Durante la posguerra las presas políticas fueron algo más que simples cautivas: tuvieron que soportar un asedio humano premeditado que alcanzó una crueldad extrema. En «Irredentas» el profesor Ricard Vinyes relata con una profusión de datos hasta ahora inéditos el poco conocido universo de las cárceles femeninas durante la dictadura del general Franco. Los elocuentes testimonios, en primera persona, de las propias protagonistas, desvelan un colectivo de mujeres que, pese al sufrimiento inflingido por un sistema penitenciario brutal, se esforzaron por conservar lo único que las mantenía vivas: su identidad humana y política.

Ricard Vinyes

Irredentas

Las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco

ePub r1.0

Titivillus 21.03.15

Título original: Irredentas

Ricard Vinyes, 2002

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Dicen que nuestros métodos son criminales.

¿Cómo pueden ser criminales sin son los únicos que tenemos?

JOSEPH CONRAD,

El corazón de las tinieblas.

Ya soy mayor, ya soy memoria y a partir de ahí

no podréis conmigo.

JUAN MARSÉ,

Si te dicen que caí.

Abreviaturas

Abreviaturas

ABHC | Archivo Biblioteca Hispano Capuchina
ACRVK | Archivo del Centro de Reinserción Social Victoria Kent
ACPB | Archivo del Centro Penitenciario de Bilbao
ACCPCE | Archiyo del Comité Central del Partido Comunista de España
AGA | Archivo General de la Administración
AGMS | Archivo General Militar de Segovia
APCMS | Archivo Prisión Central de Mujeres de Segovia
APPM | Archivo Prisión Provincial de Málaga
ATM IV | Archivo Tribunal Militar IV
ACIB | Arxiu de la Cambra d’Indústria de Barcelona
ACJ | Arxiu de la Conselleria de Justicia
ADB | Arxiu Diocesá de Barcelona
AHCB | Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona
AHG | Arxiu Historie de Girona
AHLL | Arxiu Historie de Lleida
AHT | Arxiu Historie de Tarragona
AMJ | Archivo del Ministerio de Justicia
ANC | Arxiu Nacional de Catalunya
ATVC | Arxiu Televisió de Catalunya
BACMC | Biblioteca de L’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
BC | Biblioteca de Catalunya
BDGIP | Biblioteca de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
BN | Biblioteca Nacional
BNF | Bibliothèque Nationale de France
BSCB | Biblioteca del Seminari Consiliar de Barcelona
CICRC | Commission Internationale Contre le Régime Concentrationnaire

Prólogo

Prólogo

Este libro habla de mujeres capturadas por la dictadura del general Franco y del lugar donde fueron confinadas: la cárcel. Trata del sistema carcelario del Nuevo Estado y analiza especialmente el modo en que construyeron su vida las presas políticas hasta principios de los años cincuenta. Termina con un epílogo sucinto, un breve relato situado en 1975, que revela hasta qué punto pervivió el proyecto carcelario inicial de la dictadura y la sorprendente inutilidad del mismo, a pesar de haber dejado a lo largo de cuarenta años un número sin cálculo posible de vidas dañadas. Esa «inutilidad» del daño, Hanna Arendt la describió también como la banalidad del Mal[1].

Cada presa conservó experiencias vitales diferenciadas de la prisión que habitó. Hubo muchas cárceles, pero todas ellas, en sus dispares emplazamientos territoriales, ubicadas en edificios de muy distinta naturaleza y función hasta mediados los años cincuenta (instalaciones penitenciarias, pero también conventos, cuarteles, seminarios o grandes mansiones habilitadas), constituyeron un solo universo, puesto que por encima de las diferencias derivadas de la administración y gestión de directores, celadoras o religiosas que podían hacer más o menos llevadera la vida de las detenidas, hubo una sola forma de poder y dominio que determinó el sistema de relaciones humanas y sociales en el interior de la cárcel.

La expresión «universo carcelario» no debe concebirse limitada a todo aquello que sucede entre las paredes de la prisión. Más allá de los muros existieron territorios en constante relación con el interior del presidio y formando parte inseparable de él. No sólo un cierto entorno de solidaridad civil con las detenidas, también fue importante la vida de sus familias, a menudo sostenidas por las mismas presas desde la cárcel, o las redes de comercialización de productos manufacturados para subsistir y que se extendieron por las ciudades, o las sociedades católicas que acosaron la cárcel y su entorno familiar por medio de complejas tramas de beneficencia; o las investigaciones psiquiátricas ordenadas por el Ejército, con graves conclusiones y efectos, o el sombrío mundo de hospicios y centros de Auxilio Social, o el propio discurso penitenciario impartido en las escuelas de funcionarios del cuerpo. Y también, por supuesto, las conexiones de las presas con el exterior, no sólo con parientes y amigos, sino con las organizaciones políticas a las que pertenecían. Todo eso, y aun mucho más, es parte constituyente del universo penitenciario.

La perspectiva sugerida en estas páginas trata de exponer los objetivos y políticas del Estado, los razonamientos del entorno penitenciario sobre la naturaleza del disidente vencido y los proyectos ejecutados para con las presas, sus hijos y familiares. Es en ese entorno donde surge el dolor, y surge como objeto histórico en tanto formó parte del funcionamiento del sistema penitenciario franquista. «Gemirán durante años en prisiones, purgando sus delitos», escribió uno de sus hombres más notables y vengativo, Antonio Vallejo Nágera, porque eso era lo previsto.

Funcionarias, religiosas, guardias… eran el rostro del Estado y de la Iglesia, y su responsabilidad enorme puesto que la actividad cotidiana del presidio estaba en sus manos. Su forma de actuar, derivada del Estado y a la vez con un margen de autonomía muy importante, conduce a una pregunta crucial para comprender ese mundo, la pregunta por el poder social instalado en el universo carcelario.

Analizar ese tipo de poder, su sistema operativo con relación a la población penitenciaria, revela que las presas no fueron simples sujetos de sufrimiento incapaces de algo más que el lamento. Al contrario, es cuando las observamos en su relación con ese poder, y sólo entonces, cuando aparecen como personas con voluntad y capacidad de comprender lo que sucedía a su alrededor y responder a ese entorno con los medios y actitudes que consideraron oportunos. Y ello con dos finalidades indivisibles en aquel contexto: salvar su vida y afirmar su identidad política.

Esa relación activa y constante de las presas con el poder y sus formas de dominio, prueba que la cárcel jamás fue un paréntesis vital para las reclusas, sino una construcción biográfica que muchos años después las convirtió, por decisión propia, en testimonios activos, es decir, testimonios que no sólo dieron fe de la «verdad» de lo sucedido, sino también una interpretación propia de los hechos vividos. Para algunas significó un trayecto de anulación humana del que jamás se recuperaron. Sin embargo, para muchas otras significó un aprendizaje muy duro sobre el cual se asentaron y consolidaron convicciones y, a través de ellas, su identidad, precisamente aquélla por la que habían sido capturadas y encerradas. A principios de los años cincuenta, acaso antes, las autoridades de la cárcel y la Dictadura eran conscientes de la incapacidad de sus métodos para «redimir», es decir, doblegar o transformar a aquellas encarceladas políticas, pero el sistema de dominio y sus recursos ejecutivos prosiguieron porque procedían de la naturaleza del régimen político que lo había instaurado. Para cambiar la cárcel debía cambiar su «creador», el Nuevo Estado.

En el transcurso de esta investigación aparecieron extraños indicios sobre la política seguida por el Estado con relación a miles de hijos de presas cuyos padres perdían la tutela cuando los pequeños eran ingresados en la red de beneficencia pública. En ese punto, y tras la publicación de un breve artículo en el que presentaba los primeros resultados sobre el tema, surgió la propuesta de elaborar un documental acerca de ese asunto para Televisió de Catalunya (gracias al interés de los periodistas Montserrat Armengou, Ricard Belis y Mireia Pigrau). Asumí la responsabilidad de la investigación y la asesoría histórica y ellos realizaron el documental, que con el título Els nens perduts del franquisme, y con cerca de dos horas de duración, se emitió en diversos canales de televisión a principios de 2002. Participar en ese proyecto fue importante para mi investigación, pues me obligó a profundizar en un tema no previsto, pero de suma trascendencia para comprender el significado y la aplicación social de las tesis de «segregación total» derivadas de las investigaciones efectuadas por la psiquiatría militar con presas políticas malagueñas y brigadistas. Ello me permitió atar cabos sueltos a propósito de lo que he calificado como «zona de riesgo de pérdida», que coincidía con las acciones descritas en sendos informes del Servicio Exterior de Falange conservados en el Archivo General de la Administración. Los papeles relataban con detalle la política de persecución y captura de hijos de republicanos en todos los exilios, y ello formaba parte del universo carcelario. Sus padres estaban en prisión, y ellos, hijos e hijas, eran enviados a centros de internamiento públicos o religiosos.

La investigación es deudora de numerosas colaboraciones y ayudas, sin ellas habría sido incapaz de llevarla a cabo. La diligencia profesional de las bibliotecarias de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Amparo Fernández y Lourdes Toscán, me orientó hacia lecturas que sin su consejo no habría realizado. De Gregorio González, director de régimen del actual Centro Penitenciario de Segovia, aprendí a leer expedientes y comprender los entresijos legales del mundo penitenciario que mi formación de historiador desconocía. Los funcionarios de Yeserías me facilitaron documentos de complicado acceso. Gracias a ellos conocí a Teresa Martín, una de las niñas deportadas de la Prisión de Saturrarán, con cuyo relato fiel, seguro y vehemente, entendí el significado de la frase «Destacamento hospicio», escrita en algunos expedientes de presas que encontré en los fondos de Yeserías. Los hijos de estas presas fueron montados en trenes, sin autorización familiar y sin indicar su destino. Entre viajes y entrevistas conocí a Juana Doña. Su cabeza me impresionó, cada anécdota que me contaba llevaba a una reflexión que yo había sido incapaz de entrever. Tengo muy presente a Palmira Sanjuán. Con ella visité la antigua Prisión Central de Mujeres de Segovia pocas semanas después de ser clausurada. Me enseñó muros, compartimentos y celdas, el mecanismo de vigilancia y cómo era sorteado por las presas. Lamentablemente, falleció de manera repentina poco después de aquella visita.

Esta investigación se ha beneficiado de la consulta y utilización sistemática de la gran obra de Tomasa Cuevas, quien poco antes de morir el general Franco recorrió el país recolectando voces y grabando las vivencias de las mujeres que habían estado con ella en distintas cárceles. Sus tres volúmenes, de una riqueza excepcional, son una poderosa fuente primaria y algo más: una de las mejores contribuciones cívicas de aquellas mujeres irredentas que quisieron ser historiadoras de sí mismas.

Conocí a muchas de ellas gracias a la intercesión de una entidad singular, Dones del 36, y por la colaboración de la Associació Catalana d’Expresos Polítics. Enric Pubill y Joan García Tristany, sus principales animadores, corrieron siempre en mi ayuda, y eso sucedió muchas veces.

Pude efectuar los numerosos desplazamientos que requirió la investigación gracias al soporte económico de distintas instituciones públicas, como la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, la Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya, y el Centre d’História Contemporània de Catalunya. A ellos les agradezco que confiaran en el proyecto. En el transcurso de la investigación, y por intercesión del profesor Julián Casanova, la editorial Temas de Hoy me propuso publicar lo que hasta el momento había investigado. Consideré que era una buena ocasión para hacer un alto, ordenar y construir un libro que divulgase el trabajo realizado, si bien algunas ideas ya las había publicado en revistas especializadas de historia. El texto final fue leído con paciencia por el profesor Manuel Risques. El debate con él y sus indicaciones representaron los mejores momentos del trabajo de redacción.

He dejado para el final un reconocimiento especial porque no ha tenido sólo el carácter de colaboración, sino más bien de guía a través del complejo mundo de la cárcel, para mí desconocido hasta que decidí afrontar este trabajo. Cuando comencé a mirar en su interior todo era oscuro, selvático y desordenado. Una mujer, Maria Salvo Iborra, tuvo la paciencia de orientarme a través de él. Me transmitió noticias y reflexiones sobre sus dieciséis años de cárcel, pero hizo algo más: me llevó de la mano por el mundo interior de las presas, iluminó las relaciones entre individuo y poder en aquel contexto, me contó lo que significaba sucumbir, y lo que significaba construir una biografía a contracorriente para evitar la aniquilación. Supongo que me quedé sin aprender muchas cosas. En cualquier caso, este libro no habría sido posible sin su tiempo, su atención y sus palabras.

Barcelona, junio de 2002.

Capítulo I: Saber quiénes, conocer cómo, averiguar cuántos

Capítulo I

Saber quiénes, conocer cómo,

averiguar cuántos

La cárcel fue una industria de transformación de existencias. Sus habitantes conocían la verdad de los hechos. Ignoraban la historia.

La verdad era el recuerdo y el dolor de un tren cargado de críos que apenas rebasaban los cuatro años de edad. En algún despacho gubernamental, alguien con suficiente poder decidió que al atardecer de un día de 1944, desde la prisión de Saturrarán, instalada en una hermosa bahía del mar Cantábrico, partiese una expedición infantil hacia la nada. Ese alguien de aquel despacho decidió y ordenó que el tren viajara hacia un destino desconocido. Desconocido por los viajeros y por las madres de los viajeros: un montón de mujeres encarceladas, con sus compañeros confinados en prisiones, cementerios, fosas comunes o esparcidos por cualquier territorio de exilio, mujeres a las que había sido preciso apalear para separarlas de sus hijos según relató sesenta años más tarde una de las niñas de aquel tren, ingresada en la cárcel de Ventas a los cuatro meses de nacer y trasladada a Saturrarán junto a su madre algunos meses después: «Hasta que nos separaron para siempre»[1], apostilló. Estamos en 1944. La verdad era ella y lo que había visto. La historia era otra cosa.

La historia era comprender que para la deportación de los hijos de las republicanas presas se habían tomado decisiones políticas que habían puesto en marcha soportes logísticos, habían organizado horarios, movilizado guardagujas, soldados y guardias, vigilado cruces viarios y estaciones para controlar que nadie descendiese y escapase. La historia era comprender un sistema.

La historia podía rehacerse como casi siempre, con rastros de voces y papeles, piezas de un mosaico desleído, almacenadas —o esparcidas— en archivos, instituciones, cajones y cabezas. La historia de las verdades aisladas y sueltas, ilegibles, comenzaba en cualquier parte de España a partir de la victoria militar del ejército sublevado en 1936. Más adelante comprobaría que aquel tren saturado de niñez deportada era tan sólo un acontecimiento más del universo carcelario.

La industria y su materia

La industria y su materia

La actividad de aquel universo fue industrial, una inmensa industria, y su maquinaria ejecutó un conjunto de operaciones sociales, políticas, culturales y económicas destinadas a transformar la existencia completa de presos y presas y, por extensión, de sus familias. Los habitantes de aquel mundo —hombres, mujeres, niños— constituyeron la materia primera de transformación, el sentido de toda la industria. Al fin y al cabo, para ellos fue creado aquel universo concreto. El Estado escribió que en 1940 cruzaron el rastrillo de las cárceles 280 000 personas por causas de guerra[2]. Era la primera cifra oficial publicada por el Ministerio de Justicia. Corría febrero de 1946 y apenas medio año antes había finalizado la segunda guerra mundial con resultados inquietantes para la dictadura. Fue una inquietud efímera, desde luego. De todos modos, ni la cifra era exacta ni reflejaba la composición de la población encarcelada real, que jamás fue el engrudo homogéneo presentado con intención por el Estado[3].

Dos grandes categorías diferenciaron la entrada de presos y presas en las cárceles: los capturados «anteriores» y los «posteriores» con relación a la Victoria, referente perpetuo de división temporal en España durante la dictadura. No era una distinción formal, una clasificación retórica. Al contrario, afectó penas, tribunales, leyes y conductas. Los anteriores (o detenidos y encausados por circunstancias de guerra) constituían una masa heterogénea y caótica, la muchedumbre propia de un ejército derrotado y procedente de territorios ocupados a lo largo de tres años de guerra. Había soldados procedentes de los campos de concentración y militantes de base de las organizaciones republicanas; la pequeña intelectualidad democrática (maestros, periodistas, profesionales); familiares de militantes o simpatizantes exiliados, sus esposas, hermanos o parientes ancianos con hijos y nietos; un número incalculable de víctimas de la delación vecinal y eclesiástica; diputados y cargos de la administración, cuadros políticos y oficiales leales detenidos durante la insurrección del coronel Casado en los últimos días republicanos; gente procedente de las grandes bolsas de fugitivos atrapados en los muelles de Alicante y Valencia, en los caminos de monte; o personas capturadas en las frecuentes acciones del escuadrismo falangista. Esa multitud constituyó la asfixiante y hacinada masa carcelaria española de los primeros años de posguerra. Saturaron presidios, prisiones centrales, provinciales y de partido judicial, se extendieron por conventos y sanatorios, castillos, cuarteles y seminarios. José Robledano legó en sus dibujos un testimonio gráfico espléndido, expresivo —triste— de aquella gente con la que él mismo habitó presidios diversos durante años.

Los anteriores poseían convicciones políticas de intensidad muy distinta, porque distintas habían sido las causas de detención. Sin embargo, el protocolo de ingreso en la cárcel, constituido por la paliza y la vejación en grados diversos, fue similar para todos, y tan reiterada y tan parecida en cualquier punto de España que, sin duda, se convirtió en una liturgia de la atrocidad. «Cuanto más insensible y cruel se mostraba uno, era considerado como más adicto a Franco»[4]: una reflexión de base sumamente empírica escrita por Gumersindo de Estella, capellán de la prisión de Torrero. No importaba el delito ni la causa, sólo la vinculación republicana o la sospecha de simpatía con ella. Aquella brutalidad se agotaba en sí misma porque tan sólo buscaba el escarmiento y, a lo sumo, la delación de actos ciertos o imaginados que permitiesen aumentar aún más las capturas y, por supuesto, humillar al delator por su acto. A fin de cuentas, había que dejar bien claro quién mandaba y cómo. Muchos torturados con destino al presidio murieron antes de entrar en él o a los pocos días de su ingreso. Durante los últimos meses de 1939, en las cárceles de localidades medianas, como Guadalajara, Albacete o Zamora, los malos tratos, incursiones falangistas y violaciones se prolongaron dentro de las cárceles según voluntad y autoridad del director y funcionarios. En Guadalajara los guardias disparaban a los presos que se asomaban por los barrotes de las ventanas pidiendo los orines de los hijos de las presas para calmar la sed. Más de uno fue alcanzado por el fusil. Sin embargo, también allí un funcionario impidió una matanza de presas organizada por falangistas armados con ametralladoras y apostados en los muros del patio[5]. Días antes una incursión de adolescentes uniformados de azul rapó a todas las presas. En Albacete un par de funcionarios utilizaban su poder para seleccionar presas jóvenes, de dos en dos, día a día, para su uso sexual «en el cuarto que había bajo la escalera». En Ocaña, a dos muchachas adolescentes de apenas diecisiete años «cada dos por tres las llamaban a las dos y las sacaban, pero teníamos tal horror que ni ellas nos decían qué era lo que habían hecho fuera ni nosotras les preguntábamos. No sabíamos nada más que a la hora que querían, las sacaban: “A ver Luisa, Luisa Álvarez” (la “Pollera” la llamaban). Salía y volvía por la tarde o a la hora que la dejaban, pero no sabíamos más»[6].

Son relatos convenientes para percibir que la cárcel, en los primeros meses de la Victoria, no siempre fue un lugar de garantía de inmunidad ni burladero para el detenido, al menos en las prisiones más pequeñas. Fueron los inicios de la cárcel sufrida por los anteriores. El único factor favorable para aquella multitud aterrorizada fue su propio volumen, que colapso la administración judicial y penitenciaria, forzando al Estado a descongestionar la situación con sucesivos indultos (sólo en 1940 decretó cuatro, el primero de ellos en enero), que facilitaron la excarcelación de numerosos detenidos en régimen de libertad condicional. Muchos condenados a penas de treinta años dejaron la cárcel al cabo de tres o cinco. También muchos dejaron su vida en ella.

Sin embargo, la presencia de los encarcelados bajo el nombre de «posteriores», según el argot policial y penitenciario, constituía una realidad diferenciada. Y, por supuesto, con los años creció la diferencia. No sólo su vinculación política era explícita, puesto que habían organizado una resistencia básica y elemental desafiando la dictadura, sino que poseían además una tradición militante, o una disposición a la acción, y estaban preparados para ser detenidos. Con el tiempo se habían sentido alentados por los éxitos de las fuerzas aliadas en la guerra mundial, e incluso algunos habían participado de diversas maneras contra la expansión nazi en los distintos frentes y también en la retaguardia de las ciudades europeas ocupadas. La excepción a este panorama general eran algunos hombres y mujeres que habían participado en la frágil logística de apoyo a la guerrilla por vínculos familiares o por simpatía republicana y personal, gente cuyas costumbres rurales eran diferentes a las de los capturados de las zonas urbanas, y cuyas convicciones políticas resultaban mucho más vagas.

La captura de mujeres y hombres posteriores estuvo siempre acompañada por la tortura policial, pero en su caso fue practicada con objetivos precisos, utilitarios, puesto que se trataba de obtener información eficaz para desmantelar las débiles redes clandestinas, deshacer los esfuerzos de reorganización y localizar a la guerrilla rural o urbana. En consecuencia, los interrogatorios a los posteriores se practicaron no sólo con la brutalidad que habían conocido los anteriores, sino ensayando métodos de agresión nuevos o más precisos. La aplicación de descargas eléctricas al cuerpo del detenido hizo su aparición de manera contundente.

Antonia García tenía diecisiete años cuando fue detenida en Madrid mientras participaba en la reorganización de núcleos comunistas desperdigados. Entro en Gobernación «y después de que me torturaron me quisieron poner las corrientes eléctricas en los pezones, y como no tenía [apenas pecho] porque era muy joven, me los pusieron en los oídos y me saltaron los tímpanos y me trastorné. Ya no supe más. Cuando volví en mí estaba en la cárcel, en la enfermería. Estuve un mes trastornada»[7]. Petra Cuevas fue detenida en circunstancias parecidas e interrogada ante Arias Navarro, según relató años más tarde. Los funcionarios de policía colocaron cables pelados alrededor de sus muñecas y provocaron la descarga, pero no obtuvieron la información deseada. Fue entonces cuando «en los dedos me enroscaron los cables como si fueran anillos [entretanto Arias le comentaba que lo había aprendido de las checas republicanas] y me enchufaban y volvían a enchufar con las manos empapadas de gasolina para que la corriente diese más fuerte». Esto no sucedió en Gobernación, sino en la comisaría de Fomento. Entonces le hicieron levantar el brazo para saludar al estilo fascista «y como un surtidor empezó a salir sangre de los dedos porque, claro, las venas estaban quemadas y mientras no hacías movimientos las venas aguantaban, pero cuando estiraba los dedos o las manos era terrible»[8].

Las posibilidades de la inmersión en agua también empezaron a ser exploradas en los centros de detención. O las prácticas destinadas a causar un dolor sostenido y acumulativo, que asegurase el sufrimiento y el miedo a más dolor, pero evitase la muerte que podía provocar en el torturado una paliza descontrolada. Vilches Vargas conocía los emplazamientos de la extenuada guerrilla que operaba en los alrededores de Córdoba. Corría el año 1944 cuando fue detenida e interrogada en el cuartel de la Guardia Civil. La colgaron desnuda, cogida por los pies con un garfio de carnicería. Vilches Vargas era una mujer gruesa y los guardias civiles le fueron cortando la grasa de los costados «no de un tajo, filete a filete. Quiero decir que no lo pasó de una vez. Con vida esa mujer y colgada por los pies como un cerdo y filete a filete. A mí eso no me lo ha contado nadie, lo he visto, es que lo he visto, esto lo he visto. Todo eso para que entregara a los guerrilleros […]. La dejaron los huesos mondados al aire»[9]. La narradora de este hecho encontró a la víctima en la prisión de Córdoba, de paso a la de Málaga, en carne viva y tendida sobre una cama, rodeada de varas que alzaban las sábanas para evitar el roce del trapo con su cuerpo.

Se estableció una gradación calculada —en lo posible, que no era mucho— del dolor para doblegar voluntades y obtener resultados. Métodos primarios, pero que denotan un esfuerzo creativo, aunque por supuesto no se abandonó la paliza brutal como método básico. Eran sistemas de tortura sobre los que se había reflexionado técnicamente para obtener más eficacia, y su finalidad iba más allá del castigo y el escarmiento, una distinción respecto a los anteriores. Al fin y al cabo, si el detenido posterior esperaba un trato brutal en caso de captura y se preparaba para ello, el interrogatorio debía estar a la altura de las circunstancias. En el posterior un interrogatorio clásico, sin extravagancias, combinaba las palizas con alguna innovación. Era el tratamiento normal previo al ingreso en prisión para instruir los sumarios. Por ejemplo, Remedios Montero fue detenida en 1952 cuando viajaba en tren. La interrogaron en Madrid, en Gobernación, y «empezaron los palos. Cuatro o cinco allí de pie con vergajos, te enchufan todas las luces a la cara y empiezan, el uno por un lado, el otro por otro, y hasta que te tiran al suelo y te caes redonda que no puedes más. Eso lo aguanté, porque sabía que al final tendría que decir quién era, pero quería ganar tiempo para que los pasos de frontera marcharan. Mira, me quitaban las medias del todo, me ponían una tabla pequeñita, ponían arroz y sal gorda, me esposaban las manos atrás y me ponían las rodillas en aquella tabla. Empezaban a pegarme en la cabeza y todo el cuerpo y entonces me caía. Si te caías te la cargabas, porque entonces se ponían a patada limpia todos, y tenía que aguantar todo lo que podía arrodillada en la sal para no caerme, porque si me caía, ya se me echaban todos encima. Era terrible, era una tortura que nadie sabe»[10].

Anteriores y posteriores coincidieron en la cárcel, pero en aquel mundo sórdido y desconcertante los posteriores adquirieron un aura de autoridad derivada de su acción resistente. Conocían lo que sucedía en el exterior y representaban la breve esperanza viva de que algo se movía. Los posteriores crearon desde los inicios los primeros y frágiles sistemas de autodefensa en el interior de las cárceles para sobrevivir material y moralmente. No debe sorprender que la mayoría de fugas preparadas y calculadas fuesen protagonizadas por ellos.

A diferencia de los anteriores, los posteriores no se beneficiaron de los indultos que permitieron aliviar la demografía penitenciaria de los años cuarenta. Sus expedientes registraron un número mayor de faltas y castigos que los anteriores y los presos comunes. Además fueron juzgados por el nuevo aparato legal, especialmente por la recién creada Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, aprobada el 1 de marzo de 1940, y para la aplicación de la cual se constituyó el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, que dictó penas gravísimas concretadas en una reclusión menor que oscilaba entre los doce años y un día a los veinte años, y una reclusión mayor que alcanzaba entre los veinte y los treinta[11]. La mayoría cumplió su condena rebajada tan sólo —y no siempre— por la redención del trabajo y el sistema progresivo de penas. Por tanto, tuvieron que crear y preparar estrategias para sobrevivir día a día durante años, ganarse el respeto de los presos comunes y los funcionarios dejando muy claro, cotidianamente, cuál era su identidad. Los posteriores constituían pues una población penitenciaria no sólo compacta, sino estable. Eso les convirtió en depositarios principales de la experiencia densa y dura del presidio franquista.

Anteriores y posteriores coincidieron en la cárcel con una masa ingente de hombres, mujeres y niños, reos de delitos comunes que el ambiente de posguerra y la legislación franquista incrementaron lo suficiente como para alertar a la Fiscalía del Estado desde el inicio mismo de la Victoria. Estraperlismo y contrabando, mendicidad, robo, aborto y prostitución aumentaron la población penitenciaria, en particular la femenina, hasta alcanzar unas cotas sin antecedentes que alarmaron, año tras año hasta 1947, las Memorias de la Fiscalía del Estado, apostillando la gravedad de la situación precisamente «en el momento fundacional de un poder público»[12]. Los presos comunes constituyeron un contexto humano y cotidiano en el que tuvieron que moverse con cautela, aunque no con hostilidad, anteriores y posteriores, puesto que funcionarios y eclesiásticos los utilizaron a menudo para mantener la estructura de poder en el interior de la prisión.

«Un problema gravísimo…»

«Un problema gravísimo…»

La saturación carcelaria era una evidencia y su gravedad afectaba al Estado y, por supuesto, a los presos. En 1939 España disponía de 20 000 plazas en sus cárceles, pero la represión desbordó muy pronto esa capacidad. Cualquier relato de quien habitó en la cárcel aquellos años comienza por el hacinamiento sufrido: «Me llevaron a una habitación llamada la “habitación de la sarna”. Aquella habitación era una masa de seres humanos. Había gran cantidad de mujeres, puestas en varias filas, lo cual no permitía moverse si no nos poníamos de acuerdo para poder cambiar de postura. El espacio de la sala podía haber sido para diez mujeres, tal vez doce, con petate. Pero debíamos de ser unas sesenta. Durante el día recogíamos los escasos petates de que disponíamos y las presas de más edad y las madres que tenían pequeños se sentaban en ellos, pero el resto teníamos que continuar de pie. […] Como water teníamos un desagüe en el suelo. Incluso en el bordillo de éste se apoyaban las cabezas de las mujeres. Todas tenían sarna y yo también la cogí. Nos daban azufre para que nos fregásemos el cuerpo, y con cubos de agua nos lavábamos cada dos o tres días, pero sólo nos proporcionaban tres o cuatro cubos de agua para todas las mujeres que teníamos el cuerpo cubierto de azufre. Para beber nos daban cada tres días un poco de agua, la cantidad aproximadamente de un bote de leche condensada»[13].

La saturación fue percibida por las autoridades como un gravísimo problema, y no por razones humanitarias, aunque la propaganda del Ministerio de Justicia, las Memorias anuales del Patronato para la Redención de Penas o la revista Redención lo presentasen desde esa perspectiva. No era eso, era otra cosa: era un preocupante problema de Estado. La alarma tenía tres razones y ninguna de ellas de naturaleza humanitaria.

La primera era la amenaza de colapso de la administración de Justicia. Blas Pérez González, fiscal del Tribunal Supremo, advirtió que «la desproporción entre sumarios instruidos y delitos alcanza índices nunca conocidos»[14]. En mayo de 1940, Máximo Cuervo, director general de prisiones, debió de sentirse obligado a escribir una carta muy explícita al Generalísimo sobre la situación y sus amenazas: «La carencia de un cuerpo jurídico experto suficiente para atender el volumen de la represión, ha obligado a habilitar para las funciones de la justicia militar a un gran número de abogados sin experiencia, sin conciencia profesional y sin la especialización militar, y que por consecuencia no se dan cuenta del problema gravísimo que tienen entre manos y de la necesidad angustiosa de terminar su liquidación»[15]. Lo peor estaba al final del escrito, pues a su parecer el colapso administrativo estaba impidiendo «dar vida a las leyes dictadas en los últimos meses, que tienen de hecho una eficacia muy inferior a la que deben tener»[16].

La segunda razón era de naturaleza económica. Presos, presas y sus hijos constituían un muy importante gasto para el Estado, con el peligro de consolidarse en los presupuestos. Ángel B. Sanz, director de prisiones en 1945, lo explicó con soltura: el preso era un individuo en paro voluntario alimentado y sostenido por el Estado[17]. Con ese razonamiento singular era recuperada la antigua doctrina penitenciaria del «derecho-deber» al trabajo, pero de eso hablaremos con detenimiento más adelante.

La tercera causa procedía de la insubordinación creciente que la masificación humana estaba generando en las cárceles y los diversos edificios convertidos en centros de reclusión, lo que provocaba motines frecuentes dentro del presidio y a sus puertas, incluso con armas en ocasiones. Un informe de la Dirección General de Prisiones dirigido al general Franco advirtió, que de no aliviarse la presión demográfica de los centros penitenciarios la situación corría el peligro de hacerse incontrolable. En realidad, y hasta mediados de la década de 1940, la saturación había hecho de los centros penitenciarios simples campos de concentración, sin mucha capacidad de control de las conductas, y los anteriores demostraron, a pesar de su variada composición, que estaban dispuestos a rebelarse porque no tenían nada que perder más que el sufrimiento. Es significativo, no obstante, que la sucesión de amotinamientos, armados o no, comenzase después del estallido de la guerra mundial y con la entrada regular de presos posteriores.

La Dirección General de Prisiones informaba en su escrito que la tramitación de «expedientes de pena capital que ha examinado la comisión que auxilia al ministro del Ejército en estos dos meses es de cuatro mil quinientos; y quedan otros tantos por examinar». Declaraba su incapacidad para absorber el trabajo a un ritmo adecuado y argumentaba que a su entender ese retraso de tramitación «ha permitido creer a los reclusos que no iban a ser ejecutados por presiones de orden internacional», estimulando su insubordinación en los violentos motines de abril de 1940. En Talavera de la Reina los presos se habían abalanzado contra la puerta de salida. No disponían de armas, pero derribaron la puerta y se evadieron dieciséis. «Hubo que hacer uso de la fuerza y matar en el momento de intento de evasión a veinticuatro». Otros catorce fueron capturados y fusilados en el patio de la cárcel.

En Alcira, una mujer fue sorprendida introduciendo en la cárcel un cesto repleto de bombas de mano y pistolas. La fusilaron al día siguiente «con sus cómplices». En Córdoba, un motín de los condenados a muerte permitió la evasión de nueve presos. Capturados de nuevo, fueron inmediatamente fusilados en la misma prisión. En Castellón el motín estalló en el lugar de las ejecuciones. Los reos se abalanzaron sobre la guardia, pero finalmente fueron reducidos y fusilados excepto uno de ellos, al parecer el dirigente de la revuelta, «el cual fue ejecutado horas después ante la población reclusa». En Elche y Dúrcal los presos excavaron minas subterráneas, y en Mora de Rubielos, el 4 de mayo, fueron descubiertas veintidós bombas de mano destinadas a hacer efectivo un motín preparado para el día siguiente. Y algo parecido sucedió en Castro del Río, donde la evasión sorprendió a la guardia. Dos días más tarde Máximo Cuervo escribió: «Badajoz. Intento de evasión colectiva mediante la entrada de explosivos en la prisión. Está vigiladísimo. Como hay cerca de 900 condenados a muerte en dicha prisión, he pedido al Ministerio del Ejército el rápido despacho de los “enterados” de aquel establecimiento». Antes de acabar le informaron de la última novedad: «Mérida. Telegráficamente me comunican el intento de evasión colectiva que se ha conocido»[18].

El peligro de colapso administrativo, la presión económica y la conflictividad penitenciaria son las razones que motivaron la nueva estrategia de excarcelaciones. Empezaron conmutando penas altas por otras inferiores, un proceso que comenzó a regular la Orden del 25 de enero de 1940.

En las zonas donde la sublevación había vencido en sus inicios o tempranamente, la reducción de reclusos fue importante, pero debe tenerse en cuenta que sólo podían beneficiarse quienes habían sido no sólo juzgados, sino sentenciados, y entre la detención y el juicio podían transcurrir alrededor de tres o cuatro años. La salida importante de presos sentenciados se efectuó dos meses más tarde de la publicación de la Orden, en junio de 1940. La Ley del día 4 autorizó al Gobierno a conceder la libertad condicional a todos los penados —cualquiera que fuese el tiempo que hubiesen permanecido encarcelados— con condenas inferiores a seis años y un día, o que hubiesen cumplido la mitad de la condena si ésta alcanzaba hasta doce años, lo que aseguraba las excarcelaciones a partir de 1942 para los presos más antiguos.

Las leyes promulgadas durante los meses y años siguientes aumentaron el alcance de los tiempos de condena susceptibles de indulto, pero eran insuficientes por la lentitud de la revisión de expedientes y porque los ingresos en prisión aumentaban sin que se efectuase juicio, y por tanto sin posibilidad de sentencia. Así pues, la saturación prosiguió, aunque con un cierto alivio al que contribuyeron las muertes por enfermedad, hambre, fusilamiento o violencia de cualquier tipo. En realidad, los alegres dibujos de la revista Redención mostrando hombres risueños (jamás mujeres) que cruzaban la puerta del presidio hacia la calle, acompañados de una cifra y una fecha indicando cuántos habían salido gracias al indulto, nunca estuvieron complementados por las cifras de los que desde la calle ingresaban al interior de la cárcel. Y hasta 1944 fueron muchos, y no sólo por delitos posteriores, sino aún anteriores.

En cualquier caso, entre 1939 y 1943 se aprobaron hasta diez indultos, que afectaron también a presos comunes —en particular el del 17 de diciembre de 1943— y que no están reflejados en la composición de las cifras finales, revueltas y confusas con intención, sin duda.

El gran indulto llegó dos meses después de finalizada la guerra mundial. Fue el 9 de agosto de 1945, y su redacción es un buen ejemplo de la confusión deliberada entre causa política y delito común: «La obra generosa de reintegración nacional de los indebidamente llamados presos políticos de la rebelión marxista culmina con el Decreto de 9 de octubre de 1945». Afectaba a «las penas privativas de libertad impuestas a los delincuentes por los diversos hechos cometidos durante nuestra guerra»[19]. Sin embargo, quedaban excluidos de los beneficios del indulto «homicidios, latrocinios, profanaciones u otros delitos repugnantes», que en el contexto de los primeros años de posguerra eran argumentos reiterados de las delaciones y permitieron transformar actos de guerra en delitos comunes.

El otoño de 1945 fue delicado para la dictadura. Las cosas del mundo habían tomado un cariz poco propicio. De ahí el indulto total, que además coincidía con las necesidades administrativas, económicas y de pacificación carcelaria. Y de ahí también la necesidad de vocear que los efectos políticos de la guerra habían concluido gracias a la misericordia de los vencedores. Un opúsculo del Ministerio de Justicia, publicado a mediados de 1946, concluía que con el indulto de octubre de 1945 «queda definitivamente resuelto el problema penitenciario provocado por la guerra española […]. Penas que llevaron a la cárcel a muchos miles de españoles engañados, autores o cómplices de delitos comunes, ya han sido perdonadas en su totalidad, sin la débil e injusta institución de la amnistía, y mediante progresivos indultos parciales que han reintegrado a la convivencia ciudadana a individuos cuya pena debía durar treinta años y prácticamente sólo los ha retenido en prisión seis años, o incluso mucho menos tiempo»[20].

La masificación carcelaria anterior a la guerra mundial descendió. A ello contribuyeron los indultos, las muertes derivadas de las condiciones higiénicas, la mortalidad, el maltrato generalizado y persistente, el desamparo sanitario, el hambre, los suicidios y los fusilamientos. Sin embargo, la saturación tardó aún mucho tiempo en desaparecer del todo. A principios de 1946, en la cárcel de mujeres de Les Corts, en Barcelona, un convento con capacidad para un centenar de reclusas[21], se hallaban aún amontonadas 1800 presas políticas y alrededor de unas 500 clasificadas como comunes[22].

La cifra oficial proporcionada por el Estado carecía de solidez porque nadie contó cómo se había llegado a tales conclusiones. No distinguía entre hombres y mujeres y sus hijos, los cuales no estaban encarcelados pero vivían en la cárcel. Se refería sólo a la «población reclusa con motivo de la rebelión» y no exponía la distinta situación jurídica de los presos y su proporción en el número final. Lo importante para el redactor de aquel folleto publicitario del Ministerio era contar un par de cosas. La primera, que en cinco años y gracias a los indultos, la población penitenciaria había descendido a 15 538 reclusos «según los datos estadísticos cerrados en la Dirección General de Prisiones el día 9 de febrero del actual (1946)». La segunda, que no había presos de naturaleza política, sólo gente malvada, autores de desmanes, los «indebidamente llamados presos políticos»[23], escribió el redactor.

A propósito de cifras de mujeres encarceladas, hace ya tiempo que José Manuel Sabín sugirió el número de 17 800 presas políticas en toda España para el año 1940[24]. La cifra que propone Sabín no tiene consistencia porque procede de un argumento, como mínimo, extravagante. El autor indica que en aquel año de 1940 había en la cárcel de Toledo «unos» 8200 presos (no ofrece la fuente) de los cuales, al parecer, 520 eran mujeres. Por tanto, dice Sabín, esa cantidad representaba un 6,34 por ciento de mujeres encarceladas respecto al total provincial de Toledo. Con estos datos propone hacer una extrapolación porcentual: si en Toledo el número de mujeres encarceladas representa un 6,34 por ciento del total de reclusos, y en España había supuestamente 280 000 encarcelados según fuentes oficiales, tan sólo es preciso aplicar el 6,34 por ciento de Toledo a la cifra del total español, un cálculo que da 17 800 mujeres. La extrapolación no se fundamenta en ningún argumento ni criterio, y la cifra resulta absurda porque no tiene significación. Es una lástima que esta misma cifra haya sido utilizada en otras obras[25], y sería un error que se impusiera.

Si alguien utilizase la misma extrapolación porcentual con las cifras que pueden manejarse en Barcelona, la conclusión numérica sería muy distinta. En efecto, tendríamos en 1940-1942 alrededor de 11 000 presos en la Modelo, a los que se sumarían 2510 mujeres (una vez descontadas las prostitutas). Esto hace un total de 13 510 presos de ambos sexos. Las mujeres representan pues algo más del 18 por ciento del total barcelonés, que extrapolado al total español daría la cifra de 50 400 presas[26]. La diferencia es importante. He puesto el ejemplo para mostrar la arbitrariedad del asunto, jamás se me ocurriría hacer el salto porcentual con los datos de Barcelona (por otra parte muy imprecisos). Además, si el porcentaje se estableciera con las cifras provinciales de Madrid, el resultado probablemente sería aún más alto.

La confusión entre políticas y comunes es un asunto importante en el momento de discriminar causas de encarcelamiento. El argumento del número de cartillas de redención de pena por el trabajo, que tanto utiliza Sabín para contabilizar presos políticos (tantas cartillas, tantos presos políticos), no sirve. En todo caso, es un indicador mínimo en tanto que, como vimos, sólo disponían del beneficio de redención de pena por el trabajo las presas y presos políticos penados, pero no los que estaban pendientes de juicio o sentencia, obviamente, y a menudo transcurrieron uno, dos o tres años sin juicio o sin confirmación de sentencia a causa de la saturación administrativa[27]. Por otra parte, las presas comunistas no redimían en realidad, pero sí en cambio las capturadas en acciones de guerrilla, porque en general no se les aplicaba la Ley contra la Masonería y el Comunismo. Además, los directores de los centros penitenciarios podían impedir la redención, y lo impedían a veces. Así ha quedado de manifiesto en diversos escritos y testimonios: algunos presos no alcanzaron la redención hasta inicios de la década de 1950[28]. Y si bien es cierto que eso era algo contrario a lo que indicaba la ley, la realidad de la cárcel fue ésa y no otra, como veremos más adelante.

Testimonios orales y escritos ofrecen distintas cantidades de encarcelados, y en el tema de las mujeres resulta todo más opaco. En efecto, las cifras se ofrecen sin respetar la distinción de género, de modo global. Aun así, algunas mujeres encarceladas han relatado su impresión respecto a las cantidades. Por ejemplo, Petra Cuevas, encarcelada en la prisión de Ventas (500 plazas), aseguraba haber sido registrada con el número 14 000. No obstante, es igualmente cierto que otras encarceladas en el mismo periodo dan cifras notablemente más bajas[29].

Puestos en cifras, la de 280 000 presos para toda España en 1940, propuesta por Sabín y extraída de fuentes oficiales, no resulta creíble. Esa cantidad global publicada por el Ministerio de Justicia en 1946 incluye sólo a los presos de guerra, «entre condenados por sentencia firme, procesados que asistieron a juicio oral y sumariados con diligencias en trámite»[30]. Sin embargo, no incluye a los detenidos por delitos posteriores (al fin y al cabo, según la legislación española del momento, no puede haber presos políticos puesto que no existe, jurídicamente, el delito político). Tampoco contabiliza el Ministerio de Justicia los campos de concentración ni los batallones disciplinarios ni las colonias militarizadas, como las de El Dueso o Dos Hermanas. Ni tampoco las prisiones de «partido judicial», numerosísimas (tres, cuatro o más por provincia), con un número de detenidos variable que oscilaba de 0 a 200 en cada una de ellas.

Es preciso reconocer —y aceptar— que nada es seguro en este territorio de las cifras, y que más importante que disponer de una magnitud exacta es describir entornos, condiciones, torturas y violencia (y las respuestas a tales situaciones) en sus distintas facetas para comprender el alcance y los efectos de la represión, sus mecanismos, su perdurabilidad y su ubicación en el conjunto de la violencia y terror del fascismo europeo. Entre otros motivos para poder examinar los límites de su consenso en periodos de larga duración.

En 1952, una inspección europea hizo pedazos las cifras oficiales que sobre los encarcelados proporcionaba la dictadura, y si bien no pudo ofrecer un valor alternativo de los presos y presas en España, recabó nuevos datos y elaboró una interesante, aunque limitada, radiografía de las cárceles españolas. Aunque el proceso fue lento y arriesgado, resultó, en cualquier caso, significativo.

Los recolectores de voces

Los recolectores de voces

El proyecto había comenzado dos años atrás, en octubre de 1950, cuando las asociaciones de antiguos prisioneros, deportados y resistentes antifascistas decidieron constituir una Commission Internationale Contre le Régime Concentrationnaire (CICRC) que en representación de 100 000 asociados de siete países europeos declaraba considerarse «l’institution juridique de la Résistance européenne qualifiée pour dénoncer et faire mettre hors-la-loi le régime concentrationnaire partout où il se trouve»[1a] [31]. Lo habían sufrido en el propio cuerpo. Aquella gente había demostrado en sus informes que trabajaba bastante bien. Decían sentirse albaceas del espíritu de justicia de Nuremberg: «La CICRC use des méthodes d’investigation adoptées par la Cour Suprême de Justice de Nuremberg; elle s’entoure d’experts, de juristes et d’avocats aux fins de déceler chez chacun d’eux l’existance possible d’un régime concentrationnaire et la place du travail forcé dans ce système»[2a] [32]. Pero por encima de todo aquella institución aportaba un elemento nuevo, importante y extraordinario: siempre que fuese posible, la CICRC realizaría sus encuestas sobre el territorio del país investigado y hablando directamente, sin intermediarios gubernamentales, con los presos.

En la sesión plenaria que la organización celebró el 12 de noviembre de 1950, se decidió aceptar cuatro denuncias internacionales sobre regímenes penitenciarios. Se trataba de graves acusaciones sobre campos de corrección en la Unión Soviética, sobre el sistema penitenciario español, sobre campos de internamiento en Grecia y sobre torturas sistemáticas denunciadas en Yugoslavia. Nombraron las delegaciones correspondientes y un negociador para cada una de ellas, el cual tenía la misión de allanar el camino burocrático con los gobiernos implicados y velar por el correcto desarrollo del trabajo de la delegación, la cual debía dedicarse tan sólo a obtener información, interrogar y analizar. La negociación con España fue encomendada a un sacerdote católico belga, Damien Reumont. Confiaban en que sería bien visto por el Gobierno de España y facilitaría los contactos. Sucedió lo contrario.

Diligente con su misión, Reumont escribió al ministro plenipotenciario de Asuntos Exteriores de España en Bruselas, señor Espelius y Pedroso, conde de Morales, solicitando ser recibido en audiencia. En su carta Reumont detalló objetivos, condiciones, advertencias y proyectos editoriales de la comisión. También le mostró los documentos recogidos en España, absolutamente todo. Una semana más tarde el conde de Morales le recibía en presencia del marqués de Merry del Val. Al parecer, según Reumont, fue una entrevista cordial, durante la cual le aconsejaron que formulase una demanda oficial redactada en tal forma que no hiriese susceptibilidades. Así lo hizo. Transcurrieron tres meses sin noticias. Le recomendaron que tuviese paciencia, pero el reverendo no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Era marzo de 1951, justo cuando Barcelona se rebelaba por primera vez en trece años y detenía el transporte público y la ciudad con una huelga que sorprendió a todos por su contundencia.

Entretanto, la embajada de España había efectuado las oportunas gestiones en el Vaticano destinadas a frenar la investigación carcelaria. Fue un éxito absoluto. El Vaticano no sólo comunicó al sacerdote que debía retirarse como negociador de aquel asunto, sino que le exigió que dimitiese de su cargo de secretario de la CICRC. El reverendo padre Reumont abandonó su misión de inmediato y probablemente con el rabo entre las piernas[33].

Las negociaciones fueron retomadas por el presidente de la CICRC, el doctor André, dirigente de la resistencia belga durante la ocupación alemana del país. Le recibieron el nuevo embajador de España —conde de Miranda— y el omnipresente marqués Merry del Val. Ambos le dijeron muy claro al doctor André que el Gobierno español estaba molesto —muy molesto— por los términos en que se había redactado la petición oficial para realizar la encuesta penitenciaria en el interior de España. Fue entonces cuando André amenazó: la encuesta se realizaría con la colaboración del Gobierno o sin ella, si se rompían las negociaciones. En ese caso la CICRC elaboraría su informe en colaboración con los exiliados republicanos. Y algo más les dijo antes de despedirse: a partir de aquel momento el negociador sería David Rousset. Se dijeron adiós. Las negociaciones estaban prácticamente rotas.

Al parecer la amenaza de André surtió su efecto. Transcurrido algo más de un mes, a fines de mayo, se ponía en contacto con David Rousset un negociador oficioso del general Franco, el señor Carlos Sentís, agregado de prensa de la embajada de España en Francia. Al menos con estas credenciales se presentó a sí mismo.

El momento era delicado para la diplomacia española y para la imagen que quería dar de sí misma la dictadura ante las naciones del mundo, precisamente porque algunas cosas le empezaban a ir bastante bien en el nuevo paisaje internacional. Meses antes, el 3 de noviembre de 1950, los equilibrios de la guerra fría habían conseguido que la Asamblea General de las Naciones Unidas revocase las sanciones establecidas contra España. Por otra parte, el país occidental más hostil al restablecimiento de relaciones, Francia, había iniciado un proceso de acercamiento y se había comenzado a tejer una muy delicada malla de colaboraciones destinadas a abrir las respectivas embajadas en Madrid y París. Además, la colaboración policial entre ambos países, aunque informal, era casi tan fluida —y tan secreta— como con los Estados Unidos y Gran Bretaña. En aquella atmósfera propicia para la reinstauración de las relaciones internacionales de la dictadura gracias a una guerra fría mantenida en Occidente con la invocación permanente de la libertad contra todas las tiranías (según vocabulario de época), resultaba incómoda la aparición de un documento basado en informaciones empíricas que pusiese en evidencia el carácter represivo de la dictadura española. Sobre todo en lo que se refiere al trato que se daba a los disidentes políticos desde 1936, un aspecto que no hacía favor alguno al Gobierno español, más bien deterioraba su imagen. Sin embargo, negarse a la inspección podía provocar problemas desagradables en las necesarias apariencias de la diplomacia internacional. Se trataba de encontrar un equilibrio, era una cuestión de funambulismo.

Sentís solicitó una entrevista «discreta» que se celebró en el hotel de Bruselas donde se hospedaba Rousset. Sentís había comprendido muy bien que el informe se llevaría a cabo pasase lo que pasase y aun en contra de las autoridades españolas. Por tanto, lo mejor sería controlar todo el proceso de instrucción del informe, y el lugar donde mejor podía controlarse era «en casa», en territorio español. En cualquier caso, autorizar la entrada de la delegación a España sería considerado un acto meritorio del Gobierno del general Franco, quizá rentable en aquella situación. Sí, eso tenía mucho mejor aspecto que la mala imagen que produciría una negativa precipitada. Así pues, Sentís sugirió a Rousset prescindir del aristocrático personal de la embajada española y propuso una entrevista directa con las autoridades competentes del Gobierno de Madrid, donde él tenía contactos. Mejor dicho, «los» contactos, apostilló. Sí, él prepararía todo.

La siguiente cita tuvo lugar en París, el 16 de junio, y Sentís traía órdenes e ideas. En un ambiente de cordialidad aseguró a Rousset que lo mejor era ser prácticos: debía redactar una nueva petición al Gobierno del general Franco asegurando que la delegación estaba «convencida» de que en España no había ni campos de trabajo ni colonias penitenciarias y que el sistema de vida en las cárceles era humanamente aceptable. Así pues, el objetivo que se proponía a la delegación era tan sólo corroborar la imagen que quería dar el régimen con un examen de los hechos en su mismo emplazamiento. Rousset comprendió que el hombre pequeño y enjuto que tenía enfrente era mucho más fino y hábil que los condes y marqueses de la embajada, y percibió lo que de veras le inquietaba: que la encuesta se realizase sin control. Debía aprovechar la situación. Replicó que aquel planteamiento no tenía interés alguno para la CICRC, pero tampoco para el Gobierno español. A fin de cuentas, era como un aprobado antes de examinarse. No había mérito, y el Gobierno español quería méritos, ¿no era así? Sentís prosiguió en su proyecto de asegurar el control de la actuación de la CICRC y propuso que la delegación librase una lista de los lugares que pretendía visitar. Rousset dijo con claridad lo que Sentís ya sabía: aquella exigencia no era admisible para la CICRC, pues los presidios podían ser prevenidos y «maquillados». La lista se entregaría una vez que la delegación estuviese en España y horas antes de la visita. Sentís calló. Al parecer seguía siendo menos mala la visita que la instrucción exterior y pública realizada con las informaciones de los exiliados republicanos. Así que propuso en firme la reunión directa con Madrid. Veinticuatro días más tarde —el 10 de julio— Sentís comunicó a Rousset que el Gobierno español aceptaba, en principio, la visita de la delegación[34].

Nada fue particularmente rápido a partir de aquella llamada, pero después de las entrevistas de Rousset con el ministro de Justicia —Antonio Iturmendi Báñales— y un alto funcionario del Ministerio de Exteriores —M. de Lojendio— en Madrid, el camino quedó sorprendentemente desbrozado y se alcanzó un acuerdo. Desde el punto de vista del Gobierno no se reconocía autoridad alguna a la delegación de la CICRC. Por consiguiente el Gobierno no respondería a ninguna pregunta o acusación. Sin embargo, aun siendo consideradas personas privadas y sin rango oficial alguno, serían otorgadas a los comisionados que constituían la delegación todas las facilidades documentales y de movimiento para visitar el sistema penitenciario español. Era el 7 de marzo de 1952. Diez días más tarde el plenario de la CICRC consideró que los acuerdos entre Rousset y los ministerios de Justicia y Exteriores eran adecuados y ratificó los nombres de los integrantes de la delegación: Elisabeth Dussauze (francesa), Lise Borsum (noruega), y André Alers (belga). Todos ellos habían sido miembros activos y notorios de la resistencia contra la ocupación nazi en sus respectivos países, además de supervivientes de los campos de concentración alemanes de Ravensbrück y Buchenwald. La noche del 7 de mayo los miembros de la delegación durmieron en Madrid a punto para iniciar su trabajo. Fue a la mañana siguiente cuando José María Herreros de Tejada —director de prisiones— dijo «no» a un elemento decisivo de la encuesta.

Herreros de Tejada aceptaba el acceso a las cárceles y la consulta de todo tipo de archivos, ofrecía la colaboración de los funcionarios cuando fuera preciso y en todo momento, pero «no» admitía lo más importante: que los delegados pudiesen hablar libremente con los presos, individualmente y sin la presencia de funcionarios —ni del Ministerio ni del centro penitenciario—. Eso, no. Y todo pareció a punto de romperse cuando estaba a punto de comenzar.

Durante dos años de negociaciones Rousset había aprendido que en la estructura franquista el orden jerárquico era sagrado, y que la discusión y argumentación resultaban casi siempre inútiles. Herreros era «sólo» director de prisiones. Rousset pidió a Manuel M. de Barandica, representante del ministro de Justicia en la reunión, que explicase cuáles habían sido los acuerdos con el ministro sobre aquel asunto. Barandica afirmó que el ministro se había comprometido oralmente —pero de modo formal— a aceptar aquel punto concreto, y que él lo garantizaba. La reunión se prolongó cerca de una hora, hasta que se alcanzó un acuerdo: las entrevistas se realizarían individualmente, sin límite de tiempo y sin la presencia de ningún tipo de funcionario. A cambio, los delegados se comprometían a efectuar preguntas relativas sólo a la fecha de detención, las condiciones de la detención, la instrucción de la causa, el juicio y las condiciones de vida en la cárcel o destacamento penitenciario. Además, por el momento las entrevistas se efectuarían sólo en las cárceles de Madrid. Según los resultados, dijo Herreros, ya se vería si aquel acuerdo transitorio podía generalizarse a todo el territorio y ser permanente. Así fue. El acuerdo se extendió, posteriormente, a todos los centros de reclusión visitados.

La mañana del 9 de mayo de 1952, y hasta el 15 de junio, los tres miembros de la delegación internacional emprendieron un insólito descenso al núcleo de la geografía punitiva del régimen del general Franco, que aquel año celebraba trece de Victoria.

Lise Borsum, Elisa Dussauze y André Alers fueron recolectores de datos, noticias, documentos y voces en su visita a quince cárceles de hombres, tres de mujeres y seis destacamentos penitenciarios. Empezaron por la prisión de mujeres de Las Ventas y el Hospital de Madres Lactantes, en Madrid, pero no dejaron información alguna sobre estos centros. Se desplazaron luego a la prisión provincial de hombres de la ciudad, y fue entonces cuando surgió el primer contratiempo: la ley penitenciaria española no permitía el acceso de mujeres a una prisión masculina (aunque sí al contrario). La delegación suspendió de inmediato la encuesta y pidió a Rousset que solucionase el problema. Al parecer no resultó sencillo, porque se precisaron cuatro días con sus correspondientes noches para resolver el episodio. El día 14 la delegación retomaba su misión con la visita a las cárceles masculinas de Alcalá de Henares, Guadalajara y Ocaña, además del batallón penitenciario de Castillejos. El viernes 16 dejaron Madrid en dirección sur y visitaron la provincial de Sevilla. Los días siguientes se ocuparon en visitas a la cárcel del Puerto de Santa María y la colonia penitenciaria de Dos Hermanas. El 22 de mayo entraban en la Cárcel Central de Alicante y a la mañana siguiente visitaron el presidio central de mujeres de San Miguel de los Reyes, en Valencia.

En ese punto de la encuesta la delegación decidió regresar a Madrid. Los inconvenientes puestos por los funcionarios y directores de las cárceles para entrevistar a los presos habían sido suficientemente importantes como para exasperar a los delegados de la CICRC. David Rousset tuvo que intervenir de nuevo para conseguir que Herreros de Tejada aceptase redactar un escrito en el que se estableciesen los derechos de la delegación durante sus visitas a cárceles y destacamentos. Aceptó: «… esta Dirección General ha tenido a bien autorizar a Monsieur David Rousset, para que acompañado de Mme. Elisabeth Dussauze, Mme. Lise Borsum y M. André Alers pueda visitar los establecimientos penitenciarios dependientes de este centro directivo y conversar individualmente con los penados que estime conveniente»[35]. Precisaba que la finalidad era sólo científica y que la autorización expiraba al cabo de cuarenta días. La delegación continuó el viaje.

Siguieron el destacamento penitenciario de Buitrago, la Cárcel Provincial de hombres de Segovia y el sanatorio de Cuéllar. El 30 de mayo visitaron los destacamentos penitenciarios de Sama de Langreo y de Tudela-Veguín, y al día siguiente Santoña y la colonia de El Dueso (un clásico). A continuación la provincial de Bilbao y la central de Burgos. Volvieron a Madrid el 3 de junio y el 5 visitaban la cárcel Modelo de Barcelona. El viaje había terminado y aquella gente poseía ya la información empírica más valiosa —aunque limitada— de la época sobre la vida y la represión carcelarias en la España del general Franco.

¿Cuánta gente encerrada había en el conjunto de los centros penitenciarios españoles al inicio de los años cincuenta? ¿Cómo habían sido capturados y cómo vivían los presos? Ésa era una de las preguntas primordiales. En cualquier régimen político la cantidad de encarcelados políticos informa sobre su capacidad de consenso. ¿Había tan sólo presos procedentes de las campañas militares de la guerra civil y la Victoria? ¿Había detenidos políticos posteriores a la guerra? ¿Cuántos eran unos y otros? No hubo respuestas a todo, e incluso faltaron algunas preguntas deseables, por ejemplo: ¿Qué tipo de gente era, cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Qué pretendía la dictadura con su encarcelamiento, tan sólo acallar unas voces? ¿Por qué la doctrina política y religiosa tenía una importancia tan grande en los centros penitenciarios?, pero a fin de cuentas pese a la limitación de sus posibilidades la delegación hizo un buen trabajo. Entre otras cosas, una excelente crítica del aparato estadístico oficial, las leyes penitenciarias y evidenció algunas —sólo algunas— irregularidades de la industria carcelaria. En eso su trabajo resultó admirable.

La cuantificación de presos y presas fue para ellos un problema desde el primer día. Pretendían cifras exactas y se encontraron con datos sospechosos, cálculos enrarecidos, contabilidades alborotadas. El informe de la delegación y la documentación que en su encuesta generaron muestran —incluso en el registro literario utilizado— una vocación empírica notable en la realización del trabajo. Querían —necesitaban— que cada una de sus afirmaciones se construyese sobre datos ciertos, incuestionables. Al parecer percibieron muy pronto que con los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Prisiones o las dependencias administrativas de cada centro penitenciario visitado, no podían construir una conclusión empíricamente aceptable. Los datos se contradecían según la fuente de origen o las estadísticas parciales, hechas de oficio y sin fuentes. Además, el Ministerio de Justicia, según cuál fuera el departamento informante, proporcionaba cifras distintas sin argumentar la diferencia. Así pues los delegados iniciaron su informe sobre el número total de detenidos con una advertencia significativa: «Étant donné les controverses à cet égard, le nombre et les divergences des évaluations publiées (qui ne coïncident que rarement, même lorsqu’elles émanent d’une même source), il a paru nécessaire à la Commission de procéder a une analyse aussi serrée que possible, sur la base au départ des seules indications recueillies sur place dans les lieux de détention visités»[3a] [36].

El Ministerio de Justicia proporcionó a la delegación las cantidades de encarcelados correspondientes a dos fechas distintas, enero de 1940 y febrero de 1952. El primero contabilizaba un total de 270 719 encarcelados, una cifra distinta —inferior en cerca de 10 000 personas— a la que seis años antes el mismo Ministerio había concretado, como vimos, en 280 000 presos. La ventaja para el documento elaborado en 1952 es que el total estaba desglosado, confusamente desglosado, pero ya era algo, y al parecer se refería sólo a hombres (o no, quién sabe). En fin, los datos elaborados en 1952 sobre la población penitenciaria en 1940 eran los siguientes:

El segundo papel era un documento que resulta espléndido para interpretar las obsesiones del régimen. Aceptaba la existencia de presos condenados por «rebelión marxista», pero no aceptaba calificar como detenidos políticos a los posteriores. Al parecer aquella gente había cometido «delitos no comunes posteriores a primero de abril de 1939». Por supuesto, no había mujeres condenadas por actividades políticas, tan sólo «mujeres de vida extraviada». Ni siquiera se mencionaban los presidios femeninos eminentemente políticos, como Segovia, Ventas, Les Corts, Guadalajara o tantos otros. El escueto estadillo sobre la población penitenciaria, firmado a 21 de febrero de 1952, que el Ministerio de Justicia entregó a la delegación, hacía oficiales las siguientes cifras:

En el mismo documento los delitos comunes alcanzaban la cifra de 24 755 personas, y contabilizaba 716 «mujeres extraviadas».

Ante aquella situación los delegados de la CICRC optaron por el sentido común. Lo que habían observado en los presidios les había proporcionado una orientación global sobre la saturación de la cárcel y otros desastres, pero no les había proporcionado datos definitivos del número de encarcelados. Por tanto, renunciaron a establecer una cifra global razonablemente próxima a la realidad, y tomaron como orientación, «no como conclusión», los datos oficiales del Ministerio. Sin embargo, acompañaron estas conclusiones con la descripción argumentada de todos aquellos elementos que necesitaban las cuentas ministeriales para obtener un cálculo riguroso de la población penitenciaria, con lo cual la delegación redactó una desautorización razonada de las cifras y estadísticas que ofrecía el Gobierno español a los organismos internacionales. También probó que los cómputos gubernamentales sobre encarcelados no incluían ni los destacamentos de trabajo penitenciario ni las colonias penitenciarias militarizadas ni los encarcelados que trabajaban para empresas privadas (especialmente en el ramo de la construcción). Las cifras del Gobierno ignoraban zonas tan sórdidas de la geografía carcelaria como las prisiones de partido judicial, cuyos presos subsistían en unas condiciones de vida muy duras a causa de su aislamiento y con un tiempo de permanencia imprevisible[37].

Advirtieron que el cómputo ignoraba los establecimientos destinados a vagabundos y pobres. En algunos de ellos la delegación había recabado pruebas suficientes que indicaban la existencia, a fines de 1950, de un millar de detenidos políticos en esos centros especiales. En estos lugares lo peor era la arbitrariedad y el aislamiento en que se encontraba el detenido[38]. Por otra parte, la última estadística, cerrada el 21 de febrero de 1952, computaba presos anteriores condenados, pero la delegación descubrió durante su visita a las cárceles la presencia de presos de guerra aún no condenados a pesar de haber transcurrido trece años desde el fin de la contienda civil[39].

Los delegados informaron sobre las irregularidades de los procesos judiciales y la soberanía de los tribunales militares en todos los ámbitos. Alertaron sobre la intencionalidad política del arresto gubernativo, la profusión de detenciones sin pruebas «ayant uniquement pour objet d’obtenir des renseignements sur un suspect»[4a] [40], la ausencia de garantías en los juicios y el retraso entre la fecha de detención y la celebración de la vista que, en el caso de los anteriores, se situaba en una media de 44 meses, y en el caso de los posteriores en torno a los 20 meses los más rápidos, pero con numerosos casos documentados que alcanzaban cuatro años o más de demora.

La delegación constató algo que ya se suponía: las condenas consolidadas más duras eran para las presas y presos políticos. En la muestra que la delegación realizó en cuatro cárceles, las penas más graves —entre doce años y un día y treinta años— representaban el 72 por ciento del total de la población penitenciaria, y el reparto se concretaba en un 87 por ciento para los presos políticos y el restante 13 por ciento para los comunes.

Los delegados se ocuparon en reconstruir no sólo la magnitud, sino también las condiciones humanas del encarcelamiento político en España. Surgió un relato crítico resultante de contrastar las fuentes oficiales facilitadas por el Gobierno con unas fuentes nuevas y valiosas pero inusuales: el relato de los encarcelados sin la presencia intimidatoria de funcionarios en las entrevistas.

Gracias a ello los delegados pudieron establecer y contar por primera vez al mundo (una parte importante del cual no tenía el menor interés en saberlo) que al finalizar la guerra civil los encarcelados y detenidos sobrepasaban con creces las 300 000 personas; que con los años la cifra había disminuido, no por decisiones políticas conciliadoras, sino por la sórdida combinación de ejecuciones y mortalidad provocada por el hacinamiento humano y la consiguiente falta de higiene, la desnutrición y el maltrato; y que los indultos habían sido forzados por distintos peligros de colapso global de la situación. Comprobaron que la disolución de los campos de concentración —centros de clasificación y distribución de capturados básicamente— había contribuido al aumento masivo de la población penitenciaria al ser trasladada a las cárceles buena parte de los cautivos, según los informes emitidos por las autoridades locales. Todos los relatos recogidos por la delegación coincidieron en que entre 1939 y 1946 las prisiones centrales y en particular las provinciales albergaban una población tres o cuatro veces superior a su capacidad. Esos datos eran confirmados por los libros de registro y las actas de la Junta de Disciplina de cada centro penitenciario.

Sin embargo, lo que sólo ellos, cautivos y cautivas, podían relatar eran las vejaciones y torturas practicadas en los interrogatorios, el testimonio de crueldades absurdas, asesinatos en el interior de las cárceles y todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos. «Des arrestations massives et arbitraires —escribieron los delegados en sus conclusiones—, accompagnées de mauvais traitements quasi systématiques, de condamnations judiciaires (à mort ou à des peines privatives de liberté lourdes) prononcées sans aucune garantie des droits de l’individu et de la défense, d’exécutions judiciaires en grand nombre […] l’extorsión systématique d’aveux conformes ou non à la réalité»[5a] [41].

Ante el valor informativo del material, la delegación decidió publicar íntegramente 37 de los 106 relatos recogidos en el interior de las cárceles. Fue la primera «verbalización histórica» de la represión franquista. Vio la luz en 1953 y ocupaba sesenta páginas del informe de la CICRC, con los nombres de los informantes blindados ante posibles represalias.

Sin embargo, entre esos 37 relatos tan sólo había uno femenino, y en el conjunto del informe no aparecía una sola referencia ni a cifras de mujeres encarceladas ni a sus particulares y muy distintas condiciones de existencia, derivadas tanto de su género como de la actitud política del régimen ante el mismo. Nada. Los delegados habían visitado centros penitenciarios femeninos, sí, pero en una escueta nota a pie de página precisaban que las informaciones recabadas no eran fiables y por tanto no las reproducían. Era un criterio probablemente derivado de la voluntad de rigor empírico que se habían autoimpuesto los delegados de la CICRC, pero sorprendía el desinterés global de los delegados por el tema: con tal actitud favorecían el discurso franquista sobre las mujeres: la negación de su presencia política en la cárcel.

Por ejemplo, la estadística ministerial de presos para el año 1952 —sabiamente comentada y criticada por la delegación— no diferenciaba entre hombres y mujeres No había presas políticas, ni siquiera aparecía la ambigüedad establecida para con los hombres que al parecer habían cometido unos extraños «delitos no comunes». En la estadística no aparecían mujeres políticas, porque en la cárcel, al parecer, tan sólo había prostitutas: 716 según el Ministerio, que estaban repartidas entre Aranjuez (370) y Santander (263); las 83 restantes se hallaban, al parecer, dispersas por distintas prisiones provinciales (y según el ministro a la espera de ser trasladadas a reformatorios especiales). Ni una sola encarcelada política. Pero esa particularidad no mereció un solo comentario, ni una indicación ni una alarma, ni una alerta de la delegación. Ni una extrañeza.

No se hablaba de la saturación demográfica de Les Corts, ni de las crueldades y muertes de la Prisión de Madres Lactantes, del hacinamiento de Las Ventas, la acumulación dramática en Palma de Mallorca, la sórdida realidad de la cárcel de Málaga… Aparentemente no contaban los habitantes de la prisión central de mujeres de Segovia, considerada «la» cárcel porque concentraba mujeres antifranquistas con las penas más duras, cautivas desde 1936 algunas de ellas y trajinadas desde entonces por un atlas penitenciario de topónimos históricamente siniestros: Zamora, Saturrarán, Amorebieta, Predicadores…

La delegación internacional, integrada por un hombre y dos mujeres, antiguas resistentes al nazismo y que habían sufrido la dureza del campo de Ravensbrück, no utilizó una sola gota de tinta para comentar la realidad de las mujeres encarceladas en España. De hecho, en el muy cartesiano prólogo del informe donde relataban sus «méthodes de travail» tampoco se planteó establecer distinción alguna entre encarcelamiento masculino y femenino. Una lástima, porque la diferencia no era convencional, y de haberla tenido en cuenta probablemente les habría llevado a descubrir dimensiones desconocidas de la represión que habrían sorprendido tanto a la delegación como al ciudadano europeo de los años cincuenta. Por ejemplo, las desapariciones: los hijos perdidos en la cárcel, desde la cárcel y por la cárcel.

En realidad, la CICRC jamás se planteó describir la lógica interior de la prisión franquista, la estructura real de poder interno de aquella industria compleja, su alcance y su singularidad como resto del único fascismo vivo y cierto en la Europa de los cincuenta. El objetivo programático de la CICRC era otro, y estaba determinado por el cautiverio de sus miembros en los lager nazis, por lo que el proyecto institucionalizado de la organización internacional consistía en averiguar si existía o no «dans le pays considéré, un régime concentrationnaire ou des caracteristiques concentrationnaires, un semblable régime étant défini par la privation arbitraire de liberté, conditions inhumaines de détention, l’exploitation du travail des détenus au bénéfice de l’État»[6a]; criterios que debían ser referenciados «en fonction du régime de l’Allemagne hitlérienne, qui était un régime concentrationnaire type»[7a] [42]. Eran conscientes del riesgo que comportaba definir la realidad nazi como paradigma, puesto que significaba considerar como «tolerables» los sistemas de vulneración de derechos distintos al hitleriano. Y significaba también algo más: bloquear la comprensión de los sistemas punitivos en la sociedad que los había creado. Una trampa eficaz que ha orientado las tesis del revisionismo histórico, no sólo de los läger, sino del fascismo italiano y del español, confundiendo —deliberadamente— la importancia y riqueza indudables de la historia comparada, con la creación de modelos absolutos, paradigmáticos, a partir de los cuales debe definirse cualquier otra realidad.

Fueron conscientes de algunos de esos riesgos y creyeron evitarlos presentando en su informe tan sólo hechos y descripciones. No lo consiguieron, y las conclusiones del informe aparecieron condicionadas, como era de esperar, por aquel criterio, sobre todo en lo concerniente a destacamentos penitenciarios, que en el año 1952 habían descendido ya notablemente en su importancia. Eso les llevó a afirmar que «tan sólo podemos precisar los límites extremos entre los cuales se inscriben los diversos casos constatados: en ningún caso se reúnen las condiciones concentracionarias de tipo hitleriano». La comparación carecía de sentido, puesto que la masividad, organización y objetivos de cautiverio, trabajo y muerte, presentan diferencias entre los sistemas punitivos y carcelarios fascistas, pero esa diferencia no sirve para calificar la mayor o menor maldad de las distintas formas del fascismo europeo, sino para «comprender» los mecanismos de obediencia singulares en cada uno de ellos.

Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes y limitaciones del proyecto, lo cierto es que desde el corazón de la cronología franquista, dos mujeres y un hombre consiguieron ordenar metódicamente la realidad tentacular de la geografía carcelaria de la dictadura y presentar al mundo, por primera —y única— vez, una aproximación a la magnitud demográfica del problema, las condiciones de vida de los republicanos capturados, el límite humano de su situación, las violaciones legislativas y las dimensiones morales de aquella realidad que determinó la vida de miles de personas.

Las dificultades para conocer datos razonables sobre cuánta gente cruzó la puerta de la cárcel no provienen exactamente del caos generado al término de la guerra ni del inmediato alud represivo que sepultó el país en el miedo, ni de una supuesta desorganización administrativa —recurso retórico azucarado y propio de opciones políticas de banalización histórica—. La administración penitenciaria había establecido un Registro Central de Presos que permitía conocer en qué lugar se encontraba cada detenido, cuántos había y en qué situación se hallaban. Las informaciones periódicas que cada centro penitenciario enviaba al Patronato de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo exigían un nivel de documentación e información importante, sin olvidar la persistencia de los recuentos o la contabilidad administrativa requerida para presupuestar la vida económica de los presidios, una documentación hoy deshecha y dislocada, pero que en los años de la dictadura permitió el funcionamiento de la industria penitenciaria. Sin embargo, las cifras siempre fueron mistificadas o alborotadas, tanto en los documentos de propaganda de la dictadura como en los que eran presentados a organismos internacionales. La naturaleza de esas alteraciones jamás fue producto de desorden o incompetencia burocrática, sino ideológica y política. No me refiero a la intención evidente de la dictadura de propagar la tesis de que había pocos presos políticos, sino al hecho de que querían convencer a todos de que «no había ninguno», que tan sólo había delincuentes o inadaptados sociales, según la época y el lenguaje dominante impregnado de pseudociencia sociológica. Y aún más en el caso de las mujeres disidentes, estadísticamente desaparecidas. Sin ir más lejos, el Ministerio de Justicia lo dijo muy claro y en muchas ocasiones: «Conocida con más o menos detalle la magnitud de la criminalidad desatada durante nuestra guerra en la zona sometida al llamado Gobierno de la República […] en esta exposición se expresa el número de presos indebidamente llamados políticos que hubo en las cárceles españolas inmediatamente después de la Victoria»[43]. Las estadísticas y la doctrina penitenciaria se constituyeron siempre con el argumento de criminalización, esto es, incorporando la actividad política a la delictiva. Y esa decoración jamás cambió en los años del franquismo.

La razón ideológica profunda de esa actitud procedía de la cosmovisión que la intelectualidad de la dictadura había construido a propósito de la naturaleza humana del disidente político. Quién era y cómo era; por qué disentía y hacía lo que hacía. La respuesta global a esas preguntas procedía del acervo fundacional franquista, de donde emergió como respuesta la elaboración de una idea pura del Mal, un arquetipo que argumentó la inferioridad y perversidad de la naturaleza mental del disidente. Ese elemento central de la cosmovisión franquista orientó, amparó y justificó la actitud del Estado y sus funcionarios respecto de los capturados, tanto en lo que se refiere al ritual inexorable de la persecución, detención y tortura que prologaban la entrada del detenido en la cárcel, como en el trato infligido en el interior de aquella industria destinada a transformar la vida de aquellos y aquellas que, desde su inferioridad, además eran el Mal.

Capítulo II: Una investigación sobre el Mal

Capítulo II

Una investigación

sobre el Mal

Desde el inicio de los años cuarenta, una bandada de mujeres migrantes se esparcieron por España. De ciudad en ciudad, se instalaron provisionalmente como nubes de angustia para vivir cerca de los presidios en los que se hallaban maridos, padres, compañeros o hijos (jamás sucedió lo contrario), ganar dinero para comprar paquetes de comida, productos de aseo y ropa de abrigo. Trabajaron en lo peor y lo más duro, en cualquier cosa: fueron recolectoras en el campo, lavanderas de hostales, se emplearon en almacenes y caleros, vendieron en las calles pájaros de trapo y muñecos fabricados por las manos de sus hombres en la cárcel. Fueron la más barata fuerza de trabajo del servicio doméstico para burguesas de provincia, damas de la Victoria al fin y al cabo, con una imagen muy concreta de aquellas mujeres que luchaban, a sus pies, para hacer sobrevivir su familia, desdeñando el significado de su fuerza de voluntad.

Para aquellas damas triunfantes, la población familiar de los presos, la pobreza y dureza de su existencia visible en las calles, expresaba la inferioridad natural de los vencidos, su condición y, por tanto, su destino. Una señora burgalesa resumió maravillosamente esa convicción a Lola González, su joven sirvienta de 25 años que había marchado a Burgos para ayudar a sobrevivir a su marido encarcelado. Aquella tarde de 1944 le habían denegado la comunicación en la cárcel y llevaba en el rostro restos de un sollozo. La señora la amonestó: «¿Por qué lloras?». Según ella, era mejor comprender la situación y acostumbrarse, porque «si habéis nacido es para ser esclavos; si estáis viviendo como estáis, es porque habéis nacido para que nosotros vivamos, para ser nuestros esclavos»[1]. No era ni accidente social ni castigo, su inferioridad era condición natural. Una convicción que el mundo franquista creó construyendo una pseudofilosofía de la inferioridad y la degeneración social del disidente, lo que justificó y amparó acciones, instituciones y políticas de segregación que afectaron gravemente la vida de los derrotados, pero en especial la existencia de quienes fueron capturados y encarcelados.

Al fin y al cabo, desproveer al enemigo de condición humana ha sido siempre un requerimiento previo a su aniquilación. Barrington Moore lo analizó al hablar de las dictaduras[2]. Además, patologizar la disidencia política fue uno de los «éxitos» del psiquiatra y antropólogo italiano Cesare Lombroso, el cual se esmeró en la medición de cráneos de los campesinos meridionales de su país para dar cobertura científica a la represión que el nuevo Estado italiano aplicó a quienes se opusieron a su política. Sus trabajos antropomórficos establecieron la conclusión de que la conducta de aquellos campesinos del sur en rebelión —llamados simplemente bandoleros— estaba determinada biológicamente, como en los delincuentes, por una anomalía a la que denominó «atavismo», una herencia de la edad salvaje que hacía a estas gentes incapaces de moralidad y se convertía en signo empírico de su atraso en la evolución de la especie. Por tanto, la violencia de los sublevados del sur no era política y social, sino una violencia gratuita y propia de seres inferiores respecto a sus coetáneos.

En la época fundacional del Estado franquista, la deshumanización del otro, probar bajo apariencia científica la inferioridad mental del disidente, constituyó una prioridad del Ejército llevada a cabo por el comandante y psiquiatra Antonio Vallejo Nágera. La derivación de aquellas investigaciones psiquiátricas en hombres y mujeres encarcelados tuvo consecuencias graves en el mundo penitenciario, particularmente en el femenino, al establecer el principio de «segregación total».

El telegrama 1565

El telegrama 1565

A mediados de verano de 1938, un correo militar entregó en la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, ubicada en Burgos, el telegrama 1565. Llevaba fecha de 23 de agosto y lo mandaba desde la misma ciudad el más cualificado remitente de la zona rebelde, el general Francisco Franco Bahamonde. Iba dirigido al coronel jefe de la Inspección de Campos —Luis Martín Pinillos y Blanco de Bustamante— con la orden reglamentaria de transmitirlo a su destinatario último, el jefe de los Servicios Psiquiátricos militares, comandante Antonio Vallejo Nágera.

El telegrama 1565 autorizaba la constitución de una institución sin precedentes, el Gabinete de Investigaciones Psicológicas, con la finalidad de iniciar y desarrollar un programa de investigaciones psiquiátricas en los hombres y mujeres capturados. No era una intención oculta, borrosa, sino clara y argumentada:

«En contestación a su escrito de 10 del actual proponiendo la creación de un Gabinete de Investigaciones Psicológicas cuya finalidad primordial será investigar las raíces biopsíquicas del marxismo, manifiesto que, de conformidad con su mencionada propuesta, autorizo la creación del mismo. Los gastos que origine la instalación serán sufragados de los generales de esa Inspección, y el personal que preste sus servicios en el mismo será el médico que voluntaria y gratuitamente se ofrezca para ello, que podrían ser militarizados si se considera necesario. Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos, debiendo proponerme los médicos que deben ser militarizados, al efecto de que cuanto antes empiece a funcionar dicho gabinete»[3].

Que el Ejército tenía un interés cierto y apremiante en aquella investigación lo prueba no sólo haber autorizado la constitución del gabinete, dotarlo de presupuesto y recursos humanos para un único proyecto o finalidad, sino también la celeridad con que desarrolló su misión. Mes y medio más tarde aparecían publicados los primeros resultados del macroprograma de investigación que fundamentaba la existencia del gabinete: asentar empíricamente la convicción preestablecida de la naturaleza psicosocial degenerativa e inferior del adversario.

Fue el 8 de octubre de 1938. En aquella fecha, la revista Semana Médica Española publicaba en su sección científica una extensa introducción programática, metodológica y conceptual rubricada por Antonio Vallejo Nágera con el título genérico de todo el proyecto de investigación, «Psiquismo del fanatismo marxista». Al texto programático de Vallejo Nágera le seguía la fase inicial del estudio empírico en el que habían colaborado los médicos militares Enrique Conde Gargollo y Agustín del Río. A lo largo del siguiente año prosiguieron diversas entregas de la investigación psiquiátrica y psicológica desarrollada por médicos distintos y sobre grupos humanos compuestos por presos y presas diversos, pero siempre bajo la dirección de Vallejo Nágera. Se les dio la máxima difusión posible en aquellos momentos entre los medios de la sanidad militar, pues aparecieron simultáneamente en dos ejemplares de Semana Médica Española (San Sebastián) y en la Revista Española de Cirugía y Medicina de Guerra (Valladolid). La última entrega de la investigación apareció justo un año después, en octubre de 1939, finalizada la guerra civil y recién comenzada la segunda guerra mundial. Fue en ese momento cuando el gabinete cesó su actividad. Probablemente se disolvió por siempre jamás, puesto que no se le conoce ninguna otra actividad documentada. No hay nada raro en ello: al fin y al cabo, el propósito, descrito con precisión en el telegrama del verano anterior, se había alcanzado y además con éxito, es decir, con resultados prácticos.

El Estado Mayor y la Inspección de Campos estudiaron los resultados, tomaron nota y se sintieron lo suficientemente agradecidos como para transmitir su felicitación al comandante Antonio Vallejo Nágera, comunicándole «para su conocimiento y satisfacción […] he leído con especial interés y detenimiento los aludidos trabajos, dándome cuenta de su novedad e importancia por las enseñanzas que pueden deducirse»[4]. Firmaba el director general de los Servicios del Ejército, y añadía su propia ovación el jefe de la Inspección de Campos. Probablemente Vallejo iniciaba un camino inédito en las ciencias de la salud al psiquiatrizar la disidencia y concluir en su estigmatización psicosocial. Por ello recogió el aplauso del Estado, pero además impregnó por diversos caminos el universo penitenciario y la sociedad de la Victoria. No sólo recibió un ascenso por ello, sino un aumento de responsabilidades, y entre ellas una letal: la de ser el único militar «que tiene a su cargo la trascendental misión de emitir los informes científicos precisos sobre la responsabilidad jurídica de los condenados a muerte»[5].

Antonio Vallejo Nágera: un nombre en la ciencia, un lugar en el Ejército

Antonio Vallejo Nágera: un nombre en la ciencia, un lugar en el Ejército

Lejos de ser un psiquiatra oscuro y marginal, Vallejo Nágera había alcanzado suficiente consideración profesional para que los editores de la prestigiosa Enciclopedia Espasa le dedicasen, en su edición de 1933, un extenso y completo artículo que dejaba constancia de los cargos que ostentaba en multitud de instituciones médicas, de la notoriedad adquirida con sus publicaciones y de su trayectoria militar. La fecha de aquella incorporación de Vallejo Nágera a la Enciclopedia no deja de ser un síntoma interesante del renombre que había adquirido a lo largo de los años veinte y que le era reconocido en plena República, contra la cual —y contra los médicos que la defendieron— siempre manifestó públicamente su hostilidad con un lenguaje armado de brutalidad, sin concesiones.

Claro que aquella primera noticia biográfica y curricular de Vallejo, en algunos extremos, se había hinchado con el punto de entusiasmo retórico tan propio del género enciclopédico, pero esas cosas ya se sabe que suceden y no tienen mayor importancia si se cotejan los datos con otras fuentes. Su hoja de servicios del Ejército por ejemplo, voluminosa y minuciosa, abundante en detalles y en la compilación de materiales diversísimos que perfilan, junto a las publicaciones del psiquiatra, el conjunto de su biografía profesional. Todo en su conjunto transmite una certeza: en los años republicanos Vallejo era un psiquiatra con nombre y autoridad profesional, con poder institucional y ascendente moral e intelectual entre militares y psiquiatras antidemocráticos.

Cuando la sublevación de 1936, Vallejo Nágera tenía cuarenta y siete años recién cumplidos. Había cursado estudios de medicina en Valladolid, y parece ser que en el ejercicio de prácticas sanitarias en el manicomio de aquella ciudad se decidió por la psiquiatría. Con veinte años obtenía la licenciatura, y en 1910 ingresaba en el cuerpo de Sanidad Militar (si bien en 1904, con 15 años, había ingresado como voluntario en el arma de Caballería). Dos años más tarde, destinado en Larache, participó en todas las campañas militares, y según el redactor de la Enciclopedia Espasa obtuvo en campaña numerosas distinciones, afirmación que procede más bien del entusiasmo del anónimo articulista, pues la desmiente su hoja de servicios. En ella, al comentar su «valor en campaña», proporciona un dato tan ambiguo como castrense, tan entrañablemente pretencioso como prudente: «Se le supone». Lejos de indicar algún mérito de guerra, valora sus funciones administrativas en Sanidad. Nos encontramos, pues, ante un oficial africanista de la sección burocrática habitual, con suficiente pericia para obtener méritos y medallas —por ejemplo la de María Cristina— gracias a los sucesivos desastres de su propio Ejército.

Barcelona fue el siguiente destino de Vallejo Nágera, y lo fue a petición propia. En concreto se incorporó al Regimiento Numancia n.º XI. Prosiguió estudios con su tío, el profesor Vallejo Lobón, y obtuvo el certificado de «conocimiento suficiente» de lengua alemana. Hasta 1917 se relacionó con las sociedades médicas de la ciudad y se entregó al estudio de enfermedades simuladas —un gran tema para el Ejército, naturalmente.

En 1918, en el último tramo de la guerra mundial, el Estado Mayor le destinó a la Comisión Militar de la embajada española en Berlín. Visitó manicomios y hospitales y, según todas las fuentes disponibles, se relacionó con numerosos psiquiatras y psicólogos alemanes, entre ellos Schwalbe y Gruhle (de quien fue el traductor al castellano), pero por encima de todo quedó fascinado por la obra de Ernst Kretschmer, realmente presente en toda su posterior producción.

Pero Vallejo, en calidad de representante de un país neutral, tuvo un destino específico durante aquel año de 1918 y hasta el fin de la guerra mundial: los campos alemanes de concentración. Su actividad en aquel destino fue considerada por el Estado Mayor suficientemente satisfactoria como para concederle la Cruz de I.ª Clase del Mérito Militar con Distintivo Blanco. Tenía veintinueve años y el grado de capitán.

En la siguiente década, Vallejo Nágera se hizo un nombre y un lugar. En 1922 ascendía a comandante médico y poco después el Estado Mayor le nombraba ayudante de campo del jefe de sección del Ministerio de Guerra. En 1928 ingresaba en la Academia Nacional de Medicina y, finalmente, en 1929 obtenía la dirección del Sanatorio Psiquiátrico Militar de Ciempozuelos, un destino más que envidiable. Dos años más tarde, proclamada ya la II República, era nombrado profesor de psiquiatría de la Academia de Sanidad Militar.

Durante este tiempo escribió en periódicos y revistas, y dictó conferencias en un buen número de centros culturales y asociaciones recreativas. El contenido de sus charlas no era otro que la exposición de un pensamiento reaccionario en estado puro, que en definitiva coincidía con el estilo conservador y asilvestrado del grupo reunido en torno a la revista Acción Española, inspirada y dirigida por Ramiro de Maeztu, y al cual pertenecía Vallejo Nágera. En ese contexto elaboró un sistema explicativo de la «crisis española» francamente burdo, pero funcional a su manera: todo comenzaba con la raza y sus difíciles problemas de permanencia en la historia.

La hispanidad, una raza en peligro

La hispanidad, una raza en peligro

A fines de marzo de 1936, el comandante Vallejo Nágera había dejado listo para imprenta un manuscrito que no sería publicado hasta un año después, en Burgos. Decidió ponerle un título explícito: Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza. Aquel libro describía maravillosamente cuál era el elemento de arranque de su vasto discurso punitivo.

En la cabeza del psiquiatra la expresión «raza» poseía un carácter singular. Nada que ver con las tesis biologistas de franceses, británicos o alemanes. Era singular porque para él la raza no correspondía a un grupo biológico humano, sino a una sociedad —la de la época de la caballería—, a un grupo social —la aristocracia—, y a una forma de gobierno fundamentada en la disciplina militar, depositaria de unas presumibles virtudes patrióticas destruidas por el sentido plebeyo de la burguesía y las clases bajas. Destrucción lenta que, según parece, produjo cambios incluso en la morfología de los individuos, en su fenotipo: «Absorbidos los restos de la pequeña nobleza por la burguesía engendrada por una democracia aplebeyada, el instinto de adquisitividad (sic) apertrofiábase en virtud de las cualidades ancestrales excelsas. El fenotipo amojamado, anguloso, sobrio, casto, austero, transformábase en otro redondeado, ventrudo, sensual, versátil y arribista, hoy predominante»[6].

En otros textos será más preciso: la raza es adquisición cultural derivada del ambiente social. La raza es la Hispanidad, sostiene Vallejo, la cual no consiste en una lengua, cultura, territorio o idea, sino en un sentimiento espiritual diferencial: «Aquella parte del espíritu universal que no es asimilable, que ha sido creado por nuestros padres, legándonoslo a título de patrimonio, cuya custodia nos está encomendada». En eso se consideraba seguidor entusiasta de Maeztu, y vinculaba esa descripción al sentido y objetivos del Movimiento Nacional, que no luchaba exactamente por España, sino que andaba más lejos: «Guerreamos por la Hispanidad ahora, y alcanzada la paz construiremos una nueva España impregnada del espíritu de la Hispanidad, con el afán de extenderla, que éste es nuestro imperialismo»[7]. Raza es un espíritu singularizado, una transmisión de valores ambientalmente condicionados que pueden ser favorecidos o entorpecidos.

Precisamente si el Movimiento Nacional —de origen espiritual y carácter popular— se puso en marcha fue por la necesidad de rectificar el entorno ambiental y recuperar los valores de la Hispanidad en peligro de extinción. En peligro no por causa de una coyuntural amenaza comunista, sino por la acción de un adversario histórico persistente, astuto y mutante según el contexto[8], un adversario liquidador de los valores definidores de la Hispanidad, valores a los cuales Vallejo denominó «complejos afectivos básicos». En concreto: religiosidad, patriotismo y responsabilidad moral, vinculados a ideales éticos, estéticos y al «yo ideal». [9].

El peligro provenía de lo que retóricamente denominó «complejos psicoafectivos», aquellos que «descomponen la patria […], los de resentimiento, rencor, inferioridad, emulación envidiosa, arribismo ambicioso y venganza, que de sembrarse en las multitudes de la nueva España impurificarían la elevada idealidad del Movimiento Nacional, empequeñecerían el horizonte espiritual de la patria que soñamos, además de que, introducidos en el futuro orden político-social inspirarían medidas legislativas no muy diferentes de las marxistas»[10]. Precisamente, ése era el tipo de características negativas que Vallejo Nágera «descubrió» en las presas de Málaga sometidas a investigación psiquiátrica por él y su equipo, proporcionándole una supuesta base empírica en la que sostener su discurso. La solución no estaba en buscar un gen malvado y liquidarlo. Vallejo Nágera jamás se mostró geneticista en los textos de esa época: «La degeneración de la raza reside a nuestro entender en factores externos que actúan de manera desfavorable sobre el plasma germinal»[11]. El tema era el ambiente, el entorno. Se imponía la protección y mejora de la raza, es decir, una eugenesia de la Hispanidad.

Aparentemente, Vallejo debió de sentir la necesidad de elaborar un relato histórico con el fin de argumentar las razones de la decadencia racial, indicar un sujeto de culpabilidad histórica y justificar el núcleo de su propósito eugenista.

Parece ser que todo había comenzado con la conversión de los judíos en el siglo XIV. Conversión falsa, explicó Vallejo, de conveniencia, efectuada con astucia que «no modificó el genio de la raza, no modificó la ancestral psicología sionista, sus típicas avaricia, falacia, filisteísmo y maldad»[12]. El converso siguió odiando la civilización cristiana y extendió la discordia entre nobles y plebeyos, moros y cristianos; además, en la persecución inquisitorial «distínguese el converso por la saña que muestra contra los consanguíneos […] además de participar en las matanzas, ya que tiene que justificarse y en su táctica no entra la piedad». El judío converso prosiguió su acción disgregadora durante los siglos siguientes. Tranquilo e integrado, con los apellidos decorados, planificó la maldad a través de generaciones con «la difusión de la impiedad, del racionalismo, del materialismo, del marxismo; consiguió que disminuyera la influencia político-social de la Iglesia, que la sociedad se aplebeyase e inmoralizase, que surgiese feroz lucha de clases, que se quebrantasen los más sólidos cimientos de la civilización occidental». Participó pues el falso converso en todas las bullangas y agitaciones, guerras y persecuciones en cumplimiento de su misión malvada: «Y cuando advino la revolución, disfrazada de república, dice el converso claramente sus propósitos, desarticula los nudos vitales de la sociedad cristiana, asesina, roba, viola, perpetra toda suerte de desmanes […] sin importarle la ruina de la patria. Vuelven los caballeros cristianos a la palestra, comienza la Santa Cruzada contra los enemigos de Dios y de la Patria». Los cruzados están a punto de vencer (estamos en 1938), y los enemigos históricos huyen abandonando a sus seguidores plebeyos. Es entonces cuando, como en la antigüedad, solicitan que les sean borradas las culpas, gimen pidiendo piedad «para continuar, si pueden, su misión histórica». [13].

No era un artículo aislado, escrito en un momento de fantasías. Al contrario[14], la mayoría de las contribuciones de Vallejo aquel año estuvieron destinadas a sostener la idea de que existía una perpetuación histórica de la misión destructiva de la Hispanidad —o la raza— vinculada al último capítulo del republicanismo, portador de aquellos elementos, valores o estigmas que ya antes de la guerra Vallejo describía como «complejos psicoafectivos», los que «descomponen la patria». Por cierto, son los mismos defectos que posteriormente descubrirá, sólidamente enraizados, en los combatientes capturados y sometidos por él mismo a investigación psiquiátrica.

Y aún más, porque entre los elementos de descomposición racial inventariados, Vallejo destacó los complejos de inferioridad y resentimiento. En ese asunto había insistido ya antes de la guerra. Precisamente hablando de las agitaciones populares insidiosas, propias de la degeneración racial y la locura, sostenía que «la fatiga y la mala alimentación carecen de la importancia que les asigna el vulgo»[15]. Dicho de otro modo, quien se quejaba de sus condiciones laborales y hambre lo hacía por resentimiento. Además, consideraba que la palabra «igualdad» era tan sólo el cebo de fracasados e impotentes sociales[16]. En realidad, penalizar las peticiones materiales transformándolas en cultura del resentimiento no era nuevo. Al contrario, había constituido desde siempre un argumento central del discurso conservador, si bien en los años de guerra y posguerra hubo una suerte de reanimación del tema, y una divulgación también. Me permito tan sólo un ejemplo al respecto: el primer gran best seller de posguerra, la extensa saga literaria de Ignacio Agustí titulada La ceniza fue árbol (en la que se basó la serie de televisión La saga de los Rius), tiene en el resentimiento social el motor del conflicto histórico entre el bien y el mal. Sin embargo, Vallejo no hacía literatura, y ésa era una diferencia inquietante.

Eugenesia y segregación total

Eugenesia y segregación total

«Agradezcamos al filósofo Nietzsche la resurrección de las ideas espartanas acerca del exterminio de los inferiores orgánicos y psíquicos, de los que llama “parásitos de la sociedad”. La civilización moderna no admite tan crueles postulados en el orden material, pero en el moral no se arredra en llevar a la práctica medidas incruentas que coloquen a los tarados biológicos en condiciones que imposibiliten su reproducción y transmisión a la progenie de las taras que los afectan. El medio más sencillo y fácil de segregación consiste en internar en penales, asilos y colonias a los tarados, con separación de sexos»[17].

Ese texto contiene toda la ambivalencia de Vallejo en el asunto eugenésico, y por ello ayuda a comprender algunas realidades del régimen penitenciario de la Victoria, sobre todo en referencia a las prisiones femeninas y la actitud del Estado hacia los hijos de las encarceladas.

La paradoja de Vallejo Nágera procedía de la normativa doctrinal católica. Por ese motivo repudiaba la esterilización con finalidades eugenésicas, la consideraba inmoral en cuanto que presumiblemente empujaba a los afectados al «libertinaje, fomentando tendencias sexuales anormales». Un libertinaje arraigado especialmente en las jóvenes pertenecientes a organizaciones políticas populares y centros obreros, jóvenes cuyas supuestas actividades describió sin temor al ridículo: «Presenciamos todos los días festivos cómo muy de mañana marchan hacia el campo grupos de treinta a cincuenta jóvenes, luciendo indumentaria blanca y pañuelo rojo al cuello, ellos en camiseta, ellas empantalonadas o cubiertas de leve faldita. Piérdese el grupo juvenil en el bosque, huérfanos de vigilancia materna, que no puede tolerar el proletariado consciente. […] Más he aquí que una joven se ha visto en el trance de confesar a su padre de hallarse en meses mayores. Lucha el honrado artesano entre sus verdaderos sentimientos y los que le han inculcado en el Centro Instructivo Obrero; pero pesan más los primeros, por estar profundamente arraigados en el corazón, y surge el clásico interrogante: ¿Quién fue el infame? Púdicamente responde la niña que no puede decirlo, porque cada domingo se le asignaba una pareja distinta, a fin de fomentar los sentimientos de camaradería». Eran esas jóvenes pertenecientes al asociacionismo obrerista, político y popular, las que pocos años después llenarían las cárceles del país, las que fueron objeto de sus investigaciones psiquiátricas y conclusiones segregacionistas.

En su discurso eugenésico, Vallejo criticaba el malthusianismo (si bien existen serias razones para pensar que jamás lo comprendió, toda vez que en ocasiones coincide con él sin percatarse), censuraba las tesis de Ogino, y se dedicó a recomendar la continencia y la preparación de las jóvenes parejas[18]. Nada de particular. Hasta aquí no era más que una lectura rigorista del discurso de manual del catolicismo, si bien por la autoridad que tuvo en la posguerra contribuyó de manera nada desdeñable a la atmósfera opresiva general.

Al negar la eugenesia geneticista «porque ofrece una orientación negativa»[19], Vallejo iniciaba un camino represivo que bajo la denominación, conceptualmente extraña, de «eugenesia positiva», tuvo graves consecuencias, puesto que la finalidad declarada no era otra que «multiplicar los selectos y dejar que perezcan los débiles»[20]. Esos «débiles», en el universo obsesivo de Vallejo y los suyos, no eran otros que los adversarios políticos, la militancia marxista, o los rojos en general. En efecto, Vallejo definía al adversario político como un individuo mentalmente inferior, y además peligroso por su maldad. De ahí la necesidad de su reclusión, liquidación moral y segregación en beneficio de la Hispanidad, la raza: «La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos […]. La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan temible».[21]

La terapia segregacionista no procedía de un texto marginal, sino del más importante texto de Vallejo en la época: La locura en la guerra, publicado a fines de 1939. Éste incorporaba los resultados de las investigaciones elaboradas en hombres y mujeres capturadas.

Un avance resumido de los elementos vertebrales del libro —la tesis de la segregación infantil, algunas descripciones de las investigaciones en campos de concentración y la identificación entre disidencia política marxista e inferioridad mental— Vallejo había tenido ocasión de presentarlo al conjunto de la psiquiatría académica alemana al ser invitado, como miembro de honor, al Congreso de psiquiatría celebrado en Bonn en septiembre de 1938. Fue en aquel entorno donde comunicó el resumen de su discurso en la ponencia «Psychiatrischen in Spanische krieg»[22].

Aún en la posguerra, Vallejo alertaba sobre el daño que podía hacer —y hacía, escribió— el ambiente democrático en niños y niñas, e insistía en combatir la propensión degenerativa de los muchachos criados en ambientes republicanos, debiendo ser segregados en centros adecuados (es decir, la red asistencial falangista o católica), en los cuales se promoviese «una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotipo»[23].

Entre las medidas eugenésicas para evitar esa contaminación a la población en general, Vallejo no dudó en proponer la restauración de la Inquisición: «Una inquisición modernizada, con otras orientaciones, fines, medios y organización; pero Inquisición rígida y austera, sabia y prudente, obstáculo al envenenamiento literario de las masas, a la difusión de las ideas antipatrióticas, a la ruina definitiva del espíritu de la Hispanidad.

»Promovemos, sin perífrasis, la creación de un Cuerpo de Inquisidores, centinela de la pureza de los valores científicos, filosóficos y culturales del acervo popular; que detenga la difusión de ideas extranjeras corruptoras de los valores universales hispánicos»[24].

Distaba mucho de ser una broma ocurrente. Al contrario, si por ejemplo se lee la declaración fundacional —y se sigue la actividad— del Patronato de Protección de la Mujer, se comprobarán las coincidencias globales.

Las previsiones eugenésicas de Vallejo destinadas a los republicanos eran de una claridad magnífica. «Inductores y asesinos sufrirán las penas merecidas, la de muerte la más llevadera. Unos padecerán emigración perpetua, lejos de la Madre Patria, a la que no supieron amar, porque también los hijos descastados añoran el calor materno. Otros perderán la libertad, gemirán durante años en prisiones, purgando sus delitos, en trabajos forzados para ganarse el pan, y legarán a sus hijos un nombre infame: los que traicionan a la Patria no pueden legar a la descendencia apellidos honrados»[25]. Eran algo así como la estirpe del Mal.

El tono apocalíptico de Vallejo, para exponer lo que realmente sucedió en las prisiones, tiene el inconveniente de que puede hacernos creer que se trataba más bien del desbordamiento literario de un militar con excesivo entusiasmo. En modo alguno es así, pues tiempo después, y especialmente en las cárceles de mujeres, quedaría demostrado con creces que hablaba en serio. Además no debiera desdeñarse la vinculación de Vallejo Nágera a la Escuela de Estudios Penitenciarios. El 22 de abril de 1940 pronunció una conferencia sobre el tema en los cursos de la escuela destinada a la formación de funcionarios de prisiones: «Asistían a la disertación todos los profesores de la Escuela, numerosos funcionarios del Ministerio de Justicia y buen número de señores catedráticos»[26]. Un éxito, según la crónica. Al año siguiente, Vallejo se incorporó de manera estable a los cursos de formación del cuerpo de funcionarios de prisiones, impartiendo «en la Universidad Central el cursillo intensivo para los médicos que mediante oposición acaban de ingresar en el Cuerpo de Prisiones»[27]. Cuatro años después seguía vinculado a la Escuela de Estudios Penitenciarios, dictando clases a los futuros funcionarios en el Hospital Militar de Ciempozuelos[28].

El mérito de Vallejo no era otro que aportar al Régimen, desde la psiquiatría oficial y académica, una pseudofilosofía de la inferioridad y la degeneración social e histórica del adversario político, que justificase y amparase acciones, instituciones y políticas de segregación. Un ejemplo en el mundo carcelario fue la Prisión de Madres Lactantes, en la cual la madre tan sólo podía estar una hora al día con su hijo, y ni siquiera se le permitía dormir junto a él.

En efecto, la segregación desde la infancia era una de las medidas elementales de la «eugenesia positiva», como hemos visto, pero también lo era aquel modelo de infrahombre malvado contra el cual todo era lícito. Ese discurso impregnó toda la red de comunicación social del Régimen. En 1942, el psiquiatra Francisco Marco Merenciano —discípulo de Vallejo— advertía al auditorio de la Jefatura Provincial de FET y de las JONS de Valencia, que «el resentimiento es un estilo de vida y en todo resentido existe un marxista auténtico […] no importa siquiera el que muchos resentidos ignoren que son auténticos marxistas, nos basta saberlo nosotros para poner remedio a ese mal. La medicina exige una política, el marxismo es una enfermedad y en nuestras manos está en gran parte su tratamiento»[29]. Los escritos de Marco Merenciano fueron publicados aún en 1958, y con unos prologuistas de lujo: el médico y profesor Pedro Laín Entralgo y el psiquiatra Juan José López Ibor.

Hemos visto que en las manos de Antonio Vallejo Nágera había un proyecto eugenésico orientado a conjurar para siempre jamás la disolución racial de la Hispanidad. Y también algo más: la capacidad para movilizar recursos y medios del Ejército destinados a desarrollar un macroprograma de investigación que probase empíricamente la maldad del adversario —el vencido— y la razón ética de su destrucción individual y colectiva. A eso se dedicó entre el verano de 1938 y octubre del año siguiente. Es el momento de retomar el telegrama 1565 y la constitución del Gabinete de Investigaciones Psicológicas.

Un propósito, un programa, una oportunidad en la historia del mundo

Un propósito, un programa, una oportunidad en la historia del mundo

«La enorme cantidad de prisioneros de guerra en manos de las fuerzas nacionales salvadoras de España permite efectuar estudios en masa, en favorabilísimas circunstancias que quizás no vuelvan a darse en la historia del mundo. Con el estímulo y beneplácito del Excmo. señor inspector de los Campos de Concentración, al que agradecemos toda suerte de cariñosas facilidades, iniciamos investigaciones seriadas de individuos marxistas, al objeto de hallar las relaciones que puedan existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político democrático-comunista»[30].

Con esas palabras el comandante Vallejo Nágera iniciaba el primero de los seis artículos que dieron a conocer los resultados definitivos de las investigaciones psiquiátricas efectuadas con prisioneros y prisioneras republicanos.

Sin embargo, el macroprograma inicial de Vallejo, de octubre de 1938, había sido mucho más ambicioso de lo que realmente acabó siendo. Me refiero a sus pretensiones de diversificar la muestra humana e ideológica. Al finalizar la publicación de los resultados en octubre de 1939 había utilizado como material empírico a brigadistas de cinco nacionalidades diferentes y a presas políticas del centro penitenciario de Málaga. Pero en la descripción del protocolo metodológico de la investigación, publicado en el primer texto de la serie, tenía previsto actuar sobre cinco ámbitos distintos de prisioneros:

a) Combatientes internacionales confinados en San Pedro de Cardeña.

b) Presos políticos españoles, varones «que fueron agentes del marxismo o desempeñaron cargos políticos en las organizaciones marxistas y que cumplen condena o están procesados por sus actividades políticas».

c) Presas políticas en las mismas circunstancias que el grupo b.

d) Nacionalistas vascos. Vallejo estaba sorprendido con este grupo. Los consideraba portadores de una «paradoja», la coincidencia del «fanatismo político unido al religioso. Trátase de enemigos de España que combatieron aliados con los enemigos de sus principios religiosos y político-sociales».

e) Marxistas catalanes «en los que se une el fanatismo marxista y el antiespañol».

Sin embargo, los resultados publicados tan sólo hacían referencia a los grupos a y c, es decir, brigadistas y mujeres encarceladas.

Las hipótesis de Vallejo no eran más que una síntesis de su discurso anterior, un anuncio de las conclusiones, cuya premeditación resultaba evidente incluso en las definiciones que presentaba en la justificación conceptual de la investigación. Por ejemplo, en el ámbito «personalidad social», la clasificación «revolucionario nato» describía individuos con unas cualidades biopsíquicas y unas tendencias instintivas que «movilizadas por complejos de rencor y resentimiento» tendían a la subversión del orden social. Además, incluía a «los esquizoides místicos políticos», a la vez que la clasificación «imbécil social» abarcaba a «esa multitud de seres incultos, torpes, sugestibles, carentes de espontaneidad e iniciativa que contribuyen a formar la gran parte de la masa gregaria de las gentes anónimas». Es decir, la base social de la democracia republicana[31].

La finalidad programática era proporcionar pruebas empíricas sobre:

1. La inferioridad mental de los partidarios de la igualdad social y democracia política o «desafectos».

2. La perversidad de los regímenes democráticos al favorecer el resentimiento y estimular a los «fracasados sociales» con políticas públicas; a diferencia de lo que sucede en los «sistemas aristocráticos», en los que sólo triunfan los mejores.

3. La brutalidad y fanatismo del disidente.

4. La correspondencia o relación morfológica entre fealdad, inferioridad y maldad del adversario.

A propósito de esta última hipótesis-conclusión, parece conveniente observar el interés antiguo de Vallejo por establecer relaciones entre figura corporal y temperamento. En realidad eso era lo que más le agradaba de las tesis de Ernst Kretschmer[32]. A decir verdad le entusiasmaba desde sus inicios en la psiquiatría. Sin ir más lejos, un año antes en «El factor emoción en la España Nueva», había elaborado una particular versión de las relaciones entre morfología corporal y cualidades psicológicas que Kretschmer proponía establecer. Vallejo liquidaba el asunto muy rápidamente: la fealdad resultaba vinculada a los complejos de resentimiento y rencor (liquidadores de la raza, como ya había explicado anteriormente) mientras que una figura corporal equilibrada, la belleza física, correspondía a la inteligencia y la nobleza de alma. Así las cosas, en un excepcional capítulo titulado «La sonrisa del Caudillo», establecía comparaciones entre los rasgos físicos del presidente de la II República, Manuel Azaña, y los del general Franco, concluyendo que la supuesta fealdad del primero era seguida por las fuerzas del Mal, estimulando las reacciones psíquicas propias de la horda; sin embargo, la sonrisa equilibrada del Caudillo atraía y estimulaba a los defensores del Bien y, en consecuencia, «la comparación de las figuras corporales de nuestro invicto Caudillo y el llamado presidente de la II República Española recuerda y exterioriza las respectivas psicologías. Llama la atención la circunstancia de que las masas identificadas con cada una de las citadas personalidades exhiben reacciones psíquicas que parecen fruto de los complejos psíquicos latentes en la consciencia de ambos personajes. Las de ellos, reacciones movidas por los complejos de rencor y de resentimiento; las nuestras reaccionan a los complejos de religiosidad, patriotismo y responsabilidad moral»[33].

Es conocida la importancia que ese tipo de identificaciones tiene en la guerra psicológica que promueven los ejércitos en la época contemporánea: forman parte de la propaganda bélica. Sin embargo, Vallejo no pretendía establecer ningún programa de guerra psicológica, sino argumentar la inferioridad total del adversario para dar paso a un proceso de psiquiatrización del enemigo, convertido en «desafecto» desde la Victoria del general Franco. Así pretendía fundamentar la posibilidad —y necesidad— de actuar terapéuticamente sobre los opositores para transformarlos. «La reacción social más interesante al objeto de nuestro estudio es la transformación político-social del fanatismo marxista, posibilidades de transformación que deducimos del estudio de sus psicobiograma y reacción psicológica a la prisión»[34].

El estilo y resultados de la investigación dirigida por Vallejo desde el Gabinete de Investigaciones Psicológicas son paradigmáticos de este propósito de transformación existencial que desarrolló el discurso y la práctica penitenciaria del franquismo. No se trataba de la recuperación del preso o presa para la sociedad, sino de tranformarle para habitar sin conflicto en una dictadura. Aunque sin perder su estigma, por supuesto imborrable. En eso residía su gravedad.

En realidad, los seis trabajos publicados por el gabinete son reiterativos y coincidentes en su contenido, y eso era de esperar. Sin embargo, se deslindan dos bloques. Por una parte, el conjunto de los brigadistas, muy homogéneo y casi sin variante alguna entre los diversos grupos nacionales. En segundo lugar, el prólogo y las conclusiones de la investigación sobre las presas, con particularidades y consecuencias singulares.

Unas inteligencias inferiores…

Unas inteligencias inferiores…

Nadie sabe qué fue lo que sucedió exactamente en San Pedro de Cardeña con relación a las investigaciones de Vallejo. Los brigadistas no han dejado prácticamente ningún testimonio. Como máximo recuerdan que por el campo de concentración paseaban oficiales alemanes haciendo mediciones antropométricas, y también unos científicos alemanes que les entregaron cuestionarios con unas doscientas preguntas, en inglés, francés, alemán y español[35]. Pero no indican las fechas ni a qué se referían los cuestionarios. En cualquier caso, la investigación se realizó sobre un conjunto de 297 brigadistas, de los cuales 78 eran hispanoamericanos, 72 estadounidenses, 30 portugueses, 41 ingleses y 66 «británicos» (17 escoceses, 14 irlandeses, 3 galeses y 32 canadienses)[36].

El método seguido en las exploraciones individuales fue idéntico para todos los grupos: determinación de la figura corporal (siempre según el esquema de Kretschmer, el referente perpetuo de Vallejo), y un psicobiograma personal elaborado no se sabe exactamente cómo. Mejor dicho: «mediante un cuestionario parecido al que suele usarse en las clínicas psiquiátricas, ampliado con datos referentes a los antecedentes políticos, religiosos y militares del sujeto»[37]. Es decir, un interrogatorio exhaustivo. Se les obligó a responder a diversos tests con el fin de diagnosticar el tipo de reacción temperamental. Sin embargo, en lo referente a la actividad moral del individuo, si bien la intención de Vallejo era utilizar el test de R. Marston, modificado precisamente por el psiquiatra Emili Mira Pérez, no le fue posible hacerlo en cuanto que el test Marston-Mira recoge versiones y opiniones de personas del entorno en el que vive la persona sometida a investigación (localidad, barrio, escuela…). Eso era imposible con los brigadistas. Finalmente se trataba de determinar el «coeficiente intelectual con el método de Yerkes en aquellos individuos cuya inteligencia se presume inferior a la medida normal en la clase social correspondiente»[38].

Las conclusiones derivadas de la investigación no diferían entre los diversos grupos: predominaban las inteligencias inferiores, desdeñaban el esfuerzo personal para progresar socialmente, debían su formación política a la prensa revolucionaria y todos ellos arrastraban distintos porcentajes de fracaso profesional y social. Un consuelo: ni uno de ellos había fracasado sexualmente (porcentaje 00,00), circunstancia que permitía a Vallejo corroborar la inmoralidad del personal investigado y, por extensión, del enemigo global. Así podía también elaborar un diagnóstico y aconsejar remedios que ya había propuesto en su obra anterior, como hemos visto[39]. La mayoría mantenían sus ideas y principios —de lo cual Vallejo deducía su fanatismo—, y pertenecían en general a las clases subalternas. Mostraban patriotismo, en particular los estadounidenses, pero Vallejo advertía que aquél era un patriotismo viciado en cuanto se alejaba «de la definición de Maeztu de patria. Refiérense exclusivamente al entusiasmo por los valores materiales patrios, no a los culturales e históricos»[40]. El fanatismo político de los capturados no lo deducía de su extracción social, sino de las influencias ambientales. Finalmente confirmaba «en líneas generales las relaciones entre figura corporal y temperamento»[41].

Los distintos estudios estaban todos ellos firmados por Vallejo y por los médicos Enrique Conde Gargollo, Agustín del Río y el alférez jurídico y criminólogo Miguel Fernández Rivera. Las conclusiones globales, mucho más contundentes que las descripciones y resúmenes de campo, Vallejo las publicó en La locura y la guerra, más sistematizadas. En síntesis argumentaba un diagnóstico y una terapia. El diagnóstico consistía en la inferioridad mental y deshumanización de los adversarios (tal como estaba previsto). La única terapia posible también la hemos visto anteriormente: adoctrinamiento religioso y patriótico para los adultos. Segregación del ambiente familiar nocivo para sus hijos. Nada nuevo. En todo caso la novedad apareció en las investigaciones con las mujeres republicanas capturadas en Málaga.

… y un género propenso al crimen

… y un género propenso al crimen

El material de investigación escogido por Vallejo consistió en cincuenta mujeres encarceladas en Málaga. Seis de ellas tenían entre 15 y 20 años de edad. El resto oscilaba entre los 21 y los 50, si bien el promedio principal de edad era de entre 21 y 25 años. De las cincuenta mujeres investigadas, 33 tenían condena de muerte, 10 estaban sentenciadas a cadena perpetua, y el resto se repartían penas de entre 12 y 20 años. Por otra parte no hay noticia alguna de cómo se efectuó la investigación, si fue en la cárcel o fuera del recinto penitenciario, ni en qué fechas exactas (antes o después de abril de 1939). En cualquier caso, la irregularidad jurídica resultaba evidente, incluso desde el punto de vista de la legislación penitenciaria franquista.

La criminalización a que me refiero estaba presente en el mismo subtítulo del trabajo, que describía el objeto de estudio de Vallejo Nágera: «Investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes»[42]. La conversión absoluta, sin matices, de disidencia política en delincuencia común aún no había aparecido en ninguno de los estudios publicados por el gabinete. Sin embargo, en los años siguientes ésa sería la actitud del régimen franquista con la militancia política femenina. Por esa razón, en las estadísticas oficiales de encarcelados jamás aparecieron datos de presas políticas posteriores a la guerra, ni siquiera referencia alguna a las anteriores. Al contrario, se contabilizaron incluidas con las comunes, si bien en los expedientes carcelarios sí constaba la causa política de su captura y condena. La reacción obvia de las detenidas fue vindicar siempre la naturaleza política de su encarcelamiento[43]. No era solamente una cuestión de nombre, por supuesto. El tono y la intencionalidad de las descripciones, valoraciones y afirmaciones de Vallejo Nágera y de Martínez en ese capítulo del proyecto global del gabinete mostraban una singular dureza destinada a desnaturalizar la vinculación entre género y acción civil política, presentándola como una relación de perversidad natural estimulada por el entorno democrático.

Lo cierto es que había un componente nuevo en la investigación sobre las presas en Málaga. La aplicación del test Marston-Mira, imposible de realizar con los internacionales, permitía ahora crear un cuadro de la actuación civil de las encarceladas durante la República y la guerra, construido con las informaciones de delatores y del ambiente hostil general, que influyó en el endurecimiento del diagnóstico.

Si los brigadistas eran combatientes, las encarceladas de Málaga eran activistas que no habían actuado ni por hambre (hemos visto qué opinaba Vallejo al respecto) ni por convicción. Tan sólo habían procedido empujadas por el resentimiento y el fracaso social que en las mujeres, aseguraba Vallejo, era más notorio y derivaba en una mayor perversión moral y sexual, y sobre todo en una mayor crueldad, que se había concretado, por ejemplo, en prácticas de necrofagia (referida al hostigamiento y burla de cadáveres). Eso formaba parte de las expectativas del comandante Vallejo Nágera. De hecho, ya había advertido sobre ese asunto anteriormente, en sus textos de referencia: «Podemos figurarnos fácilmente los efectos del hambre observando lo que sucede en ayunadores profesionales. La ligera excitación psíquica que produce en el pueblo el comienzo del hambre tradúcese bien pronto en un embotamiento afectivo que prepara el camino hacia la necrofagia y la crueldad»[44]. Algunas de las informaciones que proporcionaba Vallejo coincidían con las que por aquellas fechas publicaba la prensa franquista andaluza sobre la perpetración de crímenes diversos por parte de los republicanos[45].

A la situación ambiental de la ciudad ocupada y la atmósfera de revancha consiguiente, que arropó todo el proceso de indagación casi sumarial, se añadían los prejuicios sexistas de Vallejo. La combinación resultó explosiva. Una cita lo expresa mejor que cualquier comentario: «Recuérdese para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista su característica labilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad […] cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones frenatrices de las impulsiones instintivas; entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas […]. Caracteriza la crueldad femenina que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión. El hecho es tanto más digno de atención cuanto que la mujer suele desentenderse de la política, aunque su fanatismo o ideas religiosas la hayan impulsado en los últimos años a mezclarse activamente en ella, aparte de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes»[46].

La mujer era nada, hasta el punto de que Vallejo se sintió obligado a precisar, para reforzar su argumento, que debía hacer una excepción respecto a la clasificación sistemática de los estudios con brigadistas. En efecto, con las mujeres no había podido proceder «al estudio antropológico del sujeto, necesario para establecer las relaciones entre figura corporal y temperamento, que en el sexo femenino carece de finalidad, por la impureza de sus contornos»[47].

El resultado fue una penalización femenina brutal, y no por el 20 por ciento de «imbéciles sociales» o el 24 por ciento de «psicópatas antisociales», según el vocabulario conceptual de Vallejo; eso era previsible al fin y al cabo. La sorpresa provenía más bien de los indicadores que desconcertaron a Vallejo y a Martínez: una posición económica individual suficiente en un 50 por ciento, y una posición económica individual suficiente y buena en casi el 60 por ciento de las encarceladas, sumándose a ello una capacidad intelectual que superaba la media y una instrucción sorprendente para la época. Y además una amplia profesionalización en el sector terciario, que incluía a una escritora. La tergiversación de estos datos en el comentario que acompañaba la información da la pauta de la voluntad de criminalización política y de género de los autores: si en un porcentaje importante las presas procedían de familias no necesitadas, resultaba aún más patente el carácter rencoroso y el resentimiento de su movilización política en el marxismo y la defensa de la República; y si el nivel intelectual se comprobaba suficiente, ello era prueba de su condición degenerativa e inferior que, según el ambiente, arrastraba la voluntad femenina[48]. Además, estaban entusiasmados porque habían podido «obtener datos mucho más completos de la curva de la vida en las marxistas malagueñas que en los prisioneros internacionales». La «curva de la vida» se refería a la biografía, y sin duda era el resultado de la aplicación del test de Marston-Mira, como vimos anteriormente. Precisamente por este motivo Vallejo advertía —y se felicitaba— de las posibilidades prácticas de su estudio destinado a evitar en el futuro de posguerra el acceso de la mujer a la política, limitando cualquier acción civil femenina a la asistencia social. Pues en caso contrario su derivación hacia posiciones radicales y revolucionarias estaba asegurada. Era preciso que el Estado lo evitase dictando «reformas sociales indispensables para restar adeptas a la causa marxista», reformas que deberían fundamentarse en los datos y conclusiones de sus investigaciones[49].

Vallejo iniciaba un camino inédito al psiquiatrizar la disidencia[50]. Urdió la raíz del Mal y construyó la deshumanización del «otro», contribuyendo al necesario distanciamento psicológico y moral de los que desde la función pública debían tratar con los disidentes y, en este caso, los capturados y sus familias. Eran pobres por culpa propia, inferiores y portadores de la destrucción racial. La banalidad dañina de su retórica cientifista provocó los aplausos del Nuevo Estado e impregnó al universo penitenciario de la sociedad de la Victoria. Torturadores y señoras del Auxilio Social, ministros del Estado o de la Iglesia podían estar tranquilos: el adversario o desafecto no era más que un sujeto con unas características psicológicas innatas, históricamente degenerativas, que hacían de él un infrahombre, un individuo, una mujer sin basamento ético. Por fin Abel controlaba a Caín. Lo decía la ciencia. Al fin y al cabo, siendo ya coronel, Antonio Vallejo Nágera presidió en 1950 el I Congreso Internacional de Psiquiatría celebrado en París. No era el azar, eran cosas de la guerra fría.

Los resultados de aquellas investigaciones financiadas por el Ejército y asumidas por el Estado, causaron un dolor singular en los presidios femeninos porque dañaron la existencia de mujeres encarceladas con edades, razones y procedencias diversas. Muchas habían sido encerradas desde la guerra, otras fueron capturadas por su militancia en la resistencia durante los primeros años cuarenta. Un buen número habían sido condenadas por ayudar al hijo, al marido o a cualquier familiar. Había activistas del maquis, pero también mujeres que arrastraban el delito de haber vendido alimentos a la guerrilla porque necesitaban dinero o habían ocultado la huida de un amigo o compañero lejano, un vecino, para salvarle del encierro o la muerte. Todas habían desobedecido por imperativo moral. Todas eran Antígona.

Capítulo III: Los hijos perdidos de Antígona

Capítulo III

Los hijos perdidos

de Antígona

El 6 de mayo de 1939 el salón de actos de Las Ventas se embelleció con ramos de flores —lirios blancos especialmente— y tallas de santos supervivientes a la fiebre iconoclasta de los años anteriores. Las hermanas adoratrices alzaron un altar y las reclusas instalaron sobre él una efigie de la Virgen del Carmen flanqueada por un crucifijo y un Ecce Homo. Era algo litúrgicamente «irregular», pero el salón de aquella cárcel en la que sobrevivían alrededor de once mil presas quedó así habilitado para iglesia, puesto que «su verdadero local se encuentra completamente destrozado por el marxismo». Se preparaba un acontecimiento simbólico, y aquella cámara con nuevas funciones debía estar a su altura. «Dos niñas y un niño han nacido en prisión» y se iba a celebrar el «primer bautizo en Las Ventas desde que Madrid fue liberado».

Las autoridades llenaron con sus presas el salón y situaron a las jóvenes madres ante el altar. Muchachas de camisa azul tomaron los críos en brazos y el capellán, don Fausto Rubio, ofició y bautizó «a los recién nacidos a quienes se impusieron los nombres de María del Pilar, María Paz y Julio, en recuerdo de la hermana de José Antonio, de María Paz Unceti, fundadora de Auxilio Social, Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS en zona roja, y de Ruiz de Alda respectivamente». Al fin y al cabo nombrar es poseer. Por cierto, las madres estaban condenadas a muerte y según parece se les conmutó la pena por la de treinta años de reclusión. No era un caso aislado: se celebraron decenas de bautizos con estas características en todos los presidios.

El ritual de aquella imposición de nombres es un ejemplo que introduce livianamente las realidades y consecuencias prácticas de la «eugenesia positiva», aquella inquietante y desconocida terapia acuñada por Vallejo Nágera para mejorar la Hispanidad racial y asumida por el Estado en sus procedimientos respecto al trato con hijos e hijas de presos republicanos, su pérdida familiar y el control de sus vidas a través de la posesión ideológica, la separación forzada, la deportación y la desaparición.

San Isidro

San Isidro

En el transcurso de la liturgia bautismal de Las Ventas habían actuado de padrinos altos cargos del falangismo femenino: «La señorita Matilde Casampallo y don Manuel Elguezaba […], la señorita Forniés, secretaria general de Auxilio Azul, y don Guillermo del Valle, la señorita Ruiz de Alda y don Aurelio Martínez Solchaga. Todas las madrinas, que pertenecen al Auxilio Azul, actuaron en Madrid durante el dominio rojo».

En el improvisado santuario se hallaba el inspector de prisiones de Madrid y director de la de Porlier, Amando Tomé, un hombre corpulento con barba cerrada y aspecto de mando, de poder. Al finalizar el bautismo de los recién nacidos, y después de un concierto en el que un coro «compuesto por cuarenta reclusas, entre ellas cantantes de ópera, profesoras de música, violinistas y aficionadas, interpretaron los himnos nacionales brazo en alto y dando los vivas de rigor», el inspector de prisiones visitó las dependencias donde se hallaban las embarazadas, y según la crónica oficial las animó «con reflexiones apropiadas» alentando una rápida mejora de la situación. «Madres e hijos —aseguró— serían trasladados próximamente a un centro penitenciario específico para lactantes»[1].

Las Ventas tenía en ese aspecto —y en otros— una situación muy dura y las autoridades lo sabían. «Las Ventas era una masa de carne»[2] porque allí concentró el Ministerio de Justicia el mayor número de presas políticas. Proyectada por Victoria Kent e inaugurada durante la II República, su capacidad celular para albergar quinientas mujeres fue desbordada por una masa de once mil. Entre aquella multitud, embarazadas e hijos de capturadas que habían ingresado con ellas en la cárcel no disponían de espacio habilitado alguno, y «la tragedia de los menores de tres años que acompañaban a sus madres aumentaba al máximo la dureza de la prisión. Aquellas mujeres agotadas, sin leche para criarlos, sin comida que darles, sin agua, sobre míseros petates, sin ropa, sin nada, sufrían doble cárcel. Al empezar ese implacable calor de Madrid, enfermaban y morían más y más. Hasta ocho en una sola noche. Terminaba el clamor ronco y confuso de uno y empezaba otro»[3].

No era tan sólo en Las Ventas donde «enfermaban de tiña, se les hacían unas costronas grandes en la cabeza y se morían a racimos»[4], sino en prácticamente todas las cárceles para mujeres: Torrero, Saturrarán, Amorebieta, Santander, Tarragona, Les Corts, Ocaña… produjeron relatos parecidos.

No debe sorprender que el primer amago de organización de las presas para controlar lo que fuera controlable en sus cárceles, sin más objetivo que intentar sobrevivir, apareciese muy pronto. No en todas las prisiones, pero sí en aquéllas donde la concentración de políticas era mayor: Las Ventas. Allí, y en lo que se refiere a embarazadas, lactantes y madres con hijos de corta edad, consiguieron la autorización para crear un espacio propio «tras un largo periodo de abandono y miseria indescriptible»[5]. La personalidad de la primera directora contribuyó sin duda a que la presión de las reclusas diese resultados. Carmen Castro había sido alumna de la Institución Libre de Enseñanza y encontró encerradas bajo su responsabilidad a antiguas compañeras, entre ellas Matilde Landa, detenida posterior y responsable de la organización del Partido Comunista en los primeros días de la ocupación de Madrid, a quien permitió crear un servicio jurídico eficaz en el interior del presidio dirigido por las propias reclusas. Y encontró también entre las encerradas a la que había sido su directora en tiempos de la Institución, doña María Sánchez Arbós, con quien mantuvo una fluida negociación para organizar, una sala de niños y embarazadas, y otra de menores. «A una roja entrego los hijos de las rojas»[6], cuenta la leyenda que dijo la directora de Las Ventas a María Sánchez Arbós cuando le encomendó aquella misión.

Sirvió de poco, y al parecer las presas consideraron ese problema como uno de los más graves «en la discusión general que en esos momentos tenía planteada la prisión: ¿Cómo ayudar a los niños que se morían de inanición en la galería de madres? Esta galería de niños era una pesadilla para toda la reclusión, más de mil mujeres estaban allí concentradas con sus hijos, algunas tenían dos y tres con ellas, por lo que la galería albergaba más de tres mil personas. La falta de agua era total, como en toda la prisión. Los niños en su mayoría sufrían disentería, aparte de los piojos y la sarna. El olor de aquella galería era insoportable: a las ropas estaban adheridas las materias fecales y los vómitos de los niños, ya que se secaban una y otra vez sin poderlas lavar. En aquellos momentos se había declarado una epidemia de tiña, y ninguna madre, a pesar de la falta de medios para cuidarlos, quería desprenderse de sus hijos para llevarlos a una sala llamada “enfermería de niños”. Esta sala era tan trágica que los pequeños que pasaban a ella morían sin remedio, se les tiraba en jergones de crin en el suelo y se les dejaba morir sin ninguna asistencia. El problema era cómo ayudarlos; ellos no estaban condenados a muerte de forma oficial, había que intentar rescatar algunas de esas vidas y eso lo podían intentar ellas las [presas]»[7]. Por este motivo solicitaron a la dirección que les permitiera hacerse cargo de la enfermería. Carmen Castro accedió de nuevo y comenzó una inaudita organización: «Se trataba de ayudar de forma colectiva para aminorar la mortandad de los niños. Cada reclusa debía dar un trozo de su ya escaso pan, dos dedos de agua del bote que le daban por la mañana y la mitad del jabón que recibiera de las familias; las compañeras de cocina se comprometieron a robar todo lo que pudiesen, e igualmente las compañeras que ayudaban a meter los, cántaros de leche a la prisión y que nadie conocía su destino. Se creó un comité en cada departamento para organizar la ayuda»[8].

Algunos niños sobrevivieron, y sin duda contribuyó a ello el esfuerzo y capacidad organizativa mínima de las encarceladas.

Pero en general siguieron hacinados, enfermando y muriendo. No es extraño que en esa situación las declaraciones de Amancio Tomé sobre la creación inmediata de un centro penitenciario específico para lactantes generase algo de esperanza entre las presas, aunque al parecer una información añadida provocó nueva inquietud: el nombramiento de la funcionaria María Topete como directora de esa nueva prisión para lactantes. «Siempre habíamos desconfiado de la Topete, siempre había sido malísima y, claro, como mandaban a la Topete a una cárcel de madres con niños… nos quedó un resquemor»[9].

De todos modos, la noticia del nuevo centro de reclusión parecía tener buen aspecto, y por esa razón «quedamos encantadas de que creasen una prisión de madres, de que no estuviesen con toda esa cantidad de gente»[10]. La realidad iba a ser otra cosa, y lo sabrían pronto.

El Ministerio de Justicia escogió un vetusto y desconchado hotel cercano a las húmedas orillas del Manzanares, en el número 5 de la Carrera de San Isidro, y lo habilitó como Prisión de Madres Lactantes bajo el patrocinio del mismo santo que daba nombre a la calle. Corría enero de 1940. Años más tarde, en 1948, cuando la Oficina Informativa Española publicó un libro sobre la situación carcelaria del país, dedicó varias páginas a describir la orientación, resultados y balance de aquella prisión para lactantes. Los redactores informaron a quien no lo supiera que en las cercanías del Manzanares «se alza una Prisión para Madres Lactantes, institución única en el mundo en su género. En ella cumplen su condena todas las reclusas que al ser encarceladas tienen a su cuidado hijos menores y que por ser alimentados por ellas no pueden ser apartados de su lado». Precisaban en el informe que la intención última de la política penitenciaria femenina consistía «en lograr su regeneración física y moral para devolverla a la sociedad sana de cuerpo y espíritu y pueda llenar su sagrado cometido: la maternidad». Además insistían una y otra vez en que madres e hijos no eran separados: «Las madres en prisión no se separan de sus pequeñuelos, debidamente atendidos —durante las horas de trabajo de las reclusas— con toda solicitud». Su calidad era al parecer modélica, por lo que «esta institución ha despertado tal interés fuera de España que no sólo ha sido visitada por numerosas personalidades penitenciarias extranjeras, sino que incluso ha sido imitada en determinados países de Europa»[11]. Un cuidado reportaje gráfico redondeaba el discurso: pulcras funcionarías, bebés rollizos e impecables en brazos de hermosas y sonrientes madres con condenas de 12 a 30 años.

Una aseveración de aquella propaganda era indudable: la cárcel de San Isidro resultó verdaderamente «única en su género», quizá no en el mundo, pero sí en Europa. Al fin y al cabo, la Prisión de Lactantes fue dirigida por una auténtica leyenda del universo penitenciario femenino, María Topete Fernández. Aquella funcionaría de prisiones procedía de la pequeña aristocracia y pertenecía a la sociedad del lujoso barrio madrileño de Salamanca, donde residía. También estaba relacionada con los círculos de poder. Soltera, excombatiente y excautiva, ingresó en el Cuerpo de Prisiones, con rango de oficial, en 1940 —precisamente cuando Vallejo Nágera impartió sus primeras lecciones en la Escuela de Estudios Penitenciarios— y solicitó ser destinada a la maternal por concurso. Accedió a la dirección de aquella cárcel en enero de 1941[12]. Hasta aquel momento había permanecido como funcionaría jefa de servicios en Las Ventas, donde se hizo una reputación. «Topete tenía muy buen empaque y hablaba muy bien, no era una funcionaría como la “Veneno”, la célebre Veneno, ordinaria y grosera, no. Topete era soberbia, no había quien la mirase a los ojos»[13].

María Topete instituyó en aquella cárcel para lactantes métodos coincidentes con el discurso segregacionista de Vallejo Nágera, concretado en aquella eugenesia positiva destinada a los hijos de los disidentes, especialmente los «democrático-comunistas» de quienes España debía ser protegida, puesto que sólo «la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan temible»[14].

Las presas que pasaron por la maternal de San Isidro no sabían nada de Vallejo, de eugenesia positiva ni de terapias sociales. Sólo conocían la verdad de los hechos que sobre ellas se desplomaban en forma de separación, desesperación, ultraje y muerte sobre sus hijos lactantes y sobre ellas mismas. «Empezaron a llegar noticias de cómo estaban los niños, y de que a las madres no las dejaban acercarse a sus hijos»[15]. Aquella noticia de la realidad se esparció rápidamente por la geografía penitenciaria femenina a través de los medios habituales: las comunicaciones, mensajes y noticias intercambiados en las salas de espera de los juzgados donde se reunían cientos de presos y presas de procedencias carcelarias diversas (estableciendo una operativa red de comunicación verbal o con notas escritas). En pocos meses las presas embarazadas de Las Ventas dejaron de estar «encantadas» con la posibilidad de ser trasladadas a una cárcel específica de madres. Al contrario, a partir de entonces procuraron disimular su embarazo tanto tiempo como fuera posible. «No dije nada porque si sabían que estabas embarazada te llevaban a la maternal. Yo no dije nada. Me callé. Y allí estuve pues casi hasta dar a luz… hasta que unos días antes de dar a luz no lo podía negar, no lo podía ocultar, aunque me escondía detrás de todas. Y me llevaron a la maternal»[16]. El traslado a la cárcel maternal fue percibido como un correctivo severísimo por las mujeres de Las Ventas: en una ocasión Paz Azati bajó al rastrillo para saludar a una amiga, «pero me pescó sor Josefina y al día siguiente me llevó castigada a la cárcel de madres… En Las Ventas habíamos pasado mucho, la maternal fue tremenda. La vida era un infierno»[17].

Presas e hijos dormían en estancias separadas. Se levantaban a las siete «para cantar el Credo y pasaba el río tan cerca que cogían bronquitis y se morían muchísimos»[18]. Durante el día ni siquiera podía seguirse la lactancia, pues la permanencia autorizada con el hijo tenía la duración aproximada de una hora. Precisamente esa hora de contacto fue un recurso habitual de castigo: cualquiera, por cualquier cosa, podía ser privada de ella. Las mujeres limpiaban y los críos «pasaban el día en el patio hiciese frío o calor, […] lloviese o nevase. Quedaban separados todas las mañanas de las madres y en unas cunitas los tenían en el jardín. Sin alimentos y sin nada se morían de diarreas, estaban todos llenos de granos, llenos de miseria, era una cosa espantosa»[19]. La prohibición de tratar con los niños fue estricta: «Ni que llorasen no los podías coger. Veías a la madre, la tenían encerrada en el dormitorio para que no cogiese el niño, y ahí veías a la madre en la ventana llorando, el niño en el cuco llorando»[20]. Cualquier acercamiento a las cunas o contacto con los niños significaba un encierro en jaula, con castigo de agua. «Carmen estaba con una niña de cinco meses en Madres […]. Tenía a su niña con mucha fiebre. Le dijeron que había una persona para cuidarla, pero ella respondió que lo sentía mucho pero que ella no se iba mientras su hija estuviera tan grave. Vinieron unas cuantas comunes —que estaban al servicio de la Topete, que era la directora de allí— y quisieron llevarse a Carmen por la fuerza. Carmen se puso de horcajadas en la cuna de su niña, y allí había cuatro mujeres pegándole, tirándola del pelo, y no la movieron. Ella pegó, mordió, porque era campesina y tenía mucha fuerza, y no se la llevaron. Como allí no había celdas de castigo, la metieron en una jaula y enchufaron unas mangueras fuertes, hasta que la mujer se desmayó. Esto se lo hicieron varias veces a Carmen»[21].

Murieron muchos. Cuando María Valés ingresó en aquel presidio encontró a sus antiguas compañeras, «pero todas eran madres sin hijos, se habían muerto allí. Cogían bronquitis y morían muchísimos. Les daban de comer como un alpiste, con unos bichos tremendos. Nosotras, que éramos mayores no lo podíamos comer; los niños, cuando les ponían aquello, se ponían a gritar y no lo querían. Y entonces ponían un hornillo encendido, los cogían así, cruzados los brazos y con el culito cerca de la lumbre; los niños daban unos gritos horrorosos […]. Comían en el comedor con nosotras, y como la comida era asquerosa, cuando a esos chiquillos les daba asco comer, la devolvían, y María Topete se la volvía a hacer comer»[22]. En 1947 había 229 mujeres en aquel centro especial, según informe de las presas comunistas elaborado desde el interior de la cárcel[23].

Las presas percibieron que la separación formaba parte no sólo de una disciplina, sino de un propósito, y que al pasar de Las Ventas, o cualquier otro presidio, a la maternal no podían hacer ya nada, absolutamente nada. «Cuando Topete se llevaba a los niños era para eso, para que los niños se alejaran de las madres, porque en la cárcel estaban con las madres, con un trozo de pan o no, pero estaban en los brazos de las madres. Pero cuando se las llevaban a Lactantes ya no tenían las madres a los hijos, se los dejaban ver un ratito, y ya se los quitaban. Querían hacer una educación con los niños y querían hacer una educación contraria a la ideología de la madre»[24].

A pesar del simbolismo trágico que la prisión de San Isidro alcanzó en el mundo penitenciario, no informa lo suficiente sobre el alcance del segregacionismo en el conjunto del mundo penitenciario franquista y las consecuencias que las tesis eugenésicas de recuperación racial —la supuesta Hispanidad— tuvieron sobre los hijos de republicanos en el exilio. En realidad, desde 1939 apareció una vasta, compleja y delicada zona de riesgo de pérdida familiar para los hijos de presos y para aquellos que, a través de las colonias infantiles republicanas, o huyendo de la Victoria a través de la frontera con Francia, permanecían fuera del territorio español.

La zona de riesgo

La zona de riesgo

En otoño de 1939, la jefa del Departamento Central de la Obra Nacional Sindicalista de la Protección a la Madre y el Niño (una sección de Auxilio Social), doña Josefa Miró Vignau, visitó las cárceles de Saturrarán y Ondarreta. Era el 24 de noviembre y decidió promover una obra de caridad ante la situación de aislamiento y pobreza de las presas y sus hijos. Solicitó juguetes a los organismos competentes para el día de Reyes «que les hagan sentir la alegría propia de su edad en esos días». Podían añadirse donativos para vestir a los niños, aunque «los donativos de ropa sería preferible me los enviases sin confeccionar, ya que sus madres en las horas de reclusión se dedican a coser las ropitas de sus niños»[25]. Añadió en su informe la relación de críos que había allí encerrados con sus madres. Un total de sesenta y seis. En concreto:

No fue tan explícita con la cárcel de Ondarreta, pues tan sólo reseñó la presencia de quince niños con edades que oscilaban entre los dos meses y los cinco años. Los regalos de Reyes llegaron el 12 de febrero de 1940.

Apenas un mes más tarde el Estado comenzó a legislar sobre la situación infantil en los presidios, y con el tiempo Saturrarán y las cárceles del país quedaron prácticamente sin críos de tan corta edad. Fueron excarcelados por un procedimiento nuevo que los funcionarios anotaron ocasionalmente en los expedientes de las madres con una frase de dos palabras: «Destacamento hospicio». Bajo este epígrafe quedaron englobadas, entre 1940 y 1944, las operaciones de traslados infantiles bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, ocupado por Esteban Bilbao Eguía (hasta 1943) y por Eduardo Aunós Pérez, historiador y jurista, antiguo militante de la Lliga Regionalista y ministro de Trabajo con Primo de Rivera (entre 1943y 1945).

Ni uno sólo de aquellos niños y niñas había sido inscrito en el libro de registro de entradas en la cárcel. No existían, con lo que ninguna reclamación podría ser jamás tramitada. Ni siquiera prosperaron las peticiones de indemnización que algunas de aquellas muchachas solicitaron sesenta años después. Oficialmente jamás habían permanecido en prisión. No fue algo exclusivo de Saturrarán, sino común a todos los presidios: Tarragona, Les Corts, Las Ventas, Durango… Carecían de menores registrados en su documentación de ingresos. Eran personas inexistentes, y sólo en algún caso aislado dejaron rastro en las listas de traslado de sus madres, de cárcel en cárcel, según necesidades de reorganización de la industria penitenciaria, o para cumplimentar un castigo. Aparecían también algunos de sus nombres y edades en los libros de sanidad de la prisión, pues al fin y al cabo eso permitía contabilizar raciones de sobrealimentación —otra cosa es que la comida llegase a su destinatario— que aseguraban el aumento del presupuesto alimenticio de la prisión. Las únicas informaciones de la presencia y actividad de niños, y lo que sucedía con ellos en el interior de los recintos penitenciarios, llegaron con los relatos de las presas y de sus hijos e hijas supervivientes.

Sin embargo, el Estado siempre tuvo en cuenta la presencia de aquella población infantil, y legisló de manera precisa qué debía hacerse con ellos. Su primera actuación sirvió para trazar una de las más importantes rutas que cruzaron esa zona de riesgo de pérdida familiar.

El 30 de marzo de 1940 una orden del Ministerio de Justicia estableció «que las reclusas tendrán derecho a amamantar a sus hijos y a tenerlos en su compañía en las prisiones hasta que cumplan la edad de tres años». La disposición sobre lactancia, y la reducción de pena que conllevaba y que autorizaba una supuesta sobrealimentación de la madre (cuya realidad ha sido negada por los relatos de las presas), era algo propio de la retórica maternal del Régimen. Pero con aquella Orden sobre la edad de permanencia en presidio junto a la madre empezó el desalojo legal de los hijos e hijas de presos. «Desaparecían sin saber cómo. Desaparecen y tú no sabes, la madre desde la cárcel no puede saber por qué ha desaparecido su hijo, ni cómo ni dónde. Se lo han llevado y se acabó. ¿Cuántas madres han tenido que estar buscando a sus hijos tiempo y tiempo y no los han encontrado?»[26]

En Saturrarán sucedió un día de 1944. Funcionarías y religiosas ordenaron a las presas sin previo aviso que entregasen a sus hijos. Al parecer hubo un alboroto considerable, y palizas y castigos. Teresa Martín tenía cuatro años y «sólo recuerdo estar siempre con mi madre. Siempre o en brazos de mi madre o de la mano de mi madre. Sólo nos separaron una vez, pero fue para siempre»[27]. Los hijos de las presas fueron subidos a un tren. Alguien con suficiente poder y amparo legal había decidido y ordenado desde algún despacho gubernamental que partiese una expedición infantil hacia un destino desconocido, tanto por los viajeros como por sus madres. «Un tren de hierro y madera lleno de niños, que hacía chas chas»[28]. Un tren en marcha cargado de hijos de presos no es un suceso banal ni accidental: requería una decisión política, una movilización del soporte logístico necesario, organizar horarios, controlar cruces viarios, alertar guardagujas, guardias y soldados. Y en especial requería saber qué hacer con los viajeros a su llegada a destino. Teresa Martín recuperó a su madre —María de la Cruz Soler— cuando ésta salió de la cárcel. En su expediente consta la anotación «Destacamento hospicio»[29]. Ambas habían ingresado en Las Ventas, pasaron por Durango, fueron separadas y se reencontraron porque Teresa Martín no llegó a ingresar en hospicio alguno a causa de una intervención familiar. Era una peripecia posible. Muchas otras terminaron de forma distinta «porque no tenían familia. La familia estaba toda en la cárcel. Se los llevaban ellos a donde fuera. Han ido de un sitio a otro. Han tenido distintos apellidos»[30].

La Orden de 30 de marzo abrió el camino a las deportaciones infantiles desde la cárcel hacia el espacio tutelar creado por el Estado, que debía «combatir la propensión degenerativa de los muchachos criados en ambientes republicanos», según escribió y argumentó Vallejo Nágera en 1941, estableciendo como mejor destino la red asistencial falangista o católica donde garantizar «una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotipo»[31]. La intencionalidad política de la sustracción de los hijos de encarcelados y represaliados era una evidencia en la misma propaganda del Régimen, si bien presentada de una forma menos tosca que la de Vallejo, pero con los mismos contenidos. O al menos eso puede deducirse de la declaración del Patronato de la Merced a mediados de 1944: «Miles y miles de niños han sido arrancados de la miseria material y moral; miles y miles de padres de esos mismos niños, distanciados políticamente del Nuevo Estado español, se van acercando a él agradecidos a esta trascendental obra de protección»[32].

Lo cierto es que en 1942 se encontraban tutelados por el Estado, en escuelas religiosas y establecimientos públicos, 9050 niños y niñas. Un año más tarde, en 1943, el número de hijos e hijas de presos ingresados bajo la tutela del Estado ascendió a 12 042[33]. De esa cifra el 62,6 por ciento eran niñas (7538), y si bien la mayoría de muchachos estaban dispersos en albergues y centros públicos, en cambio todas las hijas de reclusos fueron destinadas a centros religiosos, y es de suponer, ante la universalidad de la medida, que fue así por razón de su condición femenina, sin más excepción que las convalecientes en centros especializados (26 niñas destinadas al Instituto Oftálmico de Madrid). El deseo de control religioso especialmente sobre las muchachas era una evidencia, y los conflictos familiares que de esta situación derivaron, también. Algunas de ellas se negaron a ver de nuevo a sus familiares y tomaron los hábitos en las órdenes religiosas de acogida para «redimir» los pecados de sus padres. «Y a su niña se la quitaron y se la llevaron a un colegio de monjas. Entonces esta mujer escribe continuamente a la niña desde la cárcel hablándole de su papá. Que su papá es bueno, que recuerde a su papá. Y ya llega un momento en que la niña le escribe: “Mamá, voy a desengañarte. No me hables más de papá, ya sé que mi padre era un criminal. Voy a tomar los hábitos. He renunciado a padre y madre, no me escribas más. Ya no quiero saber más de mi padre”»[34].

Además, el Patronato de San Pablo, institución creada por el Ministerio de Justicia en julio de 1943, y que desde el 1 de septiembre de 1945 y por decreto del Ministerio de Justicia asumió a «todos los hijos de los reclusos», manifestó siempre su voluntad de alentar los casos «de bien probada vocación religiosa no ya sólo con palabras, sino volcando su generosidad», que consistió en reservar anualmente partidas presupuestarias para subvencionar los estudios de aquellos hijos e hijas de presos que ingresasen en órdenes femeninas y seminarios[35]. Entre 1944 y 1954 el Patronato de San Pablo gestionó el ingreso de 30 960 niños y niñas tutelados por el Estado, que distribuyó entre 258 centros con una vocación declarada: «Estos 30 000 niños que han desfilado por el Patronato, pueden ser los que algún día entonen la marcha triunfal de la España que, con dolor, perdió un día con “evacuaciones” 10 000 niños que Rusia acogió»[36].

Las cifras ofrecidas por el Estado eran importantes, y es su magnitud lo que permite valorar la amplitud de la situación. No fueron episodios aislados, sino un proyecto de reeducación masivo dirigido contra los más débiles, los hijos de familias sin posibilidad de defensa, amenazadas por la situación y con una capacidad de reacción casi nula. Esa cantidad de hijos e hijas, sobrinas y nietos que engrosaron Auxilio Social y otros centros públicos y religiosos son «nuestros niños perdidos». Lo son en cuanto que pérdida significa la desaparición forzada del derecho a ser formados por padres o parientes, los cuales perdieron a su vez el derecho a educarles conforme a sus convicciones. No sólo eso, desde luego: también significó la desaparición física por un largo periodo de tiempo o para siempre. Todo ello fue resultado de prácticas de sustracción violenta, amparadas por una legislación de naturaleza ideológica, pero desfigurada por una aparente intencionalidad misericorde de protección a los hijos de presos y presas. Además, para los centros religiosos significó una fuente de ingresos no desdeñable, pues el Estado pagaba cuatro pesetas diarias por cada estancia de hijo de preso, siendo los gastos costeados de las deducciones del trabajo penitenciario de los presos en talleres o en destacamentos de trabajo. Por otra parte, las listas que contienen los archivos del Patronato de la Merced muestran que los muchachos fueron enviados lejos de su localidad de origen, y los hermanos separados, con lo que la situación de pérdida se incrementó[37].

Las publicaciones oficiales siempre argumentaron que los padres podían ingresar a sus hijos al amparo del Estado sin perder jamás la tutela legal. Tal fue la afirmación que divulgó la revista Redención, de circulación en los presidios y única lectura de noticias legal en la cárcel. Y también las Memorias de los Patronatos de la Merced y San Pablo y otras publicaciones de propaganda del Estado insistieron en ello siempre. Sin embargo, en noviembre de 1940 el Ministerio de Gobernación legisló sobre huérfanos de guerra. El decreto afectaba a los hijos de padres fusilados o desaparecidos, a exiliados o perdidos por las cárceles, huidos y clandestinos. La mayoría de los que formaron aquellas elevadas cifras de internamiento tenían los padres en alguna de esas situaciones, o al menos eso se desprende de las listas de muchachos elaboradas por el Patronato de la Merced para ingresarlos en centros públicos o religiosos. Las largas listas oficiales señalan la situación del padre como fusilado o desaparecido, y en los impresos de solicitud de las juntas locales a la junta central del Patronato de la Merced aparecen muchos nombres de niños y niñas con una indicación sobre el paradero de sus padres verdaderamente inquietante: «Alemania», «Auschwitz», «Mathausen» y, por supuesto, un abanico de todas las cárceles de España[38].

El artículo quinto del decreto precisaba que «las instituciones de beneficencia ostentarán, a todos los efectos pertinentes, el carácter de tutor legal de los mismos, entendiéndose deferido dicho título por el simple hecho de poner los menores bajo su cuidado»[39].

El Reglamento de ingreso de hijos e hijas de presos en centros del Estado era muy preciso en cuanto a todo el proceso burocrático que finalizaba con la pérdida de tutela de los padres en beneficio del Estado.

La junta local del Patronato de la Merced debía elaborar una lista de los afectados en impresos oficiales «en los que conste: el nombre y los dos apellidos; nombre del padre o de la madre penados; indicando, si son conocidas, la pena y la prisión donde la cumplen; número de hermanos que componen la familia; nombre del familiar o persona que los tenga a su cargo y domicilio; los motivos (breve y claramente expresados) por los cuales se les selecciona; colegios o centros benéficos en que se les puede ingresar. Estas relaciones, por triplicado, serán dirigidas al Negociado de las Delegaciones Locales del Patronato Central. La Delegación procederá a ingresar los niños, quedando a cargo de ella la tutela»[40].

El ingreso en Auxilio Social, o en cualquier centro público a través del Patronato de la Merced, y más tarde del Patronato de San Pablo, significaba pues lo contrario a lo que decía la propaganda: la posibilidad de perder de forma automática la tutela legal. El decreto precisaba además que sólo podían obtener la tutela «personas irreprochables desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional», que en el contexto de posguerra tenía un significado político obvio. La arbitrariedad fue la única práctica en ese tema, y por tanto generó inseguridad y recelo, angustia y desesperación.

Una nueva ley completó las posibilidades de desaparición de quienes estaban en la zona de riesgo. La ley de 4 de diciembre de 1941 permitía que todos aquellos niños y niñas que no recordaran sus nombres, cuyos padres no fuesen localizados, o que hubiesen sido repatriados por diversos medios podían ser inscritos en el Registro Civil según criterio de los Tribunales de Menores con otros nombres, «si no se pudiera averiguar el Registro Civil en que figuren inscritos los nacimientos de los niños que los rojos obligaron a salir de España y que han sido o sean repatriados, se procederá a inscribir su nacimiento en dicho registro. Igual inscripción se hará, si resultasen infructuosas tales gestiones, respecto a los niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional»[41]. La aparente bondad identificadora —o reparadora— abrió un espacio que facilitó cambios de nombre de hijos de encarcelados, fusilados y exiliados, y sirvió para facilitar numerosas adopciones irregulares. Vicenta Álvarez Garrido era hija de un capitán del ejército republicano: «No sé dónde estuve, eran hombres que me cogieron. He sabido después que era la Diputación de Madrid. Me llevaban a un sitio, me llevaban a otro […] y entonces dije que yo me llamaba Vicenta Álvarez Garrido, que yo era hija de Melecio Álvarez, que mi padre era capitán y que vivíamos en la calle Ramón y Cajal, n.º 13. Y me ponen el nombre de Flores Ruiz. No he comprendido, ¿por qué me cambian el nombre? ¿Por qué me han quitado mi nombre? Y entonces me dieron la edad que me han puesto. […] Cada vez que una familia venía a ver para coger a una niña me llevaban a mí, para que me vieran, a la oficina de sor Luz, que era la directora. Me miraban, me miraban y entonces me decían: “Mmm…, bueno, pues ya está”, y me llevaban otra vez al hospicio»[42].

En otras ocasiones los documentos relativos al nacimiento fueron alterados para impedir que los padres pudieran seguir el rastro de sus hijos o para facilitar las adopciones, labor que a menudo se realizaba con la connivencia de religiosos. La Casa Cuna Provincial de Sevilla conserva un documento que expone esa modalidad de desaparición. En una carta el capellán de la institución, Juan A. Gardío, daba instrucciones a los nuevos padres sobre cómo debían proceder para alterar datos sin dejar rastro con el fin de que la madre verdadera no pudiese hacer reclamación alguna: «Mis queridos amigos: cuando la superiora hacía unas horas me había entregado esos papeles fue cuando la madre de la niña se presentó en la Diputación a decir que aquí no le daban razón de una niña que en tal fecha ella echó. Al ver esto y prever que les podían hacer pasar a Vds. un mal rato, decidí no hablar ni tocar el asunto en la Diputación hasta que no estuviera alejada la idea de esta mujer, y cuando Vds. fueran ni se acordaran que tal mujer había ido a reclamar nada. Y así ha ocurrido, pues ya ni la superiora de aquí ni en la Diputación se acuerdan de nada: yo he ido a explorar el terreno y no me han dicho ni una palabra, sino que todo bien y que podéis prohijarla cuando queráis. Y ahora buscando entre los papeles de mi archivo los encuentro y se los envío para que hagáis lo siguiente. El papel ese grande lo tenéis que rellenar entre Vds., el alcalde y el párroco y debidamente firmado lo traen Vds. cualquier día en la Diputación. Si por casualidad os preguntara Serrano, que cómo habéis tardado tanto en ir, Uds. le decís solamente “que Miguel había estado enfermo y esperabais, como es natural, a que el esposo se pusiera bien”. No digan ni una palabra más ni una menos, sino a todo que sí. […] si queréis que la niña no aparezca con vestigio ninguno de la cuna, luego que arregléis lo del notario vais al Palacio Arzobispal con los documentos de la prohijación de la Diputación y con la prohijación notarial, y allí en la vicaría del Arzobispado le arreglan el asunto de manera que mandan un oficio a la Casa Cuna para que se inutilice la partida de bautismo de la niña, y otro oficio a la parroquia que Vds. quieran para que pongan una Fe de Bautismo como si la niña se hubiese bautizado en aquella Iglesia»[43].

Por otra parte, la desaparición de los hijos de reclusas en el momento del parto fue una realidad practicada sin escrúpulo. Emilia Girón, hermana de uno de los guerrilleros asturianos más activos, fue encarcelada en Salamanca, donde dio a luz. «Lo llevaron a bautizar y no me lo volvieron. Por ejemplo esta mañana nació el niño y fueron por él para bautizarlo, pero el niño ya no volvió pa’ mí. Ya no lo volví a ver más […]. Yo no sé quién lo llevó. Era duro de buscar. Yo reclamaba el niño, y que estaba tal y que estaba cual, que si estaba malo, que si no estaba… Aquel niño no lo volví a ver. No. ¿Cuántos llevaron más que al mío? Para eso no hacían falta permisos. Si por ejemplo tú estás pariendo, viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocerlo, te lo quitan y lo llevan y nada más»[44].

Con el decreto de noviembre de 1940, la pérdida de la tutela en beneficio del Estado no fue sólo una operación simple, sino también arbitraria, dependiendo de la opinión política que los familiares merecían con respecto a quién debía tomar la decisión. Néstor Rapp Lantarón fue reclamado y no salió. Es una historia que ilustra los mecanismos de la zona de riesgo de pérdida familiar.

Todo empezó con el avance de las tropas alemanas en territorio soviético/Las colonias de niños españoles evacuados durante la guerra civil huyeron hacia el Cáucaso con el frente de combate pisándoles los talones. En agosto de 1942 una de esas colonias fue cercada por el ejército alemán en el que combatían soldados finlandeses. Algunas muchachas pudieron escapar, pero un total de 22 adolescentes fueron capturados y trasladados a Berlín y posteriormente a Helsinki. La embajada española efectuó gestiones para su repatriación. El 18 de enero de 1943 se les expidió un pasaporte colectivo y a mediados de febrero llegaban a Madrid ataviados con uniformes de Falange, arropados por la plana mayor de la Delegación Nacional del Servicio Exterior de Falange y fotografiados hasta la saciedad en la prensa del Movimiento. Néstor Rapp Lantarón, un joven de Reinosa, estaba entre ellos[45].

Algunos volvieron con su familia, pero la mayoría ingresó en Auxilio Social y fue puesta «a disposición de la Junta de Protección de Menores»[46]. Néstor Rapp fue enviado al Auxilio Social de un pueblo de Alzeda, en Santander, donde trabajó como ayudante de cocina. Su familia conoció el paradero de Néstor por la información de un vecino que había leído en la prensa local las listas de muchachos ingresados en el Auxilio Social. Sus padres lo reclamaron al secretario de la Junta de Protección de Menores de Santander. Sin embargo, «dicha petición les fue justamente denegada por no ofrecer aquellos ninguna garantía sobre su educación, ya que la madre del mismo, Eduvigis Lantarón, se expatrió, según consta en nuestros archivos, a Francia con sus hijos, Mamés, Olga, Emilio y Oliva»[47]. No era una anécdota, era un ejemplo de los efectos de la aplicación del decreto de 30 de noviembre de 1940. Sus padres, al parecer, no eran «irreprochables desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional». Además, la única razón argüida por el Estado —el exilio en Francia— era falsa: los Rapp jamás cruzaron la frontera[48]. La arbitrariedad era la norma y su efecto, la turbación y angustia.

La turbación en prisiones fue enorme. «No sabes dónde van, no sabes qué van a hacer con ellos, no están con la familia, son niños pequeños, no pueden hacer ninguna protesta de nada. Angustiaba que se los llevase el Estado, había miedo al Estado, de lo que pudieran hacer»[49]. El desconcierto y el miedo que a partir de la orden de marzo imperaron en las cárceles procedían de la percepción de los hechos y noticias, de la evidencia de una intencionalidad doctrinaria y de la desconfianza hacia la autoridad por su práctica brutal. La precariedad económica, la dispersión familiar, la desaparición y encarcelamiento de padres y familiares, empujaron a algunas de aquellas mujeres hacia la beneficencia destinada a los presos y gestionada por el Patronato de la Merced. Una presa razonó con claridad el motivo: «Pensar en los hijos abandonados en la calle era otro aspecto abrumador»[50]. El grueso de mujeres detenidas y encarceladas, tanto anteriores como posteriores, pertenecía a las clases menos favorecidas: eran trabajadoras y, por tanto, sus redes de parentesco muy débiles, a menudo con la familia próxima diezmada por la guerra y la represión, o dispersa en el exilio. Era un tipo peculiar de indigencia. Su capacidad de defensa era pequeña porque sus recursos familiares y económicos para afrontar la situación de los hijos recién nacidos en prisión eran mínimos. Habían sido la base social republicana y el estigma político que sobre ellas se cernió fue el obstáculo insalvable que hizo sus vidas distintas a todo cuanto habían conocido y afrontado, era algo nuevo y tremendo. Sus hijos fueron habitantes de una zona de riesgo de pérdida familiar. En primer lugar, por la entrada, nacimiento o permanencia en prisión junto a sus madres. Pero también, como veremos, cualquier relación de parentesco con detenidos o exiliados les instaló en la zona de pérdida y les hizo susceptibles de desaparición. Además, la posibilidad de trasladar los hijos a los miembros más cercanos de la familia era un recurso difícil por la naturaleza política de las encarceladas, en cuanto que en la mayoría de casos sus parientes estaban afectados también por la persecución general, es decir detenidos, exiliados, fallecidos o simplemente en paradero desconocido. El recurso a parientes más lejanos no siempre fue posible. Al contrario, en ocasiones resultó perjudicial a causa de las divisiones ideológicas dentro de la familia, y en casos en que la necesidad y situación lo hicieron inevitable, los parientes receptores inculcaron, en ocasiones, el alejamiento de los hijos con respecto a sus padres a causa de sus convicciones republicanas. En otros casos, familiares y vecinos que habían aceptado niños para posibilitar su salida de prisión se vieron forzados por su propia indigencia a ingresarlos en el Auxilio Social o en centros religiosos, como hijos de presos, a través del Patronato de la Merced.

Sin embargo, la ruta más común que recorrieron los hijos de las presas al rebasar los tres años fue otra: el ingreso directo desde la cárcel al Auxilio Social y los centros benéficos del Estado y la Iglesia. «Te los dejaban tener hasta los tres años, luego se los llevaban al asilo y no los veías más». En los presidios no siempre se consultó a las madres, y en ocasiones fueron simplemente arrebatados.

La resistencia de las presas a entregar los hijos a la red de beneficencia del Estado generó situaciones extremadamente tensas en las cárceles, especialmente entre las mujeres condenadas a muerte que habían ingresado con sus hijos, o en aquellas que lo habían hecho estando embarazadas, muchas de ellas a causa de violaciones en los interrogatorios. ¿Qué hacer con los hijos fruto de una o múltiples violaciones perpetradas en comisarías y centros de Falange, o incluso en alguna cárcel? ¿Debía la madre quedarse con él? Las fuentes orales describen una densa angustia derivada de la duda ante cualquiera de las decisiones posibles, e indican que hubo toda suerte de respuestas por parte de las madres encarceladas: aceptación, abandono, entrega y también posesión inmediata de los recién nacidos por parte de religiosas y funcionarías. La situación no se localizó en un solo presidio, sino en la mayoría de ellos, en Predicadores, Les Corts, Amorebieta, Albacete… En Saturrarán una de las niñas encarceladas recordaba el ingreso «de bastantes mujeres embarazadas de falangistas o soldados que las habían violado. Algunas mujeres recomendaban a una de ellas que perdiera el hijo, pero ella respondía que al fin y al cabo también era hijo suyo. Aparte de esa mujer concreta, había más. Probablemente fueron a asilos»[51].

En ocasiones el tema se complicaba por estar la embarazada condenada a muerte. La ley prohibía el fusilamiento durante la gestación (aunque veremos que en ocasiones este principio no se mantuvo), por lo que permanecían confinadas en la galería de penadas a muerte hasta el parto y posteriormente eran fusiladas casi de inmediato. En caso de existir familiares persistía el dilema de aceptar o no al recién nacido. En Las Ventas/ingresaron Julia y María Lázaro. «A Julia Lázaro la violaron entre siete policías y de una de las violaciones quedó embarazada. La condenaron a muerte a los tres o cuatro meses de estar en la cárcel. Ella ya sabe que está embarazada, lo dice, y entonces la meten en la galería de las condenadas a muerte. Su hermana María se queda con la gran contradicción de ese niño. Ese niño qué pasa: ella no sabe del padre que ha sido, ha sido del martirio de su hermana, de las violaciones de su hermana. Por una parte le horroriza el niño, por otra parte no le horroriza porque es el hijo de su hermana, pero al fin puede casi más el horror que tiene al niño que el amor que tiene a la hermana. Y entonces pues la Topete dice que no, que ese niño es para ella. Y ese niño se lo lleva la Topete»[52].

Habitualmente, los hijos que permanecieron en la cárcel con su madre hasta la ejecución fueron directamente entregados a centros religiosos o del Estado a pesar de la negativa explícita de las madres. El sacerdote capuchino Gumersindo de Estella dejó constancia de ello y de mucho más en sus memorias inéditas escritas en la prisión de Torrero durante él tiempo que ejerció como capellán de aquella cárcel, un testimonio ejemplar y contundente de los procedimientos y sucesos en el mundo penitenciario franquista. Gumersindo de Estella, cuyo nombre civil era Martín Zubeldía Inda (1880-1974), redactó sus memorias basándose en los diarios que escribió durante su permanencia en Torrero «transcribiendo al pie de la letra los diálogos que con los presos mantenía. Cualquiera que sea la suerte reservada a estas páginas, ruego y agradeceré que no dude de la rectitud de mi intención»[53]. Lo cierto es que constituyen el mejo relato sobre la vida carcelaria de los primeros años de la dictadura, de los fusilamientos de hombres y mujeres, y de la incautación de sus hijos por religiosas sin autorización de las madres. Contempló, por ejemplo, el caso de tres mujeres condenadas a muerte: «Las dos primeras tenían, en la cárcel, en sus brazos, una criatura de un año de edad cada una o poco más. Eran hijas suyas: “¿Y qué van a hacer con las dos criaturas?”, pregunté. Me contestó alguien que ya habían sido llamadas dos religiosas a la prisión para que las llevaran, pero la faena de arrebatarles las hijas no era tan fácil como suponían […]. Oí gritos desgarradores: “Hija mía… ¡No me la quiten! ¡Me la quiero llevar al otro mundo!”. Otra exclamaba: “¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos! Matadla conmigo, hija de mi alma… qué será de ti”. Y otras frases de ese estilo. Entretanto se había entablado una lucha feroz: los guardias que intentaban arrancar a viva fuerza las criaturas del pecho y brazos de sus madres y las pobres madres que defendían sus tesoros a brazo partido […]. Puede suponer cualquiera cuál era mi estado de ánimo al oír llorar a las criaturas que no querían salir de los brazos de sus madres y que se espantaban al ver a los guardias […]. Jamás pensé que hubiera tenido que presenciar escena semejante en país civilizado»[54].

En otra ocasión, al sugerir al juez que no podía mandar a fusilar una joven embarazada, la respuesta fue contundente: «¡Si por cada mujer que se hubiese de ajusticiar se había de estar esperando siete meses! Ya comprenderá usted que eso no es posible…»[55].

Las noticias sobre las cárceles de Zamora eran parecidas: «El primer síntoma de que ellas iban a ser conducidas al verdugo era que les arrancaban su hijo recién nacido. Una madre a la que le retiraban su hijo tenía pocas horas de vida»[56].

La cifra de 12 000 niños y niñas ingresados en centros públicos y religiosos que en 1944 proporcionó el Estado, como prueba de una misericordia infinita, se formó por esos caminos encubiertos en leyes de protección infantil. Pero no sólo por ellos, hubo otros. Senderos ilegales, ocultos, que cruzaron todos los exilios.

Capturas

Capturas

El 9 de julio de 1937 el jefe de la delegación exterior de Falange en el Reino Unido, F. G. Sturrupp (con ese nombre firmó. ¿Quizá un seudónimo?), escribió a Pilar Primo de Rivera una carta sugiriendo lo que debía hacerse con los niños y niñas republicanos que habían sido evacuados en Gran Bretaña. La intención no dejaba duda alguna: «Los rojos trajeron a esos infelices únicamente como propaganda […]. Ahora nos toca a nosotros hacerla, pero en un sentido más humanitario y español […]. Esto convendría hacerlo Pilar cuanto antes, nos traería muchos simpatizantes»[57].

Veinte días más tarde, el jefe de la delegación en Gran Bretaña escribió nuevamente a José del Castaño, delegado nacional del Servicio Exterior de Falange, concretando un plan: «Para hacer rabiar un poco a estos rojos, sería una buena idea enviar primeramente a los niños vascos, que al parecer son los únicos que profesan la religión y se portan bien, y dejar para más adelante, para que les den a estos un poco más de guerra, a los asturianos y santanderinos que son UNOS FIERAS y por lo tanto conviene que éstos les den unos cuantos disgustos más, pues la gente se va dando idea de que si así son los chicos, qué es lo que serán los padres. Nosotros aprovechamos todo esto para hacer una gran propaganda. Son medio criminales […]. Yo creo, amigo Castaño, que no hay otra ocasión mejor […] para que la F. E. coja simpatías en este país […] pues se ha hecho una propaganda terrible por parte de los rojos. Además podíais hacer vosotros un bonito recibimiento en Bilbao, tanto a la representación inglesa como a la F. E. de Inglaterra y los niños. Proponemos se invite a los representantes de las casas cinematográficas en España para que saquen una película de la llegada de los niños, para que la den en Inglaterra con los noticiarios (hay que hacer esta propaganda que será formidable)»[58].

Lo cierto es que desde la formación de las primeras colonias infantiles republicanas en 1937, y especialmente desde el inicio de las evacuaciones de niños y niñas a distintos países americanos y europeos que se ofrecieron como territorio de acogida infantil, bajo la supervisión de la Cruz Roja, el Gobierno de Burgos manifestó una verdadera obsesión para conseguir su repatriación. El razonamiento franquista era muy simple: los niños republicanos habían sido forzados a abandonar España, además «aparentemente, la razón era humanitaria, pero en realidad obedecía a consignas emanadas del Kremlin con objeto de obtener valiosos instrumentos para sus planes ulteriores». Esa afirmación procedía de un sorprendente —y espeluznante— informe de doce folios que con fecha de noviembre de 1949 elaboró la Secretaría General del Servicio Exterior de Falange[59].

El informe aseguraba que toda la documentación de las colonias infantiles republicanas había caído en sus manos (algo que era absolutamente cierto), y que la finalidad de las colonias no era otra que trasladar los mejores a la Unión Soviética, y a ese fin «en Francia se seleccionaron cuidadosamente aquellos niños que, por su robusta complexión y por su inicial tendencia política debían ir a Rusia», aunque afirmaba no tener la menor idea de cuántos niños republicanos habían sido trasladados a la URSS desde los distintos países de acogida. De cualquier modo, el informe aseguraba que chicos y chicas «son enrolados en el ejército soviético y otros más pequeños que demuestran aptitudes para ello están siendo cuidadosamente educados para enviarlos a países de habla española como agentes soviéticos de distintas especialidades»[60]. Con ellos nada podía hacerse ya. Pero el resto, «varones y hembras», esparcidos por Europa y América «es preocupación del Caudillo y de su Gobierno recuperar esos niños españoles que forzadamente eran exiliados».

Las cifras que el Servicio Exterior de Falange dedujo de la documentación incautada al Gobierno republicano, eran las siguientes:

En realidad, la cifra de repatriados de Francia procedía del retorno provocado por la clausura de las colonias de acogida y campos de refugiados. A mediados de 1940 el Ministerio del Interior publicó una circular en la que precisaba que el Estado dejaba de ayudar a los refugiados españoles, incluyendo las colonias infantiles. La orden precisaba que los huérfanos o aquellos que no supieran dar razón de su familia debían retornar a España. En abril de 1942 el Gobierno de Vichy decretó la disolución de los restos de centros de refugiados y colonias que mantenían algunos exiliados. Los refugiados que permanecían en la zona de Vichy y que aún se encontraban en centros de acogida fueron montados en trenes y enviados a España, a menudo sin saber que regresaban a su país de origen. En el caso de la zona francesa bajo ocupación alemana, los hombres fueron deportados a los campos de Mathausen o Auschwitz, mientras que mujeres y niños fueron enviados a España. Muchos de aquellos niños y niñas ingresaron directamente en el Auxilio Social, de ahí que en algunos casos apareciese en su ficha de control que el padre se hallaba en los campos de concentración alemanes, como hemos visto anteriormente. En Bélgica, Suiza y el Reino Unido las repatriaciones se hicieron a través de acuerdos con los respectivos gobiernos, aunque en Bélgica se produjeron numerosas irregularidades a causa de la ocupación nazi. Los que regresaron de Dinamarca lo hicieron a través de gestiones privadas. De todas formas, a su regreso a España muchos encontraron a su familia encarcelada o en paradero desconocido, penetrando en la zona de riesgo hasta sus últimas consecuencias en numerosos casos. Los repatriados de la Unión Soviética lo fueron por captura del ejército alemán, sobre todo en las cercanías del mar Negro. Entre ellos se encontraba el caso ya relatado de Néstor Rapp. Las autoridades españolas consideraron que «su educación política y moral había sido muy cuidada y estaba ya en periodo muy avanzado»[61].

Las repatriaciones fueron pues, resultado más bien de la evolución de la guerra europea, y en Francia, el país que albergaba mayor número de refugiados, tomaron el cariz de simple deportación y expulsión. No es extraño que el Gobierno español considerase que hasta 1943 «las repatriaciones se realizaron con cierta facilidad y en núcleos considerables, pero desde esa fecha las circunstancias cambiaron»[62]. Efectivamente, los grandes núcleos controlados por los estados francés y suizo habían regresado por caminos en general expeditivos, pero aún quedaban 11 771 niños y niñas esparcidos por Europa y América —sobre todo en Francia y México— según las cuentas aproximadas del Gobierno español. El Servicio Exterior de Falange fue encargado de la misión de conseguir su retorno, pero los procedimientos legales de repatriación fracasaron y «entonces comenzó una labor constante, tenaz y silenciosa, eludiendo cuidadosamente toda propaganda tanto dentro como fuera de España para no perjudicar la eficacia de los resultados, que era lo único interesante»[63]. Es decir, comenzaron los raptos y operaciones clandestinas de captura de hijos e hijas de republicanos ordenados por el Estado y organizados y perpetrados por el Servicio Exterior de Falange.

Desde 1941 la Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores había sido el organismo destinado a canalizar las demandas legales de menores entre naciones y su acogida y distribución al llegar a España en trenes repletos. Pero a fines de año una orden del Ministerio de Exteriores dispuso que la delegación dependiera en lo sucesivo del Servicio Exterior de Falange, que a partir de 1943 tropezó con obstáculos que no comprendía, ni admitía. En primer lugar, la negativa de los padres a formular una petición de retorno oficial, sin la cual ningún Estado aceptaba el proceso legal de repatriación. Además, en los casos en los que los padres no eran localizados, el Servicio Exterior de Falange encontró ante sí las leyes de acogida, las cuales exigían para la repatriación a España el consentimiento explícito del menor acogido legalmente por una familia, además de una reparación económica por gastos de manutención. Las familias que habían acogido legalmente en su seno a muchachos republicanos eran, por lo general, hostiles al régimen franquista. Y, por otra parte, entre el exilio republicano la repatriación era vista como un simple retorno al infierno, al menos durante la década de 1940. Por todo ello las dificultades del Servicio Exterior crecieron, y al parecer sus dirigentes sintieron una intensa frustración. Estaban sorprendidos. No comprendían por qué los padres exiliados y encarcelados, a pesar de las presiones, no autorizaban el retorno de sus hijos. Fue esa constatación lo que llevó al Servicio Exterior a organizar las operaciones clandestinas de capturas infantiles en Francia y Bélgica y a planear espectaculares —y esperpénticas— acciones en México y Guatemala.

Por tanto, a partir de aquella fecha el proyecto de repatriación «contra lo que pudiera pensarse no se ha realizado basándose en las reclamaciones de los padres, familiares o tutores de los niños, ya que estas solicitudes apenas han llegado a alcanzar un 25 por ciento de los expatriados. La repatriación, pues, se ha efectuado por una labor sistemática del Servicio Exterior, que dio orden a todos sus miembros que, por uno u otro motivo, residían en los países donde se suponía que podían existir niños expatriados, que hicieran todas las investigaciones a su alcance y reunieran todos los datos posibles»[64].

La mano que redactó el Informe sobre Repatriación de Menores, fechado en 26 de noviembre de 1949, era consciente de la impunidad que daba el poder de Falange y el respaldo del Estado, en caso contrario no habría escrito ni los principios de actuación ni los procedimientos utilizados.

Puesto que «las reclamaciones de los padres y familiares, por su escaso número, no pudieron constituir el punto de partida para sistematizar la tarea de repatriación […] la principal tarea, la más difícil, ruda y paciente y la única manera de abordar sistemáticamente el problema ha sido y es localizar el mayor número de expatriados que se pueda, estén o no reclamados.

»Una vez conseguida una localización, nuestros delegados en el extranjero solicitan de la persona, familia o entidad tutora del menor su devolución voluntaria a España. En un noventa y nueve por ciento de los casos esa solicitud es denegada de primera intención con los pretextos antes indicados.

»Entonces, comienza por parte de nuestros delegados una difícil y hábil labor de captación y convencimiento […]. Si esta gestión no da un resultado positivo por aferrarse los depositarios del menor a una negativa rotunda, el caso es puesto en manos de la autoridad consular española»[65].

Sin embargo, la intervención consular a través de procedimientos judiciales de reclamación no sólo fue un fracaso, sino contraproducente, pues las constantes sentencias negativas sentaron una jurisprudencia perjudicial para los objetivos del Gobierno español. Por esa razón las dificultades llevaron al Servicio Exterior a recurrir «sin miramientos a los medios extraordinarios con los que de una forma u otra casi siempre se logra al fin obtener al menor. Por ejemplo, en determinado país un funcionario de la Policía nos ha resuelto de manera un tanto expeditiva algunos casos recalcitrantes.

»Obtenido el menor es conducido hasta un lugar cerca de España, si procede de Francia; hasta un buque español, si de Bélgica u Holanda; o hasta nuestra zona marroquí, si procede del norte de África, entregándolo a nuestros delegados de frontera quienes comunican a Madrid la llegada del repatriado»[66].

Aparentemente fue un procedimiento sistemático y con mucho éxito, pues «no obstante estos obstáculos […] se siguen obteniendo repatriaciones y rara es la semana en la que algún menor no queda reintegrado a la patria»[67]. El documento advertía que ese procedimiento se efectuaba siempre que el menor estuviese dispuesto a volver a España. Lo cual no deja de ser una precisión sorprendente, pues prescindía de toda autoridad familiar y de acogida, pero además hay testimonios de que muchas repatriaciones se produjeron sin previo consentimiento del menor, siendo, por tanto, simples raptos. Florencia Calvo fue acogida por una familia francesa. En aquel momento corría la noticia de los métodos irregulares utilizados por el Gobierno español. «A mí sí me estuvieron siguiendo durante bastante tiempo», por esa razón la familia de acogida «me escondía, si iba al colegio me cambiaba de vestido cada día. Hasta que un señor vino a por mí, me montaron en tren y me mandaron a España»[68].

Cuando el menor capturado llegaba a España, según el informe se intentaba localizar a los padres, y casi nunca daba resultado puesto que «la mayoría habían olvidado todo, incluso el idioma, y algunos hasta sus propios apellidos»[69]. ¿Podían esos menores dar su consentimiento para ser repatriados?

En el caso de Florencia Calvo sus padres ni siquiera la habían reclamado, pero había sido inscrita en las colonias republicanas, y eso era suficiente. La llegada a España significó la pérdida de su hermana y el ingreso en diversos hospicios regentados por religiosas, quienes la emplearon en trabajos del servicio doméstico.

El relato del informe de 1949 no era una fantasía. Numerosas cartas confidenciales del Servicio Exterior de Falange describen los métodos utilizados. Algunos tuvieron éxito, y muchos fueron un fracaso, a veces por falta de soporte logístico. El 10 de mayo de 1946, C. Irisarri, responsable del Servicio Exterior en Francia, escribió una carta desde París dirigida a Sergio Cifuentes, aparentemente coordinador de las actividades en Madrid. En ella comentaba algunas actuaciones: «El delegado de Toulouse me escribe lo siguiente: “La niña Arigueta veo difícil su repatriación, a no ser llevándola en coche y en contra de la voluntad de su madre adoptiva. Me he trasladado por dos veces y en coche a la residencia de la señora Garabert y en vista de la oposición manifestada me volví sin resultado positivo”»[70].

La conciencia de que se estaba actuando fuera de la ley y de que aquellas persecuciones podían acarrear serios problemas legales y diplomáticos por su naturaleza criminal, la precisó Irisarri en una carta de marzo del mismo año, en la que después de comunicar que estaba investigando todas las direcciones «de muchachos cuya lista me mandaste […] con la ayuda de nuestros consulados», precisaba la necesidad de destruir los papeles comprometedores: «Ayer quemé toda la documentación por si las moscas»[71].

A lo largo de la década de los cuarenta el Estado disponía de suficiente información y experiencia para saber que la mayoría de los familiares de aquellos chicos y chicas que regresaban a España tenían sus padres y madres en presidio o desaparecidos por motivos diversos: destierro, exilio, fusilamiento, cambio de domicilio… Los archivos de Auxilio Social amontonaban carpetas en las que se constataba por escrito la imposibilidad de localizar a los familiares, muchos de ellos desaparecidos en batallones disciplinarios y en la cárcel[72]. Sin embargo, la voluntad de repatriación prosiguió por América, especialmente en México, donde después de fracasar las gestiones legales con el Gobierno mexicano, se intentaron métodos parecidos a los utilizados en Europa, aunque sin éxito. El caso mexicano resulta ejemplar para comprender la mentalidad del Estado español en el tema de las repatriaciones.

En una carta fechada el 20 de noviembre de 1941, Augusto Ibáñez —interlocutor español en México— precisaba al jefe del Gabinete Diplomático de aquel país que los niños españoles acogidos por el Gobierno mexicano eran, a fin de cuentas, «niños robados por los rojos», aunque «traídos a México con la autorización del Gobierno mexicano». Comentaba el interés que por ellos sentían «señores y señoras que forman la comisión para gestionar el envío a España de los niños robados por los rojos», y se lamentaba de que el Gobierno consintiese la propaganda republicana en ese asunto, ya que dificultaba cualquier acción y creaba un ambiente de intimidación[73]. Al mismo tiempo una circular interna distribuida entre los miembros de la representación franquista y el Servicio Exterior advertía: «No me canso de recomendar que se guarde una estricta reserva sobre cualquier gestión que se haga». Las gestiones eran básicamente dos: la primera, de tono legal, pretendía una entrevista con el presidente de México —Ávila Camacho— para solicitar la autorización gubernamental de las repatriaciones. La entrevista jamás fue concedida. Tan sólo hubo una contundente y desoladora respuesta por escrito fechada el 22 de mayo de 1942:

«El Gobierno mexicano no estima que el presente sea el momento más oportuno para hacer una devolución en masa, como Ud. se sirve solicitarlo, de los niños de que se trata.

»No se ocultará a su muy ilustrada comprensión que en el tiempo en que se presentaron las solicitudes de que se sirve usted hacer mención, era muy otra la situación del tráfico marítimo, y especialmente la de España, en materia de alimentos, sin que ofrezca perspectivas de alivio, sino más bien de empeoramiento a consecuencia de la guerra.

»En esas condiciones nuestro país incurriría en grave inconsecuencia al devolver a los niños que acogió en su seno, precisamente para librarlos de la guerra y de sus horrores, entre los que se cuenta la miseria. Deben reconocerlo así los mismos padres de los menores, puesto que no obstante que han transcurrido dos años y medio desde que elevaron sus solicitudes, y a pesar de la angustia que ha de producirles tan prolongada separación de sus hijos, no han hecho ni conjunta ni aisladamente —salvo no más de tres o cuatro casos de esta naturaleza de que haya tenido noticias esta Secretaría— ningunas nuevas gestiones, y sí, en cambio, se han recibido muchas en sentido contrario, es decir, pidiendo que no sean mandados sus parientes.

»Tales circunstancias obligan al Gobierno de México a seguir aplazando toda devolución en grupo, en tanto la situación imperante constituya un peligro para los menores que se pretende reintegrar a sus hogares.

»El Secretario»[74].

La segunda gestión vino provocada precisamente por la actitud proteccionista de México. Consistía en un sorprendente plan clandestino de repatriación titulado «Propuesta para la repatriación de los niños españoles que se encuentran en México». El documento prescindía de las órdenes mexicanas y su naturaleza recuerda los planes para las repatriaciones europeas de niños y niñas republicanos, en lo que a su ilegalidad se refiere: «Está en vías de llevarse a la práctica que salgan silenciosamente por pequeños grupos de 8 o 10 para La Habana al objeto de ser allí embarcados poco a poco en nuestros vapores para España». El viaje debía ser sufragado por españoles franquistas en México hasta la capital cubana, y por el Gobierno español desde Cuba hasta España, en colaboración con la compañía naviera Transatlántica. El documento asumía la falta de autorización paterna, aunque al parecer eso no era obstáculo para construir un grandilocuente proyecto de repatriación:

«Ya sea en La Coruña o bien en Bilbao donde desembarquen los niños, hay que contar con que se hará lo necesario para tener dispuestos albergues para su alojamiento, y que éste podrá prolongarse durante unos meses, ya que de todos los que se encuentran en México sólo han sido reclamadas por sus padres alrededor de cien criaturas, mientras que pasan de trescientos aquellos de quienes sus padres no se han ocupado todavía.

»No hay que olvidar tampoco que entre los no reclamados habrá algunos que hayan perdido a sus padres. Por ésta y la anterior razón expuesta hay que contar, desde luego, con dos albergues: uno para las niñas y otro para los niños. Sin embargo, esta parte que corresponde a España debe ser considerada como la más sencilla de resolver»[75].

El Estado entendió las repatriaciones como grandes operaciones de prestigio para el consumo interno. Para ello hizo campañas publicitarias, promovió suscripciones en la prensa del Movimiento y sugirió impuestos a las empresas. Pero asumió también que a su regreso muchos de aquellos menores se encontrarían sin familia, o con la familia perdida o creyendo que sus hijos e hijas seguían aún en el país de acogida. No importaba, pues para eso estaban la publicidad y la beneficencia reeducadora. El resultado general fueron muchas vidas dañadas, aquella cifra de 30 000 menores hijos de encarcelados y exiliados que contabilizó el Patronato de San Pablo entre 1944 y 1954, a los que deben añadirse los 12 000 de su institución predecesora, el Patronato de la Merced.

Argentina y España: una aproximación comparativa a las desapariciones infantiles

Argentina y España: una aproximación comparativa a las desapariciones infantiles

La noticia y valoración de pérdidas y desapariciones de menores por causalidad política en España tal vez genera sorpresa a pesar de la realidad de los datos. Por esa razón me parece útil establecer una sistematización comparada de las distintas tipologías descritas en las páginas anteriores. El caso más emblemático, por conocido, es sin duda Argentina en el periodo de la dictadura militar imperante entre 1976 y 1983. Por otra parte, de ese país procede el estudio más elaborado que tenemos sobre desapariciones políticas. Me refiero al informe que Ernesto Sábato confeccionó, a petición del Gobierno argentino, y que fue publicado en 1985 con el título «Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas».

La comparación entre las seis tipologías establecidas en el informe argentino sobre secuestros en presencia de niños, muchos de los cuales figuran como desaparecidos, y el caso español, ayuda a comprender la lógica interna de lo que he definido como «zona de riesgo de desaparición» y sus caminos. Además, permite valorar la «segregación», incluso la «pérdida», no como un accidente derivado del desorden social de posguerra —con la consiguiente banalización de los hechos—, sino como un elemento propio de las prácticas represivas del Nuevo Estado, moralmente justificadas y argumentadas por una teoría social originada en su principio por el Ejército y desarrollada posteriormente por las instituciones del Estado, su burocracia y su legislación.

Todas las tipologías del caso español han sido descritas y documentadas en las secciones anteriores de este capítulo. Por otra parte, dejando a un lado las coincidencias empíricas y morfológicas entre el caso argentino y el español, lo más importante son precisamente las diferencias entre uno y otro, pues permiten comprender la naturaleza del núcleo represivo del Estado fascista español o Nuevo Estado.

En Argentina las desapariciones fueron resultado de practicar la guerra sucia contra aquellos que eran considerados incómodos por el régimen, bajo el nombre global de izquierdistas. En España no. La pérdida y desaparición fue resultado de la purificación pública del país, es decir, de la depuración que el Estado consideró necesario establecer al hacer una división básica y estructural entre vencedores y vencidos. Por tanto, la «clandestinidad» de las actuaciones argentinas no existió en España. Jamás hubo centros clandestinos de detención en nuestro país. Muy al contrario, fue el Nuevo Estado quien constituyó la institucionalización del proceso legal, administrativo y burocrático, que facilitó las desapariciones, especialmente desde las cárceles de mujeres.

La violación de los derechos humanos en el caso español fue tan exhaustiva como lo permitieron las posibilidades del Estado. Sus actos no fueron esporádicos, ocasionales o accidentales, sino sistemáticos.

Los desaparecidos, en un contexto represor general deben ser considerados como una categoría de maltratados que deja de tener presencia física o civil, tal es el caso argentino. Pero en el español, el elemento esencial no fue la desaparición civil. Lo relevante y genuino fue la «proscripción civil» que durará toda la vida: un «hijo de rojo, un hospiciano del Auxilio Social o de un convento, será siempre portador del estigma». Vallejo Nágera lo describió de maravilla: «Y legarán a sus hijos un nombre infame: los que traicionan a la patria no pueden legar a la descendencia apellidos honrados».

ARGENTINA

Tipologías del «Informe Sábato», basadas en lo sucedido cuando una familia es asaltada ante menores

Niños dejados en casa de algún vecino para que éste se hiciera cargo, hasta la llegada de algún familiar.

Niños derivados a Institutos de Menores, que los entregaban a familiares o los cedían en adopción.

Secuestro del niño para la posterior adopción por algún represor.

Entrega directa del niño a familiares de la víctima, lo que en muchos casos se hizo con el mismo vehículo que transportaba a la madre.

Dejarlo librado a su suerte, en el domicilio donde aprehendían ilegalmente a los padres.

Trasladarlos al mismo Centro Clandestino de Detención, donde presenciaban las torturas a que eran sometidos sus padres, o eran ellos mismos torturados en presencia de éstos. Muchos de estos niños hoy figuran como desaparecidos.

Por ese motivo la singularidad —y perversidad— del caso español en ese asunto consiste en que el franquismo construyó una culpa pública e histórica, la redención de la cual tan sólo era posible sufriendo y participando en la obra del Estado, convertido en redentor con la inestimable, desinteresada e imprescindible ayuda de Dios.

Ernesto Sábato describió con exactitud las consecuencias de todo ello, aplicables a cualquier situación: «Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente, y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento»[76].

ESPAÑA

Tipologías de lo que sucede con los niños de los detenidos en el momento de detención, en la cárcel, o con posterioridad al fusilamiento de los padres

Los niños son entregados a algún vecino, que lo entrega a algún familiar o la beneficencia. El familiar lo entrega a menudo a la beneficencia para presos por falta de recursos.

Los niños son derivados al Auxilio Social, hospicios y centros religiosos, especialmente las niñas en estos últimos.

A veces con consentimiento paterno, a menudo sin él.

Los padres pierden la tutela legal.

Hijos e hijas ingresan en la orden religiosa de acogida en bastantes casos, argumentando la expiación de las culpas familiares.

En algunos casos desde los centros de acogida se cambian los nombres y se entregan en adopción.

Los hijos que asisten a la detención de la madre son trasladados con ella a Comisaría y asisten al interrogatorio y tortura; en el caso de adolescentes son también torturados ante sus padres y viceversa.

Ingresan con la madre en la cárcel, sin que su ingreso sea registrado.

Mueren a causa de malos tratos, sean o no recién nacidos.

Mueren por el ambiente insalubre y la alimentación del presidio.

Al cumplir cuatro años son excarcelados y trasladados a centros religiosos, o centros del Estado, a menudo sin autorización paterna. En ocasiones el traslado se realiza en convoyes sin destino conocido por los padres, iniciado el camino de la beneficencia sin conocimiento familiar.

Son capturados por Falange Española en el exilio y trasladados a España sin consentimiento. Ingresan, en general, a la beneficencia.

Si están con la madre en el momento del fusilamiento, son entregados, a menudo, a órdenes religiosas.

Capítulo IV: El asedio humano

Capítulo IV

El asedio humano

El invierno de 1941 fue duro y frío. En los últimos días de noviembre un poderoso frente de viento se abalanzó sobre el litoral cantábrico y alzándose en huracán resultó especialmente devastador en Santander. La ciudad fue barrida durante tres días por su fuerza y sus efectos que sumieron a la población en el espanto. Su cárcel de mujeres, situada en la cima del Alta, recibió la intensidad del huracán en sus muros «hasta que estalló de tal forma que las ventanas saltaron y los cristales se rompieron»[1]. En la enfermería los tabiques fueron abatidos por el empuje del viento, que lanzó las ventanas astilladas sobre las camas. Recorrió las grandes salas y barrió ropas y enseres. Quizá fue eso lo peor para las presas: la pérdida de sus escasos bienes. De todas las salas corrían mujeres hacia las escaleras para bajar y reunirse en el rastrillo. Fue entonces cuando el inmenso crucifijo de escayola negra que presidía la zona de ingresos de la cárcel se vino abajo desde el altísimo envigado: «Cruzó todo el edificio de arriba abajo» y abrió el suelo. No alcanzó a nadie, pero nadie sabía qué hacer. «Todas las mujeres chillaban, se corría de un sitio para otro»[2]. Entretanto el capellán de la prisión, «un salesiano de los que sacaban a matar a los hombres y les daba el tiro de gracia»[3], rezaba y pedía resignación.

La dirección de la cárcel se reveló incapaz de hacer nada, por lo que las presas políticas decidieron «que no sólo había que salvarse de aquel huracán y salvar lo que pudiéramos, sino sujetar a las mujeres histéricas; en todas las salas los gritos eran tremendos»[4]. Reunieron a las presas en lo más bajo del edificio y apuntalaron la puerta de entrada al presidio a punto de ser abatida por el viento. Organizaron una expedición de voluntarias a las salas «para recoger nuestras cosas y tenerlas en orden en caso de que tuviésemos que salir de la cárcel»[5]. Fue entonces cuando desde la sala del segundo piso vieron la ciudad ardiendo. «Quedamos paralizadas al ver aquel incendio. Parecía que todo Santander estaba en llamas. El viento no había cesado aún, y se veía cómo se llevaba una viga totalmente incendiada y caía en una casa que se incendiaba inmediatamente. Recogimos nuestras cosas e hicimos los petates». [6]

La mayoría de estas mujeres había ingresado pocos días antes en la cárcel de Santander «con una mano esposada y en la otra algunos enseres personales. Nos hicieron subir el Alta, una cuesta tremenda que hay desde la estación hasta donde estaba la cárcel»[7]. Era una de tantas expediciones que formaba parte del movimiento perpetuo, propio e indisociable de la industria carcelaria. Muchas de ellas fueron trasladadas a otros centros penitenciarios —Amorebieta, Saturrarán y Barbastro— transcurridas unas semanas. Y entonces, una vez más, el pequeño mundo estable que habían intentado construir entre rejas era derribado y el presente volvía a la incertidumbre.

Expediciones

Expediciones

De Tarifa a las bahías del Cantábrico, de los valles de Galicia a las costas del Nordeste y Levante, de las islas Baleares al archipiélago canario, miles de presos y presas cruzaron España en constantes e inesperados desplazamientos estableciendo una migración política extenuante. Sucedió con especial intensidad durante la década de los cuarenta —aunque no se detuvo en ella— y afectó profundamente la frágil estabilidad de capturados y capturadas. No hubo nada que fuese accidental, ni siquiera la miseria de un país mísero, ni siquiera el dolor del largo viaje con destino ignorado causante de una zozobra inmensa.

«Nos decían que no llevaban hoja de ruta y que no sabían dónde terminarían nuestros huesos. Nos metieron en un mercancías, en vagones de ganado precintados, y allí absorbimos nuestros propios olores y nuestros propios excrementos, puesto que teníamos que hacerlo en los mismos potecillos o latitas de sardinas que nos daban a repartir entre las que formábamos cada vagón. El traqueteo del tren nos zarandeaba; primero empezamos yendo a pie pero, poco a poco, el mismo ajetreo nos fue acoplando»[8].

El trayecto había empezado en Las Ventas. Al cabo de dos días el convoy penitenciario llegó a Tarragona, y en cuerda de presos cruzó la ciudad hasta el convento de las oblatas habilitado como cárcel de mujeres. «En esta cárcel nos pusieron en un desván […]. En esta cárcel las monjas nos amenazaban constantemente que nos pondrían en un barco y que nos llevarían a alta mar y allí nos hundirían. Nos daban muy mal de comer, no teníamos casi agua. El desván donde nos habían puesto era de tierra, no había baldosas ni cemento y sólo tenía una ventanita de unos sesenta centímetros por cuarenta, y con aquello teníamos que respirar unas doscientas mujeres. Los días que estuvimos allí fueron infernales. A veces para podernos comunicar con las otras aprovechábamos bajando una cuerdecita y pasábamos noticias a las compañeras y ellas nos ponían alguna cosa de comer, porque nosotras no teníamos nada»[9].

Quince días más tarde partieron hacia la prisión de Les Corts, en Barcelona, y en ella permanecieron dos meses. Al final descubrieron que el trayecto comenzado en Las Ventas terminaba en Girona. Durante ese tiempo, sin previo aviso de traslado ni destino, permanecieron sin contacto familiar, es decir, sin posibilidad de paquetes, medicamentos necesarios ni ayuda exterior, simplemente ilocalizables, desaparecidas a su suerte y ocultas por el Estado. Este control era tan sólo burlado por frágiles redes de comunicación con el exterior trenzadas con peligro por las presas, y que quedaban destruidas con nuevos desplazamientos.

Las expediciones se efectuaron casi siempre en ferrocarril (entrada la década de 1950 fueron sustituidos por autocares) y los vagones eran, por lo general, simples furgones de transporte de ganado sin apenas respiraderos ni más retrete que unas latas, a menudo rebosantes ya de materias fecales a mitad de camino. «Salimos de Ventas, llegamos a la estación de Mediodía y venía un vagón lleno de corderos y cabras. Tal como sacaron aquellos animales nos metieron a nosotras; nos precintaron los vagones […]. Llevábamos viejecitas de setenta y más años tiradas allí en el suelo encima de toda aquella porquería»[10].

La falta de alimentos y especialmente agua durante el trayecto provocaba un tormento descrito con insistencia por las presas. El calor, el frío, la sed y el hambre causaron muertes, especialmente de sus hijos, en los primeros grandes traslados. Largas esperas en vías muertas de estaciones vacías. Recuentos al inicio y final de trayecto, al ingresar en la prisión de tránsito o destino, que resultaban inacabables y agotadores. Pedían agua a gritos, pero se hallaban separadas del mundo exterior y atemorizadas por paisajes desiertos de gente. Un guardia abría a veces la puerta del furgón e introducía un cubo de agua. «Entonces dijimos: “Aquí hay dos niñas muertas”. Porque la Guardia Civil se acerca y dice: “Qué horror, qué espanto, qué guarrería, cómo huele esto”. Y dijimos: “Porque hay mierda y niñas muertas”. Y entonces las madres tuvieron que dejar las niñas muertas en el andén de Valencia y entrar otra vez al vagón. Era un mes de mayo que hacía un calor que no te puedes imaginar. Nos dejaron en vías muertas. Como no se veía nada, era una cosa terrible, ¿no? Y íbamos mujeres con hijos»[11].

Una noche de febrero de 1943, una expedición de presas políticas descendió en la estación de Amorebieta para ingresar en su cárcel. El viaje se había iniciado en Las Ventas, pero eran mujeres procedentes de anteriores expediciones que habían sido detenidas en Yecla, Albacete, Tarragona, Murcia, Guadalajara, Alcázar de San Juan, Madrid… Las distintas procedencias permitieron un fluido intercambio de información sobre los distintos lugares de encarcelamiento, la comunicación penitenciaria tenía esos cauces. Iban provistas de breves notas a entregar por si acaso en los presidios terminales encontraban al destinatario de la carta. Contaron sus relatos. Una mujer de Yecla describió la impunidad con que actuaban los falangistas en aquella cárcel, y relató a sus compañeras de furgón que desde su celda oía cómo sacaban a los hombres para matarlos, apalearlos o torturarlos «y hacer mil judiadas con ellos»[12]. Las de Guadalajara contaron que en el patio de la cárcel habían levantado un entarimado y ahorcado a un muchacho de 27 años. Muchas contaron humillaciones sexuales. Las de Albacete informaron de que dos funcionarios violaban sistemáticamente a presas jóvenes que escogían del conjunto de capturadas. El tren llegó a su destino en noche cerrada. Estaban en Durango.

Al cabo de mes y medio partieron con rumbo desconocido y pararon una semana en el Chalet de Orue, cerca de Bilbao, para emprender un nuevo traslado, esta vez a Santander. Allí fueron separadas en dos expediciones: unas a Saturrarán; el resto —cuatrocientas cincuenta mujeres— fue destinado a Amorebieta. «Llegamos ya por la tarde y nos metieron en un patio solitario. Por las ventanas veíamos que las mujeres se asomaban, pero que las reñían. En aquel patio nos tuvieron horas y horas, nos contaron y recontaron, nos llamaban por nuestro nombre y contestábamos con el apellido. Sentadas en los petates no sabíamos si íbamos a pasar allí la noche o qué pasaba […]. Cuando amaneció empezamos a vernos las caras, y era de verdadera pena ver a esas mujeres de Amorebieta. Estaban consumidas, tenían la piel amarillenta hasta tal extremo que las llamábamos las de la raza amarilla»[13]. Unas semanas más tarde las recién llegadas tenían el mismo color causado por el hacinamiento, la suciedad y la escasa comida. Por este motivo emprendieron una huelga para mejorar el racionamiento, y aunque como veremos algo consiguieron, la dirección promovió nuevas expediciones que fragmentaron las comunidades organizadas.

Las prisiones provinciales fueron cárceles de tránsito habitual hacia los presidios centrales o hacia otros con mayor capacidad, pero la llegada de contingentes de reclusas alteraba su delicada estabilidad. «Venían expediciones a las dos o a las tres de la madrugada. El caso es que cuando llegaban estas expediciones a las tantas de la madrugada teníamos que levantarnos y hacerles sitio, porque eran mujeres que venían deshechas, que habían pasado por varias prisiones, que llevaban muchos meses de un sitio para otro»[14].

Lo cierto es que las expediciones que ingresaban eran observadas con miedo y desconfianza por la dirección de la cárcel a causa de las condiciones sanitarias en que llegaban las presas de otras procedencias. En junio de 1940 el médico accidental de Les Corts, José Prado Castro, advirtió a la Junta de Disciplina de la cárcel que «las reclusas que desde hace una temporada vienen de tránsito para la central de Gerona llegan en un estado sanitario lamentable, así como de higiene, siendo peligroso para el resto de la población reclusa, ya que aunque se aíslen lo más posible siempre existe algún contacto entre ellas». La reverenda madre superiora y el director le contestaron que las harían lavar, asear y limpiar sus ropas, y en lo que a la sanidad se refería autorizaban al médico a «tomar las medidas profilácticas adecuadas», las cuales consistieron en prohibir visitas y comunicaciones exteriores a toda la reclusión, una de las peores situaciones que podía haber en una cárcel. Se trataba de evitar la expansión de contagios[15].

La cárcel de Les Corts, aun teniendo una población reclusa importante y con una cierta estabilidad, fue ciertamente una de las principales cárceles de paso. Sus presas procedían de todos los rincones de España, y pronto percibieron que, con estar muy mal, lo suyo no era lo peor. En 1943, al ingresar de madrugada una expedición con mujeres de Guadalajara, Los Alcázares, Las Ventas y Ciudad Real, nueve de las integrantes murieron tan pronto pasaron unas horas en Les Corts. «Las condiciones en que venían fueron la causa. Una con pulmonía, otra desnutrida… Nueve vimos cómo morían. Venían de viajes muy largos»[16].

Diversos relatos de la cárcel de mujeres de Barcelona coinciden en que las peores expediciones procedían de la prisión de Tarragona, regentada por religiosas oblatas. Las mujeres que habían permanecido allí ingresaban en Les Corts al límite de sus capacidades físicas. «Venían mujeres mayores y chiquitas de diecinueve, de veintiún años, y tú no las distinguías la edad porque todas andaban arrastrándose, todas igual de encorvaditas, todas parecían viejas y tenían la cara gris, llena de manchas, de sombras grises, como enmohecida. Porque de ocho meses que habían estado en Tarragona sólo las dejaban salir a diario diez minutos al patio. Y además las tenían las ventanas claveteadas. Una de las reclusas más jóvenes no podía andar y la tenían que arrastrar entre otras dos. Y ni siquiera el tiempo de formar y cantar el Cara al sol se mantenían de pie. Se caían, se desmayaban»[17].

Desde Les Corts partieron las expediciones hacia presidios aislados de la península como Palma de Mallorca, temido por el alejamiento que imponía y por la travesía marítima realizada en condiciones inadecuadas. «Hubo una tormenta terrible. Íbamos en un barco que ya estaba retirado y que era un asco y nos metieron en la bodega. Estaba llena de piojos y todos los bichos que te puedas imaginar, y un olor a agrio… Se fue la luz y devolvimos unas encima de otras. ¡Algo espantoso! […] Yo no sé cómo sería que se nos inunda la bodega. Todas pidiendo auxilio, pero allí nadie nos auxiliaba, ni un alma se acercaba»[18].

Los criterios de traslado penitenciario, que provocaron una alteración perpetua y la consiguiente inseguridad en el universo carcelario, poseen su cronología y sus razones políticas. En España había cinco penales centrales de mujeres donde cumplir las condenas firmes: Málaga, Alcalá de Henares, Palma, Segovia y la prisión de castigo de Guadalajara. El resto eran cárceles provinciales y de partido judicial, reforzadas por diversos centros eclesiásticos para hacer frente a la masificación penal motivada por la represión franquista. En ninguna de ellas podía legalmente cumplirse la condena una vez pronunciada la sentencia. Hubo excepciones, desde luego, pero no fue algo habitual.

Por tanto, los primeros grandes y numerosos traslados, realizados entre abril de 1939 y finales de 1941, partieron de improvisadas cárceles locales y de partido judicial, puesto que la población encarcelada ejercía, con su mera presencia, una presión y alteración social incómoda e incluso grave en las pequeñas localidades. Los desplazamientos se efectuaron en unas condiciones materiales espantosas, que por su reiteración en todos los casos conocidos tenían aire de ritual: «Salimos de Murcia sin nada, no nos habían dado ni desayuno. Cuando llegamos a Madrid nos dieron la cena, si a lo que nos dieron se le podía llamar cena. Pasamos la noche en Ventas y al día siguiente por la noche nos volvieron a sacar. Íbamos a Bilbao, nos llevaron a la estación del Norte y nos encaminaron a un furgón donde meten los cerdos y al subir oímos una voz que dice: “No se arrimen ahí que hemos tenido que hacer de vientre en ese rincón porque no teníamos dónde”. Llegamos a Bilbao y estuvimos una noche, y como no llevábamos nada para acostarnos, ni mantas ni nada, las mujeres se levantaron a la hora que llegamos y una nos tiraba un colchón, otra una manta y así pudimos dormir aquella noche.

»Llegamos tarde y al otro día nos sacaron temprano para Amorebieta. Cuando bajamos del tren los chiquillos, como íbamos con la Guardia Civil, se acercaban con curiosidad. Oí que decía uno de ellos: “¡Anda, dicen que eran presas y resulta que son mujeres!”»[19].

No era una ocurrencia infantil. Era el resultado práctico de la imagen que el Estado había difundido sobre los republicanos, era la verdadera y real identidad malvada de los cautivos, y por ello el trato dispensado estaba en correspondencia a la construcción de esa imagen de ser inferior, embrutecido. A través de ese camino, la humillación y el dolor constituyeron los resortes de una industria de transformación existencial y humana caracterizada por el sufrimiento global. Por eso el protocolo del encarcelamiento y las expediciones era reiterado en todos los casos, la misma violencia, las mismas vejaciones, la misma ofensa al pudor, la misma y deliberada escasez de alimentación causante de todos los trastornos físicos con riesgo de muerte que aparecerán en los presidios, el angustioso precintado exterior de puertas de los vagones, las prolongadas esperas en vías muertas, la falta de agua y servicios sanitarios en los vagones, la misma estrategia de agotamiento destinada a fracturar las condiciones materiales mínimas sin las cuales las personas inician la ruta hacia la pérdida del respeto propio y la desesperanza absoluta porque se sienten desposeídas de humanidad y definidas tan sólo en su condición animal.

Aquellas expediciones se dirigieron hacia los centros penitenciarios provinciales y a los conventos que por sus dimensiones, aunque no por sus instalaciones, permitían la concentración de prisioneras y sus hijos. Sin embargo, prisiones provinciales y conventos habilitados se hallaban ya rebosantes de presas, por lo que los traslados no conllevaron alivio demográfico. La saturación disminuyó como consecuencia tan sólo de la aplicación de indultos y del amplio número de muertes y fusilamientos que se sucedieron desde 1940 hasta 1945. Además, empezaban a ingresar los detenidos por actividades antifranquistas que andaban organizando la resistencia posterior al fin de la guerra.

Desde 1940 había comenzado la aparición de una legislación penitenciaria nueva y adecuada al momento. Aquellas órdenes y decretos reguladores de marzo y noviembre diversificaron la situación e intentaron estructurarla. Su aplicación se hizo sentir especialmente a partir del siguiente año, 1941. Fue entonces cuando desde las cárceles provinciales y conventos-prisión comenzaron a producirse numerosos traslados y expediciones para asistir a juicios que a menudo se celebraban a cientos de kilómetros de la cárcel donde se hallaban las presas. Al cabo de unos días —o meses— volvían al centro penitenciario anterior o a otro distinto, pero deteniéndose en cárceles de tránsito por tiempo indefinido. Hoy saben y recuerdan su nombre, pero durante el trayecto ignoraban el destino. A su llegada a la nueva cárcel, el preso o presa aguardaba una sentencia que podía tardar tres años o más en publicarse. Entonces comenzaba un nuevo traslado hacia alguno de los cinco penales centrales. El movimiento siguió siendo perpetuo hasta 1948, aproximadamente. Pero no se detuvo, tan sólo descendió su volumen.

Alrededor de esa fecha, la población penitenciaria había descendido bastante, según contaba el informe de la CICRC, y prueba de ello lo es también la crisis de mano de obra masculina en los destacamentos penitenciarios desde 1944. Sin embargo, los traslados fueron decididos, además, por causa de las nuevas orientaciones penitenciarias, que habían optado por concentrar las prostitutas en centros específicos, cárceles de «mujeres caídas» portadoras de la inmoralidad que, según las Memorias de la fiscalía y de los teóricos del sistema penitenciario franquista, se había producido por la «marxistización» del país, o descristianización —que venía a ser lo mismo— durante la República y la guerra. Un argumento más para despojar de su condición política a las presas republicanas encubriendo formalmente la causa política de encierro con las causas sociales derivadas de la miseria de posguerra: todas eran delincuentes por el mal social que había imperado, no por su decisión consciente, afinidad republicana o parentesco con los vencidos.

Fue por esas razones, y por el pausado descenso de la población penitenciaria, por lo que a lo largo de los cincuenta empezaron de nuevo los traslados de las presas políticas encerradas en los presidios centrales —gente con largos años de cárcel a su espalda— hacia otros centros donde fueron mezcladas con presas comunes, desmantelando sus estrategias de resistencia y cambiando duramente sus hábitos. Fue uno de los peores momentos.

En términos generales, y más allá de esa liviana sistematización cronológica, los traslados y expediciones se mantuvieron a lo largo de todo el franquismo con dos criterios generales por trasfondo. El primero como castigo, por supuesto. Castigo concreto sobre una presa por actos de indisciplina, castigo colectivo por acciones vindicativas, plantes o huelgas por ejemplo, y especialmente como castigo estructural político del régimen penitenciario, procurando el alejamiento del preso del lugar de residencia. Eso último es lo que más percibieron las presas. Victoria Pujolar, a su llegada a Les Corts en 1945, valoró de ese modo, junto a otras compañeras de prisión, la situación en que se encontraban: «Estaban mujeres de Cataluña y de toda España. Los traslados eran intencionados para privar de ayuda y visitas de los familiares»[20]. También Josefa García Segret argumentó la misma razón constatada en los distintos presidios de Tuy, Saturrarán, Palma de Mallorca y nuevamente Saturrarán[21].

El segundo criterio formaba parte de la estrategia penitenciaria orientada al abatimiento integral de los encarcelados. Se trataba de quebrar la voluntad y la estabilidad de las presas impidiendo que arraigasen comunidades y, por tanto, cualquier sentimiento de seguridad y confianza. El efecto era la vuelta a la nada. Se trataba, en definitiva, de destruir su recuperación personal y fortaleza moral ante la reclusión y la dirección del presidio que tenía en sus manos la potestad de proponer los traslados a la Dirección General de Prisiones, la cual aceptaba el desplazamiento prácticamente de oficio.

A fines de 1950 una presa de Segovia describió la alteración que en la vida carcelaria significaban los traslados, los cambios en aquel mundo, que sintetizó con precisión. Lo hizo en un pequeño papel y con una estupenda letra miniaturizada para facilitar su salida clandestina: «Ya os he dicho en alguna ocasión que valoramos mucho hasta las más pequeñas cosas, muchas de ellas cuando se goza de libertad carecen de importancia. Aquí no. Ahora se dice mucho que nos van a sacar de aquí y parece que ese rumor sea cierto. Hay dos versiones: unos dicen que nos llevarán a todas las políticas a Málaga, otros, que nos van a separar, llevándonos a las inadaptables a Guadalajara, con las comunes más indeseables. Si esto llegase a realizarse sería francamente horroroso. Ellos saben que esto es lo peor que pueden hacernos y les creemos capaces de llevar tan canalla proyecto a la práctica»[22]. Así fue. Era una de las respuestas que la dirección de la cárcel de Segovia dio a la huelga efectuada por las presas. Sin embargo, no las mandaron a Málaga: las dividieron entre Alcalá y el penal de castigo de Guadalajara. A este último se trasladó una expedición de tan sólo dieciséis presas políticas rodeadas de unas trescientas comunes. «Penal de castigo» significaba un entorno particularmente duro. El régimen de cárcel en aquel penal era celular, es decir, veinte horas de celda y cuatro de patio. Las formaciones de reclusas se realizaban sin ninguna causa especial y a pleno sol durante horas, hasta el desmayo. Ni siquiera se trataba de recuentos, tan sólo de permanecer quietas en formación hasta que la funcionaría, María Sacristán —con destino en Guadalajara por sanción administrativa como la mayoría de celadoras de aquel establecimiento—, sentada a la sombra de un pequeño porche y con un libro en el regazo había visto caer, agotadas, un número suficiente de presas. De todos modos la intimidación no era sólo directa, sino inducida por el entorno, por sentirse rodeadas de muerte, por ver morir a una presa de ansiedad: «Después de días sin comer y mendigar los restos del plato de tantas presas como le fue posible, se cayó hacia atrás y murió, y empezó a echar arroz por los oídos, por la nariz, la boca, por todas partes, y murió. Aquello fue para mí algo terrible, la vi morir de ansiedad. Ella hubiese seguido comiendo, lo que había y lo que le daban, y todo el mundo le daba su arroz, y ella se sentaba, y ya cuando cayó murió vomitando arroz. Todo era fuera de la vida, muy fuera de la vida»[23]. Se trataba de eso, situar en las afueras de la vida propia a las presas, hacerles entender que tan sólo quedaba un camino: «consentir», lo que para las políticas significaba «sucumbir».

Por todo ello los traslados, en cuanto alteración de la vida personal de las mujeres encerradas, permitían activar y mantener uno de los principales elementos de control y sometimiento: la incertidumbre. Nawal al-Sadawi ha relatado eficazmente ese poderoso mecanismo del mundo carcelario desde la experiencia propia: «Comprendí que en la cárcel las torturas no se infligen mediante las rejas, ni los muros, ni las picaduras de los insectos, ni el hambre o la sed, ni los insultos o las palizas. La cárcel es la incertidumbre. Y la incertidumbre es la peor de las torturas. La incertidumbre aniquila el intelecto y el cuerpo»[24].

Incertidumbre sobre el «cambio». Cualquier cambio. El cambio de destino o celda y la pérdida de compañeras, de «familia» de prisión. Incertidumbre ante una nueva norma, ante una alteración cualquiera en su precaria estabilidad ganada con dureza. Incertidumbre ante la pérdida de pequeñas propiedades acumuladas. Incertidumbre emocional sobre la comunicación o la carta esperada que podía ser destruida por cualquier motivo incomprensible y que abría en la precaria vida de la presa un periodo indefinido e intenso de mortificación. Incertidumbre ante el apellido pronunciado, que anunciaba el viaje a la muerte, como en Amorebieta, donde las religiosas oblatas pronunciaban lentamente el nombre de las presas que debían salir en expedición de traslado o con destino al pelotón de fusilamiento, o incluso el nombre de las que recibían correspondencia. Primero el nombre, muy deletreado, después un espacio «que nos parecía una eternidad», luego el apellido, todo muy lento. «Sufríamos, es difícil imaginar cuánto»[25]. No debiera verse como el capricho de una funcionaria o religiosa malvada tan sólo. En el contexto penitenciario era una lección cotidiana para recordar que la presa no era nada porque estaba a merced de todo: «Fue donde estaba la anciana y le dijo: “¿Por qué no va al patio, abuela?”. “Porque no puedo, hermana, porque estoy mala y no puedo tenerme en pie”. “Pues mire, como no tiene fiebre, no tiene por qué estar aquí en el petate. ¿Ve? Ha tenido Ud. carta, y me parece que vienen hasta fotos de sus nietos —y, efectivamente, sacó unas fotos y una carta—; pero ¿ve lo que pasa? Ahora se queda Ud. sin ver a sus nietos y sin leer la carta de sus hijos”. Y la rompió en cuatro cachos. Algunas de las que estaban cerca de la monja se abalanzaron sobre ella, pero otras, un poco más tranquilas las cogieron, porque si no las hubieran deshecho»[26]. Lo cual habría comportado castigos en forma de incomunicación, anotación en el expediente, y quizá nuevos destinos para aquellas presas que al parecer desearon reaccionar.

No sucedió en un presidio. Sucedió en cualquiera porque actuó como un sistema, porque la incertidumbre constituía el eje de un entorno de intimidación sabiamente administrado por religiosas y funcionarias. Un instrumento de aniquilación de defensas, un instrumento de poder que revela la ineficacia intimidatoria de la ideología para el control carcelario real, cotidiano, aunque embadurnase la vida de los presidios, su rutina diaria, y apareciese con todo su esplendor. Por sí sola la ideología habría resultado ineficaz en el cometido de doblegar y transformar. A lo sumo sirvió para humillar. En las cárceles, el poder efectivo y singular, propio, del Nuevo Estado, se hallaba en otro lugar, en la expropiación y en la miseria sin más límite que la muerte.

«Nada os pertenece…». El fundamento político de la miseria

«Nada os pertenece…». El fundamento político de la miseria

La desposesión de todo bien constituyó el protocolo del castigo, la materialización del poder sin necesidad de teorización ni preparación alguna, un proceso automático y estructural, una fundamentación política de la miseria que tejía pautas, normas de conducta y estrategias dirigidas a la destrucción de la identidad del individuo.

Las mujeres que ingresaron en la cárcel percibieron el inicio de un proceso de expropiación integral que empezaba con la confiscación de toda pertenencia y podía finalizar con la pérdida de dignidad humana. Ése era el objetivo: transformar la humanidad en nada, vaciar la persona por la sumisión forzada hasta la ausencia total de sí misma. Al fin y al cabo era algo que en una escala distinta tenía prevista la dictadura para todos los republicanos con la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, destinada a una represión económica con consecuencias humillantes para los familiares de republicanos exiliados, presos o fusilados, hasta su abatimiento completo[27]. Por supuesto, ni que decir tiene que la cárcel era otra cosa muy distinta y por muchas razones. El sacerdote Martín Torrent, capellán de la Modelo de Barcelona entre 1939 y 1940, y miembro de la Junta Central del Patronato de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo a partir de 1943[28], escribió que: «Hoy, el que más convencido está de la fortaleza del Poder político es el propio preso. El preso sabe de sobra que su libertad sólo a un acto de piedad del verdadero Poder la debe»[29]. Era exactamente eso, y una presa con abundante experiencia describió en qué consistían sus consecuencias: «Que alguien, otra persona, te diga: “tú te estás aquí y tú te vas a desenvolver en dos losetas, y tú vas a estar aquí encerrado y yo voy a tocar una corneta, y tú vas a formar y yo te voy a contar, y tú tienes que estar firme, y tú tienes que saludar, y tú tienes que cantar el himno”»[30]. El control absoluto, la capacidad de intervención no tenían límite alguno y las religiosas y funcionarias los expresaron maravillosamente bien en todas las prisiones, por ejemplo en la provincial de Barcelona.

Cualquier mujer que ingresara en la cárcel de Les Corts lo hizo cruzando la verja de la calle Molins, n.º 11, protegida con indolencia por un par de centinelas armados. Tras el portal, una amplia avenida de tierra orillada con palmeras abría el paso hacia la fachada austera y suave del antiguo convento de las dominicas, un edificio de poca altura embellecido por el verde oscuro de laureles altísimos. Una monja tocada con las amplias alas blancas del llamativo hábito de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, oficiaba el ritual de ingreso en la prisión, advirtiendo a quien no lo supiera cuáles eran la situación y el trato: «Aquí dentro nada os pertenece excepto lo que habéis comido, y no siempre, porque es posible que lo vomitéis»[31].

La frase podía ser pronunciada en cualquier rastrillo penitenciario de cualquier rincón de España. Difícilmente podía haber una síntesis más exacta para transmitir el sentido del poder y sus mecanismos. Los relatos de las presas revelan la cárcel como un mundo muy pequeño donde las pequeñas cosas, las escasas posesiones materiales, eran inseparables de su identidad ética, aquélla por la que habían sido capturadas al fin y al cabo. Por ello adquirían una dimensión enorme y su pérdida resultaba trágica. La descripción de la vida que llevaron, de las cosas a las que dieron importancia, transmite una sensación de daño constante por la privación de bienes materiales. Desde una pieza de jabón a una carta de alguien querido, desde un paño higiénico a una fotografía, desde un sello postal a la necesidad de silencio, desde agua caliente a la posibilidad de leer, formaban un todo necesario para existir, aunque no para vivir.

En agosto de 1948, cinco mujeres comunistas encerradas en el Penal Central de Segovia redactaron un informe a su organización en el exterior. Era un llamamiento desesperado para no ahogarse en el cerco de miseria a que estaban sometidas. Tras relatar la actividad política que mantenían en aquel presidio, alertaban sobre la situación material imperante y advertían: «Nosotras aquí estamos impotentes para muchas cosas. Es vital para nuestra vida de Partido una mayor atención desde fuera, y ya no se trata solamente de una atención política, sino que necesitamos de vosotros una preocupación y ayuda material. Sabemos la situación que atraviesa nuestro glorioso Partido, su debilitamiento ante los golpes terribles del enemigo. Pero, camaradas, las gentes de las cárceles material y físicamente no resisten más. El trabajo manual está desvalorizado, las familias agotadas y desangradas y aunque el espíritu y moral son elevados, físicamente esto no basta para resistir. Los familiares ya no pueden más y se horrorizan ante la llegada del invierno. La perspectiva es de verdadero terror. El intenso frío de esta región y la falta de alimentación aumentará el número de camaradas tuberculosas. En la actualidad hay hambre en la reclusión, más soportable por el calor, pero de condiciones funestas cuando llegue el frío. Queridos camaradas, una vez más os pedimos que estudiéis nuestra situación, que sin pesimismo, puede llamarse desesperante»[32]. Firmaban Felisa Arranz Saugar, Paquita Molina García, Paz Azati Cutanda, Carmen Machado Pérez y Emilia Recio Casado.

Una presa de Amorebieta expresó rotundamente, cuarenta años después de su encierro, la huella diaria del hambre en su memoria. «Gloria Nolasco comía durante la noche, a escondidas, para no levantar envidias, pero necesitaba una sobrealimentación; estaba enferma del pulmón, tenía hemoptisis con bastante frecuencia, pero no la bajaban nunca a enfermería, siempre estaba en la sala. Por la noche, cuando ya estábamos metidos en los petates, se acostaba, se tapaba la cabeza y se ponía a comer chocolate y galletas y absorbía por un agujerito que tenía hecho en el bote de leche. No se me olvida nunca el olor que se produce cuando se come una galleta y chocolate; yo me tapaba también para no sentirlo, pero mi estómago lo sentía, lloraba de hambre. Diecisiete meses estuvimos en aquella cárcel, y cada noche lloraba de hambre al olor de las galletas y el chocolate.

»Daba pena de ver cómo se mendigaba en toda la sala. Cuando alguien iba a comer una naranja, tenía siete u ocho a su alrededor pidiéndole la cáscara. A veces la que se la comía se guardaba la cáscara para más tarde, otras veces la daba; y si la tiraba a escondidas había quien la sacaba de la basura para comérsela»[33].

El hambre al que aluden los relatos de las presas era una realidad grave y con unas consecuencias psíquicas y físicas importantes: la mayoría de enfermedades que aparecieron en los presidios procedía de la insuficiente nutrición.

La dieta carcelaria consistía en un sucedáneo de café y unos gramos de leche en polvo por la mañana. Más tarde era distribuido pan y, como almuerzo, el rancho: una sopa con verduras, algo de legumbre, patata, algún hueso y pedazos de algo parecido a tocino, aunque en invierno era enriquecido con unos gramos de chorizo. Al anochecer se distribuía nuevamente un plato de la misma mezcla. No había diferencias importantes entre la alimentación de los presidios centrales y las cárceles provinciales, a no ser el condimento, como se puede comprobar en los cuadros siguientes elaborados con las «hojas de racionamiento», una documentación interna de la administración de los presidios que refleja, mucho mejor que los menús expuestos en el tablero de información, la composición de las dietas, ya que en ellas se precisaban los costes de manutención y presupuesto bajo control de la Dirección General de Prisiones. Aunque, de todos modos, el fraude en las cantidades y en los alimentos se mantuvo sin más finalidad que el lucro personal de los administradores de la cárcel.

El principal problema nutritivo de las dietas reflejadas en los cuadros anteriores era la ausencia de grasas. Aunque en algunas hojas de racionamiento aparecen ciertas cantidades de carne o tocino, las presas tuvieron que forzar su presencia en la ración realmente distribuida. No siempre pudieron, desde luego, tan sólo cuando las políticas alcanzaban los destinos de cocina o administración de oficinas. Fue entonces cuando se negaron a inscribir alimentos que no eran proporcionados en el rancho de las presas: «Conseguíamos otras facilidades en la oficina, como era el de la valoración de la alimentación por calorías y proteínas: nos hacían a veces anotar comidas que nosotras no habíamos comido, o con un contenido en calorías, como eran las grasas de tocino, que nosotras no lo veíamos, pero la administración quería justificar que nos daban una alimentación superior. Entonces yo a esto me negaba. Y no hacía las planillas tal como quería que las hiciera, sino como era la realidad. Es decir, si en nuestra comida no había tocino, yo no ponía tocino. En fin, eran cosas que desde la oficina yo podía hacer a pesar de que me obligasen a poner otra cosa, a lo cual yo siempre me he negado y me he resistido»[34].

Muchas presas y presos murieron a causa de la mala alimentación y las enfermedades que de ella se derivaban. Pero muchos sobrevivieron, y ello se debió a dos razones.

En primer lugar, la posibilidad de recibir paquetes de alimentos y otros objetos era algo permitido, e incluso se autorizó entrar en la cárcel comidas cocinadas. Desde luego no era un acto de naturaleza humanitaria, sino una estrategia económica destinada al ahorro del presupuesto penitenciario, pues una orden de la Dirección General de Prisiones dispuso rebajar a media ración diaria la alimentación reglamentaria de las presas que recibiesen ese tipo de ayuda familiar. La precisión en ese asunto era tajante: «Pueden autorizar entrada comidas que familias de reclusos entreguen para éstos, previo escrupuloso registro que previene Reglamento, condicionando concesión con que el recluso favorecido devengue solamente media ración dándose de baja en cuenta el importe de la otra mitad por día y plaza»[35]. En muchos centros esa disposición significó una nada desdeñable fuente de ingresos para la administración de la cárcel.

La segunda causa de supervivencia nutritiva se debía a que la mayoría de prisiones disponía de economato que, aunque mal abastecido, posibilitaba a las presas que disponían de dinero familiar o procedente de su trabajo en la prisión, comprar alimentos que cocinaban en hornillos fabricados con latas y que funcionaban con pequeños trozos de carbón robado, papeles o astillas. En algunos presidios, como Segovia, esos alimentos podían ser cocidos en la cocina de la cárcel. Por supuesto, cualquier sanción de incomunicación significaba, además de la presión psíquica, un descenso notable de la alimentación y por tanto un mayor riesgo de enfermar con un desenlace imprevisible y peligroso. Una presa con largos años de encierro puntualizó las consecuencias globales: «En la cárcel, cuando ya llevas cuatro o cinco años, ya empiezas a tener características de enferma, ya eres una enferma»[36].

Una mujer de Amorebieta explicó con lucidez las consecuencias de ese rigor alimenticio en la población penitenciaria. Se trataba de fracturar la solidaridad de la población reclusa a través del control ejercido en los alimentos: «La comida era escasísima y mala, con acusada discriminación para que las “conversas”, que iban a misa diaria y comulgaban de vez en cuando, consiguiesen una patata flotando en el agua; para las rebeldes, agua sola. El trato de las monjas oblatas era horrendo, con chantaje sobre las mujeres a base de especular con el hambre para que se arrepintiesen. El capellán, un demonio lujurioso y ofensivo para quien lo menos que éramos era ladronas asesinas y prostitutas»[37].

Debería añadirse que las «conversas» a las que despectivamente aludía, habían «sucumbido», precisamente porque para ellas ya nada era igual. Lo habían perdido todo, especialmente lo único que las podía salvar: la solidaridad de la cárcel en los momentos más difíciles, que no sólo eran los de hambre. Por otra parte seguían estando bajo la arbitrariedad de todo el sistema, se hundían más y ya no eran respetadas por las que habían ingresado por las mismas razones que ellas. En suma, se habían perdido, cosa muy fácil, desde luego.

Cuando en 1946 Primo Levi comenzó a narrar su estancia en el läger de Auschwitz, describió ese proceso destructivo del encierro fascista que comienza con la expropiación material y finaliza con la pérdida total de afinidad humana e identidad ética.

Escribió Levi que alguien a quien juntamente con los seres queridos se le arrebatan sus enseres, su alimento, sus costumbres y su ropa, y literalmente todo cuanto posee, se convertirá en alguien vacío, reducido al sufrimiento y esclavo de la necesidad, falto de dignidad y discernimiento, «porque a quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mismo; hasta tal punto que se podrá decidir sin remordimiento su vida o su muerte prescindiendo de cualquier sentimiento de afinidad humana»[38]. Para un capturado, alcanzar este punto significaba hundirse, yacer en el fondo, desaparecer. Maria Salvo, tras sus dieciséis años de encierro en Las Ventas, Les Corts, Segovia y Alcalá expresó ese proceso con un verbo parecido pero distinto, más apropiado al fenómeno carcelario franquista: «sucumbir»[39]. Para comprender el sentido, la dimensión histórica y la realidad material de ese proceso lo mejor es entrar en algún presidio.

Sucumbir: «Hoy soy un objeto…»

Sucumbir: «Hoy soy un objeto…»

Cuando una de aquellas expediciones hacia la prisión de Palma de Mallorca llegó a su destino (tras un violento temporal en el que las presas creyeron estar al borde del naufragio), se hallaron en una cárcel «horrorosa, un asilo sin condiciones. Nos tenían en salas de cien o de doscientas. Teníamos sólo, para cada una, un ladrillo o ladrillo y medio, teníamos que estar todo el día en el patio. Hacía un viento horrible, se levantaba el polvo, que era alcalino, y estábamos siempre con todo el pelo blanco tragando aquel polvo, que todas teníamos la nariz, los ojos y la garganta mal. Sólo había duchas sacando agua de un pozo, y cuando terminabas de ducharte estabas blanca porque era agua con mucha cal. Nos daban de comer unas hierbas que cultivaban las monjas y estaban llenas de hormigas»[40].

Corría 1941 y la isla resultaba lejana, incomunicada para las presas y sus familias. Eran casi todas mujeres cuyas penas de muerte habían sido conmutadas a treinta años y las consecuencias se hicieron sentir gravemente, pues si en las cárceles peninsulares las posibilidades de supervivencia procedían de la ayuda familiar con alimentos, medicinas y ropa, muchas presas en la cárcel de Palma quedaron abandonadas a su suerte, sin recursos exteriores y no sólo durante semanas o meses, sino que «las familias no nos pudieron mandar nada en bastantes años. Empezamos a ponernos todas debilísimas, tan débiles que casi no nos podíamos mover. Hemos llegado a tener las últimas vértebras fuera, que no nos podíamos sentar porque las teníamos como rabos»[41].

La escasez y aislamiento de Palma habrían podido ser compensados por las ayudas externas de ciudadanas que se ofrecieron a las presas para actuar de correos o estafetas, pero el control de correo y comunicación fue particularmente estricto. «Ni salen mis cartas ni me entregan las que llegan, porque ahora son las monjas las que censuran la correspondencia y las que corren con todo, y como me tienen tanta hincha por la cuestión religiosa, se vengan en todo lo que pueden»[42]. La lectura de correo por el capellán era algo habitual en todos los presidios, pero no así por las religiosas, y en Palma ejercieron un chantaje muy duro en esa cuestión, agravando el aislamiento de las presas. Los pescadores entregaron a menudo lotes importantes de pescado como sobrealimentación que, sin embargo, era bloqueado por las religiosas, quienes lo vendían en el economato de la cárcel a las presas a pesar de la escasez que llevó a la muerte a numerosas mujeres. Incluso algunas «en aquella prisión morían de pie. Estábamos formadas y de pronto se caía una y se había muerto»[43].

Palma fue ciertamente un cerco a la reclusión, especialmente por la presión religiosa. Por una parte controlaban la alimentación sin posibilidad de ser contrarrestada por las habituales relaciones exteriores de otros presidios. Pero hubo algo más: la organización de Acción Católica se volcó en la cárcel, asumiendo activamente la reeducación religiosa de las encarceladas, ofreciendo trabajos de punto y costura cuya producción era vendida en el exterior. Esto proporcionaba algún ingreso a las presas, pero a cambio de que mantuvieran una actitud religiosa destacada. Se estableció una discusión sobre los límites que debían ponerse para no traicionar las convicciones laicas que daban sentido a la vida de la mayoría de encarceladas políticas, a cambio de no morir de hambre. Sobrevivir. Una presa, después de ser segregada por las monjas en el reparto de trabajos de punto a causa de su actitud, escribió, en el límite de su resistencia: «Yo vivía con personalidad, hoy soy un objeto»[44].

Entre las presas de Palma había una mujer cuya singularidad y simbolismo entre la reclusión llamó la atención de la dirección del presidio y de Acción Católica, Matilde Landa Vaz. Había sido detenida en abril de 1939 mientras intentaba reorganizar el Partido Comunista, en Madrid, y preparaba la fuga de dos populares dirigentes comunistas madrileños detenidos por los casadistas, Eugenio Mesón y Domingo Girón. Formada en los principios de la Residencia de Estudiantes, Landa pertenecía a una familia de profesionales liberales y laicos y no había sido bautizada. Había cursado estudios universitarios y por todo ello su perfil no era el habitual de las cárceles de mujeres. Condenada a muerte y encarcelada en Las Ventas, su prestigio creció al organizar un eficaz —y legendario— gabinete de asistencia jurídica a las presas que intentó poner orden al caos legal imperante y consiguió evitar el fusilamiento de muchas capturadas. Para ello contó con la colaboración de Carmen Castro, la directora de Las Ventas, ella misma alumna de la Institución Libre de Enseñanza, y varias reclusas que se incorporaron al proyecto. María Sánchez Arbós, que en Las Ventas había organizado una precaria asistencia a las presas con hijos, también la ayudó notablemente en la creación de aquella oficina jurídica. Antonia García, una de las colaboradoras de Landa que sería trasladada con ella a la prisión de Palma, describió en estos términos la actividad de aquel improvisado gabinete: «Le dieron una celda que la dejaron de oficina; le permitieron máquinas de escribir y las instancias podían sacarse en cualquier momento […]. Aunque algunas veces no diera resultado, hubo muchas mujeres a las que salvó del piquete de ejecución. Además, consiguió que las dejaran comunicar. Las comunicaciones eran de ocho a ocho y media de la mañana y era un consuelo para las familias poder ver a su ser querido penado a muerte […]. Se hacían instancias y a las familias se les decía dónde tenían que ir, qué tenían que hacer…»[45]. Familiares y amigos influyentes, y en particular la intervención del profesor de filosofía Manuel García Morente, consiguieron que la pena de muerte de Landa fuese conmutada por la de treinta años de reclusión[46]. Sin embargo, dada su notoria responsabilidad en el Partido Comunista, el indulto fue concedido con una advertencia y condición, según le escribió su hermana Aída: «El caso es de tal gravedad que para lograr el indulto han puesto por condición que salga de la península. Yo haré cuanto pueda para que se quede, pero no tengo esperanzas de lograr nada. Creo que la mandarán al norte de África […] y yo pienso ahora, ¿no se podría hacer que en vez de Marruecos la trasladen a Palma de Mallorca?»[47] Las gestiones familiares debieron de surtir efecto, pues Landa fue trasladada a Mallorca.

Desde su ingreso en la cárcel de Palma, un antiguo asilo para ancianos habilitado desde noviembre de 1936, y que en 1940 encerraba en condiciones excepcionalmente duras a cerca de un millar de presas con elevadas condenas y casi todas ellas peninsulares, Matilde Landa fue objeto de un acoso permanente, no sólo a causa de su actividad organizativa en el presidio, sino por su singularidad. Era una mujer culta, inteligente, con gran ascendente entre las presas… y sin bautizar. Se trataba de conseguir su conversión al catolicismo, y la presión de Acción Católica sobre Landa fue extremadamente cruel. Fue convocada repetidamente a reuniones con las principales dirigentes de Acción Católica, en especial la catequista Bárbara Pons (hermana del historiador mallorquín Joan Pons i Marqués). Landa fue confinada en una celda especial mientras el resto de presas residían en salas colectivas. Landa aceptó las reuniones constantes a que era llamada con Bárbara Pons. «Aquella mujer no hacía más que ofrecerle cosas para mejorar su vida en la cárcel, y Matilde todas esas cosas las inclinaba hacia los niños, a los ancianos. Consiguió que se hicieran bastantes cosas para la prisión y a ella la tenían aislada en una celda, y esta mujer pasaba muchos ratos con ella. La otra aceptó muchas cosas de Matilde y ella también aceptó otras cosas». Se trataba de un chantaje simple en cuanto que la celebración de reuniones, la discusión entre catequistas y Landa, aparte de sublimar la vocación redentora de aquellas damas católicas de la sociedad palmesana, repercutían en mejoras materiales para la reclusión. De no celebrarse, de negarse Landa a ellas, no había cambio de mandanta en la sala de ancianas o sobrealimentación infantil.

El aislamiento en celda y las relaciones constantes de Landa con las catequistas no implicaron que recibiera un trato de excepción, más benévolo. Al contrario, sufrió, además del acoso moral, castigos reiterados. Ella misma escribió a su hija, utilizando la tercera persona (algo habitual en la cárcel): «Creo que en 2 días la han castigado 4 veces, y la última porque cuando sus padres [las religiosas] la estaban regañando muy serios, ella se echó a reír. Y claro, se desesperan. No saben qué hacer con ella y la castigan, y uno de esos cuatro castigos ha sido prohibirle escribir en dos meses»[48]. En aquellos dos meses la presión sobre Landa fue más intensa para que accediese a ser bautizada. De ello dependían algunas mejoras en el régimen de la cárcel. Aceptar esa condición significaba una derrota importante para el conjunto de las mujeres que, encarceladas, mantenían con mucho esfuerzo sus principios éticos. «La Iglesia trabajó queriéndosela ganar […], existía un doble juego, por un lado el halago y por otro el hacernos la vida muy difícil. Llegó un momento en que la separaban de nosotras cada dos por tres, por cualquier motivo y un día dijo: “Yo prefiero que me tengan aislada, porque si un día piso un escalón con el pie derecho y se le ocurre a otra reclusa pisar también: ‘Ya hace lo que Matilde’, las sanciones, los castigos. Por eso lo prefiero”. Pero a ella trataban por todos los medios de convencerla. Yo creo que no pudo más. Sus nervios llegaron al agotamiento. Era muy pesado, que ahora viene una jerarquía y una personalidad, y que viene otra, y que salga Matilde, y que venga Matilde […]. Eso llegó a minarla porque era demasiado»[49].

En realidad, la mejora de las condiciones de vida de la reclusión fueron convertidas en moneda de cambio de la cristianización de Landa, auspiciada por el obispo de Palma, José Miralles Sbert, la mayor autoridad eclesiástica que la visitó en la cárcel y a quien Georges Bernanos presentó como un despiadado perseguidor católico[50].

Matilde Landa entró y fue captada «en unas redes de maléfica influencia»[51], según describió una de las presas. Es decir, un exceso de confianza en su propia seguridad le hizo probablemente subestimar el alcance de la estrategia de las autoridades penitenciarias y eclesiásticas sumiéndola en un laberinto enloquecedor: aceptar el bautismo permitía mejoras materiales necesarias, pero al mismo tiempo perdía todo cuanto era y simbolizaba.

La ceremonia litúrgica se preparó para el día 27 de septiembre de 1942. Dos días antes mantuvo una conversación con Antonia García, su amiga y antigua colaboradora en la oficina jurídica de Las Ventas. «La dejaron salir de la celda y estar un rato con nosotras. Yo paseé con Matilde y me dijo: “¿A ti qué te parece? Esta gente quiere bautizarme, yo no me voy a bautizar” […], a mí me dijo Matilde. “Hay cosas que me gustaría hacer, que no significan nada para mí y, sin embargo, me gustaría hacerlas para darle una satisfacción a ella [la catequista Bárbara Pons] porque la he tomado cariño, porque es una mujer muy buena, entonces considero que…”. Yo le dije: “Mira, Matilde, yo soy una mujer muy burra, pero si yo fuera tú, ni hablar, ¿eh? Ella en su sitio y tú en el tuyo, porque aquí no podéis ser amigas, de verdad que no. Porque te vas a ver en un callejón sin salida”»[52].

A medida que se acercó el día previsto, el cerco catequista sobre Landa aumentó: «Ese día fue de mucha presión, porque nada más levantarnos, estábamos en formación y ya oímos “¡Matilde Landa!”, y la llevaron a hablar con doña Bárbara y estuvo hasta la hora que repartieron la comida. Pero a la tarde, a las cuatro o a las cinco, otra vez la Barbarita. Y ella que siempre estaba alegre, vino deshecha, muy triste. Y yo le digo “¿Qué te ha dicho la bruja esa hoy, que vienes de esta manera?”. Y ella me dice: “No me ha dicho nada… pero estoy en una situación difícil, muy difícil”»[53].

Algo más tarde, y según la mayoría de testimonios, Matilde Landa se suicidaba: «Subió al primer piso, se encaramó por el muro y se tiró. Eran las seis y cuarto de la tarde. Agustina Sánchez nos dio la noticia, entró gritando: “¡Chicas, que Matilde se ha matado!”. Y cerraron corriendo las puertas, y hasta mucho tiempo después no nos dejaron entrar».

La dirección de la prisión desmintió el suicidio atribuyéndolo a un accidente causado por un ataque de epilepsia. El obispo de Palma y el gobernador civil se trasladaron a la cárcel. Las presas fueron convocadas y ante ellas el capellán de la cárcel les habló «de lo maravillosa que era; que estaba deshecho, que era una mujer a la que siempre recordaría como alguien muy capaz, que estando cada uno en su sitio había demostrado que se podía dialogar; que había acabado con el mito de que los comunistas eran algo espantoso, nos dijo, pero le abucheamos, nos levantamos y nos dimos la vuelta. ¡Nosotras estábamos tan doloridas!»[54].

Matilde Landa no murió de inmediato, sino al cabo de tres cuartos de hora de agonía. En ese tiempo la autoridad eclesiástica la bautizó in articulo mortis y posteriormente le «administraron los sacramentos que ella había rechazado a pesar del asedio constante durante su estancia en las cárceles»[55].

Matilde Landa había «sucumbido». El suyo no era el único camino que podía llevar a esa situación, pero su trayecto muestra una realidad carcelaria dual, pero inseparable. Por una parte, el riesgo de esa zona de pacto establecida en las relaciones entre presas y autoridad carcelaria, relación que procedía de la necesidad de mejorar sus condiciones materiales, claro está, pero un contacto en el que arriesgaban su subsistencia moral, integral, minada por las necesidades más perentorias. Por otro lado, manifiesta el rasgo característico, singular, diferenciado, del presidio franquista: la impunidad católica en toda la estructura de poder sobre el control de la vida de presos y presas. Además, eso último era un reflejo de lo que sucedía en el exterior[56].

Se trataba, pues, de doblegar y transformar al encarcelado político a través de una acción integral que debía hacer sucumbir a quien no quería ser redimido. Y esa transformación, en las mujeres presas, incluía el cuerpo y el atuendo. La presión ejercida en ese asunto sobre la población penitenciaria femenina tuvo una dimensión específica de género, y conllevó duras y sórdidas relaciones, enfrentamientos importantes y los consiguientes castigos. Muchas presas habían sido capturadas en plena juventud, algunas casi adolescentes, y permanecían encerradas aun siendo ya mujeres de treinta años o más. A muchas les alcanzó la menopausia a esa edad, y la noticia biológica de que jamás podrían tener hijos hizo estragos en su estabilidad emocional. La menopausia precoz fue ridiculizada por monjas y funcionarias y especialmente presentada y atribuida a un castigo —probablemente divino— merecido por su condición política.

Además, la menstruación se alteró produciéndose «desarreglos constantes. A veces estábamos muchos meses sin menstruar porque teníamos el metabolismo descompuesto, por las secuelas de torturas, por la permanente presión en que vivíamos y por la mala alimentación. A causa de ello había muchas mujeres que se hinchaban y engordaban muchísimo. La menstruación se convirtió en un problema, fue terrible; para nosotras aquello fue mortal. No nos proporcionaban paños ni nada. Debíamos solucionar ese problema y siempre buscamos la forma, trapos que escondíamos bajo el delantal y cosas así, pero fue terrible»[57]. Para las funcionarias y religiosas el tema no existía, o existía tan sólo como posibilidad de sometimiento. Obtener agua caliente para limpiar un paño en pleno invierno castellano no era gratuito, sino una posibilidad más de obtener alguna concesión de carácter religioso o administrativo, una moneda de cambio. «Por eso utilizábamos a menudo lejía casi viva que nos daban para limpiar los váteres, lejía controlada por la dirección sólo para váteres, pero la escondíamos para limpiar los paños. Nos quedaban las manos agrietadas y como nos prohibían tener crema procurábamos ponernos aceite»[58].

La actitud de la dirección de los presidios fue extremamente beligerante en lo que se refiere al atuendo de las presas. Se trataba de asegurar su humillación por medio de una forma de vestir que pusiera de manifiesto su condición de personas reducidas a la nada, un recordatario oportuno para con unas mujeres que precisamente deseaban manifestar su diferencia y procedencia política. No era algo banal o derivado de la obsesión de alguna funcionaría resentida, aunque en las relaciones personales esa situación fuese también cierta. Fue más bien un criterio decisivo, a juzgar por el interés que en ello tomaron los directores de distintos presidios, aunque se encubriese, siempre, invocando la prescriptiva seriedad que debía imperar en los establecimientos penitenciarios, cuya función Máximo Cuervo —primer director general de prisiones en el franquismo— sintetizó con una frase inscrita en carteles que pendían de las paredes de todas las cárceles de España: «La seriedad de un banco. La caridad de un convento. La disciplina de un cuartel». Por lo esperpéntico podía parecer una broma. No lo era.

Cuando a partir de 1947 empezaron a llegar uniformes a las cárceles de mujeres, fueron repartidos con tallas inapropiadas. Se prohibió realizar intercambios, aunque al decir de muchas habrían sido inútiles, puesto que no guardaban relación alguna con las medidas necesarias. Las presas se apropiaron estéticamente de vestidos y guardapolvos, rebajaron dobladillos, adecuaron mangas, modificaron pinzas… Muy pronto emergieron los blancos cuellos de las blusas por encima de las solapas de aquel uniforme gris-ratón surcado con finas rayas gris-borrasca. Inmediatamente aquella estética se convirtió en un referente de la reclusión política. Aparecieron síntomas alarmantes: pendientes, cintas y cabellos sueltos y largos. «No éramos un número. Éramos personas y queríamos demostrarlo. Éramos presas políticas y no queríamos perder nuestra personalidad. Ir bien arregladas, diferentes, era una cosa obsesiva para nosotras, una consigna que cuidábamos»[59]. Precisamente por esa razón la alteración en el vestir fue severamente controlada y su transgresión castigada. El control del atuendo no era una decisión arbitraria que dependiese sólo del humor de las carceleras, sino algo establecido y reglado por la dirección del presidio con normas precisas. En el penal de Segovia quedó reflejada en uno de los libros más interesantes y reveladores de la documentación penitenciaria, el «Libro de órdenes». En él escribía diariamente el director las disposiciones que los funcionarios debían cumplimentar, con lo cual puede percibirse la actitud cotidiana de la dirección, sus preocupaciones e insistencias, mucho más que en las actas de la Junta de Disciplina, importantes pero a menudo amañadas según las necesidades, con excepción de acontecimientos relevantes como la alteración del orden y acuerdos sobre sanciones.

Con relación al vestuario y aspecto de las reclusas, el director del penal de Segovia escribió en el Libro de órdenes unas disposiciones destinadas a la liquidación de cualquier signo que pudiera expresar la identidad de las presas políticas a través del ropaje, peinado o complementos tradicionales del atuendo femenino. A tal fin, don Primitivo Requena, director del penal, ordenaba a todos los funcionarios del centro penitenciario adoptar «las medidas precisas para imponer a la población reclusa la más absoluta sencillez en el vestuario y el peinado; prohibiendo, sin excepción, el uso de prendas como blusas, jerseys, etc., cuando sean de colores chillones o llamativos; debiendo procurar que tales prendas sean blancas o de tonos poco diferenciados del blanco. Las cintas y lazos que se usen para sujetar el pelo habrán de ser de color negro, prefiriéndose el cordón a la cinta. Los collares y los pendientes excesivamente largos o de tamaño exagerado serán igualmente prohibidos. En resumen, es preciso que la presentación exterior de todas las reclusas esté en perfecta armonía con la seriedad exigida por mi establecimiento penitenciario»[60].

El sentido posesivo estaba perfectamente señalado por el pronombre adecuado, era precisamente un reflejo de la autoridad absoluta del director —de cualquier director de cualquier centro penitenciario—. Era «su» universo y dominio, «sus» presas y «sus» funcionarias, «sus» paredes y «sus» celdas. Era «su» libertad en cuanto podía disponer de la retención o excarcelación condicional de las presas más allá de las sugerencias del Patronato de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo. El Patronato informaba, el director decidía. Pero eso es algo que veremos detenidamente más adelante.

Por otra parte, la orden citada afectaba igualmente a cabellos y peinados, y hacía una significativa distinción según edades: «A todas las mujeres que ingresan en prisión, si son menores de cuarenta y cinco años, se les cortará el pelo, dejándoles media melena al objeto de combatir, con mayor eficacia, la presencia de parásitos. Igual medida se adoptará con las internas a las que se imponga el correctivo de reclusión en celda»[61].

El argumento antiparasitario era de risa, pues carecía de razón alguna: ¿acaso las mayores de 45 años estaban inmunizadas contra pulgas y piojos? Se trataba de algo distinto y acorde con todo el sistema de sumisión: una mujer joven debía ser desposeída de cualquier atractivo. No se pertenecía a ella, sino al cautiverio. Si las presas jóvenes amoldaron vestidos y guardapolvos a sus cuerpos para realzarlos fue tras largas tensiones y humillaciones aparentemente sin importancia, pero que en el mundo pequeño de la prisión tomaban una dimensión relevante: amonestaciones y ridiculizaciones públicas, por ejemplo, o un acoso que en un momento determinado podía traer graves consecuencias. La apelación a la edad no era anecdótica: «A menudo funcionarías y religiosas nos recordaban sutilmente que habíamos fracasado, que entrábamos jóvenes y saldríamos de allí sin posibilidad de casarnos y tener hijos porque seríamos ya mujeres maduras»[62].

La lectura del Libro de órdenes muestra un inventario de disposiciones internas destinadas al control integral, que al margen de su estricta aplicación o no, resultaban útiles para mantener a la población reclusa en perpetua situación de infracción con el consiguiente peligro de castigo, una forma de mantener la incertidumbre y por tanto de aumentar el control y el poder para transformar y doblegar.

Asediadas en su condición humana, las presas se hallaron desposeídas de todos los derechos, expuestas a cualquier humillación y rodeadas de muerte. Una muerte que podía alcanzarlas por distintos medios. Sin embargo, aún poseían una capacidad: la facultad de no consentir con el objetivo y los medios del poder carcelario, les quedaba su voluntad de no aceptar la situación. No me refiero a la aceptación del reglamento y las disposiciones diversas. Muy al contrario, hicieron uso de ellas en beneficio propio cuando fue posible. Me refiero a no consentir la estructura moral penitenciaria, no consentir la destrucción de la identidad ética que las había llevado al encierro. Muchas defendieron esa facultad con energía, pero también muchas no pudieron resistir más la presión. En cualquier caso, lo cierto es que la negación de esa última posibilidad era el fin de trayecto, era «sucumbir». Y a esa finalidad se estructuró como sufrimiento global la industria penitenciaria, los mecanismos de su poder construido sobre la miseria controlada, arbitraria. Desde luego, la prisión franquista evolucionó, cambió su reglamentación, pero no su fundamento, ni la utilización de la humillación integral en cuanto proceso de aniquilación moral, expiación política y ejemplo.

Un grupo de niñas, hijas de reclusas, junto a sus madres y varias religiosas, en la prisión de Saturrarán.

Teresa Martín y su hija (centro), junto a otras presas.

Un aula en la cárcel de mujeres de Madrid.

Grupo de presas en la prisión de Segovia en 1953. En el centro, de pie, Maria Salvo.

Sentadas en el banco, de izquierda a derecha, Mercedes Gómez, que protagonizó la huelga de Segovia de 1948, y Juana Doña, autora de diversas obras sobre la cárcel, en la prisión de Alcalá de Henares.

Patio de la prisión de Madres Lactantes. La directora, María Topete Fernández, es la primera por la izquierda.

Taller de confección de la cárcel de Ventas en 1944.

La noticia del primer bautizo de niños nacidos en la prisión de Ventas, publicada en la revista Redención el 7 de mayo de 1939.

Taller de costura de la cárcel de Amorebieta (1941).

Hijas de presas, ingresadas en un colegio de El Barco de Ávila, preparadas para asistir a una procesión (1941).

Reclusas de la cárcel de Segovia (septiembre de 1948).

Presas del equipo de baloncesto de la cárcel de Les Corts luciendo la bufanda roja con la que se identificaban (1942).

Grupo de reclusas en Les Corts, Barcelona (1942). Mercedes Pérez, Adelaida Abarca y Victòria Pujolar (tercera, cuarta y quinta por la izquierda, fila superior) organizaron su fuga, con éxito, desde las oficinas de la cárcel. Tomasa Cuevas (segunda por la izquierda, fila inferior) sería la autora de una importante compilación de testimonios de mujeres encarceladas.

Huerta de la cárcel de mujeres de Les Corts en los años 40.

Capítulo V: Prisión: retablo de un interior

Capítulo V

Prisión: retablo

de un interior

El 20 de junio de 1941 sor Montserrat Ortelli salió en misión de compras por las calles de Barcelona. Sor Ortelli era en aquel entonces la superiora accidental de la prisión de mujeres de Les Corts y también su administradora. Cruzó el portal del antiguo convento de las dominicas y puso los pies en la calle Molins.

A sor Ortelli le esperaba una mañana atareada y provechosa dedicada a invertir los primeros rendimientos del inmenso huerto en el que las presas hacían tareas agrícolas para redimir pena y cobrar algo de dinero —4,50 pesetas por nueve días de trabajo— con el que poder comprar en el economato de la cárcel las verduras que habían cultivado con su propio esfuerzo[1].

Sor Ortelli se dirigió hacia el oeste del barrio, hasta la calle Vilamur. Llevaba parte del dinero que había producido la cosecha de mayo y entró en el comercio de don Pedro Grau Pons, una espartería donde vendían capazos, mimbres, escobas, todo tipo de cestería y cuerdas de distintas calidades. Adquirió tres canastas de mimbre de tamaño grande (54 ptas.), otras dos medianas (32 ptas.), seis escobas de brezo con palo de madera (15 ptas.) y dos mil cañas por un total de 280 pesetas (a 14 pesetas el centenar). Muchas cañas (y carísimas), pero el rendimiento del huerto había sido estupendo: la cosecha de mayo había producido montones de verdura, legumbre y patata con tan sólo seis mujeres trabajando en él a precio de saldo y sin chistar. Sor Ortelli pagó un total de 381 pesetas por todo y advirtió que pasaría un vehículo a recoger los materiales. Cruzó la ciudad montada en tranvía hacia el castigado barrio de Gracia. Descendió en la calle Mayor y subió hasta la Papelería Comercial, en el número 54. La Junta de Disciplina había visto las posibilidades económicas de la huerta y se trataba de organizar bien el negocio. Los impresos que había encargado a la imprenta iban destinados a facilitar una adecuada administración contable de la explotación agrícola. Recogió 20 talonarios en los que podía leerse: «Venta huerta»; un centenar de hojas con el encabezamiento: «Trabajos huerta»; y tres talonarios con un título curioso: «Vales». Al fin y al cabo un negocio necesitaba orden. Pagó un total de 296 ptas. y regresó a la cárcel con las tareas bien cumplidas para que todo funcionase como tenía previsto la Junta. Cruzó el portal y subió a las dependencias reservadas a la comunidad religiosa que regía la prisión. Al atardecer se celebraba la preceptiva reunión de la Junta de Disciplina, donde debía dar cuenta de su labor para que quedara consignada en el Libro de actas.

La crónica

La crónica

El Libro de actas de la prisión era un hermoso cuaderno de tamaño folio, de esos antiguos con cubiertas de cartón decoradas a dos tintas, imitando aguas en verde y negro. En su primera página el señor Herminio García Ocaña y Martín escribió: «Prisión provincial de Mujeres. Libro de Actas de La Junta de Disciplina. Barcelona, a diez de mayo de mil novecientos treinta y nueve, año de la Victoria». Firmó como subdirector, pero precisando al mismo tiempo que era el administrador en funciones de director accidental. Con esta acción simple, la libreta quedó destinada a consignar la vida oficial de la barcelonesa cárcel de Les Corts durante un par de años[2].

La Junta de Disciplina que regía aquella cárcel para mujeres había tardado tres largos meses en constituirse formalmente desde el treinta de enero del mismo año. En aquella fecha se habían registrado los primeros ingresos de detenidas con motivo de la ocupación franquista de Barcelona (26 de enero) y de prácticamente la totalidad de Cataluña (10 de febrero). Mujeres escrupulosamente inventariadas (no así las criaturas que con ellas ingresaban, un 3 por ciento de la población encarcelada) en un libro de contabilidad humana con cubiertas también rígidas, pero más austeras en color —sólo el negro con una etiqueta encarnada en el centro—, que designaba un número a cada nombre y anotaba el de padre y madre, oficio y domicilio, origen natural, procedencia administrativa y delito, edad y fecha de entrada, salida, muerte natural o fusilamiento. Así hasta diciembre del mismo año[3]. Dos libros aparentemente opacos que constituyen el grueso fundamental de la documentación que se ha conservado de la prisión provincial de mujeres de Barcelona.

El cuaderno de cubiertas decoradas con aguas de tinta —las actas de la Junta de Disciplina— relata la actividad, aparentemente febril y eficaz, de los responsables del centro para poner en marcha aquella institución a despecho de las adversidades materiales del momento. Una suerte de vida comunitaria inalterable, llena de entusiasmo altruista que recuerda las esforzadas residencias de chicas alocadas, de aquel tipo de muchachas imprevisibles que recorrían los populares libros de Enid Blyton destinados al consumo juvenil. No hay nada raro en ello: las fuentes oficiales en ese tipo de asuntos proporcionan información sobre la imagen construida por los administradores, aunque en algunos casos también la dan sobre la realidad disidente.

Desde el primer día, la Junta de Disciplina —máximo órgano directivo y gestor de la cárcel— formada por el director en funciones, señor García Ocaña y Martín; el médico, señor Enrique Fosar Bayarri; el capellán, Elíseo Cots Carbonell; y la secretaria en funciones de directora de régimen interior, sor Felipa García Sánchez, se manifestaba satisfecha por la excelente actitud espiritual de las encarceladas. Al fin y al cabo el padre Cots comunicaba con placer «la buena disposición en que se encuentran las reclusas en el aspecto religioso, cuyo servicio queda debidamente atendido»[4]. Sor Felipa añadía que el estado de disciplina era magnífico, y que sus hermanas religiosas —las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl— se mantenían atentas al mínimo evento, prestas a comunicar cualquier anomalía y corregir inmediatamente a las chicas. Además aseguraba haber tomado todas las medidas necesarias que requería la higiene: limpieza de locales, lavandería, pulcritud de las presas y cosas de ese tipo. No es extraño, pues, que la mayor parte de las actas de la Junta acaben haciendo constar la expresa felicitación a la madre superiora, sor Felipa, por haber conseguido mantener aquella armonía arcádica. De hecho, sor Felipa era la autoridad «real» en la cárcel. Se había revelado como tal desde sus inicios, y la solidez de su liderazgo quedaba reflejada en las actas, no sólo por ostentar la responsabilidad oficial directa del régimen interior de la cárcel, sino por el control que ejercía en el día a día del centro penitenciario a través de las religiosas a sus órdenes. Y teniendo en cuenta que en Les Corts, funcionarios y funcionarías no tenían trato con las presas, sino que la relación se mantenía exclusivamente con las monjas (a diferencia de lo que sucedía en otras cárceles españolas, como la de Segovia), el control de las Hijas de la Caridad, y su superiora, era completo. Sor Felipa podía jactarse del buen estado de disciplina y de su autoridad, ¡por supuesto!

Claro que siempre surgían situaciones incómodas; como la que habían creado tres tuberculosas blasfemas, con condenas de doce y quince años, burlándose de la religión católica y amenazando con romper en mil pedazos la venerable imagen de la Virgen del Carmen que presidía y amparaba la enfermería; o aquellas otras atrapadas en un carnal y obsceno abrazo, y lo que era peor, con la complicidad de la jefa de sala o mandanta (la Junta las envió lejísimos para separarlas, una a Santa Cruz de Tenerife, la otra al presidio de Santander); o un par de tontas, cazadas a punto de fugarse, escondidas en un rincón del patio después del recuento del atardecer, el último, mientras el centinela dormitaba pero una eficaz religiosa cumplía su cometido vigilante. Las sanciones provisionales las dictó, como siempre, sor Felipa. O qué decir de aquellas otras seis deslenguadas que se habían insubordinado a pesar de tener unos buenos destinos, y a las cuales la Junta, a propuesta de sor Felipa, aplicó como castigo «efectuar los trabajos más penosos sin redimir la pena hasta tanto muestren propósito de enmienda»; o aquella otra que en plena noche lanzó un sonoro grito a favor de una organización contraria al Régimen, lo que hizo que la Junta se viera obligada a incomunicarla y poner en conocimiento del juzgado de guardia el hecho por si era constitutivo de delito. Esta mujer, además, perdió el destino y la redención por trabajo. Y también estaba el caso de aquellas tres imprudentes, pilladas cuando pretendían pasar cartas y dinero a la familia: no quedó más remedio que prohibirles cualquier tipo de comunicación con el exterior (una de las sanciones más íntimamente duras para las presas) y recibir paquetes, y obviamente se les incautó el dinero que pretendían pasar a escondidas. Eso sí, aquellas pesetas serían adecuadamente destinadas a comprar alimento para los niños lactantes de la cárcel. También era preciso controlar a las que mantenían sospechosas relaciones con los centinelas irresponsables: por ese motivo se había propuesto a la Junta que «a fin de evitar que las reclusas, especialmente por la noche, hablen por la ventana del retrete de algunos dormitorios con el centinela, o cometan otro acto contrario a la moral y al Régimen, se propone que se establezcan entre las mismas reclusas turnos de imaginarias de dos horas, siendo responsables de las anormalidades que ocurran durante su guardia las jefas de sala por turno, y hasta las doce y desde esta hora las demás reclusas cada dos horas hasta el toque de diana y recuento de la mañana»[5].

A pesar de estos incidentes, la Junta se mostraba complacida por el buen paso que llevaban las cosas: «El estado de la prisión es bueno»[6]. Y los esfuerzos de sor Felipa para cumplimentar las necesidades espirituales de las reclusas los coronaba el éxito día tras día. Había conseguido material escolar y «ropas para las reclusas y niños pequeños que carecen de ellas, así como una cantidad de lanas para confeccionar jerseys para los pequeños», gracias a la misericordia de «personas pudientes de la vida libre». Naturalmente, la Junta hizo constar, una vez más, su felicitación a la superiora, que incluso manifestó haber puesto algún dinero de su propio bolsillo para la compra de libros[7]. Con este empuje, a 20 de enero del año 1940, la biblioteca de la prisión disponía de 25 ejemplares de Aritmética, Historia Sagrada, Lecturas de Oro, Grandes caracteres, A través de España, y La niña instruida. Por supuesto, ésa era la biblioteca «accesible». La cárcel disponía de otra, constituida en su tiempo por la Direcció General de Serveis Correccionals i de Readaptació de la Generalitat, mucho más rica, según permite deducir la última compra de 147 títulos distintos efectuada en plena guerra por Bosch i Gimpera[8]. Naturalmente, su origen la ponía bajo sospecha y por ese motivo la Junta acordó hacer un inventario de todos los títulos, a fin de que el Patronato Central elaborase un listado de los libros aptos para la lectura[9].

Sin embargo, el gran éxito de sor Felipa y el padre Cots era sin duda la escuela de la cárcel. Reconocían la escasez de material (50 libretas de papel de barba, 50 de papel «normal», un paquete de lápices y 5 tubos de tinta del número 1). Pero la «matrícula» era, a fines de 1939, de 101 alumnas clasificadas en tres grados: preparatorio, elemental y superior: «Las de este último grado están muy bien preparadas; las del grado preparatorio, que entraron completamente analfabetas, empiezan ya a leer y a escribir y algunas estarán pronto en condiciones de pasar el grado elemental; se dan diariamente clases de religión, lectura, escritura y gramática, y clases alternas de aritmética y geometría, historia de España, ciencias, higiene y economía doméstica; una vez por semana se da una clase de educación cívica»[10]. Las enseñanzas eran impartidas por tres maestras encarceladas (que además, podían redimir pena por ello) y una monja, todo bajo la supervisión del padre. Ahora bien, aunque las encarceladas podían impartir la enseñanza de cualquier asignatura, había un par de excepciones: historia y ciencias naturales. La enseñanza de estas materias, junto a la religión, quedaba circunscrita a las religiosas o al capellán. Así pues, todos podían estar satisfechos y en paz[11].

El padre Cots aprovechó el aplauso que la Junta dio al admirable balance de la escuela para solicitar el arreglo de la capilla de la cárcel, según parece, bastante deteriorada, hasta tal punto que en tiempo de lluvia asistentes y oficiante chorreaban agua. Comprendía el padre Cots que no era posible una reparación completa y definitiva, pero sí los pegotes suficientes, poca cosa, poco dinero… Al fin y al cabo, si anteriormente se habían efectuado obras para reparar lavabos y dependencias que se encontraban en situación lamentable, ahora debería tocarle el turno a la capilla. Cots describió un estado más que lamentable del conjunto de la instalación religiosa. El director en funciones se movilizó, y a la semana siguiente una brigada de seis obreros de la cárcel Modelo se trasladó a Les Corts para iniciar las obras. Eso sucedía en agosto de 1939. Un mes más tarde, todas las obras de la prisión se paralizaban a causa de una petición de las propietarias de la finca, las cuales, amparándose en el Decreto de Prohibición de Requisa de Edificios, reclamaban con insistencia la devolución de su patrimonio. Como veremos más adelante, no pasó nada.

Al contrario, se intensificó la regulación del día a día cotidiano, pautado por el costumario religioso en una espléndida armonía con los principios ideológicos del Nuevo Estado, a través del cual la Iglesia católica extendía la universal presencia de sus valores éticos y sus misterios litúrgicos a unas muchachas irredentas, o «extraviadas» según el caso, empecinadas en hacer travesuras (la palabra boicot no habría sido aceptada jamás por sor Felipa). Por ejemplo, cuando el coro entonaba cantos religiosos y el repertorio patriótico habitual, las chicas empezaban a cantar con prisas, y unas voces cabalgaban encima de otras. A menudo el guirigay era francamente ofensivo, hasta el punto de que la Junta se había tomado la libertad de advertir a sor Felipa que debía intensificar la práctica del canto, puesto que cada voz andaba a su aire, de una forma excesivamente sospechosa.

Pequeñeces que no empañaban la magnificencia y entusiasmo de los actos que las esmeradas Hijas de la Caridad habían organizado con motivo de la festividad de la Medalla de la Virgen Milagrosa. Aprovechando la ocasión para celebrar, además, la confirmación de votos de sor Irene Martínez. Aquello fue un ejemplo espléndido de la pletórica y útil comunión entre Estado e Iglesia, que daba la pauta a las presas sobre cuál era exactamente su situación, por si no la sabían.

En efecto, tan pronto las reclusas se levantaron del jergón a las siete de la mañana, se celebró misa de votos. Una vez finalizada, el padre Cots pronunció un sermón y procedió a la bendición de una bandera de la España Nueva, enseña expresamente obsequiada por sor Felipa a las reclusas con el altruista objetivo de que por siempre jamás presidiera los actos oficiales de la prisión. La ceremonia se prolongó hasta las diez y media, momento en el que comenzó la celebración de otra misa. Esta vez no era lo mismo. Esta misa era solemne, cantada, y en el transcurso de aquel santo oficio el padre Eduardo Ramón (profesor del seminario de Barcelona), pronunció un hermoso sermón. La misa resultó muy solemne porque, además del buen gusto de los arreos del altar que habían elaborado las Hijas de la Caridad, el coro masculino de la cárcel Modelo, trasladado expresamente para la ocasión, embelleció la celebración litúrgica.

Finalizada la ceremonia, el festival prosiguió con un largo y denso discurso del señor Isidro Castillón López, inspector de prisiones de Cataluña y director de la Modelo de Barcelona. Comenzó evocando la belleza de la geografía española y en qué forma la tierra misma —montes, ríos y llanuras, flora y fauna— relataban la unidad peninsular. Prosiguió describiendo, de manera muy viva y emotiva, los grandes episodios de la historia de España. De los íberos y celtíberos pasó a las gestas de Don Pelayo y los Reyes Católicos, hizo pasear al auditorio por tierras de Flandes y culminó la exposición con la derrota de las hordas marxistas a manos de la tradición española.

Las reclusas despidieron al coro de la Modelo con un soberbio concierto de himnos nacionales interpretados con el mayor entusiasmo. A continuación llegó el rancho extraordinario, y en la sobremesa las reclusas se deleitaron con la representación de dos sainetes —escritos expresamente para la ocasión—, uno sobre costumbres andaluzas y otro sobre costumbres aragonesas. Hubo también algunos números cómicos, todo enormemente simpático y agradable. Al atardecer finalizaron los festejos con la interpretación —esta vez a piano— de los himnos nacionales por una de las reclusas. No debe extrañar, pues, que la Junta acabase felicitando, otra vez, a sor Felipa, y que sintiéndose magnánima por el éxito del festival, terminase la reunión habitual con la decisión escrita de levantar el castigo a una reclusa indómita que había saludado a la familia levantando el puño el día de comunicaciones[12].

La vida

La vida

En ese espacio de redención y templanza que la Junta de Disciplina gobernó dejando constancia oficial de su eficacia y normalidad —débilmente alterada por incidencias minimizadas— aparecían los contrapuntos aislados del médico, Enrique Fosar Bayarri (más tarde, en enero de 1940, sería sustituido por José Prado Castro), el cual, si bien retóricamente declaraba que «los servicios sanitarios se desarrollan con toda normalidad», no obstante, añadía una y otra vez que el número de reclusas era excesivo, que los 44 niños y niñas menores de cuatro años encerrados con sus madres no podían ser atendidos por falta de material sanitario, que la farmacia militar no proveía de medicamentos adecuados «con la regularidad que debiera hacerlo», y si bien afirmaba que la población reclusa estaba vacunada y por tanto no cabía alarma alguna, acto seguido declaraba la aparición de algunos casos de tifus que, a pesar del traslado de las presas afectadas al Hospital de Infecciosos, seguían brotando y extendiéndose. Declaraba su preocupación por la sarna, y en especial por las presas que llegaban en tránsito hacia otros destinos, las cuales ingresaban en un estado sanitario deplorable. La preocupación creciente por la extensión de epidemias afectó a los familiares, a los que se prohibió la comunicación si no presentaban previamente un certificado de vacunación. Las referencias a casos de tifus y tuberculosis se extendían a lo largo de 1940 y 1941 en los breves comentarios del médico durante las reuniones de la Junta, y también sus quejas por la falta de medicamentos (las presas debían comprarlos en farmacias del exterior con sus propios recursos) y material sanitario (por ejemplo un autoclave, inexistente en la enfermería).

Por aquellas fechas una dama británica afincada en la ciudad cruzó el portal de Les Corts acusada de servir al espionaje aliado. Una vez en el rastrillo —un espacio en penumbra, pero no oscuro— conversó junto a las otras detenidas con una presa que ayudaba en las tareas administrativas de ingreso. Preguntaron si la situación era «muy terrible». La respuesta fue sencilla y contundente: «Bastante. Las escenas de muerte y la comida eran lo peor, pero había peores cárceles en España que Les Corts»[13]. Por cierto, aquella mujer veterana apostilló que si eran políticas «no nos auguraba muchas esperanzas»[14]. Cumplimentado el protocolo en el Libro de registro, desposeídas de todos los objetos que llevaban, «nos condujeron por otra galería subterránea. Mientras avanzábamos oí un rumor que poco a poco se fue haciendo más intenso. Finalmente resultó un babel de parloteo inhumano. La guardiana golpeó con violencia la puerta que había al final del corredor. Se oyó el chirrido de una llave al girar en la cerradura y se abrió la puerta. Ante nosotras, tumbadas por el suelo, recostadas, repantingadas con indolencia, había una colección de los especímenes más repelentes del género femenino. Me recordaban las sans-culottes de la Francia revolucionaria, harpías de la vieja cárcel de Newgate, las alcahuetas de Hogart, las âmes damnées de Doré. No parecía que hubiese límite de edad. Yacían adolescentes de poco más de doce años al lado de viejas rameras de más de setenta. Algunas andaban medio desnudas y todas ellas guarrísimas. Algunas criaturas se arrastraban por encima de sus madres y en un rincón una madre ofrecía un pecho blando a un crío raquítico»[15]. Era el preventorio de Les Corts. Días más tarde las presas eran trasladadas a una de las cuatro salas de la cárcel, tres para políticas y una para comunes.

Lo que describió aquella mujer no era otra cosa que la impresión de un paisaje carcelario consecuente con el burocrático inventario humano del Libro de entradas (y salidas). El número estable de encarceladas en un día cualquiera nos lo proporciona la cifra referenciada en el acta del 8 de octubre: «En el día de hoy existen solamente 1436 reclusas», a las cuales debe añadirse la cifra de 44 niños y niñas, que como era habitual no estaban incluidos en el libro, aunque de vez en cuando su nombre y edad aparecían anotados indicando enfermedad —o fallecimiento— en los cuadernos de sanidad y en el racionamiento[16].

El uso del adverbio «solamente», utilizado para indicar el número de presas, sugiere que en momentos anteriores había muchas más encarceladas. Por otra parte, cinco años después, a fines de 1945, en la cárcel de Les Corts parece ser que se amontonaban aún 1800 prisioneras políticas y 500 por delitos comunes[17].

En cualquier caso, la cárcel de Les Corts tenía capacidad para albergar tan sólo a un centenar de reclusas en condiciones regulares, según un informe de 1938 elaborado por la Direcció General de Serveis Correccional i de Readaptació de la Generalitat[18]. Con tales proporciones de ocupación resulta sencillo imaginar las condiciones de vida que aquella saturación humana producía en un edificio que, aparte de su deterioro interior, no había sido construido para cárcel. Al contrario, cuando la familia propietaria de la finca —Can Duran o Can Feló— se extinguió en 1886, la propiedad fue entregada a las monjas dominicas de la Presentación, las cuales utilizaron el inmueble para instalar un convento y un asilo femenino conocido como El Bon Consell, que tenía su entrada por el número 11 de la calle Molins. Expropiado durante la guerra civil, la Generalitat lo convirtió en cárcel de mujeres y con esa función prosiguió, sin ningún tipo de acondicionamiento, desde 1939 hasta 1955. Este último año fue recuperado por las religiosas de la Presentación, quienes lo vendieron a una inmobiliaria, la cual a su vez lo derribó y edificó en el solar un conocido centro comercial: El Corte Inglés[19]. Fue uno de los mejores negocios de la especulación urbana del momento.

La puerta de aquella prisión improvisada la cruzaron modistas y pescaderas, mecanógrafas, comadronas, obreras del textil y campesinas, amas de casa, porteras y prostitutas, maestras y peluqueras, empleadas del comercio, artesanas, planchadoras… Podían ser sexagenarias o menores de edad, todas ellas mujeres que representaban más de noventa oficios diferentes, un universo femenino que constata la naturaleza de la sociedad represaliada. Prácticamente todos los sectores laborales presentes en el interior de la prisión habían conocido estructuras sindicales, consolidadas o incipientes, pero en cualquier caso habían vivido los cambios republicanos, y en particular los derivados de la guerra y la revolución, como un acceso a la ciudadanía. Su composición ponía de manifiesto que la represión se centraba en lo que había sido la base social republicana, el conjunto de las clases trabajadoras y menos favorecidas. Nada nuevo, por supuesto, pero presente también en su género y de manera intensa.

La distinción entre presas comunes y políticas resulta importante por motivos diversos, y no solamente por la naturaleza de su encarcelamiento. Es cierto que unas y otras, como colectivo, reaccionaron de formas distintas; pero si bien entre las políticas la homogeneidad era evidente, el colectivo de comunes, en cambio, resultaba mucho más complejo a pesar de su característica fundamental: el delito no explícitamente político.

Si observamos el fenómeno creciente del delito de naturaleza sexual (que incluye la práctica totalidad del colectivo inscrito con el calificativo de «comunes»), hay informaciones orales que relatan cómo el aumento exponencial de la prostitución empezó con la ocupación de la ciudad, y aumentó de manera especial a partir de la victoria militar de abril de 1939, intensificándose aún más a partir de 1940[20]. Pero no era sólo una percepción particular de las mujeres encarceladas. También el fiscal del Estado, refiriéndose a este asunto en la memoria anual presentada al Gobierno, declaraba que si bien en guerra la prostitución había bajado, a partir de la Victoria «la progresión toma un vuelo vertiginoso».

Detalle de la ocupación laboral de las presas. Total: 2916

—Actrices, 30; —Auxiliar de laboratorio, 1; —Bailarinas, 2; —Tenderas, 2; —Bordadoras, 23; —Lavanderas, 7; —Cajeras, 4; —Camareras, 23; —Camiseras, 8; —Carniceras, 8; —Corbatera, 1; —Comadronas, 10; —Cordeleras, 1; —Corseteras, 2; —Costureras, 12; —Crocheteras, 2; —Cocineras, 26; —Dependientas, 117; —Dibujante, 1; —Trabajadoras domésticas, 154; —Trapera, 1; —Empapeladora, 1; —Encuadernadoras, 8; —Enrejadora, 1; —Alpargateras, 3; —Espartera, 1; —Esmaltadora, 1; —Estanqueras, 2; —Estudiantes, 6; —Amas de casa, 1176; —Floristas, 3; —Fondistas, 2; —Panaderas, 3; —Fotógrafa, 1; —Funcionarias, 3; —Guanteras, 3; —Guardabarreras, 1; —Enfermeras, 55; —Lecheras, 2; —Manicura, 1; —Marroquinería, 3; —Masajista, 1; —Colchonera, 1; —Mecanógrafas, 43; —Maestras, 36; —Médico, 1; —Empleadas del Metro, 3; —Modelista, 1; —Modistas, 76; —Obreras industriales, 399; —Oficialas de prisión, 26; —Oficinistas, 9; —Campesinas, 63; —Pantaloneras, 4; —Papelera, 1;—Paragüera, 1;—Pescaderas, 6;—Pelotari, 1;—Peinadora, 1; —Perfumista, 1; —Peluqueras, 9; —Pintora, 1; —Planchadoras, 14; —Pianista, 1; —Porteras, 110; —Prostitutas, 406; —Cepilladoras, 3; —Revisora, 1; —Rodeteras, 5; —Sastres, 37; —Sombrereras, 4; —Tanguistas, 5; —Taquilleras, 10;—Telefonistas, 4; —Telegrafistas, 2; —Tintoreras, 3; —Vendedoras de prensa, 2; —Verdulera, 1; —Violinista, 1; —Chocolatera, 1; —Redes pesca, 1.

Sectores de ocupación laboral de las presas. Total: 2916

Al parecer de la fiscalía, la prostitución constituía el segundo gran bloque delictivo tras las agresiones a la propiedad. Las autoridades estaban realmente alarmadas por el crecimiento del fenómeno debido a las prácticas delictivas colaterales que se derivaban, y también por sus causas, conscientes además de que «como es sabido, los delitos de esta clase que figuran en las estadísticas representan una mínima parte de la corrupción en ese orden». Las causas, «a juicio de la mayoría de los fiscales», la Memoria fiscal las atribuía a la «penuria económica acentuada», pero dejaba constancia de que el aumento de la inducción a la prostitución, «ejercida a menudo con la tolerancia de los padres», y el aumento de violaciones, estupros y rapto de jóvenes, procedía también de la marxistización de la sociedad durante la República y la guerra[21].

Sin embargo, olvidaron escribir que no se trataba de una prostitución profesional. El aumento de la oferta sexual procedía de la destrucción de las familias trabajadoras con varios de sus miembros que aseguraban la manutención en la cárcel, los cementerios o el exilio. Algunas mujeres de presos manifestaron esa exacta situación en su correspondencia personal, lo que facilitó que la dirección de la cárcel presionase al esposo encarcelado para solicitar que los hijos fuesen separados de su madre a través de instancia oficial: «Comprobada la vida que en la actualidad lleva mi esposa […], prostituta según propia declaración hecha en carta que obra en mi poder y considerando a la misma incapaz de poder dar a mis hijas […] la educación moral y religiosa que les es menester»[22]. El conflicto moral era duro, e incluía hijas y hermanas, mujeres de todas las edades. Incluso Martín Torrent, desde su privilegiado observatorio de capellán de la Modelo y lector-censor de la correspondencia familiar de los presos, constató el ejercicio no profesional de la prostitución por parte de las esposas de algunos detenidos políticos para poder afrontar las necesidades materiales de la familia[23]. Una vez detenidas, ingresaban en la cárcel y eran registradas como prostitutas[24]. Las llamaron «mujeres caídas», un eufemismo que maquillaba la situación real y vinculaba el comercio sexual no reglado de la viudedad, abandono y orfandad femenina a la ideología, no a la miseria y depauperación de posguerra. El Estado se limitó simple y llanamente a la persecución y captura de aquellas mujeres. La actividad que al respecto emprendieron el nuevo Patronato de Protección a la Mujer o la Liga contra la Pública Inmoralidad lo demuestran, como veremos más adelante. Además, la duración de su encierro en prisión era indeterminada. Ingresaban sin sentencia y su liberación dependía de distintas variables que comprendían su estado de salud, religiosidad, colaboración con los administradores y comportamiento disciplinario en la cárcel y, en el caso de las más jóvenes, el entorno familiar. En esa situación el poder de funcionarios y monjas era absoluto. Más tarde se organizaron las cárceles especiales de mujeres caídas, como las de Girona, Alcalá, Oropesa de la Calzada y, durante cierto tiempo, Tarragona o Santa María del Puig, entre otras. Horacio Roldán precisó con exactitud la situación a los inicios de la década de los cincuenta: «El número de mujeres convictas de prostitución o liviandad o, lo que es lo mismo, de marxistización, había decrecido ya notablemente en esos años, en simetría a la excarcelación de presos de guerra del sexo masculino. Los propios ajustes sociales habían determinado una progresiva cauterización de la orfandad y el abandono peligrosos»[25].

Por otra parte, el gran colectivo registrado como «amas de casa» o «sus labores», resulta más opaco. Podía incluir tanto comunes como políticas. Por ello definir su composición requiere prudencia por la ausencia de informaciones directas. Sin embargo, hay motivos suficientes para argumentar que no constituía un «colectivo profesional» apolítico. Resulta inquietante y significativo que cinco mujeres fusiladas en 1939 —con la excepción de una de ellas, Leonor Malich Salvador, portera de sesenta años— estuvieran registradas en el Libro de entradas con el oficio de «sus labores». Aún más significativo es el delito: según consta en el registro, «se ignora»[26].

Los informes de la fiscalía añadían temáticas inquietantes y datos reveladores sobre las tragedias vividas desde la victoria militar. Los abortos —una de las causas más habituales de ingreso en prisión— habían aumentado hasta el punto de que los fiscales debieron sentirse obligados a dejar constancia en su informe de que «la mujer, ahora, prefiere la muerte a la maternidad, y lo consigue»[27]. Los fiscales se revelaban turbados por el aumento de la delincuencia infantil, pero también por un preocupante indicador social: el aumento espectacular de suicidios que, según datos de la propia fiscalía, aumentaron en un 71,3 por ciento en el conjunto de España respecto a 1932 (último año en el que la fiscalía presentó la memoria anual preceptiva), y que en el año 1940 se concentraron mayoritariamente en Cataluña, con el 34 por ciento del total español, mientras que en 1932 recababa tan sólo el 18 por ciento del conjunto del Estado[28].

El desafío

El desafío

Cuando Mavis Bacca Dowden, aquella mujer británica que ingresó en Les Corts encausada por espionaje, estableció su primer contacto con una presa, quedó un tanto sorprendida por el orden y limpieza de su aspecto, muy distinto a lo que había observado hasta el momento. Cuenta que ante ella «apareció una mujer de aspecto pulcro, de unos veintiocho o treinta años»[29]. Era la tipología de la presa política, incluso en la edad (la media en Les Corts era, en 1939, de 32 años). La diferencia inmediata entre una común y una política residía en la suciedad e indolencia de la primera y el aseo y pulcritud de la segunda. Habían hecho un principio de ello y se organizaron en «familias» (a diferencia de los hombres, que en sus cárceles se organizaron en entidades denominadas por ellos «comunas»), con una «madre» (que velaba por la coordinación de las necesidades familiares globales e impartía autoridad), y diversas «hermanas» que definían la pertenencia a la familia por lazos de amistad o afinidad. Sin embargo, esta fórmula organizativa fue adoptada tan sólo por las presas comunistas, y no por las de otras procedencias políticas. Volcaron su esfuerzo «en las actividades colectivas que rompían la erosión del encierro»[30]. Se lamentaban de no poder realizar muchas discusiones políticas, salvo algunas valoraciones sobre el desarrollo de la guerra mundial. En realidad sus organizaciones las dejaron bastante abandonadas en ese aspecto: la información política que desde el exterior se proporcionaba a las cárceles femeninas, a diferencia de lo que ocurría con las de hombres, era muy escasa. En cualquier caso, su actividad política real consistió en movilizar en lo posible actividades comunitarias para tener el día completamente ocupado y romper aquella «erosión del encierro». Aprovecharon para ello lo que la administración de la cárcel toleraba: «El baloncesto y el teatro o, más que teatro, representaciones religioso-folclóricas [villancicos y trozos de zarzuelas que las monjas apadrinaban]. En estas actividades y en la confección de equipos de deporte y trajes para las representaciones participaba casi toda la reclusión, políticas y comunes. Los días que anunciábamos partido de baloncesto, ya antes de la hora, se veía a las mujeres sentadas alrededor del campo. Muchas de ellas eran mujeres del pueblo, de esas que no tienen edad y que eran las más entusiastas»[31]. Hicieron teatro, decorados, cantaron y bailaron cuando les fue permitido, especialmente en las conmemoraciones de alguna festividad religiosa. Pero cuidaron de que el conjunto de la población penitenciaria percibiera que aquellas acciones tenían voluntad colectiva, «que los decorados que pintábamos eran para todas, para que recordaran que eran mujeres vivas y debían seguir siéndolo. Ése era el contenido que queríamos dar a todas aquellas actividades»[32].

No debe tomarse esa actividad constante y obsesiva como un festival de animación desenfadada y perpetua. Al contrario, formó parte del duro y diverso desafío cotidiano, generador de múltiples conflictos y orientado a mantener la dignidad mínima. Ello significó tomar decisiones. Decisiones importantes para cuidar el control de los destinos, especialmente en las oficinas de la administración. Decisiones sobre la higiene y la alimentación, sobre la organización de acciones peligrosas, como huelgas de hambre para mejorar las condiciones de supervivencia (por ejemplo en 1940 y 1946), u otro tipo de boicots para apurar el rendimiento del trabajo en la cárcel. Se tomaban decisiones sobre la conveniencia de preparar fugas, «obligación natural de todo soldado cautivo»; al fin y al cabo más que presas eran prisioneras de guerra (de guerra armada, cultural, política, sindical…). Al menos así se consideraron siempre a sí mismas.

La lucha por la higiene constituyó una decisión militante destinada a salvar la dignidad y la vida. Implicaba hacer turnos en las largas colas de las escasas duchas (que en algunas cárceles, como en la de Las Ventas, duraban toda la noche). Había que imponer la ducha diaria, incluso en pleno invierno (en la prisión central de Segovia algunas presas habían de ser reanimadas a causa de la baja temperatura del agua). Y también lavar la ropa a menudo (lo cual implicaba poseer jabón, un bien escaso y altamente cotizado), o mudarse de ropa para acostarse.

Por otra parte, la alimentación escasa de la cárcel sólo podía ser completada por dos caminos. El primero dependía del apoyo exterior, la manutención por medio de paquetes de víveres debidamente distribuidos más tarde entre los miembros de cada familia de cárcel, núcleos de convivencia y solidaridad constituidos de forma que en cada familia hubiese quien recibiera regularmente paquetes de comida, lo que hacía que el aprovisionamiento quedara asegurado y fuera equilibrado.

El segundo medio dependía de la disponibilidad de dinero para comprar alimentos o artículos de aseo en el economato de la cárcel o en el exterior. Lo del dinero era un asunto complejo. Por supuesto, era utilizado para sobrevivir en prisión, pero también, y de modo muy importante en las cárceles femeninas, para mantener hijos o padres ancianos sin prácticamente otro ingreso que el procedente de las cárceles, pues las familias de las presas malvivían en el exterior con los cabeza de familia detenidos, exiliados o fusilados. No enviar dinero a casa podía significar el ingreso de un hijo en el hospicio o, simplemente, el hambre o la enfermedad. Sacar dinero no controlado por la administración y ser descubierta conllevaba la incautación de aquella suma y un castigo ejemplar, habitualmente un largo periodo sin comunicaciones, es decir, sin recibir visitas, paquetes ni correspondencia.

En las cárceles no circulaba moneda, tan sólo cartones equivalentes a las cantidades ganadas, que eran depositadas por las presas en la administración y anotadas en los Libros de peculio. Con esa documentación puede apreciarse que la media de gasto de las presas con recursos en el interior de la prisión era de entre 100 y 125 pesetas anuales, llegando en algunos casos a puntas más altas, entre 170 y 200 pesetas al año[33]. Cantidades muy bajas en todo caso, pero buena parte de ellas —excepto las que conseguían enviar por conductos clandestinos hacia sus familias— eran recuperadas por la administración de la cárcel a través del economato de víveres, donde las presas compraban sus productos.

Sólo había dos formas de obtener dinero en Les Corts. Una de ellas era trabajar en el huerto, y la otra, desde luego mayoritaria, trabajar en distintas labores de costura. El rendimiento de aquella inmensa huerta, posteriormente ampliada a granja de animales hasta 1952, revela algunos de los mecanismos de la corrupción administrativa.

El trabajo era, sencillamente, duro, y así lo consideró la dirección, por lo que la Junta de disciplina acordó «que siendo el trabajo que se efectúa en la huerta excesivamente penoso, más siendo hecho por mujeres que no se encuentran habituadas a él, se acuerda proponer al Patronato Central que las que desempeñen este destino rediman días completos, aunque sólo cobren según las horas que trabajen»[34].

Los sueldos eran de 4,50 pesetas por nueve días de trabajo agrícola, más unas bonificaciones de asignación familiar de 3,15 pesetas. Caso de no conocer el paradero de la familia, la bonificación era depositada en la administración[35]. La producción de verdura, legumbre y patata rindió 1226 kilogramos en mayo de 1941, y otros tantos los meses siguientes hasta fin de temporada, a los que deben añadirse la producción de fruta en junio y julio. El reparto del producto se efectuó, según recibos, entre la Administración de Prisiones, los funcionarios, el chófer y las religiosas de la prisión. De esos 1226 kilogramos se destinaron a la venta directa del economato carcelario 50 lechugas, 4 cabezas de ajo y 110 kilos de patata, aunque cabe deducir, según los conflictos generados más tarde, que se vendieron en el economato bastantes más productos aunque no estuvieran registrados en los libros. Si en el capítulo anterior observamos la relación de alimentos establecidos en las hojas de racionamiento diario, se comprueba que durante varios meses la casi totalidad del rancho se elaboraba con los productos que habían cultivado las presas. Esto generó quejas de dos tipos. Primero por la desaparición de los productos, una acusación que aludía a su salida irregular hacia el exterior de la cárcel con destino al mercado negro, y eso era algo realmente grave para la estabilidad de los funcionarios y religiosas, los únicos que podían salir del presidio sin control. En segundo lugar, porque eran vendidos a precios altos en el economato. La dirección replicó a lo último que «Barcelona es una ciudad cara»[36]. Sin embargo, algo debió de pasar, porque se produjo un hecho insólito: la Junta de Disciplina dispuso que en el economato se expondrían listas visibles indicando el precio de venta en el economato y el del exterior. Pero, además, se acordó establecer un mayor control del personal que salía a diario de la cárcel, las horas de trabajo realizadas y las compras y ventas efectuadas. La sesión en que se acordó todo esto fue incómoda, pues coincidió con otra denuncia sobre la compra y venta inmediata de unas camas que jamás vieron las presas[37]. Eran cosas que no gustaban ni a la Dirección General de Prisiones ni al Patronato para la Redención de Penas. Al año siguiente y también al otro, las cuentas de la huerta eran parecidas.

La otra fuente de ingresos de las presas procedía de trabajar intensamente en tareas de bordado y labores diversas de costura para obtener ingresos mínimos que se utilizaban para sobrevivir en la cárcel o que enviaban a las familias que malvivían en el exterior. «En el patio y en todos los rincones veías mujeres tejiendo, por todas partes encontrabas una especie de cojines donde se clavaban con alfileres los tapetes para hacerlos secar»[38].

Sin embargo, el trabajo no era suficiente, la cosa era más compleja. Algunas de esas actividades requirieron esfuerzo e ingenio considerables: obtener dinero no se limitaba a confeccionar productos de labores, o cortarse las trenzas para venderlas. Se trataba de crear y extender rutas de evasión de dinero, frágiles redes de comercialización de productos organizadas por amigos y parientes por toda la ciudad. Y también de desarrollar la capacidad negociadora en el interior de la cárcel, con las monjas. Por ejemplo, para poder trabajar en el patio los domingos.

«En la cárcel de Barcelona había sido una auténtica persecución en cuanto a no dejarnos trabajar en domingo […]. Te quitan los juegos de puntas en los cacheos, te castigaban por encontrarte un cacho de jersey con unas agujas o por esconder unas tijeras, o por quedarte por las noches trabajando»[39]. Aquélla fue una negociación larga y tensa. Hacer ganchillo, bordar un mantel o tricotar un jersey no era posible (o muy difícil) a escondidas, y conllevaba el riesgo de una sanción. Las agujas de hacer punto eran celosamente inventariadas por las religiosas. Se entregaban a las presas después del recuento matinal en el patio, formadas de tres en fondo y habiendo comprobado escrupulosamente cada nombre, una monja anotaba la entrega de las herramientas, que se devolvían al atardecer, después del tercer y último recuento reglamentario. Trabajar en domingo significaba no sólo obtener ingresos suplementarios, sino también una manera de pasar el tiempo infinito, matando horas pesadas como el plomo. Negociaron con la Junta de Disciplina y al fin lo consiguieron, aunque tardaron semanas. Sin duda había influido en la decisión positiva el hecho de que las monjas dispusieran de una red propia de comercialización entre familias acomodadas de la ciudad. Así, además de sentirse protagonistas de una acción de misericordia, obtenían a buen precio, muy inferior al de mercado, bordados para canastillas, mantelerías o ropa en general. No se trataba de unas ventas ocasionales ni precipitadas. Las religiosas dispusieron una bien organizada red de contactos bajo el nombre de «Ropero Caridad», con sus fichas y sus cuentas, todo ello organizado por un jesuita que a su vez mantenía relaciones con el Patronato de Protección a la Mujer, de donde surgían las clientas. El padre Thió[40].

Una parte de la ganancia era retenida por las religiosas, el resto iba a las presas, pero la reclusa nunca conocía el precio real de la venta de su producto. Esto no sucedía tan sólo en Les Corts, sino en todas las prisiones de mujeres, por ejemplo en Amorebieta: «Era una gran bordadora y donde quiera que fuese se abría las puertas para trabajar con aquellas manos que tenía; bordaba que era una maravilla, parecía pintado lo que ella cosía. Las monjas la llamaron para que hiciese una labor; era una gran mantelería de veinticuatro cubiertos. Les dijo que ella sola no la podría hacer porque era muy grande y tardaría mucho tiempo. Esa mantelería la querían a punto de cruz y toda cuajada de pensamientos; era grandísima, veinticuatro cubiertos, veinticuatro servilletas, un mantel de ocho cubiertos y un mantel de té de seis cubiertos y las servilletas correspondientes. Además pedían que se terminase a fecha fija […]. Las cuatro nos pusimos manos a la obra. Era terrible, nos dejábamos los ojos allí. Nos llevaban a una pequeña habitación de las monjas porque era muy delicado tenerlo en el patio o en la sala. Era blanca, muy bonita, quedó verdaderamente preciosa toda ella, con pensamientos de distintos colores. Estuvimos cerca de dos meses trabajando las cuatro. En una de las comidas nos daban rancho doble. Al final nos pagaron, nos dieron mil pesetas para las cuatro. A mí me parecía una fortuna, porque sólo recibía de vez en cuando diez o quince pesetas; no cada mes, sino de vez en cuando. Aquello era una cosa grandiosa para mí en aquellos tiempos; después nos enteramos, con bastante rabia por nuestra parte, de que la mantelería era para unos marqueses, que habían pagado a las monjas cinco mil pesetas. En aquellos tiempos eran muchas pesetas. Ya podían darnos un cazo más al día, que bien nos lo cobraron»[41].

Con el tiempo, las presas intensificaron su propia red de distribución que, encauzada directamente por ellas y sus familias, hizo descender la producción y los beneficios controlados por las religiosas. Para recuperar la obtención de ganancias, las religiosas no tuvieron más posibilidad que aceptar el trabajo dominical, pues era la única forma de aumentar la producción. El mecanismo de esta economía de supervivencia organizado por las presas era simple pero arriesgado. La materia prima —lanas, hilos— era adquirida por una familia —propia o amiga— del exterior. Una vez confeccionada la pieza en el interior de la cárcel por la presa, se pasaba el producto nuevamente a la familia o amigos, que lo vendían a contactos estables que habían constituido con prudencia.

La comercialización de aquellos productos a través de la venta esporádica ambulante por mercados y comercios de la ciudad, o entre vecinos, significó una forma moderadamente rápida de incrementar su seguridad. El beneficio retornaba en especie, ayuda diversa o en metálico a la familia de la encarcelada o directamente a la presa. No obstante, esa última opción, la circulación de dinero, estaba llena de peligros por el control existente en la sala de comunicaciones.

Más allá del trabajo, las presas dedicaron las horas de su vida diaria a tener cuidado de quiénes enfermaban, a consolar el dolor, recibir y rehacer física y emocionalmente a las mujeres que llegaban a la cárcel destrozadas después de sufrir largas horas de interrogatorios policiales, como la muchacha que ingresó en Les Corts después de ser interrogada por cuatro oficiales de la Gestapo en la comisaría de la calle Ampla. La habían mantenido desnuda y en pie sobre un pilón de piedra, bajo una permanente ducha helada, durante veinticuatro horas seguidas, sin interrupción, mientras los oficiales alemanes, recostados en sendos butacones, la interrogaban y comentaban la situación. O aquella otra que cruzó el portal de Les Corts trastornada y babeante: había sido violada por varios policías en una misma noche. Tenía veintitrés años y no era capaz de comer. Las distintas familias de la cárcel se ocuparon de lavarle la ropa y ponerle la comida en la boca durante un año[42].

Comunicar al exterior las atrocidades, extender su noticia por la ciudad a través de los medios posibles, informar, recibir noticias del transcurso de la guerra mundial, de la situación y peripecias del compañero o hijo, del hermano y padres, fueron los objetivos de aquellas mujeres encerradas. Hicieron actividades que ninguna de ellas jamás había ejecutado, discutieron estrategias políticas, organizaron cursos clandestinos de historia y cultura general.

Y se ocuparon de algo muy importante: controlar, dentro de lo posible, la administración de la cárcel, lentamente, para utilizar el poder burocrático en su propio favor, cambiar destinos, demorar hasta el infinito un traslado de expediente, camuflar una sanción, una carta peligrosa. «En un sitio como eran las oficinas se podían hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando llegaba el correo y el director tenía un montón de cartas encima de la mesa, sin que nadie me viera aprovechaba la ocasión y tiraba de aquéllas que venían de las cárceles que yo sabía que no serían entregadas a su destinatario. En los casos de procesos donde las penas podían ser muy graves y una camarada se encontraba allí, cuando llegaba un oficio y el director me preguntaba si fulanita de tal se encontraba en la cárcel, yo contestaba que sí. Registraba la carta de respuesta, la ponía para su envío ya firmada y antes de mandarla, yo la rompía. Pasaban unos meses y volvía a recibir otra carta insistiendo en que habían escrito preguntando. De nuevo contestaba el director y yo volvía a romper la carta. El director me llegó a preguntar qué pasaba, si es que no contestaba, y yo le enseñaba el Libro de registro diciéndole que sí, que las cartas se habían mandado. Si no llegaban a su destino, yo no conocía las causas»[43].

Desde las oficinas pudieron organizarse denuncias de la corrupción administrativa en las cárceles ante la Dirección General de Prisiones, como en el caso de Valencia, un presidio regido por dos hermanas que, hasta 1944, mantenían a las presas encerradas en el patio durante todo el día, fuese verano o invierno, prácticamente sin alimentación y falseando la contabilidad en beneficio propio. Las políticas decidieron que tres de ellas debían ganarse la confianza de la dirección mostrándose colaboradoras y conversas. Al cabo de un par de meses accedieron a las oficinas, recabaron documentación suficiente sobre la alteración de las cuentas y acumularon pruebas. Una presa excarcelada a fines de mayo sacó los datos escondiéndolos en su vagina. «Ya en libertad hizo copias que se presentaron a todos los departamentos afectos a prisiones para ver si alguno daba resultados». Quince días más tarde una inspección de la Dirección de Prisiones concluyó con la destitución de las hermanas. Sin embargo, diez presas, entre ellas las tres de oficinas, fueron castigadas en celdas de aislamiento y llevadas posteriormente al penal de Segovia[44].

Desde las oficinas pudieron organizarse fugas, dos como mínimo en Les Corts, y además legendarias: la de Victoria Pujolar en 1946, y la de Adelaida Abarca y Ángela Ramis, meses más tarde del mismo año.

La primera fue muy elaborada. El día convenido no había luz en la cárcel a causa de una de las habituales restricciones de fluido eléctrico que sufría la ciudad. Encendieron algunas velas y, como era costumbre cuando se preparaba un traslado de prisión, «las presas, unas en camisón otras con batas, bajaron con sus velas alumbrando y despidiendo a estas camaradas». Adelaida Abarca bajó de las oficinas con los expedientes. «Entregué los expedientes, pero tomando precauciones: yo debía tomar la huella dactilar de cada una, cosa que no cumplí. Estuve hablando con los guardias y les recomendé a las prisioneras. Los guardias civiles no podían saber en aquel momento si yo era una presa o una funcionaría. En un momento de descuido de una guardiana me fui al despacho del director a telefonear que ya salían de traslado a un número que teníamos previsto»[45].

Victoria Pujolar, una de las trasladadas, se escapó en la Estación de Francia en un descuido de los guardias confiados. «Raquel y yo terminamos de subir las escaleras; se nos juntó Mercedes. Y en aquel momento tomé una decisión. Dejé los paquetes en el suelo y bajé rápidamente por la otra escalera. Conservo dos claros recuerdos: uno de sonido, otro visual. El primero son las voces de Raquel diciendo: “Victoria, ahora no”, y de Mercedes diciendo: “Sí, Victoria, sí”. El segundo es la visión por el rabillo del ojo derecho del guardia civil subiendo de dos en dos los peldaños de una escalera mientras yo bajaba por la otra. Me metí por callejones y paré delante de Correos, donde bajé al Metro»[46]. Toda la información que podía llevar hacia ella había desaparecido de las oficinas. «A partir de entonces hubo algunas sospechas sobre mí —indicó Adelaida—, y muchas noches cuando las funcionarías pasaban a vigilar, venían a tocar si efectivamente estaba yo en la cama o no estaba».

La propia Adelaida Abarca se fugó unos meses más tarde con una compañera, Ángela Ramis. Fue la noche del 8 de marzo de 1946, y antes se había encargado de borrar todo rastro de ambas en las oficinas. «Como las prostitutas salían todos los días y no había hora para ellas, lo podían hacer a cualquier hora. Hice firmar y sellar al director una salida con el nombre de dos prostitutas. Una de las precauciones que hubo que tomar es que en el portal de entrada había siempre un perro que era de las monjas y que me conocía. Entonces actuó una tercera persona a quien le tuve que pedir que encerrara al perro en la oficina para que no nos comprometiera. Dio la casualidad de que aquel día había una tormenta de lluvia y [los guardias] estaban en las garitas. Pudimos salir hasta la puerta del jardín donde estaba el centinela. Allí le entregamos nuestra salida firmada y después nos dirigimos al lugar de la cita»[47]. Jamás las localizaron.

En complemento a unas estructuras mínimas de defensa para sobrevivir económicamente, las presas desarrollaron también acciones explícitamente ideológicas, entre otras conseguir que las misas fuesen consideradas «de campaña», lo cual significaba arrodillarse tan sólo en el momento de la consagración eucarística. Acciones frágiles en unos casos, pero contundentes en otros, como la huelga de solidaridad contra la incomunicación de una presa, en Segovia, a principios de 1949. Sin duda la acción política más importante en la historia carcelaria de aquellos años. Pero eran acciones excepcionales: el devenir cotidiano consistió en cosas tan simples —pero tan importantes— como evitar disputas, negociar una comunicación, evitar la desaparición de un mensaje familiar, participar en cuadros escénicos u organizar partidos de baloncesto con el distintivo de una franja roja cruzando el pecho de las jugadoras, y oír gritar al público irredento: «¡Que ganen las rojas!»[48] Como veremos, se trataba de su identidad. ¿De qué otra cosa podía tratarse?

Capítulo VI: Una economía identitaria

Capítulo VI

Una economía identitaria

Era su día tercero en prisión. Su tercer día de ir a lavabos para alcanzar una vista, un paisaje de la calle. Su tercer día de andar por la segunda galería y sus celdas sin más propósito que comer tiempo vacío hasta consumir doce años de condena. Aquel tercer día una mujer de cabello blanco le pidió que se sentara junto a ella; tenía los ojos negros como la endrina, se llamaba Clara y le dio la lección primera.

No debía mirar a la calle porque la calle estaba en las afueras del mundo. La cárcel no era un paréntesis en la vida, un lugar de paso donde aguardar en silencio la lluvia de sueños sobre aquella Historia que podía haber sido y no era. La cárcel, dijo, era ausencia de civilización, un sistema para embrutecer. Debía mirar lo que iba a vivir durante años: ése era su mundo, un mundo en el que la guerra no se había extinguido, donde la guerra era sin frentes y el combate debía librarse a cara de perro con funcionarias y religiosas. Una guerra en la que la derrota consistía en perder el buen lenguaje, en no reparar un descosido o un roto en la ropa, en relajar la limpieza, en soñar en vez de pensar y aprender, en gritar en lugar de morder los labios, en enrollar descuidadamente el petate… Todo eso era derrota, porque era consentir con aquel mundo concebido por quien seguía siendo enemigo.

No hablaron ni de la libertad perdida ni de castigos. Al final de la lección, sonrió y se puso en pie. La mujer de cabello blanco le propuso dar una vuelta por la escuela preparada por las presas y descubrió el sentido del discurso. Sin libros de texto ni mesas ni pizarra, un montón de mujeres, muchas de ellas condenadas a pena capital, aprendían a leer y a escribir. Subieron a recuento y una funcionaría, incapaz de establecer el número de mujeres formadas, requirió a una presa que comenzase a contar. Ésta se negó alegando que era presa política y aquella orden no era reglamentaria. El reglamento no era bueno, pero al menos era una ley contra la selva. En su tercer día de cárcel se sintió a salvo porque había entendido su nuevo mundo[1].

Civilizar

Civilizar

La ausencia de libertad, la vigilancia y el castigo no son elementos suficientes para comprender la naturaleza del presidio franquista, al fin y al cabo ésos son componentes universales y genéricos del encarcelamiento común. Pero, así se suele mirar la prisión desde sus afueras, quizá porque ésas son realidades tan importantes, hirientes y llamativas que encubren la única pregunta que permite entender la naturaleza del encarcelamiento político. Me refiero a la pregunta acerca del poder, una pregunta que siempre responde mostrando relaciones humanas y formas de dominio y, por tanto, seres vivos que actúan, que interpretan su ausencia de libertad, la razón del castigo y el acoso permanente. Y si no, «sucumben». Poderosos instrumentos por supuesto, pero instrumentos al fin, herramientas de una industria cuyo poder se constituyó y ordenó para transformar biografías, esas construcciones culturales del pasado propio.

No hacer esa pregunta conlleva ver en los encarcelados y encarceladas simples «víctimas», agentes pasivos que aparecen ante nosotros como meros cuerpos sufrientes, incapaces de algo más que no sea el lamento, agotados en ellos mismos y tan sólo objetos de piedad. Ése es un cuadro ahistórico, desprovisto de contexto. Omite el sentido de su captura, de su interrogatorio y su enjuiciamiento, de su biografía. En definitiva, omite su identidad construida por actos conscientes con destino a un proyecto explícito: hacer imposible la pervivencia del franquismo.

Todo eso toma un aspecto muy distinto si interrogamos los mecanismos del poder real en el interior del presidio, su ejercicio y evolución. Al observar el ejercicio de ese poder, no sólo asoman el dominio, la vigilancia y castigo inherentes a todo sistema penitenciario. Surge algo más. Aquel capturado, en apariencia sólo capaz de sufrir, se expresa con vida propia porque actúa con relación al poder interno de la prisión, y se convierte en autor de respuestas destinadas a mantener su negativa a consentir el Nuevo Estado, representado en prisión por Iglesia y funcionarios. Presos y presas dejan de ser «víctimas de la crueldad sin sentido» (una fórmula retórica) y aparecen como represaliados de la razón política franquista, en la que la violencia y sus derivados se manifiestan no como prácticas absurdas de gente malvada, sino como elementos de naturaleza política, como parte necesaria de un sistema que también en el interior del presidio tuvo que adecuarse a los actos de sus capturados. Es decir, a sus «actitudes».

Al hablar de poder interno de la prisión no me refiero al poder natural del funcionario, aquél que emana de la autoridad automática que se establece entre vigilantes y encarcelados. Me refiero al poder que pretende y posee objetivos político-morales, y a su expresión y acción para alcanzar el éxito de su proyecto que en el caso del presidio franquista, consistió en doblegar y transformar la identidad.

Para ello debía comenzarse negando la condición de políticas a las mujeres detenidas, algo que no se hizo con los hombres encarcelados. No hay nada extraño en ello. La naturaleza de la ideología franquista, como cualquier otro de los fascismos europeos conocidos, percibió la mujer en los términos que Vallejo Nágera había descrito. Aunque no sólo él, desde luego, pues toda la legislación franquista se orientó por ese camino, y es significativo que jamás apareciese, en casi cuarenta años de dictadura, ni una sola relación de presas políticas, aunque los expedientes y el régimen interior de los presidios sí reflejaron la naturaleza política de su encarcelamiento.

El presidio franquista estableció una autoridad y un poder real cotidiano que se concretó en redes de influencia, tráfico de recursos materiales, colaboración o delación. Todo ello fomentado por los responsables de la prisión, cuyo objetivo era establecer un dominio de las presas sobre las presas por medio de la administración arbitraria de los tres elementos básicos de supervivencia: alimentación, higiene y sanidad. Además de hacer notar el aspecto expiatorio de la condena, controlar sus fuentes de ingresos y la obtención de bienes, repartiendo favores o privilegios materiales absolutamente necesarios para escapar a la muerte.

Las mujeres que poseían una experiencia política adquirida en los conflictos sociales del primer cuarto de siglo en el centro laboral, el ateneo popular, la asociación juvenil o en la familia, y en particular durante los años de guerra y revolución, percibieron inmediatamente esa situación: «Por una parte quieren obligarnos a vivir en la porquería, por rebajarnos, por hacernos sufrir. Pero, sobre todo, buscan enfrentarnos unas con otras por un vaso de agua»[2].

Las presas políticas, a diferencia de las denominadas genéricamente «comunes», podían recurrir a un poso cultural, por mínimo que éste fuese, que les permitía interpretar los hechos, la vida que llevaban y los objetivos de sus adversarios. Se sabían diferentes: «Las políticas teníamos una moral distinta. Hicimos una labor estupenda enseñando a leer y a escribir a las campesinas que llegaban»[3]. Eran conscientes de ello y dedicaron su empeño a amortiguar y neutralizar la estructura del poder carcelario y sus instrumentos.

Desde el inicio de su cautiverio consideraron que la acción política básica consistía en salvar la vida, sobrevivir. Pero sobrevivir colectivamente para impedir las relaciones selváticas de un entorno y situación cuya estrategia de poder consistía en generar competencia por los bienes escasos. Ese esfuerzo por el bien común significó constituir un espacio de civilización en el que habitar según sus costumbres éticas, opuestas a las de funcionarías y religiosas. Ése fue el resultado de quienes concretaron sus esfuerzos en mantener la higiene, la rentabilidad máxima de los alimentos, y en crear sus propias redes alternativas de distribución y aprendizaje cultural. Estos esfuerzos estaban dirigidos también a vindicar y explicitar la naturaleza política de su encarcelamiento, algo sistemáticamente negado por la dictadura. Para ello se esforzaron en constituir una autoridad moral en el conjunto de la población reclusa que garantizase la existencia y mantenimiento de una economía identitaria, me refiero a un sistema de administración de bienes y recursos morales que les hacían sentirse seres humanos y daba sentido a la permanente actitud vindicativa de su diferencia e irredentismo en un cautiverio homogeneizador y redencionista.

Aquella autoridad sólo podía proceder del mantenimiento de sus propias convicciones. Si «morían» las razones por las cuales habían sido capturadas, ¿qué quedaba de ellas? ¿Qué sentido tenía su vida entre muros, rejas, monjas y capellanes? Trataron pues de actuar afianzando, consolidando y defendiendo su identidad en un mundo organizado precisamente para destruirla, y en su defecto, ocultarla. «Las autoridades pretendían que allí [Málaga] no había presas políticas, por lo que cuando había una visita dábamos un paso al frente y lo decíamos, y eso nos costaba castigo e incomunicación»[4]. Percibieron que sólo se podía actuar retando constantemente a quien tenían enfrente y, al parecer, estaban dispuestas a ello.

A principios de 1942, las religiosas oblatas de la improvisada prisión de mujeres de Tarragona, regentada con un desprecio notable a todo derecho o condición humana, declararon estar hartas de las presas políticas, hasta el punto de que la Junta de Disciplina se reconoció impotente para realizar sus funciones. No se trataba de una decisión provocada por la escasez de material necesario para la población reclusa, aunque no había ni camas en la enfermería ni mantas suficientes en el presidio (cada presa debía proporcionarse la suya propia o se retorcía de frío). La autoridad de la cárcel se refería a cuestiones tan importantes como el régimen interior del recinto. Al parecer de la Junta, el problema de funcionamiento procedía de las encarceladas políticas, ya que por su culpa era ineficaz «el tratamiento de las mujeres de vida extraviada»[5]. Años más tarde una de aquellas presas relató en qué consistía su relación con las «quincenarias», muchachas que, por delitos generalmente de prostitución ocasional, entraban por periodos de quincenas en la prisión: «Empezamos nuestro trabajo hablándoles de los problemas de tipo social, las consecuencias por las que atravesaba el país después de la guerra civil. Les empezábamos a hablar de los problemas de los trabajadores, pretendíamos abrirles los ojos a los problemas del país en ese momento determinado»[6]. Como puede suponerse, el efecto doctrinario debía ser mínimo, pero ese ambiente no pudo ser controlado por las religiosas en los primeros años. Posteriormente sería distinto, especialmente en los penales centrales, donde hasta entrados los cincuenta no había prácticamente relación entre comunes y políticas. Sin embargo, en aquellos primeros tiempos la situación era más de lo que podían soportar las oblatas, por lo que la Junta de Disciplina acordó solicitar que no les fuese enviada ni una sola más, y que a ser posible todas las políticas fuesen trasladadas a otros centros «dejando únicamente a diez de delitos políticos que redimen pena por desempeñar “destinos”»[7]. Estaban realmente hartas de tanto desafío y sólo querían las que resultaban imprescindibles para llevar la rutina administrativa.

Con el tiempo y los indultos las prisiones perdieron su densidad, quedando en ellas presas con sentencia firme y largos años de condena. Casi todas eran mujeres con militancia comunista. Reunidas en su mayoría en los cinco penales centrales del país, establecieron las relaciones cotidianas con la administración de los presidios por medio de un reto constante destinado a defender su calidad de políticas, aunque fuese a costa de castigos y traslados. Sólo es preciso contrastar expedientes de presas comunes y políticas: el registro de sanciones es siempre de una diferencia abrumadora «a favor» de las últimas, si bien los malos tratos fueron mucho más abundantes en las primeras.

Sin embargo, esa actitud desafiante no debe entenderse en términos exclusivamente heroicos. Eso explicaría poca cosa y ocultaría los razonamientos políticos de las propias presas aunque exprese un coraje evidente. El desafío constante fue también terapia contra el sufrimiento. Una presa relató ese proceso: «Hemos llegado a admitir el que te cuenten, como cosa normal, el levantarte al toque de campana, como cosa normal. Pero lógicamente es algo que tú no lo admites como cosa normal. Ejerce una presión y lo vas hundiendo dentro de ti misma, y lo vas apretando dentro de ti misma y, claro, a la menor cosa esto estalla, este cúmulo te produce una cantidad de rebeldía que si no puedes desahogarlo te produce una amargura, sufres, implica sufrimiento. Y si no puedes desahogar esa rebeldía es una amargura, es una desesperación, es algo tan grande… sufres»[8]. Al parecer supieron argumentar la razón política de ese sufrimiento y encauzarlo como un reto permanente que convirtió el dolor del aislamiento y la miseria en acción. Maria Salvo sintetizó el resultado de ese proceso que relacionó sufrimiento y reto, colisionando directamente con el poder interno y cotidiano del presidio: «En prisión no hablábamos exactamente de la guerra. La guerra eran los enfrentamientos por las situaciones que vivíamos en la cárcel, por la carencia de todo. Ésa era nuestra lucha constante y considerábamos que para nosotras la guerra no había terminado. No es que estuviésemos fuera del tiempo, sino que ésa era la única forma de conservar nuestra condición de presas políticas. Nos sentíamos satisfechas y orgullosas de serlo y el enfrentamiento era continuo con la dirección de la cárcel, con las funcionarías y las monjas, con todas aquellas injusticias y malos tratos que nosotras estábamos sufriendo, porque no podíamos ducharnos, porque no podías escribir a casa, porque te castigaban si no andabas por el camino que querían ellos, por la disciplina interna, por el trato personal de las carceleras y la dirección. Por todo eso estábamos en guerra cada día, porque queríamos contestar todo su sistema opresivo no aceptándoles como vencedores, sino tan sólo como dominadores»[9].

A fines de los años cincuenta la situación de las políticas había mejorado de manera notable en cuanto que habían conseguido hacerse respetar, mientras que las comunes, sin organización, sin recursos de defensa ni proyectos, atrapadas por los mecanismos de dominio y explotación creados en la cárcel, habían visto cómo se deterioraba su situación material y existencial. Una diferencia importante que conviene apreciar por lo que significa.

Retar para ser

Retar para ser

Estaban en Guadalajara y corría el primero o quizá el segundo año de la década de 1950. Oyó voces con su nombre, una llamada a recoger paquete. Corrió por el pavimento de baldosas cerámicas en blanco y negro, habitual en todos los presidios femeninos. Siempre el blanco y negro. Tal vez alguien quería recordar permanentemente que sólo había dos bandos en la Tierra repartidos en afectos y desafectos. Por encima de las baldosas que engarzaban los espacios comunes de aquel penal, se apresuró hasta que una funcionaria la detuvo. No estaba permitido pisar las líneas de unión entre baldosas, ¿acaso no lo recordaba? Debían andar lentamente, levantando los pies y separando las piernas, de baldosa a baldosa. Sabía que responder a la funcionaria, argumentando el aviso para recoger un paquete de víveres remitido por la familia, conllevaba un castigo. La alternativa era callar y empezar a caminar como un pato. Sin embargo, replicó. La respuesta de la Veneno (también llamada «Zapatines», en alusión a los desmesurados pies con los que se mantenía conectada a la tierra) fueron quince días de incomunicación en celda de castigo y la pérdida del paquete[10]. La autoridad sólo se había impuesto por el castigo, y eso, por sorprendente que parezca, era cada vez más incómodo para la dirección del presidio. Como veremos, podía crear muchos problemas.

Más al norte, en el penal central de Segovia, una presa descendió por las escaleras con rapidez. La detuvo una funcionaria con leyenda a sus espaldas: María Sacristán. Reprendió a la presa y ordenó que subiese y bajase de nuevo las escaleras, a paso lento. Aquella mujer se negó, al parecer no estaba dispuesta a humillarse. A voz en grito la funcionaria le ordenó como castigo que barriese el pasillo de la galería de celdas. Se negó de nuevo argumentando que aquel castigo no era adecuado para una presa política. Siguieron nuevos gritos y la funcionaria levantó el brazo para golpearla, pero no lo hizo. No se atrevió y la escena concluyó con un confinamiento en celda de castigo. Aquélla sí era una sanción que las políticas estaban dispuestas a admitir en los conflictos de autoridad, puesto que no conllevaba servidumbre. Al contrario, según su entender mantenía la dignidad, dejaba en claro su irredentismo e impedía que fuesen tratadas como delincuentes por la administración[11].

Otra escena sucedió también en Segovia, mucho tiempo después de la descrita. El rancho de aquel día no alcanzó para todas las presas. Dos de ellas, Pilar Claudín y Cecilia Cerdeño, vieron cómo el contenido del puchero que repartía las raciones frente a cada celda se había agotado. Un error de cálculo en cocina. Claudín reclamó su comida. Inmediatamente proporcionaron a ambas un plato de arroz hervido (el mismo arroz que utilizaban las presas para sacar el almidón de planchar paños). Habrían podido comer aquel arroz, pero no era reglamentario y se negaron. Descendieron desde la galería al piso inferior, donde estaba la garita de control, una rotonda acristalada en la que la jefa de servicios vigilaba y gobernaba. Aquel día se encontraba allí el director del penal, don Víctor Adrián. Se presentaron ante él con el plato reclamando la ración de comida adecuada: querían rancho, no arroz. El director las miró y les dijo que ellas estaban allí para penar, no para quejarse. Pilar Claudín, después de alegar nuevamente que aquello no era reglamentario y conculcaba los derechos de las presas, retó al director: se tomaría aquel arroz si él se comía antes un plato del mismo. En el piso superior habían comenzado a asomar cabezas atraídas por el ruido del altercado que se estaba produciendo en la rotonda. Don Víctor enfureció, tomó con las manos un grueso cenicero de cristal y se abalanzó sobre las dos presas. Al mismo tiempo, en el piso superior comenzaba el ruido sordo producido por las reclusas al golpear las puertas de las celdas con distintos cacharros. Víctor Adrián detuvo el gesto y quedó con el cenicero en el aire, sin descargar el golpe. Se limitó a dictar un confinamiento en celda de castigo[12].

Si cualquiera de los anteriores conflictos se hubiera producido con presas comunes el desenlace habría sido distinto, y los golpes un complemento indudable. Desde mediados de los años cuarenta, los administradores de las cárceles sólo temían una cosa de las presas políticas: la insubordinación colectiva, un tumulto con consecuencias inesperadas que pudiera provocar una sanción de la Dirección General de Prisiones, puesto que un suceso así habría puesto en evidencia la incapacidad del personal de la cárcel para mantener el orden. En aquellas fechas, las presas habían ya definido sus relaciones con la administración a través de la tensión constante, algo sin duda difícil y asombroso, pero cierto.

Comenzaron desde abajo, creando una ciudad propia cimentada en esa necesidad obsesiva de no consentir con el mundo que les rodeaba, y ello conllevó consigo mismas una dureza y una intransigencia tremendas. Nadie debía llorar ante el resto de la reclusión. Nadie debía flaquear. Cualquier certeza o sospecha de delación significaba el abandono, el castigo de la marginación y el desprecio. Incluso el linchamiento. Una presa acusada de delatar a sus compañeras en la Dirección General de Seguridad, donde no soportó la tortura, fue corrida a golpes de zapatilla en Las Ventas. Desde entonces la llamaron la «Bicho» y «la tuvieron que meter en una habitación especial en la enfermería por la reacción de las mujeres. Yo he dicho al pasar el tiempo que quizá fuimos un tanto inhumanas, que no debimos haberlo hecho porque no se sabe hasta qué extremos te puede llevar la tortura ni de la resistencia de que eres capaz, ni de tener la suficiente entereza para guardar silencio»[13]. Una incorrección política podía significar la celebración de un auténtico auto de fe y la exclusión de reuniones y discusiones.

Discutieron mucho en la ciudad clandestina que construyeron. Y el primer y decisivo debate, no desprovisto de tensiones, trató sobre la conveniencia o no de ocupar lugares estratégicos en el funcionamiento cotidiano de los presidios. Hemos visto que la conclusión fue afirmativa y rentable. Discutieron qué actitud mantener ante los actos religiosos. En muchos presidios acordaron negarse siempre a leer textos religiosos en la iglesia, comedor o en cualquier parte, o besar manos o imágenes. Las sanciones de los expedientes siguen siendo el mejor testimonio.

La suya fue también una ciudad secreta donde elaboraron periódicos de cuidados dibujos, emitieron panfletos, establecieron doctrina política de consumo interno, organizaron cursos y seminarios y crearon bibliotecas secretas ambulantes, aportando pequeñas cantidades de dinero que evacuadas de la cárcel regresaban en forma de libro. Reunieron más de un centenar en Palma, o en Las Ventas. Cada presa ocultaba uno, y un sistema de préstamo escrupulosamente controlado garantizaba su circulación equitativa. Cuando el libro había sido leído por la totalidad de «socias» de la biblioteca, era sorteado y quedaba en propiedad de la lectora con suerte. Quienes tenían «destinos» advertían sobre registros imprevistos de las celdas, y entonces los libros viajaban ocultos entre ropas o reposaban en rincones adecuados de los talleres. Descubrir un libro equivalía no sólo a un castigo —eso era soportable—, sino a su desaparición, algo mucho más duro.

En las prisiones en régimen de galería, como Las Ventas, cuando a las nueve de la noche era cerrada la cancela de la segunda galería desaparecían funcionarías y religiosas y despertaba una civilización con otra disciplina y otras reglas. «Nuestra vida de personas comenzaba en el momento en que se cerraban aquellas rejas y quedábamos aisladas del resto. Entonces empezábamos nuestra vida política, cultural, artística, lecturas… todo. Hicimos un mundo dentro de otro mundo»[14]. En las de régimen celular, como en Segovia, la ciudad oculta deambulaba por lavaderos y talleres, en los pequeños grupos del patio, en mensajes escondidos entre la ropa planchada, en el interior de las celdas donde tres mujeres discutían si debían participar o no en un curso de religión para redimir pena. La misma discusión se producía en todas las celdas, y a la mañana siguiente en el patio tomaban una decisión conjunta. En las prisiones donde no se generó esa actividad imperó la selva.

En el verano de 1946 una expedición procedente de Las Ventas llegó al penal central de Málaga. Se encontraron una situación desoladora, no sólo por la invasión de suciedad y miseria, eso era común en mayor o menor medida en todas partes y estaban acostumbradas a ello: lo peor es que no había control ni organización alguna que estableciera principios de convivencia entre las presas. «En Málaga se practicaba la usura. Cuando nosotras llegamos en la prisión se pagaba por todo, por cualquier favor: porque te escribieran una carta, por una hoja de papel, por un trozo de periódico. Allí las condiciones de moral eran espeluznantes al llegar nosotras. Y una cosa que circulaba mucho en la cárcel era el empréstito con rédito. Una cosa que yo no he conocido nunca en la prisión de Barcelona, en la prisión de Ventas. Llegó a tales extremos que hasta el sacerdote, un día en un sermón dijo que no se abusara, que la Iglesia sólo permitía el 10 por ciento»[15]. Aplicaron la organización que habían desarrollado en los otros presidios y tejieron su propia ciudad, y la expandieron. Comenzaron a escribir y leer cartas gratuitamente, a prestar lapiceros y papel a cambio de nada… Las recién llegadas comenzaron a proteger a las más débiles: «Las camaradas nos planteamos proteger cada una a un niño». Calentaban barreños de agua al sol, bañaban a los críos y les cortaban las uñas. Organizaron clases en los patios para enseñar a leer y a escribir hasta que la dirección lo prohibió argumentando que eran clases de política. Desafiaron la situación blandiendo el reglamento y la dirección cedió: «Nosotras seguimos. Más tarde llegó otro expediente de camaradas que habían estado en Córdoba. Al ir reforzándose el ambiente comunista, la prisión fue tomando categoría humana»[16].

La instalación de una organización colectiva permitió en los penales centrales cosas que en algunas cárceles provinciales se habían autorizado años antes, como la preparación y celebración de obras de teatro, cuadros escénicos, farsas breves, actividades con las que encargar responsabilidades para llenar las horas infinitas de prisión. A fines de los cuarenta las mujeres del penal de Segovia negociaron sesiones de cine argumentando que su trabajo en talleres, confeccionando uniformes para el Ejército, las legitimaba a disponer de proyecciones. Al parecer costó lo suyo, primero una intensa discusión entre ellas para dejar bien claro que aquello no significaba ningún tipo de colaboracionismo. Más tarde con la dirección, que cedió al comprobar que el rendimiento de la producción de uniformes en los talleres iba bajando lentamente, y no conseguía cubrir los pedidos en el tiempo acordado[17].

Los desafíos colectivos de los primeros años se habían producido generalmente por necesidades tan perentorias como el hambre y fueron reacciones casi compulsivas, sin prácticamente organización y con resultados muy exiguos que dependían mucho más de la actitud de la dirección del presidio que de la contundencia de las presas. Por ejemplo, la de 1942 en Amorebieta, cárcel regida por religiosas oblatas.

Todo empezó con la llegada de una expedición de más de cuatrocientas mujeres procedentes de la cárcel de Santander. Debían encontrar espacio en aquel edificio, habitado ya por unas dos mil mujeres. Llegaron de noche y a la mañana siguiente se asustaron al ver un paisaje de mujeres amarillentas, envejecidas y resecas junto a sus hijos desnutridos. «Allí en Amorebieta he visto a las mujeres morir de hambre. Recuerdo que las de Santander empezaron a llamarnos las de piel amarilla, nos veíamos morir de hambre»[18]. La cárcel de Amorebieta estaba situada en lo alto de una cuesta. Era un antiguo colegio religioso con dos amplias naves, un patio de cemento no muy grande rodeado de altos muros y una inmensa huerta desaprovechada, donde campaban cerdos y gallinas, pero al que no tenían acceso las presas, limitadas a yacer en el patio insuficiente. En aquel patio, donde casi no podían moverse por la densidad humana, caían de vez en cuando mujeres muertas que eran trasladadas a un corral de conejos y pollos situado al fondo de la huerta[19]. Las recién llegadas, en su mayoría posteriores, consideraron que el cucharón con el que se repartía el rancho no era reglamentario y atribuyeron a sus dimensiones más pequeñas una de las causas de la desnutrición imperante. Les iba la vida en ello y comenzaron a discutir en los corrillos del patio. Durante dos días debatieron qué podían hacer para mejorar la situación de hambre y decidieron actuar reglamentariamente solicitando a la dirección el cambio de cucharón por otro que se ajustase a las ordenanzas, añadiendo algún tipo de complemento comestible al agua caliente del desayuno que, junto al rancho, era la única dieta distribuida por la administración. Nombraron una comisión formada por tres mujeres que llevaban ya meses en Amorebieta. Una de ellas, licenciada en derecho, hacía pocos días había salido de un mes de aislamiento por denunciar que una presa de enfermería, aún viva, había sido depositada en el corral cubierto de la huerta donde guardaban a las mujeres fallecidas.

La respuesta del director fue rápida y simple: encerró en celdas de castigo a las tres mujeres de la comisión, y entonces comenzó la huelga de hambre. «Aquel día, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo entre las mujeres, logramos no coger el rancho». La huelga duró poco, apenas veinticuatro horas. No disponían de una organización estable y suficiente para arrastrar a cerca de dos mil mujeres desesperadas. Además, las amenazas del director fueron contundentes: «Subió por las salas y nos comunicó que a él no le costaba ningún esfuerzo poner a todas las que habíamos llegado de Santander en el patio y barrernos con una ametralladora, que no le pedirían ninguna responsabilidad; le constaba que éramos nosotras las que habíamos armado todo aquel jaleo porque anteriormente en la cárcel sólo había orden y disciplina»[20].

Sin embargo, al cabo de unos días el cucharón fue sustituido por otro que sí era reglamentario. De todos modos «tardamos muy poco en estar también amarillentas. No había semana que no muriesen una o dos mujeres; terminamos por llamar a la cárcel el cementerio de los vivos»[21].

Entre 1939 y 1950 hubo varios episodios de paros y huelgas parecidos: Málaga, Las Ventas, Barcelona… cada uno de ellos con inicio, desarrollo y desenlace fuertemente relacionados a las variables de cada prisión, tanto en lo referente a la situación organizativa de las presas como al estilo de gobierno de la dirección de la cárcel, y vinculados siempre a las condiciones de subsistencia. Sin embargo, a principios de 1949 estalló en el penal de Segovia una huelga de hambre causada por motivos de naturaleza estrictamente política. Un episodio que resulta excepcional porque detalla el estallido del mundo de tensiones entre los objetivos y recursos del poder penitenciario franquista, y el esfuerzo de las presas por vindicar su identidad revolviéndose contra lo que para ellas significaba sucumbir.

Segovia, una huelga por la identidad

Segovia, una huelga por la identidad

1. El entorno

La expansión de la tuberculosis por los presidios españoles había tomado empuje de epidemia grave ya a fines de 1939. No sólo era un peligro para los presos, sino también para el conjunto de la población a causa de la fluidez de entradas y salidas de todo tipo de encarcelados. A principios de 1940 el Gobierno construyó sanatorios penitenciarios antituberculosos en Porta Coeli, Cuéllar y Pamplona para hombres, y un centro especial para mujeres en Segovia. Tres años más tarde era inaugurado el Hospital Penitenciario de Mujeres en un anexo de la cárcel de Las Ventas. Segovia dejó de ser sanatorio antituberculoso y fue instituido como penal central de Mujeres. «Cuando llegamos Mercedes Gómez Otero y yo a Segovia nos encontramos con que la prisión estaba vacía»[22]. Ambas procedían de Las Ventas, Segovia estaba en plena reconversión y muy pronto llegaron nuevas pobladoras.

Aquel mismo año, en diciembre, fue desmantelada la cárcel de Oropesa de la Calzada, repleta de mujeres sentenciadas por la Ley de Vagos y Maleantes, y con un elenco espantoso de enfermedades, especialmente tuberculosis, paludismo, tracoma y sífilis según los informes médicos[23]. La población reclusa superviviente de aquella cárcel siniestra fue trasladada al presidio de Aranjuez, que encerraba a mujeres con cargos mayoritariamente políticos, y al cabo de unos meses todas ellas, comunes y políticas de Aranjuez, ingresaban en el nuevo penal de Segovia constituyendo su primera comunidad penitenciaria desde que había dejado de ser sanatorio[24].

A partir de entonces fueron destinadas a Segovia numerosas presas políticas sentenciadas con largas condenas y en muchos casos procedentes de la guerrilla, activa por aquellos años en las montañas del norte, y aunque registradas con el cargo de «auxilio a bandoleros», fueron ubicadas siempre en las galerías y celdas de políticas, y como tales fueron tratadas por la dirección. A fines de 1945 las presas de origen político superaban en número a las de delito común.

A primeros de enero de 1946 desembarcó en la estación de ferrocarriles de Segovia una importante expedición de reclusas procedente de Las Ventas. Cerca de doscientas mujeres que en la oscuridad de la noche recorrieron a pie el larguísimo y empinado trayecto desde el tren hasta el edificio del penal, esposadas de dos en dos y con su equipaje en la mano libre[25]. Todas ellas tenían en su expediente sentencias firmes de condenas largas. En su mayoría eran posteriores que acumulaban una experiencia penitenciaria densa y antigua porque habían recorrido distintas prisiones provinciales e incluso centrales (Palma, Amorebieta, Barcelona, Saturrarán, Las Ventas, Predicadores, Málaga). Eran de militancia política comunista y por ella habían sido capturadas, torturadas y condenadas[26]. Al ingresar en el penal fueron instaladas en una sala amplia, pero insuficiente para su número. Transcurrido el periodo de prevención las distribuyeron en celdas, tres en cada una. Su llegada conllevó novedades importantes en el presidio.

Para empezar reforzaban el volumen ya importante de políticas, haciéndolo muy superior al de comunes, pero además incorporaron unas normas de conducta, una cultura penitenciaria y una habilidad organizativa adquiridas en la experiencia de su paso por toda la geografía carcelaria. Tuvieron la suerte de no encontrar religiosas a cargo del régimen interior de la cárcel. El personal estaba constituido tan sólo por cinco funcionarias, el capellán, Fausto López Velicia, un médico, don José Luis Canto Díaz (sustituido más tarde por don Juan del Cañizo, excelente profesional según la memoria de numerosas presas, de convicciones republicanas y familia conocida en los ambientes ilustrados de la ciudad), el director, don Víctor Adrián Ortega (sustituido más tarde por don Primitivo Requena), y el subdirector-administrador, don Pedro José Mateo Royo. Antes de seguir adelante, el funcionariado merece un pequeño comentario: al fin y al cabo eran ellos quienes representaban el poder público (o el franquismo, al decir de las presas) en el día a día de la cárcel.

Si en 1940 la escasez de funcionarios en las cárceles de hombres permitió dar trabajo a un millar de oficiales provisionales, desmovilizados del Ejército, que se incorporaron al Cuerpo de Prisiones con una cultura bélica que reflejarían en sus destinos[27], en cambio la rama femenina del cuerpo fue disuelta y refundada en el mismo 1940, siendo reformada a fondo al año siguiente[28]. En consecuencia, celadoras que habían ingresado en el Cuerpo de Prisiones sin preparación alguna y por simple vinculación a la vasta gama de méritos de guerra y adhesión azul o católica, fueron sustituidas (o convivieron) por una nueva hornada de gente joven con cierto barniz profesional adquirido en los cursos de formación de la Escuela de Estudios Penitenciarios, a los que accedían después de superar unas oposiciones (que suponían poco más que un graduado escolar) y antes de ser incorporadas a sus destinos. Ésa fue una reforma importante del sistema penitenciario que comenzó a dar su fruto a partir de 1943-1946. La calidad profesional mejoró. Segovia fue uno de esos lugares donde convivieron, al menos entre 1944 y 1952, celadoras de ambas procedencias, y ello significó una tendencia —sólo una tendencia— reglamentarista en el régimen de la cárcel, que era exactamente lo que desearon y forzaron siempre las presas, y en lo que siguieron insistiendo aún más en el penal de Segovia, al ver mayores posibilidades. De todos modos no desaparecieron la arbitrariedad, los conflictos y tensiones tradicionales porque, al fin y al cabo, eran parte de la industria penitenciaria. Prueba de ello es que algunas de las nuevas funcionarías de «carrera» abandonaron la cárcel al cabo de unos meses por no resistir la situación[29].

Segovia era una cárcel de régimen celular. A partir de las nueve de la noche la celadora de guardia cerraba la puerta de cada celda, un ruido que pautaba la vida del presidio y que muchas presas cuentan no haber olvidado jamás. Se apagaba la luz de la celda, pero el pasillo quedaba iluminado y transmitía una claridad muy leve a través de las mirillas de cada puerta. En la cárcel nunca se durmió a oscuras, y el resultado fue un insomnio crónico en la mayoría de encarceladas, aun años después de su excarcelación. El sistema celular llevó a un desarrollo de la ciudad clandestina de las presas adecuado a la situación. Su vida transcurría generalmente fuera de la celda, casi siempre en talleres, destinos o patio. Aquéllos eran los momentos en que se transmitían mensajes, se llegaba a acuerdos, se efectuaban pequeñas reuniones o se prestaban los volúmenes de la biblioteca ambulante, cuyo sistema importaron con sus experiencias de Palma y Las Ventas las recién llegadas. Una presa escribió a ese respecto algo que resulta útil para entender el sentido de toda aquella actividad: «Una de las cosas que más llena nuestra vida es el estudio y la capacitación política. Sí, queridos, a pesar de que la mayor parte de las horas del día están dedicadas a trabajar para poder comer (esto en la mayoría de los casos, pues os estoy hablando en términos generales), sin embargo, estudiamos y adquirimos una preparación. Esto último nos resulta, a pesar de nuestro afán de superarnos, cada día más y más difícil por no contar con los medios necesarios»[30].

La constante actividad de las políticas en aquel entorno y su abrumadora mayoría numérica —cerca de un 70 por ciento del total penitenciario— forzaron en el día a día aquella leve permisividad de las funcionarías, por ejemplo en el asunto de los libros, cuyo tráfico era percibido por las guardianas, si bien relajaron su persecución. No es que las celadoras claudicasen en sus funciones, en modo alguno: simplemente cuantos menos conflictos, mejor. Por supuesto persiguieron sistemáticamente la entrada y salida clandestina de notas (una presa se zampó ante la jefa de servicios una carta entera para no entregársela), el hallazgo de un libro era castigado, así como cualquier desacato, y hablar sin autorización, vestir de manera no reglamentaria o descender las escaleras apresuradamente siguieron siendo motivos de incomunicación o aislamiento. Pero cinco funcionarias era un número, sin duda, exiguo para controlar adecuadamente la vida del presidio: una funcionaría controlaba los talleres, otra las celdas, otra vigilaba el patio, la jefa de servicios se instalaba en la rotonda de control y la última celadora atendía la cartería junto a una presa, un punto estratégico por el que entraban y salían los mensajes y objetos prohibidos a pesar de la vigilancia y gracias a la pericia de la presa que llevaba el servicio en aquellos años, Palmira Sanjuán. En esa situación, dirección y funcionarias se apoyaron en la disposición de las políticas a ocupar los cargos que aseguraban la rutina y burocracia del penal ocupando prácticamente todos los servicios y destinos, con lo cual su control de la prisión y su capacidad de actuación se hicieron más seguros. Eso no tenía nada de banal. Gracias a ese control administrativo algunas presas consiguieron abandonar la cárcel alterando desde las oficinas expedientes, disposiciones y órdenes de libertad. Desde los inicios de la prisión hasta fines de 1946, Consuelo Peón tuvo a su cargo la administración de régimen interior, «o sea, todo lo relacionado con el movimiento de la población reclusa, expedientes, correspondencia, etc. Poco a poco me gané la confianza. El 22 de diciembre vino una orden circular de la Dirección General de Prisiones ordenando la libertad a todas las penadas de 20 años para abajo, excepto las condenadas por delito posterior a 1.º de abril de 1939 […]. Había tres y Mercedes Gómez Otero. Ésa no entraba en el decreto, pero yo saqué su expediente, lo puse con los otros tres y dije: “Estas cuatro”. Ojeó las tapas de los expedientes, los miró un poco por dentro sin enterarse de lo que leía y no advirtió que hubiera nada que se opusiera a la salida de aquellas mujeres. Y salió Mercedes G. Otero. Archivé el expediente con mucho cuidado y a otra cosa. Fueron muchas las mujeres que salieron en libertad gracias a mi intervención de limpieza en los expedientes, liberándolos de notas de castigo, reclamaciones de distintos juzgados, falsificación de informes, cambiando los malos por buenos, etc.»[31]. A su salida de prisión, Gómez Otero se incorporó nuevamente a la clandestinidad comunista. No mucho más tarde fue detenida, condenada y enviada de nuevo a Segovia, donde por un cruce de circunstancias protagonizó el estallido de la huelga de 1949.

El resto del entorno penitenciario segoviano era lo de siempre. Una penalización global a las políticas, el acoso religioso constante, capitaneado por el capellán y seguido por las funcionarías, a quienes habían enseñado en la Escuela de Estudios Penitenciarios que la esencia de su misión era religiosa[32]. La insalubridad, enfermedad y ausencia de medicación la reflejaron algunas presas en una carta: «Dentro del mismo penal existe un pabellón de funcionarías tuberculosas, asistido por el médico de la prisión, utilizando para los análisis de esputos, sangre, etc. los mismos utensilios que para la reclusión, con tal deficiente asepsia que en muchos casos ni existe. En términos generales la asistencia médica es nula, limitándose a recetar aspirina, bicarbonato y alcalinos, y ya en último extremo y por presión de las personas interesadas, alguna inyección de calcio o hierro»[33]. A lo que debía añadirse el intenso frío de la zona y el hambre, muchísima hambre, ambos sintetizados con humor en la carta de una presa a su familia: «El actual es de un frío escandaloso y aprovechando tu ofrecimiento te diré que me es de suma necesidad una manta, pues aunque yo trabajo en algunas labores no me es posible alcanzar para una prenda, así pues cubro medianamente las necesidades de estómago. ¡Qué pena!, ¿verdad?, que esa cochina parte del cuerpo absorba tantas energías. Eso le priva a una de “elevar el espíritu”, pues sus exigencias no atienden razones. Desgraciadamente este problema es aquí general»[34]. Además, proseguía la voluntad de control y hostigamiento que una presa describió de ese modo: «La dirección de la reclusión no nos pierde de vista, sobre todo a un número que estamos consideradas como inadaptables, siendo por tanto la vigilancia aún más estrecha que con el resto. Esto nos imposibilita el hacer un trabajo todo lo eficaz que desearíamos, no sólo de cara a nuestra preparación política, sino de cara a todas las mujeres del penal»[35]. Que nadie se engañe, la situación era también ésa.

La vida en el penal de Segovia se desarrolló en un edificio parecido a una torre residencial cuya estructura central interna consistía en una nave que a partir de 1947 fue dividida por un muro, separando definitivamente a comunes y políticas, que sólo coincidían en talleres o destinos, ni siquiera en el patio. La nave de políticas tenía forma rectangular y constaba de planta baja y un piso superior alrededor de un patio interior. En los lados y en el frontal del rectángulo se sucedían las celdas. Las presas habitaban sólo las del piso superior, pues las de la planta baja estaban vacías por su humedad e insalubridad y tan sólo se utilizaban ocasionalmente para castigos graves. Comprender esa distribución ayudará a conocer los efectos de la huelga que emprendieron las presas.

2. La huelga

A fines de enero de 1949 las presas de Segovia observaron unas sorprendentes medidas de la dirección, un inusual nerviosismo de las celadoras. La enfermería fue arreglada a punto de revista, lo cual significaba tan sólo cambiar las mugrientas colchas por otras limpias. Repartieron una sábana a cada presa, se limpió la cárcel a fondo y entregaron uniformes a las reclusas, que éstas se negaron a coger pues argumentaron que con el guardapolvo estaban suficientemente uniformadas. Pronto corrió la voz: se aguardaba la visita de una abogada extranjera que al parecer estaba elaborando un estudio sobre los distintos sistemas de reclusión europeos. Las presas comunistas vieron una ocasión de oro para quebrar el cerco de silencio, airear la situación real de la cárcel y la naturaleza política de su encierro. Acordaron «exponer a la visita todas las deficiencias y necesidades del penal. Fijada esta posición se llevó al Comité de Enlace [organismo de las presas que reunía a mujeres pertenecientes a distintas opciones políticas] y se estuvo plenamente de acuerdo. Se pasó orgánicamente a todas las células del partido y se fijaron casos a exponer y las que hablarían, sin que nadie estuviese en contra de dicho acuerdo»[36]. Designaron a Mercedes Gómez Otero para que interviniese en nombre de todas.

A mediodía del 25 de enero y formadas en el patio de la sala segunda de políticas, las presas vieron aparecer la esperada visita, una abogada de nacionalidad chilena llamada Klimfel, acompañada de la directora de la Prisión de Madres Lactantes, María Topete, en representación del director general de prisiones, y custodiada por la dirección del presidio, capellán incluido. Klimfel interpeló a una de las reclusas, al parecer sorprendida por su aspecto adolescente, Pilar Claudín, quien empezó a relatar las deficiencias del penal. Al preguntar la razón de la condena de todas ellas, intervino sin ser interrogada Gómez Otero. Fue una declaración contundente: «Estamos en la cárcel por luchar contra el régimen de Franco»[37]. El diálogo fue más extenso desde luego, «aquella señora le hizo muchas preguntas sobre el régimen de la prisión. Merche le explicó todo, que nos ponían las inyecciones sin hervir las jeringas, que teníamos que tender la ropa amontonada en una reja porque no teníamos donde tender, que teníamos los váteres dentro de las celdas y no teníamos agua corriente, que no teníamos sábanas y nos las habían dado aquel día… Bueno, le fue diciendo todas las cosas en que estaba fundado el régimen de la prisión, y le dijo que, por favor, si quería conocer España, que fuera a los suburbios y que fuera sola. Le dijo que no fuera con María Topete, que era hija de marqueses y que además era una señora que tenía la idea falangista hasta los tuétanos y todo se lo iba a tergiversar. Entonces el cura, muy rabioso, le dijo: “En un régimen comunista, por eso que está Ud. diciendo, la fusilarían”. Y ella dijo: “No sabemos lo que pasará esta tarde cuando se vaya esta señora”»[38].

Ése fue el diálogo del incidente y en él coinciden las distintas versiones. Aunque resulta significativo que aquello que la Junta de Disciplina consideró más hiriente, aquello con suficiente entidad para ser escrito en el Libro de actas como fundamento del castigo ulterior, fue precisamente «contestar a la señorita Klimfel que estaba condenada a treinta años por ser enemiga de Franco, y como es natural seguiría siéndolo toda su vida. Por consideración a la persona visitante se cortó el incidente sin más consecuencias continuando la visita, que se prolongó en el interior hasta las tres de la tarde»[39]. Entretanto, habían regresado las funcionarías con órdenes de separar preventivamente a Mercedes Gómez. Empezaron a circular rumores de todo tipo sobre su posible suerte, que dependía de lo que decidiera la Junta. La huelga aún no había comenzado, pero las presas llegaron a un acuerdo: el castigo debía ser colectivo, era la vindicación de la tradición política penitenciaria. Además «las palabras que había dicho eran el sentir general de las presas»[40]. Sólo si era así reconocido respetarían las sanciones. Quedaron a la expectativa de los acontecimientos.

Los acontecimientos no llegaron hasta el día siguiente. La Junta de Disciplina se lo había tomado con calma. Después de acompañar a la visitante en un protocolario recorrido por el penal, sintieron «la necesidad de retirarse a comer a sus domicilios y se convino que dicha Junta no se reuniese para acordar la sanción que había de imponerse hasta avanzada la tarde»[41]. Se reunieron a las ocho, en sesión extraordinaria, don Víctor Adrián, director; doña Asunción Guerra Redondo, directora adjunta; el capellán Fausto López Velicia; don José Luis Canto Díaz, médico; y don Jesús Rubio Rodríguez, administrador. La Junta se ocupó de dejar bien sentado en acta que «el incidente había sido únicamente provocado por la reclusa Mercedes Gómez Otero»[42]. Reconocer otras responsabilidades habría conllevado aceptar una acción colectiva y la identificación del conjunto de la reclusión con la que había protagonizado el incidente, y eso alteraba el criterio de cualquier Junta de Disciplina. Además, podía acarrear una inspección y ponía en entredicho la capacidad de gobierno de la dirección. Lina vez establecida la singularidad de aquel acto de indisciplina, dictaron el castigo exclusivo para Mercedes Gómez Otero: «Después de amplia deliberación y tenidos en cuenta los antecedentes personales y penales de la recluida Mercedes Gómez Otero, acuerda imponerle la sanción de reclusión en celda de castigo por tiempo ilimitado […]. Además acuerda desposeerla de todos los beneficios y privilegios que al Régimen Penitenciario Español ha incorporado benévolamente la magnanimidad de nuestro Caudillo, haciéndose constar en su expediente a efectos en su día de los correspondientes informes de conducta, bien para concesión de indultos o libertad condicional que pudiesen corresponderle»[43]. Sin embargo, tuvieron un detalle: no le comunicaron el acuerdo aquella misma noche del día 25 de enero, decidieron esperar «por lo avanzado de la hora, ya que la reclusa se encuentra acostada se demora su ingreso en dicha celda hasta el día de mañana, ya que según el Sr. vocal médico dicha reclusa ha sido tratada de lesiones tuberculosas y su estado de salud es deficiente»[44].

En realidad, la dolencia pulmonar de la presa sancionada era lo de menos para la Junta pues, al fin y al cabo, la encerraron en las celdas más insalubres de la cárcel a la mañana siguiente, las que se hallaban en la planta baja y que casi nunca eran utilizadas. El piadoso argumento de atención a su lesión tuberculosa encubría una razón más seria: el temor a un motín. Con sólo dos celadoras de servicio nocturno y las presas atentas a los acontecimientos, resultaba más prudente aguardar al día siguiente para hacer frente con mayor seguridad a cualquier disturbio que pudiera producirse, previsible por cómo habían evolucionado las cosas. Y eso es lo que sucedió.

«A las veinticuatro horas se metió en celda de castigo a la camarada Merche produciéndose una gran indignación entre todas las mujeres por lo que consideraban una injusticia»[45]. A mediodía del 26 de enero las presas conocieron la sanción impuesta a Gómez Otero y su traslado a celda de castigo mientras se hallaban en las salas. Era el momento destinado a la siesta de las funcionarías y en ese tiempo las celdas quedaban abiertas y las salas cerradas. La sanción era muy dura, incluso ilegal, pues cualquier encierro en celda de castigo debía especificar el límite temporal de permanencia. Su indefinición no era reglamentaria y además la pérdida de la redención de pena acumulada no era potestad de la Junta de Disciplina, sino del Patronato. Pero las presas se amotinaron por algo más: por el carácter individualizado de la sanción. Comenzaron a golpear puertas y apretar timbres pidiendo a gritos «que se sacase a esa compañera o nos castigaran a todas pues nos solidarizábamos plenamente con sus manifestaciones»[46]. La dirección ordenó que abandonasen las salas y regresaran a celdas. Se negaron y prosiguió el estruendo, pero formaron una comisión para negociar solicitando entrevistarse con el director. La negativa fue rotunda. Don Víctor Adrián aseguró más tarde que eso habría significado perder autoridad.

Las presas permanecieron concentradas en las salas y su comité de enlace decidió paralizar el penal hasta que el director aceptase recibir a las comisionadas. Reunidas en las salas y mientras decidían la duración del motín, se abrieron las puertas y entró una formación de hombres con porras de goma en las manos. «Recuerdo que vestían uniformes verdes y alguno llevaba gabardina»[47]. Los recién llegados se abalanzaron sobre las presas y empezó una escena de golpes, gritos y empujones. Cuatro meses más tarde una presa describió en una carta a su familia lo que había sucedido: «Entran como fieras, se despliegan en guerrilla y toman las tres escaleras con el vergajo en la mano, dando a derecha e izquierda, cosa de espanto. Cuando terminan con éstas, que ya las tienen encerradas, cosa que a pesar de los palos no les fue muy fácil, nos toca a nosotras. Se presentan en nuestra sala: como estamos detrás de las rejas, éstas nos salvan de los palos. No podéis figuraros el recibimiento, sesenta mujeres en esta sala, en total doscientas treinta, toda la población reclusa política. Todas somos una»[48]. En aquel momento eran mujeres desposeídas de todo, sólo les quedaban sus razones, y por ello lanzaron a gritos y entre golpes la consigna a seguir: huelga de hambre durante cuatro días. «Fue espontáneo y general, nada preparado»[49].

Aquella misma noche la Junta de Disciplina, reunida en sesión extraordinaria por segunda vez, escribió sobre las razones y resultados de su actuación durante el día. Todo indica que el director se había considerado incapaz de controlar «la actitud de franca insubordinación de la población recluida por pretender en tonos amenazadores y violentos que se dejase sin efecto el castigo impuesto a la reclusa Mercedes Gómez Otero […] y no estando dispuesto a mermar su autoridad prestándose a recibir a las reclusas en comisión, como insistentemente se le propuso, ya que por encima de todo estaba el restablecer la disciplina quebrantada en estos momentos, se vio precisado a recurrir al Sr. director de la prisión provincial de esta ciudad para que, prestándole varios funcionarios, coadyuvaran con el resto de funcionarías a restablecer el orden que en modo alguno se podía lograr con los elementos propios. Presentes los funcionarios que más abajo se citarán y obedeciendo las órdenes terminantes y concretas dadas por la dirección de este establecimiento, se requirió a la población recluida a que depusiera su actitud, prestándose voluntariamente a ser encerradas en sus celdas respectivas. Al no obedecer se les obligó a realizarlo rápidamente zanjando el incidente, viéndose obligado el Sr. director a reducir a celda de castigo a las más ariscas y resistentes. Al Sr. director le cabe la satisfacción de participar a los reunidos que al logro del restablecimiento de la disciplina han contribuido con todo su entusiasmo y pundonor profesional toda la plantilla del establecimiento, tanto varones como hembras»[50].

Aquella gente con atuendo verde que vieron entrar las presas en las salas eran pues sus vecinos de la prisión de al lado, trece funcionarios vestidos con los uniformes del Cuerpo de Prisiones que ofrecían una extraordinaria semblanza castrense. Sin embargo, tardaron mucho tiempo en hacer retroceder a las presas y colocarlas en sus celdas. La operación de encierro, cacheo y vaciado de celdas fue violenta, caótica y acabó tardísimo. «Una vez reducidas las reclusas a celdas, se procedió acto seguido a un cacheo general en las personas, locales y efectos del establecimiento, continuando aquél hasta las dos de la madrugada, retirándose a dicha hora los funcionarios de la Prisión Provincial»[51].

El espanto del director por el motín debió de ser importante, pues antes de acudir a sus vecinos de la provincial de hombres se planteó solicitar la ayuda de la guarnición militar de la ciudad, opción desestimada por el inspector regional de zona, quien le ordenó telefónicamente recurrir a los medios estrictamente penitenciarios[52]. Ciertamente, una intervención militar, además de desproporcionada, habría tenido unos efectos públicos contraproducentes, y dañaba la imagen de solidez del sistema penitenciario.

No obstante, la huelga de hambre no había hecho más que empezar. Las presas cumplieron su pronóstico y la mantuvieron hasta el día previsto, el 30 de enero. Fue sin duda una huelga muy dura que demuestra el valor que otorgaban al mantenimiento de su identidad ética, realmente lo que más apreciaban, porque sólo ella daba explicaciones coherentes a su vida en prisión. «A cada hora de la comida pasaban con las calderas del rancho que traían las comunes y se volvían con ellas intactas. Ninguna política claudicó. Cuando nos daban una escoba para barrer la celda, mientras duraba la operación la funcionaria María Sacristán se ponía en un lugar bien visible con un bocadillo en la mano comiéndolo delante nuestro, hasta ahí llegaba su sadismo»[53]. Aguantaron los cuatro días como pudieron. «Había una hambre espantosa. Recuerdo que en una ventana había peladuras de naranjas secas y nos las comimos. Con las uñas sacábamos cal de la pared y nos la tomábamos con agua»[54]. Cuando al finalizar la huelga el inspector médico entró en las celdas, el olor de acetona le reveló que algunas presas estaban viviendo de sus últimas reservas orgánicas[55]. La dirección había tenido suficientes problemas, no deseaba añadir alguna muerte derivada de la huelga y por lo que pudiera ser mandó distribuir como primera comida después de cuatro días de ayuno una sopa especial. «Jamás nos habían dado un caldo tan sustancioso»[56].

Con su acción consiguieron que Mercedes Gómez Otero cumpliese el castigo en las celdas del primer piso y también la extensión de la sanción a toda la comunidad política. Era lo que deseaban. Sin embargo, sus condiciones de vida se endurecieron: la incomunicación no fue totalmente levantada hasta seis meses más tarde. El desafío había sido grande, pero la punición también, lo cierto es que se ensañaron con ellas.

En primer lugar, en cuanto a régimen interior, desde el mismo día de inicio de la huelga las funcionarías, acompañadas de presas comunes, sacaron de las celdas todas las pertenencias de las políticas arrojándolas al patio, amontonadas sin orden, almacenadas y posteriormente saqueadas. Aun siendo pleno invierno «se dejó a cada una un petate y dos mantas que sacaban a primera hora de la mañana y que no nos pasaban a las celdas hasta las diez de la noche. No se nos permitió ni siquiera tener cosas de aseo, como cepillo de dientes, pasta, etc. Tardando hasta cinco días en entregarnos las toallas. Nos quitaron íntegramente la comida particular, labores, hilos, ropa, papel, lápices, tinta. En fin, absolutamente todo, dejándonos con lo puesto. Habiendo compañeras que por haberlas metido directamente en celda desde la cama, por estar enfermas, se encontraban casi desnudas y sin tener en cuenta su estado estuvieron sin ropa y sin petate. Tuvieron vómitos de sangre varias compañeras, dos anarquistas, una socialista, una JSU y una comunista, sin que las mejoraran su situación de alimento, cama, ropa ni asistencia médica. A los dos meses de castigo hicieron una selección y nos empezaron a sacar al sol, llevándolo con tal lentitud que la última selección salió al sol a los cuatro meses menos cinco días. La más mínima cosa era suficiente para sacar los petates como castigo, entregándolos a la noche, así hasta veinticinco días, sin tener en cuenta que era imposible sentarse en el suelo por su mucha humedad, teniendo que estar catorce horas en pie, amenazándonos las funcionarias con la entrada del guardián, que nos pondría el cuerpo negro. Hoy se encuentran aisladas 32, clasificadas como cabecillas y rebeldes, entre ellas 21 comunistas. Aún no terminaron de entregar lo que nos quitaron, faltando muchas cosas que no aparecen y cuya culpa hacen recaer sobre una funcionaria que pillaron robando y que está por tal motivo suspensa de empleo y sueldo»[57].

Ese informe no exageraba. El endurecimiento del régimen interior fue consecuencia de la extensión del conflicto más allá de los muros de la cárcel con la consiguiente intervención del inspector de zona, Sánchez Trigueros, que a partir del 27 de enero tomó el asunto en sus manos ante el desbordamiento de la dirección del penal.

En la que probablemente fue una tormentosa reunión de la Junta de Disciplina presidida por el mismo inspector de prisiones se acordó, nada más empezar, que el acta anterior no podía ser aprobada «por errores de redacción». Lo primero que fue suprimido del acta del día 26 era una frase inadmisible para la perspectiva penitenciaria, aquélla en la que la Junta había afirmado lo que jamás debiera reconocer, que «la raíz de las motivaciones hay que buscarla en los deseos de la población recluida de no desaprovechar la más mínima oportunidad para demostrar su desafección al régimen político actual»[58]. Eso era aceptar que tras muchos años de cárcel resultaba inútil la acción penitenciaria, pues ni doblegaba ni transformaba y reconocía en cambio una actitud de insumisión y desafío permanente en las reclusas. Por lo demás, el acta del día 26 era una auténtica chapuza, estaba repleta de ilegalidades y defectos de forma que el inspector hizo modificar. Sin ir más lejos los castigos impuestos a Gómez Otero fueron adaptados reglamentariamente, definiendo su actitud como «falta muy grave» concretada en «setenta días de reclusión en celda». Castigo que se extendió al resto de la comunidad política «quedando además sometidas a régimen de observación de conducta»[59]. Por otra parte, la pérdida de tiempo redimido por trabajo dejaba de ser una decisión firme y se transformaba en solicitud al Patronato para que considerase si era procedente dicha sanción, que se extendía también al resto de presas políticas. Era lo legal. Pero una vez limpio de irregularidades y torpezas el texto del acta, el inspector diseñó con dureza el futuro inmediato de las presas.

Incluyó en acta listados de presas diferenciados entre «cabecillas» y «colaboradoras». Las primeras serían propuestas para traslado «a otros establecimientos donde por el reducido número de reclusas no puedan ejercer su papel de arenguistas y propagandistas del ideal comunista»[60]. A las colaboradoras, «después de deliberar sobre la culpabilidad de las mismas, la Junta considera como falta grave la intervención de las mismas en el incidente de indisciplina y en el ayuno voluntario que practican, por lo que se acuerda imponer a las mismas la corrección de un mes en celda de aislamiento, quedando después en observación de conducta». Consideraron todavía un tercer grupo, el de aquéllas que por fin aceptasen tomar el rancho, pero no pudieron hacer la lista porque ni una sola comió. Mientras redactaban el acta la huelga de hambre proseguía. El inspector tomó la dirección del penal hasta el 31 de enero. La huelga había finalizado el día anterior, tal como estaba acordado. Durante la mañana del 31 se realizó la última sesión extraordinaria de la Junta, y en ella Sánchez Trigueros efectuó la última humillación a la dirección de aquel penal de mujeres, haciendo constar en acta, como recordatorio: «Los preceptos reglamentarios y erróneas interpretaciones que ha podido apreciar en la ejecución de los servicios»[61]. Era chocante, algo así como hacer escribir cien veces a un alumno sus faltas de disciplina. La «Lista de errores y preceptos» incluía diez puntos extensos, comentados y apostillados, que revelaban la viciada gestión del penal. En general las observaciones del inspector abundaban en un tema: demasiada autonomía de las celadoras en su relación con las presas, eso podía deteriorar la disciplina, dijo Sánchez Trigueros, especialmente si «dan órdenes que no reciban del director del establecimiento, que puedan producir perturbación en los servicios»[62]. La consecuencia inmediata fue el refuerzo del control del director sobre la vida de las presas y, por tanto, al no haber interpretación posible por delegación en las funcionarías, aumentaba la rigidez del régimen interior, el cual no debía ser «interpretado» por nadie, tan sólo debía ser «aplicado». Don Víctor Adrián se puso en ello e inmediatamente estableció nueve normas que debían regir a la comunidad de políticas. Las nuevas medidas iban dirigidas a limitar al máximo posible los movimientos de la población penitenciaria. Las puertas de las celdas no serían abiertas más que para actos reglamentarios; nadie recibiría paquetes ni comunicaciones «ni escritas ni orales»; además se prohibía tener útiles de trabajo en las celdas, lo cual estrangulaba de nuevo las posibilidades de alimentación suplementaria; se cerró el economato de la prisión, aunque se autorizaba «a que dispongan de todas las prendas personales». Por fin, agradecía en acta «el meritorio comportamiento de las penadas por delito común y especialmente de aquéllas que sin mostrar cobardía colaboraron abiertamente con las autoridades del establecimiento»[63]. Todas ellas, una lista de cuarenta y seis comunes[64], fueron propuestas para una redención extraordinaria de tres meses (incluso seis meses una de ellas) en sus condenas, y la obtuvieron. La utilización de presas comunes como instrumento de vigilancia y colaboración fue algo estimulado siempre por el sistema penitenciario, pero la masificación de los primeros años y la naturaleza de las encarceladas, dificultó siempre esa posibilidad. Fue precisamente a fines de los cuarenta, y desde luego durante la década de los cincuenta, cuando los relatos de las presas políticas transmiten la utilización efectiva de comunes en ese cometido, a pesar de mantener con ellas una relación distanciada. Segovia fue un ejemplo de ese cambio, aunque las presas en sus informes afirmaron que algunas comunes estuvieron de su lado y las ayudaron proporcionándoles algo de comida.

El primer día de febrero el director afirmaba ante la Junta que la disciplina del penal se hallaba «restablecida en toda su intensidad». Comenzó un periodo de rigor que se mantuvo prácticamente todo el año en cuanto que el temor a cualquier nueva insubordinación, por sorprendente que parezca, no desapareció, quedó flotando en el aire, e incluso se estableció en la memoria de la Inspección de Prisiones, al parecer muy preocupada por la vida de aquel penal de mujeres, pues no cesó de remitir escritos de advertencia a la dirección a fin de que no olvidase «tomar las medidas convenientes para evitar cualquier posible alteración del orden que las reclusas de afiliación comunista pudieran provocar siguiendo consignas del extranjero»[65].

Muchas presas enfermaron como consecuencia de la huelga y del posterior aislamiento, quedaron sin bienes propios y sin contacto familiar. Las sancionadas con falta grave fueron liberadas de aislamiento cuatro meses más tarde, a fines de abril. Pero al resto, acusadas de falta muy grave, las mantuvieron en la misma situación hasta junio, y sólo se les permitió hacer vida colectiva aisladas del resto de políticas, confinadas en un patio separado. Sin embargo, la dirección argumentó haber levantado el castigo porque en unas y otras «se había logrado el debido arrepentimiento». Ése era el único argumento posible, pues los aislamientos y el duro régimen de observación se habían mantenido muy por encima de los setenta días que se habían acordado en aquella acta supervisada por el inspector de prisiones en enero, en pleno fragor del conflicto. Realmente la dirección hacía lo que quería con la vida interna de la cárcel, pero la expresión «arrepentimiento» era necesaria, formaba parte, por decirlo así, del «libro de estilo», porque constituía la función última de toda la industria penitenciaria.

La realidad era otra, y muy distinta: las presas fueron presionadas para que se retractasen, y se negaron. En realidad no tenían razón alguna para ello. Podían ganar muy poco a cambio de perder mucho: el rechazo de sus compañeras, además del sentimiento de vergüenza tan arraigado en la cultura resistente, y eso sí podía resultar insufrible. A principios de febrero se presentó ante la dirección una ocasión de oro para estimular las deseadas retractaciones de la reclusión. Dos telegramas del Centro Directivo ordenaban la libertad condicional para un grupo de cinco presas comunes y además para Antonia García Alonso, una de las responsables comunistas en el penal. No hubo discusión para el primer grupo. Sin embargo, Antonia García permaneció en prisión, y ello a pesar de que a lo largo de febrero y marzo la Junta recibió nuevos telegramas recordando la orden para que le fuese aplicada la condicional. Durante aquel tiempo García Alonso fue presionada a retractarse, pues en caso contrario no sería excarcelada. «El director me llamaba cada dos por tres para decirme que hiciera una declaración por escrito diciendo que me arrepentía y yo, cada vez que me llamaba, le decía: “Mire usted, yo he estado aquí once años injustamente y ahora no voy a perder la vergüenza haciendo una cosa así, cuando eso lo haría cincuenta veces que se volviera a repetir. He estado todos estos años pensando que la única cosa que no me podían ustedes quitar era mi dignidad, no la voy a perder ahora porque me den la libertad. Yo no voy a firmar eso”»[66]. La Junta de Disciplina decidió suspender la orden de libertad condicional, especialmente por la presión que ejerció la directora adjunta, Asunción Guerra, quien puso sobre la mesa de la Junta todos los elementos del expediente penal de Antonia García que aconsejaban y permitían decidir su retención en caso de no retractarse[67]. Antonia García no salió en libertad condicional hasta un año después, el 19 de febrero de 1950. No era una acción ilegal o de desobediencia de la Junta hacia instancias superiores, aunque los presos siempre consideraron que la retención de la libertad condicional era ilegal, pues era algo que dependía de los juzgados. Sin embargo, no era así, porque las órdenes de excarcelación no eran órdenes de libertad, sino de libertad condicional, y la aplicación de la misma no dependía de una decisión judicial, sino administrativa, es decir, de la Junta de Disciplina que podía retener la orden el tiempo que considerara necesario, siempre y cuando aportara un argumento, y en el expediente penal de las presas siempre podía haber un argumento. Por tanto, el poder de la Junta y el director sobre la población penitenciaria era ciertamente definitivo. El caso de Antonia García resulta modélico para comprender la ejecución de ese mecanismo de autoridad de las juntas de disciplina. La de Segovia tan sólo respondió con una escueta nota adjunta en el expediente de aquella presa: «Se recibe orden del Centro Directivo por la que debe ser puesta en libertad condicional esta penada. No se cumplimenta por hallarse incursa en una falta que califica como muy grave el artículo 78 del Reglamento de Prisiones»[68]. Ése es el mecanismo que alumbra un fenómeno penitenciario que desconcertó a los presos como mínimo durante dos décadas, la diferencia entre la fecha de orden de excarcelación y su aplicación efectiva.

Pasado el mes de junio, una de las presas que todavía seguía aislada en un patio, junto al resto de sancionadas con falta muy grave, consiguió escribir una extensa carta a su familia. En ella describió la huelga y sus consecuencias, incluso la pequeña discusión con una minoría de diez políticas que se habían distanciado del motín, y a modo de balance concluyó con esta reflexión: «Hemos perdido algunas unas pequeñas ventajas que teníamos. El castigo es durísimo. Dicen los funcionarios que desde que existe el Cuerpo de Prisiones no se ha conocido otro. De todos modos bombones no esperábamos. De todo lo nuestro, la comida no nos la han dado; de las demás cosas nos han robado lo que han querido. Yo me he quedado sin toallas, sábanas, servilletas, unas madejas de lana, hilos y para final un paño que había hecho con todo el cariño para mi hija mayor. Estamos mucho juntas en el patio; formamos grupos y leemos. En estos momentos estamos leyendo un tomo de la Estirpe del Dragón, la segunda parte no nos la dejan entrar. Las pérdidas: no poder andar por la casa, suprimidas sábanas y algunas mantas, no hacernos café o hacernos una patata. Con nuestro “ruido”, creo que hemos ganado más que hemos perdido»[69].

Si la realidad demostraba que habían perdido todos los beneficios materiales hasta los límites de la nada, al menos durante casi un año, la ganancia sólo podía ser ética, esa serie de valores cuya gestión conforma la identidad y cuya transformación fue la finalidad de la industria penitenciaria y los recursos de su poder. Valorar como un éxito la huelga de Segovia —y así lo hicieron las presas— a pesar de las brutales consecuencias que conllevó, significa que para aquellas mujeres vivir era ser, y ganar era no consentir. Aquella «actitud ruidosa» que las identificaba como irredentas a los ojos de sus capturadores.

Capítulo VII: La vida en las manos

Capítulo VII

La vida en las manos

Se pinchó un dedo mientras hacía una flor. La herida se le infectó y anduvo al límite de perder la mano. Todas vivían de sus dedos. Los días corrían haciendo labores, bolsas de saco con flores bordadas. Ramos de violetas hechas con miga de pan blando y tallos de alambre se esparcieron por Santander prendidos en la solapa de chaquetas y abrigos. Tiras de papel de barba entrelazadas, laca, alcohol y goma combinados con las manos producían estuches decorados con estrellas sobre fondo color caoba. Al capellán le parecían preciosos y pidió uno, pagaría Dios. Le sablearon: «Le pedí material como para hacer tres cajas, salí ganando dos. Lo hice con muy mala uva, pero lo hice»[1]. En su familia de cárcel lo celebraron.

Con flores y estuches, madejas de lana, paños y manteles crearon una economía de la miseria que amortiguaba su hambre adquiriendo pequeñas cantidades de comida en el economato. Era el más bajo nivel de trabajo y subsistencia que podía encontrarse en los presidios de mujeres, realizado en horas vacías y no siempre con libertad. Para hacer estos trabajos a menudo debían escapar al control de las religiosas, que veían en ello una competencia a su propia red comercial construida para rentabilizar en beneficio propio el trabajo de las presas. Pero se arriesgaban y ocultaban: «Cuando las monjas hacían rondas para ver cómo estaba todo, nos íbamos al lavabo y allí, con mucha peste y con lo mal que se estaba, hacíamos ganchillo mi hermana y yo para poder sacar dinero para mi madre y para Homero»[2].

El resto de horas de trabajo transcurría en talleres, básicamente en confección de ropa para la intendencia militar en las prisiones femeninas, y en las de hombres fabricando cualquier tipo de producto, desde objetos de vidrio a escobas, crucifijos, muebles o platos de metal. Unas y otros cavaron huertas y cuidaron ganado en las granjas penitenciarias. Redimieron pena. Sin embargo, también en muchos casos cargaron a cuestas con montones de horas trabajadas, bajo amenaza, que jamás les sirvieron para redimir pena, especialmente las mujeres. Pero respondieron alterando el ritmo de la producción, desviando material hacia el exterior, para la guerrilla, y acumulando castigos por sabotaje. Los hombres que no permanecieron en talleres fueron llevados a las distintas secciones y modalidades de las colonias penitenciarias militarizadas, donde trabajaron en obras públicas y privadas. Fue más espectacular y quizá más rentable para el sistema, pero no más duro que trabajar ocho o diez horas seguidas de plancha o cortando piezas para guerreras, monos o uniformes, especialmente cuando las contratas exigían entregas rápidas. Se trataba de mover piezas de tela enormes y pesadas sobre las mesas de cortar, operación que podía durar una mañana entera de preparación, para empezar a cortar por la tarde y, después de cenar, proseguir el trabajo hasta finalizarlo prácticamente sin luz. Terminada la labor, se acostaban agotadas en sus celdas para ser llamadas de nuevo a la madrugada, para enfardar la producción bajo amenaza de encierro en celda de castigo. Y este trabajo se hacía incluso sin cobrar ni redimir pena en ocasiones: «Yo no he cobrado nunca ni cinco y llevo ya un año o dos de cortadora y jugándome la vida. Y entonces me contesta la tía: “Usted sabrá lo que hace”. Y yo le digo: “Lo sé, igual que usted: es un servicio que presto, que un día me puede redundar en redención”. Dice: “¡Pero si usted sabe que ustedes las comunistas no pueden redimir!”. Total, que entonces coge y me dice que de castigo a la celda»[3].

Piedad y beneficio: un proyecto

Piedad y beneficio: un proyecto

En junio de 1945 un artículo de Ángel B. Sanz, director general de prisiones, con una encomiable aspiración de teórico que jamás llegó a alcanzar, sinceró estupendamente la síntesis del pensamiento penitenciario franquista con relación a lo que eran en realidad los presos y presas: «Una masa humana que por razones políticas estaba no solamente en paro forzoso, sino en paro subvencionado […], auténticos parados forzosos y subvencionados; en gran proporción peonaje que necesitaba el país para su reconstrucción y que estaban improductivos, alimentados y vestidos, atendidos en sus enfermedades por cuenta del Estado y en pura pérdida laboral. Existía también gran cantidad de especialistas»[4].

Esto resultaba mucho más claro y rotundo que la retórica obra de José Antonio Pérez del Pulgar[5], el jesuita fundador del Patronato Central para la Redención de Penas y referente oficial del redencionismo laboral de prisiones, personaje que sería por siempre loado y alabado allí donde surgiese el tema del trabajo y la redención de pena. Si el discurso de Pérez del Pulgar quedaba embrollado por la tediosa estética de la piedad y la caridad, que en los textos de la época todo lo enturbian, Sanz era despiadadamente claro, muy claro, además de un excelente intérprete del espíritu fundacional de los sublevados en ese asunto de los presos y el trabajo que apareció, concretado ya en Decreto, en mayo de 1937, cuando aún no había cumplido un año la sublevación.

El Decreto reconocía a los presos por «rebelión marxista» el derecho al trabajo, del mismo modo que se le reconocía a cualquier ciudadano, mejor dicho, a cualquier español. El Decreto precisaba que la concesión de aquel derecho no debía quedar sujeto al simple hecho de trabajar, sino que añadía el valor de eficiencia al preso o presa y, por tanto, «pasa a convertirse ese derecho en la idea de derecho-función o derecho-deber, y en lo preciso, en derecho-obligación». En suma, concretaba los objetivos del derecho-obligación al trabajo: auxiliar debidamente a la familia de los presos y que éstos «no constituyan un peso muerto de gasto sobre el erario público»[6], por lo que establecía su utilización en toda clase de tareas. Más tarde llegó la Ley de septiembre de 1939 sobre colonias penitenciarias militarizadas, texto que materializaba y ponía en marcha el criterio anterior ordenando «utilizar las aptitudes de los penados con el doble fin de aprovecharlos en su propio beneficio moral y material y en el del Estado […]. De esta suerte además se obtiene el debido rendimiento que incluso pudiera llegar a la amortización de las crecidas cantidades que el Gobierno aporta para el sostenimiento de la población penal»[7].

Era un razonamiento general sobre el trabajo que afectaba no sólo a colonias penitenciarias, sino a talleres o a cualquier otro trabajo penitenciario, externo o interno. Sanz, con su claridad, mostraba que en realidad aquel planteamiento enlazaba con la penalidad utilitaria de la tradición penitenciaria española. No era una vindicación oculta, al contrario, aunque cuando afirmaba con razón que «el derecho-deber al trabajo es un concepto español de la pena que crea escuela»[8], olvidaba el ejemplo clásico que en la historia penitenciaria ilustraba ese concepto: el trabajo en galera.

El trabajo penitenciario de aquellos años de posguerra no se encaminaba sólo a cumplir con las necesidades y conveniencias económicamente útiles al Estado, sino a satisfacer también un sentido de reparación moral, necesaria según los vencedores, esencial en su cultura de Victoria. Reparación concretada en castigo, ejemplaridad y venganza que dan un toque de diferencia, de identidad, al fascismo español, porque fue el único que sobrevivió, se desarrolló y duró largo tiempo después de una guerra. Redimir, un verbo esencial de la dictadura, obsesivo en el lenguaje católico, vertebral en el discurso penitenciario, jamás significó «perdonar» o superar nada. Ahí estaban los necesarios certificados de penales para recordar a cada uno y ante todos unos hechos que seguirían marcando su vida. Sin embargo, el verbo redimir arropó las necesidades morales y materiales de la dictadura para vaciar cárceles cuya saturación sabemos que llegó a constituir un problema inquietante para las autoridades. Eso en primer lugar. Redimir era además una «moneda social cuyo poder adquisitivo se valora en días de perdón y cuya cobertura es el acrecimiento de la riqueza nacional. Devolver en reconstrucción lo que se detrajo en destrucción ideológica o material […] y si admitimos la teoría expuesta de moneda-redención, en ésta hay que valorar el esfuerzo. Por eso se creó la escala que llega en su aplicación a valorar en tiempo redimido hasta seis días de redención por día de buen trabajo»[9]. Ése era el núcleo de toda la reflexión laboral penitenciaria, el resto era literatura de propaganda que, por supuesto, abundó[10]. Tan sólo añadir que la prolongación de ese razonamiento llevó a considerar al preso como «un hombre privado de libertad, pero libre en su aspecto laboral. Esto hace que los delincuentes llamados políticos gocen de una libertad humana, cual es la económica, que les sitúa en un plano de igualdad con los trabajadores libres»[11]. Los montones de artículos y panfletos, las leyes en sus contenidos y en sus preámbulos, los discursos alrededor de la redención del trabajo, plantearon siempre lo mismo. Es decir, aquello que ya contenía el Decreto de 1937, y que Sanz sintetizó con claridad cartesiana: «Nada redime a quien irrogó perjuicios ideológicos o prácticos a la sociedad». Redimir significó únicamente encubrir una explotación muy dura, unos beneficios basados en la obtención de plusvalías absolutas, pero ello era justificable por la naturaleza del crimen que contra la nación habían perpetrado los republicanos.

El resto del proyecto penitenciario laboral corresponde al funcionamiento técnico. Los días trabajados fueron aumentando los días redimidos, y si la base de redención por el trabajo fueron los talleres penitenciarios y la vasta gama de colonias penitenciarias militarizadas, hubo también una rápida diversificación de motivos de redención, desde la lactancia hasta la asistencia a cursos de formación religiosa, pasando por la organización de festivales en el interior de la cárcel, impartir clases a los presos, formar parte de los coros u organizar y participar en actividades deportivas.

Sin embargo, la redención de pena por trabajo sólo alcanzaba a los presos de guerra. Ya vimos que los posteriores no tuvieron acceso al beneficio de redención hasta principios de los cincuenta, pero sí fueron obligados a trabajar ilegalmente y sin descuento de pena en muchos casos. Las irregularidades fueron copiosas y complejas, particularmente en el trabajo interno, del mismo modo que lo fueron con presas y presos colocados en destinos de cárcel, es decir, en lugares de responsabilidad que sólo podían ocupar aquellos sentenciados sobre quienes recaían condenas de entre seis y doce años, pero que por necesidades de servicio, o por su eficiencia, o por cualquier otra razón, los directores y religiosas colocaban según su conveniencia y criterio. Y por supuesto, presas y presos políticos lo aceptaron por las ventajas que conllevaba poder controlar cualquier cosa. La Inspección de Prisiones intentó combatir esa práctica, pero no pudo hasta 1950-1951. Al menos es en ese periodo cuando desaparecen los oficios de Inspección a los directores reclamando orden en ese tema, aunque eso no es garantía segura de que las irregularidades desaparecieran. En destacamentos penitenciarios y talleres colaron a detenidos sin estar aún sentenciados, y también a delincuentes, saltándose la ley que explícitamente les excluía, con lo cual trabajaron sin redimir, aunque sí cobraban. Eso cambió en 1944.

Aquel año se produjo oficialmente la incorporación de presos comunes al sistema de redención por trabajo interno o externo. Al parecer, la primera experiencia formal en colonias penitenciarias militarizadas se efectuó en febrero de aquel año con cuarenta penados empleados en las obras de un tramo del ferrocarril de Madrid a Burgos[12]. El argumento consistía en extender el beneficio de la redención como prueba de la piedad y gracia del Caudillo. No era eso, en realidad la Dirección General de Prisiones había previsto ya en 1943 una baja importante de los recursos humanos penitenciarios, así que optaron por incorporar a los presos comunes. Pero jamás a los posteriores; muy pocos de ellos trabajaron alguna vez en el exterior de la prisión, ni siquiera cuando a partir de 1951 podían redimir pena por cualquier tipo de labor. El trabajo en colonias fue trabajo de preso de guerra y de preso común. Ya en 1943 habían probado a incorporar pequeños grupos de comunes en los destacamentos de Carbonífera Palomar (Teruel) y en la III Agrupación de Colonias Penitenciarias, en Talavera de la Reina. El siguiente paso fue la constitución de aquel grupo formal y pionero que trabajó en el tramo ferroviario de Madrid-Burgos al cabo de un año.

El declive de mano de obra causado por el descenso global de la población penitenciaria era imparable en 1944, afectando no sólo a colonias, sino a los talleres, aunque tan sólo en las cárceles de hombres, no en las de mujeres, que siguieron un ritmo muy distinto en la incorporación reglada al sistema de redención por trabajo. En el cuadro de la nota 12 puede comprobarse la evolución y relación entre población penal por causa de guerra y número de presos incorporados al régimen de redención por el trabajo empleados en trabajos externos, internos y en lo que la Dirección General de Prisiones definió como «trabajo intelectual» (maestros, alumnos de los cursos de catequesis, responsables de cuadros escénicos, equipos deportivos…). Lo cierto es que consiguieron un alto porcentaje de incorporaciones al trabajo: en 1944 un 71,6 por ciento trabajaba para redimir; sin embargo, esas cifras no incluían a las presas políticas. Como era habitual, seguían sin aparecer datos sobre ellas.

Como podemos observar, siempre hubo muchos más presos políticos redimiendo en las distintas tareas internas del presidio que en las colonias penitenciarias militarizadas. En 1952, el informe de la CICRC aseguraba que estaban prácticamente en extinción, ocupando a muy pocos presos los destacamentos que aún funcionaban[13].

El descenso de la población encarcelada por las causas indicadas llevó a precisar más la naturaleza y razones del trabajo penitenciario y a definir de una vez por todas su obligatoriedad: «El trabajo penitenciario representa la fuerza inteligente del detenido aplicada a la transformación de la materia, y será entendido como la organización metódica de su actividad para el cumplimiento de un fin determinado. Será obligatorio para todos los condenados de los dos sexos»[14]. Además, el mismo decreto precisaba qué naturaleza debía tener el trabajo obligatorio en los presidios considerados de castigo, como lo era la prisión de mujeres de Guadalajara, donde fueron trasladadas algunas de las reclusas de Segovia después de la huelga de enero de 1949: «El trabajo será duro, sin remuneración ni derecho a la redención de penas»[15].

El trabajo de presas y presos incorporados al régimen de redención de penas tuvo dos modalidades de compensación. En primer lugar, un grupo que no cobraba remuneración alguna, pero sí percibía descuento de días de pena. Se trataba de aquellos presos o presas situados en destinos, es decir, en distintas ocupaciones o responsabilidades necesarias para asegurar el funcionamiento de la cárcel (enfermería, cartería, oficinas, escuela…). La segunda modalidad conllevaba remuneración económica y redención de pena. Se trataba de los presos empleados en barbería y talleres, los que trabajaban en colonias penitenciarias militarizadas, y aquellos que eran utilizados en empresas privadas. En esos casos el salario no era percibido íntegramente por el trabajador o trabajadora reclusos, sino distribuido por el Estado. En concreto, a partir de un salario medio de 8,50 pesetas por día, se descontaban: 2 pesetas retenidas por el Estado para la manutención de la presa o preso; 2 pesetas más destinadas a su esposa, siempre y cuando estuvieran casados y el cónyuge mantuviese una adecuada conducta moral (más adelante hablaremos acerca del control y vigilancia ejercidos sobre las familias de los reclusos); una peseta más iba destinada a cada hijo menor de quince años; por último, una peseta con treinta y cinco céntimos era entregada en mano al preso trabajador en concepto de sobrealimentación. El resto del salario, descontados estos conceptos, ingresaba a beneficio del Estado. Por cierto, sobre las horas extras la ley establecía que serían abonadas íntegramente a las familias. Por consiguiente, en el caso de no haber familia o no ser localizada, el dinero iba directamente a las arcas del Estado. Por otra parte, no creo que valga la pena hablar sobre el control de las horas extras en la posguerra: en definitiva constituían un ingreso suplementario y directo, una vez más, para la hacienda pública[16]. Con los años esas cantidades no variaron de manera perceptible. Por ejemplo, en 1951 todo seguía igual excepto un ligero aumento en la cantidad directa recibida por el preso, que de 1,35 ptas. pasó a ser de 1,85 ptas[17].

La redención de penas por el trabajo generó una abundante ordenación y reglamentación penitenciaria que fue adecuándose a la evolución y necesidades del Estado y su compleja organización. La distribución de beneficios, ingresos en escuelas, control de redención de penas, concesión de libertad condicional, distribución de presos por medio del magnífico inventario que fue el «Fichero fisiotécnico» (en el que estaban registrados datos y capacidades de toda la reclusión española) y la publicación de la revista Redención, fue todo ello obra de una institución, una empresa enorme y poderosa: el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, constituido formalmente en 1938[18]. De él trataremos más adelante. Ésa era la estructura básica, la realidad hizo las cosas más complejas, menos cerradas. En cualquier caso, fue en ese entorno legal donde se desarrolló el trabajo penitenciario regulado, pero no fue ni el único trabajo ni la principal ocupación que permitió sobrevivir a las mujeres. Observemos el trabajo en el interior de sus cárceles.

«Chicas, no seáis tontas, empezad a trabajar…»

«Chicas, no seáis tontas, empezad a trabajar…»

Desde los inicios de las detenciones masivas, e incluso durante los ingresos de presas posteriores en los primeros años cuarenta, se estableció un debate en el interior de las saturadas cárceles. ¿Debían trabajar por cuenta del Estado o no? ¿Debían aceptar los encargos exteriores de labores organizadas en distintas ciudades por Acción Católica o no? La miseria interior de los presidios y las necesidades de mantener unas familias que habían sido diezmadas en la guerra y durante la represión resolvieron con bastante rapidez estas discusiones en un sentido pragmático: sí, era conveniente aceptar el trabajo para vivir, pues aunque los ingresos fuesen reducidos resultaban una ayuda necesaria para la compra no sólo de comida, sino de bienes escasos y preciados como jabón, papel o, especialmente, sobres y sellos.

Por otra parte, las mujeres presas se encontraron mucho más alejadas que los presos masculinos de las débiles redes de solidaridad establecidas en el exterior. Desde luego había muchos más hombres encarcelados con sus compañeras libres que al contrario, y que se ocupaban en lo posible de sus necesidades. Además, las organizaciones políticas crearon servicios de asistencia a los presos, como el sistema de madrinas de cárcel, mujeres que intentaban velar por las necesidades de uno o dos reclusos en cada presidio, mantener correspondencia con ellos y velar por sus necesidades materiales. Sin embargo, ese sistema jamás fue instaurado para las presas políticas, que tan sólo recabaron ayuda familiar directa cuando era posible, o de compañeras que habían salido del presidio y mantenían su vinculación con antiguas compañeras de cárcel. En modo alguno se creó un sistema de solidaridad estable para ellas en el exterior, por lo que su vida dependía de ellas mismas, tan sólo de ellas, mucho más que de la familia que habían dejado fuera, en condiciones de precariedad.

Esta situación fue determinante en las discusiones para inclinar la balanza a favor de la participación en todo tipo de trabajo regulado, aunque no conllevase redención y sólo algo de dinero, como era el caso de las presas comunistas posteriores. Sin embargo, hay suficientes relatos e informaciones como para comprobar que algunas siguieron sin querer trabajar por motivos distintos: a veces por un suficiente apoyo exterior, otras por rigidez doctrinal o simplemente por hundimiento de su estado de ánimo[19]. Pero en general, las detenidas optaron por incorporarse al trabajo. Lo cierto es que ingresar en los talleres fue considerado por las presas como un beneficio. Precisamente uno de los efectos dolorosos que tenía el encierro en celda de castigo o de incomunicación era suspender, durante el tiempo que duraba la sanción, el trabajo en taller, lo que suponía el estrangulamiento de sus pequeños ingresos regulares. Ésa fue, en efecto, una de las consecuencias que tuvieron que afrontar las presas que emprendieron la huelga de Segovia durante los seis largos meses de incomunicación, un periodo sin ingresos regulares y sin posibilidad de ayuda exterior a través de paquetes.

Sin embargo, el trabajo interno regulado de las presas (jamás se contempló en ley alguna el trabajo externo para ellas) fue mínimo, pues la existencia de talleres en las cárceles femeninas no fue promovida por la Dirección General de Prisiones con la intensidad que se procuró para los presidios masculinos. En 1941 existían tan sólo dos talleres —además de una granja— en el conjunto de cárceles femeninas. Uno de los talleres se encargaba de la confección de monos de trabajo y uniformes para la intendencia militar. Se encontraba en Amorebieta y ocupaba a una treintena de mujeres de un presidio rebosante de reclusas, como vimos en capítulos anteriores. El segundo taller se hallaba en Las Ventas, y ocupaba a 400 presas (además de una decena de mujeres en una pequeña sección de bordados) de una cárcel en la que había miles de reclusas políticas. Completaba la oferta laboral la granja agrícola de la cárcel de Les Corts[20].

Un par de años más tarde, en 1943, el taller de bordados de Las Ventas había aumentado hasta un total de 23 o 25 presas, e instalaron un taller de plancha que ocupaba tan sólo a cuatro reclusas, aunque ni una de ellas estaba sentenciada en firme. La ropa para plancha que entraba en el taller procedía del exterior de la cárcel, es decir, de clientes particulares, y su trabajo era remunerado, con excepción del planchado de los uniformes de las celadoras[21]. Un complemento a esos talleres era el llamado «Hogar», donde las presas solteras de entre 18 y 35 años cursaban durante seis meses el Servicio Social obligatorio para todas las mujeres españolas. Asistían al curso alrededor de un centenar de presas. Las tareas de labor, bordados, encajes, etc., desarrolladas en los cursos por las presas no eran trabajo remunerado, ni quedaban a su disposición, sino que se apropiaban de ellos las religiosas adoratrices, que comercializaban esta producción en beneficio propio[22].

En 1945 se había consolidado en Las Ventas el taller de plancha, y funcionaban también una granja agrícola, un nuevo taller de peluquería y otros tres de manipulación de papel, aerografía y fabricación de botones, además del ya antiguo de confección. Proseguía el taller de Amorebieta, y se abrieron otros de confección de vestuario en Barcelona, San Sebastián y Valencia. Dos años más tarde, a primeros de 1947, la Dirección General creó un nuevo taller de confección, esta vez en Segovia, empleando unas cincuenta presas políticas y algunas comunes[23]. El contraste con los talleres constituidos en los presidios masculinos era abrumador. En 1945 había ya organizada una oferta de más de 40 talleres de oficios distintos repartidos por quince cárceles, que consiguió incorporar al trabajo al 71 por ciento de la población penitenciaria masculina, según vimos.

No hay duda alguna de que tanto en el trabajo de mujeres como en el de los hombres, la explotación fue inmensa. Los sueldos de miseria proporcionaron buenos beneficios al Estado, las condiciones en que se realizaba el trabajo eran pésimas, y los presos y presas estaban sometidos a una absoluta desprotección laboral[24]. No obstante, ya vimos que la necesidad de subsistencia de la población penitenciaria hizo que la ocupación en trabajos internos o externos siguiera siendo considerada como un beneficio por la mayoría de presos y de presas. Incluso años más tarde, en 1952, así lo declararon a la encuesta realizada por la CICRC[25], y así lo recogió el informe en sus conclusiones: «La commission n’a rencontré sur place aucun cas où un détenu aurait été amené à travailler autrement que par le désir, soit de gagner quelque argent, soit de bénéficier de la rédemption de peine»[8a] [26].

Si la incorporación de los presos al trabajo regulado alcanzó, según vimos, un porcentaje muy alto, en torno al 71 por ciento, en el caso de las presas la mera observación de la distancia entre la oferta de trabajo interno y la cantidad de encarceladas que aún había en esos años revela que sus posibilidades de ingresos mínimamente regulares casi no existieron, por lo que el trabajo individual de labores y objetos diversos, con consentimiento de religiosas y celadoras o sin él, siguió siendo su principal medio de subsistencia.

Al principio, entre 1939 y 1940, ese tipo de trabajo no reclamó la atención de las religiosas que cuidaban del régimen interior de las cárceles. Pero cuando, muy pronto, tomó un carácter masivo y comenzó a manifestarse su rentabilidad gracias a la hábil comercialización que de los productos de labores hicieron las presas a través de sus familias y amigos, apareció la intervención religiosa, que se concretó de distintos modos. En algunos casos consiguieron crear grupos de presas que sólo trabajaran para ellas, separadas del resto de la reclusión. En otros, Acción Católica organizó la distribución de «roperos» que proveían de materiales a las reclusas para la confección de prendas o ajuares que Acción Católica distribuía posteriormente[27]. En ningún caso conocieron las presas el valor real de venta. No obstante, jamás dejó de existir el comercio clandestino, mucho más importante en las cárceles de mujeres que cualquier otra forma de trabajo.

Por supuesto, la actitud de la dirección respecto a las necesidades laborales de las presas en aquellos lugares en los que no había taller determinó posibles iniciativas para nuevas modalidades de trabajo independiente, no regulado, pero sí autorizado. Por ejemplo en la prisión de castigo de Guadalajara, donde en 1951 la barcelonesa Antonia Pujol ofreció oficialmente la provisión de materiales e instrucción para las presas, además de asegurar la comercialización de sus labores con precios correctos. La iniciativa prosperó. Eran muy pocas las políticas confinadas en aquel presidio, tan sólo cinco, pero organizaron el trabajo incorporando y dirigiendo por propia iniciativa a tantas comunes como pudieron, lo que según ellas contribuyó a la dignificación de su vida, además de aumentar su propia autoridad ante la dirección y el conjunto de reclusas. Juana Doña recuerda el día en que el director de la cárcel se lo planteó: «El director nos llamó a las políticas, que éramos cinco de las diecisiete que llegamos de Segovia, el resto ya había salido. El director nos llama y nos dice: “Vamos a ver. Yo, si puedo dar labor aquí tiene que ser a ustedes, no se la puedo dar a esas gamberras que hay por ahí”. Las insultaba de un modo terrible. “¿Y si ustedes se hacen cargo de ello?”. Y dice Pilar de la Torre: “Sí, señor, nos hacemos cargo”. “Bueno, pues hacen ustedes esto porque parece que es una cosa rarísima de hilos y aguja”. Y entonces lo cogimos. Yo, vamos, escribía a Antonia Pujol, tengo todavía fotografías de ella y muchos años de relación con ella, y entonces le dije que nosotras no sabíamos hacer punto, y ella dijo que nos mandaba las claves y nos mandó un cuaderno de claves y aprendimos todas. Y cuando aprendimos reunimos a todas las comunes en el patio aquel, y les dijimos: “Chicas, ¿queréis ser limpias, queréis tener jabón, queréis tener unos calcetines limpios, queréis ir con el pelo como es debido, queréis ir así? Pues aquí hay un trabajo que os podemos enseñar”. Eran muy pobrecitas, eran muy marginadas. Eran lesbianas algunas, otras habían matado a su hija, habían matado a no sé qué, terrible. Pero ahí en la cárcel eran presas, y lo estaban pasando horriblemente mal en el sentido material. Nosotras no lo pasábamos tan mal y eran muy solidarias, además. Cuando a nosotras nos castigaban en celda, ellas iban enseguida y: “¿Qué quieres? ¿Qué quieres?”. Y no tenían nada, pero por lo menos sabías que ahí había alguna gente que podía protestar por ti, ¿no? Por eso les dijimos: “Chicas, no seáis tontas, empezad a trabajar”. Y empezaron unas cuantas y terminaron todas»[28].

Este relato creo que ilustra lo muy importante que podía ser conseguir trabajo regular en la cárcel, e indica también la necesaria atención a circunstancias de dimensión aparentemente irrelevante —cinco presas políticas tan sólo—, pero que en un mundo pequeño podían permitir vertebrar en torno al trabajo una disciplina regida por las mismas presas políticas y recabar apoyos en circunstancias hostiles, más allá de la necesaria supervivencia material.

La incorporación de posteriores a los talleres penitenciarios de corte y confección, sin posibilidad de redimir, propició el sabotaje en beneficio de sus propias organizaciones con gran riesgo. Por ejemplo en Las Ventas, donde con ocasión de importantes contratas del Ministerio de Justicia para hacer uniformes destinados al Cuerpo de Prisiones, las presas comunistas y socialistas planificaron el recorte de tallas en el patronaje, confeccionando con la tela restante monos y guerreras para la organización o el maquis. «Cuando cortabas siempre te iban quedando esquinas, que de aquel poquito que tú aprovechabas de cada corte. En diez mil metros había ahorrado tela para varios monos. Todo esto iba quedando de ventaja. La ayudanta que yo tenía era del Partido Socialista, y entonces, de común acuerdo, se dijo: lo que se saque del tablero donde está la camarada comunista queda a beneficio del Partido Comunista, y lo que se saque del tablero donde está la socialista, queda a beneficio del Partido Socialista»[29].

Esa práctica hizo entrar en colisión a las trabajadoras políticas con las religiosas que tenían el taller a su cargo y que también sustraían sistemáticamente telas transformando tallas, de mayor a menor número, por medio de presas comunes a su servicio. Sin embargo, en aquella situación no pudieron actuar en contra de las políticas recurriendo a sanciones, porque su propio negocio corría el riesgo de ser denunciado por unas reclusas ya organizadas y abiertamente amenazantes. Las adoratrices intentaron otro sistema: «Al principio intentaron sobornarme. Pero yo les dije: “Aquí no va a sobrar nada para ustedes, porque yo soy la responsable ante el Ministerio, y si ustedes quieren se quedan con los retales, que buenos cuartos sacan con los sacos de trapos”. Entonces lo que hacían era que, durante la siesta, de las piezas que yo me había dejado extendidas sobre los tableros, lo que colgaba por los lados me lo recortaban»[30]. Se acabó pronto, porque las presas amenazaron muy seriamente a las religiosas. Al fin y al cabo tenían poco que perder y estaban acostumbradas a los castigos, pero las adoratrices podían perder la contrata del Ministerio y ser sancionadas. Se retiraron del conflicto. Las políticas se sentían fuertes en Las Ventas y siguieron saboteando por medio de su propio sistema.

Con la tela sustraída de las piezas en el taller hacían tres partes que eran camufladas en la sección de confección, controlada igualmente por políticas, «de tal modo que si a una maquinista le teníamos que poner tres monos para que los cosiera, le poníamos cinco, y ella ya sabía que dos eran para el partido, y el resto de la organización se ocupaba de esconderlos y sacarlos de la cárcel»[31].

No siempre era posible el sabotaje. Sin embargo, se mantuvo el criterio de no aumentar nunca la producción si no conllevaba un beneficio organizativo. Así fue, al menos, durante los años en que en los talleres había una mayoría de presas políticas, como ocurría en el de Segovia, provisto con unas cincuenta máquinas de coser, más una de fabricación de ojales, que ocupaban a un total de 150 presas, entre ellas unas pocas comunes.

Por lo demás, estuvieron privadas del acceso al trabajo penitenciario externo aunque la ley lo permitía. Trabajar en el exterior del presidio fue tan sólo cosa del encarcelamiento masculino y adquirió unas dimensiones importantes, como mínimo hasta fines de los cuarenta, a pesar de que su declive se inició en torno al periodo 1944-1945. En los años cincuenta los presos políticos, en su mayoría posteriores, no salieron prácticamente ya nunca de las cárceles. El trabajo exterior era cosa de los antiguos presos de guerra y de los comunes, ocupados en el sistema de colonias penitenciarias militarizadas, que por su complejidad, dimensión y contribución a la obra pública (y no sólo pública) de posguerra merece ser observado, incluso en un libro cuyo objeto es el encarcelamiento femenino, pues revela algunas peculiaridades del sistema penitenciario franquista.

En las afueras del presidio: las colonias penitenciarias

En las afueras del presidio: las colonias penitenciarias

Es sencillo confundir la evolución que siguieron los campos de concentración de prisioneros y sus batallones de trabajadores con el ámbito distinto y propio que se abrió en el mundo penitenciario con sus colonias organizadas en agrupaciones, batallones y destacamentos.

La distinción primordial consiste en que los primeros estaban constituidos por soldados y oficiales del Ejército de la República, dependían de la Inspección General de Campos de Concentración, y sus internos no cobraban ni redimían ni estaban encausados porque eran presos de guerra que aguardaban los destinos para ellos previstos: uno de ellos, el retorno a casa si habían conseguido dos de los tres famosos avales (autoridad municipal, Guardia Civil y párroco) para superar luego una «comisión depuradora» que decidiría su destino, que podía oscilar entre largarse de nuevo a casa sin más, reingresar en el Ejército por estar en edad de algún reemplazo afectado de reincorporación, o tal vez incorporarse en batallones de desafectos, llamados también corrientemente batallones de trabajadores. Otra frecuente posibilidad era la detención y el ingreso en prisión. Esos batallones se fueron disolviendo, al igual que los campos de concentración, y en 1940, habiendo hecho sus funciones la Comisión de Depuración, su presencia era residual. Los que ingresaron en la cárcel dieron a menudo con sus huesos en otro sistema, el de las colonias penitenciarias militarizadas, las cuales se nutrían de hombres encarcelados, y en principio juzgados y con sentencia firme. Su actividad estaba inmersa en un complejo sistema, en realidad fue una gran empresa.

Las colonias se crearon poco después de finalizada la guerra civil y al inicio de la segunda guerra mundial, con la promulgación de una ley fechada el 8 de septiembre de 1939 y firmada por la Jefatura del Estado, que dio origen a una institución, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. La nueva ley establecía no sólo su regulación, sino también su objetivo: «Utilizar las aptitudes de los penados, con el doble fin de aprovecharlas en su propio beneficio moral y material y en el del Estado, aplicándolas a obras de utilidad nacional. De esa suerte se obtiene el debido rendimiento, que incluso pudiera llegar a la amortización de las crecidas cantidades que el Gobierno aporta para el sostenimiento de la población penal. Se inspira la disposición en el mismo espíritu cristiano que informó la creación del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo con el que se mantendrá estrecha relación»[32].

Lo peculiar del nuevo Servicio de Colonias es que no dependía del Ministerio de Justicia, al que estaban vinculadas todas las instituciones penitenciarias, sino directamente de la Presidencia del Gobierno, y según el artículo segundo de la ley: «El referido Servicio tendrá organización y carácter militar». Las relaciones del Servicio de Colonias con el Ministerio de Justicia, y por tanto con la Dirección General de Prisiones, debían realizarse a través del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, que asumió las funciones de coordinación con el resto de ministerios, especialmente los del Ejército y Obras públicas. Eso hizo del Patronato un enorme ente de coordinación y distribución, una empresa ubicada en el centro de todo el sistema penitenciario, pues como vimos no sólo controlaba el trabajo penitenciario interior, en granjas agrícolas y talleres, sino también la compleja logística del trabajo exterior en industrias y colonias.

El organigrama de todo el sistema, desde la organización del servicio hasta el control de la vida en las colonias, revela su carácter estrictamente militar. Sus unidades operativas las definió la ley como unidades armadas, «ejerciendo su mando jefes y oficiales del Ejército». Además de estar circunscritas al mando e inspección de los jefes de cada región militar.

Organizaron su unidad básica en batallones, los cuales, en grupos de dos o más, formaban agrupaciones. De ellos podían desglosarse destacamentos cuando el trabajo requería pocos presos; pero además su consideración como unidades armadas situaba cualquier insubordinación o falta de los presos bajo la jurisdicción militar, algo que no ocurría con el trabajo en el interior del presidio. La dejación del Ministerio de Justicia, en lo que a la externalización del trabajo penitenciario se refiere, fue pues absoluta. Tan sólo se ocupó de recaudar y distribuir a través del Patronato para la Redención de Penas. El Ejército controló trabajo, alimentos y alojamiento de los presos, su salud y asistencia, cuyo gasto debía ser devengado de los jornales, mientras el Patronato debía seleccionar los presos por medio del fichero fisiotécnico centralizado (aunque no siempre fue así en realidad) y distribuir por medio de sus juntas locales la parte de beneficios que del salario del preso podían corresponder a su familia, según el sistema de distribución y asignación que describimos en páginas anteriores.

La vida fue dura, aunque al parecer en los primeros años muchos prefirieron cumplir condena en destacamentos que en el interior de la cárcel, a causa del hacinamiento inicial, pero eso dependía de los mandos. Sólo ellos hicieron que la vida en destacamentos y batallones fuera más o menos llevadera. De lo que no hay dudas es acerca de la prosperidad del negocio, no sólo para el Estado, sino también para las empresas privadas que, de acuerdo con la ley, contrataron presos en su industria. Por tanto, el trabajo penitenciario en su conjunto no sólo contribuyó a la amortización del gasto y al mantenimiento de la beneficencia de los reclusos, sino que generó unas plusvalías importantes y ayudó a capitalizar a numerosos empresarios de la Victoria.

Como se aprecia en el Apéndice de la página 229 y siguientes, el gran momento de las colonias penitenciarias transcurrió entre 1943 y 1944. A partir de 1945 comenzó el descenso por las razones anteriormente indicadas. De los 141 destacamentos que había en 1943, con 18 000 trabajadores presos empleados en obras públicas del Estado, empresas privadas o instituciones religiosas, en 1947 sólo pudieron formarse 37, que descendieron a 27 al finalizar el año, y ocupaban sólo a 2500 trabajadores presos[33].

La proletarización forzada de los prisioneros políticos en general permitió llenar el vacío dejado por muertos, exiliados e inválidos de guerra, pero generó también, además del obvio problema humano, otro más de naturaleza económica que preocupó no sólo a numerosos empresarios, sino incluso a los responsables de todo el sistema: una competencia desleal bastante dura en el mercado de trabajo de posguerra que se mantuvo hasta mediados los cincuenta. Aun en aquellas fechas distanciadas de los primeros años de posguerra, uno de los teóricos del penitenciarismo español, C. Belaustegui, mostraba su preocupación por el tema ante las quejas empresariales, que aseguraban que los productos de empresas contratistas de presos y la misma producción de los talleres, eran más baratos y competitivos que los de aquellos que usaban mano de obra libre[34].

No obstante, en el trabajo penitenciario hubo algo más que rendimiento y beneficio. El Patronato para la Redención de Penas actuó no sólo como un poderoso instrumento de administración laboral, sino también como organismo de vigilancia informativa y moralización. Lo hizo en plena ejecución de sus funciones y, como veremos, llevó la mirada de la dictadura al interior de los hogares de los reclusos gracias a la indispensable actuación de la red asociativa católica y en nombre de la asistencia benéfica a la familia del preso. Aquella institución fue mucho más que una enorme estructura empresarial. Si nos limitáramos a observar el Patronato de ese modo exclusivamente dejaríamos sin cerrar —y comprender— el círculo de toda la industria penitenciaria franquista.

Capítulo VIII: Extramuros: la trama benéfica

Capítulo VIII

Extramuros:

la trama benéfica

El 18 de agosto de 1952 cayó en lunes. Barcelona había celebrado en mayo el Congreso Eucarístico y España la retirada de la cartilla de racionamiento. Algunas personas, gente relacionada con la beneficencia penitenciaria, como los miembros de la delegación local del Patronato de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo y el Patronato de Protección a la Mujer, recordarían durante tiempo aquel lunes de agosto.

Alrededor de las cuatro de la tarde dos miembros del Patronato de Protección a la Mujer, acompañados de un par de agentes de la Policía Armada, se disponían a efectuar una incursión moral rutinaria en una vivienda de la calle Rosellón en la que, según sabían «por informes reservados, se ejercía la prostitución clandestina»[1]. Subieron al piso segundo, les abrió la puerta una joven embarazada, «llamada Viki, de vida equívoca», e inspeccionaron el apartamento. Tras abrir una puerta, los cuatro hombres «hallaron en una habitación a una pareja cohabitando en una cama de las llamadas de matrimonio. Ante la sorpresa de la inesperada visita saltó ella de la cama refugiándose tras una puerta, y él cubrióse rápidamente con la sábana por hallarse totalmente desnudo»[2].

Hasta aquí nada de particular, los cuatro hombres que inspeccionaban la moralidad barcelonesa se supone que estaban habituados a ese tipo de escenas. Pidieron la documentación y entonces llegó el desastre. La mujer era una joven de 27 años, de profesión enfermera y natural de la ciudad. Su pareja era un hombre de 73 años, y en su pasaporte los agentes leyeron que se llamaba Fidel García Martínez, era clérigo, en concreto obispo de Calahorra. Más tarde supieron que era también miembro numerario de la Hermandad de la Sagrada Familia de Nazareth.

«Estupor», ésa fue la sensación general, según escribió el agente que redactó el informe de los hechos. Especialmente —anotó— porque el obispo «se alojase en dicho piso en calidad de pupilo cuantas veces venía a la ciudad y ocupando dicha habitación en donde se encontraban sus maletas y ropas sacerdotales». Había más chicas en el apartamento (algunas de ellas menores) y todos —los agentes, el obispo y las chicas— se trasladaron a las oficinas del Patronato de Protección de la Mujer, «donde efectuóse el correspondiente atestado de las chicas y del referido señor, llamado por éstas familiarmente “Don Manolo”, si bien todas conocían su jerarquía eclesiástica».

Tres miembros del Patronato interrogaron al obispo, y «si bien fueron muy rigoristas, en todo momento le trataron con deferencia y discreción». Los tres eran Vidal Bosch, Aragay y Colldeforns (los dos primeros miembros también de la Hermandad de la Sagrada Familia). Acompañado de un agente, el obispo fue a por sus maletas y regresó más tarde a las oficinas del Patronato, «en donde vistió de nuevo el traje talar y fue a pernoctar acompañado del Sr. Vallverdú a la Casa de Ejercicios de San Ignacio de Sarriá»[3]. Al día siguiente mantuvo una larga entrevista con el obispo de Barcelona, Gregorio Modrego.

La guinda fue el atestado que levantaron los tres agentes del Patronato, pues finalizaba con unas «notas diversas» sobre el obispo: «Al encartado don Fidel García Martínez se le conocen sus andanzas mujeriegas anteriores a los años 1945-46. Fecha en que conoció a la Viki en otra casa de la calle Rocafort. Dio que hablar en el Hotel Majestic-Bar Diagonal. Dio otro escándalo el año 1951 en el Hotel Ritz. Vino al congreso eucarístico del pasado mayo asistiendo como obispo a dichos actos religiosos, sin perjuicio de que una noche, de paisano, concurrió al Cabaret Copacabana, junto con la Viki y otras muchachas jóvenes. Cuando se le encontró, hacía pocos días que había regresado de París, según indicaba su pasaporte y facturas de algunos restaurantes de aquella capital. Preguntado cómo realizaba sus rápidos cambios de personalidad, manifestó que lo hacía en los retretes de las estaciones, cambiando allí su ropa de simple sacerdote por las de seglar»[4].

Según algunos miembros del Patronato de Protección a la Mujer, vinculado al Ministerio de Justicia y al Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, ese suceso vulgar precipitó una grave crisis del organismo. No fue así, en realidad, pero le dieron al asunto mucha importancia. A principios de los cincuenta aquellas instituciones vinculadas en grado distinto a la beneficencia penitenciaria andaban ya medio muertas en su actividad de asistencia a las familias de los encarcelados. El asunto sirvió como pretexto para que diversas facciones en competencia rubricaran el fin de una etapa de asedio a las familias de los presos. Asedio moral y asedio policial, desde luego.

Vigilancia y caridad

Vigilancia y caridad

Habitualmente ocurría en los días primeros de mes. Una muchedumbre de damas católicas rebosante de altruismo y misericordia recorría barrios y arrabales trajinando pequeñas bolsas con precisas cantidades de dinero ganado en las distintas modalidades del trabajo penitenciario[5]. Su misión era crucial: sin ellas una de las más impresionantes instituciones penitenciarias, el Patronato Central de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, jamás habría podido cumplir sus funciones por falta de recursos humanos. Aquellos hombres y mujeres que militaban en Acción Católica o en alguna de las múltiples sociedades católicas misionales, penetraban en las familias de los presos en nombre del Estado. Así debían hacerlo, según las «Instrucciones»: «Debe presentarse a las familias como auxiliar del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, o sencillamente como Patronato de Presos»[6]. Aquellas mujeres no eran metáfora ni símbolo de nada, encarnaban pura y simplemente la comunión entre Iglesia y Estado y sus visitas eran la realidad humana de la dictadura en casa.

No eran inconscientes de su cometido. Sabían lo que hacían y cómo debían actuar. Se organizaban en torno a la estructura parroquial y habían sido instruidas y aleccionadas por las delegaciones locales del Patronato de la Merced. Con su autoridad se infiltraban en cada hogar de preso, sabedoras de que su deber como señoras de la Victoria no se limitaba a librar la parte del sueldo que las leyes de la beneficencia penitenciaria otorgaban a las familias de los encarcelados por su trabajo. Su misión, además de «aprovechar la oportunidad del reparto para ejercitar un cristiano apostolado», consistía en observar e informar, y por esa razón las hojas de «Instrucciones» aconsejaban discreción y tacto, advirtiendo que «debe evitarse todo cuanto pudiese parecer una investigación policíaca»[7], aclaración que sólo puede deberse a que, sin duda, tal era la función del militante o congregante católico bien dispuesto. Se trataba de que «con la discreción necesaria debe el visitador informarse de los medios de vida con que cuenta la familia visitada, nombres y apellidos, número de hijas e hijos, si van o no a escuelas o talleres, domicilio de los mismos, si tienen o no prácticas religiosas»[8]. Los «Deberes del visitador»[9] constituían un capítulo importante y concluyente de las «Instrucciones»: la visitadora debía elaborar una ficha con todas sus observaciones que, posteriormente, era transmitida al Patronato y más tarde a la Dirección General de Seguridad por medio del Servicio de Libertad Vigilada, de cuya junta provincial formaban parte el comisario jefe del Cuerpo General de Policía y el primer jefe de la Guardia Civil[10].

La combinación entre el Estado, la beneficencia católica y sus organizaciones de masas fue muy eficaz en el control de los encarcelados y sus familias, y por supuesto no tuvo nada de accidental. Al contrario, estuvo regulada, calculada y estimulada como uno de los pilares del mundo penitenciario que extendía sus ondas más allá de los muros y las rejas. Entre el preso y su familia se construyó una compleja trama de control y acoso físico y moral en el que el Estado puso las leyes y el dinero y la Iglesia los medios humanos, extendiendo su influencia en nombre de la caridad victoriosa que repartía bondad y paciencia en forma de ropa y favores burocráticos a cambio de información recabada con engaño que podía ser utilizada en contra del preso o su familia.

Cuando en 1942 el Ministerio de Justicia, con Bilbao Eguía al frente, decidió que el Patronato Central para la Redención de Penas debía adecuarse a la nueva realidad penitenciaria, modificó, desarrolló y completó las leyes fundacionales de 1938 inspiradas por el jesuita Pérez del Pulgar, y estableció y precisó sus funciones para el futuro. Fue en esa reforma que su nombre oficial fue santificado, dejando de llamarse Patronato Central para la Redención de Penas… para establecer la nueva denominación de Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo.

En general, la reforma del Patronato consistió en una reestructuración de su organigrama y una precisión de sus funciones asistenciales. Definió la composición de los vocales (que a partir de aquella orden tuvieron el rango de inspectores centrales de prisiones del Patronato) y articuló los contenidos de algo tan importante como las delegaciones locales del Patronato, su verdadera fuente de vida al constituir el punto terminal y la institución intermediaria real entre el preso y su familia. No sólo era eso; la delegación local debía «ejercer su vigilancia tutelar sobre las familias de los reclusos, sobre los liberados provisionalmente y cerca de los reclusos en el interior de las prisiones»[11]. Además, una misión de las delegaciones locales era «hacer llegar a los familiares de los reclusos las asignaciones que les correspondan por los trabajos de éstos»[12], ya vimos cómo. Pero en lo referente a las presas, el nuevo ordenamiento se declaraba muy preocupado por su vigilancia moral, por lo que en su artículo octavo estableció a ese fin «colaborar, moral y económicamente con el Patronato de Protección a la Mujer»[13], algo auténticamente peligroso para las destinatarias.

La vocación vigilante del Nuevo Estado no debería sorprender, pues era algo inherente a su naturaleza. Lo interesante es saber cómo se ejerció en este caso concreto. El instrumento genérico eran las delegaciones locales del Patronato, que estaban en conexión orgánica con el Servicio de Libertad Vigilada y, aunque en modo distinto, con el Patronato para la Protección a la Mujer. Todas ellas eran instituciones oficiales y públicas conectadas entre sí, pero su actividad cotidiana sólo fue posible a través del asociacionismo católico, con el que el Estado contaba, por supuesto. No obstante, el entusiasmo militante del catolicismo hizo más. Ocupó por completo dichas instituciones, no las vocalías del Patronato de la Merced, sino algo mucho más serio, las delegaciones locales del mismo y toda la beneficencia penitenciaria a través de una compleja red asociativa que mostró tal voracidad, celo y control institucional que, aparte de causar algunas fricciones con los poderes locales, facilitó la labor de vigilancia policial sobre presos, liberados condicionales y su entorno. Uno de los resultados fue la progresiva ocultación de muchas familias de presos que al parecer no estaban dispuestas a sufrir la vigilancia y la violencia moral de las congregaciones católicas, ávidas de hacer el bien, o sea, de vestir al vencido y vigilar que no volviera a las andadas.

Desde su constitución, las delegaciones locales del Patronato de la Merced se nutrieron de un personal directivo que, procedente de los antiguos Patronatos propresos, estaba engarzado con las instituciones asistenciales de la administración local, con organismos tan importantes como Protección de Menores y el Tribunal Tutelar de Menores, y con cofradías asistenciales católicas de todo tipo, incluso con una poderosa Hermandad de carácter sorprendentemente secreto y una extraordinaria ansia de poder y control, la Hermandad de la Sagrada Familia de Nazareth (liderada por el cardenal Segura), cuya actividad fiscalizadora hasta los primeros cincuenta fue intensa y obsesiva. Es más, las directivas de las delegaciones locales se referían a menudo a sí mismas como «Patronato pro Presos», recordatorio de la tradición moral y militante que debía imperar en las nuevas delegaciones del Patronato de la Merced. El Estado les dio una normativa y una reglamentación, aunque apenas recursos materiales, pero los nuevos presidentes y vocales recurrieron a su gente desde la célula básica del universo católico, la parroquia.

Además, el nuevo reglamento de las delegaciones locales indicaba en quién debían apoyarse éstas y dónde encontrar su personal por si alguien, desconcertado, dudaba: «Para realizar esta misión, sobre todo en las ciudades importantes, se recabará la colaboración de instituciones benéficas, organismos del Movimiento Nacional, entidades de Acción Católica, conferencias de San Vicente de Paúl, etc…, las cuales serán colaboradoras de la delegación local»[14].

No es extraño, pues, que la delegación local de Barcelona enviase en 1943 (año de auge del trabajo penitenciario) una circular a todos los centros parroquiales de la provincia pidiendo su ayuda. En ella comunicaban a los párrocos que «la delegación cuida del reparto a domicilio de las asignaciones devengadas por los reclusos que redimen pena por el trabajo y con las que socorren a sus familias. Las visitas las practican las señoras de Acción Católica femenina, que realizan una labor similar a las de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Además socorre a las familias de presos […] y ejerce también una acción tutelar a los liberados que acuden a sus oficinas, procurando recomendaciones para encontrarles trabajo, costeando pasajes, albergues, etc.». Y añadía, en letra mayúscula, que «la delegación PRECISA EXTENDER CONSIDERABLEMENTE LA ESFERA DE ACTUACIÓN DEL PATRONATO, con la coordinación de todos los organismos benéfico-sociales, bajo la dirección del Secretariado Central de Beneficencia de la diócesis»[15].

Se lanzaron a la búsqueda de la familia de preso. Sin ayuda parroquial, sin sus contactos y medios, la delegación local nada habría conseguido, o muy poco, y por eso pidieron información a los párrocos «de familias en las que esté encarcelado alguno de sus miembros»[16], e incluía el nombre de aquellas entidades gracias a cuya colaboración y actuación podía desarrollar las funciones de vigilancia y caridad encomendadas por el Ministerio de Justicia: «Las Conferencias de San Vicente de Paúl, Auxilio Social, Acción Católica, Protección de Menores, Protección a la Mujer, Tribunal Tutelar, Libertad Vigilada e Instituciones hospitalarias»[17].

Relataba a continuación el mecanismo de acceso al preso o presa para efectuar su función asistencial: «Según reciente disposición de la Dirección General de Prisiones, el director de la cárcel dará cuenta al Patronato de los presos cuyas familias crea deban ser atendidas. En ese caso, el propio director facilitará que miembros del Patronato puedan visitar al preso. De ese modo el Patronato serviría de nexo entre los reclusos y sus familias»[18].

No pasar por esa mediación impedía al preso cualquier acceso a la beneficencia del Estado.

La función de nexo entre preso y familia, que había sido potestad de los antiguos Patronatos de presos y libertos, conllevaba la catequización de los reclusos, y el director general de prisiones la autorizó en 1942[19]. Sin embargo, ése fue el único aspecto que las delegaciones locales del Patronato no pudieron ejercer de forma directa, y precisamente a causa del nuevo ordenamiento penitenciario, aprobado meses después, en noviembre del mismo año, pues otorgaba la formación religiosa de los presos y presas al Cuerpo de Capellanes de Prisión, cuyo capellán mayor era, desde 1943, Martín Torrent, como hemos visto también vocal de la Junta Central del Patronato. Sin embargo, las delegaciones locales no dejaron de reclamar para sí esa misión en las memorias que anualmente eran presentadas a la Dirección General de Prisiones, al menos a lo largo de la década de los cuarenta. «Esta delegación local no ha tenido ocasión para poder contribuir a los trabajos de catequesis y de propaganda religiosa y cultural que se realiza en el interior de la prisión, y tampoco se ha presentado oportunidad para incrementar la aportación de libros a la biblioteca. Solamente ha enviado semanalmente 500 ejemplares de la Hoja diocesana en cuyo servicio hemos invertido 1713,65 pesetas […]. Antes de la República, a los socios de los Patronatos [de penados y libertos] se les permitía la entrada en la cárcel y podían ejercitar un apostolado seglar de indiscutible eficacia para el bien espiritual de los reclusos, practicando al mismo tiempo la obra de misericordia de visitar a los encarcelados, visitas a las que están vinculadas celestiales recompensas. No se nos oculta que desde que funcionaban los citados Patronatos hasta la fecha, han cambiado mucho las circunstancias […] pero estimamos una deficiencia que no se pueda practicar, con las limitaciones que se estimen indispensables, la citada obra de misericordia que tiene el rango de precepto divino»[20].

La presión religiosa sobre los presos y presas en el interior de las cárceles fue tarea exclusiva de los sacerdotes a ellas destinados, de las religiosas que administraban los centros y del entorno general, mucho más que del apostolado secular. Aunque no debe tomarse como una norma absoluta, pues eso dependió, en cada localidad, de la presión diocesana y de la actitud del director de la prisión. Lo que sucedió en el penal central de Mallorca con Matilde Landa es una prueba de ello, como vimos en capítulos anteriores. Por lo general, la colaboración de los capellanes con las delegaciones locales consistió en transmitir información sobre aquellos presos cuya familia era localizable, algo que hicieron de común acuerdo con los directores de prisión.

Así las cosas, la actividad redentora y vigilante de las delegaciones locales, en manos de antiguos dirigentes del apostolado secular, cayó sobre las familias de los reclusos, ejerciendo sobre ellas una presión grave en caso de ser localizadas. Además, aunque parezca sorprendente, esa actitud de acoso moral y vigilante tuvo su estímulo precisamente en el fracaso de la misión benéfica de las delegaciones locales, pues en realidad su caridad material real, contable, fue irrisoria. Tan sólo fueron eficaces en localizar chicos y chicas para sacarlos de su familia y colocarlos en escuelas y hospicios. Al fin y al cabo la captación de hijos de reclusos constaba como norma importante de las funciones de la visitadora o visitador, y lo reflejaron en sus informes: «El cuadro ordinario que nos ofrece la familia del recluso es una mujer enferma o sin trabajo o ausente del hogar; los hijos, con frecuencia numerosos y de corta edad, están sumidos en el mayor abandono, faltos de alimentos, ropa y escuela, haciendo vida en la calle, con carencia absoluta de ambiente moral y religioso»[21]. Lo que más inquietaba era precisamente la supuesta incapacidad moral familiar, pues al fin y al cabo la familia era considerada sólo como «víctima de los horrores de la miseria y del abandono a consecuencia del delito que cometieron sus jefes y a las que tanto conviene reconquistar para Dios»[22]. Debido a que de reconquistar se trataba, la respuesta de las delegaciones locales se orientó siempre en la misma dirección: «Esa junta local procederá a ingresar los niños, quedando a cargo de ella la tutela de los mismos»[23]. La respuesta no era la escolarización, sino el cambio de entorno y la desposesión tutelar. No cabe duda de que también estaba en sus proyectos mitigar las necesidades materiales, pero su obsesión por el entorno moral y su arrogante desprecio por la capacidad de los padres para formar a sus hijos superó, en mucho, el interés por el entorno material sobre el que tan sólo intervinieron modestamente.

No hay más que observar los criterios del Patronato Central para iniciar la intervención sobre los hijos de las familias visitadas: «Casos urgentes de miseria moral producida por vida irregular de la madre, conducta inmoral o ideas perniciosas de los familiares que conviven con los niños»[24]. Esos criterios les llevaron a ser actores de la desarticulación familiar y a diezmar biografías a causa de su propia intransigencia, fundada en los principios del catolicismo. Además, Vallejo, por aquellos años de posguerra, volvía a contarlo una vez más: el ambiente democrático republicano era lo más nocivo que podía existir para chicos y chicas[25].

Actuaron así desde sus inicios, y también en los años centrales de la década de los cuarenta, cuando mejor organizado estaba el servicio de beneficencia de las delegaciones locales del Patronato. En 1946 su caridad en especie se concretó en un par de canastillas «a mujeres que han dado a luz en la cárcel; dos equipos para ingresar en el servicio doméstico, otro para ingresar en el sanatorio de Tarrasa y otro completo para la primera comunión»[26]. Notificaba la memoria de la delegación local de Barcelona que habían rescatado también varias papeletas de empeño de mantas y ropas de abrigo, la compra de 25 pares de alpargatas y unas medias de goma, además de algunas chaquetas y cortes de ropa y medicamentos. Aquel año, en cuanto a ingresos de niños y niñas en asilos, fue un fracaso en Barcelona. Colocaron a 17, pero 9 de ellos «se negaron después a ingresar»[27]. Por aquellas fechas la delegación había tutelado ya a 57 niños y 102 niñas. Pagaron alquileres para evitar desahucios e hicieron algún donativo en metálico. Y eso fue todo. Y siempre lo mismo. Un par de años más tarde, entre una población con miles de presos, el reparto se limitó a «45 jerseys, 26 pares de calcetines, 21 faldas, 7 pantalones, 3 camisas y dos trozos de tela para trajes»[28] y algunas otras donaciones en medicamentos que habían alcanzado alrededor de 7000 pesetas, una cifra que con pequeñas oscilaciones era similar anualmente entre 1942 y 1949. Este último año la actividad benéfica de la delegación local de Barcelona fue una simple caricatura (aparte del ingreso de críos en asilos), pues se limitaron a visitar hospitales y manicomios en los que había familiares de presos y presas, proporcionaron algunas partidas de nacimiento y bautismo, recomendaron a la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria de la ciudad la exención de algunos alquileres, consiguieron pasajes gratuitos para cinco familias y poca cosa más[29]. La actividad benéfica material de las delegaciones fue ridícula.

Sus responsables fueron siempre conscientes de ese déficit, precisamente en una de las actividades en las que debía ser relevante. Al parecer, ello les atormentó lo suficiente como para escribir en su memoria anual, dirigida al Patronato Central: «La labor carcelaria y postcarcelaria reseñada es demasiado modesta por la que entendemos debería realizarse. La actuación de la delegación actuando como Patronato de Presos es muy limitada»[30]. Se quejaron de que tan sólo acudían a las oficinas de la delegación cuatro o cinco libertos mensualmente, cifra más o menos repetida entre 1944 y 1950. La delegación local lo atribuyó siempre a la falta de información. No era cierto: no hay más que hojear la revista Redención, la única de circulación legal en los presidios, para comprobar que reiteradamente se anunciaban los beneficios que podían obtenerse de las delegaciones locales del Patronato de la Merced y su ubicación en distintas localidades. De todos modos, sí es cierto que la Dirección General de Prisiones recelaba de una propaganda masiva. Cuando en 1942 la junta local de Barcelona planteó desarrollar una campaña informativa en la prensa de gran tiraje, revistas y radio, e incluso promoviendo la organización de festivales, la Dirección General retuvo las iniciativas con un argumento significativo de toda la política de ocultación de la realidad carcelaria que desarrollaba la dictadura: «En cuanto a la campaña de divulgación que esa junta quiere hacer en revistas, prensa, radio, festivales, etc., este Patronato la encuentra muy plausible y la facilitará en cuanto pueda. Se servirá enviarnos los textos que deseen publicarse para que nosotros requiramos en su caso la aprobación de la censura, pues no puede perder de vista este Patronato que incluso las iniciativas hechas con mejor intención a favor de los reclusos, pueden tomarse como ocasión propicia para hacer manifestaciones que pueden tener algún color político»[31].

En realidad, la progresiva inanición de las delegaciones no era una cuestión de información y publicidad entre los presos o en las localidades. Simplemente había miedo, también rechazo, pero especialmente temor al control ejercido sobre las familias, y cada vez con mayor intensidad, por las delegaciones locales a través de las asociaciones de congregantes católicos.

Sin embargo, éstos manifestaron en sus escritos estar deseosos de intervenir e intensificaron la misión en la que podían actuar sin límites: la vigilancia por medio de la ya mencionada entrega de sueldos procedentes del trabajo penitenciario, y por las informaciones del interior de las cárceles facilitadas por los capellanes y la dirección de las mismas.

Localizaron familias que deseaban permanecer ocultas, elaboraron fichas sobre sus actividades sociales, y especialmente se fijaron en las esposas de los presos. «El padre era oficial de correos y en el mes de marzo fue detenido y conducido a la cárcel Modelo y está condenado a doce años de reclusión. La madre seguramente ejerce la prostitución, pues se marcha de su casa por la mañana y no regresa a la misma hasta la madrugada»[32], con lo cual era posible argumentar ante el Tribunal de Menores el ingreso de hijos e hijas de los encarcelados en centros de la beneficencia pública, ocultando la pérdida de tutela de los padres. Existen en los archivos del Patronato numerosas notas que se refieren a la tensión creada por esa última situación:

«Francisca […] de 9 años. Su padre Francisco […] está en la cárcel de Burgos. Su madre Ana (—) vive en Grau y Torres (Barceloneta) al ingresar en Plegamans [un centro social del Estado] su madre se niega al ingreso».

El caso de Isabel, con cinco años de edad, resulta paradigmático de bastantes de esas anotaciones. Su padre, de 27 años, trabajador del ramo del vidrio con domicilio en Barcelona, «se niega a firmar la documentación. Ingresamos a la niña en San José de la Montaña. La madre, Isabel…, la saca al cabo de pocos días»[33].

Fueron muchos los familiares sorprendidos por la presión de las delegaciones locales para ingresar a sus hijos en diversos centros asistenciales. El relato de una de aquellas muchachas, Marina Cornellas, que a punto estuvo de ser arrebatada de su familia, resulta elocuente: «Recuerdo que aquí, una vez, cuando mi padre estaba en la cárcel, vinieron de una escuela de monjas a buscarme. Dijeron que habían sabido que mi padre estaba en la cárcel, con lo cual, dijeron, sufrían, porque mi educación sería mala. Entonces mi madre salió, eran dos monjas del Patronato, y les dijo: “¿Qué vienen a hacer?”. “Venimos a llevárnosla, porque podemos internarla. Toda la semana la tenemos internada y usted el sábado o el domingo puede venir a verla”. Yo recuerdo que la reacción que tuvo mi madre fue ir a buscar la escoba a la cocina, salir al recibidor y decirles: “A ustedes lo que les falta son escaleras para bajar. ¿Me entienden? Porque mi hija, si pasa hambre, la pasamos entre las dos, pero mi hija con ustedes no se va. Ustedes lo que harían es que la mentalizarían para cambiarle el sentido de la vida, por tanto, marchen”»[34].

Muchos se negaron. Algunos tuvieron suerte y pudieron rescatar al hijo o hija. Es significativa la razón que alegaban los padres para negar el ingreso de sus hijos, según la anotación escrita por los informantes al pie de numerosas fichas y listas: «No aceptan ante el perder la potestad por no estar claro el asunto»[35]. La reacción del Estado, a través del Ministerio de Justicia y de la presidencia del Patronato, ante esa actitud de fundamentado recelo familiar, fue precisamente una alusión reiterada al tema en las Memorias anuales o en la revista Redención, o en cualquier folleto de propaganda sobre prisiones, en donde se aseguraba que jamás los padres perdían la tutela de los hijos, como hemos visto que efectivamente sucedía en el capítulo anterior, dedicado a los mecanismos de pérdida de los hijos de los encarcelados.

Una de las consecuencias de ese acoso moral y físico cada vez mayor —y más complejo, como veremos— fue la «desaparición» constante y creciente de muchas familias para escapar a los controles de las delegaciones locales y sus agentes católicos. La presión debió de ser lo suficientemente intensa como para que cada vez más familias prefiriesen perder el dinero que les correspondía por el trabajo penitenciario de sus presos. Claro que con su «ausencia» contribuyeron, sin saberlo, a la decadencia de las delegaciones locales del Patronato, tan sólo útiles, ya a fines de los cuarenta, para intensificar sus vínculos con las distintas ramas del apostolado católico secular y entablar una dura cruzada moralizante, lo único que les quedaba además de vigilar cuanto podían y repartir cuatro duros o media docena de calcetines, y quejarse, claro, de lo poco útiles que se sentían. Pero siguieron existiendo, eso sí.

Las familias beneficiarías del trabajo penitenciario fueron desapareciendo. No me estoy refiriendo a que la progresiva caída de mano de obra penitenciaria a partir de 1946-1947 provocase un descenso paralelo y obvio de beneficiarios. Se trataba de un fenómeno distinto: que muchas de aquellas familias debieron plantearse optar entre el acoso remunerado o la tranquilidad. Y muchos, al parecer, se inclinaron hacia esa última opción.

Una circular interna de la Hermandad de San Cosme y San Damián, colaboradora importante del Patronato de la Merced y sus delegaciones locales, proporcionaba indicios interesantes sobre el auge, decadencia y miseria de los sueldos finalmente percibidos por las familias de presos beneficiadas. Informaba la Hermandad de que durante 1941 habían sido 2378 las familias a las que se había entregado el dinero procedente de los presos, con un montante efectivo de 192 871 pesetas, distribuidas «por medio de las secciones femeninas de la mayoría de las 67 parroquias con que cuenta Barcelona», felicitándose a continuación por la actividad y control del Patronato, y por la suya propia, sobre las familias de aquellos presos[36]. La media era, pues, de 81 pesetas mensuales por familia, lo que tampoco era como para que los beneficiarios se pusieran a saltar de alegría.

Transcurridos cinco años, en 1946, la memoria de la delegación local comenzaba con una advertencia al Patronato Central: «Desconoce esta delegación el número de familias de reclusos que residen en esta capital y las que redimen penas por el trabajo»[37]. A pesar de ello, afirmaba haber pagado a 844 familias por un importe de 61 807,10 pesetas (lo que hacía una media de 73 pesetas mensuales por familia), y advertía sobre la devolución de recibos, en muchos casos por haber cambiado el domicilio familiar sin haber comunicado la nueva dirección, a pesar de conocer su derecho a percibir los salarios procedentes del trabajo en destacamentos o batallones penitenciarios. El descenso de familias localizables en cinco años fue considerable. Durante los años siguientes prosiguió el retorno de recibos por desconocimiento de domicilios, sin haber comunicado cambio alguno los beneficiarios. Por cierto, el dinero no retornaba al preso que lo había generado, sino a las arcas del Estado.

En 1950 tan sólo se habían obtenido 370 recibos familiares por un total de 36 466,52 pesetas, repartidas como siempre «en una bolsita, y al igual que los años anteriores, cuidan del reparto a domicilio, beneméritas señoras de Acción Católica femenina, de las distintas parroquias a las que pertenecen las familias de los reclusos»[38]. Aquel año la media subió a 98,50 pesetas. A pesar de todo, el entusiasmo militante de las delegaciones locales prosiguió. No hay más que hojear sus nada burocráticas memorias a lo largo de la década de los cuarenta, o incluso entrados los cincuenta, para darse cuenta de que su entusiasmo militante les hacía pensar a lo grande. Hicieron propuestas que seguramente consideraron imaginativas, como una que debió aterrorizar a los directores de prisiones: percibir una parte de los beneficios procedentes de los economatos de las cárceles. La respuesta fue que no, claro está[39]. Recaudaron dineros por su cuenta para compensar la estrechez del presupuesto oficial y alcanzar a un mayor número de familias de presos fuera de su competencia. Hicieron propuestas a los directores de las cárceles sobre el cambio del régimen interior… Jamás consiguieron nada. Al menos de eso se quejaba uno y otro año la delegación de Barcelona. No desfallecieron, al contrario. Desde el principio se dedicaron en cuerpo y alma al control moral de las encarceladas y excarceladas en condicional, y a coordinar y expansionar la misión moralizante para la cual aparentemente se consideraban destinados. Para ello fraguaron una red de poder sorprendente y peligrosa, que a buen seguro les proporcionó un montón de indulgencias plenarias poniendo el cielo al alcance de su mano. ¿Acaso podían hacer otra cosa si no les dejaban casi entrar en la cárcel, ni siquiera para consolar o catequizar, y además se les escabullían las familias de los presos? Sólo les quedaba vigilar, informar, ingresar niños en colegios y hospicios, rezar y actuar por su cuenta, es decir, con los recursos que ofrecía el amplio espectro del asociacionismo católico secular.

La red

La red

La obsesión por la conducta de las mujeres encarceladas, en libertad condicional o desterradas en su ciudad, fue una constante de las delegaciones locales y sus colaboradores de las distintas congregaciones y hermandades católicas. Por cierto, presas desterradas había muchas en Barcelona: 316 en 1943 (y sin duda muchos más hombres) procedentes de 48 penales distintos[40]. La cifra debió de aumentar aún más con los años, hasta el punto de que en abril de 1949 la subdirección general de Libertad Vigilada mandó hasta tres circulares a todos los presidios advirtiendo que la ciudad «estaba prohibida para la residencia de liberados condicionales». Por tanto no debía aceptarse ninguna solicitud como destino de destierro en ella. La Subdirección no hacía más que cumplir la Ley de Libertad Vigilada, que establecía la prohibición de residencia de destierro «en los casos que la concentración en una misma localidad de un excesivo número de liberados sea inconveniente para el orden público»[41].

¿Recuerdan la circular que la delegación local había enviado a los párrocos recabando ayuda en la localización de presos, excarcelados en condicional y desterrados? Bien, pues finalizaba con un capítulo titulado «Cárcel de mujeres». Su contenido no podía ser más explícito en cuanto a métodos y objetivos: «Será fácil, de acuerdo con el director, con las religiosas y con la labor de señoritas de Asistencia Social, conocer la fecha de salida de la cárcel de jóvenes recluidas, sea gubernativamente, sea en virtud de procedimiento judicial. Llegado el caso, una sección de señoras de Acción Católica se harán cargo de las jóvenes a los fines de la Asociación [Patronato] de Protección a la Mujer»[42].

El Patronato de Protección a la Mujer estaba controlado por la delegación local del Patronato de la Merced. ¿O quizá al revés? A su vez, la Liga contra la Pública Inmoralidad, auténtico «brazo armado» del Patronato de Protección a la Mujer, y nutrida especialmente por hombres de Acción Católica curtidos en vigilar playas y locales nocturnos (con grave riesgo de condenar su alma), estaba conectada en sus cargos dirigentes con la Hermandad de San Cosme y San Damián —una antigua Hermandad secular del ramo de la sanidad— cuyos médicos y enfermeras (aunque curiosamente se hallaban también en sus listas juristas, historiadores y empresarios) construyeron un próspero tejido de hogares infantiles y de asistencia social para mujeres, entre los que se hallaba la bastante extensa lista de centros de Auxilio Social. Además, el Tribunal de Menores estaba presidido por un activo, anciano y siniestro personaje, don Ramón Albo Martí, cuyo nombre aparecía en los organismos directivos de todas las entidades citadas, y como primer vocal de la delegación local del Patronato de la Merced, que a su vez participaba de las tareas del Servicio de Libertad Vigilada, debemos recordarlo. Todo ello observado y tutelado por esa extraña, antigua, secreta y bastante influyente sociedad, la Hermandad de la Sagrada Familia de Nazareth (Ramón Albo era también hermano numerario de la misma), que al parecer planificó, con bastante éxito hasta 1952, los caminos que todos ellos debían tomar: desde el Tribunal de Menores hasta las delegaciones locales, pasando por ligas y hermandades, pero especialmente a través de una entidad tan importante para las mujeres presas (y también, y mucho, para las que no lo estaban) como el Patronato de Protección a la Mujer.

Un lío. O mejor una trama, y bastante seria, que se interponía entre el recluso y su familia controlando en toda su extensión la beneficencia del Estado prevista para los presos, cerniéndose además sobre las mujeres liberadas o desterradas que estaban a su alcance, consideradas todas ellas delincuentes de distinta tipología por el Patronato de la Mujer.

El Patronato de Protección a la Mujer comenzó su andadura de manera solemne. Corría marzo de 1942. El día 25 de ese mes don Esteban Bilbao Eguía, ministro de Justicia, de quien dependía la nueva institución, abrió la sesión que inauguraba la vida del Patronato. La esposa del Generalísimo, Carmen Polo, ocupó la presidencia representando en verdad a casi todas las mujeres, pues ella y las dos vocales de Sección Femenina eran el único elemento femenino de aquella junta de hombres destinada a velar por la salud moral femenina. El decreto de constitución declaraba vocal nato del Patronato al director general de prisiones, expresando de ese modo uno de los ámbitos de actuación preferencial del Patronato, y también al presidente de la Federación de Hermandades de San Cosme y San Damián, don Guillermo Núñez Pérez, exponente de la vinculación orgánica con el asociacionismo católico.

En los meses que siguieron, las distintas provincias constituyeron sus respectivas juntas siguiendo el mismo estilo. En la de Barcelona, el Patronato se constituyó en el despacho del gobernador civil el 9 de abril de 1943. Formaban parte del mismo, en primer y preeminente lugar, el vicepresidente del Tribunal Tutelar de Menores, don Ramón Albo Martí, el fiscal de la Audiencia, el jefe de la Comandancia de Marina, el inspector y la jefa de Sanidad de Sección Femenina de FET y de las JONS/

Bajo el control del vicepresidente del Tribunal Tutelar de Menores se colocaba la Comisión Permanente, auténtico órgano de dirección ejecutiva, que con Ramón Albo al frente debía llevar —y llevó— el peso de toda la actividad del nuevo Patronato. Esta comisión estaba formada también por Francisco Mut, Rómulo Zaragoza, y Juan de Dios Trías de Bes, vicesecretarios primero, segundo y tercero, respectivamente. Seguían los vocales Pilar Seva, María Raventós, María Escubos, José María Vidal Bosch, Pedro Aragay y el doctor Juan Ribas Bassa[43]. Siete hombres y tres mujeres, todos ellos con nombramiento oficial del Ministerio. Para quien no lo sepa, en los nombres de estas personas se reunía un inventario de todas las formas y familias de la reacción barcelonesa, colocada en los intersticios del asociacionismo católico y en las instituciones del poder local. Todos sus miembros coincidían en lo que fue una peligrosa declaración de principios: «Las manifestaciones externas suelen ser índice imperfectísimo de lo que ocurre en el seno de las conciencias y de los hogares, donde está la verdadera y oculta raíz de los desórdenes públicos»[44].

Por tanto, se trataba de penetrar en conciencias y hogares, y lo intentaron gracias a la compleja conexión de sus miembros en el control de todas las entidades benéficas de carácter local relacionadas con la asistencia social y moral penitenciaria, especialmente las delegaciones locales del Patronato de la Merced, empezando por un omnipresente Ramón Albo, antiguo director general de prisiones en tiempos de la monarquía, posterior presidente del antiguo Patronato pro Presos, y presidente del Tribunal de Menores desde 1939, al mismo tiempo que lo era de la delegación local del Patronato de la Merced y de la Comisión Permanente del Patronato de Protección a la Mujer. Formaba parte también de la dirección de la Hermandad de San Cosme y San Damián y ejercía como numerario de la Hermandad de la Sagrada Familia de Nazareth, verdadero núcleo de poder en la sombra. Fue Albo quien reinstauró, desde el Tribunal de Menores, una patrulla siniestra, el «Rondín de Recogida de Niños Callejeros». El resto de vocales pertenecían, con distintos cargos, a las mismas entidades, y aun a otras. Vidal Bosch, por ejemplo, controlaba la Liga contra la Pública Inmoralidad, era miembro destacado de la Hermandad de San Cosme y San Damián y hermano numerario de la Sagrada Familia de Nazareth y, por supuesto, de la omnipresente delegación local del Patronato. Francisco Mut, lo mismo, además de mantener conexiones con miembros muy activos de la caridad penitenciaria en la Compañía de Jesús, como el padre Montobbio o el padre Guiu. María Raventós, vocal de la comisión permanente del Patronato de Protección a la Mujer, no sólo era una activista destacada de Acción Católica, sino que controlaba los bienes asistenciales a través del llamado «Ropero Caridad», que a través del padre Thió, jesuita, conectaba con la buena sociedad barcelonesa comprando ropas y encargando mantelerías y bordados elaborados en el interior de la cárcel de mujeres de Les Corts, a precios ridículamente bajos[45]. A su vez, médicos como don Gerardo Manresa, perteneciente a las Hermandades de San Cosme y San Damián y a la Sagrada Familia de Nazareth, y de la misma promoción que Ribas Magri y Miguel Aleu, médico de la prisión de mujeres de Tarragona, servía como enlace entre extrañas clínicas como la de Santa Isabel o el Hogar de Santa Marta (bajo inspección policial en 1945, sobreseída gracias a la intervención de Vidal Bosch y el padre Montobbio, lo que provocó una airada queja de la Jefatura Superior de Policía). El trazado de conexiones, la multiplicidad de los mismos nombres en las principales entidades del asociacionismo católico, y la beneficencia penitenciaria no fueron una realidad banal, al contrario.

La lectura de las memorias del Patronato de la Merced, sus quejas y proyectos coinciden con los contenidos de las actas e informes del Patronato de Protección a la Mujer, de la Hermandad de San Cosme y San Damián, o de la Sagrada Familia. Por ejemplo, un informe de esta última Hermandad acerca de las actividades de la de San Cosme y San Damián, en 1941, coincide al pie de la letra con el texto y las cifras de la memoria que la delegación local de Barcelona envió aquel mismo año al Patronato Central para la Redención de Penas, en Madrid, cuyo gerente, don Javier Abella Vera, era también numerario de la Hermandad de la Sagrada Familia[46].

Sin embargo, lo más relevante no son esas coincidencias textuales, por significativas que puedan ser, sino la coincidencia de las principales organizaciones destinadas a la beneficencia penitenciaria, gubernamental o católica, con el proyecto global de esa Hermandad, según parece una extravagante sociedad secreta católica con una ambición y unas ramificaciones sorprendentes, y con una pretensión de poder importante. Una muestra, entre diversas, puede ser la estrategia para controlar, durante los años 1941 a 1944 (como mínimo ésos son los años empíricamente documentables en ese tema) todos los tribunales de oposición a cátedra, así como los candidatos, decidiendo la idoneidad moral de unos y otros. Al parecer se salieron con la suya: «Hace más de un año que esta Hermandad, persuadida de la trascendencia que para el bien y el mal tiene la enseñanza, constituyó dos Hermandades especiales delegadas para recoger cuantos datos se refieran a la legislación de enseñanza, proyectos de nueva legislación y los que conduzcan al conocimiento del profesorado oficial y de los que aspiren a entrar en él. Con bastante intensidad actuaron estas Hermandades en el verano pasado con motivo de las oposiciones a cátedras, y gracias a Dios Nuestro Señor y a las Hermandades se debieron los resultados conseguidos en la mejor selección hecha por los tribunales, por los antecedentes morales de los opositores. La experiencia ha enseñado que sólo es necesario un poco de constancia para obtener resultados insospechados, y por ello, con el Favor de la Sagrada Familia, creemos necesario consolidar y continuar dichos trabajos […]. De los tribunales y opositores deben remitirse copias de las Hermandades locales, o por lo menos notas de los números y páginas de los Boletines Oficiales del Estado en que aparezcan, a fin de que con todo celo se inquieran datos acerca de las dotes religioso-morales y científicas que puedan interesar, tanto de los opositores como de los tribunales, y en cuanto a éstos, interesa un conocimiento exacto de las cualidades de sus miembros y de la influencia que en los mismos pueda ejercer la Hermandad, directa o indirectamente»[47]. Es sólo un ejemplo de sus ambiciosos proyectos, pero ayuda a situar el alcance del tema.

El objetivo global de la Hermandad se centró en un propósito recurrente del catolicismo: «conseguir el mejoramiento moral de las clases desvalidas»[48]. Y también en algo más que encajaba maravillosamente con las funciones asistenciales penitenciarias del Nuevo Estado: «Vigilará de una manera especial los intentos, proyectos, obras y trabajos de los enemigos de Jesús en las poblaciones de su distrito, e informará de ello a sus superiores, para que por medio de la acción estudiada y combinada de su Hermandad y de los hermanos se pueda abortarlos, evitarlos y combatirlos, y cuando otra cosa no sea posible, debilitar o aminorar sus funestas consecuencias»[49]. Un propósito escrito en 1923 que parecía hecho adrede para el interés del Nuevo Estado. La vocación temática de la Hermandad era infinita: «Como el fin de la Hermandad es defender, amparar y promover los intereses de Cristo en la sociedad, e interés de Cristo es todo, de lo más grande a lo más pequeño, de aquí que la acción de la Hermandad tenga que dirigirse a toda persona, cosa, lugar y realizarse en todo tiempo»[50]. La fortaleza de aquella sociedad, según su reglamentación, consistía en su voluntad de ser una Hermandad de reducidos, pero influyentes y ocultos miembros, «y en la exquisita discreción de sus socios y prudente reserva sobre la Obra, en cuanto su existencia, organización, personal y trabajos, y en la voluntaria pero decidida subordinación de éstos a una sola cabeza»[51]. Sus asociados tenían, para comunicarse, un nombre secreto en el seno de la Hermandad (el de Ramón Albo era un nombre imperial: «Constantino»), y en una «carta edificante» (una especie de circular interna de los asociados, que redactaba el hermano principal regularmente, estableciendo doctrina) el cardenal Segura —«hermano Diego»— advertía a los asociados: «Téngase en cuenta muy especialmente que no puede haber compatibilidad entre dos obediencias, y en consecuencia no puede actuar en la Hermandad con la debida disciplina el que esté sometido a otra distinta del mismo orden. Podrá ser ésta muy santa y muy buena, pero la renuncia a la propia voluntad por los que ingresan en la Hermandad para consagrarse a ella ha de ser completa»[52]. Un miembro del Patronato de Protección a la Mujer definió la Hermandad como una «organización de tipo reservado y sólo conocida por sus militantes, asociación de carácter privadísimo fundada hace unos setenta años, que dirige desde la Liberación, como máxima autoridad espiritual, el Sr. cardenal de Sevilla»[53].

La Hermandad controló en términos absolutos el Patronato de Protección a la Mujer, y a través de él las delegaciones locales del Patronato de la Merced, en Barcelona y Madrid como mínimo. Ambos Patronatos habían ido perdiendo buena parte de sus funciones, e inmersos en pequeñas actividades burocráticas destinaron su acción a misiones de naturaleza estrictamente moral, de vigilancia y colaboración policial. Un miembro de ambas entidades escribió, después de la última y definitiva crisis de aquellas instituciones: «En la junta de Barcelona actualmente no se hace nada. Absolutamente nada»[54].

La crisis definitiva se produjo en 1952. Estalló por un vulgar asunto de prostitución eclesiástica, protagonizado como hemos visto por el obispo de Calahorra. En ese escándalo hallaron algunos miembros de la delegación local del Patronato de la Merced y del Patronato de la Mujer argumentos explicativos de su crisis terminal: «El caso [de don Fidel de Calahorra], aun llevado con extrema prudencia, tuvo su resonancia, de forma que trajo la enemistad de ciertos jerarcas hacia la junta hoy dimitida y fue la piedra de toque de la gran ofensiva que solapadamente han efectuado dirigentes de la Hermandad provincial y directivos de la nacional, junto con hermanos de confianza en el ministerio»[55]. Se equivocaban, aquello fue tan sólo una anécdota turbia. Al fin y al cabo el mismo informante afirmaba unas líneas más adelante que desde hacía tiempo todo andaba a la deriva.

La expansión y penetración del asociacionismo católico en instituciones gubernamentales de soporte penitenciario, como las delegaciones locales y el Patronato de la Mujer fue bastante lejos, resultó asfixiante y se convirtió en responsable de colaboración policial y pérdidas infantiles. Cuando en 1949 estalló su primera crisis, un informe reservado situó como primer asunto de gravedad «presentar al Patronato de Protección a la Mujer, como obra de la Hermandad de la Sagrada Familia, de suerte que los que forman en sus juntas provinciales actúan sólo al dictado, y son tan sólo meros instrumentos de la Hermandad, sin tener para nada en cuenta que el Patronato es obra estatal y con una responsabilidad civil, y en su parte moralizadora dependiente del prelado de cada diócesis»[56]. Era un diagnóstico acertado.

Sin embargo, la crisis la había generado especialmente la dejación del Nuevo Estado con relación a la Iglesia, en este caso a través del Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones. Su actitud propició llegar a esa situación ofreciendo cada vez más competencias y facilidades a la estructura organizativa católica, lo que propició confusiones desde el comienzo. Al fin y al cabo había sido la propia Dirección General de Prisiones la que en 1942 autorizó la petición que en su memoria de aquel año había elevado la delegación local de Barcelona al Patronato central para utilizar las parroquias como núcleo estable y oficial de toda su estructura organizativa. La respuesta no podía ser más estimulante: «Considerando el número de 67 parroquias que tiene Barcelona y las dificultades que esa junta expresa en su memoria, le sugiero la posibilidad de organizar juntas parroquiales para redención de penas, de constitución análoga a esa junta local. Dichas juntas parroquiales trabajarían a las órdenes de esa última y así facilitarían la atención a los reclusos diseminados por el amplio perímetro de esa gran ciudad»[57].

El Patronato Central de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo es indudable que fue un enorme y rentable instrumento de coordinación y administración laboral penitenciaria. Lo fue especialmente en términos estructurales, pero no fue sólo eso para la vida diaria de presas y presos: se convirtió también en un instrumento con el que la industria penitenciaria extendió al máximo los dedos del Nuevo Estado para vigilar, moralizar y moldear las afueras del presidio, el entorno de las capturadas, y alcanzó a penetrar en su hogar colocando la mirada de la dictadura en casa a través de la caridad católica. Muchas vidas quedaron dañadas con ello.

Epílogo

Epílogo

1975.

Ultimas noticias

Este libro comenzó diciendo que la cárcel franquista fue industria, y que la humillación y el dolor innecesarios, en su vasta gama de causas, decisiones o actos, fueron el sistema operativo construido y desarrollado por el Nuevo Estado.

En 1975 todo había cambiado en España excepto la dictadura. Sus prisiones habían cambiado también, ¡claro que sí! Habían cambiado en todo excepto en que seguían siendo prisiones franquistas. Habían desaparecido el hacinamiento, las epidemias y la alta mortalidad de 25 años atrás. Habían cambiado las condiciones materiales, habían cambiado muchos de sus funcionarios, pero el sistema funcional de su industria, el uso de la humillación y el dolor para doblegar y transformar, para «redimir», seguía presente más allá de su ya dudosa eficacia. Seguía porque era algo que nada podía cambiar si no era la desaparición integral de la dictadura. Eso fue así sobre todo en aquellas cárceles en las que la combinación entre el Estado y la Iglesia seguían enlazadas, sirviéndose mutuamente, quizá con tedio, pero leales a su alianza fundacional, quebrada en algunos lugares, sólida en otros. Algunas capturadas dejaron constancia de ello en lo que habían de ser las últimas noticias surgidas del interior de la cárcel. Sus datos revelan precisamente la continuidad esencial del sistema y sus objetivos.

En marzo de 1975, presas políticas encerradas en la cárcel de mujeres de Barcelona evacuaron de la prisión mensajes orales y escritos por medio de abogados y familiares, notas que más tarde serían recopiladas en un informe largo y denso. Eso había sucedido ya con anterioridad, con ocasión del estado de excepción de 1969. En aquel tiempo un grupo de presas hizo saber al exterior que habían ingresado en prisión «después del inhumano paso por Jefatura», sufriendo el habitual protocolo de vejaciones y golpes jamás desaparecido. Sin embargo, aquellas mujeres ya no habían ingresado en la antigua cárcel de Les Corts, aquel convento habilitado en el que sus antiguas y desconocidas compañeras de ideas habían habitado durante la posguerra. Lo más probable es que ni siquiera conocieran lo que había sucedido en aquel centro treinta años atrás. Las nuevas presas eran en su mayoría jóvenes de diecisiete a veinticinco años, un relevo generacional. Nuevas cárceles para nuevas presas, igualmente jóvenes. Su prisión estaba ubicada en el barrio de La Trinitat, y con ese mismo nombre fue denominada aquella prisión provincial de mujeres, regentada por una orden religiosa secular creada en el emblemático año de 1939 con un nombre tremendamente explícito: Cruzadas Evangélicas. Tenía la misión específica de asistir a prisioneros heridos de guerra.

Al punto de ingresar fueron desposeídas de toda pertenencia y separadas de inmediato en dos grupos: estudiantes a un departamento, obreras a otro. Posteriormente fue efectuada una nueva clasificación entre católicas y no católicas, con la prohibición de comunicarse entre ambos grupos[1]. Ellas se rebelaron ante esa situación y comenzó el primer conflicto. Usaron el conducto reglamentario para su queja, una instancia que solicitaba la reagrupación de todas las políticas. Deseaban seguir el Reglamento, según parece una actitud que formaba ya parte de la tradición en la resistencia penitenciaria. La respuesta de la cruzada mayor, doña María Luisa Careaga de Lequerica, auténtica directora de la prisión por encima del director nominal, fue violenta y amenazadora. Al cabo de pocos días cayó sobre las presas una acusación: haber provocado «de mujer a hombre»[2] a un guardia civil. La Junta de Disciplina dictó un castigo de veinte días de incomunicación oral y escrita.

Para las cruzadas, la percepción de la presa política no había cambiado en nada, seguía siendo un ser amoral: «Decían que carecíamos de ella»[3]. Por lo tanto, las obligaron a asistir a cursos de moralización. Además, organizaron un régimen interior destinado a abatir el ánimo de las reclusas, que permanecían encerradas quince horas en celda y disponían de dos de paseo en el patio, «pero cuando llovía o hacía frío se alargaba hasta tres. En estos días gritábamos: “¡Queremos subir, tenemos frío!”, ya que el cobertizo existente en el patio apenas resguardaba de la lluvia; aunque toda la prisión nos oía, la respuesta de las cruzadas era siempre la misma: el silencio»[4].

Al parecer de las presas la alimentación era insuficiente, y la sobrealimentación obligatoria destinada a una de ellas, embarazada, consistía en «una sardina de lata o un pequeño trozo de cualquier embutido, sobrealimentación de la que se olvidaban muy a menudo»[5].

En 1975, algunas de las medidas impuestas a las presas con relación al atuendo recordaban las que vimos dictar en 1948 por la junta de disciplina de Segovia, y al igual que entonces, el objetivo era humillar y mantener a la reclusión en un permanente estado de infracción. En La Trinitat, prisión de una gran ciudad, las órdenes de vestuario impuestas por las religiosas incluían la prohibición de ir sin mangas en verano, o con falda por encima de la rodilla, vestir pantalones en invierno o usar cremas, barra de labios o pintura de ojos. Al parecer de las presas lo peor era la prohibición de usar pantalones, debido al frío que imperaba en las salas. Esta prohibición era estricta y su razón contundente: «Llevar pantalones provocaría a las demás presas»[6].

No sólo perduraba la negación de la naturaleza política del cautiverio, sino también el recordatorio perpetuo de lo que debía hacer y aprender la mujer según las pautas y políticas que sobre el tema organizó y desarrolló el franquismo. La finalidad era, sobre todo, perpetuar la condición femenina en un territorio de estricta subalternidad[7]. Las cruzadas sólo permitieron la entrada de libros de texto y alguna novela, pero a esa censura se añadió la clasificación social: «A la estudiante y no digamos a la profesional, se le permiten libros que a las obreras se les niega bajo el criterio de que no están capacitadas para ese tipo de libros, o bien se les dice que la finalidad de una obrera es aceptarse tal como es y renunciar, por tanto, al acceso a la cultura. Lo contrario sería un pecado de soberbia»[8].

La interferencia de las religiosas en la vida privada de las reclusas fue constante. Sólo era posible escribir a la familia una carta dos veces por semana. Antes de ser entregada era leída por las cruzadas «interviniendo y modificando aquellos párrafos que consideran improcedentes o inmorales». Lo mismo que en años lejanos, la información fue utilizada como herramienta de control y asedio moral. No me refiero sólo a la lectura de la correspondencia, algo que jamás desapareció, sino a la utilización del contenido de las cartas para interrogar o acosar a las reclusas según cuál fuese su relación sentimental o familiar. Por otra parte, el control de las comunicaciones orales siguió siendo absoluto, incluso más estricto. La sala de comunicaciones consistía en una estrecha habitación dividida en tres compartimentos separados por dos muros enrejados. En uno de ellos se situaba la familia, en otro la reclusa y en el central la cruzada, que intervenía cuando lo creía oportuno, regañando o aleccionando, y en su caso prohibiendo el uso del catalán en la conversación familiar. «Se nos obligaba a hablar en castellano, alegando que el catalán no es idioma oficial. En cambio estaba permitido el francés»[9].

La tensión por ese asunto creció y las presas comunistas decidieron ocupar el patio e iniciar una huelga de hambre hasta que la dirección de la cárcel recibiera a una comisión para negociar el uso de su lengua en las comunicaciones orales y escritas. La respuesta fue una amenaza contundente de la cruzada mayor: en caso de negarse a comer, forzaría la alimentación de las presas por medio de sondas. Lo dijo teniendo a su lado, armado con las herramientas y bien dispuesto, al médico de la prisión, Jaime Marco Ribé, psiquiatra y forense que se había ganado una sólida reputación entre las presas por la obsesión de manosear sus cuerpos al menor descuido. Los abogados acudieron inmediatamente, y por su consejo las presas desistieron en sus intenciones de emprender la huelga. La comunicación con el abogado exigía, antes y después de la visita, un minucioso y vejatorio control. «El registro lo realiza normalmente una delincuente común, y depende del grado de identificación de esa reclusa con las cruzadas el que el registro se haga más a fondo o no, el que se te desnude del todo, se te pongan las manos encima y por todas partes, etc. Actualmente el registro se realiza en presencia de una de las cruzadas, por lo que todavía resulta más tensa la situación»[10].

La cárcel disponía de cine y economato, y también de sala de televisión. Las presas debían pagar entrada para asistir a las proyecciones, un precio para el blanco y negro, otro más elevado para el color. Sólo podían adquirir los productos del economato por escrito, y mirar en el televisor únicamente los programas morales previamente seleccionados por las celadoras.

Los tiempos habían cambiado, desde luego. El director de la prisión ya no era sólo un individuo de conocimientos parcos e intensas lealtades políticas adquiridas en la guerra. La directora de régimen de La Trinitat, aquella cruzada mayor llamada María Luisa, que ejercía su autoridad por encima del director administrativo, era licenciada en psicología, «licenciatura que algunas políticas conocen, ya que sus prácticas, tests, etc., acostumbra a rellenarlos con el material humano que la cárcel proporciona»[11]. En fin, un médico psiquiatra para curar úlceras de estómago y una directora psicóloga haciendo trabajos de curso con las presas puede ser algo grotesco, pero también angustioso.

Las presas de finales del franquismo insistieron en aquello que más las aterrorizaba, al igual que a sus compañeras de veintitantos años atrás: la incertidumbre. «No hay unas normas concretas en la ordenación y regulación de la vida de la presa política. La situación de la cárcel cambia según haya una coyuntura política u otra Puede que te saquen por la mañana o por la tarde al patio y puede que no haya nada de todo esto y te pases los días contando las baldosas de suelos y paredes; puede que te traigan unos libros […], es posible que tengas que pasar por los malos tragos que supone el que te llamen, te hagan salir de la brigada y no te quieran decir a dónde te llevan. Son momentos de angustia pensando que igual te excarcelan o que quizás te trasladan a otra cárcel»[12]. Había desaparecido el hacinamiento, la insalubridad y la mortalidad, pero aquella incertidumbre calculada seguía sosteniendo el núcleo de todo el sistema de poder interior, mientras a su alrededor proseguía el resto de elementos complementarios destinados a doblegar y transformar.

Sin embargo, la dirección de la cárcel debía de ser consciente de la inutilidad de todas aquellas medidas, pues cuando las reclusas abandonaban la prisión, doña María Luisa Careaga de Lequerica las despedía siempre con un consejo: «Vale más que la próxima vez volváis por putas que por políticas»[13]. Era un comentario sensato, al fin y al cabo las políticas, a pesar de haber ingresado y permanecido durante más o menos años en una industria preparada para redimir, salían con sus vidas dañadas o destrozadas en grados distintos, desde luego, pero seguían irredentas.

Apéndice

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—: «Investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, n.º 9, año II, Valladolid, mayo de 1939, pp. 398-413.

—: «Investigaciones biopsíquicas en prisioneros internacionales. Grupo de internacionales portugueses», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, n.º 11, año II, Valladolid, julio de 1939, pp. 53-58.

—: «Investigaciones biopsicológicas en prisioneros internacionales. Grupos Internacionales Ingleses», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, n.º 12, año II, Valladolid, agosto de 1939, pp. 132-143.

—: «Investigaciones biopsicológicas en prisioneros internacionales. Grupo de internacionales británicos», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, n.º 14, año II, Valladolid, octubre de 1939, pp. 299-308.

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—: «“Nada os pertenece…”. Las presas de Barcelona, 1939-1945», Historia Social, n.º 39, 2001, pp. 49-66.

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Notas

[1] Hanna Arendt, Eichman en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Lumen, Barcelona, 1999. <<

[1] Teresa Martín, Grabación del 6 de marzo de 2001. <<

[2] Breve resumen de la Obra del Ministerio de Justicia por la pacificación espiritual de España, Ministerio de Justicia, Madrid, 1946, p. 28. <<

[3] Sobre el conocimiento y crítica global de cifras de encarcelados, véase Ricard Vinyes, «Nada os pertenece: Las presas de Barcelona, 1939-1945», Historia Social, 39, UNED, Valencia, 2001, pp. 49-66. <<

[4] Gumersindo de Estella, Tres años de asistencia espiritual a los reos (Manuscrito), 314 pp. La cita en «Introducción» (sin n.º de página), Archivo Biblioteca Hispano Capuchina. <<

[5] Tomasa Cuevas, Mujeres de las cárceles franquistas, Editorial Casa de Campo, Madrid, 1982, pp. 98-99. <<

[6] Flor Cernuda, en Tomasa Cuevas, Mujeres de las cárceles franquistas, op. cit., p. 148. <<

[7] Antonia García, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, Sirocco Books, Barcelona, 1985, p. 66. <<

[8] Ambas declaraciones de Petra Cuevas, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 101. <<

[9] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, Alfaguara, Barcelona, 1983, p. 150. <<

[10] Remedios Montero, en Tomasa Cuevas, Mujeres de la Resistencia, Sirocco Books, Barcelona, 1986, p. 30. <<

[11] Sobre las distintas leyes represivas y su función, véase Marc Carrillo, «L’aparell legal de la repressió franquista: l’1 d’abril de 1939 no va acabar la guerra», Noticia de la negra nit. Vides i veus de les presons franquistes (1939-1959), Diputació de Barcelona, Barcelona, 2001, pp. 17-40. <<

[12] Memoria elevada al Gobierno Nacional en la solemne apertura de los Tribunales, BCAB, 1943, p. 13. <<

[13] Tomasa Cuevas, Mujeres de las cárceles franquistas, op. cit., p. 63. <<

[14] Memoria elevada al Gobierno Nacional en la solemne apertura de los Tribunales el día 16 de septiembre de 1941, por el Fiscal del Tribunal Supremo Don Blas Pérez González, p. 101. <<

[15] Fundación Nacional Francisco Franco, Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, Azor, Madrid, 1992, vol. II-1, p. 176. <<

[16] Ibid. <<

[17] Ángel B. Sanz, «Economía penitenciaria», Revista de Estudios Penitenciarios, 3, año I, junio de 1945, pp. 13-20. <<

[18] El informe y las citas en Fundación Nacional Francisco Franco, Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, Azor, Madrid, 1992, vol. II-1, pp. 178-179. Sobre algunas insurrecciones de presos en las cárceles es interesante el relato de Antonio Granados Valdés, Autobiografía de alguien poco importante, Ediciones no venal, Madrid, 2000, especialmente las pp. 141 a 144, sobre el intento de sublevación en el penal de El Duero, donde unos 1500 condenados a muerte desde 1937 intentaron tomar la cárcel en 1940, en plena guerra mundial. <<

[19] Ambas citas en, Breve Resumen de la obra del Ministerio de Justicia por la pacificación espiritual de España, Ministerio de Justicia, op. cit., p. 10. <<

[20] Ibid. <<

[21] Generalitat de Catalunya, Direcció General deis Serveis Correccionals i de Readaptació, Relació dels préventoris i correccionals dependents d’aquesta Direcció General amb expressió de les dades que hi són especificades, Barcelona, 11 de enero de 1938. En esta fecha el informe de la Direcció General contabilizaba 125 reclusas, B. G. 2.10.16 ANC. <<

[22] Commission Internationale Contre le Régime Concentrationnaire, Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol, Le Pavois, París, 1953, p. 148. <<

[23] Las últimas citas en, Breve resumen…, op. cit., Ministerio de Justicia, pp. 7-8. <<

[24] José Manuel Sabín, Prisión y muerte en la España de postguerra, Anaya Mario Muchnik, Madrid, 1996, p. 255. <<

[25] Santos Juliá (coord.) y otros, Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999, 2.ª ed., p. 288. Por otra parte, fuentes tradicionales para las cifras en este tema son inseguras, básicamente porque no indican ni el proceso de contabilización ni el criterio de distinción entre la cualidad de las presas. Me refiero, por ejemplo, a fuentes como: Confederación de Cajas de Ahorros, Estadísticas básicas, 1900-1970, Madrid, 1975. O incluso el citadísimo Breve resumen de la obra del Ministerio de Justicia para la pacificación espiritual de España, Madrid, febrero de 1946, de donde surge la famosa y opinable cifra de 280 000. En cambio es significativa la brevísima constatación de datos que hace Shirley Mangini a Recuerdos de la resistencia, Península, Barcelona, 1997, p. 113. Significativa porque no puede llegar a conclusión alguna. Lo mismo sucede con Ángel Suárez/Colectivo 36, Libro blanco sobre las cárceles franquistas. 1939-1976, Ruedo Ibérico, Chatillon-sous-Bagneux, 1976. <<

[26] Para la cifra de encarcelados en la Modelo de Barcelona, véase Martín Torrent, ¿Qué me dice ud. de los presos?, Imprenta Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, Alcalá, 1942, p. 90. El resto de datos están documentados en el capítulo quinto de este libro. <<

[27] Memoria elevada al Gobierno Nacional en la solemne apertura de los Tribunales el día 16 de septiembre de 1941, por el Fiscal del Tribunal Supremo Don Blas Pérez González, p. 101. <<

[28] Éste es el caso de Maria Salvo y las presas del penal de Segovia, como Soledad Real, que explica muy detalladamente los impedimentos para acceder a la redención de pena por el trabajo. Además ésa era también la situación de muchos de los encarcelados comunistas de Burgos, según han relatado. <<

[29] Relato de P. Cuevas a Tomasa Cuevas. También coincide en esta cifra la presa Antonia García, Mujeres de las cárceles franquistas, pp. 102 y 66, respectivamente. En cambio Mercedes Núñez da la cifra de 9000. Mercedes Núñez, op. cit., p. 23. <<

[30] Breve resumen de la obra del Ministerio de Justicia por la pacificación espiritual de España, Ministerio de Justicia, Madrid, febrero de 1946, p. 28. <<

[31] «Commission Internationale Contre le Régime Concentrationnaire», Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol, Le Pavois, París, 1953, p. 226. Los siete países, instituciones o territorios representados eran Francia, Bélgica, Noruega, España republicana, Alemania, Holanda y El Sarre. <<

[32] Déclaration fondamentale de la CICRC adoptée par la CICRC le 21 octobre 1950. <<

[33] Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol, op. cit., p. 10. <<

[34] La documentación sobre las negociaciones de C. Sentis, en Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol, op. cit., pp. 10-13. <<

[35] El escrito de la Dirección General de Prisiones, fechado en Madrid, el 27 de mayo de 1952, se halla reproducido en Livre blanc…, op. cit., p. 18. <<

[36] Livre blanc…, op. cit., p. 43. <<

[37] Op. cit., p. 44. <<

[38] Op. cit., p. 45. <<

[39] Op. cit., p. 47. <<

[40] Op. cit., p. 48. <<

[41] Op. cit., p. 60. <<

[42] Op. cit., p. 23. <<

[43] Breve resumen…, op. cit., Ministerio de Justicia, p. 8. <<

[1] Associació Catalana d’Expresos polítics, Noticia de la Negra Nit. Vides i veus a les presons franquistes (1939-1959), Diputado de Barcelona, Barcelona, 2001. La temática de la población femenina migrante está tratada en el testimonio de Lola González, pp. 388-409. La cita textual en p. 400. <<

[2] Barrington Moore, Poder político y teoría social. Seis estudios, Anagrama, Barcelona, 1969. <<

[3] El documento citado y las diversas informaciones proceden de la «Hoja de Servicios del teniente coronel Antonio Vallejo Nágera», L. G. A. B-382, Archivo General Militar de Segovia. <<

[4] «Hoja de Servicios…», op. cit. <<

[5] Ibid. <<

[6] Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza, p. 8. <<

[7] A. Vallejo Nágera, El factor emoción en la España Nueva, Federación de Amigos de la Enseñanza, Burgos, 1938, p. 13. <<

[8] A. Vallejo Nágera, «Maran-atha», Divagaciones intrascendentes, Talleres Tipográficos Cuesta, Valladolid, 1938, pp. 95-98. <<

[9] El factor emoción en la España Nueva, op. cit., p. 13. <<

[10] Op. cit., p. 14. <<

[11] Eugenesia de la Hispanidad, op. cit., p. 46. <<

[12] A. Vallejo Nágera, «Maran-atha», en Divagaciones intrascendentes, op. cit., p. 95. <<

[13] Op. cit., pp. 97-98. <<

[14] Para comprobarlo tan sólo es preciso ver algunos de los artículos compilados en Divagaciones intrascendentes, op. cit., en especial: «Antimilitarismo» y «Complejos de inferioridad». <<

[15] Eugenesia de la Hispanidad, op. cit., p. 90. <<

[16] «Mandilones y mandilandines», en Divagaciones intrascendentes, op. cit., p. 29. <<

[17] Eugenesia de la Hispanidad, op. cit., p. 49. <<

[18] Sobre ese tema: A. Vallejo Nágera, Eugamia, Editorial Española, San Sebastián, 1938. <<

[19] Eugenesia de la Hispanidad, op. cit., p. 75. <<

[20] Eugenesia de la Hispanidad, op. cit., p. 76. <<

[21] A. Vallejo Nágera, La locura en la guerra. Psicopatología de la guerra española, Librería Santarén, Valladolid, 1939, p. 52. El subrayado es mío. <<

[22] LGA. B 382. Archivo General Militar. <<

[23] A. Vallejo Nágera, Niños y jóvenes anormales [S. E.], Madrid, 1941. La cita de la p. 7 sobre las influencias negativas del ambiente democrático, véase todo el capítulo titulado «Medio ambiente político», pp. 62 y ss. <<

[24] «Pro Inquisición», en Divagaciones intrascendentes, op. cit., p. 106. <<

[25] «La Ley del Talión», en Divagaciones intrascendentes, op. cit., p. 70. <<

[26] Revista de Estudios Penitenciarios, 2, año I, mayo de 1945, p. 72. <<

[27] Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios, 2, año I, febrero de 1946, p. 84. <<

[28] Revista de Estudios Penitenciarios, 48, año V, marzo de 1949, pp. 100-103. <<

[29] Francisco Marco Merenciano, «Ensayos médicos y literarios. Antología», Cultura hispánica, Ind. Graf. Esp., Madrid, 1958. <<

[30] «Psiquismo del fanatismo marxista», Semana Médica Española, 6, año I, San Sebastián, 8 de octubre de 1938, p. 172. <<

[31] Todas las citas en op. cit., p. 176. <<

[32] Ernst Kretschmer (1888-1964) estableció, por primera vez en la psiquiatría y en las ciencias de la salud, las relaciones entre el tipo corporal y el temperamento de las personas y algunas características de sus enfermedades psíquicas. Su obra Constitución y carácter (1921) alcanzó una enorme repercusión entre la psiquiatría de la época. Vallejo se fascinó especialmente con una de las obras del psiquiatra alemán, Hombres geniales (1929). <<

[33] El factor emoción en la España Nueva, op. cit., p. 30. <<

[34] «Biopsiquismo del fanatismo marxista. Postulados de Trabajo», Semana Médica Española, 6, año I, San Sebastián, 8 de octubre de 1938, pp. 176-177. El subrayado es mío. <<

[35] C. Geiser. Prisonners of the Good Fight: Americans against Franco Fascism, Lawrence Hill, Westport, 1986, p. 271. <<

[36] El argumento utilizado por Vallejo para distinguir entre ingleses y británicos (incluyendo canadienses) no tiene nada que ver con un hipotético respeto a la procedencia nacional, sino a las diferencias sociales entre unos y otros. En cualquier caso el planteamiento que sobre esa cuestión presentó Vallejo no tiene interés alguno, es pura retórica cientifista. <<

[37] «Biopsiquismo del fanatismo marxista. Postulados de Trabajo», Semana Médica Española, 6, año I, San Sebastián, 8 de octubre de 1938, p. 175. <<

[38] Ibid. <<

[39] El tema no era como para ironizar sobre él. Vallejo había expresado anteriormente su opinión —y conclusiones— al respecto en Eugenesia de la Hispanidad, op. cit., pp. 73-75, 83 y ss., relatando una brutal fantasía de la sexualidad obrera, y en especial del mundo «democrático-comunista», desahogándose muy duramente sobre el asunto. Y además en el libro que resumía todas sus tesis sobre la guerra: La locura y la guerra, op. cit. <<

[40] «Biopsiquismo del fanatismo marxista. III», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, 5, año II, enero de 1939, p. 40. <<

[41] «Psiquismo del fanatismo marxista», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, 14, año II, octubre de 1939, p. 307. <<

[42] A. Vallejo Nágera y Eduardo M. Martínez, «Psiquismo del fanatismo marxista. Investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, 9, año II, mayo de 1939, pp. 398-413.

En la comunicación que hace ya bastantes años presentó Antonio Nadal Sánchez sobre ese asunto, el autor se equivocaba en dos cosas: primero, en considerar la investigación sobre las mujeres de la prisión de Málaga como una de las consecuencias de la caída militar de la ciudad, separándola, probablemente por desconocimiento del conjunto del ambicioso proyecto de Vallejo; segundo, al afirmar que las conclusiones de Vallejo definían al adversario marxista como un enfermo mental y que por tanto la terapia debía ser médica. Véase A. Nadal Sánchez, «Experiencias psíquicas sobre mujeres marxistas malagueñas. Málaga 1939», en Las mujeres y la guerra civil española. III Jornadas de Estudios Monográficos, Salamanca, octubre de 1989. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. Ministerio de Cultura. Dirección de los Archivos Estatales. DL 1991. Pp. 340-343. En concreto, p. 340. <<

[43] Sobre ese tema concreto, véase Ricard Vinyes, «Nada os pertenece… Las presas de Barcelona, 1939-1945», Historia Social, 39, Valencia, 2001, pp. 49-66. <<

[44] Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la Raza, op. cit., p. 94. <<

[45] M. Eiroa San Francisco, «La participación de la mujer en la guerra civil en Málaga», Congreso de andalucismo histórico, Granada, septiembre de 1987. También Antonio Nadal realiza una descripción de la perspectiva de los conservadores malagueños durante la guerra en «Experiencias psíquicas sobre mujeres marxistas malagueñas. Málaga, 1939», op. cit., pp. 342-343. <<

[46] «Psiquismo del fanatismo marxista. Investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, 9, año II, mayo de 1939, p. 399. <<

[47] Op. cit., p. 398. <<

[48] Ése es uno de los aspectos que Vallejo desarrolló en La Locura y la guerra, su obra culminante derivada de todas las actividades anteriores. En concreto las relaciones entre criminalidad y actividad política femenina, en el capítulo XXIV, sección 3, «Criminalidad revolucionaria femenina». Describe maravillosamente bien sus ideas (y correspondencias socio-políticas posteriores, durante la dictadura) sobre las mujeres, op. cit., pp. 222-225. <<

[49] Véase el conjunto del artículo citado. Las citas textuales en la p. 403. <<

[50] Bandrés y Llavona han comentado el significado de ese planteamiento en el interior de la medicina: «Dentro de las ciencias de la salud mental, el estudio de Vallejo representa un paso en el sentido de la estigmatización psicosocial del adversario político, que volvería a manifestarse, aunque desde presupuestos científicos distintos, con la psiquiatrización de los disidentes políticos en la Unión Soviética», op. cit., pp. 9-10. <<

[1] Las citas sobre el bautismo celebrado en Las Ventas y la visita de Amancio Tomé proceden de Redención, 7,13 de mayo de 1939, p. 5. Las referencias a bautizos constantemente celebrados en los presidios españoles con hijos de presas se encuentran referenciados en distintos ejemplares de Redención a lo largo de los años 1939-1943. Y también en la prensa de gran tirada. A partir de esa fecha las referencias son más ocasionales, aunque no desaparecen. <<

[2] Antonia García, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, Sirocco Books, Barcelona, 1985, p. 67. <<

[3] Op, cit., p. 15. <<

[4] Antonia García, en Tomasa Cuevas, op. cit., p. 62. <<

[5] Op. cit., p. 16. <<

[6] Ibid. <<

[7] Juana Doña, Desde la noche y la niebla. Mujeres en las cárceles franquistas, Ediciones De la Torre, Madrid, 1978, p. 142. <<

[8] Op. cit., pp. 142-143. <<

[9] Grabación a Juana Doña, 10 de mayo de 2001, ATVC. <<

[10] Grabación a Juana Doña, 10 de mayo de 2001, ATVC. <<

[11] Oficina Informativa Española, Cárceles españolas, Madrid, 1948. Todas las citas en las pp. 72-73. La frase sobre la constante relación entre madres e hijos en p. 96. El reportaje gráfico a partir de la p. 96. <<

[12] Expediente de la funcionada María Topete Fernández. Dirección General de Instituciones Penitenciarias. (1900-2000). <<

[13] Grabación a Juana Doña, 6 de mayo de 2001, ATVC. <<

[14] A. Vallejo Nágera, La locura en la guerra. Psicopatología de la guerra española, Librería Santarén, Valladolid, 1939, p. 52. El subrayado es mío. <<

[15] Grabación a Juana Doña, 6 de mayo de 2001, ATVC. <<

[16] Grabación a Petra Cuevas, 6 de mayo de 2001, ATVC. <<

[17] Paz Azati, en Tomasa Cuevas, op. cit., p. 94. <<

[18] María Valés, en Tomasa Cuevas, op. cit., p. 45. <<

[19] Paz Azati, en Tomasa Cuevas, op. cit., p. 94. <<

[20] Grabación a Petra Cuevas, 6 de mayo de 2001, ATVC. <<

[21] Antonia García, en Tomasa Cuevas, op. cit., p. 62. <<

[22] María Valés, en Tomasa Cuevas, op. cit., p. 45. <<

[23] Informe Segis Álvarez, ACCPCE. <<

[24] Grabación a Juana Doña, 10 de mayo de 2001, ATVC. <<

[25] Carta del 25 de noviembre de 1939, Caja Auxilio Social 589, Carpeta San Sebastián, AGA. <<

[26] Tomasa Cuevas, grabación de 12 de julio de 2001, ATVC. <<

[27] Grabación a Teresa Martín, 12 de junio de 2001, ATVC. <<

[28] Ibid. <<

[29] Expediente María de la Cruz Soler, Archivo del Centro de Reinserción Social Victoria Kent, Yeserías. <<

[30] Grabación a Tomasa Cuevas, ibid. <<

[31] A. Vallejo Nágera, Niños y jóvenes anormales [S. E.], Madrid, 1941, p. 7. Sobre las influencias negativas del ambiente democrático, véase el capítulo titulado «Medio ambiente político», p. 62 y ss. <<

[32] Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, Memoria, 1944, p. 202. <<

[33] Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas, Memoria que eleva al Caudillo de España y a su gobierno, 1944, Imprenta Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, Alcalá, 1944, p. 221. <<

[34] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, Alfaguara, Barcelona, 1983, p. 127. Grabación a Maria Salvo, 12 de abril de 2000, ARVR. Relata algunas situaciones tensas vividas en las cárceles de Alcalá de Henares y Segovia, en donde las hijas comunicaron a sus madres presas su ingreso como novicias en órdenes religiosas. <<

[35] Ministerio de Justicia, Patronato Nacional de San Pablo para presos y penados. Primer decenio 1944-1954, Mecanografiado [s. p.], Entidades hasta 1956, L. Pa. ADB. <<

[36] Op. cit., la cifra concreta en el anexo estadístico del texto. <<

[37] UI 46 Patronat Mercé. Fons 236 ANC. <<

[38] Las listas con la documentación y datos y las fichas personalizadas entre 1943 y 1945 se conservan en Fons 236 UI 46 Patronat de la Mercé, carpeta Muñoz, ANC. El subrayado es mío. <<

[39] «Decreto 23 de noviembre de 1940», en BOE del 1 de diciembre de 1940, p. 1974. El subrayado es mío. <<

[40] Reglamento de las delegaciones locales del Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la redención de penas por el trabajo. Ingreso de hijos de reclusos en colegios, UI 246, ANC, p. 69. El subrayado es mío. <<

[41] «Ley 4 de diciembre de 1941 (Jefatura del Estado)», BOE del 16 de diciembre de 1941, 350, pp. 2136-2138. <<

[42] Vicenta Flores, grabación del 20 de mayo de 2001, ATVC. <<

[43] Casa Cuna Provincial de Sevilla, Capellán. <<

[44] Emilia Girón, grabación del 12 de marzo de 2001, ATVC. <<

[45] La documentación sobre la peripecia de esa colonia de niños, su captura y retorno se halla en SGM-SE. 238. AGA. <<

[46] Informe del español repatriado Néstor Rapp Lantarón, SGM-SE. 245. AGA. <<

[47] Ibid. <<

[48] Oliva Rapp, grabación del 20 de junio de 2001, ATVC. <<

[49] Grabación de Tomasa Cuevas, ibid. <<

[50] Tomasa Cuevas, op. cit., p. 15. <<

[51] Grabación a Teresa Martín, 6 de marzo de 2001. <<

[52] Grabación a Juana Doña, 5 de marzo de 2001. <<

[53] Gumersindo de Estella, Tres años de asistencia espiritual a los reos (Manuscrito), 314 pp. La cita en la introducción (sin número de página). Archivo Biblioteca Hispano Capuchina. <<

[54] Gumersindo de Estella, op. cit., pp. 20-21. <<

[55] Gumersindo de Estella, op. cit., p. 103. <<

[56] María Pilar Fidalgo, Une jeune mère dans les prisons de Franco, Éditions des Archives Espagnols, París, 1940, p. 7. Para Zamora resulta especialmente interesante Ramón Sender Barayón, Muerte en Zamora, Plaza & Janés, Barcelona, 1990. <<

[57] Caja 236, Carpeta Inglaterra, Servicio Exterior, AGA. <<

[58] Ibid. <<

[59] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Secretaría General, Servicio Exterior, Informe sobre la labor desarrollada hasta la fecha para la repatriación de menores españoles expatriados, noviembre de 1949, Mecanografiado en papel oficial, 12 pp., Caja 245, AGA, p. 1. <<

[60] Op. cit., p. 2. <<

[61] Op. cit., p. 8. <<

[62] Op. cit., p. 6. <<

[63] Op. cit., p. 5. <<

[64] Op. cit., p. 5. <<

[65] Op. cit., p. 7. <<

[66] Ibid. <<

[67] Op. cit., p. 6. <<

[68] Grabación a Florencia Calvo, 20 de mayo de 2001, ATVC. <<

[69] Op. cit., p. 6. <<

[70] Servicio Exterior, Caja 244, Carpeta Francia, AGA. <<

[71] Ibid. <<

[72] Por ejemplo, en Auxilio Social, Caja 590, Carpeta Santander, Hogar Infantil 39-K-1. <<

[73] Servicio Exterior, Caja 245, Carpeta México, AGA. <<

[74] Servicio Exterior, Caja 245, Carpeta México, AGA. <<

[75] Servicio Exterior, Caja 245, Carpeta México, AGA. <<

[76] Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Nunca más, Seix Barral / Eudeba, Barcelona, 1985, p. 299. <<

[1] Rosario Sánchez Mora, en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, Ediciones de la Casa de Campo, Madrid, 1979, p. 180. <<

[2] Ibid. <<

[3] Ibid. <<

[4] Op. cit., p. 181. <<

[5] Ibid. <<

[6] Ibid. <<

[7] Ibid. <<

[8] María del Carmen Cuesta, en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, op. cit., pp. 200-201. <<

[9] Adelaida Abarca en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, Sirocco Books, Barcelona, 1985, p. 264. <<

[10] Agustina Sánchez Sariñena en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, op. cit., p. 230. <<

[11] Grabación a Juana Doña, 5 de marzo de 2001, ATVC. <<

[12] Pilar Pascual Martínez, en Tomasa Cuevas, Mujeres de las cárceles franquistas, op. cit., p. 219. <<

[13] Luz Rodríguez Ganga, en Tomasa Cuevas, Mujeres de las cárceles franquistas, op. cit., p. 206. <<

[14] Isabel Vicente, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 288. <<

[15] Las citas en «Junta de Disciplina de la Prisión Provincial de Mujeres de Barcelona: Actas 1939-1940», p. 35, ANC. <<

[16] Victòria Pujolar, en Tomasa Cuevas, op. cit., p. 308. <<

[17] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, op. cit., p. 102. <<

[18] Antonia García y Pilar Pascual, en Tomasa Cuevas, respectivamente, Cárcel de mujeres, p. 69; Mujeres en las cárceles franquistas, vol. I, p. 231. <<

[19] Pilar Pascual, en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, op. cit., p. 219. <<

[20] Victoria Pujolar, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 301. <<

[21] Josefa García Segret, Abajo las dictaduras, Artes Gráficas Galicia, Vigo, 1982. <<

[22] Situación de las mujeres presas en Segovia, Microficha, Jacq. 267, Represión, ACCPCE. <<

[23] Grabación a Juana Doña. 24 de mayo de 2001. <<

[24] Nawal al-Sadawi, Memoria de la cárcel de mujeres, Ed. Horas y Horas, Madrid, 1995, p. 150. <<

[25] Tomasa Cuevas, op. cit., p. 203. <<

[26] Op. cit., p. 204. <<

[27] Conxita Mir et alii, Repressió econòmica i franquisme. L’actuació del tribunal de Responsabilitats Politiques a la provincia de Lleida, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997. Francesc Vilanova i Vila-Abadal, Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats politiques de republicans i conservadors catalans a la postguerra (1939-1942), Publicacions de l’Abadia de Monserrat, Barcelona, 1999. <<

[28] El nombramiento de Martín Torrent como vocal de la Junta del Patronato Central de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo apareció en el BOE de 27 de julio de 1943. <<

[29] Martín Torrent, op. cit., p. 50. <<

[30] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, op. cit., p. 131. <<

[31] Mavis Bacca Dowden, Acusada d’espia a la Barcelona franquista. 1939-1943, Pòrtic, Barcelona, 1994, p. 172. <<

[32] Informe de las presas de Segovia, Represión franquista, Microficha, Jacq. 46, ACCPCE. <<

[33] Luz Rodríguez, en Tomasa Cuevas, Mujeres de las cárceles franquistas, op. cit., p. 210. <<

[34] Adelaida Abarca en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., pp. 266-267. <<

[35] Jefe Servicio Nacional de Prisiones al director Prisión Provincial de Tarragona, Telegrama, Fons Hisenda, Arxiu Històric de Tarragona (AHT). <<

[36] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, op. cit., p. 145. <<

[37] Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 34. <<

[38] Primo Levi, Si això és un home, Edicions 62, Barcelona, 1998, p. 32. <<

[39] Maria Salvo, grabación del 10 de marzo de 2000, ARVR. <<

[40] Antonia García en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 70. <<

[41] Antonia García, op. cit., p. 70. <<

[42] Josefa García Segret, op. cit., p. 42. <<

[43] Antonia García en Tomasa Cuevas, op. cit., p. 71. <<

[44] Josefa García Segret, op. cit., p. 47. <<

[45] Antonia García en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., pp. 81-82. <<

[46] La información procede del estudio mejor documentado sobre Matilde Landa, cuyo autor consultó los archivos familiares: David Ginard i Féron, L’esquerra mallorquina i el franquisme, Edicions Documenta Balear, Palma, 1994, p. 142. <<

[47] Carta de Aída Landa a Matilde Landa, sin fecha, en David Ginard i Féron, op. cit., p. 143. <<

[48] Carta citada por David Ginard i Féron, op. cit., pp. 156-157. <<

[49] Angelita Ramis en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., pp. 194-195. <<

[50] G. Bernanos, Les grands cimetières sous la lune, Librairie Plon, París, 1938. <<

[51] Josefa García Segret, op. cit., p. 142. <<

[52] Antonia García, en Tomasa Cuevas, op. cit., pp. 80-81. <<

[53] Teresa Marron, en David Ginard i Féron, op. cit., p. 158. <<

[54] Antonia García, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 81. <<

[55] Carta de Aída Landa a Miquel Ferra (19 de octubre de 1942). Reproducida en David Ginard i Féron, op. cit., p. 162. <<

[56] Véase Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 2001. <<

[57] Maria Salvo. Grabación del 30 de mayo de 2000. <<

[58] Ibid. <<

[59] Ibid. <<

[60] Registro de Órdenes de la Prisión Central de Mujeres de Segovia. 1947-1955. (Sin paginar), Archivo de la Prisión Central de Segovia (APCS). El subrayado es mío. <<

[61] Ibid. <<

[62] Maria Salvo. Grabación del 30 de mayo de 2000. <<

[1] Los datos de pago a las presas en D. 322 (6) 73.04, ANC. <<

[2] «Prisión provincial de mujeres. Libro de Actas de la Junta de Disciplina. 1939», D. 270 (1), Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). A pesar de que el título indica la fecha de 1939, el libro contiene registros hasta 1941. <<

[3] Entrada. 1939, D. 313 (4), ANC. <<

[4] «Prisión provincial de mujeres. Libro de Actas de la Junta de Disciplina. 1939», D. 270 (1), ANC, Acta del 20 de mayo de 1939, p. 2. <<

[5] «Prisión provincial de mujeres. Libro de Actas de la Junta de Disciplina. 1939», D. 270 (1), ANC. Los incidentes están descritos, respectivamente, en las pp. 16, 66,28, 12, 54,50,47. <<

[6] «Prisión provincial de mujeres. Libro de Actas de la Junta de Disciplina. 1939», D. 270(1) ANC, p. 27. <<

[7] «Prisión provincial de mujeres. Libro de Actas de la Junta de Disciplina. 1939», D. 270 (1), ANC, pp. 6, 8, 27. <<

[8] «Fons Bosch i Gimpera». B. G., 2 de octubre de 1929, ANC. <<

[9] «Prisión provincial de mujeres. Libro de Actas de la Junta de Disciplina. 1939», D. 270 (1), ANC, pp. 47 y 49. <<

[10] «Prisión provincial de mujeres. Libro de Actas de la Junta de Disciplina. 1939», D. 270(1), ANC, p. 17. <<

[11] Sobre este asunto: Martín Torrent (presbítero), capellán de la prisión celular de Barcelona, ¿Qué me dice usted de los presos?, Imprenta Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, Alcalá, 1942, p. 119. En general sobre este tema véase todo el capítulo XVIII. <<

[12] «Prisión Provincial de Mujeres. Libro de Actas de la Junta de Disciplina, 1939». Los contenidos de misas y festival, y las referencias a los discursos y perdón de sanciones, en las pp. 19-20. D. 270 (1). ANC. <<

[13] Mavis Bacca Dowden, op. cit., p. 174. <<

[14] Ibid. <<

[15] Op. cit., pp. 174-175. <<

[16] «Prisión provincial de mujeres. Libro de Actas de la Junta de Disciplina. 1939», D. 270 (1), ANC, p. 12. La presencia de niños y niñas en la cárcel se indica en el acta de la reunión del 20 de junio de 1939, p. 5. <<

[17] Commission Internationale Contre le Régime Concentrationnaire, Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol, Le Pavois, París, 1953, p. 148. Esta cifra no es un dato recogido directamente por la comisión, sino recabado por la narración de una presa ante dicha comisión. La cifra resulta extrañamente alta para ese año atendiendo al contexto histórico, por lo que debe tomarse con precaución. <<

[18] Generalitat de Catalunya. Direcció General dels Serveis Correccionals i de Readaptació, «Relació dels preventoris i correccionals dependents d’aquesta Direcció General amb expressió de les dades que hi són especificades», Barcelona, 11 de enero de 1938. En esta fecha, el informe de la Direcció General contabilizaba 125 reclusas. B. G., 2.10.16, ANC. <<

[19] Imatges i records: Barcelona: Les Corts, Viena-Columna, Barcelona, 1997. <<

[20] Así lo revelan diversos testimonios recogidos por Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, vol. I, Ed. Casa de Campo, Madrid, 1979. En especial, el relato de María del Carmen Cuesta sobre la prisión de Les Corts y las relaciones con las prostitutas, p. 201. Igualmente lo cuenta Soledad Real en Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, Alfaguara, Madrid, 1983, pp. 140-141. <<

[21] Para ambas citas: Memoria, op. cit., p. 107. <<

[22] «Correspondéncia filis presons», Fons 236, UI 73, ANC. <<

[23] Martín Torrent, op. cit., pp. 126 y 128. <<

[24] Este sector no profesional se distinguía inmediatamente del colectivo global de comunes, y mantenía una relación asidua con las políticas. La observación en Maria Salvo, grabación del 10 de abril de 2000. <<

[25] Horacio Roldán Barbero, Historia de la prisión en España, Barcelona, PPU, 1988, p. 203. <<

[26] «Entrada 1939», D. 313, ANC. La indicación de las fechas de fusilamiento en las pp. 45, 21, 37, 59. La sexta —Assumpta Puigdelloses Vila, de 49 años, encarcelada en 1939— fue fusilada el 27 de marzo de 1940. <<

[27] Op. cit., 1943, p. 16. <<

[28] Memoria elevada al Gobierno Nacional en la solemne apertura de los Tribunales el día 16 de septiembre de 1941, por el Fiscal del Tribunal Supremo Don Blas Pérez González, Estado n.º 2. <<

[29] Mavis Bacca Dowden, op. cit., p. 171. <<

[30] Victoria Pujolar en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 302. <<

[31] Op. cit., p. 303. <<

[32] Victoria Pujolar en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 303. <<

[33] D 320 (2), Llibres de Peculi, ANC. <<

[34] Libro de Actas de la Junta de Disciplina, sesión de 20 de octubre de 1940, ANC. <<

[35] D. 322 (6), 73.04, ANC. <<

[36] Libro de Actas de la Junta de Disciplina, sesión de 20 de octubre de 1940, ANC. <<

[37] Ibid. <<

[38] Victoria Pujolar, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 302. <<

[39] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, Alfaguara, Madrid, 1983, p. 130. También Maria Salvo describe la situación y los obstáculos al respecto: grabación del 29 de marzo de 2000. <<

[40] Fitxes de roba de particulars entregada a les preses per a confeccionar, Fons 236 UI, 151-155, ANC. <<

[41] Amalia Morales en Tomasa Cuevas, Mujeres de las cárceles franquistas, op. cit., pp. 212-213. <<

[42] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, op. cit., pp. 96-97. <<

[43] Adelaida Abarca, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 266. <<

[44] Juana Doña, Desde la noche y la niebla, op. cit., pp. 228-229. La cita en p. 229. <<

[45] Adelaida Abarca, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit. Las citas en pp. 266-267, respectivamente. <<

[46] Victoria Pujolar, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., pp. 303-304. <<

[47] Adelaida Abarca, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op cit., p. 267. <<

[48] Maria Salvo, grabación del 29 de marzo de 2000. <<

[1] Las reflexiones y hechos en Mercedes Núñez, Cárcel de Ventas, Éditions de la Librairie du Globe, Colección Ebro, París, 1967, pp. 45 y 48. Juana Doña, grabación del 24 de mayo de 2001, ARVR. Maria Salvo, grabación del 26 de mayo de 2000, ARVR. <<

[2] Mercedes Núñez, op. cit., p. 23. <<

[3] Carmen G. R. en Encarnación Barranquero Texeira, Matilde Eiroa San Francisco, Paloma Navarro Jiménez, Mujer, cárcel, franquismo. La prisión provincial de Málaga (1937-1945), Imagraf, Málaga, 1994, p. 83. <<

[4] Ibid. <<

[5] Libro de Actas de la Junta de Disciplina de la Prisión habilitada de las Oblatas. Sesión del 20 de agosto de 1942, Centro penitenciario, 322, AHT. <<

[6] María del Carmen Cuesta, en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, op. cit., p. 201. <<

[7] Libro de Actas de la Junta de Disciplina de la Prisión habilitada de las Oblatas. Sesión del 20 de agosto de 1942, Centro penitenciario, 322, AHT. <<

[8] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, op. cit., p. 131. <<

[9] María Salvo, grabación del 29 de marzo de 2000. <<

[10] Juana Doña, grabación del 5 de mayo de 2001, ARVR. <<

[11] Pilar Claudín y María Salvo, grabación del 25 de abril de 2002. <<

[12] Ibid. <<

[13] María del Carmen Cuesta, en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, op. cit., p. 203. <<

[14] María Salvo, grabación del 25 de abril de 2002. <<

[15] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, op. cit., p. 154. <<

[16] Ibid., p. 159. <<

[17] María Salvo, grabación del 25 de abril de 2000 y 6 de junio de 2000. <<

[18] Blasa Rojo, en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, op. cit., pp. 75-76. <<

[19] Luz Rodríguez Canga, en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, op. cit., p. 208. <<

[20] Luz Rodríguez Canga, en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, op. cit., p. 209. <<

[21] Ibid. <<

[22] Consuelo Peón, Informe, Represión franquista, Prisiones, Jacq, 182, ACCP-CE, p. 14. <<

[23] Carpeta Sanidad Oropesa de la Calzada, APCS. <<

[24] Libro de Actas de la Junta de disciplina de la Prisión de Mujeres de Oropesa de la Calzada, Libro de Actas de la Junta de Disciplina de la Prisión Provisional de Mujeres de Aranjuez, APCS. <<

[25] María Salvo, grabación del 24 de mayo de 2000. <<

[26] Fichero de reclusas del penal central de Segovia, APCS. Relato de Antonia García. En Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 72. Igualmente María Salvo, grabación del 24 de mayo de 2000. <<

[27] «Ley de 12 de enero de 1940». <<

[28] Ministerio de Justicia, «Decreto de 2 de noviembre de 1940. Ministerio de Justicia, Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1941». <<

[29] María Salvo, grabación del 25 de abril de 2000. <<

[30] Situación de las mujeres en Segovia (Manuscrito), Represión franquista, Prisiones, Jacq, 267, ACPCE. <<

[31] Consuelo Peón, Informe (Manuscrito), Prisiones, Represión, Jacq, 182, ACCPCE. <<

[32] Andrés Trillo Marín (canónigo y profesor de religión de la Escuela de Estudios Penitenciarios), «La formación de la funcionaría de Prisiones», Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios, n.º 11, año II, febrero de 1946, pp. 44-50. <<

[33] Informe Penal de Segovia, agosto del948, Represión, Prisiones, Jacq, 46, ACCPCE. <<

[34] Carta de Soledad Real recibida en Argentina desde Segovia (Manuscrito), Represión, Prisiones, Jacq, 101, ACCPCE. <<

[35] Situación de las mujeres presas en Segovia, Represión, Prisiones, Jacq, 267, ACCPCE. <<

[36] Informe del Penal de Segovia, Represión, Prisiones, Jacq, 114, ACCPCE, p. 1. <<

[37] Ibid. <<

[38] Antonia García, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., pp. 76-77. <<

[39] Libro de actas del Penal Central de Mujeres de Segovia. Junta del 25 de enero de 1949, APCS, p. 121. <<

[40] Informe del Penal de Segovia, Represión, Prisiones, Jacq, 144, ACCPCE, p. 1. <<

[41] Libro de Actas de la Junta de Disciplina del Penal Central de Mujeres de Segovia. Sesión del 25 de enero de 1949, APCS, p. 121. <<

[42] Ibid. <<

[43] Ibid. <<

[44] Ibid. <<

[45] Informe del penal de Segovia, Represión, Prisiones, Jacq, 114, ACCPCE, p. 1. <<

[46] Ibid. <<

[47] Maria Salvo, grabación del 13 de junio de 2000. <<

[48] Carta informe de la cárcel de mujeres de Segovia, Represión, Prisiones, Caja 40, Carp. 18.4, ACCPCE, p. 2. <<

[49] Op. cit., p. 3. <<

[50] Libro de Actas de la Junta de Disciplina del Penal Central de Mujeres de Segovia. Sesión Extraordinaria de 26 de enero de 1949, APCS, p. 122. <<

[51] Ibid., Sesión Extraordinaria del 27 de enero de 1949, p. 125. <<

[52] Op. cit., p. 124. <<

[53] Maria Salvo, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 166. <<

[54] María Valés, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 49. <<

[55] Op. cit., p. 50. <<

[56] Maria Salvo, grabación del 13 de junio de 2000. <<

[57] Informe del Penal de Segovia, Represión, Prisiones, Jacq, 114, ACCPCE, p. 2. <<

[58] Libro de Actas de la Junta de Disciplina del Penal Central de Mujeres de Segovia. Sesión extraordinaria del 26 de enero de 1949, APCS. <<

[59] Op. cit., Sesión del 27 de enero de 1949, p. 125. <<

[60] Op. cit., p. 126. <<

[61] Op. cit., Sesión Extraordinaria de la Junta de Disciplina de 31 de enero de 1949, p. 128. <<

[62] Ibid. <<

[63] Op. cit., pp. 129-130. <<

[64] Relación nominal de las penadas que se distinguieron colaborando eficazmente con las autoridades del Establecimiento en el acto de indisciplina colectiva que tuvo lugar durante los días 26 al 30 de los corrientes y que a juicio de la Junta de Régimen y Administración del mismo son acreedoras a que se les beneficie con una redención extraordinaria por su abnegación, decisión y entusiasmo en los trabajos que hubieron de realizar por el motivo ya expresado, APCS. <<

[65] Libro de Actas de la Junta de Disciplina. Sesión de 20 de abril de 1949, op. cit., p. 147. <<

[66] Antonia García, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 78. <<

[67] Libro de Actas de la Junta de Disciplina. Sesión del 6 de febrero de 1949, op. cit., p. 133. <<

[68] «Ficha penitenciaria de Antonia García Alonso», APCS. <<

[69] Carta de la cárcel de mujeres de Segovia, Represión, Prisiones, Caja 40. Carp. 18.4., ACCPCE, pp. 3-4. <<

[1] Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, op. cit., pp. 185-186. <<

[2] Teresa Hernández, en Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit., p. 307. <<

[3] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Rea, op. cit., p. 139. <<

[4] Ángel B. Sanz, «Economía penitenciaria», en Revista de Estudios Penitenciarios, n.º 3, año I, junio de 1945, p. 13. <<

[5] José Antonio Pérez del Pulgar, La solución que da España al problema de los presos políticos, Publicaciones Redención, Valladolid, 1939. <<

[6] «Decreto de 28 de mayo de 1937», publicado en el BOE n.º 224 de 1 de junio de 1937. <<

[7] «Ley de 8 de septiembre de 1939». Colonias Penitenciarias Militarizadas. Creación, en BOE n.º 260, p. 1212. <<

[8] Op. cit., p. 14. <<

[9] Ibid. <<

[10] Mirta Núñez Díaz-Balart, «Propaganda oficial para adornar el mundo carcelario en la posguerra», en Historia y Comunicación Social, n.º 4, 1999, pp. 135-144. <<

[11] Ibid. <<

[12] Clemente Rodríguez, «Plenitud de los destacamentos penales», en Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios, n.º 30, año III, septiembre de 1947, p. 41. <<

[13] CICRC, Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol, op. cit., p. 67. <<

[14] «Decreto de 8 de febrero de 1946», en BOE 6 de marzo de 1946. <<

[15] «Decreto de 5 de marzo de 1948», en BOE 15 de mayo de 1948. <<

[16] El conjunto de regulaciones en el «Decreto de 8 de febrero de 1946», en BOE del 6 de marzo de 1946. <<

[17] Memoria que eleva al Caudillo de España y su Gobierno el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, 1 de enero de 1952, p. 126. <<

[18] «Ley de 7 de octubre de 1938», en BOE de 11 de octubre de 1938. <<

[19] Véase Josefina García Segret, ¡Abajo las dictaduras!, op. cit. Trata el tema en distintos lugares de su obra. O las razones de María Valés o Teresa Hernández en sus relatos a Tomasa Cuevas, Cárcel de mujeres, op. cit. <<

[20] Memoria que eleva al Caudillo de España y a su Gobierno el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, enero de 1942, pp. 57-58. <<

[21] Maria Salvo, grabación del 12 de marzo de 2001. <<

[22] Ibid. <<

[23] Ángel B. Sanz, Economía penitenciaria, op. cit., p. 17. <<

[24] Para las condiciones de trabajo y salarios en los presidios masculinos véase el relato de Isaías Lafuente, Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo, Temas de Hoy, Madrid, 2002. <<

[25] CICRC, Livre blanc…, op. cit., p. 54. <<

[26] CICRC, Livre blanc…, op. cit., p. 55. <<

[27] «Ropero Caridad», Fons 236 UI46, Fons, ANC. <<

[28] Juana Doña, grabación del 24 de mayo de 2001. <<

[29] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, op. cit., p. 137. <<

[30] Ibid. <<

[31] Op. cit., p. 138. <<

[32] «Ley de 8 de septiembre de 1939», en BOE 16 y 17 de septiembre, p. 1211. <<

[33] Clemente Rodríguez, «Plenitud de los destacamentos penales», Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios, n.º 30, año III, septiembre de 1947, pp. 36 y 41. Para la evolución cuantitativa de las colonias, Memorias del Patronato de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, años 1943 a 1948. <<

[34] Calixto Belaustegui Mas, Fundamentos del trabajo penitenciario, Alcalá de Henares. Talleres Penitenciarios. Madrid, 1952. <<

[1] Informe reservadísimo (mecanografiado), Barcelona, Moralidad, 28 de agosto de 1952, Caja 2 ADB. <<

[2] Ibid. <<

[3] Ibid. <<

[4] Ibid. <<

[5] Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, Memoria que eleva la Delegación de Barcelona al Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo referente a su actuación en el año 1948. Tutela a los familiares de presos, Fons 236 UI 46, ANC, p. 1. <<

[6] Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, Instrucciones para practicar las visitas, Fons 236, UI 46, ANC, p. 1. <<

[7] Ibid. <<

[8] Ibid. <<

[9] Op. cit., p. 2. <<

[10] «Orden de 24 de marzo de 1944 por la que se aprueban las normas reguladoras del Servicio de Libertad Vigilada», en BOE 26 de marzo de 1944, Ministerio de Justicia. <<

[11] «Orden de 13 de noviembre de 1942 por la que se establece la Reorganización de los Servicios de la Dirección General de Prisiones y del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo», en BOE apéndice de 1942, p. 814, Ministerio de Justicia. <<

[12] Ibid. <<

[13] Ibid. <<

[14] Reglamento de las delegaciones locales del Patronato de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, p. 67. <<

[15] Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo. Delegación Local de Barcelona, Patronato-Presos (circular mecanografiada), Fons 236 UI46, ANC, p. 1. <<

[16] Op. cit., p. 2. <<

[17] Op. cit., p. 1. <<

[18] Todas las citas en Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo. Delegación local de Barcelona, Patronato-Presos (circular mecanografiada), Fons 236 UI 46, ANC, p. 1. <<

[19] Dirección General de Prisiones, Comunicación n.º 2440-J, Madrid, 28 de febrero de 1942, Fons 236 UI 46, ANC. <<

[20] Memoria que eleva la delegación de Barcelona al Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, referente a su actuación en el año 1948 (mecanografiada), Fons 236 UI 46, ANC, p. 3. <<

[21] Excmo. Sr. Presidente del Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, Barcelona, 23 de noviembre de 1940, Fons 236 UI 46, ANC. <<

[22] «Carta de la delegación local al presidente del Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo», Barcelona, 23 de noviembre de 1940, Fons 236 UI 46, ANC. <<

[23] Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, Circular a las juntas locales de Redención de Penas por el Trabajo, Fons 236 UI 46, ANC. <<

[24] Ibid. <<

[25] Antonio Vallejo Nágera, Niños y jóvenes anormales [S. E.], Bolaños y Aguilar, Madrid, 1941. <<

[26] Memoria que eleva la delegación de Barcelona al Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, referente a su actuación desde 1.º de diciembre de 1945 al 30 de noviembre de 1946 (mecanografiada), Fons 236 UI 46, ANC, p. 2. <<

[27] Ibid. <<

[28] Memoria que eleva la delegación de Barcelona al Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, referente a su actuación en el año 1947 (mecanografiado), Fons 236 UI 46, ANC, p. 2. <<

[29] Memoria que eleva la delegación de Barcelona al Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, referente a su actuación en el año 1949 (mecanografiado), Fons 236 UI 46, ANC, pp. 2-3. <<

[30] Memoria que eleva la delegación de Barcelona al Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, referente a su actuación en el año 1950 (mecanografiado), Fons 236 UI 46, ANC, p. 3. <<

[31] Dirección General de Prisiones, Carta n.º 2440-J, Madrid, 28 de febrero de 1942, Fons 236 UI 46, ANC, p. 2. <<

[32] Patronato para la Redención de Penas. Junta local de Barcelona. Informe mecanografiado sin título, febrero de 1941, 4 pp., Fons 236 UI 46, ANC, p. 1. <<

[33] Ambos escritos en, Registro, correspondencia y documentación diversa sobre escuelas, Fons 236 UI 46, ANC. <<

[34] Associació Catalana d’Expresos polítics, Noticia de la negra nit. Vides i veus a les presons franquistes (1939-1959), Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 2001, p. 337. <<

[35] Ibid. <<

[36] Informe Hermandad San Cosme y San Damián (mecanografiado), Fons 236 UI46, ANC, p. 1. <<

[37] Memoria que eleva la delegación de Barcelona al Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, referente a su actuación desde 1.º de diciembre de 1945 al 30 de noviembre de 1946 (mecanografiado), Fons 236 UI 46, ANC, p. 1. <<

[38] Memoria que eleva la delegación de Barcelona al Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo de sus actividades durante 1950 (mecanografiado), Fons 236 UI 46, ANC, p. 1. <<

[39] Carta al presidente del Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, 23 de diciembre de 1940, Fons 236 UI 46, ANC. <<

[40] Libro de libertades condicionales de presas (con destierro) de diferentes prisiones, 1943, Fons 236 D 320 (5), ANC. <<

[41] «Orden de 24 de marzo de 1944», en BOE 26 de marzo, Gobernación, «Normas reguladoras del Servicio de Libertad Vigilada», en BOP de 25 de octubre de 1944, n.º 256. <<

[42] Ministerio de Justicia. Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo. Delegación local de Barcelona, Patronato-Presos, (circular interna mecanografiada), Fons 236 UI 46 ANC, p. 2. <<

[43] Informe de la Comisión Permanente del Patronato de Protección a la Mujer. Resumen año 1943-46 (mecanografiado), 18 pp., caja 1 (Moralidad), ADB. <<

[44] Op. cit., p. 6. <<

[45] La detallada documentación sobre el «Ropero Caridad», sus contactos y precios, en Fons 236 UI 151-155, ANC. <<

[46] Las crisis en el Patronato de Protección a la Mujer en Barcelona, Informe interno mecanografiado, Barcelona, enero de 1954, caja 1 (Moralidad), ADB, p. 1. <<

[47] H. P. Circular mecanografiada, sin título, 2 pp., 12 de abril de 1941, Fons 236 UI 46, ANC, p. 1. <<

[48] Bases y reglamentos de la Hermandad de la Sagrada Familia, Imprenta Mariana, Lérida, 1923, BSCB, p. 3. <<

[49] Op. cit., pp. 92-93. <<

[50] Op. cit., p. 103. <<

[51] Op. cit., p. 10. <<

[52] Cartas edificantes, n.º 1, p. 2, noviembre de 1939, Fons 236 UI 46, ANC. <<

[53] Las crisis en el Patronato de Protección a la Mujer, Informe mecanografiado de 5 pp., caja 1 (Moralidad), ADB, p. 1. <<

[54] Crisis de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer, Informe mecanografiado, 4 pp., Barcelona, 25 de junio de 1953, Caja 1 (Moralidad), Carpeta Patronato Protección a la Mujer, p. 4. <<

[55] Las crisis del Patronato de Protección a la Mujer, op. cit., p. 4, caja 1 (Moralidad), ADB. <<

[56] Puntos disconformidad. 4 de agosto de 1949, caja 2 (Moralidad), ADB. <<

[57] Dirección General de Prisiones, Carta n.º 2440-J, Madrid, 28 de febrero de 1942, Fons 236 UI 46, ANC. <<

[1] Prisión de mujeres, Informe mecanografiado 1.6.3, Informes. Caja 39, carpeta 5.3, ACCPCE, p. 1. <<

[2] Ibid. <<

[3] Ibid. <<

[4] Op. cit., p. 2. <<

[5] Ibid. <<

[6] Cárcel de mujeres, Barcelona, Informe mecanografiado, Informes, 1.6.3, caja 39, carpeta 5.3, ACCPCE, marzo de 1975, p. 4. <<

[7] Molinero, Carme, «Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un “mundo pequeño”». Historia Social, n.º 30, 1998, pp. 97-117. <<

[8] Op. cit., p. 4. <<

[9] Prisión de mujeres, op. cit., p. 1. <<

[10] Cárcel de Mujeres, op. cit., p. 3. <<

[11] Ibid. <<

[12] Op. cit., p. 4. <<

[13] Op. cit., p. 2. <<

[1a] «La institución jurídica de la resistencia europea calificada para denunciar y contribuir a la ilegalización del régimen concentracionario allí donde se encuentre». <<

[2a] «La CICRC usa métodos de investigación adoptados por la Corte Suprema de Nuremberg; se rodea de expertos, juristas y abogados con el fin de desvelar la posible existencia de un régimen concentracionario y el trabajo forzado dentro de ese sistema». <<

[3a] «Observadas las controversias sobre este extremo, el número y las divergencias de las evaluaciones publicadas (que raramente coinciden, incluso cuando proceden de la misma fuente) ha parecido necesario a la comisión proceder a un análisis tan ajustado como fuera posible, sobre la base inicial de las indicaciones recogidas en los lugares de detención visitados». <<

[4a] «Teniendo solamente por finalidad obtener informaciones sobre un sospechoso». <<

[5a] «Detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de malos tratos casi sistemáticos, de sentencias judiciales (a muerte o a largas condenas) pronunciadas sin garantía alguna a los derechos de la persona ni de la defensa, ejecuciones en gran número […] la extorsión sistemática de confesiones conformes o no a la realidad». <<

[6a] «En el país considerado, un régimen concentracionario o de características concentracionarias, un régimen definido por la privación arbitraria de libertad, las condiciones inhumanas de detención, la explotación por el trabajo de los detenidos en beneficio del Estado». <<

[7a] «En función del régimen de la Alemania hitleriana, que fue un régimen concentracionario tipo». <<

[8a] «La Comisión no ha encontrado sobre el terreno ningún detenido que haya sido forzado a trabajar en contra de su voluntad, ya sea para ganar algún dinero o bien para redimir pena». <<