La Iglesia católica española, delegación local de un Estado teocrático extranjero, el Vaticano, sobrevive gracias a que el erario público dedica una ingente cantidad de recursos al pago de su estructura, sus nóminas, su red educativa y el mantenimiento de sus templos. En su dimensión política, la Iglesia española se dedica a frenar cualquier empeño social o moralmente emancipador. En su dimensión económica es al mismo tiempo una empresa en rescate público permanente y una potente sociedad que opera a resguardo del radar del fisco siguiendo el manual del neoliberalismo. El impacto social de su actividad económica, sobre todo en la enseñanza y la asistencia social, es gigantesco, ya que se asienta sobre la anulación de los principios de universalidad, solidaridad, equidad y redistribución, sustituidos por una mezcolanza de liberalismo educativo de fachada meritocrática y caridad inmovilista.

La Iglesia, aferrada a unos privilegios entregados por el franquismo como botín de guerra, se beneficia del régimen fiscal de una ONG para desplegar una actividad mercantil tan discreta como profesionalizada en campos que creeríamos reservados a empresas consagradas al beneficio puro y duro. Asesorada por la gran banca, incrustada en la élite económica, la institución católica no ha desdeñado ni la especulación ni las técnicas de elusión fiscal a su alcance. Más parecida al Opus que a Cáritas, más a los kikos que a los franciscanos, más a Wojtila que a Bergoglio, más a la banca vaticana que al monte de piedad, la Iglesia española es hoy una institución apartada de sus fines vocacionales.

Del descarnado retrato que Iglesia S. A. ofrece de la organización que ha ejercido de histórica rectora de la moral española se deriva una pregunta que reclama respuesta urgente: ¿cuántos principios y valores pueden sacrificarse antes de que una institución pierda su razón de ser?

Ángel Munárriz

Iglesia S. A.

Dinero y poder de la multinacional vaticana en España

ePub r1.0

Titivillus 15.08.2019

Título original: Iglesia S. A.

Ángel Munárriz, 2019

Presentación: Pascual Serrano

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Presentación

Presentación

Se podrá pensar que, a estas alturas, escribir sobre el dinero y el poder de la Iglesia en España es abordar temas trillados. Quizá por eso, el proyecto inicial de este nuevo libro de la colección A Fondo, Iglesia S. A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España, era recoger la información existente, ordenarla, actualizarla y darle sentido; sin embargo, el resultado obtenido ha superado todas nuestras previsiones. Su autor, el periodista Ángel Munárriz, ha realizado una exhaustiva profundización en los negocios de la Iglesia y su sistema de extorsión al Estado que no tiene precedentes en ningún trabajo periodístico y bibliográfico sobre este asunto.

Muchos lectores quizá conozcan a Ángel Munárriz por sus trabajos en Infolibre, donde, entre otros temas, escribe sobre la Iglesia y sus negocios (casi siempre realizados con el dinero de todos). Allí hemos leído magníficos reportajes que han sido un aperitivo del festín pantagruélico de detalles sobre los chanchullos eclesiales que supone este libro.

A lo largo de estas páginas descubrimos el negocio de las visitas a la catedral de Toledo de selectos grupos de 10 personas que incluyen un recorrido por estancias exclusivas, un concierto de órgano, los aperitivos de jamón ibérico, el menú de cochinillo deshuesado con crema de patata y carabinero con mollejas de cordero, tarta y vino por 9000 euros. Conocemos las decenas de miles de inmatriculaciones que, de la noche a la mañana, pasaban a engordar el extenso catálogo patrimonial de la Iglesia —algunas de ellas, después, tuvieron que ser compradas por los mismos ayuntamientos a los que se las habían arrebatado—. Nos sorprendemos con el alquiler de sillas, ¡en la vía pública!, durante la Semana Santa de Sevilla, con el que las cofradías se embolsan más de tres millones y medio de euros. No damos crédito al enterarnos de que una caja de ahorros controlada por religiosos llegó a pagar dietas por asistir a misa. Visitamos la casa madrileña en la céntrica calle Bailén a la que se trasladó Rouco cuando dejó de ser arzobispo de Madrid, con sus 370 metros, dos religiosas para la asistencia doméstica y un sacerdote de secretario. Y examinamos los vínculos de un tercio de los consejeros de las empresas del IBEX con universidades católicas. Como decíamos, todo un banquete de informaciones que nos asombrarán.

Una particularidad española es la ligazón histórica de la Iglesia con el franquismo, el régimen del que ha obtenido los privilegios que hoy continúa defendiendo a capa y espada. La misma institución que recibía bajo palio al dictador es la que se hablaba que se podría prestar a acoger sus restos en una catedral de la capital del país. La misma que propone beatificar a las víctimas del bando golpista dificulta a los familiares el acceso a la verdad sobre los republicanos que yacen en las cunetas. Como señala Ángel Munárriz, «el olor a franquismo que queda en la España de hoy es olor a incienso».

Es curioso, la Iglesia ha conquistado para sus privilegios lo que los ciudadanos no hemos logrado para nuestros derechos sociales: pasar de la cita formal de su reconocimiento a la garantía de su cumplimiento en los presupuestos del Estado. Me explico. Nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a la alimentación o nuestro derecho a salir del país no van asociados a que el Estado nos pague una casa, la cuenta del supermercado o un billete de avión; sin embargo, el derecho a recibir clases de Religión sí que va asociado a que el Estado pague todos esos profesores. De la misma manera, el derecho a la asistencia religiosa implica que el erario público se haga cargo de la nómina de un cura en la cárcel o en el hospital. No hemos logrado que el Estado garantice asistencia odontológica, pero sí religiosa.

Los privilegios de la delegación del Vaticano en España presentan la peculiaridad de ser apoyados por esa derecha que se dice tan patriota y defensora del libre mercado. A los guardianes del neoliberalismo no les molesta que la Iglesia intervenga en el mercado privado (inmobiliario, turístico o sanitario) desde la ventaja sobre la competencia que supone estar libre de casi todos los impuestos y controles fiscales. Tampoco a los patriotas les preocupa que el Estado vaticano logre un nivel de influencia sobre el Gobierno y las instituciones españolas que sería intolerable con cualquier otro país.

Otra de las características de la Iglesia que destaca Munárriz es su insistencia en presentarse siempre como víctima de las embestidas y persecuciones de los no creyentes. Es curioso, cuando algunos no nos queremos casar por la Iglesia, pretendemos divorciarnos de nuestra pareja si no funciona nuestra relación, interrumpir un embarazo no deseado o simplemente mantener a nuestros hijos al margen de un modelo educativo que enseña que venimos de Adán y de una costilla suya que se llamaba Eva, se nos acusa de ir en contra de la Iglesia y de la religión. Y eso sin que se nos haya ocurrido pedir a los demás que nos imiten o compartan nuestras acciones, y menos aún que sean obligados a ello. Son los jerarcas de la Iglesia que se dice perseguida quienes criminalizan a las mujeres que abortan y obligan al Estado a pagar la clase de Religión con dinero que sale de los bolsillos tanto de creyentes como de no creyentes. Es la misma jerarquía que ayer intentó evitar la legalización del divorcio y hoy se afana en evitar la legalización de la eutanasia, valiéndose para ello de la fuerza de una estructura sostenida con dinero público. Y, a pesar de todo, se presentan como víctimas de radicales laicistas, en un mensaje radiado sin descanso por medios de comunicación propios y afines.

Por eso es importante aclarar que no hay nada en este libro en contra de la religión, ni del catolicismo, ni de la Iglesia, ni, por supuesto, de los creyentes. El laicismo deja tan tranquila a la Iglesia como tranquilo quiere que la Iglesia deje al Estado y a los ciudadanos que no tienen intención de acercarse a la apostólica y romana. Ojalá la Iglesia respetase el dinero de los laicos igual y no se apropiase de los 11 000 millones anuales que, según Europa Laica, termina llevándose del Estado a través de las fórmulas más variadas. La Iglesia y sus múltiples entidades ingresan cada seis años la misma cantidad que suma el histórico rescate bancario que tanto nos escandalizó.

Este libro, además de la valiosa información que nos proporciona, alcanza conclusiones escalofriantes:

1) Que el objetivo de la Iglesia es la propia Iglesia. Es decir, seguir, permanecer, continuar, sobrevivir. Existir. Y para ello necesita, obligatoriamente, dinero y poder.

2) Que la Iglesia requiere un Estado social frágil para poder seguir siendo fuerte. Necesita un sistema educativo público incapaz de atender a todos los niños en condiciones aceptables para así ofrecer su red privada; necesita que haya desempleados o trabajadores sin ingresos mínimos para poder recoger dinero en su nombre y lograr que se le acerquen en busca de caridad; necesita que escaseen los albergues públicos para indigentes para poder así presentarse como hogar de los necesitados. En su modelo ideal no habría asistencia sanitaria universal y volverían a ser imprescindibles las monjas de la beneficencia.

3) Que, al igual que sucede con la Monarquía y otras instituciones ancestrales, para que pasen a la historia no es necesario combatirlas, basta con cerrarles el grifo del dinero público y que dejen de vivir de nuestro bolsillo.

4) Que sólo desactivando el Concordato heredado del franquismo podemos liberarnos de esa tenia parasitaria que es la Iglesia.

Es mucho lo que descubriremos en este libro. Quizá tras leerlo veremos con otros ojos a esos que dicen velar por nuestras almas en la muerte mientras manejan el poder y nuestro dinero en la vida. «(…) Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», dice la Biblia (Juan 8, 30-36). Quizás, entonces, paradójicamente, las revelaciones de estas páginas sitúen a Iglesia S. A. más cerca de las enseñanzas de Jesús que los actos de muchos de sus representantes en la Tierra.

Pascual Serrano

A Ana: madre, hija y espíritu santo

A mi padre, a mi hermano

Génesis

GÉNESIS

La Iglesia sigue interpretando ante la sociedad el ensayado papel del menesteroso cura de ropajes amarilleados que predica abnegadamente la caridad en el desierto moral de un mundo obnubilado por la opulencia. Puertas adentro, en cambio, se comporta como un ejecutivo con traje de diseño que aplica a su cartera de activos las más avanzadas técnicas de gestión capitalista, sin renunciar a la inversión de riesgo, la triquiñuela fiscal o la alianza estratégica con los prebostes del gran dinero. Más parecida al arribista opusino que al párroco rural, más a una business school que al colegio de una misión, más a los kikos que a Cáritas, más a Wojtila que a Bergoglio, más al reaccionario teocón que al teólogo ecuménico, más a la banca vaticana que al monte de piedad, más a Rouco Varela que a Ignacio Ellacuría, la Iglesia española es una institución que sacrifica principios y valores en el altar del más desnudo economicismo. Una institución cuyo fermento revolucionario, que empujó hace dos milenios a los últimos de Judea contra el ocupante romano, se ha disipado ya por entero en un mar de intereses y privilegios.

¿Qué es la Iglesia? No es fácil delimitar su naturaleza exacta. En España la Santa Madre es de iure una gran organización privada atomizada en miles de terminales que conforman la delegación ibérica de un Estado teocrático extranjero, el Vaticano, histórico soporte global de la moral conservadora y la sociedad estratificada. De facto es una colosal estructura institucional que sobrevive amamantada por el Estado, sin cuyo dinero se desmoronaría como acaba ocurriéndoles tarde o temprano a todas las compañías que fían imprudentemente su viabilidad a un único cliente. Porque nuestra Iglesia se debe al Vaticano, pero España paga la cuenta. Usted y yo pagamos la cuenta.

Si la tomamos como una empresa —una forma parcial pero interesante de verla—, la Iglesia es una empresa en rescate permanente. Sus ingresos están privatizados; sus gastos, socializados. Son miles de millones de euros los que cada año le brinda el Estado, incluyendo exenciones, asignaciones vía IRPF, conciertos, subvenciones, sueldos de religiosos… Tan abundante caudal no apareja la exigencia de un mínimo suficiente de transparencia. Las prerrogativas de las que disfruta la Iglesia no implican tampoco como contrapartida una función social que favorezca los intereses de la mayoría. Al contrario, la Iglesia española es una institución conectada con las capas privilegiadas de la sociedad, en una alianza que se observa en fundaciones y escuelas de negocio, en patrocinios y universidades, siempre bajo la lógica del interés mutuo y el quid pro quo.

Al disfrute de las múltiples prebendas públicas, especialmente relevantes en el ámbito educativo, la Iglesia suma una ingente actividad mercantil: de las aulas a los hospitales, del turismo a la especulación pura y dura, de las editoriales a los medios de comunicación, de los alquileres a las recalificaciones, de los seguros a las sicavs… La dimensión económica de la Iglesia, agraciada por un ventajoso régimen fiscal, lo abarca todo en su seno. No es un apartamento dentro del edificio eclesial, sino su viga maestra. Condiciona toda su estructura. No hay punto de la Iglesia donde se rasque sin que aparezca, bajo la piadosa cáscara, el color verde del dinero. Las inmatriculaciones, por ejemplo, responden a la más descarnada lógica de acumulación patrimonial. Incluso en los problemas aparentemente desconectados del dinero resuena el tintineo del metal. Las alucinantes dimensiones alcanzadas por la pederastia eclesial en todo el mundo sólo obtienen cabal explicación introduciendo entre sus causas el celibato, que a su vez está diseñado para evitar la dispersión del capital que se produciría si los religiosos tuvieran que ocuparse de familias y herederos. En España la exhumación de Franco del Valle de los Caídos ha aflorado, al plantearse como plan B su enterramiento en la Almudena, la existencia de un mercadeo privativo con las criptas catedralicias que bordea la simonía.

El mayor problema que plantea la vertiente empresarial de la Iglesia, más allá de beneficiarse de un estatus que contraviene la aconfesionalidad del Estado, es que se asienta en el deterioro de los servicios públicos. Para que su oferta educativa resulte atractiva, necesita un sistema público renqueante y desacreditado. Igual pasa con la sanidad y con la asistencia social. Para que se abra paso la caridad del voluntariado monjil, debe fracasar la redistribución solidaria de la justicia social. La Iglesia requiere de un Estado del bienestar a medio desmantelar que le delegue permanentemente competencias que deberían ser inalienables del poder político. Dicho de otro modo, la Iglesia necesita un Estado frágil para que el Estado necesite una Iglesia fuerte. Es una pescadilla que se muerde la cola. El resultado es que la institución religiosa sigue incrustada en el tuétano del edificio civil español, sin que ningún gobierno hasta la fecha haya intentado despegarla. Poseída por la lógica del networking propugnada por el Opus Dei —la aportación más decisiva de España a la Iglesia mundial en los últimos cien años—, la jerarquía trata de compensar su pérdida de fuerza religiosa con la presencia en todas las salas donde se timonea el rumbo del país: la política, la judicatura, la universidad, el IBEX… El objetivo es el sostenimiento o la ampliación de sus privilegios, en una dinámica que hace ya imposible saber si el dinero es para la Casa de Cristo el medio o el fin.

«[…] La realidad de nuestra Iglesia en España está totalmente condicionada por la imagen de la Virgen del Pilar cubierta con el manto del Banco de Santander, por las relaciones del cardenal Rouco con la cúpula empresarial, por la orientación ideológica de la COPE y 13TV […]». Tan rotunda afirmación no sale del berrinche anticlerical de un apóstata, sino del análisis del rumbo de la jerarquía española del sociólogo cristiano Alfonso Alcaide[1]. La imagen que nos brinda traza una metáfora elocuente sobre la Iglesia española. Ante el avance de la secularización, la cúpula eclesial ha elegido como vía de supervivencia la burocratización, el aferramiento a los privilegios heredados del franquismo y la praxis económica neoliberal. Todo acompañado de una contramarcha ideológica. Es una conducta fiel a su historia. La Iglesia ha sido en España aliada consustancial del poder político, casi siempre absolutista, con el objetivo común de evitar que cualquier aliento liberal, no digamos colectivista, atravesara las puertas del país. Es una institución que nace y crece marcada por su vocación de sustento de las clases altas, que a cambio la han bañado en riquezas con las que saciar su ambición.

Esta oscura e íntima sustancia de la Iglesia española —compatible con la genuina vocación de entrega al prójimo de muchos de sus miembros— se mantiene viva. Y a la disección de esa sustancia se dedica este libro. El primer capítulo, «El tinglado», repasa la conformación de sus privilegios, fruto de un histórico entrañamiento con el Estado. «El paraíso» y «El sumidero» detallan su bula fiscal y su barra libre de dinero público, con atención a la exención del IBI y a la asignación vía IRPF. El suculento negocio de las entradas a los monumentos, que encuentra en la mezquita de Córdoba su más increíble ejemplo, está recogido en «El expolio», que recorre el escándalo de las inmatriculaciones. «El poder» se fija en las áreas de la institución más sensibles a la tentación del metal: el Vaticano, el Opus… Hay que detenerse aquí en la resistencia de la jerarquía española al reformismo papal y en el ilimitado favoritismo político del que disfruta, gobierne el PP o el PSOE. «La pizarra» hace un alto en las aulas, el área de influencia más importante de la Iglesia, el ámbito donde mejor se aprecia su alianza con el big money. Un apartado se dedica a su músculo mediático, otro a la Legión de Cristo. De Gescartera a Cajasur, «El negocio» narra pelotazos, describe chanchullos y revisa ardides fiscales.

I. El tinglado

I

EL TINGLADO

1.1. Palabra (y dinero) de Dios

1.1. Palabra (y dinero) de Dios

De cómo las 40 000 entidades de la Iglesia ocultan su contabilidad. De cómo resuelve la Iglesia el conflicto entre el verso de la fe y la prosa del dinero. Del control que la delegación vaticana local ejerce sobre las almas, las aulas y las arcas

El dinero, el poder, la verdad y la fe

«Amarás a Dios sobre todas las cosas» (primer mandamiento)

A la Iglesia, además del consuelo de las almas y la dirección moral, se le dan bien el dinero y las palabras. Usa el lenguaje, tocado por el prestigio antiguo de la Casa de Cristo, no sólo para honrar a su dios, sino también para defender sus riquezas. Por eso hablar de la Iglesia y de su dinero, también de su poder, requiere hablar de su palabra y de su mensaje. No hay compartimentos estanco. En la naturaleza íntima de la Iglesia todo se mezcla en un balance confuso. En ocasiones no se distinguen el dios y el dinero. No pueden analizarse por separado, porque no es fácil saber si la Iglesia se debe a su fe o a su riqueza, ni si esta es un medio o el fin mayor.

El uso que la Iglesia hace del lenguaje es sinuoso como la propia institución. La Iglesia no es fácil de entender, ni de explicar. No lo son su estructura ni su funcionamiento. Tampoco lo es desvelar sus contradicciones, con las que convive con aplastante naturalidad. Como si no existieran. Las niega o las quema como a un hereje. Pero las contradicciones existen y se multiplican en el conflicto entre el verso de la fe y la prosa del dinero. La Iglesia es una institución terrenal que se ocupa de asuntos divinos, o al revés. Predica la pobreza, pero ostenta un ingente patrimonio. Nos declara a todos hermanos, pero acumula privilegios. Se dice poseedora de la verdad, pero incurre en la ocultación, o usa el envoltorio de las palabras equívocas. O manipula. Quizás incluso miente.

El octavo mandamiento es una opción contingente para los gerifaltes de la Iglesia. Tenemos casos cerca. Al menos una vez, Antonio María Rouco Varela, hombre fuerte del alto clero español durante dos décadas, prescindió de la verdad en defensa de los intereses de la Iglesia, que es la Verdad mayúscula a la que se debe monseñor. Dijo Rouco en 2012, siendo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que la exención a la Iglesia del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sólo afecta «a los edificios de culto donde se practica la actividad pastoral y a las catedrales»[1]. Pero no es verdad. Sólo sería cierto si aceptamos pulpo como animal de compañía. O si aceptamos —como veremos luego— que un convento en la Costa Brava es «un edificio de culto».

No es habitual sorprender en mentira flagrante a los ministros de la Iglesia. Su lenguaje suele planear por encima de la materia, donde la concreción es obligada. Incluso a algo tan contante y sonante como el dinero logran aplicarle una retórica metafísica, que difumina los hechos hasta confundirlos con intenciones y que convierte el pensamiento mágico en orden probado. Así erigen una lógica según la cual los privilegios eclesiales no son tales, sino derechos adquiridos en razón de la historia de la Iglesia, la «única institución que estaba en España antes que España», como suelen repetir; la Iglesia no le cuesta dinero al Estado, pese a la evidencia de los miles de millones al año, sino que se lo ahorra, y las inmatriculaciones no han sido una apropiación alevosa, sino un inocente acto burocrático. Por supuesto, las inversiones de la Iglesia, tan similares a las de cualquier operador capitalista, no demostrarían su avidez mercantil, sino un sano empeño por proveerse de los recursos para difundir el Evangelio. Y así ad infinitum.

Por fortuna siempre queda la opción de pedirles los papeles, que es lo que hacemos los periodistas cuando un entrevistado se pone correoso. Y ahí flaquean. No hay documentos que prueben la titularidad de miles de bienes inmatriculados. En cambio, sí los hay que acreditan los privilegios de la Iglesia en materia fiscal. Los cálculos con los que defienden el supuesto «ahorro» que permite al Estado son groserías numéricas sin rigor. Las memorias justificativas del uso que dan al dinero público que reconocen recibir —una parte mínima del total que en realidad reciben— carecen de detalle y fiscalización. Y, lo más elocuente de todo, a las preguntas fundamentales no dan respuesta. Silencio.

¿Cuánto dinero público recibe la Iglesia al año en España? Es más, ¿cuánto patrimonio posee? ¿Cómo y dónde invierte su dinero? Nada. No hay respuesta.

Pero aquí viene la noticia alentadora: ese silencio, ese empeño en no mostrar completa la fotografía empresarial de la Iglesia, es lo que puede dotar de mayor interés —el lector lo dirá— a este libro. Al tener que buscar aisladamente cada privilegio, cada negocio, cada omisión, cada contradicción, sin que ni las instituciones públicas ni la Iglesia contribuyan a facilitar una visión de conjunto, ha ido surgiendo una perspectiva inédita. El cuadro decepcionará a quien espere ver un reflejo de nobles valores cristianos.

Un tema delicado, un discurso equívoco

«No darás falsos testimonios ni mentiras» (octavo mandamiento)

Cuando digo que la Iglesia guarda silencio, quiero decir que guarda silencio sobre su patrimonio y sus dineros. Por lo demás, no calla. Habla desde el púlpito, desde la COPE, desde Trece, desde TVE, desde ABC, desde la educación pública, concertada y privada, desde sus universidades y escuelas de negocio, desde sus editoriales. Le habla a los militares y a los presos a través de sus capellanes pagados con dinero público. Habla desde sus ONG —también subvencionadas—, desde el Opus y la Conferencia Episcopal… Es dudoso que haya una institución en España que emita su mensaje de forma más continuada y torrencial. Eso sí, de dinero no le gusta hablar.

Pero tiene que hacerlo. A regañadientes, tiene que hacerlo. Porque resulta que su dinero, al salir en gran medida de las arcas del Estado, es un asunto de interés público. Para hablar de dinero la Iglesia tiene un portavoz, el profesor de finanzas en la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Giménez Barriocanal. Su currículum acredita una larga trayectoria pegada a los dineros de la Iglesia: vicesecretario económico de la CEE, presidente de la COPE, director financiero de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011… Casado y padre de cinco hijos, lleva más de 25 años en el cogollo de las negociaciones entre la Iglesia y el Estado, y a juzgar por los resultados merecería una estatua en el plaza de San Pedro. Como portavoz, sabe hacer su trabajo. Argumenta con calma, con el aire beatífico de la institución a la que se debe. Al igual que la Iglesia, nunca se amilana, ni cede. Rara vez muestra dudas. Si se queda sin defensa, alude a la famosa «labor social» de la Iglesia, que parece justificarlo todo. Es lo que llamaré «el comodín de Cáritas». ¿Que la Iglesia no paga IBI incluso de inmuebles por los que obtiene réditos? Pues saca el comodín de Cáritas. ¿Que ha inmatriculado miles y miles de bienes con una ley franquista? El comodín de Cáritas. ¿Que goza de una posición en el marco educativo injustificable en un Estado aconfesional? El comodín de Cáritas. ¿Que ha utilizado las sicavs para invertir minimizando impuestos? Los jerarcas sacan el comodín de Cáritas.

Y no importa que el comodín de Cáritas no sea racionalmente convincente. Esta institución bimilenaria ha levantado una de las mayores máquinas de poder e influencia de la historia sobre la base de ideas imposibles de demostrar. No son los hechos su terreno. La Iglesia es irrefutable para millones de personas al margen de la lógica. Por eso puede permitirse, en pleno siglo XXI, vivir del Estado sin dar cuentas al Estado y presentarse al mismo tiempo como una institución injustamente perseguida.

Ahí, en ese terreno equívoco donde las ideas desplazan a los hechos, donde las creencias ocupan el lugar de la verdad, es donde la Iglesia se mueve como pez en el agua. Ahí se forjan sus privilegios, su poder y su fortuna.

El dinero de la Iglesia no existe

«Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha» (Evangelio de san Mateo)

En su obra La financiación de la Iglesia católica en España, Giménez Barriocanal dedica un especial énfasis a la siguiente idea: no existe como tal un dinero de la Iglesia, porque no hay como tal una Iglesia, sino miles. «Uno de los principales errores que existen a la hora de valorar la economía de la Iglesia católica en España consiste en concebirla como una única entidad, una especie de holding o multinacional, con unidad de decisión en el ámbito económico»[2], escribe. Lo que viene a defender es que la Nunciatura Apostólica, la CEE, las 70 diócesis, las más de 20 000 parroquias, el millar corto de monasterios de clausura, las órdenes y congregaciones, las 13 000 cofradías, hermandades, fundaciones y ONG, el arzobispado castrense y las universidades pontificias constituyen una hidra de infinitas cabezas sin cerebro coordinador. No habría así contabilidad central. Por lo que el dinero de la Iglesia, a diferencia de Dios, no existiría.

«Sin contar con aquellas que no tienen personalidad jurídica civil, existen unas 40 000 entidades […]. Todas estas entidades operan con la autonomía que les ofrece la normativa canónica. […] La CEE no tiene ninguna competencia ni capacidad de decisión sobre los bienes y recursos de las diócesis […]», añade el hombre de los números. Estas tres frases enmarcan la respuesta, siempre negativa, a cualquier pregunta que se le haga a la Iglesia sobre las actividades económicas de sus terminales. No sabe/no contesta. Resulta que una institución que recibe de la res publica cuantiosos recursos anuales, que controla miles de centros educativos y ONG financiadas con fondos públicos, resulta, digo, que esta institución conectada hasta el tuétano con el propio Estado, no tiene una contabilidad central, ni unos números que ofrecer. Nadie que responda por sus cuentas.

Escribe Giménez Barriocanal: «Hablar genéricamente de “los dineros de la Iglesia”, intentando descubrir una unidad de decisión, carece de todo sentido. Sería tan incorrecto y absurdo como hablar del “dinero de los funcionarios”, “de los albañiles” o, simplemente, del “dinero de las 40 000 familias residentes en una ciudad”»[3]. Es hábil, ¿verdad? Pero ¿no será esta supuesta descentralización sólo una coartada para la opacidad? ¿Es de verdad creíble que las máximas autoridades de la Iglesia, tanto en España como en el Vaticano, ignoran las actividades y cuentas de la propia Iglesia? Es más que dudoso. Ahí está el caso de Cajasur. Hubo un obispo en Córdoba, Javier Martínez, que denunció la opulencia del que fue su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, tras asegurarse un retiro dorado a costa de la misma caja que había arruinado a base de derroches. El Vaticano se puso en alerta y actuó. ¿Cómo? Apartó a Martínez de Córdoba. ¿De verdad no sabían los popes de la Iglesia en España y la Santa Sede lo que había en juego en la caja de ahorros de la blanca paloma? Es inverosímil. Y hay más síntomas de una acción económica concertada regida por el principio de jerarquía. Por ejemplo, que las diócesis ejecutan conjuntamente operaciones inversoras. Que numerosas entidades de la Iglesia picaron en Gescartera. Que muchos cabildos se están pasando a la vez a la gestión profesionalizada de sus iglesias y catedrales. También las inmatriculaciones huelen a plan coordinado. Resulta complicado creer que las diócesis actuasen cada una por su cuenta cuando, todas con el máximo sigilo, se dedicaron a registrar a su nombre templos religiosos a partir de 1998. O compartían instrucciones y procedimientos, o a todos los hombres de Dios se les ocurrieron las mismas ideas casi al mismo tiempo.

La jerarquía católica justifica el apego de la institución a la riqueza invocando el canon 1254 del Código de Derecho Canónico: «La Iglesia puede disponer de bienes para alcanzar sus propios fines», que son «sostener al clero y a sus ministros», «el ejercicio del apostolado», «mantener el culto» y «la caridad». Pero ese mismo código, como parecen olvidar los obispos, admite otras lecturas. Y permite seleccionar cánones que desmontan esa imagen caleidoscópica e imposible de sintetizar de la Iglesia como conjunto inabarcable de entidades autónomas. En realidad la Iglesia es una y sólo una. Y es jerárquica, no democrática. Si no existiera una contabilidad única, sería porque habría decidido que no exista una contabilidad única. Porque todo, absolutamente todo, lo puede decidir el papa, «Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra», con potestad «suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente». Lo dice el canon 331. ¿Miles de Iglesias? No tantas…

No dejemos que la propaganda difumine lo que es la Iglesia en España: una institución privada que actúa como filial y representante de los intereses de un Estado teocrático extranjero regido por el papa, que ostenta un poder absoluto. A esa organización religiosa, la Iglesia, y a ese Estado extranjero, el Vaticano, valedores de una moral ultraconservadora y poseedores de una riqueza incalculable, les ha dado España desde antiguo libre acceso a las aulas, las almas y las arcas[4].

1.2. Historia de un parásito del Estado

1.2. Historia de un parásito del Estado

De cómo la Iglesia española, histórico sostén del orden clasista, mantiene en democracia unos privilegios cosechados con su apoyo al franquismo. De la inexistencia de un liberalismo español emancipado de la sotana. De la entrega del alto clero a las dictaduras y su combate a muerte contra la República. De las fuentes que atestiguan más de un siglo de drenaje de dinero público por parte de la Iglesia: de 300 millones de pesetas en 1903 a 11 000 millones de euros en 2016. De cómo Carrero Blanco tiró de la manta en 1972

Altar y trono: quid pro quo

«España martillo de herejes, luz de Trento» (Menéndez Pelayo)

La Iglesia ha desempeñado en España a lo largo de la historia una tarea central: el ejercicio del poder sobre los hombres, su moral, su libertad, su vida y su muerte. Como administradora de la salvación en régimen de monopolio, ha ostentado un poder coactivo, intimidatorio y represor sin parangón, aliviando y atormentado las conciencias de hombres y mujeres desde que Recaredo se convirtió al catolicismo en el año 589. No ha habido poder más longevo ni más brutal. La Iglesia desplegó en España el mayor servicio de espionaje que haya conocido el mundo (la confesión), así como una de las máquinas de represión más atroces (la Inquisición). Desde su origen fue soporte de una ideología jerarquizadora, de enorme utilidad para el Imperio romano, que se alió con el cristianismo para evitar su crepúsculo. Nunca abandonó ese papel. Siempre ha sido bastión del conservadurismo, sostén de los privilegios de los estratos acomodados, enemiga de cualquier reformismo y apertura. Garantía de disciplina social. Y acumuladora de un inmenso patrimonio, basado en un pacto de fuego con el Estado.

Dos divisas. «Dios, patria y rey». «Altar y trono». Ahí está todo. La Monarquía y la Iglesia se fundieron en una al abrazar la Contrarreforma y el Concilio de Trento (1545). Ahí se formalizó un pacto cuyos efectos se prolongan hasta hoy. La Iglesia ha venido garantizando la certidumbre de la propiedad frente a los imprevistos liberales, no digamos revolucionarios. A cambio, el Estado clasista ha alimentado y protegido sus riquezas, le ha ofrecido un espacio central en la formación moral y educativa y ha asegurado su anclaje de hierro en la esencia de la nación. La Iglesia ha sido y es el cañamazo de la identidad oficial española. Su poder impregna las fiestas populares, los ritos, las liturgias oficiales y hasta los ciclos vitales, del nacimiento a la muerte pasando por el matrimonio, todos ellos marcados por la impronta sacramental. Su penetración alcanza hasta el último rincón de la sociedad y la cultura, un privilegio alentado por las sucesivas formas de Estado y gobierno. Cuando se ha producido una excepción, la más notable de ellas la Segunda República, la jerarquía católica se ha aplicado con esmero a su destrucción.

Son cuantiosos los pactos que han ido forjando, renovando y blindando el contrato del poder civil con el religioso. Los concordatos de 1737 y 1753 inauguraron una pródiga sucesión de alianzas. El Estatuto de Bayona, de 1808, establece: «La Religión Católica, Apostólica y Romana […] será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra». El artículo 12 de la Constitución de Cádiz, teóricamente liberal, señala: «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica […]». Es una de nuestras tristes características políticas: el subdesarrollo de una idea política liberal emancipada de la sotana. La catolización de nuestros burgueses ha sido paralela al aburguesamiento de nuestra Iglesia. «El liberalismo español [del siglo XIX] rechazó la idea de un Estado laico y prefirió continuar con la tradición regalista de controlar los asuntos eclesiásticos para conseguir una mayor estabilidad política y social», da en el clavo Ángel Luis López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea[5].

El llamado «constitucionalismo liberal» es responsable de otra victoria decisiva de la Iglesia: la inclusión del ideal católico como ingrediente clave de la nación. Si España, la España de verdad, nace con los Reyes Católicos, el caso está visto para sentencia. Así lo recogen las constituciones de 1837 y 1845. Y de ello se deriva la obligación estatal de sustentar a la Iglesia. El Concordato de 1851, firmado por Pío IX e Isabel II, que puso fin a los ensayos de desamortización, va más allá: blinda un elevado estatus de protección de los bienes eclesiales y predispone a la Iglesia para triunfar en la era capitalista al permitirle adquirir propiedades sin interferencia estatal. Eso al mismo tiempo que consagra la tutela de la Iglesia sobre toda forma de educación. El dinero y las aulas han sido siempre haz y envés de los privilegios de la Iglesia en España. Por una parte, el Estado facilitaba al máximo los ingresos del clero a través de rentas, diezmos, explotación de propiedades, gestión de donaciones… Por otra, le aseguraba el control de las mentes a través del monopolio del saber y su difusión.

Esto no significa que la relación Estado-Iglesia se haya desarrollado siempre sin altibajos o tensiones, inevitables entre dos poderes colosales. No en vano, la Constitución de 1869, tras la revolución que acabó en el destronamiento de Isabel II, dando inicio al Sexenio Democrático, hizo un tímido amago de libertad religiosa, tan temida por la Iglesia, si bien la Carta Magna de 1876, de Antonio Cánovas del Castillo, corrigió el rumbo y se limitó a una rácana concesión para el culto no católico en el ámbito privado. El papado de León XIII, entre 1878 y 1903, de potente irradiación en España, inauguró la inequívoca identificación del socialismo, y en buena medida de la democracia, como la más grave amenaza para el catolicismo, que en España era ya con todo descaro sostén del orden burgués y caciquil. Otra vez se reforzaba la coalición de intereses entre el Estado oligárquico y la Iglesia, que ya había comprobado con inquietud que era posible no sólo cincelar un cierto aperturismo religioso en la piedra constitucional, sino también minar los privilegios de la Iglesia mediante la desamortización de sus bienes.

El otro foco de preocupación de la jerarquía a finales del XIX comenzaba a ser la cristalización de un vigoroso anticlericalismo popular, consecuencia de siglos de abusos de la Iglesia, que venía adoptando la forma de espasmos violentos desde mediados de siglo. Ese era el panorama: masas cada vez más difíciles de controlar, vaivenes políticos imprevisibles, vientos liberales peinando Europa. A ojos de la Iglesia, la sombra desamortizadora de Godoy y Mendizábal era menos terrible que la perspectiva de un posible auge del socialismo, o de cualquier otra ideología enemiga de Dios y, por lo tanto, de España. Tampoco había lugar para la compatibilidad del catolicismo y el liberalismo. El krausismo, el primer gran desafío intelectual a la primacía del dogmatismo católico en la educación española, obtuvo de la jerarquía católica una respuesta feroz.

De modo que, a finales del XIX, a pesar de sus esfuerzos, las cosas se estaban desmadrando, al menos desde el medroso punto de vista de una Iglesia en plena crisis. En menos de un siglo había pasado de unos 120 000 curas a 50 000[6], sangría paralela a su pérdida de influencia. El sacerdocio era cada vez una opción menos apetitosa para salir de la pobreza. Las desamortizaciones habían socavado el patrimonio de la Iglesia, cuya dependencia del Estado pasó a ser total, como lo sigue siendo. Esto hay que dejarlo claro: al menos desde el siglo XIX la Iglesia sería incapaz de sobrevivir sin la ayuda de un Estado al que parásita sin descanso. El desastre del 98 vino a ser un golpe de gracia. No en vano, la Iglesia era la principal terrateniente en Filipinas. Con todo ello la Santa Madre entró en el siglo XX debilitada y a la defensiva, aferrada al anhelo del Antiguo Régimen. Su entrega a las dictaduras fue lacayuna durante toda la centuria. Mantuvo un idilio con Primo de Rivera (1923-1930), que recompensó su apoyo con la entrega de la enseñanza nacional. Las aulas han sido desde el inicio de su declive la obsesión de la jerarquía, que ha visto en ellas el último bastión de su viejo poder, el acceso a las conciencias de los niños, el dique final ante la secularización. Partiendo de esta premisa, no es extraño que el chupóptero eclesial entendiese que la Segunda República (1931-1936), con su proyecto de «Estado educador», suponía una amenaza existencial inaceptable.

Enemiga mortal de la tricolor

«España será católica o no será» (monseñor Isidro Gomá)

La República es el intento de desvincular el Estado y la Iglesia más ambicioso de la historia de España. No fue un régimen anticlerical, pese al mantra de la propaganda derechista, sino laico. Su empeño fue apartar a la Iglesia de los asuntos públicos por la certeza, asentada entre los partidos de izquierdas, de que había sido siempre un obstáculo insalvable para una verdadera modernización de la sociedad española. Era por ello urgente privarla de los medios que le permitían ejercer su antirreformismo.

La democracia lo pagó caro, ya que la jerarquía católica formó parte troncal de la coalición de fuerzas que acabó minándola hasta que un golpe de Estado y una guerra de tres años la finiquitaron. Desde el minuto uno la Iglesia defendió con todo su ardor la «cruzada» franquista. Después recibió con los brazos abiertos al régimen naciente, del que fue parte consustancial. El palio estaba listo para los vencedores, a los que dio cobertura moral para llenar las cunetas de España de cadáveres. Su complicidad en el genocidio, cuando no su participación, es un hecho incontrovertible. Jamás ha pedido perdón. Sí ha dedicado, sin embargo, todos sus esfuerzos a tratar de mantener y proteger los privilegios que el franquismo le concedió como pago a sus servicios.

En cuanto a los gobiernos democráticos posteriores a la Transición, no han sabido, no han podido o no han querido volver a intentar la plena separación Iglesia-Estado.

En 1931, cuando se hizo realidad la España tricolor, la Iglesia vivía apabullada por miedos y angustias. Aquel régimen de raíz popular que prometía poner fin a agravios y desigualdades suponía una amenaza frontal para una institución, la Iglesia, que había hecho de las prebendas y privilegios su modo de subsistencia. La presencia del clero había sido blindada por el Estado en hospitales, cuarteles, cementerios y cárceles. Ostentaba el monopolio de la sacralización de espacios públicos, así como de la definición de la moral pública y privada. Y, sobre todo, eran suyos los colegios de primera y segunda enseñanza. ¿Podía aquel statu quo ser alterado radicalmente? ¿Podía España, la nación católica por antonomasia, por derecho divino, imitar a Francia? Un escalofrío recorría el espinazo de obispos y cardenales.

La Constitución republicana demostró que los temores de la Iglesia estaban fundados. El artículo 3 tenía siete palabras: «El Estado español no tiene religión oficial». Artículo 26: «El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero». El mismo artículo prohibía a las órdenes «ejercer la industria, el comercio o la enseñanza» y establecía su «sumisión a todas las leyes tributarias» y su obligación de rendir cuentas al Estado. El 43 legalizó el divorcio. Además de las limitaciones a las actividades de las órdenes religiosas, el Gobierno decretó en 1932 la disolución de la Compañía de Jesús, fundada en 1534 y constituida durante siglos como un «Estado dentro del Estado» por su poder financiero e influencia política e intelectual.

El texto fue recibido como una declaración de guerra. Los obispos se lanzaron a una retórica inflamada que exaltaba la grandeza de la España reconquistada, monárquica y evangelizadora de Felipe II, en contraste con la decadente república de ateos y radicales. «Enemigos de la Iglesia y el orden social», como señaló el cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que invitaba a la formación de un «frente unido» contra este sindiós. En 1933 el conflicto por la llamada «cuestión religiosa» se recrudeció con el debate de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, «un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia», en palabras de Isidro Gomá, sucesor de Pedro Segura como cardenal primado. Las explosiones de violencia popular contra el clero radicalizaban el integrismo de unos obispos horrorizados al ver concretarse el proyecto de «Estado educador». Aunque la Iglesia se las había ingeniado para mantener la enseñanza en los centros religiosos mediante la treta de pasarla a manos de mutualidades, sus privilegios se diluían. Partidos como la CEDA, Renovación Española o Comunión Tradicionalista o periódicos como El Debate o ABC encarnaron una salvaje oposición a la República, a la que acusaban de los peores desmanes, la mayoría de las veces con escaso fundamento.

La inspiración religiosa del golpe de Estado está fuera de discusión. José María Gil Robles, líder de la CEDA, que en las elecciones de 1936 había contado con el apoyo de la jerarquía católica y la Santa Sede, aportó medio millón de pesetas al general Mola unas semanas antes del golpe, y con posteridad puso a su formación al servicio del bando nacional. La cúpula eclesial respaldó la rebelión. «España será católica o no será», proclamó el cardenal Gomá durante la guerra, elevada al rango de «cruzada». El teólogo José Manuel Gallegos, canónigo de la catedral de Córdoba, fue suspendido a divinis en 1937 por su defensa del Gobierno. La Carta pastoral dirigida a los obispos del mundo entero, publicada un año después de iniciada la guerra, supuso la consagración definitiva de lo evidente: el apoyo sin ambages de los obispos a Franco. «Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan que el triunfo del movimiento nacional», decía la carta.

Siempre que a lo largo de los siglos han cristalizado las dos Españas machadianas, las enganchadas a garrotazos en el cuadro de Goya, la Iglesia ha optado por el batallón reaccionario. Fue absolutista ante el individualismo liberal y fascista ante la democracia. Siempre ha sido dique de contención de las libertades civiles. La Iglesia dio cobertura a la rebelión contra el orden republicano. Utilizó su ascendiente sobre millones de españoles de todas las clases sociales al objeto de dinamitar la credibilidad de la democracia y justificar su aniquilación. Acabada la guerra, el papa Pío XII telegrafió un mensaje al Caudillo: «Levantamos nuestro corazón al Señor y agradecemos la deseada victoria católica». La jerarquía se había aliado con el tradicionalismo y contra la modernidad, con las clases privilegiadas y contra las capas populares, con los terratenientes y contra los desposeídos, con el golpismo y contra la democracia. Con el dinero y contra los pobres.

Sobre las ruinas ensangrentadas de la democracia, se erigió de nuevo victoriosa la España eterna. Volvían los buenos tiempos para la Iglesia. Era la hora de hacer caja.

Cobrar la factura

«Honrarás a tu padre y a tu madre» (cuarto mandamiento)

La espada de Franco había sido la espada providencial. Así que la cruz de Dios pasaba a ser la cruz de Franco. Lo que nace de las cenizas de la guerra es un Estado autoritario y confesional hasta la médula en el que la Iglesia recupera ampliados sus privilegios hasta monopolizar la tutela moral y educativa de la sociedad, de la que hay que expurgar el legado contaminante del librepensamiento. Al final la españolidad se sintetiza en la fe de Cristo, la cultura castellana y la ideología nacionalcatólica. Queda sublimado el ideal excluyente y esencialista de España como país de Dios.

Sólo cuando todo el poder es para Franco, accede a compartirlo con la única institución que no percibe como una amenaza. A cambio, la participación de la Iglesia en la represión alcanza niveles de atrocidad sólo explicables desde el ánimo vengativo. Los odios, miedos y agravios larvados desde las quemas de conventos de 1835, pero sobre todo por las profanaciones y asesinatos durante la guerra, emergen con brutalidad. Al igual que habían hecho un siglo antes contra liberales y afrancesados, los religiosos se lanzan por miles a delaciones y denuncias, para las que se sirven de la base de datos que les brinda la intimidad del confesionario. La participación de las sotanas en los procesos de depuración reclama un capítulo en la historia negra de la religión en el mundo.

Dos años después de finalizada la guerra, la Iglesia empieza a cobrarse la factura. El acuerdo provisional entre la Santa Sede y el Gobierno, de junio de 1941, vuelve a conectar íntimamente a la Iglesia y al Estado. Todo queda dispuesto para inscribir la religión en las bases normativas del nuevo régimen y restablecer la esencia del Concordato de 1851. Vuelve a haber en España una sola religión, «con exclusión de cualquier otro culto», y tal religión goza del control de la educación y de la garantía de financiación pública. No obstante, los mandamases del Vaticano querían más. Suspiraban por un acuerdo de Estado en toda regla: un concordato. La pugna de poder entre los dos pilares del régimen en sus primeros años, la Iglesia y la Falange, resuelta a la postre a favor de la Iglesia, impidió que el acuerdo definitivo se alcanzase a la velocidad deseada. De modo que no hubo concordato hasta 1953. Eso sí, durante los años de espera —espera que tuvo algo de disimulo— la Iglesia siguió ampliando su poder. La Ley de Educación de 1945 le devolvió el protagonismo en las aulas, un proceso que ya no se detendría hasta la consolidación de un modelo clasista y segregador que se ajustaba como anillo al dedo a la sociedad estratificada que defendían al alimón las autoridades civiles y religiosas. El plan era explícito: convertir la escuela pública en un contenedor de niños pobres y devolver la moralidad española al recto cauce trazado por la Iglesia.

Antes del Concordato se aprobó una norma más, de influencia decisiva para la fabulosa acumulación patrimonial de la Iglesia. Fue la Ley Hipotecaria de 1946, rematada por su reglamento un año después. Perdido entre una prosa inextricable, la normativa introduce un precepto novedoso al permitir a las autoridades de la Iglesia inscribir por vez primera en el registro —inmatricular— la propiedad de un bien, necesitando sólo para ello una certificación expedida por la propia diócesis. Es decir, el obispo se convertía en fedatario público: parte sustancial, funcionarial, del Estado, con potestad para apropiarse de bienes públicos en virtud de la infalibilidad de su propia palabra. Los efectos de esta ley se proyectan hasta el día de hoy, en un escándalo destapado en Navarra en 2007, más de seis décadas después. A la Ley Hipotecaria de 1946 siguió el acuerdo con el Vaticano de 1950 sobre la jurisdicción castrense, fuente de privilegios que hoy, formalizados de otro modo, continúan en buena medida vigentes.

En paralelo a la degollina represiva, el Estado se había ocupado durante tres lustros de abrocharse a la Iglesia en los campos simbólico, educativo, patrimonial, militar… Y todo ello no era más que un preludio del acto final, de la institucionalización del matrimonio entre las esferas civil y religiosa que supuso el Concordato de 1953, un pacto de Estado tan bien sellado que más de 65 años después atraviesa la piel de nuestra democracia.

El Concordato: cepillo privado, billetera pública

«Dios me perdonará. Es su oficio» (Heinrich Heine)

1953 podría ser un año maldito para el nacionalismo español. Lo sería si el nacionalismo español no fuera tan proclive a subordinar su patriotismo al altar y la propiedad. En los Pactos de Madrid, firmados en septiembre, España entregó su política de defensa a Estados Unidos, cuyas tropas se instalaron en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón con el aval del «Centinela de Occidente». El franquismo salía del aislamiento a cambio de ponerse al servicio de los intereses político-militares de la potencia capitalista en la Guerra Fría. La geoestrategia española está hipotecada desde entonces. Un mes antes, en agosto, en Ciudad del Vaticano, Domenico Tardini, secretario de Estado para los Asuntos Eclesiásticos, se había sentado a la mesa con dos emisarios de Franco, Alberto Martín-Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, y Fernando María Castiella y Maíz, embajador de España en la Santa Sede, para rubricar el Concordato.

En 28 días, del 27 de agosto al 23 de septiembre, dos acuerdos internacionales habían supuesto la cesión de soberanía en áreas clave a sendas potencias extranjeras —una militar, otra religiosa— sin que el exacerbado nacionalismo oficial español arquease una ceja. Es una constante de nuestros agitadores de banderas: al igual que los liberales se desencajan por una subvención al cine español pero ni se inmutan cuando la Iglesia hace caja sin pagar impuestos, nuestros nacionalistas no tienen empacho en que otros Estados metan la nariz en la soberanía española siempre y cuando lo hagan para contener al auténtico enemigo, que no es exterior sino interior y se llama izquierda.

Así que el Vaticano entró de hoz y coz en nuestro diseño de país en pleno siglo XX, un 27 de agosto de 1953, con la firma de un documento cuyo artículo 1 no deja lugar a dudas: «La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico». Lo repetimos: es 1953. Watson y Crik publican en Nature la resolución del misterio de la estructura del ADN; Churchill se lleva el Nobel de Literatura; México cambia su Constitución para permitir el voto femenino; Samuel Beckett estrena en París Esperando a Godot; Audrey Hepburn salta al estrellato con Vacaciones en Roma; Tenzing Norgay y Edmund P. Hillary alcanzan la cima del Everest. Y en Santiago de Cuba un grupo de jóvenes barbudos comandados por un tal Fidel Castro asaltan el cuartel Moncada. Así que el mundo gira a toda velocidad en el ecuador del siglo XX justo cuando España decide regresar ceremoniosamente a los albores del XVIII, cuando Dios ejerce como fuente de legitimidad del poder absolutista.

El Concordato. Un documento clave. Todavía mientras escribo estas líneas, 65 años después de su firma, la empresa eclesial española encuentra las condiciones para desarrollar su actividad y expandir su influencia en privilegios rubricados por aquellas plumas. Habían pasado, de hecho, 102 años desde el Concordato de 1851, en aquella España de Isabel II, pero el texto del 53 está imbuido del mismo espíritu. A pesar del carrusel de prebendas para la Iglesia que introducía, fue el régimen franquista el que más presionó para su firma, ya que las autoridades vaticanas arrastraban cierto complejo por sus concordatos con la Alemania nazi (Reichskonkordat) y la Italia fascista (Pactos de Letrán). El pudoroso Vaticano conocía el riesgo que para su imagen entrañaba firmar un acuerdo de la máxima relevancia política con un régimen mundialmente reconocido como un islote autoritario forjado en un golpe de Estado y una guerra atroz. Pero bueno, era tanto lo que había por ganar que —¿qué diablos?, ¡no es para tanto!— finalmente firmó.

El acuerdo es una metódica demolición de la idea laica que había empezado a materializar la República. Es un regreso a la más sectaria y excluyente noción de religión, identidad y cultura. Es un texto nacido del miedo, la avaricia y la impunidad. Diría, si el lector me lo permite, de la más absoluta impiedad de los vencedores. Los jefes de Estado del Vaticano y España construyen, a lo largo de 36 artículos y un protocolo final, un elaborado mapa de todos los espacios íntimos de la casa institucional española, para a continuación abrirle a la Iglesia las puertas de todas y cada una de las habitaciones. Franco le pagó a la Iglesia la bendición de la cruzada con un catálogo de prerrogativas simbólicas, educativas y fiscales. La Iglesia pasó el cepillo y el Estado aflojó la billetera.

El franquismo se apuntó grandes logros. Consiguió reconocimiento internacional, además de bendición religiosa. Si hasta entonces había cosechado pocos éxitos diplomáticos —protocolo con Perón, reapertura de la frontera francesa, entrada en la Unesco en 1951—, a partir del Concordato estos se multiplicaron. La firma precedió a los Pactos de Madrid y a la entrada de España en la ONU. ¿Recuerdan lo que dijo Franklin D. Roosevelt sobre el dictador nicaragüense Anastasio Somoza? Fue algo así como «sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta». Pues algo parecido ocurrió con el Caudillo, que podía ser un hijo de puta, pero desde luego sería el hijo de puta rooseveltiano del Vaticano. El militar faccioso se fue convirtiendo bajo palio en hombre de Estado. El criminal de guerra, en un hombre de Dios. No en vano, Pío XII lo nombró protocanónigo. Franco arrancó además al Vaticano una última concesión, ese indecible artículo VI que estableció que «los sacerdotes diariamente elevarán preces por España y por el jefe del Estado». Franco «era consciente de cuánto daba y a cambio de qué poco en el Concordato —escribe Alberto de la Hera en su artículo “Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1976)”—. Pero, con ello, compraba un “privilegio” para él muy valioso, que en el Concordato no figura: el título oficial de Estado católico […]»[7].

Franco, que no tuvo empacho en traicionar a sus aliados de guerra monárquicos y falangistas, encumbró a la Iglesia. Porque se sentía parte de ella y la necesitaba. Porque estaba en deuda con ella. No conviene olvidarlo a la hora de analizar sus privilegios económicos de hoy. Cuando los ingresos de su ayuntamiento, estimado lector, mermen por la imposibilidad de cobrar el IBI a una tienda ubicada en un inmueble de la Iglesia, o cuando parte de su aportación vía declaración de la renta acabe pagando el sueldo de un obispo, sepa que el Estado está aún pagando con su dinero el favor del blanqueo del franquismo por parte de la jerarquía eclesiástica. Es duro, pero es así.

Si la victoria política fue para Franco, los logros contantes y sonantes fueron para Pío XII y sus delegados en España. Se produjo una restauración de todos los privilegios. No hay rincón del Estado que no quedara saturado de incienso. En lo referente a bienes, propiedades y dinero, el Concordato fue gloria bendita. El Estado, que se comprometió a satisfacer las «necesidades económicas de las diócesis», pasó a hacerse cargo de toda la cuenta de la Iglesia y a alimentar el patrimonio del clero. Por si el lector se lo estaba preguntando, la simetría —no la equivalencia— con los actuales privilegios de la Iglesia católica en materia económica es más que evidente. Vivimos literalmente la resaca de un brindis con champán de 1953, que a su vez era la celebración del centenario de un acuerdo de 1851. Y podríamos seguir hacia atrás.

El Concordato establece un sinfín de exenciones y privilegios fiscales, marcando el camino para los posteriores acuerdos de 1976-1979. Si la Iglesia había prometido el paraíso celestial a los cruzados de la causa nacional, Franco le garantizó a la Iglesia un paraíso fiscal aquí abajo. Lisa y llanamente, el Concordato establece que la Iglesia no paga impuestos por su emporio inmobiliario y educativo. Tampoco por los objetos destinados al culto, ni por publicaciones ni documentos. Es cierto que el texto fija una salvedad referida a los «ingresos que no provengan del ejercicio de actividades religiosas propias de su apostolado», sujetos teóricamente a tributación. Pero la realidad es que, a falta de una mínima diligencia inspectora, la Iglesia disfrutó de facto de una exención generalizada de todos los impuestos. Por supuesto, la afirmación sobre los paralelismos con la actualidad es aquí aplicable de nuevo, sólo que esta vez hay más equivalencia que simetría[8].

El Estado sacaba además sus narices de todos los asuntos económicos de la Iglesia, que puede recabar fondos, administrar sus bienes y fundar organizaciones libremente. Nada compete al Gobierno en este campo. Ni que decir tiene que, con el Concordato en la mano, las arcas públicas se encargan de pagar la construcción y el mantenimiento de los edificios de culto. No hay eventualidad que no quedase contemplada, y no hay solución que no pasase por aflojar dinero público. La cosa llegaba a este nivel de detalle: si se llegara a un embargo judicial de bienes, «se dejará a los eclesiásticos lo que sea necesario para su honesta sustentación y el decoro de su estado». La máxima es esta: pase lo que pase, que a los curas no les falte nunca de nada.

Cada una de las ventajas cosechadas por la Iglesia en el campo fiscal-patrimonial se insertaba en un marco institucional previo, tallado en el propio Concordato: «El Estado español —dice su artículo IV— reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes» a la Iglesia y cada una de sus instituciones, de la primera a la última, presentes o futuras en el momento de la firma. «Adquirir», «poseer» y «administrar», recoge el texto. El franquismo otorgaba a la Iglesia una especie de estatuto mercantil, pero sin obligación de pagar impuestos ni presentar cuentas. Y con todos los derechos. El Concordato desplegó así una alfombra desde cada diócesis hasta cada rincón de la vida civil española, si es que puede hablarse de vida civil en aquella España aplastada. El texto se lo da todo a la Iglesia. Asume por entero su calendario de festivos, comprometiendo al Estado a velar por el descanso en las fechas sagradas. Admite la excepcionalidad de los clérigos eximiéndolos de la mili. Establece garantías extraordinarias contra la intrusión policial en sus propiedades. Reconoce competencias privativas de sus tribunales eclesiásticos. Se compromete a que hospitales, cárceles, orfanatos y sanatorios tengan siempre asegurada la asistencia religiosa.

Aunque parezcan difíciles de superar, los privilegios más clamorosos no están en el mimo a las propiedades de la Iglesia, ni en su derecho de pernada sobre la simbología nacional. La palma se la lleva la educación. Desde la primaria hasta la universidad, el texto del 53 no dejó ningún espacio del itinerario educativo fuera del influjo del clero. El resultado es demoledor: la escuela pública como guardería de la clase baja atendida por dogmáticos uniformados prestos a soltar un reglazo en las yemas. Pensamiento monjil y curil vigilando que por los ventanales no entrase la luz de la Ilustración. Y en paralelo, plena libertad para que la Iglesia desarrollase su propia red privada, la preferida de los hombres del régimen, por supuesto.

Control de las mentes, poder y dinero: la Iglesia en estado puro.

El Concordato es el texto que mejor resume la vergonzosa coyunda entre el Estado franquista y la Iglesia. Leyéndolo hoy, ubicándolo en ese punto del hilo de la historia en el que los vencedores de la guerra todavía no daban su triunfo por irreversible, hay que concluir que sus firmantes no trataban sólo de construir privilegios, sino de fortificarlos con tal esmero que no pudieran ser derruidos en caso de que —Dios no lo quisiera— España abandonara algún día el recto camino. Estos temores se acabaron probando fundados, en efecto, unos 25 años después de aquel Concordato. No obstante, cuando llegó la democracia, quedó demostrado que las prebendas del 53 estaban atadas y bien atadas.

300 000 millones en 33 años

«Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto» (Jean-François Paul de Gondi)

Blasco Ibáñez, encarnación del literato impulsivo y agitador, tuvo el valor de dedicar ácidos párrafos a la Iglesia católica, a la que jamás en España ha sido fácil criticar. No se amilanaba Blasco, que abordó la cuestión de los dineros públicos de la institución. En 1903, en La catedral, libro escrito en el periodo de su azarosa vida en que ocupó escaño de diputado a Cortes, Blasco puso esta extensa queja en boca de un curilla, Don Martín, mosqueado por el contraste entre su parca retribución y la abundante cantidad de dinero del Estado que se levantaba anualmente la Iglesia:

Le ocurre [a la Iglesia] lo que a los grandes señores arruinados que aún tienen para vivir con holgura y se consideran miserables recordando su pasada opulencia. La Iglesia tiene la nostalgia de aquellos siglos en que poseía la mitad de la riqueza española. Pobre es, si piensa en aquellos tiempos; pero si se compara con el catolicismo de las naciones modernas, resulta, como en los siglos anteriores, la institución más favorecida y que mejor bocado se lleva del Estado. 41 millones arranca del presupuesto, y aún le parece poca cosa esta cifra, que resulta una enormidad en un país que dedica 9 millones a la enseñanza y un millón al socorro de los desgraciados. Mantenerse en correspondencia con Dios les cuesta a los españoles cinco veces más que aprender a leer. Pero eso de los 41 millones es un tapaojos. […] Las peticiones y pensiones de la Iglesia forman una selva intrincada […]. No hay ministerio adonde no lleguen sus raíces, su ramaje se extiende por todos los patios, corredores y tejados del edificio de la nación. Cobra del Ministerio de Estado por las misiones extranjeras, que de nada sirven; del de la Guerra y del de Marina por el clero castrense; del de Instrucción Pública y del de Justicia. Cobra para sostener el boato del Romano Pontífice, pues le mantenemos su embajador en España […], por imprevistos y ¡qué sé yo cuántos capítulos suplementarios! […] En fin: que la Iglesia, hablando a todas horas de su pobreza, saca del Estado y del país más de 300 millones de pesetas todos los años.

Blasco ilustra en este delicioso párrafo una dificultad común a todos los que nos hemos aproximado a las vías de financiación pública de la Iglesia. Son tantas y tan dispersas que su abarcamiento requiere abrir la mitad de los cajones de la mitad de los edificios públicos de España. Siendo esto un decir, no es tan exagerado. Siglo largo después del berrinche de Don Martín, seguimos condenados como aquel curilla a un largo e incierto peregrinar de ventanilla en ventanilla si queremos saber cuánto de nuestro dinero se marcha por vías más o menos angostas a la delegación ibérica del Vaticano. Lo expresó con brillantez, ya metido en democracia, Fernando Lezcano, que fue líder del área de enseñanza de CCOO: «Hay datos que, en determinados lugares, no los sueltan ni con la Guardia Civil»[9]. La organización Europa Laica cuantifica en un solo informe todo el dinero público que se va a la Santa Madre. El resultado es una estimación seria, que en la última edición del informe (2016) dio como resultado 11 000 millones de euros. El cálculo se elabora a partir de infinidad de conceptos extraídos de las memorias de organismos institucionales. Hay que considerar lo recaudado vía IRPF, las exenciones de la mayoría de impuestos, los fondos para conservar edificios, el sueldo de los profesores de Religión, los conciertos educativos, los abonos a sus fundaciones, los beneficios a sus universidades, las subvenciones a sus ONG, el sueldo de sus capellanes…

Este estatuto privilegiado, el que ya advertía Don Martín en 1903, sufrió su único sobresalto significativo en la Segunda República. Abortada criminalmente, la Iglesia encontró por fin el perfecto acomodo en el Estado. Más que acomodo, simbiosis. No hubo cambios significativos en las décadas de los cincuenta y sesenta, con la Iglesia atornillada a la maquinaria institucional, forrándose año tras año a costa del pueblo español. Lo desveló Carrero Blanco, siendo vicepresidente del Gobierno, en diciembre de 1972, y lo recogió al día siguiente el diario Pueblo: «Desde 1939 —declaró Carrero—, el Estado ha gastado unos 300 000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etcétera»[10].

300 000 millones en 33 años. Entreténgase con los números, haga comparaciones, introduzca en el análisis el encarecimiento de la vida. Cuantas más vueltas le dé, más increíble le parecerá. El dato desvelado por Carrero lo comenta así Joan Castellà-Gassol en el ensayo de 1975 ¿De dónde viene y a dónde va el dinero de la Iglesia española?:

Y es aquí, quizá, cuando ya estamos rozando el techo real de lo que la Iglesia ha costado al Estado español, es decir, a los contribuyentes ibéricos, en las últimas tres décadas y media. ¿Cuántos de esos contribuyentes eran, son, católicos-practicantes-partidarios-de-contribuir-a-financiar-a-los-sacerdotes-de-su-confesión, cuántos eran, son, indiferentes a la cuestión y cuántos contrarios? Es una pregunta a la que quizá solamente se podría responder científicamente después de que se realizase un referéndum […].

Han pasado más de cuarenta años desde aquel ensayo. La idea de un referéndum sobre la financiación de la religión católica se antoja hoy inverosímil, lo que nos da una pista sobre la victoria de la Iglesia a la hora de normalizar lo que en democracia debería ser anómalo.

Las principales preocupaciones desde el punto de vista del laicismo que plantea la forma de la Iglesia de obtener y manejar dinero ya están recogidas en el ensayo de Castellà-Gassol. Por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos, sean creyentes o no, tengan que aportar dinero de sus impuestos para sostener a la Iglesia. O el contraste entre el boato de la liturgia y la pobreza del cura rural. O la inclinación de determinados sectores de la Iglesia —entonces los jesuitas— por acumular riquezas y asientos en consejos de administración. El problema de la opacidad también está ya muy presente en los setenta. «La realidad es que, sobre los bienes que posee, la Iglesia no ha dicho jamás esta boca es mía», escribe Castellà-Gassol. La asamblea de obispos también lo sabía y así lo reconoció en 1971: «En todos los organismos [de la Iglesia] existe una marcada repugnancia a la publicación de sus gestiones económicas […]».

El libro plantea otra cuestión nuclear que sigue irresuelta. ¿Hasta qué punto puede la Iglesia incorporarse al capitalismo, y a sus lógicas abrasivas, sin sacrificar elementos esenciales de su teórica misión caritativa y evangelizadora? Es valiosa la reflexión al respecto del reverendo D. Illich, licenciado en la Universidad Gregoriana de Roma, rescatada por Castellà-Gassol para aplicarla al caso de la Iglesia española, que llevaba más de tres décadas agasajada por Franco y entonces —mediados de los setenta— se aprestaba a adaptarse a cambios económicos a gran escala. «Este laberinto burocrático —decía el reverendo sobre la Iglesia— es ingobernable. Pero mejor. Quizá aprendamos así que los principios de administración de empresas no son aplicables al cuerpo de Cristo».

«Quizá», decía el reverendo. Quizá la Iglesia comprendiera que no se puede ser a la vez quien expulsa al mercader del templo y el propio mercader. Que no puede recibir ingentes cantidades de dinero público sin rendir cuentas. Que no existe el capitalismo caritativo. Pero no lo ha hecho. La Iglesia española, ante la coyuntura de elegir entre coherencia y dinero, ha optado por lo segundo. Y eso que los obispos españoles llevan décadas aparentando preocupación por los riesgos de que una excesiva sujeción a principios economicistas acabe actuando como la carcoma sobre la fibra moral de la Iglesia. Así lo exponía la asamblea de obispos españoles en 1971: «Se tiene miedo, y con razón, a que la economía se independice y traicione a la pastoral». Fuera por pragmatismo o por convencimiento, a las puertas de la Transición la vieja institución se hacía preguntas. Algo se movía. Hubo incluso intentos parciales de adaptarse. La diócesis de Segorbe-Castellón hizo propósito de transparencia y ofreció una pionera rendición de cuentas a principios de los setenta, pero su ejemplo no cundió. Y hoy sigue sin cundir.

Vistos los hechos en perspectiva, resulta ingenuo pensar que la jerarquía católica tardofranquista, en su mayoría aburguesada y reaccionaria, hubiese podido renunciar a las posibilidades que le ofrecía el triunfo de la ideología del dinero, o haber cedido alguno de sus privilegios, movida por un impulso moral. La educación era suya. La moral pública era suya. Estaba vigente la celebrada frase de Raymond Carr: «El catolicismo era, y sigue siendo, no sólo una fe individual, sino el signo formal de pertenencia a la sociedad española». Y la sociedad española en su conjunto se encargaba de pagar su cuenta. Europa Press publicó en 1974 este titular, nunca desmentido: «La Iglesia recibe anualmente unos 6000 millones de pesetas del Estado español por diversos conceptos»[11].

No, a las puertas de la democracia la Iglesia no renunció a nada. Al contrario, fue la institución del régimen que mejor se adaptó al cambio. Dado el antifranquismo de una parte no desdeñable de sus religiosos de a pie, así como el relieve de figuras señeras de la Transición como Tarancón, la Iglesia adquirió a última hora un marchamo de disidencia que, en parte, hizo olvidar cómo mantuvo a Franco bajo palio. Ello le permitió partir de una posición de influencia, o incluso de fuerza, en el periodo de diseño de la democracia.

Ahí estaba la Iglesia, la de la «deseada victoria» de Pío XII, la cómplice de depuraciones, la niña mimada del franquismo, la valedora internacional del régimen: en primera línea de la naciente democracia, resuelta a no perder pie, a pelear cada privilegio y a convertirse en alumna aventajada del capitalismo reinante.

1.3. Nacionalcatolicismo con cargo a la democracia

1.3. Nacionalcatolicismo con cargo a la democracia

De cómo el Estado se obliga a financiar el funcionamiento de la Iglesia. De la total dependencia de la Iglesia del dinero público. De la religión como un servicio social garantizado por la ley. De la vigencia del Concordato, maquillado por los acuerdos del 79. Del chollo tributario y la manga ancha del fisco

El Concordato ha muerto, ¡viva el Concordato!

«Hace falta que algo cambie para que todo siga igual» (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

El rechazo a la democracia, a la formación de comunidades civiles al margen del rebaño cristiano, está incrustado en el espinazo de la Iglesia. Su historia en España es una continua demostración de su preferencia por regímenes autoritarios y de su aversión hacia cualquier proyecto emancipador. Ahora bien, la Iglesia es una institución pragmática. Y analítica. A mediados de la década de los setenta, la jerarquía asimila que el cambio político es inminente. Desde algunos sectores, como el liderado por Vicente Enrique y Tarancón, incluso lo promueve. Porque, ¿qué sentido tiene oponerse a lo inevitable?

La España que enterró a Franco se dirigía no sólo hacia un nuevo modelo político, sino también hacia una quiebra de la identidad única nacionalcatólica. Está claro: por muchos privilegios que vaya a conservar —y conservará muchos—, la Iglesia va a dejar de ser la gran institución oficial de la sociedad española. Inevitablemente se va a reforzar la competencia en los mercados que domina en exclusiva. Su posición de preeminencia oficial es inaceptable si España quiere de verdad presentarse ante el mundo como un país nuevo. Toca entonces renegociar. Y surgen dos grandes preguntas: 1) ¿qué hacer con el Concordato?, y 2) ¿cómo abordar la cuestión religiosa en la Constitución?

La Iglesia se jugaba mucho en el envite. No olvidemos que es una institución que necesitaba como el oxígeno —y necesita hoy— el dinero público para vivir. Un cambio de régimen, con el lógico riesgo para el flujo de dinero, era una amenaza. Pero, al mismo tiempo, exacerbar la adhesión a la dictadura declinante era un suicidio. ¿Qué hacer?

La Iglesia escenificó un distanciamiento con un régimen amortizado y se apresuró a establecer una entente cordiale con los nuevos protagonistas del escenario político a fin de contribuir a una democracia sin veleidades marxistas ni nostalgias republicanas que le permitiera mantener intactos en lo esencial sus privilegios. Los obispos entendieron que el escandaloso formato de los acuerdos forjados durante el franquismo arriesgaba al conjunto de la institución a una insoportable impopularidad entre los sectores llamados a liderar el nuevo ciclo. Sí, los cambios de la relación de la Iglesia con el Estado durante la Transición tuvieron mucho de operación de imagen. Y para limpiar la imagen de la Iglesia lo primero era meterle mano al oprobioso Concordato. Había que borrar la huella. Pero sólo para destruir la prueba, no para enmendar el delito.

El Concordato —¡ojo!— nunca ha sido derogado, sino reformado por unos acuerdos posteriores, uno de ellos preconstitucional (1976) y cuatro posteriores a la Constitución (1979). Estos cuatro son democráticos sólo formalmente, porque de hecho se cocinaron antes de la aprobación de la norma fundamental. Todos son, por cierto, dudosamente acordes con el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado. Los acuerdos del 76-79 suponen un remozamiento de la fachada de la Iglesia, pero con los cimientos en el mismo suelo premoderno. La operación funcionó. Y sus efectos se prolongan hasta hoy, de tal modo que ahora, cuando la Iglesia hace referencia a su relación con el Estado, alude a los acuerdos de 1976 y 1979, no al Concordato de 1953. Pero no nos dejemos engatusar: la base es la misma, es decir, que la Iglesia merece un trato privilegiado del Estado, lo que implica un potente caudal de dinero público y una posición estelar en las aulas. Dicha preeminencia no impone además a la Iglesia la obligación de contraprestación alguna.

El primer acuerdo se firma en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976, menos de cuatro meses antes de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, acta de defunción del franquismo. Su impulso obedece al «profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado». Es una frase eufemística, que en román paladino significaría: «Ya no podemos mantener este contrato franquista de relación Iglesia-Estado. Cambiémoslo, sin tocar lo esencial». El pacto de 1976 obliga al Gobierno y al Vaticano a alcanzar una serie de «acuerdos específicos en las materias de interés común», que llegarían tres años después. Por lo demás, deroga el acuerdo de 1941, que establecía la inaceptable persecución de «cualquier otro culto» no católico, y elimina prerrogativas de tufo medieval. Pero no sólo genera el marco para mantener la esencia del Concordato en los temas clave —educación, dinero, simbología—, sino que desvela cómo la vieja unidad Iglesia-Estado continúa tan vigente como en el 53. Un ejemplo: la provisión del Vicariato Castrense se regula mediante un nombramiento del rey con la aprobación del Vaticano. Ahí está todo: Corona, Iglesia, Ejército. La trabazón de Franco con la Iglesia, sustituida por la trabazón del rey con la Iglesia. Sigue la consustancialidad institucional, coartada para mantener el suministro de recursos públicos.

En su artículo «Los acuerdos del Estado español con la Santa Sede», Dionisio Llamazares, director de la Cátedra Fernando de los Ríos de Laicidad y Libertades Públicas, afirma que es en el acuerdo del 76 donde «anidan los gérmenes de la interpretación inconstitucional» de los pactos, al ser «vértice del sistema»[12]. Hay que considerar que los acuerdos del 79 no se remiten a la Constitución de 1978, sino al texto del 76. Es decir, a un texto predemocrático que dice que entre Iglesia y Estado debe haber «sana colaboración». Finalmente los fundamentos del acuerdo del 76, por más que nos lleguen iluminados por epítetos de neón, son los mismos que los del Concordato.

A las normas adecuadas debe acompañarse una financiación adecuada, claro. ¿Por qué creen que es tan difícil apostatar? Pues claro. Cada bautizo, cada fiel que mantiene después, cada boda por la Iglesia, termina repercutiendo en la partida de ingresos. Hay que mantener en pie el discurso de que «la mayoría del pueblo español profesa la religión católica», como establece el acuerdo del 76. Esa afirmación sigue escrita en el BOE. Pero sin hacer un referéndum para comprobarlo, por supuesto.

El acuerdo obedece a un movimiento defensivo de la Iglesia, que sabía que la obscenidad del Concordato ponía a la institución entera en la diana de los impulsos renovadores de la Transición. El texto fue poco más que maquillaje en cuanto al contenido, pero tuvo gran importancia formal, porque supuso que la apertura del nuevo ciclo de relaciones Iglesia-Estado se produjera antes de la Constitución y tomase como referencia el Concordato de 1953, pero a su vez declarándolo caduco (no derogado). Claro, si los términos se llegan a definir íntegramente después de 1978, hubiera sido más difícil, por ejemplo, mantener el rango de «acuerdo internacional» del pacto. Porque, si «ninguna confesión tendrá carácter estatal», como dice el artículo 16 de la Constitución, ¿a qué viene un tratado internacional con el Estado religioso por excelencia?

Bendita Constitución

«No hay poder que no venga de Dios» (san Pablo)

Examinemos dos conceptos: laicidad y laicismo. ¿De qué hablamos? Depende. De igual modo que no es igual ser liberal en Estados Unidos (más bien a la izquierda) que en España (derecha), «laico» y «laicista» adquieren matices diferentes según dónde se utilicen. Podríamos resumir que, si bien su uso suele ser indistinto, hay una diferencia: la laicidad es el principio que inspira la separación entre Iglesia y Estado; el laicismo es la actitud, eventualmente beligerante, que conduce a dicha separación. Para los partidarios de la neutralidad del Estado, el laicismo es una obligación democrática y un acto de respeto a todas las creencias. Para la Iglesia, el laicismo era en 1978 un cajón de sastre donde caben el ateísmo, el anticlericalismo y el marxismo, conceptos cargados de connotaciones diabólicas alimentadas por casi cuatro décadas de propaganda.

El debate sobre la Constitución no se produce en el vacío, sin condicionantes previos que lo determinan. Veníamos de donde veníamos: del arrasamiento de la República; del aplastamiento de los valores que la inspiraron; de la persecución de sus defensores; de una obstinada purga de maestros; de la paranoia del contubernio judeomasónico; de la sustitución de la razón por el dogma; de la demonización de cualquier creencia no católica; de la penetración de la Iglesia hasta el último rincón de la educación en España. En la antesala de las negociaciones para la elaboración de la Carta Magna, bastaba que la Iglesia señalase con el dedo y gritara «¡anticlerical!» para que a cualquiera, incluido el más convencido anticlerical, le temblasen las piernas. Si la religión, como ha anotado Durkheim, ha sido históricamente fuente de derecho, de moral y de política, hasta tal punto que la ciencia no ha sido capaz de sustituirla, en España hay que elevar el tono de esta afirmación: aquí la Iglesia había sido el poder, el Estado mismo, a la vez su surtidor de legitimidad, su guante de seda y su puño de hierro.

La jerarquía tuvo que emplearse a fondo para salir victoriosa de la redacción del texto constitucional. Lo hizo en circunstancias difíciles, porque en su propio seno había, además de una nada despreciable corriente obrerista, diferencias en la cúpula entre partidistas y apartidistas, elementos moderados y obispos ultramontanos. No obstante, a la hora de la verdad, la CEE supo concentrar fuerzas para hacer notar su influencia en una serie de artículos marcados por la institución católica. Sobre todo dos:

• 16.3: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». La redacción evita cualquier formulación directa, del tipo «el Estado es aconfesional», no digamos ya «el Estado es laico». Se menciona a la Iglesia católica y a ninguna otra, justo después de aludir a las «creencias religiosas de la sociedad española». El resultado es un marco que, sin ser formalmente confesional, genera las condiciones para que el Estado se obligue constitucionalmente a ayudar a la Iglesia. «Cooperar» con la Iglesia ha venido siendo el perfecto eufemismo de pagarle la cuenta y abrirle las aulas.

Se podrá alegar que el texto alude a las «demás confesiones». Pero lo cierto es que esta mención ha terminado sirviendo para aquilatar los privilegios de la Iglesia católica. ¿Cómo? El Estado, en vez de recortar las prebendas a la Iglesia, ha ampliado algunas de ellas a las confesiones judía, islámica y evangélica. Algunas prebendas, no todas. Por ejemplo, las organizaciones musulmanas disfrutan de exenciones fiscales, pero no de casilla de la renta, ni de la llave de la aulas, ni tampoco de una miríada de fuentes de financiación pública. Digamos que a las «demás confesiones» se les ha dado lo suficiente para que ya no pueda decirse que la Iglesia disfruta en exclusiva de privilegios, pero no tanto como para que tenga que compartir los sustanciales. Se ha generado una especie de multiconfesionalismo imperfecto con falsa apariencia de neutralidad.

El origen de la preeminencia de la Iglesia católica sigue siendo aquella alusión a las «creencias religiosas de la sociedad española» del 16.3. La Iglesia ha sacado petróleo de estas pocas palabras. Pero aquí también hay trampa. Porque el acelerado proceso de secularización de la sociedad española desde 1978 no ha ido acompañado de la pérdida de ni uno solo de los privilegios amarrados por la Iglesia hace cuarenta años. Aquella España en la que no bautizarse era casi una excentricidad, o hasta una provocación, deparó a la Iglesia unos privilegios que mantiene hoy en una sociedad en la que los gays se casan con normalidad. Da igual, la Iglesia ya puso su pica en Flandes en 1978.

• 27.3: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Un éxito de la jerarquía y los grupos de interés católicos. De hecho, el 27.3 fue la palanca utilizada por la poderosa Federación de Empresarios Religiosos de España (FERE) para forzar al Gobierno a conseguir la subvención de sus centros, ya que la misma Constitución establece que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita». Lo cierto es que esta interpretación es una entre varias posibles. Podría haberse entendido que la garantía de «formación religiosa y moral» se alcanzaba con una asignatura optativa de Religión en los centros públicos, y no con la financiación pública de una red privada. Pero se ha impuesto en la práctica —como ocurre por norma cuando ha de pronunciarse el Tribunal Constitucional— la tesis más favorable a la Iglesia, que se beneficia de una doctrina según la cual el Estado está obligado a financiar la educación católica.

La España que sale del texto del 78 no es laica porque el laicismo apenas fue significativo durante la Transición, mientras que la Iglesia conservaba una enorme influencia, que a su vez desplegaba en un tablero favorable, un tablero donde una línea roja —precisamente roja— dejaba fuera de los límites de lo aceptable cualquier proyecto político contra el catolicismo, contra la Iglesia, contra Dios. El mensaje de fondo, lo que de forma algo cursi llamaríamos el subtexto, es que eso de sacar a la Iglesia del Estado ya lo intentó la República, y mira cómo acabó. No fue, pues, una Transición laicista, ni pudo por tanto resultar de ella un Estado laico. Se creó uno no confesional. Es decir, no adscrito a ninguna confesión religiosa. Pero sí vinculado, y además de forma expresa, a una de ellas.

El Estado no confesional ha acabado siendo al Estado laico lo que el Estado de las autonomías al federal: una aproximación, un remedo, una imitación desustanciada.

Deudas y ofensas

«No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón» (Juan Pablo II)

Los acuerdos del 79 fueron un palo para los partidarios de las tesis subversivas, porque evidenciaron que era posible pasar de la dictadura a un régimen abierto manteniendo el lazo íntimo entre las instituciones cívicas y la organización privada que había sido el mayor sustento de Franco. Y sin pasarle factura alguna.

Así es la Iglesia. Está pero no está. Es protagonista de los acontecimientos, pero tantas veces ni siquiera aparece en los titulares. Cuando el Congreso aprobó en 2007, en medio de una brutal batalla política, la Ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, la Iglesia ni siquiera aparecía mencionada, a pesar de controlar un monumental archivo que podría ayudar a clarificar tantos horrores de la Guerra Civil y la represión. Cuarenta años antes, cuando se aprobó la Ley de Amnistía, tampoco aparecía mencionada. Como si no hubiera estado. Como si fuera una neutra observadora del hecho humano, y no una de sus principales rectoras. Como si no hubiera nada que amnistiar. Como si bajo su manto de impunidad media España no hubiese sido laminada.

El revelador ensayo El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos, de Paloma Aguilar y Leigh A. Payne, constituye una síntesis magistral sobre el diálogo de la sociedad española con su memoria, sobre su capacidad de autocrítica y perdón. La obra arroja como conclusión que la democracia española se construyó sobre la base del olvido de las víctimas de la guerra y la dictadura. La salvación de los privilegios de la Iglesia, la simbiosis de sus ritos con los de la monarquía constitucional, todo ello forma parte de esa cimentación.

La jerarquía eclesiástica ha logrado que se reconozca a sus víctimas: gracias a las decididas y persistentes iniciativas vaticanas, se ha beatificado a muchos sacerdotes asesinados durante la Guerra Civil por combatientes del bando republicano. Sin embargo, esa misma jerarquía se ha negado en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas han hecho para obtener reconocimiento público, verdad, justicia o incluso la exhumación de los restos de sus familiares, y a veces se ha opuesto directamente […][13].

No en todas partes es así. El Vaticano hizo en 1998 un público «acto de arrepentimiento» por la insensibilidad ante el nazismo. El papa Francisco ha pedido perdón a los pentecostales por su persecución durante el fascismo en Italia. En Argentina la Iglesia ha reconocido sus «pecados» durante la dictadura de Videla. ¿Y en España? Sobre sus pecados en España el Vaticano no ha dicho nunca ni mu. Cuando en 2000 Juan Pablo II aludió a las culpas de los «hijos de la Iglesia» y entonó un «nunca más», no hizo explícita referencia a nuestro país. Aquí la Iglesia fue durante la Guerra Civil «sujeto paciente y víctima», como afirmó Juan José Asenjo en 2000 siendo portavoz de la Conferencia Episcopal, dirigida entonces por Rouco Varela. También bajo el mandato de Rouco se aprobó la tesis episcopal sobre la guerra, titulada Mirada de fe al siglo XX, que evitaba cualquier autocrítica. Jamás ha sido oficializada una disculpa de la Iglesia española, no digamos del Vaticano, por su complicidad con Franco. ¿Cómo iba a disculparse una institución que reclama para sí, hegemónicamente, la administración del perdón? ¿Para qué iba a hacerlo, además, si ya había sido perdonada?

Porque la amnistía a la Iglesia —sobrecoge afirmarlo— fue la Constitución de 1978. Es más, los pactos del 79, los conocidos como Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, rotulados en latín Conventiones Inter Apostolicam Sedem Et Nationem Hispanam, son en su esencia justamente lo contrario: una petición de disculpa de la democracia española a la Santa Madre en forma de reedición de prebendas y favores.

Y son también una garantía perfecta de financiación pública sine die.

Allá donde la herencia del franquismo aún se hace notar en la sociedad española aparece la silueta de la cruz. El olor a franquismo que queda en la España de hoy es olor a incienso. Ejemplos. Las masivas inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia, muchas de ellas en democracia, se llevaron a cabo al amparo de una ley franquista. Las ofensas a los sentimientos religiosos, herederas de la tipificación delictiva del pecado, siguen incrustadas en nuestro Código Penal. La obsesión por el orden público de la derecha está emparentada con la secular vocación clerical de control social. La enorme presencia de cargos públicos en ceremonias religiosas, así como de crucifijos en edificios oficiales, es una excrecencia de la sobrerrepresentación que el nacionalcatolicismo regaló a la Iglesia.

Seguimos. La injusta equiparación como «predemocráticas» de la bandera con el águila de San Juan y la tricolor es consecuencia de la demonización del republicanismo que la Iglesia alentó. La impunidad con la que actúan en España fundaciones en honor a Franco, Serrano Suñer o Queipo de Llano sólo es posible porque la Iglesia jamás ha levantado el manto de dignidad con el que los cubrió. Ahí sigue Queipo, enterrado en la basílica de la Macarena, sin que la cúpula eclesial alce una ceja. Los restos de Franco bajo la inmensa cruz de los vencedores en el Valle de los Caídos han sido durante más de cuarenta años el más monumental agravio a los vencidos. El auge de Vox y la radicalización de las posiciones morales del PP emanan un inconfundible olorcillo posfranquista.

Ah, y una cosa más sobre el perdón. Diez años después de la Constitución, la Comisión Episcopal de Liturgia cambió el padrenuestro. ¿No recuerdan cómo era antes de 1988? «Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Pero las «deudas» fueron sustituidas por «ofensas». «Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden», se reza hoy. El cambio tiene su lógica: las deudas ya le fueron perdonadas a la Iglesia, sin que tuviera ni que pedir perdón. Las ofensas son imperdonables, diga lo que diga el padrenuestro.

El 79 viene del 53, no del 78

«Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo, no olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta» (Francisco Franco)

El barco de la Iglesia ha superado la tormenta constituyente. Es hora de reparar los desperfectos en la cubierta, comprobar que todo está en orden en los camarotes y enderezar el timón.

El Concordato de 1953, apestado por el aliento cavernario del régimen, fue sustituido por unos higiénicos convenios temáticos, firmados entre 1976 y 1979, que debían dar una apariencia democrática a las relaciones de la Iglesia con el Estado. Pues bien, a lo largo de la redacción de los mismos, una de las discusiones fue si era necesario situar todos estos convenios bajo el paraguas de un nuevo concordato. Finalmente se optó por no hacerlo. No era necesario. La Constitución ya hizo de concordato. Con su cuidadoso empleo de términos abiertos a interpretación, la norma fundamental se convirtió en el marco ideal para mantener la Iglesia a resguardo de los afanes rupturistas. Ya se encargarían los sucesivos gobiernos, el Congreso y los tribunales de desarrollar durante décadas la letra constitucional, puntuándola siempre a favor de los intereses de la jerarquía.

Ojo, esto no quiere decir que la Constitución no supusiera un paso adelante en cuanto a libertad religiosa. Es más, los obispos no se pronunciaron a favor del «sí» a la Constitución en el referéndum, aunque tampoco en contra. Sí hubo sectores inmovilistas, como el Grupo de Don Marcelo, que llamaron al voto en contra de una Constitución «sin Dios». Pero, a pesar de los avances, inevitables en todo tránsito de una dictadura a una democracia ávida de integración internacional, la Iglesia salvó los muebles. Y al decir los muebles nos referimos al acceso al presupuesto y la pizarra escolar. Si a esto sumamos que nadie discutió su papel como administradora de los símbolos y ritos colectivos, no cabe más que concluir que la Iglesia sorteó con holgura el obstáculo constitucional.

Ahora, tras la Constitución, tocaba amarrar uno a uno los privilegios. En los acuerdos del 79 está la clave de todo el tinglado: los chollos fiscales, los regalos económicos, la discrecionalidad en el manejo de las cuentas, el pago con dinero público de profesores de obediencia divina, la equiparación de la Religión con las asignaturas científicas, la abrumadora presencia de iconografía católica en el espacio público, los curas evangelizando con cargo al bolsillo del contribuyente… Su articulado forma la boca del tragadero de subvenciones, exenciones, ayudas y beneficios con los que hoy logra la Iglesia mantener su estructura, y con ella su capacidad de influencia, pese a no ser en rigor más que una organización privada sometida a las lógicas de una economía capitalista en la que su producto, la salvación, cotiza a la baja. La Iglesia es una empresa que, pese al derrumbe de sus ventas y la masiva pérdida de clientela, sobrevive a base de subvenciones discrecionales. Todo gracias al 79.

Los acuerdos tienen implicaciones en las tres «p» que con tanto celo protege la Iglesia: púlpito, pizarra y peseta. Pero son aún de mayor calado en la cuarta «p», la política. Porque el Estado, después de constitucionalizar en referéndum que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», se apresuró a firmar un pacto de Estado con el Vaticano. De tú a tú. Un detallado acuerdo entre iguales sobre asuntos jurídicos, educativos, culturales, militares y fiscales… Sobre los asuntos centrales de cualquier Estado de derecho.

Como es frecuente cuando la Iglesia mete la pluma, la redacción flota sobre la Historia. Es decir, no se remite más que al hilo histórico reconocido por la propia Iglesia. Hablamos de unos acuerdos firmados el 3 de enero de 1979, menos de un mes después de la aprobación de la Constitución en referéndum, y por supuesto rematados en paralelo a la negociación sobre la ley fundamental. Pese a ello, su anclaje no está fijado en la Constitución, sino en el acuerdo marco del 76, sin ocultar su parentesco con el Concordato de 1953. Así que no es cierto que los acuerdos del 79 supusieran una democratización del Concordato producto de una reacción de ambas partes ante la energía del cambio político y social. En realidad, los primeros movimientos y negociaciones para la modificación del Concordato comenzaron a finales de los sesenta, antes de cualquier hipótesis constituyente, en el contexto de unos desajustes diplomáticos en la relación entre el régimen español y el Vaticano.

Los acuerdos del 76-79 obedecen a una lógica interna propia nutrida de siglos de complicidad entre Estado e Iglesia. Fueron el resultado de contactos, encuentros y desencuentros entre altos dignatarios de Madrid y Roma durante una década. No es que fueran unos acuerdos encapsulados. Cualquiera puede entender que, en un periodo de transición, todo interacciona con todo, todo nuevo avance tiene su contrapartida en el respeto a un viejo privilegio. No es posible entender la Constitución (1978) sin las leyes para la Reforma Política (1976) y de Amnistía (1977), ni la Ley del Divorcio (1981) sin los acuerdos con la Santa Sede (1976 y 1979), que habían satisfecho ya el estómago de los prelados. Pero para comprender el enorme número de privilegios conservados por la Iglesia en el remozamiento del Concordato no hay que acudir a los principales hitos de la Transición, sino a los mecanismos de su simbiosis histórica con el poder civil.

El Concordato bis, más que un producto de la Transición, es un producto del franquismo. No fue ningún acuerdo sobre bases democráticas lo que terminó precipitando la culminación de las negociaciones, sino el abandono por parte del Gobierno del privilegio de presentación de los obispos, que dejó al régimen sin bazas para la negociación[14], como nos explica Alberto de la Hera en su disección de aquellos trabajos. Fueron el cardenal Jean Marie Villot, que tuvo un papel destacado en el Concilio Vaticano II (1962-1965) pero que luego se adaptó como un guante al neointegrismo de Wojtila, y Marcelino Oreja, entonces ministro de Exteriores, luego eurodiputado y diputado de Alianza Popular y del PP, siempre propagandista católico y tradicionalista, los que firmaron a la postre los acuerdos. Los que pusieron el sello a un anhelo de Pablo VI y Francisco Franco. Y fueron promulgados por el sucesor de este como jefe de Estado, Juan Carlos I.

Los acuerdos del 79, los que cuatro décadas después aún aparecen en los fundamentos de derecho de las sentencias del Constitucional y el Supremo que apuntalan los privilegios económicos y educativos de la Iglesia, son únicamente democráticos por la fecha en el BOE. Por interlocutores, contenido, sentido e intención, no.

«Conventiones Inter Apostolicam Sedem Et Nationem Hispanam»

«El diablo está en los detalles» (dicho popular anglosajón)

Los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 son cuatro: 1) jurídico, 2) sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos, 3) sobre enseñanza y cultura, y 4) económico. En realidad, todo es un gran acuerdo económico, ya que el reconocimiento jurídico de la Iglesia, su engarce con el Ejército, su peso en el sistema educativo, todo se traduce al final en dinero. Un privilegio lleva a otro, por distantes que parezcan. No se explica, por ejemplo, la bula fiscal sin el previo estatuto jurídico, sin la aceptación oficial de la Iglesia como bien social.

En toda su esencia y en muchas ocasiones en la literalidad de los acuerdos pisamos las huellas dejadas por el Concordato. Pero con diferencias. Sutiles, ricas, expresivas diferencias. Son unos textos cuidados al detalle, en los que importa lo que se dice y lo que no, lo que queda sentado y en lo que se deja abierto a la interpretación de los tribunales, casi siempre bien dispuestos a sentenciar divinamente. Importa lo implícito y lo explícito, lo sustantivo y lo adjetivo. Los textos del 79 son un fascinante producto jurídico-político que acomoda un ancestral pacto cívico-religioso al marco institucional naciente de un sistema parlamentario. El tiempo ha demostrado su indestructibilidad.

Acuerdo jurídico

El convenio jurídico da a la Iglesia total libertad para organizarse, crear y modificar circunscripciones, parroquias y diócesis, aprobar y suprimir órdenes, congregaciones… Y a toda la miscelánea de organismos que componen la Iglesia les otorga «personalidad jurídica civil y plena capacidad de obrar». Son inviolables no sólo los lugares de culto, sino también los archivos. Los reconocimientos en el campo simbólico son múltiples. El Estado asume como oficiales las festividades religiosas, la primera de ellas el domingo. Y otorga plenos efectos civiles al matrimonio canónico. Aún hoy no han subido al rango de derechos fundamentales en la Constitución «derechos sociales» como la sanidad y la vivienda, pero ya en 1979 se daba protección, en el marco de un tratado internacional vinculante, al deseo de ser atendido por un cura en una cárcel, un sanatorio o un orfanato. Y se establecía que el Estado corría con los gastos. Siempre es lo mismo: tras cada reconocimiento oficial de una actividad de la Iglesia, habrá un gasto público obligatorio.

Acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar

Otra estructura simbiótica Iglesia-Estado que revalida su carta de naturaleza jurídica. Al estar garantizada la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas, otro servicio público religioso, se entrega al Vicariato Castrense su prestación. Es una especie de subcontratación sin concurrencia competitiva. ¿Quién más iba a presentarse al concurso? El texto garantiza asistencia religiosa a todos los militares de tierra, mar y aire, a los alumnos de las academias y de las escuelas militares, a sus esposas, hijos y familiares. Todo se paga con la hucha pública.

Acuerdo sobre enseñanza y cultura

Este apartado asigna al Estado, lisa y llanamente, una tarea pastoral. Y además la vincula al que debería ser el espacio neutro y científico por antonomasia: el aula. El acuerdo dice que «el Gobierno y la Santa Sede […] conceden importancia fundamental a los temas relacionados con la enseñanza». De modo que ahí están, en un acuerdo del máximo rango, el Ejecutivo de un sistema democrático y un Estado teocrático proclamando la misma preocupación por la educación de un país aconfesional. El corolario de todo el articulado es que el Estado no sólo respeta, sino que se obliga a garantizar un derecho fundamental a la educación religiosa dedicando para ello cuantos recursos públicos sean necesarios, tanto para su inserción en el sistema público como para el desarrollo de una red privada concertada.

Hay una frase brutal: «En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana». Vaya. ¿Quizá por eso ha fracasado la tentativa de insertar en el sistema la asignatura de Ciudadanía? ¿Y la educación sexual? Las implicaciones de este artículo son inabarcables. Al asumir el «respeto» a los «valores de la ética cristiana», se están limitando el rigor científico y el espectro intelectual de la instrucción pública. No podemos obviar que la «ética cristiana», concepto insondable que se antoja impropio de un tratado internacional, no es un sistema de valores humanísticos abstractos, sino un acervo de convenciones tutorizadas por una jerarquía católica de tradición ultraconservadora.

Los privilegios educativos de la Iglesia son múltiples. Los planes curriculares deben incluir la Religión. La jerarquía elige los contenidos y los libros, con lo que pagamos entre todos que una institución que pone en duda la teoría de la evolución elija libros en la escuela pública. Libros que, por cierto, los alumnos a menudo tendrán que comprar a las editoriales católicas. El Gobierno delega la selección de los docentes de Religión, caso excepcional de desaparición de la tutela estatal en la contratación pública. El resultado ha sido un control omnipotente de los equipos obispales sobre los profesores. Vamos a decirlo más claro. Homosexuales, divorciadas, madres solteras, aspirantes en general de los que se sepa o se sospeche que actúan o piensan de forma que el obispo de turno considere contraria a la «ética cristiana», pues o no entran como profesores o salen tras ser descubiertos, disimulando la discriminación bajo el manto de cualquier otra excusa. Que le cuenten lo contrario a la profesora almeriense Resurrección Galera, despedida por contraer matrimonio por lo civil con un hombre divorciado. ¿En qué queda entonces el artículo 14 de la Constitución, que establece que «los españoles son iguales ante la ley», sin que pueda prevalecer discriminación alguna por religión? El pago con dinero público de profesores obligatoriamente católicos y seleccionados por un obispo podría entrar en contradicción con un buen ramillete de artículos constitucionales: libertad religiosa (16), derecho a la intimidad (18), igualdad de acceso a la función pública (23)… Pero el Constitucional jamás lo ha tocado.

El acuerdo no se limita a la educación pública. En las aulas, la Iglesia siempre ha jugado a dos barajas, y la segunda es la suya propia. ¿Meterse hasta la cocina en la oficial? Sí. ¿Crear un sistema paralelo? También. Y los valedores de ese histórico sistema paralelo —el preferido por la dirigencia que ha diseñado la educación en España— también tuvieron motivos para la alegría en 1979, cuando obtienen un reconocimiento que irá permitiendo, con el transcurso de las sucesivas leyes educativas, afianzar un sistema paralelo de enseñanza privada-católica sufragada con fondos públicos. El milagro de los conciertos. El caudal monetario vertido sobre la enseñanza concertada superará cualquier otro apartado contable de la feliz economía eclesiástica.

En el acuerdo educativo tan importante como el dinero es lo que subyace. España ha entrado en una democracia, lo cual anticipa un quebrantamiento del espacio de coincidencia entre Dios y la patria. Quiera o no la cúpula eclesial, la sociedad se va a desestabilizar. Las ventanas se van a abrir. El aire va a entrar. Los dogmas van a ser cuestionados. La secularización, que ya ha enseñado los dientes, se va a acelerar. Los medios de comunicación, la cultura de masas… son todo amenazas para la Iglesia. Ante eso, el púlpito palidece. Es una prédica en el desierto de la modernidad. La Iglesia necesita aferrarse a las instituciones donde tiene anclajes más firmes: la justicia —de la que ha sido histórica administradora—, la Monarquía y la escuela. La educación se consagra como la vía para que la Iglesia pueda seguir dirigiendo su mensaje a todos los españoles, o a una gran mayoría, incluso después de la ruptura del mito del español único, castellano, católico y nacionalista.

El grueso de los acuerdos se basa en la aceptación de compromisos por parte del Estado. Pero no hay una reciprocidad. Cuando se trata de arrancar una cesión a la Iglesia, las fórmulas no son vinculantes. Hay un ejemplo inmejorable en el artículo XV del convenio educativo: «La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental». «Reitera su voluntad». Sin más. Frente a la obligación del Estado, la voluntad de la Iglesia. La escasa generosidad de la Iglesia a la hora de facilitar el acceso a sus archivos a los historiadores sigue siendo, cuarenta años después, motivo de queja frecuente de los investigadores.

Aulas del Estado abiertas para los religiosos. Archivos de la Iglesia cerrados para los historiadores. Las cartas fueron desigualmente repartidas.

El acuerdo económico I: espíritu y necesidad del dinero

«El cristianismo podría ser bueno, si alguien intentara practicarlo» (George Bernard Shaw)

Hay un tópico de cariz anticlerical que niega de raíz cualquier atisbo de auténtica espiritualidad de la Iglesia y la presenta como una multinacional sin escrúpulos. Una gran empresa con su fundador carismático (Jesucristo), sus productos (Dios, el perdón, la salvación), su logotipo (la cruz), sus oficinas centrales (el Vaticano), su presidente ejecutivo (el papa), su consejo de administración (el colegio cardenalicio), sus delegaciones en todo el mundo y su clientela-rebaño. La comparación tiene su ingenio y hasta su interés. Pero hay que matizarla por inexacta. La Iglesia dedica una enorme cantidad de esfuerzo e interés al dinero, sí, pero no persigue como fin primordial el beneficio económico ni el reparto de dividendos. Sí carga, al igual que la empresa convencional, con una marcada tendencia a la inmoralidad en su comportamiento económico. Y los escándalos de las finanzas vaticanas han demostrado que también es permeable a la corruptela. Mucha culpa tiene el alto clero del éxito de la caricatura del cardenal lustroso, enjoyado y rijosín devorando manjares y dejándose besar el anillo. Pero sería impreciso equiparar sin más a la Iglesia con una sociedad anónima.

La Iglesia es otra cosa. Distinta de una gran empresa. No necesariamente mejor, pero otra cosa. La Iglesia persigue la riqueza, sí, pero lo hace para el mantenimiento o la extensión de su estructura. Fíjense, no digo que lo prioritario sean sus mensajes, sino su estructura en sí misma. La Iglesia aspira a seguir, seguir y seguir. A vivir, sobrevivir. A ver pasar el mundo y que el mundo pase por ella. A influir en una generación, en otra, en otra… Y para eso necesita estar, ser, existir. La Iglesia es devota de sí misma, se necesita, es su razón de ser. Y para lograrlo, para mantenerse, necesita una fabulosa cantidad de recursos. Organizaciones como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo no son más que «Iglesias» dentro de la Iglesia que han sublimado la devoción por el metal, por el poder, por sí mismas, por su extensión e influencia. Su lógica va un paso más allá que la de la Iglesia en su conjunto, pero quizá nos ayuden a comprenderla mejor. La Iglesia es una empresa única en el mundo porque es un fin en sí misma, porque ni siquiera a su tarea teóricamente fundamental, predicar la palabra de Cristo, le otorga el menor sentido fuera de la Iglesia misma.

La Iglesia es rica, por supuesto. Por sus posesiones, por su patrimonio, por sus conexiones con el poder, incluso por el variado abanico de empresas que posee, en las que participa o invierte. Ingenuidad encontrarán poca en estas páginas. Claro que la Iglesia es rica. Pero no es ese su rasgo esencial. Más que rica, la Iglesia es cara. Más que lucrativa, es onerosa. Por desgracia, desconocemos su balance económico, tanto el vaticano como el español. No sabemos si en España está en pérdidas o en beneficios, porque sus finanzas están instaladas en el secreto y la dispersión. Pero un examen de sus actividades hace pensar que la Iglesia, más que en la lógica de ganar o perder dinero, propia de la empresa convencional, se mueve en la lógica de la supervivencia. La Iglesia necesita desesperadamente el dinero para sobrevivir. Más que para acumularlo y multiplicarlo, como es la norma de cualquier alumno aventajado del capitalismo, lo requiere como un hombre requiere del oxígeno. Más que avaricia, sufre dependencia. No desea el dinero tanto como lo necesita. Es como un diabético con su insulina. Es como un adicto con su droga. La Iglesia está enganchada a sí misma.

Sin dinero, la Iglesia muere. Sencillamente se apaga.

Si aceptáramos que la Iglesia es una empresa, sería, pese a su grandiosidad económica, una empresa mal adaptada al capitalismo. No puede moverse con la agilidad que reclaman las reglas del libre mercado. No puede aceptar fusiones, no puede cotizar en bolsa, no puede admitir que le entren fondos de un private equity, no puede hacer una ampliación de capital, no puede sacar nuevos productos al mercado ni retirar los que ya tiene, no puede imitar productos de la competencia… Claro, claro que la Iglesia ha incurrido en muchas de las peores prácticas del capitalismo, incluyendo la especulación y la elusión fiscal. Pero lo ha hecho sin el descaro y el convencimiento necesarios para extraerle verdadero rédito a la economía de casino.

La Iglesia necesita el dinero para vivir, pero no puede hacer todo lo que querría hacer para ganarlo y multiplicarlo. Y su problema —un problema cada vez mayor— es que en las sociedades secularizadas no tiene cómo generar dinero en cantidad suficiente para mantener su estructura. En el caso de España, una estructura gigantesca. ¿Cómo sostenerse entonces? Por supuesto, rascando dinero de donde puede. Recabando de sus fieles. Explotando sus bienes, vendiendo todo lo que puede vender —viviendas, libros, estampitas o dulces, tanto da—, cobrando por todo lo que puede cobrar, invirtiendo hasta donde sus reglas y la opinión pública permiten, alquilando todo lo alquilable. Y haciéndolo, como veremos, con múltiples exenciones fiscales.

Pero con eso no le llega. Ni de lejos. Porque por su colosal estructura necesitaría una operativa mucho más ágil que la que se permite realizar. Además, la explotación económica siempre es incómoda y arriesgada. Miren cómo les salió Gescartera, ¡qué bochorno! Y genera contradicciones y dudas y miedos y quién sabe si pecados. Y cuando sale a la luz alguna práctica contraria a esa caridad cristiana tan complicada de compatibilizar con la agresividad capitalista, pues los fieles se decepcionan, braman los anticlericales, se sonrojan sus eminencias. No, por más que la Iglesia se permita hacer negocios, nunca serán suficientes para mantenerse. Es demasiado grande, demasiado pesada, demasiado antigua. Hay algo en su naturaleza íntima que acaba chirriando en contacto con el mercadeo puro y duro. Necesita una fuente de ingresos más segura, más estable, menos sometida a sustos y vaivenes. Con menos margen de error.

Necesita al Estado, que en España es a la vez su espejo y su reflejo. Su otro yo. La Iglesia en España, desde siempre asociada con el Estado, no sabe vivir de otra manera que del Estado. Y eso es lo que le garantiza el acuerdo económico de 1979.

Vayamos al contenido. El acuerdo reconoce la libertad de la Iglesia para recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas y recibir limosnas y ofrendas. Esto lo hace en el artículo I, como si constituyera el punto más importante del acuerdo, en coherencia con el discurso mendaz sostenido por la Iglesia según el cual su fuente principal de financiación son sus fieles. No, no y no. Por más que lo repitan, no. ¿Acaso pueden considerarse dineros aportados por sus fieles los ingresos millonarios que obtiene la Iglesia en Córdoba por las visitas turísticas a la mezquita? Dichos ingresos son en realidad fruto de una explotación económica pura y dura, que se beneficia de todo tipo de ayudas públicas, desde la exención del IBI y el Impuesto sobre Sociedades hasta las inversiones para su conservación, pasando por la existencia de un inaudito marco legal que permitió al cabildo registrar sin coste el templo a su nombre y que da manos libres a las autoridades eclesiásticas para manejar el dinero obtenido con total opacidad.

¿Es todo ese caudal de dinero, como sostiene la Iglesia, una aportación de sus fieles? Hace falta mucha fe para equiparar la explotación turística tax free de sus monumentos con el típico cepillo que pasa una anciana cuando se acerca el final de la misa del domingo. Y, en cambio, eso es lo que aún vende la Iglesia. ¡Y le funciona!

Los artículos donde se juega el dinero están por llegar. Y pronto sacamos la billetera. Artículo II: «El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico». Nótese que el Estado «se compromete a colaborar», pero en la práctica se obligará a financiar. En cualquier caso, ya es mucho lo obtenido por la jerarquía con la fórmula firmada por el ministro Oreja y el cardenal Villot. Que una joven democracia, que se presenta ante el mundo con su Constitución aconfesional oliendo a tinta fresca, asuma como cosa hecha su deber de «colaboración» económica con la institución que sustenta un credo particular roza otra vez la inconstitucionalidad. Pero así se repartieron las cartas. Y así siguen repartidas.

Este artículo II es lo que permite a la Iglesia seguir viva. El Estado sostiene. La Iglesia es sostenida. ¿Una empresa, la Iglesia? Si lo es, el Estado es el cliente soñado.

El acuerdo económico II: dinero público pase lo que pase

«No hay riqueza más peligrosa que una pobreza presuntuosa» (Agustín de Hipona)

Parte de la esencia nacionalcatólica sobrevive amorrada a los acuerdos del 79, con los que España incrusta al Vaticano en el edificio jurídico, educativo y económico de la democracia. No es raro que se los conozca como «el Concordato», aunque el término es inexacto. El servicio religioso adquiere la consideración de servicio público; sus prestadores, de funcionarios. La democracia se impone la obligación de garantizar lo que podríamos llamar el derecho a la religión. Y asume el deber de financiar la institución que administra el ejercicio de ese derecho. Al mismo tiempo arbitra un ventajoso régimen impositivo de sus actividades y bienes.

El acuerdo del 79 sienta las bases de un sistema de funcionamiento de las relaciones económicas entre España y el Vaticano que: a) obliga a todos los españoles, incluidos los no católicos, a pagar servicios religiosos privados y b) dedica fondos públicos a fines acordados con un Estado teocrático extranjero. Los riesgos de inconstitucionalidad eran obvios desde la firma. Los firmantes, para salvar este escollo, utilizan el recurso de la transitoriedad. Pero ha sido una engañifa. El acuerdo nace con la apariencia de otorgar a la Iglesia un plazo para irse habituando a un nuevo escenario democrático en el que tendrá al fin que aceptar que debe ser autosuficiente. Pero no crea los mecanismos para garantizarlo. Y, por supuesto, ese propósito no se ha cumplido, ni hay visos de que se cumpla a corto, medio o largo plazo.

«Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta», dice el acuerdo. ¿En qué se ha traducido esto con el transcurso de las décadas? Pues en la garantía de que todos los españoles paguemos vía IRPF la financiación de la Iglesia. La cosa hoy día funciona así. Los católicos que lo desean marcan la equis católica y, con ello, declaran su voluntad de que se aporte el 0,7 por 100 de la recaudación a la Santa Madre. El dinero que va a la Iglesia se detrae, en una cantidad establecida en función del número de equis marcadas, de la masa total recaudada, de tal modo que también el que no quiere aportar acaba aportando. El católico que marca la equis no pone más de su bolsillo. Se limita a decidir que el vecino del quinto, usted y yo mismo paguemos para financiar la Iglesia.

El propio acuerdo establece que este mecanismo, que acabará siendo el definitivo, sustituirá a otro provisional, mediante el cual el Estado «consignará en sus presupuestos generales la adecuada dotación a la Iglesia católica». Lo que ocurrió fue esto: el Estado ha garantizado siempre con sus fondos el sostenimiento de la Iglesia. Primero, con aportación presupuestaria directa, algo tan inconstitucional que sólo se salvaba mediante el ardid de la transitoriedad. Después, mediante una aportación anual calculada en función del número de personas que marcan la equis de la Iglesia; eso sí, sin que marcar la equis de la Iglesia suponga una aportación mayor de los fieles.

En el punto 5 del artículo II llega el sarcasmo: «La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades». La tan mencionada autofinanciación es eso, un «propósito». Una intención. Un «ya veremos». Nada de compromiso, ni de obligación. Los resultados han sido los previsibles. La autofinanciación ni está ni viene de camino. Pero, por si algún día fuera obligada a autofinanciarse, el propio acuerdo se encarga de poner negro sobre blanco que ya se establecerían «otros campos y formas de colaboración económica».

Por increíble que parezca, la Iglesia sostiene hoy día que de hecho ya se autofinancia. Los portavoces eclesiales afirman que el dinero que llega vía IRPF es resultado de la libre voluntad de los fieles, sin molestarse en aclarar que sale del total recaudado al conjunto de los contribuyentes. No consideran un gasto estatal los curas de hospitales o cárceles pagados con dinero público. Ni los profesores de Religión. Ni los conciertos. Ni las ayudas para mantener el patrimonio. Ni las exenciones. Todo eso, bah, no es más que el resultado de la comprensión por parte del Estado de la importancia de una institución como la Iglesia. Cualquier otra cosa no cabe en la cabeza. ¿Cómo no va a pagar el Estado por el servicio de la fe, si paga por la sanidad y la educación? ¿A quién se le ocurre que los españolitos no vayan a apoquinar para mantener reluciente el patrimonio eclesial, que después servirá para hacer caja a diócesis y cabildos mediante el cobro de entradas tax free? Pero ¿cómo va a pagar impuestos la Iglesia católica?

El acuerdo económico III: un chollo fiscal

«Ojo con las limosnas. Si alguien inventó la caja b, es la Iglesia católica» (Francisco Delgado, presidente de Europa Laica entre 2007 y 2017)

Cierre los ojos. Imagine que recibe una carta firmada por el ministro de Hacienda que cumple todos sus deseos. Pues ni aun así se acercará.

El capítulo de exenciones del acuerdo económico no sólo es un triunfo sin paliativos de la Iglesia por lo que le supone de ahorro, sino porque abre un pórtico gigantesco para la administración discrecional de sus cuentas. Pagar impuestos no sólo supone realizar una aportación al erario público, sino que además implica abrir los cajones al fisco, exponerse a su control y supervisión. Hay una frase, atribuida a Benjamin Franklin, que dice: «En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y los impuestos». Eso no es del todo válido para la Iglesia en España. Y no por su inmortalidad, que está por demostrar, aunque de momento no lleva mal camino…

Con las exenciones fiscales el Estado no sólo perdona ingentes cantidades de dinero a la Iglesia, sino que se inhibe del control sobre sus actividades. Donde no hay nada que recaudar, no hay nada que mirar. El artículo III, base del chollo fiscal de la Iglesia en España, libera de los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo a todo lo que la Iglesia «puede libremente» recabar de sus fieles. Esto abarca del dulce de la monjita al cepillo, de la entrada a una catedral a lo recabado en una boda, un bautizo, una comunión o un funeral. Todo es, como se dice en la calle, dinero negro. O adoptando la jerga al uso para las corruptelas políticas, caja b. Sólo que con una diferencia: todo legal, o alegal. Pero en ningún caso ilegal. La economía generada por el «servicio religioso» queda al margen del hocico de Hacienda, tan afinado para el asalariado de tres al cuarto.

También queda exenta la adquisición de «objetos destinados al culto». ¿Cabe concepto más genérico para definir una exención? Es otra de las ventajas que han otorgado los acuerdos a la Iglesia. Al vincular los beneficios concedidos a las funciones de culto pastorales o sociales, en la práctica se establece un beneficio generalizado, ya que la Iglesia se define a sí misma, toda ella, como una sola unidad que cobra sentido cuando realiza estas tareas. Es decir, todo obedece de un modo u otro a un mismo fin, el único fin de la Iglesia, que es al mismo tiempo religioso y social. Por supuesto, ahí termina cabiendo todo. Esta interpretación podría haber sido objeto de cuestionamiento fundamentado de haber existido un interés de las autoridades por buscar las cosquillas a los quehaceres económicos de la Iglesia, pero no ha sido el caso.

Hay un mimito fiscal crucial en el artículo IV, que establece que desde la Santa Sede hasta la Conferencia Episcopal, pasando por las diócesis, parroquias y otras circunscripciones territoriales, hasta llegar a la última orden, congregación e instituto de vida consagrada, todas las instituciones de la Iglesia quedan libres de la «contribución territorial urbana», es decir, del IBI. Aunque sobre el papel se trata de proteger las funciones sociales y pastorales de la Iglesia, estamos de facto ante una exención generalizada del IBI para casi cualquier inmueble de cualquier organización de la Iglesia, desde la catedral de la Almudena hasta un local alquilado para que un tercero monte una peluquería. Cabe todo lo imaginable, al margen de las finalidades del inmueble.

La Iglesia también se beneficia de exenciones de «impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio». Esto amplía el chollo. Porque, además, las vagas excepciones recogidas han sido anecdóticas dada la laxitud de los controles y la opacidad de la Iglesia. Las exenciones abarcan sucesiones, donaciones y transmisiones, con la única salvedad de que «los bienes y derechos adquiridos» deben ser destinados «al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad». ¿Queda algún bien de la Iglesia fuera de estos epígrafes? Nadie comprueba si unas joyas o un huerto dejados en herencia por un fiel a su parroquia de toda la vida encajan con estos supuestos. Y sería injusto cargar con toda la responsabilidad a las autoridades fiscales, porque, de hecho, ¿qué margen tiene la Agencia Tributaria para actuar cuando los requisitos para la exención son tan amplios como «sustentación del clero» o «ejercicio de la caridad» y el «culto»? Si la Iglesia tiene como gasto principal el necesario para sostener al clero, y como principales objetivos declarados el culto y la caridad, ¿cómo discutirle que un bien recibido como legado servirá para cubrir esos fines?

¿Y el IVA? El acuerdo es anterior a su implantación en España, que tuvo lugar el 1 de enero 1986. El convenio del 79 ya establecía la «exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia», lo que permitía a la Iglesia evitar el pago de impuestos por el aumento del valor de sus bienes. Hubo que esperar a 1988 para que una orden del Ministerio de Hacienda, dirigido por Carlos Solchaga (PSOE), clarificase el alcance de la exención del IVA para las organizaciones de la Iglesia, tan ventajosa que desde su implantación fue causa de enojo de las autoridades europeas.

Una de las habilidades más acreditadas de la jerarquía católica es la de presentar a la Iglesia como una institución agraviada y perseguida. Cuando tal afirmación es insostenible, y en el terreno fiscal lo es, elabora un sutil cambio de discurso, según el cual sus privilegios no son tales, sino equiparaciones en derechos y obligaciones con otras organizaciones. El Estado ha hecho mucho por ayudar a la Iglesia a mantener en pie este discurso, al otorgar durante la democracia beneficios a judíos, musulmanes y evangélicos, así como a ONG de todo pelaje. Esta ampliación de privilegios ha supuesto una merma de la capacidad recaudatoria del Estado, al mismo tiempo que ha logrado diluir la impresión de que la Iglesia goza de trato de favor. No obstante, hay una diferencia fundamental entre la Iglesia católica y el resto de organizaciones beneficiarias de regalitos fiscales. Otorgar un privilegio fiscal a una institución como la Iglesia, la mayor terrateniente e inmobiliaria privada de España, tiene un impacto mucho mayor que hacer lo propio con otra confesión o con una ONG. Por lo tanto, fue la Santa Madre la gran beneficiaria de otro artículo del acuerdo del 79 que, bajo la apariencia de una equiparación en derechos, suponía otro dividendo colosal para los obispos al equiparar las entidades religiosas con las benéficas en el acceso a «beneficios fiscales».

Cuando se firmaron los acuerdos, el suelo institucional español seguía sacudido por una Transición que aún no había terminado. La única forma de blindarse ante un bandazo político motivado por un posible acceso al poder de gobernantes laicistas era arbitrar un rígido mecanismo bilateral de revisión. Y así se hizo. Cuatro décadas después de la firma de los acuerdos temáticos, ningún gobierno ha osado tocarlos. Con los acuerdos del 79 el Estado vincula su política fiscal, nada menos que su política fiscal, al «común acuerdo» con el Vaticano, de forma que cualquier desacuerdo de fondo sólo pueda resolverse mediante la denuncia de los acuerdos, una medida drástica que de inmediato resucitaría el fantasma de la «cuestión religiosa», que tanto daño hizo a la Segunda República y tanto contribuyó a su inestabilidad y finalmente a su caída.

Bajo el cálido amparo de este Concordato bis la Iglesia ha logrado los fondos y favores públicos necesarios para mantener una fabulosa estructura a pesar de la galopante secularización de la sociedad española. Y no ha habido, por cierto, ningún responsable institucional que, como en su día hiciera Carrero Blanco —¡300 000 millones en 33 años!—, haya cuantificado el dinero entregado por el Estado a la Iglesia durante estas cuatro décadas. Ahí la dictadura fue más transparente que la democracia.

II. El paraíso

II

EL PARAÍSO

2.1. Un patrimonio oculto y a salvo del fisco

2.1. Un patrimonio oculto y a salvo del fisco

De las 100 000 propiedades inmobiliarias de la Iglesia, que incluyen buena parte del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos… De las 23 019 parroquias, 812 monasterios, 2591 colegios, 69 hospitales, 54 ambulatorios, 792 asilos… De cómo convertir la bula fiscal en una ventaja competitiva. Del fracaso institucional del laicismo. Del disimulado artículo de una ley sobre ONG que blinda un gran negocio de alquileres

Una gigantesca (y discreta) inmobiliaria

«Ninguna desinformación es inocua» (Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco)

La organización privada más influyente de la historia de España lleva desde antiguo resistiéndose a mostrar sus cuentas. Y el Estado siempre se lo ha permitido. A falta de una relación exacta de su patrimonio, la historia nos deja pistas valiosas. Entre las de mayor interés se cuentan las recogidas en el ensayo La cuestión religiosa en España (Las Españas, 1959), del abogado Mariano Granados, según el cual en 1931 la Iglesia poseía 11 921 fincas rústicas, 7828 predios urbanos y 4192 censos. Con cálculos oficiosos estimaba su fortuna en 4000 millones de pesetas. En un discurso ante las Cortes republicanas de Fernando de los Ríos, el que fuera ministro de Justicia afirmó que sólo los bienes eclesiales dependientes de patronatos de la Corona suponían un capital de 667 millones. Con éxito ha rodado durante más de un siglo la anotación del que fue ministro de Fomento Joaquín Aguilera en 1912 en La Revue de París, según la cual los jesuitas controlaban una tercera parte de la riqueza del país[1].

También hay aproximaciones recientes. Según el historiador Stanley G. Payne, la Iglesia posee hoy en España más de 100 000 inmuebles, estimación compartida por el periodista Mariano Sánchez Soler en Las sotanas del PP, donde afirma que la institución atesora el 70 por 100 del suelo habitable de las ciudades viejas de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago de Compostela[2]. Poniendo el foco en Madrid, un reportaje de José Manuel Vidal en El Mundo en 2003 cifró en 5000 los edificios de la archidiócesis sólo en la capital[3][4].

Las autoridades eclesiásticas prefieren callar. Tienen la sartén de la información por el mango. Siempre es preferible el silencio a la confirmación oficial. ¿Por qué? Castellà-Gassol ofreció en 1975 una explicación:

Si bien la Iglesia y las órdenes religiosas internacionales pueden equipararse a la General Motors en potencia económica, su contabilidad se asemeja bastante a las cuentas de la vieja. La mayoría de obispos parecen ser hoy conscientes de la necesidad de ordenar sus cuentas, pero la comprensible pudibundez que los envuelve al tratar un tema tan real, y por tanto tan alejado de sus propósitos celestiales, les ha impedido que se explicasen con claridad[5].

Para suscribir hoy estas líneas habría que hacer uso, más que de la ironía de Castellà-Gassol, del sarcasmo o hasta del cinismo. Teniendo en cuenta que en el currículo inversor de la Iglesia española caben desde sicavs hasta chiringuitos financieros como Gescartera, que en su seno hay organizaciones con el caché empresarial del Opus Dei, que sus colegios y universidades son la cantera de la elite española y que la gran banca española le ofrece un asesoramiento permanente para la gestión de sus activos, ¿cómo creer que el manto de secreto que envuelve su patrimonio se debe a que sus candorosos dirigentes aplican «la cuenta de la vieja»? No. El celo con el que la Iglesia protege estos datos responde a una opacidad deliberada. Sencillamente hay mucho que ocultar. La de la Iglesia es una opacidad consentida por el Estado, que le permite mantener la incógnita sobre la dimensión exacta de su patrimonio porque sería incómodo para la jerarquía que la opinión pública conociera en detalle cuántos y cuáles de sus miles y miles de inmuebles no sirven para ningún tipo de fin religioso ni social, sino para uno puramente lucrativo, a pesar de lo cual se beneficia de un auténtico paraíso fiscal.

La ocultación de información se produce incluso cuando la jerarquía presume de transparencia. En el documento oficial más detallado sobre el funcionamiento de la Iglesia, que la CEE llama pomposamente «memoria anual de actividades», las omisiones son chillonas. Su presentación responde a la obligatoria justificación por parte de la Iglesia del uso del dinero recibido vía IRPF, pero eso es así sólo sobre el papel, porque en realidad el documento no es más que un recital de autobombo. No obstante, leído con una mirada escéptica, tiene interés, aunque más por lo que falta que por lo que figura. ¿Y qué falta? Cualquier dato que nos aproxime a una visión de conjunto del patrimonio eclesial. Y no será porque se ahorren datos de otro tipo. Las memorias son una catarata de cifras: 70 diócesis, 18 164 sacerdotes, 1247 seminaristas, 105 622 catequistas, 9322 monjas de clausura, 439 cofradías, 147 capellanes castrenses, 12 718 entidades religiosas (hermandades, asociaciones, fundaciones…), 9,5 millones de eucaristías al año, casi 700 000 sacramentos entre bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios y unciones de enfermos, 46,4 millones de horas de actividad pastoral…

La inmensa mayoría de estos datos no tienen el menor interés en lo que debería ser una justificación del destino de los fondos recaudados a todos los contribuyentes para su entrega a la Iglesia, ya que no obtienen financiación vía IRPF. Además, ¿qué hay del patrimonio? Si la CEE ha sido capaz de calcular con fascinante precisión incluso las horas dedicadas a la actividad pastoral hasta en el último rincón de España, ¿no podría, al menos, estimar cuántos bienes tiene cada parroquia, no digamos cada diócesis? Pues no. La riqueza es tabú. Apenas pueden rascarse de la memoria un puñadito de datos generales: 23 019 parroquias, 812 monasterios, 2591 colegios, 3168 bienes de interés cultural, 616 santuarios, 69 hospitales, 54 ambulatorios, 792 casas de ancianos, 247 guarderías…

Nadie inferiría, de la lectura del documento más transparente de la CEE, que sus diócesis han inmatriculado decenas de miles de bienes. Nadie diría que entre ellos hay viviendas, plazas, huertos, garajes y hasta frontones. Nadie creería que los obispos han vendido algunos de estos bienes. Nadie sabría que no pagan IBI incluso aunque alquilen sus inmuebles a terceros. En el documento más detallado de la Iglesia sobre sí misma no hay nada jugoso sobre su patrimonio. Y sí mucha ocultación. Porque, de forma nada casual, los bienes reconocidos son sólo aquellos cuya exención del IBI puede suponer menor reproche, ya sea por su finalidad pastoral, cultural, asistencial o educativa. Nadie puede saber, leyendo la memoria de la Iglesia, que además de colegios y conventos posee aparcamientos y hoteles. Y que no paga impuestos por sacarles rendimiento.

El sagrado parking

«Evidentemente “ser” no es un predicado real» (Immanuel Kant)

La Delegación de Economía del Ayuntamiento de Almería, gobernado por el PP, remitió en octubre de 2016 al grupo socialista un listado de los bienes exentos de IBI. Los concejales del PSOE —partido más partidario de la aconfesionalidad del Estado en la oposición que en el Gobierno— se estudiaron el listado de pe a pa. Y comprobaron con sorpresa que había dos inmuebles, en las calles Santiago y Limoneros, que se correspondían con sendos aparcamientos. ¿Por qué iban a estar exentos unos parkings? Pues porque su propietaria es la diócesis.

Como suena: dos aparcamientos en explotación comercial, con más de 400 plazas entre ambos, y exentos del IBI. Cuando el asunto llegó a mis manos, levanté el teléfono. El obispado me explicó que los tenía arrendados a un tercero, como si tal cosa rebajase el interés del asunto. En efecto, las plazas eran ofrecidas por Estacionamientos Trébol. ¿Qué propósito pastoral, caritativo o social puede justificar la exención del impuesto de un bien por el que su propietario logra un beneficio? Además, el acuerdo del 79 deja exentos los templos dedicados al culto, oficinas parroquiales o seminarios. Pero, como es lógico, no dice una palabra sobre aparcamientos ni cosa parecida[6].

Los parkings de Almería son la más obvia demostración de que la Iglesia disfruta en España no de una exención fiscal justificada por el carácter de sus actividades, sino por la naturaleza de la propia institución. Es un chollo por el ser, no por el hacer. Es un privilegio por el quién, no por el qué. En el listado de bienes exentos del IBI por pertenecer a la Iglesia había desde parroquias hasta locales de Cáritas, pasando por un amplio abanico de propiedades a las que —con buena voluntad— cabe atribuir una finalidad más o menos relacionada con el interés general. Pero nada puede justificar que un ayuntamiento deje de ingresar dinero para que la Iglesia haga de arrendadora de un aparcamiento tax free.

Comprobé que uno de los dos aparcamientos exentos estaba próximo a otro de titularidad municipal, Padre Méndez, una avenida perpendicular a Limoneros. Un claro caso de competencia desleal. Además, el abono mensual costaba en el parking público entre 72 y 100 euros, mientras que en el de la Iglesia era de 75. El 80 por 100 de las plazas del parking privado eran más baratas. El caso suponía un agravio inaceptable al servicio municipal. Y no es que la empresa pública de aparcamientos, Emisa, estuviera boyante. Al contrario. Arrastraba una deuda de más de 9 millones de euros.

«La Iglesia hace negocio con aparcamientos en Almería sin pagar el IBI», titulamos en Infolibre[7]. De la pieza se derivaban preguntas interesantes. ¿Cuántos pisos en alquiler tiene la Iglesia libres de IBI? ¿Cuántos locales para comercios? A raíz de la publicación me llegaron numerosos casos más. Que si en un pueblo la discoteca de verano se instala en una carpa que pertenece a la parroquia. Que si en tal barrio la peluquería está en un local anejo a una parcela del obispado. Todos ellos bienes de la Iglesia, todos lucrativos, todos exentos. Una vulneración de la esencia de los acuerdos del 79.

Observé que había una pauta: la Iglesia es propietaria de un inmueble; lo alquila; no le da un uso religioso ni social, sino lucrativo y, a pesar de ello, no paga el IBI, impuesto que constituye una de las fuentes básicas de financiación de los maltrechos ayuntamientos. El esquema se repetía tal cual en las traseras de un seminario en Lugo, donde el obispado posee un aparcamiento arrendado a una empresa[8]. Más de 300 plazas. Al igual que en Almería, se trata de un caso de clara competencia desleal, porque los propietarios del resto de aparcamientos de la ciudad sí pagan IBI. Este agravio no causa el menor escándalo, porque el liberalismo español laico es una quimera[9]. Quienes aquí se proclaman liberales coinciden con la Iglesia desde el siglo XIX en la identificación de la patria con el catolicismo. Y eso une mucho. Une más de lo que es capaz de separar algo tan teóricamente inaceptable para un liberal como el trato desigual del Estado a dos competidores. ¿No debía regularlo todo la mano del mercado? Pues no. Con la Iglesia se produce una suspensión del principio de separación entre Estado y mercado, tan querido por los partidarios del laissez faire, de modo que la institución católica puede participar en la partida con las cartas marcadas. Lo saben los empresarios de aparcamientos de Almería y Lugo. Y lo saben los hoteleros de la Costa Brava.

El divino hotel

«Barre tu casa, quiero decir, tu conciencia, y sé un buen cristiano» (Francisco de Paula)

Desde lo alto del castillo de Begur, un pueblito de algo más de 4000 habitantes entre Estartit, al norte, y Palamós, al sur, en la provincia de Girona, se admira un manto de pinos y casas de un blanco pulquérrimo, con las islas Medas de fondo y el rumor de un sereno oleaje. Es una joyita. Aunque en verano acuden un par de decenas de miles de turistas, Begur nunca llega a perder su aire de coquetería familiar. No es la capital de la marcha, desde luego. Tiene fama de ser un sitio para descansar a gusto, pero también para comer bien, por ejemplo un pescado salvaje braseado o unas gambas en medio de un arroz. Hay buenos locales de tapeo en la Plaça de la Vila, a lo mejor con un verdejo bien frío para empujar. Nada de turisteo low cost, de despedida y borrachera. Calma y calidad.

Begur es un lugar mucho más apropiado para hacer turismo que para hacer oración. Pero no siempre las congregaciones eligen dónde tienen sus templos. Y es en Begur donde la orden religiosa de los Padres Mínimos posee un hermoso convento, entre gigantescos pinos, cipreses y extensos jardines de flora autóctona, a un paseo de cinco minutos de la hermosa playa Sa Riera. ¿Qué pinta allí un convento? ¿No sería mejor, qué sé yo, un hotelito? Pues sí. Así lo pienso yo, así probablemente lo piense el lector y así, desde luego, lo piensan los Padres Mínimos, que arriendan a una empresa privada lo que hoy es ya un antiguo convento desacralizado. Y no, no pagan IBI. El impuesto que sí tienen que pagar el resto de hoteles de Begur y de la Costa Brava.

El Ayuntamiento de Begur acordó en 2009 girar el recibo del IBI a la Comunidad Padres Mínimos San Francisco de Paula por el inmueble en cuestión, el convento de Santa Reparada, en una parcela de 8801 metros cuadrados cuyo uso principal es «ocio y hostelería». Entendía el ayuntamiento que el inmueble no cumplía los requisitos para la exención, ya que ni el arrendamiento ni el negocio son fines propios de la Iglesia. Claro, porque el convento ya no era tal, sino el hotel El Convent, de cuatro estrellas, con habitaciones a más de 300 euros por noche en temporada alta. A la orden religiosa no le hizo gracia la idea de pagar y recurrió. En primera instancia perdió, pero los Padres Mínimos recurrieron y en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a los religiosos. Suele pasar.

En la orden de los Padres Mínimos de Girona me atiende un tal «padre Victoriano». Al hombre, que no me quiso dar apellido, le molesta mi interés en conocer cuál es la cuantía de la renta mensual, que tampoco aclaran en el hotel. Están en su derecho. Son contratos entre privados. Ambas partes salen ganando. Los hoteleros montan un precioso hotel en un convento, los antiguos ermitaños de San Francisco de Paula ingresan cada mes una renta. Y sin que el entrometido ayuntamiento recaude un euro de IBI[10].

Debe de ser lo que el artículo 16.3 de la Constitución llama «relaciones de cooperación» del Estado con la Iglesia católica.

Prédica y trigo

«Del dicho al hecho hay un trecho» (dicho popular)

Las elecciones municipales de 2015 fueron políticamente una bomba. Nuevas coaliciones de corte izquierdista lograron el poder en las principales ciudades del país. De las cinco más pobladas, sólo se resistió Sevilla. Conquistaron la alcaldía Manuela Carmena (Ahora Madrid), Ada Colau (Barcelona en Comú), Joan Ribó (Compromís, en Valencia) y Pedro Santiesteve (Zaragoza en Común). Las autoproclamadas «fuerzas del cambio» también lograron el poder en Cádiz, A Coruña y Santiago de Compostela.

Siendo Podemos y sus aliados —IU, entre otros— partidos declaradamente laicos, cabía esperar que su irrupción supondría novedades en la privilegiada fiscalidad municipal de la Iglesia. Pero no ha sido así. Ahí sigue la Iglesia, exenta del IBI en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y las demás… Para ser justos, hay que aclarar que los alcaldes están constreñidos por un estrecho corsé competencial. Es parte del problema. La administración local, la que debería estar más interesada en acabar con el carácter indiscriminado de las bonificaciones a la Iglesia, en calidad de beneficiaria del IBI, no tiene en su mano la introducción de los cambios legislativos para hacerlo. Los ayuntamientos no aprueban leyes fiscales, sólo establecen qué está exento y qué no, pero en función de su interpretación de las leyes existentes. Si se salen del carril de la exención generalizada, los tribunales dan la razón casi siempre a la Iglesia.

La realidad ha evidenciado la limitaciones de los ayuntamientos para sacar partido a su estrecho margen de actuación. Los alcaldes y las alcaldesas con afán de acotar los privilegios eclesiales han dicho más de lo que han hecho. Se han mostrado favorables al cobro del IBI en los casos en que los inmuebles no estén destinados al culto, pero en la práctica las cosas siguen como antes de 2015. Es decir, la Iglesia sigue disfrutando del chollo sin más sobresalto que el de leer de vez en cuando en algún periódico local que tal o cual alcalde o concejal «quiere», «pretende», «planea», «reclama», «solicita», «exige», «considera la posibilidad de» o «está decidido a» eliminar alguna exención. Y ahí se queda.

Del dicho al hecho —ya se sabe— hay un trecho. No es lo mismo predicar que dar trigo. Lo ha comprobado Joan Ribó, al que cabe al menos atribuir el mérito de haber abierto el melón. Desde 2016 lleva el alcalde de Valencia protestando contra la exención de bienes de la Iglesia cuando sirven a fines lucrativos. Según los datos del ayuntamiento, hay en la ciudad 438 bienes de la Iglesia y sus entidades exentos de IBI, entre ellos algunos en los que se desarrollan actividades económicas sin relación con las tareas pastorales o caritativas propias de la institución. El Gobierno local ha cuestionado la exención de un aparcamiento del arzobispado cerca del hospital Arnau de Vilanova, así como de los edificios de la Universidad Católica San Vicente Mártir por hacer competencia desleal a otras universidades que sí pagan[11].

Las dudas y carraspeos de Ribó empiezan cuando se le pregunta por las medidas concretas. El ayuntamiento ha trabajado en dos vías: 1) solicitar formalmente el pago del IBI por los inmuebles de uso lucrativo de la Iglesia, «articulando una propuesta común a través de la Federación Española de Municipios y Provincias», y 2) «exigir al Gobierno central que, en caso de no conseguir una modificación tributaria en dicho sentido, compense a los ayuntamientos». Uf, «articular» y «exigir»: malos verbos en política. No es probable que la Iglesia valenciana haya pasado mucho miedo ante tales advertencias.

Dada la inacción de las administraciones con competencias para alterar el statu quo, la negativa radical de la Iglesia a aceptar una reducción de sus privilegios fiscales ha dejado el envite de Ribó en agua de borrajas. Y si el balance de la tentativa laicista en la ciudad del Turia es sombrío, lo mismo puede decirse del resto de los «ayuntamientos del cambio». Y de la inmensísima mayoría, en realidad. La incapacidad de los gobiernos locales, incluso los controlados por partidos laicistas, para limitar los privilegios fiscales de la Iglesia demuestra la fuerza de su ligazón con el Estado, cuya ruptura requiere de modificaciones legales de amplio espectro. No basta con un voluntarioso alcalde.

Poco importa que la falta de justificación del privilegio sea clamorosa, o que el alcalde disconforme haya acreditado tesón en la defensa de una nítida separación entre las esferas civil y religiosa. Un ejemplo. El regidor de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, es quizás el más impermeable a las presiones de la jerarquía y los medios conservadores para que ponga la institución municipal bajo el palio religioso, negándose a ser elegido delegado regio en la tradicional ofrenda al apóstol, una de las múltiples ocasiones en las que lo civil y lo religioso se entremezclan en la ciudad de los peregrinos. Sin embargo, la exención fiscal del IBI es allí especialmente sangrante, sin que el anunciado cambio de rumbo político haya conseguido ponerle limitaciones. La Iglesia posee en la ciudad gallega 850 000 metros cuadrados de uso no religioso libres del pago de la contribución urbana[12][13].

Los compostelanos pueden decir que tienen un alcalde nada dispuesto a acudir con el bastón de mando a ceremonias religiosas. De hecho, su resistencia a someterse a los dictados de la diócesis en el plano simbólico le ha valido sonoras disputas con los sectores católicos y tradicionalistas de la ciudad. Pero, al margen de la indudable valía política de la postura del regidor, ¿no han terminado estas polémicas eclipsando cómo la Iglesia mantiene intacta su lucrativa bula fiscal en la ciudad? Es un modus operandi típico de la Iglesia: quejarse, quejarse con todas sus fuerzas incluso por lo que parece más anecdótico, para que ni siquiera se llegue a debatir sobre lo tocante a sus dineros.

Privilegios por la puerta de atrás

«La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte» (Groucho Marx)

Si los acuerdos del 79 no prevén el perdón del IBI cuando el inmueble tiene finalidades distintas a las sociales y las religiosas, ¿cómo consigue la Iglesia librarse? ¿Cómo es posible la exención en viviendas, comercios y aparcamientos? Busquemos. Un primer impulso nos lleva a tantear en la Ley de Haciendas Locales de 2004. Pero ahí encontramos la exención a los centros concertados y a los bienes de la Iglesia sólo «en los términos previstos» en los acuerdos del 79. La equis del aparcamiento de Lugo y del hotel de Begur sigue sin despejarse. No, ahí no está la clave. Como suele ocurrir con la Iglesia, la respuesta está en el renglón torcido, en el detalle inopinado.

La experiencia nos enseña que los principales favores a la Iglesia en democracia han llegado con cierto disimulo. La articulación del moderno sistema de educación concertada (1985), la ley hipotecaria que elevó al cubo el chollo de las inmatriculaciones (1998), la autorización para permitir que se marcaran a la vez las casillas de la Iglesia y de fines sociales (2000) y el cambio de modelo de financiación que subió al 0,7 por 100 la recaudación por cada equis en el IRPF (2006) tienen en común que, en el momento de su aprobación, no parecían privilegiar a la Iglesia tanto como en realidad lo hacían.

Hay otro ejemplo: otra ley, de apariencia aún más neutra e inofensiva, donde reside la clave de las exenciones sin justificación social ni religiosa. El BOE publicó el 24 de diciembre de 2002 la conocida como Ley de Mecenazgo, que encierra una monumental victoria de la Iglesia. Su redacción es intrincada. Hay que empezar por el artículo 15: «Estarán exentos del IBI los bienes de los que sean titulares […] las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades». Vaya galimatías. ¿Qué significa «excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas»? Es una doble negación: no estarán exentos del IBI los que no estén exentos del Impuesto sobre Sociedades. Lo pasaré al castellano inteligible: estarán exentos del IBI los que estén exentos del Impuesto sobre Sociedades. De tal modo que un privilegio conduce a otro privilegio. Por si quedaba alguna duda, ya que en la enumeración de actividades exentas que hace la ley no aparecen actividades económicas sino las vinculadas a la asistencia social, otro artículo de la norma remata la faena. Es el 7, que libra del pago de Sociedades a las rentas «procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario» de las entidades benéficas, entre ellas los alquileres.

Bingo. Si están exentas de IBI las actividades exentas del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin ánimo de lucro, y están exentos del Impuesto sobre Sociedades los alquileres, y la Iglesia es considerada por esta ley a todos los efectos una entidad sin ánimo de lucro… ¡Pues ahí lo tenemos! Ahí, justo ahí, está la clave de la exención: en un artículo relativo al Impuesto sobre Sociedades de una ley teóricamente pensada para facilitar su actividad a las ONG encontramos el blindaje definitivo de la exención fiscal de una de las principales actividades económicas de la Iglesia, el alquiler de todo tipo de inmuebles. Los caminos del Señor son inescrutables. Y a veces conducen a los privilegios por la puerta de atrás mediante confusas articulaciones jurídicas.

La Iglesia no tiene la obligación de publicar cuántos bienes alquilados libres de IBI posee, ni tampoco de tributar por esta actividad. Puede operar libremente al margen del fisco en un lucrativo sector, el del arrendamiento, sin dar la menor explicación. Un chollo.

Aunque, hasta 2002, la exención del IBI a la Iglesia, pese a las limitaciones recogidas en los acuerdos del 79, se venía aplicando de forma generalizada, sin que ninguna autoridad osara penetrar en el intrincado bosque patrimonial de sus organizaciones para comprobar el uso de los bienes liberados, el riesgo de que el melón se abriese estaba ahí. Con la ley de 2002 la Iglesia conjuró este peligro al meter todos sus bienes bajo un mismo paraguas normativo. Y algo más: se dotó de una eficaz herramienta argumental, ya que desde 2002 su bula fiscal ya no proviene de un acuerdo España-Vaticano de cuestionable pedigrí democrático, sino —alegan los obispos— de una ley que pone a la Iglesia en condiciones de igualdad con las entidades benéficas[14]. Así es como la institución católica ha terminado convirtiendo a las fundaciones y ONG en coartada de sus privilegios. Pero con una trampa argumental. Porque la Iglesia, a diferencia de cualquier ONG, es la mayor propietaria de bienes inmobiliarios de España, por lo que las exenciones sobre su patrimonio tienen una incidencia incomparablemente superior.

2.2. Con uñas y dientes

2.2. Con uñas y dientes

De la zanahoria de Blázquez, poli bueno, y el palo de Rouco, poli malo. Del hombre más influyente del clero español en el siglo XXI. De cómo la jerarquía pelea judicialmente cada euro con uñas y dientes. Del aplastamiento de la rebelión de unos concellos gallegos y de una desafiante ley foral. Del detalle que ha hecho que el obispado de Mallorca se lleve un revés que no se llevarán las Madres Carmelitas Descalzas en Madrid

Digresión sobre el palo y la zanahoria

«No hay cosa más económica que rezar» (Antonio María Rouco Varela)

Durante la celebración de la festividad de San Juan de Ávila en 2013, Ricardo Blázquez, entonces arzobispo de Valladolid y hoy presidente de la CEE, animó a los sacerdotes de la diócesis a no resistirse «como gatos con uñas y dientes» al abono del IBI. En un contexto de aguda crisis económica, Blázquez se saltó el guion para pedir a las diócesis de Castilla y León «una sensibilidad con la situación tan complicada que vivimos». Estas palabras enmendaban la postura expresada un año antes por Rouco, por aquellos días presidente de la CEE. Ante el goteo de noticias de alcaldes desesperados por la falta de ingresos que demandaban el IBI a la Iglesia, Rouco había ofrecido tres respuestas: 1) dijo que la Iglesia sólo pagaría por obligación legal: «Si hay que pagar, se pagará»; 2) afirmó, incurriendo en una falsedad que sólo cabe juzgar benévolamente como despiste, que la exención del IBI afecta sólo a edificios de culto, y 3) advirtió que un posible pago «irá en detrimento» de la función social de la Iglesia. Sí, sacó el comodín de Cáritas.

Vaya, hablando del IBI nos hemos topado con dos imprescindibles: Blázquez y Rouco. Hablar de ellos es hablar de poder, de privilegios, de dinero. Detengámonos.

Blázquez (Villanueva del Campillo, Ávila, 1942) ha sido presidente de la CEE entre 2005 y 2008 y lo es desde 2014, sustituyendo en ambos periodos a Rouco (Villalba, Lugo, 1936), su contraparte en la altísima jerarquía. Rouco y Blázquez, Blázquez y Rouco, con sus gigantescos currículos eclesiásticos a cuestas, acumulan dos décadas repartiéndose el máximo cargo de representación de los obispos, cuatro lustros marcados por la cerrazón ante los cambios sociales en España y por la aguerrida defensa de su alcázar de privilegios. La historia de la Iglesia española en el cruce entre siglos es incomprensible sin ellos. Ambos eruditos ortodoxos, amigos pese a las diferencias, encarnan dos sensibilidades distintas en el seno del oficialismo eclesiástico, donde no es que haya gran distancia entre los extremos, porque en realidad sólo hay un extremo: el conservadurismo extremo. ¿Obispos progresistas? Eso es un oxímoron en España.

Desde fuera, las diferencias entre Blázquez y Rouco podrán parecer inapreciables matices en un océano de coincidencias, pero dentro de la lógica de la Iglesia, donde el cambio de lugar de una coma puede dar para una encíclica, sí hay discrepancias: uno, Blázquez, representa una corriente más tibia y contemporizadora, mientras que el otro, Rouco, se alinea con el reaccionarismo duro, a la postre dominante en la cúspide eclesial. Durante la etapa democrática la jerarquía ha mostrado una sintonía plena con el anticomunista Wojtila-Juan Pablo II, afinidad que se mantuvo durante el papado barroco de Ratzinger-Benedicto XVI, también marcadamente regresivo. Las grietas, las dudas y las diferencias entre más o menos afines sólo han aparecido con la llegada de Bergoglio-Francisco, cuyos afanes reformistas causan en una buena parte de la planta noble de la Iglesia española un escepticismo sobrellevado con discreción.

Blázquez encarna una línea aperturista —o no tan cerril— que ha llevado a identificarlo con el reformismo de Francisco. Proveniente de una familia de agricultores, criado en un entorno en el que ser cura era una de las escasas vías para prosperar, fue el primer obispo raso —no cardenal— que alcanzó el liderazgo de la Iglesia en España[15]. Lo acompaña la fama de señor tranquilo, conciliador y moderado, si bien en el seno de la jerarquía española, reaccionaria hasta la médula, uno puede pasar por moderado sin salir del siglo XVIII. Su trayectoria se parece a la de un laborioso «don nadie» que progresa sin pisar callos. Blázquez es un hombre cómodo, refractario a estridencias y excesos, discreto, también enemigo de catarsis y reformas profundas. Dejar estar, dejar hacer, no aparecer mucho, no mandar demasiado. Ese ha sido su manual.

No le ha ido mal. Su primer mandato coincidió con la legislatura de apertura de Zapatero. El sector duro, capitaneado por un Rouco que jamás llegó a marcharse del todo, cuchicheaba que Blázquez no sabía oponérsele con firmeza, que el presidente rojo lo toreaba. Los teocón de Rouco y compañía lideraron la batalla en la calle contra la Ley del Matrimonio Homosexual. La estampa de los prelados manifestándose vestidos con sotana y alzacuellos por las calles de Madrid mano a mano con altos cargos del PP es inolvidable. Rouco —agrio el gesto, gafas ahumadas— acaparó los flashes, pero no estaba solo. Junto con él se manifestaron los arzobispos de Toledo, Málaga, Granada, Burgos, Castellón, Huesca, Teruel, Getafe, Alcalá y Tarazona. También acudió Kiko Argüello, fundador del Camino Neocatecumenal. Las pancartas y los carteles decían: «¿Cambiarías a Juan y Puri por Boris y Zerolo?» y «Sodomía no con mi dinero»[16]. Un precioso día familiar.

Blázquez no se dejó ver por aquella juerga. No es su estilo. Tampoco se sumó ni alentó las movilizaciones contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que, según Rouco, era un plato salido de la cocina del infierno. Ojo, Blázquez ni se opuso ni censuró aquellas protestas. Simplemente no se implicó. Un poco al estilo de Mariano Rajoy. Sí, ese es Blázquez. No ensuciar mucho, no limpiar nada. No mancharse las manos, no firmar nada. No quemarse. Decía que no le ha ido mal con este método. Y tanto que no. En 2006 se apuntó el éxito del incremento de la financiación vía IRPF, una cesión de Zapatero a la que ni siquiera Aznar se había atrevido. El tiempo ha ido dando la razón a Blázquez. Educación para la Ciudadanía ya es historia, y a cambio la Iglesia disfruta con la Ley Wert de un estatus educativo que parecía inalcanzable en democracia. Frente a las tesis de la línea dura, respaldadas desde la Santa Sede con Juan Pablo II y Benedicto XVI, según las cuales había que dar caña a los gobiernos socialistas, Blázquez ha sido siempre partidario de pasarles una mano por el lomo… y cobrarles con la otra.

Rouco, de estilo más tosco y desatado, es el perfecto complemento de Blázquez. En la antesala de las elecciones de 2011 cruzó todas las líneas rojas cuando la CEE publicó una nota para orientar el voto «en conciencia» de los cristianos tan crítica con las políticas de ZP —aborto, matrimonio, educación, eutanasia— que era en la práctica una petición de apoyo a Rajoy, alineado entonces con las tesis episcopales. Mientras que Blázquez teme que el tremendismo retrógrado desgaste la popularidad de la Iglesia en una sociedad plural, Rouco teme que una tibieza táctica aminore la adhesión de sus acérrimos. Forzaré el paralelismo: si Blázquez fuera Rajoy, Rouco sería Aznar. También en las formas: si Blázquez es el estanque, Rouco es el volcán. Desde el aborto hasta la eutanasia, la diversidad sexual o la educación laica, Rouco se ha despachado siempre de modo atronador. A juicio de Rouco, las reformas que desafían la moral tradicional son amenazas al orden existencial de Occidente. Poco le importa decir insensateces. En 2003 vinculó el matrimonio gay con la segura «quiebra» de la seguridad social[17]. También coqueteó con la teoría de la conspiración sobre el 11M cuando afirmó, en una homilía en homenaje a las víctimas, que los autores de la masacre perseguían «oscuros objetivos de poder», sumándose a la tesis paranoica de Federico Jiménez Losantos, que fue su protegido en la COPE durante un periodo en que la emisora traspasó los límites de su habitual ultraconservadurismo para instalarse en la propaganda goebbelsiana.

Rouco no da explicaciones. Suelta sus barbaridades sin más. Ni retrocede, ni se retracta, ni se disculpa. Cuando en 2007 Benedicto XVI nombró obispo de Lugo a un sobrino suyo, el fantasma del nepotismo, viejo vicio de la Iglesia, hizo levantarse un rumor de críticas. Rouco ni parpadeó. Su divisa es: «Que hablen». Justo lo opuesto a la inquietud de Blázquez por el «qué dirán». Así funciona Rouco: sus seguidores lo jalean, sus detractores se indignan. Y no es que esté lejos de Blázquez en el objetivo: una Iglesia fuerte y poderosa en España, con sus privilegios intactos. Pero difieren en los medios. Rouco no cree en la diplomacia ni en los modales versallescos, tampoco en el quid pro quo con el poder político. O, en todo caso, no cree que haya que fiar al ajedrecismo táctico las relaciones de la Iglesia con el Estado. La Iglesia tiene que plantarse, enfrentarse. Decir «aquí estoy yo». Ahí hacerse fuerte. Y, desde ahí, exigir y obtener.

Hay que entender su trayectoria vital para comprender a Rouco, lo que a su vez permitirá entender la idiosincrasia de la elite eclesial española de los últimos veinte años, diseñada a su imagen y semejanza. Ningún hombre, ninguno, ha tenido sobre la Iglesia española en democracia una influencia comparable a la del «vicepapa» Rouco[18], que ha sido presidente de la CEE en dos etapas, de 1999 a 2005 y de 2008 a 2014. Fue un niño prodigio descubierto por los cazatalentos de la Iglesia, que lo lanzaron desde crío a una vertiginosa promoción interna. Atento y disciplinado, fue tenido en su juventud por proclive a los vientos del Concilio Vaticano II, que propugnó una apertura dialogante de la Iglesia al mundo, un aggiornamento de la institución que facilitara su compatibilidad con las democracias secularizadas. Aquello, desde luego, se le pasó. Se le pasó a la Iglesia durante el pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) y se le pasó a Rouco. ¿Cuándo? Es difícil ubicar el punto de inflexión, pero los estudiosos de su trayectoria coinciden en la importancia que para Rouco tuvo el descubrimiento del pensamiento de Ratzinger, después papa y más tarde papa emérito Benedicto XVI.

Ratzinger, el hombre que más influye en el germanófilo Rouco, fue el cerebro de la involución doctrinal y el regreso a Trento del papado de Juan Pablo II. Este reflujo traza un camino paralelo al que recorre Rouco, que conforme asciende en el escalafón eclesial consolida su desapego por la memoria del Vaticano II y el ejemplo de Tarancón. No, no iba por ahí Rouco, que, como hombre de Juan Pablo II en España, escoró a la Iglesia hacia posiciones recalcitrantes y se obsesionó con los espectáculos para multitudes: las Jornadas Mundiales de la Juventud (1989 y 2011, una con Wojtila y otra con Ratzinger) y las Misas de la Familia anuales en la madrileña plaza de Colón. Quizá sean estas misas el perfecto emblema de la Iglesia según Rouco, con ese aire fascistoide de acto político-reivindicativo de masas tan del agrado del conservadurismo católico de entresiglos.

El poder de Rouco, que ejerció con un estilo brusco y autoritario, nada compasivo con los disidentes, empezó a resquebrajarse en 2013, con la elección del papa Francisco. El vicepapa hizo cuanto estuvo en su mano por evitar que el jesuita argentino reuniera los votos necesarios en el cónclave y abrir así paso a su candidato, el italiano Angelo Scola. La intentona final de Rouco no fue un prodigio de elegancia. Almorzando en la residencia Santa Marta, donde los electores maduraban su decisión, Rouco lanzó su argumento: «A Bergoglio le falta un pulmón», deslizó para exponer sus dudas sobre el estado físico del argentino. Lo más increíble de todo es que al propio Rouco le falta un riñón[19]…

El cónclave papal de 2013 precipitó la salida de Rouco de la presidencia de la CEE en marzo del año siguiente, aunque para su consuelo lo sustituyó el bueno de Blázquez, al fin y al cabo su amigo, hombre fiable y conservador. Desde la óptica de Rouco lo duro hubiera sido —trato de plasmar aquí su pensamiento— verse relevado por un zascandil de esos que aplauden las ocurrencias populistas del papa futbolero. Rouco confiaba en disfrutar al menos de un ocaso dorado al frente de su archidiócesis, una de las más importantes del mundo. Pero tampoco. Tras dos décadas al mando de la plaza madrileña, comprobó, en octubre de 2014, hasta qué punto la pérdida del favor papal había socavado su poder cuando el Vaticano lo apartó y colocó en su lugar a Carlos Osoro, más próximo al papa Francisco. Los peores temores de Rouco se hicieron realidad.

Fiel a su estilo, Rouco no se ha marchado discretamente. Se ha resistido a desaparecer incluso tras el apagamiento de su poder formal. Desde aquel aciago 2014 la reaparición de su silueta ha servido siempre para recordar que el rumbo de Francisco no es el firme rumbo wojtiliano. Su oposición a ideas de Bergoglio como la posibilidad de dar la comunión a divorciados ha sido notoria[20]. También su resistencia a ceder un ápice en las posturas de rechazo a los homosexuales. Guardián de las esencias, Rouco. Estandarte de la «Iglesia del no», intransigente, contraria por ADN a cambios que en la sociedad ya se dan por descontados, reticente al diálogo con los sectores aperturistas.

Desde 2014 Osoro ha intentado deshacerse de la sombra de Rouco. A primeros de 2018 apartó al obispo auxiliar Martínez Camino, última excrecencia del vicepapado. En efecto, Rouco ya no está. Pero sigue ahí. Su impronta es indeleble. Hoy está Blázquez, mañana será otro, pero el ejemplo irredentista de Rouco permanece. Su recuerdo es, para cualquier gobierno presente o por venir, la advertencia de una posible revuelta de sotanas al menor cuestionamiento de los privilegios. ¿O no fue el 0,7 por 100 del IRPF conquistado por Blázquez un intento del Gobierno de Zapatero de orillar a Rouco demostrando que con el estilo conciliador se conseguía más? Sea con el poder o con la posibilidad de conquistarlo, los duros de la jerarquía marcan el camino.

Vaya, ¿dónde estábamos antes de Blázquez y Rouco? Ah, sí, en el IBI. Tengamos «sensibilidad», decía Blázquez. Pero Rouco agitaba el comodín de Cáritas. Y bien, ¿cuál de las dos líneas sigue la Iglesia, incluso en tiempos de Blázquez? La de Rouco. A cada pequeño ayuntamiento que le intenta cobrar el IBI, la Iglesia le responde con un litigio. Pelea cada privilegio como si fuera el último. Aunque esté Blázquez, con el dinero la Iglesia es puro Rouco. Pero no nos equivoquemos. Existe un estilo Rouco porque existe un estilo Blázquez, y viceversa. Palo y zanahoria, poli bueno y poli malo. Si algún día la exención del IBI para locales comerciales y viviendas en alquiler se hace ya insostenible, la Iglesia no tendrá más remedio que ceder. En ese momento habrá que estar atento: la contrapartida que ofrece el poder político siempre es mayor que la cesión.

Marcas de uñas y dientes

«Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia» (Bertolt Brecht)

Hay una broma de periodistas de sucesos que dice que «un tribunal lo forma un grupo de personas elegidas para decidir quién tiene mejor abogado». La broma tiene algo de verdad, como sabe la Iglesia, especialista en defender sus intereses en los juzgados. El IBI es un ejemplo de libro. La Iglesia mantiene su exención a buen recaudo no sólo a causa de la inacción de la inmensa mayoría de los más de 8000 ayuntamientos de España o al blindaje de la legislación por parte del Congreso y los sucesivos gobiernos. También se apaña de fábula cuando algún osado munícipe busca interpretaciones alternativas a la norma para intentar endosarle un recibo. Los ayuntamientos que han intentado cobrar el IBI a la Iglesia han terminado marcados por los arañazos del gato, que diría Blázquez, incluso cuando en los inmuebles no se desarrollan tareas pastorales, sociales o educativas… Los servicios jurídicos de los consistorios, así como los tribunales, han venido interpretando que la Iglesia se beneficia de un paraíso fiscal generalizado.

Lo han comprobado en sus carnes en Amoeiro, Coles, A Peroxa y Villamarin, cuatro municipios de la provincia de Ourense constituidos en la Mancomunidad de Concellos de Santa Águeda. Dicha mancomunidad giró liquidaciones por inmuebles de la Iglesia en el municipio de Amoeiro sin la menor relación con el culto, la caridad o el resto de funciones protegidas por el acuerdo del 79. La diócesis recurrió y ganó. Pero el alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez (PSOE), no se conformó y se lió la manta a la cabeza. En febrero de 2013 presentó un recurso ante el Supremo para forzar a la Iglesia al pago del IBI por un total de 16 inmuebles. El alcalde Rodríguez no se limitó a una discreta presentación del recurso. Convocó a los medios a las puertas del Supremo en Madrid, donde proclamó que su recurso no sólo se presentaba en beneficio de Amoeiro o de los cuatro municipios orensanos, sino de la totalidad de ayuntamientos españoles, ya que esperaba que la sentencia sentase una jurisprudencia favorable. Vamos, que Rodríguez iba a ser poco menos que un Mendizábal de hogaño. Pero no lo consiguió.

El intento de los concellos de Santa Águeda acabó no sólo con una victoria de la Iglesia, sino con un reforzamiento de su posición. En abril de 2014, el Supremo dio toda la razón a la Iglesia en una sentencia en la que aprovechó para explicitar las múltiples vías en las que se basa el generoso tratamiento fiscal a la institución católica. El fallo acaba creando el marco idóneo para perpetuar la exención permanente y generalizada del IBI, haga lo que haga la Iglesia con el inmueble. Así que al alcalde Rodríguez le salió el tiro por la culata. Incluso el Concello de Allariz, también en Ourense, que había ganado un contencioso para cobrar 329 euros de IBI a la Iglesia por inmuebles sin uso pastoral, no tuvo más remedio que tomar nota del fallo y dejar de pasar los recibos[21].

Allariz es uno de esos casos en que se produce el espejismo de un cambio. No ha sido el único. «La Iglesia deberá pagar el IBI en Allariz tras una sentencia judicial», titulaba 20 Minutos en 2013[22]. Flotan en la hemeroteca de internet muchos titulares así, que inducen erróneamente a pensar que hay un empate entre la Iglesia y los ayuntamientos en la batalla judicial del IBI. Basta que una resolución judicial en primera instancia quite la razón a la diócesis de turno, o incluso que un pleno apruebe una moción voluntariosa —y son decenas los ayuntamientos que lo hacen—, para que se disparen las interpretaciones del tipo: «¡Se tambalean los privilegios de la Iglesia!», cuando en realidad son más firmes que los pilares de una catedral. No se dejen engañar: cuando un pleno municipal aprueba una resolución para pasarle el IBI a la Iglesia por tal o cual inmueble, seguramente lo que haya detrás es un partido buscando un titular fácil, pero no una mínima garantía de lograr el cobro. Para eso hay que girar el recibo y luego afrontar una batalla judicial.

La norma en los tribunales es la victoria de las sotanas. Ganó la Iglesia en el caso del hotel de Begur. En Miranda de Ebro (Burgos), el ayuntamiento cobró a la congregación de los Sagrados Corazones el importe de los recibos del IBI de 2011 a 2013 por los terrenos de la hospedería El Convento, un hotel de dos estrellas asentado sobre un antiguo convento franciscano. Un caso parecido al de Begur. La exención era por un total de 14 000 euros. El asunto acabó en el contencioso administrativo. ¿Adivinan quién ganó? La Iglesia. Antes, la institución ya había logrado, otra vez tras enfrentarse al Ayuntamiento de Miranda de Ebro en los tribunales, librarse del pago del IBI por un edificio de viviendas de la calle Alfonso VI[23]. En Huesca el intento de cobrar al Opus Dei el IBI por las casas de retiro anexas a la iglesia de Torreciudad también terminó en fiasco[24].

Si el alcalde valenciano Ribó ha sido el que más alto ha elevado la voz y los Concellos de Santa Águeda los que han dado la batalla judicial más tenaz, Navarra ha sido la comunidad que más lejos ha llegado en el terreno legislativo. Aquí ya no hablamos de un municipio lanzándose en plan kamikaze contra la coraza fiscal de la Iglesia. Lo de Navarra es todo un parlamento que, en el ejercicio de sus competencias forales, aprueba una modificación de la Ley de Haciendas Locales que pone límite a la exención del IBI, con efectos a 1 de enero de 2013. El vuelco normativo fue serio. Al mantener sólo la exención de los bienes «destinados al culto», se metía un bocado al chollo del IBI, porque se quedaban fuera todos los inmuebles en los que la Iglesia afirma llevar a cabo su famosa «labor social». Y, por supuesto, no habría bula para parkings y viviendas alquiladas.

La Iglesia posee en Navarra una influencia comparable a la de su patrimonio, disparado además por su frenesí inmatriculador. La modificación legal impulsada por la coalición Izquierda-Ezkerra y el PSN no era para tomársela a la ligera. Así que el Gobierno del PP se movió rápido. El Consejo de Ministros acordó, en julio de 2013, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. El Constitucional también actuó con diligencia. El Alto Tribunal, que acumula retrasos que superan los diez años, que dictó en 2012 la sentencia sobre la ley reguladora del matrimonio homosexual de 2005, que ha levantado críticas por su lentitud para resolver sobre asuntos de calado como el aborto, la organización del poder judicial o la doctrina Atutxa, en este caso parió la sentencia en diciembre de 2013. Fácil, rápido, limpio. Adiós a la ley navarra de un plumazo. Cambios de este calibre deben acometerse «en coordinación con el Estado», señalaba el fallo. ¡Zas!

Ni con iniciativas políticas, ni con el giro de recibos, ni con mociones municipales, ni con pleitos, ni con leyes. Ni Valencia, ni Allariz, ni Navarra, ni nada. El trato fiscal de favor a la Iglesia ha sido hasta la fecha un valladar casi inexpugnable. Casi.

El panadero de la Moreneta y el Women’secret de Cáritas

«Empezando por la monarquía y siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha pensado más que en sí mismo» (José Ortega y Gasset)

Escorca es un pueblito de poco más de 200 habitantes en la sierra de Tramontana, al norte de la isla de Mallorca. En 2011 fue elegido alcalde Antoni Solivellas, del PP, que sacó 142 de los 193 votos. Mayoría absolutísima en un ayuntamiento con recursos escasísimos. «Cojo yo directamente el teléfono. El interlocutor se queda muy sorprendido cuando me pregunta por el alcalde y le digo que está al aparato. […] Hago de auxiliar administrativo, hago fotocopias», explicaba aquel año en una entrevista para el Diario de Mallorca[25]. El relato que sale de la entrevista es el de un regidor que, como otros miles, se las ve y se las desea para atender las necesidades de un ayuntamiento en precario. En el caso de Escorca, un pueblo que recibe un importante caudal de turistas, pero que carece de ingresos para la cobertura en condiciones dignas de los servicios básicos.

El mayor atractivo local reside en el santuario. Cuenta la leyenda que un pastor y un monje encontraron la imagen de la Virgen de Lluc, la Moreneta, patrona de Mallorca, en un roquedal junto a un torrente. Se la llevaron a la parroquia de San Pedro de Escorca. Pronto se corrió la voz y los lugareños empezaron a llegar para venerarla. Pero la Virgen desapareció. Había regresado, Dios sabe cómo, a las inmediaciones de la zona donde habían dado con ella el pastor y el monje. Lo mismo ocurrió hasta dos veces más. Y claro, ante tal insistencia hubo que construir allí un santuario, a 400 metros de altura, para cobijar a la patrona. El origen de la capilla suele situarse en el siglo XII, lo que convierte a Lluc en el santuario mariano más antiguo de Baleares. El papa Juan XXIII declaró basílica menor en 1962 a la iglesia del monasterio donde pasa los días la Moreneta, lo que contribuyó a incrementar la bien ganada fama del santuario de Lluc como destino de peregrinos… Y quien dice peregrinos, dice turistas. Dinero.

El santuario es patrimonio del obispado de Mallorca, que encomienda su gestión a los Misioneros de los Sagrados Corazones. El prior es el responsable de la administración del santuario y de la antigua Escolanía de Blauets, así llamada por el azul de las túnicas de los niños que allí entonan la salve. Son populares sus actuaciones en Semana Santa o en los maitines de Navidad, cuando un miembro de la escolanía interpreta el Canto de la Sibila, que profetiza el fin del mundo. Hay una casa de espiritualidad y retiro. También un rincón de plegaria. Desde antiguo suben los fieles a pie en actitud de arrepentimiento por los pecados, rezando el rosario, entrando arrodillados a besar la santa figura. Allí aprovechan para orar, confesarse y comulgar bajo la mirada de la Reina de las Montañas.

Pero no todo es contrición. En la zona hay una gastronomía de miedo. Dicen que en Lluc se come el mejor cabrito de montaña de Mallorca y se bebe «s’aigo més fina», el agua más fina de la isla. Sa Fonda, Ca s’Amitger, Font Coberta, Café sa Plaça… Hay donde elegir. El entorno es idóneo para senderistas y cicloturistas. Una tienda ofrece panecillos, cocas con verdura y ensaimadas, además de artículos para un desavío, desde lo básico para la higiene personal hasta útiles para acampadas. En la tienda de souvenirs el peregrino puede adquirir una imagen bendecida. Si se hace de noche, la hospedería cuenta con 81 habitaciones y 39 apartamentos equipados con baño, cocina, televisión y calefacción. Los hay con vistas a la sierra de Tramontana. Una gozada.

Sí, en verdad aquel santuario es lo que en jerga contable se llamaría «un gran activo» de Escorca, ese pueblito en cuyo ayuntamiento el alcalde, entre llamadas de teléfono y fotocopias, se devanaba los sesos pensando en cómo rascar algo de pasta para reabrir la piscina municipal. Pero ahí estaba la exención del IBI, complicándolo todo.

La Iglesia no paga un euro por el santuario. No se le cobra a un espacio sagrado, no se le piden cuentas a la Reina de la Montaña. El acuerdo del 79 con la Santa Sede, la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Mecenazgo dan cobertura a una exención que nadie había osado tocar. Todo pintaba en contra del alcalde Solivellas, del PP para más señas. Pero él decidió nadar contra la corriente. ¿Cómo? Hizo lo que un alcalde tiene que hacer, lo que casi ningún alcalde hace cuando tiene que lidiar con la Iglesia: escudriñar. Vale, los edificios religiosos no pagan, pero… ¿Y esos otros? ¿Y esa panadería…?

Solivellas le empezó a pasar a la diócesis recibos del IBI. El obispado —doctrina Rouco— se opuso. El caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que tenía que centrarse en tres fincas: la panadería, la tienda de souvenirs y la hospedería. La Iglesia alegó que los negocios no eran en realidad negocios, sino meros accesorios de la actividad principal, la única y verdadera: el culto. Pero esta vez no coló. La sentencia, de junio de 2017, estableció que la panadería «no puede entenderse vinculada a la actividad de culto». La misma afirmación valía para los otros dos negocios. El fallo determinó además que la declaración como Bien de Interés Cultural de una parte del conjunto, las porxades, no hace «acreedor» de la exención a todo el inmueble[26].

La sentencia es especialmente relevante porque el obispado no la recurrió[27]. La dejó correr. No apeló ni ante el propio tribunal ni ante el Supremo. No se defendió como un gato con uñas y dientes. Prefirió aceptar una derrota y de paso evitar el riesgo de un fallo en instancias superiores que sentara una jurisprudencia extrapolable a todas sus panaderías, a todas sus hospederías, a todas sus tiendas de souvenirs.

El caso de Escorca ilustra los contrasentidos que envuelven la bula fiscal de la Iglesia. La victoria de Solivellas se cimenta en el hecho de que la explotación que hace la Iglesia de los negocios es directa. Si estuvieran alquilados, digamos como el hotel de Begur, otro gallo cantaría. ¿Conclusión? Los tribunales le marcan el camino más cómodo a la Iglesia. Si quiere explotar un inmueble sin pagar el IBI ni sufrir sobresaltos legales, lo único que tiene que hacer es ponerlo en alquiler, como hace con tantos aparcamientos, hoteles, viviendas, locales y hasta con un edificio noble de Madrid, frente a El Corte Inglés de Princesa, en cuyos bajos abren sus puertas un Uterqüe —la marca más selecta del grupo Inditex—, una farmacia y un Women’secret. El inmueble es propiedad del Seminario Conciliar de Burgo de Osma, las Madres Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Santísima Trinidad y Cáritas[28]. Así que el ayuntamiento no le saca un euro de IBI[29].

2.3 Estimaciones contra la opacidad: el caso del IBI

2.3 Estimaciones contra la opacidad: el caso del IBI

De las mareantes exenciones que disfruta la Iglesia, con 700 millones al año sólo en IBI. Del minucioso trabajo de Europa Laica, cuyas cuotas no le dan para alquilar sedes. Del pisazo con vistas de Rouco en Madrid, valorado en 1,5 millones

Cientos y miles de millones

«La Iglesia paga religiosamente sus impuestos» (Fernando Giménez Barriocanal)

La gran ventaja de la Iglesia es la opacidad. La CEE afirma desconocer cuántos bienes exentos de impuestos posee la institución. Con más celo aún custodia el dato de cuántos de ellos —como el sagrado parking y el divino hotel— le reportan beneficios sin pago de impuestos. La coartada para el silencio sobre el tema es la descentralización. Las diócesis tampoco facilitan esta información. El Estado no hace nada para despejar la equis. La única vía para empezar a desbrozar el tema es solicitar los listados de bienes exentos a los ayuntamientos, que rara vez colaboran. En la cacareada era de la transparencia, sería razonable que el Ministerio de Hacienda recopilara los datos de exenciones de todos los municipios de España. No tendría más que reclamar la información, que los consistorios deberían entregar. Un formulario similar para todos los ayuntamientos facilitaría las cosas. Así el Estado dispondría de información homogénea.

Pero no. Quizás es un problema de negligencia o de desidia, pecados civiles que la Iglesia rara vez comete. Hacienda lo quiere saber todo del currito pringao, pero, a la hora de enterarse de las andanzas de las grandes fortunas —y la Iglesia es la más extraña de las grandes fortunas—, de repente todo es laxitud. La Santa Madre vive en un permanente estado de amnistía fiscal. Amnistía, impunidad, inmunidad y opacidad consentidas. Así que sobre el montante económico global que las arcas públicas dejan de ingresar por las exenciones fiscales a la Iglesia sólo hay estimaciones. Europa Laica, la organización civil que más esfuerzos ha dedicado a su cuantificación, calcula que entre todos los impuestos —Sociedades, Obras, Transmisiones, Patrimonio, IBI…— la cifra ronda los 2000 millones al año. Circulan además numerosas aproximaciones de partidos políticos o fundaciones como la Francesc Ferrer i Guàrdia. Todas apuntan a exenciones multimillonarias. Juezas y Jueces para la Democracia ha estimado en 3000 millones el menoscabo anual que las exenciones a la Iglesia suponen para las arcas públicas[30].

No es fácil obtener el dato en el caso del IBI, el principal impuesto de recaudación municipal. Pero algunas estimaciones merecen atención. Europa Laica calcula que son 700 millones al año, incluyendo bienes rústicos y urbanos, destinados al culto o no. El Blog Salmón, especializado en temas fiscales, realizó una estimación en 2012 según la cual serían 600-650 millones en bienes no destinados al culto[31]. Una aproximación ciudad por ciudad da verosimilitud a estos cálculos. Empecemos por las cinco mayores, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, donde las exenciones por el IBI a la Iglesia, según datos de los propios ayuntamientos, superan los 15 millones al año. Por la falta de detalle y por la disparidad metodológica, hay que poner la cifra entre comillas. Pero sirve para ir haciéndonos una idea. Hay más. Un listado oficial de bienes de la Iglesia exentos en Córdoba incluye 443, que suponen una merma de ingresos de 1,25 millones. La Santa Madre posee en la ciudad califal más inmuebles libres de IBI que el propio ayuntamiento (309), la Junta (90), las fundaciones (377) o la universidad (20). Europa Laica ha recopilado datos de decenas de municipios. Por ejemplo: Málaga, 2,1 millones de euros; Salamanca, 2 millones; Murcia, 700 000; Jerez de la Frontera (Cádiz), 500 000; Jaén, 327 000; Bormujos (Sevilla), 323 588; Getafe (Madrid), 260 000; Ciudad Real, 258 000; Torremolinos (Málaga), 251 846; Dos Hermanas (Sevilla), 188 549. Y un largo etcétera.

Faltan, claro que faltan. No se han publicado los datos oficiales de ayuntamientos como Toledo, donde las exenciones son probablemente millonarias. A las ausencias se suma la falta de homogeneidad de los datos. A pesar de las limitaciones y carencias, Europa Laica se ha ganado con su minuciosidad el crédito de su estimación del total exento de IBI de la Iglesia en España: 700 millones al año. Porque no sólo ha ido ciudad a ciudad, sino pueblo a pueblo, recopilando de los ayuntamientos listados de bienes exentos y peleándose después con el catastro, el registro de la propiedad y Google Maps para ir cartografiando lo que pertenece a la Iglesia. Por Europa Laica sabemos que en Almonte, donde se encuentra El Rocío, destino famoso por su peregrinación anual, las exenciones superan los 84 000 euros anuales. El caso de la aldea rociera es singular. Hay una veintena de hermandades exentas del pago. El ayuntamiento, económicamente en apuros, ha girado recibos en más de una ocasión, pero la justicia estableció que una hermandad no es una asociación sin más, sino una entidad cuya misión es «fomentar el espíritu de conversión personal y una vida cristiana más profunda»[32]. Conociendo la dimensión lúdica de la romería, que tantas veces prevalece sobre la religiosa, dan ganas de componer una sonrisilla maliciosa.

El trabajo de Europa Laica recopilando exenciones del IBI abarca desde Xeraco (Valencia), con 2000 euros exentos, hasta Las Torres de Cotillas (Murcia), con 4380, pasando por Soportújar (Granada), donde cada año dejan de entrar en las arcas públicas 298 euros, con lo que saldría a más de un euro por cada uno de sus 277 habitantes. Pese a su escasez de recursos y su desigual implantación territorial, Europa Laica constituye una de las iniciativas más meritorias del asociacionismo español. De hecho, se ha tomado la denuncia de los excesos de la bula fiscal de la Iglesia más en serio que los propios ayuntamientos, que deberían ser los primeros interesados, dada la situación de ruina de muchos de ellos. Aún hoy hay al menos nueve municipios de más de 20 000 habitantes al borde de la quiebra, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hay en total más de una treintena en riesgo de insolvencia.

Cierta vez le pregunté a Francisco Delgado, presidente de Europa Laica de 2007 a 2017, si pagaban el IBI por sus sedes. «No nos dan las cuotas para sedes», me respondió[33]. A la Iglesia católica, si tuviera que vivir sólo de sus fieles, tampoco le daría.

Monseñor Okupa

«No podéis servir a Dios y a las riquezas» (Jesús de Nazaret)

A Rouco no le sentó nada bien que el argentino Bergoglio, tan permeable a la lluvia fina del relativismo, fuera elegido papa. Pero el mayor revés se lo llevó cuando, en agosto de 2014, el pontífice lo relevó del arzobispado de Madrid, su sala de mandos, el fortín de su poder, el laboratorio de su Iglesia numantina. Rouco aceptó a regañadientes. Pero sólo formalmente. Y formalmente Carlos Osoro pasó a ser arzobispo de Madrid. Formalmente.

Porque Rouco seguía allí. Enrabietado, convencido de que la Iglesia no había recompensado con justeza sus servicios, no se movía del Palacio Episcopal. Su casa, su tesoro. No se iba. Osoro, hombre esquivo a la confrontación, encajó la indisciplina de su predecesor con estoicismo. Asumió la humillación de seguir viviendo en Aravaca, en vez de mudarse a la residencia oficial. Pasaban los meses. Y Rouco no se iba. Ya saben: como decía Woody Allen, «comedia es igual a tragedia más tiempo». La situación empezaba a ser ridícula. El arzobispo en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Aravaca, Monseñor Okupa en la sede episcopal. Y pasaban los meses.

A primeros de febrero de 2015 empezaron a circular rumores. Al parecer Rouco se iba, pero no demasiado lejos de la sede episcopal de San Justo. Los encargados de la mudanza trasladaban enseres hasta un edificio de la calle Bailén, a unos minutos a pie. ¿Adónde iba Rouco? No tardó en abrirse la caja de los truenos. A las redacciones de los medios empezaron a llegar datos de la nueva residencia de Rouco, obra del arquitecto Julio Cano Lasso. Y todos casaban mal con la «Iglesia pobre y para los pobres» que predica Francisco. Ahí va la descripción: seis habitaciones, dos de ellas en zona de servicio, y cuatro cuartos de baño. La habitación principal cuenta con baño y vestidor. La amplia terraza ofrece unas impresionantes vistas de Madrid. El piso tiene 370 metros cuadrados. Rouco se mudaba allí acompañado de dos religiosas, que se encargarían de los menesteres domésticos, y de un sacerdote que haría de secretario. Sólo había abandonado la sede oficial una vez acometida una obra de reforma en su nueva residencia, pagada por la propia diócesis, con un coste de al menos 370 000 euros.

No, aquel no era el plano de una casa franciscana[34]. Distintas informaciones valoraban el inmueble en alrededor de 1,5 millones de euros[35]. Uf, qué apuro, ¿no? Mientras el papa preconizaba una Iglesia dispuesta a lavar los pies de los harapientos, Rouco se acomodaba en un piso de alto standing. Mientras que Francisco prodigaba gestos de humildad, Rouco podía disfrutar a través de sus gafas ahumadas de la hermosa vista de la basílica de San Francisco el Grande. Mientras el obispo de Roma se decía servidor de los desheredados, Rouco entraba con su servicio a vivir en un lujoso apartamento. Rouco, que en la asamblea plenaria de los obispos españoles de 2012 había defendido que la salida de la crisis requería «apartarse de la codicia y de la acumulación de bienes», estaba cerrando su ciclo de poder con un gesto inequívocamente teocón.

El exarzobispo calló ante el vendaval de filtraciones y críticas. El arzobispado emitió una nota escuetísima: «La nueva dirección de la residencia del Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, será: C/Bailén, 12 8.º dcha.». Algunos medios se abalanzaron sobre el escándalo, franqueando incluso la línea del escarnecimiento personal. Interviú publicó un reportaje subrayando el contraste entre la opulencia de Rouco y la pobreza de su sobrina Magdalena, que vivía «con su marido, tres hijos de catorce, doce y cuatro años y su madre», durmiendo «en colchones tirados en el suelo en una infravivienda con paredes llenas de moho»[36]. En el colmo del sarcasmo, Magdalena recibía como ayuda 30 euros al mes de Cáritas.

Las noticias del piso del arzobispo, quizá producto de la venganza de alguno de los adversarios internos que Rouco había dejado en la cuneta, causaron embarazo en la Iglesia. Los cristianos de base se revolvieron. La Asociación de Teólogos Juan XXIII, las Comunidades Populares, la Federación de Mujeres y Teología, el Movimiento Pro Celibato Opcional, el Grupo de Sábados Bíblicos, Comunidade Home Novo, la Corriente Somos Iglesia… Toda esa base de organizaciones cristianas, habitualmente en segundo o tercer plano, agregadas en Redes Cristianas, alzó la voz contra el piso de Rouco. Se dijo de todo: que era contrario a los valores cristianos, que era un misil en la línea de flotación de la renovación papal, que era un acto de hipocresía…

También se dijo que, ojo, aquello podía incluso lesionar la marca de la Iglesia hasta el punto de provocar una rebaja en el número de casillas católicas marcadas en la declaración de la renta. Y con eso no se juega. Tanto Osoro como Blázquez concedieron entrevistas para aplacar la polémica, con acierto discutible. «En algún sitio tenía que vivir», dijo el primero en Antena 3[37]. Bueno, no es que fuera muy convincente. En cualquier caso, si a los jerarcas de la Iglesia les preocupaba el impacto que el caso Rouco pudiera tener en su asignación vía IRPF, exageraban. El número de declaraciones a favor de la Iglesia de aquella campaña aumentó en 23 174, hasta situarse en 7 291 771. No sabemos si tienen el cielo ganado, pero todos y cada uno de ellos pueden contar con la intercesión de Rouco, que los tendrá presentes en sus oraciones desde su apartamento libre de IBI[38][39].

III. El sumidero

III

EL SUMIDERO

3.1. IRPF: la Iglesia somos todos

3.1. IRPF: la Iglesia somos todos

De cómo los que marcan la equis católica deciden, sin poner un euro más de su bolsillo, lo que pagan a la Iglesia ateos, judíos, agnósticos y musulmanes. De los 5000 millones de financiación directa en democracia, una ínfima parte de lo entregado en total. De Zapatero, un laicista tan peligroso que le subió a la Iglesia más de un 33 por 100 la aportación por cada equis para llegar a 250 millones de euros al año. De lo lejos que estamos de Alemania, de Reino Unido y por supuesto de Francia

Generosidad con el dinero del prójimo

«Hacienda somos todos» (campaña de Hacienda en 1978)

¿Cree usted en la existencia de Dios? ¿En la divina concepción? ¿Y en la resurrección de la carne? Bueno, no hace falta llegar a tales profundidades. ¿Opina que la Iglesia desarrolla una función encomiable? Quizá la respuesta sea negativa. Quizá crea, de hecho, que despliega una influencia perniciosa. Dependerá de la opinión que le merezcan los principios y valores que defiende la Iglesia, partidaria de la caridad con los pobres, que puede tener un pase, pero también obstinada en tachar a los homosexuales como pecadores o descarriados, y a las mujeres que abortan, poco menos que como asesinas. ¿Cree que la actividad en España de esta institución, cuya jerarquía en todo el mundo se ha aplicado durante décadas al esmerado encubrimiento de miles de casos de pederastia, debe ser sustentada con fondos públicos? ¿U opina que lo lógico es que dependa de los fondos de su feligresía y que con su pan se la coman?

Son preguntas retóricas. Su voluntad aquí no pinta nada. Ya está todo decidido.

Ateos, judíos, católicos y evangélicos. Agnósticos, musulmanes, raelianos y hasta cienciólogos. Laicos y fanáticos o indiferentes. Anticlericales de libro y nostálgicos del nacionalcatolicismo. Conservadores y progresistas, ricos y pobres, mujeres y hombres, comunistas y liberales, socialdemócratas y democristianos. Castos y promiscuos. Desde el obispo de Tui hasta el más fervoroso adorador de Satán. Todos, absolutamente todos los contribuyentes en España, del primero al último, aportan dinero para financiar a la Iglesia católica. Quieran o no, pagan para sostener el funcionamiento de la Iglesia igual que pagan para que abra el ambulatorio de su barrio o el colegio de sus hijos. Deben pagar sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales o intersexuales, aunque la Iglesia ni siquiera acepte cuatro de estas cinco condiciones. Pagan y punto. Ya lo han decidido otros. Y eso va a misa. Los católicos deciden, todos pagan. «Hacienda somos todos», decía aquella campaña. La Iglesia sí que somos todos.

Desde 1978 hasta 2016, último año del que hay datos oficiales, la Iglesia ha recibido vía asignación tributaria, más las entregas presupuestarias para suplirla o compensarla, unos 5000 millones de euros. Ojo, esto es sólo con la financiación directa, que no es ni mucho menos la mayor: en un solo año se beneficia de más dinero público sumando subvenciones, exenciones y conciertos que en toda la historia democrática vía IRPF. Aunque 5000 millones no es moco de pavo —sobre todo teniendo en cuenta que he obtenido la cifra pasando de pesetas a euros cantidades como la de 1978, sin considerar el cambio del valor del dinero—, lo relevante de la asignación directa de fondos del Estado a la Iglesia es más cualitativo que cuantitativo. Es el enlace que implica entre el poder civil y el religioso. Es el establecimiento de un mecanismo para pagarle a una institución religiosa privada su funcionamiento con cargo al erario público. Es la consideración de servicio público que se acaba atribuyendo a la religión.

La fórmula para garantizar a la Iglesia este pastizal ha ido transformándose, siempre para mayor beneficio de la institución religiosa, que tiene hoy más asegurado el caudal que a la salida del franquismo. El Estado se tomó con calma la implantación del sistema de asignación tributaria previsto en el acuerdo de 1979, heredero del Concordato, a su vez arraigado en dos siglos de entrañamiento Iglesia-Estado. Tras una década de aportaciones presupuestarias directas, la concreción del modelo de financiación vía IRPF no se produjo hasta 1988, desbordando los tres años previstos para la transición. El sistema grosso modo consistió en lo siguiente: los contribuyentes que así lo deseen, pueden marcar una equis en la llamada «casilla de la Iglesia», lo cual obliga a Hacienda a destinar un porcentaje de la cuota íntegra resultante, que en principio fue de un 0,5239 por 100, a la institución religiosa. El mecanismo se diseñó de forma que el contribuyente que marque la equis no tiene que poner más de su bolsillo. Tampoco se le devuelve menos, en caso de que se le devuelva. No. Se trata de que el Estado calcule, en función del número de equis, cuánto dedica a la Iglesia del total recaudado. Es decir, dinero público. Millones que dejan de ir a sanidad, educación, defensa, ciencia o carreteras.

¿Por qué se eligió este modelo? Sencillo: la Iglesia no se fía, jamás se ha fiado, de la generosidad de sus fieles. Es decir, sí tiene plena confianza en la dadivosidad de su rebaño, pero, ojo, en su generosidad con el dinero del prójimo, no con el propio. Con el sistema elegido, los católicos —bueno, los que marcan la equis de la Iglesia— deciden cuánto aporta el conjunto de la ciudadanía, pero sin poner un euro más ellos mismos. Había otras opciones, pero la Iglesia jamás las ha querido. Como el modelo alemán. En Alemania, el impuesto religioso, o Kirchensteuer, implica un recargo individual en los impuestos estatales sobre la renta y los rendimientos de trabajo. Su porcentaje oscila entre el 8 y el 10 por 100 de la cuota. Es dinero que el contribuyente pone de más. Ahora bien, si no quiere pagarlo, puede renunciar a hacerlo, con lo que a la par renuncia a la confesión religiosa, perdiendo el derecho a recibir asistencia espiritual. Hay una decisión individual, adulta, que supone asumir responsabilidad y coste. Una especie de apostasía religioso-tributaria. Este modelo nos acercaría a una verdadera financiación a través de los fieles. Pero, a la vez, pondría a la Iglesia española ante el verdadero espejo de la realidad. ¿Y si, al trasladar a España la vinculación de las listas de los fieles con la del fisco, se hundieran las dos a la vez? Es un riesgo.

En su artículo «La financiación de las religiones en el espacio europeo: raíces públicas de la financiación de las confesiones religiosas en una Europa laica», el catedrático de Derecho Público Alejandro Torres anota que el modelo alemán ofrece a la Iglesia la posibilidad de unos ingresos vía IRPF superiores a los actuales, incluso con una caída del número de equis católicas[1]. Su implantación le permitiría además argumentar, entonces sí con algo de base, aquello de que el dinero que le llega de las declaraciones de la renta proviene de sus fieles. Al mismo tiempo el modelo sería exportable al resto de confesiones, con lo que se eliminaría la discriminación por la existencia de una única casilla religiosa, la católica. De adoptar con éxito el sistema alemán, la Iglesia española se apuntaría un tanto en todos los sentidos. ¿Entonces? ¿Por qué no se ha abierto paso? Sencillo: porque el modelo alemán podría evidenciar a las claras la secularización de la sociedad. Además, la recaudación con el modelo germánico es más permeable a caídas en tiempos de crisis, y España es un país camino de la crisis permanente. Tampoco resulta apetitoso para la Iglesia que haya una facilitación de la apostasía, que actualmente reclama unos trámites dificultosos y disuasorios. La jerarquía española rechaza, además, situarse en pie de igualdad con el resto de confesiones del país.

Y, por supuesto, existe otra razón. Una eventual subida de la recaudación podría llegar a compensar los problemas antedichos, de acuerdo, pero ¿por qué arriesgar? Al fin y al cabo, el IRPF es la vía más evidente de financiación pública de la Iglesia católica, pero cuantitativamente, no nos engañemos, supone un porcentaje muy escaso del total de recursos que la institución pesca de las administraciones[2].

Tan lejos del vecino francés

«La patria de un cristiano no es de este mundo» (Miguel de Unamuno)

España no es un Estado laico, ni laicista. Es no confesional, lo cual ha configurado un modelo asimétrico en el que los privilegios se disfrazan de derechos sin llamar mucho la atención y los agravios adquieren perfecta legitimidad democrática. Como colofón, el dinero público fluye por múltiples vías, directas e indirectas, hacia la Iglesia.

Encajemos el modelo made in Spain en el mapa europeo de la financiación de las Iglesias. Siguiendo con el artículo de Torres, nos encontramos primero con el modelo de financiación directa mediante dotación presupuestaria de Grecia, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria o Rumanía. Este modelo es el más antiestético. Demasiado directo, demasiado obvio, demasiado innegable. Demasiado confesional. Es la forma histórica de financiación de la Iglesia en España, donde la asignación directa llegó a alcanzar —poca broma— el 12 por 100 del presupuesto total del Estado en el siglo XIX. Aquello no se podía sostener. La propia evolución lampedusiana de las relaciones entre el Estado y la Iglesia llevó de forma natural a la supresión de la asignación directa, prevista ya en el acuerdo de 1979. Pero dicha supresión no llegó ni repentinamente ni en forma de eliminación del privilegio, sino de sustitución de este por otro que acabó siendo mayor, al conceder Zapatero en 2006 el 0,7 por 100 de la casilla tributaria sin cuestionar el amplio catálogo de subvenciones, exenciones y partidas presupuestarias específicas que acaban en las arcas de la Iglesia.

Así era fácil suprimir la asignación directa, claro. Así es como pierde, las pocas veces que pierde, la Iglesia católica en España: ganando.

Otra fórmula. Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia financian a las confesiones mediante impuestos eclesiásticos, en los que media la voluntad de todos los contribuyentes. Aunque con limitaciones e incongruencias, como poner la administración tributaria al servicio de las organizaciones religiosas, es un modelo más maduro, que funciona sin sobresaltos en las democracias donde está implantado, entre ellas las nórdicas, eficaces en la armonización de intereses encontrados.

Existen países que han avanzado con decisión hacia la eliminación de cualquier financiación directa del Estado a las confesiones. Retomando a Torres, podemos enlistar ahí al Reino Unido, donde no existe una dotación presupuestaria para pagar sueldos o pensiones del clero, ni tampoco el mantenimiento de las organizaciones. Incluso la conservación del patrimonio corre en un inmenso porcentaje por cuenta de las Iglesias. En Irlanda la Constitución explicita que «el Estado se compromete a no subvencionar ninguna religión». Chipre también está en este club, cuyos miembros, hay que subrayarlo, no están libres ni de financiación indirecta a las Iglesias ni de la pervivencia de rasgos de confesionalidad simbólica e institucional. Baste decir que la reina Isabel II es «gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra». En resumen, que cada cual lleva lo suyo, si bien en los países ahora mencionados no puede decirse, como en España, que la Iglesia de referencia ancla sus privilegios en su aportación a la victoria y consolidación de un dictador al que enterró bajo una inmensa cruz en pleno siglo XX.

Fuera de Europa, Estados Unidos asienta su fórmula en dos cláusulas: la establishment clause, que prohíbe vincular al Estado con religión alguna, y la free exercise clause, que protege la libertad religiosa. «El motor de este sistema de financiación es el generoso régimen de beneficios fiscales a las donaciones. De este modo se invita al individuo a llevar a cabo donaciones y se logra un mentalización de este […] y una autosuficiencia financiera», señala Rafael Martínez en «La financiación de las confesiones religiosas en España». Su conclusión es que el modelo español presenta un notable «atraso» en derecho comparado porque ancla la financiación de la Iglesia en el Estado y evita promover entre los fieles una cultura del pago[3].

Y luego está Francia. Otra liga. País laico por antonomasia, tiende sin titubeos a una perfecta separación entre la Iglesia y el Estado. Su Constitución de 1958 dice: «Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias». Una formulación impecable. Pero aisladamente no alcanza todo su potencial. Hay que ponerla a la luz de su Ley de Separación de 1905, que establecía, en la célebre sentencia que consagra el laicismo como única religión de Estado: «La República no reconoce, no paga, ni subsidia religión alguna». Al margen de deducciones fiscales por donaciones y ciertas exenciones, su aproximación al ideal de independencia económica de la confesión religiosa tiende a la perfección. España está a años luz.

Dinero garantizado

«Creo en Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra» (Credo)

En el poco tiempo que le dejaban libre a ZP las tareas de romper España, vender Navarra a ETA y resucitar el guerracivilismo, el presidente rojo se dedicaba a destruir los cimientos de la civilización cristiana. Bueno, más o menos esa era la caricatura…

Zapatero es «ateo, agnóstico, mahometano o lo que sea», afirmaba en 2010 José Manuel Soria, luego ministro caído en desgracia por los papeles de Panamá. El presidente de las cejas circunflejas está provocando «una resurrección del laicismo radical», afirmó Rouco por las mismas fechas. Todas las ideas que alumbraba la mente de aquel presidente atolondrado por el relativismo eran una afrenta a la recta moral: feminismo, aborto, matrimonio homosexual, Alianza de Civilizaciones… El propio Zapatero había alentado el mito del líder rompedor en materia religiosa. Ya en 2000, recién elegido secretario general del PSOE, declaraba a El País: «Quiero una España laica»[4]. Sí, parecía que con Zapatero en la Moncloa podían llegar los cambios anhelados por la izquierda en cuanto a la relación Estado-Iglesia. Quizás una revisión de los acuerdos del 79. O una rebaja significativa de la financiación pública. A lo mejor se avanzaba en la postergada autofinanciación. O se obligaba a la Iglesia a publicar su patrimonio…

Pero no. Con ZP hubo cambios, pero en sentido opuesto. Sus predecesores ya le habían allanado el camino. Felipe González (1982-1996) había sido timorato. Pesaba en su memoria el coste que la República había pagado por su drástico enfoque de la «cuestión religiosa». La Iglesia le debe a González la implantación del sistema de asignación vía IRPF, con el 0,5239 por 100 de cada equis. Tal como pretendía la Iglesia, no se estableció un recargo, como en la Alemania federal o en Austria. El sistema tenía una ventaja añadida para la Iglesia. Si todo fallaba, el Estado acudiría en ademán salvador. De este modo, el cambio de modelo del 88 implicaba la apertura de un periodo de transición —otro más— durante el cual, junto a la asignación por el IRPF, se mantendría la asignación presupuestaria, que en 1987 había sido de 13 354 millones de pesetas. La consigna era que bajo ningún concepto la Iglesia se quedara sin dinero. Si los fieles fallaban, allí estaba el Estado. Las sucesivas leyes de presupuestos desde 1988 incorporaban una cláusula que elevaba a definitivas las cantidades entregadas a cuenta, que eran mayores que las efectivamente recaudadas para la Iglesia. Un seguro de vida.

En 1988, a la par que la casilla de la Iglesia, se incorporó otra: la de fines sociales, de la que se beneficia un ejército de ONG vinculadas a la Iglesia. Con José María Aznar (1996-2004) el Gobierno accedió a que se pudieran marcar las dos casillas a la vez, de forma que los contribuyentes no tuvieran que elegir. Esto tiene más importancia de la aparente. La elección implicaba una disyuntiva entre «fines religiosos» y «fines sociales». La adición supera esta dicotomía y permite al religioso marcar ambas, y al solidario también. Y sin poner un euro de más. Con Aznar también se introdujo otra perla: la cuantificación del mínimo de la entrega mensual a cuenta a la Iglesia: 1776,6 millones de pesetas. El total anual superaría en cualquier caso los 21 319,6 millones de pesetas y se actualizaría anualmente. Con tanto salvavidas, la supuesta decisión de los fieles era un mito, una simple validación de una decisión presupuestaria ya adoptada.

Así que la Iglesia ya tenía garantizada su asignación vía IRPF, más su asignación presupuestaria, más la financiación de sus ONG vía fines sociales, más la coartada de dicha casilla para argumentar que no tenía privilegios, más la ventaja de que nadie tuviera que elegir entre la casilla social y la católica… Bajo la apariencia de un sistema de asignación tributaria, vivía en realidad de una dotación presupuestaria encubierta. El Estado le aportaba el dinero mes a mes para garantizarle la liquidez, no fuera a quedarse la institución corta de cash. Nunca pidió el Gobierno a la Iglesia a final de año la devolución del dinero de más entregado a cuenta.

Todo ello al margen de un sinfín de privilegios económicos añadidos, especialmente en el campo educativo. ¿Qué más podían esperar obispos y cardenales?

Pues llegó Zapatero el rojo a la Moncloa. Era 2004. Un año después ya tenía a Rouco —agrio el gesto, ahumadas las gafas— manifestándose en la calle contra las bodas gays. Los medios conservadores y católicos, que abarcan un amplio espectro del quiosco, la radio y la televisión, clamaban contra el presidente, que en paralelo tenía que aguantar día sí y día también unas acusaciones que lo situaban como muñidor en la sombra de una especie de conjura con ETA, los servicios secretos marroquíes y no sé quién más para preparar el 11-M. No, aunque habían pasado 27 años desde los acuerdos del 79, a Zapatero le pareció que tampoco era buen momento para ponerse firme con la Iglesia.

Con enemigos así…

«¿Pero qué quiere Rajoy, que hagamos las leyes que quiere el papa?» (José Luis Rodríguez Zapatero)

La bomba cayó un viernes 22 de septiembre de 2006. La encargada de anunciar el acuerdo fue la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras la habitual rueda de prensa del Consejo de Ministros. La asignación vía IRPF a la Iglesia pasaba del 0,5239 al 0,7 por 100, una subida de más del 33 por 100[5].

El acuerdo adoptó la forma de un «Intercambio de Notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores». Un pacto bilateral, de mutua confianza entre las partes, que realizaban una reinterpretación de los acuerdos del 79. El Gobierno se comprometía a introducir en los presupuestos una disposición adicional con la elevación de la asignación al 0,7. A la institución católica no se le pasaba factura por los años de transitoriedad. Se mantenía la convivencia entre la casilla de la Iglesia y la de fines sociales. Lo entregado nada interfería con lo que la Iglesia percibe por otras vías, como la educativa. El acuerdo era tan favorable a la Iglesia que provocó críticas no sólo de la izquierda, las confesiones minoritarias y los sectores laicistas, sino de colectivos eclesiales de base, que advirtieron que generaba una falsa apariencia de autonomía, cuando en realidad alejaba aún más la autofinanciación. Pero ni con todo ello los jerarcas se quedaron tranquilos. El acuerdo tiene «riesgos», declaró el portavoz de la CEE, Martínez Camino. La estrategia habitual: jamás, jamás, jamás admitir que se goza de privilegios, nunca celebrar una cesión del Gobierno. Sólo el tiempo nos ha permitido calibrar la dimensión del éxito que se apuntó la Iglesia aquel viernes de septiembre.

Basten algunos números. En 1988, primer año con el sistema mixto —asignación tributaria más presupuestaria—, la Iglesia había recibido, haciendo el cambio de pesetas a euros, 83,1 millones. La evolución de lo recaudado por la institución católica siguió una línea creciente, aunque con algún altibajo, hasta los 174 millones. Con la entrada en vigor del modelo ZP, la asignación se disparó. El porcentaje de equis católicas sobre el total de declaraciones pasó del 33,45 al 34,38 por 100, sólo 0,93 puntos más. Pero la recaudación alcanzó los 241,3 millones, un 38,6 por 100 más. Era una cantidad que la Iglesia ni soñaba con el modelo anterior. Desde entonces, en los últimos diez ejercicios fiscales, la Iglesia ha recibido una media que ronda los 250 millones al año. Comparemos. Con la reforma de Zapatero, que arranca en 2007 y de la que ahora mismo sólo conocemos los datos hasta 2016, ha recibido unos 2500 millones. Y eso dejando al margen lo asignado a ONG católicas, exenciones, dinero para colegios y hospitales, profesores y capellanes pagados con dinero público, conservación de monumentos…

El sistema permite además a la Iglesia insistir en que se financia gracias a «la voluntad de los fieles», con una utilización equívoca de la palabra «voluntad». Se trata aquí de la voluntad que los que marcan la equis imponen a todos. Zapatero dio a la Iglesia más dinero y más argumentos. Con enemigos así, ¿quién necesita amigos?

3.2. Favores y mentiras

3.2. Favores y mentiras

Del destino del dinero de la casilla católica, del que la inmensa mayoría se dedica a pagar sueldos y llega más a Trece que a Cáritas. De las manipulaciones de la Conferencia Episcopal, que dice que el dinero del IRPF viene de sus fieles, pero luego le dice a sus fieles que marcar la casilla les sale gratis. De la farsa de la autofinanciación, la transparencia y la renuncia a la exención del IVA

Ni transparencia, ni autofinanciación, ni renuncia

«La verdad os hará libres» (Jesús de Nazaret)

La vicepresidenta De la Vega proclamó las que se suponía que eran las grandes ventajas del acuerdo de 2006: que aportaba transparencia y que avanzaba hacia la autofinanciación de la Iglesia. Ni una afirmación ni la otra resisten un mínimo análisis[6].

¿Transparencia? La memoria justificativa anual que la CEE debe presentar ante el Ministerio de Justicia desde aquel acuerdo es una suma sin detallar de conceptos vagos, que además no son objeto de fiscalización[7]. Lo que la Iglesia dice de sí misma se da por bueno y punto. La autoridad pública podría inspeccionar, pedir información adicional, someterla a contradicción. Incluso sancionar. Nada de eso le ocurre a la Iglesia, la niña mimada de todas las autoridades de control económico. Su memoria es una engañifa. Resulta sarcástico que, mientras se ensalzaba la «transparencia» del acuerdo, las diócesis estuvieran en pleno frenesí inmatriculador, inscribiendo a su nombre bienes de titularidad confusa con total secretismo. Sí, en marzo de 2006, mientras se negociaba tan «transparente» acuerdo, el obispado de Córdoba se apropió de la mezquita sin decir ni pío.

Más de una década después, el patrimonio eclesial sigue oculto. Esa sí hubiera sido una contrapartida seria: que Zapatero hubiera obligado a la Iglesia a entregar los listados de los bienes en cada diócesis, con la actividad a la que se dedica cada uno, para facilitar la tarea recaudadora. El Ejecutivo tenía herramientas para presionar. No era necesario llegar hasta la amenaza de liquidar los acuerdos del 79, finiquitar los conciertos educativos o cualquier otra medida drástica. Pudo bastar con cerrar el periodo transitorio abierto en 1988 y poner fin a la asignación presupuestaria, dejando a la Iglesia a solas con su 0,5239 por 100. Y desde ahí negociar un nuevo marco. Pero no lo hizo. ¿Intentó ZP comprar la paz de las sotanas con aquel acuerdo? Es una hipótesis razonable.

Un avance hacia la autofinanciación, dijo también De la Vega. ¿Pero cómo va a «sentar las bases» —esas fueron sus palabras— de la financiación autónoma de la Iglesia un acuerdo que obliga a todos los españoles, al margen de sus creencias, a pagar a la institución católica año tras año una cantidad aún mayor que antes? El contrasentido es tan monumental que no merece comentario. El artículo 2.5 del acuerdo económico del 79 decía: «La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades». Es obvio que el modelo de asignación vigente desde 2007 supone un incumplimiento claro de la esencia del pacto. Si la letra queda a salvo es por la astuta redacción: un «propósito» no puede vulnerarse, en todo caso posponerse… Cada coma de aquellos acuerdos cubre las espaldas de la Iglesia.

La autofinanciación, que siempre ha sido más una incierta promesa de futuro que un objetivo real, pasó con el cambio de modelo a ser una quimera. El Gobierno no exigió a la Iglesia contrapartidas que hubieran orientado la situación hacia una posible autofinanciación. Se podía haber dejado de pagar el sueldo de los profesores de Religión, por ejemplo. Se podía haber establecido alguna limitación a las subvenciones. Era posible haber retocado las casillas para que, desde entonces, las ONG vinculadas a la Iglesia dejaran de financiarse a través de fines sociales y empezaran a hacerlo a través de la equis católica. Por supuesto, se pudo elegir un modelo de financiación tipo alemán, no digamos ya establecer una relación Iglesia-Estado de tipo francés. Había opciones, en fin, de «sentar las bases» de la autofinanciación. Pero se eligió vincular el mantenimiento de la Santa Madre al presupuesto público, del que se detraen los recursos para pagarles las nóminas a curas y obispos. ¿Qué tiene eso de autofinanciación? El modelo dificulta la tarea de mentalización de los fieles en la idea de que algún día —a este paso dentro de tres o cuatro siglos— deberán hacerse cargo del sostenimiento de la institución a la que fían la esperanza de la vida eterna. ¿Para qué se van a mentalizar de que deben aflojar el dinero, si ya lo garantiza el Estado incluso cuando gobiernan los socialistas?

Hay otro camelo en la forma en que se envolvió el acuerdo de 2006. Se trata de la supuesta «renuncia» de la Iglesia a la exención del IVA. Tanto los portavoces del Gobierno como los obispos salieron en tropel a proclamar que el acuerdo había sido fruto de cesiones de ambas partes. La mayor, por parte de los purpurados, habría sido la de la exención del IVA. La verdad es que no hubo renuncia. Lo que ocurría es que la UE obligaba a España a eliminar la exención del IVA a la Iglesia, porque era contraria a los principios económicos del club comunitario. Así de sencillo. Si hubo «renuncia» de la Iglesia a la exención del IVA, también el conductor multado por exceso de velocidad «renuncia» a los 150 euros. Tanto el Gobierno como la Conferencia Episcopal presentaron como un pacto de contrapartidas lo que en realidad era una compensación con dinero público por la obligación del cumplimiento de un imperativo legal.

La Comisión de las Comunidades Europeas ya había dirigido en 1989 un escrito de queja a España por una orden ministerial de Hacienda que establecía la exención del IVA a la Iglesia. La orden incumplía los preceptos recogidos en la directiva europea de 1977 para armonizar las leyes nacionales en materia de impuestos sobre la cifra de negocio. Traducción: Europa le decía a España, ya en 1989, que su barra libre para con la Iglesia era incompatible con el principio de igualdad fiscal.

Las instituciones del Estado español han sido siempre laxas a la hora de interpretar sus propias reglas en relación con la Iglesia. La consigna ha sido: manga ancha. Por ejemplo, el artículo 31 de la Constitución dice: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad […]». Pero si Fulanito marca con la equis la casilla de la Iglesia, no está contribuyendo con el 100 por 100, sino con el 99,3 por 100. ¿No atenta eso contra la igualdad?

Europa sí suele tomarse mucho más en serio su propia arquitectura normativa. Y está mal visto que desde uno de los Estados se cuestione la vigencia del Derecho de la Unión. Por eso no resultó convincente la respuesta española a la queja de la Comisión: el acuerdo con la Santa Sede de 1979 —respondió el Reino de España— es un compromiso previo al ingreso en la UE, que se produjo en 1986. Era una de las típicas patadas hacia delante que han definido la acción española en este ámbito. La maniobra logró meter el tema en el cajón. Pero era cuestión de tiempo que reapareciese. Los resortes volvieron a activarse en 2002 con una reclamación ante el Médiateur européen. En diciembre de 2004, ya con Zapatero en la Moncloa, el Gobierno volvió a negar que la exención supusiera una vulneración de las normas de la UE. Pero el tema ya había cogido carrerilla. En diciembre de 2005 la Comisión exigió a España la aplicación del IVA a la Iglesia sin más dilaciones. Y amenazaba con recurrir al Tribunal de Luxemburgo.

La encargada de dar respuesta a la advertencia europea fue Fernández de la Vega, que dijo que el Gobierno adoptaría la «decisión pertinente». Ya conocemos cuál fue la «decisión pertinente»: elevar al 0,7 por 100 la asignación tributaria a la Iglesia, compensando de sobra el fin de la exención del IVA, que suponía unos 25 millones al año[8]. Hasta cuando la Iglesia pierde, gana. Además, el fin de esta exención del IVA para bienes inmuebles y objetos destinados al culto no puso fin a otras ventajas de la Iglesia en relación con este impuesto, como la que la libra del pago por toda su vasta economía informal, opaca, negra, en B o como se quiera llamar. El cepillo sigue libre de IVA, claro está[9]. El problema no reside sólo en las exenciones, sino también en el descontrol.

La Iglesia no renunció a nada. Fue la UE la que obligó a España a poner fin a una flagrante arbitrariedad. La forma del Gobierno de resolver la papeleta fue construir un privilegio aún mayor, pero más fácil de envolver en medias verdades.

Las razones de Roca Barea

«Todo ha de someterse a la crítica. Pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma» (Immanuel Kant)

La Iglesia es guardiana del púlpito y administradora de la palabra. No es posible escrutar su poder sin analizar su lenguaje. No ha habido una institución que obtenga mayor provecho del manejo de las ideas. Su gestión de las contradicciones es virtuosa. Es una institución terrenal que nos habla del cielo. Promete un mundo nuevo escrito en señales antiguas. Su riqueza es inmensa, pero predica la pobreza. Sus pastores se dicen castos, pero les obsesiona el sexo de su rebaño. No se casan, pero nos dicen cómo debe ser el matrimonio. Su mesías es un inocente bebé, pero su cáncer es la pederastia. A todos sus contrasentidos se sobrepone la Iglesia con la palabra magistral.

La Iglesia no se autofinancia, pero necesita contar que sí. No vive del dinero de los fieles, pero afirma lo contrario. Aunque, ojo, también debe decir a sus fieles, para evitar la disuasión, que si marcan la casilla de la Iglesia no aportarán ni un euro más, ni se les devolverá un euro menos. Es un sudoku endiablado que la Iglesia resuelve con un uso perspicaz de la palabra. Alrededor del sistema de asignación de dinero público vía IRPF ha tejido toda una maraña de equívocos que ocultan la naturaleza real de la fórmula.

Pongamos otra vez la lupa sobre su funcionamiento. Imaginemos que a un contribuyente, Pepito, que no ha marcado ninguna equis, le salen a pagar 500 euros, igual cantidad que a otro, Manolito, que ha marcado la casilla de la Iglesia. El Estado recibirá 500 euros de cada uno. Hasta ahí, todo claro. ¿Y después? Pues de lo que paga Pepito, que no ha señalado ninguna casilla, el Estado se queda con el 100 por 100, mientras que de lo que paga Manolito, que ha marcado la equis católica, el Estado se queda un 99,3.

Ese 0,7 restante que va a la Iglesia sale de la masa total recaudada. Es un dinero detraído del total que deja de ir a gastos generales del Estado para dirigirse a una institución privada. Es dinero público, cien por cien público. Así lo admite la propia Iglesia en diversas campañas a favor de la equis católica. «No te costará más, no te devolverán menos», decía en 2011 en sus materiales del programa Xtantos, buque insignia de la campaña anual para promocionar la equis católica. La gratuidad de poner la cruz en la casilla católica es el punto número 2 de las «10 razones para marcar la X de la Iglesia». Así está expresado: «Es absolutamente gratis. No me van a cobrar más por mi declaración al marcarla ni me van a devolver menos por hacerlo. En definitiva, no me cuesta nada». Dejemos al margen el cariz antisolidario de la apelación y centrémonos en cómo la CEE es capaz de sostener a la vez una cosa y la contraria. La misma campaña que garantiza que marcar la equis sale gratis afirma en otro apartado: «La Iglesia se autofinancia a través de las aportaciones directas de los fieles». No queremos decir que la campaña de la Iglesia se basa en mentiras, así que dejaremos que cada lector saque sus conclusiones. Pero, antes de hacerlo, convendría que leyera el testimonio, incluido en la misma campaña, de la escritora María Elvira Roca Barea, autora del controvertido y exitoso ensayo Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español (Siruela, 2016). El artículo de Roca Barea, colaboradora en medios como El País o El Mundo, además de Medalla de Oro de Andalucía, aporta a la CEE el plus de credibilidad de provenir de una firma con relieve intelectual, admirada en los círculos de opinión conservadores. Pero todo su contenido se basa en una idea resbaladiza. A saber: que, marcando la equis, el católico adopta una decisión con sus impuestos.

Volvamos a Giménez Barriocanal, que le pone el prólogo a Roca Barea. Decía en 2016: «Para que se lo quede [el ministro de Hacienda, Cristóbal] Montoro y haga lo que quiera, por lo menos yo decido que una pequeña parte de mis impuestos los destino a hacer el bien». Mmm. ¿Mis impuestos? Es cierto que colocarle un posesivo a la palabra impuestos es una práctica común, pero no deja de ser coloquial. Los impuestos son eso, una imposición. Roca Barea contribuye al equívoco con su artículo, titulado «Le doy mi dinero a la Iglesia porque quiero». La profesora vincula la decisión de poner la equis a una actitud de resistencia del católico: «Hay que mantener los seminarios para que haya curas. No nos damos cuenta de la realidad extraordinaria que es que un joven de 2017 destinado a ser carne de gimnasio y tatuaje, esclavo de sus tarjetas y comprador compulsivo, renuncie a todo eso, al sexo deportivo y al materialismo rampante que nos rodea, para ser pobre toda su vida […]. El verdadero revolucionario no es ese de los pelos verdes y los pantalones cuidadosamente rotos, siempre a la moda, por supuesto. Ese es ya muy antiguo y está muy visto. El revolucionario, el políticamente incorrecto, el contracorriente es ese muchacho que reza en silencio (¡en silencio!) en un seminario […]».

La CEE, a través de su campaña Xtantos, convoca con este artículo a los cristianos a marcar la equis con una argumentación que censura conductas y estilos de vida de amplios sectores de la población. Ello sería coherente si existiera una autofinanciación, si «ese de los pelos verdes» no tuviera que pagarle al que «reza en silencio». Pero aquí no está lo sustancial, sino en lo que la propia Roca Barea presenta como el argumento «definitivo» para poner la cruz: «Le doy mi dinero a la Iglesia católica porque quiero». Otra vez la frase sería irreprochable si el que no quisiera no tuviera que aportar.

El discurso de los jerarcas y medios católicos está preñado de equívocos y —siendo generosos— medias verdades. Empezando por ese 0,7 por 100, porcentaje que coincide con el reclamado históricamente para cooperación con los países pobres, lo que puede alentar la falsa impresión de que la casilla de la Iglesia está conectada con la ayuda al desarrollo. Vale, de eso podrá decirse que no tiene culpa la Iglesia, pero sí de alimentar la idea de que el dinero que recauda por la renta sirve a la caridad. Porque toda la campaña se asienta sobre el mensaje de que la asignación tributaria a la Iglesia es la garantía de la pervivencia de su función social. Y eso es —otra vez somos suaves— más que discutible.

Desmontando una campaña

«El dinero enferma la mente y la fe» (Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco)

Pero ¿dónde va el dinero de la equis católica? ¿Dónde van los 250 millones? Pues la inmensa mayoría a pagar la estructura de las diócesis. A gastos. Al capítulo de personal. Podríamos decir que tenemos curas-funcionarios sin caer en la distorsión. O, al menos, sin incurrir en una distorsión comparable a las de la CEE. Porque, si acerca del origen del dinero los obispos niegan que sea financiación pública pese a que sale de las arcas del Estado, en cuanto al destino de los fondos los mensajes de la Iglesia fomentan otro equívoco: que el dinero de la equis es para fines sociales. El comodín de Cáritas.

Volvamos a la web de Xtantos, puntal de una macrocampaña en la que la Iglesia gasta más de 4 millones al año para animar a los contribuyentes a marcar su cruz. Les invito a que abran la página. Quizás esté actualizada con respecto al momento en que yo entro en ella, justo ahora, en plena campaña de la renta de 2018. Pero el mensaje esencial será el mismo: la Iglesia es una gran ONG. Lo primero que veo al entrar en www.portantos.es es una sonriente monjita con un hábito blanco cogiendo de la mano a un anciano desaliñado. Sigo. Hay un «portal de transparencia» que a duras penas es portal pero en absoluto es transparente. Vaya, una pestaña curiosa: «Desmontando mitos sobre la financiación de la Iglesia». Un vistazo rápido y leo: 1) poner la equis católica «es un ejercicio voluntario del contribuyente, que decide destinar el 0,7 por 100 de sus impuestos a ese fin»; 2) «Para entendernos, Cáritas y la Iglesia son lo mismo». Suficiente.

Por aquí están los resultados de la asignación tributaria del año pasado, por allá unos «compromisos de transparencia». En otro apartado la Iglesia niega recibir 11 000 millones al año de dinero público, pero no ofrece datos alternativos, sino que insiste en la valía de su función social, educativa, caritativa… Ey, una frase llamativa: «¿Tiene la Iglesia otras asignaciones del Estado [al margen del IRPF]? No. La Iglesia no tiene ninguna asignación del Estado. Incluso la X de la Iglesia en la declaración de la renta no es una asignación del Estado, sino del contribuyente». Pero ¿cómo puede negar la Iglesia recibir dinero público con sus conciertos educativos, sus subvenciones, su patrimonio rehabilitado, sus ONG subsidiadas…? Lo explica la web un poco más abajo: «Ese dinero no lo recibe la Iglesia en abstracto sino que se recibe para el desempeño y desarrollo de acciones concretas que suponen un grandísimo beneficio para la sociedad».

Bien, queda dicho que la función educativa de la Iglesia no se paga con el IRPF. Entonces, ¿por qué hay un apartado llamado «Una educación de calidad, inclusiva, profesional y modernizadora»? Cabe pensar que incluir tanta información sobre educación católica en la web para animar a marcar la equis podría llevar a algún lector despistado a concluir que poniendo la cruz paga la educación católica, ¿no? Cosa parecida puede decirse de los capítulos en la web sobre curas en hospitales y cárceles. No se pagan con la casilla católica, pero la campaña Xtantos parece indicar que sí.

Un apartado defiende que la Iglesia no tiene por qué ser fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Otra pestaña da acceso a la actividad «celebrativa, pastoral, evangelizadora, cultural, caritativa y asistencial». La «historia de la financiación de la Iglesia» ofrece un resumen de los principales hitos económicos de la Iglesia en España… desde 1979. Por supuesto, no hay alusión al anclaje nacionalcatólico de su estatus. Más prometedor es el capítulo sobre «el sistema de asignación tributaria». Pero lo que hay son las afirmaciones cuestionables de siempre: 1) «Los contribuyentes deciden libremente destinar a la Iglesia…»; 2) «La Iglesia renunciaba a la exención del IVA…»; 3) «El sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de las aportaciones directas y voluntarias […]».

El artículo de Roca Barea abunda en el uso del comodín de Cáritas. «La Iglesia es una ONG estupenda», dice. Y añade: «Cáritas resuelve muchas papeletas». Es más, sostiene que «está demostrado que un euro en Cáritas hace como tres euros en la asistencia social del Estado», dato de discutible base fáctica. «Pero no hay que fijarse sólo en la caridad», añade Roca Barea. «Hay que mirar también un patrimonio histórico que se debe mantener y que debe seguir estando en manos de la Iglesia». ONG, Cáritas, patrimonio… Pero en realidad no es eso lo que paga la equis católica.

Veamos qué es lo que paga. El canje de notas de 2006 obliga a la CEE a presentar una memoria anual justificativa del empleo que da al dinero asignado vía IRPF. Una versión sintética de dicha memoria se encuentra en la web Xtantos. Ahí sí localizamos algunas respuestas. Como acreditación de su supuesto carácter irrefutable, la memoria incluye un breve informe de aprobación de Price Waterhouse Coopers (PwC), una auditora, por cierto, cuya sede fue registrada por la Guardia Civil en 2017 persiguiendo pruebas sobre la financiación ilegal del PP[10]. El documento de la CEE es abundante en explicaciones de tenor similar a las que ya ofrece la web: labor social, pastoral, asistencial, celebrativa… Lo de siempre. Nada que tenga demasiado que ver con el destino de los fondos, dato que únicamente encontramos en el apartado «Asignación Tributaria 2015 y Reparto de Fondos».

Ahí la memoria reseña que para el ejercicio de 2015 marcaron la equis 7.347 612 contribuyentes, que son el 34,93 por 100. Por autonomías, van desde el 48,87 por 100 de Castilla-La Mancha hasta el 19,76 por 100 de Cataluña. Los datos sin detallar del reparto ocupan una de las cien páginas del PDF. Sólo una. Pero sirven para desmontar el propio discurso de la CEE. De los 247,88 millones asignados a la Iglesia, el reparto es este:

Envío a las diócesis para su mantenimiento: 199,719 millones.

Seguridad Social del clero: 16,233 millones.

Aportación extraordinaria para Cáritas: 6,2 millones.

Centros de formación (facultades eclesiásticas, Universidad Pontificia de Salamanca y centros de Roma y Jerusalén): 5,99 millones.

Campaña de financiación de la Iglesia: 4,53 millones.

Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos: 4,07 millones.

Actividades pastorales nacionales: 3,031 millones.

Funcionamiento de la CEE: 2,606 millones.

Retribución [de los] obispos: 2,127 millones.

Actividades pastorales en el extranjero: 1,272 millones.

Conferencia de Religiosos: 1,068 millones.

Ayuda a diócesis insulares: 528 000 euros.

Instituciones de la Santa Sede: 500 000 euros.

Remanente: 7 millones.

Como se ve, para Cáritas va sólo el 2,5 por 100 de lo asignado, pese a que la campaña Xtantos pivota alrededor de su obra social. La rehabilitación y construcción de templos que tanto preocupa a Roca Barea se lleva el 1,64 por 100. No es ahí donde va el grueso del dinero, sino al gasto estructural de la Iglesia. A pagar a su personal: el clero o los seglares. De los 247,8 millones, casi 200 son para «envío a las diócesis para su sostenimiento», a los que se suman 16,2 millones de cotizaciones del clero. Entre ambos conceptos suman más del 87 por 100. El funcionamiento de la CEE se lleva 2,6 millones. Las retribuciones de los obispos, 2,1 millones. La aportación a la Santa Sede —el conocido como óbolo de San Pedro—, 500 000 euros. En cuanto al nivel de detalle, es nulo. Poco importa. Nadie la fiscaliza. Es un dogma de fe. Pese a ello, la presentación de la memoria ha sido esgrimida, tanto por las autoridades fiscales como por las eclesiásticas, como un argumento para quitar hierro a la negativa del Tribunal de Cuentas a fiscalizar a la Iglesia.

Usted financia el «TDT Party»

«La gente que sale en 13TV no cobra minutas del régimen chavista» (Alfredo Urdaci)

Rafael Hernando, portavoz del PP, estaba en su salsa. La tertulia alrededor de su figura no parecía desafiante. Además del moderador, Antonio Jiménez, había siete colaboradores, de abrumadora mayoría conservadora. Un entorno cómodo. Y salió el tema de la memoria histórica, que tanto irrita a Hernando. «Lo que ocurre es que algunos se han acordado de sus padres cuando había subvenciones para encontrarlos», soltó. Sólo le afeó el comentario el que fuera diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Juan Segovia, al que se dirigió el director de La Razón, Francisco Marhuenda, para oponerle el argumento definitivo: «Oye, Juan, tú que eres un hombre sensato, ¿qué opinas del comunismo?». Al lado de Marhuenda se mesaba el pelo sonriente el exconsejero madrileño Francisco Granados, que aún no había sido enviado a prisión por corrupción. Antonio Jiménez terció en la polémica: «Después, si queréis, reabrimos el debate».

La escena, de noviembre de 2013, es elocuente del nivel del «debate» en 13TV, que ahora ha pasado a llamarse Trece, altavoz de las posiciones más recalcitrantes de la derecha y el neoconservadurismo. Trece, cuya línea editorial coloca en la ultraizquierda a casi todo lo que no sea el PP, Ciudadanos o Vox, forma parte del espectro conocido como «TDT Party», caracterizado por su rechazo beligerante a todo lo que huela no ya a revolución, sino a la más tibia socialdemocracia. Es decir, pura escuela Jiménez Losantos, que hizo fortuna en la COPE durante el primer mandato de ZP con la bendición de Rouco.

Desaparecida Intereconomía, hoy Trece es el patio catódico en el que más a gusto se expresa el ala dura de la derecha. En un registro testosterónico que recuerda al que se emplea en la barra de un bar a punto de cerrar, en Trece se prodigan los comentarios, a veces jocosos, casi siempre atrabiliarios, contra el PSOE, Podemos e IU, contra el nacionalismo periférico, contra feministas y sindicalistas, contra activistas de cualquier causa que no encaje como un guante en el imaginario ideológico de un Aznar antes del primer café. Trece encarna esa «derecha sin complejos» que, transcurrido un tiempo prudencial desde el ocaso del franquismo, considera que ha llegado la hora de dejarse de tonterías y llamar al pan pan y al vino vino. Su nómina de periodistas y colaboradores la han compuesto algunos de los más ínclitos propagandistas de la derecha. Los comentaristas o invitados de cosa parecida a la izquierda que aparecen en sus programas de debate son —como ocurre a menudo con los no nacionalistas de TV3— meras coartadas para dar una apariencia de pluralidad. El espectro izquierdo respetable y aceptado en la mesa de tertulia lo encarnan Joaquín Leguina, José Luis Corcuera o la exministra María Antonia Trujillo, socialistas en posiciones casi indistinguibles de las del PP o Cs.

«Pablo Iglesias no debería moverse del inodoro por el bien de España», soltó en 2015 Antonio Jiménez, moderador —es un decir— del programa El Cascabel. Ese es el tono, para hacernos una idea. Han sido estrellas de la cadena Alfredo Urdaci y Carlos Cuesta, conocido por haber llamado «terroristas» en antena a los obreros masacrados en la matanza de Vitoria, en 1976. Desde que surgió Podemos, Trece lo convirtió en su diablo. Urdaci, condenado a leer en el Telediario la condena por manipulación durante la cobertura de la huelga general de 2002 (aquel mítico «ce, ce, o, o»), volvió a tener sus minutillos de gloria en la cadena de la Iglesia, tras un periodo de ostracismo en el que fue jefe de prensa de Paco El Pocero. Como director de informativos de la cadena, Urdaci le dirigió en 2015 un editorial a Iglesias, que había dicho que «en Cataluña se ha intentado hacer creer que la gente de España es la que sale en 13TV y en Intereconomía». Esto le respondió Urdaci en antena: «La gente que sale en 13TV no recibe financiación del Irán liberticida ni cobra minutas del régimen chavista […]. Como Stalin, tú serías capaz de cambiar la Constitución por una folclórica declaración de amor entre los pueblos, previa a una nueva guerra civil. Esto es lo que nos diferencia, Iglesias».

En Trece se impone por goleada un discurso que moteja de chavista, castrista o norcoreano, cuando no señala como terrorista o cómplice, y siempre como antiespañol, a todo el que se oponga a los dictados del reaccionarismo más aguardentoso. Por supuesto, nadie le podrá negar a Trece y sus profesionales y colaboradores el derecho a decir lo que crean oportuno y a alinearse políticamente con quien les parezca. Faltaría más. El problema, ay, es que esa fiesta la pagamos entre todos. Porque cada vez que alguien marca la equis católica sale dinero público rumbo a Trece.

Antes, cuando desglosé los epígrafes del dinero que la Iglesia recibe vía IRPF, anoté uno que quizá les pasó desapercibido: «Actividades pastorales nacionales». No cabe mayor imprecisión. La revista Tiempo ya publicó en 2015 que de ese cajón de sastre salían fondos para Trece[11]. La información fue ampliada en marzo de 2016 por El País. La cuantificación exacta de lo asignado a la emisora era de 6 millones de euros[12]. Y ha ido a más. En 2016 fue de 9 millones de euros, casi la mitad del superávit del ejercicio, frente a los 6,2 dedicados a Cáritas[13]. El dinero total dedicado por la Iglesia a tapar los agujeros financieros de la ruinosa televisión ultraconservadora alcanza los 70 millones de euros[14]. La CEE no debe explicaciones a nadie sobre este tipo de prioridades. Así son las reglas. Los contribuyentes pagan, les guste o no; la Iglesia gasta sin inhibiciones.

3.3. El mercado de la caridad

3.3. El mercado de la caridad

De cómo la Iglesia gana terreno a un Estado social frágil y desprestigiado. De la casilla solidaria, un maná para las ONG católicas. De Cáritas, Manos Unidas y centenares de organizaciones más. De cómo los gigantes del capital lavan su imagen financiando a las entidades de la Iglesia. De San Juan de Dios, las Hermanas Hospitalarias y otros colosos de la sanidad privada

Los peces, nunca la caña

«La caridad es la única virtud que precisa de la injusticia» (Jaume Perich)

La Iglesia lamenta la pobreza. Condena la pobreza. La describe, la llora. Puede que atenúe sus efectos. Pero no la remedia. Y tampoco la explica. La pobreza es un mal caído del cielo, sólo al Altísimo compete. No tiene origen ni razón, causas ni culpables. Sólo caben ante ella oración y caridad. Y compasión. Y piedad. Y humanitarismo. Y buenos sentimientos. En resumen, ante la pobreza vale todo lo que nos haga sentir algo mejor, todo lo que ofrezca un paliativo al miserable, pero sin alteraciones estructurales. Dar los peces, no la caña. Hay que tener buen corazón, ayudar a los pobres. Pero no ir más allá. Resignación, hermanos. Dios sabe lo que hace y los últimos serán los primeros. Además, si de verdad nos quedáramos sin pobres, ¿qué sería de la pobre Iglesia?

La Iglesia ha sido la más eficaz herramienta de aquietamiento social de la historia de Occidente. Entre sus tareas explícitas ha estado el consuelo de los desgraciados, a los que los ministros de Dios prometían la vida eterna a cambio de apencar sin rechistar en este valle de lágrimas. Como contrapartida, la Iglesia ha recibido dinero y poder de los garantes del orden jerárquico. Las arcas, las almas y las aulas: esa es la recompensa a la Iglesia por ofrecer a los perdedores, cuya pobreza ha contribuido a hacer crónica en vida, el sueño de un resarcimiento post mortem. Las corrientes eclesiales que, desbordando el marco del conformismo caritativo, han trasladado la lógica materialista a la tarea religiosa han chocado con la furiosa reacción de la jerarquía. La Teología de la Liberación, por ejemplo, ha sido objeto de una persecución obsesiva por parte del Vaticano, que ha dedicado mil veces más esfuerzos a aplastar a Leonardo Boff y los suyos que a castigar a los pederastas. El propio mensaje de Francisco —que censura los desmadres del capitalismo— halla resistencias en el seno de la Iglesia, cuyos capitostes en Roma y el resto del mundo llevan décadas rendidos al aburguesamiento. Y sobre todo en España, cuya jerarquía, aliada histórica de la elite de poder, es alérgica a cualquier discurso económico heterodoxo, lo que la lleva a marginar descaradamente las demandas de renovación que emanan de la Iglesia crítica de base.

Ni por trayectoria, ni por naturaleza, ni por objetivos es la Iglesia española una institución de vocación social. Jamás se ha estructurado con la pobreza como prioridad. Ni lava pies sucios, ni expulsa mercaderes del templo. Por el contrario, es aduladora con los poderosos, invierte con criterios economicistas, se lucra con la explotación de un patrimonio obtenido con técnicas dudosas, exprime los márgenes legales pare evitar el pago de impuestos, se infla a ayudas públicas…

Sin embargo, si nos guiáramos por la forma en que la CEE define a la Iglesia, se diría que es una inmensa ONG. Una Cáritas gigante. Y así es como justifica su generosa financiación por parte del Estado, su condición de servicio público de facto. El resultado es perverso: al presentarse la Iglesia como entidad asistencial, su existencia —y su acceso a dinero público— estará más justificada en la medida en que el Estado del bienestar sea más precario; por lógica, su razón de ser adquirirá mayor consistencia cuando el poder civil se muestre incapaz de garantizar el acceso a bienes, servicios y derechos básicos a todos los ciudadanos. Así habrá más argumentos a favor de que fluya el dinero de todos hacia la Iglesia y sus organizaciones, que aparecen como una segunda red estatal. Pasa lo mismo con la educación. La malla de centros concertados de las organizaciones de la Iglesia —que detrae miles de millones al año de fondos autonómicos que podrían ir a la red pública— será más atractiva y necesaria si la escuela estatal está desprestigiada, empobrecida y mal organizada. El esquema es igualmente válido para los centros sanitarios de la Iglesia, aunque aquí ni de lejos su peso e influencia son comparables. A estas alturas ya es difícil establecer —¿fue antes el huevo o la gallina?— si la usurpación por parte de la Iglesia de funciones sociales del Estado que deberían ser inalienables es consecuencia o causa de su deterioro. Lo seguro es que la Iglesia forma parte del porqué del subdesarrollo social español.

Los obispos oponen que la Iglesia hace una extraordinaria aportación a la sociedad. Es el mantra de rigor para justificar que el Estado financie su enquistamiento en la estructura asistencial, educativa y sanitaria del país. El comodín de Cáritas es también uno de los anzuelos que la CEE arroja al mar para pescar equis en la declaración de la renta, aunque ya hemos visto que, en realidad, el grueso de lo que reciben vía casilla de la Iglesia no va a la obra caritativa sino al funcionamiento de las diócesis. A pagar sueldos de sacerdotes. Pero, entonces, si Cáritas no se financia con la casilla católica, ¿cómo obtiene los fondos el buque insignia de la obra social de la Iglesia en España?

Espejismo solidario

«El infierno está empedrado de buenas intenciones» (popular)

En 1988, primer ejercicio fiscal con el sistema de asignación tributaria, no sólo apareció en los impresos la casilla de la Iglesia. Se introdujo otra dedicada a «fines de interés social». La Iglesia rascaba fondos de ambas, porque no sólo se enfundaba el total de lo recaudado por la equis católica, sino que sus múltiples entidades benéficas se ponían las primeras en la fila para hacerse con los fondos de la equis solidaria. La casilla social tenía un beneficio añadido para la Iglesia: contribuía a evitar la clamorosa impresión de privilegio que daría que la única casilla fuera la suya, con su inocultable hedor a confesionalismo disimulado. La casilla social nació, pues, como encubridora a la vez que como complemento solidario de la religiosa, una especie de opción b para quienes no querían apoyar a la Iglesia pero sí imprimir su sello personal en la declaración de la renta. ¿Por qué sólo los católicos iban a tener la oportunidad de elegir?

La equis solidaria fue una maniobra —quizá tosca, pero eficaz— para repeler las críticas a la casilla católica. Por un lado, el Gobierno del PSOE se ganaba el favor de la mayoría de las ONG. Por otro, el Estado posaba de solidario dando a los contribuyentes «progresistas» o con «sensibilidad social» la oportunidad de autoafirmarse con una decisión sobre sus impuestos, decisión simétrica pero opuesta a la de los «conservadores» con la equis católica. Todo es una engañifa. No tiene por qué ir un solo euro más del Estado a fines sociales por marcar la equis de fines sociales, ya que el dinero sale del monto total recaudado, que el Gobierno podría asignar a los mismos programas pero directamente, sin delegarlo en ninguna ONG a través del mecanismo de la casilla solidaria. Al igual que ocurre con la casilla católica, el que marca la casilla social tampoco aporta un euro más. Y cuantas más casillas sociales se marcan, más fondos públicos son desviados a organizaciones privadas para su gestión en programas teóricamente sociales, en vez de preservar su gestión directa por parte del Estado. Así que la casilla social abrió en 1988 una vía de externalización de los servicios sociales que ya no se ha detenido. Y la impulsora fue la Iglesia, hada madrina del más rancio caritativismo.

¿Se quedó la Iglesia satisfecha? Es una pregunta retórica: la Iglesia nunca se da por satisfecha. Quedó un fleco pendiente. Al hacer su declaración, el contribuyente tenía que elegir entre no marcar nada o marcar una de las dos casillas. No cabía la posibilidad de marcar las dos casillas a la vez, la católica y la social. Era una disyuntiva perjudicial para la Iglesia, que entendía que se establecía una oposición entre lo social y lo religioso. El Gobierno de Aznar lo arregló y permitió marcar las dos a la vez. Desde el año fiscal de 2000 es posible poner la equis en ambas, Es decir, si Menganita marca la equis católica y la equis social, el Estado no dispondrá del 100 por 100 de su recaudación para sanidad, educación, pensiones o ciencia, sino del 98,6. Del resto, un 0,7 por 100 irá a la Iglesia; el 0,7 restante, a distintas ONG. Menganita no tendrá que poner ni un solo euro más para cumplir a la vez con su confesión religiosa y con su conciencia solidaria. El dinero que cambia de destino con sus equis no es de Menganita, es de todos. Y no es poca cosa. En 2017, el monto recaudado y asignado por el Estado a las ONG vía casilla de fines sociales ascendió a 314 millones de euros.

La casilla de fines sociales provoca un espejismo solidario. Quien, animado por un deseo de ayuda a los demás, marca la equis social no tendrá a la postre el menor control sobre el destino del dinero, repartido de manera cada vez más difícil de rastrear a causa de la descentralización de su asignación a las comunidades. ¿No sería más fácil, para ayudar a las ONG, que el solidario se apunte a una y pague la cuota? Claro que sí, pero el problema sería que entonces sólo sobrevivirían aquellas sostenidas por sus socios y no las que en realidad son poco más que chiringuitos cazasubvenciones. Y otro problema de calado democrático: ¿es serio que un Estado dedique dinero a «fines sociales» en función de una variable tan arbitraria como el número de contribuyentes que marcan la equis social? ¿No sería lógico que esta acción social sea una política del Gobierno respaldada por partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado, bajo estricto control parlamentario? ¿Qué es esto de delegar en el contribuyente una función que compete al Estado, como es la garantía de los servicios sociales a los más necesitados y la acción humanitaria? Se trata de un modelo que promueve la dejación de funciones por parte del poder civil, que de forma subrepticia externaliza la acción social, supliendo la obligación redistributiva con una suerte de mercado de la caridad.

Cáritas, Manos Unidas y centenares más

«Hay que unirse. No para estar juntos, sino para hacer algo juntos» (Juan Donoso Cortés)

Uno de los apartados de la campaña Xtantos lleva el epígrafe «Mejor2». «El gran reto —anota la CEE— es que la mayoría de las declaraciones de la renta lleven marcadas las dos casillas». Poniendo las dos equis, repiten los obispos, «ayudas el doble». Cáritas hace lo mismo. «Cuando marcas conjuntamente las casillas de Iglesia católica y de fines sociales estás aportando el 1,4 por 100 de tus impuestos al sostenimiento de la Iglesia y a apoyar proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión. Recuerda que se pueden marcar ambas casillas y que no tendrás que pagar más ni te devolverán menos», señala en su página web. Quid pro quo.

Hasta aquí no hay nada raro a priori. Si Cáritas es la Iglesia y la Iglesia es Cáritas, parece razonable que una organización y la otra se hagan mimitos. Pero no es sólo Cáritas, es todo el conocido como tercer sector el que le acaba haciendo campaña a la Iglesia. La Plataforma Tercer Sector, la principal asociación de ONG en España, también pone énfasis en las ventajas de marcar las dos casillas. «Marcar esa casilla 106 de actividades de interés social más la de la Iglesia católica es posible y, al hacerlo, pueden duplicar su aportación», explicó durante la campaña de 2017 Manuel Sánchez, presidente de la Mesa del Tercer Sector en Andalucía. Es un mensaje repetido en la campaña de las ONG para animar las equis católicas. ¿Por qué? Hay un motivo práctico. A las ONG les interesa también disipar la idea de que una casilla excluye a la otra para no perder cruces de católicos. Aquí cabría preguntarse hasta qué punto es defendible que las ONG, muchas de las cuales se deben en teoría a un proyecto de transformación social, acaben haciéndole campaña a una institución tan marcadamente conservadora como la Iglesia católica española, bastión del inmovilismo social y el espíritu del «siente a un pobre a su mesa» que tan magistralmente plasmaron Berlanga y Azcona en Plácido (1961).

El segundo motivo es que la Iglesia está metida hasta el tuétano en el tercer sector. La propia CEE asegura en su memoria anual de actividades que existen «centenares de iniciativas sociales de inspiración católica». Nos encontramos con el recurrente problema de delimitar hasta qué punto es Iglesia, o forma parte de la Iglesia, una organización de un grupo de católicos que se deben a la Iglesia. Los obispos alegan que una ONG es Iglesia cuando quieren presumir de su activismo social, pero lo niegan cuando se le atribuyen a la Iglesia los ingresos públicos de dicha ONG.

Hay ONG estructuralmente eclesiales como Cáritas y Manos Unidas. Cáritas es el peso pesado. Sabemos, por la memoria de la CEE, lo que recibe anualmente de la casilla de la Iglesia: 6,2 millones el último año. Pero de la equis solidaria le llega más. En 2014 la organización informó a ABC —medio amigo— de que el año anterior había ingresado 24,9 millones[15]. Y ese no es todo el dinero público que recibe. En 2016 las aportaciones públicas ascendieron a 88,4 millones de euros, fondos llegados de las administraciones europea, estatal, autonómica y local. Cáritas también tiene financiadores privados. Sus ingresos de origen privado en 2016 ascendieron a 269,7 millones. La ONG publica un listado de unos 400 financiadores, entre los que sobresalen nombres como Santander, Caixabank, BBVA, Bankia, Endesa, Gas Natural, JP Morgan, Nestlé, PwC… El lector juzgará la coherencia de que la organización caritativa por antonomasia se alíe con transatlánticos del capitalismo sin concesiones. Y la pertinencia de que las administraciones públicas complementen esta financiación con casi 90 millones. Hay también entre los financiadores de Cáritas una importante socimi, Merlin Properties, y una sicav, Maru Finance. Es decir, empresas constituidas con fórmulas para realizar la menor aportación posible al fisco luego posan de solidarias entregándole un dinerillo a Cáritas. Y Cáritas, el buque insignia de la obra social de la Iglesia, se presta el lavado de imagen y de conciencia. Eso sí, sin publicar cuánto recibe de cada empresa[16].

Manos Unidas no hace público cuánto le llega vía casilla de fines sociales. Al igual que Cáritas, no tiene obligación de presentar cuentas en el registro mercantil, porque no es una empresa, aunque tal cosa no le impidió meter pasta en chiringuitos como Gescartera. En su «memoria institucional» se limita a un compendio de datos adornados. Según la organización, el 87,3 por 100 de sus ingresos, algo más de 42 millones, provienen de fuentes privadas… Entre sus patrocinadores y colaboradores están Santander, Sabadell, Caixabank, Bankia, Vodafone, El Corte Inglés, Sony, Zurich Insurance, DKV Seguros, Mango y PwC. Algo más de 6,1 millones provendrían de fondos públicos. No hay un desglose detallado.

Pero no son sólo Cáritas y Manos Unidas. También forman parte de la Iglesia ONG y fundaciones como Lares, Entreculturas, Secretariado Gitano, Cesal, Justicia y Paz, Accem, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Religiosos por la Salud, Orden de Malta, Renate, Cruz Blanca, Salesianos, Hospitalarios San Juan de Dios, Sant Egidio, Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Hijas de la Caridad, Hermanas Oblatas del Santísimo Esplendor, Sociedad de San Vicente de Paúl, Adoratrices… Hay ONG muy conocidas, como Mensajeros de la Paz, del popular Padre Ángel, que cuentan con el apoyo económico de Fundación Mapfre, Caixabank, Bankia, Santander y Atresmedia, además de diversas instituciones públicas. Proyecto Hombre tiene vínculos estrechos con la Iglesia. Abundan al mismo tiempo entidades menos conocidas en la órbita de la institución católica, como la Asociación de Jóvenes Cristianos YMCA. O la Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina. O la Federación Española de Asociaciones Pro-Vida. También Horizontes Abiertos, liderada hasta su muerte en 2018 por el jesuita Jaime Garralda. Y Madreselva. Y Fe y Alegría. Solidarios por el Desarrollo, aunque formalmente aconfesional, fue fundada por el profesor José Carlos García Fajardo, próximo al Opus. Son, como señala la CEE, centenares. Los vínculos con la Iglesia de muchas de ellas no son formales o explícitos[17]. No se trata de organizaciones confesionales. Pero sí conforman un entramado del que la Iglesia se aprovecha para extender su poder e influencia en la sociedad. Y el Estado la ayuda con dinero público, al mismo tiempo que va menguando su propia capacidad de intervención social[18].

Aparte de las cantidades millonarias de subvenciones públicas que se llevan las entidades de la Iglesia, su sólida presencia en el tejido asociativo y de cooperación les da un acceso privilegiado a los fondos recabados por el Estado con la casilla social. Una casilla que se convierte de facto en la segunda casilla de la Iglesia. Fuentes del tercer sector estiman entre un 30 y un 50 por 100 el dinero recogido por esta casilla que acaba en ONG vinculadas a la Iglesia. Tomando como referencia la mitad de la horquilla, en 2017 las ONG de filiación católica habrían cosechado 125,6 millones. Si los sumamos a los 250 millones que llegan directamente a la Iglesia por su propia casilla, nos quedan más de 375 millones al año sólo con la declaración de la renta. Y hay que insistir en que esto constituye sólo una pequeña parte de los ingresos y beneficios que reciben la Iglesia y sus organizaciones en forma de subvenciones, exenciones, conciertos…

La salud es lo primero

«Hay muchas cosas más importantes que el dinero. ¡Pero cuestan tanto!» (Groucho Marx)

La Iglesia necesita un Estado pequeño para que el Estado necesite una gran Iglesia. Esto vale para la educación, pero también para los servicios sociales y la sanidad. Así se explica el discurso económico, social y político de la Iglesia, que no apunta a las causas de la desigualdad, sino sólo a su síntoma, la pobreza, de la que se presenta como bálsamo divino. Tampoco reflexiona a fondo sobre la pobreza, porque un análisis de las causas profundas del desamparo pondría el foco sobre la ineficiencia de un Estado que delega competencias básicas en una institución que ve la pobreza como un mal sin origen. Allí donde se enquista la Iglesia, el Estado relaja su autoexigencia. La Iglesia precariza así la educación pública, la asistencia social pública y la sanidad pública, y a costa de este vacío extiende sus redes. Es una carcoma para el Estado social.

La Iglesia tiene un gran coto en la sanidad privada, donde se beneficia de las exenciones del acuerdo del 79. Con la excusa de la histórica atención eclesial al pobre y al enfermo, el Estado le ha permitido el desarrollo de una extensa malla hospitalaria regada con subvenciones públicas. Según Europa Laica, el dinero público anual destinado por las autonomías a las instituciones sanitarias de la Iglesia asciende a 900 millones de euros. La Santa Madre cuenta con 69 hospitales, 54 ambulatorios y 792 casas para ancianos, crónicos y discapacitados. El 27,3 por 100 de las camas privadas están en sus manos. Los grupos hospitalarios gestionados por entidades eclesiales, beneficiarias destacadas de las privatizaciones del PP, facturan unos 4000 millones al año[19].

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es el segundo mayor grupo sanitario privado de España, por detrás de Quirón. El uso por parte de la orden del instrumento financiero de la sicav para mover inversiones con el mínimo impacto fiscal da idea de su dimensión económica y su sujeción a los códigos del capitalismo líquido. Complejos, poquitos. La orden se divide en tres curias: Aragón, Bética y Castilla. Entre las tres suman 75 centros. Las Hermanas Hospitalarias tampoco son moco de pavo. Con alcance internacional —están en Reino Unido, Francia e Italia, buena parte de Latinoamérica, varios países africanos como Camerún y Angola, así como en India, Vietnam y Filipinas—, en España tienen su auténtico feudo[20]. Tanto San Juan de Dios como las Hermanas abarcan atención hospitalaria general, asistencia social, salud mental, discapacidad y mayores. Son los dos mayores grupos sanitarios de la Iglesia, pero no los únicos. Ahí están los Hospitales Católicos de Madrid. O el Instituto de Religiosas de San José, que —por cierto— llegó a guardar 2,7 millones de euros en Suiza[21][22]. Y, por supuesto, la Clínica Universitaria de Navarra, del Opus Dei, un titán de la sanidad privada en España.

Las hermandades, congregaciones y fundaciones de la Iglesia están especialmente bien situadas en la atención a los mayores. Las instituciones religiosas controlan alrededor de 5000 estructuras sanitarias para ancianos enfermos[23]. Junto a los grupos hospitalarios ya comentados, destaca el papel de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, las Hermanitas de los Pobres y la Orden de los Ministros de los Enfermos (más conocida como los Camilos)… Es delicado el peso que la Iglesia tiene en España en la gestión del último trance vital, dado que su enfoque sobre la cuestión es más moral que científico. ¿Y si se aprueba una ley de eutanasia contraria a los preceptos de la Iglesia? ¿Van a negarse a aplicarla los centros sanitarios católicos?

Un tercer 0,7

«Caridad y amor no quieren tambor» (popular)

Son múltiples los espacios que la Iglesia ha conquistado al Estado. La CEE afirma que la institución posee 6323 centros contra la pobreza, 215 de asistencia a inmigrantes, 310 para inserción laboral, 330 centros de menores, 83 para drogadictos, 102 para víctimas de violencia… La Iglesia ha ido jibarizando el Estado del bienestar en beneficio de una red privada que ofrece servicios subvencionados. No se trata, por supuesto, de negar el interés de la tareas sociales que realizan los voluntarios de la Iglesia, pero sí de plantearse hasta qué punto es razonable que el Estado delegue deberes sensibles a la filial local de la Apostólica y Romana. En cualquier caso, el éxito de la Iglesia es colosal: a base de consolidar su posición como prestadora de servicios públicos (educación, sanidad, asistencia social), el Estado tendría ya serios problemas para ofrecerlos universalmente sin contar con la red eclesial. La Iglesia y sus organizaciones se han quedado con una más que apreciable porción del Estado del bienestar y cada día que pasa es más difícil arrebatársela. Es más, el fenómeno crece.

Atención a esto, porque es una nueva vuelta de tuerca. Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluyen por primera vez una disposición adicional que establece un tercer 0,7 por 100[24]. ¿Un tercer 0,7? Pues sí. Además del 0,7 por 100 del IRPF para la Iglesia y del 0,7 por 100 del IRPF para las ONG, muchas de ellas de la Iglesia, ahora se crea otro 0,7 por 100, también para las ONG, pero salido del Impuesto sobre Sociedades. Es decir, las empresas podrán marcar una casilla de fines sociales para dedicar un 0,7 por 100 de lo que se les recaude a acciones solidarias. Por supuesto, no tendrán que poner ni un euro de más. La medida hurta a las Cortes la posibilidad de discutir el destino del dinero recaudado, fomentando el clientelismo a favor de las grandes ONG[25], entre las que la Iglesia goza de una posición envidiable. Esta nueva casilla solidaria abunda en un enfoque asistencialista que subordina la idea del derecho social a la caridad. Y que a la postre deslegitima el papel del Estado social, cuyas funciones son usurpadas por la Iglesia, las ONG, las obras sociales de las empresas…

Es de temer que en breve veamos a no pocas empresas colocarnos el bulo de que son súper solidarias por haber dedicado el 0,7 por 100 de su Impuesto sobre Sociedades a ayudar a los más necesitados. Y lo peor: colará. Y resultará que es un aguafiestas el que recuerde que el Estado recaudó en 2017 23 143 millones por el Impuesto sobre Sociedades, muy lejos de los 44 823 millones de 2007. Y que quizá sería mejor dejarse de florituras y casillas solidarias, y apretar los impuestos por beneficios para sostener un Estado como Dios manda. «Como Dios manda» es un decir, claro.

3.4. Un desagüe infinito de dinero público

3.4. Un desagüe infinito de dinero público

De la pedrea final de subvenciones, exenciones y favores del Estado a la Iglesia. Del silencio liberal sobre los beneficios de la institución más subvencionada de España. De la estimación verosímil de 11 000 millones de euros al año y de los argumentos de la jerarquía para matizarla sin desmentirla

Aquí un amigo para todo

«En nuestros tiempos sólo hemos visto hacer grandes cosas a los hombres considerados tacaños; los demás siempre han fracasado» (Nicolás Maquiavelo)

La supuesta autofinanciación de la Iglesia forma parte de la oleada de fake news que inundan nuestro espacio mediático. La exención del IBI y la asignación del IRPF son sólo dos de las vías por las que la Iglesia se nutre de fondos públicos. Hay más asignaciones de recursos, muchas más, tanto a través de subvenciones como de pago de salarios. Y hay más exenciones, muchas más. El chollo fiscal se extiende a la práctica totalidad de sus actividades. Están libres del pago del Impuesto sobre Sociedades los donativos, las colectas, los rendimientos del patrimonio mobiliario (intereses, dividendos…) e inmobiliario (alquileres), así como las plusvalías generadas por las ventas de patrimonio. También las actividades de asistencia social, las prestadas en hospitales y colegios, las editoriales y librerías, las visitas culturales, la realización de cursos o conferencias, las actividades deportivas y, en general, aquellas cuyo importe no supere los 20 000 euros[26].

Este marco convierte al fisco en un auténtico coladero para el conjunto de la actividad económica de la Iglesia. Lo sujeto a tributación no es sólo excepcional, sino prácticamente indetectable. Por si fuera poco, la Iglesia está exenta del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Actividades Económicas y sobre Plusvalías por la Venta de Terrenos. Aterrizando en lo concreto: una diócesis puede recibir una vivienda por la voluntad testamentaria de un fiel y ponerla en alquiler, sin tener que pagar impuestos ni por recibirla ni por extraerle beneficio económico. Esa es la cara de la moneda. La cruz es que puede dar la consideración de «donaciones» prácticamente a cualquier cosa. También disfruta de múltiples desgravaciones. Las entidades de la Iglesia se benefician de una deducción por donativos. Las aportaciones a hermandades y cofradías desgravan hasta un 75 por 100, un beneficio compartido con las donaciones a las ONG.

La facilidad de la Iglesia para financiarse con recursos públicos se explica también por la óptima disposición de las administraciones. Las prácticas son incontables. Los ayuntamientos facilitan a las hermandades, gratis o a precios muy reducidos, locales para que se reúnan y guarden los útiles necesarios para preparar la Semana Santa. La parroquia o la diócesis de turno suele encontrar en el concejal o el alcalde que toque un amigo y colaborador. En cada administración, sea local, provincial, autonómica o estatal, la Iglesia lo tiene siempre todo a favor para desarrollar su actividad beneficiándose de recursos públicos y eludiendo cualquier aportación fiscal.

La BBC: bodas, bautizos y comuniones. Otro coladero. Al igual que las entradas a sus templos, que tienen a todos los efectos la consideración de donaciones. La Conferencia Episcopal, preguntada al respecto de estas actividades, responde con su típica elipsis: «En materia de Impuesto sobre Sociedades, la Iglesia […] está obligada a declarar por el conjunto de sus rentas, exentas y no exentas». Declarar, claro. No tributar.

El cine, los andaluces, los sindicatos, las feministas, ¿y la Iglesia?

«Los socialistas han ido a Sevilla a dar pitas, pitas a los andaluces» (Esperanza Aguirre)

Es inabarcable lo que la Iglesia deja de pagar. Pero es que además está todo lo que ingresa. Es decir, una vez visto lo que no aporta, vamos a ver lo que le aportamos, al margen del IRPF. Señala la CEE, con razón, que mucho de lo que sus organizaciones reciben del Estado llega a cambio de un servicio. Y es cierto. En efecto, los curas castrenses ofician misa. En efecto, las maestras de la concertada imparten clase. Sí, las monjas de los hospitales atienden a los enfermos. ¡Faltaría más! Pero también es innegable que se trata de financiación pública de la actividad de la Iglesia. Y que todo ello casa difícilmente con la aconfesionalidad del Estado. Cada euro de estas partidas supone en sí mismo una valoración favorable por parte del Estado del hecho religioso, cuando su misión debería limitarse a garantizar el derecho de los ciudadanos a optar y practicar la religión que mejor les pareciese. Partiendo de esa base, las formas que adopta la «cooperación» económica con las confesiones religiosas también recogida en el texto del 78 adquieren proporciones desmesuradas e injustificables.

El Estado gasta unos 30 millones de euros al año en el salario de curas en cuarteles, hospitales, prisiones, cementerios y capillas universitarias[27]. Esto no incluye el chorreo de dinero para ceremonias religiosas con dinero público. El Ministerio de Defensa firmó, con María Dolores de Cospedal (PP) como titular, convenios con las archidiócesis de Madrid, Santiago y Sevilla, y las diócesis de Canarias, León, Málaga y Santander, así como con el Opus Dei, para cubrir las misas de los militares. El total aportado por el ministerio supera los 26 000 euros. Así son muchas de las partidas que rasca la Iglesia. Poco relevantes por separado, se dirá que el chocolate del loro. Pero importantes cualitativamente, porque van tejiendo esa red de complicidades imprescindible para que la Iglesia mantenga su influencia. Para más adelante dejamos el examen de los más de 6000 millones que recibe la educación concertada, en su mayoría católica.

La Iglesia recibe infinidad de subvenciones públicas, difíciles de rastrear tanto por su naturaleza dispersa como por la multiplicidad de organizaciones que concurren para su obtención. La institución que más esfuerzos ha dedicado a su recopilación es Europa Laica, que localizó un total de 695 subvenciones en 2017, por un montante de 40 085 667 euros salidos de ayuntamientos, diputaciones, autonomías y administración central. Hay de todo. De los 1250 euros del Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) para «actividades sanitarias y de servicios sociales» en la parroquia de la Trinidad a los 33 160 de la Consejería de Educación de Canarias para el Seminario Diocesano, pasando por los más de 1,1 millones de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha para «actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» de la Iglesia y los 1,32 millones de la Comunidad Valenciana para la residencia de la tercera edad Nuestra Señora de la Consolación. A todo esto hay que sumar nada menos que 21,9 millones para restauración del patrimonio eclesiástico en 2017. En 2018 las cantidades son similares.

La Iglesia es una engrasada maquinaria de obtención de subvenciones, con las que financia su actividad y el mantenimiento de su patrimonio. Poca sorpresa causará ya que esto origine nulo reproche en nuestro patio liberal, donde a todas horas se despachan los adalides del Estado mínimo contra el feminismo, el sindicalismo, el cine y la cultura en general por vivir —dicen— de las dádivas de la cosa pública. Y me dejaba a los andaluces, que, como es sabido, cobramos todos del PER para gastárnoslo en el bar a la espera de una prejubilación antes de los 50. En fin, así son las cosas: el liberalismo español es curil. Ve mal todas las ayudas públicas, menos las que ceban a la Iglesia. Vicios del siglo XIX, que ahí siguen. Y así no causa el menor escándalo que el Gobierno haya gastado 8 millones de euros entre 2014 y 2015 en el mausoleo franquista del Valle de los Caídos, entre ellos 1,36 millones para los monjes benedictinos custodios del dictador[28].

¿Cómo era aquel dicho popular? «Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es Dios.» Pero aquí el que pone el dinero es el César. Dios sólo pone la mano.

Miles y miles de millones de euros al año

«Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero» (Constitución española de 1931)

Las asociaciones laicistas, observatorios, partidos políticos y periodistas que nos hemos dedicado a rastrear vías de financiación pública de la Iglesia sabemos de sobra que cualquier tentación de presentar una cifra como redonda y terminante implica riesgo de error. Es sencillo detectar omisiones incluso en las listas más exhaustivas. Y se da un problema ya conocido: la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas. No obstante, a veces la insistencia tiene premio. Infolibre obtuvo en 2017 un buen puñado de datos de interés. La CEE le explicitó que en 2015 la Iglesia recibió subvenciones públicas por valor de 71 millones[29], un dato que viene a validar las tablas anuales que realiza Europa Laica. No obstante, incluso cuando los obispos abren la mano, persiste un problema de fondo: la falta de detalle, que a su vez mueve al escepticismo. ¿Realmente la Iglesia computa todas las subvenciones? Es difícil de creer, cuando nadie la obliga a ello. Las campañas Xtantos aconsejan prudencia a la hora de dar credibilidad a los mensajes de la CEE. Además, si las diócesis —en teoría— no tienen ninguna obligación de rendir cuentas, ¿de dónde sale ese dato? Un dato que, además, aunque fuera bueno, no sabemos cuántos de los miles de terminales de la Iglesia abarca.

El cálculo hecho por Europa Laica, del que resultan más de 11 000 millones anuales, incluidos asignación directa, salarios, subvenciones y exenciones a la Iglesia y sus entidades, se basa en su mayoría en partidas con refrendo oficial. Cuando tal refrendo no es posible, acude a estimaciones. Por ejemplo, los 2000 millones de exenciones y bonificaciones son un cálculo, para empezar porque se desconocen la cantidad y el valor de los bienes de la Iglesia. Sí son fehacientes los datos de asignación tributaria. Las cifras de subvenciones y gastos en eventos religiosos son aproximativas; siempre puede escaparse algo, pero en todo caso se quedaría corta. En resumen, la estimación de Europa Laica constituye una aportación metodológicamente aceptable y basada en (los) datos empíricos (disponibles), incluidos los de conciertos educativos y sanitarios. Si genera dudas, la responsabilidad es imputable en todo caso a la Iglesia y al Estado, que hacen un irritante ejercicio de opacidad.

El argumento de la CEE contra la cifra de Europa Laica es conocido: hacer un solo racimo con los 11 000 millones mezcla a las diócesis con las ONG católicas —concepto ya de por sí difícil de delimitar en ocasiones—, las ayudas directas con las indirectas, las subvenciones con los sueldos. Dice la CEE que este dato, los 11 000 millones, supone «imputar a la Iglesia como institución ingresos que no le corresponden». «Por ejemplo, ¿reciben Cáritas o Manos Unidas subvenciones del Estado? Sí, para el desempeño de su labor asistencial. ¿Es eso un ingreso para la Iglesia? No», señala la Iglesia. Pues ya no está tan vigente aquello de «Cáritas y la Iglesia son lo mismo» que decía la campaña Xtantos, ¿verdad? Para la campaña para captar fondos sí, pero para admitir ingresos públicos de la Iglesia no tanto. Sigamos con los argumentos de la CEE: «Esta misma lógica injusta la han aplicado a los conciertos de colegios y hospitales, residencias de ancianos, restauración del patrimonio, programas de atención de todo tipo… Cada una de estas actividades gestionadas por personas que de alguna manera pertenecen a la Iglesia reciben en libre concurrencia, transparencia y publicidad las ayudas o subvenciones que el Estado destina al desarrollo de sus actividades […]».

Atendidas las explicaciones de los obispos, se puede aceptar como aclaración que no todo el dinero entra de la misma manera, directa y para su uso discrecional, que la asignación vía IRPF. Vale, pero sigue siendo dinero público para la Iglesia y sus entidades. El de la CEE es un desmentido cualitativo y a medias, que mantiene en pie una idea central: contrariamente a lo que afirma una y otra vez, la Iglesia vive del dinero público, que además no se vio resentido ni siquiera durante los años duros de la crisis y la contracción presupuestaria[30]. Lo que percibe de sus fieles constituye una cuantía ínfima en relación con el total de beneficios públicos. Debe quedar por escrito: si el Estado abandonase su colaboración económica con la Iglesia, esta desaparecería tal como la conocemos. Comprobaríamos si sobre las cenizas de la institución amanece esa Iglesia «pobre y para los pobres» que anhela el papa. Veríamos, entonces sí, el Apocalipsis.

IV. El expolio

IV

EL EXPOLIO

4.1. Taquillas a las puertas del cielo

4.1. Taquillas a las puertas del cielo

Del exalcalde socialista que montó la empresa de cabecera de las diócesis y cabildos. De cómo la Iglesia disfruta el boom turístico con sus catedrales mantenidas por el Estado. De conciertos y menús para clientes VIP en la catedral de Toledo. De cómo ser a la vez una sociedad profesionalizada y una ONG subvencionada

Dejad que los touroperadores se acerquen a mí

«Nuestro compromiso es adaptarnos a las necesidades del cliente» (Artisplendore)

Francisco Moya es un hombre de ideas. Piensa en grande. Sabe trabajar, aprender y entusiasmar. En 1997, con 22 años, se convirtió en alcalde de Montillana, un pueblo de Granada de algo más de 1300 habitantes. Ocupó el cargo hasta 2008. No es que se hubiera ganado el rechazo de sus convecinos, ni que dejara de sentirse socialista, es que prefería la empresa a la política. Su primer proyecto fue Asistencias Digitales, un software dentro de una PDA para turistas en hoteles. La cosa no cuajó, pero la conclusión de Moya fue que la mezcla de tecnología y turismo tenía futuro. No se equivocaba.

Se lanzó a por las audioguías. Los clientes empezaron a caer. Los primeros fueron la catedral de Guadix (Granada) y los monasterios de Santo Tomás, en Ávila, y de Uclés, en Cuenca[1]. Sí, Moya tocó desde el principio la puerta correcta: la Iglesia, la mayor propietaria privada de bienes culturales de España. En 2010 ya se había corrido la voz sobre los buenos oficios de Moya y su incipiente compañía, que no ha dejado de crecer. Ni tampoco de hacer crecer y crecer los ingresos de la Iglesia, que ha disparado el número de visitantes a sus monumentos, haciendo caja con una actividad empresarial perfectamente profesionalizada pero beneficiándose de un estatus fiscal de ONG.

La idea de Moya ha cristalizado en dos empresas: Vocces y Artisplendore, ambas con sede en el polígono Juncaril, en Peligros, cerca de Montillana. Su actividad se ha expandido por toda España. Monumento a monumento, hasta medio centenar. Vocces, que al principio trabajaba con tecnología comprada, hoy es fabricante y se promociona como «número 1 en servicios de acompañamiento en la gestión integral turística». Lo suyo son museos y monumentos. Presta servicios de audioguía, con un producto propio marca Noe, y de guía de grupos. Pero no se queda ahí. Se encarga de la gestión y venta de entradas en taquilla, artículos en tienda, arqueos y cierres de caja, facturación, control de stock, sincronización automática de datos con el servidor remoto y control del estado de la venta online, todo ello con un servicio de atención al cliente 24×7.

Vocces produce contenidos elaborados por especialistas en historia del arte, lenguaje y comunicación para enriquecer las visitas. No obstante, su punto fuerte es la gestión. Ofrece un sistema de control estadístico accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet que permite conocer en todo momento los beneficios por la venta de entradas y productos. Esta herramienta genera informes comparativos sobre resultados por periodos de tiempo, de forma que el cliente puede ver cómo va el año con respecto al anterior, o conocer la procedencia de los visitantes. A golpe de clic, con rapidez y encriptación segura, es posible acceder a la información necesaria para la planificación del negocio. Todo se organiza de forma profesional. No faltan tampoco los servicios de identidad corporativa, consultoría de marca, producción gráfica y audiovisual, desarrollo web, así como comunicación estratégica on/offline.

Es una señora empresa con un señor servicio para la gestión de monumentos centenarios con criterios mercadotécnicos de vanguardia. Vocces incluso exhibe sus propios valores éticos, lo que se conoce como «responsabilidad social corporativa». Este es el mensaje más destacado de su misión como empresa: «Sí a la vida y a mantener gestos solidarios con las personas que peor lo pasan». ¿A qué les recuerda?

El complemento de Vocces es Artisplendore. Aunque el grueso de su catálogo parece similar, esta firma se centra en la «puesta en valor» del patrimonio. Diseña y hasta restaura los monumentos y las tiendas, donde uno puede comprarse una tacita de la catedral de Ávila o una libreta de la de Salamanca. Moya y su equipo ponen y quitan señales, deciden sobre la luz, el ambiente y el vestuario. Y añade Artisplendore un exquisito servicio editorial. Entre ambas empresas ofrecen al cliente todo lo necesario para sacar el máximo partido al monumento, concebido no sólo como legado patrimonial, o templo religioso, sino fundamentalmente como activo turístico.

Echemos un vistazo al listado de clientes de Moya: las catedrales de Burgos, Salamanca, Sevilla, Ávila, León, Zamora, Oviedo, Cádiz, Almería, Ourense, Plasencia, Guadix y Tui; la concatedral de Cáceres; la iglesia de Santo Tomé en Toledo; el convento de Alba de Tormes en Salamanca; las basílicas de San Vicente en Ávila y de San Juan de Dios de Granada; el museo diocesano de Zamora; la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda; los monasterios de La Rábida en Palos de la Frontera, de Uclés, de Santa María de Valbuena y de San Salvador de Oña en Burgos; la colegiata de Antequera; el santuario de Santa Casilda en Salinillas… Moyá ofrece a todos ellos «ayuda para mejorar las cifras de explotación de la visita», prometiendo un aumento del 100 por 100. El doble. El doble de visitas y de ingresos. Para garantizarlo, Artisplendore introduce los servicios en los circuitos de los operadores con más capacidad de atracción de turistas.

Los monumentos a los que da servicio —alrededor de medio centenar, la mayoría de la Iglesia— suman más de 3 millones de visitantes al año. Los resultados lucen. La catedral de Burgos batió en 2017 su récord de turistas, con 393 057, un 9 por 100 más[2]. Mucho más impresionantes son los datos de Sevilla en 2017: 1 934 373 turistas, con un incremento del 20 por 100[3]. León y Cádiz también están alcanzando cifras de récord. En 2017 visitaron la catedral gaditana 313 398 personas[4]. Hace poco más de un lustro el número de visitas no pasaba de 40 000 por ejercicio. Los monumentos de la Iglesia, ayudados por la eficaz gestión de su empresa de cabecera, están logrando un boom de explotación en paralelo a la explosión del fenómeno turístico en España. La Iglesia ha sabido sacar tajada de la bonanza del mayor sector económico del país.

Vocces-Artisplendore le funciona de maravilla. Sus monumentos van de récord en récord. La catedral de Plasencia pasó en 2016 de 30 000 a 50 000 visitantes[5]. El último dato de la catedral de Ávila es de 2015, cuando creció un 97 por 100 su número de visitantes, superando los 232 000. El canónigo fabriquero de Tui hizo balance de 2015 presumiendo de un incremento del número de visitantes, hasta superar los 24 000, salto que atribuyó a la implantación de las audioguías[6]. La catedral de Oviedo hizo públicos sus datos con el cierre de su primer año con cobro de entradas, 2014, cuando —en contra de lo que se podría prever— recibió 10 000 más que el año anterior[7].

La práctica del cobro de entradas en las catedrales está generalizada. En al menos 40 de las 78 hay que pagar[8]. A veces el acceso al recinto es libre, como en Santiago de Compostela, pero existe la opción de contratar visitas guiadas o a espacios exclusivos. A las catedrales de pago se suman decenas de iglesias, basílicas, monasterios y museos con tarifa de entrada. Cada templo fija sus condiciones. En Burgos la entrada individual es de 7 euros; si el visitante está jubilado o forma parte de un grupo de más de 15 personas, baja a 6; los estudiantes pagan 4,5 euros; los peregrinos, parados y miembros de familias numerosas, 3,5; los discapacitados, 2; los niños de entre 7 y 14 años, 1,5. Las tarifas incluyen audioguías, aunque en otras catedrales va aparte. Los martes es gratis durante dos horas por la tarde. Este esquema es válido para la mayoría: una tabla de precios con descuentos según grupos y requisitos. Abundan los casos en que el acceso es gratis para los residentes en la ciudad, como ocurre en Tui o Cádiz. No se cobra en horario de culto.

El precio más frecuente son 5 euros por una entrada individual de un adulto. Así ocurre en Granada, Guadix, Almería, Jaén, Palencia, Ourense o Tarragona. En Cádiz y en Ávila han subido de 5 a 6, mismo precio que en León. En Oviedo la entrada cuesta 7, pero es gratis para «escolares de Asturias con profesor de Religión». En Zamora sigue en 5, aunque allí también se ofrece la visita nocturna Aromas de fe para grupos de hasta treinta personas por 12 euros cada una. Visitas nocturnas: he ahí otro producto frecuente en el paquete turístico de los templos religiosos españoles. La catedral de Sevilla es más cara: 9 euros. Entre las más baratas está Calahorra, con 2 euros la entrada para grupos de menos de veinte personas y 1,5 para grupos de más. En Barcelona la entrada es teóricamente gratuita, aunque dependiendo de los horarios se reclama «un donativo». El sistema es parecido en la catedral de la Almudena de Madrid.

Vocces-Artisplendore no tiene el monopolio de la gestión turística del patrimonio de la Iglesia. Hay otras empresas. Y catedrales gestionadas directamente por el cabildo. Pero los rasgos de profesionalización son comunes. La Santa Madre le saca el máximo partido económico posible a sus activos, al tiempo que estos se benefician permanentemente de inversiones públicas para su conservación y mantenimiento a través de dos planes nacionales[9]. Negocio eclesial, coste público. Nada nuevo bajo el sol[10].

Cenas de lujo en la catedral de Toledo

«Si no quieres que se sepa, no lo hagas» (proverbio chino)

La catedral de Toledo tiene la oferta más exquisita. La visita al templo, los museos, la capilla de los Reyes Nuevos, claustro y torre cuesta 12,5 euros. Pero lo más llamativo no es eso, sino un producto que alcanza tal nivel de refinamiento que causa incomodidad incluso a responsables económicos de la Iglesia, como así me lo confesó uno de ellos: visitas nocturnas para grupos con la entrada exclusiva a capillas privadas, un concierto de órgano de más de 6000 tubos y un cóctel delicatessen en el claustro del templo, rodeado de pinturas murales y con vistas a una torre de campanas iluminada. La oferta no es para cualquier bolsillo. El precio de la visita para un grupo de diez personas alcanza los 9000 euros: 900 por barba[11].

La explicación de quien en 2016 —cuando publiqué la información en Infolibre— era deán de la catedral, Juan Sánchez, me sorprendió. Dijo que el precio le parecía «abusivo», aunque culpó a la empresa, de cuyas tarifas no se hacía responsable pese a que la actividad sería imposible sin su permiso. «Nosotros por una visita especial cobramos 1000 euros más 8 por cada persona que venga y 500 por el concierto, para el que ponemos el organista. Lo demás es cosa de la empresa», me dijo. Pilar Gordillo, directora de Evocarte, se mostró disconforme con la versión del deán y aseguró que el mínimo que se queda el cabildo son 1900 euros. Son los efectos colaterales de la profesionalización a ultranza de la gestión de las catedrales: las autoridades eclesiásticas llegan a sentirse molestas por la banalización del patrimonio que implica. Pero transigen. Y cobran, claro. Ojo, que no es una práctica en la que Toledo vaya por libre. Hasta la Capilla Sixtina puede alquilarse, siempre y cuando sea a una corporación que pueda pagarlo; como Porsche, que fue la primera empresa en requerir el servicio, abonando unos 200 000 euros[12].

Las características de la visita nocturna a la catedral de Toledo contrastan con la imagen de institución consagrada a los pobres que la Iglesia vende de sí misma. La información que recabé de Evocarte denotaba no sólo una total mercantilización del patrimonio, sino unos niveles de lujo rayanos en la ostentación. El tiempo estimado de la visita nocturna, que implicaba la iluminación de la catedral y sus estancias más selectas, era de tres horas. La experiencia comenzaba a las 19:00 con un recorrido por Sala Capitular, Tesoro y Sacristía Mayor, siempre con guía especializado y auriculares. El principal aliciente reside en el acceso exclusivo a las capillas privadas, entre ellas la Mozárabe, la Mayor y el imponente sagrario del Ochavo, con una colección de reliquias compartimentadas tras unas vitrinas. La estancia está decorada con mármoles de colores con molduras de bronce y acicalada por frescos de Mariano Salvador Maella (siglo XVIII). Esto era sólo para los poquitos que podían pagarlo. Las entradas normales para visita completa de la catedral no dan acceso a estas capillas. La suntuosidad es sólo para los VIP.

El recorrido para diez eran 4356 euros, IVA incluido. El desglose de la oferta incluía el llamado «canon de exclusividad», personal de vigilancia e «iluminación artística». La experiencia se coronaba con un concierto de órgano de tres piezas, que, sumado al canon para el uso del templo para tal fin y el programa de mano, totalizaba 1089 euros. Y hay que comer, que tanta maravilla da hambre. La catedral brindaba la posibilidad de tomar un cóctel, con dos alternativas: una en el llamado Patio del Tesorero (1100 euros más 21 por 100 de IVA) y otra en el claustro. Esta alternativa, más cara, tenía un precio de 2500 euros más IVA. Es decir, 3025 euros para un grupo de diez personas.

El «cóctel» era en rigor una cena con aperitivos, primer y segundo plato, postre y bebida. Gustoso menú, por cierto. De aperitivos, palitos de jamón ibérico con salmorejo, botellita de gazpacho, croquetas de jamón o bacalao, cornetes de guacamole con langostinos y atún marinado en escabeche con crema de berenjena. Las opciones para el primer plato incluían turrón de hígado de pato con fresas y orejones escabechados y ajoblanco de espárragos blancos con granizado de bloody mary y boquerones. Para el segundo plato, esturión a la bilbaína con pimientos del piquillo agridulces, lomo de lubina salvaje con calabaza, naranja y tobiko, mero con mollejas de cordero al curry y cochinillo deshuesado con crema de patata. Para ciertos platos fuera de menú, como el carabinero con mollejas de cordero y gachas manchegas, había que añadir 8 euros por persona. Los postres abarcaban cuatro tipos elaborados de pasteles y tartas. De beber: agua mineral, vino blanco Ercavio, vino tinto Laya y café 100 por 100 arábica. El coste por persona era de 82 euros más IVA, lo que para diez comensales supera los 900 euros.

Así que, en total, el coste de la experiencia para un grupo de diez personas, incluyendo recorrido con entrada a estancias exclusivas, concierto de órgano, cóctel en el claustro de la catedral y menú, sobrepasa los 9000 euros, con el IVA incluido[13].

Evocarte continúa ofreciendo servicios exclusivos en la catedral de Toledo[14]. Y la Iglesia, dando lecciones sobre austeridad.

La voluntad tenía un precio

«¡No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado!» (Jesús de Nazaret)

La gestión de las catedrales constituye una importante fuente de ingresos de la Iglesia. Cada diócesis o cabildo se lo monta a su manera. El común denominador es el máximo aprovechamiento económico del patrimonio, el disfrute de múltiples beneficios fiscales y la escasa transparencia sobre los resultados. Un buen número de diócesis informan, en ocasiones en ruedas de prensa, del número de visitantes, con un discurso y una puesta en escena que recuerdan a la presentación de resultados de cualquier empresa del sector turístico. La salvedad es que es poco corriente que se dé cuenta de los ingresos económicos. León sí los difunde: 1 546 605 euros en 2017[15]. Cádiz también: algo más de 1 millón. Pero la inmensa mayoría no. Las autoridades diocesanas saben que es un tema espinoso. En Valencia, León, Oviedo u Ourense la implantación del cobro causó críticas y revuelo mediático. Asociaciones laicas han protestado también por la falta de transparencia de los métodos de cobro, presionando en ciudades como Córdoba y Zaragoza para que se pueda pagar con tarjeta y el dinero deje algún rastro.

La falta de transparencia sobre los ingresos por entradas se impone. La Conferencia Episcopal se lava las manos. Alegando que es un órgano colegiado, y no jerárquico, deja la responsabilidad de las decisiones a las diócesis, que gestionarían según su propio criterio y sin injerencias. Lo de siempre. El dinero que la Iglesia ingresa por sus templos es difícil de rastrear. Los datos oficiales de la CEE ofrecen pocas pistas. Su última memoria de actividades, sobre el año 2016, cifra en 113 millones los ingresos por «patrimonio y otras actividades». ¿Está ahí el dinero de las entradas? ¿O más bien está en la «aportación voluntaria de los fieles», que supone 335,8 millones? ¿O en «otros ingresos corrientes», que suman 193? La CEE no lo aclara[16]. En ningún punto se hace referencia a los ingresos por entradas. ¿Dónde están? ¿En el limbo?

Los datos que la jerarquía católica y las diócesis ofrecen en sus espacios sobre «transparencia» tampoco disipan dudas. No es sólo que la información no está recogida en la memoria de la CEE, es que tampoco lo está en los apartados de transparencia de cada uno de los obispados. Las fichas distinguen entre «aportación de los fieles», «asignación tributaria», «ingresos de patrimonio y otras», «otros ingresos corrientes» o «ingresos extraordinarios». La diócesis de Córdoba, por ejemplo, no publica datos que orienten siquiera sobre lo recaudado por las entradas a la mezquita, que recibe casi 2 millones de visitantes al año[17]. Las diócesis que hacen aproximaciones son minoría. Como la de Sevilla, que cifra en más de 14,5 millones los recursos generados por la catedral, prácticamente todo imputable al apartado de «ingresos por servicios». Lo demás es la información, dispersa y episódica, que algunas diócesis ofrecen sobre sus visitantes anuales. Entre lo —poco y confuso— que publica la CEE y lo —poco y aún más confuso— que publican las diócesis, el resultado es un pastiche ininteligible. Nada que arroje luz.

Las preguntas dirigidas a la CEE son de cajón. ¿Dónde se computan los ingresos por los accesos a los templos? ¿Cuál es su cuantía? ¿Qué tratamiento fiscal se les da, a efectos de declaración y tributación? La respuesta es inexistente. Eso compete a cada diócesis. La línea de argumentación oficial es que los ingresos no cubren ni los costes de mantenimiento, pero creer tal afirmación es cuestión de fe. Lo que sí es constatable es que la Iglesia extiende a la gestión de los templos su privilegiado régimen fiscal. Con la Ley de Mecenazgo en la mano, tanto la Iglesia como sus instituciones disfrutan de la exención del Impuesto sobre Sociedades. El quid de la cuestión reside en que es la propia Ley de Mecenazgo la que reconoce a la Iglesia unos fines de interés general que luego no tiene la obligación de acreditar a efectos de justificación económica. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si ni el Gobierno ni el Tribunal de Cuentas han fiscalizado el uso que la Iglesia da al dinero recibido vía IRPF, ¿qué cabía esperar del que percibe por las entradas a sus templos? A efectos prácticos, este dinero queda en similar situación a lo recaudado en cepillos, bodas, bautizos y comuniones.

Los análisis fiscales, basados en el puro examen cuantitativo, apuntan a que la Iglesia computa todos estos ingresos como donativos[18], a pesar de que en teoría los donativos no deben tener un precio, menos aún fijado previamente. Es de pura lógica: si el donativo es «la voluntad», «la voluntad» no debe tener precio. Pero, a las puertas de las catedrales, la voluntad sí que tiene un precio, aunque no un mínimo control fiscal.

Es la cuadratura del círculo. Si la Iglesia recibe dinero del Estado, no se comprueba a qué se dedica. Si lo gana empresarialmente, por ejemplo con entradas a sus catedrales, se libra del pago de impuestos porque todo en la Iglesia se entiende dedicado a sus fines propios. No es que la normativa declare exentos todos los ingresos de la Iglesia. En teoría, sólo lo están los que tienen justificación religiosa o social. Lo que ocurre es que el hecho de que la Iglesia obtenga un ingreso por una actividad a menudo confiere por sí mismo a dicha actividad un carácter religioso o social. Además, al no ser de iure una empresa, la Iglesia no tiene la menor obligación de depositar sus cuentas en el registro mercantil. Y, pese a todo, actúa en múltiples ámbitos como una compañía súper profesionalizada… al mismo tiempo que como ONG súper subvencionada.

La CEE explica que, aunque no tributan, los ingresos por entradas sí se declaran. Y que con ello se cumplen los requisitos legales, que no establecen ningún «privilegio» para la Iglesia, porque es un régimen compartido con cualquier ONG. La diferencia estriba en que ninguna ONG tiene monumentos por los que cobrar entradas. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha planteado dudas razonables sobre la forma de la Iglesia de computar los ingresos por sus entradas, que cree que nunca deberían ser considerados «donativos». La clave residiría, según Gestha, en los fines a los que se dedican los ingresos. Es decir, en si están destinados a los fines propios de la institución. Cuando los ingresos se dedican, por ejemplo, a compensar gastos de mantenimiento, no cabría hablar de valor añadido objeto de tributación. Pero ¿qué ocurre cuando hay un gran volumen turístico que genera un beneficio? En teoría ahí sí debería haberlo, pero en la práctica no lo hay, porque se entiende que, en cualquier caso, el dinero se destina a los fines propios de la Iglesia, protegidos como oro en paño. La opacidad consentida hace el resto del trabajo[19].

Son los propios fines de la institución los que le otorgan el beneficio fiscal. Y es la opacidad de su gestión económica la que permite a la Iglesia mantener que sus fines son la predicación, la caridad, la educación… Jamás el business.

Pero, entonces, ¿qué pinta el cabildo de Córdoba invirtiendo dinero en Abengoa?

4.2. Un bien universal al capricho de un obispo

4.2. Un bien universal al capricho de un obispo

De la gestión eclesial de la mezquita de Córdoba: ingresos secretos, beneficios fiscales, aberración estética y perversión historiográfica. De cómo una inversión en Abengoa desmintió a la Iglesia. De la colocación de un aseo en el muro de una qibla. De cómo justificar una apropiación patrimonial con una basílica imaginaria

Caixabank, JP Morgan y el cabildo

«Lo que ante mis ojos aparece como blanco debo considerarlo negro si la jerarquía de la Iglesia lo considera así» (Ignacio de Loyola)

Palmas Altas nació no sólo para ser la impresionante sede de Abengoa en Sevilla, sino también para convertirse en un símbolo de la modernización de Andalucía y de la pujanza empresarial española. Diseñada por el premio Pritzker Richard Rogers, fue inaugurada en 2009 por el rey Juan Carlos. Su misión era concentrar el grueso de la actividad de Abengoa en el campo del desarrollo sostenible, sector que parecía tener el mañana a sus pies. La descripción de sus maravillas era mareante: casi 100 000 metros cuadrados de superficie, que también integraban uno de los campus de la universidad jesuita andaluza; 1500 plazas de parking; jardines hispanoárabes; una guardería para los hijos de los miles de trabajadores… Uno de los datos de los que presumía la compañía era que casi un 70 por 100 de la energía consumida era producida en sus instalaciones mediante trigeneración, paneles fotovoltaicos, heliostatos cilindroparabólicos y pilas de hidrógeno. No estaba muy claro qué significaba todo aquello, pero sonaba bien. Limpio, eficiente, moderno. Un sueño hecho realidad. Pero dentro las cosas pintaban distintas.

Con la boca pequeña, entre cuchicheos, a Palmas Altas se la conocía como Palmatraz, término de resonancias carcelarias. El control sobre los empleados se ejercía hasta el límite de la paranoia. Había que almorzar en el campus, porque, aunque los horarios eran extenuantes, estaba mal visto llevar comida. Echar horas extra sin remuneración era moneda corriente, pero ¡ay del que llegara cinco minutos tarde! La estampa de trabajadores apretando el paso desencajados al filo de las 8:30 era un clásico. Darse de baja no era fácil. Pedir un día para coger un puente era una temeridad. Las posibles válvulas para escapar de la opresión laboral estaban taponadas. Al temor a que algún compañero fuera un chivato se sumaba que la sindicación estaba perseguida.

Las historias sobre Palmatraz han circulado como susurros por Sevilla desde la inauguración del complejo. Pero era raro ver alguna mención en la prensa, embelesada por el aparente éxito de Abengoa y, en el caso de Andalucía, temerosa de ahuyentar a su empresa bandera, tan próxima al poder político. Sí, Abengoa era tabú. Y más sagrado aún era el nombre de su presidente de 1991 a 2015, Felipe Benjumea Llorente, Don Felipe, hijo de Javier Benjumea Puigcerver, marqués de Puebla de Cazalla y fundador de Abengoa, sobrino de Rafael Benjumea y Burín, primer conde de Guadalhorce y ministro de Primo de Rivera, y Joaquín Benjumea y Burín, primer conde de Benjumea, ministro de Franco y gobernador del Banco de España. No es que fuera una familia de mindundis.

Benjumea hijo, Don Felipe, licenciado en Derecho en la jesuita Universidad de Deusto, era Dios en Abengoa. El que todo lo veía y lo sabía. El hombre cuyo poder nadie discutía. El irrespirable ambiente de Palmatraz llevaba su sello. Era autoritario hasta decir basta. La empresa era una teocracia. Su palabra era la ley. Don Felipe inspiraba temor y fascinación. Lo envolvía un aura de hombre recio, recto, ascético, que no hacía sino aplicar a los demás el despotismo que se aplicaba a sí mismo. Su perfil de obseso del trabajo y mandamás visionario se coronaba con los rasgos míticos que le aportaba su fama de fervoroso católico, alentada por su asistencia a canonizaciones en el Vaticano[20].

Don Felipe se creyó su propia leyenda. Estaba tan convencido de su imbatibilidad que ignoró las señales que los mercados empezaron a emitir a finales de la década pasada. La intuición del líder sustituyó a la lógica. Abengoa se expandió con inversiones de alto riesgo, pero sin acompañar las audacias del jefe con la ampliación de capital para darles cobertura. El motivo es que Don Felipe no quería perder un ápice de su poder. Al final resultó que el directivo genial estaba demasiado apegado a los estrechos códigos de la empresa familiar, tan reticente a diluir capital para garantizar las bases del crecimiento. Todo reventó como un globo en noviembre de 2015, cuando la gran esperanza de la economía verde, a cuyas cuentas PwC no había puesto mayores pegas, se declaró en preconcurso de acreedores, tocada por la temeridad de Don Felipe y rematada por el fin del apoyo político a las renovables. Su deuda bancaria superaba los 20 000 millones de euros. El gran sueño empresarial español era mentira. Tras el hundimiento de Abengoa, que a duras penas hoy intenta reconducir su rumbo, Don Felipe, el asceta que lo daba todo por la empresa, se llevó una indemnización de más de 11 millones. Al descubierto quedó también la obscena relación de Abengoa con el poder político.

El terremoto provocó réplicas en sus filiales fuera de España. Una de ellas, Atlantica Yield, tuvo que remitir a la agencia federal supervisora de los mercados financieros en EEUU un listado de los 350 inversores en los créditos que había ofrecido tras el preconcurso. Había de todo: sicav, fondos de inversión, bancos, equity firms, industriales, aseguradoras… Y ahí, en el mismo listado que incluía a JP Morgan y Caixabank, aparecía, como poseedora de 3215 títulos, el cabildo de la mezquita-catedral de Córdoba[21]. La presencia de aquel nombre en el listado no era, por increíble que pareciera, fruto de ningún error. La cosa era lo que parecía: la Iglesia había invertido dinero de la mezquita-catedral de Córdoba en Abengoa, la empresa del Dios Felipe, que tan estrechos vínculos tiene con la Compañía de Jesús. Una empresa amiga.

Fieles a su proceder habitual, ni la diócesis ni el cabildo dieron la menor explicación sobre la inversión, que desmiente de la A a la Z el discurso eclesiástico según el cual los beneficios por las entradas a sus templos se dedican a su conservación y a proyectos sociales. Y que ofrece una prueba inequívoca de que la Santa Madre aprovecha su discrecionalidad operativa para actuar al margen de sus fines teóricamente naturales.

Unas ganancias ocultas

«El cabildo de Córdoba debería dar cuentas del dinero que recauda por las entradas de la mezquita-catedral y pagar el IVA por ellas. Igual que cualquier otro autónomo» (Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral)

La Iglesia maneja a su antojo la mezquita, ejemplo del ménage à trois entre ingresos de vértigo, beneficios fiscales y opacidad. En 2017 el templo rozó los 2 millones de visitantes[22]. Concretamente, 1 908 957. Otro año de récord. La entrada individual estándar de adultos cuesta 10 euros. La visita nocturna, El Alma de Córdoba, sube a 18. Tomando como referencia los propios datos sobre visitas de distintos tipos que reconoce el cabildo, se alcanza una estimación de ingresos superior a los 16 millones. Pero no son cifras oficiales. Porque los números exactos de la mezquita omeya —restaurada con dinero público, liberada por el Estado del pago de impuestos, un símbolo de nuestra cultura ante el mundo— son una incógnita bajo llave. La Iglesia se beneficia de una fiscalidad propia de una ONG pese al desarrollo de una actividad empresarial que poco tiene que ver con la caridad. Además, no paga IVA por las entradas, como ha denunciado la Plataforma Mezquita-Catedral[23]. Pese a estos beneficios públicos, ni el cabildo, ni la diócesis, ni la Conferencia Episcopal dicen ni mu sobre la taquilla.

En el remedo de cuentas anuales que publica el obispado es imposible ubicar los ingresos por entradas. Ni que decir tiene que tampoco se puede saber que el cabildo tiene dinero en Abengoa. Todos los apartados, tanto de ingresos como de gastos, evitan cualquier minuciosidad. Este brochazo grueso tiene su lógica. Si el Estado no obliga a la transparencia, menos aún a la justificación, ¿por qué molestarse? Es más cómodo hacer público un folio con ingresos y gastos sin detallar. Y con un resultado casi cuadrado. Miremos las cuentas de 2016: Ingresos: 8 905 927,17 euros. Gastos: 8 781 448,30 euros. Pero, si en 2016 la mezquita-catedral superó los 1,6 millones de visitantes y entonces la entrada individual costaba 8 euros, ¿dónde se computa ese dinero? No salen las cuentas.

Otra vez la Iglesia oficia una ceremonia de la confusión, presentando datos difícilmente comparables entre sí, sobre los que no se presta a ofrecer el menor detalle. La conclusión es que nada firme puede concluirse de sus cuentas. Bueno, algo sí: que, más que a la transparencia, contribuyen al equívoco. Y no sólo me pasa a mí. Diversos expertos en fiscalidad y tributación dicen lo mismo. Uno de ellos es el abogado Claudio Rodríguez, exhaustivo conocedor de la economía de la mezquita. «[Una empresa] está sujeta a los principales tributos del tráfico mercantil, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades. No obstante, [la mezquita] no tributa por ellos por gozar de sendas exenciones […]», escribe Rodríguez en Cordópolis[24]. Y añade: «Si el cabildo fuese una empresa, depositaría sus cuentas en el registro mercantil. Si fuese una entidad sin fines lucrativos, en el registro donde se constituyese. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque el cabildo también es mentira. ¿Qué es jurídicamente el cabildo? ¿Cuál es su forma jurídica? En las entradas de la visita diurna tiene NIF de entidad religiosa, mientras que, en la visita nocturna, de comunidad de bienes. Una tomadura de pelo. La única forma de hacer esto, de negar las cuentas, es decir que no es negocio». La conclusión de Rodríguez es que toda la operativa de la Iglesia es «un engaño para ocultar las ganancias».

Un arco de herradura y un cuadro del beato Cristóbal

«Los moros sólo pusieron el dinero» (monseñor Demetrio Fernández)

El daño que inflige a la res publica la gestión descontrolada que la Iglesia hace de la mezquita de Córdoba no es sólo económico. Es un atentado contra el patrimonio nacional. Una farsa historiográfica. Una utilización de un símbolo de la humanidad, de un tesoro de España, como arma de confrontación interreligiosa.

La gran mezquita de Córdoba empezó a construirse a mediados de la década de los ochenta del siglo VIII, bajo los auspicios de Abderramán I. Ampliada durante el Califato (929-1031), llegó a ser la segunda mayor mezquita del mundo tras La Meca. Se trata de una de las más admirables aproximaciones al ideal de belleza de la historia del hombre. La mezquita de Córdoba, legado inmortal de al-Andalus a España, ofrece un ramillete de estampas excelsas, incluidas por mérito propio en el catálogo de maravillas de nuestro mundo. El bosque de 1300 columnas de mármol, jaspe y granito, los inconfundibles arcos de herradura bicolores, la magia de los mosaicos… Las más variopintas formas de perfecta sencillez se combinan en el lugar exacto, Córdoba.

Lógicamente la huella de la historia ha atravesado la mezquita. Fernando III la convirtió en catedral en el siglo XIII. Y el obispo Iñigo Manrique impulsó la construcción de una capilla en su interior. Se atribuye a Carlos V una frase demoledora: «Habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes». Desde entonces, la mayor o menor ocultación del origen islámico por parte de la Iglesia ha dependido de la línea ideológica de sus sucesivos líderes. No siempre ha sido fácil la convivencia de un credo dominante, como el catolicismo en España, con el legado religioso anterior. Dicho de otra forma: era imposible que los Reyes Católicos hicieran bandera de Córdoba como «ciudad de las tres culturas».

Lo injustificable es la actitud no sólo patrimonializadora, sino despectiva hacia el carácter islámico del templo, que despliega la Iglesia católica en España en la segunda década del siglo XXI. La clave hay que buscarla en la propensión a la cerrilidad ideológica de la jerarquía católica, que porta indeleble el sello reaccionario de Wojtila y Rouco, mostrándose incapaz de establecer una relación franca y generosa no sólo con el resto de confesiones, sino con la propia historia de España. Esta falta de aperturismo cultural se agrava por el carácter de Demetrio Fernández, obispo de Córdoba desde 2010, banderín del episcopado más duro. Fernández vive obsesionado por las amenazas de la sodomía, el relativismo y la «ideología de género», que es como llama al feminismo, esa «bomba atómica» (monseñor dixit). La fecundación in vitro le parece «un aquelarre químico». Una vez explicó que un cardenal le había contado —y él lo había creído— que la Unesco «tiene programado hacer homosexual a la mitad de la población», propósito ciertamente complejo de llevar a cabo. Fernández, uno de los obispos que han celebrado sin complejos la irrupción electoral de Vox, está convencido de que el catolicismo en España debe consistir en una militancia aguerrida que exige mantener la guardia alta para defenderse del diablo de la modernidad, tan engañoso como multiforme, disfrazado las más de las veces de buenismo progresista. Puro pensamiento Rouco.

El obispo de Córdoba ha convertido la mezquita en uno de los escenarios de su batalla contra la modernidad, para lo cual prodiga los gestos de apropiación simbólica del templo. Fernández no sólo niega que la mezquita sea islámica, que es tanto como negar que la catedral de Burgos sea cristiana, sino que se niega incluso a llamarla «mezquita». «Es arte cristiano bizantino. Los moros sólo pusieron el dinero», declaró una vez. Ya en 2010 pedía a las autoridades públicas que no empleasen la palabra «mezquita» y «llamasen a las cosas por su nombre». Para él, es la catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Hasta tal punto lleva su empeño que en los propios materiales de la Iglesia sobre el templo se hizo referencia hasta 2016 sólo a la «catedral», sin alusión a la «mezquita», cuando es obvio que los millones de turistas que visitan cada año Córdoba buscan una mezquita y no una catedral, porque catedrales ya las hay por decenas, y maravillosas, en otras ciudades españolas. La obstinación de Fernández contribuyó incluso a que durante un tiempo fuera imposible encontrar la «mezquita» en Google Maps. Un disparate.

Fernández también ha culminado su propósito de convertir la mezquita en el epicentro de la Semana Santa de Córdoba, de forma que todas las procesiones pasan por el templo, ubicado en una intrincada zona de complicado acceso. Lo hizo a pesar de la oposición del ayuntamiento, que advirtió de los problemas organizativos que acarrearía. No se ha producido finalmente ningún problema de orden público, pero sí afectaciones patrimoniales. Los palcos para ver las procesiones rozaron las paredes del monumento con los hierros. La propia Junta de Andalucía, cuya inacción es en buena medida responsable de los desafueros de Fernández, admite que ha habido un «riesgo» para el patrimonio. Los palcos carecían del permiso preceptivo de la autoridad cultural.

Nada detiene a Fernández en su determinación de subrayar la catolicidad del monumento, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1984. Contra viento y marea, lo importante era que el mundo viera entrar cristos y vírgenes en la mezquita en la semana de pasión de Jesucristo. Para ello hubo que retirar una celosía de madera del arquitecto Rafael de la Hoz. Así se pudo abrir una nueva puerta lateral para hacer más fluida la entrada de las procesiones. Historiadores, arquitectos e intelectuales de toda índole pusieron el grito en el cielo ante el insólito atentado patrimonial.

En el intento de presentar el monumento como un elemento más dentro de un amplio circuito católico que incluye el cercano palacio episcopal, el obispo está causando un daño profundo a la identidad de la mezquita. Quizás es un atrevimiento pedirles que visiten el templo —si lo hacen, pidan pagar con tarjeta, por favor—, y más aún rogarles que distraigan algo de su atención del bosque de columnas para fijarse en cómo el cabildo ha ido pervirtiendo sus elementos histórico-artísticos. Pero es importante para comprobar cómo el resultado de entregar a la Iglesia la gestión sin cortapisas de una maravilla mundial no sólo le permite hacer caja sin pagar impuestos ni publicar resultados, sino también perpetrar las más hórridas aberraciones monumentales[25].

Empecemos por el mihrab de Al Hakam II, el corazón de la mezquita. Concebido en origen para orientar la oración hacia La Meca, hoy el rezo musulmán está prohibido. No está ahí el problema, sino en la colocación, a escasos metros del mihrab, de un conjunto escultórico dedicado a san Juan de Ávila y un gran atril para los libros de canto. Su presencia perturba la contemplación y disfrute de la qibla, el muro que alberga el mihrab, y altera su interpretación. Se ha producido también un abuso de exposiciones religiosas en el templo, como Córdoba, ciudad conventual y Vera Cruz en la diócesis de Córdoba. Ambas muestras supusieron la prolongada presencia de imágenes católicas en el bosque de más de mil columnas, que es además el escenario elegido para colocar belenes navideños. Al término de otra exposición sacra, en este caso del escultor Aurelio Teno, el cabildo colgó un cristo en uno de los muros de la mezquita primitiva. Más tarde colocó en el muro oeste un chirriante altar dedicado al beato Cristóbal. Un cuadro de santa Teresa de Calcuta cuelga en uno de los muros centrales. En el colmo de la falta de tacto, el cabildo habilitó un cuarto de baño en el muro de la qibla, elemento central del oratorio omeya. Un estudio elaborado por la Plataforma Mezquita-Catedral pone de relieve la frecuente utilización del muro exterior de la mezquita como «panel publicitario», con el objetivo de «visibilizar la identidad católica» del monumento omeya, incluso a riesgo de dañar unos sillares con más de diez siglos de antigüedad.

La Iglesia gestiona con manos libres la mezquita. Hace caja, no paga impuestos, no da explicaciones. ¿Que permite el acceso gratuito de los alumnos de la Universidad Loyola, la privada de los jesuitas? Pues nadie le tose. La mezquita es suya. La Iglesia decide a quién invita. Sin más. Hace lo que quiere. La falta de determinación de las instituciones para poner coto a sus desmanes demuestra la facilidad con la que la Iglesia impone sus designios al poder civil. La gestión queda al dictado de un obispo que, no contento con privatizar el bien y utilizarlo para engordar las cuentas de su diócesis, se permite también someterlo a su capricho estético y a su alucinada cosmovisión histórica.

La farsa de San Vicente

«El único deber que tenemos con la historia es reescribirla» (Oscar Wilde)

Los que se pronuncian contra los desatinos del obispo Fernández escuchan una respuesta recurrente, que vendría a resumirse así: «¿Qué pasa? ¿Es que prefieres el islam?». No es raro que la defensa de la esencia andalusí de la mezquita acabe llevando a conversaciones surrealistas en las que uno tiene que aclarar que no está de acuerdo con la lapidación de adúlteras, ni tiene previsto alistarse en el ISIS. El coste de defender una lectura histórico-artística pulcra de la mezquita lo conocen a la perfección Fernando Arce, arqueólogo del CSIC, y Alejandro García Sanjuán, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva. Porque su trabajo científico ha desmontado pieza por pieza una de las mayores farsas historiográficas sobre un bien patrimonio de la humanidad.

En su cruzada por cristianizar la mezquita, el obispo editó en 2014 miles de folletos en los que lanzaba la siguiente pregunta: «¿Conoces la verdadera historia de la catedral?»[26]. En dichos materiales se afirmaba que la mezquita está construida sobre la basílica visigoda de San Vicente mártir, del siglo VI. Pues bien, de tal basílica preislámica no hay ni una sola prueba. Sólo conjeturas. El artículo de Fernando Arce «La supuesta basílica de San Vicente en Córdoba: de mito histórico a obstinación historiográfica» desarticula el mito de este supuesto antecesor de la mezquita, que es meramente «legendario» y que tiene su raíz —vaya paradoja— en la tradición literaria islámica, según la cual el derribo de la basílica conformó el solar sobre el que se levantaría el templo omeya. «Esta tradición literaria es la que dio lugar al nacimiento del mito de San Vicente: un magnífico edificio identificado con la catedral preislámica», expone Arce su artículo[27].

Ya en los años treinta del siglo XX unas excavaciones se saldaron con una ausencia total de hallazgos. Las reconstrucciones pseudohistóricas divulgadas por la Iglesia, que también publicita en la web del monumento, no se sostienen. No obstante, «arrinconado el mito» por los resultados «desmitificadores» de la excavación —señala Arce—, los discursos oficialistas se renovaron, planteando la existencia de un supuesto «complejo episcopal», del que la basílica sería sólo una parte. Pero tampoco es cierto.

«Las exploraciones de [Félix] Hernández [en los años 30] sacaron a la luz una realidad material que obligaba a buscar una nueva comprensión de los acontecimientos. Lo que parecía invitar a entrar en una etapa de reformulación fue sustituido por lo que llamamos una obstinación historiográfica», recoge el artículo de Arce. Ahora la Iglesia, en vez de invocar la basílica, defiende que hubo un «complejo episcopal». El historiador Alejandro García Sanjuán ha contribuido a la demolición de este mito. Los hechos son tozudos: nada apunta a su existencia. Fue sólo una teoría basada en textos de cariz literario producidos «en un contexto de interés por reelaborar la memoria de la dinastía omeya y hacerla más próxima al califato omeya de Damasco», señala García Sanjuán[28].

Recientes excavaciones promovidas por la Iglesia han pinchado en hueso. El cabildo, aprovechando las obras para retirar la celosía de Rafael de la Hoz, encargó unas catas que no arrojaron el menor indicio de una basílica, si bien permitieron a la diócesis insistir, sobre la base del hallazgo de lo que parecen restos de pavimento, en la teoría del antiguo episcopium. Nada. Humo. Sostenella y no enmendalla. Incluso los investigadores más próximos a las tesis de la Iglesia acaban por inscribir la basílica en el terreno de lo legendario. Y, sin embargo, ahí sigue, en el relato que la Iglesia ofrece de uno de los monumentos españoles más conocidos en el mundo. Sin que nadie le pare los pies ni le pida rectificar. A pesar de la contundencia de los desmentidos científicos, la basílica de San Vicente es difícil de desmontar, insertándose a la perfección en el discurso de reconquista nacionalcatólico tan del gusto de la jerarquía española. Es una narración que no se basa en razones, sino en creencias. Y ahí la Iglesia es la reina.

Es imposible cuantificar el coste que la falacia de la basílica de San Vicente supone cada año al Estado. ¿Cuál es el precio de la perversión de nuestro patrimonio? ¿Cuánto nos cuesta que la institución privada más influyente de España despliegue sobre la piedra de nuestra historia su relato cruzado y maniqueo?

Hay una razón más. El dinero, siempre el dinero. Cuando el obispo Fernández editó los folletos defendiendo la inmemorial tutela del catolicismo sobre el suelo de la mezquita, estaba haciendo algo más que reivindicar sus raíces. Estaba atribuyéndose su titularidad. Trataba no sólo de manipular la historia, también de justificar la apropiación del templo. Una apropiación ocurrida un 2 de marzo de 2006. Entonces no se enteró nadie. De hecho, no habíamos oído jamás esa extraña palabra: «in-ma-tri-cu-lación». Y si nos hubieran explicado su significado, no lo habríamos querido creer.

4.3. La pesadilla de Mendizábal

4.3. La pesadilla de Mendizábal

De las decenas de miles de inmuebles registrados de tapadillo por las diócesis: catedrales, iglesias, plazas, huertos, solares, frontones, bungalows… De la ampliación de privilegios de Aznar y la amnistía registral de Rajoy. Del mayor pelotazo inmobiliario de la historia de España

Una casualidad en Tafalla

«La Iglesia existía ante que los ayuntamientos» (arzobispado de Navarra)

En 1981, José Mari Esparza, concejal en Tafalla, un pueblo navarro de unos 10 000 habitantes, acudió al registro a inscribir una parcela comunal. Esparza iba sobre aviso de una particularidad, de la que le habían advertido los guardas del término: en el centro de la parcela se encuentra la ermita de San Gregorio. La información no disuadió a Esparza. Si está en terreno comunal —se dijo—, también es comunal. El registro se llevó a efecto y no causó la menor protesta. Había sido el pueblo el que había levantado todos los edificios, incluidas las ermitas, desde tiempo inmemorial, con su tiempo, su esfuerzo y su pecunio. Al pueblo, pues, debía corresponder su inscripción. Estaba lejos todavía Esparza, en tiempo y en conocimiento, de entender cuán equivocado estaba.

El descubrimiento de su error llegó 26 años después, en 2007. Esparza acudió al registro a hacer una gestión y aprovechó para preguntar por la parroquia de Santa María. La respuesta le causó inquietud: había sido registrada por la diócesis unos meses antes. ¿Cómo? Pidió una nota simple. En efecto, así era. Esparza se preguntaba qué había llevado a la diócesis a alterar el centenario estatus de la parroquia. Y se hizo otra pregunta que a la postre resultó crucial. ¿Sería el único caso? ¿Y San Pedro de Olite? ¿Y Santa María de Uxue? ¿Y el cristo de Catalaín? Lo comprobó, nota simple a nota simple. Todo había sido registrado por la Iglesia. La catedral de Pamplona también.

Este episodio lo cuenta el propio Esparza en el libro Escándalo monumental. La privatización de las iglesias, ermitas, casas, tierras y otros bienes públicos de Navarra, una aportación crucial para el desvelamiento de la masiva apropiación de bienes realizada por la Iglesia. Lo que se conoce, ahora sí, como las inmatriculaciones. Tras el hallazgo de 2007, ni siquiera con el primer montón de notas simples sobre su mesa podía Esparza adivinar las dimensiones de su hallazgo. Juristas, historiadores y curas consultados al respecto tampoco daban respuesta. El 23 de abril de 2007, el colectivo juvenil Altaffaylla Kultur Aldea, puesto al corriente de los hechos, decidió publicar un escrito rompiendo la baraja. «Nos encontramos ante la mayor apropiación indebida de la historia de Navarra, después de la propia conquista del Reino», decía su nota. El arzobispado respondió con un comunicado. «Se manipulan con carácter demagógico algunos datos sueltos, sacados de contexto y sin ningún rigor histórico», señalaba. La diócesis alzaba una protesta contra afirmaciones como que la inscripción de bienes constituía «una inmoralidad», pero en ningún aspecto desmontaba el fondo de la denuncia. La nota eclesial defendía, en suma, que lo hecho tenía cobertura legal. Poco más. Y ahí es posible que la Iglesia tenga parte de razón. En la razón legal, me refiero. No hablo de moral ni de justicia, sino de ley[29].

Aunque para entender las inmatriculaciones también hay que hablar de historia. Podríamos empezar por el siglo XV, cuando en los pueblos navarros los vecinos se reunían en batzarre para acordar la construcción de una ermita o una casa para el cura. Todo corría por cuenta del bolsillo y el sudor de los vecinos, que no se libraban de la derrama concejil fueran o no creyentes. Daríamos luego un salto de medio milenio hasta 1933, cuando la República realizó un reconocimiento de bienes públicos que afectaba de lleno a la hegemonía patrimonial de la Iglesia. Sin cuestionar el culto en los templos, que quedaba garantizado, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 reconocía la propiedad «nacional» de «los templos de toda clase y sus edificios anexos».

Nuestra siguiente parada es la dictadura. Destrozada la obra republicana, vio la luz la Ley Hipotecaria de 1946, crisol de un nuevo régimen de propiedad a la medida de los vencedores. Estamos ante un fabuloso regalo para la Iglesia, que así puede restablecer su imperio patrimonial. El artículo 206, la madre del cordero, equipara la Iglesia con el Estado en la potestad de «inscribir» a su nombre bienes aunque «carezca del título escrito de dominio». Es lo que en jerga administrativa llamamos «inmatricular»: registrar por primera vez un bien. Lo único necesario era la «oportuna certificación del funcionario a cuyo cargo esté la administración» del inmueble. En el caso de la Iglesia, el que hacía las veces de funcionario era el propio obispo, facultado para emitir certificaciones de dominio como si fuera un notario. La Iglesia pasaba a ser un fedatario público. Se convertía —no de facto sino de iure, no en teoría sino en el BOE— en parte del Estado. En registradora de la propiedad de los señores de una España en ruinas.

Las diócesis tomaron su botín. Empezaron a inmatricular sin descanso, en una apropiación de unas dimensiones colosales. Inmatricularon casas, colegios, hospitales… Cualquier bien sin inscripción podía ser suyo. Con una sola limitación. Una línea roja. El reglamento hipotecario de 1947 impedía la inscripción de los templos de culto. Esta limitación reflejaba la voluntad del Estado de proteger el patrimonio monumental español, cuya inscripción ni siquiera un régimen en perfecta simbiosis con la Iglesia quería facilitarle, al entenderse que era de dominio público. Imperaba, además, una noción de las iglesias como bienes no comercializables. Ingenua noción.

Incluso esta limitación acabó desapareciendo. Y no fue con un oscuro pacto ente dictadura y teocracia, sino en plena democracia. La Ley Hipotecaria de 1998, con Aznar, dio a la Iglesia carta blanca para inmatricular también bienes de culto. Fue Aznar, no Franco, el que permitió que a España, o podríamos decir al pueblo español, se le escapara uno de sus tesoros más preciados. Desde un punto de vista aconfesional, la ley del 98 empeora la del 46, al flexiblilizar aún más los requisitos para el registro de bienes, lo cual provocó que las inmatriculaciones empezaran a ser «masivas» y «generalizadas», como ha explicado el catedrático de Derecho Público Alejandro Torres[30].

La reforma permitió a las diócesis dar un salto cualitativo. Ya no sólo registraban casas rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos y huertos, sino también iglesias, catedrales o ermitas, llevándose por delante parcelas e inmuebles anejos a estos templos. Barriendo para casa en cada inmatriculación. En ningún foro, en ninguna declaración, en ninguna asamblea, en ninguna publicación hizo la Iglesia referencia alguna que diera pista de lo que estaba ocurriendo en los registros de todo el país. Y no era un tema menor: era la alteración del estatus de propiedad más bestial en la historia reciente en España. Tanta discreción hace dudar de la buena intención y hasta de la buena conciencia del reducido grupo de jerarcas y ecónomos diocesanos que a buen seguro conocían la jugada.

Las inmatriculaciones, que se descubrieron en Navarra pero han tenido lugar por toda España, son la expresión cristalina de un privilegio. Lo explico. Cualquier particular con propósito de inmatricular un bien debe demostrar su titularidad con un documento probatorio, como podría ser una escritura de compraventa ante notario. Tras su presentación, el registro publica el número y descripción de la finca, que el ayuntamiento anuncia por si alguien tiene algo que oponer. El registrador revisa que todo está correcto antes de anotar la inscripción. Todo este procedimiento se reduce a la mínima expresión en el caso de la Iglesia, que no necesita aportar más que la firma del obispo. Los requisitos de exposición pública se diluyen. Basta con redactar un breve certificado y firmarlo. La Iglesia se convierte en juez y parte. Las diócesis se han limitado a argumentar que el bien en cuestión provenía de una herencia, que había sido comprado tiempo atrás o que se venía utilizando y gestionando por la Iglesia desde tiempo inmemorial. Así se confunde uso con posesión, posesión con propiedad, propiedad con titularidad.

Puede haber razón legal, pero no justificación jurídica. Es un atentado a cualquier garantía democrática del derecho de propiedad, tan querido por nuestros liberales cuando se trata de proteger bienes privados, pero tan discutible cuando los que se pierden son públicos. Porque de eso se trata. La inmatriculación de templos impugna el carácter de bien público de edificios construidos con las manos del pueblo, con el dinero del pueblo, un pueblo diezmado por la Iglesia durante siglos. Las diócesis han usado desde siempre las ermitas, las iglesias y las catedrales con fines religiosos —nadie discute que esos usos se mantengan—, pero, a su vez, estos templos han tenido múltiples usos civiles. No han sido, a la luz de la historia, propiedad de la Iglesia sino para su uso. Su posesión quedaba indefinida, pero la lógica apunta que, en una democracia, debe corresponder a las instituciones públicas. Pero no. Se las ha agenciado la Iglesia de tapadillo.

Un pelotazo incivil

«El pueblo existía antes que la Iglesia» (padre Jesús Lezaun)

Las diócesis se pegaron más de seis décadas inmatriculando a destajo sin que nadie chistara. El dinero no era el problema, porque el coste del trámite es mínimo. El secreto duró hasta que un grupo de navarricos hizo lo que ni un ayuntamiento ni un solo gobierno tuvieron los redaños o la diligencia de hacer, ni siquiera en democracia: sacar a la luz el escándalo. Vista con perspectiva, la denuncia pública de abril de 2007 es una de las mayores exclusivas informativas desde que la prensa española es libre, sólo que no fue fruto de un trabajo periodístico, sino de la investigación de unos activistas que no llegaron a contrastar el resultado de sus pesquisas antes de lanzarlas a la arena pública, pero que dieron en el centro de la diana. La reacción de la jerarquía, por su brutalidad, da la medida de hasta qué punto sintió amenazados sus intereses.

Seis días después de la nota del arzobispado intentando negarlo todo sin poder negar nada, se celebró la tradicional romería a Uxue. Allí el arzobispo Fernando Sebastián se mostró más que cabreado. Como destaca Esparza en Escándalo monumental, los principales diarios, televisiones y radios de Navarra, de inclinación católica y conservadora, habían informado poco de la denuncia de Altaffaylla Kultur Taldea, por lo que la mayoría de romeros no tenían ni idea de las razones que llevaron al arzobispo a lanzarse a una diatriba sobre la propiedad de los templos y la raigambre de la Iglesia en Navarra[31]. La jerarquía católica había apretado las filas con el objetivo de asfixiar la polémica antes de que pasara a mayores. Pero la batalla estaba lanzada. En la estela del colectivo juvenil Altaffaylla Kultur Taldea se constituyó la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, que desde 2007 se ha erigido en demostración de la fuerza y el alcance social que puede tener la inteligencia civil cuando toma conciencia, se organiza y actúa con un objetivo. La plataforma no ha dado tregua a las autoridades eclesiásticas. Desveló inmatriculaciones pueblo a pueblo. Tejió alianzas. Unió a un centenar de municipios con el propósito de recuperar lo expoliado. Forzó a las instituciones a actuar. Denunció la doble moral de la Iglesia. Y desmintió su cacareado carácter de «Iglesia de los pobres».

Pocos meses después de estallar el escándalo dejó su cargo el arzobispo Fernando Sebastián, arropado por todos los poderes de Navarra. Se iba un reaccionario, un carcamal ideológico, cuya inclinación política podría resumirse en esta frase: «Hoy en España hay algunos partidos políticos que quieren ser fieles a la doctrina social de la Iglesia en su totalidad, como, por ejemplo, Comunión Tradicionalista Católica, Alternativa Española, Tercio Católico de Acción Política, Falange Española de las JONS»[32]. Es curioso. Sebastián fue en su día un prestigioso teólogo claretiano considerado próximo a las ideas de Tarancón, tenido por conciliador e incluso por contrapeso aperturista durante el vicepapado de Rouco. Pero su deriva hacia posiciones cada vez más retrógradas describe bien la de la propia jerarquía española a lo largo de las últimas dos décadas. El hombre acabó apropiándose de infinidad de bienes a escondidas, al tiempo que clamaba contra gays y abortistas, cada vez más escorado allende la derecha. El desvelamiento de las inmatriculaciones le amargó el ciclo final de su periodo como arzobispo.

En una muestra de astucia táctica, la plataforma no sucumbió a la tentación de un anticlericalismo rabioso, que la habría arrinconado en una sociedad, la navarra, de fuerte arraigo religioso, sino que se decantó por el trabajo social, la reflexión y la argumentación. El mejor compendio de su trabajo es el libro Escándalo documental, que reúne a expertos en historia, derecho y etnografía para demoler el argumentario de la Iglesia. Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público, argumenta la inconstitucionalidad de las inmatriculaciones. El historiador Mikel Sorauren repasa siglos de pugnas por el poder entre la Iglesia y el Estado, deteniéndose en las dos únicas ocasiones en que el segundo ha intentado imponerse al primero, 1873 y 1931, con sendas respuestas de contundencia impresionante. El sacerdote José Antonio Pagola contornea el problema desde el punto de vista social. «Los humildes nunca han sido propietarios más que de su fuerza de trabajo», escribe. Y añade, en contraste: «El arzobispado de Pamplona se ha convertido en la inmobiliaria más grande de Navarra».

El profesor de historia Juan Madariaga acredita cómo las iglesias en Navarra no han sido sólo espacios religiosos, sino de reunión de concejos, hermanamiento, solidaridad gremial e incluso protección de perseguidos. La abogada María Isabel Urzainqui desbroza los abstrusos conceptos patrimoniales. Su conclusión es que el «usucapión» —la «posesión continuada» de un bien que, según la Iglesia, sirve como justificación para reclamar su inscripción— no es aplicable a bienes públicos. El teólogo Jesús Lezaun se encarga de los argumentos morales. Y la firma mancomunada de la plataforma hace una propuesta a la cúpula de la Iglesia navarra: «Que con fondos públicos se mantengan los edificios; que estos estén abiertos a todos, como en la Baja Navarra, y que los fieles hagan en paz sus cultos. Como siempre ha sido. Nadie cuestiona ese uso y más le decimos: la religiosidad cobra mayor sentido insertada en la comunidad, y no en espacios privados, bajo la eterna sospecha de la apropiación indebida».

La presión social en Navarra, de la que tanta responsabilidad tiene la plataforma, permitió conocer un listado oficial de bienes inmatriculados entre 1998 y 2007. Quedaban fuera los anteriores a la ley de Aznar. Pero, incluso sin estos, el resultado es sensacional: 651 parroquias; 191 ermitas; nueve basílicas; 42 viviendas; 26 locales comerciales, almacenes, garajes y locales; dos atrios; ocho cementerios; 107 fincas y solares; 38 pastos, prados y helechales; 12 viñas, pinares, olivares y arbolados. Así hasta un total de 1087 bienes. En menos de diez años. Sólo en Navarra. La parroquia de San Pedro de Abaurrea Alta. La finca El Abrevadero de Liédena. La ermita de Santa Bárbara en Elo. Un cereal en Zirauki. Una tierra de labor en Irurra. Una capilla en Artaxona. El coste total, al precio estimado de 25 euros por cada trámite de inscripción, superaría en algo los 25 000 euros. Lo que cuesta una campana. El pelotazo de la Iglesia fue descomunal.

A ello se suma la apropiación de objetos de valor en los templos. «El inventario de retablos, tallas, cálices, órganos, pilas bautismales, bordados, orfebrería, cuadros y joyas es inmensurable», anota Jesús de Larrainzar en No robarás. Catecismo de la inmobiliaria eclesial, donde se detallan numerosos casos de inmatriculación, ya con datos posteriores a 2007. Porque, en efecto, la Iglesia siguió inscribiendo bienes a su nombre una vez desvelado el escándalo. En Ziritza, un pueblo de setenta habitantes, se inmatricularon la iglesia, las escuelas, el cementerio, la casa del cura, la de la maestra, la antigua cárcel y hasta la planta baja de la casa consistorial. En Eslava, 120 habitantes, cayeron primero la ermita y la parroquia, y después, «en un solo día, 29 fincas»[33]. En Lizoain fue inmatriculado hasta el frontón del pueblo. Si el uso religioso es el argumento de la Iglesia, ¿no deberían haber sido los pelotaris los que inscribieran el frontón?, cabría preguntarse.

Se dieron también insólitos episodios de doble inmatriculación. En Pueyo se intentó inmatricular el edificio municipal del Vínculo, que el ayuntamiento ya había vendido. Otros casos, como los de Cascante o Pamplona, desmienten el argumento eclesial de que fueron las autoridades eclesiales las que acordaron la construcción de los templos, lo que ayudaría a justificar históricamente la inmatriculación. Tanto en un caso como en otro hay constancia de que fue el ayuntamiento el que impulsó la construcción. Prueba de la dimensión civil de las iglesias son Lerín y Uharte, donde llevaban el escudo del pueblo. Se amontonan las evidencias de que atribuir a los templos religiosos un uso sólo religioso, como hace la Iglesia, es una completa falsificación histórica.

De modo que es injustificable cuando la Iglesia inmatriculó bienes no religiosos, porque obviamente eran del pueblo. Pero también cuando lo hizo con templos religiosos, porque no eran sólo religiosos. Y también eran del pueblo. Precisamente por el arraigo del catolicismo en España, por su calado histórico, lo religioso está teñido de aspectos civiles, como tantas veces ocurre al revés, en que lo civil está impregnado de religiosidad. De esta permeabilidad entre ambas esferas se ha beneficiado la Iglesia económica, simbólica e institucionalmente cuando y como ha querido. En cambio, en el caso de las iglesias, les niega cualquier dimensión civil pese a que han hecho las veces de ayuntamiento, de foro, de archivo y tesorería, de escuela, de museo local, de conservatorio, de fortín militar… Sus atrios y pórticos han sido frontones y trinquetes, centros de festejos y vecindad. Con las inmatriculaciones, la Iglesia no sólo se ha apropiado con nocturnidad de bienes de titularidad discutible, sino que ha mostrado su faceta más excluyente e impermeable a la sociedad de la que vive. Ha acabado negando la importancia civil que la propia Iglesia tiene. Ha renunciado categóricamente a ser una institución popular.

Más por viejo que por diablo

«No codiciarás los bienes ajenos» (décimo mandamiento)

Las inmatriculaciones son una muestra de desconsideración eclesial hacia lo público, a pesar de que la Iglesia vive de lo público. Una averiguación de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que Jesús de Larrainzar anota en No robarás, lo demuestra embarazosamente: «Allá donde un señor particular, o una familia rica, es patrono de una iglesia [como en los señoríos de Bariain, Oriz, Gerendian, Etxalaz, Iriberri o Sarria], vemos que sus iglesias no han sido inmatriculadas por la diócesis»[34]. Si los liberales han sido harto respetuosos con los privilegios de la Iglesia, la Iglesia ha respondido a la cortesía con un respeto aún mayor por la propiedad privada, sobre todo cuando corresponde a la alta burguesía o la aristocracia. Su negocio está en lo público. Otro rasgo característico de las inmatriculaciones, aparte del desprecio por lo común, es la opacidad. Quizá porque el frenesí inmatriculador es prueba de avaricia, pecado capital, la Iglesia ha obrado con una discreción que ha rozado la clandestinidad. Las inscripciones se realizaban sin publicidad alguna en base a papeles que se limitaban a reseñar: «Por documentos que constan en esta diócesis». ¡Y ni siquiera había que mostrar tales documentos! «Desde tiempo inmemorial», señalaban también los obispos. Otra fórmula más: «Por prescripción adquisitiva». Meros formulismos para ocultar la falta de tramitación y justificación. La Iglesia ha ganado, ha vencido sin convencer, porque ha sido más rápida, más lista y más diligente que el Estado. Seguramente porque la Iglesia ha sido Estado, y no al revés, y porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. En Artajona, como en tantos ayuntamientos, primero de Navarra y luego del resto de España, los alcaldes se enteraron de la inmatriculación de los bienes del pueblo cuando ya estaba hecha y era irreversible. ¿No parece acaso cosa del diablo?

Todos los factores componen una ecuación moral difícil de resolver para la Iglesia, que no puede apelar a razones éticas para legitimar su posición. Situémonos en la hipótesis más favorable a los obispos: sin mala intención ni ánimo subrepticio, desde 1946 habrían estado inmatriculando durante décadas bienes sin registrar en base a una legislación franquista, incluidas dos décadas de democracia (1978-1998), hasta que Aznar, por corregir una injusticia, había eliminado además la limitación de registrar catedrales e iglesias. Las diócesis actuaron con sigilo no por miedo a ser descubiertas, sino por el inocente convencimiento de que no hacían nada malo.

¿Es esto verosímil?

Desde mi punto de vista, no. Esta subversión de las nociones básicas del derecho de propiedad, aberrante desde el punto de vista de la seguridad jurídica, presenta las trazas de una maniobra coordinada a gran escala que desmiente el mito de la tantas veces mentada descentralización de la Iglesia. Los inmatriculadores han fomentado la confusión en torno a la idea de «parroquiano», que en tiempos pretéritos significó «vecino». Se ha hecho con miles y miles de bienes, en Navarra y el resto de España, con un coste mínimo, dejando a las autoridades con la única obligación de pagar el mantenimiento. Y sin abonar impuestos. Ha sido, en última instancia, un Estado extranjero —el Vaticano— el que se ha quedado con nuestra mezquita de Córdoba, con nuestra Giralda de Sevilla, con nuestra Seo de Zaragoza. Si disipamos las apariencias, si nos sobreponemos a las argucias de leguleyos, resplandecen hechos terribles. La Iglesia no tenía legitimidad ni títulos para inmatricular. La inmatriculación supone una privatización. La privatización facilita el uso discrecional de los bienes. Por ejemplo, para hacernos pagar entradas en los templos; entradas que, además, tienen una paradisíaca consideración fiscal.

Una desamortización a la inversa

«La inmatriculación de la mezquita de Córdoba es el mayor pelotazo urbanístico de la historia de la humanidad» (Juan José Tamayo, teólogo)

Navarra era sólo la punta del iceberg. El caso fue creciendo. No era sólo la comunidad foral. Era España entera. Desde 1946, todo menos templos. Desde 1998, también templos. Y sin detenerse en 2007 a pesar de destaparse el caso.

Los datos son dispersos. Van apareciendo aquí y allá, fruto de impulsos políticos o sociales aislados, limitación que ahora intenta superar la coordinadora Recuperando. ¿Cuántos bienes inmatriculados serán en total? No hay una suma oficial desde 1946. Las comunidades de las que tenemos datos globales son la excepción, no la regla. Los registros de la propiedad, obedeciendo un mandato del Parlamento vasco, remitieron un listado de los bienes inmatriculados en Euskadi de 1978 a 2016. Eran 521. Al igual que en Navarra, donde sumaban 1087, había parroquias, ermitas y basílicas junto a viviendas, locales, cementerios, fincas… Había solares y parkings, por supuesto. Más llamativo es que fue registrada la cima del monte Oiz, en Vizcaya[35]. El Govern balear también hizo llegar al Parlamento información recabada en 2017[36], ¡diez años después del hallazgo de Tafalla! Estaban la catedral de Palma, santuarios, el Palau Episcopal, un bungalow en Badia Blava de Llucmajor, cementerios, pinares, solares, una plaza en Mancor de la Vall y una pequeña cueva en Alcudia. 208 propiedades en total. El Gobierno de Aragón ha desvelado que entre 1998 y 2015 hubo en la comunidad 2023 inmatriculaciones. Y eso sólo con información de 29 de los 43 registros. Hubo inmatriculaciones en 656 de sus 731 municipios[37]. Sólo en la provincia de Burgos hubo 3000 bienes registrados entre 1998 y 2015[38]. De Asturias no lo sabemos todo, pero sí que la Iglesia registró entre otros muchos el templo ovetense de San Juan el Real, en el que se casó Franco en 1923[39]. El arzobispado de Barcelona ha cifrado en 133 los inmuebles inmatriculados entre 1998 y 2015. En toda Cataluña, serían unos 250[40]. El caso más llamativo en Cataluña es la denuncia de un grupo de agricultores por la inmatriculación por parte de la diócesis de Vic de pequeñas iglesias románicas dentro de fincas privadas[41].

Todos estos datos aportan verosimilitud a una estimación de Giménez Barriocanal, portavoz económico de la Iglesia, que afirmó que ha habido hasta 40 000 inmatriculaciones, aunque no aclaró el plazo. Cuando este libro va camino de la imprenta hay un compromiso del Gobierno de hacer público el listado de bienes inmatriculados desde 1998 a 2015, propósito que requiere de una recopilación de información para la que está encontrando nula colaboración eclesial. Lo que ocurrió de 1946 a 1998 es muy probable que quede para siempre en penumbra.

Pese a su empeño por la opacidad, hay muchas verdades incómodas que la Iglesia no ha podido ocultar. Los casos más polémicos se han producido a colación del registro de templos emblemáticos, cuya inscripción a nombre de la Iglesia supone una agresiva negación de su carácter público. La catedral de Jaén fue inmatriculada muy pronto, en 1999[42]. La de Valladolid fue registrada en 2007. Un año antes lo fue la mezquita de Córdoba, siendo obispo Juan José Asenjo. Fue un trámite en el registro de la propiedad número 4. Concretamente, en el tomo 2381, libro 155, folio 198. Fue rápido, discreto y sin coste. Siendo luego Asenjo arzobispo de Sevilla, en 2010, inmatriculó la catedral y la Giralda[43], un monumento almohade que desde entonces aparece, con sus «dependencias anexas», a nombre de la diócesis. En 2011 le tocó a la catedral de Málaga[44].

En 2012 la Iglesia puso a su nombre la catedral del Buen Pastor de San Sebastián[45]. En 2015 cayó la catedral de Granada, que incluye la Capilla Real y el Sagrario[46]. También en 2015 se registró la catedral de Jaca. Es llamativo cómo las autoridades públicas, pese a conocerse ya el escándalo, siguieron permitiendo a la Iglesia abalanzarse sobre los bienes. En ocasiones a un ritmo febril. El que fuera ecónomo del obispado de Astorga, Lucio Vallejo, cuya insólita peripecia en el Vaticano veremos luego, llegó a contratar a una aparejadora para agilizar gestiones. Hay quien vincula el frenesí inmatriculador navarro con el hecho de que su ecónomo fuera arquitecto. ¿Qué estaban haciendo mientras tanto los arquitectos municipales? En ocasiones no cabe ni siquiera alegar falta de diligencia. Hay ayuntamientos del PP que han consentido las inmatriculaciones, como Málaga. Dando públicamente la razón a los obispos, sin discutirles el supuesto derecho de apropiación. Sin más: que se queden con el tesoro artístico nacional. Otras veces, con gobiernos locales de inclinación laica, han presentado batalla. Al menos han mostrado su oposición. Lo han intentado. Así ha ocurrido, durante el mandato 2015-2019, en Córdoba (PSOE-IU) y Zaragoza (Zaragoza en Común).

En Córdoba el caso de la inmatriculación se convirtió en 2014 en objeto de discusión pública gracias a la insistencia de la Plataforma Mezquita-Catedral. El obispado basa su titularidad de la obra cumbre andalusí en una consagración realizada trazando una cruz de ceniza sobre el pavimento y alega que el templo fue donado por Fernando III a la Iglesia. La endeblez histórica del relato, unida al uso lucrativo que el cabildo hace del monumento, avivaron la polémica. Además, salieron a la luz otras inscripciones, como las de las plazas del Triunfo y el Pocito, un quiosco, algunas ermitas y varias iglesias fernandinas. «Bochornoso fue el caso de la iglesia de San Agustín —escribe Jesús de Larrainzar en No robarás—, inmatriculada en 2010 por el obispado, poco después de una profunda reforma que costó a la Junta 4 millones de euros»[47].

En 2014, bajo fuerte presión y en un clima de incomprensión general, el Ministerio de Hacienda anunció una investigación para determinar si en el caso de la mezquita hubo usurpación. Fue la clásica maniobra para aparentar. La Dirección General de Patrimonio fue rauda en alcanzar una conclusión: «No ha resultado indicio alguno de que dicho inmueble pudiese ser de titularidad de la Administración General del Estado». Las tentativas judiciales también han fracasado. El temor a una derrota en los tribunales ha desaconsejado al ayuntamiento emprender el camino de los tribunales. El resultado es que el Gobierno local ha sumado varios años que si sí que si no, amagando con tomar medidas sin tomarlas, consciente de que cualquier tentativa de recuperación será estéril si no se consigue entrar al fondo de la inconstitucionalidad del procedimiento de registro. El caso de la mezquita de Córdoba, la inmatriculación más emblemática, ejemplifica a la perfección cómo la Iglesia se ha salido hasta ahora con la suya.

Una ley de punto y final (que fue de punto y seguido)

«¡Exprópiese!» (Hugo Chávez)

La victoria de la Iglesia en Córdoba evidenció en 2014 que los caminos políticos para cualquier logro significativo contra las inmatriculaciones estaban anegados, al menos hasta que un gobierno se decida a negociar a fondo la relación con el Vaticano. Los gobiernos que, en teoría, quieren hacer algo se han limitado a marear la perdiz. Mucho ladrido, poco bocado. La mayoría de las iniciativas institucionales han sido postureo. Los partidos más decididos a tomar cartas —Podemos, IU, las izquierdas nacionalistas— no han tenido fuerza parlamentaria suficiente. El PSOE se ha mostrado titubeante y contradictorio, mucho más enérgico desde la oposición que desde el poder. Con esta correlación de fuerzas la Iglesia aguantó incólume el arreón inicial. Es más, las diócesis siguieron inmatriculando a pesar de las polémicas, apoyándose en razones legales que, pese a no resistir un análisis histórico ni una prueba de legitimidad democrática, sí que aguantaban el envite deslavazado de las fuerzas laicistas. En 2014 el caso parecía agotarse. Entonces, sólo entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy abrió la mano.

Nos encontramos ante una sonrojante maniobra. Formalmente el PP, que gobernó de 2011 a 2018, no veía nada censurable en las inmatriculaciones sin título acreditativo. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy anunció una ley para prohibirlas en plena polémica cordobesa. La norma se tramitó a toda pastilla. La aprobación en el Congreso se produjo en marzo de 2015. Era suficiente con la mayoría absoluta del PP, pero obtuvo además el apoyo de UPyD y UPN. CiU se abstuvo. El PSOE y la Izquierda Plural votaron en contra, al considerar que la norma se quedaba corta. Fue una voladura controlada. La prohibición de las inmatriculaciones iba acompañada de una amnistía de todo lo inmatriculado. Pelillos a la mar. En la práctica, se cerraba la puerta a la reversión de cualquier inscripción, que ahora sólo sería posible con una batalla legal de final imprevisible. Con el nuevo escenario legal, los ayuntamientos, empresas o particulares que quieran deshacer una inscripción deberán impugnar ante los jueces cada inmatriculación y demostrar que es fraudulenta, ya que los asientos tienen presunción de legalidad. La ley fue un triunfo en toda regla de la Iglesia, que además se permitió el lujo de aparecer como la injustamente perjudicada por una polémica absurda. Siempre lo mismo: la Iglesia no sólo gana, sino que lo hace presentándose como víctima.

Además, lo que quería parecer una ley de punto final fue en realidad una ley de punto seguido. Me explicaré. La norma fue publicada en junio de 2015, pero no entró en vigor hasta noviembre. La Iglesia aprovechó esos meses para seguir inmatriculando, como desveló El Mundo. En Betolaza (Álava) se anotó en julio una iglesia, una sacristía y un jardín. En Elantxobe (Vizcaya) inmatriculó una finca pegada al templo de San Nicolás[48]. En ambos casos, con la ley ya aprobada[49][50]. Por supuesto, durante toda la tramitación de la misma tampoco se habían cortado un pelo, pese a que la mayoría del arco parlamentario se encontraba en proceso de prohibir el procedimiento. Otra demostración empírica del escaso respeto de la jerarquía católica por los designios de la soberanía popular.

Trabas, obstáculos… y algún éxito

«No robarás» (séptimo mandamiento)

En noviembre de 2014, en plena tramitación de la ley que iba a prohibir las inmatriculaciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo hizo pública una sentencia contra el Reino de España por permitir la inmatriculación de una iglesia cisterciense en una finca de Ribas de Campos (Palencia). Fue un varapalo, tanto al Estado como a la Iglesia. La diócesis, con el argumento de que habían pertenecido a una orden religiosa, inscribió en 1994 a su nombre la iglesia, la sacristía y la sala capitular situadas en terreno de la Sociedad Anónima de Ucieza. Esta empresa ganadera no quedó conforme y empezó a litigar en 1999. No le sirvió la reclamación ante el obispado. Y fracasó en los tribunales españoles: en primera instancia, en la Audiencia y en el Supremo. En 2008 el Constitucional rechazó su recurso de amparo. Y los obstinados ganaderos acudieron a la justicia europea. Allí fue, lejos de España, donde ganaron.

Estrasburgo declaró por unanimidad que España había vulnerado la Convención de Derechos Humanos, que establece que «toda persona tiene derecho a que su causa sea escuchada equitativamente». El fallo costó a España —no a la Iglesia, sino al Estado— una multa de 615 000 euros. Aunque el caso de Palencia no es extrapolable a todas las inmatriculaciones, el fallo carga de razón a quienes defienden que en los tribunales españoles hay un penetrante olor a incienso. La justicia europea, metiendo las narices hasta el fondo de un caso, quitaba la razón de raíz a la Iglesia y al Estado español.

¿Contribuyó el temor a esta sentencia a la decisión de suprimir el privilegio inmatriculador con una precipitada ley de punto y final? A mi juicio, es verosímil. De hecho, el que hubiera una ley en curso sirvió para intentar quitar hierro a la sentencia europea. Bah, ya íbamos a prohibirlo, vinieron a decir desde el Gobierno. ¿Qué más daba lo que dijera Europa de un viejo asunto en un pueblo perdido de Palencia?

Pese al cerrojazo político al caso de las inmatriculaciones, la sentencia europea ha ofrecido una palanca a los que pretenden alterar el statu quo. El tema sigue vivo todavía hoy, aunque las iniciativas para evitar su cierre definitivo afrontan un camino incierto. Destaca el empeño del Ayuntamiento de Zaragoza por cuestionar la propiedad eclesial de la Seo y la iglesia de la Magdalena. Pero no es el único. La coordinadora de organizaciones Recuperando, que ha conseguido que cargos públicos de 11 comunidades autónomas sienten las bases de una colaboración estable para revertir las inmatriculaciones, afirma que una quincena de ayuntamientos han puesto en marcha litigios judiciales, entre ellos por una iglesia en Peralta, el monte de San Miguel en Orihuela, tres ermitas en Sangüesa y una en Jaca, una plaza en Córdoba… Veremos.

El tema no está amortizado, aunque es cierto que los éxitos judiciales del movimiento laico son rayas en el agua. Un juzgado de Palencia ha frenado en 2018 la inmatriculación de una iglesia por dudas sobre la propiedad[51]. Mucho antes, en 2014, la Audiencia de Zaragoza rechazó devolver una ermita a la Iglesia en San Mateo de Gállego por falta de pruebas de su titularidad. Otra sentencia, en este caso de la Audiencia de Burgos en junio de 2016, asigna al Ayuntamiento de Aranda de Duero una ermita al entender que la práctica del culto no otorga la propiedad. La clave del éxito del ayuntamiento estuvo en acreditar la realización con dinero público de obras de reparación, el pago municipal de las facturas de electricidad… Más recientemente, en junio de 2017, un juzgado sentenció que la ermita de Muskilda era del Ayuntamiento de Ochagavía (Navarra), anulando la inmatriculación realizada en 1999. Mientras escribo estas líneas, la Audiencia de Palma ha tumbado la inmatriculación de unas murallas y unos patios en Artà, al entender que la Iglesia se quedó con bienes que eran municipales aprovechando el registro de un santuario[52]. La Iglesia suele resistirse a aceptar estas derrotas y apura todas las vías legales. Así ha ocurrido en el caso del conjunto de San Juan de los Panetes, inmatriculado en 1989, casi diez años antes de la ampliación legal de Aznar que permitió registrar templos religiosos. Aunque la Dirección General de Patrimonio ha confirmado su titularidad estatal, el arzobispado de Zaragoza se ha resistido a devolverlo[53].

Si los logros judiciales son aislados, las vías políticas son estrechas. La astucia de la Iglesia tiene su reverso en la indecisión de las autoridades públicas. Los pocos ayuntamientos con voluntad de actuar apenas tienen competencias o recursos. Las comunidades que no se han conformado con la ley de 2015 actúan a ritmo paquidérmico. La UE ha rechazado meterse en el tema. Las tareas para el Gobierno central son impresionantes si de verdad quiere revertir el expolio: no se trata sólo de elaborar un listado de los bienes inmatriculados, sino de discernir de cuáles no ha aportado la diócesis título de propiedad y, por lo tanto, pueden ser reclamados por instituciones, empresas o particulares. Teóricamente los más fáciles de recuperar —aunque enfrentándose a la Iglesia en los tribunales nada es fácil— serían los bienes considerados de dominio público, porque legalmente son inalienables. Pero ¿quién demuestra que un bien centenario es público? Ni siquiera se ha logrado establecer oficialmente que la mezquita lo sea. Siglos de hermanamiento entre la Iglesia y el Estado han desdibujado los límites entre lo público y lo privado. Esa es una baza que juega a favor de la Iglesia. Y luego está el problema de las prescripciones. Por no hablar de la presunción de legalidad de todas las inmatriculaciones, lo que obliga a cualquiera que quiera probar el carácter fraudulento de una inscripción a demostrar su ilegalidad. Eso va a ser difícil. Y caro. La CEE ya ha advertido de que defenderá sus derechos. «Santa Rita, Rita», viene a decir. Si no hay una solución de Estado, con una reforma legal en profundidad o un pacto con la Santa Sede, el problema está abocado a resolverse —o no resolverse— en una larga batalla judicial bien por bien que amenaza con colapsar nuestro sistema judicial.

Lo indefendible

«¿Qué manía tiene el alcalde de Zaragoza [con la Seo]? No sé para qué la quiere. No sé si es que quiere montar un concierto de rock allí» (Fernando Giménez Barriocanal)

La Iglesia comparte con el nacionalismo el frecuente recurso al papel de víctima, tan viejo como eficaz, lo cual explica en parte sus magníficas relaciones históricas. El valladar retórico construido alrededor de la idea de una Iglesia perseguida por mezquinos anticlericales es alzado por los jerarcas para defender privilegios o inmoralidades. La Iglesia ha conseguido presentarse como víctima de una persecución incluso en medio de un escándalo de violencia sexual.

Las inmatriculaciones, en cambio, son un borrón que no se quita con victimismo. Es difícil aproximarse de buena fe al asunto sin convenir que las diócesis han abusado de una posición de poder. Un hilo fácil de seguir une la inmatriculación de la catedral de Sevilla con su gestión profesionalizada, el cobro de entradas, los ingresos opacos y el chollo fiscal. No, las inmatriculaciones no son un tema cómodo para la Iglesia. Es innegable que, en el plano político y legal, va ganando la partida, pero también lo es que no consigue que el caso quede zanjado. Su margen de defensa argumentativa acaba restringido a la razón legalista. Los obispos se conforman ya con vencer sin convencer.

Y cuando intentan convencer, se exponen al ridículo. En abril de 2017, cuando el caso de las inmatriculaciones atravesaba un pico de atención, Giménez Barriocanal acudió a un programa monográfico en la Ser[54]. Lo que allí ocurrió fue una derrota inapelable de los argumentos de la Iglesia. El programa, conducido por Àngels Barceló, no empezó mal para Giménez Barriocanal, que pudo desplegar la consabida batería de razones para defender las inmatriculaciones. «La Iglesia está presente en España desde hace veinte siglos, y el registro de la propiedad apenas tiene 200», dijo. Suena bien, así dicho, pero lo que se le cuestiona son inmatriculaciones realizadas mucho después. Habló de «miles y miles de bienes que han sido construidos por los católicos durante veinte siglos», obviando que no sólo los católicos los construyeron. Sobre la mezquita de Córdoba afirmó: «Hay una iglesia visigótica mucho antes de que vinieran los musulmanes a España en ese lugar». Pero, como ya sabemos, no hay la menor prueba de tal iglesia.

Entonces entró en el programa el profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral, conocedor del problema desde los puntos de vista histórico y legal. «No es verdad lo que está diciendo el señor Giménez Barriocanal», arrancó nada más tener la palabra. Lo que vino luego fue un sopapo. De la sentencia del Tribunal de Estrasburgo a la falta de títulos de propiedad de la Iglesia, pasando por su opacidad, Rodríguez puso al portavoz eclesiástico ante tal cúmulo de contradicciones que lo noqueó. Le recordó también que se habían inmatriculado plazas, calles, locales comerciales… «Eso no tiene que ver con los valores cristianos», acusó.

Giménez Barriocanal bajó la guardia. Y dijo: «Si ha habido 30 000 o 40 000 inmatriculaciones[55], lo desconozco, pero me imagino que las cifras pueden estar en ese sentido, [puede ser] que haya un porcentaje de errores. Si los hay, corríjanse». Aquello se salía del argumentario habitual. El habitualmente inasequible Giménez Barriocanal cifraba las inmatriculaciones y admitía posibles «errores».

Jorge García, de Movimiento Hacia un Estado Laico, se sumó al debate. Afeó a Giménez Barriocanal la inmatriculación, antes de la reforma de Aznar que permitía inscribir bienes de culto, de templos religiosos en Zaragoza. A esas alturas el portavoz de la Iglesia había perdido ya algo de circunspección: «Yo, de verdad, con perdón, alucino. Pensar que la catedral de la diócesis de Zaragoza no pertenece a la Iglesia de Zaragoza me causa verdadera perplejidad». Antonio Manuel Rodríguez le citó la catedral de Notre Dame como ejemplo de bien de uso religioso y titularidad pública. «La Seo, antes de que fuera catedral, fue sede de los reyes de Aragón, antes la Mezquita Blanca de Zaragoza, antes fue un circo romano en el foro, es un bien que ha pertenecido siempre al pueblo de Zaragoza», continuó el profesor de Derecho, que, antes de terminar el programa, citó varias inmatriculaciones en Córdoba: la plaza de la Fuensanta y la plaza del Triunfo de San Rafael, un quiosco… «¿Me puede decir si esto está relacionado con el culto? Si de verdad no tienen ningún temor, ¿por qué no hacen pública la lista?». No hubo respuesta.

Giménez Barriocanal había salido escaldado. Quedó demostrado que, puestos los datos sobre la mesa, la posición de la Iglesia sobre las inmatriculaciones es indefendible, incluso cuando se encarga la defensa a un profesional documentado y diligente. Y las cosas podían haberle ido aún peor si hubiera tenido que hablar de Grijota…

Una casa del pueblo (de Dios)

«Todo el que, desempeñando una posición de autoridad, se aprovecha para aumentar su patrimonio, no es un servidor sino un esclavo de sí mismo» (Agustín de Hipona)

En Grijota, pueblo de algo más de 2000 habitantes a seis kilómetros de Palencia, un discreto anuncio en un folio hacía saber que se había puesto a la venta la casa de la calle Mesones, 9. La recepción de ofertas se extendía del 17 de diciembre de 2017 al 8 de febrero de 2018. El precio base era de 45 000 euros y la fianza que debían presentar los ofertantes, de 5000. Una subasta como otra cualquiera, ¿no? Bueno, no exactamente.

El inmueble fue construido en 1930, según los datos catastrales, y había sido históricamente la casa del cura. Como tantas otras miles en el resto de España. Ha sido una práctica frecuentísima. Los núcleos rurales cedían casas al maestro, al médico o al secretario municipal para facilitar su llegada al pueblo. Y a nadie se le ocurría que, terminada en el pueblo su tarea, se quedaran con la casa, y mucho menos que la vendiesen. Pero la Iglesia es otra cosa. La diócesis de Palencia se convirtió en «titular» de su «pleno dominio» por la inmatriculación realizada en 1997, según la nota simple del registro de la propiedad. Se quedó para sí con lo que el pueblo le había cedido.

Sí, la Iglesia estaba vendiendo una casa parroquial inmatriculada.

La historia me llegó en febrero de 2018 y de inmediato me puse en contacto con la diócesis de Palencia, donde se explayaron: «Los bienes eclesiásticos, ciertamente, pertenecen al pueblo, pero no a la comunidad civil cuyo representante es el ayuntamiento, sino al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana históricamente organizada en la parroquia y diócesis». El pueblo de Dios, decía la diócesis. Como si fuera una unidad administrativa.

Casos como el de Grijota[56], con la venta de un bien inmatriculado, desmienten el supuesto propósito de la Iglesia de registrar los bienes para «ponerlos al servicio de la sociedad», como suelen decir sus portavoces[57]. Lo mismo pasa en Siero, donde causó escándalo cómo el arzobispado de Oviedo vendió al ayuntamiento un solar que antes había registrado sin título de propiedad[58].

Tras la fachada de las inmatriculaciones se esconde un negocio inmobiliario colosal. Y un expolio. El movimiento laico navarro desveló al inicio de su andadura sospechosas desapariciones de bienes en templos sagrados. En Amunarrizqueta desaparecieron la talla de san Bartolomé y la pila bautismal. En Uxue faltaron joyas, altares y libros. En Artajona, el órgano de Santa María. Hay casos difíciles de tragar sin arrugar el gesto. Ha habido ayuntamientos que han tenido que pagar por lo que era suyo. El Ayuntamiento de Pamplona llegó a abonar más de 460 000 euros para recuperar una antigua iglesia desacralizada, inmatriculada por la diócesis, cuya titularidad municipal había sido reconocida durante la República[59]. En Ziritza, de poco más de cien habitantes, la diócesis inmatriculó la iglesia, la casa parroquial, una calle y la escuela. El ayuntamiento llegó a ofrecer 50 000 euros al obispado para comprar la casa de la maestra, también inscrita por la Iglesia. Las dos partes llegaron a un acuerdo, pero finalmente el obispado dejó al consistorio con un palmo de narices cuando apareció un competidor privado que ofrecía más dinero[60].

Todo un retablo de ardides, artimañas y pillerías. Nula ejemplaridad. Las diócesis inmatriculan y luego venden, alquilan, permutan… Con opacidad, aprovechándose de un estatus fiscal privilegiado. El Estado lo propició primero y lo permitió después. Sólo le puso coto cuando ya era tarde. No ha habido esfuerzo institucional suficiente para someter a escrutinio lo ocurrido, no digamos ya para revertirlo. Ha sido la sociedad civil, con el apoyo puntual y disperso de las fuerzas políticas menos amedrentadas por la Iglesia, la que ha logrado al menos destapar el escándalo. En un país en el que un ayuntamiento, el de Huelva, ha expropiado a un propietario privado un club de fútbol, el Recreativo, para evitar su desaparición, declarándolo para ello Bien de Interés Cultural, ninguna autoridad ha dado con la fórmula para reivindicar algo tan simple como que la mezquita de Córdoba, patrimonio de la humanidad, pertenece a la humanidad, que civilmente toma en Córdoba la forma de su ayuntamiento.

El plan de la Iglesia es sencillo. Que el tiempo pase, que esto se olvide. Y que para siempre quede su patrimonio engordado. La única fórmula para una reversión de los hechos consumados pasaría por un cambio legal en profundidad, que exige un cambio político igualmente profundo. Sí, se puede decir que la Iglesia ha ganado, si no la guerra, sí las batallas más importantes libradas hasta ahora. Y de propina se ha llevado un triunfo paradójico. Los movimientos laicistas se cuidan mucho de pedirle a la Iglesia que al menos pague el IBI por todos los bienes inmatriculados… porque el IBI es un impuesto que se paga por la propiedad, y es precisamente la propiedad de estas casas, templos, huertos, solares y frontones lo que se le discute. Es un win-win para las diócesis. Si llegaran a pagar el IBI por alguno de estos bienes, se produciría la consagración de su titularidad. Alguien ahí arriba tiene un curioso sentido del humor.

V. El poder

V

EL PODER

5.1. El símbolo del dinero

5.1. El símbolo del dinero

De cómo el poder civil permite a la Iglesia apropiaciones simbólicas, que conducen a privilegios sociales, que a su vez llevan a recursos públicos. Del tañido de las campanas, preludio del tintineo de las monedas. De la financiación de las cofradías sevillanas mediante la privatización del espacio público

Municipal-cofradierismo

«Soy un novio de la muerte» (canto legionario)

Juan José Asenjo (Sigüenza, Guadalajara, 1945), sacerdote desde el 71, de sólida formación teológica y especializado en gestión del patrimonio (como demostró registrando la mezquita de Córdoba y la Giralda), ascendió en 1997 a obispo de Toledo y al poco se convirtió en secretario general de la CEE. Allí ganó fama de hombre firme, establishment puro, digno de confianza para encargos delicados. Era el perfil óptimo para el rearme de diócesis dispersas, por lo que en 2003 desembarcó como prelado en Córdoba con la misión de pacificar un patio revuelto por las batallas en torno al dinero de Cajasur.

Fue ahí, en Córdoba, donde me llegó una sabrosa confidencia. A Asenjo le irritaban las florituras de la religiosidad popular andaluza, sublimadas durante la Semana Santa. Demasiado folclorismo, mucha lisonja para nuestro férreo doctrinario castellano. Sobre todo en Sevilla, donde las masas se hacen de la Macarena o de la Esperanza de Triana casi a la manera en que se hacen del Sevilla o el Betis. Mucha pasión y poca tensión moral para la austeridad de Asenjo. Por eso me divirtió que fuera nombrado arzobispo de Sevilla. Era 2009. Le tocaba suplir a Amigo Vallejo, prestigioso estandarte de la corriente más aperturista de la Iglesia en España. Me hice una pregunta: ¿se empeñaría Asenjo en meter en cintura la Semana Santa para quintaesenciar su dimensión religiosa?

La Semana Santa en Sevilla es lo que el etnólogo francés Marcel Mauss llama «hecho social total», una de esas raras manifestaciones en las que la estructura social expresa todas sus dimensiones: religiosa, jurídica, moral, política, familiar, económica, artística, turística y hasta militar… Eso explica su enorme popularidad, que excede el ámbito religioso. Rojazos ateos se estremecen al paso de una virgen, removidos por una nostalgia de infancia, por un sentimiento de pertenencia a un barrio, acaso por una belleza familiar. No por la fe. Creer que todo el que sigue una procesión tiene fe cristiana es como pensar que toda la audiencia de La Sexta Noche tiene criterio político.

A partir de aquí es más fácil explicar la torpeza de los que atacan la Semana Santa como si fuera una celebración unidimensional, porque acaban dando la razón a los integristas que pretenden patrimonializarla. Cabe recordar cómo Begoña Rodríguez, la que fuera líder de Podemos en Sevilla, conoció el significado de la «transversalidad» cuando lanzó la siguiente idea en 2015: «Si gobernamos y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos decidirán»[1]. Aún está Podemos, que la corrigió de inmediato, intentando quitarse en Sevilla el sambenito de partido que quiere quitar la Semana Santa. Lo que solivianta al conservadurismo sevillano no es la discusión Semana Santa sí-no, disyuntiva decidida de antemano, sino la demostración de su carácter plural. Un ejemplo. En 1978, en un acto del PCE en Sevilla, Rafael Alberti se arrancó con unos versos: «La Virgen del Baratillo / sobre cuarenta costales / sueña en la hoz y el martillo / para aliviar tantos males. / Déjame esta madrugada / lavar tu llanto en mi pena, / Virgen de la Macarena, / llamándote camarada»[2]. Entonces sí que se lio. Aquello sí fue una polémica en condiciones, con todos los guardianes de las esencias echando espumarajos.

En Semana Santa el que busca arte lo encuentra; el antropólogo tiene material de sobra. El que busca bullicio está de enhorabuena. Y, por supuesto, el comerciante. No es casual que entre los hermanos mayores de las cofradías hayan abundado abogados, médicos, notarios y demás profesionales ávidos de clientes. La Semana Santa genera un espacio de comunidad, con unos 200 000 hermanos en todas las cofradías, que ya quisieran para sí partidos y sindicatos. Un espacio perfecto para la difusión de mensajes de todo tipo, desde los comerciales hasta los político-ideológicos, pasando por los religiosos. Eso es lo que Asenjo ha aprendido a calibrar en Sevilla, lo que le ha desaconsejado tocar nada. La Semana Santa es su mejor herramienta de networking. Es donde los fieles se conocen y se enamoran antes de casarse por la Iglesia, donde los amigos construyen su relación alrededor de vírgenes y cristos, donde se articula la comunidad de afinidades que cristaliza en la decisión de llevar al niño a la concertada. La propia Conferencia Episcopal subraya la importancia de la Semana Santa en sus campañas para captar cruces en la casilla de la renta. Es una extraordinaria campaña de publicidad para la Iglesia que no lograría si la Semana Santa fuera un hecho exclusivamente religioso.

La idea de que la Iglesia es una multinacional de la fe dirigida por una jerarquía de adoradores del becerro de oro es una simplificación inexacta. La Iglesia, ya lo hemos dicho, necesita el dinero, pero su finalidad es su propia subsistencia. Para ello, para perpetuarse, debe mantenerse firme en un circuito por el que el dinero fluye engrasado por la imprescindible influencia social y política. En una España cuyos indicadores de secularización crecen año a año, la Santa Madre sobrevive gracias a la respiración asistida que le provee un Estado magnánimo. Y para mantener el favor de ese mecenas necesita aferrarse a sus anclajes: la escuela, la simbología en el espacio público, la fiesta popular. Ahí es donde la Semana Santa despliega su importancia capital para la Iglesia católica. Y aquí es también donde su empeño podría ser cortocircuitado por un Estado genuinamente aconfesional. Un poder civil emancipado de todos los credos no necesitaría discutir la Semana Santa. Un poder civil realmente aconfesional podría limitarse a adoptar una posición de neutralidad ante su celebración.

Pero no lo hace. Y eso es lo que da el triunfo a monseñor Asenjo sin que tenga que mover un dedo: que el poder civil, en su búsqueda de rédito político, acude a la Semana Santa a aquilatar la posición de la Iglesia, despreciando la dimensión de «hecho social total» de la fiesta. Como suele decir el antropólogo Isidoro Moreno, «hemos pasado del nacionalcatolicismo al municipal-cofradierismo». En Semana Santa se sublima la confusión entre la esfera pública y la religiosa. Alcaldes y concejales de toda laya se fotografían en calidad de tales, con la consabida actitud de contrición, junto al cristo de turno. No sólo en Sevilla, sino en todos los rincones de España. Presidentes autonómicos emulan a los antiguos gobernadores civiles con la adhesión a las más variopintas liturgias. Hasta cuatro ministros asisten al canto legionario en la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga. Colegios públicos —esto es muy típico en Sevilla— celebran procesiones a la parroquia del barrio en los días previos al Viernes de Dolores. El Ministerio de Defensa ordena izar sus banderas a media asta como símbolo de duelo. Los medios públicos narran la celebración en clave esencialmente religiosa.

Monseñor Asenjo no tiene de qué preocuparse. Es verdad que no ha cambiado la Semana Santa de Sevilla, ni la ha metido en cintura. La Semana Santa, como fenómeno caleidoscópico e inabarcable, sigue desplegando efectos fuera del control del arzobispo. Lo que sí hacen Asenjo y los sectores más integristas del liderazgo cofradiero es trabajar por apropiarse del capital simbólico que la Semana Santa proyecta. Por sacar ventaja social y política de la misma. Porque la Semana Santa es también un espacio de conflicto soterrado. Un conflicto en el que el Estado toma parte a favor de la Iglesia. Los estragos que la secularización podría suponer para la dimensión religiosa de la Semana Santa los bloquea el poder político, que sigue dotándola del carácter de manifestación oficial de fe que la Iglesia por sí sola ya no sería capaz de garantizar. Si el poder político se apartara, si guardara la distancia debida, la Semana Santa no sería para la Iglesia la fabulosa herramienta de penetración social y propaganda religiosa que es ahora.

La Semana Santa es un ejemplo paradigmático de cómo la Iglesia construye imaginarios propicios para sacar rédito en forma de penetración social y financiación pública. Y no sólo en Sevilla. En un sinfín de municipios la Semana Santa es el astro alrededor del que orbita un entramado asociativo católico puesto al servicio de la diócesis de turno y beneficiado con múltiples privilegios públicos, desde la desgravación de las aportaciones de los hermanos hasta la exención fiscal de sus locales.

Quizá la Semana Santa no sea la manifestación introspectiva de fe que desearía Asenjo en su alma de católico austero, pero sí es la mejor exhibición de poder de su Iglesia. Ahí no tiene que aleccionar a su rebaño. Ya le hace el trabajo un Estado que aún no ha asumido el ocaso del nacionalcatolicismo.

¿Qué más da que se queden con el centro de la ciudad?

«La calle es mía» (atribuida a Manuel Fraga)

Una vez el Estado ha aquilatado la Semana Santa como festividad religiosa oficial, la crítica legítima queda estigmatizada como una muestra de aversión a los católicos, protegidos por una autoridad civil parcial. La institución religiosa siempre construye así sus éxitos. Primero, el triunfo social y político le garantiza la apropiación simbólica. A partir de esa posición de dominio señala a los disidentes, que no están atacando ya a una institución privada que defiende unos postulados religiosos en decadencia social, sino a la garante de las tradiciones oficiales españolas. Como tal, reclama sus privilegios. De ese modo, si el comodín de Cáritas es el arma para defender sus privilegios económicos, el comodín de la tradición opera como coartada para proteger su preeminencia social. Y a su vez los privilegios sociales conducen de nuevo a los monetarios. Porque antes del tintineo del dinero siempre se escucha el toque de campanas.

Es usual, incluso entre los laicos, quitar hierro a la permanencia de simbología católica en espacios públicos o a la participación de cargos oficiales en actos religiosos, ese guirigay de cargos, carguetes y carguillos junto a prelados, bonetes y monaguillos tan típico de nuestro país. El alcalde de Granada, sea del PP o del PSOE, acude cada año a la Toma de Granada, celebración de la Reconquista de regusto nacionalcatólico que se convierte en espacio de confusión de autoridades civiles, militares y religiosas. «Pero ¡si es sólo una tradición!», dirán los adalides del qué más da. Idéntica lógica se repite por doquier. El Ejército participa en las fiestas en honor a las patronas. «Bueno, es que se ha hecho siempre así». El alcalde de Cádiz condecora a la Virgen del Rosario. «Vale, no nos pongamos tiquismiquis». El Ministerio del Interior le entrega —es un decir— la Medalla al Mérito Policial a la Virgen del Amor. «En fin, ¿nos vamos a pelear por esa tontería?». La Candelaria se convierte en presidenta honoraria del cabildo tinerfeño. Y lo más frecuente: media corporación, o el consejero o ministro que toque, acude a la procesión de la Borriquita, o a la fiesta de San Fernando, o a la ofrenda al apóstol, o a cualquier acto envuelto en vapores de incienso… «Pero ¿y eso qué importancia tiene?».

Pero sí importa. La actitud de quitar hierro a las apropiaciones simbólicas, tan propia del posibilismo progresista, soslaya que es ahí donde se forja la posición de privilegio de la Iglesia que luego le dará acceso a los recursos públicos, que le llegan por conductos engrasados por el discurso del qué más da. Además, una vez consentido que nuestro alcalde se incline ante un cristo, ¿por qué no conceder más? Podríamos cederle a la Iglesia una calle. O una plaza. O todo el centro de la ciudad… Y no lo digo por decir.

Quizás al lector le sorprenda que el organizador de la Semana Santa de Sevilla no sea el Ayuntamiento, sino el Consejo de Hermandades y Cofradías (www.hermandades-de-sevilla.org/). Aunque es imposible asignar una ideología a los más de 200 000 cofrades de la ciudad, no lo es asegurar que en la cúpula del consejo abundan conservadores y tradicionalistas, los más partidarios de investir a la Semana Santa de un cariz estrictamente religioso. Esto no es óbice para que el ayuntamiento, gobierne el PSOE o el PP, le entregue la organización de la fiesta más importante de la ciudad. El Consejo lo dispone todo, incluida la gestión de la llamada «carrera oficial», las mejores calles para ver las procesiones en su recorrido hasta la catedral. El Consejo coloca sillas por toda la carrera oficial, les pone precio, las asigna y cobra por ellas, quedándose con la recaudación[3]. Puede sonar escandaloso, en la medida en que el sistema se basa en la cesión de un espacio público a una asociación privada para la gestión discrecional de sillas y palcos —conjuntos de seis sillas—, pero lo cierto es que no causa extrañeza en la ciudad, acostumbrada a ese uso privativo de las mejores calles para ver las procesiones. Cosas de la tradición, que lo valida todo.

Hay más de 40 000 sillas, todas en plenísimo centro. Y nada baratas. Sevilla es la ciudad más cara de Andalucía para ver las procesiones en zona VIP. El Consejo cobra entre 72,38 euros por silla en Virgen de los Reyes hasta 158,33 en La Campana. Los palcos llegan a superar los 800 en la plaza de San Francisco. Los precios son establecidos unilateralmente por el Consejo. Sería atinado hablar de un modelo organizativo clasista bendecido por el poder civil, que se limita a fijar unas tasas compensatorias de risa. Por ejemplo, en la calle Sierpes la tasa oscila entre los 2,10 y los 2,54 euros por silla. Esto es lo que el Consejo debe abonar, mientras que por cada silla percibe 125,45.

En teoría, cualquiera puede lograr un abono, pero en la práctica es casi imposible. En 2018 hubo más de 7000 solicitudes, mientras la cantidad de sillas que quedan libres para poder asignar a nuevos abonados tiende a cero. El que tiene una silla no la suelta. Además, existe el derecho a dejar las sillas en herencia. Sí, sí, se heredan las sillas en el espacio público. Es más, algún padre ha muerto y los hijos, ávidos por el trofeo, han litigado por la silla, lo que ha obligado a la mediación… ¿del ayuntamiento? No, del Consejo, que, de hecho, ha comprobado cómo cada vez se estila más dejar testimoniado quién es el heredero del pedazo de espacio público legado por el difunto.

Los ingresos del Consejo por el alquiler de sillas y palcos no son pecatta minuta. En 2017 sumaron 3 682 000 euros. Descontados los gastos de logística y el pago de las tasas, la cantidad total obtenida fue de 2,1 millones[4]. El Consejo se queda el 10 por 100 para su funcionamiento y el resto se reparte entre las cofradías. A la mayoría le tocan 35 000 euros. El papel del ayuntamiento se limita a poner la seguridad, la limpieza, los bomberos… El Consejo no justifica ante el consistorio la cantidad ingresada, de la que las hermandades dedican una parte al arzobispado.

Apropiación simbólica y financiación: todo son buenas noticias para monseñor Asenjo, a quien seguro que se le ha pasado su escepticismo sobre la Semana Santa.

5.2. Menos católicos, más privilegios

5.2. Menos católicos, más privilegios

De cómo la pérdida de influencia social aumenta la dependencia eclesial del Estado. De la desolación vocacional, la secularización interna y la contramarcha ideológica. De la ofensa de la jerarquía católica a los mismos que pagan para sostenerla

No es la fe la que mueve las montañas (de dinero)

«España ha dejado de ser católica» (Manuel Azaña)

La Iglesia, aunque institución privada, es pública a efectos prácticos, porque presta servicios, como la predicación, la caridad, la instrucción y la atención sanitaria, que el Estado le encomienda sin concurrencia competitiva, encargándose de pagarlos pero delegando su ejercicio. Esta incompatibilidad del funcionamiento del Estado con su propio carácter aconfesional, mirada de frente, resulta inaceptable si nos atenemos a la letra de la Constitución, pero lo es aún más observando la realidad social española de hoy.

La Iglesia española languidece socialmente. La misma institución que mantiene el mimo de las instituciones rectoras de la vida pública sufre cada vez más la indiferencia del pueblo. El fenómeno no es nuevo. «En vísperas de la proclamación de la República, la Iglesia católica atravesaba una situación crítica desde el punto de vista económico y pastoral», escribe Ángel Luis López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea[5]. La famosa afirmación de Manuel Azaña en el Congreso, aquel resonante «España ha dejado de ser católica», arrastraba algo de verdad.

El nacionalcatolicismo selló las vías de agua por las que se escapaba la religiosidad española, no apelando a una mayor espiritualidad, sino incrustando a la Iglesia en la médula del Estado y persiguiendo con denuedo a los discrepantes. Pero el retroceso del vínculo religioso no era sólo un fenómeno español, sino occidental y contemporáneo, y volvió a emerger con la democracia. No ha parado de avanzar. Hoy la pérdida de religiosidad asedia a la Iglesia en todos los frentes, aunque el más doloroso es la «secularización interna», sobre la que ya alertaba el plan pastoral de la CEE 2002-2005, que advertía de «la débil transmisión de la fe a las generaciones jóvenes, la disminución de vocaciones, el cansancio e incluso desorientación que afecta a un buen número de sacerdotes, religiosos y laicos, y la pobreza de vida litúrgica y sacramental».

Ante la agudización de esta tendencia, la Iglesia ha compuesto un diagnóstico según el cual la fe es una víctima colateral de un mundo enloquecido. El plan pastoral 2016-2020 señala: «Bajo la influencia de la cultura dominante en Occidente, en nuestro pueblo se ha difundido la idea de que la religión no tiene fundamento racional ni científico. […] En el mundo laicista, la religión puede ser respetada como una práctica personal o como un bien cultural, mientras se mantenga estrictamente en el ámbito de las prácticas privadas de la gente». La descripción es desde luego inmejorable. Pero la Iglesia la traza desde una óptica victimista, según la cual el «silencio de Dios» en la esfera pública se debe a una «sobrevaloración de la libertad».

El diagnóstico eclesial apunta a un hecho consustancial a las democracias pluralistas: la fe religiosa queda como una opción más en un mar de opciones. No es eliminada, ni prohibida, ni perseguida, sino obligada a competir en un mercado de infinitas cosmovisiones, que a menudo se adaptan con mayor eficacia a los cambiantes signos de la contemporaneidad. El mundo deja de estar estructurado por la religión. Lo lógico remplaza —o debería remplazar— a lo revelado. Lo demostrado, a lo creído. Conforme se aproxima la madurez democrática, la interpretación libre sobre la base de un dato obtenido científicamente se impone a la opinión dogmática inspirada por la divinidad.

El retroceso religioso es inevitable. Aunque el 68,7 por 100 de los españoles se definen como católicos, según datos del CIS en 2018, la caída es veloz. Son casi diez puntos menos que hace una década. De los que se declaran católicos, un 56,2 por 100 no va «nunca» a misa si no contamos bodas, bautizos y comuniones.

En la campaña de la renta de 2017 marcaron la crucecita el 33,54 por 100 de los contribuyentes. Hay 35,16 puntos entre los que se declaran católicos y los que marcan la equis. Y eso sin tener que poner ni un euro más de su bolsillo. El dato no invita a pensar que el compromiso religioso del 68,7 por 100 católico sea inconmovible.

Una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64 000 personas llegó a situar a España como el 16.º país menos religioso del mundo. Sólo el 37 por 100 de los españoles se declaraban religiosos, más de treinta puntos de diferencia con respecto al CIS, lo que demuestra que los datos sobre vinculación espiritual es mejor tomarlos con cautela, por la naturaleza inaprensible de los sentimientos recónditos y por la facilidad para obtener resultados distintos en función de la orientación de la pregunta.

Un indicador jugoso es el porcentaje de matrimonios católicos. En 1980, el 96 por 100 eran por la Iglesia; en 2005, el 60 por 100. Ahora están en el 22 por 100[6]. En ese «todo vale» democrático que tanto irrita a los prelados está el poder vivir juntos, practicar sexo y formar familias sin necesidad de pasar por el altar. Y claro, eso se nota en las cifras, que a su vez tiran hacia abajo del número de bautizos y comuniones.

Expresiva de la crisis social de la Iglesia es la desolación vocacional. El presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, no ha puesto paños calientes cuando ha urgido a paliar la «extraordinaria escasez» de sacerdotes. El déficit de sotanas ha enterrado uno de los activos históricos de la Iglesia en España: su condición de elemento vertebrador de la nación, con presencia en todos los rincones[7]. Un pueblo era un pueblo cuando había maestro, médico y cura. Este último falta cada vez más. Hoy hay 6117 sacerdotes menos que parroquias, según un informe publicado por El Independiente a raíz de la alerta de Blázquez[8]. No sólo los bancos de las Iglesias se vacían, también los púlpitos.

Es una prueba más de que en España el catolicismo ha dejado de ser, o está en trance apresurado de ello, una religión de masas. Queda una incierta pero extendida religiosidad cultural, pero la fe cristiana es cada vez más lo que debe ser en un Estado aconfesional: un convencimiento personal, privado, individual, de un nada desdeñable porcentaje de españoles, pero que no debería dar derecho a oficializarla.

Y, sin embargo, ahí siguen sus exenciones fiscales, su casilla de la renta, sus profesores de Religión y sus curas pagados con dinero público, la concertación masiva con centros educativos… La ecuación cambia. A menos creyentes, debería haber menos privilegios, pero resulta que es al revés. Ante la desnutrición social, la Iglesia sacia su apetito con el Estado. Dedica sus esfuerzos no a la seducción del rebaño descarriado, al que parece dar por perdido, sino hacia las instituciones, gracias a las cuales logra mantener el estatus de entidad administradora de una suerte de derecho a la religión imposible de encontrar en la Constitución, pero que le proporciona los recursos para mantenerse en pie y seguir siendo un actor relevante, y hasta decisivo, de la vida pública.

La sociedad se seculariza a toda prisa, pero el Estado no.

Moral y cartera

«La Iglesia no admite la práctica de la homosexualidad» (monseñor Juan José Asenjo)

La Iglesia ha optado por encarar su declive a base de encono ideológico. La jerarquía, aferrada a una interpretación doctrinal restrictiva, exhibe sin complejos su veta retrógrada y reivindica el papel de rectora moral de la vida española. Los objetivos de sus andanadas son «la ideología de género», el «homosexualismo», la eutanasia, el uso de células madre… El resultado es que una institución cuyo funcionamiento —¡incluso cuya superviviencia!— depende de fondos públicos devuelve a la sociedad un torrencial discurso reaccionario que la sitúa en el extremo derecho del segmento ideológico. Un discurso que alimenta ahora al emergente partido ultraderechista Vox y al PP radicalizado de Pablo Casado, que se han lanzado a una carrera nacionalcatólica de incierto desenlace.

La Iglesia es un obstáculo, a menudo insalvable, para el desarrollo de legislación progresista en los campos social, educativo y científico. Un lobby que corre a cuenta de nuestros bolsillos. La homosexualidad, una especie de plaga bíblica que amenaza los rudimentos de la civilización, constituye la principal obsesión del alto clero, que por algún motivo parece creer que hay gays por todas partes. Sobre la base de esta mentalidad, lindante con la paranoia, los movimientos LGTBI en el seno de la Iglesia son objeto de silenciamiento, cuando no de persecución. En Sevilla, el arzobispo Asenjo —otra vez Asenjo, esta vez en 2016— obligó a los dominicos de la iglesia de Santa María la Real a cancelar un evento lúdico y de oración «por las víctimas de la exclusión» organizado por Ichtys, una asociación de cristianos por la diversidad[9]. Es frecuente la exclusión de ritos religiosos de personas cuya conducta se aparta del modelo sexo-afectivo validado por los prelados. Y más usuales aún son las discriminaciones y ofensas.

Veamos algunas. 2002: el cura José Mantero hace pública su homosexualidad y el obispado de Huelva le retira la licencia sacerdotal. 2012: en una misa emitida en directo por TVE, monseñor Reig Pla solemniza: «Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevadas por tantas ideologías, acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad, piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres. Os aseguro que encuentran el infierno». 2013: monseñor Casimiro López afirma que el matrimonio gay genera hijos «perturbados». 2016: Demetrio Fernández impide a un párroco dar la confirmación a un transexual. Podríamos seguir.

Los obispos no se limitan a la indicación a sus fieles. No es que digan a los católicos que no aborten, que no practiquen el sexo sin condón, que no tengan relaciones homosexuales, que rechacen la eutanasia o hasta los cuidados paliativos… No es sólo eso. Pretenden que nadie lo haga. Cargan contra una ley sobre el aborto que no obliga a nadie a interrumpir su embarazo, claman contra cualquier regulación que permita la eutanasia a quien la desee. No ofrecen una guía moral a los suyos, aspiran a una imposición legal a todos. Es curioso: no pueden —en teoría— establecer relaciones de pareja ni practicar sexo, pero ambas materias les obsesionan. Más chocante aún: despliegan un discurso más beligerante contra feministas, abortistas y gays que contra pederastas. 2007: monseñor Bernardo Álvarez asegura que «hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo, deseándolo, si te descuidas te provocan». Es el discurso de la Iglesia, especialmente del ala dura del episcopado, el que ha dado cobertura a Vox para cuestionar las leyes de igualdad y contra la violencia de género.

Pero no se ciñen a los temas morales. Son abundantes las manifestaciones que conectan el discurso de los obispos con las tesis derechistas en materias del más variado pelaje. Rouco ha defendido la teoría de la conspiración del 11-M, cuya sospecha, según dijo monseñor Jesús Sanz, «mira al Gobierno». Monseñor Antonio Cañizares se preguntó en 2015 si «en esta invasión de refugiados es todo trigo limpio», declaración propia de partidos neofascistas tipo Frente Nacional o Liga Norte. A menudo los obispos utilizan el púlpito para sus diatribas. Otras veces, cartas. O declaraciones a los medios. No se esconden. Se expresan en los términos más apocalípticos, realizando comparaciones inconcebibles. El asesinato de los niños Ruth y José, en Córdoba, lo comparan con el aborto. El aborto, con un holocausto. La homosexualidad, con el bestialismo.

Y no piden perdón. Garantizado el dinero público al margen de su popularidad, los incentivos para la empatía se ven reducidos casi a cero. Ese sería otro de los efectos benéficos de una obligación real de autofinanciación: la necesidad de buscar una complicidad con la mayoría social. Pero no es así. La Iglesia no se ve forzada a ofrecer un discurso no ya aceptable, sino al menos respetuoso con sensibilidades diversas, porque, de hecho, construye su poder contra significativos sectores de la sociedad a los que no sólo da por perdidos, sino a los que ofende sin miramientos. Sus jerarcas son inmunes a los dictados de la democracia de opinión pública. Ha habido denuncias por la negativa a dar la primera comunión a personas con síndrome de Down[10], una conducta cuyo equivalente en cualquier otra organización con pretensiones de prestigio social hubiera conducido a una crisis reputacional. Pero no en la cúpula de la Iglesia.

Las críticas son ignoradas o desdeñadas. Los obispos jamás se desacreditan entre ellos. Su corporativismo no conoce excepciones. Bueno, sí. Ha habido desautorizaciones cuando algún clérigo ha mostrado una posición tibia sobre el preservativo[11]. Y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, tenido por uno de los más aperturistas, expresó su «dolor» tras conocer que en la iglesia de San Antón se había realizado una oración por el alma del socialista homosexual Pedro Zerolo, por considerar que tuvo cariz «político». Porque, como es sabido, lo político no interesa en absoluto a los ministros de la Iglesia. Ni el dinero tampoco, por supuesto. Los obispos sólo se dedican a la moral.

El problema es que el moralista es a la moral lo que el carterista a la cartera.

5.3. Negocios sucios en la Santa Sede

5.3. Negocios sucios en la Santa Sede

De las resistencias de la jerarquía española a la «Iglesia pobre» que predica Francisco. De los teocons, el pensamiento Rouco, la jerarquía wojtiliana y el gusto por la elite. De los entierros previo pago en catedrales donde la ley de la Iglesia lo prohíbe. De la corrupción, la mafia, el asesinato y la banca vaticana, un quemadero de papas. Del intento vano de limpiar las cuentas con un hombre del Opus y del Santander. De cómo un cura riojano del Opus recomendado por Rouco traicionó a Francisco

Predicar en el desierto español

«El capitalismo crea pobres a los que luego quiere esconder» (Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco)

Un momento, ¿he dicho que en las altas esferas de la Iglesia no se desautorizan unos a otros? Quizá me he precipitado. En España sí hay un obispo con dificultades para hacerse respetar por los demás. El obispo de Roma, concretamente. El papa.

El aggiornamento del Vaticano II nunca penetró en el ADN tridentino de la jerarquía española, que no se ha terminado de hacer ni al estilo ni al mensaje de Francisco. Por el contrario, el latido de la mayoría episcopal sigue acompasado con el ritmo de los papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que ofrecieron a la Iglesia española el marco integrista idóneo para expresar su naturaleza de institución acomodada y contrarreformista.

El amago laicista de Zapatero (2004-2011) suscitó como reacción la emergencia de una corriente radical, bautizada como la «Iglesia teocón», conservadora, apegada a los privilegios y próxima a los grandes centros de poder, que aún marca el carácter de la cúpula eclesial. Obispos incendiarios, medios amarillistas, organizaciones como el Opus, Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Hazte Oír, Foro Español de la Familia, Legionarios de Cristo, E-cristians y no pocos más se concitaron en una tormenta perfecta contra las políticas reformistas de Zapatero, en un brote reaccionario capitalizado por Rouco cuyos efectos aún se hacen notar.

La tesis central del pensamiento Rouco de los teocons se resume así: la Iglesia es perseguida por un laicismo de izquierda radical que pretende pasar el orden cristiano por la licuadora para imponer un proyecto social eugenésico y liberticida. Han pasado más de diez años desde la eclosión del movimiento, pero sería iluso pensar que ha perdido influencia, pese a la postergación de Rouco y el ascenso de afines a Francisco como Blázquez, su lugarteniente José María Gil Tamayo y los arzobispos de Madrid, Carlos Osoro, y Barcelona, Juan José Omella. Es fácil distinguir aún una decena de obispos que, en la estela de Rouco, se resisten al cambio y desafían de forma más o menos soterrada la autoridad de Francisco. Los obispos Asenjo (Sevilla), Braulio Rodríguez (Toledo), Javier Martínez (Granada), José Ignacio Munilla (San Sebastián), Demetrio Fernández (Córdoba) y Reig Pla (Alcalá de Henares) despliegan un discurso disonante con el aperturismo de Bergoglio, cuyos mensajes de complicidad hacia los divorciados y los homosexuales levantan ampollas entre los herederos de Rouco. Al igual que el mensaje central de su pontificado: que la Iglesia debe intimar con la pobreza[12].

Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Es que hay en marcha una revolución franciscana? No tan rápido. El jesuita bonaerense es un predicador de la reforma, un ensoñador, un religioso de propuestas, de ideas, de diálogo. Un pontífice que intenta que el boato vaticano no borre su origen de cura de arrabal. Un papa de gustos populares, que se hace tratar de tú… Su pontificado se nutre de guiños, de propósitos, pero los balances de su primer lustro coinciden en que su prometida renovación aún queda lejos. La mujer sigue discriminada. La relectura antidogmática de la doctrina social sigue en el tintero. El veto del Vaticano a un embajador gay de Francia ha dejado en agua de borrajas el cambio de tono de Francisco sobre la homosexualidad. Queda pendiente, más allá del cambio de discurso, la catarsis purificadora por los casos de pederastia. Y, a pesar de las medidas impulsadas, las finanzas vaticanas siguen protegidas por la penumbra.

Lo que sí ha cambiado son las formas. Las palabras. Y eso en una institución edificada sobre el verbo no es desdeñable. El papa, que se instaló durante un tiempo en la modesta Casa de Santa Marta, previa renuncia al Palacio Vaticano, reclama «una Iglesia pobre y para los pobres». Y dice: «Es nocivo el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo superficial, mundano, secularista, comunista». Es una respuesta en toda regla a sus críticos, que observan preocupados sus gestos de distensión con la Teología de la Liberación, condenada por Juan Pablo II y su policía de la fe, Joseph Ratzinger, más tarde sucesor en el trono de Pedro. Francisco, aunque jamás se ha adscrito a esta corriente de inspiración marxista, que tacha de «milenarismo fácil», sí ha levantado castigos e incluso ha abrazado a uno de los fundadores, Gustavo Gutiérrez. «Sólo conocemos el 10 por 100 de las resistencias al papa. El otro 90 por 100 está oculto, pero él lo sabe», declaró Gutiérrez a El Mundo[13].

¿Por qué tanta resistencia? Porque el papa habla de asuntos extraños, dice cosas inconvenientes y hace observaciones peligrosas. Por ejemplo, contra la falsa caridad: «No es suficiente con que los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos». Si Juan Pablo II puso todo su empeño en derribar el muro de ideología entre el este y el oeste, poniéndose del lado de Occidente, Francisco quiere —o dice que quiere— tumbar el muro de pobreza entre el norte y el sur, poniéndose del lado del sur. De ahí sus referencias a una «Iglesia pobre». El establishment eclesial, del que la jerarquía española es banderín, se resiste por un motivo: ni la Iglesia es pobre, ni es para los pobres, ni su cúpula quiere que lo sea. El discurso del papa supone una enmienda a la trayectoria de la propia Iglesia que lidera, que parece haber olvidado el humilde pesebre donde tiene origen. Que se parece más a Gammarelli, la lujosa boutique que lleva dos siglos vistiendo cardenales, que a la morada de un carpintero. El discurso de Francisco pone en el disparadero la historia de la Iglesia en España, guardiana del esencialismo reaccionario, apegada a las elites y a los privilegios. La Iglesia franciscana que anhela el papa se topa aquí con la Iglesia teocón, con la Iglesia del Opus, la Iglesia de Rouco y su séquito de obispos hooligans, la Iglesia aliada de la derecha, la Iglesia amorrada a los dineros del Estado.

Francisco se resiste a visitar España, donde sus ideas reformistas no encuentran complicidad. Como cuando, en una entrevista en 2016 a la revista católica francesa La Croix, lanzó el mensaje más inaceptable para los jerarcas españoles. Dijo así: «Un Estado debe ser laico. Los Estados confesionales terminan mal. Esto va contra la historia»[14]. Quizás es Francisco el que va contra la Iglesia. Al menos contra la española[15].

Capitalismo wojtiliano

«El error fundamental del socialismo es de carácter antropológico» (Juan Pablo II)

En No los dejes caer en la tentación, Alfonso Torres hace una hiriente descripción de un viaje en el avión de Juan Pablo II mientras sobrevuela una franja del paupérrimo Sahel. «A bordo del avión, los afortunados informadores se atiborran de auténtico caviar ruso. Las bandejas, rebosantes de ese carísimo producto elaborado a base de huevas de esturión, circulan a tal ritmo por la nave que el simple hecho de observar el champán francés y el whisky escocés de doce años les produce náuseas»[16]. Así eran las cosas con Wojtila, el papa que ha dejado la más profunda impronta en la actual Iglesia española. A diferencia de Francisco, se enorgullecía de las riquezas de la Iglesia. Fue Juan Pablo II quien consagró en 1990 la basílica de Nuestra Señora de la Paz en Costa de Marfil, a imitación de la basílica de San Pedro, con un coste de más de 250 millones de dólares. Fue Juan Pablo II quien incurrió en la paradoja de beatificar a Teresa de Calcuta en 2003 en una ceremonia fastuosa. Fue Juan Pablo II quien elevó la ostentación a la categoría de arte en la canonización en 2002 de José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus.

Por supuesto, Juan Pablo II adoraba España, que visitó cinco veces. Le encantaba que su vicepapa Rouco le preparase baños de masas. Le encantaba comprobar que era posible mantener privilegios con un Gobierno socialista. Adoraba el vigor del imperio educativo de la Iglesia. Le gustaban su riqueza, su patrimonio, su arraigo. Le gustaba, le encantaba el Opus. Le gustaba la potencia de fuego mediático de la institución, su músculo editor. Su papel como formadora de elites. Al papa polaco que contribuyó a derribar el Muro de Berlín le gustaba la reciedumbre anticomunista de la jerarquía española, la ausencia de distorsiones marxistas, la desinhibición con la que mostraba su poderío. ¡Cuánto le gustaba todo aquello a Wojtila! La omnipresencia de símbolos católicos, las cruces en las aulas, los hospitales con nombres de vírgenes, las calles con nombres de mártires. El matrimonio de la Iglesia con la Corona. Le fascinaban aquellos resabios nacionalcatólicos que a nadie parecían molestar. Le agradaba que no se censurase, en ninguna instancia significativa, la complicidad de la Iglesia con la dictadura, asunto que tanto inoportuno debate suscitaba en sus viajes por Latinoamérica, con esa maldita Teología de la Liberación envenenándolo todo…

Sí, Juan Pablo II estaba en España como en casa. Y la jerarquía española estaba en su salsa con Juan Pablo II, que le ofrecía el marco conceptual perfecto no sólo para reafirmarse en su ancestral reaccionarismo, sino para incorporarse sin complejos al alegre capitalismo ibérico. ¿Por qué no? Había que ser un poco imbécil para poder y no querer en aquella época de vacas gordas y grandes oportunidades. Ya lo dijo Ángel Suquía, presidente de la CEE, en 1992, el año de la Expo y los Juegos: «Tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte».

El pontificado de Juan Pablo II (1978-2005), de la plena apertura político-económica española a las puertas de la crisis, coincide con el que ha sido el periodo más boyante de la historia reciente del país. Y la Iglesia se subió al carro de las «inversiones multimillonarias en empresas, en la banca, en la bolsa y en los poco recomendables chiringuitos financieros»[17]. El catálogo de operaciones que salpican la historia de la dorada época wojtiliana parece más propio de un fondo buitre que de la Casa de Dios. Un pelotazo de la Compañía de Jesús, valorado en unos 1200 millones de pesetas, gracias a una cesión de terreno afectado por la prolongación de la Castellana[18]. Recalificaciones de sus terrenos. Inversiones en cajas de ahorro, de las que no sabíamos —luego lo averiguaríamos dramáticamente— que habían sucumbido a la especulación y el derroche. Y todo ello sin molestias de los moscones del fisco. Si dejamos al margen las declaraciones pías y nos atenemos a la máxima «por sus obras los conoceréis», la Iglesia carece de autoridad para hacer amonestaciones morales a nadie por su comportamiento durante los años del pelotazo. Porque fue una más en la fiesta del todo vale.

El acta fundacional de la Iglesia teocón pudo ser la creación en 1999 de Umasges[19], una empresa para invertir en bolsa presidida por Rouco. Aquella sociedad, en la que figuraban como representantes buena parte de los arzobispados españoles, es hoy emblema del desenfreno económico del que la Iglesia se contagió durante los años del «tonto el último». Umasges también desveló la precisa coordinación inversora de la organización, que empezaba a poner bajo sospecha la socorrida excusa de la descentralización de la Iglesia para lavarse las manos de los pecadillos cometidos aquí y allá. Incluso los fantasmas del despilfarro, la especulación, el regate fiscal y la vida a todo trapo aparecieron tras las vidrieras en los años del capitalismo wojtiliano y el «España va bien». Gescartera, el caso Privanza Jersey, Cajasur… La Iglesia se montó en la ola de la economía financiarizada del casino mundial.

Lo cierto es que no hay una discontinuidad entre la Iglesia española con Wojtila y la actual. El esquema hoy sigue siendo el mismo. El Estado paga toda la estructura, todo el funcionamiento. Es en la práctica una institución pública. Pero eso es sólo el haz. En el envés, los distintos terminales de la Iglesia invierten de forma discreta en lo que les da la gana. No deben explicaciones a nadie, al menos sobre la faz de la Tierra.

¿Una Iglesia pobre para los pobres? ¡Venga ya, santidad!

Mejor una brillante corona que unos pies sucios

«La reforma del papa Francisco no ha pasado los Pirineos» (Juan José Tamayo)

Hay algo que Francisco no parece entender, o quizás hace como que no entiende, pero que la jerarquía española sí tiene bien claro: el capitalismo sólo te permite sobrevivir asumiendo sus reglas. Si estas colisionan con los ideales, está claro qué sacrificar. Y más claro aún a quién hay que arrimarse. Por eso la cúpula española de la Iglesia y sus organizaciones mantienen una histórica alianza con la elite de poder: aristocracia, alta burguesía, gran empresariado. Por eso la Iglesia española es mejor defendiendo privilegios propios que reivindicando derechos comunes. Por eso está más cómoda entre ricos que entre pobres. Y es más wojtiliana que franciscana. Más Privanza Jersey que Cáritas. Más Opus que parroquia de barrio. Más los Legionarios de Cristo que la misión en África. Más Kiko Argüello que Ignacio Ellacuría. Así es la Iglesia española: una institución del poder que cultiva una fe que mueve montañas de dinero e influencia.

La Iglesia, tan remilgada y puntillosa cuando le conviene, se salta sus propias normas si se trata de untar crema a los pudientes… y de paso hacer caja. Carmen Franco, hija del dictador, fue enterrada a finales de 2017 en la catedral de la Almudena junto a los restos de su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, que descansan allí desde 1998. Son, podríamos decirlo así, muertos VIP. Como los marqueses de Cubas o los de Urquijo. El Confidencial publicó, a raíz del entierro de la hijísima, que una granada selección de oligarcas españoles del siglo XX descansan allí, previo pago de cantidades que han llegado a alcanzar los 200 000 euros[20]. Y eso a pesar de que el Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, establece que «no deben enterrarse cadáveres en las iglesias». Pero la Iglesia sabe muy bien cuándo forzar la interpretación de sus cánones para justificar las excepciones. Por eso los Franco disponen de un panteón familiar perpetuo desde hace dos décadas en la cripta de pago de la Almudena, cerca de los enterramientos de la familia Pallarés González y de los condes de San Esteban de Cañongo, así como de un monumento funerario de la familia Soto y Alba. Todo ello previo pago, claro. Nada que esté al alcance del fiel común.

«Se fue sin hacer ruido. Pasó por la vida de puntillas, sin una mala cara, con la sonrisa en los labios. Aprendió a ser fiel en un mundo hostil», se despedía monseñor Cañizares en el funeral de Carmencita, hija del dictador. En efecto, hubo fidelidad hasta el final, de Franco a la Iglesia y viceversa. No en vano, al hilo del debate sobre la ubicación final de sus restos, la jerarquía se ha mostrado incapaz de negarse taxativamente a que sean enterrados en la catedral de la Almudena o de aplicarle al dictador el canon de la ley de la Iglesia que impide oficiar exequias a «pecadores notorios». Porque Franco, a ojos de la jerarquía española, no es un pecador, sino un bienhechor de la Iglesia.

Tenemos una Iglesia que dispensa un trato privilegiado a nobles, ricos y elites en general para garantizarles el mejor servicio en el tránsito último. Van a un lugar mejor, se supone, pero abandonan este de la mejor manera, por si acaso. El Confidencial desveló también que las familias Areces, Koplowitz y Abelló tienen nichos reservados en la iglesia de San Ginés, en Madrid. La manga ancha funeraria de la Iglesia con los prebostes del dinero patrio se acerca a la simonía. Así es la Iglesia española, servil con el poder, además de aliada histórica de dictadores. Si hubo quien pensó que la exhumación de Franco podía ser una buena oportunidad para que el alto clero español escenificara su ruptura con el dictador e hiciera algún acto público de arrepentimiento, se equivocó de medio a medio. Al contrario, ha servido para reafirmar ese vínculo y hacer una descarada exhibición de los privilegios que sigue brindando a los apellidos con alcurnia.

Pero no toda la Iglesia española es así. Hay una sólida base que cultiva la religión de un modo opuesto. La Asociación de Teólogos Juan XXIII de Juan José Tamayo. El Centro Evangelio y Liberación. Comunidades Cristianas CEMI. Las Comunidades Cristianas Populares. La Comunidad Pueblo de Dios. La Coordinadora de Comités Óscar Romero. La corriente Somos Iglesia. Cristianos por el Socialismo. La Federación de Mujeres y Teología. El Foro Gaspar García Laviana. Medios como Éxodo, Irimia o Utopía. Una Iglesia comprometida con los débiles. Más de 200 grupos integran Redes Cristianas, que representa el ala democratizadora de la Iglesia. Su mensaje renovador alcanza también al dinero eclesial. Redes Cristianas sostiene, de hecho, una campaña por la autofinanciación de la Iglesia en la que le reclama que «renuncie a sus privilegios fiscales, se desprenda de sus riquezas y aprenda a vivir en la austeridad». Pero si no le hace caso al papa Francisco, imaginen lo que hace la jerarquía española con las demandas de sus corrientes más idealistas.

Lobos

«El viento soplaba en contra y Dios parecía dormido» (Joseph Ratzinger, papa Benedicto XVI)

¡Ah, los reformistas, qué crudo lo han llevado siempre! ¡Cuánto silenciamiento y cuánta hoguera! Qué difícil es mover los cimientos o alterar las relaciones de poder en la bimilenaria institución. Y no sólo es complicado para los religiosos de base, también para cualquiera que desde la sala de máquinas se lo proponga, aunque sea todo un papa de Roma, llámese Bergoglio o Ratzinger. Porque de Francisco ya lo sabemos, pero Benedicto XVI también hizo en su día algún gesto reformista, a su manera. Es más, su renuncia en vida fue uno de los actos más modernos y radicales de la historia papal.

¿Por qué renunció Benedicto XVI? Hay una versión benévola según la cual el anciano papa, consciente de sus crecientes limitaciones, concluyó que ya no le era posible entregar lo mejor de su intelecto a la Iglesia. Y así, a los 86 años, se bajó por su propio pie de la barca de Pedro. Puede tener cierto sentido. No hay que desdeñar la dimensión filosófica de su renuncia, que sólo encuentra antecedentes en Celestino V (1294) y Gregorio XII (1415). Ya antes de su abandono, el atribulado papa alemán había advertido que no veía motivos doctrinales para oponerse a una salida serena y autoconsciente, basada en la constatación del propio deterioro. Un acto de humildad.

No es mal relato. Y, sin embargo, falta algo. Falta insertar la renuncia en el hilo de una historia de dinero, poder y muerte.

El Vaticano ha sido, desde los Borgia —de origen valenciano, por cierto—, pasarela de ambiciones y traiciones, más graves por cuanto disimuladas bajo coartadas beatíficas. La segunda mitad del siglo XX colocó al teatro de las puñaladas con mano enguantada el elegante telón de fondo de la intriga financiera. Ahí debemos hablar de Juan Pablo I y su muerte. El italiano Albino Luciani ostentó el pontificado entre el 26 de agosto y el 28 de septiembre de 1978. La elección de «La Sonrisa de Dios», así apodado amablemente por la prensa transalpina, fue interpretada como un signo de consolidación del aperturismo del Vaticano II y un mensaje secante a los involucionistas que pretendían entregar el trono al cardenal Siri. Al igual que Francisco 35 años después, Luciani alcanzó el papado con la promesa de su «humanización» y la divisa de la «humildad». Doctrinalmente no era un radical, pero sí tenía ideas propias sobre la jerarquía gobernante y la ordenación de la curia romana y sus dineros. Murió 33 días después de su elección.

El fallecimiento súbito de un papa que prometía cambios profundos lleva cuarenta años suscitando excitantes hipótesis. Ficciones como El padrino III (1990) han incrustado la tesis de la conspiración en el tuétano de la cultura popular. Han aparecido como posibles manos negras y muñidores en la sombra desde mafiosos hasta sectas masónicas, pasando por banqueros corruptos. Ninguna de estas investigaciones ha logrado hallar pruebas sólidas, pero en el camino han aflorado ante la opinión pública las sucias intrigas de las finanzas del Vaticano, que Juan Pablo I quería desterrar y que incluían evasiones de impuestos, movimientos ilegales de acciones y amistades peligrosas.

Las indemnizaciones por los antiguos Estados Pontificios que había obtenido el Vaticano por los Pactos de Letrán de 1929, en los que Mussolini certificó la independencia de la Santa Sede, proporcionaron una formidable liquidez al Instituto para las Obras de Religión (IOR), eufemístico nombre de la banca vaticana, que no tardó en darse cuenta de lo lucrativo que podía ser operar en los mercados internacionales e insertar dinero en redes clientelares. De aquellos polvos, llegaron los lodos. Cuando en 1982 quebró el Banco Ambrosiano, del que el Vaticano era el mayor accionista, se destaparon las conexiones del obispo estadounidense Paul Marcinkus, director de la banca vaticana, Roberto Calvi, presidente del Ambrosiano, y el financiero Michele Sindona, miembro de Propaganda Due, una logia de la masonería conectada con la mafia siciliana, al que Pablo VI —predecesor de Juan Pablo I— había abierto las puertas de la Santa Sede como asesor.

Marcinkus, Calvi y Sindona, los «banqueros de Dios», habían compartido oscuras correrías en los setenta. Su idea megalómana había sido convertir el viejo IOR, creado a finales del siglo XIX por León XIII para el apoyo de causas pías, en la proa de un gran buque bancario vaticano vinculado a la logia masónica P2, una especie de secta decidida a convertir la democracia italiana en la fachada del poder real de una minoría autoritaria. Juan Pablo I fue una breve amenaza para aquel sueño, que finalmente, y a pesar de su oportuna muerte, acabó en pesadilla con el descubrimiento del pufo del Ambrosiano.

El cadáver del banquero Calvi, promotor de operaciones anticomunistas, valedor financiero de Bettino Craxi, inagotable conspirador político y muñidor de alcantarilla, apareció colgando del puente londinense de Blackfriars en junio de 1982 con los bolsillos llenos de piedras[21]. El crimen, con una poco creíble apariencia de suicidio, quedó impune. Sí se supo que Calvi lanzó poco antes de su muerte un SOS en forma de carta a Juan Pablo II, que ignoró sus advertencias sobre los negros intereses cernidos sobre los dineros de Dios. Sindona murió en prisión en 1986. Es otra muerte sin aclarar. Marcinkus, el banquero de Chicago, fue el único que acabó bien. Juan Pablo II lo mantuvo al frente del IOR hasta 1989 y lo protegió de los requerimientos judiciales italianos, llegando a provocar un choque diplomático con la República. Regresó a vivir los últimos años de su vida a Arizona, entre puros y partidos de tenis y golf[22]. Murió con 84 años, en 2006.

La prioridad de Wojtila nunca fue esclarecer las finanzas del Vaticano ni sus conexiones con la mafia, ni depurar responsabilidades por las acusaciones de blanqueo o de financiación de carreras políticas. Su obsesión fue una y sólo una: el anticomunismo, lo cual explica no sólo su amor por España, sino también su lealtad eterna a Marcinkus, financiador del sindicato polaco Solidaridad. Para el papa polaco, que había sido objeto de un intento de atentado mortal en 1981 tras el que el Vaticano siempre vio la mano del KGB, el fin antimarxista lo justificaba todo. Incluso tapar el estercolero financiero vaticano.

El pontificado de Wojtila se caracterizó por una pacificación de los sectores en pugna en las esferas de poder del Vaticano: financieros, diplomáticos, conseguidores y, poniendo la oreja a todos ellos, los jerarcas haciendo y deshaciendo alianzas, formando y disgregando corrientes. En paralelo a las famiglias ha desplegado siempre su influencia una estirpe funcionarial intocable de pequeños borgias acomodados que interactúan en base a la moneda del mutuo favor y el tráfico de confidencias. Son los burócratas del Vaticano. Juan Pablo II entendió que sin una concordia con esa casta le sería imposible dar por resueltos los asuntos domésticos y dedicarse con toda pasión al anticomunismo internacional. Además incorporó como aliado al Opus, síntesis del matrimonio entre Dios y dinero, e hizo oídos sordos a las denuncias sobre la depravación pedófila de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, otro imán para el dinero y las influencias.

Omertá, pactos de familias, silencios cómplices y culto al dinero fueron los mimbres del pontificado del papa polaco.

Cuando Juan Pablo II murió en 2005, el cónclave cardenalicio encargó el timón al bávaro Joseph Aloisius Ratzinger, un personaje anticuado en una institución ya de por sí anacrónica. A primera vista, parecía la antítesis de su predecesor. Si Wojtila era el simpático, una especie de papa-estrella del rock, su sucesor era un tímido irrecuperable. Si Wojtila fue un viajero, Ratzinger era un animal de oratorio. Si Wojtila era discurso, Ratzinger era encíclica. No obstante, más allá de las diferencias superficiales, la elección constituyó un acto de reafirmación del rumbo de Juan Pablo II, de quien Ratzinger había sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, heredera de la Inquisición. Su papado no debía suponer alteraciones del rumbo. Y de hecho, si dejamos de lado el paroxismo tradicionalista de las liturgias del alemán —misas en latín y de espaldas—, no hubo gran novedad en su papado. Ni en las prioridades, ni en la doctrina.

En teoría tampoco tenía que haber sobresaltos en el statu quo del poder y el dinero en la Santa Sede, terreno extraño para el introspectivo religioso bávaro. «Para él, sólo que lo mandaran a una semana de entrenamiento gerencial sería un infierno», le dijo un insider al periodista de la BBC Mark Dowd[23]. Con Ratzinger el Vaticano seguía viviendo batallas de camarillas enfrentadas por el poder y las finanzas continuaban al albur de burócratas recelosos de su cuota de arbitrariedad, protegidos por cardenales enfrascados en sus ambiciones. Nadie creía que aquel viejo papa preocupado por el sexo de los ángeles y la temperatura del purgatorio se fuera a meter en aquel berenjenal. Sin embargo, el papa alemán actuó. Y aquella actuación fue la semilla de su renuncia.

En 2009 nombró presidente del IOR a Ettori Gotti Tedeschi, próximo al Opus y representante del Banco Santander en Italia desde 1992, con el encargo de cortar con cualquier chanchullo financiero. Todo acabó como el rosario de la aurora. Tedeschi, tras descubrir el trasiego de favores políticos, comisionistas y dinero sucio, empezó a dedicar más tiempo a poner a resguardo documentación comprometedora para el caso de ser chantajeado que a hacer limpieza. Tras la maraña de sociedades y testaferros, Tedeschi alumbró la certeza de que el jefe mafioso Matteo Messina guardaba dinero sucio en el banco del Vaticano. El economista fichado por el papa elaboró un dosier que debía hacerse público si era asesinado. Al mismo tiempo, una guerra sorda entre facciones se desató en el Vaticano, con el secretario de Estado Tarcisio Bertone maniobrando para descabalgar a Tedeschi. El papa, cada vez más aislado, recibía una tras otra alertas de conspiraciones, de enemigos que afilaban la daga en los soportales y de amigos que en realidad eran traidores en potencia. Un simple movimiento de Ratzinger en la cúpula, la introducción de Tedeschi, había desequilibrado todo el sistema de poder.

Los escándalos y las luchas internas empezaron a airearse en 2012. El arzobispo Carlo Maria Viganò había advertido por carta al papa sobre la corrupción en el Vaticano y le había pedido apoyo para quedarse en Roma a combatirla, pero Benedicto no se había fiado de él o no se había atrevido a ponerse de su parte contra Bertone. Todo iba camino de empeorar. Al mismo tiempo que, víctima de una brutal campaña de desprestigio, Tedeschi acababa cayendo en 2012, se conocía la detención del mayordomo del pontífice, Paolo Gabriele, por filtrar documentos sobre las facciones en liza en el seno de la curia. Se desvelaba un festival de camarillas enfrentadas en un lodazal de intereses. Y, más grave aún, se puso de relieve la impotencia del papa. L’Osservatore Romano describió a Ratzinger como un «apacible pastor rodeado de lobos» y a la Iglesia como una organización «devastada por jabalíes». Ni siquiera el periódico oficial vaticano lo ocultaba: en las entrañas de la curia, viejos poderes maniobraban contra el papa, que había pisado demasiados callos con su intento de arrojar luz sobre las finanzas de la banca sagrada.

En 2012 Ratzinger ya era un hombre vencido y avergonzado por el carrusel de filtraciones en los medios con las que los cardenales se chantajeaban entre sí. Los periódicos abrían a diario con exclusivas del llamado «caso Vatileaks». El papa había perdido el control de la información y era notorio que había cardenales que actuaban por su cuenta y riesgo, sin someterse a la socavada autoridad del pontífice. Una comisión, a cuyo frente puso el papa al cardenal español del Opus Julián Herranz, recibió el encargo de elaborar un informe para poner orden, pero ya era tarde. El sempiterno caos de ambiciones y dineros y clanes volvía a ser el orden del Vaticano, arremolinado en torno a los 8000 millones de dólares en activos de su banca[24].

Visto todo lo anterior, ¿fue la renuncia de Ratzinger un acto de humildad o de impotencia? ¿No fue en realidad, más que un reconocimiento de la debilidad de su cuerpo, el reconocimiento de la debilidad de su autoridad? ¿No fue una venganza postrera, una forma de dejar en evidencia la podredumbre general con un acto de dignidad? No lo podemos saber con certeza, aunque todos los analistas coinciden en que la traición de su mayordomo y la resistencia del Vaticano a sus reformas financieras inclinaron la balanza de su decisión, a la que también contribuyeron los escándalos de la pederastia eclesial. El papa emérito guarda desde su salida un espeso silencio. Es tradición de los hombres del Vaticano llevarse los secretos a la tumba.

¿Y Francisco? Quizá porque no arrastra la mochila de colaboración con Juan Pablo II, el argentino ha gozado de mayor autoridad que Ratzinger para emprender reformas. Para empezar, largó al intrigante secretario de Estado Tarcisio Bertone, lobo entre lobos. Y ha empezado a actuar contra el excesivo poder de los halcones vaticanos. No obstante, su empeño por conformar una troika económica de su confianza ha naufragado. El laico Libero Milone, un auditor al que colocó como revisor general de las cuentas, acabó dimitiendo tras un choque con la nomenclatura vaticana. Fue la enésima colisión entre los auditores y el establishment. En cuanto al cardenal George Pell, consejero económico de cabecera de Francisco, ha visto frustradas sus tareas tras ser condenado por abusos a menores.

Pese a los problemas, el programa de Francisco marca diferencias con los anteriores. Incluye órganos de control, limpieza de activos, levantamiento del secreto bancario, cierre de cuentas sospechosas, reducción del déficit, auditoría patrimonial… El tiempo dirá si Francisco es capaz de poner fin al gobierno en la sombra de los lobos.

La peripecia de Vallejo

«Todo lo hizo él. Yo intenté detenerlo» (Francesca Inmacolata Chaouqui)

Que sepamos, al menos una vez Francisco se ha fiado del criterio de Rouco, de quien no consta que tenga una elevada opinión. El lamentable error tiene nombre y apellidos: Lucio Ángel Vallejo Balda. Su historia es la del ascenso y caída de un halcón riojano en el Vaticano. Auténtico lobo del capitalismo religioso español, aleación de pensamiento Rouco y Opus Dei. Síntesis inmejorable del perfecto teocón.

Nacido en Villamediana de Iregua en 1961, Vallejo ingresó con ocho añitos en el seminario de Logroño, donde entró en contacto con el Opus a través de la Sociedad de la Santa Cruz. Licenciado en Teología y Derecho, Vallejo, sacerdote a los 26, pasó por diferentes parroquias de Zamora hasta que el obispo de Astorga se fijó en sus talentos y le entregó las cuentas de la diócesis, convirtiéndolo sin cumplir los treinta en el ecónomo más joven de España. Vallejo desbordó todas las expectativas. Modernizó la diócesis, incluida la gestión con nuevas tecnologías, y puso al día las cuentas. Y además fue de los más avispados para explotar la veta de las inmatriculaciones, entonces un secreto para la opinión pública. El chico era un lince, para qué negarlo.

Vallejo ganó fama de pionero en la aplicación a la Iglesia de los criterios capitalistas de gestión. Para ahorrar impuestos creó una sicav y la llamó Vayomer, que en hebreo significa «Y Dios dijo»[25]. También invirtió en Gescartera, donde había gato encerrado. A pesar de los tropiezos, el audaz Vallejo siguió acumulando crédito ante la jerarquía, que oía con interés las historias de un joven sacerdote cargado de gadgets que seguía las evoluciones de la bolsa. Es verdad que circulaban comentarios inquietantes acerca de sus gustos nada franciscanos, su familiaridad con grandes constructores y su chalé de estilo vanguardista en Celada de la Vega[26], pero a nadie parecieron importarle. Tampoco la dudosa compatibilidad de la Iglesia con las sicav, nacidas como herramientas fiscales de los más ricos para aportar lo menos posible a la caja común, preocupó a nadie.

La consagración le llegó a Vallejo en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. El ecónomo fue fundamental en su éxito. Y Rouco se quedó con su cara. Y con su actitud: ninguna tarea le parecía inabordable, se sentía llamado a triunfar. A hacer una brillante carrera en las altas esferas. Cuando Benedicto XVI, que ya se había dado cuenta de que su tímido propósito de arrojar luz sobre las finanzas requería de caras nuevas, llamó a Rouco para pedir nombres, el vicepapa le habló de Vallejo. El alemán se lo llevó a Roma como secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos, a las órdenes del cardenal Versaldi. Con cincuenta años, nuestro hombre estaba ya cerca del cielo.

Vallejo fue fiel a su estilo confiado y llamativo. Desde el principio dio muestras de un carácter poco compatible con las sutilezas vaticanas. Pero Ratzinger, que tenía problemas de sobra como para ponerse quisquilloso con el impetuoso hombre de las cuentas, lo dejaba hacer. Es más, cuando el papa alemán arrojó la toalla en 2013, Vallejo no sólo mantuvo el asiento, sino que ascendió en el escalafón. Francisco se fió del hombre recomendado por Rouco. El tiempo demostró que se equivocó. Al ver que el nuevo papa no prescindía de él, Vallejo se sintió intocable. El Mundo publicó en 2015 un perfil que ofrecía un jugoso detalle sobre su soberbia: «Durante su participación el año pasado [2014] en un curso de información religiosa organizado por el Opus en la Universidad de la Santa Croce en Roma, pecó de inmodestia y de megalomanía al presentarse ante los alumnos como el monarca absoluto de las finanzas de la Santa Sede. “¿Quién es el máximo responsable del control económico del Vaticano?”, le preguntó Joan Solés, corresponsal en Roma de la cadena Ser. “Yo”, respondió sacando pecho Vallejo Balda. “¿Y quién es el máximo responsable de la gestión económica?”, espetó el periodista. “Yo”, respondió sobrado»[27].

El protegido de Rouco convirtió en su principal aliada a Francesca Inmacolata Chaouqui, exasesora de Ernst&Young, con talento —se suponía— para las relaciones públicas de alto nivel. La figura de Chaouqui era objeto de todo tipo de especulaciones. La más grave, que era una espía de Estados Unidos. Pronto afloraron incendiarios mensajes de Chaouqui en su cuenta de Twitter, donde había llamado «corrupto» a Bertone e incluso se había apuntado al rumor de que Benedicto XVI tenía leucemia. Gracias a la vista gorda del papa, Vallejo y Chaouqui salieron indemnes de aquello. Pero las andanzas de la parejita habían empezado a dar que hablar. Y dar que hablar no es tan buena idea en el Vaticano como en Astorga. Era cosa sabida que Vallejo rivalizaba con George Pell por hacerse con cuotas de poder en la estructura económica. Además era indiscreto, pecado mortal. Presumía de que el papa lo iba a ascender en el organigrama económico, incluso decía que pronto sería obispo. Al final no fue ni una cosa ni la otra, quizá porque en el Vaticano exponer las propias aspiraciones suele ser el mejor modo de no satisfacerlas.

Cabe atribuir a la conmoción por el varapalo las primeras distorsiones graves de la conducta de Vallejo, cada vez más errática y licenciosa. Afloró su estilo de vida disoluto. En la primavera de 2014 se conoció que Vallejo y Chaouqui habían organizado un banquete en la azotea de su prefectura para celebrar la canonización de Juan Pablo II. Empresarios, religiosos y periodistas asistieron a la fiesta, que costó 18 000 euros. Se publicó que Vallejo dio la comunión a quien la requirió mojando las hostias en un vaso del catering. Si no iba a ascender en la pirámide del poder, parecía decidido a hacerlo en los circuitos sociales selectos, donde cultivaba fama de hombre divertido, bon vivant, cuyo ingenio era proporcional a su atractivo. Por entonces Francisco ya le había puesto la cruz, pero su caída estaba por llegar. E iba a dejar en anécdotas todas sus correrías anteriores.

Vallejo y Chaouqui fueron detenidos en noviembre de 2015 por la gendarmería vaticana. El origen del caso había sido el intento de robo del ordenador de Libero Milone, encargado de auditar la contabilidad de la curia. El cargo de Milone estaba entre las aspiraciones de Vallejo, que fue acusado de robar y filtrar documentos reservados que sirvieron para dos libros, Avarizia (de Emiliano Fittipaldi)[28] y Via crucis (de Gianluigi Nuzzi)[29]. Las pruebas estaban en los ordenadores y en el propio móvil de Vallejo. La Santa Sede afirmó que los hechos constituían «una traición grave» a Francisco, que revivía así la pesadilla de su antecesor. No había manera de salir del círculo. Ni había habido limpieza, ni habían quedado atrás los años de conspiraciones. Eso fue lo que sacó a la luz el indiscreto cura del Opus recomendado por Rouco a Ratzinger y que Bergoglio adoptó.

Chaouqui fue condenada a diez meses de prisión, pero se suspendió la aplicación de la pena. Otro administrativo implicado, Nicola Maio, fue absuelto. Los periodistas salieron indemnes. Vallejo fue el que peor escapó. Fue castigado en julio de 2016 con 18 meses de condena, aunque el papa le concedió la libertad en diciembre como un «acto de clemencia», si bien la pena no se consideró extinta. El cura de Villamediana volvió a pertenecer a la diócesis de Astorga. No ha dado más señales de vida[30].

Nos queda el imborrable relato de las andanzas de Vallejo, emblema del matrimonio entre religión y finanzas que promovió Rouco durante su vicepapado, un cura que hizo carrera en la Santa Sede con las armas de un tiburón del parqué. La peripecia del bróker castellano nos recuerda además que, en las altas esferas del poder eclesial, cuando el dinero toma el control y Dios cede protagonismo, suelen aparecer las siete letras que mejor expresan la pujanza económica que puede alcanzar la religión: Opus Dei.

5.4. Opus Dei: la internacional de las influencias

5.4. Opus Dei: la internacional de las influencias

De la aportación más decisiva de España a la Iglesia en el siglo XX. Del aznarato, la edad de oro de la Obra. De una red tejida en la política, la universidad, la justicia, la empresa y los medios. De escuelas de negocio, clínicas, colegios, una torre en Manhattan y un banco. De la beatificación más patrocinada del mundo

El sueño cumplido de Escrivá

«Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa maroma capaz de alzar pesos enormes» (Josemaría Escrivá de Balaguer)

En tiempos se dijo que la Compañía de Jesús, fundada en 1534 por el religioso vasco Ignacio de Loyola, era «un Estado dentro del Estado». Y es cierto que llegó a acumular un grandioso poder. Quizá demasiado, y demasiado a la vista. Los jesuitas cometieron el error de rivalizar con el poder político, constituyendo uno propio y diferenciado. Mal camino, porque han sido muchos sus choques con el Estado, que, en lo que respecta a la religión, prefiere la simbiosis al enfrentamiento. Los jesuitas, quizá la congregación intelectualmente más relevante del cristianismo español, llevan un siglo debilitándose, en buena medida castigados por el poder civil.

José María Julián Mariano, admirador de los jesuitas, sacó valiosas conclusiones de la historia de la Compañía. El poder es mejor líquido, porque el agua es más fuerte que la roca. La influencia, mejor larvada. La red, suavemente desplegada. «Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa maroma capaz de alzar pesos enormes», escribió allá por los años treinta quien acabaría llamándose Josemaría Escrivá de Balaguer, hoy santo. El libro en el que engasta esta frase de oro es Camino, referente del pensamiento de su autor y de la organización que fundó, el Opus Dei, la aportación española más decisiva a la Iglesia católica en el último siglo. Se opondrá que los jesuitas ponen papas, como Francisco, y que el Opus no. Pero el Opus no sólo influye en sus nombramientos, significativamente en el de su protector Juan Pablo II, aunque también —a través del lobby cardenalicio del Partido de la Sal de la Tierra— en el de Benedicto XVI[31]. La Obra aporta, además, algo tan importante como el obispo de Roma, o más: poder y dinero.

El Opus, rector económico de las últimas dos décadas del franquismo, posee no sólo una profunda influencia en la Iglesia, sino también en el PP, así como en las elites económicas y en el sistema educativo. Su influjo, que alcanza las estancias más selectas del Vaticano, se extiende por medio mundo, pero es más penetrante en su país de origen, España, donde su impronta tecnocrática y exclusivista impregna la universidad y las escuelas de negocio, los juzgados y los consejos de ministros. Si los jesuitas eran un «Estado dentro del Estado», el Opus es «una Iglesia dentro de la Iglesia».

Nacido en Barbastro (Huesca) en 1902, Escrivá tuvo cinco hermanos, de los que tres, las tres niñas, murieron durante la infancia. A la manera de los líderes carismáticos, existe sobre su figura una vasta producción hagiográfica que puntúa los hitos de su vida como desencadenantes de revelaciones mágicas. Así —según sus seguidores— la tragedia familiar lo hizo intimar pronto con el dolor, vía preferente de acceso a Cristo, inclinándolo hacia una de sus obsesiones, la mortificación de la carne. Así las huellas en la nieve de un carmelita descalzo le mostraron en su adolescencia la llamada del Altísimo. Etcétera. Caben interpretaciones más prosaicas de hechos relevantes de su adolescencia que no aparecen en las biografías laudatorias. Por ejemplo, que la quiebra del negocio familiar entre 1914 y 1915, tras largos litigios judiciales, lo obligó a contemplar el feo rostro de la privación material, de la que desde entonces se alejó como del demonio.

Escrivá compaginó su formación sacerdotal con el Derecho en la Universidad de Zaragoza. Ordenado en 1925, se trasladó a Madrid dos años después. Para entonces, fallecido su padre, era ya cabeza de familia. Y sus dotes eran bien conocidas en los ámbitos eclesiásticos. El joven despuntaba. Pero nadie podía prever el alcance de sus planes cuando, en 1928, decidió que debía abrir su propio camino hacia Dios. Un nuevo apostolado. Escrivá capta entonces a profesionales de diversos ámbitos, atraídos por la oración y el cilicio. Y empiezan a cristalizar los rasgos esenciales del Opus: santificación del trabajo, misa diaria, formación doctrinal, masoquismo ascético, culto al líder… Y una estrecha vinculación con los ámbitos formativos y universitarios. La DYA, acrónimo de Derecho y Arquitectura, residencia universitaria abierta en Madrid en 1933, supuso el primer ensayo de organización corporativa del Opus, aunque interrumpió su actividad por la Guerra Civil. Los planes de Escrivá también quedaron en suspenso, pero los dejó por escrito: «Veo la necesidad, la urgencia de abrir casas fuera de Madrid y fuera de España. […] Siento que Jesús quiere que vayamos a Valencia y a París». Durante el conflicto vivió entre la huida y la clandestinidad, incluido un ingreso «fingiendo ser un enfermo mental» —subraya el Opus— en un psiquiátrico. La guerra radicalizó su fervor, afianzó su tremendismo religioso. Se asomó al horror de una victoria roja y una España sin fe.

Pero llegó el 39. Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios. En una España de cunetas rebosantes, el santo en ciernes al fin encontró pista limpia para el despegue de su proyecto. No quería una corriente, ni una congregación, sino una organización nueva de sujeción flexible a la Iglesia. De obediencia papal, sí, por supuesto. Pero con estructuras propias. Con jerarquía propia. Con poder propio, pero al mismo tiempo sin enfrentarse al resto de poderes, sino formando con ellos una imbricación similar a la que componen las escamas de los peces. Una Iglesia dentro de la Iglesia, pero sin desafiar al poder de la Iglesia, ni del Estado. Un poder complementario, pero autónomo.

El empeño requería una fórmula administrativa aceptable para una institución, la Iglesia católica, de rígida arquitectura jurídica. La solución fue la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, creada en 1943 y reconocida como «sociedad de vida en común». El que fuera obispo de Madrid Leopoldo Eijo y Garay, que había entronizado bajo palio a Franco en el 39, ordenó en el 44 a los tres primeros sacerdotes del Opus: Álvaro del Portillo, José Luis Múzquiz y José María Hernández. La singularidad organizativa original es el secreto del éxito del Opus, de su expansión y su poder. Nada se le parece. El Opus tiene casa, el Vaticano, pero no tiene puertas. Su diseño le ha permitido extenderse —«un hilo y otro y muchos»— no sólo dentro de la Iglesia, sino por sociedades diversas de medio mundo, entretejiéndose a través de una red infinita. En la actualidad forman parte del Opus 90 502 integrantes en todo el mundo, de los que 2073 son sacerdotes. A ellos se suma una masa de colaboradores informales, próximos al Opus sin filiación específica reconocida, que jamás ha sido posible cuantificar. «Cientos de miles de personas», dice el Opus, que realiza labor pastoral estable en 69 países. Una multinacional.

Un rasgo distintivo es que la masa central de la Obra está integrada por laicos. La posición más relevante es la del prelado —hoy monseñor Fernando Ocáriz—, que debe obediencia al papa. Por lo demás, la dirección posee notable independencia de los obispos. Nada que ver con órdenes, congregaciones o hermandades. Esto es otra cosa. Todo en la Obra es resbaladizo, incluso ontológicamente. ¿Qué es «ser del Opus»? Se podría decir que es ser sacerdote, bien de la sociedad, bien de la prelatura. También lo son los laicos en misión apostólica. Ahí entran los numerarios (célibes con máxima dedicación), los agregados (célibes que atienden «necesidades, concretas y permanentes, de carácter personal, familiar o profesional»), supernumerarios (fieles sin compromiso de celibato con una disponibilidad «compatible con el cumplimiento de sus obligaciones familiares, profesionales y sociales»). También hay «numerarias auxiliares», sólo mujeres, dedicadas a que las familias sean auténticos hogares en Cristo, un rol en sintonía plena con la estricta división hombre-mujer de la España nacionalcatólica. «Una chacha», dicen los críticos con el Opus sobre la figura de la numeraria auxiliar, adivinando en las normas y divisiones de la Obra las trazas de una secta en toda regla consagrada vocacionalmente al más puro y duro tráfico de influencias.

Pero la simpatía, la afinidad, la adscripción, la conexión y hasta la obediencia al Opus Dei no exigen una estricta integración en el Opus Dei. La Obra teje su red fuera de su propia estructura en acompañamientos espirituales, charlas doctrinales, clases de catecismo, encuentros de carácter más o menos lúdico, más o menos religioso, que pueden ser en iglesias o parroquias o en el domicilio de algún fiel. Es imposible seguir el hilo desde su inicio o hasta su final. La organización fundada por Escrivá se beneficia de una estructura insólita, hecha tanto a la medida del apostolado como de la urdimbre de una red internacional. Se puede —esto es una licencia— ser del Opus sin ser del Opus.

Volvamos a Escrivá. El pionero de Barbastro comenzó a ampliar la Obra apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Portugal, Inglaterra, Irlanda, Francia… Después cruzó el charco: Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia… La expansión fue frenética, tanto en Latinoamérica como en Europa. Y aún hoy no se ha detenido. La naturaleza del Opus es crecer y crecer. Los últimos países —hasta ahora— en los que ha iniciado su andadura son Lituania, Estonia, Eslovaquia, Líbano, Panamá, Uganda, Kazajstán, Sudáfrica, Eslovenia, Croacia, Letonia, Rusia, Rumanía, Indonesia, Corea, Sri Lanka y Malasia. Pero la fijación del fundador fue desde el principio Roma, donde estableció su residencia en 1946 y erigió el Colegio de la Santa Cruz (para numerarios) y el Colegio de Santa María (para numerarias). El Vaticano es la sede central de la Obra, que siguió creciendo con Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI, y alcanzó la condición de organización en la cumbre de la Iglesia con Juan Pablo II, que la nombró prelatura personal en 1982, lo que supuso la culminación del sueño de Escrivá.

La Santa Sede abrió a Escrivá las puertas de par en par, al igual que se las había abierto la España de Franco. El régimen, pese a las suspicacias que despertaba el cariz secretista de ciertas actividades de la Obra, la bendijo desde sus inicios. Es elocuente la concesión a Escrivá, en 1968, del título de marqués de Peralta. Pero más aún lo fue la entrega de la dirección económica de las dos últimas décadas del franquismo a los llamados «tecnócratas» del Opus. El mito de la derecha como garante de la «buena gestión» y el gobierno ordenado y eficiente, cliché de discutible base empírica pero que con tanto acierto ha sabido explotar el PP, encuentra su base en los ministros opusinos de entonces, a los que Franco encomendó la aceleración del viraje estratégico hacia el capitalismo. La propaganda franquista lo llamó «modernización».

El Opus siempre se ha resistido a reconocer una complicidad estructural con la dictadura, ni que esta sea el origen de su privilegiado posicionamiento social. La extensión de esta idea —afirma la Obra— es atribuible en origen a una campaña de desprestigio falangista que ha heredado gustosamente la izquierda anticlerical. La aportación de sus miembros a los gobiernos franquistas, asegura el Opus, fue una decisión individual de cada uno de ellos. Que los miembros del Opus que han tomado parte en la gestión política en España hayan sido franquistas primero y de derechas siempre sería un hecho casual, ajeno a los designios de la Obra, que se declara políticamente neutral…

Estamos ante una sociedad ideológicamente integrista, que llega a animar a sus numerarios a rebajar el contacto con amigos o familiares, en favor del reforzamiento de su vínculo con la Obra. Ha habido denuncias de vulneración del secreto de la correspondencia, de control obsesivo de la vida privada, de dominación y abuso psicológicos, de coacciones y trabas para evitar abandonos, de falta de libertad en la elección de confesor, de proselitismo de niños y adolescentes en la propia red de colegios del Opus, con preferencia por los chicos de mejor posición económica.

Es conocido que la Obra recibe cuantiosas aportaciones de sus miembros. En una sociedad como la descrita, en la que un Dios que pincha como un cilicio es testigo de cada acto, ¿dónde acaba la voluntad y empieza la obligación? ¿Cómo cabe interpretar la vocación de la Obra de captar miembros en puestos destacados de la política, la burocracia, la magistratura, el periodismo, la universidad…? ¿O en realidad no los capta allí, sino que los coloca allí? «Un hilo y otro…». El Opus, que fomenta las familias numerosas, promueve a su vez la reproducción social: madres, padres, hijos, hijas, primos, primas, amigos y amigas, todos miembros de la Obra o próximos, se ayudan y se favorecen unos a otros. Cuando un integrante de la Obra quiere salir, necesita que el prelado le otorgue una «dispensa» para no incurrir en una salida ilegítima. No hace falta detenerse en los riesgos que un sistema de funcionamiento así tiene para cualquier sector relevante de la sociedad, pero especialmente para la cosa pública. ¿Dónde acaba la lealtad a la Obra y empieza la lealtad al proyecto político? En democracia la pregunta es más que pertinente. ¿A quién se debían en última instancia los ministros Federico Trillo (2000-2004) e Isabel Tocino (1996-2000)? ¿Y el fiscal general del Estado Jesús Cardenal (1997-2004)? ¿Y el director de la Policía Nacional Juan Cotino (1996-2002)? ¿Se debían a la letra de la Constitución o recorrían el camino de Escrivá?

Siempre cerca del cielo

«¡Nos han hecho ministros!» (atribuido a Escrivá de Balaguer)

Al menos ocho ministros de Franco fueron miembros del Opus. Entre los más destacados, Alberto Ullastres (Comercio, 1957-1965) fue el autor del llamado «plan de estabilización» exigido por el FMI; Mariano Navarro (Hacienda, 1957-1965) introdujo reformas fiscales y bancarias; López-Bravo (Industria, 1962-1969; Exteriores, 1969-1973) fue en democracia diputado de Alianza Popular; López Rodó (sin cartera, 1965-1973; Exteriores, 1973-1974) fue uno de los diseñadores del paso del franquismo a la monarquía, sin olvidar la reorganización de la justicia. En este punto amarró bien. Al igual que en la universidad, el Opus tiene mucha mano en la magistratura. «Una tercera parte del colectivo judicial son miembros del Opus Dei. Cuando tratamos casos de matrimonio homosexual, o de divorcios, ¿crees que eso no influye?»[32], afirmó en 2012 el juez progresista Santiago Vidal, poniendo palabras a un secreto a voces.

El fallecimiento de Escrivá por un infarto en 1975 demostró que los anclajes del Opus en el sistema de poder eran sólidos y no necesitaban el sostén del carismático fundador. La Obra mantuvo su fuerza durante la Transición, beneficiándose de su penetración en la UCD. La etapa de Felipe González (1982-1996) supuso un retroceso, pero la llegada del PP implicó un efecto rebote. Aznar puso especial atención a sus relaciones con el Opus desde el inicio de su carrera política. Lo tenía a tiro. Su abuelo, el periodista y diplomático Manuel Aznar, fue amigo personal de Escrivá[33]. José Botella, tío de su esposa, Ana Botella, era un ginecólogo de filiación opusina. Más tarde sus hijos estudiaron en los colegios vallisoletanos del Opus de Peñalba y Pinoalbar. Su hija se casó con Agag, que venía de Retamar, puntal del Opus. Como escribe Sánchez Soler en Las sotanas del PP, los Aznar son «un hilo de la maroma de Escrivá»[34].

El aznarato fue una edad dorada para el Opus. La Obra dirá que nada tuvo que ver; que fueron sus miembros los que —individualmente y sin tutela— ascendieron a puestos de responsabilidad. Pero, mirados en detalle los gobiernos de Aznar, es imposible no concluir que convirtió al Opus, a la manera de Juan Pablo II, en una especie de prelatura personal. De hecho, FAES recoge en su ideario preceptos marcados por el decálogo moral opusino, con devoción por el trabajo y el mérito. Ya hemos dado los nombres de Trillo y Tocino. Hay más. Entre los ministros son considerados afines a la Obra Loyola de Palacio (fallecida en 2006) y Romay Beccaría, dos veces presidente del Consejo de Estado. El periodista Sánchez Soler cita a Juan José Lucas y José María Michavila como próximos al Opus, si bien nunca han confirmado este extremo[35]. Parecido ocurre con la que fuera asesora de Aznar Ana Mato, luego ministra con Rajoy. No obstante, el opusino de referencia de Rajoy fue su ministro Jorge Fernández Díaz. También se considera próximo al Opus a Luis de Guindos, el que fuera tecnócrata de Rajoy. Próxima a la Obra era también Arantza Quiroga, que fue presidenta del PP vasco (2013-2015). Mucho más implicado estaba el notario Antoni Bosch, que alcanzó el liderazgo del partido en Barcelona (2008-2014). El numerario Jesús Pedroche, que fue presidente de la Asamblea de Madrid, fue sancionado por el PP por votar en 2000 contra la tramitación de una ley de parejas de hecho, saltándose la disciplina de partido.

La gestión de los responsables públicos opusinos no ha sido un dechado de virtud. Pedroche fue condenado por las tarjetas black de Caja Madrid. Cotino, que después de la Policía hizo una fructífera carrera política en Valencia, es investigado en varios casos de corrupción, entre ellos el vinculado a la visita de Benedicto XVI. El supernumerario Trillo, que fue ministro de Defensa, ha sido el muñidor de las más arteras tácticas de dilación judicial del PP, por no mencionar el trato a las familias del Yak-42. Ana Mato se benefició del latrocinio de la Gürtel. El que fuera diputado Vicente Martínez-Pujalte, vinculado a la Obra, obtuvo cobros millonarios en paralelo a su actividad en el Congreso[36], si bien judicialmente ha salido indemne. Fernández Díaz fue grabado en su despacho de ministro del Interior urdiendo escándalos de cloaca para enmierdar a políticos independentistas.

Así que el blasón del Opus no es garantía de ejemplaridad en política. Pero sí de poder. Y el poder acerca al cielo más rápido que la honestidad. Fallecido Escrivá en 1975, la Iglesia aceleró sus tiempos para beatificarlo en 1992 y canonizarlo en 2002, tras el reconocimiento por parte del Vaticano de un milagro: la supuesta curación mágica de una radiodermitis crónica… La canonización reunió a una multitud en la plaza de San Pedro. Allí estaban los entonces ministros Michavila, Ana Palacio y Trillo. También acudieron el presidente navarro, Miguel Sanz, la esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola —otro referente moral, como supimos luego—, el ínclito Fernández Díaz —entonces secretario de Estado— y varios rectores de universidades católicas[37]. Una bien nutrida representación del alto clero español también se plantó en Roma. A la cabeza, Rouco.

Octopus Dei

«Rechaza esos escrúpulos que te quitan la paz» (Josemaría Escrivá de Balaguer)

Tanto o más que en la política, el Opus ha logrado penetrar en la educación. Su buque insignia es la Universidad de Navarra, centro de referencia de la formación de elites en el norte de España. A sus facultades y escuelas de Económicas-Empresariales, Comunicación, Derecho, Medicina e Ingeniería, se suman el ISSA School of Management Assistants, el IESE Business School y el ISEM Fashion Business School. Uno de los atractivos de su oferta, sobre todo en los MBA, surtidores de directivos empresariales, es el establecimiento de redes de contacto entre egresados, que tanto ayudan a la integración profesional en el alto escalafón. Networking por un tubo. ADN Opus.

El Estudio General de Navarra fundado en 1952 es hoy un titán universitario con sedes en Pamplona, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Munich y Nueva York. Alrededor de la universidad orbitan diversos centros de alto nivel en sus distintos campos: el Centro de Documentación y Estudios, el Museo Universidad de Navarra, los centros de Cáncer, de Ingeniería Biomédica, de Investigación Médica Aplicada, de Nutrición, el Internet Studies and Digital Life, el Centro Tecnológico Ceit-IK4, el Grupo Ciencia, Razón y Fe… Al frente de todos ellos está la Clínica Universitaria, que se ha beneficiado de convenios con el Estado. A comienzos de 2018 inauguró su hospital en Madrid, en un acto con una nutrida asistencia oficial. La Clínica Universitaria, que tiene la vitola de centro de vanguardia en el ámbito de la sanidad privada a nivel mundial, prevé facturar 200 millones al año con la apertura de la sede madrileña[38]. Sólo con el hospital pamplonés ya supera los 150 millones al año.

El barniz elitista también adorna a los 33 colegios del Opus integrados en su red Fomento de Centros de Enseñanza, a menudo con educación diferenciada por sexos, lo que no impide que se beneficien de conciertos. Segregación y valores ultraconservadores con dinero público. La red, a cuyos centros acuden más de 24 000 alumnos, tiene presencia en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra. Forman parte de esta red Aldovea (Madrid), Tabladilla (Sevilla), Sansueña (Zaragoza), Peñalba (Valladolid), Canigó (Barcelona), Montecastelo (Vigo), Monteagudo (Murcia), Miravalles (Pamplona) y Vilavella (Valencia), entre otros colegios. Ni todos los profesores, ni todas las familias, ni siquiera la mayoría, tienen por qué ser del Opus. Pero eso es tan cierto como que las ideas y la red del Opus llegan hasta todos ellos a través de centros financiados con dinero público construidos en su mayoría en zonas de nivel adquisitivo alto. Donde esté La Moraleja, que se quite Vallecas. Es una forma infalible de seleccionar a los niños por clase social sin tener por qué renunciar al discurso del «aquí puede entrar cualquiera».

El Colegio Retamar, en Pozuelo de Alarcón, sólo para chicos, es quizás el mayor emblema del elitismo escolar del Opus, que también tiene centros propios —concertados y no concertados— fuera de la red de Fomento. En Retamar estudiaron, por citar dos, Adolfo Suárez Illana y el yernísimo de Aznar, Alejandro Agag. Está considerado cantera de cachorros de la alta sociedad madrileña. De hecho, es comentario corriente que los padres que aspiran a que sus hijos medren en las esferas acomodadas de la sociedad madrileña hacen lo posible y lo imposible por meter a sus retoños en colegios del Opus.

La red de colegios del Opus no se limita a España. Su empeño es siempre internacional, tanto a través de colegios de alto standing como de universidades, especialmente en Latinoamérica. Son ejemplos las universidades de Piura (Perú), Los Andes (Chile), La Sabana (Colombia), Monteávila (Venezuela), Austral (Argentina) y Panamericana (México). Su producto universitario está orientado a la formación de dirigencia política y económica conservadora. Como guinda, el Opus cuenta además en Roma con la Università della Santa Croce, expresión de su solera e influencia. Más adelante me detendré en su portentosa musculatura universitaria en España.

Al Opus Dei, la «obra de Dios», se le llama irónicamente «Octopus Dei» por su capacidad para llegar a todas partes con sus tentáculos. Colegios, asociaciones, foros intelectuales y clubes de todo tipo, pilotados por miembros del Opus, se integran en una densa malla corporativa que jamás descuida el poder y el dinero. No deja de ser coherente con el ejemplo del fundador, que mantuvo la pobreza a una distancia más que prudencial. La exnumeraria española María Angustias Moreno contó a Alfonso Torres, para su libro No los dejes caer en la tentación, detalles que acreditan el gusto de Escrivá por el lujo y la riqueza. Según la filosofía del cura de Barbastro —narra Moreno—, la riqueza «estaba vinculada a las necesidades del espíritu, de tal manera que podría hablarse de un “capitalismo religioso”, concebido como instrumento de expansión, prestigio y poder». El lujoso santuario oscense de Torreciudad ilustra este convencimiento. El fundador del Opus acumuló en su casa de Roma un tesoro compuesto por ornamentos, vasos sagrados, custodias y oratorios[39]. No existe el menor complejo en la relación del Opus con la riqueza y la clase alta. La propia Obra afirma en la descripción de su naturaleza que la prelatura «no saca a nadie de su sitio, sino que lleva a que cada uno cumpla las tareas y deberes de su propio estado […]».

«No saca a nadie de su sitio». Tan directo como brutal. Los pobres, pobres son. Deben conformarse. Los ricos, ricos. Y deben unirse, formar «el hilo». Así debe ser. Así ha sido siempre. No cabe reflexión sobre las causas de la pobreza. Cada cual debe asumir su papel, que ha sido asignado por Dios. Es la antítesis del marxismo. Con la misma fuerza con la que Juan Pablo II combatió a los teólogos de la liberación, aupó al Opus y su catolicismo vinculado a la Teología de la Prosperidad, que incide en la bendición divina de aquellos que conquistan la riqueza y el bienestar. No es en los arrabales donde quiere estar el Opus, sino en el midtown de Manhattan, donde levantó su Torre Murray Hill.

La ley del silencio entre sus miembros y allegados en España impide siluetear al Opus con precisión. Sí están al alcance de la vista los trazos de una pintura que, mirada con perspectiva, nos muestra una organización enraizada hasta el tuétano en los árboles del poder educativo, mediático, político y financiero, si bien en este último campo la Obra se ha llevado un palo con la desaparición del Banco Popular. Merece la pena detenerse un instante en el llamado «banco del Opus», con su historia de poder y conexiones. Creado a mediados de los años veinte por impulso de un hombre de la dictadura primorriverista, Emilio González-Llana, el Popular dio un salto cualitativo a mediados de los cuarenta cuando se puso al frente Fèlix Millet y Marestany (1903-1967), catalanista de la burguesía conservadora, que dio entrada a altos ejecutivos del Opus como Mariano Navarro, luego ministro, o Rafael Termes, que presidiría la patronal bancaria de 1977 a 1990. Millet, fundador de la entidad Òmnium Cultural, hoy un pilar del procés, padre del conocido Fèlix Millet i Tusell, condenado por el saqueo del Palau, fue quien abrió la puerta del banco a Luis Valls-Taberner, numerario del Opus, presidente del Popular de 1972 a 2004. Valls-Taberner es el personaje decisivo de la historia del banco, el que puso a la entidad en sintonía con la tecnocracia tardofranquista, el que conformó un núcleo accionarial nutrido de burguesía industrial, en buena medida opusina. Con Valls-Taberner el Popular fue sinónimo de beneficios e influencia. Todo se torció bajo la presidencia de Ángel Ron (2004-2017), cuando el banco sucumbió a la tentación inmobiliaria y protagonizó operaciones fallidas como la compra del Banco Pastor, atiborrado de ladrillo. El Santander acabó comprando el Banco Popular por un euro en 2017.

Otra estampa nos muestra al Octopus Dei en toda su esencia. La beatificación en 2014 del que fuera líder del Opus Álvaro del Portillo concitó la presencia de numerosas personalidades en un acto masivo en Madrid. Políticos, fiscales, jueces, altos mandos policiales, empresarios… En la trastienda económica del acto estaba la crème de la crème. El acto fue patrocinado por Telefónica y El Corte Inglés, así como por Madrid Vivo[40], fundación impulsada en 2011 por Rouco Varela y Javier Cremades, uno de los abogados internacionales del opositor venezolano Leopoldo López. Esta fundación inspirada por valores cristianos es un ejemplo perfecto del matrimonio español entre Iglesia y gran empresa. Y con el añadido de un hedor franquistón[41]. La fundación está presidida honoríficamente por el sucesor de Rouco, monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. En el patronato se integran millonarios de todo pelaje, empresarios de postín, altos ejecutivos y políticos de derechas. Y, junto a todos ellos, el aristócrata Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, bisnieto de Francisco Franco, máximo exponente del rechazo de la familia del dictador a su exhumación y defensor de su legado. Todo ello además de presidente de honor de la fundación Francisco Franco[42].

Fíjense en la nómina de prohombres que se reúnen en la fundación Madrid Vivo con el nuevo líder de los Franco y el jefe de la Iglesia de Madrid. El vicepresidente de Madrid Vivo es Ángel Ron, expresidente del Banco Popular. En el patronato también están Borja Prado, presidente de Endesa; el millonario Juan Abelló; Juan Luis Cebrián, histórico directivo del Grupo Prisa y miembro del Club Bilderberg; José Cerdán, presidente de Telefónica Business Solutions; Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; Jaime de Jaraiz, presidente de LG Electronics España; Jacobo González-Robatto, presidente de Nueva Pescanova; Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual y del lobby español de la alimentación; Gonzalo Sánchez, presidente en España de PwC, la auditora de confianza de los obispos; José María Sánchez, director en España de Prodware, partner de Microsoft, y Joaquín Herrero, presidente de la gestora financiera Merchbanc, entre otros.

En el mismo patronato está David Hatchwell, que pertenece a una renombrada familia de capitalistas judíos. El magnate Sheldon Adelson trajo a España de su mano el frustrado proyecto de Eurovegas. Hatchwell se ha lanzado ahora al negocio de las socimi[43]. También está en el órgano noble de esta fundación Iglesia-Empresa Carlos Madruga, presidente del Grupo Educare de colegios concertados. Y Mónica de Oriol, expresidenta del Círculo de Empresarios, recordada por mostrarse en contra de contratar a trabajadoras en edad de quedar embarazadas. Hay más nombres. Baldomero Falcones fue presidente de FCC. Tomás García Madrid fue consejero delegado de OHL. Leila Hayat es directora general del Chaabi Bank. La vicesecretaria de la fundación es María Flora Ruiz, miembro de la dirección de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. No sólo hay empresarios y ejecutivos. Figuran junto a ellos los exalcaldes de Madrid Álvarez del Manzano y Ruiz-Gallardón, ambos del PP y próximos a Cremades. En el mismo listado de patronos está el exministro de Exteriores con UCD Marcelino Oreja. Es curioso: fue Oreja el que puso su firma a los acuerdos del 76-79. Cuarenta años después, ahí sigue. Junto a la Iglesia. Junto al dinero. Junto a una nómina de ejecutivos de empresas poco distinguidas por su compromiso social.

También forman parte del patronato el psiquiatra Enrique Rojas, el exdirector de Relaciones con los Medios de la Casa Real Juan González-Cebrián Tello y el directivo de medios José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Junto a ellos está Manuel Bretón, presidente de Cáritas, que siempre coloca a la ONG donde se oye el tintineo del metal. Antes fueron patronos Emilio Botín, presidente del Santander, fallecido en 2014, Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, y Esther Koplowitz. Casi nada. Todos patronos bajo la presidencia del arzobispo de Madrid. ¿No es hermoso? Colaboran con tan pía fundación empresas como Endesa, Iberia, PwC, Acciona, Torreal, Excem, Gecesa, Unidad Editorial, Acens y Cremades & Calvo Sotelo, que es el despacho de Cremades, alma máter de Madrid Vivo. «Si no estás vinculado al Opus Dei o a algún otro movimiento, ser católico hoy no es fácil en un mundo que se ha vuelto mucho más materialista», declaraba Cremades a The New York Times en un reportaje sobre la beatificación de Portillo[44]. ¡Qué horror, el materialismo! ¡¡Atrás!!

No hay espacio de relevancia pública donde el Opus no coloque a sus peones. Los nombres del Opus son una constante del poder en el último medio siglo. Tomando como referencia los listados de Alfonso Torres en No los dejes caer en la tentación[45] y de Danilo Albín en Público[46], es fácil comprobar que el Opus es el perejil de todas las salsas. Veamos algunos nombres, con cargo presente o pretérito. En la Casa Real, el capellán real Federico Suárez y Laura Hurtado de Mendoza, secretaria de la reina Sofía. En el Constitucional, Andrés Ollero. En la universidad, destacadas personalidades como José Luis Meilán, Álvaro D’Ors, José Desantes, Ramón Llamas, Antonio Fontán, Javier Fernández del Moral, Luis Núñez Ladeveze o Andrés de la Oliva. En las fuerzas armadas, el secretario de Estado de Defensa Fernando Díez Moreno, que antes tomó parte en la privatización de empresas estatales como Telefónica.

Altos mando del Ejército han sido también colocados en la órbita del Opus. El listado de integrantes y simpatizantes de la Obra se extiende por ayuntamientos y gobiernos provinciales y autonómicos, por la Fiscalía y las Secretarías de Estado, por la diplomacia y las finanzas, por la gran industria y la medicina, por fundaciones y organizaciones caritativas, por asociaciones gremiales y colegios profesionales y clubes deportivos. Se ha vinculado con el Opus al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear Fernando Martí. Era miembro Vicente López Alemani, presidente del Banco de Alimentos de Madrid. Y lo es el torero Juan José Padilla. Y la periodista Pilar Urbano. Y la diseñadora Chicha Solla. Y los atletas Isaac Viciosa y Lázaro Linares[47]…

«Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa maroma capaz de alzar pesos enormes», dejó escrito el fundador. La Iglesia española se parece mucho más al Opus que a Cáritas, aunque mencione mucho más a esta que a aquel. Su vocación, ya en democracia, ha sido ante todo la obtención de poder, influencia y dinero. La Obra le ha marcado el camino. Y los mejores cómplices los ha encontrado en la Moncloa.

5.5. El amigo de la Moncloa

5.5. El amigo de la Moncloa

De la Constitución a los conciertos, del chollo tributario a la reforma hipotecaria, de la tipificación penal de la blasfemia a la Ley Wert. De la lección que González no enseñó a ZP: Roma no paga traidores. Del hacerse rogar de Aznar al dolce fare niente de Rajoy

Favores presidenciales: de Suárez a González

«Gracias a Dios vivimos en un Estado de derecho» (Fernando Giménez Barriocanal)

Regresión ideológica, incrustación en el poder, sintonía con los vientos más conservadores del Vaticano, alianza con las organizaciones de corte integrista y elitista, marginación de la red de base. Ya tenemos el retrato robot de la jerarquía católica española en democracia. Su obsesión ha sido retener o ampliar privilegios, gobernase quien gobernase. Y desde Adolfo Suárez hasta el día de hoy, a fe que lo ha conseguido.

Con Adolfo Suárez como presidente (1976-1981), la Iglesia se anota una Constitución que, al definir el Estado como aconfesional en vez de como laico, establece lo que no es, en vez de lo que sí, abriendo la puerta a interpretaciones favorables a sus intereses en los tribunales y las instituciones representativas. Sí, el texto del 78, que en absoluto es atribuible a Suárez pero que sí llega con él en la Moncloa, es el primer gran logro de la Iglesia. Y va seguido de los acuerdos del 79 y de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que avanza en la línea de superación del nacionalcatolicismo pero sin amenazar en nada el trato VIP del Estado a la Iglesia. El Estatuto de Centros Escolares, también de 1980, supone el primer espaldarazo legal al derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa en los colegios públicos.

Con el presidente más fugaz, Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982), reconocido propagandista católico, llegó para la Iglesia uno de sus mayores disgustos: la publicación de la Ley del Divorcio. La llegada de González (1982-1996) inquietó a la jerarquía. Pero no fue para tanto. Juan Pablo II lo marcó de cerca desde el principio. Sólo hay que mirar fechas. Las elecciones de su primera mayoría absoluta fueron el 28 de octubre de 1982. Sin excesiva sutileza, el papa organizó su primera visita a España del 31 de octubre al 9 de noviembre. Fue una demostración de fuerza, un «aquí estoy yo» que desaconsejó al recién llegado González cualquier camino laicista.

A la jerarquía tardó en entrarle en la cabeza que el catolicismo no era ya una religión oficial. «A los pocos días de entrar en el Ministerio de Educación, recibimos la visita de los obispos, que nos trajeron impresos en un papel sepia muy característico los decretos que teníamos que firmar. Así se gestionaba la educación en España en 1982», ha explicado José María Maravall[48], que fue ministro de Educación hasta 1988. Los obispos se creían con derecho a decidir qué se publicaba en el BOE. Sólo así es explicable que la Ley del Derecho a la Educación de 1985 ocasionara protestas de la jerarquía, con el apoyo de la poderosa Concapa, cuando en realidad sentó las bases del actual sistema de conciertos, quizás el mayor chollo de la Iglesia en España. La mera democratización de la educación, la asunción por parte del Estado del papel rector de la instrucción pública, levantaba ampollas en una Iglesia pésimamente acostumbrada, cuya presión sirvió para que el PSOE guardara en un cajón su compromiso programático de «escuela pública, laica, autogestionaria y única».

González fue también el que introdujo el sistema de asignación tributaria (1988) y el que disparó las aportaciones presupuestarias a cuenta ante el decepcionante número de católicos que marcaban la casilla. Con el PSOE llegó en 1987 la exención del IVA en la construcción de lugares de culto y edificios con fin religioso. Otra bicoca. 1987 fue el año en que el Gobierno, cediendo a la presión del Vaticano, cesó como embajador a Gonzalo Puente Ojea, que estaba en trámite de divorcio. También ha sacado partido la jerarquía católica a los acuerdos firmados en 1992 con las confesiones protestante, judía y musulmana, pues desactivaron la percepción de privilegio de raíz nacionalcatólica pero sin minar la posición de prevalencia del catolicismo. Y ojo: nada de esto impedía que al mismo tiempo la Iglesia se presentase como víctima de un Gobierno laicista. Lo cortés no quita lo valiente. Se puede recoger con una mano y pedir con la otra.

Sacudido por la corrupción, el Gobierno de González entró en crisis a principios de los noventa. La CEE olió la cadaverina del proyecto socialista y abandonó cualquier contemplación. La ofensiva episcopal contra González, que se trasladó a los medios de filiación católica, causó alarma en el PSOE, más aún con las elecciones de junio del 93 a las puertas. Y esto se volvió a traducir en una catarata de privilegios para la Iglesia. González, al que preocupaba la familiaridad en el trato entre Aznar y el que era presidente de la CEE, Elías Yanes (1993-1999), se reunió con este en plena precampaña. Fue una visita «de cortesía» y con «buen tono», coincidieron ambas partes. Pero no se quedó en una foto. González ordenó a sus ministros de Justicia, Tomás de la Quadra, y Educación, Pérez Rubalcaba, la apertura de unas negociaciones que se convirtieron en mejoras del estatus de los profesores de Religión y los capellanes carcelarios.

Tal fue la rendición del PSOE a la jerarquía que incluso hubo marejada interna en el partido. Dolorosa para los sectores laicos resultaba la subida de 3000 millones de las antiguas pesetas —de 15 260 a 18 300— de la asignación presupuestaria a la Iglesia en 1994, en un contexto de crisis y recortes de gasto. El diputado Álvaro Cuesta lideró —ya tras la victoria del PSOE en las elecciones— el conato de revuelta en el seno del grupo socialista[49]. De poco sirvió. Es más, la cosecha de la Iglesia continuó en 1994 con la Ley de Fundaciones, que concedía amplias atribuciones a las comunidades religiosas para beneficiarse de toda suerte de incentivos.

Durante su decadencia, González pagó con dinero público todo cuanto se le exigió para amansar a la cúpula de la Iglesia y tapar una de las vías de agua de su decreciente electorado. Pero el presidente aprendió —tarde— una lección que tampoco le enseñó a Zapatero: por muchos privilegios que se le concedan, no cabe esperar una lealtad estable de los obispos a un proyecto del PSOE, por moderado que sea. Roma no paga traidores. La CEE se la tenía guardada a González desde la Logse (1990), que establecía que la asignatura de Religión es obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos.

La inesperada victoria del PSOE en el 93 no detuvo la degradación del felipismo. La CEE se incorporó a la campaña para cargarse a González con más entusiasmo que nunca. Conseguido todo lo posible del débil Gobierno socialista, tocaba hacer méritos ante Aznar, al que cada día se le ponía más cara de presidente. El nombramiento como nuncio en España en 1995 del húngaro Lajos Kada, fraguado en el anticomunismo militante, fue una declaración de intenciones. La COPE, liderada cada mañana por Antonio Herrero, se convirtió en actor clave de la operación de hostigamiento contra González. Un inciso: Herrero fue hijo de Antonio Herrero Losada, director en su día de Europa Press… y miembro del Opus. La COPE pasó a ser un dispensador diario de cizaña antisocialista. Ahí fue, bajo los auspicios de Rouco, cuando se ensayó el funcionamiento de la máquina del fango que luego cubriría hasta las cejas a Zapatero y más tarde a Podemos. Cada día, escuchando a Herrero, parecía que había llegado el Apocalipsis. El PSOE intentaba patéticamente detener los ataques. Fíjense en lo que dijo antes de las elecciones de 1996 el entonces ministro socialista José Manuel Eguiagaray: «Si la Iglesia utiliza una radio como punta de lanza contra el PSOE […], tendrá una respuesta terrenal y podría revisarse su situación en un Estado aconfesional, como la aportación tributaria y estatal»[50]. Ya ni se cortaban al expresarlo: el Gobierno admitía que podía dosificar el dinero para la Iglesia, nuestro dinero, en función de cómo se portase. No actuaba movido por el laicismo, sino por el afán de control de una radio desbocada. Y con esa base el Gobierno socialista amenazaba burdamente a la Iglesia con retirarle algunas de las prebendas que el propio González le había concedido.

De Aznar a Rajoy

«Exigir determinados derechos de la Iglesia o de los católicos no es meterse en política. Es simplemente ejercer un derecho» (monseñor Juan José Asenjo)

González cayó en 1996. Y la jerarquía acudió a pasar el cestillo a la Moncloa. Las expectativas eran altísimas con Aznar, católico de orden casado con una tradicionalista provida, que había progresado en el partido en alianza con arribistas opusinos. Pero el nuevo presidente se hizo de rogar. Así se cobraba venganza por la reunión de González con Yanes del 93, que se había tomado como una afrenta personal. Pero sobre todo evitaba la rápida claudicación ante las exigencias maximalistas de la CEE, que habría permitido al PSOE reivindicarse como el partido que supo mantener a raya a los prelados.

A la espera de las reformas, en especial la educativa, que aún habrían de tardar un poco, el Gobierno de Aznar sí exhibió a toda luz su catolicismo en cada gesto. Y casi en cada miembro. Los que creían que el PSOE había sido descuidado con el principio de aconfesionalidad por su asistencia a actos religiosos no sabían lo que estaba por venir. La peregrinación de ministros a procesiones y liturgias se multiplicó. Además de los miembros o próximos al Opus, al aznarato no fue sólo pródigo en cargos católicos, sino —esto es lo relevante— en la pública exhibición de su catolicidad. Del macareno Javier Arenas a Margarita Mariscal de Gante, de Francisco Álvarez-Cascos a Eduardo Serra, de Esperanza Aguirre a Ángel Acebes, por no hablar de Isabel Tocino, Romay Beccaría y Loyola de Palacio, el catolicismo como elemento esencial del perfil político era la nota común del grueso ministerial del primer Aznar, que convirtió en rito anual la visita al monasterio de Silos. Era excepcional la promesa, en vez del juramento, en la toma de posesión. Josep Piqué fue la rareza. Los dirigentes del PP que buscaban proyección se dejaban ver por actos del Opus. Los ministros se aficionaron a viajar a las beatificaciones y canonizaciones. De Trillo a Rajoy, pasando por Jaime Mayor Oreja hasta Aguirre, lo que se estilaba era ir a Roma con la excusa de una celebración, moda a la que también sucumbieron —lo cuenta Sánchez Soler— Jaume Matas y Rodrigo Rato, dos católicos cuya fidelidad al séptimo mandamiento ha sido puesta en entredicho.

Las formas son importantes. Y la Iglesia agradeció que Aznar enterrara desde el principio las veleidades laicistas del felipismo. Pero ¿y las reformas de calado? Los obispos se impacientaban. No tardaron en comprobar que la espera mereció la pena:

1997: Plan Nacional de Catedrales. Impulsado por Esperanza Aguirre (Cultura), recogió el compromiso de inversión de 1500 millones de pesetas en 82 templos.

1998: reforma de la Ley Hipotecaria para que las diócesis pudieran inmatricular lugares de culto, en su momento una modificación legal cuyo alcance no se adivinaba.

1999-2000: se permite compatibilizar la cruz de la Iglesia con la de fines sociales.

2001: exención a la Iglesia del cumplimiento de la Ley de Asociaciones, librándola de obligaciones de democracia interna y rendición de cuentas.

2002: Ley de Mecenazgo, pedrea fiscal para la Iglesia y sus entidades.

Pero el premio gordo era la educación. Era tanto lo que se esperaba que los obispos ya se subían por las paredes a mitad de la primera legislatura. En 1999 la CEE se apuntó el éxito de la homologación salarial de los profesores de Religión, que se le había resistido con UCD y el PSOE y llegó con una orden firmada por el entonces ministro Rajoy. Veinte años después del acuerdo educativo entre el Estado y la Santa Sede, continuaba el desarrollo del mismo en su interpretación menos aconfesional, con la funcionarización de los docentes de Religión. El principio era el mismo: el obispo elige, el Estado paga. Pero además en 1999 mejoró sus condiciones. Por cierto, entonces era secretario de Estado de Educación el opusino Fernández Díaz, que pilotó la negociación.

Aznar sólo se lanzó a por su reforma educativa tras lograr su mayoría absoluta en 2000, una vez nombrado presidente de la CEE Rouco Varela, cuya sintonía con el presidente era total. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) supuso la ansiada equiparación de la Religión con el resto de asignaturas. Queda para el recuerdo la ovación que Aznar, escoltado por Rouco y Asenjo, recibió de un centenar de obispos en un congreso episcopal celebrado en mayo de 2002 en San Lorenzo del Escorial. En cuanto a la concertada, con la ley del 85 en la mano la derecha gobernante sólo tuvo que jugar con los presupuestos estatales y autonómicos para ampliar las dotaciones a los colegios y recortar los gastos en la enseñanza pública. El carril normativo para hacerlo ya estaba construido y tenía además la pátina de legitimidad progresista. El PSOE estaba atado de pies y manos para quejarse, víctima de sus contradicciones.

Zapatero (2004-2011) suspendió la LOCE y aprobó en 2006 la Ley Orgánica de Educación, que devolvía la Religión al esquema de la Logse. No obstante, lo que la CEE convirtió en casus belli fue la creación de la asignatura de Ciudadanía y la aprobación del matrimonio gay. Una vez más la reacción desmesurada de los obispos acabó rindiéndole contrapartidas. Un decreto de 2007 estableció la contratación indefinida de los profesores de Religión. Y eso en lo que respecta a la educación. Por lo demás, las cesiones fueron jugosas, empezando por la subida al 0,7 por 100 de la asignación vía IRPF. La conocida como Ley de Memoria Histórica dejó a la Iglesia fuera de toda obligación, pese a haber sido pilar fundamental de la dictadura. En 2010 Zapatero completó su amoldamiento al episcopado metiendo en el cajón su proyecto de Ley de Libertad Religiosa.

Con Rajoy (2011-2018) la Iglesia volvió a disfrutar de las máximas posiciones de preeminencia simbólica. Al igual que en el aznarato, sus ministros hicieron gala de catolicismo como seña de identidad política. Además, la Iglesia encontró la complicidad total del Gobierno en todos los debates abiertos sobre sus privilegios: de la fiscalidad a la falta de transparencia pasando por las inmatriculaciones. Más que por lo conseguido, Rajoy destacó por lo que ha frenado. Y por su clásico dolce fare niente.

Nunca como durante los años de Rajoy en el poder ha quedado tan expuesta la sobrerrepresentación en el espacio oficial de la Iglesia. La secularización de la sociedad, sumada a la eclosión de movimientos como el 15-M y el feminista, motiva que cada vez susciten mayor escándalo las groseras plasmaciones de los privilegios de la Iglesia, así como su reaccionarismo. Al contrario de lo que ocurría hace diez o veinte años, ahora es objeto de controversia que las televisiones públicas emitan contenidos confesionales, por poner un ejemplo. Las aseveraciones de corte homófobo de los dignatarios de la Iglesia encuentran respuesta crítica de asociaciones civiles, partidos y referentes intelectuales. Cada vez más medios sostienen líneas editoriales laicistas, caso de Infolibre, Eldiario.es, La Marea o Público, entre otros. Producen escándalo los problemas judiciales que, en pleno siglo XXI, sufren quienes atacan verbalmente los dogmas de la Iglesia, de forma pacífica, al proteger la legislación española los sentimientos religiosos. Los casos de líos judiciales son múltiples y bastará citar algunos: la procesión del coño insumiso, el «me cago en Dios» de Willy Toledo, el videojuego en el que se disparaba a nazarenos, las hostias componiendo la palabra pederastia de Abel Azcona, el cristo cocinado de Javier Krahe, las drag queens vestidas de vírgenes en el Carnaval de Las Palmas, la condena a un joven por publicar una imagen de su rostro como si fuera Cristo…

La disculpa en privado de Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, ante el arzobispo por una protesta contra la capilla de la Complutense en la que participó con el torso desnudo —antes de su entrada en política— obró como ejemplo perfecto de cómo el poder civil aún debe humillarse ante el religioso. Maestre fue absuelta, pero su caso evidenció el anacronismo de la pervivencia del artículo 525 del Código Penal, heredero de la blasfemia de los Códigos Penales de 1848, 1944 y 1973, excrecencias confesionales aberrantes en una sociedad plural en la que los «sentimientos religiosos» deberían gozar del mismo grado de protección que el resto. Ni menos, ni más.

Pues bien, ante la apertura de todos estos debates sociales, la posición de Rajoy fue de apoyo, tácito o expreso, a la Iglesia. Y ha mostrado siempre una actitud tibia, la mayor parte de las veces de anuencia, ante la actividad fanatizada de los nuevos grupos de presión integristas como Hazte Oír, E-Cristians, Asociación de Abogados Cristianos, Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro y Profesionales por la Ética, que actúan como brazo civil de las posiciones más tercas de la Iglesia[51]. La Iglesia se anotó además con Rajoy la «amnistía registral» por sus inmatriculaciones, uno de esos privilegios que no son bien calibrados en el momento de su otorgamiento, sino años después…

Coincidiendo con el ascenso de Ciudadanos y Vox, que consolida una división del electorado más conservador e identitario, el PP se ha lanzado a una campaña de reivindicación del nexo entre Estado e Iglesia que prefigura un revival nacionalcatólico. El líder del PP, Pablo Casado, se presenta como un genuino representante del catolicismo político, intentando así taponar la vía de agua que ha abierto entre sus bases el reaccionarismo quintaesenciado de Vox. Antiabortista, contrario a la regulación de la eutanasia, afirma que el PP es «el partido de la vida y la familia» y exalta sin desmayo las tradiciones populares de raíz cristiana, como si poner un belén o asistir a una procesión fueran parte consustancial de la identidad española. Y como si no hacerlo fuera cosa propia de malos españoles. Todo un éxito de las tesis de Rouco, partidario de no moverse para acercarse a la política, sino de esperar quieto a que esta se acerque. Y desde luego que la política se le está acercando. No en vano, la irrupción de Vox, formación ultraderechista de discurso embrutecido que ha movido a la celebración a los sectores políticamente más desinhibidos del episcopado, promete brindar grandes dividendos políticos a la causa eclesial. Otra vez la vida pública española encuentra un frente divisivo en la adhesión ideológica a la Iglesia. Otra vez la religión separa y enfrenta.

No todo han sido logros eclesiales con Rajoy, que no tuvo necesidad —está casi todo hecho— de incrementar los privilegios económicos. En el tintero se quedó la reforma de la Ley del Aborto impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, el mayor error político de la primera legislatura de Rajoy, que planeó devolver la regulación de la interrupción del embarazo a los primeros ochenta. Ni Rajoy ni Gallardón, a los que se supone tan buen olfato político, fueron capaces de atisbar la creciente sensibilidad feminista de la sociedad española. Gallardón no sólo tuvo que dimitir. Su carrera política terminó ahí, en 2014.

Los obispos acusaron entonces al Gobierno de rendirse a los postulados del relativismo, pero no emprendieron ninguna campaña especial exigiendo que se retomara la ley. Los prelados saben cuándo algo les puede provocar un desgaste inaceptable. Además, ya tenían bajo el brazo su verdadero objeto de deseo: la Ley Wert, que supuso la ruptura total de los escuálidos consensos educativos trabajosamente alcanzados desde la Transición, blindando la posición de fuerza de la concertada católica y reforzando la asignatura de Religión hasta niveles inauditos. Otro gol por la escuadra de la Iglesia marcado durante los minutos de Rajoy en el campo.

Y Pedro Sánchez…

«Haz lo que yo digo y no lo que yo hago» (popular)

Ningún presidente ha llegado a la Moncloa con el listón de las promesas laicistas tan alto como Pedro Sánchez. El programa del PSOE para las elecciones de 2016, su documento de candidatura en las primarias de 2017 y las resoluciones del 39.º Congreso forman un marco de compromisos que incluye la derogación de los acuerdos del 79, la supresión de la referencia a la Iglesia en la Constitución, el pago del IBI para los inmuebles sin uso religioso ni social, el desarrollo de la autofinanciación, la reversión de las inmatriculaciones sin título… A todo esto se suma la aprobación en febrero de 2018, en el Congreso, de una proposición no de ley apoyada por el PSOE que instaba al Ejecutivo, entonces del PP, a «dejar la religión confesional fuera del sistema educativo oficial», así como a la «derogación» de los acuerdos con la Santa Sede. El propio Sánchez, antes de alcanzar la presidencia, se significó a favor de medidas drásticas, de cuestionamiento frontal del actual statu quo, medidas cuyo anuncio se encontraba siempre entre los más aplaudidos en sus actos de partido.

Sí, Sánchez le ha sacado partido al laicismo para hacer campañas electorales y conquistar a las bases de su partido. El hecho de que el secretario de Laicidad de su partido fuera el catedrático de Filosofía del Derecho José Manuel Rodríguez Uribes, autor de Elogio de la laicidad (Tirant Lo Blanch, 2017) y profundo conocedor de la materia, contribuyó a incrementar las expectativas. Y Sánchez empezó con buen pie, al convertirse en el primer presidente en prometer su cargo sin la presencia de símbolos religiosos, gesto repetido por todo su Consejo de Ministros. Sólo el gesto de modernidad de Sánchez y los miembros de su Gobierno supuso un refrescante contraste con la era PP. Pero ¿algo más? ¿Qué ha hecho una vez en la Moncloa? El lector puede juzgar por sí mismo.

Es cierto que su Gobierno, de extrema debilidad parlamentaria, no lo ha tenido fácil para sacar adelante un programa progresista, mucho menos para abordar empresas de la dificultad política de la derogación de los acuerdos con el Vaticano, pero también lo es que Sánchez tuvo la oportunidad de decidir a qué asuntos daba prioridad. Y no se la ha dado a eliminar, ni siquiera a erosionar, los privilegios de la Iglesia, por más que su catálogo de compromisos en este campo fuera amplio y muy concreto.

Sánchez, en su empeño por exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, donde fue enterrado bajo una inmensa cruz para escarnio de las víctimas republicanas allí sepultadas sin consentimiento, tuvo la oportunidad de vincular esta voluntad a la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que establecen la «inviolabilidad» de los lugares de culto. Pero, en lugar de eso, optó por el atajo legal sin abrir un debate político profundo que habría puesto en evidencia la ligazón de la Iglesia con el franquismo. Eso sí, la controversia ha dado pie a una suculenta reunión de la vicepresidenta Carmen Calvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la que la representante española no se limitó a expresar la incomodidad del Gobierno ante la hipótesis de que Franco acabe enterrado con honores por la Iglesia, sino que sacó a colación la voluntad del Ejecutivo de que la institución católica pague el IBI por los inmuebles donde desarrolla actividad comercial. ¿Un globo sonda? ¿La típica declaración de intenciones que queda en nada? El tiempo dirá.

En el terreno educativo, el primer mensaje de su ministra del ramo, Isabel Celaá, fue que la concertada no tiene «nada que temer», si bien más tarde el Gobierno se ha abierto a la posibilidad, aún no concretada, de retocar la Lomce para introducir, entre otras, medidas que limitan el poderío educativo de la Iglesia. Por supuesto, la tibieza generalizada de los planteamientos del Gobierno no le ha valido la aprobación de la jerarquía, que mira a Sánchez con escepticismo. Y que saltó como un resorte en cuanto la propia Celaá se atrevió a expresar la voluntad del Ejecutivo de eliminar el criterio de «demanda social» en la planificación de plazas educativas, que fortalece la posición de los colegios católicos. El obispo de Oviedo, Jesús Sanz, alertó de inmediato a sus fieles de que volvía «la dictadura totalitaria»[52]. La Conferencia Episcopal expresó su «preocupación» y reivindicó el espíritu de la Transición. Y a Escuelas Católicas y el resto de grupos de presión de la Iglesia les faltó tiempo para amenazar a Sánchez con un cruento litigio judicial que a la postre está abocado a terminar en el Constitucional.

Llegó Sánchez, con ademán aún más laicista que Zapatero, pero el candado sigue ahí. Y al mismo tiempo el PP ha virado, con el relevo de Rajoy por Casado, hacia posiciones todavía más añejas, empujando a su vez a Ciudadanos a unos postulados crecientemente confesionales que con Vox han alcanzado el punto de sublimación, en una batalla a tres por el electorado más conservador que promete rendir grandes beneficios a la Iglesia católica española.

VI. La pizarra

VI

LA PIZARRA

6.1. Un lastre para la educación pública

6.1. Un lastre para la educación pública

Del enquistamiento de la Iglesia en la escuela pública y el desarrollo de su red concertada. De cómo los obispos eligen y despiden, pero no pagan, a los más de 11 000 profesores de Religión en la escuela pública. De la trampa de la «libertad» de elección. De la escuela pública como guardería de niños de extracción social baja

La trampa de la «libertad»

«Cuando no existen posibilidades de educarse, no se es hombre» (Indalecio Prieto)

Si las almas son el objetivo, las mentes son el medio. Y la pizarra, la técnica. La escuela es imprescindible para perennizar la influencia social y el capital simbólico de la Iglesia. No se conforma con su red privada de colegios y universidades. Necesita también mantener su influencia en la educación pública… y, a la vez, que esta sea débil, lo cual le permite el desarrollo de su propia oferta. Al igual que la Iglesia prefiere un Estado del bienestar frágil para justificar la financiación pública de su obra caritativa, se beneficia de un sistema educativo público enclenque para hacer atractivos sus colegios.

El papel de la Iglesia en la historia de la educación en España es el de obstáculo para su extensión a las capas populares, así como para el desarrollo de una mentalidad científica de la instrucción pública. Su tarea ha sido también la de frenar la libertad de cátedra. Y todo bajo el paraguas de la defensa de la «libertad», término con el que disfraza una imposición al Estado de ofrecer formación religiosa pública y subvencionar su red privada. El discurso de la «libertad» tiene trampa, porque en realidad nadie cuestiona la «libertad» de que un padre eduque a sus hijos en la fe católica, sino de que se financie detrayendo recursos públicos y dedicándolos a conciertos con centros privados o al pago de profesores de Religión, delegados diocesanos en las aulas públicas para los que la teoría de la evolución es sólo una idea. Algo parecido ocurre con la forma en que cristaliza el debate social sobre el matrimonio homosexual, el aborto o la eutanasia. Jamás se impone a nadie que aborte, que se case con alguien de su mismo sexo, que se divorcie o que muera sin dolor. Sólo se pretende ofrecer esa posibilidad a quien la desee. Es la Iglesia la que aspira a imponer su punto de vista a todos, católicos o no. No quiere llegar sólo a los fieles a través de la actividad pastoral, sino a toda la sociedad a través del BOE. Y lo hace invocando la «libertad». Genera con ello discusiones viciadas, varadas, encanalladas, donde los argumentos dejan paso a las acusaciones de sectarismo.

Mientras los vientos de la Ilustración recorrían Europa, España perseguía con saña a artistas, intelectuales y librepensadores, vertiendo sobre ellos la acusación de herejía o masonería. La escuela ha sido para la Iglesia-Estado el campo decisivo de la gran batalla de poder en España. El resultado lo expone López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea: «Su imagen [de la escuela pública] de institución limitada a una suerte de guardería de niños de extracción social baja, de pobres y para pobres, y sostenida de manera precaria con los escasos recursos municipales —con maestros mal pagados y locales inadecuados— perduró hasta bien entrado el siglo XX»[1]. Es elocuente que fuera durante la Segunda República, que construyó unas 10 000 escuelas, cuando la Iglesia elevó la educación a gran problema nacional.

Las preocupaciones de la Iglesia terminaron en el 39, cuando el encauzamiento de la moral volvió a ser el gran proyecto educativo español. Se impuso el modelo clasista tan querido por la Iglesia. Formación para las elites, dogmas para el pueblo. Hubo un auténtico boom de colegios congregacionistas y el Estado abdicó de su obligación de tutelar la educación de posguerra. Volvió la escuela como Dios manda, confesional y segregadora, que nunca hemos logrado quitarnos del todo de encima.

La tarea pendiente

«Es de rigurosa justicia emancipar la enseñanza de todo extraño poder, y convertirla en una función social, sin otra ley que la profesión de la verdad» (Nicolás Salmerón)

La «modernización» capitaneada por los ministros del Opus, así como los cambios demográficos y culturales, exigieron en el tardofranquismo un cambio de modelo educativo. No se trataba de encomendar a la escuela la transformación de la sociedad, sino de adaptar la escuela a dicha transformación. En 1970 el monopolio eclesiástico de las aulas se había convertido ya en una rémora para el desarrollismo. El encargo de la ley educativa para los nuevos tiempos recayó en el destacado intelectual José Villar Palasí, ministro de Educación de 1968 a 1973. El resultado fue una ley que, desde el propio franquismo, llegó a suponer una cierta socavación de la posición de la Iglesia. Incluso al régimen nacionalcatólico se le había acabado quedando vieja aquella escuela doctrinaria.

Por supuesto, la ley del 70 era confesional. La Religión seguía consagrada como un pilar educativo y la barra libre para los centros católicos estaba garantizada. No obstante, la norma engendraba cambios, porque la España en apertura necesitaba una educación en apertura. El modelo diseñado por las leyes del 45 y del 57 ya no respondía a las necesidades del sistema económico. Era imposible mantener intacto el modelo. La Ley Villar Palasí, con, EGB, BUP y COU, generalizó la educación gratuita de 6 a 14 años y redujo discriminaciones en el acceso a la universidad. Más molesto aún para la Iglesia fue el fin del principio de subsidiariedad del Estado. El poder civil se atribuía —ya era hora— la función docente. Los gobernantes franquistas entendieron que atribuir a la Iglesia el control total de la educación era incompatible no ya con la apertura política, sino con el despegue capitalista, que reclamaba una conexión fluida entre las aulas y el mercado.

Del mismo modo que las desamortizaciones del XVIII y el XIX tuvieron un impulso más hacendístico que laicista, el avance fundamental en el apartamiento de la Iglesia del sistema educativo no se produce en democracia por motivos políticos, sino en el tardofranquismo por criterios económicos. Claro, claro que ha habido avances desde la ley del 70, pero ninguno ha acometido la tarea que dejó pendiente Villar Palasí: el fin de la doble red. Ese paso, el desarrollo de un sistema de educación gratuita, universal, laica y de calidad, es un deber incumplido de la democracia. La resolución de la disyuntiva constitucional, que genera una pugna entre el derecho a la educación y la torticeramente llamada «libertad de enseñanza», ha resultado en un sistema público bajo permanente cuestionamiento y una poderosa segunda red de la Iglesia católica, que le drena cuantiosos recursos.

La ley del 70 adoleció del mismo problema que más tarde aquejó a la Logse: la falta de medios para su desarrollo. ¿Quién se benefició? Bingo. Al calor de la Ley Vilar Palasí se produjo una fuerte expansión de los centros católicos, de cuya gratuidad se encargaba el Estado. Así ha sido hasta hoy. Fue, de hecho, la ley educativa felipista de 1985 la que sentó las bases del actual sistema de conciertos. La administración democrática de la educación desarrolló los preceptos de la norma del 70 más favorables a la Iglesia, descuidando la uniformidad de la enseñanza y su carácter laico, lo cual es un éxito no sólo de la jerarquía, sino de los incansables grupos religiosos de interés: Escuelas Católicas, Federación de Empresarios Religiosos de la Educación (FERE), Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Conferencia Española de Religiosos… Como destaca Francisco Delgado en La cruz en las aulas, los acuerdos educativos de 1988 firmados por Javier Solana supusieron «un enorme impulso económico para la enseñanza», pero también «la consolidación de la enseñanza religiosa en los centros públicos y la financiación de los centros privados religiosos»[2].

Incluso cuando ocupan el poder sus adversarios ideológicos, la Iglesia gana. Si da un paso atrás, es para avanzar dos. Así es la numantina jerarquía española. ¿Que logra algo? Es el reconocimiento de un derecho. ¿Que se le niega? Es un ataque a una libertad. ¿Que es ya inviable sostener un privilegio? Expresa su queja y hace una anotación en el libro de agravios para pasar la factura en la próxima ocasión. De esa forma ha atravesado la Iglesia cuarenta años de democracia manteniendo posiciones de poder, especialmente en el ámbito educativo. Siempre con sus satélites activos. Siempre con sus acólitos alerta. Es paradójico: ya quisiera para sí cualquier organización política y sindical la capacidad de reclutamiento, enardecimiento y convocatoria que tiene la Iglesia católica española, supuestamente la gran valedora del aquietamiento social.

Catequismo neoliberal

«Impedir la presencia de la religión en la escuela va contra la Constitución y contra los derechos humanos» (Conferencia Episcopal Española)

Era el mejor currículum del primer gobierno de Rajoy. Y en teoría el intelecto más dotado. José Ignacio Wert (Madrid, 1950), jurista y sociólogo de renombre, ya impartía Teoría de la Comunicación en la Complutense con 24 años. A finales de los setenta estaba incrustado en los gabinetes de estudios sociales más relevantes del país y con sólo 29 años alcanzó la subdirección del CIS. Era una cabeza privilegiada para conocer los derroteros de la opinión pública. Profesor de Sociología política en la Autónoma a primeros de los ochenta, presidió Demoscopia y Sofres antes de incorporarse al BBVA como hombre de confianza de Francisco González. Plurilingüe y refinado, Wert era un señor de las alturas que presumía de saber cómo pensaba el pueblo. Lucía además la vitola progresista de tertuliano de la Ser y joven militante antifranquista, posición desde la que evolucionó hasta UCD, primero, y luego hasta el ala liberaloide del PP.

Los apresurados perfiles de Wert trazados cuando Rajoy lo integró en su Gobierno en 2011 atisbaban en su nombramiento el deseo del presidente de situar al frente de Educación a un ministro flexible y solvente, interlocutor centrado, capaz de alcanzar la meta que su antecesor, el socialista Ángel Gabilondo, no había logrado por la rotunda negativa del PP: el tan nombrado pacto de Estado por la educación. Wert tenía ante sí el reto no sólo de establecer un diálogo leal con la comunidad educativa, incluidos los sindicatos y asociaciones de padres de diversa inclinación, sino también con los partidos políticos y, por supuesto, con la Iglesia y sus combativos brazos civiles, cuya irreductibilidad ha sido hasta la fecha obstáculo insalvable para un consenso estable.

La magnitud del desafío le ofrecía la opción de acceder al panteón de los ministros históricos, aquellos que imprimen su nombre a las reformas capaces de marcar a generaciones. Pero, en algún momento, enredado entre sus papeles demoscópicos, convencido por el susurro episcopal, sugestionado por la idea de convertirse en el referente del ala neoliberal del PP, huérfana ante el declive de Esperanza Aguirre, Wert se equivocó. Hoy su nombre y sus apellidos son emblema del más rotundo fracaso político, de la concitación del rechazo casi unánime a una figura y una idea.

El motivo es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Lomce. O simplemente como Ley Wert.

Cada ley educativa tiene su afán, conectado con el tiempo en que nace y el propósito que la funda. La del 45 perseguía la constitución de un sujeto nacional sometido a dogmas, sin capacidad de crítica, avergonzado por la admonición curil y rendido a la coerción estatal. El salto se produjo con Villar Palasí en el 70, cuando el despegue económico requirió de una conexión de la mano de obra con las nuevas necesidades del sector productivo. En democracia, los planteamientos más integrales (PSOE) y utilitaristas (PP) han pugnado por construir una hegemonía que se ha ido materializando en leyes que jamás han llegado a solidificarse. El empeño más ambicioso correspondió a la Logse, que plasmaba el anhelo de un ciudadano consciente y crítico. La infrafinanciación del proyecto, determinada por la fortaleza de una segunda red concertada que compite con ventaja, lastró la Logse desde su origen.

La Ley Wert pretende diseñar el tipo español necesario para la salida neoliberal de la gran crisis: el «emprendedor», eufemismo del trabajador precario, con una relación inversamente proporcional entre su formación y sus derechos. Bajo el espejismo de la meritocracia, que es la idea totémica de las clases privilegiadas, discurre por la Ley Wert la filosofía del «sálvese quien pueda», imprescindible para aleccionar a una clase trabajadora cada vez más inestable. La guinda de la norma era el catálogo de gracias concedidas a la Iglesia, que alcanzó un reconocimiento educativo inédito en democracia. Ni Aznar se había atrevido a llegar hasta donde se adentró este sociólogo con pedigrí de intelectual de amplios horizontes. «El sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones», señala la norma, en lo que supone un posicionamiento en toda regla del lado de las tesis eclesiales. La redacción es cualquier cosa menos ingenua, ya que da cobertura al precepto según el cual el Estado tiene la obligación de cubrir con el presupuesto público la concertada católica. Si quieren educación religiosa, no es que el Estado la permita —que eso nadie lo pone en duda—, sino que la paga.

La norma amplía las opciones de construcción de centros concertados en suelo público. Reconoce a los colegios que separan a los alumnos por sexos el derecho a financiación pública. Devuelve la plena validez académica a la asignatura de Religión, que cuenta en el expediente y se contabiliza a los afectos de solicitud de becas. La determinación del currículo queda en manos de los obispados, así como la decisión sobre los libros de texto. Además, la alternativa a la Religión —Valores Sociales y Cívicos en primaria y Valores Éticos en secundaria— es, como reclamaban los obispos, una asignatura fuerte, con potencial disuasorio para esos futuros «emprendedores», que son emprendedores pero no tontos y prefieren una asignatura facilita como Religión que andar enredándose con las aflicciones de moralistas y filósofos. Los que estudian Religión, por lo que se ve, no tienen necesidad de aprender ética. Y, por supuesto, con la Ley Wert desaparece Educación para la Ciudadanía, aquel engendro que, según el clero, pretendía adoctrinar a los pobres niños en el relativismo y la ideología de género.

Resumen: más presencia de la Iglesia en la escuela pública y más «libertad» para montar centros privados con mayor financiación estatal. Y todo inserto en un modelo que concibe la escuela como un surtidor de «emprendedores» instruidos en la «libertad personal». Si la Ley Villar Palasí pretendía invertir en mano de obra para mejorar la productividad de una economía expansiva que empezaba a recibir capital extranjero, la Ley Wert se adaptaba a un proyecto de salida de la crisis —o quizá de crisis permanente— basado en la devaluación salarial de una economía que fía al turismo, el sector precario por antonomasia, más del 10 por 100 del PIB. Tras los avances pedagógicos de la Logse, la Lomce posterga las metodologías activas y devuelve el protagonismo a los contenidos enciclopédicos, perfectos para su masticado mecánico y su regurgitación en las reválidas. Al fin y al cabo, camareros y cajeras sólo necesitan aprendizajes instrumentales, ¿no?

La Ley Wert es, en suma, un caramelito para nuestra Iglesia teocón, la adscrita a la Teología de la Prosperidad, la Iglesia del Opus, la que necesita una sociedad desigual para aliviar la moral deshecha de los pobres y un sistema educativo público frágil para ejercer dentro su influencia y ofrecerse fuera como alternativa. No es exagerado decir que, en su planteamiento, la norma nos retrotrae a antes de Villar Palasí, al encerrar un agresivo proyecto de segregación por sexo y clase. Puro ADN de la Iglesia española.

La demoscopia no enseña a entender a los obispos

«No modificaré ni una coma» (José Ignacio Wert)

Con la Lomce, los obispos cambiaron la estrategia seguida en leyes educativas anteriores. Nada de dramatismo, nada de movilización, nada de amenazas. Optaron por la negociación discreta con la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio[3]. Finalmente el anteproyecto llegó al Consejo de Ministros en septiembre de 2012. Y las cartas se pusieron sobre la mesa.

El rechazo fue tal que puede afirmarse que la ley facilitó la fermentación de las mareas verdes, uno de los agentes sociales más activos del intenso ciclo de movilización 2011-2013 junto con las mareas sanitarias y la PAH. El aroma a incienso de la reforma se convirtió en objeto preferente de las protestas. Si Wert, el experto en opinión pública, creía que era un enfado pasajero, se equivocaba. Ha habido más de veinte huelgas desde 2012 para pedir su derogación. A ellas se han sumado protestas, concentraciones, movilizaciones y actos de boicot en toda España.

Bueno —podía pensar Wert—, al fin y al cabo uno tiene que cabrear a la izquierda si quiere convertirse en el héroe del catequismo neoliberal. Pero la cosa se fue de madre. La impopularidad de la norma era proporcional a la del propio ministro, que exhibía un estilo arrogante y desdeñoso no sólo con sus críticos, sino hacia los miembros de su propio partido que le pedían tacto en sus explicaciones sobre el drástico recorte de becas. Con su españolismo subido de tono —dijo que pretendía «españolizar a los alumnos catalanes»—, Wert abrió un abismo con los pocos partidos que podrían haber apoyado su reforma, como el PNV o CiU. El resultado fue la soledad del PP en la aprobación de la Lomce, en noviembre de 2013, tras una tramitación que no hizo sino dar tiempo a examinar con lupa el texto y constatar hasta qué punto suponía una regresión en toda regla, entre las principales razones por su tufo confesional.

Wert, el hombre que sabía leer encuestas, había cometido algo más que un error de cálculo político. Si esperaba que, dándole a los obispos todo lo que pedían, lograría su aplauso, se equivocaba. No había analizado que, cuando la jerarquía doraba la píldora a Aznar, no lo hacía tanto por su ley educativa como porque sabía que podía obtener más de él, en cuanto que era un hombre con poder y con futuro político. En cambio, Wert, que desde que se constató la falta de apoyos políticos y la insuficiencia de respaldo social a su reforma presentaba todos los rasgos de un muerto político, se quedó solo. Los obispos hicieron una tímida defensa de la norma, con un balance de claroscuros. La satisfacción por la ley, al igual que las negociaciones, la llevaron en secreto. Vieja astucia episcopal. Y entonces sentenció a Wert —¿quién iba a ser?— un tal Rouco Varela: «Los alumnos de Religión, de algún modo, quedan discriminados. Es muy difícil sostener la clase de Religión en estas condiciones». Lo que Rouco desaprobaba es que la Lomce no incluya asignatura de Religión en la etapa de infantil, de 3 a 6 años, ni obligue a ofertarla a los centros en Bachillerato. Eso se quedará, quizá, para la próxima reforma.

Otra prueba del carácter de la jerarquía española. No descansa. No deja de exigir. No se conforma. Nunca da las gracias al poder político, porque no considera que este haga otra cosa que de reconocerle sus derechos históricos. Eso es algo que, por muchos estudios de opinión que uno lea, no se aprende hasta que se da de bruces con ello. Tras dárselo todo a la Iglesia, la Iglesia le dio la espalda a Wert.

Rajoy cesó a Wert en junio de 2015. No obstante, fiel a su costumbre de cuidar a los amigos, le buscó acomodo en París como embajador de España ante la OCDE, un cargo que implicaba sueldazo, casoplón, chófer, personal de servicio y gastos de representación[4]. No acreditaba para el puesto experiencia diplomática, pero sí una motivación personal: la de coincidir en la ciudad francesa con Montserrat Gomendio, la que fue su secretaria de Estado. No deja de tener su gracia que el mejor servicio en materia educativa a la Iglesia lo prestasen dos altos cargos que acabaron, tras sendos divorcios, compartiendo vida y amores en la capital del país laico por antonomasia[5].

Más te vale estudiar Religión

«La comunión en los mismos ideales hace de una multitud un pueblo» (Agustín de Hipona)

La Lomce ha frenado la tendencia declinante de la asignatura de Religión en la educación pública. La caída de la demanda de la asignatura en Primaria, Secundaria y Bachillerato es marcada si tomamos como referencia los 15 últimos años, como lógico reflejo en las aulas de la secularización, pero se atempera o incluso se corrige coincidiendo con la llegada de la Ley Wert, que la hace válida para el acceso a la selectividad o a las becas. Pagada por el Estado, impartida por la Iglesia, obligatoria para los centros, optativa para los alumnos, la Religión gana vigor.

En Secundaria la Lomce comenzó su implantación en el curso 2015-2016, cuando, según el Ministerio de Educación, optaron por la asignatura de Religión el 38,56 por 100 de los alumnos de centros públicos, lo que supone la primera subida desde el curso 2007-2008. El dato altera una tendencia a la baja que, de no haber mediado Wert, era imparable. Los datos de Bachillerato también indican que la Lomce cumple la función de hacer tentadora la asignatura. Como en todos los ciclos, la caída es pronunciada tomando como referencia toda la serie. Si en el curso 2015-2016 escogieron Religión el 22,45 por 100, en 1998 lo habían hecho el 43,16 (20,71 puntos más). De un curso a otro sólo ha habido cuatro en los que ha subido la demanda. Y la subida más pronunciada corresponde al curso 2015-2016, pasando de 20,98 a 22,45 (1,47 puntos). El efecto Lomce, otra vez. ¿Y en Primaria? El curso 2014-2015, en el que comenzó la implantación en este ciclo, es el único desde 1998-1999 en que subió el porcentaje de demanda.

No hace falta ser Einstein —o Wert— para observar la nítida relación causa-efecto. Me lo explicó Francisco García, secretario general de Enseñanza de CCOO: «Sencillamente, es muy fácil sacar un 9 en Religión, así que muchos alumnos la eligen»[6]. La tentación de una materia poco exigente, en la que es sencillo obtener una nota alta, incrementa el atractivo de Religión para alumnos de Secundaria y Bachillerato.

La Conferencia Episcopal ha lanzado además la campaña Me apunto a Religión, que, utilizando un lenguaje adolescente, intenta convencer de las bondades de la asignatura. La propia campaña pone en evidencia el carácter anticientífico de la materia. Más parece en realidad un cursillo de autoayuda. Estas son las preguntas que —se supone— ayudará a responder la asignatura: «¿Cómo encontrar la felicidad y el sentido de la vida?», «¿Por qué a veces nos sentimos perdidos?». Son temas más adecuados para la parroquia que para el cole o el instituto.

No, no es esta campaña la que está frenando la sangría de alumnos de Religión, que se mantienen por encima de los 3,5 millones, sino la Lomce. Los obispos han logrado su objetivo no con la seducción, sino gracias a una ley repudiada por la inmensa mayoría de la comunidad educativa. El mensaje no es que estudiar Religión vale de algo, sino que más te vale estudiar Religión. En cuanto al Estado, acude al envite billetera en mano. Las autoridades gastan unos 100 millones al año en pagar a los docentes de la asignatura[7].

Funcionarios como Dios manda

«La Religión es una disciplina científica» (Antonio María Rouco Varela)

Meter hasta el tuétano la Religión en las escuelas públicas genera distorsiones evidentes con respecto al principio de aconfesionalidad del Estado. Un ejemplo claro es el amplio catálogo de requisitos que debe acreditar un docente en esta materia. Es necesario estar en posesión de la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica), expedida por la Conferencia Episcopal, y de la DEI (Declaración Eclesiástica de Idoneidad), concedida por el obispado. La expedición de la DEI requiere «recta doctrina y testimonio de vida cristiana». Está basada en «consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo», que, al igual que la entrega, puede revocarla. También es necesario obtener la missio canonica, es decir, haber sido propuesto por el obispo de turno. Hablemos claro. Al obispo de turno le tiene que parecer bien cómo es, cómo piensa y cómo vive el aspirante a docente de Religión en la educación pública, cuyo sueldo vamos a pagar usted y yo. Y ya sabemos lo que opinan los obispos de gays, divorciados, madres solteras y pintas raras… El sistema otorga a los obispos una insólita tutela sobre la vida privada de los profesores de Religión. Ahí está el caso sangrante de Resurrección Galera, despedida por el obispo de su colegio público de Almería por casarse con un divorciado, y que ha pasado 17 años de litigios antes de recuperar su puesto. Ni las autoridades civiles ni la Iglesia le han pedido perdón. Eso sí, la indemnización le toca pagarla al Estado, no a la Iglesia.

Además de recibir una formación confesional impartida por la Iglesia, el profesor de Religión en la escuela pública debe estar bautizado. Quizás el lector haya pensado que frenar la candidatura de un profesor pagado con fondos públicos por el hecho de no agradarle a monseñor, o por no haber recibido sacramento bautismal, contraviene el artículo 103 de la Constitución, que establece que el acceso a la función pública deberá regirse por los «principios de mérito y capacidad». O el artículo 14, que proscribe la discriminación por religión. Eso es que piensan ustedes demasiado.

Con motivo de la ley educativa de Aznar, que elevaba la consideración académica de la Religión, un grupo de educadores que también pensaban demasiado lanzaron una idea cargada de mala uva. A la manera de Tabarnia, que en origen pretendía desnudar contradicciones del nacionalismo catalán con sus mismas armas, firmaron un manifiesto sarcástico que desvelaba el ridículo de introducir contenidos confesionales en las aulas mediante la propuesta de introducir contenidos científicos en las iglesias. Con el objetivo de «traspasar los muros de las escuelas, los institutos y las universidades», dice el texto, se propone un acuerdo con la Iglesia para que ceda el 10 por 100 del tiempo de misa «con el fin de que profesores especialistas en las distintas disciplinas puedan llegar más fácilmente a los creyentes mediante breves intervenciones didácticas»[8].

Todas las vertientes del problema que para la educación pública supone la formación confesional están abordadas, a la inversa, en el manifiesto. Por ejemplo, los feligreses contrarios a la idea podrían cambiar de clase durante la formación científica. Y, por supuesto, el dinero «para pagar al profesorado que trabaje los domingos» saldría de los cepillos. «Nuestra asociación gestionaría directamente el dinero aportado por la Iglesia y con él contrataría a profesores de sólida formación pedagógica y científica que se encargarían de impartir las clases durante las misas. Naturalmente, dado el carácter eminentemente laico de las clases, no dudaríamos en despedir fulminantemente a aquellos profesores que no mantuvieran una coherencia laica entre su vida profesional y personal haciendo cosas como casarse por la Iglesia, acudir a misa semanalmente o participar en cualquier tipo de acto religioso».

Se trata de una coña, de acuerdo. Pero que pone el dedo en la llaga. La pervivencia de la asignatura de Religión, impartida por docentes elegidos por los obispados pero pagados por todos los contribuyentes —y no con las aportaciones vía IRPF—, constituye un hecho insostenible desde el punto de vista de la separación Iglesia-Estado. Y más cuando los equipos diocesanos eligen y despiden a su antojo, basando su decisión en criterios discriminatorios.

Con el paso de los años, el debate en torno a la asignatura de Religión ha polarizado las opiniones políticas, hasta el punto de haberse erigido en un obstáculo para el pacto educativo. Y además ha generado un efecto perverso, porque ni los partidarios de una educación laica están satisfechos —¿cómo iban a estarlo?—, ni la jerarquía católica abandona su actitud lastimera. Su victimismo obstruccionista dificulta no sólo un pacto estatal o una ley consensuada, sino que impide que la escuela pública se abra con mentalidad científica y sobre la base de una ética civil a los grandes temas de nuestro tiempo. Pongo un ejemplo sangrante. Vivimos una era de masiva exposición a estímulos sexuales. Los adolescentes se atiborran de pornografía gratuita en Internet. El injustificable hecho de que en 2019 la educación sexual no forme parte del currículo escolar tiene una relación directa con la influencia de la Iglesia y sus organizaciones afines. No es sólo la asignatura de Religión, con sus más de 11 000 profesores en la escuela pública. No es sólo la concertada católica. El problema son también los tabúes.

Unos padres cabreados

«Es un centro público. ¿A qué viene una procesión religiosa?» (Carlos López)

La religión católica se cuela en la escuela pública por vericuetos que no tienen nada que ver con la asignatura confesional, ni mucho menos con la Ley Wert. Cuento el caso de Carlos y Sandra[9], padres de una niña de dos años matriculada en la escuela pública de infantil Sagrada Familia, en Sevilla, que recibieron la siguiente comunicación del centro:

El día 23 de marzo tenemos programada una salida con los niños/as a la parroquia del barrio acompañando al paso de Cristo [sic] de la escuela. Ese día los niños/as pueden venir vestidos con trajes alusivos a la Semana Santa: nazarenos/as, monaguillos/as, capataz, músicos/as, costaleros/as, mantillas… Para realizar esta actividad necesitamos vuestra colaboración acompañando a vuestros hijos/as. El horario de este día será el habitual, aunque podréis traer a los niños/as a las 10:30 h desayunados. Saldremos aproximadamente sobre las 11 h de la mañana, visitaremos la cofradía del barrio y volveremos al centro. Esta actividad es voluntaria.

Los actos de cariz confesional en los colegios públicos son muy frecuentes en la antesala de la Semana Santa, especialmente en Sevilla, pero casi nadie protesta. Es la cultura. La tradición. Pero a Carlos le produjo irritación. «Es un centro público, cien por cien público. ¿A qué viene una procesión religiosa? Además, no me vale la excusa de que es voluntaria. Simplemente no se debe realizar. Ni mi hija, ni nadie. Cualquiera puede ir a una parroquia, o a una procesión de Semana Santa, pero como actividad privada», me explicó. Así que decidió que esta no iba a ser una de esas ocasiones en que, por no señalarse, dejaba pasar el asunto. Lo primero fue entregar una carta a la directora, en la que informaba de que tanto él como la madre de la niña eran «ateos». «Lo más plural y respetuoso con todos, incluidos los ateos y aquellas personas que practican otras religiones […], sería que, dentro del ámbito privado y fuera del entorno de la educación pública, cada familia opte libremente por compartir con sus hijos estas actividades católicas en su tiempo de ocio […]», exponían Carlos y Sandra.

Tuvo lugar una reunión con la directora en la que Carlos le expuso sus motivos: que creía inapropiada la procesión; que, si no llevaba a su hija, separándola de la mayoría de sus compañeros, ella lo interpretaría como un castigo; que la solución no era decidir si apuntarse o no a tal actividad en función de las propias convicciones, sino anularla sin más. La directora escuchó sus planteamientos, pero se negó a suspenderla. Era una decisión, le comunicó a Carlos, que correspondía al conjunto de padres y madres.

El consejo escolar decidió mantener la procesión. Pero Carlos no lo aceptó. Lo tenía claro: la decisión no era «de las familias». Correspondía a la Junta o al colegio, no a los padres en función e sus filias y fobias. Carlos acudió a la Consejería de Educación de Andalucía. Allí hizo entrega de un escrito con las consideraciones ya manifestadas. Y dos más: 1) «Nos resulta increíble que hoy en día una escuela e educación pública pueda poseer un paso de Cristo»; 2) «Se le asigna en esta actividad a niños y niñas vestimentas y roles diferenciados, distintos por sexo, que la tradición de la procesión exige, pero que son algo inaceptable para ser organizado y solicitado desde un centro educativo por la vulneración por ejemplo de la igualdad de género». Carlos llegó incluso a reunirse con el inspector educativo, que le dijo aquello tan repetido en este tipo de debates: «¿A quién le hace daño?». Pero Carlos no se amilanó: «¿A quién hace daño no hacerlo?».

La actividad fue suspendida.

Esta peripecia escolar tiene a mi juicio más valía de la aparente, ya que la argumentación de Carlos y Sandra es válida para el caso de la asignatura de Religión. No, en la educación no todo pueden decidirlo los padres en función de sus creencias. Sí, sí hay una justificación lógica para impedir la presencia de la religión en la escuela pública, aunque esta haya penetrado con la excusa de la «libertad» de las familias.

6.2. La segunda red

6.2. La segunda red

De los 113 millones de euros de todos para pagar la educación sexista del Opus Dei. De los más de 6000 millones que el Estado dedica a la educación concertada, católica en más de un 60 por 100, a costa del deterioro del sistema público. De los sutiles mecanismos de discriminación social de los colegios de la Iglesia. Del discurso falaz según el cual la concertada ahorra dinero al Estado

Ganchillo para ellas, fútbol para ellos

«La educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria» (Tribunal Constitucional)

A nuestras más altas instancias judiciales les importan bien poco las razones de Carlos y Sandra. La victoria definitiva del principio de «libertad» de los padres para elegir la educación de sus hijos sobre el carácter aconfesional del Estado se produjo en abril de 2018. El Tribunal Constitucional, en una sentencia apoyada por ocho de sus doce magistrados, estableció que la educación segregadora por sexos, en la que niños y niñas estudian por separado porque se considera que tienen necesidades y estructuras de aprendizaje diferentes, «no causa discriminación» y «es respetuosa» con el texto del 78. El fallo, respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra la Lomce, no implica sólo que los padres tengan derecho a escolarizar a sus retoños en centros segregadores, cosa que no ha estado en discusión, sino que estos pueden recibir fondos del «sistema de financiación pública en condiciones de igualdad».

La segregación es «un derecho del centro privado a establecer su ideario», dice la sentencia. Sí, de nuestros bolsillos sale dinero para financiar un modelo educativo sexista. Que la sentencia fuese firmada y publicada poco después de la explosión feminista del 8 de marzo es sólo una casualidad que subraya el desfase entre la sociedad y sus tribunales. Del fallo fue ponente Alfredo Montoya, profesor emérito, entre otras universidades, de la San Pablo CEU, dependiente de la Asociación Católica de Propagandistas, y de la mexicana Anáhuac, de los Legionarios de Cristo.

El fallo sonó a música celestial en los oídos del Opus, organización con la que tienen vínculos directos 62 de los 72 colegios que reciben subvenciones públicas a pesar de segregar a su alumnado por sexos[10]. Pese a ello, no ha habido ningún problema en que uno de los firmantes de la sentencia sea Andrés Ollero, miembro de la Obra[11] y diputado del PP durante cinco legislaturas. Ningún magistrado planteó objeciones, al contrario de lo que ocurrió en 2007, cuando el magistrado Pablo Pérez Tremps fue apartado de las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña por haber participado en un informe encargado por la Generalitat para la redacción del texto. Existían «dudas razonables» sobre su imparcialidad. ¿Y la imparcialidad de Ollero[12]? ¿No es un «hilo» de los muchos «hilos» del Opus? ¿No se debe al ejemplo de Escrivá antes que a la justicia terrenal y a la Constitución? En relación con la interrupción voluntaria del embarazo, Ollero ha afirmado que se trata de «un acto de guerra» (1987) y que España es un «paraíso del turismo abortista» (2012)[13].

El coste anual para el Estado de los colegios segregadores asciende al menos a 113 millones. Madrid es la comunidad con más conciertos, un total de 18, de los que 13 están relacionados con el Opus y el resto con entidades como Fundación Chesterton, Educatio Servanda, Movimiento Apostólico de Schoenstatt y Discípulos de Jesús y María. El colegio Juan Pablo II de Educatio Servanda hizo fama al conocerse que sus visitas a talleres de ganchillo son sólo para chicas, mientras que ellos visitan el Santiago Bernabéu[14]. Educatio Servanda pide a sus profesoras «feminidad» en el vestir[15].

En Cataluña, los centros segregadores subvencionados son 15. En 2016 una ley para prohibirlos fue tumbada entre los independentistas de Junts x Sí —la antigua CiU y ERC— y el PP, a cuyo rechazo se sumó la abstención de Ciudadanos, lo que demuestra que a veces los partidos enfrentados por las identidades nacionales se reconcilian en la identidad católica. En Andalucía hay nueve. El caso andaluz ha seguido un itinerario judicial aparte, que ha concluido —al menos hasta la fecha— con el Supremo dando la razón a los centros concertados frente a la Junta. En la Comunidad Valenciana son siete. En el País Vasco, cinco. Los centros que segregan con dinero público están en todas las comunidades salvo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha. Son norma, no excepción.

Los jueces del Constitucional, designados por un sistema que convierte al tribunal en un correlato de la mayoría política conservadora, señalan que la «diferenciación jurídica» entre chicos y chicas tiene perfecto encaje en el marco de la «libertad de enseñanza». Y añade el Constitucional: «La gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública». Por supuesto, a tenor de la sentencia, tampoco la asignatura de Religión, ni siquiera con su formato confesional, vulnera precepto constitucional alguno porque no implica «valoración alguna de las doctrinas religiosas». Es, al parecer, una asignatura meramente informativa. Que la imparta un profesor elegido por el obispado o que una mujer divorciada o un hombre ateo no puedan impartirla no parece relevante para los señores magistrados…

La justicia española se mueve por el mapa de la moral utilizando la brújula de la Iglesia. Y el norte, el bien, está señalado por la cruz de Cristo. La clave de bóveda está en el artículo 27.3 de la Constitución, que dice: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». En ningún sitio está establecido que la garantía de ese derecho implique la financiación de centros católicos concertados. Pero nos topamos con la misma interpretación de siempre: la libertad de los padres funda un derecho que implica una obligación del Estado. El sucesor de Wert, el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo, lo expresó a la perfección: «Nadie está obligado a llevar a sus hijos a aquellos colegios de educación diferenciada». En cambio, usted y yo sí estamos obligados a pagarla. Y los colegios del Opus, en su derecho de hacer caja.

Cabrían, por supuesto, interpretaciones distintas a la que alumbró la sentencia a favor de la financiación pública de la segregación. El magistrado Fernando Valdés invoca el artículo 27.2 de la Constitución, que dice así: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». En su voto particular, una opinión discrepante con la sentencia en el seno del propio tribunal, afirma que la segregación por sexos supone un impedimento de la educación para lidiar con los «conflictos de género». La escuela, añade, queda cuestionada «como espacio de convivencia en la igualdad desde la infancia». También emitieron votos discrepantes María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. Este afirmó que la segregación «vulnera la prohibición constitucional de la discriminación por razón de sexo» y se basa «en el tópico de la diferencia de talento y capacidades entre los sexos».

A todo esto se suma que la educación diferenciada no mejora el rendimiento académico. Tampoco favorece la adaptación de los alumnos a una sociedad cada vez más igualitaria… O al menos ese es el empeño, que no haya unas actividades para ellos y otras para ellas. Un empeño que es también de las propias administraciones públicas, al menos en teoría. ¿Qué sentido tienen, si damos por buena esta sentencia, las campañas que intentan convencer a los padres y madres de que no regalen a sus hijos juguetes diferentes a los que regalan a sus hijas? ¿Cómo se hace el supuesto empeño de igualdad del Estado compatible con la financiación con dinero de todos de un modelo educativo que tiene la precisa intención de preparar a niños y niñas para roles diferentes en su adultez? La educación segregadora católica se presenta hoy en día como un obstáculo al proceso de emancipación de la mitad de la población. Y la pagamos entre todos.

La luna y el dedo

«Es la familia y no la escuela la que ha de transmitir valores morales» (Esperanza Aguirre)

Esa Iglesia de la que habla Francisco, «pobre y para los pobres», debería combatir con todas las armas la desigualdad. Pero hace todo lo contrario al operar como fuente de desigualdad en el terreno más sensible de la sociedad: la educación. La Iglesia sostiene un discurso de clase media y alta que, detrás de su apelación a la libertad, esconde un rechazo a la mezcla social. Y ha cosechado un éxito impresionante. Se ha impuesto en España la primacía de la «libre elección», que ha empujado al sistema educativo a la lógica del mercado. Los colegios son empresas proveedoras de un servicio y, como tales, deben ofrecer un producto atractivo a sus potenciales clientes en un marco de «desregulación de las zonas escolares»[16]. Un modelo que entusiasma a la Iglesia.

El sistema de conciertos tenía lógica en 1985, cuando se pretendió racionalizar la miríada de subvenciones que recibían los colegios católicos desde el franquismo. Era imposible ignorar la densa red de centros tejida por la Iglesia desde el siglo XIX. Para atender el boom de demanda educativa vinculado al crecimiento demográfico y al cambio cultural, el Estado se valió de la red privada. Pero en teoría era coyunturalmente. Lo cierto es que han ido pasando los años y el modelo de la doble red se ha ampliado y consolidado, no sólo en los hechos, sino también en la mentalidad de la sociedad, incluidas las clases populares, bombardeadas con el discurso de la «libertad de elección». Hay una malla pública, en la que la Iglesia impone los contenidos de Religión y los imparte con docentes pagados por el Estado, y una malla privada, católica en más de un 60 por 100, también pagada por el Estado. La Iglesia cifra sus docentes en más de 100 000 y sitúa su número de alumnos en casi un millón y medio, en un total de 2591 centros católicos. Aquí se encuentra el mayor fortín de la Iglesia, a la que el Estado ha entregado la llave de las mentes de los niños. Y le ha permitido extender su poder e influencia hasta cotas que, llegada la democracia, los jerarcas no podían ni soñar.

Los gobiernos socialistas no han podido, no han querido o no han sabido, a pesar de las arrebatadas declaraciones de amor a la educación pública, reconducir esta situación y convertir la concertada en la excepción a la norma. Y no es una situación «normal» ni equiparable a las de los «países de nuestro entorno», como repiten como un mantra los obispos y los partidos conservadores. España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en Secundaria y el tercero en Primaria, según datos de Eurostat. La educación concertada se aproxima al 30 por 100 de toda la oferta estatal. Y la flecha de la dinámica apunta hacia arriba. La media europea no alcanza el 15 por 100.

La asignatura de Religión y el debate recurrente sobre la misma, siendo importantes, son el dedo. La luna es la concertada. Ese es el bocado que la Iglesia no quiere soltar bajo ningún concepto. Su gran tesoro.

La Ley Wert realizaba numerosas concesiones a la concertada, trasladando al ámbito estatal el giro neoliberal que ya habían dado a nivel autonómico comunidades como Madrid, con Esperanza Aguirre al mando. En comunidades como Navarra, Euskadi, Cataluña o la propia Madrid el bocado privado al mercado educativo es cada vez mayor. La Lomce bendice este panorama al consagrar el principio de «demanda social» a la hora de programar las plazas, que deberán ser «suficientes», pero sin aclarar si de carácter público o concertado. También aporta seguridad a la renovación de conciertos, blindándolos ante posibles tentativas políticas de signo contrario. Todo el modelo se apoya en un falaz discurso que ensalza la capacidad y el esfuerzo, valores sin duda apreciables, pero que se utilizan para ocultar los condicionantes sociales que desmienten el clásico dogma neoliberal según el cual cada uno tiene la opción de fabricarse sus oportunidades. Los padres que llevan a sus hijos a la concertada no sólo residen —hablo en términos generales— en zonas de más alto nivel social, porque es ahí donde se ubican la mayoría de los centros, sino que se sirven de un mayor capital sociocultural en forma de relaciones, contactos, acceso a información… y dinero. Porque la educación concertada, al contrario que la pública, tiene un coste inalcanzable para las familias con menor poder adquisitivo.

Los centros concertados se sirven de diversos medios para acabar seleccionando socialmente a sus alumnos. El primero es la ubicación de los centros. El segundo son los cobros informales. Los concertados se aprovechan de la laxitud inspectora para introducir obligaciones de pago extraordinarias. Todo bajo el manto de la «voluntariedad» y con el blindaje del silencio mayoritario de los padres. Se cobra por material escolar, por alquiler de equipos informáticos, por servicios de orientación, por «desgaste de patio» y por un amplio abanico de conceptos imprecisos: «donativo», «aportación de principio de curso», «derrama extra»… Además, las familias se benefician de suculentas desgravaciones en sus aportaciones a las fundaciones de los colegios, creadas para dar cobertura a unos ingresos que sobre el papel son voluntarios, aunque en la práctica pocos padres se oponen. En muchas ocasiones porque no conocen que la normativa establece límites a este tipo de cobros. En la Comunidad de Madrid, según un informe de la patronal de centros privados, más del 75 por 100 de los concertados no informa a los padres de la voluntariedad de las cuotas informales. La Organización de Consumidores ha desvelado que más del 90 por 100 de los concertados cobran cuotas por la educación obligatoria.

La «zonificación» y el «copago voluntario» se han convertido en garantía de desigualdad. La educación privada subvencionada —«concertada» no deja de ser un eufemismo— acaba concentrando un porcentaje de alumnos con necesidades especiales mucho menor que el que le corresponde por su trozo de la tarta. Tiene menos inmigrantes, menos alumnos en situación marginal. Menos pobres, en definitiva. No, no es que la concertada sea «mejor», es que sus alumnos provienen de familias con un nivel económico, social y cultural más alto. Con la ventaja de partida de esta selección, la concertada presume de obtener «mejores resultados», formar «alumnos más preparados» y, en definitiva, garantizar un mejor futuro a los chavales. Esta publicidad atrae a su vez a las familias con mejor posición y aspiraciones más altas, que tienen muy en cuenta los colegios de su zona a la hora de fijar su residencia. Es un fenómeno que se retroalimenta. Aunque la elección de un centro católico por parte de una familia no tiene por qué venir determinada por la adscripción religiosa de la familia, sino más bien por el deseo de ofrecer a sus hijos un entorno escolar acorde con sus perspectivas sociales, la Iglesia acaba acogiendo al alumno bajo su manto, en una dinámica que perpetúa su poderío.

El resultado social es elocuente. España es el sexto país de la UE con mayor segregación social en las aulas. Es decir, con mayor separación del alumnado según su origen social. Sólo mejoramos a Bulgaria, Eslovaquia, Chequia, Rumanía y Hungría[17]. Estamos lejos de Francia, Alemania, Italia o Portugal, los países «de nuestro entorno» tan pomposamente citados por las autoridades cuando no saben muy bien cómo defender un déficit del sistema educativo. Destaca la «altísima» segregación en Madrid, laboratorio de las medidas neoliberales que tanto agradan a los defensores de la «libertad de elección»… Desde luego, las políticas educativas teocón dan resultados. Y repercuten favorablemente en los bolsillos de los promotores de la enseñanza privada, un sector dominado por la Iglesia que obtiene unos beneficios de 600 millones de euros al año[18].

Vestir un santo para desvestir a otro

«Se llama educación a la virtud que surge en los niños por primera vez» (Platón)

La educación concertada católica ha logrado presentarse ante millones de familias como una opción más segura y ordenada, que genera entornos de mayor homogeneidad social. Mediante ardides ejerce un filtrado de alumnos de estratos inferiores, tras lo cual se arroga un aire de cierto elitismo. Ofrece una impresión de certeza en tiempos de crisis de lo público. El modelo, basado en una visión individualista del funcionamiento de la sociedad, se sustenta sobre el drenaje de recursos públicos.

La cacareada recuperación económica no ha llegado a la escuela pública… pero sí a la concertada. El dinero público dedicado a esta última ha subido un 50,4 por 100 desde 2004. En 2016, el Estado gastó en conciertos más de 6000 millones, el pico de toda la serie del Ministerio de Educación, que arranca en 1992. Tomando como referencia 2009, antes del encogimiento presupuestario por la recesión, el gasto es ahora 165 millones superior. En cambio, la enseñanza pública sigue por debajo de los umbrales previos a la crisis. En 2016, la inversión alcanzó los 41 500 millones, todavía 6400 millones menos que en 2009. España es el quinto país del club europeo que más ha recortado. Dedicamos a educación un 4,1 por 100 del PIB, sólo por delante de Rumanía, Irlanda, Bulgaria e Italia, según Eurostat. Y lejos de Dinamarca (7 por 100), Suecia (6,5), Bélgica (6,4), Finlandia (6,2), Estonia (6,1) y Portugal (6). Las 17 autonomías invierten menos en educación pública que en 2009.

El debilitamiento de la pública es palmario. El informe 2017-2018 del Ministerio de Educación señala que la enseñanza pública preuniversitaria tiene casi 5000 docentes menos que en 2010-2011, pese a un aumento del número de alumnos del 4,1 por 100[19]. Es decir, el problema no son sólo los 6000 millones en subvenciones a concertados, la mayoría católicos. El problema es que es un dinero entregado a costa de la calidad del sistema público. Se está vistiendo un santo para desvestir a otro.

La Iglesia no podría mantener su red sin el ingente apoyo del Estado. Por sí sola, imposible. El 90,4 por 100 de los colegios religiosos reciben subvenciones, según datos del INE. De los 2706 centros de ideario confesional —la CEE sólo reconoce 2551—, un total de 2446 son sufragados por el Estado. Se trata de un proyecto de ingeniería social con un débil contrapeso en la izquierda. El propio Felipe González introdujo en 2011 un elemento de autocrítica en su balance de gestión. «Algunos errores hemos cometido», dijo en 2011 en un mitin en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), citando el mantenimiento de la concertada[20]. Lo ideal hubiera sido, afirmó, seguir el principio de «que quien quiera escuela privada que se la pague». Pero eso son cosillas que se dicen cuando uno no está en el poder. Llegado al Gobierno, el PSOE deja el cogollo del sistema intacto.

Si gobernar es elegir, los gobiernos españoles han elegido más concertada a costa de la pública. La doble red está bien fijada. La Iglesia no tiene por qué preocuparse. Se le ha dado la oportunidad de competir con ventaja contra el Estado en el mercado educativo. Y ha aprovechado la oportunidad. Hoy la Iglesia educa. Impone sus valores, selecciona a los profesores, controla su estilo de vida. Forma católicos. Contribuye a una sociedad con escasa permeabilidad social. Teje y teje su red. Gracias a la educación mantiene su influencia, puerta de entrada de sus privilegios. Ejerce, además, desde las aulas un contrapeso a los valores progresistas. Y el Estado se hace cargo de la cuenta.

El mito del ahorro

«La educación concertada cuesta menos al Estado» (monseñor José Vilaplana)

La Iglesia nunca apaga los altavoces. El sostenimiento de sus privilegios requiere de una constante percusión ideológica. No puede dar tiempo a abrirse camino a las dudas sobre el modelo de concertación. Sin este sistema, la Iglesia quedaría herida de muerte. Así que toca dar la batalla ideológica. Lanzar por tierra, mar y aire su «relato», como dicen ahora los cursis. ¿Qué relato? Que la educación concertada, lejos de suponer un coste añadido para las arcas públicas, supone un ahorro. Sí, sí, un ahorro.

Volvamos al plató de Trece. Junio de 2017. En la mesa está Giménez Barriocanal, que propone «un ejercicio muy simple» para demostrar su teoría del ahorro. «¿Cuánto nos cuesta a los españoles una plaza en un colegio público y cuánto nos cuesta a los españoles una plaza en un colegio concertado? Vemos la diferencia y realmente a día de hoy la red de colegios concertados está ahorrando del entorno de 2500 millones de euros a todos los ciudadanos», afirma. Impresionante. Pero, visto en detalle, no puede decirse que el cálculo merezca la Medalla Fields de Matemáticas.

En primer lugar, los números bailan. En 2007 el propio Giménez Barriocanal había cifrado el beneficio público de los conciertos con centros católicos en 2920 millones por curso, refiriéndose al curso 2002-2003. Pero debía de sonar a poco, porque en 2011 la Conferencia Episcopal difundió que el ahorro era de 4091 millones. Al año siguiente Escuelas Católicas lo cifró en 4346 millones al año. Luego la Conferencia Episcopal lo ha vuelto a bajar a 2500. Va moviéndose. ¿Y el rigor? No le hace falta.

Nos hallamos ante una grosería numérica basada en el hecho de que el coste por alumno es mayor en la pública que en la privada. Es un planteamiento falaz, porque las condiciones no son equiparables. Por tres motivos:

1) Para asegurar el derecho universal a la educación en igualdad, la pública llega a todas las zonas y acoge a todo tipo de alumnado. Es decir, a la concertada no le interesan, a la hora de planificar su oferta, las áreas rurales dispersas. Esta diferencia repercute en la ratio de alumnos por aula y de docentes por grupo, variables decisivas para calcular el coste medio por plaza.

2) El salario de los docentes de la pública es superior.

3) La inversión en la pública incluye ámbitos que la concertada atiende en mucho menor grado, como la educación especial o la compensatoria. Los obispos soslayan que en la concertada hay menos programas de diversificación, menos alumnos con necesidades especiales, cuya atención requiere de especialistas en pedagogía terapéutica, audición… «Uno de los requisitos de estos programas es su reducido número de escolares por grupo (máximo 15), lo que encarece esta modalidad educativa, pero su “rentabilidad” social ha quedado más que probada […]», señala un estudio del área educativa de Izquierda Unida[21].

Por supuesto, la «rentabilidad social» no es un término incorporado al repertorio de los defensores de la concertada, que se expande por zonas urbanas con elevado nivel de renta. El riesgo de fracaso escolar o de caída en la marginalidad es menor en los alumnos de las zonas con mayor renta, pero no porque vayan a la concertada, sino porque vienen de hogares con suficiente capital económico, social y cultural para sortear las amenazas. La CEE le da la vuelta a la relación causa-efecto y afirma que la concertada «mejora la salud» y «reduce la criminalidad»[22]. El discurso de la Iglesia obvia la ventaja de partida de la concertada y vende que sus colegios son mejores. Así lo explica Giménez Barriocanal: «Los colegios de la Iglesia católica generan menor abandono escolar […]». Y añade: «Los valores que se explican en los colegios, y los valores evangélicos, construyen una sociedad más justa, más solidaria». Hay motivos para pensar que es justo al revés.

Aporto desde aquí con toda modestia una propuesta para otro estudio. Uno que intentara dar respuesta a esta pregunta: ¿qué supondría para la educación pública la inversión de 6000 millones al año que el Estado destina a financiar la concertada? Y otro posible objeto de investigación: ¿qué sería de la Iglesia en España si quien quisiera una educación católica para sus hijos hubiera de pagarla de su propio bolsillo?

6.3. «Gaudeamus igitur»

6.3. «Gaudeamus igitur»

De la obsesión universitaria de los jesuitas, el Opus, los propagandistas y los kikos. De Deusto, Navarra, Loyola, Cardenal Herrera… De los favores políticos al amigo de Kiko Argüello para su universidad en Murcia. De Esade, IESE, las escuelas de negocio y el arte del networking. De Fuenciscla Clemares, Salvador Alemany, García Paramés, Luis Alfonso de Borbón, Villar Mir, Cebrián, Rubalcaba, Pedro Duque, Félix Sanz Roldán

Los campus de la Iglesia

«El espíritu santo es el esperma de Dios» (Kiko Argüello)

Un terreno crucial para la Iglesia, donde se concitan en estado puro capital social, cultural y económico, es la universidad. Saber, dinero, contactos y poder. Historia y futuro. ¿Cómo no iba a estar la Santa Madre en la universidad? Lo está desde su origen en Europa, en la Sorbona y en Oxford, en Cambridge y en Salamanca. Y ahí sigue. En España, su red de colegios concertados es la cantera de las universidades católicas, gestionadas por la Iglesia —a través de los obispados— o por sus organizaciones.

El histórico buque insignia de la Compañía de Jesús es Deusto, con campus en Bilbao y en San Sebastián. Fundada en 1886, es la universidad privada más antigua del país. Y de las más prestigiosas. El centro reproductor de la elite surgida al calor de la industrialización vizcaína, con una irradiación que alcanza a todo el Estado. Su nombre está asociado a la formación en economía y empresa, hoy en Deusto Business School, ayer en La Comercial. También tiene solera en derecho, ingeniería, psicología, educación. Y teología. Se suman un puñado de institutos —tecnología, ocio, derechos humanos— que amplían su resonancia. También jesuita es la Universidad Loyola, con campus en Córdoba, Sevilla —en Palmas Altas, donde Abengoa— y Dos Hermanas. Sus grados, másteres, doctorados y executive destacan en la formación económica y jurídica.

La gestión de la Universidad de Comillas, en Madrid, erigida por la Santa Sede, también está encomendada a la Compañía. Sus puntos fuertes son marca de la casa: empresa, leyes, ingeniería… Aunque no se quedan ahí. Los jesuitas imparten formación vinculada a todos los campos, de la psicología a la filosofía pasando por la educación. Siempre con un ojo en la vanguardia tecnológica.

Aunque propiedad de una fundación, la Universidad Ramón Llull (Barcelona), centro «de inspiración cristiana» puntero a nivel nacional, tiene una estrecha vinculación con la Compañía de Jesús a través de su «programa de excelencia» Aristos Campus Mundus y de programas de doctorado, posgrado y executive education. La Sant Louis University, también jesuita, tiene campus en Madrid.

La Compañía de Jesús, fundada en el siglo XVI, presume de contar en España con seis colegios mayores, más de 40 000 estudiantes, 3142 profesores y 1154 investigadores. Según la red internacional de universidades jesuitas Unijes, destina más de 260 millones de euros al año a docencia, investigación y becas en España. En la Compañía nos encontramos un rasgo extendido en la universidad católica: el networking y las relaciones públicas, con más de 1600 actos al año. Sus centros ofrecen a los antiguos alumnos un vasto programa de alicientes para mantenerse en contacto, contribuyendo así a la reproducción social y la ayuda mutua no sólo en España, sino en una red de más de 200 instituciones universitarias integradas en Unijes, en la Association of Jesuit Colleges & Universities (Estados Unidos) y en la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús (Latinoamérica). A esto hay que sumar la International Association of Jesuit Business School, que agrupa las escuelas de negocio. Un auténtico imperio educativo de cuello blanco que se nutre en España de una red de más de cincuenta centros no universitarios beneficiada a su vez por el sistema de conciertos[23].

Si la historia de los jesuitas acredita su interés por la educación, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), fundada en 1908, tiene un carácter más orientado a influir en la sociedad. Frente al estilo jesuítico, más dado al susurrante soft power, los propagandistas se han caracterizado por la exaltación. Sus líderes y portavoces, próximos a las tesis de Rouco y Cañizares, suelen dar que hablar por el reaccionarismo de sus proclamas, que hacen públicas con motivo de los congresos Católicos y Vida Pública. La peste de la ideología de género, la persecución de los católicos: las obsesiones clásicas. La costumbre de animar a sus acólitos a practicar el activismo contrarreformista viene de lejos. Durante el franquismo, su comunión con el nacionalcatolicismo sólo declinó tras el ascenso de los tecnócratas del Opus, enemigos íntimos de los propagandistas en el seno de la Iglesia. La ACdP puede presumir de haber llegado a la presidencia del Gobierno, en la figura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Propagandista fue también José María Gil Robles, destacado líder de la derecha durante la Segunda República, contra la que la asociación que encabezó desde su origen Ángel Herrera Oria, más tarde cardenal, no dejó de maniobrar. Su principal órgano de propaganda durante la democracia tricolor fue el periódico El Debate. La ACdP siempre se ha servido de los medios, que junto a la educación ha sido su herramienta principal. Hoy sus dominios están mermados. Apenas le queda la revista El Debate de Hoy. En sus años dorados controlaron Ideal de Granada, La Verdad de Murcia, Hoy de Extremadura, El Ideal Gallego, Ya, la agencia Logos…

Alicaídos en el terreno mediático, los propagandistas sí conservan pegada en las aulas. La fuerza de su brazo educativo reside en el Grupo CEU, integrado por una veintena de centros docentes desde Infantil hasta posgrado pasando por Primaria, Secundaria y Bachillerato. De los diez colegios CEU, ocho son concertados y se benefician de fondos públicos. Los otros dos, privados. Entre todos suman más de 7500 alumnos. Además tienen tres centros de FP: Madrid, Valencia y Sevilla. No obstante, el cogollo está en la universidad. Ahí tienen la CEU Cardenal Herrera de Valencia, Elche y Castellón, la CEU San Pablo de Madrid, la CEU Abad Oliva de Barcelona y la Cardenal Spínola, adscrita a la Universidad de Sevilla. El Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Abat Oliba, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, la Fundación San Pablo Andalucía CEU, la Fundación San Pablo Castilla y León CEU y la Fundación Universitaria San Pablo CEU ponen además todo su esmero en el tejido relacional de sus alumnos y exalumnos[24]. El producto-servicio universitario de la Iglesia es siempre el mismo: acceso, redes, contactos, alto escalafón social. ¿Y formación? Bueno, claro, eso también. Pero lo que mejor distingue a las universidades católicas es… el ambiente. La clase.

La Universidad Católica de Murcia está ligada al Camino Neocatecumenal. Su presidente, José Luis Mendoza, la mujer de este y los 14 hijos de ambos son kikos, como se conoce a los miembros de este movimiento por su fundador, Francisco José Gómez Argüello Wirtz, más conocido como Kiko Argüello (León, 1939), uno de los líderes laicos más aclamados en la Iglesia. Los kikos son una rareza. Su auge corre justo en paralelo al estancamiento de las congregaciones tradicionales. Kiko impone su estilo heterodoxo y presume de un millón largo de fieles en 105 países[25] mientras las iglesias se vacían. Burgués con veleidades marxistas en su primera juventud, hoy un retrógrado de tomo y lomo, Kiko Argüello no necesita ordenarse, ni ser monje. Ya se cayó del caballo con 25 años y empezó a predicar. Su estilo iconoclasta, al principio objeto de mofas, acabó conquistando Roma. Es puro carisma, improvisación, indisciplina, al mismo tiempo que presume de un amor tal a Cristo y se enfrenta con tanta rabia a los demonios de la Iglesia —el relativismo, la ideología de género— que acaba resultando más papista que el papa. Canta, toca la guitarra, se salta las indicaciones jerárquicas, desafía a los obispos, a los que ve como viejos acomodados, amorrados a inercias laxas y sin vigor evangelizador.

Los kikos funcionan casi como diócesis paralelas, para escándalo de la jerarquía. Algunas de sus prácticas económicas son cuestionables, como la creación de un ente paralelo —Fundación Obra Artística Kiko Argüello— para acceder a fondos públicos y ofrecer ventajas fiscales a sus donantes[26]. Pese a la controvertida naturaleza del movimiento, es tal su tirón que han acabado ganándose el pleno reconocimiento interno en la Iglesia. La Santa Sede celebró en 2018 el medio siglo del Camino Neocatecumenal por todo lo alto. Unos 150 000 seguidores de Argüello acudieron en la Universidad Tor Vergata a una celebración en la que Kiko y su guitarra eclipsaron al mismísimo papa Francisco. Allí estuvieron Blázquez, Osoro y Rouco, que ni emérito se pierde una. Ultraconservador en sus planteamientos y rompedor en las formas, su discurso es puro fundamentalismo mileniarista. «¡Matan a los ancianos con eutanasias en Holanda y hay homosexuales por todas partes, los jóvenes se suicidan, hay 300 millones de abortos en China y los padres tienen dos hijos, cuando, por la paternidad responsable que dicen los curas, deberían tener los que Dios mande!», proclama. Nadie lo refrena, porque encanta a las masas. Nombrado consultor del Pontificio Consejo para los Laicos por Juan Pablo II, Kiko Argüello es de profesión pintor. Rouco, su mentor en España —¿quién si no?—, lo eligió para pintar el ábside de la Almudena, lo que elevó su categoría y consagró al Camino Neocatecumenal como surtidor de energía ideológica. Los kikos se insertan en el camino de los llamados «nuevos movimientos apostolares» —algunos ya no tan nuevos—, organizaciones expansivas y secretistas que comparten la devoción por sus líderes, así como cosmovisiones místicas específicas y estructuras verticalizadas: Renovación Carismática, Focolares, Comunión y Liberación…

Como decíamos, el Camino Neocatecumenal, una organización que desborda por el flanco retrógrado a la jerarquía católica, liderada por un subtipo de telepredicador estilo USA situado entre el 0 y el 1 de la escala ideológica —siendo el 0 la extrema derecha—, tiene su universidad en España[27]. La Universidad Católica San Antonio de Murcia. Con más de 15 000 alumnos. Treinta grados. 52 másteres. Cuatro doctorados. Aunque propiedad de una fundación ad hoc, sus vínculos con los kikos son inocultables. Como también lo es la particular idiosincrasia de su factótum, el empresario José Luis Mendoza, exmisionero en el Caribe, mecenas deportivo, donante de cantidades millonarias al Vaticano, según contó él mismo a El País en 2012[28]. Mendoza, uno de los laicos con mayor influencia en la Iglesia en España, amigo personal de Argüello, recibió todo tipo de facilidades de las administraciones del PP para abrir su universidad en 1997. Desde entonces, con la institución en continuo crecimiento, no ha dudado en enfrentarse a las autoridades católicas para mantener su control. Llegó a doblarle el pulso al que fuera obispo de Cartagena Reig Pla, que había intentado meterlo en cintura. Los favores de las administraciones del PP a Mendoza incluyen facilidades para la construcción de parte de las instalaciones sin las debidas licencias, cesiones de terrenos y subvenciones a dedo, todo ello engrasado con las debidas puertas giratorias entre la universidad y las instituciones públicas[29]. Aznar, por cierto, es doctor honoris causa de la UCAM.

La revelación de supuestas irregularidades en los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón en la Rey Juan Carlos y la apertura de un debate social sobre la salud de la universidad española ha vuelto a poner en el foco a la institución católica murciana, avanzadilla en algunas de las prácticas ahora bajo sospecha. A diferencia de Deusto, el prestigio de la UCAM es —digámoslo suavemente— discutible. El Gobierno italiano, ante el aluvión de convalidaciones de abogados sobre su mesa, llegó a denunciar que la UCAM era una máquina de expender títulos exprés a cambio de 3000 euros, un curso online y un breve examen, aunque Mendoza salió airoso de la investigación sobre el caso. En 2012 el Ministerio de Educación forzó la suspensión del Máster de Ingeniería de Caminos que quería impartir la UCAM, por no contar con los medios necesarios —ni con profesores ni laboratorios— para un título tan delicado[30]. Actualmente sí oferta este máster. Tiene facultades de Ciencias de la Salud, Deporte, Enfermería, Ciencias Sociales y de la Comunicación, Ciencias Jurídicas y de la Empresa y una Politécnica Superior. Además ofrece posgrados en Empresa, Medicina, Deporte, Turismo, Psicología, Nutrición… A pesar de las continuas denuncias sobre el escaso rigor académico de la UCAM, Mendoza tiene planes de expansión en Alcorcón y Málaga[31].

A diferencia del Opus, los kikos no han apostado —al menos todavía— por la concertada. Sus miembros suelen enviar a sus hijos a colegios de la Obra, como hace el propio Mendoza. Su influencia en el ámbito educativo no universitario se deja sentir, a través de la presencia de sus acólitos, en fundaciones como San Pablo Siloé y Pietas et Litterae, así como en Escuelas Pías.

Mucha más solera que la UCAM tienen la Pontificia de Salamanca —con campus en Madrid—, la Católica de Valencia San Vicente Mártir, la San Jorge de Zaragoza, la Católica de Ávila, la San Dámaso de Madrid y la María Cristina de El Escorial, tutelada por los agustinos. Aunque todas ellas palidecen ante la Universidad de Navarra (UNAV), con campus en Pamplona, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Munich y Nueva York. Una auténtica bestia. De referencia en toda España. Y con el Opus detrás.

La UNAV es señera en Ingeniería, Económicas, Comunicación, Derecho y Medicina. Acumula más de medio siglo de prestigio en docencia, investigación y formación de elites. Aunque el Opus es fuerte en la gestión de concertados —a través de Attendis y Fomento— y mantiene relación con el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Complutense, y con la Universidad Internacional de Cataluña, la UNAV es la expresión más lograda de su poder educativo.

Si a todo esto sumamos medio centenar de facultades eclesiásticas —de Teología, Derecho Canónico, Filosofía, Literatura Cristina, Historia de la Iglesia—, institutos teológicos, seminarios y centros de ciencias religiosas, la implantación de la Santa Madre en el mapa de la formación superior en España es sencillamente abrumadora. El total de los alumnos de las universidades católicas se acerca a los 90 000, según la CEE.

Rajoy brindó durante su etapa de gobierno un apoyo decidido a las universidades católicas. Mientras el dinero asignado a los universitarios como beca del Estado bajaba en 13 de las 17 comunidades, subía en sólo veinte campus en España. La mayoría, 14, eran privados[32]. Mientras tanto, la Iglesia mantiene capillas católicas en numerosos campus públicos. En total hay 33 capillas, según un listado de Europa Laica. La Iglesia siempre desarrolla su propio arsenal de recursos, pero sin descuidar su presencia en la esfera pública. Las capillas, por supuesto, se financian con dinero público.

Así que alegrémonos, como nos indica el famoso himno universitario: Gaudeamus igitur. Y si no podemos alegrarnos demasiado por la salud de nuestro sistema universitario, alegrémonos por la Iglesia, a la que el suyo sí le va estupendamente.

El laboratorio de los peces gordos

«El motor de la historia es la lucha de clases» (Karl Marx)

La formación de elite se da la mano con la gran empresa en los MBA (Master of Business Administration). Ahí se vuelca la Iglesia a través de sus escuelas de negocio, puntal de su política de formación de líderes y de networking. Quédense con dos siglas:

1) Esade. Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas. Nacida en Barcelona a finales de los cincuenta, se integró en 1995 en la Universidad Ramón Llull, a la que aporta su business school y su law school. Es propiedad de una fundación, cuyo patronato está compuesto en un 50 por 100 por miembros de la Compañía de Jesús, a los que compete el nombramiento del director. Los jesuitas presumen de 450 años «en la formación de personas, líderes en diversos campos». Su oferta abarca dirección de empresas, negocios, leyes, educación… Todo ello con máximo prestigio y reconocimiento internacional, como refleja su destacada posición en las clasificaciones publicadas año tras año. Esade presume de contar con más de 60 000 antiguos alumnos. La escuela cuenta con Esade Alumni, una red de redes profesionales a nivel internacional. Esade, que diseña programas a medida para formar a directivos de Deutsche Bank y Cocacola, da acceso a un círculo de influencias que multiplican las posibilidades de éxito económico. El servicio no es barato. Alguno de sus másteres llega a alcanzar los 90 000 euros[33]. El equipo directivo de Esade está integrado por diez hombres y dos mujeres. En el patronato la proporción hombres-mujeres es de 16-2.

2) IESE. Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Universidad de Navarra. Opus. Nueva York, Madrid, Munich, Varsovia, São Paulo, Nairobi y Shanghai. Formación de elite para directivos y aspirantes. Tan antiguo como Esade, de los tiempos en que la executive education era rara fuera de Estados Unidos. Su escuela de negocios ha sido cuatro años seguidos la primera en la clasificación de Financial Times, por delante de transatlánticos como el IMD de Lausana (Suiza), el Insead de París y las business schools de Londres y Harvard. Tan caro como Esade, porque en el club de los ricos hay que sacar la billetera. Los MBA y programas executive de IESE son una referencia mundial. Los custom de IESE están en lo alto del escalafón. Se trata de programas para clientes como Telefónica, BBVA, Enagás, Gas Natural, Iberdrola, Campofrío, BMW, Boehringer-Ingelheim, The Dow Chemical Company, Ericsson, Henkel, Nissan, Oracle, Pepsico, REE, Rijkzwaan, Roche Schneider Electric… Es decir, IESE forma dirigentes con programas a medida de las súper empresas. Todos los años pasan por sus aulas —afirma la escuela— más de 4000 empresarios y directivos. Tiene 45 000 exalumnos, a los que se les ofrece una alumni network para el quid pro quo marca de la casa. Un hilo y otro hilo…

Esade e IESE, IESE y Esade, Compañía y Opus, Opus y Compañía, cada cual con su estilo —la Obra, más cargada de connotaciones elitistas—, son el binomio líder de las súper escuelas de negocio católicas. Y hay más. Como el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa (Icade) de la Universidad de Comillas. Y la Business School CEU de los propagandistas. Y la ya descrita Deusto Business School.

El IESE celebró en 2017 en Madrid su «Global Alumni Reunion» —les encantan estos nombres pedantes— con el patrocinio de Caixabank, Sabadell, Omega, Vueling, Ermenegildo Zegna y Deloitte. La cita incluyó una cena de alto copete en el Casino de Madrid y torneos deportivos con fines benéficos en las instalaciones de la Ciudad Financiera del Santander, donde hay una capilla construida por orden del propio Emilio Botín. Acudieron como ponentes el astronauta Pedro Duque —más tarde ministro de Ciencia— y el director del CNI Félix Sanz Roldán. La escuela del Opus presume de sus exalumnos, a los que trata de mantener vinculados con la marca y atraer a sus reuniones. Uno de los más insignes en sus inicios fue Juan Antonio Samaranch, falangista de origen, más tarde empresario, embajador en la Unión Soviética y presidente del COI.

Anoten más nombres marca IESE: Fuenciscla Clemares, directora general de Google para España y Portugal; Helena Herrero, presidenta de HP para los dos países ibéricos; Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel; Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF; Salvador Alemany, presidente de Abertis; Isidre Fainé, que ha sido presidente de Gas Natural y La Caixa; Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Gas Natural Fenosa; Francisco García Paramés, uno de los más afamados inversores de España; la exministra y presidenta de la Fundación Cotec para la innovación Cristina Garmendia; el exalcalde de Barcelona Joan Clos; el expresidente de Navarra Miguel Sanz; el aristócrata Luis Alfonso de Borbón, cuyo cargo de presidente de honor de la Fundación Francisco Franco no parece cerrarle demasiadas puertas en los más selectos círculos económicos de Madrid.

La Iglesia se desvive por estar presente en la formación de líderes, una de las maneras más inteligentes de asegurarse presente y futuro. Es cuestión de supervivencia.

Del pupitre al IBEX

«Quiero poco, y de lo poco que quiero, que sea poco» (Francisco de Sales)

La Iglesia sabe que el pupitre es el primer círculo de poder. Una investigación del profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna Javier Sánchez concluyó que los 708 ministros que habían ejercido en España entre 1705 y 1998 habían estudiado en sólo 163 centros privados —141 de ellos religiosos— y 82 públicos[34]. El emblema de cómo el poder empieza a forjarse en el cole es El Pilar. Católico marianista, para más señas. Han pasado por sus aulas financieros como Juan Abelló, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, empresarios como Juan Miguel Villar Mir, ejecutivos de medios como Luis María Anson y Juan Luis Cebrián, ministros como Rafael Arias Salgado, Nemesio Fernández-Cuesta, Gonzalo Fernández de Mora, Francisco Fernández Ordóñez. En el PSOE se llegó a hablar de un clan pilarista, aglutinado en torno a Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Solana. Ambos llegaron a ministro de Educación[35]. José Ignacio Wert también tiene orígenes pilaristas. Y Francisco de Asís Blas, que fue secretario de Estado de Educación con Rubalcaba. Y Emilio Lamo de Espinosa, que ocupó el cargo de director general de Universidades y que redactó, en 1983, la Ley de Reforma Universitaria. El meollo de los planificadores de la educación pública viene del colegio elitista católico por antonomasia.

La ratio de aristócratas, políticos, catedráticos, diplomáticos, magistrados, banqueros y economistas de renombre es inusualmente alta en este colegio del barrio de Salamanca, que ha dejado atrás su historia como colegio segregador por sexos y hoy es un concertado mixto. Ante sus pizarras coincidieron Aznar y Juan Villalonga, que llegó, gracias a su amigo de infancia, a presidente de Telefónica. ¿Adivinan dónde había estudiado Álvaro Portillo, el que fuera líder del Opus de 1982 a 1994, cuya beatificación fue patrocinada por Telefónica y El Corte Inglés? Exacto, en El Pilar.

A través de sus concertados, la Iglesia entra muy pronto en la forja de los grandes hombres y mujeres de la empresa, la política, la universidad… Empieza en Primaria y Secundaria. En Bachillerato los deja orientados hacia sus universidades. Y finalmente les ofrece sus escuelas de negocio. Lo abarca todo. Y el punto de destino es el poder. En un sistema económico, el capitalismo, que propende a la formación de elites, la Iglesia ha sido hábil reservándose peajes de acceso. De los 433 consejeros de las empresas del IBEX-35, 170 han tenido relación en calidad de estudiantes, docentes o miembros de órganos de gobierno con una o varias universidades vinculadas a la Santa Madre[36]. La revista La Marea, en su número de abril de 2018, publicó un análisis de los expedientes académicos de los consejeros del selectivo bursátil que desvelaba la profundidad de los lazos de la elite empresarial con los focos de formación católica. Están en todas. Constructoras (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, Técnicas Reunidas), bancos (Sabadell, Santander, Bankia, Bankinter, Caixabank, BBVA), transporte (AENA, Iberia), energía (Enagás, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Red Eléctrica, Repsol), telecos (Cellnex, Telefónica), inmobiliarias (Merlín, Colonial), siderurgia (Acerinox, Arcelor)… Y en Mapfre, y en Mediaset, y en Indra, y en Amadeus, y en Meliá. La formación dirigida por jesuitas y opusinos adorna el CV de una parte relevante de nuestros dirigentes empresariales, que suelen dar conferencias en sus universidades y escuelas de negocio. Eso imprime carácter. Y guarda relación con el decidido apoyo de las grandes empresas a revistas, eventos y campus católicos. Villar Mir, que tiene en sus instalaciones de Torre Espacio la capilla más alta del país (www.capillatorreespacio.es/), da nombre a un aula del IESE, donde también hay Aula BBVA. En Icade se puede solicitar la Beca Endesa. Las Becas Santander permiten estudiar en Deusto, Comillas, IESE y Esade. Ricos becando a futuros ricos.

Toda esta es una historia que puede empezar en los colegios internacionales J. H. Newman o Kolbe, centros concertados vinculados al movimiento Comunión y Liberación. O en los salesianos, en uno de cuyos colegios en Madrid se proyectó un vídeo de indecible clasismo en el que se exaltaba la superioridad de los ricos y se presentaba a los pobres como «mediocres»[37]. O en los jesuitas. O en algún centro de los propagandistas o del Opus. Centros que el Estado paga con dinero recaudado de los impuestos de todos, creyentes o no, ricos y pobres, y que financian un modelo educativo que está en la raíz de la creciente desigualdad social en España. Es una historia que pasa por Deusto, o por Navarra, o por Loyola, por las escuelas de negocios top con sello católico. Y que termina en el consejo de administración de una compañía cotizada, o en el despacho oficial de un ministerio, o en la sala de lo civil de un tribunal superior. Es la historia de siempre en España, con la Iglesia instalada en la sala de máquinas del poder.

6.4. La Legión de Cristo: poder, educación y pederastia

6.4. La Legión de Cristo: poder, educación y pederastia

Del emporio educativo de los seguidores de Marcial Maciel. De la utilidad del dinero para encubrir aberraciones. De la Universidad Francisco de Vitoria y cómo el PP abrió las puertas a la red Anáhuac. De los colegios con nombres «montañosos»: Highlands, Everest, Cumbres…

A Maciel le encantaba enseñar

«Marcial Maciel siempre decía que no había mejor negocio que los pobres» (Pablo Pérez Guardado, exsacerdote legionario)

La congregación de los Legionarios de Cristo es caso aparte. Fundada en 1941 por el sacerdote mexicano Marcial Maciel Degollado, su vinculación con España es temprana. En 1946, antes de su aprobación papal (1948), un grupo de legionarios se desplazó a estudiar a la Universidad de Comillas. A Maciel le abrió las puertas en España Alberto Martín-Artajo, falangista y propagandista católico, el ministro de Exteriores al que le tocó firmar el Concordato del 53. Desde su origen, la Legión muestra un desmedido interés por la educación, las relaciones, los negocios. El Colegio Mayor de los Legionarios en Roma, hoy sede de la dirección de la Legión y del Regnum Christi, su brazo seglar, data de 1950. En el 54 se inaugura en Ciudad de México el Instituto Cumbres. Una década después abre en la capital mexicana la Universidad Anáhuac, germen de lo que hoy es una red de una quincena de instituciones de estudios superiores en las dos Américas y Europa. El grupo sacerdotal Regnum Christi, movimiento hermano con el que la Legión comparte «espiritualidad y carisma», cuenta con 128 colegios con 67 000 alumnos.

Durante décadas la congregación se expandió por Irlanda, Estados Unidos, Venezuela, Francia, Alemania, Colombia… Los Legionarios de Cristo afirman contar actualmente con 961 sacerdotes y 617 seminaristas. Sus miembros suman en total unos 70 000. Pero son inevitablemente una organización reventada por dentro, que intenta a duras penas sobreponerse al torpedo en la línea de flotación de su credibilidad que supuso el desvelamiento de las aberraciones de su fundador.

Aunque Maciel (1920-2008) fue un frenético delincuente sexual, durante décadas nadie en la Iglesia osó molestarlo. Las denuncias sobre abusos en centros de la Legión empezaron a llegar al Vaticano en los cincuenta, con el papa Pío XII. En realidad jamás dejaron de llegar. Juan Pablo II las ignoró o minimizó. Maciel, como Argüello o el Opus, estaba entre sus protegidos. Era un líder de masas, capaz de llenar estadios de fútbol mientras en las iglesias resonaba el eco del vacío. El papa polaco llegó a decir de Maciel que era «un guía eficaz de la juventud», lo cual nos parece hoy un sarcasmo sucio. Sólo en mayo de 2006 la Congregación para la Doctrina de la Fe «invitó» a Maciel a llevar «una vida reservada de oración y penitencia». Para entonces el escándalo, que empezó a destaparse en 1997, era ya mayúsculo, pero no dejó de crecer con nuevas revelaciones, que aún continúan hoy. El pastel incluía entre cuatro y seis hijos y una adicción a la morfina, así como episodios de extorsión, tráfico de influencias y desvío de dinero de la caridad. Pero el infierno estaba en los abusos sexuales a menores, nefando pecado de la Iglesia, así como en el cruel ejercicio del poder contra sus acólitos, incluidas las formas más humillantes de esclavitud, gracias al dominio espiritual que era capaz de ejercer.

Aquel hombre se libró de un proceso canónico, oficialmente por su avanzada edad. Sus delitos quedaron impunes por prescritos. Pero ni siquiera la congregación niega sus «conductas gravemente reprobables». Admite los «abusos sexuales contra seminaristas». También reconoce tres hijos de Maciel, a los que no nombra pero cuyas identidades son conocidas. Una es Norma Hilda, española. El conocimiento de las atrocidades de Maciel, cuyos propios hijos denunciaron haber sufrido sus abusos sexuales, puso en jaque la credibilidad de la Iglesia, especialmente por la inmovilidad de Juan Pablo II y de quien era su guardián de las esencias, Ratzinger, más tarde Benedicto XVI. Cuando el alemán se decidió a atacar el caso, tuvo la opción de cortar de raíz y disolver a los Legionarios. Pero no lo hizo. Es más, Francisco les concedió en 2015 la indulgencia plenaria.

¿Por qué no se atrevió Benedicto XVI? ¿Por qué la actitud contemporizadora de su sucesor? Hay una respuesta en clave de política interna de la Iglesia. Con su guiño, Francisco podría estar intentando rebajar la presión de los Legionarios, adalides del ala contrarreformista de la Iglesia, para sacar adelante su anhelada apertura. Pero también hay que considerar el peso económico de la Legión, cuyo músculo financiero compite con el del propio Vaticano. Sus activos en todo el mundo, desde hospitales hasta inmuebles, colegios, universidades, orfanatos y sociedades benéficas, suman más de 43 600 millones de dólares, según el periodista Raúl Olmos, autor del ensayo El imperio financiero de los Legionarios de Cristo (Grijalbo, 2015)[38]. Esta investigación desvela que «los millonarios de Cristo», como se los llama en México, han invertido más de 300 millones de euros recaudados mediante donativos en industrias que van del juego al alcohol y las armas. Olmos también sostiene que tienen capitales ocultos en paraísos fiscales: Suiza, Jersey, Panamá[39]… La congregación gestiona el imponente Instituto Pontificio Notre Dame en Jerusalén, confiado por Juan Pablo II a la Legión en 2004, cuyos fines «de naturaleza religiosa, cultural, caritativa y educativa» no excluyen el aprovechamiento con fines hoteleros de sus 280 habitaciones[40].

El brazo educativo de la Legión

«No he pertenecido al Opus Dei ni a los Legionarios de Cristo; no lo habría ocultado porque son órdenes respetables» (Ana Botella)

Los Legionarios, una congregación fundada y convertida en un negocio mundial por un hombre con una irresistible inclinación por la abyección, tiene en España uno de sus territorios francos. Y aquí han procedido con el estilo agresivo y sin contemplaciones que ha caracterizado todas sus grandes operaciones.

La Legión compró en 2003 un colegio laico, el Virgen del Bosque, en Villaviciosa de Odón, con el curso empezado[41]. Imaginen la cara que se les quedaría a no pocos padres. Aquella peripecia acabó siendo uno de los mayores desastres de la Legión en España, pero no impidió que los hombres de Maciel materializaran su gran aspiración: abrir una universidad. Lo empezaron a intentar a principios de los noventa, pero toparon con el Gobierno autonómico socialista, que se opuso a la irrupción en el estratégico sector de la educación superior de un grupo de tan escamante historial. No obstante, acabaron encontrando por dónde colarse. En el curso 93-94, la Legión creó un centro adscrito a la Complutense en Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios más ricos de España. Era rector de la Complutense Gustavo Villapalos, que más tarde fue consejero de Educación en Madrid con el PP, un hombre clave en la penetración de la Legión en los círculos VIP.

Otro de los destacados dirigentes de la universidad pública era entonces José María Michavila, luego ministro con Aznar. El periodista Jesús Rodríguez, en La confesión. Las extrañas andanzas de Marcial Maciel y otros misterios de la Legión de Cristo (Debate, 2011), narra cómo Ana Botella, Acebes, Carlos Aragonés y Michavila son sólo algunos de los nombres del PP que han ayudado a aupar en España a los Legionarios[42], furibundos opositores al aborto, al matrimonio gay, a la investigación con células madre… Y un dato más: su rector, Daniel Sada, apadrinado por Gustavo Villapalos y a quien la ministra Ana Palacio (PP) concedió en 2004 la Gran Cruz del Mérito Civil, ha sido asesor de los Aznar-Botella en cuestiones sociales[43]. La Legión se sabe mover.

La universidad contó desde el principio con el respaldo del PP, como cuenta Alfonso Torres en No los dejes caer en la tentación. Se convirtieron en asesores el propio Michavila —cuya esposa se matriculó, además—, Carlos Mayor Oreja —hermano de Jaime Mayor Oreja y más tarde implicado en el caso Lezo— y Álvarez-Cascos —cuya segunda esposa e hijo mayor se matricularon también—. El centro de la Legión pasó a ser el destino predilecto de los vástagos de la pujante derecha madrileña, entre ellos un sobrino de Ana Botella y su hermana Macarena, que se convirtió en directora de comunicación[44]. Así penetra la Legión. De arriba abajo. Sin rodeos.

Casi 25 años después de su irrupción, la Universidad Francisco de Vitoria es una entidad autónoma con medio centenar de titulaciones y está considerada una garantía de inserción profesional puntera. Sus facultades —Ciencias Jurídicas y Empresariales, Educación y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Politécnica Superior y Ciencias de la Comunicación— gozan de un marchamo de vanguardia en la transmisión de conocimientos técnicos, punto fuerte de la congregación. Más discutidos han sido sus métodos pedagógicos, a menudo basados en la presión y la exigencia llevadas al límite. De hecho, Regnum Christi presume de «disciplina formativa» en sus colegios. Y la fórmula tiene su público. Los apellidos de postín se dan tortas por entrar en la universidad. Alfonso Torres ha recopilado un buen puñado: Domecq, Cabeza de Vaca, Espinosa de los Monteros, Mora-Figueroa, Bohórquez, Fuster, Arespacochaga, Merry, Koplowitz[45]… La universidad de la Legión tiene un colegio mayor, editorial, una fundación (Altius) y diversos clubes y sociedades que incrementan el alcance de una red que también cuenta, cómo no, con una potente sección de antiguos alumnos. El ya fallecido Emilio Botín, en su etapa de presidente del Banco Santander, dio un decidido apoyo a la Universidad Francisco de Vitoria mediante las Becas Europa y la Escuela de Liderazgo. La entidad bancaria posee incluso una Oficina Universitaria Santander en las instalaciones del campus, en la que ofrece servicio a alumnos, profesorado y personal[46].

La Legión ha tomado buena nota de las recetas de la Compañía y el Opus. Hay que estar en los colegios, en la universidad, en los negocios y en las altas esferas. También en la política. Es un patrón reconocible. Y funciona, vaya que si funciona.

Regnum Christi cuenta en todo el mundo con 154 colegios, así como 13 universidades integradas en la red Anáhuac. Posee además cinco academias de lengua en Estados Unidos, Irlanda y Suiza, así como el Instituto Juan Pablo II en México. Todos sus colegios en España son bilingües. Al contrario que el Opus, cuya mano es fácil de identificar en los centros que controla, la Legión prefiere ser discreta. La idea es no disuadir a familias a las que la Legión pueda estomagar por sus siniestros antecedentes. Quiere mantener su marca educativa a salvo. Preserva la imagen de rectitud. De un colegio en Barcelona echaron sin miramientos a las dos hijas de un empresario de ocio nocturno en cuyos locales se hacía striptease[47]. Bromas, pocas. Al menos siete centros pertenecen con toda certeza a la Legión, que los bautiza con nombres que dan idea de vocación internacional, elevadas miras y clase alta. Así ocurre con los Highlands Schools, privados, ubicados en La Moraleja (Madrid), Boadilla del Monte (a las afueras de Madrid), Pedralbes (Barcelona) y Montequinto (Sevilla). Venden barrios nobles, exclusividad, disciplina, buenas notas en selectividad, garantía de preparación para el éxito universitario y homogeneidad social. Ah, y educación separada por sexos. La Legión controla también el Everest School, en Pozuelo de Alarcón, el Cumbres School, en Moncada (Valencia), y el Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel, en Barcelona. Este último, con educación segregadora en Primaria y ESO, es concertado.

La estructura visible de la Legión en España se completa con un noviciado en Salamanca, un seminario en Vall de Flors (Valencia) y comunidades en varias de las principales ciudades de España. A esto se suman casas de apostolado, clubes juveniles, academias de inglés… Un buen tinglado. La congregación de Maciel ha buscado siempre la complicidad de los grandes empresarios. Como Florentino Pérez, que abrió una escuela de fútbol del Real Madrid en instalaciones universitarias de la Legión de Cristo en México, una maniobra vinculada a su alianza con el poderoso conglomerado azteca Grupo Pegaso para la expansión de la marca madridista. La familia Azcárraga, en el pedestal del Grupo Pegaso, tiene diversos vínculos con los Legionarios, especialmente los de Alejandro Burillo Azcárraga, aliado del presidente madridista en su aventura mexicana. La instalación en México de la escuela de fútbol del laureado club deportivo lo colocó «en la órbita y en los dominios de la ultraconservadora orden religiosa, y al mismo tiempo constituye una de las mejores jugadas de los Legionarios en su carrera por ganar influencia entre los niños y los adolescentes mexicanos»[48].

6.5. El cuarto poder

6.5. El cuarto poder

Del empeño de la Iglesia por formar líderes de opinión. De la COPE, Trece, Ràdio Estel, Zenit, ABC, Alfa & Omega, La Razón, Infovaticana… De la venta de libros

El apostolado de la opinión pública

«Necesitamos ser más intrépidos para desarrollar nuevos medios y métodos de proclamación de la vida eclesial» (Conferencia Episcopal, año 2000)

Un arzobispo de Canterbury, seguramente Randall Davidson, primado de la Iglesia anglicana, desembarcó en Nueva York en una visita en 1905. Lo esperaban al pie de la escalera los resabiados chicos de la prensa con sus libretas en la mano, ávidos de algún titular que llevarse al gañote. En teoría, la noticia estaba servida. Davidson venía a estrechar vínculos entre la Iglesia de Inglaterra y las confesiones evangélicas del Nuevo Mundo. Pero a los plumillas aquello les parecía una sosería. Tras las preguntas de rigor, que si era la primera vez que venía a Nueva York, que si el motivo del viaje, que si qué tal todo por la vieja isla, que si había tenido mala mar, uno de los periodistas disparó:

—¿Qué opina Su Santidad de la gran cantidad de prostíbulos que hay en Manhattan?

Al clérigo le habían advertido de la mala baba de la prensa neoyorquina. Si le hacían una pregunta comprometida —le habían dicho—, váyase por las ramas o responda con otra pregunta. Así se evitará un titular incómodo. El arzobispo siguió el consejo letra por letra.

—¿Es que hay muchas prostitutas en Nueva York?

Al día siguiente un diario local tituló a toda página: «El arzobispo de Canterbury pregunta por el número de prostitutas nada más llegar a Nueva York».

De acuerdo, la anécdota es apócrifa, y yo mismo la he compuesto a partir de varias versiones dispersas. Una pequeña licencia. Pero no la he incluido porque sí. La recupero porque resulta ilustrativa de la dificultad del poder —y la Iglesia es un poder— para adaptarse a la picardía y la inmediatez de la prensa, a su carácter difícilmente predecible. La Iglesia, una organización obsesionada por el mensaje y el control, ha optado por resolver este problema ejerciendo influencia sobre los medios existentes y creando a su vez un potente brazo mediático propio.

Uno de los desafíos habituales del gobernante es tratar de que su mensaje llegue a la opinión pública con el menor filtro interpretativo de los medios. Esto es una obviedad. A menor fuerza e independencia del medio, mayor impacto tiene la propaganda, disciplina esta en la que la Iglesia es maestra. Sus campañas contra masones, liberales y socialistas son ejemplos perfectos de cómo una organización puede hacer triunfar en una sociedad el miedo y el odio contra sus enemigos. La Iglesia es en sí misma un medio: un medio entre la divinidad y los hombres. También la Iglesia ha aplicado históricamente sus filtros entre el mensaje original del cristianismo y los titulares que ha lanzado al pueblo de Dios. Por ejemplo, es difícil imaginar en qué punto del ejemplo dejado por Jesucristo puede encontrar justificación la subordinación de la mujer en el seno de la Iglesia. Pero así, marginando a la mujer, es como la Iglesia ha mediado el mensaje cristiano.

Al trabajar con significantes abstractos, al basar su naturaleza en ideas y no en datos, la Santa Madre sufre para que su propaganda se adapte al tono prosaico y el carácter escéptico del periodismo, como bien sabe aquel arzobispo de Canterbury. Dicho de otro modo, la Santísima Trinidad no resiste la prueba de un buen reportaje, sencillamente porque el periodismo se basa en las pruebas. La religión y el periodismo son antagónicos, como lo son la fe y la ciencia, la revelación y la lógica.

Desde la invención de la imprenta y el surgimiento del germen de lo que hoy llamamos medios de comunicación, la Iglesia ha sido consciente de su importancia, tanto como lo ha sido del carácter estratégico de su presencia en los focos de producción del saber, como las universidades. Este empeño atraviesa siglos hasta hoy.

Sólo por detrás de los estudios de empresa, el periodismo es la disciplina más ofertada por las universidades católicas españolas. Una decena de ellas los ofrecen. Los estudios en este campo de la Universidad de Navarra, del Opus, se encuentran entre los más prestigiosos de España. De allí han salido Iñaki Gabilondo o Pedro J. Ramírez, por citar dos de enorme influencia. También Jesús Ceberio (que dirigió El País), Ángel Arnedo (que dirigió El Correo), Fernando Pérez Ollo, Justino Sinova, José Luis Orosa, Antonio Herrero o Luis Herrero. Nombres con historia en la profesión. O Eduardo Inda, puntal de un nuevo estilo tan popular como escaso de prevenciones éticas. Figuras ya consagradas de la televisión como Cristina Pardo, Lourdes Maldonado, Helena Resano y Elisa Beni han pasado por sus aulas. Varias de las personalidades más destacadas de la historia de la Universidad de Navarra están vinculadas al periodismo: Alfonso Nieto, impulsor de los estudios universitarios de periodismo en España; maestros de periodistas como José Antonio Vidal-Quadras o Francisco Gómez Antón; Luka Brajnovic, autor del primer manual sobre deontología periodística en España; Antonio Fontán, primer director del Instituto de Periodismo de la Universidad… Además, Noelia Fernández, alta directiva de Yahoo, Prisa y finalmente de Google, es licenciada en Periodismo por la UNAV, cuya escuela de negocios creó en 2015 la IESE Fellowship for Business Journalists, con la que reconoce cada año a informadores españoles y extranjeros. Entre los agraciados han estado Richard Collings (BBC), Javier Montalvo (Expansión), Juan Delgado (El Mundo), Mónica Prado (Antena 3), Mar Galtés (La Vanguardia), Pedro Calvo (El Confidencial)…

El Opus Dei ha sido una organización de enorme influencia en el periodismo español del último medio siglo. Es lo que se ha llamado «el apostolado de la opinión pública». Ya en los años sesenta y setenta los miembros de la Obra con posiciones de relieve en los medios de masas se cuentan por decenas. Manuel Fernández Areal, Andrés Garrigó, Juan Pablo Villanueva, José Luis Cebrián, Carlos Soria y Antonio Herrero (padre) llevaron los tentáculos del Opus a medios como Diario Regional de Valladolid, El Alcázar, Gaceta Universitaria, Nuevo Diario o Europa Press.

Al margen de la Universidad de Navarra, es posible estudiar periodismo en la Francisco de Vitoria (Legionarios), en la Católica de Murcia (Camino Neocatecumenal), la Abad Oliva CEU, la CEU Cardenal Herrera, la CEU San Pablo (Asociación Católica de Propagandistas), la Pontificia de Salamanca, la Loyola (jesuitas), la Ramón Llull, la San Jorge… Tanto interés por parte de la Iglesia y sus organizaciones en formar a futuros comunicadores tiene su explicación en el deseo de mantener influencia en los medios. Ojo, esto no significa que los profesionales citados sean miembros de la Iglesia, del Opus o de otra congregación, ni que le guarden fidelidad a su mensaje. Entre los periodistas citados los hay críticos con la Iglesia. Significa sólo lo dicho: que un buen puñado de los profesionales de la comunicación más influyentes de España se han formado en facultades de universidades católicas. Y que la apuesta de la Iglesia por formar periodistas no es en absoluto casual.

El empeño con el que la Iglesia española libra la batalla de la opinión pública se expresa en su continua producción de contenidos y sus eventos periódicos. La jerarquía, tanto a través de las diócesis como de la CEE, realiza un esfuerzo constante por aparecer en prensa, tanto para destacar las aportaciones de la Iglesia a la sociedad como para opinar sobre los temas más variados. Las autoridades eclesiásticas mantienen en buena parte el estatus de actor fundamental del debate público gracias a la atención que les dan los medios, especialmente en el ámbito local y provincial. Junto con el alcalde o el empresario de referencia, la entrevista de mayor relumbrón en un periódico local es la del obispo. La Iglesia tiene agenda todo el año. Presenta informes. Anuncia programas. Lanza consignas. Aparece en las páginas de información local, cultural, económica, social y política. Sus sujetos son múltiples: diócesis, parroquias, cofradías, fundaciones, ONG, universidades, congregaciones… La Iglesia no para jamás de comunicar.

El buque insignia de los medios eclesiales es la COPE, que se distingue por un ideario conservador, a veces hasta la beligerancia derechista. Lejos de ser una cadenilla confesional para convencidos, la COPE es una influyente emisora generalista, con cerca de 3 millones de oyentes. La segunda más oída detrás de la Ser y por delante de Onda Cero. Aunque surgió del agrupamiento y regularización en los sesenta de dos centenares de emisoras parroquiales y diocesanas, en las décadas siguientes, beneficiada por la concesión de licencias, fue reorientando su formulación hacia los cánones comerciales. Convertida en sociedad anónima y con unos ingresos basados en la publicidad, la COPE es hoy una de las grandes de la radio española y una de las vías más seguras de la Iglesia para la difusión de sus mensajes. Han sido estrellas y referentes de la cadena Luis del Olmo, Encarna Sánchez, Antonio Herrero, Jiménez Losantos y, hoy día, Carlos Herrera. En deportes fue su voz el mítico José María García, como ahora lo es el popular equipo de Tiempo de juego que encabezan Paco González y Pepe Domingo Castaño. Tras una etapa bacheada en la última década del anterior siglo y la primera del presente, marcada por dolorosos traumas laborales, la COPE ha remontado el vuelo y cosecha beneficios. La emisora se declara a sí misma «confesionalmente católica», aunque —según su ideario— «el acento cristiano y religioso no debe abrumar ni atosigar». Alineada las más de las veces con las tesis conservadoras y neoliberales, la radio de los obispos, de la que es justo decir que está poblada de excelentes profesionales del medio, no actúa expresamente como portavoz de la Iglesia en España, pero jamás saca sus pies del tiesto ideológico de la jerarquía. Al Grupo COPE también pertenecen Cadena 100, Rock FM y Megastar FM. El conjunto supera los 6 millones de oyentes. La facturación en 2017 alcanzó los 112 millones, con 8 de beneficios.

Entre los medios de la Iglesia también están Ràdio Estel, de la Fundació Missatge Humà i Cristià, vinculada al arzobispado de Barcelona, y Trece. Esta televisión, pese al decidido apoyo de la Conferencia Episcopal y la aportación de fondos provenientes de la recaudación del IRPF, sigue en permanente naufragio económico.

Hay más. La agencia Zenit, que da noticia puntual de las actividades del papa, está vinculada a los Legionarios de Cristo. Son afines a la Iglesia los diarios ABC y La Razón y —de manera menos evidente en sus contenidos— la agencia Europa Press, con vínculos históricos con el Opus Dei. La importancia de Europa Press estriba en que, a través de la difusión de teletipos, es un medio para los medios de gran influencia en la configuración de la agenda de actualidad. Con ABC se distribuye el semanario Alfa y Omega, editado por la Fundación San Agustín del arzobispado de Madrid.

Todo el espectro mediático liberal-conservador es en buena medida proclive a la defensa de los intereses de la Iglesia en su planteamiento editorial. Raros son los medios que cuestionan sus privilegios. A los obispos no les hace falta estar en el accionariado de los medios para ganarse su favor. Uno de los efectos de la participación de la Iglesia en el juego político es la polarización de las posiciones sobre la misma. Los medios antiizquierdistas son casi por definición procatólicos, o al menos adoptan una posición de equidistancia que en la práctica se traduce en una defensa del actual statu quo.

Mención aparte merece Infovaticana, de corte ultraintegrista, que tiene al frente a Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, que fue presidente de Intereconomía. Infovaticana va a su aire. Critica sin miramientos cualquier desviación con respecto al pensamiento retrógrado que encarnaría un Rouco, hasta el punto de haber mantenido enfrentamientos con los blandos de la jerarquía española y hasta con el Vaticano. En su estela hay una caterva de medios digitales, bien de extrema derecha y que se reivindican guardianes de las esencias católicas, bien sin tan obvias filiaciones políticas pero igualmente obcecados en la denuncia de la «ideología de género» y la «persecución a los católicos». Por separado son anecdóticos. Sumados constituyen un submundo que sigue el día a día de la Iglesia y combina la narración desinhibida de las luchas de poder en la institución con la defensa de posiciones ultramontanas. Quizás en el conjunto de la sociedad no alcancen excesiva relevancia, pero sí en el seno de la Iglesia, a la que pretenden condicionar el rumbo.

La Iglesia también goza de un claro privilegio en los medios públicos. En el franquismo, las prebendas se extendían a medios públicos y privados. Ese aroma nacionalcatólico persiste en el acuerdo sobre enseñanza de 1979, que dice que «el Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos». La concreción de este compromiso extiende sus efectos hasta hoy. El último dato oficial es de 2011, año en que RTVE gastó 2,5 millones de euros en 126 horas de contenidos católicos, sin contar con la programación por la visita del papa. En la programación religiosa de la radiotelevisión pública se encuentran espacios como Alborada, Buena Nueva, Buenas noticias, El Día del Señor, Fe y convivencia, Frontera, La Missa, Pueblo de Dios… A esto se suman la misa de los domingos y la cobertura especial de la Semana Santa.

La Iglesia se vuelca también en el sector editorial, donde cuenta con decenas de sellos, directamente o a través de las diócesis o congregaciones, hermandades sacerdotales, fundaciones, movimientos de base y socios privados comprometidos con los «valores cristianos». Hay, además, multitud de librerías católicas por toda España. La descentralización operativa de la institución dificulta la elaboración de un listado exhaustivo de editoriales, pero aquí presento al menos una muestra: Edice (editorial de la CEE), Claret, Casablanca, Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, HOAC, Sígueme, CCS (Salesianos de Don Bosco), Ciudad Nueva (Focolares), Edapor-Apostolado de la Oración, Apostolado Mariano, San Esteban y Edibesa (ambas de los dominicos), Framonpaz, Grupo Fonte (carmelitas descalzos), Grupo Loyola de los Jesuitas (que agrupa Sael Terrae, Mensajero y Mezulari), Nuevo Inicio, Perpetuo Socorro (de los misioneros redentoristas), San Pablo, Verbo Divino, Palabra y Rialp (las dos vinculadas al Opus), Eunsa (Universidad de Navarra, también del Opus), Gratis Date, La Casa de la Biblia, Narcea… Este catálogo no constituye en modo alguno un bloque ideológico monolítico. Publican títulos con criterios diversos, dando como resultado una producción plural. Hay editoriales de mayor o menor calidad, prestigio y aspiración intelectual. Las hay dependientes e independientes de la jerarquía. Las hay con un enfoque de la realidad que parece extraído del Medievo y también atentas al fulgor del cambio social. Pero comparten algo: la venta de libros y la difusión del mensaje cristiano.

La Iglesia disfruta además de un punto de encuentro entre su presencia en las aulas y en las rotativas. La selección de libros de texto por parte de los colegios concertados les aporta una herramienta excelente para derivar las compras hacia las propias editoriales de la Iglesia. Algunos de los sellos más destacados tienen vínculos históricos con la Iglesia, como SM, acrónimo de Santa María, con los marianistas; Edebé, con los salesianos; Edelvives, con los maristas; Bruño, vendida en 2011 a Salvat, con los hermanos de La Salle… Negocio, influencia y acceso directo a las mentes de los jóvenes, todo ello con luz verde del poder civil. El sueño de un obispo, hecho realidad.

VII. El negocio

VII

EL NEGOCIO

7.1. Lo opuesto a la Iglesia

7.1. Lo opuesto a la Iglesia

De una sociedad sin acciones que piensa en la eternidad. De las insoportables contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. De pelotazos, inversiones, favores políticos, silencios cómplices e incumplimientos de la voluntad última de los donantes. De Umasges, la sociedad eclesial para invertir en bolsa

Lo contrario de la Iglesia

«Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica del beneficio a cualquier coste» (Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco)

La Iglesia española, pese a sus múltiples excesos, no es sin más la filial de una multinacional consagrada al Dios Dinero y apartada de todos sus fines primitivos. Su dimensión empresarial no es autónoma, sino que está inserta en un sistema que se mueve por supervivencia, influencia y poder. La Iglesia no llega a convertir el dinero, no del todo, en el fin en sí mismo. La Iglesia es el fin en sí misma. La Iglesia es el objetivo último de la Iglesia. Seguir, permanecer, continuar, sobrevivir. Existir.

El Vaticano no es sin más un nido de víboras intrigantes donde cualquier bien queda supeditado a los fines egoístas de las facciones en disputa. Sí, claro que es sugerente la trama de El padrino III. Conociendo como conocemos las andanzas de Marcinkus y compañía, sería hipócrita decir que el cierre de la trilogía de Coppola no es un fresco verosímil. Pero no podemos negar que incluso detrás de las más turbias asechanzas vaticanas hay hombres de fe. No son —no sólo— meros tiburones pugnando por la mayoría de un consejo de administración. Los cuervos de la Santa Sede, a menudo ancianos que han dedicado su vida a la institución, actúan en pos de triunfos que no disfrutarán en vida.

A diferencia de una multinacional al uso, la Iglesia no puede venderse. No reparte beneficios. No tiene acciones. Ni un fondo buitre ni una equity firm pueden comprarla. No es un sujeto jurídico más. No es una sociedad pasajera. Sus funcionarios y ministros, burócratas y dignatarios, apóstoles y meritorios actúan con la memoria en milenios pasados y el convencimiento en milenios futuros. La Iglesia es un perenne acontecimiento histórico, un hilo de la humanidad. Apple no existirá, ni Google, ni Facebook, pero la Iglesia católica seguirá en pie. Es su naturaleza: ser más grande que el tiempo en el que se inserta. Y eso sólo es posible con dinero y con poder.

La Iglesia promete la eternidad a sus fieles, pero es su propia eternidad la que persigue. Y para ello recurre a unos medios que destruyen su imagen de institución despegada de las codicias terrenales. Sí, la Iglesia tiene una agria dimensión mercantil. El negocio no es su fin propio y natural, pero es un medio al que recurre maquiavélicamente. El fin justifica los medios. Y los medios nos muestran su cara oculta, la que avergüenza y acompleja y confunde y somete a duda y tribulación a sus fieles.

La Iglesia se mancha las manos con el dinero. Pero jamás lo admite. Incluso cuando no existía la opinión pública y no debía justificarse más que ante sí misma, ha envuelto sus avaricias en el celofán de un discurso idealista. Ha alegado que el fin, la propia Iglesia, lo excusaba todo, porque era el medio del Altísimo para pastorear a los hombres por la vereda del Bien. Eso ha justificado su explotación del pueblo, sus diezmos, su expolio de los escasos bienes de los últimos sobre la Tierra. También su complicidad con tiranos, su apoyo a guerras y represiones, sus abusos de poder. Su alianza con los opresores contra los oprimidos. Hoy, cuando las sociedades modernas escrutan ya cada paso y cada acción de la Iglesia, los jerarcas mantienen el mismo ardid: todo es por el bien de la Iglesia, que a su vez es el bien de la sociedad. Y amén.

Pero ya no es tan sencillo que cuele. Hay algo demasiado corrosivo y cínico en sus manejos. Algo que no puede justificarse tirando de argumentario. Algo no cuadra cuando la Iglesia recauda dinero basándose en falsedades. Cuando entra por la puerta de atrás en los registros de la propiedad. Cuando se lucra sin pagar al fisco. Cuando oculta sus cuentas y sus bienes. Cuando degrada la escuela pública. Cuando sustituye la justicia social por caridad. Cuando se incrusta en las elites. Cuando administra la herencia del franquismo. Cuando arranca prebendas a los gobiernos. Cuando coloca peones en los ministerios, los parlamentos, los tribunales, los claustros. Cuando se apropia del espacio de todos.

Cuando los cardenales viven como reyes. Cuando los cuervos les sacan los ojos a los papas que preguntan por el dinero. Cuando los pederastas ricos se libran del castigo. Cuando los cajones de la banca apestan. Cuando la Iglesia, en suma, hace lo contrario de lo que dice. Y se convierte en lo opuesto a lo que, pensábamos, debe ser la Iglesia.

Descorrer el visillo

«Pecunia non olet» (atribuido a Vespasiano)

La Iglesia tiende a ocultar los actos contrarios a su vocación teórica. No inmatricula a plena luz del día, ni enseña sus cuentas, ni comercia con luz y taquígrafos, ni confiesa sus negocios. Son otros los que desvelan sus pecados. Y al hacerlo se descorren visillos que nos enseñan el lado oscuro de la institución de la luz. Bien, repasemos algunos acontecimientos. Y sostengamos la mirada.

Uno. El obispado de Ávila pegó un pelotazo multimillonario gracias a la venta de unos terrenos recalificados por el ayuntamiento[1]. La diócesis disponía de una parcela de un millón de metros, donada por la marquesa de Muñoz, que disparó su valor cuando el consistorio le dio un uso industrial en 2005. El propósito de la marquesa era el arrendamiento para financiar actividades religiosas, pero el obispado la vendió por 19 millones de euros a la empresa Iniciativas Empresariales Habit S. A.

Otro. El obispo de Valladolid sacrificó la década pasada lo que debía ser un centro de atención a discapacitados en el altar de un negocio inmobiliario[2]. Para ello recurrió a la venta por 6 millones del patrimonio de una fundación benéfica que acabó en ruinas[3].

Más. El Parlamento de Valencia compró a la Iglesia un edificio por casi tres veces su valor, 6,8 millones, cuando una tasadora lo había valorado en 2,6[4]. 13 años después de la compra, el edificio sigue en ruinas, como publicó Eldiario.es[5]. Llueve sobre mojado en Valencia, donde el Supremo condenó en 2013 al arzobispado a devolver más de 400 000 euros por vender a una constructora dos solares legados por un fiel cuya voluntad era la construcción de un complejo parroquial. Aquello no estuvo bonito.

Seguimos. El clan sacerdotal de los Romanones, radicado en Granada y contra el que han pesado acusaciones de abuso sexual a menores —nunca demostradas—, llegó a acumular una veintena de propiedades inmobiliarias[6]. Los curas, un grupo de carácter sectario, captaban jóvenes con el reclamo del «amor fraternal» y los invitaban a convivencias íntimas en sus propiedades, coleccionadas gracias a su habilidad para hacerse con donaciones. Jamás el arzobispo de Granada metió las narices. Aunque hubo acusaciones de abuso contra 12 integrantes del clan, sólo uno fue a juicio, porque los demás cargos prescribieron. El caso evidenció la facilidad con la que un grupo religioso podía acumular una cartera inmobiliaria por toda una provincia, utilizándola como base de actividades que desbordaban con mucho el ámbito del apostolado cristiano. El único acusado de abusos sentado ante un tribunal, el padre Román, fue absuelto después de que la Fiscalía pasara de pedir nueve años de cárcel a solicitar la absolución.

Favores políticos. Easy money. Silencios cómplices. Subordinación de los fines sociales a los beneficios económicos. Negocios a costa del incumplimiento de la voluntad última del donante. Son fogonazos. Instantáneas. Retazos que nos muestran a la Iglesia como una sociedad regida por las más crudas leyes del mercado. Que prescinde de cualquier prevención moral. Que administra sus bienes desde el más frío economicismo.

Una sociedad que arriesga y especula. Porque a veces se descorre el visillo y sabemos que el cabildo de Córdoba invierte en Abengoa. O que una diócesis inmatricula bienes donados por un pueblo y luego se los vende al propio pueblo. O incluso que invierte en bolsa. La Iglesia española creó en 1999, en plena apoteosis del «España va bien», una sociedad destinada a la inversión bursátil: Umasges. Su impulsor: Rouco. Todo su capital era eclesiástico. Se lo repartían entre la sociedad Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija (UMAS), cuyo consejo de administración lo integra el alto escalafón del clero, y los arzobispados de Burgos y Madrid. En su cartera inicial figuraban obligaciones del Estado y empresas como Dragados, Iberdrola, Terra, Telefónica, Acesa, Acciona, Sol Meliá, Cepsa, Cortefiel, Eurobolsa, los bancos BBV, Popular, Sabadell, BSCH, Credit Suisse y Morgan Stanley, petroleras como Exxon, Total Fina Elf y titanes como General Electric, Nestlé, Nokia y Pfizer[7]. La crème de la crème.

Las andanzas bursátiles de la Iglesia no afloraron porque la Iglesia las hiciera públicas. El episcopado, fiel al abecé del secretismo, las mantuvo ocultas a la opinión pública mientras pudo. Como sus pelotazos inmobiliarios y sus inmatriculaciones. Si acabaron aflorando fue porque un caso de corrupción descorrió el visillo: Gescartera.

7.2. Especuladores con alzacuellos

7.2. Especuladores con alzacuellos

De cómo diócesis, órdenes y fundaciones buscaron dinero fácil en Gescartera. De la puerta giratoria entre la obra caritativa y el chiringuito financiero. De la anotación jamás investigada sobre el «dinero b» de la Iglesia. De las sicavs Umasges, Vayomer, BI Gran Premiere… De las inversiones eclesiales en anticonceptivos y erotismo. De cómo la banca ayuda a la Iglesia a superar contradicciones

Dinero teñido

«Respetando la legalidad, también resulta posible enriquecerse de manera fabulosa de la noche a la mañana» (monseñor Ricardo Blázquez)

La Iglesia se metió hasta las cejas en el chiringuito de un bróker llamado Antonio Camacho, que deparó a Aznar el gran escándalo de su primera legislatura. Con el tiempo hemos sabido que por entonces el PP ya se había adentrado en un lodazal de corrupción que veinte años después sigue supurando pus y sentencias, pero en 2001, cuando explotó el caso Gescartera, aún éramos una sociedad cándida.

La Sociedad Gestora de Carteras fue creada en 1992. Aunque su actividad nunca olió bien y las alertas se acumularon desde el principio en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no saltó por los aires hasta 2001. Gescartera, mediante operaciones de ingeniería financiera, se había dedicado a colocar dinero en sociedades de testaferros para lucrar a sus cabecillas a costa de los inversores, a los que habían prometido jugosos intereses. El agujero se aproximaba a los 20 000 millones de pesetas, unos 120 millones de euros. El escándalo desveló el lujoso tren de vida de Camacho, que había actuado con un descaro y amoralidad que prefiguraban toda la era de corrupción que estaba por destaparse. La investigación desveló que los manejos de Camacho habían contado con complicidades en el seno de la CNMV y el poder político, sin las cuales su estafa hubiera acabado mucho antes. Enrique Giménez-Reyna, secretario de Estado de Hacienda, era hermano de la presidenta de Gescartera.

El listado de clientes era llamativo. Entre los inversores más destacados había arzobispados, órdenes religiosas, obras misionales, fundaciones y ONG católicas. La Iglesia había entregado fondos a Camacho desde múltiples terminales con el cebo de una ganancia fácil. La inversión total había rondado los 2000 millones de pesetas. Pringaron las diócesis de Valladolid, Cuenca, Palencia y Astorga, donde ya despuntaba como ecónomo visionario el joven Lucio Ángel Vallejo. También figuraban en el listado Manos Unidas y Banco de Alimentos, con Ana Botella como presidenta. El listado no acaba ahí. En la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Camacho y sus compinches aparecen las Esclavas del Divino Corazón, la Hermandad de La Salle, las Hijas de María Auxiliadora, la Orden Filipense de Misioneras, la Orden de San Agustín, los Franciscanos Menores, las Reverendas Madres Dominicas, la Fundación San Pablo CEU…

El mazazo a la imagen de la Santa Madre fue brutal. Y las preguntas suscitadas, inquietantes. ¿Qué pinta tanta institución religiosa metiendo pasta en un chiringuito especulativo comandado por adictos al lujo? ¿No se supone que no había criterios económicos comunes y que cada organización actúa por libre y según su criterio? Es más, ¿cómo es eso de que la Iglesia invierta dinero, más aún con tan cuestionable criterio, cuando en teoría el privilegiado estatus institucional que le permite manejar discrecionalmente sus fondos se ampara en sus fines religiosos y caritativos? Si, como dice la Iglesia, su dinero es de los fieles, ¿qué opinan los fieles de que la Iglesia se lo juegue de manera tan imprudente? También cabía preguntarse cuántas gescarteras más había. Una cuestión inquietante, dado que por la misma época en que se metió en Gescartera, la Iglesia, concretamente el obispado de Bilbao, había realizado inversiones que acabaron en paradisíacas cuentas del BBVA en Jersey[8].

Y una pregunta más: ¿por qué en la agenda de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, había una anotación que decía «dinero b de la Iglesia»?

La explicación de la Iglesia fue aún más jugosa que los datos del sumario. El entonces portavoz de la CEE, monseñor Asenjo, salió al paso del bombazo de la supuesta caja b. «Una agenda no es el Evangelio, ni la palabra de Dios, ni dogma de fe. Se me hace difícil pensar que instituciones de la Iglesia, no la Iglesia, puedan tener dinero negro, porque con el régimen fiscal vigente para la Iglesia no creo que sea necesario ningún dinero negro, puesto que las donaciones a la Iglesia están exentas de impuestos»[9]. Asenjo sólo habría sido más explícito diciéndolo así: «Si gran parte del dinero que maneja la Iglesia ya es de facto dinero negro, ¿para qué una caja b?».

Ni la CNMV, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni la Fiscalía, ni ningún juez, ni Hacienda: nadie profundizó en la investigación sobre la caja b. A nadie le interesó entonces, ni después. La Iglesia, por supuesto, tampoco hizo la menor autocrítica. Ni una disculpa a los fieles. «¿Dónde quiere que esté el dinero de la Iglesia? ¿En la luna? El dinero de la Iglesia tiene que estar en los mercados»[10], proclamó Bernardo Herráez, entonces vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, el hombre que desde 1975 hasta su fallecimiento en 2010 fue el principal cerebro de los dineros de la Iglesia. Monseñor José Gea Escolano fue aún más lejos al afirmar que «invertir es un deber». «Sabéis que invertimos financieramente nuestras reservas. Es posible que no acertemos, pero, de hecho, hasta ahora no nos ha ido mal», escribió el prelado en una carta.

No fue la única alusión de los capitostes del clero al «deber» que para la Iglesia era «invertir», un discurso de chocantes resonancias calvinistas. Fue su forma de defenderse de las críticas llegadas desde el ámbito social y político. No en vano, el que era secretario de Organización del PSOE, José Blanco, puso el dedo en la llaga: «Lo que no puede hacer el Gobierno es garantizar una financiación [a la Iglesia] para que luego ese dinero se destine a la especulación». Eso sí, una vez en el Gobierno, el partido de Blanco no sólo renunció a la supervisión de las inversiones de la Iglesia, sino que además le amplió la financiación pública que tanto preocupaba al dirigente socialista en la oposición.

El caso Gescartera tuvo otras derivadas inquietantes para la Iglesia. José María Castro, jefe comercial de la sociedad de valores, fue fichado por Antonio Camacho por haber sido durante casi dos décadas contable de las Obras Misionales Pontificias, el organismo que gestiona las aportaciones al Domund. Lo que se ha llamado de toda la vida «el dinero para los negritos». Es decir, los fondos para las necesidades de los misioneros. José Antonio Casaus, implicado también en la captación de capitales eclesiásticos para Camacho y los suyos, había sido tesorero de Manos Unidas[11].

Así que los especuladores de Gescartera, en un insólito caso de puerta giratoria, habían fichado a contables de la caridad para abrirse las puertas de la Iglesia. Y les había salido bien. El escándalo mostraba así el haz y el envés de la relación de la Iglesia con el dinero. De un lado, la caridad neocolonial del Domund, que tras su fachada benéfica arrastra la herencia de la explotación económica y cultural de África. Del otro, la inversión especulativa. En medio es donde debería estar la Iglesia: en la autofinanciación, en la contribución fiscal, en la transparencia, en el manejo cauteloso de los dineros de los fieles, en la transformación social a través del empleo solidario y eficiente de su patrimonio. Pero ahí la Iglesia ni está ni es previsible que aparezca.

Del cepillo a la sicav

«Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros» (Groucho Marx)

Gescartera no supuso ninguna alteración del estatus económico de la Iglesia, ni obligó a revisar la opacidad con la que opera, pero sí sirvió para refutar el mito de su pulcritud y comedimiento económico. Todo era fachada. La locura especulativa de los noventa, correlato de la cultura del pelotazo, también había seducido a la Iglesia.

El escándalo del chiringuito de Camacho no frenó la actividad bursátil de la Iglesia. Los ecónomos mantuvieron la carta blanca para sumergir el «dinero de los fieles» en las procelosas aguas de los circuitos especulativos. Umasges no ha sido un caso único. La Iglesia se ha valido de diferentes herramientas para jugar con su dinero, incluyendo las sociedades de inversión de capital variable, conocidas como sicav, el instrumento favorito de los ricos para mover sus fondos con tributación mínima. La Iglesia ha participado a través de diferentes terminales en sicavs como Vayomer, donde estuvo al frente el opusino Vallejo, y BI Gran Premiere, las dos sociedades de inversión más renombradas y conocidas de la Iglesia, que gozaron de posiciones en las principales empresas del país: Campofrío, Fadesa, Europistas, Gamesa, Ferrovial, Fenosa, Repsol, Dinamia Capital, Indra, Endesa, Ebro Puleva…[12][13]. Otras sicavs como Ulls Nous, Francat Inversiones y RCSCCH 1604 han mantenido lazos con diversas organizaciones eclesiales.

Los aspectos cuantitativos no son los más significativos. La Iglesia no invierte cantidades mareantes. Opera, más que como un fondo multimillonario, como esa viejita enjoyada algo venida a menos que se deja asesorar por profesionales para sacar rédito a un vasto patrimonio familiar. Lo grave es lo cualitativo. En primer lugar, por operar con sicavs. También por la propia naturaleza de la bolsa, censurable por definición según la doctrina de la Iglesia, más aún en España, donde el dinero fácil ha tenido siempre connotaciones pecaminosas. La propia riqueza la tiene. No en vano, el Vaticano considera pecaminosa la acumulación de riquezas. Pero hay más incoherencias. La sicav BI Gran Premiere llegó a tener acciones de Pfizer, una portentosa farmacéutica fabricante de Viagra y de anticonceptivos como Depo-Provera[14]. Los mismos que se oponen moralmente a los anticonceptivos invierten en ellos.

La Iglesia decidió abandonar las sicavs en 2016, al menos formalmente. La crisis ya se había encargado de abocarlas al cierre o al reciclaje, de modo que la renuncia fue una concesión, tan simbólica como tardía, a una opinión pública iracunda por los privilegios tributarios desvelados por el crash. La CEE dio carta de naturaleza al viraje de su política bursátil con la aprobación de un manual de inversiones que pretendía ajustar los bailes de dinero a ciertas precauciones morales. Pero el manual está lleno de agujeros. En primer lugar, limita su aplicación a la CEE, siendo sólo una «propuesta» a las diócesis y a las entidades de la Iglesia. Así que cuando se establece que «las entidades religiosas se abstendrán de realizar operaciones de captación de fondos […] para su posterior inversión», en realidad no estamos ante una regla, sino ante una posibilidad. Lo mismo ocurre cuando señala que «en ningún caso» se invertirá en paraísos fiscales. La delimitación de las conductas reprobadas es imprecisa. El manual es una enumeración de buenos propósitos. Mucho adjetivo y poco sustantivo. El apartado más taxativo es el de «operaciones excluidas», entre las que están las que «respondan a un uso meramente especulativo de los recursos financieros», por ejemplo: «ventas en corto», futuros y opciones, movimientos «en mercados financieros alternativos» (sic) y aquellos que sean «de difícil entendimiento» (¡sic!) para el Consejo de Asuntos Económicos[15].

También las operaciones vía sicav, expresión paradigmática de la insolidaridad fiscal, están entre las «excluidas». Pero, ojo, de la lectura del manual se concluye que las operaciones «excluidas» no están prohibidas, sino desaconsejadas, ya que sólo se establece que «deberán ser objeto de especial explicación». A ello se suma que el manual en sí mismo no es para las diócesis y el resto de instituciones de la Iglesia más que una propuesta no vinculante. La pregunta es: ¿continúa la Iglesia, pese a tanta parafernalia, operando con sicavs? La CEE se ampara en la descentralización para no responder. Otro cero en transparencia. Hay que acudir al registro mercantil para buscar respuestas. Las dos sicavs vinculadas históricamente a la Iglesia con mayor actividad en la actualidad son Naujirdam, antigua Vayomer, con lazos con la diócesis de Astorga, y Querqus, con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. El obispado de Astorga no sabe/no contesta ante la pregunta de si mantiene relación con Naujirdam. San Juan de Dios niega tener vínculos con Querqus después de que salieran de los máximos órganos de dicha sicav dos destacados hermanos de la orden, Miguel Ángel Varona y José María Bermejo[16]. En la información oficial de la CNMV sobre Querqus, Varona, superior provincial de la provincia Castilla, continúa apareciendo como consejero de la compañía[17].

No es posible jugar al capitalismo sin cumplir las reglas del capitalismo. La Iglesia lo sabe. Y por eso juega con discreción. Pero juega. El problema es cuando se descorre el visillo, cuando vemos lo que no deberíamos. Pelotazos, especulación, elusión fiscal… Inversiones de difícil encaje en los postulados eclesiales. Ahí va un ejemplo. En 2011 se desencadenó una polémica al saberse que la Iglesia católica alemana participaba en una editorial que vendía libros eróticos[18]. Otras veces la contradicción es más grave y la vergüenza aún mayor. En 2017, cuando se hicieron públicos los paradise papers, se conoció que los Legionarios de Cristo se habían beneficiado de un entramado offshore con capital en Bermudas[19]. Y todo ello con el concupiscente Maciel bajo la protección del papa. ¿Qué autoridad moral puede invocar una institución así?

Ayudarse a sí misma

«La verdadera generosidad con el futuro es dárselo todo al presente» (Albert Camus)

Volvamos a España. El vértice de la sicav Umasges fue UMAS, creada por la CEE en 1981, que desde entonces hasta hoy ofrece seguros a diócesis, órdenes, cofradías, fundaciones, institutos seculares y organizaciones como Cáritas y Proyecto Hombre. Dispone en su cartera de seguros multirriesgo, de responsabilidad civil, de accidentes, de peregrinaciones… UMAS, empresa eclesial que sigue vivita y coleando, cuenta con un consejo de administración, presidido por Vicente Rebollo, ecónomo diocesano de Burgos, en el que se integran contables de distintas diócesis. La sociedad tiene una comisión de inversiones que «asume las funciones de supervisión y vigilancia de las inversiones financieras, de las inversiones financieras temporales, de las inversiones inmobiliarias y de cualquier otro tipo que realice la mutua». UMAS es hoy uno de los brazos inversores más importantes de la Iglesia en España. El lema de la empresa es «ayudar a los que ayudan». Es la palabra central de la Iglesia: «ayuda». Pero ¿a quién ayuda a la Iglesia?

Lo seguro es que el Estado ayuda a la Iglesia, a la que paga todos sus gastos corrientes al mismo tiempo que le permite manejar sus cuentas con opacidad y operar en los mercados financieros sin someterse más que a su criterio. Todo son ventajas. El dinero público fluye. Sus ingresos gozan de jugosas exenciones. La justificación de estas ventajas reside en teoría en el carácter benéfico de la institución católica, pero la realidad es que la Iglesia y sus entidades se comportan como empresas cuando lo creen oportuno, ya sea con una explotación ganadera, vendiendo libros, películas o souvenirs, cobrando por entradas, alquilando inmuebles… Lo hacen con una clara ventaja competitiva.

Los obispos son expertos en un doble juego. Por un lado, componen el rostro compasivo del siervo de Dios que, perseguido por el laicismo radical, no encuentra más que obstáculos para ejercer su tarea caritativa. Por el otro, aplican con tanta discreción como tenacidad criterios economicistas a la gestión de su patrimonio, prodigándose en inversiones contrarias a sus propios postulados, compitiendo con la ventaja que le da su estatus institucional, aprovechándose de la vista gorda de las administraciones, guiando sus operaciones por el libro de estilo de un neoliberalismo sin código de honor.

A estas alturas no sorprenderá saber que los principales bancos de España han convertido a la Iglesia, en especial a sus diócesis más ricas pero también a congregaciones y otras entidades, en cliente preferente, ofreciéndole asesoramiento a medida para la administración de sus activos. Algunas estimaciones cifran en 5000 millones la cantidad actualmente invertida por la Iglesia y sus distintas organizaciones[20]. Los tiempos en que el capital eclesiástico era gestionado con ineficiente amateurismo ya pasaron. Bancos como el Santander, BBVA, Caixabank o el Sabadell ofrecen a la Iglesia servicios de inversión a medida, tratando de reducir al mínimo las contradicciones entre fe y negocio. Es el caso de Santander Responsabilidad Conservador, Santander Solidario Dividendo Europa, Sabadell Inversión Ética y Solidaria[21]… Asesorada por expertos en marketing y parqué, la Iglesia se ha apuntado a lo que en el argot financiero se conoce como la ISR, la inversión socialmente responsable, con criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Esto le permite jugar la partida de un capitalismo blanqueado por la terminología naíf de rigor: «sostenibilidad», «ética», «desarrollo»… Los grandes fondos de inversión ya ofrecen servicios de ISR para sus clientes con remilgos y problemas de imagen. Se trata de adaptarse o morir. Y la Iglesia nunca muere. «Ayudar a los que ayudan», dice UMAS. La Iglesia se ayuda ante todo a sí misma.

7.3. El logotipo de la blanca paloma

7.3. El logotipo de la blanca paloma

Del fracaso económico y moral de Cajasur. De la leyenda del banquero con alzacuellos que pelaba marisco con una sola mano. Del clientelismo y el nepotismo. De una jubilación de 4,3 millones de euros para Castillejo y sus hermanas. De las dietas por ir a conciertos, a exposiciones o incluso a misa

Fray Langostino

«La fortuna carece de poder sobre la vida moral» (Séneca)

Aunque el tópico asocie el ingenio humorístico veloz a toda Andalucía, en realidad es más bien específico de Cádiz y Sevilla, donde la guasa es el código neutro. Provincias como Granada, Jaén o Córdoba tienen idiosincrasias distintas. Y sobre todo Córdoba capital, cuyo ser arquetípico gasta un ánimo impasible, resignado ante la adversidad, conformista hasta la desesperación, escéptico incluso de sus propias hermosuras, capaz de vivir de espaldas al mismo Guadalquivir que Sevilla encumbra como el summum de las maravillas. La palabra de uso corriente para definir este temperamento es «senequismo», en referencia al pensamiento de Lucio Anneo Séneca (Córdoba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.), cuyo frío estoicismo compartía tanto con el cristianismo original que fue reciclado por san Agustín y aprovechado por los Padres de la Iglesia para armar su corpus ideológico.

El senequismo popular de la Córdoba de hoy es una mezcla de ataraxia íntima e inmovilismo social, de cinismo benigno y apatía incurable. La maduración cómica del carácter cordobés rara vez fructifica en el compadreo frenético de Andalucía la baja, tan dada a poner motes y adornar cada descripción con anécdotas inverosímiles, tan proclive a exaltarse a sí misma como a mofarse en público de sus líderes. Córdoba, con su sequedad contemplativa, hace al revés: se cachondea con discreción de sí misma y rara vez desafía a sus grandes hombres, a los que no se atreve a cantarles chirigotas.

Por eso, porque tiene un punto impropio de Córdoba, me divierte tanto la coña sobre un prohombre local del que se cuenta que predicaba los más elevados valores del espíritu mientras pelaba marisco con una mano. ¡Y párense a pensar un momento cuánto marisco tiene que haber comido un hombre para desarrollar tal habilidad! La leyenda de fray Langostino ha circulado durante décadas por la tierra de Séneca a media voz, con tanto ánimo jocoso como prudencia en el tono. Convenía mirar tras la espalda, no resultara que alguien inconveniente estuviese escuchando, al chotearse del hombre más poderoso de la ciudad: don Miguel Castillejo Gorraiz, sacerdote y banquero.

Nacido en Fuente Obejuna (Córdoba) en 1930, Castillejo se ordenó en 1953 tras pasar por el seminario de San Pelagio. Más destacado por su gestión parroquial que por su intelecto teologal, en 1973 fue nombrado canónigo del cabildo de Córdoba, que controlaba el antiguo Monte de Piedad. En 1977, cuatro años después de su llegada, ascendió a presidente de la entidad. Empezaba una odisea financiera. El Monte de Piedad, fundado en 1864, en origen una entidad benéfica a través de la que los pobres empeñaban sus pertenencias a cambio de sumas en metálico con intereses del 3 por 100, acabaría convertido bajo la presidencia de Castillejo en una enorme caja de ahorros.

Castillejo se mostró pronto decidido a superar las limitaciones inherentes al carácter benéfico de la entidad. Para ello promovió su acercamiento a la Caja Provincial, fundada por la Diputación, que culminó con la fusión en 1995. El resultado fue Cajasur. Su logotipo, una paloma blanca, símbolo del Espíritu Santo. Su presidente, fray Langostino. Ninguna otra entidad financiera, ni antes ni después, ni siquiera el Banco Santander de Botín, ha alcanzado una identificación tan plena con la figura de su presidente. Castillejo, que ejercía de banquero sin prescindir del alzacuellos, subrayando la ambivalencia de su figura, lo era todo en Cajasur. Y, por ende, lo era todo en la vida económica, y en parte también en la política, de Córdoba y provincia. Su obsesión era el control absoluto, así como la rentabilización de ese control en forma de poder e influencia. Iglesia pura.

El retiro dorado del cura financiero

«Todos estaban contentos a base de prebendas» (Herminio Trigo)

Ya en 1985 Castillejo había celebrado que la mayoría socialista en el Congreso aprobara una Ley de Cajas de Ahorros que salvaguardaba los derechos fundacionales de las entidades eclesiales. Eso le dio manga ancha como presidente de Cajasur, cargo que ejercía a resguardo de intromisiones políticas, aunque sin disimular su afinidad con el PP. El cura banquero aprovechó su poder. En una provincia cortita de crédito y de fuste empresarial, el apoyo de Cajasur era imprescindible para prosperar. Castillejo señalaba a quién ayudar. A quién dar créditos, y con qué interés. A través de la obra social, decidía qué proyectos sociales y culturales y qué colectivos subvencionar. La llave de los recursos humanos en la caja le permitía enchufar a quien le pareciera, lo cual —sumado a la anemia sindical en la entidad— alimentó la endogamia y el nepotismo.

El sacerdote convirtió Cajasur en el vértice de un sistema clientelar. Toda la provincia de Córdoba, y en buena medida de Jaén, reconocía en Castillejo la encarnación del poder real. Mientras tanto los controles se relajaban. Cajasur llegó a acumular más de 3000 empleados. Castillejo, al que la propaganda describió como un Beethoven de las finanzas incluso tras desvelarse que la entidad tenía un agujero del tamaño del Gran Cañón del Colorado, daba dinero a peñas y partidos, a instituciones públicas y periódicos, a parroquias y museos. Daba dinero para cultura, para fiestas, para negocios, para turismo. Convenio por aquí, crédito por allá, Castillejo se constituyó en un poder en sí mismo, que escapaba por completo del control de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE y poco acostumbrada a compartir corral con otros gallitos. Y este era un gallo alfa que ligaba el apoyo de su institución al requisito de rendirse a sus voluntades. Los alcaldes de Córdoba, empezando por Julio Anguita y terminando con Rosa Aguilar, ambos del PCE-IU, se cuidaron mucho de estar bien avenidos con él. Más les valía. Porque Castillejo jugaba duro. El que fuera alcalde Herminio Trigo ha contado que, tras reclamar un crédito al cura banquero para asfaltar varias calles, este le pidió a cambio favores urbanísticos que requerían saltarse ciertos trámites, además de regalarle suelo para una iglesia. Así funcionaba el sacerdote financiero.

En 2001, cuando la Junta ya había comenzado a cuestionar la gestión de Castillejo y este había buscado protección en Aznar, Cajasur suscribió con la aseguradora Caser una póliza de seguro de vida con una prima de 2,9 millones de euros a favor de su presidente. Cuando Castillejo se retirase, una pensión vitalicia le permitiría mantener una remuneración similar a la del director general de la caja, que en 2001 superaba los 200 000 euros al año. En caso de fallecimiento, heredarían el privilegio sus cuatro hermanas. Las subidas del IPC acabaron elevando la póliza hasta 4,3 millones[22].

El Gobierno andaluz, con la consejera de Economía Magdalena Álvarez al frente, se lanzó a una ofensiva total contra Castillejo, empeño en el que encontró un inopinado aliado: el obispo de Córdoba, Javier Martínez. Castillejo, sentado en su montaña de dinero, había ignorado durante lustros a la jerarquía diocesana, macerando así el rencor de Martínez, que aspiraba a aumentar su control sobre Cajasur. La obscenidad de la prima de oro de Castillejo le dio al obispo la oportunidad de cobrarse venganza. Para la historia de las luchas internas de la Iglesia queda un comunicado del obispado en el que Martínez tachaba de «escandalosa» la póliza. El obispo afirmaba que los modos y maneras de Castillejo «producen irritación extrema» y «excitan el odio a la Iglesia». Acusaba al presidente de la entidad de «tomar decisiones que afectan profundamente a la Iglesia, ignorando el parecer y la sumisión a la instancia inmediata de la autoridad de la Iglesia, que es el obispo diocesano». Y apuntaba a «pactos» de Castillejo con el PP.

Martínez invocaba la decencia y el prestigio de la Iglesia, pero Castillejo tenía el dinero. La lucha desencadenada se trasladó hasta al Vaticano, donde se cocinó la solución. ¿Adivinan cuál fue? En efecto. Martínez, fuera. Como se dice en el argot, le dieron la patada para arriba y lo nombraron arzobispo de Granada. El cura banquero podía seguir haciendo y deshaciendo sin el incómodo zumbido moralista del obispo, que fue sustituido por monseñor Asenjo, guardián del establishment y hombre de Rouco.

Dietas por ir a misa

«La sensación más profunda que siento es de felicidad» (Miguel Castillejo)

Además de imponerse a Martínez, Castillejo también sorteó la obligación de jubilarse con setenta años establecida en la Ley de Cajas andaluza de 1999. No pudo con el cura banquero la presión de Manuel Chaves, al que desafió organizándose a sí mismo un homenaje, con misa incluida y almuerzo de 42 euros el cubierto para más de 6000 personas, cifra a la que se llegaba con los empleados de Cajasur y sus empresas participadas, acompañados de sus familias, todos ellos trasladados de Córdoba a Sevilla en autobuses[23]. El ágape fue propio del refinamiento de fray Langostino, que había perdido ya cualquier pudor y se había encastillado ante el asedio de la Junta. «La sensación más profunda que siento es de felicidad», proclamó aquel día desde el púlpito.

El tiempo demostró que lo que había detrás de la resistencia de los canónigos a un control externo de la caja era el deseo de continuar ocultando años de excesos. Chaves estaba por entonces volcado en el proyecto de «caja única andaluza». Es decir, que todas las entidades andaluzas se unieran para conformar un polo financiero capaz de competir con Caja Madrid y La Caixa. La crisis desveló que la aspiración de Chaves era una quimera. Es más, lo que a la postre quedó no fue una «caja única», sino una «única caja», Unicaja, ya que las demás fueron devoradas por entidades del resto de España. Cajasol, resultado de la unión de El Monte y Caja San Fernando y rival de Unicaja por la hegemonía financiera andaluza, acabó tragada por La Caixa en 2012. ¿Y Cajasur? Los costurones de la caja de Castillejo empezaron a quedar al descubierto en 2003, cuando la Junta denunció remuneraciones y dietas irregulares por valor de 10 millones de euros: 22 consejeros habían cobrado por asistir a películas, a exposiciones de Eduardo Naranjo, a conciertos de Rosa —la de Operación Triunfo— o incluso a misas[24]. La evidencia de que los curas habían imputado a la caja gastos personales, sumada a la grosera póliza de jubilación de Castillejo, dejaron al presidente de Cajasur en una posición muy delicada. Cajasur, entonces sí, pasó a convertirse en un problema para la Iglesia.

Aunque la Fiscalía no apreció delito ni en los gastos injustificados ni en el retiro dorado del cura banquero, la credibilidad de la caja estaba tocada. El Gobierno andaluz ponía en duda que los activos de los que presumía la entidad, más de 7200 millones de euros, fueran ciertos, lo que empezó a provocar fugas de depósitos. La Iglesia optó por una salida astuta. Castillejo abandonó la presidencia en 2005, poniendo como excusa que debía irse porque el obispado —al que había ignorado durante tres décadas— limitaba a los 75 años la pertenencia al cabildo. En su final, Castillejo se presentó como un hombre de Iglesia, y la Iglesia lo despidió como un hombre de Dios. En realidad, había un pacto entre la caja y la Junta, que incluía la salida de Castillejo de la caja a cambio del mantenimiento de la presidencia en manos del clero. Además, la entidad aceptó un mayor control sobre sus cuentas por parte de la Junta, que rebajó la presión una vez dejó a fray Langostino en fuera de juego.

ZP ya pisaba la Moncloa y mantenía un discurso según el cual nuestras instituciones financieras se habían comportado con ejemplaridad, a diferencia de esa banca irresponsable atiborrada de hipotecas subprime. Estamos «en la Champions League de las economías mundiales», diría el presidente en 2007. El tiempo en el que la Junta denunciaba los excesos, abusos y derroches en Cajasur pasó. Pero la bomba que hacía tictac en su sede central de la Ronda de los Tejares no iba a desactivarse porque, ya a las puertas de la gran crisis, nadie quisiera escucharla.

El socio corrupto de Castillejo

«Mi madre me parió por el coño siendo un tío normal y no un granuja» (Rafael Gómez)

No hubo en la Córdoba de los excesos un personaje tan poderoso como Miguel Castillejo, pero sí hubo, vaya que si lo hubo, uno más singular: Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, conocido así por su parecido con el actor de la serie de los setenta. Criado en Cañero, barrio de currantes, vendió pavos, fue cabrero, vendimió en Francia, supo hacer y pedir favores desde crío. De regreso a España tras un periodo de emigración a los 21 años, el hombre, que era echao palante, lanzó sus ahorros al sector artesanal histórico de Córdoba, la joyería, donde es frecuente el trabajo informal bajo cuerda. Así aprendió a trabajar con mucha prisa y pocos trámites. Con las joyas le fue de maravilla y diversificó. Entró en el negocio de la sanidad privada, de los parques de atracciones, de la explotación agrícola, de la importación de cachivaches chinos. Pero estamos a finales de los ochenta y principios de los noventa: todo lo que no fuera poner ladrillos era perder el tiempo. Así que construyó el barrio cordobés del Arenal. Se hizo rico. Luego, como otros millonarios de nuevo cuño, se convirtió en presidente de un club de fútbol, en este caso el Córdoba CF, el cargo ideal para hacer amiguitos de palco y ganarse el favor del pueblo. Tonto no era, aunque quizá no tan listo como pensaba.

Sandokán se hizo famoso por su bigotazo y sus melenas plateadas, su hermético acento cordobés, sus palabrotas y su carácter desafiante. Aunque era una especie de réplica (aún más) pedestre de Jesús Gil, no hizo migas con el hombre fuerte de Marbella. Gil le puso las cosas difíciles para entrar en su territorio, que era donde estaban haciendo fortuna a manos llenas los promotores dispuestos a dejarse un pico en la caja del que fuera gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca. Gómez picó y acabó condenado por cohecho, aunque evitó la cárcel con el pago de una multa de 150 000 euros. Convencido —quizá con algo de razón— de que para los ricos las leyes son papel mojado y lo que cuenta es la conexión con el poder, Gómez se metió en política. Unión Cordobesa, su partido de autor, se convirtió en las municipales de 2011 en el segundo más votado por delante de IU, que pasó de 11 a cuatro concejales, y del PSOE. Sólo le ganó el PP.

Así que un constructor corrupto acabó devorando buena parte del electorado comunista de los barrios obreros de la ciudad de Anguita. El político basó su exitosa irrupción en su popularidad en barrios de tradición obrera y en enclaves marginales que abrazaron el mensaje mesiánico, victimista y en ocasiones delirante de Gómez, cuyo éxito político se cimentaba en una tupida red clientelar alrededor de sus empresas. Sandokán era el hombre que se comparaba con Jesucristo, el millonario que iba por los barrios preguntando «¿Qué necesitas?». Era el empresario a cuya puerta había que llamar para pedir trabajo. Era el tipo que podía prestar incluso algo de dinero para pasar las navidades a una familia humilde a la que le había ido mal el año.

Sandokán y Castillejo, haz y envés de la misma moneda, acabaron encontrándose. Y se hicieron socios. La caja de la Iglesia se alió con el especulador corrupto. Contado sin detalle, parece una aberración. Visto con el microscopio, es de sentido común, porque Cajasur fue una caja como las demás, rendida al becerro de oro del ladrillo, ajena a los fines benéficos que inspiraron su fundación. Castillejo eligió al popular y populista, arriesgado y ambicioso Sandokán para lanzarse a la aventura de la construcción. Juntos fundaron Arenal, vehículo de sus operaciones inmobiliarias. El sueño del cura banquero y el cabrero metido a constructor era poblar de ladrillo la Costa del Sol.

La caja, que también jugó a las casitas con otras promotoras de postín como Prasa y Sánchez Ramade, acabó atiborrada de cemento. Hasta 1700 millones se le quedaron atrapados en el ladrillo[25]. ¿Recuerdan el manual de inversiones de la CEE? Pues piensen cómo sería hacer todo lo contrario y entenderán cómo actuó Cajasur bajo la presidencia de Castillejo. Ya a mediados de la primera década del siglo, cuando el Banco de España metió las narices a fondo en la entidad, su morosidad alcanzaba el 3,5 por 100[26], lejos de la media del sector, un 0,6, lo cual demuestra que la caja de la blanca paloma fue una alumna aventajada de la locura inmobiliaria. La crisis elevó los créditos dudosos o fallidos por encima del 10 por 100. Un desastre técnico. En 2009 la quiebra era innegable. El agujero era de 800 millones de euros[27]. Mientras Castillejo ya disfrutaba de su retiro dorado —que incluía una Fundación Miguel Castillejo financiada por Cajasur y que permitía a fray Langostino seguir moviéndose con chófer y tener sede en el Palacio de los Valdeflores—, la caja que había presidido a su puro antojo durante casi tres décadas se convertía en un problema económico nacional.

Ni siquiera en el final de Cajasur tuvo grandeza la Iglesia. Los sacerdotes Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra, que sucedieron a Castillejo, evitaron la autocrítica y se resistieron con uñas y dientes a la absorción por Unicaja, lo cual hubiera supuesto asumir su derrota frente a la Junta. Jamás renegaron del legado de Castillejo. En 2010 el Banco de España intervino Cajasur, constatando el fracaso de la mayor aventura financiera de la Iglesia en España. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una entidad semipública para tapar los boquetes del sector, tuvo que inyectar 800 millones para garantizar una liquidez mínima y frenar la sangría de clientes temerosos de un corralito. Al final fue la vasca BBK la que se quedó con Cajasur. Su cartera valía en realidad poco más de 5500 millones, no 7200. Los curas habían inflado las cifras durante años. Los mayores riesgos los acumularon de 2002 a 2004, cuando la caja estuvo tutelada por Rato, quien, con el andar de los tiempos, también hizo de las suyas en Bankia. La pésima gestión obligó también a un doloroso recorte de personal.

Finalmente, ¿quién acabó pagando la fiesta de Cajasur? Por supuesto, el Estado. De los más de 2000 millones de euros del FROB dedicados a mantener a flote lo que quedaba de la entidad, se perdieron casi 400[28]. La caja que iniciaba sus consejos con los curas rezando y santiguándose acabó beneficiándose de un rescate público. Eso sí, la Iglesia perdió su entidad. Con su gestión de la misma no acumuló ni un solo motivo, ni uno solo, para poder presumir de que es capaz de resistirse, una vez puesto dinero en gran cantidad bajo su control, a las peores tentaciones del capitalismo especulativo. Ya no hay «caja de los curas», aunque aún existe la Fundación Cajasur. Eso sí, sin un castillejo que haga y deshaga a su antojo. Ya nada escapa al control de Kutxabank.

Buena parte de la cúpula de Cajasur durante su última etapa, la única que el Banco de España pudo fiscalizar a fondo, fue sancionada por irregularidades y malas prácticas. Quedó demostrada la inexistencia de políticas prudentes de financiación y de control de la morosidad. También se habían superado los límites legales de riesgo. La negligencia fue la norma. El sistema, puro clientelismo. El sacerdote Fernando Cruz-Conde fue sancionado con 142 000 euros por mala gestión, una auténtica bofetada a la Iglesia cordobesa, que tenía en el hijo de Antonio Cruz-Conde, alcalde de Córdoba de 1951 a 1962, uno de sus clérigos más populares y prestigiosos.

El que peor acabó de toda esta historia fue Sandokán, que cuando escribo estas líneas duerme en la cárcel de Alcolea, condenado a cinco años y tres meses como autor de dos delitos contra la Hacienda pública. Nunca se le oyó una mala palabra sobre don Miguel, que descansa en paz desde que sufrió un infarto en 2016. Tenía 86 años. Vivió la última década de su vida con toda la holgura que él mismo se había garantizado, mientras veía por televisión cómo algunos de los gestores que él mismo había colocado se encontraban en serios apuros judiciales. Ni los políticos ni la prensa ni los jueces lo molestaron. Fray Langostino, el hombre que repartía créditos entre semana y daba misas los domingos, se marchó con las espaldas cubiertas. «Deja una huella de bien», dijo de Castillejo el obispo Demetrio Fernández durante el funeral, celebrado en la mezquita-catedral de Córdoba. Era el adiós a un doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba, a un miembro de honor de la Academia Sevillana de Buenas Letras, a un hermano ejemplar de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, a un ganador de la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba… A uno de los hombres más agasajados de la historia reciente de Andalucía.

Castillejo. Un cura, un banquero. Y un verdadero maestro pelando marisco.

Agradecimientos

Agradecimientos

Este libro está escrito en paralelo a mi cobertura de la Iglesia para Infolibre. El primer agradecimiento es al director del periódico, Manuel Rico, por darme espacio y confianza. El segundo es para todos los que, desde los ámbitos económico, legal, político, eclesial, teológico o histórico, me han ayudado en mis reportajes y análisis. Sólo puedo citar a quienes no lo han hecho preservando el anonimato. Seguro que me dejo a demasiados en el tintero, pero tengo que destacar desordenadamente a Antonio Manuel Rodríguez —política y ley pueden ser poesía—, Francisco Delgado, Gómez Movellán, Asunción Villaverde, Jorge García, José María Rosell, Claudio Rodríguez, María Dolores González, Andrés Valentín… Todos ellos están en primera línea de una batalla social de enorme importancia, como Carlos y Sandra, padres indignados. El trabajo de Europa Laica y Recuperando me ha dado aliento y guía. Alejandro Torres, Evaristo Villar y Juan José Tamayo me han hecho observar extensas superficies desde muy alto. La clarividencia jurídica de Enrique Ruiz ha sido impagable. Cuando lo he requerido, el técnico de Hacienda José María Mollinedo ha estado ahí para explicar. El arqueólogo Fernando Arce y el historiador Alejandro García Sanjuán saben bien de lo que hablan.

No siempre han podido atender todos mis requerimientos, pero agradezco su paciencia y consideración al personal de comunicación de la Conferencia Episcopal. No ha pasado una semana sin alguna noticia sobre la Iglesia en Infolibre, la mayoría de las veces crítica. Siempre han respetado mi trabajo. Especialmente gentil fue Fernando Giménez Barriocanal, que sabe argumentar y encajar. Diócesis como Madrid, Sevilla, Córdoba, Almería, Palencia, Vitoria, Bilbao, Valladolid o Lugo han respondido. Pablo Delclaux, director del Secretariado para el Patrimonio Cultural de la CEE, fue amable y diligente. También Pilar Gordillo y Francisco Moya, pese a que quizá les incomodó la publicación de noticias sobre su actividad empresarial, que, por otra parte, desarrollan con brillantez. Juan José Morillas, portavoz del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, fue preciso en el dato y franco en la explicación.

Difícilmente hubiera hilvanado este libro sin las informaciones publicadas por periodistas como Juan J. Bedoya, José Manuel Vidal, Jesús Bastante o Elena Herrera, entre otros. Gracias por tantas migas de pan en el camino. Los trabajos de López Villaverde, Mariano Sánchez Soler, Castellà-Gassol y Alfonso Torres han sido un regalo.

Agradezco a Magda Bandera que me condujera a este proyecto. A Pascual Serrano, director de la colección, su generosidad. Y a los periodistas Antonio Avendaño, Raúl Bocanegra, Olivia Carballar, Laura León y Francisco Artacho, su amistad y compañerismo. Hubiera deseado que José Luis Gordillo pudiera leer este libro.

A la infinidad de personas que se inspiran en la fe religiosa para entregar lo mejor de sí mismas, gracias. A quienes, por su afecto por la Iglesia o su convicción creyente, estas páginas puedan molestar, les ruego que las lean con amplitud de miras. Tengan presente que es un texto sobre los hombres, no sobre Dios.

Por último, gracias a Ana, mi compañera.

Notas

[1] A. Alcaide Maestre, Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo, Madrid, Edice, 2016, p. 98. <<

[1] «Rouco Varela dice que la Iglesia pagará el IBI, aunque afectará a Cáritas», La Vanguardia, 21 de mayo de 2012 [www.lavanguardia.com]. <<

[2] F. Giménez Barriocanal, La financiación de la Iglesia católica en España, Madrid, Edice, 2007, p. 10. <<

[3] Ibid., p. 11. <<

[4] Á. L. López Villaverde, El poder de la Iglesia en la España contemporánea. La llave de las almas y de las aulas, Madrid, Catarata, 2013, pp. 14-15. <<

[5] Ibid., p. 75. <<

[6] Ibid., p. 73. <<

[7] A. De la Hera, «Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1976)», México, Foro Internacional, 1979 [https://forointernacional.colmex.mx]. <<

[8] La Ley General Tributaria ampara a las autoridades fiscales para no desvelar cuántas inspecciones y de qué tipo han realizado a entidades de la Iglesia católica y cuál ha sido el resultado. <<

[9] J. G. Bedoya, «Un ciempiés económico», El País, 19 de septiembre de 2001 [www.elpais.com]. <<

[10] J. Castellà-Gassol, ¿De dónde viene y a dónde va el dinero de la Iglesia española?, Madrid, Dirosa, 1975, p. 58. <<

[11] Ibid., p. 18. <<

[12] D. Llamazares, «Los acuerdos del Estado español con la Santa Sede», Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose, 2005 [www.olir.it]. <<

[13] P. Aguilar y L. Payne, El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos, Madrid, Taurus, 2018. <<

[14] De la Hera, op. cit. <<

[1] J. Castellà-Gassol, ¿De dónde viene y a dónde va el dinero de la Iglesia española?, Madrid, Dirosa, 1975, p. 11. <<

[2] M. Sánchez Soler, Las sotanas del PP. El pacto entre la Iglesia y la derecha española, Madrid, Temas de hoy, 2002, pp. 34-35. <<

[3] J. M. Vidal, «El IBI y la Iglesia católica», El Mundo, 20 de mayo de 2012 [www.elmundo.es]. <<

[4] La archidiócesis de Madrid explica que actualmente está «actualizando» el inventario de inmuebles. <<

[5] Castellà-Gassol, op. cit., pp. 11-12. <<

[6] La diócesis de Almería no ha respondido a la solicitud de un comentario para este libro sobre la actual situación de este aparcamiento y su exención. Tampoco el Ayuntamiento de Almería. <<

[7] Á. Munárriz, «La Iglesia hace negocio con aparcamientos en Almería sin pagar el IBI», Infolibre, 13 de diciembre de 2016 [www.infolibre.es]. <<

[8] Á. Munárriz, «La Iglesia se lucra sin pagar IBI con otro parking en Lugo con el mismo método que en Almería», Infolibre, 6 de enero de 2017 [www.infolibre.es]. <<

[9] La diócesis de Lugo rehúsa facilitar cualquier información sobre el contrato de alquiler porque «afecta a terceros». <<

[10] El Ayuntamiento de Begur señala que, a octubre de 2018, sigue sin cobrar el IBI por este inmueble. <<

[11] Á. Serrano, «El Ayuntamiento quiere exigir el IBI a la Casa de la Salud, el CEU y la Católica», Las Provincias, 4 de julio de 2017 [www.lasprovincias.es]. <<

[12] «La Iglesia posee en Santiago 850 000 metros cuadrados de uso no religioso», El País, 6 de noviembre de 2011 [www.elpais.com]. <<

[13] La diócesis compostelana no realiza comentarios sobre sus propiedades. <<

[14] Así lo reafirma la Agencia Tributaria, que señala que, con la aprobación de la Ley de Mecenazgo, la Iglesia no recibe «un tratamiento tributario subjetivo específico». Añade: «La situación de la Iglesia como ente sin fin de lucro es análoga a la de las fundaciones y asociaciones sin fin de lucro». <<

[15] J. G. Bedoya, «Un cura tranquilo», El País, 12 de marzo de 2014 [www.elpais.com]. <<

[16] A. Alfageme, «Obispos y altos cargos del PP arropan la manifestación contra las bodas gays», El País, 19 de junio de 2005 [www.elpais.com]. <<

[17] «Rouco dice que autorizar el matrimonio homosexual hará quebrar la seguridad social», El Mundo, 29 de diciembre de 2003 [www.elmundo.es]. <<

[18] D. Forcada, «José Manuel Vidal: “Rouco Varela ha sabido conservar muy pocos amigos”», El Confidencial, 7 de septiembre de 2014 [www.elconfidencial.com]. <<

[19] J. G. Bedoya, «Nacido para mandar obedeciendo», El País, 28 de agosto de 2014 [www.elpais.com]. <<

[20] «Once cardenales, entre ellos Rouco Varela, rechazan la comunión para divorciados y homosexuales», ABC, 29 de septiembre de 2015 [www.abc.es]. <<

[21] Á. Munárriz, «El Congreso y los tribunales apuntalan el trato de favor del Estado a la Iglesia», Infolibre, 14 de abril de 2017 [www.infolibre.es]. <<

[22] «La Iglesia deberá pagar el IBI en Allariz tras una sentencia judicial», 20 Minutos, 25 de enero de 2013 [www.20minutos.es]. <<

[23] R. L., «Los edificios de la Iglesia que tienen ánimo de lucro tampoco pagarán IBI», Diario de Burgos, 20 de junio de 2014 [www.diariodeburgos.es]. <<

[24] M. J. Villanueva, «Un fallo judicial libera a Torreciudad de pagar el IBI por las casas de retiro», Heraldo, 22 de mayo de 2018 [www.heraldo.es]. <<

[25] P. Córcoles, «Hago fotocopias, cojo el teléfono; el alcalde de un pueblo pequeño hace de todo», Diario de Mallorca, 11 de agosto de 2011 [www.diariodemallorca.es]. <<

[26] Á. Munárriz, «Una sentencia firme golpea la bula fiscal de la Iglesia al obligarla a pagar el IBI por tres negocios», Infolibre, 24 de abril de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[27] La diócesis de Mallorca afirma que «pagará oportunamente». <<

[28] Ninguno de los tres propietarios quiso pronunciarse sobre esta exención. <<

[29] R. Méndez, «El local alquilado por Inditex que no paga IBI: más presión al chollo fiscal de la Iglesia», El Confidencial, 23 de julio de 2018 [www.elconfidencial.com]. <<

[30] Giménez Barriocanal defiende que lo fundamental de una exención es qué retorno ofrece a la sociedad. «Cuando se establecieron las exenciones se consideró que lo que la Iglesia hace por la sociedad merece ese esfuerzo fiscal», afirma. <<

[31] «¿A cuánto asciende el IBI que no paga la Iglesia?», El Blog Salmón, 27 de febrero de 2012 [www.elblogsalmon.com]. <<

[32] Á. Munárriz, «Las hermandades de El Rocío ganan la batalla del IBI», Infolibre, 4 de junio de 2017 [www.infolibre.es]. <<

[33] Las organizaciones Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico fueron condenadas por el Supremo a pagar 4000 euros en costas judiciales derivadas de las acciones tras su demanda contra el Ministerio del Interior por la concesión de la Medalla al Mérito Policial a la Virgen del Amor. La cifra se cubrió mediante donaciones. <<

[34] A. Molina, «Rouco inicia su traslado del Palacio Episcopal de Madrid», Ser, 12 de febrero de 2015 [www.cadenaser.com]. <<

[35] D. Arnanz, «Lo que ve Rouco Varela desde su nueva casa», Interviú, 14 de abril de 2015 [www.interviu.es]. <<

[36] D. Arnanz, «Rouco rico, Rouco pobre», Interviú, 30 de marzo de 2015 [www.interviu.es]. <<

[37] «Osoro dice sobre el piso de Rouco: “En algún sitio tenía que vivir”», Europa Press, 22 de junio de 2015 [www.europapress.es]. <<

[38] «El nuevo piso de Rouco Varela: vale 1,2 millones, exento del IBI y heredado de un particular», 20 Minutos, 24 de febrero de 2015 [www.20minutos.es]. <<

[39] El arzobispado de Madrid afirma que el piso de Rouco queda exento de IBI como «residencia de un obispo» que es. Rouco no respondió al requerimiento de entrevista para este libro. <<

[1] A. Torres, «La financiación de las religiones en el espacio europeo: raíces públicas de la financiación de las confesiones religiosas en una Europa laica», VI Jornada Laicista de Europa Laica, 2011 [www.laicismo.org]. <<

[2] Giménez Barriocanal subraya que sólo la diócesis de Colonia recibe más dinero con el impuesto religioso que todas las diócesis españolas por vía tributaria. El rechazo de la CEE al modelo alemán, afirma, reside en la cultura religiosa española. «En Alemania te censas como católico y tienes derecho a unos servicios. Pero, si no te censas a efectos fiscales, no tienes ese derecho. Si te mueres, no se te entierra en un cementerio católico. A mí no me gusta ese modelo, ni es el que agrada en Roma. Ahora, si alguien lo plantease aquí, se estudiaría, como se estudia todo». <<

[3] R. Martínez, La financiación de las confesiones religiosas en España, Pamplona, 2014 [http://academica-e.unavarra.es]. <<

[4] J. González Ibáñez, «Quiero una oposición útil a la sociedad», El País, 30 de julio de 2000 [www.elpais.com]. <<

[5] La negociación se había desarrollado a dos niveles, según Giménez Barriocanal. De un lado, el presidente del Gobierno con el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez. De otro, Giménez Barriocanal y monseñor Martínez Camino con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico. <<

[6] El Consejo de Estado, organismo presidido por De la Vega, alega problemas de agenda para declinar la participación de la exministra en este libro. <<

[7] Giménez Barriocanal afirma que el Ministerio de Justicia jamás ha demandado información añadida a la que presenta la CEE, pero que no habría ningún problema en facilitarla. De hecho —señala—, «antes del acuerdo se llevaban unas cajas en las que estaba toda la contabilidad», información que por complejidad desbordaba a los propios responsables del ministerio, que preferían una síntesis. Ahora el Gobierno, llegado el caso, solicita información a la CEE para preparar la respuesta a preguntas parlamentarias. <<

[8] J. Otero, «La Iglesia pagará el IVA», Tiempo, 22 de mayo de 2016 [www.tiempodehoy.es]. <<

[9] La Agencia Tributaria recalca que las entidades de la Iglesia se sujetan al régimen de IVA del «conjunto de las fundaciones», abundando en la idea de una inexistencia de privilegios. <<

[10] F. Lázaro, «La Guardia Civil registra las sedes de PwC, OHL, Indra, Licuas y Saerco por la financiación ilegal del PP de Madrid», El Mundo, 20 de abril de 2017 [www.elmundo.es]. <<

[11] J. Otero, «Las cuentas de la Iglesia, al desnudo», Tiempo, 4 de diciembre de 2015 [www.tiempodehoy.es]. <<

[12] E. G. Sevillano, «¿A qué destina la Iglesia católica nuestro impuesto de la renta?», El País, 15 de marzo de 2000 [www.elpais.com]. <<

[13] Á. Munárriz, «La Iglesia gasta en 13TV casi la mitad de su superávit», Infolibre, 13 de septiembre de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[14] «Los obispos defienden su “inversión” de 70 millones de euros en 13TV: “No es una cantidad estratosférica”», Infolibre, 11 de noviembre de 2016 [www.infolibre.es]. <<

[15] L. Daniele, «Cáritas recuerda que marcar la X en la casilla de la Iglesia y otros fines sociales “ayuda el doble”», ABC, 11 de abril de 2014 [www.abc.es]. <<

[16] Cáritas evitó precisiones sobre su financiación privada, más allá de lo publicado en su web, así como sobre sus ingresos públicos, exenciones e inversiones. <<

[17] «Yo me considero Iglesia», dice Giménez Barriocanal, «pero mi patrimonio no es de la Iglesia». Con ello pretende ilustrar que «delimitar lo que es Iglesia es ciertamente complicado». «Mensajeros de la Paz, por ejemplo, es una asociación civil, aunque su obra es una obra de la Iglesia». Su énfasis está en la inexistencia de una contabilidad central. Y rechaza expresiones del tipo «la Iglesia en su conjunto» aplicadas al ámbito económico. <<

[18] El Ministerio de Sanidad no contabiliza cuánto dinero público reciben las organizaciones católicas del sector. <<

[19] E. Herrera, «Los hospitales privados se repartieron 1578 millones en conciertos en 2016», Infolibre, 23 de marzo de 2018 [www.infolibre.es] <<

[20] Las Hermanas Hospitalarias no respondieron a la solicitud de participación en este libro. San Juan de Dios rechazó dar contestación a las cuestiones planteadas, «puesto que cada Provincia funciona de forma independiente y los Centros también tienen autonomía». La orden sí quiso dejar constancia de que su relación con la sicav Querqus terminó en 2014. <<

[21] D. Forcada, «El Instituto de Religiosas de San José de Gerona llegó a tener 2,7 millones en Suiza», El Confidencial, 11 de febrero de 2015 [www.infolibre.es]. <<

[22] El Instituto de Religiosas de San José no ofreció su versión sobre estos hechos para este trabajo. <<

[23] «Las instituciones sanitarias impulsan en España 5000 estructuras sanitarias para ancianos enfermos», El Economista, 18 de abril de 2008 [http://ecodiario.eleconomista.es]. <<

[24] El Ministerio de Hacienda señala que la disposición tiene «vigencia indefinida» y que, de hecho, ya está desarrollada mediante una orden de septiembre de 2018. <<

[25] E. Ruiz del Rosal, «El desaguisado de la “casilla social” del Impuesto de Sociedades», Infolibre, 24 de junio de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[26] La Agencia Tributaria subraya que existen «controles» para asegurar la «coherencia» de la situación tributaria de las entidades de la Iglesia «en relación con el Impuesto de Sociedades». «Es requisito esencial —expone— que la entidad comunique a la Administración tributaria su opción por dicho régimen en la declaración censal.» Añade que los incrementos de patrimonio de las personas jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, cuando sean «obtenidos a título lucrativo», deben integrarse en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. <<

[27] J. G. Bedoya, «El jardín de los capellanes», El País, 6 de abril de 2013 [www.elpais.com]. <<

[28] Á. Sánchez Castrillo, «El Gobierno destina más de 8 millones de dinero público al Valle de los Caídos en cuatro años», Infolibre, 13 de agosto de 2018 [www.infolibre.es] <<

[29] E. Herrera, «La Iglesia declara ingresos de alrededor de 200 millones por alquileres y actividades económicas», Infolibre, 17 de julio de 2017 [www.infolibre.es]. <<

[30] A. Gil, «La Iglesia se libra de los recortes», Eldiario.es, 24 de mayo de 2012 [www.eldiario.es]. <<

[1] Á. Munárriz, «La Iglesia encarga a una empresa privada la explotación turística de parte de su patrimonio», Infolibre, 22 de mayo de 2016 [www.infolibre.es]. <<

[2] I. L. H., «La catedral bate su récord de visitas», Diario de Burgos, 9 de enero de 2018 [www.diariodeburgos.es]. <<

[3] J. Parejo, «La catedral roza los dos millones de turistas», Diario de Sevilla, 14 de enero de 2018 [www.diariodesevilla.es]. <<

[4] J. A. Hidalgo, «La catedral bate récord con más de 300 000 visitantes en 2017», Diario de Cádiz [www.diariodecadiz.es]. <<

[5] A. B. Hernández, «La catedral bate récord de visitantes», Hoy, 29 de octubre de 2017 [www.hoy.es]. <<

[6] E. González, «La catedral de Tui incrementa sus visitantes tras implantar el sistema de audioguías», Faro de Vigo, 22 de enero de 2016 [www.farodevigo.es]. <<

[7] A. Salas, «La catedral de Oviedo recibe 80 000 visitantes durante el primer año del cobro de entrada», El Comercio, 20 de marzo de 2015 [www.elcomercio.es]. <<

[8] Á. Munárriz, «La Iglesia mantiene ocultos los ingresos por la entrada a sus templos», Infolibre, 16 de agosto de 2017 [www.infolibre.es]. <<

[9] J. Bastante, «Dos planes nacionales permiten a la Iglesia restaurar su patrimonio con cargo al Estado cada año», Eldiario.es, 27 de junio de 2018 [www.eldiario.es]. <<

[10] Giménez Barriocanal recalca que las diócesis mantienen 3168 bienes de interés cultural. Afirma que «no llega al 1 por 100 los que generan caja», aunque los medios «siempre se van a los mismos», como la mezquita de Córdoba o la catedral de Sevilla. «La mayoría no son fuentes de financiación. Lo que tienen son convenios para su rehabilitación con las administraciones, normalmente autonómicas, a cambio de que se puedan visitar.» <<

[11] Á. Munárriz, «La catedral de Toledo acoge visitas nocturnas con cóctel por 870 euros por persona», Infolibre, 3 de julio de 2016 [www.infolibre.es]. <<

[12] D. Arroyo, «Porsche estrena la Capilla Sixtina», El Mundo, 21 de octubre de 2014 [www.elmundo.es]. <<

[13] Contactada por Infolibre antes de la publicación de la información, la compañía Evocarte aseguró que la oferta enviada a un cliente con este menú para diez personas era «un error». Tomando como referencia las cifras alternativas ofrecidas por la empresa, el precio global sería de 8690 euros para diez personas. <<

[14] Evocarte afirma que los servicios ya han sido «modificados». <<

[15] R. Fariñas, «La catedral de León bate récord de visitantes en 2017 con 287 347 accesos y recauda 1,5 millones de euros», León Noticias, 8 de enero de 2018 [www.leonoticias.com] <<

[16] E. Herrera, «La Iglesia declara ingresos de alrededor de 200 millones por alquileres y actividades económicas», Infolibre, 17 de julio de 2017 [www.infolibre.es]. <<

[17] El obispado de Córdoba ignoró la solicitud de una entrevista con algún responsable diocesano, así como de diversos datos relativos a exenciones, inmatriculaciones, ingresos e inversiones. <<

[18] E. Herrera, «El dinero oculto de la Iglesia», Infolibre, 11 de mayo de 2014 [www.infolibre.es]. <<

[19] Giménez Barriocanal admite que «hay entidades que deberían hacer un mayor esfuerzo por la transparencia», pero vincula las resistencias más a la inercia que a la necesidad de ocultación. Y pone un ejemplo curioso: «La mayoría de los curas cobran 900, 950 o algunos 1000 euros [no tienen gastos de vivienda]. Pero, por ejemplo, si uno cobra más y llega por ejemplo a 1500, porque tenga más responsabilidad, pues a lo mejor le da apuro que se sepa y no lo publica. Eso genera sensación de opacidad». <<

[20] J. Martín-Arroyo, «El ascenso y la pesadilla de Abengoa: la obsesión de poder que llevó a la empresa al abismo», El País, 16 de octubre de 2017 [www.elpais.com]. <<

[21] M. A. Patiño, «La catedral de Córdoba y estos 350 inversores salvaron a Abengoa», Expansión, 18 de abril de 2017 [www.expansion.com]. <<

[22] J. Pino, «El aumento de las visitas a la mezquita-catedral triplica al de Córdoba», ABC Córdoba, 3 de febrero de 2018 [www.sevilla.abc.es]. <<

[23] C. Reina, «El dinero que la Iglesia recauda por la mezquita de Córdoba que no declara ni tributa», Eldiario.es, 7 de febrero de 2016 [www.eldiario.es]. <<

[24] C. Rodríguez, «El verdadero negocio de la mezquita-catedral», Cordópolis, 15 de junio de 2014 [www.cordopolis.es]. <<

[25] Á. Munárriz, «Un San Juan de Ávila junto al mihrab de la mezquita de Córdoba», Infolibre, 18 de mayo de 2017 [www.infolibre.es]. <<

[26] C. Reina, «La Iglesia contraataca: “¿Conoces la verdadera historia de la catedral de Córdoba?”», Eldiario.es, 28 de mayo de 2014 [www.eldiario.es]. <<

[27] F. Arce, «La supuesta basílica de San Vicente en Córdoba: de mito histórico a obstinación historiográfica», Madrid, CCHS-CSIC, 2013 [http://al-qantara.revistas.csic.es]. <<

[28] Á. Munárriz, «La Iglesia utiliza una basílica legendaria de la que no existen pruebas para defender su titularidad de la mezquita de Córdoba», Infolibre, 12 de marzo de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[29] El arzobispado de Pamplona y Tudela desatendió la petición de datos sobre inmatriculaciones para este libro. <<

[30] Á. Munárriz, «Cinco obstáculos para revertir las inmatriculaciones de la Iglesia», Infolibre, 22 de agosto de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[31] Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, «Escándalo monumental. La privatización de las iglesias, ermitas, casas, tierras y otros bienes públicos de Navarra», Altaffaylla Kultur Taldea (2009), p. 32. <<

[32] «Falange, un partido “digno de apoyo” para el arzobispo», El País, 8 de mayo de 2007 [www.elpais.com]. <<

[33] J. de Larrainzar, No robarás. Catecismo de la inmobiliaria eclesial, Tafalla, Txalaparta, 2015, p. 23. <<

[34] Ibid., p. 31. <<

[35] La diócesis de Bilbao señala lo siguiente al respecto: «La ley —publicada en junio de 2015— no prohíbe inmatricular bienes a la Iglesia. Lo que ha cambiado es el procedimiento para hacerlo […]. Hasta el momento la diócesis no ha recibido ninguna impugnación a las inscripciones realizadas». <<

[36] J. Torres Blasco, «Los bienes de la Iglesia en Baleares: templos, casas, solares y un bungalow», Última Hora, 12 de septiembre de 2017 [www.ultimahora.es]. <<

[37] E. Bayona, «La Iglesia se anotó más de 2000 edificios y fincas en Aragón con la prerrogativa de Aznar», Público, 17 de abril de 2018 [www.publico.es]. <<

[38] A. González, «La diócesis inmatricula alrededor de 3000 bienes desde 1998», Diario de Burgos, 26 de agosto de 2018 [www.diariodeburgos.es]. <<

[39] S. D. Machargo, «La Iglesia asturiana inmatriculó el templo en el que se casó Franco», La Voz de Asturias, 12 de noviembre de 2018 [www.lavozdeasturias.es]. <<

[40] C. Morán Breña, «Los payeses pelean por sus iglesias y sus casas de campo», El País, 25 de septiembre de 2018 [www.elpais.com]. <<

[41] A. L. Congostrina, «El arzobispo de Barcelona defiende la legalidad de las inmatriculaciones», El País, 24 de octubre de 2018 [www.elpais.com]. <<

[42] G. Donaire, «La Iglesia inmatriculó la catedral de Jaén tras el cambio legislativo», Viva Jaén, 16 de septiembre de 2018 [https://andaluciainformacion.es/jaen]. <<

[43] J. M. Baquero, «La Iglesia inmatriculó la catedral de Sevilla en 2010 por 30 euros», Eldiario.es, 19 de abril de 2015 [www.eldiario.es]. <<

[44] E. Maldonado, «El obispado registra a su nombre la catedral de Málaga y sus jardines», Málaga Hoy, 31 de agosto de 2016 [www.malagahoy.es]. <<

[45] A. Aguirrezabal, «La Iglesia católica también activa en Gipuzkoa la inmatriculación de propiedades», Gara, 28 de agosto de 2012 [www.naiz.eus]. <<

[46] S. Vallejo, «Inmatriculaciones: La Iglesia tiene a su nombre todos los templos históricos», Granada Hoy, 25 de junio de 2017 [www.granadahoy.com]. <<

[47] Larrainzar, No robarás, cit., p. 66. <<

[48] I. Rioja Andueza, «La Iglesia captó bienes hasta julio», El Mundo, 22 de enero de 2016 [www.elmundo.es]. <<

[49] La diócesis vitoriana afirma: «La solicitud de inmatriculación de este inmueble […] junto con toda la documentación correspondiente tuvo entrada en el registro de la propiedad con fecha 15 de junio de 2015 (antes del 26 de junio de 2015), por lo tanto en tiempo y forma. La fecha de inscripción que figura en el registro es posterior (6 de julio de 2015) porque es la del momento en que formalmente se inscribe». <<

[50] La diócesis de Bilbao afirma que lo publicado por El Mundo sobre Elantxobe «no es exacto», pero se limita a precisar que la superficie total edificada del inmueble es de 349,05 metros cuadrados. <<

[51] «La juez frena la inmatriculación de la iglesia de San Francisco en Palencia», Último Cero, 17 de abril de 2018 [www.ultimocero.com]. <<

[52] La diócesis de Mallorca, consultada al respecto, señala que el fallo está recurrido. <<

[53] «El arzobispado de Zaragoza no devuelve el conjunto de San Juan de los Panetes, propiedad del Estado desde 1933», Arainfo, 3 de julio de 2018 [www.arainfo.org]. <<

[54] «Las inmatriculaciones de la Iglesia», Ser, 24 de abril de 2017 [www.cadenaser.com]. <<

[55] Preguntado por este dato, Giménez Barriocanal afirma: «No sé cuántas son. Pero al final tienes que echar una cuenta. Si desde 1998 te han dejado inscribir templos y en España hay 23 000 parroquias y miles de ermitas…». Hace un apunte de interés. Asegura que en el propio seno de la Iglesia hubo obispos contrarios a las inmatriculaciones, al considerar que «no eran necesarias». No obstante, Giménez Barriocanal es de los que creen que sí lo eran porque «aseguran la finalidad [religiosa] del bien». Finalidad que se hubiera visto en riesgo si el Ayuntamiento de Córdoba hubiera inmatriculado la mezquita, dice. «¿Por qué no iba a organizar el ayuntamiento un congreso, por ejemplo?». <<

[56] Á. Munárriz, «La Iglesia vende en un pueblo de Palencia una casa parroquial inmatriculada», Infolibre, 13 de febrero de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[57] «La Iglesia no tiene interés en hacer negocio con los bienes inmatriculados», asegura Giménez Barriocanal. Sobre el caso de Grijota, dice: «Si hay un bien donado a la Iglesia y ya no es necesario, digamos porque a lo mejor no va a haber párroco, pues se puede emplear el recurso en otra cosa». No se trata en ningún caso, remarca, de «repartir dividendos». La diócesis de Palencia no aclara cuál fue el resultado final de la subasta. <<

[58] S. D. Machargo, «La Iglesia ganó 20 000 euros con una finca inmatriculada en Siero», La Voz de Asturias, 25 de junio de 2018 [www.lavozdeasturias.es]. <<

[59] Larrainzar, No robarás, cit., p. 38. <<

[60] C. Morán Breña, «La escuela no era del obispo», El País, 16 de julio de 2011 [www.elpais.com]. <<

[1] J. M. Vega, «Si gobernamos y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos decidirán», El Mundo, 12 de enero de 2015 [www.elmundo.es]. <<

[2] R. Reig, «Cuando Alberti llamó “camarada” a la Macarena», Público, 16 de marzo de 2008 [www.publico.es]. <<

[3] Á. Munárriz, «Las cofradías se financian cobrando por sillas en el espacio público para ver la Semana Santa de Sevilla», Infolibre, 30 de marzo de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[4] J. Parejo, «Las cofradías ingresarán un 6 % más por la explotación de la carrera oficial», Diario de Sevilla, 28 de junio de 2017 [www.diariodesevilla.es]. <<

[5] Á. L. López Villaverde, El poder de la Iglesia en la España contemporánea. La llave de las almas y de las aulas, Madrid, Catarata, 2013, p. 100. <<

[6] M. Pérez Oliva, «Cada vez menos bodas, y aún menos por el altar», El País, 13 de enero de 2017 [www.elpais.com]. <<

[7] La despoblación del interior de España obliga a la Iglesia a serios replanteamientos, explica Giménez Barriocanal. «¿Tiene sentido mantener una iglesia sin culto en una zona desertizada?», pregunta. Afirma que hay casos de párrocos de setenta años atendiendo a 200 personas en áreas con 15 pequeños municipios. Asegura que no hay ninguna decisión tomada sobre cierres de ermitas o retiradas de párrocos de zonas poco eficientes, pero cree que es un debate inevitable. <<

[8] M. Riaño, «Se buscan sacerdotes: más de 6000 parroquias sin cura en la España rural», El Independiente, 21 de abril de 2018 [www.elindependiente.com] <<

[9] Á. Munárriz, «Cristianos gays silenciados en Sevilla», Infolibre, 19 de junio de 2016 [www.infolibre.es] <<

[10] «Un párroco se niega a dar la primera comunión a una niña con síndrome de Down», El Mundo, 14 de junio de 2009 [www.elmundo.es]. <<

[11] A. Paniagua, «La Iglesia desautoriza al portavoz y reitera la condena al preservativo», Diario de León, 20 de enero de 2005 [www.diariodeleon.es]. <<

[12] La actual correlación de fuerzas en la cúpula eclesial ha quedado bien expresada en la elección de Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, como secretario general en la votación celebrada en noviembre de 2018. Argüello obtuvo 45 votos frente a 29 de Jorge Fernández, vicario general de Oviedo y candidato del sector conservador que lidera desde la sombra Rouco Varela. <<

[13] J. M. Vidal, «Sólo conocemos el 10 por 100 de las resistencias al papa. El otro 90 por 100 está oculto, pero él lo sabe», El Mundo, 1 de marzo de 2017 [www.elmundo.es]. <<

[14] «Le pape François a La Croix: “Un État doit être laïque”», La Croix, 17 de mayo de 2016 [www.la-croix.com]. <<

[15] La solicitud al Vaticano de un portavoz para conversar sobre cuestiones abordadas en este libro fue desatendida. <<

[16] A. Torres, No los dejes caer en la tentación, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004, p. 154. <<

[17] Ibid., p. 207. <<

[18] Ibid., p. 225. <<

[19] F. Mercado, «La Iglesia creó en 1999 su sociedad de inversión en bolsa», El País, 11 de septiembre de 2001 [www.elpais.com]. <<

[20] C. Prieto, «La cripta de la casta: el entierro de los Franco en la Almudena choca con el Vaticano», El Confidencial, 9 de enero de 2018 [www.elconfidencial.com]. <<

[21] E. González, «El suicidio del banquero asesinado», El País, 10 de junio de 2007 [www.elpais.com]. <<

[22] I. Hernández Velasco, «Paul Marcinkus, el banquero de Dios», El Mundo, 23 de febrero de 2006 [www.elmundo.es]. <<

[23] M. Dowd, «¿Por qué renunció realmente Benedicto XVI?», BBC, 28 de noviembre de 2013 [www.bbc.com]. <<

[24] A. García, «El Vaticano S.A.: Cinco datos sobre los negocios de la Iglesia católica», CNN, 24 de septiembre de 2015 [www.cnnespanol.cnn.com]. <<

[25] J. Sáinz, «Lucio, ángel, broker, maragato… y Gescartera», El Norte de Castilla, 2 de noviembre de 2015 [www.elnortedecastilla.es]. <<

[26] «Su casa fantasma», Diario de León, 3 de octubre de 2011 [www.diariodeleon.es]. <<

[27] I. Hernández Velasco, «El “judas” riojano del papa», El Mundo, 8 de noviembre de 2015 [www.elmundo.es]. <<

[28] Edición española: Avaricia, Madrid, Foca, 2015. <<

[29] Edición española: Via Crucis, Madrid, Espasa, 2015. <<

[30] La diócesis de Astorga desatendió una solicitud de entrevista con Vallejo. <<

[31] J. Bastante, «Dos lobbies de cardenales rivales lucharon para colocar a su papa tras la muerte de Juan Pablo II», Eldiario.es, 31 de mayo de 2016 [www.eldiario.es]. <<

[32] L. Villa, «Un tercio del colectivo judicial es del Opus Dei», Público, 7 de diciembre de 2012 [www.publico.es]. <<

[33] J. M. Vidal e I. Olmedo, «El santo poder de Escrivá», El Mundo, 29 de septiembre de 2002 [www.elmundo.es]. <<

[34] M. Sánchez Soler, Las sotanas del PP. El pacto entre la Iglesia y la derecha española, Madrid, Temas de hoy, 2002, p. 53. <<

[35] Ibid., p. 61. <<

[36] L. Cornejo, «Martínez Pujalte recibió abonos en un año por valor de 3,5 millones de euros siendo diputado», Eldiario.es, 27 de noviembre de 2016 [www.eldiario.es]. <<

[37] L. Galán, «Políticos y famosos entre los 250 000 asistentes en Roma a la canonización de Josemaría Escrivá», El País, 6 de octubre de 2002 [www.elpais.com]. <<

[38] A. Medina, «José Andrés Gómez: “La Clínica de Navarra facturará 200 millones con las dos sedes”», Expansión, 17 de noviembre de 2017 [www.expansion.com]. <<

[39] Torres, No los dejes caer en la tentación, cit., pp. 158-159. <<

[40] J. Bautista, C. Frías y T. Schäfer, «El alma mater del IBEX 35», La Marea, 18 de mayo de 2018 [www.lamarea.com]. <<

[41] Á. Munárriz, «La gran empresa, la Iglesia y el nuevo líder de los Franco comparten una fundación para “promover valores”», Infolibre, 21 de septiembre de 2018. <<

[42] Tras publicarse el artículo sobre las conexiones en el patronato de Madrid Vivo en Infolibre, la fundación expulsó a De Borbón de su patronato. Á. Munárriz, «La fundación que aúna a la Iglesia y la gran empresa prescinde del líder de la familia Franco», Infolibre, 11 de noviembre de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[43] R. Ugalde, «Los Hatchwell, pilares del capital israelí en España, se suman a la fiebre de las socimis», El Confidencial, 1 de febrero de 2017 [www.elconfidencial.com]. <<

[44] R. Minder y E. Povoledo, «Beatification brings Opus Dei into the open», The New York Times, 26 de septiembre de 2014 [https://www.nytimes.com]. <<

[45] Torres, No los dejes caer en la tentación, cit., pp. 414-415. <<

[46] D. Albín, «Los 74 rostros más influyentes del Opus Dei», Público, 26 de marzo de 2017 [www.publico.es]. <<

[47] El departamento de prensa del Opus Dei ignoró la solicitud de participación y datos realizada para este libro. <<

[48] D. Barcala, «La escuela concertada cumple desvirtuada 25 años», Público, 31 de octubre de 2010 [www.publico.es]. <<

[49] A. Díez, «Diputados socialistas denuncian su marginación tras vetar el Gobierno sus enmiendas presupuestarias», El País, 27 de octubre de 1993 [www.elpais.com]. <<

[50] F. Mercado, «Las primarias de la Iglesia», El País, 20 de abril de 1998 [www.elpais.com]. <<

[51] M. Kohan, «Los nuevos lobbies ultraconservadores españoles: cuáles son y cómo actúan», Público, 16 de febrero de 2018 [www.publico.es]. <<

[52] «El arzobispo de Oviedo, sobre la reforma de la Lomce: “Vuelve la dictadura totalitaria”», El Comercio, 13 de julio de 2018 [www.elcomercio.es]. <<

[1] Á. L. López Villaverde, El poder de la Iglesia en la España contemporánea. La llave de las almas y de las aulas, Madrid, Catarata, 2013, p. 91. <<

[2] F. Delgado Ruiz, La cruz en las aulas, Madrid, Akal, 2015, p. 63. <<

[3] M. Planelles, «Los obispos y Wert negociaron con sigilo», El País, 8 de diciembre de 2012 [www.elpais.com]. <<

[4] M. Cruz, «Rajoy premia a Wert, su ministro peor valorado, con un cargo en París», El Mundo, 1 de agosto de 2015, [www.elmundo.es]. <<

[5] La moción de censura que apeó al PP del Gobierno entre mayo y junio de 2018 supuso también la pérdida del cargo para Wert. <<

[6] Á. Munárriz, «La Lomce frena la caída de la Religión en la educación pública», Infolibre, 27 de febrero de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[7] L. Galaup, «El Estado se gasta 100 millones de euros al año en pagar a profesores de Religión», Eldiario.es, 2 de julio de 2018 [www.eldiario.es]. <<

[8] J. M. Rosell Tous, «Ciencia y religión», Rebelion.org, 25 de septiembre de 2003 [www.rebelion.org]. <<

[9] Á. Munárriz, «Unos padres laicos frenan una procesión con un cristo desde un colegio público a una parroquia en Sevilla», Infolibre, 6 de abril de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[10] E. Herrera, «72 colegios que separan a sus alumnos por sexos reciben 113 millones al año de subvención pública», Infolibre, 13 de marzo de 2017 [www.infolibre.es]. <<

[11] E. Herrera, «El TC avala la segregación por sexos que beneficia a colegios del Opus con el voto de un magistrado que pertenece a la Obra», Infolibre, 11 de abril de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[12] La solicitud de entrevista con Ollero cursada a través del cauce oficial del Constitucional no obtuvo resultado. <<

[13] «El antiabortista Ollero defiende que puede redactar la ley del aborto», El País, 16 de agosto de 2012 [www.elpais.com]. <<

[14] L. Galaup, «El colegio denunciado por actividades sexistas y mensajes homófobos recibe 2 millones públicos anuales», Eldiario.es, 30 de abril de 2017 [www.eldiario.es]. <<

[15] S. Pérez Mendoza, «Dos colegios concertados de Madrid piden a sus profesoras que vistan con “feminidad, pudor y modestia”», Eldiario.es, 9 de enero de 2018 [www.eldiario.es]. <<

[16] J. Gimeno, E. Díez, C. Rodríguez, J. L. Pazos y R-J. García, «La familia no elige colegio, es ella la elegida», Infolibre, 10 de junio de 2016 [www.infolibre.es]. <<

[17] F. J. Murillo y C. Martínez-Garrido, «Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la UE», Revista de Sociología de la Educación (2005) [https://ojs.uv.es]. <<

[18] Los conciertos educativos se empiezan a abrir paso ahora en Bachillerato. A pesar de ser una etapa de enseñanza no obligatoria, los Gobiernos de Madrid (PP con el apoyo de Ciudadanos) y Andalucía (PP-Ciudadanos con el apoyo de Vox) han anunciado ya planes para su impulso decidido, para alegría de los promotores católicos. <<

[19] E. Herrera, «Los recortes debilitan la escuela pública: 4906 docentes menos para 218 095 alumnos más», Infolibre, 27 de octubre de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[20] «Felipe González, arrepentido de haber mantenido las escuelas concertadas», Europa Press, 4 de noviembre de 2011 [www.europapress.es]. <<

[21] M. J. Martín Díaz, El coste de la plaza escolar en la pública y la concertada, Observatorio por la Educación Pública, 2014 [www.izquierda-unida.es]. <<

[22] J. Bastante, «La Iglesia concluye que estudiar en colegios católicos reduce la criminalidad y mejora la salud», Eldiario.es, 1 de junio de 2017 [www.eldiario.es]. <<

[23] La Compañía de Jesús no respondió a la solicitud de información para este trabajo. <<

[24] La Asociación Católica de Propagandistas recibió una solicitud de información, que no obtuvo respuesta. <<

[25] J. G. Bedoya, «Quiénes son los kikos, el movimiento católico que saca músculo ante el papa», El País, 17 de mayo de 2018 [www.elpais.com]. <<

[26] J. Bastante, «El grupo ultracatólico los kikos recurre a una fundación para ofrecer ventajas fiscales a sus donantes», Eldiario.es, 11 de noviembre de 2018 [www.eldiario.es]. <<

[27] Ni el Camino Neocatecumenal ni la Universidad de Murcia respondieron a las solicitudes de información para este libro. <<

[28] R. Méndez, «El amigo murciano de Ratzinger», El País, 17 de agosto de 2002 [www.elpais.com]. <<

[29] S. Cabrera Catanesi, «Los “tratos de favor” entre el Gobierno murciano y la Universidad Católica de Murcia», Eldiario.es, 5 de mayo de 2018 [www.eldiario.es]. <<

[30] R. Méndez, «Educación “tumba” el título de Caminos de la Católica de Murcia», El País, 30 de octubre de 2012 [www.elpais.com]. <<

[31] La UCAM ignoró la solicitud de precisiones para este libro. <<

[32] P. Álvarez, «Las becas del Estado suben más en universidades privadas», El País, 2 de septiembre de 2017 [www.elpais.com]. <<

[33] Q. Rodríguez, «El máster más caro de España», Expansión, 5 de abril de 2011 [www.expansion.com]. <<

[34] P. Rafael, «Cómo las elites se perpetúan a través de la educación», Eldiario.es, 24 de octubre de 2015 [www.eldiario.es]. <<

[35] D. Forcada, «El Pilar, un colegio de dirigentes», El Confidencial, 19 de febrero de 2012 [www.elconfidencial.com]. <<

[36] Bautista, Frías y Schäfer, «El alma máter del IBEX-35», cit. <<

[37] Á. Munárriz, «Más allá del vídeo de los “pobres mediocres”: así es el ultraliberalismo educativo de la Iglesia», Infolibre, 20 de octubre de 2018 [www.infolibre.es]. <<

[38] V. Calderón, «El poder de los Legionarios de Cristo desafía al papa», El País, 10 de febrero de 2016 [www.elpais.com]. <<

[39] J. Bastante, «Su fortuna millonaria permite a los Legionarios de Cristo mantener su poder en el Vaticano», Eldiario.es, 6 de enero de 2016 [www.eldiario.es]. <<

[40] La Legión de Cristo recibió, a través del cauce oficial, una petición de información, que no atendió. <<

[41] «Los Legionarios de Cristo compran un colegio laico con el curso empezado», El País, 19 de septiembre de 2003 [www.elpais.com]. <<

[42] M. Ruiz, «El ascenso de los Legionarios de Cristo al amparo del Gobierno de Aznar», Ser, 24 de abril de 2011 [www.cadenaser.com]. <<

[43] J. Rodríguez, «Señora presidenta», El País, 24 de febrero de 2002 [www.elpais.com]. <<

[44] Torres, No los dejes caer en la tentación, cit., p. 268. <<

[45] Ibid., p. 269. <<

[46] La Universidad Francisco de Vitoria, requerida para este libro, muestra su incomprensión ante la idea de que un trabajo periodístico sobre la Iglesia pueda incluir información sobre esta institución universitaria. <<

[47] I. Jorro, «Escándalo en un colegio de los Legionarios de Cristo por el dueño de dos strip clubs», Crónica Global, 28 de septiembre de 2016 [http://cronicaglobal.elespanol.com]. <<

[48] Torres, No los dejes caer en la tentación, cit., p. 288. <<

[1] «El obispado de Ávila gana 19 millones al vender unos terrenos que recalificó el Gobierno local del PP», Ser, 21 de enero de 2008 [www.cadenaser.com]. <<

[2] M. Á. Marfull y J. Sanchón, «El obispo de Valladolid cambia una fundación social por un parking», Público, 11 de marzo de 2008 [www.publico.es]. <<

[3] La diócesis de Valladolid señala: «Hubo sobreseimiento de las demandas. La fundación propietaria de los terrenos es de carácter civil y el parking es de propiedad privada». <<

[4] S. Pitarch, «El Parlamento valenciano compró a la Iglesia un edificio por casi tres veces su valor a siete meses de la visita del papa», Eldiario.es, 4 de marzo de 2018 [www.eldiario.es]. <<

[5] La diócesis de Valencia no hace comentario alguno. Ni sobre este tema, ni sobre propiedades y exenciones. <<

[6] A. Nasser, «El lunes horribilis de los Romanones», Infolibre, 25 de noviembre de 2014 [www.infolibre.es]. <<

[7] F. Mercado, «La Iglesia creó en 1999 su sociedad de inversión en bolsa», El País, 11 de septiembre de 2001 [www.elpais.com]. <<

[8] P. Gorospe y J. Yoldi, «El obispado de Bilbao tenía 1,3 millones de euros en cuentas del BBVA Privanza de Jersey», El País, 14 de mayo de 2002 [www.elpais.com]. <<

[9] «Los obispos alegan que la agenda “no es el Evangelio, ni dogma de fe”», El País, 19 de septiembre de 2011 [www.elpais.com]. <<

[10] Torres, No los dejes caer en la tentación, cit., p. 247. <<

[11] Sánchez Soler, Las sotanas del PP, cit., p. 121. <<

[12] A. Lorenzo y J. T. Delgado, «La Iglesia católica vuelve a invertir en bolsa y logra unos beneficios del 16 por 100», El Mundo, 26 de diciembre de 2012 [www.elmundo.es]. <<

[13] F. Mercado, «La inversión anual en bolsa de la Iglesia supera los 18 millones», El País, 30 de septiembre de 2006 [www.elpais.com]. <<

[14] D. Fernández, «Cuando el dinero es inversión y no pecado», El País, 16 de marzo de 2018 [www.elpais.com]. <<

[15] La archidiócesis de Madrid afirma, consultada sobre las implicaciones del manual, que «trata de ser diligente en cuanto a que las inversiones sean éticas» y conformes a la «doctrina social de la Iglesia». La diócesis madrileña invierte en renta fija o variable los capitales de sus fundaciones, según un portavoz autorizado. <<

[16] La orden asegura que no tiene «ningún tipo de relación» con la sicav desde 2014. <<

[17] «No puedo poner la mano en el fuego», afirma Giménez Barriocanal sobre si aún existen o no sicavs de entidades de la Iglesia. Pero añade: «El que tiene una sicav es que es tonto. ¿Por qué? La Ley de Mecenazgo establece la exención de nuestros rendimientos financieros. O sea, ni la Fundación Alternativas, ni la Fundación ONCE, ni la Fundación Telefónica, ni las instituciones de la Iglesia tienen que tributar por los rendimientos financieros, dividendos o intereses que obtengan». A su juicio, no hay ya «estímulo fiscal» para que una entidad eclesial cree una sicav. <<

[18] G. Horst, «Un business improprio per i vescovi», La Stampa, 15 de noviembre de 2011 [www.lastampa.it]. <<

[19] R. Olmos y D. Grasso, «Sacerdotes en el paraíso… fiscal: el entramado offshore de los Legionarios de Cristo», El Confidencial, 12 de noviembre de 2017 [www.elconfidencial.com]. <<

[20] J. Otero, «El nuevo manual de inversiones de la Iglesia», Tiempo, 20 de enero de 2017 [www.tiempodehoy.com]. <<

[21] A. Antón, «En qué invierte la Iglesia», El Independiente, 14 de enero de 2018 [www.elindependiente.com]. <<

[22] M. J. Albert, «Castillejo infló su póliza en un millón cuatro meses antes de salir de Cajasur», El País, 19 de junio de 2010 [www.elpais.com]. <<

[23] «Las bodas de oro de Castillejo», Cinco Días, 3 de julio de 2003 [https://cincodias.elpais.com]. <<

[24] «La Junta denuncia al fiscal gastos sin justificar por 10 millones de euros», Córdoba, 12 de marzo de 2003 [www.diariocordoba.com]. <<

[25] M. Planelles, «Cajasur tiene atrapados en el ladrillo 1700 millones de euros», El País, 17 de agosto de 2009 [www.elpais.com]. <<

[26] A. Alba, «Cajasur tenía un 483 por 100 más de morosidad que las cajas en 2004», Cordópolis, 18 de mayo de 2013. <<

[27] Á. Munárriz, «Cajasur pierde el alzacuellos», Público, 6 de diciembre de 2009 [www.publico.es]. <<

[28] «El fondo da por perdidos los 392 millones de ayuda a la fusión de BBK y Cajasur», Cinco Días, 2 de junio de 2011 [https://cincodias.elpais.com]. <<