Escribir este libro ha tenido una sola motivación: dar a conocer, a quien pueda estar interesado, la cara oscura del pujolismo. Jordi Pujol acabará teniendo sin duda un lugar de privilegio en la historia de Cataluña y de España, una historia ya escrita en la actualidad, cuando se empieza a hablar de pospujolismo omitiendo esa cara oscura.

He tenido la oportunidad de estar presente en un escenario, El Correo Catalán, donde se han interpretado las diferentes obras del pujolismo, desde sus inicios hasta la consolidación de su poder. La visión de lo que acontecía desde el diario ha tenido diferentes perspectivas, desde el «gallinero» a las primeras filas de platea, dependiendo del cargo que ocupara durante más de veinte años, los últimos cinco en la gerencia. La visión desde ese lugar de privilegio no coincide con la versión oficial escrita, pero restablecer la verdad me obliga a discrepar. Discrepar de un sistema que ensalza como virtud el espíritu de Fuenteovejuna, el «todos a una», premisa indispensable de un orgullo patrio que no comparto. El partido que gobierna Cataluña ha impulsado una cultura democrática con fobia hacia la discrepancia; las cosas no son como son, sino como algunos dicen que son, y todos de acuerdo. No se sabe en qué se está de acuerdo, lo que importa es estar seguro en que se está de acuerdo.

Convergència Democràtica de Catalunya y, sobre todo, su líder indiscutible, Jordi Pujol, dicen haber construido un país estructurado en torno a su «pal de paller» (palo del pajar), vertebrador de una sociedad poco menos que idílica; sin embargo, ese «pal de paller», aparentemente lustroso y barnizado tiene instalado en su interior el virus de la mentira. Este libro es una modesta contribución en la necesaria tarea de describir la carcoma que corroe tan esplendoroso palo.

Josep Manuel Novoa

Jaque al Virrey

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Agradecimiento

Mi agradecimiento a Amador Contreras Casas, sin cuya intervención este libro no hubiese visto la luz.

Cuando la única alternativa que se me ofrecía era la de vender el original para ser destruido, como algunos me sugirieron tras ser rechazada su publicación por los editores y agentes literarios a los que se lo ofrecí, la entrada en escena del que ahora ya es mi amigo resultó decisiva, animándome a seguir adelante, inyectándome energía y ayudándome a conseguir editor.

Sirva esta dedicatoria a todos aquellos que tienden a desfallecer, para que se rearmen de valor y esperanza en el convencimiento de que el que resiste gana.

Introducción

Escribir este libro ha tenido una sola motivación: dar a conocer, a quien pueda estar interesado, la cara oscura del pujolismo. Jordi Pujol acabará teniendo sin duda un lugar de privilegio en la historia de Cataluña y de España, una historia ya escrita en la actualidad, cuando se empieza hablar de pospujolismo omitiendo esa cara oscura.

He tenido la oportunidad de estar presente en un escenario, El Correo Catalán, donde se han interpretado las diferentes obras del pujolismo, desde sus inicios hasta la consolidación de su poder. La visión de lo que acontecía desde el diario ha tenido diferentes perspectivas, desde el «gallinero» a las primeras filas de platea, dependiendo del cargo que ocupara durante más de veinte años, los últimos cinco en la gerencia. La visión desde ese lugar de privilegio no coincide con la versión oficial escrita, pero restablecer la verdad me obliga a discrepar. Discrepar de un sistema que ensalza como virtud el espíritu de Fuenteovejuna, el «todos a una», premisa indispensable de un orgullo patrio que no comparto. El partido que gobierna Cataluña ha impulsado una cultura democrática con fobia hacia la discrepancia; las cosas no son como son, sino como algunos dicen que son, y todos de acuerdo. No se sabe en qué se está de acuerdo, lo que importa es estar seguro en que se está de acuerdo.

Convergència Democràtica de Catalunya y, sobre todo, su líder indiscutible, Jordi Pujol, dicen haber construido un país estructurado en torno a su pal de paller (palo del pajar), vertebrador de una sociedad poco menos que idílica; sin embargo, ese pal de paller, aparentemente lustroso y barnizado, tiene instalado en su interior el virus de la mentira. Este libro es una modesta contribución en la necesaria tarea de describir la carcoma que corroe tan esplendoroso palo. No se me escapa que la exposición que el lector encontrará en sus paginas puede resultar sorprendente, pues, como dicho está, no se ajusta a la versión oficial.

El verdadero poder de la información no se halla en lo que se publica, sino en lo que deja de publicarse; los detergentes mediáticos lavan la ropa sucia con tal eficacia que hasta los más ruines actos se transforman, a través de la pluma de los interesados acólitos, en brillo y esplendor. La verdad manufacturada está instalada en una sociedad que no es capaz ya de discrepar, pues se ha ido despojando de ideas propias. El sistema mediático manufactura verdades y opiniones, y el sometimiento a esas verdades manufacturadas conduce al alineamiento, la peor receta para una vida social sana y una democracia viva. Sólo una sociedad que genere sus propias opiniones puede estar en condiciones de ser una auténtica democracia.

Los que por una razón u otra discrepamos, no lo hacemos por esa falta de madurez propia de temerarios e iluminados, sino que suscribimos nuestras acciones e ideas porque proceden del convencimiento de que la cobardía no es una virtud, y de que la falta de discrepancia es la senda de conduce inexorablemente a la pérdida del activo más preciado: el ser fiel a uno mismo. Sin embargo, el riesgo inherente a toda discrepancia minoritaria crece espectacularmente cuando se formula en solitario; entonces es fácil ser víctima de acusaciones de fanatismo y de socavar la convivencia, y la calificación de iluminado se confunde con la de enajenado. Asumo ese riesgo, en el pleno convencimiento de que la discrepancia satanizada se verá recompensada con el paso del tiempo. Cuando, al cabo de los años, el pujolismo pueda ser contemplado desde la perspectiva desapasionada que da la lejanía de los acontecimientos, el contenido de estas paginas podrá ser confirmado con la evidencia de que el pujolismo también tiene su cara oscura.

En definitiva, este libro pretende ser una modesta contribución a la tarea de desenmascarar una mentira social que, repetida miles de veces en múltiples variantes, ha llegado a perpetuarse. La base de esa mentira social es la doctrina nacionalista. Todos los nacionalismos están impregnados de un fanatismo latente que actúa como el revulsivo capaz de desarrollarlos. Oponer al fanatismo nacionalista el fanatismo opuesto es la forma menos inteligente de combatirlo; de ese modo sólo se fomenta la radicalización de posturas, lo que conduce a enfrentamientos estériles en los que el mensajero suele llevarse la peor parte. La única vía posible de combatir ese fanatismo nacionalista es el conocimiento, la veraz información que deviene en el antídoto eficaz contra el adoctrinamiento.

Por loable que pueda ser la intención al tratar de poner en evidencia tal mentira, asumo y reconozco la incapacidad para hacerlo con total objetividad; éste puede ser, y así lo reconozco, el defecto de la obra: la incapacidad para narrar lo acontecido desde un posicionamiento aséptico.

Una vez expuestas la motivación y las intenciones, sólo queda señalar que esa reconocida falta de objetividad se contrarresta con opiniones fundamentadas en la exposición de unos hechos en buena parte avalados por documentos que, o bien obran en mi poder, o bien proceden de otras personas a las que agradezco su aportación. Las opiniones manifestadas en nada modifican la verdad; simplemente la recomponen.

Han sido más de dos años de ingente labor, en buena parte con dedicación exclusiva. Al contemplar ahora, con la perspectiva de la narración acabada, este libro en el que he pretendido exponer todos los aspectos oscuros del pujolismo, me sorprende que esta ingente información, generada por el presidente de la Generalitat en el transcurso de los años, esté prácticamente inédita.

La dificultad de recopilar, clasificar y desmenuzar la información ha llegado a desbordarme en algunos momentos, pero en ningún momento me dejé vencer por la tentación de interrumpir la labor. Sin embargo, en varias ocasiones me ha embargado por unos momentos la sensación de hacer un trabajo inútil y estéril, sobre todo cuando no conseguía avanzar en la investigación de algunos temas. El antídoto contra esta sensación era convencerme a mí mismo de la necesidad de dar un paso más allá de donde otros se habían detenido ante la complicación de los datos. En consecuencia, tuve que dedicar miles de horas de análisis, revisando montañas de folios y aplicando mis limitados conocimientos de informática a la elaboración de bases de datos cuya ayuda, a la postre, ha resultado más que satisfactoria.

Tras superar la fase preparatoria y de estructuración, que consumió más de dos tercios del tiempo dedicado, el llevar la información al papel, página a página, ha sido una tarea estimulante; tanto, que puedo decir que he escrito el libro de un tirón, trabajando muchos días desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la noche. No he reescrito el texto, aunque he eliminado bloques enteros de la narración y he añadido datos a medida que se producían acontecimientos que requerían actualizar lo redactado. No puedo decir que haya sido más fácil o difícil de lo que preveía, pero sí ha sido mucho más laborioso. El resultado final es fruto de una obstinación, no sé si patológica, pero sí, al menos, coherente con una forma de pensar. El lector juzgará lo que tiene entre en sus manos.

El autor.

PRIMERA PARTE
LA MENTIRA SOCIAL

«El niño no protesta de la mentira sino de lo mal contado. O de lo contado confines especulativos, con un propósito moralista. Cuando empiezan a saber que los Reyes Magos no existen, lo que les duele es la mentira social, no protestan del engaño, sino de la finalidad embaucadora que llevaba. Ellos habían visto bajar a los Reyes Magos por la chimenea, qué importa que fuera increíble a la luz de la lógica, habían llegado a verlos, era verdad. Los obstáculos para admitir que en una misma noche recorrieran a lomos de camello toda la ciudad era capaz de subsanarlos la fantasía de la madre».

Carmen Martín Gaite,

El cuento de nunca acabar, 1983.

El libro que el lector tiene en sus manos trata de evidenciar el paralelismo existente entre la política catalana y la mentira social de los Reyes Magos, que no deja de ser un engaño por bien intencionado que sea (todos los engaños con intención son mentiras). Pero ya no se trata de una mentira piadosa y efímera que trata de conseguir una felicidad adicional por la vía de la fantasía; ésta que aquí se describe es otra clase de mentira social, especulativa y con pretensión de eternizarse. Ambas, para sus respectivos destinatarios, tienen el mismo precio: la frustración, ya que la realidad siempre es muy diferente de la ficción manufacturada.

Como mentira, la social no permite debate (existe porque existe, es un acto de fe), no permite posicionamientos intermedios; se está con ella o contra ella, ni siquiera se puede disentir con respecto a la forma en que se aplica. El nacionalismo de Jordi Pujol, como mentira social, considera a la persona a partir del concepto de ubicación meramente territorial, y clasifica como etnia el aspecto circunstancial idiomático, dejando ausentes los principios básicos del individuo. El concepto nacionalista se sublima, dejando solapados, y en la práctica enterrados, todos los demás elementos que conforman al individuo, y se identifica con el concepto nacional de Fuenteovejuna, un posicionamiento político que se convierte en credo: los Reyes Magos pasan por la chimenea, incluso sin descabalgar de los camellos. Jordi Pujol reta constantemente a los líderes de todos los partidos políticos, catalanes o no, a debatir donde quieran y cuando quieran sobre nacionalismo, pero quien lo haga y disienta de su posicionamiento será vilmente satanizado.

Una persona, un personaje

ESTADISTA O ESTRATEGA

El 8 de mayo de 1980 Jordi Pujol Soley, contra todo pronóstico, se convertía en el 115 presidente de la Generalitat de Calaluña. Fue una sorpresa, pues se preveía una victoria socialista. La excesiva confianza de los socialistas en el triunfo fue un error, al que añadieron otro aún más grave: el de subvalorar no sólo la capacidad de gobierno del partido ganador (lo que en cierto modo entra en los parámetros normales de toda oposición), sino la habilidad de su líder para echar raíces y sostenerse en el poder. Aunque, inicialmente, los frágiles apoyos parlamentarios con que se sustentaba Convergència Democràtica de Catalunya hacían presagiar un gobierno inestable y efímero, hoy, años después, ha cobrado carta de naturaleza el simbolismo del logotipo de CDC, ese árbol sólido con frondosas ramas que ha echado raíces hasta el mismo magma subterráneo.

«Pujol, usted, haga lo que haga, llegará a donde quiera», le había dicho Josep Tarradellas, con la sabiduría que dan los años, en su residencia en el exilio francés de Saint Martin-le-Beua, durante una visita de Pujol en 1976. Esta manifestación no partía del convencimiento de que Pujol pudiera ser el candidato mejor cualificado para la presidencia de la Generalitat, sino de la determinación que mostraba en la tarea de alcanzarla. Y lo consiguió, sin que las encuestas lo detectaran, para sorpresa de todos. Fue la noche del 20 de marzo de 1980. «El sucursalismo se ha acabado», éstas fueron las primeras palabras improvisadas de Pujol, conociéndose ya presidente de la Generalitat de Cataluña, ante los militantes y simpatizantes que se agolpaban en la sede electoral de la coalición CiU.

El Partit Socialista de Catalunya, que en las elecciones legislativas del año anterior había conseguido 877.000 votos, vio cómo en estas primeras autonómicas catalanas perdía el 30% de los sufragios obtenidos, nada menos que 268.000 votos, prácticamente los mismos que sumaba la coalición CiU, elevando el porcentaje de su electorado en más del 55%. Su referente de las legislativas anteriores eran 484.000 votos, a los que ahora añadía otros 270.000. En total, los socialistas obtuvieron 609.000 votos, frente a los 754.000 de los nacionalistas. Como ocurriría en los sucesivos lances electorales posteriores, Pujol gano más por los errores cometidos por sus adversarios que por sus propios aciertos. Además, en este primer lance no sólo coincidieron los errores de sus adversarios, sino unas excepcionales circunstancias en las que la campaña de satanización del marxismo lanzada con empeño por la organización patronal Fomento del Trabajo contribuyó a conducir el voto hacia el centro-derecha.

«Uno de nuestros logros fue que la izquierda se dividiera —declararía posteriormente Alfred Molinas, presidente de Fomento del Trabajo—. Nos encontrábamos en un momento clave, en el que una victoria de la izquierda podía poner en peligro la economía del país». Considerando los pronósticos que preveían la victoria de las fuerzas de izquierda, el objetivo de CiU no era tanto ganar las elecciones como conseguir un buen resultado que le permitiera participar en un gobierno de coalición. El eslogan de su campaña fue «Aixequem Catalunya» («Levantemos Cataluña»), remarcando una y otra vez que el gobierno catalán debía quedar en manos de partidos catalanes, frente a los «sucursalistas», como llamaban a los centristas y socialistas.

La pérdida de votos de la hasta entonces primera fuerza política, el Partit Socialista de Catalunya (PSC-PSOE), y su trasvase, principalmente hacia CiU, se produjo sobre todo en las zonas de tradicional influencia de la izquierda, como el cinturón industrial de Barcelona. En esas zonas tenía además cierta implantación el Partido Socialista de Andalucía, que con los 72.000 sufragios que obtuvo contribuyó a la dispersión del voto de izquierda. Por si fuera poco, la importante abstención, que ascendió al 38%, también perjudicó al PSC-PSOE. La habilidad de Jordi Pujol consistió en presentar una opción útil de centro-derecha, dejando atrás el ideario político de centro-izquierda.

El reparto de escaños quedó de la siguiente numera: CiU, 43; PSC, 33; PSUC, 25; Centristas-UCD, 18; ERC, 14, y PSA, 2. Esta configuración del Parlamento Catalán hacía posible la formación de distintas alianzas. El PSC rechazó formar gobierno con CiU, convencido de que la mejor opción era sentarse en la oposición y esperar a ver cómo pasaba el cadáver de su adversario.

Cabría preguntarse qué es lo que ha podido suceder en estos años para que aquel incipiente y aparentemente efímero árbol simbolizado en el logotipo convergente haya llegado a desarrollarse hasta mostrar un aspecto tan formidable y sólido. ¿Qué elixir, qué pócima, qué fertilizante ha sido capaz de realizar este milagro? Aparentemente, lo que más se ve es el indudable carisma de su líder, Jordi Pujol. Pero si agudizamos el sentido de la vista y aplicamos una mayor atención, lo que se distingue es su firmeza, su actitud absolutista, el tono mesiánico que le permite dar consejo de todo y para todos desde una posición situada por encima del bien y del mal. Lo que percibimos al agudizar la mirada es un don natural para el maquiavelismo, más allá de la astucia y la perfidia. Nadie desde el siglo XVI ha sabido sacar mayor partido de esa doctrina basada en el erróneo concepto de que el fin justifica los medios, siendo ese fin un problema artificial, el nacionalismo, que él maneja con una asombrosa habilidad, inflándolo y desinflándolo, activándolo y desactivándolo. Todo ello a partir de un mecanismo constitucional en el que dieciséis o diecisiete diputados son capaces de fijar políticas, condicionar gobiernos y exigir responsabilidades a cualquiera que se ponga por delante. El obstáculo para el desarrollo del nacionalismo es el Estado, y ese mismo obstáculo es lo que incrementa su poder mediante el chantaje elevado al límite: o la desintegración del Estado o el consentimiento del reino de taifas.

El ideario político de Pujol, aplicado a la vida pública a través de las instituciones, se sustenta en la formación de un Estado cuyo embrión es la Generalitat de Cataluña. El mismo día en que tomó posesión de la presidencia, Pujol preguntó al que iba a ser su secretario general, Lluís Prenafeta: «Lluís, ¿tú sabes qué es la Generalitat?» Prenafeta divagaba en su respuesta, hasta que Pujol le interrumpió: «No, tú no sabes qué es la Generalitat. La Generalitat, en este momento, somos tú y yo. Nadie más». Es esta concepción personalista la que ha determinado el resultado de lo que hoy es la Generalitat.

La base del ideario pujolista, la identidad nacional, constituye la premisa necesaria para la constitución de ese Estado, pero no es suficiente. Un Estado sólo puede existir si dispone de la maquinaria de una sólida Administración. Y estas dos premisas, la necesaria y la suficiente, se empujan mutuamente, como el pez que se muerde la cola.

La estrategia de potenciar la identidad nacional para conseguir más competencias impulsa una dinámica conducente a duplicar o cuanto menos solapar las instituciones del Estado. Conseguir más competencias, incluso las que no figuran en el Estatut d’Autonomia, es más importante que gestionar correctamente las competencias ya obtenidas. La gestión ordenada de los recursos y su máximo aprovechamiento se supeditan a la oportunidad política de conseguir esas nuevas competencias. De este modo, la burocracia de la Generalitat ha experimentado un crecimiento descontrolado, que no ha permitido siquiera la correcta formación del funcionariado. De los 1.564 funcionarios de la Generalitat provisional de 1979 se ha llegado a casi 117.000 en 1996. Ese afán de conseguir competencias, relegando a un aspecto secundario la optimización de los recursos, ha conducido a generar un déficit astronómico, con una carga financiera que sobrepasa lo racional y endeuda al ciudadano, que tendrá que acabar pagando, con los correspondientes intereses. Resulta paradójico el hecho de que, en su concepción originaria, el Estado de las Autonomías se justificara por la descentralización presupuestaria para la optimización de los recursos, y no parecía mala idea. Sin embargo, los intereses partidistas, las fobias autóctonas y las necesidades de apoyo gubernamental han devenido en lo opuesto. Se desmantela el centralismo estatal para construir un centralismo autonómico de naturaleza absolutista.

El absolutismo del poder conduce a confundir estructura con coyuntura, siendo la estructura el ciudadano, la sociedad, el administrado, y lo coyuntural la política, los políticos y sus partidos. Sociedad y política siempre evolucionan, mientras los políticos son efímeros. Sin embargo, la propaganda pujolista a convertido a su líder en el epicentro de la estructura: más de dos tercios de los ciudadanos de Cataluña o no lo votan o se abstienen, que es una forma de votar. Los propios presupuestos de la Generalitat señalan ese epicentro presidencial: más de 100.000 millones de pesetas se asignan a Presidencia (una cantidad 32 veces mayor que la asignada al Parlament, más de 10 veces mayor que la de Medio Ambiente y 5 veces mayor que las de Agricultura Ganadería y Pesca, Trabajo e Industria, Comercio y Turismo).

Aunque no pretendo hacer una reflexión filosófica sobre los nacionalismos, pues para ello hay eminentes catedráticos más autorizados que yo, sí creo tener derecho a expresar mi propia opinión, entendida como legítima reflexión de un ciudadano de a pie. Interpreto que el nacionalismo no es tanto una política como un sentimiento. En primer lugar es doctrina, y por lo tanto se enseña, se instruye, hasta que ese adoctrinamiento se convierte, a través de mensajes e imágenes, en sentimiento, que es ya un modo parcial y subjetivo (manipulable) de entender las cosas. Multitud de líderes políticos se han obsesionado a lo largo de la historia con el anhelo de adoctrinar a los individuos. Cada uno de esos grandes personajes ha creído que su razón era absoluta, y con ímpetu mesiánico ha tratado de divulgarla o imponerla. Pujol ha transferido su política doctrinaria al papel escrito mediante los intelectuales de Convergència que han desarrollado el pensamiento nacional catalanista.

En relación con la tarea de adoctrinamiento, los ideólogos del catalanismo llegan a decir lo siguiente:

«Elaborar un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales. Reorganizar el cuerpo de inspectores de manera que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal y cuidar de la composición de los tribunales de oposición. Incidir en las Escuelas de Formación Profesional y de directivos para difundir el espíritu catalán entre los alumnos, futuros directivos de empresa. Favorecer las estrategias que incorporen en su política la dimensión lingüística y nacional de Cataluña. Diseñar la estrategia que pueda conducir a optar a los cargos directivos de las instituciones. Estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores».

Como vemos, a los ideólogos no se les escapa detalle. Pero no son nada originales. Tales premisas ideológicas ya habían quedado sentadas en otro texto que resulta muy esclarecedor:

«El problema de nacionalizar un pueblo necesita ante todo, y principalmente, crear condiciones sociales sanas, que proporcionan la base en la que se va a fomentar la posibilidad de educar al individuo. Porque es sólo después de que un hombre ha llegado, gracias a la educación y la escuela, a conocer la grandeza cultural, económica, y sobre todo, la grandeza política de su patria, cuando podrá sentir aquel íntimo orgullo que surge del hecho de tener el honor de pertenecer a la propia nación, y lo sentirá. Pero la homogeneidad de la forma ha de expresarse estableciendo principalmente una lengua unificada del Estado, y el instrumento técnico para llevarlo a término ha de ponerse en manos de la Administración. La única manera, además, de crear una conciencia uniforme y perteneciente al Estado residirá en cumplir la educación en la escuela. Es ésta, por cierto, labor de diez o veinte años».

Este texto podría haber sido la fuente de la que se han nutrido los intelectuales convergentes, aunque pretendan que su pensamiento es genuinamente autóctono; aun corriendo el riesgo de levantar ampollas con la siguiente afirmación, el hecho es que las líneas generales del nacionalismo catalanista están presentes en esas líneas, cuyo autor no es otro que Adolf Hitler. En Mein Kampf (Mi lucha), de donde se han extraído, ya se dice que la doctrina es la base del sentimiento, la escuela el lugar de su germinación, y su impulsor la Administración. A Hitler no le dio tiempo de llevar hasta el final esta recta y comprobar si su aplicación tenía los efectos alucinógenos que pretendía conseguir. Jordi Pujol, en cambio, sí ha tenido tiempo para comprobar los resultados de la política lingüística impulsada desde su primer gobierno en la Generalitat de Cataluña. De hecho, ha conseguido que casi todos los jóvenes conozcan el idioma catalán. En 1984 solo el 47,7% de las personas de 18 a 21 años eran capaces de hablar y escribir en esa lengua; en 1995 lo eran casi todos, el 94%. Otra de las consecuencias es que, mientras en 1984 sólo se sentían catalanes el 5,6% de estos jóvenes, una década después ya eran casi cuatro veces más, el 22,3%. Además, la enseñanza obligatoria del catalán ha hecho que el voto nacionalista aumente en un 50%. En el caso de Cataluña las predicciones de Hitler han resultado casi exactas. Si en una década se ha llegado al 50%, en dos décadas muy bien podría llegarse al 100%.

La doctrina, base del sentimiento nacionalista, necesita forzosamente canales por los que expandirse, vehículos de transmisión encargados de divulgarla. Así, los medios de comunicación se convierten en instrumentos doctrinarios, y los periodistas en engranajes de éstos[1]. La obsesión de Pujol por los medios de comunicación ha sido una constante desde; sus primeros pasos en la política. En el empeño de conseguir el control mediático no ha regateado esfuerzos, aunque el resultado final de todos sus proyectos ha sido un auténtico fracaso, como no podía ser de otro modo cuando lo que se intenta vender es doctrina. Participó en los orígenes de las revistas Oriflama y Canigó, y también metió sus tentáculos en la Enciclopedia Catalana, El Correo Catalán, Avui, el semanario Destino, radio Avui-Cadena 13 y el proyecto nunca realizado de la Promotora Catalana de Televisión. Por otra parte, desde el poder ha ejercido un férreo control sobre los medios de comunicación públicos, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, con TV3 como estrella rutilante, y ha interferido constantemente en la prensa y en múltiples publicaciones auspiciadas desde la Fundació Catalana de Comunicació. Ha sido un largo recorrido hasta el último proyecto, el del diario El Observador, que muestra claramente su voluntad de adoctrinar. Son muchos los mensajes que se transmiten a través de toda esta constelación de medios, y los periodistas de las distintas redacciones los reproducen una y otra vez conforme a un esquema simétrico[2].

La sociedad civil catalana dispone de 28.356 entidades inscritas en los registros. Las hay de todo tipo: culturales, profesionales, deportivas, etc. También hay 277 fundaciones, que gestionan un presupuesto de 43.000 millones de pesetas y constituyen, en una población como la de Cataluña, un auténtico caldo de cultivo para hacer germinar las semillas del pujolismo. Todas valen, pero, lógicamente, las más influyentes requieren mayor atención. De este modo, la Generalitat ha proporcionado centenares de millones a miles de asociaciones. Esta extraña política subvencionadora llega a incongruencias supinas, pero tiene su principal referencia en los protocolos convergentes[3].

Aparte de la identidad idiomática, en la base del adoctrinamiento convergente hay dos vertientes fundamentales: la reivindicación de lo arrebatado y la ferocidad que se atribuye al enemigo. En el texto del protocolo del partido se sustancian estos dos aspectos: el reivindicativo, fundamentado en la idea de que algo ha sido arrebatado; y el conspirativo, que supone la existencia de un enemigo que impide el desarrollo cultural y económico de la nación catalana. Así, podemos leer en dicho protocolo:

«Cataluña es una nación que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico: se debe poner de manifiesto descubriendo, constatando, ponderando y divulgando los hechos discriminatorios, las deficiencias, etc., de forma clara, contundente y sistemática. Remarcando la incidencia negativa que tiene para el conjunto del pueblo catalán».

Es significativo que la fiesta nacional de Cataluña, la Diada, conmemore la fecha de una derrota. A partir de ese hecho, acontecido el 11 de septiembre de 1714, todo son agravios. En el texto de Mein Kampf, Adolf Hitler ya pone el acento en la fuerza de la voluntad para reivindicar aquello que se supone que ha sido arrebatado:

«Las naciones e, insisto, las razas que poseen talento cultural y creador tienen estas cualidades latentes en sí mismas, aunque las circunstancias exteriores en un momento determinado puedan ser desfavorables y dificulten su desarrollo. Que nadie lo dude, si formidable fue el desastre de nuestra nación, no menos formidable será también el esfuerzo que realizaremos un día para acabar con esta maltratada situación. Sólo la producción de una inmensa fuerza nacional de voluntad, la sed de independencia y una devoción apasionada podrán hacernos recobrar aquello que nos ha sido arrebatado».

El otro pilar sobre el que se asienta la doctrina que Pujol transmite con desenfrenada pasión es la ferocidad del enemigo en sus ataques a la nación catalana, y por extensión, a Pujol-Cataluña, fundidos en una sola bandera. Cualquier manifestación contra su persona se considera inmediatamente dirigida contra Cataluña, y tal identificación se repite una y otra vez. Cuando la Fiscalía incorporó su nombre a la relación de querellados por el caso Banca Catalana, Pujol pudo demostrar la eficacia de esta doctrina, que utiliza no sólo como un formidable blindaje contra los ataques externos, sino para aumentar su solidez interior. En aquella ocasión se puso de manifiesto esa fusión Pujol-Cataluña: «Tenemos que ser capaces de hacer entender a todo el mundo, fuera de aquí, que con Cataluña no se juega y que no vale el juego sucio». Tenía que quedar bien claro quién era el principal enemigo: «El gobierno central ha hecho una jugada indigna». Sin embargo, cualquiera que mostrara su disensión era considerado guerrillero o francotirador: la prensa, los fiscales, Madrid, Extremadura, instituciones, rivales políticos, partidos… En Mein Kampf se hace una referencia concreta a la idea del blindaje interior:

«La convicción y el poder de voluntad del individuo radican en la ferocidad que respecto a él muestren los enemigos de nuestra nación. La grandeza de cualquier organización activa, que constituye la personificación de una idea, reside en el espíritu del fanatismo religioso y la intolerancia con que se atacan todas las otras ideas, fanáticamente convencidos de que sólo la suya tiene la certeza absoluta. Si una idea por sí misma acertada emprende una lucha en esta tierra, esta idea será invencible y las persecuciones solo servirán para aumentar su solidez interior».

Las comparaciones siempre son odiosas, y en este caso aún más, pues el solo hecho de considerar como referencia el pensamiento político —si es que se le puede llamar así— de Adolf Hitler resulta repelente; pero es necesario. En Mein Kampf, Hitler mantiene que, mediante la educación y la escuela, se puede conseguir el objetivo de adoctrinar a los individuos, y anticipa el efecto que produce: «Podrá sentir aquel íntimo orgullo que surge del hecho de tener el honor de pertenecer a la propia nación y lo sentirá». Como hemos señalado antes, la Llei de Normalización Lingüística ha conseguido que el 94% de los jóvenes de 18 a 21 años sean capaces de hablar y escribir en catalán, con el consecuente incremento del voto nacionalista. Es evidente que se ha cumplido un primer objetivo, y ello se constata en las ponencias del congreso de Convergència Democràtica de Catalunya, en otoño de 1996, que apuntan ya hacia nuevas cotas. En agosto de ese mismo año el conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, anticipa una reforma de la ley del catalán porque «ha tocado techo».

Ahora se trata de incentivar el íntimo orgullo, surgido del honor de vinculación y pertenencia, en palabras del propio conseller. «No basta con acciones políticas concretas para conseguir el fortalecimiento del catalán, ahora conviene trabajar en pos del prestigio social de la lengua». Imparable, continúa: «La reforma de la ley se realizará con el consenso del Parlamento, lo que no tiene por qué querer decir unanimidad». El nacionalismo catalán, que había surgido libre y espontáneamente entre la ciudadanía, y por lo tanto era auténtico y natural, en el transcurso de esta década se ha transformado hasta extremos irreconocibles. El doctrinario y artificioso nacionalismo de Pujol se caracteriza porque él mismo es quien lo infla, lo desinfla, lo activa y lo desactiva, fijando techos y marcando el ritmo «en función de criterios de oportunidad política», según palabras textuales del conseller Pujals. Lo sorprendente es que Pujol, habitualmente reñido con los principios de la gestión de empresas, aplique el concepto de dirección tal como se enseña en economía: dirigir es «conseguir objetivos a través de las personas». Nada tiene esto que ver con la democracia política, en donde el pueblo ha de intervenir en el gobierno, condicionando con su voluntad los objetivos a alcanzar.

El nacionalismo de Pujol es un nacionalismo prefabricado y, por lo tanto, artificial, que ha tenido que inventarse una historia patriótica tan falsa que sólo existe en la mente de sus patrocinadores. Según esta historia, la nación catalana ha cumplido 1.100 años desde Guifré el Pelós (Wifredo el Velloso), padre de la patria elevado a la categoría de héroe al que se atribuye la formidable leyenda del origen del escudo catalán: cuando el rey franco Carles el Calb introdujo los dedos del valeroso Guifré en su herida mortal y con la sangre marcó cuatro barras sobre su escudo dorado. Esta historia conmovedora no ha sido ratificada por ningún historiador, pero poco importa el rigor si el convencimiento es absoluto. Pujol, máximo exponente de la mitificación y exaltación de los símbolos, ni siquiera se priva de manifestar mensajes de ultratumba en sus actos protocolarios: «Desde su tumba, hoy Guifré el Pelós diría que tendríamos que ir más allá», lo que equivale al «si Franco levantara la cabeza» de los nostálgicos de la dictadura. En realidad, lo único que podría decir el tal Wifredo si resucitase es que él no era más que uno de los muchos señores feudales de su época que luchaban contra el moro, en su caso, por cierto, con poco éxito, pues fue vencido y muerto a manos de su enemigo Llop Ibn Muhammad, y aquí se acaba la historia. En el año de su muerte, el 897, el pobre Wifredo no podía imaginar que estaba fundando una nación y que estaba destinado a convertirse en un mito para los nacionalistas convergentes.

El nacionalismo convergente tiene otros mitos, gestas y símbolos: el monasterio de Ripoll, la montaña de Montserrat (donde se fundó el partido), la guerra de 1714, con personajes exaltados a la categoría de mártires como Rafael Casanova y el general Moragues, la sardana y los castellers (constructores de torres humanas), cuyo origen, según la historiografía patriótica, se remonta a tradiciones legendarias. Lo cierto es que la música de la sardana es de finales del siglo XIX, en las partituras más antiguas, y la presencia de los castellers está documentada por vez primera a principios del mismo siglo en dos comarcas de Cataluña. Hace dos días, en términos históricos. El nacionalismo catalán se atribuye la posesión de la verdad y niega no sólo la evidencia sino cualquier idea opuesta a sus dogmas. Los nacionalistas tienen la razón y todos los demás están equivocados. Es inútil debatir: a los nacionalismos no se les puede objetar con ideas, sólo se les puede oponer otro nacionalismo, más radical o más moderado, pero siempre basado en el mismo tipo de principios dogmáticos.

Las doctrinas nacionalistas están caducas, caminan por una vía ciega que conduce inexorablemente hacia actitudes retrógradas. La estación de destino de los nacionalismos se sitúa en las antípodas de la evolución social de la Europa occidental, que tiende a universalizar etnias y nacionalidades por la vía de la integración política y económica. En una época en la que se derriban muros y fronteras, el nacionalismo catalán pretende construir nuevas barreras mediante la práctica de una política doctrinaria y unas ideas caducas y pueblerinas. Cuando todos los indicadores muestran la tendencia hacia la globalización de la economía, como lógica consecuencia de la evolución de unos mercados nacionales que se han integrado en redes continentales y mundiales, sólo el interés partidista de unos cuantos puede justificar ese caminar en sentido contrario. El siglo XX ha presenciado una extraordinaria transformación de las sociedades europeas; el desarrollo industrial ha convertido al antiguo proletariado en una inmensa clase media y las políticas socialdemócratas han propiciado una evolución social caracterizada por la universalización de la educación, la sanidad y las pensiones y la construcción del Estado del Bienestar. Los transportes y las comunicaciones han hecho pequeño al mundo, y con él, a los partidos políticos.

La razón de ser de todos los nacionalismos es la perpetua reivindicación de sí mismos. El nacionalismo catalán que propugna Pujol no tiene techo, no tiene fin en el horizonte. Su partido será nacionalista mientras persista su reivindicación. Si en un futuro inmediato o lejano ésta desapareciera, con ella desaparecerían también el sentimiento nacionalista y el partido. Mientras tanto, es el cuento de nunca acabar.

EL HECHO DIFERENCIAL CATALÁN: LA LENGUA

Que el hecho diferencial de Cataluña sea el idioma catalán es una decisión política y, como todas las decisiones políticas, puede o no estar sustentada por la realidad social. Ya en el líquido amniótico de la fundación de su partido, Pujol acentuó este hecho diferencial, y con el ejercicio hegemónico del poder la lengua ha dejado de ser un mero instrumento de comunicación para convertirse en un instrumento político al servicio del interés partidista. Todas las comunidades sociales tienen hechos diferenciales, y es precisamente el cúmulo de esos hechos diferenciales, y no uno solo de ellos, lo que las distingue. Si, en el caso de Cataluña, la decisión política sobre la diferencia hubiera sido más plural, estaría más acorde con la realidad social de su territorio. La decisión política sobre el hecho diferencial podría haber tomado como estandarte alguna magnitud cuantificable, como el nivel de vida, la renta per cápita, el número de universitarios, el potencial comercial e industrial, las actividades sociales o el asociacionismo cultural. Lo cuantificable difícilmente es rebatible: o es o no es. Pero esta opción corresponde al lado izquierdo del cerebro y el margen de manipulación es escaso, ya que, por mucho que las estadísticas resulten indicativas de una situación económica o social, los pobres siguen siendo pobres, y lo saben. Ahora bien, si la opción política es la lengua, y a ésta se la sublima con poderes afrodisíacos de identidad, entonces la diferencia se transforma en un sentimiento. Las emociones y los sentimientos corresponden al lado derecho del cerebro, y ya no son cuantificables ni medibles con precisión aritmética. Cada individuo siente las cosas de una manera particular y son los mensajes y las imágenes las que van nutriendo, o mejor dicho, educando, ese sentimiento. La forma en que son transmitidos los mensajes e imágenes configuran la percepción del individuo, y esta percepción es transformada en sentimiento.

El interés partidista de optar por la lengua como hecho diferencial ha sustentado sus principios de espaldas a la realidad social, y no sólo a la realidad social territorial de Cataluña, sino a la realidad social del mundo occidental, al anteponer la nación al individuo vulnerando los más elementales principios democráticos. La realidad social, a pesar del intervencionismo del partido gobernante en Cataluña, no se corresponde con los presupuestos de la doctrina convergente, que está alejada no sólo de esa realidad social, sino, más aún, del sentido común, e ignora tanto la Constitución como el Estatut d’Autonomia. Hoy, decir algo tan elemental como «el padre de mi padre es/era catalán» sólo puede hacerlo un 25% de la población que reside en Cataluña. Suponiendo que no haya grandes movimientos migratorios, hasta el año 2025 ese porcentaje no llegará a ser mayoritario. Ésta es la realidad social de Cataluña.

Los principios de la doctrina nacionalista de Pujol, cuyo origen no va más allá de hace dos siglos y medio, se exacerbaron como consecuencia de la represión franquista. El franquismo privó de libertades, en plural, a todo el Estado español, y el País Vasco y Cataluña se vieron especialmente afectados por la imposición del español como idioma oficial. Las instituciones y los organismos públicos no tenían otro idioma que el oficial. Los medios de comunicación, tanto públicos como privados, estaban sometidos a un férreo control, y la libertad de expresión no existía. Sin embargo, aun en estas circunstancias el régimen franquista no intervino en la esfera privada de los individuos. Como instrumento de comunicación, el catalán siguió vivo en el ámbito familiar y laboral, en la vía pública, en los bares y, si no hubiera sido así, hoy el catalán no existiría tal como lo conocemos.

Sin duda existió una represión idiomática en Cataluña, pero a ella se sumó también la autocensura de quienes, particularmente entre los sectores pudientes, consideraban que hablar en catalán no estaba bien visto. A estas circunstancias se unió la afluencia de inmigrantes en las décadas posteriores a la Guerra Civil, que determinó una abrumadora presencia de castellanoparlantes y, como consecuencia de todo ello, la conversión del catalán en idioma minoritario. Al restablecerse la democracia, el conjunto de la población de Cataluña, independientemente de cuál fuera su procedencia, estaba convencida de que el idioma catalán, para subsistir, precisaba de apoyos. El testigo fue recogido por las formaciones políticas de todo el arco parlamentario catalán, y por consenso fue aprobada la Ley de Normalización Lingüística de 1983, que incorporaba un sentido de equilibrio, en consonancia con la Constitución y el Estatut d’Autonomia.

El espíritu de la Ley de Normalización Lingüística era proteger el catalán, aportando las condiciones que le permitieran desarrollarse y extenderse de una manera evolutiva. Sin embargo, esta ley no era suficiente para el nacionalismo recalcitrante y sus intereses partidistas, que la entendieron como una vía de tránsito a tiempos mejores en que se pudieran dar nuevos pasos. Ya en las primeras fases de la aplicación práctica de la Ley de Normalización Lingüística comenzaron a aparecer cientos de nuevas palabras que sustituían al catalán tradicional de la calle. Era lógico que en las escuelas se enseñara un catalán más purista y ortodoxo, pero no deja de sorprender que las nuevas palabras tuvieran una morfología absolutamente alejada de las utilizadas tradicionalmente. Ya no era buzón, sino bustia; ya no enchufe, sino endoll. Un purismo filológico que la sociedad civil aceptó de buena gana, pero que obligó a reciclar incluso la lengua que hablaban los habitantes de las comarcas de la Cataluña más profunda.

El órgano ejecutor de la normalización lingüística, la Conselleria de Cultura, no regatea esfuerzos en incentivar y promover el uso del catalán. Todo aquello que lleve inscrita la palabra catalán tiene subvención asegurada. Sólo hay una cultura, la autóctona; la diversidad cultural en Cataluña se considera algo marginal. Las partidas presupuestarias de la Conselleria de Cultura destinadas a subvenciones se dirigen una y otra vez a las mismas asociaciones de castellers, dansaires, sardanistes, etc. Entre ellas no se encuentra, por ejemplo, la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC); no, esta asociación recibe su subvención de los presupuestos de Bienestar Social, el departamento de la Generalitat que cuida de los sectores marginales. Sobre la emigración Pujol ya expresó su sentir en un libro suyo publicado en 1976 con el título La emigración problema y esperanza de Cataluña. En sus páginas Pujol decía cosas como: «El hombre andaluz es generalmente poco hecho, que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y miseria cultural, mental y espiritual». O también: «Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña e introduciría su mentalidad anárquica y paupérrima, es decir, su falta de mentalidad». No es de extrañar que, conforme a esta visión, la FECAC sea tratada culturalmente como una entidad marginal, aunque ello contradiga las campañas institucionales de precampaña electoral basadas en el eslogan «Som sis milions» («Somos seis millones»), dando a entender que son catalanes todos los que trabajan y viven en Cataluña.

Desde la Generalitat de Cataluña, ya sea desde la consejería de Cultura, la Dirección General de Política Lingüística o la Presidencia, se trabaja sistemáticamente de espaldas a la realidad social. Las anécdotas son relevantes por la profundidad de su significado. Josep Plà, una de las más rutilantes estrellas de la literatura catalana, autor de una obra inmensa, es desaconsejado por algunos profesores de la Facultad de Filología Catalana de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona: «Es un autor mitificado en exceso, con una prosa aburrida y contenidos reaccionarios». La libertad de cátedra da para mucho, sobre todo si se considera que Josep Plà ha sido uno de las pocas personalidades que se han atrevido a dirigirse a Pujol empleando calificativos como «milhombres» y «político ignorante». Pese a haber fallecido ya, la satanización de Plà perdura, mientras se mitifica a otros escritores menos «reaccionarios».

En los primeros años de la presidencia de Pujol en la Generalitat, la mayoría de la intelectualidad catalana era progresista. Años después, las maravillas de la evolución o ciertas dosis de favoritismo han transformado las ideas privándolas de su originario progresismo. Es esta evolución de la educación del pensamiento lo que permite al conseller de Cultura Joan Maria Pujals manifestar que la ley del catalán «ha tocado techo» y que, como se ha citado en páginas anteriores, «no basta con acciones políticas concretas para conseguir el fortalecimiento del catalán, ahora conviene trabajar en pos del prestigio social de la lengua». Así, desde el gobierno de la Generalitat se remite al Parlament el anteproyecto de una nueva ley del catalán que propone sin ambigüedades la obligatoriedad para comerciantes y profesionales por cuenta propia de atender a los clientes en ambos idiomas, pudiendo ser sancionado quien no lo haga. Entre otras imposiciones está la de fijar cuotas mínimas de catalán en los medios de comunicación privados. Atrás queda el Estatut d’Autonomia, según el cual el catalán es el idioma de Cataluña y son oficiales el castellano y el catalán.

Con la pretensión de apoyar y justificar la necesidad de la nueva ley, los intelectuales próximos a CDC hacen público un manifiesto con el título Per un nou Estatut social de la llengua catalana, cuya principal propuesta es que el catalán sea la única lengua oficial de Cataluña. Inconstitucional, pero no deja de ser una propuesta, aunque sus razones no resulten muy convincentes: «La lengua no es sólo un instrumento de comunicación, sino también una manera de ver el mundo, un lugar donde se configuran mitos y deseos, una casa que ayuda a convertir en pueblo a aquéllos que la habitan». Estos intelectuales (cerca de trescientos cincuenta, que no son pocos) han sucumbido a los efectos alucinógenos del mensaje convergente: la lengua, el instrumento de comunicación, «es una manera de ver el mundo», es decir, simple y llanamente un sentimiento. Parecía que intelecto y raciocinio eran elementos indisolubles, pero el adoctrinamiento nacionalista ha demostrado su eficacia, lo que no le priva de una falta absoluta de visión. El error está en el diagnóstico; no hay necesidad alguna de prescribir una receta si no hay enfermedad. La población civil no percibe esa malaltia. Es una mayoría la que interpreta como enriquecedor el bilingüismo, tan espontáneo que es causa de orgullo y, sin duda, la forma más pacífica de convivencia. Una macroencuesta realizada recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que más del 50% de los catalanes están «bastante o muy orgullosos» de ser españoles. El citado manifiesto intelectual no tiene en cuenta los efectos secundarios de la receta; si al idioma se le atribuye tal poder transformador, lo tendrá en plural, pues el castellano o español también es un idioma, y los castellanohablantes también forman parte de la población del territorio catalán. Como consecuencia de los efectos secundarios de la receta, la confrontación esta cantada.

No es sólo esa intelectualidad próxima a CDC la que desvaría; también lo hace un aliado tradicional del pujolismo, la Iglesia Católica catalana, que tiene en Pujol a un entusiasta feligrés. La cúpula eclesiástica catalana mantiene un idilio permanente con el nacionalismo, no compartido por la curia vaticana. Las diócesis de Tarragona, Girona, Solsona y Vic se manifiestan a través del full (hoja) parroquial exigiendo a los castellanohablantes que aprendan el catalán «como nosotros hemos tenido que aprender su lengua». El tono de exigencia ya determina cierto nivel de irracionalidad, pero lo peor es la distinción del «ellos y nosotros», en referencia a la tradicional separación entre castellanoparlantes y catalanoparlantes.

HACER PAÍS, HACER PARTIDO, HACER POLÍTICA

En 1954 Pujol participó en la creación de una plataforma de debate y formación democrática que adoptó las siglas CC como denominación (no existe unanimidad en cuanto a su significado, que podría ser Cristians Catalans o Crist i Catalunya). Entre sus objetivos tenía como prioritario el de crear «una minoría dirigente, con gusto por las responsabilidades, decidida a impulsar la reconstrucción del país». El ideólogo principal del grupo fue el antropólogo y escritor Raimon Galí. El grupo se había estructurado a partir de uno anterior denominado Grup Torras i Bages, formado también por miembros de la Cofradía de Montserrat y organizaciones cristianas auspiciadas por el abad Aureli Maria Escarré. Sobre CC Pujol dejó escrito: «La idea de que el hombre se debe a algo que lo sobrepasa, y este algo no pueden ser las ideologías ni la personalidad, sino unos valores básicos que en el caso de CC eran Dios, la tierra —es decir, Cataluña— y los hombres concretos de Cataluña». Su pensamiento político tiene ya un referente, Cataluña, a la que se supeditan la ideología y la personalidad. Nación antes de individuo.

Un episodio anecdótico hizo que el grupo CC incrementara su base minoritaria. El detonante que le procuró nuevas adhesiones fueron unas desafortunadas declaraciones del entonces director de La Vanguardia, Luis de Galinsoga, en las que manifestó: «Todos los catalanes son una mierda». CC promovió una campaña de réplica que condujo a la destitución del director del diario. Fue en este núcleo embrionario donde las ideas políticas de Pujol empezaron a desarrollarse, pasando de la reflexión a las acciones concretas. La más importante fue la creación de un banco como «ejemplo muy claro de infraestructura», un banco catalán que posibilitara el desarrollo autóctono de Cataluña liberándola del peligro de la colonización. Banca Catalana nació así como columna vertebradora, como infraestructura necesaria del ideario político. También surgieron de este núcleo otras iniciativas, como el Centre d’Informació, Recerca y Promoció (CIRP), las editoriales Lavínia, Edicions Catalanes de París y Edicions 62 y la revista Serra d’Or. La tarea de fér país («hacer país») ya tenia estructurado un movimiento.

Coincidiendo con los síntomas de decadencia del régimen franquista, y sobre todo a partir de la muerte en atentado del almirante Carrero Blanco, el movimiento impulsado y estructurado por Pujol encuentra los condicionantes necesarios para la creación de un partido político. Pujol, entonces vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, ya dispone de la potencialidad de la entidad bancaria para marcar el ritmo de los acontecimientos. El fer país se solapa y entrecruza con el fer partit y el fer política, en palabras de propio Pujol: «Sin abandonar lo que se está haciendo, es decir, sin dejar de hacer cosas, de crear realidades, de construir país, es necesario que todo el mundo que he descrito se incorpore a la acción propiamente política».

El 15 de noviembre de 1974, en Montserrat, se dan cita los fundadores del núcleo constituyente de lo que sería Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Lo que acaba de nacer no es aún el partido, sino el movimiento destinado a promover, movilizar y aglutinar a amplios sectores del país a fin de desarrollar «un programa político de democracia en una línea de centro izquierda». Pujol y Jaume Casajoana proceden de CC, Miquel Sellarés proviene de CIRP, por Unió Democràtica de Catalunya (UDC) acuden Anton Cañellas y Josep Miró Ardèvol, y también están presentes Joaquim Ferrer, vinculado al Reagrupament Socialista i Democràtic (RSDC), Miquel Roca y varios pujolistas de los órganos directivos de Banca Catalana, como Francesc Gordo.

Hasta el 28 de marzo de 1976 el movimiento liderado por Pujol no se convierte en partido político. En el camino han abandonado la formación los socialdemócratas del RSDC y los democristianos de UDC, de manera que, después de las deserciones, sólo dos grupos sustentan CDC: el Grup d’Acció al Servei de Catalunya (GASC), donde se integran los pujolistas, y el Grup d’Independents, liderado por Miquel Roca. Aprobados los primeros estatutos, los órganos directivos se reparten entre los capitanes, la secretaría general para Pujol y la secretaría general adjunta para Roca. Desde el inicio, las intervenciones de Pujol tienen un marcado acento nacionalista: «La diversidad de procedencias [de los militantes] e incluso, en menor grado, de objetivos a largo plazo pueden provocar en ciertos aspectos un debate interno en CDC». Y añade: «Pero si en algo no puede haber discrepancias es en el aspecto nacional». Las intervenciones de Miquel Roca son mucho más moderadas. Ya entonces se ponen de manifiesto las primeras disonancias entre ambos, que con el paso del tiempo se agudizarían.

En el IV Congreso de CDC, en enero de 1977, dedicado a la preparación de las primeras elecciones generales, convocadas para el 15 de junio de ese mismo año, se modificaron los estatutos introduciéndose los objetivos a alcanzar, entre otros el de «reivindicar la personalidad nacional de Cataluña y el restablecimiento de sus instituciones de autogobierno». CDC se presentó a estas elecciones coaligada con otros partidos en el Pacte Democràtic per Catalunya. La plataforma, en la que participaban también Esquerra Democràtica de Catalunya, liderada por Ramón Trias Fargas, el Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC-R) y el Front Nacional (FNC), se adjudicó en estas primeras elecciones once diputados[4].

Posteriormente, en junio de 1978, los pactos suscritos entre CDC y EDC se transformaron en acuerdo de fusión, y Trias Fargas y Macià Alavedra se acomodaron en los órganos directivos de CDC. Unos meses más tarde, en septiembre, los democristianos de UDC propiciaron la coalición CiU, pero lo que parecía un matrimonio conveniente se transformó en fracaso. En las elecciones del 1 de marzo de 1979 la coalición sólo consiguió ocho diputados. Atrás quedaban los once escaños logrados por la plataforma Pacte Democràtic. CiU quedó relegada a la cuarta fuerza política, superada ampliamente por la UCD.

A pesar de la derrota, las fuerzas que estaban por delante tenían el estigma del sucursalismo: el PSOE, el PCE y la UCD eran partidos de ámbito estatal, mientras que CiU aparecía circunscrita a Cataluña. Una vez que se despejó la maraña de siglas y denominaciones políticas, la coalición liderada por Pujol quedó identificada como el único partido nacionalista en Cataluña. Había llegado el momento de fer política.

La errática política de Pujol y, por lo tanto, de su partido, absolutamente sometido a las directrices del líder, ha transitado desde el centro-izquierda a la socialdemocracia al estilo sueco y de ésta a la derecha, con el común denominador del nacionalismo doctrinario. El ideario político ha quedado supeditado a las circunstancias. Ha servido para dar soporte parlamentario al PSOE, después de haber mantenido confrontaciones que parecían irreconciliables, como se desprende de estas palabras de Pujol: «Entre González y yo, a raíz de la querella de Banca Catalana [mayo de 1984], sucedió lo de aquel espejo que se cae al suelo y se hace mil añicos: puedes saltar y acabarlos de triturar o bien coger los trozos en que aún te puedes ver y mirarte en estos fragmentos, pero el espejo siempre estará roto». También sirve para dar soporte al PP, y podrían servir al partido de Julio Anguita si alguna vez optara a formar gobierno. Todo cabe en el Programa Económico y Social que fue presentado por Josep Maria Cullell en la asamblea constituyente de CDC, basado en cuatro puntos: «La distribución equitativa de la renta, la mejora de la calidad de vida de las clases populares, el establecimiento de las bases para una auténtica democracia económica y social, el rechazo al actual modelo de crecimiento, generador de desequilibrios y desigualdades». Un programa que muy bien podría suscribir el presidente de la comunidad de Extremadura, Rodríguez Ibarra.

Es la política de circunstancias, equivalente de la sartén por el mango, lo que determina las actuaciones del pujolismo, explotando las carencias de la Carta Magna, del sistema electoral y del bipartidismo imperfecto y utilizando a su favor la fusión entre el partido, el gobierno y las instituciones. Para ello ha creado una red mediática dedicada a mitificarle, algo a lo que Pujol se dedica personalmente con esmero. Aunque parezca anecdótico, es capaz de exigir a los periodistas que se levanten de sus asientos cuando él hace presencia en las ruedas de prensa convocadas en la Generalitat. Toda esta sublimación monárquica, llevada a cotas delirantes, culmina en su autoproclamación como «Presidente de Cataluña», asegurando que, fuera de España, el presentarse como presidente de la Generalitat de Catalunya suena como si fuera presidente de una compañía de seguros (en referencia a la compañía italiana Assiccurazioni Generali). Sin la pompa ni los fastos de una auténtica proclamación regia, sino más bien con un estilo campechano, Cataluña, una nación sin estado, ya tiene presidente. En el Reino de España José María Aznar es el presidente del gobierno, el Rey es Juan Carlos I, y Jordi Pujol es el Virrey.

La introducción en el tejido social

«El que esto escribe, aún sabiendo que no está bien decirlo, en un delirio de impudicia dice que él es un hombre que mueve dinero».

(Extraído del libro Des deis turons a l’altra banda del riu, escrito por Jordi Pujol cuando cumplía prisión en Zaragoza).

El hecho de mover dinero y tener unas profundas convicciones políticas situaban a Pujol en el punto de mira de los servicios de información del régimen franquista. Una leyenda negra se creó a partir de los informes policiales que señalaban a Pujol y a Banca Catalana en la cúspide de la actividad subversiva. El Madrid oficial se inundó de informes del Servicio de Información del Ejército, del Ministerio de Información y Turismo, el Ministerio de Hacienda, de las direcciones generales de Prensa, Banca y Bolsa así como del Banco de España, y todo ello contribuyó a elevar a la categoría de activista a quien ya había estado condenado a prisión por actividades contra el régimen.

EL MECENAS DE TODOS

Pujol fomentó e impulsó actividades culturales, políticas y sindicales de muy distinto signo, ya que en los preámbulos de la etapa democrática no lodo estaba posicionado, y la ambigüedad ideológica sólo tenía un denominador común: la lucha por la democracia y las libertades en Cataluña. En esta misma ambigüedad se situaba el mecenazgo de Pujol, en el que no quedaba claro si actuaba él a título personal o si, por el contrario, lo ejercía Banca Catalana. De este modo, la entidad bancaria, en la que se construyó la plataforma de financiación de multitud de actividades, pronto fue objeto de las sospechas del régimen franquista, que consideró que desde ella se proporcionaba apoyo a la subversión. De hecho, desde Banca Catalana se ejerció una encomiable labor en pro de las libertades democráticas de Cataluña. Sus directivos desarrollaron una labor filantrópica en multitud de actividades de todo tipo, dando vida a asociaciones como Ómnium Cultural, constituida al mismo tiempo que Banca Catalana, a la que estaba directamente conectada: Joan Bautista Cendrós, el secretario de Ómnium Cultural, era vocal de Banca Catalana, y Jaume Carner, presidente de la entidad bancaria, era vocal de la asociación cultural, que llegó a contar con 20.000 socios en 1978.

Pujol asignó la tarea de coordinar las acciones de subvención y mecenazgo a Joan García Grau, persona que estaba muy relacionada con los movimientos revolucionarios de Latinoamérica. Pujol le ofreció un puesto en el servicio de estudios del banco, aunque le confió que «más que un servicio de estudios era una oficina política». Así se creó el Centre d’Informació, Recerca i Promoció (CIRP), que contaba con una cuenta corriente en el banco para financiar las actividades de los demócratas catalanistas y aglutinar a su alrededor a todas las personas con inquietudes políticas dentro de Cataluña. No se detenían en el CIRP las actividades de mecenazgo de Pujol desde la ambigüedad de Banca Catalana. Tal actividad subvencionadora llegaba a todos los estratos. En el caso de la escuela para la formación de profesorado Rosa Sensat no se utilizó la vía directa, sino que los recursos económicos se canalizaban a través de personas relacionadas con el banco. No toda esta actividad tuvo continuidad: al ir evolucionando los posicionamientos políticos, Pujol los abandonaba si percibía algún escoramiento hacia la izquierda o se abandonaban los principios católicos.

Otro de los instrumentos utilizados por Pujol fue el Centro de Estudios y Planificación (CEP), integrado por los economistas Josep Maria Bricall, Lourdes Beneria y Josep Grifoll. Habían acudido a Ómnium Cultural en petición de ayuda económica y Pujol se la proporcionó. Asimismo se utilizó una organización llamada Acción Cultural en Comarcas, conocida igualmente como Acción Cívica Comarcal, a cuyo frente estaba Lluís Maria Sunyer, que se encargaba de impulsar proyectos de toda índole. Las actividades sindicales también fueron campo de actuación de Pujol, que se valía del CIRP como cauce del apoyo económico. Ninguna actividad quedaba al margen de la intervención de Pujol: editoriales, empresas discográficas, profesionales con inquietudes, todos recurrían a él de forma directa o indirecta.

EL MECENAS DE SÍ MISMO

A partir de 1972 se inicia una nueva etapa en la estrategia subvencionadora de Pujol. Va tomando fuerza la idea, siempre en su mente, de constituir una fuerza política basada en los principios nacionalistas. Desde 1975, las distintas organizaciones y asociaciones van definiendo cada vez más su posicionamiento ideológico. El frente común de la unidad antifranquista está superado; es la hora de aglutinar bajo bandera propia al mayor número posible de las organizaciones y entidades que han sido vertebradas en todos los ámbitos y estratos de la sociedad civil, es la hora de recoger el fruto de la siembra paciente de años anteriores. Todo ello adobado con la imagen de Jordi Pujol, mitificado con el padecimiento de la cárcel y ensalzado como héroe catalanista y antifranquista. No es un personaje ficticio, lubricado artificialmente para liderar un partido político; se trata, por el contrario, de un auténtico líder de profundas convicciones que está haciendo realidad el sueño oculto de miles de catalanes.

En el estadio constituyente de Convergència Democràtica de Catalunya es cuando deja de actuar el CIRP. La unidad antifranquista da paso a opciones políticas más concretas, como los Crups d’Acció al Servei de Catalunya (GASC). García Grau pasa su talonario a Xavier Vela, que a través de la empresa de auditoría Pleta S.A. será quien contabilice las operaciones económicas que Pujol emprenda a través de la ambigua actividad de mecenazgo en la que su persona se ha venido solapando con Banca Catalana. La diferencia es que a partir de ahora sólo será mecenas de lo suyo. Aunque las cantidades dinerarias destinadas a esta actividad pueden ser consideradas importantes, Banca Catalana tiene ya unas dimensiones suficientes como para permitírselo. La rentabilidad de la entidad bancaria se basó en una promoción que ni el mejor proyecto de marketing podía haber alcanzado: la expansión del grupo estuvo capitalizada por la motivación del sentimiento catalanista, además de las rentabilidades políticas que el banco optimizó.

Una de las entidades que mayor pasión levantan en Cataluña, por no decir la que más, es el F.C. Barcelona, del que se ha dicho que es más que un club de fútbol. El franquismo contribuyó a exacerbar esa mitificación supradeportiva, ya que el fútbol era el único tipo de asociación en el que se podían canalizar libremente las expresiones nacionalistas. Pujol no dejó escapar la oportunidad de aprovechar este cauce, al que dio una importancia prioritaria. Así, el desembarco del pujolismo en el club de fútbol se produjo durante el mandato de Agustí Montal como presidente del Barcelona. Banca Catalana en pleno ocupó los cargos directivos. Raimon Carrasco, director general del banco, fue el vicepresidente; el asesor jurídico de ambas entidades fue Josep Lluís Vilaseca; Joan Martí Mercadal compaginó las tareas ejecutivas en el banco con la presidencia de las peñas barcelonistas; Jaume Rosell, miembro destacado de CDC, fue el gerente de la entidad deportiva, y otros miembros de la directiva del F.C. Barcelona fueron pujolistas antes que barcelonistas. El primer gran golpe de efecto lo dio Banca Catalana al financiar el fichaje de Johan Cruyff. Las arcas del club no estaban en aquella época para alegrías dinerarias, y el jugador holandés era muy caro, así que fue importado por el banco, que sustentó la legalidad de la operación como una «adquisición de semoviente», figura jurídica que normalmente se aplica a bienes consistentes en ganado.

Un personaje frustraría la determinación de Pujol de controlar el F.C. Barcelona: Josep Lluís Núñez, que derrotó en las elecciones a la presidencia del club a su principal opositor, Ferran Ariño. Inicialmente, el candidato «Oficial» del pujolismo era el publicista Víctor Sagi, al que todos daban como virtual ganador. Sin embargo, Núñez le hizo abandonar la candidatura al amenazarle con sacar a la luz pública un dossier en el que figuraban sus líos de faldas. De este modo, Sagi fue sustituido por Ariño, un personaje que había participado en todo tipo de operaciones políticas y económicas auspiciadas por Pujol y con el que se debilitaron las opciones de conseguir el triunfo. La derrota de la candidatura pujolista y la consiguiente catástrofe para los intereses convergentes tuvieron lugar en 1978, y desde entonces se mantuvo viva una guerra no declarada por retomar la posición perdida.

En abril de 1989, con ocasión de las elecciones a la presidencia del F.C. Barcelona, se preparó la gran operación de asalto a la entonces fortificación blindada del presidente Núñez. Pujol había decidido personalmente que aquellas elecciones tenían que ser las del triunfo del candidato convergente. No se le podía escapar la victoria. Disponía de la estructura de partido, de todo el entramado nacionalista en el tejido social, de los medios de comunicación afines, públicos y privados, de medios económicos suficientes y, por si fuera poco, de unas enormes ganas de revancha. Sixte Cambra sería el candidato idóneo, pues era un hombre desvinculado del aparato político, lo que evitaría que se le relacionara directamente con una operación urdida desde la Generalitat. Lluís Prenafeta sería el encargado de conducir el asalto, y el asesoramiento técnico correría a cargo de Josep Maria Gané, el especialista en relaciones públicas del entramado convergente. Como sucede casi siempre, los proyectos maquinados desde la sombra acaban descubriéndose, y el candidato de Pujol y su equipo de apoyo no pudieron ocultar la opción que representaban. Núñez volvió a ganar las elecciones, con más del 58% por ciento de los votos, mientras Cambra se tuvo que conformar con el 40%. De este modo, la espina continuó clavada en el corazón de los convergentes, y el asalto al Nou Camp debió aplazarse.

El F.C. Barcelona es la más emblemática entidad de la sociedad civil catalana, pero hay muchas otras asociaciones y fundaciones de todo tipo que constituyen el caldo de cultivo para el nacionalismo, como hemos indicado en el anterior capítulo. Una de las organizaciones más importantes es Fomento del Trabajo Nacional, la organización patronal, que agrupa a unas 70.000 empresas y que siempre ha sido un objetivo destacado de las apetencias pujolistas. La asociación empresarial PYMEC, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, es otro de los refugios convergentes[1]. En cambio, las asociaciones vecinales han sido la asignatura pendiente de los convergentes, pues éstas han permanecido fieles a las formaciones de izquierda.

La Generalitat reparte generosamente centenares de millones de pesetas entre miles de asociaciones de todo tipo, siempre las mismas. Ómnium Cultural está perpetuamente presente, con asignaciones carentes de todo criterio lógico. Con motivo de las Olimpíadas de Barcelona 92, esta asociación recibió 150 millones de pesetas, que fueron invertidos en la poco cultural acción de fomentar la campaña independentista «Freedom for Catalonia» («Libertad para Cataluña») que los hijos de Pujol y Prenafeta se cuidaron de dirigir. Esta extraña política subvencionadora llega a incongruencias supinas, como la asignación de millones de pesetas con cargo a la partida presupuestaria 481.01/7, año 1988, a la Caixa d’Estalvis de Catalunya; una entidad obligada a destinar sus beneficios a obras sociales recibe oficialmente fondos públicos por la vía de la subvención. Otra incongruencia, en sentido contrario, es la de La Caixa, que a través de su obra social concedió 138 becas a postgraduados para ampliar estudios en las más prestigiosas universidades extranjeras; la concesión de becas siempre ha estado vinculada a la carencia de medios económicos del becado, pero La Caixa prescindió de este principio básico y asignó una de esas becas a Josep Maria Pujol Ferrusola, casualmente hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Con esta ayuda, el segundo de los varones de la saga de los Pujol cursó un master en Administración de Empresas en la New York University.

Entre los miles de asociaciones de todo tipo que reciben subvenciones de la Generalitat figura también la Asociación Catalana de Bailarines y Coreógrafos. Esta asociación no se había destacado por recibir asignaciones significativas hasta que una de las hijas de los Pujol, Mireia, descubrió su pasión por la danza y, considerando que su vocación suscitaba escaso interés subvencionador, pidió la dimisión del director general de Promoción Cultural de la Generalitat, Jaume Serrat, que disfrutaba de un retiro dorado tras su etapa como director del diario Avui. El director general, dispuesto a impedir a toda costa que en el hogar de los Pujol se hablara de su dimisión, se empleó a fondo. Así, se transformó la antigua filmoteca para reconvertirla en el Teatro Espai, dedicado a la danza, y la política subvencionadora, para sorpresa de todos, cambió radicalmente. Dejó de exigirse la cuota de matriculación a los alumnos, a los que se asignó una beca de 100.000 pesetas mensuales, se contrató a eminentes profesores, como la bailarina rusa Valerina Sabina, y, por si fuera poco, los amantes de la danza pudieron disponer de becas y ayudas para mostrar sus dotes artísticas en el extranjero.

LOS NEGOCIOS FAMILIARES

Una circunstancia a tener en cuenta para entender el significado del hecho diferencial catalán es el distinto tratamiento que se da a hechos idénticos en los medios informativos de Madrid y de Barcelona. En la capital de España ciertos hechos son expuestos de forma magnificada, ocupan titulares y primeras páginas en los diarios y los informativos de las televisiones los sitúan entre las noticias destacadas. En Barcelona, en cambio, no trascienden más allá de las cúpulas de las redacciones. Por ejemplo, la empresa Control y Aplicaciones CAE, filial de la constructora Dragados y Construcciones S.A., una de las más importantes licitadoras de concursos de la Administración, adquirió una pequeña empresa, Talleres Itálica, por 498 millones de pesetas, Su propietario era Francisco Palomino, cuñado del entonces presidente del gobierno, Felipe González. Talleres Itálica era una calderería que pasaba por grandes dificultades económicas y sus activos no valían el importe satisfecho. Cuando fue conocida la transacción, el escándalo fue mayúsculo, y el caso Palomino o del «cuñadísimo» hizo intervenir al presidente del gobierno para dar explicaciones.

Un caso casi idéntico al de Palomino se dio en Barcelona. Los protagonistas fueron las empresas Control y Aplicaciones CAE, por derivación Dragados y Construcciones (las mismas del caso Palomino), y Farc S.A. (esta empresa no tenía ningún cunado a su frente, pero sí al hijo mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola). CAE adquirió esta empresa de la que Jordi Pujol hijo figuraba como administrador, pagando por ella 100 millones de pesetas. Dado que sólo tenía activos por 22 millones y sus deudas se elevaban a 60 millones, el fracaso de la operación resultaba palmario. No obstante, CAE hizo un buen negocio, pues a partir de ese momento obtuvo contratos con la Generalitat por cuantía de cientos de millones. Jordi Pujol Ferrusola fue liberado de sus deudas a costa del contribuyente. El paralelismo con el caso Palomino sólo presenta una variante: el primero fue conocido por muchos, mientras que en el segundo unos pocos se encargaron de que no se conociera.

No es éste el único asunto poco claro en el que ha intervenido el primogénito de los Pujol, que junto a otros socios era propietario y administrador de Hitech General Consulting. Esta empresa firmó un contrato con Plaintex para que ésta le suministrara una partida de gafas de sol. Tras efectuar el suministro, Plaintex se encontró con que, en el momento del cobro, Hitech General Consulting no hacía frente a su obligación de pago. Al no llegar a un acuerdo, la empresa perjudicada puso el caso en manos de los tribunales. El asunto cayó en el Juzgado de Instrucción número 38 de Barcelona, cuyo titular era la magistrada Amalia Sanz Franco. Conforme a las diligencias del sumario 183/93, se ordenó el embargo de la empresa de Jordi Pujol Ferrusola, pero en la dirección registrada ya no se encontraba la sede. Tras efectuarse una investigación, se descubrió que la empresa se había trasladado a otra dirección. Cuando los agentes judiciales se presentaron en el nuevo local, otro juzgado se había anticipado y lo había embargado por falta de pago del alquiler.

La empresa Plaintex no estaba dispuesta a dejar correr el asunto, así que solicitó al juzgado el embargo de los bienes particulares de Jordi Pujol Ferrusola. La petición se basaba en que la sociedad de Pujol hijo no se había acogido a ninguno de los preceptos de buen proceder, como la suspensión de pagos o la quiebra voluntaria, sino que había optado por desaparecer dejando las deudas en el olvido. En efecto, se dictó el auto de embargo de los bienes de Pujol hijo, pero, al no ser localizado en su domicilio, el juzgado requirió su presencia en el plazo de tres días. Quien se presentó fue el responsable jurídico del Departamento de Gobernación de la Generalitat, José Luis Sagüesa Zorrilla (extraña presencia, que indica la permanente fusión Pujol/Generalitat para cualquier asunto). Sagüesa aportó un documento que eximía de responsabilidades a Jordi Pujol Ferrusola en la sociedad Hitech General Consulting, al haber cedido sus acciones por valor de una peseta en fecha 4 de junio de 1992 a su socio Albert Cerdans. La juez emprendió las acciones pertinentes para proceder al embargo de los bienes de Cerdans, pero la cuantía de éstos no fue suficiente y Plaintex continuó sin cobrar lo que se le debía. Además, Cerdans no estaba de acuerdo en que le cargaran con el muerto e interpuso una denuncia contra el hijo de Pujol. Para tratar de arreglar el asunto entre los dos socios, Sagüesa Zorrilla intervino de nuevo y citó a Cerdans en su despacho oficial de la Generalitat, donde le conminó a alcanzar un arreglo que no se produjo. El caso continuó así su curso en los tribunales.

Las desdichas de Jordi Pujol Ferrusola en los juzgados barceloneses no acabaron ahí. Otro caso es el que recayó en el Juzgado número 12 en relación con la quiebra de la sociedad Hot Line Computer, dedicada a la comercialización de material informático, radiodifusión, televisión y fotografía. Dos semanas antes de la quiebra, Pujol hijo figuraba como consejero de la empresa, aunque no en el accionariado: era su esposa, Mercedes Gironès Riera, la que poseía el 20% del capital, aproximadamente. Los acreedores eran las más importantes firmas del sector, que pretendían recuperar lo que se les debía en concepto de material suministrado.

El primogénito de los Pujol ha tenido una actividad frenética en el mundo de los negocios. Cuando entró en crisis la empresa textil familiar de los Ferrusola, ésta cambió su antiguo nombre, Josep Ferrusola S.A., por el de Geset Afers, y Jordi Pujol hijo pasó a formar parte de su accionariado. Al fusionarse después con Tipel S.A., la empresa familiar de los Prenafeta, acabó en quiebra, y fue entonces cuando Pujol hijo se integró en otro clan, el de los Alavedra, con la empresa Terasaki España S.A., que suministraba equipamiento a la televisión catalana. Anteriormente había adquirido con otros socios la sociedad Intradex Golf S.A., dedicada a la construcción de campos de golf, aunque poco después cambió su objeto social para dedicarse al envasado de margarinas. También se detectó su vinculación con Catexpress, una empresa de mensajería; con Natural Stone Marketing Centre, dedicada a la venta al por mayor en zonas francas, y con Renania Westfalia Ibérica, sociedad con capital alemán a la que la Generalitat adjudicó una licencia en exclusiva para la recogida y el tratamiento de aceites industriales de desecho. En todas estas actividades Jordi Pujol hijo se ha consolidado como especialista en el campo de las influencias. De este modo, aparece como uno de los administradores de la sociedad Consulting Centro España, acompaña a su padre y a los empresarios catalanes a los viajes al extranjero y en sus documentos aparece como «consultor».

La señora Pujol también ha tenido que traspasar la puerta de los juzgados, aunque, eso sí, por un asunto anecdótico. Marta Ferrusola está vinculada a la empresa Hidroplant, cuyo objeto social es la jardinería y la ornamentación. A través de una subcontrata de la empresa Ferrovial, Hidroplant se hizo cargo de la plantación del césped del campo del F.C. Barcelona después de realizarse las obras de ampliación. Para la plantación del césped Hidroplant utilizó un método revolucionario que no dio el resultado esperado: el césped saltaba con las carreras de los jugadores por el campo, de manera que en el descanso se requería una legión de operarios para reponer en su lugar los trozos de terreno desprendidos. Un grupo de socios interpuso una demanda civil en la que se exigía una compensación por perjuicios valorada en 75 millones de pesetas a la empresa de la que la señora Pujol era consejera. La demanda no prosperó, pero Marta Ferrusola tuvo que pasar por el juzgado.

Otro de los descendientes de los Pujol es Pere Pujol Ferrusola, cuya vinculación con la sociedad Entor S.L. fue motivo de un escándalo mayúsculo, al ponerse en evidencia la constante fusión entre lo público y lo privado en el entorno familiar del presidente de la Generalitat. Pere actuaba en nombre de esa empresa, dedicada al sector medioambiental, cuya actividad tenía lugar casi exclusivamente en ayuntamientos regidos por CDC. Además, había recibido algunos encargos de la Conselleria de Medio Ambiente, que le encomendó al menos dos estudios sobre el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). Cuando a mediados de 1994 se puso en evidencia la relación de Pere con Entor S.L., lo que escandalizó no fue la cuantía de los contratos, sino la constatación, una vez más, de la indisoluble interrelación entre los negocios privados de la familia Pujol y los organismos públicos catalanes. Otro ingrediente a añadir era el hecho de que la propiedad de Entor S.L. correspondía a Carles Sumarroca Coixet, y esto ya eran palabras mayores: hablar de Sumarroca es hablar del círculo de relación más íntimo de Pujol, al que representa en sus intereses económicos, aunque no forma parte de la estructura política del partido. Su única relación con CDC es que es miembro del Consell Nacional. Si alguien puede estar al cabo de las confidencias de Pujol, ése es Sumarroca. La cúpula del «sector de negocios» de CDC tenía en Prenafeta la columna de la estructura política, mientras Sumarroca representaba el poder de la trastienda.

El sector medioambiental, uno de los que van a atraer mayores inversiones públicas y privadas en un futuro inmediato, ha sido escogido por los Pujol-Sumarroca como uno de los pilares de su expansión. La pequeña empresa Entor S.L. sólo es, de momento, un juguete en manos de los vástagos de los Pujol-Sumarroca, como lo fue la floristería de la calle Balmes que regentaban ambas esposas, la de Pujol, Marta Ferrusola, y la de Sumarroca, Núria Claverol. Posteriormente, de la floristería se pasó a una empresa con mayor proyección, Hidroplant, acreedora de continuos agradecimientos por parte de empresas dispuestas a pagar el «peaje» de sustanciosos contratos; entre éstas figura Ferrovial, una de las mayores empresas de obras públicas, que recibe constantes adjudicaciones de la Generalitat. Ahora ya no sólo se venden flores al detall, sino que se realizan trabajos en grandes superficies, como campos de golf, estadios de fútbol o la ornamentación de la nueva sede de la multinacional Honda, mediante subcontratación de Cubiertas Mzov, otra de las grandes adjudicatarias de obras públicas.

La sociedad Delta Ornamental, en la que figuraba Marta Ferrusola como administradora, posee en la provincia de Tarragona varios viveros, y Pere Pujol, el administrador de Entor S.L., tiene otros en la población de Vilasar de Mar. Pero ya no interesan sólo los ornamentos y las flores; los negocios medioambientales están en expansión y Josep Maria Pujol Ferrusola, el becado por La Caixa con un master en Administración de Empresas en la New York University, está vinculado a la empresa Instrumental Metall Capital, perteneciente a la multinacional Metallgesellschaft, que entre sus múltiples inversiones tiene el 50,4% de la sociedad Promoción de Industrias y Servicios Medioambientales S.A. (Prisma S.L.), de la que dependen varias empresas de tratamientos ambientales y de recuperación de aceites de desecho, entre otras. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denunció a esta empresa por la supuesta utilización de información privilegiada para conseguir la adjudicación del plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Aigües Tortes. Y es que los hijos del presidente son unos embajadores de excepción.

Los negocios de los Pujol-Sumarroca no se detienen aquí. La potente Corporación Emte S.A., con Carles Sumarroca como presidente y Jaume Rosell y Lluís Coll como consejeros, forma un conglomerado de empresas con la sociedad de cartera Promociones Eléctricas S.A. (Proelec S.A.) que extiende sus actividades en varios sectores, entre los que figuran los servicios hospitalarios, los seguros, las instalaciones eléctricas, la informática, la electrónica y las comunicaciones. Emte S.A. es uno de los mayores adjudicatarios de los presupuestos de la Generalitat. Proelec S.A. tuvo su origen en el Banco Industrial de Cataluña (BIC), perteneciente al grupo Banca Catalana. Inicialmente, las 1.500 acciones de Proelec S.A. quedaron distribuidas entre el BIC, con 600, y las 900 restantes, a partes iguales, entre Antonio Poveda Puig, Marcelino Ferrer Sarriba y José Luis Gómez del Moral. El administrador único era Joan Martí Mercadal en representación del BIC. En la junta general extraordinaria del 28 de mayo de 1975, Sumarroca sustituyó a Martí Mercadal, con lo que se reafirmaron las posibilidades de expansión del grupo.

EL SECTOR DE NEGOCIOS DE CDC

Los tiburones convergentes recorren frenéticamente el océano de negocios que el poder atrae. Están en la cima de la depredación, en la cúspide de la cadena alimentaria. Para lograr sus fines cuentan con el arma más mortífera: el papel timbrado de las resoluciones del Consell Executiu o de las leyes emitidas por el Parlamento catalán, que rápidamente se convierte en papel moneda para ellos. Donde no existe negocio, crean uno nuevo, y si de éste pueden sacar un bocado mayor, tanto mejor.

Lo que se ha dado en llamar sector de negocios de CDC o club financiero ha germinado a partir de una evolución lógica que a nadie puede extrañar, ya que el partido se constituyó gracias al soporte económico de un banco. Este origen fundacional de CDC es la excepción que confirma la regla de las formaciones políticas que integran el arco parlamentario. Todas las demás surgieron a partir de las tendencias políticas de la población civil, casi siempre recuperando formaciones históricas extinguidas como consecuencia de la represión del régimen franquista. Así, el PSOE, el PCE y ERC son partidos históricos, mientras el Partido Popular se reconstruyó a partir de Alianza Popular, formada por un grupo de patricios franquistas reconvertidos. El distinto origen de CDC como formación política ha marcado su trayectoria posterior: varios de sus fundadores pertenecían a la cúpula directiva de Banca Catalana, sus apoyos económicos partían del círculo próximo a Pujol, con el tiempo los Forrellad y Carner originarios se fueron multiplicando y los órganos directivos de CDC se interconectaron indisolublemente con los intereses de Banca Catalana y viceversa.

Este singular origen, unido a unas actitudes alejadas del buen proceder en las que se confunde lo público con lo privado tras la pantalla del patriotismo, ha dado lugar a una amalgama que tiende a justificar los medios para conseguir el fin. Banco, partido y patricios convergentes formaron desde el principio un todo fusionado, y cuando la entidad bancaria inició su irreversible declive, fue la fusión entre Pujol, el Consell Executiu, la Generalitat, la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC) y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), mediante resoluciones parlamentarias o decretos leyes del ejecutivo, la que se encargó de revertir fondos públicos hacia quienes sustentaban el núcleo nacionalista. Las mayorías absolutas se encargaron de desactivar los mecanismos de control y la impunidad quedó instalada. En el transcurso de esta evolución han surgido voces de protesta, y no todas de la oposición, que han denunciado este deterioro de la vida pública, pero siempre han sido acalladas.

Miquel Sellares, un histórico del partido, integrante del núcleo fundacional, fue expulsado de CDC en enero de 1990 a propuesta de Pujol. Sellares había emprendido una campaña desde la revista Debat Nacionalista contra lo que consideraba «el sector de negocios de CDC». Sellares, a través de cartas abiertas a los militantes, puso de manifiesto la actuación de Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y el mismísimo Jordi Pujol. Pero la conciencia crítica del partido fue rápidamente satanizada.

La oposición se ha cansado de repetir una y otra vez los desmanes de CDC, hasta el punto de perder la cuenta de todos los casos de corrupción que iban emergiendo en el océano de los negocios de los patricios convergentes. De hecho, sólo la punta del iceberg ha llegado a la superficie, mientras Pujol sigue vendiendo honestidad e ignorando los numerosísimos casos turbios que afectan directamente al partido. Valga como ejemplo el de Antoni Subirà, el portavoz parlamentario de la coalición y conseller Industria, que no ha dejado de acumular acciones que deslegitiman su proceder, entre ellas las realizadas en el diario Avui, en la emisora de radio Cadena 13 y en la Promotora de Televisió Catalana, las implicaciones familiares de Subirà y Cía. y Puntextil en los avales del CARIC y la liquidación de éstos a través de terceros a cambio de recalificaciones de terrenos. Otro ejemplo es la dilapidación de fondos públicos del CARIC en beneficio de medio gobierno de la Generalitat, de las empresas familiares convergentes y, cómo no, de las participadas del Banco Industrial de Cataluña. O la actuación de Planasdemunt en el ICF, con estafa incluida. O el favoritismo personal de Josep Maria Cullell al frente de la Conselleria de Obras Públicas, con la implicación de casi todo el gobierno de la Generalitat, hasta el punto de que su sucesor en el cargo, Jaume Roma, no quiso quedarse atrás. O la acumulación de procesos judiciales por parte de Lluís Prenafeta por sus negocios privados desde la Secretaria General de Presidencia. O la financiación del partido a través de los casinos catalanes y las loterías (el caso Casinos fue una expoliación de fondos públicos de cuantía superlativa, con implicaciones directas de la dirección financiera del partido). O la multitud de hipotecas adquiridas como consecuencia de la financiación irregular del partido, junto con las deudas que dejó pendientes el proyecto de expandir el pujolismo más allá de Cataluña con la «Operación Roca». O la connivencia con todo aquello que suena a corrupción en relación con el gobierno catalán, como ocurrió con Pascual Estevill o con Javier de la Rosa (Cullell y Macià Alavedra no se privaron de ensalzar esta relación). No quedan exentos los negocios familiares de los Pujol, el recuerdo de Banca Catalana ni las implicaciones del president en el fraude de la liquidación de El Correo Catalán.

Todo este maremágnum de interrelaciones entre lo público y lo privado parte de la concepción originaria del nacionalismo de Pujol: una sociedad civil cohesionada en un solo bloque y dirigida por una burguesía con iniciativa emprendedora. Al principio sólo era un proyecto en la mente de Pujol, y tardó en expandirse más allá del núcleo fundacional. La burguesía catalana tradicional no sintonizó en principio con sus ideas, pues las viejas familias que controlaban la vida social y económica de Barcelona y su área de influencia no se identificaba con el nacionalismo catalanista. Un grupo de apenas treinta familias, estrechamente vinculadas entre sí, configuraba, y sigue haciéndolo, el establishment barcelonés, pero Pujol no encontró inicialmente en esa esfera el terreno abonado para hacer germinar el sentimiento nacionalista. Tuvo que dirigirse hacia un segundo estrato alejado de la capital. Sólo en la periferia comarcal encontró soporte; en Sabadell, Igualada y las capitales comarcales, donde pudo conectar con los Forrellad, los Vives Vidal, los Sumarroca, los Callís y un no muy largo etcétera de familias adineradas.

De la alta burguesía barcelonesa sólo reclutó a Jaume Carner, a quien Pujol transfirió el estandarte de la presidencia de Banca Catalana, y a este entorno se fueron adhiriendo después los Serra Santamans, de Catalana-Occidente; los Carulla, de Gallina Blanca; los Bemat, de Chupa-Chups; los Puig, fabricantes de colonia; los Esteve, del sector farmacéutico; los Uriach; los Ferrero, de Cola-Cao; los Ribera Rovira, del sector de la platería, y los Baptista, dueños de los cosméticos Floïd. No participaron las familias con más peso, como los Güell de Sentmenat, los Ferrer Salat, los Samaranch, los Suqué… Al fin y al cabo, el ideal nacionalista de Pujol tendía, en un principio, a la desestabilización civil, tan contraria al conservadurismo y la prudencia que caracterizaban a la alta burguesía, que se alejó aún más de él tras su paso por la cárcel. Lógicamente, los representantes de las poderosas familias de Barcelona no querían participar en un proyecto bancario cuyo principal impulsor era un ex presidiario. Sin embargo, con el paso del tiempo, el poder político acumulado por Pujol fue atrayendo progresivamente a unos y a otros hacia las posiciones convergentes. Uno de los primeros en transitar hacia esta posición fue Artur Suqué, al que nos referiremos con más detalle en otro capítulo.

La perpetuación en el poder y las mayorías absolutas han elevado a la categoría de intocables a relevantes personajes del entorno de Pujol, como Macià Alavedra, Antoni Subirà y Lluís Prenafeta, que han estado en el epicentro de negocios paralelos a la actividad política. Pero éste no es el verdadero núcleo importante de los negocios del denominado «entorno de Pujol». El verdadero «sector de negocios» de CDC es el que se ha desarrollado a través de Carles Sumarroca Coixet con sociedades que acaparan el presupuesto billonario de la Generalitat y que sirven para enriquecerse, para financiar el partido y para hacer país.

Aún queda por descubrir, aunque se intuye, la relación del «entorno de Pujol» con los hermanos Lao, propietarios de Cirsa, un holding empresarial que inició su actividad en el negocio de las máquinas tragaperras y hoy es un gigante financiero. Los convergentes se han mostrado cada vez más interesados en este sector del juego, mucho más importante que el de las loterías y que mueve miles de millones en dinero negro (algunos cálculos apuntan el billón de pesetas). La administración catalana no ha estado nunca interesada en instalar en las máquinas un contador de monedas para verificar el volumen de la recaudación, que probablemente sólo alcanza la cuarta parte del rendimiento real por máquina. Por otra parte, a los Lao se les ha relacionado con el «entorno de Pujol» en un país tan lejano como Argentina, alrededor de una finca de extraordinaria extensión situada en la provincia de Misiones.

Banca Catalana,
victimismo versus responsabilidad

En su libro Construir Catalunya, Jordi Pujol ya era consciente de lo que suponía para la construcción de Cataluña un poder financiero autóctono, que entonces consideraba ausente: «La inexistencia de la banca catalana es, sin duda, una de las causas del retroceso económico y una causa importante de malestar. Cataluña vivirá siempre en precario en el orden económico mientras no se resuelva este problema. Vivirá siempre con el peligro de colonización, con el peligro de ver caer sus mejores realizaciones industriales y comerciales en manos extranjeras». El proyecto habría sido muy loable si se hubiera mantenido la ortodoxia bancaria, pero Pujol, que está reñido con la coherencia empresarial, quiso hacer un banco que fuera más que un banco, y este invento arruinó la institución: 22.000 accionistas vieron dilapidadas sus inversiones, y los miles de millones de fondos públicos utilizados para sacar del pozo a Banca Catalana constituyeron una nueva dilapidación del dinero de todos.

Flaco favor hizo Pujol a la economía catalana con la ruina del banco, cuya responsabilidad sólo puede atribuirse a sus gestores, que competían en el mercado en igualdad de condiciones que el resto de las entidades del sector. Nadie le puso palos en la rueda. Fue un auténtico harakiri plagado de despropósitos. El episodio radicalizó las posturas hasta límites insospechados: lo que para unos era un ataque a Cataluña, para otros era la defensa del interés de todos, del Estado. Alfonso Guerra, en un mitin electoral celebrado en una población barcelonesa, manifestó: «Cuando se produce un agujero de 250.000 millones, el PSOE procesa a los responsables; por contra, CiU los pone de candidatos a la presidencia de la Generalitat». Ésta es una historia de influencias, política, dinero y chantaje.

EL PERIODO CONSTITUYENTE

La determinación de Pujol de constituir un banco eminentemente catalán exigía la adquisición de una entidad crediticia que estuviera ya en funcionamiento, dado que el Ministerio de Hacienda tenía bloqueado el camino a cualquier iniciativa de nueva constitución. La única vía posible era adquirir una pequeña entidad bancaria e iniciar un proyecto de expansión. Las alternativas pasaban por penetrar en el accionariado de la Banca Dorca, de la localidad de Olot, o en el del banco de Salvador Carrera Fillet, situado en la población de Ribas de Freser, también en Girona. Las circunstancias hicieron que fuera la pequeña Banca Dorca la destinada a ser el origen del imperio bancario soñado por Pujol.

La Banca Dorca, nacida medio siglo antes, el 20 de julio de 1904, con el nombre de Dorca y Compañía S.A., de la mano de Salvador Dorca y Joaquín Barcons, contó con un capital inicial de 12.000 pesetas. Nunca fue un negocio boyante, y tras la muerte de Barcons la familia Dorca se hizo con el control absoluto reduciendo el capital a 8.000 pesetas. Cuando falleció Salvador Dorca fueron sus hijos los que se hicieron cargo, sin excesivo interés, del negocio familiar. El 22 de abril de 1947 se adoptó el nombre de Banca Dorca S.A. Para entonces el capital social ascendía a 4 millones, de los cuales sólo dos estaban desembolsados. Los depósitos de los clientes no sobrepasaban los 14 millones de pesetas, y en la época más floreciente el número de empleados apenas ascendió a nueve. La rutina y el escaso movimiento del negocio aburrían a los miembros de la familia, entre los cuales se extendía el deseo de venderlo.

La confluencia de intereses de unos por vender y otros por comprar se produjo en el bolsín barcelonés, en donde Florenci Pujol Brugat, padre de Jordi Pujol, coincidía habitualmente con Joaquín Dorca. El acuerdo de compraventa de la Banca Dorca no requirió dilatados prolegómenos. Florenci Pujol, hombre de carácter afable y extravertido, disfrutaba de excelentes relaciones entre los concurrentes a la Bolsa de Barcelona. Había comenzado trabajando de botones en la Banca Marsans, donde rápidamente accedió al departamento de valores, después pasó a ser ayudante de un agente de cambio y bolsa y enseguida se estableció por su cuenta. Entre su círculo de amistades se encontraba Moisés David Tennembaum Alter, un judío de origen polaco instalado en Barcelona durante la Segunda República. Durante la Guerra Civil y la difícil posguerra se dedicó a negociar como intermediario la compra de productos de primera necesidad, con lo que consiguió amasar una gran fortuna, aunque nunca hizo ostentación de ella.

Para adquirir las 400 acciones de los hermanos Dorca, por las que se pagaron 12 millones de pesetas, era necesario darse prisa, pues el Banco Español de Crédito, interesado en utilizar la Banca Dorca como sucursal, había presentado una oferta a la familia. Otras ofertas anteriores habían sido desestimadas por los Dorca por su poca cuantía, pero ahora era distinto. El joven Jordi Pujol planteó a su padre y a David Tennembaum la idea de adquirir el banco, y a ambos les pareció excelente, ya que pensaban que representaría una gran oportunidad para expandir su actividad mercantil. A ellos se unieron Antonio Rosell Ballester, un industrial vallesano fabricante de las medias «JR», y Francesc Batalla Miquel, propietario de una pequeña oficina de cambio de moneda. Ninguno de los dos podía siquiera imaginarse entonces que la adquisición de una pequeña entidad crediticia sería el motor del empecinado discurso nacionalista de Jordi Pujol.

La junta extraordinaria de accionistas convocada el 18 de marzo de 1959 reunió a un grupo de personas próximas a Jordi Pujol[1]. La ausencia entre el accionariado de los principales impulsores, Florenci Pujol y David Tennembaum, que estaban representados por sus respectivas esposas, Maria Soley y Ruth Kischner, se debía a que ambos figuraban en una extensa lista publicada por el Boletín Oficial del Estado sólo una semana antes de la convocatoria de la junta, en la que aparecía toda una serie de personas sancionadas por el delito de evasión de capitales. En todo caso, la vinculación familiar era patente: la mujer de Francesc Cabana era la hermana de Pujol, Maria, y Carner estaba casado con la hermana de Cabana, María Lourdes. El banco, en aquellos primeros años, era un negocio familiar.

El nuevo consejo de administración constituido el 28 de abril estaba presidido por Jaume Carner, mientras Francesc Cabana ocupaba el cargo de secretario y Jordi Pujol el de gerente. El 21 de julio se acordó una ampliación de capital con 400 nuevas acciones de 5.000 pesetas[2]. El capital social se situaba en 4 millones de pesetas. Un año después, el 22 de mayo de 1960, un acontecimiento vino a trastocar los planes de expansión del banco: la detención de Jordi Pujol. La policía franquista lo responsabilizaba de los hechos ocurridos tres días antes en el Palacio de la Música de Barcelona, en un acto al que habían asistido destacadas autoridades del régimen. Una parte del publico entonó el Cant a Senyera (canto a la bandera catalana) y, aunque Pujol no estaba presente, fue considerado uno de los organizadores de la acción.

En diciembre de 1960 una nueva ampliación dobló el capital: 800 acciones fueron puestas en circulación, lo que elevó el capital social a 8 millones de pesetas. La suscripción de esta ampliación marcaría las diferencias entre el tándem Florenci Pujol-David Tennembaum y el resto de los accionistas[3]. Tuvieron que transcurrir más de tres años para que Pujol volviera a incorporarse a la actividad normal. Cumplió condena en la cárcel zaragozana de Torrero hasta el 24 de noviembre de 1962, y después permaneció confinado en Girona. Entretanto se produjeron cambios en el banco. Su lugar en el consejo lo ocupó el editor Víctor Seix Perearnau, copropietario de la editorial Seix-Barral, mientras Francesc Cabana asumió las funciones gerenciales de Pujol durante su ausencia. Uno a uno, fue aumentando el número de titulares de cuentas corrientes que confiaban sus ahorros al pequeño banco. Ahora, la principal preocupación radicaba en hallar una sede para la entidad en la ciudad de Barcelona. Finalmente, se instaló en un edificio de la calle Provenza, casi esquina con el Paseo de Gracia. Se trataba de unas modestas oficinas en un quinto piso. Francesc Cabana atendía las imposiciones de la incipiente clientela de la Banca Dorca en una mesa colocada en la portería del inmueble.

El 2 de mayo de 1961 la Dirección General de Banca y Bolsa autorizó el cambio de nombre de la entidad, que dejaría de llamarse Banca Dorca para adoptar el de Banca Catalana. La autorización fue inmediatamente revocada, pero Cabana, previendo la reacción de las autoridades, tenía preparada la inscripción registral con la oportuna escritura notarial, así que cuando llegó la contraorden por telegrama la acción estaba consumada. Cabana dirigió un escrito a la Dirección General de Banca y Bolsa notificando la inscripción registral y esperando «nuevas instrucciones al respecto». Éstas no se produjeron y Banca Catalana continuó su singladura. Con este nombre se abrió la primera oficina de la entidad en Barcelona, ubicada en el número 615 de la Gran Vía, lo que contribuyó a mejorar su imagen y permitió atender a los clientes con mayor dignidad y eficacia.

El regreso de Pujol en agosto de 1963 no supuso su reincorporación inmediata a las tareas de gestión del banco. El consejo temía una reacción de las autoridades económicas franquistas ante el hecho de que un ex presidiario ocupara cargos de dirección bancaria, de manera que optó por la prudencia, una virtud de la que Pujol no participaba. Durante su ausencia, el capital social se había incrementado hasta los 21 millones de pesetas, se había cambiado el nombre, se había abierto oficina en Barcelona y los depósitos de pasivo se habían incrementado considerablemente, pero Pujol estaba decidido a no dejar en manos ajenas su proyecto bancario. «Descubrí en aquellas palabras —manifestó entonces— unos deseos de marginarme por diversos e interesados motivos, por lo cual me limité a contestarles: sólo estoy dispuesto a abandonar si viene la Guardia Civil, y aun así será preciso que vengan con tricornio y Mauser».

Pujol tuvo que esperar hasta la incorporación de nuevos consejeros que se produjo el 28 de abril de 1964: volvieron su padre, Florenci Pujol, y su cuñado, Francesc Cabana, y se integraron también Antoni Forrellad Solá, Pere Valls Rius y Josep Andreu Abelló. El 25 de febrero de 1965 Pujol pudo por fin reincorporarse al consejo de administración del banco, que para entonces ya tenía un capital de 63 millones de pesetas. El consejo perdió protagonismo y dejó de reunirse con la periodicidad acostumbrada, dando paso a una comisión ejecutiva más reducida en la que figuraban Jordi Pujol, Cabana, Carner, Abelló y Antoni Rosell. En aquella época, Banca Catalana crecía a un ritmo vertiginoso. Los planes de Pujol eran mucho más ambiciosos de lo que cualquiera podía suponer, y su obsesión nacionalista hizo que la entidad fuera convirtiéndose en «más que un banco», lo cual le abrió muchas puertas pero también le cerró otras. La posterior crisis de Banca Catalana no fue un problema de adhesiones, sino de la conjugación de intereses contrapuestos.

LA EXPANSIÓN DESCONTROLADA

Lo cierto es que los condicionantes de la época se prestaban a la expansión del banco. Ni la mejor estrategia comercial ni el más atrevido plan de marketing hubieran conseguido mejores resultados: se había hallado la panacea de la motivación nacionalista, y era ésta la que consolidaba y desarrollaba el proyecto de Banca Catalana. Las sucursales iban en aumento, el número de empleados crecía y no sólo se instalaban nuevas oficinas en Barcelona capital, sino también en otras poblaciones catalanas. Finalmente, se materializó el sueño de todo banco en Barcelona: situar su sede en el Paseo de Gracia. Banca Catalana lo hizo en el número 84, donde se erigió un espléndido edificio. La banca tradicional empezó a ver en el banco de Pujol un serio competidor. Había dejado de ser una pequeña banca familiar, se estaba posicionado con fuerza en Cataluña y su ambición no se detenía ahí, sino que pretendía codearse con los grandes del sector. Pujol tenía prisa y no estaba dispuesto a esperar cincuenta años por la vía del crecimiento vegetativo.

Uno de los pilares de la expansión del banco fue la motivación de su plantilla laboral. Tres principios la sustentaban: Cataluña, la personalidad de Jordi Pujol, con todo lo que representaba, y la fe católica. Estos principios eran asumidos por cada uno de los trabajadores, que se volcaron en el proyecto de expansión con un fervor religioso. Los requisitos básicos para acceder a la plantilla eran, además de las necesarias cualificaciones técnicas, hablar catalán y demostrar espíritu de sacrificio. Dotados de estas condiciones, en 1971 superaban el millar los empleados en Banca Catalana, y una década después eran 3.372, todos ellos entusiastas y plenamente identificados con la entidad bancaria. Al desatarse la crisis, el grupo bancario había llegado a contar con 5.247 empleados. Nunca, ni en los momentos más difíciles, las organizaciones sindicales tuvieron poder de convocatoria entre los trabajadores. La influencia de la dirección de la empresa era mayor. También hay que decir que las condiciones laborales eran excelentes. Los únicos roces y enfrentamientos surgieron como consecuencia de las absorciones de otras entidades y por la reacción que suscitó en algunos la creación de Convergència Democràtica de Catalunya y la marginación de los empleados de tendencia izquierdista con respecto a la promoción interna, lo que, por otra parte, provocó no pocas conversiones.

Jordi Pujol había impregnado a Banca Catalana de unas características singulares. El trato deferente a los empleados, la concesión de créditos por motivaciones nacionalistas que se alejaban de la ortodoxia bancaria, el mecenazgo de todo lo que pudiera ser interpretado como antifranquista y su especial personalidad hacían de Banca Catalana algo más que un banco. A las autoridades económicas no les gustaban estas veleidades y desconfiaban profundamente. La expansión de la entidad no era bien vista, como se puso de manifiesto cuando Banca Catalana alcanzó el pasivo suficiente como para abrir una oficina en Madrid. El Ministerio de Hacienda debía facilitar el permiso, pero lo concedió con condiciones y retrasos. En Madrid estaban perfectamente al corriente de las operaciones del banco, así como de las actividades extraprofesionales de Pujol, aunque él no podía imaginar hasta qué punto.

Uno de los principales proyectos de Pujol era el de constituir un banco con características exclusivamente industriales, a imagen y semejanza del Instituto Nacional de Industria, en consonancia con su ideal de conseguir una Cataluña industrial basada en el apoyo de una banca autóctona. El Banco Industrial de Cataluña fue la plasmación de este proyecto, concebido con la intención de soslayar «el peligro de ver caer sus mejores realizaciones industriales y comerciales en manos extranjeras». Fue promovido con la intervención de varios bancos, de los que algunos pronto abandonaron la idea al considerar que «un banco no puede ser un gallinero». Sólo continuaron Banca Catalana, el Banco de Sabadell y el Banco Comercial Transatlántico, pero fue Banca Catalana la que tomó las riendas de la gestión del BIC, sobre el cual su influencia llegó a ser absoluta. Los criterios para adquirir participaciones en empresas o conceder créditos sobrepasaba las consideraciones estrictamente técnicas. Las comisiones que debían decidir las operaciones estaban supeditadas a la voluntad de Pujol, que mantenía una curiosa clave de autorización que no admitía réplica: las siglas «P.C.». Muchas interpretaciones se han hecho sobre esta clave; unos sostienen que significa per Catalunya («por Cataluña»), otros, per collons («por cojones»).

La política «P.C.» supuso la vinculación con unas empresas de más que dudosa rentabilidad, cuya situación financiera, en un contexto de crisis empresarial generalizada, fue socavando el activo del propio banco. Se adoptó el procedimiento de cubrir con nuevos créditos los vencidos y no pagados. Se pretendía no sobrepasar nunca una participación del 40%, pero el maremágnum de vinculaciones entre las empresas terminó diluyendo este principio. El BIC penetró en casi todos los sectores industriales[4]. A todo ello se unió una cascada de participaciones empresariales, consecuencia de la adquisición de sociedades en forma de holding, aparte de las que dependían de Banca Catalana a través de múltiples instrumentales.

Independientemente de la expansión del BIC, Banca Catalana optó por la absorción de otras entidades bancarias para impulsar su crecimiento. El proceso se inició con el Banco de Expansión Comercial, un pequeño establecimiento de la población de Capellades. Le siguió el Banco Mercantil de Manresa, que aportó un buen número de oficinas, y posteriormente fueron los bancos de Barcelona y Girona los que se incorporaron al grupo. Un dardo envenenado para el grupo fue la absorción del Banco Industrial del Mediterráneo, que cuando se incorporó arrastraba una situación insostenible. Fuera de Cataluña se logró controlar tres bancos: el Banco de Asturias, el Banco de Alicante y el Banco de Crédito e Inversiones. La expansión del grupo no se detuvo en las fronteras con el exterior, y así se abrieron oficinas en París, Londres y Nueva York. Todo ello se adobó con la faraónica obra emprendida por el BIC para establecer su sede central. Se pretendió construir el edificio más emblemático de Cataluña, y en la obra se invirtió una verdadera fortuna.

La inquietud de Pujol por la política comenzó a hacerse incompatible con su actividad bancaria. La transición política española iniciaba su andadura y Pujol no quería dejar de tener un protagonismo destacado en el cambio. En marzo de 1976 su dedicación política ya era exclusiva. En la memoria anual del banco quedó registrada la dimisión de Pujol, pero éste, para no alejarse del banco que había fundado, situó su oficina en el edificio contiguo. Esta oficina inserta en la estructura del banco fue denominada «C-3». Al igual que el enigma de las siglas «P.C.», a esta denominación en clave se le atribuyen diferentes significaciones. Unos se pronuncian por «Consejo 3» (Banca Catalana y BIC serían el uno y el dos); otros, por «Comité de Coordinación y Control». La oficina se articuló a través de una dirección colegiada que estaba formada por Raimon Carrasco, Antoni Forrellad, Francesc Cabana y Josep Lluís Vilaseca, pero ni funcionó, ni fue operativa, ni coordinó nada, ni mucho menos controló.

Los patriarcas fundacionales, Florenci Pujol y Moisés David Tennembaum, fallecieron antes del inicio de la crisis, pero pudieron contemplar la evolución meteórica del grupo bancario, con sus 188 oficinas[5]. Lejos quedaba la oficina en Olot de la Banca Dorca que habían adquirido con su propio capital. A finales de la década de los setenta el banco se hallaba en plena espiral de absorción de fondos propios y ajenos, debido a la falta de ortodoxia bancaria, a la expansión descontrolada y a la política de concesión de créditos a empresas participadas de dudosa rentabilidad. La descapitalización avanzaba a pasos agigantados, y la receta para solucionar todos los males consistió en organizar un banco paralelo extraído de la contabilidad oficial, que sirvió de soporte para emprender una huida hacia delante que sólo consiguió enmascarar la situación real, dilatándola en el tiempo e incrementando el volumen de su ruina.

Este banco paralelo al oficial llegó a disponer de más del 10% de los recursos totales. La imperiosa necesidad de captación de fondos obligó a ofrecer una rentabilidad muy superior a la del mercado, y el pago de esta rentabilidad extra resultó insoportable, ya que la propia del banco era nula. Se hizo habitual falsear la contabilidad, y en las cuentas del banco empezaron a circular personas inexistentes, fallecidos y empresas instrumentales. Los créditos incobrables figuraban en la contabilidad oficial como si se tratara de algo normal. Sin embargo, todo ello no detuvo la expansión, una auténtica obsesión de Pujol, que regularmente realizaba grandes operaciones que incrementaban aún más los riesgos sin que el consejo de administración tuviera conocimiento de ello. Pujol practicaba la misma política de gestión que cuando el banco era un negocio familiar, sin tener en cuenta al consejo de administración ni a los miles de accionistas copropietarios de Banca Catalana. La mayor cualidad que ha de tener cualquier banquero, la prudencia, estaba completamente ausente. Con este proceder, la crisis estaba cantada.

EL INICIO DE LA CRISIS

El inicio de la crisis de Banca Catalana tuvo un preludio que se anticipó seis meses a la eclosión principal: la destitución fulminante de Jaume Carner, presidente de la entidad durante veinte años, que fue sustituido por Raimon Carrasco. Se procuró presentar esta destitución como una transición, para ocultar el escándalo que se venía encima, pues en aquellas fechas Banca Catalana no estaba para demasiados titulares en la prensa. Sus dificultades financieras eran ya conocidas, aunque sólo fuera en el mundo de las finanzas. El motivo de la destitución fue que Jaume Carner había constituido un banco paralelo, haciendo creer a sus impositores que los cuantiosos fondos recaptados estaban en cuentas de Banca Catalana. Pero esos fondos habían desaparecido y Carner no podía hacer frente a su devolución. La conmoción fue tremenda entre los miembros de la dirección del banco, que no habían tenido conocimiento de estas actividades paralelas de Carner. Enseguida intentaron tapar el asunto y resarcir a los impositores con el capital más intereses.

Jaume Carner, el mecenas más generoso y desinteresado de Cataluña, consejero de las más importantes empresas, como Compañía de Industrias Agrícolas, Carburos Metálicos y un largo etcétera, descendiente de una de las más acaudaladas familias de la burguesía catalana, integrante del reducido núcleo que controlaba Banca Catalana y persona de absoluta confianza de Pujol, fue uno de los cuatro compradores que instrumentalizaron a favor de este último la venta de El Correo Catalán, pocos meses después de haber recibido en París, de manos del presidente de la República, las palmas académicas de la Legión Francesa por su donación de un millón de francos a la Universidad de la Sorbona. Todo esto y mucho más era Jaume Carner, quien, de la noche a la mañana, pasó de la opulencia a la ruina más absoluta.

A partir de 1977 Carner, por su cuenta y riesgo, emprendió la incomprensible tarea de captar capitales ajenos prometiendo rentabilidades del 18%. Por su condición de presidente de Banca Catalana, no le costó mucho reunir una cifra que se estimó entre 400 y 600 millones de pesetas, para lo cual utilizaba el papel oficial de la entidad bancaria. Si incomprensible era aquella captación de capital, más incomprensible era su destino. Carner no hacía trabajar los fondos recibidos, sino que los mantenía en las cuentas corrientes. Mientras tanto, sus actividades filantrópicas no cesaron, ni disminuyó su elevado tren de vida, lo cual, unido a la retribución de intereses a los titulares de las cuentas corrientes, hizo que en diciembre de 1981 se extinguieran sus cuentas propias y el capital ajeno. La noticia se extendió rápidamente por la alta sociedad barcelonesa. Los directivos de Banca Catalana, de por sí desbordados por sus propias dificultades, actuaron implacablemente con Carner. Le desposeyeron de todos sus bienes patrimoniales, incluyendo fincas, joyas y cuadros, absolutamente todo. Tras la ruina, el presidente de Banca Catalana, aquel hombre que lo había sido todo, incluso mecenas, pasó a prestar sus servicios a una editorial como asalariado, mientras su esposa, María Lourdes Cabana, se empleó como secretaria en un departamento de la Generalitat.

Tras el episodio de Carner todo fueron sobresaltos, aunque éstos en realidad habían comenzado antes, a finales de 1980. Durante más de seis meses el Banco de España había realizado una minuciosa inspección en Banca Catalana, que, a medida que avanzaba, hizo extender los rumores de crisis en la entidad en un círculo restringido, sin alcanzar aún a depositantes y clientes. El chupinazo que marcó el inicio de la fiesta lo dio la agencia de noticias Europa Press en un resumen económico del Boletín Confidencial de fecha 11 de junio de 1982. El texto era escueto, pero su difusión provocó en los dirigentes del banco un colapso respiratorio. Decía lo siguiente: «Última hora: es inminente la suspensión de pagos de una entidad crediticia». El titular no hacía alusión a Banca Catalana, y tampoco se mencionaba nada en las cinco líneas siguientes: «Según rumores insistentes que circularon ayer por la tarde en ciertos ambientes financieros, se piensa que es inminente la presentación de suspensión de pagos de una importante entidad crediticia catalana. La noticia, de momento, no tiene ninguna confirmación».

La fecha histórica, el «día de la explosión», como la califica Francesc Cabana en su libro Banca Catalana. Diario personal, había sido anunciada con antelación. El 29 de abril, el titular a cuatro columnas de un artículo firmado por Alfons Quintà en El País decía: «Dificultades económicas del grupo bancario de Jordi Pujol». Asimismo, en otro artículo publicado quince días antes, sobre las diversas crisis bancarias que afectaban a Cataluña, se citaba explícitamente a Banca Catalana. El torpedo a la línea de flotación del banco fue, sin lugar a dudas, la difusión de una nota de Europa Press por el informativo del mediodía del canal catalán de televisión: «La noticia económica del día de hoy gira en torno a los rumores sobre la difícil situación económica que atraviesa el grupo bancario de Banca Catalana. El grupo de entidades que agrupa la Banca Catalana ha manifestado a la agencia Efe que son falsos los rumores y ha desmentido una información de otra agencia donde se especulaba sobre la posible suspensión de pagos de una importante entidad crediticia catalana».

El desenlace era imparable. De poco sirvió la petición para que el Banco de España desmintiera lo publicado, o que cinco días después el conseller de Economía de la Generalitat, Ramón Trias Fargas, difundiera una nota con la intención de transmitir tranquilidad a los accionistas y clientes del banco. Quizá por el excesivo detalle de esta nota, o por otro motivo, los clientes olfatearon que la crisis iba en serio y, sin hacer cola en las ventanillas del banco, los millones empezaron a desaparecer de sus cuentas. Los clientes preferían utilizar el talonario y, a través de la Cámara de Compensación Interbancaria, ingresarlo en otras cuentas. Más de 20.000 millones salieron de la caja de Banca Catalana, según sus gestores: «Los más fieles dejaron cantidades simbólicas, mientras que otros se lo llevaron todo». Estaba reciente en la memoria el precedente del Banco de los Pirineos, del que, por primera vez, los depositantes no habían podido retirar sus depósitos. Para dar ejemplo de confianza, dos días antes de la intervención del Banco de España. Pujol y su esposa retiraron todo su saldo, 14.500.000 pesetas, de una cuenta conjunta a plazo fijo. El importe, según las cláusulas de dicha cuenta, no podía ser retirado hasta cinco meses después.

Había que hacer algo que detuviera la degradación de la confianza hacia la entidad. De nada habían servido los comunicados para restablecerla, pues los clientes seguían retirando sus depósitos. Además, pocos días después había que sortear un importante escollo: el 29 de aquel mismo mes estaba convocada la junta general de accionistas, y a éstos había que darles una explicación convincente. El reparto de dividendo estaba descartado; el Banco de España ya se había pronunciado al respecto. Era inevitable la destitución de los consejeros que habían llevado al banco a tal situación, así que, para mantener el control, se optó de una formula mixta: sólo se sustituiría una parte del consejo, al que se incorporarían algunas personalidades destacadas. Sin embargo, no pudo contarse con los nombres propuestos[6]. Raimon Carrasco asumió la presidencia accidental, a la espera que fuera nombrado alguien capaz de sacar a la entidad bancaria fuera del pozo donde se encontraba.

Los directivos de la entidad conocían, lógicamente, la situación en que se hallaba, y en vano intentaron ocultarla. La única receta que se les ocurrió para curar los males del grupo bancario fue dilatar lo inevitable, pidiendo ayudas a la Generalitat, que les fueron concedidas arbitrariamente a través de la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial (CARIC), para paliar las deudas de las empresas participadas por vía institucional. Cantidades importantes salieron de las arcas públicas catalanas, dirigidas a ayudar a empresas que no tenían capacidad de reacción. De este modo, el dinero público era enterrado en un pozo sin fondo. En cambio, muchas empresas que no formaban parte del grupo y que tenían posibilidades demostradas de reflotamiento se vieron privadas de la ayuda pública. El grueso de la ayuda presupuestaria tenía destinatarios preferenciales.

En el mes de abril, diez días antes de que diario El País informara sobre la situación de Banca Catalana, Carrasco y Cabana habían tenido una reunión con el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que inició la conversación diciendo textualmente: «La situación es muy grave y hay que buscar una solución inmediata». En esta reunión quedó clara la situación: el Banco de España iba a tomar medidas. Los gestores de Banca Catalana habían acudido a la reunión con la intención de solicitar autorización para repartir 948 millones de pesetas de dividendo, y salieron de ella con la convicción de que los días felices habían llegado a su ocaso. La prensa cercana trató de mantener oculto el drama que se avecinaba, pero no todos los periódicos estaban bajo control; el diario El País era uno de estos últimos.

Quien fue nombrado para conducir la entidad bancaria fue Eusebi Díaz-Morera, hasta entonces director general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona. La junta general extraordinaria de accionistas acordó una emisión de bonos por 5.754 millones de pesetas, que suscribirían las cajas de ahorros junto con las importantes compañías que estaban representadas en el consejo del banco. Para Díaz-Morera, estos casi seis mil millones no solucionarían nada, a pesar que equivalían al capital social de Banca Catalana, que se daba por fulminado. La única alternativa contemplada era la de reducir el valor de las acciones al simbólico de una peseta. El Banco de España, a la vista de los números presentados, tomó la decisión de destituir a los antiguos consejeros, y así, los Forrellad, Carrasco, Soldevila, Ribera, Millet y Rosell, los que mantenían la conexión con Pujol, dejaron la entidad.

EPITAFIO FINAL

Jordi Pujol, resignado a los acontecimientos, efectuó la donación de sus acciones de Banca Catalana el 14 de mayo de 1982, siete semanas antes de la intervención del Banco de España, a la Fundació Catalana, que había sido constituida en 1979[7]. El total en pesetas ascendió a 188.600.000 pesetas. El presidente del patronato de la Fundació Catalana era Antoni Forrellad Sola[8].

Las 22.749 acciones de la serie A por un importe de 113.700.000 millones de pesetas que Jordi Pujol cedió a la Fundació Catalana estaban sujetas a las disposiciones fijadas en el articulo 7º de los estatutos de Banca Catalana, que facultaba a los accionistas poseedores de acciones de esta serie a la opción preferencial de compra. Estas acciones valían, a precio de mercado, unos 600 millones de pesetas. Se desconoce cuál fue el destino final de todas estas acciones, pero una parte de ellas fue puesta a la venta antes de hacerse pública la situación del banco. Las adquirió una empresa insolvente, Hoe S.A., a la que Banca Catalana había concedido un crédito por 176 millones de pesetas. Los 22.000 accionistas de Banca Catalana perdieron toda su inversión. Pujol no estaba entre ellos.

Cuando Banca Catalana pasó al Fondo de Garantía de Depósitos, pocos se podían explicar cómo unas acciones compradas en abril a 2.900 pesetas seis meses más tarde sólo tuvieran el valor simbólico de una peseta. Banca Catalana y su grupo bancario habían mantenido oculto su progresivo deterioro, repartiendo dividendos y mostrando un poderío artificial con unos recursos de terceros de 262.227 millones de pesetas y 352 oficinas. En la junta de accionistas del 17 de noviembre, Juan Antonio Ruiz de Alda, como máximo dirigente del Fondo de Garantía de Depósitos y de Banca, lo hizo público.

La junta estaba orquestada por los incondicionales de Pujol para impedir que los accionistas exigieran responsabilidades penales a los autores del desaguisado. Un accionista valenciano tomó la palabra: «Hay que exigir responsabilidades penales a quienes lo subordinan todo a ciertos intereses políticos». El pobre hombre salió poco menos que abucheado. Una enfervorizada masa apagó sus palabras, e inmediatamente le replicó el abogado Juan Vives Rodríguez de la Hinojosa: «No toleraremos que se insulte al presidente de la Generalitat». Ya se podía ver por dónde iban a ser conducidas las resoluciones. Intervinieron unas quince personas en una sucesión encadenada y dirigida por los letrados Vives Rodríguez, Piqué Vidal y Casals Colldecarrera, los tres que más tarde formarían equipo como defensores de los antiguos gestores del banco frente a los tribunales. La votación posterior eximió de responsabilidades al equipo directivo del banco. Los 22.000 accionistas de Banca Catalana pasarán a la historia por haber aceptado la fulminación de sus inversiones entre vítores y aplausos. De nada sirvió que Marcial López Moreno, presidente de la Asociación para la Defensa del Pequeño Accionista, solicitara que se depuraran responsabilidades a quienes habían llevado al banco a la ruina.

El mayor escollo se había salvado: exonerar al equipo fundacional y a los gestores del banco de las responsabilidades penales. Los orquestadores de la junta de accionistas habían conseguido su objetivo. La consigna mágica «por Cataluña» es un antídoto que inmuniza de todas las plagas. Demostrado quedaba el efecto multiuso de la mágica expresión: había servido para la expansión del banco, sirvió para la resignación del capital evaporado, y su uso político aún estaba en los albores de su optimización. El 20 de diciembre el Fondo de Garantía de Depósitos cubrió la casi totalidad de la ampliación de capital y, a continuación, se procedería a la subasta del grupo bancario. Parecía que La Caixa sería el único concurrente a la licitación, aunque, curiosamente, la legislación prohibía que las cajas de ahorro tomaran participaciones en los bancos. Pero era tal el interés de encontrar una solución a la «catalana» que esta circunstancia no se tuvo en cuenta. El 17 de mayo de 1983, el Fondo de Garantía de Depósitos vendió Banca Catalana al pool formado por los bancos Central, Banesto, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander, Popular, Pastor, Herrero, Sabadell, March, Zaragozano, de la Pequeña y Mediana Empresa y de Europa, al precio 13.606 millones de pesetas.

Esta determinación del Fondo de Garantía exasperó los ánimos de los que consideraban que se había tomado una solución «a la madrileña», frente a la opción «a la catalana». Conforme pasaban los días crecía la indignación de los incondicionales de Pujol, que veían atónitos cómo el grupo bancario transitaba hacia posiciones alejadas de su influencia. El 30 de mayo los grandes bancos decidieron que fuera el Banco de Vizcaya, en solitario, el que se hiciera con la gestión de Banca Catalana. Antoni Negre, director general del Vizcaya en Cataluña, fue nombrado presidente de Banca Catalana, y Alfredo Sáez asumió el cargo de director general. Al Banco de Vizcaya se le otorgaba la facultad de ejecutar el derecho de compra a los dos años de su intervención directa. El Fondo de Garantía se quedó con un grupo de empresas que pertenecían a la estructura de participadas del Banco Industrial de Catalunya. Para el 13 de junio quedaba aplazado el último acto, la ratificación de la solución «a la madrileña» por la junta de accionistas, cuya sesión se preveía tumultuosa.

El escándalo fue mayúsculo. Ni siquiera pudo levantarse acta de la reunión, que tuvo que redactarse posteriormente. A lo largo de la reunión se sucedían las expresiones de afirmación catalanista, en lugar de hablarse de los problemas económicos del grupo. Se exponían con habilidad discursos políticos, en un turno de palabra monopolizado por los mismos de siempre. Los letrados Piqué Vidal y Vives Rodríguez insistían en exonerar de responsabilidades a los gestores de Banca Catalana, y Espar Ticó, cabeza de un grupo de accionistas, irrumpió en el estrado al grito de «¡pasteleo madrileño!». De nada sirvieron los denodados esfuerzos de Ruiz de Alda, como máximo representante del Fondo de Garantía, por exponer que éste había aportado al grupo 141.606 millones de pesetas en concepto de absorción de pérdidas, además de la ya asumida ampliación de capital, y que el Banco de España había concedido préstamos por 125.350 millones de pesetas. El fragor de los gritos hacía imposible el entendimiento.

Inmerecido final para el intento de crear un banco que quería ser más que un banco. Pero el epitafio no estaba concluido del todo: faltaba depurar las responsabilidades políticas, que le correspondían a Pujol, y que el Parlament de Cataluña se encargaría de exigir. Hasta ese momento, el tema de Banca Catalana había estado permanentemente presente, de una manera informal, en las conversaciones de todos los grupos políticos, tanto en los pasillos del Parlamento catalán como en los del español. Pero fue al abrirse un nuevo periodo de sesiones en el Parlament de Cataluña cuando comenzaron las hostilidades. Por otra parte, también faltaban las responsabilidades penales que pudiera reclamar el fiscal general del Estado a los gestores del banco por los cuantiosos recursos que fueron canalizados desde las arcas públicas para intentar sacar la entidad de la ruina.

El nuevo periodo de sesiones en el Parlamento catalán se inició el 27 de septiembre de 1983. Pujol hizo su discurso habitual de vender esperanza y futuro esplendoroso, sin hacer ninguna referencia al tema de Banca Catalana. La réplica la dieron comunistas y socialistas. Antoni Gutiérrez Díaz, del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), en una de sus intervenciones dirigió las más duras criticas a Pujol: «Usted, señor Pujol, no es que cometa errores, es que usted es un error. Un error histórico, no sé de qué dimensión, pero un error». No se quedaron atrás los socialistas del PSC; así se expresaba el diputado Lluís Armet: «La credibilidad del actual presidente está, en consecuencia, profundamente deteriorada. Diversos factores han contribuido a este deterioro: uno de ellos, sin embargo, merece una valoración especial, es la implicación personal del titular de la presidencia de la Generalitat en la crisis de Banca Catalana». No se detenía en este tipo de acusaciones y concretaba: «La crisis de Banca Catalana ha puesto en evidencia que la máxima institución del gobierno autonómico está encarnada por una persona que no tiene la libertad política suficiente para, en todo momento y en toda circunstancia, defender los intereses nacionales de Catalunya». Por otra parte, pedía explícitamente su dimisión «al servicio de la dignidad institucional», y afirmaba que «el señor Pujol tendría que obrar adoptando la actitud que la conciencia política exigía y que en los países democráticos que nos pueden servir de ejemplo es norma de conducta democrática donde implicaciones de estas características se producen». Sus palabras cayeron en el vacío: en la Cataluña de Pujol no existen responsabilidades políticas.

Las responsabilidades penales tardaron algo más en llegar. El 19 de mayo de 1984 el diario El País se anticipaba a los hechos. El titular lo decía todo: «Inminente querella del fiscal del Estado contra Jordi Pujol y otros responsables de Banca Catalana». Tras el desastre de la entidad, como era norma en todas las crisis bancarias que se habían producido antes, las autoridades monetarias remitieron a la Fiscalía General del Estado la documentación necesaria por si se detectaban indicios de delito. No sólo desde el Banco de España se había canalizado documentación a la Fiscalía, sino desde el gobierno. Miguel Boyer lo confirmó: «El gobierno tiene que cumplir con la legislación vigente; por ello, hemos enviado a los fiscales todos los expedientes de los bancos donde encontramos presuntos delitos. Se ha hecho con los bancos de Descuento, Levante, Banca Catalana y, naturalmente, con Rumasa».

En marzo de 1984 toda la documentación estaba ya en manos del fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, quien manifestó: «Con toda probabilidad, antiguos consejeros de Banca Catalana serán acusados por el Ministerio Fiscal». La Audiencia de Barcelona nombró a los fiscales Jiménez Villarejo y Mena como encargados del asunto Banca Catalana, y se nombraron dos fiscales, dado el volumen a tratar (la querella presentada ocupaba quince folios, con un anexo documental de más de ocho mil páginas[9]). A los acusados se les atribuía el delito de apropiación indebida, en los distintos grados de autor material, colaborador necesario o cómplice, por su actuación en el consejo de administración de la entidad bancaria entre 1974 y 1977. Los fiscales descubrieron que Banca Catalana había creado una trama de veintisiete sociedades instrumentales que habían originado un quebranto de miles de millones a la entidad, encubierto con numerosos asientos contables ficticios y duplicados junto con documentos falseados para propiciar la retirada de fondos del banco. Al igual que Banca Catalana había sido más que un banco, la querella se convirtió en mucho mas que un proceso judicial, y en ello se emplearon a fondo los incondicionales acólitos de Jordi Pujol. De esta manera, se iniciaba la mayor operación de chantaje que se haya montado contra el Estado, un pulso en toda regla. Al lado de tal chantaje, los atribuidos a Mario Conde y Javier de la Rosa se quedaron en una chiquillería. A partir de este momento la transformación de Pujol fue absolutamente radical. Si hasta entonces su ética política podía haber tenido alguna justificación, el camino que emprendió a partir de ese momento acabó de descalificarlo y deslegitimarlo.

No era una estrategia defensiva, como a la que cualquier ciudadano tiene derecho por execrable que pueda ser el delito que se le impute; no se debatía con argumentos jurídicos, que a bien seguro los había; se obviaban todos los derechos constitucionales y se preparaba una estrategia de auténtico chantaje al Estado basada en la demostración de fuerza, en el silogismo «Pujol es Cataluña» y en la intimidación en todos los niveles de las instituciones del Estado. No había término medio: o se ganaba o se perdía. Si se perdía, el apocalipsis estaba servido, y tanto chantajistas como chantajeados sufrirían las consecuencias; si se ganaba, la inmunidad se rentabilizaría con creces.

Para la demostración de fuerza se contaba con los providenciales resultados obtenidos en las elecciones autonómicas del 29 de abril de 1984: por primera vez, CiU obtenía la mayoría absoluta, sumiendo en el desconcierto a la oposición socialista. El sistema mediático convergente contaba ya con la televisión autonómica TV3 y con los periódicos domesticados, a excepción de El País, además de una considerable penetración en el tejido social de Cataluña. La consigna «Por Cataluña» se convirtió en un recurso mágico, el antídoto contra todas las plagas. El silogismo «Pujol es Cataluña», llevado a su máxima expresión, sirvió de combustible, y el propio Pujol definió la estrategia manifestando: «Tenemos de ser capaces de hacer entender a todo el mundo, fuera de aquí, que con Cataluña no se juega y que no vale el juego sucio». Se daba por supuesto que quienes tenían que entenderlo no eran los catalanes, pues los catalanes que no lo entendieran serían anticatalanes. O, lo que es lo mismo: los faltos de entendimiento engrosarían las filas de los traidores.

El primer acto se pone en escena. Se convoca a la multitud a una manifestación «por Cataluña» al grito de «¡traidores, traidores!» dirigido contra los dirigentes socialistas catalanes, con pancartas en las que se entrecruzan los nombres de Felipe González, Franco y Felipe V como usurpadores de la soberanía de Cataluña. Todo vale, se está legitimado para lo que sea, la insurrección civil ya está en la calle. Para que la manifestación sea masiva, tres personajes de la elite convergente se han encargado de organizarLa. Marta Ferrusola, Lluís Prenafeta y Josep Lluís Vilaseca se emplean a fondo para movilizar a todas las organizaciones, entidades y agrupaciones que forman el tejido social catalán. Aparecen multitud de anuncios en toda la prensa de las organizaciones culturales, deportivas, vecinales, etc., pidiendo la adhesión a la convocatoria. Los anuncios son pagados por CDC, y el acto recibe apoyo hasta de los ayuntamientos. Nadie quiere quedarse con la etiqueta de «anticatalán». Las voces que pretenden despolitizar la querella son llevadas a la hoguera del antipatriotismo.

La radicalización es absoluta. Pujol, en un alarde de interpretación victimista, consigue el objetivo buscado: «El gobierno central ha hecho una jugada indigna; de ahora en adelante, de ética y moral hablaremos nosotros, y no ellos». A la manifestación convocada acuden 200.000 personas. Para mayor espectacularidad del acto, su recorrido apenas llega a un kilómetro, desde el Parlament de Cataluña hasta la sede de la Generalitat. La demostración de fuerza es un hecho; implícita y explícitamente, la subversión civil está preparada. Es la hora del segundo acto, el de la intimidación a todos los niveles. El mensaje es simple: si no se resuelve favorablemente el procedimiento judicial, los responsables serán aquellos que no desactiven la bomba de relojería que ya se halla activada.

La patata caliente pasa de mano en mano por todos los estratos de la pirámide institucional de Estado. A la Casa Real se le recuerda que los desórdenes civiles fueron el origen de su pasado exilio; es un aviso a navegantes, que dirige la intimidación desde la cúspide a la base. Pujol, Prenafeta y Roca se encargan de transmitir el mensaje a través de todas las personas e instituciones; Piqué Vidal actúa con toda sutileza por la vía de la judicatura. La intimidación surte efecto, y el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, presenta su dimisión. Las presiones a las que ha sido sometido pasarán a la historia negra de la intromisión de la política en el poder judicial. Es Alfonso Guerra quien le conmina: «Procura calmar los ánimos y parar el asunto como sea». Es el anticipo de que el pulso será ganado por Pujol.

El 21 de noviembre de 1984 la Sala V de la Audiencia Territorial de Barcelona se pronuncia. Treinta y tres magistrados de los cuarenta y uno que la componen anuncian con toda la solemnidad: «No ha lugar al procesamiento del aforado, no hay indicios racionales de criminalidad, de momento, del aforado». El menoscabo de la independencia del poder judicial se pone de manifiesto con la fórmula «de momento», que no supone otra cosa que el aplazamiento hasta la eternidad. En dicha fórmula se trasluce cierta advertencia, confirmada en el apartado 10 del auto, donde se dice textualmente: «Se ordena que si aparecieran nuevas irregularidades se proceda conforme a Derecho». Sin embargo, cuando aparezcan nuevas irregularidades, las instituciones del Estado no contarán con quien pueda poner el cascabel al gato.

Las buenas compañías judiciales

«Cuando repaso las cosas que he hecho bien y mal, desde hace veinte años, me encuentro siempre con una que ha sido uno de mis grandes orgullos, y a la vez una herida abierta en la que muchos se han dedicado a echar vinagre. No aspiro a hacerme entender o hacerme perdonar el éxito por parte de quienes siempre me atacan porque por razones políticas, o por lo que sea, aspiran a erosionar mi imagen». Este texto pertenece a Jordi Pujol y data de 1978. En el umbral de sus avatares financieros y de sus confrontaciones políticas ya se sentía perseguido por indeterminados adversarios. Con el paso del tiempo ha ido reforzando esa imagen victimista de perpetuo receptor de ataques que constituye en él una auténtica obsesión. Pujol, que ha fusionado en su persona partido, Generalitat y Cataluña, considera que cualquier disentimiento, por aséptico que pueda parecer, constituye un ataque furibundo y despiadado. Los adversarios ya no son sólo los políticos; los fiscales también se han unido a la legión de portadores de garrafas de vinagre que arrojan sobre sus heridas.

Para inmunizarse frente a esta dañina agresión se aplica la receta más efectiva, desactivar la acción judicial, pero desde su origen: si no hay imputación no hay delito. La intromisión en el poder judicial forma parte intrínseca del concepto de gobierno adoptado por Pujol. Para dejar constancia de ello, nada mejor que sus propias palabras, pronunciadas a finales de julio de 1996, cuando se debatía si era procedente excarcelar al general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo. Entre los fiscales hubo discrepancias; el fiscal general del Estado se pronunciaba a favor, mientras el fiscal del caso disentía. Al ser preguntado al respecto, Pujol no mostró interés en expresar su opinión, pero reveló algo sorprendente. Llamó a una reflexión sobre la función de los fiscales y dijo: «Tienen una dependencia jerárquica y, en último término, dependen del Gobierno, y esto ocurre en todos los países democráticos y serios».

El concepto erróneo de Pujol está fundamentado en un razonamiento anticonstitucional: si el gobierno tiene la facultad de nombrar el fiscal general del Estado y de éste dependen jerárquicamente los fiscales, en consecuencia el ministerio fiscal depende del gobierno. A partir de este interesado razonamiento puede deducirse que, si el gobierno depende de Pujol, consiguientemente el ministerio fiscal dependerá también de él: la cuadratura del círculo. La Constitución no parece ser un texto vinculante, y la división de los poderes del Estado queda anulada, con lo que se abre la vía hacia el totalitarismo.

Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, no está, lógicamente, de acuerdo con esta definición del Estado sostenida por Pujol. El fiscal anticorrupción, que ha sido satanizado junto a José María Mena por el president y sus acólitos por su actuación en el caso Banca Catalana, manifestó sus inquietudes en un artículo publicado en El País en junio de 1996 en el que analizaba los problemas de la relación entre el gobierno y el ministerio fiscal, abogando por la independencia de la Fiscalía. Este articulo, titulado «¿Hasta cuándo?», pone de manifiesto la degradación del Estado de Derecho: «No es admisible que el gobierno, cualquiera que fuese, pudiese “gobernar” el ministerio fiscal a través de la dotación de los recursos y, sobre todo, de los nombramientos en función de principios o intereses que no sean estrictamente los de un servicio público imparcial y eficaz para los ciudadanos. Si así fuera, la crisis institucional no sólo afectaría al ministerio fiscal, sino al propio sistema democrático». Jiménez Villarejo fundamenta su argumentación en la legalidad vigente: «El ministerio fiscal, en su actuación, es plenamente independiente del ejecutivo, cualquiera que sea su significación política, dependiendo exclusivamente del fiscal general del Estado». En este punto es donde radica la confusión máxima de Pujol, al adjudicar al fiscal general del Estado una función antagónica a la que defiende Jiménez Villarejo: «Para preservar su independencia, no puede recibir ordenes ni instrucciones del gobierno».

Ya no es sólo «¿hasta cuándo?», sino «¿hasta dónde?» pretende llegar Jordi Pujol con sus planteamientos totalitarios de fusión de poderes. El hasta cuándo es sólo un trayecto, un espacio temporal que día a día va conduciendo a la quiebra al Estado de Derecho, como continuación de la larga relación de quiebras empresariales de las que ha sido protagonista. La fusión de los poderes del Estado lleva implícita la destrucción de sus principios, entre ellos el de perseguir obligatoriamente todos los delitos en virtud de unas leyes que han de aplicarse por igual a todos los ciudadanos. A la situación actual de deterioro de estos principios no se ha llegado súbitamente, sino que ha sido el fruto de una evolución engendrada en 1978 y desarrollada en el transcurso de las dos décadas siguientes conforme a una estrategia política de defensa frente a cualquier ataque.

LA DICOTOMÍA ENTRE LA DEFENSA Y EL ATAQUE

La decisión del gobierno socialista de crear una fiscalía especial que se hiciera cargo de los crecientes casos de corrupción desató en Pujol una cruzada de oposición cuyo origen estaba en el asunto de Banca Catalana. El candidato para presidir la Fiscalía Anticorrupción era Carlos Jiménez Villarejo, precisamente uno de los fiscales, junto a José María Mena, que se hicieron cargo de la querella contra Banca Catalana y, por extensión, contra Pujol. El personaje satanizado por Pujol y el pujolismo iba a ser quien dirigiera el cuartel general de operaciones anticorrupción. La eficacia de Jiménez Villarejo en su trayectoria como fiscal estaba más que demostrada, pero para Pujol, que no concibe la relación entre eficacia e independencia, la candidatura del fiscal era poco menos que una herejía.

Desde el punto de vista del ciudadano común, quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. Pujol, por el contrario, ha acumulado en su trayectoria privada y pública un rosario de actuaciones que rebasan el límite de la legalidad, cayendo plenamente en el campo de lo punible. Por eso, la presencia de Jiménez Villarejo al frente de la Fiscalía General le obliga no sólo a defenderse atrincherándose en su búnker, sino a atacar, intentando neutralizar la actuación del fiscal. La consigna dirigida al nuevo gobierno del PP es la misma que la que se utilizó con el PSOE, bajo cuyo mandato fue nombrado Jiménez Villarejo: «Que alguien pare al fiscal anticorrupción». Pero la ofensiva no se detiene en esta consigna, sino que se extiende a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde queda vacante el puesto de Jiménez Villarejo. Se trata de que dicha vacante no sea cubierta por su sucesor natural, José María Mena, a pesar de ser refrendado por todos los fiscales. Durante meses, el cargo permanece vacante, hasta que, al final, se produce inesperadamente el nombramiento de Mena, pese a las presiones de Pujol. El propio Mena muestra su sorpresa: «Yo tenía la convicción de que no me nombrarían, dados los rumores que había sobre los obstáculos».

La táctica de persecución y ataque persiste en Pujol, y así lo transmiten sus palabras tras el nombramiento de Mena: «Es indudable que la Generalitat se ha sentido perseguida por este fiscal». Perpetuando su actitud victimista, afirma: «Si he sobrevivido doce años a su implacable persecución, puedo hacerlo doce más, o veinticuatro». Esta «implacable persecución» sólo puede ser desactivada, una vez consumados los nombramientos, por la única vía posible, la política, aunque sea desvirtuando los principios fundamentales del Estado de Derecho. Se trata de fundir el poder ejecutivo con el judicial, de manera que la figura del fiscal general del Estado, y por extensión todos los demás fiscales, queden en una situación de sumisión absoluta: «Tienen una dependencia jerárquica y, en último término, dependen del Gobierno».

La posición de Pujol a este respecto no es nueva. Su estrategia de neutralización no es consecuencia de los nombramientos de Jiménez Villarejo y Mena, ni siquiera es una variante de su táctica defensiva. La novedad se sitúa en la manifestación pública. Lo que antes fueron acuerdos presidenciales ocultos en la intimidad de La Moncloa, ahora la prepotencia permite hacerlos públicos. Los casos que antecedieron afectaban a Pujol en el ámbito público y en el privado y quedaron impunes, mediante acuerdos antidemocráticos, en virtud de la necesidad de apoyo parlamentario del gobierno central. Las decisiones del ejecutivo, al interferir en el ámbito exclusivo del poder judicial, transmutaron los principios de la democracia, creando una falsa jurisprudencia que pretendía nutrirse de la fuente del uso y las costumbres.

Sólo citaremos dos antecedentes entre varios que se podrían relacionar. En primer lugar, el caso Banca Catalana, que se resolvió políticamente a partir de las instrucciones del gobierno al entonces fiscal general del Estado, Burón Barba. Las manifestaciones de Jiménez Villarejo al respecto siempre han sido las mismas: «Nadie ha puesto en cuestión la veracidad de los hechos narrados en aquel momento por la fiscalía. La divergencia estuvo en la valoración civil y penal de los hechos, pero no en su veracidad. Sigo pensando que hicimos lo que teníamos que hacer». La estrategia de desactivación de la querella por parte de Pujol y de los letrados que le representaban, encabezados por Piqué Vidal, nunca entró a rebatirla con argumentos jurídicos. No es de extrañar que el éxito de este planteamiento se intentara aplicar después a todos los casos que se planteasen, reivindicando el derecho adquirido.

El recurso a la solución política se produjo de nuevo en 1993. Jiménez Villarejo, por entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, remitió al fiscal general del Estado, Eligió Hernández, un informe en el que acusaba de cometer fraude, prevaricación, alzamiento de bienes y malversación a varios consellers de la Generalitat de Cataluña, todavía en el cargo o ya dimitidos. Les imputaba el haber participado de forma directa o indirecta en la concesión de avales y créditos del CARIC destinados a financiar con fondos públicos empresas familiares relacionadas con patriarcas de la coalición CiU. Ello ocasionó un quebranto importante a las arcas públicas al no ser devueltos los créditos, que fueron concedidos arbitrariamente en beneficio de unos pocos. En ese momento, el PSOE había perdido en las urnas su mayoría absoluta en el Parlamento nacional y necesitaba el apoyo de CiU. Directrices superiores orientaron la postura del fiscal general del Estado, que dejó sin efecto la acusación, «aunque el asunto tiene un cierto tufillo a corrupción», según sus propias palabras.

Han sido años de constante intromisión en la judicatura. Tras la crisis de Banca Catalana, Pujol abrió fisuras en todos los niveles, obsesionado en controlar el poder judicial. La resistencia de Jiménez Villarejo y José María Mena, ambos con una trayectoria profesional impecable, ha sido verdaderamente numantina. Jiménez Villarejo militó durante años en el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el partido de los comunistas catalanes, hasta que la Constitución prohibió la militancia política a los miembros de la judicatura. Fue miembro de la Unión Progresista de fiscales y fundador de Justicia Democrática y de Cristianos por el Socialismo. José María Mena, también fundador de Justicia Democrática, fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales y también militó en el PSUC. En la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue teniente fiscal a las órdenes de Jiménez Villarejo.

Pujol ejerció toda su influencia para evitar que Jiménez Villarejo accediera a la Fiscalía Anticorrupción. Mediante una frenética actividad subterránea, movilizó todos los resortes durante el periodo comprendido entre abril de 1995, cuando el Congreso aprobó la creación de la fiscalía, hasta el mes de diciembre, en que Jiménez Villarejo tomó posesión del cargo. El nombramiento, que coincidió con la retirada del apoyo parlamentario de CiU a los socialistas, hizo estériles las pretensiones de Pujol. Antes, en 1987, cuando Jiménez Villarejo fue nombrado fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Pujol tampoco pudo hacer nada por impedir su nombramiento. Eran otros tiempos, y entonces no eran necesarios los apoyos parlamentarios de CiU al gobierno del PSOE. Javier Moscoso nombró fiscal jefe a Jiménez Villarejo unos meses después de que la Audiencia Territorial de Barcelona excluyera a Pujol de la querella contra Banca Catalana, y el president interpretó el nombramiento como un reconocimiento a su labor como fiscal del caso Banca Catalana. La recepción en el despacho presidencial del Palau de la Generalitat, un acto de pura cortesía, sólo duró un minuto.

Una vez consumado el nombramiento de Jiménez Villarejo al frente de la Fiscalía Anticorrupción, que constituyó una de las últimas decisiones de los socialistas en el gobierno, Pujol adoptó la táctica de maniatar a la fiscalía restringiendo su ámbito de su actuación. De hecho, impuso esta condición en los pactos previos a la investidura de Aznar. Jiménez Villarejo está seguro de que el presidente de la Generalitat de Cataluña «quiere terminar» con la Fiscalía Anticorrupción. Según sus propias palabras, publicadas por El País en diciembre de 1996, le resulta extraña «la facultad concedida al fiscal general del Estado de seleccionar los asuntos» que competen a su Fiscalía. «¿Por qué esta excepcionalidad con la corrupción?» La respuesta no la da el fiscal anticorrupción, sino el juez Baltasar Garzón: «Las investigaciones quedan empantanadas siempre en el mismo lugar, cuando un asunto atañe al poder político y, en especial, al ejecutivo».

Pujol emprende su implacable persecución por dos vías distintas y complementarias: la desactivación política desde la cúpula de las instituciones y la actuación desde las catacumbas de los palacios de justicia. Esta última ha tenido un valedor de excepción en Joan Piqué Vidal, un letrado que ha entrado a formar parte de la historia negra de la abogacía. Defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, Piqué Vidal ha pasado a la leyenda por sus hábiles estrategias de defensa, que rara vez se centran en la discusión jurídica de las imputaciones de sus defendidos. Profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, también es muy conocida su pasión por despertar la vocación de sus alumnos hacia la carrera judicial. Esta labor de mecenazgo se manifiesta también en su interés por proporcionar alojamiento a los jueces recién destinados en Barcelona. Se apresura a proporcionarles la mayor comodidad posible, anotando diligentemente en su archivo personal los traslados e historiales de los nuevos jueces. A los cadetes con posibilidades de ejercer la magistratura les facilita todos los recursos de que dispone, mientras que a los jueces veteranos los gana para su causa con otras artimañas, como la de darles empleo en su despacho cuando han sido sentenciados por un delito de cohecho. García Lavernia, después de pasar por la prisión Lérida-2, fue uno de ellos. Toda una interpretación del papel del buen samaritano que le reporta eternos agradecimientos por parte de los favorecidos. Esta leyenda, cuyo principal promotor es el propio Piqué Vidal, atrae a su despacho a una clientela de lujo en cuyos negocios siempre termina inmiscuyéndose el abogado. Entre sus múltiples clientes figuran Javier De la Rosa, con quien le une una relación en la que se confunden los papeles de abogado defensor y cómplice necesario de los delitos imputados por la fiscalía.

Aunque la especialización de Piqué Vidal es el Derecho Procesal, su despacho dispone de un buen número de abogados dedicados a las distintas ramas del Derecho y, por supuesto, también cuenta con economistas. Además, en la trastienda de su despacho prestan sus servicios ex altos cargos de la administración. Lo que no se sabe con precisión es si dejaron dichos sus cargos antes o después de incorporarse al despacho. Entre ellos figuran altos funcionarios de la Delegación de Hacienda de Barcelona, como el mismísimo ex delegado Ramón Lanau y el abogado del Estado de dicho organismo Ginés Marfà. También está a su servicio toda una flota de ex miembros de la Jefatura Superior de Policía (la información privilegiada es algo que preocupa mucho a Piqué Vidal). La empresa Privacy y la que dirige el ex guardia civil Sebastián Martínez Ferraté, Enterprise Investigación, comparten sede con el despacho de abogados y son controladas totalmente por Piqué Vidal.

Piqué Vidal no deja ningún cabo suelto. Controla todos los hilos de la red que, estrato a estrato y año a año, se ha ido tejiendo en los juzgados barceloneses. En todos los niveles, y en mayor o menor medida, funcionarios y secretarios de juzgado prestan su colaboración a esta red, estructurada de una forma concatenada con el objetivo de desactivar procesos. Curiosamente, Piqué Vidal está omnipresente en todos los casos turbios relacionados con Pujol y Prenafeta. Era secretario del consejo de administración de Casinos de Catalunya, una de las fuentes de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. Asimismo, apareció entre tinieblas en el fracasado proyecto periodístico de El Observador, donde su función más relevante consistía en proporcionar fondos para la supervivencia del diario convergente. Contar la omnipresencia de Piqué Vidal en los turbios asuntos de los miembros de CiU llenaría páginas. Sin embargo, no todos los asuntos tratados por el letrado han quedado enterrados e impunes.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha abierto diligencias sobre la relación de Piqué Vidal con el juez Adolfo Fernández Oubiña, que presuntamente ha estado durante años en la «nómina» del letrado. Asimismo, el Colegio de Abogados de Barcelona ha abierto expediente contra el abogado por sus implicaciones como intermediario en los pagos de cohechos al juez Luis Pascual Estevill, el juez nombrado por CiU para el máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La actuación del ex vocal del CGPJ nombrado por CiU ilustra el grado de relación del aparato convergente con el submundo de la judicatura. Del mismo modo que en los últimos años se ha judicializado la política, la judicatura también se ha politizado. Las prebendas y los ascensos fulminantes en la carrera judicial son el pago efectuado por políticos sin escrúpulos u obsesionados por extender su poder por la vía de la impunidad. De este modo, a la vez que acrecientan su poder debilitan el poder judicial al quebrar los fundamentos de una justicia igualitaria para todos. Pascual Estevill, que vio crecer sus cuentas bancarias de forma injustificada en relación con sus ingresos como juez, fue catapultado al cargo de vocal del CGPJ tras instruir dos sumarios de gran trascendencia para Convergència Democràtica de Catalunya, los casos de Planasdemunt y Prenafeta. Pero el aparato convergente aún le reservaba otra labor: la desactivación, a través del CGPJ, del caso Casinos.

Nadie puede entender cómo un juez podía ser propuesto al máximo órgano del poder judicial cuando se había admitido a trámite una querella contra él por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se acababa de presentar otra por el mismo delito. Por entonces, los desmanes del juez eran conocidos por un amplio círculo, y especialmente sus relaciones con Piqué Vidal y el núcleo de negocios convergentes, con millonarias comisiones de por medio. Eran conocidas también, por su carácter público, las reiteradas visitas de Pascual Estevill a los casinos catalanes, donde apostaba fuertes cantidades. En sólo tres años se dejó en las mesas de juego más de 20 millones de pesetas. Su especialidad era la ruleta americana, juego en el que llegó a perder de una sola vez más de un millón de pesetas en apuestas de 50.000 pesetas. Accedió a la judicatura por el llamado cuarto turno, la vía prevista para letrados de reconocido prestigio. No parece que la adicción al juego en los casinos pueda suponer un reconocimiento de prestigio.

Para alimentar el tren de vida de Pascual Estevill, con mansión en Sitges, fincas en Barcelona y flota de automóviles de lujo, no eran suficientes las 450.000 pesetas de sueldo como magistrado. Primero, y sólo durante un año, ejerció la titularidad del Juzgado de Instrucción número 5 de Terrasa, y el 11 de octubre de 1991 se incorporó al Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, desde el que instruyó las causas que afectaban a Planasdemunt, ex consejero de Economía de la Generalitat y presidente del Instituto Catalán de Finanzas. También le correspondió el caso Prenafeta, secretario general de la Presidencia, acusado de incompatibilidad de cargo público por sus negocios privados. En 1993 el juez Pascual Estevill se encargó de archivar el caso, a pesar de las quejas de la fiscalía. Con el fin de confirmar lo que ya era un secreto a voces, la complacencia del juez, y ya vocal del CGPJ, con los turbios asuntos convergentes, el autor de este libro presentó un escrito de queja en el órgano del poder judicial por las irregularidades que se apreciaban en la instrucción del caso Casinos, en el que se solicitaba la intervención del CGPJ, no sin antes exponer que «sean asumidas por representantes de dicho Consejo al margen de el Sr. Luis Pascual Estevill». Este escrito esta fechado el 10 de octubre de 1995.

La carrera de Pascual Estevill fue verdaderamente fulgurante: en tan sólo cuatro años pasó de letrado a vocal del CGPJ. El 7 de junio de 1990 dio el primer paso cuando ocupó el sillón de juez en una población de las afueras de Barcelona. Un año después ya era juez en la capital catalana, y en noviembre de 1994 llegó a la cúspide de la judicatura. Esta meteórica ascensión corrió paralela a la de su patrimonio. Sus cuentas bancarias recibieron ingresos de 750 millones entre los años 1990 y 1993. De nada sirvió que Pascual Sala, presidente del máximo órgano de la judicatura, expusiera a Miquel Roca, entonces jefe de filas de la coalición CiU en Madrid: «Este hombre es impresentable», le dijo, refiriéndose a la incongruencia de la designación de Pascual Estevill como vocal del CGPJ. La respuesta fue que se trataba sólo de habladurías, y que CDC respondía de él. Los que respondían eran Pujol, su partido y su círculo, pero cuando las nubes de la tormenta descargaron el chaparrón de las responsabilidades, Pujol eludió la parte que le había tocado en la desafortunada elección.

Dentro de la propia coalición CiU hubo quienes se manifestaron en contra de la designación de Pascual Estevill como vocal del CGPJ: quince senadores del PSOE, de CiU y del PP rompieron la disciplina de voto tachando a Estevill de la papeleta secreta. Cuando el Tribunal Supremo condenó al juez, el 4 de julio de 1996, a seis años de inhabilitación por considerarlo culpable de prevaricación, Pujol trasladó su responsabilidad a quienes compartieron con él la votación, pero, por mucho que ahora quiera desmarcarse, todo el mundo sabe que él fue quien propuso al candidato y, por lo tanto, es el responsable político. El abogado Juan Vives Rodríguez de Hinojosa (que participó junto a Piqué Vidal en la defensa de Pujol por el caso Banca Catalana) asegura que fue Pujol quien le dio el encargo de promocionar a Pascual Estevill. El «encargo» consistía en investirle del adecuado y preceptivo prestigio necesario para nombrarlo vocal del CGPJ, y para ello nada mejor que hacerle ingresar como miembro en la Academia de Jurisprudencia de Cataluña. Así, el nombramiento de Pascual Estevill no fue tan casual como ahora quiere presentarlo Pujol; él mismo lo había ido tejiendo desde la base.

Pero éstas no fueron las únicas relaciones oscuras que tuvo la cúpula convergente con Pascual Estevill. El conseller de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, participó en una reunión que tuvo lugar en el hotel Ritz de Barcelona entre el presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, el ex presidente de la compañía eléctrica Fecsa y el juez. En esta reunión se debatió el turbio asunto de la empresa Macosa (participada del Banco Central). Se sospecha que Pascual Estevill y Piqué Vidal habían creado una situación ficticia con el fin de extorsionar a los directivos de Macosa. La presencia de Macià Alavedra en esa reunión nunca fue explicada.

La relación entre Pascual Estevill y Piqué Vidal ha sido denunciada por otros empresarios que se vieron sometidos a las extorsiones ejercidas por el juez y el letrado. La instrucción de estas denuncias ha llevado al magistrado a prisión, por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras Piqué Vidal ha quedado en libertad tras depositar una fianza de 30 millones de pesetas. En definitiva, el vocal del CGPJ propuesto por CiU, es decir, por Pujol, está en la cárcel, y a sus puertas se encuentra también el que fuera su abogado y activador de múltiples gestiones convergentes.

«Hay cosas que en un momento determinado no son un error y que al cabo de cuatro años lo serían si se tomara aquella decisión. No se pueden trasplantar nunca las decisiones de cuatro o cinco años atrás a hoy mismo». Con esta exposición Pujol da por zanjadas sus responsabilidades políticas en la propuesta de Pascual Estevill como vocal del CGPJ. El calendario de Pujol no parece ir de acuerdo con el que todos llevamos. No se trataba de «decisiones de cuatro o cinco años atrás»: apenas había pasado poco más de un año desde que el vocal tomó posesión de su cargo, en noviembre de 1994, hasta que públicamente fueron conocidas sus actividades. Pero la maniobra de crear confusión no se acaba aquí. Según la tesis argumental de Pujol, en democracia ningún político debe dimitir, ni asumir responsabilidades políticas, por sus errores en el pasado. Y cuando éstos salen a la luz, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, lo que se hace es diferir a un futuro indefinido su resolución judicial.

En Cataluña todos los indicios han ido poniendo de manifiesto los altos niveles de corrupción que se han venido produciendo tanto en la actividad pública como en la privada, frecuentemente entremezcladas. En medio de esta deplorable situación, hay jueces que se han hecho cómplices de delitos que, pese a su evidencia, son cometidos con impunidad por una parte de la clase política.

Es la cobardía de algunos de los jueces la que propicia el inevitable deterioro de la judicatura a ojos de los ciudadanos. Sólo un proceso de regeneración como el que emprendió en Italia Antonio di Pietro, el protagonista del proceso «Manos Limpias», puede regenerar el funcionamiento de las instituciones políticas. La fusión entre los distintos poderes a la que Pujol nos tiene acostumbrados está corroyendo los principios en que se sustenta el Estado de Derecho, y la judicatura es cómplice de ello.

La financiación ilegal del partido

«La financiación de los partidos es un misterio, pero un misterio de aquellos que no son un misterio, porque están muy claros, pero siguen siendo un misterio». El artífice de esta enrevesada manifestación no es otro que Jordi Pujol. La disertación tuvo lugar en un congreso sobre «Corrupción y Sociedad» celebrado en diciembre de 1995. Siempre en tono epistolar, situándose por encima del bien y del mal, la base de su argumentación era que los políticos no son los únicos responsables de la corrupción, porque «para que haya políticos corruptos debe haber quien los corrompa, en primer lugar los empresarios». Como conclusión, Pujol situaba el origen de todos los males de la corrupción política en las deficiencias de la ley de financiación de los partidos.

El falso mensaje que se trasmite es que las insuficiencias de la legislación existente hacen necesario financiar los partidos por vías irregulares. Con ello se justifican unas prácticas absolutamente carentes de transparencia e incontrolables de las que se aprovechan los tiburones de la política, siempre tentados de procurarse una jubilación dorada, de manera que nunca se sabe si las cuantiosas cantidades de dinero obtenidas de manera fraudulenta por los partidos sirven para financiar las actividades políticas de éstos o pasan directamente al bolsillo de sus responsables.

En España existe una generosa financiación pública de los partidos políticos. Se obtiene por tres vías distintas. La financiación de los gastos corrientes, incluidos los del personal de las sedes, los correspondientes a alquileres y todos aquéllos que el partido genera por el desarrollo de su actividad, es la de mayor cuantía, debido a su carácter constante. En 1995 los partidos recibieron por este solo concepto 9.000 millones de pesetas. Otra de las vías de recepción de ingresos es la que se deriva al sostenimiento de los grupos parlamentarios, y una tercera, de carácter excepcional, es la vinculada a las campañas electorales, cuyos gastos se compensan con una retribución relacionada con el número de votos y escaños conseguidos.

Entre 1978 y 1993 los partidos recibieron por esta triple vía unos 80.000 millones de pesetas. En 1995 recibieron 12.000 millones, una cifra muy superior, en términos relativos, a las que se registran en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, los partidos políticos españoles han recurrido a sistemas irregulares de financiación, valiéndose de los más variopintos métodos para obtener ingresos: comisiones por licitaciones adjudicadas a dedo, creación de sociedades instrumentales para emitir facturas falsas, estudios carentes de contenido con los que aparentar una actividad asesora, pactos que conllevan el endoso de las cantidades a recibir trasladadas a terceros, interpuestos, fiduciarios, fundaciones… Todo lo imaginable y más, durante años y sin ninguna clase de escrúpulos. El dinero fácil ha hecho necesario justificar unos gastos cada vez mayores, entrándose en una espiral en la que, al tiempo que hay que gastar cantidades crecientes en las campañas electorales, se precisa un número cada vez mayor de votos para incrementar el poder y la consiguiente capacidad de obtener recursos.

La comisión que está estudiando la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos ha propuesto hacer más transparentes las vías privadas de financiación. Con un cinismo propio de una clase política que carece de la decencia más elemental, aporta el argumento de que, de todas formas, siempre va a darse este tipo de financiación privada, luego más vale que sea transparente. Sin embargo, la cuestión no está en la transparencia u opacidad de la donación privada. Para que sea ética, la financiación sólo puede ser pública, pues la privada, tanto si proviene de particulares o de empresas, siempre será, por mucho que se quiera maquillar, una donación interesada. La financiación pública garantiza la igualdad de oportunidades, y su transparencia, como en cualquier partida presupuestaria, ni siquiera tendría que ser objeto de debate. La muestra más clara del beneficio interesado que suponen las donaciones privadas es el hecho, bien conocido, de que en los primeros años de la democracia las compañías eléctricas han ocupado el segundo lugar en este tipo de ayudas a los partidos políticos, después de los bancos. A través de la federación patronal Unesa, las compañías eléctricas aportaron casi 1.000 millones de pesetas de la época a cada una de las campañas electorales. Por supuesto, esta generosidad tuvo un precio entre 1977 y 1981: las tarifas eléctricas subieron globalmente en un 109%, mientras que en el mismo periodo el índice del coste de la vida sólo subió en un 90%. No hace falta hacer números para imaginar la suma total que pudo representar ese casi 20% de incremento en la factura energética del país. Sin duda, la generosidad «desinteresada» hacia los partidos políticos ha sido uno de los mayores negocios de las dos últimas décadas, oculto tras las cínicas justificaciones de los partidos políticos, de ciertos medios de comunicación y de los llamados creadores de opinión, que utilizan la expresión «financiación ilegal» para definir lo que no es otra cosa que cohecho y soborno.

La banca y las organizaciones patronales, por su disponibilidad de fondos, han sido el caldo de cultivo al que se refería Pujol como componente necesario para que pueda producirse la corrupción política. La primera intervención seria de la patronal en la política se registró en las elecciones autonómicas catalanas de 1980. Según lo manifestado por el ex presidente de la más importante organización patronal catalana, Alfredo Molinas, Fomento del Trabajo se fijó un objetivo muy concreto: «impedir que ganara el frente popular». Su objetivo era dar la vuelta al pronóstico de las encuestas, que otorgaban la mayoría a la izquierda en el Parlament de Cataluña. El pánico había cundido en el empresariado catalán, que se dedicó de lleno a la labor. La gran beneficiada del éxito de la operación fue la coalición CiU, aunque tuvo que arrastrar una gravosa hipoteca desde el comienzo de su andadura al frente del gobierno catalán. A partir de entonces, el empresariado exigiría su compensación por la ayuda prestada, con lo que comenzaba una historia de cobros, pagos y corrupción. Uno de los más destacados en esta tarea de pasar factura fue Artur Suqué, un típico representante de la burguesía catalana tradicional.

Al parecer, la primera vez que coinciden los intereses de Pujol con los de Suqué se remonta a 1977. La expansión de Banca Catalana había llevado a Pujol a participar en el Banco de Asturias, operación en la que coincidió con la Compañía de Activos Financieros S.A., presidida por Suqué, que ya se había hecho con un paquete accionarial suficiente para controlar dicho banco. Suqué actuaba como continuador de los negocios de su suegro Miquel Mateu Pla, ex alcalde de Barcelona y amigo personal del general Franco. Entre los negocios del influyente franquista estaba el Diario de Barcelona, una de las tentaciones de Pujol cuando suspiraba por el control de algún diario. Al final ni siquiera intentó el asalto, pues El Correo Catalán se le puso más a tiro. Suqué, que por aquella época veía la actividad de Pujol como algo folclórico, tuvo la habilidad necesaria para ocupar posiciones que permitieran incrementar su ya cuantioso patrimonio. Así, consiguió la concesión en régimen de monopolio del negocio del juego de casinos y loterías en Cataluña, mediante el control de la sociedad Luditec S.A. Con el tiempo, esta concesión monopolística dio lugar al estallido del «caso Casinos», en el que se destapó una descarada financiación irregular de CDC, junto con la expoliación de los fondos públicos para enriquecimiento de unos pocos.

LA «LOTO-GATE», EL SÍNTOMA DE LA CORRUPCIÓN

El 10 de septiembre de 1982 se cumplía el traspaso de competencias en materia de juego previsto en el Estatut d’Autonomia de Catalunya[1]. El 20 de marzo de 1984 el Parlament de Cataluña aprobó, con el consenso de todos los grupos políticos que componían la cámara, la Ley del Juego. El 17 de abril de 1986, dentro del proceso de desarrollo de la ley, se decidió crear la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) con el cometido de organizar, gestionar y recaudar de manera directa los ingresos públicos derivados de todos aquellos juegos autorizados por la Generalitat. A continuación, el 22 de mayo[2] se produjo un hecho de importancia capital: se asignó la dependencia de la EAJA a Presidencia, y por delegación al secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta. Lo más lógico hubiera sido que la EAJA dependiera de Gobernación, dadas sus competencias, pero como en este caso la lógica es escasa y los intereses abundantes, fue Presidencia la que se encargó del asunto durante el tiempo justo para, desde la privacidad de los despachos de Pujol y Prenafeta, mangonear la situación a su favor. Una vez resuelto el proceso de preparación y tomada la decisión sobre el adjudicatario entre las distintas ofertas, el trabajo quedaba hecho. De este modo, el 15 de enero de 1987 la entidad encargada de los juegos pasaba a depender de la Conselleria de Gobernación.

Presidencia decidió la contratación de Carles Vilarrubí[3]. Integrante de un círculo muy próximo a Pujol, fue encargado de gestionar la preparación del proyecto de las loterías de la Generalitat. Acababa de cumplir treinta y un años y carecía de experiencia y conocimientos en el sector de las loterías y el juego. Su tarea consistía en realizar el anteproyecto y fijar las bases para la concurrencia de ofertas, algo demasiado complejo para un profano, pero en su caso lo importante era su reconocida y demostrada lealtad. Para Pujol, la profesionalidad y la cualificación técnica son aspectos de importancia secundaria. El 9 de mayo, cuatro meses después de haber sido contratado, Vilarrubí fue nombrado director general de la EAJA. Con ello se recompensaba la fidelidad de un hombre que siempre ha transitado por cargos de especial interés para el president (posteriormente fue consejero de la Corporación de Radio y Televisión y trabajó con De la Rosa en el entonces proyecto del parque de atracciones Bush).

La falta de experiencia era un rasgo compartido por los componentes del consejo de administración de la EAJA, Andreu Gispert y Ramón María Llevadot. Más profanos incluso que Vilarrubí en este complejísimo sector, serían, junto con este último, los aparentes responsables intelectuales del proyecto. No obstante, preocupado por los problemas técnicos de la operación, Vilarrubí realizó varios viajes a los Estados Unidos y a Canadá, donde estableció contacto con Jean Marc Lafaille, ejecutivo de Gtech. lista compañía fue la que realizó finalmente el proyecto, estableciendo las bases de la oferta a la que debían concurrir los licitadores interesados. Nada tiene de punible que Vilarrubí buscara asesoramiento, pero no toda la tecnología y el conocimiento estaban en el extranjero. En Madrid había técnicos que dominaban plenamente esta materia. Además, no era necesario rodear la operación de tanto secretismo, a no ser que se tratara de ocultar el proceso por el que la compañía Gtech acabó formando parte de la sociedad que, por concurso, se adjudicó la explotación del juego en Cataluña.

El proceso de selección para adjudicar la explotación del juego, al que concurrió una amplia representación nacional e internacional de empresas de gran solvencia económica y técnica, se convirtió en la práctica en la consideración de una sola oferta, a la que Lluís Prenafeta ya había decidido de antemano conceder la adjudicación. El plazo para la presentación de ofertas fue claramente insuficiente: finalizaba el 30 de octubre y había sido convocado el 9 de septiembre. Además, la escasa información previa que se facilitó a las empresas concursantes contribuyó a oscurecer el proceso de selección. De este modo, una sociedad aún no constituida y sin ninguna tradición en el sector presentó una oferta excelente en todos los niveles, tanto técnicos como operativos, cumpliendo todos los parámetros exigidos. La compañía Gtech, que había asesorado a Vilarrubí para elaborar las bases del concurso, no perdió detalle en realizar esta oferta bajo el nombre de Luditec S.A., que fue la afortunada con la adjudicación el 5 de diciembre de 1986.

Un dato que demuestra la falta de rigor de esta adjudicación es la falta de solvencia de Luditec: su capital era de 500.000 pesetas, y no obstante se le adjudicó un proyecto de miles de millones. Se había constituido en Barcelona sólo tres días antes de que finalizara el plazo límite de la convocatoria de ofertas, por lo que resulta extraño que pudiera elaborar un proyecto técnicamente tan impecable, que debería haber requerido meses de trabajo, teniendo en cuenta que entre los concurrentes se hallaban las empresas con más solera en el sector del juego y las apuestas. Sin embargo, la composición del accionariado de Luditec no indica la participación de ninguna sociedad especializada en estas actividades.

El accionariado de Luditec S.A. estaba compuesto por la sociedad Imperial Trading and Development Ltd., con el 28%; la Caja de Barcelona, con el 20%; el Banco Hispano Americano, con el 20%, Inverama, con el 16%, e Inversiones Ponent, con otro 16%. La inversión inicial fue una insignificancia, pero el 19 de febrero de 1987 Luditec amplió el capital de 500.000 pesetas a 60 millones, lo cual resulta inexplicable, al igual que el hecho de que la Caja de Barcelona y el Banco Hispano Americano no participaran en esa ampliación, teniendo en cuenta que estaban previstos unos beneficios de miles de millones de pesetas. Se puede deducir, sin tener que hacer ningún malabarismo mental, que ambas entidades financieras fueron persuadidas, por alguien con la suficiente capacidad para hacerlo, para que participaran en el proyecto a fin de darle credibilidad, pactando previamente su retirada para cuando se hubiera adjudicado la concesión.

Si oscuro era el origen de Luditec, los movimientos accionariales posteriores a la adjudicación la invistieron de una opacidad poco recomendable para ser una adjudicataria de la Generalitat. De la Imperial Trading and Development Lda. nada se sabe, mientras que de Inverama e Inversiones Ponent se tuvo conocimiento de que estaban controladas por Artur Suqué[4] mediante la compra de participaciones. De este modo, la composición accionarial se transformó de la siguiente manera: Imperial Trading and Development Lda., 33% (antes 28%); Inversiones Ponent, 22% (antes 16%); Banco Central Hispano, un simbólico 0,16% (antes 20%); Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, 0,05% (antes 20%). Artur Suqué, a través de Inverama[5], había llegado a controlar el 44% del capital (antes el 16%).

El holding de empresas controladas por Suqué en el entorno de Inverama S.A., entre cuyos consejeros figuraba el omnipresente abogado Joan Piqué Vidal, dio lugar a Casinos de Catalunya S.A., dentro del grupo Casinos[6]. Lo que resultó escandaloso fue el hecho de que la sociedad adjudicataria de las loterías catalanas, Luditec, tuviera como socios mayoritarios a una sociedad fantasma, opaca y a todas luces instrumental como era Imperial Trading, junto con Inverama S.A., estructurada en holding, de manera que todas las empresas a las que de forma independiente se les fueron adjudicando las concesiones de juego en los casinos formaban una única propiedad accionarial.

Esto quiere decir que toda la concesión del juego en Cataluña se concentró en las mismas manos, tanto las concesiones individualizadas e independientes otorgadas a los tres casinos, que cuando concurrieron a la concesión eran empresas sin aparente vinculación, como la variante de la concesión de las loterías, que fueron adjudicadas a la empresa madre, Luditec S.A. El 8 de julio de 1986 fue cuando Casinos de Catalunya S.A. cambió de nombre para pasar a denominarse Inverama S.A. Anteriormente, bajo la denominación Casinos de Catalunya S.A. se habían unificado los tres casinos; ello ocurrió dos meses antes que se convocara la presentación de ofertas, tres meses antes de constituirse Luditec, cinco meses antes de adjudicarse las loterías y seis meses antes de la firma del contrato entre Luditec y EAJA.

Evidentemente para los grupos de la oposición no pasó desapercibido el tufo de corrupción que rodeaba esta adjudicación monopolística. El 27 de abril de 1986 se había puesto en marcha la Lotto-Ràpid, y el 21 de octubre la lotería 6/49. De inmediato, el 28 de octubre, todos los grupos de la oposición (PSC, PSUC, AP y ERC) exigieron la convocatoria de un pleno del Parlament para debatir la política del juego, que se celebró el 11 de noviembre. El grupo de CiU aceptó la creación de una Comisión de Investigación del Juego, que inició sus trabajos el 17 de noviembre y debía tener elaboradas sus conclusiones el 20 de diciembre. Si limitado era el periodo de investigación, las facilidades para el desarrollo de los trabajos de la comisión fueron nulas.

Los grupos de la oposición propusieron como presidente de la comisión al anterior presidente del Parlament, Heribert Barrera. También se solicitó que se constituyera una Comisión de Estudio formada por técnicos y especialistas que pudieran asesorar en las complejas materias que se iban a tratar. Estas dos propuestas iniciales fueron rechazadas por CiU. El presidente de la comisión no podía ser un personaje imparcial, y tampoco podía haber técnicos capaces de aportar luz al oscuro asunto; cuanto menos se entendiera, mejor. El 17 de noviembre empezaron los trabajos de la comisión, y el grupo parlamentario del PSC, al que se adhirieron el PSUC y ERC, solicitó que se estableciera un plan de trabajo que permitiera fijar objetivos antes de que se iniciaran las comparecencias. CiU se opuso de nuevo, y de forma unilateral impuso que la comisión fuera secreta, es decir, cerrada a los medios de comunicación, sin luz y taquígrafos que reflejasen lo que acontecía en sus sesiones.

Ninguno de los comparecientes solicitados por los grupos de la oposición fue aceptado. Sólo se llamó a declarar a los implicados directos, como Lluís Prenafeta, los miembros del Consejo de Administración de la EAJA y Artur Suqué y su secretario general, Antoni Aizpún, como únicos miembros del accionariado de Luditec; no había nadie externo, como los representantes de la Imperial Trading, el Banco Hispano Americano y la Caja de Barcelona, ni implicados indirectos, como los responsables de Gtech. CiU se opuso a las comparecencias solicitadas por la oposición con esta esperpéntica excusa: «Ésta es una lista inicial no cerrada y que posteriormente se podrá ir ampliando». Sí declararon, en cambio, el conseller de Gobernación y el de Economía y Comercio. El 10 de diciembre, cuando ya habían declarado todos los comparecientes impuestos por CiU, este grupo manifestó «que todo está aclarado, y no se ve la necesidad de ampliar la lista inicial; ésta ya es la lista final de los convocantes».

No hubo ninguna posibilidad de investigación. Comparecían ellos mismos, adjudicatarios y adjudicados, y ninguno de ellos estaba, lógicamente, interesado en proporcionar detalles para la investigación. Es más, para que no pudieran existir contradicciones entre los declarantes, CiU impuso una toma de declaración conjunta, violando todos los principios democráticos de una investigación parlamentaria. Así ocurrió con los miembros del consejo de administración de la EAJA y también con Arturo Suqué y Antoni Aizpún. De esta forma se podían ampliar, matizar y rectificar las declaraciones de las otras personas que participaban en la misma comparecencia. No había lugar a contradicciones; cada uno conocía lo declarado por el otro, de manera que sólo tenía que ratificarlo. Si hubieran declarado de forma individual e incomunicada la situación podría haber sido otra.

Las declaraciones estaban preparadas y adaptadas para que coincidieran con la versión que se había elaborado previamente. Todas las respuestas eran evasivas, alegando desconocer lo fundamental y refiriéndose a aspectos accesorios y anecdóticos. Nadie estaba dispuesto a asumir responsabilidades políticas, aunque les preguntaran las mismas cosas de diferentes maneras durante horas y horas. No había nada que hacer.

El inconveniente fundamental para los miembros de los grupos de la oposición en la Comisión de Investigación era la falta de documentación. Cuando ya habían comparecido los representantes de la EAJA y Luditec, aún no se había recibido la documentación solicitada. En la reunión del 10 de diciembre se reiteró la necesidad de disponer de la correspondiente documentación, ya que sólo faltaban cinco días para concluir la redacción del informe. Se solicitó la entrega de las actas mecanografiadas de las reuniones realizadas, pero nunca estaban disponibles. Los datos que sí se conocían eran los de la Conselleria de Gobernación, que no tenían ningún interés, los datos del Registro Mercantil, de disposición pública, e información incompleta de la EAJA.

El 23 de diciembre de 1987 se aprobaron las conclusiones de la Comisión de Investigación del Juego, impuestas por la mayoría absoluta de CiU. Nada irregular se había observado. Sin embargo, hay muchos hechos que fueron ocultados.

No se pudo contar con la comparecencia Marc Lafaille, directivo de la compañía Games Technology (Gtech), ni con su presidente, Robert K. Stem. La compañía Gtech no aparece como accionista de Luditec, pero Lafaille es el vicepresidente de esta última, lo que indica claramente la existencia de una relación. También se supo que se mandó a los Estados Unidos la traducción al catalán del proyecto presentado al concurso por Luditec, lo que hace suponer la colaboración de Gtech en dicho proyecto. Otra sociedad, esta vez canadiense, participó también en la actividad adjudicada a Luditec; se trata de la compañía Pollard Banknote Ltd., a la que se encargó realizar la impresión de los billetes de la Lotto-Ràpid. Estos billetes no eran transferidos directamente a la EAJA o a Luditec, sino que se utilizaba una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas del Canal, Dentech Limited, de oscura procedencia, con lo que la impresión de cada billete salía por el doble de lo que hubiera costado en Cataluña.

Los juegos de apuestas se extendieron a todos los puntos de venta que fueran capaces de originar ingresos, lo que supuso el incumplimiento de la Ley de Juego y, junto con las campañas publicitarias institucionales, contribuyó a incrementar la incidencia de la ludopatía. Al contrario de lo establecido en la ley, que pretendía limitar el fomento del juego, se lanzaron mensajes dirigidos a relacionar subliminalmente el juego con el sentimiento nacionalista: «La Lotto-Ràpid se queda en Cataluña», o «Es la única lotería que se juega, se gana y queda en Cataluña». Aparte de ser políticamente inmorales, estos mensajes publicitarios eran falsos. Otro de los incumplimientos de la ley fue la desviación de una parte importante de los ingresos obtenidos hacia bolsillos desconocidos de fuera de Cataluña y de España, lo cual menoscababa el principio por el que se creó la propia ley, que no era otro que el de canalizar recursos económicos a las arcas de la Generalitat. Ello fue el resultado de la delegación de funciones básicas en terceros, en contra de lo expresamente legislado. Un último incumplimiento de la ley fue la asignación de la concesión en régimen de monopolio.

La polémica parlamentaria en torno a las razones por las que la coalición CiU, y el Consell Executiu, vulneraron flagrantemente la ley e impidieron la investigación sobre un tema tan delicado como el juego deja entrever una estafa de grandes proporciones en la que participaron intereses mañosos internacionales y se desviaron miles de millones de pesetas que no serían ingresados por la Generalitat. Este debate estéril, fruto de la imposición de las decisiones tomadas por la mayoría absoluta, sólo era la antesala de lo que iba a acontecer apenas dos años después.

EL «CASO CASINOS», EN LA OPINIÓN PÚBLICA

En la edición de Barcelona del 11 de enero de 1990, el diario El País publicaba en su primera pagina una información con el titular «Casinos de Catalunya, acusada de desviar «dinero negro» hacia Convergència». Era el pistoletazo de salida del llamado «caso Casinos». La noticia hacía referencia a una querella que el ex director financiero de Casinos de Catalunya, Jaume Sentís, había presentado contra Artur Suqué Puig, presidente de Casinos de Catalunya y de Luditec, la empresa adjudicataria de las loterías de la Generalitat. Curiosamente, esta querella había estado dormitando desde el anterior 14 de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, hasta el momento en que fue filtrada a El País y se dio a conocer.

Sentís y Suqué habían estado negociando sin éxito sus diferencias desde el 1 de septiembre de 1989, cuando el primero dimitió como director financiero de Inverama S.A., después de haber ocupado diferentes cargos de responsabilidad en las empresas del grupo Casinos desde el momento de su creación, a finales de los años setenta. Las diferencias consistían, según la versión de Suqué, en la presión, con tintes de conminación o chantaje, que Sentís ejercía para vender un paquete minoritario de las acciones de aquél en el grupo Casinos, a las que ambos asignaban precios diferentes. Según Suqué, lo que pretendía el querellante era ocultar el desfalco que había efectuado en la sociedad por él presidida, calificado de muy importante.

En principio, Sentís y Suqué no llegaron a ningún acuerdo. En la negociación infructuosa que medió desde la dimisión de Sentís hasta la presentación de la querella todo quedó en la nebulosa, con versiones contradictorias por ambas partes. Lo cierto, al menos según lo descrito en la querella, es que Sentís acusaba a Suqué de distraer más de 2.000 millones, y que una parte de este dinero había sido entregada por vías fraudulentas a Francesc Gordo, responsable de las finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya, y al cajero-contable del partido, Albert Serra. La coalición que gobierna la Generalitat de Cataluña quedaba así salpicada por una pelea doméstica entre dos particulares, lo que demuestra lo difícil que es blindarse contra la verdad; el mundo da muchas vueltas, y nunca está todo atado y bien atado.

Al aparecer la noticia en El País, José María Sala, secretario de organización del PSC, manifestó: «Si se confirma esta acusación, estaríamos ante un hecho tan grave que pondría en crisis a la institución de gobierno de Cataluña. El gobierno de Pujol, y la mayoría que lo apoya, CiU, perderían toda legitimidad moral y política». La historia que contó CDC fue muy distinta. En un comunicado difundido por los medios de comunicación se negaba «haber recibido nunca ninguna cantidad, ni en forma de talón, cheque bancario o dinero en efectivo, que tenga como procedencia alguna de las personas o entidades mencionadas en la información». En otro párrafo de este comunicado se leía: «Habiendo hablado con los señor [sic] Albert Serra, CDC constata que no ha tenido ninguna relación de contenido económico ni con las entidades ni personas protagonistas de la querella ni se le ha entregado cantidad alguna por parte o en nombre de las citadas compañías». En el texto original del comunicado se aprecian claramente cinco espacios en blanco antes del nombre de Serra, lo que delata, junto con el artículo en plural, las modificaciones que fueron realizadas cuando el texto del comunicado ya estaba mecanografiado. La defensa de Gordo no debía estar en esos momentos bien definida. Lo que sí se había definido era la estrategia política para contrarrestar la acusación, a la que se aferraron como lapas, manteniéndola, con matizaciones, hasta ahora.

En el primer punto del comunicado de Convergència ya se perfilaba esa estrategia: «Es falso que se haya presentado una querella en la que se acuse a Casinos de Catalunya de desviar dinero negro hacia CDC». Con la excusa de que no se mencionaba en la querella a CDC, el partido pretendió demostrar su total desvinculación del asunto, hasta tal extremo que los dos personajes explícitamente citados como destinatarios de los cobros, Gordo y Serra, dejaron de aparecer como los responsables financieros del partido. La estrategia de defensa numantina de CDC se basó en presentar el caso como una discusión de terceros, Suqué y Sentís, y en culpar a la prensa de la difusión de informaciones infamantes sobre el «caso Casinos». A los convergentes no les parecían oportunas ni siquiera las preguntas.

Raimon Escudé, portavoz de CiU, llegó a afirmar lo siguiente: «Preguntar es colaborar en la injuria y la calumnia». Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, respondió a esta manifestación de prepotencia: «Sostener que el mero hecho de preguntar es difamar es ir contra el sistema democrático».

En tales circunstancias, CDC no vio otra solución que la de llegar a un acuerdo con Sentís, lo cual, lógicamente, no se supo en su momento, aunque se intuía. El pacto consistió en la entrega de 300 millones de pesetas para que retirase la querella, a cambio de que Suqué retirara una denuncia que Casinos de Catalunya había interpuesto por apropiación indebida. En el punto cuarto del pacto se fijaba que las 1.554 acciones que Sentís poseía de la compañía servirían para cancelar la deuda de 127 millones que había motivado la denuncia de Suqué. Además, para zanjar el problema definitivamente, Sentís debía abandonar durante dos años el país, con lo que se evitarían declaraciones a la prensa, al juez instructor o a una posible comisión de investigación parlamentaria. Mientras tanto, Pujol, muy en su papel, manifestaba: «Soy partidario de la máxima claridad en este tipo de asuntos, y no temo los resultados de una investigación». Así, cualquiera.

Para que lo representara en la querella, Suqué había nombrado como abogado a Luis Muñoz Sabaté, pero el que negoció con Sentís fue el abogado Juan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el «caso Banca Catalana» y consejero secretario de Casinos de Catalunya. Otro de los abogados que negociaron con Sentís fue Jaume Pujol, que había sido uno de los consejeros incluidos en la querella que la Fiscalía interpuso contra Banca Catalana. Lógicamente, Jordi Pujol sólo podría encomendar una negociación de este tipo a un núcleo restringido de fieles colaboradores. En consecuencia, Sentís comunicó al juzgado que se apartaba del procedimiento, sin explicar en ningún caso los motivos de su decisión. Ante este hecho, el fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, intervino al considerar que los presuntos delitos que se mencionaban en la querella eran perseguibles de oficio. Éstas fueron sus palabras: «Con independencia que el querellante haya resuelto apartarse del procedimiento, el Ministerio Fiscal debe comprobar si existió delito o no».

El principal problema con que se encontraba la Fiscalía era la aportación de pruebas, y aquí Sentís, o su abogado, habían jugado hábilmente. La documentación que respaldaba las acusaciones en la querella no aparecía, y el procurador de los tribunales, Santiago Puig de la Bellacasa, que la había presentado en nombre de Sentís, confirmó que dicha querella no iba acompañada de documentación complementaria, contrariamente a lo que se afirmaba en ella. Vicente Baldó, el abogado que representó a Sentís, manifestó: «Posteriormente a la interposición de la querella, un procurador ha presentado ya la documentación complementaria». Pero dicha documentación no había llegado al juzgado, y el procurador justificó esta contradicción indicando que se debía a un error de su secretaria, que utilizó un modelo tipo de querella en cuyo apartado de diligencias a practicar aparecía la siguiente fórmula: «2°.- Documental: Reproducción de los documentos que se acompañan con la presente querella». Extraña circunstancia, ya que son los abogados los que redactan las querellas, y ésta aparecía firmada por «Vicente Baldó del Castaño, colegiado nº 8.011». Los procuradores de los tribunales se limitan a presentarlas en los juzgados.

La Fiscalía requirió a Sentís la documentación complementaria, que tenía obligación de entregar, pero el ex director financiero de Casinos ya no estaba para estos legalismos: simplemente, había desaparecido. Entonces, el fiscal jefe manifestó: «La Fiscalía acudirá a otras vías para obtener ese tipo de información». Si se refería a realizar una inspección fiscal en la sede de Casinos de Catalunya, ello ya no servía para obtener esa información, pues la empresa de los casinos y las loterías había destruido toda la documentación que pudiera comprometerla y acusaba a Sentís de habérsela llevado. También le acusaron de ser el responsable de las irregularidades en la contabilidad, lo que dio pie a que las cuatro empresas que componían el holding se apresuraran a presentar a Hacienda declaraciones complementarias de los impuestos satisfechos en los últimos ejercicios; de esta manera, al anticiparse a las inspecciones evitaban las sanciones.

La evidencia de que se trataba de un caso de financiación ilegal del partido, a pesar del pacto con Sentís, era el hecho de que el principal flujo de dinero canalizado hacia Convergència se había instrumentalizado a través de facturas falsas, correspondientes a estudios de mercado no realizados y cuya comprobación resultaba difícil, pues siempre se podría realizar un estudio posterior pero con fecha coincidente. Lo que en principio no tenía solución era la gran cantidad de facturas falsas en concepto de inserciones publicitarias que habían extendido diversos medios de comunicación controlados directa o indirectamente por Convergència. Cada factura, lógicamente, tenía lecha, y ésta debía corresponderse con la de la inserción publicitaria. Si los anuncios no figuraban en los periódicos o revistas, lo cual era fácilmente comprobable consultando una hemeroteca, se demostraba la falsedad de las facturas.

La solución práctica no podía ser más sencilla. Dado que financiadores, financiados y colaboradores de éstos estaban todos de acuerdo, se había establecido un contrato de patrocinio, que tenía fecha anterior a la primera factura falsa, en el que se establecía que el patrocinador en todos los casos, Casinos de Catalunya, facultaba al patrocinado, que eran los distintos medios de comunicación que habían colaborado extendiendo facturas falsas, para facturar a su libre disposición, aunque la publicidad no hubiera sido insertada. Esta libre disposición quedaba acotada por el importe total del patrocinio, incongruencia supina pero legal desde el punto de vista formal. Se pasaba de la factura falsa a la factura a cuenta, y ésta era legalizada pagando los impuestos correspondientes, de ahí las declaraciones complementarias a la hacienda pública. Sin embargo, este planteamiento no pudo aplicarse a todas las empresas que habían colaborado en la extensión de facturas falsas, pues faltaba el motivo de ese patrocinio. Al final sólo se aplicó a Premsa Catalana S.A., la editora del diario Avui. Pujol, cada vez que se le preguntaba sobre el tema, respondía la parrafada repetida una y otra vez: «Soy partidario de la máxima claridad en este tipo de asuntos, y no temo los resultados de una investigación».

Para no tener que lamentar los resultados de una investigación, lo mejor es que no la haya. Los socialistas, que hasta este mismo momento habían sido los más críticos con todo el affaire del juego, remontándose al origen de las concesiones en esta materia, habían solicitado una y otra vez la revocación del contrato con Luditec y Casinos de Catalunya y sostenían sólo unos días antes que, de confirmarse las acusaciones, se estaría ante el hecho más grave de los cometidos por la coalición CiU, la cual quedaría moral y políticamente deslegitimada. De un día para otro, el portavoz socialista Higini Clotas sorprendió a todos al alinearse con la postura de CiU de no convocar un pleno parlamentario que pudiera dar origen a una comisión de investigación. La argumentación del PSC fue que ya existía «una investigación judicial sobre el caso Casinos», con lo que la vía judicial se convertía en la coartada perfecta, como si fuera incompatible con la exigencia de responsabilidades políticas. En aquellos días había aparecido el «caso Juan Guerra» como caído del cielo para Pujol, que no iba a desaprovechar esa oportunidad de silenciar al grupo mayoritario de la oposición. Se habían sentado las bases para que tres años después, en 1993, la coalición CiU diera soporte y estabilidad al gobierno del PSOE.

No dio más de sí el escándalo, iniciado en 1986, con la adjudicación del juego en monopolio a Luditec S.A. Convergència había superado en diciembre de 1987 una comisión de investigación, y ahora, en 1990, desactivaba una denuncia que confirmaba las sospechas fundadas de que la concesión del juego se había hecho a cambio de cuantiosas sumas de dinero que habían ido a parar a quien tenía la facultad de otorgarla. El caso, cerrado en falso, no sólo revelaba un procedimiento de financiación ilegal del partido, sino la desviación de miles de millones que dejaban de ser ingresados en las arcas de la Generalitat.

Este cierre en falso tuvo su continuidad dos años después. En enero de 1992 Jaume Sentís reapareció y se presentó de nuevo en el juzgado. Poco antes, en diciembre de 1991 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia había ordenado a la Policía Judicial que intensificase su búsqueda, «ante las sospechas de que el contable ha regresado a España». Realizó dos comparecencias ante el magistrado instructor Ramón Gomis, la primera el 10 de enero, donde ratificó punto por punto la querella presentada, determinando la cuantía del importe desviado en 3.000 millones de pesetas; y la segunda el 14 de febrero, en la que aportó más de mil documentos. En la primera comparecencia presentó la correspondencia que había mantenido con Gordo y Serra. Una de las cartas de este último era una nota mecanografiada y firmada por él mismo en la que decía lo siguiente: «Sr. Jaime Sentís: le ruego que revise las dos facturas adjuntas y me comunique su conformidad o las rectificaciones que sea necesario introducir; al recibir sus noticias actuaré en consecuencia, así como gestionaré los correspondientes recibos». Esta nota iba acompañada de una tarjeta en la que figuraba como «secretario técnico del Grupo Parlamentario de Minoría Catalana», con el domicilio de la sede de la máxima dirección de CDC, en el Paseo de Gracia, 88. Sentís declaro que Serra, al no encontrarlo en su despacho el 19 de enero de 1988, dejó la nota a su disposición en los locales de Casinos.

También tenía correspondencia de Francesc Gordo: dos tarjetas escritas por el reverso, así como una nota manuscrita, firmada y rubricada por el responsable financiero de CDC. Las dos tarjetas de Gordo están fechadas el mismo día, el 11 de noviembre de 1985. En una de ellas se puede leer: «Estimado Sr. Sentís: éstos son los recibos de las facturas que ya están en su poder. Usted aplicará los mismos a sus empresas, como crea conveniente». En otra le recuerda: «Me ha de devolver las matrices de los recibos». La tercera nota tiene fecha de abril de 1988, cuando Gordo tiene ya la suficiente confianza con Sentís como para tutearle: «Estimado Jaime: cuando nos veamos por el “afer” [sic] de las facturas, ya me darás el recibo correspondiente». Hay también una referencia a una petición que Sentís había dirigido a Gordo sobre la posibilidad de convertir en funcionaría de la Generalitat a una señorita recomendada; Gordo le comunica que ha tomado buena nota y que la petición será atendida en la primera ocasión que se presente.

Vuelven a aparecer nubes de tormenta. IC se moviliza para solicitar que el Parlament convoque un pleno extraordinario que ponga en marcha una comisión de investigación sobre la posible implicación de Convergència en el «caso Casinos». Rafael Ribó, presidente de IC, manifiesta: «Existen indicios que prueban esta implicación». Y señala a Gordo y Serra, de los que dice lo siguiente: «Frecuentaban, eran conocidos y recibían pagos en la sede de Casinos, y al menos una vez Sentís pagó dinero a Serra a cambio de unas facturas falsas». A la petición de IC se unen PP y ERC. Los socialistas no están por la labor y declinan pronunciarse: «Lo mejor es dejar actuar a la justicia». Miquel Roca declara que los nacionalistas están obligados a «actuar para reslablecer la verdad», su verdad manufacturada, y continúa: «Es mentira que en Convergència alguien haya recibido, ni directa ni indirectamente, ningún tipo de dinero».

Ángel Colom, por ERC, denunció los «curiosos silencios» del PSC y de CiU en los casos de corrupción económica, «como si hubiese connivencia entre los poderes español y catalán». Pujol declara que se siente muy tranquilo al respecto y desvía las acusaciones a la vía muerta judicial: «Si hay algo, el juez ya lo dirá, esto son cosas que se deben demostrar». Pero lo cierto es que, aunque se demostraran, no podrían penetrar en el blindaje que protege a Pujol, quien, en su mejor papel victimista, declara: «Siempre que se acerca una campaña electoral te persiguen para demostrar operaciones incorrectas. A mí me han perseguido con saña y me intentaron involucrar y juzgarme por algo que no hice», en alusión a Banca Catalana. No obstante, la proximidad de las elecciones, previstas para el 15 de marzo, obliga a hacer concesiones: «He pedido a Raimon Escudé, el portavoz parlamentario de CiU, que una vez pasadas las elecciones la coalición pida que el tema Casinos de Catalunya sea tratado en el Parlament». Para demostrar la falta de solidez de las acusaciones es mejor adelantarse, de manera que la investigación parta del propio acusado: «No creo que sea el momento de tratarlo ahora porque tampoco podría celebrarse el pleno». No era cuestión de entrar en campaña con este espinoso tema.

EL PARLAMENTO NUEVAMENTE EXECRADO: LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL «CASO CASINOS»

Por segunda vez se pidió una investigación parlamentaria sobre las concesiones del juego y las loterías de la Generalitat. En esta ocasión, y para que quedase constancia, fue la propia coalición CiU la que la solicitó al Parlament. Pero no se trataba de constituir una comisión encargada de investigar los hechos, sino de crear un instrumento para lavar la cara al gobierno de Pujol. El PSC exigió la inmediata rescisión de los contratos con Luditec S.A., como lo había hecho dos años antes, cuando se pretendió crear esa misma comisión. Nada se pudo hacer, la mayoría absoluta de CiU abortó cualquier posibilidad de investigación real. Las conclusiones finales de la comisión de investigación constituyeron una exaltación del buen hacer del gobierno de Pujol: «Sobre estos hechos han aparecido en algunos medios informativos, en diferentes ocasiones, elucubraciones, afirmaciones, filtraciones de hipotéticos documentos o declaraciones, de origen no acreditado o emanados de la federación de partidos políticos Iniciativa per Catalunya, la cual tiene acceso reservado a las diligencias judiciales, por el hecho de que actúa como parte que ejerce la acción popular. De la documentación oficial examinada y de las comparecencias realizadas frente a la comisión no aparece ninguna relación de cualquier tipo entre las empresas titulares de las autorizaciones y un partido político o una coalición electoral». Un alto cargo de CDC exponía sin ambages que nunca un grupo parlamentario con mayoría en un parlamento consentiría que la cámara cuestionase su honorabilidad. Raimon Escudé fue más explícito: «En una democracia, la minoría tiene el derecho de hablar y la mayoría, el derecho de decidir».

Fue el 29 de abril de 1992 el día en que el Parlament de Cataluña creó la Comisión de Investigación del Caso Casinos[7]. Desde el primer momento estuvo claro que aquella comisión de investigación no iba a llegar a otra conclusión que no fuera la completa exculpación de CDC. Sólo había que observar los objetivos que se había fijado: el primero, conocer a los titulares de las autorizaciones de los casinos (como si no se conocieran ya de sobra); y a continuación, relacionar las autorizaciones de apertura, determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, etc. El problema es que no eran éstas precisamente las cuestiones que se ponían en entredicho; lo que se había debatido en el Parlament era la supuesta financiación irregular del partido en el gobierno.

Al margen de esas cortinas de humo, sólo en el punto 5 se daba una pincelada de lo que realmente constituía el núcleo del debate, aunque se planteara de una forma esperpéntica: «Documentación oficial de las mencionadas sociedades, con el fin de evaluar la eventual relación comercial o trato mercantil de cualquier tipo entre éstas y cualquier partido político o coalición electoral». Resultaba realmente inconcebible que la investigación se basara en la documentación oficial de las sociedades concesionarias de la explotación del juego para dilucidar su relación con algún grupo político. ¿Cómo iban a tener esas sociedades alguna documentación oficial sobre actividades que no eran comerciales o mercantiles, sino claramente delictivas? Nadie podría creer que un licitador de obra pública o un concesionario de cualquier actividad promovida por la Generalitat de Cataluña disponga de algún documento oficial que diga: «Después de haber ingresado en su cuenta cien millones de pesetas, rogamos nos faciliten el comprobante de pago correspondiente»; o bien: «El contrato suscrito por ambas partes, en el que nos comprometemos a financiar en tantos millones, será elevado a público». Lo que pretendía Convergència era evitar que se presentaran como pruebas las tarjetas y notas manuscritas y firmadas por Gordo y Serra que fueron dirigidas a Sentís, las cuales habrían puesto de manifiesto que existía una relación dineraria, a pesar de lo manifestado en contra por los receptores de los fondos.

Otra ridiculez era hablar de las relaciones, mercantiles o de otro tipo, entre esas empresas y «cualquier partido político o coalición electoral». No era cualquier partido o coalición electoral: era el partido Convergència Democràtica de Catalunya y la coalición electoral CiU. Sin embargo, ni en los objetivos de la comisión de investigación, ni en el curso de las pesquisas, ni en las conclusiones finales aparecieron citadas CDC o CiU, pese a que el dinero había sido entregado a sus responsables financieros, Gordo y Serra.

Entre toda la documentación reclamada por la comisión a los tres casinos se incluía la siguiente: «Certificación acreditativa de cualquier relación o trato comercial mantenidos con cualquier partido político o coalición electoral». Parecía una broma, pero se solicitó, y la respuesta no se hizo esperar. El 15 de junio los tres casinos remitieron sus correspondientes escritos, que terminaban con la siguiente frase: «La inexistencia de relación comercial o trato mercantil con cualquier partido político o coalición». Ésta fue la prueba concluyente y definitiva que la comisión consideró como válida para exonerar de todo tipo de responsabilidades políticas al partido del gobierno. Si algo estaba claro era que la denuncia había partido de una discusión interna en el seno del grupo Casinos, y no iba ser éste el que certificara los actos punibles, pues ello conduciría fulminantemente a la pérdida de la concesión del juego. Cinismo, auténtico cinismo.

El Partido Popular, antes de que la comisión de investigación designara sus objetivos y, en consecuencia, delimitara el ámbito de su investigación, hizo la siguiente proposición: «El Grupo Parlamentario Popular propone que, antes de entrar en la confección y aprobación del Plan de Trabajo, se tome declaración personal al señor Jaime Sentís, ya que del resultado de las explicaciones del citado señor se vería más claro por dónde habrían de orientarse los trabajos de la Comisión». Elemental, pura lógica, pero la petición fue desestimada. Si se hubiera permitido la comparecencia de Jaime Sentís en la comisión de investigación, ésta forzosamente habría tenido un ámbito de actuación muchísimo más concreto que el ambiguo y genérico con que se planteó.

En la querella se describía el mecanismo utilizado para los diversos pagos irregulares. El texto decía literalmente: «Se expedían, por orden del querellado [Artur Suqué], como documentos justificativos de estas entregas falsas de cobertura sobre publicidad, que aparentemente correspondían a anuncios publicados o emitidos por medios de comunicación de Cataluña, y sobre encuestas que nunca se realizaron también se expedían recibos falsos». En otro párrafo, también literal, se decía: «La contabilización de facturas falsas, conseguidas a través de personas que hacían constar falsos servicios de proveedores». Todo ello se exponía en términos genéricos, aportando cantidades globales, en los diferentes apartados de la querella, en la que se mencionaban los nombres de Gordo y Serra como receptores de diversas cantidades.

La documentación presentada por Sentís, con todos los datos pormenorizados y con todos los cheques y talones que fueron entregados como pago de las facturas falsas, habría permitido especificar esas cantidades globales que se mencionaban en la querella. Esos cientos de documentos incluían las fotocopias de los talones firmados al dorso por Gordo y Serra a modo de recibo, así como las de las facturas falsas expedidas por diferentes empresas y sus correspondientes recibos. El aparato convergente vio la necesidad de manipular la acción judicial e imponer limitaciones para que esa documentación no llegara a la comisión de investigación. En consecuencia, el presidente de dicha comisión, el portavoz del grupo de CiU, Ramón Escudé, se preocupó especialmente de que los trabajos de la comisión y las comparecencias «no afecten a los trámites y a las resoluciones judiciales». Este es el punto central, limitar las comparecencias: «La comisión podrá requerir la comparecencia y declaración de los directivos de las sociedades concesionarias de los casinos de Catalunya, así como de las autoridades y funcionarios que hayan intervenido en nombre de la Administración». Evidentemente, con esta limitación Sentís no podía ser llamado a declarar, puesto que ya no era directivo de la empresa concesionaria, ni tampoco era una autoridad ni un funcionario. También se excluía así a Gordo y a Serra, ya que no eran funcionarios ni habían intervenido en nombre de la Administración.

Sólo podrían ser llamados a declarar aquéllos que exaltaran el buen hacer del gobierno de Pujol. Quedaban excluidos los principales protagonistas de lo que debía haberse investigado. Era, por tanto, una comisión hecha a la medida para evitar la inculpación de los auténticos responsables. La carencia del más elemental sentido democrático se puso de manifiesto no sólo con la interpretación de la mayoría absoluta como una forma de imponer la impunidad absoluta, sino con el desprecio del propio Reglamento de la cámara, que especifica que las comisiones de investigación pueden llamar a declarar a todo aquél que consideren oportuno. Joan Saura, portavoz de IC, preguntó: «¿Es que alguien va a considerar serio el trabajo de una comisión investigadora que no puede llamar a declarar a los protagonistas centrales del asunto, que son los señores Sentís y Gordo?». La respuesta la dio, de forma contundente, Ramón Escudé: «A menudo tenemos una imagen de las cosas formada a través de la televisión, pero esto [el Parlament] no es el Senado norteamericano». Tal manifestación es una muestra más del deseo de los convergentes de confundir las cosas. El Parlament de Cataluña es tan soberano como lo pueda ser el Senado de los Estados Unidos; la única diferencia es que la coalición mayoritaria, con su prepotencia, lo ha convertido en un parlamento propio de república bananera.

Abortada toda posibilidad de que la comisión de investigación pudiera incidir en el núcleo de la cuestión, la financiación irregular de CDC, los convergentes se preocuparon de excluir de ella cualquier resquicio de democracia y transparencia con la siguiente decisión: «De acuerdo con el Reglamento del Parlamento, los representantes de los medios de comunicación no podrán asistir a las sesiones de la Comisión». Tal prohibición chocaba frontalmente con la profusión de medios a la que Pujol nos tenía, y nos tiene, acostumbrados, con el «passem comptes» («pasemos cuentas») como expresión de la publicidad pormenorizada acerca de la labor realizada por el gobierno de la Generalitat.

La estrategia adoptada por la cúpula del aparato convergente consistía simplemente en desmarcar a CDC, a la coalición CiU y al Consell Executiu de cualquier relación con un asunto que se entendía como un mero conflicto entre dos particulares. Así se expresaba en las conclusiones finales de la comisión de investigación: «El llamado caso Casinos consiste en la existencia de unas acciones judiciales de naturaleza criminal, cruzadas entre los señores Jaume Sentís Abad y Arturo Suqué Puig, ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona».

La acusación contra Francesc Gordo, el responsable de finanzas del partido, quedaba en el limbo. En las elecciones generales de 1986 había sido el cajero de la campaña del Partido Reformista Democrático y se le consideraba responsable de la recaudación de fondos para las campañas electorales de CDC a través de su cargo de director financiero y administrativo de Convergència, que desempeñó entre los años 1984 y 1986, periodo en que tuvieron lugar muchos de los hechos denunciados. Gordo había llegado al pujolismo por la vía bancaria. Veterano colaborador de Pujol en Banca Catalana, ocupó en el grupo diversos cargos de responsabilidad, como los de director general del Banco Mercantil de Manresa y vocal y consejero delegado del Banco de Girona. Miembro del grupo fundador de Convergència, ocupó, entre otros cargos públicos, los de comisario de Protección y Seguridad Ciudadana, director general de Seguridad Social, director general del Instituto Catalán de Servicios Sociales y representante del Consell Executiu en el COOB 92. Casi nada. No es de extrañar que un dirigente de CDC manifestara: «La historia del partido, sin Francesc Gordo, no se puede escribir». Sin embargo, a la hora de exigir responsabilidades, no era nadie.

La reacción de la oposición no pudo ser otra que un resignado derecho al pataleo. El Partido Popular apuntó: «Los puntos del primero al cuarto no han sido más que desviaciones en el trabajo y la atención de la comisión; por lo que hace referencia al punto quinto, objetivo prioritario, ha quedado sin investigar. […] La obstrucción de la investigación en el punto quinto ha hecho que el presidente de la Generalitat no haya podido dar cumplimiento a la promesa electoral». No podía ser de otra manera. Ni promesas electorales, ni decencia política.

El Partido Socialista de Cataluña, con evidente resignación, exponía: «El grupo de CiU ha impedido con sus votos que la comisión pudiera cumplir el mandato del Pleno del Parlamento al no permitir la comparecencia del señor Artur Suqué, presidente del holding del juego, Inverama S.A. […] Al mismo tiempo, el grupo de CiU ha impedido que se pudiera solicitar y examinar toda la documentación necesaria, y que pudiera declarar el señor Jaume Sentís, ex director financiero de Inverama S.A. […] Al impedir CiU que se investigara Inverama S.A. y que comparecieran sus máximos responsables, se puede afirmar que no se ha investigado el caso Casinos». Sin embargo, todas estas manifestaciones del Grupo Socialista, entre resignadas e indignadas, no tienen presente el hecho de que los diputados socialistas se abstuvieron en la votación que restringía la lista de personas que podían ser llamadas a declarar. La decencia política no es la mayor virtud, ni de unos ni de otros.

Iniciativa per Catalunya, parte personada en el sumario contra Suqué como acusación popular, quiso aportar a la comisión la documentación que Sentís había presentado en el juzgado. No fue posible. No sólo se impedía la comparecencia de Sentís, sino que tampoco se permitía aportar la documentación en que éste había basado la querella. Iniciativa se manifestó en estos términos: «El Parlamento de Cataluña constata que la Comisión de Investigación sobre el caso Casinos no ha podido desarrollar y realizar sus funciones, como consecuencia del obstruccionismo político del Grupo Parlamentario CiU. El Parlamento de Cataluña lamenta que documentos y hechos que pueden estar relacionados con un hipotético desvío de recursos económicos de Casinos de Catalunya, ahora Inverama S.A., a Convergència Democràtica de Catalunya, no se hayan investigado, ni se hayan podido efectuar comparecencias de las principales personas vinculadas con los hechos motivo de la investigación por el obstruccionismo político de CiU. El Parlamento de Cataluña manifiesta que permanece pendiente de la aclaración definitiva del llamado caso Casinos».

Hasta hoy el Parlament de Cataluña permanece pendiente de la aclaración definitiva. Por cierto que uno de sus grupos, el formado por Esquerra Republicana de Catalunya, en los primeros momentos manifestó que no asistiría «a las reuniones de la comisión hasta el momento en que se produzcan determinados acontecimientos». Concluida la investigación todavía los seguía esperando. Después se supo que esta postura inicial de ERC se debió a su desacuerdo con el hecho de que la comisión estuviera presidida por un convergente. En abril de 1994 se adhirió a una propuesta de IC, también secundada por PP, para que el Parlament convocara un pleno extraordinario que diera lugar a una nueva comisión de investigación, propuesta que no prosperó por el rechazo del PSC y CiU. Posteriormente hubo otro conato de petición para que el asunto fuera investigado en comisión por el Congreso de los Diputados.

La comisión de investigación aún dio algo más de sí. En un ejemplo encomiable de respeto a la administración de justicia, determinó lo siguiente: «La comisión no efectuará ninguna actividad, ni sus miembros individualmente […] mientras la comisión de investigación no disponga de la documentación emanada de la autoridad judicial». Así, por conducto de la Mesa del Parlamento, el 15 de mayo se solicitaban al magistrado instructor los siguientes documentos: «1. Relación de las actividades realizadas, en curso de realización o en propósito de realización en las actuaciones de diligencias previas número 23/90-C. 2. Testimonio de las declaraciones efectuadas por los declarantes comparecidos en las diligencias previas, y toda otra información que la autoridad judicial entienda que es adecuada». ¿Se trata de cinismo o de ignorancia supina? Se supone que los parlamentarios forman parte de una institución legislativa, y sin embargo desconocen por completo un concepto básico de la administración de justicia: en unas diligencias previas, el secreto del sumario está restringido a las partes personadas. A cualquier aspirante a funcionario del cuerpo de Correos, por ejemplo, se le exigen conocimientos acerca de la Constitución y las leyes; en cambio, para diputado sirve cualquiera, y no es preciso saber nada de eso. Aunque, en este caso, más bien se trata de cinismo, pues los miembros del Parlament sabían perfectamente, pues para eso tienen asesores cualificados, que el juez denegaría la petición. Lo importante, no obstante, era que quedara constancia de que la comisión de investigación solicitó esa información, y de que fue el magistrado quien la negó.

La respuesta del juzgado llegó el 5 de junio, y en ella, lógicamente, el magistrado ilustraba a sus señorías: «En contestación al oficio dirigido por el muy Honorable señor Presidente del Parlament de Catalunya y en relación con la solicitud de la Comisión que preside y que acordó en la sesión del pasado día 15 de mayo, según acuerdo del día de la fecha, [se comunica] la imposibilidad de poderla satisfacer, dado que las diligencias previas número 23/90-C se hallan en fase de instrucción. De acuerdo con el articulo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias serán secretas hasta la apertura, si es necesario, del juicio oral, es decir, reservadas al conocimiento de las partes personadas como imputados o ejercitantes de la acción particular o popular». Era la coartada que estaban esperando los convergentes, pero el magistrado les hizo una matización inesperada. A continuación de esta exposición pedagógica, les explicaba lo siguiente: «Les pongo de manifiesto que el secreto que afecta a las actuaciones sumariales no se vulnera si se obtiene información sobre los hechos objeto del procedimiento por otros medios». Malas noticias: el juez instructor les informaba de que la comisión podía desarrollar su propia investigación, y que la instrucción judicial no se consideraría interferida si los parlamentarios obtenían información por sus propios medios. En otras palabras, el juez daba vía libre a sus pesquisas.

La coartada que habían preparado con la determinación de no efectuar ninguna actividad «cuando ésta interfiera la administración de justicia» se venía abajo. En pleno desconcierto, optaron por hacerse los sordos y acordaron lo siguiente: «En la reunión del día 11 de junio, la comisión acuerda solicitar a la Mesa del Parlamento un informe o un dictamen sobre el texto de la respuesta del magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, previamente solicitada por la comisión». Aunque la comunicación del magistrado era meridianamente clara, los miembros de la comisión tenían que solicitar a la Mesa del Parlamento un informe al respecto. Ante una solicitud tan peregrina, la Mesa respondió de la única manera que podía esperarse: «La Mesa del Parlamento, en fecha 17 de junio, considera que no es necesario acceder a dicha solicitud».

El Partido Popular ejerció el derecho al pataleo: «En la carta-oficio del juez magistrado de fecha 29 de mayo, en la que manifiesta que las actuaciones se encuentran en fase de diligencias previas y por tanto sometidas por esta razón al secreto sumarial, se da una salida a la investigación de la comisión sin interferencias en el procedimiento judicial, al indicar en el último punto del escrito que el secreto que afecta a las actuaciones sumariales no queda vulnerado si se obtiene información por otros medios. A pesar de ello, fue rechazada la documentación que quería aportar a la comisión el representante del grupo parlamentario Iniciativa per Catalunya». Ni caso. Pese a que el juez había dado vía libre para que comparecieran los principales implicados, Sentís y Serra, Escudé se amparó en el párrafo que decía «que las diligencias son reservadas al conocimiento de las partes personadas en el proceso». Ante las supuestas discrepancias surgidas en la interpretación del texto, la oposición sugirió que fuera solicitada al juez una aclaración, propuesta que CiU rechazó.

Uno de los seis testigos citados a declarar, José Luis Guirao de Parga, presidente del consejo de administración del Casino de Lloret de Mar S.A. y apoderado de los tres casinos existentes en Cataluña, se mostraba cuidadosamente aleccionado el 17 de junio, antes de someterse a las preguntas de la comisión: «Es evidente que nosotros entendemos que hemos de respetar absolutamente el secreto correspondiente a la fase sumarial en que se encuentra». No dijo nada, al igual que Antonio Aizpún, director general de Luditec S.A. En el mismo sentido se pronunciaron otros comparecientes. Xavier Civit, director general del Juego de la Generalitat, y el conseller de Gobernación, Josep Gomis, se remitieron al hecho de que el departamento de Gobernación había decidido no investigar el caso Casinos porque se hallaba en manos del juez. El conseller de Gobernación se acogió al dictamen jurídico de un catedrático de la Universidad de Madrid especialista en Derecho Administrativo, que aplaudió con entusiasmo su actitud. A la salida de la comparecencia manifestó que la sesión fue «muy clarificadora, porque se ha podido demostrar, incluso documentalmente, que la actuación del departamento fue correcta».

El director general de Tributos de la Generalitat, Joan Carles Costa, otro de los comparecientes, puso de manifiesto el buen hacer de la administración. Cumpliendo su papel en la farsa, Costa destacó el hecho de que las empresas de los casinos estaban al corriente de sus obligaciones tributarias, cosa que nadie había puesto en duda. De este modo, cumplía uno de los objetivos de la comisión, especificado en el punto 4: «Cumplimiento, por parte de las mencionadas sociedades titulares, de sus obligaciones fiscales referidas a los conceptos tributarios, la inspección, la liquidación y la recaptación de los cuales corresponde a la Generalitat de Catalunya, especialmente a la correcta acreditación de la tasa de juego». Para avalar esta actuación compareció Félix Zamora como delegado provincial de Hacienda en Barcelona.

Los objetivos de la comisión de investigación habían quedado cubiertos: las autorizaciones de apertura, el funcionamiento, las inspecciones efectuadas, todo lo que no interesaba investigar. Sin embargo, no satisfecho con este triunfo apoteósico, el presidente de la comisión, Raimon Escudé, recriminó a algunos de sus integrantes por haber efectuado declaraciones a los medios de comunicación. El razonamiento que esgrimió fue que el juez instructor podría negarse, si continuaban estas declaraciones, a colaborar con la comisión de investigación. Era una nueva demostración del sentido democrático pujoliano; después de haber dejado a la comisión sin tema de investigación, se pretendía acallar cualquier manifestación de protesta. Eso sí, Pujol había cumplido su compromiso electoral.

«Si Nixon hubiera montado su propia comisión de investigación, habría acabado tranquilamente su mandato». Así se manifestó Jaume Rodri, de ERC. Toda la oposición denunció las condiciones que CiU había impuesto a la comisión, anulando toda posibilidad de investigación. Sin embargo, a la coalición CiU no le pareció suficientemente restrictiva su actuación y, en pleno delirio, expresó lo siguiente en las conclusiones finales de la comisión: «La normativa aplicable a las comisiones de investigación del Parlament de Cataluña es insuficiente, tanto en el aspecto de su contenido como por la categoría jurídica, para asegurar la operatividad y eficacia de sus trabajos». Era el cinismo elevado a la enésima potencia: resulta que lo que hacía inoperantes a las comisiones de investigación era la normativa que las regulaba. «Los temas que no se cierran bien, se reabren siempre», manifestó Joan Saura, de IC.

LAS CONEXIONES MAFIOSAS

A pesar de que nada se pudo investigar a través de las comisiones de investigación constituidas en el Parlament de Cataluña, primero en relación con la adjudicación interesada de la sociedad Luditec en régimen de monopolio, en noviembre de 1987, y posteriormente sobre la financiación ilegal de CDC a través de Casinos de Catalunya, en abril de 1992, los grupos de la oposición pusieron de manifiesto que en el sustrato de lo no investigado se escondía la corrupción más detestable. La relación, directa o indirecta, del gobierno de la Generalitat con las organizaciones mafiosas que controlan el juego a nivel internacional se palpaba en el ambiente. Sin embargo, el gobierno de Pujol no hizo nada para disipar las dudas. El Partido Socialista de Cataluña dejó constancia de estas sospechas: «Las relaciones del holding de Casinos de Catalunya S.A. con los sectores oscuros del juego, la conexión con empresas radicadas en paraísos fiscales, las graves acusaciones de apropiación indebida de centenares de millones, el posible desvío de dinero a partidos o coaliciones y a particulares, etc., son cuestiones muy graves que no han podido aclararse». El secretario de organización del PSC, José María Sala, declaró: «Es absolutamente intolerable y constituye una vergüenza nacional para Cataluña que el señor Suqué, un hombre vinculado a la mafia corsa del juego, continúe gestionando las loterías de la Generalitat». En otra declaración fue aún más explícito: «Después de lo de Beat Corpataux, lo del mafioso Paul Barón, lo de las empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales, ahora lo del director financiero [Sentís], hay argumentos más que sobrados para que la Generalitat corte toda relación con Suqué».

Éstas sospechas de relación con los sectores oscuros del juego, según el PSC, señalaban a Lluís Prenafeta, secretario general de Presidencia, como epicentro de la conexión. Prenafeta presentaba un dudoso currículum ya antes de acceder al cargo. Había sido investigado por la DEA, la policía antinarcóticos de los Estados Unidos, en relación con una empresa instrumental fundada por él en el paraíso fiscal de Panamá. En Italia, un juzgado de Milán había abierto diligencias contra la empresa comercial Rizzi, sospechosa de haber mantenido negocios con la Mafia italiana y con la que Prenafeta había estado vinculado durante varios años.

Como hemos señalado antes, la adjudicación de las loterías, el 5 de diciembre de 1986, recayó en la sociedad Luditec S.A., constituida en Barcelona sólo tres días antes de que finalizara el plazo límite de la convocatoria. Luditec se montó sobre el núcleo matriz de una sociedad fantasma radicada en Belfast (Irlanda del Norte), la Imperial Trading and Development Lda. (ITD). Se trataba de una sociedad claramente instrumental. Fue fundada en noviembre de 1984 por dos damas británicas, Dorothy Kanex y Edna Elma Heron, amas de casa para más señas, que, cuando fueron preguntadas por la ITD, desconocían la sociedad de la que habían sido accionistas, aunque fuera con una sola acción, respectivamente, por valor de una libra esterlina, que traspasaron de inmediato a Jacques Toulorge y Beat Corpataux. En sus estatutos figuraba como una sociedad inmobiliaria, pero su objeto social fue cambiado posteriormente, cuando presentó la licitación para el concurso de oferta de la EAJA. Tenía su sede social en Friburgo (Suiza), en la rue du Grand Pré, 26, y figuraban también como accionistas, después del traspaso de las damas de pantalla, otros fiduciarios, como Vincent Barrett y Maurice Clifford. Detrás de la ITD existía otra sociedad, también instrumental, llamada Mantelleta, y detrás de ésta aún aparecían dos más, Progressia Société de Gestions y Mossetta; un verdadero entramado de sociedades instrumentales.

La ITD se presentó como empresa especializada en tecnología y conocimiento especializado en el ámbito del juego, la lotería y las apuestas a nivel internacional. Nada más lejos de la realidad, pues se trataba de una empresa fantasma. Pero resulta que el gobierno de la Generalitat, en lugar de optar por alguna de las numerosas empresas verdaderamente especializadas, la mayoría de ellas extranjeras, no encontró nada mejor que esta oscura empresa. Su presencia inexplicable en el accionariado de Luditec sorprendió a cuantos tuvieron conocimiento de ello. El diputado socialista del PSC José María Sala se manifestó al respecto aludiendo a los bolsillos poco honorables de ciertos funcionarios del gobierno de la Generalitat. Esta declaración dio pie a una querella interpuesta por el secretario de Presidencia, Lluís Prenafeta. Paradojas de la vida (o conocimiento de causa), José María Sala años después se vio implicado e imputado en la trama de sociedades que recaudaban fondos para el PSOE por procedimientos ilícitos, en el llamado caso Filesa.

No sólo resultaba escandaloso que la sociedad adjudicataria de las loterías catalanas, Luditec S.A., tuviera como socio mayoritario a una sociedad opaca, a todas luces instrumental, como la Imperial Trading, sino también que los representantes de la EAJA desconocieran su existencia, pese a ser el principal accionista de la adjudicataria con la que habían firmado un contrato de miles de millones. Los representantes de Luditec sólo sabían decir que se trataba de «empresarios muy importantes». Además de desconocerse quiénes eran los propietarios de la empresa que ostentaba el 33% del capital de la adjudicataria, la ley prohibía expresamente que un porcentaje tan elevado estuviera en manos de una sociedad extranjera. A todo ello había que añadir el hecho, ya señalado, de que en el accionariado de Luditec participara también Inverama S.A., y que ésta tuviera, en forma de holding, la propiedad accionarial de las empresas que, de forma independiente, obtuvieron la concesión del juego en los casinos. Es decir, toda la concesión del juego en Cataluña estaba en las mismas manos, tanto las concesiones individualizadas e independientes otorgadas a los tres casinos, que cuando concurrieron a la concesión eran empresas sin aparente vinculación, como las loterías, adjudicadas a la empresa madre, Luditec S.A.

De hecho, se trataba de una concesión monopolística. La ley que lo prohibía sigue en vigor, y las concesiones también. Mucho interés debe tener el gobierno de la Generalitat en esta concesión como para transgredir tan flagrantemente la ley. El PSC dejó constancia de tal situación: «Se ha hecho evidente la irregular y anómala actuación del holding presidido por Artur Suqué, lo que conduce al Grupo Socialista a ratificarse en la petición de que el gobierno de la Generalitat rompa cualquier relación con el holding del juego Inverama S.A., que ha de significar la rescisión del contrato con Luditec (loterías) y la revocación de las concesiones de los tres casinos».

El gobierno de la Generalitat ni rescindió el contrato con Luditec, ni revocó las concesiones de los tres casinos, ni intentó conocer el lado oscuro de la Imperial Trading and Development Lda. Descubrir quiénes eran sus verdaderos propietarios era algo más que un ejercicio de decencia política, pero la comisión de investigación se limitó a solicitar por escrito al Registro Mercantil de Belfast la identidad de los accionistas propietarios de la sociedad. Fueron facilitados los nombres de los fiduciarios Vincent Barrett y Jacques Toulorge, lo que sirvió para que la comisión sostuviera que éstos eran únicos accionistas y que no representaban a nadie más que a ellos mismos. En consecuencia, se revelaba falsa la argumentación, difundida publicitariamente a bombo y platillo, según la cual los beneficios del juego se iban a quedar en Cataluña; por contra, fueron absorbidos por intereses mafiosos extranjeros, o no tan extranjeros, de manera que quedaban lesionados los intereses propios: el Tesoro de la Generalitat.

¿Cuánto dinero podía representar esta adjudicación fraudulenta? Sentís había estimado en 3.000 millones la cifra que había sido aportada a CDC en 1989, sólo dos años después del inicio de la concesión de las loterías. Esta financiación había seguido un curso sin interrupción que sólo se detuvo en el momento de la denuncia de Sentís. Éste no denunció hechos puntuales ocurridos en el pasado, sino una ininterrumpida financiación que llegaba hasta las mismas fechas de las discrepancias con Suqué.

Para determinar lo que han dejado de ingresar las arcas de la Generalitat es necesario referirse al contrato firmado entre Luditec y la EAJA, que en realidad oculta dos aspectos claramente diferenciables: uno seria el relativo al suministro de bienes de equipo, como ordenadores y terminales, y el otro el correspondiente al servicio (en este caso no es propiamente un servicio, sino la cesión de la gestión, que según la ley no debía ser privada).

El suministro de bienes de equipo consistía en 1.700 terminales, el equipo central de ordenadores y los instrumentos necesarios para la comunicación entre los terminales y el equipo central. El coste era de 2.569 millones, lo que representaba un 20% más del precio que se habría pagado si la compra se hubiera hecho en España. El contrato, plagado de cláusulas cautelares para la compañía suministradora, que no era otra sino Gtech, no establecía garantías sobre la utilización de esos instrumentos, de manera que cuando los equipos que estaban previstos para la transmisión por ondas de radio tuvieron que ser sustituidos por otros de línea telefónica, el coste adicional representó 328 millones de pesetas. Aunque se trataba de una minucia en relación con la magnitud de la cantidad estipulada en el contrato, el hecho pone en evidencia algo tan elemental como que la garantía de utilización no estaba prevista por parte de la EAJA, lo que elevó en un 30% el diferencial de coste; éste, en total, podría haber ascendido a 770 millones, cifra que, aunque importante, no corresponde al auténtico expolio perpetrado.

Por otra parte, se cometió una nueva irregularidad con respecto a los terminales. Éstos entraron en España de contrabando por la frontera de La Junquera y fueron declarados como ordenadores. Se trataba de 1.700 terminales, de los que 1.500 estaban destinados a los puntos de venta y 200 permanecerían como recambio para posibles averías. El Congreso no había aprobado aún la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones, que establecería que las transmisiones de datos por ondas sólo podían ser concedidas por el Estado. La Generalitat engañó al Estado, pues estos terminales se conectaban entre sí por radio. Sin embargo, de poco sirvió este fraude, ya que, una vez instalados, los terminales no pudieron funcionar por este sistema al invadir una frecuencia de la compañía eléctrica Fecsa. El hecho coincidió con un enorme apagón en el suministro eléctrico de toda Cataluña, lo que puso en evidencia esta irregularidad.

El otro aspecto oscuro del contrato es el de la prestación del servicio, que dio lugar a escandalosos beneficios para la empresa concesionaria en detrimento de las arcas públicas. Según el concepto de remuneración que se aplica en el contrato en cuanto a prestación de servicio, el concesionario aporta los programas informáticos, cuida del mantenimiento de los equipos y suministra el material (por ejemplo, los boletos del juego). Estos servicios se remuneran conforme a un porcentaje de las ventas, magnitud que tiene muy poco que ver con el coste, más ligado a otros parámetros cuantificables, como el número de terminales instalados que deben ser atendidos. Se trataba de un concepto absolutamente incomprensible. Si, por ejemplo, una entidad crediticia adquiriera unos equipos informáticos para gestionar sus operaciones bancarias mediante un contrato de diez años de vigencia que estipulase como pago un porcentaje de los ingresos bancarios, a buen seguro que la junta de accionistas fulminaría al presidente y a todos los miembros del consejo de administración y les exigiría responsabilidades penales.

Este anormal concepto de retribución, que aporta cuantiosos beneficios a Luditec, hace que el rendimiento porcentual de las loterías catalanas sea el más bajo de Europa. El estado francés obtiene el 40% de la cifra total que se recauda en el juego, Suecia llega hasta el 43%, el estado español el 33% y Cataluña el 14%. Son miles de millones de pesetas que se evaporan, a pesar del engañoso eslogan de Pujol: «Ahora estamos de suerte, porque los beneficios se quedan todos aquí».

En el punto 8.2 del documento que establece las condiciones para concurrir a la licitación de esta concesión del juego se especifica, lógicamente, la exigencia de proponer un precio unitario de oferta para cada concepto suministrable. Todos los licitantes se acomodaron a esta exigencia, a excepción de Luditec, que prescindió de la normativa impuesta y presentó su oferta sin hacer mención del precio, unitario o global, ni de los costes. Se limitó a proponer un porcentaje global, con lo que se ocultarían los beneficios que pudieran obtenerse. Lo grave no es que un licitante propusiera una modalidad particular de retribución a su servicio ofertado; lo escandaloso es que ese tipo de retribución no estuviera contemplado en las bases del concurso y que no se realizara ningún tipo de estudio para comparar esa oferta singular con las demás y determinar si era la mejor. No hubo ninguna comparación, sino que se aceptó sin más, lo que pone de manifiesto, por si faltaba otra evidencia, que se trató de una designación a dedo. Además, en el acta del Consell Executiu del 12 de diciembre en la que se aprueban las bases del contrato firmado entre la EAJA y Luditec hay una pagina que es fotocopia de la oferta del licitante, lo que confirma que el gobierno de Pujol se sometió a los dictámenes de la empresa suministradora.

El sometimiento de la administración pública catalana a los dictámenes del ofertante se pone de manifiesto en cada una de las cláusulas del contrato, todas ellas favorables a este último (por ejemplo, el tipo de interés por pagos aplazados carece de cualquier garantía cambiaría sobre el precio fijado en dólares; no se contempla una garantía de retorno de los equipos no utilizables, y la cláusula indemnizatoria por interrupción del servicio de Luditec se fija en un miserable millón de pesetas). Sin embargo, ninguna de esas cláusulas es comparable con la propuesta de retribución porcentual, que vino a suponer una previsión de beneficios de entre 40.000 y 50.000 millones de pesetas en los diez años del periodo de concesión. En consecuencia, no es de extrañar que la cifra apuntada por Sentís en cuanto al desvío de dinero a CDC, extrapolada en el tiempo, pudiera alcanzar esas cantidades.

En términos generales, sin entrar en precisiones aritméticas, en los dos primeros años se produjo una desviación del 12% entre el rendimiento que obtenía el estado central de sus loterías y el que registró la Generalitat (las loterías del Estado el 33%, la Generalitat el 21%). Se preveía que, en Cataluña, la cifra total obtenida por el juego se situaría en 1988, primer ejercicio económico completo, en 27.000 millones, por lo que se dejaban de ingresar cerca de 3.000 millones. Por tanto, durante los diez años siguientes Luditec, la sociedad concesionaria, obtendría unos beneficios astronómicos, correspondientes a la merma comparativa del citado 12% entre el rendimiento de las loterías del Estado y las catalanas. Éste era el verdadero expolio en números redondos: 50.000 millones de pesetas en el periodo de vigencia del contrato, y después de este contrato los que hicieran falta.

Para disgusto de los patricios convergentes, una cosa eran las previsiones y otra la realidad. Al principio, la recaudación de las loterías catalanas parecía apuntar en el sentido previsto, pero enseguida las cifras se situaron en niveles más modestos. La lotería 6/49, variante de la Primitiva en las loterías del estado, era la estrella en cuanto a recaudación prevista. Teniendo en cuenta que las posibilidades de acierto eran las mismas (1 posibilidad entre 15 millones para acertar los 6 números), el apostante, que pagaba lo mismo en ambas apuestas, no tardó en percatarse de que, en caso de acierto, los premios eran sustancialmente menos cuantiosos en la 6/49, dado que el importe del premio está en función de la cifra recaudada.

El sueño de los patricios convergentes sólo duró dos años y unos meses, hasta que los apostantes se dieron cuenta de que no valía la pena jugar a la 6/49. Había que hacer algo, y se hizo. La incentivación al juego en las loterías catalanas se promovió machaconamente mediante cuñas de radio y spots televisivos en las que se ensalzaba el amor patrio del potencial apostante con el mensaje de que el dinero se quedaba en Cataluña. Ante la indiferencia del público, se recurrió al establecimiento de un pote permanente de 100 millones, pero ni por ésas: el apostante continuaba teniéndolo claro. El empecinamiento del gobierno de Pujol, incapaz de reconocer el error que supuso la creación de las loterías catalanas, dio lugar a que en 1995 se llegara a una situación paradójica: la EAJA gastó 430 millones de pesetas en promoción para obtener un misérrimo beneficio de 1.050 millones (1.141 según otras fuentes).

En aquel año, la Generalitat recaudó 35.417 millones con el juego, incluyendo bingos, tragaperras, casinos y loterías. Todos los juegos y apuestas existentes en Cataluña, con la excepción de las loterías, han ido incrementando su nivel de ingresos, con un aumento constante en su aceptación. En 1987 la cantidad jugada en Cataluña fue de 483.491 millones, mientras que en 1995 se alcanzaron los 619.555 millones. En 1987 la cantidad gastada en Cataluña en las loterías del Estado fue de 83.710 millones; en el mismo año, las loterías catalanas obtuvieron 15.839 millones. En 1995, 132.550 millones fueron para las loterías del Estado y 11.057 para las catalanas.

Las previsiones no coincidieron con la realidad, y con el paso de los años las cantidades relativas a las loterías catalanas fueron disminuyendo sin remisión. Como hemos visto, en los dos primeros años se mantuvo ese equilibrio porcentual entre la cantidad apostada y la cantidad ingresada en las arcas públicas, el 21%; de los 15.839 millones que se apostaron en las loterías catalanas en 1987, sólo se ingresaron en las arcas públicas 3.355 millones. En 1990 la cantidad apostada había descendido hasta 9.242 millones, mientras que la cantidad ingresada en las arcas públicas era sólo de 874 millones, el 9,4%. Del mismo modo, en 1993 la cantidad apostada fue de 11.077 millones, y únicamente se ingresaron por este concepto en las arcas públicas 792 millones, el 7,1%. Como última referencia, en 1995 las apuestas fueron de 11.057 millones y se ingresaron en las arcas públicas 1.141 millones, el 10,3% de cantidad jugada.

En los nueve años de explotación del juego de las loterías por la Generalitat de Cataluña, la cifra total apostada ascendió a unos 100.000 millones. Por esta misma cifra gastada en juego el estado central habría ingresado 33.000 millones, pero la arcas de la Generalitat sólo obtuvieron 14.000 millones, el 14% de la cifra apostada, teniendo en cuenta que ha habido años que sólo ha representado el 7%.

Por otra parte, desde septiembre de 1982, cuando la Generalitat de Cataluña recibió el traspaso de las competencias en materia de juego, Pujol, su entorno, Prenafeta o quien fuera decidió que sería Artur Suqué quien recibiría las concesiones. Formalmente éstas recayeron en los casinos de Perelada, Sant Pere de Ribes y Lloret, como sociedades aparentemente inconexas, pero después se vio que no era así, pues Suqué las controlaba todas. Los beneficios que podían derivarse de la explotación de los tres casinos no fue proporcional a la cuantía del importe desviado a CDC, según lo que pudo saberse por las investigaciones del caso Casinos. Teniendo en cuenta que lo expuesto por Sentís en la parte que ha podido ser comprobada es exacto, cabe deducir que también será cierto en la parte que no se ha comprobado debido a la insuficiente investigación y a los obstáculos interesados que la entorpecieron.

La descapitalización de las sociedades de los casinos en la proporción de la cantidad a desviar a CDC, también manifestada por Sentís, obligó incluso solicitar aplazamientos para hacer efectiva la tasa de juego a pagar a las arcas de la Generalitat. Estos aplazamientos llegaron a superar los 810 millones de pesetas, a cuenta de lo que, a partir de 1987, podría recaudarse con las loterías, una vez establecidas. Sólo así se entiende que las empresas autorizadas para la explotación del juego en casinos estuvieran dispuestas a pagar cantidades que superaban sus propios beneficios. A CDC se le pagaban, por múltiples vías, porcentajes que oscilaban entre el 5% y el 7%, y en ocasiones del 2%, dependiendo de la cuantía adjudicada. Pero la financiación ilegal del partido a través de los casinos sólo fue el estadio inicial, y el procedimiento de las facturas falsas con las que se instrumentalizó inicialmente la operación dejó paso después al reparto de beneficios a través de empresas instrumentales radicadas en paraísos fiscales.

Para que Luditec pudiera tener unos beneficios enormes fue necesario transgredir las leyes del juego, que tanto en su letra como en su espíritu tenían la voluntad de vincular muy estrechamente la organización y explotación de los juegos y las apuestas en Cataluña con la administración de la Generalitat, a fin de evitar que una gestión privada pusiera en peligro los principios básicos en que estaba inspirada la ley: no fomentar el hábito del juego, diversificarlo y evitar el monopolio[8]. Se puso un énfasis aún mayor en este aspecto cuando la Ley 5/1986 dio paso a la creación de la EAJA, aprobada precisamente con la finalidad de que la entidad tomara a su cargo la organización y la gestión directa del juego, así como la captación de los ingresos, considerados públicos, derivados de esta actividad, y consecuentemente el pago de los premios establecidos.

Conforme a lo legislado, quedaba diáfanamente claro el ámbito de la actuación pública, mientras que a la iniciativa privada se le reservaba un aspecto marginal, la concesión del suministro del material necesario para llevar a cabo la actividad, siempre con carácter de empresa colaboradora a la que se le asignaría un papel meramente auxiliar o accesorio. Sin embargo, al recaer la adjudicación en Luditec se invirtieron los términos. En el propio contrato se establecía que Luditec prestaría sus servicios «de acuerdo con su oferta de sistema integral»[9]. La administración pública quedaba relegada a mera comparsa, ni siquiera colaborador, y por si fuera poco, para despejar cualquier duda que pudiera quedar, el contrato especificaba que era «meramente enunciativo y se entienden ampliadas y detalladas, sin ninguna exclusión, todas las funciones relativas a la puesta en marcha y explotación ulterior del juego o juegos». No va más.

El contrato, que llevaba el título «Prestación de servicios y suministro de bienes», se transformó, después de pasar por los despachos de Presidencia, en contrato de cesión de la organización y la gestión de las loterías de la Generalitat. Era como si el presidente del consejo de administración de la Bayer hubiera establecido por contrato la comercialización exclusiva de la aspirina en favor del suministrador del producto químico en bruto, habiendo multitud de empresas dispuestas a aportarlo en mejores condiciones. La junta de accionistas habría solicitado con carácter de urgencia el ingreso del presidente de la compañía en un centro psiquiátrico, junto con la anulación del contrato por incapacidad del firmante. Sin embargo, en la galaxia de la administración pública en manos de Pujol, tal actuación se presentó como una gestión encomiable: «Ya nos toca. Nos toca a todos. Ya tenemos nuestra lotería, porque los beneficios se quedan todos aquí». En efecto, los beneficios se quedaron aquí, es decir, en los bolsillos de quienes lanzaron la campaña.

Una curiosidad del contrato firmado entre la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes y Luditec S.A., que debería ser estudiada por expertos en derecho mercantil, es el hecho de que dicho contrato aparezca suscrito por la compañía Gtech, que no era la adjudicataria de la concesión de la explotación del juego y que ni siquiera era accionista de Luditec. Aunque dominara prácticamente el 80% del mercado mundial, Gtech no dejaba de ser un suministrador del suministrador, que era Luditec. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Obras Públicas asigna una obra a un licitador como consecuencia de un concurso público, firmará el contrato de adjudicación con la empresa que deba realizar la obra, sin que participe en absoluto el suministrador del cemento o el asfalto. Es una más entre las numerosas incongruencias de esta historia.

Según manifestó ante la primera comisión de investigación, en 1987, ya que en la segunda no compareció, tres años después de que se traspasaran a la Generalitat las competencias en materia de juego Suqué se interesó en concurrir a la licitación. Vincent Barrett, un simple fiduciario que, como Suqué, carecía de experiencia en el negocio de la lotería y en el uso del material informático necesario para su desarrollo, le puso en contacto con gente vinculada con las loterías estadounidenses. Estos contactos se produjeron en los últimos meses de 1985 y el primer semestre de 1986, y a través de ellos fue como se introdujo la compañía Gtech. Carles Vilarrubí también se dirigió a Gtech para que preparara las bases del concurso para la concesión del juego. Ciertas frases que figuran en la oferta de Luditec están copiadas literalmente de las bases del concurso, lo que pone en evidencia que la compañía Gtech fue la autora intelectual de dichas bases y del pliego de oferta de Luditec.

El hecho es que Suqué contactó con una organización internacional como las que se relacionan con grupos mafiosos dedicados a traficar con cualquier cosa. En este caso, el medio de contacto era una sociedad sin actividad, dormida, con unos estatutos y un objeto social genéricos, dotada de un capital insignificante cuyos titulares eran dos señoras que se limitaban a prestar su nombre. Esta sociedad, la Imperial Trading and Development Lda., era una más de entre centenares de empresas similares que posteriormente aparecerían en la trama. Los fiduciarios que adquirían estas sociedades fueron quienes montaron el entramado, conectando unas con otras en diferentes países para dar un servicio de primer orden, algo así como una instalación llaves en mano.

¿Quiénes tenían necesidad de ocultarse tras una trama de empresas instrumentales para participar en un negocio que en principio era limpio y en el que incluso llegaron a participar entidades como la Caja de Barcelona y el Banco Hispano Americano? Sólo hay una respuesta: las personas que se ocultaron bajo esta trama tenían que ser aquellas que tuvieron la posibilidad de saber de antemano lo que iba a ser Luditec. El cerco se estrecha en el seguimiento de las empresas instrumentales que intervinieron en la ocultación de los verdaderos propietarios del 33% de la adjudicación de la explotación de las loterías catalanas. Sólo podían ser quienes tuvieron la capacidad para conceder la licencia, que eran los mismos que tenían también la capacidad para bloquear la investigación, tanto parlamentaria como judicial.

Este poder de bloqueo y blindaje merece una más que notable calificación. Pese a que se movilizaron todos los resortes del poder, la coalición CiU sólo tuvo que pagar un ínfimo precio en cuanto a descrédito. Con todo, el asunto tuvo alguna resonancia en la opinión pública, lo que hizo vivir momentos de verdadera angustia a los líderes convergentes. Fue en enero de 1990 cuando el caso Casinos trascendió a los medios de comunicación, y a los pocos meses Lluís Prenafeta dejó el gobierno catalán, en el que había permanecido durante diez años. No fue una dimisión, sino un relevo. En esos diez años de gobierno convergente, Prenafeta no sólo ejerció el poder que le correspondía como secretario general de la Presidencia de la Generalitat, cargo que ocupó desde el primer momento, sino que trasladó su influencia a todo el espectro de la gestión de gobierno, y muy especialmente en ciertos asuntos de vital importancia, como la creación de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió y de la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes. En los primeros años al frente de la Secretaría, Prenafeta actuó en una sintonía total con Pujol, pero a partir de la segunda legislatura, cuando CiU obtuvo la mayoría absoluta, se combinaron dos condicionantes que germinarían en una actuación bien diferente.

En primer lugar, durante los dos primeros años de gobierno Prenafeta pudo tomar el pulso a su cargo. Por su mesa de trabajo pasaban todos los asuntos importantes, y era él quien les daba forma y orientación, dentro de un amplio margen de maniobra determinado por su estrecha relación con Pujol. De este modo, Prenafeta interpretaba que los silencios del presidente significaban un aval para su gestión. El otro condicionante fue la mayoría absoluta conseguida en las urnas, que extendió el horizonte del poder haciendo innecesario el consenso y permitiendo una actuación impune desde el despacho de la Secretaría General. Al coincidir estos dos condicionantes en el ámbito de gestión de Prenafeta, comenzaron a canalizarse los intereses económicos que desde ese poder omnímodo podían conjugarse.

Son múltiples las evidencias que relacionan a Prenafeta con negocios privados incompatibles con el desempeño de su cargo[10]. En marzo de 1990 ya tuvo que hacer frente a una querella que contra él interpuso el secretario general de la CNT en Cataluña, Luis Andrés Edo. También trascendió que Prenafeta era el impulsor de un proyecto periodístico de gran envergadura como era la puesta en marcha del diario El Observador. Pero esto sólo eran nimiedades en relación con todo lo que había bajo las apariencias. Los múltiples beneficiarios del gobierno convergente hacían cola en la antesala de su despacho para recoger la parte del pastel, en forma de trozo o migaja, que el presupuesto de la Generalitat daba de sí. Todo tipo de bienes y servicios eran asignados por Prenafeta en mayor o menor cuantía dependiendo del favor a pagar, aunque los grandes negocios se reservaban a un círculo más reducido y compacto que actuaba compenetrado con Prenafeta en sucesivos negocios.

En diciembre de 1989 la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación sobre la compatibilidad de los cargos de Prenafeta con sus negocios privados. En esas mismas fechas fue cuando se admitió a trámite la querella de Jaume Sentís contra Artur Suqué en el Juzgado de Instrucción. Existe el rumor de que en aquellos días llegaron tanto a la policía dedicada a perseguir los delitos económicos como a la Fiscalía sendos anónimos que relacionaban directamente a Prenafeta con el negocio del juego. La investigación de la Fiscalía de Barcelona fue paralizada por el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres. En cambio, el 19 de marzo de 1990 el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona admitió a trámite la querella presentada por la CNT.

Prenafeta comunicó su dimisión a un número reducido de periodistas el día 9 de marzo, aunque estaba pactada con Pujol para el 1 de julio. La fecha del anuncio es anterior a la querella de la CNT y a otra posterior que presentó un grupo de cuarenta abogados que ejercían la acción popular. De cara a la galería se proclamó que estas denuncias eran la causa del abandono del cargo. Aunque no se habló de dimisión, sino de relevo, en el «testamento político» que leyó aquel 9 de marzo dijo lo siguiente: «A los cínicos, embusteros, calumniadores, conspiradores, intrigantes, aduladores y parásitos de la política, que los son también de la propia sociedad. He sentido y siento por ellos un profundo menosprecio y un asco inmenso». No parecen éstas las palabras de alguien que vaya a ser sustituido como consecuencia de una transición política normal al final de una etapa, sino más bien de quien ha sido obligado a dimitir.

La trama que partía de Vincent Barrett, tal como lo citó Suqué, estaba conectada con un personaje que no fue detectado en las primeras investigaciones, siempre de carácter privado y periodístico. Más tarde se pudo establecer esta relación, como consecuencia de la sucesión de investigaciones y la vinculación de éstas incluso a nivel internacional, al encontrarse intereses coincidentes procedentes de otras investigaciones paralelas sobre otros casos de otros países. Donde unos dejaron la investigación, ésta ha sido retomada un tiempo después por otros, y éstos a su vez han intercambiado su información con la que paralelamente desarrollaban otros[11]. Lo curioso es que se llegan a las mismas tesis a través de investigaciones absolutamente inconexas. Pueden partir de informes secretos del MI6, los servicios secretos británicos, o de investigaciones periodísticas realizadas en el otro extremo del planeta, como Nueva Zelanda, pero todo queda vinculado en la misma telaraña.

El personaje relacionado con Vincent Barrett es Noel Smith, radicado en Atlanta, en el estado norteamericano de Georgia. Éste es el contacto de la red en los Estados Unidos, y ha podido ser la conexión con la empresa canadiense Pollard Banknote Ltd., que es la que imprime realmente los boletos de la lotería.

Noel Smith hacía alarde de conocer Barcelona y de relacionarse con personas de «alta influencia política». Su conexión con Barrett vino a través de la empresa con la que éste estaba vinculado, la Roebuck Trust Company. Esta sociedad, que después se llamaría Mossetta, estaba conectada con la Imperial Trading and Development Ltd.[12], a través de Mantelleta Ltd., otra de las instrumentales. Mossetta ha cambiado varias veces de nombre. Hasta enero de 1983 respondía como Roebuck Trust, para pasar después a denominarse Mosetta Fiscal; en agosto del mismo año quedó en Mosetta, sin más; en febrero de 1986 adoptó el nombre de Dentech Ltd., y en marzo de 1987 recuperó el nombre de Mosetta, pero durante el proceso del cambio de denominación a la sociedad Dentech Ltd. le dio tiempo de firmar un contrato con Luditec para el suministro en exclusiva de los boletos de las loterías catalanas y para no entrar en regateos sobre un precio que duplicaba al del mercado. Debe tenerse en cuenta que Dentech Ltd., sociedad registrada en las Islas del Canal[13] es una instrumental que no fabrica nada, pues la que realmente manufactura los boletos es la sociedad canadiense Pollard Banknote Ltd.

Los responsables del juego que comparecieron en las comisiones de investigación del Parlament de Cataluña aseguraron que el suministrador de los boletos era la citada sociedad canadiense. Hubo una intención manifiesta de ocultar la intermediación de Dentech Ltd. También Luditec ocultó este extremo en la documentación que presentó en el momento de concurrir con su oferta. Lo que sí está comprobado es que el mismo boleto que costaba a las loterías catalanas 5,75 pesetas, en los Estados Unidos sólo costaba 1,2 en Connecticut, 1,44 en Massachusetts, 2 en Nueva Jersey, 1,8 en Ohio, 2,4 en Kansas; y en Europa, 1,44 en Holanda y 2,7 en Irlanda. Como referencia, entre los precios ofertados por las empresas españolas que concurrieron a la adjudicación estaban las 3,5 pesetas de la firma Opax, las 3 de Inor S.A. y Webcraft, y las 2,63 de Scientific Games. Luditec, con una oferta que respecto a la inferior representaba más del doble, se llevó la adjudicación.

La conexión entre Dentech Ltd. y Luditec es la única que se puede establecer con rigor. Otras pistas sólo conducen a especulaciones. Por ejemplo, consta en los registros mercantiles británicos una compañía llamada Dentech (UK) Limited, lo que podría hacer suponer que es la misma, aunque está registrada en el Reino Unido y no en las Islas del Canal. Esta sociedad está vinculada con Universal Laundries, y ésta a su vez con Amar Holdings, todas ellas en el Reino Unido. Por otra parte, en Suiza se encuentra la sociedad Amar Holding (sin la ese final), que está relacionada con Lucien Rouiller, un ciudadano de Ginebra, socio de Beat Corpataux, que reside en Friburgo, en el mismo edificio donde está la sede de la Imperial Trading and Development Ltd. Puede tratarse de una mera coincidencia, pero también puede indicar un hilo conductor entre puntos aparentemente inconexos. Otro ejemplo es el de la sociedad denominada Ventech Ltd. (varía la uve inicial, que sustituye a la de), que al parecer oculta a un conocido lord inglés y que está vinculada con el segundo eslabón de la Imperial Trading, la sociedad Mandelletta Ltd., que también es el segundo eslabón de la ITI Enterprises Ltd., donde de nuevo están Barrett y Corpataux.

Desde los inicios de la Imperial Trading, Beat Corpataux fue uno de sus accionistas, aunque sólo tenía una acción. Estuvo implicado en la quiebra de la Caja Hipotecaria del cantón suizo de Friburgo, y cuando ya estaba muy avanzado su proceso penal en relación con esa quiebra, quiso desvincularse de la oscura Imperial Trading, que él había ayudado a poner en marcha en diciembre de 1984 y aportó al juez una carta suya fechada el 30 de octubre de 1986, tres días después de constituirse en Barcelona la sociedad Luditec S.A. La carta, que no se sabe a quién va dirigida, mostraba las oportunas tachaduras realizadas por el propio Corpataux. A continuación reproducimos el texto, traducido del inglés:

«Sr. Abogado y Notario

Friburxo, octubre 30, 1986

Tema : IMPERIAL …[tachaduras del mismo Corpataux]

Estimado Señor:

Complementando mi carta dirigida a usted el 10 de octubre, 1986, quisiera informarle de que, debido a un cambio en la propiedad de la empresa arriba citada, yo ya no me encargaré más de sus asuntos.

Doy por hecho que los nuevos propietarios se pondrán en contacto con usted en su debido momento. Atentamente:

Beat Corpataux».

Corpataux, que en su carta sólo alude a unos nuevos propietarios, manifestó verbalmente que fue enviada a la ciudad de Barcelona. Lo único que podía deducirse respecto del destinatario es que se trataba de un abogado. Todas las investigaciones periodísticas que se realizaron obviaran un eslabón tan primario y a mi parecer fundamental como era la averiguación de la identidad de la persona que firmó en representación de la Imperial Trading and Development Ltd., con poderes notariales, cuando se constituyó la sociedad Luditec S.A., el 27 de octubre de 1986. El grueso de la investigación se dirigió hacia Irlanda del Norte, donde estaba constituida la sociedad, hasta llegar al núcleo infranqueable de las empresas interpuestas.

Yo mismo me dediqué a realizar esa investigación, y en pocas semanas logré ese valioso dato. El 13 de octubre de 1986, ante la notaría de Londres Jessica Margaret Reeve, la ITD otorgó poderes al abogado barcelonés Enrique Casals Genover. Con estos poderes, el abogado Casals representó a la ITD en su constitución. Cabe pensar que la carta de Corpataux fechada el 30 de octubre de 1986 fuera remitida a quien ostentaba la representación de la sociedad. La cronología es coherente. Tras constituirse la sociedad y concluir la intervención de Casals, Corpataux le comunica que se retira de la operación y que nuevos propietarios contactarán con él. Los que contactaron fueron Jacques Toulorges y Clément Barras, cuya inscripción consta en el Registro Mercantil de la ciudad Suiza de Friburgo como nuevos propietarios de la Imperial Trading and Development Ltd., en enero y septiembre de 1987 respectivamente. La vía de interposición irlandesa es sustituida ahora por la trama suiza. Corpataux fue el puente que las conectó. Su renuncia registral está fechada en agosto de 1987.

Casals se convierte en la nueva pista a seguir. Su intervención empieza a explicar la incongruente actitud de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, que se retira prácticamente del accionariado pasando a tener sólo tres acciones de un total de seis mil al no concurrir a una ampliación de capital que se realiza una vez concedida la licencia para explotar el juego en Cataluña. Su renuncia representa dejar de participar en un negocio con beneficios de miles de millones del que le corresponderían casi el 7 por ciento (Caja de Barcelona tiene el 20 por ciento de ITD, y ésta el 33% de Luditec). Muy pocos tenían la capacidad de influencia necesaria para disuadir a la entidad de ahorro de que participara en el millonario negocio de las loterías. Es evidente que tanto la participación como el abandono se habían acordado de antemano. Enric Casals era Consejero General de la Caja de Barcelona y vocal del Consejo de Administración.

La Caja de Barcelona fue un instrumento. Enric Casals Genover es hijo de Miquel Casals Colldecarrera, y ambos compartían despacho de abogados. Casals Colldecarrera, junto con los abogados Vives de la Hinojosa y Piqué Vidal, fueron los abogados que orquestaron las multitudinarias juntas de accionistas de Banca Catalana y que al grito de «¡no toleraremos que se insulte al presidente de la Generalitat!» pedían una y otra vez a los sufridos accionistas del banco la exculpación de Pujol por sus responsabilidades en el desaguisado. Asimismo, formaron parte del equipo de defensa jurídica del president y otros querellados. Son datos suficientes como para relacionar a Enric Casals, que representó con poderes notariales a la Imperial Trading and Development Ltd., con el núcleo de intereses representado por ese grupo de abogados.

Es preocupante que un gobierno que proclama como mensaje institucional «El trabajo bien hecho no tiene fronteras» mantenga un tercio de toda la actividad del juego en Cataluña, que es el porcentaje que ostentaba la Imperial Trading, en manos desconocidas, y con sospechosas vinculaciones. Otras investigaciones han derivado hacia sustratos de un segundo orden en el terreno operativo del juego en casinos, donde se encuentran personas vinculadas con las mafias corsa y marsellesa, entre cuyos capos más representativos figuran Michel Tomi y Paul Baron. Todo el mundo sabe que tradicionalmente el juego ha estado relacionado con organizaciones mafiosas, por lo que no puede extrañar que se exija una máxima limpieza a la hora de asignar la concesión de la explotación de este tipo de actividad. Sin embargo, Pujol, como máximo dirigente del gobierno de la Generalitat, no ha hecho absolutamente nada para disipar cualquier duda acerca de esa limpieza.

No ha habido ninguna investigación oficial al respecto, o al menos no se conocen datos de la que fue solicitada por el PSC al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona en marzo de 1987, al denunciar las irregularidades e incongruencias de la adjudicación a Luditec y de toda la trama que rodea a esta sociedad. La única referencia que se puede constatar es un informe de la Jefatura Superior de Policía, Brigada Especial del Juego, en el que se expresan consideraciones generales sobre el juego: «Mafias Internacionales: Su verdadero alcance, por el momento, en España se desconoce, a pesar de que en más de una ocasión hayan dejado su tarjeta de visita. No cabe duda de que grupos, especialmente corsos y marselleses, han operado en los casinos de esta zona. La actividad de estos grupos puede abarcar desde el control de empresas titulares de autorizaciones de casinos, hasta la actuación con empleados desleales». El informe está fechado en diciembre de 1984, y alude, aunque sin citarlo, al denominado «clan Francisci». En otro informe que lleva la misma fecha la Brigada Especial del Juego manifestaba que la investigación se había visto obstaculizada «por la falta de colaboración de la dirección de Casinos de Catalunya S.A.».

No es de extrañar que a Pujol le dé un ataque furibundo de pestañeo cada vez que le mencionan el caso Casinos, cuyo responsable directo es él, como presidente de la Generalitat y como presidente de CDC. La ambición de poder no puede instalarse en el fraude a gran escala, haciendo negocios para poder gobernar y gobernando para poder hacer negocios. La progresiva prepotencia que han proporcionado las mayorías absolutas, la impunidad con que se actúa, secuestrando la soberanía parlamentaria e intimidando a la judicatura, conducen inexorablemente a actos criminales, bendecidos por los votos de ingenuos correligionarios.

Otra prueba acreditada que confirma las sospechas sobre la Imperial Trading and Development antes de su desaparición del accionariado de Luditec es la discrepancia de los resultados económicos, y en consecuencia el reparto de dividendos, entre lo declarado a la Hacienda española y a la de Irlanda del Norte, su lugar de origen. Los beneficios que se declaran en Irlanda son muy superiores a los que se declaran en España. El motivo más probable de esta discrepancia es la intención de blanquear un dinero de origen oscuro.

En este punto nos tenemos que remontar a las manifestaciones de Sentís en su querella de diciembre de 1989: «Hasta la fecha el Grupo Casinos no ha recibido todavía dividendo oficial alguno de Luditec S.A.». Entre los documentos aportados por Sentís que obran en el sumario están las certificaciones de las cuentas de la sociedad Luditec de los ejercicios correspondientes a 1986, 1987 y 1988. En 1986, al constituirse la compañía el 27 de octubre, no hubo actividad. En el año 1987 se produjo un beneficio de 380.329.853 pesetas, pero no se repartieron dividendos entre los accionistas. En 1988 los beneficios fueron similares, 376.145.926 pesetas, de los que 129.888.200 pesetas se asignaron como previsión de pago de impuestos y 231.257.726 pesetas se destinaron a reserva voluntaria, mientras para dividendos se asignaron 15.000.000 de pesetas.

De esa cantidad, a la sociedad Imperial Trading and Development Lda., que ostentaba un 33%, le correspondió la suma de 4.950.000 pesetas antes de impuestos[14]. Está documentado el balance de los años 1987 y 1988 que la sociedad Imperial Trading and Development declaró en Belfast. Según este balance, los 4.950.000 pesetas de dividendos obtenidos en España se convierten en 848.612 libras, aproximadamente 170 millones de pesetas, lo que supone una diferencia sustancial. Haciendo el desglose por años, en 1987, en el que no hubo reparto de dividendos en España, la ITD declaró en Irlanda del Norte 450.875 libras, equivalentes a 90 millones de pesetas, y en el año 1988 declaró 397.737 libras, equivalente a 80 millones de pesetas. Hasta el año 1990 se declararon en Belfast 500 millones de beneficios obtenidos en España.

La sociedad Imperial Trading and Development Lda. se convirtió en la vergüenza del gobierno de la Generalitat, así que finalmente se optó por hacerla desaparecer[15].

La vía judicial del caso Casinos,
el cuento de nunca acabar

«Todo el mundo sabe que el caso Casinos está relacionado con la financiación de Convergència, pero no se podrá demostrar nunca». Esta frase fue pronunciada por un dirigente de Unió Democràtica de Catalunya, evidentemente amparado en el anonimato. La vía judicial se ha convertido en el cubo de la basura de cuantos casos de financiación ilegal de partidos políticos se han descubierto. La corrupción no pareció que fuera un objetivo del Código Penal de la democracia, que no contempla como delito la financiación ilegal de las formaciones políticas. La incongruencia que supone esta imperdonable laguna legal parece estar íntimamente relacionada con el interés de la política y los políticos. Los legisladores, que siempre están dispuestos a generar leyes y más leyes de todo tipo para que sean cumplidas por los ciudadanos, olvidan legislar sobre el delito más común entre los políticos: la tentación del dinero fácil que el poder proporciona.

Lógicamente, los partidos políticos que se benefician de la financiación ilegal procedente de concesiones corruptas a empresas privadas son los que ostentan el poder. En Cataluña este poder es absoluto, a causa de las mayorías absolutas, por lo que las comisiones de investigación parlamentaria que deberían esclarecer las responsabilidades políticas son consecuentemente burladas. Cuando se inicia una investigación judicial, ésta termina convirtiéndose en la excusa y el parapeto donde se atrinchera el partido investigado. De este modo, las responsabilidades políticas no tienen cauce por el que investigarse, y las penales no existen porque el delito está ausente. Las condiciones están abonadas para la impunidad más absoluta.

En efecto, el delito de financiación ilegal no existe. Los tribunales pueden perseguir a los directivos de los partidos y a las empresas implicados en estas operaciones secretas de dinero negro, pero sólo si incurren en delitos tales como el fraude fiscal, el cohecho o el falseamiento de las cuentas electorales. Sin embargo, todos estos delitos pueden minimizarse de distintas maneras. En los casos de delito fiscal puede lograrse la exculpación mediante la regularización fiscal voluntaria. Probar un cohecho resulta muy difícil si ambas partes, sobornado y sobornante, están de acuerdo, y poner de manifiesto la falsedad de las cuentas electorales de un partido resulta prácticamente imposible. El carácter meramente administrativo de las infracciones a la Ley de Financiación de 1987 no dan lugar para mucho más. Sin embargo, todos estos artificios legales no pueden amparar unas conductas reprobables. La sabiduría ciudadana siempre sabe distinguir entre lo que es y no es delito.

Todos los ingredientes delictivos se dan en el caso Casinos. Se trata de una operación de financiación ilegal mediante cohecho y soborno, de la que se beneficia el partido en el poder por vía de un concesionario que ha sido premiado con un negocio multimillonario; los intermediarios son dirigentes del partido, con la intervención de coberturas mafiosas, e incluso con el ingrediente del submundo picaresco: Francesc Gordo, el responsable de finanzas de CDC, cae en la tentación de ingresar dinero de la operación de financiación del partido en sus cuentas bancarias particulares. Pero lo que diferencia al caso Casinos de otros similares de financiación ilegal es la peculiaridad de que no sólo se han lucrado los intermediarios con los fondos desviados, sino también el líder de la coalición CiU, Jordi Pujol, que ha canalizado parte del dinero a sus intereses particulares, como la sociedad Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán (lo veremos en un capítulo posterior).

No sorprende que CDC haya aplicado en este caso toda su influencia política y todos los medios a su alcance, desde la intervención de Luis Pascual Estevill en el Consejo General del Poder Judicial hasta la utilización de estrategias jurídicas de toda índole, que no son ajenas al magistrado instructor. Los siete años de la instrucción no se recordarán como una actuación de coherencia modélica. La tesis adoptada es que, a pesar de que son dirigentes del partido los que están acusados de la recepción de los fondos, el partido no está implicado; se trata simplemente de un litigio entre dos particulares, Sentís y Suqué.

La querella presentada por Sentís contra Suqué recayó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona[1], pero inmediatamente el querellante decidió, sin explicación alguna, retirarla. Entonces debió producirse la intervención del abogado Juan Piqué Vidal en la negociación con Sentís, aunque éste lo niega. El escrito de renuncia a la querella no la presentó el procurador Puig de la Bellacasa, que había presentado la querella, sino un procurador adscrito al despacho de Piqué Vidal. En este momento, la juez encargada de forma provisional del Juzgado número 6 era la joven magistrada María del Carmen Suárez (tenía sólo veinticinco años). El fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, requirió al fiscal del juzgado Eduardo Laguna un informe detallado sobre la documentación adjunta a la querella, pero tal documentación no había sido presentada. A pesar de ello, la gravedad de las acusaciones hizo que el Ministerio Fiscal decidiera actuar de oficio. La cifra reseñada en la querella era importante, como puede apreciarse en la transcripción literal: «Mi representado, durante los años 1985 a 1989 hizo entrega de 1.986.537.208 ptas. en parte a la persona del querellado y en parte a las personas e instituciones que se citan a continuación, y que de forma gráfica se resume en el Documento Único que se adjunta». Ésta era la única documentación adjunta a la querella, el «Documento Único», un folio donde estaban tabuladas las cantidades asignadas a diversas personas, por años y totales.

El juez Ramón Gomis fue confirmado como titular del Juzgado de Instrucción número 6 y citó a declarar a Gordo y Serra. Ambos tenían la lección bien aprendida y se aferraron a su postura inicial. Poco antes, en enero de 1990, Serra había remitido una carta la director de El País en la que manifestaba: «No he recibido nunca ninguna cantidad procedente de las citadas compañías —se refería a Casinos— o del señor Suqué, no he mantenido nunca ninguna relación económica con ellos, ni en nombre propio ni de terceras personas». En su declaración ante el juez matizó su relación con las sociedades de los casinos: «En dos o tres ocasiones me he personado en las dependencias de Casinos en Pedralbes, con objeto de recoger unos sobres que contenían invitaciones para su entrega posterior, sin recordar exactamente si a diputados o senadores», como si no hubiera mensajeros para tal función y tuviera que hacer de recadero el secretario técnico del Grupo Parlamentario de Minoría Catalana.

Tanto Gordo como Serra mintieron al juez. En su declaración en abril de 1990, Gordo manifestó al juez lo que reiteradamente había manifestado a los medios de comunicación, que su única relación con Sentís era la meramente profesional derivada de su condición de vicepresidente de Cadena 13. Admitió haber recibido dinero de Casinos, por un importe de 50 millones, como pago por la publicidad transmitida por la cadena de radio. Asimismo, precisó que ocupó la vicepresidencia de la Cadena 13 entre los años 1986 y 1987, lo que quedó desmentido por las notas escritas de su puño y letra dirigidas a Sentís, y que éste presentó en 1992. Dichas notas llevan fecha de noviembre de 1985 y abril de 1988, es decir, antes y después de su paso por Cadena 13. Quedaba así desbaratada su argumentación en torno a su relación profesional con Sentís.

Después de dos años de práctica inactividad, en 1992 se produjo el hecho más destacado de los primeros años de la investigación judicial. Fue entonces cuando tuvo lugar la comparecencia de Jaime Sentís, que desde enero de 1990 había estado viajando por el extranjero. Un mes después de abandonar España, Sentís había llamado a Juan Antonio Sánchez Carrete, asesor fiscal y auditor de Casinos, que también había sido citado en la querella como destinatario de fondos. Sánchez Carrete acudió a una reunión que tuvo lugar en Calgary (Canadá), y que no resultó del todo satisfactoria. Sentís se refirió a ella en su comparecencia ante el juez, expresando el tono de conminación con que le habló su interlocutor: «Si vuelves a España te tendrás que atener a las consecuencias». Sentís interpretó estas palabras como una clara amenaza a su integridad física.

Resulta sorprendente que, después de dos años de instrucción, el juez Ramón Gomis todavía no hubiera llamado a declarar al querellado Arturo Suqué. Fue el letrado Esteban Gómez Rovira, que ejercía la acusación particular en la causa, el que solicitó al juzgado, cuando ya se había presentado Sentís y se había ratificado en la querella, que en la próxima citación de éste, que estaba prevista para el mes de febrero, se convocara también, el mismo día y a la misma hora, al querellado Arturo Suqué, con el fin de establecer un careo entre ambos. Parecía lo más lógico, dadas las discrepancias entre ambos. Además Sentís había anunciado que aportaría pruebas documentales, y parecía una buena ocasión para clarificar aspectos muy importantes de la instrucción. Sin embargo, el juez no lo entendió así; la comparecencia de Suqué no se produjo, y en consecuencia el careo tampoco.

El letrado Gómez Rovira solicitó también el procesamiento de Sentís como presunto autor de delitos de apropiación indebida, estafa procesal y maquinación para alterar el precio de las cosas, en cuantía que estimaba superior a los 1.000 millones de pesetas. Este desvío de la atención hacia Sentís se debía a que Gómez Rovira representaba en la acusación particular a Francisco Sierra Díaz, más conocido como «Paco el Rioja», un jugador profesional que durante años había organizado timbas ilegales de «señora» y bacarrá en unos mini-casinos a los que acudía una nutrida concurrencia de jugadores atraídos por lo prohibido y que fueron clausurados una y otra vez por los mossos d’esquadra. Paco el Rioja había intentado legalizar su situación y pagar las tasas de juego correspondientes, pero siempre se le denegó el permiso. La Generalitat parecía estar dispuesta a defender a toda costa el monopolio adjudicado a Casinos de Catalunya y, molesto con esta actitud, Sierra Díaz aprovechó la ocasión de presentarse a la causa como acusación particular. Entendía que en el juego legal había más ilegalidad que en sus timbas.

Otra de las peticiones del letrado Gómez Rovira fue que se citara a declarar a los antiguos abogados de Sentís para que aportasen la documentación que éste les había entregado. Solicitó también que comparecieran nuevamente Gordo y Serra. Antes de la reaparición de Sentís, Gómez Rovira había pedido al juez que se solicitaran los balances contables de Cadena 13 y sus contratos de publicidad con Casinos de Catalunya para comprobar que si se había realizado esa inversión publicitaria. Esta petición estaba basada en las propias declaraciones de Gordo, que asumía que sus relaciones con Casinos de Catalunya se fundamentaban en su cargo de vicepresidente y administrador único de la cadena de radio. El juez atendió la petición, y un directivo de Cadena 13 se personó en el juzgado sin aportar ninguna documentación y alegando que ésta se encontraba en manos de otra persona, con lo que el asunto quedó en el aire.

El plato fuerte del proceso fue la comparecencia de Sentís el 14 de febrero de 1992. Tal como había anunciado, se personó aportando más de mil documentos con detalles pormenorizados de los pagos realizados, incluyendo fechas, bancos, números de talón, personas a quienes se entregó el dinero y facturas falsas a cambio de las que se efectuaron dichos pagos. Cualquier juez instructor habría considerado esta documentación como un auténtico maná, pero el juez Gomis no lo quiso ver así, lo que resultaba escandaloso después de tantos años de instrucción. Los detalles aportados ponían de manifiesto la extensión de la trama de colaboradores en la financiación ilegal de CDC, lo que provocó la inmediata reacción del partido y de los responsables de Casinos. En primer lugar se pronunciaron categóricamente sobre la documentación aportada, difundiendo una nota a la prensa en la que se decía: «Tras un primer análisis de los casi mil documentos, las facturas corresponden a proveedores habituales». Era una afirmación totalmente incierta, como se demostró posteriormente, ya que los proveedores no eran habituales y los servicios facturados no existían. La nota continuaba: «Estas facturas están debidamente contabilizadas, pero las fotocopias de los cheques y talones están manipulados». Esto sólo era cierto en parte; en efecto, las facturas estaban contabilizadas, a fin de regularizarlas fiscalmente y cubrir así su falsedad, pero los cheques y talones no estaban manipulados, sino que eran auténticos, como pudo demostrar la investigación que realizó la Policía Judicial.

El juez, que tiene ganado el cielo convergente, decidió investigar si la documentación era auténtica. Lo cierto era que la mayoría de los documentos eran fotocopias, ya que los originales le habían sido sustraídos a Sentís por su antiguo abogado Vicente Baldó, o al menos éste los tenía en custodia. Entonces se filtró que el juez, antes de tomar nuevas declaraciones, volvería a llamar a declarar a Sentís en el caso de que se encontrara alguna irregularidad en la documentación. Si se comprobaba que era autentica, llamaría a declarar a Suqué, que, como hemos señalado, aún no había prestado declaración a pesar de ser el querellado, y también llamaría a Gordo y Serra. La agudeza investigadora del juez le hizo citar de nuevo a Sentís, quien lo hizo por tercera vez consecutiva, ratificándose en lo declarado en las dos comparecencias anteriores.

Sentís manifestó públicamente: «Quien tenga dos dedos de frente entenderá rápidamente que uno no presenta mil documentos falsos ante un juez. Ésta es una acusación que no se aguanta […]. Mis mil documentos son los que sustentan, justifican y amparan el dinero que se entregó a los señores Gordo, Serra y Sánchez Carrete». Y concluía: «Mis aliados naturales son la ley y la justicia, y éstos no se mueven». La réplica de Casinos no se hizo esperar, con la acusación de que su ex directivo se había apropiado de 482 millones. Arturo Suqué, como presidente de la compañía, interpuso una querella y pretendió que ésta se uniera al sumario que se seguía como consecuencia de la presentada en sentido contrario, dando a entender que los hechos denunciados por Sentís eran ciertos pero que el beneficiario era él mismo. Eso es lo que se entiende en este párrafo de lq querella: «[…] persistiendo básicamente un mismo hecho delictivo, se trasmuta la autoría del mismo al existir indicios incriminatorios contra quien ahora figura como querellante». La desfachatez llegaba a extremos inauditos.

El abogado de Sentís, Sáez de Parga, definió la querella contra su cliente como «una maniobra turbia, burda, sórdida y pueril. Me causa estupor que Casinos haya esperado el regreso del señor Sentís, que ellos mismos habían calificado de deseable, para reaccionar con esta maniobra. Me sorprende también, que, si Casinos está auditada, esperen a 1992 a denunciar unos hechos de hace cinco o seis años». Ante el cariz que tomaba el asunto el mismo letrado solicitó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia que se eximiera al Juzgado número 6 del sorteo de las causas que entran por el juzgado de guardia, lo que equivalía, en la práctica, a pedir un juez especial para el caso Casinos. La petición no fue atendida y, en consecuencia, la instrucción se dilataría durante más años.

El 24 de julio el juez Gomis llamó a declarar por segunda vez a Francesc Gordo. El panorama había cambiado mucho, y Gordo ya no podía mantener los argumentos que ratificó en su comparecencia ante el juez en abril de 1990, basados en sus declaraciones a los medios de comunicación, en el sentido de que su única relación con los implicados eran los contactos comerciales derivados de su condición de vicepresidente ejecutivo y administrador único de Radio Avui Cadena 13. Sus abogados renunciaron a esta línea, al comprender su escasa solidez, y adoptaron la táctica de reconocer una labor de intermediación. Así, en esta comparecencia Gordo admitió haber actuado como intermediario al entregar talones de Casinos de Catalunya a tres diarios, Avui, El Correo Catalán y La Vanguardia, «por un importe superior a 200 millones». De esa cantidad, 100 millones se destinaron a pagar la publicidad insertada en La Vanguardia, y él mismo los entregó en mano a Carlos Fajardo, entonces gerente del diario. Siempre según su testimonio, los otros 100 millones, también en concepto de publicidad insertada, los entregó a El Correo Catalán y a Avui. Lo que no explicó es el motivo por el que participaba él en esta operación, en la que su gestión se limitaba a entregar el dinero procedente de Casinos de Catalunya.

Moverse hacia esta posición era casi aceptar, por no decir ratificar, lo manifestado por Sentís en la querella, pero a estas alturas de lo que se trataba era de dejar claro que el destino final del dinero que salía de Casinos de Catalunya no iba a parar a las cuentas bancarias de CDC. Parece inaudito que el responsable de finanzas del partido que gobierna Cataluña, al que se le suponen otras obligaciones, se dedicara durante años a intermediar entre empresas de ámbito privado; a cualquiera le resultaría sospechoso que esta intermediación se realizara entre la sociedad concesionaria de la explotación del juego en Cataluña, por decisión de la Generalitat, y empresas periodísticas con clara influencia de Convergència, pero nada de eso importaba, no había nada punible en ello, no era un debate ético o moral, sino una instrucción judicial. Desde este punto de vista se podía afirmar y difundir con toda la pompa necesaria: «No veo ninguna relación de Convergència con este asunto», una frase hecha que fue mil veces repetida por los portavoces de CDC, Miquel Roca, Antoni Subirà, Pere Esteve y el mismísimo Jordi Pujol. Antes de que tal posición acabara derrumbándose habría que esperar hasta el año 1995, cuando entrarían en escena nuevos datos.

Serra, el cajero contable de CDC, declaró por segunda vez ante el magistrado instructor el 3 de septiembre de 1992. En esta ocasión, a diferencia de la anterior, en abril de 1990, se le mostraron decenas de fotocopias de talones firmados al dorso con su firma a modo de recibo. Aleccionado por su abogado Córdoba Roda, no reconoció su firma, si bien admitió que era «parecida a la suya». Tampoco reconoció como suya la firma al pie de la nota que había dejado a Sentís en las dependencias de Casinos, al no localizarlo, a la que había adjuntado una tarjeta en la que figuraba como «secretario técnico del Grupo Parlamentario de Minoría Catalana». Serra debe de tener un problema con su firma: la que figura al pie de esta segunda declaración judicial es la misma que aparece en su documento de identidad, y realmente se parece mucho a la que se muestra en los documentos comprometedores, pero la que figura al pie de su primera declaración oficial es otra bien distinta. Se conoce que ya en aquel tiempo debió de pensar que era mejor no dejar rastro de su firma habitual.

También sostuvo Serra que la única vez que visitó la sede de Casinos de Catalunya fue para recoger un sobre con entradas para un espectáculo que después fueron distribuidas entre los parlamentarios. A la pregunta de si recoger entradas formaba parte del trabajo de una persona con sus responsabilidades, Serra contestó: «No creo que desmerezca mi posición en el partido, do todas formas me tiene sin cuidado». Sorprende también su respuesta a la pregunta sobre sus responsabilidades en la empresa instrumental Faig S.A.: «Me limité a participar en la constitución de Faig, en 1983, con una aportación de 300.000 pesetas, pero desconozco las actividades de esta sociedad y el nombre de sus administradores». Frágil memoria, ya que el administrador único de la sociedad era Francesc Gordo. Como si el asunto no fuera con él, manifestó: «Vendí mis acciones —disponía de un tercio del capital—, aunque no recuerdo a quién». Negó tener relación alguna con Sentís, y dijo que en ningún momento había cobrado cantidad alguna. Había olvidado los más de 300 millones recibidos de Sentís, los casi 100 expedidos por facturas falsas de la sociedad Faig S.A., de la que era administrador, y los más de 30 cobrados según los informes policiales.

Normalmente los jueces, una vez que disponen del escrito acusador del querellante, de inmediato llaman a declarar al querellado para contrastar y definir los términos de la instrucción. Pero el juez Gomis no participa de este proceder generalizado de sus colegas, y citó a declarar al querellado Arturo Suqué el 17 de septiembre de 1992. Si esta metodología hubiera sido efectiva no habría nada que decir, pero siete años después la investigación se quedó en el punto de partida. En su declaración, Suqué se encargó de arremeter de manera furibunda contra Sentís, y aseguró que éste había falsificado los cheques bancarios al portador «con modificaciones burdas» (posteriormente se demostró que los talones no eran falsificados). Lo que para Sentís era un delito de apropiación indebida, Suqué lo calificó de mecenazgo, alegando que se trataba de ayudas al Orfeó Català, al Consorcio de Normalización Lingüística y a la propuesta de Barcelona como sede olímpica.

Como era de esperar, Suqué aportó al juez el contrato de patrocinio que Casinos de Catalunya había firmado con Premsa Catalana S.A., la editora del diario Avui. El objeto del pago era «colaborar económicamente con la difusión de publicaciones y prensa en lengua catalana en las instituciones y escuelas», y a cambio el diario se comprometía a realizar «servicios de publicidad, asesoría, reportajes gráficos, encartes, etc.». Lógicamente estaba fechado el 10 de diciembre de 1986, y la aportación transcurría hasta 1990 por la friolera de 910 millones de pesetas. Ni el magistrado ni nadie le preguntó a Suqué por qué motivo las empresas de los tres casinos, que por ley tienen prohibido hacer publicidad, contrataron un servicio equivalente a más de cuatro páginas de publicidad con inserción diaria durante cuatro años y por qué esas páginas nunca se publicaron, pese a haberse pagado los 910 millones.

El mismo día que comparecía Suqué, el magistrado se dirigió a la Policía Judicial «para que se realicen indagaciones tendentes a la comprobación de la posible falsedad de las facturas aportadas por el querellante, así como establecer el destino de los cheques cuya fotocopia fue aportada a la causa por Jaime Sentís Abad». Posteriormente se demostró que, efectivamente, las facturas eran falsas, pero falsas en el sentido que no correspondían a servicios reales, no porque hubieran sido falsificadas por Sentís. Es sólo una cuestión de matiz, pero el hecho refleja bien la actitud del magistrado. Lo más correcto habría sido ordenar lo contrario: realizar indagaciones tendentes a la comprobación de la veracidad de las facturas aportadas, que era la cuestión realmente importante después de que Gordo hubiera manifestado su labor de intermediación al respecto.

Hasta el 17 de marzo de 1994, dieciocho meses después de la petición, no llegó el informe policial a manos del juez. Además, el informe no estaba completo, pues faltaban por determinar muchos de los movimientos de los talones, y no se había investigado un aspecto importante. En el informe se leía lo siguiente: «Este análisis se limita al seguimiento de los cheques objeto de aportación por el querellante, sin que hasta la fecha [17 de marzo de 1994] se haya comprobado la falsedad o realidad de las facturas que se relacionan con las entregas dinerarias denunciadas». Era muchísimo más fácil determinar la falsedad o realidad de las facturas que el destino final de los talones, y para ello no hacía falta ser inspector-jefe de delitos monetarios, pues cualquier ciudadano podía consultar en las hemerotecas los ejemplares de todos los diarios que facturaron la publicidad indicada en las copias de las facturas aportadas por Sentís, donde se especificaba la fecha de inserción.

Sentís ya lo había denunciado textualmente en la querella, al referirse a los medios utilizados para canalizar el dinero: «La contabilización de facturas falsas conseguidas a través de diversas personas que hacían constar falsos servicios de proveedores». Si se hubiera realizado esta comprobación tan simple las conclusiones habrían sido determinantes. Si se hubiera realizado de una manera coherente, el informe de la Policía Judicial tendría que haber ratificado las palabras de Sentís: las facturas eran falsas, no hubo contraprestación de servicio, pese a lo cual éste fue pagado, con el agravante de que quien lo cobró no tenía relación con el que pagaba. Se conocía la empresa que extendió las facturas, su importe, el número de los talones, y el banco, y esos talones que servían para efectuar el pago de las facturas eran ingresados en la cuenta corriente de un tercero. El informe policial, sin embargo, no se refirió a este hecho, pese a que Sentís, en su segunda comparecencia, ya había declarado al juez al respecto: «Esas cantidades fueron cobradas por personas distintas de los que firmaban los recibos, y en fechas diferentes a las que figuran en ellos».

Hay otro aspecto fundamental que queda difuminado en las páginas y listados del informe policial. En la querella de Sentís se agrupaban por apartados las cantidades entregadas a distintas personas, principalmente a Gordo y a Serra, y en la documentación presentada posteriormente, en febrero de 1992, aparecen relacionados y numerados estos pagos, formando subgrupos con cantidades individualizadas que corresponden a las diferentes fechas de entrega. En cambio, en el listado que hace la Policía Judicial se determinan de mayor a menor los números asignados a cada talón o cheque, junto con los bancos donde Casinos de Catalunya tenía sus cuentas y que eran los que efectuaban los pagos, los números de cheque, su importe y por quién fue cobrado, pero no se mantiene un criterio constante en la determinación de los subgrupos con las cantidades entregadas a cada persona en fechas determinadas. Si se hubiera mantenido este criterio se habría puesto de manifiesto la importancia que tenían los talones no aportados, es decir, aquellos de los que se desconoce por quién fueron cobrados. Hay subgrupos completos que constan de varios cheques, todos ellos clasificados como «no aportados». Es evidente la conexión que existe entre las cantidades entregadas en fechas determinadas y el desconocimiento de la persona que las cobró.

En su informe[2] la Policía Judicial define el procedimiento utilizado: «Se hicieron llegar a las entidades de crédito en las que parecía que habían sido compensados los cheques, fotocopias de los mismos en oficios en que se hacía saber la existencia de la comisión judicial y se requería información sobre la cuenta en la que se abonó cada uno de ellos». También se indica el concepto de «no aportado», aplicado a aquellos cheques cuya fotocopia no fue entregada en su día por la entidad de crédito requerida, «con la alegación de su destrucción o no hallazgo». Lo que se quiere decir, en definitiva, es que la entidad bancaria, a pesar de serle solicitada esta información por orden judicial y en pleno periodo legal de custodia de los datos, no la facilitó. Resulta sorprendente que los inspectores jefes de la Policía Judicial no apreciaran la importancia de este hecho. El informe policial fue extendido «por los inspectores-jefes del Cuerpo Nacional de Policía con carnés profesionales números 14.186 y 18.478».

De esta forma, 100 millones de pesetas entregados a Serra el 15 de septiembre de 1987 y que constan como «no aportados» quedan confundidos con la siguiente entrega, ésta del 21 de diciembre, también por 100 millones, en la que sí se conoce quién los cobró. Sorprende que la policía, que en las investigaciones sobre delincuentes comunes es capaz de determinar complejas deducciones, en este caso de ladrones de guante blanco perdiera su habitual sagacidad. En la documentación aportada por Sentís figura esta entrega sin la correspondiente factura ficticia, es decir, que el dinero le fue entregado a Serra sin que mediara un tercero expedidor de la factura. Por tanto, cabe presumir que esta cantidad no fue transferida a un tercero y fue puesta a disposición de CDC por el cajero contable del partido. Aquí se halla la clave de la estrategia de defensa: ningún cheque procedente de Casinos de Catalunya debía constar como ingresado en las cuentas bancarias convergentes. Hay que recordar que el partido que gobierna Cataluña es el mayor impositor de bancos y cajas de ahorro. Con un presupuesto anual de 1,8 billones de pesetas, el centro de poder y dinero que constituye la Generalitat permite a CDC transmitir a las direcciones de las instituciones de crédito la conveniencia de que determinados cheques no sean localizados en sus bancos de datos.

No hay ninguna razón para que las entidades de crédito aleguen desconocer el destino final de unos cobros, estando obligadas por ley a mantener esa información. En este caso concreto los cheques tenían fecha de 15 de septiembre de 1987. Según la ley, la custodia de la información ha de prolongarse durante seis años, luego el plazo vencía el 15 de septiembre de 1993. El juez formuló la solicitud de investigación a la Policía Judicial el 17 de septiembre de 1992, casi exactamente un año antes de que venciera ese plazo, y el informe policial llegó al magistrado el 17 de marzo de 1994, cuando el periodo de custodia ya estaba vencido. A partir de aquí todo esfuerzo será estéril: las entidades bancarias ya no sólo se ampararán en que no localizan la información en sus bases de datos, sino que ahora tendrán también el pretexto legal de que ha caducado el plazo de retener esta información.

El magistrado podría haber realizado registros en las entidades bancarias que no facilitaban o retrasaban la información en plena vigencia de su obligación legal de mantenerla. También podría haber hecho algo todavía más simple, más práctico y mucho más efectivo: solicitar el extracto de las cuentas corrientes de CDC en las entidades bancarias donde las tenía, con las correspondientes hojas de ingresos donde quedan reflejados los números de los cheques y los importes, y cotejarlas con la relación aportada por Sentís. No se hizo nada de esto, pese a que se trataba de un procedimiento elemental en cualquier investigación coherente. Tampoco la defensa de Francesc Gordo propuso, para acallar la sospechas que se cernían sobre el presunto destino de los fondos procedentes de Casinos de Catalunya en las arcas convergentes, la aportación de los extractos e ingresos de sus cuentas corrientes. Éstos no debían de ser muy transparentes, ya que se eludió la posibilidad de demostrar lo contrario.

Si se hubieran comprobado las cuentas corrientes de CDC, o al menos las que controlaba Albert Serra Hugas, como la cuenta número 419/02/000289512 de La Caixa, oficina de la calle Valencia en Barcelona, se podría haber encontrado un ingreso en noviembre de 1989 por 13.700.000 pesetas provenientes de una presunta estafa o apropiación indebida de la mano de Mario Conde, en una operación destinada a generar dinero negro a partir de la venta de unos terrenos y naves industriales en Madrid y Guadalajara. Cabe pensar que se trata de otra presunta financiación ilegal, ya que una persona física o jurídica no está facultada por ley a hacer una donación en cuantía superior a los 10 millones de pesetas. Este ejemplo pone de manifiesto que el caso Casinos no es una excepción para CDC.

La difícil actuación de Serra, y sobre todo la de Francesc Gordo, ante el juez puede entenderse desde la pura lógica e incluso desde el punto de vista legal, ya que cuando un presunto delincuente declara ante un tribunal no se le puede pedir juramento de que lo que manifiesta es verdad. Lo que ya no se entiende es que las entidades bancarias colaboren en la destrucción o en la omisión de pruebas de un presunto delito, que no acaten las órdenes judiciales y que esa actitud de negación de colaboración con la justicia no sea objeto de acusación. A ello hay que añadir la escasa eficacia de la Policía Judicial comisionada a tal efecto y la absoluta falta de diligencia del magistrado como responsable de la instrucción.

En cuanto a la colaboración de las entidades bancarias se producen situaciones de verdadero escándalo. Los responsables del Banco Español de Crédito, por ejemplo, comunicaron a la Policía Judicial que no conocían el destino del 80% de los datos solicitados para descubrir el destinatario final de los talones «no aportados». Así, trece cheques de cantidades fraccionadas que, casualmente, sumaban 20 millones de pesetas exactos, estaban fechados el 4 de julio de 1986 y casi con toda seguridad se puede deducir que tenían un destinatario común, en este caso posiblemente La Vanguardia. Se da la circunstancia de que en las fechas de la investigación policial, el presidente de Banesto, Mario Conde, mantenía unas relaciones inmejorables con el editor de este periódico, Javier Godó, debido al interés de aquél en adquirir un paquete importante de acciones de la publicación. Ello explicaría que, por orden del presidente del banco, las bases de datos de éste sufrieran una repentina amnesia: de los 123 talones solicitados sólo tuvieron respuesta 22.

Por su parte, el Banco de Sabadell aportó muchos de los datos que le fueron solicitados, pero casualmente los que dejó de aportar tenían una significación relevante. Se trata de ocho talones de importes fraccionados que suman 100 millones, así como veintidós talones también de importes fraccionados por un importe total de 40 millones exactos. Para más casualidad, los únicos datos que se solicitaron al Banco Urquijo, y que tampoco aportó, se referían a trece cheques de importes fraccionados que sumaban un total de 60 millones. Pues bien, aquí están los 200 millones de pesetas que constan en el sumario como percibidos por Albert Serra, el cajero contable de CDC, en dos entregas de 100 millones cada una en los meses de mayo y septiembre de 1987. Consta también su firma al dorso de la fotocopia de los cheques que Sentís le hacía firmar a modo de recibos. Si las entidades bancarias retienen esta información vital es porque se someten a la voluntad de alguien con poder suficiente para ordenárselo. Ésta es la metodología empleada por Convergència Democràtica de Catalunya para eludir su inculpación: la complicidad impune de las entidades de crédito.

Tanta casualidad no puede ser fortuita. Si en el caso de Banesto la explicación está en las relaciones entre Conde y Godó, en el del Banco de Sabadell la conexión es la siguiente: Juan Casablancas Beltrán, ex consejero de El Correo Catalán y de Banca Catalana y padre del presidente del Banco de Sabadell, llamado también Juan Casablancas, entró en contacto con Pujol y, de común acuerdo, ambos adquirieron el Banco Mercantil de Manresa. Pujol nombró al director general, Ernest Giralt, y Casablancas al consejero delegado, Francesc Gordo Lorente, que era su hombre de confianza.

Carentes de interés por esclarecer lo sustancial de la acusación, las investigaciones derivan hacia aspectos accesorios, de poca o escasa importancia, evitando siempre cualquier acercamiento al epicentro del caso. El magistrado comulga con las tesis de la defensa, y las acciones que realiza sólo pretenden dar espectáculo de cara a la galería. Antes, en 1992, no citó a declarar a los expedidores de las facturas ficticias, por dudar de que Sentís las pudiera haber falsificado, y tampoco lo hace ahora, cuando, a través de los informes policiales, sabe que estas facturas han sido realmente pagadas por Casinos de Catalunya, y cuando el seguimiento de los cheques permite conocer, en muchos casos, por quién fueron cobrados.

Constaba en el informe policial que Premsa Catalana S.A., editora del diario Avui, había sido uno de los destinatarios de los cheques con destino conocido, exactamente cuarenta y tres de ellos por un importe de 148.646.060 pesetas. El magistrado también tenía conocimiento de que Premsa Catalana S.A. había extendido las facturas de las que Sentís había aportado copias. Por esta razón, más que por la del cobro, al responsable máximo de la sociedad se le tendría que haber imputado el delito de falsedad en documento mercantil[3]. La persona en que recaía tal responsabilidad no era otra que Antoni Subirà Claus, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del diario, cargo que había desempeñado al mismo tiempo que ejercía la función de portavoz parlamentario de la coalición CiU. Sin lugar a dudas, su cargo presidencial coincidió con el periodo en que se extendieron las facturas. En la época en que el magistrado se negó a tener conocimiento de este hecho —no se puede decir de otra manera—, Subirà era conseller de Industria de la Generalitat de Cataluña, y por lo tanto aforado, lo que debería haber obligado al juez a inhibirse de la causa y trasladarla al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tiene competencias para ver los asuntos en los que figuren imputados aforados.

Evidentemente, el juez Gomis no debía saber que Subirà era el presidente del consejo de administración de una de las empresas que figuraban en el sumario, pues no había solicitado al Registro Mercantil de Barcelona ningún dato sobre la composición de los consejos de las empresas colaboradoras en la trama. Sin embargo, era del dominio público que Subirà era el presidente del consejo de administración del diario Avui, y durante años su nombre figuró en la mancheta del staff directivo del periódico.

Otra incongruencia llamativa de la actuación del magistrado, siempre inclinado a avanzar en dirección contraria al núcleo de la investigación, fue la decisión de ordenar que los representantes legales de las sociedades que habían expedido las facturas falsas, entre ellas Premsa Catalana S.A., y los cuarenta destinatarios finales de los cheques prestaran declaración ante la policía, y además sólo los que ésta considerara oportuno. El juez sólo citó a declarar, por tercera vez, a Francesc Gordo, aunque se tomó su tiempo, pues tardaría en citarle a declarar casi un año. La doble condición de Subirà como responsable, por el cargo que ostentaba, de la expedición de facturas falsas, y de figurar, según la investigación policial, en la relación de receptores de fondos, fue ignorada por el magistrado.

Lo normal habría sido que el magistrado hubiera citado a declarar a los responsables de la extensión de las facturas, así como a los receptores de los cheques que Casinos de Catalunya había pagado, al menos a los más significados por la cuantía de los importes cobrados. Entre unos y otros, ya que la mayoría ostentaban la doble condición, no eran más de ocho los que tenían que comparecer. Era evidente que se trataba de un endoso de talones, y lo manifestado por Sentís en la querella era rigurosamente cierto: él mismo los entregaba a Serra y a Gordo, y éstos ponían una parte a disposición del partido y otra la destinaban a terceros que en muchos casos eran los mismos expedidores de las facturas falsas, las cuales se convertían en un instrumento para justificar la contabilización y dar apariencia legal a la salida del dinero de las cuentas de las sociedades de los casinos.

Por Premsa Catalana S.A., editora de Avui, debería haber comparecido Antoni Subirà; por Talleres Imprenta S.A. (La Vanguardia), Javier Godó, que lo podía hacer también por las empresas del grupo Sogedisa, Distribución de Prensa y Gráficas Especiales; asimismo debería haber comparecido Jordi Vilajuana, por Tiempo BBDO, que era la empresa publicitaria encargada de las campañas electorales de la coalición CiU, y los responsables de las empresas instrumentales de CDC Faig S.A. y Lantana S.A., así como los de una empresa vinculada a Carles Sumarroca, Unitron Ibérica S.A. Por Fomento de la Prensa S.A., El Correo Catalán, debería haber sido citado yo mismo. En estas personas y sociedades, junto a los protagonistas de la querella (Sentís, Suqué, Gordo y Serra), radica el núcleo del caso Casinos. Jordi Pujol se adjudicó los éxitos del partido y la coalición, y por el mismo criterio también deberían corresponderle las responsabilidades, tanto políticas (eludidas mediante el entorpecimiento de la tarea de la comisión de investigación parlamentaria) como penales, que quedan pendientes.

Entretanto, el juez Ramón Gomis orientó la investigación a la realización de acciones espectaculares pero totalmente ineficaces, con el agravante de ser innecesarias por llegar a destiempo. Así, el 20 de abril de 1994 ordenó un registro en las oficinas centrales de Inverama, el holding concesionario de los tres casinos, en busca de documentación que pudiera aclarar la instrucción. Lo que no hizo cuando debió hacerlo, los registros en las entidades bancarias que se negaban a facilitar datos sobre el movimiento de los cheques, lo hacía ahora en la sede de Casinos, para hallar una documentación de la que ya disponía o que carecía de interés por ser demasiado antigua. El magistrado ya tenía entonces todos los elementos necesarios para haber dirigido la instrucción hacia su debida resolución, pero debía entender que con estos registros espectaculares demostraba de cara al público su determinación de llevar a cabo una investigación profunda y hasta las últimas consecuencias.

El magistrado no hizo un uso adecuado de la documentación hallada, que era la misma de la que ya disponía desde hacía dos años. Se dedicó a indagar en lo accesorio, prescindiendo de lo fundamental. Esa documentación consistía en datos sobre cheques bancarios y unas 500 facturas de Avui, Cadena 13, Tiempo BBDO, Sogedisa y Gráficas Especiales. Esta acción, si se hubiera realizado en 1990, habría hecho avanzar la instrucción, ahorrando cuatro años, pero no interesó. El motivo es que en aquella fecha la custodia de la información bancaria sobre los cheques estaba en el plazo vigente, lo que hubiera hecho posible identificar a todos los destinatarios de todos los cheques.

Sobre este registro ordenado por el juez se le pidió opinión a Jordi Pujol, por si veía en ello intencionalidad política. Su respuesta fue en la misma línea que las anteriores: «No veo intencionalidad política, sino la actuación normal de un juez que sigue su curso. En lo que a CDC afecta, es una cuestión que afrontaremos con el ánimo muy tranquilo y templado. Por el conocimiento que tenemos, no hay nada que temer». El conocimiento que tenía era que los abogados habían establecido una estrategia defensiva bunquerizada y estaban seguros de que nada podría ser probado, pues el magistrado aceptaría todas sus tesis. Siguiendo con sus acciones de cara al público, Gomis ordenó un registro en el diario Avui, donde se incautaron los libros contables, aunque no sirvió de nada. Otra cosa hubiera sido incautar los libros contables de Convergència, pero el juez no estaba dispuesto a emprender ese tipo de acciones.

Al conocer que los receptores de los cheques eran personas o empresas directamente relacionadas con CDC, varios grupos de la oposición, no todos, propusieron la creación de una comisión de investigación sobre el juego y las loterías de la Generalitat. Era la tercera vez que se solicitaba esa comisión, y en esta ocasión fue ERC el partido que abanderó la propuesta. De inmediato Pujol intervino: «No acepto la comisión», dijo, con un acusado sentido de la democracia, sin molestarse siquiera en hacer plural el sujeto de la frase. A continuación, utilizó su coartada habitual: «Cuando el caso está en manos del juez no veo necesario crear una comisión porque puede interferir». La oposición socialista, alineada con la coalición CiU por el apoyo que ésta prestaba al gobierno del PSOE, se pronunció por la resolución del caso por la vía judicial, habida cuenta del fracaso de las experiencias parlamentarias anteriores. José María Sala manifestó estar «a favor de esperar los resultados de la investigación judicial».

Los grupos parlamentarios de ERC, IC y PP manifestaron su desacuerdo. Ángel Colom, en representación de ERC, señaló: «Si CiU en Madrid reclama transparencia y que se llegue hasta el fondo de los casos de corrupción, debería hacer lo mismo en Cataluña y permitir que se investigaran las posibles responsabilidades políticas». La portavoz adjunta de IC, Imma Mayol, concretaba: «Jordi Pujol, que es quien esta bajo sospecha, debería ser el primer interesado en que se aclare este asunto». Vidal-Quadras, por el PP, calificó de subterfugio la argumentación de Pujol para rechazar la comisión de investigación: «Se trata de un argumento muy débil, porque la vía judicial va por un camino y la parlamentaria por otro», y le recordó que los casos Roldán y Rubio estaban siendo investigados simultáneamente por el Congreso de los Diputados y por los tribunales.

Pujol y su política siempre se han colocado por encima del bien y del mal, exigiendo a los demás lo que no practican ellos mismos, y esta actitud es aplaudida por los palmeros de turno, habituales o ocasionales, como lo fue en esta ocasión el Grupo Socialista, que no se sumó a la propuesta e hizo inviable la petición de investigación. La peculiar configuración del sistema democrático español, en el que se forman alianzas diferentes en los distintos parlamentos, abre el camino que conduce hacia la impunidad. Pascual Maragall, alcalde de Barcelona y miembro de la dirección del PSC, protestaba sólo dos meses antes por el hecho de que se taparan los casos de corrupción: «En Cataluña hay un silencio espeso». Y proponía «airear todo lo que haya que airear, con tino, con rigor y sin callar nada».

Lo grave no es que los socialistas se abstuvieran, sino que votaran en contra de la creación de la comisión en el pleno del Parlament. Su portavoz, Higini Clotas, nos deleitó con su conocimiento de los nuevos datos que la investigación había aportado. «Los socialistas queremos ir a fondo y con responsabilidad en todas las materias que haya que investigar, y fuimos los primeros en abordar esta cuestión, pero no conocemos que hoy haya elementos nuevos desde que se constituyó la anterior comisión, en abril de 1992, que justifiquen la creación de una nueva».

El portavoz de CiU, Raimon Escudé, señaló el hecho de que la actual normativa estatal hacía inoperantes a los parlamentos autonómicos, «dado que la presencia física para declarar sólo es obligatoria para los funcionarios que dependen de la Administración autonómica, y no para el resto de los ciudadanos ni para los funcionarios que dependen de la Administración central». Más cinismo es imposible. Ahora resulta que lo que hace inoperantes a las comisiones de investigación es la normativa estatal. Sin embargo, lo cierto es que nadie se negó a comparecer; fue la coalición CiU la que evitó la comparecencia de los verdaderos protagonistas: Sentís, Suqué, Gordo, Serra, junto con otros que se ofrecieron voluntariamente, por disponer de información, y fueron rechazados.

Estaba previsto que el Congreso constituyera una comisión para estudiar la financiación de los partidos políticos. El PP, IU por indicación de IC y el Grupo Mixto, en el que esta integrado ERC, solicitaron que dicha comisión investigara el caso Casinos, pero la iniciativa no prosperó. La estrategia de acuerdos y pactos entre PSOE y CiU lo impidió. Lo que parecía inevitable era la inclusión del caso Filesa, que afectaba a los socialistas, en las investigaciones de la comisión. Se sospechaba, y con fundamento, que el PSOE se había financiado ilegalmente a través de un entramado de sociedades, entre ellas Filesa, que facturaban servicios ficticios a grandes empresas, las cuales pagaban esperando recibir favores de las decisiones del Gobierno. Aunque el caso Casinos era una fotocopia del caso Filesa, socialistas y convergentes, que ostentaban la mayoría absoluta de la cámara, impidieron la inclusión del primero en los trabajos de la comisión.

Cuando aparecieron nubes de tormenta en el horizonte, Pujol desenfundó el paraguas protector, la palabra mágica: Cataluña. Él, Cataluña y su partido son la única representación: «Una cosa que afecta a Cataluña se tiene que discutir en el Parlament, como ya se ha hecho, y lo que no puede ser es que se eleve, como si de un caso judicial se tratase, a una instancia superior. […] Es plena competencia del Parlament y no se ha de discutir en ninguna otra cámara. […] ¿O es que el Parlament no sirve para nada?». En efecto, señor Pujol, no sirve para nada, pues usted lo ha anestesiado de tal manera que está en permanente estado de coma. Su exposición continúa: «Los que quieren que se investigue en el Congreso, lo que hacen es menospreciar la circunstancia de que la cuestión ya se haya discutido en el Parlament». Ya no se trata de argumentar con razonamientos coherentes, se trata de una cuestión de patriotismo: «Me extraña que lo plantee un partido nacionalista», en clara alusión a ERC, cuyo secretario general replicó inmediatamente a Pujol: «Que no esconda la suciedad detrás de la bandera de Cataluña».

La paranoia de Pujol se contagió a toda la coalición CiU, cuyo portavoz en el Congreso, Josep López de Lerma, afirmó apocalípticamente ante el hemiciclo: «[La propuesta de investigación] provocaría el mayor conflicto constitucional de competencias entre comunidades autónomas y el Estado que se ha planteado desde 1978, de imprevisibles consecuencias políticas». También dijo lo siguiente: «Es constitucionalmente imposible que el Congreso se constituya en cámara revisora de hechos conocidos por parlamentos; políticamente sería una necedad, porque se plantearía una situación irresoluble si el Congreso llegase a conclusiones distintas a las que en su día, sobre los mismos hechos, llegaron los parlamentos autonómicos». La lectura que los representantes de CiU hacen de la Carta Magna es absolutamente parcial e interesada. Pujol y sus seguidores se autoadjudican todos los derechos, magnificados hasta el límite, y se eximen de las mas elementales obligaciones. Una minoría parlamentaria con dieciséis o diecisiete diputados, es capaz de fijar políticas, de condicionar gobiernos, de hacer que la cámara que representa a toda la nación dependa de sus decisiones. Exige responsabilidades, pero sólo a los demás; las propias no son debatibles por derecho constitucional. De esta manera, la minoría se arroga el poder de una auténtica mayoría absoluta.

Las reglas de juego del sistema democrático español están viciadas de origen. De poco sirve que el Tribunal Constitucional delibere sobre los múltiples aspectos relacionados con las competencias estatales y autonómicas si la columna vertebradora de cualquier resolución está asentada en la indefinición de los principios. Esto se debe posiblemente a que la Carta Magna se estructuró de tal manera que quedaba sin definir claramente el futuro desarrollo autonómico, sin que pudiera preverse que políticos sin escrúpulos y carentes de decencia parlamentaria harían interpretaciones capaces de transformarla en papel mojado. Si las actitudes políticas no cambian, la base constitucional terminará quebrándose, como ha ocurrido en el caso de Italia por la confrontación de intereses partidistas carentes de visión nacional.

Apenas seis meses antes, Pujol había querido presentar una imagen serena: «En lo que a CDC afecta, es una cuestión que afrontaremos con el ánimo muy tranquilo y templado; por el conocimiento que tenemos, no hay nada que temer». Sin embargo, al sentirse acosado, su actitud cambió radicalmente, demostrando que su pretendida tranquilidad sólo era de fachada. Felipe Alcaraz, en nombre de IU, dijo que el planteamiento de CiU era «dramáticamente excesivo», y excesivo fue, efectivamente, Pujol al plantear una sublevación civil en Cataluña en defensa de lo que consideraba un ataque furibundo a la patria catalana. Nada menos que una sublevación civil, y eso partiendo de un estado de ánimo muy tranquilo y templado. Posteriormente, el president se percató de este exceso verbal y lo matizó, pero ya había lanzado un aviso a navegantes, mostrando hasta qué tono podía elevarse el diapasón convergente. Fue el mismo método que utilizó cuando la Fiscalía pretendía incluirlo en la querella por Banca Catalana.

El Banco de España mantuvo una actitud negativa a enviar datos del endeudamiento de los partidos a la comisión de investigación. La argumentación del banco emisor era que «no es posible remitirlos sin la autorización de los titulares de las cuentas y créditos». Insólita excusa. Ningún juzgado ha de pedir permiso a un ciudadano para investigarle. Puede argüirse incluso que cualquier ayuntamiento, cuyo rango es muy inferior al del Congreso, puede embargar sin orden judicial las cuentas corrientes y de ahorro, aunque sean de titularidad compartida, de los ciudadanos que considera deudores. Entretanto, el juez Gomis continuó solicitando datos a las entidades bancarias sobre el destino de los cheques. La respuesta, cuando la había, era que no los encontraban, que los habían perdido o que ya había vencido el plazo de custodiar la información.

LA ESTRATEGIA CONVERGENTE SE DERRUMBA

El caso Casinos ha tenido tres etapas bien diferenciadas. La primera y la segunda estuvieron impulsadas por Sentís. Los dos primeros años de la instrucción configuran la primera etapa, que comienza con la presentación de la querella, en diciembre de 1989, y continúa con la filtración a la prensa escasamente un mes después, la retirada de escena por parte de Sentís y el seguimiento de oficio por la Fiscalía. La segunda etapa se inicia en enero de 1992, cuando Sentís regresa a España y presta declaración ante el juez instructor, aportando más de mil documentos que sustancian los elementos de prueba de la investigación. La estrategia de negar taxativamente los hechos denunciados ya no se sostiene. Hay suficientes evidencias como para empezar a reconocer que el intercambio dinerario ha existido. Es la época en que las «facturas falsas emitidas por medios de comunicación» adquieren nombres propios: La Vanguardia, El Correo Catalán, Avui… Después llegan los informes policiales, y aparecen nuevos nombres: Faig S.A. Unitron, Lantana, Premsa Catalana. Es necesario un cambio de estrategia, y ésta se sustenta en la intermediación de Francesc Gordo entre Casinos de Catalunya y el maremágnum de acreedores ficticios con cuya complicidad se trata de dar una versión de relación puramente comercial en la que Gordo va y viene con el dinero. Por parte del magistrado el cambio de estrategia no plantea ningún problema, pues acepta todas las tesis que se presenten. Francesc Gordo, sin empacho alguno, pasa de «no haber tenido más relaciones que las comerciales derivadas de mi condición de vicepresidente ejecutivo de Radio Avui Cadena 13» a reconocer una intermediación en los cobros. No hay réplica alguna a esta versión, y el magistrado no parece tener interés alguno en algo tan elemental como cruzar los datos de que ya dispone, lo cual haría derrumbarse la nueva argumentación de Gordo, y en consecuencia de CDC.

La tercera etapa se inicia a primeros de 1995, y en ella es el autor de este libro quien decide marcar la pauta. Ya desde finales de 1985, cuando El Correo Catalán dejo de publicarse y la sociedad editora entró en la fase terminal, fui sorprendido en mi buena fe por estos personajes. Mientras yo daba la cara y ponía mi nombre, ellos, los verdaderos propietarios maquinaban una estafa desde la sombra, como veremos en otro capítulo. Cuando pude percatarme de sus intenciones era demasiado tarde. Entonces me desvinculé de los intereses convergentes y asumí la gerencia de otro diario, El Día de Baleares, de Palma de Mallorca. Tres años más tarde, en enero de 1990, cuando el caso Casinos saltó a la prensa y había que articular una estrategia para distorsionar lo que Sentís había denunciado, teniendo en cuenta el precedente de El Correo Catalán, me negué a cooperar. Ésta no fue la única razón, pero sí una de las que impulsaron el pacto con Sentís.

Parecía que aquí había acabado mi relación con el mundo convergente, pero tuvo su continuidad, Sentís aportó la documentación donde aparecían las facturas falsas extendidas, entre otras las de El Correo Catalán, y posteriormente la constatación de los pagos se puso de manifiesto con los informes policiales, que llegaron a manos del juez en marzo de 1994. Por otra parte, en septiembre de ese mismo año IC, ERC y el PP apoyaron en el Congreso de los Diputados la inclusión del caso Casinos en los cometidos de la comisión destinada a estudiar la financiación de los partidos, lo cual hizo rebasar el límite de lo aceptable por CDC, que no podía controlar el Congreso como lo hacía con el Parlament de Cataluña. Había un cabo suelto: mi falta de cooperación, y el aparato convergente decidió emplear sus métodos más sucios para hacerme entrar en razón. Para no desviar el hilo del relato pasaremos por alto los detalles de este episodio, en el que el ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú me presionó para clausurar un negocio de imprenta de mi propiedad. La alcaldía convergente del diputado Esteve Orriols consiguió cerrarlo de la forma más ruin.

A partir de esta circunstancia, tras comprobar el grado de esquizofrenia de los convergentes (el episodio está repleto de contradicciones y malentendidos entre ellos mismos), decidí plantarles cara al precio que fuera. La posición pasiva que había mantenido llegó a su fin, y me creí legitimado para a actuar. No podía tolerarse tal grado de impunidad, ni los métodos coactivos podían llegar al extremo con que se estaban aplicando. Para empezar filtré una información a El País en la que se ponía de manifiesto que realmente existió una facturación de publicidad no publicada en El Correo Catalán. Esta información coincidía con la que había aportado Sentís en su día. Así, por primera vez en cuatro años de instrucción del caso Casinos, había una información que ratificaba la aportación documental de Sentís. En el artículo, publicado el 4 de diciembre de 1994 y escrito por el periodista Enric Company, se trataba de contrastar la información con las manifestaciones del portavoz de CDC Pere Esteve y con la frase acuñada: «No veo ningún elemento que relacione a Convergència con este asunto». Un representante de Casinos de Catalunya manifestó: «Estas facturas son realmente falsas. Es decir, Casinos ni las ha visto, ni las ha tenido, ni, en consecuencia, las ha pagado». Posteriormente se pudo acreditar de forma fehaciente que las habían visto, las habían tenido y, consecuentemente, las habían pagado.

Un mes después de publicarse esta información en El País, Iniciativa per Catalunya, personada en la causa como acción popular, pidió al juez instructor que me citase a declarar junto a Carles Sumarroca. El escrito de IC basaba su petición en que las informaciones que yo podía aportar «son de gran interés para acreditar un buen puñado de pagos irregulares denunciados», y la declaración de Sumarroca, que era etiquetado como un empresario muy próximo al presidente de la Generalitat, se solicitaba porque «parece haber tenido una participación directa en el cobro de las facturas citadas». El abogado de Iniciativa per Catalunya, Jordi Aules, pedía también, «con la solemnidad que sea necesaria», que se entregara a las partes la documentación del expediente fruto de las últimas actuaciones. Una característica constante de la actuación del magistrado en este caso ha sido la de no facilitar a las partes personadas la información a la que tenían derecho, y cuando lo hizo, en contadas ocasiones, la instrucción se volvió lenta hasta la exasperación.

El 10 de febrero, en jornada de mañana y tarde, comparecí ante el instructor. Se me imputaba un delito de falsedad en documento mercantil por haber extendido facturas falsas de El Correo Catalán. Expuse con detalle que, efectivamente, se habían realizado tales facturas, siguiendo instrucciones de Josep Lluís Rovira. No era un hecho excepcional, pues de forma regular y periódica la sociedad editora utilizaba estos métodos, y otros varios que también expuse, debido al déficit crónico y al endeudamiento del diario y a su necesidad de constante financiación externa. Confirmé las argumentaciones iniciales de Sentís, aporté documentación sobre las facturas y cobros realizados a los casinos catalanes, copias originales de las facturas, ingresos bancarios y extractos de cuentas; en definitiva, la contrastación documental de los datos aportados por Sentís. Las facturas falsas expedidas por Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán, en número de cuarenta y una, totalizaban 68.789.700 pesetas[4]. Esta financiación era sólo la acreditada en el caso Casinos, una parte minúscula de la que realmente se movió. Además de estas pruebas documentales, expliqué el mecanismo utilizado por CDC para recaudar y distribuir los fondos.

El magistrado no pareció entender la operativa que le expuse. Tenía una cierta complejidad, pero era comprensible para quien quisiera hacerlo. En definitiva, mi versión introducía una variante a las tesis que se mantenían en la instrucción. Los fondos dinerarios tenían un solo destinatario, CDC, a través de sus responsables financieros Gordo y Serra. Éstos disponían del dinero y era Lluís Prenafeta quien asignaba su destino posterior, siempre de forma globalizada. Posteriormente Gordo fraccionaba las cantidades, atendiendo la orden recibida por Prenafeta. Como los talones de Casinos eran extendidos al portador, los canalizaba a su destinatario en forma de endoso. A la salida del juzgado, ante los periodistas, dije: «Asumo la parte alícuota de responsabilidad que me pueda corresponder al frente de Fomento de la Prensa, pero traslado a sus verdaderos propietarios la que a ellos les corresponde».

Todos los titulares de la prensa dieron la noticia de esta manera: «El ex gerente de El Correo Catalán implica a Prenafeta en la trama del caso Casinos». Acto seguido, el magistrado citó a declarar a Prenafeta, a quien se le acumulaba el trabajo en los juzgados: la semana anterior había sido citado por el magistrado Joaquín Aguirre, quien lo inculpaba en el caso De la Rosa, por el desvío de casi 800 millones de la sociedad Grand Tibidabo, que había descapitalizado a sus accionistas, hacia el diario El Observador, cuyo impulsor había sido el mismo Prenafeta. También fueron llamados a declarar Gordo y Rovira, pero el primero que acudió, según indicación del juez Gomis, fue Prenafeta. Una instrucción coherente y eficaz tendría que haber citado primero a Gordo y a Rovira, que constituían el primer eslabón, a continuación debería haber contrastado lo que yo había manifestado, con los oportunos careos si hubieran sido necesarios, y una vez que el magistrado, a resultas de estas comparecencias, llegara a sus propias conclusiones, era el momento de citar a Prenafeta. En consecuencia, era presumible que la comparecencia del ex secretario general de Presidencia se convirtiera en un paseo triunfal.

En efecto, eso es lo que ocurrió. Prenafeta se limitó a desmentir su vinculación con el diario. Al ser preguntado por su relación con El Correo Catalán en la década de 1980, que es cuando ostentaba el cargo de secretario general de la Presidencia de la Generalitat, manifestó que era la habitual con todos los medios de comunicación, y se refirió a los directivos de la línea editorial Lorenzo Gomis y Wifredo Espina, pero se equivocó de década, pues éstos habían sido director y subdirector en los años setenta. Se trataba de un error intencionado, para no citar a aquellos con los que sí había tenido relación directa, que eran los que formaban el staff directivo de la redacción del diario y que habían sido trasladados en pleno a la dirección de los informativos de TV3; era del dominio público que la televisión autonómica formaba parte de las competencias de Prenafeta.

Al no contradecirle nadie, continuó su paseo triunfal. En respuesta a las demás preguntas a las que fue sometido dijo desconocerlo todo: el cierre del diario, la suspensión de pagos, la eliminación de la plantilla, los recursos económicos que se necesitaban, la identidad de los propietarios del diario. Lo único que reconoció es que las entidades gestoras del juego en Cataluña, como la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) dependían de Presidencia, donde él había estado diez años, y que en este periodo se pusieron en marcha las loterías catalanas, pero su dependencia era sólo de carácter «orgánico», porque existía un ente autónomo en el que el «no figuraba». El todopoderoso Prenafeta, a la hora de las responsabilidades, entendía que las vinculaciones eran «orgánicas», sólo para hacer bonito en la Presidencia.

Al tener conocimiento de que al primero que se citaba a declarar era a Prenafeta, intuí por dónde podrían ir los acontecimientos y solicité con carácter de urgencia que el magistrado me citara nuevamente a declarar. Dada la complejidad que rodeaba la instrucción del caso, entendí que era necesario que, de manera prioritaria, quedara probado que existía una financiación irregular, ya que las tesis que se habían manejado excluían este aspecto fundamental. El caso, a estas alturas, se presentaba como un litigio entre dos particulares, Sentís y Suqué. Había que rebatir esta tesis y, a continuación, sería el momento de aportar al juez la documentación que ponía en evidencia la vinculación de Jordi Pujol. El magistrado no aceptó la petición y, el 21 de febrero de 1995, comparecieron Prenafeta y Gordo.

Las manifestaciones de Gordo ante el magistrado fueron patéticas. Desbordado por los acontecimientos, intentaba eludir la verdad frenéticamente. Comparecencia tras comparecencia, su posición en la instrucción había ido transmutándose camaleónicamente. Lejos quedaba su declaración oficial, según la cual no tenía nada que ver en el asunto. De este modo, su verdad particular había ido evolucionando hasta reconocer la extraña y fantástica intermediación entre empresas concesionarias de la Generalitat y empresas en la órbita de CDC, actividad que de ningún modo correspondía al responsable de finanzas de un partido político. Ahora se le pedía una explicación de lo que reflejaba el informe policial sobre el destino de los talones de Casinos. Francesc Gordo Lorente figuraba como receptor de cuatro cheques por un importe global de 16.457.142 pesetas. La historia que contó entonces no podía ser más increíble: se trataba de un préstamo que Artur Suqué, como amigo, le hizo para comprar un piso, su actual domicilio: «El préstamo no se formalizó por escrito, ni se pactaron intereses ni plazo de devolución». Para acabar de redondear el cuento declaró que recibió los talones de manos de Sentís, quien «sabía que la entrega de los cheques obedecía a un préstamo y que nada tenia que ver con el tema de las facturas». Una mentira tras otra.

Los cheques bancarios que habían sido cobrados por Gordo según determinó la investigación policial formaban parte de una entrega de más de 20 millones. Dos cheques de más de 3 millones de pesetas cada uno fueron cobrados en ventanilla y no hay rastro de ellos; importes de más de 500.000 pesetas no pueden ser cobrados por este procedimiento en las entidades bancarias, a no ser que se trate de cuentacorrentistas influyentes. Gordo, en un lapsus de su declaración, había manifestado que utilizaba las cuentas administrativas de la Caja de Barcelona para operaciones dinerarias; estas cuentas administrativas son de uso exclusivo de la propia entidad, pero a personas influyentes se les permite hacer operaciones sin dejar rastro. Sorprende que a alguien a quien se le permite utilizar las cuentas administrativas de una entidad crediticia, ésta le pueda negar un préstamo hipotecario de 16 millones.

Días después, el 3 de marzo, le tocó comparecer a Josep Lluís Rovira, quien admitió haber actuado como intermediario de Gordo en varios pagos a El Correo Catalán. Explicó al juez que desconocía si los cheques que le entregó Gordo procedían de Casinos de Catalunya: «Casi todos eran bancarios». Sin embargo, también en un lapsus señaló «que no le hubiera extrañado que se tratara de cheques librados por Casinos de Catalunya para pagar a El Correo Catalán». Al darse cuenta del error, se corrigió a sí mismo matizando que los cheques que le entregó Gordo correspondían a pagos de la Cadena 13. Cuando se le preguntó por su vinculación con El Correo Catalán, respondió «que el accionista señor Forrellad me encargó un plan de viabilidad de la empresa». Forrellad, efectivamente, era accionista del Correo, pero disponía de 5.745 acciones, que representaban el 3,6% de las 157.270 acciones de Fomento de la Prensa S.A., por lo que no se le podía considerar accionista mayoritario. Es más, mal podía Forrellad ofrecerle la presidencia de la sociedad en el año 1985 cuando falleció en 1983, a pesar de que Rovira manifestó que había muerto en fechas posteriores a 1985; siempre viene bien cargarle el muerto a un muerto. A la pregunta de si cobró algún talón de los que le entregaba Gordo, respondió que no, y tampoco sabía nada de una empresa a la que estaba vinculado, AIATS Correduría de Seguros, en donde los informes policiales habían detectado un cobro de 2.102.100 de pesetas.

Pasaron los meses y el juez Gomis no volvió a citarme a declarar. Cuando había transcurrido más de medio año[5] remití al juzgado parte de la documentación de que disponía acerca de la propiedad de Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán, que demostraba que Jordi Pujol era el auténtico propietario del diario, aunque estaba encubierto por la interposición de fiduciarios. Asimismo, presenté la documentación referente a las responsabilidades de Antoni Subirà como presidente de Premsa Catalana S.A., editora del diario Avui. No hubo respuesta del juez Gomis. Entretanto, el letrado Aules, que representaba en la causa a Iniciativa per Catalunya como acusación popular, me comunicó en una conversación informal que mantuvo conmigo que IC se iba a retirar de la acusación debido al temerario paso que yo había dado. La razón que me dio, sin que yo la solicitara, fue que «IC no está por la caza mayor»; a buen entendedor pocas palabras bastan. Unos meses después IC hizo pública su retirada de la acusación. Extraña actitud en un partido que había hecho bandera de esta causa en todas las campañas electorales.

Al no tener respuesta del magistrado instructor, cursé un escrito de queja al Consejo General del Poder Judicial en el que protestaba por los retrasos injustificados en la instrucción y pedía la no intervención del vocal Pascual Estevill. En aquellas fechas el caso por el que se le acusaría de prevaricación aún no se ha hecho público, pero ya tenía una merecida reputación. La camaradería con Artur Suqué en cenas y guateques celebrados en los casinos de éste, su asidua asistencia a las ruletas, en las que apostaba y perdía cantidades que no estaban al alcance de un juez, y, por si fuera poco, los extendidos rumores de que CiU lo había ascendido al órgano del control de los jueces para desactivar el caso Casinos eran todos ellos motivos más que suficientes para solicitar su no intervención. Paralelamente, solicité la recusación del juez Gomis. El CGPJ abrió un expediente informativo, al tiempo que la queja y la recusación surtían su efecto y se me citaba nuevamente a declarar. Se fijó la comparecencia para el 28 de noviembre, pero, una vez concluido el expediente informativo del CGPJ, el juez Gomis desconvocó la toma de declaración sin asignar nueva fecha; todavía estoy esperando día y hora.

Mientras, el 13 de noviembre el juez Gomis solicitaba a la Policía Judicial que «se proceda a la averiguación del organigrama directivo de Premsa Catalana S.A. en los años de la investigación de este procedimiento, así como las funciones de cada persona», con lo que venía a dar curso a una de mis peticiones. El 3 de enero de 1996 el magistrado recibió los datos solicitados en un informe de más de 5.000 folios, lo cual resultaba excesivo para una información tan insignificante como era la identidad de los componentes de un consejo de administración. Pero, entre todo este papeleo, resultó que el informe, que estaba firmado por José Carlos Martínez Gracia, inspector jefe de la Jefatura Superior de Policía, no había interpretado correctamente la solicitud del juez instructor. Éste había pedido los datos sobre el órgano directivo «en los años de la investigación de este procedimiento», pero los presuntos delitos se habían consumado entre 1985 y 1989. La policía centró su investigación en este periodo, y no en el que comenzó con la apertura del procedimiento judicial, iniciado con la querella de Sentís, que lleva fecha de diciembre de 1989. En definitiva, algo que parecía tan simple y que estaba al alcance de cualquier ciudadano que quisiera consultar el Registro Mercantil se convirtió en un enigma de interpretaciones.

En cualquier caso, lo importante es que Antoni Subirà, que había sido presidente del diario Avui desde 1979 a 1990, no aparecía en el informe. La Policía Judicial hacía referencia al consejo de administración que le precedió y citaba a Max Cahner como presidente. En el momento de sustanciarse los hechos, Antoni Subirà era plenamente consciente de que la denuncia le implicaba de manera directa. Además de ejercer la presidencia de Premsa Catalana S.A., actuaba como portavoz parlamentario de la coalición CiU y era conseller de Industria. Aquello era demasiado para lo que se venía encima; había que encontrar una forma de desvincular rápidamente a Subirà del caso, manipulando los datos de manera que sus responsabilidades acabaran en fecha anterior a los hechos denunciados. El poder siempre tiene soluciones, aunque a veces dejan rastro.

El temor de Subirà a asumir las responsabilidades se manifiesta en la forma en que le relevó Cahner, coincidiendo con la apoteosis del caso Casinos. En la inscripción registral número 45 se reflejan los acuerdos de la junta de accionistas celebrada el 29 de junio de 1989. Estos acuerdos fueron elevados a escritura pública un mes después, el 28 de julio, y están inscritos registralmente el 29 de marzo de 1990[6]. Si Max Cahner resultó nombrado presidente, debió de ser por alusiones, pues no se cita expresamente. Por otra parte, no se hace mención alguna al cese de Subirà. Al pie de la inscripción hay una nota que dice: «Confrontado este asiento se observa que después de 1º (donde esta señalado con \*) se ha omitido y debe leerse \* Quedan cesados todos los miembros del consejo de administración de la sociedad, aprobando su gestión». La rectificación continúa de la siguiente manera: «Después de expresados debe leerse \* aprobación de gestión y cese». En una inscripción de veintiuna líneas se cometen dos omisiones que modifican sustancialmente el contenido de los acuerdos; incomprensible error si no es intencionado, pues pone en evidencia que la junta de accionistas tomó unos acuerdos que distan mucho de los que finalmente se inscriben. Subirà salió por la puerta falsa de la presidencia de Avui, y en 1991 a Max Cahner le sucedió en la presidencia Lluís de Carreras.

En definitiva, las pruebas documentales que aporté, que ponían de manifiesto la participación de Jordi Pujol y su conseller Antoni Subirà en el caso Casinos, permanecen desde hace meses en los cajones de la mesa del magistrado. Ni éste se inhibe del caso trasladándolo al Tribunal Superior de Justicia, por la calidad de aforados de Pujol y Subirà, ni se me cita a mí a declarar, ni se determina el grado de implicación de los aforados, ni nada de nada. El blindaje de Pujol se ha hecho imperforable, y entre intromisiones interesadas, aplazamientos, falta de cooperación de las entidades bancarias y débiles informes policiales, el procedimiento judicial se ha ido convirtiendo en una farsa.

A todo ello hay que añadir la pasividad de la Fiscalía. A pesar del poco papel que le asignó la instrucción, no deja de sorprender que el fiscal general del Estado, Carlos Granados, remitiera el caso Casinos, en marzo de 1996, a la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, más conocida como Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo. En Cataluña sólo hay dos casos que afecten a esta Fiscalía, los relacionados con Casinos y De la Rosa. Lo que sorprende de esta asignación, por otra parte plenamente justificada, es la actitud del instructor del caso, el juez Gomis, que sólo unos meses más tarde, el 28 de mayo, hacía unas declaraciones al periodista de la cadena SER Carlos Quílez en las que manifestaba su intención de archivar las diligencias. En dos meses se había pasado de asignar el caso a la Fiscalía Anticorrupción a anunciar el próximo archivo de la causa, sin que en el intervalo se hubiera producido ningún hecho relevante. Las incongruencias eran continuas.

Con esta declaración de intenciones, el magistrado sólo estaba lanzando un globo sonda para tantear las reacciones que su decisión de archivar el caso podía suscitar. En esas fechas había una necesidad imperiosa de cerrar el caso: estaba próximo a cumplirse el plazo de la renovación de las licencias de explotación de las loterías catalanas para otros diez años. El contrato de la Generalitat con la adjudicataria Luditec debía ser renovado inexcusablemente el 21 de octubre de 1996, y la imputación de Artur Suqué en el caso Casinos, así como la de los responsables financieros de CDC, podían ser un obstáculo.

Al conocer esta declaración de intenciones del juez empecé a poner toda la carne en el asador. En primer lugar le remití unos documentos demoledores e irrefutables que, como intuí, no tuvieron respuesta. Pasado un tiempo prudencial, puedo estar seguro de que el juez no los proveyó, no dio acuse de recibo, o dicho de otra manera, que prevaricó al ocultar a las partes y a la instrucción del procedimiento pruebas importantísimas. Repetí la operación remitiéndole cuatro remesas de nuevos documentos, e incluso le ofrecí poner a su disposición los listados con toda la interconexión de cobros y pagos. No hubo respuesta, y éste fue el epílogo final de mi actuación por la vía judicial.

Dos meses después, ya instalado el Partido Popular en el gobierno central, se empezó a fraguar un acuerdo institucional entre CiU y el PP con respecto a las loterías en Cataluña. Pujol planteó a Aznar que el gobierno central reasumiera la gestión transferida de las loterías en Cataluña. Algunos días antes del 21 de octubre de 1996, la Generalitat anunció la no renovación del contrato de concesión de la explotación de las loterías catalanas a la empresa Luditec S.A. Según las cláusulas del contrato con Luditec, era necesario un preaviso de un año para rescindirlo. Aunque Pujol siguió manifestando públicamente que la Generalitat no renunciaría a sus loterías, argumentando que, aunque fueran pocos los ingresos, éstos daban «para hacer tres escuelas», lo cierto es que, con una aportación de algo más de 1.000 millones de pesetas a los billonarios presupuestos de la Generalitat, el juego y las loterías ya no formaban parte de los intereses convergentes en Cataluña.

Tomada la decisión política de deshacerse de las loterías catalanas, después de siete años de instrucción, con la investigación judicial empantanada en los juzgados barceloneses, sólo quedaba la inevitable acción de enterrar a la gallina de los huevos de oro y con ella el oscuro pasado. Para evidenciar una vez más el hecho diferencial catalán se hace inevitable la comparación del caso Casinos con su equivalente en la financiación irregular del Partido Socialista, el caso Filesa. Éste salió a la luz pública casi dos años después del que afectó a los convergentes. Fueron cinco años de instrucción, por el procedimiento abreviado, en el que se presentó una infinidad de obstáculos, incluyendo la renuncia del juez instructor Marino Barbero y la revocación de sus tesis por su sucesor, el juez Enrique Bacigalupo. Todos estos avatares finalizarían el 20 de diciembre de 1996, cuando el Tribunal Supremo decidió finalmente juzgar a veintiséis personas (el primer juez instructor sólo pretendía sentar en el banquillo a siete de los treinta y nueve imputados). El Supremo prescindió de los financiadores, en este caso Alfonso Escámez, por el Banco Central Hispano, Emilio Ybarra y José Sánchez Asiaín, del Banco Bilbao-Vizcaya, entre otros.

Entre los veintiséis acusados se encontraban los miembros de la plana mayor de las finanzas del PSOE: Guillermo Galeote, ex secretario de finanzas; Aida Álvarez, ex coordinadora de finanzas y responsable del Grupo de Empresas 2002; Carlos Navarro, ex diputado socialista y ex administrador único de Filesa, Malesa y Time Export, las sociedades instrumentales utilizadas para la irregular financiación, y el senador del PSOE y ex secretario de organización del PSC, Josep Maria Sala, también diputado en el Parlamento catalán, donde fue látigo y azote de convergentes en el asunto de los casinos y loterías. El Grupo Socialista en el Parlamento catalán finiquitó sus críticas en el momento de que fueron necesarios los votos nacionalistas para la investidura de Felipe González, y en particular la voz de Sala quedó acallada en diciembre de 1993, cuando el Senado levantó la inmunidad parlamentaria a la petición del juez Barbero para juzgarle.

La papeleta para el juez Gomis, instructor del caso Casinos, después de la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Filesa, pareció complicarse, aunque sólo fuera por el agravio comparativo. Algo importante a tener en cuenta es que en el caso Filesa, la cantidad global desviada irregularmente a la financiación del Partido Socialista es muy inferior a la que puede atribuirse al caso Casinos. No obstante, la cuantía económica ha sido inversa a su repercusión pública en uno y otro caso, así como la dilatación en el tiempo.

En abril de 1997 el fiscal del caso Casinos, Eduardo Laguna, dirigió un escrito al juez instructor en el que pedía que concluyera las diligencias. No se deducía de su petición si lo que deseaba hacer era presentar una acusación o si, por el contrario, estaba pidiendo el archivo de la causa. Al margen de sus intenciones, volví a remitir, tanto a la Fiscalía como al juzgado, un nuevo escrito con el fin de que se añadieran los documentos que estaba analizando el juez desde hacía meses sin tomar decisión alguna. En el escrito exponía la necesidad de aclarar que el movimiento dinerario no es una práctica comercial y que Pujol y Subirà debían ser imputados en los hechos instruidos.

Mientras se consumaba el empantanamiento de la investigación judicial, los convergentes buscaban salidas al amparo de su influencia política. En diciembre de 1996 la coalición CiU propuso en el Senado que se consensuara una ley destinada a condonar las deudas de las formaciones políticas. El borrón y cuenta nueva se contemplaba en el horizonte, una ley de punto final a partir de la cual pudieran construirse nuevas bases de control y transparencia a las finanzas de los partidos políticos. De asumir responsabilidades no se decía nada, como tampoco se mencionaban los 20.000 millones que las arcas de la Generalitat habían dejado de ingresar.

ENTERRAR EL MUERTO

El plazo para denunciar el contrato de las loterías adjudicado a Luditec vencía el 21 de octubre de 1996. La administración de la Generalitat se acogió a él, y un mes después el conseller de Gobernación, Xavier Pomés, lo hizo público anunciando que el gobierno de la Generalitat había decidido romper el contrato en vigor y convocar un nuevo concurso para designar una nueva empresa que gestionara las loterías. De inmediato Pujol le contradijo; en esas fechas estaba en condiciones de saber que por la vía política el juez Gomis acataría la tesis convergente de archivar el caso, con más pena que gloria.

El archivo del caso se venía venir; el juez había intentado enterrarlo ya varias veces. Entonces emprendí la estrategia de «dejar hacer», no sin antes dejar constancia de cinco escritos dirigidos al juez, todos ellos de vital importancia para la resolución del caso. Aún le reservaba una sorpresa al magistrado. Entendía que un juez podía tornar la resolución que creyera conveniente, que incluso podía hacer una interpretación particular de los hechos, pero debía atenerse al procedimiento, y estaba diáfanamente claro que el juez no lo había cumplido al no proveer mis escritos, lo que era tanto como haber ocultado las pruebas. Otra cosa hubiera sido que las desestimara, pero no lo había hecho. No me importaba que archivara el caso, pues consideraba que ello abría la puerta para recurrirlo a una instancia superior y poner en evidencia el proceder del magistrado.

Finalmente, el 30 de junio el juez Gomis firmó el auto de sobreseimiento libre de las actuaciones. Para entendemos, esto quiere decir que el juez había llegado al convencimiento de que ya estaba todo investigado. Por lo tanto, el caso estaba juzgado y nunca jamás podrá reabrirse. Era como enterrarlo y poner una losa encima. Todas las resoluciones de los jueces tienen un esquema unifonne: primero hacen una descripción de los hechos, seguidamente aplican los razonamientos jurídicos sobre esos hechos descritos y finalmente se pronuncian emitiendo un fallo. El juez Gomis, en un alarde de capacidad de síntesis, resumió en diecisiete líneas, incluyendo fechas, nombres y apellidos, siete años de instrucción en los que se habían acumulado diez mil folios. En definitiva, no había hechos, y sin hechos no se podían aplicar razonamientos jurídicos, lo que equivale a decir que, si no había nada que juzgar, con toda seguridad no existía delito.

Los titulares en la prensa coincidieron: «El juez reconoce que Casinos financió a Convergència pero archiva el caso», «El juez afirma que la financiación de Casinos no es delito y archiva el caso». Con el archivo se cumplían los deseos de Pujol, quien se felicitaba por ello sacándose de encima el tema con estas manifestaciones: «La causa está archivada y ya está. Yo podría argumentar más a favor de Convergència, pero no quiero entrar. Se ha archivado y esto es lo que cuenta». Siguiendo con la parafernalia les tocó intervenir a los partidos de la oposición, que, muy escandalizados de cara a la galería, pidieron a Pujol que explicara a cambio de qué financió Casinos ilegalmente a Convergència, como si no supieran, como todo el mundo, hasta el conserje del Parlament, que el grupo Casinos era el concesionario monopolístico del juego en Cataluña. Pujol ni contesta.

Ante la situación tan esperpéntica que originó el auto de archivo, no cabía otra posibilidad que el recurso correspondiente. Hay dos tipos de recursos que se pueden interponer ante un auto de archivo. Uno es el recurso de reforma, que es aquel que se interpone ante el juez que dictó la resolución recurrida, y que él mismo resuelve (es como darle una segunda oportunidad para replantear su decisión)[7]. La otra posibilidad consiste en interponer un recurso de apelación, que es aquel que se presenta ante el tribunal superior (Audiencia Provincial). Estas dos posibilidades no son gratuitas, sino que marcan la diferencia de intenciones.

La acusación popular representada por Iniciativa per Cataluña, integrada en Izquierda Unida, que había esgrimido el caso Casinos como bandera en la lucha contra la corrupción, no pasó de ser una táctica demagógica y, confirmando su actitud (expuesta en paginas anteriores) «de no estar interesados por la caza mayor», no recurrió. A IC le parecía correcta y oportuna la decisión del juez Gomis. El querellante e impulsor del caso,Jaume Sentís, recurrió sólo en reforma. Esta actitud más bien parería una estrategia negociadora, ya que su recurso, al ser únicamente de reforma, excluía la posibilidad de que el estamento judicial superior conociera el contenido de las diligencias. La Fiscalía, después de pronunciarse en el sentido de no recurrir, cambió de opinión entre dudas y más dudas, y al fina! recurrió en apelación, pero sorprendentemente su oposición al criterio del juez se centró en un aspecto anecdótico. Consideraba la Fiscalía que podía haber un delito de apropiación indebida cometido por Artur Suqué, el financiador del partido (que era un particular que se aprovechaba de su privilegiada posición para obtener con dinero el monopolio de la explotación del juego en Cataluña), pero los destinatarios del dinero, el partido y los miembros del gobierno, no eran responsables de nada y ni siquiera fueron nombrados por el fiscal.

Cuesta entender que el fiscal general del Estado asignara el caso Casinos (más el caso De la Rosa, en Cataluña) a la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción y que toda su argumentación en las alegaciones de recurso se detuviera en un concepto marginal en vez de analizar completamente los hechos y responsabilizar de éstos a todos los que habían intervenido, ya fueran políticos o empresarios. Es la demostración irrefutable de que se trata de un organismo domesticado, y de que su pomposo título sólo sirve de cara a la galería. Para mí las cosas son diferentes: no se trata de una financiación ilegal, es categóricamente un cohecho, en el que se cumplen todos los requisitos y en el que no sólo se pone de manifiesto la ceguera judicial, sino también un acto de prevaricación.

El anacrónico sistema judicial español puede permitir que el juez tarde más de siete años en tomar una resolución, exactamente 2.772 días en el caso Casinos, pero a quien pretenda oponerse a su resolución sólo se le conceden cinco días. En tales condiciones, es imposible estudiar con detenimiento el auto de cierre y lo único que puede hacerse es improvisar. Rápidamente me percaté de que mi recurso podía ser el único que intentara poner el cascabel al gato. Coincidió el auto de archivo con mi solicitud de cambio de letrado en mi representación. De este modo, Fernando Moreno Pardo sustituyó a Jacinto Soler Padró, ampliándose el plazo para que pudiera preparar mi recurso.

En mi recurso manifesté, en primer lugar, que había «sido inútil el esfuerzo de esta parte en solicitar diligencias de prueba, en aportar documentos esclarecedores de hechos relevantes para la investigación y en manifestar todo aquello que conocía sobre los hechos investigados, puesto que la única respuesta del instructor fue el silencio». El prescindir total y absolutamente de las normas elementales conllevaba la nulidad de actuaciones. «Resultaba asimismo lamentable que durante este periodo de instrucción, el instructor, con una larga serie de silencios injustificados y actuando con una pasividad inexplicable, hubiera obviado e ignorado los deberes que le impone la legislación vigente».

Para colaborar activamente en la investigación yo había presentado, entre el 3 de agosto de 1995 y el 26 de septiembre de 1995, ocho escritos ante el Juzgado de Instrucción en los que solicitaba la práctica de determinadas diligencias, aportaba documentación importante y esclarecedora de los hechos y realizaba una serie de manifestaciones con el mismo objetivo. Con anterioridad, y por medio de un escrito de fecha 16 de febrero de 1995, había solicitado una nueva citación a declarar con el objeto de aclarar y completar la anterior declaración de 14 de febrero de 1995, pero no fui citado, y por eso presenté los otros escritos. Nuevamente, la pasividad y el silencio del instructor infringía un principio básico en el derecho procesal, que es el principio de audiencia.

La inutilidad de mis esfuerzos me llevó a tomar la decisión de presentar, en fecha 5 de octubre de 1995, una queja al CGPJ solicitando su intervención en aras de la normalización del proceso. El 3 de noviembre de ese año, ante las irregulares actuaciones procesales por parle del juez instructor, presenté un escrito de recusación. Curiosamente, en esa misma fecha el citado juez instructor, recordando sus obligaciones, procedió a dictar los autos y providencias (en total fueron once las resoluciones) por los que proveía casi todo lo solicitado en los escritos presentados por todas las partes durante los últimos meses[8].

Pero, si grave fue la inobservancia de las normas procedimentales, aún más grave era el contenido de los cinco escritos no proveídos, que tenía una importancia vital para el esclarecimiento de los hechos y para la propia instrucción del procedimiento. Estos escritos que acompañaban al recurso, señalados como «Documentos uno a cinco», son los siguientes:

1. Escrito del 28 de noviembre de 1995: aportando a la investigación el movimiento de cheques que presuntamente habían sido cobrados por el partido político Convergència Democràtica de Catalunya, de los que el Sr. Albert Serra, contable del partido había sido receptor.

2. Escrito del 16 de febrero de 1996: solicitando que fuera corregido el error incurrido por la Dirección General de Policía al evacuar la información solicitada en la que omitía en el organigrama de Premsa Catalana S.A., editora del diario Avui, al Sr. Antoni Subirà Claus.

3. Escrito del 30 de mayo de 1996: reiterando lo solicitado al escrito presentado en fecha 16 de febrero de 1996, el cual no fue proveído; y solicitando poner en conocimiento de S. Sª los listados con el cruce de datos entre los expedidores de facturas y receptores de fondos de las mismas, que evidencian el contenido de una caja común controlada por los Sres. Gordo y Serra responsables financieros del partido CDC.

4. Escrito del 12 de julio de 1996: solicitud interesando sobremanera la investigación de los cheques citados en el anterior escrito de fecha 28 de noviembre de 1995 y en su defecto los correspondientes a los documentos 350 al 357 y documentos 359 y 360 del sumario; y solicitando que fuera librado mandamiento judicial a la entidad La Caixa a efecto que aportara información relativa a la cuenta corriente núm. 419/02/0002889512.

5. Escrito de 16 de abril de 1997: reiterando el ofrecimiento expuesto en el escrito de fecha 30 de mayo de 1996 respecto a los listados con todos los cruces de datos de los movimientos dinerarios no reflejados en el sumario; reiterando la solicitud de que sea corregido el error incumplido por la Dirección General de Policía señalado en el anterior escrito de fecha 16 de febrero de 1996 en el que no se incluye al Sr. Antoni Subirà Claus en el organigrama de Premsa Catalana S.A. facilitando los datos del Registro Mercantil de Barcelona que sí consta; y reiterando la solicitud de comparecencia (aplazado desde el 30 de noviembre de 1995) para aportar la documentación que evidencia que una de las empresas que figura en el sumario como expedidora y receptora de fondos dinerarios del grupo Casinos de Catalunya, como es El Correo Catalán (Fomento de la Prensa S.A.), es propiedad del Sr. Jordi Pujol Soley, que actúa con interpuestos y fiduciarios.

Es preciso señalar un párrafo de este escrito, en el que mi mandante expone a su S. Sª: «Interpreto que S. Sª, antes de tomar una decisión al respecto, debería considerar, si lo cree oportuno, lo aquí expuesto. Estoy plenamente convencido de que no son manifestaciones u opiniones subjetivas». Obviamente mi mandante se refería a que las argumentaciones eran y son documentales. En otro párrafo, mi mandante manifestaba: «No son fotocopias, sino documentos originales», poniéndolo en conocimiento de S. Sª, quien en su anterior escrito de providencia del 13 de noviembre de 1995 desestimaba la documentación porque eran fotocopias.

Lo más relevante y a la vez sorprendente era que el juez había manifestado en el auto de archivo que resultaba probado que las cantidades justificadas en las facturas falsas, a las que él llamaba «mendaces», tenían su origen en las sociedades del grupo Casinos, que es el que realizaba el pago, y su destino en la formación política Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que es la que recibía esas cantidades a través de sus responsables financieros, a saber Gordo y Serra (recibiendo éste parte de los cheques en la misma sede del partido)[9].

La ley no permite que una empresa o un particular que sean suministradores o concesionarios realicen aportaciones dinerarias a un partido político, de modo que, si se produce una infracción de la ley, se debe aplicar la sanción correspondiente. En este caso, la infracción o incumplimiento supone el establecimiento de una sanción equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada. El juez del caso Casinos, muy complaciente, se limitó a exponer que existían aportaciones irregulares y que éstas vulneraban lo dispuesto en la ley de financiación de partidos políticos. Basándome en esta exposición, el 10 de julio de 1997 remití un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas con el fin de que procediera a actuar en el asunto. Como las aportaciones ilegales a CDC ascendían aproximadamente a 3.000 millones, y dado que la ley establece que la multa por incumplimiento es el equivalente al doble de la cantidad recibida, la sanción que corresponde ascenderá a 6.000 millones de pesetas. Por tanto, no es descabellado imaginar que, si se aplica la ley, CDC tendrá problemas para pagar su próxima campaña electoral. Contrasta esta realidad con la alegría con que Pujol se felicitaba por el archivo de las actuaciones, cuando con ello asumía lo señalado por el juez.

Asimismo, el pago de una cantidad dineraria a través de facturas falsas o mendaces es, además de una infracción de la legislación sobre financiación de los partidos políticos, una infracción de la ley fiscal que regula las donaciones así como de la Ley del Impuesto de Sociedades. En el movimiento dinerario que se produce entre el grupo Casinos y CDC estamos en presencia de un delito contra la Hacienda Pública o delito fiscal de los tipificados en los artículos 305 y 306 del Código Penal[10].

Además, el camuflaje de las aportaciones del grupo Casinos a CDC mediante la instrumentación de facturas falsas es, en consecuencia, un claro indicio de que el que paga y el que recibe desean ocultar la realidad y el motivo de tal aportación, y por tanto es un claro indicio de que esa aportación puede ser una contraprestación y no una donación a título gratuito. Pero este hecho constatado y probado no es el único que existe y debe apreciarse. Así, el receptor del dinero es un partido político que gobierna la Generalitat de Cataluña, siendo el presidente de ese partido el presidente de la Generalitat. Como partido gobernante, intervino en el otorgamiento de las autorizaciones de los casinos en Cataluña, así como en la concesión de las loterías catalanas. Teniendo esa capacidad de otorgamiento, ese partido gobernante concedió, según queda acreditado en el procedimiento, las autorizaciones de los tres casinos a tres sociedades propiedad de una misma persona jurídica que tenía como presidente del consejo de administración al querellado. Además, esa sociedad propietaria de los tres casinos catalanes participaba mayoritariamente en el capital social de Luditec, S.A., que es la sociedad adjudicataria o concesionaria de las loterías catalanas.

Los políticos de este país, tan aficionados a manipular la realidad, se refieren al cohecho o soborno con los eufemismos de financiación ilegal y, algunos, donación. Pero la realidad es incuestionable. La aportación al partido que gobierna Cataluña a cambio de la concesión de los casinos y las loterías no es una aportación a título gratuito: ese tráfico de dinero que se pretende camuflar no es otra cosa que un cohecho.

Hoy parece ser que nadie quiere recordar un hecho importante acontecido en Galicia. En esa comunidad autónoma sí se pudo demostrar la comisión de delitos en la concesión del juego. El 21 de septiembre de 1990 la Sala Segunda del Tribunal Supremo revocó una sentencia absolutoria de la Audiencia de La Coruña y condenó al vicepresidente de la Xunta de Galicia, José Luis Barreiro, por prevaricación. Barreiro había concedido la adjudicación del juego de la lotería a la empresa Sociedad General de Juegos de Galicia (SGJG, que fue adquirida posteriormente por la empresa Cirsa, una de las más importantes del sector de las tragaperras). El fundamento jurídico del Tribunal Supremo fue que la Xunta, en este caso personificada en Barreiro, había otorgado la concesión a una empresa no inscrita en el Registro Mercantil, y por lo tanto era una sociedad legalmente inexistente. Con la adjudicación a Luditec ocurrió exactamente lo mismo. Tal adjudicación se realizó el 5 de diciembre de 1986 y la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil tiene fecha del 12 de diciembre. El hecho diferencial catalán da para esto y para mucho más.

La corrupción emerge

Los medios de comunicación han de cumplir un papel importante en un sistema democrático. En Cataluña, estos medios están coaccionados. La falta de actitud crítica es patente, y se percibe una intención de ocultar los auténticos niveles de corrupción, económica o política. Es absolutamente ficticia la realidad amañada que se presenta con el fin de transmitir normalidad. Ante la sensación de impotencia que generan las mayorías absolutas, no queda otra opción que mirar para otro lado, pero, por mucho que se aparte la vista, los casos de corrupción han empezado a emerger en ese país idílico con que se identifica a Cataluña, pese a los incansables esfuerzos de Pujol por vender las maravillas de su administración.

La universidad alemana de Gotinga ha publicado un estudio del conde Johann Lambsdorff, miembro de la organización Transparencia Internacional, que intenta determinar el grado de corrupción que afecta a los Estados Unidos, Japón y Europa. El estudio incluye cincuenta y cuatro países, y en él se recogen las percepciones subjetivas de los hombres de negocios. España alcanza una nota de 4,31 sobre 10, ocupando el penúltimo lugar de todos los países de la Unión Europea, sólo superado por Italia. La mejor nota corresponde a Nueva Zelanda, con 9,43. En Europa consiguen el sobresaliente Dinamarca, Suecia y Finlandia. 8,27 es la nota de Alemania, por delante de el Reino Unido y los Estados Unidos. España se halla muy lejos de estas calificaciones, lo que refleja el grado de corrupción que padece. Ésta es la historia de corrupción política de un partido que tiene por lema «La feina ben feta no té fronteras».

«LA FEINA BEN FETA NO TÉ FRONTERES»

El antecedente a la corrupción política de la coalición CiU se halla en los albores de su gestión de gobierno. Si difícil había sido determinar la fina línea que separaba las actuaciones de mecenazgo de Banca Catalana y las de Pujol, una vez constituida Convergència Democràtica de Catalunya se produjo con claridad la fusión entre el líder, el banco y el partido. Con la llegada al poder en 1980, esta amalgama incorporó tres elementos nuevamente fusionados; el Consell Executiu (gobierno), la Generalitat y Cataluña. La política mediática ha sido tan efectiva a la hora de transmitir este mensaje de unión de conceptos que incluso personas con una elevada preparación cultural han caído en esta confusión intencionada, de tal manera que la Generalitat de Cataluña, una institución de la administración del Estado, es confundida con el gobierno de la comunidad autónoma, el Consell Executiu. Si a todo ello se añade la mayoría absoluta, una oposición domesticada víctima de obligadas connivencias, unos medios de comunicación públicos absolutamente controlados y unos medios privados carentes de intención beligerante, el terreno está abonado para mantener anestesiado al parlamento catalán. Año tras año, sin un control parlamentario efectivo y con una judicatura que continúa teniendo presente el «síndrome Banca Catalana», la espiral de la corrupción se ha ido extendiendo, aunque sólo una mínima parte ha trascendido.

El 17 de marzo de 1980 por decreto del presidente Josep Tarradellas se constituyó la Comissió d’Ajuda per a la Reconversió Industrial de Catalunya, tristemente conocida como CARIC, que habría de convertirse en un foco de corrupción del gobierno de Pujol. El 21 de octubre del mismo año, en sus primeras decisiones como president, Pujol modificó los principios fundacionales de este organismo, según los cuales habría de prestarse ayuda sólo a las empresas en crisis, y ésta se extendió a las industrias en general. La arbitrariedad y el amiguismo en la concesión de estas ayudas hizo que, sin lógica alguna, se negara el apoyo a empresas con viabilidad suficiente y se otorgara, en cambio, a sociedades ligadas al Banco Industrial de Catalunya y Banca Catalana, que se encontraban ya en pleno ocaso y no podían sostener el nivel de pérdidas. Al margen de las que se desviaron por este canal, otras ayudas fueron a parar a empresas familiares de los patriarcas convergentes.

Dos empresas que pasaban por problemas económicos, Puntextil y Subirà y Cía., pertenecientes a la familia de Antoni Subirà, portavoz parlamentario de la coalición CiU, solicitaron los avales que el CARIC proporcionaba para reconvertir sus fábricas y hacerlas más competitivas. Sin problema alguno, en 1982 les fueron concedidos dos avales de 100 millones cada uno. Los bancos Vizcaya, Popular y Santander, con el aval de los Subirà que les garantizaba la devolución del crédito por la Generalitat de Cataluña, no tuvieron ningún inconveniente en facilitar el dinero a las empresas. Quien retiró el importe de los créditos de las entidades bancarias fue el gerente de Puntextil, Josep Gomis Martí, que en 1990 sería conseller de Gobernación. Dos años más tarde, las empresas de los Subirà no pudieron hacer frente a la amortización de los créditos y las entidades bancarias reclamaron el pago de 57.633.646 pesetas.

Aquellos créditos no pudieron ser saldados hasta noviembre de 1989. Días después Antoni Subirà iba a ser nombrado conseller de Industria y Energía, y no era oportuno que se mantuviera esa lacra crediticia. Parecía todo solucionado cuando un particular presentó una denuncia en los juzgados de Barcelona en la que aseguraba que la cancelación del crédito pendiente de los Subirà había sido realmente satisfecha por un tercero como pago a los favores que Antoni Subirà le había proporcionado. El favor consistía en una recalificación de terrenos en la localidad de El Prat, que permitiría construir el polígono industrial Mar Blau, propiedad de la sociedad Inversiones y Negocios Inmobiliarios, cuyo administrador era Felipe Massot Felip. Esta empresa había transferido casi 48 millones de pesetas a la sociedad Frisolca, propiedad de la familia Subirà. Debido a la condición de aforado de Antoni Subirà, el sumario pasó del Juzgado de Instrucción número 19 al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Iniciada la instrucción en este tribunal, Subirà alegó que el pago de Massot y la recalificación de terrenos no tenían relación, amparándose en que fue una sentencia de la Audiencia de Barcelona, ratificada por el Supremo, la que obligó a la Generalitat a aplicar el Plan General Metropolitano y permitió la recalificación del los terrenos. Unos días antes de que se pronunciara el juez instructor, Jesús Corbal, apareció en la prensa un aviso a navegantes: Pujol hacía unas declaraciones en las que manifestaba de forma implícita la corrupción del juez y del fiscal que atendían el caso. Seguramente bastó con estas declaraciones para conseguir que se archivara un sumario cuya resolución parecía tan clara.

Durante los años en que el CARIC desarrolló su actividad, otros casos relacionados con Subirà plagaron su existencia. En 1992 Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, remitió al fiscal general del Estado, Eligió Hernández, un informe en el que acusaba de cometer fraude, prevaricación, alzamiento de bienes y malversación a varios consellers de la Generalitat de Cataluña. En 1993, cuando Hernández estaba a punto de abrir un proceso judicial contra casi la mitad de los componentes del gobierno catalán, un acontecimiento se encargó de disuadirle: el PSOE perdió en las urnas su mayoría absoluta y para mantenerse en el poder necesitaba el apoyo parlamentario de la coalición CiU. No era cuestión de enfadarse por las pequeñeces de la corrupción. Como hemos relatado en el capítulo IV, la postura del fiscal general se acomodó a las órdenes superiores, hasta el punto de que no tuvo empacho en manifestar: «Se trata de irregularidades sin calificación penal, aunque el asunto tiene un cierto tufillo a corrupción». De nuevo el apoyo parlamentario se compraba con la absolución de delitos consumados.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusaba a varios consellers, en el cargo o ya dimitidos, de haber participado de forma directa o indirecta en la concesión de avales y créditos del CARIC destinados a financiar con fondos públicos empresas relacionadas con patriarcas de CiU; ello ocasionó un quebranto importante a las arcas públicas al no ser devueltos los créditos, que fueron concedidos con la mayor arbitrariedad en beneficio de unos pocos. Entre los acusados figuraban Macià Alavedra, Josep Maria Cullell y Josep Manuel Basáñez por Economía y Finanzas, Antoni Subirà y Vicent Oller por Industria y Energía, y también a los consellers en activo Joan Hortalà, de Industria y Energía, y Joan Vallvé de Agricultura Ganadería y Pesca; no se libraba tampoco el secretario general del CARIC, Joaquim Pujol, primo del president. El expolio rondaba los 1.000 millones de pesetas, que el tiempo se encargo de elevar a cerca de 3.000. Numerosas empresas y personas influyentes del partido se habían beneficiado de los fondos, constituyendo una relación interminable. Repasemos algunas de estas empresas.

Metrega: se trataba de la fusión de dos empresas, EGA S.A., cuyo nombre correspondía a las iniciales de Enric Garrell Pubill y perteneciente a la familia del diputado por CiU Josep Garell Pubill; y Metrelec S.A., propiedad de la familia de Macià Alavedra, conseller de Economía y Finanzas. Estas dos empresas fusionadas se dedicaban a la venta de aparatos eléctricos. Tanto el diputado como el conseller figuraban entre los imputados por la fiscalía. Ambos eran consejeros de esas sociedades mercantiles al tiempo que ejercían cargos públicos, una situación incompatible con la legislación pero muy frecuente en la administración de Pujol. A pesar de disponer de informes de la propia Generalitat sobre la situación critica de la empresa, el CARIC le concedió el aval. El resultado fue que un año después suspendió pagos y no retornó los créditos. Los Alavedra reconvirtieron la sociedad Metrega en Terasaki España S.A., dedicada a vender equipos a la televisión catalana. Y vuelta a empezar.

Tipel S.A.: empresa de curtidos de piel propiedad de la familia de Lluís Prenafeta, secretario general de la Presidencia, en la que trabajaba Jordi Pujol Ferrusola. Se le concedieron avales por valor de 270 millones de pesetas y suspendió pagos el 5 de abril de 1994. Pocos días antes de la suspensión de pagos Tipel S.A. solicitó 800 millones de nuevos avales, pero le fueron denegados, pues su situación era ya extremadamente crítica.

Radio Avui S.A.: figuraba en su consejo de administración, entre otros destacados convergentes, Antoni Subirà. El 18 de enero de 1985 se le concedió un aval por 43 millones de pesetas.

Premsa Catalana S.A.: la sociedad editora del diario Avui, de cuyo consejo de administración era presidente Antoni Subirà. Avui había recibido fondos de la Generalitat por todos los canales posibles. El 11 de abril de 1985 se le otorgó un nuevo aval, sin haber devuelto los anteriores, destinado a fines que no estaban contemplados en los principios del CARIC. Se trataba de 85,5 millones pesetas, que se quemaron al igual que los anteriores.

Siguiendo criterios incongruentes, se concedían avales a empresas a pesar de los informes que lo desaconsejaban. El batacazo estaba cantado, y a los pocos meses quebraban. Tal fue el caso de Plásticos del Vallès, empresa a la que se concedió un aval el 18 de marzo de 1983; diez meses después la Generalitat debió cubrir más de 54 millones de pesetas. En Construcciones Sala Amat, Josep Maria Cullell intervino para que se le otorgara un aval, que se le concedió el 18 de febrero de 1985; dos meses después suspendió pagos y la Generalitat tuvo que cubrir más de 86 millones de pesetas. A Age S.A. se le concedió aval el 28 de enero de 1983 por 138 millones de pesetas, lo que representaba casi seis veces el capital de la sociedad. Entre las empresas del Banco Industrial de Cataluña, del grupo Banca Catalana, estaban permanentemente presentes Metales y Platerías Rivera, así como Comercial de Cubiertos y Platería; en julio de 1985 suspendieron pagos y la factura a pagar por la Generalitat ascendió a más de 110 millones de pesetas. La Farga Casanova, otra empresa del BIC, suspendió pagos en mayo de 1987; esta vez fueron 62 millones de pesetas. También se concedieron avales a empresas que después se vieron implicadas en estafas multimillonarias, como Anglo Naval e Industrial S.A. Ainsa, con pérdidas de casi 30 millones. Y así un sinfín.

Había dos canales para la aprobación de créditos. Uno era la vía técnica de la burocracia, que, tras realizar los estudios correspondientes, proponía la adjudicación o, en su caso, la desestimaba. El otro canal era el que se arrogaba el Consell Executiu, la vía directa. Por ejemplo, los millones que en 1985 concedió el gobierno de Pujol a Ingeniería y Construcciones Sala Amat S.A., que sólo tardo dos meses en presentar suspensión de pagos. A Premsa Catalana S.A. le concedieron 66,3 millones de pesetas, que no fueron devueltos, como las anteriores cantidades. A Premsa y Publicitat S.A. se le dieron 19,2 millones de pesetas; se trataba de una sociedad comercial, sin activos propios ni empleados, que nunca llegó a funcionar, pues era sólo un proyecto aparcado de los diarios Avui y El Correo Catalán. A Talleres Imprenta S.A., la sociedad editora de La Vanguardia, fueron a parar 100 millones. Tampoco podían faltar las empresas ya desvinculadas del grupo de Banca Catalana, como Aiscondel S.A. y Comercial de Cubiertos y Platería. En definitiva, lo que se había hecho era cambiar el nombre de la caja de los caudales: de Banca Catalana a Generalitat de Cataluña.

El CARIC no era un instrumento particular en manos de Pujol, era un organismo público sujeto a los límites de la ley, pero la mayoría absoluta permitía prescindir de este principio elemental. Los avales concedidos por el Consell Executiu debían ser propuestos por el conseller de Economía y Finanzas, que actuaba como presidente del CARIC, y tenían que cumplir unas condiciones legales inexcusables: no podían superar el 70% de la totalidad de las necesidades financieras previstas en el plan de reconversión, y ese porcentaje se reducía al 50% si la empresa no era representativa de un sector. Sin embargo, estos preceptos fueron sistemáticamente ignorados, de manera que la financiación solía ascender al 100%. Además, no se hacía ningún seguimiento para saber si los fondos públicos eran destinados al concepto de reconversión empresarial. Por otra parte, no podía otorgarse ninguna financiación en una cuantía que superara los 50 millones de pesetas por empresa, ni podía representar una cantidad mayor del 60% de los recursos propios de la empresa financiada, pero esto tampoco se tuvo en cuenta. Pujol decidía a su antojo quién se beneficiaba del dinero de los contribuyentes y en qué cuantía.

Tras quedar desactivado en 1993 el proceso que podría haber llevado ante el tribunal a medio gobierno de la Generalitat por su actuación a través del CARIC, el pacto político entre PSOE y CiU hizo que el caso se convirtiera en una simple presunción de actuaciones administrativas irregulares. En estos términos, el expediente pasó al Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona y, como era de prever, en mayo de 1996 el juez encargado de examinarlo, José Manuel Soler Bigas, decretó el archivo de las diligencias. Lo que para Eligió Hernández habían sido «irregularidades» con «cierto tufillo a corrupción», para el magistrado Soler Bigas se trataba de «manifiesta desidia». La corrupción quedaba convertida así, por decisión política, en una simple reprimenda que a nadie importaba.

No era posible imputar un delito de malversación de caudales públicos porque no había prueba de ello. El tiempo transcurrido no había permitido hacer una investigación profunda, pues se había cumplido el plazo de prescripción del delito. Sólo quedaba lugar para la regañina. El magistrado, en su auto, calificaba «como mínimo [de] negligente y de manifiesta desidia la conducta de la Generalitat por no haber iniciado acciones contra los coavalistas para intentar recuperar el dinero», y decía que tampoco se hizo «ningún seguimiento efectivo del destino de los créditos». No se hizo absolutamente nada por la lógica razón de que eran ellos mismos los que se habían otorgado los avales. La Generalitat sólo inició actuaciones judiciales para intentar recuperar el dinero cuando la Fiscalía pidió a Macià Alavedra información sobre los avales. Estas acciones judiciales encaminadas aparentemente a recuperar el dinero eran simples cartuchos sin pólvora, como lo puso de manifiesto el propio magistrado: «No consta que ninguno de los procedimientos civiles haya conseguido la restitución de cantidad alguna al Tesoro de la Generalitat». Pujol se había llevado de las arcas de la Generalitat hasta las telarañas.

Era tan evidente el expolio de fondos públicos que sólo se podía entender por la imperiosa y perentoria necesidad de dinero de los patricios convergentes, facilitada por la impunidad de la mayoría absoluta. El día que el pueblo catalán tenga conocimiento preciso de lo que ha representado ese refrendo adicional de votos, tendrá que realizar un acto de contricción. Con los avales del CARIC no se guardaron ni las formas, como lo puso de manifiesto la Comisión de la Sindicatura de Cuentas: «El Consell Executiu de la Generalitat ha actuado de manera negligente en la concesión de avales a empresas privadas, a través de la CARIC. […] Ha incumplido la obligación prevista en el articulo 65.5 de la Ley 10/1982 al no facilitar información sobre la concesión de los avales».

Se exprime el limón al máximo, y cuando la incongruencia rebasa todos los límites se finiquita el CARIC y se monta otro tinglado. El Institut Català de Finances (ICF) entró en funcionamiento el 17 de abril de 1986. Si desafortunado para los contribuyentes fue el CARIC, este nuevo organismo en que se transformó todavía tendría un peor recuerdo. En su caso, los impagados se situaron en los 3.000 millones de pesetas, oficialmente al menos, ya que los incobrables se disfrazaron como créditos vivos. Este organismo dependía de la Conselleria de Economía y Finanzas, cuyo titular en el momento de constituirse era Ramón Trias Fargas. La política crediticia del ICF fue idéntica a la seguida por Banca Catalana: concesión de créditos sin garantías, con frecuencia para cubrir impagados anteriores, o entregados a empresas sin viabilidad, propiedad familiar de los patriarcas convergentes, desestimándose los informes técnicos que lo desaconsejaban.

Como en el Gatopardo de Lampedusa, todo se cambió para que nada cambiara en absoluto, salvo los nombres. El Consell per la Reindustrializació de Catalunya (COPREC) asumió la función de realizar los estudios técnicos previos a la financiación del ICF. Una nueva consigna se transmitió: «La reconversión ha terminado, ahora hay que empezar la reindustrialización», palabras del conseller de Industria, Joan Hortalà, que, traducidas del idioma convergente al del ciudadano de a pie, quieren decir: «El expolio ha terminado, ahora empieza el reexpolio». La actitud de Pujol siempre es la misma: cuando ya no queda nada que expoliar hace una retirada aparente. En este caso ya no será el Consell Executiu el que decida los avales o préstamos, sino el COPREC, mediante unas comisiones formadas por técnicos, directores y secretarios generales de todos los departamentos de la Generalitat.

A las primeras de cambio, este nutrido grupo de expertos, que debe basar sus criterios en la estricta ortodoxia técnica para la concesión de avales, obtiene su primer fracaso. Industrial Montalfita, la empresa textil de Agustín Montal Costa, presenta suspensión de pagos seis meses después de que se le otorgue un préstamo de 70 millones de pesetas. El COPREC pareció no enterarse de algo que era de dominio público: Agustín Montal era senador por CiU y amigo personal de Jordi Pujol, estaba vinculado a la Cadena 13 (la radio convergente) y era fiduciario de Pujol en infinidad de empresas. Dejó pendiente al ICF el pago de 72 millones, los 70 del principal y otros 2 de intereses. Una vez, más, no hubo suerte: o los patriarcas convergentes eran unos morosos congénitos, o los mecanismos de detección eran ineficaces, o las dos cosas a la vez.

Los infortunios y avatares del ICF tuvieron su apoteosis el 20 de septiembre de 1994, cuando su máximo responsable, Jordi Planasdemunt Gubern, fue condenado a siete años de cárcel y a ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de estafa y uso indebido de cargo público. Era el no va más: el director general de la institución que hacía las funciones de banco de la Generalitat era condenado por participar activamente en una multimillonaria estafa, valiéndose de su cargo público para atraer la confianza de los inversores hacia una sociedad de inversiones. Además de dirigir el ICF, Planasdemunt había sido conseller de Economía y Finanzas de enero de 1990 a septiembre de 1992, lo que contribuía a incrementar esa confianza. La estafa no pudo determinarse en su auténtica dimensión, aunque su cuantía se estimó en torno a los 2.500 millones de pesetas, ya que algunos de los que fueron estafados no se adhirieron al proceso judicial al haber efectuado su inversión con dinero negro, de modo que preferían darla por perdida antes que tener que justificarla ante la Hacienda Pública.

El caso Planasdemunt estalló en octubre de 1992, cuando la sociedad BFP, formada por las iniciales de los apellidos de sus propietarios, el economista Joan Bassols, el agente inmobiliario Salvador Forcadell y el propio Planasdemunt, colocó en el mercado pagarés de empresas que no fueron atendidos en su cobro al llegar su vencimiento. Los pagarés eran girados a empresas de primer orden simulando atender a servicios y suministros prestados, todo ello con la apariencia de solvencia y garantía que proporcionaba la presencia del director del ICF en la empresa.

Cuando se comunicó la sentencia condenatoria, ninguno de los responsables políticos quiso asumir responsabilidades. Pujol se fue por la tangente, manifestando que no había habido malversación de fondos públicos del ICF y que el asunto no le afectaba. No era así, pues eran conocidas las actividades mercantiles de Planasdemunt y, además, la Generalitat tenía conocimiento de la situación crítica de la empresa de inversiones BFP y nada se hizo para forzar la dimisión de Planasdemunt. Macià Alavedra, como conseller de Economía y Finanzas, cargo del que dependía orgánicamente el ICF, pidió a Planasdemunt su renuncia, pero éste se negó, ya que consideraba que renunciar era tanto como reconocer su culpabilidad. Fue destituido el 5 de noviembre de 1992, cuando ya había transcurrido un mes desde que el escándalo había saltado a la prensa.

Una nueva querella fue presentada contra el ICF en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La intervención de este tribunal se debía a que Joaquim Pujol Figa (primo de Pujol) tenía la condición de aforado como diputado del Parlament. La querella iba dirigida contra los miembros de la junta de gobierno del ICF, presidida entonces por Ernest Sena y de la que formaba parte Pujol Figa, y se les acusaba de los delitos de malversación pública y prevaricación. Se trataba de lo siguiente: la junta de gobierno no había tenido empacho en autoconcederse créditos blandos con intereses preferenciales, olvidando que la finalidad del ICF era la ayuda financiera a empresas. Ernest Sena no pareció entenderlo así, y recibió del ICF un préstamo de 13 millones de pesetas para la compra de una vivienda en Sitges. Asimismo, se concedieron otros préstamos a empleados por un total de 43 millones. En abril de 1997, el TSJC desestimó la intervención de Pujol Figa y remitió a un juzgado ordinario el expediente.

Pese a las continuas referencias que hace Jordi Pujol al ejemplo de juego democrático de los países occidentales, para él no parecen existir las responsabilidades políticas que se exigen en cualquiera de esos países. Da igual que se emitan condenas judiciales o estallen escándalos mayúsculos: Pujol nunca asume responsabilidades políticas. Cuando surge el escándalo lo minimiza, alega el derecho a la presunción de inocencia, lo remite a la vía judicial, que lógicamente queda aplazada en el tiempo, y cuando llega el pronunciamiento de los jueces lo interpreta según su particular versión, en la que él nunca aparece implicado. De esta manera, la corrupción se estimula, y los protagonistas del asalto a las arcas públicas son premiados con el reconocimiento de su encomiable labor. Sirva como ejemplo el del conseller de Política Territorial y Obras Públicas que tuvo que dimitir a causa de un bochornoso tráfico de influencias, con palmario quebranto para el sufrido contribuyente. En la toma de posesión de su sustituto en la Conselleria, Pujol, con toda solemnidad, manifestó: «Quiero dar mi reconocimiento político y personal a Josep Maria Cullell, un conseller que ha hecho una gestión altamente positiva y muy intensa».

Veamos esta «gestión altamente positiva» de Josep Maria Cullell. Como otros políticos corruptos, tenía un cuñado que no se encontraba en una situación económica muy boyante: la empresa familiar Manufacturas Vilaró estaba en la ruina, y para paliar el infortunio económico Joan Vilaró, que así se llamaba el cuñado, solicitó un aval del Instituto Catalán de Finanzas. Las relaciones familiares le allanaron el camino y, con la garantía de una finca, le fueron concedidos 30 millones de pesetas. Esta cantidad no era suficiente para resolver sus problemas económicos y Vilaró solicitó la intervención de su influyente cuñado, que se movilizó desplegando todas sus relaciones. Se puso en contacto telefónico con el alcalde de Sant Pere de Torelló, un municipio de dos mil habitantes donde estaba ubicada la finca de los Vilaró, de nombre «La Riera», y le propuso que fuera el ayuntamiento el que la comprara. El alcalde, Ramón Vaqué, no entendió la propuesta de Cullell, quien le pedía por la finca 69 millones de pesetas, pese a que los presupuestos del consistorio no daban para tal dispendio y, además, la finca no tenía ninguna utilidad para la comunidad. Eso no importaba. Cullell tenía soluciones para todo.

Si el ayuntamiento no disponía de fondos, Cullell se cuidaría de proporcionárselos. Aseguró al alcalde que el ICF pondría nuevamente el dinero para que la operación de compraventa de la finca hipotecada se pudiera materializar. En el consistorio, los grupos de la oposición no vieron qué utilidad podía tener esa finca y, conocedores de la intervención de Cullell, se negaron a aceptar la operación. El alcalde decidió desestimar la proposición del patricio convergente, pero Cullell no se desanimó por esta primera negativa y le ofreció unas nuevas condiciones más atractivas para la compra. Así, le propuso un negocio rocambolesco que implicaba la movilización de medio gobierno de la Generalitat. La Conselleria de Bienestar Social construiría un centro de asistencia para disminuidos físicos en la finca en cuestión y, de paso, se daría empleo a la familia de los Cullell, pues la hermana de Joan Vilaró, Ángeles, dirigía el programa de Atención Urgente a Disminuidos impulsado por la Generalitat. La propia Conselleria de bienestar Social y la de Economía y Finanzas avalarían la operación de compra de la finca y sería el ICF el que pondría el dinero. Ante la objeción de que la finca se encontraba separada del núcleo de la población por una depresión del terreno, la Conselleria de Gobernación concedería un crédito de 20 millones de pesetas para construir un puente, aunque fuera en terrenos privados. Si el alcalde de Sant Pere de Torelló estaba preocupado por la legalidad de la recalificación de los terrenos, que estaban considerados reserva natural de interés local, la Conselleria de Medio Ambiente se inhibiría al respecto, dejando vía libre. Y si pensaba que podría dilatarse demasiado tiempo la operación, al intervenir varios organismos públicos, Cullell le garantizó que la Comisión de Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas, cuyo titular era Joaquín Molins, sólo tardaría horas en resolverlo.

Hay que reconocer la capacidad de «gestión altamente positiva y muy intensa» de Josep Maria Cullell; lástima que todo este derroche de actividad frenética sólo se despliegue en beneficio propio.

El 7 de marzo de 1992 el alcalde Ramón Vaqué aceptó la oferta de Cullell. La finca, de 65 hectáreas, se dividió en dos partes; 56 hectáreas las compró el ayuntamiento por 69 millones de pesetas y la otra parte, de 9 hectáreas, fue adquirida por Decoración del Vallès y Vilaró Estilo, las sociedades familiares de los Vilaró, por 3 millones de pesetas. El 22 de julio el ayuntamiento de Sant Pere de Torelló recalificó la finca y, de inmediato, la Generalitat concedió al municipio 180 millones de pesetas para construir viviendas, además de adquirir la finca de 9 hectáreas a las sociedades familiares de los Vilaró pagando por ella 90 millones de pesetas. El pelotazo hizo historia: en cuestión de horas los terrenos de los Vilaró se habían revalorizado treinta veces.

La operación había quedado enterrada entre la multitud de expolios a las arcas públicas perpetrados impunemente por los convergentes. Pero sucedió que el 7 de noviembre el semanario catalán El Triangle publicaba en sus paginas la transcripción de unas cintas grabadas con las conversaciones telefónicas mantenidas entre Cullell y los diversos protagonistas del vodevil. Sabrosas y jugosas conversaciones en las que Cullell despliega toda su estrategia en lecciones pedagógicas impartidas a su cuñado Joan Vilaró. Las que mantiene con el alcalde Ramón Vaqué para convencerle de las bondades del plan tampoco tienen desperdicio, ni las llamadas a la esposa del alcalde, una sencilla ama de casa, para que persuada a su marido de la magnanimidad de la oferta. Están todos los ingredientes de una comedia de enredos.

Las cintas escandalizan, por lo conciso y detallado del plan maquiavélico que revelan, hasta a los más adictos convergentes, pero Pujol, siempre exigente en cuanto a la moralidad ajena, no considera que la corrupción propia sea un pecado capital, ni siquiera venial; todo lo contrario, es motivo de canonización con el refrendo de las masas. Sólo unos días después se iba a celebrar en Montserrat el 20 aniversario de la fundación de CDC. Un acto multitudinario que congregaría a líderes y militantes nacionalistas no parecía la ocasión más oportuna para la presencia de Josep Maria Cullell, pero Pujol no lo creyó así y le hizo comparecer en el estrado, ante la frenética aclamación de sus correligionarios, aprovechando una conexión en directo de las cámaras de la televisión autonómica. La exaltación patria no conoce de acciones punibles que puedan ser imputadas a los acólitos de Pujol. El delito no se paga, ni siquiera con la asunción de las responsabilidades políticas. En cambio, se castiga al mensajero: el semanario El Triangle fue condenado judicialmente, con todas las presiones convergentes necesarias, al pago de una indemnización de 25 millones de pesetas a Cullell, por considerar el juez que el origen no acreditado de las cintas las situaba en la ilegalidad. Un recurso a la sentencia que el semanario interpuso se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.

Para sustituir a Cullell en la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, que había quedado gravemente lesionada por la actuación ejemplar de su titular, Pujol desgranó las alternativas de relevo, circunscritas exclusivamente a jóvenes cachorros que no hubieran tenido la oportunidad de asaltar las arcas públicas. Parecía una garantía suficiente para evitar sorpresas, pues la Conselleria no estaba dispuesta a afrontar nuevos titulares en la prensa (por cierto, la televisión autonómica TV3 tardó siete días en hacerse eco del escándalo que afectaba a la Generalitat por el caso Cullell; informativo tras informativo, se omitía cualquier referencia a las informaciones que la prensa publicaba todos los días).

La designación del titular de la Conselleria de Política Territorial y Obras Publicas recayó en Jaume Roma Rodríguez, un alevín convergente que hasta entonces se había encargado de tareas de segundo orden como responsable del departamento de obras del Instituto Catalán de Salud, dependiente de la Conselleria de Sanidad. Su permanencia en el nuevo cargo, para asombro de todos, sería efímera, poco más de dos meses. Un nuevo caso de corrupción forzó su dimisión. El 24 de mayo de 1993 el letrado Antonio Pascual interpuso una querella en los juzgados barceloneses en defensa de los intereses de cinco industriales que se habían visto seriamente lesionados en sus intereses económicos[1]. Aseguraban en la querella que el hogar de los Roma, recientemente construido en la localidad barcelonesa de Canovellas, había sido prácticamente un regalo de un constructor que participaba de manera habitual en las licitaciones de obras que el Instituto Catalán de la Salud adjudicaba.

Llovía sobre mojado. Aún no se habían olvidado las tropelías de su antecesor, Josep Maria Cullell, cuando el pulcro e impoluto Jaume Roma, tomando buena nota de los ejemplos de sus patriarcas y disfrutando de las facultades de su cargo en el Instituto Catalán de la Salud, se había hecho construir un hogar de más de 100 millones, pagando por todo ello 14.937.400. Para ser un principiante, no estaba nada mal.

Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera. Roma, aprovechándose de su cargo, adjudicaba continuas obras al constructor Manuel Sánchez Alvero, que operaba con la sociedad Trad. S.A. Las adjudicaciones se realizaban con una absoluta arbitrariedad. Trad. S.A. ni siquiera estaba inscrita en el Registro Oficial de Contratistas, requisito inexcusable para acceder a concursos públicos, pero eso no era necesario para Roma, que prescindía del obligado concurso y no exigía una fianza por parte de la adjudicataria, a la que asignaba obras demasiado grandes para su capacidad constructora. Esta falta de capacidad para realizar los trabajos de construcción adjudicados por Roma obligaba a Manuel Sánchez a subcontratar las obras a otros constructores. Todo parecía funcionar a las mil maravillas. Había trabajo para todos, y Manuel Sánchez, agradecido, empezó a edificar un chalet para los Roma, con la participación de otros constructores.

El interesado mecenazgo acabó convirtiéndose en la pesadilla de Roma. Incomprensiblemente, Manuel Sánchez, cuyo negocio consistía en las subcontrataciones, es decir, en cobrar por un lado y pagar por otro, con el consecuente beneficio, decidió incrementar su margen y dejó de pagar a los subcontratistas de Trad. S.A. Cuando debía ya más de 500 millones de pesetas por obras ya realizadas, traspasó los activos de Trad. S.A., después de declararla insolvente, a una nueva sociedad llamada Grup Replanteig, que continuó la singladura de su antecesora con nuevas adjudicaciones de Roma. Y todo como si no hubiera pasado nada.

Los industriales subcontratistas que se habían quedado sin cobrar no veían con buenos ojos que parte de su dinero pendiente de cobro quedara enterrado entre las cuatro paredes de la casa de Jaume Roma. Prudentemente intentaron negociar con el ya conseller de la Generalitat, quien se encontró entonces en un callejón sin salida: si atendía a sus peticiones era tanto como aceptar que se había realizado un soborno, así que ignoró su petición y les dejó sin respuesta. Pero los subcontratistas no se amilanaron, ya que podían demostrar, factura en mano, que el coste real de la vivienda ascendía a más de 89 millones de pesetas y que Roma no había pagado ni 15. Los hechos eran contundentes e irrebatibles. El 16 de junio, poco después de presentarse la querella en el juzgado, Roma tuvo que presentar su renuncia, no sin cierta indignación por sentirse víctima de una trampa.

Se presentó voluntariamente en el Parlament ante una representación de los grupos de la oposición y, con toda solemnidad, anunció que disponía de todos los documentos que le exculpaban de la acusación. Los tenía encima de la mesa ante la que pronunciaba su discurso, haciendo continuas referencias a ellos y poniéndolos a disposición de sus señorías. Incluso invitó a los miembros de su auditorio a tomar un café en su nuevo domicilio para que, en un ambiente distendido, todos pudieran percatarse de la bondad de su gestión. Todo esto lo manifestó ante un nutrido número de periodistas entre los que no faltaban los cámaras de TV3. Cuando los focos se apagaron y los representantes de los medios de comunicación empezaban a desfilar, Roma recogió los documentos de encima de la mesa, los puso en su cartera y se dio media vuelta camino de la puerta. De los documentos exculpatorios a disposición de sus señorías, nada de nada, y la invitación a su casa regalada para charlar distendidamente en torno al aroma del café quedó en el olvido.

El caso Roma todavía está pendiente de un último acto, el de su responsabilidad penal, pues está inculpado de un presunto cohecho. Su vivienda, motivo del escándalo, ha sido embargada por la juez instructora a petición de la Fiscalía. Mientras se resuelve el procedimiento judicial los Roma pueden seguir habitándola, pero tienen prohibida su transferencia patrimonial. En su declaración ante la justicia, Roma insistió en afirmar la normalidad de los hechos; para nada contaban los 2.000 millones de adjudicaciones en obras a la empresa Trad. S.A. mientras construía su casa, ni la adjudicación de más de 1.000 millones en un breve contrato de sólo dos folios en el que no se especificaba siquiera que era lo que había que construir.

A estas alturas de la narración es necesario detenerse un momento para valorar el grado de profundidad y extensión que ha alcanzado la metástasis de la corrupción en la administración de la Generalitat de Cataluña. Una simple reflexión conduce a conclusiones determinantes: Josep Maria Cullell, en interés propio y sin ninguna argumentación que pueda sostener su actuación desde el punto de vista de la defensa del bien público, moviliza a casi todo el Consell Executiu de la Generalitat para que resuelva su problema a la velocidad del rayo. Los actores de esta comedia son Macià Alavedra, desde la Conselleria de Economía y Finanzas, que a su vez hace intervenir al Instituto Catalán de Finanzas para financiar la operación; Antoni Comas, por la Conselleria de Bienestar Social, que ve atendido su interés en construir un centro asistencial; la consejera María Eugenia Cuenca, de Gobernación, que encuentra un hueco entre sus tareas para construir un puente en terrenos privados; Albert Vilalta, por la Conselleria de Medio Ambiente, que no muestra ninguna oposición a que unos terrenos considerados reserva natural pasen a calificarse para usos comerciales; y Joaquín Molins, titular de la Comisión de Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas, que sin empacho bendice el proyecto.

Como vemos, la metástasis tumoral estaba muy extendida. Jaume Roma, el alevín buscado con lupa en la segunda fila del teatro político, se había adjudicado un patrimonio de 100 millones, lo que no está nada mal, aunque no puede compararse con el que acumuló en cinco años Josep Maria Cullell: varios pisos y una mansión valorados en cientos de millones.

Aún queda un último y patético acto en esta encomiable obra: la puesta en escena, en el marco incomparable del Parlament de Cataluña, de una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas. Se constituyó en marzo de 1995 con el objetivo de determinar si la actuación de Cullell y el destino del dinero público invertido se ajustaban al buen proceder. Era de prever, por el resultado de las anteriores comisiones de investigación creadas por el Parlamento catalán, que las conclusiones de ésta serían poco menos que una felicitación por la labor realizada. De hecho, la comisión, tras celebrar varias sesiones, exculpó a Josep Maria Cullell por falta de pruebas. Las cintas grabadas con las conversaciones de Cullell, que constituían una prueba irrefutable de su intervención, fueron declaradas ilegales por la comisión, como si de un tribunal judicial se tratase. Los más elementales principios democráticos y de decencia política habían caído en el olvido.

La exculpación parlamentaria de Cullell, en la que se hizo valer la mayoría absoluta de CiU, determinó que sólo se habían producido pequeñas anomalías urbanísticas sin implicaciones políticas. Sin embargo, en diciembre de 1996 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió una sentencia por la que declaraba ilegal la recalificación urbanística. Además, anulaba tres acuerdos del Departamento Territorial y de Obras Públicas de la Generalitat y dos de la Comisión Provincial de Urbanismo, y precisaba que la administración había actuado con «mala fe y temeridad» arbitraria y al margen de los principios constitucionales, «con desviación de poder». El TSJC ponía de manifiesto la existencia de corrupción en la intervención de los consejeros que intervinieron, así como del director general de Urbanismo de la Generalitat, Joan Antoni Solans.

La sentencia ponía en ridículo al Consell Executiu en pleno y a los representantes de CiU en la comisión de investigación parlamentaria. Así lo debieron entender ellos mismos, lo que explica que ni TV3, ni Catalunya Radio, ni el diario Avui hayan dado todavía la noticia de la sentencia de la Sala Tercera del TSJC. En la prensa catalana, con excepción de El País y el semanario El Triangle, la noticia ocupó el espacio equivalente al anuncio por palabras más barato. Eso sí, Josep Maria Cullell fue el político más votado por los delegados en el último congreso de CDC ¿No es una maravilla?

Todos estos hechos y reflexiones no eran más que el aperitivo de lo que aún quedaba por acontecer de la mano de un personaje singular, Lluís Prenafeta, que durante diez años consecutivos se mantuvo al frente de la Secretaría General de Presidencia. Para definir su actuación nada mejor que sus propias palabras, expuestas en un símil culinario: «El presidente cocina los platos, y en buena parte los sirve. Pero los ingredientes, la sal, las especies, y el punto de cocción, los determino yo. Yo pruebo los platos, e incluso doy mi opinión». A la vista de lo sucedido, este probar los platos devino en auténtica glotonería. Su actuación política estuvo tan mezclada con sus intereses privados que resulta difícil distinguir dónde terminaba su gestión como secretario general de la Presidencia y dónde comenzaba su actividad en Iberia Compañía Anónima de Seguros, de cuyo consejo formaba parte, y en las empresas familiares Tipel y Vilassar Internacional.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a cuyo frente estaba Jiménez Villarejo, investigó estas relaciones, lo que provocó un enfrentamiento sonado con el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres. Al final, cuando Prenafeta dejó su cargo público, y por lo tanto ya no estaba aforado, la documentación pasó a un juzgado ordinario, el Juzgado de Instrucción número 26, cuyo titular, sin embargo, era más bien extraordinario: se trataba de Luis Pascual Estevill. A pesar de que la ley contemplaba como punible el ejercicio simultáneo de cargo público con una actividad mercantil privada, Pascual Estevill, muy comprensivo el hombre, dio por bueno un escrito de la Conselleria de Gobernación que autorizaba a Prenafeta la actividad mercantil; aquí no puede aplicarse aquello de «hecha la ley, hecha la trampa», sino que la trampa es el propio juez.

La imputación de la Fiscalía no se detenía en la vinculación de Prenafeta con Iberia Seguros, sino que se extendía a otras siete sociedades directamente relacionadas con empresas familiares de los Pujol-Ferrusola. Prenafeta estuvo vinculado durante años a un compacto grupo que monopolizaba los negocios derivados del pastel presupuestario de la Generalitat. Le acompañaban en esa tarea el omnipresente Piqué Vidal, que arrastraba tras de sí a De la Rosa, y el abogado Juan Vives Rodríguez de la Hinojosa, que, junto a Piqué Vidal, había encabezado el grupo de letrados de la defensa de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Juan Vives era el secretario del consejo de la eléctrica Fecsa, cuyo director general, José Zafortea, también tomó parte en estos negocios. A este grupo visible hay que añadir a Carles Sumarroca, que, a través de la Corporación Emte, tampoco desperdiciaba ninguna migaja del pastel presupuestario.

Inmediatamente después de abandonar forzosamente su cargo público, aunque se aparentara otra cosa, Pujol situó a Prenafeta en la presidencia de la empresa pública Túneles del Cadí. Con este cargo se pretendían alcanzar dos objetivos: primero, encontrar una colocación para Prenafeta, y segundo, destituir a Eusebio Díaz-Morera, a quien Pujol no había perdonado su actuación en el caso banco Catalana (cuando estalló la crisis, Díaz-Morera había propiciado una solución «a la madrileña», que apartaba a Pujol del control del banco). La otra presidencia que Pujol reservaba a Prenafeta era la de Petrolis de Catalunya (Petrocat), una empresa pública innecesaria, ya que el mercado estaba más que cubierto y en todas partes se estaba abandonando la idea de mantener la propiedad pública del sector. Se trataba de que Cataluña tuviera una empresa petrolera, igual que la tenía el gobierno central.

Sin embargo, estos cargos no estaban a la altura de Prenafeta, quien, después de haber degustado el sabor del poder y de haber sido la mano derecha de Pujol durante una década, había quedado contaminado de los delirios presidenciales. Así, se propuso tener éxito donde su mentor había fracasado estruendosamente. Más que un sueño, era un deber patrio.

Prenafeta definía su ambición con pocas palabras: «Mi principal actividad se concentra en la formación de un nuevo grupo industrial ampliamente diversificado». Lo de «nuevo» sonaba a Banca Catalana, la espina clavada de Pujol. Cuando Prenafeta dio lectura de su testamento político ante un grupo reducido de periodistas, se prometió a sí mismo volver a ser un hombre importante, pero para ello necesitaba disponer de un periódico que compensara la influencia de los enemigos del president de la Generalitat. Ese diario sería El Observador de la Actualidad.

Justo donde había fracasado Pujol, él tomaba el relevo: «La banca es la asignatura pendiente de Cataluña». Decidido a desmentir la torpeza de los catalanes en este sector, Prenafeta inició una peregrinación por todas las entidades de crédito. En primer lugar lo intentó con el Banco Bilbao Vizcaya, solicitando precio por su filial carismática Banca Catalana, pero el elevado coste de la adquisición le hizo apuntar más abajo, e intentó entonces conseguir una participación mayoritaria en el Banco Atlántico. Sin embargo, el precio solicitado también superaba los recursos disponibles, así que continuó la búsqueda. Por el Banc Català de Crèdit, Banesto pidió a Prenafeta 70.000 millones, una cantidad igualmente inabordable. No se conseguía hacer realidad el sueño patrio. A base de buscar y buscar, Prenafeta dio finalmente con la Confederación Nacional del Leasing. Tampoco se materializó la operación, aunque, en este caso, quien acabaría llevándose el gato al agua fue Javier de la Rosa, que merece un capítulo aparte.

Si Pujol había fracasado estruendosamente, Prenafeta casi lo superó en su relevo. El proyecto de adquirir un banco no se llegó a materializar, y la peregrinación por las entidades bancarias terminó convirtiéndose en un viacrucis en solicitud de préstamos millonarios. La otra ambición, la de poner un diario más al servicio de Pujol, convirtió a El Observador en una máquina de quemar dinero: 6.000 millones de pesetas en sólo tres años. El imperio de Prenafeta no se llegó a construir, y sus sueños se convirtieron en pesadillas al acumularse las querellas en los juzgados. La guinda del pastel, la empresa familiar de los Prenafeta, la peletera Tipel, resultó ser amarga cuando tuvo que presentar suspensión de pagos, con deudas de 8.445 millones. Entre sus quinientos proveedores estaba el Institut Català de Finances, dependiente de la Generalitat; 386 millones de dinero público que los Prenafeta tomaron como propio. Semanas antes de la presentación de la suspensión de pagos de Tipel se habían solicitado 800 millones más al ICF como el que no quiere la cosa. Los fondos públicos son la medicina habitual para remediar la crónica enfermedad convergente.

Por el fiasco de El Observador, el 2 de noviembre de 1994 el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona embargó los bienes de Prenafeta: depósitos bancarios, un piso, una finca… Para que no quedase nada por embargar, otro juzgado, de la población de Vic, le privó de su principal símbolo de ostentación: un estupendo Jaguar de más de 10 millones de pesetas, aunque él declaró que no valía ni 300.000. Este embargo provenía de las deudas de Tipel. A Piqué Vidal, el descalabro de El Observador le dejó en las manos un crédito de La Caixa de 660 millones de pesetas, lo que suponía casi 100 millones de pesetas al año en intereses. Sin embargo, para paliar todos estos infortunios ambos tendrán un mecenas sin igual: Javier de la Rosa. Prenafeta ya estaba en su lista de beneficiarios cuando le adjudicó una cuantiosa comisión en una operación de compraventa de un salto de agua de Ercros, la filial del Grupo Torras.

De la «operación reformista»
al amigo JR

Lo grave de este país no es que en él exista corrupción, es que existe una absoluta y total impunidad. En el prólogo del libro Guía de la corrupción, el juez Baltasar Garzón escribe: «Se trata, en todo caso, de fundamentar un régimen de libertades coordinadas en y por las instancias institucionales, asimismo respetado y defendido por ellas. Ésta es, a mi entender, la suprema tarea de la acción política. Sólo así se podrá conjurar el peligro de la corrupción en todas sus expresiones y modalidades. Cuando la democracia como forma de vida participa en las instituciones, aparece indefectiblemente la auténtica realidad de servicio público como garante de la seguridad y de la libertad de todos los ciudadanos». En otro párrafo, en el que Garzón analiza la posición de los partidos políticos para atacar esta lacra, puede leerse lo siguiente: «La forma de afrontar el fenómeno es realmente una actitud pseudopositiva que sólo en apariencia da lugar a decisiones que combaten los comportamientos de corrupción, pero en realidad sigue siendo una actitud de consentimiento de dicha corrupción, puesto que no tiene como objetivo la depuración del sistema, sino salir a flote de una situación que en gran medida han generado los que comparten esta actitud». Baltasar Garzón pone el dedo en la llaga. Es posible que se saquen a la luz mil y un casos de corrupción; lo que falla es el sistema de depuración.

En este enjambre de intereses siempre son los más poderosos los que disfrutan de un mayor blindaje. Si los más protegidos son los políticos de alta alcurnia y gran dosis de poder, junto con instituciones bancarias de larga tradición y exquisita solvencia, y si a ellos se unen algunos «empresarios ejemplares», puede decirse que en este país hemos tocado fondo.

Después de mantener un largo idilio, la relación entre Javier de la Rosa y los nacionalistas catalanes no pudo acabar peor. El intermediario catalán asegura que, desde 1979, ha entregado al partido de Pujol 2.625 millones, y a Pujol personalmente otros 1.724 millones; en total más de 4.000 millones de pesetas. El disparate viene a continuación. Simultáneamente a estas manifestaciones, de las que asegura tener pruebas, De la Rosa filtra una carta firmada por el dirigente del PP en Cataluña Enrique Lacalle en la que el político popular solicita la misérrima cantidad de 10 o 15 millones, eso sí, con agradecimientos eternos. La prensa machacó durante casi dos meses al pobre Lacalle por su candidez al hacer semejante petición por escrito. Nadie, absolutamente nadie, importunó al virrey pidiendo explicaciones por los más de 1.700 millones recibidos. Lo de Lacalle no era más que el chocolate del loro ¿No es éste acaso el país de las maravillas?

CUANDO ROCA SE QUEDÓ DE PIEDRA

El proyecto de extender el pujolismo más allá de los límites de Cataluña acabó por ser el más sonado de los fracasos electorales de cuantos se puedan contabilizar en la etapa democrática. La estrepitosa derrota del Partido Reformista Democrático, debida a la indefinición política que subyacía en la denominada Operación Roca, se intentó enmascarar a través de ese recurso multiuso que parece servir para justificarlo todo: el hecho diferencial catalán.

La operación de prefabricar un líder y catapultar un partido con la sola fuerza del capital, planeada en el más puro estilo americano, no se vio recompensada con el refrendo de los votos. Por muy abundante que sea, el dinero no lo es todo. En ocasiones prevalecen otros factores que lo neutralizan, como la simple coherencia. Las consecuencias del fracaso de una iniciativa —y más cuando es escandaloso— afectan profundamente a la dignidad de sus promotores. La grandeza de las personas sólo puede evaluarse en función de la posición que asumen ante la adversidad. Cuanto mayor es ésta, mayor es la oportunidad de valorar la categoría del individuo o del colectivo de que se trate.

Los convergentes fueron los mayores impulsores del reformismo, situando a su número dos al frente de la operación y con Pujol como valedor de la iniciativa. Tras conocer unos resultados electorales que suponían la dilapidación de más de 5.000 millones de pesetas sin haber conseguido un solo escaño, los dirigentes de Convergència se desmarcan en pleno de la operación. Sin esperar a consensuar y repartir la parte alícuota del fracaso que corresponde a cada cual, como si la hecatombe no fuese propia, Miquel Roca habla en tercera persona de que «ellos» «han de seguir adelante». El «nosotros» queda reservado para los momentos de gloria. Fue tal el desmarque de los convergentes con respecto a la Operación Roca que los múltiples acreedores radicalizaron en seguida sus exigencias de cobro inmediato, ante la posibilidad de no recuperar las ingentes cantidades que se habían invertido en carteles y páginas de publicidad.

La Operación Roca supuso una hipoteca más que añadir a esa singular fusión —que no se sabe dónde empieza ni dónde acaba— de partido, Generalitat, Pujol y Cataluña. La beneficiaria de tal hipoteca era la gran banca: el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, Banesto, el Banco Hispano Americano, el Banco Central, el Banco Popular… y también tenían su parte La Caixa de Pensions, el Banco de Sabadell y Banca Catalana. Su montante no era ciertamente escaso: ascendía a 3.900 millones de pesetas. Las garantías del crédito se desintegraron nada más conocerse los resultados electorales. Al PRD apenas le correspondían 12 millones por la subvención oficial del Ministerio del Interior por los 193.115 votos obtenidos. Se preveía conseguir entre 20 y 25 escaños, pero, al devenir las previsiones en utopía y no conseguirse ni tan siquiera uno, las garantías se evaporaron, aunque el compromiso de pago persistía.

La Operación Roca tenía que llevar a la presidencia del gobierno al político que le daba nombre a través de un pacto entre AP, PRD y CiU, formaciones que constituirían un frente común que no permitiera renovar la mayoría absoluta socialista mantenida desde 1982. La operación empezó a estructurarse en el mismo momento en que Felipe González llegó a La Moncloa. Los diez millones de votos conseguidos por los socialistas preocupaban seriamente a la derecha tradicional. Fraga había alcanzado su techo electoral con Alianza Popular, la Unión de Centro Democrático estaba desintegrada y no parecía entreverse una fuerza de oposición que pudiera frenar al socialismo. Sólo Pujol había conseguido mantener su hegemonía, por lo que fue hacia Cataluña hacia donde se dirigieron los cantos de sirena. Roca, a la sazón portavoz de la minoría catalana en el Congreso de Diputados, empezó a recibir propuestas y mensajes que debía hacer llegar al todopoderoso Pujol. Extender los horizontes de poder era uno de los objetivos. Pero a éste se debían añadir otros motivos. El experimento podría embarcar a Miquel Roca en un proyecto que le haría relegar a un segundo término sus aspiraciones de sucesión a la presidencia de la Generalitat. Más tarde, pero dentro de la fase embrionaria del proyecto, aún se añadió otro incentivo: el de poder demostrar a los socialistas, destinatarios de la embestida, el error que supuso su posición ante el caso Banca Catalana.

La operación Roca estaba ya bendecida por la Generalitat, por el partido, por Pujol y por Cataluña. Sin embargo, como sucedía en muchos de los proyectos de Pujol, la indefinición se combinaba con la incoherencia. Miquel Roca participaba en el PRD a título personal, sin ninguna representatividad de Convergència Democràtica de Catalunya. El PRD no intervendría en Cataluña, ya que se consideraba representado por CDC. Tampoco lo haría en el País Vasco, donde el PNV tenía su feudo, aunque esta formación política no participase en el proyecto. Las comunidades autónomas eran los ámbitos de referencia. En Galicia los reformistas se apoyaban en Coalición Gallega, en Baleares en Unió Mallorquina, en Extremadura se presentaban junto a Extremadura Unida. La operación era, en definitiva, la exportación del concepto nacionalista catalán al resto de comunidades.

Se pretendió incorporar al proyecto reformista al ex presidente del gobierno Adolfo Suárez, pero éste declinó la invitación. Es más, trató de disuadir a Roca de la operación, ya que la consideraba un fracaso anunciado. Sin embargo, a Miquel Roca las palabras de Suárez le parecieron un intento de eliminar competidores dentro de ese trozo del pastel electoral que representaba la tendencia de centro. Se creía —y éste era el canto de sirena compartido por la gran banca— que el espacio de centro aún persistía, y que había sido la desintegración interna de la propia UCD la que había dado lugar a la caída del voto centrista. La Operación Roca siguió sin Suárez. La gran banca, convencida de las opciones del reformismo como partido bisagra que permitiría romper con el bipartidismo aunque tuviera solamente veinte diputados, consideraba que ese resultado podría otorgar la hegemonía suficiente, por lo que no se regatearon créditos.

Ya estaba próximo el que tenía que ser el gran día del reformismo. Las elecciones estaban anunciadas para el 22 de junio de 1986. La maquinaria electoral convergente había dado al PRD toda «la la asistencia logística y estratégica de la que disponía. Francesc Gordo se hizo cargo de la intendencia, la disposición financiera era sobrada, los estrategas de las campañas electorales de CiU multiplicaron esfuerzos y Joaquín Lorente, el publicista de todas las campañas de la coalición, diseño también la del PRD. No se regatearon medios. Se organizaron más de 1.700 actos electorales en 37 provincias, una verdadera campaña a la americana. Pero todo este despliegue de recursos y esfuerzos no se vio recompensado. Ni tan siquiera un triste escaño que pudiera lucir en la solapa el logotipo del PRD. Frente al fracaso sólo quedaron las deudas.

La cobarde actitud de los convergentes en la noche electoral sorprendió a propios y extraños. Se desmarcaron descaradamente de la operación. Fue un mazazo, aunque, eso sí, anunciado por las encuestas previas, que ya adelantaban el resultado de cero escaños. Con el rostro desencajado y visiblemente afectado, Miquel Roca se dirigió a los medios de comunicación en tercera persona: «A los reformistas les ha ido mal». Refiriéndose a la coalición CiU, decía en cambio: «Nosotros hemos tenido éxito». Pujol ni siquiera hace referencia al desastre. Los acreedores que habían confiado sus trabajos y servicios pendientes de cobro por la garantía, no ya al PRD, que era un producto manufacturado de nueva circulación, sino a Pujol y, por extensión, a Roca, reaccionaron indignados al escuchar atónitos las manifestaciones públicas en el sentido de que el fracaso correspondía a otros. Se desencadenó un pánico generalizado, como si de un hundimiento de la bolsa a pequeña escala se tratara.

A la mañana siguiente, los acreedores hacen cola en el despacho de Roca. Ante la presión a la que es sometido y con el varapalo de los electores del día anterior, la cabeza de la Operación Roca se derrumba. Es Francesc Gordo quien toma el relevo. Las instrucciones de Pujol son concisas: que cobre todo el mundo excepto la banca. Los acreedores son legión en toda España. Las cantidades de mayor cuantía son largamente aplazadas. Bajo ningún concepto debe aparecer en los documentos de reconocimiento de deuda que es Convergència Democràtica de Catalunya la que paga las facturas del PRD. Los créditos de la banca son punto y aparte. Ascienden a casi 4.000 millones. Pero entre los banqueros no cunde el mismo pánico que entre los acreedores ordinarios. El cobro está asegurado; poco importa que las garantías del crédito sindicado ya no existan y que el PRD no haya conseguido ninguna cuota de poder. Disponen de una garantía mayor: una hipoteca, en sentido figurado, sobre una administración que en aquellas fechas ya moviliza bastante más de medio billón de pesetas.

Los fondos públicos vuelven a ser la medicina que cura todos los males convergentes. El doctor Pujol (no es un sarcasmo: Pujol estudió la carrera de Medicina) sólo prescribe una receta, la milagrosa medicina del curalotodo. El mecenazgo de la banca tendrá su rentabilidad. Cobrará hasta la última peseta, aunque no por la vía directa, es decir, depositando en sus entidades dinero contante y sonante. La vía será otra, la indirecta, a través de sus empresas participadas. En el caso del Banco Hispano Americano se conoce la vía de cobro. A una de sus empresas, la constructora Ferrovial, le fue adjudicada la construcción y explotación de la autopista Terrasa-Manresa por decisión personal y directa de Pujol. El proyecto, presentado a última hora por Ferrovial, estaba inacabado, no cumplía con los requisitos de la adjudicación y no podía competir con las otras ofertas, por lo que ya estaba descartado por los técnicos. Pero Pujol lo resucitó.

La maniobra de saldar créditos pendientes derivados de la hecatombe de la Operación Roca, sirvió a la vez para realizar una operación de limpieza de deudas convergentes. Apelando al aforismo según el cual no hay mal que por bien no venga, en el mismo saco de las deudas reformistas se incluyeron las propias. La cuantía de los créditos era tal que ya no se trataba de cien millones más o menos. El Banco de Bilbao, a través de su empresa participada Papelera Española S.A., limpió la deuda de papel pendiente de pago que tenía por parte del diario convergente, El Correo Catalán, por más señas propiedad del propio Pujol. Lo que se desconoce es cómo se saldó este doble mecenazgo del Banco de Bilbao, aunque, conocida la metodología aplicada en el caso del Banco Hispano Americano, pocas pueden ser las diferencias existentes.

PLEITESÍA AL REY MIDAS

En el verano de 1994 los incendios forestales habían devastado 76.000 hectáreas de bosque en Cataluña, extensión que correspondía al 2% de la superficie total de la comunidad. No se habían aún apagado las brasas cuando el Parlament felicitó al gobierno de la Generalitat por la eficacia en la lucha contra los incendios. Esta malsana costumbre de autofelicitarse por palmarias demostraciones de ineficacia ya no sorprende a nadie. La mayoría absoluta ya está acostumbrada a dictar su ley a las minorías impotentes. Desde 1984 han sido tres mayorías absolutas sucesivas las alcanzadas por CiU. La que finalizó en 1995 se vio aún reforzada por la docilidad y sumisión del PSC, mientras que CiU era soporte y sostén del gobierno del PSOE en Madrid. Con el principal grupo de oposición maniatado y con una sólida mayoría absoluta, el Parlament de Cataluña se había convertido en el parlamento de los prodigios.

Así y todo, nunca una sesión del Parlament había contado con una oposición más indignada que la celebrada en octubre de 1994, en la que Pujol tuvo que dar explicaciones sobre la actuación de su gobierno y la suya en particular, en cuanto respecta a ese particular maridaje de poder político y poder económico que representaba la vinculación de Pujol con Javier de la Rosa. El financiero desvió para su uso privado un aval de 1.000 millones de pesetas concedido por la Generalitat para la construcción de Port Aventura. Era ciertamente la gota que colmaba el vaso. Después de todo tipo de dimes y diretes, Pujol resumió el caso en una sencilla frase: De la Rosa era simplemente «una piedra en el camino». De responsabilidades políticas, nada. El Parlament quedó marcado por el signo de la corrupción. La oposición había pedido a lo largo de la legislatura nueve comisiones de investigación, de las que sólo dos llegaron a constituirse: la del caso Casinos y la del caso Cullell. Tras las correspondientes conclusiones, las exculpaciones y felicitaciones fueron aún mayores que en el caso de los incendios. Quedaron pendientes de efusiva felicitación, por negación de la correspondiente comisión de investigación, los casos Planasdemunt, Prenafeta, Roma y De la Rosa.

De la Rosa, un personaje de oscuro pasado, se ganó el cielo convergente a golpe de talonario. Tan deslumbrantes eran las cifras de sus aportaciones, a las que el llamaba inversiones, que Pujol no tardó en manifestar públicamente su admiración por el financiero.

El idilio pasó por diferentes estadios. Uno de los episodios del que se pueden extraer conclusiones de la mutua atracción es el acontecido con la clínica New Teknon, centro sanitario construido a todo lujo por Javier de la Rosa con una inversión multimillonaria. Se había edificado sin disponer de la preceptiva licencia municipal y, dado que el proyecto no se ajustaba a la normativa de la zona del barrio residencial barcelonés de la Bonanova, en 1991 el ayuntamiento había paralizado las obras. A De la Rosa no pareció preocuparle esta decisión del consistorio barcelonés; tenia otras vías de solución. Recurrió a un ex empleado suyo, Josep Maria Cullell, quien, tras abandonar la Conselleria de Economía y Finanzas, había pasado a prestar sus servicios en la empresa Quail, el buque insignia de las compañías de De la Rosa. Concluida esta etapa mercantil, Cullell se reincorporó al gobierno de la Generalitat como titular de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, cargo que le iba como anillo al dedo a De la Rosa. Tras la correspondiente petición, la solución urgente a los problemas de licencia de obras para la clínica llegó con la velocidad habitual de los intereses convergentes. La Generalitat hizo uso del derecho de revocar el decreto del alcalde Pascual Maragall que paralizaba las obras, y la clínica New Teknon pudo seguir construyéndose.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona no estaba dispuesto a admitir esta intromisión de la Generalitat, que además era una arbitrariedad injustificable y claramente interesada. En consecuencia, el litigio emprendió caminos judiciales. El 4 de noviembre de 1994 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón al Ayuntamiento, poniendo las cosas donde al principio estaban, aunque con el agravante de que ahora el edificio estaba construido, y sobre unos terrenos que figuraban como destinados a otro uso. La recalificación de la Generalitat era nula y la construcción ilegal.

De la Rosa había invertido 500 millones en la construcción de la clínica y por los terrenos había desembolsado 949 millones de pesetas. Cullell pagó cara su intermediación, que no gustó a De la Rosa. Pronto el conseller de Política Territorial y Obras Públicas vio transcritas las conversaciones telefónicas mantenidas con los protagonistas de la recalificación de los terrenos de Sant Pere de Torelló, pues las hizo públicas el semanario El Triangle. Sin embargo, inmediatamente después del divorcio ya había nacido un nuevo romance.

El maridaje de De la Rosa con la Generalitat había llegado de la mano de un proyecto que empezaba a frustrarse: el del parque de atracciones temático de Port Aventura. Se trataba del proyecto turístico más emblemático de Cataluña, y Pujol lo consideraba estratégico para el desarrollo del sector. La promoción de la iniciativa partió en origen de la multinacional Anheuser Busch, que no obstante había decidido retirarse, ante los incomprensibles inconvenientes alegados por dos alcaldes de CDC, los de las poblaciones de Salou y Vilaseca, en las que iba a ser instalado el parque. Después de una sentencia del Tribunal Supremo que permitía a Vilaseca segregarse de Salou, sus respectivos alcaldes no se ponían de acuerdo respecto a cuáles deberían ser los límites territoriales de cada municipio.

El desaguisado convergente había llevado el proyecto emblemático por el camino más abrupto. La decisión de Anheuser Busch era irrevocable y el partido en el poder era ciertamente el responsable de este abandono. Había que hacer algo con urgencia. Sin la intervención de la multinacional, que debería haber aportado sus conocimientos en el sector, la idea de construir el parque era simplemente una utopía. La Generalitat empezó a buscar con frenesí un socio mayoritario que aportara los 40.000 millones del proyecto.

El desinterés de la burguesía catalana con capacidad financiera por los proyectos auspiciados por Pujol era un mal crónico. Los proyectos empresariales y Pujol nunca se habían llevado bien. El hacer país no está en los parámetros de la burguesía catalana, y además, muy pocos tenían la disponibilidad financiera suficiente para proveer los 40.000 millones que requería el proyecto.

A finales de 1990, De la Rosa todavía mantenía el glamour de KIO. Del expolio a la caja kuwaití ya sólo quedaban las telarañas, pero el financiero había cuidado de dar a esa caja una resplandeciente capa de pintura de color dorado. Los intereses de De la Rosa y Pujol convergen. Al segundo le interesa localizar urgentemente un socio para el proyecto del parque, que se frustra por momentos. De la Rosa necesita el blindaje, la cobertura y la aprobación de la Generalitat para su próximo expolio. Se trata de otra caja rebosante de billetes a la que el financiero ha echado el ojo: la que contiene los 31.000 millones en pesetas contantes y sonantes del Consorcio Nacional del Leasing (CNL).

Prenafeta es quien se cuida de establecer el puente entre De la Rosa y Pujol. La historia que aquél vende a uno y otro es bien diferente. La oportunidad que se presenta para el oscuro financiero es de las que no se dan todos los días. Sin embargo, Prenafeta le cuenta a Pujol otra historia: las negociaciones con De la Rosa para convencerle de la multimillonaria inversión están resultando arduas, y el peaje que tendrá que pagar será de casi 1.000 millones. El proyecto periodístico del diario El Observador, auspiciado por Prenafeta, requiere importantes recursos financieros.

La oportunidad no se deja escapar. El pastel da para todos. Pujol ya tiene localizado al socio que pueda aportar solución al desaguisado de los ediles convergentes y Prenafeta cuenta con el mecenas perfecto para sus proyectos mediáticos. Por su parte, De la Rosa obtiene el acceso al trozo de pastel que su vinculación a los convergentes le puede proporcionar: «En Madrid no me entienden». Ésta era una expresión habitual del financiero. Pero en Madrid ya se habían percatado de la índole de sus prácticas. En cambio, en Cataluña, la irresistible imantación que ejercía el dinero kuwaití para los patricios convergentes anulaba su perspectiva.

El proyecto puede continuar, aunque las sorpresas todavía están por llegar. De la Rosa entra en el proyecto del parque a través de la sociedad Parque de Atracciones Tibidabo S.A. En 1988 se habían destinado fondos de KIO a la adquisición de un paquete accionarial de la sociedad propietaria del caduco parque de atracciones de la barcelonesa montaña del Tibidabo, y ésta será la plataforma de lanzamiento. El proyecto emblemático, que acabará llamándose Port Aventura, está en marcha. Queda consolidado el intercambio de poder político y poder económico que la operación trae tras de sí: las puertas convergentes quedan abiertas para De la Rosa; el conseller de Economía y Finanzas, Macià Alavedra, queda deslumbrado por el brillo del metal de la caja kuwaití; Prenafeta ha reclutado al mecenas siempre buscado; Cullell ya era un asalariado de De la Rosa; Carles Vilarrubi pasará a formar parte del consejo de la sociedad impulsora del parque; Miquel Roca tendrá la oportunidad de que sus relaciones con De la Rosa pasen de la clandestinidad a la luz pública; y Josep Piqué, el hoy ministro de Industria con el PP, es introducido por Alavedra en los negocios de KIO, primero en Electrometalúrgica del Ebro, después en Erkimia y finalmente en Ercros. Los intereses de De la Rosa y los de los convergentes tienen en Piqué Vidal un valedor de excepción. Las relaciones en la época juvenil del financiero con Xavier Trias y Joaquín Molins también están presentes. De la Rosa ya piensa en catalán, mientras los convergentes empiezan a pensar en petrodólares kuwaitíes.

El día que se había previsto para dar esplendor al matrimonio de conveniencia era el 27 de abril de 1992. En tal fecha se colocaba la primera piedra del gran proyecto de ocio y diversión. Al acto asiste el gobierno catalán casi en pleno y, para que no falten pompa y boato, la televisión autonómica, TV3, despliega todo su festival convergente. Ya no es la sociedad Tibidabo la que impulsa el proyecto; ahora es Tibigardens, que luego seria Grand Tibidabo, producto de la fusión con el Consorcio Nacional del Leasing que De la Rosa ya ha abordado al presentar una OPA sobre este último. Entre tanto, los primos de KIO, a quien De la Rosa gustaba llamar hermanos, se percatan que las cuantiosas inversiones del emirato kuwaití en manos de De la Rosa se han evaporado. Se trata de no menos de 500.000 millones que, aprovechando la oportunidad presentada por la invasión de Kuwait a manos de Sadam Hussein y su propia capacidad de depredación, el financiero ha hecho suyos. La habilidad de De la Rosa para apropiarse del dinero ajeno discurre paralela a su otra habilidad, fulminarlo y dilapidarlo en tiempo récord. Las lógicas dificultades para De la Rosa comienzan cuando los directivos de KIO dan inicio a una ardua batalla jurídica. Los kuwaitíes no saben lo que les espera.

De la Rosa cuenta con dos valedores de excepción, Pujol y Pascual Estevill. Ambos cuidarán de proporcionarle el adecuado blindaje en Cataluña y Madrid. Pascual Estevill corre solícito a persuadir al juez Moreiras, de la Audiencia Nacional, con el fin de que desestime la demanda de KIO. En Cataluña, el mismo día en el que se celebra la junta de fusión entre CNL y Tibidabo, Pujol se despacha a gusto en una rueda de prensa contra quienes legítimamente reclaman lo que es suyo.

Lo que para KIO era un robo descarado para Pujol era «una maniobra de desprestigio sistemático». Las alabanzas a De la Rosa tenían cierto sentido patrio: «Siempre se ha preocupado de que sus empresas estén en Cataluña y de evitar la emigración hacia Madrid, que él siempre ha frenado». De la Rosa había conseguido su objetivo. Pujol lo había arropado con la bandera catalana, protegiéndolo de cualquier acusación. El president se sentía moralmente obligado a intervenir en defensa del financiero, ya que veía ciertas similitudes con anteriores campañas de linchamiento, que le recordaban las sufridas por él mismo en el caso Banca Catalana. «Cada vez que asisto a una de estas campañas se remueve algo dentro de mí».

Los periodistas escuchaban atónitos las manifestaciones del president, que defendía a capa y espada a un particular. En realidad, con este singular apoyo no hacía más que contribuir a un fraude que se estaba desarrollando con la bendición de la Generalitat.

Entretanto, ese mismo día 3 de abril de 1992 los nueve mil accionistas minoritarios del CNL dormirían tranquilos. Tenían la convicción de que la Generalitat, a través de su presidente, daba las garantías suficientes como para aceptar la oferta de De la Rosa de adquirir el 30% del CNL, lo que le proporcionaría el control de la entidad. Los sufridos pequeños accionistas iniciarían pronto un calvario en el que verían esfumados todos sus ahorros. De la Rosa adquiere el control del CNL con un aval del Banco Hispano Americano. En compensación, en su primera decisión vende la cartera de leasing al Hispano Americano. El edificio sede del CNL también es vendido. Rápidamente se le encuentra un comprador, la Generalitat de Cataluña. Mediante algunos malabarismos y trucos financieros, el ex representante de KIO ha vaciado la caja de Grand Tibidabo. La emblemática obra del parque queda interrumpida. Lo único que los convergentes han conseguido es contribuir muy destacadamente a la ruina de nueve mil pequeños accionistas que tenían depositados sus ahorros en el CNL. Una vez más se pone de manifiesto la letal relación Pujol/entidad financiera.

La decisión de situar a De la Rosa como impulsor de las finanzas convergentes ha sido un auténtico fracaso. La urgencia de una solución inmediata orienta los pasos hacia la compañía eléctrica Fecsa. Sin ni siquiera llegar a un acuerdo, la Generalitat da por hecha la operación. Fecsa obtendrá un buen rendimiento de las necesidades de Pujol. A la compañía eléctrica se le recalifican cuarenta hectáreas de terreno en Hospitalet de Llobregat, cuarenta hectáreas que en la actualidad valen un Potosí. No queda ahí el trato. La compañía eléctrica vende su filial Baseria Oil por 1.500 millones de pesetas a la empresa petrolera de la Generalitat, Petrocat, presidida por Prenafeta. El importe de la operación es casualmente el mismo. Fecsa obtiene los recursos necesarios para cubrir un 10% de la inversión del parque por vía institucional. Pero las necesidades financieras del proyecto van mucho más allá, y se incorporan al proyecto La Caixa (uno de los recursos permanentes de Pujol) y el grupo británico Pearson.

Los problemas crecían para De la Rosa. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se comprometió, como banco público, a aportar un crédito oficial de 15.000 millones. Lo hizo al inicio del proyecto, cuando éste era liderado por la Busch, pero los acontecimientos le llevaron a cambiar de opinión. La crisis del Grupo Torras, el buque insignia de las inversiones de KIO, había obligado al gobierno central a destinar miles de millones a su intento de frenar el hundimiento. No estaban dispuestos a que De la Rosa participara bajo ningún concepto en la aportación prometida a la Busch. Los 15.000 millones estaban paralizados, y parte de los 10.000 que aportaba la Generalitat de Cataluña empezaban a sufrir retenciones. Al incorporarse Fecsa al proyecto, se había podido detectar que 1.000 millones del aval de la Generalitat habían sido distraídos por De la Rosa hacia otros fines. Los de la Busch y todos los nuevos promotores manifestaron a Pujol que no se incorporaría al proyecto (o bien lo abandonarían, según los casos) si De la Rosa no era apartado de él. Los antecedentes empezaban a pesar. «El empresario ejemplar», como lo había calificado Pujol poco antes, había dejado un fiasco de 100.000 millones tras su paso por la Banca Garriga Nogués, entidad situada en la órbita de Banesto. Los nueve mil accionistas del CNL habían visto desaparecer con inusitada rapidez los 31.000 millones de su caja. En el parque temático ya le había echado mano a 1.000 millones, contando con la vista gorda de Macià Alavedra. No es de extrañar que los nuevos gestores desautorizasen a Pujol. Temían que De la Rosa se llevara del parque de atracciones hasta los caballitos.

Fue así como el financiero se vio apartado del proyecto, dejando a Pujol a merced de las criticas de la oposición. El matrimonio de conveniencia fue efímero. Duró lo que le duraron a De la Rosa los petrodólares kuwaitíes y los 31.000 millones de los accionistas del CNL. La pleitesía al rey Midas había llegado a su fin. Ante los desmanes sufridos por los accionistas del CNL, la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña instó acciones judiciales, siendo el magistrado Joaquín Aguirre López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, quien finalmente se pronunció, en un auto dictado el 19 de octubre de 1994: «Se decreta la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Francisco Javier de la Rosa Martí, como responsable de un delito de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil». De la Rosa permaneció en la cárcel hasta el 13 de febrero, es decir, cuatro meses, en los cuales aún le dio tiempo de enviar un telegrama a Pujol: «Todavía estoy en la cárcel». Ése era el aviso a navegantes del «empresario ejemplar».

Los coletazos del caso De la Rosa aún dieron más de sí. El juez Joaquín Aguirre, encargado de la instrucción, descubrió entre la maraña de sociedades de De la Rosa una en la que se refugiaban las importantes comisiones que habían generado las múltiples operaciones de ida sin vuelta. La sociedad era Aciesa y su administrador Albert Freixa Vidal, un joven que sólo se dedicaba a firmar papeles, a cambio de un salario mensual de 300.000 pesetas. El juez llamó a declarar a Freixa Vidal, quien nada o bien poco sabía. Se limitaba a firmar sin más y, según él, no conocía detalles de las operaciones. Sin embargo, sorprendentemente, cuando se le preguntó por un movimiento de 300 millones de pesetas de Grand Tibidabo, supo dar razón. Afirmó que se habían utilizado para pagar comisiones por la venta del edificio de la antigua sede de CNL adquirido por la Generalitat. Pero aportó una precisión más. Parte de esta comisión había ido destinada a un hijo de Pujol. Desde prácticamente el mismo día de la venta del inmueble, corría por las redacciones de los diarios el rumor de que entre 150 y 200 millones de pesetas habían ido a parar a Jordi Pujol Ferrusola en forma de comisión por la venta del edificio del CNL.

La Generalitat había comprado el inmueble para ubicar la Conselleria de Medio Ambiente por 4.185 millones de pesetas. La oposición ya había denunciado que la transacción encubría el favoritismo a De la Rosa por el alto precio pagado. La Fiscalía había recibido un anónimo que señalaba a Jordi Pujol Ferrusola como receptor de parte de la comisión generada. Estos hechos se habían producido en julio de 1991. Desde entonces el rumor no hacia más que crecer y, ahora, a finales de 1994, el joven Freixa Vidal daba una versión que parecía ir en la misma dirección. Lo cierto es que el epicentro del rumor partía del núcleo de De la Rosa, cuya credibilidad a estas alturas estaba por los suelos y entre rejas. Sin embargo la murmuración se había extendido tanto que el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) tuvo que actuar. En la investigación no se descubrió nada en el entorno de Pujol. Sin embargo, lo que se halló podría haber dado lugar, en otro país con una conciencia ética y moral en su justo equilibrio, a la dimisión presidencial. Un total de 250 millones habían pasado por las manos de Prenafeta y Piqué Vidal, quienes los destinaron al diario convergente de El Observador, 11 millones fueron a parar a Xavier Domingo, primo de Alavedra y editor del semanario Set Dies, que acabó siendo el suplemento dominical de El Observador, el resto fue para Delta Aviación, sociedad participada por Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta.

Resultaba evidente que el alto precio pagado por el edificio daba para cuantiosas comisiones, pagadas con fondos públicos. Entre las características de un personaje que ha traficado con dinero público está el no saber distinguir lo que es suyo de lo que es de todos. La permisividad ante la corrupción (o tal vez un singular fenómeno de sugestión de masas) hace que Pujol le dé la vuelta a la situación. Con satisfacción no exenta de sarcasmo, Pujol se felicita a sí mismo ante las cámaras de televisión porque la investigación del Cesid ha acabado en nada, «res de res» («nada de nada»). Los acólitos aún deben estar aplaudiendo. Lejos de deparar a sus protagonistas el consecuente desgaste político, el castigo penal y el rechazo público, este caso de corrupción ha conseguido un efecto bien distinto. Ha generado cierta sensación de omnipotencia, la misma que para sí pretenden los grupos mafiosos que, con independencia de la fuerza bruta, se revisten de una leyenda de impunidad. Los corruptos se rodean de una aureola de misterio que acrecienta un poder, más imaginario que real, pero suficiente para persuadir a quien pretenda enfrentarse a él. Y aún llegan a disponer de otro elemento disuasorio, que se rentabiliza a largo plazo a medida que se van acumulando casos de corrupción, acciones de todo tipo palmariamente punibles y decisiones judiciales arbitrarias que favorecen descaradamente siempre a los mismos, sin responder nunca de las villanías cometidas. Ese elemento es la sensación general de resignación ante la imposibilidad de ver aplicado un principio básico del Estado de Derecho: la igualdad de todos los ciudadanos ante a la ley. Al quebrarse este principio, el denunciante, la víctima, sea individual o colectiva, se autolimita en su acción, y la denuncia, por muy evidente y escandalosa que pueda parecer, siempre queda minimizada al compararse con todas las que han quedado impunes. Mucho saben de ello en las redacciones de los diarios, en las que nadie puede precisar ya dónde está situada la línea divisoria entre la acción política dudosa y la manifiestamente corrupta.

SEGUNDA PARTE
EL CONTROL MEDIATICO

Introducción

«Jordi Pujol es el peor gestor de España, no es un ejemplo a seguir». Esta manifestación es de Josep Borrell, ex ministro con el gobierno socialista y uno de los pocos que se ha atrevido ha hablar del presidente de la Generalitat llamando a las cosas por su nombre. En otra de sus manifestaciones afirma: «Pujol debería aplicar sus teorías en la Generalitat, en vez de lanzar proclamas. ¿Por qué no se esfuerza por controlar el déficit de una de las administraciones peor gestionadas de este país, que es la Generalitat de Cataluña?». La respuesta al interrogante es sólo una; el problema no tiene solución, es un mal congénito. Los estigmas del déficit, la deuda, la quiebra y el fracaso económico acompañan a Pujol en todas las actividades públicas y empresariales en las que participa.

Como gestor de la Generalitat de Cataluña ha acumulado un déficit que en los presupuestos de 1996 supera el billón de pesetas. No se trata de nada heredado de una administración anterior. En 1980 se partía de cero. Para compensar el nivel del déficit se deberían pagar más de 118.000 millones de pesetas anualmente. Analizándolo desde otra perspectiva, esta cifra es muy superior al presupuesto global de las consellerias de Economía y Finanzas, Cultura, Agricultura, Ganadería y Pesca, Trabajo, Industria, Comercio y Turismo y Medio Ambiente. En los últimos años todas las alarmas se han disparado, aunque una oposición anestesiada por la mayoría absoluta es incapaz de desarrollar el adecuado control parlamentario.

La continua reivindicación de incrementos en las transferencias por parte del gobierno central hace crecer espectacularmente los fondos administrados. Mientras, la desadministración de la Generalitat de Cataluña engendra déficit tras déficit. Aunque los ingresos continúen incrementándose, nunca serán capaces de frenar el desequilibrio. Se ha entrado en el camino de la huida hacia delante. La deuda crece sin control; no se trata de insinuaciones insidiosas, sino de hechos contrastables. Hasta 1986, después de seis años de administración de la coalición CiU, la deuda era de 145.000 millones, lo que representaba el 38% de los ingresos corrientes. Cuatro años después, en 1990, se había duplicado. Por entonces la deuda ya ascendía a 300.000 millones de pesetas, aunque se mantenía una proporción del 33% con los ingresos corrientes. El disparate llegó a continuación. Cinco años después se alcanzaría una deuda de 1.300.000 millones de pesetas. Una cantidad que superaba con creces el billón de pesetas comenzaba a ser alarmante. El desfase porcentual sobre los ingresos corrientes ya se situaba en el 88%. A finales de 1996 la deuda alcanzó 1.400.000 millones de pesetas. En seis años se ha multiplicado la deuda casi por cinco. Para cumplir con los acuerdos de Maastricht, el límite de endeudamiento previsto para Cataluña se situaba en 760.000 millones, prácticamente la mitad del valor real. ¿Qué nos dirá el señor Pujol en sus pedagógicas y ejemplarizantes lecciones de economía? A buen seguro aportará una explicación grandilocuente que exalte las virtudes de su gobierno, pero la verdad está en las cifras: Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada de España, con una deuda que asciende a casi el doble de la de Andalucía, y más del triple de la de Madrid, Valencia o Galicia.

En su actividad privada como gestor de sociedades mercantiles, Pujol no queda ciertamente a la zaga en lo que a deudas respecta. Empezó sus actividades empresariales en el sector bancario, en el que su gestión no pudo ser más desafortunada. Se sucedieron los casos de Banca Catalana y las entidades menores del grupo, el Banco Industrial de Cataluña, el Banco Industrial del Mediterráneo, el Banco de Barcelona y el Banco de Girona. Cada una de estas entidades o bien desapareció o bien pasó a cuidados intensivos, con la correspondiente intervención del Banco de España. Los perjuicios para los 22.000 accionistas que confiaron en los proyectos bancarios de Pujol notaron una sustancial mengua en sus bolsillos. El hundimiento de Banca Catalana costó al contribuyente español la bonita cifra de 300.000 millones de pesetas.

Al mismo tiempo que desarrollaba su actividad bancaria, Pujol puso la vista en el sector de la comunicación. Si desafortunada fue la primera, su paso por el segundo resultó desastroso y patético. No obstante, todas sus manifestaciones epistolares continuaron manteniendo un tono de permanente descalificación, siempre por encima del bien o del mal, y puntualizando sobre aquello que debían hacer los empresarios o los gestores económicos de cualquier gobierno, del Banco de España o del Fondo Monetario Internacional. No ha habido institución económica a la que Pujol no se haya dirigido en tono pedagógico para marcar directrices y decir lo que se debe hacer.

Nunca recuerda en cambio su gestión en empresas como Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán, que pasó de ser un diario de consolidado prestigio a la quiebra, por la vía del fraude. Tampoco conserva memoria de Premsa Catalana S.A., editora del diario Avui, un ejemplo de desastrosa gestión empresarial que, a pesar de ser alimentada por el fondo de reptiles y por cuantiosas subvenciones públicas, mantiene una deuda de miles de millones. Otro caso análogo es el de Publicaciones y Revistas S.A., editora del semanario Destino, la publicación semanal más emblemática de Cataluña desde la posguerra que, en manos de Pujol, se hundió hasta desaparecer.

No sólo en la prensa escrita dejó el president señalada su agudeza empresarial. Dos proyectos de radio, Avui y Cadena 13, pasaron a mejor vida a pesar de disponer de recursos económicos derivados de la financiación ilegal del partido. Poco importa la cuantía de los medios económicos aportados; cuando su gestión es nefasta siempre se acaba por dilapidarlos. Como antecedente de la televisión pública TV3 (el servicio personal y directo de Pujol) queda en la memoria una sociedad privada impulsada por el pujolismo, la Promotora de Televisió Catalana. Esta sociedad nunca llegó a funcionar, pero vació bolsillos de muchos ciudadanos que confiaron en el proyecto. El caso acabó en querellas interpuestas contra los gestores y promotores por estafa.

La debilidad de Pujol por los medios de comunicación ya se apreciaba en su primer gobierno en la Generalitat. En él creó la Conselleria de Cultura y Medios de Comunicación, el equivalente pujoliano del Ministerio de Información y Turismo, de triste recuerdo por el control y la censura ejercidos durante el régimen franquista. Este mecenazgo institucional ya había tenido antecedentes. Banca Catalana, la entidad bancaria promovida por Pujol, no descuidó los proyectos destinados a «hacer país». Entre ellos se contaban las publicaciones Oriflama, Canigó y Enciclopedia Catalana. Ésta es una historia de intromisión y fracaso empresarial en los medios de comunicación.

La obsesión de Pujol

EL MECENAZGO INTERESADO: ORIFLAMA,
LA GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA Y CANIGÓ

Con una precariedad de medios espartana y un personal casi totalmente voluntario, el Obispado de Vic publicaba la revista Oriflama, destinada a lectores jóvenes y de orientación cristiana. Pujol, ferviente católico, mostró interés por la publicación. Para el Obispado, la financiación de Oriflama, que distribuía 15.000 ejemplares, suponía un sacrificio al límite de sus posibilidades. La incorporación de Pujol al mecenazgo fue bien vista por todos, incluidos los miembros de la redacción. Así, los anuncios de Banca Catalana empezaron a aparecer en las páginas de Oriflama, y tampoco faltaba la publicidad de empresas en las que el banco mantenía una participación importante. Los redactores de la revista no tardaron en percatarse de que el interés filantrópico de Pujol no lo era tanto o, si lo era, se posicionaba en extremos casi fundamentalistas. Pujol había remitido artículos para que fueran publicados inexcusablemente con los pseudónimos de Joan Farrera y Pere Angli. Versaban sobre la libertad sexual y eran hasta tal extremo carcas y conservadores que ni siquiera una publicación de orientación católica los podía difundir. Los enfrentamientos con los directivos de la redacción se hicieron inevitables cuando se descubrió que los pseudónimos correspondían a una transmutación de Jordi Pujol. Los abandonos en la redacción se sucedieron uno tras otro, lo que obligó a Pujol a vender la publicación al democristiano Antón Cañellas.

Otro de los proyectos de la época, que a la larga resultó rentable pero que en su momento ocasionó una verdadera sangría económica a sus patrocinadores, fue La Gran Enciclopedia Catalana, a cuyo frente estaba Max Cahner, más tarde conseller de Cultura del primer gobierno de Pujol y presidente del consejo de administración del diario Avui. En 1969, el ambicioso proyecto tuvo que interrumpirse después de la publicación del primer volumen, debido a las dificultades de financiación. La paralización de la iniciativa editorial fue resuelta por un grupo de mecenas, encabezados por Banca Catalana. Pujol inyectó en el proyecto cantidades importantes, aunque insuficientes para la magnitud de la obra. Finalmente se optó por reducir considerablemente los gastos de la publicación, lo que ocasionó una convulsión interna entre la plantilla, que, en actitud de protesta, llegó a manifestarse en la sede central del banco. Los quebrantos económicos que Pujol tuvo que soportar los dio por bien empleados ante la posibilidad de influir decisivamente en una obra que definía quién era quién en Cataluña, estableciendo su importancia en razón de su ideología política.

Después de abandonar Oriflama, fue la revista en catalán Canigó la que recibió en sus páginas la publicidad de Banca Catalana y la de las empresas participadas por la entidad. Nunca se llegó a saber quién era el financiador de los proyectos, si Pujol o el banco, que no parecía tener una partida destinada a estos mecenazgos en sus balances.

Tras estos primeros pasos, el gran salto estaba aún por llegar. El objetivo era acceder a uno de los grandes medios de la prensa del momento. Ya no se trataría de filantropía, sino de obtener el control de un medio que permitiera impartir cierto grado de formación política. Los medios económicos estaban al alcance. Transcurrida una década desde su fundación, Banca Catalana podía permitírselo. Después de los intentos de hacerse con El Noticiero Universal, los esfuerzos se dirigieron a lograr el control de El Correo Catalán.

EL EMBRIÓN: EL CORREO CATALÁN

En 1970 se publicaban en Barcelona ocho diarios, dos de ellos de información deportiva. Los seis restantes, de información general, eran La Vanguardia, El Correo Catalán, Diario de Barcelona, El Noticiero Universal y los de la cadena del Movimiento, Solidaridad Nocional y La Prensa. La radio no estaba autorizada a emitir noticias, con la excepción de Radio Nacional de España, que las difundía a las horas fijas de los informativos. La televisión estaba en manos del Estado, y las publicaciones semanales tenían poca difusión. Lo apetecible para cualquier formación política que se preciara era disponer de un medio de comunicación. La prensa diaria era la única vía posible y Jordi Pujol, que ya tenía un banco, ahora quería un diario. La Vanguardia, controlada mayoritariamente por la familia Godó, no era accesible. El Correo Catalán, Diario de Barcelona y El Noticiero Universal eran las únicas alternativas. Solidaridad Nacional y La Prensa, de la cadena del Movimiento, no estaban a la venta.

Lo que encandilaba a Jordi Pujol era el tinte aperturista de El Correo Catalán y la sintonía de la cabecera con lo catalán. La fragmentación de su accionariado hacía viable su abordaje, por lo que el proyecto se convirtió en objetivo prioritario. Como la Lliga Regionalista de Cambó tuvo como órgano de expresión el diario La Veu de Catalunya durante la segunda república, CDC tendría El Correo Catalán. No obstante, el camino para conseguir su control estaba lleno de dificultades. El Correo Catalán ya era en aquellas fechas un diario centenario. Su primer número se publicó el 16 de diciembre de 1876, y en 1903 se constituyó por medio del periódico la sociedad Fomento de la Prensa Tradicionalista S.A. (posteriormente fue eliminado el término «Tradicionalista»).

Desde 1952 figuraban en su accionariado Francisco y José María Baygual, presidente y gerente respectivamente[1]. También figuraba Enrique Aguilar. Los Baygual y los Aguilar eran las dos familias dominantes en el accionariado del diario. En septiembre de 1968 se pusieron en circulación 6.000 nuevas acciones, elevando el total a 18.000. A mediados de 1970, Domingo Valls Taberner comenzó a adquirir valores a los pequeños accionistas hasta consolidar un paquete situado en torno del 23%. Valls Taberner fue el primer eslabón en la cadena de personas que intervinieron en la toma de control del diario por parte de Pujol.

Pujol y Domingo Valls Taberner eran viejos conocidos. Habían participado en la creación del Banco Industrial de Cataluña en 1965, y era ahora, cinco años después, cuando esta relación de amistad propició la introducción de Pujol en el diario. Valls Taberner persuadió a los Baygual y Aguilar para que aceptasen la oferta de compra por parte de Pujol. La última decisión correspondía a los patricios familiares de los dos clanes, Joan Baygual Bas y los hermanos Enric y Miquel Aguilar.

Son los Aguilar los primeros en aceptar la oferta, especialmente por la sintonía de Enric Aguilar con Pujol[2]. La composición accionarial se estructuró de nuevo en 7.671 acciones de los Baygual, 5.278 de Valls Taberner y las 4.123 adquiridas a los Aguilar-Torelló, que estaban ahora en manos de Josep Maria Vilaseca Marcet en representación de Jordi Pujol. El resto de acciones hasta las 18.000 del total que constituían el capital se hallaba en manos de pequeños accionistas. Era preceptivo que el Ministerio de Información y Turismo aprobara cualquier transacción de acciones en las empresas periodísticas, y la Dirección General de Prensa denegó la inscripción de las 798 acciones a nombre de José María Vilaseca. El motivo argumentado fue que Vilaseca actuaba a la sombra de Jordi Pujol, y éste era considerado como desafecto al régimen, expresión en la cual quedaban encuadradas las más variopintas formas de lo que pudiera considerarse oposición.

Dos años después del primer desembarco, la gente pujolista decidió dar el salto. De nuevo, el Ministerio elaboró el pertinente informe, con el pertinente tampón «reservado» de los documentos de la época. El encabezamiento era: «Nota informativa muy reservada sobre El Correo Catalán». En el capítulo dedicado a la orientación ideológica, puede leerse en medio de otras perlas: «Desde hace algunos años se observa en El Correo Catalán una clara tendencia a utilizar los temas de regionalismo catalán. Sus incursiones en este campo, tan espinoso y sensible para la mentalidad catalana, acaparan la mayor parte de su atención». El Ministerio, y especialmente su director general de Prensa, Alejandro Fernández Sordo, estaba particularmente al tanto de lo que en El Correo acontecía, y autorizó —sólo de palabra— que los Baygual y Valls Taberner pudieran poner a la venta sus acciones, siempre y cuando éstas tuvieran una distribución atomizada. Sin duda estaban al corriente de las intenciones de Pujol.

En el capítulo dedicado a datos económicos se lee: «A finales de 1973 se ha sabido de un nuevo intento de penetración de Banca Catalana en la Empresa, sin que los pormenores de esta acción puedan ser fácilmente demostrables. Banca Catalana opera por medio de personas interpuestas y a las que parece estar ligada por documentos privados. Este extremo nos consta, aunque no podríamos probarlo»[3]. Sorprenden dos aspectos. El uno, lo anecdótico de la expresión «afecto a B.C.» como sinónimo de vinculado a Banca Catalana; para el régimen sólo se podía ser afecto o desafecto. El otro aspecto a destacar es la eficacia de los observadores, que, ciertamente, no iban muy desencaminados[4].

En enero de 1974 Baygual y Valls Taberner, que tenían la mayoría de las acciones, las venden a Josep Maria Santacreu, que se convierte en accionista mayoritario pero que sólo dispone de 3.600 acciones, insuficientes para mantener el control del diario. El segundo accionista mayoritario sería Francesc Aizcorbe Bausili, agente de cambio y bolsa que operaba en nombre de Jordi Pujol[5].

El Ministerio de Información y Turismo, al corriente de la operación, aconsejaba actuar así en otro documento reservado: «El accionista D. Francisco Aizcorbe, agente de cambio y bolsa, relacionado con Jordi Pujol, posee 2.711 acciones, en condición de fiduciario. Este señor, que no posee intereses especiales en común con el Sr. Jordi Pujol, sería muy vulnerable en una entrevista, dada su condición de agente comercial, en cuya profesionalidad tal vez hallaríamos su talón de Aquiles». El 23 de febrero en otro documento confidencial se aseguraba que «la situación ha evolucionado muy favorablemente para nuestros intereses». La afirmación se sustentaba en el hecho de que «Pujol ha entrado en el terreno de la negociación formal, que antes rehuía sistemáticamente». Así mismo, un apartado denota cierta impotencia al afirmar que Pujol «no teme la acción drástica del Ministerio en cuanto a un hipotético cierre, pues considera que en estos momentos sería impolítico para el gobierno y a la larga favorable para él».

Lo que realmente sucedió es que, a través de intermediarios y de Banca Catalana, Pujol se hizo con el control absoluto de la totalidad de acciones de Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán [6]. Hay una cierta nebulosa entre las dos operaciones principales de traspaso de acciones entre antiguos y nuevos propietarios, tanto en la primera, en diciembre de 1970, como en la segunda, en enero de 1974. Es muy posible que en el primer abordaje se consiguiera el control mayoritario por parte de los fiduciarios de Pujol, es decir, que los Baygual vendieran parte de su paquete de acciones en un pacto secreto, al menos la misma parte de acciones que vendieron los Aguilar-Torelló. Pujol lo manifestó posteriormente en una entrevista publicada por la revista L’Avenç. En declaraciones de junio de 1982, reconocía lo expuesto y manifestaba que «en el caso de El Correo Catalán yo no podía dar la cara directamente y tuvimos que simular durante años que el propietario continuaba siendo Baygual, la cosa era un handicap muy grande, pero yo no podía hacer nada más, porque en Madrid habían dicho que si el que compraba las acciones era el señor Jordi Pujol, nada de nada». Durante este periodo continuó presidiendo el Consejo de Administración Francesc Baygual.

Aunque la mayoría absoluta de las acciones del diario la alcanza Pujol en diciembre de 1970, es en el primer semestre de 1974 cuando se consigue el control absoluto. Se adquieren o regularizan las acciones de los Baygual y Valls Taberner. Es también en este periodo cuando se compran las 3.600 acciones de Josep Maria Santacreu, quien ve fracasado su intento de controlar El Correo y vende su participación a Pujol[7].

Al menos desde febrero de 1971 existían informes del Servicio de Información Militar, anteriores a los del Ministerio de Información y Turismo. Estos informes, entre otras cuestiones, se ocupaban de controlar lo que consideraban grupos subversivos. Los encargados de elaborarlos llegaron a Pujol a través de Banca Catalana, a la que acusaban de financiar actividades que impulsaban el separatismo y la subversión. Estos informes se trasladaron al gobierno, que los canalizó al ministro de Hacienda y al Banco de España. La operación, que Pujol consideraba clandestina, había sido detectada desde el primer momento por el Servicio de Información Militar. La efectividad del régimen franquista tuvo su continuidad. Detectó los intentos de penetración en El Noticiero Universal y en Destino y la protección a Ómnium Cultural.

El 20 de enero de 1975 Pujol entra en el Consejo de Administración, y con él lo hacen Josep Riba Ortínez, que accede a la presidencia, Juan Casablancas, Agustín Montal y Josep Maria Vilaseca. El Registro Mercantil de Barcelona deja constancia de su paso por el diario[8]. Desde esta fecha hasta 1977, Pujol escribe algunos editoriales e interviene directamente en la elaboración del periódico. Preside las reuniones del Consejo de Redacción y marca muy de cerca la línea editorial. Posteriormente Josep Maria Cullell, que sería conseller de Economía y candidato a la alcaldía de Barcelona por CDC, pasó a ser responsable de la sección de Economía del diario y, a su vez, enlace entre Pujol y el director, Andrés Roselló. En junio de 1976, a Josep Melià le es asignada la tarea de superdirector, con funciones de control sobre el propio director, Andrés Roselló, que posteriormente fue cesado. Pujol dio un puesto en el Consejo de Administración a Melià en sustitución de Josep Maria Santacreu, que anteriormente había vendido sus acciones. Melià era la persona designada por Pujol para planificar las tareas de cada día y las directrices de la recién creada Convergència Democràtica de Catalunya.

El 26 de mayo de 1977 Pujol traspasa sus acciones, 10.955 sobre un total de 18.000. Sin que se realizara una ampliación de capital que las multiplicara por tres, son 32.865 las que figuran en el contrato de venta. Josep Maria Vilaseca pasa a presidir el Consejo de Administración y Antoni Forrellad es vicepresidente. Este contrato privado de venta de acciones y su instrumentación merecen capítulo a parte.

La relación de los compradores con CDC es manifiesta. Fue simplemente una simulación de venta por intereses estratégicos y políticos. Pujol ya estaba acostumbrado a actuar a través de intermediarios, desde su primera etapa, en la que le justificaba la prohibición impuesta por el régimen franquista a que pudiera adquirir un diario. Aprendió bien a mandar sin ser visto, y este virtuosismo, adquirido desde diciembre de 1970 a enero del 1975 (fecha en la que oficialmente salió entre las tinieblas para formar parte del Consejo de Administración del diario) volvió aplicarlo a partir de mayo de 1977, cuando decidió oscurecer de nuevo su presencia. Sobre este episodio hay una referencia más detallada en un próximo capítulo.

Pujol deja de acudir al diario, pero continúa omnipresente en la casa sin ser formalmente propietario de ninguna acción. En aquella época actuaba a través de Forrellad, con quien mantenía despachos casi a diario en Banca Catalana. Lo cierto es que la primera experiencia en el ámbito editorial fue un fracaso, como lo fueron los siguientes proyectos mediático-empresariales que emprendió el líder de CDC.

Básicamente se ha cometido el mismo error una y otra vez: se ha venido padeciendo una amnesia patológica de la experiencia que se ha acumulado proyecto tras proyecto. Los recursos financieros se han dilapidado a espuertas a través de los sufridos accionistas de Banca Catalana, del Fondo de Garantía Bancaria y de las generosas subvenciones de la Generalitat y de sus direcciones generales. Cuando estos medios no eran viables se recurría a la generosa retribución de informes y estudios intrascendentes y, ya dentro del capítulo del fraude, a la extensión de facturas falsas por servicios inexistentes contra concesionarios y licitadores de obras públicas, donaciones, créditos blandos de las cajas de ahorro y un sinfín de oscuros vericuetos que conducían inexorablemente al pozo sin fondo de los proyectos mediáticos.

Para que ello sucediera fueron múltiples los factores implicados, pero el determinante fue la instrumentación política del diario, que provocó una fuerte caída en las ventas y, consecuentemente, multiplicó las dificultades económicas. Todo ello se adornaba con una nefasta gestión empresarial. El único objetivo era el político. El periódico no era más que un medio que, en manos de un Consejo de Administración títere, recibía órdenes procedentes de Paseo de Gracia primero y de la Plaça de Sant Jaume después.

Nada habría que objetar al hecho de que un medio de comunicación tuviera influencias políticas. La independencia absoluta es una pura entelequia. Para mantenerse en un mercado plural, un medio de comunicación debe desarrollar la virtud de la sutileza y, en lo importante, ha de dejarse oír. En el caso de El Correo Catalán, no había ni sutileza ni sentido común, sólo consigna tras consigna. Para dar idea del grado de instrumentación política, he aquí dos detalles que, aunque anecdóticos, resultan ilustrativos. Cuando los fiscales Villarejo y Mena pretendían incluir a Jordi Pujol en la querella de Banca Catalana, el aparato convergente convocó una manifestación que partía del Parlament de Catalunya hacia la Plaça de Sant Jaume. La policía municipal facilitó una cifra estimativa de manifestantes; los organizadores, otra sustancialmente superior, y El Correo Catalán, más papista que el Papa, otra muy superior a la facilitada por los organizadores.

Otro ejemplo que ilustra el grado obsesivo de intervencionismo se centra en el área de la gestión empresarial. Como es habitual en todos los diarios, bien por gestión directa del departamento comercial o por medio de terceros, se aprovechan los diferentes certámenes, congresos o ferias monográficas para publicar publirreportajes que, aunque se mantengan separados de la información general, no dejan de formar parte intrínseca del mismo diario. En más de una ocasión, el comisario político de turno llamó al orden a quien correspondiera porque en alguna de estas páginas había aparecido una fotografía del alcalde Maragall en la inauguración de alguno de los citados certámenes. De poco valían las argumentaciones del jefe de publicidad aduciendo el interés que mostraban los organizadores del certamen por que Pascual Maragall lo inaugurará. Al fin y al cabo ellos pagaban la página. Pues ni así.

Aparte de las anécdotas, los errores de bulto, los errores con mayúsculas, proceden del inicio. La línea editorial que con anterioridad a la compra de Pujol habían trazado el director Andrés Roselló y los subdirectores Ibáñez Escofet y Wifredo Espina podría no haber sido la mejor, pero evidentemente era la más efectiva. Los incrementos de las ventas lo demostraban. En la etapa previa a la transición democrática El Correo Catalán se había destacado, y mucho, en la línea progresista, siempre al límite de lo permisible. Era de prever que en esta etapa de la transición, y sobre todo después del nombramiento de Adolfo Suárez como jefe de gobierno en julio de 1976, se abrieran nuevos horizontes para la prensa en general y para el diario en particular. Pero no fue así.

Pujol puso el diario a su servicio y, a través de él, se introdujo en las esferas políticas del momento. Para ello contó con la impagable colaboración de Wifredo Espina, muy relacionado en todos los estamentos políticos. Espina actuó de preceptor político de Jordi Pujol. Lo conectó con cuantos personajes deseaba conocer. No sólo le abría puertas, sino que le transmitió toda su erudición en materia política. Un detalle de lo citado quedó escrito en el semanario Destino, donde Espina colaboraba. En julio de 1978 publica un artículo en el que afirma que «el partido de Jordi Pujol (CDC) debe aglutinar el gran centro catalán para equilibrar el panorama político de Cataluña, fuertemente escorado a la izquierda». Pujol empezó su singladura política vendiendo socialismo sueco. El error con mayúsculas se inició para la empresa editora cuando la cúpula de redacción aconsejó a Pujol que el diario debía sintonizar con el mercado potencial de lectores que Mundo Diario dejaba desasistido al iniciar un proceso de desintegración; Pujol se opuso radicalmente.

Desde el punto de vista de la gestión empresarial, no pretender ni tan siquiera acercarse a ese mercado potencial de casi cien mil lectores supuso un error capital, que acabó pagándose. La justificación de mantenerse en el adoctrinamiento partidista sin sutilezas chocaba frontalmente con la realidad del mercado, que, como había demostrado Mundo Diario, estaba más a la izquierda. La propuesta de la dirección de la redacción a Pujol no estaba basada en la ambigüedad (o en el contrasentido que pudiera suponer un diario de izquierdas con propiedad de la derecha), sino en lo que uno de los propios directivos llamó «no tocar siempre la misma cuerda». Fue un vaticinio de que la guitarra acabaría por romperse.

En vez de navegar a favor del viento, El Correo Catalán puso rumbo en contra. La aparición del diario Avui se llevó a los lectores de orientación nacionalista, mientras que El Periódico se hizo con la mayor parte de los lectores desasistidos por la desaparición de Mundo Diario. A este rotativo no le hizo falta cambiar radicalmente sus posiciones. Lo que ya había impuesto era un nuevo estilo de informar, más directo, quizá simplista por no elaborar suficientemente las noticias, pero distanciado de posiciones políticas y plural. El Correo Catalán no sólo no se atrajo a ninguno de los lectores de Mundo Diario, sino que una buena parte de los que tenía fueron derivando hacia El Periódico. Esa dicotomía entre lo que se debía de hacer y lo que Pujol imponía se resolvió con el descabezamiento de la cúpula directiva y con el consiguiente enfrentamiento con una redacción que se sentía legitimada para demostrar cuando menos cierta pluralidad, sobre todo en una época de circunstancias irrepetibles y de cambios históricos como lo era la etapa de la transición. El Correo Catalán pasó de una censura institucional y de estado a otra personalista y partidista, apartando la mirada de la proyección empresarial a medio o largo plazo.

El Correo Catalán podía pensar en situarse en una posición de privilegio a corto plazo, pero, evidentemente, el hecho de no haber evolucionado en el momento adecuado, dejando paso a El Periódico, se inscribe en el catálogo de los errores con mayúscula. Ediciones Zeta, editora de El Periódico, al amparo del éxito de la publicación semanal Interviú, había lanzado al mercado diferentes publicaciones, aunque no todas con buenos resultados. Los recursos provenientes de Interviú, aunque cuantiosos, no daban para todos los proyectos editoriales de Antonio Asensio, entre los que se contaba El Periódico [9].

Cualquier empresario que no ha sido capaz en su momento de prever los acontecimientos del mercado ve cómo su producto retrocede frente a la competencia y la cuenta de resultados se tiñe de números rojos, actuando después como corresponda según la situación. Sin embargo, la receta de Pujol frente a la adversidad se basaba en el principio de «más de lo mismo». Cuando sus responsabilidades de gobierno ya no le permitieron dedicar su atención a El Correo Catalán, delegó en Lluís Prenafeta. A partir de entonces, un carrusel de personajes desfiló por el diario, todos con el común denominador de la lealtad al jefe y del absoluto desconocimiento del sector.

Cuando los malos resultados económicos rebasaron lo soportable, en vez de reforzar el producto, darle nuevos bríos y adaptarlo a la competitividad del mercado, la fórmula consistió en devaluar el producto, tanto en su contenido como en su continente. Sirva de ejemplo el caso siguiente. Por aquel entonces, El Periódico, como El País en su edición de Barcelona y El Noticiero Universal, utilizaba una presentación vistosa con impresión en offset, que se contraponía a la técnica de tipografía más tosca y de peor presentación visual, sobre todo en el aspecto gráfico, que utilizaban El Correo Catalán y La Vanguardia. Estos dos diarios compensaban la diferencia utilizando cubiertas impresas por la técnica del huecograbado, que equivalía a la del offset. Pues bien, los gestores de El Correo Catalán no encontraron nada mejor que prescindir de estas cubiertas, alegando que suponían un excesivo coste.

La desvalorización del continente fue acompañada por la más importante de contenido. Las corresponsalías, tanto en el extranjero como nacionales se vieron afectadas, los recursos para colaboraciones menguaron y se multiplicaron las carencias de todo tipo, con la consiguiente falta de asignaciones para suplementos, así como la limitación de la plantilla en la redacción, la asignación de tareas inútiles a redactores que eran considerados desafectos y así sucesivamente. Los recursos económicos se aplicaban a los gastos que perentoriamente había que cubrir. No cabía pensar en inversiones destinadas a la adquisición de nuevas tecnologías, que aparecían por entonces y que optimizaban la productividad, resultando rentables a muy corto plazo. Nada de nada: en gasto corriente se aplicaron cien veces más recursos de los que hubieran sido necesarios para una adecuación tecnológica.

Sólo dos inversiones en el campo tecnológico se llevaron a término, aunque con un cuantioso dispendio de los recursos económicos aplicados. La primera de las inversiones quedó inacabada y la segunda constituyó un ejemplo de incompetencia absoluta. Empecemos por la primera. Justo cuando empezó el desembarco de la gente pujolista, un nuevo y espectacular avance tecnológico irrumpió en el sector, la fotocomposición, nuevo proceso técnico que en muy poco tiempo dejaría obsoleta la linotipia, la máquina de componer textos en líneas de plomo[10]. El Correo Catalán adoptó este nuevo avance. Aún no estaban ni instalado el sistema ni adiestrados sus operarios cuando apareció una variante de este nuevo procedimiento que, con pocas variaciones, es el que está vigente actualmente[11].

Este nuevo avance tecnológico fue el que realmente revolucionó el proceso de composición de textos. Los redactores sustituyeron la tradicional máquina de escribir por el teclado y la pantalla de ordenador. El programa se encargaba, con unos parámetros prefijados, de la composición y estructuración de las paginas. En definitiva, los redactores componían el diario y el taller de composición quedaba limitado a la introducción de textos externos de las colaboraciones y la publicidad. El ahorro era cuantioso en gastos de personal e incrementaba la agilidad en la incorporación de noticias de última hora. El Correo Catalán se quedó en el umbral de la revolución tecnológica, aplicando en gasto corriente muchísimos más recursos que sus competidores en el mercado.

La otra inversión acometida se centró en la adecuación de la rotativa para la impresión simultánea de El Correo Catalán y del diario Avui. Éste se imprimía desde abril de 1976 en los talleres de El Noticiero Universal. Cuando el aparato convergente se hizo con el control de Avui, decidió darle sede en las dependencias de El Correo Catalán, por lo que se hizo necesario adecuar la rotativa. Al amparo de la que se llamó Reconversión Tecnológica de la Prensa promulgada por el gobierno de UCD, Pujol había fichado a Josep Melià, que estaba en el núcleo de la decisión de asignaciones. A El Correo Catalán le llegó por esta vía de la reconversión tecnológica una buena parte de los recursos económicos que el gobierno central facilitaba a fondo perdido. El diario fue uno de los más favorecidos de todos los nacionales. Una parte importante se aplicó a cubrir pérdidas, la otra se perdió en la inversión.

La rotativa de la que disponía El Correo Catalán había sido adquirida nueva por los anteriores propietarios doce años antes. El sistema de impresión era el de tipografía, pero en el transcurso de la última década se había avanzado mucho en la impresión en offset, por lo que todos los diarios se adaptaron a este nuevo sistema de impresión. En lugar de aprovechar esta circunstancia, vendiendo la rotativa de tipografía a algún país del tercer mundo, donde habría tenido buena aceptación, a los gestores no se les ocurrió mejor cosa que adquirir de segunda mano en los Estados Unidos cuerpos de impresión y una boca adicional de salida para la rotativa tipográfica. Se trataba de piezas de hierro, abocadas a la obsolescencia, pero pagadas, eso sí, a precio de oro.

No acabaron aquí las desdichas. Con la ignorancia supina que les caracterizaba, los gestores adquirieron un modelo que era de la misma marca pero que no se adaptaba por diferencias entre medidas: el original era de procedencia europea, inglesa concretamente, mientras que los nuevos componentes eran norteamericanos. Acabó así el proyecto costando un ojo de la cara. La mitad de los cuerpos de impresión no pudieron ser instalados y fueron a parar a la chatarra. Los gastos de almacenaje y montaje dilatados en meses de adaptaciones se convirtieron en una pesadilla. Se realizó, en fin, un trabajo inútil para una inversión estéril.

En 1974, justo a partir del el momento en el que se concretó el dominio del grupo de accionistas de Banca Catalana, los números rojos se adueñaron del balance de la sociedad[12]. Las pérdidas se cubrían con centenares de millones inyectados por el fondo de reptiles. Más de 1.500 millones en deudas, que llevaron a la quiebra a la sociedad, a través de una suspensión de pagos fraudulenta presentada el 5 de junio de 1986. En septiembre de ese mismo año se rescindieron los contratos laborales con la plantilla de la empresa. El Correo Catalán, una empresa centenaria, moría así de mala manera.

DESTINO, DE SEMANARIO DE PRESTIGIO
A DESECHO PERIODÍSTICO

Lo que sucedió con la revista semanal Destino tiene un notable paralelismo con lo acontecido con El Correo Catalán, episodio éste cuyo desenlace se trata en un capítulo posterior. El protagonista del caso es el mismo, Jordi Pujol, y las formas de hacer son también iguales. En 1974 compró a Josep Vergés, Publicaciones y Revistas S.A., que era la sociedad editora de Destino. El precio quedó fijado en torno a los 50 millones de pesetas. En el momento de la compra el nombre de Pujol no aparece. Tienen que transcurrir unos meses para que se haga pública su participación. El 18 de diciembre de 1975 consta una participación accionarial de Pujol de algo más del 10%, aunque todo el mundo sabía que era el propietario.

Pujol mantuvo al frente del semanario a su director, Néstor Luján, y a su redactor jefe, Carlos Pérez de Rozas. Destino se caracterizaba por mantener una peculiar estructura organizativa. El cuerpo redaccional estaba formado por colaboradores externos, aunque se trataba de los más prestigiosos, fórmula que no permitía un control instrumental. Pujol creyó más conveniente dotar al semanario de una estructura propia, que mantuviera la dirección anterior pero contando con un cordón umbilical, un comisario político, misión que se le adjudicó al abogado Salvador Casanovas. En esa época la situación política inclinaba hacia la izquierda a todos los medios, y en mayor medida a aquellos que se habían significado con anterioridad como progresistas.

Con el antecedente del El Correo Catalán, cuya redacción no sintonizaba con el mensaje de Pujol, a éste debió parecerle que la fórmula Destino con colaboradores externos era controlable si se situaba en la redacción a las personas adecuadas. La línea de sintonía nunca quedaba explicada, ni muchos menos escrita. Se dibujaba en el aire, el día a día la marcaba, lo no publicado y la forma de tratar lo publicado establecían el camino a seguir. Se constituyó un equipo redaccional propio, pero la nueva fórmula no funcionó, debido a las continuas interferencias en el trabajo de los redactores. Las directrices de Pujol se cumplieron y Luján y Pérez de Rozas fueron apartados de la dirección.

Sin embargo, los acontecimientos no discurrieron por el curso que Pujol esperaba. La práctica totalidad de los colaboradores dejaron Destino en solidaridad con la dirección, que recibió centenares de adhesiones, y las críticas a la empresa se multiplicaron. Un nuevo director, Baltasar Porcel, un acólito propagandista al servicio de Pujol, fue nombrado más que director: de publicaciones, plural innecesario ya que publicación sólo había una. La razón de darle ese cargo era que Porcel no era periodista y carecía del carnet necesario para dirigir una revista. El cambio hizo época. Los 44.447 ejemplares vendidos que señala el certificado de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) en febrero de 1974 quedaron atrás. A partir de ese momento la caída de las ventas entró en picado.

Es un error mil veces cometido el de sustituir a profesionales válidos por acólitos aduladores. Joan de Segarra, en un artículo publicado con el título de «El banquero Jordi Pujol», escribía: «De Luján banquero no encontrarás otro, de director adjunto varios. Por ejemplo, Baltasar Porcel, un personaje al que, hará tres o cuatro años, alguien preguntaba, ingenuamente: “¿Quo vadis, Porcel?”. Estaba bien claro a dónde iba. Siempre lo estuvo». Uno de los miembros del consejo de redacción sentenció: «En cuanto a Pujol, no dudo de su honradez, pero como político tiene un gran defecto, y es que es tonto». Evidentemente, el tiempo no le ha dado la razón; no acertó ni en lo uno ni en lo otro. Pero la crítica más ácida todavía estaba por llegar.

Josep Pla, el mítico colaborador de Destino, su más rutilante estrella, manifestó lo siguiente: «Josep Vergés, en su perfecto derecho, vendió Destino a un milhombres, de gran ambición política, llamado Jordi Pujol, de la Banca Catalana. Es este señor riquísimo, que primero propone en este país la implantación del socialismo sueco (en este país los suecos son escasos) y posteriormente ha demostrado tener una ambición desmesurada y pública, propia del típico político ignorante». A continuación se despide en estos términos: «Tengo el gusto de comunicarle que abandono la revista con la máxima satisfacción». Como es tradicional, cuando aparecen nubes de tormenta Pujol desaparece. Es Porcel quien anuncia la buena nueva: «Pujol no tiene ninguna acción en la empresa». O se equivoca o miente; más bien lo último.

En 1976, el Consejo de Administración lo componían Manuel Ribes, colaborador de Vergés durante años, jefe de publicidad de la revista y enlace entre Pujol y Vergés en los momentos previos a la venta; Jordi Pujol y Salvador Casanovas, que eran vocales; y Josep Verde Aldea, secretario. Porcel, muy dado a escribir, parecía no estar bien informado de los datos que figuran en el Registro Mercantil. En 1977 hay nuevo cambio en la estrategia de Pujol en lo que se refiere a los medios de comunicación que controla. Ahora toca desaparecer para dar la impresión de que las cosas han cambiado. En mayo de este año, coincidiendo con el anuncio de la venta de las de las acciones de El Correo Catalán, que luego no llegará a cumplirse, hay un cambio en Destino, se cesa al director de publicaciones Baltasar Porcel, quien, debidamente instruido, agradece la colaboración de Josep Carles Clemente, que cesa conjuntamente con él; a Pujol ni mencionarlo. El camino hacia las sombras esta trazado.

El nuevo director es Josep Pernau, periodista reconocido y con experiencia de dirección, función que había realizado en el Diario de Barcelona. Se constituye un consejo de dirección, integrado por el mismo Baltasar Porcel y por los periodistas asesores de Pujol Manuel Ibáñez Escofet y Josep Melià, que también lo eran en El Correo Catalán, así como por el gerente en ambas sociedades, Joan Trullás. Pernau comentó en su día: «El consejo de dirección como tal duró poco. Yo despachaba de tanto en tanto con Pujol». Pernau poco pudo hacer por la publicación. La instrumentalización al servicio de Pujol se cobraba pérdidas de lectores cada semana. Los temas que podían generar ventas no interesaban a Pujol, y como consecuencia de ello, llegó la crisis económica.

Cuando apenas quedan lectores y ya se ha exprimido el limón al máximo, se pasa de 8 millones de beneficios a 16 millones de pérdidas en 1978. En sólo cuatro años se ha perdido toda la inversión. Cuando ya no hay nada que sacar, se vende. El problema es encontrar comprador. Temiendo esta dificultad, Pujol ofrece gratuitamente la publicación a la Asociación de la Prensa de Barcelona, de la que precisamente Pernau es presidente. Con buen criterio, el ofrecimiento es desestimado. Lo curioso en este sector de la comunicación es que siempre hay alguien que aparece en las fases terminales. Editorial Mencheta S.A., la empresa de El Noticiero Universal, se hace en abril de 1978 con el semanario de mayor prestigio en muchos años, que en tan sólo cuatro ha sido convertido por Pujol en un deshecho periodístico.

Toda la inversión se había evaporado, como se evaporaron los fieles lectores que la publicación había tenido hasta que Pujol irrumpió en la línea editorial y en la gestión de la empresa. Como a la publicación todavía le quedaba una cantidad residual de lectores cuando Editorial Mencheta tomo su control, fue editando número tras número con más pena que gloria. Una de las condiciones de venta (aunque realmente fue regalada) la impuso Pujol: que los nuevos gestores no dirigieran la publicación en contra de él. Los errores de este personaje en el sector de los medios de comunicación son siempre fotocopia uno de otro. Otro tanto sucede con las soluciones que aplica. Las medidas arbitradas en Destino tendrán su continuidad en el diario Avui. La constatación de la no beligerancia de Destino con respecto a Pujol tiene como referente las elecciones autonómicas de 1980. Destino queda en la órbita empresarial de El Noticiero Universal, vinculado estrechamente a la UCD. El centrismo español no estaba demasiado entusiasmado con el nacionalismo catalán, pero dio soporte a Pujol en editoriales y articulos. «Cataluña confía en Jordi Pujol» fue uno de los titulares de Destino por aquella época. En julio de ese mismo año, Destino, una de las más prestigiosas revistas españolas, dejó de existir, aunque en 1985 tuvo una efímera segunda etapa.

AVUI, UN DIARIO SIN DUEÑO

El 23 de abril de 1976 se publicaba el primer número del primer diario en catalán en plena etapa de la transición. Eran los tiempos del primer gobierno de la monarquía presidido por Arias Navarro. Los vaivenes de lo que se denominó «el espíritu del 12 de febrero» (aperturismo, «gironazo», etapa de total inseguridad política) hicieron que los promotores del diario Avui emprendieran un proyecto precipitado y carente de solidez económica. La mayor parte del capital se desembolsaba por suscripción popular y sus promotores no tenían ninguna experiencia en el sector editorial.

La inseguridad política del momento impulsó a los promotores a plantear una situación de hechos consumados. Para un gobierno que no tenía las ideas claras, debido a las presiones de los inmovilistas, habría sido muy problemático tener que cursar la orden de cierre de un diario que ya estaba en la calle. Se contaba con la expectación de un público que consideraba la edición de un diario en catalán como una de las máximas reivindicaciones de nacionalismo.

Presidió el primer Consejo de Administración activo Ramón Fuster Rabés, decano del Colegio de Doctores y Licenciados. Los problemas económicos empezaron ya con el primer número, pero eran tan grandes los deseos de sacar un periódico en catalán que se prefirió ignorar la limitada demanda que tendría. Efectivamente, había un segmento de lectores ávidos de un diario como Avui, pero limitado en número; un público incondicional, pero no suficiente. Ésa fue una de las razones de los problemas habidos, aunque no la única. La tirada inicial fue de 70.000 ejemplares y la difusión media en la primera etapa se situó entre los 40.000 y los 50.000 ejemplares, para posteriormente descender y consolidarse en el límite de los 40.000 ejemplares de difusión media. Es importante destacar también la cifra de suscriptores, superior a los 20.000, sólo superada en Cataluña por La Vanguardia y una de las más altas de todos los diarios nacionales. Era una cuota de mercado que, estructurada su dimensión empresarial, podía soportar dignamente su estabilidad en el mercado editorial, con modestia y sin precariedad.

Lo que realmente mermó las cuentas de explotación del diario Avui fueron sus ingresos por publicidad. Las prisas por sacarlo a la calle, la falta de experiencia de los promotores y la complejidad de la operación hicieron que no se contara con el hecho de que había que esperar cerca de un año para disponer del control de la OJD[13]. La certificación de esta oficina es la que permite concurrir a las campañas de publicidad a nivel nacional, que son las que realmente determinan la facturación de publicidad de un diario. Los anuncios por palabras estaban casi monopolizados por La Vanguardia y los restantes no aportaban grandes beneficios. Si esta circunstancia se hubiera limitado al periodo constituyente, habría afectado a los resultados de los primeros ejercicios, pero no fue así. Lo incomprensible, casi bordeando lo irracional, es el estricto concepto purista del diario Avui de no aceptar publicidad en castellano, tratando de imponer en el mercado de las agencias de publicidad, distribuidoras a medios y grandes anunciantes, radicados principalmente en Madrid, esta peculiaridad.

Resultaba excesivo pretender que una agencia de publicidad, encargada de distribuir una campaña con el presupuesto acotado de un determinado cliente, realizara un anuncio original para un solo medio con un texto en catalán, en Madrid y en aquellos tiempos en los que no había ninguna sensibilidad por lo periférico: el catalán, fuera de Cataluña, sonaba a chino. Ni con la mejor voluntad de la agencia podría hallarse una solución. Cabía la posibilidad de que la traducción fuera inadecuada, y además era necesario solicitar el permiso del cliente, que podía demorarse hasta que la campaña se hubiera agotado.

Aunque pueda parecer exagerado, cinco años después de la publicación del primer número, a muchas agencias publicitarias de Madrid el Avui les sonaba, salvando todas las distancias, a algo así como el Egin. El Adelantado de Segovia, un diario con una considerable diferencia en difusión respecto del Avui, conseguía mayor número de inserciones publicitarias en este tipo de campañas.

La prensa en general muestra un equilibrio entre los ingresos por venta de ejemplares y los de publicidad, que se sitúa entre el 40/60% y el 50/50%, dependiendo de varios factores, algo que constituía una utopía para Avui. El desequilibrio en esta importante fuente de ingresos que supone la publicidad marcó desde el inicio la penuria económica, congénita y enquistada que ha marcado su trayectoria. Han tenido que pasar varios años y que concurrieran otros factores, como el despegue de la prensa comarcal en Cataluña, así como el auge de la radio y, sobre todo, la aparición de TV3, para que los publicistas realizaran originales gráficos, cuñas y spots en catalán. En el camino, Avui ha marcado una pauta, pero al precio de centenares de millones de pesetas que hoy arrastra en su pasivo.

Premsa Catalana S.A. había sido constituida en 1967 con la vista puesta en publicar una revista en catalán[14]. La sociedad fue comprada en 1972 por los promotores de Avui, cuatro años antes de la aparición del diario. La idea de publicar un diario escrito en catalán fue tomando forma entre sus más destacados impulsores: Josep Espar, Joan Granados, Jaume Rossell, Miquel Esquirol, Jaume Vilalta y Joan Tapia, que con el tiempo sería director de La Vanguardia.

En 1973 se constituyó un nuevo consejo, con el ya citado Ramón Fuster Rabés como presidente, Enric Cirici Delgado como vicepresidente, Josep Espar Ticó como consejero delegado y el notario Josep Maria Puig Salellas como secretario[15]. El capital de 70 millones de pesetas había sido desembolsado mayoritariamente por 30.000 suscriptores, con una ambigua clasificación entre cuentapartícipes, cuentas en participación, y accionistas que ostentaban una parte alícuota del capital, todo ello unido a la suscripción del diario. Pero la indefinición iba más lejos; había participaciones de 1.000 y 10.000 pesetas. La penuria económica llevó al caos administrativo, y en el interior del diario se llegó a desconocer quiénes eran los accionistas. Ello condujo a la pérdida de control y a la indefinición de las campañas de promoción dirigidas a suscriptores, cuentapartícipes y accionistas para satisfacer la imperiosa necesidad de fondos, que se gastaban antes de contabilizarlos siquiera.

Esta indefinición tenía un origen más profundo. El problema fundamental era salvar el obstáculo, al parecer infranqueable, del Ministerio de Información y Turismo y, en consecuencia, de la Dirección General de Prensa, que controlaba muy de cerca el accionariado de los diarios. Los que solicitaban el permiso de apertura de un periódico debían incluir una detallada relación de los accionistas, que eran minuciosamente investigados para conocer su nivel de afección al régimen. Vistas desde esta perspectiva, las posibilidades de los promotores del proyecto eran nulas. Todos ellos se habían significado de una forma u otra en un nacionalismo no contemplado por el franquismo, al que se añadía el agravante de presentar un proyecto de diario escrito en catalán. Había que buscar alguna fórmula.

Al parecer fue Espar Ticó quien encontró una, y se la propuso al notario Puig Salellas para que le diera forma. Hubo que remontarse al derecho mercantil catalán del siglo XV, contemplado en el Libro del Consulat de Mar, donde aparece el cuentapartícipe como integrante de una sociedad mercantil, concepto equívoco en el posterior desarrollo de las sociedades mercantiles, a las que se otorgaba personalidad jurídica, mientras que sus integrantes tenían personalidad física. Cogiendo con pinzas este singular precepto, en el expediente administrativo de la solicitud de apertura del diario no se incluyó relación alguna de accionistas, lo que determinó también la orientación de operar en la línea de una aportación de capital masiva y popular.

Fue esta indefinición en origen de la propiedad la que llevó ya a la realidad de contar con un diario sin dueño, quizá innecesario dado el curso de los acontecimientos que se desarrollaron en plena transición política, desde 1973, año constituyente del diario, hasta 1976, año de su aparición en el mercado. La evolución fue acelerada al coincidir con la muerte de Franco en 1975, y con la consecuente relajación de la Dirección General de Prensa. Otro proyecto editorial se desarrolló paralelamente al de Avui. Se trataba del que puso en marcha Promotora de Informaciones S.A. (Prisa), editora de El País. El proyecto tenía perfectamente definida su composición accionaria!. de la que formaba parte Jordi Pujol, cuya participación no fue rechazada.

El concepto de empresa sin dueño se veía acentuado por la propia falta de aportación económica de su Consejo de Administración, que en conjunto no llegaba a disponer del 2% del capital social. Sus miembros habían aportado 100.000 pesetas cada uno. Tres años después de la aparición del diario, los problemas se multiplicaron: las ventas habían descendido de los 55.704 ejemplares en 1976 a los 40.053 del año 1977, y aún volverían a bajar hasta los 33.495 de 1978, todo ello en paralelo al progresivo empobrecimiento del formato del diario, que apenas sobrepasaba una media de 24 paginas. El contenido, evidentemente centrado en la óptica del catalanismo, se asentaba sobre una fuerte base católica no exenta de folclore provinciano y con una buena dosis de raza y casta.

Las deudas llegaron a contarse por centenares de millones. El proyecto de un diario escrito en catalán parecía que llegaba a su fin. Las dificultades para adquirir el papel llegaron al límite, no había más crédito, los impagados se acumulaban, la factura por impresión se añadía a las deudas pendientes de pago, los colaboradores participaban de forma vocacional, ya que los atrasos llegaban al año. Se lanzaban continuos S.O.S. apelando al sentido patriótico y a la perentoria necesidad de ayuda. Se recurrió a muchas formas de captación de ingresos, algunas tan singulares como el proyecto de constitución de un Fondo de Arte, para el cual se solicitaban obras a los artistas catalanes destinadas a fomentar un patrimonio pictórico con el que poder afrontar la crisis empresarial.

En 1978 Jordi Pujol ya había trazado su estrategia de no participar directamente en los medios de comunicación. Utilizó a fiduciarios, evitando los inconvenientes de la puesta en escena. El objetivo era el control. Estaba presente la experiencia de El Correo Catalán y Destino, pero una ocasión como la que se presentaba Pujol no podía dejarla escapar. Avui tenía la línea nacionalista más acentuada, el concepto automático vital para conectar con un electorado afín a CDC. El diario había impulsado con el mayor ahínco el Estatut d’Autonomia y apostó abiertamente por la llegada del presidente Tarradellas, al que incondicionalmente apoyaba. En estos primeros años el diario Avui no era pujolista.

Determinante fue el apoyo del diario a Tarradellas, consecuencia de la lógica inercia de los acontecimientos. La mitificación de Tarradellas empezaba a gestarse y era algo que no entraba en los planes de Pujol. Había que desactivarla, por lo que el objetivo de introducirse en la gestión del diario tenía una doble finalidad. Los promotores del Avui pedían a gritos ayuda económica y Pujol tenía un banco, Banca Catalana. Sin embargo, se presentaba un problema: no había un accionariado con quien negociar. Ni siquiera los integrantes del Consejo de Administración eran representativos del capital atomizado, y hasta cierto punto desconocido. No había otro camino que la estrecha senda de la indefinición, que pasaba por colocar a un personaje clave en el lugar adecuado.

En 1978 desembarca en el diario Antoni Subirà Claus, que tendrá una larga trayectoria y un protagonismo acusado como vicepresidente. El presidente es Xavier Renau Manén[16]. Este consejo tendrá una efímera actividad, no exenta de sobresaltos. Los acontecimientos se suceden precipitadamente a causa de la situación económica. Hasta tal extremo llega la crisis económica que el 24 de junio de 1979 Avui inserta un editorial en la primera página con el título «Hablemos del Avui»: «El Avui está en crisis, no de identidad, sino simplemente económica». Y continúa: «La extensión y la calidad de nuestro accionariado popular hace que cualquier problema de ampliación de capital, que en otros lugares se resuelve en una reunión de pocos accionistas, se convierta en un llamamiento público. Ahora, cuando había el peligro de que hoy no pudiéramos salir por una falta de tesorería que nos impedía tener la cantidad de papel necesaria, unos incondicionales del diario han hecho posible con su aportación que aseguremos nuestra presencia en la calle durante esta semana…». La dependencia se va haciendo camino; los gestores originarios, sin alternativa posible, han abierto todas las vías posibles.

En un artículo publicado en la misma fecha en páginas interiores, Jaume Vilalta, como consejero ejecutivo de la sociedad editora, pedía angustiosamente ayuda institucional a las cajas de ahorro y a los ayuntamientos, aludiendo a los problemas de la prensa en general y a los de Avui en particular. Lo cierto es que nadie respondió. Sólo tuvo eco la vía tradicional de la ampliación de cuentapartícipes, que no llegó a cubrir ni la mitad del capital que se precisaba, 30 millones de pesetas. Con Subirà como vicepresidente, Pujol tenía la puerta abierta. «Unos incondicionales del diario han hecho posible con su aportación que aseguremos nuestra presencia en la calle durante esta semana», se decía en el editorial; quizá fue incondicional esa primera semana, todo lo más la segunda o la tercera, mientras que la condicionalidad se hizo perpetua. El diario Avui se abrazó a la causa convergente con pasión desenfrenada.

A Jordi Pujol nunca le interesó ningún tipo de ayuda que resolviera de una vez, o aunque fuera en fases, los problemas estructurales de Avui. Para qué enseñarle a pescar, si cada semana le podía dar un pez, y si el pez era del contribuyente le salía gratis. Ésta y no otra es la razón que ha mantenido cautivo a Avui. En mayo de 1996 la Generalitat reconoció, según el conseller de Cultura, Joan Guitart, que «todas la ayudas de la Generalitat a Premsa Catalana S.A. están incluidas en la cifra de 2.092 millones de pesetas», lo que no es cierto. Otros miles de millones se pueden sumar a éstos por múltiples y variadas vías de financiación. El criterio de subvención nunca ha estado definido y la arbitrariedad ha sido una constante. Se ha contado con avales del CARIC, prestamos del ICF, aportaciones dirigidas desde el gobierno de Pujol… en definitiva, se han empleado todas las alternativas posibles, legales, alegales, ilegales y del fondo de reptiles.

En 1979 se constituye un nuevo Consejo de Administración en el que la influencia convergente es total. Este Consejo permanecerá hasta 1983, y los siguientes tendrán la misma línea. Antoni Subirà es nombrado presidente y Jaume Vilalta consejero delegado[17]. La crisis del diario se agudiza y las ventas descienden de nuevo, situándose en 32.577 ejemplares, su cuota más baja. La historia del Avui es una crisis permanente; la de 1978 que sirvió para que la gente pujolista tomara posiciones en el diario y, a partir de ahí, se fueron cultivando año tras año las condiciones para que, en 1995, hiciera eclosión de manera apoteósica la madre de todas las crisis.

Se conocen los resultados del ejercicio anterior, que son los peores de los casi veinte años de historia del periódico, y que nada tienen que ver con los registrados dos años después de su puesta en marcha. Ya no son cientos de millones los que el balance refleja como pérdidas, sino miles de millones. El batacazo es de tal magnitud que las pérdidas de este ejercicio superan en más de 100 millones a las acumuladas en dieciocho años. Además, los 885 millones de pérdidas del ejercicio, sumados a los 781 millones de las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores, fulminan el capital social, constituido por 1.600 millones. Los fondos propios son menos de 67 millones y las deudas ascienden a 4.408 millones. Este ejercicio hubiera fulminado por si sólo el capital social si no fuera porque constan como recibidos más de 680 millones de pesetas en subvenciones. El panorama es sombrío; las previsiones de pérdidas para este ejercicio de 1995 se estimaron en 2.000 millones[18].

Esta catastrófica situación tiene su origen en los «incondicionales del diario» de los que antes se habló. En diecisiete años estos incondicionales han arrasado Avui, no sin antes haber dilapidado miles de millones, y no de su bolsillo. Las cifras anteriores son las oficiales, ya que parten de la declaración a Hacienda presentada el 25 de julio de 1995 por Premsa Catalana S.A. Las reales son inconfesables.

La penuria económica del periódico estaría siempre determinada por su lealtad absoluta. Pujol, responsable de la desastrosa gestión empresarial, nunca pretendió ayudar, sino sólo aprovechar la necesidad del diario en beneficio propio. Esta circunstancia no pasaba desapercibida a la propia redacción. En 1982, con motivo del cambio en el cargo de director de Jordi Maluquer por Emili Álvarez Molinè, la redacción se plantó y no sacó el diario a la calle. La pluralidad brillaba por su ausencia y la redacción la reivindicaba.

El debate interno había transcendido a las páginas del diario en editoriales publicados en los meses de abril y mayo de este mismo año, en los que se afirmaba que «el diario Avui es el único diario en catalán de ámbito general; ha de dar voz a todas las posiciones que entren dentro de las coordenadas catalanas y democráticas. […] Para poder obtener un producto coherente, como deseamos, en información el diario ha de ser imparcial, en opinión objetivo desde la óptica catalana y democrática […]. Procurará tener en cuenta las proporciones electorales expresadas por el pueblo de Cataluña». Pero de eso, nada de nada. Día tras día desde 1978, las páginas del diario han reflejado el aplauso con frenesí a la causa convergente, y la exaltación del mito de Jordi Pujol ha sido constante.

Hasta 1985, las pérdidas de Premsa Catalana S.A. eran relativamente modestas, comparadas con las que a partir de esta etapa se producirían. Los gestores del Avui en 1981, dos años después de la toma de control por parte de CDC, deciden abandonar los talleres de impresión de El Noticiero Universal y adquirir un sistema de composición de textos desarrollado desde la redacción, para de este modo conseguir la autosuficiencia en la elaboración del original que sirve de base para la impresión de los ejemplares. Con esta asunción de parte del proceso de elaboración del diario, trasladan sus dependencias, administrativas, comerciales y redaccionales, a la sede de El Correo Catalán, y en sus talleres de impresión se realizan de forma conjunta los dos diarios. Poco tiempo después se unifican las gerencias de ambas publicaciones en una sola y se emprende un proceso de integración para aprovechar las sinergias de las dos empresas. Dado lo precipitado de la decisión, no hay tiempo para aplicar las directrices adoptadas y se cambia constantemente de orientación y criterio, por lo que la unificación no llega a ser completa.

Esta reestructuración integrada hubiera supuesto una importantísima reducción de costes para ambas empresas editoras. Unificado el taller de impresión, sólo había que acometer la reestructuración en los departamentos administrativos y comerciales, dejando dos redacciones autónomas, aun compartiendo servicios comunes. No hace falta ser un experto en altas finanzas empresariales para percatarse de la conveniencia de esta opción, pero las decisiones que se toman van contra la coherencia mas elemental. No sólo no se aprovechan estas sinergias, sino que en 1985 se decide la desvinculación total y absoluta con El Correo Catalán. El diario Avui deja de imprimirse de forma conjunta con éste, por decisión unilateral y de un día para otro. Ello supone gravar hasta límites insoportables la economía de El Correo Catalán, que se queda con toda la carga estructural sin posibilidad de reacción.

Los responsables de esta decisión lo son a la vez de haber contribuido a la desintegración de El Correo Catalán y de haber puesto las bases de lo que a partir de este momento llevaría a la quiebra técnica de Avui. De poco sirvieron mis advertencias como gerente de El Correo Catalán del error con mayúsculas que se cometía. Los costes de impresión para Avui cuando los compartía con El Correo Catalán eran una insignificancia comparados con lo que tuvo que asumir en años posteriores. Se trataba de una decisión inconsciente, que pronto pasaría factura. Era tal la paranoia que ni siquiera esperaron a tener instalada la rotativa que habían adquirido y que pensaban unificar en unos talleres en Badalona. Se fueron a imprimir a los talleres de La Vanguardia, pagando por este servicio muchísimo más de lo que El Correo Catalán facturaba.

A partir de este momento el problema del Avui se puede llamar Rotativa, con mayúscula. Se invertirán cientos de millones, mejor dicho, se dilapidarán cientos de millones, para no conseguir absolutamente nada. Era un problema que tenían resuelto y que pasará a transformarse en una pesadilla constante. Lo lógico hubiera sido adquirir una rotativa de offset capaz de imprimir los dos diarios conjuntamente[19]. De poco sirvió el clamar en el desierto desde la gerencia de El Correo Catalán. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Los gestores de Avui adquirieron una rotativa de segunda mano, de origen sueco y de marca Nohab, fabricada hacía casi veinte años, en los principios de la técnica del offset para rotativas. No hacía falta tener grandes conocimientos en técnicas de impresión para percatarse de la falta de agudeza de los responsables de Avui al haber realizado tal compra[20].

El Consejo de Administración que tomó esta decisión estaba presidido desde 1983 por Antoni Subirà[21]. A este consejo le sucedió otro según acuerdo de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de junio de 1989. El cargo de presidente del consejo fue para Max Cahner Gràcia, que había sido conseller de Cultura y Medios de Comunicación en el primer gobierno de Pujol. El nombramiento de Cahner al frente de Cultura había sido calificado en privado por Pujol como un error. El conseller no conectaba con la intelectualidad catalana, más proclive a tendencias progresistas. Pero no era ésta la razón principal del reconocido error. La base del problema era que al frente de un departamento tan sensible, que debía de ir introduciendo la normalización lingüística con tacto y cautela, Cahner actuaba de forma doctrinaria y su radicalidad conducía a enfrentamientos con los defensores del castellano.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, por muy incongruentes que sean las decisiones de Pujol, resultaba sorprendente que Cahner fuera nombrado presidente del Consejo de Administración, y en consecuencia fuera el responsable máximo del diario Avui. Era como repetir el error. Entonces se produjo un acontecimiento inesperado. En enero de 1990 había salido a la luz pública el caso Casinos, y en el juzgado se instruía la investigación de una presunta desviación de importantes cantidades a CDC que partían de las sociedades que habían sido autorizadas a instalar casinos en Cataluña. Las pesquisas de la investigación contaban con muy escasas referencias, ya que lo denunciado se circunscribía a una serie de empresas periodísticas que habían extendido facturas falsas de publicidad, sin que se citase expresamente cuáles eran los diarios implicados.

En el momento de producirse los hechos referidos, Antoni Subirà era el presidente de Premsa Catalana S.A. y tenía pleno conocimiento que los hechos denunciados le implicaban directamente. Las facturas falsas se habían extendido durante su mandato por valor de varios millones de pesetas. Paralelamente a la ocupación de la presidencia del diario, había actuado como portavoz parlamentario de la coalición CiU, y en aquellas fechas era conseller de Industria. Era demasiado para lo que se venía encima. Había que encontrar una forma de desvincularse de Subirà de una forma súbita, y conseguir que tal separación quedase registrada con fecha anterior a los hechos denunciados. El poder siempre tiene soluciones, aunque éstas dejan rastro.

La inscripción registral número 45 refleja los acuerdos de la junta de accionistas celebrada el 29 de junio de 1989. Estos acuerdos fueron elevados a escritura pública un mes después, el 28 de julio, y están inscritos registralmente el 29 de marzo de 1990, en plena eclosión del caso Casinos. Como interesaba que Subirà desapareciera a estos efectos de Premsa Catalana S.A., los acuerdos tomados en la junta celebrada el 29 de junio hacían mención de la incorporación, de Max Cahner, entre otros, al Consejo de Administración como vocal. No obstante, cuando son inscritos estos acuerdos, por el procedimiento de la rectificación por error Max Cahner aparece como presidente y a Subirà se le da por cesado. En una inscripción de veintiuna líneas se cometen dos omisiones que modifican sustancialmente el contenido de los acuerdos, un incomprensible error que pone de manifiesto que la junta de accionistas tomó unos acuerdos que distan mucho de los que finalmente se inscriben.

Para situar el cómico endeudamiento que el diario Avui fue adquiriendo a partir de 1985, coincidiendo con la desconexión de El Correo Catalán, la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebró el 25 de junio de 1985 autorizó al Consejo de Administración a que elevara el capital social a 180 millones, para lo cual tenía un plazo de cinco años. En Avui ya se contaba con unas pérdidas acumuladas en nueve años de 972 millones de pesetas, que se sostenían en el balance por medio de créditos de todo tipo. Nada tenían que ver estas previsiones con lo que aconteció. Los aumentos de capital tuvieron que ser de mayor cuantía y el balance negativo, siempre en cifras oficiales muy diferentes de las reales pero proporcionales a ellas, llegaron a 31 de diciembre de 1994 a 4.408 millones de pesetas. Tales cifras han de valorarse teniendo en cuenta las ingentes cantidades aportadas desde 1985 por el gobierno de la Generalitat, CDC y el entorno de Pujol. Estas aportaciones hacen disminuir sustancialmente la pérdida, al no quedar todas ellas reflejadas en su balance contable.

En marzo de 1993 Pujol sitúa en la presidencia del Consejo de Administración del diario a Xavier Llobet Colom, que hasta entonces era consejero de La Caixa de Catalunya y presidía el consejo social de la Universidad Politécnica. Se trataba de un nombramiento por todo lo alto, que auguraba un período de esplendor empresarial. Según manifestó Llobet, la gente próxima a Pujol le había asegurado aportaciones por valor de 5.000 millones, cifra de escándalo teniendo en cuenta las perspectivas de rentabilidad económica. Sea esa cifra o sea otra, Pujol debió pensar que éste era el momento que había estado esperando para Avui. Al disponer de un nuevo mercado potencial de lectores, de una nueva generación que partía de la política lingüística aplicada por su gobierno, debían darse nuevos bríos al diario y situarlo competitivamente en el mercado. No se trataba de obtener una rentabilidad económica, sino política. De nuevo el mismo error, mil veces repetido: el no aplicar criterios empresariales a la gestión empresarial conduce a una crisis permanente.

Llobet tiene instrucciones de remodelar el diario y de darle un contenido competitivo. Con la esperada respuesta masiva del mercado, las crisis eternas habrán llegado a su fin. Pero estas predicciones no tienen en cuenta el problema de la rotativa. Ya se dispone de una, la adquirida en 1985 y puesta en marcha el 23 de abril de 1986. Sólo han pasado siete años y a Llobet le parecen una eternidad. Los medios materiales no están a la altura del diario que él proyecta y para el que prevé una paginación mayor. Los que adquirieron la rotativa no tuvieron en cuenta esta posibilidad. Pues bien, si no se puede ampliar, se compra otra, eso sí, más potente, y como hay prisa no se espera a que la nueva rotativa esté instalada. Llobet se ve contagiado por la impaciencia de su predecesor, Subirà. Sin embargo, acabará superando, y por mucho, a todos su antecesores, y eso que el listón estaba en su cota más alta. Así, deja plantada a su propia rotativa y a la plantilla: un total de treinta operarios quedan inactivos, aunque cobrando, y con todos los gastos fijos que ello comporta, entre los que se cuenta el alquiler del local industrial donde está ubicada la rotativa. Por difícil que fuera de superar el nivel de incongruencia de la decisión de dejar plantado a El Correo Catalán, Llobet lo a superado limpiamente, y sólo acaba de empezar. Pujol, sin duda, ha hecho una buena elección.

Ya puestos, y para que los gastos no decaigan, con La Vanguardia no se negocia el precio de la impresión y se acaba pagando más del doble que la media del mercado. A Llobet parece no importarle, pero la factura diaria, incluido el papel, asciende a 1.400.000 pesetas. Al precio del alquiler del local industrial de Badalona, donde ha quedado inactiva la antigua rotativa, se le añade el de otro donde se instalará la nueva, éste mucho más amplio y en Barcelona, donde el alquiler mensual es más caro. Como los problemas ya no vienen del pago de un alquiler más o menos, las oficinas de Consejo de Ciento 425, donde Avui ocupaba tradicionalmente la sexta planta y parte de la cuarta, a Llobet le parecen insuficientes y alquila la séptima, y cómo ésta dispone de varios despachos, nada mejor que ocuparlos, para lo cual se instala en ellos una pléyade de asesores del presidente. Solamente la presidencia del diario acabará representando casi 100 millones de coste anual. Para que no falte detalle, el presidente se asigna un chófer particular.

Entretanto, para dar mayor contenido al diario, se contratan y recontratan periodistas. Todo ha de estar preparado para el nuevo diseño, que se presenta en sociedad en octubre de 1994. No es ocasión de hacer una presentación cualquiera. El acontecimiento se celebra en la Sala Oval del Palau Nacional de Montjuïc, y más de un millar de personalidades son invitadas. Entre pompa, fastos y otras menudencias, la factura asciende a 40 millones de pesetas, más que la nómina mensual que, casi dos años después, todavía estaba pendiente de pago.

El despilfarro en lo accesorio no deja disponibilidad económica para lo fundamental, como, por ejemplo, disponer de los recursos necesarios para el montaje de la rotativa adquirida, estibada en cajas que se amontonan en un almacén del puerto de Barcelona, con un nuevo alquiler a añadir a los que ya se generan. El problema Rotativa parece no tener fin. Esta nueva rotativa se adquiere a la Alemania del Este, y con todos los cambios que está experimentando este país, ahora resulta que no se dispone de especialistas instaladores. No hay asistencia técnica, ni nadie que sepa por dónde empezar a montarla. El periodo de provisionalidad que se había previsto para la impresión en los talleres de La Vanguardia parece no tener fin. El incremento de gastos es de tal magnitud que, por difícil que parezca, en sólo unos meses se llega a multiplicar por cuatro la deuda adquirida en dieciocho años. Como consecuencia de ello se deja de pagar todo: la factura de La Vanguardia, las tarifas de los demás proveedores, las remuneraciones de los colaboradores, y hasta la nómina del personal se paga fraccionadamente y con retrasos.

El resultado del plan faraónico no pudo ser peor, tal como se deduce de la declaración del impuesto sobre sociedades que se presenta a Hacienda en el mes de julio de 1995, que sitúa las pérdidas del ejercicio anterior en 1.500 millones, y en lo que se lleva del actual ya se contabilizan 1.000 millones, estando previstos otros 1.000 millones hasta final de año. Premsa Catalana S.A. no está en suspensión de pagos; está en quiebra. Necesita urgentemente por vía oficial restaurar su capital social en un mínimo de 1.000 millones, que tampoco servirán de nada, dado que en seis meses volverán a dilapidarse. El juguete se le ha roto a Pujol. Alguien que se atreve a dar lecciones al ministro de Economía y Hacienda, al gobernador del Banco de España, al presidente del Banco Mundial y a quien se le ponga por delante, resulta que en la práctica no sabe aplicarse a sí mismo todas esas lecciones magistrales.

El problema que se le plantea a Pujol tiene una difícil solución. Según confirma a sus íntimos, la magnitud del asunto es tal que no ve mejor solución que desaparecer discretamente. Lo conseguirá, pues en esto sí tiene experiencia, y con óptimos resultados. Cuando la empresa está totalmente arruinada, Pujol sufre una transformación etérea; Destino y El Correo Catalán han sido testigos. El problema como siempre es en la propiedad. La mayoría de las acciones está en manos de la Fundació Catalana de Comunicació, que cuenta con el 93,64% del capital de Premsa Catalana S.A. Hay documentos que demuestran que Pujol se oculta tras esa fundación, que también era propietaria de las acciones de El Correo Catalán y que fue constituida para dar soporte a los medios de comunicación convergentes. La entidad tiene sus orígenes en la Fundació Catalana[22], donde se refugiaron las acciones que Pujol tenía en la Banca Catalana. Todos los componentes son fiduciarios de los 1.500 millones de pesetas que figuran en el capital del diario Avui y que han sido desembolsados y suscritos por la fundación. Ninguno de ellos ha puesto una sola peseta de su bolsillo.

El capital social del diario Avui es de 1.600 millones, 100 de los cuales corresponden a los antiguos accionistas que derivan de su situación inicial de cuentapartícipes, mientras que 1.500 millones corresponden a la fundación. Ésta ya no puede seguir aportando capital por vías opacas. No hay otra solución que reestructurar la empresa sobre la base de un capital cuya titularidad sea conocida. Descartada la vía popular, que fue un experimento en su día, la dificultad estriba en encontrar al mecenas que aporte el capital y los recursos financieros necesarios que Avui va quemando. Pujol expone esta imperiosa necesidad a Josep Vilarasau, presidente de La Caixa, la institución de ahorro de más peso en Cataluña. Vilarasau, que se siente obligado a cumplir el deseo de Pujol, se percata de la situación comprometida del president, pero no le ve ningún sentido a la operación. Otra cosa sería que fueran las nueve cajas de ahorros catalanas en conjunto las que, de forma proporcional a sus recursos, realizaran esta aportación inicial estimada en 1.000 millones.

La propuesta de Vilarasau fue discutida en una reunión de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro celebrada el 16 de mayo de 1994. La Caixa ponía encima de la mesa 700 millones, y los 300 restantes los debían aportar las otras entidades de ahorro. La propuesta inicial de Vilarasau era dar cumplimiento a lo solicitado por Pujol, es decir, que la aportación no fuera una donación sino que se suscribiera una ampliación de capital. Al resto de los componentes de la federación les pareció, con toda lógica, que convertirse en accionistas de una sociedad mercantil privada era un agravio comparativo. Se habrían acabado las denegaciones de crédito para las sociedades en dificultades. Cualquier cliente con problemas podría solicitar a las entidades de ahorro, no un crédito, que a buen seguro el cliente reconocería que era incapaz de devolver, sino la panacea de que la entidad de ahorro entrara a formar parte del capital cuando el propio ya hubiera sido dilapidado y, a partir de ahí, que la caja de ahorros asumiera la responsabilidad de las deudas y de su gestión. Se trataba de un planteamiento absolutamente inviable que, no obstante, se llegó a proponer. Cabría preguntarse cuál era el grado de dependencia de Vilarasau con respecto a Pujol para que éste asumiera la propuesta.

Descartada esta posibilidad, se debaten otras opciones sucedáneas, como la aportación a fondo perdido a través de la Obra Social de cada caja de ahorros; difícil planteamiento, ya que mantiene ciertas reminiscencias del anterior y entra dentro de la categoría de limosna de cuantía superlativa, lo que tampoco constituye una solución válida. No es el lugar ni el momento de debatir otras soluciones. La reunión acaba sin consenso. Son las entidades de mayor peso, como La Caixa y La Caixa de Catalunya, las que aportan la solución momentánea: el otorgamiento de créditos a la espera de que se pueda vislumbrar una solución más global. Eso sí, para aportar capital por la vía del crédito exigen que se emprenda un plan de viabilidad y que sea acometido con rigor y aplicando la más estricta ortodoxia empresarial. La condición no explicitada es que Pujol debe encontrar otros accionistas con los que acometer este plan de viabilidad, de manera que las cajas de ahorro puedan participar al garantizarse la continuidad de la empresa. No obstante, también se verán obligadas a intervenir para garantizar la supervivencia de la entidad, bajo el pretexto que la carga de intereses financieros es una losa en su cuenta de explotación que dificulta su continuidad. Ése sería el momento en el que la aportación crediticia se reconvertiría en accionarial. La reconversión de la deuda crediticia en acciones, en una empresa con continuidad, ya tendría una argumentación sostenible. El poder siempre tiene soluciones, y a Pujol, el hombre más poderoso del país, no le faltan recursos.

El plan se pone en marcha bajo dos premisas. La primera es localizar nuevos socios con la solvencia necesaria, lo cual no es tarea fácil, ya que, aparte de solventes, deben tener cierto grado de inconsciencia que parece incompatible con su propia naturaleza. No obstante, en junio de 1995, Llobet manifiesta: «Actualmente estamos trabajando en la línea de realizar una ampliación de capital mediante las aportaciones de los actuales socios y de nuevos accionistas». Después de varios meses dedicados a la labor de sondear a posibles accionistas, los resultados son nulos.

La segunda premisa es poner en marcha el plan de reestructuración de la empresa. Desde el mes de octubre, en la séptima planta del edificio en el que se ubica la sede de Avui, se instala Ricard Huguet Reverter, un especialista en reconversión de empresas. Sus primeras manifestaciones pueden parecer extrañas si se tiene en cuenta que hacen referencia a una empresa con una trayectoria de veinte años: «Resulta imprescindible crear la empresa que nunca ha existido».

Aunque ahora Pujol trata de desvincularse de Avui, Huguet reconoce públicamente que ha recibido el encargo de reestructurar Premsa Catalana: «Porque me lo ha pedido la única persona a la que no le puedo decir que no, que es el presidente Pujol». Llobet es destituido, y es nombrado para el cargo de presidente del Consejo de Administración, Jaume Vilalta. Pujol quita y pone presidentes. Él fue quien nombró a Llobet, como ahora a Vilalta. Él es quien da instrucciones a Huguet para que reestructure la empresa. No es nada nuevo, siempre ha mandado Pujol. Sin embargo, ahora parece que el desastre empresarial le es ajeno. Entretanto, para dar sensación de transparencia, se convoca la Junta de Accionistas con el fin de aprobar las cuentas del ejercicio de 1994. La reunión se realiza a puerta cerrada, lo que hace incrementar más si cabe los rumores respecto a la situación económica del diario.

El 17 de enero de 1996 Avui publica un editorial con el título «¿A quien interesa hacer cerrar el Avui?», donde se transmite una de las bases de la estrategia de Pujol: el enemigo acecha allende del Ebro y en el país se han infiltrado elementos anticatalanistas. En este editorial se leía: «Precisamente en un momento delicado de su historia, en que el Avui sufre el efecto de sus fragilidades […] han aparecido en los últimos tiempos diversas noticias, comentarios, rumores y especulaciones». Respondiendo a la pregunta formulada en el título, continúa: «Les puede interesar a todos aquéllos a los que, por razones ideológicas o económicas, les molesta la existencia y la posibilidad de consolidación de una prensa de información general en catalán». La posibilidad de reconocer el más mínimo error propio no está contemplada. Son siempre terceros los que erosionan con premeditación la estabilidad: «A todos aquellos que les gustaría poder decir: ya podéis ver como la sociedad catalana no quiere o no puede mantener un diario de información general». Pero lo cierto es que sólo puede hablarse de una desastrosa gestión empresarial y, en cierta medida, de la falta de aceptación en el mercado, a cuyos condicionantes está sometido el diario, como cualquier otro producto. El resto entra dentro del capítulo de las alucinaciones.

Lo que subyace en el estrato de la crisis congénita del diario Avui es el interés partidista por mantener artificiosamente —o al menos por encima de sus posibilidades— a la empresa editora del diario. Y ello no sólo en el aspecto de la utilización continuada en beneficio propio y como medio de exaltación de CDC, de la gestión de gobierno y de la figura de Pujol. En la esencia del interés supremo está la convicción interesada de la diferenciación lingüística. Si Avui no se editara en catalán, hace años que hubiera dejado de existir, y si existiera tendría otra estructura. El principal activo de CDC y, en la práctica, su misma razón de ser, es el hecho diferencial del concepto nacionalista, autoproclamándose como representación viva de Cataluña. Esta característica diferenciada (de hecho la única, ya que evidentemente no se dan aquí cuestiones de raza) es solamente la lingüística. He ahí la necesidad imperiosa de su continuidad. Pujol ha manifestado en más de una ocasión: «Si no tuviéramos el Avui, lo tendríamos que inventar». Más todavía, si el diario se viera abocado a la desaparición confirmaría sin ningún lugar a dudas que la política lingüística del gobierno de Pujol es artificial.

Actualmente el 40% de la población catalana es capaz de leer y escribir en catalán. A los veinte años de la aparición de Avui aún se está esperando la generación de catalanes que quieran ser informados por un periódico en catalán. Otra cosa muy distinta es la televisión. En TV3 y C33, que llegan a las casas de todos los catalanes, así como en las emisiones de radio en catalán, la información para la audiencia es un aspecto secundario; prima el aspecto del entretenimiento. En cambio, la prensa diaria no es gratuita. Se tiene que adquirir en el mercado, y es aquí donde interviene la voluntad del consumidor: o un diario en catalán o uno en castellano, tan simple como la más elemental de las reglas del mercado, en el que sólo subsisten los productos lo suficientemente atractivos como para ser comprados. Esta implacable ley mercantil pone de manifiesto que la política lingüística va más allá de la realidad, incluso de este 40% de la población con capacidad de potencial consumidor del producto Avui.

La necesidad de continuidad del diario Avui es supraeconómica. Una vez roto el juguete, Pujol ha marcado una estrategia de desvinculación necesaria para poder dar paso a la única solución posible: la entrada de instituciones en el accionariado, ya que la opción de aportación de capital por socios privados no es viable. Como siempre, será el contribuyente quien se haga cargo de la deuda histórica y de la que se pueda generar. A esta solución no le faltarán argumentaciones. A nadie se le permitirá disentir, y los que lo hagan serán clasificados como elementos hostiles, «guerrilleros o francotiradores», como le gusta a Pujol llamar a todo aquel que, en el más elemental de los derechos democráticos, se atreve a discrepar de su acción de gobierno.

Pujol quiere que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió se haga cargo de un paquete importante de acciones del diario. Dentro del presupuesto deficitario de esta entidad quedará diluida esta carga económica. Lo que ya será más discutible será la legitimidad de la operación. El Estado desmanteló al inicio de la etapa democrática la cadena de diarios de titularidad pública. La argumentación lógica que se dio para ello es que la prensa debe de cumplir un papel en el juego democrático y éste debe ser independiente de las estructuras del Estado. La radio y la televisión quedaron excluidas, ya que eran consideradas servicios públicos. Por tanto, sería necesario cambiar el nombre de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió para añadir el término «Prensa». Parece la resurrección de la difunta Cadena del Movimiento.

La operación instrumentada desde el gobierno de Pujol prevé que otro de los socios sea la Fundació Catalana, origen de la actual fundación propietaria de la mayoría de acciones. Esta entidad será la encargada de garantizar que la nueva sociedad no vuelva su arma mediática en contra de Pujol. El aparato convergente se encargará desde la fundación de que tal circunstancia no pueda darse. La fundación es constituida de manera conjunta por las cuatro diputaciones catalanas, por lo que, teniendo en cuenta que la principal de ellas es la Diputación de Barcelona, gobernada por las izquierdas (PSC, IC, y ERC), la Fundació Catalana de Comunicació será la salvaguarda de una retirada a posiciones de trinchera. Será suficiente con tener la seguridad de que Avui no mantendrá una línea antipujolista. La operación de las cajas de ahorro esta cantada: reconvertirán sus créditos incobrables en acciones.

De lo que no cabe duda, tenga el problema la solución que tenga, es de que no será posible hablar del problema Avui sin referirse a la responsabilidad de Jordi Pujol, que ha intervenido directamente desde 1979 en la gestión y toma de decisiones del diario. También resultará imposible negar su responsabilidad como presidente de la Generalitat de Cataluña, cargo desde el cual ha utilizado todos los resortes de influencia para financiar con dinero público una sociedad mercantil privada de la que él es propietario ocultándose en una opaca fundación.

No son ajenos a esta influencia los 1.000 millones de pesetas que Premsa Catalana adeuda al Instituto Catalán de Finanzas, organismo dependiente de la Generalitat cuya función se centra en la elaboración de informes a las entidades de crédito para evaluar las expectativas de devolución del capital prestado más intereses. En condiciones normales, ningún informe favorable al otorgamiento de los créditos podría haber prosperado. En el caso tampoco resulta ajeno el recurso al dinero público. Valgan como ejemplo los avales del CARIC, otra institución dependiente de la Generalitat que ha servido para financiar por centenares de millones al diario, subvenciones consideradas oficiales, sin ningún criterio que las sustente, al libre albedrío de Pujol. En este caso las cifras superan los 2.000 millones de pesetas.

No todas son aportaciones del contribuyente. Pujol ha recurrido a todas las vías, incluso las manifiestamente ilegales, y de ello hay demostración documental. El caso Casinos ha puesto al descubierto la financiación ilegal de CDC. El origen y el destino de centenares de millones constan en el sumario que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona. En dicho sumario se citan facturas de insertos publicitarios emitidas por Avui, publicidad que nunca llegó a insertarse en las páginas del diario y que pagaban un concesionario del juego y las loterías de la Generalitat.

Los tres casinos catalanes que pertenecen al holding de Inverama S.A., integrado en la sociedad Luditec S.A., pagaron a Avui centenares de millones. La existencia de estas facturas siempre ha sido negada, pero existir, existen. La policía judicial ha podido detectar, como así consta en informes policiales, que Premsa Catalana ha sido el destinatario final de estos fondos. Se mencionan 35 facturas falsas al cargo de empresas participadas por Avui. En total se cobraron 43 talones por un importe global de 148.646.060 pesetas. Casinos de Cataluña aportó 910 millones de pesetas a Avui en concepto de publicidad, a pesar de que por ley la sociedad concesionaria tenía prohibida la incentivación del juego a través de la publicidad.

Los licitadores de obra pública tampoco se escapan de pasar por la caja convergente. Evidentemente el dinero no se ingresa en sus cuentas corrientes bancarias. Hay otras fórmulas que hacen fiscalmente opacos a sus protagonistas. Las necesidades mediáticas de CDC tienen en la Fundació Catalana de Comunicació un canal de financiación que permite ocultar las aportaciones de generosos donantes a la fundación, y más si éstos son grandes adjudicatarios de obras públicas que les son concedidas por el gobierno de Pujol. Se utiliza la fórmula de un tercero. Si el adjudicatario tiene un acreedor sobre el que pueda ejercer su influencia, es éste el que realiza la donación, que aparece como una aportación desinteresada de una empresa que no tiene por qué agradecer favor alguno al gobierno catalán. No importa que la generosa donación represente tres o cuatro veces el capital social del donante. La generosidad no tiene límites. En definitiva el acreedor cancela su deuda, la empresa adjudicada con la obra pública revierte sobre su oferta la donación indirecta y el ciudadano, de una u otra manera, la paga.

Fomento de Obras y Construcciones S.A. (más tarde cambiaría su nombre) era una de las empresas habitual en las adjudicaciones de obras públicas realizadas por el gobierno de Pujol. Con esta empresa ya se habían seguido diferentes métodos para derivar dinero hacia CDC. Empresas vinculadas con el partido presentaban facturas falsas por servicios no realizados que la empresa constructora pagaba. A través de una fusión, esta empresa pasó a llamarse Fomento de Construcciones y Contratas, controlada mayoritariamente por la hermanas Koplowitz, y en una de las operaciones para nutrir de fondos a la Fundació Catalana de Comunicació utilizó a la empresa Coisa. A esta empresa le fue adjudicada una supuesta subcontratación por valor de 100 millones de pesetas. Con la factura de la empresa subcontratada, FCC regularizó contablemente el gasto y fue Coisa la que sirvió de puente para materializar la generosa donación a la Fundació Catalana de Comunicació. Ésta fue una de tantas donaciones interesadas a la fundación.

RADIO AVUI-CADENA 13, DEL PASTEL LA MEJOR PARTE

La Cadena 13 tuvo su origen en el diario Avui. Al periódico le fue asignada por la Generalitat de Cataluña una licencia para una emisora de radio. Esta adjudicación estuvo plagada de controversias. Se partía del decreto del 8 de junio de 1979, por el que el gobierno central ponía en marcha el Plan Técnico Transitorio de Ondas de FM. La administración autonómica catalana estableció un contencioso por las competencias en materia de radiodifusión, reclamadas en virtud del artículo 16 del Estatuto de Autonomía. Debido a esta discrepancia, en el resto del Estado español se fueron adjudicando las concesiones radiofónicas mientras las cuarenta asignadas a Cataluña quedaban paralizadas hasta que se resolviera el contencioso interpuesto en el Tribunal Constitucional. Cadena 13 no pudo empezar sus emisiones hasta noviembre de 1983.

El criterio para la adjudicación ya lo había establecido el gobierno de la UCD, que trataba de premiar a los medios de comunicación existentes con un medio complementario como era una emisora de radio. Se prestaba especial atención a «las empresas que pretendan emitir en cadena», destacando sobre todo «las empresas con capacidad para ofrecer servicios informativos propios». Así, el 82% de las emisoras adjudicadas fueron a parar a manos de empresas periodísticas ya establecidas, y sólo un 18% fueron adjudicadas a empresas nuevas en el sector. Este criterio fue criticado por suponer una concentración de medios de comunicación, y no dejó de ser el origen de la concentración multimedia actual. La pauta estaba marcada, y en Cataluña se siguió al pie de la letra. Como director de Radio y Televisión de la Generalitat, Jaume Casajuana ponía de manifiesto la orientación seguida: «Hemos procurado que cada comarca de Cataluña tenga su emisora y, por otra parte, hemos cuidado que las empresas periodísticas tengan la oportunidad de superar la crisis que atraviesan los diarios mediante el acceso a las ondas».

El gobierno de Pujol no perdió la oportunidad y, como tenía la facultad de adjudicación, procuró llevarse la mejor parte[23], diez emisoras. Había que vestir la operación. No tenia lógica que a Avui y a El Correo Catalán se les asignara un número tan desproporcionado de emisoras. Se recurrió entonces a la Fundació Catalana de Comunicació, que participaba en el capital social de ambos diarios. Esta fundación estaba absolutamente controlada por Pujol, pero, para no escandalizar más de la cuenta, se le asignaron dos frecuencias, con la posibilidad de extenderse a ocho más. De poco sirvió que la oposición manifestara que la operación de asignación de frecuencias era un ejemplo de favoritismo político que conducía lisa y llanamente al abuso de poder. Era público y notorio que la fundación estaba vinculada a CDC. Además, estaba presidida por Agustí Montal, senador por la coalición CiU.

De las dos licencias adjudicadas a la fundación, una fue traspasada a Radio Avui y la otra a Radio Terra Ferma, aunque fue en el entorno de Radio Avui donde se dio forma a la cadena. En abril de 1984, Cadena 13 cubría prácticamente todo el territorio catalán[24]. Cada una de las emisoras emitía una programación propia en su ámbito territorial, pero formando una federación entorno a Radio Avui, con frecuentes conexiones. La particularidad más singular de la cadena era que emitía toda su programación en catalán, siendo la única no pública que así lo hacía. Sin embargo, la gran audiencia no sintonizó con esta cadena. Los cambios de la programación fueron frecuentes y hubo numerosas deserciones, aunque también nuevas incorporaciones[25].

Cadena 13 ha estado vinculada desde su nacimiento a personas o grupos próximos a Convergència, como Agustí Montal o Antoni Subirà, su administrador único, cargo que en 1990 fue ocupado por Xavier Torras, ex director del Servicio del Libro del Departamento de Cultura de la Generalitat. Con anterioridad, Francesc Gordo había ocupado los cargos de vicepresidente y administrador único, pero era una empresa instrumental, Faig S.A., la que tenía el control de la sociedad. CDC utilizó este tipo de empresas para dar forma legal a las actuaciones del partido. El primer caso de este tipo de empresas instrumentales lo constituyó, en 1975, Control de Costos S.A. (abreviado, CDC). Sus socios fundadores fueron Miquel Roca, Carles Gasòliba y el propio Francesc Gordo.

La sociedad mercantil Faig S.A. controlaba el 85% del capital de Cadena 13. Estaba presente, asimismo, en el capital de Radio Avui S.A., accionista de Radio 13 Catalunya S.A. En septiembre de 1983 fue constituida Faig S.A. por Albert Serra Hugas, cajero contable de Convergència Democràtica de Catalunya, por Francesc Segura de Luna, concejal del Ayuntamiento de Barcelona por CiU en ese año, y por Enric Bonmatí Rovira. Los dos primeros habían aportado 450.000 pesetas cada uno y Bonmatí 100.000, por lo que su capital era de un millón de pesetas. El objeto social era «la elaboración de toda clase de estudios económicos y bursátiles, y la compra, tenencia y venta de bienes muebles, títulos y valores». Entre 1984 y 1987 invirtió algo más de 188 millones de pesetas, y en 1990 llevaba invertidos 300 millones en acciones y aportaciones a Radio 13 Catalunya S.A., a pesar de tener un capital social de un sólo un millón. No cabe duda de que se trataba de una sociedad instrumental al servicio del aparato convergente[26].

Radio Avui S.A. se constituyó el 16 de diciembre de 1979 con un capital de 100.000 pesetas. Antoni Subirà Claus era su presidente[27]. Tres años después se amplió el capital hasta un millón de pesetas[28]. En 1985, Radio 13 Catalunya S.A. se hizo con el control absoluto de la emisora al suscribir en solitario una ampliación de capital de 55 millones. Radio 13 Catalunya se constituyó el 15 de febrero de 1983. Presidía la sociedad Suárez Guinjoan, que ya era vocal de Radio Avui. El capital aumentó de inmediato hasta 110 millones de pesetas, y hubo algunos cambios en la presidencia: Agustí Montal Costa sustituyó a Suárez Guinjoan, que pasó a ser vocal[29]. Un carrusel de importantes empresas se incorporó al proyecto: Comercial Gallo S.A., Banco de Sabadell, Leche Pascual, Nutrexpa y un largo etcétera.

El aparato convergente no perdía oportunidad. La Cadena 13 se constituyó para enmascarar la arbitrariedad que suponía el haberse adjudicado prácticamente en monopolio las treinta y cuatro licencias que se otorgaban. Esas licencias se adjudicarían a personas y sociedades aparentemente desvinculadas, pero quedando pactada en todos los casos su incorporación a la cadena. Los perjudicados en este reparto fueron socialistas y comunistas, a los que sólo les fueron adjudicadas tres cadenas. En otros casos, como el de Radio 80, los licenciatarios estaban controlados por CiU a través de Promotora de TV i Ràdio y de Ràdio Associació de Catalunya, entidades ambas controladas por la Fundació Catalana de Comunicació. Las que no tenían vinculación empresarial se regían por relaciones personales o bien se hallaban bajo el dominio de los alcaldes de CiU. Sirva como ejemplo de arbitrariedad la licencia concedida en la localidad del El Masnou, a Jaume Peribáñez Plaza, desconocido en la población, en la que ni tan siquiera estaba censado. A la Associació de la Premsa de Barcelona, que solicitó una frecuencia y reunía todos los requisitos, le fue denegada. En cambio, la Generalitat de Catalunya no denegó los avales de la Comisión de Ayudas a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC) a Radio Avui y a las emisoras asociadas.

La Cadena 13 nunca llegó a contar con una audiencia ni tan siquiera aceptable, aunque en ella no se perdía ocasión para elogiar a los convergentes. La competitividad en el mercado se acentuó aún más con las nuevas concesiones de frecuencias. Las emisoras ya tradicionales incentivaron su programación, y parte de las nuevas se unieron en cadena, como Antena 3 Radio, que después daría origen a la cadena homónima de televisión. La dura competencia, la falta de una inversión importante que pusiera a la cadena de radio en línea competitiva y una gestión deficiente dieron lugar a que los ingresos publicitarios tendieran cada vez más a convertirse en cantidades simbólicas. Las pérdidas se hicieron crónicas desde el momento de la constitución de la cadena. Al no obtener la rentabilidad política que la audiencia podría haber proporcionado, el aparato convergente fue perdiendo interés en el asunto. El número de oyentes decrecía en relación inversa a los recursos económicos que se debían emplear, y la idea de desvincularse de las emisoras de radio se fue generalizando. El factor determinante para tomar una decisión al respecto era la existencia de Catalunya Ràdio, la radio pública autonómica que había empezado a emitir poco antes que Cadena 13 y que, a pesar de haber tenido un inicio con escasa audiencia, contaba con los recursos públicos de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. La oportunidad perdida de disponer, además, de una cadena privada, quedaba dentro del capítulo de la resignación.

A pesar de que la Cadena 13 estaba en quiebra, la tentación de adjudicarla a la CCRTV era irresistible. Los fondos públicos volverían a ser la medicina con la que curar la mala inversión. El gobierno de la Generalitat, a través de el director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, Joan Granados, propuso la adquisición de la cadena de radio por la bonita cifra de 550 millones. El propio Granados justificaba el plan en las siguientes declaraciones: «Más que el precio, lo interesante para la corporación es la compra de las frecuencias y no de la empresa». Sarcasmo o cinismo, tanto da: las frecuencias fueron adjudicadas por el gobierno de la Generalitat o, más bien, el gobierno se las adjudicó a sí mismo. Como consecuencia de las implicaciones del aparato convergente en la propiedad de la sociedad mayoritaria del capital de la radio, las licencias fueron adjudicadas a coste cero. La gestión de la concesión volvió a ser nefasta. Se perdieron 560 millones de pesetas declarados, aunque en realidad fueron muchos más. Eso sí, las pérdidas se cubrieron con la financiación irregular del partido. Cuando la situación es insostenible, el gobierno de la Generalitat no tiene empacho en proponer la compensación con fondos propios, añadiendo generosas retribuciones y llegando a cantidades que prácticamente cubren el importe de las pérdidas reconocidas. Según declaraciones del director general de CCRTV, «la decisión de compra ha sido fruto de la sosegada maduración de la idea».

Cuando la operación se daba por hecha, un acontecimiento vino a trastocar los planes. En enero de 1990, el diario El País difundió la querella presentada por Jaime Sentís contra Arturo Suqué y que dio origen a llamado caso Casinos, que implicaba a CDC en la acusación de haber recibido de Casinos de Cataluña dinero negro en concepto de financiación ilegal procedente de un adjudicatario de licencias del juego. Francesc Gordo se apresuró a declarar al Diario de Barcelona que la recepción de fondos con destino a CDC, en la que Sentís le implicaba, carecía de todo sentido. Manifestaba que había remitido una carta a El País en los mismos términos y que no había tenido con Casinos de Cataluña ni con ninguno de los implicados en la acción judicial «más relaciones que las comerciales derivadas de mi condición de vicepresidente ejecutivo y administrador único de Radio Avui-Cadena 13, como consecuencia de operaciones de publicidad del medio que representaba».

Francesc Gordo manifestaba así públicamente su vinculación con la cadena de radio. La relación entre la cadena de radio y el caso Casinos se concretó cuando se tuvo conocimiento de la participación mayoritaria de Albert Serra en la empresa propietaria de Radio Avui-Cadena 13 y se observó que ambos personajes habían sido citados como receptores de fondos de Casinos de Cataluña. Se veía, pues, que la oferta de la Corporación Catalana de Radio y Televisión obedecía a una arbitrariedad. Para desvincularse de la oferta de la radio televisión autonómica, Cadena 13 argumentó que había recibido una oferta que superaba a la citada, con lo que se dio carpetazo al asunto, ya que la crispación, tanto de la oposición como de los medios de comunicación, iba en aumento. Ya se tenía bastante con el caso Casinos.

Este invento de Pujol de conseguir que, en una sociedad arruinada por la obsesión de vender doctrina convergente, las pérdidas sean socializadas por un ente público controlado por él mismo (como en este caso la CCRTV) se empleará en varias ocasiones. El invento servirá años más tarde, como ya se ha expuesto, para que el diario Avui recorra el camino que ya se pretendió con la Cadena 13. Fue la cadena COPE la que se hizo con las emisoras de la Cadena 13, que desapareció de las ondas en abril de 1990. Siete años quedaban atrás, y con ellos centenares de millones que habían volado, pero las pérdidas eran cubiertas con el dinero fácil que licitadores a concurso pagaban a CDC para obtener las licencias de explotación, lógicamente repercutiendo este sobrecoste en el ciudadano. Acreditados están los centenares de millones de pesetas pagados por el adjudicatario de una concesión de la Generalitat en el denominado caso Casinos.

Lo cierto es que, a pesar de los denodados esfuerzos de los líderes y portavoces de CDC por negar cualquier evidencia, por diáfana que esta pueda ser, esta actitud no es más que parte de la desesperada posición a que los acontecimientos les han conducido. Faig S.A. es una sociedad mercantil fundada por destacados miembros del aparato convergente, mayoritaria en el capital de la cadena de radio y en cuyos estatutos era definida como sociedad instrumental. Pese a carecer de actividad productiva propia, emitió facturas falsas por publicidad que fueron pagadas por los tres casinos, el de Lloret, el de Barcelona y el de Perelada. Su importe total ascendía a casi cien millones, exactamente 99.074.690 pesetas. También consta que cobró 30.200.000 pesetas, procedentes así mismo de los tres casinos, y no por facturas falsas emitidas por la propia Faig S.A., sino por facturas falsas emitidas por otras sociedades.

Radio Avui S.A. cobró veintiún cheques por un total de 58.242.330 pesetas, pagados, cómo no, por los casinos. En los mismos términos, 7.171.040 pesetas fueron cobrados por Radio 13 Catalunya. Gordo, en carta escrita y dirigida a el diario El País, manifestaba: «Es falsa y no se ajusta a la verdad cualquier relación que se me pueda atribuir, a título personal o como representante de cualquiera otra entidad u organización». La realidad pone de manifiesto que mintió en este caso, y que volvería a mentir.

PROMOTORA DE TELEVISIÓ CATALANA,
EL TOCOMOCHO EN ONDAS HERTZIANAS

Paralelamente a las campañas de captación de cuentapartícipes para el diario Avui, y ante el desarrollo de los medios de comunicación en catalán, en 1977 se creó la Promotora de Televisió Catalana. Su objeto social era algo incongruente, ya que no estaban autorizadas las televisiones privadas, ni parecía que lo fueran a estar en un horizonte próximo. Sin embargo —¡maravillas de la motivación!— fueron muchísimas las personas que se adhirieron al proyecto, y en poco más de dos años los inversores habían aportado más de 200 millones de pesetas. Joaquín Sarrau, presidente de la sociedad, fue destituido por una Junta de Accionistas, junto con todo su Consejo de Administración, y una serie de personas próximas a CDC tomaron por asalto la Promotora de Televisió Catalana, aunque este asalto sería más tarde considerado ilegítimo por el Tribunal Supremo, ya que vulneraba las reglas de la mayoría accionarial.

El grupo de asalto estaba encabezado por Amadeu Bagués, que pasó a ocupar la presidencia. Bagués ya había sido presidente de Ómnium Cultural, que se constituyó al amparo del mecenazgo de Banca Catalana. Entre los que formaban parte del Consejo se contaba Antoni Subirà Claus, que en aquel tiempo era portavoz parlamentario de la coalición CiU. A Bagués, fallecido en 1982, le sustituyó en la presidencia Narciso de Carreras, que ocupó este cargo escasamente un mes, hasta que Subirà escaló posiciones y le sucedió en el cargo. Como era de esperar, la sociedad nunca llego a funcionar, y en 1990 fue liquidada, no sin que antes algunos de sus pequeños accionistas presentaran denuncias por estafa, ya que el capital social se había evaporado.

El proyecto para crear una televisión privada en Cataluña estuvo plagado de una picaresca que bien podía servir de guión para una comedia de enredo de las que pretendía producir. Fueron tres sociedades formadas a partir del mismo núcleo las que se disputaron los 244 millones aportados por los incautos accionistas. Y no fueron más debido a las desavenencias entre los promotores debidas a la lucha por el control. La sociedad inicial del proyecto fue Promotora de Televisió Catalana, constituida en enero de 1977 con un capital social de 500.000 pesetas. Uno de sus promotores, José María Pareja Gabarro, que también era su gerente, constituyó otra sociedad paralela, Televisió Catalana S.A., que judicialmente disputó la paternidad del proyecto. Entretanto, el 11 de enero de 1981, en un asalto en toda regla, los convergentes se hicieron con el control de la sociedad, destituyendo a los promotores iniciales y situando al frente a Amadeo Bagues Cerqueda, Francisco Sastre Pascual, Juan Rodríguez Cano, Antoni Subirà Claus, Miquel Milà Sagnier, Artur Budesca Odena, Esteve Delmás Safont, Ramón Marcer Butí, Josep Guasch Solsona, Francisco Porta Vilalta y Antonio Pous Layret, este último como gerente.

El asalto convergente, lejos de solucionar los problemas que el proyecto arrastraba, los hizo crecer hasta el infinito. Si incautos habían sido los dispersos accionistas que habían aportado 244 millones de la época, más incautos iban a ser varios de los miembros del Consejo de Administración a quienes los patriarcas convergentes habían convencido para que figurasen en él. La situación económica era desastrosa, por lo que se recurrió a las entidades de crédito en solicitud de financiación. La respuesta de los bancos fue unánime: ninguno de ellos apostaba por el buen fin del proyecto, y en aquellas fechas Banca Catalana ya no estaba para mecenazgos. Aunque aún no era conocida la ruina del banco, las alegrías se habían acabado. Varios miembros del consejo solicitaron un crédito solidario de 50 millones de pesetas, que ingresaron en la caja de la sociedad íntegramente, con el compromiso de los patriarcas convergentes de que la empresa promotora de la televisión se haría cargo de su devolución. Como era previsible, la sociedad presidida por Subirà no hizo frente a la devolución del crédito y los sufridos consejeros tuvieron que atender a la reclamación ejecutiva del banco. De los patriarcas convergentes sólo obtuvieron buenas palabras y evasivas. Pero el expolio no acabaría aquí.

Los activos de la sociedad se concentraban en un edificio situado en la montaña del Tibidabo que había sido adquirido cuando era un hotel y en unos terrenos de poco valor fuera de Barcelona, en Fornells de la Selva y Sant Feliu de Llobregat, donde pretendían situar los repetidores de la señal de onda. Dado que la situación económica era desastrosa, fueron despedidos treinta empleados de la sociedad, que acabó con una sentencia de la Magistratura de Trabajo en virtud de la cual se debía embargar todo el patrimonio para el pago de las indemnizaciones. Así y todo, se hipotecó el edificio del antiguo hotel La Florida del Tibidabo, ahora sede de lo que debería ser el futuro canal de televisión. Fue la Caixa de Catalunya la que llevó a cabo la operación, por 60 millones de pesetas. Paralelamente, una nueva hipoteca de 123 millones se suscribió sobre los bienes de equipo. De momento nadie sabía como se podrían devolver los créditos, aunque pronto se tendrían noticias.

El 2 de noviembre de 1983 se constituyó la que sería tercera sociedad en litigio, Productora Catalana de Televídeo S.A. La coincidencia casi absoluta de nombres acabó por producir una confusión generalizada, a la que se añadió el hecho de que la empresa matriz, Promotora de Televisión Catalana S.A., tuviera casi a las mismas personas en su Consejo de Administración[30]. La presidencia estaba en manos de Ferran Ariño, que desde los tiempos de Banca Catalana había intervenido en innumerables operaciones en nombre de Pujol; también fue candidato a la presidencia del F.C. Barcelona y posteriormente se incorporó al accionariado la Fundació Catalana de Comunicació, que controlaba el diario Avui, El Correo Catalán y Cadena 13. Su capital fundacional era de 11 millones de pesetas. La operación consistía en desvincularse de las deudas por la vía de utilizar las instalaciones hipotecadas pagando un alquiler a la empresa inicial del proyecto.

A pesar de que en abril de 1984 el Tribunal Supremo se había pronunciado en sentencia declarando nula la junta de accionistas en la que se llevó a término el asalto de los patriarcas convergentes, éstos ya habían dejado a la sociedad inicial vacía de contenido patrimonial, constituyendo una sociedad paralela que usufructuaba sus bienes. La impunidad con que se actuó permitió incluso cubrir las formas. Así, el 20 de julio, sólo tres meses después de conocida la sentencia del Tribunal Supremo, la sociedad que había usurpado los activos e instalaciones de la empresa originaria, propiedad de 16.000 accionistas que no contaron para nada, firmó un contrato con la televisión pública TV3. Se trataba de un nuevo contrato de alquiler de las instalaciones, en virtud del cual se transfería la utilización de los equipos a TV3. La televisión pública abonó 850.000 pesetas diarias por una jornada laboral de siete horas, cifra que se embolsó Productora Catalana de Televídeo S.A., una sociedad ilegal según sentencia del Tribunal Supremo, aunque presidida, eso sí, por el portavoz parlamentario de la coalición CiU, Antoni Subirà.

No es de extrañar que los antiguos promotores y la multitud de pequeños accionistas entablaran acciones judiciales. La sociedad de la que eran legítimos propietarios había sido privada por los convergentes de todo su patrimonio, bienes y equipo, y gravada con créditos hipotecarios sin el preceptivo consentimiento, en beneficio de un pequeño grupo que continúa explotando la actividad de la sociedad al establecer un contrato con la ahora televisión pública. A los pequeños accionistas sólo les quedan deudas y créditos millonarios, que han de pagar con el único ingreso que los emisarios de Pujol han asignado a su albedrío por el alquiler de su propiedad. Un encomiable afán de hacer país lo justifica.

En febrero de 1997, el magistrado Francisco González Maíllo, que atendió la denuncia de los accionistas burlados, dictó auto de apertura de juicio oral. El fiscal solicita cargos para los consejeros Francesc Delmás, Francesc Singla y Josep Clascà, así como para el apoderado, Celedonio Sala, y el liquidador, Vicente Bosch. El presidente de la sociedad, Antoni Subirà, que era quien firmaba los resguardos de los títulos de las acciones, no aparece entre los encausados, maravillas de la influencia política: son otros los que pagan el pato. Los cargos se centran en el delito de apropiación indebida, por la venta del principal activo de la sociedad, el edificio de la montaña del Tibidabo, que pasó a propiedad de una sociedad andorrana por un importe de 289 millones de pesetas y que, finalmente, fue a parar a los bolsillos de los acusados, resultando una vez más estafados los accionistas.

El Correo Catalán, un lapsus de memoria

En diciembre de 1996 Jordi Pujol acudió a Terrassa, ciudad situada en las proximidades de Barcelona, para inaugurar varios edificios del campus de la Universidad Politécnica. Como es ya habitual, en sus manifestaciones públicas Pujol utiliza unos folios doblados en cruz que extrae de sus bolsillos y que, tras una fulgurante mirada, vuelven rápidamente a su lugar de origen. Sucedió que en esta ocasión, en los prolegómenos de su discurso, Pujol adoptó una de sus clásicas posturas: las manos cruzadas a la espalda, sujetando con una de ellas el papel con las notas y el bolígrafo. Carles Ribas, fotógrafo de El País, no pudo resistir la tentación y disparó su cámara hacia las notas de Pujol. En ellas se podía leer «Què he fet?» («¿Qué he hecho?») y en la siguiente línea él mismo se daba la respuesta: «Tantes coses» («Tantas cosas»). Poco más contenían las notas. Hay que reconocer que Pujol bate todos los récords de hiperactividad política. Serán consecuencia de esta frenética actividad esas muchas cosas hechas, que la memoria no es capaz de retener. Ésta que a continuación se expone es una historia perdida en la memoria del president. Y es también una historia de prepotencia, de abuso de poder, de impunidad; en definitiva, de corrupción. «Què he fet? Tantes coses».

CAMBIO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Unas fechas antes de que se celebrasen las primeras elecciones generales, y con el convencimiento que sería elegido diputado, Pujol creyó conveniente desaparecer del primer plano en la gestión y control de El Correo Catalán, el diario que le había servido de plataforma para la constitución de su partido. La experiencia pasada le había dejado un sabor más agrio que dulce. No había sido ni muchísimo menos lo que él esperaba. La redacción del diario estaba muy politizada, y no precisamente en la línea que Pujol pretendía, aunque en aquellos momentos caracterizados por la falta de definición hiciera una pseudopolítica al estilo de la socialdemocracia sueca. En definitiva, lo que contaba es que Pujol era banquero, y los vínculos entre la banca y la derecha eran notables. La caja de resonancia de la redacción sonaba a PSUC, por lo que la combinación con Convergència daba una mezcla de agua y aceite. La cláusula de conciencia de los periodistas era un bastión que ni un ariete como Pujol podía doblegar. No era el momento.

Los periodistas creían, además, que ellos debían ser uno de los motores del cambio político y social, y con ese propósito habían hecho causa común. Con la perspectiva que dan dos décadas, cuesta creer que desde el 23 de abril al 1 de mayo de 1977 no se publicara prensa en Barcelona. La única publicación en esos días fue Premsa en Lluita («Prensa en Lucha»), autocalificado como «Diari del treballadors de premsa de Barcelona en vaga» («Diario de los trabajadores de prensa de Barcelona en huelga»). En las asambleas convocadas por los trabajadores en todos los diarios, los periodistas arrastraban a los demás con su dialéctica y sus proclamas, llegando incluso ellos mismos a repartir por las calles de Barcelona a voz en grito Premsa en Lluita. El autor cree recordar que el motivo de la reivindicación era la solicitud de una cuarta paga extraordinaria, pero, con independencia del motivo de la reivindicación, lo cierto es que, como se ha dicho, no era el momento para las intenciones de Pujol.

De lo que sí tomó nota Pujol fue de la experiencia acumulada durante los pasados años, en los que tuvo que ocultar la propiedad de las acciones de El Correo Catalán. El Ministerio de Información y Turismo, que tenía asignada la función de controlar los movimientos accionariales de los diarios, había detectado su participación. Sin embargo, Pujol, entre intermediarios, fiduciarios y empresas interpuestas, fue consiguiendo su objetivo de ocultación. Ahora, en la etapa de la transición, en la que había sido abolido este control, los desafectos al régimen tenían la oportunidad de regularizar la situación. Así lo hizo Pujol, aunque encontró más conveniente volver a la situación anterior.

La razón fundamental para optar por esta decisión, aunque pueden existir otras de muy segundo orden, fue el reconocimiento implícito de un error. Pujol entró en la redacción de El Correo como un elefante en una cacharrería. Eran tantas las ansias de tomar el control que no respetó ni las formas, quizá influenciado por el precepto de la escuela de periodismo de Chicago según el cual «la historia (el caso) lo es todo». Él interpretó este principio a su manera: el fin justifica los medios y Cataluña lo necesitaba. Andrés Roselló, el director emblemático de El Correo, fue humillado por Josep Melià, el comisario político que Pujol impuso y que actuó de forma autoritaria y despótica. De poco sirvieron los mensajes transmitidos a Pujol por los Baygual, que, como antiguos propietarios, conocían las limitaciones ejecutivas que caracterizan el límite entre el área de acción empresarial y la de la redacción. Todos los que la integraban, apenas sin excepción, eran catalogados cuando menos de izquierdistas.

Para ilustrar este hecho nada mejor que las palabras de Andrés Roselló, aparecidas en las memorias del también periodista y director Josep Tarín-Iglesias. La transcripción es reflejo de una conversación informal entre ambos: «¡No te lo puedes imaginar, Pepe! Yo era el director de hecho, pero el de derecho lo era él [se refiere a Melià], No dudaba en desautorizarme, e incluso en humillarme. Leía los artículos. Los aprobaba o los echaba al cesto de los papeles. Suprimía a placer, ejerciendo una verdadera dictadura. Él mismo no se recataba de decir que actuaba a las ordenes del “amo” y que los cuartos eran “suyos”». Bajo estas circunstancias no es de extrañar la actitud adoptada por el colectivo redaccional. El antagonismo hacia Pujol y su ideario se instaló en la redacción. Los acontecimientos de El Correo se reproducen de manera exacta en el semanario Destino, según unos hechos a los que ya se ha hecho alusión en un capítulo anterior. La imagen absolutista de Pujol empieza a florecer. No están los tiempos como para revelar identidades, ni para enfrentarse abiertamente. La estrategia consiste en desaparecer. Serán otros los que harán realidad sus deseos. Los factótum quedarán desde entonces ya instalados gracias a los manejos del «amo» etéreo.

Para volver sobre sus pasos, Pujol preparó una venta simulada. Los compradores no podrían ser otros que viejos amigos, para que todo quedara en casa. El 26 de mayo de 1977 firma un contrato de venta de acciones, siendo los compradores Antoni Forrellad Solà, Jaume Carner Suñol, Xavier Millet Tusell y Josep Maria Vilaseca Marcet[1].

El contrato de venta pretendía simular una operación de transmisión accionarial, aunque Pujol no tenía intención alguna de desvincularse del diario. Era simplemente la parafernalia necesaria de una estrategia encaminada a mostrar de cara a la galería su no intervención en la gestión y control del diario. Serían otros en su nombre quienes asumirían ficticiamente el mando. Nombres y más nombres de fiduciarios y personas interpuestas se cuidarían de ocultar la propiedad accionarial. Se contaba con los instrumentos necesarios. Banca Catalana ya contaba con la experiencia de las operaciones de ingeniería financiera. El propio contrato de venta deja entrever las maniobras de ocultación. En el pacto primero dice textualmente en su exposición completa: «Don Jorge Pujol Soley vende a los señores Forrellad, Carner, Millet y Vilaseca que las compran, 32.865 acciones de 500 pesetas de valor nominal cada una, de la entidad Fomento de la Prensa S.A.».

Pujol vende 32.865 acciones de una sociedad que tiene únicamente 18.000. Los fiduciarios interpuestos por Pujol tenían a su nombre el 39% y Pujol, que ya había salido de la sombra, el 61%[2]. Forzosamente, el capital de cualquier sociedad tiene que quedar reflejado en el Registro Mercantil. El de Fomento de la Prensa S.A. lo estaba. La inscripción registral número 20 del 26 de septiembre de 1968 así lo manifiesta. El Consejo de Administración acordó en esa fecha la ampliación de capital poniendo en circulación 6.000 acciones de 500 pesetas con un desembolso de 3.000.000 de pesetas. Las acciones estaban numeradas del 12.001 al 18.000 y el capital de la sociedad era de 9.000.000 de pesetas, representado por 18.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal. Pujol no vende derechos de suscripción de acciones, vende «32.865 acciones de 500 pesetas de valor nominal cada una». Todo ello tiene como objetivo la instrumentalización de la operación, dándole toda la ambigüedad posible.

Pero toda ambigüedad tiene un límite cuando se llega a la incongruencia. Percatados de ello, los artífices de la maniobra, pasado un tiempo, le ponen remedio. Para legitimar el contrato de venta de acciones necesitan que registralmente figure en fecha anterior al mismo un número de acciones que se ajuste al que figura en la venta. Se cuenta con la ceguera temporal del funcionario registrador de turno. El 7 de noviembre de 1978, en la inscripción registral número 40 se hace constar que los acuerdos que motivan la ampliación de capital fueron adoptados en Junta General celebrada el 21 de junio de 1976 y que, a su vez, estos acuerdos fueron modificados por otra Junta del 30 de julio de 1977. La Junta General que se da como referencia para el acuerdo de aumento de capital del 21 de junio de 1976 es la referida a la inscripción 36. En ella hay cuatro acuerdos y ninguno de ellos relativo a la ampliación de capital[3]. Sin embargo, el registrador no tuvo la diligencia necesaria para comprobar este extremo.

Para exponerlo en términos sencillos, se dice que en junio de 1976, un año antes de la venta de Pujol, la sociedad amplió capital, y a modo de confirmación se citan como referencia los acuerdos de la Junta General. Para proceder a una manipulación así se ha de tener la certeza de que el registrador mira para otro lado. Pero no acaban aquí las irregularidades de la mencionada inscripción 40, que se rectifica y se vuelve a rectificar: se realizan ampliaciones de capital sin estar desembolsadas las anteriores, se reclaman suscripciones que en el párrafo anterior se dan como suscritas y desembolsadas, y así sucesivamente. La confusión es tal que no se llega a precisar cuál es realmente el capital de la sociedad, 151.923, 157.270 o 217.270 acciones[4].

Quedan emitidas un total de 26.126 acciones, que siguen siendo insuficientes para dar soporte registral a la venta de Jordi Pujol. La irregularidad continúa en el acuerdo tercero: «Queda aumentado el capital social en la suma de 40.955.000 pesetas»[5]. Y no acaba aquí. Dentro de la misma Junta se llega a acuerdos que son contradictorios entre sí, y así, por ejemplo, en el acuerdo noveno se determina que «quedan modificados los acuerdos relalivos al aumento de capital de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de junio de 1977 recogidos en escritura autorizada a 8 de julio de 1977»[6]. Es realmente lo que se pretende: confusión y más confusión. Pero lo que sí queda claro es que toda esta confusión no esconde el hecho de que Pujol vendió un número de acciones que la sociedad no tenía y, por lo tanto, el contrato es nulo en derecho y evidencia una maniobra de ocultación de la propiedad. El contrato de venta simulada ya propicia esta intención. En el acuerdo quinto específica que vende las acciones y que éstas son compradas en bloque, sin entrar en el detalle de qué parte adquiere cada cual. Literalmente, el acuerdo quinto dice lo siguiente: «Los señores Forrellad, Carner, Millet y Vilaseca se reservan la facultad de designar a otras personas físicas como compradores de las acciones de esta venta, y en el caso de que lo hicieran, aquéllas quedarían subrogadas en todos los derechos y obligaciones que puedan derivarse del presente convenio». ¡Faltaría más! Así, desde el primer momento nadie sabe quién va a ser el titular de estas acciones, pues los que compran no se sabe qué parte compran y pueden subrogar este derecho de compra a terceros. Una transparencia total.

Para dejar constancia de la transparencia que le quiere transmitir Pujol al contrato de venta de acciones, en el acuerdo sexto se dice: «La formalización del presente contrato se efectuará ante el Agente de Cambio y Bolsa que señalen los compradores». Este punto se les olvidó; no se acordaron o no lo conocían, pero el hecho fue que, de fedatario público, nada. A este respecto, hay que recordar algo que sí fue una venta de acciones de transmisión pública. Jordi Pujol era accionista fundacional de El País. Lo era desde el 14 de abril de 1973, tres años antes de la salida del diario. Suscribió diez acciones de un valor nominal de 100.000 pesetas cada una. Posteriormente no concurrió a ampliación alguna, ni tan siquiera a las preferentes. El 12 de junio de 1992 se desprendió de estas acciones, que se habían convertido en 13.200, cada una de ellas con un valor nominal de 275 pesetas, y que habían sido modificadas un año antes. Fueron vendidas a Promotora de Informaciones S.A. (Prisa), editora del El País, y percibió 47.190.000 pesetas; la operación fue intervenida por Mediación Bursátil Sociedad de Valores y Bolsa S.A.

Lo que viene a continuación, a pesar del secretismo y opacidad con que la operación se desarrolló, da a conocer qué parte alícuota del global de las acciones asumió cada uno de los compradores. Como estaba previsto, los compradores firmantes acogidos al acuerdo quinto, que les facultaba para la subrogación, iniciaron una cascada de interpuestos para llegar nuevamente al origen del que partieron, control de las acciones por Jordi Pujol. El acuerdo quinto parecía otorgar a los compradores iniciales la capacidad de transmisión de las acciones a su libre albedrío. Nada mas lejos de la realidad. Existe un documento en el que quedan reflejadas las acciones que a cada comprador se le adjudicaban (circunstancia que el contrato no expone) y en el que se especifica el reparto de acciones que debe hacer cada uno. Resulta revelador de la manipulación el hecho de que el título del documento sea «Distribució a fer de les accions» («Distribución a hacer de las acciones», Documento 10.02). No se habla de distribución hecha, sino de distribución a hacer, lo que implica el reconocimiento de que ya se sabe de antemano quiénes serán los compradores de los compradores[7].

En este mismo documento ya se habla de las acciones que realmente tenía Pujol, 10.955, y que sin ampliación de capital alguna se convirtieron en el triple exactamente, lo que corresponde a las 32.865 acciones que figuran en el contrato de venta. Se hace mención también de sendas suscripciones, una teórica y otra real, con los valores de las viejas y las nuevas acciones, y se citan asimismo (ya en otro documento) la reconversión y el intercambio de acciones de Gráficas Industriales S.A. en acciones de Fomento de la Prensa S.A. Se trata, en fin, de toda una maraña entretejida con la mejor ingeniería financiera.

En esta época Pujol era ya un virtuoso en la utilización de interpuestos. Había obtenido el doctorado en la larga trayectoria en Banca Catalana, donde la ingeniería financiera para la ocultación de la propiedad a través de fiduciarios fue utilizada de forma habitual en la expansión del grupo bancario[8]. Muchas eran las ocasiones en las que se habían instrumentalizado operaciones de compra que ocultaban a la vista del Banco de España participaciones superiores a las autorizadas.

De forma absolutamente sintetizada, la operación a la que nos referimos es la siguiente: las 18.000 acciones de la sociedad controladas por Pujol se convierten, a través de una rocambolesca operación que nada tiene que envidiar al milagro de los panes y los peces, en 76.564 acciones; éstas se subdividen, y de ellas 21.910 forman el grupo D, una cantidad que corresponde casual y exactamente al doble de las que tenía al principio. Otro grupo se forma con las restantes 54.654 acciones, que son designadas como grupo E. Los intercambios y la diferente valoración de acciones viejas y nuevas sitúan el total de participaciones desembolsadas en 151.923. Los grupos D y E controlan la mayoría del capital, con el 50,39%. Existe un documento que relaciona estas acciones, titulado «Distribució de les accions pendents d’adjudicar». De pendientes de adjudicar nada. Los escritos cruzados entre los fiduciarios y Pujol lo dejan claro: este último controla la sociedad a través de estos dos paquetes de acciones[9].

Toda la operación no es más que una venta ficticia. Un aspecto que lo clarificaría o, al menos, lo legitimaría, sería el siguiente. El acuerdo segundo dice literalmente: «El valor de las 32.865 acciones vendidas por el señor Pujol se fija, de común acuerdo entre los contratantes, en 85.512.500 pesetas». Bien conocemos el importe de la venta; como todo es incongruencia pasamos al acuerdo tercero, que dice íntegramente: «De la cantidad que se ha fijado como valor de las acciones, los compradores harán entrega a Fomento de la Prensa S.A. de la suma de 20.000.000 de pesetas. El señor Pujol percibirá por tanto la suma de 65.512.500 pesetas». No tiene ningún sentido que los compradores tengan que pagar a un tercero, como en este caso es la sociedad, un importe que corresponde cobrarlo a quien vende. Pero no importa; es una incongruencia más a sumar a las anteriores.

Lo que sí que importa ahora, una vez conocida la cantidad que Pujol percibió por la venta de sus acciones, y ésta es la parte no conocida por el autor, es si en sus declaraciones de renta figura este ingreso. Más en detalle se entra en el acuerdo cuarto, cuyo texto íntegro es el siguiente: «El señor Pujol percibirá la cantidad establecida en cinco plazos iguales de 13.102.500 pesetas cada uno, que le serán abonados los días 27 de mayo de 1978, 1979, 1980, 1981, y 1982. Por el aplazamiento no se devengarán intereses». Cuatro de estos cinco ingresos corresponden a declaraciones de renta que Pujol debió hacer siendo ya presidente de la Generalitat de Cataluña.

El 19 de agosto de 1977 queda constancia de la renuncia de Jordi Pujol como consejero de la sociedad[10]. Se preparaban las primeras elecciones autonómicas y Convergència Democràtica de Catalunya ya estaba estructurada. Pujol optaba a la presidencia de la Generalitat de Catalunya. Debió pensar que era el momento de traspasar el paquete de acciones que aún mantenía con el título de pendientes de adjudicar. Se las traspasó a Xavier Ribó Massó y a la Fundació Catalana de Comunicació.

Xavier Ribó Massó, a la sazón vicepresidente del Banco Industrial del Mediterráneo (BIM), llegó a la presidencia del Consejo de Administración de El Correo Catalán después de una Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 1979. Recibió la representación de un importante paquete de acciones 40.941, y con ella la presidencia del diario. Fue una imposición de Pujol a cambio de hacer posible la absorción del Banco Industrial del Mediterráneo, que pasaba por momentos delicados y necesitaba la protección de Banca Catalana. Una vez abolido el control sobre la propiedad de los diarios por el Ministerio de Información y Turismo, resultaba imposible desde el exterior saber quiénes eran los accionistas. Sin embargo, se sabe que Xavier Ribó poseía un 26% del total de las acciones, las cuales provenían de los grupos D y E[11].

El 31 de diciembre de 1981 se traspasa un residual de las acciones que Pujol mantenía pendientes de adjudicación: 15.478 títulos que van a parar a la Fundació Catalana de Comunicació. Esta fundación fue reconocida por la Generalitat el 23 de diciembre de 1981, justo unos días antes de que fueran expedidos los títulos de propiedad. Fue constituida para canalizar el soporte financiero a los medios de comunicación próximos a Convergència Democràtica de Catalunya. Vinculada a otras entidades similares creadas al entorno de Banca Catalana, la Fundació estaba presidida por Agustí Montal, accionista de El Correo Catalán, y entre sus vocales figuraba Xavier Ribó Massó, presidente del diario. La Fundació Catalana de Comunicació también poseía el 93% de las acciones de Premsa Catalana S.A., editora de el diario Avui. Esta fundación canalizó en los últimos años centenares de millones en subvenciones oficiales a estos dos rotativos, así como avales de la Generalitat a través de la CARIC.

Existe constancia documental de que las 15.478 acciones de El Correo Catalán que son propiedad de la Fundació Catalana de Comunicació provienen de las que Pujol controlaba[12]. Todo queda en casa. Hasta aquí la parte documentada. Lo que se trató de vender de cara a la galería formaba parte de una estrategia propia de Pujol. El trasfondo es el siguiente. Pujol se percató de que su puesta en escena al frente del diario no había sido oportuna. La redacción, con la que no sintonizaba, era un núcleo demasiado activo como para entablar un cuerpo a cuerpo, por muy fajador que se fuera. Muy dado a las expresiones militares, Pujol puso en práctica el arte de dirigir las operaciones, la estrategia, y llegado el momento tocó retirada. Vende las acciones (a amigos de toda confianza), pero se reserva el control del diario (donde no se aplica la estrategia, sino el cuerpo de zapadores financieros), y a esperar mejores tiempos. En las trincheras quedaban Vilaseca y Forrellad. Vilaseca tenía asignada la tarea de reestructurar la redacción con la mayor sutileza posible para evitar el motín. Forrellad se encargaría del área económica, que ya precisaba de cuidados intensivos. Aunque ambos despachaban casi a diario en el cuartel general de Banca Catalana, Pujol ya no existía, ya no se presentaba por el diario, ni figuraba entre los accionistas, ni formaba parte del Consejo de Administración.

Vilaseca se emplea a fondo. Su primer paso es prescindir de Andrés Roselló, el director que había tenido el mérito indiscutible de haber llevado a El Correo Catalán a cotas de difusión que ya no se volverían a repetir. Según el estricto principio pujolista, las personas no se valoran por su eficacia, sino por su fidelidad. Roselló llevaba entonces veinte años como director del diario y las había visto de todos los colores. Un nuevo proyecto empresarial de estilo pujolista no estaba en su horizonte. Nuevas caras y nuevos personajes formaban parte de la nueva estrategia. La primera incorporación fue la de Josep Melià, personaje venido desde Madrid al que Pujol había asignado funciones suprarredaccionales y que aceleró en Roselló la decisión de dejar paso. Dada la proximidad de las elecciones, Vilaseca tenía instrucciones de encontrar un sustituto con urgencia y el relevo fue hallado en la persona de Llorenç Gomis. Se propagó la especie de que Pujol había decidido abandonar sus responsabilidades de todo orden en el diario. La redacción no lo vio del todo claro y las nuevas incorporaciones que hizo Gomis fueron boicoteadas por los redactores del periódico. Lo cierto es que Gomis hizo todo lo que estaba en su mano para dar un nuevo impulso al diario, que ya había iniciado un proceso de goteo continuo en el descenso de las ventas.

La fórmula no funciona. La hostilidad de la redacción se ha enquistado. Vilaseca tira la toalla y es el propio Pujol quien toma el relevo. Su único interlocutor, por vía telefónica o por entrevista personal fuera de las dependencias del diario, será el director Llorenç Gomis. Nada se dice este nuevo cambio empresarial. No hay nada que explicar; la única modificación oficial y aparente es la incorporación de Xavier Ribo Massó como presidente del Consejo de Administración. Este nuevo cambio produce todavía más confusión, aunque sólo será el principio. Cuando Pujol ya es presidente de la Generalitat, las obligaciones de su cargo le hacen delegar en Lluís Prenafeta. En 1981 Jordi Daroca releva a Gomis en la dirección del diario. No se ve qué fuerza puede hacer detener la inercia que arrastra hacia abajo a empresa y producto.

El 6 de enero de 1983 Xavier Ribó renuncia formalmente a la presidencia del Consejo de Administración, mientras que a los otros dos consejeros, Xavier Millet y Vicenç Oller, les cumple el tiempo de ocupación del cargo y no son reelegidos. Como nuevo consejero es nombrado Sebastià Alegre Roselló, vinculado a la eléctrica FECSA y regidor de CDC en el Ayuntamiento de Barcelona, que comienza a intervenir entre bastidores, como ya se ha hecho tradicional en la casa. Fomento de la Prensa S.A. atraviesa un periodo de absoluta confusión e incertidumbre y al poco tiempo Alegre dimite, asignándose la nueva consejería a Carles Sumarroca Coixet, miembro del Consejo Nacional de CDC y vinculado comercial y personalmente a la familia Pujol. Sumarroca es nombrado consejero y posteriormente presidente del Consejo de Administración.

Cuesta entender desde cualquier perspectiva el cúmulo de incoherencias que se introducen en la empresa. Cuando fue adquirido por Pujol, El Correo Catalán era un diario consolidado y centenario. Los anteriores propietarios acababan de realizar una encomiable reforma. El periódico había tenido su sede en las populosas Ramblas, en el número 124, local en el que se había asentado al poco de acabar la Guerra Civil, ocupando las dependencias del desaparecido rotativo Las Noticias. Cuando Pujol lo adquirió, el diario había sido trasladado al ensanche barcelonés[13]. Tecnológicamente estaba en primera línea, dada su recentísima instalación; su estructura empresarial era la adecuada, y en cuanto a la redacción, sin desmerecer las plantillas de los competidores de entonces, contaba con la flor y nata de los redactores, caracterizados por un carisma progresista en todos los sentidos que había propiciado un aumento espectacular en las ventas del diario. El Correo estaba fuertemente implantado en comarcas y, aunque nunca llegó a superar a El Noticiero Universal, las diferencias de tirada con éste eran mínimas. La Vanguardia aún quedaba lejos; no estaba a tiro de piedra, pero la evolución de El Correo había sido espectacular. En mejor posición no se podía partir.

Al analizar lo sucedido desde este punto de origen hasta el esperpéntico ocaso, lo que más conmueve es la muerte indigna del periódico. Si lo tenía todo a su favor en la posición inicial, la compra por Pujol parecía que aportaba un mayor activo. El nuevo dueño tenía un banco, Banca Catalana, que ya no era la Banca Dorna, el minúsculo banco origen del grupo, sino una entidad fuertemente implantada. Aparentemente también aportaba el apoyo de un partido y, a partir de 1980, el respaldo intangible del poder. No parece que con todos estos elementos se pudiera haber fracasado, y menos de manera tan escandalosa. Todo parece indicar que lo que falló fue la gestión, y como consecuencia de ello el producto. Una empresa editorial que cuenta con un producto tan sensible a múltiples factores como es un diario precisa de una sutileza aplicada en dosis salomónicas que la visión de Pujol no percibe. Se produjo así una concatenación de errores que condujeron a una continua pérdida de mercado, debida a la ilimitada manipulación. Cuando el interés por el periódico decreció, se empezó por regalar Gráficas Industriales S.A. al Grupo Zeta, lo que provocó un caos interno al tener que compartir local con otra publicación. Una raya pintada de color amarillo en el suelo de la sala de rotativas delimitaba los territorios de ambas.

Avatares mil y pocas soluciones. Es destacable un episodio ocurrido en 1982. El Correo Catalán tenía desde hacía años un contrato publicitario en exclusiva con Catalana de Publicidad S.A. Esta empresa cuidaba de la explotación comercial del diario y gestionaba con personal propio absolutamente toda la publicidad insertada, desde el más pequeño anuncio hasta las grandes campañas. Cuidaba de cobrarla de los anunciantes y, reteniéndose un importe por su gestión, liquidaba el diferencial al diario. Ocurrió que Víctor Sagi Publicidad S.A. hizo una sonada suspensión de pagos que llevó a su liquidación y que arrastró a todas las empresas del grupo, entre ellas a Catalana de Publicidad S.A.

Mientras que para los demás medios la suspensión de pagos de Víctor Sagi Publicidad S.A. pudo representar un 2 o 3% de la facturación no cobrada, para El Correo Catalán representó cuatro meses de facturación publicitaria no cobrada, dado que los pagos por este concepto eran aplazados. Los ingresos publicitarios representaban el 40% de los ingresos totales, lo que ciertamente obligaba a dedicar todos los esfuerzos posibles a recuperar el máximo del impagado. Sin embargo, El Correo Catalán no hizo absolutamente nada. ¿Motivo de la pasividad?: Víctor Sagi Vallmitjana, accionista mayoritario de Víctor Sagi Publicidad S.A., era amigo personal de Jordi Pujol. Pero, además, era fiduciario de las acciones de Pujol, ya que figuraba como titular de 11.072 acciones, el 7% del capital del diario[14]. No era cuestión de enfadarse, y menos por intereses de El Correo Catalán.

En 1981, los gestores de El Correo Catalán (que en la cúpula eran los mismos que los del Avui y que por entonces estaban presididos por Antoni Subirà) inician el proceso de acoplamiento de las estructuras organizativas de los dos diarios. Ya se imprimen en los mismos talleres y las redacciones están en el mismo edificio. Se da pues el primer paso a fin de constituir una sola gerencia para los dos diarios.

No parecía mala idea. No había ninguna razón para mantener dos estructuras paralelas duplicadas. Se empezó por unificar los departamentos comerciales, concretamente el de publicidad. La urgencia se debía a que El Correo Catalán carecía de él, tras el fiasco de Catalana de Publicidad S.A. Se constituyó una sociedad, Premsa i Publicitat S.A., y las delegaciones de Madrid se unificaron. La gestión encomendada a esta sociedad era la explotación publicitaria de ambos diarios, y su existencia se prolongó sólo el tiempo que se tardó en contactar con los anunciantes directos y las agencias de publicidad. No dio para más. Ahora la contraorden situaba el objetivo en el lado opuesto: cada uno por su cuenta. Aquí se acabaron las sinergias que unos meses antes eran la panacea de la gestión simplificada. Por cierto que la razón que se le dio a Llorenç Gomis para justificar su cese fue la imperiosa necesidad de llevar a cabo una reestructuración sinérgica.

La puntilla del desinterés de Pujol por el diario se dio el 11 de septiembre de 1983 con la puesta en marcha de TV3, la televisión pública de Cataluña. !Casi nada!, un medio como la televisión al servicio de los intereses pujolistas y, además, gratis. ¿Para qué preocuparse si pasamos de la bicicleta al jet, de cubrir un déficit a través del fondo de reptiles a disponer de resoluciones parlamentarias que asignan miles de millones? Sin embargo, todavía hay algo que puede interesar del diario, su staff de redacción. Si se cuenta con éste, ya adiestrado, ¿para qué adiestrar a otro? Así pues, el equipo en su totalidad es traspasado por fases a TV3.

Una anécdota que ilustra esta circunstancia se dio cuando, a una reunión celebrada en el despacho oficial de Pujol en la Generalitat, asistió Josep Moya Angeler como director de El Correo Catalán con la finalidad de exponer al president sus proyectos. Moya salió decepcionado de esta reunión. Se lamentaba amargamente de que ni siquiera había podido exponer sus proyectos de mejora del diario. Toda la reunión giró en torno al interés de Pujol por conocer detalles de una publicación que la editora de El Correo Catalán había puesto en circulación, Catalunya TV. Se trataba de una revista de aparición semanal y de contenido monográfico sobre la programación de televisión en la que se destacaba la información relativa al canal autonómico TV3. Cogido con el paso cambiado, Moya no supo qué responder. Aunque lógicamente lo conocía, estaba desvinculado de un proyecto que había sido promovido por el autor de este libro como gerente[15]. Ofrecí a la redacción del diario la elaboración de su contenido, pero ésta lo desestimó, razón por la cual era un equipo independiente el que cuidaba de su edición. Para Pujol, TV3 era el objetivo prioritario, y no estaba el president para oír hablar de marginalidades mediáticas como El Correo Catalán.

Es imposible entender las decisiones de frenopático que llegaban de la Plaça de Sant Jaume, en las que no había ni lógica, ni sentido común, ni nada que se le pareciera. Desde 1981 El Correo Catalán había estructurado su plantilla para poder imprimir el diario Avui [16]. Un buen día se personó en la redacción un notario con un escrito del que me hizo lectura, en el que se comunicaba la decisión fulminante y unilateral en virtud de la cual desde ese mismo momento dejaba de imprimirse el diario Avui en las dependencias de El Correo Catalán. En bien poco tiempo se había pasado de la imperiosa necesidad de la reorganización sinérgica al si te he visto no me acuerdo.

Muy oficial debía ser la decisión cuando se desplegó toda la parafernalia de los conductos notariales, sobre todo teniendo en cuenta que las oficinas de Avui estaban un solo piso por debajo de las de El Correo Catalán. Sin notificación previa, sin posibilidad de reestructurarse y con unos costes fijos derivados de la impresión conjunta, para El Correo Catalán, con una economía más que frágil, éste fue el tiro de gracia. Se trataba de una decisión difícil de entender, sobre todo considerando la reunión que poco tiempo atrás había tenido lugar en el despacho oficial de Jordi Pujol en la Generalitat de Cataluña, y a la que asistieron Lluís Prenafeta y Carles Sumarroca. En esta reunión se había analizado el futuro de El Correo Catalán y se decidió que era necesario contar con un diario escrito en castellano a la vista de la Operación Reformista que se estaba incubando. La única condición que se puso a la continuidad del diario era que sus costes fueran razonables, esbozándose incluso la posibilidad de que El Correo Catalán se convirtiera en un centro de operaciones conjuntas que aportase sinergias a determinada prensa comarcal, en cuyo desarrollo estaba interesado el aparato convergente.

La caótica situación resultó ser irreversible. El diario Avui pasó a imprimirse en los talleres de La Vanguardia y, acto seguido, Premsa Catalana S.A., como editora de Avui, adquirió una rotativa y la instaló en unos talleres en Badalona. El Correo Catalán quedó aislado de su entorno, y su presidente, Carles Sumarroca, dimitió el 10 de abril de 1985.

EL CIERRE Y EL FRAUDE DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS

Antes de que dimitiera Sumarroca como presidente lo había hecho como consejero Sebastiá Alegre. La desconexión con la propiedad es total. Nadie es nombrado para presidir el Consejo de Administración. Solo ante el peligro y amparado en los amplios poderes con los que fui facultado en el nombramiento, tengo que asumir la representación legal de la sociedad sin Consejo de Administración, sin interlocutor válido, sin directrices y en una situación auténticamente caótica. La responsabilidad obliga a mantener el diario activo, a pesar de lo debilitado de su economía y del varapalo que ha supuesto la decisión de Avui.

Si tradicionalmente los gestores de El Correo Catalán se habían caracterizado por actuar con una absoluta confusión y por generar incertidumbre, las últimas decisiones supusieron la apoteosis final. Los acontecimientos se sucedieron uno tras otro. Todos los vínculos cedieron ante la pasividad de los propietarios del diario, hasta que un buen día hizo su aparición Josep Lluís Rovira, quien aseguraba ser el relevo de Sumarroca. Su entrada en escena hizo pensar que continuaba vigente la consigna no escrita de que el diario tenía que seguir adelante. Rovira era presidente de la patronal Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) de clara influencia convergente. El nuevo directivo tenía un acentuado afán de notoriedad y unas clarísimas pretensiones de entrar en la vida política, en la que ya había participado de manera efímera. Rovira se presentó sin tener claro qué miembros del Consejo de Administración le iban a acompañar, ni de qué recursos económicos podía disponer. Lo único que tenía claro era que su intervención en El Correo Catalán estaba supeditada a la promesa de ser nombrado presidente del Fútbol Club Barcelona, que por aquel entonces renovaba su junta directiva. Ahí es nada.

Esperando acontecimientos, Rovira no pasa por la notaría para dar legitimidad a la sucesión en la presidencia del Consejo de Administración. Sí se dirige en cambio al staff de la redacción, al que anuncia su llegada para después de las vacaciones de la Semana Santa. Entretanto, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Lluís Núñez, hace un malabarismo de precipitación con los estatutos del club, que da lugar a una presentación en solitario de candidatos a la presidencia. Por falta de acuerdo con CiU, Rovira no obtiene ni tan siquiera un puesto en la junta directiva del club. Su plaza es cubierta por el hijo de Núñez. Estrambótico pero real.

A partir de este momento Rovira decide mantenerse a la sombra en el diario. Resulta ciertamente sorprendente que una propiedad que actúa desde la sombra se haga representar por un enviado que decide actuar, a su vez, desde la sombra de la sombra. La actuación de Rovira siempre es ambigua y equívoca, pero mientras está presente sigue persistiendo la conciencia de continuidad. Los acontecimientos continúan sucediéndose uno tras otro, pero esta vez están planificados, dándose el caso de que lo que aparentemente es pasividad se traduce en planificación no explicada.

El 16 de noviembre de 1985 deja de llegar a los lectores El Correo Catalán. Atrás quedan ciento diez años de historia. Apenas unas semanas antes Rovira me había encomendado un plan de viabilidad. Dicho plan, que para el 16 de noviembre ya estaba esbozado, tenía como condición previa e irrenunciable la consecución de una orden de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat por la que se aprobara la suspensión temporal de los contratos del personal de plantilla. Seis meses se consideraban suficientes para poder llevar a término la reestructuración del diario y para hallarse en condiciones de estar nuevamente en el mercado.

Los acontecimientos que después se desarrollaron indican de modo clarísimo que al iluminado de turno (siempre en la oscuridad de la sombra) se le abrieron los ojos con esta propuesta de plan. El personal de la plantilla, que había sido el mayor obstáculo para decantarse por la vía del cierre, tenía un camino que evidentemente había que reconducir por la senda del engaño. Que la Conselleria de Trabajo de la Generalitat autorizara la suspensión temporal parecía cosa hecha. El personal de la plantilla daría menos problemas en su casa cobrando el sueldo integro asegurado, pues en activo, como ya habían experimentado, la incertidumbre de cobrarlo de la empresa era mucho mayor. Después, cuando venciera el plazo de suspensión de los contratos, ya habrían pasado siete meses desde la inactividad del diario, ya que se preveía un mes de negociación. Cuando se comunicara a la plantilla que el proyecto de reconversión no se llevaba a termino habría, como es lógico, alguna reacción por parte de los trabajadores, pero en su mayor parte estarían desconectados y resignados.

La ocasión no se hace esperar. El 16 de noviembre de 1985 los trabajadores inician una huelga en demanda de los salarios pendientes. La orden que transmite Rovira, no iniciar negociaciones con el comité de huelga ni satisfacer los salarios pendientes, viene de la Plaça de Sant Jaume. El 27 de noviembre los trabajadores desconvocan la huelga, pero tengo órdenes de no reiniciar la actividad. Pujol conmina al consejero de Trabajo, Oriol Badia, para que, de forma rápida y sin trabas que aporten dilación alguna, su departamento apruebe la suspensión temporal de los contratos laborales. Con la velocidad del rayo, el 12 de diciembre se autoriza la suspensión de los contratos de la plantilla por un plazo de seis meses. La promesa de la reestructuración del diario está sobre la mesa de negociaciones.

El plan para la reconversión del diario no era una ficción. Se había realizado con imaginación pero, sobre todo, volviendo la vista atrás y analizando la labor que los anteriores gestores habían llevado a termino. En el plan se acotaban las posibilidades de error. Se habían cometido todos los posibles, o tal vez uno solo, mil veces repetido. En definitiva, se sabía lo que no se debía hacer, lo que no era poco. El plan, en el que habían trabajado varias personas especializadas en diferentes áreas, era un buen plan. Salvaba lo que se podía salvar y amputaba los males enquistados. Evidentemente, dada la situación, el capítulo económico centraba la mayor parte de la atención. Proponía soluciones en todos los ámbitos, con costes asignados minuciosamente. Era, en definitiva, preciso, real y, lo más importante, asumible. Nada de utopías: austeridad espartana, la cruda realidad.

La situación era crítica. Se partía del hecho de que no había liquidez en caja. La deuda era importante, pero relativa. Se encontraba dividida en sectores de deuda a proveedores corrientes, entre los que se contaban las instituciones de crédito y la deuda con el Estado (Seguridad Social y Hacienda)[17]. La deuda con los proveedores, muy dispersa, no era una cifra que pudiera considerarse inasumible. Por una parte, el crédito concedido por los proveedores al diario era limitado, dados los incumplimientos y aplazamientos crónicos de pago. El plan preveía llevar a cabo algunas quitas con dinero fresco, que por término medio representaban dos tercios de condonación de la deuda. La condición de realizar los pagos con dinero en efectivo y de una sola vez que se solicitaba a los desconocidos propietarios (lo de desconocidos es un eufemismo); constituía una variante de la modalidad de pago a través del hombre del maletín, nombre con el que se conocía en la empresa al personaje al que cada mes le tocaba cubrir las nóminas del personal.

Uno de los aspectos más cuidados del plan era el que se ocupaba de todo lo relativo al personal en plantilla. En primer término lo que trataba de garantizar, y garantizaba, era el cobro de los emolumentos de todo el personal. Se había propuesto y conseguido un periodo de seis meses de suspensión de los contratos laborales, con cargo a los fondos de desempleo, tiempo que se creía suficiente para reiniciar la actividad una vez reestructurado el diario[18]. Las restricciones de plantilla no afectaban a la redacción, que, por el contrario, se incrementaba. El objetivo prioritario del plan, para exponerlo de una forma sintetizada, era orientar todos los recursos hacia el producto, dotando a la redacción de los elementos necesarios para elaborar un diario digno y competitivo. El resto de la estructura se comprimía hasta los mínimos operativos. El Correo Catalán sólo contaría con una redacción, delegando en terceros la actividad impresora y comercial.

En el epílogo del plan estaba diáfanamente expuesta la necesidad perentoria de pluralidad en el medio, entendiendo que el que aportaba el capital necesario debería obtener algún rendimiento, pero éste habría de limitarse a momentos excepcionales y no debería en ningún caso transformarse en el aplauso diario que, por repetitivo, acaba por descalificarse a sí mismo. Otra importante cuestión que trataba de resolver el plan era la ambigüedad de la propiedad. Se planteaba poner la cabecera del diario en manos de una nueva sociedad[19], que en teoría era la que aportaba la inversión requerida. La asignación debería hacerse por la sencilla fórmula del alquiler de la explotación de la cabecera durante un periodo de cincuenta años.

En un principio, el plan fue aprobado, e incluso llegaron recursos financieros que ya preveía el mismo plan para la adquisición de equipos de fotocomposición y tratamiento de textos. Se firmó un contrato con la empresa suministradora y se efectuó el primer pago. Como había sido tradicional en los propietarios de El Correo Catalán, hubo cambio de planes. El proyecto iniciado no fue bendecido y se canonizó otro distinto. La decisión la tomó en este caso Lluís Prenafeta. Lo que no se sabe es cómo se le vendió a Pujol el asunto, pero indiscutiblemente tuvo que dar su aprobación para que Prenafeta tomara la decisión de iniciar otro proyecto y llevarlo por el camino de las piedras.

Prenafeta mantenía con Miquel Roca un tradicional pulso por el control ideológico del diario. Roca había conseguido imponer a Moya Angeler como director, que fue el último que tuvo el diario. En esta lucha interna por el control, Prenafeta tenía la sartén por el mango, ya que mantenía el control económico y además sus pretensiones eran en realidad las de elevarse a magnate de la prensa, convirtiéndose en editor. Esta confrontación de poder entre Prenafeta y Roca fue determinante para la continuidad de El Correo Catalán. En un trasunto del dicho «muerto el perro, se acabó la rabia», si el diario dejaba de existir a Roca sólo le quedaría su influencia sobre el diario Avui, su único baluarte, ya que TV3 era coto privado de Prenafeta. Y es este intento de apartar a Roca de controles mediáticos lo que hace germinar la idea de El Observador, otro coto privado de Prenafeta, desde el que incluso se atacará con saña a Miquel Roca. Unos años más tarde, el propio Prenafeta manifestaría lo que entonces se estaba cociendo: «Lo que estoy haciendo con El Observador merece el Pulitzer. He empezado peor que el ciudadano Kane», afirmaba, haciendo referencia a William Randolph Hearst, a quien pretendía emular.

La alternativa al proyecto de reconversión de El Correo Catalán, que no era traumático y eliminaba el espinoso tema de la suspensión de pagos, fue el cierre del diario. En el mejor de los casos, los recursos económicos a aplicar en el mal cierre de la empresa editora, desprendiéndose de la plantilla de mala manera y maquillando una quiebra técnica y real, eran mucho mayores que los requeridos para aplicar en el proyecto de reconversión. No fue un error, por la simple razón que los errores intencionados son engaño. Hubo una verdadera intención de engaño. Nadie es tan irracional como para gastar más en romper algo que en ponerle arreglo. El tiempo ha demostrado que, con una cuarta parte de los recursos financieros aplicados en El Observador, se podría haber reconvertido El Correo Catalán, y con muchísimas más garantías de consolidación.

Una vez decidida la no continuidad del diario, se me vendió la idea de que la decisión era poner en marcha un nuevo diario[20]. El nuevo proyecto se construiría a partir de las cenizas de El Correo Catalán, pero previamente había que culminar la fase de desintegración de este último. El personal sería despedido y la nueva sociedad lo recontrataría nuevamente, eliminando de esta forma a los conflictivos y a los innecesarios. A los acreedores se les plantearía a través de la suspensión de pagos un convenio de liquidación en el que tendrían que asumir quitas de sus créditos en términos razonables. Nada de esto se hizo, y entre los incautos me puedo contar yo. Convencido plenamente de la honorabilidad de estos personajes que tienen en sus manos el poder político de Cataluña, acepté sin titubeos asumir la representación legal de la sociedad como administrador único[21].

Entretanto, al nuevo plan le aparecían nubes de tormenta. Se acercaba el 9 de junio, fecha en la que finalizaba el plazo de suspensión de los contratos laborales. El plan de reconversión trasmitido a los trabajadores se había quedado en el umbral del proyecto. Había que comunicar la decisión del cierre.

Un acontecimiento no previsible lo aportó Felipe González como presidente del ejecutivo central al convocar anticipadamente elecciones generales para el 20 de junio, día en el que debía de celebrarse el apoteósico triunfo convergente y reformista. En la Operación Roca se habían invertido más de 5.000 millones de pesetas, y no era el momento de aguar la fiesta. Además, el 9 de junio, fecha de la reincorporación de la plantilla a su actividad, coincidía de lleno con la campaña electoral. Había que inventar algo, y qué mejor excusa para un periodo estival que las vacaciones. No había motivo de preocupación, y prueba de ello era que se iban a hacer efectivas en metálico y por adelantado la paga extraordinaria de vacaciones y la mensualidad correspondiente.

La campaña electoral se desarrolló sin incidentes ni movilizaciones por parte de los trabajadores, ingenuos ellos y desconocedores de lo que se les venía encima. El resultado electoral corrió paralelo al denominador común de la sorpresa y el batacazo que se llevaron unos y otros. Miquel Roca cosechó el mayor fracaso electoral conocido hasta la fecha. Los convergentes, con Pujol a la cabeza, miraban para otro lado. Los trabajadores de El Correo Catalán, que debían incorporarse a su actividad laboral con el diario ya reestructurado el 9 de julio, se enteraron de que el día 5 la sociedad Fomento de la Prensa S.A., editora de el diario, había presentado suspensión de pagos en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barcelona. Y no quedaban aquí las sorpresas. El 8 de julio se había solicitado permiso a la autoridad laboral para despedir a toda la plantilla.

Pocas plantillas en la historia de la conflictividad laboral, por no decir ninguna, han sido privadas de este modo de sus más elementales derechos. La autoridad laboral, rendida a los pies de la empresa convergente, acataba sin rechistar sus tesis. Los trabajadores fueron despedidos sin siquiera darles las gracias, sin una indemnización digna y forzados por escrito a renunciar a cualquier acción penal contra los directivos actuales o anteriores. El 23 de septiembre se consumó el despido. Lo que desconocieron los trabajadores del diario es que fueron traicionados por su propio abogado.

Josep Lluís Rovira, a través del abogado Antonio Peñarroja, persuadió al letrado que representaba los intereses de los trabajadores, para que su gestión en defensa de sus representados tendiera al apaciguamiento, derivara hacia cuestiones intrascendentes y les convenciera de que nada se podía hacer. Para esa acción epistolar se entregó a Peñarroja la cantidad de cuatro millones de la época, de manera que el abogado de los trabajadores se embolsó esa bonita suma, independientemente de la parte alícuota que cobró a éstos por la indemnización del Fondo de Garantía Salarial.

En el momento de la suspensión de pagos, el 5 de julio de 1986, en el activo de la sociedad no figura el patrimonio inmobiliario, que de haber figurado, correspondería prioritariamente a los trabajadores por deudas salariales pendientes. El 4 de diciembre de 1985 la notaría de don José Luis Guasch Riudor, con el número de protocolo 2.887, extiende una escritura de adjudicación de pago parcial en la que Banca Catalana se adjudica el patrimonio inmobiliario de Fomento de la Prensa S.A. A cambio se cancelan préstamos, créditos, efectos impagados, descubiertos en cuenta corriente e intereses por la cuantía de 169.500.000 pesetas. Es más, Banca Catalana entrega 17.500.000 pesetas que no se aplican a la sociedad, sino que se justifican en un contrato privado por prestaciones publicitarias que nunca se realizan. Esta operación lesionó los intereses de los trabajadores, prioritarios en la adjudicación del inmueble, tanto por deudas salariales pendientes como por indemnización por despido. Mientras tanto el abogado de los trabajadores del diario sufría de estrabismo agudo.

Sustraído del activo de la sociedad editora el único bien con valor, a El Correo Catalán sólo le quedaba humo frente a las deudas. Pero Prenafeta tenía la solución mágica. Solución que sólo desde la impunidad del poder se puede acometer: maquillar una quiebra y convertirla en una suspensión de pagos, y ésta en un fraude. No se regatearon esfuerzos. Josep Lluís Rovira, actuando en la sombra de la sombra de Pujol, contactó con el abogado Antoni Peñarroja, y se pusieron manos a la obra.

Se trataba de realizar el milagro de los panes y los peces o, lo que es lo mismo, dotar al activo de la sociedad de un valor que fuera superior al pasivo, que era todo lo que se debía. Si la sociedad no tenía activos había que inventarlos, y una vez inventados dotarlos de un valor, el que fuera, con tal que este valor superara al de las deudas contraídas. Elemental; por este procedimiento ninguna quiebra se hubiera llevado a término en este país, pero la magia del poder tiene sus recursos.

Había que hacer la cuadratura del círculo, y se hizo. Se contrataron los servicios de Gregorio Briz Ybaseta y Manuel Hernández Gómez como peritos de toda solvencia para asignar valoración a los activos de la sociedad. Hernández sería designado como interventor judicial de la suspensión de pagos por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barcelona, cuyo magistrado en funciones de suplencia era José Carlos Ruiz de Velasco. Los interventores judiciales deben garantizar los intereses de los acreedores, auditando las cuentas de la empresa. La cuadratura del círculo estaba hecha.

Manuel Hernández es habitual interventor y comisario en centenares de procedimientos concúrsales en la provincia de Barcelona, y acapara una tras otra suspensiones de pagos y quiebras. Hernández figura en el anuario Interprés como el más favorecido en designaciones en los últimos años. Intervino en la quiebra de la sociedad constructora Marsal 1 S.A. como comisario, en un procedimiento que fue finalmente señalado por la magistrada que atendía el caso como quiebra fraudulenta. La intervención en esta quiebra de Manuel Hernández está descrita con todo detalle en el libro de Amador Contreras Casas titulado Quiebras y Suspensiones de Pagos S.A. El Gran Tongo. Hernández ha hecho estragos, en conjunto y por separado, en múltiples procedimientos concúrsales.

Los peritos, que posteriormente se reconvertirían en interventores judiciales, empezaron su labor. La retribución que se les asignaba bien valía la pena. Se empezó a valorar el activo y se asignaron 572 millones al valor intangible de la cabecera de El Correo Catalán. Nada más lejos de la realidad, ya que, como pudo comprobarse posteriormente, por ella no se obtuvo valor alguno. Un total de 112 millones se asignaron al valor del archivo documental del diario, que acabó abandonado en un almacén. Posteriormente, a través de una serie de triquiñuelas en el juzgado, el diario Avui se hizo con él sin coste alguno. A la maquinaria absolutamente obsoleta que se retiró del local social y se dejó abandonada en un almacén se le asignó una valoración de 226 millones de pesetas. La valoración de los activos, prácticamente inexistentes, fue de 136 millones. El total del activo se valoró en la bonita cifra de 1.046 millones.

Si la sociedad editora del El Correo Catalán no tenía valor alguno con que responder a sus deudas, ahora ya lo tenía. Los mágicos recursos del poder hacen maravillas. Había que sacar plomo de las alas del pasivo. Tampoco era cuestión de que las entidades de crédito acreedoras de la sociedad comenzaran a poner palos entre las ruedas por medio de sus implacables departamentos jurídicos. A través de una serie de cartas, Prenafeta convenció a las cajas de ahorro y bancos de la conveniencia de aceptar quitas por la deuda de El Correo Catalán. Las entidades de crédito entendieron el mensaje. No era oportuno contradecir a un impositor de recursos financieros como la Generalitat de Cataluña.

El objetivo era mantener las deudas con proveedores comunes y las que se mantenían con el Estado[22]. El pasivo ascendía a 757 millones, que estaban garantizados más que suficientemente por el activo de la sociedad, hinchado como un globo. Otro de los elementos implicados en la reducción del pasivo exigible era el proveedor La Papelera Española S.A., suministrador de papel para la edición del diario, con el que la deuda era de tal cuantía que los fondos disponibles no permitían ni presentar una quita. Esta sociedad suministradora pertenecía al grupo industrial del Banco de Bilbao. Su presidente, Sánchez Asiaín, pacta con Miquel Roca la no exigibilidad de la deuda. Se incluye en los acuerdos de cancelación de deudas contraídas por el desaguisado económico que representó la Operación Reformista. Parte se instrumentaliza y pasa a asumirla Premsa Catalana S.A., editora del diario Avui, y éste recibe como compensación financiación a través de facturas falsas de publicidad de Casinos de Catalunya. Lo cierto es que en el balance maquillado de El Correo Catalán nunca se hizo constar esta deuda con La Papelera Española S.A. y nunca fue reclamada.

Explicado así, el asunto parece un artificio imposible de sostener. Pero faltaba la prueba de fuego, su paso por el juzgado. Interesaba que la suspensión de pagos fuera a recaer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona. Su titular, el magistrado Joaquín García Lavernia, no hacía mucho había sido apartado de su cargo, juzgado y sentenciado a cuatro años de reclusión por su participación deshonesta e interesada en suspensiones de pagos por él tramitadas. Esta intervención lo había llevado a la prisión Lérida-2, que es donde se encontraba cuando la suspensión de pagos de la sociedad Fomento de la Prensa S.A. fue a parar a su juzgado. En la Cárcel Modelo cumplían condena otras personas que también habían sido condenadas en el mismo juicio[23].

El sistema judicial tiene establecidas unas normas en el reparto y asignación del juzgado que atenderá las causas que diariamente se presentan. Utiliza un método aleatorio para garantizar que las causas presentadas recaigan en un juzgado cualquiera. Hasta aquí la teoría. Estas normas son ineludibles pero, en manos de expertos traficantes de la abogacía, se convierten en un juego de niños. Las normas aleatorias se resumen en que si la última suspensión de pagos presentada se adjudicó al Juzgado número 22, la siguiente que se presente recaerá en el juzgado número 23. Sólo es cuestión de esperar turno.

Si se tiene prisa, el procedimiento puede ser otro. Las normas de reparto clasifican los asuntos por grupos o clases, dependiendo de su naturaleza. Si, como producto de esa rotación, a un juzgado determinado le corresponde hacerse cargo de una clasificación concreta, nada mejor que cambiar la clasificación. Esto es lo que pasó con la suspensión de pagos presentada por Fomento de la Prensa S.A. La clase 6ª es la correspondiente a los «Expedientes de quita y espera y suspensiones de pago», indudablemente con la que tenía que ser clasificada. Sin embargo fue clasificada, según consta en el libro de turnos, con la clase 8ª, correspondiente a «Diligencias preparatorias de ejecución, juicios ejecutivos». Nada que ver con el asunto presentado.

Pues bien, ya estamos en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barcelona. El sistema judicial no atribuye al magistrado la facultad ni el deber de pronunciarse sobre las valoraciones asignadas a la estructura del balance de una sociedad que presenta suspensión de pagos. El juez se limita a comprobar que la cantidad asignada como activo sea superior a la asignada como pasivo, y como entiende sólo de leyes, la cuestión numérica es traspasada por la designación de expertos contables, función que se les atribuye a los interventores judiciales que son nombrados por el juez.

Lo que sí es facultad y deber del magistrado es exigir, junto a la documentación de los libros contables, el acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas que aprueba la acción concursal. En el caso que nos ocupa, este acuerdo de la junta de accionistas no se presenta al juzgado, ni en este momento, ni posteriormente dentro del plazo que fija la ley, ni nunca. La convocatoria de la junta no se realizó. No se remitió citación a tal efecto a los accionistas que figuran en el Libro de Acciones de la sociedad, evidentemente por su carácter de fiduciarios[24], sino que solamente se insertó el anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los fiduciarios representaban 79.704 acciones, el 50,6% del capital, justo lo necesario frente a las 157.270 acciones que figuraban inscritas en el registro de accionistas de la sociedad. Algo debió suceder, porque no se levantó acta de la Junta General de Accionistas, y no aparece inscrita en el Registro Mercantil. Tal vez alguien se negó a firmar o consideró que una cosa es estar en la sombra y la otra dar la cara. No importa; esa mano mágica, que antes de que fuera presentada la suspensión de pagos de El Correo Catalán en el juzgado conocía qué interventores judiciales serían nombrados por el juez y allanaría todos los problemas, fue meciendo la cuna del expediente de suspensión hasta que alcanzó el sueño eterno en el juzgado.

Cuatro magistrados tuvieron que ver con el expediente de suspensión de pagos. El primero fue el juez José Carlos Ruiz de Velasco, incorporado sólo dos meses antes al Juzgado número 2. Aceptó la tramitación de la suspensión de pagos, con independencia de la valoración de los activos (aunque saltaba a la vista que el 80% de ellos eran intangibles) sin la pertinente certificación en la que la propiedad de la sociedad debería haber dado su aprobación a la acción concursal. Cometiendo falsedad de documento público en acta notarial, los interventores judiciales afirmaron que la junta se celebró el día 31 de junio de 1986. El magistrado debió sobreseer el expediente[25], pero no lo hizo, y el 30 de julio fue trasladado a otro juzgado.

Empiezan los lógicos problemas, pero no importa. La mano mágica tiene soluciones para todo. El interventor-acreedor de la Tesorería General de la Seguridad Social, cansado de que los interventores designados judicialmente obstaculicen su labor, dirige un escrito al magistrado en estos términos: «No he podido ejercer las funciones específicas que son propias del cargo debido a que ha sido bloqueada la información necesaria para ello, sin poder participar en la elaboración del Dictamen suscrito por los otros interventores». ¡Casi nada! En esta declaración se le dice a su señoría que se le cierra el paso. La Tesorería General de la Seguridad Social se niega a firmar el dictamen, ya que se percata que los activos de la sociedad no son más que humo. Este escrito es dirigido al magistrado José Luis Jordi Tolosa, que se ha hecho cargo del Juzgado de Primera Instancia número 2.

Los interventores judiciales dirigen a este magistrado su informe de ratificación de las valoraciones, hinchadas como globos. La peritación inicial está firmada por Gregorio Briz Ybaseta, quien, cubriéndose las espaldas, hacia el final de su informe hace mención de que esta valoración sólo se debe tener en cuenta si el diario está activo, es decir, si mantiene su actividad diaria[26]. En otro de los párrafos manifiesta que «la otra razón importante es la viabilidad de la empresa, sin cuyo requisito las expectativas del super beneficio y su base de cálculo carecerían de sentido».

Aprovechando la extensión de los informes y el hecho de que nadie los lee, los interventores judiciales se ratifican en la valoración y hacen constar que el diario esta inactivo. Literalmente, «la actividad industrial de la empresa es nula». A pesar de esta incoherencia se admite la valoración, lo que resulta determinante para la aceptación de la suspensión de pagos. Era evidente que, en el momento de sustanciarse el expediente de suspensión de pagos, el diario llevaba más de seis meses inactivo. En este documento se aprecia la absoluta parcialidad de los interventores. Con fecha 28 de noviembre, cuatro meses después de la presentación, el magistrado concede mediante auto la situación legal de suspensión de pagos.

Ya se ha transitado de quiebra a situación legal de suspensión de pagos. Los recursos del poder y la intervención de la mano mágica lo han hecho posible. Ahora hay que sortear de la mejor manera posible esta nueva situación. Los acreedores pueden solicitar la quiebra de la sociedad y ello complicaría las cosas, y mucho. Pero no hay problema: se dispone de soluciones para todo. Por una parte se había convocado Junta General de Acreedores para el 10 de noviembre de 1987 y, por otra, se solicitó al juez que la instrucción se realizase mediante procedimiento escrito, conforme a derecho. Ello era posible al haber un número de acreedores superior a 400. En un principio el número de acreedores no llegaba a esta cifra, pero se mantuvo como acreedores a quienes no lo eran para poder alcanzarla. El magistrado, que ya era otro, Agustín Ferrer, accedió a que el procedimiento se desarrollase por escrito, ordenando proveer la publicidad preceptuada por la ley: edictos y anuncios en los diarios oficiales. Además, ordenó que se remitiera telegrama urgente a los acreedores, para que estos tuvieran conocimiento de la suspensión de la Junta y la sustitución de ésta. Sin embargo, no se envió ningún telegrama, y los anuncios oficiales se publicaron días después de la fecha de la convocatoria. Nadie se enteró de que la Junta se había suspendido, que era lo que se pretendía. Los acreedores se presentaron a la Junta, y su sorpresa fue mayúscula cuando, después de horas de espera, no comparecieron ni el juez ni el secretario, ni los interventores judiciales, ni nadie.

A uno de los acreedores, de nombre Eduardo Lizarraga, desplazado desde Guipúzcoa, le parece que la broma es de mal gusto: encima de que no le pagan lo torean. Ni corto ni perezoso, solicita la comparecencia de la Guardia Civil para que levante atestado de que en la sala, debidamente convocados, se encuentran los muchos acreedores en espera de la presencia del juez y el secretario, que brillan por su ausencia. Adjuntando este atestado de la Guardia Civil, Eduardo Lizarraga dirige un escrito de queja al Consejo General del Poder Judicial, que es trasladado a la Comisión Disciplinaria y de allí remitido al Juzgado de Primera Instancia número 2. Entretanto se produce un nuevo cambio en el juzgado, que ahora es atendido por la magistrada María del Mar Ortega Arias. La juez contesta a los requerimientos del CGPJ exponiendo que la Junta se había suspendido y que al hecho se le había dado toda la publicidad debida, incluso con notificación por telegrama urgente a los convocantes acreedores. Aunque no es cierto, la Comisión Disciplinaria ni se molesta en hacer comprobación alguna.

La magistrada Ortega Arias, ahora titular del Juzgado de Primera Instancia 40 de Barcelona, no es un ejemplo a seguir por la judicatura. En los últimos años ha sido objeto de varios expedientes disciplinarios, que han corrido paralelos a la acumulación de una pequeña fortuna. La juez dispone de un patrimonio personal de 400 millones, con una retribución económica de algo menos de 500.000 pesetas mensuales por su salario. Un sueldo que debe dar para mucho, cuando dos créditos hipotecarios, que son atendidos mensualmente, ascienden a 670.000 pesetas. A los expedientes disciplinarios hay que añadir numerosas denuncias por presunta prevaricación, quejas a causa de sus resoluciones, en muchas ocasiones totalmente arbitrarias, y denuncia de un funcionario por acoso sexual. La adquisición del patrimonio inmobiliario de la juez merece el reconocimiento de una sagacidad que para sí quisiera el magnate norteamericano Donald Trump. La juez adquirió por sólo 15 millones un ático de 600 metros cuadrados valorado en 140 millones en el aristocrático barrio de Pedralbes de Barcelona, una casa tasada en 64 millones por tan sólo 5, y un piso tasado en 45 millones por 13.

Siguiendo con la indefensión de los acreedores, la tramitación escrita del procedimiento continúa su curso y, al no reunirse las adhesiones suficientes al convenio, la magistrada sobresee la suspensión de pagos. Nadie se ha enterado de nada. Los acreedores, a los que nadie ha comunicado la desconvocatoria de la Junta, todavía esperan. Más aún, no se da la suficiente publicidad al sobreseimiento de la suspensión, tal como la magistrada ordena en su auto publicado en los boletines oficiales del Estado y de la Provincia. Difícilmente pueden los acreedores proceder a instar la quiebra de El Correo Catalán sin disponer de esta vital información.

Se trata de una auténtica obra de arte. «La feina ben feta no te fronteras». La mano mágica ha conducido una quiebra multimillonaria hasta convertirla en una suspensión de pagos sobreseída, y sin pagar una sola peseta a los acreedores. Dicho de otra manera, de los más de 1.000 millones de pesetas de los activos de El Correo Catalán que los interventores certifican, los infelices acreedores no son capaces de cobrar ni una sola peseta. La administración de justicia al servicio del ciudadano (el vuelva usted mañana) resucita de las catacumbas. Los perjudicados no fueron sólo los acreedores. También la plantilla de la empresa debió situarse en posición preeminente en la reclamación de sus haberes pendientes. Pero la mano mágica cuidó de que no fuera así.

El 28 de noviembre de 1986, justo el mismo día que es firmado por el juez el auto de situación legal de suspensión de pagos, los interventores judiciales recibieron un auto de la Magistratura de Trabajo número 10 en el que se ordenaba que se incluyesen en la suspensión de pagos los importes correspondientes a diversas reclamaciones instadas por los trabajadores, y que el juez consideraba que ascendían a 109.514.538 pesetas, más 3.000.000 en concepto de costas. Sorprendentemente, los interventores dan por válida la cantidad que en concepto de deudas con los trabajadores reflejaba inicialmente el balance. Dicha cantidad, que se estableció de manera totalmente aleatoria, se cifró en unos 10 millones de pesetas. El interés de los interventores judiciales en no reconocer el auto de la Magistratura del Trabajo número 10 es evidente, después de las oportunas correcciones, que ya quedaron pactadas previamente. Si se incluía esta orden judicial, el pasivo superaba al activo, lo que representaba pasar de insolvencia provisional a quiebra. Ése no era el camino. La contraposición de justicia para pobres y justicia para ricos ha sido un concepto tradicional que el ciudadano aún mantiene enquistado en su memoria. Sin embargo la noción de justicia para los poderosos aún esta por conocer.

El 8 de octubre de 1995, en las páginas de la edición nacional del diario ABC salió publicada una entrevista que me hace el periodista José Clemente y en la que contestaba a preguntas que se me formulaban sobre la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya en su relación con el caso Casinos y El Correo Catalán. En el contexto de la entrevista decía: «Pongo en evidencia que hay irregularidades incluso de orden judicial y que algunas de estas irregularidades se han cometido con la participación interesada de un juez. Concretamente yo canalicé fondos por valor de casi 20 millones de pesetas para que el juez resolviera de una forma conveniente la quiebra de la empresa. Con fondos del Grupo Casinos y otros la sociedad Fomento de la Prensa S.A. presentó fraudulentamente suspensión de pagos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona el 5 de julio de 1986. La sociedad estaba en quiebra y, con la presunta autorización de Pujol y la intervención interesada del magistrado Ruiz de Velasco y de los interventores judiciales se maquilló fraudulentamente el balance de la empresa…».

Estas declaraciones al diario ABC me llevaron a los tribunales de justicia. La Asociación Profesional de Magistrados, el núcleo más conservador de la judicatura, pidió al fiscal general del Estado que se abrieran diligencias, y éstas fueron transferidas a la jurisdicción de Barcelona. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia las inició solicitando comparecencia, tras lo cual fueron trasladadas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se incoó procedimiento penal, recayendo la designación de ponente en el magistrado Jesús Corbal Fernández, que inició las diligencias previas. Antes de profundizar en ellas, se ha de dejar constancia de que todo lo expuesto en este texto referente a la suspensión de pagos de El Correo Catalán tiene carácter documental y probatorio. En consecuencia, afirmo que me fue ordenado que extendiese talones bancarios al portador y desglosados en diferentes cantidades hasta totalizar casi 20 millones, para que le fueran entregados al abogado Antonio Peñarroja.

Fue José Luis Rovira que dio la orden de pago, argumentando que debían cubrirse gastos para la tramitación de la suspensión de pagos. Estos fondos no salieron de las cuentas de la sociedad, sino de una cuenta personal puesta a mi nombre y alimentada por Rovira, siempre en la sombra. Ya presentada la suspensión de pagos, solicité al abogado Peñarroja que extendiera minuta y recibos por la provisión de fondos entregada en talones al portador. Sin embargo, el letrado se negó a ello y, sorprendentemente, manifestó que «a quién se le ocurre solicitar minuta y recibos de una cantidad que inconfesablemente se ha destinado a pagar al juzgado por el buen fin del expediente; la minuta está por pagar». La minuta nunca fue extendida, a pesar del requerimiento que Hacienda solicitó a la empresa para conocer la cuantía de los gastos en abogados e interventores judiciales.

Con posterioridad se hicieron otros pagos que se justificaron como cancelación de la teórica minuta de honorarios de letrados, procuradores e interventores. Tal como se desarrollaron los acontecimientos, lo manifestado en la entrevista de ABC no tenía nada de extraordinario. El único pero radicaba en el hecho de haber citado el nombre del juez. Lo cierto es que Peñarroja había manifestado que los fondos inconfesables estaban destinados a pagar al juzgado. Cualquier ciudadano entiende que el juez es el garante de la legalidad. Si no fuera así, los litigios no se llevarían a los juzgados, pero no vale la pena disertar sobre este concepto.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inicia diligencias, dejando una permanente espada de Damocles sobre mi cabeza. Si no quedan diáfanamente precisadas y demostradas las manifestaciones vertidas en ABC, las instrucciones del magistrado Jesús Corbal pueden derivar en un proceso de injurias y calumnias que acabe camino de Carabanchel. El magistrado, indignado en grado sumo, no trasluce imparcialidad alguna y no se abstiene de anunciar intenciones: «Si yo fuera el juez que usted ha mencionado en las declaraciones a la prensa, de inmediato hubiera puesto una querella criminal. Considero gravísima su actitud». Estas manifestaciones las realiza antes de dar inicio a la instrucción: el corporativismo que no falte. Si tan graves fueron aquellas declaraciones mías en la prensa, el magistrado no tardó en ver otras, también en la prensa, muchísimo más contundentes. Quizás fue un aviso a navegantes.

Pujol había asistido a un congreso de estudiantes de la universidad privada Ramón Llull en el que se debatía el tema «Corrupción y sociedad». Sorprendentemente, después de disertar sobre la financiación de los partidos y el misterio que los rodea, precisó con vehemencia que en El Periódico de Catalunya del 16 de diciembre de 1995 se había publicado el siguiente titular: «Pujol llama corruptos a los jueces que filtran informes a la prensa», al que se añadía el subtítulo «Acusa al juez y al fiscal del “caso Subirà” de haber actuado con falta de respeto». Ya no lo decía un ciudadano cualquiera, lo decía el presidente de la Generalitat de Cataluña en unas manifestaciones a la prensa que ponían en entredicho la honorabilidad de un juez y de un fiscal. Para más inri, El Periódico manifestaba: «Pujol aludía al sumario instruido por el juez Jesús Corbal y el fiscal Carlos Jiménez Villarejo que relaciona al conseller de Industria, Antoni Subirà, con un presunto delito de cohecho».

Sí, el magistrado Jesús Corbal, el mismo que sólo unos días antes, y de forma categórica, exponía que unas manifestaciones referidas a un juez ponían al declarante camino de Carabanchel. La ley no es igual para todos. Para un ciudadano de a pie parece distinta que para el presidente de la Generalitat. A partir de entonces, Corbal debió de cambiar de opinión; no se iba a enfadar por una tontería como ésa.

Para seguir con la instrucción empecemos por el final. Pero antes conviene significar que el nombre del magistrado empieza a sonar en ese momento como futuro director del Centro de Estudios Jurídicos, por el que todos los jueces del país han de pasar antes de ejercer su función y que, aun dependiendo del Ministerio de Justicia, será ubicado en Cataluña como consecuencia de las pertinentes gestiones de la Generalitat. El cargo de director, para el que finalmente fue nombrado, tiene una importancia considerable.

En los razonamientos jurídicos del auto de fecha 9 de mayo de 1996 se lee: «Es preciso indicar en primer lugar que el objeto de la misma se reduce exclusivamente a la investigación tendente a comprobar si el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Carlos Ruiz de Velasco solicitó, percibió o se le ofreció alguna cantidad de dinero, con ocasión de ejercer su función de juez […]. Quedan fuera del ámbito del presente procedimiento todas las restantes cuestiones que no consistan específicamente en la expresada». Sólo es valido para la instrucción un único concepto, extraído del contexto general. Todo lo demás no se analiza: «Sólo se van a examinar las actuaciones practicadas que tengan algún interés en relación con la imputación que delimita el objeto de este asunto penal».

Continúan los razonamientos jurídicos: «El instructor no entra a considerar si es verdad o no que al Sr. Novoa se le pidió dinero para el Magistrado Sr. Ruiz, o para el que debía de conocer de la suspensión»[27]. Es una reiteración, pero en este caso resulta necesaria: todo lo expuesto sobre el proceso que siguió el expediente de suspensión de pagos de El Correo Catalán está documentado y consta. Así y todo, tales consideraciones son calificadas de «atrevidas, irreflexivas y sin el más mínimo soporte argumental».

Al ser etérea, la mano mágica no aparece. No hace falta tener el don de descifrar enigmas para percatarse de que ese alguien que dirigió la operación, llámese como se quiera llamar, sorteó con éxito todos los avatares a los que debió hacer frente el expediente. Cuatro magistrados del Juzgado de Primera Instancia número 2 tuvieron que ver con la suspensión de pagos. La lógica más elemental conduce a pensar que si durante el periodo de la tramitación de la suspensión de pagos por el juzgado pasaron un carrusel de magistrados, cada uno de ellos por un corto espacio de tiempo, éstos debieron ser asesorados por alguien de confianza.

El magistrado Ruiz de Velasco, que fue el que admitió la suspensión de pagos y designó a los interventores, manifestó que era el secretario del juzgado el que proponía los nombres. El juez, que no tenía ninguna referencia, ya que acababa de hacerse cargo del juzgado, aceptaba la propuesta en virtud de la confianza del funcionario. En cambio, el secretario del juzgado manifestó que no existía lista oficial alguna para la designación de interventores, y remitió esta decisión al juez. Respecto a la convocatoria de la celebración de la Junta, el magistrado «no lo recuerda, pero no lo controló». Lo normal es que el proceso lo controle el secretario y lo supervise el juez. Estas contradicciones hacen pensar en la influencia del secretario del juzgado, que disfrutó de la confianza del magistrado Ruiz de Velasco, al igual que de la de los tres que le sucedieron.

Juan Marine Sabé era secretario de este juzgado cuando todo el proceso se llevo a cabo. Posteriormente fue nombrado juez de instrucción y se hizo cargo del Juzgado número 20, para pasar después a ser juez de la Audiencia de Barcelona. Sin lugar a dudas una carrera fulgurante. Los servicios al poder son gratificados, pero no es una sola persona la que puede mover todos los hilos. Los juzgados de Barcelona se han visto asaltados por tramas organizadas que, conociendo a la perfección la forma de operar de la judicatura, la sorprenden por medio de una metodología encadenada mediante la cual resuelven a su favor causas que sin esta intervención hubieran dado resultados diferentes. Casualmente, Juan Piqué Vidal fue el abogado defensor del que había sido titular del juzgado que tramitó la suspensión de pagos de Fomento de la Prensa S.A. Piqué Vidal también ha estado relacionado en oscuras tramas, como la del magistrado procesado y condenado por prevaricación Luis Pascual Estevill, sin olvidar que fue el abogado defensor de Pujol en el caso de Banca Catalana.

Lo expuesto pone de manifiesto que toda esta astracanada tiene un responsable titular, que en cualquier país democrático hubiera tenido un tratamiento conforme a derecho. Porque aquí, quizás sea el punto donde puedo manifestar que esta maravilla de fraude a los acreedores y trabajadores del diario se realizó en mi nombre pero sin mi conocimiento, el primer incauto soy yo. Sin embargo, en este país idílico no hay lugar para imputaciones a honorables presidentes, ni tan siquiera mediante la aportación de pruebas documentales originales con firmas de puño y letra. Independientemente de los aspectos documentales, basta con emplear el más elemental de los sentidos, el sentido común, para afirmar que Jordi Pujol Soley es, posiblemente desde enero de 1970 y con seguridad desde el primer semestre de 1974, el propietario de la sociedad Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán. Los cuatro últimos directores del diario despachaban y recibían instrucciones de Pujol. Aun siendo conocida la expresión «Pujol es el primer redactor jefe de Cataluña», a buen seguro que los directores de La Vanguardia, El Periódico o El País, si es que reciben instrucciones, no las reciben de él, a diferencia de Roselló, Gomis, Daroca y Moya-Angeler, que sí las recibían. Andrés Roselló fue cesado por Pujol. Gomis fue cesado por Antoni Subirà, para colmo del disparate, era el presidente del Consejo de Administración de un diario competidor, Avui. A Daroca fue Prenafeta quien lo nombró jefe de Informativos de TV3. A Moya-Angeler fueron las circunstancias las que le hicieron abandonar, pero fue nombrado en principio por Miquel Roca.

El 29 de mayo de 1977 en la portada de El Correo figuraba de forma ostensible el titular «Jordi Pujol ha vendido sus acciones de El Correo Catalán». Ello sucedía tres días después de haberse realizado la supuesta transacción. A partir de esta fecha no hubo ningún cambio en la orientación y política de la empresa. La única modificación fue que Pujol dejó de pasarse por las dependencias del diario. Josep Maria Vilaseca quedó al frente de la sociedad, y cuando renunció a la presidencia comunicó a Gomis, el director que él había contratado, que Pujol se haría cargo de nuevo del diario. A partir de ahí las entrevistas con Pujol se harían en el despacho de éste en Paseo de Gracia. Un auténtico Guadiana de apariciones y desapariciones. Prenafeta tomó el relevo y los contactos con Daroca y Moya-Angeler fueron ocasionales.

A pesar de los avatares e infortunios de los supuestos accionistas de El Correo, que vieron cómo una gestión desastrosa fulminaba su capital en los quince años de la etapa Pujol, ninguno de ellos hizo llegar la menor crítica a la dirección. Si no las hubo es porque tales accionistas no existían. No se trataba más que de una lista de nombres y más nombres, y prueba de ello es que el máximo accionista nominal, Xavier Ribó Massó, con un paquete de 40.941 acciones representando el 26% del capital, no tiene la más remota idea de qué acciones tiene a su nombre; nunca pago una sola peseta por ellas. Ribó no era un cualquiera en la sociedad, era su presidente. Sus sucesores, Sebastiá Alegre y Carles Sumarroca, no tuvieron una sola acción. Ni en el crítico momento en el que se tomó la decisión en Junta Extraordinaria de Accionistas de conducir a la sociedad a la suspensión de pagos se les remitió a estos accionistas comunicación alguna para informarles de la convocatoria de la junta, sencillamente porque no existían.

El caso El Correo siguió abierto en los tribunales de justicia, a pesar que el 10 de mayo de 1996 el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Corbal, archivo la investigación por cohecho al carecer de base, como se ha narrado en páginas anteriores. Optó por la vía fácil, entre Salomón y Pilatos. Decisión salomónica porque, si no era cohecho, entonces se trataba de injurias y calumnias que prometían el camino a Carabanchel. Al final, ni una cosa ni la otra; todo quedó en una contundente reprimenda al autor por temerario e inconsciente. De Pilatos era el hecho de lavarse las manos respecto de un feo asunto: el magistrado no quiso aceptar la documentación que acreditaba la propiedad del diario por parte de Pujol, a pesar de los reiterados ofrecimientos. Optó por remitir copia de las actuaciones al decano de los juzgados de Barcelona para que el juzgado correspondiente «conozca y decida con total libertad de criterio acerca de los demás imputados y hechos» relativos al caso.

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 2, que inició las diligencias previas por estafa en la suspensión de pagos de Fomento de la Prensa S.A. La juez María Eugenia Canal, titular del juzgado, citó a declarar al autor de este libro el 23 de septiembre en calidad de testigo. La magistrada no estaba interesada en conocer quién ostentaba la propiedad de la empresa a la cual se investigaba por estafa; ésta no era pregunta a la que el testigo debía responder. Al final, con más pena que gloria y sin citar a declarar a ninguno de los implicados, el caso fue archivado. «Què he fet? Tantes coses».

TV3: el buque insignia

«El campo de la prensa exige una dedicación casi exclusiva, y si no se puede uno dedicar a él, y yo no podía, es mejor dejarlo. El caso es que cuando pude, me desenganché de este campo, al que no pienso volver nunca más». Estas declaraciones las hizo Jordi Pujol a la revista L’Avenç en junio de 1982, ya como presidente de la Generalitat. El profano que leyera estas manifestaciones podía sacar la conclusión de que el interés del president en sector de los medios de comunicación pertenecía al pasado. Nada más lejos de la realidad. El elemento clave de ese interés es el continuo desengaño con dosis de frustración, ya que todos los proyectos mediáticos de prensa general, radio y semanarios en los que ha participado han tenido un mismo resultado. La década siguiente a su incursión en los medios de comunicación estuvo marcada por los acontecimientos políticos. Una transición y el inicio de una etapa democrática no se hacen cada día. El País y El Periódico de Catalunya surgieron en el transcurso de esa década. Pese a intentarlo por todos los medios, Pujol fracasó.

Se necesitan nuevos métodos en el control mediático. Una vez asumida la imposibilidad de ejercerlo desde la propiedad empresarial, los interpuestos y fiduciarios pasan al olvido. La oportunidad perdida ha llevado a otros a ejercer el dominio de los medios. Por otra parte, la evolución y la transformación de la situación política está dando lugar a concentraciones plurimediáticas que coinciden con la revolución tecnológica, que necesita una gran cantidad de recursos económicos. Esta situación da lugar a que estas concentraciones mediáticas estén supeditadas a la estructura política, que tiene en sus manos el desarrollo de las leyes de telecomunicaciones, con las consecuentes adjudicaciones de licencias operativas. Por consiguiente, esos grupos poderosos de la información están supeditados a los centros de poder económico, que, de hecho, son los que pueden permitir su desarrollo y, paralelamente, necesitan al poder político para tener acceso a las licencias que permiten la expansión plurimediática.

Se pasa de la oportunidad perdida a la oportunidad emergente que el poder político conlleva. Una buena administración de ese poder puede minimizar cualquier intervención propia en medios concretos. El dominio de la situación puede llegar a ser casi total. En el régimen franquista el Estado monopolizaba la información en los medios públicos mediante el control de la prensa de la cadena del Movimiento, la radio y la televisión. En los privados, ejercía el control a través de la propiedad de los diarios. Para cerrar el círculo se contaba con censura y la autocensura. Las desviaciones eran castigadas con el cierre de la publicación. El paralelismo entre la situación en el régimen anterior y la generada por los nuevos cambios sólo se desvía en ciertos matices. En Cataluña, donde los medios públicos de comunicación del Estado están gestionados por el gobierno de Madrid, se permite a la Generalitat crear sus propios medios de comunicación en virtud de la aplicación del Estatut d’Autonomia.

Una evidencia que pone de manifiesto el interés de Pujol por los medios de comunicación, ya como presidente de la Generalitat, es el hecho de que la Conselleria de Cultura lo es también de Medios de Comunicación. Desde el gobierno se intentaba que, a través de la Dirección General de Prensa, se aglutinaran los intereses de este sector tan sensible. La intención era evitar la beligerancia, ofreciendo alternativas derivadas del poder político.

Una vez establecido este primer estrato había que hacer frente a la oposición, que era gobierno en Madrid. Pujol podía acceder a lo sustancial, a los medios públicos de comunicación de la Generalitat. Aquí se contaba con el oligopolio de la televisión, financiada con fondos públicos: la panacea, el elixir mágico con el que curar todos los males del pasado. Ni todos los medios de comunicación aunados tienen el poder de difusión de la televisión. La estrategia está servida: situar a la radio y a la televisión públicas en las mejores cuotas de audiencia. Para ello se aportarán los recursos económicos que hagan falta. Los medios tienen que estar en funcionamiento antes de las elecciones autonómicas de 1984, con el fin de conseguir el objetivo de la mayoría absoluta. La televisión se convierte en un instrumento al servicio del partido. Conseguida la mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña y una buena representación de diputados en el Congreso, habrá que pasar a la tercera fase. Los medios de comunicación o los grupos plurimediáticos que no se hayan mostrado proclives a una intromisión con anterioridad transitarán ahora hacia las inevitables posiciones convergentes.

Sorprende que la intensidad con que se aplica el control de los medios de comunicación públicos sea responsabilidad de alguien que ha luchado por las libertades con profundas convicciones, y que tales convicciones puedan derivar hacia una embriaguez de poder que anestesia y amordaza cualquier tipo de manifestación. Se ha tratado de transmitir a la opinión pública que Cataluña es un oasis idílico dentro de la vorágine depredadora de los medios de comunicación de Madrid, que han llevado a sus titulares uno tras otro todos los casos de corrupción política. Pujol y la cúpula convergente transmiten la sensación de que la diferencia entre una y otra situación se debe al propio carácter, a unas reglas del juego diferentes y al señorío profesional. Todo esto, simplemente, es mentira. La corrupción política en Cataluña está oculta, no ausente. Persiste, y en un grado muy superior al del resto del Estado. Los catalanes no tenemos ninguna diferenciación sanguínea con los ciudadanos de las demás comunidades; cuando menos disfrutamos del mismo sentido auditivo y visual que cualquier otro; de lo que estamos privados es del habla.

De ello pueden dar testimonio los redactores de cualquiera de los medios de comunicación. La influencia de los lobbys, sean económicos o políticos, mediatiza la información, y la verdad o se manufactura o no existe. Se sataniza a quien es capaz de disentir, se ridiculiza a quien se atreve a enfrentarse al poder establecido. Mediante consignas nunca escritas, se crucifica y posterga a la víctima de turno, aunque siempre se salvaguarda al personaje de alta alcurnia, de exquisita solvencia económica e influyente políticamente. De un medio a otro la actitud puede oscilar entre voraz y semiaséptica. Pero, en la esencia, todos coinciden: no hay que enfrentarse al núcleo del poder establecido. Los disparos, si es que se producen, han de dirigirse de rodilla para abajo.

LA CORPORACIÓN CATALANA DE TELEVISIÓN:
TV3, EL BUQUE INSIGNIA

El caso de Banca Catalana y su repercusión en los medios de comunicación fue el desencadenante de que la televisión catalana, dependiente de la Generalitat, tuviera una dimensión espectacular. Pujol se percató de la debilidad de su poder cuando en frente pudo ver situada la poderosa maquinaria de los medios de comunicación del Estado, siempre al servicio del gobierno de turno, y más si eran secundados por el ya todopoderoso diario de difusión nacional El País, a cuya estela se fueron situando uno tras otro los medios de comunicación. Lo que realmente sucedió es que el grupo bancario se había apartado de la ortodoxia seguida al pie de la letra por sus competidores en el sector. Las consiguientes reacciones fueron interpretadas como un ataque despiadado contra los intereses catalanes, que deberían responder con un arma mediática de gran calibre. Ya no se trataba de cavar trincheras, sino de construir una fortaleza.

Para Pujol, la importancia de los medios de comunicación es un elemento de primer orden, y así lo puso de manifiesto desde sus primeros pasos en la política. Este acusado interés es trasmitido al aparato del partido a través de una serie de directrices, que quedaron reflejadas en un documento elaborado por los intelectuales convergentes. En él puede leerse: «Es necesario conseguir que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat continúen siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán. Se ha de incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y técnicos en comunicación para garantizar una preparación con consciencia nacional catalana. Hay que crear una agencia de noticias catalana, de espíritu nacionalista y de gran solvencia. Igualmente, se debe favorecer la concesión de ayudas para emisoras con programación catalana». Marcadas las pautas de lo que el aparato convergente entiende por medios de comunicación públicos, la televisión es el gran instrumento de la difusión del concepto nacionalista.

Dos necesidades se hicieron coincidentes. Una era la de desarrollar el concepto idiomático, barniz que recubre intenciones más profundas, como medio eficaz de transmisión «del modelo nacional catalán», primordial para elevar el espíritu nacionalista. Y la otra, la de disponer de un instrumento de defensa que neutralizase las posibles agresiones que Banca Catalana dejó en la memoria, así como los ataques que estaban por llegar como consecuencia de las responsabilidades penales que el hundimiento del banco había dejado tras de sí, y que podían llevar a Pujol a presidio.

La necesaria sensación de fortaleza la transmite Joan Granados, que fuera director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV): «Si en Cataluña no existiera otra televisión, podríamos haber hecho una TV3 dotada de menos medios; pero, para ser realmente competitivos, hacemos una televisión para seis millones de personas como si fuera para cuarenta millones». Una clara definición del proyecto, en la que se intuye que la cadena fue concebida a modo de replica y contrapeso de TVE.

En un principio no se consideraba necesario un proyecto faraónico para la TV3. Fueron los acontecimientos los que dieron motivos para el súbito cambio. El proyecto televisivo catalán se impulsaba desde la Dirección de Medios de Comunicación, dependiente de la Conselleria de Cultura. Su director, Agustí Farré trabajaba en un proyecto muchísimo menos ambicioso, teniendo en cuenta que los presupuestos de la Generalitat para 1982 sólo asignaban a esta partida 59 millones de pesetas. Es más, cuando Pujol accedió a la presidencia en 1980 no manifestó intención alguna de poner en marcha la cadena en el curso de esa legislatura. Era la imagen del lobo con piel de cordero, dado que en protocolos de definición nacionalista de carácter interno de CDC la cuestión era tratada como asunto preferencial. Para concretar, la intención era desarrollar en 1983 una televisión modesta, que pudiera estar en marcha al año siguiente, en el que habría elecciones. La necesidad perentoria de iniciar el proyecto había cogido a Pujol con el paso cambiado, por lo que la carencia presupuestaria se suplió con cargo al presupuesto de libre asignación de Presidencia.

Si sorprendente fue ya este cambio, no sería nada comparado con lo que supuso el conocer quién era el designado como director de TV3. No era otro que el mismísimo Alfons Quintà, el periodista que había conducido desde El País la batería de artículos que pusieron en el disparadero a Banca Catalana. Nadie podía entender el nombramiento. Todo eran especulaciones, como la del posible intento de desactivar a Quintà con el ofrecimiento del cargo, o como las que se difundieron en sentido contrario, según las cuales Pujol permanecía en el cargo debido a la desactivación de un dossier de Quintà. Sólo habían pasado dos meses desde la explosión de Banca Catalana ocurrida en el mes de junio y Quintà era nombrado en agosto de 1982 director general del proyecto televisivo de Pujol. ¡Ver para creer! Como responsable de la institución que pondría en marcha el proyecto se eligió a Jaume Casajoana, nombrado director general del Régimen Jurídico de Radiotelevisión de la Generalitat. Casajoana era un histórico del partido y uno de sus fundadores.

El proyecto televisivo catalán ya tenía directores, aunque su verdadero impulsor sería Lluís Prenafeta, el secretario general de la Presidencia. La Conselleria de Cultura había quedado atrás. TV3, el faraónico proyecto mediático de Pujol, se desarrollaría desde Presidencia. Esta Conselleria engrandeció el proyecto e incorpora a la plantilla embrionaria de TV3 a Jaume Ferrús, que dirigía la empresa de ingeniería Cast. Esta empresa había desarrollado el anteproyecto técnico para el Departamento de Cultura. Entretanto, Casajoana no imprimía al proyecto el ritmo que Pujol esperaba, por lo que rápidamente fue sustituido por Pere Cuxart, quien no tardaría en ser destituido por las mismas razones. Sería un histórico de CDC, Josep Caminal, quien tomaría el relevo. Los enfrentamientos de Prenafeta con Caminal, roquista reconocido, marcaron época. Caminal abogaba por la sustitución de Quintà, quien era férreamente defendido por Prenafeta. Ya con la televisión en marcha y pasadas las elecciones autonómicas que dieron la mayoría absoluta a la coalición CiU, Caminal y Quintà fueron ambos sustituidos por Joan Granados y Enric Canals. A Canals le sustituyó Jaume Ferrús en junio de 1989 y a éste, Lluís Oliva en julio de 1995. En la Dirección General de la corporación, Jordi Vilajoana suplió a Granados.

Lo más relevante de este periodo constitucional fue que buena parte de él se desarrolló sin control parlamentario alguno. El súbito cambio y la precipitada puesta en marcha, que no estaban previstos, hicieron que el proyecto fuera dimensionado personalmente por Pujol. El Parlament de Cataluña no aprobó la Ley de Creación del Ente Público Corporación Catalana de Radio y Televisión, destinado a dirigir, administrar y controlar la televisión autonómica, hasta el 30 de mayo de 1983, un año después de los nombramientos de Casajoana y Quintà. La ley llegó lo suficientemente tarde como para que el Consejo de Administración del Ente, constituido un mes después de la aprobación parlamentaria, pudiera tomar el control. Los hechos consumados condicionaron su actuación. La mayoría minoritaria con la que se sustentaba la coalición CiU en el Consejo de Administración dio refrendo a la actuación personal de Pujol. Así, el 10 de septiembre de 1983, el día anterior a la Diada Nacional de Catalunya, TV3 inició sus emisiones de prueba, que se extendieron hasta el 16 de enero de 1984, fecha en la que comenzaron las emisiones diarias.

Los conflictos en los primeros años de TV3 superan todo lo que aquí se pueda narrar. El enfrentamiento entre pujolistas y roquistas por el control del medio salió a la luz en toda su magnitud. Prenafeta, que daba soporte a Quintà, no tardó en colisionar con Cuxart y Caminal. Cuando, para eliminar estas confrontaciones, se nombró a Granados como director general de la corporación, éste destituyó a Quintà de inmediato. Este cese, por muy de mutuo acuerdo que se produjera, no parece deducirse de las manifestaciones posteriores del cesado: «Estoy arrepentido de haber tenido que ver con el nacimiento de TV3. Si hoy tuviera que hacer la elección de entonces optaría por no tomar parte en aquel proceso». Pero no sólo fueron los conflictos internos los que hicieron eclosión. Simultáneamente, un cúmulo de problemas se presentó desde el exterior, y más exactamente desde la competencia, desde Radio Televisión Española (RTVE) y el gobierno central.

Fue en tiempos del gobierno de UCD cuando se pensó que el Tercer Canal, nombre con el que se designaba al incipiente proyecto de los canales autonómicos, se desarrollara bajo los auspicios de TVE. Con los socialistas en el poder la conflictividad en torno a este problema se acentuó. José María Calviño, a la sazón director general de RTVE, mantuvo un pulso con los convergentes sosteniendo que el tercer canal debía de ser una televisión complementaria y vinculada a TVE. El proyecto televisivo de Pujol nada tenía que ver con el pretendido por los socialistas, y éstos se emplearon con ahínco en negar a TV3 la utilización de la red de emisores y enlaces de TVE (la actual Retevisión). Negaron todo lo negable. Uno de los puntos importantes fue el empeño gubernamental en que TV3 no pudiera ingresar en la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organismo que facilita las noticias internacionales y cuya afiliación constituye una condición indispensable para una cadena de televisión. Le negaron, asimismo, el acceso a los enlaces a nivel nacional y, cómo no, a las frecuencias. Pujol respondió con hechos consumados. Se construyeron emisores y enlaces paralelos a los ya situados por TVE con el fin de disponer de una red propia, siendo estos trabajos vigilados por los Mossos d’Esquadra, en lo que constituía un claro aviso de que el gobierno no debería atreverse a clausurarlos.

La política de hechos consumados permitía obtener las máximas rentabilidades de la situación alegal con que TV3 inició sus emisiones. La inexistente, y por otra parte preceptiva, concesión se convirtió en un punto de litigio entre convergentes y socialistas. El Congreso de los Diputados no había aprobado aún el inició de las emisiones de la televisión catalana. Sólo era cuestión de semanas o meses que fuera restituida la legalidad, ya que constitucionalmente así estaba previsto. Pero los socialistas se empecinaron en iniciar un combate que tenía perdido de antemano. El referente se tenía en Euskal Telebista, la televisión vasca, que, con la misma política de hechos consumados, había iniciado sus emisiones. En Cataluña los socialistas adoptaron una posición beligerante. El victimismo de Pujol daba lugar a que, de cara a la galería, los socialistas aparecieran como contrarios a que Cataluña pudiera disponer de una televisión propia. El aspecto alegal del precipitado inicio de las emisiones ni tan siquiera se mencionaba. Este posicionamiento socialista hizo que TV3 naciera en estado de gracia: dejó de ser una televisión autonómica para pasar a convertirse en una reivindicación nacionalista.

Toda esta conflictividad se recrudecería con la puesta en marcha del segundo canal de TV3, nacido con el nombre de Canal 33, que se desarrolló a lo largo de las siguientes fechas: el 10 de septiembre de 1988 de forma experimental, el 23 de abril del año siguiente en pruebas y el 10 de septiembre en emisión diaria y regular. Este segundo canal no estaba previsto en el Estatut d’Autonomía, por lo que la Dirección General de Comunicaciones ordenó a TVE que interfiriera las emisiones del Canal 33 con un código de barras al carecer de la autorización pertinente y de la asignación de frecuencia de emisión. De nuevo vuelta a empezar.

No se contentaron los socialistas con cometer esta torpeza política, sino que mantuvieron su actitud hasta convertirla en un error mayúsculo. TV3 había sido creada como réplica y contrapeso de TVE y, sin embargo, la televisión estatal en ningún momento planteó una política de contrarréplica. Aunque de mayor dimensión que otros, el centro regional de TVE de Cataluña tenía la misma concepción que la que pudiera tener el de Cantabria o el de Murcia. Manteniendo estas absurdas y antagónicas posiciones de beligerancia inicial sin réplica posterior se le dieron alas a una televisión que ya no sería pública, sino puesta al servicio de Pujol. Los éxitos del president obedecen en buena medida a errores infantiles de sus adversarios políticos. En este caso concreto, a los socialistas catalanes del PSC les quedó el estigma de su notable carencia de sentimiento patrio, que la coalición CiU se atribuyó como patrimonio exclusivo.

Este error de estrategia política de los socialistas, que solamente les reportó aspectos negativos, tuvo su repercusión en las elecciones autonómicas de 1984, en las que la coalición CiU obtuvo la mayoría absoluta. TV3 fue y es la pieza clave de la máquina de ganar elecciones. Ya no es sólo una fortaleza; es el buque insignia de la armada convergente. El férreo control de TV3 y su instrumentación política tenían en Lluís Prenafeta un comisario de excepción. El verdadero control no se ejerce desde el Consejo de Administración del Ente, que se limita a cuidar de los aspectos formales en la asignación presupuestaria del Parlament de Cataluña, y en ocasiones, ni tan siquiera de eso. Valga como ejemplo el hecho de que, con una previsión inicial presupuestaria para las instalaciones de la CCRTV de 6.246 millones de pesetas, la desviación llegaría hasta más de 10.369 millones. A la oposición sólo le quedó la facultad de denunciarla, lo que representó tanto como el derecho al pataleo. En poco más de tres años se llevaban invertidos 40.000 millones de pesetas. El verdadero control de TV3 estaba situado en la Plaça de Sant Jaume.

No se regatearon esfuerzos. Prenafeta negoció personalmente en los Estados Unidos con la productora Lorimar, que tenía en aquellos momentos la serie Dallas en cotas de máxima audiencia. TV3 la puso en antena el primer día de emisión. La programación de entretenimiento y los deportes, sustentados por las retransmisiones del F.C. Barcelona (que el mismo día inaugural se enfrentó al Osasuna en partido retransmitido desde el Camp Nou), daban el soporte estructural al objetivo prioritario, que eran los informativos. Nada quedó al azar. A través del consulado estadounidense fueron contratados los hermanos Edward y Lee Hanna, que cuidaron de aportar las técnicas más depuradas en el diseño y organización de los informativos.

De la Secretaría de Presidencia depende orgánicamente la Corporación Catalana de Radio y Televisión, y es facultad otorgada al presidente de la Generalitat de Cataluña, no al Parlamento, el nombramiento del director general. Éste a su vez nombra a los órganos directivos y, en consecuencia, a las personas que dirigen los informativos. En el control de los informativos radica el interés supremo. La programación en su aspecto lúdico no es más que el envoltorio del producto mediático. Prenafeta se aplica con diligencia en el control absoluto de los informativos de la televisión pública, como si de una emisora privada se tratase. Una de las directrices, extraída del documento del pensamiento nacional catalanista antes expuesto, dice así: «Introducir gente nacionalista con una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en todos los puestos clave de los medios de comunicación». Estos puestos clave para el control informativo de TV3 son cubiertos en sucesivas etapas por el staff redaccional de El Correo Catalán, el diario de Pujol que la televisión convergente ha llevado a la obsolescencia informativa. Las personas que formaban la cúpula directiva de los informativos de TV3 eran las mismas que en El Correo Catalán tenían la dirección informativa[1].

Los resultados de este control no se hacen esperar: desde las primeras emisiones TV3 adopta una posición de descarada parcialidad. La falta de neutralidad y de objetividad informativa se perpetúa, convirtiéndose en un poderoso instrumento propagandístico de Jordi Pujol, de su gobierno de la Generalitat, de su partido CDC y de la coalición electoral CiU. Lo más grave es la intencionalidad sistemática de la confusión. El panorama distorsionado por la parcialidad informativa llega al extremo de que el Consell Executiu de la Generalitat acapara casi el 90% de las informaciones relativas al Parlament de Cataluña, que es sistemáticamente menospreciado; la presencia en pantalla del presidente Jordi Pujol se eleva al 73% sobre su propio ejecutivo, y este mismo porcentaje lo ocupa CDC con respecto al resto de las formaciones políticas. La desproporción es tal que el porcentaje en pantalla de Pujol resulta 22 veces mayor que el del líder de la oposición, Raimon Obiols. Éste no fue invitado por la televisión autonómica durante años, y el día que acudió a los estudios de Sant Joan Despí debió sentirse obligado a besar el suelo. El trato de postergación a Obiols no es el único. Narcís Serra, el que fuera vicepresidente del gobierno, jamás ha sido entrevistado fuera de los espacios obligatorios en campañas electorales. Mientras fue presidente del gobierno, Felipe González tampoco fue entrevistado por TV3.

Las incongruencias se remontan a los orígenes. En 1984 ya se empleó a TV3 para convocar la manifestación de apoyo a Pujol por la querella de Banca Catalana. Dos años después los informativos de la televisión autonómica rizaron el rizo, realizando un inusitado despliegue en apoyo de la Operación Reformista de Miquel Roca. Sin embargo, olvidaron lo esencial: el Partido Reformista no se presentaba en la circunscripción electoral catalana; sus bazas electorales estaban fuera de Cataluña, donde no se veía TV3.

Los primeros años marcaron una pauta que ya no se abandonaría. Como el F.C. Barcelona, que es más que un club, TV3 es más que una televisión. La condición de televisión pública sólo está presente en su financiación. La teórica pluralidad que distingue las televisiones públicas de las privadas, al contribuir a despertar controversias y debates en el seno de la sociedad, se convierte en TV3 en un arma de manipulación eminentemente política y partidista, destinada a crear una sola opinión. En los dos primeros años, la cadena no llegó a emitir un solo debate político, por lo que las críticas llegaban de todas partes. Incluso Miquel Roca llegó a manifestar que «una televisión sin debates no es una televisión democrática». La exaltación de Pujol es de tal calibre que hasta los propios patriarcas convergentes acusaron a TV3 de privarles de victorias electorales. Roca y Cullell han sido testigos, y a la vez víctimas, de la ocupación de pantalla del líder convergente. A Pujol se le pide opinión para todo: si Induráin gana el Tour, Pujol tiene algo que decir; si ha habido un desastre aéreo en el otro confín del mundo, Pujol siempre tiene algo que decir. Cuando es entrevistado, el moderador adopta una posición tan reverencial que llega a obstaculizar al cámara en su intento de obtener un plano de su rostro y, por supuesto, no admite ni una sola pregunta que pueda incomodar al líder convergente.

Los argumentos justificativos de tales niveles de ocupación de pantalla los aportó en su día el que fuera director general de la Corporación, Joan Granados: «[Pujol] es un caso excepcional; nadie se ha movido y ha hecho tantas cosas como él, es noticia en cualquier medio». Sobre esta base, cualquier alusión manifestada por la oposición a la ocupación de pantalla del líder convergente obtiene como respuesta la habitual referencia a la excepcionalidad del personaje. Se trata de un sistema disparatado pero efectivo. En abril de 1997 el actual director general de la CCRTV, Jordi Vilajoana, reconoció tácitamente que TV3 daba un trato de favor a Pujol y prometió cambiar.

Sin embargo, lo único que ha evolucionado en TV3 han sido los recursos económicos, siempre crecientes, para alimentar el formidable complejo mediático constituido por cuatro edificios, con una superficie construida de más de 30.000 metros cuadrados y una plantilla en continua expansión. Todo al servicio de Pujol, quien no necesita preocuparse ni de guardar las formas. Al sustituir a Joan Granados en la dirección general de la CCRTV, Pujol nombró al ya citado propagandista —que no publicista— Jordi Vilajoana, consejero delegado de la agencia de publicidad Tiempo B.B.D.O. y encargado de todas las campañas políticas de la coalición CiU. Así pues, el propagandista oficial del partido se convierte en el director general del ente público, en otra de las constantes fusiones a las que nos tiene acostumbrados Pujol. Todavía hay más: Jordi Vilajoana, a través de Tiempo B.B.D.O., cobraba sus servicios propagandísticos por las campañas electorales de CDC a través de Casinos de Cataluña S.A. Tiempo B.B.D.O. cobró trece facturas a dos de los tres casinos de Cataluña, el de Barcelona y el de Lloret, por un importe global de 83.486.020 pesetas. Así se ganan las elecciones.

Pujol, que constantemente hace alusiones a los países europeos occidentales poniéndolos como ejemplo a seguir, sólo destaca en ellas aquellos aspectos que justifican o rentabilizan sus propios intereses. Los políticos españoles son víctimas unos de otros. El ser víctima o verdugo depende solamente del número de votos que se obtenga. Son los votantes, en definitiva, los que les sitúan en el gobierno o en la oposición, y tal es la razón por la que los políticos consideran que los medios de comunicación públicos han de estar sometidos al interés partidista. Sin embargo, paradójicamente, en esta alternancia del control de los medios la víctima permanente es el elector, su verdadero propietario. En Alemania, donde la radiotelevisión pública (ARD y ZDF) responde realmente a esta condición, su control depende de las fuerzas sociales y no del gobierno de turno. Los medios de comunicación públicos están gobernados por un consejo en el que están representados los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias de diferente confesión, las organizaciones patronales y otros grupos que representan a todo el espectro social. En un ejemplo de pluralidad, ciertamente ajeno a los principios de convergentes, la televisión alemana no ensalza al canciller Kohl.

En Gran Bretaña el carácter público está todavía más acentuado. La BBC se financia por medio de un canon de audiencia; los fondos llegan directamente del usuario y no dependen de las asignaciones presupuestarias que pueda decidir el gobierno de turno. El control corresponde a una junta de gobernadores formada por doce miembros del más amplio espectro social, que se han hecho inmunes a las presiones de los políticos y que se encargan de la inspección de los posibles abusos. En Francia no sólo son las radios y televisiones públicas las que están bajo control. También lo están las privadas. El organismo rector es en este caso el Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA), una entidad independiente cuyos nueve miembros son nombrados a partes iguales por el presidente de la República, el Senado y la Asamblea. El CSA nombra a los directores de las televisiones y radios públicas y cuida de que cada emisora o cadena respete los porcentajes de publicidad y la pluralidad informativa, y de que se adapte al presupuesto en las campañas electorales. Este órgano obtiene su financiación de la publicidad y de la tasa conocida como redevance, que se paga por cada televisor. El CSA cuenta aún con otra facultad que pone lejos de los gobiernos de turno el arma más poderosa, la concesión de frecuencias a las emisoras y cadenas privadas. En plena revolución tecnológica de los sistemas audiovisuales y de telecomunicación, la concesión de licencias es una potente arma de poder que, en manos de políticos, se convierte en moneda de cambio para negociar con poderosos grupos de comunicación las convenientes condiciones de inmunidad.

En España, y particularmente en Cataluña, donde el poder político tiene una patológica inclinación hacia el control de la información, no existen mecanismos de control y, además, aprovechando las interesadas carencias legislativas, los grupos políticos asumen para sí el arbitraje de los medios públicos de comunicación y la facultad de dimensionar el desarrollo de los privados, todos ellos integrados en formaciones plurimediáticas que se extienden por todo el ámbito del sector de la comunicación, incluida la prensa.

Los recursos públicos aplicados a TV3 parecen no encontrar obstáculos. Desde la cadena se incentivan proyectos de dudosa rentabilidad económica, pero de acusada rentabilidad política. Las plataformas digitales auspiciadas por Telefónica, y Sogecable deshojan la margarita para la inclusión en ellas de TV3. En colaboración con el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, se desarrollan proyectos de tecnología digital por onda terrestre. Por satélite, se envían señales televisivas a todos los confines del mundo, siempre con inversiones de miles de millones. Parece que nadie quiere recordar que la disposición transitoria octava del Estatut d’Autonomia establece que las emisiones de TV3 deberán limitarse «específicamente a su emisión en el territorio de Cataluña». Lo que interesa es negociar con otros conglomerados plurimediáticos que tengan influencia, aunque no se cuente con ningún amparo legal para hacerlo. El marco jurídico queda para que lo cumplan los ciudadanos; el poder queda eximido de su cumplimiento a través de la política de hechos consumados.

LA PRENSA EN CATALUÑA

El sector privado de la comunicación ha sido una constante en los intereses mediáticos de Pujol, en los que ha intervenido de manera casi omnipresente, ya sea en forma de mecenazgo interesado o participando en la propiedad. Han sido veinticinco años de dedicación a los medios de comunicación propios y ajenos. Cuando no intervenía el propio Pujol lo hacían o Banca Catalana o una interminable relación de fiduciarios. Cuando no se trataba ni de los unos ni de los otros, era la Fundació Catalana de Comunicació la que detentaba la propiedad. Lejos quedan las revistas Oriflama, Canigó, Destino, Set Dies y un largo etcétera. En la prensa general cabe citar su paso, con más pena que gloria, por El Correo Catalán y Avui. En el efímero El Observador también dejo su huella. Los tres diarios con más peso en Cataluña, como son La Vanguardia, El Periódico y El País, éste con intermitencias, han pasado también por etapas que oscurecen un recto proceder. El papel que se le asigna a la prensa en el sistema democrático queda en entredicho cuando asoman ciertas connivencias que no dicen nada en favor de quienes se suponen garantes de la verdad. Aunque no explicitada, la declaración de no beligerancia entre estos diarios se respira en el aire. Ciertos asuntos vitales, que pueden dar lugar a una pérdida de credibilidad convergente, son evitados. La llegada de la falta de fiabilidad a estos medios no es más que cuestión de tiempo.

La Vanguardia arrastra una oscura historia, cuya incidencia ha sido amortiguada por el corporativismo de la profesión, y que pone de manifiesto la intromisión del aparato convergente en el rotativo. En este caso no se trata de una adquisición de acciones que pueda dar acceso a la participación en la propiedad, sino de poner al menos 150 millones de pesetas encima de la mesa del conde Godó. Las evidencias de la operación son determinantes y, ciertamente, desvirtúan el papel que el sistema democrático asigna a La Vanguardia. La credibilidad del diario, su mayor patrimonio, ha quedado erosionada tras confirmarse que La Vanguardia y las sociedades de su grupo recibieron fondos de Casinos de Cataluña S.A. a través de la dirección financiera de CDC. También es cierto que se registraron ciertos signos de resistencia a esta penetración, tal como quedaría de manifiesto en la creación del diario convergente El Observador, impulsado por Lluís Prenafeta, el secretario general de la Presidencia de la Generalitat.

El proyecto se planificó partiendo de una concepción faraónica. Entre sus objetivos se contaba el de acabar con la posición preponderante de La Vanguardia. Prenafeta consideraba que el diario se estaba apartando de los intereses pujolistas y, en 1986, se produjo una cierta quiebra en las relaciones entre ambos. No parece coherente pretender arrasar La Vanguardia y, al mismo tiempo, nutrir sus arcas con 150 millones de pesetas. La financiación se inicia en 1985 y finaliza en el primer semestre de 1986, mientras que la de Casinos aún continuaría. La sociedad Talleres Imprenta S.A., editora del diario La Vanguardia, facturaba inserciones publicitarias que nunca llegaron a publicarse. El importe total de las 34 facturas falsas emitidas por La Vanguardia es de 99.976.477 pesetas. Los pagadores de estas facturas falsas son los casinos catalanes de Lloret, Barcelona y Perelada. Otras 49 facturas falsas son emitidas por las empresas del grupo La Vanguardia [2].

Aunque La Vanguardia y el grupo Casinos insistan en afirmar que las facturas corresponden a auténticos servicios prestados, se trata sin duda de facturas falsas. La publicidad a la que se refieren no ha estado insertada en las páginas del diario, tal como puede comprobarse en las hemerotecas que conservan estos ejemplares. No existe tal publicidad: 100 millones en publicidad en prensa equivalen a muchos anuncios. Ni los mayores anunciantes a nivel nacional del sector del automóvil, que son los que mayor número de inserciones realizan, asignan 100 millones a una campaña en un solo medio. Esta inexistente campaña publicitaria, representaría, a los precios vigentes en aquel momento, más de quinientas páginas completas de publicidad o, lo que es lo mismo, una página diaria durante dieciséis meses. Otro detalle importante es que la legislación prohíbe la publicidad que pueda incentivar el juego en los casinos, limitando las inserciones publicitarias a aspectos lúdicos o de restaurante.

También se intentó evitar la posibilidad de confirmar el cobro. La Policía Judicial, en su seguimiento del cobro de los talones, tropezó con la falta de cooperación del Banco Español de Crédito, Banesto, que por la época de la instrucción estaba en excelentes relaciones a través de su presidente, Mario Conde, con el editor de La Vanguardia, Javier Godó. El banco pretendía la compra de una importante participación del diario. Esta intencionada falta de cooperación hizo que una parte de los talones figurasen con la clasificación de «No aportados». Otros, que aparecen con idéntica clasificación, corresponden a La Caixa. En este caso la falta de cooperación se reviste de tragedia: el banco informa de que lamentablemente sufrió una inundación que afectó a los sistemas de datos de sus ordenadores, y por ello no le fue posible facilitar estos datos. Que se sepa, esta tragedia que tanto dañó a los ordenadores de La Caixa no afectó a los datos de los miles de deudores de créditos a la entidad, que están tan bien controlados que han venido pagando hasta la última peseta de la deuda contraída.

A pesar de la falta de cooperación de las entidades bancarias, y de las catástrofes por ellas sufridas, el fiasco no se pudo evitar. Los informes policiales acreditaron que tres de las facturas falsas de publicidad pagadas por el Casino de Perelada S.A. fueron cobradas por La Vanguardia, según consta en el sumario del caso Casinos[3]. Otros nueve talones fueron cobrados al portador en ventanilla. Otro capítulo de esta negra historia de La Vanguardia se refiere a las otras 49 facturas que emitieron las sociedades del grupo La Vanguardia [4]. En este caso, la historia preparada podría haber tenido ciertos visos de verosimilitud, ya que se basaba en la afirmación de que el grupo Casinos había contratado los servicios de La Vanguardia y ésta a su vez había delegado en sus empresas especializadas la impresión y distribución de folletos publicitarios. Se trataba de una exposición convincente. Difícilmente se podía desautorizar el testimonio coincidente de ambas partes. Sin embargo, la realidad ha puesto de manifiesto de forma documentada y fehaciente que la historia orquestada por La Vanguardia y el grupo Casinos no es cierta y se derrumba por la base. Incluso un miembro del Consejo de Administración del diario llegó a cobrar importes millonarios de Casinos de Cataluña S.A.

El Periódico de Catalunya también tiene su particular historia, en este caso relacionada con la empresa Gráficas Industriales S.A. Esta sociedad fue constituida para dar soporte industrial al diario El Correo Catalán, actuando como imprenta que, dadas sus dimensiones, también realizaba la impresión de revistas para terceros. Cuando Pujol accedió a la propiedad del diario se vio forzado a adquirir esta imprenta, que se integraría en las empresas participadas del Banco Industrial de Cataluña. En Gráficas Industriales se imprimían varias de las publicaciones del Grupo Zeta. En 1983 Pujol acordó que la Generalitat concediera un aval por decreto ley que la Comisión de Ayuda a la Reconvención Industrial de Cataluña (CARIC) se cuidó de materializar. El importe de dicho aval fue de 86,5 millones de pesetas. La propiedad pasó al Grupo Zeta, pero éste no pagó el crédito, por lo que la Generalitat tuvo que hacerse cargo del abono de casi 105 millones de pesetas, cantidad a la que ascendía el pago del capital inicial más los intereses. Sin embargo, no acabaron aquí los regalos. El edificio en el que actualmente tiene su sede El Periódico albergaba las dependencias de Gráficas Industriales S.A. y también las de El Correo Catalán. Antes del cierre definitivo del diario de Pujol, el inmueble fue vendido a Banca Catalana, y todas las dependencias acabaron en manos de El Periódico.

Por su parte, El País mantuvo durante años una posición que no dejaba lugar a dudas, máxime después de su actitud frente a Banca Catalana, que provocó en Pujol rencor y temor a la vez. De hecho, entre íntimos Pujol aseguraba que el diario acabaría forzando su dimisión. El president tardó años en concederle una entrevista e incluso se deshizo de las acciones de la sociedad editora del diario, Promotora de Informaciones S.A. (Prisa), que mantenía desde su fundación, a pesar de que le proporcionaban una alta rentabilidad. Sin embargo, la evolución plurimediática del grupo Prisa ha ido transitando hacia posiciones de dependencia política, previstas en la estrategia de Pujol y relacionadas con las leyes del cable y de la televisión digital, sujetas a disposiciones del ejecutivo, al asignar concesiones de licencias y normativas que benefician a unos antes que a otros. La evolución de El País tiene dos etapas bien diferenciadas. En la inicial, en la que sólo era un diario, conseguía grandes beneficios que le permitían un alto grado de independencia. La segunda etapa, la actual, se caracteriza por su elevada dependencia política.

En la actualidad los medios de comunicación privados han necesitado grandes inversiones para configurar sus concentraciones plurimediáticas, que incrementan su poder informativo pero que, paradójicamente, requieren una mayor necesidad de salvaguardar y rentabilizar sus multimillonarias inversiones, lo que les lleva a autocensurarse. El objetivo final, evidentemente nunca reconocido, es el de evitar confrontaciones abiertas con el ejecutivo. En definitiva, ninguno de los grandes grupos de comunicación está dispuesto a tirar la primera piedra, salvo que se perciba la decadencia del poder de un determinado grupo político. En su última legislatura de gobierno los socialistas pudieron percibir esta metodología.

En Cataluña la concentración plurimediática se reduce a dos grandes bloques, el primero de los cuales es el integrado por El País y La Vanguardia. El País ha tomado una participación accionarial importante en el grupo La Vanguardia, estructurado en el entorno del potente grupo editorial Timón, con Prisa y Editorial Santillana como columnas vertebradoras del conglomerado de empresas que actúan en todos los ámbitos del sector de la comunicación: la Cadena Ser y Radio El País en la radiodifusión, y Canal Plus en televisión, aparte de la prensa escrita y otros sectores anejos[5]. Se trata en definitiva de un fenómeno de la comunicación que extiende sus actividades a entidades financieras, empresas hoteleras, actividades agrícolas, etc.

En el otro bloque se sitúa El Periódico de Catalunya, incorporado a la órbita del Grupo Zeta, que cuenta con otros diarios regionales en su activo y cuyo mayor peso en el sector de la comunicación es Antena 3, la cadena de radio y televisión, que mantuvo una pugna con el grupo Prisa por el reparto del pastel audiovisual. Ambos grupos dependen en buena medida del ejecutivo. La pleitesía a Pujol, el personaje más influyente de la política en este país, se hace inevitable. La expansión de estos grupos está absolutamente supeditada a las decisiones políticas, tal y como se demostró en la auténtica guerra comercial que desató el acuerdo Prisa-Canal Plus con la compañía Telefónica. Los últimos coletazos de la legislatura socialista propiciaron este acuerdo, pero el Partido Popular y la coalición CiU reclamaban su parte en la decisión, cuestionando su legalidad hasta acabar por forzar su disolución.

En pocos meses, los que fueron feroces adversarios, Antena 3 (El Periódico) y Canal Plus (El País), reconciliaron posturas asociándose en Canal Satélite Digital. Estas alianzas acabarían formando conglomerados plurimediáticos. En Cataluña, los tres diarios con mayor peso, El Periódico, La Vanguardia y El País, están estructurados, si no en el mismo grupo, sí en una alianza, que precisa consolidarse con el apoyo político de Jordi Pujol.

Desde esta perspectiva difícilmente se pueden plantear actitudes críticas. Esta etapa de transición hacia la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito de las comunicaciones no permite confrontaciones con el ejecutivo, y ello es aprovechado al máximo por la estrategia convergente, que, administrando salomónicamente su poder, desactiva todo tipo de agresiones.

La censura y autocensura del régimen franquista tiene aquí su replica barnizada de libertad de expresión, y ésta es moralmente más execrable que la ejercida por el general Franco, que al menos carecía de hipocresía. Los movimientos de capital y las concentraciones plurimediáticas conforman el cuarto poder del Estado, un poder que no está regulado. La soberanía popular, que es la base del sistema democrático, queda al margen y son grupos cada vez más reducidos los que trafican con la creación de opinión y reflejan la realidad que sólo a ellos interesa; una fisura más a la que añadir a la quiebra del listado de Derecho. El poder de la información no estriba solamente en la selección de lo que se da a conocer y del modo en que se da a conocer. El verdadero poder radica en ocultar todo aquello que no se hace público.

Un importante tema de reflexión para la sociedad debería ser el papel de la prensa, que no sólo ofrece protección al poder político sino también al económico. Las grandes corporaciones alimentan las cuentas de resultados de los diarios con multimillonarias campañas de publicidad. Todos los medios de comunicación cumplen al unísono una consigna no escrita: la de no incidir en los aspectos sensibles que puedan afectar a las grandes corporaciones. En el atentado de ETA en Hipercor, propiedad de El Corte Inglés, la dirección del establecimiento no comunicó el desalojo de las instalaciones, a pesar de haber recibido el aviso de explosión de bomba con el tiempo suficiente para el desalojo de las instalaciones. El artefacto explosivo causó numerosas víctimas, pero nadie, ningún medio de comunicación, ha pedido a El Corte Inglés su parte de responsabilidad en este asunto; es un anunciante demasiado importante y podría enfadarse. En otro caso se conoció que se había localizado una importante partida de leche en polvo que se había importado de manera clandestina y fraudulenta y que provenía de los países del Este afectados por la fuga radioactiva de Chernobil. No interesó citar quiénes fueron sus compradores finales, puesto que, dado el volumen de las partidas adquiridas, el destinatario sólo podía ser alguna de las grandes corporaciones que operan en el sector lácteo. Aún otro caso. En un presunto soborno a otro magistrado del CGPJ, Pascual Estevill ofreció al hijo de aquel a quien pretendía sobornar un puesto de trabajo con carácter vitalicio y sin efectuar oposición alguna en La Caixa. Nadie preguntó en ningún momento qué clase de favor debe La Caixa a Pascual Estevill.

Referirse a la prensa en Cataluña no quiere decir solamente aludir a los diarios, sino también a sus integrantes como colectivo, los periodistas. Quienes hayan tenido la oportunidad de conocer la redacción de un diario de, por ejemplo, la década de los sesenta, habrán podido percatarse de la gran pérdida de influencia de la clase periodística dentro de la estructura organizativa de los periódicos. Los periodistas han pasado a ser un engranaje dentro de la maquinaria productiva de páginas y más páginas. Las hecatombes de los años setenta y posteriores, que condujeron tanto al cierre de cabeceras centenarias como al abandono de otros nuevos proyectos, han tenido su efecto. Por otra parte, las nutridas promociones de la Facultad de Ciencias de la Información han cubierto año tras año la demanda de plazas a cubrir: ciertamente, el trabajo es un bien preciado. Éstas son algunas de las razones que conducen a la pérdida de influencia, y ésta, a la subordinación, encarnada en la expresión «Ara no toca» («Ahora no toca»), Jordi Pujol repite esta frase, que ya ha quedado acuñada en su vocabulario, tantas veces como lo cree oportuno. Es una respuesta escueta que puede valer para cualquiera de las preguntas que se formulan en una rueda de prensa. Aunque sea una pregunta pertinente y adecuada al contexto, si el president menciona el «Ara no toca» no habrá insistencia por parte de quien la formula, ni se planteará en cualquiera de sus posibles variantes.

Esta subordinación, que no es metafórica sino real, parece no preocupar a la clase periodística. Pero lo más grave está en la actitud de sus representantes corporativos. El Col.legi de Periodistes de Catalunya ha elaborado una interminable sucesión de normas deontológicas, ninguna de las cuales ha ido encaminada a superar esta subordinación. Lo cierto es que tampoco parece que ello sea un problema que preocupe a los lectores en general. El Consejo de la Información de Cataluña (CIC), un órgano independiente que recoge las quejas contra los medios de comunicación, no ha tenido que pronunciarse al respecto puesto que nadie ha formulado queja alguna. Las quejas no las plantean los lectores o los periodistas. Sí lo hace, en cambio, el mismísimo Jordi Pujol, quien gusta de, teléfono en mano, abroncar a los redactores de aquellas informaciones que no le complacen.

El Observador:
la segunda parte de El Correo

El símil culinario que había utilizado Lluís Prenafeta para referirse a sus funciones al frente de la Secretaría General de Presidencia, adjudicando a Pujol el papel de chef en la cocina de la Generalitat de Cataluña y reservando para sí las labores de asistencia, no era del todo cierto: él era también quien se encargaba de los postres, y sobre todo de poner la guinda al pastel. Una década en el cargo elaborando pasteles y distribuyendo trozos y migajas había hecho de Prenafeta una leyenda de poder que él mismo se cuidaba de extender. Más que secretario general, hacía las veces de vicepresidente. El comentario socarrón que circulaba en todas las esferas lo decía todo: «Hay que estar a bien con Pujol, que es muy amigo de Prenafeta». En las ruedas de prensa que mantenía junto a Pujol, Prenafeta se permitía la libertad de hacer constantes comentarios en voz baja al oído del president, cosa que a éste no le gustaba nada, pues daba la sensación de que le estaba dando instrucciones. Era el precio de su inestimable colaboración.

El reparto del pastel presupuestario se hacía con trozos cada vez más grandes, pues los presupuestos crecían sin cesar. Este crecimiento corría paralelo a la influencia y la ambición de Prenafeta, cuyos negocios privados necesitaban importantes inversiones dinerarias. Por cada trozo del pastel que distribuía, el beneficiado, en una encomiable acción de mecenazgo, depositaba su correspondiente contribución en los proyectos empresariales del secretario general de Presidencia. Entre las muchas operaciones que se realizaron por este procedimiento destaca la del proyecto mediático de El Observador de la Actualidad, en el que se puso de manifiesto su anhelo de convertirse en magnate de la prensa, y el de sus mecenas a la hora de rendir tributo a su César particular. Ésta es una historia de influencia política, un tipo de corrupción que ni siquiera estaba contemplado en el Código Penal.

EMULANDO A WILLIAM RANDOLPH HEARST

El desarrollo del proyecto faraónico de El Observador de la Actualidad tuvo una gestación más larga que lo que después fueron sus años de existencia. A finales de 1986, cuando la desintegración de El Correo Catalán llegaba a su fase terminal, fue cuando Prenafeta empezó a dar forma a su proyecto editorial, aunque ya lo tenía decidido en los primeros meses del año, cuando se optó por abandonar la reestructuración del diario y cerrarlo. Se invirtieron 6.000 millones de pesetas, pero no se cubrieron en absoluto las necesidades financieras del viejo Correo. La aventura periodística emprendida por Prenafeta con El Observador fue un auténtico fracaso. Aun en su mejor momento, pese a la intensa tarea de promoción que se hizo, nunca llegó siquiera a igualar la difusión de El Correo Catalán durante sus peores tiempos.

Prenafeta, a través de Josep LLuís Rovira, me pasó un informe que había elaborado Alfons Quintà en el que se perfilaban las líneas maestras del nuevo proyecto editorial. Todavía no tenía nombre, aunque se había barajado el de La Voz de Cataluña. Lo que más sorprendía de la lectura de este informe era la cuantía de los medios aportados para encauzarlo, lo que contrastaba con las estrecheces con las que apenas un año atrás se había planteado la reestructuración de El Correo Catalán. Más que antagónicos, eran proyectos situados ciertamente en las antípodas el uno del otro. En unos pocos folios realicé un análisis del proyecto Quintà, que no gustó a los padres intelectuales del nuevo diario. El análisis fue considerado como derrotista, y se le acusó de aportar una visión modesta y empobrecida que no estaba a la altura del gran medio de comunicación que se pretendía estructurar. Con independencia de la estructura que se pretendía llevar a término, el análisis hacía especial hincapié en el hecho de que el plan económico no tenia consistencia alguna. El mayor desfase provenía no sólo de la venta de ejemplares, sino del hecho de que, aunque se hubiera conseguido situar ese número de ejemplares en el mercado, las cifras previstas para los ingresos publicitarios no correspondían en ningún caso.

Estamos situados en puntos de vista equidistantes entre la precariedad congénita de El Correo Catalán y la exuberancia de recursos públicos de TV3, donde los desfases presupuestarios son cubiertos por vía parlamentaria. Alfons Quintà ya había puesto en marcha la televisión autonómica, para la que no se regatearon esfuerzos económicos. Nada tenía que ver el mercado editorial de los diarios, en dura competencia con el de la televisión pública en régimen de oligopolio, ya que por entonces no estaban autorizadas las cadenas privadas. El estudio pretendía aportar reflexiones sobre el informe Quintà, fundadas en los criterios que se pretendía haber aplicado en El Correo Catalán. En la etapa inicial —los tres o cuatro primeros años— se pretendía centrar los recursos financieros en la redacción, delegando en terceros todos los aspectos técnicos de impresión y distribución, con lo que la inversión se reducía considerablemente.

El objetivo a tres o cuatro años vista para la fase de asentamiento del diario se fijaba en 25.000 ejemplares de venta. Esta cifra se preveía como la transición hacia una segunda fase, con autonomía de impresión propia, adquiriendo unas instalaciones y una rotativa que pudiera ser ampliada modularmente. Se ponía especial énfasis en la consolidación de esta primera etapa, la más difícil se superar, ya que si ésta se dilataba en el tiempo no habría recursos financieros capaces de soportarla. De ahí el interés de significar el error que se había cometido con El Correo Catalán. Aunque ciertamente importante, no fue éste el único error. Otro, ya mil veces repetido, fue el de poner el diario al servicio del partido, con el agravante de que se tomó claramente posición a favor de una de sus facciones. No hace falta disponer de la agudeza del ciudadano Kane, a quien Prenafeta pretendía emular, para percatarse de que situar un producto en el mercado, renunciado a un número importante de sus potenciales consumidores, equivale a limitar voluntariamente el sector de mercado al que uno pretende dirigirse. Por otra parte, para que no faltase ninguno de los ingredientes de anteriores proyectos mediáticos, la verdadera propiedad, si no en la sombra, quedaba en la penumbra.

El proyecto se planificó partiendo de una concepción faraónica que no sólo pretendía hacer un hueco en el mercado de los diarios, sino arrasar a La Vanguardia, periódico del que Prenafeta consideraba que se estaba apartando de los intereses pujolistas. Pero fue en esas fechas, en 1986, cuando algo quebró en las relaciones entre ambos. Ello queda demostrado por la participación de La Vanguardia y de las sociedades de su grupo en la recepción de fondos procedentes de Casinos de Cataluña, vía dirección financiera de CDC. Como hemos visto antes, las entradas de dinero se iniciaron en 1985 y finalizaron en el primer semestre de 1986, mientras que la financiación de Casinos aún se prolongaría. La lógica conduce a pensar que no era coherente pretender arrasar La Vanguardia, y por otra parte, aportarle al menos 150 millones de pesetas, que es lo que puede acreditarse en el caso Casinos.

El proyecto ya tiene una razón de ser: La Vanguardia, el diario con mayor difusión de Cataluña, se desmarca de la penetración e influencia convergente. El hecho puede ser espontáneo o provocado, pero el caso es que Prenafeta tiene una justificación con la que argumentar su interés, que no es sólo propio, sino coincidente con los intereses partidistas: el país lo necesita. Partiendo de estas premisas, la aprobación de Pujol esta asegurada, con lo que al proyecto sólo le hace falta reunir el capital necesario para su puesta en marcha. Desde el poder, no parece que lo más difícil sea encontrar las oportunas adhesiones interesadas. La metodología para entusiasmar al accionariado, que es la tradicional, ya se utilizaba con profusión en época franquista. Los ministros, directores generales y patricios del régimen constituían sociedades y animaban a participar a quien se les pusiera por delante con la solvencia necesaria y solicitara los correspondientes favores, aunque, evidentemente, este método sólo era aplicado en sociedades de elevado riesgo.

El 14 de septiembre de 1988 se constituye la sociedad Promotora Editorial Europea S.A. (Predeusa), con un capital de 50 millones de pesetas, y con el habitual estigma de los interpuestos y fiduciarios. Prenafeta ha tenido un buen maestro en Pujol, que ha sido un auténtico virtuoso de estos métodos. Con la lección aprendida, el impulsor del proyecto mediático no aparece entre el accionariado. Sin embargo, de lo que no se percata es de que, por entonces, Pujol ya estaba desengañado de aventuras mediáticas por cuenta propia. Vale la pena recordar unas declaraciones suyas de 1982: «El campo de la prensa exige una dedicación casi exclusiva, y si no se puede uno dedicar, y yo no podía, es mejor dejarlo. El caso es que cuando pude, me desenganché de este campo, al que no pienso volver nunca más». El secretario general de la presidencia estaba todavía por desengañar.

Prenafeta no puede escoger mejor testaferro que lo represente en la presidencia del Consejo de Administración del diario que Jordi Planasdemunt, ex conseller de Economía y ex presidente del Institut Català de Finances, organismo público dependiente de la Generalitat. Este personaje, que acapara el 92% de las acciones y que sería posteriormente procesado y condenado por estafa, está acompañado por otros consejeros que se reparten a partes iguales el 8% restante. Se trata de Alfons Quintà, que lo hace como consejero delegado; los hermanos Albert y Pere Vicens, propietarios de la editorial Vicens Vives; y Salvador Forcadell, el agente inmobiliario que estuvo imputado junto a Planasdemunt en la estafa de pagarés falsos de BFP, entidad que respondía a las siglas de Bassols, Forcadell, Planasdemunt. Una vez que trasciende a los medios de comunicación la implicación en la estafa de Planasdemunt y Forcadell, éstos ya no pueden continuar al frente de la gestación del diario y el 18 de octubre de 1989 son sustituidos.

Faltaba todavía un año para la puesta en marcha de El Observador. La forzada sustitución viene acompañada de nuevos accionistas: Armand Carabén sustituye a Planasdemunt en la presidencia[1], y también se incorpora José María Oller, propietario de la empresa constructora COISA. Su presencia servía para significar que esta empresa fue utilizada de puente para canalizar una donación de 100 millones de pesetas a la Fundació Catalana de Comunicació, dirigida en última instancia al diario Avui, instrumentalizando una subcontratación de Fomento de Construcciones y Contratas. Los constructores de obras públicas pagan así su peaje, que después repercuten en el ciudadano.

Antes de que empezase su andadura, El Observador tuvo un nuevo socio, José Sanclemente Sánchez, consejero en representación del Grupo Zeta, editora del El Periódico de Catalunya. Este diario adquirió un 17% de las acciones, mientras que La Vanguardia, lógicamente, no fue invitada. A Alfons Quintà le fue encargada no sólo la posterior dirección del diario, sino su puesta en marcha. Hacía diez años que Quintà no pisaba una redacción. Tras abandonar la de El País, su experiencia empresarial en el sector periodístico había sido nula. Es lógico que en este complejo y cambiante mundo periodístico se puedan cometer errores cuando la experiencia no es el mayor activo. Se pagaron 40 millones de pesetas por el diseño de la maqueta, que se pretendía asemejar a la del Herald Tribune. Acudir a los Estados Unidos para contratar a un afamado director de arte tiene su precio. Parece increíble, pero el coste representó más de un millón de pesetas mensuales durante los treinta y seis meses de vida de el diario. El sistema informático de tratamiento de textos que se adquirió, auténticamente infame y que lindaba la estafa, retrasó dos meses la puesta en marcha del diario. Como las previsiones de venta de ejemplares se situaban en la galaxia de los privilegiados, una cifra inferior a la de 80.000 ejemplares de impresión ni siquiera se contemplaba. La realidad era que con menos de 30.000 ejemplares quedaba cubierta la distribución, pero la factura de impresión continuaría siendo siempre la misma.

En la estructura de la redacción no se regatearon esfuerzos. La incentivación de los recursos en este capítulo resultaba lógica; sin embargo, se quiso ir más allá. En la delegación que el diario tenía en Madrid había diez periodistas, y las corresponsalías en el extranjero eran auténticamente de elite. Toda esta macro-organización redaccional, técnica, administrativa, de publicidad y de distribución, dependía de una sola persona, Alfons Quintà, quien había situado a colaboradores sin experiencia en el sector. Especialmente significativo era el caso de la distribución, sector absolutamente clave en los primeros años de circulación de un diario, ya que necesita ajustes continuos, y al frente del cual Quintà había situado a un oficial del juzgado del que él había sido juez. No es de extrañar que la desorientación se adueñase de la empresa desde el primer momento y que importantes decisiones se tomaran precipitadamente y sin la coordinación necesaria. Se pensaba que, una vez llegado el 25 de octubre de 1990, fecha del primer número de El Observador, el éxito editorial estaría garantizado, pudiéndose realizar los ajustes y retoques necesarios sobre la marcha.

Los primeros datos sobre la venta de ejemplares hacen despertar a Prenafeta de su sueño de gran magnate de la prensa. La realidad confirma que el éxito editorial queda muy lejos. La estructura montada con la grandilocuencia de un gran medio de comunicación no se corresponde con las cifras de venta de ejemplares y los ingresos de publicidad son prácticamente anecdóticos. Las perspectivas son funestas. Se necesita de inmediato un cambio sustancial: el 12 de diciembre Prenafeta destituye fulminantemente a Quintà, cuando sólo se llevaban publicados cincuenta y un números de El Observador. Repitiendo la historia de TV3, es sustituido en las funciones de director del diario y consejero delegado de la sociedad por Enric Canals. Tan grave es la situación que Prenafeta, quien desde el inicio del proyecto editorial ha transitado entre la sombra y la penumbra, admite su vinculación. La camaleónica travesía de Prenafeta empezó no teniendo nada que ver con el periódico. Tras la destitución en la presidencia de Planasdemunt, afirmó que se retiraba del proyecto, y ahora aparecía de nuevo en él.

La destitución de Quintà se ve forzada por la dilapidación de recursos económicos que amenaza con dejar a la caja de la sociedad sin una peseta en pocos meses. El antiguo objetivo de arrasar del mercado a La Vanguardia queda en el olvido. Todos los esfuerzos se encaminan hacia la subsistencia. La destitución fulminante de Quintà hace pensar a los redactores que la decisión de incorporarse a El Observador no ha sido buena. Cuando los contrató, Quintà los había encandilado con sueldos altos, prometiendo fuertes inversiones que garantizarían la continuidad y enfatizando la independencia a las presiones externas, tan conocidas en las redacciones. Nada les había dicho de Prenafeta, pero pronto tendrían la oportunidad de comprobar lo incierto de los argumentos de reclutamiento.

Mientras Quintà había manifestado con rotundidad y persistencia que Prenafeta nada tenía que ver con El Observador, Enric Canals inicia una transmutación hacia lo contrario. En principio define al diario como «liberal conservador, nacionalista catalán, europeísta y atlantista», algo así como asépticamente inmunizado a la intervención partidista. Así y todo, el staff de la redacción y los jefes de sección no sintonizaron con Canals. La desconfianza empezó a invadir al colectivo de la redacción, y razón no les faltaba: no se tardó en redefinir al diario como «órgano de expresión de Convergència, antisocialista y beligerante con Miquel Roca». Todavía se concretó más. El diario debía proporcionar «soporte incondicional a la Generalitat y a la persona de su presidente Jordi Pujol». Prenafeta era un ferviente opositor al entendimiento entre CiU y PSOE, por lo que en el diario que él regía empezó el aterrizaje de los incondicionales de la causa convergente: Xavier Bru de Sala, ex director general de Promoció Cultural de la Generalitat, Xavier Domingo, Jaume Lores… El particular carnaval de El Obsetvador había llegado a su fin. Antifaces, caretas y disfraces quedaban en el armario. Prenafeta, que se reservaba la bula, no aparece por el accionariado.

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de abril se aprueba la reestructuración del Consejo de Administración de la sociedad, presidido por Armand Carabén Ribó[2]. Se inicia la forzada etapa del relanzamiento. Si el diario no anda se le ponen ruedas. En un desesperado intento de incrementar la venta de ejemplares y asumiendo riesgos altísimos, se ignora la relación coste/ingresos. Si esta vía no da resultados inmediatos, la posterior evolución conducirá inexorablemente a la dilapidación de los recursos económicos. Ni se contempla la alternativa de la reducción de costes, sino que se juega todo a una carta: los fascículos, videos y suplementos sin soporte publicitario forman parte del bombardeo semanal. No es un raid, es un ataque en masa que se prolonga durante más de un año. Los resultados siguen sin mejorar, pero se continúa ofreciendo más de lo mismo: la incentivación al suplemento semanal se multiplica y llega a la edición diaria, con la que se regala un libro sin sobrecoste alguno. La versión interna es que las ventas «suben de forma espectacular», pero no se dan cifras oficiales, a pesar que el diario es controlado por la OJD, organismo propiciado por los publicistas para conocer la difusión de los medios e invertir en ellos en virtud de su participación en el mercado. Las que posteriormente se hicieron oficiales estaban en el entorno de los 23.000 ejemplares.

La línea editorial se decanta y se endurece. El Observador entra en una etapa de fobias, en la que socialistas y comunistas son la representación del mal. Se magnifican los casos de corrupción que afectan a PSOE y PP, mientras que los propios ni siquiera son minimizados; simplemente no existen. La inclinación hacia la figura de Pujol es reverencial: se le aplaude con fervor, en tanto que se sataniza a todos aquellos que disienten de la obra de gobierno pujoliano. Con especial denuedo se suceden los ataques contra los líderes socialistas y, más esporádicamente, los dirigidos contra Miquel Roca. Este posicionamiento restringe enormemente el mercado, constituido por lectores muy politizados y de una facción convergente muy concreta. Podrían ser muchos, pero a la hora de adquirir el diario son apenas unos pocos. Esta falta de sintonía exterior no es nada en comparación con la que se registra en el interior del diario. Atónitos por la cruda realidad, los periodistas se sienten absolutamente engañados con las promesas de reclutamiento del dimitido Quintà. Muchos de ellos discrepan de la tendenciosa línea editorial, que nada tiene que ver con las promesas de independencia y blindaje ante la intromisión.

El sueño de Prenafeta empieza a convertirse en pesadilla. Más que a magnate de la prensa, los acontecimientos lo han convertido en editor de libros baratos de bolsillo de series de terror. Las convulsiones internas han germinado, crecen en progresión inversa a las previsiones de venta. Canals y un reducido staff constituyen un bloque que día a día va abriendo brecha. Su distanciamiento respecto del colectivo de la redacción produce un inevitable enfrentamiento. No vale la pena entrar en detalles referidos a posturas absolutamente antagónicas. Unos pretendían distorsionar acontecimientos y los otros que la verdad al menos tuviera una cierta relación con la posición del diario. Las discrepancias y tensiones se agudizan y a finales de 1992 Enric Canals es destituido de los cargos de director y consejero delegado. A continuación pasará a tomar protagonismo una segunda línea de interposición de Prenafeta, constituida por Joan Piqué Vidal, abogado penalista y defensor de Pujol en el caso Banca Catalana, Carlos Fajardo, ex director general de La Vanguardia, y el abogado Albert Garrofé Pardo. Los dos últimos habían abandonado TISA con la quiebra de confianza del editor Javier Godó.

Vicenc Sanchis es el sustituto de Canals, que ha permanecido en el cargo veintidós meses. Siguiendo la línea tradicional, Sanchis había sido adjunto de Canals, como éste lo había sido de Quintà. Todo cambia para que todo permanezca igual. Lo que sí había cambiado de manera radical era el tono grandilocuente, que había pasado a transmutarse en un continuado estado de perentoria necesidad. Los pagos a proveedores eran aplazados; las facturas de servicios externos, como las agencias de noticias, el teléfono o la electricidad, eran abonadas en el instante previo al corte del suministro. El pago de las nóminas era atendido al límite de su devengo, y todos los recursos llegaban por vía externa, puesto que la generación de ingresos propios estaba en la línea de lo simbólico. Al igual que ya había acontecido en anteriores proyectos mediáticos, como Avui y El Correo Catalán, la rumorología desata sus especulaciones. La sombra alargada de Prenafeta que él mismo ha cultivado se acentúa por el misterio del que se hace rodear.

Se decía que el dinero del diario procedía de unas inversiones petrolíferas en la Unión Soviética, lo que no era cierto. Lo más probable es que la fuente de financiación estuviera relacionada con la desviación de ingresos al Tesoro de la Generalitat que las loterías catalanas ocasionaban y que por aquellas fechas ya alcanzaban un volumen considerable. Las oscuras e impenetrables ramas impenetrables del tercio del accionariado de la empresa Luditec S.A., adjudicada monopolísticamente, están todavía por conocer. Aunque se trata de una fuente impresionante de recursos, todo tiene un límite una vez que se ha confirmado que el proyecto editorial es una máquina de quemar dinero.

Sólo dos años después del inicio se está en la antesala de la quiebra. Parece vislumbrarse una efímera existencia. Será la etapa del protagonismo de Piqué Vidal y Albert Garrofé. A través de este último, en marzo de 1992 desembarcan en El Observador los nuevos fichajes, Carlos Fajardo y Andreu Navarro. Todos ellos habían tenido una destacada intervención en La Vanguardia. Piqué Vidal está omnipresente en todo lugar en el que se muevan intereses pujolistas. Garrofé pertenecía al Consejo de Administración, mientras que Navarro era un comodín del conde de Godó. Su responsabilidad más directa se situaba en el control de la distribución de los diarios del grupo. Fajardo había sido el director general y su salida de La Vanguardia se había producido por la puerta falsa. Según la versión oficial, el editor Godó lo acusaba de haber recibido cuantiosas comisiones de la empresa suiza Wifag, suministradora de la rotativa adquirida por el diario. Sin embargo, corría el rumor de que todos los que habían salido del periódico por la puerta de atrás no eran más que los elementos ocultos de un caballo de Troya convergente, al servicio del todopoderoso Prenafeta.

Es el momento de los abandonos. Armand Carabén renuncia a su cargo de presidente del Consejo de Administración; el Grupo Zeta, que participaba de un 17% del capital, no participa en una operación acordeón que reduce el capital asumiendo pérdidas. Después de diecisiete meses de existencia, El Observador de la Actualidad acumula pérdidas por valor de 1.000 millones de pesetas, la facturación por publicidad no llega al 50% del volumen de ingresos y la tirada es, según los últimos datos de la OJD, de 23.000 ejemplares diarios. Yo ya lo había anticipado, pero en aquellos momentos previos al lanzamiento del diario sólo se atendían sugerencias grandilocuentes. La constatación de la realidad sólo fue cuestión de tiempo. Tras los sucesivos abandonos, Prenafeta, que se había reservado en la operación de reducción y simultánea ampliación de capital un 51% de las acciones y por lo tanto el control del diario, desiste y se suma a los que buscan una salida antes del naufragio. La plantilla tuvo conocimiento de esta situación el 2 de octubre coincidiendo con la dimisión de Enric Canals. Tras las sucesivas apariciones y desapariciones de Prenafeta, a nadie se le hace creíble el abandono del buque insignia, siempre envuelto en sombras y penumbras.

De la mano de Vicenç Sanchis, la venta de ejemplares no mejora. Sorprende el hecho de que la noción de lealtad esté tan por encima de la de eficacia. Ese es otro de los estigmas congénitos de la causa convergente. Ninguno de los tres directores que tuvo El Observador contaba con experiencia previa al frente de un diario, y menos aún en el ámbito de la gestión empresarial. Ni en el umbral de lo que podía preverse como etapa terminal del diario se situó a un profesional con experiencia reconocida. Ni siquiera el último cartucho se dirige con criterio empresarial. Desde este momento todo se hará con el único objetivo de dejar de editar el diario y despedir a los trabajadores. En el sector de la prensa Prenafeta no tenía más experiencia que la derivada de su función de comisario político. No obstante, en el cierre y despido del personal de un medio de comunicación está más que versado. Se podría haber doctorado con una tesis titulada «Cómo cerrar un diario sin ser visto». Dicha tesis, de existir, llevaría siete años en su mesilla de noche. El Correo Catalán le había aportado en su día toda la información necesaria.

La fase terminal de El Observador se dilató un año, de octubre a octubre. Desde ese momento la decisión de cerrar el diario ya estaba tomada. Sólo quedaba pendiente el modo de hacerlo, y al final se optó por el mismo método empleado en El Correo Catalán. ligeros retrasos en el pago de las nóminas al principio, atrasos e incumplimientos en el abono de las facturas de proveedores y colaboradores, etc. En pocos meses los retrasos en el pago de las percepciones salariales se hacen crónicos y más dilatados; se empieza hablar de cómo recuperar el rigor en los pagos.

Es la táctica del depredador que espera pacientemente la asfixia de su víctima debilitándola antes de su ataque mortífero. Las condiciones de cobro están supeditadas a la aceptación de despidos; si se aceptan, se va eliminando al personal más conflictivo, y nuevamente a empezar. La propuesta que se hace a la plantilla de El Observador se resume en la aceptación del despido de cincuenta trabajadores a cambio del pago de la nómina del mes de septiembre y el prorrateo de la deuda acumulada a pagar en los próximos seis meses. Si no se acepta la propuesta, los nuevos cobros irán incrementando la deuda y la reacción de los trabajadores será ponerse en huelga, pero si ésta se lleva a término el diario no volverá a salir, ni aunque se desconvoque. La decisión será unilateral por parte de la empresa.

Pero antes de llegar a este punto aún hace falta un ingrediente, con cierta dosis de maldad: la empresa manifiesta su voluntad de que en el plazo de un mes todos los problemas económicos estén solucionados. Se está en conversaciones con nuevos accionistas dispuestos a participar en un renovado proyecto, por lo que se encarga a la redacción que dedique todos sus esfuerzos en disponer de una nueva maqueta que aporte elementos innovadores. Es un ardid, un señuelo destinado a distraer las reivindicaciones, en tanto que se obtiene de la administración laboral el expediente de rescisión de contratos laborales de toda la plantilla, que va acompañada con la comunicación oficial de la suspensión definitiva de la publicación. Ésta llegará con un impacto demoledor, que contrasta con las manifestaciones de continuidad expuestas sólo unos días antes.

El efecto de este sistema es devastador: la impotencia y resignación se apodera del colectivo de trabajadores. Cuesta llegar a convencerse de que alguien como Prenafeta, que se sitúa en la cúpula de los convergentes, por encima del bien y del mal, actúe con esta impunidad. Lejos queda aquel diario llamado a ser el «órgano de expresión de Convergència» y a proporcionar «soporte incondicional a la Generalitat y a la persona de su presidente, Jordi Pujol». Efectivamente, el soporte es incondicional. De poco sirve que el comité de empresa se reúna con Pujol, quien tiene poco más que buenas palabras para los trabajadores del órgano de expresión del partido. Cuando aparecen nubes de tormenta, Pujol, el todopoderoso en su partido, no es nadie. Todos los demás, Prenafeta incluido, se desvanecen en la sombra.

Queda aún por analizar el sorprendente contraste entre lo que los promotores del periódico exigían y lo que ofrecían, del que se desprende el inmoral proceder del estamento empresarial a la hora de exigir a los demás ética y moralidad. Todos los periodistas contratados fueron invitados a firmar página por página un código deontológico adjunto al contrato laboral. Dicho código era tan estricto que su proselitismo se confunde con un fundamentalista catecismo periodístico. Ningún medio de comunicación había llegado tan lejos como para llegar a lindar lo ridículo. La ética era llevada a la culminación de lo supremo, la moralidad se constituía en una constante que ocupaba páginas enteras del código.

En definitiva, lo que puede deducirse del efímero proyecto mediático de El Observador es que fue un diario montado desde el poder de la Generalitat de Cataluña, en el que quedó de manifiesto el turbio entroncamiento que enlaza a la iniciativa privada, al poder público y al estamento político.

CRONOLOGÍA

AÑO 1904

JULIO

Nace la Banca Dorca con el nombre de Dorca y Compañía S.A., es el origen de la futura Banca Catalana.

AÑO 1947

ABRIL

22

Banca Dorca adopta el nombre de Banca Dorca S.A.

AÑO 1959

MARZO

18

Junta de Accionistas de la Banca Dorca, donde los Pujol-Tennembaum se hacen con el control de la entidad bancaria.

ABRIL

28

Nuevo Consejo de Administración de la Banca Dorca, presidido por Jaume Carner. Francesc Cabana ocupa el cargo de secretario y Jordi Pujol, el de gerente.

AÑO 1960

MAYO

22

Jordi Pujol es detenido por la policía franquista que lo responsabiliza de los hechos ocurridos en el Palau de la Música de Barcelona.

AÑO 1961

MAYO

2

La Dirección General de Banca y Bolsa autoriza el cambio de nombre de Banca Dorca por el de Banca Catalana.

AÑO 1962

NOVIEMBRE

24

Pujol se reincorpora a la vida cotidiana después de cumplir condena en la cárcel de Torrero, en Zaragoza.

AÑO 1964

ABRIL

28

Se incorporan nuevos miembros al Consejo de Administración de Banca Catalana: Florenci Pujol, Francesc Cabana, Antoni Forrellad Sola, Pere Valls Rius y Josep Andreu Abelló.

AÑO 1965

FEBRERO

25

Pujol se reincorpora al Consejo de Administración de Banca Catalana.

AÑO 1970

DICIEMBRE

Jordi Pujol toma posiciones accionariales en Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán, lo hace a través de interpuestos y de Banca Catalana.

AÑO 1973

ABRIL

Jordi Pujol se convierte en accionista fundacional del diario El País al suscribir 10 acciones de las que se desprendió en junio de 1992.

NOVIEMBRE

22

Fecha del informe de la Dirección General de Prensa, dependiente del Ministerio de Información y Turismo, que detecta la presencia de Jordi Pujol entre el accionariado de El Correo Catalán.

AÑO 1974

ENERO

Pujol, a través de fiduciarios, toma el control absoluto del diario El Correo Catalán. Simultáneamente, adquiere la sociedad Publicaciones y Revistas S.A., editora del semanario Destino. No se hace pública su adquisición.

NOVIEMBRE

15

Se reúnen en Montserrat los fundadores de lo que después será Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para desarrollar su programa político. A la cita acuden, entre otros, Jordi Pujol, Jordi Casajoana, Miquel Sellarés, Antón Cañellas, Miquel Roca y Francesc Gordo.

AÑO 1975

ENERO

20

Jordi Pujol entra a formar parte del Consejo de Administración de Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán. Lo hace como Consejero.

DICIEMBRE

18

Consta una participación accionarial de algo más del 10% de Pujol en el semanario Destino. Era de dominio público que su control era absoluto.

AÑO 1976

MARZO

Pujol decide dedicarse plenamente a la actividad política y abandona sus funciones directivas en Banca Catalana.

28

Nace Convergència Democràtica de Catalunya.

ABRIL

Se publica el primer número del diario Avui, escrito en catalán, en plena etapa de la transición

JUNIO

A Josep Melià le es asignada la tarea de superdirector de El Correo Catalán, con funciones de control sobre el director, Andrés Roselló.

JULIO

Adolfo Suárez es nombrado Jefe de Gobierno.

DICIEMBRE

15

Referéndum sobre la Ley de Reforma Política.

18

Consta una participación accionarial de Pujol en Publicaciones y Revistas S.A., editora del semanario Destino, aunque responde a algo más del 10%. Era de dominio público que controlaba la totalidad accionarial desde el año anterior.

AÑO 1977

ENERO

Se constituye la sociedad Promotora de Televisió Catalana por suscripción popular con el objetivo de poner en marcha un canal de televisión en catalán.

MAYO

26

Jordi Pujol instrumentaliza un contrato de venta de sus acciones en Fomento de la Prensa S.A. (El Correo Catalán). Figuran como compradores: Antoni Forrellad Solà, Jaume Carner Suñol, Xavier Millet Tusell y Josep Mª Vilaseca Marcet. Pujol vende 32.865 acciones a pesar de que el capital social de la empresa editora es de sólo 18.000 acciones, según consta en la inscripción registral número 20 del 26 de septiembre de 1968. Esta venta instrumentalizada permitió a Pujol controlar a través de los grupos accionariales D y E y por interpuestos el 50,39% del total de las acciones del diario.

JUNIO

15

Elecciones Generales.

AGOSTO

19

Queda constancia de la renuncia de Jordi Pujol como consejero de Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán. Asimismo, oscurece su imagen en el semanario Destino.

AÑO 1978

Convergència Democràtica de Catalunya toma posiciones en el diario Avui; Antoni Subirà Claus accede a la vicepresidencia del Consejo de Administración.

ABRIL

Editorial Mencheta S.A. se hace cargo del semanario Destino. Publicaciones y Revistas S.A., la editorial controlada por Jordi Pujol adquirida a Josep Vergés, deja de existir: el fracaso editorial se ha consumado.

JUNIO

CDC y EDC se fusionan. Ramón Trias Fargas y Macià Alavedra se incorporan a los órganos directivos de CDC.

SEPTIEMBRE

Unió Democràtica de Catalunya propicia una coalición con Convergència Democràtica, dando lugar a CiU.

DICIEMBRE

6

Referéndum sobre la Constitución.

AÑO 1979

Se constituye un nuevo Consejo de Administración en la sociedad Premsa Catalana S.A. editora del diario Avui. Lo preside Antoni Subirà Claus. La influencia convergente en el consejo es total, es una toma de posesión en toda regla.

MARZO

1

Elecciones Generales.

ABRIL

3

Elecciones Municipales.

JUNIO

28

Junta General de Accionistas por la que accede a la presidencia del Consejo de Administración de Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán, Xavier Ribó Massó. Recibió de Pujol el mayor paquete accionarial, un 26% del total, 40.941 acciones que provenían de la venta instrumentada el 26 de mayo de 1977.

OCTUBRE

24

Referéndum sobre los Estatutos catalán y vasco.

DICIEMBRE

16

Nace Radio Avui S.A. Preside la sociedad Antoni Subirà.

AÑO 1980

MARZO

17

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, constituye por decreto la Comissió d’Ajuda per a la Reconversió Industrial de Catalunya (CARIC).

20

Elecciones al Parlament de Catalunya: la coalición CiU es la lista más votada, y Jordi Pujol se convierte en presidente de la Generalitat de Catalunya.

MAYO

Jordi Pujol toma posesión de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

JULIO

La revista Destino deja de publicarse. Tendrá una efímera segunda etapa a partir de 1985.

OCTUBRE

21

El Gobierno de Pujol modifica los principios fundacionales del CARIC de prestar ayuda sólo a empresas en crisis y es extendida a todas las empresas.

AÑO 1981

ENERO

11

Un grupo de convergentes, entre los que se encuentra Antoni Subirà, toma el control de la sociedad Promotora de Televisió Catalana.

DICIEMBRE

23

La Fundació Catalana de Comunicació es reconocida por la Generalitat de Catalunya. La fundación se constituye para dar soporte financiero a los medios de comunicación próximos a Convergència Democràtica de Catalunya. Vinculada a otras fundaciones similares creadas al entorno de Banca Catalana, la preside Agustí Montal, y es consejero Xavier Ribó, ambos accionistas de El Correo Catalán.

31

Jordi Pujol transfiere a la Fundació Catalana de Comunicació un paquete de 15.478 acciones. Provienen éstas de los grupos accionariales D y E, adjudicadas a Pujol a través de la venta instrumentalizada el 26 de mayo de 1977. Estos grupos controlan el 50,39% de la sociedad editora de El Correo Catalán.

AÑO 1982

Antoni Subirà accede a la presidencia de Promotora de Televisió Catalana; la influencia convergente desplaza a los promotores iniciales.

ABRIL

29

El País publica una información a cuatro columnas titulada: «Dificultades económicas del grupo bancario de Jordi Pujol».

MAYO

14

Antoni Forrellad Solà preside el patronato de la Fundació Catalana, las acciones de Pujol en Banca Catalana se refugian en esta fundación. No será la única: otras similares fueron creadas al entorno de Banca Catalana, como la Fundació Catalana de Comunicació.

JUNIO

11

La agencia de noticias Europa Press difunde un comunicado en el que, sin citar explícitamente a Banca Catalana, anuncia la próxima suspensión de pagos de una entidad crediticia. Es el inicio de la crisis de Banca Catalana, el «Día de la Explosión».

29

Junta de accionistas de Banca Catalana: un grupo de abogados dirigidos por Joan Piqué Vidal solicita a la Junta que se exculpe a Jordi Pujol de su responsabilidad en la gestión del banco. Cambios forzados en el Consejo de Administración de Banca Catalana, motivo de la crisis iniciada.

SEPTIEMBRE

10

Por Real Decreto 2.624, son traspasadas las competencias en materia de juego y apuestas previstas en el Estatuto de Autonomía.

OCTUBRE

28

Elecciones Generales.

NOVIEMBRE

2

Por Decreto 386/1982, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya asigna al Departamento de Gobernación la gestión del juego y las apuestas.

17

Junta de Accionistas de Banca Catalana presidida por Juan Antonio Ruiz de Alda, máximo responsable del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios. Reduce el valor de las acciones al simbólico de una peseta.

DICIEMBRE

20

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre la casi totalidad de la ampliación de capital de Banca Catalana.

AÑO 1983

ENERO

Xavier Ribó renuncia formalmente a la presidencia del Consejo de Administración de El Correo Catalán.

FEBRERO

Se constituye Radio 13 Catalunya.

MAYO

8

Elecciones Municipales.

17

El Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios vende Banca Catalana al pool de bancos.

30

El pool de bancos decide que se haga cargo de la gestión de Banca Catalana el Banco Bilbao-Vizcaya.

Querella por el caso Banca Catalana.

El Parlament de Catalunya aprueba la Ley de Creación del Ente Público Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

JUNIO

13

La Junta de Accionistas de Banca Catalana aprueba la «solución a la madrileña» de la gestión de la entidad. Pujol pierde la posibilidad de poder controlar el banco indirectamente.

SEPTIEMBRE

La televisión pública autonómica TV3 inicia sus emisiones.

Se crea la empresa Faig S.A., sociedad instrumental al servicio del aparato convergente. Invirtió cientos de millones en Radio 13 Catalunya S.A.

NOVIEMBRE

Radio Avui-Cadena 13 inicia sus emisiones. En abril de 1984, la cadena de radio cubrirá prácticamente todo el territorio catalán.

2

Se constituye la sociedad Productora Catalana de Televídeo S.A., presidida por Ferran Ariño, y que es la tercera sociedad en litigio sobre los derechos de emisión sobre una televisión privada. Sustituye a la sociedad inicial Promotora de Televisión Catalana S.A.

AÑO 1984

ENERO

Empiezan las emisiones diarias de TV3.

MARZO

20

El Parlament de Catalunya aprueba con el consenso de todos los partidos que componen la Cámara la Ley del Juego.

ABRIL

24

Elecciones al Parlament de Catalunya, la coalición CiU consigue la mayoría absoluta.

El Tribunal Supremo declara nula la Junta de Accionistas en la que se había llevado a cabo el «asalto» convergente a Promotora de Televisió Catalana S.A.

MAYO

19

El diario El País anticipa la querella que interpondrá el Fiscal General del Estado contra Jordi Pujol y otros responsables de Banca Catalana.

JULIO

20

La sociedad Productora Catalana de Televídeo S.A. firma un contrato de alquiler de sus instalaciones con la televisión pública TV3.

NOVIEMBRE

La Sala V de la Audiencia Territorial de Barcelona se pronuncia sobre la imputación de Jordi Pujol en Banca Catalana: «No ha lugar al procesamiento del aforado».

Se funda en Belfast (Irlanda del Norte) la sociedad Imperial Trading and Development, Ltd., una empresa fantasma sobre la cual fue montada Luditec. Como fundadoras de Imperial Trading aparecen dos amas de casa, Dorothy Kanex y Edna Elma Heron.

AÑO 1985

ENERO

El CARIC concede un aval a Radio Avui por 43 millones de pesetas. Antoni Subirà pertenece al Consejo de Administración de la emisora.

ABRIL

Dimite el presidente de El Correo Catalán, Carles Sumarroca.

El CARIC concede un nuevo aval a Premsa Catalana S.A., la sociedad editora del diario Avui, destinado a fines no previstos por la Comissió. Antoni Subirà preside el Consejo de Administración de Premsa Catalana S.A.

JUNIO

25

La Junta General Extraordinaria de Accionistas autoriza al Consejo de Administración del diario Avui a elevar el capital social a 180 millones de pesetas.

NOVIEMBRE

16

El Correo Catalán deja de llegar a los lectores. Quedan atrás 110 años de un diario que había llegado a tener importantes cuotas de difusión, se había significado en la etapa predemocrática como el más activo en reivindicaciones catalanistas, y disfrutaba de estabilidad económica hasta la llegada de Jordi Pujol en 1970. La espiral de pérdidas por la gestión partidista conducen a la quiebra de la sociedad editora. Los trabajadores de El Correo Catalán inician una huelga en demanda de los salarios pendientes.

DICIEMBRE

4

La notaría de José Luis Guasch Riudor extiende escritura de adjudicación del patrimonio inmobiliario de Fomento de la Prensa S.A. a Banca Catalana. Era el único activo con valor de la sociedad editora y éste correspondía prioritariamente a los trabajadores de la empresa por deudas salariales pendientes.

12

La consellera de Trabajo de la Generalitat de Catalunya autoriza la suspensión temporal de los contratos laborales de la plantilla de El Correo Catalán. A pesar de la temporalidad, la plantilla no pudo reincorporarse a su puesto de trabajo. La sociedad quedó inactiva.

AÑO 1986

MARZO

12

Referéndum de la OTAN.

ABRIL

El Parlament de Catalunya crea la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) para organizar, gestionar y recaudar fondos públicos de manera directa de todos los juegos con que la Generalitat está facultada.

Entra en funcionamiento el Institut Català de Finances (ICF).

MAYO

9

CarLes Vilarrubí es nombrado Director General de la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA).

22

Por Decreto 144/1986, el Gobierno de la Generalitat asigna la dependencia de la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) al Departamento de Presidencia y, por delegación, al Secretario General de la Presidencia, Lluís Prenafeta. Inicialmente, había estado asignada esta dependencia al Departamento de Gobernación; una vez asignado el adjudicatario de la concesión, volverá a éste.

JUNIO

Finalización del plazo de la suspensión temporal de los contratos laborales de la plantilla de El Correo Catalán. Se alegan imprevistas dificultades en el plan de reestructuración de la empresa editora. Sin otra alternativa, los representantes de los trabajadores aceptan la dilatación en el proyecto. Coincidía con la campaña electoral de las Elecciones Generales anticipadas al 20 de junio. Deberán incorporarse un mes más tarde, el 9 de julio.

20

Elecciones Generales anticipadas; la Operación Roca, encabezada por Miquel Roca, llevó al Partido Reformista a una sonada derrota electoral. El aparato convergente se desvinculaba de la operación.

31

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fomento de la Prensa S.A. En su orden del día está la aprobación de la suspensión de pagos de la sociedad. Esta Junta de Accionistas no se celebra, no hay constancia escritural de ella, ni figura en el Registro Mercantil. No se adjunta a la documentación presentada en el Juzgado el acta en que la Junta de Accionistas da su aprobación a la suspensión de pagos, imprescindible para que el expediente sea admitido en base legal por el juzgado que lo tramita.

JULIO

5

La sociedad Fomento de la Prensa S.A., editora de El Correo Catalán, presenta en el Juzgado expediente de suspensión de pagos. Esta acción concursal recae en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona. El magistrado titular de este juzgado, Joaquín García Lavernia, estaba en prisión al haber sido juzgado y condenado por su participación deshonesta en suspensiones de pagos tramitadas en este Juzgado.

8

La Generalitat de Catalunya autoriza a través de la autoridad laboral el permiso solicitado por la empresa editora de El Correo Catalán para despedir a toda la plantilla. Ésta debía incorporarse a su actividad laboral al día siguiente de esta autorización.

Casinos de Cataluña S.A. cambia de nombre, pasa a denominarse Inverama S.A. Anteriormente, Casinos de Cataluña S.A. había unificado en esta sociedad a los tres casinos autorizados: LLoret de Mar, Perelada y Barcelona. Inverama S.A., la sociedad recién constituida, participará en el accionariado de Luditec S.A. a la que por concurso le será adjudicada la explotación de las loterías catalanas. El holding del juego en Cataluña se ha devenido en monopolio.

SEPTIEMBRE

9

Se inicia el plazo de ofertas para concurrir a la licitación que debe asignar la adjudicación para explotar el juego y apuestas. Finaliza este plazo el 30 de octubre.

23

Se consuma el despido de la totalidad de la plantilla de El Correo Catalán, sin una indemnización digna. Los trabajadores tienen que recurrir al Fondo de Garantía Salarial; los funcionarios de la Generalitat que cuidan del expediente aceptan todas las tesis de la empresa.

OCTUBRE

27

Se constituye la sociedad Luditec S.A. sólo tres días antes de finalizar el plazo de concurrencia de ofertas para poder obtener la licencia de explotación de las loterías de la Generalitat de Catalunya.

30

Finaliza el plazo para el concurso de adjudicación de la licencia para la explotación del juego y apuestas, que se había iniciado el 9 de septiembre.

NOVIEMBRE

28

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona extiende auto de situación legal de Suspensión de Pagos de la sociedad Fomento de la Prensa S.A. Han servido de base para esta resolución los informes de los interventores judiciales, que con anterioridad de que fueran designados por el juez instructor habían actuado como peritos tasadores de los activos intangibles de la suspensa.

DICIEMBRE

5

A la sociedad Luditec S.A. le es asignada la adjudicación de la licencia para explotar el juego y apuesta. La Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) ya tenía colaborador. No fue así: se invirtieron las funciones y Luditec S.A. asumió un papel que la Ley del Juego no le atribuía.

AÑO 1987

ENERO

15

Vuelven a depender de la Conselleria de Gobernación la gestión del juego y apuestas. Ha sido un camino de ida y vuelta: el 2 de septiembre de 1982 le fueron asignadas, el 22 de mayo de 1986 son asignadas estas funciones a Presidencia; concluido el proceso de adjudicación de la licencia de explotación de las loterías son traspasadas nuevamente a Gobernación.

Jaques Toulorges consta en el registro mercantil de Friburgo (Suiza) como nuevo propietario de Imperial Trading and Development, sociedad fantasma sobre la que nació Luditec. En septiembre aparece otro nuevo propietario, Clément Barras.

FEBRERO

19

Luditec S.A., la sociedad a la que le ha sido adjudicada la explotación de las loterías, amplia capital de 500.000 pesetas a 60 millones. No concurren a esta ampliación ni la Caja de Barcelona, ni el Banco Hispano Americano. El Gobierno de la Generalitat concedió un negocio de miles de millones a una sociedad con la solvencia de 500.000 pesetas.

ABRIL

27

Se pone en marcha la Lotto-Ràpid, uno de los juegos que la Generalitat de Catalunya ha autorizado.

JUNIO

Elecciones Municipales y al Parlamento Europeo

OCTUBRE

21

La lotería Lotto-6/49 es el segundo de los juegos que se ponen en marcha en el mercado, antes lo hizo la Lotto-Ràpid.

28

Todos los grupos de la oposición en el Parlament de Catalunya (PSC, PSUC, AP y ERC) eligen la convocatoria de un pleno para debatir la política del juego.

NOVIEMBRE

10

Convocada Junta General de Acreedores de Fomento de la Prensa S.A. Acuden a ella los acreedores; quien no se presenta es el juez y el secretario del juzgado que instruye la Suspensión de Pagos. Una triquiñuela consentida por el juzgado hace que se realice otro procedimiento. Ninguno de los acreedores tiene información: no tienen posibilidad de poder instar la quiebra. El sobreseimiento de la acción concursal conduce a que los acreedores no cobren ni una sola peseta de sus créditos.

11

Como consecuencia del Debate General del Juego, solicitado por la oposición, el grupo CiU acepta la creación de una Comisión de Investigación del Juego.

17

La Comisión de Investigación del Juego inicia sus trabajos, el partido del gobierno boicoteara toda posibilidad de investigación.

DICIEMBRE

Concluye el plazo fijado para que la Comisión de Investigación del Juego se pronuncie sobre sus conclusiones. Las facilidades para el desarrollo de los trabajos de la comisión fueron nulas y, en consecuencia, sus resoluciones son exculpatorias para la coalición CiU.

AÑO 1988

MAYO

Elecciones al Parlament de Catalunya. La coalición CiU revalida la mayoría absoluta.

SEPTIEMBRE

Empiezan las emisiones experimentales del Canal 33.

14

Se constituye la sociedad Promotora Editorial Europea S.A., Predeusa, la editora del diario El Observador.

AÑO 1989

ABRIL

Elecciones a la presidencia del F.C. Barcelona. Pujol prepara un asalto para que un candidato convergente, Sixte Cambra, dirija la entidad. Pero Núñez gana por el 58% de los votos.

JUNIO

15

Elecciones al Parlamento Europeo.

29

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas del diario Avui, que nombra a Max Cahner Gràcia como consejero de la sociedad. No obstante, en la inscripción registral número 45 del 29 de marzo de 1990 se modifican estos acuerdos. Max Cahner figurará como presidente y Antoni Subirà cesa de este cargo.

Jaume Ferrús substituye a Enric Canals como director de TV3.

SEPTIEMBRE

Jaume Sentís dimite como director financiero de Inverama S.A.

El Canal 33 empieza sus emisiones regulares.

OCTUBRE

Jordi Planasdemunt y Salvador Forcadell son substituidos de sus cargos en la gestión del diario El Observador, a causa del caso de los pagarés falsos.

29

Elecciones Generales.

NOVIEMBRE

Se saldan los créditos pendientes del CARIC por las sociedades Puntextil y Subirà y Cía, empresas familiares de Antoni Subirà. Se denunció que el dinero para saldar los créditos provenía de un tercero favorecido con una recalificación de terrenos, dando lugar al caso Subirà.

DICIEMBRE

La Fiscalía de Barcelona abre una investigación sobre la compatibilidad de los cargos públicos de Lluís Prenafeta con sus negocios privados.

14

Jaume Sentís, ex director financiero de Casinos de Catalunya, presenta en el juzgado una querella contra Artur Suqué, presidente de el holding de empresas representadas por la concesionaria de las loterías catalanas, Luditec S.A.

AÑO 1990

La sociedad Promotora de Televisió Catalana es disuelta, nunca llegó a funcionar como emisora de televisión. Los accionistas minoritarios presentan demandas judiciales a los gestores convergentes al considerar que éstos han lesionado sus intereses.

ENERO

11

El diario El País publica una información con el titular: «Casinos de Cataluña acusada de desviar “dinero negro” hacia Convergència». Era el pistoletazo de salida del que se le llamaría caso Casinos. Albert Serra remite una carta al director de El País en la que niega haber recibido ninguna cantidad de Casinos ni de Artur Suqué.

Miquel Sellarés, miembro histórico y fundacional de CDC, es expulsado del partido a propuesta de Jordi Pujol.

MARZO

9

Lluís Prenafeta anuncia su dimisión a un grupo de periodistas. El relevo en la secretaria general de Presidencia estaba pactado pura el 1 de julio.

19

El Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona acepta a trámite la querella presentada por el sindicato CNT contra Lluís Prenafeta por incompatibilidad de cargo privado y público. De este juzgado se hará cargo Pascual Estevill el 11 de octubre de 1992.

29

Fecha registral de la inscripción número 45 de Premsa Catalana S.A. donde se transforman los acuerdos celebrados en la junta de accionistas del 29 de junio de 1989. Subirà, por una anotación de error, cesa en sus funciones en fecha de la citada junta, que no tomó este acuerdo.

ABRIL

Radio Avui-Cadena 13 deja de existir. Siete años quedaban atrás, la cadena de radio convergente es adquirida por la COPE, no sin antes presentar unas perdidas de 550 millones y verse mezclada en el desvío de dinero negro de los casinos catalanes. La empresa instrumental Faig S.A., accionista mayoritario de Radio Avui S.A. y Cadena 13, es disuelta.

Francesc Gordo manifiesta al juez que la única relación que tiene con Sentís es la profesional, derivada de su condición de vicepresidente de Cadena 13. Asimismo, niega haber recibido dinero de Casinos.

DICIEMBRE

12

Lluís Prenafeta destituye a Alfons Quintà como director y consejero delegado de El Observador.

AÑO 1991

MAYO

26

Elecciones Municipales.

AÑO 1992

ENERO

Jaume Sentís reaparece y se presenta en el juzgado, donde ratifica punto por punto la querella presentada y determina la cuantía del importe desviado en 3.000 millones de pesetas.

FEBRERO

14

Jaume Sentís se presenta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, aportando más de mil documentos del caso Casinos.

MARZO

15

Elecciones al Parlament de Catalunya: la coalición CiU alcanza la mayoría absoluta por tercera vez consecutiva.

Carlos Fajardo y Andreu Navarro fichan para El Observador.

ABRIL

El Parlament de Catalunya crea la comisión de investigación del caso Casinos.

JUNIO

15

A petición de la comisión de investigación del caso Casinos, los tres casinos de Catalunya remiten escritos asegurando la inexistencia de relación comercial o trato mercantil con cualquier partido político o comisión. La comisión considera ésta la prueba definitiva para exonerar de responsabilidades políticas al partido gubernamental.

JULIO

La comisión de investigación constituida en el Parlament de Catalunya por el caso Casinos se pronuncia: «No aparece ninguna relación de cualquier tipo entre las empresas titulares de las autorizaciones y un partido político o una coalición electoral».

24

Francesc Gordo declara por segunda vez ante el juez Gomis. Admite haber entregado talones de Casinos de Catalunya a los diarios Avui, El Correo Catalán y La Vanguardia.

SEPTIEMBRE

3

Albert Serra declara por segunda vez ante el juez Gomis. No reconoce su firma en decenas de fotocopias de talones, ni en una nota dejada a Sentís en Casinos. Afirma que sólo ha estado en Casinos una vez, para recoger unas entradas de un espectáculo.

17

Arturo Suqué declara ante el juez Gomis. Asegura que Sentís falsificó los cheques bancarios. Justifica la aportación de dinero a la editora del diario Avui.

OCTUBRE

Enric Canals dimite como director y consejero delegado de El Observador.

11

Lluís Pascual Estevill se incorpora como titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona. Estalla el caso Panasdemunt, cuando se descubre que la sociedad BFP (propiedad del economista Joan Bassols, el agente inmobiliario Salvador Forcadell y el responsable del Institut Català de Finances, Jordi Planasdemunt) había colocado en el mercado pagarés de empresas que no fueron atendidos en su cobro al llegar a su vencimiento.

NOVIEMBRE

Jordi Planasdemunt es destituido de su cargo al frente del ICF.

7

El semanario El Triangle publica la transcripción de unas cintas grabadas con las conversaciones telefónicas entre el conseller de obras públicas de la Generalitat, Josep Maria Cullell, y los diversos protagonistas del escándalo relacionado con la recalificación de una finca de su cuñado en Sant Pere de Torelló. El Triangle fue condenado judicialmente a pagar 25 millones a Cullell por el origen de las cintas.

AÑO 1993

MARZO

Jordi Pujol sitúa en la presidencia del Consejo de Administración del diario Avui a Xavier Llobet Colom.

MAYO

24

Cinco industriales interponen una querella en relación a la construcción, en Canovelles, de una casa para la familia de Jaume Roma, conseller de obras públicas. Los industriales consideraban que se habían visto lesionados sus intereses porque la obra había sido prácticamente un regalo de un constructor que participaba habitualmente en las licitaciones de obras del Institut Català de la Salut.

JUNIO

6

Elecciones Generales: la coalición CiU da soporte parlamentario al PSOE.

15

Jaume Roma renuncia al cargo de conseller de obras públicas.

AÑO 1994

MARZO

17

El juez Ramón Gomis, que instruye el caso Casinos, tiene en sus manos el informe policial que pone parcialmente al descubierto la trama de empresas y personas en el cobro de los fondos de Casinos de Cataluña S.A.

ABRIL

Propuesta de Iniciativa per Catalunya, a la que se adhiere ERC y PP, para que el Parlament de Catalunya convoque un pleno extraordinario que de lugar a una nueva comisión de investigación sobre el caso Casinos. La iniciativa no prospera por el rechazo de PSC y CiU, como tampoco lo hizo otra petición posterior para que el asunto fuera investigado por el Congreso de los Diputados.

5

Tipel, S.A., propiedad de la familia de Lluís Prenafeta, suspende pagos. Anteriormente, se le habían concedido avales por valor de 270 millones de pesetas.

MAYO

16

El presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, propone en una reunión de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro la aportación de 1.000 millones de pesetas al diario Avui. Los representantes del resto de cajas no aceptan. Las entidades de mayor peso deciden aportar temporalmente el capital por la vía del crédito.

JUNIO

12

Elecciones al Parlamento Europeo.

SEPTIEMBRE

19

El responsable del Institut Català de Finances, Jordi Planasdemunt, es condenado a siete años de cárcel y a ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de estafa y uso indebido de cargo público.

OCTUBRE

20

El juez decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza, para Javier de la Rosa, como responsable de un delito de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

NOVIEMBRE

Pascual Estevill llega al máximo órgano de los jueces el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la coalición CiU.

4

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya da la razón al Ayuntamiento de Barcelona en el caso de la clínica New Teknon, construida por Javier de la Rosa, declarando nula la recalificación hecha por la Generalitat, e ilegal la construcción del centro sanitario.

AÑO 1995

FEBRERO

10

José Manuel Novoa comparece en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona. Es el inicio del derrumbe de la estrategia convergente en el caso Casinos.

21

Lluís Prenafeta y Francesc Gordo comparecen ante el juez Ramón Gomis. Gordo reconoce la intermediación entre empresas concesionarias de la Generalitat y empresas de la órbita de CDC.

MARZO

3

Josep Lluís Rovira comparece ante el juez Ramón Gomis. Admite haber actuado como intermediario de Gordo en varios pagos a El Correo Catalán.

Se constituye en el Parlament de Catalunya una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas en el caso Cullell.

ABRIL

El Congreso aprueba la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción. Carlos Jiménez Villarejo toma posesión del cargo como fiscal anticorrupción.

MAYO

28

Elecciones Municipales.

JULIO

25

Fecha de presentación de la declaración a Hacienda de los resultados del ejercicio de 1994 de Premsa Catalana S.A., editora del Avui. Las cuantiosas pérdidas de este ejercicio, que se elevan a 885 millones de pesetas, añadidas a las de los años anteriores, fulminan el capital social de 1.600 millones. Lluís Oliva sustituye a Jaume Ferrús en la dirección de TV3.

AGOSTO

3

José Manuel Novoa presenta escritos ante el Juzgado de Instrucción, solicitando la práctica de determinadas diligencias y aportando documentación esclarecedora sobre el caso Casinos. El 26 de septiembre vuelve a aportar documentación.

OCTUBRE

5

José Manuel Novoa presenta una queja solicitando su intervención para normalizar el proceso del caso Casinos.

NOVIEMBRE

19

Elecciones al Parlament de Catalunya: la coalición CiU pierde la mayoría absoluta.

DICIEMBRE

Toma de posesión de Carlos Giménez Villarejo al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

AÑO 1996

MARZO

3

Elecciones Generales.

El Fiscal General del Estado, Carlos Granados, remite el caso Casinos a la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos para la Corrupción.

MAYO

10

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya archiva la investigación por cohecho en el caso El Correo. Sin embargo, el tribunal se inhibe a favor del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, que inicia las diligencias previas por estafa en la suspensión de pagos de Fomento de la Prensa S.A.

28

El juez Ramón Gomis declara a la cadena SER que tiene intención de archivar las diligencias.

28

El juez José Manuel Soler decreta el archivo de las diligencias sobre los avales concedidos por el CARIC.

JUNIO

El juez Ramón Gomis firma el auto de sobreseimiento libre de las actuaciones en el caso Casinos.

JULIO

4

Pascual Estevill es condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por prevaricación.

AGOSTO

El conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, anticipa una reforma de la Llei de Normalització Lingüística de 1993, más conocida como ley del catalán.

DICIEMBRE

El Tribunal Supremo decide juzgar a 26 personas por el caso Filesa, sobre la financiación irregular del PSOE.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya emite una sentencia por la que declara ilegal la recalificación urbanística de la finca del caso Cullell.

La coalición CiU propone en el Senado que se consensúe una ley destinada a condonar las deudas de las formaciones políticas.

AÑO 1997

FEBRERO

El juez Francisco González Maíllo dicta auto de apertura de juicio oral contra los consejeros, el apoderado y el liquidador de Promotora Catalana de Televisió S.A. por un delito de apropiación indebida.

JULIO

10

José Manuel Novoa remite un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que actúe ante las aportaciones ilegales a CDC.

Josep Manuel Novoa Novoa. (Barcelona, 1949) estuvo ligado profesionalmente al grupo de empresas de Banca Catalana como Gráficas Industriales, S.A. Fue gerente de Premsa i Publicitat, S.A., la comercial en su día de Premsa Catalana, S.A., editora del diario Avui, y de Fomento de la Prensa, S.A., editora de El Correo Catalán, siendo posteriormente gerente y administrador único de ésta última hasta su desaparición en 1985.

Actualmente es presidente de la Asociación de Empresarios APROC (Acreedores en Procesos Consursales).

Título: Jaque al Virrey

Autor: Josep Manuel Novoa Novoa

Fecha de edición: 1998

Se permite la reproducción total o parcial de este libro, su incorporación a un sistema informático, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico o mecánico, por fotocopia, grabación u otros métodos, sin el permiso previo del autor, entre particulares sin animo de lucro. (Art. 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Epub: Libros vagabundos, 2014

NOTAS

Una persona, un personaje

[1] Así queda expuesto en el pensamiento nacional catalanista: «Es necesario conseguir que los medios de comunicación públicos dependientes de1 la Generalitat continúen siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán. Incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y técnicos en comunicación para garantizar una preparación con consciencia nacional catalana. Crear una agencia de noticias catalana, de espíritu nacionalista y de gran solvencia. Favorecer la concesión de ayudas para emisoras con programación catalana». <<

[2] Los protocolos convergentes son ricos en este tipo de mensajes doctrinarios. Valga el siguiente ejemplo: «La explicación y potenciación de los ejes básicos de nuestra personalidad colectiva, elección y divulgación de los conceptos que permitan el máximo fortalecimiento de nuestro pueblo, ser más cultos, amar el trabajo y constatar las raíces. Es necesario concienciar a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos y garantizar nuestra personalidad colectiva. La potenciación del modelo familiar que garantice la sustitución biológica. Queremos hombres y mujeres de fuertes convicciones y preparados para afrontar una Cataluña potente, con conciencia de pertenencia, generadora de riqueza material y espiritual. Es necesario reunir a todos aquellos que estén decididos a desarrollar estas líneas de sensibilización y a difundir su contenido. Ser rigurosos en la concesión de premios y honores a las empresas, directores de empresa y trabajadores. Revisar en profundidad los mecanismos de acceso y promoción interna de los funcionarios. Las campañas de sensibilización que se organicen han de tener como base el fomento de las fiestas populares, las tradiciones, costumbres y mitología nacional. Catalanizar las actividades deportivas y lúdicas». <<

[3] En estos protocolos se recogen ideas como éstas: «También es necesario procurar la formación de los animadores socioculturales en los campos del ocio y la cultura. Fomentando y consolidando entidades y grupos culturales catalanes en todos los ámbitos… Potenciar los Consejos Comarcales de Deporte. Incrementar las subvenciones, muy concretamente a las asociaciones relacionadas con nuestra cultura tradicional». <<

[4] Cinco correspondieron a CDC, cuatro al PSC-r y dos a EDC. La coalición se situó como tercera fuerza política, igualada con la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez y por detrás de socialistas y comunistas. <<

NOTAS

Introducción en el tejido social

[1] Han sido presidentes de esta patronal: Sebastián Alegre, Carles Sumarroca y Josep Lluís Rovira. <<

NOTAS

Banca Catalana,
victimismo versus responsabilidad

[1] La lista la componían Jaume Carner Suñol, Enric Gabarró Samsó, Màrius Almirall Rovira, Francesc Cabana Vancells, Francesc Veciana Fonoll, Maria Soley Màs, Martí Rosell Barbé, Antoni Rosell Ballester, Francesc Recassens Musté, Lluís Montserrat Navarro, Ruth Kischner Komer, Jordi Pujol Soley, Josep Maria Miró Boronat y Salvador Casanovas Martí. <<

[2] De ellos, 80 son suscritas por Cabana, 74 por Maria Soley, 85 por Ruth Kischner, 40 por Francesc Veciana, 30 por Carner y 28 por Jordi Pujol. Las 63 restantes estaban repartidas entre los otros accionistas. <<

[3] Florenci Pujol y David Tennembaum se repartieron 434 acciones, frente las 366 que suscribieron el resto de los accionistas, a los que se incorporaron nuevos clanes: los editores Salvat, Andreu Ribera Rovira, presidente de la empresa familiar Metales y Platería Rivera S.A., y Juan Bautista Cendrós, propietario de la empresa de perfumería Herson, conocida por los productos Floïd. <<

[4] En el agroalimentario, con las empresas Explotaciones Agrícolas y Ganaderas S.A, (EXPLSA), Cervezas de Barcelona S.A., que comercializaba la marca Moritz, y Tauste Ganadera S.A. En el sector químico, Fibroquímica S.A., Aiscondel S.A., Inagra S.A., Etileno S.A., Sinorgan S.A. y Ferrer Internacional. En el sector textil, Montefibre Hispania S.A., Tybor S.A. y Brilen S.A. En el sector de papel y artes gráficas, Gráficas Industriales S.A. y Ondunova S.A.. En el siderometalúrgico, Torras Herrería S.A., Riviere S.A., La Farga Casanova S.A., Fundiciones Miquel Ros, Sirma Ibérica, Trenzas y Cables de Acero S.A. (TYCSA), Compañía Siderúrgica de Gibraltar S.A. y Suministros Roviralta S.A. En el sector de maquinaria-herramienta y productos industriales, Corberó S.A., Flamagás S.A., CGR España S.A., Mavilor Ibérica S.A., Micron S.A., Talleres Casals S.A., Pignone Española S.A., Mecanismos Auxiliares Industriales S.A., Refrigeración y Acondicionamiento S.A., Unidad Hermética y Compañía Roca Radiadores S.A. En el sector electrónico e informático, Enclavamientos y Señales S.A., Piher S.A., Telesincro S.A. y Servicio de Estadísticas y Contabilidad S.A. (SERESCO). En el sector de comercio y servicios, Arbis S.A., Compañía Catalana de Comercio Exterior S.A., Compañía Naviera Marasia S.A., Iberasia S.A., Emte S.A., Promociones Eléctricas S.A. (PROELECSA), Centro Hispano de Aseguradores y Reaseguradores 1879 S.A. CHASYR 1879, Holding Europrix-Catalsa S.A. e Ingeniería y Gestión S.A. <<

[5] 107 provenían de la propia Manca Catalana, 42 las aportó el Banco Mercantil de Manresa, 20 el Banco de Gerona y 19 el BIC. <<

[6] Se consideró que era suficiente contar con las siguientes personalidades: Joan Alegre Marcet, de la eléctrica Fecsa; Jesús Serra Santamans, de la aseguradora Catalana de Occidente; Joan Antoni Delgado Garriga, de la Sociedad Anónima Cros; Josep Camp Puigdomènec, de Jabones Camp; Gonçal Turell Moragas, de Aguas de Barcelona; Gabriel Buixó Riera, de la textil Cotofil S.A., y el rector de la Universidad Politécnica, Gabriel Ferrater Pascual. Los que permanecieron del antiguo consejo fueron Antoni Forrellad, Oligari Soldevila, Andreu Ribera, Joan Millet, Martí Rosell y Raimon Carrasco. <<

[7] La donación se realizó en la notaría de Luis Roca-Sastre Moncunill. Las acciones que se donaron fueron 22.749 de la serie A, por valor nominal de 5.000 pesetas, y 74.953 de la serie B por valor nominal de 1.000 pesetas. <<

[8] Forrellad intervino en 1977 en la compra de las acciones de Fomento de la Prensa S.A., la editora de El Correo Catalán, mediante un montaje de ocultación basado en una depurada ingeniería financiera. <<

[9] Estaban incluidos en la querella Jaume Carner Suñol, Francesc Cabana Vancells, Raimon Carrasco Azemar, Jordi Pujol Soley, Joan Martí Mercadal, Andreu Ribera Rovira, Martí Rosell Barbé, Olegario Soldevila Godó, Josep Lluís Vilaseca Guasch, Manuel Ingla Torra, Delfí Mateu Sayas, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas Beltrán, Joan Bautista Centrós Carbonell, Joan Millet Tusell, Ramón Miquel Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Antoni Moragas Gallisá, Víctor Sagi Casamitjana, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arna, Pere Messeguer Miranda y Ramón Montforte Navalón. <<

NOTAS

La financiación ilegal del partido

[1] En un principio, estas funciones fueron asignadas a la Conselleria de Gobernación. Se hizo por el decreto 386/1982 del 2 de noviembre de 1982. <<

[2] Por decreto 144/1986. <<

[3] Entró en relación con Pujol cuando trabajaba como militante en el servicio de asesoramiento municipal de CDC, en 1983, y hasta 1986 fue secretario general y director adjunto de Catalunya Ràdio. <<

[4] A través de las empresas instrumentales Alfasunión S.A., Liceda S.A. y Explotans S.A. <<

[5] Las sociedades Edificio San Juan S.A., Normax S.A. y Paboli S.A. constituían Inverama. <<

[6] Con Casino de Lloret de Mar S.A., Casino del Castillo de Perelada S.A. y Gran Casino de Barcelona. <<

[7] Los componentes, representantes de CiU, PSC, IC, PP y ERC, adoptaron la siguiente resolución: «El Parlamento de Cataluña crea la Comisión de Investigación sobre el “caso Casinos”, con los siguientes objetivos: la Comisión investigará las cuestiones referidas al llamado “caso Casinos” y se centrará en los siguientes puntos: 1.- Sociedades titulares de las autorizaciones administrativas de los casinos en Cataluña. 2.- Autorizaciones de apertura, funcionamiento y su renovación. 3.- Control por parte de la Generalitat de Cataluña de las actividades de las sociedades titulares de las autorizaciones administrativas de los casinos de Cataluña: inspecciones efectuadas, existencia de expedientes sancionadores, etc. 4.- Cumplimiento, por parte de las mencionadas sociedades titulares, de sus obligaciones fiscales referidas a los conceptos tributarios, la inspección, la liquidación y la recaptación de los cuales corresponde a la Generalitat de Cataluña, especialmente a la correcta acreditación de la tasa de juego. 5.- Documentación oficial de las mencionadas sociedades, con el fin de evaluar la eventual relación comercial o trato mercantil de cualquier tipo entre éstas y cualquier partido político o coalición electoral». <<

[8] Artículos 4, 6 y 9 de la Ley 15/1984 de 20 de marzo. <<

[9] Debía haber sido un contrato de adjudicación de servicios de suministro, pero se convirtió en un regalo de miles de millones a manos privadas. Se aceptaron con una generosidad mal intencionada todas las especificaciones contenidas en la oferta de Luditec. En esta oferta de sistema integral se incluían, y se aprobaron, la aplicación de programas informáticos, el servicio de instalación, la asistencia técnica, el mantenimiento, la formación de personal, las especificaciones de seguridad, la dotación de personal propio y el suministro de material (boletos, participaciones de lotería, hojas de selección de apuestas, etc.). En definitiva todo el material necesario, la distribución, el soporte publicitario en el punto de venta y todos los elementos necesarios para el diseño y la planificación, incluyendo el suministro de recambios para los equipos. <<

[10] Los artículos 198 y 404 del Código Penal definen las limitaciones de los funcionarios públicos en el ejercicio de actividades privadas. <<

[11] Cabe destacar la labor de investigación periodística que desarrollaron Siscu Baiges, Martí Benach, Jaume Reixach y Paul McGuinnes, que dedicaron un año entero al intento de perforar el blindaje de elite de este entramado de sociedades interpuestas. <<

[12] Hasta el 2 de diciembre de 1987 ITD tenía un capital de 10.000 libras esterlinas, pero solamente había desembolsado 7.002, algo más de un millón de pesetas, cuando ya tenía el 33% de la explotación del juego catalán. A partir de esta fecha la sociedad está integrada por 100.002 acciones que se reparten Toulorge (46.501), Barrett (la misma cantidad), Corpataux y Clifford (una acción cada uno), y la sociedad Mantelletta Ltd (6.998). <<

[13] Cuando se constituyó la sociedad, en noviembre de 1984, tenía como accionistas a Edward Richard, con 9.998 acciones, y a otros cuatro socios que se repartían doce acciones. <<

[14] En la proporción correspondiente, otras cantidades se repartieron entre los demás accionistas: Edificio San Juan S.A., 5.205.000; Inversiones Ponent S.A., 3.825.000; Normax S.A., 502.500; Paboi S.A., la misma cifra, y Banco Hispano Americano, 15.000 pesetas. <<

[15] Hoy ya no figura en el accionariado de Luditec S.A. La sociedad desapareció antes de 1994 o durante ese año, con el más absoluto mutismo. Inverama S.A., que había aumentado su participación del 44,95% al 67,8%, en 1994 incremento nuevamente su participación hasta el 93% al adquirir el paquete de acciones que estaba en manos de Inversiones Ponent. <<

NOTAS

La vía judicial del caso Casinos,
el cuento de nunca acabar

[1] En aquel mismo mes había entrado en vigor la «reforma Mágica», nombre con que se conoció la creación de los juzgados de lo penal, lo que supuso un trasiego de causas entre juzgados. Inicialmente, el caso Casinos le había correspondido al Juzgado de Instrucción número 20, que la admitió a trámite el 21 de diciembre de 1989; siete días más tarde este juzgado se convirtió en juzgado de lo penal, y en consecuencia tuvo que remitir todos los asuntos pendientes, entre ellos la querella sobre Casinos de Catalunya, al juez decano para que volviese a repartirlos entre los juzgados. Fue en este segundo reparto cuando recayó en el Juzgado número 6, que se encontraba en una situación de provisionalidad; su titular era Fernando Valle, juez decano de instrucción que en aquella época se presentaba como candidato a ese cargo en las próximas elecciones. Su sustituto era el titular del número 10, el magistrado Ramón Macià. De este modo, desde la presentación de la querella en diciembre de 1989, la acción judicial se fue desarrollando únicamente en función del contenido de la propia querella. <<

[2] Veamos un ejemplo extraído de los documentos que constan en el sumario. En el punto segundo, apartado c) de la querella, sobre las entregas dinerarias de Sentís, se dice lo siguiente: «c) A D. Albert Serra un total de 300 millones de pesetas, conforme al siguiente detalle: veinticuatro cheques bancarios por un total de 200 millones de pesetas en 1987. Cincuenta y un cheque bancario por un total de 100 millones en 1989». En la documentación complementaria aportada posteriormente Sentís es mucho más preciso, al incluir las fotocopias de los talones y su relación. Estos 300 millones los subdivide en tres entregas de 100 millones, de manera que se definen tres subgrupos de 100 millones. El referido como documento número 349 del sumario es uno de estos tres subgrupos. En él, de puño y letra de Sentís, se lee: «Relación de cheques bancarios entregados al señor Serra el 15 de septiembre de 1987 que forman parte de los 300 millones que se hacen constar en el apartado c) punto segundo de la querella». Sentís describe los datos y el importe de los talones que totalizan los 100 millones y a continuación dice: «Nota: Se acompaña a la presente relación fotocopia de los ocho cheques bancarios indicados, todos los cuales están visados o firmados por el Sr. Serra» (Documento 6.01). En el informe policial no se mantiene el criterio de los subgrupos, y se indican las cantidades sin hacerse división alguna. <<

[3] Tal imputación, en caso de convertirse en acusación, suponía una petición de pena, según el Código Penal anterior a 1996, de seis años y un día de prisión, y dicha pena podía ser ampliada si la Fiscalía consideraba que la acción era continuada. <<

[4] En el extracto de cuentas figura un ingreso de fecha 12 de febrero de 1986 por importe de 10.000.000 pesetas que corresponde al siguiente detalle: un talón de 470.000 pesetas pagado por el Casino de Perelada, seis por un importe global de 7.190.000 pesetas pagados por el Casino de Lloret y tres por un importe global de 2.340.000 pesetas pagados por el Casino de Barcelona, todos en concepto de facturas falsas de publicidad de El Correo Catalán (Documento 8.06). Otro ingreso fechado en 18 de marzo de 1986 por importe de 8.900.000 pesetas corresponde al siguiente detalle: tres talones por un importe global de 2.930.000 pesetas que fueron pagados por el Casino de Barcelona, y seis talones por un importe global de 5.970.000 pesetas pagados por el Casino de Lloret. <<

[5] Asistido por los letrados Jacinto Soler Padró, Víctor Girauta y Carlos Muñoz. <<

[6] Los acuerdos eran los siguientes: «1º \* Se nombra nuevo consejo de administración de la sociedad, designando como consejeros a los señores Max Cahner Gràcia, Lluís de Carreras Serra, Joan Vallve Ribera, Jordi Planasdemunt y Ricard Maso Llunes». No hay más acuerdos que éste, y la inscripción finaliza: «En su virtud inscribo la delegación referida, designación de cargos y los expresados \* nombramiento y aceptación de cargos». Ninguna referencia a los cargos que no sea de Consejeros. <<

[7] El recurso de reforma se plantea de tal manera que, si el juez no lo estima, ese mismo escrito se eleva automáticamente al tribunal superior como recurso de apelación, excepto cuando se solicita expresamente que ese recurso sea sólo de reforma. <<

[8] «Si bien es cierto que una de las múltiples providencias dictadas el 13 de noviembre de 1995 citaba a mi mandante para prestar nueva declaración en fecha 30 de noviembre de 1995, no es menos cierto que ese cambio de actitud por parte del juez instructor no fue más que un espejismo, ya que con posterioridad al 13 de noviembre de 1995 dejó nuevamente de proveer los escritos presentados por esta parte en los que se solicitaban nuevas diligencias o se apartaban documentos esclarecedores, e incluso suspendió la declaración prevista para el 30 de noviembre de 1995 (que le había permitido evitar la continuación de la investigación del CGPJ iniciada a partir de la queja formulada por esta parte)». <<

[9] La financiación de los partidos políticos se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1987 de 2-7-1987 (de financiación de partidos políticos), disposición que especifica claramente la posibilidad de recibir aportaciones privadas no finalistas. En el caso en que el aportante sea una persona jurídica, como resulta en este caso, esas aportaciones requieren acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social competente. Además, dicha ley señala en su artículo 4.3 que «los partidos no podrán aceptar o recibir directamente o indirectamente:

Aportaciones anónimas, cuando la cuantía total de las recibidas en un ejercicio económico anual sobrepase el 5% de la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado en ese ejercicio para atender la subvención pública a los partidos políticos prevista en el artículo anterior.

Aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica, superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año.

Aportaciones procedentes de empresas públicas ni de empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna administración. <<

[10] «Apareciendo acreditados estos hechos, y siendo la cuantía defraudada superior a los 15 millones de pesetas cuando a quien se defrauda es a la Hacienda Pública (art. 305 CP y superior a 50.000 ecus cuando a quien se defrauda es a los presupuestos generales de las Comunidades (art. 306 CP), es incongruente que el juez califique en el auto recurrido ese tráfico dinerario como «encubierto» y no haya estimado la existencia de un delito fiscal, cuando todo aquel tráfico dinerario que se encubre va intrínsecamente ligado a la existencia de fraude. Será la cuantía defraudada la que determinará la existencia o no de un delito fiscal». <<

NOTAS

La corrupción emerge

[1] Eran: Miguel Barón Aguilar, de Industrias Sostres; Luis Font Rifá, de Puertas Cupra; Valeriano Montón Martín, de Talleres Valeriano Montón; José Luis González Vicente, de Reformas, Obras y Construcciones, y Álvaro Bibiano Romero, de Consugra. <<

NOTAS

La obsesión de Pujol

[1] En 1966 disponían de 1.505 de las 4.000 acciones; en 1968 de unas 4.500 sobre 12.000 (una ampliación de capital había triplicado el accionariado del diario). En realidad controlaron siempre aproximadamente un 40%. <<

[2] En diciembre de 1970 se traspasaron 4.123 acciones, vendidas por Federic Torelló, Enric y Miquel Aguilar. Los compradores fueron Joan Casablancas, Antoni Bascompte, Josep Riba Ortínez, que asumió la vicepresidencia del Consejo de Administración, Federic Bayer, José María Santacreu y José María Vilaseca Marcet, que en conjunto pasaban a controlar un 30% aproximado del accionariado. Todos los compradores, a excepción de Santacreu, lo hacían en nombre de Pujol. <<

[3] Continúa citando el informe: «Según datos confidenciales, obtenidos de uno de los accionistas, al parecer resentido por la actitud de algunos miembros del Consejo, en este momento la distribución de acciones de la Empresa sería la siguiente [el documento ministerial esta fechado el 22 de noviembre de 1973): el grupo Banca Catalana controla el 30% de las acciones, José María Santacreu el 22% (hasta el momento afecto a B.C.), los antiguos accionistas el 12%, el Sr. Riba Ortínez y otros «del Sector Algodonero» (afectos a B.C.) del 12 al 15%, el grupo Baygual y Domingo Valls del 12 al 15%». <<

[4] Un párrafo extraído de un nuevo informe ministerial aconseja no inscribir el cambio de accionistas; literalmente: «en tanto no sepamos quién tiene realmente la titularidad de las acciones y en consecuencia, la propiedad del diario catalán». <<

[5] Compra 2.711 acciones, de las que un total de 790 acaba en manos de Federic Bayer; Teresa Roca, esposa de Vilaseca, al que anteriormente ya le había sido denegada su inscripción por creer el Ministerio que actuaba en representación de Jordi Pujol, acredita 700 acciones, y Carlos de Gomar, pariente de Vilaseca, otras 1.220. También figuraban entonces Ramón Trias Fargas con 17 y Miquel Roca Junyent con 5. <<

[6] También a través de intermediarios y del Banco Industrial de Cataluña (BIC), vinculado a Banca Catalana, adquirió la totalidad de las acciones de Gráficas Industriales S.A., que era la sociedad mercantil que actuaba como imprenta de El Correo Catalán. La mayoría accionarial de Fomento de la Prensa S.A. y Gráficas Industriales S.A. ya la adquirió Jordi Pujol a través de fiduciarios en diciembre de 1970, en el momento en que Federic Torelló y Enric y Joan Aguilar vendieron su participación en ambas sociedades. Pujol no estaba interesado en adquirir Gráficas Industriales S.A., que como imprenta estaba dimensionada para imprimir tanto el diario en tipografía como revistas periódicas en huecograbado. La familia Aguilar no estaba dispuesta a tener como cliente a El Correo Catalán con la saturación productiva y dependencia que el diario representaba. El planteamiento de los Aguilar fue o todo o nada. Pujol optó por el todo. <<

[7] Santacreu, durante esta época, era considerado un hombre de Manuel Fraga Iribarne; incluso fue diputado por Alianza Popular. Conocido por su actividad como concesionario del sector del automóvil, había realizado inversiones a la estela de Pujol en el Banc Mercantil de Manresa y Banca Catalana. Inmediatamente después de la venta de las acciones de El Correo adquirió al conde de Godó sus acciones en el Diario de Barcelona. <<

[8] Es necesaria una referencia textual, ya que en el único documento público que da constancia del paso de Pujol por el diario es la referencia número 31 del Registro Mercantil de Barcelona, que recoge los acuerdos del Consejo de Administración. El primero hace referencia a la aceptación de la renuncia de Francisco Baygual Brutau. El segundo determina lo siguiente: «De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales, en conformidad con el artículo 73 de la Ley de Sociedades Anónimas, designar Consejero de la Sociedad al accionista don Jorge Pujol Soley para cubrir la vacante producida hasta que se reúna la próxima Junta General presente en esta reunión. Don Jorge Pujol Soley mayor de edad […] acepta el cargo a su favor. Legitimó el Notario don Luis Roca Sastre Muncunill, quien hizo constar además el ejercicio legal de los cargos, presentada a las 12 de hoy según el asiento 1.334 del folio 154 al folio 291. Barcelona, 12 de marzo de 1975». <<

[9] La actual sociedad editora de El Periódico, Ediciones Primera Plana S.A. fue fundada por El Correo Catalán cuando se decidió incidir en el mercado de las publicaciones semanales y editó la revista Primera Plana, una publicación de información general que después fue traspasada a Ediciones Zeta. La publicación continuó editándose bajo la estructura de Ediciones Zeta. <<

[10] En sus inicios, la fotocomposición eliminaba la linotipia y todo el proceso de composición en plomo al sustituirlo por el teclado sin pantalla visual que perforaba una cinta; el operador debía aplicar unas complejas claves cuando introducía el texto a través del teclado para que posteriormente fueran interpretadas por la fotocomponedora, que convertía estas claves perforadas en textos impresos sobre papel. <<

[11] La incorporación de la pantalla permitía la visualización del texto; la eliminación de la cinta perforada, sustituida por un ordenador central con el programa correspondiente, mantenía en línea a todos los teclados; la simplificación de las claves permitía su utilización por personal no especializado. <<

[12] En 1975 fueron 12,5 millones; en 1976, 23,5; en 1977, 20; en 1978, 40; en 1979, 70; en 1980, 110; en 1981, 178; en 1982, 153; en 1984, 267 (cifras oficiales). <<

[13] La Oficina de la Justificación de la Difusión es una entidad independiente, auspiciada por las agencias publicitarias, como garante de la difusión de medios. <<

[14] Presidía la sociedad Joaquín Maluquer Sostres, Jordi Maluquer Bonet era consejero delegado y Francesc Ubach Miravitlles actuaba como secretario. <<

[15] Figuraban como vocales Joan Amoros Pla, Albert Conejos Badia, Josep Tomàs Vilaltella, Josep Lluís Virós Galtier, Miquel Esquirol Clavero, Jordi Maluquer Bonet (que se incorporaba al proyecto por vía de la sociedad originaria) y Jaume Vilalta González (que asumiría las funciones de consejero ejecutivo en funciones de gerente). <<

[16] Enric Cirici repite del anterior consejo y lo hace como consejero delegado. También repite Jaume Vilalta, como secretario, junto con Amoros, Conejos y Maluquer. Son nuevos vocales: Josep Maria Cadena Catalán, Joan Masramón Caritg, José M. Puigbó Vila, Antoni Reig Malla, Antoni Ribas Beltran, Josep M. Rosanas Marti, Juli Schmid Saludes, Santiago Terribas Alamego y Jordi Úbeda Bauló. <<

[17] Continúan del anterior: Cadena, Jordi Maluquer, Masramón, Ribas y Rosanas. Se incorporan: Albert Abril, Francesc Bofarull Carbonell, Oriol y Pau Camps Pons, Josep Castaño Colomer, Jordi Espona Muns, Mercè Ibars, Josep Manyé Vendrell, Josep Playà Muntaner, Agustí Pons, y Joan Rendé, Francesc Rubiol Punti, Francesc y Joan Saqués Roca, Ferran Solé Sans, Jaume Terribas Alamego, Francesc Vernet Mateu y Lluís Virgili Farrá. <<

[18] Las perdidas oficiales de Avui carecen de toda credibilidad; oficialmente en 1985 declaraba pérdidas de 972 millones de pesetas. <<

[19] La rotativa de que disponía El Correo Catalán era del sistema de tipografía, un proceso que ya había quedado obsoleto. No era necesaria una potente rotativa, ya que el tiraje de los dos diarios en conjunto no era de gran volumen; dicho de otra manera, por un tercio más de su valor económico se podía adquirir una rotativa con capacidad para imprimir los dos diarios. <<

[20] Había en el mercado opciones infinitamente mejores, con máquinas más actuales, y con modelos que todavía estaban en fabricación; por lógica, hubiera sido recomendable una opción de este tipo, ya que hubiera permitido hacer una inversión adecuada para aquel momento y tener en el horizonte la posibilidad de ir incorporando cuerpos de impresión adicionales. La maquinaria podía ser nueva o de segunda mano, según las disponibilidades económicas, pero siempre existiría la posibilidad de desarrollar la capacidad de impresión con mayor numero de paginas de una forma modular. <<

[21] Consejeros: Espona, Manyé, Masramón, Rosanas y Solé. Además se incorporaron Jordi Freixa Janariz como vicepresidente, Joan Agut Rico, Albert Alay Serret, Ferran Ariño Barberà, Jaume Comellas Colldeform, Josep Lloveras Macià, Salvador Maluquer Trepat, Josep M. Muntaner Pascual, Antoni Perello Quatrecasas, Josep Porter Moix, Josep Santiago Mestres, Albert Suñe Ysamat y Jordi Cabanas Orriols. Jaume Vilalta, que había participado en todos los consejos de administración desde los inicios, pasó a ser nombrado director general de Prensa de la Generalitat, y Jordi Cabanas asumió el cargo de gerente. En 1986 hubo cinco bajas: Ariño, Comellas, Porter, Rosanas y Suñe. Se incorporaron en esta fecha Enric Bruguera Payá, Xavier Gracia Pujades y, nuevamente, Josep Playà Muntaner. <<

[22] Según consta en el Departamento de Justicia de la Generalitat, los componentes de la Fundació Catalana de Comunicació son: presidente, Agustín Montal Costa; vicepresidente, Antoni Perramon Dalmau; vocales, Jaume Casademont Perafita, Josep Espar Ticó, Roser Fíguls Porta, Francesc Pont de Rubinat Santasusagna, Josep Maria Puig Salellas, Joaquín Ramis Coris, Santiago Solsona Fages, Antoni Subirà Claus y Maria Angels Valvé Ribera; secretario, Jaume Pujol Garriga. <<

[23] La distribución quedo así: cuatro emisoras para Antena 3, con participación de los diarios catalanes La Vanguardia, El Periódico y El Noticiero Universal; dos licencias para la cadena SER; dos para Rueda Cadena Rato, y otras cinco emisoras para Radio 80. <<

[24] En Barcelona Radio Avui, en Lérida Ràdio Terra Ferma, en Manresa Ràdio Catalunya, en Igualada Anoia Ràdio, en Blanes Antena Blava, en Palamós Radio Costa Brava, en Puigcerdà Ràdio Pirineus, en Masnou Ràdio Masnou-Maresme, en Cervera Radio Cervera, en Vic Radio Vic, en Granollers RKOR, en Tarragona Radio Mar. <<

[25] En Reus, Mataró, Berga, Amposta, Valls y La Seu d’Urgell. <<

[26] Bonmati fue nombrado administrador único; le sustituyó en julio de 1985 Jordi Fernández Guitart, y en febrero de 1987 María Lourdes Nonell le relevó en el cargo. <<

[27] Los vocales eran Josep Maria Rosanas Marti y Jaume Vilalta González. <<

[28] Se incorporaron nuevos vocales: Francesc Suárez Guinjoan, Félix Benito Guitart y Leopoldo Carreras Doria. <<

[29] Se incorporaron también Leopoldo Carreras Doria, Fernando Rodes Vila, Bertomeu Espada Verges, Enric Bonmati Rovira, Josep Martínez Rovira, Josep Balcells Rabanete y José Manuel Moreno Díez. <<

[30] Amadeu Bagues había fallecido; causaron baja Sastre, Rodríguez, Milà, Marcer y Guasch, y se incorporaron Francisco Singla, José Clasca y Fernando Pomares. <<

NOTAS

El Correo Catalán,
un lapsus de memoria

[1] Antoni Forrellad Sola formó parte del Consejo de Administración de Banca Catalana desde 1964 y del Comité Permanente de Convergència Democràtica de Catalunya desde marzo de 1976 hasta enero de 1977. Le fue concedida la Cruz de Sant Jordi por la Generalitat en 1982. Persona de plena confianza de Pujol, actuó como presidente del patronato de la Fundació Catalana en la cesión de las acciones de Banca Catalana por parte de éste el 14 de mayo de 1982. Jaume Carner Suñol fue presidente del Consejo de Administración de Banca Catalana desde 1959. Emparentado con Pujol, Carner esta casado con Lourdes Cabana, hermana de Francesc Cabana, casado con Maria Pujol Soley. Carner está vinculado con Jordi Pujol desde 1946, cuando ingresa en el Grupo Torras y Bages, organización católica promotora de la cultura catalana en la clandestinidad. En 1959 fue presidente del Consejo de Administración de la Banca Dorca, embrión de lo que tiempo después fue Banca Catalana. Jordi Pujol y Francés Cabana figuraban como gerentes, y este último era también secretario del Consejo. Xavier Millet Tusell milita en Convergència Democràtica de Catalunya desde 1976 y fue candidato por CDC a las elecciones municipales del 19 de abril de 1979, en las que fue derrotado por el candidato socialista Narcís Serra. Desde entonces no ha ocupado ningún cargo en la dirección de CDC. Fue vicepresidente del Consejo de Administración de FPSA, nombrado el 28 de junio de 1979, dos meses después de su derrota electoral, y coincidió en el mismo Consejo que presidía Xavier Ribo, con Vicenç Oller como conseller de Industria del primer gobierno de Pujol. Josep Maria Vilaseca Marcet había actuado desde unos años antes a esta venta de acciones como persona interpuesta en la cobertura de Jordi Pujol. Fue nombrado miembro del Consell Consultiu de la Generalitat, aunque nunca perteneció por decisión propia a ninguna estructura de CDC. El origen de su distanciamiento con Pujol fue precisamente su paso por El Correo y Destino. Vilaseca fue un eminente jurista, ligado a casi todas las iniciativas culturales de la época, y casado con Teresa Roca, de la familia propietaria de Roca Radiadores S.A. de la que el NIC participaba minoritariamente. <<

[2] Josep Maria Vilaseca Marcet ostentaba 2.449 acciones; Teresa Roca Formosa, su esposa, tenía a su nombre 2.338; Carlos de Gomar Mangrané, cuñado de Vilaseca, disponía de 2.160; Jordi Pujol, a su propio nombre; 10.955; otros diversos, sin control de Pujol, poseían 98. En total, suman 18.000 acciones, que son las que realmente tiene la sociedad. <<

[3] Para dejar constancia de la inscripción número 36 de fecha 27 de septiembre de 1976, José María Vilaseca Marcet, como presidente del Consejo de Administración de la sociedad, actúa «como delegado para llevar a cumplimiento los acuerdos tomados por unanimidad en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 21 de Junio de 1976, con la asistencia en segunda convocatoria de 34 de los 58 accionistas totales, poseedores de 15.494 acciones sobre un total de 18.000». El primero de estos acuerdos es la reelección de los consejeros José Riba Ortinez, Federico Bayer Ros y José Riba Ortinez. El segundo, el nombramiento como consejeros de Juan Casablancas Beltran y José Melia Pericas. El tercero, la modificación de la denominación de la sociedad de Fomento de la Prensa Tradicionalista S.A., que pasa a llamarse Fomento de la Prensa S.A, y por último, la modificación del artículo 2º de los estatutos, referente al objeto social. <<

[4] En la inscripción número 40 del 7 de noviembre de 1978 aparece José María Vilaseca Marcet, «igualmente como presidente del Consejo de Administración, en cumplimiento de los acuerdos tomados por la Junta General Extraordinaria de accionistas en su reunión del día 21 de junio de 1976 celebrada en segunda convocatoria con asistencia de treinta y cuatro accionistas presentes o representados sobre un total de cincuenta y ocho poseedores de 15.494 acciones». Asimismo, en cumplimiento de los acuerdos «tomados por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada en segunda convocatoria el día 30 de junio de 1977, debidamente convocada y publicada con asistencia de cuarenta y seis socios sobre un total de setenta y tres titulares de 16.261, declara y hace constar: Primero: de conformidad al acuerdo de la Junta General celebrada el día 21 de junio de 1976, modificada por la del día 30 de junio de 1977, queda aumentado el capital social en la suma de 4.000.063 pesetas, representados por 8.126 acciones de 500 pesetas de valor nominal cada una, que formaran una sola serie con la ya emitidas y numeradas del 18.001 al 26.126 inclusive». <<

[5] «Mediante la emisión de 81.910 acciones de valor nominal 500 pesetas cada una que constituirán una sola serie con las actualmente existentes y numeradas del 26.127 al 108.036 ambos inclusive». <<

[6] Inscrita en la siguiente forma: «Aumentar el capital social en 65.572.000 pesetas mediante la emisión de 131.144 acciones de valor nominal 500 pesetas cada una que constituirán una sola serie con las actualmente existentes y llevarán numeración correlativa del número 26.127 al 157.270 inclusive». <<

[7] A cada comprador se le adjudica en grupo; para no hacer extensa la descripción de las cifras, sólo aparecen nombres y cantidades globalizadas. Al grupo Forrellad se le adjudican 9.834 acciones, que se redistribuyen entre el propio Antonio Forrellad Sola, Antoni Borrell Màs, Pere Mir Puig, Joaquín Monzó Lasala, y Joan Martí Mercadal. Este grupo fue ampliado en el momento de la instrumentalización; sin variar el número de acciones adjudicadas se adhirieron Víctor Sagi, Jaume Marcé, Carlos Socias, Enric Corominas y Vilaseca Guasch. El grupo Carner lo integra en solitario Jaume Carner Suñol, que no hace distribución alguna de las 9.834 acciones que se le adjudican. Al grupo Millet, con Xavier y Joan Millet Tusell, Luis Marquesan Puig, Jordi Tusell Gómez, Manuel y Raimon Maragall Noble, Josep Pujadas Domingo, Antoni Vila Casas, Daniel Bravo Andreu y Santiago Oller Daurella, se le adjudica la misma cantidad de acciones que a los dos anteriores, 9.834. Por último, al grupo Vilaseca se le adjudican 3.363 acciones, que se distribuyen entre el propio Josep Maria Vilaseca Marcet y Teresa Roca Formosa, Josep M. Higueras Basols, Carles de Gomar Mangrané y Felip Portabella Cornet. <<

[8] Las absorciones del Banco de Expansión Comercial, Banco Mercantil de Manresa, Banco de Barcelona, Banco de Gerona, Banco Industrial de Cataluña, Banco de Asturias, Banco de Alicante y posteriormente también el Banco Industrial del Mediterráneo. <<

[9] El grupo D son acciones numeradas del 75.360 al 97.269, y en el grupo E la numeración va del 97.270 al 151.923 (Documento 10.04). Hubo que modificar la cantidad de acciones que integraban el grupo D, que partían del triple de las 18.000 iniciales, es decir, 54.000 acciones, e incrementarle 654 acciones más, ya que sin estas sólo se obtenía el 49.96%, otra evidencia más de la importancia de estos dos grupos de acciones. <<

[10] También renuncian a sus cargos de consejeros José Riba Ortinez, José Melia Pericas, Francisco Aizcorbe Bausili y Juan Casablancas Beltran. El Consejo de Administración lo componen Antoni Forrellad Sola, Jaume Carner Suñol, Xavier Millet Tusell, Federico Bayer Ros y Josep Maria Vilaseca Marcet, éste como presidente. Este Consejo permanece en funciones hasta 1979. <<

[11] Otro acuerdo de esta Junta fue el de reducir el numero de miembros del Consejo de cinco a tres. El vicepresidente es Xavier Millet Tusell, que ya figuraba en el anterior consejo; el tercer miembro es Vicenç Oller Company, que más tarde fue nombrado conseller de Industria de la Generalitat. <<

[12] Queda reflejado en los certificados de propiedad números 250 al 259, ambos inclusive. La numeración de las acciones en manos de la fundación coincide con las asignadas del grupo D y E controladas por Pujol. <<

[13] A la calle Consejo de Ciento, 425, casi esquina con el Paseo de San Juan, un edificio de nueva planta, que se construyó sobre el demolido cuartel de la Guardia Civil que extendía sus dependencias hasta la calle Balilen, 90. <<

[14] Su capital proviene de las 8.702 incluidas en el intercambio de acciones GISA/FPSA, y de las 2.370 de la redistribución que hizo Forrellad, también consejero de Banca Catalana e incluido en la querella que fue presentada contra esta entidad financiera. <<

[15] La publicación se vendía en los quioscos durante la semana y los sábados era incorporada como suplemento, con recargo del precio correspondiente, a la edición de El Correo Catalán. <<

[16] También se encargaba de la distribución de este diario, y cobraba de primera mano los ingresos por la venta de ejemplares, que transfería a Premsa Catalana S.A. como editora de Avui, deduciendo el importe de las facturas por el servicio de impresión. <<

[17] En lo que respecta a la deuda con la Seguridad Social, la empresa disponía de una sentencia judicial que le permitía, dada la casi congénita mala situación económica por la que atravesaba, el pago fraccionado mensual de la deuda histórica. La deuda con Hacienda estaba acogida a convenios de aplazamientos que, a base de incumplimientos, habían dado lugar a términos favorables que retrasaban el plazo de pago. <<

[18] Cuantitativamente, los sacrificios de la plantilla no eran muchos. Afectaban a la totalidad del personal de rotativas y cierre, ya que se delegaba la impresión a terceros. Del personal del taller de composición de textos, sólo una parte se veía afectada, y ello porque el diario no había llegado a un acuerdo con la plantilla para incorporar en convenio el domingo como laborable, con el fin de poder realizar la edición de los lunes. Esta circunstancia la tenían solventada todos los diarios excepto El Correo Catalán, que, con un coste descomunal, cubría la edición pagando horas extras festivas. <<

[19] Estaba previsto que, con el tiempo, y si el proyecto se consolidaba, se debía dejar la antigua editora en vía muerta con una actividad simbólica, rescatando al personal de redacción progresivamente hacia la nueva empresa. Era factible consolidar el proyecto, ya que la fórmula resultaba económicamente rentable, incluso con menos de los ejemplares que se estaban vendiendo, teniendo en cuenta que una parte importante eran suscriptores que mantenían una cierta fidelidad. El proyecto preveía una fuerte dosis de marketing incidiendo en la edición de los domingos, con una fuerte aportación de suplementos y coleccionables. <<

[20] Incluso se había decidido el nombre, La Voz de Cataluña, algo extraño, ya que esta cabecera la tiene registrada Sebastián Auger, que había sido propietario de Mundo Diario. <<

[21] El administrador único sustituye a la figura del Consejo de Administración, asumiendo en solitario sus funciones. <<

[22] Seguridad Social, Impuesto por Rendimiento del Trabajo Personal, Impuesto de Tráfico de Empresas, en fin, todo lo que corresponde a la carga tributaria. <<

[23] El abogado Luis Lorenzo Penalva y el interventor Joaquín Vidal Rius. <<

[24] Los que sí comparecen, en petit comité, y no físicamente sino por delegación, son los titulares de las acciones representadas por la Fundació Catalana de Comunicació, que tiene 15.478 acciones a su nombre, el 9,8 % del capital. Proceden estas acciones de las que Jordi Pujol ocultó en la venta realizada en 1977. El ex presidente del Consejo de Administración del diario, Xavier Ribó Massó, representa 40.941 acciones, el 26% del capital, y figura como accionista mayoritario al tener el mayor número de acciones en manos de una persona. Este paquete de acciones proviene de las acciones ocultas de Jordi Pujol. También concurrieron a esta teórica junta dos accionistas que figuraban en el contrato privado de venta que Pujol instrumentalizó en mayo de 1977. De una parte, estuvieron representadas las acciones de Antoni Forrellad Sola, 5.745 títulos, es decir, el 3,6 % del capital, representados por su hijo Armand al fallecimiento de su titular en 1983. De otra, Xavier Millet Tusell, comprador y redistribuidor de las acciones de Jordi Pujol, representaba 4.627 acciones, el 2,9% del capital. Agustí Montal Costa representaba 1.841 acciones, el 1,1% del capital. Por último, Víctor Sagi Vallmitjana representaba 11.072 acciones, el 7% del capital. <<

[25] En cumplimiento del articulo 2.5 de la Ley de Suspensiones de Pagos. <<

[26] Decía así: «Este fondo material de la cabecera del diario El Correo Catalán se basa en las expectativas de rendimiento futuro, y no en la situación que atraviesa la empresa. Se ha valorado este fondo a partir del valor global de la empresa por capitalización de una renta perpetua equivalente al super beneficio anual que es capaz de proporcionar Fomento de la Prensa S.A.». <<

[27] La prensa (El País y El Mundo) destacó dos párrafos del auto pronunciado por el magistrado: «No hay nada, nada de nada», y la crítica del juez a Novoa Novoa manifestando en su auto que sus consideraciones son tratadas benévolamente al calificarlas de «atrevidas, irreflexivas y sin el más mínimo soporte argumental». <<

NOTAS

TV3: el buque insignia

[1] Entre paréntesis se consignan los cargos que ocupaban en el diario: Jordi Daroca (director) director de los Servicios Informativos no diarios; Josep Sanz (subdirector) director de Información de Actualidad; Esther Fernández (subdirectora de Edición) directora de los Informativos Diarios (Tele-Noticies); Rosa Marqueta (redactora jefe de España) directora del Tele-Noticies Vespre, Ricard Palleja (redactor jefe de Cataluña) director del Tele-Noticies Migdia; Joan Salvat (redactor de Comarcas) director del informativo 30 minuts; Josep Lluís Suelves (jefe Sección de Catalunya) director de Asignaciones y Equipos Móviles. <<

[2] Sogedisa, distribuidora del diario, extendió 22 facturas falsas por un importe global de 23.371.125 pesetas; otras 12 con nombre de otra distribuidora, Distribución de Prensa S.A, por un importe global de 13.828.875 pesetas; y otra empresa de servidos de imprenta, Gráficas Especiales S.A., extendió 15 facturas falsas por un Importe global de 11.435.000 pesetas. <<

[3] Con el número de documento 479 por importe de 5.325.705 pesetas, con el documento 507 por importe de 1.777.650 y con el documento número 508 por importe de 2.528.610 pesetas. <<

[4] Las distribuidoras Sogedisa y Distribución de Prensa S.A., así como la imprenta Gráficas Especiales S.A. <<

[5] El diario económico Cinco Días, las revistas Mercado, Claves, El Gran Musical, participaciones en la prensa extranjera (The Wall Street Journal, The Independent). En el campo de la distribución figura Distribuidora Edisa, en el sector de la publicidad están Publicidad Cid y Expolux, y en el sector editorial Santillana, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara y la Fundación Santillana para Iberoamérica, que cubre todo el continente americano, incluidos los Estados Unidos con Santillana Publishing. <<

NOTAS

El Observador:
la segunda parte de El Correo

[1] Se incorporan Josep Lluís Monreal, presidente de Ediciones Océano Éxito; Joan Rosell, consejero y director general de Luis Congost S.A., empresa del sector de la juguetería; Carles Colomer, presidente de Henry Colomer S.A. y de Revlon S.A., del sector de cosméticos; Benjamí Casany, directivo de la sociedad editora del diario Mediterráneo y de Porcelanosa, del sector de la cerámica. <<

[2] Consejero delegado, Enric Canals Cussó; secretario, Josep Manuel Carrera Abella; vocales, Andrés Buades Costa, José Sanclemente Sánchez, Benjamí Casany Bernal, Joan Rosell Lastortras, Josep Font Vilanta, Antón Rucabado Alier y Vicenç Capdevila Cardona. <<