Este libro arroja luz sobre las múltiples idas y venidas por las que un alto cargo del Estado pasa a formar parte de una gran empresa, o un empresario pasa a ser un funcionario del Estado. Estos viajes, poco explorados hasta ahora, son un símbolo de la historia reciente de España, cuyo resultado es un Estado progresivamente derrotado. Sin embargo, desde el inicio de la crisis en 2008, solo una empresa del IBEX 35 ha sido liquidada: Martinsa-Fadesa. El índice bursátil permanece así inmaculado, mientras el Estado ha pasado por un proceso de adelgazamiento, reducción de competencias económicas y limitación del gasto. Con el trasfondo de una base exclusiva de datos sobre puertas giratorias entre el Estado y el IBEX 35, Juste trata de desvelar el sentido de estas. La línea que une dos polos, dos esferas, la política y la económica, que se tocan a través de los dedos de los miembros de los consejos de administración y los miembros del aparato del Estado, y cuyo movimiento va acompañado de una transferencia de recursos y una legislación. IBEX 35 puede aclarar el dilema que plantean las puertas giratorias: ¿es el Estado el que regula y condiciona el devenir de las grandes empresas, o son las empresas las que han pasado a tener un mayor control de determinadas áreas del Estado?

Rubén Juste

IBEX 35: una historia herética del poder en España

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Titivillus 20.11.2019

Rubén Juste, 2017

Editor digital: Titivillus

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Introducción

¿Qué hay detrás del IBEX 35?

El ciclo diario de la naturaleza, puntual, se anuncia cuando los primeros rayos de sol intentan atravesar, desafiantes, los pequeños huecos de la persiana. La humanidad ha hecho de tales ciclos su rutina; y del despertador, con su tedioso y alarmante sonido, la marca del final del pretérito letargo y el inicio de un nuevo día en el mundo moderno: para muchos, empieza una jornada laboral, para otros tantos, la búsqueda de tal jornada; finalmente, para unos pocos privilegiados, empieza el día en que tendrán que decidir sobre el futuro de unos y otros. Pero sobre todos ellos se extiende una telaraña de hilos que les mueven y enredan diariamente.

El enredo comienza después del último bostezo. En invierno, este acto reflejo antecede a una ducha, un ritual necesario para disipar el sueño. Se inicia con un movimiento mecánico, un giro del pomo del grifo y, de pronto, una cortina de agua cae entremezclada con las siglas de Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Red Eléctrica y Enagás. No se nota el tacto de esas siglas, menos aún se ven las manos alzadas de los que deciden sobre ese bien básico. Sobresale entre ellos el mexicano Slim (dueño desde julio de 2016 de FCC y de Aqualia, la mayor distribuidora de agua de España), y en segunda fila un elenco de antiguos exministros reconvertidos en gestores de la energía, todos ellos con una llama en la mano cual Prometeo desencadenado: el abogado de la infanta, Miquel Roca (Endesa); la antigua ministra de Zapatero, Cristina Garmendia (Gas Natural); el exministro de Aznar, Ángel Acebes (Iberdrola); José Folgado, secretario de Estado de Energía con Aznar (Red Eléctrica); y finalmente Isabel Tocino, la exministra de Medioambiente vestida de rojo del Banco Santander (consejera de Santander y Enagás); todos nos saludan con excesiva y preocupante cordialidad. En ese momento, el tacto del frío recuerda a algunos que no se ha podido pagar la factura de la luz y no tienen más remedio que saltar tal paso[1]. En otros casos, el calor del agua discurriendo por el cuerpo evita pensar en lo abultado del último recibo. El agua no lo muestra, pero aquellos que levantan las manos saben que aumentó el precio de la electricidad más de un 50 % desde el inicio de la crisis[2]. La información se pierde entre largos tubos y tuberías.

En una gran mayoría de casos, estos pensamientos serán fugaces o inexistentes. La agenda del día repleta de trabajo, estudios y obligaciones que deberá enfrentar cada cual a lo largo del día es una muestra y una evidencia de que cada ser es singular, diferente uno de otro: como uno es y aparenta ser y, también, en la capacidad de enfrentar determinados efectos económicos indeseados. Esas facturas pueden pagarse con un salario mayor, trabajando más, pensarán muchos. El vigor de la iniciativa individual y la ambición se traslada a la ropa, el reloj, los zapatos y el destello de las llaves del coche, que provocan la agradable sensación de ser únicos e invencibles. Imaginemos que en el recorrido hacia la cocina, de pronto, una luz intensa aparece y, ¡blum!, millones de personas convergemos en ese momento en un cuerpo, como si del cuarto de John Malkovich se tratara. Todos agolpados, codo con codo, observando la inercia del nuevo vector.

Concentrados en dos ojos que ven un largo pasillo y a lo lejos la luz de la cocina, nos movemos por el inconsciente atractivo del olor al café recién hecho. En un acto casi reflejo, nos coordinamos para encender el televisor y conectar fugazmente con las novedades del día. Por defecto conecta con Televisión Española, que en ese momento emite extractos de la gala 2016 de Operación Triunfo, el que fuera producto estrella de TVE de la era Aznar, cuya gala final en febrero de 2002 fue seguida por quince millones y medio de espectadores. De pronto, tras el banner de TVE vemos a un sonriente Berlusconi moviendo los hilos que sujetan las siglas, como si fueran marionetas. Nos saluda con su acento italiano, pero su voz se queda por el camino. En un recuadro en la izquierda vemos que aparece un traductor de lenguaje de signos: es la mano derecha de Berlusconi en España, Borja Prado Eulate —hijo del viejo administrador del rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal, descendiente de Colón—, consejero de Mediaset y presidente de Endesa y Mediobanca; aparece junto a su compañero en el consejo, el exgobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles. Debajo de la imagen, en subtítulos, traducen lo que Berlusconi y sus acólitos tratan de transmitir: «A pesar del protagonismo que se arroga TVE, este es un producto propiedad de Endemol, productora comprada por la recién privatizada Telefónica por 5500 millones en 2001, que la vendió en 2007 a la italiana Mediaset por la mitad de ese precio. Mediaset es además la dueña de Cuatro y Telecinco».

Aterrados, hemos vuelto a tomar el control y cambiamos de canal. En Antena 3, Susanna Griso dialoga con Paco Marhuenda. Este le explica la conexión entre Venezuela y los «pijo-progres» de Podemos: «¡Es que nos quieren hacer pasar por idiotas!, ¡si les financia Maduro, pues que lo digan, oye! Es que ¡basta ya, hombre!, que nos toman el pelo». Marhuenda habla y empezamos a notar un acento catalán y alemán en el trasfondo de su voz. De pronto se gira y anuncia a la cámara: «Antena 3 y La Sexta son propiedad de Bertelsmann, dueña del canal alemán RTL; a ellos se unen la familia Lara, y la empresa catalana Imagina Audiovisual, del exsocio de Mario Conde, Juan Abelló, y del propietario de Público, Jaume Roures; a estos se suma el fondo estadounidense Invesco».

Susanna Griso le interrumpe para anunciar que Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel apunta a OHL y ACS como beneficiarias por adjudicaciones en la era Aznar a cambio de pagos al Partido Popular[3]. Percibimos el gesto serio de la presentadora, y en ese momento salta una voz de fondo, parece ser la que se dirige a la presentadora a través del auricular: es su marido y director del programa, Carles Torras, que con gravedad le aconseja: «Pasa de noticia; Íñigo Escudero, director de ventas de Invesco en España, acaba de avisar de lo delicado del tema. Invesco es el segundo mayor accionista de la constructora OHL, y también accionista de esta casa, el cuarto, con un 4 %. Nos puede dar problemas».

Desconcertados, sorbemos la última gota de café, y conectamos con la SER. Pepa Bueno proporciona un cable a tierra, informa con imparcialidad y trae al programa diferentes opiniones, pensamos que por eso siempre se la consideró una buena profesional. Es lunes y toca «Punto y Pérez», sección de Hoy por Hoy que hace un repaso jocoso a la actualidad. Introduce la primera cabecera: «Pedro Sánchez acusa a Alierta de dejarle sin gasolina mientras echaba una cabezada»[4]. Pepa Bueno ríe sin parar. De pronto, José Antonio Pérez vuelve a arrancar: «Telefónica es la tercera mayor accionista de PRISA con un 13 %, propietaria de la SER, después del fondo buitre Amber y los Polanco».

Pensamos que es un día torcido, o un sueño del que no podemos despertar, y salimos de casa, al menos con el buen sabor de boca del café. Cerramos la puerta de casa y, ¡vaya!, la basura. Abrimos a toda prisa y agarramos la bolsa de desperdicios. Es un momento y quizá no haya pasado todavía el camión, nos decimos. Bajamos velozmente las escaleras y hacemos un gesto con la mano al portero del edificio, que eleva levemente la cabeza como cada día. Es Madrid, y todavía sobreviven estos oficios. Depositamos la basura en el cubo, a tiempo, pues escuchamos cómo se acerca el camión de la basura. Siempre tiene el símbolo del ayuntamiento, pero esta vez viene empapelado por miles de logos de la empresa Urbaser. Con los cascos conectados al móvil seguimos escuchando la radio, esta vez Onda Cero, en la que anuncian, alborozados y aplaudiendo, que Carmena al fin ha adjudicado el contrato, y parece que el problema de la basura se soluciona, dicen: «Se la reparten las grandes constructoras FCC, Ferrovial, Urbaser, OHL, Sacyr, Ascan y Acciona en un contrato por valor de 687 millones»[5]. Carlos Herrera recoge una declaración de Rita Maestre en la que justifica la medida, exponiendo la creación de una nueva empresa pública de servicios ambientales que se encargue de otras tareas: «En general hay una reflexión compartida sobre cuál es la estrategia para revertir el enorme proceso de privatización que llevó a cabo el PP»[6], se le oye decir.

Nos congratulamos cuando por fin pasan al fútbol para poder abrazar un poco de realidad. Dan el resumen de la jornada del fin de semana: el Real Madrid ha ganado, aunque el Atlético de Madrid sigue siendo líder. Emiten unas declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, hablando sobre el fabuloso partido. En ese momento el camión arranca y sale a toda prisa. Miramos con asombro como en la parte trasera del camión hay una foto gigante de Florentino portando una bandera del Real Madrid y otra de España en la otra mano y un letrero: «Campeón de sociedades offshore en plena crisis»[7]. Sin entender nada, bajamos las escaleras del metro de Portazgo. Permanecía cerrado por obras desde mayo de 2016, según anuncia un letrero. Observamos con total suspicacia y recelo, con todo lo acontecido esa mañana, y ante la posibilidad de tener que tomar los interminables trasbordos de autobuses y metro que sustituyen el tramo habitual.

En el interior del subterráneo, todo está cubierto de pegatinas de OHL y ACS: en los bancos del andén, en los azulejos, en las escaleras mecánicas, en el mapa de metro. Los altavoces parecen anunciar el retraso del metro: «OHL y ACS han sido las empresas concesionarias de la mayor inversión de renovación que sufre la línea en diez años. Disculpen las molestias», dice una voz con tono metálico. La pantalla que está en mitad de la vía emite imágenes de la construcción del metro: salen Florentino y Villar Mir, ambos con su pin de ejecutivos del Real Madrid, ambos con el casco de constructores, y ambos abrazando a Bárcenas. Nos acordamos también de la noticia sobre la Gürtel que emitieron en Antena 3, en la que le mencionaban, junto a Florentino, como beneficiado de adjudicaciones del Gobierno de Aznar. También recordamos haber leído en algún momento que un tercio de su facturación venía de comunidades gobernadas por el PP[8]. En España todo esto es normal, la escena más descabellada puede ser algo cotidiano, pensamos. Con la tranquilidad que da esta reflexión, nos subimos al vagón de metro y esperamos, expectantes, el próximo onírico evento. Observamos que hay gente de todas las nacionalidades: ecuatorianos, peruanos, rumanos. Uno de ellos, de anchas espaldas y rasgos indígenas se acerca y nos susurra al oído: «En la constructora de Villar Mir, OHL, de los 25 978 empleados, 9080 están en España, un 4,1 % menos que en 2014. La cifra casi coincide con los trabajadores eventuales, 9597, un 37,6 % del total»[9]. En ese momento aparece Villar Mir en los televisores del vagón: reflexiona sobre las elecciones de 2011 y se le ve anunciar que considera «urgentísima» una reforma laboral[10]. Han dejado subtitulado su discurso y sale subrayada la palabra urgentísima. A continuación se queda bloqueada la imagen con otra frase de 2015: «Podemos no cabe en un Gobierno, sería un desastre para la economía española»[11]. Notamos como la gente mira a las pantallas con cara de preocupación.

Tras una hora de trayecto llegamos al Distrito C, en Las Tablas, al norte de Madrid. La sede de Telefónica impresiona: 140 000 metros cuadrados de edificios de cristal, con espacios diáfanos y muebles futuristas, que rodean un pequeño lago, y por los que transitan alrededor de 15 000 personas que inundan su interior. Vemos que en cada uno de los cristales hay una inscripción: «Distrito C= 500 000 000 € = 69 % Enmienda Telefónica». Tal críptica inscripción es repetida por megafonía en un tono mecánico, seguida de una larga explicación publicitaria: «La enmienda Telefónica fue acuñada en honor a la compañía, tras su anuncio de prejubilar a 6500 trabajadores mayores de cincuenta años en 2011. Era la misma semana que la compañía anunciaba los mayores beneficios de su historia, 10 167 millones. Tras esta medida, el Gobierno de Zapatero introdujo una enmienda a la Ley de Seguridad Social para obligar a empresas de más de 500 trabajadores y con beneficios a aportar la prestación por desempleo y limitar así el abuso de las prejubilaciones. Bajada la cifra por el Gobierno del PP a 100, por tal medida, por la que se pretendía recaudar 350 millones al año, se ha conseguido recaudar 309,3 en cuatro años[12], el 69 % del coste de este edificio. En 2016 y 2018, la enmienda Telefónica volverá a funcionar con más trabajadores que se suman al Plan de Suspensión Individual».

Cruzamos los tornos de seguridad del hall. Al parecer estamos encarnados en un ingeniero de telecomunicaciones, según la tarjeta que llevamos colgada y que nos acredita como trabajador de Telefónica. Levantamos la cabeza y vemos que un elegante hombre, de traje azul y de acentuado tupé, se acerca a nosotros. Con gesto serio, nos sanciona el pensamiento: «No eres de esta empresa, eres un autónomo como, por ejemplo, las 1600 personas que trabajan para Telefónica de este modo en Barcelona»[13]. Al terminar su severo mensaje, nos entrega un iPad de la compañía. Asumimos la continuidad del sueño y lo tomamos con gusto: «Bienvenido, número 129 916. Gracias por ser parte subcontratada de Telefónica y renunciar a su sueño de ser doctor en Ingeniería de Sistemas especializado en análisis de big data e información clínica[14]. Usted formará parte del programa de formación de Telefónica, en las más de 476 732 acciones formativas y 4229 aulas virtuales de las que disponemos y que suponen una inversión de 44 millones de euros anuales; sí, la mitad del presupuesto destinado a formación de científicos en España. No podrá utilizar los big data para estudiar el cáncer como quería usted, a pesar de que 1 de cada 2 personas en el futuro tendrá cáncer[15], pero podrá usar nuestra base de datos de clientes para averiguar sus gustos». En ese momento, en la televisión del hall aparece un anuncio con el nuevo proyecto estrella de la Fundación Telefónica. Se lee «Escuelas Creativas», y a continuación aparece Ferrán Adriá, que empieza a hablar: «Como un aula, un restaurante de alta cocina es un escenario de aprendizaje continuo. Es un reto emocionante. Se trata de compartir las enseñanzas de veinticinco años de innovación al máximo nivel con centros educativos, con profesores». A continuación dan las cifras del proyecto: «20 millones de euros», en el cual «Telefónica es el socio tecnológico de elBulliFoundation, la institución a través de la cual el creador catalán lleva a cabo diversas iniciativas como elBulliLab, sistema de becas y aplicaciones tecnológicas para el mundo gastronómico».

Recorremos el hall hacia lo ascensores. En el recorrido ascendente hacia la cuarta planta miramos el móvil para ver la hora. En su lugar aparece un mensaje: «I+D en 2016: 6519 millones, lejos de los 9661 millones de 2009, y muy lejos del 2 % que debía alcanzarse en 2011 (en 2016 será del 1,6 % del PIB)». Cortamos de raíz y apagamos el móvil. Delante de nosotros alguien lee El País. Su portada la ocupa una noticia: «La Fundación Grifols destina 35 000 euros a becas para fomentar la bioética». Leemos que son seis becas. En ese momento recordamos el sabio consejo de las madres que nos recuerdan que no vale la pena siempre lamentarse. Justo debajo de la noticia vemos otra más pequeña que llama la atención: «Los ingresos de Grifols crecen un 17,3 % hasta 3935 millones de euros y el beneficio neto un 13,2 %, alcanzando 532 millones de euros». El hombre trajeado y de pelo engominado baja el periódico y se gira hacia nosotros con el ceño arrugado: «¿Cómo puede con 532 millones de beneficio destinar 35 000 euros para becas? Y ¿cómo puede ser que Grifols ingrese la mitad de todo el presupuesto de investigación y que el programa de formación de doctores sea equivalente al 15 % de los beneficios de una de las pequeñas empresas del IBEX 35?»[16]. Llegamos a la cuarta planta, y salimos en ese momento, aunque nos sigue el hombre engominado. Sigue hablando sin parar: «Grifols, la primera empresa de hemoderivados de Europa, salió a la prensa cuando se llevó las tres cuartas partes de su negocio a Berlín (actividades de I+D, tesorería y división de Bioscience). El impuesto de sociedades allí, del 12,5 % frente al 28 % de España, les convenía más y»… [¡Tin, tin, tin!].

Sí, era un sueño y el despertador nos devuelve a la realidad unidimensional donde todo es lo que aparenta ser.

Esta historia, algo dramatizada, refleja la complejidad de las relaciones en las que nos movemos. Unas relaciones que ponen en cuestión el antiguo precepto liberal que tendía a asociar el agobio existencial con la expansión del Estado que, como una araña, ataba a todos a toda clase de derechos y obligaciones sin dejar desarrollar al ser humano su potencial. El momento actual, sin embargo, ha dado paso a otros actores, grandes empresas que han conquistado enormes cuotas de la vida diaria, y cuya presencia e influencia nos hemos habituado a normalizar hasta obviarlas. Hasta hoy, cuando tras más de seis años de crisis económica se ha puesto frente a nosotros una imagen desconcertante: las grandes empresas aumentaban sus beneficios mientras no paraban de devaluarse las condiciones de vida de la población, y sus posibilidades de desarrollo e incluso su salud se degradaban. Esto ha despertado el recelo, y este recelo ha desplazado al hábito, y hoy muchos son los que cuestionan y exponen los hilos y conexiones que vinculan a todo un país con treinta y cinco empresas y sus máximos dirigentes. En este libro descorreremos la cortina de este poder económico, para observar aquello que oculta detrás: la concentración económica incesante en pocas manos; y detrás, la historia de la dominación y del poder de una minoría; y más atrás, el particular desarrollo de unas instituciones políticas y económicas que han permitido que esta minoría saltara de un Gobierno (y régimen) a otro bajo la protección de una estructura de poder.

Descorriendo el primer velo descubrimos un primer dato: el valor en bolsa de las treinta y cinco empresas que forman el IBEX equivale al 50 % de la riqueza del país, algo que inevitablemente alcanza gran parte de nuestra vida diaria. Desde sacar dinero (Bankia, BBVA, Caixabank, Popular, Bankinter), ir al supermercado (DIA), tomar un avión (Iberia, British Airways y sus filiales), ir al hospital (la gestión de algunos de construcción reciente depende de Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC o ACS), o movernos por la ciudad (carreteras, edificios, señales). Pero su importante peso en el PIB contrasta con su aportación al país: 8500 millones en impuesto de sociedades en 2015, un 7,5 % de todos los ingresos del Estado vía impuestos de ese año (111 600[17]). También se habla de su potencial para generar empleo: según el último informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 2013, las 35 empresas empleaban a 1 233 250, un 7,35 % de los 16 758 200 ocupados en 2013.

Mucho se ha hablado del Ibex, y poco sabemos en realidad de él. De las empresas que lo han formado, de su origen, de las motivaciones políticas. En este libro repasaremos la historia del índice a través de sus personajes fundamentales, de las alianzas y traiciones, del protagonismo de miembros del Estado que pasaron a las grandes empresas, de las privatizaciones, de las estrategias de los partidos por hacerse con el poder económico y viceversa. En resumen, la historia reciente del poder en España.

Así pues, a lo largo de este libro se tratará de dar respuesta a la gran pregunta: ¿qué hay detrás del IBEX 35?

01

El PSOE de Solchaga inaugura
el IBEX 35 y el nuevo Estado

Mil novecientos noventa y dos. El dígito, el noveno, anunciaba el fin de siglo y de milenio. En España, su simbolismo lo convertía en una redondeada llave; más aún, en aquella que encajaba a la perfección en la cerradura de una puerta tenebrosa: tras ella, oculto, agazapado —y al fin encerrado con llave—, se encontraba aquel espíritu sin humor, gris, de bigote negro y cejas pobladas, y tendencia a empujar recurrentemente al país a las simas más profundas. Ese espíritu, que encarnaba la historia trágica de España, había desaparecido. Supuestamente, el nueve había dispuesto las garantías de no retorno a partes iguales: el olvido y demonización de la experiencia soviética y la desaparición de arengas franquistas y de soflamas militares golpistas eran condición necesaria para mantener dicha puerta cerrada. «En la nueva sociedad internacional que hemos de diseñar entre todos, ya no hay modelos de referencia con los que alinearse. Existe la voluntad de asentar firmemente los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos como los principios básicos que han de guiar las relaciones internacionales», dijo Felipe González, solemne y ante 1800 distinguidos asistentes de todo el mundo, incluido el Gobierno en pleno. Era un primaveral 20 de abril de 1992, día de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla y solo faltaban tres meses para que el flameante pebetero de Montjuïc diera el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos. Tres meses antes, la campana de la bolsa había anunciado, sin tanto bombo y platillo, el arranque del índice bursátil IBEX 35, con 35 consejeros de dichas empresas procedentes de las entrañas del Estado franquista.

Aquel horizonte irreversible fue durante largo tiempo suficiente para que el PSOE y Felipe González sostuvieran el bastón de mando. Aferrados al argumentario coacher, en una y otra elección ambos se presentaban como ejemplo de superación de la historia trágica de España —la que «nunca acaba bien», que retrataba Jaime Gil de Biedma—. Obstinado, González cavó una y otra vez una zanja entre el PSOE y sus adversarios; desde el Partido Comunista de Carrillo al Partido Socialista Popular de Tierno Galván; y luego frente a Izquierda Unida, capitaneada por Julio Anguita. A todos los puso al lado del Partido Popular: los tristes y peligrosos, frente a una España en positivo. Junto a él, en la misma zanja soleada, Juan Carlos I. Aquella fórmula funcionó hasta 1996 y aún entonces solo le separaban 15 diputados y 290 328 votos del victorioso Partido Popular de Aznar.

Durante catorce años representaron los papeles protagonistas de la nueva era: González, de la mano del rey, borraron la marca de continuismo del sistema salido de la constitución de 1978. Simbolizaban una transición sin traumas, convertidos en amas de llaves de la transición política al permitir cerrar bajo candado el pasado —ley de amnistía mediante—, con la promesa de no confrontar las dos Españas, y de unir las fuerzas del pasado (rey) y del futuro (González) para modernizar España. Todo cambiaba, y el PSOE y el rey eran la garantía de no retorno desde las elecciones del 28 de octubre de 1982, en que un pletórico Alfonso Guerra, con un Gobierno y una mayoría absoluta aplastante de 200 diputados bajo el brazo, sentenció: «Vamos a poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió». Las expectativas eran elevadas, era el primer Gobierno desde la II República integrado por miembros de un partido denominado socialista. «¡Por el cambio!», gritaba el eslogan del PSOE en las elecciones.

Apariencia y esencia de aquel 1992:
el nuevo poder discreto

Aquella década de los ochenta terminó siendo un rompecabezas para aquellos que intentaban descifrar sus códigos. Marcada por aquel «quien que no esté colocado, que se coloque» —que gritó el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván—, aquella década, al igual que aquella expresión, se anunciaba ambivalente: oscilaba entre sueños prometeicos, altibajos y ambiciones frustradas. No es para menos, pues la ansiada democracia trajo bajo el brazo una crisis económica aguda que se cebó con la población más joven, aquella que había crecido con el entusiasmo de ver morir al régimen en la cama, había ido a la universidad con el PSOE, y hacía la cola en el INEM mientras escuchaba que «España es el país donde es más fácil hacerse rico». La realidad y la ficción volvieron loca a aquella generación, que transitaba entre la idea de colocarse en la sociedad o ser devorada por la heroína[18].

Todo aquello pareció caer con el muro de Berlín. Los noventa, en cambio, entraban con un matiz más amplio de colores y un dominio del principio de realidad, un sentido de las cosas alejadas del marxismo suspicaz de los ochenta, o de la mirada sospechosa de Foucault, que nos advertían del trasfondo oscuro y conspirador del poder y empujaban al desencanto existencial. Los noventa eran otros tiempos y aunque el nivel de paro parecía anunciar un retroceso, la nueva y arrasadora cultura del consumo dilapidaba toda voz divergente con su sentencia progresista: «Cualquier tiempo pasado fue peor».

En la fuerza de aquellos símbolos intervino una cultura de consumo que entró en tromba para quedarse. Aquella cultura reemplazó los cantautores de la Nova Cançó de los setenta como símbolos de una nueva sociedad en libertad, por las nuevas boybands como Backstreet Boys o 'N Sync que reivindicaban el hedonismo juvenil sin límites. En el plano de la cultura underground, la new wave berlinesa que atrapó a David Bowie dio paso a la nueva ola de punk-rockers con acento californiano, que servían de banda sonora de las hipersexualizadas series de verano. Alaska y Almodóvar dejaban su sitio a Australian Blonde e Historias del Kronen.

Escondido detrás de los nuevos símbolos de la cultura norteamericana del consumo, entraba sigilosamente el capital extranjero. España se había convertido en destino codiciado por inversores internacionales, y entre 1980 y 1990 se multiplicó por trece el stock[19] de inversión extranjera directa (IED), que pasó de 5140 millones de dólares a 65 916 millones, un 2,2 % del PIB en 1992, lo que convertía a España en el noveno destino preferido de inversores extranjeros[20]. Estos llegaban pletóricos a España, viendo la apertura de grandes nichos de mercado que se abrían al capital extranjero, gracias a la desregulación de múltiples sectores. Pero no solo fue una simple llegada en masa de inversores foráneos, sino de una gama de productos nunca antes vistos.

La más emblemática fue Canal +, a quien se concedió la licencia de emisión en 1989, el año de la caída del muro de Berlín. Los Polanco, dueños de El País, se aliaron con Canal + Francia (producto del lugarteniente de Mitterrand, André Rousselet), para replicar la franquicia francófona de televisión por suscripción en España, la única que existió en el país hasta que en 1997 apareció su competidora aznarista, Vía Digital. La entrada de Canal + fue toda una revuelta cultural que abría en canal una cultura pop perdida entre la movida ochentera y el folklore machista de Pajares y Esteso. Era todo un nuevo mercado de cultura, on demand, que hacía soñar a la juventud de entonces con ponerse a la altura de sus colegas europeos: la NBA, las series norteamericanas, películas, las noticias del guiñol, vídeos musicales en Del 40 al 1, o el puntual porno de los viernes. Era el nuevo momento de cultura de pago, que ponía en circulación símbolos inexistentes en España hasta entonces.

Estos símbolos eran también un mensaje político, a través del cual los medios aliados al PSOE anunciaban que el país avanzaba a otra velocidad, sin curva u obstáculo que pudiera interrumpir nuestro rumbo a la globalización. El PSOE y el imperio Polanco crecían a la par y en julio de 1992, en mitad de los Juegos Olímpicos, PRISA, la matriz del grupo empresarial mediático, se hizo con la primera cadena de radio privada, Antena 3 Radio. Pedro J. Ramírez no se contuvo, y denunció las maniobras del empresario y sus aliados políticos de monopolizar la «conciencia colectiva»: «El guion exigiría escribir hoy un hermoso himno a los carros del fuego olímpico, plagado de buenos deseos, esperanza en el género humano y legítimo orgullo del país anfitrión», decía con pena. Líneas después desenmascaraba a la fuente de su inquietud: «Jesús de Polanco ha demostrado con creces ser el más listo, el más espabilado, el más perceptivo y atrevido de los empresarios periodísticos españoles. Si su actividad no tuviera que ver con la diseminación de ideas y valores morales, con la conformación de la conciencia colectiva, con la materialización de un derecho ajeno cuya titularidad corresponde a cada ciudadano, su voracidad acaparadora no despertaría otra alarma que la que, en orden al detrimento de la calidad de la oferta, suscita toda tendencia al monopolio»[21].

España cierra el corto siglo XX en 1992:
adiós al viejo Estado industrial; bienvenida, Europa

A pesar de las críticas de algunos periodistas, la España del PSOE, Polanco y González tenía una imagen que arrasaba. A quien dudara, le mostraban una foto en blanco y negro del país en los años cuarenta y cincuenta, totalmente aislado y pobre; a eso conducía la derecha, decían; después le enseñaban una foto a color, colocado como un igual dentro del continente europeo. Por si acaso no era suficiente y hubiera algún tipo de duda, podían echar mano a fechas emblemáticas ubicadas en las legislaturas del gobierno de González, como argumentos contundentes: el 12 de junio de 1985 firma el acta de adhesión a las Comunidades Europeas, lo que le permitió sostener la presidencia en el primer trimestre de 1989; a finales de febrero de 1986 firma el Acta Única Europea que aprueba su participación en la creación de un mercado común; y el 16 de junio de 1989, se produce la incorporación de la peseta al Sistema Monetario Europeo, el predecesor de la moneda única. Era la apuesta europeísta y globalizadora de Felipe González, que no dejaba lugar al escepticismo y la duda, sobre todo al ser contrastada con la recurrente vía reaccionaria de la derecha española.

Además de Europa y la globalización, el maremágnum del lenguaje progresista del socialismo de finales del siglo XX incluía otros símbolos, y entre ellos, los destacados por el ministro de Industria y Economía de González, Carlos Solchaga: dejar atrás la época dorada[22] de la socialdemocracia, y sustituir el Estado industrial y protector por aquel que conjugara mayor desregulación, una economía globalizada y mayores cotas para la iniciativa privada. Aquello significaba, entre otras cosas, que el programa social se convertía a partir de entonces en un epifenómeno de la economía de mercado. Esta hacía posible la labor social del Estado y no al revés, como proponía la doctrina keynesiana.

Como primer paso para avanzar en este sentido, había que cambiar el concepto de Estado: ponerle a dieta y que empezara a perder peso, con una dieta rigurosa de ventas directas[23] y desinversiones parciales a través de ofertas públicas de acciones[24] de empresas públicas que redujera el poder del Ministerio de Industria en favor de accionistas privados. La competitividad estaba lastrada por el sector industrial público según la lectura oficial (como más adelante se expone), por lo cual había que reducir la participación del Estado en las empresas: desde 1983 a 1996 se llevaron a cabo amplias privatizaciones, con una media anual de 7,4 empresas privatizadas por año[25]. En este periodo se realizaron 70 operaciones de venta de empresas de todas las ramas de actividad, que significaron unos ingresos de 13 200 millones de euros.

Entre las ventas directas de empresas, destacan aquellas de mayor tamaño, como las de automoción: SEAT a Volkswagen (1986); y la empresa de camiones Pegaso de ENASA a Fiat (1990). Otras de menor tamaño fueron a parar al patrimonio de familias no muy necesitadas: la compañía emblema de transporte marítimo de la Trasatlántica, ya desaparecida, fue vendida a la Naviera de Odiel, de la familia Pereda (hoy dueños de un emporio inmobiliario y de centros comerciales bajo el nombre de Grupo Lar); Marsans acabó en manos del expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, acusado treinta años después de vaciar la empresa; la red de hoteles Entursa (Empresa Nacional de Turismo) se dividió entre el mallorquín Gabriel Escarrer (Sol Meliá; también se quedó con los 32 hoteles de Rumasa en 1984) y Joan Gaspart, el expresidente del Barcelona (HUSA); las compañías de ordenadores SECOINSA fue para Fujitsu y Telesincro para la francesa Bull; la petrolera CEPSA, a la francesa Elf[26]; empresas de material ferroviario, como La Maquinista Terrestre y Marítima y Ateinsa a Alsthom (GEC-Alsthom); la constructora naval Fábrica de San Carlos (hoy desaparecida) al grupo vasco Navacel, de los Celorio; empresas de mobiliario y artesanía, como Artespaña a Josep Maria de Porcioles i Colomer (exalcalde de Barcelona de 1957 a 1973); la aceitera Oleaginosas Españolas (Oesa) al grupo italiano Ferruzzi, junto con otras pequeñas empresas de alimentación.

El ideólogo de la operación de «traslado» fue Carlos Solchaga, que pronunció la frase que se convirtió en el eslogan de la llamada beautiful people, la clase rica bonita nacida durante los gobiernos del PSOE: «España es el país donde es más fácil hacerse rico», dijo el ministro de Industria (1982-1985) y de Economía (1985-1993) del PSOE. Poco acertada, pues le faltó añadir que el Estado iba a tener mucho que ver en ello. Así pues, Solchaga puso en marcha el principio de conservación de Lavoisier, según el cual «la materia ni se crea ni se destruye, se transforma», mejorado de la mano del contrabandista, financiero, diputado y conspirador mallorquín, Joan March, que añadió: «La riqueza ni se crea ni se destruye, solo cambia de bolsillo».

Pero la obra del socialismo español no solo se asentaba en rápidas privatizaciones, en la construcción de un bloque político-mediático fuerte, o la inclusión en el bloque Atlántico (OTAN) y Europeo (CEE). Faltaba la cuarta pata, que contrarrestara la cojera del Estado ante su pérdida de soberanía política y económica tras las múltiples desinversiones en la industria y la liberalización completa del mercado cuya fecha límite era diciembre de 1992. Era la fecha para el comienzo del Mercado Común Europeo, y España debía estar lista.

Ese año, el décimo aniversario en el gobierno y fecha de entrada en el nuevo mercado común, la dosis de patriotismo fue ampliamente satisfecha al conseguir ser sede de dos eventos internacionales que todo país quiere tener, y hacerlos coincidir los dos el mismo año. Ese 1992 —diez años después de que aquel joven abogado sevillano ascendiera a la presidencia del Gobierno y quinientos años después de la llegada de Colón a América—, Sevilla albergó en abril la Exposición Internacional; y en julio Barcelona daba cobijo a los primeros Juegos Olímpicos tras la caída del muro de Berlín. Eran dos eventos que pretendían encumbrar el nuevo Estado terciarizado entre la población. Unos meses antes, el equipo de González había organizado una discreta exposición en la cual enseñaban los nuevos cimientos del poder en España, hecha ya media mudanza desde el Estado. Aquel evento se celebró el 14 de enero de 1992, día en que arranca el IBEX 35, el núcleo del nuevo poder económico en España.

Que coincidieran ese 1992 no es solo cuestión de azar, pues los tres eventos tenían una estrecha conexión simbólica y también material. Los Juegos Olímpicos y la Expo pasaron a lavar con jabón Lagarto las franquistas estructuras y superestructuras del país. Se remodeló Barcelona, abriendo la ciudad al mar, con un guiño a la cultura del ocio, porque catalanes y charnegos no solo tenían por obligación levantar fábricas, también tenían derecho a hacer deporte, pasear o pegarse un chapuzón en el mar. Era una oportunidad para rejuvenecer, y la monarquía no se quedó atrás: el príncipe Felipe llevó la bandera de la delegación española de las Olimpiadas bajo la atenta mirada de la reina y de millones de espectadores. En apariencia era un momento de comunión con la historia, y en esencia una prueba de las nuevas alianzas político-económicas entre viejos linajes empresariales y los nuevos gerifaltes del socialismo. Lo cierto es que aquellos eventos lograron que la palabra España no sonara al frenillo del caudillo, sino al acento andaluz de Felipe González y Alfonso Guerra. Era el acento de moda.

Aquella moda se confirmó con la Expo de 1992, que puso a Sevilla a la vanguardia del nuevo Occidente postsoviético. Era la primera ciudad española conectada por tren de alta velocidad, el AVE: dos horas y media a 300 kilómetros por hora que hacían de Despeñaperros un gigante encogido. Sevilla también imitó a Barcelona, estrenando aeropuerto, estación de ferrocarril, carreteras y los suntuosos pabellones instalados en la Isla de la Cartuja, donde se alojaba la exposición. Preconizada como un fracaso, fue finalmente un éxito en afluencia de público: 15,5 millones de visitantes, entre los que se contaron a lady Di y Carlos de Inglaterra, y a otros 43 jefes de Estado, entre ellos, la estrella de la socialdemocracia europea, François Mitterrand. Nada podía enturbiar el acontecimiento, ni siquiera los 222 millones de euros de déficit generados.

El nuevo Estado se presenta al mundo,
de la mano del IBEX 35

Los dos eventos, la Expo y los Juegos Olímpicos, hicieron de 1992 el año de exhibición de las grandes potencialidades patrias: el turismo, la cultura y el deporte. Tal cantidad de publicidad de las cualidades ibéricas hacía que todos miráramos encandilados las pruebas de atletismo o los magníficos pabellones de la Cartuja. Poco nos fijábamos en la torre de Telefónica de Montjuïc, la mascota Cobi inundando los carteles del patrocinador Banesto; o en Sevilla los de BBV, Banesto y Central Hispano. Todas ellas empresas patrocinadoras que hacía meses estaban de estreno, tras el inicio de otro evento con menos bombo y eco mediático, pero de gran trascendencia para el país. En enero de ese año se producía el lanzamiento del IBEX 35, el índice bursátil que aglutinó a las treinta y cinco mayores empresas españolas por capitalización, imitando al Dow Jones neoyorquino, el FTSE 100 londinense, o el Nikkei Japonés. En otras palabras, se iniciaba una exposición donde inversores internacionales podían pasar a ver las joyas del empresariado patrio unificadas en un índice. Podían pasar por el pabellón de los banqueros, el de los constructores, o el empequeñecido de industrias pesadas. Era la Expo de los empresarios que soñaban con ser la gran clase capitalista en la nueva era de la globalización de capitales.

De todos los pabellones que conformaban la Expo del IBEX en 1992 destacaban dos por su tamaño: el gran pabellón de Banesto (banco que tenía participaciones en Urbis, Acerinox y Agroman, las tres empresas del IBEX; y en otras fuera del índice, como Antena 3), y el enorme pabellón dedicado a las empresas del Estado, con gigantes empresas monopólicas como Telefónica, Tabacalera, Repsol, Endesa o Fecsa, que cotizaban en el índice.

La centralidad del Estado en la formación del IBEX da una pista de su protagonismo en el brebaje alquímico patentado por Solchaga —y heredado después por Aznar— para el nuevo capitalismo español. Brebaje que el recién nacido IBEX 35 bebió desde la cuna y que suponía crear grandes empresas multinacionales privadas desde el Estado y con el apoyo y complicidad de sagas de empresarios afines. Una muestra de la potencia de dicha pócima es que la capitalización de las seis empresas públicas que cotizaban en el IBEX 35 en los años noventa (Fecsa, Repsol, Telefónica, Sevillana, Tabacalera y Endesa) suponía entonces casi el 40 % de la capitalización del índice bursátil (38,14 %); es decir, una sexta parte de las empresas concentraba más de un tercio del valor del índice. Las empresas públicas tiraban del carro del resto de pequeñas-grandes empresas del índice. Desde entonces hasta el presente, las otrora empresas públicas, junto a Iberdrola, Santander, Popular, Unión Fenosa y Bankinter, permanecen en el índice desde su fundación. Pero el brebaje no solo constaba de empresas crecidas bajo el regazo del Estado. Incluía también a los hombres que hicieron crecer e independizarse a estas empresas; y otros tantos cachorros criados por el Estado y que crecieron en la empresa privada. La lógica, simple pero efectiva, consistía en seguir un dicho: «El Estado lo crea y el IBEX se lo lleva». Empezando por el propio Carlos Solchaga, ideólogo de las privatizaciones y ventas de acciones, quien después de dejar la política decidió fundar una consultora (Solchaga & Recio) dedicada a empresas del IBEX. Y no solo eso, sino que en 2010 terminó en un consejo de administración de una empresa del índice, Zeltia, sentado junto a otros ex del Estado: alguno que pasó por Gobiernos del PSOE y del PP, como Eduardo Serra; o puros del PP, como Ana Palacio.

Hasta aquí el efecto de la pócima y los ingredientes que formaban parte del índice en su origen, pero ¿qué se jugaba en el IBEX que ha atraído tanto a los políticos patrios desde su inicio? Como motivación principal, el IBEX 35 nace un 14 de enero de 1992 con el objetivo de cumplir diferentes funciones inexistentes o previamente limitadas en la historia del mercado de renta variable. Era un proyecto de modernización en materia de mercado de capitales, al agrupar a los 35 valores más cotizados[27] y servir de indicador de los movimientos habidos en un conjunto de títulos. Por tanto, reflejaba los cambios que se producían en la bolsa, y permitía, además, actuar como activo subyacente para la negociación, compensación y liquidación sobre contratos de opciones y futuros[28] en el Mercado Español de Opciones y Futuros de Renta Variable (MEFF RV[29]). En la práctica funciona como termómetro de la economía española, al ser el «Índice Oficial del Mercado Continuo español, utilizado por los analistas tanto nacionales como internacionales para observar la evolución de la Bolsa española»[30]. En consecuencia, el IBEX puede entenderse como la punta de lanza de los productos derivados financieros en España y un referente de la nueva economía liderada por las grandes empresas agrupadas en el índice.

Desde el principio, la Comisión del Mercado de Valores, el Ministerio de Economía y el Banco de España controlaron la operación. Según Lorena Martí:

Los mercados organizados de futuros y opciones se crearon en España en 1989, poco antes de la plena entrada en vigor de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, circunscribiéndose inicialmente a las operaciones sobre deudas del Estado. De esta forma surgen, bajo la supervisión del Banco de España, en noviembre de 1989, el mercado de opciones, regido por Options Market Ibérica (OMIb), y, en marzo de 1990, el mercado de futuros, regido por Mercado de Futuros Financieros, S. A. (MEFFSA). Con posterioridad, y al amparo del artículo 77 de la Ley del Mercado de Valores, modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, tanto OMIb como MEFFSA, que pasaban a estar supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dejaron de ser mercados derivados de deuda del Estado exclusivamente, pudiendo utilizar como activo subyacente el tipo de interés de los préstamos interbancarios a tres meses, y después, divisas[31].

Sus antecedentes muestran que no era una novedad improvisada, sino un proyecto largamente estudiado, ya que el índice nace de la fusión de dos índices que cumplían su función: el MEFF 30 y el FIEX 35. El MEFF 30 fue fundado por MEFFSA (Mercado de Futuros Financieros SA) como índice diseñado para el negocio de contrato de futuros y opciones sobre valores cotizados en las bolsas españolas. Arrancó el 1 de octubre de 1990 con una base de 10 000 puntos. Por su parte, el FIEX 35 pertenecía a OMIb, fue creado en enero de 1990 y puesto en marcha en julio de ese año con un valor base de 3000 puntos. Suponía el verdadero antecedente del IBEX, en cuanto proyecto de un índice que incluía las 35 empresas de valores más líquidos[32] de las cuatro bolsas españolas. Su propietaria, OMIb, era filial de la sueca OM International. Fue constituida en noviembre de 1989, y en ella participaban como socios más destacados la propia sociedad sueca OM International y el BBV, con el 30 % de las acciones respectivamente. Por poner galones y dar protagonismo, quizá pueda atribuirse parte del origen del IBEX 35 a un entonces joven de treinta años, José Massa, técnico comercial y economista del Estado, quien estaba al mando de la empresa OMIb. Doce años después describía así la exitosa operación:

El IBEX es una parte importante de esta casa [MEFF] y, en lo personal, algo entrañable a lo que dediqué muchas horas de trabajo en su fase de diseño. El IBEX, que fue buque insignia de Meff, junto con el bono a 10 años, ha conseguido mantenerse, pese a la introducción del euro, como una referencia válida y potente a efectos de administración de carteras. El interés del IBEX, que como todo índice tiende a reducir a un número la evolución de una cartera de acciones, está precisamente en que la cartera sobre la cual está construido sigue teniendo sentido desde el punto de vista de la inversión. Había algunos agoreros que vaticinaban que, con la introducción del euro, los índices domésticos perderían interés. No solo no ha sido así, sino que la experiencia está demostrando lo contrario. Por ejemplo, en enero de este año los derivados sobre el IBEX han crecido el 17 %; es decir, sigue siendo una buena referencia para la administración de carteras, porque si no lo fuera el volumen negociado no hubiera crecido de esa manera[33].

En octubre de 1991 la Sociedad de Bolsas, participadas por las cuatro grandes bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia), adquiere la titularidad de ambos índices y los fusiona en el llamado IBEX 35. En el 15 aniversario del IBEX se mencionaba la conjunción de intereses que se daba ese día: «Con el apoyo institucional de las bolsas, del mercado de opciones y futuros español y del entorno financiero, es lanzado al mercado de forma simultánea a la propia contratación del mercado de futuros financieros organizado el 14 de enero de 1992»[34].

En su origen se encuentra su peculiaridad que le hace diferente a los demás índices: a diferencia del resto de índices conocidos en el mundo[35] el cálculo del índice IBEX se hace teniendo en cuenta la capitalización bursátil, es decir, se asigna un peso a cada empresa según el valor y número de acciones. Dada esta sobrerrepresentación, desde su origen son seis empresas las que influyen en el resultado de este índice (Santander, Telefónica, BBVA, Repsol, Endesa e Iberdrola). De este modo, el año que antecede al arranque del IBEX 35, en 1991, los valores centrales según este criterio eran, primeramente, empresas públicas; y, en segundo lugar, bancos. Por orden, las que determinaban el valor del índice eran las tres públicas Telefónica, Repsol, Endesa, seguidas por el Banco Central y BBV (tres públicas y dos privadas). Toda información relativa a la salud financiera de estas empresas desataba subidas y bajadas en el índice, y afectaba por tanto al resto. Para aquellos que invertían entonces en la bolsa era claro el poder e importancia de estas tres empresas públicas sobre la salud de las acciones de las empresas que cotizaban en el índice. El Estado era, en consecuencia, el padrino del mercado de capitales, tanto en su bautismo y comunión.

De este modo, muchos de los números y nombres del arranque del IBEX muestran el trasfondo de aquella exposición de 1992 llamada IBEX 35. En una cara de la moneda quedaba su sentido técnico, en la otra era el pistoletazo que marcaba el inicio de unos juegos donde un conjunto de corredores competían por ser la nueva gran clase capitalista, en un periodo dominado por el auge del mercado de acciones y de productos derivados en España. Un mercado que quedaba condicionado por grandes ventas de acciones de empresas públicas, privatizaciones aceleradas, grandes fusiones y, por ende, donde políticos y altos funcionarios tenían mucho que decir y decidir sobre quien integraba dicha clase acaudalada y poderosa.

El protagonismo de los políticos en el Ibex no era una simple derivación del papel que tenía el Estado sobre la configuración de la economía. Esto significa que no solo eran ministros y funcionarios todopoderosos, sino que en sí mismos se convirtieron en un indicador del papel del Estado, modificando la cualidad de este a medida que cambiaron de posición sus principales responsables: de representar los intereses de la administración, a servir de puentes entre las grandes empresas y la administración, cuando muchos de ellos pasaban a la empresa privada con información valiosa (ministros, subsecretarios, directores generales, presidentes de entes autónomos).

En 1991, 138 de los 486 consejeros que componían el conjunto de consejos de administración de las 35 empresas del IBEX procedían de la alta administración del Estado, el 28 % del total. Estos políticos-empresarios no eran unos cualesquiera. Pues destaca la presencia de protagonistas relevantes de la transición, principalmente del expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (Banco Hispanoamericano), pero también de ministros como José Lladó Fernández-Urrutia (BBV y Sevillana de Electricidad), ministro de Telecomunicaciones (1976-1977) y de Comercio (1977-1978); Alberto Oliart Saussol (Banco Hispanoamericano), ministro de Industria (1977-1978), Sanidad (1980-1981) y Defensa (1981-1982); o José Luis Leal Maldonado (Cristalería Española), sucesor de Calvo-Sotelo como ministro de Economía (1979-1980), entre otros. Los tentáculos del Estado se mudaban así al IBEX 35, y el indicador se convertía en un bloque de poder «económico».

El grupo de círculos políticos quedaba liderado, claramente, por la beautiful people del PSOE, que abarcaba las empresas públicas, pero también las empresas privadas del IBEX. Un grupo en el cual destacaban los validos de Carlos Solchaga y que mandaba claramente en el grupo de políticos-empresarios: en total, 46 consejeros de los 114, un 40,3 % de los mismos, o el 9,7 % del total de consejeros del IBEX 35.

Era una competición selecta tanto en el fondo como en la forma, pero inicialmente abierta a toda clase de competidores independientemente de su ideología y antecedentes. De ahí que, detrás de la beautiful people del PSOE, el grupo más numeroso fuera aquel procedente de las entrañas del Estado franquista, entre los cuales destacaban los antiguos ministros franquistas Licinio de la Fuente o Gonzalo Fernández de la Mora y Mon. Quizá fue esta aparente tolerancia la que llevó a otros más jóvenes a imitar los pasos de los mayores y a aspirar a convertirse en patrones del IBEX 35. Este era el caso del abogado del Estado Mario Conde, que explicó a este autor lo que es, a su modo de ver, el mecanismo que mueve los hilos del IBEX, y que provoca la subida de unos y caída de otros:

El año 1992, el del nacimiento del IBEX, tenía todos los ingredientes de un cambio de época. El aire abierto y competitivo de Europa, la organización de los Juegos Olímpicos, o el preceder a las elecciones democráticas de la V legislatura eran una prueba irrefutable de la lejanía del compadreo y arbitrariedad del poder del franquismo, y la marca de fuego del inicio de una competición abierta, de una democracia que abarcaba todas las esferas, incluida también la posibilidad de convertirse en la gran clase capitalista. O, al menos, eso parecía.

El proyecto de un nuevo Estado, en el IBEX:
la polémica ponencia de Carlos Solchaga en el XXIX
Congreso del PSOE de 1981

En 2014, ya retirado de la política —pero no del IBEX 35—, el exministro socialista de Industria y Economía Carlos Solchaga seguía sentando cátedra sobre lo que había sido su imperio: «Las reformas estructurales no han ido mal en líneas generales, aunque mi partido no las comparta», decía, a propósito de las diferentes reformas del Gobierno de Rajoy[36]. Unos años antes, con los suyos no había sido tan benévolo, y de la reforma laboral de Zapatero de 2010 dijo que venía «tarde, mal» y con «poca confianza y deseos», mientras le aconsejaba ir más allá: «El Gobierno lo que tiene que hacer es ir a un solo contrato, creíble, y con un techo de coste por despido tolerable por todos»[37]. Finalmente, con los nuevos se despachaba con desdén: «Su posición me ha molestado. Su postura de pandilleros de barrio es inútil», pregonaba en marzo de 2016 tras la entrada de Podemos en las Cortes. Esto sucedía más de veinte años después de su dimisión, y sus palabras mantenían ese halo que envolvió su gestión al frente de la política industrial y económica del país: siempre fue un socialista irreverente, convencido de la superioridad de ciertos planteamientos, un seguidor del formalismo lógico y de la verdad de los datos macroeconómicos, que lo convertían en un socialista heterodoxo.

Pero su personalidad no podría entenderse sin analizar su trayectoria política: creció en la calidez del servicio de estudios del Banco de España, al que llegó en 1968 de la mano de Luis Ángel Rojo, nombrado en 1971 director general de Estudios del ente, bajo el mando de Luis Coronel de Palma al frente del mismo. Estos dos últimos hundían sus garras en el desarrollismo franquista, como miembros de la comisaría del Plan de Desarrollo liderado por Laureano López Rodó desde 1962. Durante la estancia de Solchaga en el Banco de España, fue comisionado por el banco para permanecer una temporada en el Banco de Pagos de Basilea. Su último destino antes de abandonar el Estado que le cobijó fue el Servicio de Estudios del Instituto Nacional de Industria (INI), donde pasó siete meses como subdirector hasta noviembre de 1974. Allí acudió tras la llamada del flamante presidente del INI, Francisco Fernández Ordóñez, que llevó a Miguel Boyer como director y a Solchaga como subdirector. El grupo salió escaldado por las luchas de poder que discurrían en las entrañas del régimen. Miguel Boyer le agradeció a Ordóñez su valentía al ficharles a él y a Solchaga: «Demostró su tendencia liberal, al enfrentarse a las presiones que recibió para echarnos a Solchaga, Bustelo y a mí, considerados subversivos por el régimen»[38]. Después de aquella aventura volvió al Banco de España con Boyer, hasta que en mayo de 1976 cambió de barco y pasó al Servicio de Estudios del Banco de Vizcaya. Antes de su partida, en 1974, encontró al PSOE. En el País Vasco su ascenso en el Banco de Vizcaya fue parejo al del PSOE, donde en 1978 ya formaba parte de su ejecutiva. Sus amistades y lealtades políticas dentro del PSOE fueron, por tanto, tardías y subordinadas a su pasado profesional. Esta trayectoria le hará proyectarse a sí mismo como un técnico venido a la política, cuyos planteamientos no eran sino consecuencia de un sesudo análisis, el único posible. Sus propuestas, basadas en la reducción de salarios y contención de la inflación, le situaron a la derecha del partido, enfrentado a Alfonso Guerra.

Irreverente dentro del PSOE, nunca se arrugó, ni al final ni al principio. Se estrenó por todo lo alto, con treinta y seis años, como gurú económico, al ser nombrado coordinador del Área de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal tras el XXIX Congreso. Era 21 de octubre de 1981 y se celebraba este congreso del PSOE con un ojo puesto en la decadente UCD tras la dimisión de Suárez y el 23F, y el otro en la anquilosada Alianza Popular. Se preparaban para el asalto al Estado. Por ello se plantearon clarificar tres puntos: definiciones políticas; formación de una ejecutiva más homogénea que pudiera afrontar la eventual formación de un Gobierno; y la elaboración de un programa de gobierno basado en principios realistas y no ideológicos[39]. Carlos Solchaga presentó las líneas maestras de su política económica en una ponencia denominada «una propuesta para transitar la crisis» que fue un shock para militantes, periodistas (nacionales y extranjeros) y asistentes según el propio Solchaga cuenta:

El título de la ponencia no fue lo único que escandalizó a muchos de mis compañeros de partido y, desde luego, a los dirigentes de la Unión General de Trabajadores que participaban en el propio Congreso como miembros del PSOE. Tampoco el contenido de mis propuestas fue del agrado de la mayoría ya que, junto con una política monetaria muy prudente y una política fiscal solo ligeramente expansiva, contenían como método para salir de la stagflation una reducción de los salarios reales de dos puntos durante dos años, compensada con un aumento en gasto social (lo que entonces se llamaba «salario social» vs. «salario en mano») que muchos consideraron una provocación (…). Con todo, a pesar de su difícil aceptación política, no pretendía garantizar nada. Ni la recuperación del pleno empleo ni el despegue del crecimiento económico. Su única pretensión era detener el crecimiento del desempleo mientras se producía una cierta desinflación de la economía española[40].

Su propuesta de moderación salarial tuvo su primer experimento con el «plan de empleo juvenil» lanzado en octubre de 1988, que creaba una nueva figura de contrato temporal, el becario (contrato de inserción para jóvenes), caracterizada por ganar el salario mínimo interprofesional, tener un contrato de entre 6 y 18 meses y eximir del pago de cuotas de la seguridad social al empleador. Fue el detonante de su abrupta ruptura con UGT y su enfrentamiento con los sindicatos: «No constato movimiento espontáneo de huelga. Si no hay motivación social, y nadie es capaz de percibirla pues los primeros intentos de movilización en la banca y en la sanidad han sido famosos por imperceptibles, si no hay tampoco una justificación en el plan de empleo juvenil, tendrá que haber explicaciones políticas, y estas las entiendo bien en el Partido Comunista o en CC. OO., no en UGT, que es parte de la familia socialista», dijo el entonces ministro de Economía. Tampoco el poli bueno Alfonso Guerra —que se enfrentó a Solchaga en 1981 y su propuesta de moderación salarial— era en este caso favorable a la postura de los sindicatos. «UGT ha seguido la estrategia comunista», dijo Guerra, y apuntó a que la huelga «será un fracaso» mientras les advertía ante futuras intentonas: «Espero que UGT no asuma también la estrategia comunista de boicotear la presidencia española de la CE»[41]. Los sindicatos se plantaron y lanzaron la huelga general el 14 de diciembre, bajo el lema, hoy de moda, de «juntos podemos». Fue secundada masivamente, hasta en RTVE, que cerró a cal y canto su emisión. Pero el incombustible Solchaga tenía otro as en la manga: «La huelga general del 13 de diciembre de 1988, con su carga de irracionalidad, me convenció de la necesidad de adoptar el reto aun desconociendo cuáles eran sus posibilidades de éxito. Anclar la peseta al SME [Sistema Monetario Europeo] me pareció mejor opción»[42].

Tenía claro que sería más difícil contestar a Europa, y tenía razón. Solchaga tenía por objetivo contener la inflación y reducir la fluctuación de la moneda a niveles competitivos, para lo cual impuso la moderación salarial como leitmotiv del grupo solchaguista. Primero desde el Ministerio de Industria, donde se encargó de la mayor operación de desindustrialización hecha hasta entonces. Y, posteriormente, desde el Ministerio de Economía, conduciendo el proceso de incorporación de España al SME, que exigía un conjunto de medidas para reducir la inflación. En palabras de Solchaga, le acusaban de una «obsesión por la estabilidad cambiaria que le llevaba a propugnar altos tipos de interés en contra de los intereses de la industria y de la exportación»[43]. Esto hizo que se plasmara en «palabras que se hicieron leitmotiv a partir de mi salida del Gobierno en 1992, se había estado dando prioridad a la economía financiera frente a la economía productiva»[44]. Algo de lo que se defendía advirtiendo a sus críticos de que «el desarrollo de muchas operaciones especulativas de la segunda mitad de los años ochenta tiene poco que ver con los desarrollos financieros de la época y más con la relación de lo que se podría llamar explotadores de situaciones de rentas»[45].

Aunque con una fuerte oposición, finalmente pudo llevar a cabo su plan de control de la inflación y la desindustrialización gradual. Se redujo la inflación del 20 % en el periodo de UCD al 6 % en la última legislatura de Solchaga (1989-1993); por otro lado, el sector industrial en España se redujo en 6,4 puntos del PIB de 1980 a 1994[46]. Para ejecutar su plan, como bien reconoce, podía apoyarse en los criterios para la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (1986): exigencias en materia de barreras arancelarias, la privatización y desregulación de determinados sectores, y el techo de déficit, como algunas de las condiciones de la entrada de España a la UE. La apertura de España al resto de países, bajo condiciones arancelarias beneficiosas, serviría de aliciente para la entrada de capitales extranjeros, así como para la internacionalización de algunas de las grandes empresas españolas. La fecha para que el mercado español se abriera era el 31 de diciembre de 1992; ese día el país debía aparecer ya con la camisa abierta.

La apertura del mercado español finalmente se produjo, aunque bajo ciertas directrices de «control político» que el exministro obvia y que resultan fundamentales para entender el proceso, en el cual paralelamente surgió la «nueva beautiful people», una nueva sección de la clase capitalista española alimentada directamente de su mano. Como ministro de Industria, y después, como ministro de Economía, condujo la apertura al capital privado de las grandes empresas españolas, tras una paulatina pero progresiva privatización que permitiría entrar en la partida del capitalismo en la fase de la globalización. Este proceso se hizo, en una primera fase, al privatizar una parte y mantener el Estado un porcentaje del capital (gracias a la «acción de oro») de estas empresas que garantizará su control[47], además de supervisar su gestión con el envío de los tecnócratas de Solchaga a los consejos de administración de las corporaciones. Para tal empresa reclutó en el Ministerio de Economía a Guillermo de la Dehesa, el ingeniero de las privatizaciones, como secretario de Estado de Economía, a quien en 1992 se le podía encontrar en el consejo de administración de Unión Fenosa (participada por el Estado), y posteriormente, aupado al olimpo del sector financiero como vicepresidente del Banco Santander. Su postura incluía la privatización bajo los siguientes supuestos[48]:

Aquellas empresas nacionalizadas durante la crisis industrial de los setenta cuyas condiciones hubieran mejorado y que ahora pudieran ser privatizadas.

Empresas públicas en sectores no considerados estratégicos donde ya hubiera suficiente competencia.

Empresas con pérdidas y endeudadas que, por motivos tecnológicos y de economía de escala, seguirían produciendo resultados negativos (caso de SEAT).

La operación de Solchaga bebía de la llamada «cogestión» o «codeterminación paritaria» y pretendía importar el modelo de François Mitterrand de privatizaciones y nacionalizaciones parciales. La cogestión, en su fórmula inicial, implicaba la dirección compartida de la empresa entre trabajadores y propietarios. En la práctica, el modelo suponía que funcionarios del Estado participaran en la dirección de las empresas públicas, junto a otros designados por otros accionistas mayoritarios.

No eran pocas las empresas sobre las que ejercería un control sobre su devenir como empresa privatizada: fueron 60 las empresas privatizadas entre 1985 y 1996. El ritmo fue frenético durante su primera etapa, pues durante la primera parte del mandato de Solchaga como ministro de Economía (1985-1991) se privatizaron un total de 45 empresas, a un ritmo de 7,5 empresas públicas por año. Ya a comienzos de los noventa, y durante la última etapa del PSOE (1991-1996), el ritmo se ralentizó a 3 empresas por año[49].

Pero Solchaga nunca perdió la acción de oro en las joyas de la corona como Repsol, Telefónica, Endesa o Tabacalera, algo que ayudó a que las empresas de capital estatal actuaran bajo la dirección de los «hombres de Solchaga», primero desde Industria y luego, desde Economía y Hacienda. Era un grupo que no dependía de un partido, sino de un ministerio, y del liderazgo del entonces ministro.

Los hombres de Solchaga
en el arranque del IBEX en 1992

El 14 de enero de 1992, el mismo día que se inauguraba el IBEX, ABC sacaba en su portada: «La presión de ministros “solchaguistas” obligó a González a aceptar la dimisión de García Valverde». Se refería al ministro de Sanidad, Juan García, aliado de Alfonso Guerra, y un peón aparentemente derribado por Solchaga, al igual que lo fue el propio Guerra, que había dimitido justo hacía un año y pasó a ser sustituido por Narcís Serra, el padre de las Olimpiadas de 1992. Era, por tanto, una fecha con cierto sabor a victoria para el ministro de Economía. Su figura causaba respeto, y era notable y reconocido el poder de Solchaga en el Gobierno. Por el contrario, eran menos públicos los vínculos y poder de Solchaga con el mundo industrial y financiero. Y no eran pocos.

Primero, por su propio pasado profesional en la banca privada y en el Banco de España. Y segundo, y más importante, debido a su posición privilegiada como ministro de Industria y Economía durante las privatizaciones de los años ochenta, la reestructuración financiera de finales de la década o la inclusión de España en la Unión Europea, participando en múltiples negociaciones que ayudaron a la entrada de inversión extranjera. Pero hay un rastro que es fácil de seguir para ver los vínculos entre determinadas empresas y sectores y el todopoderoso ministro: ver los nombres de aquellos subordinados que un día fueron nombrados como altos cargos durante su mandato y en 1991 aparecían en el IBEX. Su visto bueno en el BOE para su nombramiento en el cargo es una pista difícil de refutar.

Ciñéndonos a las treinta y cinco empresas del IBEX 35 en su año de lanzamiento, en 1992, el PSOE y Solchaga tenían el mayor cupo de enviados en las empresas, frente a los grupos procedentes del franquismo, los de UCD o los que procedían de la política local o autonómica. En total, el número de exaltos cargos del Gobierno del PSOE (eminentemente Gobierno central, pero también Gobiernos autonómicos) que estaban en el IBEX 35 era de cuarenta y tres consejeros. De estos cuarenta y tres consejeros agraciados, catorce habían sido nombrados por Carlos Solchaga, ya fuera de Industria o Economía, y le seguían sus sucesores en Industria, con siete posicionados por Claudio Aranzadi (1988-1993), tres por Luis Carlos Croissier (1986-1988) y tres Joan Majó i Cruzate (1985-1986), incluido a sí mismo. A este grupo hay que sumar el formado por Miguel Boyer desde Economía, antes de entrar Solchaga, con cinco posicionados en el IBEX 35. O Carlos Romero Herrera, con tres consejeros nombrados en su etapa como ministro de Agricultura. Otros ministros se repartían cada uno un único colocado en el IBEX. De todos ellos, Solchaga destacaba por ser la gran ETT del IBEX 35.

Por lógica, las empresas preferidas por los agentes del PSOE debían ser evidentemente aquellas que podían controlar, debido a que aún no habían sido enteramente privatizadas y cuyo nombramiento dependía del ministerio ocupado de su gestión y propiedad: el Ministerio de Economía y Hacienda en el caso de Telefónica y Tabacalera; y el de Industria, en el caso de Repsol, Endesa, Sevillana de Electricidad, Fecsa o Unión Fenosa. Es así si se observan los datos, pues Endesa y Telefónica se llevan la mayoría de consejeros del PSOE, un total de catorce, siete cada una, seguidas de Tabacalera con cuatro y Repsol con dos. Pero no solo eran empresas públicas las elegidas como destino para estos altos cargos; en total los altos cargos del PSOE se extienden en 1992 por un total de trece empresas del IBEX 35 (Banesto, BBV, Sevillana de Electricidad, Catalana de Gas, Construcciones y MZOV, Endesa, Ercros, Hidroeléctrica del Cantábrico, Repsol, Tabacalera, Telefónica, Unión Fenosa y Uralita) de las treinta y cinco existentes. Solo seis de las trece eran públicas, las siete restantes estaban dominadas por capital privado, desde bancos, constructoras o eléctricas.

Hay varios indicadores que nos apuntan a la centralidad de los hombres de Solchaga en estas empresas. Primero, no solo debemos tener en cuenta la influencia de Solchaga en sus subordinados de los ministerios correspondientes a su cartera, los catorce antes mencionados nombrados por él, que no son pocos. También hay otros primus inter pares, como Luis Carlos Croissier, que pueden considerarse miembros del grupo. A Solchaga, Croissier le debe ser aupado como presidente del todopoderoso Instituto Nacional de Industria en 1984, encargado de Repsol o Endesa, antes de ser aupado en 1986 como ministro de Industria, para acompañarlo después en su etapa en Economía, siendo nombrado para el cargo del presidente de la Comisión del Mercado de Valores. Croissier, apadrinado y hombre de Solchaga, fue el supervisor del arranque del IBEX 35 en 1992, lugar donde ya tenía tres hombres que había nombrado durante su etapa como ministro de Industria. Croissier, al igual que otros hombres de Solchaga, terminó vinculado al IBEX, como posterior consejero de Repsol o Jazztel. Aunque sus galones no se quedan aquí, pues fue condecorado con la Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica por el Gobierno de Aznar en 2000.

Otro indicio que apunta al poder e influencia de Solchaga —más allá de los nombramientos de sus delfines— es la presencia del sector andaluz del PSOE en el IBEX 35: José Aureliano Recio, compañero de Gobierno de Manuel Chaves en Andalucía (como consejero de Fomento y Turismo) hasta que abandonó la política en 1986. En el arranque del IBEX, en 1992, era consejero del BBV y de la eléctrica Sevillana de Electricidad, participada por el BBV y el Estado. Solchaga y Recio se conocían desde su militancia en la UGT de Bilbao, y, al parecer, fue Solchaga quien medió para que fuera fichado por BBV en 1989, momento en que Solchaga aprueba, como ministro de Economía, la fusión entre el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya. Si bien la motivación de su fichaje es difícil de contrastar, no lo es la consecuencia: que su compañero y posterior socio se subió al barco de la mayor entidad financiera de España durante el periodo en que este era ministro. Después de su salida del Gobierno, pasan a formalizar su relación en 1999, al fundar la consultora Solchaga & Recio, cuya actividad de asesoramiento se centra en aquellas empresas destinatarias de subvenciones. Para sus actividades de lobby cuentan con una fabulosa cartera de consejeros amigos, así como altos cargos del PSOE, como el expresidente del Gobierno, Felipe González, quien en 1999 intercedió en favor del entonces presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, que vio en peligro 700 000 millones de pesetas de sus inversiones en Chile por el intento del juez Baltasar Garzón de juzgar a Augusto Pinochet. El exministro de Franco reconvertido en empresario, Martín Villa, contrató entonces a Solchaga y este contó con el apoyo de González, que se manifestó públicamente en contra del proceso judicial[50]: «Yo hice la transición en España y no me habría gustado que alguien hubiera interferido en ese proceso una vez que teníamos la posibilidad de definirlo nosotros», dijo el expresidente.

Pero el PSOE y el sector solchaguista no se conformaban con poner sus huevos en el BBV, pues en 1992, y antes de apuntar con toda su artillería contra Conde y Banesto, dejaron cerrados algunos frentes en otros bancos. Aquí saltó a escena uno de los intermediarios del grupo solchaguista en el sector financiero: Claudio Boada, un fichaje procedente de las entrañas del aparato industrial franquista y del clan Del Pino Calvo-Sotelo. En 1952 fundó Ferrovial junto a Rafael del Pino, José María López de Letona y Leopoldo Calvo-Sotelo. Tras ocupar diversos cargos, el recién ascendido ministro de Industria José María López de Letona y Núñez del Pino, su socio en Ferrovial, lo nombró presidente del INI. La UCD, al crear el Instituto Nacional de Hidrocarburos, pone al frente a Boada. Durante la etapa en que Solchaga es ministro de Industria, este le mantiene en el puesto, siendo encomendado posteriormente a una misión en el sector privado: sanear entidades con una posición de exposición en el sector industrial. El patriarca de la industria en los setenta pasa a ser presidente del Banco Hispanoamericano en 1985, y en 1991 deja la presidencia, tras la fusión del banco con el Banco Central. Su victoria frente a Conde, que pretendía el Central, no fue hacerse con la presidencia del banco resultante. Le bastaba en 1992 con pertenecer a los consejos de tres empresas distintas: el Banco Central Hispanoamericano, Telefónica e Iberdrola. Durante la etapa de Claudio Boada como presidente del INI y de Solchaga como ministro, se produce el ascenso de Juan Belloso como consejero del grupo industrial del Estado, el cual pasó a ser nombrado consejero delegado de Banesto en 1992. Y no solo él, también Antonio Torrero Mañas, otro de los hombres del INI y posterior consejero de Banesto. Estos dos hombres eran parte del proyecto de Conde para crear un aparato industrial en el banco llamado Corporación Financiera e Industrial. Así, Solchaga y Conde se unían, aunque vigilantes uno del otro, pues no dejaban de ser competidores ante el mismo pastel. Solchaga era el patriarca y Conde aspiraba a ocupar una posición similar. El problema es que Solchaga nunca pensó, ni remotamente, en dejar el cargo a un extraño, alejado del PSOE. No era una cuestión ideológica, sino práctica. La intervención precipitada y abrupta de Banesto en diciembre de 1993 da mayor peso a la tesis de la pugna, lo cual no tiene por qué contradecir que tuvieran una relación simbiótica en el pasado: anteriormente a la intervención, saltó el caso Argentia Trust, una sociedad pantalla a la cual en 1990 pagó Conde —ejecutando la orden el director general Javier Abad— 600 millones de pesetas para, según el banquero, propiciar un clima favorable con la administración, que le permitiera eximir de impuestos a Corporación Financiera de Banesto tras su salida a bolsa. La transferencia y supuesto tráfico de influencias se produjeron en 1990, cuando Solchaga estaba en el Gobierno. La apertura del juicio significó que el exministro fuera citado para declarar en octubre de 1994 por el caso. Finalmente, en 1997 Conde fue condenado, y Solchaga salió indemne.

A esta lista de apadrinados de Solchaga en el IBEX 35 hay que añadir dos pesos pesados en el Estado durante su etapa como ministro, que actuaron como sus lugartenientes en las grandes privatizaciones del Estado: el hoy banquero Guillermo de la Dehesa y el hoy empresario del negocio del petróleo, Óscar Fanjul. Este último dirigió el desmantelamiento del gigante Instituto Nacional de Hidrocarburos, creando el Grupo Repsol en 1987, parcialmente privatizado en 1989, cuando sacó una Oferta Pública de Valores por valor de 780 millones de euros, equivalentes al 26,4 % del capital. Posteriormente entrarán a formar parte del capital el BBV, con el 4,2 %, y Pemex, con un 2,9 %. Para la operación ambas entidades aportaron acciones de Petronor, un 34,3 %, elevando la participación de Repsol en dicha compañía al 88,3 %. Esta OPV tenía la marca de Solchaga: durante la OPV los trabajadores de Repsol podían comprar acciones a crédito y con descuento. Solchaga quería poner en práctica aquella máxima de que España es el país donde es más fácil hacerse rico.

Guillermo de la Dehesa fue un fichaje del histriónico Miguel Boyer en la etapa en la que este expropió Rumasa, propiedad de la familia Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada. El economista del Estado era secretario general de Comercio en el Ministerio de Economía cuando se produce la expropiación forzosa. De la Dehesa describía así el volumen de la operación:

La expropiación del holding privado Rumasa, en febrero de 1983, fue la primera «nacionalización forzada» que decidió el entonces recientemente nombrado Gobierno de Felipe González para evitar mayores males que pudiesen convertir la situación en inmanejable. El coste de la expropiación y la posterior y rápida reestructuración financiera y reprivatización, que se terminó prácticamente en 1985, alcanzó el medio billón de pesetas. Esta fue, sin duda alguna, la experiencia de privatización más voluminosa y rápida que ha tenido el Grupo Patrimonio en su historia y a pesar de ello se realizó con pocos medios mediante un sistema de ventas directas y subastas entre compradores seleccionados. Muchas de las empresas fueron compradas por empresarios extranjeros tal como muestra el cuadro n.º 5 por no existir compradores nacionales u ofrecer unas condiciones sensiblemente inferiores[51].

El experimento, como menciona el economista, fue efectivo, aunque como bien dice, con un abultado coste para el erario: 3000 millones de euros por su saneamiento. No fue operación fácil, pues el grupo fue troceado y vendido por partes, para lograr un mayor rendimiento. Cabe mencionar dos grandes empresas del grupo, Banco Atlántico y Galerías Preciados, que fueron vendidas una a Arab Banking y la otra a El Corte Inglés.

El poder de la casa Solchaga: de las finanzas y los hidrocarburos
a las aventuras bursátiles del grupo. La banda de los cuatro

El grupo de Solchaga tenía una posición inmejorable en la bolsa española. Controlaba la información del Estado, tanto del Ministerio como de reguladores como el Banco de España o la CNMV, con fieles escuderos como Mariano Rubio en el primero y Luis Carlos Croissier en el segundo. Poseían enlaces en la pública Banca Exterior, presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y en la privada, en BBV o el Banco Hispanoamericano. No es para menos que fueran catalogados como la banda de los cuatro dentro del mundo financiero: «Compuesta por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga; el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio; el presidente del Hispanoamericano —tercer banco del país—, Claudio Boada; y el presidente del Banco Exterior, Miguel Boyer; todos ellos antiguos colaboradores en otros tiempos, en los que trabajaron profesionalmente fuera del mundo de las finanzas»[52].

Su poder en el ámbito financiero también recaía en la conducción de la reestructuración bancaria de los años ochenta. Durante esa década —y mayoritariamente durante las legislaturas del PSOE— se recomendará la fusión de las múltiples entidades financieras de modo que se reduzca el riesgo que llevó a la crisis (en mayor o menor medida) a 56 bancos y 23 empresas bancarias entre 1978 y 1983, es decir al 52 % de las entidades bancarias y al 27 % de las cajas de ahorro[53]. Otro proceso paralelo que ayudará a la concentración del sector financiero será la quiebra de entidades creadas al albor de las desregulaciones de los años sesenta: 20 de las 34 entidades financieras creadas durante ese periodo quebraron[54].

Pero todo control excesivo tiene su contrapartida, más si hablamos de un mercado de capitales pujante y una posición inmejorable para tomar partida a favor de uno mismo. A ello se suma que, durante mucho tiempo, la obra del grupo de Solchaga gozó de cierta impunidad, tanto política como mediática. Se pasaba por alto el enorme control sobre las empresas privatizadas y la capacidad de cometer excesos del grupo de los cuatro. Su control se extendía desde el contacto directo desde el Estado (control de acciones, manejo de información de las Ofertas Públicas de Valores y regulación de fusiones y adquisiciones) al indirecto una vez privatizadas (posicionamiento de cuadros del Estado afines).

No es raro, así, que surgiera el caso Ibercorp, un banco de inversión intervenido por el Banco de España, que resultó ser lugar de cobijo de miembros de la banda de los cuatro. Jugaban con el viento de cola a favor: el movimiento de capitales, las privatizaciones aceleradas, las salidas a bolsa, eran ocasiones inmejorables para practicar la máxima solchaguiana del enriquecimiento. Ellos tenían que demostrar que no se quedaban atrás y podían igualar a las riquezas tradicionales en España, pues ¿por qué no podía un ministro hacerse rico? O ¿por qué no podía codearse con la high class española? Todas estas preguntas fueron contestadas de forma atropellada por Miguel Boyer, el líder carismático del grupo, que contrastaba con la seriedad del líder, Solchaga. Boyer decidió salir del armario y confesarlo públicamente: era miembro privilegiado de la nueva beautiful people, un adelantado de esta nueva clase de ricos y, en consecuencia, podía actuar como tal. De ahí que no tuviera reparo para recalar en dos consejos del IBEX 35 en su arranque: en la constructora de las Koplowitz, FOCSA, y en Cristalería Española. Por su posición en la primera recibía una remuneración nada desdeñable de 900 000 euros anuales. «Con todo esto, ¿para qué esconderse?», debió contestar Boyer a Solchaga cuando este vio la portada de Hola del 14 de marzo de 1992, dos meses después de echar a rodar el IBEX 35. En la portada salían, pletóricos, los miembros de la familia, incluida la mediática Isabel Preysler, protagonista de cotilleos de revistas del corazón desde los años setenta junto a su entonces marido Julio Iglesias, y después adalid del buen gusto de la familia socialista. Pero la portada de ese 14M no solo fue una puesta de largo de ella y su glamurosa familia, sino que era la presentación pública del símbolo de la grandeza de los Boyer-Preysler: una majestuosa casa de 1370 metros en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, adquirida por el módico precio de 667 000 euros (111 millones de pesetas). El título de la portada de la revista Hola hizo su guiño a la magnitud de tal hogar: «La casa de Isabel Preysler, habitación por habitación». Denotaba que el total de las páginas de la revista podía llenarse con los trece dormitorios, catorce baños, un cuarto de estar, un despacho, una sala de estar para los niños y un cuarto de juegos; una humilde casa. Todo ello aderezado con una pista de pádel y una piscina descubierta. No obstante, el tiempo no perdona, y tampoco el karma, y el espíritu del socialista Boyer sería suplido por el del liberal Vargas Llosa, compañero sentimental de Isabel Preysler, y el siguiente y último inquilino, hasta el momento, de aquella majestuosa casa.

Ocupados de esa portada y su preparación, Boyer no se percató de que los focos no son los únicos que le seguían. Tampoco ayudó el aura de pulcritud que les rodeaba. El escándalo tendrá epicentro en el Banco de España, pero afectará a miembros de Banesto, o del Banco Central Hispano, lugares de encuentro de la casa Solchaga. El caso no era menor, y tampoco fue llevado con discreción. Antes de la intervención de Banesto en 1993, se produce la intervención del Banco de Inversiones Ibercorp, fundado por Manuel de la Concha, corredor de comercio por Madrid y síndico de la Bolsa entre 1981 y 1987. Era, pues, un gran conocedor de las entrañas del mercado de valores. Dos años después, en abril de 1994, una vez intervenido Banesto, El Mundo publica que Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España, tenía una cuenta secreta con dinero negro en Ibercorp por valor de 780 000 euros (130 millones de pesetas). También se filtra que dicho banco recibió un crédito del Banco de España por valor de 18 millones de euros, en el momento en que era presidido por Rubio[55]. Ese mismo año Manuel de la Concha y Mariano Rubio fueron detenidos e ingresaron en prisión. En julio, la jueza del caso les acusó de cohecho, estafa y apropiación indebida.

El País relataba así la espectacularidad del caso: «En Ibercorp, se investigaba el trato de favor recibido por algunos de los clientes del grupo, destacados miembros de la llamada beautiful people, entre ellos, el entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el exministro de Economía Miguel Boyer, y sus respectivas esposas, Carmen Posadas e Isabel Preysler. De la Concha y sus socios Jaime Soto y Benito Tamayo adquirieron para sus clientes una pequeña compañía de muebles de oficina llamada Sistemas AF que, tras la obtención de importantísimas plusvalías al cotizar sus acciones en la bolsa, se vino abajo con el crash bursátil. De la Concha, al disponer de información privilegiada, vendió sus acciones y las de sus clientes más importantes, evitando las pérdidas y dejando que el resto de los accionistas afrontase el hundimiento de la compañía»[56].

Recientemente, Alfonso Guerra, segundo de Felipe González, en un arranque de virulencia contra el grupo que le hacía oposición dentro del PSOE, relataba algunas de las oscuras relaciones que se tejían en Ibercorp y que involucraban a altos mandos de la banda de los cuatro: «Años atrás, el Gobierno había concedido —a pesar de mi oposición y mi señalamiento del grupo de especuladores a quienes se entregaba— una ficha bancaria a Ibercorp, entidad pilotada por Manuel de la Concha y Jaime Soto, que formaban parte del clan de amigos de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, Miguel Boyer, ministro de Economía cuando se otorgó la autorización, y Carlos Solchaga, ministro de Industria entonces, y de Economía cuando estalló el escándalo de las irregularidades del grupo financiero y se descubrió que estaba implicado el propio gobernador del Banco de España»[57].

La forma de organización del grupo:
cuerpos de élite, Banco de España y banca privada

Solchaga, antes de ser el padre político del IBEX 35 y referente del PSOE, había pasado por las huestes económicas del franquismo, como jefe de sección de balanza de pagos internacional del Banco de España, y figuraba en la nómina del banco hasta 1974. Allí conoció a Luis Ángel Rojo, director general de Estudios desde 1971 y posterior subgobernador del Banco de España con Solchaga y líder de la intervención de Banesto en diciembre de 1993, ya como gobernador. También al gobernador Luis Coronel de Palma, su jefe durante su estadía, quien sería después de esta etapa nombrado vicepresidente del Banesto. Era un grupo curtido en las entrañas del poder económico del franquismo, hijos todos del franquismo opusdeiano y padres del nuevo orden económico de la democracia.

Solchaga nace en el Banco de España y crece en el Banco de Vizcaya, donde será director del servicio de estudios y asesor del presidente del Banco de Vizcaya desde 1976, a las órdenes del presidente Pedro de Toledo. Años después, se verían ambos las caras en la fusión del Banco de Bilbao y el de Vizcaya: Solchaga, como árbitro de la misma, y Pedro de Toledo, como flamante copresidente de la recién creada entidad. Una entidad, el BBV, mimada por Solchaga, y en la que recalará su buen amigo y socio José Aureliano Recio.

El segundo de a bordo, Miguel Boyer, también comenzó en el Banco de España, en 1969, en el servicio de estudios liderado por Mariano Rubio. Antes, había pasado por la cárcel debido a su pertenencia a las Juventudes Socialistas. Su paso al sector financiero, al Banco Exterior en 1985, se hizo por la vía solchaguiana, dependiendo del nombramiento de un consejo organizado por el ministro navarro. Sustituyó a Francisco Fernández Ordóñez, quien pasó a la cartera de ministro de Asuntos Exteriores. Su paso después por el sector privado fue errante, de la empresa de las Koplowitz a Cristalería Española.

El tercero de los fuertes, Mariano Rubio, fue el fichaje insider del grupo. Tenía conexiones con el grupo de La Dehesilla, asociado a la mezcla de los apellidos Del Pino, Calvo-Sotelo y Bustelo (núcleo fundador de Ferrovial), clan al cual Mariano Rubio se sumó como consejero en una de las sociedades del grupo, junto a López de Letona, miembro del consejo de administración de Ferrovial, y aupado después a gobernador del banco. Sus vínculos con el franquismo, al igual que el resto del grupo, se los debe por igual al Banco de España, en el que ingresará en 1963, hasta ser aupado por el entonces gobernador López de Letona en 1977 a subgobernador. El PSOE será benévolo con el solícito economista, elevándolo a la máxima autoridad del ente emisor.

Pero lo que definía al grupo era su común pertenencia a las entrañas del Estado: eran funcionarios que pasaban por encima de uno y otro Gobierno. Algo que fue la seña de identidad de la banda, que tendrá a siete economistas del Estado en posiciones estratégicas en el IBEX 35 de 1992: el mencionado Guillermo de la Dehesa, Francisco J. Landa Aznárez, José Juan Ruiz Gómez, Luis Sempere Couderc, Luis Alcaide de la Rosa, Miguel Cruz Amorós y Ricardo Bolufer Nieto. El resto del grupo no procedía de elevados puestos en el aparato del PSOE, sino que se definían por ocupar mandos directivos en direcciones generales o secretarías generales de los Ministerios de Economía y Hacienda, e Industria. Los muchachos de Solchaga eran, pues, burócratas del ministerio, no hombres del partido.

Fue un grupo que creó polémica dentro y fuera del PSOE, y cientos de titulares en la prensa. A pesar de ello, la banda contaba con inestimables escuderos como Pedro J. Ramírez, quien derrochaba por doquier elogios para el trío y su promotor, Felipe González, pues «ha tenido la suerte de contar entre los colaboradores con el trío Boyer-Solchaga-Rubio y también el mérito de confiar indesmayablemente en ellos, a despecho del pujante periodismo de peluquería que tan lucrativa palabra ha organizado con lo de la beautiful people. Ninguno de los tres ganará nunca un concurso de popularidad, pero si España crece hoy al cuatro y pico por ciento es —entre otras razones— porque ni en el Ministerio de Economía ni en el Banco de España ha habido durante estos años la menor concesión al pasteleo»[58].

El trío tenía un aura que les entronaba como técnicos impecables y solo el caso Ibercorp opacó su obra. Pero no podemos dejar en manos de Pedro J. la última palabra, pues a lo lejos los cantos de sirena de Hegel aconsejan mirar el espíritu que guiaba a este grupo, quizá no tan novedoso. Su apego a determinados ministerios como el de Economía e Industria, así como al Banco de España, les unía con otro grupo que habitó esos edificios treinta años antes. El espíritu de aquellos moraba por el grupo. La industrialización de España llegó de la mano de aquellos, mientras que estos enterraban la obra. En medio, la misma lógica de grupo y organización, basada en el mérito de tener ganada una oposición, de ser parte de un grupo de élite con aspiración a superar las barreras del partido, de las empresas y del país. Era el grupo mimado de la economía globalizada, una burocracia de élite que permitía que los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio se cumplieran. Eran la personalización del derecho previsible.

Los franquistas después del franquismo: las empresas
de la construcción, lugar de cobijo del régimen en el IBEX 35

En el arranque de las olimpiadas del IBEX 35, la casa Solchaga había tomado ventaja, tomando posiciones privilegiadas en lo que se refiere a empresas públicas y al sector financiero. Pero no era el único grupo político que competía. Junto a él estaban excargos de la UCD, o del Gobierno monárquico de transición. Y, de forma más numerosa, todo un régimen parcialmente desplazado a partir de 1977, que ahora disfrutaba de su retiro en el IBEX 35. Era la plana mayor del régimen franquista, reconvertida en empresariado patrio con una buena cuota en el IBEX 35: los cortesanos del régimen ocupaban treinta y cinco puestos en consejos de administración de empresas del IBEX 35.

Como decía Carmen Franco, única hija de Francisco Franco: «Gracias a Dios no ha ocurrido nada de eso. Pienso que el paso de mi padre a una monarquía ha hecho que el cambio político haya sido tranquilo. Yo he aceptado esa transición porque creo que era buena para España y para todo el mundo. Personalmente he disfrutado de una paz en estos 40 años que tengo que agradecer»[59]. Según Mariano Sánchez Soler, autor del libro Los Franco SA, los Franco atesoran un patrimonio valorado entre 500 y 600 millones de euros.

Algo similar debían pensar los treinta y cinco consejeros que pasaron desapercibidos de su pasado en el franquismo y se instalaron en posiciones adelantadas en el gran arranque del IBEX 35, sin ser prácticamente notados, mucho menos juzgados. Desde la muerte de Franco y la llamada transición, vía Ley de Amnistía de 1977, únicamente se han mostrado suspicaces desde Argentina, cuando en 2013, la jueza titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.º 1 de Buenos Aires abrió una investigación por una denuncia de robo de bebés durante el franquismo, a la cual se sumaron otras que denunciaban fusilamientos, torturas, desapariciones y un largo etcétera. Finalmente, se cursó una petición al Ministerio de Justicia español para interrogar a diecinueve cargos del franquismo, entre responsables políticos y fuerzas policiales, acusadas de delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Entre ellos, estaba Antonio Carro Martínez, secretario general técnico del Ministerio de la Gobernación durante toda la década de los sesenta, durante el mandato de Camilo Alonso Vega, que ascendió en los estertores del franquismo a ministro de la Gobernación. Carro es un gran ejemplo de la gran versatilidad demostrada por los altos cargos del régimen para moverse por toda clase de aguas. Fueron grandes regatistas de traineras, capaces de competir y destacar en la Copa de S. E. el Generalísimo dejándose la piel para conseguir el favor de este. Para ello, hombres como Antonio Carro: a la sazón ministro de la Gobernación, no dudó en firmar sentencias de muerte como la de Salvador Puig Antich en 1974 o las de los últimos cinco ejecutados por el franquismo en septiembre de 1975 (José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echeverría). Pero, como buenos profesionales, se adaptaron a la democracia sin problema, pues su condición física se lo permitía, destacando como adalides del proceso democrático. Se adaptaron a deportes que requerían altura y cintura, así como velocidad para dar el salto. Antonio Carro fue un adelantado, y de la sede de la Gobernación en Sol llegó, en un memorable salto, al Congreso de los Diputados en la calle Floridablanca, alcanzando la posición de vicepresidente segundo del Congreso. Tras su retirada, tuvo una recompensa a la altura de su carrera, acabando en el consejo de administración de la constructora del IBEX 35, Vallehermoso, en 1992.

Los ministros de la casa del Opus,
adelantados del IBEX 35

Pero el franquismo no era solo un conjunto de miembros procedentes de una etapa. El 5 de febrero de 1964, Emilio Romero denunciaba en el diario franquista Pueblo que «lo que sorprende a los españoles —desconfiados como pueblo viejo y escaldado— es la aparición súbita e intensa del Opus Dei, a través de sus miembros, en organismos culturales, en empresas industriales, en entidades bancarias y en altos puestos de la Administración. A nosotros no se nos ocurriría nunca decir que esto sea injusto, pues conocemos a muchos del Opus Dei y tenemos una alta estimación de su preparación, de sus cualidades y de sus servicios. ¿Pero cómo han llegado a todos estos puestos destacados sin que funcione un aparato coherente? Se hace difícil suponer —aunque aceptados sin reservas la argumentación del señor Ullastres— que, individualmente o aisladamente se pueda llegar a todas partes en bloque, y en muy poco tiempo, espectacularmente».

No podía ser menor el asombro, pues una organización de la Iglesia fundada en 1928, se hizo veintinueve años después con los principales ministerios de Franco: Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres, que se hacían cargo de la reorientación económica del país, junto a Carrero, o López Rodó. Rodeando al caudillo, consiguieron desplazar a Serrano Suñer y sus acólitos falangistas, instalando a López Rodó como principal ingeniero del nuevo Estado opus-fonsequiano. No son pocos los resquicios de este Estado en el presente. Vale la pena pensar en los treinta y cinco consejeros miembros de empresas del IBEX 35 en 1991 que habían pasado antes por altos cargos del Estado durante la etapa de dominación del Opus en el franquismo. Una cifra nada desdeñable si se piensa en los dieciséis años pasados tras la muerte de Franco, y que ocupaban 22 de las 35 empresas del índice.

José Luis Arrese, valedor en el Gobierno de Franco del nacionalsindicalismo de Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), el gran rival del grupo del Opus, trató de explicar el porqué del poder del grupo del Opus: «Mientras andábamos metidos en discusiones bizantinas, el régimen se hundía por falta de suelo financiero. No debe extrañar que se volviera hacia este problema quien, como buen militar, era más dado a las realidades prácticas que a las bellas teorías políticas»[60]. Y era cierto, pues mientras Arrese y sus hombres pensaban en dar forma política al régimen, los opusianos de López Rodó y Alberto Ullastres ya lo habían hecho al planificar los cimientos de la economía española.

Lo cierto es que se hicieron con los grandes departamentos del Estado: el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de la Presidencia. Como gran abanderado del grupo, el militar Luis Carrero Blanco, almirante y valido de Franco, sustituto del mismo en 1973 y posteriormente asesinado por ETA. Carrero fue el gran consejero de Franco, una tarea que iba más allá de su puesto formal. Era miembro del círculo cerrado del Caudillo y, por ello, añadía a su puesto la gran influencia que tenía sobre él. Más allá, su posición privilegiada suponía dar entrada al núcleo del franquismo al grupo discreto de Escrivá de Balaguer, el Opus Dei.

Formaban parte «del Opus», y desde su posición reconstruyeron la maltrecha economía y administración del régimen. Era el grupo del numerario Laureano López Rodó, creador de la nueva administración franquista, y entrenador de toda la nueva camada de tecnócratas del régimen, hombres (era una prueba eminentemente masculina) dedicados y escrupulosamente diligentes en la tarea encomendada por el líder. El grupo tenía su cuota en el IBEX. En él estaba Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores (dirigió la Escuela Diplomática) durante los años sesenta, y ministro de Obras Públicas bajo el ala del todopoderoso López Rodó —con quien redactó la Ley Orgánica del Estado en 1967—, a su vez mano derecha del vicepresidente Luis Carrero Blanco, el protector del grupo. En democracia pasó a ser diputado de Alianza Popular de Fraga en las elecciones constituyentes de 1977, retirándose de la política en 1979. Fue acogido con las manos abiertas por el opusiano Banco Popular, en el que estará prácticamente hasta su muerte. De la Mora no era del Opus, pero al igual que el grupo solchaguista, para ser miembro de la casa del Opus, la máxima que seguir era la lealtad institucional inquebrantable, que encarnaba el líder del grupo, en este caso López Rodó. Este diría sobre sus apadrinados que «la mayoría me dieron pruebas de lealtad y supieron corresponder a la confianza que había depositado en ellos»[61]. Según las cifras que maneja López Rodó, este recomendó el nombramiento de 17 ministros durante el franquismo[62].

La Casa del Rey y la cuota de la monarquía
restaurada en las olimpiadas del IBEX 35

En los meses posteriores a la muerte de Franco, mientras los gerifaltes del franquismo temían una abrupta salida del poder, el rey Juan Carlos exhibía su flamante corona sin preocupaciones. Ya sí, la Corona se hacía con la Jefatura del Estado, y así lo quiso demostrar en el primer viaje al exterior el 31 de mayo de 1976, el primero que hacía un jefe de Estado Borbón desde el último viaje de exilio de su abuelo Alfonso XIII. El destino, el caribeño país de República Dominicana, o en términos simbólicos, la primera colonia de los reyes Católicos en América. El rey lo rememoraba en la rueda de prensa: «Volando sobre el mar Caribe he recordado al descubridor, nuestro almirante Cristóbal Colón, y con su recuerdo he pensado en mis antepasados, los reyes de España, que, aun sin conocerla, amaron a América, la imaginaron y la cuidaron, y con ambos recuerdos he dirigido mi pensamiento y mi amor al pueblo español, a cuyo servicio estoy, que dejó la huella indeleble de su esfuerzo, su fe y su cultura en el mapa de este continente»[63].

El recuerdo de aquellas aventuras marítimas de Colón quizá fue lo que alentó su pasión por el mar. Después de ser nombrado en 1969 como sucesor de Franco, Juan Carlos participó en las Olimpiadas de Múnich en 1972 y, aunque fue descalificado por una mala salida en la primera prueba, acabó el quinto en la clasificación general. Un año antes, en 1971, había bautizado su primer velero como Bribón I, nombre confuso si con ello el monarca se autocalificaba como dado a la briba, es decir, dedicarse a «vivir en holgazanería picaresca o darse a este género de vida», según la Real Academia Española.

También la reina Sofía disfrutaba surcando a toda velocidad el mar abierto. Participó —al igual que su real pareja— en unos Juegos Olímpicos, los de Roma de 1962, en la modalidad de vela. Pero la aventura olímpica no quedó aquí y la familia de deportistas tuvo su punto más álgido en 1992, cuando se convirtió en anfitriona y participante de los Juegos de Barcelona 92. Entonces fue representada por el príncipe Felipe, que compitió en la modalidad Soling con el Aifos, y llegó a disputar las semifinales, además de ser el portador de la bandera del equipo español en la ceremonia inaugural. Los Juegos fueron así una oportunidad para limpiar los rasgos de un momificado y decadente Franco que aún se podían distinguir en el rey Juan Carlos. Y no solo eso, sino que dieron una nueva imagen a la monarquía: de máxima autoridad del Estado por pedido del Caudillo, abanderando una transición vía pactos, pasó a ser representada por la imagen de Felipe sosteniendo la bandera de una nueva España competitiva y en una forma física formidable. Fueron unos Juegos Olímpicos para el recuerdo: los mejores, según Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), que veía como su tierra natal, Barcelona, era testigo de trece medallas de oro (frente a cuatro conseguidas en los Juegos anteriores) que daban mayor entidad a la ciudad, engalanada y transformada para la ocasión, y que se vio convertida en sofisticada musa a la que rendían culto Freddy Mercury y Montserrat Caballé en su canción Barcelona. Todo quedó impregnado de un halo de misticismo y triunfo que hizo olvidar los excesos cometidos en el pasado, dando rienda al travestismo de la nueva España que abanderaba Juan Antonio Samaranch, delegado nacional de Educación Física y Deportes durante la dictadura (1967-1970) y entonces presidente del COI y de La Caixa.

Ese 1992 fue clave para la imagen de la Casa Real. Un éxito absoluto, si se tiene en cuenta el resultado de los dos eventos patrocinados y liderados por el monarca: la Expo en Sevilla y las Olimpiadas en Barcelona. Dos hitos que quería fueran recordados como símbolo de la dinastía de los Borbones, que el monarca venía planeando desde sus primeros años de reinado. Es más, en el primer viaje a República Dominicana en octubre de 1976 expuso ya sus planes, en un mensaje cargado de simbolismo, en el cual recordaba, con solemnidad, como «las dos primeras, como recordaréis, se celebraron en Sevilla y en Barcelona y fueron auspiciadas por mi abuelo, el rey Alfonso XIII. Nuestros pueblos están a punto. Pueden hacer un alarde. Tienen que hacerlo. Solo precisan demostrar lo que son, demostrar lo que hacen. Para mí, personalmente, nada será más alentador que iniciar mi reinado con esta empresa y convertirme en patrocinador de vuestro esfuerzo y en portavoz de vuestro espíritu»[64]. Era el pistoletazo de salida para relanzar la III Exposición Internacional Iberoamericana.

En 1992 vio su sueño hecho realidad, y Su Majestad se constituía en embajador de las Olimpiadas y la Expo de 1992. Pero no descuidaba otros ámbitos que entonces estaban en plena ebullición. La operación «IBEX 35» estaba en marcha desde febrero de ese año, y no podía estar ausente del plan de mercado de capitales más ambicioso de la historia de España. Como no podía ser de otra manera, su posición como monarca le impedía formar parte de empresas del índice bursátil. Pero ello no impedía que sus más íntimos allegados pudieran acceder a las mismas. En total, 9 consejeros del IBEX en 1991 procedían del Gobierno de la monarquía.

De ellos, los más puros, Leopoldo Calvo-Sotelo y José Lladó Fernández-Urrutia, ambos nombrados directamente por el monarca como miembros del gabinete de ministros. Ambos tendrán como destinos el sector financiero, uno el Banco Hispanoamericano, el otro el BBV. En el mismo grupo podemos incluir a un hombre polémico de aquella era: Federico Gómez de Salazar. General de división, había luchado junto a los nazis en la División Azul, en la 250.ª División de la Wehrmacht. En 1974 fue nombrado gobernador civil del Sáhara. El Consejo de Ministros del 31 de octubre de 1974, presidido por el rey Juan Carlos, determinó salir del Sáhara, tras el cual el rey se dirigió a El Aaiún a reunirse con Gómez de Salazar para dirigir la operación. Allí alentó a las tropas antes de la retirada: «He venido para saludaros y vivir unas horas con vosotros. Conozco vuestro espíritu, vuestra disciplina y vuestra eficacia. Siento no poder estar más tiempo aquí con estas magníficas unidades, pero quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y el honor»[65]. Dos meses antes de celebrarse las primeras elecciones, en mayo de 1976, será promovido a teniente general. Tras el intento de golpe de Estado, y debido a la renuncia del presidente del tribunal Luis Álvarez Rodríguez por «agravamiento de dolencia gástrica», presidió el Consejo Supremo de Justicia Militar que dictó sentencia contra los implicados en el 23F, en abril de 1982. Del corazón del franquismo salió a la democracia por la puerta del IBEX y en 1991 tenía asiento asegurado en Tabacalera. Su hijo, el teniente general Juan Gómez de Salazar Mínguez, subdirector de la Guardia Civil con el PSOE de González, fue ascendido en mayo de 2016 a jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

Menos nombre, pero mayor huella en la administración del Estado tuvieron dos burócratas que fueron catapultados de los Gobiernos de Juan Carlos I al IBEX: Luis Magaña Martínez y Alfonso Gota Losada, artífices de las dos grandes reformas que sufrió la economía española en la transición; el primero, valedor de la política energética y la reforma del sector tras la crisis del petróleo; el segundo, de la reforma del sistema tributario, como director general de Tributos. El primero acabó en una de las empresas cercanas al monarca, Cepsa, el segundo en Tabacalera. Otro poco conocido pero con gran poder entonces fue José María Concejo Álvarez. Como director general de Patrimonio del Estado estaba a cargo de Telefónica y Tabacalera. Era, pues, una pieza clave del Estado en las dos grandes empresas públicas, y se mantendrá en el cargo todo el periodo que dure el gobierno transicional de Adolfo Suárez. En representación del Gobierno, tendrá además un asiento en el consejo de administración de Telefónica. Sitio que preservará en 1991 en la firma de telefonía, y al que sumará otro en el BBV.

También hubo otros en el IBEX que no ostentaron puestos en los Gobiernos de la monarquía restaurada, pero que eran muy próximos al monarca: como su primo Carlos de Borbón Dos Sicilias, que participaba en el consejo de administración de CEPSA. No era simplemente un familiar, pues con él compartió infancia y estudios en el Pardo, en un momento de estrecho cerco por parte del Caudillo, que vigilaba de cerca a su sucesor.

A diferencia de Juan Carlos I, con una carrera asegurada en el Estado, su primo Carlos fue un adelantado en la empresa privada. Trabajó en Nueva York, México y Perú para el banco de inversión norteamericano Chase International Investment Corporation y fue uno de los consejeros más codiciados del IBEX 35, donde consiguió sentarse en cinco empresas de forma simultánea en sus últimos años: Marsans, CEPSA, Abertis, Abengoa Solar y reyal Urbis. Aunque al final de su vida, esta participación le supuso más de un disgusto, como en el caso del juicio por la crisis de Marsans, en el que se alegó su enfermedad degenerativa que le impedía recordar cualquier cosa sobre la situación de la empresa. La crisis de Urbis, que desencadenó en el segundo mayor concurso de la historia empresarial española, pudo haberle estallado, si no hubiera sido porque la empresa tomó medidas y antes de publicar sus pérdidas millonarias dio de baja al consejero real.

En la empresa petrolera coincidían con Carlos de Borbón algunos de los que fueron los «validos del rey» durante la etapa en que fue el todopoderoso regente del régimen franquista tras la muerte de Franco y antes de las elecciones de 1976. Se pueden denominar validos, pues durante dos años pudo hacer y deshacer sin tener que rendir cuentas, ya fuera hacia arriba o hacia abajo. Su poder recaía en su control del Consejo del Reino, órgano de donde saldría el nombramiento del nuevo presidente del Gobierno, elegido por medio de una terna o lista de nombres. Tras la dimisión —dicen algunos que forzada— de Arias Navarro, fue nombrado Suárez, dejando perplejos a los grandes superministros que ya se veían presidentes, como Laureano López Rodó o Manuel Fraga. De los dos años del Gobierno de la monarquía restaurada de Suárez saldrán importantes nombres en el IBEX, y en particular en CEPSA, donde estarán Fernando Abril Martorell (ministro de Agricultura) o Carlos Pérez-Bricio Olariaga (ministro de Industria), además de un subalterno de este último, Luis Magaña Martínez, que fue en la práctica el planificador del sector de la energía durante la crisis del petróleo en los años setenta, como director general de la Energía.

Pero entre los consejeros de Cepsa destaca un nombre en 1991, el de Javier de la Rosa, el financiero que cayó en desgracia tras el caso KIO y Tibidabo. El financiero entró como consejero independiente, y no por representar al fondo IPIC, fondo perteneciente al emirato de Abu Dhabi que en 1988 entraba en el accionariado de CEPSA con el 10 %. De la Rosa era un conocido intermediario en Medio Oriente, tanto que llegó a presidir desde 1988 el holding kuwaití Grupo Torras, participado por el fondo KIO, que entre otras, mantenía una participación en la empresa química Ercros, componente del IBEX 35 en su fundación. En las fechas en que IPIC adquiere el 10 % de CEPSA, la kuwaití KIO planteó adquirir el 20 % de CEPSA y llegó a ofrecer un precio del 475 % sobre el valor nominal de las acciones y un contrato de suministro de crudos en los términos deseados por CEPSA. La compañía española, que exigió en un momento un precio del 600 %, lo rebajó al 500 %, pero sin llegar al precio máximo ofertado por el grupo kuwaití.

Es importante analizar la conexión entre Javier de la Rosa, consejero de CEPSA, y Ercros —en cuyo consejo se sentaba el patrón de las Olimpiadas, Samaranch, y el que sería después portavoz de Aznar, Josep Piqué—, pues la empresa de derivados del petróleo estaba participada por De la Rosa, a través de la sociedad Mesa Redonda S. L. de la cual tenía el 60 % de las acciones, dato que tuvo que desvelar el juez en 1996, y que utilizó como fianza para seguir cubriendo la fianza civil de 13 333 millones de pesetas exigida a Javier de la Rosa por sus responsabilidades en la crisis de Grand Tibidabo. Pero el caso Ercros no quedó aquí, salpicando a todos los miembros del consejo en la venta de una filial del grupo a CEPSA. Ocurrió en enero de 1991, cuando Javier de la Rosa Martí, en representación de Ercros, vendió todas las acciones de Ertoil a General Mediterránea Holding SA (GMH), representada por Nadhmi Auchi y Nasir Abid, por 36 500 millones de pesetas. Una sociedad que no estaba relacionada con el sector petrolífero, constituida en Luxemburgo, y que tenía como domicilio, a efectos de notificaciones, el del despacho de abogados de Javier de la Rosa, Folchi y de Pascual Asociados, en Barcelona. Al día siguiente, la sociedad GMH otorgó a ELF el derecho en exclusiva a la adquisición del 100 % de las acciones de Ertoil, y el 30 de abril de 1991, ELF cedió a Cepsa la opción de compra de Ertoil. El 26 de septiembre, GMH vendía a CEPSA el 100 % de Ertoil. En la operación se desfalcaron 10 428 millones de pesetas (60 millones de euros).

Casualmente, como presidente del Grupo Torras, en Grand Tibidabo coincidirá con otro de los validos del rey Juan Carlos, su administrador Manuel Prado y Colón de Carvajal, descendiente de Colón, gestor del patrimonio del rey, y al que nombró, en respuesta a su buen hacer, senador en la legislatura constituyente (desde junio de 1977) y en 1978 presidente del Centro Iberoamericano de Cooperación y embajador de España en Misión Extraordinaria. Era embajador sin embajada, lo que le permitía viajar con los privilegios y derechos de una misión diplomática. Durante aquellos años, Prado fue emisario del rey en numerosas ocasiones: para conseguir que el presidente de Francia, Giscard d’Estaing, acudiese a la ceremonia de entronización de don Juan Carlos en la iglesia de los Jerónimos, o el viaje a Rumanía, para hablar con el presidente Nicolae Ceaușescu, para que este convenciera al secretario general del PCE, Santiago Carrillo, de que debía dar un margen de confianza al nuevo monarca. Viajó por medio mundo, y quizá por ello lo simultaneó durante la etapa transicional con la presidencia de la aerolínea pública, Iberia. Tal amistad y confianza con el rey se debe precisamente a Carlos de Borbón, que en 1961 organizó una cena con su primo Juan Carlos y Manuel Prado en el Nuevo Club, cena que se alargó hasta la madrugada. Tras ese encuentro fueron inseparables, y la carrera de este último imparable: en los años sesenta presidió o formó parte de consejos de administración de empresas como Ericson, la Société Générale de Banque en España, Intelsa y Ford España, que se instalaba en nuestro país.

Manuel Prado encarnaba entonces la sombra del rey en los dos eventos más importantes de 1992: fue vicepresidente de Grand Tibidabo, gestor del parque temático de Barcelona, hasta el 24 de diciembre de 1992, solo unos meses después de los Juegos Olímpicos. Antes de su retirada, Grand Tibidabo compró unos terrenos en Sevilla a la sociedad Expovillas, aprovechando el tirón que tenía entonces la ciudad tras la Expo. En esa operación, Grand Tibidabo (entonces CNL) prestó 1500 millones de pesetas a Expovillas, cuya garantía de préstamo eran unos terrenos y un hotel en Dos Hermanas (Sevilla). Las condiciones pactadas consistían en que Expovillas recompraría los terrenos, pero estas no se cumplieron porque De la Rosa y Prado firmaron en diciembre de 1992, antes de la renuncia de este, un nuevo pacto en el que Grand Tibidabo renunciaba a la recompra y además cambió los terrenos originales por otros. Los nuevos terrenos tenían un valor de 658 millones de pesetas, menos de la mitad que los anteriores. El caso se saldó con la demanda del grupo KIO a De la Rosa y Manuel Prado, y su paso por prisión en 2004. Tras destaparse el caso en 1993, dos años más tarde el cerco se estrecharía sobre la figura de Juan Carlos, siendo defendido por el fiscal general del Estado, Carlos Granados, que justificaba que el rey estaba al margen de los negocios entre el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal y el financiero Javier de la Rosa. Lo cierto es que el consejo de administración de Grand Tibidabo parecía una foto un tanto escandalosa: Emilio Casinello, excomisario de la Exposición Universal de Sevilla, el exconsejero de la Generalitat de Cataluña Vicenç Oller, y Juan Antonio Samaranch Salisachs, hijo de Samaranch, presidente del COI y de La Caixa.

No descuidó Manuel Prado (el administrador privado del rey) la Expo de Sevilla, en la que ostentó toda clase de puestos antes de celebrarse, durante y después. Fue presidente de la Comisión Nacional de los actos del V Centenario del Descubrimiento de América (1981-1982) y en 1982 defendió con éxito la candidatura de Sevilla para la celebración de la Exposición Universal. Durante la Exposición fue miembro del consejo de administración de la Expo 92 en representación del Ayuntamiento de Sevilla. Y ya acabadas, en diciembre de 1992, tras dejar la sociedad catalana, fue nombrado presidente de Partecsa, empresa que gestionó el parque tecnológico Cartuja 93, heredera de los terrenos de la Expo. Por designios del destino, Colón de Carvajal y el rey de España volvían a unirse con América como motivo, siendo de nuevo Colón el gran adelantado en los negocios, si bien esta vez perdurará la amistad y confianza.

En CEPSA, además de los cercanos al rey, como Abril Martorell o Pérez-Bricio, los exministros estaban acompañados por empresarios que hicieron fortuna con el régimen como Enrique Marsans, heredero de los Marsans, que vendió la empresa de viajes al Estado en 1965, para ser luego vendida a un amigo del rey en 1985, a Gerardo Díaz Ferrán, y a Gonzalo Pascual. También estaba en Cepsa el patriarca de los Carceller, hijo del ministro de Industria de Franco, y dueños de Damm, Campofrío y la petrolera Disa[66].

De la Rosa y KIO han sido un alambre de espino en la cabeza del monarca. Demasiadas conexiones ataban a De la Rosa y al administrador del rey. A las conexiones de ambos en empresas como Tibidabo o Expovillas se sumaba su intermediación en el negocio del petróleo con los Emiratos y Arabia Saudí, asunto sobre el que circulaban rumores de que el rey cobraba una comisión de intermediación por cada barril que salía de la península arábiga. Algunas muestras de cariño había entre el monarca y De la Rosa, como el hecho de que un año antes de la polémica operación del Tibidado, en 1990, por su cumpleaños, De la Rosa le regalara un Porsche al monarca valorado en 20 millones de pesetas. El uso y disfrute que hizo de aquel coche queda registrado en el accidente que tuvo al ir a Baqueira en las Navidades de 1990 y que relató El País[67]. Todo iba sobre ruedas mientras se mantuvo a flote KIO esos años, pero su exposición en numerosas operaciones turbias estuvo a punto de llevarse por delante al Gobierno y la monarquía. La gota final fue una supuesta comisión de 300 millones que fue a parar a Manuel Prado desde KIO, juzgada en un tribunal de Londres.

La historia se remonta a la invasión de Kuwait por Sadam Husein, seguida por la intervención norteamericana y británica que quería volver a controlar la zona colocando de nuevo a la familia Al Sabah (uno de cuyos miembros era el presidente también de KIO) al frente del emirato. Al final de la guerra se descubrió un agujero de 55 000 millones de pesetas de la época que la Kuwait Investment Office (KIO) mantenía en las cuentas de su filial española, el Grupo Torras. Según De la Rosa, aquella cantidad se utilizó para el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato, en concreto para permitir que los aviones de la Fuerza Aérea de EE. UU. pudieran utilizar las bases españolas para repostar en sus periplos al Medio Oriente.

En un juicio celebrado ante la Corte de Londres, Javier de la Rosa reconoció haber entregado a Manuel Prado y Colón de Carvajal hasta 160 millones de dólares, de los que el propio Prado reconoció en sede judicial haber recibido 100 millones de nada —en dos entregas de 80 y 20—, algo así como 15 000 millones de pesetas de la época, recepción que justificó como «el pago de dictámenes y trabajos de asesoría por él realizados para De la Rosa». El juez se mostró asombrado ante tal cantidad por un trabajo de asesoría, algo que Manuel dijo que era habitual.

La historia se complica con el testimonio del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, a quien el rey pidió que acudiera al piso que De la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, un ático en el número 47 del paseo de la Castellana, para que transmitiera el siguiente enigmático mensaje: «Vas a ir a ver a Javier de la Rosa a este número del paseo de la Castellana y le vas a decir que, de parte del rey, todo está arreglado y que muchas gracias». A lo cual Sabino, perplejo, preguntó: «Pero, bueno, ¿no hay que decir de qué se trata?»[68].

Los casos se acumulaban para De la Rosa y Manuel Prado. Para el primero, era uno de un torrente de casos que involucrarán a otros de los validos del rey Juan Carlos. Pues en el caso KIO también estuvo otro de los protegidos en su legislatura de la «Corte Real»: Rodrigo Echenique, director de Política Interior, nombrado el 26 de abril bajo la firma de Manuel Fraga como ministro de la Gobernación. En 1988 acabó en el Banco Santander como consejero, banco del que fue posteriormente vicepresidente. Junto a él estaba en Santander el ovetense Matías Rodríguez Inciarte, economista del Estado, y secretario general técnico en el Ministerio de Hacienda en julio de 1976. Su relación con el monarca es desde 2008 más próxima, ya como presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Rodrigo Echenique, como consejero delegado de la entidad, se involucró en un conjunto de créditos al grupo de Javier de la Rosa para hacerse con diversas empresas. En total, el Santander tenía el 20 % de los recursos propios invertidos en KIO. El último crédito concedido, de 390 millones de euros (83 000 millones de pesetas) de aval para que KIO se hiciera con el 100 % de Torras[69], a cambio de 13,2 millones de euros de comisión, elevado importe que se dio por dos motivos según las palabras de Echenique: una «comisión alta» por dar el aval y prestar financiación para esta OPA, y porque «normalmente hablaba por boca de Javier de la Rosa, no preguntábamos demasiado». El juez interrogó también a Emilio Botín, y en su auto acotó que, según este, «el consejero delegado era quien llevaba las negociaciones con KIO y GRUPO TORRAS, y como la comisión de 4500 millones de pesetas se refería a las dos operaciones, aval y cuenta de crédito, y que se adaptaba al riesgo que el Banco asumía»[70].

Entre KIO y Santander hubo otras operaciones sospechosas, como los 3 millones de euros que se otorgaron a la Fundación Quail, una Fundación para personas sin recursos creada por De la Rosa, dinero que el financiero retiró al mes de su fundación. Botín arguyó que desconocía la finalidad de la fundación y que el préstamo se dio por la solvencia del empresario catalán. Otro caso de mayor magnitud fue la venta del Santander en 1991 de su participación en Ebro Agrícolas a KIO, a un precio que superaba en 7,2 millones de euros (1200 millones de pesetas) al de mercado. KIO finalmente retiró del equipo directivo a De la Rosa en 1993, tras lo cual empezó a desprenderse de los activos que tenía en España. En total, el grupo perdió 5000 millones de dólares. Sus participaciones abarcaban la agroalimentaria Ebro Agrícolas, el grupo papelero Torraspapel, el químico Ercros, que a su vez controla las de fertilizantes FESA-Enfersa y Unión Española de Explosivos (UEE), y la inmobiliaria Prima, promotora de las torres de la Puerta de Europa, en Madrid: las famosas torres KIO. Aquellas torres estaban malditas, y no solo por ser «el templo del diablo», como aparecen retratadas en la película El día de la bestia de Álex de la Iglesia. En realidad, si eran el símbolo del Anticristo, era porque representaban todo un cúmulo de malas prácticas capaces de hacer sucumbir a todo el poder político y económico en su conjunto. El poder en España cabía en esas torres, y podía caer con ellas. Ni siquiera podía salvar a aquella empresa el monolito de Calvo-Sotelo que las custodiaba. La maldición fue tan fuerte que siguió con sus nuevos inquilinos, Caja Madrid, devorada por la misma ansia de expansión sin fin que predominó en KIO, la Casa del Rey.

Además de la relación con KIO, el Santander del clan Botín mantenía una relación estrecha con el monarca. Emilio Botín padre le fue abriendo una cartera de inversiones y le pagó la boda y un viaje de novios alrededor del mundo. El grupo del monarca de CEPSA y el del Santander tuvieron su particular noviazgo tras la fusión entre el Central Hispanoamericano y el Banco Santander en 1999, adquiriendo en consecuencia las acciones que Central tenía en CEPSA. Además, se unían los miembros desperdigados del grupo, como Calvo-Sotelo en Hispanoamericano o Abril Martorell en el Central. Pero hasta entonces, tendrán que contentarse con absorber a otro de los núcleos supuestamente afines al rey: el grupo de Mario Conde ubicado en Banesto. A Mario Conde se le consideró el banquero del rey. Quizá fue por aquello de regalarle un yate.

Estar cerca del rey no garantizaba el éxito. Por ello, para analizar las consecuencias de la amistad del rey en los grupos que le rodeaban, es útil exponer el resultado de operaciones críticas que se hicieron en los años noventa y que involucraban la construcción de un gran grupo industrial: por parte del grupo KIO, del Grupo Banesto, y del Grupo BBV. Mario Conde y De la Rosa acabaron en prisión, acusados de sacar dinero de caja supuestamente, según los involucrados, por pagos a políticos. Conde fue condenado por la Audiencia Nacional en 1997 por el caso Argentia Trust en el que desaparecieron 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros). Según Conde, este pago iba dirigido a políticos que facilitaran la salida a bolsa de la Corporación Financiera. Pero los planes del clan Solchaga eran otros, como bien sabía Mario Conde y muchos de los avezados periodistas; según el banquero:

La situación no era fácil, puesto que, como más adelante diré, el hacer caso al gobernador, es decir, aceptar la oferta del Banco de Bilbao, significaba, además, obtener una importante plusvalía en muy poco tiempo. Porque me ofrecieron, nos ofrecieron a Juan Abelló y a mí, mucho dinero si vendíamos y dejábamos Banesto a su merced. Y es comprensible, porque cuando se trata de cosas del Poder con mayúscula, el dinero tiene menos importancia. Al fin y al cabo el Estado siempre dispara con pólvora del rey. Por otro lado, yo no pertenecía a ninguna de las familias de Banesto ni tenía ningún tipo de vínculo especial con esa institución, por lo que tampoco existían razones históricas para hacer frente a una entidad tan poderosa como el Banco de España. Además, estaba en presencia de una operación política, puesto que el Banco de Bilbao estaba soportado por el Gobierno o, al menos, eso decían los medios de comunicación[71].

El grupo selecto de Barcelona 92 y del IBEX 35:
los llamados a levantar el nuevo Estado postindustrial

El arquero Antonio Rebollo fue el encargado de encender la llama del pebetero del estadio de Montjuïc, entonces llamado Estadio Olímpico Lluís Companys. Con templanza y seguridad, apuntó la flameante flecha a lo alto del estadio. Tensó la cuerda y disparó la flecha, que se alzó hacia el cielo desafiando con perderse en el espacio, hasta que la gravedad le hizo alcanzar el pebetero. Tres mil quinientos millones de personas vieron desde la televisión como se encendía la llama olímpica. Unos instantes antes, Felipe de Borbón había desfilado por la pista, bandera en mano, presidiendo la comitiva española de deportistas olímpicos. Los anfitriones del evento, Pasqual Maragall, Juan Antonio Samaranch y el rey Juan Carlos, con breves discursos en catalán y castellano, pasaban a inaugurar oficialmente los Juegos Olímpicos, calificados después como los mejores de la historia.

Era el acontecimiento del año en España, un acto histórico que nadie se quería perder. No era objetivo menor aparecer en el palco de honor, un lugar codiciado, objetivo de paparazzi y prensa rosa, donde la historia mundial se hacía presente, entremezclándose figuras tan variopintas como Nelson Mandela, Fidel Castro, José María Aznar o el rey Juan Carlos. El contexto histórico apuntaba a que ese momento era único, pues no hay que olvidar que solo un año antes la Unión Soviética se había disuelto y exsoviéticos competían entonces bajo el paraguas ilusorio del «equipo unificado», contexto que no les impidió liderar el pódium olímpico con 112 medallas. Alemania acudía unificada y Cuba volvía a participar en unos Juegos Olímpicos después de desaparecer, tras Moscú 80. La ciudad de Barcelona, por casualidades del destino, enterraba el corto siglo XX.

Para muchos famosos de la época, era una oportunidad única para destacar y exhibir poder. Para llegar a un puesto visible en el palco muchos tuvieron que abrirse paso y dejar a otros a un lado. Los barones socialistas tenían preferencia, en calidad de gobernantes locales y nacionales, también los convergentes de Pujol. Por el contrario, Aznar no lograba pasar del segundo plano, con su semblante serio y la solemnidad de ser el jefe de la oposición al Gobierno. Todos se mostraban pletóricos, como si no hubieran tenido que repartir codazos para sentarse en un lugar estratégico. Tal desasosiego no afectaba a los reyes, que alternaban con absoluta normalidad, y sin pausa, las ciudades de Barcelona y Sevilla: saltaron de la Expo a las Olimpiadas en un abrir y cerrar de ojos. En la capital andaluza se dedicaban a la constitucional labor real de dar la bienvenida a autoridades y altas personalidades extranjeras, como Gorbachov o Mitterrand, que acudían a la Expo quizá con el reclamo de visitar el último lugar donde la palabra socialismo todavía lograba congregar millones de adeptos. El PSOE lograba ser así un polo de atracción para desorientados y nostálgicos, y para otros, no tan nostálgicos y en pleno romance con la sociedad capitalista, que reconocían en el PSOE al mesías del nuevo socialismo.

Gorbachov, a pesar de estar alejado ya del poder, no parecía ser de los desorientados, pues esos días se movía como pez en el agua por España. Antes de llegar a Sevilla y la Expo 92 pasó unos días en Mallorca con el rey, que le recibió con honores de jefe de Estado en una cena en el palacio de Marivent. Después tomaron un avión de la fuerza aérea para ir a Sevilla, donde tuvo un almuerzo con Felipe González. Enamorado de España, cerró su visita, calificada como «privada», con unos días de descanso en el archipiélago canario. El expresidente de la Unión Soviética, que no avisó a la embajada ni a las autoridades rusas, se sentía muy cómodo en España. Por algún casual, se sentía identificado con la obra del hispalense González, quien tuvo enfrente una tarea similar a la suya: pasar de un cierto control del Estado de la economía a liberalizarla en un periodo corto de tiempo. Gorbachov inició el proceso en 1986, González en 1983. Con la salvedad, importante, de que la URSS era una economía regida por la planificación central y sin presencia de la empresa privada hasta las reformas de Gorbachov. El resultado en la URSS fue la voladura del Estado y el aumento de la tasa de pobreza del 2 % al 50 % en solo cuatro años, de 1988 a 1993[72]. En todo caso, se enfrentaban con un dilema similar: ¿quién controlaría esas empresas? ¿Quién se haría con el accionariado?

Si la idea era que el Estado, el principal inversor de empresas del IBEX en 1992, desapareciera en favor de inversores privados nacionales, la realidad decía que en los años de las Olimpiadas las grandes fortunas en España tenían una capacidad adquisitiva muy limitada si se compara con la actualidad. La lista Forbes de 1990 no daba muchos nombres patrios, si bien entre ellos destacaban el banquero Botín, con una fortuna valorada en 1350 millones de dólares; seguido de las hermanas Koplowitz, con una fortuna valorada en 600 millones de dólares; la duquesa de Alba, con 160 millones; e Isabel Preysler, con 84 millones.

El IBEX 35 cuando arrancó en 1992 daba cuenta de los límites de la burguesía española y su incapacidad para convertirse, por sí misma, en gran burguesía transnacional. De las treinta y cinco empresas que participaban en el selecto índice, solo dos tenían accionistas individuales con participación mayor del 50 % en el accionariado: Mario Caprile y Joaquín Casasús en la constructora Huarte, la cual pasará en 1993 a manos del exministro Villar Mir; y en otra constructora del IBEX 35, Focsa, donde mantenían una participación del 51,66 % las hermanas Koplowitz. Con participaciones menores gestionaban su entramado los March, los eternos referentes de la burguesía transnacional. Los banqueros mallorquines crearon la Corporación Financiera Alba, de la cual poseían el 30,15 % a través de la Banca March (propiedad de la familia al 100 %), y con la cual han controlado sus participaciones en empresas del índice (en el estreno del índice, en 1992, la Corporación tenía acciones de Uralita).

Había algunos accionistas con participaciones menores al 10 %, aunque con posibilidad de controlar la dirección de las empresas por medio de pactos parasociales con otros accionistas. Era el caso de Casimiro Molins Ribot, propietario del 5,3 % del Banco Popular; la familia Masaveu, con el 5,12 % de la empresa Hidroeléctrica del Cantábrico; los Botín, con el 4,95 % del Banco Santander; o el recién aterrizado Mario Conde, con el 2,12 % de Banesto (ver Gráfico 1 en pliego central).

De todos ellos, solo el abogado del Estado hecho banquero, Mario Conde, era nuevo en las grandes empresas españolas. Otros, como Mario Caprile y Joaquín Casasús le precedían como empresarios de éxito, pero solo por unos años. Mario Caprile era un ingeniero con largo pasado en la industria, como presidente de Fábrica de Magnetos. Durante los años ochenta se asoció con Alejandro Fernández Sordo, a la sazón alto cargo en la prensa del régimen: delegado provincial de Información y Turismo en Asturias y, desde 1964 en Madrid, responsable de la prensa y la radio del Movimiento y director general de Prensa. En el Gobierno monárquico del rey Juan Carlos, fue ministro de Relaciones Sindicales, en la primera etapa de Carlos Arias Navarro. En 1987 ambos fueron nombrados consejeros de la empresa por mandato de la Dirección General de Patrimonio, propietaria de la empresa tras su expropiación. Finalmente Caprile y Casasús se hicieron con la empresa constructora Hispano Alemana de Construcciones (HASA), expropiada a Rumasa. Aunque su final en 1994 les llevó a ambos a la cárcel.

El crecimiento de estos empresarios no estuvo exento de polémica, aunque cumple con el guion de muchos otros empresarios de postín de la época. El modus operandi era muy similar: una empresa en crisis reflotada por el Estado y vendida a un grupo vinculado de una forma u otra al poder político. La desinversión del Estado en los años ochenta dio para mucho, pero no solo para las empresas del conglomerado industrial del Estado. La operación de expropiación de Rumasa fue una operación de ingeniería que devino en lucro de empresarios que se adjudicaron los negocios de la familia Ruiz-Mateos. Un ejemplo será el grupo de Casasús y Caprile, quienes en 1986 se hicieran con la constructora HASA, propiedad de Ruiz-Mateos y expropiada dentro del pack Rumasa. Para reflotarla, el Estado asumió las obligaciones financieras y fiscales de la contructora, un total de 8086 millones de pesetas[73]. Dentro de la operación de compra de HASA se encontraba otra operación mayor: unos meses después, el 28 de diciembre adquieren el 50 % de las acciones de la constructora Huarte, todo un emblema del franquismo al ser la constructora que levantó el complejo del Valle de los Caídos, obra en la que participó una parte importante de presos políticos. Fue fundada en 1927 por las familias Huarte y Malumbres, hasta alcanzar en los años setenta el grupo de las grandes constructoras del momento.

La historia de la adquisición de la empresa constructora de Ruiz-Mateos puede ser fácilmente la trama de un cómic de Mortadelo y Filemón. Para empezar, el núcleo que llevará las riendas de HUSA y Huarte nace de una consultora, Arestos Internacional, donde coincidirán José Joaquín Barneto García, Joaquín Casasús López y el exministro Alejandro Fernández Toro. Por allí se acercó uno de los testaferros de Ruiz-Mateos, Luis Gómez Múgica, en abril de 1985. Rumasa estaba en manos del Estado, y el director de Patrimonio (entidad del Ministerio de Economía que gestionaba empresas públicas, como Rumasa), Javier Moral, buscaba compradores para HASA. En el despacho estaba el mexicano Fernández Montreal, a quien habían asesorado ya para la adquisición de las rumasinas Prevert y Chocolates Trapa. Casasús se lo puso en bandeja: «Mira, si quieres seguir comprando cosas de Rumasa, aquí te ofrecen una constructora…». Casasús se refería, nada más y nada menos, que a la sexta empresa española de construcción.

El mexicano no dio el paso, pero se le encendió la bombilla y a los días trajo un equipo de inversores de gran renombre, pero con pocas recomendaciones en España: el grupo Gidwitz, con sede en Chicago, una de las grandes fortunas del estado de Illinois; el grupo Rigo, con sede en Goes (Holanda) y presidido por el ingeniero P. M. Riteco, con fuertes inversiones urbanísticas en Fuerteventura; el grupo Erickson, formado en torno al arquitecto canadiense del mismo nombre; el grupo Burgert, que por motivos fiscales en Suiza adopta el nombre de L. V. B. Foundation. Para dar mayor cohesión al grupo inversor se lo inscribe en el registro del estado de Delaware como sociedad Transworld Construction Inc.

En el verano de 1985, veinticuatro horas después de firmar con Patrimonio el contrato de compraventa, saltarán las alarmas. Los compradores, que habían exigido que Patrimonio saneara la empresa constructora como condición para la compra de acciones de HASA por 1000 millones de pesetas, habían negociado que pagarían 100 millones al contado y el resto aplazado en siete años. Hans Langner, el articulador de los accionistas, anunció que, a causa de la dispersión geográfica de los socios, no había podido reunir los 100 millones de pesetas para el pago al contado. Fue la empresa homónima Transworld SA, creada por Casasús, la que finalmente puso los 100 millones. Un día después se altera el peso de cada uno de los accionistas, y la empresa holandesa L. V. B. Foundation se queda con la mayoría de las acciones[74].

Unos meses después de que HASA quedara en manos de Transworld, la empresa constructora se hace con una grande del sector, con Huarte, en diciembre de 1985, solo unos meses después de la polémica venta, in extremis, de la empresa rescatada por el Estado. La venta fue ya polémica, pero lo segundo levantará ampollas en varios sectores que veían como se hacían, sin mucho esfuerzo, con un emblema español de la construcción. El propio comité de empresa se declarará contrario a la venta de acciones que tenía Patrimonio a Mario Caprile, entonces presidente, pues argüían que los fondos concedidos por Patrimonio a HASA fueron «desviados sistemáticamente» en la compra de Huarte, «así como a otros destinos no esclarecidos, habiéndose llevado en la actualidad una reducción de plantilla que solamente en las oficinas centrales alcanza en estos momentos el 15 % aproximadamente»[75]. Alianza Popular, en ese periodo, también preguntará por la sospechosa operación.

La historia no quedó aquí y, el 27 de abril de 1987, el Consejo de Ministros presidido por González, aprobó la transmisión de acciones y el finiquito del contrato de venta firmado el 1 de agosto de 1985. La composición del accionariado, que en 1985 quedaba en un 90 % Transworld Inc. con sede en Delaware y un 10 % Transworld SA, quedaría de la siguiente forma: un 26 % en manos de Mario Caprile a través de la sociedad Cofisa; un 26 % para la constructora italiana Impresit, filial de la multinacional del automóvil Fiat; un 25 % para el Banco Árabe Español (Aresbank); un 5,7 % para la sociedad Operasa, formada por Joaquín Casasús, José Joaquín Barneto, el exministro Alejandro Fernández Sordo y Alfonso Aguilar; un 5,6 % para El Visó Inversiones SA, sociedad propiedad de José Ramón Herrero Fernández de Tejada, un antiguo lugarteniente de José María Ruiz-Mateos; y un 1,6 % para Inmoescalona, propiedad del abogado del bufete de Melchor de las Heras, José Luis López Sánchez, que ha sido el asesor legal de Mario Caprile en el proceso. Finalmente, el grupo de Caprile se hacía con la compañía.

El destino hará que el salto de Casasús y Caprile al paseo de la fama de las constructoras dure poco. En abril de 1996 el Ministerio de Economía inicia una investigación sobre la quiebra de la constructora Huarte, tras presentar una deuda acumulada de 540 millones de euros que llevará en marzo a la suspensión de pagos. Se encuentran entonces indicios de tunneling, o traspaso de activos y pasivos entre una y otra sociedad: según el ministerio, el 1 de enero de 1990, HASA canceló una deuda de 6850 millones de pesetas mediante el traspaso de activos, de HASA a Huarte, por valor de 20 200 millones de pesetas y de pasivos por importe de 13 350 millones, todos de la actividad constructora de HASA[76]. En 2003, presidente y vicepresidente fueron condenados a dos años de prisión por un delito de «apropiación indebida de especial gravedad».

Pero el colmo de disparates no terminará aquí. En diciembre, tres años después de la intervención de Banesto, Juan Miguel Villar (antiguo vicepresidente y ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la monarquía, y desde los años ochenta al mando de Inmobiliaria Espacio S. L., empresa con la que se irá haciendo con otras empresas a precios de saldo) compra Huarte. El acuerdo supone que su empresa tenedora, Inmobiliaria Espacio, se haga con el 24,9 % del capital de Huarte. Espacio pagaría a Constructora San José una peseta ahora y 2500 millones de pesetas dentro de dos años. Ese dinero formaría parte de la ampliación de capital que Huarte abordaría en los próximos meses. Pero no estaba dispuesto a hacerse con la empresa a cualquier precio, y pacta con el nuevo Gobierno de Aznar —en el poder tras ganar las elecciones de marzo de 1996— varias condiciones a cumplirse ese diciembre: préstamo ICO por valor de 10 000 millones de pesetas, levantar la suspensión de pagos y la posibilidad de ejecutar un ERE para 419 personas[77]. Las tres las cumplió rigurosamente el ministerio conducido por Rodrigo Rato, bajo supervisión del director de Política Económica, Luis de Guindos. Pero para rizar más el rizo, en la Comisión Delegada del Gobierno que aprobó tal operación estaba el ministro de Industria, Josep Piqué, que sería en marzo de 2013 vicepresidente y consejero delegado del conglomerado de Villar Mir, OHL.

Pero no hace falta acudir a Villar Mir para observar conexiones de Huarte con el poder político. Si retrocedemos de nuevo a 1992, dos años antes de que entrara en crisis la empresa, y durante el año de los Juegos Olímpicos, Huarte contaba con un peso pesado y un peso pluma en su consejo de administración: el exministro Alejandro Fernández Sordo y el más discreto Juan Antonio Samaranch Salisachs, hijo del presidente del COI, Juan Antonio Samaranch Torelló. ¿Por qué decimos esto? Simplemente por señalar que durante 1992 Huarte fue concesionaria de obras de Barcelona 92 por valor de 3167 millones de pesetas, un 2,06 % del total.

Hay que decir que Samaranch padre fue uno de los impulsores de Barcelona 92, pero no a cualquier precio: en octubre de 1988, en una reunión con el comité organizador (COOB 92, representando al Estado, Generalitat y Ayuntamiento) se quejaba ante el insuficiente apoyo para obras de infraestructura, y puso de ejemplo las Olimpiadas en Corea, donde se llevó a cabo un importante esfuerzo, como la canalización del río[78].

Lo cierto es que Huarte, empresa donde figuraba el hijo de Samaranch, no fue de las más beneficiadas por la adjudicación de obras de las Olimpiadas de Barcelona 92. La mala fortuna para el dueto Casasús-Caprile hizo que otro grupo les adelantara sin piedad, Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA), la empresa de las ricas Koplowitz, que se hizo con el 26,79 % del importe total adjudicado, 41 144 de un total de 153 551 millones de pesetas. Por suerte para las Koplowitz, estas contaban en su consejo con un peso pesado de la todopoderosa banda de los cuatro, Miguel Boyer. El consejo de la constructora era todo un elenco de viejas glorias, desde el mencionado ministro socialista, hasta el sobrino de Franco, José Serrano-Suñer Polo, pasando por un alto cargo del Ministerio de Fomento durante el franquismo (subdirector general de Puertos y Señales Marítimas, cargo por el que pasó Villar Mir) venido a presidente de la constructora: Guillermo Visedo Navarro.

Visedo Navarro empezó como ingeniero en Dragados, empresa creada en 1941 por Ildefonso Sánchez del Río, ingeniero de caminos que acompañará en destino a Navarro, desde la empresa privada a la administración, y de vuelta. En los años cincuenta, Sánchez del Río pasa a ser nombrado director general de Carreteras, desde donde impulsó el programa de modernización de carreteras a partir de la Ley de Modernización de Carreteras, aprobada en 1950. En 1951 cesaría y en 1959, Visedo pasa a la administración, primero como jefe de la Dirección General, y posteriomente como subdirector general de Puertos y Señales Marítimas en 1964. Casualidades de la vida, sustituirá en la subdirección al también futuro empresario de la construcción, Juan Miguel Villar Mir, que pasará a ser director general de Empleo. En su etapa al frente de la Dirección de Puertos, Guillermo Visedo emuló la prometeica obra del camarada Sánchez del Río y fue el artífice del primer Plan de Puertos. Asimismo, gestionó el primer crédito que concedió el Banco Mundial a España. Este crédito, por importe de 30 millones de dólares de la época, fue destinado a financiar obras en los puertos españoles. En 1970, cambia la Administración por la empresa privada y entra en Altos Hornos de Vizcaya como director general. Allí coincide de nuevo con Villar Mir, entonces presidente de Altos Hornos, siendo este nombrado director general, hasta ser ascendido un año después a consejero delegado hasta 1987, año en que toma el mando de FOCSA, la constructora de las Koplowitz. También coincidirán en galardones, pues ambos fueron condecorados con la Medalla de Honor de los Ingenieros de Caminos, Villar Mir en 1985 y Visedo en 1997. Eran carreras ejemplares (o ejemplarizantes).

El Imperio Koplowitz nació en la misma década que Dragados. Surgirá del matrimonio entre un ingeniero polaco emigrado, Ernst Koplowitz Sternberg, y la marquesa de Casa Peñalver, Esther Romero de Juseú y de Armenteros, quien resultará también íntima amiga de Carmen Polo, la mujer de Franco. Aquella unión, forjada en los beatos bailes organizados en el Ritz en los años cuarenta, venía bendecida desde el principio. En agosto de 1944, Ernst entra como accionista principal en Construcciones y Reparaciones SA, fundada unos meses antes, y que rebautizará como Construcciones y Contratas SA (Cycsa) ese mismo año.

Para asegurarse la buena estrella, Ernst sitúa en el consejo de administración a dos miembros del clan Franco: a José María Martínez Ortega, conde de Argillo, consuegro de Franco, que ocupaba la presidencia; y a uno de sus hijos, Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde y casado con la hija de Franco, que ocupaba un puesto de consejero. Este consejo se mantuvo durante unos años. La muerte de Ernst en 1962 hizo que Esther Romero de Juseú ocupara la vicepresidencia, dando pie a que Ramón Areces, presidente de El Corte Inglés, accediera a la presidencia de CYCSA en 1966. Se decía que Areces y Esther tenían una relación sentimental. Este llamaba a las hijas de la marquesa «sus niñas». Tan estrecha era la relación que desde mediados de los años sesenta la empresa de las Koplowitz, CYCSA, se encargó de la realización de toda clase de obras para El Corte Inglés, beneficiándose de la fuerte expansión de estos grandes almacenes por el territorio nacional, con siete nuevos centros comerciales entre 1970 y 1979.

El año de constitución del IBEX 35, en 1992, FOCSA y CYCSA se fusionan formando FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), la primera empresa constructora española, y una de las veinte más grandes de Europa. Además contaba con la mayor cuota en el mercado de recogida de basuras, controlando el 70 % del mismo[79]. El recorrido de FOCSA fue paralelo a la divina unión entre la burguesía catalana y los apellidos Mas Sardá, Cortinas y Torres, junto con destacados prohombres del franquismo. FOCSA está ligada a esta familia Mas Sardá, propietaria de la Banca Mas Sardá, apoyo financiero de la empresa, cuyos miembros han estado presentes en el consejo desde su fundación. Ostentaron la vicepresidencia hasta 1956, momento en que escalan hasta la presidencia, que mantendrán hasta la fusión con CYCSA, a excepción de los años 1974-1979, que la ocupó el todopoderoso Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco. En tercer lugar, en CYCSA estaba la familia Torra, de la casa de banca Soler y Torra Hermanos, que no estuvo entre los fundadores, pero que accedió al consejo en fecha tan temprana como 1928. José Torra Closa fue presidente de FOCSA desde 1939 a 1956, y en 1970 llegó a la vicepresidencia José María Torra Martí, donde se mantuvo hasta la fusión.

Entonces aparecieron, entre un gran escándalo y algarabía, los famosos «Albertos», que no dudaron en mezclar negocios, intrigas y familia, todo en el mismo saco. Fueron los actores perfectos para una industria, la de las revistas del corazón, que necesitaba nuevos personajes surgidos de «abajo», que dieran brío a la novela gris sobre la société postfranquista. Aparecieron así dos primos, enamorados de las ricas y aristócratas Koplowitz y, ya de paso, de los negocios de sus parejas. Las dos hermanas se casaron el mismo año, 1969, con los primos Alberto Alcocer y Alberto Cortina. Tres años después entran como consejeros de Cycsa y en 1987 consiguen hacerse con la presidencia de la entidad.

Desde la entrada en los setenta de los Albertos, Cycsa fue ampliando su negocio. A partir de 1973, la firma madrileña se introdujo en nuevas actividades, como limpiezas industriales, fabricación de tubos, obras hidráulicas, carreteras, contratos con Renfe, vertederos, depuraciones de agua y recogida de basuras. A finales de los setenta comienza una política de compras y expansión, con la entrada en el capital de la cementera Portland Valderrivas en 1978. A inicios de los ochenta pasa a grandes compras y entra como accionista en Banco Zaragozano y en la competidora Focsa. En el consejo de Focsa se encontraba un pariente de Alberto Alcocer Torre, el vicepresidente José María Torra Martí. Así pues, el acercamiento con su competidora quedaba en familia.

Los Albertos no aguantaban los límites de su despacho, más con los movimientos que se anunciaban en España tras la entrada en la Unión Europea y la Unión Monetaria. Un dinamismo hiperactivo que les hizo ser el centro geodésico de los negociados de la época. Para salir al mundo de las oportunidades de la bolsa española, crearon una sociedad, Cartera Central. Lo primero fue negociar con el polémico grupo KIO en 1987, del cual tenían referencias a través de su amigo Javier de la Rosa, conocido también en el entorno del rey. A través de esta sociedad se hicieron con el 15 % del capital del Banco Central en manos del grupo kuwaití. En el Central fueron la pieza que necesitaba Solchaga para evitar la presencia extranjera en el banco español.

Con Cartera Central, los Albertos se convirtieron en los ochenta en principales accionistas del Banco Central —que presidía Alfonso Escámez— y llegaron a controlar el 2 % de Banesto, en plena guerra financiera para impedir el ascenso de Conde hacia la presidencia de la futura entidad fusionada. A finales de 1988, los Albertos ficharon a uno de los peces gordos de la solchaguista banda de los cuatro, poniendo como presidente de Cartera Central nada más y nada menos que al exministro y destacado beautifuliano Miguel Boyer. Los Albertos entraban así de lleno en los planes del grupo afincado en el Ministerio de Economía. Más cuando el Central se hizo con el 2 % de Banesto antes de su pretendida fusión. Eran piezas clave de Solchaga para afianzar un conglomerado industrial-financiero afín pero privado.

Aquella aventura predestinada a llenar toneladas de papel cuché tocó fondo.

El primer golpe vino por una portada de Diez Minutos de febrero de 1989, donde se podía ver saliendo de un hotel austriaco a la condesa de Romanones y Alberto Cortina. Dos años después los amantes se casarían. Los líos de faldas con la nobleza acabaron con el matrimonio Cortina-Koplowitz; y, poco más tarde, con su posición en las empresas familiares, pues a las pocas horas de la publicación del número fue obligado a dimitir de Construcciones y Contratas.

Su salida abrupta de CYCSA fue un preludio. Por si esto no fuera suficiente, los planes se fueron torciendo a medida que se estrechó la relación con KIO, el cementerio de elefantes donde muchos encontraron el fin de los días de gloria. Parte del negocio con los kuwaitíes era que, en la venta de las acciones que tenían del Central, se incluía la cesión de los Albertos de los terrenos de la madrileña plaza de Castilla a KIO para construir las torres hoy de Caja Madrid y Realia. En 1993 estalló la burbuja de la beautiful people: lo hizo para los Albertos; para Mario Conde; y para los amigos del rey, De la Rosa y Manuel Prado. Ese año Pedro Sentieri y los socios minoritarios de Urbanor, que habían comprado los terrenos de plaza de Castilla, denunciaron a los Albertos por estafa y falsificación de documento privado de venta. Denunciaban que los Albertos habían acordado un precio de 231 000 pesetas (1388 euros) el metro cuadrado, pero solo recibieron 150 000 (900 euros). En 2003 fueron condenados a cuatro años de prisión, condena recurrida y postergada hasta 2013. A diferencia de Manuel Prado y Javier de la Rosa, el tentador negocio con KIO no llevó a la cárcel a los Albertos. Sí les desalojó del Banco Zaragozano en 2003, el banco que habían recibido como compensación en el reparto de bienes con las hermanas. Sus amistades políticas fueron un apoyo en los momentos difíciles, y Alberto Cortina fue aupado durante la época de Aznar como presidente de la privatizada Repsol.

Tanto alboroto desalentó a los Albertos, que se dieron cuenta de que, para permanecer en el pódium del poder económico, había que ser discreto y sutil. Los dos conocían los textos de Baltasar Gracián sobre la virtud de la discreción, pero creyeron que eso solo era de obligado cumplimiento para políticos. Es así como acudieron al oráculo de los negocios, siempre silencioso, pero en primera línea, para dejarse arropar por sus abrazos y palabras de consuelo. Ahí estuvieron para consolarles y reemprender el negocio de la construcción: sigilosos y cautelosos, los miembros de la familia más poderosa del último siglo XX, la familia March. Uno de los apellidos protagonistas de las intrigas que ha vivido el país en el último decenio, y quienes en 1996 decidieron apoyar, junto a los Albertos, el proyecto empresarial de Florentino Pérez. Eso sí, en este caso adoptaron un perfil más bajo y pusieron al frente a un Florentino deseoso de ser protagonista. Los Albertos habían aprendido la lección.

Mucho aprendieron de March, el ejemplo de banquero discreto. Tanto es así que pasaron desapercibidos en el arranque del IBEX 35 en 1992, a pesar de que poseían participaciones en dos sociedades en ese momento: Uralita y Corporación Financiera Alba. Eran, sin ánimo de halago, los empresarios más internacionales del territorio español. Juan March Ordinas, el patriarca y gran fundador del imperio, fue un financiero que pisó las principales plazas mundiales desde inicios del siglo XX.

Tan discretos eran que nadie podía destacar movimientos sospechosos de la Banca March. Movimientos como los que a mediados del siglo XX llevaron a March a los tribunales, como fue el caso de Barcelona Traction, la empresa con sede en Canadá que poseía la mayor parte de la electricidad en Cataluña. March abuelo fue un hábil negociador, discreto en sus expresiones y formas. El escritor catalán Josep Pla, amigo del financiero, le describía como «un hombre de estatura poco alta, muy flaco, con cráneo bien dibujado, una frente espaciosa y un perfil más propio de un intelectual que de un comerciante o industrial. Un cuerpo sin espesor». Su perfil bajo, sin ostentaciones, le permitía llevar a cabo aquella máxima de «invertir en los negocios lo menos posible y sacarles el máximo»[80]. Pero para llevar a cabo tal sencilla ecuación y ser el hombre más rico de España durante medio siglo, hubo de doblegar muchas voluntades, ante todo, políticas. Su afición al contrabando de tabaco se remonta a 1902, cuando empieza a comerciar con tabaco desde las costas argelinas. Evidentemente, este era un comercio ilegal que necesitaba de muchos cómplices. De ahí que Indalecio Prieto afirmara que el «gran arma suprema de March es la corrupción, que desde las casetas de los carabineros ascendía hasta los despachos de los ministros». Un apunte en el libro de contabilidad de March de 1902 incluye: «Pagos sargento, 150 pesetas. Pagos a los carabineros del 2.º Destacamento, 540 pesetas»[81].

La historia de los March abarca todos los elementos de la vida de los burgueses del siglo XIX. Tanto es así que cumple aquella frase de Balzac que reza «el secreto de las grandes fortunas es un crimen, olvidado porque se ha sabido perpetrar». Su pasado acechará a March: un fantasma en forma del fiscal Galarza presentará sendas demandas por casos que fueron posteriormente cerrados, como la muerte de Garau o la concesión del monopolio del tabaco en Ceuta y Melilla. Lo cierto es que el paso de la dictadura a la república acabó con el idilio y romance entre el financiero y el poder político: pasó de ser diputado por Mallorca en 1923, a hacerse con el monopolio del tabaco en el norte de África en 1927, y a ser ingresado de forma preventiva en 1931, debido al riesgo de fuga, en la Cárcel Modelo de Madrid. Josep Pla cuenta el sencillo secreto: «Si en la capital pones un sobre lleno de dinero sobre la mesa, lo cogen y lo meten en el cajón, como ha hecho siempre Santiago Alba». Alba era conocedor del régimen de la Restauración, pues había sido de todo durante el primer tercio de siglo XX: diputado, gobernador civil, ministro de Hacienda, de Marina y gobernador del Banco de España. En 1933, momento en que March es encarcelado, era presidente del Congreso, y defendió la inocencia de March en el hemiciclo, diciendo «que conste que a March le han condenado solamente por indicios». A lo cual Indalecio Prieto contestó: «Debieron haberle ahorcado en la Puerta del Sol. Y yo me habría colgado con mucho gusto de los pies». Aquella sentencia fue el preludio de una guerra que ganó el banquero, inclinando la balanza hacia su lado en aquella pugna que presentó Jaime Carner, ministro de Hacienda del segundo Gobierno de Manuel Azaña: «O la República acaba con March o March con la República»[82]. Tras dos años en prisión, en 1933 se fugó de la cárcel de Alcalá de Henares, a la que había sido trasladado, tras sobornar al carcelero, y huyó del país. Desde entonces ejercerá, sin descanso, la labor de financista de un movimiento insurgente en España, pues estaba claro que March y la República eran incompatibles, al menos si era el bloque de Azaña e Indalecio el que estaba en el poder. Así pues, March financió el avión de Franco que le llevó a la península, y desempeño la labor de embajador del franquismo ante naciones extranjeras como Gran Bretaña, Alemania o EE. UU. Aunque siempre desde el puro interés económico.

No obstante, entre todas las conspiraciones de Estado, lo que estuvo a punto de llevarse todo su imperio al traste fue la muerte de su socio y vecino del pueblo de Santa Margalida en Mallorca, Josep Garau. Aquel vecino fue un obstáculo desde los inicios, pues tenía la mayor fábrica de tabaco del norte de África y el monopolio del comercio con las islas. Para completar la rivalidad, existía supuesto amorío entre la esposa de March y un hijo de Garau, Rafael Garau, al cual la esposa, en una carta incautada por March, le declaraba su deseo de «que dos corazones fueran uno solo, que me amases». Una historia rocambolesca que acabará con el asesinato de Garau el 29 de septiembre de 1916, y con un Juan March saliendo del pueblo tras los gritos de «asesino» que le proferían sus vecinos.

En 1948 dio su gran golpe tras hacerse con Barcelona Traction, la multinacional de la energía, por medio millón de libras esterlinas, muy lejos de los diez millones de libras en que estaba valorada. De Barcelona Traction saldrá FECSA, la empresa de energía catalana cotizada en el IBEX en 1992. Con el imperio asentado y los cauces con Franco establecidos, dedicará sus energías a crear la Fundación Juan March, a la que donó 1000 millones de pesetas en su lecho de muerte. Quería ser recordado como un filántropo y no como un contrabandista, y pidió a sus hijos, Juan y Bartolomé, que lucharan por el «recuerdo perenne de su memoria». March murió tras sufrir un accidente de tráfico, en el hospital, cuando tenía ya ochenta y dos años.

Sus nietos, Carlos March Delgado y Juan March Delgado, tendrán la complicada tarea de llevar a cabo la «transición» del Imperio March durante el paso de la dictadura a la democracia. Fueron quienes arrancaron la sociedad de cartera Corporación Financiera Alba, en 1986, un holding que aglutinará el conjunto de participaciones en empresas que tenía la familia March, con el objetivo, además, de obtener recursos adicionales de otros inversores. Esta sociedad de cartera de inversiones nacerá de la fusión de dos sociedades: Inversiones Balboa y Corporación Financiera Alba. Los inicios datan de los últimos estertores del Gobierno de la UCD, en plena crisis económica, cuando la sociedad de inversiones de los March, Inversiones Balboa, compra Cementos Alba a la familia Alarcón. En 1986 venden la cementera a su competidora, Hornos Ibéricos, con cuyos ingresos levantarían la Corporación Financiera Alba, que se fusionará en 1988 con su antecesora, Inversiones Balboa.

La pasión de los March por el cemento demuestra que los financieros también miraban los negocios de la construcción, como fue el caso de Ignacio Villalonga, el banquero del Central que fundó Dragados en 1941, la misma década en que llegó Koplowitz a España. En cambio, los March entraron más tarde en el negocio de la construcción, a mediados de los años setenta, cuando adquieren la constructora Ginés Navarro, iniciando desde entonces un rápido proceso de diversificación mediante la adquisición de empresas especializadas en construcción (ferrocarriles, gaseoductos, cimentaciones) y sectores afines (inmobiliario, señalización y medio ambiente). Entre 1988 y 1996, Ginés Navarro compró varias empresas más del sector, como Vías y Construcciones; o ETRA, líder en sistemas electrónicos de control de tráfico; y entró en el negocio de la señalización viaria y pinturas a través de API. En los revueltos años setenta, bajo el mando de los nietos del patriarca Juan March, sus tentáculos se extenderán también a Uralita, la empresa fabricante del material de idéntico nombre, un fibrocemento de minerales metamórficos fibrosos que se relacionan con una alta mortalidad. Según un estudio reciente, entre 1975 y 2010 en España fallecieron 6037 personas debido a un cáncer pleural, y se calcula que entre 2016 y 2020 fallezcan un total de 1319 personas debido a este tipo de cáncer, lo que supone 264 muertes al año[83]. La importación y comercialización no se prohibirá en España hasta ya comenzados los noventa. Desde 2005, su uso está prohibido en Europa.

Tampoco los March quedaron fuera del juego bancario de fusiones y adquisiciones que dominó a lo largo de los años ochenta y se prolongó hasta finales del milenio. En 1988 Banca March se hace con el 96,28 % del Banco Urquijo, propiedad del Banco Hispanoamericano por alrededor de 56 000 millones de pesetas, unos 330 millones de euros, que les permitía entrar en la lista de los diez grandes bancos españoles.

Pero la política de compras no solo se circunscribía al ámbito económico. Fueron hábiles cortesanos, que igual fichaban al máximo responsable de Patrimonio del Estado durante los últimos años del franquismo, que a una de las figuras que pasaron por las altas esferas de la UCD, del PSOE y después del PP. El primero, Víctor Mendoza Oliván, aprobó las oposiciones para abogado del Estado y fue catapultado como director general de Patrimonio durante los últimos cinco años del régimen franquista. Fue fichado para el consejo de Corporación Financiera Alba, algo que les permitía tocar desde cerca las empresas pertenecientes a Patrimonio como Tabacalera o Telefónica. Si no fuera suficiente, podía acudir a Alfredo Lafita Pardo (en la Corporación Financiera y en Telefónica) y a Jaime Urquijo Chacón (Uralita y Tabacalera).

En Uralita tenían como fichaje estrella a Eduardo Serra, mano derecha de Oliart en el Ministerio de Industria con la UCD, al que siguió en su destino como subsecretario del Ministerio de Defensa. De ahí saltó como subsecretario del ministro del PSOE, Narcís Serra, hasta ser elevado a secretario de Estado de Defensa desde 1984 a 1987. Ello lo entrona como la segunda autoridad del Ministerio de Defensa en el periodo en que se ratificó la entrada a la OTAN y la plena incorporación de España. Su periplo en uno y otro Gobierno, con una parada en el consejo de Uralita mediante, tuvo su continuación en el Consejo de Ministros de Aznar en 1996, cuando fue nombrado ministro de Defensa con el PP. Era un hombre versátil. Fueron visionarios en lo que significa el afuera y el adentro en el poder, y por ello dejaban hueco a otros en su proyecto, a aquellos que disfrutaban momentáneamente del poder. De ahí que en 1992, solo el 30 % de las acciones de Corporación Financiera Alba en 1991 estaba en manos de la Banca March, un 9 % en manos del consejo y el resto era capital flotante con participaciones menores. Ese porcentaje aumentó hasta el 70 % en la siguiente década.

La invitación a formar parte adquiere a veces la forma de cifras: «15 empresas se reparten el 90 % de la obra pública contratada para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92», rezaba un titular de El País el 30 de junio de 1990. Sorprendido, el autor sacaba cifras que pudieran iluminar aquel hallazgo surrealista. Su sorpresa impregna todo el texto, con titulares en cada párrafo que pudieran impactar en la opinión pública: «El grado de concentración de las adjudicaciones de Barcelona 92 supera al que se desprende de la distribución por empresas del presupuesto contratado en 1989 por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) en toda España».

El reparto de la tarta de las infraestructuras de Barcelona es tan reveladora como inquietante. Las Koplowitz (dueñas de Focsa y Cycsa) se llevaban el 30 % de las adjudicaciones. Sus empresas constituían la segunda empresa de construcción por ingresos, mientras se llevaban el doble de adjudicaciones de Barcelona 92 que la primera constructora española, Dragados. En Focsa, como ya se ha mencionado, estaba sentado Miguel Boyer, el superministro expropiador de Rumasa. Y, por tanto, responsable de que la constructora Hispano Alemana de Construcciones fuera despegada de las manos de Ruiz-Mateos. No era el único alto cargo socialista en una constructora: Eduardo Serra, aupado por el PSOE como secretario de Estado de Defensa en 1984 desde posiciones inferiores que había ocupado con la UCD. El segundo de Narcís Serra en el Ministerio de Defensa durante la inclusión de España en la OTAN se pasó también a la paleta y el cemento. Durante las Olimpiadas de 1992 era consejero de Cubiertas y MZOV, empresa que se llevó la segunda mayor parte del pastel, 23 096 millones, el 15,04 % del total de la partida. Todo ello siendo la tercera constructora por ingresos. Pero el segundo de Narcís Serra también tenía tiempo para otras constructoras: se sentaba en el consejo de Uralita, la empresa participada por Banesto, y que se llevó el 3,34 % del presupuesto. El exalto cargo socialista y posterior ministro del PP representaba así dos empresas que se llevaron el 18,38 % del presupuesto, una cantidad nada despreciable. Para acompañarle en su tedioso destino, tenía como apoyo a Eduardo Foncillas Casaus, nombrado por el PSOE embajador en Alemania en 1983, y uno de los artífices de la venta de Seat a la alemana Volkswagen.

Por el contrario, la primera constructora del país quedaba desplazada a la tercera posición en adjudicaciones: un 9,17 % de los 153 551 millones. Recordemos que en esta empresa se sentaba Licinio de la Fuente y de la Fuente, uno de los padres de Alianza Popular, que en 1992 ya había cambiado su denominación a Partido Popular.

En total, los chicos del PSOE en las constructoras sumaban casi el 40 % de las adjudicaciones. Lo cual hace pensar: ¿qué relación hay entre el urbanismo catalán y el PSOE?

Para desentrañar esta cuestión, vayamos al origen de las Olimpiadas de Barcelona 92. Un primer nudo se remonta al promotor de la idea: Narcís Serra, alcalde socialista de Barcelona en las primeras elecciones municipales de la era democrática y quien trasladará en el verano de 1981 al rey Juan Carlos para que la abandere como propia: «Yo os pido, señor, autorización para iniciar la competición que supone ofrecer esta candidatura y os ruego vuestro alto patrocinio y apoyo», le exhortó al rey.

La centralidad de Serra puede llevarnos a pensar que era el PSOE quien movía los hilos, pero sus primeros pasos y su militancia tardía matizan esta hipótesis: se afilió al PSC (Partido Socialista de Cataluña) en 1978, un año antes de ser nombrado alcalde de Barcelona y un año después de ser nombrado consejero de Política Territorial y Obras Públicas del primer Govern de Tarradellas. No hacía falta que los socialistas catalanes le promocionaran, pues su carrera había despegado hacía ya tiempo y era él quien podía facilitar contactos a los socialistas. Era sobrino de Narcís de Carreras i Guiteras, expresidente del FC Barcelona (1968-1969), presidente de La Caixa (1972-1980), concejal del Ayuntamiento de Barcelona y procurador en Cortes en la etapa franquista. Su padre, José Serra, trabajaba en el despacho de este en las ramblas, además de ser socio de la empresa Piensos Compuestos Rossell SA (suspendió pagos en 1991) y abogado de la asociación de algodoneros catalanes. Así pues, se entiende que con veintidós años Narcís fuera jefe de Estadística de la Cámara de Comercio de Barcelona tras licenciarse en Ciencias Económicas por la Universidad Central de Barcelona. En la etapa universitaria fue activo políticamente, y fue delegado de su facultad en el SDEUB (Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona).

Poco después fundó un influyente despacho de abogados junto a Miquel Roca i Junyent y Jaime Solé (economista especializado en temas urbanísticos). La simbiosis entre Junyent y Serra fue total. Roca llegó a ser uno de los padres de la Constitución e íntimo del rey (tanto que llegaría años después a ser el abogado de la infanta en el caso Nóos), además de alto cargo de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Pero uno de los puentes que proporcionaba Roca eran sus conexiones con Madrid, como diputado y portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso desde las elecciones de 1977 (y hasta 1995), tras las que fue elegido como uno de los siete ponentes de la Constitución (renombrados como padres de la Constitución). En Madrid trabó amistad con Joaquín Garrigues Walker y Florentino Pérez, dos de los anclajes de la «operación Roca», que promovió la candidatura del partido centrista Partido Reformista Democrático (PRD) para las elecciones de 1984. Garrigues era el presidente; Roca, el líder y cabeza visible; y Pérez, el secretario general. De aquel proyecto quedó una gran amistad entre Miquel Roca y Florentino Pérez. Ya que, a pesar del fracaso de aquel proyecto, permanecerán juntos —en el consejo de administración de ACS—.

Volviendo a los puntos en común entre el convergente Miquel Roca y el socialista Narcís Serra, entre ambos siempre hubo complicidad en las formas de afrontar el futuro: primero, como militantes en el Frente Obrero de Cataluña (FOC), después en el gabinete de estudios que crearon a finales de los sesenta. Sus caminos parecían bifurcarse durante la transición, cuando uno fue hacia el PSOE el otro hacia CiU (destino que según algunas malas lenguas fue trazado por sorteo), pero aquellas siglas no podían ser más fuertes que su predilección por el urbanismo barcelonés. Ambos eran el ejemplo de que partidos rivales podían coincidir en muchos temas, especialmente si eran negocios. Y Barcelona 92 lo era.

Todo empezó con uno de los primeros movimientos del dúo: el diseño del Plan de la Ribera en el cual participó su gabinete, aprobado en 1971, aunque finalmente desestimado por presiones populares. Este plan heredaba la idea planteada en 1966 por la empresa Ribera SA que formaron las compañías dueñas de los terrenos (entre otras: Catalana de Gas y Electricidad, La Maquinista, Motor Ibérica, Crédito y Docks o Foret) y que pretendía transformar esta área de la ciudad en una zona residencial y comercial y así revalorizar unos terrenos que ya habían dejado de ser estratégicos para las grandes industrias que los ocupaban. La idea de remodelar la zona marítima de Barcelona fue una obsesión para Serra, sueño cuya materialización llegaría con la confirmación de la candidatura de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, hecho que se producirá en la sesión de 1986 celebrada en Lausana (Suiza). A partir de entonces, se dio vía libre a desarrollar el ansiado plan urbanístico, esta vez bajo la nominación de transformación del Sector Avinguda Icària – Passeig Carles I, y que significaba la práctica desaparición de la totalidad del barrio de Icària, lugar donde se situó la Villa Olímpica. Los Juegos permitieron llevar a cabo el plan que no pudo salir adelante veinte años antes.

Al igual que Serra y Roca, todos los involucrados en la organización de los Juegos Olímpicos tenían un ojo en los deportes y el otro en los negocios: en aquellas fechas Juan Antonio Samaranch era consejero de la química Ercros, y su hijo estaba en una de las constructoras adjudicatarias, en Huarte, que se llevó el 3,06 % del presupuesto. Otro de los pesos pesados, Narcís Serra, aunque todavía no figuraba en aquella gran casa llamada IBEX 35, mantenía buena presencia a través de su subalterno Eduardo Serra (en Cubiertas y MZOV y Uralita). En otro sector importante en las Olimpiadas, las telecomunicaciones, pudo colocar a otro del ministerio, a Antonio Flos Bassols, en Telefónica. Dieciséis años después, en 2008, gracias a su presidencia en Catalunya Caixa, se unirá al IBEX 35 el propio Serra, sentado en el consejo de Gas Natural desde abril de 2008 hasta el 2 de diciembre de 2011, cuando el agujero de Catalunya Caixa y la intervención del FROB le llevó a su dimisión. Cosas del destino, ambos (Flos y Serra) acabaron en la empresa propietaria de los suelos de la Villa Olímpica.

Así pues, es complicado aislar los intereses de las empresas del IBEX, las constructoras y Barcelona 92, pues se entrelazan como hermanos mellizos. Como decía Enric Juliana, analizando esa época, «el 92 barcelonés fue una conjunción de esfuerzos y ambiciones que tardaremos muchos años en volver a ver»[84]. Todo empieza con un simple vistazo a sus símbolos. El primero, aquella torre que corona Montjuïc, junto al Palau de Deportes y el Estadio Olímpico. Allí se erige, con dotes de liderazgo sobre el palacio de la Exposición Internacional de 1929, la torre de telecomunicaciones propiedad de Telefónica, construida con el objetivo de retransmitir las Olimpiadas de 1992. Con su altura y estilo, logró convertir el 92 en el palíndromo preferido por la burguesía catalana.

Una torre diseñada por el arquitecto valenciano Calatrava, de 136 metros de altura, con una forma curvada que dibuja una silueta similar a la de un deportista llevando la llama olímpica. Su base de hormigón armado fue decorada con trencadís en homenaje a Gaudí. Era el monumento que simbolizaba la altura de aquellas Olimpiadas. Y Telefónica era el símbolo subyacente, y una de las empresas llamada a tirar desde entonces del carro de las inversiones en España, y de las constructoras. Según el estudio de Miquel de Moragas Spà, Telefónica hizo una inversión en el área de Barcelona en ese periodo de «320 000 millones de pesetas, de los cuales 33 000 millones corresponden a inversiones directamente relacionadas con los Juegos.

La Torre de Collserola, de una altura de 115,4 metros y con una superficie edificada de 6739 metros cuadradros, ha significado una inversión aproximada de 4560 millones de pesetas; la Torre de Telefónica en Montjuïc, denominada popularmente Torre Calatrava, ha representado una inversión aproximada de 2000 millones de pesetas; el Telepuerto de Barcelona, instalado en Castellbisbal, una inversión cercana a los 3500 millones de pesetas, y el Centro de Comunicaciones vía satélite de La Granada (Barcelona), con capacidad para emitir hasta 43 señales de televisión simultáneas y por el que transitará el 90 % de las señales internacionales de los Juegos, ha significado una inversión cercana a los 5000 millones de pesetas»[85].

Según Moragas, «el conjunto de inversiones en infraestructuras —deportivas y urbanas— realizadas en Barcelona con motivo de la preparación de los Juegos Olímpicos de verano en 1992 ascienden hasta los 768 370 millones de pesetas, mientras que el presupuesto del COOB’92 asciende a 131 922 millones de pesetas. La suma de ambos presupuestos asciende hasta 900 292 millones de pesetas, lo que significa que los gastos de organización representan únicamente el 17 %, aproximadamente, de todo el conjunto de inversiones previstas»[86]. Así pues, los propios Juegos eran importantes, pero no tanto como la gran obra de remodelación de Barcelona.

Con todo ello, las Olimpiadas quedaban en casa del IBEX, muy cerca de las empresas que serían las nuevas reinas del fin del milenio, las constructoras. Eran las nuevas niñas mimadas del Estado postindustrial español, en el cual el Ministerio de Industria había dejado paso a otros más adecuados a los nuevos tiempos: el Ministerio de Economía para los bancos, y el Ministerio de Obras Públicas para las constructoras. Dos caras de la misma moneda llamada IBEX 35, una casa de los nuevos poderosos cuyas puertas se iban cerrando poco a poco para sus integrantes. Y algunos, por supuesto, quedarán fuera.

Conde explica el trasfondo de aquellos inicios del IBEX 35:
el negocio de Dios y el statu quo bancario

En su pazo de Chaguazoso, situado en la provincia de Ourense, pude hablar con uno de los protagonistas del inicio del IBEX 35: Mario Conde, presidente de Banesto, y articulador del mayor conglomerado privado de empresas en el arranque del índice. No me interesaba abundar en los pormenores de su última estancia en la cárcel o la vida secreta y cotilleos de los personajes poderosos con los que coincidió durante su etapa en la cúspide del poder. Era importante aclarar algunos puntos oscuros que no han sido suficientemente explicados, edulcorados por la necesidad del exbanquero de construir un relato exculpatorio. En consecuencia, había que arrojar una larga alfombra para recorrer la etapa de Mario Conde y de la estructura económica y política de los noventa sin caer en las redes de encantadores de serpientes de uno y otro lado. Ello implicaba sacar lo sustantivo de los fantasmas más o menos reales a los que apuntaba, de los datos y de su modelo de explicación sobre el poder en España; todo ello había que ponerlo bajo la luz de las propias características y recorrido del exbanquero: no era alguien venido de la nada, era un miembro destacado del grupo de poder que lo tenía todo y lo perdió todo —todo el poder y al menos parte de su fortuna— tras la intervención del banco en diciembre de 1993 y la judicialización del caso Banesto el año siguiente.

Conde nació en Pontevedra el 14 de septiembre de 1948. Su padre, funcionario de aduanas, llevó a la mesa familiar las contradicciones del Estado franquista en una época en la que el comercio legal dejaba paso a los suculentos beneficios del estraperlo. Conde pudo ser testigo, directa o indirectamente, de los huecos de negocio que Juan March tan profusamente aprovechó. En este caso, sus ojos miraban el negocio desde la óptica de un funcionario del Estado. Pero para entender su fulgurante ascenso, es necesario poner en valor las estrategias que disponía el hijo de un funcionario y una familia de clase media, no muy acomodada, en los años cincuenta y sesenta. La posibilidad de ascenso recaía en los saltos sucesivos de unos círculos educativos a otros. Círculos cada vez más elitistas y exclusivos, que suponían un elevado desembolso, pero que tendría su recompensa con un salto de gran envergadura muy común entre el grupo de élite funcionarial: primero al Estado, luego a la empresa.

Comenzó en Alicante, donde cursó el bachillerato en un colegio de maristas. Dio el salto al entrar en la prestigiosa y elitista Universidad de Deusto. Al terminar sus estudios de Derecho, inmediatamente hace las oposiciones para la Abogacía del Estado. Fue número uno de su promoción, y entró con honores en el cuerpo de élite que defiende los intereses de la administración. Llegó a ser presidente del tercer banco español, y accionista del mismo. Como tal, fue socio de JP Morgan, el primer banco del mundo, y accionista de Banesto. A esta posición de ventaja en las finanzas nacionales y globales, hay que sumar las conexiones privilegiadas con el Estado: ya fuera por su pertenencia a la Abogacía del Estado, o por los vínculos de su lugarteniente en Banesto, Arturo Romaní, también abogado del Estado y al frente de Patrimonio del Estado entre 1977 y 1980 (entidad gestora de Telefónica y Tabacalera, entre otras) y subsecretario del Ministerio de Hacienda. Influencias y relaciones que llegaron a la concupiscencia en su etapa al frente de Banesto, y que fueron confirmadas en la sentencia que atribuía el desvío de 300 millones de pesetas destinados a financiar el partido de Adolfo Suárez[87]. Como colofón, solo quedaba adornar su agenda de contactos con su adscripción a una sociedad secreta o «discreta» y una posición elevada en su jerarquía: la masonería. Pero tal tormenta perfecta de conexiones con el poder no le sirvió para salvarse en aquel momento de la intervención del Banco de España y de la cárcel.

Algo bueno es que su caída en desgracia al menos sirvió para conocer una esfera de la política y los negocios poco conocida. Pues, a consecuencia de todas estas venturas y desventuras, el exbanquero es uno de los pocos actores conocedores de la historia económica y política reciente que ha pasado a delatar su trasfondo oscuro. Por tanto, es uno de los escasos testimonios de una historia herética, en la cual los nombres de carismáticos presidentes del Gobierno y ministros pasan a un segundo plano, frente a personajes intersticiales que ocupan posiciones estratégicas, como en su momento fue Juan March, que manejaban el dificultoso trabajo de los negocios con —y gracias a— la connivencia del Estado.

Pero si el testimonio de Conde ha llegado lejos no es solo por ser la historia trágica de un joven empresario adorado por todos; sino porque mostraba algo que la población siempre ha sospechado, pero nunca ha podido confirmar: que existen camarillas más o menos visibles que son el punto sobre el cual se articula una extensa red de relaciones informales que conectan intereses políticos y económicos. En el pasado, era el lugar que ocupaba el cacique, que tan extensamente retrató Joaquín Costa. No obstante, en este caso se ampliaba el radio de acción, y la provincia daba paso a la nación, y los Gobiernos civiles a los departamentos ministeriales. Eran las huellas que dejaba el «núcleo de poder»[88].

Algunas de las pistas que ha dado Conde sobre este «núcleo de poder» están publicadas y ampliamente difundidas. No obstante, su ambivalente papel en toda la historia ha de servir como advertencia para distinguir el doble filo de su relato: detrás hay siempre un argumento de exculpación ante los delitos cometidos; y siempre sobrevuela una hipótesis no siempre explicitada sobre el funcionamiento del poder en España. En el primer caso, son elementos jurídicos, éticos y morales los que intervienen a la hora de evaluar su actuación y los delitos cometidos; en su segunda acepción, como hipótesis de trabajo, sus dardos pueden servir para construir modelos explicativos que pueden ser contrastados con datos objetivos y que son fácilmente contrastables.

En una reciente entrevista con el diario La Información, en la conmemoración del 20 aniversario de la intervención de Banesto, Mario Conde volvía a ser objeto de la pregunta del millón: «¿Puede ponerle cara al sistema? ¿Nombres? ¿Instituciones?», le preguntó, ansioso, el periodista. «Es un entramado de poder. Son los que pensaban que la inteligencia ortodoxa eran ellos. Y, claro, había un pelma, que era Conde, que decía: “Oigan, que están ustedes desindustrializando España”. Ellos tenían controlados los partidos políticos. Ese es el sistema. Da igual quién ocupe la presidencia de un partido, banco o medio. Hay una red de intereses cuya amalgama es el poder». A continuación, Conde dio unas coordenadas sobre el origen de este entramado: «Una de las características de España es la ausencia de renovación en las élites. Desde el siglo XVIII siguen mandando los mismos. Allá donde no existe renovación de sangre, en biología, se produce una degradación». Después pasó a apuntar a determinados puestos privilegiados, reservados para unos pocos: «Ser consejero del Hispano te invita a cenar con todo el mundo. No tienes problemas en cómo te van a recibir». A lo que el periodista preguntó con precisión: «¿Fue lo que le pasó a Juan Abelló?». Se refería a su fiel compañero en las empresas Laboratorios Abelló y Antibióticos SA, cuya venta les permitió amasar una considerable fortuna que invirtieron en Banesto y, por tanto, el puente para entrar en el consejo de administración del banco y en la élite. En 1988, Abelló decidió separar los bienes con Mario Conde, y en 1989, después de verse frustrada la operación de fusión entre Banesto y el Central, decide retirarse y fundar su sociedad de inversiones Torreal. Desde entonces participó en los consejos de Airtel (1990), Santander (2000) y Sacyr (2001), donde mantenía el 14 % de las acciones. «Sí, claro. Juan Abelló quería eso. Su idea era esa. Es el modelo de Abelló», respondió Conde, recordando como Abelló había saltado al final del milenio al banco que fue favorecido por la intervención de Banesto y su venta: el Santander. «¿Y los March?», le volvió a preguntar, aludiendo a la principal sociedad de inversiones familiar (Corporación Financiera Alba) que participa en múltiples sociedades industriales, y en dos sociedades cotizadas en el IBEX 35 en 1991 (Uralita y la propia Alba). «La casa March es muy singular. Se ha mantenido al margen. Son personas ricas y discretas y han heredado una cantidad ingente de dinero. Son los March. No han pretendido ser más. Han entendido que ser March es más que ser duques».

Mario Conde menciona algo importante sobre la estructura de poder española: que esta es un producto de relaciones singulares entre partidos, funcionarios y familias acaudaladas con un largo pasado. Es un secreto a voces que fue puesto por escrito por regeneracionistas como Joaquín Costa a finales del siglo XIX[89], o por académicos como Manuel Tuñón de Lara[90]. El primero, por ejemplo, utilizaba un concepto muy gráfico para explicar la existencia de una camarilla pequeña, que él llamaba oligarquía: las carreteras parlamentarias, producto de la relación entre familias de aristócratas industriales y diputados. El segundo ponía también el acento en el Parlamento, para hablar de familias parlamentarias, que eran producto de la unión matrimonial entre diputados y familias industriales y nobles. En la historia que estos cuentan, como en la del Sistema según Conde, existen reglas que se confirman: quien se suma al juego, como March o Conde, debe hacerlo sin alterar toda la estructura, conformándose con una posición subordinada, a la espera de un acuerdo entre el conjunto de las fuerzas dominantes tradicionales. Equivalía a los protocolos de los matrimonios de alta alcurnia: no solo vale con la voluntad del proponente, también necesita de la aprobación del cónyuge y su familia. Estos matrimonios entre lo nuevo y lo viejo continuaban una ley no escrita según la cual se respeta el statu quo dentro de una estructura. Es la ley de perpetuación de la clase dirigente.

En la práctica, esto implica, principalmente, un cierto respeto por la autonomía de determinadas familias sobre un instrumento codiciado en cualquier economía: los bancos. En España, por inercia histórica, estos no se nacionalizan, ni los bancos pueden tomar posiciones dominantes sin antes consultar con el núcleo de poder político. Algo que se saltaron dos hombres: Mario Conde y José María Aznar, que jugaron con el estatus bancario, aunque cada uno desde un espacio diferente (uno desde un banco, otro desde un partido político). Uno desde Banesto, que intentó fusionarse con el Central y construir un conglomerado financiero-industrial; el otro, como hacedor de la estructura desde su posición como presidente del Gobierno en época de fusiones bancarias y, después, como cerebro en la sombra del imperio de Caja Madrid (a partir de su influencia en el PP madrileño y su amigo, el presidente de la caja, Miguel Blesa). Ambos sufren y sufrirán las consecuencias.

El funcionamiento de este sistema puede sonar poco liberal, pero cumple una función, y es perpetuar la estructura patrimonialista del mundo bancario español, un lugar creado para tejer alianzas entre miembros del establishment político con la nobleza e industriales de postín. De hecho, a finales del siglo XIX era raro el aristócrata o político que no tuviera su propio banco o no figurara en él. No es baladí que Antonio Cánovas del Castillo fuera presidente del Consejo de Ministros y del Banco Hipotecario. Y que este liderara el banco que heredó los negocios inmobiliarios del marqués de Salamanca mientras también se hacía con los negocios ferroviarios del marqués en su posición como consejero y presidente de Ferrocarriles Andaluces, la compañía que se hizo con las rutas de José de Salamanca y Mayol. Otro ejemplo es José Calvo Sotelo, presidente del Banco Central tras caer la dictadura de Primo de Rivera, de la que fue ministro de Hacienda y salvador del Banco Hipotecario de Cánovas. O, cómo no, el más grande emblema: el Banco de Isabel, formado por el marqués de Salamanca, diputado y posterior ministro de Hacienda, y el marido de la reina. El banco inicialmente privado finalmente fue rescatado por el Estado tras una burbuja especulativa, formando así el Banco de España. En todos estos casos los nombres de los actores cambiaban, pero la estructura y funcionamiento permanecen incólumes; esto es, nunca se deja caer al respirador de la clase dirigente, que son los bancos, y que conforman el núcleo central de la estructura patrimonialista de la economía española. Así pues, habría que llamar «bancos parlamentarios» a la síntesis de la estructura de poder que sobrevive en España. Actualmente, el gran emblema es Bankia, centro neurálgico de los negocios de la clase dirigente, y nacionalizado por el Estado.

Un signo del elevado poder de estos bancos parlamentarios es que el statu quo del sector no se modificó durante el periodo de mayor intervencionismo estatal, entre los años cuarenta y sesenta, en pleno fervor patriótico franquista. En cambio, sí hubo modificación en el papel del Gobierno, en concreto, en la condición reguladora y supervisora del Ministerio de Hacienda, que fijaba tasas de interés y regulaba los nombramientos en el Banco de España, único banco emisor. Pero ni la banca privada fue nacionalizada ni se creó una banca pública fuerte (simplemente se heredaron los bancos públicos como el Banco Exterior de España, la Caja Postal, la Caja Central de Crédito Mar y Pesquero, el Banco Hipotecario de España, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola o el Banco de Crédito a la Construcción), contrastando con la apuesta por una industria pesada de capital público que abarcaba desde el automóvil, los astilleros o la siderurgia, pero también industria ligera como el turismo (Marsans, Hotasa, Iberia). Tan leve fue la presión que el número de entidades durante este periodo apenas varió (115, en 1935; 139, en 1950; 109, en 1960, de los cuales 12 nacionales, 16 regionales, 81 locales, 4 extranjeras); no obstante, el poder de un grupo de bancos fue acrecentándose: si en 1945 las diez mayores entidades concentraban el 60 % del negocio, en 1960 las seis mayores entidades ya concentraban el 70 % de activos y pasivos del sector[91].

La Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 14 de abril de 1962 abrió la veda en el sector, introduciendo dos nuevos elementos: la competencia y el papel arbitral del Ministerio de Hacienda, que nacionalizó el Banco de España, encargándose de nombrar a gobernador y vocales. Fue bajo el mando de Mariano Navarro Rubio, el lugarteniente del también opusiano, Laureano López Rodó, ambos dirigentes del Plan de Estabilización de 1959. Rubio fue primero ministro y luego gobernador del Banco de España, al fallecer Joaquín Benjumea. Saga, la de Benjumea, que no se queda atrás. El sobrino del ministro y gobernador fundó la empresa de construcción y de energía Abengoa (1941) cuando este gestionaba el presupuesto nacional de la postguerra como ministro de Hacienda. Coincidencias de la historia.

Pero vayamos a las consecuencias de la ley de veda abierta. Entre 1963 y 1969 se inscriben en el Registro 22 nuevas entidades; en 1972 y 1973 otras cinco y entre 1975 y 1978 siete más; en total 34 bancos; 20 industriales y de negocios, y 14 comerciales. De este modo, de las 101 en 1963 se pasó a 135. Después la llegada de la crisis de finales de los setenta y principios de los ochenta frenó en seco el proceso de creación de nuevas entidades y se produjo el fenómeno inverso: la desaparición de muchas, entre ellas la casi totalidad de las creadas en esta primera fase de liberalización financiera.

La época dorada del sector financiero se apagó en los setenta, tras las primeras quiebras de empresas industriales, algo que afectó principalmente a entidades bancarias pequeñas, que vieron aumentar la morosidad vertiginosamente. Estos fueron algunos de los factores que llevaron a la crisis a numerosas entidades financieras, especialmente aquellas expuestas al sector industrial. El statu quo del sector, basado en una relación simbiótica entre apellidos y proximidad con el poder político, impedía al Estado poder intervenir en sociedades en quiebra.

A ello se suma el entonces marco legal —el derecho concursal— que carecía de mecanismos para hacer frente a las situaciones de insolvencia. Esto llevó al Ministerio de Economía de la UCD, en un acto de valentía, a arrogarse prerrogativas que le permitirían actuar en el sector. Para hacer frente a la crisis se creó en noviembre de 1977 el Fondo de Garantía de Depósitos[92] para dar cobertura a los depósitos de clientes de las entidades con problemas. Poco después, en marzo de 1978, se constituyó Corporación Bancaria SA, una sociedad instrumental para administrar las entidades en crisis intervenidas por el Banco de España. En el ente regulador, el gobernador entonces era José María López de Letona, quien tenía en su poder el entramado legal e institucional para intervenir en el sector financiero. López de Letona pasó a ser consejero delegado de Banesto y el hombre que, según Conde, era el candidato del PSOE para presidir Banesto. López de Letona era uno de los miembros del clan Ferrovial, como parte del núcleo fundador. Desde el ente emisor apadrinó a cargos como Mariano Rubio, a quien elevó a subgobernador, o a Solchaga, en el departamento de Estudios. Todo el grupo tenía una especial vinculación con el consejo fundador de Ferrovial en 1952, en el que estaba José María López de Letona y Núñez del Pino (ministro y gobernador del Banco de España), primo de Rafael del Pino (erigido por López de Letona como presidente de Enagás y presidente de Ferrovial), y este cuñado de Leopoldo Calvo-Sotelo (presidente del Gobierno en 1981), junto con Claudio Boada Villalonga (presidente del INI). En otra sociedad del grupo se encontraba el actor central: Mariano Rubio, miembro del consejo de la empresa Interholding, propiedad del grupo fundador de Ferrovial. Todos coincidían los fines de semana en la finca La Dehesilla, en las estribaciones de la sierra de Gredos, a poco más de dos horas en coche de Madrid, cercana a la localidad toledana de Oropesa y al embalse de Rosarito, en la carretera comarcal que va hasta el valle del Tiétar[93].

Pues, bien, con Mariano Rubio al mando del Banco de España, como subgobernador con la UCD (1977-1984) y como gobernador con el PSOE (1984-1993), durante los años ochenta, y mayoritariamente bajo el gobierno socialista, se recomendó la fusión de las múltiples entidades financieras de modo que se redujera el riesgo que llevó a la crisis (en mayor o menor medida) a 56 bancos y 23 empresas bancarias entre 1978 y 1983; es decir, al 52 % de las entidades bancarias y al 27 % de las cajas de ahorro[94]. La desregulación del sector financiero y de las cajas de ahorro en los años sesenta y mayormente en los setenta fue el preludio de esta crisis, en la cual 20 de las 34 entidades financieras creadas durante ese periodo quebraron[95].

Entre las fusiones más importantes podemos citar la del Banco de Bilbao con el de Vizcaya en 1987, que dio lugar a la primera entidad a nivel nacional, o la del Banco Central y el Banco Hispanoamericano en enero de 1991, posterior al intento frustrado del Banesto en 1988 por hacerse mediante OPA (Oferta Pública de Adquisición)[96] con el Banco Central. Otra vía de modificación del statu quo financiero fue la intervención directa del Banco de España, en los casos sonados de Banca Catalana, o el del Banco Atlántico de Rumasa. Su poder se ejercía por medio de dos instrumentos: por un lado la Corporación Bancaria SA (creada en 1978 por López de Letona), participada —a partes iguales— por los bancos del sector y el Banco de España, y dedicada a intervenir entidades en riesgo. Actuó hasta 1980 e intervino un total de seis entidades; y por otro, el Fondo de Garantía de Depósitos, en el cual participaban las entidades aportando un 1,2 % de los depósitos. En 1978 se amplía a la potestad del Banco de España para disolver el consejo de administración de las entidades financieras y sustituirlo por personas designadas por él en un contexto de crisis del banco. Gracias a la aprobación de este real decreto ley (5/1978), el Banco de España pudo realizar las intervenciones y posteriores nombramientos de los miembros del consejo de administración, en el caso de Banca Catalana (posteriormente integrados en el BBV) y de Banesto; coincidentemente la presidencia recae en ambos casos en la persona de Alfredo Sáenz Abad. Alfredo fue alumno de Pedro de Toledo en Deusto, consejero del Vizcaya y quien le llevó al banco en 1981.

En este punto entra de nuevo Mario Conde. Será, pues, el banquero quien señale en su libro El Sistema el papel protagonista del ministro de Economía, Carlos Solchaga, y el del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en la regulación del sistema. Conde cuenta como en su reunión con Solchaga este le comenta sus planes en Banesto:

Allí nos expuso que nuestro proyecto no le parecía adecuado, dado que Banesto se encontraba en una situación delicada y era preferible esperar a que López de Letona fuera nombrado presidente, lo cual, según lo programado, iba a tener lugar el 16 de diciembre de 1987. Le contestamos que no había razón para la espera, que no teníamos nada en contra de López de Letona y que solo queríamos ser accionistas y consejeros de Banesto. Supongo que en ese primer encuentro surgió un cierto grado de enfrentamiento con la autoridad monetaria. En todo caso, fue mi primera experiencia de un modo de actuar propio del Sistema[97].

En Chaguazoso le pregunto a Mario Conde por su teoría sobre la caída de Banesto. Hay muchas aristas en el caso Banesto: judiciales, políticas, económicas, sociales. Pero han sido los cargos que pesaron sobre él los que han definido las explicaciones sobre la caída en desgracia del segundo banco español: el de vaciar las arcas de Banesto y de ejercer una política agresiva que acabó con un «agujero» de 3000 millones de euros. Él se ha defendido públicamente de los cargos que le achacan en el caso Banesto, explicando el trasfondo de la operación, que ve similar a la efectuada con Bankia:

¿Cómo lo hicieron técnicamente? Bien fácil: encargaron al Banco de España que transformara provisiones en pérdidas. Primero le dijeron que se inventara provisiones, como, por ejemplo, el crédito de Juan Miguel Villar Mir. Ordenaron adicionalmente que provisionaran incluso créditos a entidades públicas, que técnicamente no son provisionables. A continuación sentenciaron: ese monto son pérdidas reales, y para dotar de dimensión popular al caso calificaron al engendro contable de «agujero», que es expresión impactante para la opinión pública. A continuación convocaron de urgencia al Parlamento, nada menos que un 30 de diciembre, para evidenciar que todos los grupos políticos —insisto, todos—, sin analizar ni una línea de balances o cuentas, declarasen magníficamente intervenido Banesto, y proclamasen, a instancia del diputado Montoro, la exigencia de responsabilidad de todo tipo a su presidente y consejeros.

Rodrigo Rato no supo nada de la intervención hasta que en la mañana del día 28 de diciembre, su primo, mi querido amigo Vicente Figaredo, se lo dijo por teléfono. Rato consultó con Aznar y este lo confirmó: «Si Mario Conde vende al BBV y se va, no pasa nada». ¿Qué hizo Rodrigo Rato? Seguir la línea oficial que Aznar impuso en el PP —no todos participaban de ella— y González en el PSOE: hablar de agujero, de pérdidas, de quiebra y de responsabilidades penales. Nunca aclaró que Banesto no tenía pérdidas reales, definitivas, sino potenciales[98].

Rodeados por un sinfín de símbolos esotéricos, muchos de ellos relacionados con la masonería, Conde explica su visión del sistema financiero español. Creí que iba a realizar un alegato justificando la animadversión del clan Solchaga, basándose en sus sonados y publicitados intentos de entrar en la política. Sin embargo, lejos de ello, me sorprende con una intrincada historia: fue en realidad un viaje al Vaticano lo que levantó sospechas. Era enero de 1992 y acudió a una audiencia donde estaban Ratzinger y el cardenal Javierre, junto al papa Juan Pablo II. En ese momento, el papa, en su discurso, se dirige para hablar de «mio caro amico Mario Conde». Lo sorprendente, me dice, es que el papa no tiene permitido dirigirse por su nombre a los presentes. La alusión del pontífice la hizo en el transcurso del coloquio Capitalismo y ética tras 1991, organizado por las revistas Política Exterior y Europa-Archiv, que se celebra en el Aula Vecchia del sínodo, bajo la presidencia del cardenal Roger Etchegaray, presidente de Justicia y Paz. El banquero, según las notas de la prensa, alegó, ante un elenco de autoridades europeas, la necesidad de un marco de regulación, tanto jurídico como moral, sobre la actividad económica: «La economía de mercado ha demostrado ser el sistema económico que mejor garantiza el progreso técnico», pero «esto no significa —agregó— que nos encontremos ante un sistema perfecto», ni que garantice necesariamente el progreso social. Por ello, prosiguió Conde, se precisan acciones correctoras, a condición de «no interferir sistemáticamente en el mercado».

Según Conde, la llamada del papa y su cercanía fue un punto de inflexión. En aquel coloquio coincidieron personajes como la expresidenta del Parlamento Europeo, Simone Veil, y el exconsejero de Seguridad Nacional estadounidense, Zbigniew Brzezinski; el académico Alexandr Yákovlev, estrecho colaborador de Mijaíl Gorbachov; el expresidente de la Comisión Europea, Roy Jenkins, y el presidente de la Internacional Liberal y del Partido Liberal alemán, Otto Graf Lambsdorff. Pero también estaba un personaje clave, según el exbanquero, Rafael Termes, exconsejero delegado del Banco Popular. El abogado de Tui (Pontevedra), imbuido en un relato, termina con una sentencia inesperada: «El Opus tiene un papel fundamental en la intervención de Banesto». Pues, según me cuenta, temían que «yo terminara con el negocio de Dios, el verdadero peligro es que terminara con ese negocio». A continuación une piezas con personajes de primera línea en la intervención de Banesto: «Solchaga es un afín al Opus Dei a través del Popular». Era una de las hipótesis que también manejaba yo, y que Conde utilizaba también, evidentemente, para salir del debate de si hubo o no alzamiento de bienes en Banesto: la discreta Obra del Opus Dei se extendía sigilosamente por los tentáculos del mundo financiero. Pero ¿de qué modo y por qué?

Se ha especulado mucho con la influencia del Opus en las altas finanzas. Empezando por su más afamada figura, Luis Valls Taberner, el presidente de Popular y numerario de la Obra fundada por Escrivá de Balaguer. El referente de la Obra en el Estado fue siempre Gregorio López-Bravo, exministro franquista y supernumerario, consejero de Banesto hasta 1985, año en que murió en accidente aéreo, siendo su sillón ocupado por otro López, José María López de Letona, exministro de Industria, gobernador del Banco de España y uno de los espadas del clan de Las Dehesillas. En un sillón de Banesto se había sentado también otro miembro del Opus Dei, Jorge Brossa en los años setenta. Al recordar estos nombres empezaban a encajar algunas de las piezas de la caída en desgracia de otro hombre de las finanzas y la industria, Ruiz-Mateos, que acusó a los mismos personajes de estar detrás de su caída: Boyer, Solchaga, Mariano Rubio y el Opus. Ruiz-Mateos y Conde apuntaban a la existencia de un triple poder, conformado a partir de una relación incestuosa entre el poder político del Ministerio de Economía, el poder económico de los grandes bancos, y el poder social y cultural del Opus Dei.

Ruiz-Mateos narraba una anécdota en sus memorias —que adelantó la revista Tiempo en 1989 y que finalmente no salieron a la luz— mediante la que intentaba dejar claro, para sí mismo y para el lector, de dónde venía el peligro: «Tras ingresar en el Opus Dei, tuve que venir a Madrid para ver a Luis Valls, entonces vicepresidente del Popular, y a Gregorio López-Bravo. Fue en 1982, cuando precisamente intentaba yo comprar la autocartera del Banesto, del que López-Bravo era consejero. Gregorio me vino a ver y me pidió que no comprara Domecq… Sobre Semana Santa me llamó y me dijo que por qué no hablábamos de esto con Luis (Valls) en una comida. Creía que se trataba de Banesto, pero no… López-Bravo me dijo que no podía comprar Domecq y Luis Valls fue más lejos y me dijo: “Atrévete a comprar Domecq y te arrepentirás. Si compras Domecq te echaré encima al Banco de España”».

A partir de aquí la trama de esta historia conecta a los protagonistas de Banesto y Rumasa. Banesto tenía el 12 % de las acciones de Domecq, la pretendida por Ruiz-Mateos. También había conjunción de intereses personales, pues años antes, López-Bravo, consejero de Banesto, había conseguido atar a Rumasa al obtener un préstamo muy jugoso para su obra más preciada: el Instituto de Educación e Investigación. El contrato se suscribió en diciembre de 1980 por importe de 450 millones de pesetas, mientras que en febrero de 1982 se suscribieron cinco contratos por importe de 120 millones de pesetas el primero y 300 millones los cuatro restantes. En total 1320 millones, con lo que la operación global ascendía a 1770 millones de pesetas. Y, lo más importante, era un préstamo sin interés y con un plazo de devolución de ¡75 años!

Aquellos préstamos a la institución, que entonces no tenía alumnos, lejos de despertar el recelo del Banco de España al descubrir el crédito (donación en diferido), fue pagado —su último tramo— de forma rigurosa ya bajo la autoridad de Patrimonio del Estado[99]. El instituto actualmente sobrevive, y con buena salud, algo de lo que presume en su página web:

La Fundación IEISA es una entidad clasificada como de beneficencia particular de carácter asistencial. Fue constituida en el año 1986 para dar respuesta a necesidades de formación y asistencia sanitaria de comunidades de todo el mundo. Desde la fecha de su fundación, ha destinado, en términos globales, cerca de 50 millones de euros a diversos proyectos de investigación, becas, cuidados paliativos para personas sin recursos… Tiene en la figura del exministro y empresario Gregorio López-Bravo, fallecido en 1985, a su principal impulsor.

Lo que estaba en juego con estas donaciones era la base de poder del Opus y la triple alianza conformada junto al poder político y el económico: suplía la inexistencia de un partido que formara cuadros y los unificara políticamente para expandir la influencia del grupo. El Opus podía realizar esta función con sus infinitos tentáculos en el sistema educativo, tanto en educación primaria y secundaria (Fomento de Centros de Enseñanza, con 35 colegios en 11 comunidades), universidad (Universidad de Navarra, Universitat Internacional de Catalunya) y en estudios de posgrado (IESE). Mario Conde quiso imitar artificialmente este proceder en pequeña escala, y creó el Madrid Business School en colaboración con la Universidad de Houston, a partir del cual quería —según me dijo— construir un partido con 1700 personas que reemplazara el núcleo del Sistema. Para tal operación contaba con el poder mediático (Antena 3) y económico (Banesto y participadas) conseguido. Una operación de ingeniería social que acabó en fracaso. Según Conde: «Sabían lo que estaba haciendo».

Esta cuasiobsesión persecutoria bebía de una lectura sobre la importancia de algunas posiciones clave en su caída. Ambos, Ruiz-Mateos y Conde, personalizan en su narración el núcleo de poder, cuando lo importante son las instituciones que los protagonistas entrelazan (capital financiero, industrial, comercial; el área del Estado a la que había pertenecido; y vínculos con el aparato educativo y mediático), y no sus nombres. Continuando la historia, ambos coinciden en señalar a otro personaje, a Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, a quien Ruiz-Mateos acusaba, en marzo de 1983, un mes después de ser expropiado, de manejos impúdicos en la operación junto a Valls Taberner:

El Gobierno socialista no nacionalizó Rumasa, sino la gran banca. Yo acuso a Luis Valls Taberner y a Rafael Termes como cómplices, autores, dirigentes e inspiradores de la expropiación de Rumasa. El Gobierno fue el ejecutor, pero el autor fue la gran banca, inspirada y conducida y dirigida por Valls y Termes, que son los dueños y señores (…) Luis Valls fue el go between entre Rumasa y el Banco de España. Mariano Rubio es el hombre que da la cara, pero el señor Mariano no es nadie, es un «mandao», un hombre que acepta el protagonismo. Cuando, a partir de López de Letona, puesto por el mismo grupo de presión, Rumasa empezó a ser objeto de una arbitraria persecución por parte del Banco de España, yo analicé y me dije: ¿quién está detrás del Banco de España? Y al ir directo al tronco, me acerqué a Luis Valls.

En la operación introducía a otro actor, Manuel Soto —socio director de Arthur Andersen para España y posterior peón de Emilio Botín en el Banco Vaticano (IOR) en 2010—, al que acusaba de complicidad con el grupo en lo que fue la primera vez que se escuchaba la palabra auditoría en el país:

Ha sido inmoral la actuación de Manuel Soto. En un grupo tan enorme y habiendo auditado solo unas pocas empresas, nadie puede decir que el agujero es de doscientos y pico mil millones de pesetas. ¿Cómo pudo prestarse Arthur Andersen a una pantomima de este tipo? Cobraron mucho dinero y encima le vendieron la información al Banco de España.

En este periodo clave que señala Ruiz-Mateos, este estaba contra las cuerdas, y había recibido diversos avisos del Ministerio de Economía y del Banco de España para que presentara sus cuentas. Ruiz-Mateos captó a dos comisionistas que se encargaron de contratar a Arthur Andersen para la auditoría y apaciguar al Gobierno: Antonio Navalón y Diego Selva; que, según Ruiz-Mateos, habían sido enviados por Luis Valls. Estos fueron los mismos comisionistas a los que contrataría Mario Conde para que consiguieran del Gobierno del PSOE descuentos fiscales en la salida a bolsa de la Corporación Industrial Banesto. Según Ruiz-Mateos, formaban parte de una cadena de transmisión que terminaba en un nombre conocido: «En ese equipo, que en teoría me asesoraba, colaboraba de forma muy clara Adolfo Suárez, que puso sus hombres». Arthur Andersen terminó desapareciendo en 2002 como consecuencia de su implicación en la caída del gigante Enron, siendo acusada de destruir pruebas y de obstrucción a la justicia.

Otro personaje que aparece en la narración de ambos es Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria (AEB) de 1977 a 1990, cargo que compatibilizaba como consejero del Banco Popular de Luis Valls Taberner. Su condición de miembro de la Obra de Escrivá de Balaguer fue explicitada en el obituario escrito en el portal Opusdei.es, donde resaltan que fue «la primera persona que pidió la admisión en la Obra en Barcelona». Termes conoció a Escrivá en Barcelona, en marzo de 1940, y, según relata, «disipadas mis dudas por la seguridad y confianza que me inspiraban las palabras y la persona de nuestro Padre, pedí la admisión en la Obra»[100]. A este, Ruiz-Mateos le acusó de obligarle a comprar una «sociedad inmobiliaria prácticamente en quiebra por una cantidad aproximada de 800 millones de pesetas solo para satisfacer a Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, que esta ha relacionado con el propietario de la sociedad»[101].

Rafael Termes, además, fue uno de los pocos presentes en la reunión que dio lugar, el 13 de julio de 1984, al reparto de los bancos de Rumasa. La presencia de Termes, según una nota de prensa, obedecía a su posición al frente de la patronal, que «a requerimiento de los bancos sindicados, ha prestado su asistencia técnica y de buenos oficios para la ordenación de las complejas deliberaciones». Fuentes de la patronal comunicaron a El País que el encuentro había sido «divertido y distendido, y que incluyó sesión de bocadillo al pie de cañón»[102]. El Banco de Vizcaya —en el cual había trabajado el entonces ministro de Economía Carlos Solchaga— fue adjudicatario del plato fuerte, Bankisur, con 68 770 millones de pesetas de saldos acreedores totales, y encabezó el ranking de adjudicación; seguido del Banesto (67 160); Banco Central (65 480); Banco Hispano (58 050); Banco de Bilbao (48 470); Banco Santander (35 220); y Banco Popular (26 860).

Años más tarde, las intervenciones dejaron paso a fusiones entre grandes bancos, en un clima fomentado desde el Gobierno y el Ministerio de Economía: «Por lo que se refiere a la situación actual de la banca española, el Gobierno considera que la presente estructura no es la más eficiente de cara a la necesidad de su internacionalización o si quieren ustedes europeización, en los próximos años», decía Carlos Solchaga en una comparecencia en el Congreso el 11 de diciembre de 1987. Ponía sobre la mesa la creación del mercado común europeo y la liberalización del mercado de capitales, personas y mercancías consiguiente que entraría en vigor en 1992, tras la firma en febrero de 1986 del Acta Única Europea: «A partir de 1992 va a haber libertad de establecimiento de entidades financieras y de crédito en nuestro país. Va a haber absoluta libertad de apertura de cuentas corrientes si se lleva a cabo la liberalización de movimientos de capitales y, naturalmente, estamos en una situación en la cual debemos preocuparnos sobre si nuestras comunidades financieras son capaces, especialmente los grandes bancos, de responder a ese extraordinario reto. Nosotros creemos que no».

Pocas semanas antes, el 27 de noviembre de 1987, López de Letona había dimitido como vicepresidente y consejero de Banesto a un mes de la anunciada despedida del presidente, Pablo Guernica, y de la sucesión de López de Letona en el cargo. Era el día en que la OPA del Banco de Bilbao la negociaba ya Mario Conde[103], que junto a Abelló tenía el 7 % de las acciones. Desplazado, López de Letona dimitió «producto de año y medio de profundas discrepancias en el seno del propio banco», lo que permitió a Conde hacerse con la vicepresidencia, y colocar en la posición vacante en el consejo a Arturo Romaní, que se convertiría desde entonces en su mano derecha en el banco. En diciembre, ya nombrado presidente, consiguió repeler la OPA del Banco de Bilbao de José Ángel Sánchez Asiaín sobre el banco, en una maniobra intrincada que incluyó la negativa de los síndicos de la Bolsa de Madrid y Barcelona.

Tras este hecho, Rafael Termes recibió, para dar la bienvenida, al recién ungido presidente de Banesto. Pero los poderosos no se amilanan, y no dudó en marcar los tiempos al hacer, en un aparte, un pequeño homenaje a López de Letona. Era la pieza en una fusión que se daba por hecha, y que había recibido el visto bueno del Consejo Superior Bancario (CSB) y del Ministerio de Economía de Solchaga.

A partir de ahí Banesto entró en una espiral de desencuentros. Después de repeler la OPA del Banco de Bilbao sobre Banesto, a principios de 1988 se produjo el episodio de fusión frustrada con el Banco Central. Mariano Rubio, en una comparecencia en el Congreso en febrero decía que «no hay cosa peor que una fusión mal planteada». También situaba al Banco de España que él dirigía fuera de la pugna: «No estamos interviniendo a favor de la fusión y no fusión».

El punto nodal de la negociación fue la presidencia, que se jugaba entre Mario Conde y Miguel Boyer, presidente de Cartera Central, el máximo accionista del Banco Central. En el Central también estaba otro de los fuertes de la Obra, Luis Coronel de Palma, vicepresidente del Banco Central, y exgobernador del Banco de España de 1970 a 1976, periodo en el que se iniciaron Boyer, Solchaga y Rojo en el ente emisor.

Después, en un intento de capitalizar la entidad bancaria, intentó reiteradamente la salida a bolsa de la Corporación Banesto, que finalmente salió en 1990. La guerra se desató en el año 1992, cuando Conde había logrado el apoyo de JP Morgan para la operación de ampliación de capital y se presentó ante el papa como garante de una nueva economía y, por si no fuera suficiente, pasó a controlar la cadena Antena 3 Televisión. Era 1992, el año de las Olimpiadas, de la Expo 1992, momento en que la CNMV, con solo tres años de vida, se preparaba para los nuevos movimientos de capital tras el estreno del índice bursátil IBEX 35 en enero, que facilitaría el crecimiento de las empresas españolas para competir con los grandes de la economía mundial. Era el año de la inclusión de España en el mercado común, y era necesario tener empresas para crecer.

Banesto fue invitado al encuentro, y muestra de ello fue su nombramiento como banco oficial de las Olimpiadas en junio de 1988. El acuerdo de fusión con el Central en octubre de ese año y la constitución de un consejo de administración en el que participaban Carlos Bustelo y Miguel Boyer anunciaban el romance. El fatídico desenlace, en febrero de 1989, desató la ira del grupo de Solchaga y compañía. Abelló abandonó la vicepresidencia, y Cartera Central retiró el 2 % que mantenía en Banesto. En marzo de 1989 se producía el cese de Pedro J. Ramírez como director de Diario 16, enemistado con González por sus filtraciones sobre el caso Gal. Fue sustituido por Enrique Badía, quien unos meses antes, en noviembre de 1988, había sacado su primera edición de la revista Cambio 16 como director (después pasará a Diario 16) con el sugerente titulo: «Los últimos días de Mario Conde». Enrique Badía había sido jefe de prensa de Carlos Bustelo, cuando este era presidente del INI. Esa portada salió en el momento de ser Carlos Bustelo nombrado como consejero de Banesto. Bustelo era miembro honorífico, por apellido, del clan de Las Dehesillas, además de haber trabajado junto a Solchaga y Miguel Boyer en el servicio de estudios del ente industrial en 1974, bajo la presidencia de Fernando Fernández Ordóñez.

El resto de la historia es conocida. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, el Banco de España interviene Banesto y descabeza el consejo de administración. Dos años después, en un concurso, el banco pequeño, el Santander, se come al segundo banco de España, y, años después, el que fue operador de la intervención y adjudicación, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, pasa a formar parte del consejo de administración del Banco Santander.

El poder de aquel grupo lo relata Jorge Semprún[104] en su libro, donde explica cómo Solchaga, en un Consejo de Ministros, propuso la renovación de Mariano Rubio y Luis Ángel Rojo en los cargos de gobernador y subgobernador del Banco de España durante cuatro años más, propuesta que tuvo una crítica dura de Alfonso Guerra y no fue secundada por el resto del Consejo, y cuyo desenlace fue la renovación sin mayor problema de estos en el cargo.

Pero ¿qué significaba esto? Siguiendo aquella teoría que dice que el Estado es una condensación material de una relación de fuerzas sociales —y, por tanto, un territorio en disputa entre grupos que aspiran por la hegemonía y se apoyan sobre determinadas áreas del Estado y determinado modo de acumulación—, el resultado había sido en favor de un sector: la banca. Y su apuesta era clara: el Ministerio de Economía y los altos cuerpos del Estado asociados a este debían ser los intermediarios en la cadena de transmisión del nuevo IBEX. Era el momento en que el Estado perdía competencias en favor del IBEX, transfiriendo recursos humanos y materiales, además de cuadros políticos, transformando aquel simple índice en un «bloque de poder». La lucha entre el Ministerio de Economía y el de Industria había acabado con las últimas privatizaciones de la industria pesada. Solchaga había hecho el trabajo. Lo dejó atado, y bien atado.

Si acercamos la lupa al cuadrilátero, veremos como fue también la victoria de un modus operandi del grupo que ganó la carrera, que se asentó en la triple alianza entre el Ministerio de Economía y sus asociados (el cuerpo de economistas, inspectores de Hacienda y el Banco de España), la gran banca, y el padrinazgo de la gran familia del tardofranquismo: el clan de Las Dehesillas. Carlos Solchaga, superministro del PSOE y patriarca del grupo, consiguió imponer su modelo, que simplificó en una regla básica que transmitió a Conde: «Los partidos no valen para nada». Y tiene razón, pues, a diferencia de González y el PSOE, los burócratas nunca pierden elecciones (ver Gráfico 2 en pliego central).

02

La «casa Aznar», al abordaje
del IBEX y de América

En la sesión de investidura de Felipe González del 5 de diciembre de 1989, José María Aznar, flamante jefe de la oposición, enviaba una sutil advertencia desde la tribuna: «Ni usted ni nosotros, que constituimos la nueva oposición, ni mi grupo, que es hoy por hoy la única alternativa posible de relevo, podemos ser insensibles a los dictámenes de las urnas». Aznar hacía un análisis al paso de la caída sostenida del PSOE, que de 10 millones de votos en 1982 (48,11 %), había pasado a algo más de 8 millones en 1989 (39,69 %). Para los populares, el gran logro era haber dejado enterrado a Adolfo Suárez primero, después a la UCD, y ya entonces al CDS, conscientes de la difícil hazaña de superar al PSOE en unas elecciones generales. No era un buen resultado y Aznar lo sabía, comparado con los números conseguidos por Fraga en 1982, tanto en porcentaje como en votos: del relativamente exitoso 26,36 % de Manuel Fraga en 1982, al débil 25,89 % en 1986; seguía superando al 25,79 % conseguido por Aznar en 1989. Con todo ello, los socialistas parecían imposibles de alcanzar, a pesar del viento en contra que tenía el PSOE, enfrentado con los sindicatos a propósito de la reforma laboral y los nuevos modelos de contratación, medida que les costó la huelga general de 1988. Pero los mensajes económicos tranquilizadores, fundados en el leve retroceso del paro por debajo del 20 %, del 21,14 al 18,8 % ese 1988, unido al señuelo de la entrada en la Comunidad Económica Europea fueron determinantes para contrarrestar el nuevo mensaje modernizador de Aznar.

Era cuestión de tiempo. Veinte años después de aquella visionaria advertencia, en una entrevista en El Mundo el 28 de enero de 1999 —el último año de su primer mandato—, le recordaba a Pedro J. Ramírez aquellos momentos: «Cuando yo me presenté como candidato a las elecciones generales del 89, aún no había caído el muro de Berlín. La caída del muro supone el final político del siglo XX. Ahora estamos en una nueva etapa en la que ha cambiado la organización política y económica del mundo, y es preciso definir las grandes necesidades de España». Seguidamente, Pedro J. —el periodista que sería durante esos años compañero de pádel de Aznar— le lanzaba una bolea alta para que rematara a placer: «¿No teme usted que en el entorno del PP surja otra beautiful people que abuse de las conexiones con el poder y haga ostentación de sus signos de riqueza?». A lo cual Aznar le respondía: «Eso forma parte de una ética del pasado, felizmente superado. No quiere decir que no puedan existir comportamientos sociales más o menos disonantes. Pero hoy la cultura empresarial española se orienta en otra dirección. El Gobierno no está para intervenir en todo. Si hay empresas que promocionen a determinados personajes, lo deciden ellas»[105].

Aznar quería dejar claro que aquello no se parecía en nada a lo anterior, ni al PSOE ni a la Alianza Popular de Fraga. Su proyecto había sido bautizado como centro reformista, y decía consistir en dos elementos: empleo y educación. «Más liberalización, más competencia, más reforma, más internacionalización, más empresas, esa es la modernización de la sociedad que pretendemos», le decía en la entrevista a Pedro J. Ramírez. Para Aznar, era la evolución natural de aquel partido, que basaba su proyecto en una palabra: empresa. También era coherente con sus postulados iniciales anunciados en el discurso de investidura del 3 de mayo de 1996, con el que dejó claras sus intenciones: «La política económica del Gobierno que aspiro a presidir parte del convencimiento de que la empresa es el verdadero motor de la economía. España necesita más y mejores empresas». No especificó claramente cómo iban a crearse esas empresas, pero era lo de menos. Por si acaso alguien le inquiría por aquello, anunció, de corrido, el paquete de reformas para la legislatura: la reforma de la administración, la reforma fiscal, la reforma educativa, un programa de I+D, una reforma energética, la reforma de la financiación autonómica y, como colofón, y sin darle la menor importancia, el ansiado «Plan Estratégico de Privatizaciones». Un plan que pretendía emular aquel diseñado allá por 1983 por Guillermo de la Dehesa, el lugarteniente del ministro socialista Miguel Boyer. Aznar destacaba tres objetivos de ese plan:

Eficacia de las empresas y mayor competencia en los sectores en que operan, teniendo siempre presente la consideración de los intereses nacionales.

Ampliación de los mercados de capitales españoles.

Difusión de la propiedad.

Con este despliegue de propósitos, el nuevo PP de Aznar daba un salto al futuro, al tiempo que parecía desprenderse de su propio origen: los siete magníficos, líderes en el franquismo, por los cuales Fraga apostó personal o políticamente, y que constituían el centro político que quería representar el político gallego.

Aquel proyecto fue formalizado en 1976 tras la firma de siete exministros de Franco del manifiesto de fundación de Alianza Popular el 9 octubre de 1976. Una propuesta que se presentó a la opinión pública como «un grupo de ciudadanos, procedentes de diversas tendencias, que se declara abierto a todo acuerdo válido y a toda participación positiva». Seguidamente exponían sus presupuestos ideológicos: «Aspiramos a tornar lo mejor de lo que tenemos para basar sobre ello nuevos avances, compartiendo la filosofía de los partidos populistas, centristas y conservadores de Europa, de cuyo ideario nos sentimos afines, lejos de toda actitud extremosa o radical». En palabras de Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, miembro del Grupo Tácito y de la UCD, el proyecto de Fraga y sus siete seguidores consistía en «centrar las fuerzas del Movimiento, o en el Movimiento, mientras mi idea era la de un centro al margen del Movimiento, con el socialismo a la izquierda y el neofranquismo a la derecha»[106]. Verstrynge, ideólogo del proyecto de Fraga, y primer secretario general de la unificada Alianza Popular, definía sin ambages los presupuestos centristas: «Primero, que la fuerza electoral mayoritaria en el país era el llamado “franquismo sociológico”, compuesto más o menos por las clases medias creadas por el franquismo y las altas; segundo, que, aproximadamente, ese espacio correspondía al llamado “centro” del que él había sido el teórico indiscutible, y hasta entonces indiscutido, durante el franquismo terminal y la etapa de Arias Navarro; tercero, que podría disponer, como muñidores electorales, de la red de gobernadores civiles nombrados por él durante su paso por Gobernación; cuarto, que Suárez ni humana ni ideológicamente daba el peso para disputarle la paternidad centrista; y quinto, que solo había que rodearse bien: habiendo sido ministro de Franco, brillante, y económicamente honesto, debía ir a la caza y captura de quienes pudiesen complementar el esquema, atrayendo a las otras “sensibilidades” del franquismo vía prohombres muy representativos de las mismas»[107].

Este proyecto de centralización no era trabajo menor, pues necesitaba convertir en pueblo aquella plataforma, que no era sino una jauría de adustos superministros del régimen, seguros de representar a millones de seguidores tras sus espaldas. Por tanto, aquella centralización de Fraga necesitaba de otro paso, que consistía en aglutinar bajo un solo proyecto la pluralidad de voces existente en Alianza Popular, esa sumatoria de pueblo integrada por los siete magníficos: Manuel Fraga (Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Licinio de la Fuente (Democracia Social), Enrique Thomas de Carranza (Unión Social Popular), Laureano López Rodó (Acción Regional), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española) y Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española).

Veinte años después de la fundación de Alianza Popular, José María Aznar, recién ungido presidente del Gobierno, anunciaba su propuesta de «centro reformista». Era un movimiento que parecía alejarse de aquel viejo proyecto de centralización de Fraga. Aunque depende del enfoque: si tomamos el concepto latente del centrismo de Fraga, por el cual se refería a cazar a los elementos centrales, quizá no desaparecieron del todo. En aquel momento la caza se materializó con seis magníficos, todos ellos ministros, y todos puntos cardinales del régimen, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Información y Turismo, Obras Públicas, Educación, y Trabajo. No eran cualesquiera, controlaron áreas estratégicas del Estado en un momento especialmente relevante: los años del boom económico. De todas las áreas destacaba especialmente una: aquella que dominaron Gonzalo de la Mora y Mon, y Federico Silva Muñoz, y que supuso el control por casi diez años del Ministerio de Obras Públicas en el franquismo, de 1965 a 1974. Controlaban así todas las áreas, todas las áreas menos dos: el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía y Hacienda. Su área de influencia pasó del partido a la gran empresa, y en los noventa habitaban las empresas del IBEX 35, uno el Banco Popular (Gonzalo Fernández de la Mora y Mon) y otro Dragados (Licinio de la Fuente).

En 1996 Aznar por fin tuvo la oportunidad de aplicar su concepto de centro, reinventando el sentido de Manuel Fraga, consistente en conquistar activos para el proyecto, al hacerse por fin con aquel área infranqueable para el sector de Solís y Fraga durante el franquismo, y que en los años ochenta había pasado a manos socialistas: el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Industria y, por ende, aquellos bancos cuyo destino dependía de sus directrices y las empresas públicas que dependían de estos. Era consciente de que debía crear un proyecto que aguantara con el tiempo. Sabía que aquella conquista, basada simplemente en ocupar espacios en los ministerios y las empresas, quedaría en nada si no cambiaba también la correlación de fuerzas en la economía, dominada por los bancos y las familias industriales tradicionales. Por suerte, el viento soplaba a favor tras la incorporación a la Comunidad Europea y el euro, que empujaba a reducir el peso de la industria, y liberalizar sectores estratégicos. La pérdida de influencia de aquellos sectores (impuestos, empleo) iba a suplirse con los fondos estructurales procedentes de la Unión. La lectura sobre la «ventana de oportunidad» que esto suponía, se hizo en el IX Congreso de Alianza Popular (de refundación) de 1989. Allí se aprobó la ponencia que presentaba un estudio de infraestructuras para las comunicaciones por carretera, transporte ferroviario, aéreas, portuarias y de telecomunicaciones, siendo su ponente coordinador Francisco Álvarez-Cascos Fernández[108]. Si el PSOE optaba por la modernización de capitales y la inclusión en Europa, el PP de Fraga y Aznar optó por aprovechar ambas cosas: era la edad dorada de las privatizaciones y las obras públicas, favorecidas por la entrada en Europa. Era el momento en que pasamos de ser un país industrializado a un país de servicios. El Ministerio de Obras Públicas, tan presente en el grupo fundacional, iba a ser la base para engrandecer al nuevo PP de Aznar, frente a los neoopusanos del clan Solchaga afincados en el de Economía.

Era la estrategia de centro reformista consistente en reformar la antigua «casa fraguista», ensancharla para gloria de antepasados y centrarla en los nuevos miembros de la casa. Aquella casa del nuevo PP aprovecharía la inercia del euro y las transferencias de fondos europeos para expandir el Imperio más allá de sus límites, con su expansión internacional, y la integración de las clases medias funcionales[109] en el proyecto. Era un proyecto popular, que implicaba apoyarse sobre un círculo amplio y a otro más reducido: el primero, asociado a un efecto derrame, por el cual el crecimiento de la construcción beneficiaría a un sector de población antes excluida; y por otro, por una estrategia selectiva y orientada desde la propia sede de Génova 13, basada en alimentar y desarrollar una clase capitalista afín. Para ello, existía una estructura, una jerarquía y un aparato subordinado para la causa. En Alicante y Valencia se dio alas a Ortiz y Correa; en Madrid a David Marjaliza. El partido se ponía así a disposición (por un módico precio, del 3 % al 10 %) de la noble causa de crear nuevos ricos, flamantes riquezas que fueran la envidia de Europa y del mundo. Era el capitalismo de la «casa Aznar»[110], basado en la «centralización» alrededor de Génova de la nueva beautiful people del PP.

El proceso para lograrlo pasó por dos fases, que coincidieron con las dos legislaturas en las que Aznar fue presidente: una primera, con nombramientos de amigos afines en posiciones estratégicas; la segunda, aglutinando a través de las cajas de ahorro participaciones en el IBEX 35 que les permitirían convertirse, de facto, en dueños de un conjunto grande del IBEX. Se había levantado la «casa Aznar», que no pretendía controlar desde el Estado las empresas, como hicieron Felipe González y el clan Solchaga y exhibirlas en grandes eventos como la Expo o las Olimpiadas para atraer inversores. Su carácter era más discreto, privado, ajustado al deporte que practicaba, el pádel, donde debía entenderse solamente con otro para devolver los golpes. Así, construirá la «casa Aznar», centralizando el poder con un conjunto de relaciones bidireccionales entre empresarios amigos y él; unas, implantadas tras la privatización de las empresas, como en el caso de Villalonga, César Alierta o Francisco González; otras, a través del control de las cajas de ahorros sobre empresas del Ibex, en las que participaban amigos y miembros del partido, como Miguel Blesa, al frente del buque insignia Caja Madrid, o José Luis Olivas en Bancaja.

Eran las bases materiales para poner en el siglo XXI el viejo proyecto de Fraga. Pero comencemos por el principio…

Aznar hace las Américas a lomos del IBEX 35:
¡ladran, Blesa, señal de que cabalgamos!

En 1996, aquel proyecto pudo por fin entrar en la Moncloa. Para calentar el ambiente y justificar las nuevas remodelaciones en el Estado, y en particular, en las empresas públicas, José María Aznar puso sobre la mesa el déficit que encontró: del 5,4 %, frente al 4,5 % esperado, y muy lejos de las exigencias pendientes de Bruselas (3 %) para entrar en la moneda única, el euro, en 2001. Al igual que Carlos Solchaga en 1988, Aznar se arropó con la bandera de Europa para acometer reformas dolorosas: congelación salarial de funcionarios, reforma de las pensiones, sanidad, administración. Para recaudar, revolvió la casa Solchaga de arriba abajo con privatizaciones y la salida de los funcionarios del ente público. Levantó polvo por doquier, toda una hazaña nunca vista, y así se lo quiso transmitir a Iñaki Gabilondo en una entrevista cuatro meses después de haber asumido el cargo: «Se podrá estar a favor o en contra de las decisiones del Gobierno; pero lo que nadie podrá decir, yo creo, desde el punto de vista de la lógica razonable, es que el Gobierno no coge el toro por los cuernos, por decirlo de esa manera». Era el lenguaje de Aznar, competitivo, que hablaba como la clase media que no quería quedar «por detrás» de los demás, sino ser los primeros, estar a la vanguardia.

Nada más entrar, el estrenado torero de la derecha arremetió con los presupuestos, medida consensuada con sus socios de CiU, PNV y Coalición Canaria, que hubo que hacer ese año, un recorte de 1200 millones de euros (200 000 millones de pesetas[111]), y otro a cargo de 1997 de 4808 millones (800 000 millones). Por el contrario, esperaban aumentar los ingresos en 2400 millones (400 000 millones de pesetas[112]). Su promesa consistía —aunque pareciera complicado— en aumentar la inversión en infraestructuras mientras reducían la partida presupuestaria para las mismas, que serían financiadas con operaciones público-privadas, y por un fondo con dinero procedente de las privatizaciones. Estas eran, pues, el nudo gordiano para operar, tanto en forma como en fondo, sobre el terreno abonado por el ejército de Solchaga en el IBEX 35.

Para defender aquellas privatizaciones se ató la bandera azul estrellada con la etiqueta de las obligaciones para entrar en el euro —táctica que utilizó también Solchaga—. Anudada al cuello cual pañuelo de cachemira Burberry, demostraba su talante anglosajón, como estadista global. Sintiéndose Margaret Thatcher, se aflojó un poco aquel pañuelo para contestar al periodista de El País, Jesús Ceberio: «Soplar en contra de la modernización del país es complicado y soplar en contra del horizonte europeo del país, también. Vamos a decirlo con claridad: yo no he privatizado nada todavía, pero el Gobierno anterior, que privatizó bastante, privatizó nueve veces menos que Portugal, cuatro veces menos que Francia, tres veces menos que Bélgica y Holanda, y veinte veces menos que Gran Bretaña»[113].

En esa legislatura se privatizaron 50 empresas, que dejaron unos ingresos de 30 000 millones de euros. En los albores de su primer aniversario, en 1997 el déficit se redujo al –0,85 %, mientras el paro bajaba del 22,1 % al 20,6 %. La reforma laboral aprobada ese año dejaba sin argumentos a CC. OO., que veía como los contratos indefinidos casi se multiplicaban por dos en solo un año (del 4,1 % en 1996 al 7 % en 1997[114]). En 1999, CC. OO. destacaba en un informe que sin aquella reforma laboral, pactada por patronal y sindicatos, «se habrían destruido 17 empleos de trabajo indefinidos por cada 100 puestos netos creados y todo el empleo generado sería temporal». Sus intervenciones, desde los primeros meses de gobierno, destilaban que su tarea no era cualquiera, que esta había nacido para ser épica, ajustada a los mitos que él, como castellano viejo, creía encarnar: las batallas victoriosas del Cid y el tesón de Don Quijote. Su batalla no era, por tanto, la de un tecnócrata que ajustaba las cuentas, sino la de un líder que se atrevía a formar un nuevo proyecto de país que sonaba a grandes logros del pasado: el sentimiento patriótico supliría el deshinchamiento ideológico, y el crecimiento y expansión de las empresas privatizadas llevarían a las clases medias a abrazar el carro de la liberalización propugnada por el PP: aquella era la gran batalla que Fraga abanderó en los sesenta con la construcción de una clase media «patriótica», con la salvedad de que ahora aspiraba a conquistar empresas antes controladas por el Opus y el PSOE. Aznar ansiaba que aquella victoria revertiera el pesimismo lastrado desde 1898. Era el inicio del imperialismo quijotesco, del caballero conquistador que enfrenta épicas y solitarias batallas, con la victoria como único destino.

«Empieza uno disfrazándose de Cid Campeador y acaba con los pies encima de la mesa, imitando a Bush en una escena digna de Zelig, la película de Woody Allen en la que el protagonista, un tipo inseguro, se transforma literalmente en la persona que tiene al lado para pasar inadvertido», decía en un artículo Juan José Millás en 2013, a propósito de las famosas fotos que retrataron la etapa de Aznar y los complejos que presuntamente denotaban[115]. Entonces, era palpable y visible para muchos que Aznar quería convertir en epopeya —vean las memorias de Iñaki Anasagasti o La Aznaridad de Vázquez Montalbán— su gestión en el Gobierno. Desde esta perspectiva, resulta comprensible que, en su primer aniversario como presidente, eligiera EE. UU. como destino para celebrarlo. Aznar no se veía como un gobernante de un país de la periferia europea derrotado en Cuba por EE. UU. en 1898; él era heredero de otra tradición, la del Imperio español que llevó la cultura occidental a América. Esta visita oficial a la primera potencia mundial tuvo una agenda con claras intenciones y ambiciones: sesión con la OTAN, la ONU, Wall Street y la Hispanic Society. Su intención era que quedaran claras sus prioridades, y para ello vinculó la agenda de la ONU con la de la OTAN. Tenía como objetivo anunciar la nueva posición de España en la cadena de mando de la OTAN, todavía no fijada, así como un protagonismo de esta sobre la ONU. Él, como compatriota del descubridor de América, se sentía legítimo dueño del Atlántico. A este sentimiento de fervor le seguía otro de agravio, cuando recordaba el ninguneo de Naciones Unidas en tiempos pasados.

Aquel sentimiento había sido retratado por periodistas de la familia, defensores de lo patrio cuando España no era debidamente reconocida en el escenario internacional. Solo tenía que pensar en la entrevista que hizo su abuelo, Manuel Aznar Zubigaray, a Francisco Franco el 31 de diciembre de 1938. Preocupado, le preguntaba al General por la pérdida de peso en el Mediterráneo: «El problema económico nacional nos lleva, como de la mano, a considerar las perspectivas de nuestra política internacional: ¿ha visto usted que recientemente se ha pretendido sostener en la prensa extranjera una teoría del equilibrio mediterráneo sin contar con España?». A continuación Franco enunciaba las razones por las que España debía contar con alianzas estratégicas para lograr tener un mayor peso en la región: «¿Cuál es el pueblo suficientemente petulante para prescindir de los demás? ¿Cuál es el que puede mantenerse en los principios del antiguo orgullo y del tradicional desdén?». Esta actitud sumisa fue un jarro de agua fría para el abuelo del presidente —más patriota que el Generalísimo—, pero cambió al ver como Franco retomaba el discurso patriota: «Porque vivir en esclavitud internacional es vivir en situación de indignidad, y vivir en indignidad es mil veces peor que no vivir». Tal firme posición reafirmó la esperanza de Aznar, que le lanzó un guiño cariñoso: «He leído alguna vez alusiones muy cordiales de usted, mi General, a propósito del problema portugués y americano».

Aquel ambivalente orgullo patriótico herido era reconocido en las palabras de José María Aznar, cuando recordaba a los periodistas congregados en la sede de prensa del edificio de Naciones Unidas que «teniendo en cuenta que España es el noveno país contribuyente a la Organización de Naciones Unidas, eso no se corresponde con el nivel de representación española en distintos órganos de la Administración de Naciones Unidas, sobre todo a niveles altos». Anunció que su papel protagonista sería discutido en la Cumbre de la OTAN celebrada en julio de ese año en Madrid. Solemnemente, anunció dos semanas después que «Madrid será el lugar donde nacerá una nueva Alianza Atlántica»[116]. Evidentemente y aunque no lo mencionó, aquella cita había sido concertada gracias a los mandarines del PSOE, que contaban con Javier Solana como secretario general de la alianza desde 1995. Mas era sabido que aquel presidente no recibía órdenes, aunque así fuera dos años después, en el bombardeo de Serbia, en el que un rezagado Aznar anunció que la decisión de la OTAN de bombardear Serbia «estaba tomada», y el «Gobierno español la apoya»[117].

En EE. UU., sintió que aquel era el momento para resarcirse de heridas pasadas. Más aún después de comer con Kofi Annan ese día y hacer «balance de aquel viaje» con el secretario general de la ONU, como rey que relataba a su cronista los hechos acaecidos. Episodio que contó, orgulloso, a la audiencia (excepto el detalle del cronista) congregada en la Hispanic Society, sociedad fundada por Archer Milton en 1908, a la que acudió horas después de la comida con Kofi Annan. Entonces ya se había despojado de todo pudor y complejo, al ver que aquel lugar era terreno patrio. No era para menos, rodeado de cuadros de Sorolla, y bajo el aura del manuscrito del primer Fuero Real de Castilla (de Aguilar de Campoo) y el original de El alguacil endemoniado de Francisco de Quevedo, que allí se guardaba. Eso era demasiado para un madrileño de ascendencia vasca: «¡Pero la vasca de los celtíberos!», diría, si le preguntaban. Pues no era el momento de sacar a la luz el coqueteo de su abuelo jeltzale con el nacionalismo vasco de Sabino Arana y el diario Euzkadi.

Bajo el aura de tales símbolos, no dudó en mostrar, pelo en pecho, las dotes del pueblo español encarnadas en figuras que él creía representar y que había reconocido en el lugar: «La verdad es que es bastante impresionante al llegar aquí, a esta zona de Nueva York, y ver todo lo que es la escultura del Cid; lo que son las imágenes y la figura de Don Quijote; al otro lado, la ciudad de Boabdil; el nombre de todos los conquistadores o de una buena parte de conquistadores y descubridores españoles en esa fachada de enfrente»[118]. Aznar quería hacer un alegato de lo hispano, pero con quijotismo, haciendo de la derrota virtud. Temía que sacaran el recurrente tema del desastre de 1898, la primera gran victoria de los estadounidenses. Pero él se adelantó con destreza, arguyendo que el centenario de los eventos de 1898 «tiene distintos matices, distintas vicisitudes, pero que, sin duda, va a ser, como yo deseo que sea, una manifestación de optimismo y de futuro». Aquel imperativo lo hizo verbo, y el joven presidente ligó aquella fecha a la edad de plata de la literatura, asociada a la Generación del 98, que entonces iba a celebrar su centenario, y cuya gloria podía ser certificada por la presencia de las obras de sus autores en aquel edificio.

Viendo que salía airoso de aquel complicado tema, saco bíceps. Aznar contó la anécdota según la cual «un presidente de la república de un país muy importante de Europa decía: en el mundo hay dos grandes culturas, la cultura española y la cultura inglesa, y lo único que yo pido es que a la mía me la dejen sobrevivir un poquito por ahí, en medio, porque ustedes son capaces, entre la cultura española y la cultura inglesa, de no dejar nada para los demás». Habiendo ya mostrado las gónadas, quedaba tender la mano al vencido, como buen heredero del caballero Don Quijote del siglo XXI: «Que Norteamérica y lo español, y España, puedan cada vez conocerse mejor, apreciarse mejor, relacionarse mejor, nuestras gentes, nuestra historia, nuestra cultura y, sobre todo, nuestro futuro». Aquel día fue su bautizo como caballero, en el que mostró que la época de epopeyas del Cid Campeador podía ser recuperada, gracias al arrojo y tesón del líder del PP.

Aznar libró la batalla crucial de la campaña americana al día siguiente, en su visita a Wall Street y su reunión con inversores y empresarios de aquel país. Esa era la madre de las batallas que quería enfrentar, y para ello requería mostrar la nueva armadura y armas con que contaba, resguardadas por sus dos escuderos en el ámbito financiero: Francisco González, amigo de Rato, en Argentaria, y su amigo Miguel Blesa, al mando de Caja Madrid, ambos nombrados un año antes, en 1996. Era la reconquista en los tiempos del nuevo milenio, tiempos que demandaban nuevos instrumentos de guerra, las grandes multinacionales, para la conquista de territorios. Esa era la lanza para el proyecto antes anunciado ante Naciones Unidas y la Hispanic Society: el lugar futuro de España en países antes dominados (pensaba en Gran Bretaña y sus empresas en países de la Commonwealth,) como él quería que sucediera con los territorios antes españoles de ultramar. Ante aquellos inversores, después de aquellos dos días de gloria, le quedaba mostrar la potencia de sus atributos.

Tras la reunión con inversores estadounidenses, un periodista le hizo la pregunta del millón, que Aznar deseaba responder: «¿Es un buen momento para invertir en América Latina?»[119]. El presidente aguantó el tipo para no bajarse en aquel momento los pantalones, y se debatía entre la contención y el desenfreno. «En este momento —dijo pausadamente el presidente— el flujo inversor español, respecto de lo que es Iberoamérica, es muy importante, espectacular. La semana pasada he terminado un viaje a Brasil y a Argentina en donde, por ejemplo, le puedo dar el dato de que en Argentina España es el primer país inversor. Por lo tanto, quiere decir que hay una espectacularidad verdaderamente digna de ser resaltada de lo que es la inversión española en Iberoamérica. Vengo repitiendo en estos días, desde un punto de vista político, que España es un país, una nación, afortunadamente, obligada a tener una visión global de las cosas». Un periodista de CBS Telenoticias, antes Antena 3 Internacional, exaltado con lo que allí estaba escuchando y creyendo ver allí a Don Pelayo, amagó con lanzarse a sus brazos, espetándole: «Recientemente, un colega español me destacaba que se sentía orgulloso de la multinacional Telefónica de España y también de las inversiones de los bancos españoles en América Latina y en EE. UU. ¿Podríamos hablar, entonces, de la “reconquista” de América por parte de España?». Aznar no se dejó seducir, y tomó aquello como una ofensa, no sin antes desviar su mirada hacia abajo para constatar que aquello no podía ser equivalente a lo que tenían sus predecesores, pues consideraba incomparable su hazaña: «Los que se quieran dedicar a mirar hacia atrás, que lo hagan; pero, desde luego, el país va a seguir en esa senda de avance, de reforma, constructiva, positiva, que es la que refleja el deseo de la mayoría de los españoles». Nadie de aquella sala dudaba que aquel hombre era el nuevo conquistador.

Aquel viaje bautismal acabó un día después, con una larga jornada del presidente español reunido con Bill Clinton y su vicepresidente, Al Gore. De vuelta a España tuvo que poner en orden la casa, que se había sacudido ante las pretensiones de vuelo libre de Aznar. CiU le acusaba de no cumplir sus promesas de transferencia de competencias y recursos, que habían fijado en 250 000 millones y que con aquellos términos quedaban en 205 000 millones de pesetas para 2001[120]. Otro de los puntos, quizá el más importante, fue el proyecto de Vía Digital en febrero de 1997, la plataforma de televisión por satélite que lanzaba el todavía ente público, Telefónica. Joaquim Molins, portavoz de CiU en el Congreso, le transmitió, antes de irse a EE. UU., la percepción cada vez más general sobre el presidente: «Da la sensación de que cree tener más fuerza de la que tiene. Lo lógico sería que comentara con nosotros lo que piensa hacer si luego necesita los votos para obtener mayoría». Los aliados catalanes y vascos rabiaban, ante la incursión de Aznar y el PP en un sector que en el País Vasco dominaba Vocento (ABC, El Correo, entre otros); y en Cataluña el Grupo Godó (La Vanguardia y Antena ;3 hasta 1992) y el Grupo Zeta (Ediciones B, Interviú, El Periódico y Antena 3 desde 1992 hasta 1997). Y es que Telefónica no solo había montado su propia plataforma de televisión por satélite, sino que había asaltado Antena 3, haciéndose accionista mayoritario de la misma en julio de 1997. Era el primer punto de la reconquista de Aznar de territorios usurpados por moros socialistas como Jesús de Polanco.

La privatizada Telefónica: el caballo de la «casa Aznar»
para conquistar la televisión, el fútbol y las Américas

Como ya hemos mencionado, para el presidente del PP era evidente que las nuevas conquistas no solo se hacían con armas, sino con grandes buques llamados multinacionales. Su doble visión, paternalista y liberal, le llevó a construir su conquista con una extraña visión quijotesca, donde la liberalización de un sector se hacía bajo su protagonismo y el de sus escuderos, debidamente posicionados, antes y después de liberalizar y privatizar. No era difícil, pues únicamente debía enfrentar la oposición interna en las empresas, ya que al privatizar las públicas, no quedaría empresa que pudiera rivalizar en el mercado español. Esto sucedía en el sector petrolero (Repsol), telefonía y comunicaciones (Telefónica) y, en menor medida, en el bancario (Argentaria). No dudó entonces en construir en el IBEX 35 un imperio a su imagen y semejanza, con el viejo anhelo de tener atadas y bien atadas a las grandes empresas españolas. Él mismo era consciente del callejón al que dirigían las empresas españolas. Veinte años después, en un coloquio de IDEA en Buenos Aires en octubre de 2010, confesaba a los oyentes su premeditada voluntad en el Gobierno: «La privatización de empresas ha producido en España unos resultados extraordinarios, en términos de empleo, de creación de riqueza, de prosperidad, de competencia en el mundo, pero no se debe privatizar sin liberalizar, porque la privatización sin liberalización puede conducir a un capitalismo de amigos, y la liberalización sin privatización puede llevarnos a la intervención estatal»[121]. Pero entonces, en 1997, Aznar hacía las cosas a dos manos, privatizando y liberalizando a destajo, mirando hacia atrás, no fuera que algún comunista rezagado fuera a aventurarse a recuperar aquellas multinacionales. Su intención era evidente, y eligió que el peligro estatalizador era más peligroso que el capitalismo de amiguetes.

Privatización entre amiguetes era, por consiguiente, antónimo de intervencionismo, la punta de lanza del peligroso comunismo. El plan de privatizaciones estaba llamado a ser la batalla de reconquista del pueblo contra el intervencionismo asfixiante del PSOE. Aznar se adjudicó el papel de garante de la «libertad», y para ello seleccionó cuidadosamente a los que iban a ser sus brazos en la tierra, en las grandes multinacionales españolas. Para garantizar su control futuro, fijó también los que serían los accionistas de referencia que quedarían como salvaguarda del equipo directivo: el BBV y La Caixa, cuyo poder como accionista mayoritario no dio pie a alterar la configuración del equipo directivo, aun con Aznar fuera del Gobierno. El resto, accionistas minoritarios, carecían de capacidad para revocar al consejo, liderado por los escuderos de Aznar.

La primera conquista de la «casa Aznar» era todo un símbolo para sus ancestros. Cumplía un doble objetivo: uno político, el recuperar un instrumento de comunicación perdido ante los socialistas y que permitía ampliar las bases centristas del PP; y por otro, familiar, al poder ampliar y perpetuar el legado de la saga Aznar, grandes figuras de la España victoriosa en 1936, en la que destacaron como juristas, diplomáticos, pero, ante todo, como periodistas y directores de grandes grupos de comunicación durante el franquismo (La Vanguardia, SER y RNE). Se trataba entonces de modernizar esa gloria, construyendo un imperio privado de medios de comunicación, al estilo de la cadena FOX de Rupert Murdoch (de cuya empresa matriz será consejero tras su salida del Gobierno), que pudiera rivalizar con los veleidosos RTVE y El País. José María Aznar sería así conocido como el promotor del primer medio de comunicación en castellano del mundo. Un primer indicador que apunta a esta tesis es el destino de Blesa, quien pasa de ser inspector de Hacienda, a ser nombrado consejero en Antena 3, en 1996. Fue la primera incursión del «grupo Aznar» en su intento constante de conseguir su propio holding afín: primero lo conseguiría, vía BOE, con RTVE; después, pensando en el largo plazo, con el nombramiento de varios de sus amigos en sectores estratégicos. Era la llamada a la Cruzada, a la reconquista de un territorio antes bajo el poder de una clase a la que reconocía como suya y que, tras la democracia, había perdido su control.

Con la conquista de Telefónica, pretendía propagar su obra centrista, conciliadora y sobre todo popular. Era el mismo proyecto de Fraga, ministro de Información y censurador avezado, muy aplicado por el entrevistado de Manuel Aznar Zubigaray en 1938, que decía así:

Yo quiero que mi política tenga el profundo carácter popular que ha tenido siempre en la historia: la política de la gran España. Nuestra obra —la mía y la de mi Gobierno— estará orientada hacia una constante preocupación por las clases populares, por esas que se han llamado «clases bajas», así como por la vasta tristeza de las clases medias. La victoria tiene que abrir a todos los españoles una posibilidad de bienestar mayor y de satisfacción más verdadera. Estamos batiéndonos por el pueblo de España; esto no es solamente una frase, sino un propósito que llevo desde el primer día de lucha en el corazón. Quiero convencer, y convenceré[122].

El entrevistado era Francisco Franco, que daba la primera entrevista a un medio nacional. Y es que Telefónica fue, en la cruzada popular del Generalísimo, un punto clave para retomar el control de las comunicaciones. No obstante, no tocó la compañía hasta nacionalizarla en 1945, previo pago a ITT, la propietaria. Y es que Franco le debía a la compañía de capital estadounidense el haber sido su mecenas durante la Guerra Civil, pagando religiosamente su salario, como muestra la investigación de Angel Viñas, en La otra cara del Caudillo (Crítica, 2016), que relata que la compañía daba 10 000 pesetas mensuales a Franco, unos 11 000 euros de hoy, en concepto de donativos. Como trasfondo para explicar tal pago quedan los dimes y diretes que existieron entre la II República y los propietarios de Telefónica: el coronel Behn (ITT), los Urquijo y los Alba, beneficiarios de la concesión del monopolio de las comunicaciones durante la dictadura de Primo de Rivera en 1924. Tras siete años de concesión, y a meses de instaurarse la república, el primer presidente de la República, Manuel Azaña, autorizó al ministro de Telecomunicaciones, Diego Martínez Barrio, «para que someta a la deliberación y aprobación de las Cortes Constituyentes un proyecto de ley, declarando ilegal la adjudicación de la reforma, reorganización y ampliación del Servicio Telefónico Nacional, del 25 de agosto de 1924». El 10 de diciembre Barrios presentó a las Cortes el proyecto de ley. Fue un golpe para ITT, la propietaria. Pero, para suerte de estos, el proyecto de ley no prosperó, motivado por presiones de todo tipo, principalmente de la embajada norteamericana. En el diario El Sol, el 4 de diciembre de 1932, relataban estos contactos: «El embajador de EE. UU. en España ha presentado al Ministerio de Estado una nota relacionada con la Compañía Telefónica. El ministro ha contestado adecuadamente. Quiere esto decir que entre las cancillerías española y norteamericana se tramita una negociación a propósito de la concesión otorgada por la dictadura a un grupo de financieros para explotar en España el negocio de los teléfonos». Las condiciones del contrato con ITT eran ciertamente beneficiosas para esta última, ya que le permitían hacerse con el monopolio de teléfonos, garantizando unos niveles de retorno ante la inversión realizada en los primeros años. Además, se declaraba que la actividad de la compañía y sus filiales quedaba exenta de impuestos, siguiendo el artículo 86 del reglamento telefónico de 20 de junio de 1914, modificado el 12 de agosto de 1920. Para evitar un agujero en las arcas, ya que solo se asumía el pago del 10 % de los «beneficios netos de la compañía», se creó un impuesto que gravaba las comunicaciones, recaudado por la compañía, pero que iría con cargo al cliente. La concesión se hizo por veinte años y se firmó el 19 de julio de 1924. Veinte años después, en 1945, se producía la llamada nacionalización de Telefónica, por vía de la extinción del contrato y compensación. Fueron 5 millones de dólares por el 79,6 % de ITT en Telefónica, y 31 por el pago de débitos (royalties y suministros) pendientes desde el inicio de la Guerra Civil en 1936. En total, 36 millones de dólares que eran inasumibles por el Estado. Por mediación de Antonio Suances, amigo de la infancia y negociador frente a ITT, se acudió a Juan March, el conspirador a favor y en contra del régimen y poco amigo de Franco, que depositó 12 millones, de los 26 millones estipulados en el momento de firma. El contrato establecía que una vez finalizada la concesión, todo el material pasaría al Estado, sin que estuviera obligado a realizar ninguna indemnización.

Franco era consciente de los vínculos existentes entre los tradicionales dueños de Telefónica y EE. UU. Por lo cual quiso poner tierra de por medio tras la nacionalización. Tras la nacionalización de 1945, quitó de en medio al marqués de Urquijo, Estanislao de Urquijo y Ussía, presidente ininterrumpido desde la constitución de la CTNE (excepto el periodo de guerra civil, que huyó a Burgos, dejando en Madrid como encargado de los negocios a Juan Lladó), y puso a José Navarro-Reverter. Destronaba así a la familia de los negocios con el Estado: Estanislao, presidente desde su fundación en 1924 (CTNE); al cual le seguía su hermano Luis, presidente de la Compañía Arrendataria de Tabacos desde 1923 hasta su muerte; y su otro hermano, Juan Manuel, con un paquete importante de acciones de la Compañía Arrendataria de Petróleos (CAMPSA).

A pesar de este aparente despojo, los marqueses de Urquijo no quedaron desnudos, pues siguieron manteniendo su cuota en Telefónica con su hijo, Luis de Urquijo y Landecho. Por otro, seguía en pie y con excelente salud el banco familiar, el Banco Urquijo, enlace preferencial de la Banca Rothschild en España y principal banco industrial del país hasta la crisis económica de los ochenta. La crisis del banco fue sorpresivamente opacada por el asesinato de los marqueses de Urquijo. En la noche del 1 de agosto de 1980, los marqueses de Urquijo fueron tiroteados de muerte, cuando dormían en su domicilio de Somosaguas. En esos días se negociaba su fusión con el Banco Hispano, presidida por Luis Usera, que era también consejero del Banco Urquijo. La presidencia del Urquijo la ostentaba otro miembro del clan: Jaime Carvajal y Urquijo, nieto de Estanislao, compañero de pupitre y mecenas del rey Juan Carlos I. La centralidad de la familia Urquijo en la economía española a lo largo de todo el siglo XX se verá correspondida por una posición privilegiada en núcleos de poder globales: han sido los únicos en asistir durante más de veintiséis años a todas las citas anuales del Club Bilderberg, hasta 1998, representados por Jaime Carvajal y Urquijo; desde entonces, el último año que acudió fue en 2010.

Veinte años después de haber reemplazado a los Urquijo, en 1965, José Navarro-Reverter dejó la presidencia del consejo de administración de Telefónica, la primera empresa de España, con 100 000 accionistas, 20 000 millones de capital y 32 000 empleados en su plantilla. Telefónica tuvo en sus huestes nombres variopintos, como el abuelo de Aznar, quien desde 1971 hasta que se jubiló, en 1982, dirigió el Servicio de Información y Relaciones Sociales de la compañía. Después de Navarro-Reverter vino la época de Antonio Barrera de Irimo, en cuyo periodo (1965-1973) se elevó a 253 000 el número de accionistas[123].

El salto se dará en época socialista durante la presidencia de Luis Solana, el hermano del exsecretario general de la OTAN, Javier Solana. Entonces se perfiló como buque transatlántico, cambió el anagrama de la empresa y el nombre, que pasó a ser ya «Telefónica» (antes CTNE). En 1985 constituyó Telefónica Internacional SA y poco después sus acciones empezarían a cotizar en las Bolsas de Nueva York, Londres, París, Fráncfort y Tokio. Era un coloso que contribuía con 25 000 millones de pesetas (150 millones de euros) en impuesto de sociedades y tenía unos ingresos de 710 904 millones de pesetas (4217 millones de euros) en 1989. Ese mismo año Telefónica tenía 19 empresas participadas que aportaban 31 948 millones. Empresas emblemáticas entre las cuales se puede destacar Alcatel-Standard (21,14 %), Fujitsu España (40 %), Hispasat (25 %) o ATT Microelectrónica (20 %). Entonces, en 1989, el Estado mantenía su control con un 32,4 % de las acciones.

Dos años después, en 1991, en los albores de las Olimpiadas y la Expo, se produce el despegue de las empresas españolas en el exterior, con los juegos y la Expo como escaparate, y el crecimiento económico de América Latina y las privatizaciones como contexto. Cosas del destino, el plan de ajuste que empezará a aplicarse en Europa tras la crisis económica allí se aplicó mucho antes, siguiendo el llamado Consenso de Washington, y permitió a las empresas españolas hincar el diente a empresas latinoamericanas con una posición monopólica en la región. Era la época de las gangas del sur. En 1991 Carlos Slim se hacía con Telmex, mientras Telefónica realizaba sus primeras compras: la Compañía de Teléfonos de Chile (43,63 %) y Entel Chile (20 %). En 1995, antes de pasar el cetro a Aznar, Telefónica gestionaba 8,4 millones de líneas en América Latina: 3 millones en Argentina, 1 millón en Perú, tenía 238 000 abonados de televisión por cable en Chile y Perú, 550 000 clientes de televisión por cable de Multicanal (25 % del capital), en Venezuela la compañía CANTV, en Colombia el operador celular Cocelco, y en México en Unicom. Ese mismo 1995, con los retazos de la crisis económica aún coleteando, el Gobierno del PSOE pone a la venta el 12 % de esta. Con esta venta quisieron mostrar la predisposición de colaborar con Bruselas en el acuerdo firmado en 1993 por la Comisión Europea, por el cual en un plazo de cinco años se debía liberalizar completamente el mercado. El Gobierno socialista consiguió una moratoria de cinco años más. Empero, a la vista de los problemas económicos que sufría España, la mirada escrutadora de Europa y el aliento de Aznar en el cogote, decidieron no esperar más y en 1995 empezaron a mover fichas, con la venta del paquete accionarial y la elaboración de un calendario para liberalizar la telefonía móvil. Era el año del despegue del móvil —aquel llamado ladrillo, la mayoría de ellos los Alcatel HC-100—, que rozaba ya el millón de terminales, cuando un año antes eran 411 930.

Desde su escaño como líder de la oposición, Aznar veía como se allanaba el camino para la privatización completa, pues ni los socialistas ponían ya demasiados impedimentos. Esperaba tranquilo, sentado en su asiento del Congreso, saboreando un caramelo y observando la solidez de sus uñas, mientras le lanzaba a González aquel famoso «váyase, señor González». Por su parte, Felipe González se tapaba la cabeza mientras estallaban bombas a su paso, una detrás de otra: los GAL, Gescartera, la crisis económica, Kio, Ibercorp, los fondos reservados; cada uno de los cuales se llevaba por delante a un ministro y a un secretario de Estado. Eso sí, se mantuvo firme y sereno, aun cuando despidió a sus ministros en la puerta de la cárcel, seguro él, como buen fontanero, de haber tapado bien las fugas: «¡Ni hay pruebas, ni las habrá!», se defendía, como buen abogado. Aznar observaba la muerte anunciada de su contrincante y disfrutaba del momento, consciente de la apabullante victoria que vaticinaban las encuestas. No se sabe si fue el karma, que se balanceaba ahora hacia el lado de Felipe, por el amor que este profesaba a sus bonsáis, o si fue la efectividad del spot electoral del dóberman (España del miedo del PP, frente a la España en positivo del PSOE), lo cierto es que la historia fue benévola con González y solo fueron diecisiete escaños de diferencia los que dejaron como ganador a José María Aznar en las elecciones de marzo de 1996, pero lejos de la mayoría absoluta. Felipe miró al cielo agradecido mientras comparecía en la rueda de prensa, en la cual felicitó a Aznar, aunque le advirtió: «En el supuesto de que no consigan apoyos, se abrirán otras posibilidades», frase que provocó el júbilo del público, que clamó, entusiasmado: «Por consiguiente, Felipe presidente». El ambiente de aquella noche podía resumirse con aquella frase cuasibudista de Felipe González: «Nunca hubo una victoria tan amarga ni una derrota tan dulce». Aznar, por el contrario, se mostró contrariado en el balcón de Génova, con gesto serio, desconcertado, como un alumno aplicado que no ha sido debidamente correspondido en la nota. En la rueda de prensa repitió los números para que quedaran claros: «Felipe González ha perdido, el Partido Popular ha ganado», mientras recordaba que ellos habían ganado 15 parlamentarios y más de 1 millón de votos más que en las anteriores elecciones Esa noche en el balcón contuvo la respiración, tragó saliva y aguantó la compostura, mientras sus seguidores jaleaban el «Pujol, enano, habla castellano». Así se mantuvo todo el tiempo, descansando solo para ejercitar el movimiento de cintura que tan famoso hizo a Fraga, hasta ponerlo en práctica con la firma del pacto con CiU el 28 de abril en el Hotel Majestic, que le permitió ser investido el 4 de mayo, y poder así el 5 de mayo poner los pies sobre la mesa de Felipe González en la Moncloa. ¡Cómo disfrutó de ese momento! Aquel día, en la primera rueda de prensa, se desquitó de los meses de incertidumbre y blandió su espada de Campeador, para empezar a repetir con fiereza la palabra reforma seis veces, mientras apoyaba su espada castellana en el suelo. «Es un Gobierno que yo definiría como un Gobierno de centro, un Gobierno centrista; que incorpora un profundo espíritu reformista, un profundo espíritu reformador y esa actitud, la de ser un Gobierno de centro y reformador, yo creo que es la que mejor lo define», les dijo a los periodistas. Presentó a sus dos escuderos, los vicepresidentes Rodrigo Rato y Francisco Álvarez-Cascos, uno en Economía y otro en Obras Públicas. Era una declaración de intenciones en toda regla que miraba al mundo financiero y el de las infraestructuras. Terminó su intervención con una frase de contenido críptico:

Este edificio donde estamos ahora me ha gustado bastante; en cambio, otros edificios que están un poco más abajo, que es lo que se llama el Palacio, donde está la vivienda, no es lo más recomendable para que una familia habite ahí. Lo tengo que decir de esa manera y con absoluta cordialidad. Por lo tanto, le intentaremos dar a ese espacio el ambiente más familiar posible, ¿no? Ya saben ustedes que yo creo que soy muy apegado a mis cosas y también apegado a mi familia, e intentaré que eso, en la medida de lo posible, refleje el ambiente más familiar posible que yo deseo.

Aquel edificio, como España, le resultaba feo, ingrato. Quería hacer de aquel lugar un lugar propio, rodearse de aquellos símbolos y referencias que le hacían sentirse seguro. Solo así se entiende que, mientras el presidente trataba de marcar distancias con su predecesor Felipe González, con la derecha, con el franquismo, su primera recepción iba a ser con el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, «por razones que ustedes pueden entender y que no hace falta que yo me extienda mucho, por razones de tipo personal, de tipo afectivo, haya sido la primera visita que yo deseo recibir como presidente del Gobierno». Con Fraga tenía mucho en común, era su padre político, su mentor, ideólogo de aquella casa llamada «centrismo» (en el centro, pero con sutiles movimientos de cadera), que en ese momento ocupaba por fin la Moncloa, tras casi veinte años de participación en elecciones. Ese 5 de mayo de 1996, el nuevo presidente dejaba claro que aquella morada, la Moncloa, tenía nombre propio: la «casa Aznar», su familia.

«¡Reforma, reforma y reforma!», repetía Aznar, lanzando bolas de tenis al Consejo de Ministros y, a un ritmo nada fácil de seguir, empezaron a sacar proyectos de ley por doquier: en total 319 en las dos legislaturas de Aznar, 85 reales decretos en la primera legislatura, el número más elevado de proyectos de ley presentados, de todas las legislaturas del periodo democrático, desde Suárez a Rajoy[124]. Así pues, no era extraño que Aznar mirara con cierto desdén a Felipe González, a su pasión por los bonsáis, su dedicación a la horticultura, por la paz y calma en la Moncloa. Él era de otra pasta, no necesitaba aquella paz progre, sino una pista de pádel, su gato Manolo y a su Ana Botella. Nada más para empezar. Todo listo, pues en dos días ya aplicó el primer recorte de 180 000 millones y la supresión de 90 direcciones generales. El 7 de junio, la liberalización de las telecomunicaciones. En septiembre congeló los salarios de funcionarios, reformó las pensiones, y en diciembre estaba listo para sacar a bolsa lo último que le quedaba al Estado en Telefónica, un 20 % que aún faltaba por vender. Decidió seguir la vía abierta por el PSOE y prescindir de la moratoria que le había dado Bruselas para privatizar y liberalizar el mercado. Sin apenas tiempo para estudiar el impacto de aquellas medidas, sacó al mercado Telefónica y liberalizó el servicio.

Era la guerra relámpago del presidente, una blitzkrieg de desregulación y privatizaciones con el argumento de Europa de fondo. En realidad, no se diferenciaba mucho, en la forma, de las privatizaciones de Felipe González, solo que en este caso se hicieron a mayor velocidad. Solo en 1996 se vendió un 11 % de Repsol, el 24,3 % de Argentaria, el 3,82 % de Gas Natural, dejando listo en diciembre la salida a bolsa del 20 % de Telefónica. Era un simple calentamiento, algo que podía sin problema hacer en los descansos de un partido de pádel, mientras jugaba con Pedro J. Ramírez y su compañero de pupitre, Villalonga, en el Club Abasota de Madrid, partidos relatados por el director de El Mundo, orgulloso de las formas modernas de la nueva era. Aquella nueva era podía definirse como «hogareña», como la propia sede de gobierno, donde las cosas del Estado debían organizarse de forma que la familia Aznar estuviera cómoda, se sintiera como en casa. Así, decidieron traerse los muebles a la Moncloa y al Estado. Ese 1996, mientras Ana Botella y sus hijos ayudaban a colocar sus cosas en la Moncloa y a tirar todo jarrón chino que veían a su paso, Aznar empezaba a colocar sus propios jarrones en el Estado y las joyas de la Corona.

Era la embestida de la «casa Aznar», que tomaba los buques transnacionales del Estado por asalto: Francisco González asumió el 17 de mayo de 1996, como presidente de Argentaria, la banca pública. En junio, su compañero de pupitre en el colegio El Pilar, Juan Villalonga Navarro, desembarcaba en Telefónica. Ese mismo junio, el 10, César Alierta, hijo de Cesáreo Alierta, alcalde de Zaragoza y amigo de la familia Aznar, entraba por la puerta grande a Tabacalera, la otra grande. Por su parte, Endesa, reservada para el núcleo duro del partido, pasó a ser dirigida por Martín Villa. La presidencia de la petrolera Repsol quedó para Alfonso Cortina, hermano de uno de «los Albertos», a propuesta del Gobierno. Y como colofón, la conquista más preciada, por lo trabajoso de la operación, transacción con CC.OO. e IU mediante el nombramiento de su amigo, compañero de corredurías universitarias, de oposiciones, de primeros años como inspector de Hacienda: en agosto, Miguel Blesa de la Parra era nombrado presidente de Caja Madrid.

Como bien dijo Aznar, si se privatiza, pero no se liberaliza, se crea un capitalismo de amiguetes. Pues, bien, Aznar privatizó Telefónica de Villalonga en 1997, liberalizando el servicio completamente ese año. Los competidores no llegaron hasta 1998, con Retevisión, el primer operador que entraba en pugna, eso sí, utilizando la infraestructura de Telefónica. Era, pues, abrir la competencia en el servicio, pero no en la infraestructura. Telefónica no se quedó atrás y empezó a sacar productos para ampliar su mercado: una plataforma de televisión por satélite, Vía Digital en 1997 y el portal de Internet Terra en 1999. Para todas aquellas operaciones contó con la connivencia y beneplácito de La Caixa y el BBV de Ybarra, los principales accionistas de Telefónica. Era como el pacto del Majestic, pero en la empresa, con catalanes y vascos, un acuerdo momentáneo, unos adornos ajustados en la cintura para confundir a los enemigos, pero de los que prescindiría una vez conseguidos sus objetivos: en 1999 la fusión de BBV con Argentaria, que conllevó la copresidencia de Francisco González junto a Ybarra en el BBVA, y unos meses después su logro más preciado, la mayoría absoluta del PP en 2000.

Contra el molino llamado PRISA:
una batalla épica por el control del Imperio

Es evidente que en esos cuatro años de primera legislatura de Aznar se libraron muchas batallas por el control del mundo empresarial. Pero de todas ellas, destaca una por el fulgor de la batalla y las armas utilizadas: la guerra contra PRISA. Esta batalla tenía muchas aristas y mucho significado para Aznar. Por un lado, político, ya que El País y el conglomerado de PRISA habían sido el altavoz del PSOE y se dedicaban a atacarle día sí y día también. Pero también personal. Por un lado, El País había sido fundado por Fraga, hasta que este tuvo que salirse, inconforme con la línea que seguía Polanco. La idea siempre fue de Fraga, partidario de un periódico para las «clases medias», y consideraba intolerable el desaire hecho a su mentor. Por otro, estaba la cruzada en memoria de su familia. Su abuelo, Manuel Aznar, considerado un renovador de la radio en España, llegó a ser director de programación de la Cadena SER desde 1942, introduciendo programas de entretenimiento y personajes míticos de la postguerra como Pepe Iglesias «El Zorro», Bobby Deglané, radionovelas, Carrusel deportivo, etc. En 1962 fue nombrado director de Radio Nacional de España, en la que introdujo los boletines informativos y las corresponsalías. Entre 1964 y 1968 fue subdirector general de Radiodifusión y Televisión, en 1967 director de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión, y entre 1968 y 1975 fue presidente de la Asociación Nacional de Radio y Televisión. Hasta su jubilación en 1982 y desde 1971 dirigió el Servicio de Información y Relaciones Sociales de la Compañía Telefónica.

Por todo ello, a Polanco le consideraba un usurpador, ayudado por su proximidad a Felipe González. Así consideraba la operación de compra de la SER, la cadena de su abuelo, de la cual Polanco adquirió participaciones en 1984 y 1985 a la familia Urquijo y al Grupo Godó, hasta convertirse en 1991 en socio mayoritario. En los noventa, se hizo con la competidora, Antena 3 Radio, que integró en el Grupo PRISA. Con El País sucedió algo parecido. En 1972 se crea PRISA, siendo sus accionistas más significativos José Ortega Spottorno, Carlos Mendo Baos, Darío Valcárcel, Ramón Jordán de Urríes y Juan José de Carlos. Con participaciones minoritarias, destacaban las figuras del democristiano José María de Areilza y Manuel Fraga. PRISA fue la promotora del diario El País, cuya idea inicial era una reedición del periódico fundado por Ortega padre, El Sol, bajo la batuta de Ortega Spottorno. Finalmente, fue el nombre de El País, promocionado por Carlos Mendo Baos, consejero delegado de PRISA, y con el 17 % de las acciones, el que se impuso. Mendo Baos se fue con Fraga como director de comunicación de la embajada. Durante esos años, hasta que saliera el primer ejemplar en 1976, hubo toda clase de elucubraciones sobre la mano oscura de Fraga detrás de El País. Eso decía Luis María Ansón desde la revista Blanco y Negro a unos días de salir el primer ejemplar: «Manuel Fraga controla El País y puede montar una vasta operación en pocos días».

Pero todo se desmontó ese año, cuando los cantos de sirena de Juan Luis Cebrián hicieron sucumbir a Fraga, que finalmente aceptó la designación del director de informativos de TVE. Cebrián había hecho un buen trabajo ese año, como buen cortesano le había profesado una veneración pública y dedicado los mayores elogios. El campo llevaba tiempo labrado, desde aquel mítico artículo del 26 de abril de 1968, que Cebrián titula «Mis amigos falangistas», en agradecimiento a la Ley de Prensa de Fraga, que permitía que saliera el rotativo Informaciones, del cual era subdirector Cebrián (el periódico era propiedad de la gran banca, formada por los bancos Santander, Central, Banesto y March). Del falangismo decía: «Resulta que el Movimiento no es solo Falange, lo somos todos. ¿No? Se nace del Movimiento un poco como se nace madrileño. Está convirtiéndose, quiérase o no, en una condición casi geográfica. Tiene unos principios básicos que no son un programa de acción política, sino un reconocimiento de valores humanos y sociales». Con un juego de cintura bien conocido por Fraga, terminaba con un equitativo juicio: «Son gente honrada, pero no encuentran fácil acomodo intelectual. Se lo quitó, probablemente, la facilidad que tantos tuvieron para acomodarse en el poder». Eran palabras ácidas para Fraga, quien sin duda apreciaba más si cabe al periodista por este artículo, que ponía el acento en la carente talla intelectual de la clase dirigente. Ese tipo de críticas encandilaban a Fraga, acostumbrado a verse rodeado por mediocres «penenes» (profesores no numerarios) en el Gobierno.

Pocos años después, en 1974, Cebrián exponía la centralidad de Fraga en la transición: «El hombre de Londres es el más deseado. Parece como que si él se asociara, todo el mundo se asociaría (…) a la llamada oposición liberal». Pero Cebrián le traicionó, pues como dijo Manuel Fraga en sus memorias: Cebrián le prometió que «El País nunca sería revolucionario y nunca atacaría a su persona» y «no cumplió ninguna de las dos cosas». El ministro estaba furioso, puesto que él había autorizado la salida del primer ejemplar en 1976 como ministro de Gobernación. Aun así, aguantó el tipo, consciente de la importancia de mantener ciertas alianzas, y no salió del accionariado de PRISA hasta 1979, justo el año en que impulsa Coalición Democrática, una alianza de Alianza Popular con el partido liberal (Acción Ciudadana Liberal) de José María de Areilza. Mendo salió antes, en 1977, para pasar a ABC.

Aznar era conocedor de todos estos entresijos, de la afrenta a su mentor, de la usurpación ilegítima de El País, de la SER, de Antena 3 Radio. Le hervía la sangre ver en Canal + como se ridiculizaba su figura en Las noticias del guiñol. Citaba de memoria todos estos acontecimientos, sentado en el Salón de las Columnas de la Moncloa, ese 5 de mayo de 1996, mientras pensaba la forma de recuperar aquel feudo. No había tiempo que perder, pues el feudo de Polanco se había expandido como la espuma y había logrado conquistar América. Se sentía entonces como Fernando el Católico, con la autoridad de quitar de en medio a Jesús de Polanco, un simple capitán de navío, como Colón, que había osado entronarse como dueño del país y las colonias, aunque le calmaba el hecho de que este no podía rivalizar, ni en sus mejores sueños, con su sangre azul, aquella que le unía con la estirpe distinguida de España, con aquellos que habían construido y defendido aquel país frente al peligro comunista.

Polanco era uno de los objetivos en la campaña cidcampeadora de la «casa Aznar», y para ello, además de a Villalonga en Telefónica, necesitó a otro escudero, Francisco González, como presidente de Argentaria, para apoyar financieramente las operaciones. Era el baile de los postmortem, que entraban en la empresa pública antes de ser privatizada y seguían en ella una vez privatizada. Esa operación convirtió a González, tras la fusión con el BBV, en presidente de la resultante BBVA (desplazando un año después del cargo de copresidente a la saga de banqueros vascos, los Ybarra), la mayor entidad financiera española del momento.

Fue el BBV de Ybarra —al que luego Aznar asestaría una puñalada—, quien aceptó aupar como consejero delegado de Telefónica al compañero de pupitre del presidente del PP en el colegio El Pilar, Juan Villalonga. Con la aquiescencia de los accionistas y el apoyo de Aznar, Villalonga fue entronado como jefe del juguete más preciado del que disponía el Estado, la joya de la Corona, Telefónica, la empresa española de mayor capitalización bursátil de entonces. Con él compartía amistad y afición desde la época de colegio en El Pilar: «Los dos vivíamos para jugar al fútbol», decía de él en sus memorias. Ya siendo totalmente privatizada, BBVA y Telefónica serán desde entonces compañeros inseparables de proyectos (BBVA es hasta ahora accionista de referencia de Telefónica), algunos tan deficitarios como Terra. En 1997, Telefónica de Villalonga logrará el objetivo de Aznar, fundando Vía Digital, introduciéndose así en el mercado de la televisión para enfrentarse cuerpo a cuerpo al denostado capitalista Polanco.

En 1997 le había dado las Navidades con la llamada «guerra del fútbol». Telefónica había creado Vía Digital para entrar por la puerta grande en el mercado de medios de pago. Para ello se rodeó de compañías afines de peso, básicamente a fuerza de BOE autonómico como Televisión Española, Televisió de Catalunya, Canal 9, TVG o Telemadrid, que se unían al gran pacto entre Telefónica y Antena 3 TV, por la cual esta aportaba los derechos de televisión. Pero el 24 de diciembre Antonio Asensio le ponía los cuernos a Aznar con Polanco y firmaba un acuerdo con la rival Canal Satélite Digital para crear Audiovisual Sport, que tendría los derechos de la mayor parte de clubes de fútbol, repartiéndose el accionariado en un 40 % cada una (Antena 3 y Canal Satélite Digital), más un 20 % para TV3. Esas Navidades fueron una odisea para Aznar, que sentía amenazado su proyecto de conglomerado mediático, sólidamente asentado en la unión entre el BBVA, La Caixa y Telefónica, afines en este momento al Gobierno del PP. La pugna por los derechos del fútbol en este periodo evidenciaba la estrategia de la recién creada Vía Digital, que luchaba por romper el monopolio de Polanco al hacerse con uno de los principales productos televisivos, en términos de audiencia y publicidad: el fútbol. No cesó en su empeño tras la infidelidad de Asensio y el 31 de enero de 1998 el BOE sacaba una disposición que exigía nuevos criterios a las emisoras por satélite: se aprobaba un real decreto ley y un reglamento para la Ley de Telecomunicaciones, en los que se obligaba a las empresas de emisión por satélite su inscripción en un registro del Ministerio de Fomento antes de su salida a emisión, así como demostrar que sus decodificadores eran compatibles con los del resto de operadores.

En esa guerra, que se desarrolló a lo largo de 1997 y 1998, Telefónica consiguió finalmente la emisión de la mitad de partidos de primera división, mientras que Sogecable, aunque tenía los derechos de la casi totalidad de clubes de primera división, tuvo que ceder la mitad a su competidora. Como en ese momento Telefónica —a diferencia de Sogecable— carecía de una implantación masiva en televisión por satélite, este hecho significó un aliciente fundamental para atraer nuevos clientes y constituirse como plataforma de televisión por satélite de referencia.

Ese 1998 entraba en liza Retevisión para mostrar que la privatización de Telefónica tenía como objetivo abrir el mercado, para liberalizarlo y evitar monopolios que lastraran la producción. Retevisión no era sino la encargada de infraestructuras de Televisión Española. Expropiada por González en 1989, en 1996 Aznar decide privatizarla. Como buen padre del nuevo capitalismo, no podía dejar que Telefónica anduviera sola por el mundo y decidió darle un hermanito para que pudieran competir juntos. Así venía estipulado por la Ley 12/1997 por la que se abría el mercado de telecomunicaciones. Y así, el 11 de julio de 1997, se vendió el 60 % de la misma, comprada por Endesa (56,025) y Unión Fenosa (3,975). No quería dejar que sus hijos se perdieran por ahí y fueran víctimas de algún alma pecaminosa o, peor, ¡socialista!, por lo que decidió tener cerca a Retevisión. No debemos olvidar que Endesa era todavía pública, dependiente del Ministerio de Industria; solo tenía que llamar a su ministro de Industria, Josep Piqué, para poner en guardia a la competidora de Telefónica. O, si este ponía alguna pega, descolgar de nuevo el teléfono y llamar a su compañero de partido, Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa: «Hola, Rodolfo, ¿puedes apañarme esto con Retevisión…?», y ya está. A su favor estaba la tímida oposición y fiscalización. En 1999 el Consejo de Privatizaciones se quejó de las reglas beneficiosas en el segundo paquete del 30 % que se ponía en venta, pues los accionistas Endesa y Unión Fenosa tenían derecho de tanteo frente a otras opciones rivales[125]. En cuanto al PSOE, solo en 2001 un atrevido Perea Cortijo defendió la fiscalización del proceso de privatización: «Entendemos que aquí es donde debe velar el principio de una mayor cautela en la configuración tanto de los procedimientos en sí como de los criterios de valoración y puntuación con los que luego se va a enjuiciar la adjudicación o la privatización de entes públicos de la magnitud de Retevisión».

En 1998, el presidente de Telefónica inició el salto definitivo por el que Aznar le había dado el puesto de presidente, fundando el portal Terra, base de operaciones para el desembarco en el Atlántico Norte, el territorio soñado del presidente. Aznar quería que aquella empresa, ya privatizada aunque con la acción de oro vigente, fuera un buque insignia de la nueva España privatizada, capaz de hacer una política internacional potente, a la altura de la historia del país, y poder ya enterrar el desastre de 1898. A lomos de Terra llegó Villalonga a EE. UU., en plena burbuja de las puntocom para hacerse con Lycos, la gigante de Internet.

Terra, la niña de oro de Juan Villalonga, tuvo la vida de una estrella de rock mimada. La batalla empezó en diciembre de 1998, cuando Telefónica inicia su proyecto de portal de Internet, fundando Telefónica Comunicaciones Alternativas SA. Ese año la empresa compra el portal de Internet Olé por 2000 millones de pesetas. El 30 de noviembre de 1998 sale a bolsa, y el 25 de febrero de 2000 llega su acción al máximo de 157,65 euros. En España la gente se empujaba por hacerse con acciones de la compañía. Pablo Fernández, del e-Business Center PwC&IESE, advertía en un artículo de 2000 que la valoración de una empresa de Internet «debe enjuiciar la sensatez de un plan de negocio», y que «Internet no es el rey Midas, aunque en algunos momentos lo pareciese»[126].

Al igual que en el maldito club de los 27 años, lo importante entonces era vivir rápido, morir joven y dejar un bonito cadáver. La huida hacia delante de Villalonga fue comprar Lycos ese año, aprovechando la fiebre del momento: anunció que la operación se cerraba por 12 500 millones de dólares, unos 97,55 dólares por acción. Juan Villalonga asumirá la presidencia de la nueva empresa, mientras que Robert Davis, presidente en ese momento de Lycos, será el primer ejecutivo. Los españoles asistían atónitos a las noticias que explicaban esta compra. Se esforzaban por contar con los dedos tal cifra: «¡2,29 billones de pesetas por un portal de búsqueda en Internet!». Serán cosas del nuevo milenio, se repetían, intentando ver en esa cifra un ejemplo del salto que se daba de pesetas a euros ese mismo año: Europa llegaba con precios elevados. Pero Aznar no encontraba simpática esta operación, era poco amigo de sus rivales, y veía desde la Moncloa como su compañero de fechorías había iniciado su viaje americano sin su permiso. La gota fue el intento de fusión con la holandesa KPM, con la que quería dar el salto como mayor empresa de telecomunicaciones del planeta. Era mayo de 2000 y la mujer de Villalonga, Adriana Abascal, estaba de parto. Ana Botella había visto en ese gesto de Villalonga una expresión de un alma impura. Era su amiga, y así se lo hizo notar al presidente de Telefónica, a quien no invitó a la cena del 5 de mayo de 2000 en la Moncloa, organizada para celebrar la mayoría absoluta del PP. A esa cena sí acudió su mujer, Adriana. En esa cena Aznar estuvo pensativo, pues no podía soportar que mientras él conseguía mayorías absolutas Villalonga se dedicara a conspirar a sus espaldas, ¡y en EE. UU.! Eso podía consentirlo cuando tenía que pactar con los nacionalistas, pero ahora él decidía todo. Así, el Gobierno hizo saber a Telefónica su oposición a dicha fusión, posición que secundaron el resto de accionistas —el BBVA y La Caixa—, sabedores de la cuenta que les traería si no hacían caso a Pepe Aznar…

El resto de la historia, quizá haya algunos que lo recuerden. Como en El padrino, Aznar solo tuvo que accionar un sencillo botón. El 16 de junio de 2000, unos meses después del malogrado acuerdo y la segunda victoria de Aznar, El Mundo publica en portada un reportaje firmado por Casimiro García-Abadillo en el que desvela un jugoso negocio de Villalonga a costa de su posición. Explicaba como el 2 de enero de 1998 el presidente de Telefónica se hizo con 264 224 opciones sobre acciones de Telefónica valoradas en 200 millones de pesetas. La compra se hizo posible gracias a un préstamo de Argentaria Bolsa (sociedad de la banca pública Argentaria, que en ese momento era propiedad del Estado), que fijaba un precio de 4620 pesetas. En marzo se anunciaba la existencia de conversaciones para fusionar Telefónica con MCI-WorldCom. Entonces se dispararon las acciones de Telefónica, y Alberto Cortina y Villalonga, socios en la operación, vendieron los títulos. Ganaron 120 000 euros cada uno con la operación en solo catorce días. Aquello derivó en una investigación de la CNMV, cuyo consejo se reunió el 21 de junio. El 26 de julio, contra las cuerdas, Villalonga decide tirar la toalla, se rinde y presenta su dimisión al consejo. El 2 de agosto, la CNMV daba carpetazo al tema concluyendo que «los hechos y circunstancias puestos de manifiesto en el procedimiento de investigación no constituyen indicios suficientes que justifiquen la incoación de un expediente sancionador por uso indebido de información privilegiada».

Aznar no se tuvo que mover en toda la operación. Solo necesitó un descanso entre bola y bola que le lanzaba a Pedro J. Ramírez en sus usuales partidos de pádel para precipitar los acontecimientos. Dicho y hecho, Villalonga fuera y César Alierta en sustitución del caído. Era el recambio seguro para Aznar, aunque ya hubiera sido investigado por supuestas operaciones similares a las de Villalonga, en su caso en Tabacalera. Pero no era la corrupción lo que le molestaba a Aznar, era esa fastidiosa deslealtad lo que no aguantaba, sobre todo de personas que habían bebido de su mano.

El niño de Villalonga, Terra, no fue mucho más allá que su mentor. Tras el pinchazo de la burbuja de las puntocom en EE. UU., la empresa empezó a caer en picado llegando a perder 2000 millones de euros en 2003. César Alierta salió al rescate y el 8 de marzo de ese año Telefónica lanza una OPA por el 100 % de Terra por 5,25 euros la acción, terminando así con su aventura en bolsa. La operación Villalonga había muerto definitivamente.

Daños colaterales del «proyecto Villalonga» son las stock options (opciones sobre acciones) que se embolsó por sucesivas operaciones, no solo en el caso de WorldCom: por la compra de Lycos, la salida de Terra a bolsa, la utilización de información privilegiada previa a la alianza con MCI-WorldCom ya citada, o en la compra por 5500 millones de Endemol, que llevó al juez Garzón a abrir una investigación, casos que hoy siguen sin esclarecerse.

Sin Majestic no hay IBEX: el pacto que repartió
las grandes joyas del país entre catalanes y vascos

Ninguna de estas operaciones hubieran sido posibles sin el apoyo de los aliados del Gobierno de Aznar: principalmente gracias a la CiU de Jordi Pujol, pero también al PNV. Que ambos estaban detrás de su actuación en el IBEX quedará retratado en la conferencia de prensa de CiU del 15 de abril de 1996, solo veintitrés días antes de la firma del pacto del Majestic, en la que presentó «diez líneas de actuación en la nueva legislatura» en materia de telecomunicaciones[127]. Las presentó Antoni Subirà, el consejero de Industria. Y luego aclaró: «No es un tema de investidura, al menos en sus detalles». En ellas se pedía: 1) liberalizar el servicio de cable; 2) concursos de cable en 1997; 3) liberalizar el uso de infraestructuras útiles para las telecomunicaciones (carreteras, vías de luz, agua); 4) conexión entre redes de distintos operadores de telefonía para conservar el teléfono; 5) agente regulador; 6) mecanismos de compensación para extender el servicio a territorios donde los costes son mayores; 7) nueva Ley de Ordenación de Telecomunicaciones; 8) privatización de Telefónica, Endesa y Retevisión; 9) nuevos operadores; y 10) menos impuestos para atraer inversión en el sector.

Como bien se sabe, Aznar asumió hablar en catalán en la intimidad, como también asumió estos postulados, excepto algunos cuya aplicación prorrogó, como la privatización total de Endesa. El consejero catalán de Industria finalizó aquella intervención haciendo un ejercicio de modestia: «Somos la Administración que tiene ideas más claras y ha trabajado más el tema de las telecomunicaciones». Lo cierto es que consiguieron que fuera un catalán, Josep Piqué, quien dirigiera el Ministerio de Industria y manejara parte de las privatizaciones (Endesa y Repsol). Josep Piqué había coincidido en Ercros con nombre sonados como Samaranch, Emilio Botín, Mishal Al-Masad (emir de Kuwait), Javier de la Rosa, Manuel Guasch Molins o Antonio Basagoiti García-Tuñón, el nieto del fundador de Iberdrola.

Pero la verdadera evidencia del pacto del Majestic en el IBEX, es que la caja catalana La Caixa fue corresponsable y ataron Telefónica y todos los proyectos en los que se embarcaban las públicas, como Repsol, Endesa, Terra o Acesa (predecesora de Abertis). Aznar caminaba con sus hijas, La Caixa y BBV, de la mano en todos sus proyectos, al mismo tiempo que agarraba a Arzalluz y Pujol. En Terra, por ejemplo, el gran fiasco del Imperio, se sentaba Isidre Fainé (también en Telefónica y ACESA), mientras el BBV mantenía su cuota en Telefónica con Pedro Luis Uriarte Santamarina e Ignacio Larracoechea Jausoro. Por su parte, Aznar mantenía su cuota con Alberto Cortina y Fernando Abril Martorell, este último presidente de otra de las filiales de Telefónica en el IBEX, Telefónica Publicidad e Información, la empresa propietaria de Páginas Amarillas.

En 1997, un año después de haber ganado las elecciones, en el IBEX el PP era solo un embrión. El PSOE, con la vieja guardia de Solchaga al frente, había arrasado en numerosos consejos de administración, que habían tomado el rojo y la rosa por bandera. El partido y, ante todo, el Ministerio de Economía habían llegado en tromba al IBEX. Ese 1997, había en las empresas del IBEX 35 tres consejeros vinculados al PP, o nombrados durante la administración o cargos electos por el partido.

La primera empresa de destino era Acesa, la primera concesionaria de autopistas de España, propiedad de la Empresa Nacional de Autopistas, de titularidad pública. En ella estaban cuatro afines al PP, dos tecnócratas vinculados al Ministerio de Rato, uno a Salud y otro, diputado, José Miguel Ortí Bordás. Es interesante este desembarco, pues solo un año después, en 1998, el Ministerio de Fomento de Álvarez-Cascos firmaba con ACESA la prolongación de la concesión hasta 2021 a cambio de reducir el peaje, pacto que denunció el PSOE[128]. Este pedía no prorrogar las concesiones y quitar el peaje a la radial de Barcelona entre otras.

El presidente de la compañía desde 1998 era Isidre Fainé, que tendrá una carrera prometeica durante el gobierno de Aznar. De hecho asciende durante la firma la prolongación de la concesión, siendo Isidre, aparentemente, una carta más en la negociación. El manresano era un alto cargo de La Caixa desde que en 1981 se incorpora a la caja catalana como subdirector general, hasta convertirse en mano derecha del consejero delegado, José Vilarasau Salat, y del presidente, José Antonio Samaranch. Dos años antes, en 1979, entraba en el consejo de administración de ACESA. En 1998 se convertía en su presidente, y en 1999 en director general de La Caixa, reemplazando nada más y nada menos que a uno de los apellidos más importantes de Cataluña: Vilarasau Salat, un tecnócrata del régimen (director general de Telefónica y CAMPSA y en varias direcciones del Ministerio de Hacienda), primo de Carlos Ferrer Salat, el magnate de la industria farmacéutica, fundador del Círculo de Economía y de la CEOE. Él, hijo de familia humilde, labrado a sí mismo alternando trabajo y estudios, lograba posicionarse como punta de lanza de la burguesía catalana. Solo ocho años después lograría acceder al trono supremo de La Caixa, el que ocupó Samaranch, el camaleónico representante deportivo del régimen, reconvertido en figura del deporte internacional. Era difícil superar a un hombre que vestía tan fácilmente el traje del poder, antes y después de la transición: procurador en Cortes, presidente de la Diputación de Barcelona, delegado nacional de Educación Física y Deportes durante la dictadura, embajador ante la URSS a finales de los setenta y finalmente presidente de La Caixa desde 1987.

Con la victoria de Aznar en 1996, Isidre Fainé pasó de ocupar un asiento en empresas del IBEX 35 (Acesa) a tres consejos: en Telefónica, Catalana de Gas y Aguas de Barcelona (AGS). Cuatro años después, tras la mayoría absoluta de Aznar en 2000, pasó a formar parte nada menos que de cinco consejos del IBEX: Telefónica, AGS, Terra, Gas Natural y Acesa. Al lector puede sorprenderle la recurrencia de empresas públicas entre los haberes del manresano, algo que le sitúa en la primera línea como escudero y patriarca de la «casa Aznar», al ser el articulador del conglomerado privatizado por el presidente y, además, embarcarse en las arriesgadas campañas de Villalonga, como Terra. En ACESA, como presidente, custodiaba a cuatro altos cargos del PP en su consejo. En Repsol a tres, entre los que destaca el portavoz del Gobierno y secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez Bajón; a Pedro Ferreras Díez, presidente de la Sociedad de Participaciones Industriales hasta 2001; o a Carlos Díaz Ruiz, director general de Turismo de 1996 a 1998 y embarcado entonces en el negocio del petróleo. En Telefónica, otra de las empresas en las que recayó el manresano, compartía consejo con Gaspar Ariño Ortiz, diputado del PP de 1989 a 1993 y, lo más importante, miembro del consejo consultivo de privatizaciones creado por Aznar en 1996. Era pues, un aliado de primer rango junto al opusiano de La Caixa. Y, para coronar su éxito, en 2001 será aupado como presidente del Club de Roma en España, un cargo que le permitía tener una influencia política inigualable.

Pero queda aún por poner la lupa en las eléctricas, un caramelo que tenía por virtud un monopolio asegurado por el poder de Endesa: FECSA en Cataluña, GESA en Baleares, Sevillana de Electricidad en Andalucía y Endesa en toda España. En la catalana, en la que Endesa tenía un 75 % de sus acciones, el PP había puesto a todo un tótem del partido en Cataluña, Jorge Fernández Díaz, el sucesor del crítico Vidal-Quadras, a quien reemplazó tras su negativa a apoyar el pacto del Majestic y posterior dimisión. Y qué mejor forma de simbolizar la rúbrica del pacto que poner a su valedor en la eléctrica catalana participada por Endesa. Para que no estuviera solo, el que será en 2012 ministro del Interior estaba acompañado de Rafael Muñoz López-Carmona, también inspector de Hacienda como Jorge Fernández Díaz.

En la eléctrica y gasista balear, participada por Endesa con un 55 % de su capital, el PP colocó a Bartolomé Reus Beltrán, conseller de Obras Públicas del Gobierno balear del PP de Jaume Matas entre 1992 y 1996. Junto a él, para respaldarle, se enviaron a dos altos burócratas de la administración: María Rosario Ingelmo García, a la sazón administradora civil del Estado, e Isabel Monreal Palomino, que en 1998 se convertiría en secretaria general técnica del Ministerio de Industria.

Y ahora llegamos a la vaca sagrada, Endesa, la joya de la Corona junto a Telefónica, mediante la emisión de Ofertas Públicas de Venta sucesivas desde 1988: un 9 % en 1994 (reduciendo la participación hasta el 66,89), un 25,44 % a finales de 1997 y un 30 % en 1998. Durante ese periodo, desde 1984 hasta 1998, Endesa se convirtió en un monopolio gigante de la energía, con la adquisición de participaciones en otras empresas de energía, tanto nacionales como extranjeras: en 1991 adquirió el 87,6 % de Electra de Viesgo; el 40 % de Fecsa; el 33,5 % de Sevillana de Electricidad; y el 24,9 % de Saltos del Nansa. En 1992 hace las Américas y entra en el capital de dos empresas argentinas. En 1993 toma el 55 % de la sociedad Hidroeléctrica de Cataluña (Hecsa) y una participación en la compañía portuguesa Tejo Energia. Antes de ser privatizada en 1998, aprovecha la excelente cobertura del Estado para desembarcar como rey de la energía en América: ese año compra acciones que le permiten tener un porcentaje de control en la empresa Enersis, lo que la convierte en la mayor empresa eléctrica de Chile, Argentina, Perú y Colombia y con fuerte presencia en Brasil. Para coronar su éxito, entra en el mundo de las telecomunicaciones con la adjudicación del segundo operador de telefonía fija español, Retevisión, debido a la victoria del consorcio que lidera Endesa. Aznar convertía a Endesa en la Isabel la Católica de las empresas españolas antes de ser privatizada. Una corona de oro para los futuros inversores de la empresa. ¿En quién estaba pensando Aznar?

Quizá la evidencia puede darnos una sorpresa. Si tomamos los presupuestos de Aznar 1.0, el de 1996, evidentemente no dudaremos en decir, seguros: «¡BBVA! ¡La Caixa!». Pero si observamos los datos de accionistas de Endesa a finales de diciembre de 2000, encontramos un actor que entra en escena con vigor, fuerza y empuje: Caja Madrid, con un 5 % era el máximo accionista de Endesa, por encima de La Caixa (4,3 %) y BBVA (3 %). Era la nueva reina del IBEX, la caja que le permitiría por fin ser dueño del nuevo imperio privatizado llamado IBEX 35, de la mano de su funcionario de confianza, Miguel Blesa, y su nuevo artilugio de conquista: el aparato del PP.

El Imperio Aznar se ve invencible: Génova dirige
y Blesa financia a la nueva beautiful people del PP

El 12 de marzo de 2000, superado ya el apocalíptico fin del milenio, en TVE conectaban con la calle Génova, atestada de simpatizantes que jaleaban un «¡oé, oé, oé, oé… oé… oé!», como si la selección española disputara la final del mundial. De pronto, apareció él en el balcón, José María Aznar, provocando el éxtasis del público que rápidamente cambió de repertorio musical, para convertir aquella calle en Las Ventas y adecuarlo a la gesta del líder, ahora absoluto: «¡Torero, torero, torero!», le gritaba la masa. Aznar la apaciguó, él no se dejaba llevar por aquellas emociones del bajo estómago, no era de esa pasta. El presidente saboreaba aquella mayoría absoluta sin prisa, se regocijaba detrás de una leve sonrisa, un gesto fugaz que alentó a los asistentes a que le arroparan y le jalearan, dejando que por unos minutos sintieran como suya aquella obra que había vencido, sin dejar entrever que quien había triunfado era él y solo él. En ese momento de comunión se reconocía a sí mismo como condición necesaria y suficiente del triunfo español, era la patria encarnada, el triunfo de la modernización: había desplazado a Felipe González como mito, por fin. Más allá, no dudó en recordar a «aquellos que se dejaron la vida por la libertad», en alusión a las víctimas del terrorismo de ETA. Los simpatizantes respondieron a la llamada y corearon el pasodoble ¡Que viva España!, que venía a reconocer el simbolismo tríptico de la legislatura de Aznar: libertad, paz, modernización. El presidente había conseguido construir el centro reformista que tanto ansiaba: fútbol, cultura taurina, patria y libertad. Todo ello hizo olvidar que el terrorismo había sido moneda común durante el franquismo y que el PSOE era el único que podía arrogarse la palabra libertad. ETA había conseguido con sus asesinatos que el PP de Aznar pudiera gritar libertad y justicia, sin tener que abrir el candado de las víctimas de la dictadura.

En aquella noche en el balcón de Génova el presidente del PP repasó minuciosamente los cuatro años de legislatura, como si de una tabla de multiplicar se tratara, para darse cuenta de que aquella victoria no era producto del azar o de la suerte, detrás había un trabajo ingente para construir un discurso político que fuera amplificado y conseguir, al fin, consolidar un proyecto de hegemonía del nuevo Partido Popular. No era solo el discurso, era un aparato bien engrasado que permitía construir un partido de gobierno estable. Así se entiende que en los albores del milenio, mientras Aznar saboreaba la mayoría absoluta, su compañero de aula y acólito, Juan Villalonga, mostrara orgulloso la mayoría de Telefónica: Antena 3 (en la cual Telefónica tenía un 47,41 %) con una cuota del 21,6 % y la plataforma Vía Digital, que había logrado los 633 000 abonados; en radio Onda Cero; en producción Endemol (Gran Hermano), o en cine Lolafilms. Y en el mundo de Internet, llamado a ser el futuro de la comunicación, exhibía orgulloso su plataforma Terra-Lycos y sus 6,1 millones de suscriptores.

En su aventura en ultramar, Telefónica se había expandido hasta lograr el 50 % de su facturación en el exterior, mientras su rival, PRISA, se mantenía en un 30 %. En la batalla por el Atlántico la «casa Aznar» de Telefónica había vencido: era el principal inversor en el continente y tenía bajo su poder importantes empresas de telecomunicación (21 945 millones de líneas fijas y 11 249 966 de líneas de móvil) y medios de comunicación (en Argentina, Telefé, Radio Continental y el 50 % de Azul Televisión). En España no podían ser más relevantes, ante todo en el campo de telefonía, pero también en el bursátil, pues en el IBEX 35 Telefónica tenía tres sociedades: Telefónica Publicidad e Información, Telefónica y Terra. PRISA se mantenía ella sola en el índice y sacaba la lengua mientras enseñaba a su contrincante sus recientes adquisiciones al otro lado del charco: en 1999, PRISA adquirió el 19 % de Caracol Radio al Grupo Empresarial Bavaria de Colombia, y al año siguiente constituyó en Miami, junto con Caracol (50-50) un holding internacional de radio, Grupo Latino de Radiodifusión (GLR), que integra actualmente 105 emisoras en Chile, Panamá, Costa Rica, EE. UU. (Miami) y Francia (Radio Latina de París). En mayo de 2004, PRISA adquirió a Bavaria su participación en GLR, aglutinando la totalidad del capital. En octubre de 2000, PRISA invirtió 10 millones de dólares en el Grupo Garáfulic, el principal conglomerado de medios de comunicación de Bolivia, que controla los canales de televisión de la red ATB, varias cadenas de radio de alcance nacional y el diario La Razón (La Paz).

Polanco le enseñaba los dientes, pero al dirigente del PP aquellos datos no le asustaban. Es más, Aznar no se amilanaba y blandía su enorme e imponente espada, Telefónica, ante Polanco, pues había conseguido meterse por la puerta de atrás con su amigo Blesa, que ostentaba un 4 % a través de la participación de Caja Madrid en Sogecable. Esta estrategia devenía de una reflexión profunda: Aznar pensaba que, si bien había conseguido vencer a Polanco con Telefónica, cabía la posibilidad de que fuera traicionado por sus accionistas aliados, el BBVA y La Caixa, que sostenían a Francisco González en el BBVA, a César Alierta en Telefónica, a Alcocer en Repsol o a Martín Villa en Endesa, y eso significaría que su proyecto caería en manos equivocadas. ¡Eso no podía ser! Aznar pensaba en su abuelo, en su padre, en todo lo que lucharon para que los medios se mantuvieran firmes y aguantaran los envites de la conspiración judeo-masónica-soviético-herética. Por eso necesitaba pasar a una nueva etapa, en la que no solo mandaría a su selecto ejército de élite conquistar el timón de los buques empresa estatales, sino a construir sus propios barcos, para no depender de vicisitudes futuras provocadas por un pueblo antojadizo, propenso a votar a partidos poco adecuados. Debía crear capitalistas, como existían en EE. UU., unos Rockefeller, que pudieran tener el poder suficiente para frenar potenciales tentativas socialistas. Dicho propósito, difícil en un país sin tradición de grandes empresas privadas, tenía una única solución, que era traspasar del Estado a empresarios «amigos» los activos financieros e industriales en manos todavía del Estado, apoyándose en el músculo de las cajas de ahorro y el aparato del partido en las distintas comunidades. Era la Década de Oro de la beautiful people del PP.

Para tal hazaña, épica cual batalla de Alarcos y crucial para la evolución del capitalismo español, eligió a unos pocos escuderos. Al primero y más fiel lo conoció en la universidad y le acompañará en las oposiciones para inspector de Hacienda. Después sellarán su amistad como definitiva e incondicional en su estancia en Logroño, su primer destino como altos funcionarios del Estado y donde convivirán en el mismo edificio. Fue un periodo crucial, en el que afianzaron sus ideas políticas y su política de amistades, unidas de la mano, y será en Logroño cuando dé el salto a la militancia política: Aznar se afilia a Alianza Popular y comienza a difundir su opinión en artículos de prensa a finales de los setenta. Allí pudo hacer más fuerte, si cabe, la amistad con el que fuera compañero de estudios, en las clases de Derecho de la Universidad Complutense: su fiel escudero, Miguel Blesa (Caja Madrid-Bankia), con quien gestaría más tarde el gran sueño quijotesco de construir una clase capitalista dócil, que podía acercarnos a EE. UU., evitando caminos peligrosos, como el de Francia de Mitterrand o, peor, el de la URSS. Como dijera Aznar en un artículo publicado en el periódico La nueva Rioja en 1979: «No sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o, por el contrario, va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes». No se fiaba de la Constitución, menos del pueblo. Eran tiempos convulsos, en los que Reagan y Thatcher preconizaban el fin del comunismo, la URSS invadía Afganistán y, mientras tanto, en España, el régimen que murió en la cama se movía ligeramente para dar paso a nuevos actores, para temor de sus protegidos.

Tras la victoria de Aznar en las elecciones de 1996, el proyecto quijotesco de Blesa y Aznar comienza a andar. Tras años en diferentes puestos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda (el último como subdirector general de Estudios), Blesa comienza sus peripecias por el mundo financiero con un excelente debut: como consejero en 1996 y presidente de Caja Madrid en 1997 (con el voto a favor de la consejera por CC. OO., María Jesús Paredes, y con el acuerdo de Izquierda Unida). Surgía entonces el brazo financiero del proyecto. Al dúo Aznar-Blesa se unieron, tras la conquista del Estado.

El año 2000 y las condiciones de mayoría absoluta permitían derribar parte de la «casa Aznar» de 1996, rodeada de fieles acólitos en grandes empresas, pero demasiado pequeña para expandirse, pues su organización funcionaba como un partido de pádel: Aznar solo podía jugar con un amigo a su lado, previamente colocado al frente de una gran empresa privatizada. Era un partido a cuatro donde sus aliados dependían del paraguas de su mentor, y de la buena relación de este con los mecenas del pacto del Majestic (La Caixa y BBVA). Pero lo que vino a continuación fue un proyecto más amplio, que suponía derribar la pista de pádel y focalizarse en construcciones más amplias. Convirtió el PP y su sede, Génova, en una casa en el sentido de Levi-Strauss, donde la sangre, el parentesco no actuaba como elemento de alianza entre los integrantes (como sí ocurre en el clan). En cambio, otros elementos cobraban mayor importancia, como la casa, una arquitectura «simbólica» que proyectaba la fetichización de una alianza más amplia que la proporcionada por el parentesco y que, en este caso, correspondía con un conjunto de personas aunadas por consejos de administración de empresas del IBEX 35 que quedaban centralizadas en Génova 13.

La operación se fraguó antes de ganar la mayoría absoluta. En 1998, mientras realizaba las Américas con Endesa, Repsol y Telefónica, Aznar reorganizaba la «casa» en España. Primero, aprobó la Ley del Suelo de 1998. Después equilibró el sector bancario en dos grandes entidades bancarias resultantes de fusiones: El BSCH (Fusión entre el Santander y el Central Hispano), y el BBVA (resultado de la fusión entre Argentaria y el BBV). Primero fue, en abril de 1999, el turno del Santander, y el 19 de octubre, de la banca pública con el BBV. Faltaban cinco meses para las elecciones y Aznar apuntalaba ya el sector financiero en dos bloques bien definidos: el BBVA y el BSCH en el sector de la gran banca, y La Caixa y Caja Madrid dominando en el de cajas de ahorro. Como contraparte para estas fusiones, el Ministerio de Economía de Rodrigo Rato obligaba a los bancos a deshacerse de su brazo industrial, principalmente de constructoras e inmobiliarias. El terreno estaba abonado para la asunción del Imperio Aznar.

Esos dos elementos, la Ley del Suelo y la concentración bancaria tenían un elemento común que convergía en el proyecto de la «casa Aznar». Hay dos indicios que lo sitúan como «la apuesta» de la casa. Por ejemplo, dos años antes de que Santander se desprendiera de la constructora Dragados, en la compañía nos encontramos a uno de los tótems del PP: Licinio de la Fuente, uno de los «siete magníficos» que fundaron Alianza Popular. También aparece otro de los validos de Aznar, Manuel Pizarro, abogado del Estado y cerebro económico del equipo de Rajoy en 2008 y antes alto cargo en el Ministerio de Economía y Hacienda, en los primeros años del PSOE. Es más, era subdirector general de Expropiaciones en el momento de expropiar Rumasa. Cosas del destino, será el compañero de promoción y amigo de Aznar, Blesa, quien financie a ACS la compra de Dragados, con un préstamo de Caja Madrid y La Caixa que cubriría la operación. ACS, la cuarta constructora del país, se merendaba a la primera, Dragados. Tras la compra, la «casa Aznar» entró en tromba en el consejo de Dragados: Miguel Blesa se convertía el 14 de octubre de 2003, el mismo día de la fusión, en consejero ejecutivo de la constructora[129]. De la noche a la mañana pasaba de presidir —sin experiencia previa— la segunda caja de España, a representar a la primera constructora del país. Eran los nuevos aires de la «casa Aznar», que acabaría, orgullosa, bordándose en el pecho una paleta como escudo oficial del grupo. Miquel Roca entraba detrás de Blesa ese mismo día para hacerse inseparable de Florentino desde entonces. Era la contrapartida al caramelo que el Gobierno regalaba a los banqueros vascos y santanderinos, que pudieron adquirir Argentaria y el Banco Central Hispanoamericano respectivamente para luchar en la guerra global. Aznar reorganizaba el tradicional pastel bancario-industrial del país, el liderado por el Banco Central (integrado con Hispano), para reorganizar la locomotora que movería España durante la siguiente década: unificar la construcción junto a las cajas, un negocio redondo para el dueto banco-constructora, bajo la égida del PP.

Distintos factores facilitaron la implantación de este modelo de crecimiento, entre ellos una nueva política monetaria de bajada de los tipos de interés, lo cual venía a significar un cambio radical respecto a los elevados tipos de interés que marcaron récords en Europa durante la década de los ochenta. De tipos entre el 15 y 20 % durante esta década, se desciende por debajo del 5 % a partir de 1996[130]. Esta bajada de tipos de interés facilitó la extensión del crédito y vino a paliar la pérdida de poder adquisitivo por una política de contención salarial, con subidas muy por debajo de la productividad. El aumento del crédito se dio principalmente en créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Por ejemplo, entre 1992 y 2002, se incrementa por cinco la tasa de crecimiento del crédito para la adquisición de vivienda, ocupando en 2002 el 80 % de la renta bruta disponible, siendo un nivel bajo en comparación con el resto de países de la UE, pero con una tendencia desestabilizante por la rapidez en la expansión de este endeudamiento[131].

Este crecimiento del endeudamiento hizo que bancos y otras entidades de crédito (cajas de ahorro) adquirieran especial relevancia en este periodo. Ambos sectores, bancos y cajas, entran en un periodo de pugna por la concesión de créditos y captación de depósitos. En 2000, las cajas de ahorros tenían mayor penetración en el mercado de depósitos (52 % frente a 42 %) y el de hipotecas (52 % frente a 41 %), mientras que los bancos aventajaban en los créditos (50 % frente a un 40 %), captación de fondos de inversión (72 % frente a 24 %) o valores (60 % frente a 38 %).[132] La diferencia entre ambos era que, por su naturaleza jurídica, las cajas no podían cotizar en el IBEX 35 y crecían por la captación de depósitos, créditos, y los dividendos que les generaban las participaciones en empresas cotizadas. En el primer año de Aznar, las cajas estaban especialmente interesadas en un negocio: la energía. Este sector tenía un especial peso en el IBEX, pues eran las empresas más numerosas, siete, frente a seis constructoras. Caja Madrid y La Caixa eran primeros accionistas en diversas sociedades: la madrileña, en Endesa (4,96 %); la caja catalana, como primer accionista en Repsol (10,03 %, que aumentará al 12,5 % un año después), en Catalana de Gas (26,09 %) y segunda en Endesa (4,32 %); Caja de Asturias en Hidroeléctrica del Cantábrico (10,66 %) y Caja Galicia en Unión Fenosa como segundo gran accionista (5,04 %).

Los bancos, por su parte, estaban más expuestos a las constructoras: BBV, con Metrovacesa (17,22 %), y Banco Santander con Vallehermoso y Dragados, heredadas del imperio del Central y Banesto, y que venderán una a Sacyr, la constructora de Luis del Rivero, y otra, a ACS de Florentino Pérez, negocio que dejarán en los siguientes años. También participaban en empresas de energía, pero en menor medida, y únicamente Santander se mantenía como primer accionista en una, Unión Fenosa (10,38 %). BBVA, por su parte, mantenía acciones de Repsol (9,78 %) y Endesa (2,27 %). Las cajas controlaban las antiguas empresas públicas de energía como Endesa y Repsol, donde ponían piezas estratégicas para su control. Por ejemplo, hasta 2004, en la antigua petrolera pública estará al frente Alfonso Alcocer, hijo de Pedro Cortina Mauri: político y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Carlos Arias Navarro. El hijo del expolítico franquista firmará con La Caixa una entente cordiale según la cual Repsol ayudaría a La Caixa a mantener el control de Gas Natural. En ambas, en Repsol y Gas Natural, será consejero Ramón Blanco Balín, presunto testaferro de la trama Gürtel e inspector de Hacienda de la misma promoción de Aznar. En Repsol también participaba como accionista, además de La Caixa, el BBVA de Francisco González (con un 9,78 %), por lo que Aznar se aseguraba un control doble en la misma: a través de Cortina, al que puso él en 1996, cuando Repsol todavía era controlada por el Estado, y a través de sus accionistas, La Caixa y el BBVA, sus accionistas del pacto del Majestic.

Como desveló El Confidencial en 2009[133], Repsol fue útil al proyecto de Aznar, tanto que se le encomendó en 1998 hacerse cargo de los gastos de una comitiva que viajó a Venezuela para apoyar a la rival de Hugo Chávez. Repsol pagó más de 21 millones de pesetas a Correa —unos 126 000 euros— para cumplir el encargo de Aznar. El sumario del caso Gürtel, sobre el que se levantó parcialmente el secreto a finales del pasado mes de septiembre, recoge un archivo contable que, bajo el epígrafe «Gastos Venezuela», reza así: «Gastos generados ante la posibilidad de hacer determinados actos en Venezuela, año 98. Asciende a 21 226 000 pesetas, siendo la mayor parte cargos de tarjetas de crédito Visa y Dinners». En ese mismo archivo aparece el siguiente apunte, con fecha 26 de mayo de 1998: «Madrid-Caracas-Bogotá-Madrid, Paco Correa-Alejandro Agag, por importe de 1 012 000 pesetas facturado al PP».

La Caixa y el BBVA no podían poner impedimento o contestar las órdenes de Aznar. El dividendo de Repsol era lo suficientemente suculento como para negarse a cumplirlas. Y todo se lo debían a una operación en la que Aznar estuvo muy presente: la compra de YPF, formada por el Gobierno argentino de Carlos Ménem y ejecutada por su sucesor Fernando de la Rúa, quien solo dos años después tuvo que dimitir tras el corralito que sufrió el país en 2001. Tras esa operación, Repsol pasó de ser una empresa nacional, sin producción petrolera y con una presencia internacional poco significativa, a convertirse en la novena compañía por reservas de crudo y gas (4200 millones de barriles), la séptima por capacidad de refino (1,2 millones de barriles diarios) y la octava por el número de estaciones de servicio (7134 puntos de venta en todo el mundo[134]). La operación se hizo por fases: primero compró el 15 %; después lanzó una OPA por valor de 13 100 millones de dólares. La compra la hizo en medio de un momento de bajos precios del crudo, entre 1998 y abril de 1999, con el barril de crudo a una media de 15 dólares. No obstante, la operación se hizo por medio de un crédito de 16 000 millones de dólares otorgado por BBV, La Caixa, Citibank, Goldman Sachs, Merrill Lynch y UBS. La compra le significó que a finales de 2000, tras la compra de YPF, el 65 % de sus ingresos procedieran de sus operaciones en el exterior, especialmente de Argentina. La petrolera se había convertido de la noche a la mañana en una de las top 10.

La hija del expresidente de YPF, José «Pepe» Estenssoro, resumía la operación de la siguiente forma:

Aquí lo único que parece importar es que la oferta de US$ 45 por acción que hizo Repsol cuando las acciones estaban a 33, es un bocado irresistible para la mayoría de los accionistas. Muchos dirán: esa es la ley del mercado. Pero quiero aclarar que este no es un hostile take-over o toma hostil de mercado, al estilo Wall Street, como se denomina a las operaciones en las que una empresa es asediada y finalmente «tomada» por otra. Esta es una «entrega política», en la que no operó ni el mercado, ni la libre competencia, ni fue una lucha de titanes en la que venció el mejor postor, sino que fue un arreglo o, como decimos en la Argentina, un negocio cocinado por dos personajes políticos del más alto nivel: nada menos que el rey Juan Carlos de España y el presidente Ménem[135].

La hija de Estenssoro, María Eugenia Estenssoro, exsenadora por Coalición Cívica, se indignaba viendo como la empresa argentina, cuya capitalización equivalía al 25 % del mercado argentino, iba a parar a manos extranjeras. Lo cierto es que le faltaba otro dato: YPF proporcionará la mayor rentabilidad media más alta para el accionista de todas las empresas globales de energía entre 1998 y 2005, un 24 %, muy por delante de Iberdrola (12 %), la primera española, que ocupaba el puesto número doce, o Repsol (10 %), que ocupaba la posición decimoquinta[136]. Tras la compra, Repsol se convertía en la cuarta empresa del IBEX por capitalización, superando a la gigante Endesa, con el 8,5 % de la capitalización total del IBEX 35[137]. La Caixa y BBVA, accionistas mayoritarios, no tenían nada que objetar ante estas cifras, que proporcionaban una suculenta caja.

Es más, el año en que el Gobierno tuvo que devaluar el peso, debido a los problemas acarreados por la Ley de Convertibilidad que aprobó el Gobierno de Ménem en 1991 y que fijaba una tasa de cambio fija de 1 dólar - 1 peso. Ese año en la memoria de Repsol afirmaban que no iban a destinarse provisiones suplementarias para YPF y que no preveían que fuera a afectar a los resultados de la compañía. Ese mismo 2001 del corralito, Repsol pagaba dividendos por valor de 257 millones de euros, 0,21 euros brutos por acción. Tampoco lo sufrió el consejo de administración, que casi dobló su remuneración, de 4,35 millones de euros en 2000, a 7,67 millones en 2001[138].

Era un negocio evidentemente de especulación, con su particular epicentro en el IBEX 35. En 1992 la bolsa negociaba un total de 8637 miles de millones de pesetas (52 000 millones de euros), para pasar en 1998 a 44 111 (256 000 millones de euros), es decir, se incrementa por cinco el volumen negociado en bolsa[139]. En este periodo los valores en circulación y cartera de acciones pasan de suponer un 466,7 % del PIB al 629,2 %. Solo en un año, de 1999 a 2000, el periodo de mayores fusiones (bancos, en particular el BBV con Argentaria y el Santander con el Central Hispanoamericano) y adquisiciones en ultramar, el volumen de negociación de empresas del IBEX 35 casi se dobla, pasando de 245 000 millones de euros a 448 000 millones. Es más, la capitalización (valor de acciones por acciones) tocará su techo más alto hasta 2007, superando los 400 000 millones. Ahora bien, lo que destaca es la rentabilidad de los accionistas, que desde que llega Aznar con las privatizaciones totales va del 47 % en 1996, al 44 % en 1997, 39 % en 1998, y 20 % en 1999. El estallido de la burbuja de las puntocom arrastrará al IBEX y provocará la caída de la rentabilidad en un -21 %.[140] En España, esta burbuja tenía nombre, Telefónica, que pasó de un beneficio de 2033 millones a unas pérdidas en 2002 de 14 601 millones: Terra finalmente había muerto.

Ahora, mientras el IBEX en 2002 caía estrepitosamente, arrastrando a la mayoría de sectores, en el IBEX avanzaba uno de los hijos predilectos de Aznar: las constructoras. Los resultados de las empresas cotizadas descendieron un -12,9 %, empujadas por la caída del 31 % en los resultados de empresas de nuevas tecnologías, a pesar de lo cual las constructoras aumentaban un 18 % sus ingresos, solo superados por los de las inmobiliarias, que crecían un 36 %.[141] Ese año la economía reducía su crecimiento, pasando de tasas de crecimiento del 5,3 % en 2000, 4 % en 2001, al 2,9 % en 2002.

Ese año, en abril de 2002, el SCH vende un 23,5 % de Dragados a ACS por 900 millones. En mayo el banco vende el 24,5 % de Vallehermoso a Sacyr por 568,75 millones de euros. Vallehermoso había tenido un beneficio en 2001 de 141 millones, animado por el boom de la vivienda. El 14 de octubre de 2003 se daba el siguiente salto, y ACS y Dragados se fusionaban, creando la primera constructora de España y la tercera de Europa. Fue un baile de fusiones y adquisiciones que hizo concentrarse al sector: 22 empresas se agruparon en 6 grandes empresas (ACS-Dragados, FCC, Ferrovial, Acciona, Sacyr-Vallehermoso y OHL). España se perfilaba como reina del ladrillo, y de las diez constructoras europeas con mayor capitalización bursátil, cinco eran españolas. Y no solo en construcción, también en infraestructuras, pues de los diez líderes mundiales en concesiones de infraestructuras, siete eran españoles en 2003, según la publicación Public Works Financing. El primero en el ranking era ACS-Dragados, con 41 contratos, seguido de Ferrovial. Estos datos ilustraban, no solo el crecimiento de un conjunto de empresas, sino también la consolidación de una era dominada por capitalistas individuales que bebían de la obra pública y la financiación de las cajas de ahorros. Dos elementos que hacían que fuera necesario llamar a Génova 13 antes de dar un paso, pues el poder de decisión se encontraba, tanto en las cajas como en las obras, en las comunidades autónomas.

Era la tercera pata del proyecto que Aznar describía en su presentación en 1996: agrandar las empresas españolas y extender el mercado de capitales, bajo el liderazgo de un proyecto expuesto por Álvarez-Cascos en el congreso del PP de 1989, es decir, al albor del pujante negocio de la construcción y desarrollo de las infraestructuras. Pero no solo era economía, era un proyecto de hegemonía que pensaba en una nueva España, con un holding económico de empresas en el IBEX 35 que pudiera sostener una cosmovisión a largo plazo, más allá de su presencia «física» en el Gobierno (pues renunció tempranamente a una segunda reelección): fútbol y construcción, obras, vacaciones en la playa, una segunda casa. Era la ampliación del sueño franquista de Fraga. Una nueva sociedad sin política, que viera en el cemento y los triunfos nacionales de la selección a una nueva España, sin fisuras, superadora de la Guerra Civil y la dictadura. Y, lo más importante, sin la necesaria intermediación de la oligarquía financiera vasca y catalana, pues Aznar había pasado ya la fase del pacto del Majestic: ya no les necesitaba.

No era un proyecto a ciegas o improvisado, sino que tenía unos fundamentos bien planteados, como muestra la propuesta que lideró el propio Álvarez-Cascos, el ponente de 1989, y promotor del plan estrella para la nueva legislatura: el Plan de Infraestructuras del Transporte 2000-2007, que hasta el fin de la legislatura de Aznar, en 2004, pretendía llegar a los 54 673 millones, es decir, un 12,4 % (6000 millones de euros) como objetivo de ejecución del plan del Ministerio de Fomento dirigido por el asturiano. La estructura de financiación sería la siguiente: el sector privado costeará el 20 % de los 104 806 millones de euros a los que asciende el conjunto del plan hasta 2007; los fondos europeos sufragarán otro 20 %; y el 60 % restante, los Presupuestos Generales del Estado. El plan era tan ambicioso que suponía una sexta parte del PIB en ese momento (16,21 %).

No hay dos sin tres y, como colofón, el Plan Cascos recuperará el viejo anhelo de Fraga en 1976, con la fundación de la AP, el cual tenía su sentido en centrar las fuerzas del franquismo bajo su paraguas. Las adustas familias franquistas, que hasta ese momento ocupaban un segundo plano en el IBEX, podrían respirar y tomar impulso frente a las familias banqueras vascas y catalanas, más cercanas al proyecto del Opus Dei y al clan Solchaga que al proyecto del PP. Es más, en el conjunto del IBEX, en 2000, el PSOE seguía teniendo el mayor número de consejeros, 27; un 36 % de los que provenían del Estado habían empezado su carrera en un Gobierno del PSOE, frente a los 25 que provenían del franquismo, un 33,3 %. El PP mantenía una raquítica cifra de tres, sumados a los burócratas que fichó, pero siempre podía recurrir a los viejos aliados para desplazar a la maquinaria opusiana. Ejemplo será la salida de Rodrigo Echenique como presidente de Dragados, evitando así la interferencia del grupo de la UCD y PSOE procedente del Banco Santander, para que ocupara su asiento en el consejo un hombre de la casa: Miguel Blesa. La presidencia, tras la fusión, la ocuparía el mismo Florentino Pérez.

No es casual que años después, y según los papeles de Bárcenas, se supiera que Luis del Rivero (presidente de Sacyr) dio dos pagos de hasta 380 000 euros entre los años 2004 y 2006 al PP. Juan Miguel Villar Mir (OHL) aparece asociado al ingreso de un total de 530 000 euros en tres pagos, los dos mayores en 2006 y 2008. Por último, José Mayor Oreja, presidente de la filial de construcciones del gigante FCC, está también asociado a dos pagos en 2008 que ascienden a 165 000 euros[142]. La empresa ACS de Florentino Pérez no salió en los papeles de Bárcenas, sino en otros que entregó el extesorero a Pablo Ruz en julio de 2013, después de dos semanas en prisión, momento en que decidió tirar de la manta. En el epígrafe «Galicia» de esos documentos se puede leer: «OHL: 300 000 € en campaña / ACS: se comprom. a 1 M€, ha dado 30 000 € / Ingr. 2006 en donat.: = 360 M./Pts / FCC: daba 50 000€/mes; va a dar 12 000€/mes + ayuda campaña»[143]. Fraga podía estar orgulloso de su pupilo, pues Aznar volvía a aunar las fuerzas vivas del franquismo económico, que volvían para impulsar y ampliar el centro político del PP (ver Gráfico 3 en el pliego central).

Los matrimonios oficiados por Aznar: fondos europeos,
PP autonómico, cajas de ahorros y constructoras

En una entrevista en febrero de 2002[144], dos meses antes de que ACS se hiciera con el 23,4 % del capital de Dragados, Luis Herrero le hacía una entrevista al presidente José María Aznar. Aquel le preguntó, para salir del tema del terrorismo, sobre las causas por las que no acudió a la final de la Copa de Europa que disputó el Valencia CF el 13 de mayo de 2001: «Usted, que es presidente del Gobierno español y que, además, es aficionado al fútbol, ¿por qué no fue a la final del Valencia?». A ello Aznar contestó: «A mí no me gusta que exista una, digamos, sobreexposición y que digan: “Aquí llegan siete ministros, ocho ministros, a determinada cosa”. No, ustedes estén tranquilos en casa. Es verdad que hay alguien que se ocupa de ir en representación de todos. Es una cuestión de discreción, simplemente. De fútbol, hablamos lo que quiera».

A lo que Herrero le contesta, fríamente: «No creo que sea el problema prioritario en este momento de los españoles; pero usted recordaba hace un instante que, efectivamente, ha ido una vez al fútbol, que fue hace no mucho, porque además apareció usted en las cámaras de televisión. Fue en el Bernabéu. Usted no fue al Bernabéu nunca en época de Lorenzo Sanz. ¿El hecho de que haya ido en la época de Florentino Pérez tiene alguna significación?». El presidente dudó por unos momentos, al sentirse como un alumno al que han pillado fumando en el baño: «Sí, fui en alguna ocasión. Lo que pasa es que hacía tiempo que no iba». Herrero sintió que había tocado una parte blanda y tiró del hilo: «O sea, ¿no tiene ninguna significación especial?». Aznar en ese punto asumió su papel y contestó con rotundidad, como si le hubieran preguntado si dudaba de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak: «No, ninguna».

Esta declaración dejaba al aire la relación mística entre Florentino y Aznar, marcada por aires santateresinos. Es cierto que Aznar nunca ha querido hablar de Florentino ni mencionar su nombre, como el pontífice de Roma, que no menciona el nombre de sus fieles; pero también es cierto que el presidente merengue fue clave en la operación llamada Beautiful People del PP: este pasó de ser un empleado de los March y Albertos en la cuarta constructora, a presidente de la compañía y accionista con un porcentaje bajo de la mayor constructora del país, y finalmente a principal accionista de la compañía. Según una investigación reciente de Civio llamada «¿Quién cobra la obra?» se destaca que el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, que lideró con amplio margen la clasificación de adjudicaciones de obra pública de 2009 a 2015, está presente en uno de cada diez contratos firmados. Sus mayores contratistas fueron el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid[145].

Pero su relación con la política no solo viene por concesiones. Es conocido su pasado como funcionario, concejal y promotor de aventuras políticas para construir un proyecto de centro político: el que fuera concejal en el Ayuntamiento de Madrid por la UCD, y posteriormente alto cargo en el Ministerio de Transporte, Turismo y Telecomunicaciones; fue promotor del PRD junto a Miquel Roca i Junyent (hoy defensor de la infanta Cristina en el caso Nóos y consejero de ACS), posteriormente integrado en Alianza Popular. Su imperio en la construcción comenzó con la compra de la empresa Padrós SA por 5 millones de pesetas en 1983, y pasó a crecer a partir de 1996 hasta convertirse en el brazo industrial de la «casa Aznar». Un recetario que recuerda mucho al de Villar Mir, con una empresa de construcción en quiebra, una lista de contactos y un padrino, en un caso el rey o Rajoy, en el otro Aznar (y Esperanza Aguirre como lugarteniente). El imperio ACS, es fruto, además, de la unión de Pérez con tres familias capitalistas, los Urquijo, los March y los Albertos. Los primeros cedieron OCISA por 1 peseta la acción a Padrós S. A, formando así OCP. Los segundos llegaron cuando Aznar estaba en la presidencia del Gobierno y Florentino era presidente de OCP. Los últimos aportaron los activos de su empresa IBEX en 1997, entrando en su accionariado.

Se ha hablado mucho de lo anterior, de la importancia de los Albertos y los March en el Imperio ACS, la mayor constructora de Europa, pero poco de Blesa y Aznar en la aventura. Su dependencia de la «casa Aznar» viene por tres vías: Caja Madrid, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, y el Gobierno nacional. A la entidad madrileña le tiene que agradecer ser su principal mecenas en la política de compras de Florentino, desde la financiación de la compra de Dragados (450 millones) que catapultó a ACS a la cima o la compra de un paquete accionarial de Iberdrola (1100 millones) en 2003, para ampliar la participación en 2006 (2058 millones), o financiar la compra de jugadores del Real Madrid como Cristiano Ronaldo (76,5 millones). Como contraparte, para sellar la alianza con Caja Madrid, Blesa entra en 2003 en el consejo de administración de ACS. Posteriormente, tras su salida de Caja Madrid a finales de 2009 —siendo sustituido por Rato— se renueva la alianza con la entrada del director de finanzas de Caja Madrid, José Carlos Contreras, en el consejo de ACS en 2011. La ayuda va más allá, pues en la actualidad adeuda a Bankia y otras entidades financieras 600 millones, procedentes de créditos para compras sucesivas de acciones de ACS hasta constituirse en el accionista principal.

A la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid les tiene que estar agradecido por la adjudicación de un sinfín de obras de grandes infraestructuras, con sobrecostes incluidos: el mayor, el soterramiento de la M-30, adjudicado por 2500 millones, y un coste final de 6500 millones, más del doble, y con un coste de mantenimiento anual de 125 millones de euros abonado por el ayuntamiento a ACS y Ferrovial; y la T4 del Aeropuerto de Barajas, que finalmente costó 6200 millones frente a los 541 por los que se adjudicó (la cual estaría destinada a una aerolínea participada por Caja Madrid, Iberia, luego privatizada). De la obra de Barajas diría Aznar que era «el plan más ambicioso puesto nunca en marcha en España». Otro de los regalos, esta vez para el Real Madrid, fue la recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva.

En el Gobierno central, Florentino también campaba como uno más. Primero, el Plan Hidrológico Nacional, y la política de trasvases, cuya lectura le llevo a la adquisición de Iberdrola en 2003. De la mano de Matas como ministro de Medio Ambiente, recibe la adjudicación de la obra de recrecimiento del embalse de Yesa (obra conjunta con FCC y Ferrovial). Y la última parte, quizá la más controvertida: ACS fue la primera constructora en entrar en Irak después de la invasión de la coalición liderada por EE. UU. y de la cual España formaba parte. ACS, y Soluziona, filial de Unión Fenosa, fue contratada el 11 de febrero del 2004, solo un mes antes del fatídico atentado de Atocha, para levantar una planta de generación eléctrica en Hadita, en el noroeste de Irak, por valor de 10 millones de euros.

Pero para que el proyecto de crear beautiful people de Aznar pudiera funcionar, debía cumplir una condición: que involucrara a un número mayor de personas afines que las necesarias para un partido de pádel (fórmula que utilizaba Aznar en su primera legislatura, y que suponía negociar de uno a uno), y que se ampliara a otras comunidades autónomas importantes. En Valencia, Bancaja siempre fue un fiel aliado para financiar el Imperio del PP: fútbol, construcción, arte y espectáculos. Un ejemplo: la caja compró suelo —sin valor, según el juez Andreu— por valor de 86 millones a Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, y de Aurelio Izquierdo, director general de Bancaja, con el que compartía juergas en prostíbulos y yates. La caja se sumaba así al apoyo de la Caja Mediterráneo (CAM), que había llegado a financiar con 150 millones al constructor. También insufló oxígeno a proyectos faraónicos, como Terra Mítica (200 millones junto a la CAM) o la Ciudad de la Luz (que costó una cifra similar y que estos días sale, por segunda vez, a subasta pública). La incursión de Bancaja en el fútbol no fue menor: colaboró como si no hubiera un mañana en la financiación del Valencia CF, con el cual tenía en 2008 una deuda de 308 millones.

En el Imperio levantino no se ponía el sol: la caja hizo inversiones hasta en el Caribe, en la sociedad Grand Coral, que operaba en México, con préstamos y compra de acciones por valor de 100 millones. A partir de maniobras fraudulentas de ampliación de capital, los socios alicantinos Juan Ferrí y José Baldó (dueños del 35 % de Grand Coral) se embolsaron 47,4 millones de la caja, según un informe de Bankia. El presidente de Bancaja y posterior vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, está hoy imputado por estafa y malversación. Como medida de gracia, el juez Juan Pablo González le ha concedido el desbloqueo de 3500 euros al mes.

El caso Naseiro, que juzgaba una trama de financiación del PP en 1992, proporcionó una conversación de Zaplana el 11 de febrero de 1990 con Salvador Palop (exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia) que confirma que aquel sistema se había implantado mucho antes y recorría las venas del PP valenciano: «A lo mejor se queda con el solar y hacemos ahí una cosilla, ¿eh? Tú haces de intermediario de la venta, que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro. ¿Eh? Y luego nos la repartimos bajo mano». Aquellas escuchas fueron anuladas, pero la fama de Eduardo Zaplana se extendió (se le achaca la frase de «Yo he venido a la política para forrarme», que no pronunció), aunque no le impidió convertirse años más tarde en presidente de la Comunidad Valenciana y mecenas de la beautiful people del PP.

Era muestra de que aquella people del PP era más que una clase dirigente corrupta, era un proyecto de país que involucraba a un conjunto amplio de la población. People, para Aznar, debía traducirse como «pueblo», no como «élite selecta». Eso hacía que, por mucho que los jueces embistieran contra ellos, la sociedad los protegiera, ya que los había adoptado como una parte más de la familia. Estaban rodeados de aquel proyecto popular, desde las casas que agrandaron el poder de la beautiful people del PP, y les cobijaban todavía, hasta en las carreteras, en el AVE, recogiendo la basura, en la televisión, en el fútbol.

Solo un acto como el del 11M pudo alterar el orden de las cosas, que era la inevitable victoria del Partido Popular. Un hecho que nunca pudo aceptar el PP, pues era matemática y materialmente imposible la derrota: era ir en contra de la ley de la fuerza, que hacía que la «casa Aznar» machacara toda alternativa. Y en realidad así fue: Zapatero se convirtió en rehén de la «casa Aznar».

03

Zapatero riega el jardín del IBEX 35
y del Gobierno en la sombra

En abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero fue investido presidente del Gobierno. Era el mes del primer aniversario de la invasión de Irak, promovida por la alianza de las Azores (EE. UU., Reino Unido y España, a los que se sumarán Polonia y Australia), en la que murieron 30 000 militares y unos 7000 civiles iraquíes. Y solo hacía un mes que se había producido el atentado de Atocha, que dejó 191 muertos. Los medios de comunicación se peleaban por definir el tipo de explosivo, preguntando, casi a gritos, quién y cómo fue; la sociedad, por el contrario, entraba en un abismo existencial, absorta, paralizada ante un terror desconocido, al tiempo que se preguntaba, repetidamente: «¿Por qué nosotros?». No hubo tiempo para responder y ese abril el Parlamento aportó una salida provisional al dilema: Zapatero se había comprometido a retirar a las tropas de Irak.

José María Aznar, sucedido ya por Mariano Rajoy —que ejercía de actor secundario de la oposición—, dejó de tener autoridad moral de un plumazo, y las encuestas que daban la victoria al PP fueron tomadas como una broma de mal gusto. La historia había cambiado, y los salvadores y patrones del centro ahora se revelaban cómplices o, peor, instigadores de un atentado que formaba parte de una guerra no elegida. No fue algo inmediato: las manifestaciones por el «No a la guerra» del 15 de febrero de 2003 visibilizaron un eje de oposición al PP que permitió unir actores distanciados (sindicatos, PSOE, artistas, sociedad civil, IU), así como cohesionar un adusto PSOE, que veía por fin su salida a la crisis interna. El 11M terminó por crear un sentido común y de pertenencia en oposición a «la barbarie». Las elecciones del 15 de marzo se convirtieron, en consecuencia, en un plebiscito moral: o socialismo o barbarie, representados por un sosegado PSOE zapaterizado frente a la ostentosa altanería del PP de Aznar, que ni a Rajoy reconocía como igual.

Pero siendo justos, todos los Gobiernos de la democracia han nacido de situaciones de violencia límite, a cada cual más grave, que sometían a un estado de shock a la población, y la obligaba a elegir, con las manos temblando y la vista puesta en el abismo, qué futuro quería: las elecciones de junio de 1977 tenían reciente la matanza de los abogados de Atocha en enero y el secuestro del empresario vasco Javier de Ybarra en mayo (asesinado unos días después de las elecciones), que obligaban a elegir entre reforma o ruptura, entre un modelo institucional u otro. Cinco años de la UCD, 329 asesinatos de ETA (el 39 % del total de víctimas en toda la historia post Franco), un intento de golpe de Estado en el Parlamento y tanques en la calle; pero la población elegía, sosegada, la alternancia a la UCD para poder llamar al sistema, al fin, democracia. Las elecciones de 1996 fueron más mediáticas, con periodistas que cubrían la concurrida caravana que recorría el eje Moncloa-Alcalá Meco y la Cárcel de Guadalajara; y al simple chasquido de dedos, cambiaban el foco a la mano de Aznar, que amagaba con sacar documentos desclasificados de los GAL que podían enterrar el perfume de santidad de Felipe González. Aznar le llamaba a filas mientras su bigote se movía al son de Queen: «Váyase, señor González». Un año antes, en 1995, el olor insoportable que salía de las cloacas del PSOE dulcificó a Eduardo Zaplana y transformó a Manuel Fraga en el Winston Churchill español. Hasta en siete autonomías se estrenó el himno del PP como himno oficial, cuyo eco recordaba a El lago de los cisnes. Y es que la historia reciente de España ha ido pareja a la degradación moral de sus actores, que ha elevado la condición de sus oponentes, no porque estos se superaran, sino por el descenso estrepitoso del nivel de exigencia. En todos los casos, se tomó la decisión de ponerle una bolsa en la cabeza a la democracia.

Las elecciones de 2004 se presentaron como la oportunidad de reconciliarse con la bondad perdida y que parecía encarnar Zapatero. El IBEX 35 no parecía muy satisfecho, y se dejó en esos meses un 4,15 %, hasta bajar a los 7699 puntos. Aznar, el patriarca de los presidentes del IBEX 35 y baluarte de la beautiful people, acudió a la sesión de investidura de Zapatero el 15 de abril. Joan Puigcercós i Boixassa, de ERC, previendo la candidez con la que Zapatero conquistaría los oídos a una desesperada población, le abrió un mapa con coordenadas claras y precisas: «El control sobre el poder económico se ha basado en la concentración de este en pocas manos y solo ha tenido como límite aquellas que escapaban de ese control. Así, hoy la mayoría de las empresas que antaño eran públicas y a posteriori fueron privatizadas, y específicamente las de mayor interés estratégico, están dirigidas por el entorno del anterior Gobierno. En segundo lugar, y precisamente desde esta acumulación de poder en sectores estratégicos, que a menudo gozan de situaciones de monopolio, se ha llevado a la práctica el control de muchos medios de comunicación. En esta etapa la manipulación de los medios públicos ha llegado a extremos inconcebibles en una sociedad abierta del siglo XXI. En tercer lugar, la voracidad del aznarismo ha llegado incluso a un poder del control judicial que ha puesto en entredicho el pilar básico de la sociedad democrática: la división de poderes. El secuestro de la independencia del poder judicial ha sido flagrante en estos últimos años. El lamentable esperpento del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, a las órdenes y al dictado del futuro profesor de Georgetown, la permanente actitud provocadora y poco seria del presidente del Tribunal Constitucional o el acoso y finalmente derribo del fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo, han escrito las páginas más negras de la justicia desde el franquismo».

Puigcercós azuzó a Zapatero, que tuvo que sacar su manual de Anthony Giddens[146]; buscó por la S hasta que encontró la palabra socialdemocracia, y le recitó la definición actualizada: «Creceremos más y de una manera más sólida si recuperamos mucho terreno de libertad económica, si recuperamos mucho terreno de igualdad de oportunidades, si recuperamos lo que debe ser una competencia real frente a un proceso de acumulación de monopolios en distintos sectores. Tenga por seguro que mi Gobierno va a fomentar la competencia y, desde luego, no va a favorecer los intereses de oligopolios y las tendencias que hemos visto en los últimos tiempos».

En la tribuna de invitados, su mujer, Sonsoles, congratulada por el buen hacer de su marido respiró aliviada cuando Manuel Marín, con la solemnidad que exigía el momento, anunció que el candidato a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había conseguido 183 votos a favor de su investidura (PSOE, ERC, IU, CC, BNG y CHA), 148 en contra (PP) y 19 abstenciones (CiU, PNV, EA y NaBai). El episodio más truculento de la historia reciente pareció cerrarse con la frase final de Marín: «Otorgada la confianza del Congreso de los Diputados».

Zapatero se comprometió con los grupos que le habían apoyado, en especial los nacionalistas, gracias a los cuales el PSOE gobernaba en Cataluña: «Señoras y señores diputados, desde distintas comunidades autónomas se han adoptado iniciativas de reforma estatutaria. Quiero dejar clara mi posición: reformar los estatutos es optar por vivir dentro de ellos, es aplicar la Constitución y, en consecuencia, apoyaremos las propuestas de reforma. La legitimidad de las reformas estatutarias solo tiene para nosotros dos condiciones: el respeto a la Constitución y su aprobación mediante mayorías que supongan un amplio consenso político y social». Entre otros compromisos, incidió en aumentar el presupuesto de infraestructuras para Cataluña.

El debate de investidura no logró centrar en un punto fijo los problemas que atravesaba el país. Era imposible, con las heridas todavía abiertas de los atentados del 11 de marzo que acabaron con 191 personas. Los grupos se debatían entre la efervescencia del crecimiento económico y el debate sobre el terrorismo en un mundo globalizado. Es más, Zapatero no dudó en afirmar que «no es una mala herencia económica la que hemos recibido». Con todo ello, quedó opacado el diagnóstico de Puigcercós. ¿Era la situación tan grave como comentaba el diputado de ERC?

Sin querer restar crédito a las palabras optimistas de Zapatero y sus deseos, es en el análisis posterior donde se puede evaluar lo efectiva que fue su estrategia. Por ejemplo, trasladémonos en la máquina del tiempo a tres años después, en 2007, en plena efervescencia económica y con el viento de cara del pujante sector de la construcción. En el mapa que aparece a continuación se muestran, en forma de puntos, los exmiembros de la administración del Estado ligados a empresas en las que participan como consejeros. Para empezar, se habían reducido en número respecto al año 2000. Habían pasado a 54, un 13 % del total. Mas ¡diantres!, eran pocos, pero bien colocados: Blesa se movió y cambió de buque y ACS se había colocado en el centro, con consejeros muy bien situados. El escudero de Aznar pasó a la competidora FCC de las Koplowitz. Pero no era fiel solo a FCC y, como el Hombre de Vitruvio de Da Vinci, el presidente de Caja Madrid extendía sus brazos a los consejos de Mapfre, de FCC y de Iberia y había dejado hacía poco el de Endesa tras la OPA de ENEL. En Endesa llevaba desde el año 2000 y era presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones, asegurándose un cierto control sobre los altos dirigentes de la compañía. En 2007, con Zapatero en el poder, era el alto funcionario con más asientos en el IBEX. Era uno de los «cinco magníficos» con tres puestos en el IBEX, junto a Javier Echenique Landiribar (ACS, Abertis y Repsol), Antonio García Ferrer (ACS, Abertis y Fenosa), Pedro José López Jimenez (ACS, Indra y Fenosa), Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Banesto, Cintra y Ferrovial), Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (ACS, Acerinox y Fenosa) y su predecesor en Caja Madrid, Jaime Terceiro Lomba (Iberia, Sogecable y Unión Fenosa). Si Blesa acercaba a las Koplowitz la caja madrileña, Florentino, entonces el centro geodésico del IBEX, se movía a los brazos de Emilio Botín, poniendo como consejero a Joan-David Grimà Terre (director general del banco). No obstante, entre Blesa y Florentino quedaban algunos lazos de intereses comunes.

Si Florentino quería contactar con el hombre de confianza de Aznar, podía utilizar a Marcelino Oreja Aguirre, con el que coincidía en el consejo de FCC. Oreja había sido diputado del PP en 1983, fue una de las figuras estrella del congreso de refundación del PP, tras el cual salió con una de las vicepresidencias. Aznar posteriormente anunció que sustituiría a Abel Matutes como comisario europeo, siendo nombrado comisario de Transportes y Energía. En 1999 dejó su cargo. Además de FCC, en la que coincidía con Blesa, Oreja tenía tiempo para ser presidente de Acerinox, donde encontraba a otro Aguirre, a José María Aguirre González, que compartía con Florentino asiento en ACS. Aguirre había sido procurador en las Cortes franquistas y vicepresidente de Banesto, donde su padre había sido presidente hasta 1984, hasta que Conde le desplazó a la constructora Agroman, constructora que su padre había fundado. En 2007 era también presidente del Banco Guipuzcoano. Pero sin contar los lazos indirectos, la «casa Aznar» en 2007 se extendía a lo largo de 13 empresas, con actividad en energía, medios de comunicación, bancos, constructoras y líneas aéreas. Las preferidas, las de energía, donde tenía hombres y mujeres en Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica y Gamesa. Para tal hazaña no necesitaban muchas manos, pues bastaba con unos pocos, eso sí, de fiar (ver Gráfico 4 en pliego central).

El grupo de Aznar seguía su rumbo fijado por el patriarca, y en los estratégicos medios de comunicación había posicionado, muy acertadamente, a Rodolfo Martín Villa en Sogecable, la empresa dueña de Canal + y Vía Digital, y propietaria de la mayoría de derechos de clubes de fútbol. Por si no fuera suficiente, Manuel Pizarro, después de ser defenestrado en Endesa, pasó a ser consejero de Telefónica, aunque solo duró un año. Podía así acompañar la gestión de César Alierta, puesto por Aznar. Ambas eran, no obstante, empresas que emitían en televisión de pago. Para colocar algún tipo de mensaje en una televisión en abierto, la «casa Aznar» contaba con Pedro Antonio Martín Martín, secretario de Estado de Comunicaciones de 1998 a 2000 y diputado en la séptima legislatura. Había sido ya un peón de Aznar en los medios de comunicación, fue postulado para la presidencia de Hispasat en 2000, y en 2002 saltó a la presidencia de Admira, filial de Telefónica. En Antena 3 entró un año más tarde, en 2003, y se mantuvo hasta 2009.

El transformismo económico con Zapatero:
las constructoras se hacen socialdemócratas
y empiezan a producir kilovatios

El 9 de enero de 2006 se cumplían diez años de la muerte de François Mitterrand, el padre de la socialdemocracia europea. Ese día, frente a su monumento, Jacques Chirac, su sucesor al frente de la República Francesa, depositó una corona de flores ante la estatua del «único presidente del Partido Socialista» del país. Le acompañaron el entonces líder de los socialistas franceses, François Hollande, y exministros socialistas como Lionel Jospin y Laurent Fabius. Este último recordó una frase del expresidente, que advertía que «en general, el buen socialista (para la derecha) es el socialista muerto». El exministro, añadiendo un tono premonitorio, advirtió a los presentes y no presentes: «Hay que intentar que haya socialistas vivos». Cuatro meses después, el 5 de abril de 2006, una vela se apagó en el Cimetière des Grands-Maisons del municipio francés de Jarnac, mientras Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CC. OO., diputado socialista y presidente de la Comisión de Economía y Hacienda daba luz verde al proyecto de ley que establecía la derogación de la «acción de oro». Era el instrumento utilizado por Mitterrand para preservar el control de empresas estatales en los ochenta, y que imitó el PSOE de González para evitar la compra de estas empresas una vez privatizadas. Europa presionaba para abolir este privilegio y el PSOE aceptaba abrir la veda para el control de Endesa y Telefónica, las últimas con «acciones de oro».

A 1200 kilómetros de París, el principal referente de la socialdemocracia europea de entonces, parapetado tras los muros infranqueables de la Moncloa, se sentía vivo y bien vivo. Eran otros tiempos, y sus promesas electorales y alianzas con los nacionalistas vascos y catalanes estaban provocando un torrente de efectos no deseados: el 6 de enero se decreta arresto domiciliario y sustitución del teniente general José Mena Aguado, jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, por el discurso pronunciado en la Capitanía General de Sevilla, con ocasión de la Pascua Militar. Señalaba que, no solo el término Nación, sino que «el hecho de que en una autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría en las fuerzas armadas a regular los destinos a esa autonomía de la misma forma que actualmente se regulan los destinos en el extranjero». Por si no faltaran frentes, el 17 de enero se prohibía la celebración del congreso de la ilegalizada Batasuna y el juez Marlaska prolongaba dos años más su ilegalización, y Otegi, al frente, se sobreponía al veto con un acto multitudinario frente al Bilbao Exhibition Center. El 21 de enero, Zapatero se reunía con Artur Mas y rubricaban un acuerdo sobre la propuesta de reforma del Estatut de Catalunya, que preveía la creación de una Hacienda catalana y la inclusión del término Nación. ERC, valedora del Gobierno central y contraria a los términos del pacto, anunciaba, con la cabeza girada, que a partir de entonces apoyaría al PSOE solo en cuestiones puntuales. Mientras tanto, los papeles de la Guerra Civil ubicados en el archivo de Salamanca partían finalmente rumbo a Cataluña, bajo gritos e insultos de los presentes. Atrás quedaban los litigios y las pancartas de los agraviados miembros del PP, que trataban de pegar con plastilina todo lo que acontecía, dando por sentado que aquello eran muestras de la desintegración de España. Ocho días después, y en dos jornadas consecutivas, ETA hacía estallar sendos artefactos explosivos en una sede de Correos en Álava y en la sede del INEM en Vizcaya. Rajoy, reconvertido en promotor de revueltas «populares», anunciaba la recogida de firmas para la convocatoria de un referéndum con la siguiente consulta: «¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?». Llegado febrero, Ibarretxe anuncia el inicio de negociaciones con ETA, antecediendo el anunciado alto el fuego en marzo. Ese mes, Zapatero se muestra cercano a Otegi: «Es líder de la izquierda abertzale y ha tenido un discurso por la paz y por abrir una etapa política distinta en Euskadi, palabras que ahora requieren hechos en la misma dirección». Sería el precedente para los encuentros entre PSOE, ETA y PNV para abordar el cese definitivo. Después de estos movimientos, el aparato político-mediático afín al PP, bramando y con ojos desencajados, dedicaba una extensa obra lírica al proceso y a su, según ellos, promotor, el señor «zETApé».

A todo esto, surgían avezados empresarios que, observando de lejos la berrea política, se acercaban sigilosos a las otrora empresas públicas que habían ido perdiendo poco a poco sus acciones de oro: el 6 de febrero y el 3 de abril vencían las golden share que el Gobierno mantenía sobre Repsol e Iberia. Pero el Gobierno tenía prisa, y en enero, anunciaron que derogarían las de Endesa y Telefónica, que caducaban un año después. Dicho y hecho, el Gobierno anunciaba el 3 de febrero de 2006 que aceptaba la OPA de Gas Natural sobre Endesa, exponiendo veinte condiciones. Los miembros de la «casa Aznar», comiéndose las uñas, asistían desesperados al espectáculo. El consejo de administración de Endesa liderado por Pizarro, uno de los suyos, había repelido dicho ataque de los catalanes. En cambio, Zapatero quería entregar el botín, nuevamente, a los catalanes.

Malintencionados navegantes, ponían el dedo en la llaga, y señalaban maniobras subterráneas en la operación como la condonación de deudas de La Caixa (accionista de Gas Natural) con el PSC, o maniobras políticas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para dar luz verde al proyecto. También apuntaban al jefe de la Oficina Económica, Miguel Sebastián, a quien señalaban su papel protagonista en las desventuras de la empresa de energía. Para hacer más difícil la apuesta de Gas Natural, E. ON, empresa alemana, presentó una oferta que superaba la presentada por la gasista catalana: 27,50 euros por acción de Endesa, un 29,1 % más que la oferta de Gas Natural. En abril el Tribunal Supremo anula el Consejo de Ministros que autorizaba la OPA de Endesa, y la pugna se traslada a la CNE. A la liza en el Tribunal Supremo se une un juzgado de lo mercantil de Madrid que ordena suspender de manera cautelar la OPA por un supuesto pacto colusorio entre Iberdrola y la gasista para hacerse con Endesa. Por si faltaran pocos, la Comisión Europea (CE) decide dar un golpe sobre la mesa y aprueba la OPA formulada por E. ON sobre Endesa sin condiciones. El 27 de julio, la CNE aprueba la OPA de E. ON sobre Endesa con diecinueve condiciones y obliga a la compañía alemana a desprenderse del 32 % de los activos para continuar con la operación. Wulf H. Bernotat, el presidente de E. ON deslizaba un «Sieg» (victoria), y Angela Merkel se contenía, sin mucho atino, anunciando a finales de agosto que «hay algunos problemas que resolver, pero el proceso va por buen camino»[147].

El verano llegaba a su fin, y mientras miles de alemanes despegaban del Aeropuerto de Mallorca rumbo a casa, en la televisión se anunciaba un bofetón al orgullo germano: Acciona, una empresa constructora, entraba en la batalla comprando un 10 % de la eléctrica por 3388 millones de euros. En las filas socialistas no podían contener la alegría y la letra E de la sede de Ferraz amenazaba con explotar de fervor. En León, el presidente del consejo comarcal, Ricardo González Saavedra —cuyo carbón entraba en la negociación, pues era condición para aceptar la OPA de unos y otros—, explicaba orgulloso el carácter patriótico de la operación: «Que una empresa española entre en el accionariado de Endesa para fortalecer su carácter español siempre es bueno y más si al final consigue el tanto por ciento necesario para evitar la OPA de E. ON». Y, por si no fueran suficientes los argumentos, atacaba al PP, opuesto a la operación, con otro más contundente: «Me gustaría saber qué dicen ahora con esta operación y si son capaces de criticar que el Banco Santander la avale. ¿O es que Cantabria no es España?». El político socialista se refería al avalista de la operación, el Santander. Lo que no explicaba era que el banco, aunque tenía sede en Santander, era un banco propiedad de bancos custodio y de inversión estadounidenses, y subsidiario de JP Morgan en España desde 2003. Era Judith infiltrada, camuflada de rojo y con acento santanderino.

Los aliados de ZP: barones y constructores
patrios buscan ser Rockefeller

La operación con Endesa hizo visibles los ases con los que jugaba Zapatero: las constructoras y las financieras. El presidente socialista era consciente del productivo negocio resultado de la alianza entre el sector financiero y el de la construcción en el país. Un matrimonio forjado a base de hipotecas y promociones inmobiliarias que permitía a ambos repartirse suculentas plusvalías al albor de las infraestructuras y las viviendas. Zapatero y las constructoras disfrutaron al anunciar que 2006 era el año apoteósico, España era una fiesta: es el momento de mayor apogeo en décadas, en el que la construcción de viviendas superó las 600 000 viviendas anuales, y en 2005 y 2006 las 604 345 y 737 186 viviendas respectivamente[148] y la tasa de desempleo cerraba 2006 con el nivel más bajo desde 1979 (8,3 %). La economía crecía y el PIB per cápita amenazaba con superar al italiano. El orgullo rebosaba los corazones socialistas.

En Ferraz, los constructores eran recibidos con los brazos abiertos, y los Entrecanales, empresarios sevillanos de origen vasco, declaraban su credo socialista a los cuatro vientos. Gracias a la alianza con el PSOE, los Entrecanales, una saga de constructores cuya fama comenzó con la construcción del puente de San Telmo en 1928, conseguían erigirse como principales accionistas de Endesa, lo que les daba acceso a la presidencia de la mayor empresa eléctrica. No eran los únicos: Florentino tenía en su poder Unión Fenosa y una participación importante en Iberdrola (con la cual controlaban también Gamesa), y Sacyr controlaba Repsol, de la cual tenía un 20 % y la vicepresidencia de la compañía. Para financiar tales operaciones de compra cada una tenía detrás a un acompañante: Acciona al Santander; Florentino a Bankia y al Santander[149]; y Del Rivero, al ICO[150] y a Santander[151]. Botín empujaba y alentaba a los constructores y mientras tanto todos disfrutaban de una suculenta dote: dividendos para constructoras y un beneficio asegurado para las financieras. En 2006 se marcaba récord de dividendos, 23 084 millones de euros en el ejercicio 2006, un 20,71 % más que en 2005, y tres veces más que en el pico alto de la época Aznar. Un dividendo que tenía dos grandes contribuyentes: Santander (12,5 % del total, 2800 millones de euros) y Endesa, que aportaba hasta completar una cuarta parte. En el conjunto, eléctricas, gasistas y bancos, salían ganando por sectores, con un 20 % y un 26,5 % respectivamente. El esquema lo explicaba el presidente de Sacyr, Luis del Rivero, vicepresidente subsidiado por Santander, de Repsol: «La financiación de esta inversión es como la concesión de una autopista, que se paga a sí misma». En concreto, consistía en que el cobro de dividendos hiciera frente a los intereses, y la revalorización de los títulos comprados permitía tanto a la empresa como al banco confiar el uno en el otro. Además, el cambio de tratamiento contable del fondo de comercio ayudaba a que salieran las cuentas. Todo funcionaría bien mientras la burbuja siguiera creciendo.

Era tal la apuesta por el sector de la energía que en Abengoa estaba el hermano del cerebro económico de Zapatero: Carlos Sebastián Gascón, hermano de Miguel Sebastián, que entró en el consejo en junio de 2005. Otros conocidos del PSOE en Abengoa eran José Terceiro Lomba, valedor del PSOE en Caja Madrid hasta 1996, o Ignacio de Polanco Moreno, hijo de Jesús de Polanco, presidente de PRISA y de El País. Abengoa era propiedad de la familia Benjumea, y había nacido extendiendo la infraestructura eléctrica por Andalucía. En 2006, daba el salto completo, y finalizaba la construcción de la mayor central solar termoeléctrica del mundo «utilizando tecnología de torre y campo de helióstatos con 11 MW de potencia eléctrica así como una central fotovoltaica de doble concentración de 1,2 MW de potencia. Estas plantas están situadas en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y forman parte de una futura plataforma de instalaciones solares termoeléctricas y fotovoltaicas que tendrá una potencia superior a los 300 MWe»[152]. Habían sido ya pioneros en bioenergía, a partir de la producción de bioetanol, y en 2006 se jactaban de ser el primer productor europeo de bioetanol. Faltaban aún cinco años para que, en 2011, Miguel Sebastián como ministro de Industria anunciara el Plan de Energías Renovables que suponía una inversión para el Estado de 1260 millones y para el sector privado de 23 250 millones de euros. Entonces, Abengoa, lejos de la carrera de las eléctricas, se conformaba con dividendos menores en 2006 de 13 millones y medio de euros.

Pero Miguel Sebastián, futuro ministro de Industria en 2008 y valedor de las energías renovables, sabía que el matrimonio entre las viejas constructoras y las eléctricas tenía los días contados. No obstante, siguió engordando la cuenta de resultados de los constructores por la vía beneficio de las eléctricas: a Florentino, al que en 2006 se le adjudicó la construcción de Castor, en 2008, Sebastián le ayudará firmando el Real Decreto 855/2008 que otorga la concesión a Escal UGS, y que establecía una compensación incluso en caso de dolo o negligencia. El ministro se defendía en una entrevista con El Periódico en 2014, mes en que el Estado indemniza a ACS con 1350 millones: «Esa cláusula venía tramitada del equipo anterior. Yo entro el 14 de abril y el decreto con esa cláusula se aprueba en mayo»[153]. Otro punto fueron los 3400 millones que supuestamente perdonó a las grandes eléctricas en concepto de liquidación de los CTC (costes de transición a la competencia) en vez de exigir su devolución al Gobierno, y que entonces investigó la fiscalía. En la misma entrevista también se defendía de este ataque: «Desconozco que hubiera ningún informe de que se les había pagado de más, pero sí sé que del 2006 al 2010 no han recibido nada. Si se les pagó más antes, no lo sé, pero se les dejó de pagar cuatro años, una cosa compensa la otra».

Pocos sabían que aquel matrimonio entre constructoras y eléctricas tenía las horas contadas. Y entre aquellos que lo sabían, estaban dos asesores cercanos a Zapatero: Miguel Sebastián y David Taguas. No solo lo sabían, sino que lo habían publicado en 2002, en un informe del Servicio de Estudios del BBVA, en el que preconizaban que la burbuja inmobiliaria podía ser incontrolable si no cambiaban las cosas: «La dinámica de los fundamentales económicos y la desaparición del “efecto euro” sugerirían una importante moderación de los precios de la vivienda en 2003, que deberían aproximarse paulatinamente al crecimiento del IPC. El mantenimiento de unas tasas de crecimiento de los precios inmobiliarios como el que ha tenido lugar en los últimos trimestres, conduciría a una “burbuja” inmobiliaria de difícil sostenibilidad»[154].

De ser los redactores del informe pasaron a ser asesores de Zapatero. Taguas daba clases de Econometría en la Universidad Carlos III en Madrid y de Macroeconomía en ICADE y en la Universidad de Navarra. Hasta 2006 fue subdirector de Estudios del BBVA. Ese año, el 6 de noviembre, fue designado director de la Oficina Económica del Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, con rango de secretario de Estado, en sustitución de Miguel Sebastián. Un año y medio después pasaba a liderar SEOPAN, la patronal de las constructoras. Por su parte, Sebastián trabajó con Carlos Solchaga en el Ministerio de Hacienda y en el Servicio de Estudios del Banco de España. Desde finales de 1999, ejerció como director del Servicio de Estudios del BBVA. Fue uno de los que apoyaron a Zapatero en el congreso de 2000, y en 2003 se conformó con ser uno de sus asesores económicos. En 2004 fue designado director de la Oficina Económica del Presidente, la renombrada Oficina del Presupuesto en legislaturas anteriores, un organismo que luchaba por el control de la política económica con el Ministerio de Economía de Pedro Solbes.

La estabilización del precio de la vivienda que preconizaban Sebastián y Taguas se produjo, parcialmente, y a partir de 2003 el incremento de los precios de la vivienda se fue reduciendo de un 18,5 % anual en 2003, a un 17,2 % en 2004, un 12,8 % en 2005, y un 9,1 % en 2006, y un 4,8 % en 2007. En cifras globales, el precio se incrementó durante la primera legislatura de Zapatero de 1618,0 euros el metro cuadrado en 2004, a un precio máximo de 2085,5 en 2007, año de desaceleración del sector.

El IPC, en cambio, se movió menos: del 3,1 en 2004, a 3,4 en 2005 y 3,5 en 2006, y una bajada al 2,8 en 2007, para subir al 4,1 en 2008. Los precios de la vivienda seguían subiendo muy por encima del IPC, algo que Taguas y Sebastián veían como indicador de un riesgo sistémico. Ese mismo año, con la crisis subprime azuzando en EE. UU. y llevándose por delante numerosas entidades financieras, en 2008, se producía el desembarco de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria. Su primera medida bajo su mandato: las primeras subastas de energía bajo el régimen de libertad de mercado, para regocijo de constructores patrios.

Los «Grandes» banqueros autonómicos unen
al PP y el PSOE en el IBEX: Bancaja, Unicaja
y Caja Madrid se pelean por el barret de banquer

Dos exaltos cargos de comunidades autónomas se movían por el IBEX 35 con total desenvoltura. Aparecían en las reuniones de los consejos de administración, en las juntas de accionistas y en comidas como si fueran uno más. Debían pensar que, si ministros y burócratas se habían podido disfrazar de grandes empresarios, también ellos podían ajustarse adecuadamente el sombrero de copa. Evidentemente, su mirada estaba fija en Josep Vilarasau Salat, inspector de Hacienda, y director general en el Ministerio de Hacienda entre 1969 y 1974. Salat, el todopoderoso presidente de La Caixa, empezó en el Ministerio de Hacienda, dirigido por Alberto Monreal Luque, el protegido del opusiano López Rodó, y fue un trampolín para pasar a la dirección general de CAMPSA en 1974, controlada por el Estado, y finalmente a la Dirección General de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona en 1976. Carrera meteórica para el primo, el menos rico y carismático de los Salat, pues su primo procedía de una familia burguesa acaudalada, era fundador de la patronal de los empresarios, la CEOE, y en 1978 proponía por doquier mayor liberalización de la economía, acusando a la ley de acción sindical en la empresa de la UCD como «el más duro ataque sufrido por la economía de mercado libre en Europa occidental». Josep Vilarasau, como Juan Antonio Samaranch (presidente honorífico y consejero de La Caixa), había sido tecnócrata del régimen franquista venido a alto directivo de La Caixa, los dos preocupados primero por el objetivo social que perseguían las cajas de ahorros; y, casualmente, también interesados en empresas de energía y química, como Gas Natural y Ercros, donde habían sido consejeros. Ambos eran recibidos con honores por Gobiernos de uno y otro signo y con Zapatero no iba a ser menos: ahí seguían en el IBEX 35, uno en Gas Natural y el otro en Aguas de Barcelona, ambas participadas por La Caixa.

Tales antecedentes hicieron que José Luis Olivas y Braulio Medel Cámara se preguntaran por qué los presentes no les consideraban como iguales, pues eran presidentes cada uno de una caja de ahorros y consejeros en eléctricas. Olivas también había pasado por el Estado, aunque ayudado por el partido, primero la UCD, después el PP. Sí, tenía que aceptar que no tenía el laurel de un alto cuerpo del Estado, pero era abogado y había ganado muchas elecciones. Fue secretario de Organización de la UCD en Valencia y elegido edil del Ayuntamiento de Valencia por la UCD tras las primeras elecciones de la democracia. Pasó al PP y fue diputado autonómico en dos ocasiones, en las elecciones que darían al PP la Generalitat Valenciana en 1995; y en 1999, momento en que pasa a ocupar la vicepresidencia, para saltar después a presidencia, tras la salida de Eduardo Zaplana. Fue durante un año el presidente de la Comunidad Valenciana. Después de las elecciones de 2004 pasa al olimpo financiero público-privado al ser nombrado presidente de Bancaja y, en términos prácticos, se convierte en uno de los grandes propietarios del país. El conquense adoptado como valenciano podía presumir, además, de estar conectado directamente con el Carrer de Quart 102, la sede del PP valenciano y filial con plenos poderes de Génova 13.

José Luis Olivas, nacido en el pequeño municipio conquense de Motilla del Palancar, se hizo valenciano en Madrid, cuando entró a trabajar en el despacho de Emilio Attard Alonso, diputado de la UCD por Valencia en las primeras elecciones democráticas. Junto a él salió elegido también diputado Fernando Abril Martorell, el valenciano poderoso por excelencia, vicepresidente de Suárez y ministro, que pasó luego a la vicepresidencia del Central Hispano y al consejo de CEPSA. Quiso imitar los pasos de Abril, para superar a los cosmopolitas Isidre Fainé o Miguel Blesa, pues también quería ser el último propietario (ya que era el responsable de una caja sin accionistas y, por tanto, último eslabón) de acciones de grandes empresas de energía. Contaba, como Abril, con la garantía de tener un respaldo político detrás, después de veinte años de militancia en el PP y unos cuantos cargos en el Gobierno valenciano. En cuanto a participaciones en eléctricas, tenía un 6,033 % en Iberdrola, algo menos que Florentino Pérez, con un 7,221 %. Su caja, Bancaja, paseaba por el IBEX 35 enseñando sus beneficios. En 2005 declaraba unos beneficios de 254 millones, y en 2006 de ¡675 millones! Aquellos beneficios habían pasado del 0,58 % de sus activos, a un 1,19, prácticamente duplicándolos. Era una reina del sector inmobiliario, a través de su sociedad Cartera de Inmuebles SL que tenía en posesión 3,3 millones de metros cuadrados de techo, un 2,9 % del suelo comercializado. Se subía a la ola de la subida de precios de la era Zapatero: Valencia era, detrás de Madrid, la segunda comunidad autónoma con un precio más elevado del suelo en 2007: los 585 euros/m2 de Madrid, frente a 374,1 euros/m2 de Valencia[155]. Pero, según su memoria de 2007, estos no eran sus únicos destinos y mercados: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana. Olivas no se contentaba con esto y amplió los negocios de la caja controlada por el PP con proyectos en Cancún, Playa del Carmen y Baja California Sur (México), Praga (República Checa) y Miami (EE. UU.). Los negocios eran tan internacionales que tenían sociedades dependientes en paraísos fiscales, tres en las islas Caimán (Bancaja International Capital Ltd, Bancaja International Finance Ltd y Bancaja Eurocapital Finance Ltd).

Le sobraba tiempo entre una y otra operación para ejercer de prestamista a partidos, y en 2006 acreditaba préstamos por valor de 3,2 millones con el PSOE, de 173 000 euros con el PP, 195 000 con Esquerra Unida y 191 000 con el Bloc Nacionalista. Y para ayudar a la política energética del país, le sobraban fuerzas para adquirir 2055 millones de euros en derechos de cobro por compensación del déficit tarifario que estaban en los activos de Iberdrola, Hidrocantábrico y Unión Fenosa. Pero en Valencia también pensaban en promover la cultura y el ocio y Bancaja era dueña del 24,23 % del parque Terra Mítica y del 33,3 % de Valmor Sports SA, sociedad promotora del Gran Premio de Europa de Fórmula 1. Todos pueden recordar la imagen del presidente de la Generalitat y Rita Barberá, sonrientes, a bordo de un flamante Ferrari. No era para menos, pues la caja valenciana era un Ferrari de las aventuras empresariales.

Es más, en el olimpo del poder económico, el IBEX 35, José Luis Olivas se movía como pez en el agua: Bancaja era accionista en Iberdrola (pasó del 1,1 % en 2006 al 6,03 % en 2007), Enagás (5 %), Abertis (2,88 %) y en NH Hoteles (5,1 %), y su presidente era vicepresidente de Enagás y consejero en Iberdrola y Abertis. En estas dos coincidía con un supuesto oponente político, aunque con características muy similares: Braulio Medel Cámara, consejero en Abertis y en Iberdrola y presidente de Unicaja, la caja andaluza. Más allá, el andaluz también había pasado por un partido político antes de llegar a la caja. Había sido viceconsejero de la Junta de Andalucía entre 1984 a 1987 con el socialista Manuel Chaves. Pero, como José Luis Olivas, ahora era un oligarca del IBEX.

La mayor de las cajas andaluzas, Unicaja, había resultado de la fusión en 1991 de cinco cajas andaluzas. Tenía unos activos en 2007 de 27 674 millones, frente a los 99 585 de Bancaja. Era, pues, la hermana pequeña andaluza, aunque, a diferencia de la primera, pudo sortear su absorción por un gran banco, y sobrevivió como Unicaja Banco. En los órganos de gobierno de la caja andaluza había un abanico de miembros de los partidos andaluces (por la cuota correspondiente a corporaciones municipales y autonómicas), además de Braulio Medel, pero actuaban como una gran familia. Desde el vicepresidente, el eurodiputado Juan Fraile (PSOE), a los consejeros: la exaspirante a alcaldesa de la ciudad de Málaga por el PSOE, Marisa Bustinduy, diputada del PSOE en el Parlamento andaluz (y madre del diputado de Podemos, Pablo Bustinduy); el alcalde de Antequera, Ricardo Millán (PSOE); el concejal de Transportes de Málaga, Juan Ramón Casero (PP); el diputado nacional Manuel Atencia (PP); el edil de Urbanismo de Cádiz, José Loaiza (PP); o Ildefonso del Olmo, del Partido Andalucista. Con el PSOE andaluz siguió teniendo relación, ya que pertenecía al Consejo Rector de IDEA, dependiente de la Consejería de Empleo, e involucrada en el caso de los ERE falsos. En 2014 Medel fue imputado, después de suceder lo mismo con Magdalena Álvarez, cuya tesis doctoral él había dirigido. A esta acusación se sumaba el presunto pago de Unicaja a Ausbanc y Manos Limpias para evitar la imputación de su presidente en la causa de los ERE, donde Manos Limpias y Ausbanc se personaron como acusación.

Por la propia dimensión de la caja, su entrada en el IBEX no fue tan deslumbrante como la de su homóloga valenciana. Participaba en Iberdrola con un 1,85 %, y en Sacyr, con un 1,06 %. En ambas fue reduciendo su participación, obteniendo buenas plusvalías. A finales de 2005, la caja malagueña tenía el 2,17 % de Sacyr, y en 2006 un 3,08 %. No obstante, su presidente tenía un radio de acción mayor al de las participaciones de la caja, tenía las puertas abiertas en los consejos de administración de varias sociedades, en Iberdrola y Abertis. No sería justo minusvalorar las cualidades de Braulio Medel, doctor en Económicas, pero su posición, como la de muchos otros iguales, tenía mucho que ver con su presidencia en una caja, y también con el partido que lo apadrinó, el PSOE, con el que Unicaja tenía un préstamo de 1,68 millones, sumado a otro con IU de 1,85 millones. Además de esto, las cajas, por su naturaleza, tenían un rol fundamental en la financiación de municipios y corporaciones; de ahí la participación de aquellas en el consejo y la asamblea. Así, Unicaja tenía préstamos con la Junta de Andalucía por 105 millones, de 12 millones con la Diputación de Málaga, de 11 millones con el turístico municipio de Torremolinos, y otros como los 6,60 millones con Chiclana, 5,44 millones con Cádiz y 5,20 millones con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. La relación de las cajas con el mundo de los partidos políticos era, por tanto, moneda corriente.

Otra de las cajas que se subían al carro de las eléctricas era Cajastur, la caja de Asturias, que tenía el 5 % de Enagás, y también un 5 % de Indra. Con Enagás le unía además su condición de prestamista, con una línea de crédito de 6 millones, un préstamo por valor de 30 millones y una línea de avales de 12 millones. El presidente de la caja, Manuel Menéndez Menéndez, compartía con José Luis Olivas, vicepresidente de Enagás, un asiento en el consejo de la gasista. Pero no tenía nada que envidiar a sus primus inter pares, pues la caja asturiana había salido de compras en eléctricas del extranjero, y tenía el 5,63 % en Electricidade de Portugal (EDP). Junto a Manuel Menéndez, estaba siempre la vicepresidenta de Cajastur, un tótem del PSOE. Paz Fernández Felgueroso empezó militando en el partido de Tierno Galván y fue peón del partido en Telefónica. Desde 1987 fue elegida diputada en el Parlamento de Asturias y participó en el Gobierno autonómico de Pedro Silva (PSOE) llevando la cartera de Industria. En 1991 da el paso a la política nacional y se convierte en secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias bajo el mando del ministro del Interior, José Luis Corcuera. En 1999 vuelve a la política asturiana y consigue la alcaldía de Oviedo, ayuntamiento en el que regirá durante doce años, simultaneando el cargo con la vicepresidencia de la caja. Tenía, pues, atada en corto a la caja del principado. Era una caja más pequeña que Unicaja, con 14 654 millones en activos, pero no se achantaba ante Olivas y Medel.

Otras más pequeñas no se quedaron atrás, y entraron en Enagás agrupadas. Es el caso de Caja Badajoz, Caja Castilla-La Mancha, Caja General de Granada, Caja Sol y Caja Murcia. A la sombra de la sociedad Atalaya Inversiones, entraron en el capital de la gasista con un 5 %. Allí podían mirar a todos por igual, a La Caixa, quien con un 5 % de las acciones había puesto al presidente Salvador Gabarró Serra en su consejo, a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que también participaba con un 5 %, y el resto de las cajas con un 5 %. Las cajas estaban a gusto bajo el calor de la gasista liderada por Antonio Llardén Carratalá, un alto funcionario del Estado devenido en ejecutivo de Gas Natural. Enagás, la principal compañía de transporte de gas, daba también calor a las cuentas de resultados de las cajas: 238,3 millones de euros de beneficio en 2007, un 10,1 % superior a los 216,4 millones de euros registrados del año 2006. Ese año, por Papá Noel, se llevaban dividendos por valor de 5,632 millones cada caja.

Pero si queremos hablar de grandes oligarcas surgidos al albor de organizaciones partidarias, que extienden sus tentáculos en las finanzas, y de ahí en un conjunto amplio de la economía, y principalmente a las eléctricas, este era Miguel Blesa, el oligarca que participaba en la liga de los Grandes. En la legislatura de Zapatero pasó por los consejos de ACS, Iberdrola, Endesa, Iberia (vicepresidente), FCC y Mapfre. Caja Madrid era el símbolo del nuevo poder financiero de los círculos políticos madrileños, que podían medirse de igual a igual con los catalanes de La Caixa, mucho más discretos con sus conexiones políticas, ya fuera a través de Samaranch, o del alcalde de Banyoles desde 2007, Miquel Noguer, consejero de La Caixa y de Agbar. En 2007, los activos de Caja Madrid eran de 158 854 millones, frente a los 248 496 de La Caixa. La morosidad en la caja de Madrid era superior, un 0,90 %, por debajo de lo exigible, similar al 0,85 de Bancaja, pero mayor que el 0,55 % de La Caixa o el 0,44 % de Unicaja. En 2007, Blesa podía, sin embargo, poner en la frente de Isidre Fainé los resultados del grupo, con un beneficio de 2860,8 millones de euros, tras la desinversión en Endesa en favor de Acciona, que generó una entrada de fondos de 4220 millones de euros. La Caixa presentó la mitad de beneficios, 1505 millones.

A todos ellos observaba, divertido, Isidre Fainé, recién nombrado presidente de La Caixa en 2007, el consejero de oro del IBEX 35 desde hacía décadas, muñidor de operaciones de alta envergadura como Terra y financiero de confianza de Aznar. Él se dedicaba a las altas finanzas desde la torre negra de Barcelona y tenía en su mano la mayor gasista del país, Gas Natural, la gran empresa de gestión de agua Agbar, la segunda mayor participación en Repsol y en Telefónica, y las vicepresidencias en ambas exempresas públicas. Crecido en un humilde hogar manresano, supo hacer buenas amistades en la escuela de negocios IESE de Barcelona, hogar del Opus Dei, organización de la que se dice es supernumerario. Desde entonces, se ha visto catapultado de una institución financiera a otra, desde que recayó en un filial del Banco Atlántico en Paraguay hasta llegar a consejero delegado de La Caixa, mientras, paralelamente ocupaba la presidencia de Acesa en 1989, luego convertida en Abertis. Pero lo más importante es su ascenso como patriarca del IBEX, valedor como los oligarcas autonómicos, pero con una visión y autonomía política propias, adecuadas a su cargo como presidente del Club de Roma desde 2001. En la entrevista concedida a El País, al poco tiempo de ser nombrado para el cargo, dejaba claro su diferencia respecto a otros directivos[156]:

El Club de Roma es un foro de debate sobre los grandes temas que preocupan hoy a la humanidad, como la inmigración, la pobreza, la marginación, la globalización, la sostenibilidad del medio ambiente o los discapacitados, entre otros. El objetivo es sacudir la conciencia de quienes tienen capacidad de decidir, políticos, empresarios, científicos, pensadores y directivos, acerca de la existencia de esta realidad, recordar que existe. Pretendemos que se impliquen más en estos temas. Mediante la participación en los foros de discusión. Estamos desarrollando una serie de encuentros en Madrid y Barcelona, que pronto extenderemos a Valencia y a Bilbao, para discutir estos temas. Tenemos un listado de 46 asuntos que proyectamos tratar, desde el terrorismo a la capa de ozono, pasando por las universidades, los productos transgénicos o la gobernabilidad de Europa. Hay que implicar a la empresa para buscar soluciones. Si me he metido en esto es porque tengo esta inquietud social. No quiero ser un ejecutivo solo preocupado por los resultados de su compañía, que lo estoy.

El rojo del IBEX aguarda su turno en 2007:
el Banco Santander-Chase Nominees
sopla en la nuca a Zapatero

En el amanecer de la crisis económica que azotó las finanzas globales, los Grandes banqueros autonómicos continuaban, impávidos, su vida cotidiana, su agenda y compromisos, que abarcaban desde las reuniones y comidas de negocios al asiento VIP en el circuito de Formula 1 de Valencia, en la Caja Mágica del Masters de Madrid, en los boxes del puerto de Alicante (sede de la Volvo Ocean Race en 2007), o en el palco del Bernabéu o de Mestalla. A veces se sobresaltaban al ver el letrero de La Caixa, tras lo cual, se erguían elegantemente, se ajustaban rápidamente el sombrero de copa, la chaqueta, y testaban en su bolsillo la sobredimensión de su cartera, los billetes de 500 euros y las acciones del IBEX 35. Sí, seguían ahí, se decían, mientras respiraban aliviados. Por si acaso, llamaban a Génova y a Ferraz para trivializar la dimensión de la crisis y, de paso, aclarar varias veces, por si hubiera alguna duda, que ellos estaban en la caja por y para el partido. Entonces se decía y repetía que España no era EE. UU. ni Reino Unido, pero la crisis subprime ya se había llevado por delante en agosto de 2007, a Blackstone en Inglaterra, y el Banco Central Europeo empezó a inyectar dinero en los bancos. Después de todo el terreno ganado a los grandes bancos y a La Caixa, los banqueros autonómicos querían andar con pies de plomo.

Mientras todo esto sucedía, unos discretos individuos avanzaban, con paso sigiloso, por todo el IBEX 35. Un año antes de comenzar la desaceleración de la economía y de que el matrimonio entre cajas, constructoras y eléctricas empezara a flaquear, un gran banco esperaba sentado leyendo el periódico. Era el gran elefante blanco, que ni estaba ni se le esperaba, pero que a fecha de diciembre de 2007 tenía siete participaciones en empresas del IBEX 35 (Cintra, Gamesa, Indra, Mediaset, Repsol, BBVA y Santander; en estos últimos eran los máximos accionistas), despertando la curiosidad de la prensa económica. Un artículo de El Economista los presentaba el 19 de septiembre de 2006: «Sus gestores custodian cientos de miles de paquetes de acciones de grandes fortunas o fondos de inversión extranjeros. Algunos guardan el 9 % de Telefónica, el 5 % de Endesa, el 6 % de BBVA… ¿Todavía no los conoce?».

Así pues, todos se preguntaban: ¿quién es y por qué está en tantas empresas? Evidentemente, todos sabían su nombre legal, pero su máxima autoridad a veces podía ser confundida. En EE. UU. su máxima autoridad era Jamie Dimon, desde el 1 de enero de 2006, primer ejecutivo y presidente de JP Morgan Chase, el banco entonces más grande del mundo. En España, tomaba el nombre de Chase Nominees, y orgánicamente dependía de Enrique Casanueva, su presidente. Aunque, desde 2003, quien gestionaba los activos de JP Morgan, como subcustodio[157], era el Banco Santander, del que Chase Nominees era el primer accionista. El poder del Santander se basaba en que, como mencionaba Ignacio Mainó, de la consultora Novaster, «Santander Investment es el subcustodio español de la mayoría de custodios globales, pero como tal custodio no tiene posiciones propias», explica un portavoz de Santander. Como ven, no es fácil entrever quién era el que invertía en una quinta parte de las empresas del IBEX 35, y manejaba los dos mayores bancos españoles.

Lo que sí era visible era el amor entre el PSOE y el Santander. Y es que en esos momentos Botín no podía sentir más suyo el rojo del Partido Socialista. Había sido la empresa del IBEX con más beneficios en 2007 y la quinta del mundo: 9060 millones de euros de beneficio neto atribuido, un 23 % más que en 2006, lo que había permitido subir el dividendo un 21 % por acción. Y en 2008, conseguía aparecer en la lista Forbes como ¡la primera entidad financiera del mundo por beneficios!, lo gritaba Botín como un quinceañero groupie. En su consejo, no paraba de besar a los grandes hombres de la política económica del PSOE, ahora bautizados con el color rojo del Santander: Luis Ángel Rojo y Guillermo de la Dehesa (uno, el gobernador del Banco de España durante la intervención de Banesto y su venta al Santander; y el otro, el cerebro de las privatizaciones del PSOE en los ochenta). Los números del banco tenían enamorado a Emilio Botín, que sentía una enorme gratitud por Zapatero, por el país y por todo el mundo.

Era un amor de juventud, pero que quemaba como el primer día. El 20 de diciembre de 2006, la Audiencia Nacional había dado carpetazo al caso de las 45 000 cesiones de crédito entre 1987 y 1991 que efectuó el Banco y con las que logró captar 400 000 millones de pesetas (2400 millones de euros). Las cesiones de crédito eran una modalidad de inversión por la cual el banco traspasaba a una tercera persona el riesgo de un crédito contraído con una empresa, sin que se practicaran, en la mayoría de los casos, retenciones a los rendimientos. La jueza Teresa Palacios abrió el juicio en 2004, y acusaba a los directivos del Santander de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros treinta contra la Hacienda Pública. En vísperas de las Navidades, la Audiencia dio carpetazo, y el caso fue sobreseído al entender que en los procedimientos abreviados, que se siguen cuando los delitos están penados con menos de nueve años de prisión, «no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular». Las partes, tanto Fiscalía como las defensas de los imputados, coincidían en pedir que no se iniciara el juicio oral debido a que carecía de legitimidad la acusación encabezada por la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC). El Tribunal, un año después, el 3 de diciembre, archivaba también el caso.

De este modo se entiende que 2007 fuese el año en que el amor entre el PSOE y el Santander pasó de un simple encuentro furtivo a besos y abrazos en público. No había pudor, ni recato, en la pareja, y salía a demostrarlo públicamente. En una comida en las huestes del banquero entre Zapatero y Botín un jueves, 6 de septiembre de 2007, se dedicaban unos a otros elogios, como dos enamorados que no pueden cesar de mandar señales, para que el otro sintiera que era amor verdadero y correspondiera. Querían mandar una señal al mercado de que la pareja funcionaba, y el socialismo financiero tenía todavía recorrido. «El éxito del Santander representa el éxito de España», le dijo, presumido, Botín. «Tienes mi apoyo, el de mi Gobierno y, lo sabes, el de toda la población», le contestó el presidente del Gobierno. Botín, entusiasmado, se entregó a sus brazos: «Estás haciendo un gran trabajo en Economía. Soy optimista respecto a la economía española a corto y a largo plazo».

Hacía cuatro días que había quebrado Blackstone en el Reino Unido y un día antes, el ministro de Economía, Pedro Solbes, había dejado un mensaje poco adecuado: «Hay incertidumbre y eso en economía siempre es malo». La certidumbre, pensaba la pareja, se basaba en la confianza, y eso debían mostrar ambos, confianza, para que la economía, y en particular la del Santander, fuera sana. No era poco, pues, como primera entidad española por capitalización, era determinante para las subidas y bajas del IBEX.

Zapatero en la sede del Santander en Bohadilla del Monte.
6 de agosto de 2007, cuatro días después
de la quiebra de Blackstone.

La pareja tendría que afrontar otro bache un año después, en 2008, cuando saltaba otra causa en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Esta vez se sentaba en el banquillo Rodrigo Rato, su hermano Ramón Rato, Emilio Botín y Alfredo Sáenz (consejero delegado). Se juzgaba la compra del 43,5 % de Aguas de Fuensanta, empresa vinculada a la familia Rato, por la que Banesto (propiedad del Santander) pagó 9,8 millones de euros en 1999. Rato, sin embargo, aportó una prueba que mostraba que fueron otros amantes de Emilio Botín los que actuaron en su favor: la entonces vicepresidenta del Gobierno de Zapatero y secretaria de Estado de Justicia con González, María Teresa Fernández de la Vega. Según diversos medios[158], Rato aportó un documento en el que se exponía que «pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito, pidiendo que no se cursara “acción penal” alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes». En 2010 el caso fue archivado.

Desde entonces, Emilio Botín se apuntó como el más fervoroso simpatizante de Zapatero y la política económica del Gobierno. Pero por si acaso, y viendo cerca las elecciones, Botín no dejaba de regar la planta popular. En marzo se apuntó al almuerzo organizado por Nueva Economía, acudía a ver a Rajoy. Y, si esto no funcionaba, podía soplar la oreja de Abel Matutes y de Isabel Tocino Biscarolasaga, los dos superministros de la era Aznar, fichados en el consejo del Santander como guardias pretorianas «populares» del banquero.

Era, a tenor de todos, un banco patriótico. Si no, ¿por qué solo había un extranjero en su consejo (lord Terence Burns, secretario permanente del Tesoro Británico (HM Treasury) y presidente de la comisión parlamentaria británica, Financial Services and Markets Bill Joint Committee)? Todos veían su marca impoluta, sin manchas, brillando en el McLaren de Alonso en 2007, o en la Liga de Fútbol, o en todas las universidades de España. Se sentía esa dedicación. No obstante, como ya hemos dicho, el banco con sede en Santander había dejado de ser español, no solo por el origen de sus accionistas principales. El grupo ya no se articulaba desde Santander, sino que todas las sociedades que operaban en el extranjero, dependientes del Santander, pasaban por Bahamas. Eran Holbah Ltd y Holbah Ltd II las propietarias de estas sociedades. También la emisión de deuda y preferentes se hacía por medios de una sociedad en Guernsey (Banesto Holdings Ltd) y seis en las Caimán. También daba cuenta, debido a su adquisición del banco inglés Abbey (en 2004, por 13 199 millones), de 19 filiales que poseía en paraísos fiscales. Pero a pesar de los descuentos fiscales que proporcionaban estas sociedades —ya que no tributaban en España los beneficios del grupo en el extranjero, ni había emisión de deuda o preferentes—, en España dejó unos impuestos sobre beneficios de 2513 millones, nada despreciable para el fisco español en un momento de inestabilidad económica.

Santander, como subcustodio de JP Morgan, tenía otro as en la manga: 8600 millones que custodiaba JP Morgan en España y, en consecuencia, el Santander como su subcustodio. JP Morgan era el campeón entre las instituciones de inversión colectiva (ICC) extranjeras en España, con una cuota del 17 %.

Santander, subcustodio de los custodios
de fondos que (no) son dueños del IBEX

JP Morgan, como banco custodio, según el propio glosario del Santander es «un agente del banco depositario que es titular de acciones ordinarias subyacentes a los DR en el mercado nacional del emisor. Cuando se emiten nuevos DR, el custodio acepta acciones ordinarias adicionales para su salvaguardia. Cuando los DR se cancelan, el custodio libera las acciones ordinarias con arreglo a las instrucciones recibidas del depositario. El custodio actúa siguiendo las instrucciones facilitadas por el depositario en materia de cobro y remesa de dividendos, así como notificaciones e informes sobre contratos a plazo al depositario. Los custodios son designados por el depositario».

Los fondos gestionados por JP Morgan pasan a ser subcustodiados por Santander Investment, la instrumental del banco. Así, en 2007, antes de la crisis económica, custodiaba unos fondos por valor de 8600 millones repartidos por diversas empresas españolas. En el IBEX, se colocaban con posiciones importantes. Es más, Chase era el máximo accionista del BBVA y el Santander, con el 8,63 % y el 9,8 % de las acciones. Pero, si tenían los dos bancos más importantes del país, ¿esto no podría considerarse una posición abusiva? Pues, si controlaba la mayor parte del mercado financiero, podía condicionarlo a su gusto.

En realidad, técnicamente lo puede hacer, pero no lo hace. En el artículo antes citado de El Economista, el periódico digital trataba de explicar a sus lectores por qué estos bancos custodio no eran tomados «en serio» por las autoridades reguladoras: «¿Qué hacen estos fondos gigantes? Su nombre técnico es entidad depositaria, aunque en argot se les denomina guardianes. Auténticos fortines llenos de acciones con los que podrían manejar a su antojo los hilos de los mercados, aunque no se hace. “Los custodios globales operan en los mercados locales con cuentas ómnibus [depósitos globales de valores y efectivo, que pueden ser gestionados por un operador por cuenta del cliente] […]”».

Pero ¿por qué no controlan las empresas? Primero, porque los bancos custodio teóricamente gestionan los fondos y los dirigen, pero no son propietarios de sus acciones y de los derechos de voto suscritos. Segundo, que estos fondos no son lo suficientemente grandes como para considerarse «propietarios», y aparecer dentro de los informes de la CNMV. Solamente cuando superan el límite considerado como participación significativa (si supera el 5 %) han de comunicarlo al organismo regulador. Ahora, dado que es la entidad gestora la encargada de comunicar los datos, la CNMV no sabe quién o cuánto tienen los propietarios de los fondos.

Solo Iberclear (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA), registrador de operaciones de compra y venta en la bolsa, tiene esta información, desglosada en dos niveles: «Iberclear lleva las cuentas de acciones de las sociedades de valores. En un segundo nivel, la titularidad de los valores cuya propiedad no es de estas entidades es llevada, de forma detallada, en sus propios registros y queda reflejada en Iberclear en una cuenta a nombre de terceros que está separada de la cuenta propia de la entidad»[159]. Iberclear es una sociedad propiedad de Bolsas y Mercados Españoles, cuyos accionistas principales eran a fecha de diciembre del 2007 el BBVA (5,01 %), Caja Madrid (4,26 %) y Criteria-La Caixa (5,01 %).

Si existía una posición abusiva de estos fondos en el mercado (al controlar los bancos más importantes, además de industrias clave) lo podía atestiguar la Ley de Defensa de la Competencia aprobada el 3 de julio de 2007, un mes antes de la reunión entre Zapatero y Botín. Según el artículo 7 de esta ley, la «concentración económica» se entendía como un «cambio estable del control de la totalidad o parte de una o varias empresas». De los supuestos que expone la ley, JP Morgan podría haber incurrido en «7.a) La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de una o varias empresas». Sin embargo, JP Morgan y otros bancos custodio pueden escudarse en los apartados que les excluyen de este supuesto (art. 7, apartados 3.b y 3.c):

b) La tenencia con carácter temporal de participaciones que hayan adquirido en una empresa para su reventa por parte de una entidad de crédito u otra entidad financiera o compañía de seguros cuya actividad normal incluya la transacción y negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y cuando los derechos de voto inherentes a esas participaciones no se ejerzan con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa o solo se ejerzan con el fin de preparar la realización de la totalidad o de parte de la empresa o de sus activos o la realización de las participaciones, y siempre que dicha realización se produzca en el plazo de un año desde la fecha de la adquisición. Con carácter excepcional, la Comisión Nacional de la Competencia podrá ampliar ese plazo previa solicitud cuando dichas entidades o sociedades justifiquen que no ha sido razonablemente posible proceder a la realización en el plazo establecido.

c) Las operaciones realizadas por sociedades de participación financiera en el sentido del apartado 3 del artículo 5 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, que adquieran con carácter temporal participaciones en otras empresas, siempre que los derechos de voto inherentes a las participaciones solo sean ejercidos para mantener el pleno valor de tales inversiones y no para determinar el comportamiento competitivo de dichas empresas.

Así pues, su posición dominante se excusa por su escaso poder a la hora de elegir consejeros o sentarse en un consejo de administración. Según el Informe Anual de Gobierno Corporativo, en 2007, «el 64 % de los accionistas con paquetes significativos que no tienen la condición de consejeros (61 % en 2009), han propuesto el nombramiento de algún administrador que los represente en el consejo. El 36 % restante de los paquetes significativos sin representación en el consejo corresponde mayoritariamente a no residentes (64,7 %), que representan el 23 % del total de accionistas significativos no consejeros. El 13 % restante corresponde a residentes». Es decir, aquellos inversores extranjeros preferían dejar hacer, aunque si querían inferir, solo bastaba con retirar su inversión.

En 2007, estos fondos se veían atraídos por el buen clima económico y la pujanza del mercado de valores. Además, como instituciones de inversión colectiva de procedencia extranjera, tenían el aliciente de un beneficioso marco fiscal: están exentas de tributación por sus beneficios.

Laura Bel[160], de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda explica que «la LIRNR [Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes] establece en su artículo 14 que estarán exentas las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión o reembolso de acciones o participaciones, incluidas las de IIC, por residentes en otro Estado miembro de la UE, salvo que el accionista o partícipe en algún momento, durante el periodo de 12 meses precedente a la transmisión, haya ostentado directa o indirectamente al menos el 25 por 100 del capital o patrimonio de dicha IIC, o que la renta fuera obtenida a través de un país o territorio calificado como paraíso fiscal».

En todo caso, era el Santander, como subcustodio, el que se encargaba de retener los correspondientes impuestos. Era, pues, gestor, recaudador e inversor subsidiario de JP Morgan y el diablo rojo español. Años después, entrará con fuerza otro banco custodio, Blackrock, y, cómo no, también entrará al accionariado del Santander. El banco rojo era el niño mimado de los fondos americanos y de los partidos que cobijaba en su seno.

Los fondos de inversión (ETF) enamorados
de los índices bursátiles: el BBVA y Santander
los traen a España antes de la crisis

Los ETF (Exchange Traded Funds) o fondos cotizados en bolsa son instituciones de inversión colectiva cuyo objetivo es replicar la evolución de un índice o de una cesta de valores y cuyas participaciones o valores se negocian en mercados bursátiles electrónicos en tiempo real con las mismas características que se aplican a cualquier otro valor cotizado. Los fondos cotizados iniciaron su andadura en la bolsa española durante el año 2006: el primero, del BBVA (Acción IBEX 35 ETF, F. I.), se empezó a negociar el 19 de julio de 2006; el segundo, del Grupo BSCH (Santander ETF IBEX 35, F. I.), comenzó el 13 de septiembre de 2006; y el último, de la entidad Lyxor (Lyxor ETF IBEX 35), inició su actividad el 2 de octubre de 2006.

La creación de estos instrumentos es relativamente reciente, se remonta a los años ochenta, y fueron creados por el inversor estadounidense John Bogle. Fundó en 1975 The Vanguard Group, actual máximo accionista de Google, y creó el Vanguard 500 Index Fund. En España, el mayor fondo ETF asociado al IBEX 35 pertenece a Société Generale (Lyxor UCITS ETF IBEX 35), con un patrimonio gestionado de 600 millones de euros a fecha de 2016. Es el único que sobrevivió de los tres creados en 2006.

El 19 de septiembre de 2008, el Santander ponía fin a sus productos y dejaba vía libre a los fondos de BBVA y Lyxor. Faltaban veintidós días para el fatídico 13 de octubre, el día en que el índice IBEX 35 registrara su mayor caída de sus dieciséis años de historia, perdiendo un 9,14 % y haciendo retroceder de los 11,418 puntos hasta los 8997,70. La sola imagen de la caída del gigante centenario de las finanzas, Lehman Brothers, aquel 15 de septiembre, fue suficiente para retirar el fondo cuatro días después. Botín se protegía ante el golpe que iba a sacudir España a continuación.

Preparados para la crisis: la Ceja, el Plan E
y el salto de los hijos de Ibercorp al Ministerio
de Economía, el Banco de España y la CNMV

La sociedad civil más progresista se movilizó a favor de Rodríguez Zapatero en las elecciones del 9 de marzo de 2008. El resultado de las mismas dejó al socialista con seis diputados más que en 2004 y un millón de votos de diferencia frente al PP, que le pisaba los talones. Este grupo de apoyo al líder del PSOE recibió el apelativo del «Club de la Ceja», por la popular señal que patentaron, que consistía en curvar el dedo en la ceja en forma de triángulo. «^^Estoy con Zapatero^^» fue el lema que utilizaron populares cantantes como Sabina, Joan Manuel Serrat, Miguel Bosé o Fran Perea y actrices como Concha Velasco o Ana Belén para apoyar al líder socialista. Se agruparon en la «Plataforma de Apoyo a Zapatero» (PAZ), que arrancó el 9 de febrero de 2008 con un manifiesto y más de 2000 firmas. Muchos medios clamaron al cielo, pues era la confirmación a sus sospechas: «¡El triángulo, el triángulo! ¡Zapatero es masón!», se decían; y lo que era aún peor: «¡Está induciendo a miles a serlo!». El ex de Endesa y Telefónica, Manuel Pizarro, veía en este entramado un grupo de presión agradecido por el «Canon Digital» implantado por Zapatero y aplicado desde diciembre de 2007 a aparatos electrónicos de grabación y reproducción. Pizarro, recién elegido diputado popular, les atacó, aludiendo a que aquel canon era «dinero público que se utiliza para insultar y agredir a una parte de la sociedad». La Conferencia Episcopal no sabía en qué frente estar y arremetía en tromba, manifestaciones y escraches mediante. Ante ellos se encontraron con el mayor avance en materia de derechos sociales de las últimas décadas: leyes que regulaban el matrimonio homosexual, dependencia, aborto o memoria histórica.

Pero lo que iba a ser el sueño de la socialdemocracia, donde se uniría el crecimiento económico a la igualdad de derechos y hechos, acabó en pesadilla. De los lemas electorales de enero: «Por el pleno empleo», «Soñar con los pies en la tierra», «Motivos para creer» y la arenga de Zapatero según la cual «la actitud de quienes exageran sobre el alcance de la actual situación económica es antipatriótica, inaceptable y demagógica», se pasó en septiembre, tras la caída de Lehman Brothers a la sentencia de Pedro Solbes: «Yo no sé si es la peor; pero, sin duda alguna, desde que yo tengo uso de razón, y tengo sesenta y seis años, sí es la peor crisis de la que yo tengo conocimiento».

El 15 de julio se había dado el primer caso de epidemia: caía Martinsa-Fadesa, la empresa de Fernando Martín, participada por uno de los banqueros autonómicos, José Luis Olivas de Bancaja (5,975 %), quien tenía en su consejo a Aurelio Izquierdo Gómez[161], director general de Bancaja y consejero en Iberdrola. También en su consejo estaba un abogado del Estado y ex de Aznar, José Manuel Serra Peris, exsecretario de Estado de Industria, que también se sentaba en Red Eléctrica Española. En la constructora había un elenco amplio de cajas, pues en ella participaban hasta cinco cajas más con el 3,9 % de las acciones (Caixanova, Caja de Ávila, Caja de Burgos y Caja de Navarra, cada una con algo menos del 1 %). Estas habían entrado tras la OPA de Martinsa sobre Fadesa por 4045 millones en marzo de 2007. Era uno de los movimientos estratégicos del sector, en cuya operación había entrado también Caja Madrid, que acumulaba créditos por valor de 1000 millones con la inmobiliaria. Como intercambio, Carlos Vela, director financiero y director general de Banca de Negocios de Caja Madrid, entraba como consejero delegado de la compañía. Martinsa-Fadesa se convertía, por méritos propios, en el gran buque de los grandes banqueros autonómicos que querían controlar el mercado inmobiliario. El aliciente lo expuso Fernando Martín en La Coruña, sede de Martinsa, el 28 de junio de 2007: «La suma de ambas sociedades nos colocará como líderes en España por unidades de preventa, por viviendas entregadas y por cartera de suelo, y seremos también la primera compañía de España por valor de los activos»[162]. La operación concentraba activos que las financieras desechaban: en el último año La Caixa y Mutua habían vendido Colonial; ACS y Banesto vendían Urbis; la familia Jové se desprendía de Fadesa, la Fernández Fermoselle de Parquesol, y la familia Losantos de Riofisa. Martinsa-Fadesa, en cambio, entraba en la senda de la expansión en un momento de agrupamiento y cautela de empresas grandes del sector: era principalmente una inmobiliaria, dependía del precio del suelo y del pago de hipotecas. Y por otro, su débil estado apuntaba a continuación a las cajas de ahorros, enseñando sus vergüenzas y sus puntos débiles, y particularmente los de Caja Madrid.

Un año duró la aventura y el 14 de julio de 2008, Martinsa-Fadesa presentaba el mayor concurso de acreedores de la historia de España (en esta crisis se batieron muchos récords): un pasivo de 5200 millones, de los cuales 2579 correspondían al crédito de compra de Fadesa. El detonante, la imposibilidad de conseguir un crédito de 150 millones para hacer frente a los vencimientos. Era julio de 2008, estábamos todos en plenas vacaciones, disfrutando de los placeres veraniegos, con la seguridad de vernos custodiados por majestuosas y megalíticas construcciones que no parecían poder caerse abajo. A ello se sumaba que España había conquistado su segunda Eurocopa de la historia, con tal superioridad que el gol de Torres en la final parecía preconizar una España lejos del pesimismo de antaño. «¡Bah!», decíamos todos, ante la mínima mención de la palabra crisis. El progresismo se convirtió así en un mantra de miles de coachers que creían que la suma de voluntades aumentaría el consumo y con ello la recuperación. Era el efecto multiplicador del positivismo, ante una situación que no parecía catastrófica. Faltaba aún un mes para la caída de Lehman Brothers, un mes y medio para la caída estrepitosa del IBEX 35, y dos para la respuesta del ejército de Zapatero: el Estado controlado por las empresas constructoras, bajo la manta del IBEX.

Casualmente, o no, antes del verano, en mayo de 2008, la patronal de los constructores había fichado al máximo asesor en materia económica del presidente, a David Taguas. Era la patronal que excluía a las inmobiliarias y, por tanto, a Martinsa. SEOPAN, la asociación fundada por el clan Del Pino y Calvo-Sotelo en 1957, se hacía con los servicios del exalto cargo, que dejaba de defender los derechos de los ciudadanos ante la crisis, para defender los de los constructores. Evidentemente conocían los datos, que la construcción había sufrido una desaceleración en 2007, por lo cual su labor de lobby se hacía más que necesaria. Justamente en esos meses se produce otro traslado, y su compañero en BBVA y antecesor en la política económica es aupado al edificio del Ministerio de Industria en marzo de 2008. Será la máxima autoridad de un sector totalmente liberalizado y privatizado en su conjunto, pero de cuyas subastas depende la cuenta de resultados de las eléctricas y, por ende, de las constructoras, ávidas de ingresos, y que poseen participaciones en ellas. La pareja de economistas se hacía de la noche a la mañana con los órganos políticos del tándem construcción-energía.

Mientras este sector se organizaba, a la «casa Aznar» se la pilló con las manos en la masa, desprevenida ante la crisis de Fadesa. Caja Madrid, su principal base, sufrirá un daño irreparable con la quiebra de Martinsa-Fadesa, con la que tenía 1000 millones en créditos, y más aún, tenía en su consejo a su peón, Carlos Vela, quien también era presidente de Cibeles, la sociedad con la que Caja Madrid pretendía sacar a bolsa sus participaciones industriales en octubre de 2008. Era, pues, una operación similar a la efectuada por La Caixa un año antes con Criteria, el holding que salió a bolsa en octubre de 2007, con la cual pretendían conseguir nuevos accionistas para hacer más robusto su proyecto. Era una ampliación de capital indirecta, que se beneficiaría de la fortaleza de sus participaciones: EBRO, Indra, Iberia, Mapfre, BME.

Para evitar que Nietzsche levante la mano, y dé cuenta desde el más allá del dilema en el que estaba la beautiful people de Caja Madrid, quizá es conveniente citarle, a él y a su concepto del eterno retorno. Como si de 1989 se tratara, se volvían a alinear los astros. Casi veinte años después, una entidad financiera salida de las entrañas del poder, pero sin el consentimiento de los dueños del poder, se atrevía a aprender a volar en solitario. En 1989 fue Banesto, que necesitaba imperiosamente financiación de los mercados y cuyo presidente creyó que podría imitar al resto de competidores —como la Banca March—, sacando a bolsa sus participaciones industriales (cartera de participaciones en empresas). Entonces el ministerio fue retrasando su salida a bolsa hasta que el 22 de junio de 1990 salió, con bonificaciones fiscales del 70 %. Con la crisis económica asomándose, y un exceso de riesgo, la situación del banco se hizo insostenible. Cualquier movimiento especulativo podía dejar por los suelos las acciones del banco. El 28 de diciembre, la sola mención de la intervención del banco ante su riesgo, creó una situación de pánico en inversores y clientes. El mismo 28 de diciembre las acciones cotizaban a 1208 pesetas. En febrero de 1994 cayeron a 518 pesetas, perdiendo más de la mitad de su valor, y en marzo se situaban en 455 pesetas. En 2008 Caja Madrid, con una importante exposición al mercado inmobiliario, y una morosidad que podía causar estragos, volvía a intentarlo, y entraba en una carrera hacia delante de préstamos y fusiones en la que solo la total complicidad del poder político podía salvarla del precipicio. Solo hacía falta que una de las partes implicada titubeara para que Caja Madrid saltara por los aires.

Al otro lado, actores que otrora movían a su antojo los hilos del poder político y económico, volvían a tener un papel dominante. El gran cambio se dio cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez llegó a la sede del Banco de España. Hermano de Francisco Férnandez Ordóñez, inspector de Hacienda y ministro de Hacienda con la UCD, posterior ministro de Exteriores con el PSOE y antecesor de Boyer en el cargo de presidente del Banco Exterior. Su hermano pequeño, Miguel Ángel, no se quedó atrás, e hizo carrera en la administración al aprobar las oposiciones para economista del Estado. Fue aupado como secretario de Estado de Economía de 1982 a 1986, durante la expropiación de Rumasa, y veinte años después, en 2006, se convertiría en gobernador del Banco de España. Apodado MAFO, se le considera muy próximo a uno de los miembros de la llamada banda de los cuatro, Miguel Boyer. A él le dedicó el libro autoexculpatorio que publicó en enero de 2016, titulado Economistas, políticos y otros animales, con el que pretendía explicar su gestión en el organismo supervisor durante toda la crisis económica. MAFO era el perfecto aprendiz del clan Solchaga: economista del Estado, receloso de la política, a la cual detestaba por su irracionalidad, por sus mecanismos informales y su incapacidad resolutiva. Es más, en su libro les dedica todo un capítulo titulado «¡Es el Parlamento, amigos!», donde ajusta cuentas con sus compañeros de partidos y con todo morador de un escaño en el edificio de la carrera de los Jerónimos. Eran los culpables de que no se tomaran las decisiones correctas, como repetirá a lo largo del libro.

MAFO y Miguel Boyer quedaban unidos por una complicidad política, académica y económica que se fraguó en el Ministerio de Economía, y que tuvo su continuación con la pasión de ambos por el sector de la energía. MAFO, después de ocupar el cargo de presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de 1992 a 1995, y un año antes de perder González el sillón de la Moncloa, pasó a ocupar la Comisión Nacional de la Energía, el organismo regulador del sector en España, siendo la máxima autoridad en el proceso de liberalización del sector energético del Gobierno de Aznar. Su compañero, Miguel Boyer, aunque reconocido públicamente como economista, en realidad era un físico disfrazado. Fue reclutado a finales de los sesenta por otro miembro de la banda de los cuatro, Mariano Rubio (exgobernador del Banco de España), que vio en él un filón para el grupo de elegidos del Banco de España. Rubio le aconsejó hacer los exámenes para una plaza en el Servicio de Estudios del Banco de España. La consiguió y en 1969 se integró plenamente en el Banco de España, lugar que se convertiría en epicentro del llamado Gropus, comandado primero por José María López de Letona, luego por Mariano Rubio, seguido por Luis Ángel Rojo, aunque estos tres siempre bajo la batuta de Carlos Solchaga. Después de su paso por el Ministerio de Economía, y mientras era presidente del Banco Exterior y moneda de cambio en el proyecto de banca de Solchaga, pasó a ser miembro del consejo científico del CERN (Centro Europeo de Energía Nuclear), que desarrollaba en ese momento el famoso acelerador de partículas.

No solo en el Banco de España hubo movimientos, también en la CNMV había habido cambios. Tras la accidentada OPA de E. ON y de Gas Natural sobre Endesa, en el organismo regulador del mercado de valores había habido limpieza. El presidente Manuel Conthe dimitió el 2 de abril de 2007, sucediéndole el vicepresidente del ente, Carlos Arenillas, marido de Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, una ilustre miembro del clan de Las Dehesillas. Conthe era economista del Estado y uno de los validos de Pedro Solbes (sustituto de Solchaga al frente del Ministerio de Economía y entonces ministro con Zapatero). Arenillas había pasado de director general del Tesoro con Carlos Solchaga como ministro, a ser elevado por Solbes como secretario de Estado. Se le consideraba por tanto más afín a este último, que dimitirá dos años después, en 2009. A él le agradecerá su apoyo en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados el 24 de abril de 2007, doce días después de que se formalizara la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa: «Siempre agradeceré al primero [Solbes] que me propusiera en su día para el cargo que ahora abandono». Dimitió después de haber sido el único que votó a favor de abrir un expediente sancionador a Enel y Acciona, los cuales —según su criterio— habían incumplido normas fundamentales de la CNMV. Para Manuel Conthe, se habían saltado dos normas:

Primero, ENEL y ACCIONA desafiaron públicamente el «aviso de navegantes» que la CNMV difundió el viernes 23 de marzo. Segundo, ENEL y ACCIONA no solo perturbaron con su OPA competidora de facto la del único oferente autorizado, sino que actuaron con ventaja frente a él. En efecto, el criterio tradicional de la CNMV ha sido que los oferentes no adquieran acciones en el mercado al margen de la OPA —para que así todos los accionistas estén en pie de igualdad y obtengan el mismo precio, y el oferente deba ofrecer un precio generoso que atraiga un gran volumen de acciones—. Como esa limitación no figura en la propia Ley, la CNMV tradicionalmente ha exigido a los oferentes que incluyeran ese compromiso en el folleto de su oferta. E. ON así lo hizo, y se abstuvo de comprar acciones de Endesa en el mercado. Como ya he indicado antes, a eso pudo contribuir, además, el potencial deseo de E. ON de no incurrir en una conducta que la propia CNMV había considerado contraria al deber de pasividad de los gestores de Endesa en su carta de 12 de septiembre de 2005.

En la operación de compra de Endesa surgían otros interrogantes, como el hecho de que Intermoney hubiera vendido 13,08 millones de acciones de Endesa en la segunda mitad de diciembre de 2005 por un valor de 300 millones de euros. Miguel Sebastián había sido consejero delegado de Intermoney en 1995; David Vegara, secretario de Estado de Economía, le sustituyó, y mantuvo el cargo hasta 2003. Y Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV, mantuvo un 8 % de la sociedad hasta un día antes de ser nombrado en el cargo, el 1 de octubre de 2004. A ellos se sumaba Julio Segura, sustituto de Manuel Conthe en la presidencia de la CNMV, que tenía una cartera de valores gestionada por la citada empresa. Entre otros, contaba con accionistas de peso como el BBVA (8,01 %), Banco Popular (5,06 %), Caja San Fernando (9,99 %) o Cajamar (8,50 %). Su interés por el sector se remonta al año 2000 cuado crean la consultora Intermoney Energía, especializada en el sector, y colocan como máximo exponente a Miguel Ángel Lasheras Merino, inspector de Hacienda, director general de Tributos de 1982 a 1985, director general del departamento de Economía en el Gabinete de la Presidencia de Gobierno (1993-1995) y finalmente consejero de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (1995-2000), que en 1998 dependerá directamente de la Comisión de la Energía, presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Este simultaneará el cargo en Intermoney con el de consejero de Enagás desde el 22 de mayo de 2006, empresa de gas participada por el Estado y por los banqueros autonómicos.

Para enredar más la trama, el momento en que Intermoney se hace gran bróker (antes no gestionaba renta variable, sino renta fija, deuda pública, generalmente) coincide con la OPA de Gas Natural que planeaba sobre Endesa, tiempo en que su cotización no dejaba de subir. Antes de esta oferta, el 4 de junio las acciones de Endesa abrían a 17,605 euros. Tras el anuncio de OPA el 5 de septiembre por el que Gas Natural ofrecía 21,3 euros por acción, se llegaron a situar el 7 de septiembre en 18,8 euros, y un día después subió hasta los 19,04 euros la acción. Tras la publicación el 8 de noviembre de 2005 de un informe favorable de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) (presidida por una exdiputada del PSC), la acción se estabilizó por encima de los 20 euros, llegando el 17 de noviembre a cerrar en los 20,585. El 23 de noviembre Endesa, presidida por Pizarro, presentó ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid una demanda contra Gas Natural e Iberdrola por estimar que el acuerdo suscrito entre ambas «es nulo de pleno derecho al ser su causa ilícita». El acuerdo incluía la venta de una parte de los activos renovables de Endesa a Iberdrola. Ese mismo día las acciones bajaban por debajo de los 20 euros. En la segunda mitad de diciembre, Intermoney actuó de bróker, colocando 13,08 millones de acciones, con cotizaciones por debajo de los 18 euros (17,610 el 21 de diciembre). Tal operación, a bajos precios, aseguraba unas importantes plusvalías si la OPA finalmente triunfaba.

El buque Intermoney: los cachorros
adelantados del clan Solchaga

Mallorca, principios de mayo de 1988. El verano asomaba por las calas preciadas de la isla Majorica y los hoteles inauguraban la temporada de verano. En Palma, en el casco histórico, se desarrollaban las «XVI Jornadas de Mercado Monetario». Se discutía entonces la ley de reforma del mercado de valores que entró en vigor en 1989 y que todavía se debatía en el Parlamento. En aquellas jornadas, participaron Miguel Boyer, el presidente del Banco Exterior, Guillermo de la Dehesa, y el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. El organizador de las jornadas era Intermoney. Guillermo de la Dehesa explicaba que una vez que entrara en vigor la ley, los consejos de administración de las sociedades que cotizaran en bolsa tendrían que hacer pública cuál es la composición de su accionariado y el grado de concentración del mismo. Solchaga, por su parte, discutía los tipos de interés de los bancos, que creía demasiado elevados.

En otro archipiélago español se celebró diecinueve años antes, en 1979, las «VI Jornadas de Mercado Monetario» organizadas por Intermoney, en las que participaron 220 ejecutivos representantes de bancos, cajas de ahorros y otros intermediarios financieros. En las jornadas organizadas en el Puerto de la Cruz (Tenerife), uno de sus ponentes, el director general de Estudios del Banco de España, Luis Ángel Rojo, discutía sobre la próxima reestructuración del sector financiero. Su presidente era Juan Manuel García García. Esta empresa fue registrada en un cable de 1977 de la Embajada de EE. UU. filtrado por Wikileaks, que informaba que el Banco Exterior abriría una sucursal en Managua, y mencionaba las empresas asociadas del banco, incluyendo entre ellas a la empresa Intermediarios Monetarios SA (Intermoney). Este aspecto fue confirmado por el boletín del Congreso de los Diputados del 26 de mayo de 1988, en el que aparecen los nombramientos de las autoridades de empresas dependientes del Banco Exterior, vinculando al subdirector del Banco Exterior, Esteban de la Hoz Tejedor, al consejo de Intermoney. Lo cual convertía a Francisco Fernández Ordóñez y Miguel Boyer, presidentes del Banco Exterior entre 1982 y 1991, en responsables últimos de Intermoney. No era cualquier empresa, era el primer bróker de España, fundado el 3 de agosto de 1973. Lo cual deja con el interrogante: ¿cómo llega Intermoney hasta nuestros días?

Al ser dependiente de Banco Exterior, se tendrá que integrar en la banca pública Argentaria creada a las órdenes de Carlos Solchaga y que posteriormente se fusionará, en la etapa de Aznar, con el BBV. Un año antes de llegar Aznar, Francisco Luzón, a la sazón presidente de Argentaria por orden de Solchaga, nombraba a Miguel Sebastián director general de Intermoney. Con la llegada de Francisco González en 1996, Sebastián dejará paso a David Vegara y se integrará al Servicio de Estudios del banco público. Tras la fusión de Argentaria y BBV, ambos pasarán a la estructura del banco bilbaíno. Así pues, era uno de tantos caramelos que Francisco González, protegido de Aznar, le había robado al clan Solchaga. No obstante, en el camino entrará en el accionariado CIMD (Corretaje e Información Monetaria y de Divisas), de la cual fue accionista fundador Carlos Arenillas, el vicepresidente de la CNMV.

La empresa intermediaria fue otra vez protagonista a inicios de 2005, cuando estalla el escándalo de las presuntas irregularidades en la venta de una sociedad propiedad del presidente del BBVA. La información la emite la SER y se basaba en un informe presuntamente elaborado por Intermoney, que incluía información sensible para derribar a Francisco González, de BBVA[163]. Pero más allá de aspectos políticos, Intermoney era uno de los buques de la beautiful people del PSOE en la época de plena expansión del mercado de capitales en España. Era una forma de ejercer presión sobre la «casa Aznar» en el IBEX 35 y evitar que el propio Gobierno del PSOE se involucrara.

Algo que recuerda a otro vehículo, el banco Ibercorp, que a principios de los noventa se constituía como herramienta de muchos de ellos para la compra de valores en Bolsa, en un momento en que esta despegaba. Allí estaba el clan del Banco de España: Miguel Boyer, Mariano Rubio, De la Rocha. El vehículo era Ibercorp, gestionado por el exsíndico de la Bolsa, Manuel de la Concha. Este banco se utilizó para comprar Sistemas Financieros. Sistemas Financieros fue el nombre con el que De la Concha y Soto rebautizaron la sociedad Sistemas AF, comprada por el Grupo Ibercorp en 1986 al Banco Urquijo, en condiciones ventajosas, poco después de que Soto dejara de ser consejero delegado de dicho banco.

De la Concha y Soto manejaban desde hacía años los ahorros de Mariano Rubio, Miguel Boyer, Isabel Preysler, Juan Antonio García Díez y otros miembros de la beautiful people. Utilizando información confidencial, el conocimiento exacto del valor de la sociedad y de su posible evolución en bolsa, Sistemas Financieros (SF) había recomprado en junio de 1990 para su autocartera, a ese grupo de confianza. Todas las operaciones se hicieron a través de Ibercorp Bolsa. El problema es que Manuel de la Concha no comunicó el nombre de los accionantes de aquellas transacciones, como ordenaba la Ley del Mercado de Valores que el propio Boyer y Mariano Rubio diseñaron, junto a Solchaga.

Era el mismo grupo que en los ochenta y noventa controlaba Intermoney y que captó a Miguel Sebastián para dirigirlo. El exministro de Industria con Zapatero trabajó con Carlos Solchaga en el Ministerio de Economía y en el Servicio de Estudios del Banco de España, para pasar a dirigir en 1995 Ibermoney, la sociedad propiedad de Argentaria, y en 1999, del BBVA.

La revolución de octubre de 2008: Zapatero da plenos
poderes al clan de Intermoney en Industria
y el viejo grupo de Solchaga da entrada
a Elena Salgado en Economía

El 10 de octubre el mundo se levantaba en 1929, con noticias de caídas en bolsas de todos los países. En España, por ejemplo, el IBEX 35 bajó de los 9000 puntos (había estado por encima de los 14 000 en el periodo precedente). La Bolsa de París registró un descenso del 7,7 %; la de Milán, un 6,5 %; la de Fráncfort, un 7 %; la de Londres, alrededor del 8 %; y la de Nueva York, un 4 %.2 Las Bolsas de Moscú y Viena optaron por cerrar, ante el desplome generalizado.

El Gobierno, unos días antes, el 7 de octubre, había tomado medidas «a la americana», y optó por crear un fondo de contigencia para comprar activos de los bancos. George Bush había anunciado ya la adquisición de deuda de mala calidad de los bancos, con un coste de hasta 700 000 millones de dólares y otros líderes europeos anunciaban que ayudarían a bancos en apuros. En España, apuntando a una estrategia similar, el Gobierno creó un fondo de 30 000 millones para comprar activos «de bancos y cajas». Ese mismo día que anunciaba Zapatero, sin dramatismos, la creación de dicho fondo, MAFO se adelantaba dos años, y daba por «absolutamente inevitable un proceso de reestructuración en el sector financiero español, ya sea con fusiones o con otras fórmulas». Sus advertencias iban en la línea de la presión internacional que sufrían sobre todo las cajas de ahorros: en agosto, la agencia Standard & Poor’s había rebajado la calificación de Bancaja, tras el desplome de Martinsa-Fadesa, y el FMI recomendaba a estas entidades mejorar sus balances debido a su exposición al ladrillo. Fitch, una de las mayores agencias internacionales de calificación, rebajaba sus notas de CajaSur, Caja Castilla-La Mancha, Caixa Sabadell y Caixa Penedès.

El 24 de octubre salía otro dato que apuntaba a una crisis estructural: la tasa de paro se situaba a niveles de 2000, un 11,3 %, con una subida de 800 000 desempleados más. El 31 de octubre se confirma que la crisis ha nacido, cuando el PIB se sitúa en valores negativos del 0,2 %. Y el 27 de noviembre, Zapatero asumía un plan keynesiano llamado «Plan E»: 8000 millones de euros para obras que realizar por los ayuntamientos, con el que pretendía generar 300 000 empleos. Según comenta Pedro Solbes, es en este momento cuando se descuelga del Gobierno: considerado a sí mismo un «defensor del límite del 3 % del déficit público» y de «la estabilidad presupuestaria», cuando el presidente del Gobierno prefirió aumentar el gasto público al crear el Fondo de Inversión Municipal (el llamado Plan E), vio que su «larga paciencia había llegado al límite» y estaba «totalmente convencido» de que su «presencia en el Gobierno no era correcta». Según el exministro de Economía «el gran problema durante mis cinco años en el cargo es que el presidente del Gobierno prefería la fórmula de convertirse en el fiel de la balanza entre el ministro de Economía y Hacienda y los demás; en demasiadas ocasiones tuve la impresión de que estaba del lado de los ministros responsables de las políticas de gasto y no del mío».

En diciembre de 2009, la tasa de paro llegaba al 13,9 % y el PIB retrocedía en dos trimestres consecutivos. Oficialmente, se entraba en recesión. En abril, el Gobierno sufre su mayor remodelación y entran cinco nuevos ministros en el gabinete. La ex de Telefónica, Elena Salgado, nombrada por Solchaga como directora general de Costes, donde se mantuvo de 1985 a 1991, cambia de sede en 2010 y se muda al Ministerio de Economía. Detrás de ella entraba en el nuevo Consejo de Ministros la vieja guardia del PSOE como Manuel Chaves, que pasó Despeñaperros para tomar el timón del Ministerio de Cooperación Territorial y la Vicepresidencia Tercera; y José Blanco, vicesecretario general del PSOE, que se hacía con el estratégico Ministerio de Fomento. El viejo PSOE tomaba el Gobierno para asegurar el timón del segundo mayor plan de estímulo del mundo: 50 000 millones de euros, el equivalente al 5 % del PIB.

David Vegara, secretario de Estado de Economía y uno de los chicos de Intermoney, justificaba así la propuesta: «La economía española se enfrenta a una etapa de dificultades importantes, en la que se está viendo afectada por un conjunto de shocks que configuran un panorama extremadamente exigente para los agentes económicos y para la articulación de la política económica. El amplio conjunto de medidas adoptado por el Gobierno en los últimos meses responde tanto a la compleja situación en que se encuentran los mercados financieros y de bienes y servicios como a la necesidad de impulsar reformas estructurales que refuercen el potencial de crecimiento de España en el medio y largo plazo. Esta estrategia se recoge en el Plan E, Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo que consta de cuatro ejes de actuación; medidas de apoyo a empresas y familias; medidas de fomento del empleo; medidas financieras y presupuestarias; y medidas de modernización de la economía. Algunas de estas medidas ya se han puesto en marcha o lo harán en los primeros meses de 2009». A continuación recordaba que el plan se ceñía a una directriz europea: «Por esta razón, el Consejo Europeo de diciembre de 2008, acordó un Plan de Recuperación Económica coordinado, cuya traslación a nuestra economía se ha concretado a través del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o Plan E»[164].

Como recordaban los creadores de este plan, estaba destinado a los municipios y pequeñas empresas. Las grandes constructoras no estaban muy contentas. La patronal, SEOPAN, se quejaba de que las licitaciones de obra pública civil habían caído un 21 % entre enero y abril, pese a que la de los ayuntamientos aumentaba un 156 %. Era el tiempo de tomar las riendas de la crisis, se decían, desprovistos de la iniciativa que monopolizaban los chicos de Intermoney. Los constructores, manos a la obra, encontraron el eslogan: «Esto lo arreglamos entre todos».

«Esto lo arreglamos entre todos»:
el IBEX se hace Gobierno con la crisis

El fin de año de 2009 había sido un punto de inflexión para el optimismo: los parados sumaban 4 326 500, y el país alcanzaba una tasa del 18,8 %. A finales de diciembre, se conoció la cifra de déficit, que alcanzó el 11,4 %. El PIB en 2009 caía en todo el año un 3,1 %. El 29 de enero Zapatero dio el primer golpe de timón a su política, con un plan de austeridad que recortaba 5000 millones de euros que se añadía a los 8000 millones de reducción en los Presupuestos del Estado para 2010, y subir la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Por primera vez entraba el objetivo del pacto de estabilidad como prioridad: «3 % del PIB en 2013», como señaló Elena Salgado. Solo unos días después, a principios de febrero, la prima de riesgo de la deuda pública española respecto de la alemana superó los 100 puntos básicos por primera vez desde marzo de 2009, y coincidía con el cierre de una semana negra en la Bolsa de Madrid en la que el IBEX 35 perdió un 9 %.

Ante tamaño panorama, el 25 de febrero, Miquel Roca i Junyent, uno de los padres de la Constitución y personaje clave de la transición, fue tajante: «No vamos a estropear ahora todo lo que llevamos conseguido en este tiempo». Arengó al país a venirse arriba: «Basta ya de decir que esto está muy complicado, el mundo está mirando a España con una cierta sonrisa y hay que decirle que el país no ha perdido la confianza en sí mismo». Roca presentaba una campaña de publicidad, «estoloarreglamos​entretodos», para contagiar la confianza y fomentar las actitudes positivas entre la ciudadanía para hacer frente a la salida de la crisis económica de 2008-2010. Para el spot se prestaron de forma gratuita Jordi Évole, Marc Gasol, Ferran Adrià y un largo elenco de periodistas y directivos del mundo audiovisual. El coste de la campaña fue de 4 millones de euros, asumidos por la patronal de las empresas constructoras (Seopan) del exalto cargo del Gobierno e Ibermoney, David Taguas, junto a las grandes empresas españolas, principalmente del IBEX 35 (Telefónica, Iberia, El Corte Inglés, BBVA, Santander, La Caixa, Caja Madrid, Repsol, CEPSA, Endesa, Iberdrola, Mapfre, Abertis, Mercadona, Indra, Renfe y Red Eléctrica) y respaldados por las Cámaras de Comercio. Sus portavoces eran el abogado Antonio Garrigues Walker; el exsecretario de Estado del PSOE y consejero del Banco Santander, Guillermo de la Dehesa; y Miquel Roca i Junyent, consejero de ACS. Ese año, tras meses de incertidumbre y recortes el IBEX cerró 2010 con un beneficio de 49 881 millones, que suponía un 24,5 % más respecto a los 40 056 millones de 2009.

Dos meses después de esa presentación, el 12 de mayo, con el trasfondo de esta campaña que inundó periódicos, marquesinas y cualquier sitio libre, la prima de riesgo sobre la deuda[165] subió a los 170 puntos básicos. En dos minutos Rodríguez Zapatero anunció nueve medidas «imprescindibles y equitativas» que daban origen al mayor recorte de derechos «económicos» de la era democrática: ese 12 de mayo se aplican duras medidas de ajuste para reducir el gasto público en 15 000 millones de euros entre 2010 y 2011: congelación de las pensiones para 2011; recorte en un 5 % de media del sueldo de los funcionarios a partir del 30 de junio y congelación de las retribuciones en 2011 y bajada de sueldo de altos cargos de entre un 7 y un 15 %; disminución en 300 millones de euros de las ayudas al desarrollo en 2010 y de 500 millones en 2011; recorte en las inversiones públicas en 2125 millones en 2010 y 1745 millones en 2011; eliminación del derecho a percibir con carácter retroactivo las prestaciones de dependencia desde la solicitud; y se elimina el «cheque-bebé» (la deducción de 2500 euros en el IRPF por cada recién nacido) a partir del 1 de enero de 2011. Pero ¿qué sucedió en esa semana negra antes del anuncio de Zapatero?

A principios de mes, el 2 de mayo, y tras meses de incertidumbre y presiones se aprueba el préstamo de la UE y el FMI a Grecia por valor de 110 000 millones. Como contraprestación: recortes salariales en los funcionarios, reducción de pensiones y aumento de impuestos a empresas, el IVA y especiales al combustible, alcohol y tabaco. En semanas anteriores, diputados alemanes, disfrutando de su poder, apostaban jocosamente por soluciones intermedias: «¡Vendan sus islas, griegos quebrados!», titulaba el diario Bild, reproduciendo la propuesta de los diputados de la CDU de Merkel, Josef Schlarmann y Frank Schäffler. No era una idea nueva, veinte años atrás el diputado conservador Dionys Jobst propuso que el Gobierno federal debía comprar la isla a España y convertirla en el land número 17 de la República Federal. Esas semanas el periódico heleno To Vima denunciaba la existencia de ataques especulativos de los fondos de inversión Moore Capital, Fidelity International y Brevan Howard, acusándolos de vender en diciembre de 2009 «de forma masiva bonos (estatales) y los volvían a comprar a precios reducidos al final de la jornada»[166].

La semana del 3 al 7 de mayo la bolsa caía un 14 %, y se situaba en el nivel de los 9000 puntos. La prima de riesgo de Portugal y España subió por encima de los 100 puntos, aunque muy lejos de los niveles de 2012, pero entonces era un nivel alarmante. Según los medios económicos no había ninguna financiera que comprara deuda o bonos españoles, ni públicos ni privados, aunque se llegaron a ofrecer tipos de interés cercanos al 18 % (180 puntos). El 10 de mayo, en cambio, el IBEX registró la mayor subida de su historia, un 14 %, impulsada por la banca, que alcanzaba subidas del 20 %. ¿Qué había pasado? Ese mismo fin de semana se había producido la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE), algo inédito en la historia de este organismo. Casualmente, el miércoles, 12 de mayo, Zapatero anunciaba los mencionados recortes. Europa había negociado el plan de salvación de España, y el país había sido intervenido. Rajoy, en la misma sesión en la que anunciaba Zapatero aquellos recortes, se lo recordó: «Le han impuesto las medidas como a un escolar indolente. Le han fijado los plazos y las revisiones; le han impuesto la tarea, le han marcado las cifras […]. Lo que han venido a decir nuestros socios europeos es que no se le puede dejar solo, que hay que marcarle la ruta y vigilarlo».

El proceso estuvo condicionado desde que se inició la rebaja aplicada por Standard & Poor’s (S&P) el 29 de abril a la calificación de la deuda española. Sonaron las alarmas, pues encareció, al mismo tiempo, no solo la emisión de deuda gubernamental, sino también privada. La rebaja de la nota de España afectó automáticamente a las empresas españolas del IBEX 35, a las que contagió a continuación. Esto se reflejó de inmediato en los seguros de impago de deuda (credit default swaps, CDS[167]), tanto pública como privada. Así, los CDS de los bonos del Tesoro español alcanzaron su valor máximo en la semana del 3 al 7 de mayo, en la que los inversores llegaron a pagar más de 273 000 dólares por cada 10 millones en bonos a cinco años (más de 273,9 puntos el 6 de mayo, aunque lejos de los 460 de Portugal o los 1126 de Grecia del 24 de junio) según los datos de CMA Datavision[168]. La tendencia al alza del coste de asegurar la deuda no solo afectó al Estado, sino que también afectó a la deuda privada. Los CDS de la banca española se dispararon hasta los 330 puntos básicos (330 dólares al año) durante esos días de alta tensión, muy por encima de los bancos italianos o alemanes.

En julio, España inicia el camino de las reformas de su estructura económica: se aprueba el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros. En él se crean las condiciones para privatizar las entidades financieras de fin social, permitiendo a las cajas de ahorros ejercer la actividad bancaria a través de un banco creado ad hoc que tuviera acceso a los mercados. Era, según el presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros, Isidre Fainé, un «traje a medida», pues daba la posibilidad de elegir entre cuatro opciones: una primera en la que podrían mantener su condición de caja, con el nuevo régimen de cuotas y adaptando sus estatutos a las normas de gobierno corporativo (La Caixa); en la segunda, podrían integrarse en un sistema institucional de protección (SIP), conocido como fusión fría, aunque manteniendo cada caja su estructura y nombre (caso Caja Madrid y Bancaja); en la tercera, mantener la condición de caja cediendo todo su negocio financiero a un banco, pero manteniendo el 50 % de las acciones de la filial; la obra social y la cartera industrial permanecerán en la caja; y en la cuarta, las cajas podrán dejar de serlo y transformarse en una fundación cediendo su negocio a un banco en el que tenga una participación inferior al 50 %. Y la más polémica de todas, en tres años todos los cargos electos y altos cargos debían abandonar los consejos de administración. Era un aviso a las autonomías y municipios: las cajas se habían cerrado para nuevos navegantes procedentes de los partidos.

Esa misma semana, Emilio Botín celebró su junta de accionistas, mientras pensaba en el acceso a las cajas ahora abiertas en canal. En esa junta de accionistas cambió el tono cordial de la campaña de febrero para dar indicaciones: entonces reclamó una reforma laboral «urgente, profunda y con visión de futuro». En abril, Florentino Pérez había lanzado la propuesta, demandando que se hiciera lo antes posible con el objetivo de alcanzar un acuerdo «sólido y consensuado que agilice el mercado de trabajo y promueva la creación de empleo». La misma semana en que Botín llamó a filas a los trabajadores, lo hizo Villar Mir, que aconsejaba hacer una reforma profunda, basada en adelgazar el sector público y aumentar la «flexibilidad y eficiencia del mercado de trabajo», en la cual «no solo se trata de variar los costes de despido, sino que es necesario equilibrar las condiciones entre fijos y temporales, eliminando la acusada dualidad del mercado de trabajo». Era julio, y el 9 de septiembre el Congreso aprobaba una reforma laboral: abaratamiento del despido por causas económicas con 20 días por año de indemnización (no solo por pérdidas, sino cuando prevean tenerlas, o tengan una persistente caída de ingresos), y aumentando la indemnización por despido en contratos temporales. Era la vía que se dirigía hacia el contrato único por la que abogaba Villar Mir. En 2011 se anunciaban los ERE cargados de despidos: la primera fue BFA, la entidad de Caja Madrid y sus socias, que solo esperaron dos meses desde la reforma para prescindir de 4000 trabajadores a finales de 2010; después, en 2011, le superó Telefónica (6803) que se sacudió el 25 % de su plantilla; y Acerinox, más da la mitad (1663 de 2243). En 2011 hubo 22 529 expedientes de regulación de empleo, 4000 más que el año anterior, y afectaron a 373 380 personas.

Catorce días después de aprobarse la reforma, y una vez también aprobados también los presupuestos que fijaban un déficit del 6 %, Zapatero se presentó, a pecho descubierto, ante inversores de Wall Street. Desprovisto de toda retórica patriótica, les presentó el caramelo que era el país: «Para el Gobierno de España esta ha sido una etapa de adoptar decisiones difíciles y complicadas para que los mercados valoren la firme determinación de hacer que la economía española sea competitiva y vuelva a permitir crear empleo». Se presentó ante los grandes tiburones, conocidos por sus posiciones agresivas en el mercado: George Soros; John Paulson; David Solomon, de Goldman Sachs; John Havens, consejero delegado de Citigroup; Laurence Fink, de Blackrock; Charles Lowrey, de Prudential; Edward Pick, de Morgan Stanley; Ray Dalio, de Bridgewater; Mike Zarkone, de Metlife; Alex Navab, de KKR; Sanjeev Handa, de TIAA Cref; y James Valone, de Wellington Management. Pero surge una pregunta: el presidente del Gobierno presentaba ante inversores norteamericanos la fortaleza de la economía española, bien, pero ¿a qué parte de la economía?

En 2010 el IBEX se hace partido político
para defender su deuda

El excerebro de las privatizaciones de los años ochenta y consejero de Santander, Guillermo de la Dehesa, fue uno de los protagonistas de la presentación de aquella campaña «estoloarregla​mosentretodos» de febrero de 2010, en la cual avanzaba la necesidad de un consenso generalizado. Llamó a que «prime el consenso frente a las ideologías», llamando a «la sociedad civil para salir de la crisis». En la página web de la campaña decían: «Somos gente como tú, y pensamos lo mismo que tú piensas. Y lo que hacemos es lo que tú hubieras hecho en nuestro lugar». Esta última frase exculpatoria fue el leitmotiv del IBEX 35 durante este tiempo, asumiendo desde entonces el papel de líder espiritual del país y de la cruzada contra la espiral de pesimismo del país. Se conformaba así el gobierno patriota del IBEX. Para ellos, buscar el bien del IBEX era el bien de España. Pero no podemos culparles, pues el discurso ya había sido regado por el patriotismo ibextiano de Zapatero tras la entrada de constructoras en las empresas de energía patrias, salvándolas así de las garras de extranjeros.

El mismo mayo, mientras todos miraban la subida de la prima de riesgo y la debilidad del Estado, solo el gobernador del Banco de España apuntaba en un sentido contrario: según la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en total, la deuda de las 25 mayores empresas por capitalización bursátil (excluyendo a las entidades financieras) alcanzaba los 236 515 millones[169], lo que suponía casi la cuarta parte del PIB y casi la mitad de la deuda pública. No obstante, un estudio de tres profesores de la Universidad de Barcelona[170] mostraba otra cifra: 571 000 millones de deuda para las 29 mayores empresas no financieras. Es decir, más de la mitad del PIB y solo 39 000 millones menos que la deuda del Estado, que estaba entonces en 600 000 millones.

La cifra del gobernador ponía sobre la mesa un indicio que era revelador. Las empresas con mayor deuda en 2010 eran la antigua empresa pública, Telefónica (45 000 millones), seguida de las constructoras Ferrovial (23 225 millones), Sacyr (12 015 millones), ACS (10 033 millones), FCC (8285 millones), Acciona (7667 millones) y OHL (4009 millones). Abengoa se situaba en los 6200 millones. Entre las seis (constructoras) magníficas acumulaban una deuda de 65 334 millones. Ese 2010, las empresas del IBEX tenían que devolver 23 000 millones. Las empresas del IBEX 35 y del FTSE italiano eran las más endeudadas del continente. La deuda de la española suponía 2,8 veces su beneficio operativo, y un tercio del IBEX formado principalmente por las empresas antes mencionadas tenía un endeudamiento que superaba en tres veces su beneficio. Individualmente, los números se disparaban: Ferrovial, 9 veces; ACS y Abengoa, 6 veces; y FCC, Abertis y OHL, 5 veces.

Las constructoras, como ya dijimos, estaban representadas por SEOPAN y su presidente, David Taguas. El mismo lobby que financiaba la campaña de febrero, y el mismo que se congratuló cuando el 7 de abril —en medio de la campaña de propaganda de la patronal de constructoras y antes de la crisis de deuda que llevará al recorte— anunció un Plan Extraordinario de Infraestructuras que movilizaría 17 000 millones que serían financiados en régimen de concesión[171]. La financiación corría a cargo de varios financistas: el 50 %, el Banco Europeo de Inversiones (BEI); el 30 %, el Instituto de Crédito Oficial (ICO); y un 20 %, entre la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). El ICO pasaba a ser accionista de un fondo público de gestión privada destinado a estas obras. Casualmente será en el primero donde recale la anterior ministra de Fomento del PSOE, Magdalena Álvarez, ya que fue nombrada vicepresidenta del BEI solo cinco meses después de anunciado el proyecto. José Blanco, congratulado por su capacidad de levantar el ánimo a las constructoras, llamaba a filas a las viejas aliadas: hacía solo ocho días que había terminado la Semana Santa, y las cajas de ahorros y el instituto de crédito del Estado se postulaban como costaleros de las constructoras. A paso ligero, levantarían los 17 000 millones de inversión.

El grueso de la inversión, el 70 %, iría a las infraestructuras de ferrocarril que, según el argumentario difundido por el ministerio de José Blanco: «Su contribución a la sostenibilidad de nuestro sistema de transporte es decisiva por la reducción en la emisión de las toneladas de CO2 y en el consumo de combustibles fósiles, disminuyendo nuestra dependencia del petróleo». Lo cierto es que seguía la misma lógica que aplicará en el recorte del presupuesto en infraestructuras anunciado en mayo: mientras se recortaba en todas las partidas del presupuesto, la destinada a infraestructuras ferroviarias del grupo ADIF igualaba el de antes de la recesión de 2009: 4299,6 millones de euros, superando los 3399 del año anterior[172].

Estos logros no eran sino la confirmación de una estrategia trazada por las constructoras, que se inició con el fichaje en 2008 del exjefe de la Oficina Económica de Rodríguez Zapatero y, también, un soplo de aire fresco ante los ataques que recibían por parte de fondos especuladores, los mismos con los que Zapatero se reunió en septiembre de 2010 en EE. UU. Los nuevos ingresos supusieron un alivio para los vencimientos próximos de las constructoras, de los que se estaban beneficiando fondos extranjeros, al apostar por posiciones cortas en la bolsa[173], principalmente en el IBEX 35. A raíz de estos ataques, el 9 de febrero, el 60 % de las empresas constituyeron la asociación «Emisores Españoles»[174], que según anuncian en su página web se dedica a dar «respuesta a las inquietudes que se plantean las empresas en su condición de emisores de valores, como la mejora de la comunicación con sus accionistas; el desarrollo de niveles elevados de buen gobierno corporativo; el reforzamiento de la seguridad jurídica en relación con la emisión, negociación, liquidación, compensación, custodia y registro de los valores y la relación de diálogo y cooperación con la Administración». El fin era presionar al Gobierno para endurecer los controles sobre los accionistas y evitar una espiral especulativa que minara las ampliaciones de capital y otras emisiones.

Las empresas más castigadas durante esos meses por posiciones cortas fueron FCC, Indra y Abengoa. En Abengoa las posiciones bajistas tomaron en todo el año acciones por valor del 65,34 % de su capital, FCC un 45,3 %, e Indra un 59,11 %. Las principales empresas endeudadas, como Telefónica o Ferrovial, estuvieron menos sometidas a estos ataques especulativos a la baja: en Ferrrovial un 13,60 %, ACS un 25,51 %, o Sacyr, con un 20,32 %. Abengoa ha sido la que más posiciones bajistas ha soportado, hasta su suspensión de pagos en 2016. Estas posiciones fueron investigadas por la CNMV, sin final claro aún (ver Gráfico 5 en pliego central).

El gobierno en el IBEX en 2010:
entre el Santander y la futura Bankia

Para defender los intereses de este grupo altamente endeudado, en 2010 había en todas las empresas del IBEX 91 exaltos cargos del Estado del total de 449 consejeros (20 % en 2010, respecto al 13 % de la época de vacas flacas de 2007), de los cuales 13 habían sido subsecretarios, 11 secretarios de Estado, 17 ministros y 1 expresidente del Gobierno, Felipe González. ¿De dónde procedían? Pues si miramos la fecha de su primer nombramiento, los más numerosos son los 36 de los Gobiernos de González, seguido de los 12 de la UCD, 10 del PP, 8 del periodo monárquico, 4 del franquismo y 4 iniciados con ZP. Los más solicitados eran los diputados (17), seguidos por aquellos que habían pasado por el Ministerio de Economía (12), seguidos por los del Ministerio de Industria (9). Esto dejaba como el perfil perfecto un ministro de la época de Felipe González que hubiera sido también diputado. Los cachorros de González eran así los preferidos del IBEX.

Pero, para evitar malos entendidos, puesto que había empresas participadas por el Estado en el IBEX y tenían derecho a ser representadas, es conveniente clarificar una cuestión: ¿qué empresas tenían un mayor número de consejeros procedentes de puestos del Estado? Pues, bien, dos eran las que rivalizaban por el primer puesto: Enagás, la gran preferida de las cajas de ahorros, pero sin presencia de la SEPI (ente público), y Santander, el diablo rojo subcustodio de fondos extranjeros; ambos tenían seis consejeros políticos en sus órganos de gobierno. El Santander los tenía de toda la gama de colores: de la UCD (Matías Rodríguez Inciarte), del PSOE (Guillermo de la Dehesa, Luis Ángel Rojo), del PP (Abel Matutes e Isabel Tocino). Era la gran coalición sentada en el regazo de Botín.

Pero dentro de los ex que acababan en el IBEX, predominaba uno con varios puestos en empresas del selectivo índice: Rodrigo Rato, el exministro de Economía de Aznar, presidente de la fusionada BFA en diciembre de 2010 y miembro del consejo de administración de Iberia y Mapfre. Rato había entrado en el IBEX por la puerta de Caja Madrid, desde que en enero de 2010, en plena turbulencia financiera, fuera nombrado presidente de la caja. Y es que, por raro y desubicado que parezca, Caja Madrid se postuló entonces como un proyecto expansivo en este periodo: su transformación en entidad bancaria, como Bankia. El proyecto de Bankia tiene su comienzo con la fusión entre las cajas de ahorros Caja Madrid y la caja valenciana Bancaja como entidades de mayor envergadura, a las que se añaden Caixa Laietana, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caja de Segovia y Caja Rioja. Estas, en junio de 2010, acuerdan unirse bajo la forma jurídica de SIP (sistema institucional de protección), con la aprobación de la operación por parte del Banco de España el 29 de junio[175], el cual aceptó a su vez la aportación de 4465 millones (mediante la suscripción de participaciones convertibles por parte del FROB) para reforzar sus recursos tras la fusión. Con esta unión se consolida el tercer mayor grupo bancario por volumen de activos, por delante de su gran competidora, La Caixa[176].

Debido a las características de la llamada fusión fría (SIP), desde ese momento siguen operando de forma independiente, conservando cada una su marca, oficinas y estructura. De ahí que, a finales de 2010, las participaciones industriales que tienen estas cajas en el IBEX 35 figuren a nombre de cada una de ellas: Iberdrola a nombre de Bancaja, o Mapfre a nombre de Caja Madrid. El 3 de diciembre de 2010 se constituye finalmente el Banco Financiero y de Ahorros, marca que se une al contrato de integración por el cual se forma el SIP[177]. Siguiendo el contrato de integración, se comprometerán a crear una nueva estructura central (BFA), la integración financiera, operativa y tecnológia, así como el desarrollo integrado de los negocios. No obstante, hasta el 1 de enero no entrará en vigor la nueva estructura supraentitaria (posterior a la fecha de los informes de gobierno corporativo de 2011 que sirven para reconstruir el mapa del IBEX de 2011).

Los problemas de liquidez por los que atraviesa la entidad, así como la falta de provisiones para cumplir con los criterios establecidos en los acuerdos de Basilea II intervienen en la nueva configuración de la entidad. El objetivo era sacar a bolsa BFA, pero debido a los múltiples riesgos que aglutinaba (activos tóxicos) deciden segmentar BFA, creando una nueva entidad, BANKIA (5 de abril de 2011), en la cual integrarían el negocio bancario (oficinas, depósitos, clientes), dejando en BFA aquellos activos de mayor riesgo (mayormente hipotecas y activos inmobiliarios). Con el objetivo de dotar de provisiones a Bankia antes de su salida a bolsa, se recurre a un préstamo del FROB de 4465 millones de euros. Finalmente sale a bolsa el 20 de julio de 2011. Un año después, el 9 de mayo de 2012, tras dos años de resultados negativos que arrojaban las mayores pérdidas de una entidad bancaria de la historia española, BFA (accionista mayoritario entonces de Bankia) es nacionalizada[178].

Es necesario resaltar cómo, antes de la creación de BFA en diciembre de 2010, durante seis meses (de junio a diciembre), hay una situacion de multicefalia en el proyecto de estas cajas de ahorros: hay un proyecto común, pero por las propias características de la figura jurídica SIP, se mantiene formalmente la independencia de cada una. Esto hace necesario enfocar la situación de este conjunto con un análisis pormenorizado de la situación de facto que se vivía en el ejercicio 2011, en el cual aquellos activos y participaciones, así como la unión de consejeros en un mismo consejo, estaban ya comprometidos en la fusión del SIP y, por tanto, constituyen un vínculo de unidad del proyecto Bankia.

Es decir, es necesario explicar el lazo que existía de facto entre los consejos de administración en el momento de constituir el SIP y que involucraba un proyecto de hegemonía determinado para con un sector del Estado y grupos de empresas. Para ello, tomamos la estructura del consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorros a fecha 30 de diciembre para añadirla a la matriz de empresas del IBEX 35 de 2010. De esta forma, añadimos los lazos que, por ejemplo, unen a Rodrigo Rato y José Luis Olivas, ambos miembros del primer consejo de administración de BFA y, en consonancia, a las empresas en las que ambos son miembros de sus consejos. El resultado se aprecia en el gráfico de relaciones entre consejos de empresas del IBEX 35 (ver Gráfico 6 en pliego central).

04

Un Estado llamado IBEX 35 en crisis:
la clase dirigente se divorcia de España

Cuando Jesús reunió a los doce apóstoles en la cena de Pascua, se originó un revuelo por quién debía ser el mayor o menor, a lo cual aquel dijo: «¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa?» (Lucas: 28). Entonces les conminó: «Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino; y os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel» (Lucas: 30). La discusión entre los que serían posteriormente los predicadores de la palabra de Jesús —entre los cuales se encontraba aquel que le traicionará, Judas— se saldó entonces con la unidad que profería estar en la mesa del prócer. La mesa, entonces, se instituyó como lugar de comunión y unidad de los diferentes apóstoles.

El gran mito de la Última Cena ha provocado en el cristianismo múltiples revisiones, escisiones y concilios. Una escena más profana se producía a principios de diciembre de 2010 en la Torre Europa (Torres Kio) con la reunión de los 18 miembros del consejo de administración de la recién creada BFA (resultado de la fusión de varias cajas de ahorros, entre ellas Caja Madrid y Bancaja), procedentes de múltiples partidos, sindicatos u otras organizaciones[179], unidos por aquella mesa del consejo, y el liderazgo por aquel entonces de Rodrigo Rato y Figaredo (ministro de Economía, vicepresidente del Gobierno y miembro del PP), el elegido. Aquella fue la última cena de la «casa Aznar» tal y como había sido conocida. Se había iniciado la cuenta atrás para la caída en desgracia del prócer, que iba a ser traicionado por uno de los suyos e iba a quedarse con la mesa sobre la que repartió el poder terrenal.

Los tiempos habían cambiado desde aquellos tiempos en que Aznar gobernaba con puño de hierro el IBEX. En 2010 el reparto de la tierra del IBEX vigente daba a los tecnócratas del PSOE influencia en un área que incluía a las antiguas empresas públicas (Telefónica, Repsol, Endesa), las participadas por el Estado (Red Eléctrica o Enagás) y el Banco Santander, al cual benefició en los años noventa (concurso mediante) con la adjudicación de un Banesto expropiado, convirtiendo así el banco de la familia Botín en la mayor entidad financiera del país.

Los mandarines del PP, por el contrario, se fueron extendiendo por múltiples sectores, constituyendo un holding de eléctricas, seguros, tecnológicas y alimentación, a partir de su control de Caja Madrid y Bancaja. Ambas cajas, controladas por el exvicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, y por José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP), y finalmente fusionadas en Bankia, disfrutaban en 2010, ya bien entrada la crisis económica, de una posición oligopólica en el IBEX 35, con la participación en un total de ocho sociedades del índice (Indra, Iberia, Mapfre, Iberdrola, Ebro Foods, Enagás y BME), siendo dominantes en las tres primeras, e indirectamente controlando un área mucho más amplia, a través de las participaciones de sus participadas.

Solo había un accionista con un poder similar en el IBEX 35 en 2010: La Caixa (con seis participadas). Pero ni La Caixa ni el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fueron un problema para el poderío del PP-IBEX. El presidente socialista dio el visto bueno, aunque no fuera de su agrado, a la fusión de Bancaja y Caja Madrid en diciembre de 2010, las dos cajas madres del gran proyecto económico del PP y sus empresarios afines: Valencia y Madrid.

El destino quiso que la unión en 2010 del Imperio del PP en Valencia (Bancaja) y Madrid (Caja Madrid) se hiciera con la bendición del PSOE. No solo dio su visto bueno en esta ocasión, sino que, posteriormente, Elena Salgado (ministra de Economía, hoy en Enel) permitió su salida a bolsa en mayo de 2011, en un proceso para el cual las cuentas fueron «maquilladas», en palabras de los peritos del Banco de España al servicio de la Audiencia Nacional y del juez Andreu. Veredicto que no compartían el FROB y la CNMV, esta última investigada por la Audiencia Nacional por una presunta trama de cobros por la cual se pudo beneficiar a, entre otras, Bankia. Entre los responsables de las presuntas operaciones, se encuentran todos los presidentes de la CNMV desde la etapa de Zapatero: Manuel Conthe (hoy en Acerinox y participante en muchos de los actos de Ciudadanos), Julio Segura Sánchez (en el cargo durante la salida a bolsa) y Elvira Rodríguez (actualmente en funciones).

Ningunos de los supuestos tejemanejes habrían sido un problema si no se hubiera producido el rescate de Bankia. Las consecuencias del rescate de lo que podía llamarse la «casa Aznar» sacudían la estructura de poder española: ahí estaban todos los proyectos apadrinados durante tres lustros por el PP, y todos sus compañeros de viaje, empresarios, conseguidores y capitalistas, unos renombrados y otros menos conocidos. Ahí estaban los créditos concedidos a dedo, pero también las participaciones en empresas que permitían al PP mantener un gran poder intermediario dentro del IBEX 35. Es más, a falta de datos que solo Bankia tiene (prestamos corporativos) los indicios apuntan a que Caja Madrid sirvió de tabla de salvación para el poder económico cuando llegó la crisis.

Dos años después, años de Púnica y Taula, todo se torció. Las pérdidas reales que anunció Bankia en diciembre de 2012, próximas a los 20 000 millones (producto de una exigencia mayor de provisiones), quedaban fuera del alcance del FROB, así que el Gobierno de Rajoy tuvo que acudir a un crédito concedido por el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). La aprobación del préstamo, que incluía tres tramos hasta llegar a los 100 000 millones (el 10 % de la deuda pública actual), la realizó Mariano Rajoy en el momento de mayor especulación sobre la prima de riesgo, que había llegado a los 610 puntos en agosto de 2012.

Ya en diciembre de 2012, con el rescate debajo del brazo, el Gobierno firma las condiciones incluidas en el memorando de entendimiento. Su aplicación implicaba limitar el control de las cajas de ahorros sobre las empresas en las que participaban (se reduce a cuatro), transformarlas todas en bancos (y a las fundaciones en tenedoras de acciones) y evitar la participación de políticos en ellas. Era el programa perfecto para limitar el poder de las cajas y facilitar la entrada de un nuevo competidor en el quebrantado pastel económico: los fondos y los bancos custodio estadounidenses.

Este hecho supuso un duro golpe para Aznar. Al aplicar esas condiciones a Bankia, Rajoy, su sucesor designado, le había robado el muñeco con el que había dominado el IBEX 35. Rajoy defenestró a la cúpula de Bankia, retiró a Rato e impuso un consejo de administración dominado por un ex del BBVA, Ignacio Goirigolzarri. Indirectamente, con esa acción puso toda clase de información no solo en manos de la Troika, sino también en manos de los competidores, los fondos de inversión norteamericanos que controlan el BBVA. Los mismos que lograron poner en su órbita de control a Bankia. Presionado por Alemania, Draghi y el FMI, el Gobierno de Rajoy se desprenderá unos meses después del holding Bankia: el 12 % de la aerolínea IAG, dueña de Iberia (junio de 2013); el 20,14 % de Indra (agosto de 2013); el 4,94 % de Iberdrola (abril de 2014); el 19,07 % de Metrovacesa (diciembre de 2014); y el 15 % de la joya de la corona, Mapfre (septiembre de 2014). Como consecuencia de la intervención de Bankia, la influencia del PP sobre el IBEX quedó en manos de Rajoy, quien a través de la SEPI controla (en funciones) Ebro Foods, Enagás, Indra y Red Eléctrica; y, a través del FROB, también Bankia y otras entidades financieras rescatadas, como Banco Mare Nostrum o Banco CEISS.

Sin mover una ceja, y quizá sin proponérselo, Rajoy había ganado la partida a su expatrón y a su gran enemiga, Esperanza Aguirre. Aznar y la presidenta del PP madrileño se quedaron de repente sin su inmenso poder de intermediación, si bien es cierto que el cerebro de la operación todavía podía recurrir a sus delfines, Francisco González (BBVA), Pablo Isla (Inditex) y César Alierta (Telefónica), a los cuales colocó en puestos clave durante su mandato. Pero nada era lo mismo, pues sin dominar el aparato de créditos, favores y participaciones, ya no tenía poder económico sobre ellos.

Aznar respondió a la situación creando el Instituto Atlántico de Gobierno, en el cual reunió a sus otrora beneficiados y benefactores. En el consejo directivo del instituto participaban numerosas autoridades «amigas» de empresas del IBEX 35: Alierta (Telefónica), Borja Prado (Endesa), Josep Piqué (OHL), Javier Monzón (Indra), Javier Benjumea (Abengoa), Antonio Brufau (Repsol), María Dolores Dancausa (Bankinter) o Antonio Huertas (Mapfre). Era marzo de 2015, y hacía tiempo que los nuevos dueños del IBEX habían construido el suyo: el que sería sucesor de Rato (lugarteniente de la «casa Aznar»), Ignacio Goirigolzarri (nombrado por De Guindos y el FROB), fue nombrado en 2010 presidente del consejo asesor del Instituto de Estudios Norteamericanos «Benjamin Franklin» (de la Universidad de Alcalá de Henares). El resto de miembros de este instituto apuntaban alto: Joaquín Ayuso (Ferrovial), Claudio Boada (presidente del Círculo de Empresarios, de Avantia e hijo de Claudio Boada Villalonga, el expresidente del Hispano), Antonio Vázquez Romero (presidente de IAG) y Rafael Díaz Granados (presidente de General Electric España y miembro del Comité Ejecutivo de la American Chamber en México). Este grupo se ponía a la delantera, previendo acontecimientos futuros, y se erigía como garante de la cultura norteamericana en España.

Coincidentemente, los miembros del instituto terminaron siendo los nuevos patrones del nuevo IBEX 35 post Rato, donde la partida tradicional entre dos grupos dominantes (el catalán de La Caixa y el madrileño de Caja Madrid, al ser accionistas de múltiples empresas) pasaba a estar formada por tres actores: un PP que se aferraba a la SEPI y el FROB para no perder el control de lo que fue su Imperio; un sector mayoritario, vinculado a las antiguas empresas públicas o concertadas (Telefónica, Repsol, Iberia, Endesa), hoy en la órbita del Santander, el BBVA, y los fondos de inversión (Chase Nominees, Bank of New York Mellon, State Street Bank) y bancos custodio norteamericanos, en particular de Blackrock; y por último, un tercer sector de empresas, el único articulado por una entidad de capital nacional: La Caixa.

El nuevo actor emergente, el banco custodio norteamericano Blackrock, ganó terreno con la crisis y en 2016 tenía repartidos 12 000 millones por empresas del IBEX 35. Su ascenso fue meteórico. En 2010 solo tenía participaciones en dos empresas (Telefónica y Gamesa); en 2013 tenía participación en doce sociedades del IBEX 35, y en 2016 pasó a tener 19. Sus principales referentes en España habían sido el BBVA y el Santander, los cuales han tenido tradicionalmente bancos custodio como accionistas de referencia (State Street Bank, New York Mellon y Chase Nominees, entre otros). Aunque fue una exempresa pública, Telefónica, la primera empresa del IBEX 35 que introdujo a Blackrock como accionista.

Pero los nuevos poderes no solo querían interlocutores en el IBEX. Antes de las elecciones de diciembre de 2015, el líder del PSOE, Pedro Sánchez —al igual que Zapatero en su visita a EE. UU. en septiembre de 2010—, recibió diversas invitaciones para conocerlos. En junio de 2015, fue invitado a una reunión del Club Bilderberg (junto a Ana Patricia Botín y Juan Luis Cebrián) en la que estaba el vicepresidente de Blackrock, Philipp Hildebrand, aunque finalmente el líder socialista no acudió. No obstante, según la agenda del PSOE, dos meses después, el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, se reunió en Ferraz con Jim Barry, responsable de Infraestructura de Blackrock. Su presidente, Larry Fink, un asiduo al Foro de Davos, es autor de varias frases memorables. Una afirma: «Hay que educar a la población [en Europa] para que vote al líder correcto que tome las medidas correctas». En otra aconsejaba esperar el momento oportuno, cuando suceden fuertes caídas y hay pánico en las bolsas, para comprar acciones: «Antes de comprar hay que ver sangre en las calles». En una entrevista concedida a El País durante una visita a España en junio de ese mismo año, Fink advertía: «Quien gobierne en España (…) debe de ser responsable de los compromisos adquiridos, que son compromisos de Estado y no de un Gobierno concreto»[180]. Blackrock es la mayor gestora de fondos del mundo: maneja una cartera de 4,2 billones de euros, cuatro veces el PIB español.

La antigua Caja de Pensiones de Barcelona, «la Caixa», reconvertida en Caixabank, resultó ser otro de los actores poderosos en el nuevo IBEX 35 post crisis, comandado por el pío y opusdeísta Isidre Fainé. Es la única gran caja que se libró de la participación del FROB, al igual que otras cajas menores reconvertidas, como Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja, donde las fundaciones bancarias (cajas reconvertidas) mantenían el control. Isidre Fainé fue consciente de la ruptura del statu quo de la «casa Aznar» y, siempre discreto con sus preferencias, dejó que se atisbaran ante posibles movimientos indeseados en el gobierno tras la irrupción de Podemos en el Parlamento con 69 diputados y un posible Gobierno de izquierdas: «Si se hace un Gobierno estable habrá inversiones», dijo en la presentación de resultados de La Caixa en enero de 2016. Isidre Fainé conocía bien las virtudes y las debilidades de uno de los proponentes de la Gran Coalición, el presidente del partido Ciudadanos, Albert Rivera. Fue su jefe en La Caixa, y también uno de los presidentes de empresas del IBEX (junto al resto de miembros del holding La Caixa, Josep Oliú, del Sabadell, o Salvador Alemany, de Abertis) que no acudió en octubre (dos meses antes de las elecciones) a la reunión con el candidato de Ciudadanos organizada por el lobby del IBEX 35, Puente Aéreo. Fainé era consciente de lo crucial que era el año 2016, con la posibilidad de un Gobierno de Podemos y el PSOE, frente a una agenda de fusiones recomendadas por la Unión Europea, que acercan a La Caixa al Banco Popular o Ibercaja.

Todos en el IBEX estaban nerviosos ante la incertidumbre del nuevo Gobierno post 20D y post 26J, pues de él dependería la supervivencia de un endeudado IBEX, y de inclinar hacia un lado u otro la balanza de poder entre las tres galaxias dominantes (SEPI, Caixa, Blackrock). Se podría hacer una hipotética lectura de los bandos del IBEX 35 y de sus preferencias políticas, aunque evidentemente nunca sería una correlación perfecta. Pero lo que se puede afirmar es que el núcleo de las grandes empresas españolas se había dividido en tres zonas de influencia que coincidían con los tres partidos que permitieron el 29 de octubre de 2016 la investidura de Mariano Rajoy. Atrás quedaba el clima de indignación contra el PP y la situación de asfixia de las grandes fortunas de años pasados, que amenazaba con llevarse todo lo que fue el PP —empezando con Rajoy—.

Daños colaterales de la operación de investidura de Rajoy fueron la intervención de la gestora en el PSOE y la salida de Pedro Sánchez. Meses atrás, Pedro Sánchez y Ciudadanos tenían la seguridad de ser la apuesta del poder económico tras el 20D, pero sus malos resultados del 26 de junio de 2016 mostraron al IBEX 35 y a Europa que las cosas no están para experimentos y optaron por lo malo conocido. El escenario ideal siempre fue la Gran Coalición, pero con el PP como actor secundario. La lista de agravios es larga y tras años de intervencionismo y desprecio hacia la burguesía tradicional siguen ahí, pero el pulso quedó pospuesto para otro momento. La corrupción es un mal menor, comparado con el bloqueo a su proyecto que podía suponer un Gobierno progresista, eso eran palabras mayores. Se jugaban las famosas reformas, que en el fondo implicaban al IBEX: apuntalar la reforma laboral, impulsar el mayor proceso de concentración del sector bancario del último siglo (tras la cual quedarán menos de diez entidades bancarias) y una mayor apertura de sectores como la educación o la sanidad a la inversión privada.

Ante este contexto en que los nuevos actores ponían sus fichas, a la «casa Aznar» no le quedó otra opción que pasar el testigo a sus hijos, los cachorros de la beautiful people del PP. Estos heredan, como lo hizo Aznar de su padre, un país donde el país ha cambiado de manos: «Todo cambia para que siga igual», le repite Aznar júnior a su nervioso padre.

El memorando de 2012: la rendición
de los patriarcas del IBEX

Todo se precipitó entre los meses de la salida a bolsa de Bankia (julio de 2011) y la contundente derrota de Rubalcaba (28,76 %) frente a Rajoy (44,63 %) en las elecciones del 20 de noviembre: se agudiza la crisis de deuda pública[181] y hay un aumento de la prima de riesgo (diferencial con el bono alemán a 10 años), asociada al coste de financiación de la deuda pública. De enero a agosto de 2011 se inicia una dinámica especulativa con la deuda europea que conllevará el aumento de la prima de riesgo en España, Italia, Grecia o Irlanda. La prima de riesgo española superará los 200 puntos a inicios de año, y los 300 puntos en junio. Ante estos niveles, el Banco Central Europeo finalmente decide actuar el 15 de agosto de 2011, comprando bonos españoles y portugueses por valor de 22 000 millones[182]. Una semana después, el 23 de agosto, Rodríguez Zapatero llevaba al Congreso una reforma constitucional del artículo 135, sobre la estabilidad presupuestaria que limitaba el techo de endeudamiento del Estado y comunidades autónomas. En septiembre fue aprobada la ley, vía proceso ordinario, con los votos de PSOE y PP, y sancionada el 27 de septiembre[183].

En 2012 la situación se agravará para las cajas de ahorro. El cambio de Gobierno en noviembre de 2011, la oscilación de la prima de riesgo y los nuevos requisitos para las cajas de ahorros, entre ellas Bankia, fueron el revulsivo a la situación de respeto mutuo. Tras las fusiones entre cajas de ahorros que se suceden en 2011, en 2012 el Estado tendrá que recapitalizar la mayoría de entidades[184]. No obstante, las necesidades de algunas entidades, entre ellas Bankia[185], hicieron necesario que desde la Unión Europea se apruebe un crédito para recapitalizar las entidades de crédito, vehiculado a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). Este se hará en tres tramos, y podrá llegar a los 100 000 millones. Finalmente, durante este periodo se desembolsan 41 300 millones[186]. Como contrapunto, se firma en diciembre el Memorando de Entendimiento, el cual obligará, entre otras cosas, a transformar la estructura legal de las cajas de ahorros. En diciembre del 2013 se aprueba la Ley de Cajas y, con ello, la aplicación de las recomendaciones del memorando.

La restructuración del sector financiero modifica profundamente el sector. De 59 entidades financieras que existían en 2010, se pasará a 18 entidades. Las cajas de ahorros sufrirán el mayor cambio, pues en un solo año (2010) se reducen drásticamente de 45 a 15, sobreviviendo finalmente dos (Caixa Ontinyent y Pollensa). Para facilitar su fusión, se modifica la Ley de Cajas en 2010[187], con lo que se permite su transformación y absorción por otras entidades. Para ello, se recomienda su fusión mediante SIP (conservando marca e independencia) y su conversión en fundaciones mediante las cuales controlar el porcentaje correspondiente de capital de la resultante entidad bancaria[188].

Los cambios en el sector financiero tienen una influencia directa en la estructura del índice. Primeramente, el IBEX 35 sufre una caída en la capitalización entre 2010 y 2012 del -9,56 %, para aumentar nuevamente entre 2012 y 2013 en 31,08 %. La mayor capitalización siguió correspondiendo al sector bancario en 2013, que representaba un 36,5 % (33,4 % en 2012), seguido del sector energía y agua con un 16,9 % (22,8 % en 2012) y del sector transportes y comunicaciones con un 15,8 % (16,2 % en 2012).

A pesar de la importancia del sector financiero en la capitalización del índice, el control del sector financiero disminuye. Respecto a 2012 hay una desinversión de 9 entidades financieras en 11 sociedades cotizadas, entre las cuales destaca la desinversión llevada a cabo por Bankia-BFA que representa casi el 50 % del total del descenso del peso de las entidades financieras como accionistas significativos en empresas del índice[189]. En 2010 representaban un 13 % del total de accionistas significativos, mientras que en 2013 bajan a un 5 %.[190] No obstante, hay un pequeño repunte en la participación del IBEX 35 de entidades financieras internacionales (+0,11 %), que en términos relacionales supone que entidades como Blackrock tengan participaciones significativas en 11 sociedades cotizadas.

Siguiendo con la referencia de los datos proporcionados por la CNMV en 2013, hay que señalar que aumenta el porcentaje de capital flotante (de 47,7 % en 2010 a 60,4 % en 2013) y disminuyen las participaciones significativas y el control individual sobre las sociedades del IBEX 35. En 2010 eran 11 las empresas del índice controladas por alguna persona física o jurídica (con una mayoría de derechos de voto), y en 2013 estas bajan a 6 empresas. Es, por tanto, una transición a un modelo de acumulación centrado en inversionistas, donde los pactos parasociales entre un mayor número de entidades y el control indirecto (a partir de relaciones entre consejos de administración o bancos custodio) emergen como principales medios de control.

Este modelo puede observarse en la variación de accionistas más relevantes en este periodo respecto a 2010. En el periodo anterior, eran las cajas de ahorros La Caixa y Caja Madrid las que tenían un mayor número de empresas participadas en el IBEX 35; a partir de 2013, el primer lugar lo ocupará la entidad financiera internacional Blackrock Inc. (con participaciones en 11 empresas en 2014, 17 en 2015), seguida por Fidelity (6), e Invesco (6); y como tercera, Caixabank (entidad bancaria propiedad de La Caixa con participación en 5 empresas), la única entidad española que ostenta una posición relevante en el conjunto del IBEX. El país, propiedad del IBEX, se postraba a los pies de los fondos de inversión (ver Gráficos 7, 8 y 9 en pliego central).

Fainé, el último patriarca

Isidre Fainé, presidente de la Fundación Caixabank se quedó solo después de la crisis económica y la intervención de Bankia con un bastón de mando poderoso y único. La Fundación La Caixa, accionista de control de Caixabank, le permitia ser accionista significativo en medios de comunicación (PRISA —editora de El País— y Telefónica, Movistar +), y en empresas de energía (Gas Natural-Fenosa y Repsol), infraestructuras y carreteras (Abertis), en agua (Suez Environnement, dueña de Agbar) o en el sector inmobiliario (Servihabitat).

Quedó así como el último referente de una soberanía económica privatizada y adquirida por capital nacional, y cuya venta supondría la pérdida total de poder sobre sectores estratégicos. La progresiva retirada de la beautiful people del PP del imperio conseguido a base de créditos de cajas de ahorros ha sido la avanzadilla: las Koplowitz (FCC) cedieron ante Slim, los Benjumea (Abengoa) ante fondos de inversión, mientras otros aguantan a pesar de que siguen aumentando sus números rojos, como es el caso de Florentino Pérez, los Villar Mir, Entrecanales o los Calvo-Sotelo. Su retirada dejaría en el aire los preciados recursos patrios, cedidos al albor de Gobiernos afines. De las 35 empresas del IBEX, en 2016 solo quedaban 16 con participaciones de control (mayor porcentaje de acciones que la suma del resto de accionistas significativos) en manos de capitales patrios. El resto depende de fondos de inversión que condicionan el devenir de las compañías.

Un ejemplo de la situación de retirada lo tenemos en la última compañía de petróleo con capital español, Repsol, de la que La Caixa anunció su interés en su venta, pues tanto Sacyr como Caixabank no pueden sostener su pérdida de capitalización, que se ha reducido a casi la mitad de su valor en tres años (de 23 861 millones a 13 000 millones en 2016). Slim, que ocupa un sillón en el órgano de gobierno de la Fundación La Caixa, manifestó su interés por la petrolera.

Todo este desgaste económico del IBEX y de La Caixa ha ido erosionando progresivamente una de las labores sociales de la caja, encarnada por el supernumerario Isidre Fainé, esto es, aquella obra social basada en la máxima opusiana escrita por Escrivá de Balaguer sobre el Apostolado del almuerzo: «Es la vieja hospitalidad de los Patriarcas, con el calor fraternal de Betania». En otros términos, aquella que exige a un buen cristiano un esfuerzo por ser un buen amigo, sincero y leal con los suyos.

En total, el entramado de empresas que conforman el holding La Caixa-Caixabank (Abertis, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Repsol y Caixabank) mantenía en sus consejos de administración a veinticuatro políticos y exmiembros del Estado. Un número mayor de los veinte que tienen las empresas que conforman el holding del Estado vinculado a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), es decir, en aquellos que los derechos de voto en manos del Estado presuponen que debe ser integrado en su totalidad por cuadros del mismo. En los seis consejos del holding de La Caixa se dan la mano el PP, el PSOE, CDC o el PNV. Todos bajo el brazo paternal de Fainé. En la última etapa de Zapatero, y antes de la intervención de Bankia en 2012, Rato, continuando la labor de Blesa, era el otro gran patriarca del IBEX, el protector de cuadros del partido y del Estado en el IBEX. En total, Rato cobijaba a 28 políticos en los consejos de administración del holding (Ebrofoods, IAG, Mapfre, Bankia, Iberdrola e Indra).

La edad, la prolongada recesión y los excesos han hecho mella en los viejos patriarcas españoles. El gran patriarca del reino abdicó en junio de 2014. Ese mismo año, en septiembre, moría Botín, y cuatro días después Isidoro Álvarez, el presidente de El Corte Inglés. Antes, en 2012, había caído Rodrigo Rato, el último sostén de la familia popular en el poder económico. La penúltima punzada al grupo de patriarcas la dio César Alierta, que dejó en marzo de 2016 la presidencia de Telefónica rumbo a la fundación. La última, el propio Fainé, retirado en junio de Caixabank para poder permanecer como presidente de la Fundación La Caixa. Poco después, en septiembre de 2016, fue nombrado presidente de Gas Natural.

Con Alierta sin sillón de presidente en el Ibex, se iba el último, un patriarca y compañero de viaje de Fainé en Telefónica, la empresa de la que La Caixa es accionista y Fainé, vicepresidente. Ambos, Alierta y Fainé, en Telefónica y Caixabank, tenían bajo su manto a su propio núcleo de poderosos. Si Fainé tenía a la infanta Cristina, directora del área internacional de La Caixa, Alierta tenía a Rodrigo Rato y a Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina. La lealtad era fundamental para estos «patriarcas», cuya concepción familiar del poder implicaba mantener un lazo fuerte con los suyos. Lo suficientemente fuerte como para sostener hasta el final a la familia Urdangarín, alejarlos del foco, pagando en 2013 un tranquilo destino en Ginebra con un coste de 480 000 euros anuales para la caja, secundado por 300 000 euros financiados por el Estado en concepto de seguridad. Antes, le había tocado a Alierta (Telefónica) ayudar a la familia real, por lo cual, tras destaparse el caso Palma Arena en 2008, contrató a Urdangarín como presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica, enviándolo a Washington en 2009.

La fidelidad se mantuvo hasta el final: Alierta tuvo que prescindir de Urdangarín en 2012, cuando fue imputado, y a finales de febrero de 2016, tras la imputación de Cristina, Fainé no tuvo más opción que apartar a la exduquesa, con gran dolor, de La Caixa, al menos hasta que finalizara el juicio del caso Nóos. Por su lado, Telefónica siempre fue el nido de la élite económica española desde su privatización. En su consejo coincidían los Albertos, Goirigolzarri (BBVA, hoy en Bankia), el consejero preferido por el PP, Abril Martorell, o el jefe de la Casa Real, José Fernando de Almansa Moreno-Barreda, con representantes del empresariado catalán, como José María Mas Millet o Antonio Massanell Lavilla. Otras áreas más discretas han sido destinadas para las familias de los protegidos, como es el caso del marido de Soraya Sáenz de Santamaría, asesor jurídico de Telefónica, o Elvira Fernández, la mujer de Rajoy, que dejó el puesto cuando su marido llegó a la Moncloa.

Si bien en el consejo de Caixabank se libraron de los políticos, el patronato de su accionista de referencia, la Fundación La Caixa, mantiene a personajes clave como el exministro socialista Javier Solana o Francesc Homs, consejero de Economía de CiU de la última legislatura de Pujol, en sustitución de Artur Mas. En él se sientan también César Alierta y el compañero de viaje de Felipe González, Carlos Slim, que ha utilizado Caixabank como aval para su OPA de FCC.

Para mantener el poder, Fainé siempre ha sido proclive a no dejar las posiciones en el consejo de las participadas por La Caixa en manos de extraños. Desde 1996 hasta 2016. Ese año era consejero en La Caixa, Caixabank, Repsol y Telefónica y presidente de Gas Natural, además de trabajar para las compañías The Bank of East Asia, el Banco BPI y Suez Environnement. Lo cual convertía a Fainé en el consejero de oro, el que ostentaba más asientos en el IBEX 35.

Pero a pesar de la feliz perspectiva —comparada con la del resto de patriarcas defenestrados—, aún se acuerda de aquel fatídico 2012. Por culpa de los madrileños de Caja Madrid y la beautiful people del PP, Fainé sufrió las consecuencias del Memorando de Entendimiento (MOU) firmado Rajoy en diciembre de 2012 con la Unión Europea. Esa firma era en la práctica el acta de defunción de los antiguos patriarcas y las cajas, y Rajoy parecía no darse cuenta. El memorando obligaba a reconvertir las cajas en fundaciones y a limitar el peso de estas en las entidades bancarias en las que participaban, tanto en el consejo como en el accionariado. Eso implicaba que tanto los consejeros como el presidente de la fundación no podían serlo a la vez del banco, ni la fundación podía sobrepasar el porcentaje de control (50,01 % del capital) en la entidad bancaria. Además, los consejeros de las fundaciones solo podrían participar en un máximo de cuatro consejos de otras empresas.

La Ley de Cajas de 2013, aprobada por Rajoy, incluía este criterio, una ley que parecía dirigida a la única gran caja superviviente, La Caixa, y a su presidente, al que le obligaban a elegir entre la fundación o el banco y limitar su poder. Era el acta de defunción de la antigua clase patrimonial vinculada a las cajas de ahorros. Un arma de doble filo que se llevaba por delante no solo a una clase caracterizada por el uso partidista de las cajas, sino también un instrumento que mantenía viva la llama de la soberanía económica tras las privatizaciones de las grandes empresas públicas.

Tras una reunión entre Mariano Rajoy e Isidre Fainé en 2013, el Partido Popular introdujo una enmienda a la ley, permitiendo la compatibilidad en determinados supuestos, pero limitando dichos supuestos al 30 de junio de 2016. Es decir, lanzaba el balón hacia delante, pensando ya que la nueva legislatura comenzaría a finales de 2015. De este modo, Fainé tenía como fecha límite junio de 2016 para dejar atados varios asuntos complicados. Quizá el mayor sea el que se refiere a la fusión con otra entidad para mantener el porcentaje de control en Caixabank. Y es que el desarrollo de la Ley de Cajas aprobado en octubre de 2015 exige a las fundaciones que sobrepasen el porcentaje de control (50 %) establecer un fondo del 0,6 % de los activos ponderados por riesgo (únicamente Kutxabank y Caixabank tienen que cumplirlo), algo que requiere más capital, es decir, una mayor rentabilidad que genere dividendos para la fundación (única fuente de recursos). Para generar caja, necesitaba la fusión con otra entidad, lo que le permitiría cerrar oficinas y eliminar plantillas. Las limitaciones impuestas a las cajas eran tal quebradero que en diciembre de 2015 tuvo que derivar las participaciones de Caixabank a Criteria, constituyéndose en enero esta como entidad financiera independiente, para no figurar en el balance de la entidad matriz.

Pero, a pesar de todo, Fainé y La Caixa no han querido entrar en el sectarismo político del independentismo. A pesar de que tiene mucho que echar en cara a los políticos madrileños, también les debe mucho. De ahí que su voluntad piadosa supere todo resquemor, y trate de unir a múltiples sectores, desde gestores madrileños, como Gonzalo Rotaeche, actual consejero delegado de Caixabank; al jefe de la patronal, Juan Rosell. En la Fundación La Caixa también ha logrado una cierta cohesión, juntando a miembros de CiU y del PSOE, enfrentados en la arena política. Siempre ha apostado por la discreción en sus apuestas políticas. Un precepto que solo se ha saltado con las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015, en las que sí hizo explícita su postura poco proclive a la independencia. Frente a la propuesta soberanista de Junts pel Sí, Isidre Fainé abogaba por una tercera vía que no pusiera en riesgo las cuentas que La Caixa tiene en Cataluña. La CECA, que preside Fainé, alertó antes de las elecciones catalanas de los «riesgos para la estabilidad financiera» de dicha victoria. El resultado de Ciudadanos y la limitada victoria de JxSÍ fueron un alivio para el banquero.

En cuanto a la política nacional, su postura es más discreta. No obstante, en las elecciones generales de diciembre de 2015, y posteriormente en las de junio de 2016, los miembros del holding Caixabank fueron los más activos en promover la Gran Coalición: desde Juan Rosell, consejero de La Caixa y presidente de la CEOE, favorable a una gran coalición, que materializó con una intensa agenda de reuniones con PSOE y Ciudadanos, la última antes de Semana Santa, el 21 de marzo de 2016. O los mediadores de la Gran Coalición, Juan Luis Cebrián (presidente ejecutivo de PRISA, participada por La Caixa y en cuyo consejo está Alain Minc, consejero de Caixabank desde 2007), o Villar Mir (consejero en Abertis, donde coincide con Isidre Fainé y Salvador Alemany), o el ex de Gas Natural, Felipe González (donde coincidía con Fainé). Aunque entre los mediadores había diferencias entre quién debía liderar la coalición, debido a sus inclinaciones por uno u otro sector.

Tras las elecciones del 20D de 2015 pasaron meses en que en televisión, prensa escrita, Internet y radio, se sucedían múltiples peticiones, cartas y manifiestos para que se formara una Gran Coalición. Frente a esta postura injerencista, en la presentación de los resultados en enero de 2016, Isidre Fainé advirtió que los banqueros debían ser «discretos» en las negociaciones que se iban a producir, aunque pedía «voluntad de pacto para intentar conseguir estabilidad institucional y seguridad jurídica». Esa discreción fue puesta en práctica en octubre de 2015, dos meses antes de las elecciones, cuando ninguno de sus hombres acudió a la comida organizada por el lobby Puente Aéreo con Albert Rivera: ni La Caixa, ni Repsol, ni Agbar, ni Abertis, ni el Banco Sabadell ni el Grupo Godó. Desde La Caixa se justificó la ausencia por su voluntad de «no interferir». Pero aquella discreción se rompió en octubre de 2016, cuando en el programa Salvados de La Sexta, Pedro Sánchez, armado de un relativo valor, amagó con decir los nombres del IBEX que intervinieron en su derrocamiento como secretario general del PSOE. Y aunque solo sacó el nombre de César Alierta de Telefónica, habló también de «banqueros», a lo cual Jordi Évole le inquirio: «¿Botín, Fainé? ¿Fue Fainé?». Pedro calló, y otorgó.

Antes de caer en la demonización, no hay que olvidar que los proyectos del holding Caixabank le han obligado a contar con la complicidad del poder político y un Gobierno estable. Lo más importante, implicaba pasar por alto la participación de la Fundación La Caixa sobre sus participadas en el IBEX, a pesar del mandato de Bruselas. Para ello tuvo que realizar en 2016 múltiples canjes de acciones entre las tres entidades: Caixabank, Fundación La Caixa y Criteria. Una operación que despertó las sospechas de accionistas minoritarios, sin ningún eco en el Gobierno o entes reguladores, mientras era denunciada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Sociedades Cotizadas (AEMEC). A ello se añade que es una de las entidades que más preferentes emitió, por un valor de 4897 millones y por lo cual la CNMV le multó con 7 millones de euros por una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores.

Durante meses, la conciencia de Fainé fue un hervidero, ante la imposibilidad de lograr un Gobierno de coalición que diera estabilidad a España, a Cataluña y a sus 14 millones de clientes. Algo que le permitiría asegurar también el poder atesorado por La Caixa y poder practicar el Apostolado del almuerzo con los suyos, aquellos que ahora descansan, al fin, bajo la calidez de la Moncloa. Pero todo salió según el banquero predijo en 2015: «El diálogo, y el espíritu de concordia y de que aquello que es razonable acaba saliendo siempre»[191].

Los grandes fondos estadounidenses se convierten
en custodios del IBEX 35: bienvenido, Mr. Blackrock

«El cielo es el límite», así resumía Emilio, cual Marx banquero, la naturaleza prometeica del linaje Botín. Era el momento en que su hermano Jaime presidía Bankinter, su hija Ana Patricia, Banesto, y él mismo el buque insignia, el Banco Santander. Con Emilio Botín fallecido, el imperio bancario continuó ampliando sus horizontes con su hija en los mandos de la primera entidad bancaria de Europa por capitalización. Pero el poder del Santander va más allá de unas siglas, pues consiguió imponer unos intereses determinados en el país, sirviendo de puente para extender por la geografía española a sus principales accionistas: los bancos custodio y los fondos estadounidenses que gestionan.

El principal, Blackrock, el mayor banco custodio del mundo (4,2 billones de activos gestionados) se ha constituido en el mayor inversor de la banca española. Son 12 000 millones, y participaciones en 5 de las 7 entidades bancarias que cotizan en el IBEX 35, además de su participación en otras 17 sociedades más del índice a fecha diciembre de 2015. En total, Blackrock tenía invertidos en España 20 575 millones en 2015[192]. Se erigía así, junto al sector liderado por la banca catalana (La Caixa), en un actor que ambiciona con hacerse con el control de las grandes empresas españolas y, por ende, con una España que ha sido progresivamente monopolizada por estas. Ambos grupos de poder miraban las gangas del IBEX, especialmente el patrimonio inmobiliario que dejaron las cajas. Ello suponía la rendición de armas de la beautiful people del PP, dependiente de Sareb (gestor de activos tóxicos de las cajas) y de Rajoy. Con Rajoy en la Moncloa en noviembre de 2016, empezaba la venta de activos: en diciembre de 2016 se venía el mayor paquete de Sareb a Goldman Sachs por valor de 600 millones. Los grandes fondos, bancos de inversión y bancos custodio estadounidenses insuflan confianza a sus aliados políticos de Moncloa, que corean al unísono su cántico marilynmansoniano: «Beautiful people, it’s all relative to the size of your steeple» (todo depende del tamaño de tu torre).

Antes de entonar el Bienvenido, Mr. Marshall ante los salvadores, sería conveniente analizar su llegada. En 2013, el mesías de la recuperación, Emilio Botín, anunciaba desde Nueva York: «España vive un momento fantástico, llega dinero de todas partes». Era verdad. En 2013, España se situaba como el primer país europeo en inversión extranjera directa (IED) y el cuarto del mundo (después de EE. UU., Canadá y Australia), con 29 486 millones, una cifra similar al momento previo a la crisis[193].

Ese mismo año, Blackrock arrebató la primera plaza a JP Morgan como primer gestor de fondos internacionales, sobrepasando también a otras entidades nacionales en la gestión de fondos nacionales, categoría en la que solo estaba por detrás de Caixabank, Santander y BBVA. Este statu quo se instaló en el sector financiero tras el periodo de shock de 2012, tras alcanzar las emisiones de deuda pública los valores más elevados de interés en la emisión de deuda pública de toda la crisis. También era el momento de Bankia, y del rescate y reestructuración del sector financiero español como consecuencia. Un periodo tras el cual gran parte de nuestro sistema económico se abre para su venta.

Durante este proceso aparece Blackrock como juez y parte del devenir colectivo. En 2012, el Banco Central Europeo, con la mediación del MEDE y el FROB, acuden al rescate de Bankia y otras cajas saqueadas, como Catalunya Caixa, NovaCaixa Galicia o el Banco de Valencia: un préstamo de tres tramos hasta llegar a los 100 000 millones que tenía como contraparte la disolución de las cajas de ahorros y la pérdida de control del sector inmobiliario y de sus participaciones industriales.

Paralelamente a la aprobación del rescate —tras declarar Bankia casi 21 545 millones en pérdidas— en diciembre de 2012 se crea Sareb, el banco malo, con el objetivo de sanear el sistema financiero. Para ello, Miguel Ángel Fernández Ordóñez o MAFO —el versátil lugarteniente de Pedro Solbes, que entonces estaba bajo las órdenes de Luis de Guindos— contrata a Blackrock y a Oliver Wyman el diseño de Sareb para que gestione los activos tóxicos inmobiliarios de las entidades. De este modo, ante el asombro de los bancos nacionales, se trataba de poner en manos de un fondista muy interesado en el sector la información sobre los puntos débiles de todas las entidades rescatadas y la valoración de sus activos. Su descalificación en el proceso alivió a otros acechantes del ladrillo español.

El resultado del trabajo de Wyman resultó en la creación de un fondo, Sareb, participado por el Estado (a través del FROB, con el 45 %) y por entidades bancarias privadas (55 %). A la cabeza del consejo de administración se puso a Belén Romana, quien en 2015 pasará a formar parte del consejo de administración del Banco Santander. Su lugar en Sareb será ocupado por el exconsejero delegado de Bankinter Jaime Echegoyen (propiedad de Jaime Botín, el que firma sus artículos en El País como alumno de la Escuela de Filosofía). Entre los miembros del consejo del «banco malo» destaca la presencia de Rodolfo Martín Villa, el todopoderoso ministro franquista y otrora miembro de la «casa Aznar»; y perseguido (es un decir) desde el 12 de noviembre de 2014 por una orden de detención de la Interpol, tras ser imputado por la justicia argentina como «responsable de la represión» en los sucesos de Vitoria en 1976.

Volviendo al periodo de turbulencias de 2012 y la creación de Sareb, a partir de 2013 se inicia la senda de la recuperación, o dicho en otros términos, de la repartición del pastel del sector inmobiliario. En consecuencia, el reparto de Sareb y sus activos se convierte en un indicador de la correlación de fuerzas económicas posterior a la Gran Recesión, con tres fuerzas emergentes. El Santander se consolida como el principal accionista individual del fondo, con el 17,3 % del capital, seguido de La Caixa, con un 12,70 %, seguidos de lejos por otras entidades como el Popular y Sabadell (6 % cada uno), mientras el BBVA del amigo de José María Aznar, Francisco González, queda excluido del fondo.

El reparto de los activos, anteriormente en manos de la beautiful people del PP (fusión entre el capital de las cajas y empresas constructoras, o entre políticos y empresarios aliados), permite adivinar la nueva correlación de fuerzas en el sector del ladrillo. Su gestión fue repartida en tres partes: una para el fondo estadounidense Cerberus (Haya Real State), otra para el Santander (Altamira) y otra para La Caixa (TPG). El primero, Haya Real State (en cuyo consejo de administración figura el hijo de Aznar, Alonso Aznar Botella), se quedaba con los préstamos de Bankia (52 000 créditos y pisos por valor de 18 000 millones). El Santander (junto al fondo Apollo, propietario del 85 % de la inmobiliaria del Santander) gestionaría los activos inmobiliarios de Catalunya Caixa, de Caja 3 y BMN (Banco Mare Nostrum), en total, 44 000 inmuebles y créditos a promotor valorados en 14 000 millones. Y, por último, La Caixa se quedaría con 30 300 viviendas y créditos procedentes de NGG, Liberbank y Banco de Valencia, por un valor global de 9200 millones.

La idea de repartir el pastel entre los fondos internacionales, articulada por Mariano Rajoy y De Guindos, fue secundada por algunos Gobiernos municipales y autonómicos. Todo en España estaba en venta. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que vendió 1860 viviendas sociales de la EMV a Blackstone, y de la Comunidad de Madrid, 2935 pisos del IVIMA despachados a Goldman Sachs y a Azora.

Por encima de estos bancos de inversión y fondos volaba Blackrock. Antes de ser sondeado como asesor del Banco de España para la construcción del banco malo (Sareb) en 2012, en 2010 el fondo de fondos ocupaba varios lugares en el olimpo del poder económico, el IBEX. Además de ser accionista de referencia del Banco Santander, tras la salida a bolsa de Bankia, y en plena caída de la acción, Blackrock realizará una compra del 0,36 % de Bankia (en 2013 subiría al 0,44 % de las acciones, siendo el segundo mayor accionista tras el FROB).

En 2012 era un actor discreto, pues en este periodo únicamente mantenía participaciones importantes en Gamesa y Telefónica. Pero después, en 2013, Blackrock se introdujo en el IBEX por todo lo alto. Primero en el sector del ladrillo, de la mano de Javier Botín, el hermano de Ana Patricia, que negoció su entrada en Sacyr y en NH Hoteles. De la constructora adquirirá el 3,1 % del capital, y de la hotelera el 9,3 % procedente de Kutxabank, BMN y Novagalicia. Finalizado el año 2013, la tela de araña Blackrock se extendía ya por 11 sociedades del IBEX (BBVA, Sabadell, Grifols, IAG, Ferrovial, Vicofán, DIA, Iberdrola, Gamesa, Amadeus y Telefónica).

En 2015[194] y 2016, Blackrock conformaba ya una especie de oligopolio: en 2016 se constituía como primer accionista del Santander (5,08 %)[195] y el BBVA (5,009 %)[196], además de los cuales incluía un conglomerado de participaciones con ramificaciones en numerosos sectores: alimentación (DIA), construcción (Merlin Properties, Ferrovial), energía (Repsol, Iberdrola), medios de comunicación (Telefónica y Mediaset), siderurgia (Acerinox), o la recién privatizada gestión aeroportuaria (Aena).

El bloque Blackrock tiene mucho interés en permanecer bajo la protección del Santander y la familia Botín, de quien tiene muy buenas referencias. Durante años, el Santander ha exhibido un fuerte poderío a la hora de hacer prevalecer sus intereses, asegurando una relación beneficiosa entre la captación de consejeros procedentes del Estado y procesos a favor. En 1993, en la última legislatura de Felipe González, comienza su acumulación ascendente, cuando el banco pequeño se tragó al grande, Banesto, mediante un concurso. Ya en 1999, sale de caza mayor con la fusión entre el Santander y el Banco Central Hispano. Dos procesos para los cuales contaba con buenos contactos en el Estado: en 1991 en su consejo integraba a Rodrigo Echenique Gordillo, abogado del Estado y alto cargo en el Ministerio de la Gobernación en 1976; y Matías Rodríguez Inciarte, economista del Estado, secretario de Estado de Hacienda y ministro de Presidencia con la UCD.

Botín había captado también para la causa a un ministro y diputado británico, George Kenneth Hotson Younger, y a estos se sumarán otros, en 2000: José María Amusátegui de la Cierva, vicepresidente en el Instituto Nacional de Industria y de Hidrocarburos en los setenta y ochenta, y luego presidente del Central Hispano; Santiago Foncillas Casaus, abogado del Estado; o Luis Alberto Salazar-Simpson Bos, gobernador civil y director general de Seguridad a finales de los setenta. En 2010, el banquero santanderino refuerza su consejo político, incorporando a Abel Matutes (ministro de Exteriores del PP), Guillermo de la Dehesa (secretario de Estado con el PSOE), Isabel Tocino (ministra de Medio Ambiente con el PP), Luis Ángel Rojo (gobernador del Banco de España con el PSOE) y Terence Burns (secretario del Tesoro de Gran Bretaña). A ello se suma la excelente relación con Zapatero, como se muestra en el capítulo 3.

A ese músculo político hay que añadir la influencia en el campo mediático, pues desde 2014 participa en PRISA, editora de El País y la SER, con un 4,65 %, un porcentaje similar al de La Caixa. Estos diferentes instrumentos de presión se han demostrado eficaces en diversos momentos difíciles para la familia Botín: la imputación de Emilio Botín por 38 delitos fiscales y falsedad documental en la cesión de crédito a finales de los años ochenta y su sobreseimiento por la aplicación de la doctrina Botín; el indulto de Zapatero a su consejero delegado, Alfredo Sáenz; o el archivo de la causa por evasión de impuestos desvelada por la lista Falciani.

Si bien la familia Botín tiene unos antecedentes que denotan su poder, Blackrock se define por una relativa opacidad en sus actuaciones. Así, el control que puede ejercer sobre estas empresas ha pasado desapercibido, en particular su participación en 5 de los 7 bancos del IBEX 35. Ello se debe a que su poder se resguarda bajo las faldas de una legislación tibia con este tipo de entidades, gracias a su naturaleza de banco custodio: las entidades encargadas de custodiar unos fondos de inversión no pueden tener derechos de voto en los consejos, ya que la propiedad de los títulos y sus derechos asociados están en manos de sus representados. En casi el total de los casos de las empresas en las que participan, no presentan información sobre los fondos de inversión significativos a los que representan, y en la CNMV o el Banco de España mantienen en blanco dicha casilla.

Esto es, la banca y un conjunto importante de sociedades del IBEX 35 se encuentran en manos de entidades cuyos propietarios son desconocidos y no manifiestan una voluntad de control. Los organismos reguladores se limitan a preguntar y a aceptar esa respuesta como válida. En consecuencia, las entidades participadas responden: «La entidad entiende que dichas participaciones se tienen en custodia a nombre de terceros, sin que ninguno de estos tenga, en cuanto le consta, una participación superior al 3 % en el capital o en los derechos de voto».

Esta información, que definiría una política de no injerencia de Blackrock y, por tanto, aseguraría la independencia de las compañías participadas frente a una posición oligopólica, contrasta con la guía de gobierno corporativo de Blackrock[197], en la cual desarrolla todo un manual de prácticas de intervención sobre el gobierno de las empresas participadas por sus inversores. En EE. UU. su poder se ha puesto de manifiesto a la hora de revocar a consejeros de multinacionales todopoderosas como Coca-Cola, o al prohibir la participación de algunos consejeros en más de una empresa.

En EE. UU., Blackrock está presente en la mayoría de grandes empresas; es más, es el mayor accionista de 1 de cada 5 compañías estadounidenses, según un estudio de la Universidad de Michigan[198]. Distintos analistas han subrayado el marco desregulado en el que actúa una entidad de tal magnitud, y su opacidad; The New York Times lo ha apodado el «gigante silencioso»[199].

No obstante, su poder se atisba por su segundo apelativo, como asesor de Gobiernos, lo que le confiere una influencia diferente, a otra escala, manejando información privilegiada de muchos Estados: Blackrock asesoró a la Reserva Federal en 2008 en el rescate de AIG, Bear Stearns, Fannie Mae o Freddie Mac; en Grecia, antes de la victoria de Syriza, en 2011, elaboró un informe para el Banco de Grecia sobre el estado de la banca privada y su reestructuración; en Irlanda, sobre la formación de un banco malo.

Su poder lo resume la recurrente muletilla con la que adorna sus intervenciones su presidente, Larry Fink: «Como ya le he dicho a Washington…».

El IBEX vende sus joyas: agua para Slim,
electricidad para Italia, aviación para Inglaterra

Blackrock apareció en el momento oportuno, ya que empezaban a despuntar los problemas para cuatro empresas: cuatro grandes constructoras (FCC, ACS, Ferrovial, OHL) asociadas a grandes nombres de la lista Forbes (la familia Koplowitz, Florentino Pérez, los Del Pino o Villar Mir) y a los papeles de Bárcenas; y, además, los principales socios estratégicos del Gobierno en el IBEX. Para agravar el problema, son además grupos empresariales que han monopolizado recursos progresivamente privatizados por el Estado: desde la producción y distribución de energía, hospitales, aeropuertos, agua, servicios de limpieza o carreteras. Estos grandes empresarios de la construcción, aquellos que predicaban en 2010 «esto lo arreglamos entre todos», se desdecían en tiempos recientes para salvar su patrimonio, cediendo el control de grandes recursos —antes públicos— en favor de fondos e inversores extranjeros. Todo comenzó con la venta del imperio de FCC (la mayor empresa distribuidora de agua y de servicios de saneamiento urbano) a Carlos Slim, el millonario mexicano, experto en la compra de empresas a bajo precio.

Tras años de privatizaciones, los recursos estratégicos del Estado parecían estar todavía a salvo, resguardados por capitalistas patrios y sus cajas de ahorros aliadas. Pero la caída de Bankia (y la venta de sus participaciones), una fuente fundamental de créditos para propietarios renombrados, empujó a poner el cartel de «en venta» a sus buques insignia. Estos movimientos continuaban una larga estela de cambios que cambian a la estructura de la propiedad de empresas estratégicas (y, por ende, a la soberanía económica), las últimas de bandera nacional. Años atrás, cualquiera de estos movimientos hubiera generado avisos y alertas, como en el caso de la OPA de Enel sobre Endesa, pero ya no es una excepción, es la última fase de un proceso que cierra la privatización de nuestros recursos más estratégicos.

El año 2016 cerró con el predominio de accionistas de capital extranjero en el sector eléctrico. Únicamente Red Eléctrica y el holding Gas Natural-Unión Fenosa permanecían bajo capital nacional. Tanto Endesa como Enagás o Iberdrola habían pasado a manos extranjeras[200]. La intervención de Bankia y los problemas de ACS hicieron que la beautiful people del PP abandonara estas empresas: Bankia, el buque del PP, vendió el 5,4 % de Iberdrola, y ACS pasó de un 20 % en 2010 a un 2,9 % en la eléctrica en 2016.

Para los fondos inversores es evidente la potencialidad del sector, pues presenta la cuarta factura eléctrica más cara de Europa, con un incremento del 70 % desde el inicio de la crisis, frente al 50 y 40 % de Alemania y Francia[201]. Un incremento que bebe de la parte de impuestos y amortizaciones que compensan las asimetrías del sector, y no a los costes de producción y distribución de energía: la producción en islas, la baja factura industrial o la deuda con las eléctricas incrementan la factura.

A ello se suma las deuda con las eléctricas, derivada del déficit de tarifa (desfase entre el coste de producción y su precio), cifrada en 25 000 millones (más que el rescate a Bankia). Para que no figurara como deuda (pasivo) de las empresas, el 79 % de esta deuda está titularizada en el mercado como bonos (derechos de cobro) del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) bajo el aval del Estado. Estos derechos y sus intereses, que oscilan entre el 4 % y 7 %[202] son incluidos en la factura de la luz, y suponen, solo en intereses, el pago de 699 millones en 2015 y de 487 millones en 2016. En total, 3250 millones en intereses hasta 2026, para facilitar el balance de estas empresas, sin contar con la posibilidad de nuevas emisiones para refinanciar vencimientos.

Las empresas del sector eléctrico han estado muy pendientes del pago de esta deuda, particularmente las participantes mayoritarias en el fondo: Endesa (44,16 %) e Iberdrola (35,01 %), en cuyo consejo incluyeron políticos como una especie de garantía de cobro (exministros como Miquel Roca y Elena Salgado en Endesa; y en Iberdrola, el exministro Ángel Acebes, del PP, y Braulio Medel, consejero del Gobierno de Chaves en Andalucía).

En cuanto al petróleo y al gas, la privatización de este recurso tan estratégico cayó en la Banca Catalana. La Caixa y, luego, Sacyr fueron el sustento nacional desde su privatización (con una participación conjunta del 20 %). También lo han sido de Gas Natural, en la cual mantienen el 70 % (35 % La Caixa y 35 % Repsol). Por el contrario, dos de las grandes empresas de distribución y refino pasaron a manos de fondos de inversión extranjeros: CEPSA, privatizada en 1991, produce un tercio del refino de crudo en España, y es líder en refino para aviación y buques; desde 2011 pertenece en su totalidad al fondo IPIC de Abu Dabi. A la petrolera se suma CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), la empresa que prácticamente monopoliza la distribución y almacenamiento de crudo (4000 kilómetros de tuberías subterráneas), que está en manos de 10 fondos diferentes. En Industria han manifestado su preocupación, dado que estos fondos, en la búsqueda de una rentabilidad a corto plazo, pueden llevar a fijar precios abusivos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exponía en un informe de junio del año pasado su preocupación por la concentración en tres petroleras (Repsol, BP y CEPSA) de la propiedad de CLH y, por tanto, con una posición abusiva en el conjunto de la cadena de valor. Solo una entidad española, Kutxabank, participaba en CLH (con un 5 %), después de que Repsol (e indirectamente la constructora Sacyr y La Caixa) se deshiciera de su 10 % en CLH.

Es importante destacar las condiciones del sector, muy atractivas para los nuevos fondos propietarios: la venta de gasolina en España tiene el margen de beneficio más elevado (precios antes de impuestos) de Europa (0,403 frente a 0,378 de la media europea). Por otro lado, se ha destacado la escasa competencia en el sector y la confabulación para la fijación de precios, algo que llevó a la CNMC a imponer una multa por 32,4 millones a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil.

Otro ámbito, estratégico y quizá mucho más simbólico, es el de la aviación. Emulando el proceso seguido por multitud de aerolíneas latinoamericanas privatizadas en los años noventa, como Aerolíneas Argentinas (renacionalizada), Líneas Aéreas Paraguayas (desaparecida) o LAN Chile, Iberia se embarcó en un proceso, primero de fusión, luego de reestructuración (ERE a 3100 personas), que ha supuesto su absorción de facto, y su transformación en filial de bajo coste de British Airways. Todo ello sucede tras haber construido una terminal, la Terminal 4 (con un gasto total de 6200 millones), para el uso de la aerolínea de bandera nacional. Puesta en marcha con miras al aumento de rutas y vuelos de Iberia, la estrategia ha chocado con la drástica reducción de rutas y recursos humanos (desde 2004 no contrata pilotos) tras la adquisición por la aerolínea británica. Una política que Willie Walsh (consejero delegado de IAG) cataloga como «un poco cruel pero necesaria». La plantilla o la renovación de la flota quedaron subordinadas a la cuenta de resultados, también su propia supervivencia. Todo, puesto que no queda ningún accionista español en el grupo después de la salida de Bankia y El Corte Inglés. De ahí que Walsh no tenga razones para sentir especial inclinación por el territorio patrio y la línea aérea: «El holding no tiene reservado ningún derecho especial de pertenencia al accionariado por el hecho de ser español o británico», decía en una entrevista en El Mundo[203]. Y tiene razón: Iberia es una aerolínea de capital extranjero.

A pesar de lo abultado de las liquidaciones, queda un patrimonio privatizado que permanece custodiado por capital nacional, la beautiful people del PP, aquella que aparece en los papeles de Bárcenas. Son empresas que durante los gobiernos del PP, tanto en ámbito nacional, como en las autonomías más importantes (Madrid, Valencia o Baleares) y con el beneplácito del PSOE, pudieron hacerse con una importante cartera de recursos del Estado, autonomías y municipios. Esas grandes fortunas flaquean tras la abultada deuda que soportan las empresas, y no solo los fondos de inversión, sino las grandes fortunas del planeta, entraron al acecho.

La primera en caer fue FCC. Aquejadas las Koplowitz de una deuda millonaria de 840 millones con Bankia y BBVA, en 2015 lograron refinanciarla, posponiendo su pago a 2020 (únicamente pagará los intereses), con las acciones de FCC como garantía. No obstante, los números rojos de la sociedad que gestiona las acciones de las Koplowitz (B-1998 SL) sumados a los del grupo FCC (con una deuda de 5473 millones) favorecieron la entrada, primero de Bill Gates (5,73 %), y posteriormente del millonario mexicano Carlos Slim, que se hizo con el 100 % de la empresa.

Con la más que previsible OPA de Slim sobre el total de acciones de FCC, el mexicano se introduce por lo alto en el país y en sus recursos. Una de sus joyas, el agua, muy estratégico para Slim y Gates, la consiguen con la filial de FCC, Aqualia, la mayor empresa de gestión de agua en España, la tercera de Europa: posee el 33 % del mercado y da servicio a 11 millones de personas y 800 municipios en España. Un recurso al que Slim ya ha dedicado especial atención en otros lugares. Desde 2010 su grupo construye la mayor planta de Latinoamérica, la planta tratadora Atotonilco, que pretendía tratar y distribuir más del 90 % del agua residual y pluvial del Valle de México durante los próximos veinticinco años. Esta ha sido clausurada por el Gobierno de Atotonilco, por irregularidades en las licencias de obras, además de adeudar 202 millones de pesos (totalidad de impuestos desde el inicio de la obra).

Seguramente, Slim conoce ya las características del suministro de agua en España y sus potencialidades. Según un informe de la Fundación Aquae[204], en España, la adquisición de agua supone una menor carga para el consumidor que en el resto de países del entorno (favorecida por una gestión municipal). La tendencia parece clara, ya que durante el periodo de crisis (2007-2014) el precio del agua ha aumentado un 35,1 %, según la encuesta sobre el suministro y saneamiento que realiza anualmente el INI.

Con la venta de FCC, Slim entraba también en la gestión de hospitales (servicios no asistenciales). Como ejemplos, en la Comunidad de Madrid puede gestionar el Hospital del Sureste (Arganda) y el de Torrejón de Ardoz, dos concesiones por treinta años para una sociedad gestionada por Bankia (Caja Madrid y Bancaja originalmente) y FCC. En Mallorca, el gran pastel de la obra pública balear, el quebradero de cabeza de Jaume Matas y el PP, investigado por el juez Castro: la gestión del hospital de Son Espases, una concesión por treinta años a la UTE de Dragados y FCC por valor de 1000 millones.

Otro de los ámbitos es el servicio de saneamiento urbano. FCC mantenía concesiones por valor de 4465 millones en 2016. Entre ellas, las ciudades de Madrid, Granada, Gandía, Girona, Castellón, Alicante o Málaga. Es una de las G30 del cártel de la basura, que fue multada con 85 millones por participar en el reparto de las concesiones. En el terreno de la comunicación, pasa bajo su control la gestión del Metro de Málaga. También carreteras como el eje transversal que atraviesa Cataluña de este a oeste (carretera C-25), y complejos como el World Trade Center, la Ciudad de la Justicia de Barcelona y el terreno de la antigua fábrica de Mahou en Madrid.

Todos estos alicientes motivaron la compra de FCC. El mexicano estaba bien informado del valor de la compañía, en tanto lo lleva de compras, Felipe González, conocedor de las empresas patrias y asesor personal en España y Latinoamérica del mexicano. Una vez terminadas las compras de FCC, la pareja solo piensa en las próximas empresas en problemas: apuntan al petróleo, pues ya han comunicado a Rajoy su intención con Repsol, presionan con la privatización de Pemex en México y, si todo sale bien, pronto caerá PDVSA en Venezuela. Pero el dúo no piensa únicamente en negocios. Según Slim: «Felipe González y yo no hablamos de negocios, sino de la nueva sociedad»[205].

Los cachorros de la «casa Aznar» se hacen
fuertes ante los nuevos jefes extranjeros:
¿la historia continúa?

En todo este proceso, Aznar es uno de los grandes perdedores, aparentemente. Todo empezó cuando la crisis daba sus primeros pasos, José María Aznar estaba formalmente fuera de los cauces del poder político y el proyecto capitalista marca de la casa ofrecía visos de ser impugnado por Europa. Así pues, no es difícil imaginar a Aznar tirando del guion de Lampedusa, reuniendo al clan, y conminando con tono serio, cual príncipe de Salinas: «Si allí no estamos también nosotros, esos te endilgan la república. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico?».

Los movimientos de la familia, tan rápidos como precisos, parecen atestiguar ese mandato: primero Ana Botella accedió —vía desahucio de Gallardón— a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid en 2011, posteriormente su hijo José María, como consejero de Real Haya Estate, pasaba a salvaguardar los legajos de la beautiful people del PP, beneficiados en sucesivas adjudicaciones de Sareb con la gestión de los activos inmobiliarios y préstamos de Bankia por valor de 48 800 millones. Gracias a ello, el proyecto del clan Aznar continuaba, y la familia puede seguir siendo intermediaria de referencia entre el poder económico y político.

Con la crisis, su posición tuvo que transmutar, corriendo del regazo del Estado y las cajas de ahorros a los brazos de los fondos de inversión extranjeros. No era ni es una excepción, sino una transición en las estrategias de poder de los viejos clanes de la alta política.

Después de todo, el clan Aznar lleva al menos ochenta años saliendo airoso a los vaivenes del poder en España, apuntalando su apellido desde diversos y oportunos frentes: Aznar Acedo, el abuelo, defendió al dictador Franco desde las más elevadas posiciones en medios de comunicación oficiales (Avance, Cadena Ser, Radio Nacional de España) durante y después de la guerra. Aznar hijo, funcionario de carrera, inspector de Hacienda, se hizo su propio hueco desde el díscolo Frente de Estudiantes Sindicalistas, vástago rebelde del Movimiento Nacional. Así, en una carta al director publicada en la revista SP en 1969, el joven Aznar recordaba que él tenía un camino propio: «¿No cree, usted, que teniendo un apellido de gran fuerza política como el que tengo; teniendo familiares como tengo en los más altos cargos políticos de la Nación, prácticamente; teniendo un historial falangista en mi familia como el que poseo; no cree, usted, repito, que para mí hubiese sido más fácil el irme al Movimiento y estar de convidado, que el estar listo para militar al lado de los “falangistas independientes”?».

Los aires thatcherianos hicieron el resto, y en 1989 la nueva bandera del liberalismo arropaba sin pudor a los Aznar, elevándolos primero como líderes de la derecha española, y después, vía elecciones, a la máxima posición en el Gobierno. Su lema, la «transparencia», era entonces el precepto moral de los Aznar: «Porque solo las conductas transparentes salvan a una sociedad de la inestabilidad», le aconsejaba a Felipe González en 1989.

Mucho ha sucedido desde 1989: ocho años de reinado, y ya alejado de los focos de la política, los nuevos tiempos obligaron a nuevas estrategias para el clan. Conscientes de su papel, los hijos varones, José María y Alonso, lejos de seguir el legado de juristas y periodistas y políticos, pasaron a estudiar Administración y Dirección de Empresas, ambos en CUNEF, institución creada por la patronal bancaria en 1973, adscrita a la Universidad Complutense, y de gran reputación en el sector financiero. Hoy, el primero es consejero en diferentes sociedades de gestión de activos inmobiliarios (Gesnova Gestión y Haya Real Estate), mientras el segundo fichó por el Santander y trabaja en sus oficinas centrales.

Nuevos tiempos, nuevos vientos dominados por las finanzas a los que se adoptó el clan, pero que apenas distinguíamos el resto de los españoles antes de la crisis, arropados aún por las cálidas y seguras ropas de la socialdemocracia y el Estado de bienestar.

Con veintidós años, en 2000, Aznar júnior pasó ocho años entre Nueva York y Londres, como analista en el fondo de inversión SLS Management LLC, que maneja unos activos de 140 millones de dólares. Recaló en el fondo de Stephen Swid, inversor y mecenas cultural, patrono del Guggenheim y director de la Sociedad de Arte de Nueva York.

Quizá fue su antiguo jefe quien influyó en su interés por la pintura, una motivación que le llevó en 2009 a intentar vender a Caja Madrid una colección del pintor Gerardo Rueda —el favorito de su padre— por 54 millones, cuando la caja la había tasado en tres millones. José María Aznar Botella defendió la operación con uñas y dientes, dando muestra de sus agallas al atacar al que fuera el apadrinado de Aznar sénior, Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, por su negativa a comprar la colección: «Con los pelos que se ha dejado por ti, es impresentable lo que has hecho».

Tan capaz era de defender el imperio familiar y su honor que, ante la filtración de los mensajes y un artículo escrito por Irene Lozano (que tildaba el mensaje como «pinitos en las artes mafiosas del chantaje y la extorsión»), la demandó, exigiendo 50 000 euros por difamación, 3000 por palabra. No debió entender Lozano que aquello no eran pinitos, sino el rol del nuevo heredero, hoy uno de los consultores más preciados en España, y miembro destacado de la nueva clase emergente del régimen; como Aguirre júnior, como Pujol júnior.

A su regreso a España, Aznar mostró un olfato privilegiado al aprovechar las ventajas de un deprimido sector inmobiliario, para lo cual fue de inmensa utilidad su experiencia en fondos de inversión norteamericanos. En 2011, tras la victoria del PP en Madrid, y encumbrada su madre como alcaldesa en diferido, Aznar júnior se asocia con el fondo estadounidense Cerberus: a través de su empresa Poniente Capital SL, fundada ese mismo año con un capital de 3000 euros, la cual ofrece servicios de asesoramiento al fondo; y como consejero en Promontoria Plataforma, posteriormente Haya Real Estate, propiedad de Cerberus.

El fondo Cerberus gestiona 20 000 millones de dólares y está liderado por pesos pesados del partido republicano y del clan Bush, viejos amigos de los tiempos de las Azores: John Snow (secretario del Tesoro entre 2003 y 2006 y Dan Quayle, vicepresidente con Bush padre). Dicho fondo se hizo en 2007 con la otrora todopoderosa Chrysler, y en 2010 con la empresa de armamento DynCorp International, una de las mayores contratistas en la guerra de Afganistán. Sus extremidades les llevan a múltiples sectores, como el farmacéutico, transporte, aviación. Su nombre alude a Cerbero, perro de múltiples cabezas que guardaba la puerta del inframundo griego (o Hades).

Quizá sea este carácter multicéfalo lo que le ha llevado a tener diferentes intermediarios en España. No solo Aznar Botella, pues la entrada de Cerberus en España se hizo a través de otro de los hijos del régimen: Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor de Jordi Pujol. Este les introdujo en aquel sector que entonces pujaba en alza: la venta de edificios corporativos, en especial oficinas bancarias, y su arrendamiento posterior a los antiguos propietarios: el sale and lease back. A través de su empresa, Drago Capital, Pujol júnior introdujo al fondo en 2010 en España. Oleguer facilitó la compra de 1200 oficinas del Santander por 2000 millones, operación hoy investigada por el juez Pedraz. También facilitó la compra de la emblemática sede de PRISA, en Gran Vía 32. O las 100 oficinas de Caja Madrid. Eran las primeras compras del fondo en España, pero su gran negocio estaba por surgir con Aznar Botella.

No eran los únicos. En otro grupo de fondos de inversión se movía simultáneamente otro de los hijos del régimen, el hijo de Esperanza Aguirre. De la quinta de Aznar júnior, con treinta y nueve años, Fernando Ramírez de Haro Aguirre es director de área de Investment Management de la consultora Aguirre-Newman del primo de Aguirre madre, Claudio Aguirre. El vástago de Aguirre también es presidente de Property Invest Spain, propiedad de Zaphir Asset Management, fondo radicado en Luxemburgo y propiedad del grupo Aguirre. Los Aguirre están estrechamente ligados con Goldman Sachs: Claudio Aguirre es consejero internacional de la firma, y fue director del banco en España y Portugal entre 1987 y 1994. Su consultora, Aguirre-Newman, ha asesorado en múltiples compras a Goldman Sachs, la cual además fue adjudicataria de 2935 viviendas del IVIMA por un importe de 200 millones de euros. Esta operación ha sido puesta en cuestión por el Tribunal de Cuentas (su venta por debajo del precio del mercado ha supuesto una pérdida de 98 millones) y por el Juzgado número 48 de Madrid, que también investiga la relación del mayor de los Aznar con ELQ Holding LLC, fondo radicado en Delaware y dueño de 338 de las viviendas adjudicadas a Goldman Sachs. La oposición en la Asamblea de Madrid ha denunciado que tanto en la venta y adjudicación de viviendas del IVIMA como de la EMV del ayuntamiento aparecen dos sociedades filiales de Goldman Sachs, Blackstone y Cerberus, en lo que parece es un reparto del mercado, y en el que aparece recurrentemente la figura de Aznar Botella.

Y es que el nombre Caja Madrid no tiene el mismo sentido para Pujol, Aguirre y Aznar que para el resto de españoles: para ellos es un negocio que siguió dando beneficios. También hay un cambio del sentido que tenía para los patriarcas y matriarcas respecto a sus hijos. Los primeros gestionaban el negocio inmobiliario y manejaban un conjunto de empresas desde las cajas; los segundos las gestionan desde fondos de inversión.

Esta transición no fue tarea fácil después de que los patriarcas fueran apartados del poder tras el rescate de la mayoría de las cajas. En 2012, con Bankia intervenida y Rato apartado, todo parecía perdido para los viejos patrones de Bankia, los Aguirre y Aznar. En especial para el clan Aznar, que quedaba especialmente tocado, al ser Bankia secuestrada por el FROB y el Ministerio de Economía, al servicio del outsider De Guindos, y tras ser supervisado su devenir y venta por el Banco Central Europeo.

Pero la intervención de las cajas también tenía su parte buena: el Memorando de Entendimiento obligaba a las cajas a crear un banco malo y desprenderse de sus activos para sanear las cuentas: Sareb, en el cual se tenían que depositar los activos tóxicos de las cajas de ahorros intervenidas, tanto viviendas como préstamos. En Sareb el clan tenía contactos y más autonomía. La presidenta de Sareb, recordemos, era (hasta enero de 2015) Belén Romana, directora de Tesoro y Política Financiera con Aznar, y en su consejo se encontraba Martín Villa, diputado del PP hasta 1997 y ministro franquista. Entre medias, los hijos del régimen se convirtieron en actores intermediarios para juntar oferta y demanda, ya que conocían ambos sectores, a los fondos de inversión con capital para invertir por un lado, y a las cajas de ahorros y las administraciones públicas por otro.

El acercamiento de Aznar a Cerberus fue un golpe de suerte para el fondo estadounidense. Pasó de poseer un número reducido de oficinas y edificios a hacerse con el mayor lote de Sareb: la gestión durante diez años de los préstamos y viviendas de Caja Madrid, en dos concursos sucesivos, uno en 2013 y otro en 2014. Para llevar a cabo la venta de activos, Bankia les transfirió la infraestructura de su negocio inmobiliario (500 personas), llegando los sindicatos a un acuerdo con Cerberus para mantener los puestos de trabajo por dos años más si se cumplían los objetivos de venta. El negocio de gestión reportó a Haya Real Estate (Cerberus) unos ingresos de 146 millones en 2014 y unos beneficios de 74 millones. Según informaciones de Vozpópuli, en el año 2013, año en que se produjo el primer contrato entre Cerberus y Bankia, la empresa Poniente Capital de Aznar júnior tuvo unos ingresos de 1,8 millones de euros. El año anterior había facturado 758 520 euros.

Posteriormente, en junio de 2014, Cerberus se hará con la inmobiliaria Cementa2 de CajaMar por 200 millones. Posteriormente, la operación más ambiciosa del dúo Cerberus-Aznar fue la operación llamada Big-Bang: hacerse con la propiedad del conjunto de los activos inmobiliarios de Bankia. La primera oferta, por valor de 2000 millones, fue desestimada por Bankia, por ser insuficiente, ya que estimaban poder recaudar unos 4000 millones. Poco después Bankia retiró la oferta de venta, aludiendo al contexto de incertidumbre política y económica. No solo Bankia, pues Aznar júnior tampoco se fiaba del clima político. Según trascendió en enero de 2016, desaconsejó invertir en el país a fondos de inversión extranjeros a los que asesoraba, debido a los resultados del 20D de 2015. Estos resultados, poco esperados, quizá hicieron reflexionar al matrimonio Aznar-Cerberus sobre las compras hechas y el riesgo que podían tener en el futuro: la segunda mayor cartera de activos de peso en el sector inmobiliario (después del BBVA), energía (parque eólico de Renovalia), transporte marítimo (Trasmediterránea), alimentación animal (Nutreco). Solo le quedaba hacerse con un club de fútbol, tras sucesivos intentos (Valencia y Español).

De la misma opinión es Aznar sénior. En enero de 2016, en una entrevista concedida al Diario Las Américas, advertía: «Yo estoy manteniendo silencio sobre la situación política española, pero simplemente quiero decir que España, desde el comienzo de la transición democrática en el año 1976, con la transformación que se produjo desde el punto de vista político, económico y social, logró un cambio de tal envergadura y tan positivo que los españoles debemos fijarnos muy bien y actuar con mucha inteligencia para que no se pierda».

El nuevo escenario quedó enrarecido. Rajoy en el poder desde noviembre de 2016 y Aznar fuera del PP. Todo apuntaba al nuevo escenario del poder en España, donde la nueva «casa Aznar» coloca sus fichas fuera del Estado, ante la nueva etapa dominada por los «bajos fondos» que ellos representan. La transición hacia la nueva España pasa por las manos de la nueva beautiful people.

Un proyecto de futuro para España
llamado Abengoa y PRISA: los fondos bajistas
conquistan el corazón del IBEX

En España, la entidad que mejor representa la concentración desmedida de poder es el banco custodio Blackrock. Presente en 17 de las 35 empresas del IBEX, su poder se manifestó cuando consiguió doblegar a la empresa de energía Abengoa, provocando finalmente que presentara el preconcurso de acreedores. No contentos con eso, ficharon a su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, como director de Infraestructuras de Blackrock en América Latina. Hechos que fueron investigados por la CNMV. Este último hecho, habla mucho de la tendencia de los nuevos amos del IBEX, y de España: desde que existen registros de posiciones cortas en la CNMV, la sevillana Abengoa —una de las mayores empresas de energía solar y de bioetanol de Europa— ha sido el primer plato de los fondos que apostaban a la caída de sus acciones.

El resultado no es sino la muestra de una lucha donde Blackrock ha ido hasta el final: el alto endeudamiento de Abengoa (19 127 millones de euros según el análisis de KPMG de diciembre de 2015) y la imposibilidad de verse rescatada por el Estado o bancos aliados (véase Bankia, su tercer mayor acreedor con una deuda de 592 millones, después de Santander y Federal Financing Bank) precipitó la pérdida del 95 % de su valor, hasta que en octubre de 2016 presentó un plan de reestructuración. Hasta entonces, la empresa ha vivido al borde de la ruina, a punto de iniciar el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española. Pero a finales de octubre de 2016, unos días antes de ser investido Rajoy, llegaba la salvación, y se proponía una quita del 70 % sobre el actual volumen de deuda que tiene el Estado en la compañía de energías renovables a través de varios vehículos como el ICO, Bankia o Cesce. La cantidad de deuda condonada superaría los 250 millones de euros. Lo podía haber hecho antes, como pedía Susana Díaz a cambio, supuestamente, del apoyo del PSOE a Rajoy. Pero eran tiempos más complicados, con Mariano Rajoy y el PP atrincherados en la Moncloa como Gobierno en funciones.

Pero, más allá, lo sucedido en Abengoa representa un desafío que habrá que enfrentar en el futuro. Un desafío que se plasmó en julio de 2016 cuando los hombres más poderosos del planeta se reunían secretamente en el último piso de un rascacielos de Manhattan: Warren Buffett; Larry Fink, presidente de Blackrock (4 billones de dólares); Abby Johnson, primera ejecutiva de Fidelity (2 billones de dólares), Frederick William McNabb III, presidente de Vanguard (3 billones de dólares); y el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon. Del encuentro salió un comunicado, en el que finalmente se contaba su contenido y el tema central, que era la obsesión por los resultados a corto plazo de las empresas: «Nuestro futuro depende de que estas compañías sean gestionadas eficazmente para una prosperidad a largo plazo, y por eso es tan importante el gobierno de las empresas americanas para todos los americanos. El gobierno corporativo en años recientes ha sido un área de intenso debate entre inversores, lideres corporativos y otros accionistas. Hasta ahora, el debate ha generado más fuego que luz». A continuación hacían un inciso absolutamente inusual, aunque vacuo, sin unas medidas concretas: «Nuestros mercados financieros han acabado obsesionados con las predicciones de beneficios cuatrimestrales. Las compañías no deberían sentirse obligadas a entregar una guía de beneficios y solo lo deberían hacerlo si creen que dándola pueden beneficiar a los accionistas»[206].

A Buffett, principal inversor en empresas punteras norteamericanas, le preocupaba que los bancos custodio y fondos de inversión entraran en el accionariado de las grandes empresas norteamericanas, pero decidieran salir en cualquier momento cuando las cosas fueran mal, al siempre buscar resultados a corto plazo. En esa reunión se habló de algo que a la mayoría de la población del planeta le preocupa: ¿qué pasa cuando un accionista se va de una empresa?, ¿qué pasa con los millones de empleos que dependen de estas empresas y su buen resultado en la bolsa?

Pues, bien, para los bancos custodio y fondos de inversión esto no es un problema. Ellos no gestionan la empresa, solo buscan una rentabilidad para sus clientes. La empresa, por tanto, no es para ellos una prioridad, ya que optan por invertir en varias que, en su conjunto, aseguren un rendimiento. De ahí que tengan posiciones dominantes en la mayoría de bolsas del mundo: buscan la rentabilidad del conjunto. Así, las empresas del IBEX se convierten en simples paraguas para obtener beneficios, lo cual se puede obtener, de forma rápida, de dos formas: despidiendo y vendiendo activos. Lo cual, si se mira bien, representa la dinámica de los últimos años del IBEX: son empresas que han terminado por subcontratar prácticamente todo para tranquilizar a accionistas e inversores.

Frente a ellos, los dueños y gestores de estas empresas, la beautiful people del PP y del PSOE, ven cómo poco a poco su poder e influencia sobre estas empresas se va diluyendo, tras una pugna sin respiro con los grandes fondos de inversión. Sucedió con Abengoa, con FCC, con PRISA y continuará con otras como Ferrovial. Lo cual nos deja ante el dilema en el que se encontró Zapatero y en el que ya se ha posicionado Rajoy: ¿es necesario rescatar a los propietarios de estas empresas para rescatar los puestos de trabajo?

Paradójicamente, el que tiene la fama no es el que más guerra ha dado. Desde los primeros registros de posiciones cortas, el fondo Amber es el que más ha intervenido, al acecho de bajadas pronunciadas que le reportaran beneficios. Desde 2010 hasta 2012, tomó posiciones bajistas que llegaron a sumar un 290 % del capital en Abengoa. También lo hizo contra ACS en los dos meses más duros de la crisis de deuda de junio de 2012, tomando acciones por valor del 5,25 % en dos meses. Quizá lo más paradójico de todo es que, durante los meses de mayor presión sobre Zapatero y la deuda española en 2010, momento en que hizo los principales recortes, Amber tomó posiciones cortas en PRISA por valor del 14,429 % del capital. En esos meses PRISA tocó fondo y cayeron un 57 % sus acciones hasta agosto. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2014 cuando hicieron aflorar su participación en PRISA con el 3 %. Un año después, los dirigentes de los fondos Amber Capital y de International Media Group (IMG, con un 8,2 %) entraban en el consejo de administración del grupo mediático. Era un movimiento atípico, ya que no acostumbran a tomar posiciones en los órganos de gobierno. Desde entonces, tienen voz y voto en las decisiones de uno de los principales grupos de presión del país. Es más, tienen el mayor porcentaje del capital de PRISA: en septiembre de 2016 llegó a un 19,2 %, sobrepasando a la familia Polanco (17,52 %), la tradicional accionista mayoritaria. Justamente en septiembre se inició desde la SER, parte de PRISA, la mayor ofensiva contra Pedro Sánchez y el PSOE. En el programa de Hoy por Hoy, presentado por Pepa Bueno, el expresidente González se quejaba de su falta de palabra, y en la reunión de la ejecutiva del sábado renunciaba al cargo en favor de una gestora, que controló los destinos desde entonces, promoviendo la abstención de los parlamentarios socialistas en la investidura de Rajoy. Siguiendo el precepto de «business is business» de los grandes fondos, el 16 de noviembre, ya investido Rajoy, PRISA comunicaba a la CNMV su intención de deshacerse parcial o totalmente de su participación en la editorial Santillana, que aporta al grupo el 27 % de sus ingresos. Desde principios de este 2016, también intentan deshacerse de otro activo, Juan Luis Cebrián, al que acusan de haber arruinado a la compañía. Desde el Financial Times le apuntaban directamente, con algo de malicia, en un artículo íntegramente dedicado a su posible caída en desgracia: «Desde 2007, PRISA ha reportado pérdidas acumuladas de 2200 millones, mientras que su consejo ha incrementado sus ingresos 80 millones en el mismo periodo, de acuerdo con las cuentas de la compañía, con Cebrián siendo uno de los ejecutivos de medios de comunicación mejor pagados de Europa». No obstante, Cebrián en un intento de zafarse de las redes que le subyugan, prefirió agarrar el manual del «chivo expiatorio» y señalar a la izquierda radical como agentes desestabilizadores, antes de señalar a quien le quiere derribar.

Todo quedaría en una simple agresión puntual si la actitud de Amber representara la excepción y no la norma. En 2015 Blackrock tomó posiciones cortas en PRISA por valor del 16,45 % del capital desde julio hasta septiembre. Justamente a finales de septiembre, Santander publicaba un informe en el que rebajaba el precio objetivo de la acción de 12,5 euros a 6,9 euros, provocando la caída de las acciones de PRISA un 20 % hasta los 2,8 euros. Un simple toque de Emilio Botín, antes de morir, y PRISA se hundía, para beneficio de Blackrock, accionista del propio Banco Santander. A lo lejos se oía el golpe de manos entre Botín y Fink. España se preparaba para el nuevo Estado del IBEX y los bajos fondos extranjeros.

Epílogo

El IBEX, un chivo que expía las
culpas de la minoría dominante

Si están interesados en conocer de cerca el IBEX 35, quizá sea bueno que se acerquen al magnífico Palacio de la Bolsa de Madrid, en pleno centro de la capital. Queda al lado opuesto del Congreso de los Diputados y del Museo del Prado, edificios todos que orbitan alrededor de la plaza Cánovas del Castillo. Un nombre con historia en la Bolsa, ya que fue Cánovas —como presidente del Consejo de Ministros— quien otorgó la concesión de diseño del edificio, que data de junio de 1884[207]. En el interior de la Bolsa, pueden aventurarse por sus pasillos y a lo mejor preguntar por el significado del IBEX 35. Algunos lo definirán por su supuesto acrónimo que se refiere al Índice Bursátil Español; otros lo definirán por la fórmula para calcularlo; pero en la mayoría de los casos dejarán de lado aquello que queda detrás del IBEX 35.

Todo seguiría igual si no fuera porque los acontecimientos de los años de crisis económica han levantado cierta suspicacia sobre la historia oficial. Antes de las elecciones de diciembre de 2015, De Guindos defendía la versión oficial según la cual «no sé si el IBEX 35 apoya o no a Rivera, en el IBEX 35 hay de todo, no hay una actuación de forma coordinada». En cambio, en una intervención posterior, De Cospedal, enfadada, aireaba al viento: «Ni Rivera, ni el IBEX 35, ni los medios» apartarán a Rajoy. Pedro Sánchez fue el más explícito, acusando al IBEX de «trabajar para que hubiera un Gobierno conservador». Fueron frases cortas, pero que levantaron polvareda por todo el país. ¿Quizá sí hay algo detrás del IBEX 35?

Es común entre los poderosos menospreciar el grado de consciencia que tiene el ser humano sobre los elementos que le rodean y determinan su existencia. No tienen en cuenta que, aunque solo partamos de la condición animal del ser humano, este percibe, como mínimo, las situaciones de peligro o incertidumbre que existen frente a él. A este instinto de supervivencia se añade una conciencia propiamente humana que ha evolucionado en una intuición sensible, más o menos consciente, que es capaz de percibir los peligros y amenazas que acechan más allá del entorno inmediato y visual. Esta intuición es capaz de abstraerse de la situación inmediata, del peligro que atisbamos con la mirada, para asociar el riesgo a símbolos que no vemos. Puede que esto explique por qué el país reacciona de forma vehemente ante el nombre IBEX 35: ¿será quizá porque intuyen que hay algo más allá de los nombres de las empresas y del significado técnico del IBEX 35, es decir, aquello que aparece a primera vista y que muestran los medios de comunicación?

Desde tiempos remotos, el ser humano ha recelado de camarillas cerradas, de conspiraciones de nobles, de religiosos, de banqueros. No obstante, dos situaciones han salido de este recelo. De la primera es testigo el cristianismo que, constituido como religión del Imperio, pronto se olvidó de sus orígenes en los primeros siglos de nuestra era, cuando estos eran acusados de conspirar, comer niños y quemarlos. Fue la venganza del poder pagano de Roma, que aprovechó la situación de desconfianza que atravesaba el Imperio para apuntar a los cristianos como culpables. Las tornas cambiaron y en el siglo XII, una vez erigidos como religión hegemónica y bajo el poder omnímodo del papa, iniciaron una cacería contra paganos, sacerdotes no célibes, mujeres y judíos, acusándolos de cercanía con la herejía y el demonio. El poder aprovechaba para descargar contra las minorías no dominantes.

En contraposición, tenemos momentos en la historia en que una minoría dominante, asociada a la concentración desmedida de poder, ha sido objeto del enfado popular. Así fue como en el siglo XVI los comuneros de Castilla se levantaron contra el poder, contra los llamados Grandes asociados al Consejo Real, acusándolos de concentrar todo el poder económico y político. También sucedió con las revueltas latinoamericanas, momento en que las minorías criollas ilustradas se rebelaron contra el centralismo y la concentración del poder de la Corona española. En 1808, como predecesor de los movimientos de independencia en América, en Aranjuez estallaba un motín que desencadenaba una revuelta contra el poder del Antiguo Régimen, una forma del Estado monárquico que se había transformado con los siglos, adquiriendo nuevos instrumentos de dominación como las empresas privadas. El poder se había transformado durante el siglo XVIII, pero la concentración se acentuó. Así pues, la Constitución de Cádiz, bajo la batuta de una minoría influida por el ideal francés de Estado no aristócrata, intentó revertir el poder que había acaparado una serie de ministros del rey junto a empresarios nobles del país. Años después, tras la Restauración, nuevas formas de organización y distribución del poder emergieron, asociadas a los nuevos partidos y a cargos electos como diputados y el papel de la monarquía en estos. Una minoría vinculada al Estado que pudo hacerse con compañías de ferrocarriles, bancos, terrenos y otros negocios, aliada con el capital extranjero.

Estas minorías han sido siempre objeto de recelo, pero también han sido frecuentemente malinterpretadas en su conjunto, al ser asociadas las dominantes y no dominantes simplemente por su condición numérica (ser un grupo pequeño). Por ejemplo, las Cortes de Cádiz estuvieron lideradas por una minoría, muchos de ellos masones, pero no debían su liderazgo a su riqueza y capital político, al contrario: eran consecuencia de la acumulación y concentración desmedida de poder por arriba que hizo evidente para la mayoría la relación incestuosa entre el Estado (como referencia de lo colectivo) y los intereses privados. Es cierto que dicha sentencia podría ser tomada como un discurso antioligárquico, pero se convierte en hecho cuando ministros liberales y conservadores de la Restauración coincidían en negocios conjuntos y consejos de administración. Era la demostración de que el poder político y económico se acumulaba en pocas manos, unidas por el interés de enriquecerse.

En la diferencia entre un discurso y un hecho, podemos distinguir las dos minorías que se enfrentaron durante los años treinta del siglo XX. La República era consecuencia del desarrollo humano y político de una minoría ilustrada, que creció al albor del crecimiento económico de los años veinte, debido a la posición neutral de España en la I Guerra Mundial que le permitía actuar como suministrador. Era el mismo crecimiento sobre el que también se asentó una estructura política cuya motivación básica era el beneficio privado y que conspiró constantemente contra la República. No es un reduccionismo, pues debemos al periodo de Miguel Primo de Rivera la privatización de monopolios como CEPSA o de Telefónica (en manos de los principales bancos como Urquijo, Banesto, Banco Bilbao y accionistas extranjeros), pero también la subvención y rescate de los bancos o la prensa, empresas en las que participaban los mismos diputados y ministros. En cambio, los principales ministros de la República —que fueron luego tratados de alentadores del conflicto— no procedían de esta minoría situada en consejos de administración, como si lo fueron José Calvo Sotelo o Santiago Alba, sino a su elección como representantes de una mayoría que era consciente de la «oligarquización» del poder. La misma conciencia que hizo caer a Primo de Rivera y al rey Alfonso XIII, en cuyo régimen la corrupción adquiría un carácter grotesco y absolutamente evidente para la mayoría.

La crisis económica que comenzó en 2008, volvió a traer fantasmas del pasado. En 2010 el paro y los recortes azotaron España con toda su crudeza, pero también trajeron bajo el brazo la imagen de una minoría organizada que salía incólume de la crisis. Ese mismo año el movimiento nacido en el epicentro del poder político, a 900 metros de la plaza Cánovas del Castillo, fue el primero en señalar hacia arriba. Ese 15 de marzo de 2010 miles de personas señalaron con fuerza hacia el poder y dijeron «no nos representan». Aquello condensaba la imagen entonces hegemónica sobre la unidad de intereses de los principales partidos: distintos partidos, mismas políticas. Unos años después, un partido formado en enero de 2014, Podemos, fue el siguiente en politizar aquella intuición totalmente extendida, y la nombró «casta». Pero no la inventó, era un hecho de cuya existencia todos eran conscientes.

Casualmente el nombre IBEX en inglés es el nombre de una especie de cabra salvaje que habita en parajes de Eurasia y África. Con largos cuernos curvados, su imagen recuerda a un símbolo que siempre ha sido asociado a rituales de minorías que conspiraban contra una mayoría: desde ritos cristianos, al holocausto de los judíos, o a los aquelarres de brujas; o incluso algunos de los rituales de la masonería y grupos secretos. De estas acepciones una queda magníficamente retratada en El aquelarre o El Gran Cabrón (1823), una de las Pinturas Negras de Francisco de Goya, donde se puede ver a un macho cabrío erguido rodeado de brujas y herejes que le rinden pleitesía.

Aunque su sentido se ha banalizado con el heavy y la cultura rock, no se puede olvidar que ha sido un símbolo tradicionalmente asociado al mal y a la herejía. Muchos habrán oído hablar de la expresión chivo expiatorio y la habrán usado coloquialmente. Esta expresión se puede encontrar en la Biblia, y queda asociada al ritual del antiguo pueblo de Israel que se celebraba en el Día de la Expiación (que era la festividad más importante del año). Ese día se purificaba el pecado en un tabernáculo, en un ritual en el que se echaba suerte sobre dos machos cabríos: uno era sacrificado por el Sumo Sacerdote para la expiación de los pecados de los israelitas; y el otro era cargado con todas las culpas de los presentes para enviarlo al desierto. Este último era conocido como chivo expiatorio.

La historia de esta expresión ilustra bien la naturaleza ambivalente de este símbolo y, más allá, las bifurcaciones que puede tener el concepto de minoría: se puede asociar para designar al poder oscuro, el demonio o el pecado; o, en otro, como símbolo de culpa expiada. Un famoso auto de fe, del 7 de noviembre de 1610, por el que condenaban a la hoguera a las famosas «brujas de Zugarramurdi», decía: «El demonio, para propagar esta abominable y maldita seta, se aprovecha de los brujos más antiguos y más ancianos, que con mucho cuidado se ocupan en ser maestros y enseñadores de ella. Y a los que persuaden que sean brujos no los pueden llevar al aquelarre (que con este nombre llaman a sus ayuntamientos y conventículos, y en el vascuence suena tanto como decir prado del Cabron; porque el demonio, que tienen por dios y señor en cada uno de los aquelarres muy ordinario se les aparece en ellos en figura de cabron), sin que primero consientan en que serán brujos, y siendo de edad de discrecion prometan que harán el reniego». La Inquisición entonces dio por probada la transferencia entre el macho cabrío y el pecado, mientras las brujas eran acusadas de culpables. Quedaba oculto que era el tribunal el que expiaba la culpa a algunos de los presentes y culpaba a otros de herejía (brujas).

En un mitin junto a la presidenta de Andalucía días antes de las elecciones de diciembre de 2015, Felipe González expiaba a los votantes de su culpa por votar a Podemos: «No saben, los están engañando». Se refería a la naturaleza oscura del partido Podemos y sus vínculos con el partido PSUV de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro: «Entonces utilizaron el mismo eslogan y la misma tipografía, a partir de ahí se creó este partido político —decía, aludiendo a las conexiones entre ambos partidos—. Creen en la pseudorrevolución que ha arruinado al país más rico de América Latina». Semanas después, en enero, tras la irrupción de Podemos en el Parlamento, con 69 diputados, el periodista Jiménez Losantos, cargaba de nuevo: «Podemos no es un partido político, es una banda, un movimiento en el mejor de los sentidos. Es una banda financiada por Venezuela y por Irán desde antes de su constitución», y proseguía diciendo: «Veo a Errejón, a la Bescansa, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte, si llevo la lupara disparo. Menos mal que no la llevo».

Meses después, y anunciada ya la nueva convocatoria de elecciones para el 26 de junio de 2016, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, alertaba sobre la irrupción de la «izquierda totalitaria» que, de llegar al Gobierno, llevaría a «un empobrecimiento máximo de la sociedad y un recorte brutal de las libertades». Unos días después García-Margallo matizaba: «Podemos no es un peligro para la democracia, pero sí para España». Villar Mir, a pocos días de celebrarse las elecciones, daba su opinión como empresario del IBEX: «Lo que pide Podemos con expresiones marxistas-leninistas y de apoyo bolivariano no cabe en España». Explicaba su condición minoritaria, ya que «existirá siempre un pequeño porcentaje de marxistas que no cree en el mercado ni en la propiedad privada, y a veces siquiera en Dios». Finalmente, sentenciaba: «Podemos no cabe en un Gobierno, sería un desastre para la economía española».

Múltiples voces se alzaban para definir el carácter pecaminoso del grupo político, apuntando particularmente a sus líderes. El miedo y los pecados eran depositados en este partido: la «casta» se asociaba a Podemos. Algo que queda patente en el discurso de Felipe González, quien en el mitin de diciembre, se defendía de ser incluido dentro de la minoría del IBEX (fue consejero de Gas Natural), incluyendo a Podemos en otro grupo de minoría privilegiada culpable: «Cuando hablan de incompatibilidades sugiero que la primera incompatibilidad que haya para representar a nuestros ciudadanos sea asesorar a un Gobierno extranjero cobrando».

Las dos voces se acusaban de ser culpables y pecaminosos, pero ninguna era capaz de aterrizar los supuestos que los diferenciaban, y España terminaba debatiéndose entre el recelo hacia Podemos y el recelo hacia una minoría tradicionalmente privilegiada. Se apuntalaba así el discurso por el cual su condición de «minoría representante» les hacía equivalentes al resto de partidos, incluida la llamada «casta». Todo apuntaba a que los pecados de aquellos serían depositados en un carnero llamado Podemos, que sería sacrificado. Mientras tanto, el carnero IBEX, expiadas las culpas de la minoría dominante que lo controla, sería liberado. Sus pecados durante años de crisis económica habían sido borrados, y sus huellas también. Huellas que apuntaban a que esa minoría era más que un grupo reducido de personas, eran una minoría dominante. Y es que, sin querer exculpar a Podemos de sus defectos con este ejemplo (que pueden dar para un libro), hay múltiples datos que señalan el trasfondo dominante y minoritario del IBEX. Y, más allá, que esta condición dominante ha ido acrecentándose con la crisis económica, frente a un descenso de los recursos de un conjunto amplio de la población. Su culpa, no obstante, se iba disolviendo poco a poco.

En un informe de Intermón Oxfam publicado en enero de 2016, señalaban que «España es el país en el que más ha avanzado la desigualdad durante la crisis». En este informe apuntaban que «la distancia entre ricos y pobres ha crecido y en 2015 el 1 % de la población concentró tanta riqueza como el 80 % de los más desfavorecidos. La fortuna de solo veinte personas en España alcanza un total de 115 100 millones de euros». Más adelante, el informe ponía el acento en un grupo privilegiado: «No se ha conseguido remediar que 17 de las 35 empresas del IBEX 35 no paguen el impuesto de sociedades en España ni que la inversión hacia la Unión Europea cayera un 15 % en 2015 y la inversión en paraísos fiscales creciera un 2000 %». El análisis no dejaba esta situación como caso aislado: «Las 62 personas más ricas del planeta tienen tanta riqueza como la mitad de la población de escasos recursos, unos 3600 millones de personas». Lo que le faltaba decir al análisis es que, de las 10 mayores fortunas españolas, 8 son propietarias de empresas que cotizan en bolsa, y 5 lo son de empresas del IBEX 35. Y que esas diez personas más ricas prácticamente han doblado su fortuna en los años de la crisis, de 54 008 millones en 2008 a 100 405 millones (dólares[208]), lo que representa actualmente un 10 % del PIB de España.

Lo que en definitiva señalan los datos es que detrás de la crisis económica se encuentra el incremento de poder de dos grupos: grandes empresas y fortunas. Dos caras que no siempre se asocian y que apuntan a un mismo fenómeno: la concentración incesante de la riqueza en pocas manos. En España, esta concentración tiene un nombre por derecho propio: el IBEX 35, que representa el 50 % de la economía, y en cuyas moradas habitan las 5 mayores fortunas de España, que concentran el 8,5 % del PIB español (85 000 millones). Si corremos el velo técnico, de las amenazas de sus bajadas y subidas del índice, puede observarse que es algo más que un indicador: detrás de las 35 empresas hay 142 accionistas significativos (más de un 1 %) y 417 consejeros. Y, de estos últimos, 93 han tenido un alto cargo en el Estado. Ahora, suponiendo que cada accionista, como empresa independiente, lo representa un consejero delegado, tenemos en total 559 referentes del IBEX. Un número que no parece muy elevado si se tiene en cuenta que controlan empresas por valor del 50 % del PIB español. Pero ¿qué función tienen estas 559 personas que tienen voz y voto sobre este mastodonte económico?

Si tomamos en primer lugar a los 142 accionistas significativos, su objetivo es lograr la máxima rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice. Según destaca un folleto de la empresa propietaria del IBEX (BME), «la remuneración al accionista se mantiene como seña de identidad de la Bolsa española que destaca en el ámbito mundial con una rentabilidad por dividendo del 5,2 % al cierre de 2015 de acuerdo con datos de MSCI (Morgan Stanley Capital International)». Según el estudio de Pablo Fernández y Alberto Ortiz[209], la rentabilidad media desde su fundación hasta 2014 ha sido del 10 %. Los picos más bajos fueron 2008 (-37 %) y 2010 (-13 %). No así el año de rescate financiero a España, en 2012, que se incrementó al 3 %. Luego, desde esta perspectiva, el IBEX sería un lugar donde diversos tipos de accionistas participan para lograr maximizar la ganancia. Y no solo eso, sino también lograr influir. Pues entre los accionistas podemos diferenciar varios tipos: unos con un número reducido de acciones y otros con participaciones significativas en el capital. Los primeros son los millones de españoles que buscan ensanchar sus ahorros. Los últimos, aquellos con una cantidad de acciones suficiente para tener voz y voto en el consejo de administración. Entre estos últimos podemos encontrar un largo elenco de actores: bancos, empresas, familias, fondos de inversión, cajas de ahorros, fondos de pensiones, Gobiernos, etc. De ellos, tres han dominado el conjunto del IBEX a lo largo de su historia: el Estado (1991-1996), bancos y cajas de ahorros (1996-2000), cajas de ahorros (2000-2011) y fondos de inversión (2012-). El cambio de unos a otros dueños pudiera parecer baladí, pero supone diferentes formas de entender las empresas en las que participan, no debido a diferencias culturales o sociales, sino a la propia naturaleza jurídica del accionista. No es lo mismo el Estado como accionista, que puede respaldar las pérdidas de la empresa con inyecciones de capital, compras de mayores paquetes de acciones, o sinergias con otras empresas del Estado, que una caja de ahorros, que no responde ante unos ciudadanos, sino ante una asamblea, y ante una obra social que se alimenta de sus beneficios, pero no a un accionista al que satisfacer; o unos bancos, cuya finalidad es conseguir el máximo dividendo o rentabilidad con un conjunto de participaciones para beneficio de sus propios accionistas, para lo cual no dudará en intervenir en el consejo; o, finalmente los fondos de inversión, vehículos financieros que gestionan el patrimonio de terceros, y cuya finalidad es la rentabilidad, independientemente del sector del negocio, y de la gestión, es decir, no se responsabilizan del futuro de la empresa, sí de la rentabilidad que produce para el accionista. Según este punto, el IBEX está compuesto por un conjunto de accionistas cuya naturaleza jurídica y cuyos objetivos de rentabilidad determinan el sentido del IBEX: si participa el Estado como accionista, los beneficios de sus participaciones pueden derivar a los ciudadanos, y por tanto el IBEX tiene vocación redistributiva del beneficio; las cajas de ahorros, al no tener accionistas, derivan sus beneficios a su obra social, dando una vocación patrimonial redistributiva; los bancos lo derivan principalmente a sus accionistas por medio de dividendos, y por tanto dan un sentido privado a los beneficios del IBEX, pero manteniendo la autonomía de la empresa a medio plazo; en el caso de los fondos de inversión, estos han de satisfacer a sus inversores, independientemente de los riesgos que tome la empresa y su deriva a medio plazo, pues su permanencia depende de la rentabilidad a corto plazo. Pero lo que une a todos estos casos, es que el IBEX 35 funciona como centro de extracción de excedente o beneficios para un conjunto social determinado que lo controla.

En segundo lugar, tenemos a los consejeros, los miembros del órgano de gobierno corporativo de estas empresas. Su objetivo es gestionar el rumbo de dichas empresas, y lograr maximizar sus beneficios. Los nombres de muchos de los consejeros recuerdan al pasado: Urquijo, Alba, Espinosa de los Monteros, Botín Sanz de Sautuola, Benjumea, Echavarría, Daurella, Molins, Domenecq, Del Pino, Calvo-Sotelo, March, Entrecanales, Lladó. Todos ellos apellidos que han cubierto las páginas de revistas de la alta sociedad a lo largo de todo el siglo XX. Son sagas de apellidos de familias de la alta burguesía de inicios de siglo, que perviven en las faldas del IBEX. Muchos de ellos ya no son accionistas o propietarios de empresas, otros sí. Pero todos conviven codo con codo en los consejos de administración de las empresas, muchos de ellos en varios consejos. Con ello, consiguen que el IBEX sea un bloque social más o menos homogéneo, es decir, funciona como un club social restringido. Les une el buen apellido y el nivel económico que pueden llevar, no apto para cualquiera, pues en 2014 la remuneración media de un consejero era de 318 000 euros. Si estos son consejeros ejecutivos, es decir, si cumplen una tarea de alta dirección, la remuneración media subía a 1,3 millones. Baja comparada con la recibida por los presidentes del IBEX, que alcanzaron una retribución media de 3,36 millones de euros. En consecuencia, en el IBEX conviven personas con unos ingresos similares, un apellido de larga historia, unos contactos similares, ya que coinciden unos con otros; y finalmente, un lugar privilegiado para decidir sobre el futuro de empresas que solo con su estornudo pueden tumbar la economía. Según esta acepción, el IBEX sirve de lugar de socialización, de construcción de comunidad de una clase social y económicamente poderosa.

En tercer lugar, en los consejos de administración del IBEX 35 habitan una especie de consejeros muy particulares que hacen de estas empresas un grupo singular. Son nombrados genéricamente como «políticos», y tienen en común el haber sido monjes antes que frailes, es decir, altos cargos del Estado antes que empresarios; y, en muchos casos, responsables políticos de áreas relacionadas con la empresa de destino. Estos «políticos» son a su vez una especie dividida en diversas «subespecies»: los cargos de partido, los directivos de la administración, los cuerpos del Estado, los cargos locales y autonómicos, o aquellos vinculados a Gobiernos extranjeros. No es baladí su diferenciación, pues de ello depende su forma de actuar y el tipo de «know how» (saber hacer) que proporcionan a la empresa. No es lo mismo un alto cuerpo del Estado, que ha llegado al Estado por oposición, y cuya fidelidad a la administración es una mera cuestión de pertenencia al Cuerpo, que aquel alto cargo de un ministerio, superior a subsecretario, que fue nombrado en este por un partido político. Este último tiene, además de un vínculo con el área del Estado a la que ha pertenecido, una lógica de fidelidad al partido que le ha puesto allí. También se diferencian por la extensión de la red de contactos: el primero te conecta con un trozo de la administración, el segundo con un engranaje cuyos tentáculos tocan medio país. Veamos un ejemplo: puede suceder que miles de personas pongan una denuncia en la Consejería de Industria de la Comunidad de Murcia por manipulación de contadores eléctricos, como ya ha sucedido[210]; y supongamos que la principal involucrada es Iberdrola. Pues, bien, la dirección de la compañía puede acudir a uno de sus consejeros, Ángel Acebes, que tiene los vínculos necesarios para hablar con el ministro de Industria, que es de su mismo partido, el Partido Popular; o, como exsecretario general del partido y autoridad en la confección de listas durante su mandato, puede llamar a cualquiera de los diputados que, gracias a su dedo, tuvieron un asiento en el Congreso de los Diputados, entre ellos, el diputado por Murcia Vicente Martínez-Pujalte. O, directamente, pedir el teléfono de un subordinado como es el consejero de Desarrollo Económico de la Comunidad de Murcia, Juan Hernández Albarracín. En la ficha de la compañía detallan su funcionalidad: «Su amplia carrera política le reporta un conocimiento extenso en el ámbito regulatorio, así como sobre el funcionamiento de las instituciones públicas: ha ejercido durante más de un año como ministro de Administraciones Públicas, dos años como ministro de Justicia, dos años como ministro de Interior, siete años como senador y quince años como diputado nacional». En este punto me permito la concesión de señalar otro de los méritos que destacan en su ficha: «Su experiencia profesional en la administración de entidades financieras como BFA, donde ha desempeñado el cargo de presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, le sitúa en una posición idónea para el ejercicio de sus funciones como miembro de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola». Señalan, pues, como experiencia reseñable de Acebes el ser el máximo responsable de las cuentas de la entidad que provocaron el rescate de la Unión Europea y el fin de las cajas de ahorros. En resumen, Acebes y otros «expolíticos» miembros del IBEX dan un sentido concreto a las 35 empresas, dotándolas de una articulación política, que sirve a estas empresas para defenderse de posibles multas, nacionalizaciones o aumentos de impuestos por parte del Estado, así como para convertirse en un actor influyente en la política.

Tres niveles que permiten hablar de los integrantes del IBEX como una minoría heterogénea, cuya estrecha interrelación entre sí (compartir accionistas, consejeros, o un pasado político común) les ayuda a cohesionarse como «bloque». El diccionario geológico llama bloque a aquel «fragmento de la corteza terrestre delimitado, total o parcialmente, por fallas, que constituye una unidad geológica y que tiene un comportamiento tectónico unitario». Ahora bien, que los miembros de treinta y cinco empresas se constituyan en un bloque económica, social y políticamente, dominante, ¿representa una situación novedosa?

Si miramos cien años atrás, en la primera década del siglo XX, fue una época muy prolífica en estudios sobre grandes empresas y la concentración de poder económico alrededor de un grupo reducido de estas, en particular de los bancos. Es la denominada «era del capitalismo financiero», que se desarrollaría desde 1895 hasta 1904. En la primera década del siglo XX, Jeidels pone de manifiesto las extensas ramificaciones de los seis grandes bancos berlineses con la industria[211]. El economista alemán, Rudolf Hilferding[212], en El capital financiero de 1910, destacó la existencia de un grupo asociado a estos bancos, la oligarquía financiera. Ampliando el foco de dicho fenómeno a un ámbito global, Lenin dará cuenta de la centralidad de estas grandes empresas (financieras en su mayoría) y de concentración de capital, centrando estos aspectos como parte del proceso de modernización del capitalismo de finales del siglo XIX y su fase superior, el imperialismo[213].

Pero no solo socialistas y comunistas apuntaron a la concentración del poder económico y político. En ese periodo, en EE. UU. se produce una cierta inquietud en el ambiente liberal que dominaba entonces. Ante evidencias de pactos entre entidades financieras, en 1912 se forma una comisión del Congreso (Pujo Comittee) a petición del senador Arsène Pujo. Esta comisión encontrará como el 42,9 % de los recursos financieros en EE. UU. estaba en 20 entidades financieras, o como 181 individuos, a partir de 341 conexiones con diferentes consejos de administración, agrupaban un total de 112 corporaciones[214]. Sus conclusiones fueron determinantes en la aprobación de medidas antitrust como la Clayton Antitrust Act (1914), que prohibía las conexiones entre consejeros de empresas que competían en la misma industria, por considerarlo una forma de promocionar el monopolio.

El presidente de EE. UU., Theodore Roosevelt, alertó en sucesivas ocasiones del creciente poder adquirido por las grandes empresas y su conexión privilegiada con el Estado, promoviendo la Tillman Act (aprobada en 1907), por la cual se prohibían las donaciones de empresas para campañas electorales de partidos políticos. Desde el ámbito civil, Louis Brandeis, abogado miembro de la Corte Suprema de EE. UU. en 1916, previno de la concentración de ciertos sectores (del sector ferroviario por parte del banco JP Morgan), promovió la formación de cajas de pensiones, y representó la oposición de sectores de la sociedad civil frente al elevado poder de las corporaciones. Destaca también el trabajo de la periodista Ida Tarbell sobre la Standard Oil Company de la familia Rockefeller y las prácticas ilegales de la compañía para mantener una posición dominante en el mercado, lo cual incluía sobornos a la autoridad, o la manipulación de precios, entre otras prácticas[215].

La crisis de 1929 en EE. UU. supuso un giro en la percepción que tenía la ciudadanía sobre las grandes corporaciones y el mercado bursátil. Dicha crisis comienza con la caída abrupta en las cotizaciones en Wall Street, e inició un periodo de recesión que conllevó la contracción de la economía en un 27 % y el aumento del paro al 25 %, así como la pérdida de masivos fondos de pensiones y depósitos de clientes. La responsabilidad de los bancos en la crisis fue puesta de manifiesto por el presidente Franklin D. Roosevelt en diferentes comparecencias[216], desembocando en la aprobación de distintas medidas, como el Banking Act, que restringía la especulación financiera.

La II Guerra Mundial fue un paréntesis en el proceso de concentración global, y, concretamente, la concentración en torno al sector financiero y las grandes empresas. Tras la guerra, el Estado adquiere una mayor presencia, se amplían los derechos sociales y de los trabajadores, y retrocede el proceso de financiarización en determinados sectores. Ello conllevó un avance en nacionalizaciones de sectores clave a finales de los años cuarenta. Por ejemplo, en Inglaterra, durante el mandato laborista se nacionaliza la Comisión de Algodón, los transportes y la electricidad, el gas, el hierro y acero[217].

Este proceso se revertirá en los años setenta, con la llamada financiarización de la economía, un proceso de extensión global, con múltiples acepciones y efectos, que abarcan desde patrones de acumulación basados en canales financieros y no en la producción industrial o el comercio[218], a la generación de incentivos en el gobierno corporativo para reorientar las inversiones de empresas no financieras de cara a obtener dividendos[219]. La producción ponía en primera fila a las finanzas, que se expandían por doquier. Desde entonces, este proceso no tiene fin. Tanto es así que en EE. UU. en 2016 eran dos bancos custodio y un fondo de pensiones (Blackrock, Vanguard y State Street) los principales accionistas del 88 % de las 500 mayores empresas del país (S&P500). Es un hecho que ha impregnado el discurso en EE. UU., y del que Trump se ha hecho eco, denunciando la concentración de poder político y económico; si bien su postura política parece análoga a la del nacionalsocialismo de los años treinta, en la cual se apuntaba al peligro de una minoría (entonces los judíos, ahora los latinos y políticos de Washington) como «chivo expiatorio», acusándoles de controlar la economía y la política. Entonces, como ahora, se erigió como garante de los intereses industriales frente a los bancos, a los que consideraba actores fundamentales en la conspiración de socialdemócratas y judíos. Y terminó siendo, finalmente, aquel que hizo más poderoso a un bando gracias a la carrera bélica: a los Krupp, Mercedes, Thyssen, a toda una red de familias que habían sido opacadas por el protagonismo de los bancos.

Pero la concentración de poder no solo se produce en el ámbito económico. Según el estudio sobre las reuniones interministeriales de la Unión Europea, son los encuentros de cuadros intermedios de burócratas —y no de ministros— los que deciden un mayor número de medidas que afectan a los países miembros[220]. La opacidad rodea estas reuniones, ya que no existe información pública de las mismas. Algo parecido a lo que sucede con las citas del Eurogrupo, denunciadas por Yanis Varoufakis por la falta de transparencia y de normas que lo regulen. No obstante, lo relevante de las citas interministeriales de cuadros burócratas de ministerios como el de Economía recae en la mayor interconexión de estos con los grupos de presión empresariales, ya sea por número de reuniones o de puertas giratorias. A esta forma de organización burocrática del poder se suman los golpes blandos sobre Gobiernos democráticamente elegidos. Según el Council of Foreign Relations, 15 países han sufrido un golpe de Estado o cambios de Gobierno sin elecciones previas desde el inicio del nuevo milenio. Un grupo más reducido que en los 15 años precedentes —36 en esos tres lustros—, pero más exclusivo, pues entre 1980 hasta 2005 la probabilidad de éxito en los golpes no llegaba al 60 %, mientras que a partir de 2010 se acerca al 80 % de éxito, según los investigadores de la Universidad de Kentucky[221], que utilizan una base de datos desde 1950 hasta hoy. Hoy los golpes son más selectivos pero más efectivos.

Las decisiones que antes tomaba el Estado se mueven así hacia organismos supranacionales, generalmente burocráticos, más fácilmente articulables por multinacionales. Lo cual deja un estado de las cosas con una minoría económica y políticamente dominante. Y, frente a ellos, una mayoría asolada por una creciente desigualdad. Según Thomas Piketty: «La desigualdad de la riqueza mundial a principios del año 2010 parece ser comparable en magnitud a la observada en Europa en el periodo de 1900-1910. Una milésima parte superior parece ser dueña de casi el 20 % del total de la riqueza mundial».

De este modo, la concentración del poder político y económico en pocas manos frente a una población que pierde ambas cosas son ingredientes de un cóctel de explosión social, y un momento propicio para buscar culpables. ¿Quién es entonces el carnero expiatorio?

Warren Buffett lo tiene claro: «Estamos en una guerra de clases, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando». Buffett es propietario del mayor fondo de inversión individual, Hathaway Berkshire, accionista en las principales empresas norteamericanas, y recientemente propietario de la aseguradora española VidaCaixa.

Para el financiero es evidente lo que sucede, pero para el conjunto de los mortales, buscar causas y culpables a la creciente vulnerabilidad se hace cada vez más complicado. Para enfrentar este miedo (el «no ser nada» frente a los de «arriba»), es cada vez más común acudir a teorías conspirativas sobre el poder (illuminati, reptilianos, masones) o al nihilismo más radical (teorías espirituales, ecoindividualismo). Quizá en ello tiene mucha responsabilidad la caída de dos de las grandes certezas del siglo XX: el marxismo y el cristianismo. Estas eran dos cosmovisiones que permitían entender la riqueza y la pobreza de una manera global, sin perderse en particularismos. Eran las dos grandes teorías del siglo XX: la primera permitía entender el momento actual por la tendencia a la concentración y centralización del capital, mientras el cristianismo reforzaba la posición del pobre, y situaba al rico dentro de una tendencia individual al pecado, a la avaricia («Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aunque alguien posea abundantes riquezas, estas no le garantizan la vida», Lucas, 12: 21). Ambas, además, permitían afrontar el problema, ya fuera con resignación cristiana o por la toma del poder de las clases subalternas.

Frente a la nueva amalgama de conspiranoias y huidas individuales, se extiende cada vez con más fuerza una idea del poder, de la desigualdad, cuyos efectos pueden ser contradictorios: la antipolítica. Una cosmovisión muy propia de los años veinte del siglo XX, asociada a un concepto, la corrupción, un término vacío que puede ser completado con múltiples significantes. De hecho, reto al lector a que haga un ejercicio, y nombre una serie de palabras asociadas al término corrupción. Seguramente le salga: políticos, Estado, partidos, impunidad. Y es muy probable que no salga en ningún caso: grandes bancos, concentración de capital, monopolios, clases propietarias o grandes empresas. Y, sin embargo, en los años cuarenta y cincuenta, después de la II Guerra Mundial, eran términos de uso común en Gran Bretaña o en EE. UU. No tenemos más que leer los discursos de Dwight D. Eisenhower, Franklin D. Roosevelt o Clement Attlee, así como las políticas antimonopolistas aplicadas por los mismos.

En España, el culpable de la situación actual de prolongada recesión y creciente desigualdad tiende a situarse en un campo similar: los partidos y su relación con el enriquecimiento, especialmente el PP, pero también Podemos y su financiación externa (Irán o Venezuela). Es decir, los problemas se gestan en la política y quedan encerrados allí. Entre las consecuencias de extender esta noción de una política corrupta, está aquella que subrayó Manuel Vázquez Montalbán: «Instalar la conciencia social española en la fatalidad de que la corrupción ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, abre una caja de Pandora de la que puede salir el fascismo o el cinismo».

Lo que sí es claro es que un «estado de corrupción política» tiene unos claros beneficiados, que quedan muy lejos de los focos mediáticos. Son aquellos que expían su culpa en otros. Actores que participan como jueces y partes dentro de la lucha contra la corrupción, y tras la cual se benefician de la retirada de los afectados, políticos miembros de todos los partidos. Entre ellos, destacan fundaciones y empresas interesadas en un Estado débil. En España, el papel más evidente es el de Manos Limpias, un sindicato de funcionarios, muy cuestionado por el origen opaco de sus fondos. Este sindicato está presente como acusación en decenas de casos como Bárcenas, Neymar, Miguel Blesa, el pequeño Nicolás, las pitadas en la final de la Copa del Rey, Interligare, la financiación de Podemos, Pujol, Gowex, el marido de Manuela Carmena o el mediático caso Nóos. Su interés va más allá de la justicia, ya que han avalado una candidatura política: la formación ultra Partido por la Libertad.

Globalmente, hay varias fundaciones que cumplen el papel de Manos Limpias. Una de las más populares es la Open Society Foundation (OSF), un entramado de fundaciones presidido por el multimillonario George Soros, que financia entre otros al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), coordinador en la investigación de los papeles de Panamá. Junto a estos proyectos, el millonario Soros también tiene intereses económicos en España[222].

Su fundación, la Open Society, es muy activa en diversos campos. Por ejemplo, en procesos políticos, como el cambio de Gobierno en Ucrania en 2014, donde la Renaissance Foundation de Soros estuvo, según su director, «en el corazón de la revuelta por una sociedad abierta en Ucrania». Otro de los campos es el de promoción de medios de comunicación independientes: por un lado, elaborando informes sobre la libertad de prensa en diferentes países, y por otro financiando diversos proyectos, como sucede con el ICIJ y otros. Con este objetivo, promueve foros y genera vínculos entre medios[223]. El objetivo de su fundación, según su página web, es «construir una vibrante y tolerante sociedad, con Gobiernos vigilados y abiertos a la participación de la gente».

Pero lo cierto es que sus negocios y la propia fundación se terminan mezclando allá donde se expande. Como parte de su labor de supervisión y creación de informes sobre libertad de prensa, en 2005, la fundación elaboraba un informe titulado «Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina». Este informe ha sido seguido por otros que denunciaban el control del Gobierno kirchnerista sobre los medios; mientras tanto, los negocios de Soros se expandían en Argentina[224].

El poder de los «grandes ricos» (megarich) va, por tanto, mucho más allá de sus negocios y pueden configurar la opinión de un conjunto de la sociedad. Como el Santander y Amber, con El País; Blackrock, con Telefónica; Invesco, en Atresmedia. Todo ello no desvirtúa los aspectos positivos de la revelación de datos de casos de corrupción en la política, pero sí apunta a la necesidad de ser especialmente cuidadosos, dado el momento de acuciante concentración de riqueza, fragilidad de las democracias, y la «búsqueda del chivo expiatorio». Vivimos una época de conflictos de intereses cada vez más agudos, donde los poderes económicos condicionan la información y la agenda al mismo tiempo que extienden sus intereses en perjuicio de unos Estados cada vez más débiles. Frente a estos poderes, se erige únicamente el contrapeso de una sociedad paralizada por fenómenos novedosos en estas latitudes, como el drama de los refugiados, la precariedad laboral o la inestabilidad personal y económica.

Los tiempos truculentos que acechan parecen buscar echar a suertes el destino de los carneros. Siguiendo el Levítico, 16: 9: «Y Aarón tiene que presentar el macho cabrío sobre el cual haya venido a dar la suerte para Jehová, y tiene que hacer de él una ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya venido a dar la suerte para Azazel debe tenerse parado vivo delante de Jehová para hacer expiación por él, a fin de enviarlo para Azazel al desierto». Mientras las suertes se echan, los fondos de inversión se esconden detrás del IBEX, esperando que sea el cabrío que les expíe de su culpa. Siempre pueden defenderse: ¡no somos nosotros, es el IBEX!

«Perder el dinero es a menudo un delito;
adquirirlo por malas artes es aún peor,
y malgastarlo es lo peor de todo»
John Ruskin

RUBÉN JUSTE (Toledo, 1985). Licenciado y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado su tesis doctoral sobre puertas giratorias en el IBEX 35. Especializado en Metodología de la Investigación y en Análisis de Redes Sociales, ha publicado diferentes artículos académicos sobre redes empresariales, redes de comunicación en prensa o preferencias electorales. Al igual que muchos compañeros de generación, tuvo que salir del país tras el estallido de la crisis económica. Su trayectoria ha transcurrido en un largo peregrinaje por países como Australia, Paraguay y Ecuador. En América Latina fue consultor político para diversas formaciones políticas, además de docente en varias universidades. Está especializado en política paraguaya, sobre la cual ha escrito varios artículos en prensa y revistas especializadas.

Su más reciente publicación es Cartismo y el proyecto de una clase transnacional. Durante los últimos años ha estado buceando en la base de datos de la CNMV, rodeado de abogados, inversores y preferentistas desesperados, mientras extraía datos para poder explicar quiénes eran y cómo se organizaban los que han decidido en las últimas décadas el futuro del país. Actualmente es articulista de política y economía en el semanario CTXT, donde se dedica a contar la historia de los que mandan y no se presentan a las elecciones.

Notas

[1] El Decreto Ley 7/2016 pretende evitar cortes de electricidad e introducir nuevos aspectos del bono social, ampliando los supuestos contemplados en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Se añade la prohibición de corte de suministro a usuarios «vulnerables severos» al pasar a considerarse suministros «esenciales». Estos son aquellos «acogidos a la tarifa de último recurso y que están siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión». La suspensión del suministro se acoge a mejoras como la comunicación de aviso de corte al usuario afectado (pasa de dos a cuatro meses en usuarios vulnerables), o la negociación de nuevos contratos. En ningún caso prohíbe la suspensión de suministro de energía en caso de impago sucesivo de usuarios que se acogen al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), sean estos determinados como vulnerables o no. La medida y los baremos quedan pendientes de ser concretados mediante real decreto. <<

[2] David Robinson, «Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española», David Robinson & Associates, 2015, p. 46. <<

[3] Manuel Marraco, «Francisco Correa dice que las constructoras OHL, ACS y Dragados “pagaban comisiones al PP”», El Mundo, 14 de octubre de 2016, http://www.elmundo.es/espana/2016/10/14/5800a81ce5fdea941c8b466e.html. <<

[4] El humor de Punto y Pérez, «Pedro Sánchez acusa a Alierta de dejarle sin gasolina mientras echaba una cabezada», Cadena Ser, 4 de noviembre de 2016, http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000004334341/. <<

[5] David Fernández, «Carmena pagará 687 millones a siete grandes concesionarias por la recogida de basuras», El Confidencial, 24 de agosto de 2016, http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-08-24/carmena-concesionarias-recogidabasuras-687-millones_1250440/. <<

[6] Marta Belver, «La recogida de la basura seguirá privatizada en Madrid», El Mundo, 17 de marzo de 2016, http://www.elmundo.es/madrid/2016/03/17/56eaaab446163fb1068b4661.html. <<

[7] Según el estudio elaborado en 2014 por el Observatorio de Responsabilidad Corporativa (ORC), basado en los Informes de Gobierno Corporativo de empresas del IBEX 35, 33 de las 35 sociedades del Ibex tenían filiales en paraísos fiscales. Entre ellas, ACS mantuvo el récord en 2013 con 171 sociedades, muy lejos de la segunda, el Banco Santander, con 82. En 2014, la situación cambió, y el Santander mantuvo el liderato con 235 filiales, seguido de ACS con 113. En 2015, según la memoria de ACS, el número bajó a 90. Urbaser, la empresa de recogida de basuras, tiene filial en Panamá, a pesar de que allí no presta servicio. <<

[8] Rubén Juste, «Villar Mir, el marqués que triplicó su fortuna durante la crisis», Revista CTXT, 17 de febrero de 2016, http://ctxt.es/es/20160217/Politica/4319/Villar-Mir-OHL-Canalejas.htm. <<

[9] OHL, «Prácticas laborales», Informe de Sostenibilidad, 2015, http://memoria.ohl.es/media/1251/07_a4_practicas_laborales.pdf. <<

[10] «Villar Mir considera “urgentísima” una reforma laboral y pide reducir el gasto corriente de las administraciones», El Economista, 25 de octubre de 2011, http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3479569/10/11/Villar-mir-considera-urgentisima-una-reforma-laboral-y-pide-reducir-el-gasto-corriente-de-las-administraciones.html. <<

[11] «Villar Mir carga contra Podemos: “Su llegada al Gobierno sería una verdadera desgracia”», Vozpópuli. 21 de junio de 2016, http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Elecciones_26J-Juan_Miguel_Villar_Mir-Grupo_OHL-PodemosGran_coalicion-OHL-gran_coalicion-PP-PSOE-Ciudadanos_0_928107194.html. <<

[12] Manuel V. Gómez, «Telefónica paga más del 60 % de los ingresos de Empleo por prejubilaciones», El País, 18 de octubre de 2016, http://economia.elpais.com/economia/2016/10/17/actualidad/1476732057_847189.html. <<

[13] Brais Benítez, «Telefónica y su cadena de explotación», La Marea, 1 de mayo de 2015, http://www.lamarea.com/2015/05/01/telefonica-y-su-cadena-de-explotacion/. <<

[14] «El Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos está destinando un presupuesto que aproximadamente equivale a 200 millones de euros a un programa que pretende combatir enfermedades graves a través de los beneficios derivados del big data». Fuente: Josep Lluis Micó, «“Big data” contra el cáncer», La Vanguardia, 16 de junio de 2016, http://www.lavanguardia.com/tecnologia/innovacion/20160616/402545692804/big-data-cancer-investigacion.html. <<

[15] Emilio de Benito, «Una de cada dos personas que nace en España padecerá cáncer», El País, 4 de febrero de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2015/02/03/actualidad/1422971298_093399.html. <<

[16] En 2015 se destinó una partida de 80 millones de euros para el programa de Ayudas para Contratos Predoctorales para la Formación de Foctores, Dependiente del Ministerio de Economía, Industria y competitividad. <<

[17] C. Castelló, «Cuánto pagan en impuestos las grandes empresas del IBEX 35», Cinco Días, 26 de julio de 2016, http://cincodias.com/cincodias/2016/07/25/empresas/1469456044_595995.html. <<

[18] En 1983, 1 de cada 500 españoles consumía heroína, negocio que llegaba a los 2000 millones de euros. Véase Ismael Fuente, «El movimiento del “caballo”», El País, 15 de abril de 1984, http://elpais.com/diario/1984/04/15/espana/450828017_850215.html. <<

[19] El stock de IED es el resultado acumulado de los flujos de inversión extranjera directa. Se actualiza anualmente, incorporando la información relativa al ejercicio dos años anterior al de su publicación. <<

[20] Deloitte, «La inversión extranjera en España y su contribución socioeconómica», informe para Marca España, 2014, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/sector-publico/Deloitte_ES_Sector-Publico_Informe-Marca-Espana.pdf. <<

[21] Pedro J. Ramírez, «Si no hubiera esclavos, no habría tiranos», El Mundo, 26 de julio de 1992. <<

[22] Carlos Solchaga, El final de la época dorada, Madrid: Taurus, 1997. <<

[23] La venta directa o privatización se produce cuando el Estado o la corporación pública vende por sí misma las «acciones y otras participaciones» que posee en la sociedad. <<

[24] Según el artículo 30 bis 1 de la Ley del Mercado de Valores, una oferta pública de venta (OPV) o suscripción es «toda comunicación a personas en cualquier forma o por cualquier medio que presente información suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen de modo que permita a un inversor decidir sobre la adquisición o suscripción de estos valores». Según datos que publica la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), hasta 1996 se completaron «16 Ofertas Públicas de Venta de acciones (OPV), que produjeron unos ingresos de más de 10 200 millones de euros». En este caso, el Estado conservaba su control con un porcentaje de las acciones y la opción de utilizar la «acción de oro». <<

[25] Germà Bel y Antón Costas, «La privatización y sus motivaciones en España: de instrumento a política», Revista de Historia Industrial, n.º 19-20, 2001, pp. 105-132. <<

[26] En 1991 el Estado ya se había desprendido de su participación de CEPSA (en la Comisión Nacional de la Energía de 2006), la cual fue adquirida por Elf Aquitaine (Francia) con un 20,5 % y por el Banco Central, que en este momento tenía bajo su control un 13,5 % de las acciones de la compañía petrolera. <<

[27] «Las inclusiones y exclusiones de empresas del índice se realizan en función de tres criterios: capitalización bursátil, frecuencia de cotización (número de días que el título cotiza en el mercado) y volumen de negociación (número de títulos que cambian de propietario en el mercado). La decisión la toma un Comité Asesor Técnico (CAT) formado por miembros de diferentes organizaciones financieras y académicas (Bolsa de Madrid, Analistas Financieros, IESE y otros)». Fuente: Áurea Fernández Rodríguez, La bolsa y su entorno en España y Francia. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2010. <<

[28] «Las opciones y futuros son compromisos de compraventa de un título o una mercancía (commodities) a un precio fijo y a una fecha fija en el caso de los futuros (vencimiento), y sin fecha de ejecución en el caso de las opciones». Fuente: Ramón Tamames, Estructura económica de España, Madrid: Alianza Editorial, 2008, p. 731. <<

[29] El objetivo del IBEX 35 según su propietario, la empresa Bolsas y Mercados Españoles (BME), es servir como «Índice Oficial del Mercado Continuo español, utilizado por los analistas tanto nacionales como internacionales para observar la evolución de la Bolsa española y como Activo Subyacente en la negociación, compensación y liquidación de contratos de opciones y futuros en el Mercado Español de Opciones y Futuros de Renta Variable (MEFF RV), así como en la creación de productos financieros como certificados y fondos cotizados en Bolsa (ETF)». Fuente: BME, «Estructura y organización del mercado de valores español» [en línea; recuperado el 1 de enero de 2015], disponible en: https://www.bolsasymercados.es. <<

[30] Véase «En portada», Bolsa, febrero de 2007, p. 17. <<

[31] Lorena Martí Gutiérrez, «Mercados oficiales de futuros y opciones», trabajo presentado al «V curso de alta especialización en fiscalidad financiera», Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales, 2010, http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/12_2011/07_11.pdf. <<

[32] Se refiere a aquellas acciones que tienen mayor salida en el mercado; que son más fácilmente vendibles y comprables. Por tanto, se distinguen por ser objeto de una elevada cantidad de operaciones en sesiones bursátiles. <<

[33] Entrevista con José Massa, Bolsa de Madrid, febrero de 2004. <<

[34] «En portada», Bolsa, febrero de 2017. <<

[35] Solo el Eurostoxx 50 utiliza esta fórmula ponderada; frente al Dow Jones (EE. UU.), DAX 30 (Alemania), CAC 40 (Francia), FTSE 100 (Inglaterra), FTSE MIB (Italia) o Nikkei (Japón), que utilizan únicamente la variación del precio de las acciones de cada empresa como base. <<

[36] Marisa Gallero, «Solchaga: “Nunca me creí aquella promesa de que se crearían 800 000 puestos de trabajo”», ABC, 27 de octubre de 2014, http://www.abc.es/espana/20141027/abci-solchaga-promesa-empleo-201410270920.html. <<

[37] «“La reforma laboral ha dado sus frutos”, sostiene Carlos Solchaga», Vozpópuli, 11 de marzo de 2016, http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Partido_Socialista_Obrero_Espanol_PSOE-Reformas-Partido_Popular_PP-Elecciones-Pactos_de_Estado-Podemos-Carlos_Sochaga_0_897510243.html. <<

[38] Soledad Alameda et al., «El bien amado», El País, 23 de junio de 1992, http://elpais.com/diario/1992/06/23/espana/709250425_850215.html. <<

[39] José María Cayetano Nuñez Rivero, «El 29 Congreso del PSOE», Revista de Derecho Político, n.º 13, primavera de 1982. <<

[40] Carlos Solchaga, El final de la época dorada, Madrid: Taurus, 1997. <<

[41] «Los sindicatos redactan un llamamiento conjunto ante la huelga general», El País, 19 de noviembre de 1988. <<

[42] Solchaga, op. cit. <<

[43] Ibid. <<

[44] Ibid. <<

[45] Ibid. <<

[46] Ibid. <<

[47] Del inglés golden share, término que se refiere a acciones nominales con derecho de voto, que permiten a su poseedor una posición dominante, bloqueando la posibilidad de otros accionistas de hacerse con el control de un capital mayoritario. Alude principalmente a un mecanismo estatal de control, consecuencia de un proceso de privatizacion de parte de la empresa, en el que el Estado se reserva una parte de las acciones (con unos derechos de voto especiales) para mantener su control. Esta práctica se pone en marcha en Europa tras el fin de ciclo de nacionalizaciones posterior a la II Guerra Mundial, aplicándose un programa de privatizaciones, principalmente en Gran Bretaña y Francia, en el cual el Estado se reservaba unas «prerrogativas especiales» para dejar para sí el control de su dirección, aplicando este mecanismo a sectores estratégicos tradicionalmente considerados como monopolios naturales. La primera aplicación de este mecanismo se realiza en 1982 en la privatización de Amersham International. Fuente: Enrique Álvarez y Ángel Calleja, «Privatizaciones y el sistema de la acción especial (“golden share”)», Economistas, n.º 63, 1995, pp. 44-53. <<

[48] Germà Bel y Antón Costas, «La privatización y sus motivaciones en España: de instrumento a política», Revista de Historia Industrial, n.º 19-20, 2001, pp. 105-132. <<

[49] Germà Bel y Antón Costas, «La privatización y sus motivaciones en España: de instrumento a política», Revista de Historia Industrial, n.º 19-20, 2001, pp. 105-132. <<

[50] EFE, «Felipe González no ve “razonable” la situación de Pinochet», El País, 29 de agosto de 1999, http://elpais.com/diario/1999/08/29/espana/935877603_850215.html. <<

[51] Guillermo de la Dehesa, «Las privatizaciones en España», Moneda y Crédito, n.º 196, 1993. <<

[52] Joaquín Estefanía y Salvador Arancibia, «Miguel Boyer será nombrado presidente del Banco Exterior de España por el consejo de la entidad», El País, 18 de julio de 1985, http://elpais.com/diario/1985/07/18/economia/490485603_850215.html. <<

[53] P. Martín Aceña, «La conformación histórica de la industria bancaria española», Mediterráneo económico, n.º, 21-44, 2005: http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/8/8-108.pdf <<

[54] M. Cabrera y F. del Rey Reguillo, El poder de los empresarios: política e intereses económicos en la España contemporánea (1875-2000), Madrid: Taurus, 2002. <<

[55] Pedro J. Ramírez, «El “pelotazo” del Gobernador», El Mundo, 6 de abril de 1994. <<

[56] José Yoldi, «Rubio, Preysler y Boyer, inculpados por el “caso Ibercorp”», El País, 6 de mayo de 1994, http://elpais.com/diario/1994/05/06/espana/768175213_850215.html. <<

[57] Alfonso Guerra, Una página difícil de arrancar. Memorias de un socialista sin fisuras, Barcelona: Editorial Planeta, 2013. <<

[58] Pedro J. Ramírez, «Mariano Rubio», Diario 16, 17 de julio de 1988. <<

[59] María Eugenia Yagüe, «Carmen Franco: “Mi padre está mejor en el otro mundo”», El Mundo, 14 de noviembre de 2015, http://www.elmundo.es/loc/2015/11/14/5645f40d22 601d152e8b45a7.html. <<

[60] Luis Suárez Fernández y Manuel Espadas Burgos, «La época de Franco», en Historia general de España y América, Tomo 19, Volumen 2, 1987, p. 112. <<

[61] Laureano López Rodó, Memorias, Barcelona: Plaza & Janés, 1990, p. 99. <<

[62] Ibid. <<

[63] «Doy gracias a Dios por ser el primer rey de España que cruza el Atlántico para visitar las Américas», ABC, 1 de junio de 1976. <<

[64] J. Rubio, «La Expo 92, el mayor hito sevillano del rey», ABC, 3 de junio de 2014, http://sevilla.abc.es/sevilla/20 140 603/sevi-expo-sevilla-201406022049.html. <<

[65] Ángel Luis de la Calle, «La visita de don Juan Carlos respalda el sentimiento militar: España cumplirá sus compromisos», Informaciones, 3 de noviembre de 1975. <<

[66] En 2016, y tras el escándalo de los papeles de Panamá, Demetrio Carceller ha tenido problemas con la justicia por evasión de 500 millones de euros en impuestos, lo que le ha llevado a pagar 93 millones de euros, para evitar así el paso por prisión. <<

[67] Lluís Visa, «Don Juan Carlos y la infanta Cristina sufren un leve accidente de tráfico en Lérida», El País, 28 de diciembre de 1990, http://elpais.com/diario/1990/12/28/espana/662338806_850215.html. <<

[68] Jesús Cacho, «El rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal y el juez Enrique Bacigalupo», El Confidencial, 27 de septiembre de 2007. <<

[69] José Antonio Navas, «La Comisión de Valores aprueba la OPA de KIO sobre Torras, que cuesta casi 83 000 millones», El País, 29 de diciembre de 1989. <<

[70] Juzgado Central de Instrucción n.º 3, Rollo de la Sala n.º 11/04, Procedimiento Abreviado 67/93 (Piezas Prima Inmobiliaria-Oakthorn-Pincinco-Quail-Acie). <<

[71] Mario Conde, El Sistema. Mi experiencia del poder, Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 2010. <<

[72] Branko Milanovic, Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy, Washington D.C.: The World Bank, 1998, p. 68. <<

[73] Jesús Cacho, «Las cifras del contrato», El País, 28 de octubre de 1986. <<

[74] Jesús Cacho, «El conflicto de Hispano Alemana 1. Transworld, el misterio desvelado», El País, 27 de octubre de 1986. <<

[75] «El comité de HASA se opone a la venta de la constructora a Mario Caprile», El País, 27 de enero de 1987. <<

[76] Jesús Mota, «Economía encuentra “indicios de actuación fraudulenta” en la gestión de Huarte», El País, 20 de abril de 1996. <<

[77] Santiago Hernández, «Villar Mir rebaja el 50 % su exigencia de créditos para reflotar Huarte», El País, 13 de diciembre de 1996. <<

[78] Emilio Pérez de Rozas, «Samaranch considera imprescindible el apoyo del Estado a Barcelona 92», El País, 11 de octubre de 1988. <<

[79] Eugenio Torres Villanueva, «La internacionalización de las empresas españolas de la construcción en el siglo XX», IX Congreso de la AEHE, Murcia, 2008. <<

[80] Citado en Pere Ferrer, Juan March. El hombre más misterioso del mundo, Barcelona: Ediciones Zeta, 2010, p. 117. <<

[81] Ibid. <<

[82] Manuel Azaña, Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil, Barcelona: Crítica, 2000, p. 361. <<

[83] Gonzalo López-Abente et al., «Pleural cancer mortality in Spain: time-trends and updating of predictions up to 2020», BMC Cancer, 6 de noviembre de 2013, http://www.biomedcentral.com/1471-2407/13/528. <<

[84] Enric Juliana, «Barcelona, la pionera», La Vanguardia, 20 de julio de 2012. <<

[85] Miquel de Moragas Spà, Barcelona 92. Los Juegos de la comunicación [artículo en línea], Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics UAB, 2010, http://olympicstudies.uab.es/2010/docs/wp007_spa.pdf. <<

[86] Ibid. <<

[87] Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia n.º 867/2002, Fecha Sentencia: 29/07/2002. <<

[88] Las conexiones entre empresas pueden darse a través de un consejero que se sienta en dos empresas distintas, o por un accionista que participa en dos empresas. Pero también indirectamente, cuando dos consejeros han ocupado posiciones similares en determinados ministerios y entidades estatales. Esto hace que varias empresas puedan defenderse de ataques externos (nacionalizaciones, multas, intervenciones, etc.), así como coordinarse políticamente. Al conjunto de personas que ocupan estas posiciones en empresas y áreas del Estado se le puede denominar «núcleo de poder político». Está formado por un conjunto de corporaciones con unos intereses políticos alrededor de departamentos, áreas específicas del Estado (en ministerios, agencias reguladoras, entes independientes), que suponen el núcleo político de defensa del bloque. El poder de este núcleo sería consecuencia de una posición privilegiada en un conjunto de relaciones, conjugando cohesión interna (entre corporaciones) junto a una elevada conectividad externa (con el Estado). Useem denominó a este núcleo como círculo interior (inner circle), basado en «conexiones intercorporativas y capacidades organizativas de trascender los intereses parroquianos de una sola compañía y sector» (Useem, 1984: 59). Su función sería la articulación política del bloque corporativo, así como el de los intereses de clase, permitiendo así «generar una cohesión de clase y representar la capacidad de acción y la unificación de políticas». Como bien señala, su capacidad no solo se exhibe en cuanto articulación de empresas entre sí por consejeros comunes (articulación interna), sino también por sus conexiones con múltiples esferas, con la comunidad corporativa, con la clase alta, con asociaciones empresariales, todo ello permitiéndole movilizar recursos y dar expresión política al conjunto, formando así una «red de poder» (Useem, 1984: 61-75). Fuente: Michael Useem, The Inner Circle. Large Corporations and the Rise of Business Political Activity in the US and UK, Nueva York: Oxford University Press, 1984. <<

[89] Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo: colectivismo agrario y otros escritos, Madrid: Alianza Editorial, 1969 [1903]. <<

[90] Manuel Tuñón de Lara, Historia y realidad del poder. El poder y las élites en el primer tercio de la España del siglo XX, Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1975. <<

[91] Pablo Martín Aceña, «La conformación histórica de la industria bancaria española», Mediterráneo Económico, vol. 8, 2005. <<

[92] Real Decreto 3048/1977, de 11 de noviembre, por el que se crea el «Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios». <<

[93] Juan Luis Galiacho. Isabel y Miguel: 50 años de la historia de España, La Esfera, 2014. <<

[94] Martín, 2005. <<

[95] Cabrera y del Rey, 2011. <<

[96] Según la definición de la CNMV, la OPA es «una operación por la que una o varias personas físicas o sociedades ofrecen a todos los accionistas de una compañía cotizada la compra de acciones, o de otros valores que permitan adquirirlas, a cambio de un precio. Aunque suele ser en efectivo, este precio puede ser en acciones o mixto». Según el organismo regulador, la obligatoriedad de un accionista de lanzar una OPA se da: «cuando un accionista alcanza el control de la sociedad, cuando la sociedad acuerda la exclusión de negociación de sus acciones y cuando la sociedad realiza una reducción de capital mediante la compra de sus propias acciones para su posterior amortización. Las opas obligatorias se deben presentar por el 100 % de las acciones de la compañía a un precio equitativo y no pueden estar sujetas a condición alguna, salvo a la obtención si corresponde, de la autorización de las autoridades de defensa de la competencia. Las opas voluntarias no están sujetas a la obligación legal de formularse a un precio equitativo o al 100 % de las acciones, en ellas además el oferente puede establecer condiciones como, por ejemplo, conseguir que acepten la oferta un número mínimo de acciones para hacer efectiva la misma». CNMV. Portal del Inversor. «Tipos de Opas». <<

[97] Mario Conde, El Sistema. Mi experiencia del poder, Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 2010, p. 15. <<

[98] Mario Conde, «Rato y la honradez moral», Intereconomía, 3 junio de 2012 <<

[99] Jesús Cacho, «El Estado abonó 1588 millones de al Opus Dei después de la expropiación de Rumasa», El País, 29 de junio de 1986. <<

[100] «En el fallecimiento de Rafael Termes», Opusdei.es, 5 de septiembre de 2005. <<

[101] Gustavo Matías y Soledad Gallego-Díaz, «Ruiz-Mateos afirma haber comprado en 1982 una empresa casi en quiebra solo para satisfacer a Termes», El País, 17 de enero de 1984. <<

[102] Jesús Cacho, «El reparto de las entidades financieras del grupo Rumasa no altera el ranking de los grandes bancos españoles», El País, 13 de julio de 1984. <<

[103] Salvador Arancibia y Jesús Cacho, «Mario Conde fue nombrado anoche vicepresidente de Banesto en sustitución de López de Letona», El País, 29 de noviembre de 1987. <<

[104] Jorge Semprún, Federico Sánchez se despide de ustedes, Barcelona: Tusquets Editores, 1996, p. 79. <<

[105] Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo, «Entrevista al presidente del Gobierno, José María Aznar», para El Mundo, 28 de enero de 1999, http://www.jmaznar.es/file_upload/discursos/pdfs/00614A0614.pdf. <<

[106] Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, Memorial de transiciones (1939-1978). La generación de 1978, Madrid: Galaxia Gutenberg, 2015, p. 379. <<

[107] Jorge Verstrynge, Memorias de un maldito, Barcelona: Grijalbo, 1999, p. 12. <<

[108] En aquel congreso entró todo un sector afín a Fraga que ocupo los puestos clave, mientras lograba, al fin, aglutinar a todo el espectro del centro-derecha: Álvarez-Cascos, en la Secretaría General; Juan José Lucas, en la Secretaría de Organización; Rodrigo Rato, responsable del área electoral; y Federico Trillo, coordinador de actividad parlamentaria. En agosto llegaría el nombramiento de Aznar como cabeza de lista para las elecciones de 1989. El nuevo partido tomó la bandera de Europa y el conservadurismo de Margaret Thatcher, y los sintetizó en 10 puntos que distaban mucho de los cimientos tradicionalistas, liberales y franquistas de la antigua Alianza Popular: 1) humanismo cristiano; 2) pragmatismo frente al dogmatismo; 3) reformismo; 4) libertad de la persona; 5) soberanía y pluralismo social; 6) economía social de mercado; 7) sentido social y solidaridad con los más débiles; 8) reducción del peso del Estado; 9) idea de nación y asunción del legado histórico; 10) valoración regional desde la perspectiva del pluralismo y diversificación. <<

[109] El historiador y sociólogo Alfonso Ortí definió ampliamente estas clases medias funcionales, distinguiendo entre las viejas patrimoniales, asentadas en la propiedad, de las nuevas asentadas en el avance del sector servicios y la tecnificación del proceso de producción; ambas, no obstante, surgían dentro del proceso de desarrollo capitalista durante el franquismo. «En el caso de España la definitiva constitución del modelo específicamente capitalista de nuevas clases medias funcionales, habiendo sido el producto maduro del propio neocapitalismo franquista, ha cumplido finalmente con el papel o función estratégica de reconstrucción de la hegemonía burguesa tras la desaparición de la dictadura personal, pero igualmente burguesa, del general Franco. Por una parte, la etapa final de la dictadura franquista, ya a principios de los años setenta, en el umbral de la crisis mundial, ha consumado una cierta socialdemocratización material, que tras ceder el excedente de la población trabajadora a la economía europea en expansión (un millón de emigrantes), y con el apoyo decisivo de la tecnología y del capital extranjero, extiende, si bien de modo desigual, una norma de consumo obrero (Michel Aglietta) entre unas masas populares con bajos niveles de vida, integrándolas, material e ideológicamente, en el modelo de la llamada sociedad de consumo». Fuente: Alfonso Ortí, «Estratificación social y estructura del poder: viejas y nuevas clases medias en la reconstrucción de la hegemonía burguesa», Política y sociedad: estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol, vol. 2, 1987, pp. 711-736. <<

[110] Las formas de organización de los nuevos ricos pueden diferenciarse entre aquella donde la lealtad del grupo que lo conforma recae en el parentesco (como sucede con los Villar-Mir, los Calvo-Sotelo, los March o Entrecanales, entre muchos) y en menor medida en la afinidad personal (con el rey, Rajoy), y otra cuya unidad recae en pertenecer a una casa (en el sentido de Levi-Strauss), en la cual la sangre, el parentesco, no actúa como elemento determinante de alianza entre los integrantes (como sí ocurre en el clan); en cambio, otros elementos cobraban mayor importancia, como la casa, una arquitectura «simbólica» que proyectaba el fetiche de una alianza amplia, en este caso, lo formaban un conjunto de personas aunadas por consejos de administración, conseguidores, medianas empresas y empresas del IBEX 35 que quedaban centralizadas por la estructura del partido y, simbólicamente, por Génova 13. <<

[111] «Aznar arranca con recortes presupuestarios y la prometida reducción de altos cargos», El País, 7 de mayo de 1996. <<

[112] «El Gobierno prepara una subida de impuestos especiales y un recorte de gastos sanitarios en 1997», El País, 20 de julio de 1996. <<

[113] Jesús Ceberio, «“Si el paro baja y se mantiene el bienestar social, ¿por qué se habla de movilización?”», El País, 14 de julio de 1996. <<

[114] Sandalio Gómez et al., «Las reformas laborales en España y su impacto real en el mercado de trabajo en el periodo 1985-2008», documento de investigación DI-764, Cátedra Seat de Relaciones Laborales, IESE Business School, 2008. <<

[115] Juan José Millás, «¿Aznar vuelve o devuelve?», El País, 26 de mayo de 2013. <<

[116] Xavier Vidal-Folch, «“La nueva Alianza Atlántica nacerá Madrid”», El País, 18 de mayo de 1997. <<

[117] José Miguel Larraya y Miguel González, «Aznar afirma que la decisión de atacar “está tomada” y el Gobierno español “la apoya”», 24 de marzo de 1999. <<

[118] José María Aznar, «Discurso del presidente del Gobierno, José María Aznar, en la Hispanic Society of America», 28 de abril de 1997, http://jmaznar.es/file_upload/discursos/pdfs/00200A0200.pdf. <<

[119] José María Aznar, «Discurso del presidente del Gobierno, José María Aznar, en la Bolsa de Nueva York», 29 de abril de 1997, http://jmaznar.es/file_upload/discursos/pdfs/00206A0206.pdf <<

[120] Francesc Arroyo, «CiU lamenta que el Gobierno se meta en “guerras estériles” y no les consulte», El País, 4 de marzo de 1997. <<

[121] José María Aznar, «El peligro de privatizar sin liberalizar», 13 de octubre de 2010, http://www.jmaznar.es/es/actualidad/166/elpeligrodepri​vatizarsinliberalizar. <<

[122] Eduardo Palomar Baró, «Manuel Aznar entrevista a Franco el 31 de diciembre de 1938», Fundación Nacional Francisco Franco, http://www.fnff.es/Manuel_Aznar_entrevista_a_Francisco_Franco_1009_c.htm. <<

[123] Telefónica, «Informes anuales», Histórico, https://www.telefonica.com/es/web/about_telefonica/publicaciones/historico-de-informes-anuales/2015 <<

[124] Luis Ángel Sanz, «Rajoy es el presidente que más gobierna a golpe de decreto desde 1979», El Mundo, 8 de abril de 2013. <<

[125] «El Consejo de Privatizaciones critica la venta del 30 % de Retevisión», El País, 12 de enero de 1999. <<

[126] Pablo Fernández, «Valoración de Terra», e-Business Center PwC & IESE, 2000. <<

[127] Javier Martín, «La Generalitat pide que se privaticen Telefónica, Endesa y Retevisión», El País, 16 de abril de 1996. <<

[128] «Los socialistas piden cambios en el acuerdo entre ACESA y Fomento sobre los peajes de las autopistas catalanas», El País, 13 de octubre de 1998. <<

[129] ACS, «Informe anual de gobierno corporativo», CNMV, 2003. <<

[130] M. d. C. Díaz Roldán, «La política monetaria en España: evolución reciente e implicaciones macroeconómicas. Información Comercial Española», ICE: Revista de economía, n.º 837, 21-30, 2007. Recuperado de: http://www.revistasice.info/cachepdf/ICE_837_21-30__B09AA1AF9AE5DF08A1878C3A85 843A8B.pdf <<

[131] J. G. Montalvo, La vivienda en España: desgravaciones, burbujas y otras historias, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2002. <<

[132] Francisco Joaquín Cortés García, «Caracterización del sector bancario en España», Información Comercial Española, n.º 2753, 2003. <<

[133] José L. Lobo, «Aznar pidió a Alfonso Cortina que Repsol pagara los gastos de Correa, Agag y Arriola en Venezuela», El Confidencial, 16 de noviembre de 2009. <<

[134] «Hoy concluye la OPA de Repsol sobre el 85 % de YPF», El Mundo, 23 de junio de 1999. <<

[135] María Eugenia Estenssoro, «La verdadera historia de la venta de YPF», La Nación, 12 de mayo de 1999. <<

[136] Pablo Fernández y José María Carabias, «Creación de valor para los accionistas de Iberdrola», IESE-Universidad de Navarra, 2006. <<

[137] Ibid. <<

[138] Repsol, «Informe anual financiero», CNMV, 2001. <<

[139] Ramón Tamames, Estructura económica de España, Alianza editorial, 2008, p. 731. <<

[140] Pablo Fernández y Vicente J. Bermejo, IBEX 35: 1992-2007. Rentabilidad y creación de valor, IESE-Universidad de Navarra, n.º 725, 2008. <<

[141] CNMV, «Informe anual sobre los mercados de valores», CNMV, 2002. <<

[142] Belén Carreño y Ana Requena Aguilar, «Las constructoras de la lista de Bárcenas tenían al menos 6600 millones de euros en obra pública en los años de las donaciones», eldiario.es, 2 de febrero de 2013, http://www.eldiario.es/economia/constructoras-relacionadas-Barcenas-millones-donaciones_0_96590874.html. <<

[143] Pedro Águeda, «Los papeles de Bárcenas confirman que OHL y ACS entregaron dinero negro al PP», eldiario.es, 14 de octubre de 2016, http://www.eldiario.es/politica/Barcenas-confesion-Correa-constructoras-PP_0_569393966.html. <<

[144] «Entrevista al presidente del Gobierno, José María Aznar, por Luis Herrero para el programa La Mañana, de la Cadena cope», 12 de febrero de 2002, http://www.jmaznar.es/file_upload/discursos/pdfs/01338A1338.pdf. <<

[145] Civio, «¿Quién cobra la obra? Una investigación de Civio sobre la contratación de obra pública en España», 15 de noviembre de 2016, http://www.civio.es/2016/11/quien-cobra-la-obra-una-investigacion-de-civio-sobre-contratos-de-obra-publica-en-espana/. <<

[146] Ideólogo de la tercera vía del laborismo británico, cuya obra de referencia es La tercera vía, en la que defiende la necesidad de conciliar solidaridad y libertad individual, y los principios de libre mercado y la cohesión social [Anthony Giddens, La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia, Madrid: Taurus, 1999]. <<

[147] EFE, «Merkel cree que el proceso de fusión entre E.ON y Endesa va “por buen camino”», El Confidencial, 21 de agosto de 2006, http://www.elconfidencial.com/mercados/2006-08-21/merkel-cree-que-el-proceso-de-fusion-entre-e-on-y-endesa-va-porbuen-camino_846077/. <<

[148] Ministerio de Fomento, publicaciones de construcción de edificios (licencias municipales de obra), http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/A15F150B-283D-47C3-A7C5-815E8052F4D4/70 813/CONSTRUCCION​DEEDIFICIOS2008.pdf <<

[149] El Santander Central Hispano concedió el 30 de septiembre de 2005 un crédito puente de 2219 millones al mismo tiempo que le venía su participación del 22,07 % en Unión Fenosa con vencimiento del 30 de noviembre de 2005 y con promesa de prenda de las acciones adquiridas. Fuente: CNMV <<

[150] Según publicó El Mundo, la cifra aportada por el instituto público llegaba a los 350 millones, el 6,7 % del total del crédito. Véase en Carlos Segovia, «El ICO financió la entrada de Sacyr en Repsol para que fuera española e independiente», El Mundo, 25 de noviembre de 2008. <<

[151] Del Rivero será una pieza fundamental en el llamado «asalto al BBVA», que tenía por objetivo la entrada de Sacyr en el accionariado del BBVA, con un 3,1 %. La campaña se inició a finales de noviembre de 2004 y finalmente fue repelida por el banco, que se negaba a dejar paso en el consejo a miembros con ese porcentaje. El 18 de enero la SER difunde que existe un dossier que acredita irregularidades en la venta de la sociedad de inversiones FG, propiedad del presidente del BBVA, Francisco González, a Merryll Lynch en 1996. Los datos de tal informe fueron presentados en la CNMV por el periodista que lo filtró, Javier Ruiz, de la SER. El informe procedía, presuntamente, de José Pérez, y fue encargado por el anterior presidente del BBVA, Emilio Ybarra, cuando Francisco González empezó a hacer limpieza en el consejo de administración del banco. José Pérez era en ese momento presidente de Intermoney, y coincidió en el Banco de España y en el Servicio de Estudios del BBVA con Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica de la Presidencia en la primera legislatura de Zapatero. La investigación pasó a la fiscalía anticorrupción, que debía decidir sobre la prescripción del delito. Día 15 de febrero, el consejo de administración de Sacyr decide desistir de su intento de entrar en el máximo órgano de gestión del BBVA y deshacerse de las opciones de compra con las que contaba sobre el 3,1 % del capital del banco. <<

[152] Abengoa, «Resultados 2006. El Beneficio después de impuestos de Abengoa crece un 52,0 por ciento hasta los 100,3 millones de euros», http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2007/02_febrero/20070227_noticias.html. <<

[153] Sonia Gutiérrez, «Miguel Sebastián: “Estoy muy tranquilo con lo que hicimos con el Castor”», El Periódico, 21 de noviembre de 2014. <<

[154] Miguel Sebastián y David Taguas, «Situación Inmobiliaria», Servicio de Estudios del BBVA, diciembre de 2002, https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/0212_SituacionInmobiliaria_06_tcm346-176828.pdf. <<

[155] Julio Rodríguez López, «Situación y perspectivas futuras en el sector inmobiliario en España en 2003», Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, n.º 139, 2004, pp. 213-234. <<

[156] Ariadna Trillas, «Entrevista: Isidre Fainé, presidente del Club De Roma». «Estoy en contra del “todo vale” para que suba la acción», El País, 7 de enero de 2002. <<

[157] En el Informe Anual financiero de 2003 del BSCH, el banco informó de que «JP Morgan Chase designa a Grupo Santander como su subcustodio en España, con lo que se consolida el liderazgo en este negocio con un volumen superior a 200 000 millones de euros». <<

[158] EFE, «Rato atribuye la decisión de no perseguir a Botín en 1996 a De la Vega», El País, 27 de mayo de 2008. <<

[159] Iberclear, «Funciones generales», http://www.iberclear.es/esp/Iberclear/Funciones.aspx <<

[160] Laura Bel Fenellós, «Tributación derivada de la inversión en instituciones de inversión colectiva», Cuadernos de Formación, n.º 3, vol. 12, 2011. <<

[161] En 2015 entraba en prisión bajo fianza decretada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que le atribuía indiciariamente a los siete los delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental. La guardia civil también arrestó a Rafael Tomás Codoñer y Manuel Setién, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja. Siguiendo el relato proporcionado por El Mundo: «Según la Guardia Civil, los préstamos financieros para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano superaron ampliamente los 500 millones de dólares y ocasionaron un quebranto a las entidades financieras de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España. Una vez recibida la correspondiente financiación, los adjudicatarios de los créditos desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales». Fuente: «Aurelio Izquierdo abona una fianza de 500 000 euros para salir de prisión», El Mundo, 2 de julio de 2015. <<

[162] «La fusión de Fadesa y Martinsa dará lugar a la primera inmobiliaria de España», ABC. 28 de junio de 2007, http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-06-2007/abc/Galicia/la-fusion-de-fadesa-y-martinsa-dara-lugar-a-la-primera-inmobiliaria-de-espa%C3 %B1a_1633963475155.html. <<

[163] El 18 de enero la SER difunde que existe un dossier que acredita irregularidades en la venta de la sociedad de inversiones FG, propiedad del presidente del BBVA, Francisco González, a Merryll Lynch en 1996. Los datos de tal informe fueron presentados en la CNMV por el periodista que lo filtró, Javier Ruiz, de la SER. El informe procedía, según El Mundo, de José Pérez, y fue encargado por el anterior presidente del BBVA, Emilio Ybarra, cuando Francisco González empezó a hacer limpieza en el consejo de administración del banco. José Pérez, en ese momento presidente de Intermoney, coincidió en el Banco de España y en el servicio de estudios del BBVA con Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica de la Presidencia en la primera legislatura de Zapatero. La investigación pasó a la fiscalía anticorrupción, que debía decidir sobre la prescripción del delito. El día 15 de febrero el consejo de administración de Sacyr decide desistir de su intento de entrar en el máximo órgano de gestión del BBVA y deshacerse de las opciones de compra con las que contaba sobre el 3,1 % del capital del banco. <<

[164] David Vegara, «Plan E: la estrategia de la Política Económica Española para 2009», Presupuesto y Gasto Público, n.º 54, 2009, pp. 21-29. <<

[165] Siguiendo la definición de la CNMV, la prima de riesgo es «la mayor rentabilidad que un inversor exige a un activo, por aceptar el riesgo que incorpora en relación a los activos que se consideran libres de riesgo (generalmente, se emplea como referencia la deuda pública al plazo de la inversión). Por eso las emisiones de empresas privadas ofrecen tipos más altos que la deuda pública: cualquier emisor privado, por muy solvente que sea, conlleva un riesgo superior al del Estado. También para la inversión en acciones se exige mayor remuneración cuanto mayor sea el riesgo esperado (mayor prima de riesgo), en función de la coyuntura de los mercados». La prima de riesgo de España o «riesgo país» es el sobreprecio o diferencia del bono español a diez años con el bono alemán, que es el de máxima rentabilidad. <<

[166] EFE, «El CNI griego descubre a los autores de los ataques especulativos contra el país», El Mundo, 19 de febrero de 2010, http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/02/19/economia/1266588209.html. <<

[167] Un CDS es un contrato OTC («over the counter», contrato en un mercado no organizado), similar al de un seguro en el que un comprador paga una cantidad fija —la prima del CDS— hasta su vencimiento o el incumplimiento de los compromisos de pago por parte del Estado emisor. Si este se produce antes del vencimiento del CDS, el vendedor de la protección paga una compensación al comprador. Según la literatura, las primas de los CDS sobre deuda y la prima de riesgo sobre bonos de deuda tienden a converger, y entre ambos reflejan una «situación riesgo» de la deuda soberana. Fuente: Alessandro Fontana y Martin Scheicher, «An analysis of euro area sovereign CDS and their relation with government bonds», European Central Bank: Working Paper Series, n.º 1271, 2015. <<

[168] Credit Market Analysis, «Global Sovereign Credit Risk Report», CMA, 4.º trimestre, 2010, https://www.capitaliq.com/media/167 888-CMA_Global_Sovereign_Credit_Risk_Report_Q4_2010.pdf <<

[169] Banco de España, «Boletín económico», junio de 2010, http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBol​etinesRevistas/BoletinEconomico/10/May/Fich/be1005.pdf. <<

[170] José María Gay de Liébana et al., «IBEX 35: lecciones de finanzas de ayer y hoy, para mañana», ponencia presentada en la Universitat de les Illes Balears, 2010, http://fee.uib.cat/digitalAssets/172/172172_pres_ibex.pdf. <<

[171] Su repercusión sobre las cuentas públicas se aplaza a 2014, por lo cual no entraría en las cuentas del presupuesto de los siguientes años, que coincidirá con el plazo concesional (fijado, con carácter general, en 25 años para las inversiones en ferrocarril y en 30 años para las inversiones en carreteras). Fomento aseguraba la bondad del régimen público-privado: «El pago se realizará al concesionario (empresa adjudicataria) mediante un canon único que paga la inversión, la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras. El impacto presupuestario del canon será relativamente reducido al diferirse a lo largo del periodo concesional antes mencionado». <<

[172] «Memoria Grupo Fomento», Ministerio de Fomento, 2010. <<

[173] La posición corta o bajista implica la cesión de acciones en régimen de préstamo durante un plazo determinado durante el cual se espera que las acciones bajen. Se venden en un momento inicial y tras la caída se recompran, obteniendo una ganancia con la diferencia, mientras el prestatario recibe el mismo número de acciones y unos intereses. En España no están prohibidas y han de ser comunicadas a la CNMV. En agosto de 2011 y julio de 2012 fueron prohibidas estas posiciones ante la caída de valores. <<

[174] Formada por Abertis, Acciona, Antena 3, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander, Banesto, Catalana Occidente, Cepsa, Corporación Financiera Alba, Criteria Caixacorp, Enagás, Endesa, Ercros, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Grupo Prisa, Grupo Zeltia, Iberdrola, Iberdrola Renovables, Indra, Inmobiliaria del Sur, Obrascón Huarte Laín, Red Eléctrica Española, Repsol YPF, Sacyr-Vallehermoso y Telecinco. <<

[175] Aprobación del SIP de Caja Madrid, Banco de España [en línea], [consultado el 12-06-15], http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas Informativas/10/Arc/Fic/presbe24.pdf. <<

[176] No obstante, la propuesta del Ministerio de Economía después de la creación de BFA era la fusión entre Bankia y La Caixa, para construir un gran grupo bancario y salvar la falta de capital de Bankia. Desde Bankia se prefería la fusión con Liberbank o Unicaja, propuestas que fueron desestimadas por el Gobierno. Desde un punto de vista periodístico tenemos una descripción del proceso en: Íñigo de Barrón, «Así fue la caída del coloso», El País, 13 de mayo de 2012. <<

[177] Se constituye el Banco Financiero de Ahorros SA con un capital inicial de 18 millones con la siguiente distribución del capital suscrito: 52,95 % Caja Madrid, 37,70 % Bancaja, 2,45 % Caja Insular de ahorros de Canarias, 2,33 % Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, 2,11 % Caixa d’Estalvis Laietana, 2,01 % Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia y 1,21 % Caja de ahorros de La Rioja. Fuente: «Informe anual de gobierno corporativo» (2010), Banco Financiero y de Ahorros [en línea], [consultado el 12-06-15], disponible en: http://www.bfatenedoradeacciones.com/Ficheros/CMA/ficheros/IAGCBFADEF1.PDF. <<

[178] En 2011 la entidad, después de revisar las cuentas del ejercicio 2010, declara unas pérdidas de 2979 millones de euros. En 2012 estas pérdidas llegan a la cantidad de 21 545 millones de euros (beneficio antes de impuestos). Fuente: Bankia, informe financiero anual (2012) [en línea], [consultado el 20 de marzo de 2014], disponible en: http://www.cnmv.es/AUDITA/2012/14194.pdf. <<

[179] Entre los integrantes estaban José Antonio Moral Santín, miembro de IU; Virgilio Zapatero Gómez, exministro del PSOE; José Manuel Serra Peris, secretario de Estado de Comercio y Turismo durante la etapa del PP de Rodrigo Rato; Antonio Tirado Jiménez, alcalde de Castellón por el PSOE; empresarios como Arturo Fernández Álvarez, del sector hostelero y vicepresidente de la patronal CEOE; y consejeros en otras empresas como Alberto Ibáñez González (Colonial), Javier López Madrid (OHL), Claudio Aguirre Pemán (Vocento y Endesa Gas). A ellos se sumará el exportavoz del Gobierno de Aznar, Ángel Acebes, en septiembre de 2011. <<

[180] David Fernández, «El hombre más poderoso del mercado», El País, 8 de marzo de 2015, http://economia.elpais.com/economia/2015/03/06/actualidad/1425642216_000426.html. <<

[181] En 2011 la deuda pública sobre el PIB alcanza el 70,5 % frente al 40,2 % de 2008. La deuda privada, sin embargo, alcanza cotas muy superiores, pues representaba casi un 500 % en 2009, frente a un 300 % en 2002. Fuente: Marta Vázquez Suárez, «Una aproximación a la actual crisis de deuda en España», Economía UNAM, 12(34), 2015, pp. 53-67. <<

[182] Véase Monthly Bulletin, European Central Bank, septiembre de 2011 [en línea], [consultado el 20-12-14], disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb201109_focus05.en.pdf. <<

[183] Véase «Sinopsis artículo 135», Congreso de los Diputados [en línea], [consultado el 20-12-14], disponible en: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=135tipo=2. <<

[184] En total el FROB desembolsará un total de 13 892 millones de euros. S. Climent Serrano, «La reestructuración del sistema bancario español tras la crisis y la solvencia de las entidades financieras: consecuencias para las cajas de ahorros», Revista de Contabilidad -Spanish Accounting Review, 16 (2), 136-146, 2013. Recuperado de: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489113000046 <<

[185] Bankia, declara las mayores pérdidas de la historia del sector financiero español, 19 056 millones de euros en diciembre de 2012. Fuente: Informe de Resultados, Bankia, 2012. <<

[186] Véase «El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) aprueba un segundo reembolso anticipado voluntario por parte de España», Secretaría de Estado para la Unión Europea, http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/el-mecanismo-europeo-de-estabilidad-mede-aprueba-un-segundo-reembolso-anticipado-voluntario-por-parte-de-espana <<

[187] Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. <<

[188] Dentro del proceso de reestructuración del sector destaca el caso de Caja Madrid (posteriormente transformada en Bankia) dadas las dimensiones (segunda caja de ahorros por tamaño) y su necesidad de recursos públicos (nacionalización integral). En 2010 se inicia la unión de diferentes cajas mediante SIP: Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. De esta forma, se crea el Banco Financiero de Ahorros (BFA). Posteriormente se decide crear una nueva entidad, Bankia, en la cual quedarán excluidos los activos tóxicos del grupo, asumiendo BFA su control, así como estos activos. El 11 de julio de 2011 Bankia saca a bolsa el 55 % de las acciones, manteniendo BFA el resto. El año siguiente, declara unas pérdidas de 3318 millones de euros y unos activos tóxicos calculados en 31 800 millones. Durante 2012 y 2013, la caja recibirá apoyo financiero del FROB, a cambio del cual será nacionalizada. Las ayudas a Bankia en valor monetario son difíciles de cuantificar por la variedad de instrumentos financieros utilizados; no obstante, el FROB las valora en 22 424 millones: «BFA había sido destinatario de apoyos públicos concedidos al amparo del anterior Real Decreto Ley 9/2009, por un importe de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco millones de euros (4 465 000 000 €) a través de la emisión de participaciones preferentes convertibles en acciones suscritas por el FROB, conversión que se produjo en junio de 2012. Asimismo, con fechas 12 de septiembre y 26 de diciembre de 2012, el FROB suscribió una ampliación de capital en BFA, respectivamente de cuatro mil quinientos millones de euros (4 500 000 000 €) y de trece mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones de euros (13 459 000 000 €) en el marco de las necesidades de capital del Grupo. Tal y como puede observarse, existe un importante volumen de apoyos públicos (veintidós mil cuatrocientos veinticuatro millones de euros (22 424 000 000 €)) concedidos al Grupo en forma de capital social que justifica la idoneidad de la acción». Fuente: «Resolución de 16 de abril de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerdan acciones de recapitalización y de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada en ejecución del Plan de Reestructuración de Grupo BFA-Bankia, aprobado el 27 de noviembre de 2012 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión Europea», BOE. <<

[189] Véase «Informe anual de Gobierno Corporativo», Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2013 [en línea], [consultado el 01-10-14], disponible en: http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAGC_IBEX35_2013.pdf. <<

[190] Ibid. <<

[191] Josep Maria Cortés, «Fainé: “Es posible un gran acuerdo entre Cataluña y España”», Economía Digital, 9 de septiembre de 2015. <<

[192] Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), «Datos de instituciones de inversión colectiva extranjeras. 31 de mayo de 2015», nota de prensa, septiembre de 2015. <<

[193] Ministerio de Economía, «Flujos de inversiones exteriores directas en 2013», Dirección General de Comercio e Inversiones, 2014. <<

[194] Es difícil analizar las posiciones de Blackrock, pues suben y bajan, y únicamente quedan reflejadas aquellas que quedan al final del ejercicio. En el «Informe Anual de Gobierno Corporativo» de 2015, el banco se escudaba en este hecho: «A pesar de que figura en la información disponible sobre Banco Santander en la web de CNMV (www.cnmv.es), se hace constar que Blackrock, Inc. no figuraba a 31 de diciembre de 2015 en el registro de accionistas del Banco con una participación superior al 3 % de los derechos de voto». Fuente: «Informe Anual de Gobierno Corporativo», Banco Santander, CNMV, 2015. <<

[195] Notificación de participaciones significativas, CNMV, 27 de octubre de 2016. <<

[196] Notificación de participaciones significativas, CNMV, 6 de octubre de 2016. <<

[197] Blackrock, «Global corporate governance & engagement principles», junio de 2014, https://www.blackrock.com/corporate/en-fi/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-1engprinciples-global-122011.pdf. <<

[198] Gerald F. Davis, «After the corporation», Politics & Society, 2013. <<

[199] Susanne Craig, «The Giant of Shareholders, Quietly Stirring», The New York Times, 18 mayo de 2013. <<

[200] Red Eléctrica (20 %, SEPI); Gas Natural-Unión Fenosa (70 % Repsol y La Caixa) permanecen bajo capital nacional. Endesa (Enel, 70 %), Enagás (Bank of America, 3 %, frente a un 1 % de Repsol) e Iberdrola (Qatar Investment Authority, 6,1 %; Norges Bank, 3 %; Blackrock, 3 %; frente al 4,9 % de Kutxabank). Fuente: Informes anuales de Gobierno Coporativo, empresas pertenecientes al IBEX 35 en 2016. <<

[201] Fuente: David Robinson, «Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española», David Robinson & Associates, octubre de 2015. <<

[202] La última emisión, en junio de 2015, se hizo con unos intereses fijos del 0,86 %, muy por encima del 0,16 % del Euribor en esa fecha. <<

[203] César Urrutia, «“La reestructuración de Iberia fue un poco cruel pero necesaria”», El Mundo, 6 de octubre de 2014, http://www.elmundo.es/economia/2014/10/06/543197c0e2704e065f8b457d.html. <<

[204] Josép Bragué Prats, «Estudio sobre el precio del agua en España», Aquae Papers, n.º 1, junio de 2013, http://www.fundacionaquae.org/wp-content/uploads/2016/10/HJAC935507.pdf. <<

[205] Amanda Mars y Miguel Jiménez, «“Todas las crisis son oportunidades”», El País, 8 de junio de 2008, http://elpais.com/diario/2008/06/08/negocio/1212930865_850215.html. <<

[206] «Commonsense corporate governance principles», http://www.governanceprinciples.org. <<

[207] Se adjudicó al proyecto «Sin paz no es posible el comercio» del arquitecto Enrique Repullés y Vargas. <<

[208] Datos de la lista Forbes de 2008 y 2014. <<

[209] Fernandez, Pablo, and Alberto Ortiz Pizarro, «IBEX 35: 1991-2014. Rentabilidad y Creacion de Valor (IBEX 35: 1991-2014)», Mayo de 2015. <<

[210] «Iberdrola y Endesa se preparan para un aluvión de multas millonarias por fraude en los contadores», elconfidencialdigital. 15 de septiembre de 2016. <<

[211] A partir de interconexiones entre miembros de los consejos de administración, estos bancos estaban representados en un total de 751 sociedades (en su mayoría industriales), de los cuales 289 tenían al menos dos miembros en el consejo. <<

[212] Ministro de finanzas de 1928 a 1929 y uno de los principales referentes del SPD alemán; representante de la corriente economicista del marxismo dentro del SPD. <<

[213] En su obra El imperialismo: fase superior del capitalismo (1916), Lenin expuso este proceso de concentración (el cual era base de una fase concreta del capitalismo) caracterizado por la integración de diferentes cadenas de la producción y sectores industriales en pocas manos, lo que progresivamente estaba redundado en el auge de empresas monopolistas, siendo estas «empresas tan gigantescas que llegasen a dominar en ramas enteras de la industria» (Buenos Aires: Cartago, 1973, p. 105). Esta ambición monopólica explicaba, además, la creciente beligerancia entre las naciones europeas, con epicentro en las guerras por el reparto de África. Era por tanto, un factor central en lo que denominó la fase imperialista del capitalismo. <<

[214] En el centro del poder financiero encontraron a JP Morgan y los banqueros Paul Warburg, Jacob H. Schiff, Felix M. Warburg, Frank E. Peabody, William Rockefeller o Benjamin Strong, Jr. Fuente: Mr Pujo, «Report of the Committee Appointed Pursuant to House Resolutions 429 and 504 of Money and Credit» [consultado el 10-05-2015], disponible en: https://info.publicintelligence.net/PujoCommitteeReport.pdf. <<

[215] Sus hallazgos, publicados entre 1902 y 1904 en McClure’s Magazine, dieron lugar a una investigación de la Corte Suprema, la cual ordenó la separación de la Stantard Oil Company en 34 compañías diferentes. <<

[216] En el discurso del 12 de marzo de 1933, en el que explicaba la reforma bancaria de 1933, fue muy explícito al nombrarlos como responsables de la crisis de 1929, sancionando su comportamiento especulador durante este periodo: «Algunos de nuestros banqueros se han caracterizado por ser o deshonestos o incompetentes en la gestión de los fondos de los ciudadanos». Fuente: Franklin D. Roosevelt, On the Banking Crisis, 1933 [en línea], [consultado el 1 de enero de 2015], disponible en: http://millercenter.org/president/fdroosevelt/speeches/speech-3298. <<

[217] El avance de la nacionalización se consolida en 1949 con la Companies Act, por la cual se restringe la concentración de empresas del sector privado, así como su actividad exportadora en determinados sectores (industria naval, aviación), y en cambio se flexibiliza la concentración de empresas estatales. <<

[218] Greta R. Krippner, «The financialization of the American economy», Socio-Economic Review, n.º 3 (mayo de 2005), pp. 173-208. <<

[219] Michel Aglietta y Régis Breton, «Financial systems, corporate control and capital accumulation», Economy and Society, n.º 30.4, 2001, pp. 433-466. <<

[220] Paul W. Thurner y Franz Urban Pappi, European Union Intergovernmental Conferences: Domestic preference formation, transgovernmental networks and the dynamics of compromise, Routledge, 2009. <<

[221] Jonathan M. Powell y Clayton L. Thyne, «Global instances of coups from 1950 to 2010 a new dataset», Journal of Peace Research, n.º 48.2, 2011, pp. 249-259. <<

[222] La inmobiliaria Hispania (donde es el primer accionista, con el 16,9 %), beneficiada junto a Goldman Sachs con la venta de 2935 pisos del IVIMA, operación investigada por el Juzgado número 48 de Madrid. Esta inmobiliaria ha cuadriplicado su beneficio en 2016, hasta los 73,4 millones de euros. El inversor húngaro también ha entrado en el accionariado de FCC, y habría sido dueño de esta y de la inmobiliaria Realia si no se hubiera adelantado Carlos Slim. Durante los últimos dos años ha adquirido importantes paquetes de acciones en Bankia (1 %), Iberdrola, Santander, Liberbank o Endesa (1,5 %). En total, en 2016 tenía invertidos 1000 millones en España. En 2014, el fondo de inversión Quantum Endowment de Soros fue declarado el más rentable de la historia, con un beneficio de 29 050 millones de euros, y el más rentable en un año, con 4000 millones de euros de beneficios en 2013. <<

[223] A uno de los últimos asistió el diario digital español El Confidencial a primeros de abril de 2016, como parte de los medios de comunicación involucrados en la filtración de los papeles de Panamá. Un encuentro celebrado en Ankara y organizado por la OSF sobre libertad de expresión y medios independientes. El director de El Confidencial narraba la labor de la OSF de Soros financiando medios, sobre los cuales valora «la capacidad de dicho medio para impactar en la sociedad, es decir, de influenciar para cambiar el mundo». <<

[224] Desde 1997 tiene 400 000 hectáreas de tierras, siendo desde entonces el mayor terrateniente del país. Tiene también el 3,5 % de la petrolera YPF y la empresa agroalimentaria Adecoagro, que posee el 25 % de la producción del país. Soros y su fondo Quantum también tienen intereses en la deuda argentina, lo que les llevó en 2014 a acudir a la justicia británica para poder cobrar un vencimiento de los bonos por cerca de 257 millones de dólares, bloqueados por la disputa entre el Gobierno de Kirchner y los fondos buitre. En total, los fondos tienen bonos argentinos por un valor de 1600 millones de dólares. <<