Charles Ferguson, que sorprendió al mundo entero con su oscarizado documental Inside Job, explica ahora en su libro del mismo título cómo una élite depredadora ha ido tomando progresivamente el control de Estados Unidos y muestra las redes de influencias académicas, financieras y políticas que les han allanado el camino hacia el poder. Con un estilo que cautiva desde las primeras páginas, Ferguson narra con todo detalle cómo, a lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos ha experimentado una de las transformaciones sociales y económicas más radicales de su historia: ha convertido al mundo financiero en el principal impulsor de su crecimiento y ha reducido al mínimo la presión fiscal, lo que ha acabado beneficiando solamente a las empresas más ricas. Este cambio no se ha producido por casualidad.

El autor muestra cómo los dos grandes partidos políticos norteamericanos han quedado sometidos a una élite adinerada. La administración Clinton se encargó de desmantelar los controles regulativos que protegían al ciudadano medio de la especulación financiera. El equipo de Bush destruyó la base de los ingresos federales mediante los recortes fiscales grotescamente sesgados en favor de las clases pudientes. Y la Casa Blanca de Obama ha permitido que los financieros sigan actuando de forma totalmente impune, incluso después de las supuestas «reformas» introducidas después del colapso financiero de 2008.Basándose en numerosos expedientes judiciales hechos públicos recientemente, el autor detalla la gravedad de los delitos cometidos en la frenética persecución de la riqueza que provocó la crisis financiera.

Por último, esboza un plan de acción para que recuperemos el control sobre nuestras vidas y nuestros sueños.

Charles Ferguson

Inside Job

ePub r1.1

Titivillus 17.04.2020

Título original: Predator Nation

Charles Ferguson, 2012

Traducción: Ramon Vilà

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A Athena Sofia y Audrey Elizabeth,

dos mujeres que cambiaron mi vida.

1
La situación actual

Se han escrito ya muchos libros sobre la crisis financiera, pero hay dos razones por las que me ha parecido importante escribir uno más.

La primera razón es que los chicos malos se salieron con la suya, un hecho que extrañamente ha suscitado escaso debate público. Cuando en 2011 recibí el Oscar al mejor documental dije: «Tres años después de una terrible crisis financiera provocada por un fraude masivo, ni un solo directivo financiero ha ido a la cárcel. Y eso está mal». Cuando más tarde preguntaron a los altos responsables de la administración Obama por esta ausencia de actuaciones judiciales, estos respondieron con evasivas en el sentido de que, o bien no se habían producido hechos ilegales, o bien las investigaciones seguían su curso. Ninguno de los principales candidatos presidenciales republicanos ha mencionado siquiera la cuestión.

A comienzos de 2012 siguen sin presentarse cargos penales contra ningún alto directivo financiero en relación con la crisis financiera. Tampoco ha habido ningún intento serio por parte del gobierno federal de recurrir a procedimientos civiles, embargos u órdenes de restricción para imponer multas o compensaciones a los responsables de hundir la economía mundial en una recesión. No es que falten pruebas de la existencia de comportamientos penalmente perseguibles. Desde el estreno de mi documental ha salido a la luz mucho material nuevo, sobre todo a través de cadenas de correos electrónicos y otras pruebas presentadas en juicios privados, que pone claramente de manifiesto que muchos banqueros, incluidos algunos altos directivos, sabían exactamente lo que ocurría y que sus actividades eran altamente fraudulentas.

Pero incluso dejando a un lado la crisis, disponemos ahora de pruebas de una conducta criminal generalizada e impune en el sector financiero. Más adelante repasaré la lista de todo lo que ya sabemos, que es mucho. Además de los comportamientos que provocaron la crisis, hay pruebas de colaboración por parte de grandes bancos estadounidenses y europeos en el fraude de Enron y otros, en el blanqueo de dinero para los cárteles de la droga y el ejército iraní, en casos de evasión fiscal, ocultamiento de bienes de dictadores corruptos, connivencia para fijar precios y muchas formas de fraude financiero. Tenemos hoy pruebas irrefutables de que a lo largo de los últimos treinta años el sector financiero estadounidense se ha convertido en una industria canalla (rogue industry). El progresivo aumento de su poder y su riqueza le ha permitido subvertir el sistema político estadounidense (incluidos ambos partidos políticos), el gobierno y las instituciones académicas para emanciparse de toda regulación. El avance de la desregulación fomentó a su vez que la industria financiera se volviera menos ética y más peligrosa, capaz de provocar crisis cada vez más profundas y comportamientos cada vez más abiertamente delictivos. Desde la década de los noventa, su poder ha sido suficiente para eximir a los banqueros no solo de cumplir en la práctica con la regulación, sino de cualquier persecución penal por sus acciones. El sector financiero es hoy una industria parásita y desestabilizadora que constituye un freno importante para el crecimiento económico de Estados Unidos.

Todo esto significa que el emprendimiento de acciones penales no es solo una cuestión de venganza o siquiera de justicia. La imposición real de castigos por la delincuencia financiera a gran escala es un elemento vital para la regulación financiera, la cual es a su vez esencial para la salud y la estabilidad económica de Estados Unidos (y el mundo). Es bueno que haya regulaciones, pero la amenaza de la cárcel ayuda a tenerlas presentes. Un renombrado experto en la cuestión, el gánster Al Capone, dijo una vez: «Se llega mucho más lejos en la vida con una palabra amable y una pistola que con una palabra amable sola». Si los directivos financieros tuvieran claro que irán a la cárcel si cometen fraudes importantes que pongan en peligro la economía mundial, y que sus ganancias ilegales serán confiscadas, serían considerablemente menos proclives a cometer tales fraudes y a provocar crisis financieras globales. De modo que una primera razón para escribir este libro es mostrar con todo lujo de detalles las pruebas que amparan la actuación penal. En este libro demuestro que buena parte de los comportamientos que subyacen a la burbuja y a la crisis fueron de naturaleza delictiva en sentido literal, y que su no persecución es casi tan intolerable como los comportamientos originales.

La segunda razón por la que me decidí a escribir este libro es que el auge de las finanzas predatorias es tanto el síntoma como la causa de un cambio aún más amplio y más inquietante en el sistema económico y político de Estados Unidos. El sector financiero es el núcleo de una nueva oligarquía que se ha aupado al poder en los últimos treinta años y que ha cambiado profundamente el estilo de vida estadounidense. Los últimos capítulos de este libro están dedicados a analizar cómo ha ocurrido esto y lo que supone para todos nosotros.

Alrededor de 1980, la sociedad estadounidense comenzó a experimentar una serie de cambios profundos. La desregulación, la inaplicación de la legislación antimonopolio existente y una serie de cambios tecnológicos llevaron a una creciente concentración de la industria y las finanzas. El dinero comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante y más corruptor en la política. Estados Unidos comenzó a quedar rezagado respecto a otros países en educación, infraestructuras y el rendimiento de muchas de sus principales industrias. La desigualdad aumentó. Como resultado de este y otros cambios, las reglas del juego en este país se hicieron cada vez más injustas; es decir, comenzó a convertirse en una sociedad que niega las oportunidades a los que no han nacido en familias ricas, una sociedad más parecida a las dictaduras del Tercer Mundo que a una democracia avanzada.

Las protestas del movimiento Occupy Wall Street (Ocupa Wall Street), que se iniciaron en Nueva York en septiembre de 2011 y se extendieron rápidamente por el resto del país y del mundo, eran al principio algo imprecisas en cuanto a sus objetivos. No obstante, los manifestantes tenían mucha razón en una cuestión: a lo largo de los últimos treinta años, Estados Unidos ha caído bajo el control de una oligarquía financiera amoral, y el sueño americano de educación, oportunidad y movilidad social ascendente solo existe hoy para un pequeño porcentaje de personas que se encuentran en lo más alto de la sociedad. Las políticas aplicadas por el gobierno federal están cada vez más dictadas por los ricos, por el sector financiero y por industrias poderosas (aunque a veces muy mal gestionadas) como las telecomunicaciones, la sanidad, los automóviles y la energía. Estas políticas son posteriormente implementadas y aplaudidas por los devotos servidores de dichos grupos, esto es, por los cada vez menos independientes líderes de los partidos políticos, del mundo académico y de la industria del lobby.

Si permitimos que siga adelante, este proceso terminará por convertir Estados Unidos en una sociedad decadente e injusta, con una población empobrecida, resentida e iletrada, bajo el control de una élite reducida y superrica. Tal sociedad no solo sería inmoral, sino también inestable, peligrosamente susceptible de caer en manos de extremismos religiosos y políticos.

Hasta el momento, los dos principales partidos políticos han demostrado gran inteligencia y eficacia para ocultar esta nueva realidad. De hecho, los dos han creado una nueva e innovadora forma de cártel, una organización que he bautizado como el duopolio político estadounidense y que analizo con detalle más adelante. Ambos partidos tratan de negar con mentiras el hecho de que los dos se han vendido al sector financiero y a los ricos. Hasta ahora, ambos han conseguido que las mentiras cuajen, ayudados en parte por la enorme cantidad de dinero que se gastan actualmente en publicidad, política engañosa y manipuladora. No obstante, es algo que no puede durar indefinidamente, pues los estadounidenses comienzan a estar indignados, y, a pesar de la manipulación y la desinformación, tienen una sensación profunda y visceral de que se están aprovechando de ellos. Movimientos como el Tea Party u Occupy Wall Street son síntomas tempranos de esta situación.

No voy a dedicar mucho tiempo a describir posibles formas de regular los seguros de impago de deuda en descubierto, de mejorar los criterios contables para las entidades fuera de balance, de implementar la regla Volcker, de incrementar el capital básico o de limitar el apalancamiento bancario. Todas ellas son cuestiones importantes, pero en último término tácticas y relativamente fáciles de resolver si se dispone de un sistema político, una economía, un entorno académico y una estructura reguladora saludables. El verdadero reto consiste en encontrar la manera de que Estados Unidos recupere el control de su futuro de manos de la nueva oligarquía, y recupere su posición como nación próspera, justa e instruida. Si no lo logramos, el modelo actual de gran concentración de riqueza y poder no hará más que agravarse, y nos veremos abocados a un proceso continuado de miserabilización de la mayor parte de la población estadounidense.

Antes de entrar a fondo en estas cuestiones, tal vez debería hacer un comentario acerca de mi punto de vista personal. No estoy en contra de los negocios, de los beneficios o de hacerse rico. No tengo ningún problema con que la gente se haga millonaria… siempre que lo haya conseguido mediante una carrera justa, que sus logros lo acrediten, que pague los impuestos que le corresponden y que no corrompa la sociedad. La gente que fundó Intel se hizo muy rica, y me parece estupendo. Era gente con un doctorado en física. Gente que trabajó duro, que trató lealmente a sus empleados y que dio a la sociedad mil veces más de lo que se quedó para sí. En el plazo de una década desde su fundación, Intel inventó los microprocesadores y las tres formas principales de memoria en semiconductores. Uno de los fundadores de Intel —Robert Noyce, a quien tuve el honor de conocer— inventó personalmente el circuito integrado. No tengo ningún problema con que Bob Noyce, Gordon Moore y Andy Grove ganaran mucho dinero. Lo mismo vale para Larry Ellison, de Oracle; para Steve Jobs y Steve Wozniak, de Apple; para los fundadores de Google, eBay, Craigslist, Amazon y Genentech, y también, por cierto, para Warren Buffett.

Sin embargo, no es de esta forma como la mayoría de las personas mencionadas en este libro se hicieron ricas. La mayor parte de ellas se hicieron millonarias gracias a sus contactos personales y a la falta de escrúpulos. Y están creando una sociedad donde se pueden cometer delitos económicos enormemente perjudiciales con total impunidad, y donde solo los hijos de los ricos tienen alguna oportunidad de alcanzar el éxito.

Con eso sí tengo un problema. Y creo que la mayoría de las personas estarán conmigo.

El mundo visto por el 99 por ciento de abajo

La crisis financiera de 2008 fue el peor desastre económico desde la Gran Depresión, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. En 2007, cuando pinchó la burbuja financiera, el crecimiento económico de Estados Unidos bajó hasta un anémico 1,9 por ciento. En 2008, el PIB experimentó una contracción del 0,3 por ciento, seguida por otra del 3,5 por ciento en 2009. El año 2010 asistió por fin a la «recuperación», con un crecimiento del 3 por ciento en el PIB. Pero no ha servido de mucho. Esta recuperación ha sido débil y apenas ha creado ocupación; el crecimiento es en gran medida el resultado de inversiones en tecnología, no de la creación de nuevos empleos[1].

La recesión poscrisis terminó oficialmente en Estados Unidos en junio de 2009. No obstante, durante los dos años posteriores, los de la «recuperación», el ingreso medio por familia en Estados Unidos se contrajo un 7 por ciento. La tasa oficial de desempleo a comienzos de 2012 se mantuvo por encima del 8 por ciento, mientras que las mejores estimaciones del desempleo real se situaban por encima del 12 por ciento. La pobreza, especialmente la infantil, alcanzaba niveles récords.

Desde el comienzo de la crisis, diez millones de estadounidenses han permanecido más de seis semanas sin trabajo, y dos millones, más de dos años. Muchos de los desempleados han agotado sus prestaciones, y serían muchos más si no fuera por las extensiones temporales aprobadas (los republicanos solo dieron su voto a condición de que los demócratas aceptaran un duro recorte fiscal que beneficia principalmente a los ricos).

El desempleo forzoso es negativo en cualquier caso, pero el desempleo de larga duración es incluso moralmente dañino para la persona. Se pierden competencias, autoconfianza, y muchos terminan simplemente por rendirse. Por supuesto, el desempleo de larga duración también hace más probable el desahucio y la pérdida de la vivienda. No existen datos fiables, pero la población sin hogar en Estados Unidos aumenta de forma veloz, sobre todo en los climas más templados, los más sacudidos por la crisis hipotecaria, como Florida, pero también en lugares relativamente prósperos como Seattle. En la década de los treinta, las orillas del American River en Sacramento estaban sembradas de Hoovervilles. Hoy, los funcionarios de Sacramento y organizaciones como Safe Ground se enfrentan a una generación entera de personas sin hogar que viven en las mismas áreas que durante la Depresión[2].

Más de dos millones de casas se embargaron en Estados Unidos en 2011. Los distritos escolares estadounidenses informan de un aumento de los niños sin hogar como consecuencia de los desahucios. Los periódicos de todo el país informan de adultos, frecuentemente parejas casadas con hijos, que vuelven a casa de sus padres, a menudo forzados a vivir de las pensiones de estos. La tasa de pobreza en Estados Unidos ha experimentado un rápido aumento, hasta alcanzar el 15 por ciento en 2011, lo que incluye más de dieciséis millones de niños. Desde el comienzo de la crisis, el número de personas que debe recurrir a los cupones alimentarios ha aumentado en dieciocho millones, lo que supone un incremento del 70 por ciento. No obstante, en el mismo período, el 1 por ciento más alto de la población ha seguido aumentando su cuota de ingresos y de riqueza del país, hasta alcanzar los niveles más elevados desde finales de la década de los veinte[3].

Los balances de las empresas estadounidenses están en buena forma: sus fondos en efectivo ascienden a dos billones de dólares. Pero los gobiernos de este país no están en buena forma. La crisis y la recesión, combinadas con el gasto extraordinario necesario para prevenir un holocausto financiero, han provocado un incremento del 50 por ciento en la deuda soberana. El déficit federal sigue desbocado, y muchos gobiernos estatales y locales han tenido que recortar servicios esenciales por falta de dinero, incluida la educación y la seguridad.

Al mismo tiempo, Europa sufre una nueva crisis financiera, de carácter crónico, provocada por la deuda soberana. Al igual que ocurre en Estados Unidos, el problema de la deuda en Europa se vio agravado por los gastos extraordinarios que hicieron falta para evitar que la crisis de 2008 provocara la gran depresión del siglo XXI.

En los países más afectados por la crisis de la deuda europea —Grecia, Irlanda, Portugal y España—, los niveles de vida se han visto notablemente reducidos. A comienzos de 2012, la tasa oficial de desempleo en España era del 23 por ciento; la de Portugal, del 12 por ciento; la de Irlanda, del 14 por ciento, y la de Grecia, del 22 por ciento. Este último país, cuyo gobierno anterior contrató a Goldman Sachs para que le ayudara a falsear las cuentas nacionales y ocultar su déficit a la Unión Europea, terminó por no poder pagar sus 300 000 millones de deuda pública. Desde 2011 (y como condición para relajar los términos del servicio de la deuda del país), la Unión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han obligado a Grecia a implantar nuevos impuestos y recortes draconianos en los sueldos y la pensiones públicas. Sin duda, el sistema clientelar griego es inmenso y tremendamente caro, pero todavía sigue intacto; la mayor parte de los recortes han ido a cuenta de las personas honestas y trabajadoras. Los profesores de secundaria y universitarios han sufrido recortes de sueldo del 30 por ciento o más, el desempleo se ha disparado y el PIB se contrajo un 6 por ciento en 2011. Se han producido disturbios en Inglaterra, Italia y Grecia, y han surgido importantes movimientos de protesta en esos mismos países, como también en España, Alemania y Francia[4].

Sin embargo, en muchos sentidos, Estados Unidos es el lugar que más ha cambiado como consecuencia de la crisis. Para la mayoría de los estadounidenses, los sueldos y los ingresos familiares en conjunto llevan muchos años estancados o en retroceso. La crisis financiera, la recesión y la «recuperación» sin creación de empleo que ha experimentado el país desde 2008 son solo el último y peor capítulo de un proceso iniciado muchos años antes. De hecho, incluso durante la prosperidad artificial de la burbuja financiera de los años 2001-2007, el sueldo del estadounidense medio se mantuvo estancado o en retroceso, mientras que los ingresos de los ricos se disparaban.

No hay ningún otro país desarrollado, incluida la clasista Gran Bretaña, que se acerque siquiera remotamente a las extremas desigualdades de ingresos y riqueza de Estados Unidos en 2012. Entre 2001 y 2007, los años de la gran burbuja financiera, un 1 por ciento de los hogares captó la mitad del incremento total de los ingresos nacionales. No siempre había sido así: el cambio se inició en 1980. La cuota de ingresos sujetos a impuestos correspondiente a este 1 por ciento de los hogares subió del 10 por ciento en 1980 al 23 por ciento en 2007. El porcentaje es el mismo que en 1928, y unas tres veces el de las décadas de los cincuenta y de los sesenta, cuando Estados Unidos gozaba de un crecimiento económico muy superior y no sabía lo que eran las crisis financieras. La abrupta caída de las acciones desde el crac financiero ha supuesto que su cuota cayera hasta «solo» el 17 por ciento en 2009, pero desde entonces ha vuelto a remontar hasta el 20 por ciento. La riqueza de Estados Unidos está aún más concentrada que los ingresos: el 1 por ciento más rico posee una tercera parte de la riqueza total del pueblo estadounidense, y más del 40 por ciento de la riqueza financiera total del país. Esto supone más del doble de lo que posee el 80 por ciento más pobre de la población[5].

La conclusión es que no todo el mundo lo ha pasado mal durante la última década; a los consejeros delegados, al sector financiero, al sector energético, a los lobbies y a los hijos de los que ya eran ricos les fue razonablemente bien. Desde 2000, las cuatro principales compañías petrolíferas estadounidenses han acumulado más de 300 000 millones de dólares de beneficios extraordinarios, definidos como los beneficios situados por encima de su tasa de beneficios durante la década anterior. Las primas de la banca de inversión también han sido desorbitadas: se estiman en 150 000 millones de dólares en el conjunto de la década. El salario medio anual de los banqueros de Nueva York, situado ahora en los 390 000 dólares, ha permanecido más o menos constante desde el colapso del sector en 2008.

El reverso del crecimiento de la desigualdad en Estados Unidos es una pérdida obscena y moralmente indefendible de equidad en la sociedad estadounidense en educación, oportunidades laborales, ingresos, riqueza, incluso salud y esperanza de vida. A excepción de las familias ricas, los niños de Estados Unidos están menos educados y ganarán menos dinero que sus padres. Y lo que es peor, las oportunidades y las vidas de los jóvenes de este país están cada vez más determinadas por la riqueza de sus padres, no por sus propias capacidades y esfuerzos.

Sin duda, muchos estadounidenses siguen creyendo en el sueño americano. Uno se pregunta cuánto tiempo podrán conservar esa ilusión, ahora que Estados Unidos se está convirtiendo en uno de los países más injustos, rígidos y con menos movilidad social del mundo industrializado. En Estados Unidos, los ingresos parentales determinan en un 50 por ciento las perspectivas económicas de sus hijos a lo largo de toda su vida. Alemania, Suecia e incluso la clasista Francia son actualmente más equitativas y tienen más movilidad social que Estados Unidos: de media, los ingresos parentales no determinan más que en un 30 por ciento las perspectivas de la siguiente generación. En sociedades verdaderamente equitativas y de alta movilidad social como Canadá, Noruega, Dinamarca y Finlandia, los ingresos parentales solo determinan en un 20 por ciento las perspectivas de los hijos a lo largo de su vida. Incluso en muchos países «en desarrollo», como Taiwán o Corea del Sur, existen actualmente niveles de oportunidad y equidad superiores a los de Estados Unidos. Por ejemplo, alguien nacido en una familia pobre de Corea del Sur o de Taiwán tiene actualmente unas probabilidades muy superiores de graduarse del instituto y salir de la pobreza que alguien nacido en una familia pobre estadounidense. Muchos de los ciudadanos de estos países tienen también una mayor esperanza de vida que los habitantes de Estados Unidos[6].

También han quedado atrás los tiempos en que la educación universitaria estadounidense era, o bien financieramente accesible para todo el mundo, o bien un billete seguro hacia una buena vida. La tecnología, la globalización y las decisiones empresariales han ido comprimiendo los salarios y externalizando muchos empleos de cuello blanco, del mismo modo que lo hicieron antes con los empleos de cuello azul. Hoy, para abrirse paso hacia la clase media-alta hace falta un título de una institución de élite o un título de posgrado, o ambos a la vez. Y la inmensa mayoría de los estudiantes que se matriculan en dichas escuelas de élite pertenecen a las familias más ricas de Estados Unidos. De hecho, el coste de la educación superior en todas sus formas —ya sea de grado o de posgrado, privada o pública, de élite o de nivel medio— ha ido aumentando de forma muy marcada, y su acceso se ha vuelto más desigual. El actual estrangulamiento de las finanzas de los gobiernos estatales y locales ha hecho que incluso las universidades estatales y comunitarias empiecen a ser muy caras, de modo que los jóvenes de clase trabajadora o de familias pobres se ven cada vez más abocados a escoger entre no ir a la universidad o graduarse con deudas monumentales. Como resultado, las tasas de graduados universitarios se han estancado en Estados Unidos, y se sitúan por detrás de las de muchos otros países.

Después de derrochar billones en guerras mal planificadas y en recortes fiscales diseñados especialmente para favorecer a los más ricos, de una burbuja inmobiliaria gigantesca y de monumentales rescates para sus bancos, Estados Unidos tiene graves problemas fiscales. Al mismo tiempo, las infraestructuras, los servicios de banda ancha, el sistema educativo, la mano de obra cualificada, el sistema sanitario y las políticas energéticas del país no se han desarrollado al ritmo que requieren las necesidades de una economía avanzada, con el consiguiente perjuicio para su competitividad económica básica. Sin embargo, tal como veremos más adelante, esto no es únicamente, ni siquiera principalmente, un problema de dinero; es un problema de políticas y prioridades. En algunas áreas, la inversión gubernamental es claramente insuficiente; pero, en otras muchas, como en atención sanitaria, Estados Unidos como sociedad gasta de hecho mucho más que otros países, sin conseguir, no obstante, los mismos resultados.

La causa principal de que esto sea así es la existencia de grupos de interés dotados de gran poder político que han logrado bloquear cualquier reforma: los servicios financieros; sectores como el de defensa y el de las telecomunicaciones; industrias como la energética, la farmacéutica y la de alimentos manufacturados; las profesiones legal, contable y médica, y, en menor medida, algunos sindicatos. Estos y otros grupos, incluidos por supuesto los lobbies y los políticos, han resistido ferozmente a cualquier intento de mejorar el futuro del país que supusiera un perjuicio para ellos.

Mientras tanto, los dos partidos políticos ignoran, falsean o explotan, o ambas cosas, los problemas económicos, sociales y educacionales del país. Este proceso comienza a generar un peligro añadido: la demagogia. A medida que Estados Unidos se degrada, los extremistas religiosos y políticos empiezan a sacar provecho de los crecientes sentimientos de inseguridad y descontento de la población. Hasta ahora, esta tendencia ha tomado principalmente la forma de ataques al gobierno federal, a los impuestos y al gasto público. Sin embargo, a veces también adopta formas más extremas: fundamentalismo cristiano anticientífico; ataques a la educación, a la enseñanza de la evolución, a las vacunas y a la actividad científica, y la demonización de varios grupos, como los inmigrantes, los musulmanes y los pobres.

Como colofón de todo el proceso se encuentra una innovación brillante, aunque profundamente cínica, de los políticos estadounidenses: el duopolio político. A lo largo del último cuarto de siglo, los líderes de ambos partidos han perfeccionado un notable sistema para mantenerse en el poder al tiempo que sirven a la nueva oligarquía de Estados Unidos. Ambos partidos reciben ingentes cantidades de dinero, y lo obtienen por diversas vías: contribuciones a las campañas, lobbies, contratos de «puerta giratoria», favores y privilegios especiales de diverso tipo. Políticos de ambos partidos se enriquecen y traicionan los intereses de la nación, incluidos los de la mayoría de las personas que los votan, a pesar de lo cual ambos partidos siguen siendo capaces de movilizar el apoyo de la gente gracias a su habilidad para explotar la polarización cultural estadounidense. Los republicanos agitan ante los conservadores sociales los fantasmas del secularismo, los impuestos, el aborto, el asistencialismo, el matrimonio gay, el control de las armas y el liberalismo. Los demócratas agitan ante los liberales sociales los fantasmas de las armas, la contaminación, el calentamiento global, la ilegalización del aborto y el conservadurismo. Ambos partidos dramatizan en público sus enfrentamientos y los peligros que amenazan si el otro partido alcanza el poder, al tiempo que ambos se prostituyen con el sector financiero, las industrias poderosas y los ricos. En este sentido, la propia intensidad de las diferencias entre ambos partidos en asuntos de «valores» les permite colaborar cuando se trata de dinero.

Desde la crisis financiera de 2008, el gobierno federal ha prestado una ingente asistencia financiera a los bancos y a los banqueros, al tiempo que ampliaba los recortes fiscales para los ricos de la administración Bush. Una vez restaurada la industria bancaria con todas sus primas, ha desaparecido también la falsa humildad de los banqueros, que antes suplicaban asistencia federal. También se ha perdido, por desgracia, la oportunidad inédita para recuperar el control sobre ellos que se presentó en 2008 y 2009, cuando los bancos estaban desesperados y en una posición de gran dependencia; una oportunidad que tanto la administración Bush como la administración Obama desperdiciaron e ignoraron por completo. Esos mismos banqueros son ahora los primeros en advertir del peligro de los déficits federales, en insistir en la necesidad de nuevos recortes fiscales para mantener la competitividad y en responder con sombrías predicciones ante cualquier regulación que pudiera estrangular la «innovación» que los hizo ricos, aunque llevara a la ruina a la economía mundial.

Tal comportamiento es, sin embargo, esperable, pues a lo largo de los últimos treinta años los intereses económicos del 1 por ciento más alto de la población, que ahora controla la riqueza, los negocios y la política del país, se han apartado mucho de los del resto de los estadounidenses.

La economía del dosel

Los ecosistemas de dosel son universos de flora y fauna que proliferan en las copas de árboles muy altos y llevan una existencia en buena medida independiente de los múltiples ecosistemas que ocupan los estratos inferiores del bosque. Lo consiguen gracias a que obtienen el mejor acceso posible a la luz solar, a la vez que bloquean el acceso al sol de todos los que están situados por debajo.

Los colosales ingresos acumulados por la estrecha franja de una superélite situada en lo más alto de la pirámide de la riqueza ha generado una especie de «economía del dosel» a escala global que ha perdido todo contacto con las naciones y las personas de las que surgieron. Arriba, en la cumbre, los altos directivos, los triunfadores del mundo de los negocios y los operadores financieros de los bancos y de las empresas globales cobran habitualmente sueldos de ocho dígitos. Son personas con cuatro o cinco mansiones repartidas por todo el mundo, yates, servicios de jet privado allí donde deseen, limusinas, criados, privilegios, poder. Pueden permitirse cualquier capricho personal, como, por ejemplo, el jefe de Blackstone, Steve Schwarzman, al que le gusta hacerse enviar patas de cangrejo piedra de cuatrocientos dólares allí donde esté pasando sus vacaciones.

El impacto económico de esta desigualdad es hoy asombrosamente alto. La riqueza y el poder de la nueva élite estadounidense es a la vez una clave interpretativa y una causa directa de la tibia recuperación del país desde el crac financiero. Las empresas se bañan en dinero, pero el estadounidense medio no tiene un dólar para gastar. La productividad laboral ha aumentado de forma espectacular, a una tasa casi inédita del 5,4 por ciento en 2009. Luego ¿por qué las empresas de este país no empiezan a contratar, y por qué el sueldo medio sigue bajando?

En parte, la respuesta es que la educación y las competencias de la población estadounidense están perdiendo dos carreras: una con el progreso tecnológico, y otra con las competencias de otros países con menos costes laborales. La educación es aquí la variable crucial. En la era de internet, Estados Unidos solo puede ser un país de elevados ingresos y pleno empleo si la mayor parte de su población posee una educación y unas competencias superiores a las que puedan encontrarse en la India, China y cualquier otro lugar con costes laborales mucho más bajos. Ciertamente, a los estadounidenses con másteres en informática de Stanford o MIT les sigue yendo muy bien. Pero la mayoría de los habitantes de Estados Unidos no pueden participar en la economía de la alta tecnología porque la mayor parte del sistema educativo es un desastre. Las tasas de graduación en secundaria y en la universidad son claramente pobres, por detrás no solo de las de la mayoría de los países europeos, sino de países asiáticos como Taiwán, Singapur o Corea del Sur (la tasa de graduación en secundaria en Estados Unidos es del 80 por ciento, y probablemente en descenso; la de Corea del Sur es superior al 95 por ciento). Y tal como podrá decirle cualquier inmigrante, la educación secundaria es una broma comparada con la escuela secundaria en Corea del Sur o Taiwán.

No obstante, otra razón importantísima para explicar el declive de la economía estadounidense, así como del sueldo medio, es el cambio progresivo en el equilibrio de poder entre la nueva oligarquía, el gobierno federal y el resto de la población. Las decisiones de inversión, los sueldos y las políticas gubernamentales están determinadas en gran medida por la gente que vive en la economía del dosel. Ello tiene dos consecuencias profundas.

Una es que las empresas estadounidenses mejor gestionadas y de mayor éxito han empezado ciertamente a invertir dinero, pero no lo hacen en Estados Unidos. Los consejeros delegados ven oportunidades mucho mayores en comprar sistemas de tecnología de la información y mano de obra barata en el extranjero.

Grandes empresas como GE, Boeing, Caterpillar, Ford y Apple realizan de media el 60 por ciento de sus ventas en el extranjero (en el caso de Intel, el 84 por ciento). Ya desde los tiempos en que Ronald Reagan era su portavoz, GE ha llevado siempre el cartel de empresa estadounidense modelo. Sin embargo, más de la mitad de los empleados, los ingresos y los activos de GE se encuentran en lugares remotos. Los ingresos de Caterpillar en el extranjero suponen el 68 por ciento del total. Sus principales adquisiciones e inversiones recientes incluyen dos plantas de fabricación de motores, una planta de retroexcavadoras y una fábrica de equipo para minería, todas en China; una fábrica de motores en Alemania, una fábrica de camiones en la India, y una fábrica de bombas y motores en Brasil. Ford, GM, IBM y la mayoría de las grandes empresas de manufactura o servicios tienen un perfil muy parecido. De los dos billones de dólares en efectivo que figuran en los balances de las empresas de Estados Unidos, alrededor de un billón se encuentra actualmente en el extranjero[7].

GE fue una empresa pionera en la externalización, iniciada en su caso con los servicios de procesamiento de datos, que derivaron a postores de bajo coste situados en países como la India. La decisión del presidente Obama a comienzos de 2011 de elegir a Jeffrey Immelt, consejero delegado de GE, para dirigir un nuevo consejo asesor económico en la Casa Blanca se produjo solo unos meses después de que Immelt cerrara una cadena de fábricas de bombillas en Estados Unidos para trasladar la producción a China. Al igual que muchas otras empresas estadounidenses, en los últimos años GE ha aprovechado también sus operaciones globales para evitarse pagar impuestos en Estados Unidos, a pesar de obtener miles de millones de dólares anuales en beneficios.

Por otro lado, a lo largo de la última década, la llamada «externalización» ha empezado a tomar un cariz distinto. La tendencia a desplazar las adquisiciones y las inversiones al extranjero ya no se limita a actividades de bajos salarios y uso intensivo de la mano de obra, sino que se extiende a actividades que requieren el empleo de alta tecnología y mano de obra muy cualificada, tanto en el sector industrial como en el de servicios. Esta tendencia tiene graves implicaciones para el futuro económico de Estados Unidos.

La idea de que la mayoría de los ordenadores personales, portátiles, tabletas y smartphones se fabrican actualmente en Asia no sorprenderá probablemente a muchos estadounidenses, pero tal vez sí saber que la mayoría de esos aparatos también se diseñan actualmente en Asia, y por empresas asiáticas, no estadounidenses. Estados Unidos conserva el liderazgo en investigación avanzada, diseño de sistemas, software e integración de sistemas, pero ha perdido en buena medida la capacidad para diseñar y fabricar el hardware de la tecnología de la información. Las implicaciones de esta tendencia en el terreno del empleo y la competitividad son profundas. Por ejemplo, Apple tiene unos 70 000 empleados en todo el mundo, incluyendo sus tiendas minoristas. Pero su principal proveedor, Foxconn, una empresa taiwanesa, tiene 1,3 millones de empleados. Estados Unidos se ha convertido en un importador neto de bienes de alta tecnología, y la alta tecnología da empleo actualmente a una porción menor de la fuerza laboral estadounidense que en muchos otros países.

Sin embargo, nada de eso preocupa a los ejecutivos de la economía del dosel. Ellos ven el mundo entero no solo como su mercado, sino como una fuente de productos, servicios, mano de obra y componentes. Para ellos, la mano de obra disponible para empresas nominalmente estadounidenses es mucho mayor, y mucho más barata, de lo que era hace diez o veinte años. El dosel es un mundo regido por el cálculo: los trabajadores chinos o indios tienen unos niveles de vida mucho más bajos que los estadounidenses, de modo que estarán dispuestos a trabajar por un salario menor. Cada vez son más los países que disponen de sistemas de banda ancha y una infraestructura logística (como, por ejemplo, puertos, aeropuertos y sistemas ferroviarios) superiores a los de Estados Unidos. Pero para los consejeros delegados de Estados Unidos no tiene sentido, ni a nivel personal ni a nivel profesional, presionar al gobierno para que mejore las infraestructuras o el sistema educativo estadounidenses, en particular si ello supone también un aumento de sus impuestos. Los beneficios de tales inversiones públicas se reparten en el conjunto de la sociedad y a largo plazo, no son específicos para la élite o para sus empresas. Y los consejeros delegados y los banqueros tienen el dinero y los contactos necesarios para enviar a sus hijos a escuelas privadas caras, para usar aviones privados, para invertir sus activos globalmente y para evitar de muchos otros modos los inconvenientes que supone el declive económico de este país.

¿Pero cómo fue posible que la nueva oligarquía financiera estadounidense se hiciera tan asombrosamente rica, en particular durante un período de crecimiento económico relativamente pobre y de estancamiento de los ingresos para la mayoría de los estadounidenses? En este punto llegamos a la segunda consecuencia profunda de la nueva estructura de poder en Estados Unidos. La respuesta completa implica una serie de procesos económicos y políticos que se iniciaron en la década de los setenta y que se tratarán en la parte final de este libro. No obstante, en un aspecto la respuesta es muy clara. Con algunas excepciones importantes —sobre todo en el campo de la alta tecnología— podemos decir con certeza que la principal fuente de riqueza de la nueva élite del dosel no procedía de una aportación de valor a la sociedad. De hecho, una parte importante del declive económico estadounidense puede atribuirse de forma directa al enorme poder de los directivos de este país, los cuales fueron los responsables de la ruina de sus propias industrias. Un buen número de estudios excelentes, algunos de los cuales serán descritos en este libro, establecen más allá de toda duda razonable que durante la mayor parte de los últimos cuarenta años las industrias estadounidenses del automóvil, el acero, los grandes y pequeños ordenadores y las telecomunicaciones han sido gestionadas de forma altamente incompetente. Sus negligentes y autointeresados directivos conservaron sus cargos gracias a consejos de dirección complacientes, a una laxa política antimonopolio, a la influencia política y al mantenimiento de sistemas anticuados y poco eficaces de gestión corporativa.

Luego está el caso del sector de los servicios financieros. ¿Qué podemos pensar de la calidad de la gestión de un sector que no solo se destruye a sí mismo, sino que casi arrastra al resto de la economía mundial consigo? ¿Creemos que esas personas merecen hacerse inmensamente ricas por sus logros? ¿Y qué decir de sus lobbistas, abogados y contables?

En otras palabras, la nueva élite estadounidense ha obtenido buena parte de su extrema riqueza no gracias a una mayor productividad, sino principalmente a través de transferencias forzadas de riqueza del resto de la población de este país y del resto del mundo. Estas transferencias han sido con frecuencia poco éticas o incluso delictivas, y han encontrado un apoyo fundamental en unas políticas gubernamentales que han reducido los impuestos a los ricos, han permitido la concentración industrial a través de una laxa aplicación de la legislación antimonopolio, han protegido a empresas poco eficientes, han impedido las protestas sindicales, han mantenido bajos los salarios de los trabajadores, han permitido fraudes masivos en el sector financiero, han rescatado al sector financiero cuando se colapsó y han protegido los delitos corporativos de la aplicación de la ley. Y todas estas políticas gubernamentales han sido pagadas, con diversos grados de sutileza, por sus beneficiarios.

En este proceso hay un sector que destaca sobre todos los demás: los servicios financieros. En ninguna otra industria ha sido más explícita la amoralidad, la destructividad y la codicia de la nueva élite. Buena parte de la nueva riqueza del sector financiero estadounidense se obtuvo de la forma más vieja de todas: el robo. Con cada nuevo paso en el proceso de desregulación y concentración, el sector financiero de Estados Unidos se fue convirtiendo en una industria casi criminal, cuyo comportamiento terminó por producir un gigantesco esquema Ponzi a escala global: la burbuja financiera que provocó la crisis de 2008. Fue literalmente el crimen del siglo, uno de cuyos efectos colaterales seguirá pesando sobre el mundo durante muchos años en forma de estancamiento económico en Estados Unidos y crisis de la deuda en Europa.

La mayor parte de este libro está dedicada a describir y a explicar con considerable grado de detalle todo este proceso de pillaje, pero antes de entrar en materia será bueno ofrecer una panorámica general.

El mayor atraco bancario de la historia

Aunque hay varias industrias de gran volumen, alta concentración y gran poder político que se han beneficiado enormemente de la desregulación y la corrupción política, la primera década del siglo XXI e innegablemente la década del banquero. La era de la desregulación iniciada por las administraciones Reagan y Clinton había eliminado prácticamente todas las restricciones existentes sobre el comercio, las fusiones y las consolidaciones; las escasas restricciones que aún seguían en pie fueron rápidamente eliminadas por la administración Bush, a la vez que cualquier amenaza de sanciones por ganancias ilícitas, ya fueran por la vía civil o penal.

Muchos pasos en este proceso desregulador fueron adoptados de forma abierta, a menudo incluso con orgullo y con el apoyo de una mayoría de economistas académicos y expertos en finanzas; en opinión de estos, una vez que los banqueros se vieran libres de obsoletas restricciones, distribuirían los flujos de capital de este mundo con tal habilidad y precisión que abrirían las puertas de una nueva edad de oro. Muchos de los académicos creían indudablemente en sus recomendaciones, aunque tal como veremos más adelante muchos de ellos recibían buen dinero por apoyar las tesis de los banqueros. Un médico en nómina de una empresa farmacéutica puede creer también en los productos que receta a sus pacientes, pero sin duda el dinero también cuenta y es recomendable mantener cierto escepticismo respecto a sus motivaciones.

Y el hecho es que los desastres comenzaron a ocurrir casi inmediatamente. Ya desde la década de los ochenta, Estados Unidos comenzó a experimentar una sucesión de crisis y escándalos financieros a una escala que no se veía desde la década de los veinte. Pero la desregulación siguió adelante, hasta culminar en las grandes leyes aprobadas en 1999 y 2000. Ya con las manos libres, los banqueros no tardaron mucho tiempo en arrojar a sus instituciones por el barranco, y a buena parte de la economía global con ellas. No solo crearon y vendieron grandes cantidades de basura, sino que convirtieron el sistema financiero en un casino gigantesco, en el que ellos jugaban casi todo el tiempo con el dinero de los demás. Considérese la posición de seis grandes bancos a finales de 2007: Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Bear Stearns y Merrill Lynch. En las cuentas de titularidad propia, donde los operadores y los ejecutivos financieros arriesgaban el dinero de sus bancos —o más exactamente el de sus accionistas y tenedores de bonos— en beneficio propio, tenían unos beneficios de 2 billones de dólares. Más aún, sus activos habían crecido 500 000 millones de dólares tan solo en 2007, un beneficio financiado casi totalmente con dinero prestado.

El apalancamiento —el uso de dinero prestado para ampliar el negocio de los bancos de inversión— se duplicó más o menos entre 2000 y 2007. A finales de 2007, el apalancamiento de tres de los bancos más importantes —Lehman Brothers, Bear Stearns y Merrill Lynch— alcanzaba una proporción de treinta a uno. Eso quiere decir que solo el 3 por ciento de sus activos, muchos de los cuales conllevaban mucho riesgo o eran incluso fraudulentos, se habían pagado con su propio dinero. Eso también quiere decir que un simple descenso del 3 por ciento en el valor de sus activos eliminaría la riqueza de sus accionistas y abocaría las instituciones a la quiebra. De hecho, a comienzos de 2008, Bear Stearns estaba apenas a unos días de la quiebra cuando se vendió a JPMorgan; en septiembre, Merrill se vendió a Bank of America, y Lehman Brothers quebró. Muchos otros bancos quebraron también —Countrywide, New Century, Washington Mutual—, e instituciones aún más grandes, como Citigroup y AIG, sobrevivieron únicamente gracias a rescates masivos. Incluso Goldman Sachs, uno de los bancos más fuertes, no habría sobrevivido si el gobierno no hubiera salvado a AIG y luego la hubiera obligado a pagar sus deudas con Goldman y otros bancos importantes.

¿Cómo pudieron tantos banqueros comportarse de forma tan temeraria? La respuesta es el dinero y la impunidad. La estructura de las retribuciones personales en el sistema financiero se había vuelto totalmente tóxica, y los banqueros supusieron correctamente que no serían perseguidos judicialmente, por más delictiva que fuera su conducta. Hasta la década de los ochenta, una combinación de tradición, reputación y estrechas regulaciones regía la retribución de los banqueros y evitaba grandes abusos sistémicos. Por ejemplo, los bancos de inversión tenían la estructura de sociedades personales (partnerships), donde los socios estaban obligados a invertir su propio dinero, el cual constituía la integridad del capital de la empresa. De hecho, hasta 1971 solo las sociedades personales podían participar en la Bolsa de Nueva York.

Sin embargo, a partir de la década de los ochenta todo eso empezó a cambiar, y a comienzos de los dos mil, tanto la estructura del sector financiero como sus prácticas de retribución habrían sido irreconocibles para un banquero de 1975. A todos los niveles, ya se tratara de operadores individuales, consejeros delegados, consejos de dirección o transacciones entre empresas, tanto las personas como las sociedades eran retribuidas de forma inmediata (y normalmente en efectivo) por la producción de beneficios a corto plazo, sin ninguna penalización por producir pérdidas más adelante. Esto tuvo consecuencias fatales. En el mundo de las finanzas no hay nada más fácil que realizar transacciones que son rentables en un primer momento, pero que tienen resultados perniciosos a largo plazo. En la década de los dos mil, sin embargo, los banqueros no tenían que devolver el dinero si eso ocurría, de modo que tanto les daba. En la práctica, estaban activamente incentivados para ser dañinos para sus clientes, para su industria, para la economía en general, con frecuencia incluso para sus propias entidades.

Mientras duró la fiesta, el mundo de la banca pareció el paraíso. Durante la burbuja de la década de los dos mil, los beneficios del sector financiero se dispararon hasta convertirse casi en el 40 por ciento de todos los beneficios corporativos en Estados Unidos. El sueldo medio de los trabajadores de los bancos de inversión estadounidenses saltó de 225 000 dólares —una cifra ya de por sí altísima— a más de 375 000 dólares, donde se ha quedado incluso después de la crisis. Y eso era solo el sueldo en efectivo; esas cifras no incluyen las stock options («opciones sobre acciones»).

Y eso es solo la media. Imagínense lo que ocurrió con el sueldo de los «directores ejecutivos nombrados» o NEO (Named Executive Officers), los directivos mejor pagados (aunque en un año determinado, los mejores operadores puedan ganar más). Según su declaración de representación, en 2007 los cinco primeros directivos de Goldman Sachs ganaban de media 61 millones de dólares por cabeza. Sueldos de estos niveles rompen todas las referencias morales; lo mismo ocurría con los ascensores privados, los aviones privados, los comedores privados y los chefs privados de los socios, los helicópteros, la cocaína, los locales de striptease, las prostitutas, las esposas-trofeo, las mansiones, los criados, las cenas de Estado en la Casa Blanca, las lisonjas de políticos y organizaciones de beneficencia, las fiestas multimillonarias. No cabe duda de que, en su persecución de todo eso, muchos banqueros no solo destruyeron la economía mundial, sino que sabotearon sus propias instituciones y, en algunos casos, incluso a sí mismos.

Tampoco es que las retribuciones hayan cambiado tanto en el sector financiero desde la crisis. En 2008, cuando todos los bancos estaban cerca de la quiebra, la retribución media de un NEO bajó únicamente hasta niveles de 2005, y en enero de 2009, en las profundidades de la crisis que ellos mismos habían causado, los bancos de inversión de Nueva York repartieron entre sus empleados más de 18 000 millones de dólares en primas.

Con todo, los bancos son culpables también de otros dos crímenes, aún más graves. El primero de ellos es usar su riqueza para captar y manipular al poder político no solo en beneficio propio, sino en enorme detrimento de la nación, a largo plazo, además. Fueron en gran medida las actividades políticas del sector financiero (a través de lobbies, contribuciones a campañas y contratos de «puerta giratoria») las que promovieron la desregulación, la inmunidad de facto de los trabajadores de cuello blanco, los recortes fiscales para los ricos, los inmensos déficits presupuestarios y otras políticas perniciosas.

Y el último crimen de los banqueros fue que, lejos de asignar los fondos a fines útiles, convirtieron el sector financiero en una industria parásita y peligrosa, semicriminal en el fondo, que constituye una rémora para la economía estadounidense. Los bancos han desestabilizado el sistema financiero, han derrochado inmensas sumas de dinero, han hundido a millones de personas en la pobreza crónica y han lacrado el crecimiento económico en todo el mundo industrializado por muchos años. El trabajo de los banqueros consiste en distribuir el capital de forma eficiente para poner en contacto el ahorro de los hogares con los negocios, y colocar el dinero en inversiones que produzcan los mejores rendimientos a largo plazo para la economía. Así es como el sector financiero crea empleo y prosperidad; eso es al menos lo que la teoría económica dice que debería hacer.

Sin embargo, el boom inmobiliario de la década de los dos mil, fundado en una combinación de consumo insostenible y fraude puro y duro, no trajo ninguna mejora económica. El sistema financiero concentró deliberadamente su atención en personas que, o bien tenían una mala calificación de riesgo crediticio, o bien eran fáciles de engañar, y crearon nuevos productos para atraerlas y estafarlas.

En el otoño de 2005, Merrill Lynch estimaba que la mitad del crecimiento en Estados Unidos estaba relacionado con la vivienda, ya fuera a través de la construcción o de la venta de hogares, mobiliario o electrodomésticos. El resto venía en buena medida del enorme déficit de la administración Bush. Estados Unidos vivía en una economía ficticia. Finalmente, en 2008 los bancos se quedaron sin víctimas, y la burbuja estalló.

La ruina financiera provocada por los banqueros no fue en absoluto un acto de Dios. Tampoco fue un hecho imprevisto. Desde comienzos de la década de los dos mil comenzaron a levantarse voces de protesta, cuyo tono fue subiendo a medida que los banqueros se zambullían en universos de riesgo cada vez más exóticos. Algunas de estas voces pueden escucharse en mi documental: Raghuram (Raghu) Rajan, Charles Morris, Nouriel Roubini, Simon Johnson, Gillian Tett, William Ackman, Robert Gnaizda, el FMI e incluso el FBI. Todas fueron ignoradas, en muchos casos ridiculizadas, por aquellos que se estaban beneficiando de la situación. En buena medida, la historia es ya conocida por todos a grandes rasgos, y dedicaré relativamente poco tiempo a contarla. Buena parte de este libro se concentra, pues, en dos cuestiones: primero, el auge de las finanzas como una industria pirata y criminal, incluido el papel de su criminalidad como causante de la crisis, y segundo, un análisis más amplio del aumento de la desigualdad en Estados Unidos.

El libro está, por lo tanto, estructurado del siguiente modo: el capítulo 2 ofrece una breve historia del período de veinte años que llevó a la crisis de un sector financiero desregulado, concentrado e inestable, incluido el resurgimiento de crisis y comportamientos criminales ligados a las finanzas. A continuación, describo las pruebas disponibles en relación con el comportamiento de los bancos durante la década de los dos mil, incluido el papel desempeñado por el comportamiento criminal en la burbuja y la crisis.

El capítulo 3 examina el préstamo hipotecario; el capítulo 4, la banca de inversión y actividades relacionadas; el capítulo 5, la llegada de la crisis y los comportamientos que generó. El capítulo 6 examina el auge de la delincuencia financiera y las posibilidades de emprender acciones penales. No todas las acciones de los banqueros fueron delictivas, por supuesto, pero muchas sí, sobre todo si aplicamos los mismos criterios que llevaron a cientos de ejecutivos de instituciones de ahorro y préstamo a la cárcel en la década de los noventa, por no mencionar a las personas que no tuvieron la suerte de trabajar para grandes bancos de inversión cuando cometieron sus fraudes o blanquearon dinero de origen criminal.

Los cuatro últimos capítulos del libro ofrecen un análisis más amplio de los cambios recientes en Estados Unidos. Partiendo de los servicios financieros y pasando luego al ámbito académico, a otros sectores económicos y al sistema político, examino la progresiva conversión del país a lo largo de la última generación en una sociedad económicamente estancada, financieramente inestable y altamente desigual. El capítulo 6 comienza con un examen de la transformación del sector financiero en una industria parásita progresivamente dedicada a confiscar más que a crear la riqueza nacional.

En el capítulo 8 vuelvo al mundo académico. Muchos espectadores de Inside Job comentaron que uno de los aspectos más sorprendentes e impactantes del documental eran los conflictos de interés que revelaba en la academia. Aquí ofrezco un examen mucho más amplio y detallado de cómo el sector financiero y otros grupos de interés han corrompido a los académicos estadounidenses, que han dejado de ser analistas independientes para convertirse en herramientas adicionales en manos de los lobbies financieros y empresariales. El capítulo 10 cierra el libro debatiendo las distintas alternativas de futuro que se extienden ante Estados Unidos y Europa; los cambios de política a gran escala que se requieren para revertir el declive estadounidense, y por último las vías potenciales para alcanzar esas metas por medio de la acción social y política.

Esta última tarea no será sencilla. El comportamiento de la administración Obama ofrece un ejemplo dolorosamente claro. Por razones que se describen en los capítulos finales del libro, el duopolio político estadounidense es hoy una realidad bien asentada y resistente a todo cambio. A pesar de sus pretensiones populistas, ambos partidos dependen del dinero que les llega en virtud de que ellos, y solo ellos, controlan la política electoral, y ambos partidos resistirían con fiereza ante cualquier intento de alterar dicho estado de cosas.

Existe un último problema. Es triste admitir que hasta cierto punto el declive de Estados Unidos ha sido tolerado por su propio pueblo. A lo largo de los últimos treinta años, el pueblo estadounidense se ha vuelto menos instruido, menos inclinado al ahorro y a la inversión para el futuro y, comprensiblemente, mucho más cínico en cuanto a su participación en la política y en las instituciones estadounidenses. En consecuencia, la nueva oligarquía de este país lo tiene cada vez más fácil para manipular a amplios sectores de la población y lograr que toleren e incluso apoyen políticas que no hacen sino empeorar la situación del país. Y por supuesto muchos jóvenes estadounidenses han renunciado a la política por entero, en especial después de las traiciones de Obama.

De momento aún conservo mi fe en la bondad esencial de los instintos del pueblo estadounidense. Es obvio que muchos pensaban y confiaban que la elección de Barack Obama en 2008 resolvería todos estos problemas; y muchos están ahora profundamente decepcionados al ver que Obama ha resultado ser más de lo mismo.

Sin embargo, no está claro que el pueblo estadounidense comprenda aún lo que está ocurriendo, o cómo evitarlo. Para que Estados Unidos salga de su declive, será importante tomar algunas decisiones difíciles. En primer lugar, será necesario revertir la consolidación del poder económico, actualmente en manos de industrias muy concentradas, del sector financiero y de los extremadamente ricos. Además, será necesario modificar las prioridades económicas del país para poner la educación, el ahorro y la inversión a largo plazo en los primeros lugares de la lista, y dejar atrás la excesiva dependencia del poder militar y la energía barata. Por último, será necesario cambiar profundamente el papel que desempeña el dinero en la política estadounidense, ya sea en forma de contribuciones a las campañas, publicidad política, «puerta giratoria», lobbies, o las enormes disparidades entre los salarios del sector público y privado.

Hay tres rutas alternativas para conseguir una profunda reforma sistémica: un motín en alguno de los partidos políticos existentes; la intervención de un tercer partido; un movimiento social no partidista, tal vez análogo al movimiento por los derechos civiles o ecologista. Todos estos caminos están plagados de dificultades. Con todo, los estadounidenses han logrado cosas difíciles en el pasado, incluso enfrentados a una poderosa oposición. A menudo, los logros más extraordinarios del país fueron el resultado de su capacidad de producir líderes igualmente extraordinarios. Confiemos en que esto vuelva a suceder.

2
Hemos abierto la caja de Pandora: la era de la desregulación, 1980-2000

Muchos de los actuales problemas económicos comenzaron a perfilarse en Estados Unidos en la década de los setenta. Pero no fue hasta los ochenta cuando empezaron a hacer daño en serio. La administración Reagan ofreció un inquietante adelanto de lo que sería la administración Bush, incluidos los recortes fiscales políticamente populares, los déficits presupuestarios derivados, el desempleo generalizado y un rápido aumento de la desigualdad económica.

Fue en la década de los ochenta cuando las decadentes industrias estadounidenses y sus complacientes, anticuados pero políticamente astutos consejeros delegados se dieron cuenta de que pagar a lobbies, políticos, consejos administrativos y expertos académicos era mucho más barato y sencillo que mejorar su rendimiento efectivo. También fue en esta misma década cuando el recién desregulado sector financiero estadounidense redescubrió su cara más oscura, lo que dio inicio a una fase de treinta años de concentración, inestabilidad financiera, delincuencia a gran escala y corrupción política. A finales de la década, Estados Unidos experimentó sus primeras crisis financieras desde la Gran Depresión, aunque vistas desde hoy parezcan poca cosa. Una de estas crisis fue provocada por la desregulación y la delincuencia rampante; la otra, por una compleja innovación financiera que supuestamente debía reducir el riesgo, cuando lo que hacía en realidad era aumentarlo. ¿Les suena?

A pesar de que cientos de directivos financieros fueron a la cárcel, decenas de entidades financieras quebraron por culpa de la corrupción de sus directivos y Estados Unidos sufrió sus primeras crisis financieras graves de la posguerra, a finales de la década de los ochenta el sector financiero era más rico y políticamente poderoso que nunca. Es un genio que Estados Unidos todavía no ha conseguido volver a meter en la botella.

El país en dificultades

La década entre 1972 y 1982 fue un período difícil para Estados Unidos. Tan solo entre 1973 y 1975, el país asistió a las sesiones del caso Watergate, a la dimisión de Richard Nixon para evitar el impeachment (procesamiento de un alto cargo público), a la guerra de Yom Kippur, al primer embargo de la OPEP, a la caída de Vietnam del Sur y a una inesperada recesión causada por la primera crisis petrolera de la OPEP. Justo cuando comenzaban a disiparse los efectos de la primera crisis, una revolución islámica depuso al sah de Irán y la OPEP volvió a triplicar los precios del petróleo en 1979, lo que provocó una combinación sin precedentes de recesión, inflación y elevadas tasas de intereses. Entonces, como guinda del pastel, la Unión Soviética invadió Afganistán.

También fue en la década de los setenta cuando empezaron a dejarse sentir los que serían los problemas económicos fundamentales de Estados Unidos a partir de entonces: los costes a largo plazo de su ejército cuando era desplegado en guerras distantes y mal planificadas; la complacencia y el declive internos de las principales empresas e industrias estadounidenses; la competencia asiática basada en el modelo de producción «justo a tiempo» o «lean»; el aumento de la externalización, facilitada (incluso promovida) por la tecnología de la información; el declive del valor de mercado de la mano de obra no cualificada estadounidense, y la necesidad de elevar el nivel educativo del conjunto de la población del país.

Ya en 1980 estaba cada vez más claro que la larga, perezosa y global dominación de la industria estadounidense tocaba a su fin. El hasta entonces rápido aumento de la productividad del país comenzó a perder impulso: bajó primero a un 3 por ciento anual en la década de los cincuenta y los sesenta, y luego a un 1 por ciento en los setenta y ochenta. Los coches importados de Japón no solo eran más baratos y más eficientes en el uso del combustible que los construidos en Detroit, sino también mejores: menos defectos de montaje, vida útil más larga, menos costes de mantenimiento. Efectos parecidos pudieron verse en los sectores de la electrónica de consumo, las máquinas herramienta, el acero, incluso los semiconductores y los ordenadores centrales compatibles IBM, todos ellos mercados de alta tecnología en los que las empresas japonesas entraron agresivamente a finales de la década de los setenta. Los especialistas estadounidenses advirtieron que las empresas japonesas a menudo adoptaban las nuevas tecnologías más rápidamente que sus rivales estadounidenses, aun cuando estas tecnologías hubieran sido inventadas en Estados Unidos. De modo parecido, aunque Japón era mucho más dependiente de las importaciones de petróleo que Estados Unidos, su economía se recuperó mucho más rápidamente de las crisis del petróleo de la década de los setenta.

En Estados Unidos, esta desconocida combinación de bajo crecimiento, dos crisis del petróleo, recesiones y creciente competencia exterior tuvo como resultado un aumento de la inquietud y de las actitudes hostiles entre la opinión pública. En 1980, el profesor del MIT Lester Thurow publicó un libro imperfecto pero profético, La sociedad de suma cero, en el que sostenía que Estados Unidos había entrado en una dolorosa fase de bajo crecimiento y conflicto distributivo. El libro provocó un intenso debate en círculos políticos. Algunos defendían el proteccionismo; otros, agresivas políticas industriales y de inversión gubernamental.

Muchos economistas restaron importancia al libro de Thurow y a las cuestiones que planteaba. Otros defendieron que un aumento del ahorro y la inversión, combinado con una depreciación gradual del dólar, resolvería los déficits comerciales de Estados Unidos y el problema de la «competitividad». La opinión mayoritaria entre los economistas (incluso la de algunos que ahora dicen cosas distintas) rechazaba la posibilidad de un descenso en la calidad de vida de los estadounidenses como resultado de una combinación de gestión incompetente, globalización y competencia de bajo coste o políticas industriales estratégicas en Asia. Sin duda había mucha confusión en la época; Estados Unidos nunca había experimentado nada parecido. (Yo participé también en alguno de esos debates como joven académico, y tampoco acerté demasiado).

La clase política de Estados Unidos parecía que iba a la deriva. Por desgracia, los estadounidenses no estaban preparados entonces para que les dijeran que su cómoda dominación de la economía mundial había terminado, y que su país debía volver a concentrar sus esfuerzos en el ahorro, la mejora de la educación, la tecnología de la información, la defensa de la competencia, la conservación energética y la mejora de las relaciones con los demás países.

O tal vez los estadounidenses habrían escuchado, si sus líderes políticos les hubieran dicho la verdad. Pero no lo hicieron. Les mintieron, y con escasas excepciones lo han seguido haciendo hasta el día de hoy. En 1980, Estados Unidos era presa fácil para un relato simplista y reconfortante según el cual todo sería mejor si los impuestos fueran más bajos, hubiera menos regulaciones gubernamentales y el ejército fuera más poderoso.

Ronald Reagan entró en la Casa Blanca armado con ese ramillete de ideas y aupado por poco más que su sonrisa y su optimismo, en parte porque el presidente Jimmy Carter no supo ofrecer una alternativa coherente. Carter era sincero, pero parecía tímido e inoperante. En contraste, y para la sorpresa de muchos, Reagan demostró ser un presidente fuerte capaz de llevar adelante buena parte de su agenda: a veces para bien, a veces para mal. Los recortes fiscales y la desregulación se convirtieron en el santo y seña del gobierno. Ya desde el principio, sin embargo, había un elemento importante de deshonestidad en la estrategia de Reagan. Recortaba los impuestos, pero no el gasto gubernamental, de modo que la recuperación económica se produjo a costa de déficits insostenibles. Los representantes de la administración sostenían que los recortes fiscales se compensarían solos, a sabiendas de que era mentira. Y lo que denominaban «desregulación» a menudo no era más que corrupción política. Lobbistas y directivos del sector privado eran llamados a dirigir las agencias gubernamentales, y varias industrias aumentaron drásticamente sus gastos en donaciones políticas, lobbies y a través de la llamada «puerta giratoria» de los políticos.

En ningún sector se ponía más de manifiesto estas tendencias que en las finanzas. Fue en el terreno de los servicios financieros donde la administración Reagan inició el descenso de Estados Unidos a la delincuencia, la crisis financiera, la corrupción política, la desigualdad y la decadencia.

El sector bancario en 1980

Cuando Reagan asumió el cargo, el sector financiero estadounidense seguía organizado de acuerdo con las leyes del New Deal, promulgadas en respuesta a la Gran Depresión.

Los bancos y los banqueros habían acumulado un historial terrible en la década de los veinte: burbujas financieras, desviación de depósitos para su beneficio personal, reasignación de préstamos malos a sus clientes en forma de fondos de inversión fraudulentos[8]. El exceso de apalancamiento, el fraude y los comportamientos tipo Ponzi eran vistos por la mayoría como factores que habían contribuido a la burbuja de la década de los veinte y la Gran Depresión.

Las leyes del New Deal iban dirigidas a eliminar dichas tentaciones, o al menos a limitar los daños que podían causar. La Ley Glass-Steagall de 1933 prohibió la suscripción de valores financieros a los bancos que aceptaran depósitos de sus clientes[9]. La Ley de Valores de 1933 y la Ley del Mercado de Valores de 1934 imponían un alto grado de transparencia financiera a las entidades públicas y los bancos de inversión, y creaban la SEC para velar por su aplicación. También en respuesta a la Gran Depresión, el gobierno federal creó en 1938 Fannie Mae, una institución dirigida a comprar y asegurar hipotecas emitidas por bancos y entidades de ahorro y crédito (S&L), una vez más bajo una estricta regulación. La Ley de Sociedades de Inversión de 1940 regulaba las actividades de los gestores de valores, como, por ejemplo, los fondos de inversión.

Toda esta estructura siguió en pie hasta 1980. La banca comercial, la banca de inversión, los préstamos hipotecarios y los seguros eran industrias separadas, estrechamente reguladas tanto a nivel federal como estatal, y también muy fragmentadas, sin ninguna entidad o grupo de entidades siquiera que dominara ningún sector. La banca comercial estadounidense era una industria estable y aburrida. La mayoría de las sucursales bancarias cerraban a las tres de la tarde; el «horario bancario» dejaba mucho tiempo libre para el campo de golf. Había límites estrictos para la apertura de sucursales fuera del estado propio del banco; las tasas de interés estaban estrictamente reguladas. El sector se dividía grosso modo en un puñado de bancos con sede en grandes centros financieros, principalmente en Nueva York y Chicago, y miles de pequeños bancos locales y regionales repartidos por todo el país.

Luego estaban las S&L, por lo general entidades locales cuyas actividades se limitaban a la toma de depósitos de ahorro y la venta de hipotecas residenciales a interés fijo y largo plazo. Todavía en 1980, la mayoría de las S&L eran fundaciones (trusts); es decir, no tenían accionistas, sino que eran propiedad cooperativa de sus depositantes. (Lo mismo podía decirse de las cooperativas de crédito y de la mayoría de las grandes aseguradoras). Al igual que los bancos, las S&L estaban estrechamente reguladas y sus depósitos estaban asegurados. Con el fin de promover el crédito hipotecario tenían permiso explícito de los reguladores para pagar unos intereses levemente más altos en cuentas de ahorro que los bancos comerciales.

El mundo que se extendía al otro lado del muro Glass-Steagall —la industria de los valores— estaba dividido entre pequeñas corredurías de bolsa y bancos de inversión. Las primeras se dedicaban a vender acciones y bonos a clientes individuales ricos. La mayor de ellas era Merrill Lynch, una entidad de un tamaño importante para los estándares de este período. También fue una de las primeras en salir a bolsa, en 1971.

Los auténticos bancos de inversión, como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bear Stearns, Dillon Read y Lehman Brothers, daban asistencia financiera a las grandes empresas, además de gestionar y colocar nuevas emisiones de acciones y bonos. Era una industria fragmentada y sectaria, informalmente dividida en entidades protestantes y judías, y donde las mujeres y las minorías no eran bien recibidas. Había decenas de entidades, todas ellas pequeñas pero muy estables, con escasa rotación de empleados. En 1980, Goldman Sachs, la mayor de todas, tenía un total de 2000 empleados (frente a los 34 000 con los que contaba en 2011); la mayoría de las otras tenían solo unos centenares, algunas apenas unas decenas. Todas eran private partnerships («sociedades personales») y arriesgaban su propio capital en sus operaciones. Si suscribían (es decir, garantizaban la venta) de una nueva emisión de acciones, los socios arriesgaban literalmente su propio dinero, el cual constituía la base de capital de la entidad. Sus franquicias se fundaban en la reputación y la confianza (aunque también, en términos más realistas, en el golf, los partidos de squash en el Harvard Club y en los viejos lazos universitarios).

La regulación, la retribución de los banqueros y la estabilidad financiera

Las retribuciones de los banqueros ya alcanzaron niveles estratosféricos en la década de los veinte, pero se redujeron de forma drástica como consecuencia de la Depresión y, lo que es más importante, de las estrictas regulaciones que vinieron después. Tras la aprobación de las reformas del New Deal, las retribuciones en el sector financiero estadounidense se estabilizaron. Durante cuarenta años, los salarios medios en el sector permanecieron situados más o menos en el doble de la renta media en Estados Unidos. Por lo tanto, los ingresos de los ejecutivos, aun siendo holgados, no podían considerarse exorbitantes; nadie tenía aviones privados ni yates gigantescos[10].

Asimismo, era importante la estructura de las retribuciones en el sector. La mayoría de los banqueros comerciales percibían simples salarios. Los de inversión vivían bien y recibían también primas anuales, pero una práctica universal dentro del sector establecía que la mayor parte de la riqueza total de los socios debía permanecer invertida en su propia entidad, habitualmente durante décadas. Los socios solo podían sacar su dinero cuando se retiraban, de modo que tanto socios como sociedades contemplaban horizontes temporales muy largos, los cuales promovían una saludable aversión a los riesgos catastróficos.

Todo esto —estructura, regulación, cultura y prácticas retributivas del sector— permaneció en vigor hasta comienzos de la década de los ochenta. Entonces, el tren descarriló.

Los motores del cambio

A comienzos de la década de los ochenta, tres fuerzas convergieron hasta convertirse en una tormenta perfecta de presión y oportunidad: los trastornos de la década de los setenta, que desestabilizaron y devastaron los mercados financieros, obligando a los banqueros a buscar nuevas formas de inversión; la revolución de la tecnología de la información, que integró mercados previamente separados e incrementó enormemente la complejidad y la velocidad de los flujos financieros, y la desregulación, que puso a los locos a cargo del manicomio.

El primer motor del cambio fue una fuerte presión financiera. Tanto el mercado de valores como todas las instituciones financieras sufrieron mucho tras las crisis del petróleo de 1973 y 1979. La inflación se disparó hasta el punto de que en 1981 los bonos del Tesoro a tres meses pagaron durante un breve lapso de tiempo un 16 por ciento de interés.

El segundo motor del cambio fue la tecnología. En la era de la informática, el sector financiero estadounidense necesitaba cierta desregulación, o para ser más exactos una regulación diferente y modernizada. El estrecho control de las tasas de interés sobre los depósitos de los consumidores, la división en cierto modo artificial entre los bancos y las S&L, así como la prohibición de las actividades bancarias interestatales causaban ineficiencias importantes. La tecnología de la información y el auge de las transacciones financieras electrónicas crearon oportunidades para mejorar la productividad mediante la integración a nivel nacional y global de mercados previamente separados.

Al mismo tiempo, sin embargo, la tecnología de la información presentaba peligros que exigían una regulación aún más estrecha en algunas áreas. El advenimiento de las transacciones fáciles e instantáneas por medio de la electrónica introdujo una volatilidad y una inestabilidad en el mercado desconocidas hasta entonces. La tecnología de la información también facilitó la elaboración y venta de productos financieros cada vez más complejos y opacos, a través de cadenas de proveedores financieros cada vez más complejas también. No obstante, esa misma complejidad también hacía más fácil que se ocultaran ciertas cosas, como, por ejemplo, el riesgo, el fraude, o quién ganaba y perdía realmente con una operación.

En este contexto —crisis petroleras, recesión, inflación, nuevas tecnologías y productos financieros—, el rendimiento de buena parte del rígido y aburrido sector financiero estadounidense fue pobre. En particular, a comienzos de la década de los ochenta, los reguladores se enfrentaban al colapso potencial de toda la industria de las S&L.

Las S&L habían caído por culpa de la volatilidad de las tasas de interés y la inflación generada por la segunda crisis del petróleo. Su negocio de recibir depósitos y financiar hipotecas a interés fijo y largo plazo daba por supuesto un entorno de tasas de interés estables y bajas. Pero, a comienzos de la década de los ochenta, los depositantes empezaron a cambiar los pobres intereses que ofrecían las cuentas de las S&L por los mejores rendimientos de los fondos de inversión en el mercado monetario. Al mismo tiempo, el valor de las hipotecas a interés fijo (y moderado) cayó como resultado de la inflación y el aumento de las tasas de interés.

La respuesta oficial de la administración Reagan al problema fue convertir el sector de las S&L en el argumento estrella a favor de la desregulación. Pero lo que realmente ocurrió fue que la ideología económica desreguladora sirvió como cobertura política para permitir toda clase de excesos a las S&L y a la banca de inversión, en un proceso muy marcado además por la corrupción. El resultado fue la película que hemos visto desde entonces.

El fiasco de la desregulación en las S&L

Si el gobierno se hubiera limitado a finiquitar el sector de las S&L, el coste para los contribuyentes de Estados Unidos habría rondado los 10 000 millones de dólares. No obstante, el sector tenía buenos contactos políticos y fue uno de los primeros en hacer lobby de forma agresiva, contribuciones a las campañas incluidas. Más tarde, el senador William Proxmire, presidente del Comité del Senado sobre Banca, lo llamaría abiertamente «soborno» en la televisión nacional. Pero funcionó. El Congreso aprobó con la mayor celeridad, y con el apoyo de los dos partidos, una supuesta ley de «rescate», la Ley Garn-St. Germain, y Reagan la firmó.

Con todo, lo que remató el asunto fue la designación de Richard Pratt, un miembro del lobby del sector, para dirigir el Comité del Banco Federal de Préstamos para la Vivienda (Federal Home Loan Bank Board), la entidad reguladora de las S&L. Pratt procedió inmediatamente a vaciar de contenido las regulaciones relativas a la autocontratación. Por primera vez, una S&L podía ser controlada por un único accionista, podía tener un número ilimitado de filiales en múltiples sectores y podía dar préstamos a sus propias filiales. Prácticamente, cualquier garantía valía para dar un préstamo. A partir de entonces, las S&L podían captar dinero vendiendo certificados de depósito (CD) con garantía federal a través de los brókeres de Wall Street. Cuanto más frágil era una S&L, más altos eran los intereses que pagaban sus CD, y mayores también las comisiones que se llevaba la banca de inversión.

Todo eso equivalía a una licencia para robar. La gente que dirigía las S&L comenzó a apostar masivamente con el dinero de los demás. Se prestaban dinero a ellos mismos; prestaban dinero a gigantescos proyectos inmobiliarios de los que eran propietarios; prestaban dinero a sus familiares; se compraron coches, aviones, mansiones y otros juguetes varios.

Desde 1980 hasta mediados de 1983, un operador llamado Charles Knapp hizo subir el valor de los activos de una S&L californiana desde los 1700 millones de dólares hasta los 10 200 millones, y luego siguió a un ritmo anual de unos 20 000 millones hasta que finalmente se dio contra la pared en 1985. Cuando el gobierno intervino, el valor de los activos rondaba los 500 millones. El Vernon Savings Bank de Texas hizo subir sus activos de los 82 millones de dólares a los 1800 millones en un año. El propietario se compró seis Learjets, y cuando los federales finalmente decidieron ir a ver qué ocurría allí, descubrieron que el 96 por ciento de sus créditos eran ilegales. Todavía en 1988 había 132 S&L insolventes en Texas creciendo a toda máquina.

Charles Keating era otro pionero de las S&L: un experto hipócrita, famoso por ser un cruzado contra la pornografía, de la que afirmaba que era parte de la «conspiración comunista», que hizo películas realmente malas acerca de los horrores de la perversión con fines lucrativos. La SEC había presentado cargos contra él por fraude en la década de los setenta, pero, a pesar de todo, en 1984 se le permitió hacerse cargo de una S&L relativamente saneada. En poco tiempo generó un agujero de más de 1000 millones de dólares para el gobierno, al tiempo que se hacía (o mejor dicho, tomaba) una fortuna para sí mismo. Keating se movía por el Congreso y entre los reguladores como un bailarín, y se deshacía de los investigadores con la ayuda de ochenta despachos de abogados y los famosos Keating Five: cinco senadores que se ganó para su causa, con la ayuda de 300 000 dólares en contribuciones a sus campañas. (Los senadores eran Alan Cranston, John Glenn, John McCain, Donald Riegle y Dennis DeConcini). Keating también contrató a Alan Greenspan, entonces un economista privado, por 40 000 dólares, para que le escribiera cartas y le acompañara por Washington, DC, hablando con los reguladores del buen talante y las sólidas prácticas de Keating en los negocios. El excelente juicio de Greenspan no pasó desapercibido para Reagan, que le nombró más tarde presidente de la Reserva Federal. Keating terminó en la cárcel.

Luego estaba Silverado, en cuyo consejo de administración se sentaba nada menos que Neil Bush, hijo de George H. W. Bush y hermano de George W. Bush. Bush aprobó personalmente 100 millones de dólares en préstamos a ejecutivos de Silverado y a sí mismo. El colapso de Silverado costó 1300 millones de dólares a los contribuyentes. Dos reguladores federales presentaron cargos contra Bush, que pagó algunas multas y quedó inhabilitado para ejercer en el sector de la banca, pero no tuvo que sentarse en un juicio penal.

Hubo muchos otros casos. El gobierno federal creó la Corporación Fiduciaria de Resolución (Resolution Trust Corporation) para hacerse cargo de las S&L en quiebra y vender sus activos. El coste para los contribuyentes fue de 100 000 millones de dólares, que en su momento pareció una elevada suma de dinero.

Sin embargo, había un aspecto importante en el que el sistema estadounidense todavía no estaba corrompido del todo. Aunque muchos se salieron con la suya —en especial aquellos que trabajaban para grandes bancos de inversión, despachos de abogados y empresas de contabilidad—, otros muchos no lo hicieron. Como resultado de los escándalos de las S&L, varios miles de directivos financieros se sentaron en juicios penales, y cientos de ellos fueron a la cárcel. El episodio fue en conjunto una avanzadilla, aunque bastante moderada en retrospectiva, de lo que sería la escalada de la delincuencia financiera en las décadas subsiguientes.

Sin embargo, no solo las S&L participaron en la fiesta de la década de los ochenta. También tomaron parte en ella la banca de inversión, las agencias de compra apalancada, abogados, contables y gente con información privilegiada.

En realidad, la primera señal realmente inquietante acerca de los efectos de la desregulación fue que los nombres más ilustres del mundo de la banca de inversión, la abogacía y la contabilidad participaron en el saqueo de las S&L. Merrill Lynch ganó 5 millones en un abrir y cerrar de ojos al colocar 250 000 millones de dólares en depósitos de elevados intereses a dos S&L en los seis meses previos a que cerraran. Entre los despachos de abogados que más tarde llegaron a acuerdos extrajudiciales multimillonarios figuraban Jones, Day, Reavis y Pogue, Paul, Weiss, Rifkind, y también Kaye Scholer. La profesión contable cayó igual de bajo. Ernst & Young y Arthur Andersen (que más tarde se ganaría la fama con el caso Enron) tuvieron que pagar sumas especialmente altas por haber permitido que las S&L falsearan sus libros; tan solo Ernst & Young pagó más de 300 millones de dólares. El coste total para el contribuyente, por supuesto, fue muy superior a las reparaciones[11].

Con todo, la auténtica fiesta fue la de los chicos que jugaban con los bonos basura.

Bonos basura, compras apalancadas y los abusos de la banca de inversión

Hasta la década de los ochenta, solo un puñado de empresas con altísimas calificaciones de crédito podían captar capital emitiendo bonos corporativos. Sin embargo, años de estudio convencieron a un ambicioso joven llamado Michael Milken de que las empresas normales también podían hacerlo, y en 1977 él y su empresa, el banco de inversión Drexel Burnham Lambert, comenzaron a suscribir emisiones de bonos para empresas sin calificación previa. Los intereses eran superiores a los del mercado de bonos de empresas con buenas calificaciones, pero salían bien parados de la comparación con los préstamos bancarios. Al principio, la disponibilidad de los llamados bonos basura prestó un buen servicio a las empresas de tamaño medio que necesitaban capital para crecer. Pero entonces la cosa se les fue de las manos.

Lo primero que ocurrió fue que algunas entidades especialmente agresivas comenzaron a utilizar los bonos basura para comprar empresas. A menudo se trataba de buenas operaciones desde el punto de vista financiero, por dos razones. Primero, la bolsa había caído tanto, y a menudo de forma tan irracional, que muchas empresas que cotizaban en bolsa eran baratas (si disponías de efectivo, claro está, que es lo que proporcionaba el mercado de bonos basura). Pero la segunda razón para el boom de los bonos basura fue que muchas empresas estadounidenses estaban dirigidas por unos ejecutivos autocomplacientes y pegados a la silla que hacían francamente mal su trabajo. No obstante, hasta la llegada de los bonos basura no tenían nada que temer, pues contaban con el apoyo de unos consejos de administración igualmente autocomplacientes y pegados a la silla.

No obstante, de repente había una forma de deshacerse de los directivos pegados a la silla, incluso aunque contaran con el apoyo del consejo de administración. Cualquiera podía ir a ver a Michael Milken y, de forma casi instantánea, captar miles de millones de dólares en el mercado de los bonos basura para financiar una absorción hostil. Al principio, eso trajo mejoras innegables de la eficiencia, al forzar la salida de directivos incompetentes a iniciativa de los nuevos propietarios. Pero entonces los financieros se fijaron en dos cuestiones importantes. La primera, que cuando tomaban el control de una empresa podían hacer lo que quisieran con ella. Podían dividirla, venderla por piezas, recortar las condiciones laborales de los empleados, autoasignarse honorarios astronómicos y, muchas veces, saquear lo que quedara. O también podían revenderla. Al comienzo del ciclo de la compra apalancada (LBO, Leveraged Buyoat), la bolsa estaba en mínimos. Pero, a medida que el mercado comenzó a recuperarse en la década de los ochenta, el procedimiento de comprar una empresa mediante una LBO, recortar algunos gastos y sacarla a bolsa unos años después se convirtió en rutinario.

William Simon, secretario del Tesoro con las administraciones Nixon y Ford, puso un millón de dólares de su bolsillo y tomó otros 80 prestados para comprar Gibson Greeting Cards en 1982. Menos de un año y medio después, en plena recuperación de la bolsa, sacó la empresa a bolsa por un valor de 290 millones de dólares. La agencia de Ted Frostmann obtuvo beneficios aún más espectaculares con la compra y posterior reventa de Dr. Pepper. La simplicidad y la rentabilidad de los primeros negocios terminaron por generar una burbuja, que luego Michael Milken y sus amigos perpetuaron a través del fraude, tal como veremos más adelante.

Con todo, el siguiente descubrimiento de los financieros fue aún más divertido. Se dieron cuenta de que en realidad no necesitaban siquiera comprar la empresa y luego realizar todo el pesado trabajo de realizar ajustes en ella, gestionarla y después venderla. Todo cuanto debían hacer era amenazar con comprar la empresa. En respuesta, los aterrorizados directivos y consejo de administración de la empresa les pagarían enormes sumas de dinero simplemente para que los dejaran en paz. Así nació el chantaje financiero (greenmail). Los bonos basura de Michael Milken y Drexel comenzaron a utilizarse para financiar el chantaje financiero a gran escala, en un proceso organizado a través de empresas especializadas creadas por tipos como T. Boone Pickens, Ronald Perelman y Carl Icahn.

Milken y sus bonos basura también sirvieron para financiar a algunas de las más corruptas S&L, así como a los árbitros, o «arbs», cuyo negocio consistía en apostar sobre la existencia y resultado de intentos de absorción. Por supuesto, resultaba mucho más fácil hacer dinero de esa manera si uno de hecho sabía lo que iba a ocurrir, de modo que el auge de las LBO, el chantaje financiero y el arbitraje especulativo también generaron una epidemia de tráfico de información privilegiada. Gente como Ivan Boesky creó redes de informadores y pagaba sobornos serios a cambio de las filtraciones; Boesky procedía luego a captar dinero a través de Milken, comprar valores y venderlos tan pronto como la absorción se iniciaba o completaba. Boesky hizo una fortuna, pero en 1986 la SEC y los investigadores federales le echaron el guante. Se declaró culpable, dio información acerca de Milken y otros y obtuvo una sentencia de tres años en una prisión federal.

La primera oleada de LBO financiadas con bonos basura tuvo un efecto positivo en general para la economía. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los primeros negocios de este tipo hicieran subir los precios de la bolsa, impulsada también por la recuperación de la segunda crisis del petróleo. Eso hizo que las primeras LBO ofrecieran beneficios astronómicos, lo cual llevó a una nueva oleada de LBO, que sirvió para subir aún más los precios de la bolsa. Entonces llegaron el chantaje financiero y el arbitraje especulativo. En el mundo racional y «eficiente» con el que fantasean los economistas académicos, las absorciones deberían haber ido perdiendo fuelle a medida que los precios en bolsa alcanzaban niveles razonables. En el mundo real, los bonos basura crearon una burbuja, tanto en el mercado de valores como en el de bonos. La Década de la Codicia, tal como dio en llamarse, duró hasta finales de la década de los ochenta. En cuanto se enfrió un poco la histeria, el colapso se produjo rápidamente. Milken trató de hacer durar un poco más la burbuja mediante la técnica de «aparcar» acciones a través de acuerdos secretos y animando a la autocontratación. Sus clientes compraban bonos basura para los planes de jubilación de su empresa, invertían en bonos basura con dinero que el propio Milken captaba para ellos, y otros negocios del estilo. Milken fue llevado a juicio por más de noventa cargos distintos, se declaró culpable de seis, y fue condenado a diez años de cárcel y a una multa de 600 millones de dólares, además de ser inhabilitado para ejercer en el sector financiero para el resto de su vida. A pesar de la multa siguió siendo multimillonario, y a los dos años había salido de la cárcel. Desde entonces ha estado tratando de rehabilitarse mediante la creación de una serie de fundaciones, una de las cuales es hoy día una de las principales fuentes de financiación para los economistas académicos pro-business («procomercio»)[12].

La fiebre de los bonos basura, las LBO, las absorciones, los chantajes financieros y los arbitrajes de la década de los ochenta marcaron un hito en la metamorfosis de Wall Street de club exclusivo dominado por la tradición a casino ilegal, ebrio de dinero y cocaína, que hizo estragos a nivel global en la década de los dos mil. Una de las principales consecuencias de la fiebre de las LBO fue la ruptura de las prácticas tradicionales en la banca de inversión. Las LBO y demás actividades relacionadas requerían ingentes cantidades de capital, sobre todo cuando las cifras de las absorciones subieron hasta los miles de millones de dólares, incluso las decenas de miles de millones. Un rasgo característico de estas operaciones era que iban ligadas a comisiones únicas y a corto plazo por transacción. Así fue como los bancos de inversión comenzaron a salir a bolsa para captar capital, pagar primas en efectivo a corto plazo, y abandonar sus anticuadas nociones de la ética y la lealtad a los clientes.

El boom de las LBO también cambió radicalmente la naturaleza de las retribuciones en Wall Street, tanto en estructura como en dimensión. Los banqueros que tomaban parte en los negocios de las LBO pronto empezaron a cobrar un porcentaje de la operación, con independencia de los resultados a largo plazo; como resultado de ello, las retribuciones en Wall Street se dispararon, al igual que los ingresos de los consejeros delegados implicados en las LBO, sus despachos de abogados, sus contables y sus consultoras. (Michael Milken cobró más de 500 millones de dólares anuales durante varios años). Ese fue el origen de los extraordinarios niveles de desigualdad y concentración de riqueza en el sector financiero característicos de los Estados Unidos que conocemos hoy.

Innovación financiera, derivados y el crac de la bolsa de 1987

El boom de Wall Street fue acompañado de un enorme crecimiento en las carteras de acciones institucionales, así como de la primera oleada de la revolución de las tecnologías de la información generada por la potencia de los microprocesadores y los ordenadores personales. El resultado fue el surgimiento de sofisticadas innovaciones en la gestión de carteras de valores ligadas al uso de la informática.

En el verano de 1987, los índices bursátiles acumulaban años de ganancias espectaculares, por todas partes había signos de la existencia de una burbuja y los gestores institucionales comenzaban a ponerse nerviosos. Pero ahí estaba la innovación financiera para echar una mano con un maravilloso nuevo producto llamado «seguro de cartera». La idea era la siguiente: si un gestor de valores percibiera un riesgo de caída de precios en el mercado, podría limitar sus pérdidas vendiendo futuros indexados a acciones (una forma de derivado financiero). Si el mercado se desplomara repentinamente, las pérdidas quedarían cubiertas por la venta de futuros.

La ejecución de una estrategia de este tipo iba más allá de las capacidades de un simple mortal, pero dos profesores de finanzas de Berkeley, Hayne Leland y Mark Rubinstein, desarrollaron un software capaz de operar en los mercados de manera automática. El gestor de una cartera podía escoger el precio mínimo que deseara, y los ordenadores empezaban a trabajar sobre esa base. La venta de futuros sería mínima si la cartera obtenía buenos resultados, pero se aceleraría en caso de una caída del mercado. La idea encantó a los gestores de fondos; en el otoño de 1987 había 100 000 millones de dólares en carteras de acciones «aseguradas», y los profesores habían ganado una fortuna.

No obstante, había solo un pequeño problema. Si la estrategia se convertía en mayoritaria, tendría exactamente el efecto contrario del buscado, porque cualquier caída significativa del mercado generaría automáticamente una repentina subida de las ventas en los futuros. Y una repentina oleada de ventas en el mercado de futuros dispararía sin duda una oleada de ventas movidas por el pánico en el mercado de valores, y esta a su vez generaría nuevas ventas en el mercado de futuros, y así sucesivamente.

Y eso fue más o menos lo que ocurrió. El efecto se vio agravado por el hecho de que el mercado de valores estaba en Nueva York mientras que el de futuros se situaba en Chicago, y las conexiones informáticas entre ambos eran muy primitivas.

Todo comenzó el martes 14 de octubre de 1987, pero cuando pegó fuerte de verdad fue el siguiente lunes, 19 de octubre, conocido desde entonces como el Lunes Negro. La bolsa cayó un 23 por ciento, el mayor desplome porcentual en un solo día de toda la historia[13]. Al final los mercados se estabilizaron, con la ayuda de una lluvia de dinero nuevo de la Reserva Federal de Alan Greenspan, en uno de los primeros ejemplos de lo que Wall Street terminaría llamando el «Greenspan Put»: búscate tantos problemas como quieras, el tío Alan vendrá a rescatarte.

El episodio fue una clara advertencia de los peligros inherentes a la «innovación» financiera. Los profesores Leland y Rubinstein eran obviamente personas inteligentísimas, al igual que, los banqueros que empleaban las herramientas creadas por ellos. Sin duda, algunas de estas personas debían de comprender que, si suficiente gente comenzaba a utilizar esta forma de «seguro», cualquier bajada importante dispararía una venta a gran escala y provocaría de este modo el evento mismo que supuestamente debían evitar. Los seguros de impago de deuda y otros derivados financieros a menudo incurren en riesgos similares. Su uso requiere por lo tanto regulación (en particular, la revelación de las posiciones a un regulador, que pueda tener así perspectiva sobre el conjunto del mercado, además de limitaciones al nivel total de riesgo). Pero los derivados eran demasiado rentables para Wall Street, por lo que empujó exactamente en la dirección contraria.

El triunfo de la desregulación: la administración Clinton

Parece que la década de los noventa fue una época terrible y estupenda a la vez. Las perspectivas económicas al comienzo de la década eran muy sombrías. A finales de los ochenta terminó la burbuja LBO-absorciones-bolsa, y los problemas económicos a largo plazo del país volvieron a notarse.

En conjunto, sin embargo, el rendimiento de la economía estadounidense durante la década de los noventa fue estupendo. La razón de ello fue la revolución de internet, combinada con los sistemas estadounidenses de capital riesgo y start-up. Desde la invención de la World Wide Web en 1990, la innovación y la emprendeduría basadas en internet generaron el primer aumento importante de la productividad en el conjunto de la economía desde la década de los sesenta. Y aun cuando internet estaba a disposición de todo el mundo y la World Wide Web había sido inventada en Europa, Estados Unidos fue capaz de crear todas las grandes empresas de internet —Amazon, eBay, Yahoo, Google, Craigslist, Facebook— y miles de otras empresas menores. La administración Clinton contribuyó a ello mediante la privatización de internet en 1995, la reforma de algunas partes del sector de las telecomunicaciones y la iniciación de acciones legales antimonopolio contra Microsoft.

Al mismo tiempo, sin embargo, esta misma administración creó el entorno regulativo que ha hecho posible la burbuja financiera y la crisis de la década de los dos mil. Clinton permitió que el sector financiero se desmadrara. Puso al frente de la política económica y reguladora a personas designadas por la propia industria: Robert Rubin, Larry Summers y Alan Greenspan. Fue durante este período cuando el sector financiero estadounidense adoptó su forma actual: la de un sector altamente concentrado, frecuentemente criminal y sistémicamente peligroso. Su creciente criminalidad tuvo un impacto directo sobre la industria de internet, en la forma de una burbuja de bolsa inflada de manera deliberada —y a menudo fraudulenta— por Wall Street. El nivel de fraude generalizado en las acciones «puntocom» era obvio para todos los que estaban en contacto con esta industria (incluido yo), pero la administración Clinton no hizo nada para controlarlo. Por primera vez, los banqueros de inversión recibían señales claras de que podían hacer lo que quisieran.

Hubo, no obstante, otros cambios peligrosos en el sector financiero estadounidense durante la década de los noventa. El primero fue una profunda desregulación, tanto en la ley como en la práctica, abanderada tanto por la administración Clinton como por el Congreso y la Reserva Federal. El segundo fue la concentración estructural del sector, que en buena parte no habría sido legalmente posible sin las medidas desreguladoras anteriormente mencionadas. Con asombrosa rapidez, los principales componentes del sector financiero —la banca comercial, la banca de inversión, la correduría de bolsa, la operativa, las calificaciones, los seguros de valores, los derivados— se concentraron hasta convertirse en rígidos oligopolios en manos de entidades gigantescas, las cuales a menudo cooperaban entre sí, sobre todo en asuntos de política y lobbies.

El tercer cambio que tuvo lugar en la industria fue el auge de la «cadena alimentaria de la titulización», una elaborada cadena que se extiende por todo el sector y que se ocupa de generar hipotecas, venderlas a bancos de inversión y reconvertirlas en instrumentos «estructurados» para colocarlos a fondos de pensiones, hedge funds y otros inversores institucionales. El resultado fue un proceso extremadamente complejo y opaco que integraba prácticamente todos los segmentos del sistema financiero.

El cuarto cambio fue el desarrollo de instrumentos financieros desregulados e «innovadores». Gracias de nuevo a la desregulación constante, la industria inventó toda clase de astutas novedades como los seguros de impago de deuda, las obligaciones de deuda garantizada y los instrumentos hipotecarios «sintéticos».

En principio, todos esos cambios contribuían enormemente a la eficiencia del sistema, pero también lo volvían más frágil, interdependiente y vulnerable tanto al fraude como a las crisis sistémicas.

Con todo, el último cambio que tuvo lugar en el sector financiero fue el que resultó ser el peor de todos. Al final de la década de los noventa, a todos los niveles del sistema y en todos los eslabones de la cadena alimentaria de la titulización, todos los actores —desde los prestamistas y los bancos de inversión hasta las agencias de calificación y los fondos de pensiones, desde los corredores de hipotecas y los operadores en bolsa hasta los gestores de fondos, los consejeros delegados y los consejos de administración— recibían enormes retribuciones en efectivo sobre la base de ganancias a corto plazo (a menudo tan corto como una única transacción), viciadas por conflictos de intereses y sin ninguna penalización en caso de pérdidas ulteriores. Casi nadie arriesgaba su propio dinero. En pocas palabras, nadie tenía ningún incentivo para comportarse de forma ética y prudente. Para cuando George W. Bush asumió el cargo, los explosivos estaban ya colocados; solo faltaba que alguien encendiera la mecha.

Domar las hipotecas, pero crear un monstruo

Todo comenzó con una idea inteligente y totalmente sensata: los títulos con garantía hipotecaria. Para facilitar que las S&L prestaran más dinero, los bancos podían comprar hipotecas a las S&L —lo cual les daría a estas liquidez inmediata— y luego empaquetarlas en títulos que luego podían revender a inversores.

En 1983, Larry Fink y su equipo en el banco de inversión First Boston inventaron la CMO (Collateralized mortgage obligation), o la obligación con garantía hipotecaria. (Fink es actualmente consejero delegado de BlackRock, una gran gestora de inversiones). La innovación de Fink consistió en cortar estas CMO en diversas secciones o «tramos» con diferentes calificaciones crediticias y rendimientos. El tramo más alto tenía preferencia en todos los flujos de caja de las hipotecas, mientras que el tramo más bajo absorbía la mayor parte del riesgo de prepago e impago.

La demanda era elevada. Los nuevos productos estaban comenzando a cambiar toda la estructura de la financiación hipotecaria. Ahora, los brókeres hipotecarios cerraban tratos para un nuevo grupo de «bancos hipotecarios». Los bancos hipotecarios compraban créditos a los brókeres y se los quedaban solo hasta reunir suficientes para que Wall Street los titulizara. A mediados de la década de los noventa, este era el modelo dominante en el mercado.

No obstante, ya en sus primeros años de existencia las obligaciones con garantía hipotecaria provocaron un interludio de locura que llevó a una minicrisis a comienzos de la década de los noventa. Aun siendo minúscula para los estándares actuales, con unas pérdidas estimadas de 55 000 millones de dólares, fue una advertencia del daño que podían provocar unos banqueros descontrolados, o perversamente incentivados.

Hubo otros signos aciagos. Uno fue la entrada de «prestamistas de dinero duro» como Beneficial Finance y Household Finance en la financiación hipotecaria. Se especializaban en créditos de alto riesgo y alta rentabilidad, y eran agresivos en el trato con los morosos. A finales de la década de los noventa, las elevadas ganancias de entidades de préstamo «duro» especializadas en el mercado hipotecario como Money Store, Option One y New Century las convirtieron en las estrellas de la bolsa. El crédito hipotecario de alto riesgo iba al alza, a pesar de que todavía fuera una pequeña fracción del mercado[14].

Las hipotecas de alto riesgo eran extremadamente rentables, pues suponían altas comisiones y tasas de interés, sobre todo si podía ocultarse el riesgo subyacente. También eran el producto perfecto para una burbuja estilo Ponzi, que permitiría ocultar temporalmente el fraude. Mientras los precios de la vivienda subieran, los créditos podían pagarse revendiendo casas o emitiendo nuevos créditos hipotecarios según la supuesta revalorización de la casa.

La gradual extensión del crédito de alto riesgo se fundaba en el pecado capital de la titulización; esto es, en la ruptura del vínculo esencial entre las decisiones crediticias —y el subsiguiente riesgo crediticio— y sus consecuencias. Si la gente se dedica a colocar malos créditos y luego venderlos, tarde o temprano habrá problemas, pero serán los problemas de otros. En principio se podría introducir algún ajuste para mitigar el problema, como, por ejemplo, la imposición a los vendedores de créditos de una parte de las pérdidas subsiguientes. Pero nadie hizo nada parecido; de hecho, las prácticas de retribución evolucionaban en dirección contraria, y deprisa.

Pronto la titulización se extendió de las hipotecas de alta calidad a las hipotecas llamadas subprime, así como a otras clases de préstamo. Wall Street comenzó a titulizar deudas de tarjetas de crédito, créditos para la compra de vehículos, para realizar estudios, créditos inmobiliarios comerciales y para LBO. De nuevo, al principio solo se empleaban los préstamos de alta calidad; de nuevo, sin embargo, la calidad fue descendiendo a medida que pasaba el tiempo.

A la vez, la cadena alimentaria de la titulización se hacía cada vez más compleja y opaca. Su desarrollo provocó un aumento gradual pero enmascarado de los niveles de apalancamiento y de riesgo en el conjunto del sistema. Muchos compradores de productos titulizados eran hedge funds y otras entidades altamente apalancadas de la desregulada «banca en la sombra». Cada vez era más frecuente que los productos hipotecarios titulizados estuvieran asegurados por compañías de seguros especializadas («monolínea») y/o a través de seguros de impago de deuda, un mercado dominado por una unidad de AIG con base en Londres (AIG Financial Products). Estos seguros eran derivados no regulados que en caso de degradación crediticia o impago daban pie a compensaciones potencialmente inmensas. Pero nadie conocía el volumen total o la distribución de tales riesgos.

Durante este período, las crecientes criminalidad y peligrosidad sistémica de las finanzas comenzaban a hacerse patentes, a pesar de lo cual el sector no tenía problema para convencer a los poderes públicos de la necesidad de una mayor desregulación. Los signos más visibles fueron la burbuja de internet; los gigantescos fraudes de WorldCom y Enron; la crisis financiera asiática, y la implosión de Long-Term Capital Management (LTCM), por entonces el mayor hedge fund del mundo.

La revolución de internet era muy real, y sin duda justificaba un salto cualitativo en la inversión de capital riesgo, la actividad start-up y las ofertas públicas iniciales, así como en los valores en bolsa de empresas bien posicionadas para sacar rendimiento de la tecnología de internet. Lo que ocurrió, sin embargo, fue una locura que excedió toda racionalidad. Empresas sin prácticamente ingresos, que perdían grandes sumas de dinero y sin ninguna vía plausible para convertirse en rentables, recibían enormes inversiones de capital y salían a bolsa con extraordinarias valoraciones. El índice Nasdaq, un buen indicador para los valores tecnológicos, pasó de estar por debajo de 900 en 1995 a situarse por encima de 4500 en enero de 2000.

Entonces se deshinchó la burbuja. Dieciocho meses más tarde, a mediados de 2002, el Nasdaq volvía a estar en 1100. Ciertamente, la burbuja era el resultado de la sobreexcitación generalizada, pero también había muchos casos de fraude, por parte tanto de los emprendedores como de Wall Street. Decenas de empresas de internet gastaron por encima de sus posibilidades, pagaron por encima de sus posibilidades, contaron toda clase de mentiras, salieron a bolsa y luego quebraron en 2001. Las empresas de Wall Street y sus analistas estrella dieron a esas empresas elevadas calificaciones para sacar tajada ellos también, a menudo reconociendo en privado su escaso valor.

Además de las start-ups, varias empresas bien establecidas, entre ellas Enron y WorldCom (que había adquirido MCI, un importante proveedor de telecomunicaciones), habían explotado la locura en la bolsa y, con ello, contribuido a ella mediante fraudes contables y supuestas innovaciones relacionadas con internet. Enron disponía además de buenos contactos políticos, gracias a los cuales consiguió que los reguladores miraran hacia otro lado. La empresa realizaba importantes contribuciones a candidatos afines y tenía en su consejo de administración a Wendy Gramm, antiguo presidente de la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancía (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), así como a la esposa del senador de Texas Phil Gramm, entonces presidente del Comité Bancario del Senado.

La siguiente ola de desregulación financiera

La administración Clinton se convirtió en la abanderada de la desregulación financiera, a menudo con la asistencia de Alan Greenspan y el Congreso. El resultado fue una oleada de nuevas leyes y cambios regulativos, sumada a una clara tendencia a la inaplicación de la ley, tanto civil como penal. Cayeron en picado la producción de nuevas regulaciones, las actividades de control, investigación y persecución penal de los delitos financieros, así como las auditorías IRS de directivos financieros. Irónicamente, todos esos cambios fueron precedidos por una muestra de regulación positiva por parte de la administración Clinton. En 1994, el Congreso aprobó y Clinton firmó la Ley de Propiedad de la Vivienda y Protección de Valores (Home Ownership and Equity Protection Act, HOEPA), que tenía por objetivo evitar abusos en el emergente mercado de créditos subprime, en especial para líneas de crédito con garantía hipotecaria (home equity lines of credit, HELOC). La ley daba autoridad al Consejo de la Reserva Federal para emitir regulaciones sobre las prácticas de la industria hipotecaria. Pero Alan Greenspan se negó a aplicarla. De hecho, la Reserva Federal no emitió ninguna regulación hipotecaria en absoluto hasta 2008, lo cual resultó ser un poco tarde, y durante la burbuja Greenspan realizó varias declaraciones públicas animando al uso de productos hipotecarios «innovadores».

En 1994 se suprimieron las reglas que prohibían la banca interestatal. La Ley Glass-Steagall, que ordenaba una estricta separación entre los bancos de inversión y los bancos comerciales, fue sustancialmente moderada en 1996, y suprimida por completo en 1999. De hecho, Citigroup violó la ley al adquirir una compañía de seguros y un banco de inversión antes de la abolición de Glass-Steagall; Alan Greenspan les otorgó una dispensa hasta la aprobación de la ley. Poco después, Robert Rubin dimitió de la administración para convertirse en vicepresidente de Citigroup, donde en el curso de la siguiente década ganó más de 120 millones de dólares.

Entonces llegó el turno de la batalla por los derivados. Una de las últimas acciones de la administración Clinton, que contó con el apoyo total de Larry Summers, Alan Greenspan y el senador Phil Gramm, fue una ley que prohibía cualquier regulación de los derivados negociados en mercados no organizados (over-the-counter, OTC), incluidos todos los complejos seguros que estuvieron en la base de la crisis de 2008. Secciones enteras de la ley fueron redactadas por la ISDA, la asociación sectorial de operadores de derivados[15].

En realidad, la prohibición total de regular los derivados OTC tuvo su origen en una maniobra dirigida a regularlos. Brooksley Born, presidenta del CFTC, había observado el rápido crecimiento del mercado de derivados y había concluido que planteaba riesgos importantes. En consecuencia, puso en marcha un proceso de revisión y comentario público que encontró inmediatamente la oposición feroz y concertada de Rubin, Summers, Greenspan y el presidente de la SEC, Arthur Levitt. Larry Summers llamó a Born para decirle que tenía a trece banqueros furiosos en su oficina, y exigirle que desistiera. (Es posible que la llamada fuera ilegal, pues la CFTC es una agencia reguladora independiente). Poco después, la administración aprobó una ley que prohibía cualquier clase de regulación de los derivados OTC, que contó con el apoyo explícito de Phil Gramm.

Llama la atención que la oleada desreguladora no se viera afectada en lo más mínimo por una oleada paralela de escándalos relacionados con los derivados y otros instrumentos de nueva creación. BT Securities, subsidiaria del Bankers Trust, se dedicaba a colocar derivados en el mercado de forma bastante agresiva, en general dirigidos a ofrecer protección frente a riesgos relacionados con las tasas de interés. Una simple permuta de la tasa de interés sobre una deuda de 30 millones de dólares terminó por costar 23 millones de dólares a la empresa contratante, Gibson Greeting Cards, después de que BT introdujera nada menos que 29 «mejoras» distintas en el trato inicial. Cuando Gibson decidió finalmente presentar una demanda, siete clientes más de BT presentaron reclamaciones parecidas. Procter & Gamble dijo que había perdido 195 millones de dólares; Air Products and Chemicals, 106 millones; Sandoz Pharmaceuticals, 50. Un operador de BT hacía la siguiente reflexión (grabada): «Es divertido, ¿sabes? Atraer a la gente hacia lo que parece un trato seguro y luego joderlos del todo»[16].

No es que lo de Bankers Trust fuera un episodio aislado. En 1994, Merrill Lynch persuadió al tesorero del condado de Orange, California, para meterse en un negocio de derivados que generó pérdidas de 1500 millones de dólares y dejó el condado en bancarrota. (Merrill y varios bancos más fueron obligados más tarde a cubrir más de la mitad de las pérdidas). El centenario Barings Bank fue destruido por un operador deshonesto en Singapur; el Daiwa Bank perdió 1000 millones de dólares en derivados de bonos del Tesoro; un negociante de cobre costó 2000 millones de dólares al Sumitomo Bank.

Entonces, en septiembre de 1998, en medio de la crisis financiera asiática, el hedge fund Long-Term Capital Management quebró, en gran medida por culpa de sus posiciones en derivados. Solo unos días antes Alan Greenspan había dicho ante el Congreso que la regulación de los derivados era innecesaria porque «cabe esperar que el mecanismo de establecimiento de precios del mercado y la vigilancia entre contrapartes hagan la mayor parte del trabajo de garantizar la seguridad y la solidez del sistema»[17].

El LTCM fue fundado en 1993 por el famoso operador John Meriwether junto con un brillante grupo de socios, entre los que figuraban Myron Scholes y Robert Merton, que más tarde obtendrían sendos premios Nobel de Economía por desarrollar los modelos que subyacen al establecimiento de los precios de los derivados. Sin embargo, el LTCM había usado los derivados para hacer apuestas muy apalancadas con bonos. Cuando esas apuestas salieron mal por culpa de la crisis asiática y del impago de bonos soberanos rusos de 1998, el LTCM se enfrentó a unas pérdidas potenciales de 100 000 millones de dólares. La Reserva Federal temió una crisis sistémica y organizó un rescate de emergencia en el que participaron una docena de grandes bancos. Ante la obligación de defender el rescate, Greenspan testificó ante el Congreso:

Si la quiebra del LTCM hubiera provocado una contracción de los mercados, muchos otros participantes podrían haber sufrido graves pérdidas como consecuencia, incluidos algunos no relacionados con la empresa, y eso podría haber tenido un efecto negativo sobre las economías de muchos países, incluido el nuestro[18].

Lo cual no impidió que Greenspan siguiera presionando para imponer una prohibición completa de la regulación de los derivados. Y así fue como, gracias a la defensa continuada de Greenspan, el Departamento del Tesoro de Clinton y varios líderes del Congreso, se ignoró el criterio de Brooksley Born y la Ley de Modernización de los Futuros de Materias Primas se aprobó y firmó a finales de 2000.

La opinión de Greenspan apenas cambió con los años. En 2003 declaró en una conferencia sobre inversión en Chicago:

Los críticos de los derivados agitan a menudo el espectro de que la quiebra de un operador podría suponer pérdidas debilitantes para sus contrapartes, incluidos otros operadores, hasta provocar una quiebra en cadena. Sin embargo, los participantes en los mercados de derivados dan muestras de ser muy conscientes de los riesgos crediticios asociados con los derivados y adoptan diversas medidas para mitigar dichos riesgos[19].

Después de una crisis financiera global, el colapso de AIG y al menos 10 billones de dólares de pérdidas, Greenspan admitió al fin —modestamente— que podía haber «algún fallo» en su modelo[20].

La administración Clinton se caracterizó a su vez por un uso cada vez más explícito de la «puerta giratoria». Robert Rubin llegó a la administración Clinton procedente de Goldman Sachs, y tras su dimisión como secretario del Tesoro en 1999 se convirtió en vicepresidente de Citigroup, cuyas fusiones habían sido legalizadas por leyes que habían contado con su apoyo. Laura Tyson, presidenta del Consejo Económico Nacional, pasó a formar parte del consejo de administración de Morgan Stanley poco después de salir de la administración. Tom Donilon, jefe de personal del Departamento de Estado, pasó a encabezar el lobby de Fannie Mae poco después de abandonar el cargo. Franklin Raines, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, se convirtió en consejero delegado de Fannie Mae, donde se vio implicado en sus fraudes contables. Michael Froman y David Lipton, dos destacados analistas económicos, fueron a parar a Citigroup. Tras servir como último secretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers pasó a ser presidente de Harvard, al tiempo que asesoraba a uno de los hedge funds más importantes, Taconic Capital. Después de que el claustro le retirara la confianza en dos votaciones, Summers se vio obligado a dimitir como presidente de Harvard, momento en el que entró a formar parte de otro hedge fund, aún más importante: D. E. Shaw, y comenzó a dar conferencias a instituciones financieras que le reportaban millones de dólares anuales.

Consolidación estructural

En parte por la desregulación, en parte por el cambio tecnológico y por la creciente intensidad de capital de unas operaciones altamente informatizadas, y en parte con el fin de aumentar las ganancias gracias a un mayor poder de mercado, el sector financiero se consolidó enormemente en la década de los noventa. La consolidación se produjo tanto a nivel vertical como horizontal, y fue tan completa que el sector financiero del año 2000 no se parecía en nada al de treinta años atrás. Por otro lado, los segmentos del mercado en los que aún existía cierta fragmentación estaban muy desregulados, ya fueran empresas de capital riesgo, hedge funds dedicados a gestionar el dinero de los ricos o las nuevas —y fatídicas— entidades de crédito hipotecario del sistema bancario en la sombra.

Entre 1960 y 2000, la capitalización combinada de los diez mayores bancos de inversión estadounidenses había pasado de 1000 millones de dólares a 179 000 millones. El personal de los cinco primeros de esta lista (entre los cuales dominaban el sector) se había cuadruplicado desde 1980, hasta alcanzar los 205 000 empleados en 2000. Esta consolidación estructural no estaba limitada a la banca de inversión, sino que afectaba a todos los segmentos del sector financiero y se extendía transversalmente entre segmentos hasta crear enormes conglomerados. Y el principal vehículo de la consolidación no fue el crecimiento orgánico de las entidades de éxito; fueron las fusiones.

En 1997, Morgan Stanley se fusionó con Dean Witter, una de las agencias de corredores de bolsa más importantes que aún subsistían. En 1998, Nationsbank adquirió Bank of America, en lo que fue entonces la mayor fusión bancaria de la historia. Ese mismo año, Citigroup adquirió Travelers, a su vez el resultado de varias fusiones y adquisiciones, y que incluía Travelers Insurance, Primerica y los bancos de inversión Salomon Brothers, Shearson Lehman y Smith Barney. De este modo surgió la mayor entidad de servicios financieros del mundo. Tal como se ha dicho antes, la fusión violaba la Ley Glass-Steagall, y cuando esta fue abolida un año más tarde la nueva ley era conocida en broma como Ley de Auxilio a Citigroup. Luego, en 2000, JPMorgan se fusionó con Chase Manhattan para formar JPMorgan Chase, que a fecha de 2011 es la mayor entidad de servicios financieros del mundo. Por debajo, decenas de bancos de inversión, bancos comerciales, agencias de bolsa, compañías de seguros y otras entidades especializadas de menor tamaño se fusionaron o fueron adquiridas por los grandes conglomerados financieros y los principales bancos de inversión. Incluso el sector de los fondos de inversión se consolidó: en 2000, por ejemplo, Alliance Capital adquirió Sanford Bernstein para crear una entidad que gestionaba 470 000 millones de dólares.

Cuando George W. Bush asumió el cargo, todos los grandes segmentos y mercados financieros estaban dominados por un oligopolio de grandes sociedades. En 2000, la banca de inversión estaba controlada por cinco entidades: Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers y Bear Stearns. El resto de la actividad de la banca de inversión procedía de entidades subsidiarias de enormes conglomerados financieros: los tres americanos (Citigroup, JPMorgan Chase y Bank of America), más unos cuantos europeos, como Deutsche Bank, UBS y Credit Suisse. El aseguramiento de valores estaba dominado por dos compañías de seguros monolínea, MBIA y Ambac, además de AIG, la mayor compañía de seguros del mundo. La calificación de valores estaba controlada por tres entidades (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch); Moody’s tenía bajo su poder por sí sola el 40 por ciento del mercado total. En 2000, cinco empresas dominaban el mercado de la auditoría corporativa. (Tras el hundimiento de Enron y la posterior persecución judicial y disolución de Arthur Andersen, las cinco se convirtieron en cuatro). Cinco bancos, liderados por JPMorgan Chase y Goldman Sachs, controlaban el 90 por ciento del negocio de derivados a nivel global. El mercado de las tarjetas de crédito estaba totalmente dominado por Visa, MasterCard y American Express. NationsBank/Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase controlaban la banca interestatal. La gestión de valores estaba cada vez más dominada también por las grandes firmas: Fidelity, Vanguard, Alliance Capital, BlackRock, Pimco, Putnam y un puñado de agencias más. (Estamos hablando de entidades gigantescas: en 2011, BlackRock gestionaba 3,6 billones de dólares; Fidelity, 1,5 billones).

Además de estar altamente concentrado, el sector financiero también era cada vez más propenso a la colusión. Las grandes firmas competían ciertamente entre ellas, pero también colaboraban en muchos aspectos: por ejemplo, mediante la sindicación de valores, así como en sus actividades políticas a través de asociaciones sectoriales y del uso compartido de lobbies, bufetes de abogados y expertos académicos.

Incentivos

El último cambio importante en el mundo de los servicios financieros que tuvo lugar durante la década de los noventa fue la creciente corrupción interna. Cuando la administración Bush llegó al poder, los incentivos del sector se habían convertido en totalmente tóxicos.

Aunque los detalles podían variar según el segmento de la industria y la profesión particular, la tendencia general fue muy consistente. Antes de 1971 solo las sociedades personales podían participar en la Bolsa de Nueva York, lo que garantizaba que los bancos de inversión y los banqueros conservaran la prudencia y la perspectiva a largo plazo inherentes a una forma societaria que solo permitía retirar el capital a los socios en el momento del retiro. Pero, en 1971, la Bolsa de Nueva York cambió la regla, los bancos de inversión comenzaron a salir a bolsa y los incentivos de los banqueros pasaron a ser las primas anuales y las stock options. En principio, habría sido posible reproducir en el nuevo contexto el espíritu de los incentivos previos: por ejemplo, introducir períodos largos de carencia y retención para las acciones. No obstante, no se introdujo ninguna regulación de este tipo y en 2000 la mayoría de las retribuciones en la banca de inversión tomaba la forma de primas anuales, en general en efectivo. Incluso en el caso de las stock options raramente se requería un período de carencia superior a los cinco años. De igual importancia fue el abandono de la exigencia de que los altos cargos de la banca arriesgaran la mayor parte de su propio dinero en sus instituciones.

Varias circunstancias contribuyeron a corromper los incentivos estructurales de las entidades financieras en relación con sus clientes. Una de las más importantes fue la cadena alimentaria de la titulización. Las entidades de crédito hipotecario ya no tenían por qué preocuparse de si el deudor iba a satisfacer la deuda o no, pues vendían las hipotecas casi inmediatamente a los bancos de inversión, los cuales las vendían a su vez a diversos vehículos estructurados de inversión o bien a algún primo (en otras palabras, a sus clientes). Para conseguir créditos con precios de venta más rentables, las entidades de crédito hipotecario comenzaron a pagar «primas por margen de rendimiento» a sus agentes, que en la práctica venían a ser sobornos para que empujaran a los prestatarios a asumir los créditos más caros posible.

Por otro lado, a los bancos de inversión les daba igual vender basura a sus clientes, y ello por varias razones. La primera era que el viejo modelo de banca basada en relaciones personales había desaparecido desde hacía tiempo. La segunda, que la estructura de pago de los servicios no imponía ninguna penalización por vender basura; los bancos y los banqueros no compartían en ninguna medida las pérdidas ulteriores de sus clientes. La tercera, que la retribución de los banqueros estaba dominada por las primas anuales basadas en los ingresos por transacciones de aquel año, de modo que los operadores y los vendedores dejaron de preocuparse por lo que ocurriera después.

El proceso de calificación estaba corrompido por el desplazamiento de la retribución del comprador al emisor, por la rotación del personal y por la generalización de la «consultoría» de calificaciones. En la década de los setenta, las agencias de calificación todavía percibían sus ingresos de las personas que compraban los valores que ellas calificaban, no de los bancos de inversión que creaban y vendían dichos valores. Pero todo eso empezó a cambiar entonces y en 2000 las retribuciones que las tres principales agencias recibían por calificar nuevos valores procedían casi enteramente de los bancos de inversión que las emitían. Y puesto que apenas había un puñado de emisores, las agencias de calificación estaban muy dispuestas a cooperar. Con todo, los conflictos de interés no terminaban ahí. Las agencias también eran las encargadas de calificar la deuda de los propios bancos, en lo que constituía sin duda una decisión crucial para la estabilidad de estos. Naturalmente, rebajar la calificación de un banco suponía poner furioso a un cliente importante, razón por la cual no se hacía nunca. Es más, las agencias de calificación comenzaron a ofrecer servicios de asesoría a los bancos, lo que significaba que percibían unos elevados honorarios por aconsejarlos acerca del mejor modo de elaborar un instrumento que recibiera después una elevada calificación. A nivel individual la cosa era todavía peor. Las agencias de calificación pagaban mucho menos que los bancos de inversión, de modo que los empleados de estas ponían todo su empeño en agradar a los banqueros con quienes trataban, con la esperanza de conseguir un empleo en el banco. Muchos de ellos lo consiguieron.

Las agencias de seguros de valores, en especial AIG Financial Products, retribuían a sus empleados igual que los bancos de inversión: mediante primas anuales en efectivo basadas en las transacciones del año. De nuevo, eso quería decir que los agentes tenían todo el incentivo para vender el mayor número posible de seguros, ya fueran seguros en sentido literal o permutas por impago de crédito. Las pérdidas que pudieran producirse cinco años después eran problema de la compañía, no suyo.

Los incentivos entre los compradores últimos de los valores también entrañaban un riesgo. En el caso de los hedge funds, el formato de las retribuciones era conocido como 2 y 20: los clientes pagaban comisiones del 2 por ciento anual por los valores gestionados, y el fondo se quedaba el 20 por ciento de las ganancias, computadas anualmente. Sin embargo, el fondo no participaba en las pérdidas, de modo que los gestores tenían un incentivo para asumir riesgos. Lo mismo podía decirse, en menor medida, de otros inversores institucionales de mayor envergadura, como los fondos de pensiones y los fondos de inversión colectiva. También estos recibían sus compensaciones anualmente y según el rendimiento, y asimismo eran premiados por las ganancias pero no penalizados por las pérdidas. Todo ello suponía un incentivo para «buscar la ganancia», y hacía que tuvieran mucho menos interés por los riesgos a largo plazo. Por ejemplo, empezaron a dar por buenas las calificaciones de forma automática, sin ninguna evaluación independiente de los riesgos.

Por último, estaban los incentivos externos aportados por el contexto regulador y por la práctica gubernamental. La administración Clinton fue la primera en dar señales decisivas de que la aplicación de la ley quedaba en suspenso cuando se trataba del sector financiero, e incluso de particulares con activos financieros importantes. Además de apoyar leyes que permitían actividades previamente ilegales —como la derogación de Glass-Steagall—, la administración dejó de aplicar también la legislación existente. Cuando Alan Greenspan se negó a regular el mercado hipotecario en cumplimiento de la HOEPA, nadie protestó. Cuando la burbuja de internet hizo que proliferaran formas extremadamente obvias de fraude, nadie investigó y nadie fue llevado ante los tribunales. Estados Unidos se había convertido en una ciudad abierta.

Y entonces George W. Bush llegó a la presidencia. No fue realmente elegido para ello, de modo que en buena medida no se puede culpar al pueblo estadounidense por lo que ocurrió a partir de entonces. Bush perdió por más de 500 000 votos, y es casi seguro que perdió el estado de Florida, de modo que debería haber perdido también el colegio electoral. Pero una campaña legal y de relaciones públicas muy bien orquestada permitió evitar el recuento de Florida y el Tribunal Supremo le abrió las puertas de la Casa Blanca a George W. Bush por una votación de 5 a 4.

Tras los cambios de la década de los noventa se habían sentado las bases para un desastre financiero. El ascenso de Bush a la presidencia puso simplemente el último clavo en el ataúd.

3
La burbuja, primera parte: dar y tomar préstamos en la década de los dos mil

La burbuja de las «puntocom» en el mercado de valores alcanzó su cénit durante el invierno de 2000. Su inevitable colapso se vio empeorado por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001; y, sin embargo, la recesión subsiguiente fue corta y moderada. Hay dos razones que lo explican.

En primer lugar, la administración Bush se embarcó en una campaña de gasto masivo a déficit. Asimismo aplicó recortes fiscales, en particular para los ricos, y un importante aumento del gasto, especialmente en el sector militar (la guerra en Afganistán; la invasión y ocupación de Irak, y los proyectos de inteligencia y contraterrorismo). En segundo lugar, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, aplicó agresivas reducciones en la tasa de interés. Greenspan la recortó del 6,5 por ciento en el punto culminante de la burbuja de internet al 1 por ciento en julio de 2003, la tasa más baja en cincuenta años[21].

No obstante, la recuperación fue anémica, incluso si la tomamos como una recuperación efectiva. Y el auténtico problema era que no podías tomarla como una recuperación efectiva. Lo que vino después fue, en realidad, una extraordinaria alianza de la codicia del sector financiero con el cálculo político. La recuperación de la década de los dos mil fue ficticia, apoyada enteramente por comportamientos insostenibles: recortes fiscales y déficits fiscales masivos, la burbuja inmobiliaria y el gasto en consumo fundado en el crédito. Mientras la economía real seguía beneficiándose de las mejoras efectivas de productividad aportadas por internet, Estados Unidos se quedaba atrás de muchos otros países en educación, infraestructuras y otros aspectos determinantes de la competitividad nacional. El sector industrial estadounidense quedó diezmado sin apenas hacer ruido. Es más, la mayor parte de la mejora en productividad revertió en beneficio del 1 por ciento de arriba, no de la fuerza laboral en su conjunto, un cambio notable respecto a lo que había ocurrido en generaciones anteriores. El resultado fue que en la década de los dos mil, incluso durante la burbuja, los niveles reales de sueldo para el estadounidense medio se estancaron o incluso retrocedieron, y hubo muy poca creación neta de empleos. Las ganancias producidas por la falsa economía y por la revolución (muy real) de internet quedaron compensadas por las masivas pérdidas de empleos susceptibles de ser externalizados o automatizados tanto en el sector industrial (incluido el de productos relacionados con la tecnología de la información) como en el de servicios.

Un matrimonio de conveniencia da nacimiento a una burbuja

Dados estos problemas estructurales, una falsa recuperación animada por una burbuja financiera resultaba muy conveniente políticamente. Buena parte del crecimiento del gasto en consumo durante la década de los dos mil fue alentado por la burbuja. A medida que aumentaban los precios de la vivienda, los propietarios podían tomar más dinero prestado contra el supuesto aumento de valor de sus hogares; y al gastar el dinero así obtenido, echaban más leña a la economía en su conjunto, a la vez que perpetuaban la propia burbuja inmobiliaria, pues el dinero tomado en préstamo servía para financiar nuevas adquisiciones inmobiliarias (segundas residencias, propiedades para alquiler, etc.).

En realidad, buena parte de los créditos subprime de la década de los dos mil no estaba relacionada con la extensión de la vivienda en propiedad. Menos del 10 por ciento de los créditos subprime sirvieron para financiar una primera residencia[22]. Muchos créditos subprime concedidos durante la burbuja servían para sacar dinero de una vivienda, ya fuera para refinanciar una hipoteca previa o para comprar una segunda residencia. Algunos de los créditos iban destinados a financiar el consumo personal (televisores, vacaciones, coches, mejoras en el hogar); algunos, a conseguir una vivienda más cara; muchos eran mera especulación animada por la burbuja, con el fin de revender viviendas repetidamente, y muchos más eran fraudes perpetrados contra los prestatarios, a los que se engañaba para que firmaran préstamos excesivamente onerosos.

No obstante, todos ellos contribuyeron a la burbuja. Como resultado, el Índice Case-Shiller de Precios de la Vivienda en Estados Unidos duplicó sus valores entre 2000 y 2006, lo que constituye el mayor y más rápido incremento en toda la historia[23].

Las rebajas de Greenspan en la tasa de interés contribuyeron indudablemente al nacimiento de la burbuja. La mayoría de las personas están dispuestas a asumir deudas importantes para comprar una casa, y la casa que pueden permitirse depende de la cuota mensual de la hipoteca, sobre la que influye enormemente la tasa de interés. Como resultado de las rebajas de Greenspan, las tasas de interés hipotecarias bajaron tres puntos porcentuales entre 2000 y 2003. Asumiendo unas condiciones estándares para una hipoteca a tipo fijo, la misma cuota mensual que habría permitido adquirir una casa de 180 000 dólares en 2000 habría permitido comprar una de 245 000 dólares en 2003, lo que supone un incremento del 36 por ciento[24]. No es extraño, pues, que entre 2000 y 2003 el Índice Case-Shiller de Precios de la Vivienda en Estados Unidos subiera más de un tercio[25]. De modo que sí, ciertamente, las tasas de interés fueron un factor relevante. Pero no se acercan siquiera a explicar por qué los precios de la vivienda se duplicaron durante la burbuja, ni por qué esta siguió viva incluso después de que Ben Bernanke comenzara a subir nuevamente las tasas de interés.

Durante los siguientes cuatro años y medio, desde 2003 hasta mediados de 2007, el sector financiero estadounidense emitió alrededor de 3 billones de dólares en títulos con garantía hipotecaria (mortgage-backed securities, MBS), y un importe aún mayor en derivados exóticos, arriesgados o fraudulentos, o ambas cosas a la vez, ligados a dichos títulos. Los créditos hipotecarios subyacentes a dichos títulos habían sido concedidos por una nueva hornada de bancos hipotecarios en gran medida sin regular, además de varios bancos comerciales ilustres. Los bancos de inversión, algunos de los cuales eran subsidiarios de conglomerados bancarios de mayor tamaño (como JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank), compraban dichas hipotecas y las empaquetaban como productos estructurados de inversión: títulos con garantía hipotecaria y obligaciones de deuda garantizada (collateralized debt obligations, CDO). Dichos instrumentos eran posteriormente calificados por las siempre obsecuentes agencias de calificación, asegurados a través de los bonos monolínea de las compañías de seguros o de los seguros de impago de deuda de AIG, y finalmente vendidos a fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión colectiva, bancos extranjeros y muchas otras entidades (a menudo, incluso, a las ramas de gestión de valores de los mismos conglomerados bancarios que los habían creado).

Más de la mitad del incremento en el volumen de dinero prestado durante la burbuja puede atribuirse a créditos subprime, Alt-A, Option-ARM y otras formas de préstamo abusivo o de alto riesgo (véase el «Glosario»).

Una proporción asombrosamente alta de tales préstamos y de los títulos resultantes tenía alguna deficiencia: los prestatarios eran personas sometidas a presiones financieras, especuladores, defraudadores o defraudados (una categoría muy amplia, que trataremos más adelante), o ambas cosas a la vez. Y fuera cual fuera la razón para considerar defectuosos los préstamos, estos lograron pasar por toda la cadena de la titulización sin el menor control de calidad (peor aún, con un control de calidad negativo, dada la intensa presión para conseguir préstamos de elevado margen de rendimiento con independencia del riesgo asumido). En muchos casos era mera incompetencia, pero en muchos otros fue algo consciente y deliberado. Hubo fraude masivo. El engaño era tan enorme y tan obvio que la alta dirección tuvo que darse cuenta muchas veces, y de hecho cada vez hay más pruebas de que en muchos casos lo aprobaron e incluso lo alentaron. Y si algunos no lo sabían, la enormidad de su negligencia sería casi tan criminal como si se tratara de un fraude puro. Las prácticas en cuestión no eran nada sutiles, y tal como veremos la cuestión fue amplia y explícitamente debatida en las empresas implicadas. Es más, cada vez hay pruebas más claras de que muchos consejeros delegados y altos directivos mintieron a sus inversores, auditores, reguladores y a la opinión pública, tanto durante como después de la burbuja, cuando sus empresas comenzaron a hundirse.

En el fondo, lo que ocurría era que Wall Street y las entidades de crédito estaban creando, alimentando y explotando un gran fraude estilo Ponzi. Mientras duró la burbuja, simplemente desapareció cualquier criterio de control en la concesión de préstamos. Por supuesto, siempre habrá alguien en Estados Unidos que quiera un préstamo para comprarse una casa, o para tener efectivo poniendo su casa como garantía, aun cuando no pueda satisfacer el préstamo o no tenga intención de hacerlo. Y de repente toda esa gente comenzó a obtener sus préstamos sin problema. Al igual que todos los demás. Había gente con buenos ingresos y trabajos estables, pero pretendía comprarse casas que estaban más allá de sus posibilidades; había gente que pretendía convertir prácticamente todo su patrimonio en dinero efectivo; había especuladores que compraban múltiples casas sin la menor intención de ocuparlas o alquilarlas, con la esperanza de sacar beneficios con su venta; había gente que quería una segunda residencia o una residencia de vacaciones que no se podía permitir realmente. Y todo ello suponía un elevado riesgo de impago, sobre todo si los precios bajaban en algún momento. Pero durante la década de los dos mil nada de eso importaba. La política fiscal también contribuyó al problema; la administración Clinton había promulgado una ley que especificaba que los primeros 500 000 dólares de beneficios por la venta de una casa quedaban libres de impuestos si se aplicaban a la compra de una nueva casa, lo cual no hacía sino fomentar la compra orientada a la reventa.

Con todo, hubo también mucha gente, millones de personas, que no hizo nada malo y que simplemente salió mal parada de todo el asunto. Gente que decidió comprarse una casa hacia el final de la burbuja, cuando los precios estaban muy inflados, posiblemente incluso con una hipoteca tradicional y conservadora y una entrada considerable. Pero unos años más tarde perdieron su trabajo, o se retiraron, o se divorciaron, o tuvieron costes médicos inesperados, o se vieron obligados a mudarse para cambiar de trabajo. Y cuando trataron de vender su casa descubrieron de repente que no podían venderla, porque había perdido un tercio de su valor… y que simplemente habían perdido los ahorros de toda su vida.

Por último, hubo también fraude directo y masivo a los prestatarios, en parte como resultado de la proliferación de estructuras de préstamo y prácticas de venta altamente engañosas. No es exagerado decir que mientras duró la burbuja dichas prácticas fueron generalizadas en los sectores de la correduría de hipotecas, las agencias de la propiedad inmobiliaria y las entidades de préstamo subprime. La correduría de hipotecas no estaba regulada en general, y durante la burbuja miles de granujas locales se pusieron un traje y empezaron a vender préstamos.

Los años de la burbuja estuvieron marcados por el auge de estructuras de préstamo exóticas, pensadas para conseguir que los pagos fueran artificialmente bajos en un período inicial o para disfrazar las condiciones reales del préstamo, o ambas cosas a la vez, al tiempo que aplicaban las altas tasas de interés que tanto gustaban a los bancos. Los corredores de hipotecas eran agresivos en la colocación de préstamos con tasas iniciales reducidas, a menudo diciendo a los futuros prestatarios que cuando comenzara a aplicarse la tasa íntegra el valor de su hogar se habría incrementado tanto que podrían atender las nuevas cuotas mediante una refinanciación (en otras palabras, tomando otro préstamo más).

Los corredores de hipotecas también empujaron de forma masiva a sus clientes hacia préstamos innecesariamente onerosos. Varios estudios han concluido que al menos un tercio de las personas que recibieron préstamos subprime durante la burbuja eran candidatos válidos para un préstamo prime. Pero los corredores de hipotecas les colocaron préstamos subprime, con tasas de interés más elevadas y comisiones innecesarias, por la simple razón de que recibían primas directas en efectivo —primas por margen de rendimiento— por colocar a los clientes los préstamos más onerosos posible. Ello por supuesto hacía más difícil la devolución de los préstamos, sobre todo cuando expiraban los plazos de interés reducido o cuando las tasas de interés subieron en general, una dificultad que se vio multiplicada cuando pinchó la burbuja.

Hubo también mucho fraude puro y duro, a veces muy cruel, cometido contra inmigrantes que no hablaban inglés o no tenían ninguna experiencia financiera, o las dos cosas a la vez. Les mintieron abiertamente —acerca del importe del préstamo, de las cuotas, de la tasa de interés real— y les dijeron que firmaran documentos que no podían comprender o siquiera leer. Muchos corredores de hipotecas trabajaban con prestamistas informales, a veces incluso ilegales, que aportaban préstamos adicionales ocultos para cubrir adelantos o «puntos». Los corredores de hipotecas sobornaban a los agentes de la propiedad inmobiliaria para obtener los datos de inmigrantes analfabetos o ilegales. A menudo, las víctimas confiaban en su corredor de hipotecas porque compartían la misma lengua u origen étnico, o porque les había sido presentado por un conocido común.

Los inmigrantes ilegales eran especialmente fáciles de estafar porque tenían miedo de acudir a la policía. La presencia de un gran número de inmigrantes ilegales que no hablaban inglés fue sin duda una de las razones por las que buena parte de la burbuja se concentró en California, Arizona y Florida, así como algunas zonas de Nueva York pobladas por inmigrantes recientes. La administración Bush dificultó de forma deliberada el acceso de los prestatarios subprime a la justicia civil. En 2001, en una de las primeras decisiones de política económica de esta administración, el HUD intercedió en un caso judicial federal para dificultar enormemente la interposición de demandas colectivas por parte de las víctimas de abusos por créditos subprime, aunque fueran ciudadanos estadounidenses; ello los obligaba a demandar de forma individual, lo que para muchos era caro y difícil en exceso.

La oleada de fraude no pasó desapercibida. Ya en 2004, el FBI emitió una nota de prensa en la que advertía de una «epidemia de fraude hipotecario», y dio una serie de conferencias de prensa para dar publicidad al problema. En su Informe Público de Delitos Financieros de 2005, el FBI observaba que «una parte importante del sector hipotecario no tiene obligación de informar sobre el fraude existente», y que la Asociación de la Banca de Inversión no daba ninguna estimación de los niveles de fraude. El mismo informe concluía también que «sobre la base de diversos informes sectoriales y análisis del FBI, el fraude hipotecario está muy extendido y no deja de aumentar». Más interesante aún, el texto indicaba que el fraude hipotecario no era perpetrado en general por los prestatarios en solitario, sino que el «80 por ciento de los casos de fraude declarados incluyen la participación o la complicidad de miembros del sector», esto es, de agentes de la propiedad inmobiliaria, corredores de hipotecas, prestamistas, o alguna combinación de estos.

A pesar de todo ello, el control de las autoridades era inexistente o ineficaz, tanto a nivel local como federal. El FBI dispone de menos de catorce mil agentes especiales para todas las categorías criminales; solo una pequeña fracción de ellos fue asignada al fraude hipotecario durante la burbuja, una época en que el FBI estaba intensamente centrado en tareas de contraterrorismo. Por otro lado, la administración Bush recortó deliberadamente la capacidad de investigación y actuación de reguladores financieros como la SEC. Las entidades de crédito hipotecario y Wall Street tenían buenas razones para sentirse prácticamente inmunes a toda sanción penal. No hubo una sola acción judicial de alto nivel durante la burbuja, y muy pocos arrestos incluso en los casos más flagrantes y vulgares de fraude.

No obstante ¿por qué los bancos hipotecarios y Wall Street habrían de tolerar el fraude masivo, alentar el préstamo subprime incluso a prestatarios fiables y preferir estructuras hipotecarias exóticas y tóxicas? Pues porque ahí era donde estaba el dinero. Los préstamos subprime tenían tasas de interés mucho más altas, luego su precio de venta a los bancos de inversión era mucho más alto, ya que podían usarse para construir títulos con garantía hipotecaria de rentabilidades mucho mayores, los cuales a su vez eran mucho más fáciles de vender a los inversores; al menos, hasta que los préstamos se dejaran de satisfacer. Un extenso análisis de 250 millones de registros hipotecarios llevado a cabo por The Wall Street Journal en 2007 mostró que durante el año anterior las hipotecas de «intereses elevados» habían mantenido un diferencial del 5,6 por ciento respecto a bonos del Tesoro comparables, en un momento en que los diferenciales en el caso de préstamos convencionales, sanos y honestos, con un adelanto real, se situaban alrededor del 1 por ciento[26].

A continuación veremos hasta dónde fueron capaces de llegar las entidades de crédito hipotecario en la aplicación de esta estrategia.

El auge de los préstamos hipotecarios subprime y del sector bancario en la sombra

El colapso del sector de las S&L a finales de la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa, combinado con el nacimiento de la burbuja inmobiliaria, llevó a una gran proliferación de entidades de crédito hipotecario de actividades muy dudosas, muchas de ellas en el casi totalmente desregulado sector bancario en la sombra. Estas entidades de crédito, que fueron las responsables de los peores excesos de la burbuja, no eran bancos tradicionales en el sentido de tomar depósitos de sus clientes para cuentas corrientes y de ahorro. Existían únicamente para alimentar la cadena alimentaria de la titulización, y recibían sus fondos de Wall Street, esto es, de los mismos bancos de inversión y conglomerados financieros que compraban sus préstamos. Al igual que los propios bancos de inversión, dependían de un crédito a muy corto plazo, lo cual reducía las tasas de interés que debían pagar, pero también los hacía enormemente vulnerables a cualquier subida en las tasas de interés y otras alteraciones financieras. De modo que, cuando la burbuja pinchó, todos ellos se hundieron de inmediato.

Muchas de estas entidades estaban radicadas en California, en la forma de «bancos hipotecarios» como New Century, Ameriquest, Golden West Financial, Long Beach Mortgage y Countrywide. Todos ellos daban préstamos con el objetivo principal de venderlos a la cadena de la titulización, y durante la burbuja su negocio creció de manera espectacular. Por ejemplo, de 2000 a 2003 el New Century multiplicó por cinco su capital inicial, desde los 4000 millones hasta los 21 000; Ameriquest lo multiplicó por diez, desde los 4000 millones hasta los 39 000[27]. Ambas eran entidades muy fraudulentas y fueron objeto de numerosas demandas. Sin embargo, ambas están actualmente en quiebra, de modo que resulta imposible obtener reparaciones sustanciales de ellas, aun cuando sus antiguos directivos y personal de ventas siguen siendo ricos: una historia que se va a repetir con frecuencia en este libro.

A medida que la burbuja tomaba impulso, algunos conglomerados financieros y bancos tradicionales, así como todos los principales bancos de inversión, se hicieron con alguna entidad de crédito subprime o abusivo. Citigroup adquirió Associates First en 2000, que era entonces la segunda entidad de este tipo por tamaño, calificada por un defensor del consumidor de «icono del préstamo abusivo». En 2004, Lehman ya había comprado seis entidades de crédito subprime; Washington Mutual, ocho, y Bear Stearns, tres. First Franklin, una de las mayores entidades de crédito subprime, fue adquirida por Merrill Lynch en 2006. Las entidades que conservaron su independencia establecieron estrechas relaciones con los bancos de inversión que compraban sus préstamos y también les proporcionaban financiación general, gestionaban sus valores y sus ofertas de bonos, e invertían la riqueza personal de sus ejecutivos. Por ejemplo, un grupo de bancos dirigidos por Morgan Stanley asumió importantes compromisos financieros para consolidar sus lazos con New Century.

Hoy sabemos que las prácticas del sector en su conjunto eran extremadamente poco éticas. A continuación ofrezco un breve informe sobre estas.

WaMu/Long Beach

Washington Mutual, o WaMu, era una S&L de vieja tradición y con autorización federal. Su consejero delegado, Kerry Killinger, había entrado a trabajar en WaMu en 1982, y se hizo cargo de su dirección en 1990, puesto que conservó hasta la quiebra, intervención y venta de la institución a JPMorgan Chase en 2008. En 1999, WaMu adquirió un banco hipotecario californiano llamado Long Beach Mortgage Corporation, solo uno de los veinte originadores de préstamos que WaMu adquirió en la década de los noventa, pero fue el único al que permitió seguir operando con su nombre y de forma más o menos independiente tras su absorción. Su reputación era terrible, y totalmente merecida. Las cifras de pérdidas de los títulos respaldados por créditos de Long Beach figuraban entre las más altas del país. La tasa de delincuencia en los MBS de Long Beach en 2005 era la peor del país[28].

La reputación de WaMu no era mucho mejor. Había crecido gracias a la adquisición indiscriminada de originadores de crédito más pequeños, sin lograr nunca un sistema de gestión bien integrado. Sin embargo, la euforia del mercado inmobiliario cubría con creces la incompetencia de la dirección. La retribución total de Killinger entre 2003 y 2008 superó los 100 millones de dólares.

En 2005, WaMu dio un giro decisivo hacia una política crediticia de mayor riesgo, después de que Killinger abogara ante el consejo de administración por un «cambio en nuestra estrategia de negocio en la línea de una mayor tolerancia al riesgo crediticio». En una presentación posterior ante el consejo dijo que el objetivo era «restar importancia a la tasa fija y a la conformidad con los estándares gubernamentales [establecidos por Fannie/Freddie]». Si el 49 por ciento de los nuevos préstamos en 2005 ya se situaban en las categorías de máximo riesgo, el objetivo era alcanzar un 82 por ciento en 2008[29].

Las presentaciones de Killinger ante su consejo exponían con gran detalle el «rígido mecanismo de gobernanza» que haría falta para aplicar con éxito dicha estrategia de algo riesgo. Pero los procesos de control no se implementaron nunca realmente. Los techos de préstamo de alto riesgo basados en criterios de capital se violaron prácticamente desde el principio.

Tal vez podamos hacernos una imagen más exacta del estilo de gestión que imperaba en WaMu si pensamos en el número de rap «I Like Big Bugs» (Me gusta la pasta gansa) que interpretaron los Kauai Kick It Krew en una celebración de máximos «productores» (esto es, vendedores) de préstamos que tuvo lugar en 2006 en el President’s Club de Hawái[30]. La empresa no había reparado en gastos para el evento: solo hay que decir que Magic Johnson, la estrella del Salón de la Fama del baloncesto, tomó parte en la presentación de los premios. En el curso del acto, el mencionado Krew, un improvisado grupo musical integrado exclusivamente por máximos productores, interpretó el siguiente número con el acompañamiento de un grupo de animación local:

Me gusta la pasta gansa y os digo la verdad

Los colegas hipotecarios no lo podéis negar

Pues cuando la pasta entra como si la estuvieras imprimiendo

Y quieres dar el pego

Pues gastas lo que tienes

Y luego lo que no tienes

Pues tienes que tener ese nuevo y enorme Benz.

El sistema de retribuciones de WaMu refleja la retórica de Kauai. Los vendedores recibían sus emolumentos según un sistema de puntos asociado al volumen obtenido y a ciertas prioridades de producto. De los dieciséis productos incluidos en la lista, solo el último era una hipoteca tradicional. La prioridad máxima era un producto llamado Option-ARM, uno de los inventos recientes más peligrosos. Los prestatarios podían posponer los pagos del principal o de los intereses durante los cinco primeros años de un préstamo, acumulando saldos impagados que más tarde se añadirían al principal. Este aumento se aplicaba a las cuotas al mismo tiempo que la tasa de interés permanente, que era muy superior a la tasa reducida inicial. WaMu se jactaba de ocupar el segundo lugar en colocación de Option-ARM y de ganarle terreno deprisa al líder del mercado, Countrywide.

La subsidiaria de WaMu, Long Beach, era peor aún. El jefe de operaciones de WaMu, Steve Rotella, le presentó un informe a Killinger en la primavera de 2006, cuando la burbuja comenzaba a perder fuelle: «Los hechos son como siguen: la carpeta (total abonado) ha subido un 46 por ciento […], pero la morosidad ha subido un 140 por ciento y las ejecuciones, casi un 70 por ciento […]. Los impagos de primera cuota se han disparado y 2005 ha subido mucho respecto a años previos. Tiene muy mala pinta»[31]. Pero los problemas no se acababan en Long Beach. WaMu vendía prácticamente todas las variedades de préstamos de alto riesgo: préstamos concatenados 80/20, donde una primera y una segunda hipoteca cubrían el precio de compra, el adelanto y los costes de establecimiento; préstamos subprime; Option-ARM, y segundas hipotecas. En todos los casos, el préstamo se daba en la modalidad «ingresos declarados», esto es, no se realizaba ninguna verificación de los ingresos. La mitad de los préstamos subprime de WaMu, tres cuartas partes de sus Option-ARM y casi la totalidad de sus segundas hipotecas eran «ingresos declarados». Los préstamos de algo riesgo basados en ingresos declarados iban ligados obviamente a compras con fines especulativos. Nadie parecía levantar una ceja cuando una canguro declaraba el sueldo de una ejecutiva. Como colofón de todo ello, y de acuerdo con la práctica habitual en la mayoría de las entidades de crédito de alto riesgo, WaMu exigía que los ingresos en cuestión fueran adecuados para pagar los intereses reducidos iniciales, no la tasa permanente posterior, mucho más elevada.

En dos centros de alta producción situados en sectores pobres de Los Ángeles se detectaron altos niveles de fraude: de 85 préstamos revisados en un centro, el 58 por ciento eran fraudes confirmados; de 48 revisados en otro, todos eran fraudulentos. Los dos directores estaban totalmente implicados en los fraudes. Ambos, por supuesto, eran socios desde hacía tiempo del President’s Club. Los delitos incluían el uso de testaferros, la falsificación de documentos y otros por el estilo. La alta dirección fue advertida en 2005 acerca de estos centros, pero no tuvo ningún efecto y los directivos siguieron con sus carreras en el President’s Club. En un tercer centro se desveló un elevado nivel de actividades fraudulentas —principalmente falsificación de datos de los prestatarios por parte de los agentes—, pero una ulterior investigación terminó en nada. WaMu, por supuesto, nunca advirtió a los inversores que habían comprado préstamos de esos centros cuya documentación era fraudulenta[32].

Antiguos empleados de WaMu que participan actualmente como testigos confidenciales en varios juicios civiles han testificado que cada originador debía firmar cinco préstamos al día, y que a partir de esa cifra se comenzaban a devengar las primas; que los criterios de concesión de créditos cambiaban casi a diario, y que préstamos que combinaban FICO[*] en el tramo de 5600 (muy bajas), estructuras Option-ARM y elevadas ratios préstamo-valor (loan-to-value, LTV) eran tratados a veces como prime. Una evaluadora de alto nivel testificó que préstamos rechazados por ella reaparecían muchas veces aprobados por dirección superior. Decenas de antiguos empleados han presentado testimonios parecidos. El fiscal general del estado de Nueva York también ha presentado cargos contra WaMu por ejercer presiones financieras para conseguir que los tasadores inflaran los valores de las propiedades[33].

Todavía en 2007 y 2008, Killinger seguía intentando aumentar la exposición a créditos de alto riesgo. A finales de 2007 anunció que WaMu iba a «añadir unos 20 000 millones de dólares en préstamos este trimestre, lo que supondrá un incremento del 10 por ciento en la cartera». Esta declaración se realizó en un momento en que las pérdidas por Option-ARM en sus carteras habían pasado de 15 millones de dólares en 2005 a 777 millones en la primera mitad de 2008[34]. Lo que ocurrió fue que la entidad quebró y fue vendida a JPMorgan Chase. Más adelante, cuando le preguntaron en el Senado por qué había adoptado una estrategia de préstamos de alto riesgo, Killinger respondió suavemente que él no había hecho nada de ese tipo[35].

En marzo de 2011, el FDIC reclamó judicialmente 900 millones de dólares a Killinger y otros dos altos directivos de WaMu, alegando que habían asumido un riesgo excesivo para fines de enriquecimiento personal a corto plazo. En diciembre de 2011 los directivos llegaron a acuerdos por un valor total de 64 millones de dólares. Sin embargo, sus seguros solo dejaron 400 000 dólares por cubrir; sus patrimonios personales permanecieron prácticamente intactos, y no se les exigió que admitieran ninguna culpa. Antes, en 2011, el Departamento de Justicia había anunciado que cerraba su investigación penal sobre WaMu, declarando que «las pruebas no cumplen con los estrictos requisitos para presentar cargos penales»[36].

New Century

New Century Financial Corporation se fundó en 1995 como una entidad de crédito hipotecario independiente centrada en el segmento subprime del mercado. En 1997 entró en las listas del Nasdaq. Sus originaciones anuales habían crecido hasta 3100 millones en 2000, y se dispararon hasta 20 800 en 2003, lo que la convirtió en el segundo mayor originador subprime. En 2006, sus originaciones habían subido hasta 51 600 millones de dólares. Tres cuartas partes de sus préstamos eran adquiridos por Morgan Stanley y Credit Suisse, que también aportaban buena parte de su financiación[37].

A comienzos de 2007 anunció que corregiría su declaración de ingresos para los tres primeros trimestres de 2006, previamente situada en 276 millones de dólares, y que el año 2006 daría en conjunto resultados negativos. Los bancos titulizadores retiraron sus líneas de financiación en marzo, lo que suponía en la práctica cerrar el negocio, y la empresa declaró bancarrota en abril. Los sueldos y las primas correspondientes a 2005 de sus tres directivos más elevados fueron aproximadamente de 1,9 millones de dólares por cabeza, y ese mismo año cada uno de los tres sacó entre 13 y 14 millones de dólares en opciones pendientes sobre acciones[38].

Resulta interesante señalar que en 2008 un gestor de hedge funds llamado David Einhorn se hizo famoso por apostar contra Lehman Brothers, a la vez que cuestionaba sus cuentas y lanzaba una campaña pública contra ellos. Einhorn acusaba a Lehman de contabilidad engañosa y de mantener valoraciones falsamente infladas de sus valores inmobiliarios. El señor Einhorn ciertamente sabía de lo que hablaba; pero había sido mucho más discreto con irregularidades contables parecidas cuando fue miembro del consejo de administración de New Century durante la burbuja. Un supervisor designado más tarde por el administrador concursal llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre la empresa y su auditor, KPMG. En un informe de 581 páginas entregado en febrero de 2008 encontraba pruebas sustanciales para fundamentar acciones judiciales contra los directivos de la empresa por prácticas empresariales «impropias e imprudentes» y contra KPMG por «negligencia profesional» y «violación de sus estándares profesionales de actuación»[39].

El informe mismo ofrece muchos ejemplos de las prácticas que se llevaban a cabo durante la burbuja. El volumen de préstamos adquiridos por New Century casi se duplicó cada año entre 2000 y 2004, cuando las sirenas internas de advertencia sonaban ya a todo volumen. He aquí algunas muestras de correos electrónicos recibidos por la alta dirección:

Los préstamos por ingresos declarados de asalariados presentan un riesgo muy elevado de impago temprano y tienen una calidad de crédito inferior a la de nuestros préstamos por ingresos declarados de autónomos[40]. (Octubre de 2004).

Ingresos declarados. Su volumen ha crecido hasta el punto de que los préstamos ingresos declarados constituyen la mayoría de los préstamos de nueva producción, y pronto serán 50 por ciento de la producción total. Sabemos que los préstamos ingresos declarados no funcionan tan bien como los préstamos documentados. (Octubre de 2004).

No me siento cómodo con prestatarios W2 que no pueden o no quieren demostrar sus ingresos. (Otoño de 2004).

Para insistir en lo obvio, los auténticos ingresos de un prestatario son desconocidos en los préstamos ingresos declarados, de modo que no podemos determinar realmente la capacidad del prestatario de satisfacer un préstamo. (Enero de 2005).

Una memoria interna decía:

El producto subprime más extendido es un préstamo a interés fijo durante dos o tres años que se convierte luego en variable. La tasa inicial es mucho más baja que la tasa plenamente indexada, pero el préstamo se aprueba en función del primer pago. En la mensualidad 25, el prestatario afronta un salto importante en sus obligaciones de pago, aun cuando no haya variaciones en el índice de referencia. Ello obliga al prestatario a refinanciar su préstamo, probablemente con otro prestamista o bróker subprime. El prestatario paga otros cuatro o cinco puntos (sobre su patrimonio) y asume otro préstamo 2/28, lo que le permite comprar dos años más de vida, pero a base de perpetuar un ciclo de refinanciación y pérdida de patrimonio en beneficio de sus codiciosos prestamistas.

Inevitablemente, el prestatario no posee patrimonio suficiente para mantener este ciclo (a falta de una rápida subida de los precios de la vivienda) y termina por tener que vender la casa o enfrentarse a un desahucio[41].

A pesar del rápido deterioro de la calidad de los préstamos, las retribuciones siguieron firmemente centradas en el volumen. Al final, lo que llevó a New Century a la quiebra fue pura y simplemente la incompetencia, mucho antes de que se hicieran patentes el alcance de su comportamiento fraudulento y la morosidad de sus préstamos. Cuando un auditor se dio cuenta de que incluir en las cuentas las recompras de préstamos suponía realizar nuevas cuentas, desaparecieron los beneficios de 2006. El comité de bancos de Wall Street que financiaba a New Century (presidido por Morgan Stanley) dejó de meter dinero, y la entidad se vio fuera del negocio[42].

Countrywide Financial Corporation

A primera vista, Countrywide no era la típica entidad de crédito subprime. Fundada en 1969 por David Loeb y Angelo Mozilo, llegó a convertirse en la entidad de crédito hipotecario más grande y más rentable del país. Mozilo era famoso por ser un gestor meticuloso hasta la obsesión y un jefe temible. Durante muchos años, la empresa se labró una reputación de préstamos conservadores y excelentes controles de costes. En 2003, Fortune la señaló como una de las empresas estadounidenses más exitosas, con una revalorización bursátil del 23 000 por ciento desde 1982[43].

Mozilo era ambivalente respecto a la estrategia subprime, y a veces alertó a nivel interno de sus peligros. Pero al final una combinación de ego, codicia, pereza y tal vez fatiga (le realizaron varias operaciones de columna durante la burbuja) pasó por delante tanto de la ética como de la prudencia. Cuando ya se acercaba a la edad del retiro, en plena burbuja, anunció un objetivo absurdamente ambicioso para Countrywide: llegar a una cuota del 30 por ciento de todo el mercado hipotecario estadounidense. Esto requería una expansión agresiva hacia todo el espectro de productos crediticios tóxicos, que Mozilo presionó a Fannie Mae para que le comprara a su vez. El resto lo vendió a Wall Street, que no necesitaba ningún tipo de presión para ello.

Countrywide también hizo lobbing de forma intensiva y utilizó técnicas que bordeaban el soborno. Mozilo creó una unidad VIP especial llamada «Amigos de Angelo» para proporcionar un servicio al cliente muy superior y condiciones hipotecarias favorables para decenas de ejecutivos de Fannie Mae, miembros del personal del Congreso y otras personas de relevancia (uno de sus beneficiarios fue el presentador del Tonight Show Ed McMahon, que terminó incurriendo en impago de su préstamo de 4,8 millones de dólares)[44]. Entre los beneficiarios estaban también la portavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el senador Chris Dodd, presidente del Comité Bancario del Senado, así como tres consejeros delegados sucesivos de Fannie Mae.

En 2006, las prácticas de Countrywide eran ya profundamente fraudulentas. En septiembre de 2005 contrató a una mujer llamada Eileen Foster como vicepresidenta primera de Atención al Cliente en las oficinas centrales de Countrywide. A mediados de 2006 fue promocionada a vicepresidenta sénior. El 7 de marzo de 2007 fue nuevamente promovida, esta vez a vicepresidenta sénior de Gestión del Riesgo de Fraude. Desde este cargo era supuestamente responsable de las políticas de reducción del fraude de Countrywide, y tenía directamente a su cargo a varias decenas de investigadores.

Con toda ingenuidad, Eileen se puso a investigar fraudes y a tratar de evitarlos. Rápidamente detectó fraudes masivos en múltiples oficinas regionales, perpetrados tanto por directivos como por agentes hipotecarios. Como es habitual en el sector, los agentes eran retribuidos según el volumen de «producción», con independencia de su calidad, y como era habitual también eran incentivados para producir préstamos con los mayores costes y tasas de interés posibles. Eso es algo que solo puede lograrse mediante el fraude.

Casi inmediatamente, Foster y su organización identificó una operación masiva de fraude organizado dirigida por el personal de Countrywide en el área de Boston, en la que estaban implicados incluso un director regional y otro divisional[45]. Foster y su unidad encontraron pruebas que obligaron a Countrywide a cerrar seis de sus ocho sucursales en Boston y a despedir a más de cuarenta empleados. Foster y su unidad tuvieron noticia y encontraron pruebas de otros casos de fraude organizado con implicación de directivos superiores. En diciembre de 2007, Foster empezó a advertir a la dirección que el fraude en Countrywide era sistemático y extensivo, y su jefe inmediato estaba de acuerdo con ella.

En diciembre de 2011, 60 Minutes emitió un excelente documental en dos partes titulado «Prosecuting Wall Street» (Wall Street en el banquillo), en el que exploraba la falta de persecución penal en relación con la burbuja y la crisis. El documental incluye una entrevista filmada de Foster por el corresponsal de 60 Minutes Steve Kroft. He aquí algunos extractos:

Steve Kroft: ¿Cree usted que hay personas en Countrywide que deberían estar entre rejas?

Eileen Foster: Sí.

Kroft: ¿Me daría sus nombres?

Foster: No.

Kroft: ¿Daría sus nombres ante un gran jurado si se los preguntaran?

Foster: Sí.

Kroft: ¿Hasta dónde llegaba el fraude en Countrywide?

Foster: A juzgar por lo que vi, por la clase de cosas que vi, era o parecía sistemático. No era cosa de una persona o dos a nivel individual, eran ramas enteras de personal, regiones.

Kroft: Parece estar diciendo que era más bien una manera de hacer negocios.

Foster: Sí.

Kroft: ¿Cree que eso ocurría únicamente en la oficina de Boston?

Foster: No. No, sé que no era únicamente la oficina de Boston. Lo que ocurría en Boston estaba ocurriendo también en Chicago, Miami, Detroit, Las Vegas y, ya sabe, Phoenix y todos los grandes mercados de Florida. Acabé por descubrir que había tantos informes de fraude como yo suponía. Y estos informes nunca fueron remitidos a mi grupo ni al consejo de administración ni tampoco al gobierno mientras yo estuve allí.

Kroft: ¿Y cree que era algo intencionado?

Foster: Sí. Sí, totalmente.

Foster también comenzó a encontrar pruebas de que el departamento de Relaciones con el Personal (RP) estaba protegiendo actividades fraudulentas. Lo hacía de diversos modos, entre ellos no informar de ellas a la organización de Foster; informar de las alegaciones de fraude al perpetrador; identificar los informantes y denunciantes a los perpetradores; no responder a las quejas de los denunciantes por represalias, y adoptar directamente represalias contra ellos. (Foster dijo a 60 Minutes que un alto directivo de Countrywide había ordenado a RP que no colaborara con su departamento)[46]. Foster presentó una queja ante los directivos de Relaciones con el Personal, y en ese momento el departamento de RP de Countrywide comenzó a investigarla a ella. En mayo de 2008, Foster fue a hablar con los directivos de la unidad de Asuntos Internos de Countrywide para describir tanto el fraude generalizado como la conducta de RP. Como veremos inmediatamente, la maniobra no le salió bien.

Cuando la burbuja pinchó y todo empezó a ir mal en Countrywide, Angelo Mozilo recurrió a diversas formas de engaño, a nivel tanto personal como corporativo. En primer lugar, intensificó los esfuerzos para deshacerse a toda prisa de préstamos dudosos, para que Countrywide no los tuviera en las manos cuando cayeran en impago. En varias cadenas de correos electrónicos presiona groseramente a sus subordinados para que «peinen los activos» y vendan los de mayor riesgo mientras todavía están a tiempo. Como el propio Mozilo sabía perfectamente, la documentación de cualquier venta o titulización de un préstamo declara que los instrumentos vendidos son representativos de todos los créditos del mismo tipo en posesión del vendedor, esto es, que no han sido seleccionados para trasladar riesgo a otros. Lo cual significa que el remedio de urgencia de Mozilo era ya en sí mismo fraudulento.

Entonces Mozilo tomó medidas para protegerse a sí mismo a nivel financiero, al igual que hicieron muchos otros ejecutivos. Cuando Countrywide comenzó a hundirse, Mozilo usó 2000 millones de dólares de dinero prestado de Countrywide para recomprar acciones propias y mejorar de este modo su valor bursátil. Mozilo también hizo repetidas presentaciones ante analistas e inversores exaltando la calidad del crédito y los procesos de control de Countrywide, la buena salud de sus productos y la solidez financiera de la institución. Una demanda enumera más de treinta ocasiones distintas en las que Mozilo realizó o confirmó declaraciones acerca de las políticas de control de las actividades crediticias de la entidad. Por lo que sabemos, todas ellas eran falsas.

Sin embargo, al mismo tiempo que Countrywide estaba recomprando sus acciones y Mozilo le explicaba al mundo que todo iba a las mil maravillas, en realidad estaba vendiendo sus propias acciones de Countrywide: más de 100 millones de dólares en el año previo al colapso de la entidad. Su retribución total durante la burbuja superó los 450 millones de dólares, y como resultado de sus ventas de acciones a lo largo de los años sigue siendo un hombre extremadamente rico, con un patrimonio neto estimado en 600 millones de dólares.

Cuando el colapso ya no podía posponerse más, Countrywide se vendió a Bank of America; la operación se firmó en enero de 2008 y se completó en julio. La adquisición iba a revelarse como un error muy caro para Bank of America, que le provocaría miles de millones de pérdidas más adelante. En 2012, las pérdidas y responsabilidades legales de Countrywide fueron tales que amenazaron la viabilidad de Bank of America.

En julio de 2008, cuando Bank of America se hizo cargo oficialmente de Countrywide, le ofrecieron a Eileen Foster el cargo de vicepresidenta sénior de la División de Investigaciones de Fraude Hipotecario, que ella aceptó. Sin embargo, la unidad de Relaciones con el Personal siguió investigando a Foster e interrogando a sus colegas, uno de los cuales alertó a los directivos de Bank of America, incluido su consejo general y su director de operaciones. El 8 de septiembre de 2008 recibió de altos directivos de Bank of America la noticia de que había sido despedida. Foster presentó una demanda contra su empresa y ganó; OSHA ordenó su readmisión y le concedió una indemnización de 900 000 dólares. En su entrevista a 60 Minutes, Foster declaró que la causa inmediata de su despido fue su negativa a aceptar instrucciones acerca de lo que debía o no decir a los reguladores federales. También afirmó ante la cámara que a fecha de la entrevista, en 2011, no había sido entrevistada aún por ningún funcionario federal.

Otras entidades de crédito subprime

WaMu, New Century y Countrywide eran algunas de las principales entidades de crédito subprime, pero había muchas otras en situación parecida. Fremont, por ejemplo, era una de las más importantes del país y había vendido sus préstamos a los principales bancos —Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bear Stearns, Deutsche Bank, Credit Suisse, Lehman Brothers, Morgan Stanley— para su titulización. Esto es, lo hizo hasta marzo de 2007, cuando el FDIC la obligó a cesar su actividad y declararse en quiebra por múltiples violaciones de las leyes y regulaciones vigentes. En 2008, el Tribunal Supremo de Massachusetts estableció una prohibición de embargo de muchas hipotecas de Fremont, como resultado de una acción legal iniciada por el fiscal general del estado, sobre la base de que eran deliberadamente abusivas[47].

En los juicios, una larga lista de testigos confidenciales integrada por antiguos empleados recitaba los fraudes habituales. Presuntamente se animaba a los agentes a «pensar de forma creativa» y «hacer que funcione»[48]. Si los ingresos de los prestatarios no bastaban para cubrir una hipoteca, el préstamo se convertía en «ingresos declarados», al nivel que fuera. Presuntamente se aceptaron hasta cuarenta préstamos de un mismo bróker aunque todos ellos iban asociados a idénticas declaraciones bancarias.

Otro ejemplo fue WMC. En 2004 era el sexto mayor originador subprime del país, momento en que fue vendido a GE Capital (sí, General Electric) por su propietario, el fondo de inversión Apollo Management, cuyo consejero delegado, Leon Black, se gastó un millón de dólares para que Elton John tocara en su fiesta de cumpleaños. Durante varios años, GE ganó mucho dinero, pero cerró la empresa en septiembre de 2007 con un agujero de 400 millones de dólares.

La cadena de titulizadores de WMC en Wall Street se parecía mucho a la de Fremont: esto es, incluía a las empresas más grandes y prestigiosas de Wall Street. Pero WMC era la cuarta en la lista de los Worst Ten in the Worst Ten («las diez peores en los diez peores»: las diez peores entidades de crédito en los diez mercados hipotecarios más castigados del país) elaborada por el Contralor de la Moneda en 2010. Una investigación post mórtem realizada por PMI, Inc., una aseguradora hipotecaria como MBIA, en el marco de un pleito civil reveló la historia habitual: violaciones generalizadas de las garantías de titulización, documentación ausente u obviamente falsificada, y demás[49].

Un ejemplo más fue Ameriquest, líder estadounidense de préstamos subprime en 2003, después de incrementar su volumen de contratación hasta los 39 000 millones de dólares partiendo de solo 4000 millones en 2000. Un fiscal general asistente de Minnesota reclamó en 2003 los archivos de Ameriquest y se sorprendió al descubrir que la ocupación del solicitante era, carpeta tras carpeta, la de «anticuario». Los prestatarios explicaban que firmaban una solicitud de préstamo y descubrían todo un expediente inventado para ellos —con los formularios fiscales y todo— a la hora del cierre. Ameriquest también figuraba en la lista de «las diez peores en los diez peores». El desconocimiento de la situación real por parte de los altos directivos de Citigroup se pone de manifiesto en el hecho de que su institución comprara Ameriquest en el verano de 2007, cuando la burbuja subprime empezaba a flaquear[50]. Ameriquest fue objeto de importantes denuncias por parte de más de veinte fiscales generales de Estado durante la burbuja, mientras los reguladores federales y las autoridades sancionadoras se quedaban de brazos cruzados. En 2005, su consejero delegado, un importante contribuyente al Partido Republicano, fue nombrado embajador en Holanda por el presidente Bush.

Otra entidad de crédito subprime, Option One, era una filial de la agencia de asesoría fiscal H&R Block. De este modo, los asesores fiscales tenían todo el incentivo para decir: «Usted parece muy interesado en esa hipoteca, ¿por qué no visita a nuestro agente hipotecario antes de irse? Tal vez podamos encontrarle una solución mejor»[51].

En resumen, las entidades de crédito querían que todo el mundo tomara más dinero prestado, y preferían activamente a los candidatos que no entendían nada de hipotecas, no deberían tenerlas, eran fáciles de engañar o incapaces de devolver el golpe cuando los jodían, o ambas cosas a la vez. Durante un tiempo, la burbuja cubrió todos estos excesos, al menos para inversores ingenuos externos al sector. Irónicamente, el extraordinario aumento del volumen de crédito y de los controles de este hizo que los créditos y los títulos subprime parecieran mucho más seguros de lo que eran realmente porque mantenían los precios de la vivienda al alza. La subida de los precios de la vivienda permitía incluso a prestatarios sin empleo, fraudulentos o delincuentes evitar (o más bien posponer) el impago mediante la refinanciación, las segundas hipotecas o la reventa. Mientras progresaba la burbuja, los intereses iniciales reducidos, el engaño y las hipotecas insostenibles se convirtieron en algo normal. Un lema habitual entre los vendedores de hipotecas era: «No se preocupe por las elevadas cuotas que deberá pagar después». Llegado el momento, el mismo bróker te ofrecería una refinanciación —con otra tasa inicial reducida— porque entretanto el valor de tu casa habría vuelto a subir.

Todo esto permitió que el dinero siguiera circulando por el sistema, de la mano de inversores ingenuos como fondos de inversión municipal y pequeños bancos extranjeros, que obtuvieron importantes rentabilidades durante algunos años hasta que la música dejó de sonar. Mientras eso no ocurría, naturalmente, esos elevados rendimientos los animaron a comprar más de la misma basura. Un mecanismo que también permitió a gestores sin escrúpulos y plenamente conscientes de lo que vendían —hedge funds, gestores de patrimonio privado dentro de los bancos de inversión— hacer felices a sus clientes durante algunos años y mantener altas sus primas anuales. Cuando la música dejó de sonar, los gestores de fondos simplemente cerraron el fondo o dimitieron, se llevaron su dinero con ellos y dejaron las pérdidas para sus clientes.

Fannie Mae y Freddie Mac

Fannie Mae y Freddie Mac no son, por supuesto, agencias de crédito hipotecario en sentido estricto. Lo que hacían era adquirir, asegurar y titulizar préstamos originados por agencias hipotecarias; Countrywide era su principal proveedor de créditos. También compraban y mantenían enormes carpetas de títulos con garantía hipotecaria con fines de inversión, que supusieron una parte importante de sus pérdidas durante la crisis y después de ella.

Fannie y Freddie son instituciones con respaldo gubernamental (government-sponsored entities, GSE) creadas por el gobierno federal para promover la propiedad de la vivienda y el acceso al crédito hipotecario. No obstante, durante las tres décadas previas a la crisis, Fannie y Freddie se emanciparon de las regulaciones que las limitaban en la persecución de beneficios. Salieron a bolsa y, lo que es más importante, contrarrestaron hábilmente la supervisión tanto del Congreso como de la Oficina de Supervisión Federal de las Empresas de Vivienda (Office of Federal Housing Enterprise Oversight, OFHEO), su ineficaz regulador. Lo lograron gracias a una combinación de una actividad extraordinariamente agresiva a nivel de lobbies, patronazgo, contratos de puerta giratoria y engaño puro y duro. Entre los políticos contratados figuraban desde Newt Gingrich (1,6 millones de dólares por parte del principal lobby de Freddie Mac en concepto de «asesoría estratégica» y «acceso a los conservadores») hasta Tom Donilon, que fue el principal lobbista de Fannie Mae durante años y es ahora el asesor de seguridad nacional del presidente Obama. Ambas entidades neutralizaron a su vez cualquier gobernanza corporativa eficaz llenando sus consejos de administración de personas complacientes y políticamente conectadas, con retribuciones sobredimensionadas y de quienes se esperaban pocas interferencias. También instituyeron las mismas estructuras de retribución omnipresentes en el sector financiero, que proporcionaban grandes primas basadas en el rendimiento a corto plazo.

Para no dejarse nada también se lanzaron a un fraude contable generalizado para asegurarse de que su rendimiento declarado les diera derecho a percibir esas primas.

Las preocupaciones acerca de la contabilidad de Fannie y Freddie fueron planteadas por primera vez en el año 2000, en el curso de una serie de audiencias ante un subcomité del Comité de la Cámara sobre Servicios Financieros. En dichas audiencias, Fannie Mae y el que era entonces su consejero delegado, Franklin Raines, recibieron el apoyo del grupo demócrata en el Congreso, incluido Barney Frank. Entre sus defensores figuraron también el congresista Maxine Waters y otros miembros del Black Caucus, en parte porque Raines era un afroamericano con buenos contactos (antiguo director de presupuesto de Clinton), y en parte simplemente porque Fannie Mae era políticamente poderosa en los distritos urbanos en los que operaba, mantenía una intensa actividad como lobby y era una gran contribuyente a las campañas.

Las primeras alegaciones importantes de fraude contable llegaron en 2003, cuando la OFHEO presentó cargos contra los directivos de Freddie Mac. La institución tuvo que pagar una multa de 125 millones de dólares. (Más tarde, en 2006, Freddie Mac fue objeto de otra multa de 3,8 millones de dólares de la Comisión Federal Electoral por realizar contribuciones ilegales de campaña). En 2004, la OFHEO y la SEC emitieron informes extremadamente críticos sobre Fannie Mae. Luego, en 2006, la OFHEO inició acciones legales contra Raines y otros dos antiguos directivos de Fannie Mae en un intento de recuperar primas ligadas a fraudes contables. Tan solo Raines había recibido más de 90 millones de dólares; también era uno de los muchos directivos y miembros del gobierno que recibía créditos en condiciones favorables del programa VIP de Countrywide. Los tres directivos llegaron posteriormente a acuerdos que les permitieron conservar la mayor parte de sus primas, y que no requerían que ninguno de ellos admitiera su culpabilidad. Fannie Mae pagó una multa de 400 millones de dólares para frenar el proceso de la SEC. No se iniciaron acciones penales.

Tanto Fannie como Freddie contribuyeron indudablemente a la burbuja, aunque ambos llegaron tarde a la fiesta. En parte a causa del descubrimiento de sus fraudes contables, en los primeros años de la burbuja siguieron siendo bastante conservadores en relación con los créditos que estaban dispuestas a adquirir o asegurar, o ambas actividades. A partir de 2004, sin embargo, comenzaron a incrementar el número de créditos Alt-A que adquirían y a relajar sus criterios de control crediticio. Siguieron ocupando una posición muy minoritaria en el mercado de créditos basura, los cuales constituían un pequeño porcentaje de sus adquisiciones totales de créditos. Sin embargo, eran entidades tan enormes que sus pérdidas también lo fueron, al nivel incluso de las peores entidades del sector puramente privado.

Fanni y Freddie también contribuyeron de otro modo a la burbuja, esto es, como grandes inversores en títulos con garantía hipotecaria. Desde 2004 hasta 2006, Fannie y Freddie invirtieron 434 000 millones de dólares en títulos con garantía hipotecaria creados por Wall Street[52]. Lo hicieron principalmente porque sus directivos tenían los mismos incentivos tóxicos que todos los demás, y esos títulos pagaban unos intereses elevados. Tanto Fannie como Freddie tenían calificaciones crediticias AAA, por supuesto, de modo que podían tomar dinero prestado a intereses muy bajos y usarlo para adquirir títulos hipotecarios que daban rendimientos mucho más altos. Era increíblemente fácil e increíblemente rentable… hasta que dejó de serlo. Al final, las pérdidas de las dos instituciones en inversiones fueron casi tan grandes como sus pérdidas por las hipotecas que habían adquirido o garantizado.

Fannie y Freddie comenzaron a perder dinero en 2007. A finales de 2010, entre las dos sumaban pérdidas de 71 900 millones en inversiones y 75 100 millones en créditos hipotecarios, lo que daba un total de 147 000 millones. No han dejado de perder dinero desde entonces. Todavía lo están haciendo en 2012, porque la administración Obama las ha obligado a rescatar las cuotas hipotecarias de los propietarios que han perdido su empleo[53].

En 2011, la SEC demandó a los anteriores consejeros delegados de ambas instituciones y a otros cuatro altos ejecutivos, a quienes acusaba de falsear ante los inversores su exposición a hipotecas subprime[54]. La demanda alegaba que ambas instituciones habían empezado a adquirir grandes cantidades de créditos de alto riesgo para cumplir con objetivos de rendimiento a corto plazo vinculados a las primas anuales de los ejecutivos. Al mismo tiempo, la SEC llegó a sendos acuerdos extrajudiciales para no demandar a las entidades. No se han presentado cargos penales en ningún caso contra las entidades ni contra ninguno de sus antiguos directivos.

¿Fueron Fannie y Freddie las causantes de la burbuja?

Los republicanos conservadores, firmemente apoyados por supuesto por los bancos de Wall Street, han denunciado que el boom de la vivienda tuvo su origen en realidad en un exceso de regulación federal, que según ellos obligaba a Fannie y Freddie a subsidiar la concesión de créditos hipotecarios a prestatarios no cualificados para ello, en otras palabras, a pobres, inmigrantes y miembros de minorías. Los malos en esta historia son los demócratas liberales del Congreso y la Ley de Reinversión Comunitaria, una ley federal que establece objetivos de crédito hipotecario para grupos y barrios desfavorecidos. Pero esa historia no se sostiene, por muchas razones.

En primer lugar, los números simplemente no corroboran el argumento. No fueron Fannie y Freddie, sino más bien el sector privado puro, en especial sus componentes menos regulados del sector bancario en la sombra, los que alimentaron la burbuja. De hecho, la tasa de morosidad de los créditos comprados o garantizados por los GSE sigue siendo inferior a la de los créditos creados y empaquetados por las entidades de crédito hipotecario y Wall Street.

No fue el exceso de regulación lo que empujó a Fannie y Freddie al desastre. De hecho, el regulador logró si acaso mitigar levemente el daño que hicieron las GSE, al poner freno cuando menos a una de las vías que habían estado usando para aprovecharse del sistema, a saber, sus fraudes contables. Hasta aquellos escándalos —y en buena medida también después de ellos—, Fannie y Freddie hicieron prácticamente lo que quisieron y su conducta estuvo de hecho más guiada por factores propios del sector privado (primas anuales y stock options) que por la regulación o por objetivos de extensión de la vivienda en propiedad. Es más, su comportamiento empeoró cuando los republicanos controlaban la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, lo que vuelve improbable que la presión demócrata-liberal tuviera demasiado efecto sobre ellos.

Por otro lado, casi la mitad de sus pérdidas finales se debieron a su condición de inversores, no de compradores de créditos, aseguradores o titulizadores. Fannie y Freddie no compraban esos títulos por responsabilidad social o por presión política liberal; los compraban porque sus ejecutivos y operadores tenían los mismos incentivos tóxicos que todo el mundo, basados en el rendimiento a corto plazo y sin cláusulas de reclamación por si más adelante las cosas salían mal. Por las mismas razones comenzaron a comprar hipotecas de mayor rendimiento y mayor riesgo en cuanto la burbuja comenzó a crecer. La presión política tal vez desempeñara algún papel en sus adquisiciones hipotecarias, pero no era el factor principal.

De modo que la burbuja no se debió a que demasiados pobres se compraran casas gracias a unos reguladores filantrópicos. Fannie y Freddie fueron ciertamente actores importantes en todo el proceso, pero no fueron ellos los que originaron la burbuja ni tampoco los que más se beneficiaron de ella. Eso sí, por su tamaño, hicieron mucho daño.

En resumen, lo que inició e hinchó la burbuja fue una combinación de tasas bajas de interés, deshonestidad generalizada en el sistema financiero, especulación y fraude crediticio masivo, demanda de títulos de alto rendimiento y —un factor nada despreciable en todo el proceso— un consumidor estadounidense cada vez más presionado y desesperado por mantener su nivel de vida, a quien todo el mundo decía —incluidos George W. Bush y Alan Greenspan, así como los brókeres y los bancos— que comprarse una casa era el mejor modo de lograrlo. Desde 2000 hasta 2007, las extracciones netas de dinero vinculadas a la vivienda bombearon 4,2 billones de dólares a la economía estadounidense[55], y en 2005 la mitad del crecimiento en el PIB de Estados Unidos estaba ligado a la vivienda[56]. Cuando la burbuja pinchó en 2007, la deuda de los hogares de este país había alcanzado la cifra récord del 130 por ciento del PIB, partiendo del 80 por ciento en 2000.

Todo esto fue posible únicamente gracias a la cadena alimentaria de la titulización, combinada con la dejación de la ética profesional y la difusión de incentivos tóxicos en el conjunto del sector financiero. De hecho, la invención de los CDO permitió que los bancos de inversión pudieran extender sus actividades más allá incluso de las hipotecas: cualquier tipo de crédito era integrable en una CDO y el resultado, vendido como un «producto estructurado» totalmente seguro. Hubo burbujas paralelas más pequeñas, aunque con niveles parecidos de deshonestidad, en otros activos como los créditos para comprar coches, los créditos para estudiantes, las deudas de tarjetas de crédito, la deuda bancaria islandesa, los valores inmobiliarios comerciales y las acciones de bolsa (esto es, las compras apalancadas). Todos estos créditos eran también arrojados a la máquina titulizadora de Wall Street, que a veces los colocaba en los mismos CDO que contenían las hipotecas subprime. De hecho, esto es una prueba más de que la burbuja se alimentó de la codicia y de la deshonestidad del sector financiero, más que de una manía general por la vivienda o de la presión de los filántropos sobre Fannie y Freddie.

Y por supuesto, nada de esto habría sido posible si las mayores y mejores instituciones financieras de Wall Street se hubieran negado a participar en el negocio. Las entidades de crédito eran totalmente dependientes de la corrupción del núcleo del sistema financiero: los bancos de Wall Street, las agencias de calificación, las compañías de seguros hipotecarios, los analistas de la industria y, por supuesto, los reguladores. Veamos ahora cuál fue su participación en todo el asunto.

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Wall Street crea una burbuja y se la endosa al mundo

La banca de inversión durante la burbuja: un mundo sin límites

Acabamos de echar una ojeada al mercado del crédito hipotecario durante la burbuja. ¿En qué estaba pensando Wall Street mientras compraba esos créditos y los convertía en billones de dólares de productos supuestamente superseguros pero en realidad muy tóxicos? Partiendo de la base de que la mayoría de los banqueros de inversión no son estúpidos hasta el cretinismo, las opciones que nos quedan son: 1) estamos ante unos pobres inocentes engañados por malvados y brillantísimos banqueros hipotecarios; 2) estamos ante unas personas extremadamente negligentes en su trabajo, sin el menor interés en investigar o comprender lo que estaban comprando y vendiendo, y/o 3) dichas personas estaban en el ajo.

Pues bien, está claro que no es la opción número uno. En la mayoría de los casos, tampoco la número dos, aunque realmente hubo casos de negligencia extrema, sobre todo entre miembros de la más alta dirección y los consejos de administración; es un interesante tema que examinaremos más adelante. Pero las personas que estaban realmente metidas en el asunto eran perfectamente conscientes de estar comerciando con basura. A menudo simplemente les daba igual de qué se tratara, o cuánto daño pudiera causar, mientras ellos pudiesen seguir vendiéndola. No obstante, en todo caso no eran inocentes: generalmente presionaban de forma activa a los bancos hipotecarios para que les proporcionaran más material de la misma especie, o, peor, mentían acerca de sus características al venderlo y trataban de aprovecharse nuevamente de la situación al apostar en contra de los valores que vendían.

Sin embargo, los defensores de los bancos (y de las agencias de calificación, de las compañías de seguros y de los hedge funds) plantean una objeción aparentemente poderosa a lo que acabo de decir: muchos de los bancos se arruinaron; muchos consejeros delegados, altos ejecutivos y miembros de consejos de administración perdieron sus trabajos y grandes sumas de dinero; muchos operadores y jefes de departamento fueron despedidos. Esto supuestamente demuestra que no podían saber lo que estaban haciendo porque los perjudicaba a ellos mismos también. He escuchado este razonamiento de Joe Nocera (de The New York Times), Laura Tyson (miembro del consejo de Morgan Stanley) y C. Michael Armstrong (antiguo miembro del consejo de Citigroup, durante la burbuja). Richard Parsons (presidente de Citigroup durante la burbuja) y Angelo Mozilo plantearon este mismo argumento durante su declaración ante el Congreso (Parsons describió la crisis actual como «cuando chocaron con este iceberg»). ¿Cómo puede alguien pensar —han preguntado ellos y otros muchos en su línea— que los banqueros pudieran cometer fraude de manera deliberada cuando eso iba tan claramente en contra de sus propios intereses? Después de todo, arruinaron sus propias instituciones, se quedaron sin trabajo y sus acciones perdieron casi todo su valor de la noche a la mañana. Ellos —bueno, casi mejor decir nosotros— no lo harían a sabiendas, ¿verdad? Por más egoístas que seamos, eso simplemente no sería lógico, ¿no es cierto?

Pues bien, en realidad sí que es lógico, y muchas veces no era contrario a sus intereses. Extrañamente, Wall Street estaba organizado de tal manera que para muchos banqueros arruinar sus propias instituciones era un comportamiento completamente racional y consistente con sus intereses. Consideren lo siguiente.

En primer lugar, el dinero. Si creabas, vendías u operabas con títulos basura fraudulentos, incluso si los comprabas para tu propia institución, obtenías grandes primas anuales, principalmente en efectivo basado en el rendimiento anual. ¿Cuánto tiempo puede durar una gran burbuja? La media reciente parece ser entre cinco y siete años: la burbuja de las S&L duró desde 1981 o 1982 hasta 1987 o 1988; la burbuja de internet duró desde 1995 hasta mediados de 2000; la burbuja inmobiliaria duró más o menos desde 2001 hasta 2006 o 2007. (Algunas duran más aún: la burbuja inmobiliaria y bursátil japonesa duró casi toda la década de los ochenta, y el esquema Ponzi de Bernard Madoff duró más de veinte años). Hasta que llega el colapso no solo se gana dinero, sino que tu empresa también lo gana, y estamos hablando de mucho dinero. Cuanto más contribuyes a la burbuja, más dinero ganas. Y cuando llega el crac, sigues siendo rico aunque caiga tu empresa. No tienes que devolver el dinero; muy posiblemente podrás retirarte o cambiar de carrera. E incluso si sales a buscar otro empleo, tu historial no será un obstáculo: más bien al contrario, como veremos.

En segundo lugar, está el problema de los «bienes públicos», o en este caso más bien el «mal público». Supón que eres una de las veinte o cuarenta (o quinientas) personas que se dedican a crear, negociar, vender, comprar, asegurar o calificar títulos basura con garantía hipotecaria en Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman, Moody’s, AIG, donde fuera. Estás viendo que se prepara un terrible accidente de tren y lo que haces es trabajar con todos tus compañeros para que sea aún peor. Pero es que todos ellos están ganando una fortuna, y su jefe —que es tu jefe también— gana todavía más dinero animando todo el cotarro. Es obvio que van a seguir haciéndolo, participes o no; de modo que, participes o no, la empresa está muerta igualmente. Puedes tratar de pararlo yendo a ver directamente al consejero delegado, pero eso no le va a gustar nada a tu jefe y tanto él como el resto del departamento le dirán lo que haga falta para que todo siga igual. Y si —hablando en términos puramente hipotéticos— tu consejero delegado fuera un ególatra negligente, egoísta y odioso, próximo a la edad de jubilación, muy concentrado en su golf y su colección de arte, con unos cuantos cientos de millones ya guardados en algún lugar, a punto de sacarse otros 50 millones de dólares este año, y cuyo contrato le garantiza otros 100 millones de dólares si pierde su trabajo… Bien, es probable que él tampoco te escuche con demasiado interés. Podrías ir al consejo de administración, pero incluso si pudieras llegar hasta ellos, lo más seguro es que sean un grupo de viejos amigos del consejero delegado, a menudo asombrosamente desconectados de todo, escogidos en buena medida por ser personas poco propensas a crear problemas.

De modo que si tratas de terminar con la fiesta, probablemente te encontrarás marginado o despedido, como le ocurrió a unas cuantas personas serias y éticas que lucharon por advertir a la alta dirección y por terminar con las conductas inmorales y hasta ilegales que veían a su alrededor en Merrill Lynch, Lehman, Citigroup, AIG y demás. De modo que no ganarías nada actuando de forma ética, sino al contrario: te condenarías al ostracismo y perderías tu oportunidad de construir (o mejor dicho, transferirte) un bonito patrimonio personal, la clase de oportunidad que posiblemente solo se presenta una vez en la vida.

En tercer lugar, la distribución de la información. Muchas personas sabían que estaban haciendo algo deshonesto y explotando una burbuja, pero a menudo no sabían su escala o el impacto que podía tener sobre el sector o sobre su propia empresa. ¿Cuántos títulos basura tenía la empresa? ¿En cuánto se valoraban? ¿Pretendían quedárselos o venderlos? ¿Se habían cubierto contra posibles pérdidas? Etcétera. Mucha gente que trabajaba en bancos de inversión, incluso a niveles bastante altos, no tenía acceso a información suficiente para saber cuán perjudicada podía salir su empresa, del mismo modo que tampoco sabían cuándo terminaría la burbuja; lo que sí sabían era que mientras durara podían seguir ganando mucho dinero.

Menos aún podían saber el volumen de exposición del sector entero, ni la distribución (o concentración) del riesgo en las distintas entidades. Esta última consideración era importante incluso en el caso de los consejeros delegados. No había una sola institución en ningún lugar —los reguladores y el Departamento del Tesoro los primeros— con una perspectiva global de las posiciones y exposiciones del sistema financiero. Solo en una fase muy avanzada de la burbuja se hizo evidente que se había creado tanta basura por medios fraudulentos y se habían alimentado interdependencias tan profundas entre entidades que el sistema financiero global podía verse amenazado; e incluso entonces no se sabía ni se podía saber —hasta la llegada de la crisis misma— cuánto riesgo añadido se había creado a través de transacciones opacas y desreguladas con derivados.

En cuarto lugar, está el problema del «estar un poco embarazados»: esto es, se trata de la típica situación en que, una vez metido en el asunto —no importa cómo te metiste—, lo mejor que puedes hacer es seguir. Pongamos que eres un operador sénior, un jefe de departamento o incluso un consejero delegado, y después de vivir honestamente toda tu vida te despiertas un día con un montón de basura fraudulenta en la mano, creada por tu empresa o por tu propio departamento a lo largo de los últimos años. Llegados a ese punto, ¿qué haces? Lo más probable es que no convoques una rueda de prensa para anunciar que tu empresa tiene sus cimientos sobre la arena y que está condenada a caer. En lugar de eso, lo que harás será mantener la máquina en funcionamiento mientras puedas, ya sea para maximizar tus propios ingresos, para tratar de sacar a la empresa del agujero o simplemente, como en el caso de Bernard Madoff, para retrasar tanto como sea posible el día de la caída. Tal vez trates de reducir tu exposición, o cubrirla. O tal vez trates de sacar ventaja de todo el asunto apostando contra la burbuja, incluidos tus propios clientes. Si ves que la burbuja está a punto de estallar, puedes ganar mucho dinero apostando contra tus propios títulos; y sí, mucha gente hizo eso, y a lo grande.

Por último, está el problema de la realidad, tanto en general como específicamente en relación con esta burbuja. Es un hecho que la gente comete fraude, aun cuando sepa que supone un riesgo. Por poner un ejemplo extremo, sabemos que la gente seguirá cometiendo estafas de esquema Ponzi (Allen Stanford, 8000 millones de dólares; Bernard Madoff, 20 000 millones), aun cuando está matemáticamente garantizado que todos los esquemas Ponzi van a caer en algún momento y que sus responsables irán a la cárcel. Y en este caso sabemos también, gracias a algunas demandas privadas y en menor medida a alguna investigación del gobierno, que muchas personas cometieron fraude de forma totalmente deliberada durante la burbuja inmobiliaria.

Por otro lado, en el caso de la burbuja inmobiliaria —y a diferencia de esquemas Ponzi aislados y no institucionales—, todo el mundo se ha ido de rositas. Los responsables de la burbuja siguen siendo personas ricas, libres y socialmente aceptadas a día de hoy; algunos se han retirado, otros no, según su preferencia. Incluso aunque perdieran algo con la crisis (consejeros delegados, eminencias con asiento en ciertos consejos de administración, jefes de unidades de negocios, gente como Richard Fuld, Robert Rubin, Angelo Mozilo, Stan O’Neal o Joseph Cassano), lo cierto es que siguen siendo enormemente ricos gracias a la ingente cantidad de dinero que se llevaron durante la burbuja o con sus indemnizaciones por cese, o con ambas cosas a la vez.

Al final, el resultado neto de todo ello es que esta gente ganó mucho más dinero creando y participando en la burbuja del que habrían podido obtener quedándose al margen, por más que arruinaran en el proceso a sus organizaciones. Es cierto que perdieron el valor de las acciones que pudieran tener en cartera cuando sus empresas se hundieron en 2008. Pero a lo largo de los siete años anteriores sus ingresos habían aumentado enormemente como resultado de la burbuja, y retiraron buena parte de ese dinero (un comportamiento, por cierto, que no sugiere precisamente una gran fe en —ni una gran preocupación por— el futuro de su empresa). Algunos de ellos recibieron también enormes indemnizaciones por despido, incluso después de que se conociera la naturaleza y el efecto de su conducta. En buena medida han logrado evitar también el rechazo social y siguen ocupando posiciones de prestigio, incluso de poder. Así pues, ¿en qué se queda el argumento de los defensores de la banca? En la práctica lo que nos están diciendo es que creamos en sus palabras antes que en lo que vemos con nuestros ojos mentirosos.

Tanto la administración Bush como la Reserva Federal estuvieron totalmente desaparecidas durante la burbuja; es más, si algo hicieron fue contribuir a empeorar las cosas. En 2004, la SEC aprobó por unanimidad que los cinco principales bancos de inversión calcularan sus propios límites de apalancamiento basándose en sus modelos internos de control de riesgo. El resultado de esta decisión fue que, cuando terminó la fiesta, varios de estos bancos habían llevado su apalancamiento hasta más de 30 a 1; en otras palabras: que si el valor de sus activos bajaba aunque solo fuera un 3 por ciento, iban a la bancarrota. Y en efecto, tres de estos bancos (Bear Stearns, Lehman Brothers y Merrill Lynch) eran insolventes ya en 2008. Solo sobrevivieron Goldman Sachs y Morgan Stanley, y gracias a operaciones federales de rescate[57]. Durante todo este tiempo, la SEC y otras agencias federales de regulación redujeron su plantilla de análisis y control de riesgo, y básicamente dejaron a los bancos de inversión sin ningún tipo de supervisión. Lo mismo puede decirse de las diversas organizaciones de «autorregulación» del sector, como la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), la Agencia de Protección del Inversor (Securities Investor Protection Corporation, SIPC) y otras. La FINRA, por ejemplo, describe su misión del siguiente modo en su página web:

La FINRA es la principal agencia reguladora no gubernamental de las entidades de valores que trabajan en el mercado estadounidense, esto es, casi 4495 empresas con casi 635 515 representantes registrados. Nuestra función principal consiste en proteger a los inversores manteniendo la equidad de los mercados de capitales estadounidenses. Cumplimos con nuestra labor mediante la elaboración y la aplicación de normas; la supervisión de la conformidad con estas; la aportación de información y de formación a los inversores, y la asistencia a las entidades en la evitación del riesgo y de la conformidad[58].

Pues bien, la FINRA no hizo demasiado bien su trabajo. (¿Quién dirigió la FINRA durante la burbuja? Mary Shapiro…, que en 2009 pasó a ser presidenta de la SEC por designación del presidente Obama). Como resultado del fracaso de la regulación tanto gubernamental como privada, puede decirse que en la práctica los locos estuvieron al frente del manicomio durante todo el tiempo que duró la burbuja. Teniendo en cuenta cuáles eran sus incentivos, el fraude masivo era una opción enteramente racional para la mayoría de ellos, incluso si hubieran sabido por adelantado el daño que iban a causar.

¿Fue realmente algo tan descarado? Pues sí, lo fue. Parte de lo que sigue puede resultar algo árido, pero pido a los lectores que no se lo salten porque más adelante en este libro diré algunas cosas que sonarán bastante fuertes. Cosas como que esa gente debería estar entre rejas; que sus patrimonios deberían ser confiscados y entregados a las personas cuyas vidas destrozaron; que deberían vivir en el ostracismo social el resto de sus vidas; que es incomprensible que no se los haya llevado a juicio, y que es obsceno y peligroso que sigan ocupando cargos destacados en el gobierno, las universidades, las empresas y las instituciones cívicas. De modo que en el próximo par de capítulos expondré los hechos con bastante detalle, porque, cuando lleguemos a las conclusiones, quiero que sean convincentes.

Comencemos nuestro examen del comportamiento del sector de la banca de inversión con una demanda presentada por la sociedad de gestión de valores y corretaje de descuento Charles Schwab, Inc. El texto de la demanda ofrece un cuadro estadístico inusualmente amplio de la clase de valores que producía Wall Street, y también ayuda a poner en contexto algunas de las chocantes conductas que encontraremos más adelante.

El caso Schwab

Schwab demandó a las secciones de correduría de doce grandes instituciones financieras. La demanda se basa en la información dada en los materiales que acompañaban las ofertas de 36 titulizaciones —títulos con garantía hipotecaria— que varias unidades de Schwab adquirieron de esos bancos entre 2005 y 2007. Los demandados son BNP Paribas, Countrywide, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Greenwich Capital, HSBC, Wells Fargo, Morgan Stanley y UBS.

Los inversores en títulos con garantía hipotecaria no tienen acceso a los archivos de cada crédito individual cuando realizan sus adquisiciones; solo ven unos datos generales en relación con cada hipoteca en los materiales que acompañan el prospecto de venta. Para preparar su demanda, Schwab analizó los datos de 75 144 créditos incluidos en las titulizaciones que había adquirido. No es una muestra al azar, pero sí muy amplia[59]. Si acaso, la muestra es probablemente superior a la media en calidad porque Schwab invirtió de manera conservadora, y entre los demandados no figuran ni Bear Stearns ni Merrill Lynch, las dos entidades que produjeron los títulos de peor calidad. Como veremos en breve, circulaban cosas mucho peores.

A pesar de ello, el análisis de Schwab estimaba que el 45 por ciento de sus créditos violaban las declaraciones realizadas en la venta de dichos títulos. Schwab aplicaba cuatro test distintos; la mayoría de los créditos sospechosos fallaban en más de uno.

1. Declaraciones relativas a la ratio crédito-valor. El prospecto de cada título que Schwab había comprado contenía representaciones detalladas de la ratio media crédito-valor (LTV) de las hipotecas que garantizaban el título. Todos los prospectos menos uno declaraban que ningún crédito en particular tenía una LTV superior al 100 por ciento. Schwab contrastó estas declaraciones con un modelo ampliamente utilizado en el sector, basado en 500 millones de ventas de viviendas en códigos postales distribuidos por el 99 por ciento de la población.

Los resultados de los test de Schwab sugieren que todos los titulizadores declararon ratios LTV más bajas de las reales, y que todos los títulos incluían un número sustancial de créditos con ratios LTV superiores al 100 por ciento (en otras palabras, créditos por un valor superior al de la vivienda). En un título que integraba 1597 créditos, el modelo estimaba que 626 estaban sobrevalorados en más del 5 por ciento, y solo 69, infravalorados en la misma proporción. La LTV media ponderada de este modo pasaba del 73,8 por ciento declarado al 90,5 por ciento, y el modelo estimaba que 196 créditos tenían LTV superiores al 100 por ciento, por más que los documentos declararan que no era así en ningún caso. Los resultados eran parecidos en todas las demás muestras. Un segundo test se aplicaba a las propiedades que eran ulteriormente vendidas. Los precios de venta eran consistentemente inferiores a los valores implícitos en los LTV declarados, siguiendo un patrón consistente con el anterior modelo. Schwab observa que, dado el apalancamiento medio de los créditos, un 10 por ciento de sobrevaloración de la LTV implica una reducción del 80 por ciento en los fondos propios declarados[*].

2. Cargas declaradas. Todos los materiales que acompañaban a la oferta de títulos estipulaban que todas las cargas de las propiedades estaban declaradas. Supuestamente, jamás se concede ningún crédito hipotecario sin realizar una investigación encaminada a detectar cualquier carga de la propiedad con prioridad sobre la hipoteca del banco. Schwab realizó una nueva investigación de cargas sobre las propiedades. De una muestra de 2274 créditos, en 669 existían cargas no declaradas que, de media, reducían un 91,5 por ciento los fondos propios declarados. En algunas muestras, existían cargas no declaradas hasta en la mitad de los créditos.

3. Estado de ocupación. Las casas ocupadas por sus propietarios tienen un menor riesgo de impago y desahucio que las segundas residencias o propiedades de inversión. Por este motivo, todos los materiales de oferta de los títulos contenían declaraciones relativas al porcentaje de créditos correspondientes a residencias ocupadas por su propietario (primarias). Schwab realizó una investigación de las propiedades listadas como primeras residencias en busca de indicadores de que en realidad pudieran no serlo, como, por ejemplo:

¿Tiene el propietario una dirección distinta para el impuesto de la propiedad?

¿Se beneficia el propietario de exenciones fiscales locales en la vivienda?

¿Posee el propietario tres o más casas?

¿Existe un plazo más corto del normal entre la situación de pagos al corriente y el desahucio?

¿No ha cambiado el propietario la dirección personal de envío de facturas en los seis meses posteriores al cierre?

La aplicación de estos test a una muestra de 1498 créditos, de los que solo 99 eran supuestamente segundas residencias, estimó la cifra correcta de estas últimas en 598, la mayoría de las cuales fallaban en alguno de los indicadores. En el conjunto de los títulos se daban resultados parecidos.

4. Cumplimiento interno de los criterios. Schwab recogió datos sobre impagos tempranos (early payment defaults, EPD) de todos los créditos titulizados emitidos por los originadores de las hipotecas presentes en dichos títulos entre 2001 y 2007. En créditos sometidos a criterios de control adecuados, la tasa de EPD (definidos como impagos dentro de los seis primeros meses) debería ser ínfima. La investigación de Schwab iba encaminada a determinar si las tasas de EPD cambiaron en algún momento a lo largo de la burbuja, y en caso de que fuera así, si cambiaron también los criterios crediticios declarados.

Ninguna de las entidades de crédito cambió sus declaraciones acerca de sus criterios crediticios durante este período. A pesar de ello, todas las entidades de crédito experimentaron una rápida subida en su tasa de EPD en algún momento, una tendencia que en todos los casos se mantuvo en el tiempo. Sin embargo, la fecha en que se produjo el salto fue distinta para cada originador. En cuanto a Countrywide, por ejemplo, los EPD se cuadruplicaron repentinamente en el primer trimestre de 2005 y siguieron en niveles consistentemente altos desde entonces. Todas las demás entidades de crédito mostraron saltos parecidos en los EPD; las fechas oscilan entre mediados de 2003 y mediados de 2007. Dado que los saltos se produjeron en momentos distintos para cada originador, es improbable que fueran causados por las condiciones económicas generales. Más bien reflejaban probablemente un cambio de prácticas a nivel interno; pero esos cambios de prácticas nunca se reflejaron en los criterios crediticios declarados oficialmente ante los inversores. (Las declaraciones de criterios crediticios eran usualmente detalladas y específicas). La interpretación obvia es que uno tras otro los originadores optaron por rebajar agresivamente sus criterios para ganar más dinero, al tiempo que oficialmente negaban estarlo haciendo.

Por supuesto, los bancos podían alegar —y por supuesto alegaron— que fueron estafados, al igual que Schwab. No obstante, en sus prospectos todos los titulizadores declaraban haber seleccionado cuidadosamente todos los créditos que adquirieron de los originadores. Las declaraciones que hicieron se referían a la calidad de sus propios procedimientos crediticios, no los de los originadores. Y a diferencia de lo que ocurría con inversores finales como Schwab, ellos sí tenían acceso a registros detallados. Es más, la mayor parte de ellos estaban totalmente metidos en la cama con varias entidades de crédito (les daban financiación, gestionaban sus ofertas de títulos, etc.).

Por último, para justificar las declaraciones realizadas a los inversores, todos los bancos titulizadores contrataban a empresas externas para supervisar la calidad de los créditos que compraban. El supervisor más importante y exhaustivo era Clayton Holdings, que supervisó 911 000 hipotecas para 23 bancos titulizadores distintos, incluidos los más grandes, entre enero de 2006 y julio de 2007. A través de sus testimonios y de los documentos entregados a la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (Financial Crisis Inquiry Commission, FCIC), altos ejecutivos de Clayton revelaron que el 28 por ciento de los créditos examinados no cumplían siquiera con los criterios de los propios bancos emisores de los títulos. A pesar de ello, el 39 por ciento de todos los créditos que incumplían los criterios de los bancos emisores fueron adquiridos y titulizados igualmente, un hecho que nunca se declaró ante los inversores que compraban finalmente los títulos[60].

No obstante, ¿eran los bancos meros mediadores negligentes, o formaban parte activa del fraude? ¿Comprendían plenamente las implicaciones de sus actos? Para responder a eso, debemos examinar lo que ocurría en el interior de los bancos. Eso es algo que todavía no se ha hecho como se debería, simplemente porque el gobierno federal no se ha puesto a ello. No ha habido juicios penales con citaciones forzosas y declaraciones juradas a gran escala. Incluso el FCIC que creó la administración Obama posee poderes coercitivos muy limitados y un presupuesto muy escaso. Si alguna vez se quisiera llevar a cabo una investigación seria, no me cabe duda de que descubriríamos muchas cosas, muchas más de las que sabemos ahora.

Con todo, lo que sabemos actualmente ya es mucho.

Bear Stearns

Bear Stearns era uno de los actores más experimentados en el mercado hipotecario de Wall Street. Entre 2004 y 2006, Bear titulizó casi un millón de créditos hipotecarios, por un valor total de 192 000 millones de dólares: mucho dinero, incluso para Wall Street.

Bear Stearns llevaba casi dos décadas en el negocio de los títulos con garantía hipotecaria, en general con créditos de alta calidad. Pero en 2001 creó un nuevo vehículo hipotecario, el EMC Mortgage, para titulizar créditos Alt-A. En 2003, EMC comenzó a titulizar créditos subprime, «ingresos declarados» y «sin documentos», y, a partir de 2005, segundas hipotecas de la clase que incluso Angelo Mozilo calificó como las «más tóxicas» que había visto en toda su carrera.

Bear Stearns nos da un atisbo del siniestro espectáculo de un banco de inversión de guante blanco convertido en una cadena de producción dedicada a convertir la burbuja en dinero de tantas formas como fuese posible. Lo sabemos gracias a una demanda presentada por Ambac Financial Group, una aseguradora de bonos actualmente en quiebra. La demanda de Ambac contra Bear Stearns y su sucesora, JPMorgan Chase, es uno de los pocos casos en que los demandantes pudieron echar mano a los documentos internos, correos electrónicos y archivos de los créditos de los acusados para poder utilizarlos como prueba[61].

El caso es indicativo del tipo de estrategia que aplicaba la banca, así como de su feroz oposición a cualquier intento de arrojar luz sobre su conducta. Ambac presentó su demanda en noviembre de 2008, y al escribir estas líneas (febrero de 2012) el caso todavía no ha llegado a juicio. Bear Stearns y su nuevo propietario, JPMorgan Chase, han utilizado una larga serie de trucos procesales para retrasar su tramitación. También han puesto el mayor empeño en evitar que Ambac pudiera exigir la presentación forzosa de archivos y testigos, pero al final han perdido. Todavía siguen intentando retrasar el juicio, cabe pensar que con la esperanza de que el administrador concursal de Ambac se dé por vencido o se quede sin dinero para seguir adelante con la demanda.

Por supuesto, lo que ofrezco a continuación es un relato sesgado basado en los materiales reunidos por los abogados de Ambac. Es obvio que tampoco Ambac y las demás grandes aseguradoras (MBIA y AIG) se comportaron como ángeles durante la burbuja; sus anteriores directivos y vendedores —desaparecidos de la firma desde hace tiempo— tenían los mismos incentivos tóxicos que todos los demás y destruyeron del mismo modo sus propias empresas. Hoy, sin embargo, los tribunales han designado a un administrador concursal independiente que trabaja para recuperar tanto dinero como sea posible. La demanda de Ambac forma parte de una gigantesca batalla poscrisis en la que decenas de empresas tratan de recuperar el dinero perdido, a menudo al tiempo que ellas mismas son objeto de demandas por comportamiento deshonesto. Y la respuesta de JPMorgan a la demanda de Ambac, cuando se haga pública, puede arrojar una luz distinta sobre algunas de las citas que mencionamos. Pero la fidelidad de las citas no ha sido cuestionada, y resultan interesantes de leer.

Ambac demanda para recuperar las pérdidas que ha debido soportar por causa de los títulos de Bear Stearns; su argumento es que si consintió en asegurar dichos títulos fue solo porque Bear Stearns le ofreció información falseada acerca de ellos. Buena parte de los créditos que se integran en las titulizaciones procedían de una encantadora empresa llamada American Home Mortgage, Inc. (HM), hoy también quebrada. La siguiente descripción de sus programas de crédito «preferentes» nos dará una idea del entusiasmo con que encaraban el crédito hipotecario:

Estos programas ofrecen financiación a los candidatos con mayores problemas crediticios, y aportan soluciones para situaciones como la morosidad reiterada, el impago temprano o el desahucio, el escaso o nulo acceso al crédito tradicional, y resultados FICO de hasta 500. También ofrecen una financiación del 100 por ciento en todas las categorías a candidatos que no cumplan con los criterios crediticios establecidos en los programas preferentes estándares[62].

Volvamos ahora a Bear Stearns. Su programa de titulización hipotecaria estaba dirigido por cuatro directivos: Mary Haggerty y Baron Silverstein, codirectores de Finanzas Hipotecarias, y Jeffrey Verschleiser y Michael Nierenberg, codirectores de Operaciones Hipotecarias. Haggerty y Silverstein suscribían la idoneidad de las hipotecas de los originadores y las acompañaban a lo largo de los diferentes pasos requeridos hasta su venta. Verschleiser y Nierenberg compraban y vendían créditos de la cartera de Bear Stearns, y también se encargaban de construir los títulos. Si algo no eran esas personas es oscuros oficinistas cuyas maquinaciones pudieran pasar desapercibidas a la dirección. Los cuatro eran directores ejecutivos séniores, un nivel al que solo pertenecían 98 personas en todo Bear Stearns, entre 14 000 empleados. Todos debían cobrar millones de dólares al año.

Por supuesto, lo primero que hicieron fue empaquetar y vender un montón de basura (al tiempo que ocultaban naturalmente este hecho). Los archivos muestran que la morosidad en los créditos había subido drásticamente a comienzos de 2005. John Mongelluzzo (responsable de due diligence [«auditoría interna»] en Finanzas Hipotecarias y, por lo tanto, un subordinado de Haggerty y Silverstein) peleaba por imponer criterios más estrictos y controles de suscripción más exigentes. La respuesta que encontraron sus acciones indica la futilidad de comportarse éticamente en un banco de inversión estadounidense durante la burbuja. En lugar de imponer criterios más estrictos, Mary Haggerty ordenó en febrero de 2005 un relajamiento de estos «para ser más competitivos frente a vendedores subprime de mayor tamaño». Haggerty redujo la amplitud de las muestras de créditos que se empleaban para comprobar la conformidad y, más importante aún, pospuso el control de auditoría interna hasta después de que Bear hubiera comprado los créditos, y a menudo después incluso de empaquetarlos en nuevos títulos[63].

Este cambio de procedimiento se llevó a cabo de forma casi clandestina. Un año antes, en marzo de 2006, un directivo escribió que «hasta ayer no teníamos ni idea de que se estuviera realizando una dd [due diligence] poscierre». Los créditos «no eran debidamente aprobados y titulizábamos muchos que todavía siguen sin estar aprobados a fecha de hoy». En otras palabras, se concedían créditos sin ninguna clase de due diligence[64].

Aquel mismo verano, Mongelluzzo le escribiría a Silverstein: «Desaconsejo enfáticamente realizar una due diligence poscierre en cualquier trato con AHM. Terminarás con un montón de recompras» (una «recompra» de un título ya vendido era siempre una operación gravosa a nivel financiero). El consejo no fue escuchado. Se adquirieron dos carteras de 1600 créditos de AHM, que fueron rápidamente titulizados. Un estudio del año posterior mostraba que el 90 por ciento eran morosos, y el 13 por ciento habían caído ya en impago[65].

Al mismo tiempo, Verschleiser presionaba para aumentar aún más el volumen. Una gestora de vehículos de inversión mandó el siguiente correo electrónico a su equipo:

Me niego a recibir más correos electrónicos de [Verschleiser][…] preguntándome por qué no aprobamos más créditos al día. Os hago responsables a cada uno de vosotros de que consigamos al menos 500 al día […]. Si tenemos más de 500 créditos al día en esta oficina DEBEMOS encontrar el modo de suscribirlos y comprarlos […]. No me gustó cuando vi las cifras y ya sabía que A NY TAMPOCO LE GUSTARÍA.

Ese mismo año, la misma gestora envió el siguiente correo electrónico a su equipo: «No entiendo cómo es posible que no compráramos más créditos aun haciendo horas extras el fin de semana […]. Debemos suscribir 2000 millones este mes […]. Espero ver a TODOS los empleados haciendo horas extras esta semana para asegurarnos de que llegamos a esta cifra»[66].

Una de las primeras señales de alarma de esta pérdida de calidad fue una fuerte subida de los EPD en 2005, que Bear Stearns definió como un impago dentro de los primeros 90 días. Hasta entonces, la política de Bear Stearns había sido mantener los créditos adquiridos durante 90 días antes de titulizarlos, para garantizar su calidad. Sin embargo, en 2005 el equipo decidió recortar ese período para que los créditos pudieran ser titulizados antes de que se produjera un EPD. Verschleiser explicó a la unidad que quería ver «todos los créditos subprime cerrados para diciembre» para que estuvieran titulizados en enero, esto es, un mes después de su adquisición. A mediados de 2006 confirmó esta misma política cuando recordó a su personal que «se aseguraran de titulizar los créditos con un mes de EPD, antes de que expire el período EPD». Más tarde exigió saber por qué algunos créditos que habían experimentado morosidades tempranas «eran retirados de los tratos y no titulizados antes de que expirara su período EPD»[67].

La predecible consecuencia fue una oleada de EPD en créditos titulizados. Bear aseguraba a sus inversores que controlarían con diligencia sus EPD, porque estos eran usualmente indicio de graves deficiencias en los créditos. En sus presentaciones ante Ambac, Bear Stearns insistía en su agresivo control posventa y su disposición a reclamar en nombre de sus inversores si un título daba problemas poco después del cierre de la titulización. El protocolo habitual era recomprar el crédito problemático del inversor y obligar al originador a sustituirlo por un equivalente de calidad o devolver el dinero.

No obstante, la innovación es algo consustancial a la banca de inversión, y en 2006 Bear Stearns salió con otra idea brillante que dio inicio a una segunda modalidad de chanchullo. Cada vez que Bear Stearns tenía noticia de un impago, en lugar de recomprar el crédito problemático, lo que hacía era acordar directamente una compensación con el originador a un cierto descuento, sin informar a los inversores del incumplimiento o de la compensación. De este modo, Bear se quedaba con el dinero de la compensación y dejaba a los inversores la tarea de descubrir el impago, lo que en general no ocurría hasta que la opción contractual de los inversores para devolver el crédito había expirado. Cuando una ejecutiva de Bear Stearns preguntó explícitamente a su jefe si la política de la empresa consistía en llegar a acuerdos con las entidades de crédito sin tener en cuenta posibles violaciones de las declaraciones y garantías que Bear Stearns había realizado a los inversores, obtuvo una respuesta afirmativa[68].

Al principio, Bear Stearns se vio superada por la avalancha de impagos, pero pronto creó un sistema eficaz para procesarlos y generar hasta 1250 millones de dólares en acuerdos compensatorios. Bear se quedaba con el importe íntegro de las compensaciones, y los inversores descubrían más tarde que poseían títulos respaldados por miles de créditos que Bear había calificado oficialmente como impagados. Todo el proceso de EPD y los ingresos de efectivo de las compensaciones eran descritos con detalle a la mayoría de los altos directivos de la empresa, de modo que eran totalmente conscientes de que se estaban violando los términos de los acuerdos con los inversores, así como de la mala calidad de los créditos subyacentes. Tanto los asesores legales como los servicios de auditoría de Bear Stearns insistieron en poner fin a las compensaciones irregulares, aunque parece que se siguieron practicando durante varios meses después de cursada la orden[69].

La perfecta conciencia que tenían los directivos de Bear de lo que estaban vendiendo se pone de manifiesto en las palabras de un gestor que en agosto de 2006 tildó uno de los títulos en los que estaba trabajando de «mierda completa» y «saco de mierda». En su declaración posterior, afirmó que tales expresiones pretendían tener un sentido «simpático»[70].

Todos los bancos de inversión trataban de mantener una apariencia de seriedad, por diversas razones legales y comerciales. Ello explica que Bear Stearns tampoco ignorara por completo la due diligence en relación con los créditos que compraba, y de acuerdo con la práctica establecida delegaba su evaluación a empresas externas. No obstante, los correos electrónicos internos de Bear Stearns se burlaban de la baja calidad de dichas evaluaciones, y los directivos bloqueaban sistemáticamente cualquier intento de hacerlas más rigurosas. El director de una de las empresas evaluadoras dijo en su declaración que hasta el 65 por ciento de sus recomendaciones de rechazo fueron ignoradas en 2006. Otro supervisor dijo que un «75 por ciento de los créditos que deberían haber sido rechazados eran igualmente incluidos en la carpeta y vendidos»[71].

En 2006, Bear contrató una tercera entidad externa para que evaluara una carpeta de créditos ya titulizados. Su labor estaba sometida a estrictas limitaciones: no tener en cuenta las violaciones del estatus de ocupación (por ejemplo, casas declaradas como vivienda principal que no lo eran); no realizar comprobaciones del estado laboral; no realizar verificaciones de los informes crediticios, y no revisar el proceso de evaluación interna. Pero, a pesar de todas estas restricciones, el 42,9 por ciento de los créditos incluidos en la muestra violaban las condiciones para su titulización. Bear Stearns no informó a los inversores de este hallazgo[72].

A mediados de 2007, el inminente colapso de la burbuja hipotecaria subprime comenzaba a ser evidente. Ello puso en marcha la tercera fase de la estrategia. En lugar de advertir a los clientes e inversores, la unidad hipotecaria del banco lanzó una ofensiva total para limpiar su cartera (una «liquidación por cierre de negocio», la llamó un directivo). Se abandonó sumariamente la regla que prohibía titulizar créditos de entidades de crédito suspendidas o en quiebra, naturalmente sin dar noticia de ello. En cierta ocasión, Verschleiser estaba despotricando acerca de una hornada de créditos por valor de 73 millones de dólares, tres cuartas partes de los cuales no cumplían con los criterios para su titulización. Verschleiser no podía comprender «por qué no se titulizaba ninguna de esas posiciones […], por qué se apartaban de la negociación y no se titulizaban antes del fin de su período EPD». Otro operador sénior quería saber «¿¿¿¿por qué soportamos pérdidas por segundas hipotecas de 2005 cuando podrían haber sido titulizadas????»[73].

A finales de 2007, los directivos de Ambac advirtieron el creciente número de créditos impagados en las carteras que habían asegurado y exigieron la entrega de registros detallados de los créditos. Sin decírselo a Ambac, Bear Stearns contrató a uno de sus supervisores crediticios externos para evaluar los créditos. La evaluación concluyó que en el 56 por ciento de los casos había incumplimientos sustanciales. Bear no compartió esta información con Ambac[74].

Luego llegó la cuarta fase de la estrategia hipotecaria de Bear Stearns, una estrategia que, como veremos, fue practicada por otros a escala mucho mayor. Verschleiser se dio cuenta de que cuando la burbuja estuviera cerca de pinchar la avalancha resultante de incumplimientos crediticios tendría un efecto catastrófico sobre Ambac, su aseguradora. Lejos de ser un desastre, sin embargo, ello suponía una enorme oportunidad. Verschleiser se dio cuenta de que podía ganar una fortuna apostando a la quiebra de Ambac mediante posiciones cortas con sus acciones. Tal como explicaba en su autoevaluación de 2007:

[En] mi presentación ante el comité de riesgo de finales de octubre les dije que algunas aseguradoras financieras eran vulnerables a posibles depreciaciones en los mercados de CDO y MBS, y que debíamos tomar posiciones cortas por un múltiplo de 10 de las posiciones que había tomado yo mismo […]. En menos de tres semanas colocamos más de 55 millones de dólares en esos dos mercados[75].

Bear Stearns tomó el consejo y en 2008 Verschleiser consultaba con otros operadores acerca de la exposición de otros bancos a Ambac, para que Bear Stearns pudiera sacar provecho de las idas y venidas de sus créditos malos. De hecho, cuanto peores fueran los créditos, más dinero ganaba Bear Stearns. A mediados de 2007, las acciones alcanzaron una valoración máxima de 159 dólares por acción, su récord absoluto.

No obstante, todo lo bueno termina algún día. El 16 de marzo de 2008, Bear Stearns estaba a un paso de la quiebra, y su consejo de administración acordó vender la empresa a JPMorgan Chase por 2 dólares la acción (el precio se revisó luego a 10 dólares, ante las protestas de los accionistas).

Sin embargo, si todos esos tipos eran tan listos, ¿cómo es posible que Bear Stearns quebrara? A un primer nivel, la respuesta es sencilla: Bear Stearns se quedó sin dinero. Es muy difícil predecir con precisión el final de una burbuja, o el momento exacto en que diversos actores del mercado (bancos, agencias de calificación, inversores, aseguradoras, ejecutivos) se darán cuenta del juego. A Bear Stearns ese momento lo pilló con gran cantidad de basura en las manos (créditos malos, piezas de titulizaciones, acciones y bonos de otras instituciones también diezmadas por la crisis) de la que no pudo deshacerse a tiempo, y a precios suficientemente altos, porque todo el mundo comenzaba a darse cuenta de cuál era la verdadera situación —y a irse rápidamente por el desagüe— al mismo tiempo. Es más, al igual que todos los bancos de inversión, Bear Stearns estaba muy apalancado, y dependía de ingentes cantidades de créditos a plazos peligrosamente cortos de fondos del mercado monetario y grandes bancos. Estos fondos debían refinanciarse de forma semanal o incluso diaria. Cuando todas esas fuentes de financiación detectaron el peligro, dejaron de prestar y Bear Stearns se quedó sin dinero muy rápidamente.

Con todo, ¿por qué estaba tan expuesta la empresa? Conociendo los riesgos, sabiendo que una burbuja tan grande tenía que terminar inevitablemente algún día, ¿por qué siguió comprando y vendiendo tanta basura, y por qué dependía a tan gran escala de fondos a corto plazo? Para empezar, la gente que estaba en primera línea explotando directamente la burbuja no tenía mucho incentivo para ponerle fin, o para advertir a nadie. Mientras ellos pudieran seguir vendiendo su basura no dejarían de ganar dinero. Cuando las cosas empezaron a torcerse, muchos de ellos ganaron dinero incluso apostando contra esa misma basura: contra ciertos títulos específicos, contra índices de títulos con garantía hipotecaria y contra entidades que probablemente caerían con el crac. En todos los casos, ellos participaban en las ganancias, mientras que las pérdidas eran problema de otro.

Sin embargo, esa lógica se aplicaba sobre todo a personas que se beneficiaban directamente de las primas anuales y que luego podían irse a otras empresas. ¿Qué ocurre con la alta dirección y con los consejos de administración no solo de Bear Stearns, sino de las demás entidades que cayeron (Lehman, Merrill Lynch, AIG, Citigroup, e incluso las entidades de crédito: WaMu, Wachovia, Countrywide, etc.)? En caso de quiebra, los consejeros delegados y los consejos de administración de esas entidades perderían con seguridad unos trabajos y unos patrimonios que no serían fáciles de reemplazar. La respuesta a esta pregunta resulta muy reveladora y la consideraremos en breve, pero antes de eso sigamos un poco más con nuestro «tour» por Wall Street.

Goldman Sachs y GSAMP

Goldman Sachs es otro banco importante del que tenemos mucha información interna gracias a los documentos obtenidos por el Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones. Los aspectos más interesantes del comportamiento de Goldman se tratarán en el próximo capítulo, porque corresponden a lo que ocurrió cuando pinchó la burbuja. Por el momento solo daré un ejemplo que deja claro que Goldman produjo basura igual que todos los demás.

En la edición del 15 de octubre de 2007 de la revista Fortune, Allan Sloan publicó su magnífico artículo «House of Junk (La casa de la basura)», que centraba su atención en una emisión de títulos, los GSAMP Trust 2006-S-3, que suponían 494 de los 44 500 millones de dólares en títulos con garantía hipotecaria que Goldman vendió en 2006. Los GSAMP fueron emitidos en abril de 2006 (en los últimos meses de Hank Paulson como consejero delegado, antes de convertirse en secretario del Tesoro), a partir de segundas hipotecas originadas por las peores entidades de crédito subprime, entre ellas Fremont y Long Beach. Al tratarse de segundas hipotecas, la entidad de crédito no podía recurrir al desahucio en caso de impago. La ratio de crédito-valor medio de la cartera era del 99,29 por ciento, lo que significa básicamente que el capital propio de los propietarios en la casa era prácticamente cero, y el 58 por ciento de los créditos estaban escasa o nulamente documentados. A pesar de ello, el 93 por ciento de los títulos obtuvieron la calificación «grado de inversión» (investment grade), y un 68 obtuvieron la calificación AAA, la más alta posible, tanto de Moody’s como de Standard & Poor’s, las dos mayores agencias de calificación. Sin embargo, en octubre de 2007 el 18 por ciento de los créditos estaban en situación de impago, y todos los títulos habían perdido gran parte de su valor[76].

Luego esos títulos eran basura. Pero ¿sabían ellos que lo eran? No cabe la menor duda, pues comenzaron a apostar contra esos títulos a finales de 2006; a finales de 2007, sus apuestas comenzaban a dar réditos. Más adelante volveremos a Goldman Sachs, cuando veamos cómo gestionó el sector financiero el final de la burbuja, la crisis y la poscrisis. Es un tema interesante, y no se le ha dado hasta ahora suficiente publicidad.

Morgan Stanley

Morgan Stanley era uno de los mayores titulizadores a nivel global. Tan solo en el primer trimestre de 2007, MS creó 44 000 millones de productos estructurados basados en hipotecas y otros activos. A modo de ilustración de la ética bancaria en el siglo XXI, veamos el caso de un instrumento modesto vendido a un inversor institucional nada sofisticado, el fondo de pensiones de los empleados gubernamentales de las Islas Vírgenes[77].

El instrumento en cuestión era una cosa particularmente tóxica llamada «CDO sintético», una especie de CDO virtual, de imitación, no respaldado por ningún crédito o deuda efectivo, sino esencialmente por una colección de apuestas colaterales en otros títulos con el fin de que reproduzca su rendimiento. Como en cualquier apuesta, hacen falta dos: alguien que apueste a que esos títulos irán bien, y otro que apueste a que irán mal.

El CDO sintético del que hablamos aquí, el Libertas, estaba referenciado a (o realizaba apuestas colaterales en) unos 1200 millones de dólares en títulos con garantía hipotecaria, buena parte de ellos originados por New Century, WMC y Option One, todas ellas entidades de crédito subprime notorias por su escasa fiabilidad. El fondo de pensiones de las Islas Vírgenes invirtió 82 millones de dólares en títulos con calificación AAA que formaban parte del Libertas. El trato se cerró a finales de marzo de 2007, y antes de que terminara el año los títulos prácticamente habían perdido todo su valor. Pero lo mejor está aún por venir.

Morgan Stanley había tomado posiciones cortas respecto a los títulos en cuestión; en otras palabras, la gente que había creado y vendido los títulos estaba apostando a que caerían. De modo que a ellos les salió muy bien cuando los créditos subyacentes a los títulos del fondo cayeron en impago, cosa que ocurrió en cuestión de meses. Como Morgan Stanley había tomado la posición corta, se quedaron con los 82 millones de dólares de las pensiones de las Islas Vírgenes. Bonito trabajo. Vendes un valor, te embolsas la comisión por la venta, y luego te quedas con la inversión íntegra de tu cliente cuando el valor cae.

Hasta ahí nadie discute los hechos. Lo que ocurre es que —sorprendentemente— no es ilegal per se crear y vender un título con intención de sacar beneficios de su depreciación posterior (un estado de cosas que el sector de la banca de inversión no tiene ninguna prisa por publicitar, menos aún por cambiar). De modo que la cuestión en litigio en la demanda de las Islas Vírgenes es si Morgan Stanley falseó deliberadamente la información que dio acerca de la calidad de los títulos. A continuación ofrezco la versión del fondo de pensiones.

Morgan Stanley era desde hacía tiempo el principal prestamista «al por mayor» de New Century; es decir: le proporcionaba los fondos para que originara los créditos que luego MS titulizaba. En consecuencia, mantenía un estrecho control sobre esta entidad de crédito. Ya vimos en el capítulo anterior que cuando la burbuja estalló y surgieron problemas contables New Century fue rápidamente a la bancarrota.

Morgan Stanley revelaba en el prospecto de Libertas que New Century había sido acusado de infracciones contables y operacionales, pero no decía nada acerca del creciente número de demandas contra la entidad por incumplimiento de garantías. También explicaba que «varios informes publicados especulaban con que [New Century] podría ir a un concurso de acreedores o a una liquidación». Sin embargo, Morgan Stanley sostenía —igual que todos los titulizadores— que había supervisado los créditos y que cumplían con unos criterios estándares de calidad[78].

No obstante, Morgan Stanley sabía mucho más de lo que había revelado. El 6 de marzo había participado en una conferencia en la que New Century hizo públicos sus resultados anuales ante sus acreedores. Tras la conferencia, Citigroup decidió ejercer contra New Century los derechos que le correspondían en caso de impago. Más o menos una semana después de cerrar el trato de Libertas, Morgan Stanley se hizo con 2500 millones de dólares en activos de New Century, que se declaró poco después en quiebra. El administrador concursal escribió más tarde: «[La] naturaleza cada vez más arriesgada de la creación de créditos en New Century terminó creando una bomba de relojería que detonó en 2007»[79].

La cuestión en litigio es si Morgan Stanley retuvo deliberadamente información sustancial. Y la respuesta es que eso era una práctica habitual para ellos. Al igual que los demás titulizadores, los créditos de Morgan Stanley habían sido examinados por Clayton Holdings, que como de costumbre concluyó que muchos de ellos violaban incluso los criterios internos de Morgan Stanley, y que muchos créditos deficientes eran igualmente titulizados.

En junio de 2010, Morgan Stanley llegó a un acuerdo extrajudicial de 102 millones de dólares en un juicio iniciado por el fiscal general de Massachusetts. Sin aceptar ninguna culpa, Morgan Stanley emitió una garantía de cese (Assurance of Discontinuance) en la que especificaba una larga lista de actos impropios y malas prácticas pasadas.

Según los términos del acuerdo, cuando Morgan Stanley se vio ante la alternativa de mantener sus criterios crediticios o seguir originando créditos a través de New Century, optó por abandonar los criterios. Morgan Stanley comenzó a aceptar créditos que no cumplían con la ley del «mejor interés» de Massachusetts, y fue descartando progresivamente sus demás reglas internas de calidad. Morgan Stanley siguió financiando las hipotecas de New Century incluso después de denunciarla por impago (en la medida en que el dinero iba ligado en cada caso con cuentas de liquidación disponibles únicamente a la ejecución de la hipoteca)[80].

¿Y qué decir de Option One? Option One era un banco subsidiario de H&R Block, uno de los «peores de los peores». En la primera parte de 2007, las tasas de morosidad en los créditos de Option One que se emplearon para construir el Libertas más que doblaban las tasas de morosidad previas de la empresa antes incluso de cerrar el trato. No parece que Morgan Stanley compartiera esa información con los inversores[81].

Mientras duró la burbuja, Morgan Stanley tuvo beneficios récords, al igual que todos los demás. Cuando llegó la crisis… sobrevivieron, aunque estuvieron cerca de la quiebra en 2008. Pero Morgan Stanley habría conseguido resultados mucho mejores si no hubiera sido por un hombre, Howie Hubler, un operador sénior cuyas apuestas equivocadas en el mercado hipotecario le costaron 9000 millones de dólares a la empresa. No obstante, la naturaleza de las apuestas del señor Hubler resulta mucho más reveladora que el mero volumen de las pérdidas, en particular cuando se compara con el comportamiento del resto de Morgan Stanley. El señor Hubler no perdió dinero porque pensara inocentemente que los títulos hipotecarios eran una buena cosa. Muy al contrario.

Igual que la gente de Bear Stearns, el señor Hubler era todo menos un oscuro operador deshonesto: dirigía a un equipo de cincuenta personas y sus decisiones eran directamente supervisadas por la alta dirección. Pues bien, el señor Hubler comprendió a finales de 2004 que el mercado de la vivienda era una inmensa burbuja, que esta burbuja reventaría, y que cuando eso ocurriera miles de títulos con garantía hipotecaria basados en infames créditos subprime perderían su valor. El señor Hubler habló con la alta dirección acerca de este tema, y estuvieron de acuerdo con él.

¿Advirtió Morgan Stanley a sus clientes de todo ello? No. ¿Dejó de vender decenas de miles de dólares en títulos basura con garantía hipotecaria subprime? No. ¿Impuso criterios crediticios más estrictos? No (de hecho, tal como hemos visto, los relajó). ¿Advirtió a los reguladores? No. ¿Dejó de financiar a las peores entidades de crédito subprime? No.

Lo que hizo Morgan Stanley, en lugar de todo eso, fue dar permiso a Howie Hubler para apostar masivamente contra los títulos con garantía hipotecaria subprime. Con la ayuda de seguros de incumplimiento de deuda —luego nos ocuparemos de ellos— tomó posiciones muy fuertes contra títulos hipotecarios de muy baja calidad, aunque con muy elevadas calificaciones[82].

Sin embargo, surgió un problema. La burbuja duró más de lo que nadie en Morgan Stanley supo prever. Y a medida que 2004 se convertía en 2005 y luego en 2006, mantener las apuestas del señor Hubler se volvía cada vez más caro. No obstante, el señor Hubler estaba absolutamente convencido de que la burbuja estallaría en algún momento, y quería por encima de todo mantener sus apuestas contra esos infames títulos con garantía hipotecaria subprime.

Y entonces fue cuando —con pleno conocimiento y aprobación de Morgan Stanley—. Howie cometió un grave error. Para poder pagar sus apuestas contra los títulos hipotecarios de menor calidad comenzó a emitir seguros para otros títulos hipotecarios supuestamente de mayor calidad, unos títulos que el señor Hubler estaba convencido de que no caerían hasta mucho después que los malos-malos de verdad. Pero los seguros para esos títulos de mayor calidad eran mucho más baratos, de modo que, si quería vender los suficientes seguros (y obtener las suficientes primas) para financiar sus opuestas contra los títulos obviamente malos, necesitaba asegurar un montón de los otros.

Durante un breve lapso de tiempo, la estrategia de Hubler funcionó: en el primer trimestre de 2007 supuso el ingreso de 1000 millones de dólares en las arcas de Morgan Stanley. Pero cuando la cosa se puso fea de verdad, los títulos supuestamente de mayor calidad también cayeron. Del mismo modo que Morgan Stanley subestimó la dimensión y la duración de la burbuja, también subestimó la dureza de la caída. Es probable que intervinieran también cuestiones políticas internas y sexistas; un artículo publicado en abril de 2008 en la revista New York describía las luchas de poder y el sexismo institucional en el que estaban implicados Hubler, otros operadores, John Mack (el consejero delegado) y Zoe Cruz, la ejecutiva de mayor rango en Morgan Stanley. Cruz tampoco era ninguna santa: también suscribía la idea de tomar en secreto posiciones cortas contra el mercado subprime. Pero al parecer Cruz —que era la persona ante quien debía informar Hubler— pronto comenzó a alarmarse por los riesgos potenciales de la estrategia. Hubler, sin embargo, la ignoró. Y así fue como Howie perdió 9000 millones de dólares para Morgan Stanley. Por supuesto, conservó sus primas anteriores (decenas de millones de dólares). Se vio obligado a dimitir pero no fue oficialmente despedido, de modo que también cobró sus compensaciones diferidas.

Con maravillosa ironía, durante la crisis de 2008 el consejero delegado de Morgan Stanley lanzó una furiosa campaña pública contra un grupo que, en su opinión, constituía un peligro para la estabilidad financiera y una amenaza para la sociedad. Tras una dura pelea, Morgan Stanley convenció a la SEC de limitar la capacidad de acción de este grupo. ¿Quiénes eran esos malvados, y cuál era esa actividad peligrosa que requería una regulación de emergencia?

Operadores a corto, por supuesto: gente que apostaba contra las acciones de Morgan Stanley y que por lo tanto tenía un incentivo para precipitar la quiebra de la compañía. Laura Tyson, miembro del consejo de administración de Morgan Stanley a quien conozco desde hace veinticinco años, me dijo a finales de 2008 y con el rostro totalmente serio —en la que probablemente fuera mi última conversación con ella— que los hedge funds estaban conspirando contra Morgan Stanley, es decir, tomando posiciones cortas contra sus acciones al tiempo que difundían rumores maliciosos y retiraban su dinero para debilitar a la empresa. Laura también me dijo que ella y Stephen Roach, el economista en jefe de Morgan Stanley durante la burbuja, habían advertido a la alta dirección de que la burbuja estallaría. Cuando le pregunté si el sistema de primas había contribuido a la crisis me dijo que no, y me explicó que quienes habían causado las pérdidas de Morgan Stanley habían sufrido mucho también. «Esa gente quedó hecha polvo —me dijo—. Lo ha perdido todo».

Lo que Laura no me dijo es que su empresa había estado construyendo y vendiendo títulos con la intención de beneficiarse de su posterior caída, ni que las pérdidas de Morgan Stanley en 2008 se debieron principalmente a un error táctico en la implementación de una apuesta masiva contra la burbuja que había contribuido a crear (una estrategia que le proporcionaba un gran estímulo para no advertir a clientes, reguladores o al público en general de la crisis que se avecinaba). ¿Sabía algo ella de todo eso? No lo sé, aunque durante la burbuja mantuvo un estrecho contacto con Zoe Cruz y con la alta dirección de Morgan Stanley.

A comienzos de 2009 hablé también con Stephen Roach, a quien también conocía —superficialmente— desde hacía mucho tiempo. En su favor debe decirse que el señor Roach había advertido públicamente de los insostenibles niveles de deuda estadounidenses y de la recesión que se avecinaba. Pero se guardó bien de echarle nunca la culpa a su empresa o a su sector; el culpable era Alan Greenspan, por mantener las tasas de interés demasiado bajas. Cuando le pregunté al señor Roach si la estructura de retribuciones en el sector financiero podía haber contribuido a la burbuja me dijo que no, y argumentó que regular las retribuciones sería una mala idea. Tampoco mencionó la apuesta de Morgan Stanley contra el mercado hipotecario. Teniendo en cuenta que eso le costó a su empresa 9000 millones de dólares, me cuesta creer que no tuviera noticia de ello.

Los demás

Las pruebas sugieren que Citigroup se comportó de forma tan poco ética como Morgan Stanley y Bear Stearns. Pero no fueron tan astutos, o al menos no lo fue su alta dirección, de modo que cuando la música se detuvo se quedaron sin silla.

Citigroup había aplicado anteriormente unos criterios crediticios bastante estrictos, pero cuando la burbuja tomó impulso se taparon las narices y comenzaron a aceptar cualquier cosa que les mandaran los originadores. A mediados de 2006, Richard Bowen, el recién promovido suscriptor jefe de la división de consumo de Citigroup, comenzó a alarmarse en serio. Descubrió que el 60 por ciento de los créditos que Citigroup estaba comprando de las entidades de crédito no cumplían con sus propios criterios internos. Bowen advirtió a todos los que le rodeaban, incluida la alta dirección. Pero no solo no se hizo nada acerca del asunto, sino que las cosas más bien empeoraron. En 2007, Bowen advirtió de que «las hipotecas defectuosas [suponen] más del 80 por ciento de la producción»[83]. Bowen testificó ante el FCIC que tanto él como otros responsables de crédito se quejaron repetidamente a los altos directivos del banco. En octubre de 2007, Bowen escribió un correo electrónico muy explícito con la indicación «URGENTE: LEER INMEDIATAMENTE», que hablaba de la ineficiencia y la violación generalizadas de los controles internos de Citigroup, así como de sus posibles consecuencias financieras. Bowen envió este correo electrónico a cuatro altos directivos, incluido el director financiero de Citigroup, ya Robert Rubin, antiguo secretario del Tesoro y que entonces era el vicepresidente del consejo y presidente del comité ejecutivo del consejo. El resultado fue que Bowen fue degradado y su equipo de 220 personas, reasignado (se quedó con solo 2 empleados a su cargo).

Durante la burbuja, Citigroup compró y revendió gran cantidad de hipotecas, y también creó y vendió grandes cantidades de títulos hipotecarios tóxicos. Muchos de ellos los vendieron a las víctimas habituales, entre ellos Fannie, Freddie y la Administración Federal de la Vivienda. Pero también retuvo muchos de estos títulos, aunque pretendiera no estar haciéndolo. Al igual que otros titulizadores, Citigroup empleaba unos métodos contables altamente engañosos. En este caso, usaba una laguna en las reglas contables que regulaban los vehículos de inversión estructurada (structured investment vehicles, SIV). De hecho, no era en absoluto una laguna, en el sentido de un descuido utilizado posteriormente para fines no previstos: era más bien una provisión muy estudiada y por la que los bancos habían presionado con fuerza (y con éxito).

Al colocar los títulos hipotecarios tóxicos en SIV, Citigroup podía quedarse con los beneficios al tiempo que pretendía temporalmente que los títulos ya no se encontrasen en su balance (esto es, hasta que los títulos comenzaron a perder dinero, momento en que Citigroup tuvo que pagar). Mientras tanto, por supuesto, mucha gente se embolsó enormes primas, incluida la alta dirección de Citigroup. Al final resultó que Citigroup tenía títulos en cartera o estaba expuesto a ellos por un valor de más de 50 000 millones de dólares, razón por la cual tuvo que ser rescatado por el gobierno federal. En la última fase de la burbuja, la unidad de CDO de Citigroup comenzó a apostar contra la burbuja mediante la creación de CDO sintéticos que luego vendía a cualquier ingenuo, para beneficiarse de la posición corta de la apuesta. Uno de estos CDO sintéticos tuvo como resultado una demanda civil por fraude presentada por la SEC[84]. Sin embargo, los beneficios obtenidos por esta vía quedaron en nada al lado de las pérdidas derivadas de los SIV que Citigroup tenía en cartera y de las obligaciones que había contraído en relación con ellos.

El que fuera consejero delegado de Citigroup durante la mayor parte de la burbuja, Chuck Prince, tuvo que dimitir a finales de 2007 y fue sustituido por Vikram Pandit, que sigue en el cargo en 2012. Rubin dimitió en enero de 2009, cuando Citigroup se encontraba en una posición muy dependiente de los fondos de rescate federales, que atribuían al gobierno más del 30 por ciento de la propiedad del banco.

UBS es uno de los tres grandes bancos suizos y uno de los más grandes del mundo. Fue a la vez víctima y victimario, pues algunas de sus secciones compraron grandes cantidades de títulos con garantía hipotecaria y perdieron miles de millones, mientras que otras crearon y vendieron esos mismos títulos a víctimas ingenuas, ya desde las fases iniciales de la burbuja. Así, en 2001 UBS creó un CDO híbrido (en parte real, en parte sintético) llamado North Street 4. UBS lo vendió a un pequeño banco local alemán, el HSH Nordbank. En su demanda contra UBS, dicho banco alega que, en contra de las informaciones ofrecidas, UBS y Dillon Read Capital Management (un pequeño banco de inversión estadounidense, posteriormente adquirido por UBS) usaron dicha estructura para sacar de sus libros internos diversos activos de bajo rendimiento. Dillon Read realizó su última operación para el HSH en febrero de 2007. Esta inversión debía replicar un índice de CDO hipotecarios subprime (esto es, apostar a que irían bien), lo que permitía a Dillon Read tomar la posición contraria y apostar contra ellos. En la fecha de la presentación de la demanda, HSH había perdido la mitad de su inversión[85].

Esencialmente, esos son los mismos patrones de conducta que se han denunciado en todos los demás titulizadores importantes: Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Suisse, Lehman. Todos ellos vendieron títulos respaldados por hipotecas residenciales de alto riesgo originadas por el mismo universo de originadores subprime. Todos los titulizadores tenían las mismas prácticas de retribución. Y todas las demandas contra las grandes firmas de Wall Street que hemos encontrado hasta ahora pueden resumirse en la simple tesis de que ningún titulizador competente pudo financiar a esos originadores de crédito, comprarles decenas o cientos de miles de hipotecas, estructurarlas y vender los títulos resultantes ofreciendo elaboradas presentaciones y toda clase de garantías en sus materiales promocionales… sin comprender en ningún momento la naturaleza tóxica de los instrumentos que estaban vendiendo.

En muchos casos, disponemos de la evidencia adicional de que comenzaron a apostar contra el mercado y a veces incluso contra sus propios títulos al tiempo que seguían diciendo a sus clientes que compraran. Por ejemplo, al final de la burbuja los operadores de Merrill Lynch llegaron al extremo de crear una nueva unidad en Merrill para comprar títulos que el mercado real no hubiera querido ni tocar. Como obviamente se trataba de una posición perdedora, los operadores se partieron sus primas con el grupo falsamente comprador. En la práctica, los operadores estaban financiando sus primas a base de sobornar a otros operadores, y todos ellos estaban timando a los accionistas de la empresa.

Con todo, todavía había otros dos grupos de actores que desempeñaron un papel esencial en el chanchullo: las agencias de calificación y las aseguradoras.

Las agencias de calificación

El negocio de calificar títulos de deuda era y sigue siendo un oligopolio, casi un cártel, de tres empresas: Moody’s (la más grande), Standard & Poor’s (S&P) y Fitch. Durante muchos años usaron su poder para asegurarse una posición privilegiada a nivel legal: había un número limitado de organizaciones de calificación estadística reconocidas a nivel nacional (nationally recognized statistical ratings organizations, NRSRO) para la SEC, y muchos fondos de pensiones gubernamentales solo podían invertir en títulos con una elevada calificación por parte de las NRSRO. Las agencias de calificación evitaban también cualquier responsabilidad legal por sus numerosos errores de juicio al pretender que las calificaciones eran meras «opiniones», y como tales, una manifestación más de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. Cuando alguna vez las legislaturas estatales amenazaban con reducir su poder o aumentar su responsabilidad legal, las agencias de calificación amenazaban con dejar de calificar los bonos emitidos por dichos estados.

Desde hace un cuarto de siglo, las agencias de calificación han estado cobrando sus retribuciones de los emisores de los valores calificados; como en este mismo período se produjo una gran concentración en la banca de inversión, cada vez más fueron los bancos los que decidieron la música que las agencias de calificación debían bailar, hasta que todos juntos se unieron en una fiesta de corrupción, cinismo y explotación. Durante todo el período que duró la burbuja, incluido el año 2007, mientras esta tocaba techo y comenzaba a deshincharse, Wall Street pretendió ignorar el crac inminente. Las agencias de calificación siguieron emitiendo sus triples A con total despreocupación[86].

Tanto en Moody’s como en S&P, el volumen de calificaciones de títulos con garantía hipotecaria residencial (residential mortgage-backed securities, RMBS) se duplicó entre 2004 y 2007. Las calificaciones de las CDO con garantía hipotecaria se multiplicaron por diez, y cada año los instrumentos se hacían más complejos. Hubo booms similares en otros títulos de deuda relacionados con la burbuja: obligaciones de garantía prendaria (collateralized loan obligations, CLO), títulos fijados en subasta, títulos sintéticos e incluso productos más exóticos. Y todos ellos recibían calificaciones extremadamente altas. Como resultado, las agencias de calificación se volvieron muy rentables: las ganancias relativas por acciones de Moody’s superaron incluso las de la empresa de servicios financieros más rentable, Goldman Sachs, por un factor de diez; durante la burbuja, Moody’s fue la empresa más rentable en la lista de Fortune 500.

Durante la primera semana de julio de 2007, S&P calificó 1500 nuevos títulos con garantía hipotecaria, lo que supone un ritmo de 300 por día laborable. Era una cadena de producción. En 2010, el expresidente de Clayton Holdings declaró ante el FCIC que en 2007 había ofrecido a las tres principales agencias de calificación los resultados de sus evaluaciones de los créditos que usaban los titulizadores. Las tres agencias declinaron el ofrecimiento de Clayton.

En 2009 más del 90 por ciento de los títulos con garantía subprime que habían obtenido calificación AAA en los años 2006 y 2007 estaban calificados como «basura».

Lo más sorprendente, sin embargo, fue el trato que dieron las agencias de calificación a los bancos de inversión, que eran sus clientes principales. ¿Acaso alertaron al mundo cuando el apalancamiento de Bear Stearns y Lehman alcanzó niveles extremos, o cuando el sector derivó hacia unas prácticas de financiación inestables y a plazo extremadamente corto? No. ¿Se preocuparon por la exposición de AIG y las demás aseguradoras de bonos? No. Todas estas entidades, incluidas las que quebraron o fueron rescatadas por el gobierno federal, conservaron sus calificaciones de nivel de inversión (y en varios casos, AAA) hasta bien entrada la crisis.

He aquí un extracto de mi entrevista con Jerry Fons, antiguo director ejecutivo de Moody’s que dejó la firma en 2007:

C. F.: Si recuerdo correctamente, Bear Stearns tenía una calificación AAA algo así como un mes antes de quebrar.

Fons: Más probablemente A2.

C. F.: A2. De acuerdo. A2 sigue sin ser en quiebra.

Fons: No, no, no, eso es grado de inversión alto, una calificación sólida de grado de inversión.

C. F.: Háblenos de eso.

Fons: No fue solo Bear Stearns. También estaba en A2 Lehman Brothers días antes de quebrar. AIG, AA días antes de ser rescatada. Fannie Mae y Freddie Mac eran AAA cuando fueron rescatadas. Citigroup, Merrill. Todos ellos tenían calificaciones de grado de inversión. Incluso WaMu, el banco que quebró, tenía una calificación BBB o ZZ3 en el momento de su rescate.

C. F.: ¿Cómo es eso posible?

Fons: Bueno, esa es una buena pregunta. [Risa]. Esa es una gran pregunta.

La «protección» y las armas financieras de destrucción masiva

Queda todavía una última parte del sistema que merece comentario: la protection racket («extorsión a cambio de protección»), que en este contexto significa vender seguros para los títulos con garantía hipotecaria, con el objetivo de que los inversores se sientan aún más confiados. Dichos seguros venían en dos versiones, la mala y la peor.

La forma menos maligna era un seguro en sentido literal, vendido por una compañía aseguradora monolínea especializada, las más grandes de las cuales eran MBIA y Ambac. Las dos dependían enormemente de sus propias calificaciones AAA, que las agencias de calificación se encargaban de proveer amablemente como de costumbre. Igual que en todas partes, sus vendedores y ejecutivos ganaron un montón de dinero durante la burbuja, un dinero que conservaron aun después de que los títulos comenzaran a fallar y de que las compañías se enfrentaran a una avalancha de reclamaciones; el resultado fue desastroso en ambos casos. Pero al menos hasta entonces habían sido conocidas principalmente por suscribir seguros reales, comprados por propietarios reales de bonos reales. Para encontrar casos de auténtica locura hay que ir al negocio de unos derivados llamados seguros de impago de deuda (credit default swaps, CDS), cuyo practicante más famoso fue, por supuesto, AIG.

Los seguros de impago de deuda son puro juego, y difieren de los seguros en aspectos de gran importancia. Puedes usar CDS para apostar a que un título cualquiera va a perder valor, y puedes hacer apuestas tan grandes como desees. También puedes hacer lo contrario: si estás lo bastante loco, puedes vender tanta «protección» como desees, mucho más allá del valor real de los títulos en cuestión. AIG vendió alrededor de 500 000 millones de dólares por este concepto… y no le salió demasiado bien.

Los CDS eran (y siguen siendo) particularmente peligrosos por varias razones. En primer lugar, gracias a la Ley de Modernización de Futuros de Materias Primas (Commodity Futures Modernization Act) de 2000, la ley promovida por Larry Summers, Robert Rubin y Alan Greenspan, los CDS eran instrumentos totalmente desregulados y opacos. Nadie sabía el volumen total y la distribución de la propiedad o el riesgo de los CDS, y el gobierno no tenía derecho legal a controlarlos. En segundo lugar, los CDS generaban incentivos peligrosos (si poseías suficientes CDS, tenías un poderoso incentivo para provocar la caída de ciertos valores, y también para guardar silencio sobre ciertos riesgos en el sistema financiero).

Los CDS también creaban la ilusión —a veces incluso la realidad— de una protección total incluso ante los comportamientos financieros más arriesgados y peligrosos. Las auténticas pólizas de seguro incluyen deducibles, límites de póliza, primas superiores para las personas con malos historiales y otras limitaciones que protegen a la aseguradora contra la irresponsabilidad y el fraude. No puedes comprar un seguro de hogar por un importe veinte veces superior a su valor real, sobre todo si tu casa se ha quemado oportunamente cinco veces en la última década. Tampoco puedes comprar un seguro de hogar si no tienes casa. Si has sido detenido en cinco ocasiones por conducir ebrio, es posible que no puedas comprar ningún seguro de automóvil, o que te salga muy caro.

A diferencia de los auténticos seguros, los CDS no tenían deducibles ni límites de póliza, y no imponían ninguna restricción a sus compradores. Mientras tuvieras el dinero para hacerlo, podías comprar tantos como quisieras, incluso para asegurar valores que no tenías (en otras palabras, podías apostar contra un título o contra la empresa emisora, o contra ambos a la vez). Y si eras un emisor de títulos, podías sacar provecho de ello a base de crear y vender títulos basura y luego apostar contra ellos.

Además también podías comprar basura e ignorar sus riesgos, mientras pudieras comprar la protección de un CDS. Una de las razones añadidas por las que Wall Street pudo vender tantos títulos hipotecarios tóxicos fue que podían señalar a los vendedores de CDS, en especial AIG, y decir: «Mira, esto es una maravilla. Pero, si sigues preocupado, ningún problema; todo lo que tienes que hacer es ir a esos grandes tipos de AIG, pagarles una pequeña fracción de tus ingresos anuales, y estarás totalmente protegido».

Por otro lado, el volumen total de riesgo creado en el mercado era potencialmente ilimitado. Consideremos de nuevo el caso de los seguros auténticos. En caso de desastre (un terremoto, un huracán, un tornado), la responsabilidad total de una compañía de seguros reales se limita al daño efectivo causado por el desastre. Pero, en el caso de los CDS, mientras hubiera alguien dispuesto a venderlos, no había límite al volumen de responsabilidades y riesgos que podían generarse.

Por supuesto, no sería una política demasiado prudente vender grandes cantidades de tales «seguros» sobre valores de riesgo, incluso fraudulentos. Pero eso fue justamente lo que hizo AIG, por tres razones. La primera fue la complejidad y la opacidad del mercado, incluso —un cínico diría sobre todo— para la alta dirección de AIG. La segunda razón fue que la alta dirección y el consejo de administración de AIG estaban como quien dice de vacaciones. Invito a los lectores a comparar las presentaciones de AIG ante los inversores en la última época de la burbuja (sobre todo a finales de 2007 y comienzos de 2008) con el testimonio que dio ante el Congreso el exconsejero delegado de AIG Martin Sullivan tras la crisis. Las presentaciones a los inversores son absurdamente optimistas y engañosas, pero también increíblemente complejas, mientras que el señor Sullivan da la impresión de ser más bien… simple. El señor Sullivan fue el sucesor de Maurice (Hank) Greenberg, quien le eligió a dedo y pensando sobre todo en su carácter manejable cuando se vio obligado a abandonar el cargo de consejero delegado en 2005 por las investigaciones de fraude de Eliot Spitzar. El consejo de AIG, también elegido a dedo en buena medida por el propio Greenberg, era tan manejable e incompetente como el señor Sullivan.

La tercera razón fue que AIG usaba el mismo sistema tóxico de primas que destruyó a todos los demás. El negocio de los CDS de la compañía daba unos beneficios espectaculares —hasta que dejó de darlos—, con márgenes de más del 80 por ciento en sus «mejores» años. El negocio iba a cargo de una unidad muy autónoma de 375 personas con base en Londres, AIG Financial Products (AIGFP), el feudo personal de un hombre llamado Joseph Cassano. AIGFP se quedaba el 30 por ciento de los beneficios anuales en forma de primas en efectivo, y entregaba el resto a la matriz. Durante la burbuja, AIGFP se pagó a sí misma más de 3500 millones de dólares en primas (Cassano ingresó personalmente más de 200 millones de dólares) y pasó 8000 millones de dólares a AIG, que en 2005 suponían el 17 por ciento de todos los beneficios de AIG.

En 2007, la burbuja comenzó a deshincharse y los compradores de CDS llamaron a la puerta reclamando su dinero. Cassano siguió a lo suyo, y a finales de 2007 decía públicamente a los inversores que no se imaginaba a AIG perdiendo «un solo dólar» con las CDS. Cassano evitó cualquier auditoría interna o externa de los libros de AIGFP. En 2007, el vicepresidente de política contable de AIGFP, Joseph St. Denis, comenzó a preocuparse por los CDS y por la forma en que estaban siendo valorados. Cassano le denegó de forma grosera y frontal todo acceso a la información, diciéndole que «contaminaría el proceso». St. Denis terminó por presentar la dimisión en protesta, y le dijo al jefe de auditoría de AIG a finales de 2007 que no podía suscribir el tratamiento contable de los CDS en AIGFP. Cassano se mantuvo en su puesto hasta que AIG se derrumbó en septiembre de 2008. Ante la presión pública, AIG terminó por despedirle, aunque le volvió a contratar inmediatamente como asesor con unos honorarios de un millón de dólares al mes, hasta que ese contrato tuvo que rescindirse también al hacerse público en las audiencias ante el Congreso.

Al escribir estas líneas (comienzos de 2012), los seguros de impago de deuda han reaparecido como un factor importante en la crisis de deuda soberana europea, y de la posible extensión de esa crisis a Estados Unidos y al sector bancario europeo. Algunos no aprenden nunca…

Cultura financiera y gobernanza corporativa durante la burbuja

Después de examinar el comportamiento del sector de la banca de inversión, regresemos a la cuestión de cómo y por qué los consejeros delegados y los consejos de administración pudieron tolerar todo esto, y en particular por qué permitieron que se llevara por delante a sus propias empresas. En parte, el mismo sistema de incentivos financieros funcionaba también para ellos y los volvía indiferentes al destino de sus organizaciones, empleados y clientes. Debe reconocerse, sin embargo, que al menos en algunos casos destruir sus instituciones iba claramente en contra de sus intereses, al menos hasta cierto punto. ¿Por qué permitieron que ocurriera? Pues bien, es incuestionable que la alta dirección de algunos de los bancos se comportó de forma irracional.

En este punto debemos abandonar el terreno de la economía pura y ponderar los efectos tóxicos de un exceso de riqueza y de poder, de la vida en el mundo cerrado de la nueva oligarquía estadounidense que constituye la nueva cultura de la banca de inversión de Estados Unidos. Consideremos, por ejemplo, el caso de Jimmy Cayne. A quienes encuentren difícil de creer lo que viene a continuación, los invito a poner en Google una frase del tipo: «Jimmy Cayne helicopter Plaza Hotel bridge golf megalomaniac marijuana».

Jimmy Cayne fue nombrado consejero delegado de Bear Stearns en 1993 y asumió el cargo adicional de presidente en 2001, dos posiciones que conservó hasta que finalmente se vio obligado a presentar la dimisión como consejero delegado en enero de 2008, momento en el que ya era demasiado tarde para salvar la empresa.

El señor Cayne, que parece haber generado un amplio rechazo entre quienes le rodeaban, no era la clase de persona que invitaba a decirle que estaba destruyendo su empresa y la economía mundial. Antiguos empleados suyos me han contado toda clase de historias. Convocaba, por ejemplo, reuniones a primera hora de la mañana en la oficina, encargaba un desayuno caliente a un camarero y lo consumía durante la reunión, sin ofrecer nada a sus subordinados, que debían esperar a que terminara. O bien invitaba a alguien a su oficina, sacaba teatralmente dos cigarrillos, encendía uno, y luego se ponía el otro en el bolsillo. Insultaba a sus subordinados en público, a veces con extrema grosería. Su predecesor como consejero delegado de Bear Stearns, Ace Greenberg, le describió como «un porrero megalómano».

Este es, sin embargo, su lado bueno. Cuando los beneficios y la cotización en bolsa de Bear Stearns se dispararon como consecuencia de la burbuja, el señor Cayne se convirtió en multimillonario y pasó de ser meramente odioso a sufrir una grave desconexión de su entorno. Era habitual que se tomara fines de semana de tres y cuatro días, así como unas vacaciones ampliadas. Durante sus largos fines de semana a menudo se trasladaba en helicóptero desde sus cuarteles generales en Bear Stearns hasta su club de golf de Nueva Jersey, donde tenía una casa y permiso para aterrizar. En Bear Stearns reservó un ascensor para su uso exclusivo. Gran aficionado al bridge, pagaba 500 000 dólares al año a dos jugadores profesionales italianos para que jugaran contra él. El señor Cayne participaba en muchos torneos de bridge y también dedicaba mucho tiempo a jugar al bridge en su ordenador. A pesar de sus firmes convicciones republicanas también fumaba mucha marihuana, a menudo delante de los ojos y las narices de sus compañeros de bridge y de otros huéspedes del hotel.

Cuando la burbuja comenzó a deshincharse en 2007 y la presión crecía alrededor de Bear Stearns, el señor Cayne seguía estando muchas veces en paradero desconocido en los momentos clave. Nunca llevaba consigo un móvil o un pager cuando jugaba al bridge o al golf, en días laborables e incluso mientras su empresa se venía abajo en 2007 y 2008. Realizó varios viajes a torneos de bridge durante este período, que implicaban a veces estancias de una semana o más fuera de la oficina. Cuando una conferencia telefónica o una reunión no encajaban con su programa de bridge, simplemente no asistía.

Los problemas de Bear Stearns comenzaron a agravarse a mediados de 2007, con el colapso de dos de sus fondos de inversión, muy concentrados en valores inmobiliarios. El jueves 14 de junio de 2007, cuando Bear Stearns hizo públicos sus primeros resultados financieros preocupantes, Cayne estaba jugando al golf en Nueva Jersey; siguió jugando al día siguiente. Un mes más tarde, el 17 de julio de 2007, Bear Stearns comunicó a los inversores que los dos fondos de inversión en valores inmobiliarios habían perdido todo el dinero. Al día siguiente, el 18 de julio, el señor Cayne voló hasta Nashville para asistir a un torneo de bridge, acompañado por el jefe de productos de renta fija, Allen Spector, y se quedó allí (jugando al bridge) la mayor parte de los diez días siguientes. El señor Cayne estuvo en su oficina solo once días durante aquel mes. Incluso cuando participaba en conferencias telefónicas, a menudo se iba sin previo aviso.

Nada de esto parecía inquietar al consejo de administración. Es más, la razón de su apartamiento final del cargo de consejero delegado no parece que fuera su bajo rendimiento, sino la creciente publicidad, sobre todo tras un artículo de The Wall Street Journal de noviembre de 2007, de sus aficiones al golf y a la marihuana, y la imposibilidad de establecer contacto con él cuando se entregaba a ellas. Incluso después de ser apartado del cargo de consejero delegado en enero de 2008, Cayne siguió siendo presidente del consejo. A comienzos de marzo del mismo año, más o menos una semana antes del colapso y posterior venta de su banco a JPMorgan Chase, el señor Cayne cerró la compra de dos apartamentos colindantes en el hotel Plaza por 24 millones de dólares. El 13 de marzo, cuando Bear Stearns entró en su espiral definitiva, se encontraba en Detroit, jugando nuevamente al bridge; se sumó tarde a la conferencia telefónica del consejo, para poder terminar antes la partida.

El 10 de mayo, dos meses después del colapso de su entidad, el señor Cayne asistió a una fiesta en el Plaza en honor de los nuevos residentes. La fiesta incluía caviar y coñac, así como un bufé que reproducía los cuadros de una exposición del Museo Metropolitano titulada «La época de Rembrandt».

No cabe duda de que el señor Cayne sufrió las consecuencias de la crisis. Perdió su trabajo, pero cuando Bear Stearns se hundió tenía 74 años, estaba próximo en todo caso a la edad de jubilación, y parece probable que en su cabeza llevara ya bastante tiempo retirado. El valor de las acciones de Bear Stearns bajó desde unos 1000 millones de dólares en su punto más alto hasta solo 65 millones en el momento en que JPMorgan Chase lo compró. Cayne había tomado la precaución de sacar gran cantidad de dinero en efectivo a lo largo de los años previos, de modo que su patrimonio neto sigue estimándose en 600 millones de dólares, probablemente suficiente para financiar el golf, el bridge, el helicóptero y los hábitos fumadores de marihuana. Sigue viviendo en el Plaza (al menos cuando está en Manhattan, pues tiene varias casas más, entre ellas una al lado de su club de golf).

Ciertamente un caso extremo, os oigo decir, pero ¿es posible que un comportamiento de este tipo sea común, peor aún, representativo?

Pues bien, la verdad es que sí.

Luego es verdad que la destrucción provocada por la burbuja y la crisis no puede atribuirse enteramente al interés racional y al fraude. Pero eso no significa que fuera el resultado de errores inocentes y bienintencionados. Más bien era el síntoma de una cultura y un sistema de gobernanza que estaba gravemente fuera de control.

Durante la burbuja, muchos ejecutivos de Wall Street se construyeron pequeños universos surrealistas a su alrededor. Los componentes esenciales de dichos universos eran el aislamiento físico a través de entornos privados inaccesibles para sus empleados (limusinas, ascensores, aviones, helicópteros, restaurantes), aduladores y sirvientes tanto en casa como en el trabajo, y finalmente un consejo de administración complaciente e incompetente. A menudo sus mundos también incluían esposas trofeo, amantes, prostitutas o drogas. Las actividades de ocio se dividían por generaciones. Los operadores y los vendedores jóvenes se inclinaban por los clubs nocturnos y de striptease, las fiestas, el juego, la cocaína y las acompañantes de lujo; los banqueros de inversión de Nueva York se gastaban 1000 millones de dólares en clubs nocturnos y de striptease, buena parte a cargo de sus empresas como gastos reembolsables y deducibles de impuestos en concepto de ocio vinculado a la empresa. La generación de ejecutivos séniores, la mayoría de ellos ya casados, se inclinaban por el golf, el bridge, los restaurantes caros, los actos benéficos, las subastas de arte, los clubs de campo y las fincas en Hampton.

Jimmy Cayne no era el único que tenía un ascensor privado y afición a trasladarse en helicóptero; de hecho, era un tipo razonable en términos comparativos. Después de algunas quejas, aceptó reservar el ascensor solo entre las ocho y las nueve de la mañana de cada día. Richard Fuld, el consejero delegado de Lehman, tenía un método distinto: siempre que la limusina de Fuld se acercaba al cuartel general de Lehman, su chófer hacía una llamada; un ascensor especialmente programado bajaba al garaje y se quedaba allí de guardia hasta que llegaba él. Luego el ascensor llevaba a Fuld directamente hasta el piso treinta y uno, sin paradas, de modo que no tuviera que ver a ninguno de sus empleados. Así lo describía un antiguo trabajador de Lehman (parte de esta conversación se encuentra en mi documental):

Ese hombre nunca aparecía por el piso donde se hacían las operaciones. Nunca le vimos. Había una broma entre los operadores, sobre la serie de H. G. Wells, El hombre invisible […]. Pero, bueno, muchos consejeros delegados estaban desconectados en Street, pero él tenía incluso un ascensor privado. Tomaba medidas especiales para desconectarse.

Stan O’Neal de Merrill Lynch tenía también un ascensor privado, esto es, un ascensor que siempre estaba ahí cuando llegaba. Un guardia de seguridad reservaba el primer ascensor que aparecía e impedía la entrada de ninguna persona (si era necesario, ordenaba que salieran los que ya estaban dentro).

Lehman y la mayoría de los demás bancos tenían colecciones de arte corporativas, las cuales absorbían a veces una cantidad considerable de energía de sus directivos. Todos los bancos contrataban a chefs para sus elegantes comedores privados, de los que habitualmente había varios y el acceso a los cuales estaba estrictamente reservado a directivos e invitados según diferentes niveles de jerarquía y riqueza. He comido en varios de ellos (Morgan Stanley, JPMorgan Chase); son muy bonitos.

Todo el mundo tenía limusinas y chóferes, por supuesto, pero también había juguetes más serios. Cuando Lehman fue a la quiebra, poseía un helicóptero y seis reactores privados. Dos de los aviones eran 767, con asientos para 150 personas cuando los usan las compañías de aviación, y que cuestan más de 150 millones. Pero es que, además, el presidente de Lehman, Joe Gregory, tenía su propio helicóptero personal, en el que viajaba diariamente hasta Lehman desde su mansión en Hampton. (Cuando hacía mal tiempo, a veces usaba un hidroavión). Gregory empleaba a 29 personas para el servicio de su casa. Citigroup poseía dos reactores, y pretendía comprar un nuevo avión de 50 millones de dólares después de ir a la quiebra y ser rescatada por el gobierno federal.

Vale, o sea que tenían sus juguetes. ¿Pero cuáles eran sus incentivos financieros, cómo los retribuían, examinaban, premiaban y castigaban sus consejos de administración? ¿Había otros casos como el de Bear Stearns y Jimmy Cayne?

Pues sí, los había. El profesor Lucian Bebchuck de la Harvard Law School examinó la conducta de los más altos directivos de Bear Stearns y Lehman Brothers en los años previos al colapso. En ambos casos, los cinco empleados de más alto rango habían sacado de su banco más de 1000 millones de dólares en efectivo (esto es, 1000 millones por banco) en los años inmediatamente previos al colapso. Eso no sugiere que esos hombres (y los diez eran hombres) tuvieran una fe ilimitada en el futuro de sus bancos, ni unos incentivos demasiado poderosos para evitar el riesgo.

Consideremos, por ejemplo, el caso de Stan O’Neal. A finales de 2006 llevaba cuatro años como consejero delegado de Merrill Lynch y había posicionado agresivamente al banco en el sector de los títulos subprime. En 2006, la retribución que O’Neal se llevaba a casa era algo superior a 36 millones de dólares, 19 de ellos en efectivo. Pero esa no era su retribución total. Para evitar impuestos, buena parte de su retribución era diferida, es decir, se pagaba en el momento de la jubilación.

En 2006, Merrill Lynch tenía unos ingresos de 33 800 millones de dólares y unos beneficios antes de impuestos de 9800 millones de dólares. En enero de 2007, Merrill pagó sus primas anuales, algo menos de 6000 millones de dólares, un tercio de los cuales era para la gente que trabajaba en los títulos hipotecarios. Dow Kim, el jefe de la unidad de renta fija de Merrill y, por lo tanto, a cargo de las titulizaciones subprime, recibió 35 millones de dólares. Todavía en el segundo trimestre de 2007, con término el 30 de junio, Merrill Lynch seguía siendo rentable y declaraba unos beneficios antes de impuestos de 2100 millones. Pero igual que ocurrió con Bear Stearns, a mediados de 2007 la burbuja comenzó a deshincharse. El siguiente trimestre, el tercero de ese mismo año, Merrill declaró una pérdida neta de 2600 millones de dólares causada por unas pérdidas de más de 8000 millones de dólares en créditos y títulos subprime. Luego la empresa cayó por el barranco. En el conjunto de 2007, los ingresos de Merrill se redujeron un 67 por ciento y perdió 8600 millones de dólares. Todavía iba a perder mucho más, casi todo por culpa de decisiones tomadas mientras O’Neal era el consejero delegado. ¿Y qué estaba haciendo Stan O’Neal durante el tercer trimestre de 2007, cuando Merrill Lynch se caía a pedazos?

Estaba jugando al golf. En las últimas seis semanas del tercer trimestre, O’Neal jugó veinte vueltas de golf, a veces con su móvil apagado. Normalmente jugaba los fines de semana, pero no siempre. Poco después, cuando la situación de Merrill empeoró gravemente, O’Neal mantuvo contactos no autorizados con otros bancos para explorar una posible fusión. Fue esto lo que finalmente hizo que el consejo de administración de Merrill Lynch le echara.

Solo que no le echaron. Le permitieron dimitir, lo que le permitía embolsarse otros 161 millones de dólares en concepto de retribuciones diferidas e indemnización: 30 millones en efectivo, 131 en acciones. Y tampoco es que el señor O’Neal se haya visto apartado del mundo de los negocios: después de irse de Merrill, fue invitado a unirse al consejo de administración de Alcoa, en el que sigue actualmente. De hecho, también forma parte de dos comités en el consejo de esta empresa. ¿Cuáles? El de auditoría y el de gobernanza. Premios por un trabajo bien hecho.

Por último, consideremos el caso de Robert Rubin. Como secretario del Tesoro, el señor Rubin supervisó la eliminación de la separación introducida por la Ley Glass-Steagall entre banca de inversión y banca comercial. Este cambio resultó muy beneficioso para Citigroup, y poco después de salir del Tesoro el señor Rubin se convirtió en el vicepresidente de Citigroup. En esta empresa, Rubin mostró una gran desconexión tanto de la realidad como de la ética. En 2001, actuando en representación de Citigroup, llamó a su antiguo colega Peter Fisher del Departamento del Tesoro para que le ayudara a evitar una rebaja en la calificación crediticia de Enron, poco antes de que esta fuera a la quiebra. (Citigroup era uno de los principales acreedores de Enron, y más tarde lo multaron por ayudar a esta a ocultar sus pérdidas).

Durante la burbuja, Rubin presionó a Citigroup para que asumiera más riesgo, después incluso de ser advertido de los crecientes peligros y del carácter fraudulento de los créditos hipotecarios y de los títulos con garantía hipotecaria. No parece siquiera que fuera consciente de la estructura financiera ni de las obligaciones de su empresa. En su declaración ante el FCIC, Rubin dijo que solo después del crac tuvo noticia de los «puts de liquidez», esto es, las cláusulas contractuales en virtud de las cuales Citigroup estaba obligada a recomprar los CDO si perdían dinero o no podían venderse. Esos acuerdos sobre los vehículos de inversión estructurada (creados por el propio Citigroup) aportaban más de un billón de dólares al balance de Citigroup, y provocaron pérdidas de miles de millones durante la crisis. Es una lástima que Rubin no se leyera las notas al pie de los informes financieros de su propia empresa, pues tal vez se habría fijado en esos puts y habría dado la alarma[87].

Tras una década en Citigroup, durante la cual cobró más de 120 millones de dólares, Rubin se vio forzado a dimitir en enero de 2009. No parece que eso fuera un gran contratiempo para él. Sigue siendo copresidente del Consejo de Relaciones Exteriores; sigue siendo miembro de la Harvard Corporation, el grupito que constituye el auténtico consejo de administración de Harvard, y tanto él como su hijo tomaron parte activa en el equipo de transición de Obama, contribuyendo a elegir una nueva hornada de políticos deshonestos (que resultaron ser la mayoría de las veces los mismos de la vieja hornada, reciclados; pero más tarde nos ocuparemos de eso).

No cabe duda de que ninguno de esos hombres tomó la decisión deliberada de destruir su propia empresa. Pero tampoco cabe duda de que los incentivos personales y el riesgo personal contribuyen mucho más que el golf y el bridge a centrar los esfuerzos de una persona. Esa gente tenía demasiado dinero fuera de sus empresas para que le importara tanto como habría debido preocuparle lo que ocurriera dentro de ellas. La atmósfera psicológica es aquí tan importante como los incentivos directos. Se convirtieron en una especie de realeza corporativa, con toda la absurda arrogancia, desconexión de la realidad, egolatría y culto de la personalidad que ello implica.

Sin embargo, hubo otros —Goldman Sachs es el caso más famoso— que no permitieron que las tentaciones del helicóptero y el golf les nublaran la mente. Gracias a tanta disciplina y a su espíritu depredador, estas personas consiguieron hacer dinero no solo con la burbuja, sino también con el colapso. A continuación abordaremos su caso y las implicaciones de su comportamiento para la estabilidad financiera al examinar las advertencias previas y el final de la burbuja, la crisis, su impacto y las respuestas gubernamentales a este. Advierto que no es un cuadro bonito ni reconfortante.

5
Todo se viene abajo: alarmas, depredadores, crisis, reacciones

Hubo gente que advirtió la existencia de la burbuja relativamente pronto. William Ackman, un destacado gestor de hedge funds, descubrió en 2002 que MBIA, una de las principales aseguradoras de bonos, era en verdad un castillo de naipes. Por supuesto, contaba con una calificación AAA, pero su grado de apalancamiento era de más de ochenta a uno, había comenzado a suscribir seguros sobre hipotecas de riesgo y sus métodos contables eran dudosos. Ackman compró CDS en MBIA para posteriormente apostar también contra Ambac, la otra gran aseguradora de bonos. Acto seguido inició una fuerte campaña pública para desprestigiar MBIA a través de reuniones con agencias de calificación, medios de comunicación y la SEC. Las agencias de calificación lo ignoraron, naturalmente; la SEC contactó posteriormente con MBIA, y su respuesta fue que Ackman difundía rumores falsos. De hecho, MBIA persuadió a la SEC para que investigara a Ackman, quien al final resultó tener la razón de su lado. Tras varios años de perder dinero esperando el estallido de la burbuja, Ackman obtuvo finalmente un gran rendimiento económico de su apuesta.

En 2004, Robert Gnaizda, un analista de política financiera e inmobiliaria que dirigía el Greenlining Institute, una ONG dedicada a la vivienda, comenzó a alertar a Alan Greenspan en persona. Gnaizda, que se reunía con Greenspan y con la Reserva Federal una o dos veces al año, había percibido la proliferación de hipotecas tóxicas y engañosas. Gnaizda puso ejemplos, e instó a Greenspan a hacer uso del poder que la HOEPA le otorgaba para contener la concesión de préstamos hipotecarios. Pero Greenspan no se mostró interesado.

Con todo, la primera señal pública de alarma realmente seria del peligro sistémico que se avecinaba llegó en 2005. Fue durante la conferencia de Jackson Hole organizada por la Reserva Federal, donde se reúnen anualmente los representantes de los principales bancos centrales y algunos de los economistas de mayor renombre. La cita de 2005 era la última de Greenspan como presidente de la Reserva Federal y era de esperar que sirviera para homenajear su brillante trayectoria. Pero Raghuram Rajan, entonces director económico del Fondo Monetario Internacional, aguó la fiesta con una ponencia brillante, profética y aterradora[88]. Entre la audiencia estaban presentes Alan Greenspan, Ben Bernanke, Tim Geithner, Larry Summers y el Consejo de la Reserva Federal.

La intervención de Rajan se titulaba «Has Financial Development Made the World Riskier? (¿Ha incrementado los riesgos del mundo la evolución del sistema financiero?)». Y su respuesta era sí. Después de algunos comentarios introductorios, Rajan dijo: «Mi principal preocupación está relacionada con el sistema de incentivos», y se refirió a los nuevos métodos de remuneración que se habían impuesto en el sistema financiero, que convertían la asunción de riesgos en un ejercicio muy rentable. «Esta evolución puede incrementar la tendencia procíclica del sector financiero respecto a épocas anteriores. También podría aumentar la probabilidad (aunque todavía es pequeña) de un colapso catastrófico» (página 6 del documento).

En la página 25 describe un escenario casi idéntico a la caída de AIG propiciada por el equipo de Joseph Cassano:

Existen compañías aseguradoras y fondos de pensiones que han entrado en el mercado de derivados de crédito para vender garantías frente a la quiebra de una compañía […]. Estas estrategias generan aparentemente alfas muy elevadas (altos rendimientos con bajo riesgo), y por tanto los directivos están incentivados a invertir intensamente en estos productos. Sin embargo, cada cierto tiempo se irán al traste. Dado que la rentabilidad real solo puede estimarse a largo plazo, en un tiempo muy superior al horizonte de incentivos de los directivos, estos asumirán esos riesgos en la medida que puedan hacerlo.

Posteriormente, en la página 31:

Ya que ellos (los bancos) normalmente tienen mucha capacidad para deshacerse de los productos con mayor riesgo, están incentivados a generar activos con gran demanda y de este modo alimentar la histeria. Si se trata del sector inmobiliario, los bancos tienen razones para proporcionar todas las hipotecas que les demanden, aunque se trate de la arriesgada modalidad «solo intereses». En medio de una histeria, es improbable que los bancos conserven demasiado colchón para soportar riesgo.

Tres páginas después: «Los vínculos entre mercados, y entre mercados e instituciones, son ahora más fuertes. Sin duda, ello ayuda al sistema a diversificarse ante pequeñas caídas, pero también lo expone a grandes colapsos sistémicos».

A partir de la página 44, Rajan explica cómo reducir el riesgo asociado a este nuevo sistema:

Quizás el enfoque debería dirigirse más bien a garantizar que los gestores de inversión tengan los incentivos adecuados […]. Los grupos del sector podrían insistir en que todos sus directivos inviertan una parte fija de su sueldo […] en los fondos que dirigen […]. Para que los incentivos se orienten a la inversión a largo plazo, la norma podría consistir en que los bienes de los directivos quedaran retenidos durante varios años en estos fondos.

Cuando Rajan concluyó su exposición, Greenspan y la mayoría de los asistentes reaccionaron a la defensiva con un silencio tenso. Pero no así Larry Summers, quien en ese momento presidía la Universidad de Harvard y simultáneamente era consultor del fondo de inversión Taconic Capital Advisors. Un año después, tras verse forzado a dimitir, entró como consultor en D. E. Shaw, un hedge fund de 30 000 millones de dólares, que en 2008 le pagó 5,2 millones por una jornada de trabajo semanal. Ambas compañías aplicaban justo el sistema de incentivos al que había apuntado Rajan: los directivos retenían el 20 por ciento de los beneficios anuales, pero no tenían ninguna responsabilidad por las pérdidas.

Con su arrogancia característica, Summers se puso en pie para poner a Rajan en su sitio. Si desea leer su respuesta completa, puede consultarla en la página web del Kansas City Federal Reserve Bank. Sin embargo, recojo aquí algunas citas de su intervención:

Hablo como […] alguien que ha aprendido mucho sobre el tema […] de la mano de Alan Greenspan, y alguien que considera el contenido de esta intervención ligeramente retrógrado y profundamente equivocado. […] Cualquiera de nosotros diría casi con certeza […] que este proceso [de innovación financiera] ha dado frutos rotundamente positivos. […] Aunque creo que la intervención acierta al alertarnos de la posibilidad de una retroalimentación positiva y de los peligros que ello supondría en los mercados financieros, la orientación restrictiva que se percibe en el tono de la presentación me parece algo problemática. Considero que respalda toda una serie de políticas erróneas que se desarrollan en muchos países.

No obstante, quienes realmente sabían lo que ocurría en Wall Street habían comprendido lo que no entendió Summers. ¿Cuándo supieron que existía una enorme burbuja y que podían aprovecharse de ello? Los más inteligentes se enteraron alrededor de 2004, cuando, por ejemplo, Howie Hubler comenzó a apostar contra los títulos de las peores hipotecas subprime, contando con el conocimiento y la aprobación de sus superiores. Sin embargo, solo se puede hacer negocio apostando contra una burbuja cuando esta se deshincha. Mientras hubo margen para que la burbuja creciera, el interés prioritario de Wall Street era seguir hinchándola, pero, cuando vieron que se estaba acabando, sus intereses cambiaron. Por tanto, sabemos que a finales de 2006 muchos agentes de Wall Street se percataron de la existencia de una inmensa burbuja, porque fue entonces cuando comenzaron a apostar masivamente por su estallido.

En este punto debo apuntar una discrepancia con el periodismo financiero, excelente por lo general, Michael Lewis. En su libro The Big Short (La gran apuesta a corto), un trabajo muy ameno e informativo en numerosos aspectos, Lewis proyecta la imagen de Wall Street precipitándose ciegamente hacia el abismo mientras un reducido grupo de justicieros locos, salvajes y adorablemente extravagantes descubrían el modo de apostar a corto en el mercado de las hipotecas y derrotar al sistema. Con todo el debido respeto por el señor Lewis, la realidad fue distinta; la Gran Apuesta a Corto fue un negocio enorme y la mayor parte de Wall Street supo aprovecharlo estupendamente bien.

Los primeros en comprenderlo fueron algunos de los grandes hedge funds. A diferencia de los bancos de inversión, sin embargo, ellos no podían hacer mucho negocio titulizando préstamos y vendiendo CDO. En consecuencia, debieron esperar a que la burbuja estuviera a punto de estallar y ganar dinero con el colapso. Y eso fue lo que hicieron. Además del ya mencionado Bill Ackman, otros de los principales hedge funds ganaron miles de millones de dólares apostando contra los títulos hipotecarios cuando estalló la burbuja, entre ellos Magnetar, Tricadia, Harbinger Capital, George Soros y John Paulson. Se estima que solo estos cinco hedge funds obtuvieron más de 25 000 millones de dólares de beneficio, y posiblemente más de 50 000, apostando a corto contra la burbuja hipotecaria, y todos trabajaron codo con codo con Wall Street para conseguirlo. De hecho, como veremos más adelante, sus apuestas contra la burbuja fueron de gran ayuda para que Wall Street pudiera perpetuarla. Y tal como acabamos de ver, mucha gente de Wall Street tenía gran interés en seguir creando y vendiendo basura hasta el final, incluso a sabiendas de estar destruyendo su empresa. Sin lugar a dudas, miles de compradores de deuda, aseguradores, agentes de bolsa, comerciales y ejecutivos sabían perfectamente que esta historia iba a acabar mal, pero sus fortunas se incrementaban mientras duraba, no tenían ninguna capacidad individual para destruirla y muy poco que perder cuando terminara.

Siendo justos con Michael Lewis, es cierto que en algunos casos de renombre —los más significativos son Citigroup, Merrill Lynch, Lehman y Bear Stearns— los principales directivos estaban totalmente desconectados y no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo, permitieron que sus empleados se siguieran aprovechando de la situación durante demasiado tiempo y como resultado hundieron sus propias empresas. Sin lugar a dudas, la atmósfera generalizada de adrenalina, testosterona y dinero también desempeñó su papel, contagiando a muchos responsables de banca, que deberían haber estado más al corriente de lo que pasaba. Pero, incluso en las citadas empresas, hubo grupos que empezaron a vender activos nocivos a clientes ingenuos al tiempo que obtenían beneficios apostando contra sus propios valores. En 2011, la SEC intentó llegar a un acuerdo en un caso contra Citigroup en el cual los altos directivos de inversión en CDO se beneficiaban de explotar el «lado corto» de títulos basura. Un juez federal rechazó el acuerdo propuesto por la SEC por considerarlo demasiado indulgente[89].

Por otra parte, la falta de información no era un problema para los directivos de Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley. Como hemos visto, esta última empresa empezó a apostar contra la burbuja a comienzos de 2004, pero cometió un error estratégico que le costó 9000 millones de dólares. El hecho de que infravaloraran la magnitud del colapso no los exime de culpa, ni significa que no se percataran de la existencia de la burbuja. Todo lo contrario, la percibieron muy nítidamente e intentaron aprovecharla sin contemplaciones.

Por el contrario, JPMorgan Chase optó por mantener una cierta distancia. Vendió algunos activos tóxicos, pero mayoritariamente sobrevoló prudentemente la batalla de las hipotecas basura. Los altos directivos de JPMorgan Chase en ocasiones ampararon comportamientos extremadamente contrarios a la ética, incluso ilegales, pero no fueron estúpidos ni complacientes, y mantuvieron a sus empleados bajo un control estricto. Probablemente ayudó a ello que Jamie Dimon no llegara a la dirección de JPMorgan Chase hasta 2005, justo después de salir de un banco de Chicago que necesitó ser rescatado.

Sin embargo, también está claro que Dimon estaba atento a los acontecimientos. En mayo de 2007, Bill Ackman, el responsable del hedge fund que apostaba a corto contra MBIA, intervino en una conferencia sobre inversiones con una ponencia titulada de forma muy directa: «Who’s Holding the Bag? (¿Quién está cargando con el muerto?)», en la que analizaba la burbuja y su inminente estallido con un rigor avasallador. He leído este trabajo, y en sus 63 páginas de extensión no deja ningún cabo suelto a la imaginación. Abarcaba desde las grandes cuestiones sobre dirección empresarial y los sistemas de incentivos vigentes hasta los conflictos de intereses de las agencias de calificación. Vaticinaba con detalle cómo cientos de miles de millones de dólares de hipotecas de renta variable verían incrementado el tipo de interés en el siguiente año, de lo que seguiría una inevitable ola de impagos. La presentación de Ackman circuló mucho por los bancos de inversión. Varios meses más tarde, durante un encuentro en el US Open de tenis, Ackman recomendó a Dimon que leyera su trabajo. «Ya lo he hecho», fue la respuesta de este.

Goldman Sachs, sin embargo, fue un tema aparte. La firma ganó miles de millones de dólares apostando contra los mismos productos cuya venta le había permitido obtener ganancias también millonarias uno o dos años antes, aprovechándose de la falta de visión de AIG, Morgan Stanley y, supuestamente, Lehman Brothers. Trataremos este tema a continuación, pero antes permítanme una breve digresión.

La proximidad del pinchazo de la burbuja produjo una última innovación financiera altamente venenosa, cuya invención y uso generalizado prueban que mucha gente en Wall Street sabía perfectamente lo que estaba sucediendo.

Un invento especial, solo para ingenuos y locos

A finales de 2005, y desde luego en 2006, resultaba cada vez más difícil obtener incluso las hipotecas subprime más fraudulentas. Los prestatarios habían asumido todo el volumen de deuda que habían podido, y hasta los agentes hipotecarios más viles pronto verían reducido su mercado a los difuntos, los animales de compañía y los alienígenas. Pero todavía quedaban inversores codiciosos e ingenuos deseosos de comprar activos tóxicos. ¿Qué se podía hacer? Wall Street respondió con otra idea brillante. Una vez más, los derivados acudían al rescate. Los banqueros tuvieron la agudeza de comprender que muchos gestores de inversiones de todo el mundo eran a la vez tan ingenuos, avariciosos e imprudentes que comprarían títulos hipotecarios incluso a sabiendas de que el pago de sus intereses no procedía de hipotecas reales, sino de unos tipos listos que apostaban a que sus títulos cayeran.

Y he aquí un nuevo producto, los CDO sintéticos. (Ya encontramos este concepto antes, de forma breve, como el método que utilizó Morgan Stanley para el fraude de los fondos de pensiones de las Islas Vírgenes). Los CDO sintéticos permitieron a los bancos generar de la nada cientos de miles de millones de dólares en títulos de alto riesgo cuando dejaron de encontrar hipotecas subprime para comprar. Todo lo que se necesitaba era un ordenador, conocimientos matemáticos y una inmoralidad absoluta.

En lugar de tomarte la molestia de estafar activamente a los prestatarios, lo que haces ahora es simplemente tomar los títulos con garantía hipotecaria como referencia o índice. Luego generas una apuesta a dos bandas. Por un lado, un inversor compra el «lado largo» del CDO sintético y recibe pagos que imitan el comportamiento de un CDO «real» (o un índice de precios de CDO). Pero los pagos al inversor no proceden de hipotecas reales, sino del lado contrario de la apuesta: alguien que paga un interés, a menudo sorprendentemente bajo, a cambio del derecho a recibir dinero si el título en cuestión resulta fallido. De modo que un CDO sintético básicamente convertía a un «inversor» en un vendedor de seguros CDS sobre cualquier producto que se usara como índice o referencia. Los «intereses» recibidos por los inversores eran en realidad los pagos de las apuestas contra esos mismos títulos que se llevaban a cabo por el otro lado.

Lo interesante —y también lo peligroso— de este sistema es que incluso cuando terminó la burbuja inmobiliaria y el flujo de hipotecas reales frenó en seco, los bancos de inversión fueron capaces de prolongar la burbuja financiera —y empeorar aún más la crisis final— gracias a la venta de CDO sintéticos. Utilizaron estos productos para apostar en primer lugar contra los mismos valores que ellos habían creado y vendido (tal como hizo Goldman Sachs repetidamente y Morgan Stanley con el Libertas); también para apostar contra el mercado en general, y finalmente para cobrar comisiones de transacción por emparejar a ingenuos con tiburones (por ejemplo, hedge funds), siendo ellos los encargados de estructurar y vender ambos lados del negocio. Dado que los CDO sintéticos solo pueden existir si hay gente decidida a apostar contra el «lado largo», su rápido incremento era un claro indicador de que Wall Street sabía no solo que existía una burbuja, sino que su final era inminente. No fue casualidad que los CDO sintéticos subieran con fuerza después de que se estabilizaran los precios de la vivienda en 2006.

Y, en todo caso, esto no era para nada un pequeño negocio practicado por un reducido grupo de individuos contestatarios, alternativos y entrañables. Una estimación razonable es que a finales de 2006, el volumen de CDO sintéticos, o principalmente sintéticos, estaba en torno a los 100 000 millones de dólares, mientras que cerca de una cuarta parte de los activos en CDO «convencionales» eran también sintéticos. Durante la primera mitad de 2007, justo antes del colapso del sistema, los CDO sintéticos constituían casi con certeza la mayoría de los CDO existentes en el mercado. Y nadie conocía mejor este negocio que Goldman Sachs, John Paulson, Magnetar y Tricadia.

Goldman Sachs, la apuesta grande de verdad a corto, el negocio de la crisis, las mentiras al Congreso

Las más de novecientas páginas de documentos y correos electrónicos reunidos por el Subcomité Permanente del Senado durante las investigaciones, complementadas con las declaraciones de Levin en abril de 2010 y con otros documentos, ofrecen un relato interesante acerca de cómo Goldman Sachs logró sacar provecho del colapso económico. Cabe destacar dos conclusiones.

La primera es que la dirección de Goldman Sachs fue agresiva y competente. Al contrario de lo que ocurría en Citigroup, donde Jimmy Cayne, Stan O’Neal y Chuck Prince no tenían conocimiento o interés aparente por lo que hacían sus agentes de inversión, los directivos de Goldman Sachs siguieron muy de cerca los acontecimientos y comprendieron perfectamente tanto el mercado en general como su posición dentro de él. Desplazarse a jugar al golf en helicóptero o los torneos de bridge no eran lo prioritario. Anticiparon el final de la burbuja con precisión, modificaron su estrategia para apostar contra ella y ejecutaron sus decisiones con gran disciplina, rapidez y previsión.

La segunda conclusión clara, deducible de su forma de dejar caer sus activos «basura», explotar el sistema, no advertir a los reguladores de la crisis y mentir posteriormente acerca de todo ello, es que podían comportarse como unos perfectos canallas sin escrúpulos, y que en muchos casos cruzaron la línea que lleva —al menos a ojos de un profano en la materia— al terreno del fraude y el perjurio. En primer lugar examinaremos sus estrategias y operaciones para colocar activos en 2006 y 2007; luego su brillante y despiadada manipulación del sector en 2007 y 2008, y finalmente sus no muy honestos testimonios ante el Senado en 2010.

Los archivos de correos electrónicos revelan un cambio de estrategia en Goldman. El primer paso consistió en un examen exhaustivo de la cartera de hipotecas de la compañía realizado a mediados de diciembre de 2006. El grupo de trabajo encargado de ello elaboró una lista que incluía todas las posiciones hipotecarias y compromisos de cobertura y otra que evaluaba el riesgo de pérdidas de cada una de estas posiciones, cuyo resultado agregado fueron más de 807 millones de dólares en pérdidas potenciales.

David Viniar, director financiero de Goldman Sachs, se reunió con el equipo completo de hipotecas el 14 de diciembre y acordaron una estrategia. El objetivo era «reducir la exposición […], distribuir [vender] tanto como sea posible en bonos generados a partir de nuevas titulaciones de créditos y limpiar posiciones previas».

Solo pasaron cuatro días antes de que Fabrice Tourre, un gestor de cuentas sénior de 31 años afincado en Londres, se interesara por la posibilidad de comprar ciertos bonos especialmente seleccionados porque «tenemos una grande a corto» (las cursivas son mías)[90]. Goldman redujo sus pujas en nuevos créditos, se cargó de apuestas a corto sobre índices hipotecarios y compró protección contra impagos crediticios para ciertos bonos en particular. Para no desvelar su estrategia, Goldman continuó activo como comprador en los mercados, pero redujo deliberadamente sus ofertas con la intención de ganar las menos subastas posibles.

Casi inmediatamente después, el mercado hipotecario comenzó a deteriorarse en serio. Ownit, una entidad de crédito subprime de tamaño mediano, se declaró en quiebra a finales de diciembre y dos grandes originadores admitieron severos problemas en la primera semana de febrero de 2007. HSBC anunció grandes pérdidas en subprimes, mientras que New Century, uno de los principales originadores subprime, anunció que revisaría sus resultados de 2006 (al final, lo que habían sido grandes beneficios se transformaron en pérdidas sustanciales). Las acciones de New Century cayeron en picado y poco después se declaró en quiebra, y la prima de riesgo de las hipotecas subprime más comunes se disparó del 3 por ciento al 15 por ciento.

Para entonces, sin embargo, el jefe de operaciones hipotecarias de Goldman Sachs, Dan Sparks, podía informar a sus superiores de que sus posiciones estaban «básicamente compensadas». En otras palabras, el riesgo de pérdidas de 807 millones de dólares casi había desaparecido, a pesar de que «la situación del crédito está empeorando y el dolor se propaga (incluyendo los inversores en ciertos productos garantizados)». También advirtió a sus superiores de que según los análisis de su equipo el valor real de los activos de Goldman estaba cayendo incluso a mayor velocidad que los precios del mercado.

La principal razón para explicar este hecho es que la mayoría de los bancos de inversión reaccionaron de un modo distinto que Goldman: casi todos ellos conservaron sus marcas (es decir, sus valoraciones) muy por encima de las de Goldman, lo que hizo aún más fácil la salida de este del mercado[91]. El diferente comportamiento de Goldman Sachs y del resto de los bancos tenía su origen en los tres factores que hemos tratado previamente. El primero era que muchos operadores estaban manipulando el sistema con el fin de mantener la burbuja viva durante el mayor tiempo posible para su beneficio particular. El segundo era la compartimentación de la información. Y el tercero, por supuesto, la negligencia de los altos directivos de los grandes bancos, que permitieron a sus empleados continuar con sus operaciones demasiado tiempo.

Sparks seguía con su estrategia a corto contra la burbuja y dijo que su equipo no había dejado de rebajar agresivamente la valoración de los activos, pues eso era «bueno para nosotros teniendo en cuenta nuestra posición, y malo para quienes habían suscrito las protecciones [CDS]»[92]. Al parecer, Goldman había comprado todos los CDS que pudo mientras eran baratos y luego, una vez que se encontró totalmente cubierto, devaluó sus títulos y solicitó el pago a los aseguradores. (Volveremos a ver esta misma estrategia, en versión aumentada, cuando hablemos de AIG). Una semana más tarde, con el mercado en pleno colapso, Sparks ordenó a su equipo que «monetizara» sus posiciones. Esto significaba limitar los beneficios pero garantizarlos, de modo que podían contabilizar de inmediato las ganancias de ese año, en lugar de esperar al vencimiento de sus contratos. «Es el momento justo de hacerlo, hay que respetar el riesgo y tener la capacidad de escuchar y ejecutar directivas firmes […]. Chicos, lo estáis haciendo muy bien»[93].

Sparks dijo a sus superiores: «Nuestra posición neta es corta»[94], pero todavía conservaba cierta preocupación. Sin embargo, no tenía motivo para ello. Las operaciones sobre hipotecas marcaron un récord el primer trimestre de 2007, registrando ingresos por valor de 266 millones, al mismo tiempo que lograban una importante reducción de posiciones. El volumen de su cartera hipotecaria se había reducido de 11 000 millones de dólares a 7000 millones, con una reducción neta del componente subprime de 4800 millones de dólares. A partir de este momento, Goldman estaba en una posición segura, salvo que todo el sistema financiero se viniera abajo, una hipótesis para la que pronto empezaron a prepararse, tal como veremos más adelante. A finales de julio de 2007, después de que desaparecieran dos hedge funds de Bear Stearns, el copresidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, estuvo hablando con David Viniar, el director financiero, acerca de esta carnicería repentina. Viniar respondió: «Es un buen indicio de lo que les podría pasar a quienes no están apostando a corto»[95].

Pese a que Goldman sacó enormes beneficios de sus apuestas a corto sobre hipotecas, podría haber ganado mucho más. Pero los principales directivos, Viniar, Cohn y Lloyd Blankfein, el director general, no aprobaron una estrategia de apuestas masivas a corto. Les encantaba vencer a sus competidores, aunque preferían mantenerse en una posición segura y aceptar beneficios menores pero inmediatos que exponerse al riesgo derivado del miedo, la incertidumbre y la destrucción que recorrían todo el sistema financiero global a medida que la crisis se expandía. Uno de los operadores de Goldman, Josh Birnbaum, se lamentó más tarde porque su equipo podría haber ganado más que John Paulson con lo que algunos han llamado «el mejor negocio de todos los tiempos» si sus superiores le hubieran dejado[96]. Pero ello habría significado hacer importantes inversiones en posiciones a corto y a su vez aplazar el cómputo de beneficios, una estrategia que conllevaba el riesgo de que los inversores entraran en pánico si Goldman anunciaba pérdidas en 2007 o 2008.

Como consecuencia de la estrategia de prudencia y previsión, 2007 fue el mejor año de Goldman en lo relativo a su negocio hipotecario. Al final del tercer trimestre, tal como muestra la tabla 1, los ingresos procedentes de las hipotecas casi igualaban los de todo el año 2006, el récord anterior. El incremento de ingresos vino derivado de las operaciones a corto, que se concentraban en la cartera de productos estructurados. Las pérdidas en las hipotecas residenciales fueron consecuencia de la decisión de Goldman de devaluar las posiciones largas que conservaban.

Siendo honestos, cuando los directivos de Goldman calificaron de «modesto» su negocio hipotecario estaban diciendo la verdad. Durante todo 2007, los ingresos procedentes de este ascendieron a aproximadamente 1200 millones de dólares. Pero lo que resulta impresionante en la estrategia de Goldman es su comprensión de las nuevas reglas de juego. Entendieron que, en el nuevo sistema de derivados y apalancamiento masivo, incluso un negocio modesto podía convertirse de repente en catastrófico y generar pérdidas de miles de millones de dólares si no se estaba preparado para los cambios. Comparemos esto, por ejemplo, con el comportamiento de Citigroup, por no mencionar el de Jimmy Cayne. A pesar de que Citigroup contaba con una posición mucho mayor en el mercado —más de 50 000 millones de hipotecas de alto riesgo en sus balances—, sus dirigentes no se apercibieron de que tenían un problema hasta que el mercado comenzó a resquebrajarse.

Luego, hay que felicitar a los chicos listos de Goldman Sachs. Pero su estrategia no consistió solo en operar a corto en el mercado hipotecario, porque en algunos casos era mejor vender los activos de riesgo antes que pagar un seguro por ellos. Una vez más, los objetivos se lograron con una eficacia impresionante, aunque también con un desprecio casi total por la ética, la integridad y el bienestar de sus clientes. Tal vez no llegue a saberse —o demostrarse— nunca con certeza si su comportamiento encaja en la figura legal del fraude, pero sin duda parece fraude a mis ojos y en todo caso fue un asunto sucio, muy sucio.

En las próximas páginas se puede contrastar la conducta de Goldman con su pretenciosa declaración corporativa de que «la integridad y la honestidad están en el corazón de nuestro negocio. Esperamos de nuestros empleados que apliquen elevados estándares éticos en todo lo que hacen»[97].

Limpiar las estanterías

Una cosa era decidir vender los activos de riesgo, y otra muy distinta encontrar gente que a finales de 2006 y 2007 todavía quisiera comprarlos. La gente lista estaba fuera de cuestión: solo los bobos podían hacerlo. En diciembre de 2006, Fabrice Tourre (conocido como Fabulous Fab) vetó una lista de ventas potenciales porque «estaba sesgada hacia hedge funds sofisticados […], la mayor parte del tiempo estaremos en el mismo lado de la apuesta que ellos y […] saben exactamente cómo funcionan las cosas»[98].

Pero por suerte todavía podían dar con algunos ingenuos. En diciembre de 2006, el equipo de ventas empezó a distribuir circulares con los «ejes» (prioridades de venta). Unos meses antes, un operador había comentado la necesidad de que «la gente de ventas vea el correo electrónico corporativo sobre “ejes” que usamos en el pasado para distribuir basura que nadie sería tan estúpido de comprar»[99]. Según un documento de marzo de 2007, la «clave» consistía en «atraer nuevos clientes/capitales a las oportunidades lo más rápidamente posible». O lo que es lo mismo, el objetivo era el dinero tonto, o como indicaba otra nota, «compradores no tradicionales». Un vendedor que intentaba colocar a un cliente coreano uno de los productos más tóxicos que ofrecía Goldman pensó que podía ampliar la venta, pero exigió una mejor comisión «ya que estamos presionando según una relación personal» (es decir, solo tomo el pelo a mis amigos si me pagan bien por ello). Y Sparks aprobó la petición[100].

Una de las primeras operaciones de limpieza de activos fue un CDO sintético de 2000 millones de dólares llamado Hudson Mezzanine Funding 2006-1. La promoción de venta de estos productos era casi un completo engaño. En ella se afirmaba que la intención de Goldman era «establecer una relación a largo plazo con una selección de socios» creando «inversiones en propiedad atractivas». Según Goldman, «sus incentivos y los de los inversores iban en la misma dirección». La documentación elaborada por Goldman para la venta de estos productos sostiene que «el departamento de CDO realiza una criba y una evaluación preliminar para elaborar una cartera óptima […] y revisa individualmente los activos en colaboración con los diferentes departamentos de operaciones hipotecarias». Y en cierto sentido era verdad, puesto que era el departamento de CDO el que seleccionaba los activos que querían sacarse de encima[101]. «Los activos proceden de Street. Hudson Mezzanine Funding no es un CDO de balance». Sin embargo, esta última afirmación era falsa. Su intención era disipar dudas de unos inversores que ya habían aprendido a ser escépticos ante el interés de los bancos en hacer limpieza de sus activos nocivos[102].

Y esto era exactamente lo que estaba haciendo Goldman. Cuando la operación se hubo ejecutado se escucharon gritos de euforia en el grupo de operaciones: habían logrado una gran reducción de riesgo y se contabilizaron 8,5 millones de dólares en beneficios. Varios meses después, tras rebajar más riesgo mediante otra venta, Sparks felicitó a su equipo por haber «estructurado como locos, viajado alrededor del mundo, trabajado sin descanso para sacar algo de jugo de algunos limones grandes y viejos»[103].

Con todo, los inversores de Hudson aún fueron víctimas de otras trampas por parte de Goldman. La práctica totalidad de los títulos se rebajaron duramente en octubre de 2007, en lo que podría calificarse como una operación de liquidación. Como agente de liquidación se suponía que Goldman debía vender los títulos al mejor precio posible y proteger los acuerdos con los inversores. No obstante, comunicó a los inversores que retrasaría la venta hasta encontrar un agente más experimentado (!). El precio de los títulos continuó en caída libre; el valor de la inversión era de 60 céntimos por dólar invertido en octubre, y de 16 céntimos en enero. Un gestor de valores de Morgan Stanley[*] escribió a Goldman en febrero: «No veo razón alguna para esperar si no es para devaluar nuestra posición. Es una vergüenza […]. Algún día espero saber por qué motivo me estáis haciendo esto». Pues bien, el motivo que justificaba esta forma de actuar era que Goldman había apostado a corto contra los títulos, de modo que cada caída adicional en los precios suponía una transferencia de capital de los inversores hacia Goldman[104].

Luego vino el Timberwolf, otro CDO sintético de 1000 millones de dólares, que sería inmortalizado por las audiencias en el Senado y que suscitó la propuesta de pagar «ingentes» créditos por ventas. Este es un extracto de un correo electrónico derivado de una nota del departamento de ventas informando que acababan de vender una parte de Timberwolf al 65 por ciento de su valor original:

Operador: Esto vale 10. Apesta… No quiero esto en nuestro balance.

Vendedor: No es tan malo.

Operador: El mercado de CDS lo considera uno de los peores negocios del año… esperemos que estén equivocados[105].

Los directivos de Goldman celebraban haberse deshecho de este producto. En un correo electrónico al departamento de ventas se felicitaba así a sus miembros: «Buen trabajo… nos estáis quitando de encima toda nuestra posición Timberwolf»[106].

En junio, con todavía 300 millones de dólares de activos Timberwolf por vender, Tom Montang, el jefe de Dan Sparks, hizo un comentario que sería citado más adelante en las comparecencias del Senado: «Chico, esto del Timberwolf sí que era un negocio de mierda»[107]. Pero, por supuesto, Goldman siguió vendiéndolo.

Posteriormente, en septiembre de 2007, Tourre preguntó por un producto específico de Goldman que pudiera servirle de ejemplo de estrategia de inversión ante un cliente potencial. Dos operadores intercambiaron algunos correos electrónicos sobre este tema:

Operador 1: ¿De qué clase, exactamente?

Operador 2: No estoy seguro, alguno que fue desde cerca de par en enero a alrededor de 15 ahora.

Operador 1: Bueno, [Timberwolf] no existió hasta el 3 de marzo de 2007… Aquí tienes la historia resumida…

31/3/07 94-12.

30/4/07 87-25.

31/5/07 83-16.

29/6/07 75-00.

31/7/07 30-00.

31/8/07 15-00.

Actual 15-00.

Operador 2: 27/3, un día que permanecerá en la historia de la infamia[108].

Sin embargo, la consulta de Tourre sugiere otra interpretación. ¿Por qué un tipo de ventas desearía promocionar un producto con un rendimiento tan desastroso?

Pues bien, no conocemos el resto de la conversación, pero hay un argumento muy plausible que explica el comportamiento de Fabulous Fab. Ni él ni Goldman querían limitarse a hacer negocios con ignorantes, también querían hacerlos con gente conocedora del sector, esto es, inversores que buscaban productos contra los que apostar. Gente que incluso acudía a Goldman para que la ayudara a confeccionar valores diseñados específicamente para caer. Es decir, gente como John Paulson.

La SEC comenzó a investigar las apuestas a corto de Paulson a finales de 2008, pero no fue hasta los últimos meses de 2009, con la publicación de The Greatest Trade Ever (El mejor negocio de todos los tiempos), de Greg Zuckerman, cuando el gran público se enteró de que Goldman había creado un instrumento solo para que Paulson apostara a corto contra él. El ABACUS 2007-AC1, conocido como AC-1 en Goldman, estaba compuesto principalmente por un conjunto de bonos elegidos por Paulson por ser particularmente malos en un mercado ya malo de por sí.

El negocio de Paulson

Los gestores de fondos invertían a corto en el mercado inmobiliario desde mucho antes de que lo hiciera John Paulson; ya vimos que Morgan Stanley empezó a hacerlo en 2004. Pero, como Morgan Stanley tuvo la desgracia de comprobar, las burbujas pueden durar más que los recursos de los inversores, y a medida que pasaba el tiempo y la burbuja y su inevitable colapso se hacían más obvios para quienes conocían bien el negocio, cada vez resultaba más caro tomar posiciones cortas en el mercado inmobiliario.

Paulson dirigía varios hedge funds y tenía recursos suficientes para perder dinero durante mucho tiempo. Pero, a pesar de su convicción de que se acercaba un «descalabro de los RMBS subprime», también le preocupaba la opacidad y complejidad de los títulos hipotecarios. De modo que Paulson estudió la posibilidad de que un banco de inversión le diseñara uno a medida, de modo que pudiera saber perfectamente e incluso decidir lo que ocurría ahí dentro. Incluso Bear Stearns, no exactamente un modelo de ética en los tratos hipotecarios, rechazó su petición por considerarla «deshonesta»[109]. Tal como vimos antes, Bear Stearns se comportó también de forma extraordinariamente deshonesta, pero a pesar de su escasa preocupación por las cuestiones éticas sí temían potenciales acciones judiciales por fraude. Felizmente para Paulson, Goldman no tenía esos escrúpulos.

El fabuloso Fab Tourre se encargó de diseñar el instrumento, comunicarse con los inversores y supervisar la preparación de los materiales para la promoción. Para que resultara más fácil de vender a los inversores a largo, en otras palabras a los bobos, Tourre necesitaba un gestor independiente que se hiciera supuestamente responsable de seleccionar los activos de la inversión. En la correspondencia interna de Goldman los operadores se preocupaban por la posibilidad de que dicho gestor pudiera «no estar de acuerdo con la clase de nombres que Paulson querría usar» o se negara a «arriesgar su nombre […] en una cartera de baja calidad». Al final, el trabajo le fue asignado a ACA Management LLC, que ya se había encargado de la gestión de otros negocios de Goldman[110].

ACA nunca fue informada de la auténtica finalidad de la transacción. Sabían que Paulson estaba metido en el negocio, pero no que su verdadero objetivo fuera apostar en contra. Paulson dio a Goldman una lista de 123 bonos contra los que quería invertir a corto; la lista se entregó a ACA, y hubo reuniones entre esta empresa, Paulson y Goldman. Aunque en ocasiones ACA se mostró sorprendida por los nombres que Paulson recomendaba, o por los que vetaba, se llegó a un acuerdo sobre una cartera de 90 bonos, que incluía 55 de los nombres originales propuestos por Paulson. En cierto punto de las conversaciones, Tourre envió un correo electrónico a un colega en Goldman: «Estoy en la reunión ACA Paulson, esto es surrealista»[111].

Todos los documentos insistían en el papel de ACA en el negocio; ninguno mencionaba a Paulson. El material promocional subrayaba el atractivo del negocio para el inversor a largo. El núcleo del prospecto de venta, por ejemplo, es un elogio de dieciocho páginas de las competencias de ACA en la selección de crédito. He aquí algunos extractos: «Selección de activos […] basada en fundamentos crediticios […] alineamiento de los intereses económicos con los del inversor […] [ninguno de los] CDO de ACA han bajado nunca de calificación». Y mucho más en la misma línea, incluida una detallada descripción del rigurosísimo proceso de revisión crediticio de ACA[112].

El producto final fue otro CDO sintético, el ABACUS 2007-AC1 de 2000 millones de dólares, cuyos títulos de referencia —al menos la mayor parte— habían sido seleccionados por su escasa calidad. Sin embargo, en virtud de la magia de las agencias de calificación, la mayoría de estos títulos tenían una calificación AAA. Goldman dijo más tarde que perdieron 90 millones de dólares con la transacción. Ello parece improbable, porque los documentos internos de Goldman dejan claro que no asumirían ningún riesgo en el negocio. Pero tal vez incluso Goldman terminaba siendo timado a veces por sus propios empleados. Tal vez no pudiera venderlo todo, se viera obligado a recomprar parte o tuviera alguna clase de responsabilidad por pérdidas[113].

El cliente buscado era el IKB Industrie Deutschebanke AG. Era el clásico dinero bobo: un pequeño banco con base en Düsseldorf. El IKB era un ávido comprador en los mercados de CDO, y el hedge fund que patrocinaba, el Rhinebridge Capital, fue uno de los primeros en hundirse en el verano de 2007. En abril, IKB compró 150 millones de esos títulos con calificación AAA.

Mucho antes de que terminara el año, el AC-1 había perdido casi todo su valor, y Goldman básicamente transfirió los 150 millones de dólares de IKB a Paulson. Luego, a través de complejos acuerdos colaterales, parte de las posiciones largas fueron a parar al balance del Royal Bank of Scotland. ACA quebró al término de aquel año y a comienzos de 2008 se realizaron algunos pagos parciales, que presumiblemente debieron de ir, al menos en parte, a manos de Goldman, y luego de este a Paulson. En agosto de 2008, el Royal Bank of Scotland llegó a un acuerdo con Goldman para pagar 841 millones de dólares por su parte del ruinoso negocio, que también debieron de ir a manos de Paulson[114].

La SEC abrió una discreta investigación en agosto de 2008 sobre la operación de Paulson, y en abril de 2010 presentó una demanda civil por fraude ante un tribunal federal, en el que fue su único intento de perseguir judicialmente a Goldman Sachs por su comportamiento durante la burbuja y la crisis. Tras declarar que no había hecho nada malo, Goldman llegó a un acuerdo en julio de 2010 para pagar una multa de 550 millones de dólares. En su manifestación de consentimiento, Goldman estipuló que era «un error» declarar que ACA había elegido el portafolio «sin conocer el papel de Paulson&Co[…]. Goldman lamenta que los materiales promocionales no revelaran esa información»[115].

Antes de pasar a las jugadas realmente serias de Goldman con AIG me gustaría hacer hincapié en el hecho de que, por más inapropiado que fuera el comportamiento de Goldman y Paulson, no era un caso aislado. Deutsche Bank y otros grandes bancos de inversión trabajaban también con Paulson, así como con otros grandes hedge funds para construir productos similares, con resultados similares. Sin embargo, sería sorprendente ver a la SEC perseguir al Deutsche Bank, pues desde la asunción de poderes de la administración Obama el encargado de tomar esas decisiones en la SEC ha sido Robert Khuzami, que era el consejero general de Deutsche Bank para el mercado estadounidense durante la burbuja. (Debe reconocerse, no obstante, que habría sido un asunto muy limpio: Khuzami podría haberse tomado declaración a sí mismo, citarse a sí mismo, demandarse a sí mismo y llegar a un acuerdo extrajudicial consigo mismo).

En cuanto a los otros hedge funds que se comportaban como Paulson, los dos mejor conocidos son Magnetar y Tricadia.

Los negocios de Magnetar

Magnetar es un hedge fund de Chicago que desarrolló una estrategia parecida a la de Paulson. La breve exposición que sigue se basa en una excelente serie de investigación de ProPublica y en un análisis más técnico que se puede encontrar en el libro de Yves Smith Econned[116].

En el caso del ABACUS de Goldman Sachs que acabamos de ver, Paulson no tomó posiciones largas; se limitó a tomar la posición corta, que le bastaba para ganar dinero a paletadas cuando los títulos cayeron en impago. Pero Magnetar, y a veces también Paulson en sus tratos con Deutsche Bank, hizo algo aún más inteligente. Se trataba de encontrar, o ayudar a construir, instrumentos realmente malos, y comprar la posición corta de casi todos ellos. Sin embargo, de forma aparentemente contradictoria, también compraban la posición larga de la parte llamada equity, es decir, la de menos calidad, y la primera en fallar. ¿Por qué lo hacían?

Porque trataban de resolver, de una forma mucho más inteligente, el mismo problema con el que se había encontrado el pobre Howie Hubler en Morgan Stanley. Hasta que los títulos quiebran efectivamente, el que tiene la posición corta de un CDO sintético tiene que realizar de forma periódica sus pagos al inversor largo. Eso puede resultar caro. Magnetar (y a veces también Paulson) cubría esos pagos con las altísimas tasas de interés (a veces del 20 por ciento anual, o más) de la parte equity. Lo que Paulson y Magnetar comprendieron fue que las burbujas duran mucho tiempo, pero que el colapso es habitualmente rápido y total. De modo que la parte equity seguiría pagando sus intereses y cubriendo el coste de la masiva posición corta de Paulson y Magnetar, hasta que llegara el colapso. Entonces, ciertamente, la parte equity sería la primera en venirse abajo, pero todo lo demás la seguiría poco después. Esta estrategia tenía la ventaja adicional de ocultar sus auténticas intenciones, al menos ante inversores ingenuos.

Sus rendimientos fueron inmensos: no estamos hablando de apuestas pequeñas. Según dijo un ejecutivo de un banco europeo que gestionaba algunos de los negocios de Magnetar:

Si alguien me hablara de un bróker/corredor importante con un grupo activo suscriptor de CDO que se NEGARA a trabajar con Magnetar […] me quedaría muy sorprendido […]. Era cosa de borrar la pizarra y volver a empezar. Los créditos no tenían importancia, ni tampoco los gestores que contrataban en realidad […]. Cuando las matemáticas daban volvían a la carga[117].

En uno de los escasos errores de Jamie Dimon, JPMorgan Chase se vio implicado en la estructuración de uno de esos productos, llamado Squared, y perdió dinero como resultado. El comportamiento de Magnetar fue muy parecido al de Paulson con ABACUS. Magnetar ayudó a seleccionar los activos que entraban en Squared, con la intención de apostar en contra. JPMorgan Chase se encargó de estructurar el producto y luego vendió parte de él sin explicar a sus clientes que el paquete se había diseñado para fallar, o que Magnetar estaba implicado en el asunto. Pero JPMorgan Chase no vendió suficiente producto y finalmente perdió 880 millones de dólares.

Magnetar montó treinta negocios de este tipo, cada uno de entre 1000 y 1500 millones de dólares. Estimaciones muy aproximadas sugieren que tan solo los pagos a corto de este hedge fund podrían haber financiado la cuarta parte del mercado de títulos hipotecarios subprime en 2006. Los banqueros de inversión (del tipo Fabulous Fab) cobraban inmensos honorarios por ayudar a estructurar los productos y poner a Magnetar en contacto con los bobos contra los que apostaba. Magnetar era un grupo de tipos listos que encontraron el modo de convertir la basura financiera y los bobos que la compraban en miles de millones para sus propios bolsillos. Si en el proceso facilitaron entre 100 000 y 200 000 millones para créditos e inversiones sin sentido, bueno, ese no era su problema[*]. La historia de Tricadia es muy parecida.

Pero ahora volvamos a Goldman Sachs, porque todavía nos falta ver su mejor truco.

Goldman Sachs y AIG

Después de vender sus pedazos de carbón a bobos diversos, Goldman puso en peligro deliberadamente el sistema financiero global. Le habían tomado tanto el pelo a AIG que en 2008 sabían que tan solo con sus posiciones a corto podrían precipitar la caída de la compañía. ¿Y qué hizo Goldman entonces? Naturalmente, presionar aún más a AIG mientras seguía invirtiendo a corto en contra. Y, entretanto, ¿acaso llamaron a su colega y antiguo consejero delegado Henry Paulson, ahora secretario del Tesoro, para advertirle de que pronto se vendría abajo todo el tinglado? No, parece ser que se olvidaron de hacerlo.

Aunque no había ninguna firma o agencia gubernamental que supiera el alcance total de las exposiciones del mercado, o siquiera las de AIG, Goldman estaba mejor posicionado que la mayoría para conocerlo, por varias razones. En primer lugar, había vendido 17 000 de los 62 000 millones en CDO hipotecarios que AIG había asegurado a través de su negocio londinense de seguros de impago de deuda (CDS), AIG Financial Products (AIGFP)[118]. Por otro lado, a veces Goldman dirigía amablemente a sus inversores potenciales hacia AIGFP, para que sus seguros CDS terminaran de convencerlos de que los CDO de Goldman carecían de riesgo. En algunos casos, Goldman tenía incluso derecho a cambiar las hipotecas subyacentes a esos títulos después de su venta, una capacidad que, según algunas alegaciones posteriores, Goldman habría utilizado deliberadamente para descargarse de más activos tóxicos; de este modo, tenía aún más información y control sobre el rendimiento de sus CDO y, por lo tanto, sobre los CDS de AIGFP. Pero, en segundo lugar, Goldman era también un comprador directo de grandes cantidades de CDS de AIG, en algunos casos sobre los mismos títulos que antes había vendido. (Algunos de los CDO de Goldman resultaron ser los peores de la cartera de CDS de AIG). En tercer lugar, Goldman también había creado y vendido parte de los 75 000 millones en CDO hipotecarios que ingenuamente había comprado otra sección de AIG —su división de crédito e inversión en valores—, unos CDO que habían comenzado a perder valor con mucha rapidez. En cuarto lugar, cuando la burbuja comenzó a deshincharse, Goldman sabía que las exigencias de efectivo de los tenedores de CDS estaban debilitando rápidamente la posición financiera de la aseguradora. De hecho, lo sabía mejor que nadie, pues tal como ya vimos era la entidad más agresiva de Wall Street a la hora de rebajar el valor de sus activos tóxicos; como aplicaba esa rebaja antes que los demás, era también el primero en reclamar dinero de AIG según esas rebajas. Goldman sabía que tan solo sus propias reclamaciones ascendían a decenas de miles de millones de dólares. Por último, el departamento de investigación de Goldman también se ocupaba de AIG y regularmente aportaba informes sobre su situación financiera.

Cuando Goldman empezó a poner en práctica su masiva estrategia a corto en el año 2007, adquirió rápidamente más de 20 000 millones de protección CDS para títulos hipotecarios e índices relacionados de AIGFP. La protección era barata de comprar porque los títulos tenían aún muy buenas calificaciones y estaban marcados a su valor nominal o casi, tanto para el mercado en general como en los libros de Goldman. En cuanto tuvo cerrada su cobertura CDS, Goldman inició muy pronto una serie de rebajas agresivas del valor de los títulos, y con cada rebaja exigía los correspondientes pagos en efectivo de AIG. En parte como resultado de estas reclamaciones y bajo presión de su cada vez más asustado auditor externo, AIG tuvo que anunciar pérdidas en febrero de 2008, así como la «debilidad material» de sus cuentas por efecto de la valoración de su carpeta de CDS. A lo largo de 2008, Goldman aceleró radicalmente el ritmo de sus reclamaciones, lo que llevó a feroces disputas entre este y AIG sobre el valor de los títulos y, en consecuencia, el importe de los pagos requeridos.

A mediados de 2008, tal vez incluso antes, Goldman sabía que sus reclamaciones por CDS solas podían causar fácilmente la bancarrota de AIG. A estas habría que sumar otras pérdidas debidas a otros títulos propiedad de AIG o asegurados por su negocio de CDS. Goldman conocía mucho mejor que AIG la calidad de estos títulos y la probabilidad de que fallaran, pues era quien los había creado y vendido. Teniendo en cuenta todo lo anterior, puede decirse que Goldman sabía más allá de toda duda que AIG estaba en una situación desesperada. Sin embargo, no avisó a ningún regulador y menos aún a sus clientes o a la misma AIG. No obstante, eso no significa que se quedara de brazos cruzados. En primer lugar, se puso aún más agresivo en sus demandas de pago por sus CDS, para así obtener su dinero antes que los demás y anticiparse a la caída de AIG. En segundo lugar, invirtió 150 millones de dólares en cobertura CDS sobre AIG, unos CDS que se convertirían en dinero en caso de quiebra o de impago de la aseguradora. En el peor de los casos, esto aislaba a Goldman de cualquier riesgo, y según cuáles fueran las circunstancias y los términos contractuales podía incluso dar un incentivo positivo a Goldman para provocar la caída de AIG. Si, por ejemplo, Goldman pudiera obtener el pago de todos sus CDS hipotecarios justo antes de que AIG fuera a la quiebra, ganaría más dinero con la quiebra actual o potencial de AIG que con su supervivencia. Al final, eso fue casi exactamente lo que ocurrió, aunque Goldman no lo podía haber previsto.

No fue hasta el 18 de agosto de 2008 cuando los analistas de investigación de Goldman Sachs emitieron el primer comentario público sobre la catastrófica situación de AIG. El informe decía que el riesgo de crédito de AIG era muy elevado, que su calificación muy probablemente se rebajaría y que debía captar con urgencia capital nuevo. Ciertamente, Goldman sabía de lo que hablaba. El 12 de septiembre de 2008, poco antes de la quiebra de AIG, sus pagos acumulados a causa de sus CDS hipotecarios ascendían a 18 900 millones de dólares, de los que 7600 millones, más del 40 por ciento, habían ido a parar directamente a las arcas de Goldman, que reclamaba aún más. Unos días más tarde, después de pagar a Goldman varios cientos de miles de dólares más, AIG se quedó sin dinero y quebró. La rescataron con 85 000 millones de dólares en «préstamos», que otorgaban al gobierno federal el 79,9 por ciento de la propiedad de AIG[119].

Poco después, a indicación del Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal de Nueva York, AIG destinó más de 60 000 millones de dólares del dinero del rescate a pagar íntegramente sus deudas con los tenedores de sus CDS hipotecarios, en virtud de unos contratos que también impedían a AIG demandar a nadie posteriormente por fraude. Goldman recibió 14 000 millones de dólares. Desde entonces, la Reserva Federal de Nueva York y el Departamento del Tesoro, tanto bajo la administración Bush como bajo la administración Obama, se han resistido frontalmente a dar información sobre esos pagos y los términos contractuales en que se basaban. Irónicamente, quien presionaba para que se hicieran públicos era la nueva dirección de AIG.

No es del dominio público qué hizo Goldman con sus 2500 millones de dólares de protección CDS sobre AIG, pero es casi seguro que la vendiera en algún momento entre finales de 2008 y comienzos de 2009, con beneficios que probablemente superaran los 1000 millones.

En abril de 2010, después de la demanda de la SEC y de una investigación del Senado, el Subcomité Permanente de Investigaciones del senador Carl Levin organizó una serie de audiencias para examinar la conducta de Goldman, en particular su estrategia a corto entre 2006-2007. A continuación ofrezco algunos extractos de las audiencias, el primero de ellos de la declaración del jefe de operaciones hipotecarias Dan Sparks. Las citas hablan por sí solas; tal como observaron varios de los senadores presentes, los testigos demostraron tener una comprensión confusa y fragmentaria, y en general muy poca memoria en cuanto a los negocios que en su momento dirigieron con tanta destreza, y de los que hablaban con tanta lucidez en sus comunicaciones internas.

Senador Levin: ¿No tiene usted el deber de revelar un interés opuesto al de su cliente? ¿Tiene ese deber?

Señor Sparks: ¿En relación con?

Senador Levin: Si usted tiene un interés opuesto al de su cliente, ¿tiene el deber de revelar esa situación a su cliente?

Señor Sparks: ¿Pregunta acerca de qué posiciones ha tomado la empresa o qué posiciones han tomado nuestros operadores?

Senador Levin: Si usted tiene un interés opuesto al de su cliente cuando le está vendiendo algo, ¿tiene la responsabilidad de exponerle al cliente ese interés opuesto?

Señor Sparks: Señor presidente, solo trato de entender qué significa interés opuesto…

Senador Levin: No, creo que lo entiende perfectamente. Creo que no quiere contestar la pregunta.

Un poco más tarde:

Senador Levin: Se lo pido, mire el último párrafo del documento, las últimas dos líneas: «[F] remont [una entidad de crédito subprime que suministraba créditos a Goldman] se negó a hacer ninguna declaración proyectiva, de modo que no conseguimos nada de ellos sobre los pozos de mierda que hay ahí ahora mismo». ¿Lo ve?

Señor Sparks: Sí, señor.

Senador Levin: De acuerdo. ¿Tenía usted noticia de la mala reputación de Fremont en aquel momento?

Señor Sparks: Este correo electrónico…

Senador Levin: ¿Recuerda si usted tenía noticia en aquel momento de su mala reputación? ¿Lo recuerda?

Señor Sparks: ¿Si tenían mala reputación en noviembre?

Senador Levin: Sí, por altas tasas de morosidad.

Señor Sparks: Fremont originaba créditos subprime. La gente comprendía eso.

Senador Levin: Sí o no: ¿tenía usted noticia de su mala reputación y sus altas tasas de morosidad?

Señor Sparks: No lo recuerdo en aquel momento.

Y luego:

Senador Levin: Mire lo que decía su equipo de ventas acerca de Timberwolf: «Chico, esto del Timberwolf sí que era un negocio de mierda». Y, sin embargo, vendieron esa mierda.

Señor Sparks: Señor presidente, este correo electrónico es del director de división, no del equipo de ventas. Fue…

Senador Levin: Sea lo que sea, es un documento interno de Goldman.

Señor Sparks: Es un correo electrónico que me mandaron a finales de junio.

Senador Levin: Correcto. Y vendieron…

Señor Sparks: Después de la transacción.

Senador Levin: No. También vendió Timberwolf después…

Señor Sparks: Tal vez ayudaría un poco de contexto.

Senador Levin: El contexto, permítame decirle, el contexto está muy claro. La fecha de este correo electrónico es el 22 de junio: «Chico, esto del Timberwolf sí que era un negocio de mierda». ¿Cuánta de esa mierda vendieron a sus clientes después del 22 de junio de 2007?

Señor Sparks: Señor presidente, no conozco la respuesta a esa pregunta, pero el precio reflejaría los niveles de inversión que estaban dispuestos a realizar en aquel momento.

Senador Levin: ¿Pero no les dijo que pensaba que era una mierda?

Señor Sparks: Bueno, eso no lo dije.

Y en cuanto a David Viniar, el director financiero:

Senador Levin: Si un empleado suyo piensa que algo es una basura, una mierda de negocio, ¿cree que Goldman Sachs debería vendérselo a sus clientes mientras ustedes mismos apuestan contra esos productos a corto? Pienso que es un caso muy claro de conflicto de intereses y pienso que debemos hacer algo acerca de eso. Pero descubro que ustedes no lo ven así.

Señor Viniar: No creo que sea necesariamente…

Senador Levin: Y cuando usted oyó que sus empleados decían a propósito de esos productos: «Dios, vaya mierda», «Dios, qué montón de mierda», cuando oye a sus propios empleados o lee lo que dicen en sus correos electrónicos, ¿no le hace pensar nada?

Señor Viniar: Pienso que es una lástima tener eso por correo electrónico. [Risa].

Senador Levin: ¿Por correo electrónico?

Señor Viniar: Por favor, no me entienda mal.

Senador Levin: ¿Y entonces qué es lo que piensa?

Señor Viniar: Pienso que es lamentable que alguien haya dicho eso en cualquier forma.

Y por último tenemos al señor Blankfein, el consejero delegado:

Senador Levin: ¿Cree usted que los demás lo saben cuando usted piensa que algo es una mierda y se lo vende y luego apuesta en contra? ¿Cree usted que lo saben?

Señor Blankfein: De nuevo, no sé quiénes son los «demás» y…

Senador Levin: Ya hemos pasado por eso hoy.

Señor Blankfein: No, lo sé. Lo sé, senador, y hubo correos electrónicos concretos especialmente seleccionados y hubo gente que pensó ciertas cosas. Pero le diré…

Senador Levin: Solo le estoy haciendo una pregunta. ¿Cree que cuando su gente piensa que algo es una mierda y luego va y lo vende, y luego su empresa apuesta en contra, cree que eso los hace dignos de confianza?

Señor Blankfein: Senador, querría dejar clara una cosa. Cuando usted dice que vendemos algo y luego nuestro cliente apuesta en contra…

Senador Levin: No. Usted apuesta en contra.

Señor Blankfein [prosigue]: Nosotros apostamos en contra, tenemos la posición principal. El acto de vender algo es lo que nos da la posición contraria a la del cliente. Si los clientes nos piden que invirtamos y compremos para ellos, acto seguido somos los propietarios. Ellos no. Si lo quieren comprar, acto seguido ellos son los propietarios y nosotros no. Es un riesgo que podríamos cubrir. Pero la naturaleza del negocio principal y de la creación de mercado es que ocupamos la posición contraria a la de nuestros clientes.

Senador Levin: Cuando usted vende algo a un cliente, este piensa en principio que se deshace totalmente de ese algo. Que deja de estar en su cartera.

Señor Blankfein: No necesariamente.

Senador Levin: […] ¿Acaso no hay un conflicto cuando usted le vende algo a alguien con la determinación de apostar contra ese mismo producto y no revela esa información a la persona a quien se lo vende? ¿Ve usted un problema?

Señor Blankfein: En el contexto de la creación de mercado, eso no es un conflicto.

Más tarde:

Senador Levin: Usted no cree que sea relevante para un cliente suyo al que está vendiendo un producto que usted esté apostando contra ese producto. No piensa que sea algo relevante y que deba informarle de ello. ¿Es esa su conclusión?

Señor Blankfein: Sí, y las personas que venden el producto en nuestra organización no tienen por qué saber cuál es nuestra posición y…

Senador Levin: ¡Oh, vaya si lo sabían!

Señor Blankfein: Senador, tenemos a 35 000 personas en plantilla y miles de operadores interviniendo en el mercado en el conjunto de nuestra organización. Pueden tener idea de cuál es o pueden no tenerla.

Senador Levin: Tienen una idea, y más que una idea en todos estos casos. Pero dejando eso de lado, ¿qué le parece vender productos que su propia gente piensa que son una mierda? ¿Eso le preocupa?

Señor Blankfein: Pienso que ellos —de nuevo, en términos hipotéticos…

Senador Levin: No, esto es real.

Señor Blankfein: Entonces no pienso…

Senador Levin: Lo hemos escuchado hoy mismo. Una mierda de negocio. Una mierda.

Señor Blankfein: Bueno, senador…

Senador Levin: Cuatro o cinco ejemplos distintos. ¿Qué puede decirnos sobre eso?

Señor Blankfein: Pienso que hay un montón de opiniones acerca de cómo evolucionará un valor en el mercado en que se encuentra.

Un poco más tarde:

Senador Levin: ¿Y cuando toman la posición corta, le parece que deberían decirlo? Cuando apuestan contra el mismo producto que están vendiendo, sí o no: ¿piensa que debería decirlo o no?

Señor Blankfein: Es que, senador, sigue usando usted la expresión «apostar en contra»…

Senador Levin: Sí. Ustedes toman la posición corta y la mantienen. Tienen intención de mantenerla. Eso es apostar contra el éxito…

Señor Blankfein: Si alguien comprara…

Senador Levin [prosigue]: de ese producto.

Señor Blankfein: Como creador de mercado…

Senador Levin: No, responda simplemente mi pregunta.

Señor Blankfein: Tengo que poder…

Senador Levin: No, responda simplemente mi pregunta. Cuando uno vende unos valores y pretende mantener la posición corta, que es lo que ocurrió con muchos de estos valores, ¿cree usted que tiene una obligación de decirle a la persona a la que se está vendiendo ese valor que mantiene una posición corta?

Señor Blankfein: ¿Qué no vamos a cubrirlo en el mercado?

Senador Levin: Eso es…

Señor Blankfein: Bueno, no…

Senador Levin: Usted pretende mantener esa posición corta. No para siempre. Su intención es mantener esa posición corta.

Señor Blankfein: No, no pienso que debamos decírselo. No creo que nosotros mismos supiéramos lo que íbamos a hacer. Incluso en caso de que nuestra intención…

Senador Levin: He dicho: si tiene intención de mantener la posición corta.

Señor Blankfein: No creo que lo hiciéramos… no creo que reveláramos eso y no sé, de nuevo, hablar de intención para un creador de mercado…

¿No es maravillosa la confusión que le entra a la gente cuando testifica ante el Congreso? Pero no hablemos más de Goldman. Pasemos ahora al gobierno.

Tus impuestos se ponen a trabajar

La gestión de la crisis emergente por parte de la administración Bush resultó pintoresca y peligrosa incluso en los casos en que fue adecuada, en verdad relativamente pocos. Por un lado, Henry Paulson y Ben Bernanke demostraron una preocupación sin duda profunda y sincera por la estabilidad financiera durante el año 2008 e hicieron esfuerzos sobrehumanos para evitar un colapso global, aunque su respuesta también estuvo marcada por una incomprensible indiferencia hacia las causas, la gravedad y las consecuencias de la crisis. La actuación de la administración estuvo marcada también por la completa desatención hacia los efectos de la conducta del sector financiero y del propio gobierno sobre el 99,9 por ciento de la población; por la incompetencia de un presidente al lado del cual el golfista Jimmy Cayne parecía un gestor meticuloso y obsesivo, y finalmente por el miedo y la avaricia de las élites del sector financiero.

Sin embargo, debemos dar gracias a que la crisis no se produjera mientras estaba en el cargo Alan Greenspan, o peor aún, John Snow, que fue secretario del Tesoro de 2003 a mediados de 2006. El señor Snow no es estúpido en el sentido académico estricto —tiene un doctorado en economía y una licenciatura en derecho—, pero su experiencia en finanzas era nula en el momento de asumir el cargo, y su desempeño en él parece indicar una grave falta de ética o una desconexión total de la realidad, o ambas cosas a la vez. Cuando salió del mundo académico, el señor Snow trabajó en primer lugar como abogado, luego fue nombrado secretario asistente de transporte, más tarde consejero delegado de CSX (una empresa ferroviaria), y de allí le sacó George W. Bush para ponerle al frente del Tesoro.

No hay indicaciones de que Snow tuviera la menor noción de la existencia de una burbuja. Dimitió en 2006 simplemente porque se hizo público que no había pagado impuestos por los 24 millones de dólares que recibió de CSX, al serle condonado un cuantiosísimo préstamo de la empresa. A su salida del Tesoro, Snow se convirtió en presidente de Cerberus Capital Manage, un inmenso hedge fund privado. Cerberus también da trabajo al antiguo vicepresidente Dan Quayle, y varias de las empresas que tiene en cartera se han beneficiado de contratos federales que precisan influencia política. Pero el rasgo principal de las primeras inversiones importantes de Cerberus bajo la gestión del señor Snow no fue la corrupción, sino una asombrosa estupidez. Cerberus compró la mitad de GMAC, el brazo financiero de General Motors, y el 80 por ciento de Chrysler. Ambas compañías se hundieron inmediatamente después de la erupción de la crisis y a mediados de 2009 se habían llevado ya la mayor parte de la inversión de Cerberus, que necesitó más de 20 000 millones de dólares en asistencia federal de emergencia.

No obstante, incluso contando con Bernanke y Paulson, la respuesta no fue buena. Ambos siguieron negando la existencia de una burbuja o de una crisis potencial hasta el final, y Bernanke mantuvo durante dos años el rechazo de Greenspan a regular el sector hipotecario. Solo a finales de 2007, la Reserva Federal se decidió a preparar el borrador de varias regulaciones al amparo de la HOEPA de 1994, unas regulaciones que no entraron en vigor hasta mediados de 2008, lo que resultó ser un poquito tarde. A comienzos de 2008 había indicios por todas partes de una crisis inminente. No solo advirtió de ella la conferencia de Bill Ackman a mediados de 2007 y el artículo de Allan Sloan en Fortune en octubre de 2007. También lo hicieron el economista de NYU Nouriel Roubini; el libro de Charles Morris The Trillion Dollar Meltdown («La crisis del billón de dólares»), publicado en febrero de 2008; los líderes del FMI, incluido su director ejecutivo del momento, Dominique Strauss-Kahn, y Christine Lagarde (entonces ministra de Economía y Finanzas en Francia, y más tarde sucesora de Strauss-Kahn en el FMI) en las reuniones del G8 de febrero de 2008.

En una conversación privada reciente, un ejecutivo financiero sénior me hizo observar que los directivos de Goldman Sachs tienen trayectorias no especialmente brillantes cuando salen de la empresa. Dicho ejecutivo mencionó los casos de Jon Corzin en MF Global, Robert Rubin en Citigroup y John Thain en Merrill Lynch, además del propio señor Paulson, y comentó que estos hombres se habían preparado para ser operadores y gestores en un universo organizado de forma muy rígida, pero no para pensar en cuestiones conceptuales o estructurales a gran escala, o para tratar con organizaciones mucho más desordenadas que Goldman. No sé si esto puede explicar la complacencia de Paulson, pero incluso en sus reuniones privadas de mediados de 2008 este era llamativamente displicente en relación con la crisis que se avecinaba.

Paulson y Bernanke han logrado escapar hasta el momento a las críticas que merecen, tal vez por agradecimiento ante su incuestionable coraje y compromiso cuando comenzó el período más agudo de la crisis en septiembre de 2008. En general, no me atrevería a poner en duda la mayoría de sus decisiones durante esas semanas caóticas, psicóticas y aterradoras de septiembre y octubre de 2008. Pero el comportamiento que tuvieron antes y después de todo esto es ya otra cuestión. E incluso algunas de las decisiones adoptadas durante el período de crisis revelan cierta frialdad y cierta precaución cuando los intereses de los banqueros de inversión, o los suyos propios, estaban en juego.

Bernanke era un académico de carrera que nunca había hecho nada fuera de la academia hasta que fue elegido para formar parte del Consejo de la Reserva Federal en 2002. Es indudable que posee excelentes dotes para la diplomacia y la política, pero no tenía ninguna experiencia como banquero o como regulador antes de entrar en la Fed. Bernanke se convirtió en presidente de la Reserva Federal a comienzos de 2006, cuando la burbuja alcanzaba su punto máximo. Todo indica que durante la crisis Bernanke cedió la iniciativa a Paulson y obedeció sus órdenes casi sin excepción.

Paulson tenía ciertamente una carrera muy notable, aunque también algo peculiar y con zonas de sombra. Vivió una juventud sana y típicamente estadounidense en la provinciana Illinois: fue eagle scout, jugador de fútbol, cientista cristiano. (En sus frecuentemente selectivas, deshonestas y autocomplacientes memorias tituladas On the Brink [«Al límite»], Paulson pone especial interés en defender la actitud de su religión hacia la medicina). Pero en 1972-1973, Paulson sirvió como asistente personal de John Ehrlichman, abogado de la Casa Blanca y asistente de asuntos internos, otro devoto de la Ciencia Cristiana, durante el período en que este trabajaba intensamente para ocultar su implicación criminal en el caso Watergate. No sabemos qué vio u oyó Paulson en la oficina, pero a comienzos de 1973 era ya una evidencia pública que Ehrlichman había hecho cosas muy feas, entre ellas organizar operaciones secretas de robo y sabotaje político, y colaborar en el encubrimiento del Watergate. Sin embargo, Paulson siguió al servicio de Ehrlichman hasta que la creciente presión política hizo que Nixon forzara la dimisión de este en abril de 1973; Ehrlichman fue llevado ante los tribunales en 1975 por conspiración, obstrucción a la justicia y perjurio.

Paulson entró en Goldman Sachs en 1974, trabajó duro y ascendió rápidamente hasta convertirse primero en jefe de operaciones y más tarde en consejero delegado, tras un golpe interno que forzó la salida de su predecesor Jon Corzine en 1999. Dado el historial de Paulson, parece difícil creer que no tuviera la menor idea de la naturaleza cada vez más deshonesta y precaria de los CDO hipotecarios de Goldman en 2004-2006, momento culminante de la burbuja. Cuando Paulson salió de Goldman en mayo de 2006 había emitido decenas de miles de millones de dólares en títulos hipotecarios cada vez más tóxicos, y había tenido tratos con varios de los peores originadores. Goldman puso en marcha su Gran Apuesta a Corto solo siete meses después de la marcha de Paulson.

Parece que Paulson también apoyó y en varias ocasiones abanderó las numerosas iniciativas desreguladoras de Goldman y del resto de su sector durante la década de los noventa y la de los dos mil, entre ellas la eliminación de la Ley Glass-Steagall, la prohibición de la regulación de los derivados OTC, la relajación de las exigencias de transparencia para los CDO hipotecarios —a través de una carta conjunta remitida a la SEC en 2004 y firmada por directivos de Goldman y Morgan Stanley—, la relajación de las restricciones de la SEC sobre el apalancamiento en la banca de inversión, también en 2004, y el mantenimiento de la prolongada inactividad de la Reserva Federal como regulador del sector hipotecario. Como secretario del Tesoro, Paulson presionó asimismo para reducir el poder y la financiación de la SEC.

Mientras crecían las nubes de tormenta en 2007 y 2008, no hubo ningún intento serio por parte de Paulson o Bernanke de crear un proceso de control sistemático del sistema financiero (el cual habría encontrado por supuesto una fiera oposición dentro del sector por parte de la antigua empresa del señor Paulson, entre otras). Para ser justos con Paulson y Bernanke debe decirse que heredaron un sistema regulador tremendamente desfasado y debilitado, aunque en buena medida ello fue el resultado de sus propios esfuerzos deliberados por limitarlo: en el caso de Bernanke desde su cargo de consejero de la Reserva Federal, luego de empleado de la Casa Blanca con la administración Bush y finalmente de presidente de la Fed; en el de Paulson, desde los diversos cargos que ocupó en Goldman Sachs, que presionó de forma activa y continua para reducir tanto como fuera posible la regulación.

La combinación de los incentivos del sector en favor del secretismo o incluso de la desinformación, los bajos requerimientos legales de transparencia, el progresivo bloqueo del sistema regulador, así como la ignorancia o la deshonestidad de Bernanke y Paulson resultaron ser un cóctel extremadamente destructivo. Sin duda, una de las lecciones de la crisis es que casi nadie en el sector financiero tenía incentivos para ser honesto o advertir a los reguladores: ni los que se aprovechaban de las debilidades del sistema, ni los que apostaban a su quiebra, ni siquiera los que estaban a punto de quebrar ellos mismos. A medida que avanzaba el año 2008, Paulson, Bernanke y el resto del mundo se vieron repetidamente sorprendidos por situaciones que podrían haberse previsto, y que de hecho (en casos como el colapso del mercado de los CDO y de AIG) se habían previsto… sobre todo por parte de Goldman Sachs, los hedge funds que apostaban contra el mercado hipotecario y varios economistas. Sin embargo, la evaluación y la gestión precisas de esas situaciones dependían de ciertas informaciones que Paulson y Bernanke nunca parecían tener a su alcance. Tal como dejan claro las diversas versiones que circulan de la crisis, Paulson y Bernanke solo tenían noticia de la inminente caída de grandes instituciones financieras como Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, Washington Mutual y Citigroup con dos o tres días de antelación. Lo mismo podría decirse de las turbulencias en el mercado de papel comercial y los fondos del mercado monetario. En la mayoría de los casos, los hechos podrían haberse previsto mucho antes.

Otra consecuencia del voluntario vacío informativo en el que trabajaban Paulson y Bernanke fue la virtual ausencia de toda planificación o análisis de las consecuencias de la caída de una institución importante. Por ejemplo, cuando Lehman Brothers quebró, ni Paulson ni Bernanke sabían que la ley británica y la japonesa requerían la congelación de los activos de las filiales locales de Lehman, lo que impedía a los clientes de Lehman retirar su dinero. Ni tenían ni idea de que la quiebra de Lehman produciría efectos profundos e inmediatos sobre los mercados de papel comercial y los fondos del mercado monetario, que tenían en sus carteras gran cantidad de deuda a corto plazo de Lehman.

Su falta de preparación se vio agravada por la total incompetencia o inexperiencia de mucho personal sénior de la administración. Christopher Cox, presidente de la SEC, era un antiguo abogado corporativo y congresista republicano sin ninguna experiencia previa ni en servicios financieros ni como regulador. También tuvo serios problemas de salud durante la última etapa de la burbuja, debido a que tuvo que someterse a una operación por cáncer en enero de 2006. Cox era el encargado de amordazar a las organizaciones de control del riesgo y supervisión, que no interpusieron una sola demanda judicial relacionada con la burbuja hipotecaria bajo su presidencia. Pero no era el único ni mucho menos.

En mi documental muestro algunos extractos de mi entrevista con Frederic Mishkin, uno de los siete miembros del Consejo de la Reserva Federal entre septiembre de 2006 y agosto de 2008 (o mejor dicho, uno de los pocos miembros del consejo; durante buena parte del período de crisis, dos y a veces hasta tres de los asientos del Consejo de la Fed estaban vacantes). Mishkin dimitió el 31 de agosto de 2008, dos semanas antes del colapso de Lehman, Merrill Lynch y AIG, y uno no sabe si indignarse o dar las gracias por ello. Su historial personal es una impactante letanía de estupidez y deshonestidad ocasional, desde sus elogios pagados hacia bancos islandeses fraudulentos en 2006, hasta su desconocimiento de las altas calificaciones de crédito que conservaban los grandes bancos al borde del colapso en septiembre de 2008.

En julio de 2007, Paulson reclutó a David McCormick, a quien también tuve ocasión de entrevistar para mi documental, para que sirviera como subsecretario de asuntos internacionales del Departamento del Tesoro. Era una extraña elección, tal vez debida a que Paulson quería asegurarse de no tener oposición en la arena internacional. He mantenido relación (superficial) con David McCormick durante largo tiempo, aunque no hemos hablado desde el lanzamiento de mi documental Inside Job (que sin duda no debió gustarle). David es un hombre serio e inteligente que estudió ingeniería en West Point, sirvió en la primera guerra del Golfo y luego tuvo una carrera plagada de éxitos en el mundo de los negocios, primero en la consultoría y luego en la industria del software. En la administración Bush dedicó demasiados esfuerzos a no ver nada de lo que tenía delante de los ojos, pero pienso que es básicamente una persona decente y con la cabeza bien amueblada.

No obstante, ¿era David McCormick la persona adecuada para ser el subsecretario de asuntos internacionales del Departamento del Tesoro durante la peor crisis financiera desde la Gran Depresión? Ni mucho menos. David no tenía experiencia en finanzas internacionales, muy escasa experiencia internacional de cualquier clase (fuera del golfo Pérsico), y nunca había trabajado ni en una institución financiera ni con un regulador financiero. He aquí algunos extractos de nuestras conversaciones acerca de Lehman y varias cuestiones internacionales relacionadas con la crisis.

C. F.: Debo decir que me sorprendió bastante cuando Christine Lagarde me dijo que no había sabido nada de la quiebra de Lehman hasta después de que ocurriera.

McCormick: Es probable que fuera así. Probablemente lo supo el lunes, o tal vez el domingo por la noche. A ver, no es habitual que cuando un gobierno está evaluando los pros y los contras de diferentes opciones de actuación política vaya y comparta sus ideas con otro gobierno.

C. F.: ¿Era usted consciente en aquel momento de que las leyes de los concursos de acreedores son distintas en otras partes del mundo, y que en otras partes del mundo, en particular en Inglaterra, la quiebra de Lehman significaba que las cuentas de Londres quedarían congeladas y que no se podría operar?

McCormick: Mire, debía de haber personas implicadas en la operación que lo sabían; yo personalmente no lo sabía.

También parece que Paulson no informaba debidamente a McCormick:

C. F.: Según tengo entendido… Barclays estaba dispuesto a hacer la operación [adquirir Lehman Brothers], pero solo si antes obtenía en primer lugar la aprobación de los reguladores británicos, y en segundo lugar una garantía de algo así como 30 000 millones de dólares por las deudas de Lehman, esto es, los activos de Lehman, cuya calidad se creía muy dudosa, y de hecho demostró serlo, y que la FSA [Financial Services Autority, Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido] se negó a aprobar la operación porque el secretario Paulson y el presidente Bernanke no querían aportar la garantía para los activos de Lehman. ¿Es correcto?

McCormick: No conozco los hechos.

C. F.: No tomó parte en esos hechos.

McCormick: No tomé parte en esos hechos.

C. F.: Pero usted era el encargado de asuntos internacionales…

McCormick: No era el intermediario con Barclays.

C. F.: ¿Ni con la FSA?

McCormick: Ni con la FSA en ese tema.

C. F.: ¿De verdad?

McCormick: No. Lo siento, simplemente desconozco la respuesta a esa pregunta.

Fueran cuales fueran sus deficiencias, sin embargo, por lo menos Paulson y Bernanke estaban totalmente dedicados a evitar el colapso del sistema una vez declarada la crisis. No puede decirse lo mismo de todos los demás. Consideren, por ejemplo, el caso de John Thain, otra persona con la que he mantenido una relación superficial durante años. Thain había sido presidente de Goldman Sachs y codirector general de operaciones hasta 2004, para luego ser el consejero delegado de la Bolsa de Nueva York. Thain fue nombrado consejero delegado de Merrill Lynch en noviembre de 2007 en sustitución de Stan O’Neal (después de que O’Neal se llevara sus 161 millones de dólares de indemnización por cese).

Mientras preparaba mi documental tuve ocasión de hablar con frecuencia y en detalle con Thain, quien aceptó hablar conmigo a condición de que nuestras conversaciones no salieran en el documental. Sin entrar en los detalles, puedo decir que John no era muy dado a aceptar responsabilidades personales por ningún tipo de participación en la conducta de los bancos de inversión durante la burbuja: ni por el comportamiento de Goldman Sachs durante la burbuja de internet, ni por las presiones de este en favor de la desregulación, ni por la inoperancia de la FINRA (que hasta 2007 estaba bajo contrato con la Bolsa de Nueva York, de la que Thain era consejero delegado). Pero lo más revelador de todo —y no solo acerca de él personalmente, sino acerca de la cultura bancaria en general— fue sin duda la conducta de John en Merrill. Antes de entrar en esta empresa, Thain recibió una prima de ingreso de 15 millones de dólares y un paquete de compensación para el primer año que le habría reportado más de 80 millones de dólares si las acciones de Merrill se hubieran recuperado. Sin embargo, por supuesto, las acciones de Merrill no se recuperaron, pues este perdió más de 80 000 millones de dólares durante la crisis.

John fue uno de los consejeros delegados convocados por Paulson en la Fed de Nueva York durante el fin de semana del 12 al 14 de septiembre de 2008; es decir, la reunión en la que Paulson trató infructuosamente de encontrar un rescatador para Lehman. Había dos compradores potenciales: Barclays y Bank of America. Pero ante la evidencia del colapso de Lehman y la insistencia de Paulson en que buscara un comprador, John entendió perfectamente de qué iba el asunto. Se excusó de la reunión para hacer una llamada… sin decir a Paulson lo que iba a hacer. La llamada de John fue al consejero delegado de Bank of America, y muy pronto el BofA ya no estaba interesado en Lehman. Tal vez esto haya sido lo que selló el destino de Lehman, pues Barclays no podía comprar sin la aprobación de los reguladores británicos, que la denegaron.

Menos de 48 horas después, John había firmado un contrato para la venta definitiva de Merrill Lynch a Bank of America. Ese contrato, aunque negociado y preparado más rápidamente que ninguna otra adquisición comparable en la historia, fue construido con gran cuidado para que Merrill, y John Thain en particular, conservaran el control sobre el pago de las primas hasta que la adquisición se cerrara en enero de 2009. El 13 de octubre de 2008, un mes después de la adquisición de Merrill y de la quiebra de Lehman, Henry Paulson convocó a los consejeros delegados de los nueve mayores bancos estadounidenses —de nuevo incluyendo a John Thain— a una reunión secreta en Washington. Paulson les ordenó que aceptaran 250 000 millones de dólares de capitalización de emergencia, tanto para reforzarse realmente como para tranquilizar a la ciudadanía. Thain tenía una única preocupación, y la compartió con Paulson: ¿afectaría eso a la libertad para pagar primas? La respuesta fue que no.

Más tarde, en diciembre, Thain pagó, en efecto, dichas primas (dos meses antes de lo habitual, para asegurarse de que se entregaran antes de que Bank of America tomara el control). A pesar de que Merrill llevaba ya 50 000 millones de dólares perdidos, las primas sumaron cerca de 4000 millones en efectivo, y estaban fuertemente concentradas en lo más alto del escalafón. Más de 700 personas recibieron primas de más de 1 millón de dólares, y varias se situaban en las decenas de millones. John había pedido una prima de 10 millones de dólares para sí mismo, que le fue denegada. Dichas primas no se habrían podido pagar sin la amable aquiescencia del señor Paulson, porque sin ayuda federal Merrill (y Bank of America, por cierto) estarían en quiebra. Pregunté a John acerca de la ética de pagar tales primas a unas personas que acababan de provocar pérdidas de decenas de miles de millones de dólares, por no hablar de una crisis financiera de dimensiones históricas. Su respuesta no me impresionó demasiado.

Un mes más tarde (en enero, como de costumbre), el resto de los bancos de inversión anunciaron sus primas, que alcanzaron un total de cerca de 19 000 millones de dólares. Paulson y Bernanke se habían olvidado de poner ninguna condición o limitación de las compensaciones como consecuencia de la asistencia prestada al sector financiero, que en aquel momento alcanzaba un total de cientos de miles de millones de dólares. También se olvidaron de tomar ninguna medida para dar respuesta a la rápida oleada de impagos hipotecarios, desahucios y paro. Lo suyo eran los bancos, no las personas.

6
Crimen y castigo: la banca y la burbuja como crimen organizado

Tal y como le dirá cualquier banquero, incluso el más deshonesto, nada es más importante para la salud del sistema financiero que la confianza.

En consecuencia resulta aún más inquietante que desde el inicio de la desregulación financiera ningún sector haya violado la ley de forma tan grave y recurrente como el bancario, y que, en cambio, los castigos sean raras excepciones. Durante el último cuarto de siglo incluso los comportamientos más delictivos se han resuelto en acuerdos extrajudiciales, en los que la institución afectada no reconoce ninguna actuación ilícita, promete no reincidir, paga una multa y más pronto que tarde vuelve a las andadas. En raras ocasiones, se multa o se procesa a título individual a los ejecutivos, y menos aún por la vía penal. Las multas generalmente son triviales y constituyen un coste menor de la actividad, del que se hace cargo la institución y en ocasiones incluso una aseguradora. Así las cosas, la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera encierran, sin duda, los episodios más graves y recientes de delincuencia económica, pero están muy lejos de ser casos aislados.

Obviamente hay muchos banqueros honestos, e incluso durante la burbuja y la crisis financiera la mayoría de las operaciones bancarias se realizaron de forma lícita. La gente ingresaba sus cheques, pagaba sus facturas, usaba sus tarjetas de crédito y las empresas emitían acciones y bonos. No obstante, paralelamente iban aumentando los comportamientos delictivos en amplios sectores del mercado bancario, desde los créditos de consumo hasta las operaciones financieras más sofisticadas. Estos hechos se producen actualmente a tan gran escala y con tanta frecuencia que no pueden seguir siendo desestimados como excepciones o aberraciones. No resulta exagerado decir que desde la década de los ochenta una gran parte del sector financiero estadounidense (y global) ha tomado una deriva criminal y ha generado una cultura empresarial que tolera e incluso fomenta el fraude sistemático. El comportamiento que propició la burbuja hipotecaria y la crisis financiera fue una consecuencia natural y una prolongación de este modelo, y no un mero accidente económico.

También es importante comprender que esta conducta es profundamente criminal. No estamos hablando de merodear por una tienda distraídamente y olvidarse de pagar, ensuciar el espacio público o desatender algún deber administrativo. Estamos hablando de ocultación deliberada de movimientos económicos que han prestado apoyo al terrorismo, hablamos de proliferación de armas nucleares, de evasión de impuestos, de fraude fiscal a gran escala, de protección de bienes procedentes de actividades criminales y de estafas que han contribuido notablemente a agravar la peor crisis desde la Gran Depresión.

Estas afirmaciones pueden parecer exageradas, pero no lo son. A continuación examinaremos: 1) el incremento de la delincuencia financiera y la disminución de los castigos; 2) la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de las actuaciones ilegales durante la burbuja y la crisis financiera, y 3) una serie de respuestas reales y potenciales a estas actuaciones.

El incremento de la delincuencia financiera tras la desregulación

El primer brote importante de delincuencia financiera de la era de la desregulación se produjo poco después de que la administración Reagan desregulara el sector de las S&L. El escándalo de las S&L estableció un patrón que desde entonces se ha ido intensificando. Desde comienzos de la década de los ochenta, la delincuencia del sector financiero ha aumentado de forma drástica, sobre todo en la banca de inversión y en la gestión de activos, mientras su persecución y su castigo han disminuido prácticamente hasta cero. Casi nunca se procesa a los delincuentes en nómina de bancos importantes y con gran poder político y, literalmente, jamás van a la cárcel. Existe además una disparidad notable en el trato dispensado al mismo delito en función de las afiliaciones institucionales del delincuente, o la ausencia de estas. La inmensa mayoría de los delitos perseguidos penalmente en el sector financiero son cometidos por gestores de activos y de hedge funds, por personas concretas que proporcionan información confidencial para su uso ilícito o por inversores individuales. Así, se ha juzgado a Bernard Madoff, a Raj Rajaratnam y a Martha Stewart, mientras que a los ejecutivos de Goldman Sachs, de JPMorgan Chase, de Citigroup e incluso de Lehman Brothers no.

Los escándalos de la década de los ochenta en relación con las S&L, la compra apalancada y el tráfico de información privilegiada fueron los únicos casos en los que se procesó a un número relevante de banqueros con mucho poder político. Hubo cientos de juicios penales con sentencias de cárcel para ejecutivos ricos y de renombre, como Charles Keating y Michael Milken. Sin embargo, pocos procesos apuntaban directamente al núcleo duro del sistema financiero, en parte porque la criminalidad todavía no había llegado de forma significativa hasta él. Los peores delitos y la mayoría de los juicios se producían en la periferia del sector. Keating dirigía una S&L de la Costa Oeste que fue a la quiebra, y Milken trabajaba en Drexel, que hasta su llegada era un banco de inversión de segunda fila. No obstante, ya entonces se vislumbraban señales preocupantes. Por ejemplo, la prestigiosa consultora Ernst & Young omitió deliberadamente su deber de alertar sobre los fraudes contables masivos de sus clientes de las S&L y aceptó pagar multas por un importe total de 300 millones de dólares, y algunos bancos de inversión de prestigio trabajaron para S&L fraudulentas y extorsionadores financieros.

Con todo, fue a finales de la década de los noventa cuando —por primera vez desde los años veinte— las compañías financieras más grandes, antiguas e importantes se embarcaron en actividades delictivas. La expansión y la concentración del sector financiero en la década de los noventa, la burbuja de internet, el poder creciente del dinero en la política nacional y una mayor desregulación crearon de forma conjunta una oportunidad sin precedentes para que la banca ganara dinero de forma indebida, y esta la aprovechó con un entusiasmo pasmoso.

El 7 de noviembre de 2011, The New York Times publicó un artículo basado en su propio estudio de las resoluciones que afectaban a los principales bancos derivadas de demandas de la SEC desde 1996. El estudio del Times encontró 51 resoluciones extrajudiciales referidas a fraudes financieros de grandes bancos, tras descubrirse que previamente habían violado la misma ley y que se habían comprometido a no reincidir[120]. Sin embargo, el listado del Times incluía tan solo casos de fraude relacionados con títulos valores bajo el control de la SEC; no abarcaba procesos penales, demandas de las víctimas, procesos impulsados por los fiscales estatales ni casos de soborno, blanqueo de dinero, evasión fiscal u ocultación de activos ilegales, actividades todas ellas en las que los bancos acumulan abundantes y graves delitos. Hagamos, pues, un recorrido por algunos de los principales casos.

Enron

Enron, que sufrió la peor quiebra de la historia de Estados Unidos, era la niña bonita del mercado de valores a finales de la década de los noventa. Asimismo estaba magníficamente conectada con la esfera política, en particular con los republicanos: afincada en Texas, era uno de los grandes apoyos del gobernador George W. Bush. Por otro lado, y tal como se señaló anteriormente, en su consejo de administración (y en su comité de auditoría) se sentaba Wendy Gramn, expresidente de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías y la esposa de Phil Gramn, entonces presidente de la Comisión de Banca del Senado.

Habiendo sido anteriormente una empresa seria de distribución de energía, en la década de los noventa Enron se expandió hacia los sectores de la energía, las comunicaciones de banda ancha y los derivados financieros con el fin de beneficiarse de la liberalización de estos. Las operaciones de Enron eran extremadamente fraudulentas, tanto desde el punto de vista financiero como operativo, pero la compañía continuó su crecimiento hasta alcanzar un pico de 22 000 empleados. Enron falseó sus operaciones comerciales tanto en el mercado energético como en el de banda ancha, y retuvo artificialmente suministros eléctricos para incrementar los precios, un comportamiento que influyó en los graves cortes eléctricos que sufrió California entre 2000 y 2001. También cometió fraudes financieros masivos con el fin de crear beneficios ficticios y ocultar pérdidas y pasivos.

Con todo, lo más llamativo del caso Enron fue que su fraude dependía en gran medida de la colaboración continuada de su consultora, una de las «cinco grandes», así como de varios de los principales bancos de Estados Unidos.

La técnica fundamental que utilizaba Enron para sus fraudes financieros era la creación de entidades fuera de balance conocidas como SPE o entidades de finalidad especial (special purpose entities), a través de las cuales realizaba transacciones ficticias que aparentaban ser beneficios pero que en realidad eran flujos de dinero prestado. En los años previos al colapso de 2001, los beneficios de Enron podrían haberse sobredimensionado incluso por un factor de 10[121]. Algunos de los bancos más conocidos del mundo sabían con precisión lo que Enron estaba haciendo, y se pusieron en fila para obtener el privilegio de ayudarle a perpetrar su fraude. Todos ellos hicieron básicamente lo mismo: crear operaciones ficticias para hinchar los activos o los beneficios.

A partir de 1997, Chase Bank, hoy parte de JPMorgan Chase, ayudó a Enron a generar falsos ingresos por la venta de gas. Las transacciones implicaban a dos entidades ficticias con sede en paraísos fiscales, ambas con el mismo director nominal y los mismos accionistas. Una de estas compañías, Mahonia, tomó dinero prestado de Chase para «comprar» gas a Enron, pagando en efectivo. La segunda, Stoneville, «vendió» a Enron la misma cantidad de gas al mismo precio, y cobró mediante bonos de deuda a largo plazo. Tras la cortina de humo, Chase estaba dando un préstamo a Enron y conspirando con esta para que el crédito figurara como un ingreso de la compañía. A lo largo de varios años, la estafa creó 2200 millones de dólares en falsos ingresos con sus correspondientes beneficios.

Citigroup empezó a hacer lo mismo en 1999, cuando Enron trataba de cubrir una importante caída de los ingresos y del flujo de caja previstos. Citigroup aceptó colaborar, y voilà: Enron ya tenía cerca de 500 000 millones de dólares de nuevo flujo positivo de caja. Enron utilizó este truco una y otra vez, y el importe total del flujo ficticio de caja parece haber sido del mismo orden de magnitud que la estafa de Chase Mahonia. De nuevo, la documentación deja pocas dudas sobre el conocimiento que tenía Citigroup de estar colaborando en un fraude[122].

Por último, estaba Merrill Lynch. Enron solicitó a Merrill que le comprara dos plataformas energéticas nigerianas (sí, dos plataformas energéticas nigerianas) a un precio inflado, bajo un acuerdo no escrito de que Enron las recompraría. Merrill comprendió claramente que se trataba de una transacción ficticia, pero las conciencias quedaron más tranquilas gracias a una comisión del 22 por ciento. Luego, Enron intentó desentenderse del pacto, lo que provocó más de una discusión a gritos. Merrill finalmente logró recuperar su dinero, aunque Enron tuvo que realizar otra transacción falsa para generar la liquidez necesaria. Casi al mismo tiempo, otro departamento de Merrill ayudaba a Enron con la venta y la posterior recompra puramente ficticias de una planta energética. Todo quedaba como estaba antes, pero entretanto Merrill obtenía una comisión muy real de 17 millones de dólares por ayudar a Enron a generar falsos ingresos y beneficios[123].

Se llevó a juicio a la consultora de Enron, Arthur Andersen, que tuvo que abandonar su actividad. Algunos directivos de Enron fueron a la cárcel; su expresidente, Jeffrey Skilling, todavía está cumpliendo su pena de veinticuatro años, mientras que su consejero delegado, Kenneth Lay, murió poco tiempo antes de iniciar su condena. También se presentaron demandas colectivas contra Enron, Arthur Andersen y los bancos. En la tabla 2 se muestra una lista parcial de los acuerdos financieros alcanzados con los bancos como resultado de acciones judiciales tanto privadas como públicas.

Fuentes. Sentencias de las acciones judiciales colectivas disponibles en www.enronfraud.com. Para las sentencias de la SEC, consultar las reseñas de prensa del 17 de marzo de 2003, 28 de julio de 2003 y 22 de diciembre de 2003.

* Canadian Imperial Bank of Commerce.

Sin embargo, no se juzgó penalmente ni a uno solo de los bancos que ayudaron a Enron a falsear sus beneficios, ni tampoco a ningún directivo a título individual. La colaboración y la incitación al fraude estaban, a partir de ese momento, permitidas[124].

La burbuja de internet: Eliot Spitzer, el hombre solitario

Mientras varios bancos prestaban ayuda a Enron para que cometiera sus fraudes contables, la fiebre de internet dominaba la bolsa de Estados Unidos, especialmente el Nasdaq. Casi todo el sector de la banca de inversión, empezando por sus compañías más antiguas y prestigiosas, se dedicó a hacer negocio inflando fraudulentamente la burbuja de internet, en lo que vino a marcar el inicio de la nueva cultura de la deshonestidad en el corazón del sector financiero.

No se pierda el impagable diálogo que mantuvieron en 1998 una bróker de Merrill Lynch y Henry Blodget, un joven que trabajaba en la misma compañía como analista del sector tecnológico. En un correo electrónico interno referido a una de sus principales recomendaciones de acciones, Blodget describió su visión personal de la empresa como «pos». La bróker preguntó a Blodget en qué se fundaba tal opinión «positiva», pues ella opinaba que los números de la compañía eran bastante flojos. Blodget le explicó amablemente que «pos» no significaba «positivo», sino piece of shit [«pedazo de mierda»[125]].

Mary Meeker, de Morgan Stanley, otra analista estrella del sector tecnológico, recibió presuntamente montañas de dinero por ayudar a su compañía a hacerse con el negocio de banca de inversión de Amazon. (Tanto a ella como al banco los llevaron posteriormente a juicio a raíz de este conflicto de intereses). Meeker estuvo también profundamente involucrada en la promoción de la fusión entre AOL y Time Warner ante el consejo de administración de esta última. Morgan Stanley debía cobrar una enorme comisión si se cerraba el acuerdo. El acuerdo se cerró, y se convirtió en una de las peores fusiones empresariales de la historia[126].

No obstante, ni siquiera Blodget y Meeker tenían conflictos de intereses como el de Jack Grubman, el analista de telecomunicaciones de Salomon Brothers (posteriormente Salomon Smith Barney). Durante años presionó a favor de Global Crossing y WorldCom, que terminaron en sendos desastres fraudulentos. Grubman estaba especialmente vinculado a Bernie Ebbers, el consejero delegado de WorldCom, a quien asesoraba en sus presentaciones frente a otros analistas. Ebbers fue más tarde declarado culpable de fraude contable, y todavía está en prisión. Un bróker se quejó de que Grubman había mantenido su recomendación de compra sobre Global Crossing «desde 60 dólares hasta 1 dólar».

Cuando la burbuja tocó techo, Grubman decidió rebajar la calificación de media docena de las compañías que seguía, aunque luego dio marcha atrás a petición de los bancos de inversión. Tras largo tiempo de desprestigiar a AT&T, pasó a recomendarla de forma activa en 1999, supuestamente a consecuencia de una nueva estrategia de la empresa sobre el negocio del cable, pero en realidad debido a que Citigroup, la nueva matriz de Salomon, acababa de hacerse con el negocio de banca de inversión de AT&T[127].

Este tipo de comportamiento era habitual durante la burbuja de internet. La divergencia entre las declaraciones públicas de los bancos de inversión y las opiniones reales de los analistas eran con frecuencia enormes, especialmente en referencia a las empresas puntocom. En teoría, los bancos de inversión levantaban «murallas chinas» entre sus departamentos de investigación y de inversión, pero esto no era más que una farsa. Los informes favorables elaborados por los analistas eran una herramienta clave de marketing para vender servicios de inversión, y su remuneración se basaba explícitamente en los ingresos de inversión que ellos mismos generaban. Así que bailaron la música que tocaban sus patrones, igual que hicieron las agencias de calificación durante la burbuja hipotecaria.

La burbuja de internet fue muy rentable: el volumen de colocaciones privadas, salidas a bolsa, fusiones y adquisiciones fue mucho mayor que todo lo visto anteriormente en Wall Street. En una proporción muy elevada, estas operaciones fueron fraudulentas y provocaron una avalancha de pérdidas, quiebras, adquisiciones fallidas y depreciaciones desde 2000 hasta 2002. Empresas como Excite, Infospace, pets.com, WorldCom, Covad, Global Crossing, boo.com, startups.com, Webvan, e.digital y muchas otras obtenían altas valoraciones por parte de los bancos de inversión poco antes de su colapso. Frecuentemente, los bancos también pagaban sobornos apenas disimulados a directivos concretos para hacerse con el negocio de sus compañías. Y como todos los grandes bancos de inversión querían hacerse con el negocio de las OPV, y todos sindicaban entre ellos partes de la mayoría de las OPV, ninguno estaba incentivado para realizar análisis honestos.

La administración Clinton no hizo nada: no actuó la SEC ni el Departamento de Justicia, nadie. La administración Bush tampoco fue mejor. La SEC solo se interesó por el asunto después de que el fiscal general del estado de Nueva York, Eliot Spitzer, levantara gran revuelo público con varias demandas contra los principales bancos. La presión pública obligó a la SEC a apoyar las denuncias. A finales de 2002 se llegó a un acuerdo colectivo con diez bancos para una compensación de 1400 millones de dólares por «informes de investigación fraudulentos», «deficiencias de supervisión» y el sometimiento de los analistas a «presiones inapropiadas» por parte de los directivos bancarios. A nivel particular, la multa más abultada fue de 400 millones de dólares y correspondió a Citigroup, mientras que Merrill y Credit Suisse First Boston pagaron 200 millones cada uno, y Goldman Sachs, 100. También se procesó a unos pocos —muy pocos— analistas de nivel intermedio. Blodget y Grubman fueron inhabilitados de por vida para ejercer en el sector financiero y pagaron multas de 4 y 15 millones de dólares, respectivamente. A Mekker no se la multó y pasó a dirigir el departamento de investigación del sector tecnológico en Morgan Stanley[128].

Estos son algunos extractos de mi entrevista con Eliot Spitzer.

Spitzer: De hecho, la defensa de muchos bancos de inversión no era «te equivocas», sino «todo el mundo lo hace, y todos saben lo que está pasando, y por tanto nadie debería confiar de ningún modo en estos analistas».

C. F.: ¿De verdad le decían esto?

Spitzer: Sí, sí… nos decían esto, tal cual… Y luego estaba aquello de «sí, tienes razón, pero no somos tan malos como nuestros competidores, porque todo el mundo lo hace, y deberías ir primero tras ellos». Así que ni siquiera se esforzaban en negar que esta interacción entre analistas y directivos de inversiones generó una mezcla tóxica. Su actitud era: «¿Por qué nos persigues a nosotros?». De nuevo entró en juego la cuestión de la jurisdicción, y en Capitol Hill aprobaron lo que llamaron las enmiendas Spitzer. Morgan Stanley pasó por la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, entonces bajo control republicano, y trabajaron intensamente con el apoyo de la SEC para aprobar una enmienda que limitara y eliminara nuestra jurisdicción y nuestra capacidad para hacer preguntas. De nuevo respondimos dando bastante publicidad al asunto.

Luego le pregunté por la vía penal.

C. F.: ¿Se planteó alguna vez abrir un proceso penal contra algunas de esas personas?

Spitzer: Le dimos muchas vueltas a esa posibilidad.

C. F.: ¿Y por qué no lo hicieron?

Spitzer: Le diré por qué… Los únicos objetivos realistas en este proceso penal hubieran sido los analistas, que básicamente son cargos individuales de nivel medio en las empresas de inversión. Así que me dije a mí mismo: «Sí, probablemente podríamos juzgar por la vía penal a un analista de nivel medio, pero este hace lo le han encargado y le han dicho que debía hacer mediante la creación de una estructura completa que determinaba de antemano el resultado». Lo más probable es que no podamos montar una acusación penal contra quienes ocupan los puestos más altos.

C. F.: A pesar de que piensa que eran culpables.

Spitzer: Ellos eran perfectamente conscientes de que el sistema estaba generando un trabajo analítico sesgado, pero habría sido imposible probar que el consejero delegado ordenó a alguien de forma deliberada que dijera algo falso, básicamente porque ahí estaba toda la cháchara por correo electrónico. Si asciendes en la jerarquía, el consejero delegado diría: «Bueno, claro que tenemos analistas, claro que dicen la verdad. Ahora bien, ¿los remuneramos en función del volumen de negocio de inversión que generan? Sin duda, pero nunca les dije: “Miente”». Sin embargo, las mentiras fluían casi de forma natural del propio sistema que se creó.

C. F.: ¿Opinaba entonces, y opina ahora, que los altos responsables eran de hecho culpables?

Spitzer: Mi impresión es que en un banco de inversión todo el mundo estaba al tanto de que la labor del análisis estaba contaminada por el deseo de incrementar el volumen de negocio inversor, y que… el modelo de negocio en su totalidad dependía de ello… De modo que, si usted utiliza el término «culpable» en un sentido amplio, sí, eran culpables de saber que algo andaba mal. Otra cuestión es que fueran «culpables» en el sentido de que pudiera demostrarse que lo eran en un juicio penal.

C. F.: No me refiero a si era demostrable. Mi pregunta no era sobre… Entiendo lo que dice sobre las pruebas. Pero existe una diferencia entre la demostrabilidad y su opinión acerca de su culpabilidad real.

Spitzer: ¿Si eran culpables de saber que el trabajo analítico estaba siendo contaminado y dañado por el deseo de generar negocio de inversión? Sí.

Parte de las reticencias de Spitzer para ir a juicio podrían ser consecuencia de las circunstancias en las que se encontraba. Disponía de menos de veinte abogados para hacer frente a los bancos de inversión, que se gastaron al menos diez veces más dinero en el proceso; la administración Bush y la SEC eran, por decirlo suavemente, poco entusiastas; y a pesar de que los delitos y sus consecuencias fueron graves según los cánones de la época, resultaban completamente triviales comparados con los que se cometieron desde entonces. Por supuesto, la cuestión de la prueba es importante, y volveremos sobre ella al examinar la burbuja hipotecaria y la crisis financiera.

JPMorgan Chase saquea un condado

La emisión de bonos municipales es uno de los rincones más malolientes de la ciénaga financiera, igual que las hipotecas subprime. También es una actividad notablemente corrupta, y dejó un extraordinario rastro de destrucción en el condado Jefferson de Alabama, al que pertenece la ciudad de Birmingham[129].

A finales de la década de los noventa, el condado de Jefferson resolvió una vieja disputa con la EPA (Agencia de Protección Medioambiental) mediante el compromiso de realizar un ambicioso proyecto de alcantarillado, financiado con 2900 millones de dólares en bonos a largo plazo e interés fijo del 5,25 por ciento. Puesto que los tipos de interés bajaron a comienzos de la década de los dos mil, los bancos fueron al condado para ofrecer una reestructuración de la deuda y un ahorro de millones de dólares en intereses. JPMorgan Chase lideró un grupo de trece bancos para estructurar el negocio y asignar sus diversos componentes. En lugar de tan solo refinanciar la deuda con bonos a un interés fijo menor, los bancos crearon un acuerdo artificialmente complejo para incrementar sus comisiones. Emitieron 3000 millones de dólares en varios productos de interés variable, mientras supuestamente compensaban el riesgo de subidas de los tipos de interés con un sistema de permuta financiera (swap). JPMorgan Chase utilizó instrumentos denominados títulos con tasa fijada en subasta (auction-rate securities, ARS) que en 2008 provocaron miles de millones de pérdidas a muchas ciudades, junto con otros bonos de rentabilidad variable.

Según Bloomberg, los bancos ingresaron 55 millones de dólares en comisiones por la venta de los bonos ARS. Los contratos referidos a las permutas de interés generaron otros 120 millones en comisiones, lo que, según un analista contratado posteriormente por el condado, era seis veces superior al precio de mercado. JPMorgan Chase logró cerrar este negocio porque también realizó pagos de 8,2 millones bajo mano a responsables locales y empresas de intermediación. Sin embargo, las mayores retribuciones las realizó a otros bancos para pactar su retirada de la competición por el negocio, incluidos 3 millones de dólares a Goldman Sachs y 1,4 millones a Rice Financial Products, una compañía de Nueva York especializada en productos de financiación municipal. Todos los pagos ilícitos fueron repercutidos como comisiones deducidas de los fondos captados para el condado. Por supuesto no se mencionaban estas retribuciones en los prospectos de los bonos.

Al principio, dejando de lado las comisiones bancarias infladas y los sobornos, el acuerdo parecía funcionar. Los representantes políticos del condado se jactaban de su habilidad financiera, y Morgan los ayudó a organizar seminarios en otras jurisdicciones. Pero cuando los bonos exóticos recomendados por JPMorgan Chase se hundieron durante la crisis financiera de 2008, el negocio se convirtió en un desastre. Cuando el condado anunció que rompería el acuerdo, JPMorgan Chase le presentó una factura de 647 millones y amenazó con demandarlo[*].

Al escribir estas líneas, el condado incurrió en impago de la mayor parte de su deuda y se declaró en bancarrota. Puede que nunca se ejecuten las mejoras en el alcantarillado, y el precio del agua y del alcantarillado ha subido hasta el punto de que los habitantes más pobres deben escoger entre la calefacción y el agua. La SEC obligó al JPMorgan Chase a renunciar a su indemnización por ruptura de contrato y a pagar al condado 50 millones de dólares por daños causados, además de una multa de 10 millones. El fiscal de la región logró penas de cárcel para los comisionados corruptos del condado.

¿Pero qué ocurrió con JPMorgan Chase? El pago de sobornos es, sin lugar a dudas, un delito. Y resulta particularmente repugnante que hombres ricos vestidos con ropas elegantes extraigan 175 millones de dólares en comisiones a los contribuyentes de un condado, la mayoría de ellos pobres, para luego generar un caos absoluto en su gobierno. Sin embargo, JPMorgan Chase no ha ido a juicio por ello. Se multó e inhabilitó para ejercer en el sector financiero a los dos ejecutivos de esta empresa más involucrados, pero tampoco se los juzgó, pese a que uno de ellos tenía antecedentes penales por un delito similar.

El caso de Jefferson no fue aislado, aunque sí peor que la mayoría. En torno a 2008 circulaban entre 300 000 y 350 000 millones de dólares en ARS emitidos por cientos de estados y gobiernos locales. Quienes invertían en estos valores eran instituciones e inversores particulares con gran capacidad financiera, atraídos por una liquidez similar a la del mercado monetario con rendimientos algo superiores. La inversión mínima solía ser de 25 000 dólares.

Las maravillas de los ARS

Los ARS son el tipo de producto complejo que a Wall Street le encanta crear. Hacen que parezca que los vendedores de bonos consiguen mejores condiciones, lo cual los hace más propensos a pagar mayores comisiones, sin comprender los riesgos que acechan en el camino. Estos títulos ofrecen a los tenedores de bonos una deuda a largo plazo a un tipo de interés variable aparentemente bajo. Pero la parte del «largo plazo» no es tal. Lo que realmente ocurre es que los bancos subastan los valores cada tres semanas aproximadamente para restablecer los intereses y permitir que los inversores se vayan. Pero ¿qué ocurre si nadie puja en las subastas? Los ARS ya fallaron alguna vez antes de la crisis, aunque era raro. En tales casos, el banco de inversión que había suscrito el acuerdo intervenía como comprador a corto plazo hasta que los mercados se asentaban. No obstante, durante 2008 miles de subastas resultaron fallidas, pues los inversores retiraban su dinero de todo lo que no fueran bonos del Tesoro, en una carrera generalizada hacia valores seguros. Entonces, como los balances de los bancos empezaron a llenarse con miles de millones de valores de subastas fallidas, se retiraron todos a la vez y dejaron que el mercado se hundiera[130].

Como resultado, los emisores de los valores se vieron obligados repentinamente a soportar intereses prohibitivos, y muchos de ellos cayeron en impago. El efecto del colapso del mercado de ARS arrasó con los ahorros de inversores de todo el país, ya que se encontraron con títulos que habían dejado de realizar pagos y que no tenían liquidez. Los fiscales estatales presentaron denuncias, además de algunos particulares y en algunos casos también la SEC. Casi siempre los folletos comerciales y las presentaciones se referían a los ARS como «completamente líquidos», «tan buenos como el dinero en efectivo», o como «instrumentos del mercado monetario». Los comerciales de los bancos continuaron vendiendo así este producto mucho tiempo después de que el sector fuera consciente del colapso inminente de todo el mercado de ARS[131].

Entre 2008 y 2009 se alcanzaron 21 acuerdos con bancos y bancos de inversión. UBS aceptó recomprar 22 000 millones de ARS; Merrill Lynch, 19 500 millones; Wachovia, 9000 millones; Morgan Stanley, 4000 millones, y JPMorgan Chase, 3000 millones[132].

Con todo, el desastre de los ARS es solo un ejemplo de los elevados niveles de depredación y corrupción detectados en el mercado de bonos municipales. Un consorcio formado por fiscales generales de estado, el Departamento de Justicia y la SEC ha investigado un prolongado caso de soborno y manipulación de licitaciones, en el que están implicados más de un centenar de municipios y varios grandes bancos. Hasta el momento se ha llegado a varios acuerdos con JPMorgan Chase, Bank of America, Wachovia y UBS por múltiples casos de conspiración entre ellos y con funcionarios municipales, así como con administradores de licitaciones corruptos que promovieron los contratos de bonos municipales con los bancos[133]. Los casos se resolvieron con multas, y ningún banco ni ningún alto ejecutivo han sido juzgados, aunque sí varios empleados de menor responsabilidad. También han existido escándalos similares en el mercado de la gestión de fondos de pensiones de gobiernos locales y estatales. En uno de ellos estuvo involucrado Steven Rattner, un destacado gestor de hedge funds y recaudador de fondos demócrata que en su momento fue un serio aspirante a secretario del Tesoro en la administración Obama. Rattner pactó con la SEC y con el fiscal general de Nueva York el pago de una multa de 16 millones de dólares. Obama lo designó para dirigir el rescate público del sector automovilístico tras la quiebra de GM y Chrysler.

Barclays ayuda a varios fondos de capital riesgo a desplumar a un cliente (y a sus accionistas)

En 2010, Barclays Capital (que contiene los restos del brazo de Lehman Brothers dedicado a la banca de inversión) comenzó a trabajar con Del Monte Foods para organizar la venta de la empresa a uno o más fondos de capital riesgo. Barclays, sin embargo, no se limitó a representar los intereses de Del Monte, sino que se puso a trabajar secretamente con KKR y Vestar para ayudarlos a coordinar una oferta conjunta en lugar de generar una puja competitiva. Ello violaba los términos del contrato de Barclays con Del Monte y facilitaba que KKR y Vestar compraran la empresa a un precio mucho más barato. El motivo de Barclays era que quería encargarse de la financiación del negocio para los fondos de capital riesgo, lo que le supondría unas comisiones muy lucrativas. En efecto, cuando el negocio estuvo en marcha, Barclays cambió de bando y comenzó a trabajar para el consorcio de fondos de capital riesgo que finalmente se llevó el gato al agua: KKR, Vestar y Centerview. Un juez de Delaware consideró que Barclays «había cruzado claramente la línea» con su comportamiento[134].

Hace tiempo que existen sospechas de que esta clase de comportamiento está muy extendido, esto es, que los bancos de inversión arreglan negocios para fondos de capital riesgo con los que trabajan repetidamente en perjuicio de empresas de la economía real que buscan financiación, fusiones, adquisiciones o desinversiones. No se han presentado cargos penales por esta clase de conductas, ni en el caso de Del Monte ni en ningún otro.

Evasión fiscal y ocultación de activos de origen criminal

No toda la actividad bancaria delictiva es estadounidense. En el terreno de la evasión fiscal a gran escala, los bancos suizos llevan sin duda la delantera, pues es bien conocida la dependencia de Suiza desde hace ya largo tiempo del secreto bancario para atraer capitales evadidos y activos criminales. Suiza y más de una decena de otros pequeños Estados, entre ellos Liechtenstein, las Islas del Canal y varios países caribeños, facilitan la evasión fiscal y la ocultación de activos a través de su legislación bancaria nacional. Con frecuencia, grandes bancos han asistido activamente a empresas e individuos ricos en el uso de estos países con tales fines. Las pérdidas anuales en cuanto a ingresos fiscales, solo en el caso de Estados Unidos, se estiman en 100 000 millones de dólares[135].

La siguiente exposición sobre la evasión fiscal se concentra en UBS, pero otras investigaciones han puesto al descubierto comportamientos similares de Credit Suisse, HSBC, Julius Baer y otros bancos europeos. Raramente se han presentado cargos penales, y en todos ellos los acusados, ya fuesen particulares o sociedades, han sido tratados con mano muy blanda.

Un estadounidense llamado Bradley Birkenfeld trabajó para la unidad de negocio de UBS especializada en ayudar a los ricos de Estados Unidos a evadir impuestos. Durante más de una década, en un esfuerzo sistemático autorizado por las más altas esferas de UBS, los banqueros crearon cuentas numeradas secretas, arreglaron transferencias de fondos a paraísos fiscales y proporcionaron tarjetas de crédito originadas en estos Estados (por ejemplo, para pagarse unas vacaciones caras en el extranjero). Los banqueros de UBS que viajaban a Estados Unidos llevaban consigo portátiles especialmente encriptados para ocultar sus datos; el dinero se transfería mediante cheques en papel trasladados a mano en lugar de mediante transferencias electrónicas; a veces sacaban a escondidas diamantes y otros bienes valiosos. Tenían instrucciones de no alojarse en el mismo hotel dos noches consecutivas, y de no comunicarse nunca con sus clientes a través de un documento con membrete de UBS.

En 2007, Bradley Birkenfeld denunció a la empresa ante las autoridades y explicó al Departamento de Justicia y a los responsables del IRS que UBS tenía en sus cuentas «20 000 millones de dólares» en dinero evadido de Estados Unidos, lo que suponía unos beneficios estimados de 200 millones al año. El IRS consideró más tarde que la suma era de 18 000 millones de dólares; y la estimación de beneficios de Birkenfeld probablemente se quede corta.

Una serie de audiencias en el Senado realizadas en 2008 expusieron ante la opinión pública el comportamiento de UBS y dieron como resultado embarazosos testimonios televisados de directivos de esta empresa que se negaron a dar los nombres de sus clientes estadounidenses. Poco después de estas audiencias, el Departamento de Justicia presentó cargos contra UBS y varios de sus directivos, entre ellos Raoul Weil, consejero delegado de UBS Global Wealth Management y miembro del comité ejecutivo de UBS. Weil no se presentó ante la justicia y se encuentra en fuga. Otro alto ejecutivo se declaró culpable y obtuvo cinco años de libertad condicional. En 2009, el Departamento de Justicia y UBS llegaron a un acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales que exigía la colaboración de este último en la identificación de al menos 10 000 casos de evasión fiscal y pagar una multa de 780 millones de dólares, pero que permitía al banco evitar un proceso penal. Poco después, casi 15 000 estadounidenses aceptaron una oferta de reducción de sanciones a cambio de una regularización voluntaria.

A pesar de haberse ofrecido voluntariamente para revelar todo el aparato de evasión de impuestos de UBS, Birkenfeld sí fue juzgado y se encuentra actualmente en prisión. Hasta el momento es el único que ha ido a la cárcel.

Phil Gramm, exsenador por Tejas y presidente del Comité Bancario del Senado cuando los republicanos controlaban esta cámara, es actualmente vicepresidente de UBS, donde ingresó inmediatamente después de su retirada del Senado en 2002. Como senador, Gramm había hecho grandes esfuerzos para oponerse al control del blanqueo de dinero y al secreto bancario.

Hay otras muchas investigaciones en marcha. Los alemanes y los británicos han presentado cargos contra UBS. En julio de 2011, el Departamento de Justicia notificó a Credit Suisse que era objeto de una investigación parecida, y en noviembre del mismo año, ante la amenaza de que se emprendieran diligencias judiciales, el banco abrió un proceso de revelación de clientes evasores de impuestos al IRS. Otros empleados han denunciado a sus bancos en Europa y en Estados Unidos y han revelado actividades evasoras de impuestos a gran escala asistidas por Julius Baer y por el Liechtensteiner Fürsten-Bank. El valor total de los activos ocultos actualmente investigados excede con toda probabilidad los 100 000 millones de dólares.

Al servicio de los Estados canallas y los señores de la droga

La evasión fiscal no es el único motivo del secreto bancario, del blanqueo de dinero y de la ocultación de activos[136]. Líderes políticos cleptócratas, criminales organizados y Estados canallas implicados en el desarrollo de armas nucleares o en el terrorismo internacional también lo necesitan para ocultar el volumen y el origen de sus fondos y para darles un acceso secreto a los sistemas de pago. Muchos de los bancos más importantes del mundo, tanto estadounidenses como extranjeros, han estado encantados de colaborar.

Tal vez el caso más extraordinario implica a Credit Suisse, Barclays, Lloyds y otros siete bancos internacionales (todavía sin identificar) en el blanqueo de miles de millones de dólares para Irán y otros países, que se encuentran todos ellos bajo un régimen de sanciones internacionales por desarrollo de armas nucleares o apoyo al terrorismo, o ambas cosas. Violando las sanciones de la ONU y la legislación estadounidense, estos bancos ayudaron a Irán a blanquear transferencias a Estados Unidos —incluidos pagos relacionados con su programa nuclear y de misiles balísticos— y fondos aparentemente dirigidos a grupos terroristas en Oriente Medio. Algunos bancos crearon manuales de instrucciones internos para ayudar a los empleados a eliminar datos incriminatorios de las transferencias electrónicas.

El banco del que se tienen datos más detallados es Credit Suisse, probablemente porque fue el más agresivo en la promoción de su programa, que comenzó a violar las sanciones de la ONU a Irán en 1995. Credit Suisse elaboró un folleto especial para sus clientes ilegales titulado «Cómo realizar transferencias en dólares» y creó una oficina especial de «investigaciones» que se dedicaba a revisar manualmente cada transacción ilegal, prometiendo que era «absolutamente imposible que alguna de sus instrucciones de pago se realice sin una revisión previa por parte de un equipo especialmente designado por Credit Suisse en Zurich, cuyos miembros son todos completamente profesionales y comprenden la especial atención que requieren sus pagos» (énfasis en el original). El banco también creó una unidad encargada de realizar transferencias a «individuos especialmente designados», como señores de la guerra u otros criminales a gran escala[137].

Una serie de acuerdos extrajudiciales de los bancos con el Departamento de Justicia y el fiscal del distrito de Manhattan en 2009 y 2010 dieron como resultado 1200 millones de dólares en multas. Credit Suisse aceptó pagar 536 millones; Barclays, 298, y Lloyds, 350. Durante al menos una década habían participado de forma sistemática en actividades criminales mediante el blanqueo de dinero para Libia, Irán, Sudán, Birmania y Corea del Norte, entre otros[138]. No cabe duda de que esas actividades eran conocidas y aprobadas por directivos de alto nivel. Sin embargo, como ninguno de los tres bancos discutió los cargos y todos revelaron sus archivos, los casos se cerraron con multas y acuerdos de suspensión de actuaciones judiciales. No se exigió a ninguno de los bancos que se declarara culpable, y ni una sola persona fue llevada a juicio por cargos penales o siquiera multada a título personal.

Permítame que le haga una pregunta: ¿qué cree que pasaría si lo pescaran a usted —como individuo, no en calidad de alto directivo de banca— en actividades de blanqueo de dinero para el programa de armamento nuclear de Irán? ¿Cree usted tal vez que recibiría un trato algo más duro? Pues bien, en realidad disponemos de interesantes datos comparativos en relación con esta cuestión. En 2011, un ciudadano estadounidense de origen iraní, Reza Safarha, fue acusado, juzgado, sentenciado y condenado a diez meses de cárcel por transferir 300 000 dólares a Irán violando las sanciones de Estados Unidos. Estaba implicado en un caso menor de tráfico de material de oficina robado y no tenía la menor relación con el gobierno iraní, menos aún con su programa nuclear o sus actividades en apoyo del terrorismo.

Aún más impactante es el caso de Mahmoud Reza Banki, un inmigrante iraní que obtuvo un doctorado en Estados Unidos y trabajó para una consultoría de este país. A lo largo de varios años recibió un total de 3,4 millones de dólares de su familia en Irán. El dinero había sido ganado legalmente, y lo incluyó en sus declaraciones fiscales; nunca ha existido el menor indicio de que hubiera cometido ningún crimen más allá de violar las sanciones, y ni siquiera esto está claro, pues las transferencias personales a miembros de la familia están exentas. Sin embargo, en 2010 lo arrestaron, juzgaron, sentenciaron y condenaron a cumplir dos años y medio en una prisión federal. La pena fue revocada por un tribunal de apelación, y mientras escribo estas líneas el caso está en espera de nuevo juicio. No parece siquiera que se le ofreciera ningún acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales[139].

Las violaciones de las sanciones iraníes por parte de los bancos fueron especialmente graves, pero están lejos de ser un caso aislado. JPMorgan Chase se inició también en el blanqueo de dinero más o menos por las mismas fechas. En 2005 y 2006, el banco procesó 178,5 millones de dólares en transferencias electrónicas claramente ilegales de ciudadanos cubanos. Funcionarios del Tesoro también detectaron transferencias electrónicas ilegales a Sudán procesadas por JPMorgan Chase. Inicialmente, el banco negó los hechos, pero bajo presión entregó documentos que confirmaban las transacciones. Aunque los responsables del Tesoro calificaron el comportamiento como «grave», el caso se cerró con una multa de 88,3 millones de dólares[140].

El episodio singular de blanqueo de dinero más grave relacionado con la corrupción política fue probablemente la asistencia de Citigroup para que Raúl Salinas y su mujer pudieran sacar 100 millones de dólares de México, principalmente en dirección a Suiza, en la década de los noventa. Raúl Salinas era el hermano de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994 y conocido por su corrupción a gran escala. El descubrimiento de las transferencias, en el marco de un enorme escándalo relacionado con blanqueo de dinero y asesinatos políticos, terminó con el arresto de Raúl Salinas por asesinato en 1995. Nunca se presentaron cargos contra Citigroup. Un informe de la GAO preparado por el senador John Glenn dejó claro que Citigroup no había seguido los procedimientos debidos, pero nunca aclaró si esas transferencias formaban parte de una práctica sistemática o fue una decisión exclusiva de directivos locales[141].

Ha habido otros casos relacionados con gobernantes corruptos. En 2004 y 2005, el Riggs Bank, uno de los bancos más viejos y tradicionales de Estados Unidos, pagó dos multas por un total de 41 millones de dólares y se declaró culpable de cargos penales relacionados con el blanqueo de dinero para diplomáticos de Arabia Saudí, el increíblemente corrupto dictador de Guinea Ecuatorial y el antiguo dictador militar chileno Augusto Pinochet (que resultó ser el titular de más de 10 millones de dólares en activos personales secretos en el Riggs). El banco recibió una suspensión de sentencia y sigue operando; no se han presentado cargos contra ningún directivo[142].

No obstante, a pesar de su notoriedad, todos estos casos eran en realidad menores en comparación con las actividades de blanqueo de dinero que permitieron los bancos estadounidenses en el caso del negocio de la droga en Latinoamérica. El suceso reciente más grave —y vaya si fue grave— implicaba a Wachovia. Este banco hipotecario era el sexto por tamaño en Estados Unidos cuando se hundió en 2008, después de perder 30 000 millones de dólares como resultado de sus muy dudosas actividades crediticias relacionadas con el sector inmobiliario durante la burbuja. Poco después fue adquirido por Wells Fargo. Pero el crédito hipotecario no era el único problema de Wachovia.

A lo largo de los tres años anteriores, varios grandes jurados federales habían remitido 6700 citaciones judiciales a Wachovia en relación con una serie de transferencias por el astronómico valor de 378 000 millones de dólares, principalmente en efectivo, que se habían realizado entre cuentas corrientes mexicanas y estadounidenses. Wachovia no informó en ningún momento de comportamientos sospechosos en relación con dichas transacciones, y no es que faltaran los comportamientos de esta clase. De hecho, desde 2004 Wachovia ignoró o anuló múltiples alarmas internas sobre transferencias sospechosas de fondos y marginó a los responsables que emitían estas alertas. Uno de estos responsables de conformidad, por ejemplo, un veterano investigador de Scotland Yard, había detectado un gran número de transferencias separadas por una suma total asombrosamente alta, realizadas a la misma localidad mexicana y en el mismo momento con cheques de viaje correlativamente numerados. La dirección le ordenó que dejara de examinar las transacciones y el director ejecutivo de conformidad de Wachovia le envió una carta advirtiéndole de que «su rendimiento estaba por debajo de lo aceptable». El responsable demandó a Wachovia, que le pagó una cantidad no revelada de dinero por daños y perjuicios a condición de que abandonara el banco[143]. Los cambios de moneda constituyen un vehículo ideal para el blanqueo del dinero procedente de los traficantes estadounidenses a los cárteles de la droga. Algunos fondos procesados por Wachovia y también por Bank of America entre 2004 y 2007 se rastrearon hasta la compra, entre otras cosas, de una docena de grandes reactores comerciales empleados para la introducción en Estados Unidos de decenas de toneladas de cocaína[144].

En su calidad de sucesor/propietario de Wachovia Wells Fargo cooperó en la investigación y aceptó pagar una multa de 160 millones de dólares e implementar un sólido sistema de detección del blanqueo de dinero. Se llegó a acuerdos parecidos por violaciones semejantes con Bank of America y en dos ocasiones con entidades subsidiarias de American Express. Amex pagó una multa de 55 millones de dólares cuando se descubrió que AEBI, una entidad subsidiaria suya por la ley de organizaciones bancarias extranjeras (Edge Act), había prestado servicios de blanqueo de dinero para los señores de la droga colombianos, en colaboración con el Mercado Negro del Peso (Black Market Peso Exchange) entre 1999 y 2004[145].

Y luego está el caso de Bernie Madoff, o mejor dicho, el caso de la relación que los bancos mantuvieron con él.

Todos a bordo del barco de Bernie

Bernard L. Madoff, filántropo, amigo de sus amigos, expresidente del Nasdaq y creador de una de las primeras plataformas de negociación electrónica, también dirigía la mayor estafa Ponzi de la historia, que duró treinta años y causó unas pérdidas de 19 500 millones de dólares[146].

Poco después del colapso del tinglado y la confesión de Madoff a finales de 2008, comenzaron a salir pruebas de que los grandes bancos comerciales y de inversión llevaban años sospechando que Madoff era un fraude. Ninguno de ellos trasladó sus sospechas a las autoridades y varios bancos optaron en cambio por ganar dinero gracias a él, sin arriesgar por supuesto sus propios fondos. Había diversas teorías acerca de cuál podía ser su fraude. Algunos pensaban que practicaba la «inversión ventajista» (front running), es decir, examinaba las operaciones que pasaban por su plataforma de negocio electrónico y usaba esta información para realizar sus propias operaciones. Algunos creían que tal vez tuviera información privilegiada. Pero pocos pensaban que fuera un esquema Ponzi.

Madoff pretendía replicar el índice S P 500 y utilizar opciones para elevar un poco el rendimiento a la vez que reducía la volatilidad de su cartera.

Con todo, esta estrategia tenía algunos problemillas. Por ejemplo:

Cuando otros trataban de replicar la estrategia de Madoff o aplicarla retrospectivamente, encontraban que sus resultados solo podían conseguirse comprando siempre en o cerca del punto más bajo del mercado y vendiendo siempre en o cerca del punto más alto del mercado, lo cual es imposible. Madoff sostenía que solo había tenido rendimientos mensuales negativos cinco veces en quince años de funcionamiento. En un período de 2002 en que el S P 500 perdió el 30 por ciento, Madoff afirmaba que su fondo había subido un 6 por ciento. Tales rendimientos eran a la vez inconsistentes con su supuesta estrategia y totalmente sin precedentes en la gestión de fondos de inversión.

Aunque la estrategia declarada de Madoff implicaba la gestión de grandes volúmenes tanto de acciones como de opciones, nadie sabía quiénes eran sus contrapartes ni existía ningún signo visible de sus movimientos en el mercado. Aplicar su estrategia habría requerido a menudo negociar más opciones de las que existían en todo el mercado.

Madoff desempeñaba simultáneamente los papeles de bróker, asesor y custodio de los activos ante sus inversores. Una gestión de esta naturaleza elimina obviamente toda posibilidad de control y favorece el fraude. No se había practicado nunca a la escala de Madoff, y fue un hecho repetidamente designado como una señal de peligro. Madoff también daba trabajo a su hermano, a su nieto, a su sobrino y a sus dos hijos en su negocio.

La auditora de Madoff era una entidad totalmente ignota, integrada por tres miembros y sita en un centro comercial suburbano. Uno de los tres miembros del personal era una secretaria, y otro, un CPA[*] semirretirado que vivía en Florida. La entidad no estaba profesionalmente cualificada para llevar a cabo auditorías y no se ofrecía como empresa auditora.

Las cuentas se entregaban a máquina, no en formato digital impreso, y la auditora empleaba únicamente comprobantes en papel, lo cual es en ambos casos inconsistente con el volumen de negociación requerido. Los inversores nunca obtenían acceso electrónico remoto o en tiempo real a la información de su cuenta; solo recibían declaraciones en papel por correo.

A pesar de sus pretendidos logros, Madoff no cobraba comisiones de gestión del fondo. Decía que obtenía ganancias suficientes simplemente procesando todas las operaciones en su propia plataforma de negociación, una tesis muy poco plausible. La verdadera razón por la que no cobraba el típico 20 por ciento de los beneficios era que necesitaba atraer constantemente dinero nuevo para mantener el esquema en marcha tanto tiempo como fuera posible.

Estos y otros problemas —en un momento pasamos a ellos— fueron repetidamente identificados como signos de alerta por los bancos y los hedge funds que hacían negocios con Madoff o bien se planteaban hacerlos. Los directivos de Goldman Sachs fueron a visitar a Madoff para ver si debían recomendarlo a sus clientes. Uno de los socios recordaba más tarde: «Madoff se negó a que practicaran ninguna revisión de due diligence sobre los fondos y cuando le preguntaron por la estrategia de inversión del fondo no lograron entenderla. Goldman no solo puso a Madoff en la lista negra para la división de gestión de activos, sino que también prohibió a sus brókeres operar con él»[147]. Los gestores de riesgo de Merrill Lynch, Citigroup, UBS, la Banca Privada de JPMorgan Chase y otras entidades financieras habían hecho lo mismo. La matriz de Merrill, por ejemplo, tenía expresamente prohibido operar con Madoff desde la década de los noventa[148]. Todos sospechaban alguna clase de fraude.

Como resultado, la mayoría de los grandes bancos se negaban a invertir su propio dinero con Madoff. Sin embargo, a veces permitían que sus clientes lo hicieran. Varios bancos, entre ellos Merrill Lynch, Citigroup, ABN Amro y Nomura, crearon fondos indexados para replicar los rendimientos de Madoff[*], a pesar de las sospechas de fraude.

UBS y JPMorgan Chase estaban aún más enfangados. UBS creó una nueva familia de «fondos de inversión subordinados» para enviar activos a Madoff. (Madoff no admitía en general inversiones directas y prefería recibir dinero a través de esta clase de «fondos subordinados»). La mayoría de los fondos apenas tenían otra función que la de servir de buzones y raramente realizaban inversiones fuera del fondo de Madoff. Existen pruebas claras de que varios de ellos sabían que Madoff era un fraude. Pero Madoff les pagaba alrededor de un 4 por ciento anual por no hacer prácticamente nada, de modo que los otros no tenían problema para mirar hacia otro lado.

UBS creó o trabajó con varios fondos subordinados de Madoff, aun cuando la oficina central de UBS prohibía invertir dinero del banco o de sus clientes en cuentas de aquel. La ley exigía la aplicación de procesos de due diligence en relación con los fondos subordinados, y uno de ellos contrató a un especialista llamado Chris Cutler. Al cabo de cuatro días, Cutler escribió lo siguiente al fondo subordinado: «Si esto fuera un nuevo producto de inversión, no solo incumpliría los criterios de due diligence: habría que echarlo a la basura. O BIEN estamos ante errores extremadamente incompetentes, O BIEN ante graves omisiones en los registros de transacciones». Cutler encontró, por ejemplo, que la pretendida estrategia de Madoff suponía la negociación de un número de opciones muy superior al número que en aquel momento se negociaba en la Bolsa de Opciones de Chicago[149]. Eso no impidió que el fondo siguiera invirtiendo con Madoff[150].

UBS dio orden expresa a sus empleados de que no tuvieran tratos con Madoff. Un memorando dirigido a uno de los fondos subordinados en 2005 contenía una sección titulada: «Lo que no se debe hacer». La sección contenía, en grandes letras de molde, la siguiente advertencia: «¡¡¡Nunca entrar en contacto directo con Bernard Madoff!!!». Uno de los directivos de UBS directamente implicado en la creación de los nuevos fondos fue objeto de una investigación de la oficina central. Su respuesta fue: «Los negocios son los negocios. No podemos permitirnos perder 300 millones», en referencia a los ingresos anticipados por gestión de fondos[151]. UBS procedió a emitir folletos para el fondo en los que declaraba que actuaría como custodio, gestor y administrador de los fondos subordinados cuando en realidad habían acordado ya con Madoff no realizar esas funciones. Al igual que todos los patrocinadores de Madoff, UBS no recibía más información que unos resúmenes en papel de los resultados mensuales.

El caso de JPMorgan Chase fue si cabe más deshonesto aún. Al igual que Merrill Lynch y Citigroup, crearon fondos indexados con Madoff a pesar de las advertencias explícitas de un directivo de la unidad de Banca Privada de JPMorgan Chase, según el cual no había modo de descubrir por ingeniería invertida cómo ganaba su dinero Madoff[152]. Pero JPMorgan Chase tenía aún más pruebas que esa, pues fue la principal fuente de financiación de Madoff durante más de veinte años[*]. Cualquiera que tuviera acceso a esas cuentas sabría que algo no encajaba. Por ejemplo:

Una entidad de inversión con miles de clientes privados debería haber acreditado los fondos entrantes en cuentas segregadas por clientes o los debería haber redireccionado a múltiples subcuentas. En lugar de eso, todo lo que entraba era arrojado a un bote único.

Las normas «conoce a tu cliente» (know your customer, KYC) se reforzaron mucho después del 11-S, y JPMorgan Chase se toma supuestamente muy en serio sus obligaciones KYC. Tiene un departamento KYC para cada línea de negocio. Pero cuando el administrador concursal de Madoff entrevistó al responsable de KYC de la cuenta de Madoff, este no sabía que tenía tales funciones ni en qué consistían.

JPMorgan Chase recibía copias de los expedientes financieros obligatorios que Madoff presentaba a la SEC. Habitualmente no se correspondían con los datos reales, a veces por mucho. Un expediente declaraba 5 millones de dólares en cuentas bancarias en efectivo, cuando la cifra real en JPMorgan Chase eran 295 millones. Otro declaraba que no existían préstamos bancarios pendientes, cuando en realidad había un préstamo pendiente de 95 millones de dólares. Durante años, las declaraciones no mostraban ingresos por comisiones de corretaje, aun cuando supuestamente deberían ser la fuente primaria de ingresos de Madoff (no cobraba comisiones de gestión o de incentivo, como ya se ha dicho). Pero un año las declaraciones mostraron de repente 100 millones de dólares en comisiones, aunque no en las categorías de producto que supuestamente dominaban su estrategia. Los prospectos de Madoff declaraban que todo el efectivo no asignado era invertido en obligaciones del Tesoro, cuando JPMorgan Chase sabía que estaba casi todo en depósitos a un día.

Las regulaciones contra el blanqueo de dinero son bastante estrictas e imponen a los bancos la obligación de informar de actividades sospechosas. JPMorgan Chase tiene un sistema de alerta automático que supuestamente activa una revisión y la elaboración de un informe siempre que se produce un hecho merecedor de «bandera roja». ¿Qué decir de un cliente que recibió 318 transferencias de exactamente 986 310 dólares cada una en un solo año, a menudo varias al día? Ningún problema, ninguna alerta.

Varios de los clientes más importantes de Madoff también eran clientes de JPMorgan Chase Banca Privada, de modo que el banco podía ver ambos lados de la transacción. Y a menudo vieron cientos de millones de dólares yendo y viniendo entre cuentas de clientes y Madoff, muchas veces documentados como préstamos, pero a menudo sin ningún tipo de explicación. En toda la historia de las cuentas de Madoff, el sistema automático contra el blanqueo de dinero generó una única alerta, que por lo demás no dio pie a ninguna investigación.

A la vista de todo eso tuvieron que olerse algo… y lo hicieron. La lectura de la demanda del administrador concursal de Madoff contra JPMorgan Chase está llena de sorpresas. Más de una decena de altos directivos de JPMorgan Chase habían comentado en correos electrónicos y memorandos, como también en persona, una larga lista de sospechas en relación con Madoff. El 15 de junio de 2007, un empleado le dijo a otro: «Estoy almorzando con [borrado] que me acaba de decir que hay una nube de todos conocida sobre la cabeza de Madoff y se especula que sus rendimientos podrían ser parte de un esquema Ponzi». Al mismo tiempo —junio de 2007—, tres miembros del comité ejecutivo de JPMorgan Chase comentaron abiertamente esta posibilidad durante una reunión. Eran John J. Hogan, director de riesgo del departamento de banca de inversión; Matthew E. Zames, alto directivo de operaciones, y Carlos M. Hernández, director de valores de renta variable de la unidad de banca de inversión. Tras el arresto de Madoff, el segundo de Hogan, Biran Sankey, sugirió que sería preferible que las actas de esa reunión «no volvieran a ver la luz del día»[153]. Pero Madoff produjo 500 000 millones de dólares de ingresos por comisiones para JPMorgan durante años, de modo que el banco claramente no tenía interés en hacer sonar el silbato.

La SEC ha sido merecidamente criticada por no atender a las quejas acerca de Madoff que recibió a lo largo de los años, muchas de ellas de un investigador de Boston, Harry Markopolos, a quien consideraban un bicho raro. La SEC también metió la pata con sus propias investigaciones acerca de Madoff. Pero imaginemos que un alto ejecutivo de Goldman Sachs, UBS o JPMorgan Chase hubiera llamado al responsable de la unidad sancionadora de la SEC y hubiera dicho: «Échenle un ojo a Bernard Madoff. Lo suyo tiene que ser una estafa. No tengo pruebas, pero aquí tienen cinco hechos muy sospechosos, y eso es lo que deberían revisar». Viniendo de ellos, la SEC tendría que haber prestado atención, incluso en el estado lamentable e impotente en el que se encontraba después de los recortes de las administraciones Clinton y Bush. Pero ni uno solo de los bancos que tenían sospechas de Madoff hizo esa llamada. En lugar de eso dieron por sentado que era un estafador, pero le dejaron que siguiera haciendo lo que quisiera, o bien trataron de hacer dinero con él.

La crisis financiera y la culminación lógica de la delincuencia financiera

Visto en conjunto, todo lo anterior sugiere un importante cambio de cultura en la banca estadounidense y global, así como en la relación de los reguladores y las autoridades controladoras con la banca. Desde la década de los ochenta, las finanzas se han ido convirtiendo en un sector cada vez más arrogante, deshonesto y delincuente. La tolerancia hacia comportamientos abiertamente delictivos es hoy parte integral de la estructura del sector financiero en general, y ha desempeñado un papel fundamental en la rentabilidad y en los ingresos del sector desde finales de la década de los noventa. En algunos casos, la delincuencia financiera ha fomentado graves violaciones (la proliferación de armas nucleares), mientras que en otros ha sido un factor que ha favorecido la inestabilidad financiera y la recesión (la crisis de las S&L, la burbuja de internet).

Sin embargo, todas estas conductas quedaron prácticamente sin castigo. Las multas impuestas por todos estos casos suman menos del 1 por ciento de los beneficios y las primas del sector financiero durante el mismo período. Ha habido muy pocos juicios y ninguna sentencia penal contra las grandes instituciones financieras estadounidenses o contra sus altos directivos. Cuando los individuos no vinculados a los grandes bancos han cometido delitos parecidos, han recibido un trato mucho más duro.

Dentro de este contexto, resulta difícil escapar a la conclusión de que la burbuja hipotecaria y la crisis financiera fueron promovidas no solo por la desregulación, sino también por los veinte años anteriores de tolerancia hacia la delincuencia financiera a gran escala. En primer lugar, la ausencia de persecución judicial llevó de forma gradual a una aceptación cultural profundamente arraigada de los comportamientos deshonestos y delictivos en el mundo de las finanzas. Y en segundo lugar, generó una sensación de impunidad personal: los banqueros que se planteaban la posibilidad de cometer actos delictivos ya no eran disuadidos por la amenaza de la persecución judicial.

Mi conclusión personal después de examinar esta cuestión es que si la burbuja de internet, el fraude colectivo en Enron y otras compañías, y los escándalos de blanqueo de dinero hubieran llevado a sentencias de cárcel para altos directivos financieros, la crisis financiera habría sido probablemente mucho más leve, incluso aunque la desregulación financiera al nivel político hubiese sido la misma. La ley deja un considerable margen para comportamientos deshonestos y peligrosos, pero muchos de los abusos de la burbuja eran el resultado de comportamientos abiertamente delictivos.

Por otro lado, del mismo modo que los últimos veinte años de delincuencia impune fueron como un semáforo en verde para la burbuja, la falta de respuesta actual a la burbuja y a la crisis está sentando las bases para la conducta financiera de la próxima década. Más allá del interés ético en la justicia por sí misma, la cuestión de si el comportamiento que generó la burbuja era criminal y si es factible perseguirlo penalmente es importante también por los beneficios económicos que podría conllevar poner a un número importante de altos directivos financieros en la cárcel.

La administración Obama ha explicado el hecho de que no haya procesado (literalmente) a nadie por delitos relacionados con la burbuja diciendo que buena parte del comportamiento de Wall Street era sin duda imprudente o deshonesto pero no ilegal. He aquí las palabras del presidente Obama en una conferencia de prensa de la Casa Blanca realizada el 6 de octubre de 2011:

En primer lugar, respecto a la cuestión de las actuaciones judiciales contra Wall Street, uno de los mayores problemas en relación con el colapso de Lehmans [sic] y la crisis financiera subsiguiente y todo el fiasco crediticio subprime es que buena parte de todo eso no era necesariamente ilegal, solo inmoral o inadecuado o imprudente. Por eso debemos aprobar la Ley Dodd-Frank, para prohibir algunas de esas prácticas. El sector financiero es muy creativo y siempre busca nuevas formas de ganar dinero. Ese es su trabajo. Y si existen lagunas y reglas que pueden estirarse y rendimientos que ganar, se aprovecharán de ello. De modo que, sin entrar en casos concretos —obviamente ese no es mi trabajo; es el trabajo del fiscal general—, pienso que parte de la frustración de la gente, parte de mi frustración, es que muchas prácticas que no debían haberse permitido no eran necesariamente contrarias a la ley[154].

En esas y muchas otras declaraciones, el presidente y otros altos representantes de la administración se han presentado a sí mismos como frustrados y maniatados: deseosos de castigar a los culpables de la crisis, pero inhabilitados para hacerlo porque su conducta no era ilegal y/o el gobierno federal carecía del poder suficiente para sancionarlos. Pido perdón por mi grosería, pero todo eso es un montón de mierda.

Cuando el gobierno federal quiere algo realmente —evitar otro 11-S o perseguir a figuras importantes del crimen organizado—, dispone de muchas herramientas y a menudo las usa. Se pueden pinchar teléfonos y aplicar formas de espionaje electrónico. Se pueden desplegar agentes infiltrados que pretenden ser criminales para pescar a sus objetivos. Se pueden invocar las cartas de seguridad nacional (national security letters), una forma agresiva de citación administrativa que permite a las autoridades federales obtener casi cualquier registro electrónico, al tiempo que impone una orden de secreto en virtud de la cual quien lo entrega no puede contárselo a nadie. Están los fiscales especiales, los grupos de trabajo y los grandes jurados. Cuando Patty Hearst fue secuestrada en 1974 por el Ejército Simbiótico de Liberación (Symbionese Liberation Army), el FBI asignó a centenares de agentes al caso.

En las investigaciones sobre el crimen organizado, el FBI y los fiscales federales a menudo comienzan por abajo para luego ascender progresivamente hasta la cima. Aplican la técnica bien conocida de presionar a gente de bajo nivel para luego ofrecerle un trato si informa o testifica contra sus superiores, momento en el cual el FBI presiona a sus superiores y les hace la misma oferta, hasta llegar a lo alto de la jerarquía. Otra técnica consiste en atrapar a las personas por lo que puede probarse contra ellas, aunque no sea su delito principal. Al Capone nunca fue sentenciado por contrabando, corrupción a gran escala o asesinato; fue condenado por evasión fiscal.

Con el mismo espíritu, a continuación ofrezco algunas observaciones acerca de los aspectos éticos, legales y prácticos de la actuación judicial en relación con la burbuja.

En primer lugar, buena parte de la burbuja fue delictiva de forma directa y masiva. Puede discutirse exactamente hasta qué punto, dónde están las zonas de grises, cuánto puede demostrarse, etc. Pero está clarísimo que no es cero. En breve realizaremos otro recorrido por el sector para comprobar precisamente esta cuestión.

En segundo lugar, no habría problema para atrapar a esas personas si realmente hubiera voluntad de hacerlo. Tal vez no se consiguiera en todos los casos, pero sí en muchos. Algunos delitos relacionados con la burbuja son muy claros, y existen importantes pruebas escritas. Si se consigue pescar a gente suficiente, algunos de ellos tendrán indudablemente cosas interesantes que decir acerca de lo que sabían sus superiores. Y muchos de los responsables de la burbuja lo son también de los delitos que acabamos de examinar y que no han sido seriamente perseguidos ni castigados. Muchas de estas personas han cometido también diversos delitos a nivel personal: consumo de drogas, prostitución, evasión fiscal, tráfico de influencias, facturación fraudulenta de gastos personales como gastos de empresa, entre otros. Muchas de ellas conservan sus empleos originales y por lo tanto están sujetas a presiones y supervisiones por parte del regulador, al igual que sus sociedades. De hecho, existen muchas técnicas, jurisdicciones, instituciones, regulaciones tanto civiles como penales a las que se puede recurrir para investigar a estas personas, castigarlas y recuperar el dinero que se llevaron… si realmente hubiera voluntad de hacerlo. El gobierno federal no ha empleado prácticamente ninguna.

En tercer lugar, el argumento moral a favor del castigo es muy sólido, y ofrece una amplia justificación para pecar por exceso en la persecución penal. Sea cual sea la parte de la conducta bancaria constitutiva de delito durante la burbuja, no cabe duda de que fue una parte importante y que fue además total y profundamente deshonesta, explícitamente dirigida a estafar de hecho si no de derecho. Desde la crisis, las personas que la causaron se han mostrado cualquier cosa menos contritas o sinceras. Han sido evasivas, deshonestas y autocomplacientes, y han regresado tan rápidamente como han podido a su comportamiento indefectiblemente egoísta. Este causó enormes daños, tanto humanos como económicos; las consecuencias de sus malas acciones son tan inmensas que podrían justificar casi cualquier acción que ayudara a prevenir otra crisis por la vía de la disuasión. También existirían beneficios intangibles pero igualmente importantes para la elevación del nivel ético general de un sector crucial, cuyos ejecutivos se convierten a menudo en funcionarios de alto nivel en el gobierno.

Teniendo en cuenta este contexto, examinemos ahora la cuestión de las responsabilidades penales, así como la viabilidad de la actuación judicial.

J’accuse

Una lista razonable de delitos judicialmente perseguibles cometidos durante la burbuja, la crisis y el período posterior por las entidades de servicios financieros incluye:

Fraude de valores (en muchas formas)

Fraude contable (en muchas formas)

Fraude por «privación de servicios honestos» (estatuto del fraude por correo)

Soborno

Perjurio y falsas declaraciones ante investigadores federales

Violaciones de la Ley Sarbanes-Oxley (certificar falsas declaraciones contables)

Violaciones de la Ley RICO y de la legislación antimonopolio

Regulaciones relativas a la publicidad de la ayuda federal (en relación con los préstamos de la Reserva Federal)

Delitos relacionados con la conducta personal (en muchas formas: uso de drogas, evasión fiscal, etc.)

Por otro lado, las empresas y los directivos del sector financiero cometieron muchas infracciones civiles por las que podrían ser perseguidos en juicios civiles, en los cuales existe una menor exigencia de prueba («preponderancia de la evidencia» frente a «más allá de toda duda razonable»). Dichas infracciones incluyen las violaciones civiles de la Ley Sarbanes-Oxley, el fraude civil y las violaciones de múltiples regulaciones de la SEC, en particular las relativas a los requerimientos de publicidad.

Consideremos algunos ejemplos.

Fraude de valores

Aquí hay mucho campo por correr. La norma primaria aplicable es la Regla 10b-5, promulgada por la SEC al amparo de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. El texto es el siguiente:

Es ilegal que cualquier persona, ya sea de modo directo o indirecto, por cualquier medio o instrumento de comercio interestatal, correo o bolsa nacional:

emplee cualquier estratagema, plan o artificio para engañar,

realice cualquier declaración falsa sobre un hecho sustancial u omita un hecho sustancial necesario para que las declaraciones, a la luz de las circunstancias en las que se realizaron, no resulten engañosas, o

lleve a cabo cualquier acto, práctica o patrón de negocio que tenga o pueda tener como resultado el fraude o el engaño de cualquier persona, en relación con la compra o la venta de cualquier título-valor.

Hay varios elementos esenciales en una infracción de la Regla 10b-5: debe ser una declaración falsa o una omisión que sea lo suficientemente sustancial para afectar a la opinión de un inversor; que sea realizada de manera intencionada; que el inversor se base en la misma para tomar su decisión, y que esta le haya causado directamente pérdidas efectivas. La regla puede ser invocada por la SEC para iniciar acciones civiles; por el Departamento de Justicia para iniciar acciones tanto civiles como penales, y también por los particulares para presentar demandas civiles. Incluso si los valores en cuestión fueran vendidos a inversores profesionales y expertos, tampoco podrían mentirles.

¿Por dónde empezamos?

Como hemos visto, casi todos los prospectos y materiales promocionales de bonos con garantía hipotecaria vendidos desde 2005 hasta 2007 eran un montón de patrañas. Pero el engaño comienza incluso antes en la cadena alimentaria. También hemos visto que los originadores de hipotecas cometieron esta tipología de fraude al falsear las características de carteras de créditos, así como la naturaleza y la exhaustividad de sus procesos de due diligence en relación con ellos, cuando vendieron dichas carteras a los titulizadores (y aceptaron financiación de estos). Todos o casi todos los titulizadores (lo que significa prácticamente todos los bancos de inversión y los grandes conglomerados bancarios) cometieron luego fraude de valores cuando falsearon las características de los créditos subyacentes a sus CDO, las características de los títulos con garantía hipotecaria resultantes, y la naturaleza y los resultados de sus procesos de due diligence en la creación de dichos CDO. Los titulizadores también cometieron fraude en el intercambio de valores cuando realizaron declaraciones parecidamente engañosas a las aseguradoras y a los vendedores de protección CDS sobre dichos CDO.

Los directivos tanto de las entidades originadoras como de las titulizadoras cometieron aún otra forma de fraude de valores en sus declaraciones a los inversores y al público en general acerca de la situación financiera de sus instituciones. Sabían que estaban realizando un fraude que en algún momento debía terminar, y cuando la burbuja tocó techo y comenzó a deshincharse mintieron repetidamente acerca de la situación financiera de sus instituciones. En algunos casos también ocultaron información sustancial, como, por ejemplo, el grado en que los ejecutivos estaban vendiendo o cubriendo sus propios activos porque sabían que sus instituciones estaban a punto de hundirse.

Por otro lado, varios bancos de inversión cometieron fraude de valores cuando no hicieron público que estaban vendiendo títulos que habían diseñado para deshacerse de sus peores créditos y CDO, o que estaban diseñados para dar mal resultado con el fin de que los bancos de inversión y sus hedge funds clientes pudieran beneficiarse apostando a su caída. Los CDO sintéticos Hudson y Timberwolf vendidos por Goldman Sachs y que fueron el eje de las audiencias del subcomité del senador Levin constituyen una sólida base para la acción judicial. La división de operaciones de Goldman fue activamente presionada para que encontrara inversores institucionales ingenuos —bancos alemanes de tamaño medio, bancos surcoreanos, fondos menores de pensiones y otros por el estilo— y descargara sobre ellos sus activos más peligrosos. Algunas declaraciones importantes del material de venta del Hudson —que los activos no procedían del inventario propio de Goldman— eran mentira, y eran mentiras sustanciales, pues los inversores habían aprendido a sospechar que los bancos podrían estarse descargando de su propio inventario problemático. Las cadenas de correos electrónicos muestran que los altos ejecutivos controlaron estrechamente el proceso de colocación de los valores basura y se mostraron exultantes al deshacerse de los activos Timberwolf (y bien podían estarlo, pues perdieron todo su valor en meses). No se ha abierto ninguna causa judicial por estos hechos.

Muchas grandes instituciones financieras estadounidenses, incluidos los bancos pero también las agencias contables, las agencias de calificación y las compañías de seguros, estaban implicadas en otros fraudes de valores durante la burbuja. Ya hemos observado el falseamiento por parte de los bancos de la seguridad y la liquidez de los valores fijados en subasta, por ejemplo, que no ha dado pie a acciones penales. Del mismo modo, Citigroup no reveló en sus presentaciones ante los inversores que estaba contractualmente obligado a recomprar, o a pagar por las pérdidas, grandes cantidades de valores que había colocado en vehículos de inversión estructurada (SIV) fuera de balance. (En este caso Citigroup podría tener una defensa legal: aunque sus presentaciones ante los inversores eran engañosas, sí reveló la existencia de responsabilidades relacionadas con las SIV en las notas al pie de los informes 10-K que presentó a la SEC). De modo parecido, AIG y las demás aseguradoras de títulos con garantía hipotecaria también eran altamente deshonestas en sus declaraciones ante el público inversor cuando el desastre financiero se hizo inminente al tocar techo la burbuja y comenzar a deshincharse.

En algunos casos, tenemos pruebas claras de que la alta dirección tenía conocimiento de esos fraudes y estaba implicada en ellos. Por ejemplo, las presentaciones trimestrales ante los inversores son casi siempre realizadas por el consejero delegado o el director financiero de la entidad; si se dijeron mentiras en esas presentaciones, o si se omitieron hechos sustanciales, la responsabilidad corresponde a la alta dirección. En algunos casos, como el de Bear Stearns, disponemos de pruebas procedentes de juicios civiles de la implicación de altos directivos en la construcción y venta de títulos cuyos prospectos contenían mentiras y omisiones. En otros casos, no tenemos pruebas directas de la implicación de la alta dirección, aunque es probable que dicha implicación existiera. Si los fiscales forzaran a hablar a las personas directamente responsables, no me cabe la menor duda de que muchos de ellos señalarían a la alta dirección. Hay varias razones para creerlo así. En primer lugar, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. En segundo lugar, la mayoría de las entidades requerían la aprobación de la alta dirección para la emisión de títulos importantes. Y en tercer lugar, la alta dirección de varias entidades titulizadoras estaba dominada por personas que en algún momento anterior de sus carreras habían estado directamente implicadas en actividades parecidas, y de quienes cabría esperar que las supervisaran y comprendieran plenamente.

Fraude contable

En este terreno también tenemos conocimiento de algunas vías válidas para emprender acciones judiciales, así como de muchas otras en grado de probabilidad. Sabemos, por ejemplo, que tanto Fannie Mae como Freddie Mac realizaron masivos fraudes contables durante años hasta que fueron descubiertos en 2003-2004. Dichos fraudes no llevaron a ningún juicio penal, solo a moderadas sanciones civiles; algunos de los beneficiarios individuales de estas prácticas pudieron conservar sus ganancias ilícitas, y ninguno recibió multas por importes superiores a estas. Estas infracciones civiles han prescrito actualmente.

Sin embargo, tenemos noticia de otras violaciones graves en grado de probabilidad. La mejor conocida es el truco «Repo 105», en virtud del cual Lehman Brothers, con la complicidad de su agencia de contabilidad estadounidense, ocultaba de forma fraudulenta su nivel de apalancamiento durante la burbuja. Los contables estadounidenses de Lehman, Ernst & Young, se escudaron en que las operaciones Repo 105 se realizaron nominalmente a través de una subsidiaria internacional, de modo que podían pretender que no se dieron cuenta cuando elaboraron las cuentas finales. A pesar de que se trataba claramente de una transacción simulada, no se han emprendido acciones judiciales ni se han impuesto multas contra nadie.

Lehman y muchos otros titulizadores también inflaron el valor de sus activos. En el caso de Lehman, la sobrevaloración más notable fue la de su cartera inmobiliaria comercial, que ascendía a miles de millones de dólares un año antes del colapso de la institución y fue comentada de forma explícita por su alta dirección. Otras empresas como Merrill Lynch y Citigroup inflaron el valor de sus activos hipotecarios: créditos en espera de titulización, CDO en espera de ser vendidos, piezas de CDO que no podían vender o que habían decidido retener. Ya hemos visto, por ejemplo, que los operadores de Merrill Lynch pagaban a operadores de otra unidad del mismo banco para «comprar» valores hipotecarios a precios inflados cuando no podían venderlos en el mercado abierto. En algunos casos, estas sobrevaloraciones fueron conocidas y comentadas dentro de la propia organización; por otro lado, también en este caso resulta probable algún grado de implicación de la alta dirección. Tampoco se ha abierto ningún procedimiento por este concepto.

Joseph Cassano y la alta dirección financiera de AIG impidieron de forma agresiva que Joseph St. Denis evaluara debidamente la cartera de CDS de AIG Financial Products después de que el auditor de AIG declarara una debilidad material en las declaraciones financieras de la aseguradora. Tanto Cassano como la alta dirección de AIG también realizaron una serie de declaraciones públicas extremadamente inexactas y engañosas para los inversores y los analistas de inversión en 2007 y 2008. AIG siguió manteniendo los inflados valores de sus CDS y de sus posiciones en valores hipotecarios a finales de 2007 y durante la primera mitad de 2008, aunque Goldman Sachs ya estaba reduciendo drásticamente sus propias valoraciones de los títulos hipotecarios y reclamando grandes cantidades a AIG en concepto de garantías CDS. No se han abierto procedimientos en relación con esta situación.

Parece inconcebible que las consultoras de los bancos nunca tuvieran noticia de estos fraudes. En algunos casos, como el del Repo 105 y el de la contabilidad de AIG en relación con su cartera de CDS, existen pruebas públicas de que algunas agencias contables sabían en su momento que se estaba cometiendo fraude. Sin embargo, no se ha abierto una sola causa penal contra una agencia de contabilidad estadounidense con relación a la burbuja.

«Privación de servicios honestos» y soborno

Las enmiendas de 1988 al estatuto federal de fraude de correo incluyen la siguiente provisión: «plan o artificio para cometer fraude incluye cualquier plan o artificio para privar a otro del derecho intangible a unos servicios honestos». Esta provisión ha servido para abrir procedimientos judiciales en muchos casos de corrupción y fraude fiscal. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo estableció que el estatuto era inconstitucionalmente vago y limitó su aplicación a casos de soborno o cobro de comisiones.

Sin embargo, algunos casos todavía encajan en esta figura. Las primas por margen de rendimiento, autorizadas e incluso ordenadas por la alta dirección de las entidades originadoras, llevaron ciertamente a violaciones masivas del derecho a servicios honestos. Algunas de estas entidades eran propiedad de los bancos, y otras fueron sin duda presionadas o incentivadas por los bancos para ofrecer mayor cantidad de créditos de alto rendimiento. No ha habido un solo juicio por corrupción contra entidades de crédito hipotecario o sus altos directivos. Además, el caso del condado de Jefferson incluye en primer lugar sobornos de JPMorgan Chase a funcionarios del condado, y más interesante aún, sobornos a Goldman Sachs para que no invirtiera en el proyecto. Nadie de JPMorgan Chase o Goldman Sachs ha sido juzgado por estos hechos.

Por último, las agencias de calificación parecen ofrecer campo abierto para esta clase de actuaciones judiciales, a pesar de la reducción del ámbito de aplicación del estatuto. La defensa basada en la libertad de expresión recogida en la primera enmienda podría proteger a las agencias de diversas formas de responsabilidad civil, pero no de la responsabilidad penal. De forma más o menos abierta según los casos, las tres principales agencias de calificación ofrecieron servicios deshonestos a los inversores. Sesgaron sus calificaciones a favor de los emisores que les pagaban; no revelaron el grado en que recibían retribuciones en concepto de consultoría por parte de esos mismos emisores; no revelaron que la alta dirección presionaba a los empleados para calificar un número irrazonablemente elevado de títulos, lo que evitaba en la práctica cualquier proceso de due diligence; no revelaron que cuando se les ofrecía información (por ejemplo, por parte de Clayton Holdings) que podría haber mejorado la exactitud de sus calificaciones la rechazaron deliberadamente, y declararon que estaban ofreciendo un servicio de calificación imparcial cuando a menudo no hacían sino producir calificaciones altas en serie para títulos fraudulentos. No se ha abierto un solo juicio penal contra ninguna de las agencias de calificación o sus ejecutivos por este concepto, ni por ningún otro.

Perjurio y falsas declaraciones ante investigadores federales

El perjurio es un delito, ya sea en una declaración civil, en un juicio civil o en un testimonio ante el Congreso. También es delito mentir a investigadores federales.

En este terreno existen muchas oportunidades. En muchos casos resultará difícil ofrecer pruebas, pero la realidad es que muchos directivos financieros mintieron al prestar testimonio ante el Congreso. Angelo Mozilo testificó que la creación de créditos fraudulentos no beneficiaba sus intereses ni los de sus directivos, cuando tal como hemos visto —y tal como el señor Mozilo sabía perfectamente— sí beneficiaba sus intereses financieros, aun cuando destruyera su organización.

Luego está el caso de Lloyd Blankfein. Este durante su comparecencia, por ejemplo, afirmó que no tenía noticia de la importancia de las calificaciones para las decisiones de compra de los inversores institucionales. Blankfein había desarrollado toda su carrera profesional en Goldman Sachs (desde 1981) en la negociación de valores y materias primas. Durante la mayor parte de la década previa a su nombramiento como consejero delegado, fue un alto directivo en la división de Goldman Sachs que se encargaba entre otras cuestiones del negocio de renta fija (bonos). La idea de que no tuviera noticia de la importancia de las calificaciones en las compras institucionales de CDO es, para decirlo claramente, totalmente ridícula. En mi opinión, cuando el señor Blankfein realizó esta declaración estaba cometiendo perjurio. Pero ¿cómo demostrarlo? Apostaría a que si uno examina sus correos electrónicos y llama a declarar a todas las personas que le rodean, habría multitud de pruebas de que conocía perfectamente bien la importancia de las calificaciones. Su testimonio ante el comité del senador Levin también fue altamente sospechoso en lo relativo a su aseveración de que Goldman estaba «creando mercado» cuando en realidad lo que estaba haciendo era vender sus créditos-basura y apostar contra los títulos resultantes, construidos y vendidos deliberadamente con este único fin. El testimonio de sus colegas fue si acaso aún peor: Dan Sparks dijo que vendió el Timberwolf antes de que nadie lo describiera como «una mierda», para luego admitir diez segundos después, cuando el senador Levin le apretó, que también lo había vendido después.

Por poner otro ejemplo, esta vez de las audiencias de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (y sí, las declaraciones eran juradas), a continuación podemos leer las declaraciones del exconsejero delegado de Citigroup, Chuck Prince, en conversación con un miembro de la comisión que le interrogaba a él y a Rubin[155].

Interrogatorio del comisionado Murren

Comisionado Murren: Ha mencionado usted la gran importancia de los requerimientos de capital. ¿Creó alguna vez Citigroup productos específicamente diseñados para evitar los requerimientos de capital?

Señor Rubin: No conozco la respuesta a esa pregunta.

Comisionado Murren: ¿Y usted, señor Prince, crearía un producto simplemente para —o principalmente para— evitar los requerimientos de capital?

Señor Prince: Yo… yo pienso que la respuesta es que no, porque el producto debería diseñarse como algo que el cliente quisiera. En otras palabras, uno no crearía un producto diseñado para las necesidades internas. Si su pregunta es si el… el equipo podría crear productos… y en el proceso de creación de esos productos tratar de minimizar las cargas de capital, supongo que la respuesta es sí, pero no estoy seguro.

Comisionado Murren: ¿De modo que no le sorprendería saber que en las actas de una de sus reuniones específicamente relacionadas con la creación de nuevos productos, en este caso puts de liquidez, había una anotación que se refería específicamente al hecho de que este tipo de estructura permitiría evitar ciertos requerimientos de capital?

Señor Prince: No puedo responder sin conocer el documento y comprender el contexto.

Los «puts de liquidez» eran el mecanismo mediante el cual Citigroup garantizaba que absorbería las pérdidas de títulos hipotecarios colocados en SIV fuera de balance. El mecanismo de put de liquidez en SIV no tenía ninguna finalidad económica legítima; existía únicamente para que Citigroup pudiera falsear su balance y ocultar el hecho de que conservaba riesgos reales asociados con sus títulos.

Se podrían ofrecer muchos otros ejemplos de este tipo.

Las audiencias del Congreso provocaron no solo un amplio rechazo, sino también un sentimiento claro y compartido de que se decían un montón de mentiras. No se han presentado cargos por perjurio.

Violaciones de la Ley Sarbanes-Oxley (civiles y penales)

La Ley Sarbanes-Oxley establece una serie de requisitos para la conducta del consejero delegado y de la alta dirección, así como una serie de sanciones penales para ciertas infracciones de estos. Los consejeros delegados y los directores financieros de las compañías públicas deben certificar las declaraciones financieras y tributarias de sus instituciones, así como la adecuación de los controles internos de la compañía para garantizar la fiabilidad de los informes financieros. La SEC es el organismo responsable de establecer regulaciones en estos terrenos y puede emprender acciones civiles cuando se infrinjan. Pero la ley también prevé sanciones penales de hasta diez años en una prisión federal por certificar declaraciones fiscales inexactas de forma intencionada, destruir archivos o tomar represalias contra empleados que hayan advertido de tales hechos a las autoridades competentes.

También hemos comprobado el nivel de falseamiento de las carteras de créditos, los prospectos, las presentaciones ante los inversores y demás. Hemos visto las deficiencias de los procesos internos de due diligence y la supresión a menudo deliberada de estos, en relación con la calidad de los créditos, así como con la gestión de los créditos no conformes (muchos de los cuales se titulizaron incumpliendo deliberadamente los criterios internos). ¿Es eso indicativo de la existencia de controles financieros internos adecuados? También sabemos, por supuesto, que tanto las agencias hipotecarias como los titulizadores eran muy inexactos en sus evaluaciones de créditos, CDO y de sus propias posiciones financieras. ¿Hasta qué punto tenían conocimiento de todo esto los consejeros delegados? La respuesta no puede ser «en absoluto». De hecho, tenemos considerables pruebas en sentido contrario.

Consideremos el caso de Citigroup. Un día después de que Richard Bowen enviara su correo electrónico a cuatro altos directivos de Citigroup, entre ellos su director financiero y vicepresidente Robert Rubin, el entonces consejero delegado Chuck Prince firmó la certificación Sarbanes-Oxley de la entidad. Tres meses después, cuando Vikram Pandit ya había sustituido a Prince, la Oficina del Contralor de la Moneda envió una carta dirigida personalmente a Pandit en la que le advertía de forma explícita de importantes deficiencias en los informes financieros y en los controles de Citigroup. Ocho días después, Pandit firmó su primera certificación Sarbanes-Oxley para Citigroup. A lo largo de los dos años siguientes, Citigroup perdió miles de millones de dólares más a medida que se fue poniendo de manifiesto la inadecuación de las valoraciones anteriores de sus títulos.

Consideremos también el caso de AIG. ¿Qué debemos pensar de los controles financieros de esta empresa a finales de 2007 y durante 2008, en particular después de que el auditor interno del AIGFP dimitiera en protesta tras advertir al auditor en jefe de AIG de que no se le permitía realizar su trabajo? ¿Y qué podemos pensar de Richard Fuld y su director financiero, Erin Callan, que firmó las cuentas de Lehman Brothers en 2008?

En efecto, Lehman constituye un caso particularmente claro, no solo por la revelación de la manipulación contable Repo 105, sino gracias a las denuncias de un empleado interno de la empresa. Matthew Lee era el vicepresidente sénior de Lehman, responsable de la supervisión del balance global de la compañía. El 16 de mayo de 2008, el señor Lee entregó una carta en mano a cuatro directivos de Lehman: Martin Kelley, el interventor de Lehman; Gerald Reilly, director de control de producto en mercados de capitales; Christopher O’Meara, director de riesgo, y Erin Callan, el director financiero[156]. Lee inicia su carta subrayando que ha trabajado para Lehman desde 1994, y ha sido un «empleado leal y dedicado». Luego prosigue:

He tenido conocimiento de ciertas conductas y prácticas, sin embargo, sobre las que me siento obligado a llamarles la atención […].

Tengo razones para creer que cierta conducta de la alta dirección podría constituir una violación del Código [Ético] de Lehman. A continuación ofrezco un resumen de esta:

1. El último día de cada mes, los libros y los registros de la compañía contienen aproximadamente cinco mil (5000) millones de dólares en activos excedentarios […]. Creo que este patrón indica que la alta dirección de la compañía no mantiene un control suficiente sobre sus activos como para afirmar que sus declaraciones financieras se presentan ante el público y las agencias gubernamentales de un modo «justo, exacto y actualizado» […]. Creo […] que puede haber aproximadamente cinco mil (5000) millones de dólares en activos susceptibles de ser pasados a pérdidas […] en el mejor de los casos, creo que la manera en que la compañía presenta estos activos resulta potencialmente engañosa para el público y para las diversas agencias gubernamentales […].

2. La Entidad tiene la práctica de verificar cada hoja del balance contable […]. La Entidad posee decenas de miles de millones de dólares en balances no verificados, los cuales podrían corresponder o no a activos «malos» o de bajo rendimiento o de riesgo. En cualquier caso, la alta dirección de la Entidad no está en posición de saber si todas esas cuentas están descritas realmente de una forma «justa, exacta y actualizada», tal como requiere el Código […].

3. La Entidad tiene decenas de miles de millones de dólares [sic] en inventario que probablemente no puede comprar ni vender en ningún mercado reconocido, a los precios de mercado actualmente consignados […].

4. No creo que la Entidad haya invertido lo suficiente en el personal y en los sistemas financieros requeridos y razonablemente necesarios para hacer frente a este balance aumentado […].

5. No creo que la dirección del departamento y los servicios financieros de Bombay, India, sean adecuadamente competentes. Existe una posibilidad muy real de declaración errónea de hechos materiales […].

6. Por último […] parte de los altos responsables de auditoría interna no poseen la experiencia profesional necesaria para realizar adecuadamente las funciones de auditoría que les han sido encomendadas […].

Estaría encantado de tratar las cuestiones anteriores con la alta dirección pero me ha parecido imperativo, por razones tanto morales como legales, ponerlas en su conocimiento […].

Resultó que Lee tenía razón en casi todos los casos. Aproximadamente un mes más tarde, Lee advirtió a los auditores de Lehman y de Ernst & Young de la manipulación Repo 105. (Lo cual no era necesario: ellos lo sabían desde hacía más de un año, y no habían hecho nada para impedirlo[157]. Tampoco se han presentado cargos). ¿Qué debemos pensar, pues, de la certificación de Erin Callan y Richard Fuld de las declaraciones financieras de Lehman de aquel trimestre?

¿O qué decir de las certificaciones de las declaraciones y la adecuación de los controles financieros internos de Countrywide por parte de Angelo Mozilo? ¿O de la firma de las declaraciones de Merrill Lynch por parte de Stan O’Neal mientras sus empleados se dedicaban a sobornarse unos a otros, teniendo en cuenta que los beneficios de la compañía se convirtieron en 80 000 millones de dólares de pérdidas en los dos años posteriores a su marcha? Etcétera. Sin embargo, no se han presentado cargos civiles o penales basados en violaciones de la Ley Sarbanes-Oxley.

Violaciones de la Ley RICO y de la legislación antimonopolio

Tanto la RICO como las leyes federales antimonopolio ofrecen herramientas para perseguir connivencias delictivas. La Ley sobre Organizaciones Corruptas y bajo la Influencia del Crimen Organizado (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO) establece severas sanciones penales (y civiles) para las organizaciones criminales. Específicamente permite la persecución de los líderes de una organización criminal por ordenar la comisión de crímenes o ayudar a otros a cometerlos. También establece que los miembros de estas organizaciones deben devolver todas las ganancias ilícitas obtenidas mediante actividades criminales, y permite a los fiscales federales obtener órdenes de restricción para confiscar los activos de los acusados. Por último, establece la apertura de juicios penales contra las organizaciones que contratan a personas que violan la RICO.

La RICO iba expresamente dirigida contra el crimen financiero organizado, así como contra organizaciones criminales violentas como la mafia y los cárteles de la droga. El jurista que elaboró buena parte de la legislación, G. Robert Blakey, dijo una vez a la revista Time que «no queremos un conjunto de leyes para las personas que llevan monos de cuello azul y sus nombres terminan en vocales, y otro para aquellos que llevan camisas de cuello blanco y tienen diplomas de buenas universidades». Pero la Ley RICO se ha invocado en casos tan dispares como los escándalos de abuso sexual de la Iglesia católica o los fraudes de Michael Milken. En efecto, los juicios penales abiertos contra Milken y su compañía, Drexel Burnham Lambert, se basaban en la Ley RICO. Buena parte de los comportamientos que se produjeron durante la burbuja tratados en este y en previos capítulos podrían entrar en el ámbito de aplicación de la Ley RICO. Por otro lado, la confiscación de bienes previa al juicio es una técnica muy utilizada y muy útil en la lucha contra el crimen organizado, y las confiscaciones federales generan más de 1000 millones de dólares al año. Sin embargo, no se ha abierto un solo proceso basado en la RICO en relación con la crisis financiera, ni se ha emitido una sola orden de restricción al amparo de la RICO para confiscar los bienes de ningún banquero individual o ninguna entidad financiera.

Es importante señalar aquí que las confiscaciones federales de bienes no solo harían justicia en relación con los infractores, sino también con las víctimas. La ley federal permite que los bienes confiscados sean utilizados para compensar a las víctimas. En este caso, el impacto económico potencial de las confiscaciones podría ser enorme. Confiscar los bienes personales de solo siete personas con enormes responsabilidades en la burbuja y la crisis (Angelo Mozilo, Richard Fuld, Jimmy Cayne, Joseph Cassano, Stan O’Neal, Henry Paulson y Lloyd Blankfein) proporcionaría más de 2000 millones de dólares para compensar a las víctimas. Si el gobierno federal confiscara los bienes de, pongamos, cinco mil personas que representaran una parte sustancial del total de las primas (y los comportamientos delictivos) de la banca de inversión, ello podría generar decenas de miles de millones de dólares en compensaciones para las víctimas. Tales acciones aportarían probablemente más compensaciones para las víctimas que los 26 000 millones de dólares obtenidos en resoluciones extrajudiciales por casos de fraude en ejecuciones hipotecarias por 49 fiscales generales estatales.

La legislación antimonopolio ofrece otra herramienta tanto para la persecución penal como para la obtención de compensaciones financieras. Desde 1975, la legislación federal antimonopolio ha permitido severas sanciones penales por violaciones del derecho a la competencia. La legislación antimonopolio también permite la condena al triple de los daños en juicios civiles, los cuales pueden iniciarse basándose en las pruebas procedentes de sentencias penales condenatorias.

Existen muchas razones para sospechar que la connivencia y la violación del derecho a la competencia son comunes en el sector financiero. Varios observadores destacados del sector —entre ellos Simon Johnson, Eliot Spitzer y el periodista financiero William Cohan— han sugerido que la banca estadounidense merece ser sometida a un examen severo por problemas relacionados con la libre competencia. Mientras escribo estas líneas se está llevando a cabo una importante investigación en este terreno por fiscales y reguladores estadounidenses, europeos y japoneses centrada en la fijación de precios en tasas de interés, en particular la tasa de oferta interbancaria de Londres (London interbank offered rate, LIBOR), la tasa de préstamo interbancario usada para el establecimiento de muchas tasas de interés a corto plazo. También se han producido diversos acuerdos extrajudiciales civiles, descritos anteriormente, en relación con la fijación de precios y licitaciones fraudulentas en el mercado municipal de bonos.

Más en general, la industria se encuentra extremadamente concentrada, y todas las entidades importantes hacen negocios entre sí, incluso en mercados donde supuestamente deberían competir. La gran mayoría de las emisiones de títulos, capital riesgo, transacciones de adquisiciones o fusiones y operaciones con derivados en Estados Unidos se encuentran actualmente controladas por Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo. Las principales agencias de capital riesgo (como KKR, Blackstone y el Texas Pacific Group) a veces realizan sus pujas de forma concertada, y trabajan no solo conjuntamente entre sí, sino en connivencia con bancos importantes para construir paquetes de financiación para compras apalancadas.

Todos los grandes bancos cobran las mismas comisiones por servicios básicos como una suscripción de ofertas públicas de venta (7 por ciento), de bonos basura (3 por ciento) o una sindicación de bonos (1 por ciento)[158]. Es más, las ofertas tanto de acciones como de bonos están a menudo «sindicadas». En este caso, cualquiera que sea el banco que gane la suscripción de una determinada oferta subcontrata partes de la oferta a sus supuestos competidores. Los bancos también han creado y operan en varias joint ventures («empresas conjuntas»), dos de las cuales, MERS y Markit, tuvieron mucho que ver con la burbuja y la crisis financiera.

Por una extraña coincidencia, los contratos del cliente de las cuentas de corretaje de todos los grandes bancos contienen idénticas cláusulas, en virtud de las cuales los clientes renuncian al derecho a recurrir a los tribunales para demandar a su agente por fraude. En lugar de eso, los clientes deben usar procedimientos de arbitraje controlados por la FINRA, el complaciente organismo de autorregulación del sector. Esta provisión de arbitraje no tiene por finalidad mejorar la eficiencia; al contrario, los arbitrajes de la FINRA son lentos y extremadamente caros, pues imponen elevados honorarios para los árbitros y tasas legales. La motivación del sector es más bien que los arbitrajes de la FINRA tienden a favorecer al sector y, lo que es más importante, son secretos, a diferencia de los casos judiciales en los que podría salir información comprometedora a la luz pública. Cómo llegaron todos los bancos a los mismos términos en el contrato de corretaje es algo que todavía no se ha explicado.

Los bancos, juntamente con Visa y Mastercard, también parecen haber llegado a idénticas conclusiones en el establecimiento de «comisiones de intercambio» por el procesamiento de las transacciones con tarjeta de crédito. Las comisiones de intercambio en Europa y Australia son en general del 0,6 por ciento del valor de la transacción o menos; las comisiones de intercambio estadounidenses son uniformemente del 2 por ciento. En septiembre de 2005, una gran coalición de asociaciones de la industria minorista presentó una demanda colectiva antimonopolio contra Visa, Mastercard y los trece principales bancos estadounidenses[159]. A comienzos de 2012, el caso sigue pendiente. Las proyecciones de daños oscilan entre varios miles de millones de dólares y varias decenas de miles de millones. Sin embargo, las autoridades federales de defensa de la competencia no han emprendido ninguna acción.

En definitiva, a pesar de este patrón extendido de colusión en el sector, en los últimos treinta años no se ha producido ninguna sentencia penal relevante contra ningún banco importante ni contra ningún banquero individual por violación de la legislación antimonopolio en Estados Unidos.

Regulaciones relativas a la publicidad de la ayuda federal

El 27 de noviembre de 2011, Bloomberg News informó de que como resultado de sus expedientes relativos a la Ley por la Libertad de la Información [Freedom for Information Act], había tenido conocimiento de que durante la crisis la asistencia crediticia del Consejo de la Reserva Federal a los grandes bancos había sido muy superior a la que se creía. La Fed había mantenido en secreto la información; estimaciones previas basadas en los documentos entonces disponibles habían establecido el importe total de la asistencia entre 2 y 3 billones de dólares. Al tener acceso a los documentos, Bloomberg descubrió que la cifra real, incluyendo créditos, garantías crediticias, compras de valores y otras obligaciones, ascendía a nada menos que 7,8 billones de dólares, con varios cientos de miles de dólares en créditos pendientes en los momentos más graves de la crisis[160]. Bloomberg estimaba que dichos créditos de bajo interés habían generado 13 000 millones de dólares de beneficios adicionales a los bancos; uno de mis colegas cree que los beneficios de los bancos fueron probablemente mucho mayores.

Desde 1989, las regulaciones de la SEC exigen que las compañías públicas revelen la asistencia federal material. Ninguno de los bancos reveló el importe de dichos créditos o su impacto en sus beneficios[161]. Se trata de una infracción civil, no penal. Pero al mismo tiempo que los bancos dependían del gobierno de forma tan masiva, varios de ellos declararon que sus posiciones financieras estaban seguras. Esto puede interpretarse como un fraude de títulos. La SEC no ha emprendido acciones civiles por estos hechos, como tampoco penales.

Delitos relacionados con la conducta personal

La conducta personal penalmente perseguible incluye la posesión y el consumo de drogas, como la marihuana y la cocaína; la contratación de prostitutas; el empleo de prostitutas con fines de negocio; la facturación fraudulenta de servicios personales o ilegales como gastos ligados a la actividad económica (servicios sexuales, asistencia a clubes nocturnos y de striptease); el uso fraudulento o la apropiación indebida de activos o servicios corporativos para uso personal (por ejemplo; el uso de aviones de empresa), la evasión fiscal personal, y otras muchas.

Tal vez debería dejar claro que no soy ningún entusiasta de perseguir judicialmente a la gente por posesión o consumo de marihuana, que en mi opinión debería ser legal. En general, tiendo a pensar que cualquier cosa que hagan dos adultos sanos y con pleno consentimiento, incluido el sexo de pago, también debería ser legal. Soy ambivalente en relación con la cocaína, que parece ser una droga realmente destructiva, aunque su criminalización también lo es. Mi tesis general es simplemente que en circunstancias normales no abogaría por el gasto de recursos judiciales en este terreno.

Con todo, las circunstancias en este caso no son ordinarias. De nuevo existe una gran disparidad entre el trato que recibe la gente ordinaria y el que obtienen los banqueros de inversión. Cada año, unas 50 000 personas son arrestadas en Nueva York por posesión de marihuana, la mayoría de ellas gente normal, no delincuentes, cuyo único delito consiste en haber pasado demasiado cerca de un policía. Estas personas nunca se llaman Jimmy Cayne, a pesar del hecho de que su hábito con la marihuana ha sido comentado en múltiples ocasiones en medios de comunicación nacionales. Todo el mundo en Nueva York sabe que la banca de inversión es probablemente el mayor mercado de cocaína del planeta, por no decir también un pilar de las industrias de la prostitución y el striptease. ¿A quién pillaron los federales por contratar prostitutas? A Eliot Spitzer.

Hay una segunda observación, más grave, que realizar en relación con esta cuestión. Si la supuesta razón por la que no se presentan cargos es la dificultad de probarlos, hay una forma muy sencilla de hacer que muchos banqueros se pongan a hablar. Es una técnica que se usa rutinariamente en casos de crimen organizado. ¿Y qué es esto si no crimen organizado?

A medida que vaya pasando el tiempo, la persecución penal de los fraudes de la era de la burbuja se hará cada vez más difícil, incluso imposible, porque el plazo de prescripción de la mayoría de estos delitos es breve: de tres a cinco años. De modo que pronto habrá desaparecido una inmensa oportunidad para la justicia y la educación pública. En algunas circunstancias pueden abrirse o reabrirse casos ya prescritos, si surgen nuevas pruebas; pero encontrar nuevas pruebas también será cada vez más difícil con el paso del tiempo. Y no hay el menor indicio de que la administración Obama esté interesada en hacer algo.

Pero no hablemos más de delitos. Pasemos al derroche y a la desestabilización económica a gran escala… pues la banca desregulada moderna también es muy buena en eso.

7
Los agentes del dolor: las finanzas desreguladas como industria sustractiva

Pasemos ahora a las implicaciones a gran escala de la conducta del sector financiero. La primera de todas ellas es la existencia de un sector financiero no solo deshonesto, sino incluso delincuente, lo cual es profundamente peligroso para la salud económica de un país.

En Estados Unidos (y en ocasiones también en otros lugares), la desregulación financiera se defiende con el argumento de que es crucial conservar una «ventaja competitiva» en los servicios financieros, porque este sector es importante para la creación de riqueza y puestos de trabajo, y un motor del crecimiento económico. Sin embargo, la realidad es más bien la contraria: las finanzas desreguladas imponen elevados costes netos a la economía estadounidense así como a la global. Lejos de potenciar la función propia de las finanzas, que consiste en canalizar el dinero hacia fines productivos, la transformación y la desregulación de las finanzas han sido económicamente destructivas, y a una escala inmensa.

Los costes adoptan dos formas. La primera es que el sector financiero es hoy inherentemente desestabilizador no solo para el sistema financiero, sino para la economía en su conjunto. Este es esencialmente el problema que apuntó Raghuram Rajan en su conferencia de 2005 en Jackson Hole, cuyo contenido, visto con los ojos de nuestro presente, resulta aún más importante y amenazador. El apalancamiento financiero, la volatilidad, la concentración estructural, los incentivos tóxicos y las carencias informativas (a menudo deliberadas) han provocado la reemergencia de burbujas y crisis financieras cada vez más destructivas, a menudo intensificadas por un fraude extendido. Desde la década de los ochenta, estas crisis se han vuelto cada vez más severas y han tenido un impacto más directo sobre la gente de la calle, con los consiguientes daños humanos y económicos. Más que hablar de riesgo sistémico dentro del sistema financiero, deberíamos hablar ya del riesgo sistémico del sector financiero.

La segunda forma de destrucción económica causada por el sector es el papel cada vez más parasitario de las finanzas, aún cuando los mercados se mantienen temporalmente estables. Una parte importante de los ingresos y de los beneficios —cuando los hay— del sector financiero proceden actualmente de sofisticadas formas de pillaje o corrupción, actividades todas ellas deshonestas y sin valor económico. La rentabilidad de tales actividades —y a veces incluso su existencia— tiene su origen en las lagunas legales y fiscales, la ocultación de información, la creación de barreras legales artificiales a la entrada en el mercado, la ausencia de protección y asistencia para las víctimas, los comportamientos monopolísticos y la corrupción política, circunstancias que solo son posibles gracias a la riqueza y el poder que acumula el sector. No obstante, el propio carácter lucrativo de estas actividades permite atraer a buena parte de las personas mejor educadas del país, así como a grandes cantidades de capital e inversiones en sistemas informáticos. El resultado es un inmenso despilfarro de activos y esfuerzos humanos potencialmente productivos, además de un aumento de la desigualdad.

Las finanzas desreguladas y la evolución económica de Estados Unidos: un repaso general

No cabe duda de que las economías modernas necesitan un sector de servicios financieros sofisticado. La globalización requiere cambio de divisas, cobertura y sistemas de pago. Los ciudadanos más ricos necesitan una mayor variedad de productos de ahorro, inversión, crédito y pensiones. El capital de riesgo ha financiado empresas de alta tecnología inmensamente productivas como Google, Apple, Cisco, Intel, eBay y Amazon. Algunas innovaciones financieras han sido muy beneficiosas: ejemplos de ellos son las tarjetas de débito, los cajeros automáticos, el microcrédito, los fondos indexados, la banca por internet y el sistema de capital riesgo estadounidense.

Sin embargo, la hipertrofia descontrolada del sector financiero en una economía es un problema grave. A lo largo de los últimos treinta años, el sector ha crecido como un cáncer en Estados Unidos. Muchas de sus «innovaciones» recientes no son más que trucos para evadir regulaciones, impuestos o sanciones, y algunas han demostrado ser profundamente destructivas. Los grandes altibajos de las deudas y los beneficios del sector financiero —en contraste con su modesta contribución al PIB— sugieren que se ha convertido en una fuerza sobredimensionada y desestabilizadora.

Por otro lado, en Estados Unidos, esta hipertrofia no ha ido acompañada por una mejora real del rendimiento económico, sino más bien al contrario. Los dos gráficos siguientes muestran que el reciente crecimiento del sector financiero ha coincidido con un declive continuado del crecimiento del PIB y con un incremento sorprendente de la desigualdad de ingresos, hasta niveles que no se veían desde 1929. Buena parte del crecimiento real de la productividad y del PNB en Estados Unidos a lo largo de las dos últimas décadas se ha debido a las tecnologías de la información, en particular a la revolución de internet. Si se elimina este factor, el crecimiento estadounidense se podría considerar pobre durante este período. Es más, la contribución del sector financiero al crecimiento de los sueldos y de los ingresos en el conjunto de la economía ha sido modesta, aun ignorando todo el daño que ha causado.

Sin considerar el sector financiero, en Estados Unidos los sueldos reales han descendido. Y si miramos en el interior de este sector, veremos que sus aumentos de ingresos están muy concentrados en el 1 por ciento más alto. Su contribución al bienestar del 99 por ciento restante, incluso dentro del sector financiero, ha sido pobre en el mejor de los casos. Es más, tal como veremos, la rentabilidad de algunas actividades dentro del sector —en especial la banca de inversión, la gestión de activos y el capital riesgo— a menudo repercuten negativamente sobre los ingresos y las inversiones del ciudadano estadounidense medio.

Fuente: Facundo Alvaredo, Tony Atkinson, Thomas Piketty y Emmanuel Saez, World Top Incomes Database, http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/.

No obstante, ¿podemos medir los efectos de la desregulación de los servicios financieros sobre el conjunto de la economía desde la década de los ochenta? Pues sí, hay algunas formas de hacerlo, y el cuadro resultante no es agradable. Sin duda se han producido algunos beneficios: comisiones más bajas por la compra de acciones y bonos, banca nacional para quien la necesita, tasas de interés algo menores para una parte del crédito de consumo (¡no para las tarjetas de crédito, eso está claro!). Pero la mayor parte de esos beneficios se podrían haber logrado con cambios regulativos menores. Por el contrario, los costes de la desregulación han sido auténticamente espectaculares.

Consideremos, por ejemplo, los costes de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera reciente. Parafraseando al senador estadounidense Everett Dirksen (hablando de presupuestos militares, hace ya tiempo, en términos de simples miles de millones): un billón aquí, un billón allá, y antes de darte cuenta ya estás hablando de dinero en serio.

Comenzaremos por el daño causado por la fiebre del crédito residencial. Sobre el papel, el valor del patrimonio neto de los estadounidenses en cuanto a sus viviendas se multiplicó por más de dos, desde unos 6 billones de dólares en 2001 a 13 billones en 2005. Por supuesto no era un aumento real, pero los estadounidenses no lo sabían y tomaron dinero prestado basándose en el valor supuestamente aumentado de sus hogares. Luego llegó la crisis, que redujo el valor de su patrimonio pero no el de sus deudas. A lo largo de los cinco años siguientes, mientras la burbuja se deshinchaba, el patrimonio neto de los estadounidenses en sus viviendas bajó otra vez hasta los 6 billones de dólares, más o menos el mismo nivel que al comienzo de la década, y menos de la mitad que en el momento álgido del mercado en 2005[162]. A comienzos de 2012, aproximadamente el 20 por ciento de las hipotecas de Estados Unidos están todavía «sumergidas», en el sentido de que los propietarios deben más dinero del que valen sus viviendas. El latigazo económico que ha supuesto todo esto tardará años en curarse.

El efecto se vio agravado por el hecho de que las entidades de crédito presionaban para colocar segundas hipotecas, con lemas como «Libera el valor de tu casa». Desde 2000 hasta 2007, los consumidores estadounidenses extrajeron 4,2 billones de dólares en efectivo de sus hogares, cuatro veces más que en la década de los noventa. Como buena parte del dinero fue a parar a productos de consumo importados, no hizo más que alimentar el déficit comercial de Estados Unidos, que aumentó más de 4 billones de dólares en los mismos años (véase el gráfico 2). El déficit comercial total de la década de los dos mil fue cinco veces mayor que el de la de los noventa[163].

En 2005, el sector inmobiliario y otros sectores relacionados, como el mobiliario y el de los electrodomésticos, cubrieron la mitad del crecimiento económico estadounidense. Buena parte de esta actividad fue un puro derroche, y dejó al país con un exceso de viviendas mal situadas y a menudo muy ineficientes desde el punto de vista energético. La construcción de viviendas en grandes parcelas requiere costosas ampliaciones de los servicios de agua y alcantarillado; los grandes espacios interiores y el mal aislamiento son inherentemente ineficientes desde el punto de vista energético, y la diseminación exige el uso de varios coches en la casa. Millones de hogares de este tipo han sido embargados o permanecen sin vender, o bien se han vendido por un precio inferior a los costes de construcción[164]. Incluso si algún día vuelven a estar habitadas, supondrán un coste excesivo de energía y servicios públicos.

Pero los costes no terminan ahí, pues la crisis no perjudicó únicamente a los propietarios y a los promotores inmobiliarios. El gobierno federal gastó inmensas sumas de dinero en salvar al sistema financiero de sí mismo, y luego en salvar a la economía de las finanzas. Las estimaciones varían mucho de un caso a otro (¿contamos los 2 billones de dólares en compra de valores por la Reserva Federal o no?), pero el coste del rescate del sector financiero para los contribuyentes se sitúa en todo caso en magnitudes de cientos de miles de millones de dólares. (Fannie, Freddie y AIG solos han costado más de 200 000 millones de dólares). Y cualquiera que tuviera acciones de AIG, Lehman Brothers, Merrill Lynch y Bear Stearns, por supuesto, perdió casi todo su dinero. Luego, la economía entera entró en recesión, bajo el impacto del colapso de los mercados crediticio e hipotecario. Un año después del inicio de la crisis financiera, GM y Chrysler quebraron, y el desempleo se situó oficialmente por encima del 10 por ciento en Estados Unidos (aunque probablemente fuera en realidad del 15 por ciento), la peor tasa desde la Depresión. Pero mientras los estadounidenses tenían que enfrentarse al desempleo y a unos valores de sus viviendas muy rebajados, la carga de deudas por hogar era un 80 por ciento mayor que al principio de la década. Solo la nueva élite fabulosamente rica del país se mantuvo inmune a la crisis.

Fuente: Oficina de Análisis Económico, Reserva Federal.

De modo que el gobierno federal gastó 800 000 millones de dólares en estímulos de emergencia, en un momento en que los ingresos fiscales caían en picado, y mientras los republicanos bloqueaban cualquier intento de devolver los impuestos de los ricos a los niveles previos a Bush. Como resultado, los déficits siguieron creciendo y la deuda nacional estadounidense ha aumentado aproximadamente un 50 por ciento como resultado de la crisis (de nuevo, todo depende de cómo se hagan las cuentas)[165]. Cuando los proyectos de estímulo terminaron, muchos presupuestos estatales entraron en crisis, lo que llevó a severos recortes en educación, atención infantil y otros servicios cruciales para el bienestar económico. Y el dolor no remite. La tasa de pobreza del país se ha disparado, ha habido millones de desahucios y muchos más millones de estadounidenses están «sumergidos» (deben más por sus hipotecas de lo que valen sus casas). A comienzos de 2012, la tasa oficial de desempleo se mantiene por encima del 8 por ciento, el crecimiento económico sigue siendo anémico y Europa se desliza hacia una recesión.

Los países europeos se vieron obligados a emprender masivos programas de estímulo, que incrementaron sus deudas y contribuyeron de forma significativa a sus problemas de deuda soberana. En realidad, los efectos de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera en Estados Unidos merecen mucha más atención en el debate acerca de la crisis de la deuda soberana en Europa de la que se le da en la actualidad. Es cierto que el sistema de la Unión Europea y muchos países de la Eurozona poseen diversas rigideces estructurales que han limitado su crecimiento y multiplicado su endeudamiento. También es cierto que algunos de estos países, en particular Irlanda y España, experimentaron burbujas inmobiliarias propias. Sin embargo, también lo es que, con la excepción de Grecia, la mayoría de ellos (incluidos aquellos cuyos niveles de deuda actuales son extremos) tenían niveles de deuda perfectamente asumibles antes de la crisis financiera.

A comienzos de 2008, Grecia tenía el mayor porcentaje de deuda sobre PIB de la Eurozona, y era inferior al 110 por ciento. El de Italia era algo menor, justo por encima del 100 por ciento. La deuda de Irlanda sobre el PIB estaba por debajo del 70 por ciento; la de España estaba alrededor del 40 por ciento, y la de Portugal, alrededor del 25 por ciento: todos ellos niveles mucho más bajos y conservadores que los de Estados Unidos, Alemania y la mayoría de los demás países desarrollados. Sin embargo, a comienzos de 2012 la deuda griega suponía el 170 por ciento del PIB; la irlandesa estaba por encima del 100 por ciento; la española, por encima del 60 por ciento, y la portuguesa se había cuadruplicado hasta alcanzar un asombroso 110 por ciento. Estos incrementos catastróficos no fueron causados por ataques repentinos y simultáneos de gasto desenfrenado (nada parecido, por ejemplo, a la fiebre crediticia y consumidora de Estados Unidos durante la burbuja). Este repentino aumento de las tasas de deuda respecto al PIB en la Eurozona es más bien el resultado de la Gran Recesión, combinada con la necesidad de gasto (a déficit) en estímulos de emergencia para evitar un colapso económico total. En otras palabras fue causado por el sector financiero estadounidense.

Al escribir estas líneas, todavía no sabemos cómo se resolverá la crisis de la deuda soberana europea. Pero sus efectos hasta el momento han sido devastadores. Buena parte de la población griega vive actualmente en la miseria y los disturbios en las calles son cada vez más frecuentes. El desempleo juvenil en Grecia, España y Portugal supera el 50 por ciento. Varios países de Europa Oriental, entre ellos Hungría y Letonia, quedaron económicamente devastados, y la crisis elevó al poder en Hungría a un gobierno extremista que amenaza su estatus como democracia. Los movimientos políticos extremistas han ganado fuerza en muchos otros países europeos, entre ellos Francia e incluso en Escandinavia, y en especial Finlandia.

El efecto sobre Asia fue menor. A pesar de ello, diez millones de trabajadores emigrados en China perdieron su trabajo prácticamente de la noche a la mañana en los años 2008-2009. Pero China se recuperó más rápidamente que otros países, en parte gracias a los 500 000 millones de dólares del programa de estímulo de emergencia lanzado por el gobierno central chino.

Es imposible dar una cifra clara y fiable que recoja todos estos costes, pero ciertamente debe de alcanzar magnitudes de billones de dólares, probablemente de decenas de billones. Con todo, más allá de los costes económicos, se encuentra el sufrimiento humano causado, y tanto la reputación como las instituciones financieras y económicas de Estados Unidos se han visto resentidas a ojos del mundo.

¿Y qué obtuvieron los estadounidenses a cambio? ¿Quién se benefició de la hipertrofia depredadora de las finanzas de este país? Sobre todo, un número relativamente reducido de personas del sector financiero —tal vez 50 000, 100 000 como máximo—, que se hicieron muy ricas gracias a nuestro dolor. En el punto álgido de la burbuja, el ingreso anual medio de un empleado de Goldman Sachs era de 600 000 dólares; e incluso en el contexto de la banca de inversión, los ingresos se concentran en lo alto de la jerarquía. (Recordemos las decisiones del señor Thain acerca de las primas en Merrill Lynch, donde más o menos la mitad de las primas totales se concentraban en las mil personas de lo alto del escalafón). Luego hubo otro grupo más grande de personas, tal vez medio millón en total, que ganó algo de dinero en la burbuja, quizás una media de 500 000 dólares por cabeza, ya fuera por accidente, estafa o especulación (banqueros de bajo nivel, tasadores deshonestos, corredores de hipotecas, revendedores de casas, responsables de créditos hipotecarios subprime, agentes de la propiedad inmobiliaria en las zonas de más incidencia de la burbuja). Pero no fue una industria ni una actividad que beneficiara a millones de honestos ciudadanos medios. Solo el sufrimiento ha sido ampliamente distribuido.

A falta de otra cosa, la experiencia vivida durante la década de los dos mil debería acabar con la fantasía de que un sector financiero desregulado distribuye necesariamente los capitales del mejor modo posible, o de que la preocupación de los banqueros por su sacrosanta reputación les impedirá poner en peligro sus instituciones o a sus clientes por ganar un poco más de dinero.

Sin embargo, ¿no podría ser que la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera fueran un tsunami que solo ocurre una vez cada mil años, una de esas tormentas perfectas que surgen por azar, sin que nadie pueda predecirlas o controlarlas?, ¿podría ser una epidemia de abusos que no se repetirán ahora que todos han aprendido la lección?

Ni mucho menos. En primer lugar, recordemos el historial desde el inicio de la desregulación: las burbujas de las S&L y los bonos basura y las crisis de la década de los ochenta; el crac financiero de 1987; el fiasco con los derivados de Long-Term Capital Management; la burbuja bursátil de internet de 1995-2000. Si incluimos a otros países que aplicaron parecidos experimentos desreguladores, podemos añadir otras burbujas y cracs en Islandia, Gran Bretaña y varios más. Luego, la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera han sido ciertamente peores que las demás, pero están lejos de ser las únicas.

En segundo lugar, si uno examina la cuestión un poco más de cerca, como Rajan comenzó a hacer en 2005, descubre que el nuevo sector desregulado de servicios financieros es inherentemente peligroso. Su inestabilidad, deshonestidad, tendencia a generar burbujas y crisis no son hechos accidentales; son el resultado inevitable de la incontrolada búsqueda de ganancias privadas a expensas del dinero público, intensificada por el aumento de la velocidad y del número de jugadores propiciado por la tecnología de la información.

¿Pero por qué, exactamente, es tan inherentemente peligroso el sector financiero estadounidense actual? Hay cinco causas principales del riesgo catastrófico en las finanzas desreguladas modernas: la volatilidad, el apalancamiento, la concentración estructural, la interdependencia sistémica y los incentivos tóxicos. Combinadas dan como resultado una bomba de gran potencia. O tal vez la metáfora adecuada sería un cóctel aderezado con cianuro.

Empezaremos por la volatilidad, en particular la reciente tendencia del sector a confiar en la financiación a corto plazo.

La ruleta del crédito a corto plazo

Desde que comenzó la desregulación, los bancos —sobre todo los de inversión— han pasado a depender cada vez más del crédito a corto plazo de los mercados financieros. En contraste con esto, los bancos comerciales tradicionales obtienen su dinero a partir de los depósitos de particulares. Esto también es una forma de crédito, y en principio los ahorristas pueden reclamar su dinero en cualquier momento. Pero en la práctica, los ahorros de los particulares son en general muy estables (a menos que se produzca una situación de pánico bancario).

Tradicionalmente, las instituciones financieras, incluidos los bancos de inversión, obtenían crédito además mediante la emisión de bonos a largo plazo. Pero uno de los rasgos más sorprendentes del proceso que llevó a la crisis financiera fue un recorte acusadísimo del plazo de los vencimientos medios de la deuda del sector financiero. En lugar de emitir bonos a largo plazo, los bancos de inversión comenzaron a tomar prestadas cantidades cada vez mayores de dinero de entidades de crédito a corto plazo, como los fondos del mercado monetario. La razón principal de esta radical reestructuración es muy sencilla: resultaba mucho más rentable, porque las tasas de interés a corto plazo son más bajas que a largo plazo.

No obstante, también era un cambio arriesgado y desestabilizador. El crédito a corto plazo tiene que ser constantemente renovado, y si el sistema financiero tiene problemas en algún momento, la renovación se detiene y lleva al sistema a la crisis en cuestión de semanas o incluso días. El gráfico 4 muestra el drástico incremento del crédito a corto plazo.

Los grandes bancos de inversión estadounidenses fueron responsables de buena parte de este aumento del crédito a corto plazo. Y usaron el crédito para asumir riesgos, es decir, para comprar activos, unas veces con intención de revenderlos y otras de mantenerlos en cartera, cuando pensaban que serían rentables. La tabla 3 muestra las «carteras de negociación» —es decir, los activos— y los niveles de crédito a corto plazo de las seis entidades financieras estadounidenses con los departamentos de banca de inversión y los volúmenes de operaciones más importantes al término de 2007, cuando comenzó la crisis.

La crisis ha embotado nuestra capacidad de absorber grandes cifras. Al término del año fiscal 2007, estas seis instituciones tenían 2,1 billones de dólares en activos de negociación, medio billón más que al término de 2006. Sus 1,7 billones de dólares en deuda pendiente a corto plazo equivalían al 12 por ciento del PIB de Estados Unidos en 2007. Pero todo eso son instrumentos que deben refinanciarse diariamente, o semanalmente, o mensualmente. De modo que sus demandas de efectivo sobre el mercado eran obviamente muy superiores. Aun cuando el vencimiento medio fuera mensual —y probablemente inferior—, las demandas totales de efectivo anuales debían de superar los 20 billones de dólares, solo para esos seis bancos. Cualquier turbulencia, por breve que fuera, sería catastrófica.

Fuente: Autoridad Británica de Servicios Financieros.

Por otro lado, obsérvese la asombrosa cifra de 357 000 millones de dólares en flujo de caja operativo negativo. Esta cifra refleja en parte el crecimiento constante de los activos, pero también el hecho de que los bancos podían contabilizar ganancias no realizadas en sus activos de negociación como beneficios dentro del período actual, de modo que a menudo había un desfase importante entre la declaración de beneficios y los flujos de caja efectivos. Esto es otro factor desestabilizador. En épocas normales, si los bancos necesitan efectivo, pueden vender algunos de sus activos. ¿Pero qué ocurre si el valor de estos activos se desploma repentinamente cuando desaparece el efecto de una burbuja? ¿Qué ocurre si la crisis obliga a todos los bancos a vender activos al mismo tiempo, provocando una saturación del mercado y la consiguiente bajada de precios? A los bancos les encantaba la contabilidad ajustada al mercado durante la burbuja, pero ninguno quería oír hablar de ella cuando llegó la crisis.

Fuente: Informes anuales de empresa.

Como medida de seguridad, buena parte del crédito a corto plazo estaba garantizado con los títulos supuestamente seguros de los bancos, de modo que, si el banco no podía devolver su deuda, el acreedor podía embargar y vender la garantía. Al principio, la única garantía aceptable eran los bonos del Tesoro, pero durante la burbuja las entidades de crédito comenzaron a aceptar títulos hipotecarios. Después de todo tenían calificación AAA: tan segura como los bonos del Tesoro, ¿no?

Era un accidente anunciado, y ocurrió. Los volúmenes de crédito a corto plazo eran inmensos y no paraban de crecer. Las «garantías» consistían en instrumentos cada vez más dudosos, algunos de ellos abiertamente fraudulentos. Los banqueros ganaban enormes cantidades de dinero a base de mantener la rueda girando. Y la rueda giró y giró cada vez más deprisa… hasta que se salió del eje.

Todos estos mercados crediticios a corto plazo se hundieron finalmente a finales del verano y comienzos del otoño de 2008, cuando los gestores de los fondos del mercado monetario y otras fuentes de capital a corto plazo comenzaron a temer el final de la burbuja. En ese momento dejaron de prestar dinero a los bancos, lo que vino a ser como un ataque al corazón para el organismo del mercado financiero global. Primero fue Lehman, que en aquel momento era casi totalmente dependiente de la financiación a corto plazo. Cuando sus prestamistas dejaron de aceptar incluso sus títulos hipotecarios AAA como garantía, Lehman se quedó sin dinero de manera casi instantánea. Su declaración de quiebra bloqueó la circulación de decenas de miles de millones de dólares procedentes de los fondos del mercado monetario. Al no poder acceder a su dinero, los operadores de los fondos del mercado monetario tuvieron que recurrir a sus propias reservas para mantener el sagrado precio de un dólar por acción; el Reserve Fund, uno de los fondos más antiguos e importantes del mercado, cayó por debajo del dólar. Este fue uno de los hechos que Paulson y Bernanke deberían haber anticipado pero que los tomó por sorpresa. El resultado fue una oleada de pánico en los fondos monetarios, cuyos depositantes corrieron a retirar su dinero. Por lo tanto, los fondos monetarios dejaron de prestar dinero a bancos y empresas industriales. Esto supuso una amenaza inmediata para la solvencia de todos los grandes bancos de inversión, hasta que la Reserva Federal entró en acción e hizo llover dinero sobre el sistema bancario[166]. El Departamento del Tesoro también anunció que por primera vez el gobierno federal garantizaría los activos depositados en fondos monetarios.

En otras palabras, la excesiva dependencia de la financiación a corto plazo es peligrosa. En situaciones de crisis o incluso en momentos de estrés genera una volatilidad que puede poner rápidamente en peligro el sistema entero. Este peligro se vio multiplicado de manera exponencial por el exceso de apalancamiento, pues el enorme crecimiento de los activos durante la burbuja solo fue posible gracias al empleo de ingentes cantidades de dinero prestado.

Apalancamiento extremo, abierto y encubierto

Desde el inicio de la desregulación, el apalancamiento total de los servicios financieros se ha incrementado de forma astronómica, a menudo de maneras que resultan invisibles para los reguladores, los clientes y los prestamistas.

En cuanto cayó el muro erigido por la Ley Glass-Steagall entre el crédito comercial y los agentes de bolsa (broker-dealers), conglomerados financieros como JPMorgan Chase, Citigroup y Bank of America comenzaron a aprovecharse de la situación. Las unidades de banca de inversión y negociación bursátil de estas instituciones tenían ahora una base de capital mucho mayor para respaldar sus operaciones. Posteriormente, en 2004, se eliminaron las rígidas limitaciones numéricas del apalancamiento en los bancos de inversión y se sustituyeron por las estimaciones de los propios bancos. Ese cambio permitió por sí solo que los cinco principales bancos de inversión incrementaran su apalancamiento en un 50 por ciento, un cambio que fue lamentado incluso en su momento. En la reunión de la SEC que aprobó por unanimidad este cambio regulativo se oyó a un comisionado decir: «[…] bueno, todos sabemos que esos son peces realmente gordos; si la cosa sale mal, será un auténtico desastre [comentario seguido por algunas risas nerviosas]»[167].

No obstante, el apalancamiento que figuraba en las cuentas era solo una parte del apalancamiento real del sistema financiero. Había varias razones para ello. En primer lugar, tal vez siguiendo el ejemplo de Enron, los bancos crearon un gran número de nuevas entidades con finalidad especial (SPE), vehículos de inversión estructurada (SIV) y otras por el estilo con el fin de quitar los activos de riesgo de sus libros. Hicieron lobby de forma agresiva para conseguir que tales entidades tuvieran un tratamiento contable favorable por parte del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards Board, FASB), así como por los auditores y los reguladores, y lo lograron.

Esta clase de enmascaramientos deshonestos eran algo habitual a mediados de la década de los dos mil. Citigroup se lleva la palma simplemente por una cuestión de escala. El balance de cierre de esta empresa en 2007 declaraba unos activos totales de 2,2 billones de dólares, de los que 1,5 billones —en créditos, activos de negociación e inversiones financieras— eran activos «de riesgo». Escondidos entre las notas al pie financieras, sin embargo, descubrimos que Citi tenía otro 1,1 billón de dólares en activos de riesgo además de los que figuraban en el balance. El auténtico balance era, pues, un 50 por ciento mayor del que mostraban los libros, y su exposición a activos de riesgo, un 73 por ciento mayor. Por otro lado, buena parte de esos 1,1 billones de dólares en activos no reconocidos correspondían a algunos de los peores valores que produjo la burbuja.

La lógica del tratamiento fuera de balance consistía en que Citigroup y los demás bancos «vendían» los activos a nuevas entidades que soportaban el riesgo de cualquier impago. Pero, al igual que ocurría con buena parte de la contabilidad bancaria durante la burbuja, eso era mentira. En primer lugar, Citi garantizaba con frecuencia a esas entidades frente a posibles pérdidas para dar confianza a los inversores. Enterradas entre las notas al pie de sus declaraciones financieras podían leerse alusiones a obligaciones adoptadas «mediante la suscripción de un put de liquidez u otro vehículo de liquidez […], garantías, cartas de crédito, seguros de impago de deuda o seguros de rendimiento total», que trasladaban nuevamente el riesgo de las entidades ficticias a Citigroup. En otros casos no existía garantía legal, pero sí una expectativa completa por parte de los inversores, alentada por Citigroup, de que las pérdidas se cubrirían de forma similar a la garantía implícita del gobierno federal de Fannie Mae y Freddie Mac.

El caso de Merrill Lynch era aún peor. De creer a los contables de la compañía, 2005 y 2006, los años álgidos de la burbuja, fueron los mejores de la historia de Merrill, con ingresos de más de 26 000 millones de dólares en 2005 y más de 34 000 en 2006. Dado que Merrill pagaba aproximadamente la mitad de sus ingresos a sus empleados, aquellos fueron también años de compensaciones récord: 12 400 y 17 000 millones de dólares respectivamente[168].

Sin embargo, en los dos años siguientes, Merrill perdió más dinero del que había ganado en todos los años desde 2003 sumados. Merrill tenía en cartera grandes cantidades de activos tóxicos cuyo valor se hundió durante la crisis. Al final, en el conjunto del período de 2003 a 2008, Merrill Lynch ingresó un total de 100 400 millones de dólares y pagó 80 400 millones en compensaciones, pero tuvo unas pérdidas acumuladas de 14 600 millones de dólares. Merrill pagó el 80 por ciento de sus ingresos reales en compensaciones porque muchos de sus ingresos anteriores eran en realidad ficticios y solo existían sobre el papel, de modo que se evaporaron, mientras que las primas pagadas basadas en ellos eran muy reales y en efectivo.

En octubre de 2007, tanto Merrill como Citi sufrieron pérdidas muy importantes, y ambas firmas «aceptaron las dimisiones» de sus consejeros delegados. En ambos casos, las pérdidas eran ante todo el resultado de la repatriación forzosa de las SPE y las SIV a sus balances. En la mayoría de los casos no tenían otra opción, pues las garantías que habían suscrito los obligaban a ello.

Lehman y varios otros bancos también recurrieron a una amplia variedad de trucos contables para ocultar su nivel de apalancamiento. Gracias al truco Repo 105 antes mencionado, Lehman «vendía» artificialmente y luego «recompraba» activos justo antes y después del término de cada trimestre, con lo que lograba que la firma pareciera menos apalancada de lo que realmente estaba. Lehman encontró un elegantísimo despacho de abogados británico, Linklaters, que estaba dispuesto a firmar este artificio mientras fuera realizado en Europa. Pero era básicamente un caso de fraude contable, y Lehman lo sabía. Al final de la burbuja, Lehman admitió un apalancamiento de más de 30 a 1; gracias a su truco Repo 105, así como a varias entidades fuera de balance, su apalancamiento real era aún mayor. Así es como estaba la banca de inversión en 2008.

Concentración estructural: demasiado grandes para caer, lo que a menudo significa demasiado grandes para salir adelante

A medida que avanzaba la desregulación, aumentaba también la concentración del sector financiero estadounidense, tanto dentro de un mismo mercado como entre mercados. Al comienzo de la burbuja, los servicios financieros estadounidenses estaban dominados por cinco bancos de inversión independientes, cuatro grandes conglomerados financieros, cuatro compañías de seguros y tres agencias de calificación. Había varias instituciones —Goldman Sachs, AIG, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup sin duda, y tal vez algunas de menor tamaño como Lehman Brothers, Wells Fargo y Morgan Stanley— lo bastante grandes como para que su quiebra pusiera en peligro el conjunto del sistema financiero. En otras palabras, eran demasiado grandes para caer.

Esta situación estaba exacerbada por el hecho de que varios mercados específicos estaban y siguen estando más concentrados que el sector en conjunto. Cinco instituciones controlan más del 95 por ciento de todo el mercado mundial de derivados, y dos —Goldman Sachs y JPMorgan Chase— dominan casi la mitad. Tres agencias de calificación estadounidenses gobiernan este mercado a nivel global. Un grupo de una docena de bancos controla el LIBOR —la tasa de referencia para establecer casi todas las tasas de interés a corto plazo—, y han sido acusados de colusión para manipularlo. Los cinco mayores bancos de inversión dominan el mercado de ofertas públicas de venta y a menudo comparten porciones de dichas ofertas entre ellos, además de aplicar exactamente las mismas comisiones. Algunas joint ventures de los grandes bancos de inversión dominan varios mercados relacionados con la burbuja, como, por ejemplo, los índices de títulos hipotecarios que se usan como referencia para la construcción de muchos CDO sintéticos. Etcétera. Como resultado, muchos mercados importantes funcionan en parte como cárteles, lo que también puede contribuir a desestabilizarlos.

Por otro lado, cabe temer que algunos de los bancos más importantes sean también demasiado grandes para salir adelante[169]. Son tan grandes, tan complejos, desarrollan actividades tan dispares que incluso el más esforzado consejero delegado se ve incapaz de mantener el control sobre todas ellas. Citigroup tal vez sea el caso más obvio; en gran medida se contrató a Chuck Prince para resolver los problemas legales y regulatorios de Citigroup en la era internet-Enron. Lo logró. Pero Prince era un abogado, y nunca prestó suficiente atención a lo que estaban haciendo sus banqueros de inversión en el mercado hipotecario. Tal vez confiara en que Robert Rubin se encargase de eso, pero el señor Rubin era demasiado perezoso o tal vez demasiado arrogante para hacerlo. Y desde el punto de vista de los ingresos —ya que no del riesgo potencial—, el negocio hipotecario de Citigroup era solo una pequeña porción del banco, fácil de pasar por alto. Así, mientras que el fracaso de Bear Stearns y Merrill Lynch solo puede atribuirse a groseros errores de gestión y gobernanza corporativa, el de Citigroup fue en parte culpa del tamaño de la institución. Uno se pregunta cómo saldrá adelante JPMorgan Chase cuando Jamie Dimon se retire, y si Bank of America se puede gestionar de forma efectiva ahora que ha engullido a Countrywide, U. S. Trust y Merrill Lynch.

Acoplamiento cerrado

A pesar de los beneficios que han aportado en muchos aspectos, las tecnologías de la información y la globalización tienen también su parte negativa. Nunca antes se había visto algo parecido al grado de cooperación —e interdependencia— entre las instituciones más diversas que aquellas han hecho posible. Pero el precio de la hipereficiencia es la fragilidad sistémica. Podemos verlo en la influencia que tiene un tsunami en Japón sobre las operaciones de las compañías estadounidenses de electrónica y automóviles, en la posibilidad de que veinte terroristas paralicen Estados Unidos durante una semana, y también podemos verlo en las finanzas. En el sistema financiero preinternet, predesregulación, la quiebra de una institución o de un mercado no ponía en peligro habitualmente nada más. Eso ya no es así.

Sorprendentemente, no fue hasta la caída de Lehman en septiembre de 2008 cuando algunos altos cargos federales —el secretario del Tesoro, Hank Paulson; el presidente de la Fed, Ben Bernanke; el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Tim Geithner— se dieron cuenta de hasta qué punto se había vuelto interdependiente el sistema financiero global. Tal vez se habían creído su propia propaganda. En efecto, los bancos llevaban años insistiendo en que habían descargado buena parte de su riesgo en inversores particulares ricos, hedge funds, fondos de pensiones y similares. Se decía que derivados como los seguros de impago de deuda tenían efectos especialmente portentosos para la reducción del riesgo. Pero la eliminación del riesgo era un espejismo. Si uno seguía el rastro del dinero y de los riesgos por todo el sistema, al final comprendía que regresaban nuevamente a los bancos. Y una vez declarada una crisis, esta podría moverse por el sistema con mucha más rapidez y violencia de lo que ningún ser humano era capaz de comprender o gestionar.

Richard Bookstaber, un ingeniero y economista con gran experiencia en finanzas y gestión de riesgo, definió este fenómeno como «acoplamiento cerrado» (tight coupling). En un sistema acoplado, los problemas se propagan tan deprisa que superan la velocidad de reacción de los gestores, y existe tal grado de interdependencia sistémica que las turbulencias tienen rápidamente efectos catastróficos. En su brillante libro titulado A Demon of Our Own Design («Un demonio diseñado por nosotros mismos»), escrito antes de la crisis y publicado en 2007, Bookstaber advertía de que este peligro era inherente a las finanzas electrónicas modernas. En su libro examinaba una serie de desastres tanto financieros como no financieros en busca de rasgos comunes, y concluía que el incremento de la velocidad y la eficiencia creaba el peligro de que los reguladores humanos se vieran superados por los acontecimientos. También descubrió que las medidas que supuestamente incrementaban la seguridad de una institución o parte del sistema podían tener el efecto contrario sobre el conjunto del sistema, sobre todo si se adoptaban de forma generalizada. Un ejemplo que trataba en el libro era el papel de los «seguros de cartera» en el crac bursátil de 1987. Podemos encontrar ejemplos más recientes en los seguros de impago de deuda y AIG, en la venta de activos hipotecarios cuando se disparó el pánico o en la retirada de dinero de un fondo de mercado monetario en septiembre de 2008.

Probablemente sea un ejercicio inútil criticar las decisiones que tomaron las personas que trabajaban en el Tesoro y en la Reserva Federal en septiembre de 2008, pues las tomaban en un contexto de extraordinaria presión y muy escasa información. Lo que sí debe condenarse es su comportamiento previo y posterior a la catástrofe. Los señores Greenspan, Bernanke, Paulson, Geithner et al., solo pudieron mantenerse en su feliz complacencia durante los años 2006-2008 a base de ignorar gran cantidad de indicadores. Las peligrosas crisis financieras que Estados Unidos había experimentado desde comienzos de la década de los ochenta eran fenómenos recientes y muy visibles. Por otro lado, ¿qué recomendaciones han emitido estos caballeros desde la crisis? Nada especialmente interesante.

A pesar de la enorme simplificación que supone, el gráfico 5 recoge algunas de las relaciones que llevaron a un acoplamiento cerrado en el sistema financiero moderno.

Fuente: Adaptado de Adair Turner/Autoridad Británica de Servicios Financieros.

En la práctica, durante la burbuja tanto los bancos como los bancos en la sombra formaban parte de un único organismo altamente apalancado. Pero solo una parte de este organismo era visible para los reguladores, e incluso el sector supuestamente regulado no lo era demasiado. A medida que los activos iban y volvían entre ambas esferas, el apalancamiento acostumbraba a multiplicarse y las interconexiones se hacían cada vez más estrechas. Cuando una parte del sistema cedió, como un tanque de seguridad en una central nuclear, todo el sistema se vino abajo antes incluso de que los responsables se dieran cuenta de ello. En respuesta a la caída de Lehman, todo el mercado de financiación a corto plazo quedó bloqueado, y el crac comenzó[170]. Y si AIG hubiera caído, todos esos seguros de impago de deuda que ofrecían «protección» no habrían valido ni siquiera el papel sobre el que estaban escritos.

De nuevo, los incentivos tóxicos

En 2008, Paulson y Geithner ciertamente hicieron bien en salvar AIG, garantizar los depósitos del mercado monetario y repartir un mes más tarde 250 000 millones de dólares entre los bancos para reforzarlos. Su culpa consiste en haber permitido que la burbuja creciera y no estar preparados para la crisis, y luego en salvar a los bancos sin exigir nada a cambio, ya fuera entonces o más adelante. Esta última cuestión es tal vez la más peligrosa de cara al futuro. Dejar que se fueran de rositas no fue solo moralmente obsceno, también fue desestabilizador, pues mandó el mensaje de que podían hacerlo otra vez. Uno puede buscar alivio en el hecho de que los pilotos de las aerolíneas comerciales deben ir con cuidado porque ellos también morirían en un accidente, pero la situación es exactamente la contraria en las finanzas estadounidenses. Cuando el avión tuvo problemas, vimos por la ventanilla como los pilotos bajaban a tierra con los únicos paracaídas que parecía haber en el aparato. Por otro lado, el sector financiero de Estados Unidos tiene a su clientela cautiva, pues ¿dónde si no pueden tomar prestado e invertir su dinero los estadounidenses?

Esto explica a su vez buena parte de la temeridad y la deshonestidad que acabamos de ver. Si la volatilidad, el apalancamiento, la concentración y la interdependencia sistémica son tan increíblemente peligrosos, ¿por qué iban a construir personas racionales un sistema de este tipo? Existen varias razones, pero la primera de todas es que los arquitectos y los contratistas no van a vivir en la casa que construyen. Pero hay más argumentos a favor de la regulación. Siempre habrá personas dispuestas a hacer cosas peligrosas, y es preciso mantenerlas alejadas de los puestos de mando. También hay problemas de bienes públicos/acción colectiva: los individuos son impotentes para cambiar el sistema, de modo que ¿por qué no subirse al carro?, (por ejemplo: si Nueva York prohíbe algo pero California no, basta con trasladarse a California, o a Londres). Esto significa que solo una regulación a nivel general puede ser eficaz. Pero el factor aislado más poderoso para explicar el aumento del riesgo asumido fue claramente el hecho de que quienes dirigían el sistema financiero se apropiaban de los beneficios, mientras que los costes siempre recaían sobre todos los demás.

Recordemos nuestra anterior disección de la forma en que las estructuras tóxicas de incentivos de las entidades financieras llevaron a los operadores a destruir sus propias instituciones. Algo parecido puede decirse a nivel sistémico. La lección inevitable de lo que ocurrió en 2008 y en los años posteriores es que se rescatará a los principales causantes de la ruina del sistema y que además quedarán sin castigo. Pero incluso si no se los rescata —y si dejamos de lado detalles como la persecución penal de los responsables—, seguirá existiendo una gran desproporción entre el daño sufrido por el sector financiero y el daño que ha debido soportar la sociedad en conjunto. De los billones de dólares que ha costado la crisis financiera, solo una pequeña porción, seguramente menos del 5 por ciento, ha sido soportada por la propia industria financiera.

La conclusión es que, en último análisis, la desregulación de las finanzas no tiene efectos tan distintos de la desregulación de la práctica médica, el mantenimiento de los aviones, las perforaciones petrolíferas marinas, los explosivos de gran potencia, la energía nuclear (en este caso tal vez ni siquiera la regulación cambia las cosas) o el armamento militar. ¿Cree alguien que sería divertido vivir en un país donde cualquiera pudiera ejercer como médico (si es que existe un lugar así)? ¿O en un país sin policía, donde todo el mundo tuviera acceso a explosivos y armas de asalto? Pruebe a vivir unos años en Irak, Afganistán o Somalia. A ver si le gusta.

¿Es el sector financiero moderno una industria parasitaria?

Lord Adair Turner, presidente de la Autoridad Británica de Servicios Financieros, forma parte del creciente número de economistas y expertos financieros que plantean la cuestión de si el sector financiero moderno constituye una carga para la sociedad incluso cuando no provoca crisis. Otros que han planteado la misma cuestión son Burton Malkiel, profesor en Princeton, y John Bogle, fundador y exconsejero delegado de Vanguard Group. Tanto Malkiel como Bogle han llamado la atención sobre el hecho de que la gran mayoría de los gestores de inversión no obtienen mejores resultados que alguien que lanza dardos contra una pared.

No obstante, la cuestión va más allá de la eficacia de los fondos de inversión. En una serie de artículos y conferencias, lord Turner se preguntaba si las finanzas modernas se han convertido en una industria «extractora de rentas económicas», lo que en la jerga de los economistas viene a significar «parásita». Por «rentas económicas», los economistas entienden los ingresos derivados de la posición privilegiada que ostenta un agente más que de ninguna contribución económica real. Ejemplos de «rentas económicas» son los ingresos añadidos que se obtienen gracias a comportamientos cartelísticos, a posiciones monopolísticas toleradas por el gobierno, a sobornos de poderosos y al uso de información privilegiada.

Buena parte del sector financiero moderno parece encajar en esta definición. En algunos casos, sobre todo en el sector del capital inversión y de la evasión legal de impuestos, los beneficios del sector financiero dependen en gran medida de lagunas fiscales y de la explotación de los trabajadores sin valor añadido. A continuación ofrezco algunos ejemplos.

El negocio de la gestión de carteras

Es algo sabido desde hace tiempo que las carteras indexadas de bajo coste casi siempre obtienen mejores rendimientos que la gestión activa. Aunque la indexación ha avanzado en las últimas décadas, la gestión activa sigue siendo dominante en los planes y seguros de pensiones, así como en prácticamente todas las cuentas de inversión de gestión personal. Las elevadas comisiones que pagan muchos inversores particulares son un caso claro de falta de información o poder de mercado, o ambas cosas a la vez, probablemente exacerbado por la publicidad engañosa y la concentración del sector. Incluso los hedge funds, abiertos solo a inversores institucionales o particulares ricos, tienen unos rendimientos conjuntos más bien pobres. Una vez restadas las elevadas comisiones que cargan sus gestores, el sector apenas ha superado los rendimientos de los bonos del Tesoro a lo largo de los últimos veinte años. Por supuesto, hay excepciones: Warren Buffett, George Soros y algunos nombres más vienen a la cabeza. Pero, por cada Buffett y por cada Soros, hay muchos que no merecen sus altísimas retribuciones.

Negociación de alta frecuencia

El multimillonario gestor de hedge funds Jim Simons, antes famoso profesor de matemáticas en Stony Brook, lleva años consiguiendo rendimientos extraordinarios mediante el uso de poderosos ordenadores y algoritmos patentados para explotar pequeñas tendencias de mercado invisibles para los simples mortales, y que a menudo duran solo una fracción de segundo. La negociación es enteramente automática: los ordenadores toman todas las decisiones y ejecutan todas las transacciones. El efecto neto es el de un pequeño impuesto, una forma de afeitado del mercado en su conjunto. Los inversores normales que no poseen gigantescos sistemas informáticos terminan pagando un poco más por sus transacciones bursátiles y obtienen rendimientos un poco más bajos por sus inversiones, mientras Simons y sus imitadores acumulan céntimos por cada uno de los miles de millones.

La negociación de alta frecuencia no tiene ningún beneficio social en absoluto; las posiciones apenas duran unos milisegundos y no tienen ninguna utilidad económica. Es una mera carga sobre la economía, aunque sea pequeña, como el spam. Los masivos volúmenes de negocio que requiere la estrategia imponen costes importantes, principalmente debido a los sistemas informáticos, y al menos en dos ocasiones este tipo de negociación ha causado alteraciones de mercado llamadas flashcrashes.

Los ingresos personales de Simons se sitúan en los miles de millones, y le convierten en uno de los gestores de hedge funds mejor pagados del mundo. Naturalmente, hoy en día todos los grandes jugadores imitan su estrategia, y actualmente supone la mayor parte del volumen total de negocio. De hecho, una parte cada vez más importante de la gestión de hedge funds consiste en juegos de este tipo, que explotan imperfecciones minúsculas del mercado para acumular riqueza al tiempo que no ofrecen ningún beneficio social.

Encubrir la deuda, nacional o de otra clase

En la actualidad, todos los lectores de las páginas financieras saben que Grecia está inmersa en una crisis de deuda. Naturalmente, la primera pregunta es: ¿cuánto debe Grecia? Un equipo de la autoridad financiera europea informó en 2010 de «las dificultades de [obtener] información completa y fiable» sobre la deuda griega. No es extraño, pues Goldman Sachs estuvo allí primero.

Goldman arregló una serie de swaps de divisas altamente favorables para Grecia que generaron unas ganancias inmediatas de 2400 millones de euros, que se restaron de la deuda aparente del país. Normalmente, un negocio de este tipo debería haber provocado un pago de Grecia a Goldman para cubrir la ganancia, pero estos cubrieron ese pago mediante la estructuración de otro swap, en este caso uno diferido a largo plazo que no entraba en las cuentas. La transacción en conjunto no tenía otra finalidad que falsificar las cuentas de Grecia y producir comisiones para Goldman. Varios otros bancos de inversión han sido acusados de hacer esencialmente lo mismo para diversas empresas nacionales e internacionales y gobiernos locales.

Evasión legal de impuestos

Un porcentaje desconocido pero indudablemente importante de los asesores fiscales y financieros obtienen ingresos muy elevados de particulares ricos y corporaciones por ayudarlos a evitar impuestos. Estas personas ven facilitada su labor por el hecho de que la legislación fiscal se ha vuelto extremadamente compleja y contiene muchas normas que pueden usarse para evitar el pago de impuestos que su cliente estaría legítimamente obligado a desembolsar.

Estas actividades han experimentado un gran crecimiento en el último cuarto de siglo como resultado combinado de la creciente desigualdad económica, las lagunas legales y fiscales y la menor actividad sancionadora. A comienzos de la década de los ochenta, los impuestos societarios ascendían a más del 40 por ciento de los beneficios empresariales; en 2010, el gravamen se había reducido al 26 por ciento. El efecto de esta situación para los ciudadanos ricos ha sido aún más extremo. El IRS ha informado de que la tasa impositiva efectiva sobre las 400 familias más ricas del país, la mayoría de ellas con patrimonios de miles de millones, ha descendido del 30 por ciento en 1995 a solo el 18 por ciento en 2005, el último año del que existen datos disponibles (a comienzos de 2012). Algunos de estos descensos en los ingresos fiscales son el resultado de cambios impositivos, como, por ejemplo, los recortes fiscales de Bush. Pero una parte importante del descenso, tanto en cuanto a sociedades como a particulares, es el resultado de la evasión legal de impuestos.

El 27 de noviembre de 2011, The New York Times publicó un extenso artículo sobre las estrategias de evasión fiscal del multimillonario Ronald S. Lauder, que heredó una fortuna de sus padres, los fundadores de la empresa de cosméticos Estée Lauder. La contribución del señor Lauder a la economía estadounidense ha sido, por decirlo de alguna manera…, dudosa. Aunque el señor Lauder tiene un patrimonio neto de más de 3000 millones de dólares, tanto él como su familia han aplicado una serie de estrategias altamente agresivas de amparo fiscal con la asistencia de sus abogados y asesores financieros. Estas estrategias han incluido estructuras societarias en paraísos fiscales; fundaciones que amparan valores durante largos períodos; contratos de futuros para la venta eventual de valores, que permiten un acceso inmediato y libre de impuestos a dinero en efectivo; estrategias con derivados del tipo shorting against the box (venta a corto de acciones que se tienen en cartera); créditos libres e impuestos a cuenta de valores no vendidos; «donaciones fraccionales» de una porción de una obra de arte cuya posesión se retiene; etc. Es una cosa de familia. La empresa, sus propietarios y sus herederos han usado técnicas agresivas de evasión legal de impuestos desde que Estée Lauder salió a bolsa en la década de los ochenta.

Muchas empresas se comportan de modo parecido actualmente. Cuando comenzó la transformación de las finanzas en la década de los ochenta, muy pocas empresas estadounidenses usaban siquiera los métodos de evasión legal de impuestos que existían entonces, como, por ejemplo, registrar entidades subsidiarias en paraísos fiscales. Simplemente, se veía como una práctica indecorosa e innecesaria. Sin embargo, actualmente la mayoría de las grandes multinacionales emplean esta técnica. Algunas, como General Electric, ven la estrategia fiscal como un factor clave para aumentar los beneficios y mantienen importantes equipos permanentes de asesores y planificadores financieros dedicados puramente a la evasión legal de impuestos. Por supuesto, estas empresas trabajan en estrecha colaboración con bancos de inversión y despachos de abogados externos.

Más allá de lo que piense cada cual de los impuestos —incluso si uno piensa que los impuestos deberían ser más bajos para los multimillonarios—, todo esto es una actividad sin sentido y un derroche de energía humana. Por otro lado, si uno piensa que los multimillonarios y las empresas con miles de millones de dólares de beneficios probablemente deberían pagar más impuestos que los trabajadores de la construcción y que los secretarios, entonces no es solo un derroche: es altamente destructivo.

La industria del capital inversión

Las sociedades de capital inversión son probablemente los organismos captadores de dinero más eficientes del mundo. Matt Taibbi ha inmortalizado a Goldman Sachs como «un calamar vampiro gigante pegado al rostro de la humanidad, que clava incansablemente su pico en cualquier cosa que huela a dinero». Tal vez sea así. Pero en 2006, cuando Lloyd Blankfein cobraba en Goldman 4 millones de dólares, lo que le convertía en el banquero de inversión mejor pagado de Wall Street, Steve Schwarzman cobraba 398 millones de dólares en Blackstone, lo que viene a ser el doble de lo que obtenían los cinco ejecutivos de Goldman con mayores ingresos sumados. Por otro lado, y gracias a una laguna fiscal relacionada con la «participación en beneficios», la mayor parte de los ingresos de Schwarzman pagaban un 15 por ciento de impuestos, lo que equivale al gravamen de los trabajadores situados en lo más bajo de la escala tributaria. Tanto Blackstone como todas las demás compañías de capital inversión usan la misma estructura de retribución: cobran el 2 por ciento anual por los activos gestionados, más un 20 por ciento de todos los beneficios, sin ninguna responsabilidad por pérdidas.

Lo mejor que puede decirse de las sociedades de capital inversión es que seguramente no son peores que muchos de sus homólogos cotizados en bolsa. Tratan con dureza a sus empleados, pero muchas empresas hacen lo mismo en nuestros días (tal vez en parte por culpa de las presiones de las sociedades de capital inversión). En efecto, recortan los costes, al menos los operativos, pero a menudo incrementan enormemente los costes financieros de las empresas de su propiedad. Son expertas en la externalización y la deslocalización. Sin duda habrá negocios de sociedades de capital inversión que han producido auténticos beneficios económicos, cuando han supuesto la sustitución de gestores incompetentes como resultado de un proceso de adquisición. Pero hay muchas pruebas de que eso no es la norma.

Gran parte del éxito de las sociedades de capital inversión procede de la explotación de varias formas de subsidio gubernamental encubierto, así como de lagunas fiscales. Un número considerable de empresas adquiridas por sociedades de capital inversión quiebran a pesar de que sus compradores ganan dinero con la operación. Esto no es un asunto menor. De las diez adquisiciones más apalancadas realizadas por Bain Capital mientras Mitt Romney fue su consejero delegado, cuatro terminaron en quiebra, a pesar de lo cual Bain ganó dinero. Las sociedades de capital inversión propietarias no tienen ninguna responsabilidad por las deudas de la sociedad, de modo que su riesgo es limitado. En consecuencia, muchas veces obligan a la empresa a tomar grandes cantidades de dinero prestado, que esta luego paga a la sociedad de capital inversión en forma de comisiones o dividendos, o ambas cosas a la vez. El resultado a menudo es la quiebra, cuando la compañía se queda finalmente sin dinero. Pero el asunto no termina ahí. Las compañías quebradas tienen legalmente prohibido pagar dividendos, pero sí pueden pagar «honorarios». Y no es extraño que la misma sociedad de capital inversión compre nuevamente la empresa como resultado de la quiebra, una vez que sus deudas se han visto reducidas o reestructuradas.

Por otro lado, las empresas de capital inversión a menudo obligan a los planes de pensiones de los empleados a comprar acciones de la compañía, o incluso la compañía entera. Ello da liquidez a la empresa para realizar pagos en efectivo, incluso si (tal vez especialmente si) la empresa tiene problemas. Esto fue lo que ocurrió por ejemplo con Simmons Bedding, un caso que trataré con detalle más adelante. Si se produce una quiebra posterior de la empresa, la sociedad de capital inversión no tiene ninguna obligación de pagar las pensiones de sus empleados. De este modo, estos pierden sus ahorros, o bien, si la empresa cumple con las condiciones requeridas, sus pensiones les serán pagadas no por la sociedad de capital inversión, sino por la Corporación de Garantía de las Pensiones (Pension Benefit Guaranty Corporation, PBGC), una agencia gubernamental estadounidense. En 2010, la PBGC pagó 5600 millones de dólares en planes de pensiones fallidos, y acumulaba un déficit de 23 000 millones de dólares. No se sabe qué parte de este déficit es el resultado de transacciones de sociedades de capital inversión.

Otro caso reciente de aprovechamiento oportunista de subsidios federales implica a universidades privadas, las cuales son casi enteramente dependientes de los programas federales de créditos estudiantiles para mantener sus ingresos por matrículas. En 2006, un grupo de sociedades de capital inversión lideradas por Goldman Sachs compró la Education Management Corporation por 3400 millones de dólares; Goldman era propietaria del 41 por ciento[171]. Esta adquisición coincidió con un cambio en la legislación federal abanderada por el líder del Congreso/Senado John Boehner, que eliminaba el requerimiento anterior de que los créditos federales se limitaran a escuelas donde la mayoría de los estudiantes asistían a un campus físico. Después del cambio legislativo, eran elegibles para los créditos estudiantiles federales incluso escuelas que apenas tenían existencia física, e incluso si la gran mayoría de sus alumnos eran a distancia.

Inmediatamente después de esta adquisición y del cambio legislativo, la Education Management Corporation puso en marcha una campaña extremadamente agresiva de captación de alumnos, y el número de estudiantes a distancia subió de forma drástica. Lo mismo ocurrió con las tasas de abandono. Entre 2006 y 2011, los ingresos de la empresa pasaron de menos de 1500 millones de dólares a 2800 millones. La captación de alumnos era al parecer extremadamente manipuladora, incluso fraudulenta; por ejemplo, decían a estudiantes con antecedentes penales que podrían trabajar en los cuerpos de seguridad después de obtener sus títulos de justicia criminal, lo cual es falso. Los captadores cobraban primas muy parecidas a las que se ganaban por margen de rendimiento que obtenían los corredores de hipotecas durante la burbuja inmobiliaria. Pero tan pronto como los estudiantes recibían sus préstamos y pagaban su matrícula, la empresa obtenía su dinero, llegaran o no a graduarse. La empresa no tenía ninguna responsabilidad por la devolución de los créditos, aun cuando hubo un elevado número de impagos.

En 2010, los fiscales generales de Florida y Kentucky abrieron investigaciones sobre la Education Management Corporation. En 2011, un empleado presentó una demanda contra la empresa. El Departamento de Justicia y cuatro estados se sumaron a la demanda, y acusaron a la Education Management Corporation de captación fraudulenta de alumnos y de atracción por vías fraudulentas de 11 000 millones de dólares en matrículas derivadas de ayudas federales a estudiantes. Los cargos, sin embargo, se dirigen exclusivamente contra la empresa; Goldman Sachs no ha sido llevada a juicio ni se han presentado cargos en su contra[172]. A comienzos de 2012 no se han presentado cargos penales contra nadie.

Lo habitual es que las transacciones de las sociedades de capital inversión dependan en gran medida de un trato fiscal favorable de los dividendos y de un apalancamiento extremo. Las empresas adquiridas por sociedades de capital inversión casi nunca pagan el impuesto de sociedades, a causa de los elevados intereses que tienen que afrontar. Esto se debe a que las sociedades de capital inversión obligan a las empresas adquiridas a asumir enormes niveles de deuda, a menudo por razones indebidas (recién tratadas). Las tasas de interés llevan muchos años en niveles extraordinariamente bajos, de manera que el entorno ha sido especialmente adecuado para las empresas propiedad de sociedades de capital inversión. Las bajas tasas de interés les permitieron refinanciar su deuda de forma continuada, lo que a su vez permitía a la sociedad de capital inversión propietaria extraer cada vez más dinero con un impacto mínimo sobre el servicio de la deuda, en un patrón muy parecido al boom de la refinanciación durante la burbuja inmobiliaria. Cuando un grupo liderado por Blackstone compró Freescale Semiconductor en 2005, su deuda se multiplicó inmediatamente por 11, y pasó de 832 millones de dólares a 9400 millones.

¿Por qué aumenta tanto la deuda de las empresas adquiridas? Las sociedades de capital inversión elevan la deuda para pagarse a sí mismas «dividendos especiales», a menudo de 1000 millones de dólares o más, que luego distribuyen entre los socios de la sociedad y sus socios limitados para el negocio. Generalmente, los socios ponen poco o nada de capital propio en los negocios. El capital procede de sus socios inversores limitados, y por lo general se devuelve íntegramente en los primeros años con cargo a dichos «dividendos especiales» financiados a deuda. Este truco tiene una ventaja adicional. A menudo, las sociedades de capital inversión dan acciones de las empresas adquiridas a un reducido número de socios séniores. En consecuencia, dichos gestores reciben también dividendos, gravados al 15 por ciento, en lugar de las tasas mucho más elevadas de los «ingresos ordinarios».

Por otro lado, una parte importante de los beneficios de las sociedades de capital inversión proceden de forma muy directa de exprimir a los empleados de las compañías que adquieren. Estados Unidos ofrece una protección muy escasa a la mayoría de los trabajadores, e incluso esta se aplica de forma muy insuficiente. Además de recortes salariales, las sociedades de capital inversión a menudo atacan también las prestaciones de los trabajadores, en especial las pensiones y la atención médica para la jubilación.

A finales de 2009, The New York Times publicó una notable serie de artículos sobre el saqueo de la Simmons Bedding Company por sus propietarios de capital inversión y la dirección impuesta por estos a la compañía[173]. Después de que la sociedad de capital inversión THL (siglas de Thomas H. Lee, su fundador) comprara Simmons a otra sociedad de capital inversión (Simmons había sido revendida ya varias veces por otras sociedades de capital inversión), THL ordenó a Simmons que tomara 1000 millones de dinero prestado. Simmons pagó a continuación gran parte de este dinero prestado —375 millones de dólares— a THL en forma de «dividendos especiales», además de abonar importantes comisiones de transacción a THL y a los bancos de inversión que se encargaron de la financiación. Los sueldos y las prestaciones de los empleados, incluidos sus planes de pensiones, recibieron severos recortes, incluso en el caso de trabajadores de cuello azul con más de veinte años de antigüedad. De hecho, el fondo de pensiones de los empleados había sufrido ya el pillaje de otro propietario de capital inversión, William Simon (que fue secretario del Tesoro con la administración Nixon). Simon había obligado al fondo de pensiones de los empleados a comprarle acciones de Simmons a precios inflados. Cuando los precios de las acciones bajaron, Simmons fue adquirida por otra sociedad de capital inversión a precios mucho más bajos, lo que se llevó buena parte de las pensiones de los empleados.

Durante la mayor parte del tiempo en que Simmons Bedding fue propiedad de THL, el consejero delegado de la compañía (aprobado e impuesto por THL) fue un hombre llamado Charlie Eitel, que dirigía Simmons a distancia desde sus diversas casas en Jackson Hole, Wyoming y Naples (Florida), así como desde su yate, el Eitel Time. También obligó a la empresa a contratar a su hijo. Eitel ganó más de 40 millones de dólares, un dinero que retuvo incluso cuando Simmons fue a la quiebra, lo que hizo perder grandes cantidades de dinero a sus empleados y bonistas. La compañía despidió a 1000 personas, más del 25 por ciento de sus empleados, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad, con apenas indemnización por despido o prestaciones de jubilación. THL no se vio afectada por la quiebra y, de hecho, obtuvo grandes ganancias con Simmons, pues se había pagado a sí misma en efectivo mucho antes, además de embolsarse grandes cantidades en dividendos especiales y comisiones de transacción basadas en la financiación a deuda que terminó por llevar a la quiebra a la compañía.

¿Fue todo esto legal? Resulta difícil saber qué respuesta es peor: que era ilegal pero no se hizo nada al respecto, o que todo eso es, de hecho, perfectamente legal en Estados Unidos. Según parece, también es perfectamente legal construir y vender un título con la intención de apostar en su contra.

Las sociedades de capital inversión recurren a otras formas de comportamientos dudosos para obtener beneficios. En 2006, la SEC investigó el sector en relación con posibles club deals, en los que sociedades de capital inversión supuestamente en competencia se ponían de acuerdo en secreto con el fin de reducir los precios necesarios para adquirir empresas. La SEC cerró la investigación sin presentar cargos, pero varios inversores presentaron una importante demanda privada por violación de la legislación de libre competencia, que en 2012 se encuentra todavía en trámites. A comienzos de 2012, la SEC abrió otra investigación centrada en la posibilidad de que las sociedades de capital inversión inflaran el valor de sus activos con objeto de atraer a nuevos inversores[174].

Por último, las sociedades de capital inversión dan lo mejor de sí cuando se trata de la evasión legal de impuestos. La habilidad de Mitt Romney para pagar el 14 por ciento en impuestos por ingresos superiores a 20 millones de dólares al año, buena parte de ellos procedentes de Bain Capital, una década después de abandonar la sociedad, no es ningún accidente ni nada fuera de lo común. De modo que cualquier modesta contribución económica que puedan realizar las sociedades de capital inversión queda más que compensada por su práctica de focalizar la atención de sus gestores hacia la captación de la mayor cantidad posible de premios financieros para sí mismos.

No resulta difícil multiplicar los ejemplos de esta clase, y los datos sobre el aumento del volumen de transacciones financieras ayudan a completar el cuadro. A lo largo de las últimas décadas, las transacciones titulizadas han pasado de la nada prácticamente a mover billones de dólares anuales. La negociación de cambio de divisas ha crecido treinta veces más rápidamente que el PIB global. La negociación diaria de futuros del petróleo, que acostumbraba a mover un valor más o menos equivalente a los suministros físicos subyacentes, decuplica actualmente dichos suministros, al tiempo que la volatilidad del mercado parece haber aumentado también[175].

En otras palabras, parece que hemos llegado a una lamentable situación en la que una parte importante de nuestros ciudadanos más inteligentes y formados o bien están sentados en terminales Bloomberg o vuelan por el mundo enfundados en caros trajes a medida para «hacer negocios» que, a juzgar por el historial reciente, no tienen otro fin que poner dinero en sus propios bolsillos, y que en su resultado económico neto van en detrimento del resto de la población.

La explotación de los talentos estadounidenses es también importante. En 2008, Harvard informó de que el 28 por ciento de sus graduados «en empleos remunerados» optaron por trabajar en el sector financiero; en el caso de Yale era el 26 por ciento. Incluso en 2011, los porcentajes se mantenían sorprendentemente altos: 17 por ciento en el caso de Harvard, 14 por ciento en el caso de Yale. Princeton tenía el porcentaje más elevado de la «Ivy League»: 40 por ciento. Por más cínico que pueda ser uno acerca del valor (y de los valores éticos) que produce una educación en una universidad de élite, no cabe duda de que las finanzas han desviado una enorme capacidad humana de otros trabajos más productivos.

La reflexión y el autocuestionamiento no son, sin duda, el punto fuerte del sector financiero. La autorreforma parece también muy improbable. En su discurso de enero de 2011 ante el Foro Económico Mundial de Davos, Jamie Dimon se quejaba de «esta letanía constante de “los banqueros, los banqueros, los banqueros”: esa es una forma realmente injusta y poco productiva de tratar a las personas»[176]. Lloyd Blankfein explicó a una audiencia distinta que estaba haciendo el trabajo de Dios.

¿Podemos convertir a mister Hyde nuevamente en el doctor Jekyll, reducir el tamaño del sector financiero, restaurar prácticas bancarias prudentes y liberar al mundo de ese casino controlado por sociedades como Goldman Sachs y THL? La respuesta honesta es que seguramente no podamos hacerlo todavía: el poder del sector es mayor que nunca, a pesar de la crisis. De modo que tal vez haga falta otra crisis para que haya suficiente gente suficientemente enfadada; en el último capítulo abordaremos esa cuestión.

A continuación, examinaremos otro importante sector de la sociedad, uno que se ha considerado largo tiempo inmune a la influencia corruptora del dinero corporativo y de la contratación por «puerta giratoria». El ámbito académico, al igual que los medios de comunicación, es visto en general como un bastión del análisis independiente y en caso necesario crítico de los comportamientos económicos y políticos. Por desgracia, eso es cada vez menos exacto. Al igual que hizo con los políticos, el sector financiero y otros poderosos grupos de interés han comprendido que los profesores son una magnífica inversión. Han demostrado ser asombrosamente fáciles de comprar; por sumas muy pobres, teniendo en cuenta el dinero que hay en juego, el sector financiero ha contratado a los mejores propagandistas del mundo.

8
La torre de marfil

Muchas de las personas que vieron mi documental encontraron que la parte más sorprendente e inquietante fueron sus revelaciones acerca de los conflictos de interés que afectan actualmente a universidades, think tanks y destacados expertos académicos en el campo de las finanzas, la economía, los negocios y la regulación gubernamental. Los espectadores que vieron mis entrevistas con eminentes profesores quedaron asombrados al escuchar lo que salía de sus bocas. En efecto, era muy inquietante, y a veces yo mismo me quedé asombrado.

Y, sin embargo, no deberíamos sorprendernos tanto. A lo largo de las dos últimas décadas, los profesionales de la medicina, incluidos los profesores, han demostrado ampliamente la influencia que el dinero puede tener en un terreno supuestamente objetivo y científico.

Las pruebas clínicas de productos farmacéuticos, incluso las realizadas en centros académicos, son 3,6 veces más propensas a dar un resultado favorable, de acuerdo con un importante estudio sobre la cuestión, si están financiadas por una compañía farmacéutica. Médicos con intereses en centros de diagnóstico por imagen son cuatro y hasta cinco veces más propensos a redirigir a sus pacientes a dichos servicios. Una reciente investigación del Senado puso de manifiesto que la empresa farmacéutica Sanofi recurrió a grupos y a particulares del sector médico que se habían beneficiado de su financiación para que la ayudaran a bloquear el desarrollo de equivalentes genéricos de uno de sus productos. En tan solo unos pocos años de la década de los dos mil, el Departamento de Justicia ingresó más de 1500 millones de dólares en concepto de acuerdos extrajudiciales con tres compañías farmacéuticas acusadas de pagar incentivos a médicos o de incurrir en otras prácticas ilegales de promoción de sus productos. Es ya una práctica habitual incluso en las mejores escuelas médicas que sus profesores firmen artículos elaborados por personal de una compañía farmacéutica. La Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford prohibió esta práctica en 2006, pero no todas han hecho lo mismo. En general, las escuelas de medicina y las principales revistas académicas médicas están respondiendo razonablemente bien a este problema: muchas de ellas han adoptado exigentes requisitos de divulgación e incluso, en casos como el de Stanford, límites absolutos a la compensación externa de fuentes que podrían generar conflictos de interés[177].

Sin embargo, tanto la disciplina económica en su conjunto como las escuelas de negocios, derecho y ciencias políticas han reaccionado de modo muy distinto. A lo largo de los últimos treinta años y paralelamente al avance de la desregulación y del poder del dinero en la política estadounidense, partes importantes del sectror académico se han convertido en actividades de pago. Estos días, cuando vemos a un famoso profesor de economía prestar testimonio ante el Congreso, aparecer en las noticias de la televisión, testificar en un juicio en un caso antitrust o en un procedimiento regulador, dar una conferencia o escribir un artículo de opinión en The New York Times (o en el Financial Times, en The Wall Street Journal, o en cualquier otro periódico), existen altas probabilidades de que esté pagado por alguien que se juega mucho en la cuestión debatida. La mayoría de las veces, dichos profesores no revelan tales conflictos de interés en sus apariciones públicas o mediáticas, y la mayoría de las veces sus universidades miran hacia otra dirección. Es cada vez más frecuente que los profesores reciban dinero a cambio de prestar testimonio en juicios de fraude financiero, tanto civil como penal. Los honorarios son elevados: a veces un cuarto de millón de dólares por una hora de testimonio ante el Congreso. Pero para los bancos y otros sectores altamente regulados es un gasto trivial: 1000 o 2000 mil millones al año apenas se notan y la inversión da siempre muy buenos rendimientos (igual que ocurre con los políticos).

Tuve ocasión de observar la gestación de este problema desde dentro cuando yo mismo estaba en la universidad, y debo confesar que una vez participé incluso en un caso de este tipo. Siendo yo un alumno de posgrado de 24 años, el profesor del MIT Peter Temin, un destacado economista, me contrató un verano para que le ayudara a preparar la defensa de AT&T, que por entonces todavía era un monopolio a nivel nacional y se enfrentaba a un juicio por violación de la legislación antitrust iniciado por el Departamento de Justicia. Yo era joven e ingenuo, y me quedé pasmado por lo que vi. En un mes me di cuenta de que AT&T había contratado literalmente a los más destacados economistas del país en los ámbitos de las telecomunicaciones y la regulación pública. Allá por donde iba —el MIT, Harvard, Stanford, Berkeley, Yale—, toda la gente importante estaba trabajando para AT&T, cuyo presupuesto superaba al del Departamento de Defensa probablemente en una proporción de 50 o 100 a 1. Concluí que AT&T era culpable, escribí algo muy desfavorable para la empresa, que naturalmente nunca vio la luz, y regresé a mis estudios de posgrado. Peter Temin es, de hecho, un hombre encantador y fue muy amable conmigo y con los seis otros alumnos de posgrado que contrató ese verano. Pero la experiencia me dejó muy mal sabor de boca.

Sensibilizado ya hacia el problema, a lo largo de los años siguientes pude comprobar que no hacía más que crecer, y deprisa. Comenzaron a entrar en las universidades grandes cantidades de dinero (para los estándares académicos, claro está) procedentes de industrias poderosas, principalmente en forma de pagos directos a profesores por actividades de asesoría. La situación actual es tan grave y tan endémica que las disciplinas académicas de la economía, la administración de empresas, las ciencias políticas y el derecho se encuentran severamente distorsionadas por los conflictos de interés. Las áreas más afectadas han sido las finanzas, la economía aplicada, la organización industrial, la gobernanza empresarial, el análisis de la competencia, el análisis económico del derecho y el análisis de sectores específicos altamente regulados. Los principales sectores implicados son la energía, las telecomunicaciones, la salud, la agroindustria y, sobre todo, los servicios financieros. Hay también serios problemas en la investigación médica e incluso en el inquietante ámbito de la seguridad nacional (en breve consideraremos algunos hechos interesantes acerca de Libia).

Hoy en día, los académicos en nómina de la industria y los grupos de interés que les pagan son tantos y tan poderosos que pueden bloquear incluso la adopción o la aplicación de políticas serias de evitación de los conflictos de interés por parte de universidades, asociaciones profesionales y revistas académicas. También tienen un impacto preocupante sobre varias áreas de la investigación académica y del análisis de las políticas públicas. La mayoría de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos no limitan los conflictos de interés financieros, no exigen su revelación y se resisten agresivamente a cualquier investigación acerca del asunto. Hay varias razones para ello, entre ellas: el miedo a dar mala imagen; la existencia de conflictos de interés entre los propios presidentes y decanos de las universidades; la dependencia de las donaciones de empresas y directivos, y el poder interno (dentro de la universidad) de un gran número de profesores que desean preservar sus ingresos y sus reputaciones, y que saben que una reforma de este tipo los pondría en peligro.

La venta de «conocimiento experto» con el fin de influir sobre la política del gobierno, sobre los tribunales y sobre la opinión pública es actualmente un negocio que mueve miles de millones de dólares. Las asesorías académica, legal, regulativa y de política pública en los terrenos de la economía, las finanzas y la legislación están dominadas por media docena de consultoras, varias agencias de conferenciantes y diversos lobbies sectoriales que alimentan grandes redes de profesores de alquiler con el fin específico de defender intereses sectoriales en relación con debates sobre legislación y políticas públicas.

Dichas consultoras no son como McKinsey o el Boston Consulting Group. No existen para ayudar a las empresas a crear mejores productos, reducir sus costes o prever la demanda. Por el contrario, su principal objetivo es ayudar a las empresas a evitar —o a influir sobre— la legislación, el debate público, la regulación, la actuación judicial, las demandas colectivas y la fiscalidad.

Las principales agencias académicas de consultoría sobre regulaciones son Berkeley Research Group, Analysis Group, Brattle Group, Criterion, Compass Lexecon y Charles River Associates. Todas mantienen relaciones con un gran número de académicos de relieve. Su oferta combinada suma alrededor de mil profesores, y sus ingresos conjuntos exceden sin duda los 1000 millones de dólares por año (la mayoría son privadas y no dan información sobre sus ingresos). En algunos casos tienen en agenda a la mayoría de los académicos de renombre en importantes sectores de actuación pública, como las políticas antitrust.

Berkeley Research Group (BRG), por ejemplo, tiene en agenda a 148 «expertos», la mayoría de ellos identificados como «rectores» o «directores» y casi siempre nombres destacados en su campo (por ejemplo, Laura Tyson)[178]. Con dieciocho oficinas en Estados Unidos y una en Londres, organiza su trabajo alrededor de «disputas comerciales y cuestiones regulativas y legislativas complejas y con importantes intereses en juego». BRG cubre 19 especialidades, entre ellas la defensa de la competencia, la energía, la investigación medioambiental y la propiedad intelectual, así como servicios de apoyo en litigios (análisis de daños, análisis financiero forense y aceptación de demandas colectivas)[179].

Analysis Group, con sede en Boston y oficinas repartidas por todo el país, tiene una plantilla de 500 personas y una agenda de expertos académicos plagada de estrellas. Entre ellas John Campbell, presidente del departamento de economía de Harvard; Jonathan Gruber, un destacado economista especializado en temas médicos del MIT, y Glenn Hubbard, decano de la Escuela de Negocios de Columbia[180]. Compass Lexecon tiene 300 personas en plantilla, entre ellas seis execonomistas jefe de la división antitrust del Departamento de Justicia[181]. Recientemente ha fichado a varios nuevos expertos, entre ellos un premio Nobel de la NYU.

Charles River Associates fue fundada por el economista y experto antitrust del MIT Franklin Fisher en 1965; en la actualidad es una consultora que cotiza en bolsa y tiene 700 empleados en plantilla. También mantiene relaciones con 44 prestigiosos académicos para colaboraciones ocasionales[182]. Y el negocio les va bien. Los datos financieros de Charles River muestran ingresos que superan los 300 millones de dólares anuales entre 2008 y 2010. Los ingresos por empleado fueron de casi 450 000 dólares anuales, y los ingresos por asesor superaron los 600 000 dólares anuales. Son cifras dignas de la banca de inversión.

Las agencias de conferenciantes son otro canal importante, y se usan a veces para el blanqueo o el enmascaramiento de pagos a académicos por actividades de lobby y por la defensa pública de ciertas políticas gubernamentales. Los honorarios por conferencias (para eventos empresariales y convenciones sectoriales, por ejemplo) superan a veces los 100 000 dólares en el caso de académicos de renombre, en especial si han ostentado cargos en el gobierno. Las grandes figuras ingresan a veces medio millón de dólares al año por esta vía, en particular si estudian y escriben acerca de un sector altamente regulado.

¿Pero hasta qué punto son importantes e influyentes estas personas y sus contactos? Lo que sigue es un muestreo de las relaciones del mundo académico con el sector de los servicios financieros y su impacto sobre el debate público y la política. Pienso que la mayoría de los lectores lo encontrarán bastante… convincente. El sector financiero está, una vez más, muy bien conectado.

Con los bolsillos llenos

Los académicos más eminentes de Estados Unidos, en especial si han estudiado, publicado o trabajado, o ambas cosas, en relación con la regulación y la desregulación financiera, han recibido auténticas fortunas de Wall Street por defender sus intereses ante el Congreso, los tribunales y los medios de comunicación. En lo que sigue trataremos en detalle algunos casos, todos ellos de gran relieve social.

Glenn Hubbard

Larry Summers

Frederic Mishkin

Richard Portes

Laura D’Andrea Tyson

Martin Feldstein

Hal Scott

John Campbell

Glenn Hubbard. R. Glenn Hubbard se convirtió en decano de la Escuela de Negocios de Columbia en 2004, poco después de dejar la administración de George W. Bush, en la que fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca entre 2001 y 2003. Hubbard es doctor por Harvard y enseña en Columbia desde 1988. También sirvió en el Departamento del Tesoro con la administración de George W. Bush. Hubbard es copresidente del Comité para la Regulación de los Mercados de Capitales, una organización sin ánimo de lucro que sirve como lobby de facto para Wall Street.

Buena parte del trabajo académico de Hubbard se ha centrado en la política fiscal. Un resumen fiel de sus conclusiones sería decir que nunca ha visto un impuesto a su gusto, en particular si iba dirigido a las empresas o a los ricos. Hubbard participó activamente en el diseño de los recortes fiscales de la administración Bush en 2003, que favorecieron enormemente a los ricos; la mitad de sus beneficios fueron a parar al 1 por ciento más rico de la población.

Hubbard fue también coautor (con William C. Dudley) de un asombroso artículo publicado en noviembre de 2004 con el título «How Capital Markets Enhance Economic Performance and Facilitate Job Creation (La contribución de los mercados de capitales al rendimiento de la economía y a la creación de empleo)», a cargo del Goldman Sachs Global Markets Institute[183]. Dudley, su coautor, era por entonces el economista jefe de Goldman Sachs. En 2009, cuando Obama nombró a Tim Geithner secretario del Tesoro, Dudley sucedió a su vez a Geithner como presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Sin duda no es una noticia tranquilizadora. Tampoco lo es el hecho de que Glenn Hubbard siga siendo el decano de la Escuela de Negocios de Columbia.

El artículo de Hubbard merece una cita por extenso. Lo que dice sería incluso divertido si no fuera tan terriblemente serio. Recordemos que todo esto se publicaba en noviembre de 2004, en plena efervescencia de la burbuja:

«Las ascendencia de los mercados de capitales […] ha mejorado la distribución del capital y el riesgo en el conjunto de la economía estadounidense […]. [Estas mejoras incluyen] una mayor estabilidad del sistema bancario […] más empleo y mejores sueldos, [recesiones] más suaves y menos frecuentes […] una revolución en la financiación hipotecaria».

«El desarrollo de los mercados de capitales ha ayudado a distribuir el riesgo de un modo más eficiente […]. Esta capacidad de transferir riesgo facilita sin duda una mayor asunción de riesgo, pero esta no redunda en una mayor inestabilidad de la economía […]. Los mercados de capitales garantizan de este modo que el capital fluye hacia sus usos más adecuados y que las actividades de mayor riesgo, y mayor rentabilidad, obtienen financiación».

«Los mercados de capitales han ayudado a reducir la volatilidad del mercado inmobiliario […]. Las crisis de crédito [credit crunches] que periódicamente cortaban el acceso al dinero a los compradores de viviendas y eran la ruina de la industria de la construcción residencial […] son cosa del pasado […]. Los costes de cierre asociados con la obtención de una hipoteca residencial han bajado mucho, y los términos de las hipotecas […] se han vuelto más blandos. En ocasiones, los propietarios pueden obtener una financiación del 100 por ciento para adquirir una casa».

«La revolución de la financiación hipotecaria ha supuesto también una transformación radical que ha sido determinante para reducir el carácter cíclico de la economía».

«Creemos que la evolución de la economía de Estados Unidos a lo largo de la última década ofrece pruebas claras de los beneficios de unos mercados de capitales plenamente desarrollados. Ello es así porque la economía de Estados Unidos ha mejorado a lo largo de este período, tanto en términos absolutos como en relación con otros países del G-7, en los que los mercados de capitales están mucho menos desarrollados».

Hubbard se negó a decir si le habían pagado por escribir ese artículo. También se negó a darme su declaración financiera federal más reciente (de 2001, cuando ingresó en la administración de George W. Bush), que no podíamos obtener de otro modo porque había sido destruida ya por la Casa Blanca. Hubbard también se negó a identificar a la mayoría de los clientes de su actividad privada de consultoría. Actualmente forma parte de los consejos de MetLife; ADP, Inc.; KKR Financial Corporation, y BlackRock Closed End Funds. En 2010, los tres primeros le pagaron 707 000 dólares entre efectivo y acciones[184]. Las relaciones de consultoría/asesoría del currículum vítae de Hubbard incluyen Nomura Holdings, Bank of America, Capital Research, Citigroup, Fidelity, Franklin Resources, JPMorgan Chase, Visa, Laurus Funds, Chart Venture Partners y Ripplewood Holdings. Hasta enero de 2009 se sentaba también en el consejo de Capmark, uno de los grandes actores del mercado inmobiliario comercial durante la burbuja, que quebró después de la crisis.

Hubbard cobró 100 000 dólares por testificar en favor de la defensa en el juicio contra dos gestores de hedge funds de Bear Stearns por hechos relacionados con la burbuja; en ambos casos, los acusados fueron absueltos. El encargo le llegó a través de Analysis Group, una de las grandes agencias de consultoría económica. Hubbard incluye a Analysis Group entre sus clientes, pero no divulga las identidades de los clientes últimos para quienes ha trabajado a través de Analysis Group. Tampoco incluía en su web de Columbia (en febrero de 2012) sus conferencias de pago. Ambas omisiones constituyen patentes violaciones de los nuevos requisitos de divulgación establecidos por la Escuela de Negocios de Columbia después del lanzamiento de mi documental[185]. Su agencia de conferencias, Harry Walker Agency, es, sin embargo, una de las pocas que da los nombres completos de algunos de sus clientes, en su apartado de reconocimientos («Ovaciones»). Algunos de los clientes que aplauden las habilidades oratorias de Hubbard son Alternative Investment Group, BNP Paribas, Massachusetts Bankers’ Association y Barclays Bank[186].

Mi entrevista grabada con Hubbard en 2009 contenía el siguiente intercambio:

C. F.: ¿Qué proporción existe entre sus ingresos personales, sus ingresos privados y su sueldo de la universidad?

Glenn Hubbard: Mis ingresos privados son muy superiores, porque escribo manuales, lo cual resulta mucho más lucrativo que ser profesor.

¿Manuales? No parece que la cosa vaya por ahí.

En 2011, Hubbard se convirtió en asesor económico sénior de la campaña presidencial de Mitt Romney.

Larry Summers. Summers es sin duda un hombre brillante, hijo de dos economistas y pariente de Paul Samuelson y Kenneth Arrow, dos de los mejores economistas del siglo pasado. Summers se convirtió en profesor titular en Harvard siendo aún muy joven y a estas alturas ha ostentado prácticamente todos los cargos gubernamentales importantes relacionados con la economía. Después de ejercer como economista jefe del Banco Mundial, fue sucesivamente subsecretario del Tesoro para asuntos internacionales, secretario asistente del Tesoro y finalmente secretario del Tesoro con la administración Clinton. Luego fue presidente de Harvard, con el apoyo de Robert Rubin, hasta que se vio obligado a abandonar el cargo en 2006. En 2009 fue nombrado director del Consejo Económico Nacional por la administración Obama; volvió a Harvard en 2011 como profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy.

No creo que Summers sea corrupto en ningún sentido grosero y literal del término. Más bien diría que su pensamiento ha sido corrompido por una arrogancia enorme y una necesidad desesperada de ganarse la admiración de los ricos y los poderosos. A pesar de mantener posiciones razonables acerca de muchas cuestiones, los errores de juicio y los compromisos éticos de Summers han ido ganando en gravedad con el tiempo. Por otro lado, sus puntos de vista sobre el sector financiero serían difíciles de distinguir de los de Lloyd Blankfein o Jamie Dimon, por ejemplo.

Periódicamente, Summers dice algo que no debería decir. En el Banco Mundial autorizó un memorando donde se sugería que los países ricos exportaran contaminación a los pobres; como presidente de Harvard sugirió que las mujeres tal vez fueran innatamente inferiores a los hombres en razonamiento científico. Sus decisiones políticas también resultan dudosas a veces: no decir nada de los abusos en la banca de inversión que fomentaron la burbuja de internet; colaborar con Robert Rubin y Alan Greenspan para echar abajo la separación entre la banca comercial y la de inversión impuesta por la Ley Glass-Steagall; unir fuerzas con Alan Greenspan para impedir la regulación de los derivados negociados en el mercado privado. Summers declaró ante el Congreso que «las partes que firman esta clase de contratos son principalmente sofisticadas instituciones financieras que parecen en general perfectamente capaces de protegerse a sí mismas de cualquier fraude o insolvencia de la otra parte»[187].

Esta última declaración coincidió en el tiempo con el rescate de Long-Term Capital Management de sus catastróficas insolvencias provocadas justamente por la clase de derivados que Summers se oponía a regular. Su oposición a Brooksley Born, entonces directora de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías, tal vez estuviera teñida del sexismo que luego contribuyó a su salida de la presidencia de Harvard. En 2005, cuando Raghuram Rajan dictó su premonitoria conferencia de Jackson Hole, Summers respondió a grandes voces que Rajan era un «ludita» y que su conferencia entera era un error.

Cuando Summers alcanzó la presidencia de Harvard, también comenzó a realizar trabajos de asesoría y a dar conferencias para empresas de servicios financieros. Al igual que la mayoría de las universidades importantes, Harvard no exige a los miembros de su claustro (o a sus presidentes) que revelen sus ingresos externos, por lo que no sabemos cuánto dinero ganó Summers. A día de hoy, su página de Harvard sigue sin revelar ninguno de sus clientes en su actividad como asesor o conferenciante. Pero sus ingresos procedentes del sector financiero eran ya probablemente importantes cuando era presidente de Harvard.

Poco después de verse obligado a dimitir como presidente y regresar a sus ocupaciones como profesor, Summers aceptó trabajar un día a la semana para D. E. Shaw, un importante hedge fund que le pagó más de 5 millones de dólares el año previo al ingreso de Summers en la administración Obama en 2009.

Su actividad al servicio del gobierno fue útil al menos en un sentido: la mayor parte de la información que tenemos acerca de sus actividades externas a Harvard procede de su declaración federal obligatoria, pues Harvard no ofrece ni exige ninguna información de esta clase. (El presidente y rector de Harvard declinó participar en una entrevista para mi documental y también responder a un cuestionario escrito). La declaración federal de Summers de 2009 reconocía un patrimonio neto de entre 17 y 39 millones de dólares. Sus ganancias totales en el año previo al ingreso en la administración fueron 7 813 000 dólares. De ellos, 1 729 000 procedían de conferencias, casi todas para compañías de servicios financieros; Goldman Sachs le pagó 135 000 dólares por una única conferencia. También recibió 45 000 dólares de Merrill Lynch por una conferencia realizada el 12 de noviembre de 2008, después del completo colapso financiero de Merrill y una semana después de la elección de Obama. Cuando se levantaron algunas voces críticas, Summers donó la suma pagada por Merrill Lynch a instituciones de caridad.

Un reportaje publicado en un blog del Asia Times sugiere que en el verano de 2007, justo después de que unos CDO con calificación AAA se cargaran un hedge fund de Bear Stearns, Summers seguía promocionando CDO propiedad de Shaw ante fondos soberanos asiáticos. De ser cierto, eso plantea una interesante pregunta: ¿estaba Summers ayudando a Shaw a ejecutar una estrategia parecida a la de Goldman para deshacerse de activos tóxicos ante compradores ingenuos? ¿O tal vez no comprendía todavía en 2007 la peligrosidad de esos activos[188]? En realidad, la respuesta a estas preguntas no es importante. Summers es un hombre lastrado por profundos conflictos de interés que debe la mayor parte de su fortuna y buena parte de su éxito político al sector de los servicios financieros, y que ha sido un factor importante en la toma de algunas de las decisiones de política económica más desastrosas de la última mitad de siglo.

En la administración Obama, Summers se opuso a la imposición de sanciones a los banqueros o a recortar sus ingresos. Nunca se ha retractado de ninguna de las decisiones o declaraciones que realizó entre 1995 y 2006. Y declinó ser entrevistado para mi documental, al igual que hicieron todos los demás miembros de la administración.

En 2011, dos profesores de Harvard decidieron proyectar mi documental en sus clases. Cuando Summers tuvo noticia de ello se puso en contacto con los profesores y reclamó su derecho a asistir a la clase y comentar el documental. Ellos accedieron a condición de que se me invitara a mí también. Cuando yo accedí a asistir, el profesor Summers decidió que después de todo no tenía ninguna necesidad de presentarse. En buena medida, Summers ha logrado evitar cualquier cuestionamiento directo acerca de su historial en el gobierno y sus implicaciones financieras.

A comienzos de 2012, sin embargo, Summers se vio finalmente obligado a responder algunas preguntas respecto a mi documental y a sus decisiones anteriores en el gobierno, aunque solo fuera brevemente, en una entrevista televisada en Gran Bretaña que luego fue colgada por el bloguero de Reuters Felix Salmon[189]. En la entrevista, Summers defiende su oposición a cualquier forma de regulación de los derivados OTC con el argumento de que el mercado de seguros de impago de deuda «esencialmente no existía» cuando él defendía tal política legislativa. Hay dos observaciones importantes que realizar en relación con este argumento. La primera es que la finalidad explícita de dicha política legislativa, y de los argumentos públicos de Summers en su favor en aquel momento, era la prohibición de cualquier regulación de cualquier derivado OTC, ya fuera pasado, presente o todavía por inventar. La legislación resultante fue acorde con esta idea e impidió al gobierno federal ejercer algún control sobre los instrumentos tóxicos; es más: dio luz verde al sector financiero para desarrollarlos. Pero, en segundo lugar, tal como Salmon apunta en su blog, Summers se equivoca totalmente en cuanto a los hechos. Los CDS no solo existían cuando se aprobó la legislación, sino que llevaban años inventados y en 2000, año en que se aprobó dicha legislación, suponían un mercado de 900 000 millones de dólares. En aquel momento se utilizaron como seguro —y como apuesta— ante la inminente caída de Enron[190].

En un momento posterior de la entrevista preguntan a Summers por mi documental. Este responde que «Inside Job se equivoca esencialmente en todos los hechos», tras lo cual procede a explicar que él personalmente no tenía ningún tipo de conflicto de interés financiero. Citaré literalmente su respuesta en la entrevista, sin editar nada:

Más allá de mis aciertos o desaciertos en la administración Clinton, no había ingresado sumas significativas de dinero antes de trabajar para ella, ni tampoco en los cinco años posteriores a mi salida de ella, en relación con el sector financiero, de modo que cualquier insinuación de que lo que hice en la administración Clinton tenía que ver con algún tipo de lealtad hacia el sector financiero resulta absurda. Se puede discutir si mis decisiones fueron buenas o malas, pero no fueron el resultado de ninguna proximidad con el sector financiero, porque tal proximidad no existía antes ni después.

Sin embargo, es Summers quien se equivoca sobre los hechos al menos en un aspecto más. Contra lo que afirma en la entrevista, Summers no esperó cinco años después de salir de la administración Clinton antes de empezar a ganar dinero en el sector financiero. Es cierto que no inició su relación más lucrativa (su asesoría de D. E. Shaw) hasta su dimisión de Harvard en 2006, pero sabemos que comenzó a realizar labores de asesoría para un importante hedge fund, Taconic Capital Advisors, en 2004 (mientras todavía era presidente de Harvard), un hecho que no salió a la luz hasta abril de 2009, gracias a un artículo de The New York Times[191]. De hecho, tal como desvela el mismo artículo del Times, Summers recomendó posteriormente a uno de sus clientes del hedge fund para un cargo importante en la administración Obama.

Es posible que Summers mantuviera otras relaciones con el sector financiero. No obstante, no sabemos nada más acerca de las actividades exteriores de Summers entre 2001 y 2008 porque Harvard no exigía (y sigue sin exigir) su divulgación, y el propio Summers no las ha revelado nunca. Tanto Harvard como Summers denegaron todas mis demandas de información en este sentido.

Summers sigue trabajando como asesor y conferenciante para diversos grupos financieros. Su página web de Harvard sigue sin divulgar ninguna de sus actividades externas retribuidas, y poco se sabe acerca de ellas[192]. No obstante, en junio de 2011, Summers anunció el inicio de una relación de asesoría con la sociedad de capital riesgo Andreessen Horowitz, y a comienzos de 2012 la página de Summers en la web de su agencia de conferencias incluía reconocimientos de siete clientes. Todos menos uno (la Regent University) pertenecían al sector financiero; entre ellos figuraban el Texas Pacific Group, la Chinese Finance Association, Charles River Ventures y la revista Institutional Investor[193]. Summers no ha desvelado las identidades de sus demás clientes.

Frederic Mishkin. Mishkin obtuvo su doctorado en economía del MIT en 1976 y es actualmente profesor de banca y finanzas en la Escuela de Negocios de Columbia. Mishkin también fue durante dos años director de investigaciones de la Reserva Federal de Nueva York, y de septiembre de 2006 a agosto de 2008 formó parte de la junta de gobernadores del sistema de la Reserva Federal.

Cuando entrevisté a Mishkin para mi documental, se mostró evasivo en relación con su artículo de 2006 titulado «Financial Stability in Iceland (Estabilidad financiera en Islandia)». Y tenía razones para adoptar tal actitud, pues el asunto es extraordinariamente embarazoso. La Cámara de Comercio islandesa le pagó más de 120 000 dólares por escribirlo, un pago que solo reconoció cuando se vio obligado a ello, en la declaración financiera federal requerida por el Consejo de la Reserva Federal.

El artículo de Mishkin daba legitimidad y renovada energía a uno de los fraudes financieros más importantes del mundo, que se llevó por delante un país entero. Islandia, con una población de 320 000 personas, fue hasta hace poco una próspera democracia con tasas muy bajas de desempleo y niveles moderados de deuda. Pero entonces llegó un nuevo gobierno conservador que en 2001 decidió privatizar y desregular los tres principales bancos islandeses.

Los nuevos propietarios de esos bancos abandonaron casi inmediatamente toda prudencia y hasta todo respeto por la ley, en una fiesta de dinero a crédito y gasto desenfrenado. En siete años tomaron prestados más de 125 000 millones de dólares, más o menos un millón de dólares por cada ciudadano adulto del país. Buena parte de este dinero fue prestado a su vez a «fondos de inversión» y sociedades tapadera propiedad de las familias y los amigos de los banqueros. De repente, todo eran yates, aviones privados y lujosos áticos en Nueva York, hoteles de lujo, conciertos privados y fiestas grandiosas. En 2006, los «activos» bancarios —los créditos que los bancos habían concedido con el dinero que habían tomado prestado— equivalían ya al 350 por ciento del PIB de Islandia. Durante todo este proceso, las autoridades financieras del país no hicieron nada en absoluto: en total tenían menos de 40 empleados, incluyendo el personal administrativo, y un tercio trabajaba para los propios bancos. La bolsa, dominada por las acciones bancarias, subía sin parar, pues los bancos usaban dinero prestado para comprar sus propias acciones. Buena parte del proceso era un esquema Ponzi, en el que se empleaba nuevo dinero prestado para sostener las insostenibles posiciones de los bancos. En marzo de 2006, los analistas de un banco danés escribieron que «Islandia da peores resultados en todos los indicadores que Tailandia antes de su crisis de 1997»[194]. Este era el contexto a mediados de 2006, cuando el profesor Mishkin escribió: «Islandia no es una economía emergente [y] cualquier comparación de Islandia con países emergentes, como Tailandia y Turquía, es a la vez simplista y totalmente errónea». Y proseguía:

Islandia, en cambio, posee excelentes instituciones: la calidad de su burocracia y sus bajos niveles de corrupción, como hemos visto, la sitúan entre los países mejor gobernados del mundo, tal como vimos en el capítulo que dedicamos a realizar un repaso general del país. En contraste con la inadecuada supervisión prudencial en países que han experimentado inestabilidades financieras, los supervisores islandeses son considerados honestos y competentes. Sus declaraciones en el sentido de que el sistema bancario islandés es seguro no deberían ponerse en tela de juicio[195].

Mishkin y su informe se pasearon ante los medios y los sectores financieros tanto de Islandia como de Estados Unidos, y contribuyeron a que los bancos islandeses siguieran encontrando crédito durante algo más de tiempo. Los bonos de los bancos islandeses se incorporaron incluso a varios CDO emitidos durante la burbuja por bancos estadounidenses. De este modo, los banqueros pudieron prolongar su esquema Ponzi hasta 2008; pero, cuando comenzó la crisis financiera global, la insolvencia de Islandia se hizo inmediatamente patente y sus pérdidas bancarias se dispararon hasta los 100 000 millones de dólares. El desempleo se triplicó en seis meses, y el país afronta actualmente un panorama de décadas de penuria económica, además de disputas crónicas con países y bancos extranjeros que perdieron dinero con el fraude. Las investigaciones posteriores a la crisis revelaron que los «excelentes» supervisores prudenciales imaginados por Mishkin no habían sido capaces de detectar groseras malversaciones y otros delitos cometidos por los banqueros y sus compinches en los fondos de inversión.

Después de la crisis, Mishkin falseó el título de su informe en su currículum vítae: «La estabilidad financiera en Islandia» se convirtió en «La inestabilidad financiera en Islandia». En un artículo publicado en el Financial Times en respuesta a mi documental, Mishkin pretendía que se creyera que aquello había sido un error tipográfico puntual que había sido corregido tiempo atrás. Pero es mentira: descargué su currículum vítae de su página web de Columbia la mañana misma de nuestra entrevista.

Los demás escritos de Mishkin manifiestan una similar generosidad con el sector financiero. En 2003 escribió un artículo titulado «Policy Remedies for Conflicts of Interest in the Financial System (Remedios gubernativos para los conflictos de interés en el sector financiero)». En este artículo, Mishkin viene a decir básicamente que no hay de qué preocuparse. Por ejemplo, aunque pueda parecer que las agencias de calificación tienen conflictos de interés —conceder elevadas calificaciones a los títulos emitidos por clientes poderosos redunda en beneficio de su negocio—, Mishkin concluye que «hay pocos indicios de que las agencias de calificación cedan a tales conflictos de interés», pues aprovecharse de su posición «iría en contra de la credibilidad de sus calificaciones […] y tendría como consecuencia una onerosa pérdida de reputación»[196].

El año antes de ingresar en el consejo de la Reserva Federal, el sueldo de Mishkin en Columbia (por medio año) era de 232 000 dólares, y cobró royalties y adelantos por sus libros de texto por valor de 522 000 dólares. Sus ingresos totales por trabajos de asesoría, Islandia incluida, ascendieron a 274 000 dólares, y cobró otros 30 000 en concepto de conferencias, lo que supone unos ingresos totales de 1 058 000 dólares. También poseía activos valorados entre 6 740 103 y 21 356 000 dólares. Cuando le pregunté si había realizado trabajos de consultoría para alguna institución financiera después de dejar la Reserva Federal, respondió que sí pero que no quería hablar de esa cuestión[197].

Al igual que Summers y otras figuras destacadas que encontraremos a continuación, Mishkin participa también en el circuito de las conferencias. Y en este punto puedo felicitarme por uno de los efectos positivos de mi documental. Tal como señalé antes, después del lanzamiento de Inside Job la Escuela de Negocios de Columbia (y varias otras organizaciones académicas) adoptaron finalmente algunas políticas de transparencia. Columbia sigue sin exigir la divulgación de los importes de los ingresos externos, pero ya conmina a sus profesores a que divulguen la identidad de sus clientes. He aquí la relación ofrecida por Mishkin de los clientes que le contrataron para dar conferencias entre 2005 y febrero de 2012:

ACLI

Bank of America

Barclays Capital

Bidvest

BNP Paribas

Brevan Howard

BTG Asset Management

CME Group

Deloitte

Deutsche Bank

Fidelity Investments

Freeman and Co.

Futures Industry Association

Goldman Sachs

Goodwin Proctor

Handelsbanken

International Monetary Fund

Kairos Investments

Lexington Partners

Miura Global

National Business Travel Association

NRUCF

Penn State University

Pension Real Estate Association

Premiere, Inc.

Shroeder’s Investment Management

Treasury Management Association

Tudor Investment

UBS

Urban Land Institute

Villanova University

Richard Portes. A pesar de ser estadounidense, Richard Portes es uno de los economistas más eminentes de Europa. Es profesor de economía en la Escuela de Negocios de Londres, y fundador y director del Centro para la Investigación en Política Económica, aparte de ostentar varios otros cargos.

Además de todo lo anterior, en 2007, el profesor Portes se convirtió, igual que Mishkin, en otro feliz asesor de la Cámara de Comercio islandesa, y en noviembre del mismo año publicó un ensayo titulado «The Internationalization of Iceland’s Financial Sector (La internacionalización del sector financiero islandés)», en colaboración con un profesor de economía de la universidad de Reikiavik. Solo un año más tarde, Islandia se vino abajo. Pero Portes era si acaso aún más positivo que Mishkin y no parecía impresionado por el hecho de que los «activos» de los bancos islandeses alcanzaran el 800 por ciento del PIB. Su artículo y la presentación en Power Point correspondiente están llenos de frases como: «La internacionalización del sector financiero islandés es un éxito de primer orden» y «La volatilidad financiera no es una amenaza». Todavía en 2008, Portes seguía apareciendo ante los medios para cantar las excelencias de los bancos islandeses. En julio de 2008, tres meses antes de la implosión, Portes escribió un artículo de opinión en el Financial Times en el que no reconocía en ningún momento haber recibido dinero de la Cámara de Comercio islandesa, sino que se dedicaba a criticar duramente a otro economista, Robert Wade, que había escrito recientemente otro ensayo titulado «Iceland Pays the Price for Financial Excess (Islandia paga el precio de los excesos financieros)». He aquí un extracto de la respuesta de Portes:

Islandia no podía salir adelante con «el nivel de regulación más bajo posible». Ha tenido que aplicar exactamente la misma legislación y marco regulador que los demás miembros de la Unión Europea, y su Autoridad de Servicios Financieros es altamente profesional. El profesor repite el lugar común de que los bancos islandeses «operaban como hedge funds».

El artículo de Portes concluye:

Los bancos islandeses no tenían prácticamente ninguna exposición a los títulos tóxicos que sí compraron todos los demás bancos. Los demás comentarios del profesor Wade son políticos, rumorología incluida. Combinada con la falta de rigor de los datos que emplea, da un resultado lamentable en el actual contexto de fragilidad de los mercados financieros internacionales. El profesor Wade preferiría que los islandeses adoptaran «un modelo más escandinavo». Sin duda es un consejo bien intencionado, pero no debería sorprendernos que los islandeses lo ignorasen.

Eso se escribió el 4 de julio de 2008. En octubre de ese mismo año, los bancos islandeses se hundieron, y muchos de sus directivos huyeron a Londres. Algunos de ellos incluso tuvieron que vender sus aviones privados, yates y áticos, aunque los que no han sido arrestados parecen seguir viviendo muy confortablemente. Algunos de ellos, sin embargo, han sido arrestados y están a la espera de juicio. Entre los acusados se encuentra el exconsejero delegado de dos de los tres grandes bancos, y también el exprimer ministro, Geir Haarde.

El currículum vítae del profesor Portes declara que es asesor de dos hedge funds. También se mueve en el circuito de las conferencias. Su página web de conferenciante le presenta del siguiente modo, aparentemente sin ninguna ironía:

Richard Portes es un economista que destaca por su perspectiva global y sus penetrantes análisis de los mercados financieros. Es un experto reconocido en ingeniería financiera y en los diversos derivados exóticos —y a menudo tóxicos— inventados por Wall Street[198].

Laura D’Andrea Tyson. Tyson obtuvo su doctorado en economía en el MIT en 1974, y posteriormente enseñó en Princeton, MIT, la Escuela de Negocios de Harvard y UC Berkeley. Fue decana de la Escuela de Negocios Haas en UC Berkeley, y luego de la Escuela de Negocios de Londres, antes de regresar a Berkeley como profesora universitaria. Durante la administración Clinton fue presidenta del Consejo de Asesores Económicos y posteriormente directora del Consejo Económico Nacional. Poco después de abandonar la administración, Tyson entró en el consejo de Morgan Stanley, que le pagaba 305 000 dólares anuales, y también en el de Ameritech, una empresa telefónica monopolística regional que fue más tarde adquirida por AT&T; actualmente se sienta en el consejo de AT&T, así como en varios otros consejos.

Según las declaraciones de la SEC, en el año 2011, Tyson ingresaba 784 000 dólares anuales entre efectivo y acciones por sus cargos en empresas cotizadas[199]. Tyson también ha sido asesora de Credit Suisse y de un fondo de capital inversión asiático, y es miembro del mismo Comité para la Regulación de los Mercados de Capitales del que Glenn Hubbard es copresidente. También ha sido principal del Grupo Consultivo sobre Derecho y Economía. Tyson también sirve en los consejos y los comités asesores de un buen número de organizaciones no lucrativas, como el Peterson Institute, la Brookings Institution y el Center for American Progress.

Tyson ha realizado escasas declaraciones públicas acerca de la crisis, y cuando ha abordado el tema ha hecho vagas referencias a la codicia, el desenfreno y las burbujas.

Tyson también está en el circuito de las conferencias. Su agencia de conferencias (la Harry Walker Agency) identifica a algunos de sus clientes. Su página web dedicada a Tyson incluye sentidos reconocimientos de clientes pasados. Entre ellos Wescorp, una cooperativa de ahorro y crédito nacionalizada por las autoridades federales en 2009; la Asociación Petroquímica Europea; Northern Telecom; Commercial Real Estate Women de San Francisco; el vicepresidente de asuntos gubernamentales de Siemens Corporation; Nomura Securities, y Callan Associates, una consultora de inversión[200]. UC Berkeley no impone ningún requisito de divulgación de las actividades o los ingresos externos, de modo que no sabemos nada de los ingresos de Tyson por sus conferencias ni de las identidades de sus demás clientes.

Martin Feldstein. Feldstein es uno de los economistas más importantes de Estados Unidos; profesor en Harvard, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos en la administración Reagan y durante casi treinta años fue presidente de la Oficina Nacional de Investigación Económica, la organización más grande y reconocida en el campo de la economía.

El profesor Feldstein también formó parte durante más de veinte años del consejo de administración de AIG y de AIG Financial Products, una relación que solo terminó con el colapso de AIG y la sustitución de su consejo de administración. Y aunque ha escrito más de 300 artículos sobre los temas más variados, no encontrará ninguno dedicado a los peligros de los seguros de impago de deuda desregulados, el sistema de retribuciones en el sector financiero o la laxitud de la gobernanza corporativa. Feldstein también realiza gran cantidad de conferencias pagadas. La web de su agencia de conferencias le presenta como un experto en la crisis inmobiliaria, de nuevo sin aparente ironía; en ningún momento se menciona su pertenencia al consejo de AIG[201].

He aquí un extracto no editado de mi entrevista grabada con Feldstein (algunos fragmentos aparecen en mi documental):

C. F.: ¿Cree usted que el sector de los servicios financieros ha tenido excesiva influencia sobre las políticas gubernamentales?

Feldstein: Todos los sectores tratan de influir sobre las decisiones de Washington que los afectan. Las compañías aéreas, los servicios financieros, todos. No, no diría que ha sido excesiva. Pienso que las decisiones que se adoptaron para cambiar, para relajar ciertas regulaciones, ya se trate de la regulación Illinois que imponía una única rama de actividad o la Ley Glass-Steagall, eran decisiones que contaban con un amplio consenso intelectual en la profesión económica, de modo que si dichos cambios se llevaron a cabo no fue por la influencia de ningún lobby oscuro y secreto del sector financiero.

C. F.: Tal vez no fuera oscuro y secreto, pero a lo largo de la última década el sector de los servicios financieros ha realizado contribuciones políticas por valor de unos 5000 millones de dólares en Estados Unidos. Eso es mucho dinero. ¿No le parece preocupante?

Feldstein: No.

C. F.: ¿Cree usted que el sector de los servicios financieros tiene excesiva influencia sobre la economía como disciplina?

Feldstein: Diría que no. Ni siquiera consigo entender en qué está pensando cuando me hace esa pregunta. Pienso en mis colegas… No se me ocurre siquiera de qué modo podrían estar influidos. La mayoría de ellos no tienen ninguna relación con el sector de los servicios financieros.

Hal Scott. Al igual que Laura Tyson y Glenn Hubbard, Scott forma parte del Comité para la Regulación de los Mercados de Capitales. También se sienta en el consejo de Lazard, un banco de inversión que tuvo unos ingresos de 1900 millones de dólares en 2012, una cifra modesta para los estándares actuales. El profesor Scott presta testimonio a menudo en el Congreso, la mayoría de las veces para insistir sobre los peligros de un exceso de regulación financiera. En 2011, por ejemplo, hizo hincapié en la necesidad de interpretar de forma restrictiva la regla Volcker, que limitaba las operaciones con fondos propios de los bancos[202].

A comienzos de 2012, Scott habló públicamente en contra de la SEC y en favor del Carlyle Group, cuando este trató de incluir en su oferta pública de acciones una provisión que habría impedido a los accionistas presentar ninguna demanda colectiva contra la oferta. La SEC bloqueó el proyecto, y Carlyle lo retiró poco después[203]. Scott se negó a ser entrevistado en el documental y no respondió a un cuestionario escrito en relación con sus actividades e ingresos externos.

John Campbell. Cuando entrevisté a Campbell para mi documental en 2009, acababa de ser nombrado presidente del departamento de economía de Harvard. Campbell es un destacado especialista en finanzas, expresidente de la Asociación Americana de Finanzas. Campbell no está tan implicado en el poder y la política como Larry Summers, Laura Tyson o Martin Feldstein. Es más bien un ejemplo del entorno académico creado por la influencia del sector financiero. Cuando le pregunté por las causas de la crisis me dio una extensa y lúcida respuesta en la que la palabra desregulación no aparecía ni una sola vez. Cuando luego le pregunté por el problema de los conflictos de interés en economía se mostró alternativamente displicente y defensivo. He aquí algunos extractos de mi entrevista con él:

C. F.: Así pues, ¿impone Harvard algún requisito de divulgación de conflictos de interés financieros en sus publicaciones?

Campbell: No que yo sepa.

C. F.: ¿Cree usted que podría ser una buena idea?

Campbell: Tendría que pensarlo.

Y luego:

C. F.: ¿Exige usted que los colaboradores informen de las compensaciones recibidas por actividades externas y del importe de estas?

Campbell: No.

C. F.: ¿No le parece que eso es un problema?

Campbell: No veo por qué.

Y luego:

C. F.: Supongamos que usted va al médico. Su médico le dice: «Tome esta medicina». Luego se entera de que su médico recibe el 80 por ciento de sus ingresos del fabricante de esa medicina. ¿No le parece preocupante en absoluto?

Campbell: Pienso que los médicos están en una posición más parecida a la de los reguladores. Los médicos realizan una labor clínica, ¿correcto? En la práctica están tomando decisiones gubernativas a pequeña escala. Pienso que no es una buena analogía.

C. F.: De acuerdo, pues cambiemos de analogía. Un investigador médico escribe un artículo donde asegura que para tratar tal enfermedad hay que prescribir tal medicamento. Luego resulta que el médico obtiene el 80 por ciento de sus ingresos personales del fabricante de ese medicamento. ¿Le parece un problema?

Campbell: Ciertamente pienso que es importante revelar los… Pero pienso que eso también es un tanto distinto de los casos de los que hemos estado hablando aquí, porque…

C. F.: ¿Me dejaría ver usted los informes anuales de actividades externas de su profesorado?

Campbell: Es que yo no tengo acceso a ellos. Solo el decano lo tiene. Yo conozco las mías, pero no veo las de nadie más.

C. F.: ¿Son información pública?

Campbell: No.

El punto de vista de Campbell es el dominante en las universidades estadounidenses, la mayoría de las cuales no revelan las actividades externas de su profesorado, o incluso de los cargos rectores de la universidad. Cada vez más hay administradores y presidentes de universidades con estrechas relaciones con empresas de servicios financieros.

Hasta 2009, Ruth Simmons, siendo presidenta de la Universidad de Brown, se sentaba en el consejo de administración de Goldman Sachs. Fue sustituida por Debora Spar, presidenta del Barnard College de la Universidad de Columbia, que sigue formando parte del consejo de Goldman en 2012. La especialidad académica previa de la doctora Spar era el estudio de los cárteles internacionales, unos conocimientos que sin duda deben serle de utilidad. Carol Christ, presidenta del Smith College, estaba en el consejo de Merrill Lynch hasta que la entidad fue adquirida por Bank of America en 2009. Susan Hockfield es presidenta del MIT desde 2004; en 2012 anunció su intención de dimitir cuando se le encontrara un sustituto. Lleva en el consejo de General Electric [GE] desde comienzos de 2007. Aunque GE se suele ver como una compañía industrial, depende fuertemente de las finanzas en dos sentidos. En primer lugar, su subsidiaria GE Capital estuvo muy implicada en la burbuja y aportó casi la mitad de los beneficios corporativos de GE durante la burbuja. Mientras duró la crisis, GE Capital perdió grandes sumas de dinero, en gran medida por culpa de sus actividades relacionadas con la burbuja. (En 2004, por ejemplo, GE adquirió WMC Mortgage, la sexta entidad de crédito subprime más importante de Estados Unidos). En segundo lugar, GE es una de las empresas más agresivas en el empleo de ingeniería legal y financiera para la evitación de impuestos.

Sin embargo, los servicios financieros no son el único sector que contrata a presidentes universitarios. Shirley Jackson, residente del Instituto Politécnico Rensselaer, se sienta en siete consejos de administración, entre ellos los de IBM, Federal Express y Marathon Oil.

Todos estos conflictos de interés en el ámbito universitario reaparecen con inquietante claridad en posteriores designaciones para cargos gubernamentales. En efecto, la mayor parte de lo que sabemos acerca de los conflictos de interés académicos procede de los requisitos gubernamentales de divulgación: ante la SEC en el caso de las empresas cotizadas, ante las agencias reguladoras y el gobierno federal cuando los profesores ingresan en el gobierno. Por ejemplo, el economista jefe de la división antitrust del Departamento de Justicia es habitualmente un profesor de economía. Las tres personas que han ostentado el cargo son Cal Shapiro, Daniel Rubinfeld y Richard Gilbert, todos ellos profesores de economía en UC Berkeley. Los tres han realizado numerosos encargos de consultoría sobre este tema para empresas de telecomunicaciones o energía, o ambas, tanto antes como después de servir en el gobierno. Rubinfeld y Gilbert fueron cofundadores del Grupo Consultivo de Economía y Derecho (Law and Economics Consulting Group, LECG). Cuando Gilbert fue designado economista jefe del Departamento de Economía, tuvo que vender un gran paquete de acciones del LECG; pero dos años más tarde, tan pronto como salió del Departamento, lo compró nuevamente. Unos años más tarde, tanto él como Rubinfeld abandonaron el LECG para fundar su propia empresa, que fue adquirida posteriormente por Compass Lexecon, actualmente una empresa grande e importante, en particular en la consultoría antitrust. Compass Lexecon también representó a Angelo Mozilo cuando la SEC presentó cargos contra él por fraude; la newsletter de la empresa en 2010 declara orgullosamente: «Tras las deposiciones, los acusados llegaron a un acuerdo favorable con la SEC poco antes del juicio, que fue ampliamente descrito como un “tirón de orejas” en la prensa»[204].

Las principales empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos —en particular AT&T y Verizon, que todavía conservan importantes posiciones monopolísticas— han sido extraordinariamente exhaustivas en la compra de apoyos. Entre los economistas que realizan trabajos de asesoría para ellos, y a menudo escriben y dan testimonio en el Congreso sobre políticas públicas en el campo de las telecomunicaciones u ostentan cargos en el gobierno, figuran personas tan destacadas como Jerry Hausman del MIT, Robert Crandall de Brookings, Paul Macavoy de Yale, Gregory Sidak de la Universidad de Tilburg, Carl Shapiro de UC Berkeley, Peter Temin del MIT, David Teece de UC Berkeley y muchos… muchos otros. Hace algunos años hablé con algunos altos responsables de la división antitrust del Departamento de Justicia acerca de posibles acciones antitrust contra AT&T y Verizon. Me dijeron que una barrera importante para emprender cualquier acción de este tipo era que no habría prácticamente ningún economista destacado en el campo de las telecomunicaciones dispuesto a dar testimonio en favor del gobierno, pues prácticamente todos trabajaban para dichas empresas, por precios entre 10 y 50 veces superiores a las tarifas de asesoría del gobierno. Tal como veremos en el próximo capítulo de este libro, la cuestión de las telecomunicaciones es de gran importancia. Estados Unidos ocupa actualmente el vigésimo lugar en el mundo en despliegue de banda ancha, y sigue perdiendo posiciones frente a otros países de Europa y Asia. Teniendo en cuenta que el despliegue de banda ancha es un factor crucial para el crecimiento económico futuro, así como para la reducción de las emisiones de efecto invernadero y la dependencia de los suministros de petróleo desde el extranjero, es una carencia importante para Estados Unidos. La ineficiencia, la concentración estructural y el poder político del sector de las telecomunicaciones estadounidense contribuyen a este estado de cosas. Sin embargo, los economistas contratados por la industria la han defendido siempre frente a cualquier acción reguladora o antitrust que pudiera incrementar la competencia.

Otras industrias que hacen un uso importante de las mismas técnicas, y que en muchas ocasiones implican a las mismas personas y a las mismas empresas, son la energía (por supuesto), varias industrias relacionadas con la sanidad y el software. Richard Schmalensee, profesor y exdecano de la Escuela de Negocios Sloan del MIT, fue el principal testigo económico de Microsoft en su juicio antitrust; en el curso de su testimonio surgieron contradicciones patentes con su propio trabajo académico previo. Schmalensee declaró que los elevados márgenes de beneficio de Microsoft no eran indicativos de una posición monopolística, cuando antes había escrito justamente lo contrario. En 2004, Steven Weber, un profesor de UC Berkeley, publicó un libro acerca del movimiento del software de código abierto titulado The Success of Open Source («El éxito del código abierto»). La obra describía cómo el activismo no comercial, de abajo arriba, había producido software de código abierto de gran éxito, como Linux. El libro no mencionaba en ningún punto que buena parte del movimiento de código abierto ha sido financiado por IBM, Hewlett-Packard, Dell, Google y otras grandes empresas para reducir el poder de rivales como Microsoft y Oracle. Tampoco decía nada sobre el hecho de que el profesor Weber estaba realizando en aquel momento labores de asesoría para IBM precisamente sobre esta misma cuestión.

El fenómeno de pagar a profesores por defender ciertas políticas públicas ha comenzado a extenderse más allá de la economía y el derecho para introducirse en las ciencias políticas y la política exterior. El caso reciente más extraordinario, aunque no el único, tiene que ver con Libia. En 2006, Muamar el Gadafi, dictador de Libia durante más de 40 años hasta su derrocamiento y ejecución en 2011, decidió que había llegado el momento de mejorar su imagen. Y resultó que había una extraordinaria colección de eminentes académicos británicos y estadounidenses dispuestos a ayudarle en esa tarea.

La Libia de Gadafi, qué lugar tan maravilloso

Anthony Giddens es famoso en el mundo académico. Lleva muchos años enseñando en la Universidad de Cambridge y fue director de la Escuela de Economía de Londres (London School of Economics, LSE), además de asesor del primer ministro Tony Blair y del «Nuevo Laborismo». En 2007, Giddens escribió una columna en The Guardian titulada «Una conversación con el coronel», en la que describía una entrevista con Gadafi. Giddens dice que fue a Libia «con David Frost y el profesor Benjamin Barber, un célebre teórico de la democracia, con el fin de entrar en debate con Gadafi» e investigar la sinceridad de sus nuevas actitudes políticas. Tras describir a Gadafi como «una figura imponente, ataviada con una túnica dorada», Giddens concluía lo que sigue:

Dentro de lo que son los Estados unipartidistas, Libia no es especialmente represiva. Gadafi parece gozar de genuina popularidad. Nuestro debate acerca de los derechos humanos giró principalmente alrededor de la libertad de prensa. ¿Estaría dispuesto a permitir la expresión de una mayor diversidad de opiniones en el país? Por el momento, no existe nada parecido a eso. Pues bien, pareció confirmar que sí estaría dispuesto. Da la impresión de que casi cada casa en Libia tiene una antena parabólica. Y todo indica que en pocos años internet se habrá extendido por todo el país. Gadafi habló de apoyar un plan que pondría ordenadores con acceso a internet a 100 dólares la unidad a disposición de todos los ciudadanos, empezando por los escolares.

¿Acaso solo podrá haber progresos cuando Gadafi abandone el escenario? Tiendo a pensar lo contrario. Si su voluntad de cambio es sincera, como creo que es, podría tener un papel importante para amortiguar los conflictos que pudiesen surgir de otro modo cuando la modernidad arraigara. Mi futuro ideal para Libia es que en dos o tres décadas pueda llegar a ser la Noruega del Norte de África: un país próspero, igualitario y con la vista puesta en el futuro. No es un ideal fácil de conseguir, pero tampoco es imposible[205].

Giddens no mencionaba al estudiante de medicina palestino y al grupo de enfermeras búlgaras que Gadafi retenía desde hacía largo tiempo bajo sentencia de muerte con la absurda acusación de haber infectado intencionadamente a cientos de niños con el sida. Pero cuando Gadafi finalmente liberó a las enfermeras unos meses más tarde, el compañero de Giddens, Benjamin Barber, profesor en Rutgers, escribió en The Washington Post:

Calificado hasta hace poco tiempo como un déspota implacable, Gadafi es un pensador complejo y flexible además de un autócrata eficiente, aunque sereno. A diferencia de casi todos los líderes árabes ha demostrado una extraordinaria capacidad para reinventar el papel de su país en un mundo cambiante y cambiado.

Digo todo esto por experiencia. En el curso de varias conversaciones cara a cara mantenidas a lo largo del último año, Gadafi me dijo repetidamente que Libia deseaba un sincero acercamiento con Estados Unidos y que cuestiones como [las enfermeras] —así como el pago final aún pendiente a las familias del atentado de Lockerbie, en Escocia— pronto estarían resueltos. Y vean: las enfermeras ya están en libertad[206].

Un poco más tarde ese mismo año, Joseph S. Nye, exdecano de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard y exsecretario asistente de Defensa, también habló de una visita a Gadafi, quien asombrosamente le mostró durante esta unos cuantos ejemplares del último libro del profesor, Soft Power («Poder blando»). Nye escribió en The New Republic: «No cabe duda de que [Gadafi] actúa de forma distinta en el escenario mundial de como lo hacía en décadas anteriores. Y el hecho de que dedicara tanto tiempo a discutir sobre ideas —incluido el poder blando— con un profesor invitado sugiere que está buscando activamente una nueva estrategia»[207].

Nye al menos fue honesto, a diferencia de la mayoría de los demás. Reconoció voluntariamente que había visitado a Gadafi porque una consultora llamada Monitor Group le había pagado por ello. En 2011, la revista Mother Jones reveló que Monitor había sido contratada por Gadafi para mejorar su imagen pública; Monitor cobró 3 millones de dólares por el trabajo[208]. Las conversaciones «cara a cara» que Barber describía en su artículo del Post —como si se encontrara casualmente por la región y Gadafi le invitara a pasar por su casa— formaban parte de una campaña de relaciones públicas. (Barber también entró en el consejo de la Fundación Saif Gadafi para el Desarrollo Internacional, bautizada con el nombre del hijo del dictador, y formó parte de él hasta febrero de 2011, cuando dimitió tras la violenta represión de las manifestaciones en Libia). Monitor también arregló las cosas para que otro profesor de Harvard, Robert Putnam, visitara al coronel. En aquel momento, todas estas personas estaban perfectamente dispuestas a ser utilizadas por Monitor a cambio de unos honorarios. Putnam reveló voluntariamente que había cobrado por ello, aunque no mencionó que formaba parte de una campaña de relaciones públicas libia orquestada por Monitor. Más tarde dijo lamentar haberlo hecho. Giddens y Barber ni siquiera reconocieron haber cobrado dinero, y menos aún mantener ninguna relación con Monitor, y se han negado a hablar de sus honorarios.

El Monitor Group fue fundado en 1983 por el profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard. Inicialmente, su actividad se centraba en la estrategia empresarial, el terreno primario de Porter, pero Monitor se expandió más tarde a la consultoría para gobiernos extranjeros. De hecho, la empresa estaba trabajando para Jordania, también con el fin de mejorar su imagen pública, al mismo tiempo que lo hacía para Gadafi. En ambos casos, Monitor estaba violando la ley por no registrarse como agente extranjero. Nadie puede «actuar como consejero de relaciones públicas, agente de publicidad, empleado de un servicio de información o consultor político» de un gobierno extranjero en Estados Unidos sin registrarse previamente. En su página web, el Departamento de Justicia declara que la ley «facilita la evaluación por parte del gobierno y del pueblo americano de las declaraciones y las actividades de tales personas a la luz de su función como agentes extranjeros»[209]. Precisamente. Esa es la finalidad de la divulgación.

Giddens, Barber, Putnam, Nye y Monitor no fueron los únicos en echarle una mano a Libia. El hijo y heredero aparente de Gadafi, Saif, asistió a la Escuela de Economía de Londres. El profesor David Held se sentaba en el consejo de la Fundación Saif Gadafi mientras ejercía de director de la tesis de Saif Gadafi. La LSE dio a Saif Gadafi su doctorado poco después de que Gadafi se comprometiera a donar aproximadamente 2,5 millones de dólares a la escuela y de que el gobierno libio firmara con la LSE un contrato adicional de formación para funcionarios del gobierno. En marzo de 2011, el director de la LSE, Howard Davies, presentó su dimisión por lo que calificó de «decisiones erróneas». Monitor admitió más tarde que había ayudado a Saif Gadafi con su tesis, que al parecer contenía elementos sustanciales de plagio.

Las consecuencias

El problema de la corrupción académica está hoy tan profundamente arraigado que las disciplinas mencionadas, así como las principales universidades estadounidenses, se encuentran gravemente distorsionadas. Cualquiera que se planteara rebelarse contra esta tendencia tendría buenas razones para temer por su carrera. Consideremos la siguiente situación: eres un estudiante de posgrado, o un profesor asociado, y en algún momento de la última década te planteas realizar algún tipo de estudio sobre, por ejemplo, el efecto de las estructuras retributivas sobre la asunción de riesgos en los servicios financieros, o el impacto potencial de las exigencias de transparencia en el mercado de seguros de impago de deuda. El presidente de tu universidad es… Larry Summers. El presidente de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas es… Martin Feldstein. La presidenta de tu departamento es… Laura Tyson, o Glen Hubbard, o Richard Schmalensee, o John Campbell. O supongamos que te encuentras en el MIT y quieres estudiar el declive del pago de impuestos por parte de las empresas a lo largo del último cuarto de siglo. La presidenta del MIT es Susan Hockfield, miembro del consejo de GE, una empresa que ha conseguido no pagar ningún tipo de impuesto societario durante varios años a pesar de tener miles de millones de dólares anuales en beneficios.

O supongamos que formas parte del think tank dirigido por el Consejo de Relaciones Exteriores: tal vez influiría sobre ti el hecho de que Robert Rubin sea el copresidente de dicho consejo. Y que entre sus miembros figuren también Stephen Friedman, miembro del consejo de Goldman Sachs; Henry Kravis, de KKR, y David Rubinstein, del Carlyle Group. O supongamos que el lugar donde trabajas se llama Centro de Estudios Geoeconómicos Maurice R. Greenberg (en honor de Hank Greenberg, exconsejero delegado de AIG). El presidente del consejo de administración de la Brookings Institution es John Thornton, expresidente de Goldman Sachs, y más o menos la mitad de los miembros del consejo son directivos de servicios financieros. El fundador del Brookings Hamilton Project, dirigido a promover la prosperidad económica de Estados Unidos, es nada más y nada menos que Robert Rubin.

También sabes que los comités que revisan y conceden las propuestas de becas y los paneles de supervisión que deciden si los artículos se publican en las revistas académicas están llenos de profesores que realizan tareas de consultoría para empresas de servicios financieros. La opinión de estas personas será decisiva para establecer si tu artículo se publica, si consigues un empleo o si obtienes una posición de profesor titular.

He aquí la lista que figura en el currículum vítae de Frederic Mishkin —un peso relativamente ligero en comparación, por ejemplo, con Larry Summers o Glenn Hubbard—, bajo el encabezamiento «Revistas académicas»:

Consejo editorial, American Economic Review, 1982-1985.

Editor asociado, Journal of Business and Economic Statistics, 1986-1993.

Editor asociado, Journal of Applied Econometrics, 1985-2000.

Editor asociado, Journal of Economic Perspectives, 1994-2004.

Editor, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Economic Policy Review, 1994-1997. Consejo editorial, 1997-2006.

Editor asociado, Journal of Money, Credit and Banking, 1992-2006.

Consejo asesor, Macroeconomics and Monetary Economics Abstracts, 1996-2006.

Consejo editorial, Central Bank of Chile Series, Central Banking, Analysis, and Economic Policy, 2001-2009.

Consejo editorial, Journal of International Money and Finance, 1992-presente.

Consejo asesor, International Finance, 1997-presente.

Consejo editorial, Finance India, 1999-presente.

Editor asociado, Emerging Markets, Finance and Trade, 2008-presente.

Consejo editorial, Review of Development Finance, 2010-presente.

Supongamos que eres un joven economista y que acabas de terminar tu investigación sobre las causas de la burbuja financiera islandesa. ¿Dónde vas a publicarlo? O supongamos que acabas de terminar un análisis de las políticas regulativas financieras de la administración Obama. ¿Cabe la posibilidad de que te encuentres con Larry Summers? Bueno, he aquí la lista que aparece en el currículum vítae de Summers bajo el epígrafe «Actividades profesionales»:

Consejo de administración, The Brookings Institution, 2002-presente.

Consejo de administración, Committee for Economic Development, 2002-presente.

Consejo de administración, Center on Global Development, 2001-presente.

Miembro, Council on Competitiveness, 2001-presente.

Miembro, Trilateral Commission, 2001-presente.

Miembro, Bretton Woods Committee, 2001-presente.

Consejo de administración, Institute for International Economics, 2001-presente.

Miembro, Inter-American Dialogue, 2001-presente.

Consejo de gobernadores, Partnership for Public Service, 2001-presente.

Consejo de administración, Global Fund for Children’s Vaccines, 2001-2005.

Miembro, Group of 30, 1997-presente.

Miembro permanente, Council on Foreign Relations, 1989-presente.

Editor, Quarterly Journal of Economics, 1984-1990.

Comité ejecutivo, American Economic Association, 1989-1992.

Miembro, American Economic Association Commission on Graduate Education, 1988-1990.

Consejo asesor, Congressional Budget Office, 1986-1990.

National Science Foundation Economics Panel, 1986-1988.

Consultor, gobiernos de Jamaica, Indonesia, Canadá, México, y del Japan Program Committee, Econometric Society Meetings, 1982, 1984.

AEA Meetings, 1986, 1987.

De modo que te planteas qué podrías decir en tu análisis. ¿Qué vas a hacer? ¿Dar la alarma? Buena suerte si esa es tu decisión. ¿O tal vez sería mejor ir a favor de la corriente?

¿Qué influencia tienen realmente estos factores sobre la investigación académica y las decisiones gubernamentales? Por supuesto, resulta difícil medir con precisión esta clase de efectos, pero mi experiencia y las pruebas disponibles sugieren que es importante. A comienzos de 2012, el profesor Luigi Zingales de la Universidad de Chicago dio a conocer los resultados de su análisis de los 150 artículos de economía más frecuentemente descargados de internet sobre el tema de la retribución de los directivos. Los artículos que apoyan mejores retribuciones para los ejecutivos tienen un 55 por ciento más de probabilidades de ser publicados en las revistas académicas más prestigiosas, y tienen muchas más probabilidades de ser citados en otros artículos[210].

Mi experiencia personal sugiere que el efecto de los conflictos de interés en economía es mucho más importante aún. Hay dos ejemplos que merecen una mención especial: la crisis financiera y el análisis antitrust.

Tanto antes como después de la crisis se han echado bastante en falta los comentarios académicos sobre esta por parte de economistas y especialistas financieros. Sin duda hay algunas notables excepciones: Raghu Rajan, Nouriel Roubini, Simon Johnson, Lucian Bebchuk, Ken Rogoff, Robert Shiller. Pero, en general, el silencio ha sido estruendoso. ¿Cómo es posible que un sector entero se haya dado a sí mismo una estructura y unos incentivos tales que empujen sistemáticamente a los empleados a saquear y a destruir sus propias instituciones? ¿Cómo es posible que las fuerzas del mercado lo permitieran? ¿Por qué las fuerzas del mercado no dieron origen a ninguna entidad que recogiera y analizara sistemáticamente información acerca del volumen total de la exposición al riesgo en el sector? ¿Por qué la desregulación y la teoría económica han fallado de forma tan notoria y completa? Resulta asombrosa la escasa atención y el mínimo debate que han suscitado estas cuestiones entre los economistas, y lo poco que han dicho no ha sido, en general, de gran interés. Los conflictos de interés desempeñan aquí un papel importante. Bloomberg News informó en 2012 de que, en el caso de Squam Lake Group (un comité de prestigiosos economistas creado para emitir informes sobre la crisis), trece de los quince principales economistas que participaban en el estudio mantenían vínculos con el sector financiero[211]. Las disciplinas de la organización sectorial y el análisis antitrust están entre las más gravemente afectadas por los conflictos de interés académicos. La inmensa mayoría del trabajo que se realiza en estas áreas, tanto en la universidad como a nivel federal, se concentra en examinar si una empresa o un sector adoptan comportamientos predatorios o imponen precios excesivos. Con el tiempo, incluso estas cuestiones tan concretas se han comenzado a analizar cada vez más desde un punto de vista favorable a los intereses de las empresas dominantes y de los sectores altamente concentrados. Mi experiencia personal me hace pensar que al menos dos tercios de los principales economistas que trabajan en esta área colaboran habitualmente con las empresas acusadas de comportamientos monopolistas, y muy pocos están dispuestos a asesorar o testificar en favor del Departamento de Justicia en casos de este tipo.

Igual de grave es la tendencia de los economistas a mirar hacia otro lado y a no estudiar cuestiones importantes si amenazan los intereses de sus clientes. Ha habido muy pocos estudios sobre el uso de su propio poder y el de sus empresas por parte de grupos de gestión arraigados para enriquecerse y perpetuarse a sí mismos. La economía tiene extrañamente muy poco que decir sobre cómo es posible que la economía estadounidense no haya podido dar respuesta a la ineficiencia de GM y Chrysler durante décadas; de IBM hasta 1993; de la industria del acero integrado, o de Jimmy Cayne y Stan O’Neal. Tampoco se ha dedicado demasiado tiempo a estudiar los efectos de la concentración sectorial o del apalancamiento de los gestores en el rendimiento a largo plazo de la economía estadounidense.

La avalancha de dinero procedente de los acusados en casos antitrust, así como de los sectores que aspiran a una regulación más blanda, ha corrompido indudablemente tanto la investigación económica como el debate público. Y este es un terreno donde el análisis económico es crucial para el bienestar de Estados Unidos.

El lanzamiento de mi documental tocó indudablemente una fibra en relación con esas cuestiones. Recibí mensajes de un gran número de estudiantes y profesores de Columbia, Stanford, Harvard, UC Berkeley, la Universidad de Míchigan y otras instituciones. Ha habido mucho debate, y se han dado algunos pasos adelante. Stanford impone, en general, unos requisitos de divulgación excelentes, muy superiores a los de las demás universidades, y varios departamentos, incluidas la Escuela Wharton y la Escuela de Negocios de Columbia, han adoptado requisitos de divulgación por primera vez. Pero la mayoría de las universidades siguen sin imponer ningún requisito de divulgación, y pocas o ninguna imponen limitaciones a la existencia misma de conflictos de interés, o al importe de los ingresos derivados de estas fuentes. Lo mismo puede decirse de la mayor parte de las publicaciones académicas y de las asociaciones sectoriales. Todo ello está en claro contraste, por ejemplo, con las políticas de la mayoría de las empresas privadas y de los medios de comunicación. Los periodistas de The New York Times, de Fortune y de otras grandes publicaciones de noticias tienen estrictamente prohibido aceptar dinero de cualquier sector u organización acerca de la que escriban. No ocurre lo mismo en el sector académico.

También se ha dado otro paso importante. En respuesta a la información presentada en mi documental, a comienzos de 2011, la Asociación Americana de Economía (American Economics Association, AEA) creó un comité para estudiar si debería adoptar un código ético por primera vez en su historia. Posteriormente, a comienzos de 2012, la AEA adoptó finalmente una serie de requisitos de divulgación para las siete revistas académicas que publica, que están entre las más importantes de la disciplina. A pesar de ello, la mayoría de las instituciones y de los profesores más influyentes siguen resistiéndose a aumentar la transparencia, y la oposición a imponer un límite concreto a los conflictos de interés financieros es casi universal. Cuando preparaba mi documental, la mayor parte de las instituciones y de los presidentes universitarios se negaban incluso a hablar del asunto. Los presidentes y rectores de Harvard y Columbia se negaron a concederme una entrevista, o siquiera a hablar del tema de forma oficiosa. Sí pude hablar de la cuestión con el presidente Hockfield del MIT, quien claramente se sintió incómodo con mis preguntas y ha declinado cualquier encuentro o conversación posterior acerca de todo ello. Poco antes del lanzamiento de mi documental, recibí una llamada de su oficina para preguntarme si se mencionaba a algún profesor del MIT; la preocupación es, pues, por la imagen, no por el problema de fondo. El rector de UC Berkeley también ha sido muy reacio a hablar de la cuestión, y evitó cualquier pregunta relacionada con ello en una reunión a la que asistí junto a él.

Todo esto me entristece profundamente. Siento un gran afecto tanto por UC Berkeley, donde estudié mi carrera de licenciatura, como por el MIT, donde estuve casi una década como estudiante de posgrado y fellow posdoctoral. Ambas instituciones han hecho grandes cosas para promover el conocimiento y las oportunidades educativas. Durante la mayor parte de su historia, UC Berkeley ha sido la mejor universidad pública del mundo, así como la más accesible. El MIT ha colgado casi todo su currículum on-line, y ha comenzado a ofrecer certificados de compleción a precios reducidos para los alumnos que estudian por internet. Esto es una iniciativa magnífica y de gran importancia. Me encanta el mundo académico, que fue muy generoso conmigo y en el que pasé una década muy feliz de mi vida. Y tal vez debería dejar claro también que no estoy en contra de que los profesores ganen dinero, asesoren a las empresas o funden empresas para comercializar cosas que hayan inventado. No tengo ningún problema con nada de eso; de hecho, pienso que a menudo resulta muy beneficioso tanto para el sector académico como para el industrial. Pero ofrecer consejos expertos de forma pública y abierta es algo muy distinto que actuar como un lobbista encubierto y muy bien pagado. Del mismo modo que Monitor tiene la obligación legal de registrarse como agente extranjero, también los académicos con conflictos de interés deberían tener la obligación de hacerlos públicos cada vez que realicen una declaración pública acerca de cuestiones relacionadas con la acción del gobierno. Honestamente también pienso que es impropio que los profesores cobren por realizar declaraciones de cualquier tipo en relación con políticas públicas, ya sea ante el Congreso o como «testigos expertos» en casos antitrust, por fraude o fiscales, o bien por aparecer en los medios de comunicación. En verdad espero que el avance de esta enfermedad pueda detenerse de algún modo, porque es realmente grave.

Sin embargo, la gradual subversión de la independencia académica por las finanzas u otras industrias importantes es solo uno de los muchos síntomas de un cambio más amplio que está teniendo lugar en Estados Unidos. Se trata de un cambio a la vez más general y más inquietante incluso que el creciente poder del sector financiero. Igual que han observado muchos otros recientemente, a lo largo de los últimos treinta años, Estados Unidos ha perdido su estatus histórico como país de la justicia y las oportunidades. Antes era un país que ofrecía oportunidades a la mayoría de su población, en particular educativas y económicas. Eso ya no es así. El auge del sector financiero predatorio es solo uno de los componentes —aunque uno ciertamente importante— de un problema más amplio. Estados Unidos está en decadencia tanto económica como política, y también, en algunos aspectos, ética y cultural. Esta es la cuestión que abordaré en lo que sigue, a modo de conclusión del libro.

9
El sueño americano, un juego amañado

Más dura será la caída

Hoy en día resulta difícil creer que en el año 2000 Estados Unidos era universalmente considerado la primera «hiperpotencia» de la historia del mundo: un país tan rico y poderoso que había alcanzado el dominio global casi sin proponérselo.

Estados Unidos era el país más rico de los grandes países industrializados y el que más crecía, el que contaba con una base tecnológica más avanzada y un ejército más imponente. La industria de internet, la revolución tecnológica e industrial más profunda del siglo, estaba totalmente dominada por Estados Unidos. Con el colapso de la antigua Unión Soviética y la transición de China hacia un capitalismo tutelado por el gobierno, incluso podría contarse con el «dividendo de la paz». Ni siquiera las crisis financieras asiáticas de finales de la década de los noventa lograron frenar el crecimiento estadounidense y la tasa de desempleo siguió por debajo del 5 por ciento. Estados Unidos lo hacía todo bien.

Sin embargo, el hundimiento de los poderosos es un tema trágico clásico. Y pocos países han caído tan abajo y tan rápidamente ante los ojos del mundo como Estados Unidos desde el comienzo del nuevo milenio. ¿Cómo ha podido ocurrir? A primera vista podría parecer un suceso inexplicable, pero en realidad el declive llevaba décadas preparándose.

Una interpretación muy común, sobre todo entre los progresistas y los demócratas, es que la culpa fue de la administración Bush. Según esta, una estupenda administración demócrata (la de Clinton) entregó un país próspero a George W. Bush, quien despilfarró el regalo en guerras y recortes fiscales mientras dejaba que los bancos hicieran lo que quisieran. Luego la administración Bush pasó la patata caliente a Obama, quien lucha actualmente por recomponer las piezas y arrancar otra vez la máquina de la economía, tarea dificultada aún más si cabe por la intransigencia de los republicanos en el Congreso.

Hay algo de verdad en este relato. La administración de George W. Bush fue ciertamente única en su género. En primer lugar, Bush destruyó las finanzas estadounidenses con sus guerras mal gestionadas y sus enormes recortes fiscales. Estos favorecían en gran medida a los más ricos y se aplicaron en un momento en que los gastos militares se disparaban como resultado del 11-S y la invasión de Afganistán, y en que los ingresos por impuestos federales se habían desplomado con el colapso de la burbuja «puntocom». Luego llegó la casi increíblemente incompetente, improvisada y politizada ocupación de Irak, que convirtió una guerra de tres semanas en una pesadilla de 10 años y 2 billones dólares, en un momento en que el país estaba ya suficientemente enfangado en Afganistán. Y, por supuesto, el golpe de gracia de la administración Bush fue la indignante y a menudo delincuente burbuja financiera, que nos llevó al borde del abismo en 2008 y dejó la economía estadounidense (y mundial) tocada para muchos años.

De modo que es cierto: hubo, sin duda, enormes dosis de delirios de grandeza, avaricia, estupidez y deshonestidad en la administración de George W. Bush. Pero, por muy tentador que pueda ser echarle la culpa de todo, ceder a ello es un profundo error y además pasa por alto la cuestión principal.

Pues la cuestión principal es la siguiente: a lo largo de los últimos treinta años, tanto bajo el mandato de los demócratas como bajo el de los republicanos, el sistema político-económico estadounidense ha perdido el norte. En efecto, se han producido algunos progresos auténticos, como la revolución de internet; y en algunos terrenos, como la informática teórica y el emprendimiento en alta tecnología, Estados Unidos sigue sin tener rival. Pero la tendencia subyacente ha sido y sigue siendo muy negativa. Estados Unidos se ha convertido sin darse cuenta en un lugar muy distinto del que era antes en aspectos como la competitividad económica, la justicia básica, la educación y la política.

El poder económico está mucho más concentrado que antes, a nivel tanto estructural como individual. A nivel estructural, la economía estadounidense y varios de sus sectores más importantes han experimentado un rápido proceso de concentración desde el inicio de la desregulación. Ya hemos visto los efectos de este proceso en cuanto a los servicios financieros. Pero lo mismo ha ocurrido en el terreno de la energía (las cuatro grandes compañías petrolíferas); las telecomunicaciones (AT&T, Verizon, la industria del cable); los medios de comunicación (un sector que se solapa con las industrias del cable y del entretenimiento); el comercio minorista (Walmart, Amazon, etc.); la agroindustria y la alimentación (McDonalds, Yum Brands), y otros sectores como las tecnologías de la información.

En parte, la tendencia a la concentración tiene su origen en internet y en las tecnologías de la información, las cuales permiten una gestión eficiente de organizaciones mucho más grandes, desplegadas en mercados y en áreas geográficas mucho más amplios. No obstante, en buena medida la tendencia ha sido también el resultado de la corrupción, es decir, del empleo del dinero de las empresas para neutralizar las políticas antitrust, el sistema político y la disciplina económica. Por otro lado, en muchos sectores que han experimentado una rápida concentración o que llevan largo tiempo concentrados —incluidos los servicios financieros, los automóviles, las telecomunicaciones y los medios de comunicación—, no encontramos ninguna razón para pensar que esta mayor concentración supondrá una mayor eficiencia.

En realidad, los indicios apuntan exactamente en dirección contraria. Buena parte de las industrias extranjeras que han superado en las últimas décadas a las estadounidenses —los automóviles, las telecomunicaciones y la electrónica de consumo, entre otras— estaban menos concentradas que en Estados Unidos. Si GM se hubiera fraccionado muchos años atrás, creando dos o tres empresas que realmente tuvieran que competir entre ellas, la industria automovilística estadounidense estaría ciertamente en mejor situación. Y no cabe duda de que tal concentración de poder contribuye también a la desigualdad de ingresos. Las grandes empresas en industrias concentradas tienen mucho más poder de negociación ante los empleados y los proveedores. Walmart, McDonald’s y otras grandes compañías son famosas por el duro trato que imponen a sus proveedores, a los que obligan a recortar drásticamente los costes, así como por su rechazo a la sindicación de sus inmensas plantillas, que a menudo trabajan por sueldos muy bajos y en condiciones difíciles.

A pesar de todo ello, la concentración estructural de la industria estadounidense ha sido una tendencia constante a lo largo de los últimos treinta años. Y lo mismo ha ocurrido con el poder económico a nivel individual. Así, un número cada vez más reducido de unidades familiares poseen la mayor parte de la riqueza financiera de Estados Unidos, al tiempo que aportan una proporción cada vez más elevada de las contribuciones individuales a las campañas.

El resultado combinado de todo ello es que Estados Unidos está cada vez más controlado por una oligarquía amoral que ha corrompido progresivamente el gobierno federal y el sistema político, incluidos ambos partidos políticos. Esta corrupción política ha contribuido a su vez a afianzar aún más el poder de los ricos y del sector financiero, y se ha convertido en un factor relevante en la decadencia económica y social del país.

Los ricos están a salvo de los efectos de esta decadencia, al menos por el momento; es más, puede decirse que se han beneficiado de ella, pues les ha permitido apropiarse en exclusiva de las competencias personales, los activos financieros, la movilidad y el poder político. También han logrado aislarse cada vez más del resto de la sociedad mediante la creación de sistemas privados paralelos de educación, seguridad, infraestructuras y servicios financieros. La ausencia de protestas significativas a nivel político o social, aparte del movimiento Occupy Wall Street, los ha envalentonado aún más. Al mismo tiempo, y en parte como resultado de esos cambios, los dos tercios inferiores de la población estadounidense tienen cada vez menos acceso a la educación y a la información, menos expectativas de prosperar y una actitud cada vez más resentida y cínica hacia sus líderes políticos. Hay buenas razones para el cinismo. En el fondo, la mayoría de los estadounidenses saben que sus líderes les están mintiendo y que el sistema está amañado. Estados Unidos sigue siendo un lugar estupendo para unos 30 o 40 millones de personas. Pero para los 100 millones o más restantes ya no lo es tanto.

Cuando Estados Unidos inició su decadencia económica en la década de los setenta, sus primeras respuestas fueron simplemente trabajar más horas y aumentar la deuda. Pero, tras un intento confuso y fallido de reforma liderado por Jimmy Carter, la política estadounidense se abocó progresivamente a la demagogia y a la corrupción. La respuesta del sistema político, en especial entre los republicanos, fue pretender que el problema eran los impuestos y el exceso de gobierno, al tiempo que recurrían hipócritamente al gasto público y a las burbujas financieras para encubrir los problemas del país a largo plazo. Los demócratas han emitido algunos ruidos vagamente progresistas pero han hecho poco por llevarlos a la práctica, al tiempo que cedían cada vez más a las presiones de los ricos y del sector financiero. No obstante, las oportunidades son cada vez más escasas y pronto se agotarán por completo. Si Estados Unidos no logra cambiar de tendencia, las cosas terminarán mal, al menos para el 90 por ciento inferior de la población, y tal vez incluso para los ricos que se creen a salvo.

Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, su pueblo ha sabido estar a la altura de los retos que se le han presentado, incluso cuando estos retos eran unos líderes corruptos o peligrosos. Pero es la primera vez que el país se enfrenta a una combinación de corrupción política estructural, creciente desigualdad y declive económico a largo plazo. Y al menos hasta el momento, los políticos estadounidenses no han hecho más que tomar decisiones que empeoran las cosas y que resultan además económica y políticamente insostenibles.

Estados Unidos está entrando en un terreno peligroso. Por un lado, la excesiva concentración de poder tiende a producir un empobrecimiento de la sociedad, pues los que se hallan en la cumbre no tienen necesidad de escuchar a nadie más que a ellos mismos. Hay menos pluralidad, menos competición, un margen más limitado de opciones y puntos de vista, menos margen de maniobra. Las empresas tienen más poder simplemente porque hay menos alternativas; los empleados, los proveedores y los clientes lo tienen más difícil para plantarles cara. Nada de esto es saludable.

Por otro lado, la decadencia económica estadounidense producirá inevitablemente mayores presiones sociales. La inseguridad económica y social puede dar lugar a un activismo reformista, pero también puede producir resentimiento, desesperación y soluciones simples hasta el extremo de ser peligrosas. En este contexto resulta más fácil que la charlatanería distraiga a la opinión pública de los auténticos retos del país en favor de medidas estúpidas, extremistas y contraproducentes… o simplemente a favor de no hacer nada de nada.

El deterioro del país ha adquirido ya proporciones sistémicas y estructurales, con el resultado de que lo impensable se vuelve cada vez más posible en Estados Unidos, igual que está ocurriendo en Europa. Hasta la crisis financiera global, la Gran Recesión y la crisis de la deuda soberana europea, nadie habría creído que Europa se enfrentaba a un grave riesgo de crisis financiera, posiblemente acompañada de una gran inestabilidad política y social. Pero hoy está claro que Europa se enfrenta a esos problemas. Y tal vez no falta mucho para que Estados Unidos lo haga también.

Por las razones que exploraremos a lo largo de este capítulo se ha echado a perder el propio modelo nacional estadounidense, una combinación de oportunidades educativas y económicas, políticas gubernamentales a largo plazo, libertad de opinión mediada por una prensa independiente, un sistema académico capaz de analizar de forma crítica los argumentos interesados, y una competencia política entre dos partidos que preservó la prosperidad y el dinamismo del país durante décadas. El resultado ha sido la desestabilización y, paradójicamente, también la paralización de la política estadounidense; cuando uno examina la cuestión de cerca, descubre que ha habido una inquietante continuidad en las decisiones políticas desde alrededor de 1980, fuera quien fuera el partido que gobernara. Con cada nueva década, las políticas federales se han inclinado cada vez más en favor del sector financiero, así como de las industrias más ricas y poderosas, más concentradas y a menudo también más ineficientes y dañinas del país.

Es innegable que el proceso tiene una vertiente cultural. El pueblo estadounidense es hoy más temeroso, frustrado, resentido y cínico. Algunos ciudadanos piden reformas, pero muchos otros querrían volver a tiempos más simples, seguros y tradicionales. Son presa fácil para extremismos políticos y religiosos, así como para falsas promesas de prosperidad, ya provengan de predicadores, políticos o banqueros. Muchos otros simplemente se han rendido y ya no se toman la molestia de votar o prestar atención a la política. En este contexto resulta fácil para la oligarquía corromper a los políticos, y fácil a su vez para los políticos explotar el resentimiento y la fatiga popular para realizar políticas en último término favorables a la oligarquía. Newt Gingrich ataca al gobierno después de recibir 1,6 millones de dólares de Freddie Mac por promover sus intereses; Mitt Romney pretende que la crisis financiera fue causada por un exceso de regulación, y su archienemigo, el presidente Obama, protege a Wall Street, al tiempo que promete reformas.

En conjunto, puede decirse que el Partido Republicano ha sido responsable de los comportamientos más flagrantes y perjudiciales para el país, pero el proceso ha sido profundamente bipartidista. En realidad, algunas de las políticas más nocivas y que más han promovido la crisis financiera fueron iniciadas por la administración Clinton, no por George W. Bush, y algunas de las políticas más nocivas de Bush recibieron el apoyo de muchos congresistas demócratas. Más recientemente, Barack Obama ha adoptado políticas públicas y de personal sorprendentemente próximas tanto a las de la administración Clinton como a las de Bush, y en algunos aspectos incluso peores. Obama ha desempolvado y restituido en sus cargos a las mismas personas desacreditadas por su deshonesta actuación antes de la crisis; ha preservado intactos los privilegios y los ingresos del sector financiero; ha evitado la persecución penal de los delitos financieros, y no ha hecho prácticamente nada acerca de la crisis de los desahucios y de los millones de estadounidenses que deben más dinero por sus casas de lo que estas valen. (En 2012, alrededor del 20 por ciento de las hipotecas del país se encuentran todavía «sumergidas»).

Tal vez lo peor de todo sea que la administración Obama no ha hecho nada para revertir la larga decadencia de Estados Unidos. Ha hablado poco y hecho aún menos acerca de las crecientes desigualdades de ingresos y riqueza, del deterioro de la educación pública y de la pérdida de oportunidades educativas, de la delincuencia predatoria del sector financiero; o de las muchas vías por las que el dinero corrompe actualmente las políticas económicas de país. En cuanto llegó al poder, Obama abandonó discretamente su retórica reformista y activista de campaña y la sustituyó por declaraciones sobre la pronta recuperación y sobre que todo saldría bien. A medida que se acercan las elecciones de 2012, ha comenzado a recuperar la retórica reformista, pero sin hacer realmente nada.

En resumen, cuando se trata de los grandes retos de la economía estadounidense, ambos partidos avanzan en la dirección equivocada. Las sonoras disputas que llenan los titulares solo sirven para distraer la atención. En las cuestiones de fondo, los que deciden la música que suena son los nuevos dueños del país. ¿Qué está ocurriendo?

En mayo de 2009, Simon Johnson, profesor del MIT y execonomista jefe del FMI, publicó un importante artículo en el Atlantic Monthly titulado «The Quiet Coup (El golpe silencioso)», en el que describía el crecimiento descontrolado del sector financiero estadounidense y sus nocivas consecuencias, y advertía de que Estados Unidos comenzaba a parecerse de forma peligrosa a un sistema oligárquico emergente (o, para decirlo en términos menos edulcorados, a una república bananera, a una dictadura tercermundista), con todos sus problemas de deuda soberana, crisis financieras, rescates de los ricos cada vez que tienen problemas y divisiones casi de casta entre ricos y pobres. Johnson apuntaba que este proceso deriva habitualmente en excesos de la oligarquía que llevan a una crisis financiera y más tarde a una depresión, la cual lleva a su vez a una revolución política. Para que Estados Unidos evite este destino, argumenta Johnson, es preciso que divida sus bancos más grandes y recupere el control sobre el sector de los servicios financieros.

Mi opinión personal es que en algunos aspectos la situación no es tan negativa como sugiere el cuadro de Johnson, mientras que en otros lo es todavía más, pues los problemas van más allá del sector de los servicios financieros.

Por el lado positivo, pienso que Estados Unidos es todavía una sociedad suficientemente abierta y democrática, aunque sea de forma imperfecta, para que el cambio sea posible cuando el pueblo estadounidense decida por fin acabar con esta situación. Los números —al menos en cuanto a números de ciudadanos— están del lado de la reforma, pues lo que está del otro lado no es realmente el sector financiero, sino la élite financiera, las 50 000 personas que ganan dinero de verdad y controlan las empresas. No es un oponente insuperable. Y, a lo largo del último medio siglo, Estados Unidos ha sido testigo de varios movimientos de ciudadanos que han logrado imponer importantes cambios políticos desde abajo, incluso ante la indiferencia inicial de ambos partidos políticos. Tres ejemplos: el movimiento de los derechos civiles, el movimiento feminista y el movimiento ecologista. La indignación popular puede derrocar incluso a un presidente y a toda su administración, tal como ocurrió con Richard Nixon y todos sus cómplices después del Watergate. Pienso que la razón principal por la que se ha impuesto la política guiada por el dinero en las últimas décadas es simplemente que la mayor parte del pueblo de Estados Unidos no está suficientemente indignado, o no es todavía lo bastante consciente de lo que le están haciendo. Muchos otros son demasiado cínicos para seguir participando en el sistema establecido, pero no están lo bastante indignados para propiciar un cambio de sistema.

Por otro lado, Estados Unidos se enfrenta a dos problemas que van más allá de los que menciona Johnson y que dificultan cualquier intento de reforma. En primer lugar, tal como describiré con más detalle en lo que sigue, los partidos políticos y la maquinaria gubernamental estadounidense están secuestrados de un modo muy inteligente y poderoso, que desafía cualquier remedio sencillo. En 2010 inventé la expresión «duopolio político» para describir esta situación, en la que dos partidos políticos se ponen de acuerdo para discutir violentamente sobre cuestiones sociales al tiempo que sirven a la oligarquía económica y bloquean la emergencia de terceros partidos y proyectos de reforma[212]. La decadencia económica y la nueva oligarquía estadounidenses son, por lo tanto, más resistentes al activismo popular que la discriminación de las mujeres o la contaminación ambiental.

Y en segundo lugar, los problemas del país van más allá de los de cualquier industria en particular. Sin duda, el sector financiero se ha convertido en la industria más poderosa y peligrosa del país, pero no está solo en esto, pues cuenta con importantes aliados para su agenda desreguladora, en especial los sectores de las telecomunicaciones, la energía, los medios de comunicación, la sanidad y la agroindustria/industria alimentaria, así como varios miles de familias ricas. Todos ellos comparten el deseo del sector financiero de convertir su riqueza y cohesión como grupo en poder político para protegerse a ellos mismos, a sus familias, sus patrimonios personales y sus empresas de toda forma de competición, persecución judicial, regulación efectiva, buena gobernanza corporativa e imposición fiscal. Pueden contar incluso con un gran nivel de apoyo por parte de personas que dirigen negocios honestos pero que también se benefician de la reducción de los impuestos y las regulaciones.

Con todo, la situación resultante no es solo injusta socialmente; es económicamente desastrosa. El efecto menos debatido pero tal vez más importante de la política basada en el dinero es que ha permitido que las políticas gubernamentales protejan a industrias incompetentes o predatorias de cualquier reforma interna o disciplina competitiva. Este problema va mucho más allá de las finanzas, y es crucial para entender no solo la crisis financiera, sino la decadencia estadounidense en general.

General Motors y Chrysler no quebraron tan solo por la crisis financiera de 2008, sino que lo hicieron como consecuencia de décadas de gestión cada vez más incompetente y sin ninguna supervisión. Estas empresas estaban dirigidas por directivos incompetentes, perezosos, desconectados y egoístas, sin apenas interferencia por parte de sus complacientes consejos de administración o de las autoridades antitrust; es más, a menudo contaban con la asistencia de las políticas del gobierno. Deberían haber sido obligadas a dividirse o a reformar su gobernanza corporativa hace largo tiempo. Pero no se hizo y ahora todos pagamos las consecuencias, en el sentido más literal. Lo mismo había ocurrido antes con otras industrias estadounidenses, como la del acero o la electrónica de consumo, cuyo fracaso posterior fue tan completo que en buena medida han desaparecido de la economía del país. Como veremos en lo que sigue, lo mismo puede decirse hoy de las telecomunicaciones. El oligopolio de las telecomunicaciones en Estados Unidos está frenando los avances en infraestructura de banda ancha, una situación extremadamente peligrosa dado el papel que juegan actualmente los servicios por internet dentro de la economía. De modo que, por mucho peso que tenga el sector financiero dentro de la amenaza planteada por la nueva oligarquía estadounidense, no es el único factor que contribuye a la decadencia de Estados Unidos.

En el resto del libro me dedicaré a examinar las causas y las implicaciones de la decadencia político-económica estadounidense. Luego describiré el ascenso del duopolio político, es decir, del sistema en virtud del cual tanto el Partido Demócrata como el Republicano se encuentran bajo el dominio de la nueva oligarquía estadounidense, y la forma en que ambos partidos gestionan estratégicamente esta situación. También examinaré las consecuencias de esta situación, incluidas las políticas y las designaciones de la administración Obama. Luego consideraré los factores determinantes actuales y futuros de la competitividad del país, poniendo como ejemplos el uso de las comunicaciones de banda ancha, los servicios de internet y el hardware relacionado con las tecnologías de la información. Por último, ofreceré algunas ideas acerca de lo que nos depara el futuro, cuáles son los objetivos más importantes de la reforma y si el país será capaz de salir del impasse actual.

Comenzaré por examinar el origen de la decadencia industrial del país en la década de los setenta y la respuesta de las principales industrias estadounidenses a esta decadencia. Enfrentadas a retos cada vez más difíciles, la élites empresariales de Estados Unidos encontraron una salida muy barata… que con el tiempo se ha convertido en el mayor problema del país.

Las razones de la decadencia: la desestabilización del sistema nacional desde la década de los setenta

¿Por qué asistimos cíclicamente al ascenso y la caída de empresas, industrias y naciones? El Imperio británico, General Motors, U. S. Steel, Microsoft, Estados Unidos: el mismo patrón se repite una y otra vez. Al principio, una empresa o una nación pequeña y débil encuentra una forma superior de gestionarse; obtiene un éxito espectacular y derrota a todos sus rivales; pero luego, en la cima de su poder aparente, comienza a entrar en decadencia desde dentro. Empieza a perder impulso. Se vuelve perezosa, politizada, complaciente, disfuncional, corrupta; y al final, tras un período de deterioro interno, se hunde por su propio peso o es presa de un nuevo y agresivo competidor.

Estados Unidos ha entrado en una decadencia sistémica de este tipo, y el auge de la oligarquía económica estadounidense y su sistema político basado en el dinero son a la vez causa y síntoma de la situación. Como es habitual en estos casos, el declive de los sistemas políticos y económicos de Estados Unidos se inició cuando el país se encontraba en el punto culminante de su poder. La política basada en el dinero no fue la causa inicial de esta decadencia, pero fue la respuesta que dieron las principales industrias del país cuando se vieron amenazadas. Resultó ser mucho más fácil y efectivo (efectivo para ellas, no para Estados Unidos) sobornar a personas que emprender dolorosas reformas internas.

La causa inicial de este deterioro fue la complacencia de la industria, facilitada por la concentración y el predominio global de lo que entonces era el núcleo de la economía de Estados Unidos (y global). En parte porque la segunda guerra mundial había devastado a la mayoría de sus competidores potenciales, y en parte por el enorme tamaño del mercado interior estadounidense, la industria no tuvo competidores importantes, fuera o dentro de sus fronteras, durante un cuarto de siglo después de la guerra. A lo largo de este tiempo, las principales industrias del país se convirtieron progresivamente en oligopolios complacientes, rígidos y altamente ineficientes, a veces incluso en monopolios. También desarrollaron formas de gobernanza mediocres y complacientes, y en algunos casos los sindicatos contribuyeron también a la rigidez del sistema. No se adaptaban ni a las innovaciones ni a las amenazas competitivas, ya fueran internas o externas. Muchos altos ejecutivos también opusieron resistencia a innovaciones que habrían vuelto obsoletas sus propias competencias personales, y habrían reducido su poder y su estatus interno.

Las industrias que exhibían estos patrones de comportamiento en las décadas de los setenta y de los ochenta incluyen la automovilística; la del acero; las telecomunicaciones; los ordenadores centrales; los miniordenadores; las fotocopiadoras; las cámaras y la película fotográfica, y los semiconductores y la electrónica de consumo. Conjuntamente formaban el núcleo de la economía estadounidense. Suponían la mayor parte del PNB y estaban entre las industrias más ricas y poderosas del país y del mundo. Dominaban los mercados internos y a menudo también los mundiales, y eran monopolios regulados, oligopolios o industrias controladas por una empresa, cuyas competidoras vivían a su sombra.

En la industria del automóvil, las Tres Grandes (GM, Ford, Chrysler) dominaban el mercado estadounidense y casi la mitad del mercado global. Un oligopolio de media docena de compañías productoras de acero integrado controlaba de forma parecida el mercado interno del acero. IBM era dueño y señor de aproximadamente dos tercios del mercado global de los ordenadores, mientras que el resto estaba en manos de una serie de productores menores de ordenadores centrales (los llamados «Siete Enanos») y media docena de productores de miniordenadores. AT&T era un monopolio regulado que dominaba más del 90 por ciento de los servicios telefónicos y de datos de Estados Unidos. Kodak controlaba las industrias de las cámaras y de la película fotográfica, y Xerox mantuvo durante muchos años un aparente monopolio del sector de las fotocopiadoras.

La creciente ineficiencia de estas industrias también afectó a sus proveedores y clientes. Por ejemplo, el estancamiento de la industria automovilística estadounidense contribuyó de forma significativa a la decadencia de los proveedores de componentes de automóviles y de la industria de máquinas herramienta. A finales de la década de los ochenta, Japón había rebasado definitivamente a Estados Unidos no solo en la industria del automóvil, sino también en las de máquinas herramienta y robótica, así como en su empleo avanzado en diversos sectores industriales. De modo parecido, la excelencia japonesa en la producción en serie de semiconductores y pantallas de cristal líquido empujaba su industria de maquinaria para la fabricación de semiconductores.

Las grandes industrias estadounidenses siempre habían gozado de influencia política, pero durante el primer cuarto de siglo de la posguerra no la usaron de forma demasiado agresiva, porque no tenían necesidad de hacerlo. El éxito y la rentabilidad eran para ellas algo natural, al igual que el dominio de los mercados tanto internos como internacionales. La madurez de estas industrias hacía que la entrada de pequeñas start-ups en sus mercados fuera casi imposible por una cuestión de escala, de necesidades de capital y de equipamiento. En algunos casos, como las telecomunicaciones, los medios de comunicación y algunas partes de los servicios financieros, la entrada de nuevos competidores estaba legalmente limitada o incluso prohibida. En unos pocos casos (AT&T, IBM) se iniciaron acciones legales antitrust para limitar el poder de las empresas establecidas, pero en general la industria estadounidense y el gobierno federal fueron cada uno por su lado en las tres décadas siguientes a la segunda guerra mundial.

Con el tiempo, sin embargo, la situación de oligopolio y la falta de competición llevaron a la complacencia, la cual llevó a su vez a la ineficiencia. En la década de los ochenta, estas ineficiencias eran tan graves que la productividad y la relación calidad-precio que ofrecían las empresas dominantes en las principales industrias estadounidenses comenzaron a quedar muy lejos de las mejores prácticas, por factores de dos o más en la productividad de industrias manufactureras tradicionales, y de un orden de magnitud en la relación calidad-precio de productos de alta tecnología como los ordenadores.

Una de las demostraciones más llamativas de esta situación se produjo en Fremont, California. General Motors abrió allí una planta de montaje en 1962 y la cerró por considerarla poco rentable en 1982, en parte por la ingobernabilidad de la plantilla de trabajadores, sindicada con la UAW. A estas alturas, la ineficiencia de GM era ya evidente, y empezaba a encontrar una seria competencia por parte de las firmas japonesas. Bajo la enorme presión política del gobierno estadounidense, en 1984, Toyota aceptó formar una joint venture con GM y reabrir la planta de Fremont bajo la gestión de Toyota. La intención no declarada pero obvia del proyecto era obligar a Toyota a salvar a GM de sí misma y enseñarle a aplicar el sistema de producción lean o just in time de Toyota. El resultado puso claramente en evidencia a GM. Con la misma plantilla sindicada que GM había dejado por ingobernable, Toyota dobló rápidamente la productividad e incrementó la calidad de los coches producidos en Fremont. Pero a pesar de las visitas a la planta organizadas por Toyota para directivos de GM y de la grabación de las actividades que allí se desarrollaban, el resto de GM aprendió muy muy lentamente.

Esto no fue un caso aislado. Estudios exhaustivos realizados por el MIT y Harvard en las décadas de los ochenta y noventa demostraron que las compañías de automóviles japonesas eran aproximadamente dos veces más productivas que sus competidoras estadounidenses (y, en algunos casos, las europeas) tanto en diseño como en calidad[213]. Los resultados fueron parecidos cuando se compararon las empresas de acero integrado de Estados Unidos con la industria japonesa y con la estadounidense de nuevas «miniacerías». Más escandalosos aún fueron los resultados de la comparación de fabricantes estadounidenses y japoneses en el uso de robots y sistemas de fabricación flexible informatizada (flexible manufacturing systems, FMS)[214].

A comienzos de los años noventa se dio una situación aún más llamativa en la industria informática de Estados Unidos. La relación calidad-precio de los ordenadores personales, terminales y servidores basados en microprocesadores era entre 20 y 50 veces superior a la de los ordenadores centrales y miniordenadores que constituían el negocio fundamental de IBM, los Siete Enanos y la mayor parte de la industria de los miniordenadores. No obstante, en el caso de la industria informática, los principales competidores eran mayoritariamente estadounidenses. El sector de capital riesgo del país y Silicon Valley son una máquina perfecta de crear nuevas start-ups, y los costes de entrada para empresas basadas en nuevas tecnologías de la información son en general relativamente bajos. En estos casos, el sistema estadounidense se autocorrigió en gran medida mediante la entrada de start-ups nacionales. IBM fue deteriorándose y la mayoría de las demás empresas tuvieron que cerrar. Pero en su lugar entraron en escena Intel, Microsoft, Compaq, Dell y Apple. La única de la primera generación de empresas que fue capaz de reformarse, tras caer en una profunda crisis a comienzos de la década de los noventa, fue IBM.

Con todo, IBM fue una excepción; la mayoría de los gigantes estadounidenses en decadencia fueron incapaces de reformarse. Y en sectores más maduros como el de los automóviles, el acero, las máquinas herramienta, la película fotográfica y las fotocopiadoras, la entrada de start-ups era y sigue siendo poco factible. Generar un nuevo competidor requeriría un compromiso inmenso y extendido en el tiempo. Y el sistema financiero e industrial de Estados Unidos, a diferencia del japonés, el surcoreano y el chino, no es bueno creando nuevas compañías en sectores maduros que requieren importantes inversiones iniciales de capital.

En contraste con eso, los japoneses (y más tarde los surcoreanos y los chinos) sí financiaban la entrada de nuevos competidores en esos sectores. La razón es que el sector industrial japonés estaba dominado por seis complejos financiero-industriales diversificados y verticalmente integrados (keiretsu), capaces de crear nuevas empresas incluso en sectores maduros. La industria japonesa también emprendió un ambicioso programa de compra de licencias, copia y robo de tecnología y propiedad intelectual, con la colaboración de las autoridades industriales del país. Corea del Sur tenía un sistema parecido (basado en el chaebol). En China, el gobierno central, el Ejército Popular de Liberación, los gobiernos provinciales y las empresas de propiedad estatal desempeñan actualmente un papel parecido de extracción de tecnología, financiación de nuevas entradas nacionales y protección del mercado interior de la competencia exterior incontrolada.

La capacidad comparativa de distintos sistemas económicos nacionales de generar nuevos competidores en sectores grandes y maduros es una cuestión en gran medida ignorada por la disciplina económica. Pero la incapacidad del sistema nacional estadounidense de crear nuevos competidores de peso en industrias maduras es de gran relevancia, pues significa que Estados Unidos tiene un abanico muy limitado de opciones cuando las grandes empresas y los sectores más concentrados entran en decadencia. Si la entrada de start-ups es factible, como en el caso de los mercados de tecnologías de la información e internet, la industria estadounidense se renueva a sí misma y permanece saludable. Pero si esta entrada no es factible, solo quedan tres posibilidades. Estas son:

El gobierno estadounidense interviene para restaurar la competencia y/o reformar la gobernanza corporativa; por ejemplo, mediante una acción antitrust que divida las empresas más grandes.

Los competidores externos ocupan el mercado, con la pérdida resultante de bienestar económico para Estados Unidos.

Si no aparece ningún competidor externo, la industria estadounidense entra en un proceso de decadencia e impone los costes de su ineficiencia a la economía y la población estadounidenses.

El resultado ha sido habitualmente alguna combinación de las opciones segunda y tercera. Desde la década de los setenta se han sucedido los ejemplos de incapacidad de adaptación que han llevado a severas crisis, reducciones de tamaño, quiebras o adquisiciones a precios de saldo: GM, Chrysler, la mayoría de las empresas de ordenadores centrales y miniordenadores, las grandes compañías del acero, casi toda la industria de la electrónica de consumo. Tanto si la competencia era extranjera como si era nacional, las empresas establecidas se resistieron generalmente al cambio mientras pudieron, a menudo mediante influencias políticas, y en consecuencia sufrieron aún más cuando se hizo imposible negar la realidad. En muchos casos, entre ellos el de los automóviles, el acero y las telecomunicaciones, las empresas establecidas fueron capaces de retrasar tanto la competencia como la reforma el tiempo suficiente para imponer costes importantes sobre la economía estadounidense. Y hoy en día debemos añadir a esos costes el inmenso daño causado por poderosas industrias predatorias, en especial los servicios financieros.

En efecto, visto en el contexto de la decadencia industrial general estadounidense, la industria de los servicios financieros no es un caso enteramente excepcional. Aunque buena parte del daño causado ha sido deliberado y amoralmente predatorio, en parte tenía su origen en la misma decadencia de la gestión que terminó por provocar el derrumbe de GM y Chrysler. Jimmy Cayne, Stan O’Neal, Chuck Prince, Richard Fuld: todos ellos eran personas que cobraban mucho más de lo que merecían, y que solo conservaban el cargo gracias a la negligencia y la complacencia de sus consejos de administración, exactamente igual que ocurría en GM, Chrysler, U. S. Steel, Kodak e IBM antes de 1993. La principal diferencia era que las finanzas pueden ser realmente peligrosas. A diferencia de lo que ocurre en la industria del automóvil, la gente que trabajaba en los servicios financieros no solo podía saquear sus propias compañías, sino también poner de rodillas al sistema financiero global.

Por supuesto, el auge de China, la India y otros países asiáticos tuvo otro efecto sobre los cálculos de los directivos industriales estadounidenses: proporcionó un inmenso repositorio de trabajadores de extremadamente bajo coste para las empresas de Estados Unidos. Eso significaba que incluso una empresa estadounidense gestionada con eficiencia (de hecho, tal vez especialmente una empresa bien gestionada) ya no necesitaba ni quería trabajadores del país de bajo coste para los trabajos que exigían escasa cualificación, desde las operaciones manuales en la industria hasta los operadores telefónicos en un servicio al cliente ordinario. La externalización y la deslocalización resultaban mucho más efectivas.

Eso significaba que Estados Unidos solo podía mantenerse en forma económicamente y proporcionar empleos bien remunerados si mejoraba de manera radical la formación y las competencias de su población, así como su atractivo como localización para actividades de alta tecnología. Pero lo que ha ocurrido es, de hecho, lo contrario: la tasa de abandono escolar en secundaria está aumentando, y las infraestructuras estadounidenses, en especial el despliegue de banda ancha, están perdiendo terreno en relación con el resto del mundo. Como resultado, la industria ha desaparecido prácticamente de Estados Unidos: hoy supone tan solo el 12 por ciento del PIB. La fabricación de bienes de consumo que requieren alta cualificación (como las máquinas herramienta) está dominada por Japón y Alemania, mientras que la fabricación masiva con empleo intensivo de mano de obra está controlada por China, Vietnam, Bangladés y otros países con bajos costes laborales. Ello ha dejado a un inmenso número de trabajadores estadounidenses prácticamente sin posibilidad de acceder al mercado laboral, excepto en ocupaciones con retribuciones mínimas en el sector de los servicios.

Pero ¿cómo y por qué se permitió que todo esto ocurriera? Por supuesto, es complicado dar una respuesta a esta pregunta. No obstante, sin duda, una parte muy importante de esa respuesta es que una reacción efectiva ante la decadencia industrial interna y los retos del exterior requería introducir cambios relevantes en el gobierno y la industria estadounidenses. Requería importantes mejoras en el sistema educativo, una fuerte presión sobre las industrias incompetentes para que emprendieran reformas, el despliegue de una avanzada infraestructura de banda ancha y una gran variedad de cambios regulativos.

El problema es que esas medidas no tenían ningún lobby poderoso y bien financiado que presionara por ellas. No había, ni hay, ninguna industria rica y potente que tenga una necesidad urgente e inmediata de mejorar la educación y los niveles de competencia de la mitad inferior de la población estadounidense. En cambio, había muchas otras cosas que grupos con poder y bien financiados sí querían, y por las que comenzaron a presionar. Enfrentados a la decadencia interna y a la competencia externa, los ejecutivos responsables de las grandes y concentradas industrias de Estados Unidos decidieron comenzar a usar su dinero para conseguir lo que querían. Pero solo lo que ellos querían, a nivel individual, no lo que el país en conjunto necesitaba. Y, de hecho, lo que era bueno para los beneficios de su empresa a menudo era bastante malo para el país. Si el consejero delegado y la alta dirección eran perezosos, desfasados e incompetentes, lo que querían era protección frente a la imposición de políticas antitrust, mayor competencia y mejores modelos de gobernanza corporativa. Si la empresa y su sector estaban gestionados por una dirección competente pero predatoria, otros fines por los que presionar serían la supresión de la supervisión reguladora y el relajamiento de la aplicación de la ley a directivos.

Y en cuanto optaron por este camino, los directivos incompetentes descubrieron que la corrupción era una manera facilísima de hacer las cosas, una forma muy eficiente de prevenir, o por lo menos retrasar, el día de su caída. Más tarde, sus amigos predadores en los servicios financieros se dieron cuenta de que las mismas técnicas les podían servir a ellos para abusar del país entero, del mundo entero incluso. Y todos nosotros hemos estado pagando por ello desde entonces.

La decadencia económica estadounidense y el auge de la política basada en el dinero

Comencemos estudiando en detalle un caso concreto: la infraestructura de banda ancha.

Tal como observé antes, Estados Unidos ha quedado rezagado en relación con otros países en el despliegue de banda ancha. En buena parte de Asia e incluso en algunos lugares de Europa, el servicio de banda ancha es muy superior al de Estados Unidos en velocidad, coste y universalidad. Para citar solamente uno de muchos ejemplos posibles, a comienzos de 2012 un acceso a internet de 60 megabits por segundo era accesible en Taiwán por 30 dólares al mes, y cuando este libro se publique a mediados de 2012 se podrá acceder a un servicio de 100 megabits por segundo al mismo precio[215]. Japón, Corea del Sur, Singapur e incluso partes de China tienen un servicio de banda ancha muy superior al de la mayor parte de Estados Unidos. El país de Silicon Valley, el inventor de internet, no tiene acceso universal a la banda ancha, ni por cable ni por wifi, y sus servicios son lentos, poco fiables y caros. Esta situación se prolonga desde hace más de una década, y la distancia de Estados Unidos respecto a Asia y Escandinavia no hace más que aumentar.

¿Por qué?

La razón es que tanto las industrias tradicionales de las telecomunicaciones como la de la televisión por cable son rígidos y poderosos oligopolios que se sienten profundamente amenazados por los servicios de internet de alta velocidad. Una infraestructura a nivel nacional que permita un servicio de internet universal de alta velocidad que combine tanto el acceso por cable como por wifi les parece especialmente peligroso. Su existencia reduciría de forma drástica el coste de los servicios de datos; también permitiría una telefonía barata y universal por internet, así como acceso a contenidos audiovisuales on-line que volvería obsoletos los servicios telefónicos y la televisión tanto por cable como convencional. En el caso de AT&T y Verizon, eso destruiría la mayor parte de sus ingresos actuales. En el caso de las empresas de televisión por cable, una infraestructura avanzada de internet también sería una amenaza para ellas, al permitir la entrada de nuevos competidores en producción y distribución de contenidos audiovisuales.

A pesar de la competencia que existe entre AT&T, Verizon, la industria de la televisión por cable y otros competidores más pequeños como Sprint y T-Mobile, sigue siendo muy limitada. Tras la división del monopolio de AT&T en la década de los ochenta, había cerca de una docena de empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos. Solo han quedado dos, y en lugar de competir entre ellas han optado por fusionarse, y todavía hoy en día siguen tratando de llevar más lejos la concentración. AT&T quiso adquirir recientemente T-Mobile, pero la operación fue bloqueada por el Departamento de Justicia, en la única intervención de este organismo en la última década para frenar la concentración del sector, que no hace sino aumentar. A finales de 2011, Verizon firmó un acuerdo importante con las tres mayores compañías de cable estadounidenses para combinar sus respectivos servicios[216].

Aunque se produce un rapidísimo progreso en las tecnologías digitales subyacentes (routers, cable de fibra óptica, software, sistemas inalámbricos digitales), de entre el 50 por ciento y el 100 por ciento anual, el sector ofrece un ritmo de mejora muy lento de su relación calidad-precio. Estados Unidos va por detrás de Escandinavia, Japón y Corea del Sur por un factor de diez o más.

La razón es el dinero y la política. Hacer lobby es la auténtica competencia central de este sector. Gasta más dinero en lobbies, contribuciones políticas y otras actividades políticas que en I+D. Por ejemplo, han logrado que se promulguen leyes estatales que prohíben a los municipios construir sus propias redes de fibra óptica, y son probablemente los mayores usuarios industriales de la «consultoría» antitrust de economistas académicos.

Hace una década, mi último proyecto como investigador sénior en Brookings fue escribir un libro acerca de esta cuestión. Como condición previa para publicarlo, Brookings censuró mi manuscrito en un solo punto: justamente el pasaje donde daba los nombres de los economistas académicos que habían realizado labores de consultoría para las grandes empresas de telecomunicaciones (entre ellos el propio Robert Crandall, de Brookings, así como Laura Tyson, Peter Temin, Daniel Rubinfeld, Rich Gilbert, Jerry Hausman, Carl Shapiro y el Grupo Consultivo de Economía y Derecho).

La industria goza de excelentes contactos políticos. Laura Tyson no está solo en el consejo de Morgan Stanley, también está en el de AT&T. En mayo de 2011, Meredith Baker dimitió de la Comisión Federal de Comunicaciones para convertirse en la principal lobbista de NBC-Universal, cuatro meses después de votar a favor de su fusión con Comcast. El consejo de Verizon incluye al excontable jefe de la SEC, un exsecretario de transportes y un exsecretario del Tesoro. Bill Daley, que sustituyó a Rahm Emanuel como jefe de gabinete en la administración Obama de 2011 a 2012, había sido anteriormente presidente de SBC, una de las compañías regionales Bell adquirida por AT&T. La situación política resulta agravada por el hecho de que el sindicato del sector, Communications Workers of America, se ha puesto siempre del lado de los patronos en contra de cualquier acción antitrust y otras medidas para mejorar la competencia y el progreso técnico.

Como resultado de todo ello, el coste total de usar servicios de internet, smartphones, tabletas y ordenadores personales en Estados Unidos no solo depende de los costes del hardware o el software, sino del elevado precio de los servicios de datos. Las consecuencias económicas de esta situación son enormes. En los debates de política económica, casi todo lo que se dice acerca de las «infraestructuras» se concentra en la modernización de las autopistas, los aeropuertos, los puentes, el alcantarillado, la red eléctrica y demás. Sin duda se trata de cuestiones relevantes, pero el bienestar económico futuro de Estados Unidos depende mucho más de la existencia de una infraestructura de banda ancha competitiva. La educación y la tecnología de internet son los dos grandes factores para el aumento de la productividad en las economías avanzadas. Unos mejores servicios de banda ancha también tendrían un papel importante en la reducción de las emisiones de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles en Estados Unidos gracias al trabajo a distancia, las videoconferencias y los sistemas inteligentes de gestión energética. Es más, un despliegue universal de banda ancha supondría un inmenso proyecto de construcción física, un estímulo ideal para la economía estadounidense en su anémico estado actual. Por último, unos servicios de banda ancha competitivos son importantes tanto para la calidad como para la accesibilidad económica de la educación a distancia (on-line).

En otras palabras, Estados Unidos está pagando un precio muy alto por la política basada en el dinero. No solo es deshonesta, sino también económicamente desastrosa; y no ocurre tan solo con los servicios financieros.

Dinero, política y progresión económica

A finales de la década de los setenta, las principales industrias estadounidenses descubrieron una debilidad crucial en el sistema nacional, y comenzaron a explotarla metódicamente con el fin de evitar o al menos moderar la competencia. Hablando en plata, descubrieron que comprar a personas era mucho más fácil que hacer bien su trabajo. Resultó que los políticos, los académicos, los reguladores, los auditores y los partidos políticos de Estados Unidos eran fácilmente corruptibles. Sus sistemas de gobernanza habían sido diseñados para una época previa, y no estaban preparados para resistir esfuerzos serios de corromperlos.

De modo que desde de la década de los ochenta, la alta dirección de las decadentes empresas establecidas aplicaron estrategias cada vez más agresivas de retribución de los consejos de administración, colocación de exfuncionarios del gobierno en esos mismos consejos, contratación de expolíticos como lobbistas, contribución a campañas políticas, contratación de expertos académicos para prestar testimonio en casos antitrust, etc. Comenzaron las fusiones entre empresas, las deslocalizaciones y los recortes de sueldos y prestaciones a sus empleados. Persiguieron y obtuvieron un relajamiento del control antitrust, excepciones a regulaciones medioambientales, exenciones fiscales, criterios contables favorables, protección de la competencia extranjera mediante requisitos de contenido nacional. Por ejemplo, a pesar del hecho de que los ingresos corporativos en Estados Unidos alcanzaron un récord histórico superior al 14 por ciento del PIB en 2011, la recaudación federal por impuestos societarios estaba cerca de mínimos históricos, en menos del 1,5 por ciento del PIB[217]. Las empresas estadounidenses también se resistieron a todos los intentos de reforzar la gobernanza corporativa. Mantuvieron bajos los sueldos públicos, lo que aumentaba su capacidad de influir sobre las políticas públicas mediante contrataciones de «puerta giratoria». Relajaron las regulaciones, las actividades de implementación y la gravedad de las sanciones, y prácticamente eliminaron cualquier riesgo de acciones penales contra ellos.

Para obtener todo esto, las grandes empresas, los bancos y los ciudadanos ricos llevan varias décadas bombeando dinero a la política estadounidense en cantidades antes inimaginables: primero fueron ríos, luego mareas y ahora auténticos océanos. El dinero llegaba de diversas formas: contribuciones políticas; lobbies; empleos de «puerta giratoria»; en ocasiones, soborno puro y duro; muchas veces acceso y contactos para los fines más diversos, como escuelas privadas, créditos personales, grandes fiestas, viajes en jets privados, etc.

Por otro lado, el dinero muchas veces se reparte de un modo no partidista, o bipartidista, o para usar un término recientemente acuñado, pospartidista. Muchos ciudadanos ricos dan actualmente a ambos partidos simultáneamente, así como a los políticos con un asiento en Washington con independencia de su adscripción de partido. Goldman Sachs sostiene una política deliberada de mantener un número equivalente de demócratas y republicanos en su alta dirección, incluido uno de cada en la cima del escalafón. Las empresas escogen a lobbistas y miembros del consejo entre los exfuncionarios del gobierno de ambos partidos en número más o menos igual. Los demócratas reciben actualmente casi el mismo dinero de las empresas que los republicanos, aunque algunas industrias como la petrolera siguen favoreciendo claramente a los republicanos.

He aquí algunos números.

En 1974, los gastos totales de campaña de todos los miembros del Senado fueron de 28,4 millones de dólares. En 2010 habían subido a 568 millones. En el caso de la Cámara de Representantes, los gastos totales de campaña en 1974 fueron de 44 millones de dólares; en 2010 estaban en 929 millones[218]. La presidencia se ha vuelto aún más cara. En la tabla 4 se muestran los gastos de campaña desde 1976:

Fuente: OpenSecrets.org, http://www.opensecrets.org/pres08/totals.php?cycle=2008.

Por otra parte, también cambiaron las fuentes de las que procedía el dinero. La imposición de la política basada en el dinero coincidió con el aumento de la desigualdad de los ingresos, y las dos tendencias se han reforzado entre sí. Las donaciones de campaña están actualmente muy concentradas. En 2010 aproximadamente el 1 por ciento de la población estadounidense —menos de 27 000 personas— cubría el 24 por ciento de todas las donaciones de campaña, por un total de 774 millones de dólares[219].

El incremento de los gastos de campaña comienza a producir otro efecto peligroso: la disminución del control mediático sobre la corrupción política. Afortunadamente, Estados Unidos todavía tiene una prensa poderosa e independiente. Pero la industria mediática, en especial la televisión y la prensa escrita, se encuentra bajo una presión financiera cada vez mayor como resultado de la fuga de audiencias y publicidad hacia internet. En este período, sin embargo, ha habido un sector que ha aumentado de forma muy importante su publicidad en los medios tradicionales: la política. En los años de elecciones presidenciales, los gastos de publicidad combinados de las campañas federales, estatales y locales, incluidas las PAC[*] y las llamadas súper-PAC[*], exceden probablemente los 5000 millones de dólares. La progresiva concentración de los servicios financieros y de otros sectores importantes ha producido también un aumento del gasto publicitario de cada una de las empresas. El efecto combinado del aumento de la publicidad política y de la concentración de la publicidad empresarial comienza a ejercer presión sobre las publicaciones y sobre los programas de noticias más importantes.

La presión de los lobbies también ha aumentado. He aquí los gastos por este concepto de los sectores financiero, asegurador e inmobiliario entre 1998 y 2010:

Fuente: OpenSecrets.org, http://www.opensecrets.org/lobby/indus.php?id=F&year=2011.

También hay que tener en cuenta la posición financiera personal de los políticos, los funcionarios del gobierno y los reguladores, que da una utilidad muy concreta al espectacular aumento de los gastos y los ingresos de los lobbies, más allá del trabajo que puedan llevar a cabo los lobbistas. En realidad, es muy probable que el efecto de la industria de los lobbies sobre las políticas públicas no se deba principalmente a que sus componentes convenzan a nadie de nada. Su impacto deriva del simple hecho de su existencia, en el sentido de que todos los altos funcionarios públicos —ya sean cargos electos, designados o funcionarios de carrera— saben que si se comportan debidamente podrán conseguir trabajo como lobbistas cuando abandonen el gobierno. Y en ese caso quintuplicarán inmediatamente su salario con solo pasar al otro bando. De este modo, el crecimiento de la desigualdad de los ingresos y la distancia entre los sueldos de los sectores público y privado han fomentado aún más la corrupción política estadounidense. En algunos países, como Singapur, los altos funcionarios y los reguladores públicos reciben salarios competitivos, a veces superiores a un millón de dólares al año. No ocurre lo mismo en Estados Unidos.

He aquí algunas estadísticas de los salarios de los funcionarios públicos y los de sus equivalentes aproximados en el sector privado.

La Oficina de Estadísticas Laborales recoge información sobre los sueldos del gobierno y del sector privado «en los sectores de la emisión de títulos-valores, los contratos de futuros y la inversión en Estados Unidos (NIACS 523)». En 1990, el empleado federal medio en esas profesiones ingresaba 32 437 dólares, mientras que el empleado medio del sector privado ganaba 61 047 dólares, lo que significa que el empleado medio del sector privado cobraba un 88 por ciento más que el empleado federal. Lo mismo sucedía con otros altos empleos federales, incluidos los más codiciados como lobbistas. Por ejemplo, en 2010, el jefe de gabinete medio de un miembro de la Cámara de Representantes ganaba menos de 140 000 dólares; el director legislativo medio de un miembro de la Cámara, menos de 90 000. Otras referencias para posibles comparaciones: en 2010, los miembros del gabinete federal ganaban 199 700 dólares, y los presidentes de la SEC, la FTC y la CFTC ganaban 165 300[220].

Sin embargo, esos números —aun siendo preocupantes— todavía disfrazan mucho la gravedad del problema. Las cifras del sector privado ofrecidas en el párrafo anterior incluyen a muchos empleados de pequeñas empresas locales de servicios financieros, y en cambio no incorporan a los lobbistas. La compensación media del conjunto de los empleados de Goldman Sachs, por ejemplo, ha fluctuado entre unos miserables 433 000 dólares en 2010 y un récord de 661 000 en 2007, en la época en que seguía vendiendo basura con garantía hipotecaria pero había comenzado a apostar contra ella. Los altos ejecutivos de Goldman ganan muchísimo más, y nadie dude de que Goldman paga muy muy bien a sus lobbistas.

En conclusión, comprar influencia sobre las políticas federales resulta sorprendentemente barato para los estándares del sector, y mantener bajos los sueldos del sector público lo hace aún más fácil. Si combinamos las contribuciones de campaña, la actividad de los lobbies, los contratos de «puerta giratoria» y los pagos a expertos académicos, todo el proceso probablemente no cueste más de 20 000 millones al año, tal vez un 1 por ciento de los beneficios empresariales anuales en Estados Unidos. Por esta modesta suma, las industrias más incompetentes y predatorias estadounidenses pueden comprar un tratamiento político y regulatorio favorable, y reducir su necesidad de aumentar su productividad, honestidad o competitividad.

Dentro de este proceso, el sector financiero fue inicialmente un imitador entusiasta de la actuación de otros sectores para convertirse más tarde, ya en de la década de los noventa, en el principal usuario de la estrategia de la política basada en el dinero. A medida que el sector financiero ganaba poder se concentraba y se volvía más políticamente activo; puede decirse que se convirtió en el primer sector importante que usó esta estrategia con fines ofensivos y predatorios, más que meramente defensivos.

Las cosas empezaron a ir en serio para los servicios financieros con la administración Clinton. Para ser justos, Clinton hizo algunas cosas muy buenas en política económica. Frenó el gasto a déficit. Inició una importante acción antitrust en Estados Unidos (contra Microsoft, aunque la administración Bush la cerró más adelante con un acuerdo trivial). También trató de introducir auténtica competencia en el sector de las telecomunicaciones, incluidos los sectores de banda ancha, con el gran acuerdo sectorial que pretendía ser la Ley de Telecomunicaciones de 1996. Y finalmente hizo unas cuantas cosas muy productivas para apoyar la revolución de internet, entre ellas legalizar los servicios comerciales de internet y privatizar la columna vertebral de internet en 1994-1995.

Sin embargo, la administración Clinton también dio un giro contundente hacia los ricos y el sector financiero, una decisión funesta plagada de consecuencias que el propio Clinton con toda probabilidad no comprendió en su momento. Luego George W. Bush terminó el trabajo, neutralizando totalmente los sistemas de regulación y control. Y así fue como Estados Unidos se deslizó hacia la burbuja y luego hacia la crisis.

Pero entonces, en 2008, con el sistema financiero global al borde del colapso, Barack Obama se presentó en su campaña presidencial como un reformador que volvería a poner bajo control al sector financiero y devolvería la justicia al país. En lugar de eso lo que hizo fue empeorar aún más la situación.

El gobierno amigo de Wall Street del señor Obama

Barack Obama llegó a la presidencia impulsado por una abrumadora demanda popular de cambio, y con la mejor oportunidad política de llevarla a cabo desde la Depresión. Ganó gracias a sus declaraciones reformistas e idealistas durante la campaña, y a la movilización popular sin precedentes que generaron. Su partido obtuvo amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso, y asumió el cargo con el país inmerso en una profunda crisis, al borde todavía de la catástrofe financiera y con un ritmo de destrucción de empleo de medio punto porcentual mensual. Los bancos continuaban con graves problemas, y el gobierno federal tenía un poder enorme sobre ellos: poseía el control directo de buena parte de AIG, Citigroup y Bank of America; mantenía vivos a todos los demás a través de créditos del TARP y de la Reserva Federal; Goldman Sachs y Morgan Stanley habían aceptado convertirse en matrices bancarias (bank holding companies), lo que las sometía a una mayor regulación de la Reserva Federal y la FDIC. El primer mandato de Ben Bernanke como presidente de la Reserva Federal estaba próximo a expirar, lo que daba a Obama un gran poder sobre él, y la posibilidad de sustituirle si no respondía a sus expectativas. Si alguna vez hubo una oportunidad de hacer algo en Washington, DC, fue esta. Pero resultó que Obama era otro presidente oligarca más.

La primera señal inquietante fueron sus designaciones. Ni una sola voz crítica o reformista obtuvo un cargo: ni Simon Johnson, ni Nouriel Roubini, ni Paul Krugman, ni Sheila Bair, ni Joseph Stiglitz, ni Jeffrey Sachs, ni Robert Gnaizda, ni Brooksley Bron ni el senador Carl Levin, ninguno de todos estos.

En lugar de ello nos dieron a Larry Summers, el hombre que estaba detrás de casi todas las desastrosas políticas que generaron la crisis, y que acababa de embolsarse 20 millones de dólares de hedge funds y bancos de inversión como director del Consejo Económico Nacional. (Cuando Summers abandonó el cargo a comienzos de 2011 su sustituto fue Gene Sperling, que acababa de ingresar 1 millón de dólares de Goldman Sachs por sus labores de asesoría en relación con las actividades no lucrativas del banco). Tim Geithner, que había sido presidente del Banco de la Reserva Federal durante toda la burbuja, quedó a cargo del Tesoro. Geithner escogió un exlobbista de Goldman Sachs, Mark Patterson, como su jefe de gabinete. Uno de sus asesores sénior fue Lewis Sachs, exsupervisor de Tricadia, uno de los hedge funds que ganaron miles de millones de dólares ayudando a los bancos a estructurar títulos hipotecarios para que Tricadia pudiera apostar luego contra ellos. La elección de Geithner para el cargo de subsecretario de finanzas nacionales fue Jeffrey Goldstein, un directivo de capital inversión. El secretario asistente de Geithner para los mercados de capitales y finanzas hipotecarias (la persona más directamente encargada de limpiar el desastre inmobiliario) fue Matthew Kabaker, directivo de Blackstone, la mayor sociedad de capital inversión de Estados Unidos.

El nuevo presidente de la Fed de Nueva York fue William C. Dudley, economista jefe de Goldman Sachs durante toda la burbuja, y coautor junto con Glen Hubbard del artículo antes comentado que proclamaba el triunfo de los mercados financieros y la importancia de los derivados para amortiguar recesiones. Y luego, por supuesto, Obama renovó la designación de Ben Bernanke.

Casi todas las designaciones regulativas siguieron el mismo patrón. Gary Gensler, exdirectivo de Goldman que había ayudado a sacar adelante la prohibición de la regulación de los derivados, se convirtió en presidente de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías, encargada de regular los derivados. Mary Shapiro, que antes había dirigido la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, el tímido e inútil órgano de autorregulación del sector de la banca de inversión, pasó a dirigir la Comisión de Bolsa y Valores (tras recibir 9 millones de dólares de indemnización por cese). Para el cargo de director de cumplimiento, la señora Shapiro eligió a Robert Khuzami, consejero general de Deutsche Bank desde 2004 para el continente americano. La alta dirección de Deutsche Bank no tiene el mismo enfoque predatorio de Goldman Sachs, pero tampoco son unos ingenuos boy scouts. El banco tenía una importante cartera hipotecaria que le reportó algunas pérdidas, aunque su agresiva cobertura las redujo a menos de 5000 millones de dólares. Greg Lippman, director de la mesa de negociación de CDO de Deutsche Bank, invirtió agresivamente a corto en el mercado hipotecario y ganó de este modo 1200 millones de dólares para Deutsche. Lippmann también trabajó para John Paulson y Magnetar en la creación de títulos contra los que apostar luego. (A modo de broma, Lippmann regaló camisetas a sus empleados con el lema «Apuesto a corto contra tu casa»). Y al igual que otros bancos, Deutsche Bank se descargó como pudo de su basura con clientes incautos. Lippmann siguió vendiendo personalmente CDO a los clientes de Deutsche, en algunos casos refiriéndose internamente a los productos como «basura» y a los clientes como «bobos». En un correo electrónico de junio de 2007, un director ejecutivo de Deutsche Bank, Richard Kim, informaba a Lippmann de que empaquetaría piezas no vendidas de CDO en un CDO al cuadrado, y las vendería como un «basurero contable CDO2»[221]. El informe Lebin-Coburn de 2011 enumera varios casos en que los riesgos de los CDO comentados internamente no se mencionaban en los materiales promocionales públicos. ¿Qué conocimiento tenía el señor Khuzami de todo esto? No lo sabemos, pero designar al señor Khuzami mandó, sin duda, una pésima señal acerca del interés de la administración en la persecución judicial de los responsables de la crisis. Y no hace falta decir que la deprimente actuación del señor Khuzami no ha hecho más que confirmar esa señal.

Lo mismo puede decirse de la elección de Obama para dirigir la división criminal del Departamento de Justicia, Lanny Breuer. Este había sido copresidente de investigaciones y delitos de cuello blanco en Covington & Burling, un despacho de abogados también muy activo como lobby. (Entre 2001 y 2007, el fiscal general Eric Holder también trabajó para Covington & Burling). Mientras Breuer y Holder fueron socios del despacho, algunos de sus clientes fueron Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Freddie Mac. El despacho estaba implicado también en la creación del MERS, el consorcio del sector bancario que ahora ha sido llevado a juicio por el estado de Nueva York por abusos en los desahucios[222]. Otros clientes de Covington eran directivos de Halliburton, Philip Morris, Blackwater y Enron; Breuer representó personalmente a la agencia de calificación Moody’s en relación con el caso Enron, y también ha representado a Halliburton. Breuer y Holder se han negado a responder si han tenido que recusarse a sí mismos de alguna investigación por delitos financieros. Más recientemente, Covington & Burling ha representado a un gran número de personas y empresas implicadas en la crisis financiera, entre ellas Indymac, una agencia de contabilidad de las Cuatro Grandes, Sterling Financial/PNC y otras; también ha actuado como lobbista ante la SEC en nombre de una coalición de empresas financieras, con el fin de relajar la regla Volcker[223].

El jefe asistente de gabinete de Eric Holder, John Garland, y el jefe de gabinete de Lanny Breuer, Steve Fagell, también proceden de Covington & Burling, y ambos han regresado a la empresa para trabajar en delitos de cuello blanco y cuestiones de regulación. En el Departamento de Justicia, Fagell ha sido el responsable de coordinar la unidad de fraude financiero. De regreso a Covington, comenzó a «representar» (no «hacer lobby para», pues eso habría sido ilegal dado el poco tiempo transcurrido desde su salida del gobierno) a una coalición de empresas financieras en su intento de persuadir a la SEC para que relajase las provisiones de protección de las denuncias de empleados de la Ley Dodd-Frank. El señor Fagell también «representa» a otros bancos y directivos financieros en relación con diversas disputas regulatorias, legales y de políticas públicas.

Incluso las designaciones para cargos de política exterior y seguridad nacional de la administración Obama fueron copadas por banqueros, entre ellos algunos que estaban profundamente implicados en la burbuja financiera y que habían obtenido grandes beneficios gracias a ella. Michael Froman, designado para dirigir la política económica en el Consejo de Seguridad Nacional, había sido directivo en Citigroup Alternative Investments, una unidad profundamente implicada en la crisis financiera y que perdió más tarde miles de millones de dólares. Froman comenzó a trabajar en el equipo de transición de Obama mientras todavía estaba en Citigroup y el banco le pagó su prima final después del anuncio de su designación en enero de 2009. Bajo presión de los medios de comunicación, Froman entregó esa prima a organizaciones de beneficencia. Sin embargo, los ingresos de Froman de Citigroup siguen ascendiendo a más de 7 millones de dólares. Jacob Lew, que fue director financiero de la misma unidad de Citigroup, se convirtió en secretario de Estado adjunto y luego, en 2010, fue elegido por Obama para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto. En 2012 se convirtió en jefe de gabinete de Obama cuando Bill Daley dimitió.

El nuevo secretario de Estado adjunto de administración y recursos fue Thomas Nides, exdirector administrativo de Morgan Stanley. Tuve la ocasión de conocerle mientras trabajaba allí, después de mi última conversación con Laura Tyson. Y sí, me dijo, conocía a Laura de la administración Clinton; también había estado en la administración, dijo, «antes de venderme». Sí, realmente me dijo esas mismas palabras.

El subsecretario de Estado de Obama —o de Hillary Clinton— para asuntos económicos fue Robert Hormats, antes vicepresidente de Goldman Sachs International. Richard Holbrooke, el enviado especial del Departamento de Estado a Afganistán y Pakistán hasta su muerte en 2010, había formado parte del consejo de administración de AIG y de AIG Financial Products. Tom Donilon, el lobbista jefe de Fannie Mae entre 1999 y 2005, se convirtió en asesor adjunto de Seguridad Nacional. El flujo en dirección contraria comenzó poco después: Peter Orszag, el primer director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Obama, dimitió en 2010 para convertirse en vicepresidente de Citigroup.

Los miedos que despertó inmediatamente este patrón de designaciones se han demostrado plenamente justificados. Desde un primer momento, Obama se opuso a cualquier iniciativa de reforma de fondo de la gobernanza corporativa, de la división de los grandes bancos, o de la resolución de lagunas legales. Sigue sin ser ilegal per se, por ejemplo, crear y vender un título con el único fin de apostar en contra. Obama también se opuso a cualquier intento de reformar o controlar las retribuciones del sector financiero, incluso en las entidades dependientes de la ayuda federal, que eran la gran mayoría en la primera época después de la crisis. Hubo un largo período de inacción total, seguido por una reforma blanda y ridículamente compleja (la Ley Dodd-Frank). Prácticamente no se ha emprendido ninguna acción relevante en relación con la crisis de los desahucios, y la Casa Blanca participó de forma muy sutil en las investigaciones emprendidas por el Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones y por la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. Es más, la administración mantuvo deliberadamente bajo el presupuesto de la Comisión, en solo 6 millones de dólares; limitó drásticamente sus poderes de instrucción, y programó la presentación de su informe para después de las elecciones de 2010.

La falta total de interés del nuevo Departamento de Justicia en perseguir judicialmente a los bancos y a los banqueros se hizo pronto evidente. Los delitos de cuello blanco así como los financieros recibieron una prioridad baja, y la administración optó por no designar a ningún fiscal especial ni crear ninguna unidad específica para investigar y perseguir delitos de relevancia relacionados con la burbuja y con la crisis. Las investigaciones contra Countrywide, Angelo Mozilo, AIG, Joseph Cassano y otros se abandonaron. Los pocos delitos financieros que dieron pie a alguna actuación de las autoridades, como el de la manipulación de licitaciones ilegales y el blanqueo de dinero de Wachovia, se cerraron con un acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales y algunas multas. Como resultado de todo ello, a comienzos de 2012, la administración Obama todavía no ha iniciado una sola actuación judicial penal por asuntos relacionados con la crisis, ya sea contra entidades o altos directivos financieros, literalmente ninguna.

La SEC ha presentado un puñado de casos civiles, que han terminado en general con multas triviales, sin que se exigiera la admisión de culpabilidades a ninguna persona o entidad. Ningún directivo ha tenido que pagar a nivel individual más que una minúscula parte de su patrimonio neto o sus beneficios derivados de la burbuja.

De hecho, cuando unos cuantos fiscales generales del Estado tuvieron el valor de ponerse un poco duros con los bancos en 2011 (en varios casos civiles), en especial Eric Schneiderman de Nueva York, la administración Obama los presionó para que desistiesen en su empeño. Varios altos responsables de la administración, entre ellos el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, llamaron directamente o a través de personas próximas a Schneiderman y le dijeron que aceptara el acuerdo blando que proponía la administración, cuyos términos incluían la renuncia a cualquier derecho futuro a emprender actuaciones judiciales contra los bancos por fraude.

No obstante, entonces llegó el movimiento Occupy Wall Street, la serie de documentales en dos partes del 60 Minutes de diciembre de 2011 sobre la falta de actuaciones judiciales y, por encima de todo, el año electoral de 2012. Y de repente, cuatro años después de la crisis, en su discurso del estado de la nación de enero de 2012, el presidente Obama anunció la creación de una unidad especial federal-estatal dedicada a los delitos financieros, y que el fiscal general del estado de Nueva York Eric Schneiderman sería su copresidente. El otro copresidente, no obstante, es Lanny Breuer, el mismo director de la división criminal que llevaba cuatro años sin presentar cargos contra nadie. Un total de 10 (sí, 10) agentes del FBI fueron inicialmente asignados a la división, y cuando esté en pleno funcionamiento alcanzará la grandiosa cifra de 55 empleados.

Poco después asistimos a los previsibles resultados políticos de la iniciativa. Tres operadores de Credit Suisse fueron arrestados por fraudes triviales presuntamente cometidos en 2007, y que habían perjudicado a Credit Suisse más que a los inversores o a los propietarios de viviendas. Posteriormente se llegó a un acuerdo en cuanto a los casos de los desahucios por 26 000 millones de dólares. Menos de un millón de las personas que han perdido sus hogares recibirán cheques por un valor medio de 2000 dólares por cabeza. Otro millón obtendrá algún tipo de mejora de sus hipotecas. Otros 20 millones de personas cuyas hipotecas están sumergidas, o que han perdido sus casas por desahucio, no recibirán nada. Mientras escribo estas líneas, todavía no se ha producido ningún arresto ni se han presentado cargos contra entidades importantes o altos ejecutivos en relación con la burbuja, la crisis o los subsiguientes abusos en los desahucios.

Obama ha sido igual de inerte en cuanto a las retribuciones financieras, ya sea a nivel corporativo o individual, a pesar incluso de que otros gobiernos tomaron medidas. En 2009, Gran Bretaña adoptó un impuesto del 50 por ciento sobre las primas bancarias. Luego, en septiembre de 2009, Christine Lagarde (entonces ministra de finanzas francesa) y otros seis ministros europeos de finanzas publicaron una carta conjunta en el Financial Times en la que apelaban a los países del G20 para que aprobaran medidas duras para controlar las retribuciones financieras, con el argumento de que «la cultura de la prima debe terminar». La mayoría de los países del G20 tomaron medidas de control de las retribuciones, incluidas una serie de normas de recuperación obligatoria (clawback) de primas en caso de pérdidas posteriores. La administración Obama no realizó ningún comentario. Más tarde, en 2010, la Reserva Federal y la SEC emitieron algunas regulaciones extraordinariamente blandas y que apenas han cambiado nada.

En contraste, en 2012 se han implementado en Europa las normas de recuperación obligatoria, que han obligado a altos ejecutivos de Barclays, Lloyds y varios bancos europeos a devolver millones de dólares por cabeza en primas previamente recibidas.

Hasta el momento, los reguladores estadounidenses no han introducido ninguna norma de recuperación obligatoria. A nivel tanto corporativo como sectorial, siguen existiendo los mismos conflictos de interés que hasta ahora. Las consultoras que realizan las auditorías siguen cobrando de las empresas que supuestamente deben auditar. Las agencias de calificación siguen cobrando de los emisores de títulos. Los operadores, los directivos y los miembros de consejos de administración siguen cobrando preferencialmente en dinero en efectivo en lugar de en acciones.

En resumen, las políticas de la administración Obama respecto al sector financiero son prácticamente indistinguibles de las de sus antecesores, con independencia de su partido político. ¿Qué ha ocurrido?

En primer lugar, el Partido Demócrata ha cambiado. No tanto su base popular como sus fuentes de financiación. Durante la mayor parte del siglo XX, y de modo especial desde la Depresión hasta de la década de los setenta, los demócratas fueron el partido de los sindicatos, las familias trabajadoras y los pobres, mientras que los republicanos eran el partido de las empresas. La división quedó meridianamente dibujada en numerosas ocasiones durante la Gran Depresión, pero siguió existiendo durante décadas. Volvió a ponerse de relieve en 1962, en la confrontación entre John F. Kennedy y la industria del acero, cuyas principales empresas se comportaban a menudo como un cártel. La administración había alcanzado un acuerdo con los sindicatos del acero y se llevó un chasco cuando las empresas subieron de forma inmediata y concertada los precios del acero, a pesar de que el acuerdo de Kennedy mantenía bajos los costes salariales. Kennedy ofreció una breve y contundente rueda de prensa que obligó a las empresas a dar marcha atrás. La frase final incluso arrancó aplausos de los periodistas:

Unas pocas corporaciones gigantescas han decidido aumentar los precios del acero pasando por encima del interés público. Hace algún tiempo le dije a cada estadounidense que se preguntara qué podía hacer por su país. Hoy las grandes compañías del acero han dado su respuesta.

No obstante, ese era el Partido Demócrata de nuestros padres. En el nuevo Partido Demócrata, cuando en enero de 2011 el presidente Obama ofreció una cena de Estado en la Casa Blanca en honor de Hu Jintao, el presidente de China, invitó a Lloyd Blankfein y a Jamie Dimon[224]. De hecho, el señor Blankfein llevaba ya diez visitas a la Casa Blanca a comienzos de 2011, varias de ellas durante la época en que la SEC había presentado cargos por fraude contra su empresa.

La subordinación del Partido Demócrata a la agenda de la oligarquía financiera se puso de manifiesto por primera vez con la administración Clinton, cuyas políticas, como hemos visto, eran mucho más favorables a los ricos y al sector financiero que las de ninguna otra administración demócrata del siglo pasado. No hace falta decir que el control de la oligarquía se hizo aún mayor durante la administración Bush.

Sin embargo, tal vez lo más revelador sea que Obama siguió los pasos de Bush, a pesar de que gozaba de una oportunidad sin precedentes para cambiar de rumbo. ¿Cómo explicarlo?

El duopolio político estadounidense

Estados Unidos ha experimentado una profunda reestructuración de su contexto político a lo largo de la última generación, fruto de una combinación de globalización, decadencia económica y creciente influencia del dinero en los debates y las decisiones políticas. El elemento central de esta reestructuración es que los dos partidos políticos compiten actualmente por atraer dinero, al tiempo que colaboran entre sí para ocultar este hecho. Juntos ofrecen la apariencia de mantener fieros conflictos partisanos —a menudo también muy reales— sobre cuestiones sociales y de «valores», mientras que en cuestiones cruciales para el sector financiero y la oligarquía económica estadounidense sus actuaciones son prácticamente idénticas. Tenemos, en pocas palabras, un duopolio político: un cártel formado por los dos partidos que dominan conjuntamente la política de Estados Unidos.

A primera vista, la idea de que los dos partidos colaboren y estén bajo la influencia de una misma oligarquía parece absurda. Hay estados rojos y estados azules; los dos partidos están radicalmente polarizados. Y existen conflictos políticos reales en Estados Unidos, en especial en cuestiones sociales importantes para las bases de ambos partidos: el aborto, el matrimonio gay, la disyuntiva en las escuelas entre la educación sexual o la enseñanza de la religión, entre el creacionismo o la evolución, la defensa del seguro médico garantizado y su denuncia como socialismo, o bien la defensa de los impuestos y el gobierno y su denuncia como fuente de todo mal, el control de las armas, las políticas asistenciales, la inmigración, la política medioambiental, la existencia misma del cambio climático. Todo eso son cuestiones muy reales y de gran importancia; y sobre todas estas cuestiones, cada uno de los dos partidos puede decir creíblemente a sus bases que una derrota supondría pérdidas muy reales y dolorosas para ellos.

Pero de eso se trata justamente. Es una estrategia brillante. Todos esos conflictos sociales y de «valores» sirven magníficamente para dividir y distraer a unos ciudadanos que deberían ponerse de acuerdo, y tal vez en otro caso se pondrían de acuerdo, en que sus consejeros delegados, sus banqueros, sus líderes electos y el statu quo político está abusando de ellos. La estrategia permite a cada partido conservar el apoyo a regañadientes de unos ciudadanos que temen perder algo importante para ellos si gana el otro bando, al tiempo que deja campo abierto a los partidos para colaborar en lo más importante para ambos: el dinero.

Por supuesto, el nuevo orden de cosas no gusta a todo el mundo. El actual descenso del país a la corrupción política, la inestabilidad financiera y la decadencia económica supone también un problema y a veces un perjuicio directo para muchos ciudadanos ricos y sectores importantes de la economía. Un ejemplo sería la tecnología de la información, tanto en el caso de las start-ups de Silicon Valley como de las grandes empresas, pero no es el único; muchas industrias han sufrido y siguen sufriendo los efectos de la crisis. Pero esos grupos generalmente no se atreven a resistir, o bien creen que hacerlo iría contra sus intereses. Los ricos, como también las empresas que poseen y dirigen, dependen cada vez más del acceso a un sistema financiero privado y segregado del general, especialmente dirigido a ellos por los grandes bancos, los hedge funds y las sociedades de capital inversión. Servicios como la banca privada, la gestión de patrimonios, la planificación testamentaria, la minimización de impuestos, las fusiones y las adquisiciones, las ofertas públicas iniciales o la emisión de títulos están dominados actualmente por un pequeño número de grandes entidades financieras. Es más, en aspectos como la fiscalidad individual, los intereses de los altos ejecutivos de todos los sectores coinciden con los de quienes dirigen el sector financiero. Y las personas de éxito con escrúpulos de conciencia no son un sector concentrado y naturalmente cohesionado, a diferencia de lo que ocurre con los servicios financieros y los individuos ultrarricos, de modo que no hay auténtica batalla en este sentido.

En consecuencia, la decisión racional en la mayoría de los casos es seguir la corriente en lugar de tratar de reformar el sistema. Esto es particularmente cierto en el campo de la alta tecnología, el único sector económico que podría rivalizar en poder y riqueza con el sector financiero.

Consideremos, por ejemplo, los intereses políticos y lobbistas de Apple, una empresa justamente considerada como el emblema de la alta tecnología estadounidense. Apple no fabrica nada; sus contratistas son empresas de propiedad taiwanesa cuyas sedes centrales están en Taiwán, pero cuyas operaciones y mano de obra se encuentran mayoritariamente en China. (Al menos Apple sigue diseñando sus propios productos; muchas empresas de electrónica estadounidenses han dejado de hacerlo). Dichos contratistas, a su vez, usan ingenieros y gestores taiwaneses y chinos, mano de obra predominantemente china (sus fábricas se encuentran en China) y una combinación de maquinaria de producción de fabricación japonesa, alemana, taiwanesa y china.

Para Apple y otras empresas parecidas, la deslocalización es una decisión enteramente racional; pero sus implicaciones económicas y políticas son enormes. Apple tiene aproximadamente 70 000 empleados en todo el mundo. Uno solo de los contratistas taiwaneses-chinos de Apple, Foxconn, tiene 1,3 millones de empleados. Unas tres cuartas partes de estos empleados son trabajadores relativamente poco cualificados, pero varios cientos de miles son ingenieros, directivos, contables y otros profesionales cualificados. Es más, el nivel tecnológico de las operaciones de Foxconn (y de la manufactura china en general) está aumentando rápidamente. En 2011, Foxconn anunció que se disponía a comprar 300 000 robots para sus fábricas chinas como consecuencia de una combinación de aumento de la demanda y carencias de mano de obra. El proceso de seleccionar, instalar, programar y mantener esos robots requerirá un gran número de empleados altamente cualificados, y prácticamente ninguno de ellos será estadounidense.

Las decisiones de Apple en este terreno ya no están enteramente motivadas por los costes de la mano de obra. Las infraestructuras y las competencias necesarias para manufacturar sus productos ya no existen en Estados Unidos. Las escuelas estadounidenses ya no producen suficientes personas con las competencias necesarias para diseñar, construir y gestionar instalaciones de este nivel en Estados Unidos. Pero Apple no tiene ninguna necesidad de que sus productos se fabriquen en Estados Unidos; de hecho, el empleo de contratistas chinos es un factor crucial para garantizarse el acceso al mercado chino. Y Apple, al igual que otras empresas de alta tecnología, es ahora mucho menos dependiente del mercado estadounidense. En 2011, menos del 40 por ciento de los ingresos de Apple y menos del 20 por ciento de su crecimiento tuvieron su origen en Estados Unidos.

Todo esto significa que Apple, Hewlett-Packard y Dell no van a declarar la guerra a Wall Street en nombre del futuro de la mano de obra estadounidense. De hecho, algunas empresas de alta tecnología comparten el interés del sector financiero en relajar las regulaciones y las políticas antitrust. Todo el mundo prefiere menos impuestos societarios. Google controla actualmente más del 60 por ciento del mercado estadounidense de búsquedas por internet, un porcentaje que no deja de crecer, de modo que tampoco le interesa mucho que haya unas robustas políticas antitrust. A las empresas de alta tecnología de Estados Unidos tal vez no les guste siempre el comportamiento del sector financiero, pero no le van a declarar la guerra. En el mismo sentido, el sector tecnológico no irá a la guerra en nombre de un servicio universal de banda ancha de alta velocidad o de la educación pública.

El nuevo sistema político basado en el dinero también tiene algunas características que se refuerzan a sí mismas. Cuanto más rico, concentrado y poderoso se vuelven el sector financiero estadounidense y un puñado de familias del país, más podrán influir sobre la política en beneficio propio; cuanto más se inclinan las políticas en su beneficio, más ricos y poderosos consiguen ser. De modo parecido, el sistema dificulta el surgimiento de terceros partidos o disidencias efectivas dentro de los dos grandes partidos. El sistema de colegios electorales en las elecciones presidenciales dificulta que un tercer partido ejerza una función de bisagra en la elección del presidente. Estados Unidos tampoco dispone de un sistema parlamentario que pueda otorgar a un tercer partido una posición de bisagra en la elección de un líder. De modo parecido, muy pocas ciudades o estados poseen un sistema de votación por orden de clasificación, que evitaría la pérdida de los votos a terceros partidos. A lo largo del último cuarto de siglo, la manipulación de los distritos electorales (el diseño de sus divisiones para controlar los resultados de las votaciones) ha producido una mayor «seguridad» en los distritos del Congreso, de modo que los congresistas raramente pierden su asiento. Y tal como me dijo un importante recaudador de fondos para el Partido Demócrata, si en algo se pondrán siempre de acuerdo los dos partidos es en la necesidad de evitar la entrada de terceros partidos.

Naturalmente, siguen existiendo algunas diferencias entre ambos partidos. El Partido Demócrata sigue siendo más progresista que el Republicano en cuestiones de oportunidades económicas, educación, fiscalidad, seguridad social, políticas medioambientales y regulaciones de seguridad, siempre a nivel individual. Y por el momento, la negociación de la evolución, las vacunas y el cambio climático sigue siendo una aberración exclusivamente republicana. Pero el margen de diferencia entre ambos partidos en las cuestiones económicas importantes para los negocios y las finanzas se ha reducido enormemente. A medida que aumentaba el poder de los ricos y del sector financiero, todo el espectro político se ha ido desplazando hacia las políticas beneficiosas para ellos en asuntos económicos, incluidos los demócratas.

El resultado de todo ello es que los ciudadanos estadounidenses están atrapados. Actualmente existe escasa diferencia entre los dos partidos en todo lo relativo a la regulación de Wall Street u otras industrias concentradas y reguladas (telecomunicaciones, energía, medios de comunicación), o sobre la función del dinero en política, incluida la «puerta giratoria». Estados Unidos está cada vez más en manos de un cínico duopolio político cuyas decisiones van en contra del progreso y la justicia económica.

La inacción de Obama se ha atribuido a su inexperiencia, a su desconocimiento de las finanzas y de los negocios, a su tendencia personal a evitar el conflicto (o, dicho más claramente, a su cobardía). Algunos, entre ellos mi colega Charles Morris, piensan que el sistema político es actualmente tan inoperante y disfuncional que cualquier cambio de políticas en un sentido transformador es simplemente imposible, de modo que Obama no habría podido hacer nada incluso si lo hubiera intentado. Si tienen razón, estamos realmente mal. Pero si alguien tuvo una oportunidad de cambiar las cosas fue Barack Obama en 2009, y ni siquiera lo intentó. Debe reconocerse que habría requerido auténtico valor a nivel personal, y habría sido en cualquier caso una dura batalla (Wall Street no se habría quedado de brazos cruzados). La lógica propia y la estructura de los incentivos del duopolio político estadounidense son tales que al adoptar el camino de menor resistencia Obama estaba actuando, sin duda, de acuerdo con su propio interés racional y el de su partido. Pero, sean cuales sean las motivaciones personales de Obama, Estados Unidos (y, de hecho, el mundo entero) pagará un alto precio por su fracaso, y durante mucho tiempo.

Examinemos ahora el sufrimiento del país bajo el régimen actual.

Desigualdad, estancamiento y desaparición de oportunidades en Estados Unidos

Tanto en las estadísticas como en mis conversaciones personales percibo un cambio en los jóvenes de Estados Unidos, que manifiestan un cinismo político cada vez mayor (sobre todo después de que Obama resultara ser más de lo mismo) y también un gran fatalismo acerca de sus perspectivas de carrera personal, a menos, naturalmente, que pertenezcan al 5 por ciento superior. Su visión general es: si tienes padres ricos, buena formación en ciencias de la información o un MBA, lo tienes bien; si no, lo tienes mal, y si quieres cambiar ese futuro y ganar algo de dinero, lo mejor que puedes hacer es concentrar tus energías en agradar a tu jefe. Fuera de Silicon Valley y Wall Street, el país de las posibilidades, la apertura, el progreso y las oportunidades que fue Estados Unidos queda cada vez más lejos. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses de mayor edad parecen seguir sin comprender hasta qué punto se ha vuelto injusta su sociedad a lo largo de la última generación, a menos que ellos mismos hayan sido sus víctimas.

Empecemos por los números. Desde de la década de los ochenta se ha producido un desplazamiento muy pronunciado de los ingresos imponibles hacia el 10 por ciento superior. Tal como ilustra el gráfico 7, su porción del conjunto de ingresos declarados, incluidas las plusvalías, ha crecido desde algo más de un tercio en 1980 hasta prácticamente la mitad (49,7 por ciento) en 2007. El porcentaje de los ingresos totales del 10 por ciento superior en 2007 es el más alto registrado, justo por encima del 49,3 por ciento cosechado por el mismo grupo en 1928, un año antes de la entrada de Estados Unidos en la Gran Depresión.

Fuente: Facundo Alvaredo, Tony Atkinson, Thomas Piketty y Emmanuel Saez, World Top Incomes Database, http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/.

Fuente: Facundo Alvaredo, Tony Atkinson, Thomas Piketty y Emmanuel Saez, World Top Incomes Database, http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/.

Fuente: U. S. Census Bureau, http://www.census.gov/hhes/www/income/data/historical/household/index.html. Table H-3.

Más notable aún, sin embargo, es el aumento de la desigualdad dentro del 10 por ciento más alto, tal como muestra el gráfico 8. Desde de la década de los ochenta, el 10 por ciento superior ha incrementado su participación en los ingresos totales en una mitad. Pero la participación del 1 por ciento superior se ha más que doblado, pasando del 10 por ciento de los ingresos totales en 1980 a más del 20 por ciento en 2010. Y lo que resulta más llamativo aún es que la centésima parte del 1 por ciento superior, menos de 25 000 familias, ingresaron en 2007 más del 6 por ciento de todo el producto nacional: casi un billón de dólares. Este porcentaje es considerablemente superior al récord anterior, establecido en 1928, un año antes de que Estados Unidos sucumbiera a la Gran Depresión. Esta sorprendente divergencia en la participación en las ganancias dentro del 10 por ciento superior queda reflejada en el gráfico 8, que toma sus participaciones respectivas en 1980 como 100.

Debe añadirse que esos cambios se produjeron en un período en que los ingresos de la mayoría de las familias estadounidenses se mantuvieron estancados o bajaron. El gráfico 9 muestra la mediana de los ingresos por unidad familiar en las últimas cuatro décadas.

Sin embargo, por inquietante que pueda resultar por sí mismo, este gráfico oculta una realidad mucho peor. Al 10 por ciento superior le fue mucho mejor que a todos los demás; si lo suprimimos, los números cambian radicalmente. El análisis económico ha establecido que «solo el 10 por ciento superior dentro de la distribución de ingresos tuvo un aumento real en las compensaciones igual o mayor […] al crecimiento de la productividad»[225]. Y, de hecho, la mayor parte de las ganancias fueron al 1 por ciento superior, mientras que los estadounidenses del 90 por ciento inferior o bien vieron reducidos sus ingresos por unidad familiar o solo lograron aumentarlos trabajando un mayor número de horas. La productividad de los trabajadores siguió creciendo, sobre todo con la revolución de internet iniciada a mediados de la década de los noventa. Pero los beneficios de este aumento de la productividad fueron a parar casi íntegramente a los ingresos del 1 por ciento superior de la población y a los beneficios empresariales, que en ambos casos han crecido hasta niveles récords como porcentaje del PNB. En 2010 y 2011, los beneficios empresariales superaron el 14 por ciento del PNB total, una marca histórica. En cambio, el porcentaje del PNB pagado a los trabajadores en concepto de sueldos se encuentra en un mínimo histórico y no mantiene el ritmo de crecimiento de la inflación desde 2006[226].

Cuando estaba trabajando en este manuscrito a finales de 2011, la Oficina del Censo publicó las estadísticas de ingresos de 2010, cuando comenzó oficialmente la recuperación en Estados Unidos. La tasa nacional de pobreza subió al 15,1 por ciento, su nivel más alto en casi veinte años; la mediana de ingresos por familia bajó un 2,3 por ciento. Este descenso, sin embargo, estaba desigualmente repartido. El 10 por ciento superior experimentó un descenso del 1 por ciento; el 10 por ciento inferior, ya en situación de extrema pobreza, vio descender sus sueldos un 12 por ciento. La mediana de ingresos por unidad familiar marcó un máximo en Estados Unidos en 1999; en 2010 había bajado un 7 por ciento. Los ingresos medios por hora, que tienen en cuenta el número de horas trabajadas, apenas han cambiado en los últimos treinta años.

En la clasificación de los países por igualdad de ingresos, Estados Unidos ocupa la posición 59 en el mundo, justo por detrás de Nigeria, Irán, Camerún y la Costa de Marfil.

No son vecinos demasiado distinguidos. Y no es ninguna distorsión estadística. A los estadounidenses no les gusta afrontar este hecho, pero en la actualidad existe en el país una subclase permanente y en constante crecimiento que vive prácticamente en condiciones de subsistencia. Hay decenas de millones de estadounidenses cuyas condiciones de vida son apenas mejores que las de muchas personas que viven en países del Tercer Mundo. Si añadimos a esas cifras los residentes vitalicios en guetos urbanos, los inmigrantes ilegales, los temporeros emigrantes, todos aquellos cuyos antecedentes penales limitan de forma drástica su capacidad de encontrar trabajo y los que se encuentran actualmente en prisión, los drogadictos crónicos, los veteranos de las últimas guerras fallidas del país, los niños en familias de acogida, los indigentes, los parados de larga duración y otros grupos muy desfavorecidos, llegamos hasta cifras de decenas de millones de personas atrapadas en unas condiciones de vida miserables e injustas, en la que se supone que es la sociedad más rica y justa del planeta.

En cualquier momento dado, hay más de dos millones de personas en las prisiones estadounidenses; más de diez millones de habitantes del país tienen antecedentes penales y han cumplido condenas de prisión por delitos no relacionados con el tráfico de drogas. Muchos millones más trabajan duramente y durante muchas horas en empleos muy mal pagados en la agricultura, el comercio minorista, la limpieza y otros sectores de servicios de baja cualificación. Varios millones llevan años en el paro, agotando sus ahorros y su moral. Hace veinte o treinta años, muchas de estas personas habrían tenido —y muchas tenían— empleos bien retribuidos en el sector industrial o de la construcción. Eso ya no es así.

Pero, además de las crecientes desigualdades en ingresos y riqueza, Estados Unidos adolece actualmente de una creciente desigualdad de oportunidades, tanto a nivel económico como en todos los demás factores que determinan una vida saludable, feliz y segura, desde la asistencia sanitaria hasta la nutrición.

El declive de la justicia y las oportunidades en la sociedad estadounidense tiene muchas facetas. Tal vez la peor de todas sean las condiciones que se imponen actualmente a los niños nacidos en esa subclase y que sufren las consecuencias de la reciente evolución de la educación estadounidense. Dichas condiciones van conectadas y se refuerzan entre sí; su resultado combinado es condenar a decenas de millones de niños, en particular los nacidos en la nueva subclase, a una vida de privaciones e injusticia. Para cualquier niño cuyos padres no tienen dinero, o son temporeros emigrantes en el campo y/o inmigrantes ilegales, los sistemas de cuidado prenatal, las guarderías, las actividades extraescolares, la nutrición escolar y las familias de acogida resultan poco menos que espantosos. Y luego está la escuela en sí misma. En ningún lugar se muestra de forma tan severa y devastadora para el futuro económico del país la negación de oportunidades como en la educación.

El sueño americano, formulado de la forma más simple, consiste en que no importa lo pobres o humildes que sean tus orígenes —ni siquiera si llegaste a conocer a tus padres—, tendrás la oportunidad de llevar una vida decente. La promesa estadounidense es que cualquier persona dispuesta a trabajar puede mejorar su situación con el tiempo, y conseguir por lo menos unas condiciones de vida razonables para sí mismo y para sus hijos. Uno podía esperar vivir mejor que sus padres, e incluso poder ayudarlos cuando se hicieran viejos.

Más que en ninguna época previa, la clave del sueño americano es la educación. El desarrollo de las tecnologías de la información y la apertura de las economías asiáticas significan que solo una pequeña fracción de la población puede ganarse bien la vida con labores manuales o no cualificadas. Pero, en lugar de mejorar el sistema educativo estadounidense y las oportunidades que este debería aportar, Estados Unidos ha avanzado exactamente en la dirección contraria. Como consecuencia, no está desarrollando un sistema de clases, sino, sin exagerar, un sistema de castas: una sociedad donde las circunstancias de tu nacimiento determinan toda tu vida.

Como resultado, el sueño americano está muriendo. Cada vez más, el principal factor determinante de las perspectivas de vida de un niño —ingresos futuros, riqueza, nivel educativo, incluso salud y expectativa de vida— es totalmente arbitrario e injusto. Es también muy sencillo. El futuro de los niños estadounidenses está cada vez más determinado por la riqueza de sus padres, no por su propia inteligencia o energía. Sin duda, existen varias razones para que esto sea así. Los ingresos están correlacionados con muchas otras cosas, y es por tanto difícil aislar el impacto de cada uno de estos factores. Los niños de familias pobres tienen más probabilidades de crecer en familias monoparentales, de estar expuestos a las drogas o al alcohol, de tener a uno o dos progenitores en la cárcel, de tener un estatus de residencia cuestionable y de tener problemas de nutrición y obesidad. La cultura y la raza también desempeñan un papel: los niños asiáticos tienen porcentajes mucho más altos de graduación en secundaria y calificaciones mucho mejores que todos los demás grupos, incluidos los blancos; los latinos tienen los niveles más bajos. De modo que sí, ciertamente, es complicado.

Y, sin embargo, también es muy simple, en realidad. El factor aislado más importante es el descenso de los logros y las oportunidades educativas, motivado por el dinero. Si no tienes dinero, estás perdido. El motivo es el descenso en la calidad de la educación pública en los distritos escolares pobres, la insuficiente oferta de guarderías, la inadecuación de los programas preescolares y extraescolares, la presión financiera y social para abandonar la escuela prematuramente y los crecientes costes de la universidad, tanto pública como privada. El accidente histórico de que las escuelas públicas estadounidenses se financien a través de los impuestos locales de propiedad tiene un gran impacto sobre esta cuestión. A medida que aumenta la desigualdad de los ingresos, también aumenta la diferencia entre los distritos escolares pobres y ricos en los ingresos fiscales disponibles para financiar las escuelas.

El resultado es que hoy, si tus padres ganan suficiente dinero, pueden vivir en un buen distrito escolar público, y si son muy ricos, pueden mandarte a una escuela privada. La alimentación será buena. No tendrás presiones para dejar de estudiar para cuidar de tu hermana pequeña, pues la podrán mandar a la guardería o contratar a una niñera. Te comprarán un ordenador y te darán clases de piano. Siempre habrá alguien en casa y no te verás obligado a arreglártelas solo por las calles. Pero si tus padres no tienen suficiente dinero y necesitan trabajar los dos, o si tus padres han sucumbido al alcohol o a las drogas, ninguna de esas cosas bonitas te ocurrirá a ti, sino que irás a malas escuelas y probablemente dejarás el instituto.

Cada vez es más manifiesto que Estados Unidos tiene tres sistemas educativos paralelos. Hay, en primer lugar, un sistema privado de altísima calidad, elitista y extremadamente caro para el 5 por ciento superior o así. En segundo lugar, hay un sistema razonablemente bueno para profesionales de clase media que pueden vivir en buenos distritos escolares y enviar a sus hijos a la universidad. Y luego hay un sistema auténticamente nefasto para todos los demás. El «todos los demás» incluye actualmente a una cuarta parte y según algunos criterios casi la mitad de la población estadounidense. Eso es un montón de gente echada a perder.

Resulta difícil estimar adecuadamente la tasa de graduación escolar en secundaria, en parte porque las estadísticas del gobierno a todos los niveles —federal, estatal, local— encubren a menudo la situación. Pero, a pesar de las sorprendentes disparidades entre estimaciones, los hechos básicos están claros. La tasa de graduación en Estados Unidos es mucho más baja de lo que debería ser, y sigue descendiendo, tanto en términos absolutos como en relación con el resto del mundo. Lo mismo ocurre con la calidad de la educación pública, incluso para los que llegan a graduarse. Cualquiera que haya nacido en Asia, o en la mayor parte de Europa, podrá deciros que el nivel de la mayoría de los institutos estadounidenses es muy bajo. Y la tasa de graduación en secundaria en Estados Unidos es ya inferior a la de la mayor parte de los demás países desarrollados, incluso en aquellos donde graduarse del instituto significa mucho más que en Estados Unidos. Las mejores estimaciones sitúan la tasa de graduación de secundaria en Estados Unidos alrededor del 75-80 por ciento. Dado que las tasas de graduación en los institutos privados se acercan al 100 por ciento, la tasa de graduación de la escuela pública estadounidense está probablemente por debajo del 75 por ciento, tal vez incluso en el 70 por ciento. En contraste, muchos países europeos y asiáticos tienen tasas de graduación cercanas al 90 por ciento.

Por otro lado, ocurre con la educación privada lo mismo que con los aviones privados y los ascensores privados; ha surgido un sistema cada vez más segregado de escuelas privadas de primaria y secundaria para los ricos. No es un asunto demasiado sutil. ¿A qué escuela van los hijos de John Paulson? Sus dos hijas gemelas fueron a la guardería 92nd Street Y, que cuesta más de 20 000 dólares por alumno al año (sí, en nivel preescolar). Paulson está en el consejo de la escuela. También se encarga de gestionar algunas de sus inversiones, que ha garantizado contra cualquier pérdida. Muchos otros miembros del consejo han mandado a niños a la escuela; cuatro de ellos también gestionan dinero para la institución. No es una situación inusual. Una de las hijas del señor Paulson ha salido ya de la guardería y asiste ahora a otra exclusiva escuela privada en Manhattan. El señor Paulson también está en el consejo de la escuela[227].

Las tendencias actuales en educación secundaria resultan igualmente inquietantes. Cuando yo fui a la Universidad de California, Berkeley, a mediados de la década de los setenta, los costes de matriculación para los residentes en el estado eran inferiores a 700 dólares al año. En 2011, los costes de matriculación en licenciatura para residentes en el estado eran de 14 260 dólares. En las universidades privadas se ha producido un cambio parecido. Cuando ingresé en el MIT como estudiante de posgrado de primer año en 1978, la matrícula anual costaba 4700 dólares. En el año académico 2011-2012 el coste era de 40 460 dólares. Ese mismo año, la matrícula en Harvard costaba 36 305 dólares. Harvard estimaba sus costes anuales (matrícula, tasas, alojamiento y pensión, material) en 52 652 dólares; de modo que el coste total de mandar a tu hijo a Harvard durante cuatro años, incluso suponiendo que no hubiera nuevos incrementos en los costes, superaba los 210 000 dólares.

Harvard y la mayoría de las demás escuelas privadas de élite aseguran que su procedimiento de admisiones se basa exclusivamente en el mérito y no tienen en cuenta las necesidades, y que cualquier persona que cumpla con los criterios recibirá suficiente ayuda financiera para poder matricularse. Todo esto es mentira, por supuesto. Si tus padres fueron a Harvard (o a Yale, Princeton, etc.) y han donado dinero a la universidad, o si tu padre dirige un gran banco global o es primer ministro en algún lugar, tus opciones son, sin duda, algo mejores. Pero olvidemos todo eso, fijémonos únicamente en el dinero y en los estudiantes. En el año académico 2011, la administración de Harvard anunció orgullosamente que algo más del 60 por ciento de sus alumnos de licenciatura recibían algún tipo de ayuda financiera y por lo tanto, afirmaba, ningún estudiante cuya familia ingresara menos de 180 000 dólares al año pagaría más del 10 por ciento de sus costes totales[228].

Pensémoslo un momento. Si eres un estudiante de Harvard que no recibe ningún tipo de ayuda financiera, significa que procedes de una familia que gana mucho más de 180 000 dólares al año. Pongamos que la cifra de corte para recibir algún tipo de ayuda financiera sean 300 000 dólares (Harvard no revela esa cifra). Eso significa que casi el 40 por ciento de los alumnos de licenciatura de Harvard procedían de familias cuyos ingresos se sitúan en lo más alto de la distribución de ingresos en Estados Unidos. Esto quiere decir que la distribución de ingresos de Harvard está todavía más sesgada que la de Estados Unidos en conjunto: en el país, el 1 por ciento superior de las familias recibían alrededor del 20 por ciento de todos los ingresos anuales en 2010.

Al tiempo que aumentan los costes de matrícula, crece también la desigualdad en calidad y recursos entre las universidades privadas y las universidades públicas o comunitarias que tradicionalmente aportaban la mayoría de las oportunidades educativas para los estudiantes pobres. A medida que crecía la desigualdad de los ingresos, las donaciones y los legados para universidades privadas han aumentado, mientras que las aportaciones del gobierno a la educación pública se han estancado o reducido. Como resultado, entre 1999 y 2009 el gasto por estudiante en las universidades privadas pasó de 29 000 dólares a cerca de 36 000, mientras que el gasto por alumno en las universidades comunitarias se mantuvo prácticamente estancado en unos 10 000 dólares por estudiante. La situación ha empeorado aún más desde 2008: los costes de matrícula de las universidades públicas y comunitarias han aumentado drásticamente, mientras que el gasto por alumno se ha reducido, en algunos casos más del 20 por ciento[229]. La Universidad de California, la universidad pública más grande y prestigiosa del mundo, ha visto recortado su presupuesto en más del 20 por ciento desde la crisis financiera.

Con todo, Estados Unidos se ha vuelto más injusto todavía en otro sentido, aún más inquietante que el aumento de la desigualdad económica y educativa. Es el siguiente: los comportamientos deshonestos y destructivos permiten ganar más dinero que los honestos y productivos. Gracias a Dios, esto no es cierto en todas partes: todavía hay lugares donde la inteligencia, el trabajo y la reputación siguen valorándose. (De nuevo, la alta tecnología destaca en este sentido). Pero, para un porcentaje preocupantemente alto y en rápido aumento de la sociedad estadounidense, la honestidad es hoy una desventaja importante tanto a nivel profesional como financiero.

Esta tendencia nació, de forma nada sorprendente, en el mismo lugar donde tuvo su origen la decadencia económica de Estados Unidos: en las industrias altamente concentradas cuya eficiencia comenzó a verse seriamente minada en la década de los ochenta. La gente que gestionaba las industrias estadounidenses de los automóviles, el acero y las telecomunicaciones no sufrió en general las consecuencias de su propia incompetencia. Conservaron sus trabajos y sus privilegios mientras sus empresas se deterioraban. Pero ahora que el sector financiero y sus amigos están a salvo de cualquier riesgo de persecución legal, el saqueo ha adquirido una nueva dimensión en Estados Unidos.

El insulto definitivo: una penalización financiera por ser honesto

Cualquiera que haya vivido o trabajado en una dictadura corrupta sabe cómo funciona. Cuando el sistema está amañado, cuando los ciudadanos han perdido todo su poder y cuando los individuos que denuncian los abusos son parias en el mejor de los casos, ocurren tres cosas. La primera es que la peor gente escala hasta lo más alto, adopta comportamientos infames y es muy destructiva. La segunda es que la gente que podría realizar aportaciones productivas a la sociedad recibe incentivos para ser destructiva también, porque la corrupción es mucho más lucrativa que el trabajo honesto. Y la tercera es que todos los demás pagan las consecuencias, tanto a nivel económico como emocional; la gente se vuelve cínica, egoísta y fatalista. A menudo optan por adaptarse al sistema, pero se odian a sí mismos por hacerlo. Siguen la corriente para sobrevivir y para alimentar a sus familias, pero tanto ellos como la sociedad en conjunto sufren por ello. En Estados Unidos, esta cuestión raramente se menciona en público o en los medios de comunicación, pero mi experiencia personal es que cada vez se habla más de ella en conversaciones privadas.

Consideremos ahora los sectores de altos ingresos y altas exigencias de formación que constituyen el tema principal de este libro: los servicios financieros, el sector académico, la política y el gobierno. A lo largo de las últimas décadas, el sector financiero ha aumentado mucho su participación en el PNB, sus ingresos corporativos totales y su empleo. Sus ingresos por empleado duplican hoy en día la media nacional, y la gente que se encuentra en lo alto del escalafón del mundo financiero gana cantidades fabulosas de dinero. A lo largo del mismo período, la honestidad del sector se ha deteriorado profundamente.

A lo largo de la última década, los ejecutivos, los vendedores y los operadores del sector financiero han ganado cantidades auténticamente obscenas de dinero, y lo han logrado haciendo cosas auténticamente obscenas. Con escasas excepciones, los más deshonestos son los que más dinero ganan. Ninguno de ellos ha sido perseguido judicialmente, y ninguno ha sido obligado a devolver el dinero. La mayoría ha conservado también su trabajo. Incluso aquellos que han arruinado sus propias empresas han permanecido impunes y conservado inmensas riquezas. Jimmy Cayne vio como su patrimonio neto bajaba de 1500 millones de dólares a solo 600 millones después del colapso de Bear Stearns, pero probablemente podrá salir adelante con eso. Stan O’Neal recibió una indemnización de 161 millones de dólares por exhibir su avaricia e incompetencia en Merrill Lynch. Henry Paulson se embolsó algo así como 500 000 millones de dólares por convertir Goldman Sachs en una organización que ganaba dinero apostando contra sus propios clientes, y su sucesor, Lloyd Blankfein, no se ha quedado corto tampoco. Angelo Mozilo conserva también sus 500 000 millones de dólares. Etcétera.

Lo que es peor, consideremos lo que debió de experimentar una persona honesta en alguna de estas empresas. No sabemos si alguien llamó alguna vez a la puerta de Lloyd Blankfein y le dijo: «Oye Lloyd, no está muy bien decirle al mundo que compre esto cuando sabemos que es basura y estamos ganando miles de millones de dólares apostando en contra. Y tampoco deberías mentir al Congreso sobre el tema». ¿Acaso le dijo alguien eso a Lloyd? Probablemente no. Pero si alguien se lo hubiera dicho, dudo de que hubiera obtenido una promoción inmediata y una buena prima. Y sí sabemos lo que ocurrió a unas cuantas personas en varias entidades, entre ellas Citigroup, Merrill Lynch, Countrywide, AIG y otras, cuando trataron de llamar la atención sobre los comportamientos deshonestos e insostenibles que veían a su alrededor. Casi sin excepción, fueron severamente penalizadas por ello.

Por otro lado, cualquiera que se graduara de una escuela de negocios, de una facultad de derecho o de cualquier otra institución de enseñanza en las dos últimas décadas se dio cuenta sin duda de que las finanzas eran la forma más rápida y segura de hacerse rico. Ello apartó a buena parte de las personas más inteligentes, ambiciosas y formadas de los trabajos más productivos y las orientó hacia actividades casi delictivas que han dañado en lugar de mejorar el bienestar económico del país. Ciertamente, la burbuja financiera fue la más importante y dañina de estas actividades, pero no fue en absoluto la única.

Algo parecido puede decirse de la economía y otras disciplinas académicas relevantes para la política y la regulación (el derecho y la ciencia política). ¿Qué economistas, profesores de finanzas y especialistas sectoriales han ganado más dinero, accedido a cargos más elevados, obtenido más fama y testificado con más frecuencia en el Congreso? Larry Summers, Glenn Hubbard, Laura Tyson, Frederic Mishkin, Martin Feldstein, Alan Greenspan, Hal Scott, Richard Schmalensee, Jerry Hausman…

Ante este panorama, pongámonos una vez más en el lugar de una persona joven y honesta, en particular alguien que quiera investigar, por ejemplo, acerca de la crisis financiera. Como hemos señalado antes, las perspectivas que vería ante sí estarían lejos de ser reconfortantes. ¿Quién dirigiría su tesis doctoral, quién evaluaría sus solicitudes de beca, quién consideraría si concederle un puesto de profesor titular, quién evaluaría sus artículos en las revistas académicas? Respuesta: personas que ganaron millones de dólares defendiendo al sector financiero. ¿Y quién le pagaría cientos de millones de dólares anuales por sentarse en su consejo de administración, por testificar ante el Congreso en su favor, por defender sus intereses en casos antitrust, por representarlos ante los reguladores? Nadie, esa es la respuesta.

Creo que lo dicho es suficiente en relación con la política, los lobbies y la actuación gubernamental. En la actualidad, esas no son profesiones que puedan atraer y recompensar a personas honestas y desinteresadas.

Esta es una situación peligrosa. Un país que permite que los comportamientos predatorios y destructores de valor sean sistemáticamente más rentables que el trabajo honesto y productivo corre un gran peligro. Estados Unidos, igual que todas las sociedades, depende ante todo del idealismo y de la confianza de los ciudadanos comunes, de su disposición a comportarse honestamente y a realizar sacrificios. Muchos estadounidenses todavía no se han dado cuenta de hasta qué punto se ha vuelto injusta su sociedad, pero esa situación no se mantendrá de forma indefinida. Por desgracia, es probable que dure lo suficiente para que la generación actual de depredadores puedan morir ricos y sin nadie que los moleste. Pero la mayoría de nosotros no disfrutaría viviendo en una sociedad dominada por el cinismo y la deshonestidad.

10
¿Qué podemos hacer?

Todos tenemos nuestra propia lista de las reformas que Estados Unidos necesita. A continuación ofrezco un resumen de la mía. Todas ellas son cosas muy fáciles de escribir, y muy difíciles de llevar a la práctica en el actual clima económico y político del país.

Es fundamental mejorar la calidad del sistema educativo y las oportunidades que ofrece. Estados Unidos no puede competir económicamente, elegir a buenos líderes o considerarse una sociedad justa si tiene una tasa de abandono escolar del 25 por ciento, si solo los ricos pueden ir a buenas escuelas y si solo las universidades privadas caras están adecuadamente financiadas. Se trata de una cuestión de justicia básica que ni siquiera el consejero delegado de un banco puede negar públicamente. Si hay algo sobre lo que prácticamente todo el mundo puede ponerse de acuerdo, por encima de las guerras culturales de este país, es que todos los niños merecen una oportunidad. No es culpa del niño haber nacido en un distrito escolar pobre o tener padres drogadictos. A pesar de ello, nuestra forma de gestionar la financiación de las escuelas públicas, los programas extraescolares, la nutrición infantil, los sistemas de acogida y de paliación de la pobreza infantil sigue siendo vergonzosa, y no hace más que empeorar. Más allá de la cuestión de la justicia, una población bien educada produce una sociedad más próspera y feliz. En las condiciones actuales, Estados Unidos está echando a perder una proporción inquietantemente alta de su población de una forma que resulta a la vez dolorosa y muy onerosa para el país.

Poner bajo control al sector financiero. Hay muchos elementos que se deben tener en cuenta en este terreno, la mayoría de los cuales han sido tratados en el libro. Debemos reformar y regular estrechamente las estructuras retributivas a nivel individual, corporativo y sectorial; dividir los bancos más grandes; reforzar el poder y la independencia política de la regulación y de la persecución de los delitos de cuello blanco; crear un impuesto sobre las transacciones financieras; imponer una presión fiscal justa sobre el sector financiero, y colmar las lagunas legales sobre cuestiones como las «innovaciones» diseñadas para la evitación legal de impuestos o para apostar contra los propios valores. El resultado natural de una adecuada regulación del sector financiero sería la reducción de su tamaño, de su concentración y de su poder político, lo cual reportaría toda clase de beneficios, que irían desde una mayor afluencia de personas de talento a actividades más productivas hasta una reducción de las presiones para la corrupción política.

Controlar el impacto del dinero sobre la política estadounidense. Eso es, sin duda, más fácil de decir que de hacer, pero es de suma importancia. Los lobbies y las contribuciones políticas deberían estar fuertemente gravados por el fisco; los sueldos del sector público y de los reguladores deberían experimentar una subida importante, a cambio de estrictas prohibiciones de comportamientos de «puerta giratoria»; también debería imponerse alguna forma de financiación pública de las campañas.

Reformar el sistema fiscal, tanto individual como societario, con el fin de incrementar los ingresos y la justicia social, y dificultar la formación de oligarquías hereditarias y financieras. Unos impuestos sucesorios extremadamente altos serían un elemento importante de este punto, así como una imposición fiscal justa sobre los tramos más altos de ingresos del sector financiero.

Reforzar las políticas antitrust y la regulación de la gobernanza corporativa. Los análisis y las políticas antitrust han sido víctimas de la corrupción por dos vías: en primer lugar, por la corrupción de las políticas federales a través de la financiación de las campañas, los lobbies y los contratos de «puerta giratoria», y, en segundo lugar, por la corrupción de la disciplina económica que debería aportar los análisis y las personas necesarios para adoptar las decisiones antitrust. En las áreas de la organización industrial, la regulación, la gobernanza corporativa y la teoría antitrust, no basta con una simple reforma de la disciplina económica: haría falta un trasplante integral de órganos y una larga estancia en un campamento de reeducación. En términos más generales, Estados Unidos debe encontrar el modo de evitar que las industrias grandes y maduras sigan el mismo camino que General Motors, U. S. Steel, AT&T, Microsoft (o Citigroup y Merrill Lynch, por cierto), mediante la introducción de profundas reformas en la gobernanza corporativa, la división de las empresas más grandes y estancadas o la creación de otros mecanismos para fomentar nuevas entradas en sectores maduros.

Crear una infraestructura de banda ancha de alta velocidad y auténticamente universal, tanto por cable como wifi, para el conjunto del país. Estados Unidos debería otorgar al despliegue de la banda ancha la misma prioridad que dio la administración Eisenhower al sistema de autopistas que comenzó a desplegar en la década de los cincuenta. De hecho, el despliegue de la banda ancha es incluso más importante, tanto por su impacto económico como por su importancia para superar la dependencia de la energía extranjera, los problemas internos de seguridad y el calentamiento global.

¿Qué nos depara el futuro?

El abanico de futuros posibles que se abre ante Estados Unidos es muy amplio. Uno de ellos es simplemente más de lo mismo, tanto a nivel económico como político. En este caso, Estados Unidos estará gobernado por una oligarquía cada vez más poderosa (aproximadamente el 1 por ciento superior de la población) y seguirá funcionando bastante bien para una minoría (aproximadamente el 10 por ciento superior), al tiempo que se volverá un lugar cada vez más ingrato para la mayoría de la población. La educación de élite seguirá aportando gente a los sectores de la alta tecnología, los servicios financieros y la alta dirección de empresas globales, cuyos mercados y mano de obra se encontrarán fuera de Estados Unidos. El resto de los ciudadanos se limitarán a sobrevivir, y el país asistirá al desarrollo de una subclase muy numerosa de personas resentidas y pobres. Podríamos llamarlo el resultado brasileño… aunque actualmente Brasil está avanzando hacia una sociedad más igualitaria y con mayores oportunidades, no al revés.

Este resultado refleja no solo la distribución actual de poder en Estados Unidos, sino también, en parte, el lado oscuro de la revolución de internet. Aunque internet es, en muchos sentidos, un elemento benefactor, que promueve la apertura y la eliminación de barreras artificiales al conocimiento y la comunicación, también es una herramienta poderosa de control. Hoy es posible gestionar una empresa gigantesca de escala global desde prácticamente cualquier sitio. Como resultado, la dirección de una empresa con sede en Estados Unidos no tendría demasiados problemas para adaptarse a un mundo donde ni sus empleados ni sus clientes estuvieran ya primariamente en Estados Unidos.

En este caso, las élites estadounidenses seguirían siendo extremadamente ricas y su poder político podría durar largo tiempo. Pero aun cuando pudiera extenderse un par de décadas, hay varias razones para dudar de que pudiera ser sostenible en último término. En primer lugar, el sector financiero seguirá produciendo burbujas y crisis con toda probabilidad, y al final será imposible seguir ignorando sus consecuencias económicas y políticas. En segundo lugar, en algún momento el mundo dejará de permitir un endeudamiento insostenible al país. Dentro de veinte años, China y la India tendrán monedas globales y el mundo comenzará a tratar a Estados Unidos como trata actualmente a Europa. Y en tercer lugar, los ciudadanos estadounidenses no son precisamente un rebaño sumiso, y no es probable que soporten durante mucho más tiempo una sociedad de este tipo.

Sin embargo, los procesos antes descritos no serán fáciles de revertir, y la historia de los países en decadencia sugiere que la reforma interna solo se produce cuando se cumplen dos condiciones. La primera es un largo período de frustración creciente que finalmente termina estallando, como vimos hace poco en el mundo árabe. La segunda es una crisis importante, como la Gran Depresión. En 2008, muchos pensaron que la crisis financiera podía ser suficiente y que Barack Obama podía estar a la altura del momento histórico. No ha sido así. ¿Hará falta otra crisis, todavía peor?

Por desgracia, mientras escribo estas líneas (a comienzos de 2012) parece posible que el problema de la deuda soberana europea nos proporcione otra en poco tiempo. Muchos de los analistas que advirtieron en vano de la burbuja hipotecaria (Simon Johnson, Nouriel Roubini y Charles Morris entre ellos) están advirtiendo ahora de que los problemas de desempleo y deuda soberana de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España son insostenibles y podrían provocar otra crisis, que afectaría inevitablemente a Estados Unidos.

Europa sigue estando peligrosamente fragmentada, tanto política como económicamente, y la UE parece incapaz de adoptar una línea de acción coherente. Tanto la economía estadounidense como la europea siguen siendo débiles, con niveles altos de desempleo y bajo crecimiento a pesar del continuado gasto a déficit. Y las herramientas utilizadas para contener la crisis de 2008 (tasas de interés a cero, ríos de dinero para el sistema financiero) ya no resultan tan útiles ni viables como antes.

En este contexto, la inestabilidad puede comenzar a trasladarse de la economía a la política y al comportamiento de los votantes. La cuestión ahora es qué ocurrirá si la frustración y la desesperación popular siguen creciendo, dado que el duopolio político estadounidense no permite una reforma interna fundamental. ¿Se hundirá simplemente el país en la miseria, surgirá un movimiento que imponga progresos reales, o serán presa los estadounidenses de la demagogia extremista? Las respuestas a estas preguntas son ahora mismo imposibles de conocer. Y existen señales tanto para la esperanza como para la inquietud.

En cuanto a la inquietud, el mero hecho de que Michele Bachmann, Rick Perry, Ron Paul, Herman Cain, Newt Gingrich y Sarah Palin puedan convertirse en figuras destacadas del país, ya no digamos ser tomados en serio como candidatos a la presidencia, es preocupante. También lo es el hecho de que sectores importantes de la sociedad estadounidense no parecen entender la importancia de la educación para su propia prosperidad futura y la del país en su conjunto. Por otro lado, la influencia del dinero procedente del mundo de los negocios sobre ambos partidos políticos parece totalmente intacta. Todos esos signos invitan al pesimismo.

En cuanto a la esperanza, la aparición del movimiento Ocuppy Wall Street sugiere que los estadounidenses comienzan a despertar. Otros signos para el optimismo incluyen los reproches públicos de Warren Buffett a sus multimillonarios colegas y la llamada del consejero delegado Howard Schultz a cancelar todas las contribuciones de campaña hasta que el gobierno federal afronte los problemas fiscales del país. En varias elecciones nacionales recientes, aunque no en todas, el pueblo estadounidense hizo lo que debía hacer. Pero los problemas actuales se han incubado a lo largo de varias décadas, y no se resolverán de manera instantánea.

Mientras tanto, los estadounidenses pueden hacer varias cosas, tanto a nivel político como personal. Pueden salir a la calle; pueden negarse a realizar donaciones políticas a las maquinarias de los partidos nacionales; pueden dar su apoyo a organizaciones como Common Cause, Occupy Wall Street y el Center for Responsive Politics; pueden presentarse ellos mismos como candidatos, y pueden apoyar a candidatos que parezcan preocuparse por las necesidades del país. A nivel personal, podemos ahorrar dinero; podemos poner nuestro dinero en bancos locales, cooperativas de ahorro y crédito, y fondos de inversión colectivos; podemos invertir de manera ética y prudente, y por encima de todo podemos educar a nuestros hijos.

Puesto que este libro se publicará en un año electoral, concluiré diciendo que aunque el presidente Obama ha fallado a su país en aspectos fundamentales representa sin duda el mal menor. De modo que sí, recomiendo que os tapéis la nariz y votéis por él, como haré yo mismo. Pero espero que al día siguiente os pongáis a pensar en el modo de sustituirle a él y a todo el sistema que le ha producido.

No está claro cómo puede lograrse. Antes enumeré las tres vías disponibles: un movimiento disidente dentro de alguno de los partidos políticos actuales; un tercer partido, y un movimiento social ajeno a la política. Cualquiera de estas vías se enfrentaría a grandes obstáculos, y tal vez haría falta alguna combinación de las tres. Quizá tengamos suerte y algún día descubramos que Estados Unidos ha elegido a un presidente que resulta estar profundamente comprometido con la resolución de los problemas del país y dispuesto a librar una dura batalla personal. El tiempo lo dirá. Pero Estados Unidos es un lugar maravilloso y excepcional en muchos sentidos, por lo que espero que en algún sitio de este país exista un líder joven y valiente en formación, alguien capaz de persuadir al pueblo estadounidense de que se ponga en pie y eche a los villanos del poder.

Agradecimientos

Hay muchas personas a quienes debo dar las gracias. Por razones evidentes no puedo dar los nombres de muchas de ellas. Y estoy seguro de que me dejaré a algunas: vayan por delante mis disculpas. En primer lugar quiero dar las gracias a Charlie Morris por sus horas de investigación y trabajo, sus ideas, su ayuda y su conversación. A todo el mundo en Crown/Random House, en especial a Tina Constable, Mauro DiPreta y Amanda Patten: habéis sido totalmente fantásticos, ante todo por decidiros a publicar y respaldar este libro, para lo que hacían falta no pocas agallas. Gracias a todos los que aceptaron hablar conmigo, me dieron información, corrigieron mis errores, me guiaron y discutieron conmigo: Larry Diamond, Josh Cohen, Ralph Gomory y muchos otros. Y por supuesto gracias a todos los que me ayudaron a realizar mi documental: una lista incompleta incluiría a Audrey Marrs, Chad Beck, Adam Bolt, Alex Heffes, Kalyanee Mam, Will Cox, Matt Damon, mi exasistenta Anna Moot Levin, mi actual asistenta Stacy Roy, Michael Barker, Tom Bernard, Diane Buck, Dylan Leiner, Christina Weiss Lurie y John Sloss; a todos los que aparecieron en el documental; a todos los que lo vieron, y a la gente de los festivales de Cannes, Telluride, Toronto y Nueva York que lo pasaron. A mi agente literario, Max Brockman; a mi agente cinematográfico, Jeremy Barber; a mis productores, John Sloss y Dana O’Keefe; a mi magnífico abogado, Jackie Eckhouse, y a mi contable, Robin Cutter. A todas las personas en el mundo del cine que han sido generosas conmigo (lo que quiere decir muy poca gente).

Gracias a mi maravillosa pareja, Audrey, y a todos mis fantásticos amigos y familiares, que me toleraron y soportaron y entretuvieron mientras estaba «en el túnel», y que siguen presentándose a mis cenas aunque la comida sea siempre la misma. A Athena Sofia, por ser ella misma. A mi madre, por ser un arma secreta de investigación. Al personal del lobby Mercer, por la mejor oficina que nadie pudiera soñar. A Craft y Giorgione, por todas esas cenas fuera de horario al final de un largo día peleándome con el libro. A todo el mundo en Chez Panisse y en Oliveto, también, por dejar que me presentase a última hora y por seguir alimentándome tan bien cuando trabajaba en California.

Desearía que el director de mi tesis, Carl Kaysen, hubiera vivido para ver el documental y el libro. Las cosas que digo acerca de los economistas le habrían sentado mal, pero en conjunto creo que le habría gustado. Ir al funeral de Carl fue una de las cosas más duras que he hecho nunca. Espero que su viuda, Ruth, y su hija, Zanny, piensen que mi intención al escribir este libro ha sido hacerle justicia (o más bien a su educación).

Por último, a mi ridículamente paciente y competente y efectiva asistente, Stacy Roy, que ha soportado llamadas de medianoche, correos electrónicos domingos por la mañana, crisis, desorganización, obsesión y excentricidad: gracias, Stacy, por hacer esto posible. (Y tú, sí, TÚ, quien sea que estés leyendo esto ahora mismo, no te atrevas a contratarla).

Gracias a todos por hacer esto posible. Por más amarga que sea buena parte de este libro, en realidad fue agradable escribirlo, porque aprendí mucho y tuve muy buena compañía mientras lo hacía.

Glosario

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE CRÉDITO. Empresas privadas que evalúan el riesgo y la calidad de crédito de los títulos y ofrecen calificaciones basándose en sus análisis. Las agencias de calificación más importantes son Fitch Ratings, Moody’s Investor Services y Standard & Poor’s.

AJUSTE AL MERCADO (MARK-TO-MARKET). Convención contable en virtud de la cual los valores de los títulos se ajustan regularmente para reflejar sus valores de mercado actuales.

APALANCAMIENTO. Medida del grado en que un activo está financiado con dinero prestado. Una vivienda de 100 000 dólares adquirida con 10 000 en efectivo y 90 000 procedentes de una hipoteca tiene un apalancamiento de 10 a 1 (el valor de la vivienda dividido por los fondos propios del propietario). El riesgo inherente al apalancamiento se pone de manifiesto cuando baja el precio del activo. Si el valor de la vivienda bajara a 80 000 dólares, el propietario habría perdido toda su inversión en efectivo y no podría cubrir la hipoteca ni siquiera vendiendo la casa. Los bancos de inversión como Lehman Brothers mantenían habitualmente apalancamientos de 30 a 1 antes del crac (3000 millones de dólares en activos estarían financiados con 100 millones de fondos propios y 2900 millones prestados). Para empeorar las cosas, los préstamos eran a menudo a corto plazo, de modo que debían ser reintegrados enteramente y refinanciados varias veces a lo largo del año. Cuando los activos financieros se hundieron con el crac, muchas entidades de Wall Street cayeron de inmediato en la insolvencia.

BROKER-DEALER. Entidad financiera que ofrece servicios de compra y venta de valores para sus clientes. Los broker-dealers son a menudo entidades subsidiarias de los bancos de inversión.

CDO SINTÉTICO. Obligación con garantía prendaria construida a partir de seguros de impago de deuda en lugar de títulos reales. El uso de cdo sintéticos referenciados a cdo reales de altísimo riesgo permitió a Wall Street incrementar mucho el volumen de activos de riesgo en el mercado.

COMISIÓN DE BOLSA Y VALORES (SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, SEC). Agencia federal independiente responsable de la protección de los inversores mediante la aplicación de las leyes federales de valores, incluida la regulación de los intercambios de títulos y opciones sobre títulos, de los broker-dealers, de las entidades de inversión y de otros profesionales de la negociación de valores, así como de la emisión y la venta de valores.

COMISIÓN DE COMERCIO EN FUTUROS SOBRE MERCANCÍAS (COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION, CFTC). Agencia federal independiente que regula el comercio en futuros y opciones.

CORPORACIÓN FEDERAL DE SEGURO DE DEPÓSITOS (FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, FDIC). Agencia federal independiente que asegura los depósitos de bancos y cajas de ahorros con autorización federal, así como de instituciones con autorización estatal que optan por unirse al Sistema de la Reserva Federal. Está financiada enteramente por las instituciones aseguradas. Para evitar pérdidas examina regularmente los libros y la seguridad de todas las instituciones aseguradas; si una institución falla a pesar de todo, tiene poder para tomar el control, reorganizarla, venderla o disponer de otro modo para recuperar el importe de sus pagos en concepto de seguro.

DERIVADO. Contrato financiero cuyo valor viene determinado por el valor de otro activo, tasa o evento subyacente.

DESAHUCIO. Proceso legal en virtud del cual un prestamista hipotecario toma la propiedad de una propiedad que garantiza una hipoteca impagada.

EMPRESA BANCARIA MATRIZ [BANK HOLDING COMPANY). Empresa que posee un banco regulado de depósitos, normalmente en conjunción con otras entidades de servicios financieros que pueden o no estar reguladas.

FANNIE MAE. Apodo con el que se conoce la Asociación Federal Nacional Hipotecaria (Federal National Mortgage Association, FNMA), una empresa con respaldo gubernamental que ofrece financiación al mercado hipotecario de la vivienda.

FREDDIE MAC. Apodo con el que se conoce la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda (Federal Home Loan Mortgage Associacion, FHLMC), una empresa con apoyo del gobierno que ofrece financiación para el mercado hipotecario de la vivienda.

HEDGE FUND [FONDO DE COBERTURA]. Vehículo de inversión de propiedad privada prácticamente exento de regulación y control; en general accesible únicamente para inversores con grandes patrimonios. Los hedge funds siguen una gran variedad de estrategias de inversión, que pueden o no implicar coberturas.

HIPOTECA ALT-A. Originalmente, hipoteca concedida a un prestatario con una buena calificación de crédito pero sin la documentación completa (un extranjero, por ejemplo). Durante la burbuja, las hipotecas Alt-A se usaron para ocultar la incapacidad financiera del prestatario, hasta el punto de que se conocían en el sector como «hipotecas mentirosas».

HIPOTECA DE TASA VARIABLE (ADJUSTABLE MORTGAGE RATE, ARM). Hipoteca con una tasa de interés que varía con el paso del tiempo, normalmente en relación con alguna tasa externa.

INSTITUCIÓN DE DEPÓSITO. Institución financiera que acepta depósitos, como, por ejemplo, un banco, una caja de ahorros o una cooperativa de ahorro y crédito.

LEY DE REINVERSIÓN COMUNITARIA (COMMUNITY REINVESTMENT ACT, CRA). Ley federal de 1977 que imponía una serie de regulaciones a las entidades de crédito para que dieran créditos y ofrecieran servicios a sus comunidades locales.

LEY GLASS-STEAGALL. Ley bancaria de 1933 que prohibía entre otras cosas a los bancos comerciales suscribir o negociar la mayoría de los valores, y prohibía a los bancos afiliarse con entidades emisoras de valores. En 1999, la Ley Gramm-Leach-Bliley anuló las provisiones de la Ley Glass-Steagall que prohibían las afiliaciones entre bancos comerciales y entidades emisoras de valores.

LIQUIDEZ Estado de disponibilidad del dinero en efectivo o de los instrumentos financieros que pueden convertirse rápidamente en efectivo.

OBLIGACIONES CON GARANTÍA PRENDARIA (COLLATERALIZED LOAN OBLIGATIONS, CLO). Título-valor respaldado por un abanico de otros valores, a menudo de diversas clases, entre ellos hipotecas, créditos bancarios, bonos, etc. Un CDO está casi siempre estructurado, es decir, ofrece una jerarquía de bonos clasificados por prioridad de pago. Los flujos de caja de los valores que respaldan el CDO se dirigen en primer lugar a los bonos mejor clasificados, luego a los siguientes y así sucesivamente de acuerdo con la escala de «subordinación». Los bonos CDO situados en la parte más baja de la clasificación son, por lo tanto, los primeros en absorber las pérdidas. Los CDO desempeñaron un papel importante en el crac financiero, pues su estructura era inherentemente opaca y los creadores de los CDO los cargaron de instrumentos de mucho riesgo, como hipotecas subprime, a menudo fraudulentas. Un CDO al cuadrado (CDO2) es un CDO construido a partir de las piezas de más riesgo de otros CDO.

OFICINA DEL CONTRALOR DE LA MONEDA. Sección del Departamento del Tesoro que autoriza, regula y supervisa todos los bancos nacionales y ciertas ramas y agencias de bancos extranjeros en Estados Unidos.

OPTION-ARM. Tipo de interés hipotecario variable, habitualmente con una tasa inicial reducida por debajo de mercado que permite a los prestatarios optar por realizar pagos inferiores a los programados durante los primeros años de la hipoteca. Cuando la tasa se actualiza a nivel de mercado, los pagos pendientes acumulados se añaden al principal del crédito.

PUT DE LIQUIDEZ. Contrato financiero que requiere a una parte la refinanciación o la compra de un activo de la otra parte bajo ciertas condiciones.

RATIO PRÉSTAMO-VALOR (LOAN-TO-VALUE, LTV). La ratio entre el importe del principal de una o varias hipotecas y el valor de mercado de la propiedad que garantiza la(s) hipoteca(s), habitualmente expresada en porcentaje.

SEGURO DE IMPAGO DE DEUDA (CREDIT DEFAULT SWAP, CDS). Forma de derivado que transfiere el riesgo de impago de un título de deuda, como un bono o un crédito. El comprador de la protección realiza una serie de pagos parecidos a los intereses al vendedor, el cual acepta restituir las pérdidas al comprador si el título es impagado. Ni el comprador ni el vendedor tienen por qué ser titulares del instrumento. Los CD crecieron a un ritmo extraordinario durante la burbuja porque eran una forma fácil de simular carteras de bonos con mínimos desembolsos de efectivo.

SISTEMA BANCARIO EN LA SOMBRA. Conjunto de instituciones financieras no bancarias, como los hedge funds, los fondos de capital inversión, los fondos de inversión colectivos y otros vehículos de inversión, que a menudo ofrecen créditos y realizan otras actividades paralelas al sistema bancario formal. El crecimiento exponencial del sistema bancario en la sombra en la década de los dos mil dificultó a los reguladores la tarea de controlar el volumen de crédito en el sistema financiero.

SUSCRIPCIÓN/CONTRATACIÓN (UNDERWRITING). Proceso de determinación del riesgo y el precio de un valor. Los bancos de inversión suscriben los valores cuando evalúan la calidad de crédito de los emisores y establecen un precio por colocar los valores entre los inversores; las entidades de crédito hipotecario suscriben hipotecas al evaluar la calidad de crédito del prestatario y el valor de mercado de la propiedad subyacente.

TITULIZACIÓN. Proceso de integración de hipotecas, deudas de tarjetas de crédito u otros instrumentos en una entidad legal separada para la emisión de nuevos instrumentos financieros destinados a inversores.

TÍTULO CON GARANTÍA HIPOTECARIA (MORTGAGE-BACKED SECURITY, MBS). Instrumento de crédito respaldado por una hipoteca residencial o comercial. Un MBS puede estar o no estructurado. (Véase la entrada relativa a las obligaciones con garantía prendaria).

TÍTULOS PRIVADOS (PRIVATE-LABEL SECURITIES). Títulos con respaldo hipotecario construidos y distribuidos por bancos privados de inversión y operadores de títulos (a diferencia de los MBS distribuidos por Fannie Mae, Freddie Mac u otras agencias hipotecarias federales).

TRAMO. Término con el que se alude a las diversas capas de valores que constituyen un instrumento financiero estructurado.

WRITE-DOWN (RECONOCIMIENTO DE MINUSVALÍA). Procedimiento contable por el que se reduce el valor de un activo respecto al precio contable anterior. Con frecuencia, cuando una entidad rebaja un activo, el importe de la minoración debe deducirse de los beneficios declarados.

Documentalista estadounidense, fundador y presidente de Representational Pictures, Inc., director y productor de No End In Sight: The American Occupation of Iraq (Sin final previsible: la ocupación estadounidense de Irak) (2007) y de Inside Job (2010), por el que obtuvo el Oscar al Mejor Largometraje Documental. Además ha sido empresario de software, escritor y una autoridad en política tecnológica. Actualmente se considera analista político y periodista de investigación.

Cursó el bachillerato en Lowell High School (San Francisco) y lo terminó en 1972. En 1978 obtuvo una licenciatura en matemáticas en la Universidad de California en Berkeley. Se doctoró en ciencias políticas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1989.

Tras su doctorado Ferguson simultaneó investigación postdoctoral en el Instituto de Tecnología de Massachussetts con su trabajo de asesor de la Casa Blanca, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, el Ministerio de Defensa y varias compañías tecnológicas estadounidenses y europeas. Entre 1992 y 1994 Ferguson fue un consultor independiente que trabajó para compañías punteras estadounidenses. Entre ellas estuvieron Apple Inc., Xerox, Motorola y Texas Instruments. En 1994, junto con Randy Forgaard, Ferguson fundó Vermeer Technologies, una de las primeras compañías de software de Internet.

Vermeer creó la primera herramienta visual de desarrollo web, FrontPage. A principios de 1996 Ferguson vendió Vermeer a Microsoft por 133 millones de dólares,4 que integró FrontPage en Microsoft Office.

Tras la venta de Vermeer Ferguson volvió a la investigación y a escribir. Fue investigador invitado y/o profesor durante varios años en el Instituto de Tecnología de Massachussetts y en Berkeley, y durante tres años fue Senior Fellow en la the Brookings Institution en Washington DC. Ferguson es el autor de cuatro libros y muchos artículos que tratan varios aspectos de la tecnología de la información y sus relaciones con cuestiones económicas, políticas y sociales. Es miembro vitalicio del Consejo de Relaciones Exteriores, director de la French-American Foundation (Fundación franco-americana) y apoya a varias organizaciones sin ánimo de lucro.

Notas

[1] A menos que se indique lo contrario, todos los datos económicos referidos a Estados Unidos que aparecen en este libro proceden de las fuentes oficiales más recientes (por ejemplo, del tercer trimestre de 2011, siempre que los datos estén disponibles). <<

[2] William T. Vollman, «Homeless in Sacramento», Harper’s Magazine, marzo de 2011. <<

[3] Oficina del Censo de Estados Unidos, «Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2010», septiembre de 2011; Oficina de Presupuesto del Congreso, «Trends in the Distribution of Household Income Between 1979 and 2007», octubre de 2011, http://www.fns.usda.gov/pd/SNAPsummary.htm. <<

[4] Extractos de las estadísticas de la OCDE: Labour Force Statistics, http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=251 <<

[5] Emmanuel Saez Y Thomas Piketty, «Income Inequality in the United States, 1913-1998», Quarterly Journal of Economics, 118(1) 2003, pp. 1-39 (tablas y gráficos actualizados a fecha de 2008 en formato Excel, julio de 2010, http://elsa.berkeley.edu/~saez/); G. William Domboff, «Wealth Income and Power», Departamento de Sociología, UC Santa Cruz, noviembre de 2011, http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.html. <<

[6] Julia B. Isaacs, «Intergenerational Comparisons of Economic Mobility», en Julia B. Isaacs et al., Getting Ahead or Losing Ground: Economic Mobility in America, pp. 37-46, Brookings Economic Mobility Project, febrero de 2008; Patrick M. Callan, «International Comparisons Highlight Educational Gaps Between Young and Older Americans», Measuring Up 2006: The National Report Card on Higher Education, http://measuringup.highereducation.org/commentary/introduction.cfm. <<

[7] Todos los datos relativos a empresas están tomados de informes anuales y expedientes de la SEC. <<

[8] Vincent Carossa, Investment Banking in America: A History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970), pp. 322-351. <<

[9] Ley Bancaria de 1933 (versión original), Public Law 66, Congreso 73, sec. 21(a) 1. <<

[10] Thomas Philippon y Ariel Resheff, «Wages and Human Capital in the U. S. Financial Industry: 1909-2006» (diciembre de 2008); borrador disponible en http://page.stern.nyu.edu/~tphilipp/papers/pr_rev15.pdf. <<

[11] Lawrence J. White, The S&L Debacle: Public Policy Lessons for Bank and Thrift Regulation (Nueva York: Oxford University Press, 1990); Martin Mayer, The Greatest Ever Bank Robbery (Nueva York: Scribners, 1990). Mayer reimprime la carta de Greenspan en pp. 334-336. <<

[12] Las fuentes habituales son James Stewart, Den of Th ieves (Nueva York: Touchstone, 1992), y Connie Bruck, The Predators’ Ball: The Inside Story of Drexel Burnham and the Rise of the Junk Bond Raiders (Nueva York: Penguin, 1989). <<

[13] Para un seguimiento minuto a minuto del crac de 1987, véase el Informe de la Comisión Brady, Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms (Washington, DC: USGPO, 1988). <<

[14] Bethany McLean y Joe Nocera, All the Devils Are Here: The Hidden History of the Financial Crisis (Nueva York: Penguin, 2010), capítulo 2, «Ground Zero, Baby». <<

[15] Yves Smith, Econned: How Unenlightened Self Interest Undermined Democracy and Corrupted Capitalism (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2010), p. 152. <<

[16] Charles R. Morris, Money, Greed, and Risk (Nueva York: Times Books, 1999), pp. 168-171. <<

[17] Alan Greenspan, «Testimony Before the House Committee on Banking and Financial Services», 16 de septiembre de 1998. <<

[18] Alan Greenspan, «Testimony Before the House Committee on Banking and Financial Services», 1 de octubre de 1998. <<

[19] Alan Greenspan, «Remarks to the Chicago Conference on Bank Structure and Competition», 8 de mayo de 2003. <<

[20] «Greenspan Admits “Flaw” to Congress, Predicts More Economic Problems», PBS NewsHour, 23 de octubre de 2008, http://www.pbs.org/newshour/bb/business/july-dec08/crisishearing_10-23.html. <<

[21] Consejo de la Reserva Federal, «Selected Interest Rates», http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm. <<

[22] Center for Responsible Lending, «Subprime Lending: A Net Drain on Home Ownership», CRL Issue Paper n.º 14, 27 de marzo de 2007. <<

[23] Índice S&P/Case-Shiller de Precios de la Vivienda en Estados Unidos, http://www.standardandpoors.com/indices/sp-case-shiller-home-price-indices/en/us/. Entre enero de 2000 y diciembre de 2005, el Índice 10-Ciudades se incrementó un 120 por ciento; el Índice 20-Ciudades, un 103 por ciento, y el Índice Nacional, un 87 por ciento. <<

[24] The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States (Nueva York: Public Affairs, 2011), pp. 89-90. <<

[25] Índice S&P/Case-Shiller. <<

[26] Rick Brooks y Constance Mitchell Forbes, «The United States of Subprime», The Wall Street Journal, 11 de octubre de 2007. El artículo se ocupa únicamente de los créditos de «elevadas tasas de interés», lo que excluye todos los créditos de alto riesgo iniciados con tasas reducidas, que probablemente fueran la mayoría. <<

[27] Financial Crisis Inquiry Report, p. 89. <<

[28] Las fuentes primarias de información acerca del WaMu son Wall Street and the Financial Crisis: Anatomy of a Financial Collapse, audiencia ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos (en lo sucesivo PSI, Permanent Subcommittee on Investigations), Congreso 111, 2.ª sesión, 13 de abril de 2010, «Exhibits: The Role of High Risk Loans» (las pruebas no están paginadas); y Federal Deposit Insurance Corporation v. Kerry K. Killinger et al., demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Occidental de Washington y Seattle, 16 de marzo de 2011. <<

[29] PSI, Wall Street and the Financial Crisis, «Exhibits: The Role of High Risk Loans», Washington Mutual, «Higher Risk Lending Strategy», debate del Comité Financiero, enero de 2005, y debate de créditos hipotecarios, reunión del Consejo de Administración, 18 de abril de 2006. <<

[30] Ibid. Washington Mutual, President’s Club 2006 —Kauai Business Meeting. <<

[31] Ibid. Rotella a Killinger, 27 de abril de 2006. <<

[32] Ibid. Jill Simons a Timothy Bates, Risk Mit Loan Review Data, «Confidential», correo electrónico de 28 de agosto de 2005. <<

[*] FICO es el código nemotécnico en bolsa de la Fair Isaac Corporation, la empresa pionera en las valoraciones crediticias de tres dígitos. <<

[33] Cambridge Place Investment Management Inc. v. Morgan Stanley & Co., Inc. et al., superior queja y Court of the Commonwealth of Massachusetts, demanda y reclamación de jurado, 9 de julio de 2010, pp. 55-56; The People of the State of New York v. First American Corporation et al., Tribunal Supremo de Nueva York, 30 de marzo de 2009. <<

[34] FDIC v. Killinger, pp. 23-25. <<

[35] PSI, Wall Street and the Financial Crisis: Anatomy of a Financial Collapse, Majority and Minority Staff Report, 13 de abril de 2011, https://www.hsdl.org/?view&did=7125 <<

[36] http://www.nytimes.com/2011/12/14/business/ex-bank-executives-settle-fdic-suit.html. <<

[37] Financial Crisis Inquiry Report, pp. 89-90; «Final Report of Michael J. Missal, Bankruptcy Court Examiner» (en lo sucesivo, Informe del Examinador), In re: New Century TRS Holdings, Inc. et al., Debtors, Tribunal de Quiebras de Estados Unidos por el Distrito de Delaware, p. 57. <<

[38] Informe del Examinador, pp. 81-82. <<

[39] Ibid., p. 2. <<

[40] Ibid., pp. 127-128. <<

[41] Ibid., p. 131. <<

[42] Ibid. (el informe examina detalladamente las cuestiones contables; véanse sobre todo las pp. 177-212). <<

[43] Shawn Tulley, «Meet the 23 000 % Stock», Fortune, 15 de septiembre de 2003.La información sobre Countrywide procede primariamente de cadenas de correos electrónicos y otros documentos recogidos por el FCIC. Los documentos están disponibles en la web http://fcic.law.stanford.edu/resource. <<

[44] Para acceder a una lista, véase http://en.wikipedia.org/wiki/AngeloMozilo#.22Friends_of Angelo.28FOA.29.22VIPprogram. <<

[45] Mi exposición de las experiencias de Foster en Countrywide se basa en tres fuentes. La primera es la carta de OSHA Finding donde describe sus experiencias después de presentar su demanda, que ganó. La carta puede encontrarse on-line en http://www.documentcloud.org/documents/250789-cwd-ef-final-osha-order.html#document/p8. La segunda fuente es su entrevista con Steve Kroft, emitida en 60 Minutes en diciembre de 2011. Puede accederse a ella online en http://www.cbsnews.com/8301-18560_162-57336042/prosecuting-wall-street/?pageNum=8&tag=contentMain;contentBody. La tercera fuente son los artículos de Michael Hudson basados en su entrevista con Foster. Michael Hudson es un periodista que trabaja en el Center for Public Integrity. Sus artículos son accesibles en http://www.iwatchnews.org/2011/09/22/6687/countrywide-protected-fraudsters-silencing-whistleblowers-say-former-employees. <<

[46] Véase http://www.cbsnews.com/8301-18560_162-57336042/prosecuting-wall-street/?pageNum=2&tag=contentMain;contentBody. <<

[47] Commonwealth of Massachusetts v. Fremont Invest & Loan et al., resolución final por consentimiento, 9 de junio de 2009. La resolución incluía una multa de 10 millones de dólares. <<

[48] Citado en Cambridge Place Investment v. Morgan Stanley, p. 66. <<

[49] Ibid., pp. 69-74. <<

[50] Financial Crisis Inquiry Report, pp. 89, 12. <<

[51] Cambridge Place Investment v. Morgan Stanley, pp. 75-78. <<

[52] The Washington Post, 10 de junio de 2008, véase http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/09/AR2008060902626.html. <<

[53] Calculado a partir de sus respectivos informes anuales. <<

[54] http://www.sec.gov/news/press/2011/2011-267.htm. <<

[55] Alan Greenspan y James Kennedy, «Sources and Uses of Equity Extraction from Housing», Consejo de la Reserva Federal, 2007. El señor Kennedy de la Fed ha mantenido los datos actualizados más allá del período cubierto en el estudio y los entrega a petición. <<

[56] «A Home-Grown Problem», Economist, 10 de septiembre de 2005. <<

[57] Financial Crisis Inquiry Report, pp. 152-154. <<

[58] http://www.finra.org/AboutFINRA/Leadership/. <<

[59] The Charles Schwab Corporation v. BNP Paribas Securities, Inc., et al., demanda enmendada, Tribunal Superior del Estado de California, 2 de agosto de 2010. <<

[*] Dicho cálculo se refiere al conjunto de los títulos. En la muestra tomada como ejemplo aquí, la LTV declarada del 73,8 por ciento implicaba un 26,2 por ciento de fondos propios. Si la LTV fuera en realidad del 90,5 por ciento, los fondos propios bajarían hasta el 9,5 por ciento, lo que supone un descenso del 64 por ciento. <<

[60] Financial Crisis Inquiry Report, p. 166. <<

[61] Ambac Assurance Corporation et al. v. EMC Mortgage Corporation et al., demanda, Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, 2 de febrero de 2011. <<

[62] Demanda colectiva enmendada y consolidada, American Home Mortgage Securities Litigation, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Oriental de Nueva York, 3 de junio de 2008. <<

[63] Ambac v. EMC, p. 70. <<

[64] Ibid., p. 71 n. 181. <<

[65] Ibid., p. 71. <<

[66] Ibid., p. 72, 72 n. 185. <<

[67] Ibid., pp. 74-76. <<

[68] Ibid., pp. 81-83. <<

[69] Ibid., pp. 78, 86-87. <<

[70] Ibid., p. 93, 93 n. 255. <<

[71] Ibid., pp. 65, 66 n. 161, 69. <<

[72] Ibid., pp. 99-100. <<

[73] Ibid., p. 97. <<

[74] Ibid., p. 103. <<

[75] Ibid., p. 104. <<

[76] Allan Sloan, «House of Junk», http://money.cnn.com/2007/10/15/markets/junk_mortgages.fortune/index.htm?postversion=2007101609 <<

[77] Employees’ Retirement System of the Government of the Virgin Islands et al. v. Morgan Stanley & Co., Incorporated, et al., demanda colectiva, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Meridional de Nueva York, 24 de diciembre de 2009. <<

[78] Ibid., p. 13. <<

[79] Ibid., p. 15. <<

[80] In re: Morgan Stanley & Co., Incorporated, garantía de cese, Tribunal Superior de la Comunidad de Massachusetts, 24 de junio de 2010. <<

[81] Virgin Islands v. Morgan Stanley, p. 11. <<

[82] Para una interesante y extensa disección de este episodio, incluida la relación de Hubler con su jefa Zoe Cruz y la posible influencia del sexismo en las pérdidas de Hubler, véase http://nymag.com/news/business/46476/. <<

[83] Financial Crisis Inquiry Report, «Testimony of Richard M. Bowen», III, pp. 1-2. <<

[84] Véase la demanda de la SEC en el caso más publicitado, disponible en http://dealbook.nytimes.com/2011/10/26/in-fight-against-securities-fraud-s-e-c-sends-wrong-signal/. <<

[85] HSH Nordbank AG v. UBS AG and UBS Securities, LLC, citación y demanda, Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, 25 de febrero de 2008. <<

[86] La exposición se basa en PSI, Wall Street and the Financial Crisis, pp. 243-317. <<

[87] Financial Crisis Inquiry Report, «Interview of Robert Rubin», 11 de marzo de 2010. <<

[88] Raghuram G. Rajan, «Has Financial Development Made the World Riskier?», actas, Reserva Federal del Banco de Kansas City, agosto de 2005, pp. 313-69, www.kc.frb.org/publicat/sympos/2005/pdf/rajan2005.pdf. <<

[89] Wyatt, Edward, «Judge Blocks Citigroup Settlement with SEC», The New York Times, 28 de noviembre de 2011, http://www.nytimes.com/2011/11/29/business/judge-rejects-sec-accord-with-citi.html?r=1 <<

[90] PSI, Wall Street and the Financial Crisis, «Exhibits: Role of Investment Banks», David Viniar a Tom Montag, correo electrónico, 15 de diciembre de 2006, cadena; Fabrice Tourre a Geoffrey Williams et al., correo electrónico, 18 de diciembre de 2006. <<

[91] Ibid., «The Subprime Meltdown: Timeline of Recent Events», presentación al consejo de administración de Goldman Sachs, división hipotecaria subprime, 26 de marzo de 2007; Daniel Sparks a Gary Cohn et al., correo electrónico y cadena, 8 de febrero de 2007. <<

[92] Ibid., Sparks a Montag et al., correo electrónico, 14 de febrero de 2007. <<

[93] Ibid., Sparks a Josh Birnbaum et al., correo electrónico, 22 de febrero de 2007. <<

[94] Ibid., Sparks a Jon Winkelried, correo electrónico, 21 de febrero de 2007. <<

[95] Ibid., Viniar a Gary Cohn, correo electrónico, 25 de julio de 2007. <<

[96] Ibid., Birnbaum a [borrado], correo electrónico, 12 de julio de 2007. <<

[97] Ibid., Code of Business Conduct and Ethics, mayo de 2009. <<

[98] Ibid., Fabrice Tourre a Jonathan Egol, correo electrónico, 28 de diciembre de 2006. <<

[99] Ibid., Jonathan Egol a Geoffrey Williams, correo electrónico, 24 de octubre de 2006, y cadena. <<

[100] Ibid., correos electrónicos: Aliredha Yusuf a Sparks, 9 de marzo de 2007; Peter Ostrem a Sparks, 9 de marzo de 2007; Robert Black a ficc spcdo et al., 21 de marzo de 2007; Omar Chaudary a David Lehman, 7 de junio de 2007; intercambio de correos electrónicos entre Sparks y Bohra Bunty, 19 de abril de 2007. <<

[101] Ibid., Darryl Herrick a Mahesh Ganapathy, correo electrónico, 12 de octubre de 2006; prospecto de ventas, Hudson Mezzanine Funding 2006-1, Ltd., octubre de 2006. <<

[102] Ibid., prospecto de ventas, Hudson. <<

[103] Ibid., Ostrem a su equipo, correo electrónico, 30 de octubre de 2006; Sparks a Montag, correo electrónico, 27 de enero de 2007. <<

[*] El misterio aquí es por qué Morgan Stanley podía estar en el lado largo en Hudson mientras estaban repartiendo productos tóxicos a sus propios inversores. Este hecho simplemente ilustra que había pocas compañías con la disciplina interna de Goldman Sachs. Tanto Morgan como Goldman tenían grandes empresas de gestión de activos que invertían en nombre de sus clientes. Para un directivo ingenuo de Morgan un valor de inversión promovido por Goldman podría parecer bastante razonable. De buen seguro, ninguno de los agentes de activos de Goldman pujó por estos productos. <<

[104] PSI, Wall Street and the Financial Crisis, Majority and Minority Staff Report, p. 585. <<

[105] PSI, Wall Street and the Financial Crisis, «Exhibits: Role of Investment Banks, Salem Deeb a Michael Swenson», correo electrónico, 15 de diciembre de 2006, y cadena. <<

[106] Ibid., GS Syndicate a T-Mail Subscribers, correo electrónico, 28 de marzo de 2007. <<

[107] Ibid., Montag a Sparks, correo electrónico, 22 de junio de 2007. <<

[108] Ibid., Matthew Bieber a Christopher Creed, correo electrónico, 17 de septiembre de 2007, y cadena. <<

[109] Gregory Zuckerman, «Profiting from the Crash», Wall Street Journal, 31 de octubre de 2009; http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703574604574499740849179448.html. <<

[110] Tourre a Egol, correo electrónico, 18 de diciembre de 2006, «Wall Street and the Financial Crisis», grabaciones de las audiencias. <<

[111] Securities and Exchange Commission v. Goldman Sachs & Co. And Fabrice Tourre, demanda, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Meridional de Nueva York, 16 de abril de 2010, p. 10. <<

[112] PSI, Wall Street and the Financial Crisis, «Exhibits: Role of Investment Banks», prospecto de ventas, ABACUS 2007-AC1, 23 de marzo de 2007. <<

[113] http://www.nytimes.com/2010/04/21/business/21deals.html. <<

[114] Los detalles financieros están recogidos en SEC v. Goldman, que fueron la base del acuerdo. <<

[115] SEC v. Goldman, consentimiento de la parte demandada, Goldman Sachs & Co., 16 de julio de 2010. <<

[116] Véase la serie de Jake Bernstein y Jesse Eisinger, desde «The Magnetar Trade: How One Hedge Fund Helped Keep the Bubble Going», ProPublica, 9 de abril de 2010; Smith, Econned, pp. 257-263. <<

[117] Smith, Econned, p. 260. <<

[*] Yves Smith da una estimación prudente de 128 000 millones de dólares de crédito inducido por Magnetar. La producción de CDO subprime durante este período fue de 450 000 millones de dólares. Otras estimaciones elevan el impacto de Magnetar a 250 000 millones de dólares. <<

[118] http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ax3yON_uNe7I. <<

[119] Financial Crisis Inquiry Report, pp. 243-44, 265-275. <<

[120] http://www.nytimes.com/interactive/2011/11/08/business/Wall-Streets-Repeat-Violations-Despite-PromisesStsssss.html?ref=business. <<

[121] El libro de referencia en este punto es Kurt Eichenwald, Conspiracy of Fools: A True Story (Nueva York: Broadway Books, 2005). <<

[122] En relación con las transacciones del Citi y del Chase, véase In re Enron Corporation Securities Litigation, primera demanda enmendada y consolidada, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Meridional de Texas, 14 de mayo de 2003, pp. 35-39 (se trata de la demanda colectiva primaria presentada por los accionistas de Enron); SEC v. JPMorgan Chase, demanda, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Meridional de Texas, 28 de julio de 2003; Comisión de Bolsa y Valores, Informe Contable y de Auditoría n.º 1821, en relación con Citigroup, Inc., 28 de julio de 2003. <<

[123] In re Enron Corporation, pp. 500-501; SEC v. Merrill Lynch, & Co., Inc., et al., demanda, 17 de marzo de 2003, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Meridional de Texas en Houston. <<

[124] Harold Meyerson, «The Enron Enablers», American Prospect, 10 de mayo de 2007. <<

[125] Charles R. Morris, «The Hole in the Economy», Boston Globe, 7 de julio de 2002. <<

[126] Geoff Lewis, «The Bloody Mess After the Internet Bubble», Registered Rep, 1 de mayo de 2005. <<

[127] Ibid. <<

[128] William H. Donaldson, «Testimony Concerning Global Research Analyst Settlement», Comité Bancario del Senado, Asuntos Inmobiliarios y Urbanos, 7 de mayo de 2003; Comisión de Bolsa y Valores, informe judicial, «Federal Court Approves Global Research Analyst Settlement», 31 de octubre de 2003; Comisión de Bolsa y Valores, acta administrativa, In the Matter of Jack Benjamin Grubman, 31 de octubre de 2003; Comisión de Bolsa y Valores, acta administrativa, In the Matter of Henry M. Blodget, 31 de octubre de 2003. <<

[129] La relación de este episodio está tomada de SEC v. Charles E. LeCroy and Douglas W. MacFaddin, demanda, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Septentrional de Alabama, 4 de noviembre de 2009; SEC, acta administrativa, In the Matter of JPMorgan Securities, Inc., orden por la que se establece un procedimiento de cese y desistimiento, 4 de noviembre de 2009, y William Selway y Martin Z. Braun, «JPMorgan Swap Deals Spur Probe as Default Stalks Alabama County», Bloomberg, 22 de mayo de 2008. <<

[*] Los contratos de permuta casi siempre incluyen pagos por ruptura del trato que se calculan según el valor presente del flujo neto de ingresos debido a la parte agraviada proyectado sobre la duración útil restante de la operación. <<

[130] El relato está tomado de Martin Z. Braun, «Auction Bond Failures Roil Munis, Pushing Rates Up», Bloomberg, 10 de febrero de 2008; Liz Rappaport y Randall Smith, «Credit Woes Hit Funding for Loans to Students», The Wall Street Journal, 13 de febrero de 2008; Floyd Norris, «Auction Market Chaos for Bonds», The New York Times, 20 de febrero de 2008. <<

[131] SEC v. Banc of America Securities LLC et al., demanda, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Meridional de Nueva York, 9 de junio de 2009. Esta y otras demandas ofrecen una descripción completa del proceso. <<

[132] Costes de transacción esperados según los comunicados de prensa de la SEC en relación con cada caso. <<

[133] Informes judiciales de la SEC. <<

[134] http://dealbook.nytimes.com/2011/02/15/del-monte-ruling-challenges-cozy-buyout-bids/. <<

[135] La exposición está basada en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, «Justice Department & IRS Announce Results of UBS Settlement & Unprecedented Response to Voluntary Tax Disclosure Program», 17 de noviembre de 2009; Carolyn B. Lovejoy, «UBS Strikes a Deal: The Recent Impact of Weakened Bank Secrecy on Swiss Banking», North Carolina Banking Institute Journal 14 (10 de febrero de 2010), pp. 435-466; Joann M. Weiner, «Brad Birkenfeld: Tax Cheat and UBS Informant Doesn’t Deserve Pardon», Politics Daily, junio de 2010; Carlyn Kolker y David Voreacos, «UBS Tax Net Snares Credit Suisse, Julius Baer Clients», Bloomberg, 18 de septiembre de 2009, y Cyrus Sanati, «Phil Gramm and the UBS Tax Case», The New York Times, 20 de agosto de 2009. <<

[136] William Wechsler, «Follow the Money», Foreign Affairs, julio/agosto de 2001. <<

[137] United States of America v. Credit Suisse, AG, acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales, Tribunal de Distrito de Estados Unidos por el Distrito de Columbia, 16 de diciembre de 2008. Detalles tomados de la prueba A, declaración factual. <<

[138] Comunicado de prensa, Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Nueva York, «Barclays Bank PLC Agrees to Forfeit $298 Million in Connection with Violations of the International Emergency Economic Powers Act and the Trading with the Enemy Act», 18 de agosto de 2010; y comunicados de prensa, Departamento de Justicia de Estados Unidos, «Credit Suisse Agrees to Forfeit $536 Million in Connection with Violations of the International Emergency Economic Powers Act and New York State Law», 2 de diciembre de 2009, y «Lloyds TSB Bank Plc Agrees to Forfeit $350 Million in Connection with Violations of the International Emergency Economic Powers Act», 9 de enero de 2009. <<

[139] Véase http://www.nytimes.com/2010/06/05/nyregion/05hawala.html. <<

[140] Kevin Roose, «JPMorgan to Pay $88.3 Million for Sanctions Violations», The New York Times, 30 de agosto de 2011. <<

[141] Robert H. Hast, «Private Banking: Raul Salinas, Citibank, and Alleged Money Laundering», declaración ante el Subcomité Permanente de Investigaciones, Comité de Asuntos Gubernamentales, Senado de Estados Unidos, 9 de noviembre de 1999 (Washington, DC: U. S. GAO, 1998). <<

[142] Senado de Estados Unidos, Subcomité Permanente de Investigaciones, «Money Laundering and Foreign Corruption: Case Study Involving Riggs Bank», 15 de julio de 2004. <<

[143] Ed Vulliamy, «How a Big US Bank Laundered Billions from Mexico’s Murderous Drug Gangs», The Guardian, 2 de abril de 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/03/us-bank-mexico-drug-gangs; Andrew Nill Sanchez, «Big Bank Ignored Warnings That It Was Being Used to Launder Money by Mexican Drug Cartels», Think Progress, 20 de abril de 2011, http://thinkprogress.org/economy/2011/04/20/159951/wachovia-banks-drug-cartels/. <<

[144] http://thinkprogress.org/economy/2011/04/20/159951/wachovia-banks-drug-cartels/. <<

[145] David Voreceos et al., «Banks Financing Mexico Drug Gangs Admitted in Wells Fargo Deal», Bloomberg, 28 de junio de 2010; United States of America v. American Express Bank International, acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Meridional de Florida, 6 de agosto de 2007. <<

[146] Para obtener datos sobre acuerdos y otros datos estadísticos, véase Securities Investor Protection Corporation v. Bernard Madoff Investment Securities, LLC, Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, Distrito Meridional de Nueva York, quinto informe provisional del administrador concursal para el período que termina el 31 de marzo de 2011. <<

[*] CPA (Certified Public Accountant) es un título otorgado a asesores financieros que han superado un examen. Este título es muy valioso ya que se entiende que la persona que lo consigue tiene profundos conocimientos de los principios y las prácticas de la contabilidad. (N. de la t.) <<

[147] Andrew Cave, «Bernard Madoff Fraud: Increased Scrutiny in Hedge Fund Industry», The Daily Telegraph, 20 de diciembre de 2008. <<

[148] Irving H. Picard Trustee v. Citibank NA et al., demanda, Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, 8 de diciembre de 2010; Picard v. Merrill Lynch International, demanda, Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, 8 de diciembre de 2010; Picard v. ABN Amro, demanda, Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, 8 de diciembre de 2010. <<

[*] Merrill, por ejemplo, ofrecía a los inversores la oportunidad de obtener cuatro veces el rendimiento de un fondo de referencia de Madoff. Un inversor ponía 1 millón de dólares, por ejemplo, y recibía a cambio un título de Merrill más un crédito de 3 millones de dólares. A cambio, Merrill recibía una comisión de inversión, más una elevada comisión de préstamo. Para cubrir su compromiso de pago, Merrill invertía típicamente los 4 millones de dólares en el fondo referenciado de Madoff (aunque no tenía obligación de hacerlo). Cada mes pagaba la cantidad de dividendos que el cliente habría recibido si hubiera invertido 4 millones en un fondo de Madoff, menos un 20 por ciento de incentivo. Obsérvese que Merrill propiamente no asumía ningún riesgo en la inversión, y que los fondos del cliente no se invertían nunca directamente en una cuenta de Madoff. <<

[149] http://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2010/11/28/suit-says-ubs-feeder-funds-knew-madoff-was-fishy-back-in-2006/. <<

[150] http://www.ft.com/cms/s/0/e544bb08-0954-11e0-ada6-00144feabdc0.html#axzz1fKjlttnW. <<

[151] Picard v. UBS AG et al., demanda, Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, 7 de diciembre de 2010, p. 24 <<

[152] Picard v. JPMorgan Chase & Co., et al., demanda, Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, 2 de diciembre de 2010, p. 44 <<

[*] La cuenta original se abrió en 1986 en el Chemical Bank, que más tarde se fusionó con el Chase. La fusión Chase/JPMorgan tuvo lugar en 2001, cuando Madoff estaba a punto de dar un gran salto de crecimiento. <<

[153] Ibid., p. 1; Diana R. Henriques, «Bankers Named Who Doubted Madoff», The New York Times, 14 de abril de 2011, http://www.nytimes.com/2011/04/15/business/15madoff.html. <<

[154] http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/10/06/news-conference-president. <<

[155] Puede accederse a la transcripción del FCIC en la siguiente web, además de en la web del FCIC: http://cybercemetery.unt.edu/archive/fcic y http://cyber cemetery.unt.edu/archive/fcic/20110310173928/http://www.fcic.gov/hearings/testimony/subprime-lending-and-securitization-and-enterprises. <<

[156] La carta es accesible on-line en http://dealbook.nytimes.com/2010/03/19/the-letter-by-lehman-whistle-blower-matthew-lee/. <<

[157] Véase http://dealbook.nytimes.com/2010/03/15/auditor-could-face-liability-over-lehman/. <<

[158] Para un estudio del funcionamiento cartelístico del sector, tal como se manifiesta en estas estructuras de comisiones, véase http://www.bloomberg.com/news/2012-01-09/cohan-how-wall-street-turned-a-crisis-into-a-cartel.html. <<

[159] http://www.consumeraffairs.com/news04/2005/creditcardfeesuit.html; véase también http://finance.yahoo.com/news/bank-america-big-banks-face-113000788.html. <<

[160] http://www.bloomberg.com/news/2011-11-28/secret-fed-loans-undisclosed-to-congress-gave-banks-13-billion-in-income.html. <<

[161] http://www.nytimes.com/2011/12/04/business/secrets-of-the-bailout-now-revealed.html?r=1&scp=1&sq=federal%20reserve%20sec%20disclosure%20lynn&st=cse. <<

[162] Reserva Federal, informes de flujo de fondos de los años correspondientes. <<

[163] William J. Holstein, «Personal Business; The Home Equity Highway: Busy and Hazardous», The New York Times, 23 de diciembre de 2001; Alan Greenspan y James Kennedy, «Sources and Uses of Equity Extraction from Housing» (Washington, DC: Consejo de la Reserva Federal, 2007; datos actualizados hasta 2008 por el señor Hamilton); Oficina de Análisis Económico, «U. S. International Trade in Goods and Services», Reserva Federal, flujo de fondos. <<

[164] «Global House Priers: A Home-Grown Problem», The Economist, 8 de septiembre de 2005, en http://www.economist.com/node/4385293. Christopher B. Leinberger, «The Next Slum», Atlantic Monthly, marzo de 2008. <<

[165] Para un examen detallado de esta y otras cuestiones relacionadas con el déficit federal y la deuda nacional de Estados Unidos, véase Simon Johnson y James Kwak, White House Burning: The Founding Fathers, Our National Debt, and Why It Matters to You (2012). <<

[166] La exposición más detallada es la de Andrew Ross Sorkin, Too Big to Fail (Nueva York: Viking, 2009). <<

[167] Puede accederse a la grabación completa de la reunión de la SEC en http://graphics8.nytimes.com/packages/audio/national/20081003_SEC_AUDIO/SEC_Open_Meeting_04282004.mp3 <<

[168] Toda la información financiera de empresas está tomada de los informes anuales 10K. <<

[169] Estoy en deuda con Charles Morris por la observación y por la forma de expresarla. <<

[170] En relación con el «repo run», véase Gary Gorton y Andrew Metrick, «Securitized Banking and the Run on the Repo», Informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica n.º 15 223, 10 de noviembre de 2010. <<

[171] http://www.huffingtonpost.com/2011/10/14/goldman-sachs-for-profit-college_n_997409.html. <<

[172] http://chronicle.com/article/Education-Management-Corp/128560/. <<

[173] http://www.nytimes.com/2009/10/05/business/economy/05simmons.html?pagewanted=2&dbk. <<

[174] http://www.bloomberg.com/news/2012-02-11/sec-looking-into-private-equity-firms-valuation-of-assets.html. <<

[175] Adair Turner, «Reforming Finance: Are We Being Radical Enough?», Premio Clare de Conferencia sobre Economía y Políticas Públicas, 18 de febrero de 2011. <<

[176] Vito Racanelli, Barron’s, 27 de enero de 2011. <<

[177] Justin Bekelman, «Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research», Journal of the American Medical Society 289 (2003): pp. 454-486; George Khusuf et al., «Understanding, Assessing, and Managing Conflicts of Interest», en Lawrence B. McCollough et al., Surgical Ethics (Nueva York: Oxford University Press, 2006), pp. 343-366, cita de p. 351; Senado de Estados Unidos, Comité de Finanzas, «Staff Report on Sanofi’s Strategic Use of Third Parties to Influence the FDA» (mayo de 2011). Sobre los tres acuerdos, véanse los comunicados de prensa del Departamento de Justicia en TAP (una joint venture Abbott-Takeda), 3 de octubre de 2001; Astra-Zeneca, 20 de junio de 2003; Warner-Lambert (ahora parte de Pfizer), 13 de mayo de 2004; «Stanford Won’t Let Doctors Accept Gifts», Associated Press, 12 de septiembre de 2006, MSNBC. <<

[178] http://www.brg-experts.com. <<

[179] Ibid. <<

[180] http://www.theanalysisgroup.com. <<

[181] http://www.compasslexecon.com. <<

[182] Página web de la compañía en http://www.crai.com; sobre las prácticas en relación con el empleo y las retribuciones, véase Charles River Associates, Inc., informe 10K de 2010. <<

[183] R. Glenn Hubbard, «How Capital Markets Enhance Economic Performance and Facilitate Job Creation» (con William C. Dudley) (Nueva York: Goldman Sachs Global Markets Institute, 2004). <<

[184] 2011, declaraciones del representante de la compañía. <<

[185] Esto era así a finales de febrero de 2012. Puede consultarse su currículum vítae de Columbia en http://www.gsb.columbia.edu/faculty/ghubbard/cv.html. <<

[186] La página de reconocimientos es http://www.harrywalker.com/speaker/R-Glenn-Hubbard-ovations.cfm?Spea_ID=646 <<

[187] Steven Gjerstad y Vernon L. Smith, «Monetary Policy, Credit Extension, and Housing Bubbles: 2008 and 1929», Critical Review 21, n.º 2-3 (2009), pp. 269-300, cita en p. 286. <<

[188] David Goldman, «What did Larry summers do at DE Shaw?», Asia Time: Inner Workings, 6 de abril de 2009, http://blog.atimes.net/?p=867 <<

[189] Puede consultarse la entrevista completa, juntamente con los comentarios de Felix Salmon, en el blog de Salmon: http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/01/27/summers-inside-job-had-essentially-all-its-facts-wrong/. <<

[190] Véase, por ejemplo, http://www.rkmc.com/Credit-Default-Swaps-From-Protection-To-Speculation.htm. <<

[191] El artículo puede encontrarse en http://www.nytimes.com/2009/04/06/business/06summers.html. <<

[192] Summers tiene dos páginas en la web de Harvard: una es http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/lawrence-summers; la otra es http://www.hks.harvard.edu/fs/lsummer/index.htm. <<

[193] La página web es http://www.harrywalker.com/speaker/Lawrence-Summers-ovations.cfm?Spea_ID=450 <<

[194] Heather Timmons, «Iceland’s Fizzy Economy Faces a Test», The New York Times, 18 de abril de 2006. <<

[195] Frederic S. Mishkin y Tryggvi Thor Herbertson, «Financial Stability in Iceland», Cámara de Comercio de Islandia (mayo de 2006), pp. 42 y 49. <<

[196] Frederic S. Mishkin, «Policy Remedies for Conflicts of Interest in the Financial System», conferencia, Macroeconomics, Monetary Policy and Financial Stability: A Festschrift for Charles Freedman (julio de 2003), pp. 10-11. <<

[197] «Fed Governors’ Financial Disclosures: 2006», Financial Markets Center (11 de octubre de 2007). <<

[198] http://www.leighbureau.com/speaker.asp?id=501 <<

[199] Informes de la compañía. <<

[200] La página es http://www.harrywalker.com/speaker/Laura-Tyson-ovations.cfm?Spea_ID=43 <<

[201] Su biografía de la agencia de conferencias puede consultarse en http://www.washingtonspeakers.com/speakers/biography.cfm?SpeakerID=1760 <<

[202] http://www.prnewswire.com/news-releases/media-advisory-hal-scott-urges-narrow-application-of-volcker-rule-to-allow-bank-market-making-hedging-other-dodd-frank-permitted-activities-124002944.html. <<

[203] Véase http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/media.shtml. <<

[204] http://www.compasslexecon.com/Pages/default.aspx. <<

[205] Anthony Giddens, «My Chat with the Colonel», The Guardian, 9 de marzo de 2007. <<

[206] Benjamin R. Barber, «Gaddafi’s Libya: An Ally for America?», The Washington Post, 15 de agosto de 2007. <<

[207] Joseph S. Nye, Jr., «Tripoli Diarist», Tne New Republic, 10 de diciembre de 2007. <<

[208] David Corn y Siddhartha Mahanta, «From Libya with Love: How a US Consulting Firm Used American Academics to Rehab Muammar Qaddafi’s Image», Mother Jones, 3 de marzo de 2011. <<

[209] 22 U. S. C. Sec. 611 (c)(1)(ii), http://www.fara.gov/. <<

[210] Recogido en http://mobile.bloomberg.com/news/2012-01-07/on-the-capture-of-economists-the-ticker. <<

[211] Véase http://www.bloomberg.com/news/2012-01-17/economists-inside-job-conflicts-beg-for-more-than-pay-disclosure-view.html. <<

[212] Véanse, por ejemplo, mis artículos en http​://www.​hu​ffin​gton​post.​com/cha​rles-fer​gu​son/the​-fi​nan​cial-cri​sis-and-_1_b_782927.html y también http://www.salon.com/2010/10/27/barack_obama_wall_street/. <<

[213] Véase James Womack, Daniel T. Jones y Daniel Roos, The Machine That Changed the World (Cambridge, MA: MIT Press, 1991; rev. 2007), o Kim B. Clark y Takahiro Fujimoto, Product Development Performance (Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1991). <<

[214] Véase Ramchandran Jaikumar, «Postindustrial Manufacturing», Harvard Business Review (noviembre/diciembre de 1986). <<

[215] http://www.digitimes.com/news/a20120131PD200.html. <<

[216] http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2011/12/02/with-verizons-3-6-billion-spectrum-deal-cable-and-wireless-inch-closer/?scp=1&sq=verizon%20cable%20spectrum%20deal&st=cse. <<

[217] Véase, por ejemplo, http://www.offthechartsblog.org/what-should-corporate-tax-reform-look-like/, y también http://www.nytimes.com/2011/08/06/business/workers-wages-chasing-corporate-profits-off-the-charts.html. <<

[218] Sobre el Senado, véase http://www.cfinst.org/pdf/vital/VitalStatst5.pdf. Sobre la Cámara, véase http://www.cfinst.org/pdf/vital/VitalStatst2.pdf. <<

[219] http:​//​sun​light​foun​da​tion.​com/blog/2011/12/13/ the​-​po​li​ti​cal​-​one​-​per​cent​-​of​-​the​-​one​-​per​cent​/?​ut​msour​ce​=​The​+​Ba​lan​ce​+​Sheet​&utm_cam​paign=36e95872b7-Balance_Sheet_12_02_1112_22011&utm_medium=email. <<

[*] PAC (Political Action Committee) es un organismo que se registra en la Comisión Federal de elecciones con el propósito específico de recaudar fondos para elegir o vencer algún candidato (N. del t.) <<

[*] Súper-PAC son comités de acción política que jurídicamente no forman parte de la estructura de campaña de los candidatos a la Casa Blanca, pero que los apoyan económicamente y participan en el proceso (N. del t.) <<

[220] http://www.opm.gov (Oficina de Gestión de Personal del Gobierno de Estados Unidos). <<

[221] PSI, Wall Street and the Financial Collapse, «Majority and Minority Staff Report», p. 349. <<

[222] Véase http://www.reuters.com/article/2012/01/20/us-usa-holder-mortgage-idUSTRE80J0PH20120120 <<

[223] Véase, por ejemplo, la página de la empresa: http://www.cov.com/practice/white_collar_and_investigations/. <<

[224] http://www.economicpolicyjournal.com/2011/01/blankfein-dimon-attending-white-house.html. <<

[225] Ian Dew-Becker y Robert J. Gordon, «The Rise in American Inequality», Vox (19 de junio de 2008), http://www.voxeu.org/index.php?q=node/1245 <<

[226] http://www.nytimes.com/2011/08/06/business/workers-wages-chasing-corporate-profits-off-the-charts.html?scp=1&sq=floyd%20norris%20u.s.%20​​%20​​%20​​%20​gnp​%20​​&st=Search. <<

[227] http://dealbook.nytimes.com/2011/11/29/at-the-92nd-st-y-a-cushion-against-wall-st-worries/?hp. <<

[228] http://www.thecrimson.com/article/2011/2/25/aid-financial-percent-year/. <<

[229] http://www.nytimes.com/2011/09/14/education/14delta.html?r=1&sq=private%20universities%20 public&st=cse&adxnnl=1&scp=1&adxnnlx= 1323636060-50gcU9ysLdyDB7PikH05yg. <<