia a la Nación y compromete su futuro», como dice en uno de los comunicados de las F.F.A.A. Y sigue el comunicado de los comunistas: «Cargan por esta situación, inmensa responsabilidad el lopezrreguismo reaccionario y su protectora María Estela Martínez, que habían pisoteado el programa por el cual había votado el pueblo en 1973, y que en la etapa anterior había empezado, aunque con timidez e inconsecuencias, a realizarse. Comparten la responsabilidad los jerarcas sindicales que sofocaron al movimiento obrero».

El general Videla, en su primera alocución pública tras el golpe del 24 de marzo, explicaba: «El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible, frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. (…) El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo, sumió a los habitantes de la Nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones (…) condujo a una total parálisis del Estado, frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales (…) las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada».

La Iglesia católica, salvo raras excepciones, apoyó sin fisuras un movimiento destinado a llevar el orden público a las calles argentinas. En general, y sin temor a equivocarnos, el consenso sobre la idoneidad del proceso en aquellos momentos era total en la sociedad civil argentina, que vivía sobresaltada y atemorizada desde la muerte de Perón y el auge de la violencia terrorista, cada vez más despiadada y audaz en sus acciones.

Como fruto de esa colaboración y apoyo de la sociedad civil hacia el proceso iniciado por los militares el 24 de marzo de 1976, conviene recordar cómo tras la reorganización del país por parte de la primera Junta Militar, que renovó a los cargos provinciales de todo el país, 794 civiles procedentes de todas las fuerzas políticas, pero casi la mitad de los radicales, fueron elegidos como intendentes, un puesto de menor rango que el de gobernador —casi todos militares— y con amplias competencias en las ciudades.

La primera Junta Militar quedo conformada por Jorge Rafael Videla, como comandante en Jefe del Ejército, el almirante Emilio Massera, por al mando naval, y Orlando Agosti, por las fuerza aérea. Unos días más tarde, el 29 de marzo, Videla era nombrado presidente de facto de Argentina quedando su jefatura sujeta a las competencias constitucionales que fijaba la Constitución argentina.

¿Y quién era Videla? El general Videla era el jefe del ejército cuando se produce el golpe de Estado de 1976, cargo que ocupaba desde el año 1975 después de una larga carrera militar que se había iniciado en el año 1942, cuando ingresó en el Colegio Militar a los 17 años, y jalonada por una hoja de servicios impecable y con innumerables méritos. En sus treinta y cuatro años de servicios anteriores a la ocupación de su puesto en Junta y en la presidencia del país no estuvo implicado en ningún caso de corrupción ni en ningún escándalo; tampoco tuvo veleidades políticas ni se le conocía simpatía alguna ni por los peronistas ni por los radicales.

A diferencia del almirante Massera, un tipo maquiavélico, manipulador y calculador en sus pretensiones políticas, Videla siempre se consideró apolítico y se presentaba a sí mismo como un hombre que cumplía con sus obligaciones en un momento en que la Nación le requería. Videla, formado en un ambiente tradicional y conservador de la provincia argentina, pues había nacido en las Mercedes, era un hombre de principios, rígido católico y fiel a su familia y a sus amigos. Ahora, incluso, cuando todos le han abandonado, Videla no quiere abandonar a sus antiguos subordinados y se considera responsable por todo lo ocurrido en aquel período, exculpando a sus antiguos compañeros de armas ahora también procesados.

Videla fue la máxima autoridad de Argentina durante cinco años (1976-1981), que fueron los años de esplendor y éxito del Proceso de Reorganización Nacional, tal como reconocen hasta algunos de sus enemigos políticos. Luego llegarían los desastrosos años de Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, sus sucesores, y la derrota previsible de las Malvinas, pero esa es otra historia.

Videla, desde un primer momento, puso en marcha el proyecto que pretendía llevar el orden público al país, devolviendo la seguridad perdida y derrotando de una forma sistemática a la subversión y al terrorismo, tal como le habían conferido los decretos presidenciales ya citados del presidente interino Luder. Las Fuerzas Armadas, junto con los cuerpos de seguridad, estaban desmoralizados y casi a punto de asumir una derrota sin apenas haber luchado. La nueva Junta Militar tenía, entonces, como principal misión la lucha rotunda, contundente y denodada contra la subversión comunista y el terrorismo extremista.

En apenas unos meses, los que van desde marzo de 1976 hasta el mundial de fútbol de junio de 1978, el país se transforma totalmente. El gobierno liderado por Videla ha conseguido notables éxitos en la lucha contra el terrorismo y había encarcelado a numerosos miembros, informantes y simpatizantes de las organizaciones terroristas. Los éxitos eran reconocidos por casi todos los gobiernos del mundo, aunque las críticas a las violaciones de los derechos humanos comenzaban a aparecer sin que las mismas tuvieran una dimensión interna más allá algunas declaraciones y disensiones en torno a la naturaleza del proceso llevado a cabo por las Fuerzas Armadas.

Una muestra de hasta que punto el terrorismo había cobrado una dimensión que asomaba hasta con desbordar al Estado y destruir así sus instituciones la encontramos en el atentado del 24 de marzo de 1977, primer aniversario del golpe, cuando miembros del ERP colocaron varias cargas explosivas en una pista aérea desde la que salía el avión del presidente Videla con otros altos cargos de ese período. La denominada «Operación Gaviota» tenía como finalidad, si no hubiera fallado una de las cargas explosivas, asesinar a todos los miembros de la comitiva haciendo estallar el avión en que se dirigía Videla hacia Bahía Blanca. Fallaron, pero no cejarían en sus intentos desestabilizadores y criminales.

Unas semanas antes de este atentado, el vicealmirante César Augusto Guzzetti fue interceptado por un comando terrorista en una clínica y «ejecutado» por los terroristas que, tras golpearle, le dispararon a bocajarro en la cabeza, dejándole gravemente herido y en estado de coma. Después fue operado en los Estados Unidos y quedó mudo y cuadripléjico a consecuencia de las heridas causadas por los «jóvenes idealistas» montoneros. Así se las gastaban los terroristas, y ese era el enemigo con el que tenían que enfrentarse las Fuerzas Armadas argentinas en aquellos días terribles.

Entre 1976 y 1981, se suceden decenas de atentados, secuestros, asesinatos, extorsiones y robos a manos de las organizaciones terroristas, pero principalmente la responsabilidad fundamental en aquellos años de plomo recae en los Montoneros y en el siempre activo ERP

Se atacaban objetivos civiles, como autobuses, aviones, cines, ferrocarriles y empresas privadas; se asesinaba a policías, militares, líderes sindicales y simples civiles que trabajaban para el Estado, como los 14 muertos y más de veinte heridos del micro cine de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa; se entraba en las casas y los «revolucionarios» asesinaban a sangre fría a sus oponentes o a los que ellos consideraban como tales y, finalmente, las extorsiones estaban al orden del día, para financiar la revolución, tanto a empresas como a ciudadanos indefensos.

Una muestra de ese triunfo de la barbarie que reinaba en Argentina en aquellos días fue el atentado contra el departamento donde residía el almirante Armando Lambruschini, en el edificio lindero los Montoneros colocaron una carga explosiva de unos cuarenta kilos y causaron la muerte de la hija del militar, Paula, de apenas 15 años, y de tres vecinos ajenos al caso e inocentes.

Ni que decir tiene que casi todos estos hechos criminales nunca fueron juzgados y quedaron impunes. Incluso algunos de los líderes montoneros de entonces, como Mario Firmenich, fue indultado por el presidente Carlos Menem, una vez que cayó la dictadura, y reside en la actualidad en Barcelona, donde ejerce como economista y goza de absoluta libertad de movimientos, incluso para viajar a Argentinta.

Firmenich declaraba hace unos años, en un asalto de sinceridad que «en un país que ha vivido una guerra civil, todos tienen las manos manchadas de sangre». Como una de las tantas paradojas que se daba en la Argentina de entonces, Firmenich procedía de la extrema derecha católica del movimiento peronista. El movimiento montonero era, ideológicamente hablando, un verdadero cocktail conformado por ideas comunistas, guevaristas, peronistas e incluso había cierta influencia de los movimientos fascistas del período de entreguerras, como esa tendencia a la uniformidad, a la férrea y ciega disciplina y a cierta suerte de cultura militarista. Incluso el mismo Mario Firmenich simpatizaba con la causa sandinista y con la Cuba de Fidel Castro, donde estuvo asilado en la isla-prisión algún tiempo. Perón, antes de morir, se distanció, junto con otros líderes peronistas, incluso María Estela Martínez Perón, del movimiento montonero y sus estrategias radicales.

La nefasta influencia de Cuba en toda la izquierda latinoamericana de los años 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado, e incluso hoy, tiene mucho ver con este culto a la violencia. «El voluntarismo castrista destiló de esta manera una ideología aberrante que prescindía de lo externo, de lo dado, en una suerte de inmanentismo revolucionario que hacía de la revolución un producto de la propia y voluntariosa subjetividad. Entre la guerrilla y sus metas, sólo mediaba la portentosa voluntad guerrillera de alcanzarlas, sin abrir crédito a la existencia de mediaciones externas, objetivas, históricas», como señalaba muy acertadamente el periodista Pablo Giussani.

Pero si algo caracterizaba a los montoneros era su brutalidad, manifiesta y puesta en evidencia en múltiples ocasiones, como en el atentado contra el secretario de Coordinación del Ministerio de Economía de entonces, Guillermo Walter Klein. Los terroristas asaltaron su domicilio particular e inmediatamente asesinaron a los dos policías que le custodiaban. Luego, Klein, su esposa y sus cuatros hijos, alguno de apenas unos meses y la mayor de doce años, son conminados a entrar en una de las habitaciones de la casa. En un gesto de verdadero sadismo, los terroristas colocaron potentes explosivos en diferentes lugares de la planta baja y accionados por un control centralizado desde la calle. Los terroristas huyeron y, acorde a lo planeado, la casa de dos plantas se derrumba totalmente, pero en un verdadero milagro se salva toda la familia con heridas menores; al derrumbarse el primer piso la losa queda intacta, cayendo integra como el piso de un ascensor. Klein y una hija quedan bajo los escombros, siendo rescatados luego de horas de trabajo de los bomberos, lo cual fue visto por directo en la televisión por todo el país horrorizado.

Para los montoneros, el fin justifica los medios, aunque fueran absolutamente perversos y abominables, una cadena de dolor, sufrimiento, odio y terror. Aparte, en el camino hacia la consecución de sus fines, todos eran culpables y nadie era inocente; si para acabar con un objetivo señalado caían varios civiles inocentes, no pasaba nada y era parte un proceso que debía llevar a la consecución del fin más sagrado de todos: el ascenso al poder. Luego estaba al culto a la muerte, muy en la órbita de los fascismos europeos, el orgullo por el asesinato y el crimen, la apología de la sangre para bautizar el juego revolucionario, en una ceremonia interminable de odio hacia el diferente, hacia el adversario que consideraban, en definitiva, su enemigo. El discurso montonero tenía mucho que ver con ese grito de guerra del general español Millán Astray, quien pronunciara en su día ese «¡viva la muerte!» que heló el alma del filósofo Miguel Unamuno en una fría mañana salmantina de noviembre de 1936.

El Mundial de Fútbol de 1978

Así llegamos a junio de 1978, en que el gobierno de las Fuerzas Armadas consigue organizar con éxito un evento como el mundial de fútbol, que había sido otorgado al gobierno peronista de antes de los sucesos de marzo de 1976, y que no había realizado ningún trabajo tendente al desarrollo de la contienda deportiva.

Las autoridades del momento hicieron un gran esfuerzo para el desarrollo de las infraestructuras, renovaron el sistema televisivo y se pasó del blanco y negro al color, invitaron a numerosas delegaciones internacionales y todo el país, por obra del buen hacer del gobierno, se convirtió en un enorme escaparate, demostrando la Argentina que era capaz de realizar un trabajo de esa magnitud y organizar un evento a la altura de otros mundiales de fútbol. Además, para legitimar más al nuevo gobierno, Argentina ganó el mundial y fue el propio Videla el que entregó la copa del mundo a la selección de su país, en un ambiente de alegría y satisfacción generalizada.

Corría junio del año 1978 y la situación del orden público, pese a algunos atentados puntuales, había mejorado notablemente. El país se encontraba en uno de sus mejores momentos, como reconocería más tarde Videla en algunas entrevistas, pero quizá el Proceso de Reorganización Nacional debería haber comenzado a trabajar en su reconducción por la vía política, algo que no se hizo y que incluso el máximo responsable consideró más tarde como un error.

Sin embargo, pese a la derrota del terrorismo, que todavía daba sus últimos estertores pero estaba herido de muerte, Argentina tendría que dar una nueva batalla: la externa. La comunidad internacional, pero especialmente los demócratas en los Estados Unidos y los países europeos, comenzaban a criticar ciertos excesos cometidos en la batalla contra la subversión en el campo de los derechos humanos. Por cierto, que dichos excesos han sido reconocidos por Videla en innumerables ocasiones y reconocidos por las autoridades de entonces. El mismo Videla asegura que «en una guerra se producen muertos, heridos y desaparecidos», tal como ocurrió en Argentina.

La presión se hizo especialmente intensa después del mundial y las autoridades argentinas comenzaron a ver con preocupación este cambio en una comunidad internacional que hasta ahora había apoyado, salvo raras excepciones, a los militares argentinos en su lucha contra la subversión. No olvidemos que, además, en los Estados Unidos habían ganado los demócratas de la mano del presidente Jimmy Carter y que, a diferencia de los republicanos, se mostraban mucho más remisos a seguir apoyando a los regímenes que habían nacido en el Cono Sur al amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), cuya esencia fundamental era que el enemigo comunista no estaba ya en el exterior, sino que actuaba dentro de «casa» y contaba con la complicidad de un sector de la sociedad, que aunque minoritario era muy activo y utilizaba todos los medios, incluso las armas, para llevar a cabo sus planes, pero sobre todo para conquistar el poder.

Patricia Murphy Derian (1929, Nueva York) es una política y activista de derechos humanos estadounidense que se desempeñó como Secretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios durante la administración del presidente James Carter. Fue la dirigente política de entonces que más presionó al gobierno militar de Buenos Aires en esa materia.

«De alguna manera», como escribe Pablo Giussani en su libro Los Monteneros. La soberbia armada, «se trataba de una proxy war sui generis: los soviéticos delegaban su agresividad en las fuerzas subversivas del Tercer Mundo — particularmente en América Latina— y los Estados Unidos delegaban su autodefensa en los correspondientes ejércitos nacionales. Tales ejércitos fueron remodelados desde el Pentágono en función de esta guerra inédita. Su óptica defensiva fue invertida para ser concentrada, no ya sobre un enemigo externo frente al cual hubiera que plantear una defensa de fronteras territoriales, sino sobre un enemigo interno frente al cual debía encararse la defensa de fronteras ideológicas, políticas y culturales. Un enemigo sinuoso, mimetizado, infiltrado en partidos, sindicatos, universidades, dependencias de la administración pública, diarios, radioemisoras y canales de televisión».

Los antecedentes de la DSN ya habían sido desarrollados por el general y presidente de Argentina Juan Carlos Onganía, cuando explicó, en un famoso discurso en la Academia Militar de West Point, en 1964, los condicionantes que justificaban la respuesta militar en caso de grave crisis del Estado. Según Onganía, un gobierno amparado en la legitimidad constitucional «habrá dejado de tener vigencia absoluta, si se produce, al amparo de ideologías exóticas, un desborde de autoridad»; agregando a continuación: «En una emergencia de esa índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución, no podrían ciertamente, mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido».

Para María Seoane y Vicente Muleiro, autores de la parcial obra El Dictador, «el desiderátum golpista se reactualizaba con el fantasma de la “ideología exótica” amparado en las pautas de la Guerra Fría, que en Latinoamérica se reforzaba con la influencia de la Revolución Cubana, más demonizada aún por los Estados Unidos a partir del acercamiento de Fidel Castro a la Unión Soviética. Con un fuerte respaldo estadounidense, las Fuerzas Armadas, y sobre todo el ejército, se otorgaban a sí mismas la facultad de diagnosticar cuando un gobierno constitucional dejaba de serlo». Así ocurrían las cosas en América Latina, aunque con matices, hasta la llegada de Jimmy Carter a la presidencia de los Estados Unidos, en 1976.

Carter, que quizá fue uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos, había dejado caer al régimen de Anastasio Somoza, en 1979, había hecho poco o nada para evitar la ocupación soviética de Afganistán y estaba dispuesto a sacrificar a algunos de sus aliados con aras de contentar a la prensa liberal norteamericana y a los demócratas de Washington. Muy pronto, como pudieron observar las autoridades militares argentinas, comenzaron a cambiar las relaciones con los Estados Unidos. La salida de Henry Kissinger de la secretaría de Estado hacía presagiar que la gran potencia del mundo libre y democrático iba a tomar el peor de los caminos, como así fue.

El gobierno militar argentino comenzó a sufrir las embestidas de los gobiernos socialistas europeos, de las organizaciones de derechos humanos de carácter internacional —casi todas en manos de la izquierda— y de los tontos útiles de Washington, que, de haber repetido mandato Carter, la Unión Soviética habría ganado la Guerra Fría y el mundo hoy en día sería otro.

El 1980, pese a que Videla y sus ministros habían conseguido notables éxitos en el manejo de la seguridad pública, no fue un buen año para el gobierno militar. A los desaguisados del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de la Hoz, en el manejo de la política económica, se le vino a unir la concesión del Premio Nobel al activista de izquierdas Adolfo Pérez Esquivel, cuyo trabajo en contra del régimen argentino era notorio. El galardón tuvo un fuerte impacto mediático y contribuyó, aún más, a aislamiento internacional del país.

Videla, ya en esos años, afrontaba la batalla por la imagen del régimen, ya que eran muchos los que desde fuera luchaban por un cambio político en Argentina y denunciaban ciertos «excesos» del gobierno militar. También el país había vivido una grave crisis con Chile, por las islas del Canal de Beagle que ambos países disputaban desde hacia años, y padecía el enfriamiento de sus relaciones políticas y diplomáticas con los Estados Unidos desde la llegada de Carter.

Fue una mediación papal la que evitó que el conflicto con Chile fuera a más y discurriera por la vía militar en lugar de la política, aparte de que Videla se mostró absolutamente disconforme con la posibilidad de llegar a un conflicto con los chilenos y que adoptó una posición muy diplomática en todo el contencioso, del que finalmente salió fortalecido Chile a merced de un tratado firmado entre los dos países tras el advenimiento de la democracia. Si bien durante el mandato de Videla se puso en marcha la Operación Soberanía, tendente a la recuperación de las islas por la fuerza, finalmente Videla, en 1978, desactivó la operación y buscó el acuerdo con sus vecinos. Tampoco a los Estados Unidos les hubiera satisfecho un conflicto entre dos de sus aliados en el Cono Sur, pues no olvidemos que en Chile gobernaba Augusto Pinochet, que había sido apoyado por Washington desde el principio, y que los dos países eran el «núcleo» central en América Latina de su diseño estratégico basado en la ya citada Doctrina de Seguridad Nacional.

Videla abandona la escena política

En 1981, y tal como ha reconocido el mismo general Videla, el Proceso estaba agotado, no daba más de sí. También demostraba que se podía morir de éxito, parafraseando al expresidente de gobierno Felipe González, y que si el mismo no se encaminaba hacia un dirección política que fuera viable estaba condenado a una larga agonía de consecuencias impredecibles. Finalmente, si no fue así, es debido a la inesperada guerra de las Malvinas, que acabó de una forma abrupta con el Proceso y también con el gobierno militar, cuyo fracasó salpicó a las Fuerzas Armadas y todos los integrantes de las Juntas desde el año 1976.

Corría el año 1980, ya con la presión internacional sobre el régimen muy intensa y una oposición en el interior más activa; se va viendo con claridad que el apoyo social y civil que hasta ahora había tenido el régimen se está resquebrajando y que incluso puede comenzar a volverse en contra.

Los radicales, por ejemplo, comenzaron a romper la línea tradicional adoptada hasta entonces, que había sido impuesta por Balbín, y se comenzaba a perfilar el liderazgo de Raúl Alfonsín, un abogado que había defendido a varios miembros del ERP y que había sido un activo militante en pro de los derechos humanos.

También por esas fechas comenzaría su actividad el grupo de mujeres conocido como las Madres de la Plaza de Mayo, que reivindicaban conocer con precisión dónde estaban los desaparecidos en la guerra contra la subversión, y que eran familiares de algunas de las víctimas en el conflicto, «guerra» en palabras de Videla.

Así llegamos al año 1981, cuando Jorge Rafael Videla abandona la presidencia del país —la jefatura del ejército ya la había dejado unos meses antes— y pasa a un segundo plano en la vida política de Argentina, dejando para sus sucesores la responsabilidad de abordar la reconversión política del Proceso y una necesaria transición a la democracia, lo que después se hizo de una forma forzada y tras el descalabro en la guerra de las Malvinas.

El año 1981 significó un periodo de mantenida y sostenida agonía, sobre todo debido al escaso liderazgo político y poco carisma del nuevo líder del ejército Argentino, el general Roberto Viola. No obstante, los civiles seguían al margen del régimen y sabían que no había alternativa clara al oficialismo militar. «Se armó una liga de exgobernadores que supuestamente presidía Carlos Saúl Menem. El peronismo era un aquejare y el resto de los partidos lo mismo. No había alternativa al Proceso Militar que, a pesar del desorden, todavía tenía oxigeno para retener el poder. Sin embargo, todos conservaban en privado con los representantes del poder castrense. «Bastaba que los invitara un general en actividad para salir corriendo», señalaba un conocido analista en aquellos años.

El apoyo de la sociedad civil a la institucionalidad militar era absoluto en ese momento.

Como fruto de la grave crisis a la que había llevado el país Viola, el 16 de diciembre los dirigentes más importantes de la opositora Multipartidaria se reunieron en la Casa Radical para firmar la declaración Antes de que sea tarde, en que se sostenía literalmente: «La etapa de la subversión deshumanizada y violenta ha concluido porque junto a la acción de las Fuerzas Armadas existió un firme rechazo de la conciencia moral del pueblo que supo ver en el terrorismo la expresión de la desmesura del elitismo de la insensatez y el crimen».

Esta declaración era un reconocimiento implícito del importante papel jugado por las Fuerzas Armadas en la derrota del terrorismo y la subversión en Argentina, cuyo proyecto pasaba por la construcción de una sociedad socialista siguiendo la estela de esa gran ergástula llamada la Cuba socialista. Luego, una vez que abandona el poder definitivamente, llegarían dos años de silencio y cierto ostracismo para Videla, en que todo el protagonismo recaería en las dos siguientes Juntas Militares que le sucedieron y asumieron el control político. La guerra de las Malvinas, sin embargo, provocó, como ya hemos dicho antes, la inesperada caída del gobierno militar y el llamado a elecciones para el 1983.

Comienza el calvario judicial

Videla, que se había mantenido al margen de los acontecimientos políticos y que incluso reconoce que supo de la ocupación de las Malvinas la noche antes por una llamada, había gozado dos años de tranquilidad, ajeno a los sobresaltos del poder y dedicado a su familia. En total, el general había sufrido seis atentados terroristas que casi acaban con su vida, las intrigas y maledicencias del almirante Massera y toda la tensión de uno los periodos más duros e inestables de la historia reciente de Argentina.

Cuando la guerra de las Malvinas, Videla ya ocupaba un perfil político muy bajo, aunque visitó las islas ocupadas momentáneamente en compañía de una amplia delegación de Estado por invitación del gobierno de turno, tal como relata Juan Bautista Yofre en su conocido libro 1982, que cito textualmente: «Videla habló poco y con pocos. Cuando un periodista le preguntó qué pensaba sobre la posible reacción de la flota británica, le extendió la mano diciéndole: “Mucho gusto”. Cuando el periodista reiteró la pregunta volvió a repetir sus palabras: “Mucho gusto, mucho gusto”. Unos días antes, al ser informado de la ocupación de las Malvinas y preguntado acerca de si tenía que darle algún consejo a Leopoldo Leonardo Galtieri como presidente, lacónico había dicho: “Que Dios le ayude”. Por cierto, que a dicho viaje a las Malvinas recién recuperadas para la Argentina asistieron representantes de varias fuerzas políticas, entre ellos el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Carlos Contín, sindicalistas, banqueros, empresarios e incluso gente de izquierdas, como el socialista Rufino Inda».

Las elecciones de 1983 fueron ganadas por los radicales de la Unión Cívica Radical (UCR) y Raúl Alfonsín se convertiría en el primer presidente de la nueva etapa democrática. Muy pronto, y haciendo honor a su origen, que no era ni más ni menos que haber sido abogado de los terroristas que habían puesto de rodillas a Argentina, se vio que el espíritu de revancha iba a prevalecer sobre el de la verdadera concordia y reencuentro entre todos los argentinos.

En abril de 1985, tras haber pasado Videla unos meses en la cárcel, comenzó el juicio a los integrantes de las Juntas Militares que habían derrotado al terrorismo y puesto punto y final a una de las mayores lacras de la historia de este país, pero los pueblos olvidan y la memoria histórica es corta. La historia siempre la escriben los vencedores, y la batalla política la habían ganado los herederos de aquellos grupos políticos (pero también militares) que habían desafiado con las armas y las bombas a la toda la sociedad argentina.

Como era de prever, y guiados por una justicia plegada al poder político y simpatizante de aquellos a los que debía haber combatido, los militares fueron condenados, en una suerte de catarsis cívica o de mala conciencia por no haber sido lo suficientemente duros con el régimen golpista en su momento.

El 9 de diciembre de 1985, y como estaba previsto, se dictó la sentencia condenando al general Jorge Rafael Videla y al almirante Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a ocho años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los otros acusados, entre los que se encontraban los también militares Leopoldo Galtieri, Basilio Lami Dozo, Omar Graffigna y José Isacc Anaya, no fueron condenados por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban.

Más tarde, Alfonsín sufriría varias asonadas militares de fuerzas descontentas por el trato del gobierno a las Fuerzas Armadas y por el sistemático enjuiciamiento de los mandos que tan sólo habían cumplido con su deber; eran los «carapintadas», a cuyo frente estaban Aldo Rico y Mohamed Saneldín, y que pusieron en jaque al ejecutivo de Buenos Aires en numerosas ocasiones. Pero también el terrorismo izquierdista hizo su aparición en el violento asalto cuartel de La Tablada, en él que resultaron muertas cuarenta personas y decenas de heridas.

Desde su apresamiento el 1 de agosto de 1984 hasta el 29 de diciembre de 1989 en que surtió efecto el perdón del presidente Carlos Menem, que había anunciado nada más llegar a la Casa Rosa que iba a solucionar lo que denominó como el «problema militar», el general Videla había pasado en prisión 2341días, toda una afrenta para un militar que lo único que había hecho era cumplir con su deber y derrotar al terrorismo. Mal tenían que estar las cosas en Argentina para que los militares pagaran por sus servicios al Estado y los terroristas, como el caso de Firmenich, de los beneficios de la inocencia y el dorado exilio.

Pero el «calvario» judicial no había hecho más que comenzar, pues unos años más tarde, en una decisión sin precedentes en el mundo judicial, el perdón presidencial fue revocado y, tras la llegada de Néstor Kirchner al poder, los militares serían juzgados por segunda vez, en un gesto que tiene más que ver con una vendetta que con el afán de impartir una justicia ejemplar.

No olvidemos que Cristina Kirchner, al dar uno de sus primeros discursos en el balcón de la Casa Rosada desde donde hablaba Perón, llegó a decir: «quiero decirles que hemos vuelto a recuperar la Plaza de Mayo», en una clara alusión a cuando los Montoneros fueron expulsados de este emblemático recinto por el viejo general fundador del peronismo que estaba cansado de sus excesos ideológicos y militares. Los Kirchner nada más llegar al gobierno mostraron el «hacha» de guerra y mostraron a las claras que la venganza es un plato que siempre se toma frío. Pero antes de la llegada de los Kirchner, Videla ya había pasado por la cárcel pese al perdón presidencial: en 1998 regresó a prisión, aunque brevemente, tras que un juez dictaminara que las causas por sustracción de menores durante el periodo militar constituían un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible. Pasó 38 días en la cárcel de Caseros hasta que se le concedió el derecho al arresto domiciliario en atención a su edad. Esta causa sigue pendiente. Diez años más tarde, y ya bajo el mandato del vengativo matrimonio Kirchner, que iban a sellar su pacto con los Montoneros, quizá por sus complejos por no haber hecho nada en los tiempos de la dictadura militar, en el 2008, a Videla se le retira el arresto domiciliario y se le envía de nuevo a la prisión, esta vez al recinto militar conocido como Campo de Mayo. Ya no volvería a salir a la calle. El juez encargado del caso, que lo sacó de su «retiro» casi espiritual de su residencia en el barrio bonarense de Belgrano, argumentó para tomar esta decisión que la gravedad de los hechos que se le atribuyen a Videla resultan un escollo insalvable para el otorgamiento de tal beneficio.

El siguiente proceso que se le abrió al general Videla fue en la provincia de Córdoba, en el año 2010, por unos supuestos delitos de torturas y asesinatos. «Este tribunal, a mi juicio, carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los hechos protagonizados por el ejército mientras yo fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo», aseguró Videla ante un tribunal llamado a ejecutar la venganza de los Kirchner en un país donde las instituciones han sido vaciadas de sus auténticas competencias.

También reivindicó su dictadura y se reconoció responsable por todos los excesos cometidos diciendo que asumía «en plenitud mis responsabilidades castrenses en todo lo actuado por el ejército argentino en esa guerra interna a la que he hecho referencia. Y esa responsabilidad la asumo con total “prescindencia” de quienes fueron mis subordinados y se limitaron a cumplir mis órdenes».

Luego el silencio. Y después, el mazazo definitivo: el 31 de agosto de 2010, siguiendo instrucciones políticas, la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias de tribunales inferiores, dictando que el indulto que recibió del entonces presidente Menem no fue constitucional y la condena que anuló debía ser cumplida efectivamente. La suerte del anciano general estaba sellada y quedaba muy claro que lo que pretendían los Kirchner es que Videla muriera en la cárcel, ya que se trataba del último emblema de un periodo para ambos considerado ominoso y que significó la derrota del proyecto peronista más radical. Los viejos Montoneros podían estar satisfechos y esbozar una sonrisa de victoria final. El general había perdido la última batalla, su suerte estaba echada.

En efecto, el 22 de diciembre de 2010 el Tribunal Oral Federal número 1 sentenció con prisión perpetua a los militares Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, en el marco del juicio que se desarrolló en la ciudad de Córdoba por delitos de lesa humanidad, y dictaminó que ambos irían a una cárcel común. Videla se defendió valientemente en una declaración que retumbó en las calles y casas de Argentina, diciendo que la guerra que se libró «no fue una guerra sucia, sino una guerra justa que aún no ha terminado». Y concluyó: «los enemigos derrotados de ayer cumplieron su propósito y hoy gobiernan el país e intentan un régimen marxista a la manera de Gramsci».

No quiero terminar este texto, pues quedaría incompleto, sin referirme al asunto de las violaciones de los derechos humanos durante los años de gobierno del general Videla (1976-1981), periodo en el que, supuestamente, ocurren la mayor parte de las supuestas desapariciones.

Videla siempre ha reconocido que hubo desapariciones, ya que en una guerra hay muertos, heridos y desaparecidos, como consecuencia lógica del conflicto.

Hubo muertos y desaparecidos, eso es innegable, pero las cifras fueron infladas con intencionalidad política. También algunos excesos propios de un periodo en el que urgía hacer frente a una amenaza terrorista de unas dimensiones brutales y desproporcionadas. Era un periodo turbulento y violento, donde las normas mínimas de funcionamiento no eran cumplidas al pie de la letra por todos los funcionarios.

En las situaciones de conflicto, como por ejemplo en el caso de Francia a la hora de encarar la guerra de Argelia, las violaciones de derechos humanos están al orden del día. No son justificables, evidentemente, pero no olvidemos que en Francia nadie fue juzgado por esos hechos. Ni tampoco nadie en Estados Unidos ha sido juzgado ni procesado por el rudo tratamiento, incluso al margen de la Ley, que inflige a sus detenidos en Guantánamo tras los ataques del 11 de septiembre.

Cuando han pasado casi 36 años desde que se produjera la intervención militar que puso fin al gobierno civil de María Estela Martínez Perón, presidenta electa tras la muerte por enfermedad del general Perón, las heridas y cicatrices que dejó ese período siguen abiertas en la Argentina de hoy. Videla se considera un preso político y, seguramente, lo es. Hay más de 1.000 militares encausados y condenados por aquellos hechos y de este colectivo se han registrado 153 muertes en prisión. Muchas voces dentro del ejército y fuera consideran que estos juicios han sido una afrenta a las Fuerzas Armadas, pues los terroristas, pero especialmente los Montoneros —ala izquierda del peronismo—, nunca fueron juzgados ni respondieron por sus crímenes. Se calcula que entre 1972 y 1976 hubo más de mil asesinados por el terrorismo, principalmente policías y militares, y miles de damnificados y heridos por los atentados terroristas. Pero, según el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), el número de víctimas a manos de las organizaciones terroristas se elevaría hasta las 13.074 entre los años 1969 a 1979, según listado que asegura poseer dicha institución.

Luego están las otras víctimas, las que murieron durante la dictadura, que según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires alcanzarían a las 3585 personas, de acuerdo a una lista de desaparecidos publicada por esa entidad para el periodo que va desde el año 1976 al 1983, en que el país estuvo gobernado por los militares. Por el contrario, y abundando en la disparidad de las cifras, la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada tras la caída de la dictadura, en 1983, estimó en 7380 el número total de desaparecidos, aunque por esas mismas fechas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación elevó esta cifra hasta los 8961 desaparecidos. Por el contrario, las Madres de la Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia consideran que entre 1976 y 1983 hubo un total de 30.000 desaparecidos, una cifra a todas luces demasiado alta y no sustentada en un listado fidedigno. Parece que la cifra más o menos objetiva, contando a desaparecidos y víctimas propiamente dichas, se situaría entre los 7.000 que efectuaron reclamaciones por sus familiares desaparecidos durante la era del presidente Carlos Menem y una lista más reciente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación que situaba el total en algo menos de 10.000 víctimas, incluyendo desaparecidos.

Luego están los «desaparecidos» que resucitan, como el caso de Carmen Argibay, actual miembro de la Corte Suprema de la República que en su día estaba en la nómina oficial de los supuestamente torturados y después arrojados al mar, es decir, «desaparecidos» oficiales. Pero resucitó inesperadamente, como seguramente otros lo harán en el futuro. En cualquier caso, esas muertes constatadas durante el periodo militar, pese al dolor de sus familiares y amigos, fueron el precio pagado por la sociedad argentina para conjurar la amenaza terrorista y poner fin a esa aventura guerrillera que bebía de los mitos de la Sierra Maestra y de las supuesta «hazañas» militares del comandante Guevara. No sé si fue un precio alto o bajo, la historia pondrá a ese periodo en su sitio y esa es la labor de los historiadores, no de los periodistas.

Termino estas reflexiones sobre Videla con unas palabras del ya citado periodista Giussani, al referirse a la lucha contra los Montoneros que libró la sociedad argentina, que creo son oportunas: «La promoción de la revolución cubana como modelo universal tuvo que sujetarse entonces a la necesidad de preservar su imagen contra todas estas impurezas —iconográficamente irreproducibles— de la vida real. Y en esta tarea de autopreservación mitológica, el modelo que se lanzó sobre el continente fue el de la violencia omnipotente, el de los “diez, cien, mil Vietnam”, el de una guerra mesiánica e imposible, en la que fueron asumidos como enemigos aquellos a quienes el casticismo de la Sierra había tenido a su lado como condescendientes aliados y proveedores de municiones(…). Millares, digo millares de jóvenes latinoamericanos fueron arrojados a la muerte durante los últimos veinte años al servicio de esta monumental distorsión, como un tributo pagado con sangre al narcisismo revolucionario de La Habana».

2. VIDELA HABLA TRAS AÑOS DE SILENCIO

Tras pasar los controles de la cárcel donde se encuentra detenido desde hace años, situada en la base militar del Campo de Mayo, me encuentro con Jorge Rafael Videla, antaño todopoderoso hombre fuerte de Argentina y presidente de esta nación durante cinco años (1976-1981). Ahora, nuevamente condenado por unos hechos por los que fue juzgado por segunda vez e indultado por el presidente Carlos Menem, en 1990, se considera víctima de una venganza política y responde, con firmeza y convencimiento, sobre lo sucedido en su país durante aquel periodo turbulento. Videla, considerado por algunos como un dictador, mientras que para otros tan solo fue el instrumento de los políticos de entonces para acabar con el terrorismo, describe con exactitud y profusión de datos su versión de aquellos años terribles de la historia argentina. A sus 86 años, después de haber sido el chivo expiatorio de la sociedad argentina en la derrota del terrorismo, se muestra lúcido, inteligente y muy político, a pesar de que él, paradójicamente, se declara «apolítico». Estamos en enero del año 2012, treinta y seis años después de que la historia de Argentina cambiara para siempre, y el general Videla responde a todas nuestras preguntas.

La crisis argentina de la década de los setenta

Ricardo Angoso: ¿Cómo estaba viviendo Argentina en el año 1976, qué estaba pasando en ese momento?

Jorge Rafael Videla: Mi impresión sobre ese período es fácil de definir. Ubiquémonos en el año 1973, para comenzar. Se cerró un ciclo militar, tras un gobierno de esas características, y llegó el doctor Héctor Cámpora, que era un hombre de poco carácter, manejable e incluso peligroso, en un momento en que el peronismo se estaba redifiniendo y también radicalizando. Cámpora representaba, siguiendo la moda del momento, una tendencia de izquierdas, progresista podemos decir dentro del movimiento, frente al conservadurismo. Sin ser una persona de izquierdas era más afín a esa tendencia, plegándose a los intereses y deseos de los más jóvenes dentro del peronismo. Cámpora se hace con el gobierno, tras haber ganado las elecciones, el 25 de mayo de 1973, y una de las primeras medidas que toma, sino la primera, es el decreto por el que se pone en libertad a todos los terroristas detenidos y condenados por un tribunal que había sido creado por el general Alejandro Danusse. Este tribunal era una Cámara Federal en lo Penal (Cafepena) creada específicamente para investigar y condenar actos de terrorismo cometidos en todo el ámbito nacional y era específica para dichos actos. Como consecuencia del trabajo llevado a cabo por las autoridades anteriores a Cámpora había más de un millar de terroristas detenidos por delitos probados. Cámpora firma el decreto de indulto por el cual se liberan a todos estos presos que provienen de los sectores jóvenes y radicales del peronismo; salen victoriosos de las cárceles y cuando salen, a la media noche, les esperan sus seguidores y compañeros. Comienza el caos y el terror se adueña, de nuevo, de las calles de Argentina.

Los jóvenes peronistas más radicales le llaman al presidente el «tío Cámpora», lo cual revela la afinidad entre este sector del movimiento con el presidente. Esta gente, desde luego, no salen arrepentidos ni con deseos de integrarse en el sistema democrático, sino directamente con la idea de continuar con la revolución y seguir por la vía violenta, incluso matando. Simultáneamente a estos hechos, el Congreso refrenda ese indulto y queda, digamos, legalizado de facto.

Ni que decir tiene que estos jóvenes estaban armados e iban a continuar por la vía violenta su objetivo de hacer la revolución. Amnistía y olvido quedaban así refrendados. Ese fue el comienzo de los hechos que vinieron después; Perón no estaba en el país y, cuando tuvo conocimiento de los hechos, parece que no le agradaron. Estos jóvenes no actuaban de acuerdo con los principios que tenía Perón, que pasaban más por un reencuentro, un acuerdo entre todos los argentinos para solucionar los problemas, y tampoco estaban en la línea de su pensamiento.

Este desacuerdo se confirma cuando llega Perón a Argentina y no puede aterrizar donde estaba previsto, debido a que se había desatado una batalla campal donde estaba programado aterrizar y porque los propios peronistas se habían enfrentado entre ellos por el liderazgo del movimiento; se habla de que hubo entre un centenar y dos centenares de muertos. La recepción a Perón degeneró en un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda del peronismo por monopolizar la figura del líder y controlarlo durante su llegada. Y el liderazgo, siguiendo sus patrones, tenía que dirimirse por la fuerza de las armas.

El avión de Perón tiene que aterrizar en un aeropuerto militar por razones de seguridad y le recibe el vicepresidente que estaba en Buenos Aires. Perón toma conciencia de que las cosas no le van a resultar tan fáciles como él pensaba y que está juventud maravillosa de antes le iba a traer problemas; tendría que tomar medidas para evitar que la situación se desbordase y ya toma posiciones, considerando que estos jóvenes no eran tan idealistas sino revolucionarios, claramente.

Tiempo después, consciente de la situación tan adversa que asume, provoca la renuncia de Cámpora y se hace un llamado a elecciones, en donde Perón sale elegido mayoritariamente con su esposa como vicepresidente. Perón, en esas elecciones, sale elegido con un alto porcentaje de votos, más del 62% del censo, y decide poner orden en un estado de cosas y en un movimiento que ya no compartía sus ideas.

Hay un episodio que lo conmueve a Perón, que es el atentado contra el dirigente gremial José Ignacio Rucci, que es asesinado y ahí, el presidente dice: «Me cortaron las piernas». Fue un acto doloroso y mostraba que Perón no dominaba todavía la situación, mostrando a las claras que el oponente ya no tenía miramientos y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Perón, entonces, en una reunión secreta con los dirigentes peronistas, en Los Olivos, da a entender a través de una directiva que se acabaron los miramientos hacia estos actos y que había acabar de una vez, incluso por la violencia, respondiendo a este tipo de acciones violentas y terroristas. Esta decisión dio lugar a que se produjeran una serie de acciones encubiertas. Y lamentablemente la mano ejecutora de este grupo que operaba bajo las órdenes y el consentimiento de Perón era el ministro de Bienestar Social, José López Rega, que organiza la Triple A, las famosas tres A —Alianza Anticomunista Argentina—, un hombre de confianza del presidente que se dedica a ejecutar las órdenes que le da el viejo general y que no siempre se atienen a la legalidad. De esta manera, se van dando los primeros pasos y pone orden en el país, pero, sin embargo, el líder ya no es el de antes y tiene la salud muy desgastada. Hasta el último aliento da todos sus esfuerzos por normalizar y por trabajar en su proyecto, que desde luego no era el de los jóvenes «idealistas», sino el de normalizar el país de una vez por todas tras los excesos cometidos.

María Estela Martínez de Perón, Presidenta de Argentina

Perón muere y le sucede automáticamente su mujer, María Estela Martínez de Perón, tal como se preveía legalmente. La mujer de Perón, desde luego, no estaba preparada para ser presidente y mucho menos en las circunstancias en las que estaba viviendo el país.

Para afrontar la situación que vivíamos, se necesitaba carácter, conocimiento, capacidad para tomar decisiones y prestigio, rasgos de los que carecía totalmente esta señora. El gobierno de María Estela va perdiendo fuerza. Era una buena alumna de Perón, eso sí, ya que desde el punto de vista ideológico se situaba en la extrema derecha del peronismo y el marxismo le provoca un rechazo total.

En un almuerzo con varios generales, una treintena si mal no recuerdo, llegó a ser muy dura con el marxismo, en ese sentido no quedaban dudas de que la dirección ideológica estaba encaminada, pero le faltaban fuerzas y conocimientos para llevar a cabo el combate, la lucha, y poner orden. Incluso para poner coto a las actividades de López Rega, que mataba por razones ideológicas pero que también lo hacía por otras razones para cobrarse algunas cuentas pendientes.

La situación, como ya he dicho antes, era muy difícil, reinaba un gran desorden. A Isabel se le hizo saber este estado de cosas y destituye finalmente a López Rega, que lo envía de embajador itinerante al exterior. Así se cumplía el deseo de muchos, entre los que me encontraba, que no queríamos que este hombre siguiera al frente de sus responsabilidades.

La acción del terrorismo sigue por su cuenta. Aquel calificativo de que eran "jóvenes idealistas" por pensar distinto hasta el extremo de masacrarlos quedo en evidencia, era una vulgar patraña. Esta gente estaba entrenada en el exterior, principalmente en Cuba, Siria, Libia y otros países, y luego dentro del país con instructores foráneos; además tenían armamentos y equipos de alto nivel ofensivo, incluso de tecnologías avanzadas. Todo ello reforzado con fábricas de armas y explosivos que llegaron a operar y tener dentro del territorio argentino. Tenían capacidad para matar y hacer daño a la sociedad argentina.

Como remate a toda esta estructura, estaba la crueldad que les distinguía, no eran ángeles sino terroristas. Incluso la revista Time, en un artículo de la época, establecía que si comparábamos a terroristas argentinos, alemanes e italianos, en términos de crueldad, los europeos eran infinitamente más humanos que los de nuestro país. Huelgan más comentarios. Con esos "jóvenes idealistas" y sus crueles métodos nos teníamos que enfrentar entonces.

Así llegamos a finales de agosto de 1975, en que soy nombrado Comandante en Jefe del ejército argentino, y en los primeros días del mes de octubre, a principios, somos invitados los comandantes de los tres ejércitos a una reunión de gobierno presidida por Italo Luder, que ejercía como presidente por enfermedad de María Estela, en las que se nos pide nuestra opinión y qué hacer frente a la desmesura que había tomado el curso del país frente a estas acciones terroristas.

Vivíamos unos tiempos turbulentos y había que dar una respuesta. Muestra de la debilidad del momento era la enfermedad de la presidenta, que ni siquiera podía ejercer su mandato en esa difícil situación. Y con el acuerdo de las otras dos fuerzas militares, la armada y la aérea, yo expuse algunos lineamientos para hacer frente a la amenaza terrorista que padecíamos.

De acuerdo con el gobierno de entonces se realzaban algunas medidas acordadas entre las partes para hacer frente al terrorismo y que un periodo de año y medio estaba amenaza fuera conjurada de una forma eficiente. Italo Luder llegó a firmar los decretos para que las Fuerzas Armadas del país pudieran actuar efectivamente en la lucha contra los "subversivos" y el terrorismo. También se decidió que las fuerzas de seguridad del Estado, conjuramente con las Fuerzas Armadas, se coordinasen en estas acciones antiterroristas. Se había logrado un acuerdo entre el poder político y los militares para luchar conjuntamente contra el terrorismo.

Con acuerdo de las otras dos fuerzas, yo hube de exponer cuatro cursos de acción, que no viene al caso detallar ahora, que culminó con la selección de parte del doctor Luder del cuarto curso de acción, que era el más riesgoso, en cuanto que confería más libertad de acción, pero que garantizaba en no más de un año y medio que el terrorismo sería derrotado. Los cursos de acción del 1 al 3 eran más contemplativos, pautados con el fin de evitar errores, pero —de ser seguidos— irían a dilatar sin término el caos en el que se vivía.

El acuerdo se firmaba, bajo estos decretos, para combatir el terrorismo en todas sus formas y hasta el aniquilamiento definitivo; por otras razones, más tarde, cuando fuimos juzgados, se le preguntó a Luder por el término aniquilar e hizo un excelente exposición en términos semánticos sobre la cuestión, que se resume en reducir a la nada; no tiene otra interpretación. A partir de ese momento, de hecho y de derecho, el país entra en una guerra, pues no salimos como Fuerzas Armadas a cazar pajaritos, sino a combatir al terrorismo y a los subversivos. Estamos preparados, como militares, para matar o morir, estábamos en una guerra ante un enemigo implacable, aunque no mediara una agresión formal, estábamos en una lucha.

Así, a principios de octubre de ese año, entramos en una guerra de una forma clara. Desde el punto de vista del planeamiento no fue sorpresa porque el ejército ya jugaba con hipótesis de conflicto, una de las cuales era un desborde sorpresivo terrorista que sobrepasara a las fuerzas de seguridad y que se tuvieran que emplear a las Fuerzas Armadas para detener la amenaza. Teníamos esa contingencia prevista y, ante tal eventualidad, lo único que teníamos que hacer era salir a luchar con los planes previstos.

La lucha contra el terrorismo

Llegamos así, ya en plena lucha contra el terrorismo, al mes de marzo de 1976, en donde padecemos una situación alarmante desde el punto de vista social, político y económico. Yo diría que en ineficacia la presidenta había llegado al límite. Sumando a esto la ineficiencia general se había llegado a un claro vacío de poder, una auténtica parálisis institucional, estábamos en un claro riesgo de entrar en una anarquía inmediata.

El máximo líder del radicalismo, Ricardo Balbín, que era un hombre de bien, 42 días antes del pronunciamiento militar del 24 de marzo, se me acercó a mí para preguntarme si estábamos dispuestos a dar el golpe, ya que consideraba que la situación no daba para más y el momento era de un deterioro total en todos los ámbitos de la vida. "¿Van a dar el golpe o no?", me preguntaba Balbín, lo cual para un jefe del ejército resultaba toda una invitación a llevar a cabo la acción que suponía un quiebre en el orden institucional.

Se trataba de una reunión privada y donde se podía dar tal licencia; una vez utilice este argumento en un juicio y me valió la dura crítica de algunos por haber incluido a Balbín como golpista. Los radicales apoyaron el golpe, estaban con nosotros, como casi todo el país. Luego algunos dirigentes radicales, como Alfonsín, lo han negado.

El hecho efectivo es que el 24 de marzo se produce el levantamiento militar. Y conforme a los estatutos fijados para reorganizar el Estado, el nuevo orden conducción jefatura iba a ser la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, de la cual dependía el presidente con las facultades propias que le otorgaba la Constitución y con algunas limitaciones, entre otras que el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas que yo retenía otorgaba autonomía a cada uno de los componentes del ejército en su zona operacional. Los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas se integraban en el cuerpo institucional, comenzaba una nueva era.

La sociedad civil ante la intervención militar

R.A.: ¿Cómo reaccionó la sociedad civil ante la intervención militar del 24 de marzo de 1976 y después de la misma?

J.R.V.: Padecíamos vacío de poder, parálisis institucional y riesgo de una anarquía, y frente a este estado de cosas el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas.

Había un sentir general, que representaba Ricardo Balbín y otros dirigentes, en favor del cambio, de la intervención. La gente nos demandaba que interviniéramos e incluso Balbín llegó a decir en esos momentos que tenía las manos vacías de soluciones, que la clase política no podía hacer más.

R.A.: ¿Sin esa intervención militar qué habría pasado en el país?

J.R.V.: En general, el consenso era que había que hacerlo, quizá porque en Argentina de una forma natural siempre se ha creído que las soluciones políticas cuando los gobiernos fracasaban se arreglaban con golpes de Estado. Y esta ocasión, además, se veía la intervención de una forma justificada ante los extremos a los que habíamos llegado. Hacía falta una medida de fuerza y la gente compartía esa visión. Si nosotros no lo hacíamos, el vacío de poder iba a ser aprovechado por la subversión para llegar al poder y ocupar todo el espacio dejado por otros. Así de sencillo. O tomábamos el poder o la subversión se hacía por la vía de las armas con las instituciones. Teníamos planes, métodos para el combate al terrorismo, podíamos hacerles frente y así lo hicimos. Pero, además, el gobierno que teníamos, que actuaba de una forma pusilánime y anarquizante, no estaba en condiciones de hacer frente a la amenaza que vivíamos en esos momentos, en que cada día el deterioro era mayor.

R.A.: ¿Había unidad en las Fuerzas Armadas con respecto a esta acción?

J.R.V.: Había unidad total, sin ningún género de dudas. Así como la hubo en lo que fue la lucha contra la subversión, también la hubo en lo que fue la necesidad de llevar a cabo la intervención militar para poner orden en el país. Después hubo divisiones, por otras razones, porque la política obra siempre con matices, hubo algunas diferencias, pero en ese momento hubo total unanimidad en lo que respecta a llevar a cabo la intervención militar.

R.A.: ¿Qué relación mantuvieron con los partidos políticos argentinos de entonces?

J.R.V.: El Proceso de Reorganización Nacional mantuvo la existencia de todos los partidos —inclusive el comunista— pero suspendió la política partidaria. Esta situación se daba por primera vez en la Argentina donde, por norma, los gobiernos de facto disolvían a los partidos políticos, al momento de hacerse cargo del poder. Incluso se permitió que los integrantes de los distintos partidos políticos desempeñaran cargos de embajadores, gobernadores, intendentes, integrantes del poder judicial, etc. El partido peronista no gozó de esa ventaja, dado el desprestigio que habían acumulado sus dirigentes en el ejercicio del gobierno que resultó depuesto (el de María Estela Martínez de Perón). No obstante, muchos de sus integrantes colaboraron lealmente con nuestro gobierno, en relación con la guerra interna librada contra el terrorismo.

El Proceso de Reorganización Nacional

R.A.: ¿Cómo podría definir lo que se denominó entonces como el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1982)?

J.R.V.: El 24 de marzo se produce el pronunciamiento militar, que no fue una sorpresa para la mayoría de los argentinos porque era evidente que tarde o temprano se iba a producir y ocurrir. Estaba previsto en el guión y todos los sectores políticos y sociales habían sido consultados para confluir en ese resultado esperado.

Nosotros éramos conscientes de la situación que se vivía, no podíamos dejar que el país siguiera inmerso en esa crisis y teníamos que actuar. Nuestra intención era ayudar a enderezar el rumbo y teníamos previsto que es lo que había que hacer con urgencia. Salimos a hacer lo que creíamos que había que hacer y estaba en nuestros planes.

El Proceso de Reorganización Nacional preveía que Junta era el máximo órgano del Estado y que debajo de esta entidad política estaba un presidente con las mismas funciones que le daba la Constitución, salvo algunas como los poderes que le daba a cada comandante de la Junta en el manejo de sus fuerzas. Luego, por acuerdo dentro de la Junta, se me nombró presidente de la misma reteniendo la jefatura del ejército. Vivíamos en una situación de excepción que implicaba medidas excepcionales, valga la redundancia. Después, cuando llegamos al año 1978, en que la situación ha mejorado notablemente en términos de seguridad pública, yo abandonó ese esquema y dejó uno de los dos cargos; pasó a retiro de jefe del ejército y asumo la presidencia con las limitaciones que le he explicado antes.

La comunidad internacional y las relaciones con los Estados Unidos

R.A.: ¿Cuál fue la reacción de la comunidad internacional en esos momentos?

J.R.V.: Favorable, totalmente favorable. Así como después la comunidad internacional mostró desconocer la realidad argentina y hacer una asociación errónea de los hechos, especialmente lo que fue la comunidad de países europeos, que veía en la dictadura argentina, o en su forma de autoritarismo, una suerte de conexión con que fue el fascismo y el nazismo.

Nos querían medir con esa vara y nosotros no teníamos nada que ver con todo eso, por supuesto. Nos costó mucho tener que mejorar esa imagen errónea que tenían de nosotros y dedicar mucho trabajo a ese esfuerzo.

R.A: ¿Cómo fueron las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos?

J.R.V.: No fueron «relaciones carnales» como las calificó un ex canciller. Fueron relaciones maduras como corresponde a países soberanos.

Ello no quita que hubiera problemas e incomprensiones, dentro de las cuales puedo citar como dato puntual el embargo cerealero decretado por los Estados Unidos contra la URSS, con motivo de la invasión soviética a Afganistán, al cual la Argentina se negó a adherir por resultar no consultada; por afectar a nuestro país de forma unilateral (por razones climáticas, todos los países cerealeros del hemisferio norte habían vendido sus cereales o estaban impedidos de hacerlo por tener sus puertos congelados).

Por su parte, los Estados Unidos se abstenían de vender grano a la URSS, pero seguía vendiéndoles bienes de otra índole, cosa que no podía hacer la Argentina. Nuestro país, desconociendo la imposición que se intentaba ejercer sobre nosotros, se limitó a cumplir con sus compromisos previos adquiridos con la URSS, sin vender ni un grano más ni uno menos de lo pactado.

El otro problema, con mayor persistencia en el tiempo, fue el de los derechos humanos, cuya bandera hacia como propia el presidente Jimmy Carter, asunto que tratamos en una reunión mantenida entre ambos con oportunidad de la firma de los acuerdos por el Canal de Panamá a fines del año 1977.

En dicha ocasión tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Carter. Allí se trataron, entre otros asuntos, el tema de los derechos humanos, y se hizo con toda la crudeza por ambas partes, sentando las bases de comprensión necesarias para que los Estados Unidos disminuyeran sus presiones sobre nuestro país.Vale la pena recordar que para fines de 1977 la guerra interna librada contra el terrorismo iba llegando a su fin y sus consecuencias fueron dejando de ser materia de críticas.

R.A.:¿Qué logró, en definitiva, el Proceso de Reorganización Nacional?

J.R.V.:Estábamos en el año 1978 y el Proceso había cumplido plenamente con sus objetivos, entre los que destacaba el fundamental, que era poner orden frente a la anarquía y el caos que amenazaba y enfrentaba el país el 24 de marzo de 1976. Y porque digo que había cumplido con sus objetivos, simplemente porque no había ni asomo ya de la amenaza terrorista y mucho menos de la delincuencia común. Eramos uno de los países más seguros del mundo, caminábamos en la mejor de las direcciones.En lo económico, también se había mejorado, aunque teníamos riesgos inflacionarios que no voy a ocultar ni minimizar. Pero sí se había logrado la confianza del exterior, sobre todo a través de créditos para la Argentina para remozar el aparato productivo del país que estaba seriamente desatendido.

Había, además, una gran paz social y se aceptó, mediante un acuerdo con los gremios, que los salarios estuvieran sujetos a la productividad y no a otros elementos; el que más trabaja más ganaba, simplemente. Teníamos un desempleo peligroso, podemos decir, pero no alto, del 2,5%.

Digo peligroso porque no permitía flexibilidad en el mercado de trabajo. Y la clase política no daba muestras ni ansiedad de que el periodo se agotase y se iniciase una nueva etapa política; nos seguían con atención y desconocían cómo había sido la guerra, que parecía haber ocurrido en una nebulosa.

Los políticos no querían meterse mucho en estos asuntos y los dejaban para aquellos que manejaban la seguridad del país, responsabilidad que recaía en nosotros en aquellos momentos.

El Mundial de Fútbol de 1978

R.A.: Así llegamos al Mundial de Fútbol de 1978, ¿cómo lo vivió?

J.R.V.: Tuvimos la suerte de organizar este evento en un momento en que la amenaza terrorista había sido doblegada. Además, para congratularnos más, Argentina ganó ese campeonato mundial y al margen de que habíamos ganado, el país mostró su capacidad de organización en un corto tiempo. Mostramos al mundo que podíamos y sabíamos organizar una actividad internacional de estas características; fue un gran avance y en apenas unos meses, pues antes no se habían comenzado los trabajos, desarrollamos todas las capacidades para este Mundial. Los anteriores gobiernos que nos antecedieron no habían hecho nada y recayó en nosotros la responsabilidad de poner en marcha aquellos trabajos que se desarrollaron satisfactoriamente. Es decir, se sabía del mundial desde hacia cuatro años y en los dos años en que estuvieron los peronistas no se hizo nada para el desarrollo de la actividad; el trabajo lo hicimos nosotros en solo dos años en los que trabajamos mucho en infraestructuras e instalaciones. Incluso desarrollamos la televisión en color, que hasta en ese momento no la teníamos en Argentina.

Pudimos exhibir al exterior nuestra capacidad de organización y trabajo junto con un país en paz frente a las maledicencias de algunos sectores interesados. Le Monde llegó a reproducir un reportaje de un periodista que se imaginaba que unos disparos que sonaban en los alrededores del estadio, procedentes del Tiro Federal Argentino cercano, eran las balas dirigidas a un pelotón de personas fusiladas. El estadio estaba a dos cuadras del polígono de tiro y el periodista, obviamente, quería denigrarnos al precio que fuera. Se nos atacaba injustamente, estábamos en una guerra por explicar qué es lo que pasaba en el país frente datos y noticias calumniosas, claramente. Eran informaciones aberrantes, tendenciosas, tendentes a denigrar a Argentina como fuera.

R.A.: ¿La Iglesia católica qué actitud tomó en aquellos momentos?

J.R.V.: La Iglesia cumplió con su deber, fue prudente, de tal suerte que dijo lo que le correspondía decir sin que nos creara a nosotros problemas inesperados. En más de una oportunidad se hicieron públicos documentos episcopales en donde, a juicio de la Iglesia, se condenaban algunos excesos que se podían estar cometiendo en la guerra contra la subversión, advirtiendo de que se corrigieran y se pusiera fin a esos supuestos hechos.

Se puso en evidencia de que se debía concluir con esos excesos y punto, pero sin romper relaciones y sin exhibir un carácter violento, sino todo lo contrario. No rompió relaciones, sino que nos emplazó a concluir con esos hechos.

Expresó lo que consideraba que no se estaba haciendo bien, porque podía corresponder a su terreno, pero no fue a más. Mi relación con la Iglesia fue excelente, mantuvimos una relación muy cordial, sincera y abierta. No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Primatesta, a quien yo había conocido tiempo atrás en Córdoba, tenía fama de progresista, o sea proclive a la izquierda de entonces, pero cuando ocupó su cargo y yo era presidente del país teníamos una relación impecable. Y debe reconocer que llegamos a ser amigos y en el problema del conflicto, de la guerra, también tuvimos grandes coincidencias.

La Iglesia argentina en general, y por suerte, no se dejó llevar por esa tendencia izquierdista y tercermundista, politizada claramente a favor de un bando, de otras iglesias del continente, que sí cayeron en ese juego. No faltó que algún miembro de esa Iglesia argentina entrara en ese juego pero eran una minoría no representativa con respecto al resto.

R.A.: ¿Y con los empresarios cómo fue esa relación?

J.R.V.: Los empresarios también colaboraron y cooperaron con nosotros. Incluso nuestro ministro de Economía de entonces, Alfredo Martínez de la Hoz, era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto. Hubo algún roce, claro, como suele suceder, porque cada uno defiende sus intereses siempre. Pero, en general, fue una buena relación.

R.A.: Entonces, y volviendo a sus objetivos iniciales, ¿el Proceso había cumplido sus objetivos y por qué no abandonaron el poder?

J.R.V.: El Proceso había cumplido sus objetivos a mediados del año 1978, este es un punto crucial que quiero destacar. La pregunta era:¿Si el Proceso había cumplido sus objetivos porque no darlo por terminado? No había otra razón de ser, las cosas ya se habían hecho. O había que darle otro sentido. Y si así era, el Proceso iba a languidecer porque no tenía otra razón de ser en aquellos momentos. Nunca se planteó oficialmente esta cuestión que era crucial y fundamental. Había un sector perfeccionista de las Fuerzas Armadas que decía que ahora las cosas están bien y vamos a embarcarnos en otros problemas, a seguir trabajando hasta que las cosas sean perfectas, pero no era así, creo yo, porque los hombres no llegan nunca a la perfección absoluta. Los hombres no son perfectos, solo Dios lo es. Era tan sólo una forma de justificar el quedarse en el poder por quedarse. Y había un sector que decía que a este Proceso que habíamos comenzado había que darle otra razón de ser.

R.A.: ¿Hablamos, entonces, de que las Fuerzas Armadas estaban divididas en ese momento?

J.R.V.: Este asunto sobre la naturaleza del Proceso no fue tratado oficialmente, pero el debate estaba ahí, subyacía esa división acerca de que dirección se quería tomar y había sus matices sobre cómo afrontar el futuro. Había que dar otra naturaleza, otro contenido al Proceso, pero también estaba la posibilidad de abandonarlo de una forma definitiva. Luego estaba el conflicto con Chile por las islas del Canal de Beagle y tenga en cuenta que estuvimos a punto, en diciembre de 1978, de llegar a una guerra. También quedaba el camino de una salida política ordenada de un Proceso que se había mostrado exitoso en el desempeño de sus funciones; en ese momento se podía negociar desde una posición óptima. Yo mantenía que el Proceso, en esos momentos, tenía que ser capaz de dejar su descendencia, es decir, hacer política de una forma que las Fuerzas Armadas transcendieran más allá del periodo histórico que ya habíamos superado.

¿Cómo? Dejando la herencia de un Proceso exitoso a los políticos que eran nuestros aliados y amigos, ese era el camino de entonces que yo defendí. Pero hay hubo otros problemas, ya que la política se hace con ideas y con hombres; las ideas eran las del Proceso, que llevamos adelante, y luego estaban los hombres, que tienen nombre y apellidos. Si en aquellos momentos se hubieran antepuesto los nombres y apellidos de algunos que estaban participando en el proceso, se hubiera roto la cohesión de las Fuerzas Armadas y este era un valor que no podíamos poner en juego y arriesgar. No podíamos darnos el lujo de romper la cohesión de las Fuerzas Armadas, estaban todavía en juego muchas cosas. Lamentablemente, en ese dejar pasar el tiempo el Proceso en sí languideció y llegó muy desgastado, sin presión externa, hasta fines del año 1979, en que la Junta hizo públicas las Bases políticas del Proceso y las sometía a la opinión de toda la comunidad argentina a cuyo frente se situaría el ministro del Interior de entonces para escuchar a todas las voces cualificadas de la sociedad argentina para consultarlos sobre esas bases o modificarlas. O, en su defecto, después de escuchar a todas las partes, enriquecerlas con nuevos aportes. Se trataba de establecer un diálogo productivo entre las autoridades y la sociedad argentina sobre estas Bases Políticas, pero había dos preguntas ineludibles: 1) ¿Si era conveniente la revisión del acuerdo en la guerra que habíamos librado contra la subversión?; y 2) ¿si estuvo justificado el levantamiento militar del 24 de marzo de 1976? La respuesta a la primera llegó al 70% y A la segunda, al 80% del acuerdo nacional, respectivamente.

R.A.: ¿Cuál fue su papel en el gobierno militar de entonces y cómo evalúa su gestión al frente de sus responsabilidades?

J.R.V.: El éxito de mi gestión se debe a que la misma se ajustó a las normas reglamentarias en vigor. En efecto, el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional preveía la existencia de un órgano supremo del Estado: la Junta Militar, integrada por los comandantes de las tres fuerzas armadas que constituían el ejército argentino.

Por debajo de ese órgano supremo, estaba dispuesta la figura del Presidente de la Nación (oficial superior del ejército en situación de retiro), con las atribuciones y competencias propias que la Constitución de la Nación determinaba para dicho cargo, pero con algunas limitaciones; por ejemplo, el comandante supremo de las Fuerzas

Armadas que la Carta Magna otorgaba al Presidente del país, la Junta Militar se la reservaba para ello. Dada la situación de guerra interna que vivía el país, la Junta resolvió, por unanimidad, y con carácter de excepción, que el cargo de la presidencia fuera desempeñado por mí, con retención de mi cargo de Comandante General del Ejército. A mediados de 1978, con la subversión dominada, aquella excepcionalidad había quedado superada y la Junta resolvió, por unanimidad, nombrarme Presidente de la Nación, coincidentemente con mi pase a situación de retiro, lo que se denominó como el «cuarto hombre». Asimismo, se fijó como término de mi mandato el 29 de marzo de 1981, cumplido el cual entregué el cargo a mi sucesor designado, el general Roberto Viola, que había pasado recientemente a situación de retiro. Recuerdo que yo asumí como Presidente, con retención del cargo de Comandante, el 29 de marzo de 1976.

R.A.:¿Quiénes fueron los más críticos con su gobierno en la escena internacional?

J.R.V.: Las socialdemocracias europeas, por razones ideológicas, alentadas a su vez por los «exiliados argentinos» radicados en Europa y los Estados Unidos cuyo presidente enarbolaba la bandera de los «derechos humanos» para su campaña presidencial apuntando fundamentalmente a la URSS y a sus satélites, pero no se podía soslayar y separar de la realidad que en tal sentido se vivía en el subcontinente americano con motivo de la guerra contra el terrorismo que afectaba a toda la región.

Las víctimas del conflicto: disparidad de cifras

R.A.: Hay una gran disparidad en las víctimas que se ofrecen desde la izquierda, desde las Madres de Mayo, y desde otros colectivos, ¿cuántas víctimas o desaparecidos hubo en Argentina entre 1976 y 1982?

J.R.V.: Hay una gran disparidad en las cifras que se ofrecen, como usted dice, lo cual le resta credibilidad a lo que se presenta o se intenta hacernos creer. No se puede pasar de un extremo a otro, es decir, de 32.000 que presentan algunos a a 7.000 cifrado por otras comisiones. Creo que este asunto tiene mucho que ver con las compensaciones o el resarcimiento económico que se le dio a las víctimas, o a los supuestos desaparecidos, y en este caso sólo se presentaron 7.000 personas para reclamar lo que les correspondía. Y esa indemnización era de 240.00 dólares por cada caso probado, una cifra nada despreciable, desde luego. Esa es la cifra real porque estamos hablando de la época del presidente Menem y la gente no tenía miedo ya de presentarse abiertamente para hacer sus reclamos. Los militares habíamos desaparecido ya de la escena política. Esa es la realidad, 7.000, frente a los 30.000 que reclaman las Madres de Mayo. ¿Cómo es posible que 23.000 personas renunciaran a esa ayuda?

Este dato demuestra que asistimos a una clara manipulación en el asunto de los desaparecidos, se trataba de alterar las cifras con un sentido político o con el interés de conseguir fraudulentamente una indemnización del Estado argentino. Fue un error de nuestra parte aceptar y mantener en el tiempo el término de desaparecido digamos como algo así nebuloso; en toda guerra hay muertos, heridos, lisiados y desaparecidos, es decir, gente que no se sabe donde está. Esto es así en toda guerra. En cualquier circunstancia del combate, abierto o cerrado, se producen víctimas.

A nosotros nos resultó cómodo entonces aceptar el término de desaparecido, encubridor de otras realidades, pero fue un error que todavía estamos pagando y padeciendo muchos. Es un problema que nos pesa y no podemos quitárnoslo de encima. Ahora ya es tarde para cambiar esa realidad.

El tema es que el desaparecido no sabe donde está, no tenemos respuesta a esta cuestión. Sin embargo, ya sabemos quienes murieron y en qué circunstancias. También más o menos cuántos murieron, luego cada cual que invente sus cifras.

R.A.: ¿Por qué ustedes no le dieron un reconocimiento a las víctimas del terrorismo en Argentina, cuando es un asunto importante y todavía no resuelto en su país?

J.R.V.: Tiene usted razón, tenía que haberse abordado este asunto. El término víctima del terrorismo no fue tenido en cuenta, se veían muertos y víctimas por atentados, pero los consideramos víctimas como tales de estas acciones subversivas. Hubo también secuestros y asesinados, pero nunca se les vio como víctimas del terrorismo. En este momento, y visto con esta perspectiva, es algo que no se hizo. Se reivindicó a los combatientes, también se trabajó en la reivindicación de los presos políticos, que somos nosotros, y ahora se trabaja en esta última reivindicación, en la de las víctimas del terrorismo. Al margen de los combatientes y muertos, y de los presos políticos que estamos pagando un servicio a la patria, faltaban las víctimas del terrorismo y hay ya gente que está trabajando en este asunto, en la búsqueda de esa reivindicación, aunque si bien es cierto que todavía no se ha tenido éxito en lograr ese justo y merecido reconocimiento a ese colectivo por el que usted pregunta. Es un trabajo en él que se lleva trabajando desde hace años, pero este gobierno se niega a reconocer sistemáticamente que existieran víctimas del otro lado, ya que sí lo hiciera tendría que juzgar a los terroristas que produjeron aquellos hechos y actos que provocaron la existencia de víctimas. Fíjese que hasta en el gobierno de Menem había paridad y cierto respeto a las fuerzas de las dos partes que lucharon o se enfrentaron en aquellos años, incluso emite varios decretos que tienen una dirección simétrica hacia las dos partes. Reconoce con exactos argumentos a las dos partes.

Pero el gobierno actual se ha caracterizado por la asimetría y nos ha considerado solo a nosotros como la parte beligerante, como el Demonio que tiene que ser condenado y encarcelado. El otro Demonio, los terroristas o los guerrilleros, no existen, eran simplemente «jóvenes idealistas». Y los esfuerzos que se han hecho en presentar casos de víctimas con nombres y apellidos siguen abiertos esperando el sueño de los justos; la justicia, en un caso, llegó hasta la segunda instancia, pero ahí se extinguió la acción y la lucha sigue. El gobierno sólo reconoce a las víctimas de una de las partes, pero les niega todos los derechos a la otra.

R.A.: ¿Cómo recibieron, en 1980, la noticia de que Pérez Esquivel había sido galardonado con el Nobel de la Paz, fue una sorpresa para ustedes?

J.R.V.: Diría que fue una inesperada sorpresa e ilustro esta afirmación con una anécdota. Presidía yo ese día la reunión de gabinete de los viernes, con asistencia de todos los ministros, el Secretario General de la Presidencia, el Secretario de Inteligencia de Estado y el jefe de la Casa Militar. En su momento, interrumpió un edecán y se acercó a mí para decirme al oído que acababa de escuchar por radio de la designación del señor Adolfo Pérez Esquivel como destinatario del Premio Nobel de la Paz. Interrumpí la reunión, di la noticia a los asistentes y quedé a la expectativa. Todos se miraban entre si sin aventurar comentarios. Preguntados: ¿Quiénes conocen a este señor? La respuesta fue unánimemente negativa. Ordené entonces al ministro del Interior que abandonara la reunión y buscara información. Momentos después el ministro se hizo presente e informó que el señor Perez Esquivel era un arquitecto que no ejercía su profesión, que era un activista de los derechos humanos pero sin un papel protagonista ni de liderazgo, y ese perfil bajo se mantuvo durante todo mi periodo de gobierno al frente del país. Nadie le conocía, era un perfecto desconocido.

R.A.: Hay un tema importante:¿Es cierto que se intentó recrear la Cámara Federal en lo penal y que no se encontraron jueces voluntarios?

J.R.V.: Fue real, fue tal como dice. La comunidad judicial de entonces estaba amedrentada. A partir de la amnistía de Cámpora, que terminó con todos los condenados por actos violentos en la calle, los jueces, por el contrario, fueron asesinados, cesanteados y tiroteados. Esa era la realidad de entonces, de antes de que llegáramos al gobierno. Este asunto no se llegó a tratar oficialmente, pero quiero señalarle que tampoco se encontraban los jueces que quisieran trabajar en el desarrollo del proyecto. No se pudo hacer, simplemente.

Aunque quiero decirle algo, los decretos de Luder nos dieron todo el poder y competencias para desarrollar nuestro trabajo e incluso excedían lo que habíamos pedido; Luder, prácticamente, nos había dado una licencia para matar, y se lo digo claramente. La realidad es que los decretos de octubre de 1975 nos dan esa licencia para matar que ya he dicho y casi no hubiera sido necesario dar el golpe de Estado. El golpe de Estado viene dado por otras razones que ya explique antes, como el desgobierno y la anarquía a que habíamos llegado. Podía desaparecer la nación argentina, estábamos en un peligro real. No es que los militares nos levantáramos un día de la cama y nos hubiéramos dicho: ¡vamos a ir de cacería o a matar «jóvenes idealistas»! Nada de eso, había otras razones de otra índole. Pero realmente Luder nos había dado para la guerra todas las formas y medios que necesitábamos, en nosotros estaba el ser prudentes o no, queriendo reconocer que en algunos casos hubo excesos.

R.A.: ¿Por qué la Junta no dio instrucciones más precisas, incluso por escrito, de lo que estaba haciendo y de las órdenes que impartía?

J.R.V.: Creo que órdenes existieron y fueron precisas, no puedo entrar en detalle ahora en todas ellas. Las órdenes estaban y los que las impartieron, que fueron asumidas por cada uno de los miembros de la cadena de la mando que las dieron. Creo, sinceramente, que fue así.

El primer juicio a las Juntas

R.A.:¿Usted cree que fue necesario que el presidente Raúl Alfonsín juzgara a las Juntas Militares en su momento?

J.R.V.: Alfonsín era un político claramente comprometido, no olvidemos que había sido abogado del grupo terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Luego estaba comprometido con la socialdemocracia europea, que fue la que le ayudó para llegar a la presidencia, tenía que tomar una medida punitiva para juzgar unos supuestos excesos que se habían cometido ante la sociedad y ante algunas críticas que se habían producido; entonces, para calmar esas críticas, toma esa medida. Pero creo que lo hizo con un poco de decoro y puntualizó que solo debían ser sancionados, detenidos, juzgados y condenados aquellos que hubieran cometido hechos aberrantes. No debían ser sancionados aquellos que se limitaron a cumplir las órdenes, en principio de lo que se llama la obediencia debida, dando lugar, más tarde, a la Ley de Obediencia Debida, que legislaba dicho concepto. Quien cumplía una orden sin rechistar ni preguntar no podía ser sancionado y la responsabilidad final debía de caer sobre el superior que daba la orden.

En definitiva, el planteamiento de Alfonsín era prudente y también consideraba la posibilidad de que fueran juzgados quienes se excedían en el cumplimiento de una orden e iban más allá. Acepto que este enfoque puede ser correcto. Alfonsín, además, cuando estalla el movimiento de los «carapintadas» (una asonada militar que tiene lugar en el año 1987), se da cuenta que las cosas pueden desbordarse y que los juicios no cesan nunca. Así establece la Ley de Punto Final, por la cual los jueces tienen un plazo de treinta días para procesar aquellos militares que consideren que tienen delitos pendientes. Entonces, hubo una carrera de muchos jueces por procesar en ese plazo a quienes consideraban culpables de algunos delitos y aquello se convirtió, todo hay que decirlo, en una caza de brujas, generando una gran inquietud en la sociedad y ello provoca que Alfonsín promulgue la Ley de Obediencia Debida. Se trataba de que las responsabilidades no se extendieran a todo el ejército y que sólo hubiera procesos para aquellos que tuvieron alguna importancia o jerarquía en la cadena de mando. Pese a todo, el juicio a las Juntas creo que fue un error y concluyo ya: nunca debió realizarse. Menem luego desenredó ese error, en cierta medida, y nuestro momento peor, hablo para los militares, es con la llegada de los Kirchner al gobierno. Ha habido una asimetría total en el tratamiento a las dos partes enfrentadas en el conflicto. Fuimos señalados como los responsables, ni más ni menos, de unos acontecimientos que no desencadenamos.

R.A.: ¿Cómo juzga al almirante Massera, tuvo diferencias con él?

J.R.V.: Hubo diferencias, claro, él era esencialmente un hombre político, algo que yo no era. Era un hombre muy político, quizá se equivocó eligiendo la profesión de militar y se dedicó a la profesión equivocada.

R.A.: ¿Cómo observaba las pretensiones políticas de Massera?

J.R.V.: No sé si siempre tuvo pretensiones políticas, pero sí puso de manifiesto su vocación política mientras formó parte de la Junta Militar. Ambición legítima desde todo punto de vista pero, a mi juicio, inoportuna, formando parte de un gobierno tripartito.

La política es rica en matices que pueden llegar a convertirse en diferencias; y esa posibilidad constituía un grave riesgo en medio de una guerra interna cuyo éxito radicaba en la cohesión de las tres fuerzas armadas que constituían nuestro ejército. Hasta donde llegaban esas ambiciones, no puedo precisarlo; pero lo cierto es que luego de pasar a retiro fundó un partido cuya finalidad no podía ser otra que llegar al poder.

R.A.: ¿Por qué le juzgan en este momento?

J.R.V.: Como le había dicho al principio, Alfonsín se ciño al derecho con sus más y sus menos; la justicia funcionaba, a pesar de que se cometieron numerosos errores jurídicos durante nuestro proceso, como por ejemplo el principio de la no retroactividad, el principio del juez natural que fue vulnerado y otros errores de orden penal, por citar tan solo algunas deficiencias. Todo ello para llevarnos ante ese «teatro» que tuvo difusión mundial, pero así todo Alfonsín cumplió a su manera.

Menem llegó después a la presidencia y también, a su forma, cumplió a través de los indultos y los perdones. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los setenta, y vienen a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década y lo hacen con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo, y esta es una opinión personal, y con el agravante de quien pudiendo hacerlo no lo hizo en su momento.

Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Y eso les da vergüenza, claro, y quisieron exagerar la nota de la persecución para sacar patente de corso, de malos de una película en la que no estaban. No, no, es la vendetta para una satisfacción personal sin razones, totalmente asimétrica, fuera de medida. Aquí no hay justicia, sino venganza, que es otra cosa bien distinta.

R.A.: ¿No es sorprendente también que se hayan juzgados a oficiales y suboficiales que aquellos días tenían apenas una veintena de años o algo más?

J.R.V.: Mire, yo digo que si el juzgado en este caso, independientemente de su edad, lo es en función de haberse excedido en el cumplimiento de una orden está bien juzgado. Los demás, le aseguro, son todos juicios políticos, como parte de esa venganza, de esa revancha, como parte de ese castigo colectivo con que se quiere castigar a todas las Fuerzas Armadas.

Este plan sigue una política gramsciana que esta gente cumple de punta a punta, disuadiendo a unas instituciones que han tomado como rehenes, creando desaparecidos que nunca existieron y vaciando de contenidos a la Justicia.

Hoy la República está desaparecida, no tiene Justicia porque la que tiene es un esqueleto sin relleno jurídico; el mismo parlamento no tiene contenidos, está compuesto por ganapanes que temen que les vayan a quitar el puesto y se venden al mejor postor. No hay nadie en la escena política con lucidez capaz de hacerles frente. El país tampoco tiene empresarios porque están vendidos al poder.

Hoy las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón. Lo que me permite decir que no tenemos República porque no tenemos a las grandes instituciones del Estado funcionando. La Justicia, el Congreso y las demás instituciones, por no hablar de otros aspectos, no existen; las realidades no son así.

Ausencia de un juicio a los montoneros

R.A.: ¿Cómo es que los antiguos terroristas, los Montoneros, no hayan sido juzgados y condenados por los muchos crímenes cometidos?

J.R.V.: Alfonsín y Menem hicieron un acuerdo que era mitad y mitad, en el tema de los indultos me refiero. Los Kirchner son los que dijeron que no habría simetría en el asunto de la guerra que vivimos y nos señalaron a los militares como los malos, los responsables de crímenes de lesa humanidad, y a los terroristas como los buenos, como las víctimas de aquellos años terribles.

A partir de ese planteamiento, los montoneros quedaron exentos de juicio y nosotros nos vemos privados de libertad, en la cárcel. Pero es un capricho del poder, no hay más que decir.

R.A.: ¿Cómo ve a la Argentina de hoy, tiene esperanzas de que haya algún cambio?

J.R.V.: La suerte nuestra, la de los militares detenidos, está en que el país se encamine por otra dirección. Si el país cambia hacia otro rumbo, seguramente, no estaríamos presos. Yo digo que estamos en una situación hoy muy negativa, totalmente negativa, hemos perdido una gran oportunidad en las últimas elecciones de sentar puntos de apoyo a una oposición sólida y que actuara responsablemente para cambiar este estado de cosas al que me refería antes. Hablo de un cambio, claro, por la vía democrática, ya no es el tiempo de los golpes de Estado, aunque tampoco habría Fuerzas Armadas para darlo ni vocación para hacerlo. Esta situación de inmediato no va a cambiar, lamentablemente, porque no veo el actor, el líder, y no creo en los iluminados. La política se hace con hombres e ideas y ahora nos los hay, ahora Argentina no los tiene. No hay tampoco movimientos de opinión sistemáticos contra este gobierno, todos viven bajo el temor del que dirán, de que les dejen hacer, en definitiva. Todo es miedo y temor, y vivimos permanentemente bajo ese miedo. Y cuando una sociedad vive bajo el miedo no puede esperar que esté en un actitud de coraje para enfrentar un gobierno que de por sí no tiene reparos y no se detiene ante nada. Un gobierno arbitrario, con espíritu totalitario, y que no se detiene ante nada y ante nadie, que ha perdido la vergüenza y etcétera, etcétera, etcétera. Este es el panorama de la Argentina de hoy y de seguir, que todo parece que seguirá igual, permanecerá en el futuro inmediato. No hay solución en el corto plazo.

Luego está la pretensión permanente de seguir escarbando en el pasado, colocándonos a los militares en la vereda de enfrente como unos indeseables. Hay que comenzar a pensar en el futuro, pero sin concordia no hay futuro, en consecuencia, creo, que tiene que haber un diálogo amplio y superador de todos los sectores de la opinión pública para lograr abandonar esos puntos de fricción que están impidiendo en este momento esa concordia. Por ejemplo, hay que encontrar una solución para resolver el famoso problema de los desaparecidos y ofrecérsela a la sociedad argentina. Son una realidad, son un invento, son una especulación política o económica, ¿qué son realmente los desaparecidos? Así sucede con otras cosas más que no han sido cerradas y siguen presentes en nuestra vida. Repito: ese diálogo tiene que blanquear esa situación conflictiva que vivimos hoy, superar a través de la concordia nuestras diferencias y tirar hacia adelante con un proyecto de nación basado en un proyecto de vida en común, algo que le falta a la Argentina de hoy. Lo que decía Ortega y Gasset: un proyecto de nación y de vida en común. ¿Qué político ha dicho lo que quiere para la Argentina de hoy? Nadie, estamos en el puesto que ganamos sin ansias de cambiar nada. Tenemos que despertar, apagar las pasiones, y mirar hacia el futuro con otras miras, pensando en los próximos diez años cuando menos. Y en ese encuentro que debe de buscar un punto en común para el diálogo hay que dejar de lado todas tensiones y rigideces que nos han paralizado, a punto está de que en Argentina estamos sin oposición y un país no puede vivir sin oposición. Los que ejercen el gobierno lo hacen con pretensiones de crear un caudillato sin que nadie los critique y todo el mundo asienta.¿Se saldrán con la suya?

Los errores en el Proceso de Reorganización Nacional y el conflicto de las islas Malvinas

R.A.: Para ir concluyendo, ¿cree que se cometieron errores durante el periodo del Proceso de Reorganización Nacional y cuáles fueron?

J.R.V.: El Proceso no fue capaz de abrir una etapa de apertura política tras haber cumplido sus principales objetivos. Es decir, perdimos, creo, la gran oportunidad. En lo que respecta al final del Proceso, cuando perdimos la guerra de las Malvinas, prefiero no referirme porque yo no participe directamente en aquellos hechos, no tuve en absoluto ninguna relación con aquellos acontecimientos, me entere en la noche previa de que se iba a producir el desembarco en las islas. Pero no tuve ningún papel. Lo que si deje claro en ese momento es que sí se cometieron errores en las Malvinas, no sólo de índole militar o estratégica, sino que peor fue lo que se hizo después no asumiendo una derrota, yo diría que una derrota honrosa, en las que las Fuerzas Armadas argentinas fueron derrotadas por la tercera potencia del mundo aliada a la primera y no fueron aniquiladas, ni llevadas, sino que tuvieron el coraje y la capacidad de resistencia frente al enemigo. No les resultó tan fácil derrotarnos y lo reconocen ellos mismos.

No podemos ponernos a llorar como mujeres lo que no supimos defender como hombres, esa derrota tenía que haber sido reivindicada porque había más de una razón para hacerlo. El frío, el hambre, el miedo y todas esas calamidades que pasaron esos soldados, junto a otras cosas, si son traídos a Argentina y desfilan por las calles como héroes otra situación habríamos vivido bien distinta.

El Proceso acabó ahí, pero ya venía cabeceando y agotándose hace tiempo. Luego nuestras Fuerzas Armadas adoptaron una posición claudicante por haber perdido la guerra de las Malvinas y eso nos llevó a la debacle, se gestionó mal la derrota y todavía sufrimos las consecuencias de todo aquello. Había que haber perdido con honra, haber dado tratamiento de honor a nuestros soldados que lucharon y murieron por la patria.

R.A.: ¿Qué mensaje le enviaría a la sociedad argentina de hoy?

J.R.V.: Algo tengo escrito que dejaré para la posteridad de todos estos años. Tengo dos libros, que no son realmente memorias, sino un testimonio para la historia que estoy actualizando. He escrito sobre estos años y sobre la gestión del gobierno, cómo se hizo y para qué. He querido contribuir con el que quiera escribir la historia de lo que realmente ocurrió en esos años, simplemente una colaboración de cara al futuro, para la crónica de que ha ocurrido en este país en los últimos años.

No tengo interés en incentivar más este dolor que vive Argentina por no hacer frente a esta tiranía que tenemos para acabar con ella, nadie hace nada, ni dice una palabra, ni hay un gesto. Por ahora no hay futuro, tenemos un país que tiene todo por nacer, mientras esta gente, los que nos gobiernan ahora, lejos de estar en la tarea constructiva, destruyen todo.

Si algo tiene Argentina es su riqueza agropecuaria, somos o éramos el granero del mundo, y el agro ha sido borrado de la estructura nacional. Este gobierno ha asociado el campo con la oligarquía y como enemigo de ese socialismo que ellos pregonan, no podemos esperar de esta gente una solución, la única vía es sacarlos del gobierno y no a través de un golpe de Estado, sino a través de los cauces democráticos.

Yo, en las últimas elecciones habidas en el país, esperaba a que apareciera un líder o un movimiento para hacer frente a lo que vivimos, que todos los dirigentes de la oposición se unieran para combatir a esta lacra y salir hacia adelante, pero bueno no apareció y no fue así.

Quisiera ser optimista, pero no puedo, aunque siga peleando desde la cárcel, desde aquí. Quiero dar a conocer al mundo lo que pasa. La consigna del prisionero de guerra es la evasión, mientras que para el preso político la lucha es otra, que es el campo de la política y que es antipático quizá para los militares.

Hoy hay que ganar la guerra política a través de los mensajes y los medios de comunicación, y esa es nuestra función: no quedarnos de brazos cruzados.

R.A.: ¿Desde que está en prisión sus antiguos aliados y amigos le visitan o le olvidaron?

J.R.V.: Algunos, algunos, pero no pasan de cinco. Nuestra sociedad, que la componen también mis amigos, la argentina, fue la protagonista de la tremenda guerra que vivimos, porque era un combate contra la sociedad argentina y cambiarla a través del modelo marxista que preconizaban esos grupos alzados en armas.

Ese proyecto estaba en plena expansión en América Latina y la sociedad argentina fue objeto y sujeto de ese proyecto totalitario. Esa sociedad se defendió a través de su brazo armado de esa agresión que sufría de unos grupos armados bien conocidos.

Luego está la figura del chivo expiatorio, que han sido los militares, y la sociedad argentina actuó de una forma cobarde y dejando abandonado a su ejército, que fue el principal actor en ese conflicto defendiendo a su país de esa verdadera agresión.

Las Fuerzas Armadas Argentinas hoy

R.A.: ¿Cómo se explica ese proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas y de indefensión de la Argentina que denuncian algunos militares?

J.R.V.: Porque es la revancha de los derrotados, de los «jóvenes idealistas» de Perón, que no lograron sus objetivos, que pasaban por tomar el poder. Con Cámpora lo habían conseguido, en parte.

Como ese proyecto revolucionario que tenían de hacerse con el poder se vio frustrado por las Fuerzas Armadas que, cumpliendo órdenes de un gobierno constitucional, salieron a reprimirlos y a enfrentarlos, fuimos los ejecutores de parar ese proyecto. Nos preguntaron qué hacer ante la amenaza armada que tenía el Estado y dimos la respuesta que había que dar, que era que nos sacaran a nosotros a hacer frente a esa amenaza.

No queda otra vía, claro. Y les derrotamos con las armas en la mano, claramente, y eso los actuales gobernantes, que son herederos de aquellos grupos subversivos, no nos lo perdonan.

R.A.: ¿Por qué, en definitiva, en ninguna parte de América Latina se da esta situación de más de un millar de militares detenidos, procesados y condenados?

J.R.V.: Es cierto, esta situación no se da en otras partes del continente. Así es, como usted dice. La explicación es el espíritu de revancha y venganza que anima a este gobierno.

R.A.: ¿Cómo es posible entender actitudes como la del general Martín Balza, denostando a las Fuerzas Armadas e incluso las tareas en las que él participó entonces?

J.R.V.: La sensación es que es un canalla, un hombre que se vendió al enemigo para escalar posiciones. Pregunto: ¿cuántos años lleva de embajador? Siete u ocho años. Un trepador vendido por poder y dinero. El me envió tres cartas en el pasado y muestra su subordinación, afecto y aprecio hacia mí. No eran unas cartas burocráticas, sino escritas sinceramente y algunas incluso a mano deseando mi libertad, solidarizándose conmigo y esperando un «nuevo amanecer». Ahora se vende por ansias de poder y denigra a sus antiguos compañeros, ¡qué miserable!

R.A.: ¿Qué mensaje le daría a los soldados que están detenidos actualmente y a sus familias que también sufren en sus carnes esta situación?

J.R.V.: Yo creo que el mensaje explícito y tácito, que es al que yo me atengo, que es la conducta, el ejemplo y el modo de vida, que siempre han sido mis guías, en los buenos y en los malos momentos.

R.A.: ¿Por qué guardo silencio durante tantos años?

J.R.V.: Porque no estaba en mi estilo la exhibición y la publicidad. Yo me considero apolítico, no tengo vocación para estar en el candelero, en el escaparate; he presentado algunas declaraciones en mis juicios y he respondido cuando he debido. Pero no tengo vocación para esas pretensiones publicitarias, no es mi estilo como le digo.

R.A.: ¿Por qué renuncia su abogado defensor cuando iba tan avanzado su proceso?

J.R.V.: Entrábamos en otra etapa, pasábamos de la etapa instructora a la de los juicios orales y públicos. Era más de lo mismo, con público y publicidad, más de lo mismo, un circo, en definitiva. Entonces, llame a mis abogados y les dije: ustedes cumplieron su tarea y ahora se trataría de que dejaran para la historia, por escrito, todas las irregularidades y arbitrariedades de las que hemos sido objeto. Que quede escrito y haya constancia de todo lo sucedido para que la gente, en el futuro, conozca lo que realmente sucedió.

El abogado soportaba un enorme sacrificio para el desempeño de sus funciones y casi tenía que dejar su trabajo. La real motivación por la que se fue, para que no quedara duda, era que no se prestaba gratuitamente a esa parodia de juicio sin justicia y sin derecho.

R.A.: ¿Recibiría a algún líder montonero en aras de llegar a la concordia?

J.R.V.: Tal como están las cosas, en estos momentos, definitivamente no. En un proceso final, llegado el caso, no aceptaría un diálogo de igual entre unos militares que luchamos por defender a las instituciones de la Nación con los cabecillas de una organización armada formada por subversivos, creo que ese no es el punto de partida.

No creo que se puedan equiparar las dos partes, no se puede establecer una concordia desde un punto de partida en que todos somos iguales. Yo hablo, además, de un diálogo entre las partes que sea representativo en la sociedad, pero no de establecer una concordia sin justicia.

3. DECLARACIÓN PÚBLICA DEL TENIENTE GENERAL

D. JORGE R. VIDELA: AL PUEBLO ARGENTINO

23 de diciembre de 2010, día antes de Navidad.

SIN JUSTICIA

MANIFESTACIÓN ANTE LOS JUECES INTROITO

Señores Jueces:

Mucho se ha dicho y se ha escrito, sobre lo ocurrido en nuestra Patria durante la década de los años 70; lamentablemente, con una visión sesgada de la realidad —no exenta de dudoso propósito— ocultando parte de la historia de esos trágicos años y tergiversando a su vez, la parte que se hace pública.

No es mi intención, en este momento, polemizar con dichas opiniones, emitidas en uso del derecho a la libre expresión que protege nuestro sistema democrático de vida. Mi conducta al respecto, ha sido la de mantener un prudente silencio, como contribución a la concordia entre mis conciudadanos.

Pero, en esta oportunidad —más que como imputado, como protagonista y testigo— siento el deber inexcusable de hacer llegar ante ustedes y a través de ustedes a la sociedad argentina toda, en particular a sus jóvenes manipulados por la desinformación y la propaganda artera, mi visión personal sobre aquellos hechos, que constituyen el marco de referencia que encuadra lo que es materia de este y otros juicios en los que me encuentro procesado.

NUESTRA ÚLTIMA GUERRA INTERNA Antecedentes mediatos

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de naciones quedó virtualmente agrupada en derredor de dos polos de poder —ideológicamente antagónicos— que, además de disputarse entre sí el manejo del mundo, intentaban atraer en su favor a los países no alineados con ellos.

El dominio del poder nuclear por parte de las dos potencias líderes (EE UU y la URSS) y la posibilidad de su destrucción masiva en forma recíproca, actuó entonces como factor de disuasión, dando lugar a la llamada guerra fría: una suerte de equilibrio inestable que nadie se atrevía a romper —so pena de la represalia— todo ello, en medio de una paz armada.

Fue justamente la URSS quien, con el afán de expandir su poder, ideó una manera sutil de quebrar aquel equilibrio sin que provocara la réplica; y lo hizo promoviendo, alentando y solventando los llamados movimientos de liberación nacional: contra el colonialismo, caso de África; o bien contra las desigualdades sociales, caso de Latinoamérica.

La estrategia así concebida, llamada también estrategia indirecta o guerra revolucionaria, buscaba la toma del poder en dichos países, mediante acciones violentas amparadas bajo las banderas de la liberación. Cabe destacar que, lo que para las grandes potencias eran conflictos de baja intensidad, constituían para los países periféricos —como en nuestro caso— conflictos en los que se jugaba la identidad nacional de estos países.

La República Argentina no fue ajena a esa forma de agresión y, lo que pudo ser objeto del debate y de la confrontación democrática de ideologías encontradas, pasó a convertirse en un violento enfrentamiento armado —dado la intolerancia del agresor—cuyo lema rezaba: la razón está en la boca de los fusiles.

El empleo de las Fuerzas Armadas en 1975, para combatir contra el terrorismo, no fue un acto improvisado y mucho menos novedoso.

En efecto, el Ejército, dentro de su planeamiento específico de corto plazo, contaba con el llamado Plan de Capacidades, el cual contenía las previsiones para responder, con lo que se disponía en ese momento, ante la ocurrencia de cualquiera de las hipótesis de conflicto retenidas como tales.

Una de esas hipótesis era la Variante Marco Interno, la cual preveía una agresión por parte del terrorismo subversivo que, superando la capacidad de represión de las Fuerzas Policiales y aún las Fuerzas de Seguridad, impusiera el empleo de las Fuerzas Armadas, con el objeto de restablecer el orden alterado, previo dictado del decreto correspondiente.

Luego del Cordobazo (producido el 29 de mayo de 1969) y del posterior secuestro y asesinato del Teniente General Aramburu (ocurrido el 29 de mayo de 1970) el Ejército puso en práctica el Plan de Capacidades —Marco Interno—, cuando su Comandante, el General Lanusse, ordenó a dicha fuerza ejecutar, en forma limitada, operaciones de seguridad (controles de rutas, controles de población, rastrillajes, protección de objetivos sensibles, etc.), dado que las acciones producidas por el agresor, no requerían un mayor grado de compromiso.

En forma simultánea, como Presidente de la Nación, el General Lanusse promovió una modificación de la legislación penal, incluyendo nuevas figuras delictivas, así como el agravamiento de algunas de las penas existentes. Pero, más trascendente aún, fue la decisión de crear la Cámara Federal Penal, integrada en su totalidad por magistrados civiles, para actuar con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, a fin de juzgar, exclusivamente, los delitos terroristas y conexos.

Este conjunto de previsiones dio excelentes resultados; tan es así que, al finalizar el mandato del General Lanusse, el 25 de mayo de 1973, con observancia del debido proceso, había cerca de 1.500 detenidos en calidad de procesados o bien cumpliendo condena, en relación con los delitos ya citados.

Lamentablemente, al asumir la Presidencia el Doctor Cámpora, dictó, en esa misma noche, un decreto de indulto concediendo la libertad de los detenidos y promulgó, en forma casi simultánea, una ley de amnistía sancionada por el Congreso con igual finalidad.

Vale recordar que la citada ley de amnistía, al ser tratada en general, resultó irresponsablemente aprobada casi por unanimidad, por parte de los legisladores integrantes de ambas Cámaras.

Mediante dichos instrumentos legales, se dispuso la libertad de todos los terroristas que se encontraban detenidos, los cuales fueron recibidos como héroes por sus simpatizantes quienes, a su vez, mantenían desde temprano las cárceles en su poder, a la espera del decreto presidencial que disponía los indultos, promovido por el entonces Ministro del Interior, Doctor Righi, a quien Perón echó de su cargo; hoy Procurador General (Jefe de los Fiscales).

Asimismo, fue disuelta la Cámara Federal Penal que había dictado las detenciones; sus jueces fueron declarados cesantes y librados a su suerte; varios de ellos sufrieron atentados, incluso de muerte; y otros debieron abandonar el país por falta de garantías para sí mismos y sus familias.

Simultáneamente, se dejaron sin efecto las reformas introducidas en la legislación penal. Extraña paradoja: el remedio judicial, eficazmente implementado por un gobierno militar para luchar contra el terrorismo subversivo con la ley bajo el brazo, fue luego demagógicamente dejado sin efecto por el gobierno constitucional que lo sucedió, dando lugar a la puesta en libertad de casi 1.500 terroristas que estaban detenidos cumpliendo condena o bajo proceso, al par que sumiendo en el desamparo a los jueces que los habían juzgado. Por supuesto que ninguno de aquellos llamados jóvenes idealistas (Perón los llamó estúpidos e imberbes cuando los echó de la Plaza de Mayo) dejó la cárcel para reinsertarse pacíficamente en la sociedad.

Todos ellos, so pretexto de sentirse perseguidos por el sólo hecho de pensar diferente, salieron dispuestos a matar con las armas que les entregaron al abandonar la prisión. Con tal disposición de ánimo, pretendían dar cumplimiento a la consigna de su paradigma, el Che Guevara, quien decía:

Que era preciso, por encima de todo, mantener vivo el odio intransigente al enemigo; odio capaz de llevar al hombre más allá de sus límites naturales; y transformarlo en una fría, selectiva, violenta y eficaz máquina de matar.

¿Conocerán este detalle quienes, con ignorante orgullo, lucen hoy la imagen de ese nefasto personaje en tatuajes y remeras y, lo que es peor, en despachos oficiales?

La Agresión Terrorista

Larvada en sus inicios, al comienzo de la década del sesenta y abiertamente desembozada en la década siguiente, la agresión terrorista buscaba la destrucción de bienes materiales y de personas para que, mediante el terror que dichas acciones pudieran generar, tomar el poder político, a fin de imponer un régimen marxista-leninista, totalmente ajeno a nuestro tradicional estilo de vida.

Capacitada para producir aquellas acciones intimidatorias, la agresión terrorista estaba integrada mayoritariamente por personal nacional, entrenado en Cuba, Siria, Palestina y Argelia, o bien, dentro del propio país, con instructores foráneos. Disponía, también, de armamento y equipos provistos por la URSS, a través de Cuba, así como fabricados localmente en fábricas clandestinas, o fruto de ataques a organismos militares y policiales. De la misma manera, estaba financiada con fondos provenientes de la URSS, o con el producido de los asaltos perpetrados contra entidades bancarias, o el botín resultante de los secuestros extorsivos (el más notorio fue el de los hermanos Born, por un monto de sesenta millones de dólares).

La magnitud de dicha agresión, fue aumentando con el transcurso del tiempo, hasta llegar a una medida no conocida en nuestro país. Así pasamos del terrorismo sistemático y selectivo, que producía el secuestro y muerte de personas aisladas, o la ocupación de pequeñas localidades, hasta llegar a verdaderas acciones de combate como lo fueron la toma por asalto de unidades militares, que debían ser recuperadas por unidades vecinas, o las operaciones bélicas libradas contra la guerrilla rural en Tucumán, donde el enemigo intentó crear una zona liberada.

A mediados de la década del 70, los elementos terroristas habían proliferado bajo distintas denominaciones, a los que se sumaban efectivos de custodia de los dirigentes sindicales (verdaderas patotas armadas que, más que proteger intimidaban) así como los integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) una suerte de milicia clandestina que operaba bajo la conducción del Ministro de Bienestar Social, José López Rega.

Dentro de esta especie de far west vernáculo, en el cual el Estado había perdido el monopolio de la fuerza, se destacaban por su número, 6 organización y entrenamiento, dos agrupaciones distintas a saber: el Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por Santucho, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de tendencia trotskista; y Montoneros, encabezado por Firmenich, brazo armado de la izquierda justicialista y, más específicamente, representativo de la Juventud Peronista.

Ambos, a su vez, actuaban bajo la forma de guerrilla rural, como en el caso de Tucumán, con la intención de crear una zona liberada en dicha provincia, aprovechando las facilidades que a tales fines ofrecía la geografía lugareña; o bien como guerrilla urbana, en cuyo marco un joven cumplía durante el día su cometido normal como hijo, estudiante u obrero y, durante la noche, con una pastilla de cianuro en el bolsillo y un arma escondida entre sus ropas o entre las mantas de un coche cuna conducido por su pareja —generalmente embarazada y usada a modo de escudo humano— asaltaba, secuestraba, o colocaba bombas.

En cuanto al grado de violencia desatada por el agresor, no está demás recordar lo expresado por The Times de Londres, en un artículo reproducido por el diario La Nación de fecha 2 de diciembre de 1977, en el que decía: … Se ha olvidado en el extranjero que cuando los militares argentinos lanzaron su campaña contra el terrorismo, la sociedad y el Estado estaban al borde del colapso, que el terrorismo comenzó al final de los años 61 y había alcanzado proporciones que hacen los secuestros en Alemania Occidental y los disparos a las piernas de Italia como juego de niños contra la sociedad. Cuando la respuesta vino, mucha sangre se había derramado como para esperar demasiada cautela en la misma… Los terroristas italianos y germanos occidentales no pueden ser comparados con la fuerza y la ferocidad de los dos grupos argentinos, ambos actualmente casi aniquilados… Cuando Amnesty Internacional publicó su informe de 92 páginas sobre la represión en la Argentina, un editor de un diario inglés de aquí comentó: si ellos hicieran un informe sobre las atrocidades terroristas, probablemente sería mucho más voluminoso.

Vale recordar también que, en su largo pontificado, el Papa Juan Pablo II puso luz sobre distintos temas que desde el Concilio Vaticano II eran tergiversados. Entre ellos, cierta apología de los partisanos, los maquis, la guerrilla, y otras formas de terrorismo.

Con claridad, el Papa Wojtyla expresó sobre el particular lo siguiente:

El terrorismo piensa que la verdad en la que cree o el sufrimiento padecido son tan absolutos que lo legitiman a reaccionar destruyendo incluso vidas humanas inocentes.

Pretender imponer a otros con la violencia lo que se considera como la verdad, significa violar la dignidad del ser humano y, en definitiva, ultrajar a Dios, del cual es imagen. Las injusticias existentes en el mundo nunca pueden usarse como pretexto para justificar los atentados terroristas. Si nos fijamos bien, el terrorismo no sólo instrumenta al hombre, sino también a Dios, haciendo de él un ídolo del cual se sirve para sus propios objetivos. El terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre. Precisamente por eso, no sólo comete crímenes intolerables, sino que, en sí mismo, en cuanto recurre al terror como estrategia política y económica, es un auténtico crimen contra la humanidad.

A modo de anécdota puedo expresar que, dentro de esa orgía de violencia, en mi condición de Comandante en Jefe del Ejército, fui objeto de seis atentados contra mi vida, los cuales llegaron a materializarse sin que, gracias a Dios, cumplieran sus designios. El primero de ellos, ocurrido el 16 de marzo de 1976: preveía la voladura del automóvil que me conducía a la sede de mi comando, con cargas explosivas accionadas por control remoto, colocadas en un automóvil aparcado en la playa de estacionamiento aledaña al edificio; y fue comandado por Verbitsky, quien resultó posteriormente enjuiciado por la dirigencia de la organización Montoneros, en razón de haber abandonado el lugar de los hechos sin antes comprobar los efectos producidos por la operación, así como asegurado el repliegue del personal a su cargo, según lo determinaban los manuales respectivos.

La Legítima Defensa

En el mes de enero de 1975, la señora de Perón, a cargo de la Presidencia de la Nación, dictó un Decreto por medio del cual ordenaba el empleo de las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo hasta su aniquilamiento, pero geográficamente limitado a una zona de operaciones en la Provincia de Tucumán, acción que dio en llamarse Operación Independencia.

Esta limitación geográfica no dejaba de ser una ventaja para el oponente, ya que les permitía a los terroristas que actuaban dentro de la zona de operaciones, recibir reemplazos de personal, así como refuerzos de armamento y equipo provenientes de otras zonas del país, lo que dilataba la posibilidad de lograr su aniquilamiento en corto plazo.

Para entonces, el país vivía un clima agobiante, signado por la angustia que soportaba la sociedad, ante la dimensión que adquiría día a día la agresión terrorista.

Ante ese desasosiego y la radicalización que adquiría el enfrentamiento iniciado por los grupos terroristas, en los primeros días del mes de octubre de 1975, el Doctor Luder, provisionalmente a cargo de la Presidencia de la Nación (la señora de Perón se hallaba en Ascochinga, en uso de licencia por razones de salud) convocó a una reunión de gabinete para determinar qué hacer frente a la dimensión que había cobrado el accionar subversivo. A dicha reunión fuimos invitados los Comandantes Generales, quienes debíamos exponer nuestros puntos de vista sobre el particular.

Por ser un problema típicamente terrestre, correspondía al Ejército la responsabilidad primaria y, en esa condición, con el acuerdo de mis camaradas de las otras dos Fuerzas debí exponer.

En extrema síntesis, dije entonces que, habiéndose agotado la instancia de represión a cargo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, sin lograr restablecer el orden alterado; y ante la inoperancia de la Justicia (por temor no había dictado ninguna condena desde el 25 de mayo de 1973 hasta la fecha, a pesar de la magnitud de los hechos producidos por los elementos terroristas); parecía llegado el momento de apelar, como último recurso, al empleo de las Fuerzas Armadas a fin de combatir al terrorismo subversivo.

Agregué que la decisión de emplear a las Fuerzas Armadas para cumplir con ese cometido implicaba, de hecho, reconocer un estado de guerra interna con sus consiguientes secuelas, ya que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para reprimir (no disponían de balines de goma, ni escudos, ni bastones, y, fundamentalmente, carecían de entrenamiento para cumplir esa función) ya que estaban organizadas, equipadas e instruidas para combatir; es decir para hacer la guerra, donde se muere o se mata.

En atención a ello, se propusieron cuatro cursos de acción, en grado creciente de libertad de acción. El primero, muy pautado, garantizaba que no se cometieran errores o excesos, pero hacía suponer una prolongación sine die del conflicto. Entendíamos por excesos, delitos comunes que pudiera cometer personal militar al amparo de la guerra a desarrollar. Vale recordar que al término del Proceso de Reorganización Nacional, se hallaban cumpliendo condena más de doscientos cincuenta uniformados, acusados por haber cometido delitos de esa naturaleza.

Los cursos de acción segundo y tercero, eran un gradiente mayor de libertad de acción. El curso de acción cuarto (que resultó seleccionado) preveía el despliegue de las Fuerzas Armadas, así como de las Policiales y las de Seguridad —estas dos bajo el control operacional de las primeras— en la totalidad del territorio nacional; y, a partir de ese despliegue disperso, nada fácil de controlar, actuar simultáneamente en la búsqueda del enemigo para combatirlo donde fuera hallado. Cabe destacar que el agresor actuaba en la clandestinidad, dentro de una organización celular difícil de penetrar, que imponía una paciente tarea de inteligencia para localizarlo.

Debo rendir homenaje al coraje cívico demostrado por el Doctor Luder en esa ocasión quien, sin hesitar, seleccionó este curso de acción que era el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de que ocurrieran errores o excesos, pero que garantizaba la derrota del terrorismo en no más de un año y medio de lucha. Es más, ante un pedido de intervención por parte de uno de los ministros asistentes, el Doctor Luder manifestó tener decidida su resolución y con ello cerró el debate.

Esta firmeza del Doctor Luder no fue la misma cuando, al deponer como testigo en el juicio a las Juntas, se limitó a hacer una interpretación semántica del término aniquilar, sin reparar que los reglamentos vigentes a la fecha, definían con precisión, el alcance de dicho término. Más grave aún, olvidó, fuera de todo tecnicismo doctrinario, que la acción de aniquilar constituía la interpretación más acabada de lo que expresara el General Perón, en la carta dirigida a la Guarnición Militar de Azul, luego del intento de copamiento del que fuera objeto. De dicha carta rescato la siguiente frase, referida a los terroristas atacantes: «que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República».

Reflejo también de ese estado de ánimo, proclive a llevar adelante una guerra sin cuartel contra los grupos terroristas, son las palabras pronunciadas por el Diputado Stecco, durante el homenaje que la Cámara de Diputados rindió a José Rucci, con motivo del atentado que le costó su vida.

Dijo entonces el Diputado Stecco: «Por eso esta Cámara de Diputados, que dicta las leyes del país, debe dar amplios poderes a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, sin que con ello se quiebre la libertad, para perseguirlos hasta sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo». Ningún partido político, ninguna fuerza sindical, ninguna organización no gubernamental, tampoco los medios de prensa, objetaron las duras palabras del Diputado Stecco.

De similar tenor fueron las palabras del Ministro de Defensa, Doctor Vottero, pronunciadas en el acto de cierre de los cursos de la Escuela de Defensa Nacional, en diciembre de 1975, oportunidad en la que expresó: «… ante la lucha total, sofisticada y compleja, despiadada, diabólica y criminal, promovida por la subversión armada, queda una sola alternativa: el exterminio total del enemigo…».

Por su parte el ex-Presidente Frondizi, decía al respecto lo siguiente: «La subversión fue organizada desde el exterior para tratar de conquistar el poder e imponer ideas marxistas, destruyendo los valores que conforman nuestra identidad nacional.

Pero fue vencida por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cumpliendo las órdenes del gobierno constitucional que dispuso aniquilarla. Esta palabra “aniquilarla”, no la inventaron los militares; está en el decreto dictado por un gobierno constitucional».

Como complemento de los decretos firmados por el Doctor Luder, el Ministerio de Defensa impartió la Directiva N°1 y, a partir de ella, impartí la Directiva N° 404, Lucha Contra la Subversión, mediante la cual se puso en ejecución, por parte del Ejército, el planeamiento correspondiente a la Hipótesis de Conflicto Marco Interno.

A los fines de esa guerra, cada una de las Fuerzas Armadas tenía asignadas zonas territoriales, donde ejercían sus responsabilidades operacionales los respectivos Comandantes Generales.

Corolario

Bien podemos decir entonces, que la Nación Argentina hubo de afrontar —de hecho y de derecho— un conflicto bélico interno, irregular en su forma, de carácter revolucionario, con profunda raíz ideológica, alentado desde el exterior.

Así lo reconoció tiempo después la Cámara Federal (a la cual desconocí por no tener competencia para juzgarme, toda vez que no era mi juez natural, sino una comisión especial fulminada por el Art.18 de la Constitución Nacional) cuando dicho Tribunal, al dictar sentencia en la causa 13/84, llamada de los Comandantes, sin mencionar la figura de genocidio, así como tampoco la existencia de delitos de lesa humanidad, entre otros conceptos expresó:

— Que En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de «guerra revolucionaria».

—Que algunos de los hechos de esa guerra habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar

—Que Como consecuencia de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado.

—Mal puede hablarse entonces —como lo hizo el Presidente Alfonsín en el Decreto 158/83, mediante el cual ordenó el juicio a las Juntas— de la existencia de homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, secuestros o lugares clandestinos de detención, introduciendo figuras delictivas del Código Penal, dentro del juzgamiento de actividades de combate, ocurridas en el marco de una guerra interna.

Por el contrario, si aceptamos la existencia de una guerra, como lo expresara la Cámara Federal, debemos hablar de prisioneros capturados e internados en lugares de reunión, generalmente secretos por razones de seguridad; de heridos, mutilados, muertos o desaparecidos; saldo inevitable de cualquier conflicto bélico; máxime en éste por su peculiar naturaleza.

Menos aún podemos aceptar la figura de asociación ilícita, como forma de relación entre el que manda y el que obedece, que no puede ser otra más que la subordinación. Subordinación no es obediencia ciega al capricho del que manda. Subordinación es obediencia consciente a la voluntad del superior, en función de un objetivo que está por encima del que manda y del que obedece —en este caso la defensa de la Nación agredida— y en razón del cual el mando deja de ser arbitrario y la obediencia se ennoblece.

Algunos han calificado a esta guerra, como una guerra sucia. Yo me niego a aceptar ese calificativo, pues significaría reconocer la existencia de guerras limpias y sucias. Santo Tomás de Aquino reconoce la existencia de guerras justas o injustas; y agrega que las guerras defensivas —como la librada en nuestra Patria— en general son guerras justas.

La guerra es un fenómeno en sí misma, y hay que aceptarla como tal, sin aditamentos de ninguna especie. Acepto sí, que cada guerra tiene sus peculiaridades o características propias, que la hacen distinta de las otras, y esta guerra tuvo, por cierto, sus características distintivas.

Ante todo, no fue una guerra clásica. Fue, en cambio, una guerra irregular, y dentro de esa irregularidad yo, personalmente, opino que su signo distintivo fue la imprecisión.

Fue imprecisa en su comienzo, a tal punto que me pregunto: ¿quién, a ciencia cierta, puede decir cuándo comenzó esta guerra? más allá de los decretos que le dieron forma jurídica.

Pero, si fue imprecisa en su comienzo, no lo fue menos en su término. Y me vuelvo a preguntar sin tener respuesta ¿cuándo realmente terminó esta guerra? Si bien es cierto, las operaciones militares hicieron crisis entre los años 1975 y 1976, y comenzaron a declinar en 1977, hasta casi desaparecer a fines de ese año, yo no me atrevería a afirmar si fue entonces que esta guerra terminó. Es más, me pregunto si aún hoy podemos asegurar que, más allá de las operaciones militares, esta guerra, usando medios no violentos, haya realmente terminado.

Al respecto, me atrevo afirmar que en el escenario de la guerra revolucionaria, no existe el postconflicto, a pesar de que se levanten banderas de paz.

Por otra parte, a diferencia de la guerra convencional en la cual el enemigo entra en esa categoría de manera totalmente genérica y anónima, en la guerra irregular —como lo fue nuestra última guerra interna— el enemigo entraba en calidad de tal, luego de un delicado trabajo de inteligencia que permitía identificarlo con nombre y apellido para recién combatirlo, circunstancia ésta que le otorgaba al conflicto un matiz personalizado, y por ende, hacía más patético aún, al enfrentamiento que tuvo lugar entre hermanos argentinos.

Esta guerra materializaba la legítima defensa de la Nación agredida, frente al ilegítimo agresor quien, por medio del terror, pretendía cambiarle su tradicional sistema de vida; y la misma fue dispuesta por un gobierno constitucional en pleno ejercicio de sus atribuciones, único caso en la región, sin objeciones por parte de los cuerpos legislativos como de los judiciales, y contó con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía.

De ahí que no se levantaran, entonces, voces contrarias a esa decisión; antes bien, el alivio fue la sensación imperante.

Resulta por ello falso, y cuanto menos ingenuo, pretender simplificar los hechos al extremo de afirmar que los mismos, fueron la resultante de un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos (en este caso jóvenes idealistas, versus militares que los reprimían por pensar distinto); todo ello, frente a una sociedad pasiva y expectante.

Por el contrario, fue justamente la sociedad argentina la principal protagonista de aquel acontecimiento bélico: objeto, en primer término, de la agresión que pretendía sojuzgarla por el terror; y sujeto, luego, que ordenó a su brazo armado acudir en su legítima defensa.

Como en toda guerra y máxime en ésta que fue irregular en su forma, imprecisa en su desarrollo, librada contra un enemigo mimético que no exhibía uniforme ni bandera, se llegó a situaciones límite que ensombrecieron al país con actos rayanos en el horror; horrores que tal vez resulte difícil justificar, pero que merecen comprensión, en el marco de crueldad de un conflicto bélico interno como el descripto.

Así ganamos nuestra última guerra interna contra el terrorismo, a un alto costo de sangre difícil de amenguar, precio ineludible para seguir siendo una República como marca nuestra Constitución Nacional. La sociedad toda nos debe su veredicto.

En otro orden de ideas, el pronunciamiento militar del 24 de marzo de 1976, no quitó ni agregó nada a la guerra que se venía desarrollando, cuando funcionaba en el país un régimen constitucional; y que continuó, luego de esa fecha, sin cambiar sus objetivos, así como la modalidad de su ejecución, hasta su término apreciado a fines de 1977, principios de 1978.Durante esos tremendos años de guerra, las Fuerzas Armadas mantuvieron la decisión de restaurar la plenitud del régimen constitucional, luego de que se afirmara el triunfo militar y se consolidara la paz. Por ello, sus integrantes tuvieron —y continúan teniendo— la convicción de haber prestado un inestimable servicio a la Nación agredida, derrotando a su enemigo, y facilitando con su acción, el restablecimiento del sistema republicano de vida que marca nuestra Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, reclamo para el pueblo argentino en general y para sus Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales en particular, el honor de la victoria en la guerra interna ya descripta.

Lamento sí, las secuelas que deja toda guerra y valoro el sufrimiento de quienes, con auténtico dolor, lloran por sus seres queridos mutilados o muertos; así como deploro a quienes especulan con el dolor ajeno, que ni siquiera tangencialmente los ha rozado, pero que no trepidan en transar pingües negocios, a la sombra de las banderas de los derechos humanos.

Reitero que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses, con total prescindencia de mis subordinados, que se limitaron a cumplir mis órdenes; órdenes ajustadas a la doctrina vigente, volcada en los reglamentos en vigor a la fecha y que fueron calificadas como inobjetables por el Consejo Supremo de las FF AA.

Habíamos ganado la guerra en el campo militar; lamentablemente, no supimos afirmar esa victoria en el campo político.

Se cumplía así lo expresado en un manifiesto producido por el terrorismo subversivo en el año 1977 que expresaba: A los militares, no pudimos doblegarlos por el temor al combate; es momento de replegarse sobre las bases y esperar. (Para entonces, los cabecillas huían hacia el exilio y los militantes debían mimetizarse dentro de la sociedad).

Continuaban diciendo: Cuando llegue el tiempo de la política, y sobrevenga en ellos el temor a practicarla porque no saben hacerla, será el momento de volver a la lucha para derrotarlos en ese campo.

No hay duda que los enemigos derrotados ayer, cumplieron con sus propósitos. Hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de la defensa de los derechos humanos que ellos —en su tiempo— no titubearon en conculcar en grado superlativo.

Escudados en la impunidad que hoy les brinda una justicia asimétrica y vaciada de derecho, no necesitan ya de la violencia para acceder al poder, porque están en el poder y, desde él, intentan la instauración de un régimen marxista a la manera de Gramsci, tomando como rehenes a las instituciones de la República y haciendo de ella, una simple expresión verbal, ajena a lo que prescribe nuestra Constitución Nacional.

Gramsci puede estar satisfecho de sus alumnos La Constitución Nacional guarda luto por la República desaparecida.

Señores Jueces:

Reitero que ustedes no son mis jueces naturales; no obstante, en mi carácter de preso político, deseo manifestar lo siguiente: Las garantías constitucionales de las que gozamos quienes somos juzgados en este contexto, constituyen una farsa que, para ser interpretada, requiere de condiciones histriónicas que no poseo. Además, todo el poder político ha sido encauzado para lograr nuestra condena, a cualquier costa y por cualquier medio. Por ello, me he abstenido de alegar en una defensa que no guarda sentido.

Por otra parte, con este enjuiciamiento, desconociendo las garantías del debido proceso —entre otras la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal— se pretende que, a través de la sentencia que vayan a dictar, homologuen una decisión política adoptada con sentido de revancha, por quienes, después de ser militarmente derrotados, se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos del Estado.

Esta irregular situación, que bien podríamos calificar como terrorismo judicial, y que pudo disimularse mediante las formalidades de un debate, no bastó para que, conceptualmente, el derecho quedara afuera de la administración de justicia, produciendo su vaciamiento.

Frente a esa realidad que no está en mis manos modificar, asumiré, bajo protesta, la injusta condena que se me pueda imponer, como contribución de mi parte al logro de la concordia nacional; y la he de ofrecer a modo de un acto de servicio más, que debo prestar a Dios Nuestro Señor y a la Patria.

Con ello pretendo cumplir con mi conciencia. Cumplan ustedes con la suya.

EPÍLOGO

Desde los tiempos más remotos —y así lo dice la Biblia— las sociedades recurrieron a la figura del chivo expiatorio para lavar sus culpas colectivas y, de esa manera, acallar sus conciencias.

La sociedad argentina, que fue principal protagonista de uno de los momentos más cruciales de nuestra historia reciente, abrumada por una tremenda campaña de acción psicológica, no escapó a aquella regla. Y lo hizo, aunque resulte penoso reconocerlo, permitiendo que se malversara la verdad histórica, mediante la aceptación de una visión hemipléjica de la misma, acerca de acontecimientos que costaron la vida de muchos conciudadanos, civiles y militares, que cayeron por defender a la Patria, o en pos de ideales equivocados.

Con esa actitud, sólo se ha logrado sembrar la discordia y anidar el odio en muchos corazones hermanos, postergando con ello la tan ansiada unión nacional.

Pareciera, llegado el tiempo para que la sociedad toda, a través de su dirigencia, asuma su protagonismo perdido; y, dejando de lado la memoria asimétrica predicada desde los círculos oficiales; fuera de cualquier especulación sectorial o de escapismos hipócritas; promueva —mediante un diálogo superador— el exhaustivo e imparcial examen necesario sobre los terribles años de nuestra última contienda interna, de tal manera que nos permita dejar atrás, sin cargos de conciencia, un luctuoso y traumático pasado.

Entregaremos así, a quienes nos sucedan, un legado que les ayude a superar los desencuentros padecidos por nuestra generación. Sin olvido, pero también sin rencor: para no repetir los errores del pasado; con justicia, pero no con venganza: dando y quitando con equidad a quien debe dársele y quitársele; en busca sólo de la unión nacional, concebida —al decir de Ortega y Gasset— como un proyecto compartido de Nación; de manera tal que podamos mostrarnos ante el Mundo, como un País libre, pujante, abierto a la concordia, reconciliado y en paz.

Quiera Dios Nuestro Señor que así sea.

4. CITAS CITABLES SOBRE VIDELA

«El general Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente».

Ernesto Sábato

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«La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las fuerzas armadas tomaran el poder. Los extremistas de izquierda habían llevado a cabo los más infames secuestros y los crímenes monstruosos más repugnantes. Sin dudas, en los últimos meses en nuestro país, muchas cosas han mejorado: las bandas terroristas armadas han sido puestas en gran parte bajo control».

Ernesto Sábato

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"Desgraciadamente ocurrió que el desorden general, el crimen y el desastre económico eran tan grandes que los nuevos mandatarios no alcanzaban ya a superarlos con los medios de un estado de derecho. Porque entre tanto, los crímenes de la extrema izquierda eran respondidos con salvajes atentados de represalia de la extrema derecha. Los extremistas de izquierda habían llevado acabo los mas infames secuestros y los crímenes monstruosos más repugnantes.Sin duda alguna, en los últimos meses, muchas cosas han mejorado en nuestro país: las bandas terroristas han sido puestas en gran parte bajo control".

Ernesto Sábato

*

«Le agradecí (a Videla) personalmente el golpe del 24 de marzo, que salvó al país de la ignominia, y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado las responsabilidades del gobierno. Yo nunca he sabido gobernar mi vida, menos podría gobernar un país».

Jorge Luis Borges

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«Nuestra actitud básica es que queremos que tengan éxito. Yo soy de convicciones chapadas a la antigua : creo que a los amigos hay que apoyarlos. Lo que no se entiende en Estados Unidos es que ustedes están pasando una guerra civil. Se lee acerca de los problemas de derechos humanos, pero no sobre el contexto. Cuánto antes tengan éxito, mejor».

Henry Kissinger al almirante Guzzetti sobre la Argentina de Videla

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Breve dialogo con Ricardo Balbín:

«—Balbín:

General, yo estoy más allá del bien y del mal. Me siento muy mal, estoy afligido. Esta situación no da más. ¿Van a hacer el golpe? ¿Sí o no? ¿Cuándo?

—Videla:

Doctor, si usted quiere que le dé una fecha, un plan de gobierno, siento decepcionarlo porque no sé. No está definido. Ahora, si esto se derrumba pondremos la mano para que la pera no se estrelle contra el piso.

—Balbín:

Si van a hacer lo que pienso que van a hacer, háganlo cuanto antes. Terminen con esta agonía. Ahora, general, no espere que salga a aplaudirlos. Por mi educación, mi militancia, no puedo aceptar un golpe de Estado».

Ricardo Balbín, en conversación con Jorge Videla, extraída del libro Nadie fue, de Juan Bautista Tata

*

«…Si bien la Iglesia tiene una misión específica, hay circunstancias en las cuales no puede dejar de participar así cuando se trate de problemas que hacen al orden específico del Estado».

Monseñor Tortolo

*

«Señor Dios de los ejércitos en cuyas manos está el destino de los pueblos:

escucha la oración que te dirigimos implorando Tu bendición sobre estos sables y estas insignias y, en especial, sobre los nuevos generales del Ejército que las reciben como signo de la función y el poder que hoy asumen. Saben que su vida de soldado en cumplimiento de sus funciones específicas no está ni debe estar separada de Tu Santa Religión. Estos hombres comparten la misma fe de Tu Iglesia y la quieren vivir a través de la actividad y el servicio propio de la vocación militar que les enseñaste. Como soldados del Evangelio están dispuestos a sacrificarse dando la vida por los hermanos a ejemplo de Cristo, están de parte de la justicia y de la paz, comprometidos por Tu gracia y Tu fuerza a restablecer la armonía del amor, esa armonía quebrantada en nuestro suelo patrio por quienes, según lamentaba el salmista, gritan “guerra” cuando todos decimos “paz”».

Monseñor Bonamín, en la bendición de armas durante el Acto de ascenso a generales de brigada de Arturo Corbetta, Rodolfo Reinoso y Juan Bautista Sassiain, en presencia del general Videla

*

«Hay que recordar que sería fácil errar con buena voluntad entre el bien común si se pretendiera que los organismos de seguridad actuaran con pureza química de tiempos de paz, mientras corre sangre cada día, que se arreglaran desórdenes, cuya profundidad todos conocemos, sin aceptar los cortes drásticos que la situación exige; o no aceptar el sacrificio, en aras del bien común, de aquella cuota de libertad que la coyuntura pide, o que se buscara con pretendidas razones evangélicas implantar soluciones marxistas».

Documento de la Conferencia Episcopal Argentina

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«El país tiene una ideología tradicional y cuando alguien pretende imponer otro ideario diferente y extraño, la nación reacciona como un organismo con anticuerpos frente a los gérmenes, generándose así la violencia… en este caso habrá de respetarse el derecho hasta donde se pueda (…) los valores cristianos están amenazados por la agresión de una ideología que es rechazada por el pueblo. Por eso cada uno tiene su cuota de responsabilidad, la Iglesia y las FF.AA.; la primera está insertada en el Proceso y acompaña a la segunda, no solamente con sus oraciones, sino con acciones en defensa y promoción de los derechos humanos y la patria».

Monseñor Pio Laghi

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«A Videla hay que conocerlo. La gente juzga por cosas que oye o se dicen, pero él es una persona distinta a como se lo presenta ante la opinión pública».

José Alfredo Martínez de la Hoz

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«Videla »no es un asesino «, y justificó su accionar en la represión ilegal a que tenía que defender a la sociedad de los ataques que empezaron los grupos terroristas».

José Alfredo Martínez de la Hoz

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«Videla no es un asesino (…). Tenía que defender a la sociedad de los ataques que empezaron los grupos terroristas. A mí me mataron al subsecretario de Economía, Miguel Padilla, me pusieron una bomba subiendo en un avión con Videla. Ustedes oyen una sola campana. Pero, evidentemente, hubo procedimientos que uno hubiera preferido que no se hicieran…».

José Alfredo Martínez de la Hoz

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«Las Fuerzas Armadas han venido suavizando sus medidas de control pues perciben que prácticamente no hay oposición a su acción. Los representantes militares le informaron a la prensa local esta tarde que no habría más censura previa; bastaba que la prensa mostrara refreno y responsabilidad. (.) El cambio de gobierno no ha causado mucha paralización en la Argentina y la situación está ahora lo suficientemente tranquila como para que la embajada finalice esta serie de informes y vuelva a transmitir información a través del servicio regular de cable».

Informe de la Embajada de los Estados Unidos el 29 de marzo de 1976, apenas cinco días después del golpe de Estado.

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«La posición de Estados Unidos: éste debe ser el golpe mejor planeado y más civilizado en la historia de Argentina. También es único en otro sentido. Estados Unidos de estar detrás del mismo, salvo por Nuestra Palabra, el órgano de los comunistas locales. La embajada espera que continúe así.

Es evidente que no debemos identificarnos excesivamente con la Junta; esto no sería bueno para ellos ni para nosotros. Sin embargo, los mejores intereses de la Argentina y los nuestros radican en el éxito del gobierno moderado encabezado por el general Videla. Tienen la oportunidad de volver a unir al país, detener el terrorismo y poner la economía en marcha. Más aún, ha prometido solucionar rápidamente varios de nuestros problemas de inversión».

Robert Hill, Embajador de los Estados Unidos en Argentina durante el golpe de Estado

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«Las Fuerzas Armadas no hicieron mas que aceptar un pedido general, táctico y/o expreso de la ciudadanía para encarar, con su intervención, una crisis de supervivencia de la nación que las instituciones formales y las organizaciones civiles demostraron ser incapaces e impotentes de resolver».

Jorge Paladino, Secretario General del Partido Justicialista

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«Coincido con Videla. Fue una guerra. Habrá habido alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver pero la inmensa mayoría eran militantes y, de ellos, la mayoría eran montoneros. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte la utilizaran para decir que fui un pobrecito dirigente asesinado».

Mario Firmenich, líder montonero

5. CRONOLOGÍA DEL PERIODO

1970

29 de mayo: Secuestro y posterior asesinato del ex presidente de facto argentino Pedro Eugenio Aramburu a manos del grupo terrorista los Montoneros, una organización terrorista de izquierda peronista.

1971

26 de mayo: El general Alejandro Agustín Lanusse se hace con la presidencia de la República, en plena lucha contra la subversión y el terrorismo. Sucede en el cargo a Roberto Marcelo Levingstone.

1973

25 de mayo: El peronista Héctor Cámpora se hace con la presidencia de la República rodeado de sus nuevos amigos: el presidente chileno, Salvador Allende, y el de Cuba, Osvaldo Dorticós.

A partir del primer día, pone en marcha una amnistía para liberar a todos los terroristas detenidos y condenados, sobre todo procedentes de los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.

20 de junio: Masacre de Ezeiza, en la que la izquierda montonera dirime sus diferencias a tiros con la derecha peronista a la llegada de Juan Domingo Perón de su exilio madrileño. El máximo líder peronista se queda aterrado y percibe que su nuevo gobierno no resultará fácil.

13 de julio: Cámpora renuncia a la presidencia, dejando el camino a Perón para que la asuma. La presidencia de Cámpora se caracteriza, esencialmente, por un recrudecimiento del terrorismo y por la consolidación de las organizaciones subversivas que reciben nuevos refuerzos tras la amnistía del que los terroristas llaman como el "tío Cámpora".

25 de septiembre: Asesinato de José Ignacio Rucci por los Montoneros, quien era considerado para el general Perón como "un hijo". Rucci pertenecía al ala derecha del peronismo.

12 octubre: Perón elegido nuevamente presidente del país con su mujer, María Estela Martínez de Perón, como fórmula vicepresidencial.

21 de noviembre: Primer atentado asumido oficialmente por la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A. Aunque ya antes habían ocurrido acciones terroristas de carácter anticomunista, atribuidas a grupos cercanos a las fuerzas de seguridad, el atentado contra Hipólito Solari Yrigoyen, en represalia por el asesinato a manos de los Montoneros del dirigente sindical José Ignacio Rucci, fue la primera acción reivindicada por la Triple A. Pese a todo, Solari Yrigoyen sobrevivió milagrosamente al atentado.

1974

19 de enero: un centenar de guerrilleros del ERP al mando de Enrique Gorriarán Merlo atacaron el Regimiento de Caballería Blindada de Azul, en el interior de la provincia de Buenos Aires. En esa violenta acción fueron asesinados el jefe de regimiento, el coronel Camilo Gay, a su esposa y un soldado. Luego de un intenso tiroteo, los “erpianos” se retiraron con algunas bajas y llevando de rehén al subjefe de la unidad atacada, el teniente coronel Jorge Igarzábal, quien apareció muerto diez meses más tarde. El propio Perón con su uniforme de teniente general apareció en radio y TV para pronunciar sus palabras más duras desde su regreso a la Argentina. “Hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante la evidente desaprensión de sus autoridades. Es indudable que ello obedece a una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible, o lo que sería peor, si mediara, como se sospecha, una tolerancia culposa.”

I de julio: Muere Perón, le sucede en la presidencia María Estela Martínez de Perón. La acción de los grupos terroristas y subversivos continúa con fuerza, incluso con más intensidad bajo el gobierno de "Isabelita", que tolera desde el poder las acciones de la ultraderechista Triple A.

II de agosto: tras el violento asalto del ERP a la Fábrica Militar de Armas y Explosivos de Villa María, fue secuestrado el Teniente Coronel Argentino del Valle Larrabure, quién fue asesinado el 19 de agosto de 1975 tras permanecer cautivo 372 días en una "Cárcel del Pueblo" sufriendo una largo martirio y dejando un legado de soldado y hombre de bien a todos sus camaradas.

19 de septiembre: Secuestro de los hermanos Born, Jorge y Juan, a manos de los Montoneros, que obtienen el mejor rescate de la historia en una acción de la que todavía no se conoce el destino del fondo entregado —60 millones de dólares— para lograr la libertad de ambos hermanos. La trama en torno al dinero y quién lo recibió sigue siendo un enigma.

1975

7 y 8 de julio: Huelga general en Argentina, acontecimiento que provoca la caída y salida del gobierno de José López Rega, apodado "el brujo", y considerado el mentor intelectual de la Triple A. Regresaría a Argentina en el año 1986, procedente de los Estados Unidos que lo extradita, para responder por sus crímenes.

13 de septiembre: La presidenta María Estela Martínez de Perón pide la licencia presidencial por enfermedad y el presidente del senado, Italo Luder, ocupa hasta el 17 de octubre provisionalmente la máxima responsabilidad del país. Durante su ejercicio de la presidencia, Luder firmó los decretos 2770, 2771 y 2772, creando un Consejo de Seguridad Interior integrado por el presidente y los jefes de las Fuerzas Armadas y extendiendo a todo el país la política de "aniquilar" el accionar de los elementos "subversivos" que había sido iniciada unos meses antes.

18 de diciembre: Levantamiento militar del brigadier Orlando Jesús Capellini ante el caótico estado de cosas; María Estela Martínez de Perón se negó a dimitir y reprimió la asonada.

1976

24 de marzo: Tras ser anunciado previamente por casi todos los sectores sociales del país y después de unos meses de intensa actividad terrorista y guerrillera, las Fuerzas Armadas argentinas deponen a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Se conforma la primera Junta Militar formada por representantes de las tres armas: Jorge Rafael Videla, por el ejército de tierra; Eduardo Massera, por la armada, y Orlando Ramón Agosti, por la fuerza aérea.

29 de marzo: Jorge Rafael Videla es elegido por cinco años presidente de la República.

2 de abril: El nuevo gobierno, formado también por civiles, presenta su primer plan económico con el fin de controlar la inflación y poner en marcha medidas de reordenamiento económico.

19 de mayo: Almuerzo de Jorge Rafael Videla con un nutrido grupo de intelectuales argentinos, entre los que se encontraban Ernesto Sabato y Jorge Borges, quienes apoyan el golpe de Estado y se muestran esperanzados con la nueva etapa que se abre.

2 de julio: Atentado brutal de los Montoneros contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que deja 23 muertos y más de 60 heridos.

1977

24 de marzo: Atentado fallido contra el avión en él que viajaba el general Videla, perpetrado por el ERP y que casi cumple con sus objetivos si no hubiera sido por un fallo en el accionar de los explosivos.

22 de mayo: Se da a conocer en Londres el laudo arbitral de 1977 que otorga a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox junto a las islas adyacentes.

Argentina obtiene la mitad norte del canal Beagle y las islas correspondientes, aunque Buenos Aires no lo acepta y se inicia una escalada de la tensión entre los dos países.

30 de mayo: Nace el grupo de las Madres de la Plaza de Mayo, grupo de mujeres que reclaman noticias acerca de sus hijos detenidos. Comienzan también las primeras denuncias sobre algunas desapariciones.

1978

1 de junio: Se inaugura oficialmente el Mundial de Fútbol de Argentina, en un momento de cierta euforia y una clara mejora en el orden público. Según Videla, en ese momento "el Proceso de Reorganización Nacional había cumplido con sus objetivos" y se debería haber reconducido por la vía "política".

25 de junio: Argentina gana el mundial de fútbol: Jorge Videla entrega la copa del mundo al equipo de su país.

1979

8 de enero: Firma de un acuerdo entre Argentina y Chile por el que se ponen fin a sus diferencias territoriales por el canal de Beagle e islas en disputa.

24 de marzo: Toma posesión la segunda Junta Militar argentina formada por Roberto Eduardo Viola, por el ejército de tierra; Omar Domingo Rubens, de la fuerza aérea; y Armando Lambruschini, de la armada.

6 de septiembre: Llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) con el fin de investigar algunas denuncias efectuadas por organizaciones civiles argentinas.

1980

10 de diciembre: El activista Adolfo Pérez Esquivel, comprometido con la izquierda, recibe el Premio Nobel de la Paz, en una clara demostración que el gobierno argentino parece haber perdido la "batalla por la imagen", impulsada por Videla.

1981

24 de marzo: Toma posesión la tercera Junta Militar formada por Leopoldo Fortunato Galtieri, por el ejército de tierra; Jorge Isaac Anaya, por la armada; y Basilio Arturo Lami Dozo, por la fuerza aérea.

29 de marzo: Deja el cargo de Presidente Jorge Rafael Videla y asume el general Roberto Viola, que sólo se mantuvo en el cargo por poco menos de 9 meses.

Un agudo cuadro de hipertensión arterial lo obligó a delegar el mando el 21 de noviembre en el ministro del Interior Horacio Liendo.

A pesar de que los partes médicos hablan de una mejoría, las divisiones en el propio seno de las Fuerzas Armadas sellan su suerte (anunciada) y es reemplazado por el General Leopoldo Fortunato Galtieri, en diciembre de ese año.

24 marzo: Toma posesión la cuarta y última Junta Militar argentina formada el teniente general Cristino Nicolaides, por el ejército de tierra; el almirante Rubén Oscar Franco, por la armada; y el brigadier general Augusto Jorge Hughes.

30 de marzo: Huelga general en todo el país convocada por la Confederación General de los Trabajadores. Disturbios y enfrentamientos en Mendoza.

2 de abril: Los diarios argentinos anuncian que las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del general Galtieri, han recuperado las islas Malvinas.

14 de junio:El comandante Mario Benjamín Menéndez se rinde incondicionalmente en Puerto Stanley a los ingleses. Ya el 25 de abril, Alfredo Astíz se había rendido en las Islas Georgias.

1 de julio: El general Leopoldo Galtieri es reemplazado por Reynaldo Bignone. El Proceso de Reorganización Nacional aparece agotado en sí mismo tras la derrota de las Malvinas. Bignone anuncia el final del periodo militar, la convocatoria de elecciones y una autoamnistía a los militares que habían estado luchando contra la subversión.

1983

30 de octubre: Elecciones presidenciales en Argentina que gana el radical Raúl Alfonsín.

10 de diciembre: Alfonsín asume como nuevo presidente de la República y comienza el nuevo periodo democrático. Se anuncia desde el nuevo poder civil el procesamiento de los antiguos miembros de las Juntas Militares.

28 de diciembre: Comienza el enjuiciamiento de las Juntas Militares.

1985

22 de abril: Comienzan los juicios a las Juntas Militares. El vía crucis de los militares argentinos apenas acaba de comenzar y dura hasta el día de hoy.

Las acciones violentas del terrorismo marxista, que golpeaba para alzarse con el poder público, son muchísimas más y las que por razones de espacio dejaremos vivas en nuestras memorias y nos disculpamos con sus deudos, camaradas y amigos por no incluirlas a todas. Son demasiadas y nos alejarían del propósito de este humilde libro.

6. BREVES BIOGRAFÍAS DE LOS PROTAGONISTAS DE UNA GUERRA

Jorge Rafael Videla es uno los principales protagonistas y actores de la historia reciente de la Argentina, pero sobre todo de las décadas de los setenta y los ochenta, donde tuvo un papel destacado en los sucesos que llevaron a la intervención militar de marzo de 1976 y después.

Nacido en las Mercedes, en el año 1925, eligió la profesión de militar a los 19 años y desde el año 1944 fue escalando a través de todos los escalones de las Fuerzas Armadas argentinas hasta el año 1975, en que es elegido Comandante en Jefe del Ejército por la presidenta de entonces, María Estela Martínez de Perón.

Durante el período que se conoce como el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1982), Videla fue presidente de la República hasta el año 1981, en que abandonó el cargo debido a problemas en el interior de las Fuerzas Armadas y a algunas discrepancias con respecto al futuro del movimiento iniciado en marzo de 1976 y su reconducción política.

Después estuvo en un segundo plano hasta que en el año 1983, nada más producirse el advenimiento de la democracia y la elección de Raúl Alfonsín como presidente de la República, los militares que habían participado de las diversas Juntas Militares son procesos y juzgados.

Fruto de esa llamemos revisión de la historia con carácter retroactivo, Videla fue condenado a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y destitución del grado militar en 1985.

Videla pasara cinco años en la cárcel hasta que, en 1989, el presidente Carlos Saúl Menem, con el fin de poner fin al descontento en las Fuerzas Armadas y a una «catarata» interminable de juicios muchas veces sin sentido, ejerció la facultad presidencial del indulto y amnistió a varios militares junto a algunos líderes montoneros, en aras de «superar los conflictos pasados».

Luego, en 1998, pasó 38 días en la cárcel al ser procesado de nuevo por un supuesto delito de sustracción de menores que el tribunal que le juzgó consideró como imprescriptible. Pasó a arresto domiciliario, en razón de su edad, y en 2008 le fue retirado este derecho y fue confinado en un penal, bajo jurisdicción civil, hasta este momento. Dicho penal está situado en la base militar más grande del país, el Campo de Mayo.

Pero los procesos sin fin no terminaron y la situación se agravó especialmente con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y después de su esposa, Cristina, en el 2003. El 31 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia, confirmando las sentencias de tribunales inferiores pero también evidenciando una clara intencionalidad política, dictó que el perdón presidencia dictado por Menem no fue constitucional y la condena que anuló debía ser cumplida efectivamente.

Fruto de esta persecución judicial, el 22 de diciembre de de 2010, el Tribunal Oral Federal 1 sentenció con cadena perpetua a los ya considerados ex militares Jorge Rafael y Luciano Benjamín, en el marco de un proceso de dudosa legalidad que se desarrolló en la ciudad de Córdoba por delitos de lesa humanidad y envió a ambos militares a una cárcel común. Actualmente, Videla se halla bajo ese régimen, que considera injusto, y lucha por demostrar su inocencia. Videla defiende fervientemente que los hechos juzgados deben ser puestos en el contexto de una guerra contra la subversión y el terrorismo. Se considera un preso político y reclama, quizá de una forma infructuosa, su tratamiento como preso político.

Finalmente, conviene recordar el carácter de víctima del terrorismo de Videla, quien aseguró durante su último proceso que hubo «dentro de ésa orgía de violencia» unos «seis atentados» contra su vida , y aseguró que «el primero fue en marzo de 1976 comandado por (el periodista Horacio) Verbitsky». Según la versión del general, «el Perro» —como lo llamó— luego habría sido «enjuiciado severamente» por los Montoneros «por no haberse quedado a comprobar los resultados de la operación».

Héctor Cámpora fue presidente brevemente de la Argentina durante el turbulento y convulso año de 1973, pero no por ello su obra fue menos nefasta. De filiación peronista, y buen conocedor de los entresijos de la política argentina de entonces, fue uno de los principales responsables de muchos de los turbios, siniestros y violentos acontecimientos que se sucedieron después de su efímera presidencia.

Nada más llegar a la presidencia, el 25 de mayo de ese año, liberó a más de 20.000 subversivos y terroristas pertenecientes, sobre todo, a organizaciones de extrema izquierda, que nada más ser liberados anunciaron sus intenciones de continuar con la lucha revolucionaria, es decir, el combate armado para hacerse con el poder y desarrollar su proyecto socialista, en sintonía con el modelo cubano tan en boga entonces. No salieron de la cárcel con el discurso de la concordia y el diálogo, sino en defensa de un orden revolucionario que solo podía llegar a concretarse a través de las armas, dados sus escasos apoyos y simpatías en la sociedad argentina.

El resultado de la amnistía fue el incremento de la acción armada en todo el país y centenares de actos terroristas no solo contra militares, policías y funcionarios públicos, sino contra todos aquellos sectores que no comulgaban con los ideales izquierdista de estos jóvenes revolucionarios llamados todavía hoy «idealistas». La lucha contra el Estado, pero en definitiva contra toda la sociedad argentina, fue muy cruenta y murieron centenares de hombres y mujeres, muchos de ellos civiles inocentes víctimas de la violencia indiscriminada proveniente de los Montoneros y el ERP, principalmente.

Juan Domingo Perón llegó a la Argentina tras un largo exilio en el año 1973, encontrándose un país muy diferente al que había dejado en el año 1956, cuando fue obligado a marcharse después de una asonada militar, y sumido en una violencia endémica, casi al borde una guerra civil. Perón veía como la violencia de la extrema derecha y la extrema izquierda consumía al país, en una guerra fratricida, y provocaba una sangría humana innecesaria y gratuita, fruto de los fanatismos de unos grupos profundamente ideologizados y que, paradójicamente, habían nacido al albur del movimiento que el general había creado, el peronismo.

Sin embargo, Perón es ya un hombre enfermo y mayor, incapaz de hacer frente al desafío terrorista, a la desunión en sus propias filas y al estado de cosas que reinaba en el país en todos los ámbitos, pero sobre todo en los órdenes político, social y económico. Tenía ya casi ochenta años y lejos quedaban sus años de gloria. Gobernaría menos de un año, entre octubre de 1973 y julio de 1974, muy poco tiempo para resolver los graves problemas del país y para dejar un orden sucesorio que hubiera evitado la catástrofe que estaba por venir a su muerte: la elección como presidenta del país de María Estela Martínez de Perón, su fórmula vicepresidencial en las elecciones de 1973. Un personaje funesto incapaz de gobernar nada y en manos de su secretario personal, José López Rega.

María Estela Martínez de Perón llegó a la presidencia de la Argentina en un momento muy difícil, sobre todo debido a la fuerza y radicalismo violento con que actuaban los grupos terroristas, la falta de liderazgo en el país y acuciantes problemas sociales y económicos.

A su falta de liderazgo, que era notorio, hay que destacar su estrecha alianza con uno de los personajes más siniestros y enigmáticos de la historia de Argentina, José López Rega, apodado «el brujo» por sus afición por el esoterismo y el líder en la sombra del movimiento ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, principal responsable de numerosos asesinatos, atentados y acciones terroristas.

Aparte de ser ministro de Bienestar Social fue secretario de la presidenta y hasta su caída en desgracia, en 1975, fue uno de los hombres mas influyentes de ese período; luego comenzó su periplo en el exterior, primero como «embajador itinerante» y más tarde como prófugo de la justicia, buscando refugio en España, Suiza, las Bahamas y finalmente los Estados Unidos, donde fue detenido y extraditado a Argentina.

Así, entre julio de 1974 y octubre de 1975, el país se desliza lenta pero inexorablemente por los caminos del caos y el desorden público hacia una guerra segura. El vacío de poder, la inexistencia de una autoridad política al frente de la nación, el caos económico, los desórdenes sociales y las acciones armadas de los grupos subversivos, junto otros elementos que superarían las intenciones de este libro, caracterizaron a este periodo histórico realmente terrible e irrepetible en la historia del país.

Llegados a este punto, y ante la gravedad de los hechos a la que se le vino añadir la enfermedad de la presidente en ejercicio, el presidente del Senado, Italo Luder, al ejercer durante un breve periodo la presidencia en lugar de la mandataria postrada, dictaría medidas ejemplares para doblegar al terrorismo en una situación excepcional que requería medidas de fuerza, tal como los sectores argentinos de la sociedad civil demandaban desde hace años. Esos hechos, junto con su regreso al frente de su irresponsable gestión al frente del país, forzaron la intervención de las Fuerzas Armadas del 24 de marzo de 1976.

Ítalo Luder fue uno de los líderes del peronismo, o el justicialismo, más importante tras la muerte de Perón e incluso su nombre sonó a la muerte del máximo líder como posible sucesor ante la inoperancia de la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Pero su momento más destacado en esos años fue el 13 de septiembre de 1975 cuando la presidenta Martínez solicitó licencia por motivos de salud, asumiendo Luder la primera magistratura del país, hasta el 17 de octubre, en que regresaría la presidenta. Durante ese breve ejercicio de la presidencia, Luder firmó los decretos 2770, 2771 y 2772, creando un Consejo de Seguridad Interior integrado por el mismo presidente y los jefes de las Fuerzas Armadas, en un intento por «aniquilar» la acción de los grupos «subversivos» y terroristas.

Estos decretos fueron considerados después por los militares argentinos como la base legal desde la que operar contra las organizaciones terroristas. Más tarde, sin embargo, Luder matizó semánticamente la utilización de esta expresión, aunque quizá el alzheimer que sufrió en los últimos años le hizo olvidar este y otros episodios bien conocidos. Moriría en el año 2008, a los 91 años de edad.

Ricardo Balbín fue uno de los líderes del radicalismo más conocido hasta el año 1981, en que fallece a la edad de 77 años. Según numerosas fuentes, Balbín apeló, en repetidas ocasiones, a los mandos militares a que pusieran fin a la desastrosa presidencia de María Estela Martínez Perón. Fue varias veces candidato a la presidencia de la República, aunque todas ellas fallidas, y mantuvo una relación fluida e incluso fructífera con las autoridades militares durante el mandato de Videla. En más de una oportunidad visitó al almirante Massera en su despacho del edificio Libertad.

Eduardo Emilio Massera acompañó, en representación de la Armada argentina, a los generales Videla y Orlando Agosti en la primera Junta Militar constituida tras los acontecimientos del 24 de marzo de 1976. Videla representaba al ejército y Agosti, quizá el menos conocido de todos los militares que compusieron las Juntas, a la Fuerza Aérea.

El 6 de diciembre de 1973 fue nombrado Comandante en Jefe de la Armada por el presidente Juan Domingo Perón,siendo el marino más joven de la historia naval argentina en alcanzar esa jerarquía, nombramiento que obligaba al retiro de 14 oficiales superiores, y continuó en el cargo al asumir Perón la presidencia y, más tarde, cuando lo sucedió María Estela Martínez.

Entre 1976 y 1978 formó parte, junto con Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, de la junta militar que depuso al gobierno presidido por Isabelita y gobernó de facto la

Argentina durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, hasta que se produjo su pase a retiro el 15 de septiembre de 1978.

De Massera hay abundante literatura escrita, más bien desfavorable para el periodo de tiempo en que ejerció como miembro de las Juntas Militares —apenas dos años—, pero sobre todo se relaciona a la Armada que él presidía con la famosa Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde ocurrieron una buena parte de las violaciones de derechos humanos comprobadas durante el periodo militar.

Durante el tiempo que estuvo en el ejercicio de su cargo, pero también después, nunca ocultó sus pretensiones políticas e incluso llegó a formar un partido, el Partido de la Democracia Social, con el que pretendía concurrir a las urnas en las elecciones de 1983, pero finalmente fue detenido en junio de ese mismo año y comenzó su «periplo» judicial.

El 22 de abril de 1985, según informaba la prensa argentina en aquellos días, fue juzgado por asesinato, tortura y privación ilegal de la libertad, y condenado a prisión perpetua y pérdida del grado militar por los siguientes delitos: 3 homicidios con alevosía, 12 tormentos, 69 privaciones ilegales de libertad, 7 robos, 17 desnudos públicos y 3 vandalismos pueriles. Luego, en 1990 y al igual que otros militares condenados, fue indultado por el presidente Carlos Saúl Menem, aunque en el año 1998 fue de nuevo detenido bajo la acusación de secuestro y sustracción de menores. En el año 2001 se declaró inconstitucional el perdón de Menem y de nuevo se reabrieron los procesos a los militares.

Ya nunca recuperaría la libertad, pese a la gravedad de sus enfermedades y estado general, muriendo en el año 2010 no sin antes haber sido juzgado, en ausencia, por un tribunal por las supuestas desapariciones de tres italianos durante la dictadura. Tenía 85 años y sus últimos días, hasta el 8 de noviembre de 2010, los pasó recluidos en el Hospital Naval de la ciudad de Buenos Aires.

Al igual que Videla y Massera, Orlando Ramón Agosti fue uno de los tres integrantes, en representación de la Fuerza Aérea, de la primera Junta Militar formada tras el 24 de marzo de 1976. A pesar de ser una de las figuras menos conocidas, quizá por su temprano retiro en 1979 y ser sustituido por Omar Domingo Rubéns tanto en la junta como en su arma, eso no fue óbice para que pasara cinco años en la cárcel, entre 1984 y 1989, por ocho secuestros y robo.

En 1993, cuando ya se había acogido al indulto de Menem, solicitó judicialmente la restitución de su grado militar, algo que le fue denegado y que nunca conseguiría. Moriría, en 1997, de un cáncer a la edad de 73 años.

Roberto Viola fue presidente unos meses durante el Proceso de Reorganización Nacional, entre el 29 de marzo y el 11 de diciembre de 1981, aunque su escasa responsabilidad no fue impedimento para que al igual que el resto de los militares que estuvo al frente del país en ese periodo fuera juzgado y condenado a 17 años, en el 1985. Su presidencia fue el punto de inflexión de la agonía y posterior muerte de la dictadura. Después de pasar casi cinco años en la cárcel, entre 1985 y 1990, fue indultado de la misma forma que los anteriores por el presidente Menem. Moriría en el año 1994 en el olvido y, quizá, con la «suerte» de no verse de nuevo ante los tribunales de la venganza de los Kirchner.

La imagen de Leolpoldo Fortunato Galtieri está inevitablemente unida a la batalla de las islas Malvinas, también a la posterior derrota de los argentinos e inevitable caída del régimen militar. Fue presidente de Argentina apenas 17 meses, los que transcurren entre la caída de Viola, en diciembre del año 1981, y la heroica derrota de las tropas argentinas en las Malvinas, allá por los finales de junio de 1982.

Una vez llega Alfonsín a la presidencia el país, en 1983, comienza su procesamiento, en su caso sobre todo por su gestión la crisis de las Malvinas que él mismo había provocado con la invasión de las islas. Pasó, entre 1986 y 1989, una temporada en la cárcel hasta que el presidente Menem indultó a los jefes militares del Proceso de Reorganización Nacional. En 1997, siguiendo la estela de los demás líderes militares, fue de nuevo procesado, emitiéndose desde instancias judiciales españolas una orden de captura internacional y una solicitud internacional. Fue sometido a arresto domiciliario en junio de 2002, y el 12 de enero del año siguiente moriría a causa de un paro cardíaco.

Reynaldo Bignone fue presidente de Argentina tras la derrota en las Malvinas, entre el uno de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, una vez agotado el Proceso de Reorganización Nacional y elegido presidente el radical Raúl Alfonsín.

Su corto período en el gobierno no le sirvió para eludir los juicios contra los militares que participaron en ese período. Así fue posible que Bignone fuera juzgado por el tribunal convocado para dictaminar la responsabilidad de las juntas militares. Se le imputaron secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante su comandancia en la base militar del Campo de Mayo.

También fue acusado, en 1986, de haber destruido todos los documentos y pruebas relacionadas con las supuestas violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. Fue indultado, al igual que los demás militares, por el presidente Menem a finales de 1989. Sin embargo, siguiendo el mismo destino que el de todos aquellos que tuvieron algo que ver con la dictadura militar, fue procesado de nuevo en 1999 por la sustracción de menores y sometido a arresto domiciliario desde esa fecha debido a su avanzada edad.

En enero de 2009 fue anunciado el inicio de un juicio oral en su contra, por el secuestro, tortura y desaparición de empleados del Hospital Posadas, situado en El Palomar, Buenos Aires.Finalmente, en abril de 2010, Bignone fue condenado a 25 años de prisión y se le retiró el beneficio del arresto domiciliario; entre las acusaciones de las que se le halló penalmente responsable se encontraban 56 casos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos cometidos en el centro de torturas y exterminio que funcionó en el complejo militar de Campo de Mayo.

«35 años más tarde, quienes se atribuyen ser herederos de los principios y doctrinas se arrogan el derecho de pretender hacer justicia vulnerando los más claros postulados de la justicia penal para juzgar y condenar a quienes nos tocó cumplir con aquellos claros propósitos», declaró Bignone al conocer la sentencia. Más tarde de pronunciadas estas palabras proféticas, Bignone fue condenado a prisión perpetua en una prisión común, a sus 84 años, y actualmente sigue reo de la «justicia» argentina.

Raúl Alfonsín fue el primer presidente de la democracia, también el impulsor de los juicios a las Juntas Militares argentinas nada más llegar del gobierno, allá por diciembre del año 1983. En la década anterior, en los setenta, había simpatizado y ejercido como abogado defensor de algunos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo.

Sin haber tenido un papel significativo en la «lucha» contra el gobierno militar argentino, tal como intentaron póstumamente reivindicar sus escasos partidarios, tras el advenimiento de la democracia trató de lavar su imagen impulsando los procesos a las Juntas Militares y a los hombres de las fuerzas de seguridad que habían luchado contra el terrorismo, tal como hizo con éxito y abriendo las viejas heridas que se trataban de cerrar.

El proceso a las Juntas se produjo en 1985 y en el mismo fueron juzgados 281 supuestamente responsables de los excesos y violaciones de los derechos humanos, siendo condenados el general Jorge Rafael Videla y el almirante Eduardo Massera a reclusión perpetua, junto a otros militares también condenados a otras penas. En

1986, y con el fin de poner fin a la serie de juicios sin fin iniciados bajo su gobierno, Alfonsín impuso la Ley de Punto Final, en que se daba un plazo de 60 días para iniciar procesos contra los militares que hubieran cometido delitos y que establecía que quien en ese plazo no hubiera sido juzgado quedara exento de volver a ser procesado.

Pese a todo, el descontento era muy grande en las Fuerzas Armadas y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran asonada militar denominada de los «carapintadas», comandada por el coronel Aldo Rico y fruto del malestar creciente entre los militares. Tras negociar con los militares una salida pacífica al conflicto, Alfonsín realizó algunos cambios en la cúpula militar y aprobó la Ley de Obediencia Debida, en un claro afán por poner coto a las disputas entre el poder civil y unas Fuerzas Armadas permanentemente cuestionadas.

Alfonsín, sin embargo, tuvo que enfrentarse durante el año 1988 a otras dos revueltas militares y a una situación económica que llevó al colapso del país. Debido a los graves desórdenes sociales, el caos económico generado por la hiperinflación, el malestar reinante en casi todas las instituciones y, sobre todo, a su incapacidad política para manejar la nación, finalmente el presidente Alfonsín adelantó el traspaso de poderes al presidente entrante, Carlos Saúl Menem, el 9 de julio de 1989. Murió en marzo de 2009, a los 82 años.

Carlos Saúl Menem, presidente electo siete meses antes por agonía presidencial, se encontró con una situación realmente alarmante y casi ante el riesgo de una amenaza de guerra civil nada más llegar al gobierno. Su gestión de la economía, tras encontrarse una herencia «terrorífica» de los años de ineptitud de Alfonsín, dio resultados en la primera legislatura y fue el impulsor del cambio de la paridad de «un peso, un dólar», que tan fatales resultados daría años más tarde.

No obstante, supo enfrentar los problemas con capacidad de liderazgo, a diferencia de Alfonsín, y «enterró» el problema militar con un perdón a los antiguos responsables militares, pero también a los terroristas con responsabilidades durante el periodo de subversión. Su mandato estuvo caracterizado por una política exterior claramente pronorteamericana y, en el plano interior, por numerosos casos de corrupción y una cierta estabilidad económica propiciada por una exitosa política de carácter abiertamente neoliberal. Todavía vive, pese a su fracaso de concurrir a las elecciones en el 2003, y sigue siendo un referente en la política argentina, aunque sus últimos devaneos con los Kirchner le han restado alguna credibilidad. No es para menos.

7. ANEXOS

A) Proclama del 24 de marzo de 1976

Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas en las medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para el país, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los exterminios, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y corrupción generalizadas, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podía tener sobre el destino de la Nación, una actitud distinta a la adoptada.

Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder. Es una decisión por la Patria, y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Rechaza por consiguiente la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia. Las Fuerzas Armadas desarrollarán, durante la etapa que hoy se inicia, una acción regida por pautas perfectamente determinadas.

Por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la realización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad. Así la República llegará a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional, metas irrenunciables, para cuya obtención se convoca a un esfuerzo común a los hombres y mujeres, sin exclusiones, que habitan este suelo, tras estas aspiraciones compartidas, todos los sectores representativos del país deben sentirse claramente identificados y, por ende, comprometidos en la empresa común que conduzca a la grandeza de la Patria.

Al contraer las Fuerzas Armadas tan trascendente compromiso formulan una firme convocatoria a toda la comunidad nacional. En esta nueva etapa hay un puesto para cada ciudadano. La tarea es ardua y urgente, pero se la emprende con el absoluto convencimiento de que el ejemplo se predicará de arriba hacia abajo y con fe en el futuro argentino. La conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, a la par que se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia.

No se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgresión a la ley en oposición al proceso de reparación que se inicia.

Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional.

[Firmado] :

Jorge Rafael Videla, Tte. Gral., Comandante Gral. del Ejército;

Emilio Eduardo Massera, Almte., Comandante Gral. de la Armada;

Orlando Ramón Agosti, Brig. Gral., Comandante Gral. de la Fuerza Aerea.

*

B) Boletín Oficial del 31 de marzo de 1976

Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional

Buenos Aires, 24 de marzo de 1976

Considerando que es necesario establecer las normas fundamentales a que se ajustará el gobierno de la Nación en cuanto a la estructura de los poderes del Estado y para el accionar del mismo a fin de alcanzar los objetivos básicos fijados y reconstruir la grandeza de la República, la Junta Militar, en ejercicio del poder constituyente, estatuye:

Artículo 1°—

La Junta Militar, integrada por los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, órgano supremo de la Nación, velará por el normal funcionamiento de los demás poderes del Estado y por los objetivos básicos a alcanzar, ejercerá el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y designará al ciudadano que, con el título de Presidente de la Nación Argentina, desempeñará el Poder Ejecutivo de la Nación.

En caso de ausencia temporaria, enfermedad o licencia de alguno de los miembros de la Junta Militar, el cargo será desempeñado interinamente por el oficial superior que lo reemplace en el comando de la fuerza.

Art. 2°— La Junta Militar podrá, cuando por razones de Estado lo considere conveniente, remover al ciudadano que se desempeña como presidente de la Nación, designando a su reemplazante mediante un procedimiento a determinar.

También inicialmente removerá y designará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al procurador general de la Nación y al fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Ejercerá, asimismo, las facultades que los incisos 15, 17, 18 y 19 del artículo 86° de la Constitución nacional otorgan al Poder Ejecutivo nacional, así como también las que los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del artículo 67° atribuyen al Congreso.

Art. 3°— La Junta Militar sólo sesionará con la presencia de la totalidad de sus miembros y sus decisiones las adoptará por simple mayoría. La designación y remoción del presidente de la Nación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 2°.

Art. 4°— El presidente de la Nación tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 86° de la Constitución nacional, con excepción de lo especificado en sus incisos 1 (primera parte), 5 (en lo que respecta a los miembros de la Corte Suprema, cuya designación se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° del presente estatuto), 15, 17, 18, y 19. En lo que respecta al inciso 16 del citado artículo, los empleos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas serán provistos por el presidente de la Nación, a cuyo efecto convalidará las respectivas resoluciones de los comandos generales de las Fuerzas Armadas.

Art. 5°— Las facultades legislativas que la Constitución nacional otorga al Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas por el presidente de la Nación, con excepción de aquellas previstas en los artículos 45°, 51° y 52° y en los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del artículo 67°. Una Comisión de Asesoramiento Legislativo intervendrá en la formación y sanción de las leyes, conforme al procedimiento que se establezca.

Art. 6°— En caso de ausencia del país, licencia autorizada por la Junta Militar o enfermedad del presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será asumido por el ministro del Interior con las mismas formalidades establecidas para el presidente. En caso de acefalía, será reemplazado por el precitado ministro hasta la designación de un nuevo presidente por la Junta Militar.

Art. 7°— Una ley establecerá el número de ministros y secretarios de estado que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, como asimismo sus funciones y vinculación de dependencia.

Art. 8°— La Comisión de Asesoramiento Legislativo estará integrada por nueve oficiales superiores, designados tres por cada una de las Fuerzas Armadas.

Art. 9°— Para cubrir vacantes de jueces de la Corte Suprema de Justicia, procurador general de la Nación y fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el presidente de la Nación convalidará las designaciones efectuadas por la Junta Militar. Los nombramientos de jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán efectuados por el presidente de la Nación.

Art. 10°— Los miembros de la Corte Suprema, procurador general de la Nación, fiscal general de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y jueces de los tribunales inferiores de la Nación gozarán de las garantías que establece el artículo 96° de la Constitución nacional desde su designación o confirmación por la Junta Militar o presidente de la Nación, según corresponda.

Art. 11°— A los efectos previstos en los artículos 45°, 51° y 52° de la Constitución nacional, en lo referente a los miembros de la Corte Suprema y tribunales inferiores, el gobierno dictará una ley para proveer la integración y funcionamiento de un jurado de enjuiciamiento para los magistrados nacionales.

Art. 12°— El Poder Ejecutivo Nacional proveerá lo concerniente a los gobiernos provinciales y designará los gobernadores, quienes ejercerán sus facultades conforme a las instrucciones que imparta la Junta Militar.

Art. 13°— En lo que hace al Poder judicial provincial, los gobernadores provinciales designarán a los miembros de los superiores tribunales de justicia y jueces de los tribunales inferiores, los que gozarán de las garantías que fijen las respectivas Constituciones provinciales desde el momento de su nombramiento o confirmación. Asimismo, cada provincia dictará una ley de enjuiciamiento de magistrados judiciales o adecuará la existente a la situación institucional vigente.

Art. 14°— Los gobiernos nacional y provincial ajustarán su acción a los objetivos básicos que fijó la Junta Militar, al presente estatuto y a las Constituciones nacional y provinciales en tanto no se opongan a aquellos.

Videla. — Massera. — Agosti.

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C) Montoneros: el brazo armado del peronismo

Compañeros: los hombres y mujeres que componemos los Montoneros, brazo armado del movimiento peronista, hemos asestado un golpe a la oligarquía gorila, ocupando militarmente la localidad de La Calera y recuperando armas y dinero, que serán destinados a la lucha por construir una Nación Libre, Justa y Soberana. Lo hemos hecho para demostrar nuestra solidaridad combativa con el Pueblo Peronista, que ha ganado la calle, que pelea desde las fabricas, en defensa de legitimas aspiraciones y derechos y como repudio ala farsa gobernante de turno. Los Montoneros prevenimos al Pueblo de córdoba contra las maniobras de los gorilas que dentro y fuera del gobierno quieren embarcarnos en un nuevo fraude electoral, en el que no podamos votar por Perón acompañados de algunos tránsfugas de siempre, que se dicen dirigentes peronistas y que repudian la resistencia armada del pueblo y que quieren elecciones porque saben entonces que el queso será más grande. El Pueblo debe unirse, sin partidismos sectarios, en torno a las banderas intransigentes de la resistencia, buscando prepararse, organizarse, armarse y que sepan los traidores, los vendidos, los torturadores, los enemigos de la clase obrera, que el Pueblo ya no recibirá solamente los golpes, porque ahora esta dispuesto a devolverlos y golpear donde duela.

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D) Primer comunicado del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1970. 20 de septiembre de 1970

Con esta primera acción publicitada, el Ejército Revolucionario del Pueblo pasa a combatir en forma organizada, uniendo su actividad combatiente a la de otras organizaciones hermanas, asumiendo junto a ellas la responsabilidad militar en el proceso de guerra revolucionaria que ha comenzado a vivir nuestro pueblo, en su lucha contra la opresión económica, política, cultural y militar que la dictadura ejerce en representación del imperialismo yanqui y del capitalismo argentino. Es el comienzo de nuestra participación plena en la guerra de la Segunda Independencia, continuación de la que los fundadores de nuestra nacionalidad, el pueblo y los héroes, San Martín, Belgrano, Güemes, sus soldados y guerrilleros, los anónimos hombres y mujeres que se sacrificaron junto a ellos, libraron de 1810 a 1824, contra la dominación española. Hoy como entonces, la lucha será larga. Hoy como entonces debemos enfrentar a un enemigo superior.

Hoy como entonces la guerra revolucionaria argentina y latinoamericana se desarrollará en un proceso prolongado que, comenzando con puñados de revolucionarios, irá encontrando apoyo popular, irá ganando los corazones y las mentes de las masas hasta el momento del triunfo final, sólo posible con el concurso y la participación más plena y activa de la clase obrera, el estudiantado y todo el pueblo patriota antidictatorial y antiimperialista.

Porque ésta es una guerra del pueblo, esta acción y nuestras operaciones posteriores tienen un objetivo principal, el despertar la conciencia popular, mostrar a todos los patriotas el camino revolucionario. Hacer patente a los que sufren ante el triste destino de nuestra patria, que ven con dolor a cuatro generales, uno de ellos el virrey Levingston apropiándose de todos los resortes del poder, comisionados a ojos vista por el imperialismo yanqui, que sufren explotación, hambre y privaciones sintiendo en carne propia las brutales consecuencias de la política de la dictadura, que hay un camino para acabar esas injusticias y que ese camino es el de la guerra revolucionaria del pueblo. Nuestro programa de lucha es claro. Queremos la liberación nacional y social de nuestra patria.

Queremos: 1º — En lo político.

a) Ruptura con los pactos que nos comprometen con EE.UU. y otros países extranjeros, su publicación y su denuncia.

b) Establecimiento de un sistema de gobierno de Democracia Social, Gobierno Revolucionario del Pueblo, dirigido por la clase obrera.

c) Juzgamiento de los delincuentes políticos, usurpadores del poder.

d) Plena participación en el poder de todo el pueblo, a través de sus organismos de masas.

2º — En lo económico.

a) Ruptura de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y todo otro organismo de control y penetración imperialista.

b) Expropiación sin pago y nacionalización de todas las empresas de capital imperialista y de los capitales nacionales que lo apoyen.

c) Nacionalización de la Banca y el Crédito.

d) Nacionalización del Comercio Exterior.

e) Reforma Agraria.

f) Administración obrero-estatal de todas las empresas nacionalizadas.

3º — En lo social.

a) Reforma Urbana. Expropiación de todas las viviendas alquiladas, propiedad de grandes capitalistas, y entrega en propiedad a sus inquilinos.

b) Alfabetización de todo el pueblo, establecimiento posterior de la enseñanza secundaria obligatoria y apertura de las universidades al pueblo mediante programas masivos de becas.

c) Eliminación de la desocupación y reapertura de las fábricas cerradas en la última década por el interés de las grandes empresas, en perjuicio de obreros y poblaciones.

d) Jornales, pensiones y jubilaciones dignas que eliminen la miseria popular. e) Absoluta libertad de cultos religiosos.

4º — En lo militar.

a) Supresión del ejército burgués, la policía y todo otro organismo represivo y su reemplazo por el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Milicias Armadas Populares, es decir, por el pueblo en armas.

b) Todo militar o funcionario patriota que abandone los órganos represivos tiene su puesto de lucha en la fuerza militar popular y será incorporado a ella respetando su grado y antigüedad.

ARGENTINOS: el Ejército Revolucionario del Pueblo convoca a todos los patriotas a asumir sus responsabilidades, a ocupar su puesto de lucha en nuestra guerra revolucionaria del Pueblo, en esta guerra de la Segunda Independencia. El General San Martín y el Comandante Guevara son nuestros máximos ejemplos: seguir e imitar su pensamiento y acción y el de nuestros héroes y mártires del pasado y el presente es la tarea de la hora.

¡A vencer o morir por Argentina!

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E) Fragmento del discurso de Jorge Rafael Videla al asumir la presidencia, el 30 de marzo de 1976. Diario La Nación, 31 de marzo de 1976.

El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible, frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. (…) El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo, sumió a los habitantes de la Nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones (…) condujo a una total parálisis del Estado, frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales (…) las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada. Ninguna medida de fondo se adoptó en consecuencia. Ante esta drástica situación, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la Nación. Sólo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y consecuentemente sólo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos, sin tregua, a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento.

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F) Sentencia contra Jorge Rafael Videla

Causa : VIDELA Jorge Rafael; ALSINA Gustavo Adolfo; JABOUR Jamil; MENENDEZ Luciano Benjamín; MONES RUIZ Enrique Pedro; LUCERO Alberto Luis; MELI Vicente; PEREZ Miguel Ángel; YANICELLI Carlos A.; PONCET Mauricio Carlos; QUIROGA Osvaldo César; ROCHA Ricardo C.; GONZALEZ NAVARRO Jorge; D’ALOIA Francisco Pablo; MOLINA Juan Eduardo; FIERRO Raúl Eduardo; PAREDES José Antonio; GOMEZ Miguel Ángel; PINO CANO Víctor; PEREZ Carlos Hibar; RODRIGUEZ Luis A.; HUBER Emilio Juan; LUNA Marcelo; TAVIP José Felipe; FLORES Calixto Luis, p.ss.aa. IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADOS HOMICIDIO CALIFICADO, IMPOSICIÓN DE TORMENTOS SEGUIDOS DE MUERTE ENCUBRIMIENTO, (Expte. N° 172/09) y “MENENDEZ, Luciano Benjamín; RODRIGUEZ, Hermes Oscar; SAN JULIAN, José Eugenio; JABOUR, Yamil; GOMEZ, Miguel Angel; YANICELLI, Carlos Alfredo; ANTON, Mirta Graciela; ROCHA, Fernando Martín; SALGADO, Gustavo Rodolfo; MERLO, Luis David; LUCERO, Alberto Luis; FLORES, Calixto Luis p.ss.aa. Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición de tormentos agravados” (Expte. M-13/09),

La lectura del fundamento se difiere para el vigésimo día hábil a partir de la fecha (art. 400 tercer párrafo C.P.P.N. según ley 25.770)

EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

1) No hacer lugar al planteo de incompetencia del Tribunal deducido por las defensas técnicas.

2) No hacer lugar a la reiteración del planteo de recusación del señor Vocal, Dr. José María Pérez Villalobo formulado por las defensas técnicas, por tratarse de una cuestión ya resuelta por el Tribunal, teniendo presente las reservas formuladas.

3) No hacer lugar a los planteos de nulidad formulados por las defensas.

4) No hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por las defensas técnicas de los imputados.

5) No hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, de reclusión y de la pena establecida en el art. 144 ter, párrafo primero, segundo y tercero del Código Penal según ley 14.616.

6) No hacer lugar al planteo referido a la imposición de pena meramente declarativa, efectuada por las defensas técnicas.

7) Con relación al homicidio de Eduardo Daniel Bártoli —contenido en la causa 13/84, individualizado como caso 541—, hacer lugar parcialmente a la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa del imputado Jorge Rafael Videla y en consecuencia ABSOLVER al nombrado en orden al hecho de mención, rechazándolo respecto de los demás hechos que han sido motivo de acusación y juzgamiento en la presente causa.

8) Hacer lugar a la nulidad parcial del alegato formulado por el Dr. Miguel Ceballos en orden a la acusación de Francisco Pablo D Aloia, por el hecho nominado undécimo.

9) Hacer lugar a la nulidad parcial formulada por la defensa técnica del acusado Jorge Rafael Videla y las adhesiones formuladas por la defensas técnicas de González Navarro y Mauricio Carlos Poncet, del alegato formulado por los Dres. María Elba Martínez y Vaca Narvaja de conformidad a la nulidad decretada en el auto de elevación a juicio.

10) No hacer lugar al pedido de declaración de nulidad de los procesamientos de Dora Isabel Caffieri y Raúl Augusto Bauducco en los autos caratulados “MUÑOZ, María del Rosario y otro p.ss.aa. de asociación ilícita y Ley 20.840” (Expte. 86- M-75), y el de reivindicación de su buen nombre y honor, por ser este Tribunal incompetente, debiéndose remitir el planteo efectuado por el Dr. Rubén Arroyo al señor Juez Federal competente a sus efectos.

11) No hacer lugar a la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa técnica del imputado Gustavo Adolfo Alsina.

12) Tener presente las reservas formuladas por las defensas técnicas.

13) Declarar a JORGE RAFAEL VIDELA, ya filiado, autor mediato (determinador) —Dres. Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo— y coautor mediato —Dr. Jaime Díaz Gavier— penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (treinta y dos hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (veintinueve hechos en concurso real), tormento seguido de muerte (un hecho); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

14) Declarar a LUCIANO BENJAMIN MENÉNDEZ, ya filiado, autor mediato (determinador) —Dres. Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo— y coautor mediato —Dr. Jaime Díaz Gavier— penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, por durar más de un mes y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (treinta y ocho hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (treinta hechos en concurso real), tormentos seguido de muerte (un hecho); lesiones graves calificadas (un hecho) todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142, incs. 1°, 5° y 6°, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 90, en función del art. 92 y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación), ordenando la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de determinar si el imputado Menéndez se encuentra en condiciones de salud, que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia.

15) Declarar a VICENTE MELI, ya filiado, autor mediato (determinador) —Dres. Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo— y coautor mediato intermedio —Dr. Jaime

Díaz Gavier— penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (catorce hechos en concurso real, a partir de principios del mes de julio de 1976), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (doce hechos en concurso real), tormento seguido de muerte (un hecho); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y tercero párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

16) ABSOLVER a VICENTE MELI, ya filiado, en orden a los tormentos agravados y homicidio calificado de Marta del Carmen Rosetti de Arquiola y José Cristian Funes, que le atribuye la acusación (art. 3 del C.P.P.N.).

17) Declarar a MAURICIO CARLOS PONCET, ya filiado, autor mediato (determinador) —Dres. Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo— y coautor mediato intermedio —Dr. Jaime Díaz Gavier— penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (veintiocho hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (veintisiete hechos en concurso real), tormentos seguido de muerte (un hecho) y partícipe necesario responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (cuatro hechos en concurso real) y de homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (tres hechos en concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

18) Declarar a RAUL EDUARDO FIERRO, ya filiado, partícipe necesario responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (treinta y dos hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (treinta hechos en concurso real), tormento seguido de muerte (un hecho); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación), ordenando la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de determinar si el imputado Fierro se encuentra en condiciones de salud, que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia.

19) Declarar a JORGE GONZALEZ NAVARRO, ya filiado, autor mediato (determinador) —Dres. Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo— y coautor mediato intermedio —Dr. Jaime Díaz Gavier— penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (treinta y dos hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (treinta hechos en concurso real), tormentos seguido de muerte (un hecho); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616,

20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, dejar sin efecto la prisión domiciliaria que le fuera concedida oportunamente, ordenando su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

20) Declarar a HERMES OSCAR RODRIGUEZ, ya filiado, autor mediato (determinador) —Dres. Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo— y coautor mediato intermedio —Dr. Jaime Díaz Gavier— penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (seis hechos), todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y

21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de DOCE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza.

21) Declarar a JOSE EUGENIO SAN JULIAN, ya filiado, autor mediato (determinador) —Dres. Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo— y coautor mediato intermedio —Dr. Jaime Díaz Gavier— penalmente responsable, de los delitos imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (seis hechos), todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de determinar si el imputado San Julián se encuentra en condiciones de salud, que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria.

22) Declarar a JUAN EMILIO HUBER, ya filiado, autor mediato (determinador) —Dres. Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo— y coautor mediato intermedio —Dr. Jaime Díaz Gavier— penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (veintiocho hechos en concurso real) tormento seguido de muerte (un hecho); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338) imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de CATORCE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

23) Declarar a VICTOR PINO CANO, ya filiado, autor mediato (determinador) —Dres. Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo— y coautor mediato intermedio —Dr. Jaime Díaz Gavier— penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (veintiocho hechos en concurso real), todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de DOCE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL MISMO TIEMPO DE LA CONDENA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación).

En consecuencia, ordenar la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de determinar si el imputado Pino

Cano se encuentra en condiciones de salud, que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria.

24) ABSOLVER a VICTOR PINO CANO, ya filiado,en orden al delito de homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes, respecto de las víctimas Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo (tres hechos) que le atribuye la acusación (art. 3 del C.P.P.N.).

25) Declarar a GUSTAVO ADOLFO ALSINA, ya filiado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (veintiocho hechos en concurso real) y coautor por dominio funcional del delito de tormentos seguidos de muerte en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por la pluralidad de partícipes (un hecho), todo en concurso real (arts. 45, 54, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

26) Declarar a ENRIQUE PEDRO MONES RUIZ, ya filiado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (veintiocho hechos en concurso real) y coautor por dominio funcional del delito de homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes (un hecho), todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616,

20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

27) Declarar a MIGUEL ANGEL PEREZ, ya filiado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (veintiocho hechos en concurso real) y homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes(un hecho), todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

28) Declarar a CARLOS IBAR PEREZ, ya filiado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (veintiocho hechos en concurso real), (arts. 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616,

20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

29) Declarar a CARLOS ALFREDO YANICELLI, ya filiado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (siete hechos en concurso real) y coautor por dominio funcional del delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (seis hechos en concurso real), todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes

14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

30) ABSOLVER a CARLOS ALFREDO YANICELLI, ya filiado, en relación a la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de las víctimas Eduardo Daniel Bártoli, María Eugenia Irazusta y Víctor Hugo Chiavarini (tres hechos) que le atribuye la acusación (art. 3 del C.P.P.N.).

31) Declarar a MIGUEL ANGEL GOMEZ, ya filiado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (diez hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (seis hechos en concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

32) Declarar a ALBERTO LUIS LUCERO, ya filiado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (diez hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (seis hechos en concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

33) Declarar a CALIXTO LUIS FLORES, ya filiado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (diez hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (nueve hechos en concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

34) Declarar a YAMIL JABOUR, ya filiado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (diez hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (seis hechos en concurso real); (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

35) ABSOLVER a YAMIL JABOUR, ya filiado,en relación a los homicidios calificados por alevosía de las víctimas Eduardo Daniel Bártoli, María Eugenia Irazusta y Víctor Hugo Chiavarini (tres hechos) que le fueran atribuidos en calidad de partícipe secundario (art. 3 del C.P.P.N.).

36) Declarar a MARCELO LUNA, ya filiado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable, del delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (cuatro hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (tres hechos en concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

37) ABSOLVER a MARCELO LUNA, ya filiado, en relación a los homicidios calificados por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes de las víctimas Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Mozé, Luís Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Svaguza (seis hechos) que le fueran atribuidos en calidad de coautor (art. 3 del C.P.P.N.).

38) Declarar a JUAN EDUARDO RAMON MOLINA, ya filiado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (cuatro hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (seis hechos en concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y 80 incs. 2° y 6° del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616,

20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

39) Declarar a MIRTA GRACIELA ANTON, ya filiada, coautora por dominio funcional, penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (seis hechos en concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y

21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de SIETE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

40) Declarar a FERNANDO MARTIN ROCHA, ya filiado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (seis hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (seis hechos en concurso real); todo en concurso real (arts. 45, 55, 144 bis inc. 1°, con las agravantes contempladas por el 142, incs. 1° y 6°, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis; 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616,

20.509, 20.642 y 21.338), imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, accesorias legales y costas (arts. 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y conc. del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.

41) ABSOLVER a OSVALDO CÉSAR QUIROGA, ya filiado, por los homicidios calificados de la víctimas Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo (tres hechos) que le fueran atribuidos en la acusación, ordenándose su inmediata libertad, sin perjuicio de que permanezca detenido a disposición de otro Tribunal (art. 3 del C.P.P.N.).

42) ABSOLVER a FRANCISCO PABLO D’ALOIA, ya filiado, por los homicidios calificados de la víctimas Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo (tres hechos) que le fueran atribuidos en la acusación (art. 3 del C.P.P.N.).

43) ABSOLVER a RICARDO CAYETANO ROCHA, filiado en autos, en relación a los tormentos agravados sufridos por las víctimas Eduardo Daniel Bártoli, María Eugenia Irazusta, Diana Beatriz Fidelman y Víctor Hugo Chiavarini (cuatro hechos) y por los homicidios calificados de la víctimas Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Mozé, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Svaguza (seis hechos), que le fueran atribuidos en la acusación, ordenando su inmediata libertad sin perjuicio que el mismo permanezca detenido a disposición de otro Tribunal (art. 3 del C.P.P.N.)

44) ABSOLVER a LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, filiado en autos, en relación a los tormentos agravados sufridos por las víctimas Eduardo Daniel Bártoli, María Eugenia Irazusta, Diana Beatriz Fidelman y Víctor Hugo Chiavarini (cuatro hechos) que le fueran atribuidos en la acusación (art. 3 del C.P.P.N.).

45) ABSOLVER a JOSE ANTONIO PAREDES, filiado en autos, en relación a los tormentos agravados sufridos por las víctimas de esta causa en la Unidad Penitenciaria N° 1 (veintiocho hechos) que le fueran atribuidos en la acusación (art. 3 del C.P.P.N.).

46) ABSOLVER a LUIS DAVID MERLO, filiado en autos, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en relación a las víctimas Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Oscar y Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Rodolfo Urzagasti Matorras que le fueran atribuidos en la acusación (art. 3 del C.P.P.N.).

46) ABSOLVER a GUSTAVO ADOLFO SALGADO, filiado en autos, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en relación a las víctimas Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Oscar y Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Rodolfo Urzagasti Matorras, que le fueran atribuidos en la acusación (art. 3 del C.P.P.N.).

47) ABSOLVER a JORGE RAFAEL VIDELA, LUCIANO BENJAMÍN MENÉNDEZ, MAURICIO CARLOS PONCET, CARLOS GONZALEZ NAVARRO Y RAÚL EDUARDO FIERRO, filiados en autos, por el delito de homicidio calificado de José Osvaldo Villada que les fuera atribuido en la acusación (art. 3 del C.P.P.N.).

8. PÁGINAS WEB RECOMENDADAS

Centro de Estudios Legales del Terrorismo y sus Víctimas

http://www.celtyv.org

Pacificación Nacional Definitiva

http://pacificacionacionaldefinitiva.blogspot.com

Asociación de Amigos y Familiares de los Presos Políticos de Argentina

http://afyappa.blogspot.com/

Blog de Ricardo Angoso

https://www.iniciativaradical.org/web/

Hijos y Nietos de Presos Políticos

http://hijosynietosdepresospoliticos.wordpress.com

Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

http://www.justiciayconcordia.org

Unoamérica

http://www.unoamerica.org/unoPAG/principal.php

Afavita Víctimas del Terrorismo

http://www.facebook.com/people/Afavita-V%C3%ADctimas-delTerrorismo/100000349472940

Blog Ramos Generales de Horacio Palma

http://horaciopalma.blogspot.com.ar

9. EPÍLOGO PARA UN FUTURO NO ESCRITO

Como un hábil y paciente artesano, Ricardo Angoso enhebró la historia reciente de la argentina como si fuera un collar de cuentas… una tras otra fue desarrollando las tragedias que nos trajo y dejó como herencia la violencia en la República Argentina.

Si bien este tema ha sido abordado, descripto, analizado e inclusive mal juzgado en infinidad de ocasiones; esta vez el autor lo hace desde la óptica de uno de los principales personajes de la época, Jorge Rafael Videla, quién fue Comandante en Jefe del Ejército Argentino, miembro de la primera junta del Proceso de Reorganización Nacional y Presidente de facto de la Nación en su período más turbulento. El periodista y escritor español mantuvo una entrevista exclusiva con quién fuera un hombre vital del Ejército Argentino y quién le revelara detalles que mantuvo guardados durante un gran período de silencio en el que se llamó al ostracismo.

La acción del terrorismo subversivo en la República Argentina se inicia bajo el gobierno constitucional del presidente Arturo Illia.

Las Fuerzas Armadas Peronistas se iniciaron en 1968 con un fracaso en la guerrilla rural —Taco Ralo, en la provincia de Tucumán— y reaparecieron en 1969 y 1970 con algunas acciones armadas en medios urbanos. Taco Ralo se tiene que colocar dentro de la experiencia de la vanguardia latinoamericana. El ejemplo de la Revolución Cubana repercutió dentro de las filas del peronismo, impulsando a su vanguardia a concretar las normas de la guerrilla rural.

La derrota de Taco Ralo no significa que en nuestro país se dio por fracasado el método de la guerrilla rural. Las características específicas de la Argentina —grandes núcleos de concentración urbana, por un lado, y zonas geográficas y políticamente aptas para la lucha rural, por otro— determinan que la lucha armada se ha de verificar tanto en el terreno rural como en el urbano.

La experiencia de Taco Ralo sugiere que el terrorismo en Argentina era una rara mezcla de las «organizaciones especiales» alentadas por el mismo Juan Domingo Perón de su exilio en Puerta de Hierro en Madrid y la influencia de la Guerra Fría que libraban las grandes potencias en Europa.

La ex U.R.S.S. pretendía infiltrase en América Latina en lo que se denominaba el «patio trasero de América» —Latinoamérica—, para lo cual se valían de la Revolución Cubana y su dictador Fidel Castro.

Esa acción de infiltración la desarrollan a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Dada la gran paridad de fuerzas entre la URSS y las potencias de Occidente no se podían enfrentar directamente en un conflicto armado, ello hubiera significado una escalada en el empleo de la violencia y podría haber finalizado en una Guerra Nuclear. que todos querían evitar. Por eso eligen el camino de utilizar otras regiones del mundo en «conflictos de baja intensidad», los cuales se desarrollan en América Latina, Asia y África.

Durante la época del gobierno militar conocido como Revolución Argentina y cuyos presidentes de facto fueron los generales Juan Carlos Onganía (1966-1970), Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973) el estado combatió al terrorismo con las Fuerzas Legales y la Justicia, para ello se creo especialmente la Cámara Federal en lo Penal de la Nación.

En ese período se producen un sinnúmero de gravísimos episodios terroristas entre los que se destacan:

Secuestro y asesinato del General Pedro Eugenio Aramburu por Montoneros;

Asalto en la localidad de Pilar de un convoy militar proveniente de la fábrica de armas de Villa María donde cae asesinado el Teniente Primero Mario César Azúa y es herido el soldado Hugo Alberto Vacca, quedando hemipléjico y falleciendo luego a los cuatro años del hecho;

Toma de la localidad de La Calera (Provincia de Córdoba) por terroristas, los cuales asaltan el banco local, toman edificios gubernamentales y medios de comunicación;

Toma de la localidad de Garín (Provincia de Buenos Aires) por terroristas que cortaron líneas telefónicas, robaron el banco y en un intento por tomar la comisaría asesinan a un agente de la Policía.

Estos, como muchos otros delitos de terrorismo se sucedían casi a diario y ni el Estado nacional ni los provinciales podían dar una debida respuesta a los mismos, ya que se trataba de verdaderas bandas armadas con un modus operandi particular que se desplegaba por todo el vasto territorio nacional impidiendo que el Poder Judicial Federal actuara con competencia para investigar y juzgar cada hecho delictivo.

El gobierno militar decidió poner coto a la verdadera amenaza que se cernía sobre la República, a través del proyecto de ley presentado por el entonces Ministro de Justicia Dr. Jaime Perriaux.

El citado ministro, proyectó juzgar a los miembros de estas organizaciones terroristas en el ámbito del sistema judicial, separado expresamente del militar (Código de Justicia Militar). Su proyecto, adelantado a los países europeos como España (ETA) e Italia (Brigadas Rojas), consistía en la creación de un tribunal con competencia en todo el territorio nacional para juzgar en instancia única los delitos de índole federal que tenían que ver en su mayoría con la ruptura violenta del «… sistema institucional argentino y que afectan de manera directa los más altos intereses nacionales…». cometidos por «… vastas asociaciones criminales con proyecciones en distintos ámbitos…».

El 28 de mayo de1971 se dictó la Ley 19.053 creando la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, modernizando el Poder Judicial y colocando dentro de su estructura un órgano jurisdiccional ágil y eficaz para el juzgamiento de los delitos terroristas, ya que los jueces federales estaban desbordados totalmente por la magnitud y multiplicidad de acciones guerrilleras y con excepción de los implicados en el secuestro y muerte del General Aramburu, no se había logrado dictar ninguna sentencia. Con el cambio introducido a través de esta ley se logró, como se dijo, una modernización y agilización del sistema judicial para poder juzgar con rapidez y eficacia, los actos que tenían por fin destruir las instituciones de la República y evitar que dichos actos delictivos queden impunes.

Con el procedimiento de instancia única instaurado, con una primera parte escrita y una segunda oral, se garantizaba la celeridad, la inmediatez, la bilateralidad, la contradicción y la publicidad, asegurándose desde el inicio la defensa del imputado. En muchos casos las defensas de los detenidos estuvo a cargo de abogados que formaban parte de la denominada Asociación Gremial de Abogados, muchos de ellos de estrechas vinculaciones con las organizaciones terroristas. Es decir que los imputados contaban con todas las garantías procesales indispensables y necesarias propias de una persona sometida a un proceso judicial penal.

Cabe agregar también que por Ley 19.081 de Seguridad Nacional — Empleo de las Fuerzas Armadas se estableció por el artículo 7° que en caso de que, como consecuencia de las operaciones militares se produjeren detenciones, las personas y los elementos probatorios serían puestas a disposición de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, lo cual constituye una muestra más del verdadero objetivo del Gobierno Nacional de ese entonces a través del Ministro Perriaux, cual era el sometimiento a la justicia ordinaria de aquellas personas imputadas de delitos de terrorismo.

Inclusive los jueces miembros de esta cámara llegaron a dormir en comisarías y otras dependencias del estado donde se hallaban detenidos los terroristas, para garantizar su seguridad física y jurídica.

Este estado de combatir al terrorismo con la ley en la mano se mantiene hasta la noche del 25 de mayo de 1983, cuando luego de obtenida la ley de amnistía, Juan Manuel Abal Medina —hermano de Fernando, el asesino de Aramburu— trepado a los muros de la cárcel de Devoto lograba que el Servicio Penitenciario liberara a los terroristas detenidos.

En materia de legislación, Esteban Righi desde el Ministerio del Interior promovería la promulgación de las leyes N° 20.508, 20.509 y 20.510 que establecían la amnistía, derogaban las leyes represivas y suprimían el denominado fuero antisubversivo.

Abruptamente cesaban las funciones de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación y posteriormente sus ex miembros fueron perseguidos, acosados y finalmente el ex juez Jorge Vicente Quiroga es asesinado el 28 de abril de 1974 por dos jóvenes en motocicleta, que lo balearon a la salida de su domicilio en un atentado que luego fue reivindicado por la organización ERP 22 de agosto. El resto de los ex miembros de la citada cámara opta por el exilio y nunca más la república dispondrá de una eficaz institución jurídica para combatir al terrorismo con la ley en la mano. Después cuando se intenta recrear a la útil cámara del fuero subversivo, no se encuentran voluntarios para integrar una nueva cámara. el terror había surtido efecto.

Tras la obligada renuncia de Cámpora, asume la presidencia por tercera vez el Teniente General (R) Juan Domingo Perón y su esposa María Estela Martínez de Perón (a) Isabelita, se convierte en la primera mujer que ocupa el cargo de vicepresidente de la Nación. La fórmula ganadora obtiene el poder con el 64 % de los sufragios a su favor. Perón se deshace de las «formaciones especiales» y los echa de la Plaza de Mayo, el viejo líder comprendió rápidamente que nada positivo para la Nación saldría de esa antigua alianza. Ante los innumerables actos terroristas y acciones violentas, el general Perón se alinea con su ejército y a través de José López Rega dispone y alienta el aniquilamiento —por cualquier medio— de las organizaciones terroristas, las que son perseguidas y diezmadas por la Triple A.

El Operativo Independencia ordenado por la entonces presidente María Estela Martínez, viuda de Perón, dispone el empleo del Ejército Argentino para combatir a los terroristas. Esta fuerza procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán (decreto del Poder Ejecutivo Nacional 261/1975).

De esa manera se logra que ni el ERP, ni Montoneros ayudados por otras organizaciones terroristas, puedan conquistar y declarar una «Zona Liberada» para obtener el apoyo político, logístico y militar principalmente de Cuba. El ejército triunfa en la lucha armada en el monte y combate urbano, el espíritu agradecido del pueblo tucumano sean demuestra, una vez en la etapa democrática, con su apoyo político al General de División (R) Antonio Domingo Bussi eligiéndolo como gobernador en las elecciones de 1995 y posteriormente como diputado nacional por la provincia.

El oficialismo utilizó todas las armas disponibles e impensables para que no pudiera asumir su banca en la cámara baja logrando que la misma cámara desoyera el mandato popular que lo había elegido y rechazó su diploma. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que en julio de 2007 finalmente dictaminaría que la Cámara se había excedido en su facultad constitucional al negar la incorporación de Bussi. Su mandato, sin embargo, había ya caducado.

Finalmente toda la parafernalia e ineficaz conducción política y de gobierno de la República Argentina termina con el golpe de estado producido por las Fuerzas Armadas a fin de reorganizar la república, ordenar las finanzas, ponerle fin a la corrupción y terminar el aniquilamiento de las organizaciones terroristas. Debido a la ineptitud demostrada en el ejercicio del cargo de la viuda de Perón y sus ministros, el apoyo cívico al golpe de estado es casi unánime en la población, en esos tiempos eran muy pocas la voces que se escucharon en su contra. muy por el contrario, la sociedad en su conjunto agradeció a las Fuerzas Armadas por tomar el control del gobierno y poner fin al desorden generalizado.

En la conocida como «Operación Bolsa» fueron detenidos los principales ministros, gobernadores y funcionarios de los distintos niveles del gobierno del Frente Justicialista de Liberación y alojados en distintas dependencias militares hasta que se decidiera su destino. Se disolvió el Congreso Nacional y fueron destituidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Había nacido el Proceso de Reorganización Nacional y el mismo contaba con el aval tácito de la sociedad argentina en su gran mayoría.

Este gobierno militar no tenía plazos, ni tiempos. tenía objetivos, los que el Teniente General Videla considera cumplido a fines de 1978. A partir de ese momento él considera que el proceso ya no tenía razón de ser y debió encaminarse hacia una entrega del poder político a la ciudadanía. Este último aspecto no se cumplió por que dentro de las Fuerzas Armadas existían líderes militares con una distinta visión sobre la finalización del PRN y su siguiente paso hacia la democracia.

Tras sucesivos relevos de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas se desemboca en la tercera junta militar de gobierno (1981-1982) la que estuvo integrada por el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, el Almirante Jorge Isaac Anaya y el Brigadier General Basilio Arturo Lami Dozo. La presidencia de la Nación era ejercida por el Comandante en Jefe del Ejército Argentino, quién retenía los dos cargos.

Sobre esta tercera junta militar recae toda la responsabilidad estratégica política y militar de la conducción del Conflicto del Atlántico Sur. Este inesperado conflicto armado constituyó la recuperación en forma incruenta de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, la posterior acción diplomática en todos los campos, la defensa de las islas, conducción de la guerra contra el Reino Unido y sus aliados, la derrota de la batalla de Puerto Argentino, la repatriación de los prisioneros de guerras y posterior desmalvinización del país, todo ello provoca la inevitable caída de la junta mencionada. Sus relevos el Teniente General Cristino Nicolaides, el Almirante Rubén Franco, el Brigadier General Augusto Jorge Hughes y como presidente de la Nación el General de División (R) Reynaldo Benito Bignone, no tuvieron otra alternativa que llamar al diálogo político e intentar una entrega ordenada del poder político a la ciudadanía representada por sus partidos políticos. Las elecciones se celebraron el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.

El presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983 y luego promovió el juzgamiento de los miembros de las tres primeras juntas por los delitos cometidos durante su gobierno, como resultado del cual cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Al mismo tiempo otros responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde

1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En ese momento se hace evidente la «asimetría jurídica» entre los terroristas que habían desatado la violencia solo para alzarse con el poder político y las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumpliendo órdenes superiores habían combatido contra el terrorismo, se inicia una etapa, aún no concluida, de guerra cultural, jurídica y psicológica.

Para llevar adelante esos juicios fue necesario el diseño de un «derecho a medida» de las intenciones del poder ejecutivo, es así que se vulneran los siguientes derechos jurídicos y nace las que se conocen como «aberraciones jurídicas»:

Condena por aplicación de prisiones preventivas permanentes, y no ajustada a sus fines cautelares, en violación al principio constitucional de inocencia.

Negación de excarcelaciones bajo fianza y violación del principio de inocencia.

Elección del derecho con el que se va a juzgar y principio de garantía del juez natural.

Anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados.

Violación del principio de igualdad ante la ley.

Violación del principio de irretroactividad de la ley penal.

Violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos.

Violación del principio de aplicación de la ley más benigna.

Interpretación del crimen por analogía y desconocimiento de la responsabilidad individual.

Violación del principio de territorialidad.

Violación del Principio Nullum Crimen Sine Lege Praevia.

Permanente adaptación del derecho a las necesidades políticas.

Violación del principio de doble instancia.

Podría continuar con una más extensa lista de las aberraciones jurídicas, pero eso lo dejo para los profesionales del Derecho.

Si quiero destacar una frase de la defensa póstuma del señor abogado Dr. Alfredo Solari, que pronunciara durante su alegato ante el TOF 5 en la causa ESMA: «LA DEFENSA YA NO RESULTA INVIOLABLE SINO VIOLADA». Es muy duro reconocerlo, pero los actuales Presos Políticos de la República Argentina ya saben que sus condenas están escritas desde hace rato y ellos no obtendrán justicia. si no la venganza de los terroristas aplicada por el poder de turno a través de los jueces con obediencia debida hacia el poder de turno. Al día de la fecha existen 155 Presos Políticos fallecidos en prisión y alguno de ellos sin siquiera haber sido juzgados.

Por ello insisto en la necesidad de oportunamente poner en práctica una propuesta de reunir la cantidad de firmas necesarias, para presentar en la Cámara de Diputados —quién se verá en la obligación de impulsar la Consulta popular— dos proyectos de ley que contemplen:

La pacificación nacional definitiva mediante:

Una amnistía amplia y generosa que incluya a todos los que debieron participar de la Guerra Revolucionaria y Contrarrevolucionaria que la República Argentina sufrió a consecuencias del terrorismo que pretendió hacerse del poder en forma violenta.

El reconocimiento y la reparación histórica a las Víctimas del Terrorismo en la Argentina, para que todos los sectores sean tratados con igualdad ante la ley.

Para que esta solución tenga lugar los políticos deberán incluirlo en su «agenda» y el poder de turno tome nota que el mismo es «temporal» y no eterno. La República ansía terminar con los problemas del pasado e iniciar una etapa de esperanza por un mejor futuro, fruto del aprendizaje de los errores cometidos, el perdón, la conciliación y justicia.

Conclusiones

Esa infiltración en el «patio trasero de América» permite que las grandes potencias emergentes después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente Estados Unidos de América y la Unión Soviética, midan sus fuerzas, estrategias y traten de lograr el predominio sobre su oponente. También por el empleo de la violencia, en un falso marco de reivindicaciones sociales, facilitan intentar el acceso al poder de los grupos guerrilleros inspirados en la políticas del Kremlin y Cuba.

La supresión de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación impidió que la república tuviera a disposición una institución jurídica capaz de juzgar en una sola instancia y eficientemente al terrorismo.

El empleo de elementos paraestatales ideados para combatir el terrorismo permiten el alejamiento de la ley y del derecho jurídico para juzgar en debido proceso a los terroristas.

Si las órdenes emitidas por las máximas autoridades del estado a las Fuerzas Armadas para combatir y aniquilar al terrorismo, posteriormente son anuladas o ignoradas por el mismo estado permiten que en el futuro las mismas órdenes sean negadas para su acatamiento por falta de garantías, creando un caos castrense institucional.

Los militares retirados con aspiraciones políticas han visto cortadas las mismas por su supuesta participación en los llamados crímenes de lesa humanidad.

El estado de derecho existente al año 2003 impedía juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y civiles que habían cometido al terrorismo, fue necesario diseñar un «derecho a medida» para poder proceder a sus juzgamiento.

Las «aberraciones jurídicas» puestas en vigor para poder juzgar a quienes vencieron al terrorismo en el campo de las armas, posibilitó su juzgamiento pero no les garantizó el debido proceso.

La pacificación nacional definitiva solo es posible si se permite conocer la verdad en su total magnitud, perdonar mediante la conciliación y justicia mediante la aplicación del principio de la ley igualitaria.

Roberto José Rosales

10. GALERÍA FOTOGRÁFICA

Tapa Clarín. 25 marzo 1976

Ricardo Balbín

Muerte de Perón

Orlando Agosti

Menéndez rindiéndose a Moose

Massera

Mario Eduardo Firmenich

Maria Estela Martinez Isabelita Perón

Tapa Clarín

Luder e Isabelita Perón

López Rega

Tapa Clarín, 26 marzo 1976

Luder e Isabelita Perón

Logo Mundial Argentina 1978

Juicios a militares

Juicio Videla - Córdoba

Juicio ESMA

Asesinato Juez Quiroga

José Alfredo Martínez de Hoz

Jorge Rafael Videla

Guerrilleros en libertad

Isabelita, presidenta

Isabelita Perón

Galtieri. 2 de abril 1982

Hinchada argentina 1978

Final Mundial 1978: Argentina- Holanda

Cámpora

Fragata Ardent

Con Arafat

Cardenal Primatesta

Cámpora, presidente

Afiche Arrostito, Firmenich,

Asesinato de Rucci por Montoneros

1ª Junta Militar del PRN

RICARDO ANGOSO (1966, Salamanca) es sociólogo, analista internacional y periodista. Ha escrito, trabajado y colaborado, en los últimos años, para El Independiente, Diario 16, El Mundo, Fax Press, Colpisa, La Aventura de la Historia, Safe Democracy, Infomedio, Historia 16, Radio Francia Internacional, Radio Exterior de España, Ideas y Debate, Raíces e Historia y Vida. Durante mucho tiempo ha residido en el extranjero, siendo un buen conocedor de los Balcanes y habiendo pasado largas temporadas en Albania, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Rumania, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Como observador electoral de la Organización para la Seguridad en Europa (OSCE) ha participado en numerosos procesos electorales en una decena de países. A su vez, ha sido profesor en la Universidad Nacional de Honduras y becario del Ministerio de Asuntos Exteriores español en Hungría, Rumania y Turquía. También ha ganado varios premios literarios, entre los que destacan el Joven y Brillante, el Ciudad de Periana y el Ateneo de Jaén. En la actualidad, colabora en varios medios de comunicación, es Coordinador General de Diálogo Europeo y dirige la revista Lecturas para el Debate. Libros publicados: Europa a Debate; Las próximas guerras europeas; Rapsodia húngara sobre fondo rojo; Chávez perdió, Honduras se salvó; Kosovo…