Partiendo del principio de que el objeto de la historia social reside en las estructuras sociales, esto es, en aquellos factores permanentes de la sociedad que determinan su singularidad, GEZA ALFOLDY aborda los problemas más importantes de la HISTORIA SOCIAL DE ROMA. Esta obra, dirigida a los estudiosos de la Antigüedad, de la Historia en general y de las Ciencias Sociales, expone datos conocidos para el especialista pero también introduce enfoques originales a la hora de ordenar esos hechos en una visión unitaria de la historia de la sociedad romana. La secuencia de tales acontecimientos suele articularse en períodos convencionales: la sociedad arcaica, la historia de la República desde el siglo IV a. C. hasta la Segunda Guerra Púnica, el cambio de estructura en el siglo II a. C. y la crisis de la República, el Alto Imperio, la crisis del siglo III y el Imperio tardo-Romano. Ahora bien, la periodización de la evolución social, al contrario le lo que ocurre con la historia política, resulta particularmente difícil de establecer, ya que los elementos estructurales no nacen ni se vienen abajo de un solo golpe. Precisamente para evitar la impresión de que la historia social romana se compone sólo de una serie de instancias yuxtapuestas, Géza Alfoldy subraya siempre, en la medida de lo posible, de qué manera las condiciones sociales de una época se generaban a partir de las de tiempos precedentes y hasta qué punto preparaban a su vez el cambio en la sociedad ulterior.

Géza Alföldy

Historia social de Roma

ePub r1.1

orhi 10.04.2022

Título original: Römische Sozialgeschichte

Géza Alföldy, 1975

Traducción: Víctor Alonso Troncoso

Retoque de cubierta: Mezki

Editor digital: orhi

Primer editor: Mezki (r1.0) 26.08.14

Corrección de erratas: ronstad

ePub base r2.1

PROLOGO A LA TERCERA EDICIÓN

Esta tercera edición no se trata de una reimpresión inalterada del texto original aparecido en 1975 ni tampoco de la segunda edición publicada en 1979. Mientras que la segunda impresión sólo se diferenciaba de la primera por unos cambios insignificantes en el texto y por una serie de adiciones bibliográficas, esta última es una edición corregida y aumentada. En el texto han sido introducidas numerosas modificaciones: algunos errores han sido eliminados, diversas apreciaciones excesivamente generalizadoras se formulan esta vez con más precaución y marcando más las diferencias; algunas partes del trabajo antes redactadas de forma escueta han recibido ahora un más amplio espacio, la terminología se emplea de forma más rigurosa y consecuente que antes, y —en la medida en que ello ha sido posible sin echar por tierra el cuerpo de trabajo ya establecido y muchas de sus concepciones fundamentales— se han tenido en cuenta los nuevos resultados de la investigación. En las notas han sido incorporadas las adiciones bibliográficas de la segunda edición y las publicaciones especializadas más recientes, tras una selección ajustada naturalmente al objetivo de nuestro estudio.

El propósito de este libro, al igual que en sus ediciones precedentes, es el de proporcionar una información sobre los problemas más importantes de la historia social romana a los estudiosos de las ciencias de la antigüedad, de la ciencia de la Historia en general y de las ciencias sociales. La acogida de las ediciones anteriores, que, si bien no exenta en absoluto de críticas, ha sido en su conjunto plenamente favorable, me hace esperar que el trabajo llegue a cumplir también en lo sucesivo sus objetivos. Y así lo espero tanto más cuanto que, como hace un decenio, cuando este libro fue escrito, una exposición comprensiva de la historia social de Roma sigue siendo un desiderátum de la investigación[a].

Debo expresar mi agradecimiento a numerosas personas que con sus recensiones y críticas de las ediciones anteriores me han llamado la atención sobre errores o me han estimulado a nuevas reflexiones. Entre ellos he de mencionar con especial gratitud a M. T, W. Arnheim, H. Botermann, K. Christ, R. Frei, R. Günther, W. V. Harris, H. P. Kohns, F. Kolb, F. Lasserre, L. Perelli, M.-Th. Raepsaet-Charlier, R. J. A. Talbert, F. Vittinghoff e I. Weiler. Si hubiese tratado en la debida forma todo cuanto muchos de ellos han echado en falta en las dos primeras ediciones, seguro que la extensión de este trabajo se habría duplicado.

Esta edición está dedicada en reconocida amistad a István Hahn, quien fue el primero en despertar mi interés por la historia social antigua y del que siempre pude aprender tanto.

Heidelberg, abril de 1983.

NOTA ADICIONAL A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Es para mí un motivo de especial alegría el ver publicado este trabajo en lengua española, en la lengua del país al que me siento particularmente vinculado por razón de mis investigaciones epigráficas e históricas. Quiero dar mis más expresivas gracias al Dr. V. Alonso Troncoso, que se ha ocupado de la traducción del libro al español con tanto esmero y competencia.

Numerosos problemas que en la presente obra sólo han podido ser tratados de forma necesariamente sucinta pueden verse ahora discutidos con más detenimiento en mi trabajo de recopilación, Die römische Gesellschaft. Ausgewählte Beitrage. Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien, Band 1 (Stuttgart, 1986). Entre otras cosas, en este volumen encontrará el lector, tanto en los apéndices a los trabajos anteriores como en los artículos ahora publicados por vez primera, una detallada discusión con los puntos de vista de numerosos especialistas sobre problemas de la historia social romana, a más de las referencias oportunas a la bibliografía más reciente.

Heidelberg, primavera de 1986.

PROLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN (1975)

El objetivo principal de este libro es ofrecer una introducción a los problemas más importantes de la historia social romana a los estudiosos de las ciencias de la Antigüedad, de la Historia en general y de las ciencias sociales. Teniendo en cuenta este grupo de destinatarios, se explican ciertas generalidades y repeticiones, la limitación a unos cuantos ejemplos ilustrativos en la cita de las fuentes, así como el conciso aparato de notas, con preferente indicación de la bibliografía más reciente (que no tiene por qué ser necesariamente la mejor, pero de la que siempre pueden esperarse referencias a la literatura más antigua). En consonancia con el objetivo propuesto, esta exposición contiene muchísimos hechos y datos que para el especialista son de sobra conocidos —bastante a menudo, mejor que para el autor—. La pretensión de originalidad de un trabajo como éste radica, más que nada, en su esfuerzo por reunir esos hechos en una monografía e inordenarlos históricamente en una visión unitaria de la historia de la sociedad romana. Además, en especial los capítulos correspondientes a la época del Imperio se basan en resultados propios de investigación. Espero, por tanto, que el presente trabajo no sólo pueda servir como instrumento de ayuda para las tareas docentes, sino también que pueda suscitar ulteriores discusiones sobre la naturaleza de la sociedad romana en cada una de sus épocas y en todo el transcurso de su historia.

Cabrá, sin embargo, preguntar, y seguramente con razón, hasta qué punto este trabajo consigue realmente su propósito. Las dificultades «objetivas» para la redacción de este libro no residen primordialmente en la falta de fuentes sobre la historia de las relaciones sociales en la Antigüedad. Pese a la creencia ampliamente extendida en sentido contrario, en líneas generales las fuentes de la Antigüedad grecorromana para las cuestiones histórico-sociales apenas resultan más escasas que las existentes para otros problemas históricamente centrales. La cantidad y calidad de conocimientos que éstas nos brindan sobre la sociedad romana, es cosa que se pone de relieve no sólo en obras ya clásicas, como la de M. Rostovtzeff, «Sociedad y economía en el imperio romano», sino también en la plétora de excelentes estudios particulares ya sólo de los últimos cinco años[b]. Ello no obstante, hasta ahora no ha sido escrita ninguna «Historia social romana» completa y sistemática. Mientras que el autor de una «Historia de Roma» general y convencional puede recurrir a un número discrecional de modelos y hacer uso de las experiencias de un acrisolado genos de la historiografía, el autor de una «Historia social romana» ha de avanzar a tientas en un terreno por explorar.

Ya el título de este libro lleva implícitos tres problemas fundamentales. Si aquí se hace una propuesta de solución para cada uno de ellos, es con el convencimiento de que no podrá ahorrársenos ni la critica ni la discusión teórica detenida. Primeramente, en efecto, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué es, en definitiva, eso de historia social romana? Desde luego, no simplemente lo que nos quedase en un manual tras borrar de él la historia política; tampoco, por cierto, la historia de la sociedad como la suma de todas las posiciones y relaciones que resultan de la interacción humana, de la convivencia y del trato de los hombres entre sí, puesto que tal cosa sería equivalente al objeto de la historia total. En la concepción que preside este libro, el objeto de la historia social reside en las estructuras sociales de la sociedad, esto es, en aquellos factores permanentes que determinan su singularidad; los tales son reconocibles en los principios y criterios de división de una sociedad, en el propio sistema de articulación con sus distintos estratos (Schichten), estamentos u órdenes (Stände) o clases (Klassen), y finalmente en las relaciones recíprocas entre cada una de sus partes, debidas a los lazos sociales, a las tensiones y conflictos, a la mayor o menor permeabilidad de la estratificación, así como al hecho de compartir un marco político y un sistema de referencia comunes[c]. Sin duda, este planteamiento podrá ser tachado de insuficiente o equívoco, tanto desde la perspectiva de las ciencias sociales como también, a la inversa, desde el punto de vista de la historia antigua. Pero como modelo heurístico podría legítimamente servirnos en tanto no demos con un sustituto mejor.

La segunda cuestión vendría a ser la de cuál es el objeto de una historia social romana. La respuesta más socorrida, y por lo pronto justificada, sería sin duda la de que la historia social romana se identificaba con la historia de las estructuras sociales existentes dentro de las fronteras del estado romano. Empero, al menos en el marco del presente trabajo, no será posible entrar a considerar las situaciones regionales, como, v. gr., la estructura social de Egipto bajo dominación romana o la organización gentilicia de las tribus norbalcánicas o hispano-noroccidentales, del mismo modo que una historia del arte con el título de «Arte romano» no podría tratar exhaustivamente, por ej., el arte de Palmira. En primer plano de nuestra exposición figurarán las manifestaciones generales o al menos suprarregi onales de la vida social en la correspondiente esfera de dominación romana, con lo que las fronteras entre las manifestaciones de ámbito regional y suprarregional serán con frecuencia difíciles de establecer.

Finalmente, la tercera cuestión sería la de saber en qué sentido ha de entenderse como historia la «historia social romana». Los análisis estructurales nos proporcionan instantáneas o tomas del corte transversal de una sociedad en un determinado período y corren el peligro de proyectarnos una imagen estática de ella. Para una exposición que ha de vérselas con una evolución histórica de más de mil años, varias de estas instantáneas resultan necesarias, cuando menos una por cada época. Las épocas de la historia social romana comprenden los períodos de la sociedad arcaica, la historia de la República desde el siglo IV a. C. hasta la segunda guerra púnica más o menos, el cambio de estructura en el siglo II a. C., la crisis de la República, el Alto Imperio, la crisis del siglo III y el Imperio tardo-romano. Pero la periodización de la evolución social, al contrario de lo que ocurre con la historia política, es siempre particularmente difícil de establecer, ya que los elementos estructurales no nacen ni se vienen abajo de un solo golpe. Precisamente para evitar la impresión de que la historia social romana se compone sólo de una serie de instantáneas yuxtapuestas, se ha resaltado siempre en la medida de lo posible de qué manera las condiciones sociales de una época se generaban a partir de las de tiempos precedentes y hasta qué punto ellas preparaban a su vez el cambio social ulterior. El amplio tratamiento que proporcionalmente se ha dado al Alto Imperio se explica no sólo por caer en él las parcelas de especial interés para el autor; también mueve a éste el convencimiento de que el estudio de la sociedad romana durante esta época — tanto por el carácter de las fuentes y el estado de la investigación como también por su clara y relativamente estable jerarquización social— se presta a ser una magnífica introducción a la historia social.

El presente libro nació de las clases magistrales y seminarios impartidos en la Ruhr-Universität en Bochum durante mi actividad académica en aquellas aulas de 1970 a 1974. Sin el mucho estímulo y sin la crítica de mis colegas, colaboradores y especialmente estudiantes, no habría llegado nunca a hacerse realidad. A ellos está dedicado en agradecimiento.

Capítulo 1

Capítulo 1

LA SOCIEDAD ROMANA PRIMITIVA

Fundamentos y comienzos del orden social temprano-romano

Sabido es que la historia más temprana del estado romano, la correspondiente a la época de los reyes y al comienzo de la República, sólo nos es conocida a grandes rasgos, y lo mismo cabe decir sobre la historia del primitivo orden social en Roma. Los inicios de la historiografía romana, como los de su literatura en general, remontan sólo al siglo III a. C., y dicha historiografía, representada principalmente por la persona de Quinto Fabio Píctor, sólo estaba en condiciones de referir sobre los tiempos más antiguos aquello que se había preservado en una tradición oral fuertemente teñida de leyenda. Pero incluso esta tradición era realmente pobre y tan insuficiente para los fines propagandísticos de la analítica romana durante las guerras contra Cartago, que Fabio Píctor se vería obligado a completarla a base de fantasía, componiendo así un cuadro totalmente arbitrario de los orígenes de Roma. Y lo cierto es que ni tan siquiera esa versión de la primitiva historia romana, que por lo menos procede del siglo III a. C., nos ha llegado en su integridad: a ella tenemos acceso, fundamentalmente, gracias a la utilización posterior que de la misma hicieron Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, quienes a su vez la rehicieron de nuevo de acuerdo con los puntos de vista de la época augustea[1]. Muchísimas noticias sobre acontecimientos y estados de cosas en la Roma temprana, y con ello también, sobre las formas y fundamentos de sus relaciones sociales, resultan por ende altamente dudosas; incluso allí donde no nos enfrentamos a meros productos de la fantasía, sino a relatos esencialmente verídicos, los tales ofrecen una visión anacrónica en el mejor de los casos y en muchos otros no nos permiten tampoco una ordenación cronológica irrecusable de su contenido (tanto más cuanto que los datos de años no son verificables la mayoría de las veces hasta el 300 a. C. aproximadamente). Toda vez que las fuentes epigráficas faltan casi por completo, son a lo sumo las arqueológicas las que hacen posible un cierto control de la tradición literaria, permitiéndonos, sobre todo, una clarificación de las bases históricas del poblamiento y el establecimiento de un cuadro cronológico relativamente fiable sobre la evolución interna de la sociedad y del estado tempranorromanos[2]. Si todas estas fuentes tan exiguas pueden ser aún completadas, ello será entonces gracias a nuestros conocimientos sobre las instituciones sociales, políticas y religiosas de la Roma posterior, que conservaron numerosos residuos de la estructura social arcaica[3].

El relato sobre la fundación de Roma por Rómulo es tan antihistórico como la fecha calculada para tal evento por Varrón a finales de la República, que equivaldría al año 753 a. C. de nuestra cronología. En cualquier caso, los comienzos de aquel asentamiento en la colina del Palatino al que perteneció un cementerio en el posterior emplazamiento del Forum Romanum y que puede ser considerado como núcleo del desarrollo urbano de Roma, se retrotraen, cuando menos, a dicho período y muy posiblemente incluso al siglo X a. C. Los habitantes de ese poblado eran latinos y formaban parte del grupo de pueblos latino-faliscos, rama a su vez de aquellos invasores indoeuropeos que en el curso de los grandes movimientos migratorios de Centroeuropa y los Balcanes a partir del siglo XII a. C. se habían establecido en Italia y allí vivían del pastoreo y en parte también del cultivo de la tierra. En las cercanías, sobre la colina del Quirinal, se asentaron sabinos, que pertenecían al grupo de pueblos osco-umbro de los invasores indoeuropeos; sus clanes, como los Fabii y los Aurelii, o los Claudii, supuestamente establecidos más tarde en Roma, quedaron progresivamente absorbidos en la comunidad latinoparlante. La «formación de Roma», un proceso en el que esta comunidad devino una ciudad-estado, se efectuó como muy tarde a comienzos del siglo VI a. C. La ciudad se vio sustancialmente ampliada con la inclusión de los lugares habitados al sur, al este y al norte del Palatino, y quedó separada del campo a su alrededor por una linde fija (pomerium); adquirió instituciones estables, magistrados incluidos, cuyo ámbito de competencias cubría precisamente el territorio delimitado de la ciudad; paralelamente, fue instituido un sistema estable de gobierno, la realeza (en la forma de monarquía electiva). Este proceso era claramente inseparable de un acontecimiento histórico de decisiva importancia para Roma: la extensión de la dominación etrusca a la ciudad del Tíber[4]. La comunidad urbana de Roma se modeló bajo el dominio etrusco y a imagen etrusca; hasta su nombre procede de una estirpe etrusca (Ruma). Las instituciones y la forma de gobierno fueron establecidas según el modelo etrusco, y el poder fue ejercido por reyes etruscos; amén de ello Roma tomó de ese pueblo no sólo muchas de sus tradiciones religiosas y culturales, sino también su estructura social en gran parte. Reminiscencias de los tiempos anteriores a la dominación etrusca, que pudieran haber correspondido a las estructuras más antiguas de los latinos indoeuropeos, se mantuvieron enraizadas, sobre todo en el culto religioso, hasta las épocas más tardías[5]. Al margen de la herencia indoeuropea y del papel jugado por los etruscos, hubo todavía un tercer factor en la historia temprana de Italia que estuvo también a la base de la evolución romana, a saber, el importante influjo de los griegos, particularmente en el plano cultural, que desde mediados del siglo VIII a. C. habían puesto pie en el sur de Italia y poco después también en Sicilia[6]. Pero la conversión de Roma en una ciudad-estado fue algo que ésta debió a los etruscos y, por consiguiente, nada constituyó un fundamento histórico tan importante para la historia social de la Roma temprana como el hecho de la dominación por aquel pueblo.

La historia de los etruscos nos es conocida a partir del siglo VII a. C., momento en que, sobre la base de la explotación minera y de la manufactura y el comercio ligados a ella, se inició el auge de sus ciudades y, con él, la fijación de las características políticas y culturales de este pueblo[7]. Nunca llegaron a formar un estado unificado: la fórmula de la que se valieron para organizar su vida política en común fue una liga de doce ciudades, cada una de las cuales estaba regida por un rey. La sociedad se descomponía en dos grandes grupos: nobleza y una capa inferior privada prácticamente de libertad[8]. Los nobles, de cuyas filas salía también el rey, poseían las tierras más fértiles y presumiblemente también las minas; al mismo tiempo dominaban por completo la vida política, puesto que integraban el consejo de los ancianos en las ciudades y cubrían las magistraturas. Los estratos bajos estaban compuestos por los grupos dependientes de la nobleza, es decir, por el personal de la aristocracia —esos criados domésticos, atletas y bailarines que nos son conocidos por representaciones—, por los artesanos y los mineros, así como por los campesinos, a quienes Dionisio de Halicarnaso (9, 5, 4) comparaba con los penestas tesalios y que, como éstos, bien pudieran haber sido trabajadores agrícolas atados a la gleba y obligados también al servicio militar. Este modelo de sociedad fue en gran medida adoptado por Roma, donde el primitivo sistema social —antes de perfilarse la plebs como estamento aparte y resuelto a la lucha—, con la nobleza patricia dominándolo todo, en un lado, y sus clientes y esclavos, en el otro, se ajustaba enormemente al prototipo etrusco.

El poder de los etruscos alcanzó su cénit en el siglo VI a. C. Por el norte se abrieron paso hasta la llanura del Po, donde fundarían nuevas ciudades; hacia el sur ocuparon el Lacio y Campania, y en el 535 su flota, en alianza con Cartago, pudo vencer a los foceos, los colonizadores griegos más activos de la mitad occidental del Mediterráneo. Su dominio en Roma se mantuvo inconmovible hasta finales del siglo VI; durante ese tiempo debieron de haberse producido ciertos cambios políticos, ya que todo parece indicar que Roma cayó sucesivamente dentro de la esfera de influencia de distintas ciudades etruscas, entre ellas Vulci, Tarquinii y Clusium[9]. Los amos de Roma, a pesar de que su título (rex) no sea de origen etrusco, sino indoeuropeo, eran con seguridad etruscos, como Tarquinius Superbus, en la leyenda el último de los siete reyes de Roma, o Porsenna, el rey de Clusium, quien poco después de la expulsión del último Tarquinio ocupó temporalmente la ciudad del Tíber. Estos últimos acontecimientos marcaron ya el fin de la dominación etrusca sobre Roma. La tradición acerca de la expulsión de Tarquinio de la ciudad, producida según aquélla en el 508 a. C., ha conservado, pese a todo, el recuerdo de un hecho histórico auténtico: Roma fue liberada del dominio de los reyes etruscos por un levantamiento de la nobleza antimonárquica, al parecer en el 508 o algunos años más tarde[10]. Los presumiblemente repetidos intentos de establecer el control etrusco en esa ciudad se vieron abocados al fracaso y, una vez que los etruscos hubieron perdido su poderío naval frente a Hierón de Siracusa en la batalla de Cumas, c. 474 a, C, también desapareció la influencia de este pueblo en el Lacio.

El orden social arcaico de Roma[11], que había cristalizado durante el siglo VI a. C. bajo el gobierno de los reyes etruscos, no fue exclusivo de la época monárquica. El orden social establecido en su día siguió vigente en gran medida tras la abolición de la realeza, solo que las funciones del monarca, que había sido jefe supremo del ejército, primer juez y sacerdote, fueron repartidas entre la aristocracia. Ciertamente, las luchas entre patricios y plebeyos a lo largo de la quinta centuria prepararon e iniciaron el proceso de disolución de la estructura social arcaica, si bien no hasta su completa liquidación, y de ahí también que muchas de sus notas características pudiesen sobrevivir no sólo a ese siglo sino incluso a toda la República. Los rasgos definitorios de este orden social arcaico, patentes en su estructura y en las mutuas relaciones entre sus estratos, serían las siguientes: la estructura de la sociedad estaba fuertemente marcada por la división horizontal, que nacía del papel central de la familia en la vida social y que llevaba al agrupamiento de las familias sobre la base del parentesco de sangre en un complicado sistema de clanes, curias y «tribus», comparable con la repartición de la sociedad homérica en tribus, fratrías, clanes y familias. Frente a ello, la división vertical de la sociedad resultaba relativamente simple, ya que, al menos en sus comienzos, sólo conocía la existencia de una nobleza y de un pueblo dependiente de ella, con lo que ya nos podemos imaginar el enorme significado que adquirían los vínculos estrechísimos de los particulares y las familias menos pudientes con los miembros de la aristocracia, bien por razón de la misma adscripción gentilicia, bien simplemente por razón de las relaciones basadas en la vecindad —y ello, por cierto, no sólo en la sociedad arcaica, sino también, y bajo formas muy diferentes, durante toda la historia de Roma. En consonancia con todo esto, el frente de tensiones en el sistema social arcaico presentaba una relativa simplicidad: sus conflictos podían sólo producirse cuando los sectores dependientes, o al menos los grupos de éstos que estaban en mejores condiciones para liberarse de las relaciones de dependencia, declaraban la guerra a la aristocracia, luchando por la equiparación política y la mejora de su situación económica.

La constitución de la sociedad romana arcaica

La familia romana primitiva[12] constituía una unidad económica, social y de culto. El jefe de familia (pater familias), por razón de su autoridad (auctoritas), gozaba de poder ilimitado sobre la mujer, los hijos, los esclavos y el peculio familiar (res familiaris). A él incumbía la administración de los bienes familiares (bonorum administrado) y la dirección de la actividad económica de la familia, en especial, la explotación de sus campos de cultivo. Tras escuchar a los varones adultos, era él quien decidía en las cuestiones de derecho, como la admisión de nuevos miembros en el círculo familiar o la salida de éstos (v. gr., por matrimonio), o la punición de sus actos criminales; también correspondía a él representar a la familia ante el exterior. Además se ocupaba como sacerdote del culto de los antepasados (sacra familiae). Su posición de poder, casi ilimitada, que en la vida política tenía su corolario en el predominio de aquella nobleza integrada por los jefes de familia con mayor autoridad, queda mejor que nada reflejada en el derecho que le reconocía la Ley de las Doce Tablas de poder vender a sus propios hijos como esclavos.

Por la ascendencia común y, al principio también, por la vecindad de residencia, las familias quedaron agrupadas formando el clan (gens), que, como unión sagrada, cuidaba del culto gentilicio (sacra gentilicia), y cuyos miembros, junto a sus nombres individuales, ostentaban el gentilicio común (nomen gentile), como, pongamos por caso, Fabius (perteneciente a la gens Fabia). Originariamente, la creación de estas parentelas constituía un privilegio de la nobleza patricia, mientras que las gentes plebeyas fueron instituidas al principio a imitación de los clanes patricios. Claro es que las gentes de la nobleza, tanto en la lucha política como en el campo de batalla, adonde estas parentelas se desplazaban en cerradas unidades de guerra, eran capaces de poner en juego un número considerablemente mayor de hombres armados que los clanes plebeyos, pues también acostumbraban a movilizar para ello a sus clientes. Así se explica que la tradición antigua afirmara que la gens Fabia hubiese enviado 306 gentiles patricios y varios miles de clientes en el año 479 a. C., cuando fue vencida a orillas del Crémera en la guerra contra los de Veyes; o que la gens Claudia, de origen sabino y acogida en Roma por esos mismos años, sumase un número de 5.000 familias[13].

Estas parentelas estaban agrupadas en curiae (probablemente de coviria = «reunión de varones»). Su número ascendía a treinta desde su fundación bajo Rómulo, según rezaba la tradición; mientras que los clanes carecían de jefe, había a la cabeza de cada curia un curio (y sobre todos los curiones un curio maximus). Estas agrupaciones de clanes, que estaban subordinadas a las gentes, adquirían en la vida pública una gran relevancia. Junto a sus funciones sagradas, constituían la base organizativa de la asamblea popular y, al propio tiempo, del ejército. La asamblea popular reunida por curias (comitia curiata) decidía en cuestiones de derecho de familia (como, por ejemplo, cuando el padre de familia moría sin descendencia masculina), daba también su parecer en los temas de interés público y tenía el derecho de ratificar en su cargo a los más, altos magistrados de la comunidad (lex curiata de imperio). En la guerra, quienes estaban en edad de portar las armas entraban en campaña en formación curial; de acuerdo con la tradición, cada curia había de poner en combate 10 jinetes (una decuria) y 100 infantes (una centuria). Así, la totalidad de estas fuerzas, con al parecer 300 caballeros y 3.000 soldados de a pie, constituía la unidad de combate primitiva de la legión[14].

En la época monárquica las curias estaban reunidas en las tres tribus gentilicias (tribus). Cada tribu comprendía diez curias. Los nombres de estas agrupaciones, Tities, Ramnes, Luceres, son etruscos y prueban claramente la importancia del protectorado etrusco en Roma en la conformación de su primitivo sistema social. El protagonismo de estas entidades en la vida pública era, sin embargo, menor que el de las curias, y a lo largo del siglo V a. C. la antigua forma de división por tribus se vería aún más relegada a un segundo plano, imponiéndose un reparto de la población en tribus de carácter territorial. Pero, en la estructura social arcaica, cuando aún se hallaba intacta, las tres tribus comprendían la totalidad del pueblo romano (populus Romanus o también Quirites, un término que puede ponerse en relación con la colina del Quirinal o quizá con covirites = «hombres de las curias»).

El número de ciudadanos de la Roma primitiva puede evaluarse sólo de forma aproximada. Las cifras transmitidas sobre el número de gentes, y que ya hemos mencionado, resultan tan exageradas como la tradición según la cual el pueblo romano contaba con 130.000 ciudadanos en el 508 a. C. y 152.573 en el 392 a. C.[15]. En el siglo VI, y todavía hacia el 450 a. C., el territorio del estado romano[16] —en la orilla izquierda del Tíber— comprendía una superficie de un diámetro de unos 8 kms. solamente; el número total de integrantes de dicha comunidad podría ascender, hacia el 500 a. C., a 10.000 ó 15.000 a lo sumo, cifra que, más o menos, encajaría con el total de fuerzas de la leva militar mencionado por las fuentes. Todavía hacia el año 400 a. C., cuando el territorio del estado romano había conocido ya una considerable ampliación, el que ocupaba la ciudad de Veyes (Veii) era más extenso que el de su vecino latino.

El estrato superior de la sociedad romana en época de los reyes y durante el primer siglo de la República estaba compuesto por los patricios, una nobleza de sangre y de la tierra con privilegios estamentales claramente delimitados. El nacimiento del patriciado difícilmente puede explicarse como no sea postulando la formación de una nobleza ecuestre bajo los reyes etruscos de Roma, como consecuencia a su vez de la preeminencia de la caballería en el modelo arcaico de hacer la guerra; los miembros de esta nobleza componían el séquito montado del rey. Esto se deduce, ante todo, de los distintivos estamentales de los patricios, que, al menos en parte, cabe hacer derivar del vestuario e insignias de la primitiva caballería romana. La élite de la antigua masa movilizable para la guerra en Roma, los «caballeros» (equites, originariamente celeres = «los veloces»), son a todas luces identificables con los patricios. Suponer que esta nobleza ecuestre a la cabeza de la milicia era al mismo tiempo la capa de propietarios de tierras, social y económicamente dirigente, tiene más visos de verosimilitud que la presunción de que los patricios ya en los tiempos más antiguos de Roma habrían integrado como nobleza de la tierra la infantería pesada y poco tuviesen que ver con los caballeros del séquito real. El «dominio de la caballería», como sabemos también por la Grecia primitiva, responde claramente a las condiciones de un orden social arcaico. Es algo muy característico el que todavía en la llamada constitución serviana de Roma en el siglo V a. C. los equites fuesen considerados como un grupo rector, situado por encima de las «clases» normales y corrientes; su posición ha de compararse más o menos con la de los caballeros (hippeis) en la constitución de Atenas antes de la reforma soloniana[17].

En base al origen, así como a sus funciones y privilegios en la vida económica, social, política y religiosa, la nobleza patricia constituía en la Roma primitiva un estamento cerrado. Fuera de los miembros de las familias romanas ilustres, sólo ciertos inmigrantes de otras comunidades podían hallar acogida en esa nobleza; claro que en tanto en cuanto se contasen ya en su patria entre la aristocracia local, como fue el caso, según la leyenda, del sabino Atio Clauso, fundador de la gens Claudia trasladada a Roma. Muy poco después del comienzo de la lucha de estamentos el patriciado cerró filas con más fuerza aún que antes, mientras que los recién llegados, sólo pudieron integrarse en la plebe y el matrimonio entre patricios y plebeyos quedaba prohibido. También los componentes de la nobleza patricia, en consonancia con la ética de las sociedades organizadas aristocráticamente, empezaron a sentirse como los «buenos» de la sociedad, como viri boni et strenui —tal como Marco Porcio Catón el Viejo definiría todavía en su época a la aristocracia romana—, y en adelante pusieron todo su empeño en distinguirse de la masa del pueblo también en su modo de vida. Su conciencia de identidad tuvo su mejor expresión en los signos exteriores de su estamento; eran éstos el anillo de oro (anulus aureus), la banda de púrpura (clavus) sobre la túnica, la capa corta ecuestre (trabea), el zapato alto en forma de bota con correas (calceus patricius), así como los discos de adorno en metal noble (phalerae), del equipamiento de la caballería primitiva.

En el terreno económico, los patricios debían su preeminencia a su propiedad de la tierra, que hubo de comprender una parte considerable del territorio romano, así como a sus grandes rebaños. Según la tradición, Atio Clauso obtuvo tras la admisión de su clan en Roma un lote de 25 yugadas, y las supuestas 5.000 familias «corrientes» de su acompañamiento sólo dos yugadas por cada una (Plut., Publicola 21,10) Un rasgo típico del poder económico de los patricios en la Roma primitiva viene señalado por el hecho de que los gastos de mantenimiento de sus monturas eran cubiertos por la comunidad, o más exactamente, por las viudas y huérfanos de la comunidad (quienes por lo demás estaban libres de impuestos). También la parte del león en el botín de guerra, una fuente de riqueza muy importante en las épocas tempranas, les correspondía a ellos. En la guerra los patricios desempeñaron el papel militarmente más destacado hasta el advenimiento de la falange hoplítica, saliendo ellos mismos al campo de batalla al frente de sus partidas de clientes, como los Fabios en el 479 a. C. También la vida política estaba totalmente dominada por ellos. La asamblea popular en su antigua forma de organización por curias, que les permitía comparecer en ella acompañados de sus masas de clientes, se encontraba sometida por completo a su influencia. En el consejo de los más ancianos (senatus), que había nacido asimismo ya bajo los reyes etruscos y constituía desde la instauración de la república la instancia suprema de decisión en el estado romano, sus miembros patricios (patres) tomaban el acuerdo del que dependían para ser válidas, las resoluciones de la asamblea popular. Los senadores plebeyos que se fueron incorporando (conscripti = «añadidos») no estaban facultados durante la primitiva República para votar. Además, eran solamente los patricios quienes proporcionaban los magistrados de la comunidad, y entre éstos los funcionarios superiores de duración anual, cuyo número ya desde el inicio de la República fue fijado en dos y que primero se denominaron praetores y más tarde consules; asimismo de sus filas salían el dictator (originariamente magister populi), dotado en situaciones militares de emergencia de poderes ilimitados por espacio a lo sumo de medio año, y los sacerdotes[18]. En situaciones de excepción, en las que no había ningún funcionario (o ningún rey en epocá de la monarquía), los patricios escogían de entre los suyos a una persona que tomaba a su cargo los asuntos internos(interrex) Una cierta estratificación social dentro de este estamento homogéneo es sólo discernible en la medida en que el grupo de cabeza, compuesto por los varones de los linajes más distinguidos (patres maiorum gentium), gozaba de una influencia especialmente señalada; el presidente del senado (princeps senatus) era elegido de entre dicho círculo.

El otro estamento en la sociedad tempranorromana era laplebs («muchedumbre», de plere = «llenar»), el pueblo llano compuesto por los libres, parte asimismo del conjunto del pueblo-nación (populus)[19]. Los plebeyos disponían como los patricios del derecho de ciudadanía, pero no poseían los privilegios de aquéllos. Los comienzos de la plebe remontan ciertamente al tiempo de los reyes, sí bien ésta sólo tomó una forma consistente a partir del inicio de su lucha organizada contra la nobleza patricia poco después del 500 a. C., una vez que se hubo consolidado como una comunidad aparte con instituciones propias. Por tanto, la plebe como orden aparte no era una institución etrusca, sino específicamente romana, tanto más cuanto que el ordenamiento social etrusco sólo conocía en un polo de la sociedad a los señores y en el otro a los clientes, servidores y esclavos.

En una parte de la tradición antigua tardía la plebe tempranorromana se nos aparece como un estrato básicamente campesino. Campesinos que pudieron preservar su independencia económica frente a los patricios los hubo siempre en la Roma primitiva, y la unión en el marco de la plebe fue para ellos la única posibilidad de afirmarse frente a la poderosa nobleza de la tierra. Pero los que sobre todo no dejaron de aumentar generación tras generación, fueron los grupos más pobres del campesinado, aquellos que quedaban desposeídos como consecuencia del continuado reparto del fundo familiar entre los herederos; también ellos sólo podían esperar la mejora de su situación de una comunidad de lucha plebeya. No obstante, es de suponer que en el nacimiento de la plebe como estamento cerrado estuvo presente también un estrato bajo de tipo más bien urbano, integrado por artesanos y gentes de comercio. La manufactura y el comercio, y consiguientemente también los grupos profesionales de artesanos y mercaderes, gozaban de muy baja reputación en la Roma primitiva, en correspondencia con el orden aristocrático de la sociedad, basado predominantemente en la agricultura: según la tradición, Rómulo habría prohibido terminantemente el ejercicio de la actividad artesanal a quienes debían sentirse llamados al servicio militar y al cultivo de la tierra, y la idea de que era el agricultor, y no un menestral o un mercader, la figura moralmente superior en la sociedad, se mantuvo así después de Catón el Viejo y Cicerón hasta los tiempos del Imperio. Según algunos escritores tardíos, como Tito Livio (1,56,1) y Plinio (N. h. 35,154), eran extranjeros, y sobre todo inmigrantes etruscos, quienes desarrollaron la manufactura en la Roma primitiva y enseñaron a sus habitantes el saber artesanal. La predisposición de Roma a acoger en su suelo a los extranjeros debió de ser grande; según la leyenda, ya Rómulo había instituido un asylum para los refugiados venidos de fuera. La posición social de estos inmigrantes en tiempos del dominio de la nobleza era con certeza bastante desfavorable, pero personalmente debían de ser menos dependientes de las poderosas familias nobles que la mayoría de los campesinos romanos: la resolutiva actuación de la plebe contra la nobleza patricia desde el comienzo de la República sólo resulta comprensible si partimos del hecho de que un «núcleo más fuerte» de los plebeyos vivía en parte libre de las presiones económicas, sociales, políticas, y también morales, que unían a los miembros corrientes de un clan a su cúspide patricia y que en consecuencia afectaban ante todo a las masas de la población campesina.

En todo caso, sería un error equiparar sin más a la plebe con los clientes de la nobleza patricia. Los clientes constituían, en contraposición a una parte de la plebe, un estrato inferior prioritariamente campesino. Las fronteras entre estos dos grupos sociales estaban en verdad poco marcadas, tanto más cuanto que también los clientes podían verse libres de su sujeción a los nobles (por su muerte, pongamos por caso, sin dejar herederos) y entrar así a formar parte de la plebe; como también era posible que algunos miembros de la plebe llegasen a encontrar una posición estable en la sociedad romana merced a su vinculación personal a una familia patricia. Pero, si los plebeyos consiguieron aglutinarse en un estamento cerrado, éste no fue el caso de los clientes, hecho que se debió sobre todo a su fuerte dependencia personal de la nobleza. Esta forma de sujeción sobrevivió al antiguo ordenamiento gentilicio de la sociedad romana. El cliens (de cluere = «obedecer a alguien») entraba en relación de fidelidad (fides) con el noble rico y poderoso, relación que lo obligaba a la prestación de una serie de servicios de índole económica y -moral (operae y obsequium). En contraprestación el noble, como patronus-suyo que era, asumía una tutela «paternal», ofreciendo a su cliente protección personal y poniendo a su disposición una parcela de tierra, que éste había de cultivar junto con su familia. Una relación parecida prevalecía asimismo entre el amo y su esclavo manumitido (libertus), que tras la liberación (manumissio) seguía atado a supatronus, bien como campesino, bien como artesano o bien como comerciante.

Dentro del ordenamiento patriarcal de la sociedad de época temprana la esclavitud sólo tuvo oportunidad de desarrollarse en la medida en que a ésta le fue asignada una función en el seno de la familia, marco de la vida social y económica. Consiguientemente, esta forma patriarcal de la esclavitud, que nosotros conocemos por la historia de otros pueblos, como en el caso de Grecia gracias principalmente a la épica homérica, difería enormemente de la esclavitud diferenciada de la República tardía y del Imperio.'Por una parte, el esclavo era considerado como propiedad del amo carente de derechos personales; era un objeto para comprar y vender y, en consecuencia con esto, se le denominaba no sólo servus, sino también mancipium («posesión»); estaba asimismo menos reputado que el hombre libre, cosa que se desprende con toda claridad de una disposición penal de la Ley de las Doce Tablas: quien rompía los huesos a un esclavo, quedaba obligado únicamente a satisfacer la mitad de la indemnización que debería en caso de la misma lesión corporal a un libre. Pero por otra parte, la posición del esclavo en la familia apenas divergíale Tanque tenían los otros miembros normales y corrientes de ella. Como éstos, hallábase totalmente integrado en la unión familiar, compartía con ellos su vida diaria y siempre podía mantener un contacto personal estrecho con el pater familias, a la autoridad del padre de familia estaba tan sometido como la mujer o los hijos de éste, personas a las que, como a él, podía castigar y hasta vender como esclavos (tres veces, a lo sumo, según la Ley de las Doce Tablas); también la función económica que desempeñaba apenas se diferenciaba de la ejercida por los restantes miembros del grupo familiar, pues, dejando ahora a un lado sus tareas como servidor de la casa, lo vemos empleado como campesino en la heredad familiar o como pastor, y ciertamente asociado también aquí a los miembros «libres» de la familia. Hasta un individuo de pensamiento tan conservador como Catón el Viejo llegaría a afirmar que de soldado preparaba a menudo la comida en compañía de su servidor, que en su finca —pese a toda la severidad con que trataba a sus esclavos— solía comer con sus criados, tomaba el mismo pan y bebía el mismo vino que ellos, y que su mujer, además de a su propio hijo, criaba también a los de sus esclavos (Plut., Cato 1,9; 3,2; 20,5 s.).

El sentido de la institución de la esclavitud bajo esta forma residía en el acrecentamiento de la fuerza de trabajo del grupo familiar en los quehaceres domésticos (manufactura incluida) y en la agricultura, especialmente tras los éxitos de la expansión romana desde finales del siglo V a. C., que trajeron consigo el nacimiento de grandes fundos. A esto se añadió el hecho de que las familias ricas deseaban elevar su prestigio y su posición de poder mediante cuadrillas de clientes lo más grandes posibles, que se reclutaban muy fácilmente entre sus esclavos manumitidos. La necesidad de esclavos era en todo caso una realidad evidente, y se recurrió a distintos procedimientos para atender a esta demanda. Hasta el siglo IV a. C. jugaron un importante papel dos formas de hacer esclavos entre los ciudadanos libres del círculo del populus Romanus. Una era la posibilidad que tenía un padre de familia empobrecido de vender como esclavos a sus propios hijos; de la Ley de las Doce Tablas se deduce que el padre podía también recuperar mediante compra al hijo. La otra forma de hacer esclavos a partir de ciudadanos libres era la servidumbre por deudas, al igual, por ejemplo, que en la Atenas anterior a Solón: él derecho de uso registrado en la Ley de las Doce Tablas obligaba al deudor a responder de su deuda con su propio cuerpo (nexum), y en caso de insolvencia había de ponerse a disposición de su acreedor como mancipium, caso, v. gr., de un gran número de ciudadanos en el año 385 a. C., quienes por lo visto habían perdido sus bienes como consecuencia de la devastación de Roma por los galos en el 387 a. C. (Liv. 6,15,8 y 20,6 s.). Sin duda, estas fuentes de esclavos se vieron completadas en todo momento con la esclavización de los prisioneros de guerra, amén de la proliferación natural de dicho elemento: el esclavo nacido en la familia (verna) se convertía automáticamente en propiedad del pater familiar.

Dada la naturaleza patriarcal de la esclavitud temprano-romana, han de enjuiciarse con gran precaución los supuestos intentos de rebelión de los esclavos durante el primer siglo de la República, de los que nos informan autores tardíos[20]. En las fuentes aparecen caracterizados como «conjuraciones». La primera «conjuración» de esta especie tuvo lugar, según Dionisio de Halicarnaso, en el año 501 a. C., cuando los latinos quisieron traer de nuevo a Roma al expulsado rey Tarquinio. Luego, en el 500 a. C., el propio ex monarca habría tramado una «conjuración» de libres y esclavos contra la joven república. En el 460 a. C., según Tito Livio, Roma necesitó de ayuda exterior para hacer frente a la banda del sabino Apio Herdonio, reclutada a base de desterrados y esclavos romanos. En el 409 a. C. debió de haberse producido nuevamente una «conjuración» de esclavos. Los relatos antiguos sobre movimientos serviles suelen seguir casi siempre el mismo esquema: en una situación de dificultades para la comunidad romana los esclavos y algunos grupos de libres conspiran con el plan de ocupar las colinas de la ciudad, de libertar a los esclavos, de matar a los amos y de apropiarse de sus bienes y mujeres; eso sí, la conjuración es descubierta y desbaratada a tiempo. No cabe duda de que tales relatos fueron compuestos bajo la impresión de los grandes levantamientos de esclavos de la República tardía y merecen tan poca credibilidad como, pongamos por caso, las disquisiciones de Tito Livio sobre si el rey Servio Tulio (no necesariamente una figura histórica) nació ya esclavo o fue posteriormente esclavizado. Solamente la acción de Apio Herdonio en el 460 a. C. acaeció realmente (ya Catón el Viejo tenía conocimiento de ella), pero, según Dionisio de Halicarnaso, sus seguidores no eran precisamente esclavos normales y corrientes, sino clientes y «servidores»[21]. Posible es, desde luego, que en las agitaciones promovidas por grupos marginales de la sociedad romana, como en el 460 a. C. la de los desterrados, tomasen parte también ocasionalmente esclavos. Sin embargo, es característico el hecho de que en un conflicto social de la República temprana tan decisivo como el de la lucha entre patricios y plebeyos los esclavos no actuasen en absoluto como grupo social unitario, por ejemplo, en alianza con la plebe: mientras que ellos siguiesen plenamente integrados en la familia, faltábales el estímulo y la posibilidad para cuajar como tal formación. Incluso en la propia tradición romana ya no hay más mención hasta el año 259 a. C. de otra acción semejante a la supuesta conjuración del 409 a. C.

La lucha de órdenes en la Roma primitiva

La contradicción fundamental en el ordenamiento social tempranorromano, que se expresó en fuertes conflictos sociales y políticos y que puso en marcha un proceso de transformación en la estructura de la sociedad y del estado, no fue, ni mucho menos, la tensión entre libres y esclavos, sino la lucha entre los distintos grupos de los campesinos libres: frente a frente estaban, de un lado, los integrantes de la nobleza de sangre y de la tierra, y del otro, los ciudadanos corrientes, cuyos derechos políticos estaban limitados y de los cuales muchos se encontraban en una situación económica apurada. Este enfrentamiento fue dirimido en la llamada lucha de estamentos entre los patres y la plebs, en una pugna entre patricios y plebeyos que duraría más de dos siglos, un hecho único en la historia de los pueblos y las tribus de Italia y de una trascendencia extraordinaria para el futuro de la sociedad romana[22]. La primera fase de esta lucha estuvo caracterizada por la formación de frentes muy vivos, perfilándose los plebeyos como estamento aparte en oposición consciente al patriciado e imponiendo la constitución de un estado de dos órdenes. En la segunda fase, entre los años sesenta, del siglo IV y el comienzo del siglo III a. C., se llegó a un compromiso entre el grupo rector de los plebeyos y los patricios, y esto produjo a su vez el nacimiento de una nueva élite. El orden social arcaico de Roma, que ya se había visto socavado por los logros de la plebe durante el siglo V, se descompuso en esta segunda fase del enfrentamiento, que coincidió cronológicamente con la extensión del dominio de Roma a toda la península italiana. En su lugar se impuso una nueva estructura de sociedad.

Las causas del conflicto entre patricios y plebeyos hay que buscarlas en el desarrollo económico, social y también militar de la Roma arcaica. Remontaban a la sexta centuria. Por una parte, fueron determinantes la explotación económica y la opresión política de amplias masas de la población por la nobleza patricia. Por otra parte, ya desde el siglo VI se había operado un proceso de diferenciación en el seno del pueblo, en virtud del cual las tensiones entre los patricios y los ciudadanos corrientes se agudizaron, y el pueblo pudo declarar la guerra a la nobleza. Algunos artesanos y comerciantes, pues desde un principio fueron poco dependientes personalmente de las familias patricias, pudieron aprovecharse del auge económico de la joven ciudad en época de la actividad constructora de los reyes y amasar así una fortuna, consistente sobre todo, en el valioso armamento y en los artículos de uso corriente. Otros grupos de población entraron paralelamente en una situación económica y socialmente catastrófica, debido a la pérdida de sus tierras y a su endeudamiento, particularmente gran número de pequeños campesinos, que habían de repartir, generación tras generación, el modesto patrimonio familiar entre cada vez más herederos y que ya no podían sustentarse adecuadamente con su producción agrícola. Los objetivos de estos dos grupos plebeyos eran, consiguientemente, muy diferentes: los plebeyos acomodados aspiraban, ante todo, a la equiparación política, esto es, a la admisión en las magistraturas y a la igualdad de derechos con los patricios en el senado, a más de a la integración social mediante la autorización de los enlaces matrimoniales entre cónyuges nobles y no nobles. Al miembro pobre de la plebe le interesaba mejorar su situación económica y su posición social, que pasaba por una solución de las deudas y por una adecuada participación en el disfrute de la tierra estatal (ager publicus). El enemigo para ambos grupos era, sin duda el mismo, la nobleza patricia las posibilidades de éxito que ellos tenían consistían en aliarse contra ésta, en desarrollar instituciones comunes como organizaciones de lucha y en arrancar las reformas apetecidas por ambos.

Los plebeyos pudieron sacar partido por vez primera a estas oportunidades tras la caída de la monarquización en la situación política exterior de la comunidad y también hubo cambios en la táctica de guerra romana ofrecieron las condiciones favorables para la asunción de una lucha política resolutiva contra el dominio de la nobleza. Después de que Roma hubo perdido el protectorado de las poderosas ciudades etruscas con la expulsión del último rey, quedó expuesta durante un siglo a la amenaza exterior, proveniente, por un lado, de los centros de poder etrusco vecinos, especialmente de Veyes (Veii), y por otro lado, de las tribus montañosas de la Italia central, como eran los ecuos y los volscos. La táctica de la secesión política y militar (secessio), que según la tradición fue ya aplicada en el siglo V en dos situaciones críticas (494 y 449 a. C.) como medio de presión, o también la simple amenaza de hacer tal defección, forzaba a la nobleza a transigir en el interior en vista de la amenaza que pesaba sobre el estado. Ello se hacía tanto más necesario cuanto que con el paso del siglo VI al V a. C. la infantería vio acrecer su importancia táctica: la forma arcaica de hacer la guerra, con la nobleza a caballo, se mostró ya insuficiente en las campañas militares contra la bien fortificada Veyes (Veii) y contra los pueblos de la montaña. El desarrollo de la ciudadanía hoplítica, al igual que en Grecia a partir de la séptima centuria, hizo que con la fuerza militar del pueblo se elevase también su propia confianza y seguridad, y que aumentase su actividad política[23]. El papel fundamental en la nueva táctica de guerra correspondió, como es natural, a las formaciones de infantería pesada; toda vez que las unidades de élite fueron cubiertas por los plebeyos ricos, que podían pagarse la panoplia requerida o hasta fabricársela en caso de ser artesano, era en este grupo de la plebe donde las ambiciones políticas estaban más pronunciadas.

El primer paso decidido, y al mismo tiempo el primer gran triunfo de los plebeyos fue la puesta en funcionamiento de instituciones propias: ello significaba la creación de una organización para su autodefensa y para la lucha política, a más de su unión como orden aparte frente a la nobleza. Según la tradición de la analística, este acontecimiento decisivo tuvo lugar en el año 494 a. C., en que la primera secesión del pueblo se vio coronada por el éxito y la institución del tribunado de la plebe fue introducida[24]. Que este dato resulta más o menos cierto, ha de inferirse de la noticia sobre una fundación de un templo por los plebeyos: en el 493 a. C. el templo a la diosa Ceres fue erigido sobre la colina del Aventino, cuyo culto siempre estuvo allí reservado a los plebeyos, y esta fundación religiosa no fue otra cosa que la congregación de la plebe en una comunidad sagrada[25]. El hecho de que esta comunidad separada en el seno del populus Romanus se formase oficialmente para atender a un culto divino, era algo comprensible si reparamos, por un lado, en que el pueblo sólo podía legitimar su unión apelando a la protección divina; y, por otro, en que este acto era un remedo consciente de la fundación del templo a Júpiter sobre el Capitolio —según la tradición, en el 507 a. C., en el punto central del estado patricio—, con la intención evidente de poner en esta forma de relieve la propia existencia de la comunidad plebeya sedaba. En la práctica, esta comunidad no limitó ni mucho menos sus actividades a atender un culto religioso, sino que tuvo la pretensión de ser «un estado dentro del estado». Como alternativa a la asamblea popular, los plebeyos celebraron asambleas propias (contilia plebis) en el marco de esta comunidad de culto y en ellas adoptaron algunas resoluciones (plebiscita). Elegían jefes, los aediles («administradores del templo», de aedes = «templo»), y los tribuni plebis, cuyo número era de dos en un principio y de diez desde mediados del siglo V a. C.; mediante sagrado juramento (lex sacrata) acordaron la inviolabilidad (sacrosanctitas) para los tribunos de la plebe, requirieron su amparo contra la arbitrariedad de los magistrados patricios (ius auxilii) y lograron incluso que los tribunos de la plebe pudiesen interferir en el proceso incoado por la autoridad patricia contra un plebeyo (ius intercedendi) y que paulatinamente adquiriesen un derecho de veto contra los magistrados y el senado. Aún cuando estas instituciones no fueron al principio reconocidas por el patriciado como parte del ordenamiento estatal, demostraron ser —gracias al apoyo de la gran masa del pueblo— políticamente efectivas.

El segundo triunfo de los plebeyos consistió en forzar una repartición del conjunto del pueblo en tribus según un principio de división favorable para ellos y, por consiguiente, también una nueva ordenación de la asamblea popular en consonancia con sus intereses. Puesto que el nombre de los tribuni plebis viene de la palabra tribus, es posible que la medida reformadora definitiva en el proceso gradual de reorganización de la división en tribus se hubiese operado simultáneamente a la introducción del tribunado de la plebe. Las tres viejas asociaciones gentilicias de los Tities, Ramnes y Luceres no fueron ciertamente suprimidas, pero sí ampliamente sustituidas por tribus articuladas regionalmente. Cuatro de ellas, la Suburana, Palatina, Esquilina y Collina, correspondían, en tanto que tribus urbanae, a los cuatro distritos de la ciudad de Roma; a esto se añadieron en el siglo V a. C. las 16 tribus rusticae en un cinturón alrededor de la ciudad, cuyo número no dejaría de incrementarse desde fines del siglo V (hasta la culminación de esta evolución en el año 241 a. C., con un total de 35 tribus)[26]. Toda vez que la división en tribus servía, sobre todo, como base para la asamblea popular, su importancia política era considerable, especialmente en la preparación y celebración de las elecciones de magistrados. En la asamblea popular organizada según el principio de división regional de las tribus (comitia tributa), los patricios no podían comparecer ya a la cabeza de unos clanes cerrados y sometidos a ellos, y dominar de antemano estos comicios con la movilización de sus clientes, como sucedía en la vieja forma de asamblea popular (comitia curiata). El nuevo marco ofrecía al mismo tiempo buenas posibilidades para la agitación plebeya, que ya no podía ser acallada sin más ni más. Mientras que las magistraturas estatales siguiesen reservadas únicamente a los patricios, la influencia de esta agitación sobre las elecciones quedaba relativamente atenuada, pero podía resultar importante, en la medida en que los plebeyos tenían la posibilidad de elegir para los puestos de funcionarios a candidatos patricios de su agrado y dispuestos al compromiso.

Los plebeyos pudieron anotarse una tercera victoria a mediados del siglo V, en el 451 o el 450 a. C., según la tradición, concretamente con la codificación del derecho en la llamada Ley de las Doce Tablas (leges duodecim tabularum)[27]. No se trató en absoluto de una legislación innovadora y filoplebeya, sino tan sólo de una fijación por escrito del derecho vigente con disposiciones bien que duras para los estratos bajos de la población; nos ponen éstas de manifiesto que la lucha de la plebe hubo de ser iniciada unos decenios antes desde una posición imaginablemente peor y que la situación del pueblo, incluso después de sus primeras grandes conquistas políticas, era todavía todo lo que se quiera menos favorecida. Los trazos arcaicos de la ley, tales como la consagración del poder absoluto del pater familias, quien podía vender a sus hijos como esclavos, como la legitimación de la esclavitud por deudas en la forma del nexum, o como el reconocimiento del derecho a la represalia por lesiones corporales en la misma forma y manera (talio), eran cosa manifiesta y poco propicia para aliviar la situación de los socialmente más débiles. También la aguda división entre patricios y plebeyos quedaba sancionada, ante todo, por la prohibición de los enlaces matrimoniales entre miembros de los dos órdenes, y en esta norma se contemplaba asimismo a los plebeyos ricos. Ello no obstante, el hecho de poner por escrito el derecho vigente, comportaba en sí una reforma política de gran trascendencia: a partir de entonces el ciudadano corriente estaba en condiciones de apelar contra la injusticia y la violencia de los poderosos no ya sólo a un derecho consuetudinario generalmente respetado, aunque no siempre claro y terminante, sino a normas de comportamiento y a disposiciones penales registradas con precisión. Con el principio de que todo ciudadano podía ser citado a juicio y tenía derecho a un defensor (vindex), se garantizaba también a los pobres y a los débiles la protección legal. El camino de la futura evolución social se vio asimismo allanado por el hecho de que la Ley de las Doce Tablas dejaba ya de contemplar a la nobleza y al pueblo corriente como a los grupos sociales únicos: también se tenía en cuenta la riqueza como criterio de estratificación social, concretamente al establecerse la diferencia entre los poseedores (assidui), cuyo patrimonio —habida cuenta de las condiciones de la ciudad-estado arcaica— resultaba a todas luces bastante modesto todavía, y los desposeídos (proletarii), que no disponían más que de sus hijos (proles = «la prole»).

La consideración de las relaciones de propiedad como criterio de cualificación social redundaba en especial provecho de los plebeyos ricos, que ya no podrían contarse en adelante como simple parte de la gran masa del pueblo; su riqueza les aseguraba prestigio e influencia. Lo mucho que interesaba al grupo rector de los plebeyos una nueva ordenación de la estructura social en base a la riqueza, es algo que se pondría de manifiesto en el cuarto gran triunfo de la plebe en su lucha contra el patriciado. En efecto, ésta logró finalmente imponer una nueva división de la ciudadanía en clases propietarias. Esa constitución timocrática de la comunidad fue atribuida por la tradición romana al rey Servio Tulio, que como hombre de baja extracción parecía a los ojos de los analistas la figura modélica del reformador democrático. No obstante, lo cierto es que en el siglo VI a. C. no se habían dado todavía los presupuestos económicos y sociales para semejante reforma; incluso la Ley de las Doce Tablas desconocía aún todo tipo de clase censitaria. Por consiguiente, dicha constitución, al menos en cuanto base para la organización de la asamblea popular, entró en vigor sólo después del 450; la institución del cargo de censor para determinar la cualificación económica del ciudadano, hecho que según la tradición tuvo lugar en el 443 a. C., podría haber señalado su nacimiento[28].

Las escalas de propiedad de los miembros de cada una de las clases posesoras venían calculadas en la llamada constitución serviana por el tipo de armamento que podían permitirse en la guerra. Se evidenciaba así con toda claridad que esta constitución tenía su origen en la nueva ordenación de las fuerzas armadas, seguramente que con posterioridad a la introducción de la táctica hoplítica; a esta razón de fondo apuntan también los nombres de las clases posesoras (classis = «leva para la guerra») y de sus subdivisiones (centuria = una «centuria» en la primitiva división del ejército). En forma detallada esta constitución nos es conocida sólo a partir de la República tardía, momento en que ya había experimentado un progresivo perfeccionamiento. Por encima de las clases (supra classem) figuraban los equites, evidentemente los integrantes de la nobleza ecuestre patricia, repartidos en 18 centurias. La primera clase comprendía las 80 centurias de la infantería pesada, que, pertrechada de yelmo, escudo, coraza, grebas, jabalina, lanza y espada, constituía la columna vertebral del conjunto de la leva romana; en dicha clase estaban representados ante todo los plebeyos ricos. A la segunda, tercera y cuarta clase, con 20 centurias respectivamente, pertenecían los restantes propietarios en grados decrecientes de fortuna: los miembros de la segunda clase portaban armas ligeras como los de la primera clase, aunque sin coraza y con un pequeño escudo alargado en lugar del escudo redondo; los ciudadanos de la tercera clase carecían por completo de armadura y sólo llevaban yelmo y armas ofensivas; los miembros de la cuarta clase iban únicamente provistos de jabalina y dardo. En la quinta clase, compuesta de 30 centurias, estaban reunidos los pobres, armados únicamente con una honda. A estas unidades se añadían además dos centurias de fabri, que se encargaban de las máquinas de guerra y estaban asignadas a la primera clase, así como dos centurias más de músicos, adscritas a la quinta clase. Los desposeídos por completo, por consiguiente los «proletarios» sin armas, fueron agrupados en una centuria por debajo del ordenamiento en clases (infra classem), pudiendo encontrar ocupación en la guerra como ordenanzas y rastreadores a lo sumo. Como acaeciera en su día con la repartición del pueblo en agrupaciones gentilicias y más tarde en tribus locales, también este nuevo ordenamiento sirvió al mismo tiempo de base para la organización de la asamblea popular. En los comicios organizados por clases y centurias (comitia centuriata) cada centuria tenía un voto, con independencia del número efectivo de sus miembros; y éste, por cierto, variaba ya de una centuria a otra simplemente por el hecho de que las quintas por encima de los cuarenta y seis años, menos nutridas numéricamente, las de los séniores, tenían en cada clase el mismo número de centurias que los iuniores, con lo que dentro de una clase los votos de las personas de más edad, y por ende de las más conservadoras en cuanto a forma de pensar, igualaban a los de los hombres jóvenes. El voto por centurias significaba claramente que los integrantes de las centurias de caballeros y de la primera clase, con sus 98 votos en total, podían en todo momento sobrepasar a las 95 centurias restantes, caso de que sus miembros lograsen poner de acuerdo los intereses de sus clases. Como ya hiciera notar Cicerón (De re p. 2,39), a la hora de tomar decisiones este sistema aseguraba a los propietarios un claro predominio sobre la gran masa del pueblo.

El relegamiento político y la opresión económica de amplias masas populares no fueron eliminados por este nuevo ordenamiento de la estructura social, como tampoco lo habían sido por la Ley de las Doce Tablas. Antes bien, las diferencias sociales entre la nobleza situada supra classem y el pueblo corriente se vieron fortalecidas, si bien ya no en forma totalmente idéntica a como hasta ahora; así culminaba también la división de frentes entre patricios y plebeyos, que se había iniciado con la unión del pueblo en una comunidad aparte. En los decenios siguientes, hasta el primer tercio del siglo IV a. C., la sociedad romana vivió asentada sobre la base de esta separación entre los órdenes. Pero paralelamente la constitución serviana trajo consigo un desequilibrio para el orden social arcaico de Roma y abrió el camino para la formación de un nuevo modelo de sociedad. Si los nobles pudieron representar en la constitución serviana el vértice de la sociedad, hay que decir también que para mantener esa posición no fue ya únicamente determinante su ilustre ascendencia, sino también su situación económica. Todavía más importante fue que a los plebeyos más pudientes se les aseguraba institucionalmente un lugar distinguido en la sociedad, que tenía en cuenta su relevancia económica y militar, así como sus ambiciones políticas. Este maridaje se expresó asimismo en la abolición de la prohibición de matrimonios entre los miembros de la nobleza y los del pueblo. Lo que ya no nos es dado dilucidar es si esta reforma acaeció efectivamente ya en el 445 a. C. en virtud de la lex Canuleia, como creían los analistas, o si, por el contrario, su puesta en práctica fue más tardía. En todo caso, dicha medida caminaba en la misma dirección que la apuntada ya por la constitución timocrática, a saber, por el camino del acercamiento y el compromiso entre los patricios y el elemento rector de la plebe.

Capítulo 2

Capítulo 2

LA SOCIEDAD ROMANA DESDE EL INICIO DE LA EXPANSIÓN HASTA LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA.

La disolución del orden social arcaico: la nivelación de los órdenes y la expansión

En el momento de producirse el paso del siglo V al IV a. C., Roma era todavía una ciudad-estado arcaica: su ordenamiento social, con la nobleza dominante a un lado y el pueblo muy desfavorecido política y económicamente al otro, seguía basándose en un principio estamental realmente simple, y su ámbito de soberanía se reducía a un modesto territorio en el entorno de la ciudad. Empero, las alteraciones operadas en la estructura de la sociedad romana desde la caída de la monarquía y el comienzo de la lucha de los órdenes, colocaron a Roma ante el umbral de una nueva época de su evolución social. El pueblo había dejado de ser una masa muda: se había unido en un estamento independiente, con una conciencia de identidad cada vez más acusada, y podía preciarse de una serie de logros políticos considerables. Al mismo tiempo, bajo la superficie del simple modelo estamental nobleza-pueblo se había configurado una división social más profunda como resultado de la diferenciación en las relaciones de propiedad, división que iba desde los ricos propietarios de tierras hasta los pobres campesinos y proletarios desposeídos, pasando por los artesanos y mercaderes acaudalados. Tampoco Roma era ya hacia el 400 a. C. aquel poder de segundo rango de un siglo antes. Tras la expulsión de los reyes etruscos se vio obligada a mantenerse a la defensiva durante largo tiempo, pero a partir de la mitad del siglo V pudo pasar a la ofensiva y, con la conquista de Fidenas (426 a. C.) y, sobre todo, el sometimiento de Veyes (396 a. C.), consiguió aumentar sustancialmente el territorio de su soberanía. Con ello estaba sellado su futuro, y se abría el camino para la disolución del orden arcaico en el enfrentamiento social y político interno el imperativo del momento para los plebeyos no era un mayor distanciamiento de la nobleza, sino precisamente lo contrario, el compromiso con el patriciado, al menos en el caso de los grupos rectores del pueblo; de cara al exterior, la meta tanto de la nobleza como de otros sectores dirigentes del pueblo sólo podía ser la prosecución de las conquistas, a fin de resolver a costa de terceros la apurada situación económica de los pobres y asegurar al propio tiempo mayor riqueza a los ya acaudalados. Tras los decenios, al parecer en calma, posteriores a los años centrales del siglo V a. C., en los que las estructuras arcaicas desgastadas estaban ya maduras para su sustitución por un nuevo modelo de sociedad, sólo hizo falta una aceleración del proceso histórico, para que las consecuencias de la evolución precedente se pusiesen plenamente de manifiesto.

A esta aceleración del proceso histórico se llegó a partir de los primeros decenios del siglo IV a. C., con el resultado de que la estructura social del estado romano experimentó una alteración fundamental en el curso de los cien años siguientes, aproximadamente. Poco después del 400 a. C., las tensiones en Roma se incrementaron notablemente. Debido al crecimiento natural de la población el número de desposeídos de tierras se elevó cuantiosamente, mientras que la ampliación del territorio nacional romano, tras la conquista de Fidenas y Veyes (Veii) no aplacó en absoluto el descontento de los pobres, sino que precisamente lo que hizo fue agudizarlo aún más: la tierra anexionada por Roma como botín de guerra no fue repartida entre los indigentes, sino que se vio ocupada por los hacendados ricos; Simultáneamente, las condiciones políticas del momento avivaron el descontento de la plebe, incluidos los plebeyos ricos: en las guerras victoriosas contra los vecinos la infantería plebeya, y en particular la infantería pesada nutrida por los plebeyos pudientes, había tenido una participación fundamental y reclamaba la influencia política que le correspondía. La situación se tornó aún más difícil después de que en el 387 a. C. una tropa en busca de botín, integrada por galos asentados en la Italia superior, batió al ejército romano, tomó temporalmente Roma hasta el Capitolio, saqueó la ciudad y devastó los campos circundantes: muchas familias perdieron entonces sus haciendas y como consecuencia de ello se vieron reducidas a la esclavitud por deudas; al propio tiempo, también el ordenamiento estatal patricio sufrió a resultas de todo ello una conmoción. El camino de salida sólo podía estar o en una revolución o en una reforma fundamental. Según la tradición representada por la analística, los descontentos intentaron en dos ocasiones consecutivas, en el 385 y en el 375 a. C., derribar por la fuerza el orden existente (Liv. 6, 11,1 s.). La impresión, sin embargo, era que las estructuras sociales vigentes no eran alterables mediante la violencia, y menos aún cuando tal cosa iba también en contra de los intereses de los plebeyos más acomodados. En cualquier caso, a raíz de todo esto se puso en evidencia la necesidad de reformas, y el ala del patriciado dispuesta al compromiso —en alianza con los jefes de la plebe— logró imponerse y hacer valer sus criterios[29].

Según las fuentes, la reforma decisiva tuvo lugar en el 367 a. C., en virtud de las llamadas leges Liciniae Sextiae (Liv. 6, 35,3 s.), así denominadas por los tribunos de la plebe Cayo Licinio Estolón y Lucio Sextio Laterano. Mediante esta legislación se logró de un sólo golpe mejorar considerablemente la situación económica de los plebeyos pobres y alcanzar la equiparación política de la plebe con el acceso de los líderes del pueblo a las más altas magistraturas. A partir del triunfo de esta reforma la mayor parte de las reformas necesarias pendientes fueron también acometidas por vía legislativa. Puesto que las leyes habían de ser votadas por la asamblea popular, se aseguraban así que las reformas fuesen asumidas por la mayoría del pueblo (o, cuando menos, de la asamblea popular), y puesto que habían de contar con la autorización del senado, su aprobación significaba al mismo tiempo también el sancionamiento de la obra reformadora por aquella instancia estatal superior en la que los intereses de la nobleza estaban mejor representados. En todo caso, el desarrollo legislativo de la República desde las leyes licinio-sextias, que pusieron el proceso en marcha, hasta la lex Hortensia del año 287 a. C., fue una corriente imparable de reformas sociales y políticas en favor de la plebe; tampoco los ocasionales reveses creados por la actitud de unas cuantas familias más influyentes y conservadoras entre los patricios, pudieron frenar esta evolución. En congruencia con la apertura de esta política reformadora por las leyes licinio-sextias, también las disposiciones ulteriores se orientaron en las dos direcciones ya conocidas: por un lado, procurando remediar la acuciante situación económica de los plebeyos pobres; y, por otro, efectuando la equiparación política del pueblo con los patricios, lo que no significaba otra cosa que la fusión de los sectores plebeyos dirigentes con los descendientes del viejo patriciado.

Para mejorar la situación de quienes carecían de tierras y para subvenir a sus necesidades materiales, ya en las leyes licinio-sextias del 367 a. C. se acometían enérgicas medidas. Las deudas, que oprimían a los indigentes y los amenazaban con la pérdida de la libertad personal, fueron en parte canceladas (al igual que aconteciera en Atenas con la reforma de Solón en una constelación histórica muy similar). Paralelamente, se acordó que nadie podría ocupar en suelo del estado una superficie de explotación superior a las 500 yugadas. Esta medida de las leyes licinio-sextias, a veces tenida por anacrónica, ha de valorarse como auténtica, y ciertamente no sólo porque Catón el Viejo la mencionase en el 167 a. C. como una antigua disposición (en Gellius, Noct. Att. 6, 3,37), sino también porque es perfectamente compatible con la extensión alcanzada por el territorio romano tras la anexión de los territorios de Fidenas y Veyes (Veii). La superficie de 500 yugadas por unidad de tenencia (aproximadamente, 1,25 km²) no constituía en aquel tiempo, ni mucho menos, el tamaño habitual de una parcela de tierra, sino que representaba a todas luces la extensión de los predios de unas pocas familias de la cúspide rectora, que se habían repartido entre ellas las áreas conquistadas unos cuantos decenios antes y que, sobre todo en el antiguo territorio de Veyes (Veii), habían tomado posesión de fundos aun por encima de las 500 yugadas. Sea como fuere, los ricos hacendados tuvieron que ceder al menos una parte de la tierra que se habían arrogado, y esta tierra pudo ser entonces repartida entre los pobres[30].

Lo que se dice plenamente, la política de aprovisionamiento de tierras a los pobres pudo entrar en vigor sólo a partir del 340, gracias al rápido aumento del ager publicus como consecuencia de la expansión. En conexión con esto pudo ser también abolida la servidumbre por deudas, sancionada en su día por la Ley de las Doce Tablas: la importancia de la lex Poetelia Papiria (326 a. C.), que introdujo este cambio, llegaría más tarde a ser comparada por Tito Livio (8,28,1 s.) con la fundación de la república (velut aliud initium libertatis). Durante su censura del 312 a. C., el filoplebeyo y reformista Apio Claudio Ceco impuso todavía otra medida que iba en la misma dirección que la reforma agraria de las leyes licinio-sextias: a los antiguos esclavos, en su mayor parte gente muy pobre, que tras su manumisión carecían por lo general de todo tipo de bienes raíces y que en consecuencia venían siendo inscritos únicamente en las cuatro tribus urbanas, los repartió también en las tribus rústicas, a fin de que pudiesen disfrutar de un lugar de residencia fijo y una parcela de tierra en el campo[31]. Ello significaba al mismo tiempo que los libertos, como ciudadanos de la más baja condición social que eran y que hasta el momento sólo habían podido intervenir políticamente dentro de las tribus urbanas, estaban ahora en condiciones de influir también en la opinión y en la vida política de la población campesina. Cierto que en el año 304 a. C. esta reforma fue anulada (se trató de uno de los pocos casos de clara reacción patricia en la segunda fase de la lucha entre los órdenes), pero esta medida sólo pudo limitar el campo de juego político de los libertos, ya que no poner una barrera a sus ambiciones económicas.

La mayoría de los esfuerzos reformadores de esta época estaban encaminados a la plena igualación política de los plebeyos. Para la plebe era de gran importancia el fortalecer su seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de los funcionarios del estado. A tal fin, el tribuno de la plebe Cneo Flavio hizo públicas las fórmulas procesales (ius Flavianum), que garantizaban normas uniformes de procedimiento para cualquier ciudadano ante un tribunal. La lex Valeria de provocatione del 300 a. C. fortalecía la seguridad del ciudadano ante los magistrados: en virtud de dicha ley, el ciudadano que era condenado por un magistrado a la pena máxima tenía el derecho de apelar a la asamblea popular (provocatio), que había de decidir sobre el asunto en un tribunal propio constituido al efecto; en los procesos políticos que se veían en la ciudad de Roma los magistrados perdieron todas sus competencias, para Ser entregadas a la asamblea popular. Es evidente que a los dirigentes plebeyos les interesaba sobre todo verse igualados con los patricios en la dirección política del estado romano. Toda vez que la actividad política se canalizaba bien a través de las magistraturas, bien a través del senado y la asamblea popular[32], en sus funciones consultiva y deliberante respectivamente, las principales miras de la cúspide plebeya estuvieron puestas en su admisión en los más elevados cargos del estado, en la paridad con los patricios también en el senado y al mismo tiempo en la salvaguardia del papel protector ejercido por la asamblea popular frente a aquella cámara. Por lo que se refiere a la participación en la dirección política del estado a través de las magistraturas, la táctica original del grupo rector plebeyo había consistido en crear cargos aparte. Sólo tras este rodeo habían decidido luchar también por entrar en aquellos puestos que hasta entonces les habían estado vedados. Ya mucho tiempo antes de la promulgación de las leyes licinio-sextias pudieron cosechar algunos éxitos modestos en este sentido. Los tribunos militares, cuya institución data del 444 a. C. según la tradición, fueron desde un principio en parte patricios y en parte plebeyos, evidentemente porque la plebe sólo estaba dispuesta a ir a la guerra bajo el mando de sus propios jefes y porque en vista de su importancia militar pudo imponer rápidamente la homologación de sus mandos superiores con los generales patricios. En los cargos civiles el primer plebeyo apareció en el 409 a. C., cumpliendo la función de quaestor (en calidad de ayudante de los funcionarios superiores), significativamente en el puesto más bajo. La auténtica equiparación de los plebeyos con los patricios en el ejercicio de las magistraturas dio comienzo unos cuantos decenios más tarde, en el curso de la misma agitación política que condujo a la obra reformadora licinio-sextia. En la situación excepcional del 368 a. C. el entonces dictador patricio nombró como magister equitum a un representante plebeyo; simultáneamente, los miembros de la plebe fueron admitidos en el colegio sacerdotal de los custodios oraculares. Las leyes licinio-sextias de los años siguientes trajeron ya la reforma más contundente: desde entonces los funcionarios superiores del estado —tanto en la administración de justicia como en la conducción de la guerra— fueron los dos cónsules de los cuales uno podía ser plebeyo, más el praetor, solo con atribuciones en el ámbito de la justicia, y cuya magistratura podía ser revestida tanto por un patricio como por un plebeyo; paralelamente, se confirió también a los plebeyos el derecho a presentarse a los restantes cargos más elevados (dictadura, censura). Amén de esto, junto a los dos aediles plebis fueron elegidos dos ediles patricios (con el título de aedilis curulis), a fin de que también las funciones de los ediles quedasen repartidas por igual entre los representantes de ambos órdenes. Poco después tomaban también posesión de sus cargos los primeros funcionarios superiores plebeyos: el primer cónsul plebeyo fue Lucio Sextio Laterano, en el 366 de acuerdo con la tradición; el primer dictador plebeyo, Cayo Marcio Rutilo en el 356; el primer censor plebeyo fue el mismo senador en el 351; el primer pretor plebeyo, Quinto Publilio Filón, en el 377 a. C. La culminación de este proceso de integración de los plebeyos en las magistraturas tuvo lugar por la lex Ogulnia del 300 a. C., momento a partir del cual quedaron abiertos para los representantes de la plebe los altos puestos sacerdotales de pontífices y augures [33].

Dentro de este movimiento de reformas los dirigentes plebeyos hicieron valer su deseo de mejorar también su posición en el senado. En virtud de la lex Ovinia (anterior al año 312) quedó estipulado que las bajas producidas en las filas de los senadores habían de ser cubiertas regularmente por los censores; ello significaba que en cada censura el senado podía ser renovado con plebeyos acaudalados e influyentes. Al mismo tiempo, los senadores plebeyos se vieron igualados por esta ley a los patricios, y el pleno derecho de voto, antes sólo disfrutado por los patres, fue otorgado a los conscripti. En concreto, durante la censura de Apio Claudio Ceco en el 312 a. C., muchos plebeyos fueron admitidos en el senado, entre ellos hasta hijos de libertos, es decir, hombres que se dedicaban también al comercio y a la industria; con ello el senado dejaba de ser el bastión que había sido de una nobleza privilegiada y exclusivista, por nacimiento y propiedad de la tierra (Diod. 20, 36,1 s.). Por otra parte, los derechos del senado sufrieron un recorte en favor de la asamblea popular, fuertemente influenciada por los plebeyos ricos. Mientras que antes las decisiones populares podían ser anuladas sin más por la negativa del senado a darles su aprobación, a partir de la lex Publilia (339 a. C.) las objeciones que el alto órgano tuviese contra cualquier decisión de los comicios, tenían que expresarse de antemano y ante la asamblea popular; de esta forma, los acuerdos tomados por el pueblo escapaban al riesgo de verse declarados sin validez por obra simplemente de una mayoría conservadora de los padres. Más lejos aún fue la lex Hortensia del 287 a. C., que en general es considerada como el cierre de la lucha entre los órdenes. Tras producirse alteraciones como consecuencia del endeudamiento de particulares, la lucha entre patricios y plebeyos pareció encenderse de nuevo con la misma virulencia de los viejos tiempos, pues la plebe recurrió incluso a la medida extrema de la secesión, como por dos veces aconteciera en el siglo V, según cuenta la tradición; «pero, precisamente en este instante los jefes de la plebe y del patriciado hubieron de pasar por alto esa tensión del momento para llegar a un acuerdo general sobre las desavenencias del pasado» (A. Heuss). Los acuerdos de la asamblea popular plebeya (plebiscita) adquirieron fuerza de ley sin el consentimiento del senado. Que tal reforma llegase a ser posible, pese a que con ella pudo haberse producido el colapso del estado, era buena prueba de lo muy avanzados que estaban la compenetración y el entendimiento entre los órdenes: la base de esta reforma se hallaba a todas luces en el convencimiento de que en el senado y en la asamblea popular estaban básicamente representados los mismos intereses, ya que los líderes del pueblo y de la asamblea eran ahora a un tiempo representantes y miembros rectores de una aristocracia senatorial de nueva formación.

El triunfo de los plebeyos, así pues, estaba conseguido. Comportaba éste la superación de las barreras estamentales entre patricios y plebeyos, sin dar paso por ello a una sociedad igualitaria; antes bien, lo que aquél hizo fue crear los supuestos para una nueva diferenciación social. Los plebeyos debían la victoria a su tenacidad en la lucha estamental y a su política coherente de alianza entreoíos miembros ricos y pobres del pueblo; también a la actitud de compromiso por parte de la nobleza, o cuando menos de amplios círculos de ella, dada la presión de la situación política exterior de Roma; y finalmente, al común interés de todos los grupos de vencer los problemas sociales mediante el expediente de la expansión.

Las implicaciones histórico-sociales de la expansión romana no quedarán nunca suficientemente valoradas: la reforma del sistema social romano por vía legislativa no sólo coincidió cronológicamente con la extensión del dominio de Roma por Italia, sino que además estuvo orgánicamente unida a dicho proceso. Las negativas consecuencias de la derrota contra los galos en el año 387 a. C. pudieron ser pronto remontadas por el estado romano. Después de diversas luchas con los vecinos y tras la consolidación de la posición romana en el Lacio y su entorno por obra de la diplomacia, una gran ofensiva dio comienzo pasada la mitad del siglo IV a. C., ofensiva que, tras duras guerras contra las tribus montañosas unidas en la liga samnita (hasta el 290 a. C.) y tras los determinantes éxitos frente a galos y etruscos (285 a. C.), condujo al sometimiento de la Italia central y, después de la guerra contra Tarento y el rey epirota Pirro (282-270 a. C.), al de la Italia meridional.

Las causas de esta guerra de conquista no residían en una suerte de impulso irracional de los romanos a la expansión, sino en la necesidad de resolver los problemas internos de su sociedad a base de extender su esfera de dominación. Por lo demás, también la presión de los samnitas y sus aliados del interior montañoso italiano hacia la región costera, y en parte muy feraz, situada entre Roma y Nápoles, hecho que iba en contra de los intereses romanos, tenía parecidas razones: las consecuencias de la superpoblación fueron aún más catastróficas para estos pueblos de pastores que para el estado agrário romano[34]. Asimismo, los asombrosos éxitos de la política exterior de la República en tan poco tiempo resultan sólo plenamente explicables si los situamos en su debido contexto histórico-social: no eran éstos únicamente imputables a las cualidades militares y diplomáticas de los generales y políticos romanos, sino también a la superioridad de la sociedad romana sobre el orden social de la mayoría de los pueblos y tribus de Italia. Contrariamente a las atrasadas tribus montañosas de la Italia central, el ejército romano podía apoyarse siempre, aparte de la propia Roma, en centros urbanos que funcionaban como reserva de tropas y armamento; se trataba, desde la fundación de la colonia de Ostia hacia mediados del siglo IV a. C., de todo un rosario de colonias de ciudadanos, tales como Antium, Terracina, Minturnae, Sinuessa, Castrum Novum, Sena Gallicia (fundadas todas del 338 al 283), emplazadas a lo largo de las costas itálicas; frente a los ejércitos etruscos, compuestos por los nobles y sus vasallos armados, se alzaba una milicia de ciudadanos con una conciencia de sí misma completamente diferente. A la vez, con la concesión del derecho de ciudadanía, Roma abrió a las distintas tribus y pueblos de Italia la posibilidad de entrar a formar parte de su sistema socio-político. A partir del momento en que Italia quedó finalmente unificada bajo el dominio romano, hecho consumado en vísperas de la primera guerra púnica, la península apenina quedó constituida como una red de comunidades de diferente condición jurídica bajo la soberanía romana: junto a los «aliados», titulares de una soberanía nominal (socii), había «comunidades de ciudadanos a medias», con ciudadanía romana, pero sin el derecho a participar en las elecciones de los magistrados romanos (civitates sine suffragio); otras comunidades constituidas por una población local con ciudadanía romana y autonomía municipal (municipia), y, finalmente, las colonias romanas (coloniae civium Romanorum). La concesión tan generosa del derecho de ciudadanía romana en sus diferentes modalidades no sólo fue una jugada diplomática, también sentó las bases para el acrecentamiento del manpower (potencial humano) romano y, con ello, para la unificación de la península en un mismo marco estatal[35].

Merced a la legislación reformadora y como consecuencia de la extensión del dominio romano en Italia tuvo lugar un profundo cambio en la estructura de la sociedad romana, aproximadamente en los cinco años que transcurren desde las leyes licinio-sextias hasta el estallido de la segunda guerra púnica. Las reformas promovieron una nueva forma de diferenciación social Los vínculos gentilicios, que habían servido de base a las estructuras arcaicas, fueron aún mantenidos durante siglos por el siempre vivo sistema de clientelas y por los cultos privados, teniendo su gran influencia en las relaciones entre los particulares y los grupos, pero dejaron ya de funcionar como principio determinante de división de la sociedad. El origen patricio que evidentemente retuvo su significación social durante toda la historia de Roma, no era ya desde hacía tiempo el criterio decisivo a la hora de establecer la posición rectora del individuo dentro de la sociedad. La posición especial de la nobleza de sangre patricia fue preservada institucionalmente en la titulación y la indumentaria, así como en la reserva de unos cuantos cargos sacerdotales, pero la diferenciación entre patricios y no patricios dejó de ser el fundamento del orden social. El sistema simple de los dos órdenes de patres y plebs se vio sustituido por un nuevo modelo de sociedad. La nueva capa alta se componía, de los descendientes, de la vieja nobleza de sangre y de las familias plebeyas dirigentes, unidos entre sí mediante estrechos lazos familiares. Los componentes de este estrato superior debían su posición rectora a sus funciones de mando, que ejercían como magistrados y miembros del senado —y ello gracias a su propiedad y fortuna, que les posibilitaban precisamente el revestimiento de tales funciones de mando, con el consiguiente prestigio personal que tocaba a cada uno de ellos. Por debajo de esta capa alta, que se dividía en una cúspide rectora de ex-magistrados patricios y plebeyos y en un grupo más extenso de senadores «corrientes», ya no se extendía una masa poco diferenciada de gentes más pobres o totalmente pobres, sino diferentes capas de población articuladas en función de la cuantía y naturaleza de su patrimonio: había campesinos ricos, que obtuvieron tierras en los territorios conquistados, pequeños artesanos y mercaderes, agricultores modestos y jornaleros con mayor dependencia de los grandes hacendados —como clientes suyos, por ejemplo—, también libertos, desempeñando predominantemente profesiones urbanas, y esclavos, que ya no se incorporaban automáticamente, como antes, al círculo patriarcal de la familia. Este modelo entrañaba la disolución de la estructura social arcaica e implicaba también que las tensiones del nuevo orden social no podían circunscribirse ya al simple conflicto entre nobleza y pueblo, y ello menos aún desde el momento en que los elementos de conflicto —los económicos, en parte, y los políticos, prácticamente del todo— habían quedado orillados. Pese a la persistente oposición entre pobres y ricos, pudo comenzar una pausa de relativa calma, en la que paulatinamente irían madurando nuevos y graves conflictos.

También fueron evidentes las consecuencias de las guerras de conquista para la sociedad romana. El común interés en la expansión obligó a los grupos sociales enfrentados a llegar a un compromiso, y los resultados de aquélla hicieron posible la solución de los problemas sociales a costa de terceros, esto es, pudieron atenuar las tensiones sociales e hicieron innecesario un cambio violento del sistema de poder, que amenazaba con serlo antes de la promulgación de las leyes licinio-sextias. Los desposeídos de tierras obtuvieron un patrimonio en bienes raíces en las áreas conquistadas, en los alrededores de Roma y en el territorio de las colonias romanas y latinas de reciente fundación. Al mismo tiempo, el modelo de sociedad romano, concentrado hasta ahora en Roma y sus aledaños, trascendió el marco de la ciudad- estado por obra de la expansión, la colonización y la concesión del derecho de ciudadanía, y fue trasplantado a un sistema estatal en el que coexistían muchos otros centros urbanos con territorios propios; paralelamente, este nuevo estado vio incorporar a sí sistemas locales de sociedad muy variopintos, como poleis griegas en el sur, florecientes centros agrícolas en Campania pueblos de pastores y ganaderos en las montañas y comunidades urbanas con sus peculiares estructuras en Etruria.

El orden social romano en el siglo III a. C.

El desenlace de la lucha entre los órdenes y la extensión del poder de la ciudad del Tíber a la península itálica determinaron claramente el camino que la sociedad romana seguiría en su evolución posterior. Tres fueron los factores condicionantes de la división de la sociedad romana y de las mutuas relaciones entre sus distintas capas derivadas del cambio que advino en la historia de Roma durante el siglo transcurrido entre las leyes licinio-sextias y la primera guerra púnica. Tanto el desarrollo interno del cuerpo cívico romano como la victoriosa expansión condujeron a que en la estructura económica del estado romano, y, por consiguiente, también en su estructura social, se introdujese una diferenciación más pronunciada que antes. Además, como consecuencia de la expansión el orden social de Roma en esta centuria dejó de descansar sobre el vecindario numéricamente insignificante de una sola comunidad urbana, para imponerse a una población cifrada en varios millones y reunir así a grupos sociales en principio muy heterogéneos. Finalmente, fue inevitable que los distintos grupos sociales quedasen aglutinados en un orden social aristocrático: el triunfo político de los dirigentes plebeyos no había acarreado la democratización del ordenamiento de la sociedad, como en Atenas a partir de Clístenes, sino la formación de una nueva nobleza con un poder más firme. Dados estos presupuestos, la Roma del siglo III a. C. vio cristalizar un sistema social aristocrático peculiar, cuya evolución no hizo sino acelerarse con la victoria romana en la primera guerra púnica (264-241) y que sólo a raíz de las transformaciones acaecidas durante la segunda guerra púnica (218-201) tomó en parte un rumbo nuevo[36].

Considerada desde la perspectiva de su estructura económica, Roma era todavía en el siglo IV a. C. un estado agrario, en el que la inmensa mayoría de la población vivía del cultivo de la tierra y del pastoreo y en el cual la propiedad del suelo constituía la fuente prin cipal y al mismo tiempo el distintivo más importante de riqueza. Artesanía y comercio tenían sólo un papel limitado; en el comercio eran aún empleados medios de trueque arcaicos (ganado, además de barras y planchas de cobre bruto valoradas a peso), en lugar de dinero acuñado; artesanos y mercaderes sólo podían constituir un grupo proporcionalmente reducido en el seno de la plebe. La importancia primaria de la producción agraria es una constante mantenida a lo largo de toda la Antigüedad e incluso hasta la revolución industrial de la época moderna. Empero, para el desarrollo romano tuvo ciertamente una gran relevancia el que la artesanía, el comercio y también la economía monetaria conquistasen un rango considerable en la economía y condujesen al fortalecimiento de los grupos sociales activos en estos sectores. Esta diversificación de la vida económica se vio particularmente acelerada por el hecho de que Roma se convirtió asimismo en un poder naval a raíz de sus enormes esfuerzos en tal sentido durante la primera guerra púnica, circunstancia que, añadida a la conquista de Sicilia en el 241 a. C. y a las de Cerdeña y Córcega en el 237 a. C., y más aún, con la organización de estas islas en el 227 a. C. como las primeras provincias romanas en el Mediterráneo occidental, activó de forma inevitable su expansión económica. El signo más claro de ese cambio en la estructura de la economía romana fue la introducción de la acuñación regular de moneda ya en el 269 a. C., en vísperas de la primera guerra púnica. Esto tuvo igualmente consecuencias para el establecimiento del criterio de valoración según el cual sería definida la posición social del individuo: la adscripción de los ciudadanos a cada una de las clases de censo, fijadas en su día en la llamada constitución serviana, pudo ser regulada de acuerdo con una calificación económica que expresaba en sumas monetarias la cuantía de la fortuna mínima para cada una de las clases[37].

Inevitable fue también una más acusada diversificación de la sociedad romana como consecuencia del hecho de que su ordenamiento social en el siglo III a. C. descansaba ya sobre el conjunto de la población de la península itálica; la población era muy heterogénea, tanto étnica como social y culturalmente, y ya sólo por sus efectivos numéricos excluía toda posibilidad de división propia de un orden social simple y arcaico. Según las listas del censo correspondientes al siglo III a. C., cuyos datos podrían indicarnos al menos la cuantía aproximada de los cives Romani, el número de los ciudadanos romanos adultos ascendía en el año 276 a. C. a 271.224 y en el 265 había crecido a 292.234; tras un retroceso demográfico debido a las pérdidas ocasionadas por la primera guerra púnica, con al parecer sólo 241.712 ciudadanos en el año 247, las cifras del cuerpo cívico debieron recuperarse otra vez, hasta llegar a los 270.713 en el 234 (Liv., Epit. 14-20). Ateniéndonos a los datos recogidos por Polibio (2, 24,3 s.) sobre la población de Italia movilizable para la guerra en el 225 a. C., cabría evaluar, según P. A. Brunt, en unos 3.000.000 el número total de habitantes libres de la península (excluida la Italia superior), a los que habría que añadir todavía 2.000.000 de esclavos[38]. Aun cuando esta valoración es sólo aproximada y, al menos en lo que se refiere a los no libres, parte ciertamente de una cifra alta en exceso, nos hace patente en cualquier caso que la sociedad romana del siglo III a. C. tuvo que proseguir su desarrollo en condiciones muy diferentes, condiciones en las que el modelo social primitivo y simple de nobleza-pueblo sería inconcebible.

Esta población diversificada se vio aglutinada en un orden social aristocrático. Si en Roma surgieron de la lucha entre los órdenes una nueva aristocracia y un ordenamiento social dominado por ésta, y si el dominio de la nobleza sobre el estado no fue sustituido por un sistema democrático de sociedad, ello no fue en absoluto debido simplemente al talante conservador del cuerpo cívico romano, compuesto en gran medida por propietarios rurales y campesinos; dicha evolución se derivaba de la naturaleza del enfrentamiento entre patricios y plebeyos. La victoria política de la plebe no había sido otra cosa que el triunfo de aquellos grupos plebeyos dirigentes que ya desde el siglo V a. C. aspiraban a verse integrados en la capa rectora y que nunca se habían empeñado en echar abajo el dominio de la nobleza, sino en participar en él. Al igualarse en derechos con los patricios en el lapso de tiempo entre la legislación licinio-sextia y la ley Hortensia, los objetivos políticos de estos grupos fueron definitivamente alcanzados; una organización de la sociedad en la que también las masas inferiores del campesinado debieran recibir poderes ilimitados, nunca entró en los planes políticos de los dirigentes plebeyos. Paralelamente, en cambio, para la gran masa de plebeyos pobres la equiparación política había constituido una meta de su lucha sólo en la medida en que por esta vía creía ver cumplida su más importante demanda, a saber, la de participar equitativamente en el disfrute de la tierra estatal; una vez que con las leyes licinio-sextias y la conquista de Italia fue provista de tierras, sus problemas se consideraron ampliamente resueltos. Por otra parte, el sistema clientelar no sólo permaneció intacto tras la constitución de una nueva capa superior, sino que aún cobró nueva vida merced a los lazos anudados entre grupos inferiores de la población y las familias plebeyas encumbradas; en el marco de este sistema, que garantizaba siempre a las familias ricas y poderosas una especial influencia y una base de apoyo gracias a las relaciones personales con sus partidas de clientes, era imposible que cuajase una democratización como en Atenas. Por consiguiente, también la sociedad romana del siglo III —al igual que la de toda su historia posterior— siguió estando encuadrada en un orden aristocrático.

Dadas estas condiciones, la estructura de la sociedad romana del siglo III a. C. quedó marcada por una estratificación diferente a la de antes y consecuentemente también por unas nuevas relaciones entre cada uno de sus estratos. La división de la sociedad descansaba en un complicado juego de criterios de valoración, en el que influían los privilegios de sangre (descendencia), aunque también la capacidad personal, la propiedad fundiaria y el dinero, el ascendiente político por pertenecer al senado y más concretamente por tener acceso a las magistraturas, amén del status jurídico del individuo en función del disfrute o no del derecho de ciudadanía y de libertad Personal, la actividad en la producción agraria o en otros sectores de la economía, y finalmente tenían también un papel que jugar las relaciones que cada una de las comunidades itálicas mantenía con Roma. En correspondencia con este sistema de división había una serie de estratos sociales que iban desde la aristocracia senatorial hasta los esclavos y que en absoluto eran homogéneos en sí mismos. Aunque la plebe como institución fue preservada oficialmente, sólo la aristocracia senatorial recién formada, con sus privilegios y su elevado concepto de sí misma, poseía algunos de los caracteres de un estamento, aunque ciertamente sin cerrarse a los escalones inferiores; pero, paralelamente a esto, se habían sentado ya las bases para que cristalizase una élite no sólo interesada en la posesión de tierras, sino también, y cada vez más, en el enriquecimiento a través de la industria, el comercio y la economía monetaria. Las tensiones sociales entre las distintas capas se situaban en zonas distintas a las de antes: en lugar del conflicto entre patricios y plebeyos se desarrollaron ahora nuevas contradicciones sociales, así entre el estrato dominante y los grupos proletarios que se iban formando sin cesar en la ciudad de Roma, entre los romanos y sus aliados frecuentemente sometidos, entre amos y esclavos. Estas contradicciones, sin embargo, difícilmente podían conducir a serios conflictos internos, ya que o bien se resolvían por medios pacíficos, o bien eran controladas por el férreo poder de quienes imperaban en Roma. El poder político de esta capa dominante era en suma el factor más importante que aglutinaba a los diversos grupos de la sociedad, hecho en buena parte explicable si tenemos en cuenta que aquélla tenía en las masas de campesinos provistos de tierras a un seguro aliado, como se pondría perfectamente de manifiesto durante las guerras contra Cartago.

Hasta qué punto seguía conservando su carácter aristocrático la sociedad romana aun después de la terminación de la lucha entre los órdenes, lo prueba mejor que nada el hecho de que la nobleza dominante senatorial comprendía solamente una minúscula parte del cuerpo ciudadano: el número de los senadores, y por tanto el de los miembros adultos de la aristocracia senatorial, ascendía por lo general a unos 300 solamente. Pero incluso en el seno de esta aristocracia había un grupo de cabeza numéricamente aún más reducido, la nobilitas, que gozaba del máximo prestigio, de una influencia política determinante, y que se sabía con gran orgullo detentadora de esa posición dirigente; se tenían por viri nobiles —sin que el concepto como tal se hubiera aún formalizado— a los senadores dirigentes, que eran por lo general los titulares del consulado, el cargo supremo del estado, junto con sus descendientes. En el transcurso del siglo III a. C. estas personas integraban alrededor de unas 20 familias nobles patricias y plebeyas, amén de unos cuantos individuos de elevación reciente, quienes a su vez introducían a otras familias en el círculo de la alta nobleza. Las familias más viejas, aquellas que contrariamente a muchos linajes patricios extinguidos en el siglo IV a. C. todavía desempeñaron por mucho tiempo un importante papel en la historia de Roma, eran los Fabii, de siempre la estirpe de más abolengo entre la nobleza romana, los Aemilii y Cornelii, además de los Claudii y Valerii, de origen sabino. Un representante típico de este círculo en tiempos de la segunda guerra púnica era Quinto Fabio Máximo Verrucoso, el «Cunctator», censor, cinco veces cónsul, dos veces dictador, perfectamente consciente del abolengo y tradición de su linaje, cuyo origen hacía él remontar a Hércules, pero al mismo tiempo hombre no carente de sensibilidad frente a las nuevas corrientes espirituales (Prut., Fabius 1,1 s.).

Junto a estos linajes patricios había asimismo otros plebeyos que a partir de las leyes licinio-sextias venían suministrando también cónsules. En la segunda mitad del siglo IV a. C. estaban ya en condiciones de poner en juego hombres del mayor relieve en el estado romano, como un Quinto Publilio Filón, cuatro veces cónsul y padre espiritual de la lex Publilia. También en el siglo III muchos de ellos entraron en la historia, como Marco Atilio Régulo, el dos veces cónsul y general en la primera guerra púnica. Una tajante separación entre familias patricias y plebeyas no la volvió a haber ya más; determinadas familias rectoras, como, por ejemplo, los Veturii, contaban tanto con una rama patricia como con otra plebeya, mientras que la mayoría de las grandes casas estaban emparentadas entre sí, caso, v. gr., de los Fabios con diversas familias plebeyas. Al mismo tiempo, a partir de los últimos decenios del siglo IV a. C. también las primeras familias de las distintas ciudades romanas y latinas de Italia fueron aceptadas en la nobleza senatorial de Roma, como los Plautii de Tibur, los Mamilii, Fulvii y Coruncanii de Tusculum, los Atilii de Cales, los Otacilii de Beneventum o los Ogulnii de Etruria; las capas superiores de las comunidades aliadas mantenían a su vez estrechas relaciones con la aristocracia romana, caso de los nobles de Capua emparentados con los romanos (Liv. 23,4,7) [39].

La aristocracia senatorial, con la nobilitas como su élite rectora, se hallaba separada de las restantes capas de la sociedad romana por sus privilegios, actividades, posesiones y fortuna, su prestigio y su conciencia de grupo. Con ello evidenciaba al menos ciertos principios de constitución estamental, si bien no reivindicando todavía exclusivismo alguno. Dejaba la posibilidad abierta a que los descendientes más capaces de las familias no senatoriales fuesen admitidos en su círculo, los cuales tenían también la oportunidad de alcanzar como «hombres nuevos» incluso el cargo más elevado del estado, el consulado. Un homo novus así era Cayo Flaminio, que entre las dos guerras púnicas impuso nuevas medidas en beneficio del campesinado y que por sus concepciones políticas y religiosas entró a menudo en conflicto con sus iguales de orden. Pero la mayoría de la aristocracia se componía de los descendientes de aquellas familias senatoriales que en la segunda mitad del siglo IV a. C., o bien podían jactarse ya de un largo pasado, o bien pudieron constituirse entonces en el marco de la integración de los plebeyos dirigentes en la nobleza; por su parte, los pocos homines novi adoptaban por lo general con toda rapidez y seriedad las concepciones conservadoras de esa nobleza. Marco Porcio Catón (234-149), hijo de un caballero de Tusculum, quasi exemplar adindustriam virtutemque, era, según Cicerón (De re p. 1,1), el mejor ejemplo de ello.

La posición rectora de la aristocracia en la sociedad era consecuencia de su papel determinante en la vida política: eran ellos quienes suministraban los magistrados[40], de ellos se componía el senado y con su influencia, sobre todo mediante sus clientes, dominaban la asamblea popular. La forma establecida de revestir los cargos públicos, que se tradujo en la constitución de una carrera político-administrativa reglamentada desde los puestos inferiores hasta la censura y el consulado (cursus honorum), hizo que el acceso a las magistraturas se convirtiese en un privilegio de la nobleza: únicamente sus integrantes disponían de la riqueza necesaria para presentarse a un cargo con el aparato de propaganda electoral requerido en tales casos; disponían de masas de clientes, con cuyos votos podían contar en las elecciones; sólo ellos eran económicamente tan independientes como para permitirse el lujo de revestir cargos no retribuidos y con ciertas obligaciones financieras; y, sobre todo, sólo ellos, criados e instruidos en las tradiciones de las familias dirigentes, poseían la adecuada formación política. Dada su experiencia adquirida en el ejercicio de las magistraturas, constituían luego en el senado el círculo de políticos profesionales más competente a la hora de tomar las decisiones importantes. Estos hombres disfrutaban, por consiguiente, de un gran prestigio y podían influir en la opinión pública de amplias capas de la ciudadanía.

El dominio de la aristocracia quedó institucionalmente asegurado frente a las masas populares y, en particular, frente a la asamblea popular. Es cierto que Polibio, un ferviente admirador de la constitución de la república romana, opinaba que la fuerza de los romanos residía en una saludable combinación de formas de poder monárquico, aristocrático y democrático en un sistema de magistraturas, senado y asamblea popular (6, 11,11 s.), pero en realidad era la aristocracia la que dominaba en Roma. Sólo los magistrados, esto es, los miembros de la nobleza, podían convocar a la asamblea popular, y únicamente a éstos correspondía asimismo el derecho de presentar en ella cualquier propuesta. Por otra parte, los comicios populares no eran demasiado concurridos, ya que los ciudadanos que vivían lejos de Roma sólo ocasionalmente se acercaban a la urbe; la celebración de las asambleas en los días de mercado, en los que verdaderas masas de la población campesina afluían a Roma, quedó prohibida en interés de la nobleza. Paralelamente, todas las formas de los comicios populares aparecidas hasta ahora fueron conservadas, y,

puesto que los votos eran emitidos por centurias y por tribus, todas las posibilidades de manipulación que cabían en el ordenamiento centuriado y tribal fueron utilizadas en adelante en perjuicio de las masas, ya que las fuerzas numéricas y la composición de cada una de las tribus y centurias no estaban representadas justa y proporcionalmente en el momento de las votaciones. Además, cualquiera de los diez tribunos de la plebe ahora existentes, que como todos los magistrados pertenecían a la nobleza, podía bloquear con su veto cualquier acto oficial lesivo a los intereses de la aristocracia. Finalmente, era de gran importancia el hecho de que grandes masas de la población estuviesen ligadas a las familias nobles en virtud de pactos de patronato y clientela, y ciertamente no sólo sus parientes pobres, los vecinos o libertos, sino también últimamente comunidades enteras de la península itálica[41]. Evidentemente, en este sistema era también importante el que la aristocracia controlase a sus propios grupos para impedir que los linajes nobiliares particulares lograsen apoyándose en sus partidarios y clientes una posición de poder de tipo monárquico semejante, v. gr., a la de Grecia con la tiranía: tal cosa, al margen ya de la limitación del poder de los magistrados en virtud del principio de la anualidad y colegialidad, era posible por el hecho de que los distintos linajes nobiliares, que a menudo perseguían objetivos políticos contrapuestos, mantenían en equilibrio la balanza y tampoco estaban siempre del todo unidos internamente[42].

Sin embargo, no eran sólo el poder político y las manipulaciones en favor de la nobleza senatorial, lo que hacía posible que la sociedad romana se mantuviese aglutinada por el dominio de la aristocracia. La nobleza senatorial con sus tradiciones imprimía su sello en la conciencia de identidad del pueblo romano, inculcando al menos a las capas libres del cuerpo ciudadano la idea de que el estado era sostenido por la sociedad entera —la res publica como una res populi (Cic, De re p. 1,39). La base espiritual de esta idea del estado era la religión. Polibio lo pondría bien claramente de relieve: «Pero la diferencia positiva mayor que tiene la constitución romana es, a mi juicio, la de las convicciones religiosas. Y me parece también que ha sostenido a Roma una cosa que entre los demás pueblos ha sido objeto de mofa: un temor casi supersticioso a los dioses. Entre los romanos este elemento está presente hasta tal punto y con tanto dramatismo, en la vida privada y en los asuntos públicos de la ciudad, que es ya imposible ir más allá» (6, 56,6 s.). Pero era la aristocracia la que decidía qué constituía el contenido de esa religio, de la correcta relación con los dioses: sus miembros suministraban los sacerdotes del estado, que estaban llamados a escrutar los deseos de la divinidad y a fijar los preceptos religiosos. Las pautas de comportamiento de los individuos en la sociedad inspiradas en esa religiosidad se basaban asimismo en la tradición de las familias nobiliares. La medida de la corrección en el pensar y en el obrar no era otra cosa que el mos maiorum, el modo de conducirse los antepasados, puesto de manifiesto en todas sus gestas; la memoria colectiva de esos hechos y su imitación eran la garantía de continuidad de la idea del estado. Moribus antiquis res stat Romana virisque, escribía el poeta Ennio (en Cic, De re p. 5,1), un contemporáneo más viejo que Polibio, y este último lo formulaba con no menos claridad: «Así se renueva siempre la fama de los hombres óptimos por su valor, se inmortaliza la de los que realizaron nobles hazañas, el pueblo no la olvida y se transmite a las generaciones futuras la gloria de los bienhechores de la patria. Y lo que es más importante, esto empuja a los jóvenes a soportar cualquier cosa en el servicio del estado para alcanzar la fama que obtienen los hombres valerosos» (6, 54,2-3). Mas también el modo de actuar reflejado en tales hechos no era otro que el modo de pensar y actuar de los senadores: los hombres que habían realizado los hechos gloriosos del pasado, políticos, generales y sacerdotes, eran sus mayores, y su gloria aseguraba también el prestigio de sus descendientes.

La posición rectora aquí descrita de la nobleza senatorial habría sido inconcebible sin la base económica en que reposaba el predominio de la aristocracia. Esta base era como siempre la propiedad de la tierra: aun cuando por las leyes licinio-sextias quedó abolida la constitución de grandes fincas, la nobleza senatorial representaba todavía la capa de los grandes propietarios más ricos dentro de la sociedad romana. La extensión de la dominación romana a Italia y, sobre todo, la expansión romana en la cuenca occidental del Mediterráneo a partir de la primera guerra púnica habían abierto a los senadores la atrayente posibilidad de extraer ganancias hasta ahora desconocidas del comercio, la actividad empresarial y la economía monetaria, y sin duda hubo también grupos senatoriales influyentes que estaban dispuestos a seguir ese camino, el cual habría podido conducir a una completa alteración de la estructura económica y social romana. En el año 218, sin embargo, una lex Claudia, a la que entre los senadores al parecer sólo prestó su apoyo la voz discrepante de Cayo Flaminio (Liv. 21, 63,3 s.), frenó este proceso: a los senadores y a sus descendientes les fue vedado poseer barcos mercantes con capacidad para más de 300 ánforas, pues ésta parecía suficiente para el transporte de sus productos agrarios; la supuesta justificación de la ley sería la de que el negocio se tenía por algo indigno de los senadores romanos (quaestus omnis patribus indecorus visus). Ahora bien, resulta a todas luces inconcebible que una asamblea popular romana hubiese podido imponer una resolución tan absolutamente en contra de los intereses de la nobleza dominante. Antes bien, debieron de ser los propios círculos decisorios de la nobleza los que vieron que la garantía de continuidad de la forma de dominación aristocrática estaba en que la capa rectora continuase siendo como siempre una nobleza de la tierra: un estrato superior así configurado tenía menos necesidad de arriesgar económicamente, mantenía intactos los lazos que la población campesina había anudado con los detentadores del poder y estaba menos expuesta a las influencias externas que una capa dirigente que se hubiese compuesto de mercaderes y hombres de negocios (cf. Cato, Agr. praef. 1 s.).

En cualquier caso, el número de los comerciantes y artesanos, así como la importancia social de tales grupos de la sociedad romana, se acrecentaron a lo largo del siglo III, si bien en lo tocante a su prestigio social, como sucederá siempre en la historia romana, éstos quedaron muy por debajo de la aristocracia senatorial. Las guerras contra Cartago aceleraron considerablemente la consolidación de un amplio estrato de artesanos y hombres de comercio. Como Polibio nos informa, Roma no poseía todavía a comienzos de la primera guerra púnica absolutamente ningún barco de guerra, y fue a partir de ese momento que fomentó por primera vez el trabajo artesanal necesario para la construcción naval (1, 20,10 s.); en el año 255 a. C. conseguía tener listos en tres meses 220 barcos (1, 38,6), lo que sólo era posible con la existencia de una capa especializada de artesanos (en parte de origen extranjero) numéricamente elevada. Por otra parte, en esta guerra se desplazaron también a África artesanos itálicos en apoyo de las tropas romanas (Polib. 1, 83,7 s.), y poco después de la primera guerra púnica comerciantes itálicos reaparecían bajo la protección de Roma también en el Adriático (ibid. 2,8,1 s.). En la segunda guerra púnica mercaderes romanos acompañaron a las tropas no sólo para su aprovisionamiento, sino también para comprarles el botín de guerra (Polib. 14,7, 2 s.) y hacer así grandes ganancias. Por aquel entonces había ya en Roma ricos empresarios que podían acudir en ayuda del estado con grandes créditos para el armamento y las obras de construcción (Liv. 23,49, 1 s. y 24, 18,10). Se abrió así paso a un proceso de desarrollo que en el siglo II a. C. condujo al nacimiento de una capa social muy importante de empresarios acaudalados, hombres de comercio y banqueros, y que de esta forma contribuyó al nacimiento del orden ecuestre[43].

La gran mayoría de la sociedad romana se componía de campesinos, cuya división social incluía desde los propietarios acaudalados en las proximidades de las nuevas colonias romanas y latinas hasta los trabajadores agrícolas y clientes bajo una fuerte dependencia personal de la nobleza. Gracias a la prosecución de la colonización romana también en tiempos de las guerras púnicas, los más pobres de ellos y las masas proletarias de la ciudad de Roma pudieron ser provistas en su mayor parte de campos de cultivo. Este desarrollo fortaleció sobremanera a las capas altas y medias del campesinado, fuertemente marcadas ya por la primera colonización, y que constituían los apoyos más importantes de aquel sistema social y político dominado por la aristocracia; ellas garantizaban la dominación romana en las regiones conquistadas y jugaban el papel decisivo en el ejército romano. En correspondencia con esto la nobleza les haría algunas concesiones políticas y militares, a fin de asegurar su comunidad de intereses. La aparición en el año 241 a. C. de las últimas tribus romanas de nueva creación[44] provocó un fortalecimiento numérico y un afianzamiento económico adicional de estos estratos campesinos, semejantes a los procurados por la fundación de nuevas colonias, en particular la colonización del ager Galhcus en los alrededores de Sena Gallica, llevada adelante en el 232 a. C. por Cayo Flaminio frente a la oposición de los grupos conservadores de la nobleza[45] (Polib. 2,21,7 s.; según él, esta reforma era el primer resquebrajamiento en la estructura a su juicio equilibrada del sistema social romano). La consecuencia política del fortalecimiento económico y social de estas capas campesinas fue la reforma de la asamblea popular en Roma en el 241 a. C. o poco más tarde: el ordenamiento tribal y el centuriado se vieron entrelazados en un complicado sistema, y las modalidades de votación quedaron de tal manera establecidas que el sufragio del campesinado rico consiguió más peso que antes. Sus victorias en la primera y en la segunda guerra púnica las debía Roma especialmente a este campesinado, aunque sus catastróficas pérdidas humanas, sobre todo en la segunda contienda contra Cartago, tuvieron graves consecuencias para la evolución ulterior de la sociedad romana.

Considerado desde el punto de vista jurídico, el status de los libertos en la sociedad romana de tiempos de las guerras púnicas era más decaído que el de los campesinos libres, pero su número e importancia se incrementaron en Roma y en las restantes ciudades, como también en el campo. Las familias dirigentes de Roma, que gustaban de comparecer en la asamblea popular al frente de sus masas de seguidores para defender en ella sus intereses políticos, daban la libertad a gran número de esclavos; éstos, viéndose en posesión de la ciudadanía romana en virtud de la manumisión, apoyaban en los comicios los objetivos políticos de sus patroni, a más de serles de gran utilidad con sus prestaciones económicas y personales. Aunque ya al parecer en el 357 a. C. fue fijado un impuesto del 5 por 100 del valor de un esclavo en la manumisión (Liv. 7, 16,7), el número de libertos ascendió marcadamente en el curso del siglo III a. C.; la frecuencia de las liberaciones se puede calibrar si pensamos que hacia el año 209 a. C. los ingresos del estado romano en tasas de manumisión ascendían a casi 4.000 libras de oro (Liv. 27, 10,11 s.)[46].

Tras la desintegración del orden social arcaico la posición más baja en la sociedad romana hasta el Alto Imperio correspondió a los esclavos. La importancia de la esclavitud se acrecentó en el curso de la evolución económica y social de Roma a partir del siglo IV a. C. Sobre todo en las fincas de los hacendados rurales, aunque también en las de los campesinos más ricos, los esclavos podían ser empleados como fuerza de trabajo. Había también más posibilidades que antes de adquirir esclavos. Las formas arcaicas de obtención de esclavos, tan gravosas para la comunidad romana, fueron abolidas: la esclavización de los niños de ciudadanos libres no se hizo ya necesaria a partir del momento en que el campesinado fue provisto de tierras y la esclavitud por deudas quedó oficialmente prohibida en el 326 a. C. En su lugar aumentó la importancia del comercio de esclavos con otros pueblos y estados, intercambio al que ya en el 348 a. C. el segundo tratado entre Roma y Cartago prestaba atención, pues en él se prohibía vender como esclavos a los aliados de ambas partes contratantes en sus respectivas esferas de influencia (Polib. 3,24,6 s.). Pero, fueron sobre todo las continuas guerras, primero con los pueblos de Italia y luego con Cartago y sus aliados, las que posibilitaron a Roma aumentar sus existencias de esclavos a base de reducir a la esclavitud a los prisioneros de guerra. El año 307 a. C. vio al parecer vender como esclavos de un solo golpe a unos 7.000 aliados de los samnitas (Liv. 9,42,8); en el 262 a. C. llegaron al mercado de esclavos más de 25.000 habitantes de Agrigento y en el 254 a. C. 13.000 prisioneros hechos en Panormo (Diod. 23,9,11 y 18,5). En la segunda guerra púnica las esclavizaciones en masa fueron hechos habituales y dieron paso a aquella época en la que la esclavitud alcanzó la cota máxima de importancia. Pero con anterioridad a la segunda guerra púnica la sociedad romana se hallaba lejos todavía de asentar fuertemente su producción económica sobre la base del trabajo esclavo; también entonces se mantenían aún intactas en parte las formas patriarcales de esclavitud. Con frecuencia los esclavos de guerra no eran esclavizados, sino liberados a cambio de un rescate en dinero, como, por ejemplo, en el 254 a. C. la mayoría de los habitantes de Panormo; incluso romanos ricos no disponían necesariamente en aquellos tiempos de masas de esclavos, como lo atestigua el caso del general Marco Atilio Régulo, de quien se nos dice que sólo tenía a su disposición a un esclavo y a un trabajador a sueldo (Val. Max. 4, 4,6). No es sino a partir de la época de la segunda guerra púnica que aparecen noticias sobre el empleo en masa de esclavos en la economía, y así los vemos en la manufactura (Polib. 10,17,9 s.).

En consonancia con esta importancia relativamente escasa de la esclavitud tampoco sobrevino en Roma ningún gran movimiento de esclavos durante el siglo III a. C. En el año 259 a. C. parece efectivamente que 3.000 esclavos se juramentaron con 4.000 soldados aliados de la flota (navales socii) contra el estado romano; la acción de estos insurrectos, que eran probablemente en su mayoría prisioneros de guerra de las regiones montañosas de la Italia central, privados hacía poco tiempo de libertad, ha de entenderse más bien como un movimiento de enemigos vencidos atípico en la estructura social de la Roma del entonces. De forma parecida habría quizá que enjuiciar una conjuración de 25 esclavos en Roma durante el año 217 a. C., a instigación presuntamente de un agente cartaginés; el escaso número de implicados nos muestra ya que este movimiento carecía de importancia[47]. Una acción tan temeraria por parte de los esclavos como la acaecida en Volsinii, aliada de Roma, habría sido aquí algo absolutamente inimaginable: la nobleza etrusca de aquella ciudad había concedido la libertad a sus esclavos en el 280 a. C. y transferido a éstos el poder, pero luego se sintió maltratada por sus nuevos señores y pidió ayuda a Roma, que sólo en el 264 a. C. consiguió restablecerla en sus antiguos derechos tras una sangrienta guerra[48]; una evolución semejante de los acontecimientos estaba aquí descartada tanto por la fuerza del sistema militar romano como por la importancia relativamente escasa de la esclavitud.

Ni los levantamientos de esclavos ni las agitaciones de las capas inferiores de la población en la ciudad y en el campo constituían una amenaza para Roma en el siglo III a. C.; al margen ya de los peligros de la política exterior, la cuestión decisiva era si las comunidades de Italia, muy numerosas y diversamente estructuradas, estaban dispuestas a la larga a aceptar la preponderancia de Roma y a integrarse también junto a los romanos en el cuadro de un orden social más o menos unitario. Cuan difícil de alcanzar era la unidad de Italia, se puso de relieve en la defección de tantos aliados de Roma durante la segunda guerra púnica, incluyéndose entre ellos hasta la ciudad de Capua, estrechamente unida a los linajes dirigentes romanos; incluso después de esta conflagración hicieron falta todavía un largo desarrollo ulterior y un levantamiento de los itálicos contra Roma para que este problema pudiese ser definitivamente resuelto. Pero las posibilidades y vías que tenía Roma de asegurar su dominio sobre Italia mediante la aglutinación de las comunidades itálicas en un orden social más o menos unitario, se habían perfilado ya mucho antes de la segunda guerra púnica: consistían aquéllas en la admisión de las familias rectoras itálicas en la nobleza senatorial, en el cultivo de las relaciones políticas y sociales entre la aristocracia romana y la capa alta de cada una de las comunidades, amén de en la formación de un extendido estrato de campesinos animado de sentimientos prorromanos en amplias regiones de Italia merced a la colonización. Además, el episodio de Volsinii ponía claramente de manifiesto que el poderío de Roma podía ser plenamente compatible con los intereses de la capa alta de las distintas colectividades etruscas o itálicas.

En cualquier caso, la aristocracia romana era lo suficientemente fuerte en el siglo III a. C. como para mantener en cohesión tanto a las diferentes capas de la sociedad romana como también a Italia con toda su diversidad política, social y cultural, amén de que el estado romano dominado por ella emergió de sus dos confrontaciones con Cartago como gran potencia vencedora. Con la segunda guerra púnica y con la expansión romana subsiguiente en el Oriente, llevada adelante con vigor, dio comienzo para la sociedad romana una nueva época, que conoció la configuración de un nuevo modelo de sociedad y la aparición de nuevas tensiones sociales. Pero ya durante el siglo III a. C. se prefiguró la dirección en la que había de producirse el cambio: la mayoría de los procesos de desarrollo histórico-social de la República tardía, a saber, la transformación de la nobilitas en una oligarquía, la constitución de un estrato acaudalado de comerciantes, empresarios y banqueros, la decadencia del campesinado itálico, el empleo de las masas de esclavos en la producción económica, la integración, cargada de reveses, de la población itálica en el sistema social romano, estaban preparados por la historia de la sociedad romana de antes y de después de la segunda guerra púnica.

Capítulo 3

Capítulo 3

EL CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL SIGLO II a. C.

Condiciones y caracteres generales

La segunda guerra púnica marca en la historia de Roma el comienzo de un proceso de transformación que en poco tiempo produjo profundos cambios en la estructura del estado y de la sociedad. Roma se había convertido en un imperio mundial, cuya estructura económica y orden social quedaban sometidos a nuevas condiciones y bajo estas nuevas condiciones acusaban una complejidad hasta ahora desconocida. Al mismo tiempo, esta rápida mutación colocó a la ciudad ante una crisis social y política que ya dos generaciones después de la victoria sobre Aníbal iba a provocar el estallido en la sociedad romana de gravísimos e insospechados conflictos.

Las nuevas condiciones se originaban en parte de las repercusiones directas que tuvo para Italia la segunda guerra púnica, consistentes en la decadencia y proletarización del campesinado itálico, en la formación de grandes fincas y en el paso a la utilización masiva de los esclavos en la producción. Ya historiadores antiguos como Plutarco (Ti. Gracchus 8,1 s.) y Apiano (B. civ. 1,32 s.) describieron con gran claridad estas alteraciones, y A. J. Toynbee veía en las heridas que la segunda guerra púnica había abierto en la economía y sociedad romanas la venganza final de Aníbal por los triunfos de la expansión romana[49]. Pero, para el desarrollo económico y social de la República tardía fueron asimismo de la mayor trascendencia las consecuencias de la propia expansión. En los apenas cien años que transcurren desde el estallido de la segunda guerra púnica hasta el brote de los conflictos sociales en la década de los treinta del siglo II a. C., Roma se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo, a la vez que en un imperio mundial[50]. Sus ejércitos acabaron con dos primeras potencias de antaño, Macedonia (en la tercera guerra macedónica, 171-168) y Cartago (en la tercera guerra púnica, 149-146); debilitaron y humillaron al reino seléucida; sometieron a la mayor parte de la Península ibérica y ocuparon Grecia (146). Los territorios conquistados fueron incorporados al estado romano como provincias: la Hispania citerior y la ulterior en el 197, Macedonia en el 148, África en 146 y Asia en el 133 a. C. Las consecuencias de todo ello demostraron ser enormes. El joven imperio englobaba inmensos territorios con una capacidad de producción agraria altamente desarrollada, que posibilitaban la importación de artículos de primera necesidad a Italia y que aquí, por ejemplo, hacían en gran medida superfluo el cultivo de cereales; poseía recursos casi inagotables de materias primas, que, como las minas de plata en Hispania, eran explotadas en su directo beneficio; disponía ahora de cantidades ilimitadas de fuerza de trabajo más barata, concretamente, esos millones de prisioneros de guerra esclavizados y de provinciales carentes de derechos; tenía para sus productos manufacturados un extenso número de mercados, libres de toda concurrencia; en fin, ofrecía a los particulares y a los grupos inmensas posibilidades para la inversión, la actividad empresarial y la economía monetaria. Todos estos nuevos factores en el desarrollo económico conducían necesariamente también a una transformación de la sociedad.

De esta forma, desde la segunda guerra púnica y muy especialmente a partir del inicio de la activa política de expansión en el Mediterráneo oriental, el estado romano conoció la configuración de un nuevo sistema social, cuyos rasgos esenciales se harían ya patentes a mediados del siglo II a. C.[51]. Por su gran complejidad este modelo era profundamente diferente al de la sociedad arcaica romana y se apartaba considerablemente también del paradigma social, relativamente simple aún, que dominaba en la centuria anterior. La posición social del individuo resultaba de la combinación de distintos factores, como el origen, la formación y la actuación política, la posesión de bienes raíces, el dinero, la ambición y la suerte en el aprovechamiento de la coyuntura económica, la actividad en la producción urbana o agraria, la situación jurídica y la adscripción étnica o, al menos, regional, a un grupo de población. La estratificación social era bastante diversificada. El ápice de la sociedad aparecía constituido por la aristocracia senatorial, con sus privilegios en la directiva política por razón de su origen y de una educación y experiencia de gobierno acordes con su rango, y por razón también de la independencia económica que daba la gran propiedad, aunque también los beneficios empresariales. Como una segunda élite se constituyeron los caballeros. Se trataba en su mayor parte, al igual que los senadores, de grandes propietarios ricos; otros eran empresarios, comerciantes y banqueros, a menudo de extracción humilde, que no obstante invertían gustosamente su fortuna en la tierra. En las numerosas comunidades de Italia y las provincias existía la correspondiente capa alta local, compuesta principalmente copropietarios rurales, y que podía variar mucho de una región o de una ciudad a otra en función de su situación jurídica, cualificación económica y nivel cultural. En Italia había gran número de campesinos que gozaban de la ciudadanía romana si bien arrastraban una existencia precaria y muchos de ellos emigraban a las ciudades, especialmente a Roma. Allí dieron lugar a un amplio grupo de proletarios, que se vería aún reforzado con las masas de libertos. Muy desfavorable era asimismo la situación de esa aplastante mayoría de socii itálicos y de población provincial, tanto más cuanto que éstos ni siquiera disponían de la ciudadanía romana, y sobre ellos pesaba la explotación no sólo de sus propios amos, sino también la del estado romano. Con todo, el lugar más bajo en la escala social fue ocupado por las masas de esclavos, que no poseían derechos personales y, sobre todo, que eran brutalmente explotados en el trabajo agrícola y en las minas.

Debido a este acusado y vertiginoso proceso de diferenciación de la sociedad pronto afloraron en su seno toda una serie de graves conflictos, en los cuales los diversos grupos sociales perjudicados y la capa dominante integraban frentes contrapuestos, aunque estos últimos surgieron también entre las distintas facciones de la capa dirigente. Al mismo tiempo, el ya vuelto anacrónico régimen político y la tradición espiritual de la sociedad romana, también superada, se mostraron en este trance incapaces de aglutinar en un sistema equilibrado a los estratos y a los grupos enfrentados. En la mayoría de los casos no era en absoluto posible resolver esta conflictividad pacíficamente, y los pocos intentos que se hicieron para frenar esa evolución o encauzarla por medio de reformas en otra dirección se vieron condenados al fracaso. La consecuencia inevitable de todo ello fue la crisis de la sociedad romana con aquellas guerras civiles y revueltas que agotaron a la República.

Estratos superiores

Desde la segunda guerra púnica la aristocracia pudo cimentar con más fuerza que antes su posición dirigente. Los triunfos de Roma frente a Aníbal y después en Oriente fueron la mejor validación de su política, al tiempo que los beneficios de la expansión redundaron, antes que nada, en su propio beneficio. Por otra parte, su renombre trascendió más allá del marco ciudadano y también allende las fronteras del estado romano: de todos era sabido que en el 168 a. C. un senador absolutamente seguro de sí mismo había forzado en Egipto al monarca seléucida. Antíoco IV, a plegarse a los deseos del senado romano en una escena realmente humillante ante su propio ejército (Liv. 45,12,1 s.); o con qué énfasis un año después el rey de Bitinia, Prusias II, se había inclinado ante la puerta de la casa del senado, besado el suelo y saludado a los senadores como «dioses salvadores» (Polib. 30,18,1 s.). Asimismo, la conciencia estamental de los aristócratas aumentó considerablemente, orgullosos como estaban de acrecentar la gloria de sus familias con sus propias gestas: virtutes generis mieis (sic) moribus accumulavi, reza un elogio hecho a un miembro de la familia de los Escipiones hacia el 140 (ILS 6). La nobleza se distanció aún más que antes de la gran masa de ciudadanos y cada vez se hizo más semejante a un orden, hecho que se evidenció también en la propia denominación de ordo senatorius. Poco después de la segunda guerra púnica esta separación tomó una forma muy reveladora en el hecho de que en los juegos públicos determinados lugares de honor les fueron reservados a los patres. Particularmente importante pareció a los senadores marcar claramente las diferencias con los nuevos ricos, que en el orden ecuestre comenzaban a perfilarse como grupo social cerrado: los senadores abandonaron las centurias de los equites en la asamblea popular, que otrora habían comprendido a los miembros de la nobleza ecuestre, y más tarde incluso a los senadores, pero que a partir del siglo II a. C. venían englobando también a los integrantes de ese estamento ecuestre en paulatina formación; además, los caballeros que ascendían al senado por la puerta abierta de las magistraturas, estaban obligados a entregar el caballo que les había sido cedido por el estado y que hasta ese momento había sido símbolo de su status[52].

Como esta última norma pone de manifiesto, los caballeros ricos podían a menudo presentarse con éxito a las elecciones para las bajas magistraturas. Ello significaba correlativamente que no quedaba en absoluto excluida la posibilidad de llenar los huecos de la aristocracia con personas que se habían elevado a sí mismas o que eran de baja extracción social. Esa permanente renovación de la élite dirigente era también necesaria por la sencilla razón de que no pocas familias senatoriales se extinguían debido a la falta de descendencia masculina. Sobre el bajo número de nacimientos en las viejas familias de la nobleza puede ilustrarnos el hecho de que linajes tan prominentes como el de los Fabios y el de los Cornelios sólo pudieron asegurar su perpetuación recurriendo a la adopción de jóvenes vastagos de la familia de los Emilios: Publio Cornelio Escipión Emiliano, el destructor de Cartago y Numancia, y Quinto Fabio Máximo Emiliano, uno de los Fabios de más relieve en el siglo II, eran hijos naturales de Lucio Emilio Paulo, el vencedor de Pidna. Con todo, los cargos más elevados del estado difícilmente estaban al alcance de quienes ascendían socialmente y en general también de la gran mayoría de los miembros del senado. A partir de la lex Villia annalis (180 a. C.), la carrera política de los magistrados quedó regulada en su totalidad: previo paso por los escalones inferiores, se podía alcanzar la pretura con un mínimo de treinta y ocho años, y el consulado, el cargo más alto, con un mínimo de cuarenta y tres[53]. Dado que el número de los puestos más elevados era muy reducido (así, por ejemplo, frente a los diez tribunos de la plebe, únicamente dos cónsules eran elegidos al año), sus titulares constituían sólo un pequeño grupo encumbrado en el seno de la aristocracia senatorial. La nobilitas, ese grupo de cabeza, compuesto por los ocupantes de los cargos más elevados y por sus descendientes, se había ya formado bastante tiempo antes de la segunda guerra púnica. Pero, sería después de la lucha contra Aníbal cuando ésta cerró filas con más fuerza: el acceso al consulado se convirtió en un privilegio para los miembros de aproximadamente 25 familias de la alta nobleza, que durante varias generaciones defenderían obstinadamente su posición rectora y mantendrían alejados del consulado al resto de senadores corrientes. Es significativo que entre Manió Acilio Glabrio (cónsul en el 191) y Cayo Mario (cónsul por vez primera en 107) sólo dos homines novi pudieron ganar el ascenso al consulado, en concreto, Quinto Pompeyo (en el 141), el primer cónsul de la estirpe de los Pompei, y Publio Rupilio (cónsul en 132), un gran empresario. Igualmente indicativo del grado de poder disfrutado por las familias dirigentes lo es el hecho de que de los 222 consulados habidos entre el estadillo de la segunda guerra púnica y el primer consulado de Cayo Mario (218-108 a. C.), 24 de ellos fueron revestidos por los Cornelii, 15 por los Claudii, 10 por los Fulvi, 9 por los Aemilii y Postumii, respectivamente, y 8 por los Fabii y Sempronii también en cada caso[54]. Por ello, Salustio (Iug. 63,6 s.) pondría más tarde de relieve, no sin cierta acritud, que en aquella época la nobilitas consideraba el consulado como de su propiedad (consulatum nobilitas inter se per manus tradebat), mientras que el homo novus, por más renombrado y descollante que fuese, era tenido por persona indigna de este cargo y por un ser realmente impuro (quasipollutus) a causa de su bajo nacimiento.

El disfrute de esa firme posición rectora como oligarquía de la propia nobleza senatorial era algo que dichas familias debían, ante todo, a sus experiencias y triunfos en la vida política. La cualificación que un hombre público necesitaba para cumplir con las novísimas exigencias del estado romano, en particular la dirección de las campañas militares en países extranjeros o las misiones diplomáticas ante los monarcas helenísticos, difícilmente podía adquirirse como no fuese a través de una educación dentro de la acrisolada tradición familiar de la nobilitas; y cada victoria o cada éxito diplomático de estos generales y políticos acrecentaba todavía más el prestigio de sus casas. Al mismo tiempo, y no sólo gracias a su popularidad entre el pueblo de Roma y el ejército, sino también debido a sus clientelas en Italia y ahora en las provincias, estos hijos triunfadores de las grandes familias podían contar con los más amplios apoyos políticos y, por consiguiente, también con una gran influencia. Fue así como se consolidó un sistema oligárquico. «De acuerdo con el arbitrario parecer de unas cuantas personas se hacía la política en época de paz y de guerra, en sus manos estaban también el erario, las provincias, los cargos públicos, los honores y los triunfos; el pueblo estaba agobiado por el servicio militar y la pobreza, los generales junto con sus amigos arramblaban con el botín de guerra; y mientras tanto los padres y los niños de los soldados perdían casa y hacienda, si tenían un vecino más poderoso» (Sall. Iug. 41,7 s.).

Como nos ponen de manifiesto las palabras de Salustio, también se acreció el poderío económico de la nobleza y, sobre todo, nuevamente, el de las familias gobernantes. Los generales victoriosos retornaban a Roma cargados de cantidades de tesoros capturados y nadaban en la abundancia del oro que ellos habían exaccionado principalmente en concepto de rescates de guerra. La famosa expedición de saqueo de Cneo Manlio Vulso por Asia Menor en el 189 a. C. (Polib. 21,34,3 s.; Liv. 38,12,1 s.) fue motivo de que seis siglos más tarde San Agustín sólo viese magna latrocinia en las formas de estado injustas (De civ. Dei 4,4). Escipión el Viejo dejó a cada una de sus dos hijas una fortuna de 300.000 denarios (Polib. 31,27,1 s.); la fortuna de Lucio Emilio Paulo el vencedor de Pidna, ascendía en el momento de su muerte a 370.000 denarios (Plut., Aem. 39,10). La magnitud de tales sumas se puede calibrar mejor atendiendo a la cualificación económica exigida a los miembros de los ordines rectores, y que todavía en el siglo I a. C. estaba en 100.000 denarios (= 400.000 sestercios), tanto para los senadores como para los caballeros. Esta riqueza era invertida preferentemente en bienes raíces en Italia y también en la adquisición de esclavos. Las familias más acaudaladas acaparaban las parcelas del campesinado o sencillamente se apropiaban de ellas mediante amenazas y violencias (App., B. civ. 1,26 s.). En vano se intentó, apelando a la ley licinio- sextia, que nadie ocupase en la tierra estatal romana más de 500 yugadas. Sobre todo los componentes de la nobilitas se hicieron con grandes cantidades de tierra: la familia de los Escipiones, v. gr., poseía fincas y villas en distintos puntos de Italia y en los años de la tentativa reformista de los Gracos disfrutaba de posesiones cuya superficie superaba muchas veces las 500 yugadas; las tierras de Publio Licinio Craso Dives Muciano, cónsul en el año 131 a. C. —incluidas tanto las del ager publicus como las del ager privatus— comprendían posiblemente no menos de unas 100.000 yugadas. Ciertamente no toda Italia cayó atrapada en este proceso, como tampoco se podría comparar a la mayoría de estas heredades del siglo II a. C. con las dimensiones alcanzadas por los latifundios en época imperial; con todo, el cambio en la estructura agraria quedaba suficientemente patente[55].

De la tierra y los demás bienes se extraía el mayor beneficio posible, y así llegó a imponerse un auténtico espíritu de lucro. Nada revela mejor las ambiciones y posibilidades económicas de un senador de la élite dirigente tras la segunda guerra púnica que el ejemplo del, por lo demás, archiconvencional Marco Porcio Catón[56]. Para éste el ideal del senador era aquel que consideraba como una obligación sagrada su servicio al estado romano (Plut., Cato 24,11), encarnaba la tradición religiosa y ética de ese estado y veía un peligro en las nuevas corrientes del espíritu; en la vida privada, en cambio, antojábasele meta prioritaria el acrecentamiento del patrimonio heredado (ibid. 21,8). La obra de Catón sobre agricultura estaba básicamente consagrada al problema de cómo sacar los máximos beneficios a una propiedad con los mínimos costes de inversión: aconsejaba reorganizar la explotación de las grandes propiedades en función del provechoso comercio de exportación (patrem familias as vendacem, non emacem esse oportet, Agr. 2,7), consecuentemente, no producir ya prioritariamente cereales, sino vino y aceite de oliva, y exigir de la mano de obra los máximos rendimientos. Catón invertía los beneficios, para multiplicarlos, en bosques, terrenos de pastos, viveros, también en instalaciones industriales e incluso en el comercio exterior y en banca; para escapar, en este caso, a la lex Claudia, que prohibía los negocips al orden senatorial, organizaba «sociedades anónimas» para el comercio marítimo y la gran empresa, haciéndose representar en ellas por medio de testaferros (Plut., Cato 21,5 s.).

La gloria de la nobilitas, su cohesión en la salvaguarda de sus intereses de grupo oligárquico y su creciente riqueza no pudieron evitar, con todo, que tras esa brillante fachada de grandeza senatorial surgiesen conflictos que con el paso del tiempo habrían de tener muy graves consecuencias. Durante el siglo II a. C. la nobilitas, que en el senado se distanciaba cada vez más del resto de sus colegas y, en especial, de los homines novi que más medraban, fue capaz de mantener ese carácter de puñado de familias de poder ilimitado. Pero, con un régimen tan estrechamente oligárquico como éste, dicho grupo se cerraba a sí mismo la posibilidad de rejuvenecer sus efectivos con hombres dotados y capaces, y ello a pesar de que en todas las épocas de la historia de Roma quienes ascendían socialmente se mostraron dispuestos a asumir y defender con especial vehemencia los puntos de vista e intereses de su nuevo estado. Este aislamiento de la nobilitas frente al resto de los senadores, acentuado por un orgullo y una arrogancia sin par, condujo al descontento de numerosas familias con aspiraciones de elevarse y económicamente pudientes, pero que, sin embargo, en la vida política se sentían desplazadas. No lejana a la sensibilidad de estos sectores era la actitud de un Mario, arquetipo del homo novus triunfador, lleno de complejos de inferioridad y, al mismo tiempo, de orgullo por sus propios méritos: Mario gustaba de vanagloriarse de haber conquistado la posición que tenía como botín de guerra contra la aristocracia degenerada y de exhibir como motivo de gloria no los monumentos funerarios de sus antepasados, sino las heridas de su propio cuerpo (Plut., Marius 9,1 s.). Ahora bien, los conflictos no sólo se daban entre la oligarquía y los restantes círculos senatoriales, sino también en el interior de la propia oligarquía. Precisamente los factores que a partir de la segunda guerra púnica fortalecían la posición de poder de la nobilitas frente a los otros grupos de la sociedad romana, engendraban al mismo tiempo tensiones dentro de la alta nobleza dirigente. Rivalidades y choques de intereses habían existido siempre entre las distintas casas de la aristocracia, pero antes de esta segunda confrontación con Cartago no habían llegado jamás a poner en cuestión el sistema mismo de gobierno de la sociedad romana. Sin embargo, desde la guerra anibálica se presentaron unas posibilidades para el protagonismo de ciertas familias y hasta de ciertos nobiles en particular, que podían comprometer los fundamentos del sistema oligárquico, el equilibrio entre los linajes principales. Consulados repetidos en las personas de generales y políticos altamente cualificados, resonantes triunfos militares, comandos de armas prorrogados necesariamente más del año previsto y estrechas relaciones personales con los ejércitos, así como con la población de las provincias por la extensión del sistema de clientelas, todo ello obraba en favor del acrecentamiento del poder de las grandes personalidades.

Con toda claridad se observa esta tendencia en el caso de los Escipiones[57]. El viejo Escipión el Africano obtuvo ya con 25 años, y sin haber realizado una carrera política senatorial regular, un alto mando militar; fue incuestionablemente el primer hombre de Roma tras su triunfo sobre Aníbal y entró en conflicto con sus iguales también a causa de sus ideas y actos anticonvencionales. Sus rivales consiguieron derribarle mediante proceso, y la lex Villia annalis, promulgada poco después, en el 180 a. C., que autorizaba el acceso a los altos cargos por riguroso orden de escalafón y a una edad madura, pretendía impedir de forma institucionalizada el fulgurante ascenso de estadistas tan jóvenes. Aun así, para nada se tuvo en consideración esta ley cuando en el 147 a. C. Escipión Emiliano fue elegido cónsul; Escipión alcanzó el consulado sin el requisito previo de la pretura y a una edad ilegal. En el 134 a. C. revistió incluso por segunda vez el consulado, a pesar de que desde el 152 a. C. había quedado prohibida —precisamente para evitar la creciente acumulación de poder— la iteración de esa magistratura. Era también muy significativo el que en los casi cien años transcurridos desde la segunda guerra púnica sólo la casa de los Cornelii había aportado una décima parte de todos los cónsules romanos, y no era por un casual tampoco el que la familia del vencedor de Aníbal y del destructor de Cartago y Numancia, haya sido al mismo tiempo uno de los linajes senatoriales más ricos en el siglo II a. C. Por último, debe tenerse en cuenta también que los Escipiones, con su actitud abierta a las corrientes espirituales del mundo griego, estaban adoptando una postura independiente, claramente discordante con los puntos de vista de los círculos dirigentes contemporáneos, como los representados por un Catón. Así, pues, a partir de la segunda guerra púnica se fue abriendo paso una tendencia en el seno de la oligarquía conducente al realce de personalidades conspicuas frente al resto de la nobleza y en el que se ponía de manifiesto que tales individualidades no tenían por qué identificarse en absoluto con los puntos de vista e intereses de su estamento.

No era solamente a manos de los miembros de la aristocracia a donde iban a parar las riquezas del joven imperio mundial: las nuevas posibilidades para el comercio exterior romano en el Mediterráneo, la explotación de los recursos naturales y de la inmensa fuerza de trabajo de los países conquistados, y el continuo aumento de la capacidad financiera de Roma merced a la gran afluencia de dinero y tesoros, producto de la exacción o del expolio, condujeron a un florecimiento inimaginado del comercio, la actividad empresarial y la economía monetaria, que trajo consigo la aparición de un fuerte e importante sector de hombres de negocios. Poco a poco empezaron los integrantes de esta capa social a agruparse como ordo aparte dentro del estamento ecuestre romano, proceso que sólo tras la época de los Gracos abocaría a la constitución del ordo equester. El paso definitivo en este sentido fue dado con una disposición legal en virtud de la cual los senadores debían abandonar las centurias de los equites, y los caballeros que entraban en el senado tras ejercer una magistratura estaban obligados a entregar el caballo, símbolo de su status (lex reddendorum equorum, del 129 a. C.). Con ello la montura pasó a ser atributo de un grupo estamental diferenciado de los senadores. Pronto se añadieron nuevos símbolos externos que contribuyeron al fortalecimiento de la conciencia de identidad del ordo equester, a saber, el anillo de oro, la banda estrecha de púrpura en el vestido (angustus clavus), a más de ciertos lugares de honor en las celebraciones públicas (definitivamente regulado por la lex Roscia del 67 a. C.)[58].

Ya a partir de la segunda guerra púnica se hizo notoria la relevancia de esta capa social. Personas acaudaladas constituyeron sociedades empresariales y prestaron su ayuda al estado romano tomando a su cargo distintos servicios públicos (Liv. 23, 49,1 s. y 24, 18,10). Estas sociedades (societates publicanorum) se encargaban del mantenimiento del ejército o de la realización de obras públicas, como el levantamiento o reparación de edificios, calzadas y puentes; tomaban en arriendo la explotación de las minas estatales, el cobro de tasas aduaneras y la recaudación de impuestos, de tal forma que en estos apartados económicos ya no era posible prescindir de ellas (vid. Liv. 45, 18,3). Según Polibio, que nos describe con gran claridad la actividad de los publicani, estos hombres de negocios procedían de la gran masa del pueblo (6, 17,2 s.); y sin duda acierta dicho autor en sus apreciaciones, al menos en la medida en que muchos empresarios eran de muy baja extracción social. A su mismo estrato social pertenecían también prestamistas, banqueros, ricos comerciantes y hombres de negocios, tipos todos ellos que ya Plauto (muerto en 184 a. C.) describió vividamente en sus comedias. Hasta qué punto adquirió importancia este mundo de las finanzas al poco tiempo ya de la segunda guerra púnica, lo prueban detalles como el de que Escipión el Africano (muerto en 183 a. C.) hubiese depositado en un banquero la enorme fortuna dejada a sus hijas (Polib. 31, 27,15). A pesar de ello, en el orden ecuestre hubo siempre también grandes propietarios de tierras; por decirlo con la terminología de Cicerón, entre los caballeros se encontraban publicani, o activos empresarios actuando como grandes arrendatarios, a más de éstos, faeneratores o argentarii, es decir, prestamistas, también negotiatores, o comerciantes, y, sobre todo, agricolae, hacendados, de los cuales muchos provenían de las colonias y municipios de Italia En su composición social, por consiguiente, dicho estamento no se diferenciaba muy marcadamente del senatorial.

También la gestación y el fortalecimiento de esta capa acarreó nuevas tensiones a la sociedad romana. Movidos por el solo afán de lucro, y sin esas normas tradicionales de moderación que nunca habían muerto del todo entre la nobleza, estos advenedizos eran con frecuencia creadores de fortuna y exactores faltos de escrúpulos, que sobre todo en las provincias despertaban el odio de la población local y que no se privaban de cometer estafa contra el estado Sus prácticas eran bien conocidas en Roma ya desde la guerra anibálica (Liv. 25,1 4 y 25, 3,9 s.), a tal punto que pronto se hizo proverbial el que detrás de todo publicanus había siempre un violador de la ley (Liv. 45,18,3: ubi publicanus esset, ibi aut tus publicum vanum aut libertatem socus nullam esse) Los funcionarios romanos, como Catón durante su censura del 184 a. C., hubieron de intervenir una y otra vez contra los abusos de los publicani (Liv. 39,44,7 s.; Plut., Cato 19,2), y tales incidentes eran susceptibles de originar conflictos entre senadores y caballeros (vid. Liv. 43,16,1 s.). En todo caso, el dinamismo económico de los publicani era grande, y sus excesos eran perfectamente posibles en aquel régimen oligárquico que desconocía toda forma de control de la economía romana.

Estratos inferiores, itálicos y provinciales

La mayor parte de la gente dedicada al comercio en Roma y en las restantes ciudades, en particular la gran masa de modestos mercaderes, no pertenecía desde luego a ese sector enriquecido de empresarios arrendatarios del estado; cabría señalar más bien que junto a los artesanos constituían un elemento de la sociedad muy considerable numéricamente, que en la estructura social de las ciudades podía asimilarse mejor a los estratos inferiores que a un «estamento intermedio». La formación en Roma y en muchas ciudades itálicas de una importante capa artesanal tuvo lugar en el siglo II a. C. en conexión con el florecimiento económico, que se debía, por una parte, a la evolución en el sector agrario hacia una economía de plantaciones muy lucrativa y, por otra, a la creciente relevancia del comercio exterior, la actividad empresarial y el uso del dinero. Las comedias de Plauto y, sobre todo, el tratado de Catón sobre agricultura testifican la progresiva importancia de los distintos artesanos especializados; Catón describía detalladamente cuáles eran los objetos manufacturados de que precisaba un hacendado, y en qué ciudades de Italia se producían los de mejor calidad (Agr. 135,1 s.). De su relación se deduce que en la propia Roma, entre otros profesionales, había numerosos artesanos del textil, zapateros, alfareros, herreros, cerrajeros y carreteros.

Al menos una parte de estos artesanos se incluía en el amplio grupo de los libertos, cuyo número, al igual que el de los esclavos, ascendió considerablemente en Roma y en las restantes ciudades itálicas a partir de la segunda guerra púnica: Escipión Emiliano habría dicho en el 131 a. C. que la plebe urbana de Roma se componía básicamente de antiguos esclavos traídos por él a la ciudad como prisioneros de guerra (Val Max. 6, 2,3). Ya poco después de la victoria sobre Aníbal la cifra de libertos era tan elevada que se hizo necesario introducir determinadas normas sobre la manumisión; en el 177 a. C. fue prohibida la manumisión que sólo se proponía la obtención del codiciado derecho de ciudadanía romana (Liv. 41,9,11); a partir del 168 a. C. los liberti podían ser inscritos en una única tribu, con lo que la influencia de esta extensa capa social en la asamblea popular se redujo a la mínima expresión (Liv. 45,15,5). Muchas personas en otro tiempo esclavas podían aprovecharse ahora de las nuevas posibilidades económicas en las ciudades y hasta llegar a amasar una fortuna. Muchas otras, en cambio, no encontraron en Roma, ni en la industria ni en el comercio, un modo de vida estable y pasaron a engrosar aquel «lumpenproletariado» que no sólo viviría en condiciones verdaderamente penosas —desde mediados del siglo II a. C., además, bajo la presión del aumento de los inquilinatos—, sino que también habría de padecer los altos precios en buena parte de los productos de alimentación e ir por ello sobreviviendo a base de donativos. Estos regalos al pueblo de hombres poderosos (congiaria) están atestiguados desde el 213 a. C., y con ellos el donante se ganaba popularidad entre los pobres (cf. Liv. 37, 57,11, en el año 189 a. C.). La masa de este proletariado, que en Roma fue creciendo considerablemente a partir de la segunda guerra púnica, se nutría no sólo de libertos, sino también, y sobre todo, a base del campesinado romano, que había visto arruinarse las bases económicas de su existencia y afluía a Roma y a las demás ciudades[59].

La caída en la miseria y proletarización de muchos campesinos constituía una de las consecuencias más penosas de la segunda guerra púnica y de la expansión romana resultante de ella. En la lucha contra Aníbal la población rural sufrió un terrible número de bajas. Esta hubo de soportar doblemente el peso de la guerra: de sus filas fue reclutada la milicia romana» que en las victorias cartaginesas llegó a perder ejércitos enteros, como los 70.000 hombres sólo en la batalla de Cannae (Polib. 3,117,4); y, por otra parte, fue sobre todo ese mundo agrario el que una vez más resultó perjudicado por la Interminable contienda entre Aníbal y los romanos en Italia, en la que, según Apiano (Libyke 134), 400 grandes asentamientos fueron destruidos y cientos de miles de itálicos aniquilados. En las guerras subsiguientes y, en especial, durante las campañas extremadamente sangrientas de los romanos en Hispania, a mediados del siglo II a. C., el campesinado siguió pagando el mismo tributo de sangre, haciéndose ya claramente visible su decadencia durante esta etapa en las grandes dificultades encontradas para el reclutamiento del ejército. A esta acusada reducción de la población del campo se añadía el hecho de que aquellos agricultores sobrevivientes a la conflagración anibálica no se encontraban ya en condiciones de rehacer las bases económicas sobre las que se cimentaba la anterior posición de protagonismo del mediano campesinado. La fertilidad del juelo italiano, a pesar de las devastaciones de los años de guerra, no sufrió en realidad, un particular menoscabo, pero los pueblos estaban en ruinas, los aperos de labranza destruidos y el ganado diezmado. Lareconstrucción exigía inversión de capital, y ello no se lo podían permitir todos los labradores. Por otra parte, como los mejores brazos del campo continuaron sirviendo en las fuerzasarmadasdespués de la segunda guerra púnica, las familias rurales se encontraban a menudo privadas de la fuerza de trabajo adecuada. Además, los hacendados hicieron lo que estaba en su poder para apropiarse de las parcelas del campesinado. Al poco tiempo de ser Aníbal expulsado de Italia habían ocupado en el ager publicus los lotes abandonados. Dado que disponían de suficiente capital, podían acaparar más tierras y realizar en ellas las inversiones necesarias. No les faltaba tampoco mano de obra: precisamente como consecuencia de las guerras había grandes cantidades de esclavos, cuya explotación resultaba más cómoda que la de los trabajadores libres. Cuanto mayor era el poder económico de los grandes propietarios, con tantos menos escrúpulos actuaban frente a los campesinos reacios: puesto que en el ager publicus las parcelas podían ser ocupadas prioritariamente por quien estaba en condiciones de cultivarlas, resultó fácil a los ricos latifundistas proceder sencillamente al desalojo de los campesinos (cf. Sall., Iug. 41,8).

Ya a dos generaciones de la victoria sobre Aníbal, Tiberio Sempronio Graco sólo veía miseria en el antaño acomodado y poderoso campesinado: «Las fieras que discurren por los bosques de Italia tienen cada una su guarida y su cueva; los que pelean y mueren por Italia sólo participan del aire y de ninguna otra cosa más, puesto que, sin techo y sin casas, andan errantes con sus hijos y sus mujeres…, porque, de un gran número de romanos, ninguno tiene ara, patria, ni sepulcro de sus mayores, sino que por el regalo y la riqueza de otros pelean y mueren, y, cuando se dice que son señores de toda la tierra, ni siquiera tienen un puñado de tierra propio» (Plut., Ti. Gracchus 9,4). En la investigación más reciente, y de acuerdo con los datos suministrados por la arqueología sobre el poblamiento agrícola en los dos últimos siglos de la República, suele recalcarse que bajo ningún concepto debe aceptarse la idea de un proceso uniforme en toda Italia: en muchas partes de la península, empezando por la Etruria meridional, pequeñas explotaciones agrarias pervivieron hasta la época imperial. Pero la tendencia general era claramente la inversa[60], y por ella se vio alcanzado sobre todo el sur de Italia.

La vieja receta para resolver la cuestión agraria, a saber, el asentamiento y sustento de los sin tierras en las colonias, no constituía ya ningún remedio para las masas de agricultores caídos en la miseria, y hacia mediados del siglo II a. C. apenas se ponía en práctica. Muchos campesinos vivían de aceptar trabajos temporales como asalariados (mercennarii, operarii) en las granjas de los ricos (v. gr. Cato, Agr. 145,1); su suerte era con frecuencia poco mejor que la de los esclavos. Por consiguiente, grandes masas de población rural emigraban a las dudadesy, sobre todo, a Roma, para vivir del regalo y del trabajo ocasional, y para apoyar a cualquier político que estuviese dispuesto a socorrerlas. De esta suerte, fue creciendo el proletariado urbano hasta convertirse en una masa humana imponente por su número. Pero su importancia no radicaba solamente en sus efectivos numéricos, sino en su fuerza política potencial. El motín de los «pobre tones» en Roma no era otra cosa que la concentración de un material político y social altamente inflamable: se trataba de una masa popular que era perfectamente consciente de su pésima situación y deseaba escapar a toda costa de ese estado, que por su apiñamiento en la ciudad no tenía ninguna dificultad de comunicación, que era capaz en cambio de una rápida movilización y que por el disfrute de la ciudadanía romana estaba cualificada para actuar como fuerza política en la asamblea popular. Sólo precisaba de líderes que pudiesen dar forma coherente a sus reivindicaciones, líderes que desde esta posición de fuerza se resolvieran a vencer la resistencia de la nobilitas para dar satisfacción a esas demandas y que, por lo pronto, fuesen lo suficientemente ricos como para aliviar mediante donativos la extrema necesidad de la masa y asegurarse así el liderazgo sobre ella. Indefectiblemente, de todo ello resultaba que tales caudillos no podían ser revolucionarios salidos del proletariado, sino miembros de la nobleza, que como homines novi combatían contra el poder de la oligarquía o que como nobiles desgajados de ésta habían entrado en conflicto con su propio grupo social.

Conflictos en parte semejantes a los tenidos por el campesinado romano con la gran propiedad fueron apareciendo entre los socii itálicos y los detentadores del poder en Roma una vez concluida la segunda guerra púnica. También la población no romana de Italia había sufrido enormemente con las devastaciones de la contienda anibálica, y ello se hacía especialmente patente en el sur de la península; todavía se añadía a esto la venganza de los vencedores contra aquellas comunidades que, como en el caso de Capua, habían hecho defección de Roma. Los socii, además, estaban obligados a la prestación de ayuda militar a la República y en las continuas guerras del siglo II a. C. vertieron tanta sangre como el campesinado romano. Para empeorar las cosas, su condición de no romanos los hacía víctimas de la discriminación por parte del gobierno republicano. Cayo Graco podía invocar casos casi increíbles de arrogancia y arbitrariedad, con las que los funcionarios romanos actuaban incluso frente a los integrantes de los estratos superiores en las distintas ciudades de Italia (Gell., Noct. Att. 10,3,1 s.). Los derechos políticos del ciudadano romano faltaban a los socii, de tal forma que éstos ni siquiera podían contar con la posibilidad de defensa que un simple proletario tenía siempre en la asamblea popular; en la guerra se veían desfavorecidos a la hora del reparto del botín, y las penas que se les aplicaban durante el servicio militar se caracterizaban especialmente por su dureza y carácter humillante. Económicamente esta población itálica lo tenía algo mejor en las ciudades, donde como artesanos y gentes de comercio podía encontrar un medio de vida; en cambio, la población rural compartía a menudo el mismo destino que el campesinado romano. Por otra parte, masas indigentes de campesinos itálicos marchaban también hacia Roma con la esperanza de hallar en la gran ciudad los medios de una existencia segura. Pero, dada su condición de no ciudadanos —obligados, además, en sus respectivas ciudades a alistarse en el ejército de la República—, eran pronto expulsados por la fuerza de la capital por los magistrados romanos. La tensión que de esta forma llegó a producirse no era producto simplemente de un enfrentamiento entre ricos y pobres, toda vez que las capas superiores de los socii veíanse también afectadas por la discriminación. Con todo, la gran masa de descontentos estaba formada por el nutridísimo grupo de la población rural pobre, que aspiraba tanto a la igualdad de derechos políticos como a la solución de sus problemas sociales[61].

Parecidos en gran medida a las tensiones existentes entre los aliados itálicos y los gobernantes romanos eran los conflictos que surgieron en las provincias entre los romanos y la población local. En las guerras de conquista los habitantes de Hispania, África, Macedonia, Grecia y Asia Menor habían tenido que sufrir lo inimaginable, en especial hacia mediados del siglo II a. C., momento en que los romanos, en una fase crítica de su imperialismo, procedían en el exterior con especial brutalidad: ciudades como Cartago o Corinto fueron destruidas hasta sus cimientos, masas de cautivos pasadas a cuchillo o vendidas como esclavos, y quien conseguía escapar mediante rescate podía considerarse dichoso. Pero incluso en tiempos de paz la situación de los provinciales era a menudo catastrófica: los gobernantes y los publicani, procedentes, respectivamente, de la aristocracia senatorial y del grupo de los nuevos ricos, veían por lo general en las provincias simples campos de enriquecimiento personal y con frecuencia se conducían aquí con la misma falta de contemplaciones que en la guerra. El resultado era el levantamiento de las poblaciones sometidas, que en Hispania y Grecia, sobre todo, renacía siempre de nuevo. Esta resistencia no constituía en absoluto un movimiento socialmente homogéneo, puesto que en ella estaban comprometidas también las capas superiores locales, que luchaban por la independencia política o, cuando menos, por la supresión de aquella política sin freno. Pero también en las provincias la presión de la dominación romana recaía principalmente sobre las masas de población más pobres, a las cuales la oposición a Roma parecíales la única solución a sus males sociales, y así nacieron los cabecillas de la resistencia. Viriato, el caudillo de la guerra de la independencia contra Roma en Hispania, era, significativamente, un antiguo pastor (Liv., Epit. 52). En Grecia, donde con mayor claridad se pueden observar las razones de fondo de los movimientos y levantamientos antirromanos, fueron primero los miembros de los grupos sociales elevados los que, profundamente decepcionados al poco tiempo de la proclamación de la libertad de Grecia por Flaminio en el 196 a. C., atizaron la oposición antirromana; sin embargo, desde la tercera guerra macedónica la iniciativa pasó a las capas más bajas de la población, mientras que los sectores dirigentes se acomodaban cada vez más al dominio romano[62].

Ninguna otra capa de la sociedad, sin embargo, se encontró en una situación tan pésima como la que tocó vivir a las masas de esclavos, al menos las del campo. La importancia de la esclavitud para la economía romana se hizo enorme en el plazo de muy corto tiempo tras la segunda guerra púnica, por la sencilla razón de que la oferta y la demanda de esta rentable fuerza de trabajo crecieron súbita y simultáneamente[63]. Los terratenientes tenían necesidad de grandes cantidades de mano de obra barata para sus explotaciones, cada vez más extensas y en trance de reconversión agrícola; dado que el campesinado había sufrido enormes pérdidas humanas y tenía además que consagrar los mejores años de su vida al servicio militar, fue preciso renunciar a reclutar trabajadores de entre la población autóctona (Plut., Ti. Gracchus 8,1 s. y App., B. civ. 1,29 s.). A estos fines, en cambio, se prestaban los esclavos: por su absoluta carencia de derechos podían ser explotados mucho más fácilmente que los campesinos, no había que dispensarlos para el cumplimiento de la milicia, y precisamente en aquellos años posteriores a la segunda guerra púnica, debido a la privación de libertad de innumerables prisioneros de guerra, se podían encontrar a millares y a muy bajos precios. Cada una de las campañas militares de Roma en estos años significaba la llegada a Italia de una nueva remesa de esclavos extranjeros. Haciendo una selección de las noticias más importantes que las fuentes antiguas nos transmiten sobre el número de prisioneros de guerra esclavizados en cada una de las campañas, podemos hacernos una idea sobre las cifras de esclavos con las que operaba la economía romana: 30.000 en Tarento, en el año 209 (Liv. 27,16,7); 8.000 en África, en el 204 (Liv. 29,29,3); 5.632 en Istria, en el 177 (Liv. 41,11,8); 40.000 bien a gusto en la campaña del 174 en Cerdeña (Liv. 41,28,8: 80.000 personas en parte muertas y en parte esclavizadas); 150.000 en el Epiro, en el año 167 (Polib. 30,15 y Liv. 45,34,5 s.), y un mínimo de 50.000 en Cartago, en el 146 a. C. (App.

Libyke 130)[64]. A estas fuentes de aprovisionamiento se añadían los nacimientos habidos en familias de los no libres y, al parecer como suministro más importante, el comercio de escavos en Oriente, que allí facilitaban las guerras entre los estados helenísticos o el robo, y que eran enviados a los grandes mercados de esclavos —como por ejemplo el de Délos, donde, según mformará mas tarde Estrabón (14,5,2), podían ser vendidos diariamente hasta 10 000 esclavos, mayoritariamente con destino a Italia. Los precios en el siglo II a. C. oscilaban quizá entre los 300 y los 500 denarios (1.200 - 2.000 sestercios) por término medio[65].

La importancia de la esclavitud, así pues, se incrementó súbitamente con el paso del siglo III al siglo II a. C. Ya en las comedias de Plauto y de su contemporáneo más joven Terencio (él mismo un antiguo esclavo de Africa) aparecen los esclavos como figuras que incuestionablemente forman parte del ambiente social de Roma y cumplen funciones diversas. La economía romana los absorbió rápidamente en todos sus sectores, aun cuando la mano de obra esclava no llegó nunca a sustituir completamente al trabajo libre, ni durante esta época ni en ninguna otra de la historia de Roma. En las plantaciones de los ricos hacendados de Italia los esclavos realizaban una parte considerable de la producción. Catón se basaba en su propia experiencia cuando asignaba 13 esclavos a una plantación normal de olivos de 240 yugadas (60 Ha.) y 16 esclavos a una viña grande normal de 100 yugadas (25 Ha.) (Agr. 10,1 s.); Cayo Sempronio Graco había comentado que su hermano mayor Tiberio se había decidido a luchar por las reformas durante un viaje por Etruria en el año 137 a. C., cuando pudo contemplar que los campesinos se habían extinguido en todas partes, mientras que los trabajadores agrícolas y pastores eran siempre esclavos de origen foráneo (Plut., Ti. Gracchus 8,4). Gran número de los no libres fueron empleados en las minas, y sólo en los yacimientos de plata españoles próximos a Carthago Nova la cifra se elevaba a 40.000 hombres en tiempos de Polibio (34, 9,8 s.). En la hacienda de Catón había esclavos ocupados también en la manufactura y, como sabemos por Plauto y por los sellos en la cerámica de la ciudad de Cales o en tejas de Etruria, en los centros urbanos solía haber también esclavos compartiendo con los libres y libertos los oficios artesanales especializados. En las ciudades y en las villas de los grandes propietarios vivían naturalmente esclavos, que ejercían profesiones liberales, v. gr., pedagogos, como en la casa de Catón (Plut., Cato 20,5), además de servidores y esclavos de lujo[66].

En un sistema como éste a la fuerza tenían que difuminarse los rasgos patriarcales de la esclavitud romana primitiva. Por regla general, los esclavos ya no eran miembros, como antes, del círculo familiar, sino que se convirtieron en un grupo social claramente segregado del resto de la comunidad por su carencia de derechos, la terrible explotación laboral a que estaban sometidos y el desprecio general. Una buena prueba de la consideración que le merecían a Catón los esclavos era el hecho de que fuesen enumerados por él, junto al ganado o a los aperos de labranza, como parte del mobiliario de una propiedad agrícola (Agr. 10,1 s.); era la misma concepción que un más tarde estará documentada en Varrón, quien definiría a los esclavos como instrumenti genus vocale (De re rust. 1, 17,1). De todas formas, esta masa de esclavos no presentaba en absoluto caracteres homogéneos. Los esclavos en las ciudades gozaban, por lo general, de una posición social más ventajosa que la de los empleados en el campo o las minas, cosa explicable por el hecho de que en sus profesiones, a menudo altamente especializadas, los malos tratos no producían en absoluto mejores rendimientos laborales. Precisamente para estimularlos a los más altos rendimientos, se les solía prometer la liberación; las masas de libertos en Roma y en las ciudades eran generalmente antiguos esclavos urbanos. Por el contrario, en el tratamiento dispensado a los esclavos de las grandes plantaciones y las minas apenas se podía rastrear algo de humanidad. Catón mantenía a sus esclavos bajo una estrecha disciplina y los mandaba azotar por cualquier pequeño descuido (Plut., Cato 21,2 s.); nunca los dejaba desocupados, ni en momentos de mal tiempo ni en los días de fiesta; tenían que trabajar en las minas encadenados los unos a los otros; a los esclavos enfermos no les ponía una ración de comida completa; si por enfermedad o vejez se volvían inútiles para el trabajo, los ponía a la venta (Agr. 2,1 s., 56 y 57) y, en cualquier caso, nunca quería saber nada de manumisiones. Otras brutalidades, que llegaban al tormento y la crucifixión (Plaut., Amphitr. 280, Mil. Glor. 372 s.), elevaban aún más estos sufrimientos. También es verdad que no todos los esclavos, incluso en las explotaciones agrícolas, eran tratados igual de mal: en el seno de la capa de los esclavos había una cierta jerarquía, que iba desde el administrador de la finca (vilicus) hasta los simples peones con grilletes, pasando por los vigilantes y los operarios especializados. Pero, considerado en su conjunto, el tratamiento dado al esclavo en la República tardía fue peor que el de cualquier otra época en la historia de Roma, anterior o posterior a ésta.

La explotación incontrolada y especialmente brutal de las masas de esclavos, siempre reemplazables gracias al comercio o a la afluencia de prisioneros de guerra, condujo a conflictos en los que se encontraban frente a frente los más fuertes y poderosos de la sociedad romana y los más oprimidos. El odio del esclavo, que antes de su captura había sido en muchos casos un ciudadano libre y consciente de sus derechos en otro estado, no podía pasar desapercibido a su amo; Catón procuraba en todo momento sembrar la discordia entre los suyos, pues temía que estuviesen unidos (Plut., Cato 21,4). Naturalmente, dada la fuerza del estado romano, las posibilidades de resistencia de los esclavos contra sus amos eran reducidísimas. El desobediente era al punto castigado con toda severidad. Escapar de una finca agrícola era difícil y a la larga pocas veces terminaba con bien para quienes lo intentaban; el hecho de que Plauto y también Catón (Agr. 2,2) mencionen la huida de esclavos, sólo pone de manifiesto la suerte fatal que aguardaba a quienes se atrevían a ello. Más inviable todavía era un abierto levantamiento contra los dueños. Con independencia del estrecho control y del encadenamiento de los esclavos en muchas fincas, apenas había entre ellos posibilidades de comunicación, que habrían sido imprescindibles para preparar un movimiento de masas; en las ciudades, donde se daban mejor estas condiciones, la situación de los esclavos era más favorecida y apenas había pretextos para una revuelta en toda regla. Si dejamos a un lado a grupos especiales de esclavos, como lo serán más tarde los gladiadores del entorno de Espartaco, sólo había un grupo de esclavos que estaba en condiciones de desencadenar un levantamiento armado: los pastores, no tan férreamente vigilados como los trabajadores de fincas ni tan atados en su libertad de movimientos, pero que a causa de los malos tratos y las duras condiciones laborales se hallaban tan insatisfechos con su destino como sus compañeros de las plantaciones de olivos y las minas. No está probado positivamente que cierta coniuratio servorum en Etruria, del año 198 a. C., contra la que hubo de emplearse una legión romana completa (Liv. 33, 36,1 s.), hubiese sido promovida por pastores. Pero aquel magnus motus servilis, que en los años 185-184 a. C. encendió en Apulia una guerra de guerrillas y concluyó con la condena de 7.000 de los implicados, fue, en expresión de Tito Livio, una pastorum coniuratio (39,29,8 s. y 39,41,6 s.). Quedaba así preparado el camino que conduciría a los grandes levantamientos de esclavos en Sicilia.

El camino hacia la crisis

Del examen de cada uno de los estratos de la sociedad romana entre la segunda guerra púnica y la época de los Gracos se desprende que el brusco cambio de las estructuras económicas y sociales en ese corto período no sólo provocó una completa metamorfosis, en la que determinadas capas sociales conocieron un notorio crecimiento, otras sufrieron un debilitamiento, y algunas vieron ahora la luz; el cambio en la historia de esos grupos sociales particulares produjo, correlativamente, la aparición o recrudecimiento de tensiones y conflictos sociales. Los enfremamientos entre las familias rectoras de la nobilitas no eran ya simples rivalidades sin mayor trascendencia entre los distintos linajes de un sistema de poder aristocrático. Los choques entre la nobilitas y quienes ascendían socialmente en el senado, aunque también entre la oligarquía y los nuevos ricos del orden ecuestre, originaban nuevos conflictos en el seno de las capas dirigentes. La degradación material del campesinado romano y el surgimiento de una masa proletaria en Roma creaban una nueva y muy peligrosa fuente de problemas, al tiempo que una base de masas para cualquier tentativa revolucionaria. Las continuas tensiones entre quienes imperaban en Roma y los aliados itálicos, que no sólo tenían un cariz político, sino también social, al igual que las fricciones entre los beneficiarios del imperio y la población sometida de las provincias, complicaban aún más la situación. Finalmente, en el odio de las masas esclavas hacia sus dueños latía una amenaza-contra el sistema entero de dominación romano. Roma, en efecto, se había transformado en muy poco tiempo en un imperio mundial, en realidad, demasiado rápidamente para que su sociedad pudiese asimilar semejante cambio, y ni los éxitos deslumbrantes de sus ejércitos en Oriente y Occidente podían ocultar el hecho de que en el fondo de la sociedad romana germinaba una crisis que amenazaba con arruinar todos los logros alcanzados. Los primeros signos de alarma, caso del conflicto entre los Escipiones y el resto de la nobilitas, de las debilidades de Roma en las guerras de Hispania a mediados del siglo II a. C., de la resistencia de las masas contra Roma en Grecia, nunca extinguida del todo, o del levantamiento de los pastores en Apulia, no permitían reconocer todavía la naturaleza de la crisis venidera. Pero ponían de manifiesto que una serie de problemas de nuevo tipo estaban presentes», y que la situación resultaba totalmente distinta, por ejemplo, a la correspondiente a la fase crítica del enfrentamiento entre patricios y plebeyos hacia mediados del siglo IV a. C.

Esta situación se hizo más aguda aún porque el sistema de división social sólo muy parcialmente era permeable. Para los integrantes de algunas capas sociales estaban ciertamente abiertas las posibilidades de movilidad social: los esclavos urbanos eran manumitidos con frecuencia, los libertos podían ganar el ascenso a un estrato de artesanos y mercaderes, comerciantes y empresarios hábiles podían amasar grandes fortunas y auparse como caballeros al segundo estamento de la sociedad romana, caballeros ricos podían obtener cargos senatoriales y así, como homines novi, entrar a formar parte de la aristocracia senatorial. Evidentemente, ello no significaba de ninguna manera que estas capas fuesen inmunes a la conflictividad social, pero no deja de ser significativo el que en las violentas luchas encendidas desde los años 30 del siglo II a. C. fuesen ellas las que observaron el comportamiento más tranquilo. Así, los esclavos de las ciudades, en su mayoría, no se sumaron a los grandes movimientos serviles del campo, los hombres del comercio y la industria no fueron, por lo general, grupos desestabilizadores, y la politización del orden ecuestre se mantuvo siempre dentro de unos límites. Pero las posibilidades de movilidad social estaban muy circunscritas a la sociedad urbana, y aquí, sobre todo, a los estratos que podían obtener beneficios de la producción artesanal, el comercio y la economía monetaria. Muy distinta era la situación en el campo y entre las masas proletarias de Roma, sin ocupación de ningún tipo en el proceso de producción: rara vez había perspectiva de liberación para los esclavos de las fincas agrícolas (como tampoco para los de las explotaciones mineras), también estaba prácticamente excluida todo esperanza de mejorar de vida para los campesinos caídos en la miseria y los proletarios, y en el caso de las masas de población itálica y de los habitantes de las provincias apenas se vislumbraba una equiparación política con los romanos mediante la obtención del derecho de ciudadanía. A esto se añadía la negativa de la nobilitas a ceder al senador corriente y al homo novus las magistraturas más importantes y, con ellas, el acceso al verdadero poder. También en este sentido, así pues, la situación en vísperas del período de las grandes alteraciones inaugurado por los Gracos se presentaba muy diferente a la de mediados del siglo IV a. C.: en la sociedad romana de aquel entonces las puertas del poder se habían abierto casi de par en par a los homines novi que medraban, mientras que en esta segunda centuria apenas se vio algo semejante, añadiéndose a ello el que a masas enteras de la población les estaban siendo negados el ascenso social, la mejora de sus condiciones económicas de vida y la igualación política.

En fin, totalmente nueva era la situación en la medida en que la sociedad romana del siglo II a. C. ya no contaba con aquellos lazos indestructibles que habrían podido mantener firmemente unidas a capas sociales antagónicas. Anteriormente, tales vínculos resultaban, por una parte, de la propia estabilidad del sistema político, con las magistraturas senatoriales, el senado y la asamblea popular, lo que podía garantizar el dominio sin límites de la nobleza, tanto más cuanto que ésta, al menos en el campesinado, tenía un aliado para sus metas en política exterior. Por otra parte, la cohesión de la sociedad romana estaba antaño asegurada por la serie de normas que se basaban en una religión y en una ética a hechura de una nobleza imbuida de tradicionalismo, y que definían los modos de comportamiento de las masas ciudadanas y, por supuesto, de la aristocracia, en consonancia con las reglas del mos maiorum. A partir de la segunda guerra púnica y la subsiguiente expansión de Roma en el Mediterráneo estos vínculos se habían relajado considerablemente y amenazaban con desintegrarse. Una vez que la aristocracia ya no fue capaz, como en tiempos de las dos primeras guerras púnicas, de apoyarse en la masa del campesinado, el viejo edificio político empezó a tambalearse: coepere nobilitas dignitatem, populus libertatem in lubidinem vortere, sibi quisque ducere, trahere, rapere (Sall., Iug. 41,5). Al mismo tiempo, este antiguo sistema político se volvió totalmente anacrónico en época de la expansión: continuaba siendo todavía un sistema de dominación y gobierno que había sido originariamente concebido para una ciudad-estado y que ahora, sin apenas haber cambiado, debía mantener unido a un imperio mundial, lo que a la larga resultaba imposible. Era sobre todo en las notorias deficiencias de la administración de las provincias, en realidad no administradas, sirioexplotadas, donde esto se ponía más de relieve.

Pero también los fundamentos espirituales del estado romano estaban siendo sacudidos día tras día: no sólo Aníbal, también los griegos vencidos vieron cumplida su venganza final cuando la expansión romana y, en particular, la influencia ideológica del helenismo sometido produjeron inexorablemente la ruina de las viejas normas. «Para aquellas mismas personas que habían soportado con facilidad las fatigas, los peligros y las situaciones inciertas y difíciles, la tranquilidad y la riqueza, bienes otrora deseables, se convirtieron ahora en pesada carga y motivo de perdición. Así nació primero el afán de dinero y después de poder: esto era, por decirlo así, la raíz de todo el mal. Luego, la codicia minó la lealtad, la honestidad y las demás virtudes; en su lugar, ella enseñó la arrogancia y la crueldad, enseñó a desdeñar a los dioses y a poner a todo un precio» (Sall., Cat. 10,2 s.). La antigua escala de valores del romano sobre el cumplimiento del deber, la fidelidad, la justicia o la generosidad, que había nacido bajo las condiciones del orden social arcaico, tenía que aparecer como cosa ya superada en la época de creación del dominio mundial y de profunda reestructuración de la sociedad romana. Paralelamente, Roma descubría en los países conquistados, y particularmente en Grecia, ideas religiosas y filosóficas con un contenido que en muchos aspectos entraba en contradicción con el mos maiorum. Desde un primer momento, para la mayor parte de esta sociedad metamorfoseada el mos maiorum no significó absolutamente nada: ni para los nuevos ricos de mentalidad comercial, ni para los proletarios caídos en la desesperación, ni mucho menos para las poblaciones oprimidas de Italia y las provincias, por no hablar de los esclavos, muchos de los cuales eran de origen extranjero y que, de recibir algún tipo de educación, lo era para la obediencia. Pero la auténtica «venganza de los vencidos» consistía en que la nueva y más peligrosa corriente espiritual para Roma, la de la filosofía helénica, encontró las mayores simpatías precisamente entre aquel estrato social que debiera ser el guardián del mos maiorum, en concreto, en ciertos sectores de la aristocracia dirigente y especialmente en el círculo de los Escipiones. Para abrirse a esas corrientes espirituales eran menester un nivel educativo y un conocimiento de mundo que sólo se daban en tales ambientes; a los aristócratas menos convencionales la filosofía griega no sólo no pareció un peligro, sino una magnífica posibilidad de legitimar mediante un sistema ideológico acorde con los nuevos tiempos el derecho al dominio del mundo y a su propia posición social dirigente. En todo caso, la consecuencia de tales influencias fue básicamente la de conmover el orden tradicional de la sociedad romana.

Aquellos conflictos sociales que en su día llevaron a la desaparición del orden social arcaico en Roma, pudieron solucionarse a partir de las leyes licinio-sextias por vía reformadora. Ahora la situación era distinta. Si en aquel entonces la expansión en Italia había ofrecido la posibilidad de resolver a costa de terceros los problemas económicos de las capas bajas de la población, en estos momentos la expansión en el Mediterráneo se convertía en una fuente de tensiones para la sociedad romana. Si antaño los intereses comunes de la aristocracia y los distintos grupos de la plebe habían producido en las instancias rectoras una resuelta actitud reformista, ahora no se detectaba en las esferas de gobierno una disposición semejante en pro de los estratos sociales perjudicados y oprimidos. En realidad, ni siquiera se llevaron a cabo intentos de solucionar los problemas sociales más acuciantes, como el de mejorar la situación de los esclavos o el de integrar a los itálicos en el sistema político, ya que ellos habrían ido en contra de los intereses de los grupos dirigentes de Roma. Otros problemas fueron reconocidos como tales, y se hizo incluso alguna tentativa para paliarlos; por regla general, sin embargo, dichos intentos propendían tan solo a una vuelta al anterior estado de cosas, lo que, dadas las condiciones económicas, sociales y políticas del momento, resultaba imposible, al margen ya de que carecían del empuje y la coherencica suficientes o llevaban a resultados imprevisibles y fatales.

Nada caracterizaba mejor la cortedad de miras de muchas de las personas influyentes en los círculos rectores de esta segunda centuria que la actitud de Marco Porcio Catón. Por un lado, luchaba por todos los medios a su alcance para que la capa dirigente se adaptase a las nuevas formas económicas de reconversión de cultivos, trabajo esclavo, inversión de capitales y alta rentabilidad. Pero, por otro lado, este hombre se aferraba a las antiguas virtudes romanas, entre las cuales se encontraban el sentido del ahorro y la sobriedad en el modo de vida, y consideraba a la filosofía helénica, al igual que otros logros del espíritu griego, v. gr., la medicina científica, como cosas incompatibles con los ideales romanos. Ante posturas de rechazo como ésta resultaba imposible la resolución siquiera de algunos problemas de la sociedad romana mediante una legislación reformista. Las medidas legales tendentes a frenar el proceso de evolución social estaban condenadas al fracaso. Es cierto que una disposición senatorial del 186 a. C. contra los devotos de Baco en Roma e Italia pudo interrumpir las prácticas de culto orgiástico, pero la decadencia del mos maiorum como sistema de referencia para la sociedad romana no dejó por ello de detenerse. Las providencias tomadas por Catón contra el lujo durante su famosa censura del 184 a. C. entraban tan poco en el problema de fondo como tantas otras leyes que se promulgaron durante esta misma centuria contra el modo de vida dispendioso. La lex Villia annalis del 180 a. C., que pretendía evitar con una regulación de la carrera senatorial el fulgurante ascenso de conspicuas personalidades de la oligarquía, como Escipión el Africano, fue saltada a la torera ya una generación después por Escipión Emiliano. Tampoco produjo resultado alguno la invocación a las leyes licinio-sextias para salir en defensa del campesinado frente a los terratenientes, toda vez que nadie se atenía a ellas; Cayo Lelio (cónsul en 140 a. C.), que llegó a sopesar serias medidas de reforma en favor de los pobres, no se atrevió siquiera a intentar su puesta en práctica (Plut., Ti. Gracchus 8,7). Tan sólo una ley anterior al movimiento de los Gracos tuvo hondas consecuencias en este siglo, aún sin proponérselo. En virtud de la lex Calpurnia del 149 a. C. quedaron instituidas unas comisiones permanentes para investigar los abusos de los magistrados romanos y salir así en defensa de los provinciales. Si bien estos órganos de vigilancia no acabaron de ninguna manera con la violencia y la extorsión en las provincias, se convirtieron en cambio en el campo de juego perfecto para las intrigas y las luchas faccionales dentro de la capa dirigente, socavando aún más el orden vigente.

Así, pues, la sociedad romana enfiló irremediablemente el camino de una crisis de la que sólo era posible salir por la violencia. Pero el empleo de la violencia se atuvo a las propias leyes que imponía la estructura de la crisis. La distinta naturaleza de cada uno de los conflictos por razón de la diversidad de los problemas sociales y políticos, la divergencia de intereses de cada una de las capas sociales y, finalmente, también los múltiples lazos de unos estratos y grupos con otros, hacían imposible el surgimiento de un moviminto revolucionario más o menos homogéneo. La estructura de la crisis llevaba, por el contrario, a que ésta se resolviese en una serie de sangrientos conflictos sociales y políticos discurriendo en paralelo, aunque no engranados entre sí desde un principio, y cuyo efecto final sería la destrucción del marco político anticuado en que se encuadraba el orden social, es decir, la república, si bien no afectando para nada a los fundamentos de la estructura social, que se vio únicamente corregida. Las guerras serviles constituyeron auténticos movimientos sociales, pero se proponían unas metas que no correspondían a los intereses de los otros estratos sociales perjudicados, en realidad, ni siquiera a los de los esclavos urbanos; estaban, pues, condenados al fracaso. La población sojuzgada de las provincias veía la causa de sus males en el propio sistema de dominación romano, pero contra éste apenas si podía hacer otra cosa que sublevarse con ayuda exterior, como lo hicieron los griegos con el apoyo de Mitrídates, si bien a la larga con ningún éxito, tanto menos cuanto que aquí las capas superiores se habían ido convirtiendo paulatinamente en baluarte del dominio romano. Triunfante sólo salió el levantamiento de los itálicos contra Roma, aún cuando su resultado no fue la destrucción del poder romano, sino su robustecimiento con la integración de la capa alta itálica en los órdenes rectores de la sociedad romana. Las luchas decisivas se dirimieron más bien entre los detentadores del poder, con el apoyo en cada caso de una facción consciente de sus intereses, bien organizada y armada; luchas entre la oligarquía, que gracias a su posición de poder y a sus múltiples relaciones sociales contaba con el respaldo de una amplia base de seguidores, y miembros de la nobleza guiados por sus propios designios políticos, que se presentaban como portavoces de las masas proletarias y que se sabían apoyados por éstas como si de poderosos ejércitos se tratasen. Sólo estos conflictos tenían posibilidad de alterar en sus fundamentos el orden social existente. Pero incluso las fuerzas «progresistas» contrarias a la oligarquía aspiraban, como mucho, a efectuar ciertas correcciones en el sistema social vigente, pero no a su abolición, con lo que el centro de interés de los conflictos armados resultantes se desvió cada vez más de los problemas sociales hacia el campo de la lucha por el poder político. En las guerras civiles derivadas de ello dejaron de enfrentarse capas y grupos sociales por formaciones políticas y ejércitos regulares mandados por los primeros hombres del estado. Lo que se consiguió con esto fue la caída del estado republicano: res publica, quae media fuerat, dilacerata (Sall., Iug. 41,5).

Capítulo 4

Capítulo 4

LA CRISIS DE LA REPÚBLICA Y LA SOCIEDAD ROMANA

Los conflictos de la sociedad romana durante la República tardía

La crisis en que se vio sumida la sociedad romana como consecuencia de la rapidez con que se operó el cambio de estructura a partir de la segunda guerra púnica, entró en una fase desde mediados del siglo II a. C., en la que ya no era posible evitar el estallido de los conflictos abiertos: la agudización de las contradicciones en la estructura social romana, de un lado, y las cada día más evidentes debilidades del sistema de dominio republicano, de otro, tuvieron por resultado un repentino brote de las luchas políticas y sociales. La historia de los últimos cien años de la República romana, desde el brote del primer levantamiento de esclavos sicilianos en el año 135 y el primer tribunado popular de Tiberio Sempronio Graco en el 133 hasta el final de las guerras civiles en el año 30 a. C., está ensombrecida por estos conflictos, que no han cesado de avivarse y que se han dirimido apasionada, brutal y cruentamente. Como consecuencia de ello, ese período de aproximadamente cien años en la historia de Roma suele designarse como el «período de la Revolución», con lo que el concepto de revolución, en la investigación que va desde Th. Mommsen hasta R. Syme, es aplicado a distintas formas y también a distintas fases de los enfrentamientos[67]. Es de todo punto evidente que el concepto de «revolución» no puede ser empleado para definir el conjunto de estos conflictos en el mismo sentido que lo hace la historia moderna a partir de la revolución inglesa y, sobre todo, la francesa, dado que los movimientos sociales y políticos de finales de la República ni se proponían ni provocaron una transformación violenta del orden social; además, por sus motivaciones, sus protagonistas, su desenlace y sus repercusiones, se trataba en estos casos de movimientos tan heterogéneos que sólo de manera forzada cabría medirlos por un mismo patrón. Para evitar malentendidos con el concepto de revolución, resultará pues más apropiado hablar, en lugar de la «revolución romana», de la crisis política y social de la República, crisis que, ante todo, se hizo patente en conflictos que se dirimieron de forma abierta y violenta[68].

La heterogénea naturaleza de estos conflictos se pone claramente de relieve, por un lado, en su variada tipología y, por otro, en la modificación de su carácter global durante los últimos cien años de la República romana[69]. En líneas generales, los conflictos abiertos de esta época se pueden agrupar en cuatro tipos principales (sin que quepa siempre marcar con nitidez sus líneas divisorias). A los tres primeros tipos pertenecieron las guerras serviles, la resistencia de los provinciales contra la dominación romana y la guerra de los itálicos contra Roma. En las rebeliones serviles se encontraron frentes sociales bien definidos, pues se trataba ante todo de una lucha de los esclavos del campo contra sus dueños y el aparato estatal que los amparaba. Por el contrario, las revueltas de los provinciales y de los itálicos contra la dominación romana no pueden ser consideradas como movimientos de capas sociales más o menos homogéneas, ya que fueron protagonizados por una amalgama muy diversa de grupos sociales, y su objetivo no se cifró en combatir por la libertad de los miembros de una capa social oprimida, sino en liberar de su sometimiento al estado romano a comunidades otrora independientes, a estados o a pueblos enteros; ciertamente, no carecían estos movimientos de un cierto cariz social, en la medida en que eran a menudo los estratos más bajos de la población los que mantenían frente a Roma una resistencia particularmente encarnizada. Finalmente el cuarto y más importante tipo de conflicto de finales de la República estaba representado por aquellos enfrentamientos y luchas que tenían lugar, básicamente en el seno de la ciudadanía romana, entre distintos grupos de interés. Al principio, y particularmente en tiempos de los Gracos, las motivaciones sociales todavía jugaban en este caso un papel predominante o, cuando menos, de gran relieve. La reivindicación central o, si no, una de las reivindicaciones centrales de uno de los bandos, en concreto, el de los políticos reformistas y sus partidarios, no era otra que la de dar solución a los problemas sociales de las masas proletarias de Roma, teniendo para ello que vencer la resistencia del otro bando, el de la oligarquía, también con su nutrido núcleo de seguidores — razón por la que en la terminología de comienzos del siglo I a. C. en adelante estos dos grupos de interés pasaron a denominarse populares y optimates. Efectivamente, estos conflictos fueron desde un principio enfrentamientos políticos, que al comienzo se dirimieron predominantemente en el marco de las instituciones políticas y en términos políticos —en la asamblea popular—, y en los cuales estaba en juego, también desde un principio, la cuestión del poder político dentro del estado. Tampoco aquí estaban claramente perfilados al principio los respectivos frentes sociales, y la heterogeneidad social de los bandos en lucha no dejó de aumentar con el transcurso del tiempo. Con posterioridad, el contenido social del conflicto entre optimates y populares fue relegándose cada vez más a un segundo plano, mientras que la lucha por el poder político ganaba paulatinamente en importancia, hasta quedar finalmente todo reducido a una pugna por dilucidar qué facción política y, sobre todo, qué líder se alzaría con el poder. Fue a partir de las guerras entre los partidarios de Mario y Sila en los años ochenta del siglo I a. C. cuando la conquista del poder pasó al primer plano de interés en los enfrentamientos entre las distintas fuerzas en liza, cuya composición interna no dejó ya de sufrir rápidas y constantes mutaciones.

A esto se añadió la circunstancia de que a partir de los años ochenta y setenta de esta centuria los restantes conflictos fueron extinguiéndose: los itálicos alcanzaron su meta en la guerra de los aliados (9189 a. C.) con la obtención de la ciudadanía romana; en Grecia y en Asia Menor la resistencia contra Roma había tocado a su fin con la victoria de Sila sobre Mitrídates en el 85 a. C., y con la sangrienta represión del levantamiento de Espartaco en el 71 a. C. cesaron asimismo las grandes guerras serviles. En las cuatro décadas siguientes toda conflictividad quedó reducida a la lucha por el poder en el estado —el resolver si éste debía ser ejercido por la oligarquía o por un jefe único, y en este último caso, por cuál de los que se lo disputaban. La consecuencia última de tales conflictos no sería la transformación de la estructura de la sociedad romana, sino el cambio de la forma de estado sustentada por ella.

Levantamientos de los esclavos, de los provinciales y de los itálicos

Las revueltas serviles de la República tardía merecen nuestra especial atención, porque en ningún otro momento de la historia antigua la oposición entre amos y esclavos se expresó con tanta virulencia como en los grandes movimientos serviles del último tercio del siglo II a. C. y del primer tercio de la siguiente centuria, comenzando con el primer levantamiento de esclavos siciliano y concluyendo con la rebelión de Espartaco[70]. La sociedad romana fue cogida totalmente por sorpresa: nadie había imaginado el peligro que llegaría a representar para Roma el primer levantamiento en Sicilia (Diod. 34/35,2, 25), y el movimiento de Espartaco fue al principio objeto de chanzas en Roma (App., B. civ. 1,549). No constituyó, desde luego, ninguna casualidad el que estos grandes levantamientos tuviesen lugar en el corto espacio de tiempo entre el 135 y el 71 a. C. Ya Diodoro (34/35, 2,1 s. y 2,27 s.) puso claramente de relieve sus causas, al describir el trasfondo del primer levantamiento de esclavos siciliano. Estas se derivaban del propio desarrollo de la esclavitud romana desde la segunda guerra púnica: la importancia de la mano de obra servil para la economía romana y, con ello también, el número de esclavos, aumentaron enormemente en un breve lapso de tiempo: las masas de esclavos, fácilmente reemplazables por nuevas remesas gracias a la guerra, al comercio de esta mercancía humana o al simple pillaje, eran explotadas con especial brutalidad y maltratadas hasta extremos impensables, sobre todo, en las fincas agrícolas, todo lo cual produjo en aquéllas un estado de extrema exasperación; al mismo tiempo, por parte de los dueños se ejercía con bastante frivolidad el control de esta muchedumbre humana, entre la que se encontraban muchos ciudadanos de los estados helenísticos, anteriormente libres, inteligentes y bien formados. Ni antes de la segunda mitad del siglo II a. C., ni después de mediada la siguiente centuria, se dieron condiciones tan favorables para el estallido de las revueltas en masa de los esclavos; sus consecuencias no se harían esperar. Ciertamente, éstas no consiguieron alumbrar un movimiento revolucionario unitario, toda vez que faltaban los presupuestos históricos para ello: ante todo se echaba en falta una ideología revolucionaria aglutinante, y las posibilidades de comunicación entre la población esclava de las distintas partes del mundo romano eran francamente reducidas. Además, los intereses y objetivos de los distintos grupos de esclavos divergían a menudo muy considerablemente entre sí; solía así suceder que, junto a los esclavos rebeldes, especialmente en las ciudades, había gran número de individuos que deseaban alcanzar la libertad por la vía legal de la manumisión y no por medio de la violencia (Diod. 36,4,8), mientras que los designios políticos de los sublevados podían ir desde la creación de un estado independiente dentro del mundo romano hasta el añorado regreso a la antigua patria allende las fronteras del imperio. Y fue ésta la razón por la que las revueltas de esclavos sólo llegaron a prender de forma aislada, tanto en el espacio como en el tiempo.

La primera rebelión de esclavos tuvo a Sicilia por escenario entre los años 135-132 a. C.[71]. Su origen estuvo en pequeños grupos de esclavos especialmente maltratados, entre los que también se encontraban pastores armados, que formaron bandas incontroladas de salteadores. En un golpe de mano conquistaron la ciudad de Enna e hicieron rey a su caudillo, el adivino y taumaturgo sirio Euno. Una vez que se hubo unido a los rebeldes otro grupo de esclavos sublevados bajo el mando del cilicio Cleón, los seguidores de Euno llegaron, según parece, a la cifra de 200.000 hombres; al principio obtuvieron considerables triunfos y sólo pudieron ser aniquilados tras una larga guerra. Este levantamiento tuvo eco entre los esclavos de Roma, Sinuessa y Minturnae, también en las minas de Laurión en el Ática y entre la población servil de Délos (Diod. 34/35, 2,19). Casi al mismo tiempo, entre el 133-129 a. C., prendía el levantamiento de Aristónico en la parte occidental de Asia Menor: este hijo ilegítimo del penúltimo dinasta de Pérgamo reclamó para sí el gobierno del estado tras la muerte del último de sus monarcas, que había dejado su reino en testamento a los romanos; dado que las ciudades permanecieron leales a Roma, Aristónico movilizó a los esclavos y pequeños campesinos, y sólo pudo ser vencido tras una prolongada y sangrienta guerra.

La siguiente oleada de revueltas llegó un cuarto de siglo después. Primero se produjeron disturbios entre los esclavos del sur de Italia, Nuceria y Capua, y estalló otra revuelta cuando un caballero romano de nombre Tito Vetio armó a sus esclavos contra sus acreedores (Diod. 36,2,1 s.); este último asunto, que había tenido por origen una historia amorosa entre el caballero y una esclava, nos indica la increíble ligereza con que solían actuar los propietarios de esclavos, como ya evidenciara tres decenios antes la provisión de armas a los pastores sicilianos por sus amos. Inmediatamente después de estas revueltas tuvo lugar el segundo gran levantamiento servil en Sicilia, entre 104-101 a. C., cuyas motivaciones revelaban en otro sentido cuál era la actitud dominante entre los domini romanos: en la crítica situación para la política exterior romana de la guerra cimbria, el senado tomó la resolución de ordenar la puesta en libertad de los ciudadanos deportados y esclavizados procedentes de los estados aliados de Roma, medida cuya ejecución en Sicilia fue saboteada por los dueños de esclavos. Como consecuencia de ello, una vez más se encendió en la isla una guerra servil que en muchos aspectos parecía una repetición del primer levantamiento en dicha provincia. La rebelión partió otra vez de dos grupos de esclavos, que se formaron en torno al sirio Salvio y al cilicio Atenión, de los que Salvio, un adivino como en su día Euno, fue también proclamado rey; una vez que el número de sus seguidores hubo ascendido a 30.000 como mínimo, los romanos tuvieron que mantener de nuevo una dura guerra para hacerse dueños de la situación en Sicilia.

La insurrección de esclavos más peligrosa para Roma, el movimiento que nació en Italia en torno al gladiador tracio Espartaco del 74 al 71 a. C., estalló una generación más tarde. Nació en Capua de una conjuración de gladiadores que no tenían ninguna dificultad de comunicación los unos con los otros y que fácilmente consiguieron hacerse con armas; tras los progresos de los primeros momentos, el número de partidarios de Espartaco ascendió al parecer a 120.000 hombres, cuya resistencia sólo sería vencida después de una larga y tornadiza contienda, en la que Roma hubo de poner en pie de guerra no menos de ocho legiones bajo el mando de Marco Licinio Craso.

Aunque los distintos movimientos serviles se diferenciaron entre sí en múltiples aspectos, también es cierto que todos ellos estaban unidos por una serie de elementos estructurales comunes, en los que aparecía nítidamente reflejada la naturaleza de estos conflictos. Los movimientos partieron de pequeños grupos de esclavos aislados, que —como pastores o gladiadores— eran difíciles de controlar y disponían de armas; tras los primeros avances, que se debían sobre todo al efecto sorpresa, estas revueltas devenían muy rápidamente movimientos de masas, al tiempo que miles de esclavos fugitivos iban confluyendo en el campamento de los rebeldes. El núcleo de los sublevados estaba integrado básicamente por esclavos de explotaciones agrícolas, es decir, por aquéllos que recibían un trato especialmente duro. También se unieron a los rebeldes sectores indigentes de la población campesina, hecho que está probado tanto para el caso de Aristónico como para los de Salvio (Diod. 36, 11,1 s.) y Espartaco (App. B. civ. 1,540). Por el contrario, las ciudades mostraron una actitud hostil frente a Aristónico y Espartaco; los individuos libres más pobres de los núcleos urbanos apenas apoyaron a los esclavos, preocupándose únicamente de sus propios intereses (Diod. 36,6), e incluso el elemento servil de las ciudades renunció en todo momento a hacer suya la causa de los sublevados (ibid. 36,4,8). Pero, aun sin este apoyo las masas de rebeldes estuvieron en condiciones de alzarse con éxitos dignos de toda consideración. Se organizaron con celeridad y bajo las órdenes de los cabecillas más apropiados, cuya autoridad fue generalmente aceptada en atención a sus dotes militares y organizativas o en virtud del carisma religioso de sus personas; al menos en Sicilia y Pérgamo aspiraron a establecer un estado propio al estilo helenístico, con un rey a la cabeza, y en tales casos desarrollaron principios de teoría del estado cuyo contenido estaba inspirado en ideas religiosas del oriente helenístico[72] — patria de muchos de los esclavos. Con todo, nada estaba más lejos de sus intenciones que la transformación radical del sistema social antiguo: sus metas eran o la creación de un estado esclavista propio, con los papeles ahora invertidos, o, como en el caso de Espartaco, la huida de Italia hacia la Galia o Tracia de donde procedían muchos de ellos. Por consiguiente, los sublevados no abolieron la institución de la esclavitud, sino que sólo cambiaron las tornas y dieron tratamiento de esclavos a sus antiguos amos, a los que, por ejemplo, pusieron a trabajar cargados de grilletes como operarios en fábricas de armas (Diod. 34/35, 2, 15). Ya solamente por esto dichos movimientos no estaban destinados a cambiar la estructura de la sociedad romana; sucedía además que sin el correspondiente respaldo de otros grupos sociales, sin una organización revolucionaria unitaria y sin el desarrollo de un programa positivamente revolucionario, quedaban condenados al fracaso. La guerra de los esclavos, que fue conducida contra los opresores con la misma crueldad con la que éstos se aplicaron a reprimirla, revistió tonos heroicos y despertó incluso el reconocimiento de romanos distinguidos, pero su suerte estaba sellada de antemano.

En consonancia con todo ello, tampoco el alcance histórico de las guerras serviles fue decisivo para la historia posterior de Roma; la tesis, por ejemplo, de que el imperio fue instituido en interés de los propietarios de esclavos, con el objeto de evitar mediante este férreo sistema de dominio una repetición de los levantamientos serviles sicilianos o de revueltas como la de Espartaco[73], desconoce el significado tanto de estas rebeliones como de los restantes conflictos de la sociedad romana durante la República tardía. La consecuencia más importante de las grandes sublevaciones de esclavos residió, más bien, en el hecho de que entre los círculos de propietarios comenzó a imponerse la idea de que el tratamiento brutal y la explotación incontrolada de esta fuerza de trabajo constituían, tanto desde el punto de vista político como de la rentabilidad, un método nada recomendable para la economía esclavista. Que la situación de los esclavos comenzó a mejorar lentamente a partir del levantamiento de Espartaco, se puso ya de manifiesto en el hecho de que en los últimos cuarenta años de la República, en los que el sistema de dominación romano estuvo sujeto a continuas conmociones, faltaron las grandes insurrecciones serviles. Muchos esclavos prefirieron entonces arrimarse a los políticos que les prometían libertad y bienestar: al campamento del aventurero político Lucio Sergio Catilina afluyeron también individuos de esta condición (Sall., Cat. 56,5), y al partido de Sexto Pompeyo pertenecían más de diez mil esclavos fugitivos, lo que explica que el emperador Augusto pudiese calificar de bellum servorum a la guerra sostenida contra éste (RGDA 25)[74]. Sin embargo, en esos conflictos no se ventilaba ya una mejora de las condiciones extremas de los esclavos, sino prioritariamente cuestiones de tipo político, en las que los no libres eran sólo medio para un fin. Así, pues, la consecuencia de los levantamientos de esclavos para la sociedad romana no fue distinta a la que produjeron los demás conflictos de la República tardía: se introdujo una corrección en la estructura social romana, pero ninguna alteración esencial en la misma.

A resultados en parte parecidos a los de las guerras serviles condujeron también los choques entre las poblaciones sometidas de las provincias y los beneficiarios del dominio romano. Ciertamente, conflictos de esta especie, al igual que los movimientos de esclavos, no estaban destinados a convertirse en grandes levantamientos, como no fuese esporádicamente y gracias a una combinación de circunstancias favorables; sucedía además que como consecuencia de la diversidad de relaciones sociales y políticas en las distintas partes del imperio romano estas insurrecciones presentaban una cohesión menor aún que las de los esclavos. Como puso de manifiesto el alzamiento de Aristónico en Pérgamo, la resistencia de los provinciales podía estar estrechamente entrelazada con un levantamiento de esclavos: la revuelta de Aristónico fue un levantamiento de esclavos, pero al propio tiempo también una insurrección de las capas más pobres de la población rural de Asia Menor, para las cuales la opresión extranjera resultaba particularmente insoportable; sintomáticamente, esta revuelta estalló en el preciso momento en que Roma iniciaba el afianzamiento de su sistema de dominio en el occidente de Asia Menor, y su jefe, como descendiente de un rey, hizo valer sus aspiraciones al trono. Cuatro décadas después de la derrota de Aristónico se apoderó de Asia Menor y también de Grecia un nuevo movimiento de masas antirromano, que sólo pudo tomar cuerpo gracias a la ayuda exterior, concretamente, al ataque del rey del Ponto Mitrídates contra territorio romano en una situación de debilidad para el estado republicano, envuelto en la guerra civil. A una orden del rey, y con el apoyo de sus tropas, en el año 88 a. C., murieron a manos de los enfurecidos provinciales 80.000 romanos e itálicos en Asia Menor, mientras que la revuelta prendía en Grecia y, muy particularmente, en Atenas; eran sus animadoras, sobre todo, las capas sociales bajas de la población libre, cuyo odio se dirigía contra los comerciantes, empresarios y recaudadores de impuestos del orden ecuestre[75].

Naturalmente, este tipo de movimientos no causó ningún cambio estructural en el sistema social romano, y ello fue así porque no se proponía como meta transformar desde dentro dicho orden social, sino únicamente sacudirse el yugo del estado romano. Por lo demás, todos ellos terminaron fracasando lo mismo que los levantamientos de esclavos. Aristónico murió en una cárcel de Roma en el 129 a. C.; Atenas se rindió tras un largo asedio por las tropas de Sila en el 86 a. C. Las consecuencias a largo plazo de tales conflictos fueron el contribuir a una progresiva mitigación de la brutal opresión sobre los provinciales y el llevar al convencimiento de que las capas superiores locales, por lo general leales a Roma, podían ser asociadas al nuevo sistema de dominio mediante concesión del derecho de ciudadanía y actuar así como puntales del orden social y político del estado romano.

Hubo un conflicto que pudo volverse especialmente peligroso para Roma y cuyas razones de fondo fueron tanto de índole política como social. Se trató de la resistencia de los socii itálicos contra quienes ejercían el dominio sobre la sociedad romana. Puesto que los aliados itálicos de Roma ya a partir de la segunda guerra púnica venían siendo maltratados y discriminados de manera creciente, las tensiones entre romanos e itálicos se agudizaron cada vez más desde mediados del siglo II a. C.; las arbitrariedades de los representantes del estado romano eran una provocación constante para los miembros de las capas altas de la población, mientras que los estratos inferiores de los socii, sobre todo las masas de campesinos pobres, tenían que padecer no sólo la opresión política exterior, sino también la penuria económica. Estas tensiones crecientes condujeron ya en el 125 a. C. a un levantamiento que estalló en Fregellae (Liv., Epit, 60 y Plut., C. Gracchus 3,1), después de que el cónsul Marco Ful vio Flaco hubiese intentado en vano una extensión del derecho de ciudadanía romana. Por lo demás, a partir de entonces el problema itálico siguió estando siempre de actualidad en el enfrentamiento entre optimates y populares; y cuando, tras las tentativas de reforma de Cayo Sempronio Graco y de Lucio Apuleyo Saturnino, también el programa reformador del tribuno de la plebe Marco Livio Druso se estrelló contra la inevitable oposición de la oligarquía, esta tensión estalló en una gran insurrección de los aliados itálicos contra Roma (bellum soctale), que del 91 al 89 a. C. convirtió a casi toda Italia en un campo de batalla (App., B. civ. 1,169 s.).

El levantamiento no fue un movimiento dirigido a subvertir el orden social, pues a los insurrectos preocupaba en primera instancia la obtención del derecho de ciudadanía romana (Vell. 2,15), y en la lucha contra Roma estaban también comprometidas las capas altas de los itálicos[76]. Pero para las masas de la población itálica, para el ingens totius Italiae coetus (Séneca, De brev. vitae 6,1), se trataba además de encontrar solución a los problemas sociales, y en este sentido fue muy elocuente el comportamiento de los sublevados frente al enemigo vencido en las colonias romanas conquistadas: los romanos más distinguidos fueron muertos, y los componentes de las capas bajas, incluidos los esclavos, alistados en los ejércitos de los insurrectos (App., B. civ. 1,186 y 190). Roma logró finalmente sofocar el levantamiento, pero sólo una vez que el derecho de ciudadanía romana hubo sido otorgado por la lex Julia del 90 a. C. a todos los itálicos que seguían fieles a Roma, y después por la lex Plantía Vapina del 89 a. C. a cuantos de los sublevados depusiesen las armas; ello significaba al mismo tiempo que el alzamiento, contrariamente a los movimientos serviles y a las revueltas provinciales, conseguía alcanzar sus objetivos. Pero de ello no se siguió en absoluto una modificación del sistema social romano: ni entre los antiguos socii ni en el conjunto de la sociedad romana desaparecerían por ello las diferencias sociales; antes bien, el orden establecido resultó reforzado por el hecho de que los estratos superiores de los itálicos se hicieron beneficiarios en pie de igualdad del sistema de dominación romano. Cierto es que no todos los conflictos fueron resueltos de un plumazo; los nuevos ciudadanos itálicos» que a partir de entonces entraban a formar parte de la asamblea del pueblo romano, se encontraron aquí perjudicados, porque al principio sólo pudieron inscribirse en ocho de las tribus votantes, e incluso muchos de ellos serían perseguidos y muertos por la reacción oligárquica durante las guerras civiles de Sila contra, los partidarios de Mario. La discriminación, sin embargo, había sido rota, y una vez que la población de la Italia septentrional hubo obtenido el derecho de ciudadanía romana, tota Italia, y no ya simplemente Roma con sus colonias, pasó a considerarse el solar patrio del Imperium Romanum (cf. RGDA 25).

Los conflictos más importantes de la República tardía y sus conexiones sociales

Los conflictos de mayor significación histórica en la sociedad romana de la República tardía se desarrollaron entre las formaciones políticas del cuerpo ciudadano romano y condujeron del movimiento de los Gracos a las guerrasfciviles de finales de la República. Apiano, que describió la historia de estos conflictos con más detalle y mejor captación de las interrelaciones sociales que cualquier otro historiador antiguo, puso claramente de manifiesto de qué manera la violencia de estas luchas había ido incrementándose paso a paso: se había iniciado con el asesinato de Tiberio Sempronio Graco, el primer derramamiento de sangre en la asamblea popular romana, que desde entonces fue testigo de choques armados recrudecidos y cada vez más frecuentes (B. civ. 1,4 s.); éstos degeneraron en abiertas guerras civiles, que sólo terminaron definitivamente con la instauración de la monarquía (ibid. 1,6 s. y 269 s.). Esa cadena de conflictos armados presenta una serie de semejanzas estructurales que resultan extraordinariamente instructivas: sus factores desencadenantes, la composición de los distintos frentes de lucha, el origen y el papel de los líderes de masas, el programa defendido por éstos, la forma en que fueron dirimidos estos conflictos, la reacción suscitada por los mismos y, finalmente, las secuelas de cada uno de ellos, ponen de manifiesto la repetición de numerosos elementos que reflejan muy claramente los problemas, las relaciones de fuerza y las perspectivas de futuro de la sociedad romana durante la República tardía. Por otra parte, en las diferencias no menos evidentes entre cada uno de estos conflictos se puede constatar cómo el contenido social de dichos enfrentamientos fue cada vez más relegado a un segundo plano por su carga política, con el resultado de que esa cadena de luchas sólo acabó por alterar el marco político del orden social romano, pero no este orden en cuanto tal[77].

Las causas de los choques habidos en el seno de la ciudadanía romana, como en los restantes conflictos sociales y políticos de la República tardía, residían en el cambio de estructura que se había producido desde los tiempos de Aníbal y que había despertado también nuevas tensiones entre los ciudadanos. En correspondencia con la heterogeneidad social de ese cuerpo ciudadano, la naturaleza de estas tensiones era de una complejidad decididamente mayor que la de los conflictos entre señores y esclavos, romanos e itálicos, o romanos y provinciales: se trataba de fricciones dentro de la aristocracia senatorial, sobre todo, entre las distintas facciones de la nobilitas dirigente, cada una de las cuales contaba con el apoyo de amplias masas de clientes; también entre la nobleza senatorial y el recién formado orden ecuestre, con los ricos empresarios y los grandes arrendatarios en sus filas, y, además, entre los potentados del estado romano y las muchedumbres de proletarios que se apiñaban en Roma, así como entre los terratenientes ricos y el campesinado pobre. En los años treinta del siglo II a. C. estas tensiones alcanzaron un grado tan alarmante que indujeron a las mejores fuerzas de la aristocracia a intentar su solución por medio de reformas. Significativamente, las tentativas se iniciaron por donde parecían más apremiantes para los intereses del estado aristocrático, por la cuestión agraria: el empobrecimiento de tantos y tantos campesinos estaba amenazando la continuidad en el reclutamiento del ejército romano y, con ello, el mantenimiento del sistema de dominio en el exterior (App., B. civ. 1,43 s.), al tiempo que el peligro político principal radicaba en el descontento de las masas proletarias emigradas a Roma y plenamente admitidas en la asamblea popular. Sin embargo, era también muy revelador el que la cuestión agraria no fuese susceptible de solución mediante una reforma pacífica, más aún, que el fracaso de la primera tentativa reformadora provocase la agudización de otras tensiones sociales, y, finalmente, que las divergencias en torno a los problemas sociales engendrasen automáticamente un conflicto entre distintos grupos de presión política.

El primer conflicto abierto dentro de la ciudadanía romana sobrevino en el año 133 a. C.[78]. Llevado por la preocupación de completar las filas del ejército romano, el tribuno de la plebe Tiberio Sempronio Graco, descendiente por vía materna de Escipión el Africano y cuñado de Escipión Emiliano, propuso en la asamblea popular la aprobación de una ley agraria con la que se pretendía revitalizar el campesinado romano. Tomando como base la antigua ley licinio-sextia, se preveía que ninguna persona había de disponer en el agerpublicus de una posesión superior a las 500 yugadas (o a las 1.000 yugadas, en el caso de familias numerosas), con lo que, pese a todo, estas posesiones devenían propiedad de sus anteriores ocupantes. Las tierras recuperadas por la limitación de la superficie de ocupación debían ser repartidas entre agricultores pobres como parcelas de un máximo de 30 yugadas, pero en adelante habían de continuar en propiedad del estado romano —lo que se hacía explícito mediante el pago de un arriendo insignificante—, a fin de que no pudiesen ser adquiridas por los grandes propietarios. De la puesta en práctica de la reforma debía encargarse una comisión de tres personas, compuesta por el propio tribuno, su suegro, Apio Claudio Pulcher, y su hermano más joven, Cayo Graco. La comisión se puso a trabajar, y en los años siguientes numerosos campesinos fueron provistos de tierras. Sin embargo, la resistencia de los ricos, que tan bien describe Apiano (B. civ. 1,38 s.), resultó más fuerte de lo que se esperaba: cuando Tiberio Graco intentó hacerse reelegir como tribuno de la plebe para el año siguiente, a fin de protegerse contra una segura acusación, sus enemigos organizaron un tumulto en el que el tribuno y numerosos de sus partidarios fueron asesinados. Es verdad que una nueva comisión para la distribución de las tierras de cultivo pudo continuar su trabajo hasta el año 129 a. C. y cosechar así algunos éxitos parciales en la realización del programa reformador, pero la auténtica meta que se había trazado Tiberio Graco no fue alcanzada. El fracaso de esta primera tentativa reformadora no impidió la prosecución de estos mismos esfuerzos, de la misma manera que el recuerdo del triste destino de Tiberio tampoco evitaría nuevas medidas de represión sangrientas. Antes bien, para los movimientos reformadores venideros, aunque también para sus represores, quedó así sentado un modelo a seguir en muchos sentidos. Por otra parte, la figura de Tiberio Sempronio Graco, como más tarde la de su hermano menor Cayo, se convirtió para los pobres en un símbolo de política en pro de la mayoría y abierta a las reformas, de política «popular», mientras que para los defensores de los privilegios de la oligarquía, pronto autodenominados «optimates» de acuerdo con la valoración moral que hacían de su propia posición social, aquella figura se les aparecía como el prototipo del agitador. En los decenios siguientes, y siempre interrumpidos por períodos de restauración oligárquica, se vivieron hechos parecidos a éste, hasta que, tras el tribunado de Marco Livio Druso en el año 91 a. C., desembocaron en las guerras civiles.

La segunda etapa del conflicto, después de que el trabajo de la comisión agraria hubo llegado a un punto muerto a partir del 129 a. C. y de que en el 125 a. C. se frustrase el intento de reforma de Marco Fulvio Flaco en favor de los itálicos, se abrió en los años 123 y 122 a. C. con el tribunado de Cayo Sempronio Graco. Cayo tenía un programa de reformas bastante más ambicioso que el de su hermano mayor; se tradujo en no menos de 17 nuevas leyes. Con el objeto de poner a cubierto tanto a su persona como a sus partidarios de cualquier acto de fuerza de los magistrados oligárquicos, hizo que se votase una ley en virtud de la cual un ciudadano romano sólo podría ser condenado a muerte por el pueblo. Para ampliar al máximo la base de sus seguidores, renovó a los publicani ecuestres el arrendamiento de impuestos en la provincia de Asia, quienes de esta manera se veían con las manos libres para la explotación del país, y transfirió al mismo tiempo a los caballeros la facultad de integrar los tribunales encargados de instruir proceso en los casos de abuso de autoridad, del que los senadores, y principalmente los gobernantes provinciales del orden senatorial, se habían hecho culpables. Esta reforma se reveló cargada de enormes consecuencias, ya que comportaba la politización del estamento ecuestre y su inmersión en el conflicto desde una posición que necesariamente había de producir choques con el senado. Repercusiones a largo plazo tendría también una medida de Cayo Graco permitiendo al pueblo en Roma el aprovisionamiento de cereales a bajo precio; también sus disposiciones para la mejora de la red viaria itálica y la construcción de silos para el almacenamiento de grano facilitaban en particular el abasto de la plebe urbana en la capital. Menos efectividad, en cambio, tuvo la parte central de su reforma política, a saber, el mejoramiento de la situación del campesinado, incluidas las masas de población rural de los aliados itálicos. La puesta en práctica de la reforma agraria de Tiberio Graco fue acometida de nuevo con resultados mediocres; se demostró fallido el esfuerzo por satisfacer las necesidades de las masas populares carentes de tierras con la entrega de parcelas mediante colonización en África, por escasez de parcelas en la Italia central. Sin éxito alguno acabó también el proyecto de otorgar la ciudadanía romana a los latinos y el derecho de voto en la asamblea popular a los socii. Al igual que el de Tiberio Graco, este programa de reformas, que por causa precisamente de las medidas previstas en favor de los itálicos resultaba también impopular entre muchos ciudadanos romanos, movilizó una vez más a la reacción, y en el 121 a. C. Cayo Graco y sus seguidores perecieron violentamente. La realización de la reforma agraria fue proseguida sin entusiasmo, hasta que en el año 111 a. C. una nueva lex agraria abolió la cláusula de arrendamiento introducida en su día por Tiberio Graco; se malograba así el objetivo principal del programa reformista: el asegurar la estabilidad económica de los campesinos librando a sus parcelas de la compra por parte de los ricos. Tras la muerte de Cayo Graco transcurrieron aproximadamente unas dos décadas antes de que el conflicto estallase otra vez abiertamente, favorecido esta vez por el hecho de que entre los años 104 y 100 a. C. revistió ininterrumpidamente el consulado un homo novus enemigo de la nobilitas, Cayo Mario. Con todo, el verdadero adalid de la reforma no fue él, sino Lucio Apuleyo Saturnino, tribuno de la plebe en los años 103 y 100 a. C. El programa de los reformadores se asemejaba en muchos sentidos al de los Gracos, pues sus sucesores los populares lo asumieron plenamente conscientes de ello; también la utilización del tribunado y de la asamblea popular como vehículos de la política reformista respondía al precedente sentado por los Gracos. Los temas de la propaganda «popular» eran, como siempre, la cuestión agraria, el reparto de grano entre los pobres y las medidas en favor de los aliados itálicos. Nuevo era ciertamente el planteamiento de la cuestión agraria: en las violentas luchas políticas de los años 103 y 100 a. C., lo que ante todo se dilucidaba era la provisión de bienes raíces a los veteranos de Mario, concretamente mediante asentamientos coloniales en las provincias, ya que muchos de estos soldados licenciados carecían de toda propiedad, y se hacía preciso disponer para ellos nuevos espacios de cultivo, cosa ya casi imposible dentro de Italia. Constituía asimismo una novedad el hecho de que ahora también los populares recurriesen desde un principio a la demagogia y al terror, lo que empujó a sus aliados naturales, los caballeros, a colocarse del lado de la reacción senatorial. Como ya se había puesto en práctica en el año 121 a. C. contra Cayo Graco y sus seguidores, en el año 100 a. C. fue declarado el estado de excepción, que Mario debió hacer cumplir incluso contra sus propios partidarios. El asesinato de Saturnino y sus adeptos constituiría el último acto de una serie repetida de escenas violentas[79].

Por aquel entonces no se habían puesto aún de manifiesto las trascendentales consecuencias de la más importante medida tomada por Mario, la reforma del ejército, que fue llevada a efecto en época de sus campañas militares: mientras que hasta la fecha el ejército romano se venía reclutando entre propietarios, campesinos con tierras que habían también de equiparse a su costa, Mario procedió a completar filas a base de proletarios carentes de toda propiedad (capite censi), a quienes armaría el estado. No era totalmente nuevo este sistema de reclutamiento, pues ya antes se había echado mano de los desposeídos en situaciones críticas; por otra parte, con su aplicación no se eliminó del todo el reclutamiento del ejército romano a partir de las clases censitarias de los propietarios. No obstante, la medida de Mario, como resultado de la cual muchos ciudadanos sin bienes raíces se alistarían a filas, tuvo decisivas consecuencias para la historia de la República tardía. Pues esta reforma explica el que los conflictos venideros fuesen resueltos en guerras civiles con ejércitos regulares. Con el nuevo sistema de reclutamiento se revivía, por un lado, la cuestión agraria, dado que el objetivo principal de los nuevos soldados era que se les pagase con bienes raíces tras el servicio militar; así se alejaba de Roma a las muchedumbres insatisfechas de proletarios, si bien desde ahora podían hacer valer sus reivindicaciones por la fuerza de las armas. Por otro lado, entre los políticos dirigentes que mandaban los ejércitos, y la tropa, nacieron relaciones muy estrechas: tan sólo estos generales podían responder con sus fortunas de que los soldados percibiesen regularmente sus pagas, y, sobre todo, únicamente su influencia política podía hacer que los veteranos viesen asegurado su porvenir en el momento de licenciarse con la entrega de parcelas en Italia o en las provincias[80]. Los políticos de más relieve dispusieron así de un instrumento tan poderoso como leal, cuya aplicación contra sus enemigos dentro del estado equivalía a la guerra civil.

Este cambio en los conflictos de la ciudadanía romana se hizo pronto patente. Tras la caída de Lucio Apuleyo Saturnino la lucha entró con el año 91 a. C. en una nueva y decisiva fase cuando el tribuno de la plebe Marco Livio Druso acometió la solución de los problemas pendientes[81]. Hasta qué punto se habían complicado éstos en el ínterin, es algo que se trasluce en el amplio y diverso programa de Druso, que afectaba a todas las capas sociales inmersas en el conflicto. A los aliados itálicos prometía el tribuno la ciudadanía romana, a los proletarios la solución de la cuestión agraria, a los caballeros el acceso a los cargos senatoriales, a los senadores la participación en los tribunales reservados desde Cayo Graco a los caballeros: tribunus plebis Latinis civitatem, plebi agros, equitibus curiam, senatui indicia permisit (Viri ill. 6, 6,4). No constituyó ya ninguna novedad que Druso cayese víctima de la reacción al igual que los más destacados políticos reformadores. La situación tras su asesinato, sin embargo, fue del todo nueva, pues con la defenestración de este líder popular no se abrió un período de diez o veinte años de reacción oligárquica, como había sucedido hasta ahora en semejantes casos, sino que el conflicto degeneró en un enfrentamiento político y militar permanente entre los distintos grupos de interés. La guerra de los aliados del 91-89 a. C., desencadenada a resultas de la caída de Druso, se trató ya de una guerra civil en toda regla, en la cual los optimates y los populares se vieron obligados ciertamente a defender en común los intereses superiores del sistema de dominación romano. Pero, tan pronto como esa contienda hubo pasado, la guerra civil entre optimates y populares comenzó de nuevo en toda su crudeza.

Para empezar, los populares se agruparon en torno al tribuno del año 88 a. C., Publio Sulpicio Rufo, también en torno a Mario, resurgido del olvido político, y, sobre todo, en torno al cónsul del año 87 a. C., Lucio Cornelio Cinna; los optimates apostaron por Lucio Cornelio Sila[82]. Pero la decisión fue de los ejércitos que apoyaban a cada una de las facciones políticas: Mario pudo movilizar a muchos de sus antiguos soldados; Sila se apoyó en las tropas puestas bajo su mando para la guerra contra Mitrídates en Oriente. De esta feroz guerra civil, en la que primero los partidarios de Sila, luego los de Mario y, por último, las tropas de Sila nuevamente, ocuparon Roma, salieron triunfadores los optimates. También su reacción fue en esta ocasión distinta a la de las fases precedentes del conflicto: Sila permitió el aniquilamiento en masa de sus enemigos y del 82 al 79 a. C., ya dictador, asumió plenos poderes dentro del estado, con el objeto de afianzar el régimen oligárquico mediante drásticas medidas reformadoras. Sus leyes se enderezaban a restablecer el dominio senatorial: el senado fue aumentado con unas 300 nuevas personas del orden ecuestre; los cargos y la carrera senatoriales conocieron una nueva regulación; la legislación fue sometida a la aprobación del senado; el poder de los tribunos de la plebe sufrió un considerable recorte; los tribunales por jurados fueron arrancados a los caballeros y convertidos en tribunales senatoriales; y, para evitar la constitución de un poder militar en Italia, el mando de tropas dejó de asignarse a magistrados en ejercicio y se reservó en exclusiva a los ex-cónsules y ex-pretores, quienes habían de desempeñar durante un año, respectivamente, su imperio militar en las distintas provincias en calidad de gobernadores. Pero estas reformas socavaron al mismo tiempo muchos de los fundamentos de la República aristocrática, a tal punto que la autocracia de Sila supuso, en realidad, el primer paso decidido en el camino del estado romano hacia la monarquía.

Tras el retiro y muerte, acaecida poco después, del dictador, el régimen de Sila se mantuvo durante casi un decenio. Pero este sistema constitucional, que aspiraba a salvar la posición dirigente de una oligarquía en descomposición, no podía ofrecer una solución duradera. Muchos problemas, que eran la raíz de los anteriores enfrentamientos entre optimates y populares, seguían como siempre sin resolverse; además, desde la guerra civil entre Mario y Sila pudo ya entreverse cuál era la única posibilidad de superar definitivamente la crisis, a saber, la implantación de un poder monárquico por los jefes de las facciones políticas con ejércitos propios. Cuando en el año 70 a. C. las disposiciones tomadas por Sila en favor de la supremacía del senado fueron en parte anuladas en virtud de una reforma judicial y por la abrogación de las limitaciones impuestas al tribunado de la plebe, la restauración de la antigua república se convirtió ya en algo imposible. Significativamente, las tareas en las cortes de justicia quedaron repartidas entre senadores y caballeros (y un tercer grupo de hombres acomodados de las organizaciones tribales), mientras que los tribunos populares en los últimos cuatro decenios de la República sólo conservaron influencia política en calidad de agentes de los grandes portadores de imperio. El futuro pertenecía a estos políticos y generales todopoderosos, cuya ascensión había sido vehiculada por la reforma militar de Mario. Los últimos cuarenta años de la República, la época de su «last generation», transcurrieron bajo el signo de una lucha en la que primero se dirimió si la República oligárquica era todavía recuperable o inevitablemente había de convertirse en una monarquía, y en la que después se dilucidaría a cuál de entre los líderes políticos rivales correspondería el gobierno autocrático[83]. En los dos primeros decenios que siguieron a la desintegración del régimen silano se sitúa el deslumbrante ascenso de dos políticos populares: era el uno, Cneo Pompeyo, que descolló principalmente como consecuencia de sus brillantes triunfos en Oriente entre los años 67-63 a. C., y el otro, Cayo Julio César, que adquirió su gloria militar a raíz de la conquista de las Galias desde el 58 a. C. La guerra civil entre estos dos rivales (a partir del 49 a. C.) fue todavía una lucha por decidir qué forma tomaría el estado, ya que Pompeyo se había resuelto por el bando del senado; la autocracia de César, resultado de esta guerra, significó el triunfo claro de la monarquía sobre la república. Esta victoria no había de ser invalidada pese al asesinato de César en el 44 a. C.: con la derrota en el 42 a. C. de los asesinos de César, de los últimos campeones del sistema oligárquico, frente a Marco Antonio y Octaviano, el posterior Augusto, la República se hundía para siempre. Ahora sólo restaba saber quién debía tomar posesión en exclusiva de la herencia política de César; tras la eliminación de las figuras secundarias, como Sexto Pompeyo y Marco Emilio Lépido, la batalla de Actium (31 a. C.) y la muerte de Antonio (30 a. C.) convirtieron en vencedor al futuro Augusto, qui cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium accepit (Tac, Ann. 1,1).

Los rasgos en común de los conflictos habidos en el seno del cuerpo ciudadano romano desde Tiberio Sempronio Graco hasta la batalla de Actium, y que iluminan la estructura de la crisis, resultan tan dignos de atención como sus crecientes diferencias, en las cuales se advierte un cambio de énfasis en el contenido de la crisis, con un desplazamiento del terreno preferentemente social al político. Atención merece, sobre todo, el hecho de que los conflictos entre los distintos grupos de interés del cuerpo ciudadano se encendieron por regla general en situaciones particularmente difíciles para el estado romano; fueron estos momentos de debilidad para el sistema oligárquico los que en definitiva hicieron posible inicialmente a los jefes de los populares abordar una política reformista. El mayor de los Gracos emprendió su obra reformadora no mucho después de las serias derrotas en Hispania, coincidiendo con las fechas en que el primer levantamiento de esclavos siciliano alcanzaba su punto álgido, y la rebelión de Aristónico en Pérgamo acababa de empezar. Cayo Graco entró en escena poco después de la primera sublevación de los aliados itálicos en Fregellae. Mario y Saturnino se aprovecharon de la impotencia de la nobilitas en la conducción de la guerra contra Yugurta en África y de las consecuencias de la contienda contra cimbrios y teutones, como también de la difícil situación creada al sistema oligárquico por el segundo levantamiento de esclavos en Sicilia. Para su programa de reformas Marco Livio Druso intentó sacar partido de una situación de tensión producida por un escándalo político reciente. El activismo político más encarnizado de los populares se inició unos años después de que hubiese concluido la guerra de los aliados y de que en el Oriente, Mitrídates lanzase su ataque contra las provincias romanas apoyado por los provinciales sublevados. La disolución del sistema constitucional silano sobrevino en el tiempo de la rebelión de Espartaco. El régimen oligárquico, así pues, se mantuvo realmente fuerte al menos durante los primeros decenios de la crisis de la República, y en un principio sólo pudo ser atacado en situaciones transitorias de debilidad.

Estas conexiones, sin embargo, no deben hacernos olvidar el hecho de que los diferentes conflictos de la sociedad romana en época de la República tardía no siempre estuvieron directamente entrelazados: ni las guerras serviles, ni los levantamientos en las provincias, ni siquiera los movimientos de los aliados contra Roma, se llevaron a efecto, pongamos por caso, en alianza con los populares. Los intereses de los esclavos insurrectos y del movimiento de los populares eran radicalmente dispares. No sólo las sublevaciones serviles carecieron de todo respaldo de las masas de proletarios romanos, sino también a la inversa: los populares llamaron a menudo en ayuda de su causa también a los esclavos, pero casi siempre sin éxito, como en el caso del más joven de los Gracos (App., B. civ. 1,115), de Mario (ibid. 1, 262 s.) y, al principio, en el de Cinna (ibid. 1,293; de distinto modo, después: ibid. 1,316). Tampoco entre populares y provinciales en lucha contra la dominación romana podía haber entente alguna; los habitantes de Hispania que prestaron su apoyo a Quinto Sertorio, un partidario de Mario en guerra contra la oligarquía, no eran en absoluto enemigos del poder romano, sino que combatían por Sertorio, el cual consideraba a su gobierno en Hispania, con un senado propio, como el régimen romano legalmente constituido. En cambio, entre los populares y los socii itálicos se dieron indiscutiblemente estrechas relaciones; la recomendación de reformas políticas y económicas en pro de los itálicos estuvo siempre presente en el programa de la política «popular», desde Cayo Sempronio Graco hasta Marco Livio Druso. Aun así, es un dato revelador el que en la guerra de los aliados optimates y populares contendiesen juntos contra el alzamiento de los itálicos: tan pronto como un movimiento social o político ponía en cuestión el propio sistema de dominación romano, veíase unánimemente rechazado por los distintos grupos políticos de interés en Roma. Ya sólo la incidencia de este factor en la historia centenaria de la crisis republicana habría sido suficiente para impedir que los múltiples y heterogéneos conflictos de esta época hubiesen desembocado en un movimiento social unitario dirigido a alterar el orden social imperante: en los conflictos más relevantes de la República nunca se alinearon en contra frentes sociales de opresores y oprimidos, de manera que los resultados de estas luchas no pudieron entrañar la transformación violenta de aquel orden social.

Precisamente la historia de los bandos contendientes en la larga serie de conflictos surgidos en el seno de la ciudadanía romana revela con toda claridad la naturaleza de estos enfrentamientos. Apiano destacaba con razón que en tiempos de Tiberio Sempronio Graco los frentes en lucha estaban integrados, de un lado, por los grandes propietarios ricos, y, de otro, por los pobres, y que los restantes grupos de la población, en consonancia con sus respectivos intereses, se alineaban en uno u otro bando (B. civ. 1,39 s.). Pero ya entonces había senadores en el lado de los pobres y grupos de sencillos ciudadanos bajo una estrecha dependencia personal de los aristócratas en el lado de la oligarquía, mientras que los caballeros se repartían entre los dos campos (Vell, 2, 3, 2). Cicerón, así pues, tenía bastante razón cuando daba a entender que ya desde los Gracos la sociedad romana quedó de tal modo dividida en dos bandos que uno podría realmente hablar de dúo senatus et dúo paene iam populi (De re p. 1,31). Es, como muy tarde, la guerra civil entre Mario y Sila, a partir de cuando nos encontramos claramente ante grupos políticos de interés enfrentados entre sí y muy mezclados — con una composición interna que podía alterarse con gran rapidez en función de los correspondientes intereses de los distintos líderes y facciones[84]. Salustio había caracterizado con gran acierto a los populares y optimates de los años sesenta del siglo I a. C.: cuando los jóvenes alcanzaban el tribunado de la plebe, «comenzaban, con la falta de consideración propia de su edad y carácter, a soliviantar a la masa con reproches contra el senado y a encandilarla después por medio de regalos y promesas, ganando de esta manera para sí mismos renombre y poder. Contra ellos se resistía por todos los medios la mayor parte de la nobleza, aparentemente en nombre del senado, aunque en realidad defendiendo su propia posición de poder… Los unos actuaban así, como queriendo salvaguardar los derechos del pueblo, los otros, como deseando elevar al máximo el prestigio del senado —todos invocaban el bien común, pero en realidad cada cual sólo luchaba por su propia influencia» (Cat. 38,1 s.).

Fue así cada vez más frecuente que los representantes de unas mismas capas sociales asumiesen una posición política opuesta. Para empezar, resultaba significativo el hecho de que no sólo los líderes de los optimates, sino también los de los populares fuesen siempre senadores, en concreto, aquellos que buscaban satisfacer sus intereses en la lucha contra la oligarquía[85]. Sus orígenes y motivaciones personales podían ser muy diversos: muchos de ellos procedían de la alta nobleza, como los Gracos, Marco Livio Druso o César; otros, como Mario y también Cayo Servilio Glaucia, un político reformador asociado a Lucio Apuleyo Saturnino, eran enemigos acerbos de la alta nobleza y pertenecían al círculo de homines novi tanto tiempo perjudicados; algunos, como los Gracos, estaban movidos por motivos desinteresados, y otros, como Publio Sulpicio Rufo (Plut., Sulla 8,1), eran meros estafadores; algunos, caso de Saturnino, habían tenido que encajar severas derrotas políticas en el ejercicio anterior de las magistraturas, y muchos, como un Sulpicio Rufo (Plut., Sulla 8,2), un César (App., B. civ. 2,3 y 2,26 s.; Plut., Caes. 5,8 s.) o un Antonio (Plut. Ant. 2,3), estaban además cargados de deudas. Pero todas esas diferencias en nada cambiaban el hecho de que los caudillos de los populares, al igual que los de los optimates, procedían de la nobleza senatorial, dándose además bastantes casos de senadores que apoyaron la causa de los populares: Sila, un paladín de la causa aristocrática, mandó matar o desterrar a más de 100 senadores por ser enemigos suyos (App., B. civ. 1,482). En las luchas por el poder político después de Sila la toma de postura de los senadores fue más inconstante todavía, y en las guerras civiles de finales de la República se dio el caso de senadores que cambiaron de partido más de una vez. Sólo muy pocos nobles pudieron mantener una actitud política tan consecuente como la del segundo Marco Porcio Catón, que fue siempre un sostenedor de los ideales republicanos; más típico del comportamiento de los aristócratas eran las frecuentes fluctuaciones de un Pompeyo o Cicerón a lo largo de sus dilatadas carreras políticas.

Tampoco las otras capas sociales se mantuvieron en absoluto unidas en los enfrentamientos de la República tardía. En el año 133 a. C. una parte de los caballeros apoyó a la oligarquía y la otra a Tiberio Sempronio Graco. Una década más tarde fueron movilizados por Cayo Graco contra el senado con la creación de los jurados ecuestres, lo que ciertamente no impidió que en el 121 a. C. participasen en la aniquilación del movimiento graquiano. Posteriormente, entre ellos y los senadores se dieron siempre nuevas confrontaciones, si bien era la concordia ordinum, la armonía entre senadores y orden ecuestre, a la que Cicerón instaba como fundamento de la República romana[86]. Hasta qué punto podía variar la posición política de cada uno de estos caballeros, nos lo pone perfectamente de manifiesto el hecho de que Sila ejecutó a 1.600 equites como enemigos suyos y ordenó, en cambio, que otros 300 ingresasen en el senado. Las masas del proletariado urbano eran fácilmente manipulables por medio de la agitación demagógica y el regalo, de todo lo cual los populares supieron sacar gran partido[87] Lo bien que estas muchedumbres podían ser dirigidas por un político hábil, se reflejó como en ningún otro caso cuando Antonio las incitó contra los asesinos de César (App., B. civ. 2,599 s.). Pero con idénticos procedimientos podían también los optimates movilizar en favor suyo a las masas, y por eso la auténtica fuerza de la dictadura de Sila se basó, además de en la fidelidad de sus 120.000 veteranos, en la lealtad de los 10.000 Cornelii, que eran sus libertos y, sobre todo, supieron defender su causa entre la plebe urbana de Roma (App., B. civ. 1,489). Los veteranos apoyaron siempre a su antiguo jefe militar, que los había llevado a la victoria y asegurado su porvenir con tierras; desde Mario y Sila ellos constituyeron, con los soldados en activo, la columna vertebral de los movimientos políticos, agrupados en torno a cada una de las personalidades dirigentes[88]. La heterogeneidad social a que podía llegar la composición interna de uno de estos grupos políticos de interés, particularmente en los conflictos de la República posteriores a Mario y Sila, se hizo patente en la conjuración de Catilina del año 63 a. C. contra el orden constitucional. El caudillo de este movimiento era un ser fracasado de la vieja nobleza, endeudado y marcado por el infortunio político; entre sus seguidores había representantes de todos los estratos sociales posibles, a quienes sólo unía el descontento frente a la situación imperante: senadores, caballeros, miembros de las capas altas de las ciudades itálicas, artesanos, lumpenproletariado, libertos y esclavos[89].

La composición interna de los frentes surgidos en la sociedad romana durante la República tardía fue variando, al igual que también cambió el contenido de estas luchas. Tiberio Sempronio Graco combatía por una reforma social en pro de campesinos y proletarios pobres valiéndose para ello de medios políticos. Su hermano más joven persiguió este mismo objetivo, pero comprometió también en el conflicto a los caballeros y aliados itálicos, y, en consonancia con ello, fijó asimismo nuevas metas políticas al movimiento. Las motivaciones sociales (provisión de tierras a los pobres y, desde Mario, a los soldados licenciados, mediante repartos de parcelas en usufructo o por medio de la colonización) jugaron siempre un papel en el programa posterior de los populares, pero ya desde el cambio de siglo el eje en torno al que giró la lucha fue el reparto del poder y, con él, la cuestión constitucional; el problema agrario y el otro punto central en la problemática sociopolítica de la República tardía, la frumentatio, es decir, el reparto de víveres entre las masas de Roma, fueron cada vez más un simple pretexto en la lucha de los jefes ávidos de poder en el estado. También la forma en que se desarrollaron los conflictos entre los grupos de interés evidenciaba la transformación del primitivo movimiento animado de reivindicaciones sociales y políticas en una mera pugna por la conquista del poder. Sobre todo desde los Gracos hasta Sulpicio Rufo, aunque también en parte aún después de Sila, los populares utilizaron la institución del tribunado de la plebe y la asamblea popular como instrumento y espacio de lucha. En consecuencia, los actos de violencia política no tomaron ciertamente la forma de abiertas guerras civiles, si bien se desarrollaron en ritmo e intensidad acelerados: demagogia, violaciones constitucionales, escenas tumultuarias, asesinatos políticos y aniquilamiento brutal del adversario.

Estos métodos de lucha continuaron siendo empleados más tarde, sobre todo durante los enfrentamientos de triste memoria tenidos lugar en Roma a finales de los cincuenta, que prepararon la guerra civil entre César y Pompeyo. Pero desde los años ochenta del siglo I a. C. estas formas de lucha experimentaron un cambio considerable. Los populares movilizaron ejércitos para alcanzar sus fines e instauraron en Roma, como lo hizo Cinna en 87-84 a. C., un régimen político de mano dura. Verdad era que no sólo los populares recurrieron a nuevos procedimientos en el empleo de la violencia, sino también la reacción oligárquica. Hasta ahora ésta última se había dado generalmente por satisfecha con la persecución de los populares más comprometidos, no había osado abolir, al menos abiertamente, la legislación reformista impuesta previamente y, por lo demás, se había imaginado que las cosas volverían por sí mismas a su cauce; la dictadura de Sila, por el contrario, fue un intento de represión total, desde luego no sin una serie de reformas políticas dignas de tener en cuenta, y éstas evidenciaban que las antiguas formas de la República ya no podían restablecerse prescindiendo de cambios. Algo sin precedentes, en cambio, eran las guerras civiles, como las que tuvieron lugar entre Mario y Sila, Sertorio y Pompeyo, Pompeyo y César, los republicanos y los herederos políticos de César, y, finalmente, entre cada uno de los sucesores políticos del dictador: en este tipo de contiendas se encontraron frente a frente ejércitos regulares, las operaciones bélicas afectaron a todo el imperio romano, y los enemigos políticos fueron muertos en masa en el curso de batallas campales o de sangrientas proscripciones. En estas luchas por la conquista del poder no tenía ya cabida un movimiento de reforma social, y sus efectos se dejaron sentir no en el orden social, sino en el sistema político de Roma.

Las consecuencias de la crisis para la sociedad romana

En consonancia con la estructura de los conflictos de la República tardía y con la naturaleza del cambio operado en la sociedad romana de los Gracos hasta la instauración del imperio, el sistema social reinante no se vio esencialmente alterado, sino sólo modificado en algún aspecto; radicalmente trastocado lo fue únicamente el régimen político en que se organizaba la sociedad romana[90]. Los fundamentos económicos del orden social, en líneas generales, continuaron siendo los mismos que los existentes desde la época de la segunda guerra púnica. La vida económica se basaba aun en gran medida en la producción agraria, que se llevaba a efecto en los latifundios, aunque también en las pequeñas heredades de los colonos agrícolas y en las modestas parcelas del campesinado pobre; empero, la economía agrícola, al igual que antes, constituía sólo una parte del sistema entero de producción: la manufactura ampliamente desarrollada y el comercio, ligados a una actividad empresarial fuerte, a las transacciones con el exterior y a la economía monetaria, así como la minería, desempeñaron un papel considerable. La expansión fuera de Italia, que aseguraba las condiciones para el ulterior desarrollo de este sistema económico, fue proseguida con el sometimiento de Siria por Pompeyo, con la conquista de la Galia por César, y con la extensión posterior del dominio romano en Hispania, en la Península balcánica y en Asia Menor. Por ello mismo, también la división de la sociedad romana apenas sufrió modificaciones. Ciertamente, durante el período de luchas abiertas las distintas capas sociales se vieron algo afectadas, en algún caso experimentaron un desarrollo considerable, y en parte también se produjo una fuerte alteración en su composición interna; con todo, lo que no se dio fue el nacimiento de estratos sociales totalmente nuevos, ni desapareció ninguno de los formados anteriormente. De esta manera, se mantuvo inconmovible en líneas generales el modelo de sociedad dominada por unas capas altas muy reducidas numéricamente y de rasgos estamentales. Es cierto que las tensiones existentes en el seno de esta sociedad sólo disminuyeron en una pequeña parte durante este período de crisis centenaria, pero todas estas tensiones y conflictos de la República tardía no estaban en condiciones de destruir el sistema social. Tampoco se desarrolló una nueva ideología que sirviese de cohesión a la sociedad entera: el mos maiorum, incluso para la aristocracia senatorial, había dejado de ser desde hacía tiempo el único sistema de referencia, a pesar de lo cual los teóricos de la época se lamentarían de la decadencia de este código de valores, y las corrientes espirituales determinantes se propondrían revitalizarlo, pero nunca sustituirlo por nuevos ideales. Sólo quedaron destruidos del todo los vínculos que hasta entonces habían sido capaces de mantener unida a la sociedad romana en un sistema político, es decir, la forma republicana de estado con sus instituciones; pero ya en los últimos decenios de la República pudo vislumbrarse la solución que prometía salvar el antiguo orden social con un nuevo marco político: la monarquía.

Los criterios que definían cada una de las posiciones dentro de la sociedad y, con ello también, la estratificación social de la República tardía, apenas se diferenciaban por su naturaleza de los principios de estratificación social de la época comprendida entre la guerra anibálica y los Gracos. Constituían un complicado sistema en el que, al igual que antes, interactuaban el origen social, la ambición y la habilidad personales, la propiedad fundiaria y la capacidad financiera, los privilegios políticos y la educación, el derecho de ciudadanía o su carencia, la libertad personal o la esclavitud, la adscripción étnica o regional, y la actividad económica en los sectores de la producción urbana o agraria; los factores mencionados en primer lugar otorgaban al individuo la dignitas, rango y honor, imprescindible en una posición social superior, y cuyo contenido fue muy bien definido por Cicerón: dignitas est alicuius honesta et cultu et honore et verecundia digna auctoritas (De inv. 2,166). Novedoso era únicamente que dichos factores, bajo las convulsiones ocasionadas por aquellos conflictos abiertos y permanentes, podían actuar en una forma y en una medida distintas a las de antes, en la época dorada de la República aristocrática. El que descendía de una familia noble poseía de antemano un privilegio de cara a su iniciación en la vida política, tanto por el prestigio de su casa y sus relaciones, como por los bienes raíces y la fortuna heredados; incluso aquel que se hallaba completamente endeudado no tenía en absoluto por qué renunciar a sus ambiciones políticas. De hecho, desde los consulados de Mario los homines novi no consiguieron de ninguna manera igualarse con los nobiles en el acceso a los más altos cargos: durante los más de sesenta años entre el primer consulado de Mario y la muerte de César hubo en total sólo once cónsules que nos conste positivamente que fuesen homines novi dentro del orden senatorial; no fue sino entre el 43 y el 33 a. C. que estos «hombres nuevos» —con dieciocho cónsules en once años— conquistaron una posición realmente distinta a la de hasta ahora[91]. Pero, en aquellas circunstancias históricas las dotes naturales y la ambición de los «hombres nuevos» podían hacerse valer mucho mejor que en el siglo anterior a Mario; Marco Tulio Cicerón, un homo novus como Mario, de Arpinum, que debía su carrera política y su general aceptación como princeps senatus a sus múltiples cualidades, nos ofrece el mejor ejemplo de ello[92].

Ante todo, se daban entonces las condiciones necesarias para que individuos hábiles y sin escrúpulos pudiesen amasar fortunas verdaderamente increíbles en espacio de muy corto tiempo: no sólo los beneficios empresariales y la expansión continuada contribuían a ello, sino también la repetida serie de conmociones políticas, en especial a partir de Mario y Sila, cuyo balance final fueron el exterminio de familias dirigentes enteras y la confiscación de enormes patrimonios. Mario había comenzado como un hombre pobre, pero adquiriría tal cantidad de tierras que, en opinión de Plutarco (Mar. 34,2 s. y 45,11), habrían podido ser suficientes para un rey; el Sila falto de recursos de un principio se convertiría en el hombre más rico de su tiempo (Plin., N. h. 33,134); Marco Licinio Craso, el tercer hombre del primer triunvirato, aumentó la fortuna heredada de 300 a 7.100 talentos (aproximadamente unos 42 millones de denarios), invertidos en latifundios, minas y esclavos (Plut., Crassus 2,1 s.). Por consiguiente, la escala de la riqueza fue otra muy distinta a la prevaleciente todavía en tiempos de los Escipiones: sólo la parte de la herencia de Pompeyo que un decenio después de su muerte habría debido recibir su hijo, importaba 17.500.000 denarios (Dio 48,36,5); César regaló a sus amantes joyas por valor de 1.500.000 denarios (Suet., Caes. 50,2), y Lucio Licinio Lúculo, el victorioso general frente a Mitrídates, mandó servir comidas por valor de 50.000 denarios (Plut., Lucullus 41,7). Un senador romano corriente, o un caballero, que simplemente alcanzasen los 100.000 denarios de cualificación para su ordo, no se podían medir con estas fortunas, y Cicerón, que poseía predios y villas en distintos puntos de Italia fuera de su casa de Arpinum (en Tusculum, Lanuvium, Antium, Astura, Caieta, Formiae, Sinuessa, Cumas, Puteoli y Pompeya), ni siquiera formaba parte del grupo de romanos más ricos de su época. Naturalmente, no sólo había senadores ricos, sino también caballeros, como un Tito Pomponio Ático, el amigo de Cicerón, que debía sus ganancias a la compra de tierras en Italia y Epiro, al préstamo de dinero, al alquiler de viviendas en Roma e incluso a su actividad como editor, y que pasaba por ser un hombre de negocios tan hábil como moderado (Corn. Nepos, Att. 13). Pero también personas de muy baja extracción social pudieron sacar partido de las oportunidades que ofrecía este período de guerras civiles: Crisógono, por ejemplo, un liberto de Sila, adquirió a un precio tan irrisorio los bienes subastados de un ciudadano condenado a muerte que más tarde podría alardear de haber centuplicado los beneficios de aquéllos (Plut., Cic. 3,4). Precisamente los libertos contaban también con la posibilidad, y no sólo por dinero, sino también gracias a sus buenas relaciones con los poderosos patroni, de conseguir influencia y poder: Crisógono merecía a Cicerón el calificativo de potentissimus hoc tempore nos trae civitatis (Rose. 6), y a Demetrio, un influyente liberto de Pompeyo, se le trató en Siria como a un distinguido senador (Plut., Cato min. 13,1 s.).

No constituía ninguna novedad en la sociedad romana el que la propiedad fundiaria y el dinero confiriesen al individuo poder e influencia; algo sin precedentes eran sólo las crecientes aspiraciones y las favorables condiciones para adquirir fortuna y gin ar así fuerza y favor. También la experiencia política, así como L labilidad en el trato con las masas y las cualidades como jefe militar podían hacer realidad carreras insólitas. La posesión de la ciudadanía romana permitía además obtener regalos, ser mimado políticamente, entrar en el ejército y disfrutar aquí de paga y botín, y en tanto que veterano o proletario ser provisto con tierras. Hasta la mera libertad personal de un provincial, por lo demás carente de derechos políticos, podía significar más que antes, dado que al menos los miembros de las capas superiores locales podían abrigar la esperanza de que les fuese concedido algún día el derecho de ciudadanía romana.

También es cierto que en aquella época de abiertos enfrentamientos no sólo era posible alcanzar con gran rapidez la riqueza y una posición rectora en la vida pública, sino cambien perderlo todo con igual rapidez, hasta el punto de que políticos y generales poderosísimos podían caer víctimas de sus enemigos. Como consecuencia de las terribles pérdidas de población en las guerras civiles y en los demás choques sangrientos, la mayoría de las capas sociales se vieron diezmadas. Pero en todos los estratos de la sociedad romana se producía continuamente el recambio con nuevos grupos. Las alteraciones en la composición interna de los distintos estratos como resultado de dicha fluctuación fueron en definitiva las consecuencias de naturaleza social más importantes de los conflictos de la República tardía. Muchos senadores cayeron víctimas de las guerras civiles y las proscripciones — 300 hombres sólo en el año 43 a. C.; en su lugar aparecieron otros homines novi del orden ecuestre y de las capas altas de las ciudades itálicas. Sila dio entrada a 300 caballeros en el estamento senatorial (App., B. civ. 1,468) y elevó así el número de senadores a 600; y César, sobre todo, que también echó mano de los provinciales, prosiguió esta misma política con la mayor liberalidad (Suet., Caes. 41,1 y 80,2), de tal manera que en los últimos años de la República el senado contaba con 900 miembros (Dio 43, 47,3). El orden ecuestre, sólo con las proscripciones de Sila, perdió como mínimo 1.600 de sus integrantes, mientras que las del año 43 a. C. le ocasionaron 2.000 bajas. Con todo, el número de pertenecientes al estamento ecuestre se elevaba a mediados del siglo I a. C. a unos 20.000 (Plut., Cic. 31,1); entre los numerosos caballeros de reciente creación había también en creciente escala individuos de las provincias, de Sicilia, África y especialmente Hispania (Bell. Alex. 56,4). Asimismo, la composición de las capas altas de las ciudades y en parte también de las provincias conocieron sensibles mutaciones. La principal razón de ello era el asentamiento de veteranos a partir de Mario tanto en Italia como en el territorio extrapeninsular; estos ex-soldados, que obtenían tierra cultivable en suelo colonial, formaban el estrato superior en dichas ciudades. Pero también en los municipios se daba con frecuencia el caso de advenedizos sociales, por ejemplo, libertos y sus descendientes, que se introducían en las élites locales y asumían allí el papel de las antiguas familias que habían visto arruinarse su patrimonio en el período de crisis o habían sido exterminadas durante las guerras civiles. También proletarios de Roma fueron a menudo instalados en las colonias; con César la cifra de receptores de grano oficialmente reconocidos en la capital se rebajó en total de 320.000 a 150.000 (Suet., Caes. 41,3). Por otra parte, la capa de dicho proletariado fue permanentemente revitalizada con la afluencia de nuevos grupos y, en particular, con las liberaciones en masa del último siglo de la República; ya sólo los 10.000 liberti de Sila (App., B. civ. 1,469) suponían una inyección adicional muy considerable. A su vez, nuevos esclavos venían a ocupar el lugar de tantos libertos. Mario hizo al parecer no menos de 150.000 prisioneros en la guerra contra cimbrios y teutones, que fueron convertidos en esclavos (Oros. 5, 16,21); César ordenó esclavizar a 53.000 cautivos tras una sola batalla durante sus campañas en la Galia (Bell. Gall. 2, 33,6), y el número total de prisioneros hechos por él debió de ascender al millón (Plut., Caes. 15,6). A esto se añadían otras fuentes de aprovisionamiento de esclavos, como el pillaje humano, que en Oriente llegaría a adquirir proporciones increíbles hasta la destrucción de la piratería por Pompeyo en el 66 a. C.; en el año 104 a. C. el rey de Bitinia había rehusado prestar ayuda militar a Roma contra los germanos, aduciendo que la mayoría de sus subditos habían sido llevados como esclavos por los romanos[93].

Así, pues, podemos decir que la sociedad de la República tardía registró un constante movimiento en la medida en que la composición de sus distintas capas estuvo siempre sujeta a continuos desplazamientos internos. El resultado más trascendental de esta movilidad fue el de sentar las bases para la integración de las sociedades de distintas partes del imperio en un orden social más o menos unitario y para la formación de una capa social superior constituida por doquier según unos mismos criterios. Los itálicos quedaron plenamente integrados en el sistema social romano. La gran línea divisoria, jurídicamente hablando, desde la última generación de la República no era ya la establecida entre los romanos —esto es, los habitantes de Roma y de las diversas ciudades de Italia en posesión de la ciudadanía romana— y los no romanos, sino entre los itálicos y los provinciales. Pero también en las provincias se dieron los primeros pasos hacia la integración. Una de las vías era la colonización itálica en las provincias, principalmente en el sur de la Galia, Hispania, África y algunas regiones del Oriente[94]. La otra vía, más resolutiva aún de cara a la fusión, era el otorgamiento del derecho de ciudadanía romana a los miembros de los estratos superiores indígenas en las provincias —la mayoría de las veces en los territorios donde también la colonización itálica actuaba con más fuerza. Los nuevos ciudadanos de las provincias, caso de reunir los correspondientes requisitos económicos y de haber prestado especiales servicios a la causa de un dirigente político, podían ser acogidos en el orden ecuestre, y en algunos casos incluso en el senado. En Hispania, sólo en la ciudad de Gades, debieron de existir 500 caballeros en tiempos de Augusto (Strabo 3, 5,3), y de esta localidad provenía también Lucio Cornelio Balbo, quien en el año 72 a. C. consiguió el derecho de ciudadanía romana y en el 40 a. C. fue el primer provincial, el primus externorum (Plin., N. h. 7,43), que ascendió a cónsul[95].

Pero esta evolución tuvo lugar en el marco de la estratificación de la sociedad operada ya en el siglo II a. C. y, como ya hemos señalado, no produjo verdaderamente un nuevo orden social. La cúspide de la sociedad tardo-republicana seguía siendo, al igual que antes, la aristocracia senatorial, en la que descollaban la nobilitas y algunos advenedizos. Su constitución interna conoció efectivamente alteraciones, y su prestigio llegó a mermar tanto que Floro hablaría más tarde de un senatus… debilitatus en esta época, un senado que omne decus maiestatis amiserat (2, 5, 3, para el año 91 a. C.), lo que, sin embargo, no modificó para nada el hecho de que el poderío político y económico estaba, sobre todo, en manos de sus miembros. A pesar de que a los caballeros sólo se les reconocía institucionalmente funciones de mando dentro del estado cuando ingresaban en dicha cámara, también a ellos les correspondió una posición dirigente; como Floro (2,5,3) ponía de relieve con acierto, los ecuestres poseían una fuerza política; y sobre todo económica, que casi les daba la posibilidad de controlar el estado. Los estratos rectores de la sociedad romana fueron agrupados en estas dos organizaciones estamentales; cuando Cicerón hablaba de ordines en Roma, quería referirse con ello, ante todo, a ambos ordines[96]. En las élites locales de las poblaciones urbanas se concentró el sector de ciudadanos ricos y grandes propietarios que tras la concesión del derecho de ciudadanía romana a los itálicos en el año 90 a. C. comenzó en toda la península a tomar una forma más unitaria que antes, y que se vería completado con las capas altas de las colonias provinciales. Por debajo de dichos estratos había en las ciudades libertos pobres y ricos, artesanos, mercaderes, proletarios y esclavos, que se ocupaban aquí en la industria, aunque también en muchos otros menesteres (cf. esp. Plut., Crassus 2,5 s.); en el campo, agricultores con una acusada diferenciación, desde el colono acomodado hasta el asalariado temporal e indigentes, como los mercennarii y obaerati de Varrón (De re rust. 1, 17,2), y finalmente las masas de esclavos trabajando en las explotaciones agrarias. En suma, tratábase éste de un modelo de sociedad que no se diferenciaba considerablemente ni del precedente del siglo II a. C. ni del posterior del Alto Imperio.

Ese orden social estuvo cargado de tensiones a lo largo de toda la República tardía, tensiones que engendraban una y otra vez abiertos conflictos. El número de víctimas que se cobraron estos choques sangrientos alcanzó varios millones de vidas humanas, y pese a ello la sociedad romana de aquellos tiempos no conseguiría siquiera solventar de verdad sus propios problemas. Sólo unos cuantos fueron los problemas sociales que la República logró de hecho superar, y nadie como Livio ha sabido describir mejor dicha impotencia en una sola frase: nec vitia nostra nec remediapati possumus[97]. Auténticamente resuelta sólo quedó la cuestión itálica, y ello merced a una concesión hecha tras una guerra ciertamente cruenta, aunque también —y precisamente en interés del sistema— aceptada como normal desde hacía tiempo por las mejores fuerzas de la sociedad romana. La opresión de los provinciales disminuyó, y también los esclavos recibieron mejor trato que antes en las últimas decadas de la República. Varrón, al contrario de Catón el Viejo, recomendaba estimularlos a un mejor rendimiento no recurriendo a la explotación brutal, sino dándoles facilidades y recompensas[98]. Pero, a fin de cuentas, las provincias seguían concibiéndose comopraediapopuli Romani, y, sin ir más lejos, Cicerón tenía por bárbaros a los galos de la provincia narbonense; tampoco Varrón tenía reparo en afirmar que él consideraba a los esclavos sólo como fuerza de trabajo y no como seres humanos Podemos decir, por tanto, que el foso de separación entre los beneficiarios del sistema de dominación romano y sus sometidos fue reducido sólo un poco, y de ninguna manera quedó suprimido. La cuestión agraria y, con ella, la provisión de tierrasa los proletarios, estuvo próxima a solucionarse gracias a la colonización en las provincias y a la redistribución del suelo italiano tras cada una de las guerras civiles, pero este arreglo se apartaba bastante del propuesto en su día por los Gracos, y el precio que debió pagarse por él fue demasiado alto. En fin, semejante fue el resultado de los choques habidos en el seno de las capas dirigentes de la sociedad romana, entre caballeros y senadores, entre «hombres nuevos» y familias de la alta nobleza, entre las distintas facciones de la oligarquía: en lugar de una auténtica superación de las contradicciones sociales dichos conflictos terminaron, por el contrario, en nuevas y mutuas matanzas. La República tardía no fue capaz de remontar la crisis ni mediante reformas ni mediante una revolución social, y lo más que consiguió fue orillar los graneles problemas destruyendo el marco político tradicional y dejando la solución definitiva de los mismos para el nuevo sistema político.

Esta impotencia se debía en no pequeña medida al hecho de que la sociedad romana en el período de la República tardía no estaba en situación de encontrar los ideales que habrían ayudado a vencer o a atenuar sus conflictos, y que habrían podido así al menos mantener compenetradas a las capas sociales dirigentes en torno a un mismo código de valores. El horizonte ideológico y moral del mos maiorum se perdió de vista prácticamente. Nada hacía más patente la crisis espiritual de la República tardía que la reiteración en esos años del tan traído y llevado tema de la decadencia de las viejas costumbres, o el modo de proceder de los políticos dirigentes, como lo eran, por ejemplo, la provocativa ostentación de un Lúculo (Plut., Lucullus 39,1 s.) o la corrupción de un César, sin la cual su carrera habría sido imposible (Suet, Caes. 13). Salustio atribuía por completo la crisis de la República romana a esta debilidad moral: una vez que Roma no tuvo ya nada que temer de Cartago, «empezó para ella un movimiento de disolución y soberbia, como siempre suele acompañar al éxito» (Iug. 41,1 s.). Las causas reales de la crisis radicaban evidentemente en las insuficiencias de una constitución hecha a medida de la ciudad-estado y en el cambio de las relaciones sociales a partir de la época de la segunda guerra púnica; pero la importancia de la pérdida de las antiguas pautas éticas de comportamiento fue correctamente calibrada por Salustio, puesto que con ella perdió toda su validez el sistema de referencia de la sociedad romana. Sus temores indicaban asimismo que la República tampoco estaba en condiciones de sustituir el mos maiorum por un sistema ideológico y ético de nuevo cuño —a pesar de que precisamente esta época pudiese presumir de espíritus tan creadores como Cicerón, Salustio o César. La única norma de conducta respetada seguía siendo, como antes, la de las costumbres de los antepasados, que, según creencia general, habían sido capaces de crear en otro tiempo la mejor forma de estado en la historia (Cic, De rep. 1,70): el camino hacia el futuro sólo podía consistir en la renovación de la vieja tradición en una línea en consonancia con los nuevos tiempos — sin olvidar tampoco su conveniente enriquecimiento con los mejores planteamientos de la filosofía griega.

Total y definitivamente arrumbado tras los conflictos de la República tardía quedó únicamente el orden político de la sociedad romana — el sistema de gobierno aristocrático que tenía su origen en la constitución de una ciudad-estado arcaica. Ya Cicerón reconoció la quiebra de este sistema de gobierno: rem publicam funditus amisimus (Q. fr. 1, 2,15). Los enfrentamientos políticos y militares entre los grupos de interés de la ciudadanía romana, más agudizados todavía por la incidencia simultánea de los demás conflictos, terminaron finalmente por arruinar el régimen republicano, basado en la cooperación entre magistrados y asamblea popular bajo la autoridad rectora del senado y, a través de ella, de la oligarquía. Se añadía a esto el hecho de que el Imperium Romanum, que a finales de la República se extendía desde la Galia hasta Siria, ya no se podía defender ni gobernar en el cuadro del viejo y del todo anacrónico sistema político. Todos estos factores indicaban al mismo tiempo cuál era la única salida posible para la crisis. Ya Cicerón se había familiarizado con la idea de la terminación de la oligarquía en un poder unipersonal, y la generación siguiente no conoció ninguna otra alternativa. Desde los conflictos de la República tardía el camino llevaba inevitablemente a ello. El ejemplo de los Escipiones había probado desde un primer momento que las individualidades activas y victoriosas política y militarmente acababan por sobresalir por encima de la oligarquía. Los violentos enfrentamientos políticos a partir de los Gracos dieron la oportunidad a miembros particulares de la nobleza de colocarse al frente de las muchedumbres insatisfechas con el régimen oligárquico; los populares, aunque poco después también los optimates, cerraron filas progresivamente en torno a figuras individuales de la política que actuaban como líderes de un determinado grupo de interés. A partir de la reforma militar de Mario dichos caudillos dispusieron además de un leal y decisivo instrumento de poder, a saber, el ejército de proletarios estrechamente ligado a sus personas; las guerras y victorias en el exterior, como las de Mario contra Yugurta y los germanos, la de Sila contra Mitrídates, la de Pompeyo en Oriente, la de César en la Galia, la de Antonio en Oriente, o la de Octaviano en el Ilírico, ofrecieron la posibilidad de entrenar al ejército, de satisfacer con botín a la tropa y de acrecentar la dignitas personal de los caudillos con la gloria militar. De esta forma fue creciendo sin cesar el poder de tales jefes, y el futuro fue de aquél entre ellos que tuvo la fuerza suficiente como para apartar de la carrera hacia el poder unipersonal a todos los demás competidores. La monarquía de Augusto, nacida en estas condiciones, dio por fin a la sociedad romana el marco político y también la orientación espiritual que durante tanto tiempo había buscado.

Capítulo 5

Capítulo 5

EL ORDEN SOCIAL EN ÉPOCA DEL PRINCIPADO

Viejas y nuevas condiciones

Los primeros dos siglos de la época imperial romana, desde el régimen unipersonal de Augusto (27 a. C.-14 d. C.) hasta más o menos el período de gobierno de Antonino Pío (138-161), no fueron simplemente la era de mayor esplendor en la historia política de Roma, en la que el Imperium Romanum alcanzó su máxima extensión geográfica, y en la que tanto dentro como en las fronteras del estado las más de las veces reinó la paz; esta época representó en cierto sentido también el apogeo en la historia de la sociedad romana. Por lo que se refiere a posibles formas totalmente nuevas de relación social que hubiesen cambiado de raíz la estructura social del mundo romano, es evidente que se echaron tan en falta durante esta época como en la República tardía, siendo ello debido, sobre todo, a que la estructura económica permaneció básicamente inalterada en sus rasgos más esenciales. Nuevos para el desarrollo social fueron tan sólo dos factores que, en realidad, ni siquiera hicieron su aparición con Augusto, sino que en parte se fraguaron y en parte se introdujeron ya en la dinámica histórica de finales de la República. Una de estas novedades consistió en el establecimiento de un marco político especialmente idóneo para la sociedad romana, la monarquía imperial, con el resultado de que las posiciones y funciones de las distintas capas sociales conocieron en parte una nueva definición, y de que la pirámide social de este imperio universal incorporó un nuevo vértice con la casa imperial. La otra novedad se desprendía de la integración de las provincias y de los provinciales en el sistema estatal y social romano, y tuvo por consecuencia que el llamado modelo social «romano» fuese exportado también a las poblaciones de la mayoría de las provincias, lo que significó la consolidación de una aristocracia ampliamente homogénea a escala de todo el imperio y la unificación de las élites locales, aunque ciertamente también la asimilación de capas más amplias de población[99].

Teniendo en cuenta dichas premisas, se entiende en qué sentido la época del Principado puede considerarse como la más alta cota alcanzada por el desarrollo social romano: el modelo fuertemente jerarquizado en órdenes y estratos de la sociedad romana, estructurado en la República tardía a partir de la segunda guerra púnica, no se vio reemplazado por ningún otro orden social realmente nuevo desde Augusto hasta mediados de la segunda centuria; muy al contrario, fue en esta época cuando alcanzó su forma «clásica», merced a, por una parte, su configuración vertical en el marco político del imperio, es decir, a la clara jerarquización interna que recibió entonces, y, por otra parte, a su desarrollo horizontal, esto es, a su implantación y generalización entre la población de todo el imperium. Naturalmente, en ese siglo y medio largo que va desde Augusto hasta Antonino Pío dicho modelo de sociedad no constituyó una realidad estática, sino que estuvo sometido a un cambio, es cierto que lento, pero permanente: la situación de las distintas capas sociales, por ejemplo, de la aristocracia senatorial o de los esclavos en las explotaciones agrarias, no fue en absoluto la misma a lo largo de estos años, y tampoco permanecieron inalteradas las condiciones de la vida provincial, pues aquí el proceso de integración, debido a las concesiones de ciudadanía y a la urbanización, fue ganando terreno paulatinamente, aunque no sin grandes desfases de un lado a otro del imperio. Al mismo tiempo, ya antes de la segunda mitad del siglo II se hicieron sentir las primeras señales que apuntaban a la crisis venidera y a la alteración radical de este orden social. No obstante, se hace necesario precisar también que todos y cada uno de los procesos de transformación de la época del Principado se consumaron todavía en el marco del sistema tradicional de órdenes y estratos, y que las señales del gran cambio sólo devinieron síntomas de una crisis profunda de la sociedad romana una vez pasada la etapa de gobierno de Antonino Pío.

Si la estructura social de los tiempos del Principado se diferenció relativamente poco de la republicana de época tardía, tal continuidad fue debida, en primer término, a la naturaleza del sistema económico romano, que apenas si había experimentado alteraciones a resultas del paso de la República al Imperio[100]. Cierto, los años del Principado podrían calificarse también de época dorada de la economía romana. Se hizo notorio un gran auge económico, consistente en el crecimiento cuantitativo y en parte también cualitativo de la producción. Tal cosa era el resultado, ante todo, de la puesta en valor y urbanización del mundo provincial bajo las favorables condiciones de la Pax Romana, especialmente en la mitad occidental del imperio, lo que en algunas regiones de éste hizo posible elevar los rendimientos de la producción. El sector agrario floreció no sólo en zonas agrícolas tradicionalmente importantes, como Egipto (territorio romano desde el 30 a. C.) o en la provincia de África; también conoció un auge en áreas hasta entonces atrasadas, cuales, por ejemplo, las provincias norteñas del Imperio, y no tanto por la extensión de plantas y especies animales meridionales, cuanto por la introducción en ellas de sistemas más rentables de cultivo del suelo en forma de unidades de explotación medianas y grandes y dotadas de fuerza de trabajo especializada. Para la minería romana se abrieron ahora nuevas fuentes de materias primas, como, por ejemplo, los yacimientos de oro descubiertos bajo Nerón en el interior de Dalmacia o los filones auríferos de la Dacia conquistada por Trajano. Con la introducción de una administración imperial centralizada de los más importantes distutos y yacimientos mineros, se vio también reorganizado el control de la producción. La artesanía pudo sacar partido, sobre todo en Occidente, de las enormes necesidades de las numerosas ciudades de nueva creación y también del ejército, demanda que solamente cabía atender mediante una fabricación en serie en los grandes talleres con mano de obra especializada. El mejor ejemplo de ello nos lo brinda la producción cerámica, especialmente la fabricación de objetos de terra sigillata en talleres de Etruria, Italia superior, Hispania, Galia meridional y central, más tarde también Galia septentrional, y del Rin. Igualmente apreciable fue el desarrollo del comercio, con un intenso intercambio de mercancías entre las distintas partes del imperio romano, de lo que, v. gr., los hallazgos arqueológicos y epigráficos del centro comercial ubicado en el Magdalensberg en Nórico ofrecen un testimonio que habla por sí mismo. Este sistema económico, finalmente, viose completado con la generalización de la economía monetaria por todo el imperio romano, con su corolario natural de actividades inversoras y prácticas bancarias.

Dicho auge tuvo lugar, sin embargo, en el cuadro de aquella estructura económica que había cristalizado en el estado romano ya en tiempos de la República tardía. Formas totalmente nuevas no han sido creadas por la economía romana durante la época del Alto Imperio; novedad, en el fondo, era solamente la extensión del sistema económico romano a todo el ámbito de dominio. Una consecuencia de ello fue la extinción de formas atrasadas de producción en las provincias subdesarrolladas —como, por ejemplo, la explotación comunal del suelo a través de la comunidad de aldea o de la gran familia en el norte de los Balcanes y en Panonia— en favor de una producción que paulatinamente se puso en marcha en las explotaciones agrarias de los municipios. El otro efecto, históricamente más importante todavía, del desarrollo económico de las provincias consistió en que Italia, ya desde mediados del siglo I d. C. aproximadamente, perdió su primacía económica —tanto en la producción agrícola como en la manufactura y el comercio— en beneficio de gran parte del Imperio, sobre todo, del norte de África, Hispania y Galia, en occidente. Ahora bien, considerado en su conjunto, este desarrollo no condujo a transformaciones radicales en la estructura del modo de producción. Tales transformaciones tenían a la fuerza que faltar, toda vez que el avance tecnológico, que es el que habría podido generar una auténtica revolución, tras un notable desarrollo durante la República tardía (sobre todo, en el Oriente helenístico), quedó sumido en tiempos del Principado en un considerable estancamiento. De esta forma, se puso también un límite al florecimiento material del Principado, y tanto más cuanto que la expansión exterior, que a finales de la República había asegurado de continuo a la economía romana nuevas fuentes de materias primas, nueva mano de obra, nuevos mercados para la colocación de sus productos, y, con todo ello, nuevas y constantes posibilidades de desarrollo, fue lentamente tocando a su fin: después de que Augusto hubo incorporado a las provincias del imperio los dominios de Egipto, el noroeste de Hispania, la Germania renana, los países alpinos, el espacio danubiano y el norte de los Balcanes, así como el Asia Menor central, sus sucesores —ateniéndose a un programa realista en política exterior, que se remontaba al principio augusteo del coercendum intra terminos imperium (Tac, Ann. 1.11)— conquistaron ya pocas provincias. De éstas sólo Dacia, por las riquezas del subsuelo, resultó de verdadera gran importancia para la economía romana, mientras que Britania, por ejemplo, sometida bajo Claudio, apenas reportó ventajas económicas al imperio romano, como nos refiere Apiano (B. civ., praef. 5). Resumiendo, podemos decir que el auge económico duró tan sólo lo que fueron dando de sí las posibilidades de desarrollo ofrecidas a la economía italiana, primero, y a la provincial, después, por la puesta en valor y la urbanización de los nuevos ámbitos conquistados a finales de la República y comienzos del Imperio.

Así, pues, en líneas generales Roma adoptó durante el Alto Imperio el sistema económico de la República tardía y renunció a la búsqueda de nuevas formas de producción. Ciertamente, en el estado romano se daban determinados presupuestos que habrían podido facilitar la formación de un sistema económico nuevo, incluso la aparición de un temprano capitalismo: recursos casi inagotables de materias primas, más de 1.000 ciudades funcionando como centros de producción, una moneda única para todo el Imperio, un sector de banca y crédito desarrollado, fuerzas empresariales y financieras interesadas en el negocio rentable, masas de mano de obra barata, un sistema ampliamente implantado de trabajo asalariado, y, finalmente, una experiencia tecnológica nada despreciable. Lo que faltaba, sin embargo, era posiblemente tan sólo aquella necesidad de alimentar de forma suficiente y de ocupar completamente a grandes masas de población, que fue lo que en el siglo XVIII introdujo la revolución industrial en la Europa occidental. En Roma se contemplaba justamente a la inversa esta interdependencia entre desarrollo tecnológico y problema demográfico: nada refleja mejor el pensamiento económico romano que la actitud del emperador Vespasiano, quien prohibió la expansión de las innovaciones tecnológicas con el argumento de que de esa manera muchos operarios perderían la posibilidad de empleo (Suet., Vesp. 18). Por consiguiente, es lógico que la estructura económica del imperio romano se mantuviese dentro de una relativa simplicidad, que resultaba incluso un atraso en companraón con la complejidad del entramado político y social: Roma, pese al gran auge de la manufactura y el comercio, siguió siendo durante la época imperial un estado agrario.

La decisiva importancia de la agricultura se desprende, ante todo, del hecho de que la gran mayoría de la población estaba ocupada en el sector agrario. Entre las más de 1.000 ciudades del Imperium Romanum la mayoría de ellas, probablemente, tenía una población a lo sumo de 10.000 a 15.000 habitantes, como le sucedía a la mayor parte de los centros urbanos de África, o a veces de 20.000 habitantes, como Pompeya, una ciudad de tamaño medio a escala antigua, mientras que gran número de pequeños centros, como Petelia en el sur de Italia, no iba más allá de los 2.000 a 3.000 vecinos; sólo unas cuantas ciudades mayores, como, v. gr., Pérgamo, disponían de una población de 50.000 a 100.000 personas, o algo más, y como auténticas grandes urbes, aparte de Roma, con un número de habitantes estimable quizá en el millón, podríamos considerar, como mucho, a Alejandría en Egipto y a Antioquía en Siria, con algunos cientos de miles de personas. Ello quiere decir que de un total de unos 50 a 80 millones con que podía contar el imperio romano casi una novena parte habitaba en el campo y vivía del mismo, aparte de que muchos de los que residían en las ciudades, cual era el caso de numerosos ocupantes de las colonias de veteranos y de los pequeños municipios, han de considerarse también como campesinos que cultivaban parcelas en los aledaños de la ciudad[101]. Se comprende, entonces, que no eran tanto la artesanía, el comefcio y el negocio bancario, sino la agricultura, la fuente principal del producto social bruto y, en suma, de la riqueza[102]; muchos romanos acaudalados, como la mayoría de los senadores, al estilo de Plinio el Joven o Herodes Ático, también gran número de caballeros y la mayoría de los decuriones de las ciudades debían su fortuna a sus propiedades en tierras, mientras que probablemente tan sólo unos cuantos grandes empresarios, principalmente caballeros y libertos, extraían sus enormes riquezas del comercio y del préstamo, caso de Trimalción, cuya figura Petronio ha querido inmortalizar literariamente como tipo del nuevo rico de origen humilde. Por último, no cabe duda de que la correlación entre la agricultura y las restantes ramas de la economía estaba marcada por la primacía de la producción agraria. Una considerable parte de los productos manufacturados estaba destinada a cubrir las necesidades de la economía campesina (por ejemplo, aperos de labranza) o era elaborada con productos agrícolas (v. gr., los textiles), o servía para el transporte de líquidos (por ej., ánforas para llevar el vino y el aceite); los objetos más importantes del comercio eran productos agrarios, de forma tal que un Trimalción, significativamente, se dedicaba, aparte del tráfico de esclavos, al mercado de vinos, pescados, frutas y perfumes; y de ahí también que fuese algo típico la inversión del dinero casi siempre en bienes raíces, actividad que Trimalción, por supuesto, tampoco dejaba de poner en práctica[103].

El entramado social en la época del Principado no fue en absoluto un simple reflejo de esa estructura económica relativamente atrasada, pues estaba mediatizado por factores sociales, políticos y jurídicos al margen de toda determinación económica directa, cuales eran las formas de organización estamental, con el acento puesto en el origen de la persona, los presupuestos políticos de la monarquía imperial y la posesión o carencia del derecho de ciudadanía romana. Con todo, es evidente la importancia tenida por las condiciones económicas descritas en la estructura social del imperio romano. En correspondencia con la función tenida por la agricultura, el criterio económico decisivo de división social no fue simplemente el dinero, sino la propiedad de la tierra (cuyo valor, naturalmente, como más fácilmente podía expresarse era en patrones monetarios). Consecuentemente, la verdadera capa alta de la sociedad no se componía de empresarios, grandes comerciantes y banqueros, sino de hacendados ricos (aunque no por ello desinteresados del comercio y los negocios monetarios), quienes al mismo tiempo constituían el estrato superior de las ciudades, es decir, de los centros de la vida económica. No menos cierto era el hecho de que los integrantes de las capas bajas de la población, estaban ocupados, sobre todo, en el sector de la producción agraria, mientras que los artesanos urbanos y comerciantes sólo representaban una pequeña minoría. De la forma tomada por este sistema económico seguíase además la imposibilidad de que cristalizase un estamento intermedio con entidad propia, que para existir habría precisado desempeñar tareas económicas específicas e independientes, en conexión con el funcionamiento de una amplia infraestructura tecnológica. Finalmente, ha de verse también una relación directa entre el carácter fundamentalmente conservador del orden social romano y la estructura económica: por causa de la naturaleza relativamente estable de la agricultura, sólo de forma restringida se hacía posible cualquier alteración radical en el reparto de la riqueza. Consiguientemente, la jerarquización de la sociedad permaneció también bastante constante, su permeabilidad limitada, y las ideas que inspiraban el modo de pensar y de actuar de los círculos rectores fuertemente atadas a la tradición. Todo esto demuestra una vez más cuan poco se diferenció el orden social en época alto-imperial del existente durante la República tardía; la existencia de la monarquía imperial, en tanto que nuevo marco político, y la integración de las provincias, antes que cambiar ese orden social en sus fundamentos, lo validaron y consolidaron.

Evidente fue que con el desarrollo de la monarquía imperial a partir de Augusto el sistema social terminó de completarse. Con la persona del emperador y con la casa imperial la jerarquía social conoció una nueva posición de cabeza, que la completó y que se vino a superponer al anterior vértice de la pirámide social, constituido por el estrecho círculo de familias de la oligarquía rivales entre sí. Desde Augusto ya no se vieron más principes civitatis con sus respectivas factiones, como en la República, sino tan sólo un único princeps del senado y del pueblo, y hasta de todo el genus humanum. La posición rectora de este princeps en la sociedad romana estaba basada en aquellos principios que desde siempre habían servido para afianzar los puestos dirigentes de la sociedad: poder, prestigio y riqueza.

El princeps, de hecho, disponía de un poder ilimitado: no había ningún otro poder en el estado romano que pudiera hacerse valer como alternativa al del emperador. Sus contemporáneos contemplaban su posición rectora de la forma que se trasluce perfectamente a través del relato de Tácito sobre el comportamiento del «débil» Claudio cuando los senadores conservadores tomaron partido contra su programa de admitir a la nobleza gala en los puestos senatoriales: aquél, eso sí, escuchó sus distintos pareceres, pero no se dejó influir por ninguno de ellos y al final manifestó su rechazo a los mismos; inmediatamente después el senado se pronunció al respecto siguiendo las indicaciones del emperador (Tac, Ann. 11,23 s.). En posesión como estaba de la tribunicia potestas, el primer mandatario podía en cualquier momento hacer uso de la iniciativa legislativa o, nominalmente en amparo del pueblo romano, adoptar cualquier resolución que le placiese; como portador del imperium proconsulare maius, gobernaba las llamadas provincias senatoriales en colaboración con los funcionarios nombrados por el senado, pero las provincias imperiales lo hacía en exclusiva a través de sus legados, a la par que ejercía el mando supremo del ejército romano; además, a él competía, en tanto que garante de las mores legítimas, el dar entrada en el orden ecuestre a las personas consideradas idóneas para ello y en el estamento senatorial a los «hombres nuevos», así como el expulsar a caballeros y senadores de sus respectivos órdenes; por último, no había ningún alto cargo en el servicio civil o militar que pudiera ser desempeñado sin su expresa o tácita aprobación.

Al mismo tiempo, el emperador poseía la más alta dignitas en la sociedad romana, y no sólo en virtud del poder que le confería la constitución, sino también merced a su posición personal: podía en todo momento apelar a la auctoritas de su persona, de la que Augusto afirmaba que ya sólo por ella podía considerarse superior al resto de los hombres (auctoritate omnibus praestiti, RGDA 34), añadiéndose a esto que al soberano se le tenía por la encarnación ideal de todas las antiguas virtudes romanas, y, en especial, de la virtus, clementia, iustitia y pietas. Su autoridad sin parangón se expresaba en una titulación imperial paulatinamente formalizada (imperator Caesar Augustus, con recuento de los distintos títulos de poder y dignidades), en su atuendo e insignias especiales, y en el ceremonial que rodeaba a su persona, reforzado todo ello por su carisma religioso, que el culto a su persona y, en el oriente grecoparlante, la directiva divinización mantenían constante. Paralelamente, era el emperador el hombre más rico en aquel imperio mundial de Roma: disponía del patrimonium Augusti, las propiedades de la corona imperial, y aparte de esto contaba con su propia res privata, sus bienes particulares, que incluian en ambos casos tierras, minas y talleres artesanales principalmente[104].

El hecho de cerrarse y darse remate a la jerarquía social en época del Imperio no fue algo que se derivó únicamente de la aparición de este nuevo vértice superior. Entre los ocupantes de esa altísima posición y los diferentes grupos de la sociedad existían necesariamente estrechas relaciones sociales, que consistían, sobre todo, en lazos recíprocos entre el emperador y los distintos órdenes y demás grupos de población asociados corporativamente. De la desigual naturaleza de esos lazos, impuesta por la diferente situación social de cada uno de los sectores de la población, resultó que la posición y función de tales grupos, y con ello también sus mutuas relaciones, conocieron una definición más precisa que en tiempos anteriores.

Los vínculos sociales entre el emperador y los distintos grupos de población se inspiraban en buena medida en los modelos republicanos, cuyos contenidos fueron sencillamente adaptados a las condiciones del régimen unipersonal del Imperio. Durante la República las relaciones entre los particulares y los grupos —prescindiendo del trato entre amos y esclavos— se basaban en la amicitia, supuesta una relación de paridad o, cuando menos, de no muy diferente posición social entre las partes, y en el binomio patronus-cliens, caso de que los sujetos se diferenciasen muy claramente en cuanto a su posición de poder, prestigio y riqueza. En consonancia con ello, también el princeps trataba a los senadores y caballeros principales como amici suyos, y con ellos cultivaba las relaciones sociales, buen ejemplo de lo cual es Adriano, quien tenía por costumbre el comer con aquéllos (SHA, H 9,6 s.), o de Domiciano, que para recabar consejo en los asuntos importantes, introducía en el consilium pnncipis, una suerte de «consejo de la corona», a los proceres de entre los senadores y a los prefectos del pretorio (Juvenal 4,74 s.). Honrado con tan alta distinción, el amicus Caesaris quedaba automáticamente separado del hombre corriente, en tanto que la pérdida de tal honor venía a equivaler a una degradación social o incluso a una defenestración política[105]. La gran masa de los subditos tenía con el emperador una relación que se correspondía con aquella existente entre los clientes y un poderoso patronus; una vez que Augusto hubo adoptado el título de pater patriae, todo el imperio quedó bajo su protección «paternal» en el sentido de una relación de clientela. Más concretamente, dichas relaciones sociales podían traducirse en lazos estrechos entre el emperador y las diferentes comunidades ciudadanas, regiones, provincias y restantes grupos definidos de población; así, el cesar se proclamaba también defensorplebis, subviniendo a la plebe urbana de Roma con entregas de cereal y dinero y con el espectáculo de los juegos. Sus subditos no sólo se comprometían a rendirle culto, como, por ejemplo, los habitantes de Narbona a Augusto (qui se numini eius in perpetuum obligaverunt, ILS 112), sino que también le prestaban juramento de fidelidad, tal como ya en el 32 a. C., lo había hecho toda Italia al futuro Augusto y más tarde lo repetirían todas las comunidades con ocasión de la subida al trono del nuevo cesar, caso de los aritienses hispanos tras el ascenso de Calígula al poder en el año 37 (ILS 190)[106].

El cambio fundamental experimentado por el sistema político romano con la introducción de la monarquía imperial tuvo también por consecuencia que los distintos grupos sociales recibiesen nuevas funciones y conociesen así una redefinición parcial de sus respectivas posiciones. Ante todo, las funciones públicas de los grupos situados en la cúspide de la sociedad romana, es decir, de los integrantes de los estamentos senatorial y ecuestre, fueron fijadas de nuevo, hecho que contribuyó a un fortalecimiento adicional del sistema de órdenes y estratos con su peculiar jerarquización social. Los integrantes del orden senatorial tenían desde siempre el privilegio de ocupar los destinos más importantes en la administración civil, en la justicia y el mando de los ejércitos, y en este terreno nada varió durante el Alto Imperio, si exceptuamos la creación de algunos altos cargos, como la prefectura del pretorio para la superélite del estamento ecuestre. Pero la actividad pública de los senadores revistió un carácter completamente nuevo, ya que su servicio al estado se consideró cada vez más como servicio al emperador. Los legati Augusti, a la cabeza de las legiones y de las provincias imperiales, así como los restantes funcionarios del estado nombrados por el cesar, como los curadores de las calzadas y vías o los prefectos del erario, asumían su officium como servicio imperial. Más todavía, incluso el consulado —otrora la magistratura por antonomasia de la república aristocrática— pasó a ser conceptuado como una recompensa por los servicios prestados a la persona del cesar: según Frontón, el consulado, valorado al igual que antes como una dignidad extraordinariamente importante, recaía sobre aquellos senadores que se habían distinguido en el servicio al emperador (Ad M. Caes. 1, 3,3). Estas relaciones estrechas entre emperador y orden senatorial tampoco se vieron demasiado alteradas a causa de los conflictos políticos que ocasionalmente estallaban entre alguno de los cesares y grupos concretos de senadores, especialmente con Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y Domiciano; por lo general, aquéllos se debían al hecho de que el emperador —en parte por temperamento personal, en parte por necesidad política— violaba determinadas reglas de juego en las relaciones entre la monarquía y la nobleza senatorial, muy sensible y consciente en lo tocante a un prestigio que se sabía basado en la tradición.

Mucho más clara todavía fue la nueva_atribución de funciones a los caballeros, que en la República tardía sólo podían ejercer cargos públicos como jueces y oficiales del ejército: a partir de Augusto los cualificados —al término de su carrera de oficiales— accionados como procuratores Augusti para la administración del patrimonio imperial y, en general, para la gestión económica y financiera del imperio. Mediante esta delimitación de funciones quedaron establecidas con precisión, por una parte, las distintas posiciones sociales del orden senatorial y del estamento ecuestre, y, por otra, las diferencias entre los miembros de esos dos órdenes rectores y los restantes grupos sociales. Además, dentro de los propios órdenes superiores la jerarquía social quedó reglamentada de una forma más exacta de lo que hasta ahora lo había estado: la posición de un senador en el seno de su estamento ya no dependía en este momento únicamente de su origen, fortuna y revestimiento de las magistraturas tradicionales, sino también de si a lo largo de su carrera política había sido admitido o no en el servicio imperial; los caballeros se distinguían entre sí por haber ocupado o no cargos estatales y; amén de ello, por el escalón hasta el que habían ascendido en la carrera ecuestre. Por lo demás, la introducción de nuevas jerarquías sociales con el Imperio fue un hecho que no se circunscribió a los estamentos senatoriales y ecuestre; incluso entre los esclavos y libertos se instituyó una nueva estructura jerárquica con la creación de un influyente grupo de cabeza, el constituido por los servi y liberti del emperador.

Si las relaciones sociales en el Imperium Romanum sufrieron cambios, ello fue debido también a que el modelo romano de sociedad se extendió paulatinamente a la mayoría de los países dominados. Con la difusión de las formas de la economía romana al occidente latino y la integración del oriente griego en la vida económica del imperio, también en la mayoría de las provincias se configuró una división social que más o menos venía a responder a la de Italia. La consecuencia de esto fue la de que en adelante las personas de más elevada posición social dentro del estado romano dejaron de identificarse con las capas altas de Italia, como sucedía en la inmensa mayoría de los casos a finales de la República, y empezaron a reclutarse cada vez más frecuentemente entre las primeras familias de las provincias; de igual modo, las capas bajas de las distintas partes del imperio alcanzaron también una cohesión mayor que antes. Como más claramente se puede observar este proceso es en el ascenso de los provinciales hasta las más altas esferas de la administración y el gobierno. Ya bajo la dinastía flavia (69-96) individuos encumbrados de las provincias, sobre todo de Hispania y sur de la Galia, constituían un grupo realmente influyente dentro del orden senatorial. En la persona del emperador Trajano (98-117), que provenía de una familia de colonos itálicos de la Bética, subió al trono el primero de los cesares llegados de provincias, y en el momento de los preparativos para el traspaso de poderes a Trajano éste sólo tenía un concurrente digno de tener seriamente en cuenta, Marco Cornelio Nigrino, también hispano como él. Adriano (117-138), a su vez, era paisano próximo de Trajano y pariente suyo; la familia de Antonino Pío (138-161) procedía del sur de la Galia, la de Marco Aurelio (161-180) nuevamente de la Bética, y durante el gobierno de este último emperador los provinciales consiguieron por primera vez la mayoría en el encumbrado grupo de consulares del orden senatorial[107].

La integración de las provincias y de los provinciales fue estimulada de distintas maneras: mediante el trazado de una extensa red viaria, mediante la introducción de una administración unitaria, mediante la atracción de los provinciales al servicio militar y, sobre todo, mediante la concesión del derecho de ciudadanía romana (para lo que era preciso, fundamentalmente, el conocimiento de la lengua latina), sin que debamos olvidar, por supuesto, el papel jugado en todo ello por la urbanización. El derecho de ciudadanía fue otorgado bien individuos y familias particulares, principalmente de las capas altas Indígenas, bien a comunidades locales enteras. Estamos informados por las Res Gestae Divi Augusti de que en el 28 a. C. había 4.063.000 ciudadanos romanos, de que veinte años después eran 4.233.000 los de esta condición, y de que en el 14 d. C. su número había ascendido a 4.937.000[108]. Tras la política de contención practicada por Tiberio (14-37), bajo Claudio, a quien Séneca echaría en cara el haber concedido la ciudadanía romana a «todos» los griegos, galos, hispanos y britanos (Apocol. 3,3), la cifra de ciudadanos aumentó todavía en un millón aproximadamente (5.984.072 ciudadanos en el año 48, Tac, Ann. 11,25). A partir de los emperadores claudios el derecho de ciudadanía fue otorgado también con mayor generosidad en regiones hasta ahora más bien atrasadas; este proceso fue llevado hasta sus últimas consecuencias por Caracalla (211-217), quien por la Constitutio Antoniniana hizo ciudadanos romanos a todos los habitantes libres del imperio. Al menos para la integración de las provincias occidentales, tuvo aún más importancia el hecho de la urbanización, que se materializó bien en forma de asentamientos planificados en coloniae de legionarios veteranos y ocasionalmente también de proletarios llegados de Roma, bien en el otorgamiento de la autonomía ciudadana a comunidades indígenas como municipia; en el oriente helenístico, que podía preciarse de una larga tradición de desarrollo urbano, sólo fueron fundadas unas pocas ciudades, pero, a cambio, se favoreció la vida de las poleis greco-helenísticas. En la política especialmente activa de urbanización se destacaron, sobre todo, aquellos emperadores que también extendieron la ciudadanía romana a amplios sectores de población, en concreto, Augusto, Claudio, los Flavios, Trajano y Adriano. A mediados del siglo II el rétor griego Elio Aristides podía afirmar que el imperio romano poseía una tupida red de ciudades, y a comienzos de la siguiente centuria Tertuliano pondría de relieve que la totalidad de su territorio estaba abierto a la civilización y por todas partes se dejaban ver comunidades ciudadanas (ubique res publica) [109].

Si reparamos en la existencia de esas más de 1.000 ciudades contenidas en el imperio romano, podremos darnos cuenta de que con ellas estaban sentadas las bases para una asimilación de las nuevas estructuras sociales: la sociedad comprendía, de un lado, a las capas altas, que estaban representadas por quienes eran a la vez élite dirigente de las ciudades y ricos propietarios de los territorios urbanos, y cuyos grupos más acaudalados eran acogidos en el estamento ecuestre y senatorial, y, de otro lado, englobaba a los estratos bajos de la población ciudadana y campesina, cuyos integrantes, bien como personas libres, libertos o esclavos, vivían bajo diversas formas de dependencia social. Naturalmente, este sistema de sociedad distaba de ser algo homogéneo, ya que el desarrollo de las distintas partes del imperio se producía bajo presupuestos locales muy diversos. Ante todo, las capas bajas de la población presentaban sensibles diferencias de una región a otra del territorio romano. Condiciones económicas, urbanas y sociales semejantes a las de Italia (cuyas regiones, a su vez, ofrecían marcados contrastes) se daban realmente sólo en el África del norte romana, en la Hispania meridional y oriental, en el sur de la Galia, en el territorio costero dálmata y —prescindiendo ahora de las diferencias jurídicas y culturales— en Grecia y Macedonia, en el oeste y sur de Asia Menor, así como en la franja litoral de Siria; en resumidas cuentas, en toda la cuenca del Mediterráneo. Generalmente, en las provincias norteñas, como Britania, Galia, Germania, Retia, Nórico, Panonia, Dalmacia interior y Mesia, e incluso en el noroeste de Hispania, el número de las ciudades era más reducido, como también su importancia, y se podría añadir también que la estratificación social presentaba aquí rasgos más simples. Donde más claramente se puede apreciar esto es en el hecho de que durante la época del Principado esos países dieron muy pocos grandes propietarios senatoriales y en ellos no se alojó ninguna masa esclava de consideración (masas de esclavos, con todo, se echan en falta también en grado considerable en las provincias africanas). Una cesura sur-norte en el imperio era ya conocida por los contemporáneos: Vitruvio, por ejemplo, escribiendo a comienzos del Principado, estaba convencido —en vista, sobre todo, de sus diferentes logros de civilización— de que los hombres del sur eran más inteligentes y los del norte más aptos para la guerra (Arch. 6, 1,9 s.). No obstante, también entre provincias contiguas e incluso dentro de una misma provincia (como, v. gr., en Dalmacia entre la franja costera tempranamente urbanizada y el interior retardado) se daban a menudo grandes contrastes estructurales. A pesar de ello, muy pocas eran las áreas del imperio en las que las formas económicas y el modelo de división social romanos apenas hubiesen penetrado, como sucedía en Egipto, que Augusto se arrogó como bien patrimonial y en cuyo territorio el orden social tradicional, con distintas categorías de campesinos y básicamente sin esclavos en la producción agraria, no experimentó prácticamente modificaciones. Contemplado en su conjunto, así, pues, cabría afirmar que el imperio romano estaba presidido por un sistema económico y social unitario en el sentido de que este sistema, diferente según provincias o regiones, o bien se hallaba perfectamente implantado, o, cuando menos, representaba la línea tendencial en el proceso local de desarrollo económico-social, sin que a la vista apareciesen modelos alternativos claros a esa tendencia dominante[110].

La estratificación social

En consonancia con las condiciones en que se operaba su proceso de desarrollo, la sociedad romana del Alto Imperio no se distinguió esencialmente en su estructuración interna de la correspondiente a la República tardía; antes bien, el sistema tradicional de organización social pervivió en sus rasgos más destacados. Como siempre, esta sociedad se descomponía en dos partes fundamentales —de tamaño distinto—, siendo una vez más la línea divisoria entre las capas altas y las capas bajas la que constituía la línea más clara de contraste social. Elio Arístides describió esta división social mediante los binomios rico-pobre, grande-pequeño, egregio-anodino, noble-plebeyo, y, aunque él resaltaba la igualdad de todos los hombres ante la justicia imperial, daba por supuesto que los «mejores» estaban para gobernar y la «masa» para obedecer. La terminología jurídica romana, al menos desde mediados del siglo II d. C., habla, por una parte, de honestiores, es decir, de los poseedores de un status social y económico elevado, con su correspondiente prestigio (condicio, qualitas, facultas, gravitas, auctoritas, dignitas), y, por otra, de humiliores y tenuiores [111].

Cuatro son los criterios que se pueden establecer para incluirse entre los de arriba, y éstos responden aproximadamente a los señalados por Elio Arístides: había que ser rico, tener los más altos cargos y consiguientemente poder disponer de un renombre en el grupo social y, sobre todo —dado que riqueza, puestos elevados y prestigio venían a ser casi lo mismo—, era menester ser miembro de un ordo dirigente, de un estamento privilegiado organizado corporativamente. Sólo aquel que reuniese estos requisitos se integraba plenamente en los estratos superiores de la sociedad, en concreto, prescindiendo de la casa imperial, el ordo senatorius, el ordo equester y, en cada una de las ciudades, el ordo decurionum. No todas estas características definían, en cambio, a los libertos ricos, que en verdad podían ser muy pudientes económicamente, como tampoco a los esclavos y libertos imperiales, quienes no pocas veces junto a su inmensa fortuna poseían también mucho poder, como auténticas eminencias grises, pero que estaban imposibilitados de hallar acogida en los ordines rectores y, por causa de su baja extracción, expuestos al menosprecio general y básicamente empleados tan sólo en funciones subalternas. Por supuesto, tampoco los soldados pertenecían a las capas altas, a pesar de que el ejército —como probaron los acontecimientos del año de los cuatro emperadores— constituía un factor de poder muy considerable (Tac.; Hist. 1,4), y pese a que los integrantes de las ciudades de élite (guardia pretoriana, legiones) gozaban de distintos privilegios. Innegable también resultaba la baja posición social de la plebe urbana de Roma, por mucho que a comienzos de la época imperial hiciese todavía sentir su peso de vez en cuando como factor político de poder. El verdadero obstáculo para una equiparación con los de arriba se ponía claramente de relieve en la interdependencia existente entre pobreza, carencia de poder y privación de las primeras dignidades públicas, así como en la relación directa que se daba entre la escasa consideración social y la existencia al margen de los estamentos privilegiados. De ello se seguía que los componentes de los estratos inferiores venían por lo general —ya que desde luego no era absolutamente siempre así— a coincidir con las fuerzas productoras en los sectores económicos agrario y urbano. La conjugación de una serie de factores decidía una vez más qué personas y cuáles no estaban cualificadas para integrarse en las capas altas de la sociedad. Cabría enumerar aquéllos de la siguiente manera: origen distinguido o humilde, disfrute o carencia del derecho de ciudadanía, libertad personal o esclavitud, adscripción étnica o regional a la población de una u otra parte del imperio, dotes individuales, formación y lealtad a la monarquía[112].

Hasta qué punto se consideraba importante la fortuna personal como criterio de cualificación, lo expresa con gran claridad Trimalción en el Satiricón de Petronio (77): credite mihi: assem babeas, assem voleas; babes, habebens. En realidad, lo determinante aquí no era tanto el dinero en sí mismo cuanto la propiedad fundiaria como fuente principal del mismo; en todo caso, las enormes diferencias que podían prevalecer entre ricos y pobres eran bien manifiestas. La desproporción en el reparto del suelo, incluso entre propietarios, como, por ejemplo, bajo Trajano en las proximidades de Veleia y Beneventum, en Italia, se evidencian en los datos que nos proporcionan las llamadas tablas alimentarias de esas ciudades, según las cuales el 65 por 100 de los propietarios de tierras disponían de parcelas por valor inferior a los 100.000 sestercios, mientras que únicamente el 7 por 100 de los propietarios poseían tierras por valor superior a los 500.000 sestercios y sólo el 3 por 100 por una cuantía por encima del millón de sestercios[113]. Así, pues, la concentración parcelaria en la Italia del Alto Imperio aumentó continuamente, a tal punto que Plinio el Viejo llegaría a hablar de la destrucción de la tierra por parte de los latifundia (N. h. 18,35). Tendencias evolutivas semejantes se produjeron también en las provincias, con especial énfasis en países mediterráneos, como África, donde a mediados del siglo I los predios de seis latifundistas comprendían la mitad del territorio (Plin., loe. cit.). Las mayores fortunas que tenemos documentadas con exactitud ascendían a 400.000.000 de sestercios, tanto para el caso del senador Cneo Cornelio Léntulo a comienzos del Imperio (Séneca, De benef. 2,27), como para el del poderoso secretario general de Claudio, el liberto Narciso (Dio 60, 34,4). Por contra, tenemos constancia de extremos de increíble pobreza, así, v. gr., en Egipto, donde acontecía que 64 familias de agricultores compartían una misma unidad de explotación de una aroura de superficie (2.200 m²), o en donde seis familias se repartían comunalmente un único olivo. En igual medida se diferenciaban también el estilo de vida entre ricos y pobres. Las familias acaudaladas contaban en Roma y en sus fincas campestres con lujosos palacios y villas, que a un Marcial (12,57, 19 s.) evocaban la riqueza de los reyes, con un mobiliario, entre otras muchas cosas, valorado en millones (Plin., N. h. 13,92); sus mujeres lucían joyas tasadas hasta en 40.000.000 de sestercios, como Lolia Paulina, en tiempos de Augusto (Plin., N. h. 9,117 s.). En cambio, los campesinos egipcios, por ejemplo, habitaban apiñados en casas y chabolas primitivas, 10 familias en uno de los casos atestiguados, 42 personas en otro, sin apenas algo que decir que fuese suyo[114]. Las diferencias entre ricos y menesterosos se ponían también de manifiesto en que estos últimos estaban expuestos a humillaciones sociales permanentes, que Juvenal, por ejemplo, denunciaba amargamente (3,126 s. y 5,1 s.). A esto se añadía que los ricos podían hacerse con rapidez más ricos todavía, como un Séneca, que bajo Nerón amasó en cuatro años una fortuna de 300.000.000 de sestercios (Tac, Ann. 13,42), mientras que los pobres, de los que, como reconocía el propio Séneca (Helv. 12,1), se componía la mayoría de la población, sólo en muy contadas ocasiones llegaban a tener la suerte de Trimalción.

Nítidas eran también las líneas de separación entre quienes gozaban de poder e influencia y las masas sometidas. Los puestos más elevados correspondían en exclusiva a los grupos de personas privilegiados: los escalafones más altos de la administración del imperio, así como el mando de los ejércitos y tropas, estaban reservados a los senadores y caballeros, de igual manera que la administración de las comunidades ciudadanas lo estaban a las élites locales agrupadas en los distintos ordines decurionum. Indiscutiblemente constituía un privilegio francamente restringido en la mayor parte de los casos el poder disfrutar de esa posición de poder ejercida desde las supremas magistraturas locales y los senados municipales, como también desde los cargos senatoriales y los menos altos de los ecuestres. Al mismo tiempo, en algún caso se podía llegar a detentar más poder que el ejercido a través de los puestos de responsabilidad encomendados a los ordines rectores, como sucedía con los libertos imperiales, que estaban a la cabeza de la administración palatina, con unas atribuciones en principio subalternas, pero en la práctica de la máxima importancia, situación que ejemplifican mejor que nada los principados de Calígula, Claudio, Nerón y Domiciano; un poder, en fin, al que se podía acceder también mediante el soborno (v. gr., Suet., Otho 2,2), y maniobras de todo género. Al menos durante los mencionados emperadores, que estuvieron en permanente conflicto con la élite del orden senatorial y en parte también con la del ecuestre, las atribuciones del personal cortesano fueron utilizadas conscientemente como contrapeso a la posición de poder de los estamentos dirigentes, aunque con Augusto, Tiberio y Vespasiano, la situación fue considerablemente distinta, y a partir de Trajano la influencia de los libertos imperiales sufrió un fuerte retroceso. Como órgano más importante en el ámbito de lo legislativo seguía prevaleciendo el senado. Por lo demás, eran los senadores y caballeros con más renombre, habida cuenta de sus funciones en la ejecutiva del estado y en la justicia, los que participaban siempre en grado máximo en el poder, bien como miembros del consilium imperial, como gobernadores de las provincias más importantes y comandantes de los ejércitos, bien como prefectos del pretorio y altos funcionarios de la administración; la autoridad imperial era ejercida en gran medida recurriendo a la delegación de poderes a esas personas. Ciertamente, éstas estuvieron siempre controladas y su comportamiento —como el de Plinio el Joven en Bitinia— se guiaba por las indicaciones del cesar. Pese a todo, la posición de poder de que llegaban a gozar, especialmente en el caso de los gobernadores provinciales y de los comandantes de los ejércitos de rango consular, se desprende claramente del hecho de que aquellos emperadores que durante la época del Principado no debían su ascenso al trono a ninguna regulación dinástica precisa, podían con suma facilidad elevarse al mando supremo desde la condición de legado senatorial: Galba fue proclamado emperador como gobernador de la Hispania citerior, Vitelio como general del ejército de la Germania inferior y Vespasiano como comandante en jefe de las fuerzas del ejército expedicionario contra el levantamiento de los judíos. Pero también Trajano fue designado sucesor de Nerva durante su cargo de gobernador de la Germania superior y Adriano alcanzó el poder imperial tras la muerte de Trajano ejerciendo como legado de las fuerzas expedicionarias contra los partos. De gran poder disponían asimismo los prefectos del pretorio, y un ejemplo muy especial de ello nos lo brinda la posición de fuerza que llegó a tener Lucio Elio Sejano con Tiberio.

Todavía más perceptible resulta la diferenciación entre las capas altas y bajas de la población en lo tocante al predicamento o prestigio social de que disfrutaban sus integrantes. En las categorías jurídicas de honestior y humilior, cada vez más impuestas por el uso, se expresan de manera muy elocuente esas barreras sociales. Los «mejores», por razón de privilegios escritos y no escritos, eran tratados con especial respeto por parte de los estratos inferiores, como también por el propio estado. Según una disposición de Vespasiano, un senador no podía ser ofendido ni siquiera por un caballero y, caso de ser éste el agraviado, quedaba autorizado a lo sumo a devolver la ofensa por mediación de un miembro del primer orden, ya que la dignitas que se le reconocía al primero y al segundo de los órdenes no era la misma (Suet., Vesp. 9,2). Las personas distinguidas eran objeto de particular reverencia por parte de la masa (v. gr., Tac, Ann. 3,23), y las crecientes prerrogativas en materia de derecho penal disfrutadas en el siglo II d. C. por «los de mayor dignidad» contradicen la afirmación de Elio Arístides sobre la igualdad de todos los grupos de población ante la justicia: sin ir más lejos, los veteranos y decuriones estaban protegidos contra los castigos humillantes; los componentes del estamento ecuestre que cometían actos delictivos por los que una persona corriente se vería condenada a trabajos forzados, habían tan sólo de marchar al exilio; los senadores culpables de un crimen capital estaban libres de la pena de muerte y debían únicamente retirarse al exilio. El resto de los mortales, por el contrario, quedaba sujeto a todas las severidades del derecho penal romano, en concreto a la flagelación y a la tortura, a los trabajos forzados, a la condena en el circo a los combates con fieras y de gladiadores, o a la pena de muerte por crucifixión; por lo demás, las ofensas cometidas por un hombre corriente contra una persona ilustre se castigaban con especial dureza[115]. A esto se unía además la marcada conciencia estamental de los círculos más elevados. Tácito, por ejemplo, llegaría a condenar muy especialmente el adulterio cometido por Livia, la nuera de Tiberio, con el prefecto del pretorio, Sejano, un caballero de Volsinii, habiendo como había entre ambos diferencias de rango estamental: por sus relaciones con un «municipal» aquella dama había mancillado no sólo el buen nombre de sus antepasados, sino también el de sus descendientes (Ann. 4,3).

Hasta la aparición del status privilegiado de los libertos ricos y del personal de palacio acaudalado e influyente, se puede decir que el disfrute de una posición social elevada en la época del Principado equivalía a pertenecer a uno de los ordines privilegiados: dicha adscripción —según lo elevado del rango en la jerarquía del orden senatorial, ecuestre y decurional— coincidía en gran medida con una posición social privilegada, en la que coexistían fortuna, altos cargos y prestigio. Esto significaba que uno no se convertía automáticamente en miembro de las capas sociales dirigentes por el mero hecho de reunir una serie de requisitos sociales, como, por ejemplo, sucede en nuestra moderna sociedad de clases al conseguirse una determinada fortuna, una profesión acreditada o un lugar elegante de residencia; la entrada en un orden tenía lugar previa realización de un acto formal y la nueva identidad quedaba realzada por las insignias y títulos del estamento correspondiente. El hijo de un senador se convertía «automáticamente» él mismo en senador, dado que este rango desde Augusto era por principio hereditario y, al igual que los miembros adultos del orden, tenía derecho al título de clarissimus (a éste respondía el de clarissima en las mujeres e hijas de senadores). «Hombres nuevos», con todo, fueron admitidos en este orden por el emperador, que les entregaba —caso de no haber sobrepasado todavía los 27/28 años— el latus clavus, la franja ancha de púrpura para el vestido, como símbolo de su estamento, y estando en cuya posesión podían aspirar ya a los cargos senatoriales inferiores; tratándose, en cambio, de hombres de más edad y en atención a su rango superior, eran incluidos por el emperador en un grupo de senadores que habían ejercido ya como magistrados. El ingreso de caballeros en su orden se producía cuando el cesar les concedía el equus publicus, después de lo cual tenía lugar en muchos casos la investidura de los cargos del servicio ecuestre; lucían entonces como insignias de su estamento la franja estrecha de púrpura en la túnica, el angustus clavus, así como el anillo de oro, y ostentaban además el título equo publico o eques Romanus. En el orden decurional de cada ciudad se hacía entrar al individuo mediante la toma de posesión de una magistratura municipal o al menos por medio de la inscripción oficial en la lista de decuriones (album decurionum). Con iguales formalidades se procedía a la exclusión de cualquiera de los órdenes, hecho que representaba una auténtica degradación social (v. gr., Tac, Ann. 12,59). Se imponía así una concepción corporativa de las capas altas de la sociedad, hasta el punto de estar perfectamente controladas la inserción y ubicación en cualquiera de ellas; y de este modo se preservaba celosamente el orden jerárquico de la sociedad.

Entre los factores que determinaban si un particular pertenecía a los estratos superiores privilegiados o a los más humildes de la sociedad romana ha de mencionarse en primer término —por tratarse la de esta sociedad de una estructura aristocrática— el origen de la persona. La posición social alcanzada en su día por la familia era la mayoría de las veces hereditaria, y así resultaba por principio la pertenencia al estamento senatorial durante tres generaciones; con frecuencia, al menos como cuestión de hecho, la adscripción al orden ecuestre, y al decurionato municipal en la gran generalidad de los casos claramente desde el siglo II. Los cesares alentaron conscientemente esta continuidad en la composición de los ordines dirigentes, como ya lo había hecho Augusto (v. gr., Dio 55, 13,6), por ejemplo, prestando ayuda financiera a senadores empobrecidos, con el objeto de que éstos pudiesen certificar el mínimum prescrito de fortuna para seguir perteneciendo a dicho estamento. De todas formas, la sociedad romana no se configuró nunca como un sistema de castas, pues la capacidad personal fue siempre valorada, e individuos como Juvenal sometieron a crítica el principio de la nobleza de sangre (8,1 s.). Todo ello no cambiaba, sin embargo, el hecho de que el joven vastago de una familia distinguida apenas precisaba hacer algo para conservar la posición heredada: incluso las más altas dignidades podían «merecerse» sola generis claritate (Plin., Paneg. 58, 3). Así, pues, básicamente cualquier senador hijo de padre de rango consular (o con más antepasados consulares), al menos en la época de los Antoninos era admitido en el consulado, un cargo fundamental para adquirir el máximo de prestigio social y por el que en vano suspiraban muchos otros senadores; y aquel cuyo padre había gozado de la posición especialmente bien reputada de cónsul ordinarius (como cónsul epónimo del año), poseía él mismo un derecho implícito a ese mismo privilegio[116]. Por contra, un origen bajo constituía siempre una mancha, es decir, el humiliore loco natus veíase indefectiblemente perjudicado y el homo novus que llegaba a los estamentos más elevados había de vencer fuertes resistencias sociales a base de industria velfortuna (Tac, Ann. 3,55).

La posición social del individuo estaba además enormemente condicionada por la situación jurídica en la que se encontraba. Sólo a los ciudadanos, en los que todavía Elio Arístides veía una minoría privilegiada, correspondían los derechos imprescindibles, según los criterios romanos, para aspirar a un status elevado (lo cual no era obstáculo para que en comunidades privadas de la ciudadanía romana, v. gr., en laspoléis griegas, sobresaliesen también entre sus vecinos ricas e influyentes personas carentes de tales derechos). Pero con ello no está dicho todo. Incluso entre los propios ciudadanos del estado romano se daban dos categorías distintas, a saber, la de los ciudadanos de pleno derecho (cives Romani) y la de los «ciudadanos a medias» de las comunidades de derecho latino (ius Latii). En estas últimas comunidades, en las que o bien los magistrados solamente o también los decuriones disfrutaban de la plena ciudadanía romana, sus habitantes se diferenciaban de los ciudadanos que lo eran plenamente por la carencia de determinados derechos. Dejando ahora de lado a los puestos subalternos, eran sólo ciudadanos romanos los que tenían acceso tanto a los cargos adscritos al servicio del estado como a los de la administración de las ciudades, bien que fuesen éstas municipios o colonias; únicamente ellos eran los llamados a prestar el servicio militar relativamente bien considerado en las legiones romanas y sólo ellos disponían de distintos privilegios de derecho privado, entre los que cabría citar la transmisión de bienes mediante testamento legal. Cierto es que la fortuna, la influenciael predicamento sociajno se desprendían automáticamente de la posesión del derecho de ciudadanía, pero no cabe duda de que en líneas generales las preferencias estaban por el ciudadano antes que por el que no lo era (peregrinus).

Igualmente decisiva podía ser una ulterior diferenciación en la condición jurídica del individuo, consistente en si disfrutaba de libertad personal, por ingenuidad o manumisión, o si como esclavo sólo era en lo esencial propiedad de otro. El sujeto privado de libertad se hallaba a menudo expuesto a malos tratamientos, no podía elegir libremente su profesión ni su lugar de residencia, sus posibilidades de hacerse con un peculio personal estaban de antemano muy limitadas, y, como no fuesen ocupaciones subalternas (por ejemplo, policía urbana, administradores del archivo público, funcionarios de aduanas, etc.), se hallaba incapacitado para desempeñar funciones públicas. Pero también el liberto se encontraba frecuentemente en inferioridad de condiciones frente al ingenuo; la jerarquía de los ingenui, liberti y servi, tenía tanta importancia que Marcial aconsejaba que en los asuntos de amor se prefiriese una mujer nacida libre a una manumisa, y ésta a una esclava, a menos que la esclava destacase por su belleza (3, 33,1 s.). Hasta qué punto suponía una mancha para una familia, incluso transcurridas generaciones, el tener un origen esclavo, es algo que podemos calibrar perfectamente por una serie de disposiciones imperiales: Tiberio llegó a prohibir que los hijos de los libertos alcanzasen el rango ecuestre (Plin., N. h. 33,32); Claudio autorizó el ingreso del hijo de un liberto en el senado sólo una vez que éste hubiese sido adoptado por un caballero romano (Suet., Cl. 24,1), y Nerón declaró incluso prohibido este procedimiento (Suet., Ñero 15,2). Hasta los más poderosos libertos imperiales eran despreciados como «esclavos» por los romanos distinguidos, aunque estos últimos acostumbrasen bastante a menudo a conducirse servilmente ante ellos (v. gr., Tac. Ann. 14,39). Un nacimiento libre, así pues, constituía en términos generales una posición de partida incomparablemente más ventajosa.

Por añadidura, no era en modo alguno cosa irrelevante de qué parte del Imperium Romanum procedía el individuo y a qué pueblo pertenecía. En principio, la sociedad romana, incluso en sus posiciones de cabeza, estaba abierta desde siempre a los alieni y externi, como manifestaba el propio emperador Claudio (ILS 212); Elio Arístides, por su parte, destacaba en su Discurso a Roma (60) que en todas las partes del imperio, y tan por igual en occidente como en oriente, podían encontrarse personas egregias y cultivadas. En lo referente a las capas más extensas de la población, Trajano explicaba que nulla provincia est, quae non et peritos et ingeniosos homines habeat (Plin., Ep. 10, 30,3). Con todo, determinados privilegios que venían de antiguo, al igual que ciertos prejuicios arraigados en la opinión pública romana, sólo de una forma lenta y ni aun totalmente pudieron ser borrados a lo largo del Imperio[117]. Al menos con los primeros cesares, se daba todavía por supuesta la primacía de Italia y los itálicos. Así, Tiberio reconocía explícitamente que Italia, debido a la importación de bienes de las provincias, disfrutaba de una posición privilegiada (Tac, Ann. 3,54), y de ahí que las medidas de Claudio en el sentido de integrar mejor a los provinciales mediante el otorgamiento de la ciudadanía y la admisión en el senado, chocaran con las críticas de los círculos conservadores. A partir de las reformas efectuadas por este príncipe, las actitudes discriminatorias, al menos frente a los habitantes de las provincias latinas, se redujeron considerablemente (cf., v. gr., Tac, Hist. 4,74, acerca de la paridad de derechos de los galos), si bien determinados prejuicios como el del carácter colérico de los galos o el de la falta de palabra de los africanos, no desaparecieron hasta la época bajo-imperial. Ante los habitantes de la mitad oriental del imperio, que al romano resultaban extraños por el empleo de la lengua griega y, sobre todo, por el cultivo de costumbres consideradas como no romanas, persistían más tenazmente las viejas prevenciones. Juvenal, por ejemplo, aunque descendiente de liberto, miraba con profundo desprecio a los caballeros de Asia Menor (7,14 s.), y no parecía sentirse a gusto en una Roma rebosante de sirios, como si el Orontes desembocase en el Tíber (3,60 s.). Con igual desdén se expresaba Marcial acerca de los capadocios y los sirios (10, 76,1 s.). Muy extendidos estaban los prejuicios contra los judíos y, particularmente, contra los egipcios, quienes todavía en época bajo-imperial eran tachados de codiciosos, indisciplinados, ligeros de juicio e impredecibles (p. ej., SHA, Q 8,1 s.). Tales concepciones discriminatorias frente a algunas minorías tenían a su vez evidentes consecuencias sociales. Era, en efecto, extremadamente infrecuente que judíos alcanzasen los más altos honores, como sería el caso bajo Nerón y Vespasiano de Tiberio Julio Alejandro, un caballero de Alejandría de Egipto que había apostatado de su fe judía; en este mismo orden de cosas, tampoco debería olvidarse que el primer senador egipcio en sentido estricto, Elio Coerano, entró en el orden senatorial una vez transcurridos más de dos siglos desde la transformación de su país en territorio romano.

No por esto dejaban de tener importancia la valía y el rendimiento puramente personales, la habilidad, la formación o los servicios políticos, pero la influencia de todo ello a la hora de determinar la posición social del individuo tenía sus limitaciones. Las ventajas de tipo personal que podían reportar el talento en las finanzas y una tenaz dedicación a los negocios nos lo muestra mejor que nada la legendaria fortuna que Trimalción, pese a los reveses sufridos, llegó a amasar. Los médicos, por ejemplo, que a menudo eran de origen servil, acumulaban no pocas veces enormes sumas de dinero con sus honorarios, como Publio Decimio Eros Mérula, un liberto de Asisium, que, tras haber realizado considerables donaciones públicas, aún dejó una fortuna de unos 800.000 sestercios (ILS 7812). El conocimiento del derecho constituía una valiosa ayuda para escalar hasta los puestos de mayor responsabilidad, como en el caso del senador Salvio Juliano, un «hombre nuevo» de África de mediados del siglo II, quien ya ejerciendo de cuestor recibiría de Adriano el doble de sueldo como gratificación a su doctrina (ILS 8973). Entre los senadores más prominentes se encontraban brillantes oradores y abogados, como Plinio el Joven y —especialmente en Oriente— filósofos, cual un Herodes Ático y numerosos nombres más[118]. A propósito de dos relevantes senadores de la época flavia, Tito Eprio Marcelo y Quinto Vibio Crispo, hacía observar Tácito que partiendo de bajas y modestas condiciones, sine commendatione natalium, sine substantia facultatum, tan sólo por su oratoria eloquentia, consiguieron ascender hasta los potentissimi civitatis (Dial. 8,2 s.). Los servicios políticos y militares prestados al emperador y la probada lealtad en tales cometidos podían ser de una trascendencia decisiva, especialmente en momentos de crisis política interna. Lucio Tario Rufo, por ejemplo, cónsul bajo Augusto, se elevó desde la infima natalium humilitas, presumiblemente de ser un antiguo marinero liburnio, hasta el vértice rector de la sociedad romana, y ello por su señalada actuación en la batalla de Actium; Vespasiano, en fin, haría entrar en el orden senatorial como mínimo a los 20 caballeros romanos que en el año 68 le prestaron un decidido apoyo[119].

En efecto, el meritum individual podía modificar y disminuir la importancia de otros factores en la fijación de la posición social, pero ello no quiere decir en absoluto que estos últimos resultasen ya inoperantes. La habilidad en el mundo de los negocios no desempeñaba la función capital que tiene en una sociedad industrial moderna: Trimalción no sería capaz de vencer las barreras sociales definitivas por causa de su origen no libre. Lo mismo cabría afirmar acerca de la educación. Se trataba en general de una condición previa para alcanzar un status social elevado y en una carrera política resultaba extremadamente útil. Pero una formación superior no borraba tampoco el estigma del nacimiento esclavo, y ello explica que tanto el médico Mérula como el empresario Trimalción quedasen excluidos de los ordines privilegiados. Por añadidura, eran pocos los ámbitos del saber auténticamente rentables desde un punto de vista político, caso del derecho y la oratoria, que pudiesen acarrear efectivamente grandes ventajas sociales. Con todo, aun aquí habría matices que señalar y barreras que recordar. Los podemos calibrar perfectamente si pensamos en que con Domiciano el puesto de profesor de retórica era considerado suficientemente bueno para un senador, sólo que para un senador excluido de su orden (Plin., Ep. 4,11,1 s.). Unicamente en el servicio político y militar al emperador contaban de manera decisiva los méritos y rendimientos personales (Plin., Paneg. 70,8), sin que por ello quedase anulado el origen ilustre del sujeto. Esta ambivalencia era muy característica del orden social romano: persistía, por un lado, el principio aristocrático de la preeminencia en virtud del nacimiento noble y, en términos generales, la determinación del status social por la cuna, pero al mismo tiempo se ofrecía también un margen de juego a las cualidades y ambiciones del individuo. Que de este modo se hacían sentir en los grupos dirigentes de la sociedad romana diferencias cualitativas de gran importancia, es algo de lo que Tácito era ya consciente.

El orden senatorial

Desde comienzos del Imperio el ordo senatorius cerró sus filas más estrechamente de lo que lo había hecho durante la República tardía. En época del segundo triunvirato el número de senadores se había incrementado a más de 1.000; tras una depuración del senado de sus elementos «indignos», Augusto fijó la cifra de miembros de este órgano en 600[120]. Esta cantidad apenas conoció cambios de consideración en las dos centurias siguientes, y tanto menos podía sufrirlos cuanto que cada año sólo 20 eran los senadores que como vigintiviri iniciaban una carrera política senatorial, es decir, que podían ingresar en calidad de quaestores en el senado. Es verdad que a tales personas se añadieron también antiguos caballeros —así ocurrió con Vespasiano y el hecho se repetiría de forma continuada a partir de Domiciano—, caballeros que eran asimilados en el estamento senatorial al rango de excuestor o a otro superior, de forma tal que el número de senadores pudiera haberse visto ligeramente aumentado desde finales del siglo I; pero, aun así, cabe señalar que al término de la segunda centuria este grupo no sería muy superior a los 600. Por consiguiente, el orden senatorial se configuró siempre como un estamento numéricamente muy reducido y exclusivista. De importancia para su cohesión e integridad fue también el hecho de que sus límites por abajo, en sus confines con el orden ecuestre, quedaron mejor precisados que antes[121]. A finales de la República y en parte todavía con Augusto, las líneas de separación entre los estamentos senatorial y ecuestre eran fluctuantes: el hijo de un senador poseía en principio el rango de caballero; a los cargos senatoriales podían presentarse tanto los vastagos de los patres como los de los equites; había incluso algunas funciones que podían encomendarse por igual a un senador o a un caballero, sin que a uno o a otro se le exigiese mudar de orden por ello. Augusto trazó unas fronteras más precisas. A los hijos de senadores se les hizo ingresar formalmente en el ordo senatorius (Suet.; Aug. 38,3; vid. Dig. 23, 2,44) y distanciarse así de los caballeros propiamente dichos; además, la fortuna mínima exigida para un senador, que anteriormente se había mantenido igual a la del caballero con una suma de 400.000 sestercios, fue establecida —entre el 18 y 13 a. C.— en 1.000.000 (Dio 54, 17,3 y 54, 26,3 s.). La diferenciación entre los integrantes de uno y otro estamento se vio definitivamente regulada por una reforma de Calígula en el año 38 (Dio 59, 9,5): un caballero que alcanzase un cargo senatorial o al que se le autorizase llevar la franja ancha de púrpura como distintivo del orden senatorial, entraba desde entonces a formar parte de iure del primer estamento y renunciaba automáticamente a todos sus vínculos formales con su antiguo grupo. En virtud de este desarrollo institucional también los cargos senatoriales y ecuestres quedaron definitivamente deslindados.

La fortuna efectiva de la mayoría de las familias senatoriales superaba ampliamente el censo mínimo prescrito. Su riqueza provenía en un pequeño porcentaje del préstamo dinerario, de la venta de productos manufacturados y de los haberes percibidos como funcionarios senatoriales de la administración imperial (el sueldo máximo anual, el del procónsul de África y Asia, importaba 1.000.000 de sestercios). Decisivas, en cambio, eran sus fuentes de ingresos de tipo agrícola. Todo senador era al mismo tiempo gran propietario. Muchos de ellos poseían fincas tanto en Italia como en las provincias: una vez que el número de senadores provinciales hubo crecido considerablemente, el emperador Trajano introdujo la obligación para los senadores de que un tercio de su fortuna quedase invertida en bienes raíces en Italia, con el objeto de que ellos hiciesen de ésta y de Roma su verdadera patria (Plin., Ep. 6,19?1 s.). El patrimonio de Plinio el Joven, que había levantado su fortuna a base de herencias y matrimonios, a más de préstamos a interés, así como actuando de administrador de colosales herencias, consistía casi exclusivamente en tierras (sum quidemprope totus inpraediis, Ep. 3, 19,8); sus predios se hallaban en los alrededores de su ciudad natal, Comum, en el norte de Italia, y también en la región de Tifernum Tiberinum, en Umbría. Aunque estaba en condiciones de subvenir a las necesidades de sus paisanos y personal de servicio con obsequios en dinero, nada desdeñables, no se puede decir que perteneciera al grupo de senadores más ricos; el total de su fortuna cabe evaluarla en unos 20.000.000 de sestercios. En realidad, había familias senatoriales considerablemente más acaudaladas (vid. p. 149) y, sobre todo en Oriente, sus dispendios en munificencia pública no pocas veces alcanzaban cantidades astronómicas. Así, el padre de Herodes Ático calificaba de pequenez el regalo de 4.000.000 denarios para el abastecimiento de aguas de Troya, mientras que a los ciudadanos de Atenas los obsequiaba regularmente con dinero, carne para los sacrificios y vino; el hijo —más precisamente llamado Tiberio Claudio Ático Herodes—, junto a numerosas donaciones que hizo en Grecia, Epiro e Italia, mandó levantar en Atenas el estadio de mármol y el Odeón, en Corinto ordenó la construcción de un teatro, en Delfos de un estadio y en Olimpia de un acueducto[122].

La riqueza y su corolario natural de liberalidad y lujo en el vivir no eran sólo características de los senadores, sino igualmente de numerosos caballeros y además de los grupos de élite entre los libertos. Se comprende, entonces, que fuesen menos de naturaleza económica y más de tipo social, jurídico, político e ideológico, los factores que animaban entre los componentes del primer orden los sentimientos de solidaridad y exclusivismo. Inmersos en una maraña de matrimonios, de relaciones familiares complicadas por las adopciones, y de amistades, muchos senadores llegaban a quedar vinculados entre sí. Nada mejor para ilustrar la amplitud de estos contactos que la correspondencia de Plinio el Joven o de Marco Cornelio Frontón, o la costumbre de muchos senadores de adoptar los nombres de parientes; la «plusmarca» de polionomía la estableció Quinto Pompeyo Senecio, cónsul del año 169, cuya nomenclatura completa ofrece un total de 38 nombres[123]. Importante asimismo era el hecho de que las funciones estatales de los senadores eran todas de una misma índole. Ello se debía, por un lado, a la naturaleza de sus cargos, que exigían una preparación como jurista, funcionario de la administración y jefe militar, y, por otro, a su privilegio de poder participar en las deliberaciones del senado y de influir en las decisiones de este órgano, para lo cual se hacía necesaria la misma experiencia que para el ejercicio de los cargos senatoriales. Consiguientemente, uniforme era también la educación con que contaban los senadores: los hijos de éstos se formaban en la jurisprudencia, la oratoria y el arte de la guerra fundamentalmente merced a una instrucción puramente privada, en familia y en el círculo de parientes, así como en el desempeño de los puestos senatoriales inferiores, lo que no era obstáculo para que algunos jóvenes con talento e inquietudes sumasen a todo ello conocimientos a fondo de historia, literatura y filosofía [124].

Este sistema educativo obligaba al mismo tiempo al senador para con los ideales del estado romano y para con las tradiciones de su propia familia; de esta manera, se inculcaba en la mayoría de los miembros del primer estamento un modo de pensar y actuar uniforme. El talante senatorial se expresaba orgullosamente en la consciencia de pertenecer al orden más ilustre (amplissimus ordo) y paralelamente también en la convicción de que cualquier senador que reuniese plenamente las condiciones para ser miembro de su estamento, podía tenerse por no inferior a ninguna otra persona, como Aufidio Victorino lo afirmaba de su suegro Fronto, al decir que era omnium optimarum artium praecipuus vir (De nep. amisso 2,3). A ese mismo talante corespondía además la entrega al servicio del estado romano (Plin., Ep. 4, 23,3) o, cuando menos, la aspiración a una carrera política, aunque también la pretensión de ver recompensados los esfuerzos y peligros propios del ejercicio de los altos destinos con un no menos alto nivel de vida (Tac, Ann. 2,33). Todos esos factores hacían arraigar entre los senadores un espíritu de solidaridad que no desaparecía por muchas rivalidades y roces que se diesen entre los particulares, las familias o los grupos. Como decía Juvenal, cuando la casa de un noble era pasto de las llamas, la tristeza invadía a toda la aristocracia y todos acorrían a los perjudicados, mientras que si se trataba de un simple mortal nadie se movilizaba en su ayuda (3,209 s.).

Esa cohesión del estamento senatorial resulta tanto más digna de nota cuanto que el ordo senatorius era bastante heterogéneo en su composición interna y a lo largo de la época del Principado quedaría sujeto a permanentes fluctuaciones. Muchos matrimonios del círculo de la nobleza senatorial carecían de descendencia; y en nada cambiaban esta situación los privilegios otorgados a los padres de tres hijos. En tiempos de los emperadores adoptivos, uno, a lo más, de cada dos de los senadores de rango consular contaba con un hijo adulto que pudiese seguir los pasos de su padre[125]. Esto significaba que de las familias senatoriales existentes en un determinado momento sólo la mitad sobrevivía en la siguiente generación. El tributo de sangre que hubo de pagar este estamento bajo Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, durante el año de los cuatro emperadores y con Domiciano, tornó aún más exiguas las filas de los senadores. Mientras que al término de la República eran todavía unas 50 las familias del más rancio abolengo que podían vanagloriarse de descender de «los antepasados tróvanos» de los romanos (Dion. Hal. 1, 85,3), en época del emperador Claudio sólo unos pocos linajes se tenían por verdaderamente antiguos (Tac, Ann. 11,25). Estimaba Apuleyo (Flor. 8), a mediados del siglo II, que al incontable número de hombres normales y corrientes correspondía sólo el de unos pocos senadores, pero que a su vez al de estos últimos tocaba únicamente un puñado de nobiles. A finales de esa centuria, Manió Acilio Glabrio (supuestamente cónsul en el 173) pasaba por el senador más distinguido en razón a la línea de sus antepasados, pues su árbol genealógico se remontaba hasta Eneas (Herod. 2, 3,4) y su familia había ya dado un cónsul en el 191 a. C.[126]. Dadas estas circunstancias, resultaba inevitable que el estamento senatorial experimentase un permanente rejuvenecimiento a base de homines novi.

Los «hombres nuevos» jugaron un papel muy importante en el seno del ordo senatorius durante el Principado. Ya con Augusto no pocos homines novi, tan poderosos como Marco Vipsanio Agripa o Tito Estatilio Tauro, alcanzaron gran relevancia en la capa dirigente senatorial; a partir de Vespasiano —él mismo un homo novus—, estos individuos representaban la mayoría de aquellos senadores a quienes los más importantes cargos de la administración imperial, mandos militares y gobiernos de las provincias imperiales, les eran encomendados[127]. A su vez, eran a menudo estos homines novi, como ya en su día ocurriera con Catón o Cicerón, quienes mejor asumían y exponían el ideario de su nuevo círculo social, con el que ellos se identificaban plenamente; Tácito o Plinio constituyen los mejores ejemplos de ello. El que este tipo de personas estuviesen sobrerepresentadas en el vértice dirigente del estamento senatorial, ha de ser atribuido a la combinación de dos factores: por un lado, el homo novus, seleccionado desde un primer momento en función de sus espléndidas cualidades para ser miembro del estamento principal, buscaba por lo general con denodado esfuerzo verse plenamente integrado en la aristocracia romana a base de prestar grandes servicios en la administración del estado; por otro lado, y debido a esto, eran decididamente favorecidos por el cesar, ya que mediante su estrecha vinculación a la casa imperial servían como leales puntales a la monarquía.

Los homines novi eran preferentemente individuos procedentes de la capa alta de las ciudades del imperio, muy a menudo hijos de caballeros meritorios; la mayoría de ellos obtenía en sus años de juventud, y por elección del senado, el derecho a vestir la túnica con la franja ancha de púrpura y a ocupar un puesto senatorial inferior (ius honorum). A ellos se añadían además los que habían sido caballeros, aquellos que tras haber iniciado una carrera como oficiales del ejército y funcionarios de la administración, podían verse admitidos en el orden senatorial con un rango acorde a su edad (adlecti in amplissimum ordinem). Tocaba al emperador en todos los casos el decidir a quién correspondía un privilegio tan importante para la elevación social. Naturalmente, el apoyo dado a la persona por sus parientes y conocidos con influencia desempeñaba un papel extraordinariamente importante, especialmente cuando se trataba de recomendar a jóvenes para su admisión en la carrera senatorial; el que era elogiado por un senador tan influyente como, por ejemplo, Plinio, en términos tales como los de invenis probissimus gravissimus eruditissimus, omni denique laude dignissimus, tenía por lo general un gran futuro por delante. A comienzos del Imperio gran número de «hombres nuevos» procedía de Italia. No obstante, ya en el siglo I el reclutamiento de nuevos senadores en ciudades de la península disminuyó cada vez más acusadamente; las dificultades económicas de Italia, sobre todo, impedían más y más cada día el nacimiento de nuevas familias de grandes propietarios. Por contra, y en el marco de la integración de los provinciales en el Imperio, homines novi originarios de las provincias ascendían en número creciente hasta el senado. En la época de los Antoninos apenas quedaban ya «hombres nuevos» de Italia, si exceptuamos a los homines novi de la parte norte de la península, entre los Alpes y el Po, una tierra que en muchos aspectos venía a equivaler a una «provincia» y en la que se daba siempre una fuerte aristocracia latifundista. Con la extinción de muchas de las viejas familias senatoriales itálicas la reestructuración interna del estamento senatorial viose aún más acelerada. Varias disposiciones imperiales en pro de la integración de los provinciales, tales como el otorgamiento del ius honorum a la nobleza de las tres Galias por Claudio en el año 48, impulsaron asimismo ese proceso de recomposición[128]. Bajo los primeros cesares el número de senadores provenientes de las provincias era todavía bien que modesto; la cifra por nosotros conocida de miembros senatoriales de origen extraitálico bajo Augusto y Tiberio se mueve en torno a una docena solamente. Procedían éstos de las provincias más vigorosamente urbanizadas y romanizadas, cuales eran fundamentalmente la Galia meridional o la Bética. Con Nerón el número de senadores provinciales de los que tenemos noticia ascendía ya a cincuenta; desde Vespasiano esta proporción se elevó considerablemente y, junto a galos del sur e hispanos, había también en número creciente senadores de otras partes del imperio, sobre todo, de África, Asia y Galacia. Con Antonino Pío la presencia de los provinciales, al menos entre los senadores de rango consular, igualaba casi a la de los itálicos y bajo Marco Aurelio aquéllos copaban por vez primera la mayoría en la élite rectora de su estamento[129]. Con todo, ese proceso de reestructuración interna no produjo radicales consecuencias sociales o políticas; senadores de las provincias como un Cneo Julio Agrícola, de Forum Julii, o Marco Cornelio Frontón, de Cirta, defendieron los ideales y concepciones de la aristocracia senatorial romana con tanto empeño como sus compañeros de orden, cuya patria de origen estaba en Italia.

La jerarquía interna del estamento senatorial no venía dada por la distribución de sus miembros según criterios étnicos o regionales, sino que se establecía en función del rango atribuido a cada uno de los cargos que el senador podía ocupar de acuerdo con las distintas posibilidades que ofrecía el cursus honorum. La carrera senatorial se diferenciaba claramente del cursus honorum republicano como consecuencia de la creación de numerosos puestos ligados al servicio del emperador. Normalmente, el senador iniciaba a los 18 ó 20 años su carrera como vigintivir en Roma, con 25 años alcanzaba formalmente la condición de miembro del senado en calidad de quaestor, era después o tribunus plebis o aedilis y a los 30 se convertía en praetor (los límites de edad, que alguna vez eran rebajados por razón de privilegios personales, se consideraban en la práctica más que nada como mínimos de edad). Con el rango de pretor, se podían obtener ciertos destinos dentro del ámbito de competencias del senado, y, en especial, el de procónsul en una provincia senatorial; muchos cargos, no obstante, entre ellos el de jefe de una legión (legatus legionis) y el de gobernador de una provincia imperial (legatus Augusti pro praetore) sin estacionamiento de legiones o con sólo una legión, caían dentro de la esfera de la administración imperial y eran directamente cubiertos por el cesar. A los 40 años o, caso de la mayoría, a los 43, el senador podía verse hecho consul, habiendo cada año varias parejas consulares —con los Antoninos hasta cuatro o cinco la mayoría de las veces—, con el objeto de que esta magistratura dejase de ser monopolio de un pequeño grupo senatorial, como en tiempos de la República tardía. Los puestos más importantes en la administración del imperio eran confiados a senadores de rango consular, caso de la curatela en la ciudad de Roma, los gobiernos en las provincias imperiales con varias legiones y el proconsulado en las provincias senatoriales principales de África y Asia; los senadores que más descollaban podían coronar su carrera política con una iteración del consulado y la prefectura de la capital del imperio (prafectus urbi[130]).

Había distintas modalidades en la carrera de los honores, reflejando en su conjunto la estratificación del orden senatorial. Cuando mejor encontramos individualizadas esas variantes es en época de los Antoninos, una vez que éstas —tras una larga evolución y experimentación— quedaron configuradas de forma estable y precisa. Un pequeño grupo de élite, integrado por los descendientes de las viejas familias ennoblecidas en la República o en tiempos de los primeros cesares, ostentaban rango patricio, el cual aseguraba importantes privilegios. El patricio comenzaba normalmente su carrera política en la clase más distinguida de los vigintiviri como encargado de la moneda (triumvir monetalis), alcanzaba luego —a menudo por recomendación del emperador— la cuestura y la pretura en las elecciones senatoriales, quedaba exento de revestir las magistraturas básicamente plebeyas —y costosas— de tribuno de la plebe o edil, ascendía ya con 32 ó 33 años a cónsul, y podía renunciar al desempeño, con frecuencia trabajoso, de los cargos pretorio y consular en las provincias, que el patricio consideraba irrelevantes a efectos de su prestigio social. Otros senadores, y entre ellos particularmente aquellos homines novi de probada capacidad inicial, contaban asimismo con el decidido patrocinio del emperador a lo largo de su carrera, si bien de forma en parte distinta al anterior caso: una vez que habían alcanzado el rango pretorio —con frecuencia también previo apoyo del príncipe para las magistraturas inferiores de elección senatorial—, eran destinados a los más altos puestos de la administración del estado en calidad de jefes militares y gobernadores, realizando entonces una dilatada carrera administrativa, como, entre otras muchas, la de Sexto Julio Severo, el primer general de Adriano (Dio 69,13,2; ILS 1056) [131]. Esto valía también para el resto de los senadores que no se veían tan favorecidos por el cesar y que entre la pretura y el consulado ocupaban diversos cargos senatoriales. Aquellos grupos privilegiados de senadores —algo menos de la mitad del total bajo los Antoninos— constituían como consulares (o sea, como senadores destinados al consulado) la cúpula rectora del imperio. Los demás senadores, que ni por su origen especialmente distinguido ni por sus cualidades y servicios llamaban la atención, apenas recibían apoyo del príncipe y difícilmente tenían posibilidad de conseguir el apetecido rango de cónsul.

El resultado de una reglamentación como ésta fue la de reproducir dentro del primer orden el propio sistema jerárquico de la sociedad, con la consecuencia además de que para la ocupación de los mandos militares y cargos civiles de mayor importancia sólo quedaba disponible un grupo muy seleccionado de personas. En tanto que el imperio no hubiese de afrontar grandes dificultades de política interior o exterior, este sistema aristocrático de selección podía funcionar por lo general satisfactoriamente. Pero en situaciones extraordinarias —como, por ejemplo, en el levantamiento de los bátavos del año 69— descubría a las claras sus deficiencias, de tal forma que bajo las nuevas condiciones en que se halló el imperio mundial de Roma a partir de la segunda mitad del siglo II se hizo inevitable la crisis de dicho sistema y, con ella, la de los rangos superiores de la jerarquía social.

Otros órdenes y estratos elevados

El ordo equester contaba con un número de miembros considerablemente más elevado que el estamento senatorial[132]. En el desfile anual de los caballeros en Roma, el 15 de julio, llegaron a tomar parte con Augusto hasta 5.000 ecuestres (Dion. Hal. 6,13,4). En realidad, los allí presentes sólo representaban una minoría dentro de su orden, puesto que muchos de los caballeros no se desplazaban a Roma para la fiesta y los equites que habían sobrepasado los 35 años estaban eximidos de la obligación de seguir montando (Suet., Aug. 38,3). Según Estrabón (3, 5, 3; 5, 1,7), el número de pertenecientes al segundo orden en Gades y Patavium, las dos ciudades con más caballeros a comienzos de la época imperial, alcanzaba los 500 respectivamente; en la comunidad galo-meridional de Arausio había en su teatro tres filas de asientos para equites (ILS 5655). Para el principado de Augusto habría quizá que calcular una cifra de 20.000 caballeros en total, equivalente, pues, a la de finales de la República; en los dos primeros siglos del Imperio este número se vería notablemente incrementado como consecuencia del creciente e ininterrumpido acceso de los provinciales al estamento ecuestre.

Como integrantes que eran de un orden dirigente, también los caballeros estaban poseídos de una conciencia de grupo estamental, que, por ejemplo, se evidencia en el cuidadoso recuento de sus títulos y rango en las inscripciones honoríficas y sepulcrales o en el espíritu de grupo por el que se regían dentro de la sociedad de cada una de las ciudades del imperio (ILS 7030). Ello no obstante el ordo equester no fue jamás un estamento tan homogéneo como el ordo senatorius. Si la mayoría de sus miembros exhibía unos mismos sentimientos y modos de comportamiento, tal hecho no se debía a que entre los ecuestres existiese una forma de pensar y actuar propia y característica de su estamento, sino a que ellos asumían los ideales y adoptaban las costumbres de los senadores, cosa tanto más explicable cuanto que los que ingresaban en la administración pública estaban en posesión de una formación jurídica y militar como la de sus modelos senatoriales. La menor cohesión estructural del orden ecuestre, al menos en comparación con el grupo senatorial, la situación económica a menudo diferente entre sus distintos miembros, la heterogénea composición del estamento y la con frecuencia muy dispar dedicación profesional de los caballeros, hacían imposible la formación de un conjunto social tan cerrado como el de los senadores.

Hecho de importancia, ante todo, era el que la pertenencia al orden ecuestre, al menos formalmente, no era hereditaria. La admisión en el mismo se producía en virtud de un acto de elevación de rango del individuo y no como consecuencia de su linaje; consiguientemente, dicho estamento no se configuraba como una nobleza de sangre, sino como una nobleza de la persona. Cierto que en la práctica sucedía con frecuencia que el hijo de un caballero era también aceptado entre los equites (v. gr., ILS 6335); se hablaba también de «familias ecuestres» (por ejemplo, Tac, Hist. 1,52). Pero, al igual que con los senadores, eran muy infrecuentes los casos de linajes ecuestres que conservasen a lo largo de muchas generaciones la pertenencia a su ordo, y ello no radicaba en absoluto solamente en la falta de descendencia de no pocas familias ecuestres. Hay ejemplos atestiguados de hijos de caballeros que no alcanzaban el mismo rango que su padre (v. gr., ILS 6496). Lógicamente, mejor documentado está el caso de hijo de ecuestre que asciende al orden senatorial. Las familias ecuestres constituyeron la fuente de reclutamiento más importante para cubrir constantemente los vacíos creados en el estamento superior; la familia, por ejemplo, de la que provenía el emperador Septimio Severo dejó de pertenecer al estamento ecuestre, porque sus vastagos uno tras otro habían sido admitidos en el orden senatorial (vid. SHA, S 1,1 s.). Por lo general, las relaciones entre los miembros de los estamentos senatorial y ecuestre eran muy estrechas debido a los enlaces matrimoniales, a los vínculos de parentesco y al cultivo de la amistad; Plinio el Joven, por ejemplo, se carteaba no sólo con senadores, sino también con numerosos caballeros. Mayor aún era la apertura del orden ecuestre hacia abajo, hacia el decurionado de las distintas ciudades: muchísimos caballeros, y en especial aquellos que no aspiraban a una carrera en la administración del estado o que por falta de cualidades y relaciones no podían entrar en ella, revestían cargos municipales y pertenecían a un tiempo al ordo equester y al ordo decuriorum en una ciudad o en varias a la vez. Muy diversa también podía ser la situación económica de los caballeros. A juzgar por el testimonio de Marcial, el mínimo prescrito de 400.000 sestercios, habida cuenta de las obligaciones impuestas por el estilo de vida acorde a dicho estamento, bastaba sólo para llevar una modesta existencia; no faltaron tampoco caballeros que a duras penas tenían lo suficiente con que sustentarse (Gellius, Noct. Att. 11, 7,3). A la mayoría, sin embargo, las cosas les iban decididamente mejor, como, por ejemplo, al escritor Columela, que disponía de bienes raíces en diversos puntos de Italia central; conocidos son también caballeros inmensamente ricos, que superaban en fortuna a muchos senadores, caso de Publio Vedio Polio, el amigo de Augusto, cuya inmensa riqueza se había hecho ya proverbial (Dio 54, 23,1 s.). Distintas asimismo eran las fuentes de enriquecimiento de los ecuestres. De ellos quienes como procuradores prestaban sus servicios en la más alta administración del estado, percibían un sueldo anual de 60.000, 100.000, 200.000 y, desde Marco Aurelio, hasta de 300.000 sestercios, variando según el rango de cada cual; los titulares de los cargos ecuestres más elevados y, sobre todo, los prefectos del pretorio, estaban mejor pagados todavía. Con todo, las que realmente contaban eran las fuentes particulares de ingresos. Entre los caballeros abundaban los grandes comerciantes, los poderosos empresarios y los banqueros, como era el caso de un Cornelio Senecio, quien, según Séneca, no desaprovechaba ningún medio de hacer fortuna, incluido el arrendamiento de los impuestos de aduana, tan popular entre los ecuestres (Ep. 101,1 s.). Considerados en su conjunto, puede decirse que los integrantes del estamento ecuestre estaban más fuertemente interesados en las fuentes de ingresos no agrarias que los senadores, a pesar de lo cual también entre los primeros era la posesión de tierras la principal fuente de riqueza. Según Quintiliano (4,2,45), los integrantes de los jurados urbanos de Roma (iudices), que en su mayoría (3.000 de un total de 5.000) disponían de rango ecuestre, eran propietarios de fincas rústicas; entre los muchos equites de Italia y las provincias, donde al mismo tiempo pertenecían al orden decurional de las ciudades, la situación no era distinta.

También la composición social del estamento ecuestre presentábase heterogénea. No pocos caballeros eran de baja extracción, contándose entre ellos hijos de libertos, como Vedio Polio. Se trataba de personas que en su mayoría medraban gracias a su habilidad en el mundo de los negocios o que debían su encumbramiento hasta el ordo equester a sus buenas relaciones con poderosos ciudadanos romanos, como sería el caso del que acabaña siendo emperador Publio Helvio Pértinax (SHA, P 1,1 s.). Hubo incluso libertos que ocasionalmente fueron admitidos en el orden ecuestre, ejemplo de lo cual puede ser Antonio Musa, el médico de Augusto (Dio 53, 30,3), y también con esta distinción fueron recompensados más tarde libertos adscritos al servicio del emperador, caso de ícelo con Galba (Suet., Galba 14,2). Pero eran la excepción, ya que la marca que arrastraba la persona por su nacimiento esclavo repugnaba a la conciencia estamental; hasta Horacio, libertino patre natus (Serm. 1, 6,6), hubo de soportar que se lo echasen en cara. En el Alto Imperio el rango ecuestre fue otorgado a menudo también a los representantes más conspicuos de la nobleza tribal indígena de las provincias. En dicha categoría de caballeros se incluían el querusco Arminio[133] y también muchos caballeros comprometidos en la rebelión galo-germana contra Roma del año 69, de los que podríamos citar a Julio Clásico de Tréveris y al parecer también al bátavo Julio Civilis. Numerosos caballeros ascendían al ordo equester después de una larga carrera militar y en atención a los servicios prestados, en concreto, tras haber ocupado los puestos de centurión hasta el rango de un primus pilus (con un sueldo de 60.000 sestercios), como Quinto Marcio Turbo, oriundo de Dalmacia, que había empezado el centurionazgo con los emperadores flavios, para llegar a alcanzar los empleos ecuestres más elevados durante el principado de su amigo Adriano[134]. La mayoría de los caballeros pertenecían, sin embargo, al ordo decurionum de las ciudades del imperio y debían su rango principalmente a su fortuna. De los 53 caballeros documentados con mayor o menor margen de seguridad en la provincia de Dalmacia, 20 como mínimo revestían magistraturas municipales y formaban parte de la capa alta de sus respectivas ciudades; de los 22 equites atestiguados en Nórico está documentado que la mayoría provenía de las familias dirigentes de los núcleos urbanos locales; en las colonias y municipios de la provincia de Hispania citerior habitaba un gran número de caballeros, quienes, al menos en época de los Flavios, de Trajano y de Adriano, nutrían el alto sacerdocio provincial renovable anualmente[135].

En su composición étnica el orden ecuestre estaba también más mezclado que el senatorial, a pesar de lo cual la admisión de los provinciales en el segundo estamento trajo consigo consecuencias sociales y políticas tan poco radicales como en el caso del primer orden. Puesto que muchos provinciales podían reunir el censo mínimo ecuestre, los habitantes de las provincias ya desde Augusto estaban más abundantemente representados en el ordo equester que en el estamento superior; la existencia de 500 caballeros en la sudhispana Gades constituye una clara prueba de ello. No obstante, la diversificación étnica de los ecuestres en época del Principado discurrió por los mismos cauces que el cambio operado en la composición del grupo senatorial. De los tribunos militares ecuestres que nos es dado verificar, en tiempos de Augusto a Calígula la relación entre itálicos y provinciales era de 90 a 29, con Claudio y Nerón, de 25 a 20, bajo los Flavios de 21 a 30 y en el siglo II de 117 a 143. Al igual que la mayor parte de los senadores provinciales, también los más de los equites de origen extraitálico en el siglo I procedían de unas cuantas regiones más acusadamente urbanizadas, como eran Hispania, Galia meridional y Asia; en numerosas provincias la urbanización con todas sus consecuencias sociales fue creando paulatinamente los presupuestos para la formación de familias ricas y animadas de sentimientos prorromanos, cuyos integrantes podían ser distinguidos con el equus publicus. El más antiguo caballero de África que nos es conocido, una persona adscrita al servicio imperial, fue aceptado en el ordo equester durante la década de los 40 del siglo I, mientras que de los 162 caballeros africanos documentados con un cursus honorum normal sólo seis alcanzaron este rango antes de Adriano; entre los 22 equites de Nórico el primero atestiguado se sitúa en tiempos de Trajano, y también los primeros caballeros panonios de que tenemos noticia aparecen tan sólo a comienzos de la segunda centuria[136].

Finalmente, muy diversas eran también las actividades profesionales de los caballeros. Muchos de ellos revestían a lo sumo cargos municipales o la función de iudex en Roma, mientras que otros renunciaban por completo a cualquier tipo de dedicación pública. Aquellos que obtenían el ascenso al segundo estamento desempeñando la carrera de centurión eran oficiales profesionales, pero podían en el último escalón de su cursus honorum ocupar también los más altos puestos ecuestres como procuradores y prefectos. Lo más frecuente, sin embargo, era que la carrera de los equites admitidos en la administración del estado se iniciase en empleos como oficial ya de rango ecuestre (militia equestris); consecuentemente, un caballero servía primero como comandante de una unidad de infantería de 500 hombres (praefectus cohortis), a continuación bien como oficial de estado mayor en una legión, bien como comandante de una cohorte de infantería de 1.000 hombres (tnbunus legionis, tribunus cohortis), y por último como jefe de un escuadrón de caballería pesada de 500 hombres (praefectus alae); a esto se vino a añadir desde el siglo II el mando de un escuadrón de caballería de 1.000 hombres[137]. Los caballeros especialmente cualificados y ambiciosos podían después, como procurator Angustí, obtener los puestos elevados en la administración económica y financiera del imperio, así como la gobernación de algunas provincias menores. De ellos, los más idóneos eran destinados finalmente a los más altos cargos de la corte (especialmente una vez que estos cargos desde los Flavios y, sobre todo, a partir de Adriano, dejaron de ser confiados a libertos imperiales), pudiendo llegar así, tras ocupar los puestos de jefe del servicio de incendios de la Urbe (praefectus vígílum), de máximo responsable del suministro de trigo en Roma (praefectus annonae), y de virrey de Egipto (praefectus Aegyptí), a conseguir el empleo ecuestre más elevado, el de prefecto del pretorio (praefectus praetorío)[138].

Solamente los caballeros que entraban en el servicio del estado formaban una «nobleza de toga», mientras que la mayoría de los equítes no se veían llamados a tales destinos, tanto más cuanto que hacia mediados del siglo II, por ejemplo, había únicamente disponibles unas 550 plazas de oficial ecuestre y, en concreto bajo Antonino Pío, poco más de 100 cargos de procurador. Esto significaba que el orden ecuestre no participaba en la dirección política del imperio romano en la misma medida en que lo hacía el senatorial, estamento en el que aquella mayoría que quedaba descartada para el consulado tenía acceso, cuando menos, a los puestos senatoriales inferiores. Ahora bien, los caballeros situados en el alto funcionariado formaban parte, junto con los senadores de mayor relieve, de la élite del imperio, no debiéndonos olvidar aquí de que el prefecto del pretorio era el segundo hombre en el estado. Las funciones, el rango y los privilegios de las fuerzas senatoriales y ecuestres dirigentes apenas se distinguían, a tal punto que a los ojos de la sociedad romana del entonces estos dos grupos de la capa rectora político-militar del Imperio casi no constituían dos élites separadas. Por eso, la línea divisoria decisiva en la jerarquía social, y más aún en la jerarquía política, dé los grupos superiores no era simplemente la que discurría entre senadores y caballeros, sino realmente la que se establecía entre las distintas clases de rango en el interior de ambos ordínes dirigentes.

Todavía más mezclada que el estamento ecuestre lo estaba la élite de la sociedad urbana. Contrariamente al orden senatorial y al ecuestre, se carecía aquí de una institución aglutinadora a escala de todo el imperio romano, de un «estamento imperial», que diese cohesión al grupo de personas de este rango. La organización estamental de las élites ciudadanas, con el nombre de ordo decuríonum en las comunidades organizadas a la romana, venía a configurarse como una corporación independiente en cada ciudad: agrupaba aquí, marcando claramente las distancias con la plebe urbana, a los miembros del consejo y a los magistrados. La pertenencia a uno de estos órdenes locales estaba en principio tan lejos de ser hereditaria como en el caso ecuestre; en su seno ingresaba cualquier ciudadano acaudalado que tras haber cumplido los 25 ó 30 años de edad y por desempeñar las magistraturas municipales —a partir del siglo II también sin el ejercicio de tales funciones— era llamado a formar parte del conseja Jocal (decuríonatus). Pero, dado que los hijos de los decuriones heredaban la fortuna de sus padres, era habitual ya desde el Alto Imperio que los miembros de una misma familia continuasen a lo largo de varias generaciones como miembros del ordo decuríonum de una ciudad y, puesto que en estas comunidades urbanas, al menos desde el siglo II, apenas se produjeron cambios revolucionarios (v. gr., como consecuencia del ascenso de libertos), el decurionado fue en la práctica siempre heredable; esto condujo a que también los hijos de los decuriones fueran incluidos en el orden[139].

El ordo de cada una de las ciudades contaba a lo sumo con 100 miembros. Sólo ocasionalmente se quebraba esta regla, y con mayor facilidad en Oriente, donde el consejo de ancianos (gerousia) de las comunidades más grandes podía incluir hasta varios cientos de individuos, aunque también en las ciudades muy pequeñas, en las que resultaba imposible encontrar 100 hombres que pudiesen afrontar los gastos del decurionado. En algunos núcleos urbanos de Italia, como Cures y Veyes, los miembros del consejo significativamente se llamaban centumviri. En el album de la ciudad de Canusium correspondiente al año 223 (ILS 6121) fue enumerado un total de 164 decuriones, si bien, sin los 39 decuriones honorarios del orden senatorial y ecuestre, que eran patroni de esta comunidad, y sin los 25 hijos de decuriones (praetextati), la cifra de auténticos miembros de este órgano ascendía exactamente a 100. En las aproximadamente mil ciudades del imperio romano habría que calcular, por consiguiente, un total de 100.000 a 150.000 decuriones; en África su número alcanzaba, según R. Duncan-Jones, unos 25.000, lo que podría corresponder a un 2 por 100 de la población masculina adulta de las ciudades[140].

Paradójicamente, la forma unitaria de organización de las élites urbanas trajo consigo una heterogeneidad mayor en su composición. La importancia y la cifra de población de las distintas ciudades, así como su correspondiente estructura social, acusan a menudo considerables diferencias; en congruencia con esto, también podía variar lo suyo de una ciudad a otra la posición social de esas 100 personas rectoras del ordo decurionum, tanto por su riqueza como por su actividad económica, su formación y su origen. Esto se evidencia, sin ir más lejos, en la desigual fijación del mínimo de fortuna. En muchas ciudades grandes y medianas, como Cartago o la norditálica Comum, el censo mínimo requerido era de 100.000 sestercios. En comunidades urbanas menos importantes éste se veía reducido, hasta el punto de que en los pequeños municipios africanos quedaba en 20.000 sestercios; toda vez que en el África del siglo II incluso una renta de 60 000 sestercios se tenía por modesta sin más (Apul., Apol. 101), resultaba que los decuriones de numerosas pequeñas ciudades eran «ricos» únicamente a escala local.

También dentro de una misma provincia podían darse entre los ordines de sus distintas ciudades grandes diferencias. Así, en Tarraco, la rica capital de la provincia de Hispania citerior, la mayor parte de los titulares de dignidades municipales que nos son conocidos disponían de la cualificación económica ecuestre, y la admisión en el orden de esta ciudad equivalía para los forasteros ricos —por ejemplo, para los grandes propietarios del interior del país— a un auténtico ascenso social; por contra, los decuriones de las ciudades más pequeñas del interior español sólo en casos muy contados llegaban al ordo equester, y estos mismos decuriones únicamente a partir de tiempos de Adriano pudieron aspirar con un éxito más frecuente al cargo de primer sacerdote provincial en Tarraco. La mayoría de los decuriones, y así sucedía en todas partes, era propietaria de predios ubicados en el territorio de la ciudad, donde —como, v. gr., en Nórico— disponían a menudo de villas. Pero el tamaño, al igual que la rentabilidad de los diversos fundos, podían desemejar bastante. Así, mientras que las tierras de los ricos habitantes de las ciudades de la Galia podían alcanzar una superficie de hasta 10 kilómetros cuadrados, las fincas de los decuriones más pudientes de Aquincum comprendían con mucho de tres a cuatro kilómetros cuadrados, cifras que aún se hacían decididamente más pequeñas en el territorio de muchas ciudades[141].

Habría que anotar todavía muchas otras diferencias entre cada uno de estos ordines. En los grandes centros mercantiles, como Ostia, Aquileia o Salona, se incluían también entre los decuriones numerosos hombres de comercio y empresarios. En ciudades más grandes este orden se presentaba con frecuencia fuertemente mezclado, aunque en otro sentido. Así, en Salona, por ejemplo, y en consonancia con la estructura de población de esta colonia, el decurionado estaba integrado por los descendientes de los primitivos pobladores itálicos, por veteranos y descendientes de ricos libertos, por inmigrantes de Italia y de varias provincias, que nunca dejaban de afluir, y por indígenas venidos de la montaña dálmata. En cambio, los decuriones de Aquincum que nos son conocidos en el siglo II eran celtas romanizados; en los pequeños municipios panonios, como también en los del interior de Dalmacia, se trataba también de indígenas, a menudo campesinos sólo relativamente bien acomodados, que estaban muy por debajo de sus homólogos de los grandes centros urbanos, no sólo en cuanto a su situación económica, sino también en lo relativo a sus influencias políticas y a su nivel de educación[142].

Por regla general, ni siquiera el ordo decurionum de una misma ciudad era homogéneo, y ello no sólo por el hecho de que el estrato de los ricos, por razón de su origen y profesión, estaba ya mezclado, como en el caso de Salona. Análogamente a la jerarquización social que se daba en el seno de los estamentos senatorial y ecuestre, también el orden de decuriones en cada ciudad acusaba una estratificación interna, que se hizo creciente aproximadamente desde comienzos del siglo II, cuando muchos decuriones empezaron poco a poco a enfrentarse a dificultades financieras y a encontrarse cada vez menos en situación de correr con los gastos propios de su rango[143]. Así, ya bajo Adriano se registraba una diferencia entre los primores viri y los inferiores dentro del orden de una ciudad como Clazomenas en Asia Menor (Dig. 50,7,5,5). Pero ya antes muchas comunidades albergaban familias particulares descollantes, cuyos miembros se distinguían especialmente por sus fundaciones y donativos y revestían con una frecuencia exagerada las magistraturas urbanas; en la segunda centuria tales familias se documentan a menudo, como, por ejemplo, los Valerii en Poetovio de Panonia, una familia de cuyo seno salieron varios caballeros y significativamente también el senador panonio más antiguo que conocemos[144].

Si los distintos ordines decurionum, pese a todas sus diferencias, observaban también importantes semejanzas en las muchas y en parte muy disparmente estructuradas comunidades del imperio romano, esto era debido a que compartían unos mismos derechos y obligaciones, y a que de ello se derivaba una unidad de funciones para sus miembros en todas las ciudades. No sólo los privilegios jurídico-penales de los decuriones eran iguales para todos ellos, sino también su tarea de garantizar el funcionamiento autónomo de las ciudades en la administración de justicia, en las finanzas, en el abasto de alimentos, en la construcción y en el mantenimiento del orden público. Para cumplir este cometido estaban, por una parte, las resoluciones tomadas por los decuriones en calidad de senado local, y, por otra, la actividad de los magistrados, que, al menos en el Alto Imperio, ascendían al ordo decurionum básicamente por este camino. Se abría así también para los integrantes de este orden la posibilidad de una carrera administrativa con una configuración específicamente estamental: en caso normal el decurión era primero aedilis y luego duumvir (en numerosas ciudades con el título de quattuorvir aedilicia potestate, o bien, quattuorvir iure dicundo), esto es, vicealcalde y después alcalde, durante un año, respectivamente; pero éste podía revestir otras magistraturas, como la cuestura urbana o desempeñar repetidamente el cargo de alcalde y ocupar además los cargos sacerdotales municipales[145].

Igual de importantes eran asimismo las funciones económicas de utilidad pública encomendadas a los decuriones. Junto con los libertos ricos, eran ellos los que pagaban la mayor parte de los gastos de las ciudades. De un decurión, por tanto, se esperaba que abonase a la comunidad una suma de dinero por el rango que ostentaba (summa honoraria) o que se hiciese cargo de los gastos de construcción de determinados edificios públicos. El mismo principio se aplicaba a la concesión de los cargos honoríficos de sacerdotes de la ciudad, que en la población africana de Mustis, por ejemplo, costaba 5.000 sestercios, siendo posible que los aspirantes ricos al puesto satisficiesen el doble de esta cantidad; en los restantes centros urbanos de África el precio de los distintos cargos oscilaba en la mayor parte de los casos entre 2.000 y 20.000 sestercios[146]. Acaudalados dignatarios locales aportaban no pocas veces sumas considerablemente altas y se lucían haciendo beneficencia con bastante frecuencia: un Aulo Quintilio Prisco, por ejemplo, que realizó una carrera política municipal en Ferentinum (Italia), puso sus predios por valor de 70.000 sestercios a disposición de la comunidad y de las rentas anuales de esas tierras hacía un donativo en alimentos (ILS 6271). Ciertamente, esta munificentia resultaba modesta en comparación con los desembolsos, con frecuencia muy elevados, de otros miembros del orden decurional. Un decurión de origen oriental, Cayo Domicio Zmaragdo, del siglo II, financió de su propio bolsillo la erección del anfiteatro en el municipio de Carnuntum (ILS 7121), y la suma en torno a los dos millones y medio de sestercios que el famoso Opramoas de Rodiápolis entregó en la primera mitad del siglo II a las ciudades de Licia (IGRR III 739), era propia ya de la liberalidad de los ricos senadores y caballeros[147].

En el siglo I este sistema de la liturgia se basó, en líneas generales, en el principio de la voluntariedad, ya que la floreciente vida económica en muchas de las ciudades de fundación reciente ofrecía con frecuencia a los integrantes de la capa alta local magníficas posibilidades financieras. Sin embargo, cuando a partir de los gobiernos de Trajano y Adriano los inferiores entre los decuriones se volvieron cada vez más incapaces de tales dispendios, dio comienzo un proceso que condujo a la creciente reglamentación del sistema de la liturgia por parte del estado, con el resultado de que el decurionado empezó a convertirse en una carga para mucha gente rica. Ya en tiempos de los Antoninos estaba claramente perfilada esta tendencia, como mejor que nada ponen de manifiesto las repetidas mociones de los habitantes de las ciudades, pidiendo ser liberados de dichas cargas. Con todo, hemos de señalar que las consecuencias verdaderamente serias de esta evolución se pusieron de manifiesto tan sólo a partir del emperador Marco Aurelio, y que en líneas generales las élites urbanas en época del Principado estuvieron perfectamente en situación de cumplir con esta importantísima función económica para el imperio. Por otra parte, y dadas sus responsabilidades políticas, estos sectores sociales constituían la columna vertebral del sistema de dominio romano: sus integrantes suponían un alivio para el estado al cargar con el peso de la administración local; además, como capa superior común a todas las ciudades y territorios urbanos — no obstante sus múltiples diferencias étnicas y sociales— y valedora de los ideales y costumbres romanos, el decurionado contribuyó de forma muy esencial a que la unidad del Imperium Romanum pudiese ser conservada.

Sin formar parte de esta élite municipal había en las ciudades otro estrato social, también acaudalado, y que, al menos por la capacidad económica de sus componentes, ha de ser incluido entre las capas altas de la sociedad romana. Nos referimos a los liberti ricos[148]. Las fuentes de enriquecimiento de este círculo estaban a menudo en el comercio, la banca y la producción artesanal, aunque ciertamente también en la propiedad fundiaria; por lo demás, también estos hombres de fortuna colocaban por lo general sus ganancias en bienes raíces, a tal punto que con frecuencia ellos constituían, en igual medida que los decuriones, un estrato de propietarios de tierras en los territorios de la ciudad. Pero, a causa de la mancha que les acarreaba su origen no libre, incluso los libertos más ricos solamente en casos excepcionales conseguían entrar en el ordo decurionum de una ciudad; más corriente era que por sus servicios fuesen distinguidos con los signos externos del cargo de decurión (ornamenta decurionalia), sin verse por ello convertidos en miembros de este orden.

Generalmente constituían una corporación propia, que en la sociedad urbana representaba, tras el ordo decurionum, una suerte de «segundo orden», al igual que el estamento ecuestre en relación al senatorial en la sociedad del imperio. Sus componentes se llamaban en la mayor parte de los casos Augustales (con distintas variantes), en congruencia con sus funciones en el culto al emperador, y ocasionalmente su asociación fue explícitamente denominada ordo Augustalium, como, por ejemplo, en el caso de Ostia (ILS 6141,6164). Unicamente en las pequeñas ciudades agrarias, en las que apenas había liberti ricos, faltaban por completo tales organizaciones. Aquí y allá estas corporaciones agrupaban también a ingenui (entre ellos a menudo hijos de manumisos), pero al menos en los centros urbanos más grandes la figura del augustal como rico advenedizo de origen esclavo respondía al tipo social de un Trimalción[149].

Las funciones económicas de estos libertos casi no se diferenciaban de las de los decuriones: mediante el pago de una suma de dinero o la erección de estatuas de culto para su admisión entre los augustales o para recibir otros honores, a más de la financiación de obras e instituciones públicas, estas personas cubrían un importante apartado de aquellos gastos que resultaban indispensables para el desarrollo de las ciudades y el abastecimiento de su población. Publio Decimio Eros Mérula, por ejemplo, el acaudalado médico de origen servil en Asisium (pp. 156 s.), pagó a esta comunidad 2.000 sestercios por su inclusión en la organización de los pudientes liberti y aún donó otros 67.000 sestercios para la erección de estatuas y pavimentación de las calles (ILS 7812). Otros libertos podían desembolsar cantidades considerablemente más elevadas para fines públicos, que, al menos en el siglo I, no pocas veces superaban los dispendios de los decuriones. El florecimiento económico de muchas ciudades durante el Alto Imperio se debía en gran medida a esta capa social, si bien es verdad que desde comienzos del siglo II su importancia en este sentido decaería sensiblemente; ello trajo consigo una sobrecarga para los decuriones y además dificultades crecientes en orden al abastecimiento de los núcleos urbanos.

La situación de los libertos ricos de las ciudades se asemejaba en muchos sentidos a la de los esclavos y libertos imperiales. En vista de sus magníficas condiciones económicas y posición de poder, y aun conociendo una estratificación aparte, también los esclavos y libertos del emperador (familia Caesaris) pueden ser contados entre las capas altas de la sociedad romana en el imperio romano[150]. Por su actividad en Roma y en otros centros administrativos pertenecían con frecuencia a la capa alta de las ciudades, si bien en la mayor parte de los casos no estaban vinculados con dichas comunidades por ningún vínculo institucional. Su fortuna, en efecto, les permitía también a ellos apoyar con ayuda financiera a las ciudades. Un Publio Elio Onésimo, liberto de Adriano, regaló a su ciudad natal de Nacolea en Asia Menor 200.000 sestercios para su suministro de grano; indicativo de la capacidad financiera de estos círculos es el hecho de que tal persona hiciera expresa referencia a la modestia de sus recursos (ILS 7196). Hasta qué punto se apartaba el status social de tales liberti y servi del de los libertos y esclavos corrientes, lo ponen de manifiesto sus frecuentes enlaces matrimoniales con mujeres de origen libre; su servicio a la persona del cesar, tanto en los despachos centrales de la administración imperial en la corte, como en las oficinas de las capitales provinciales y en los dominios del emperador, les confería un determinado prestigio. A pesar de ello, el estigma de su nacimiento esclavo ponía a sus vidas barreras similares a las que encontraban los libertos ricos de las ciudades: pese a sus grandes servicios, pese a su poder y riqueza, sólo en casos excepcionales llegaban a ingresar en el estamento ecuestre y jamás en el de los senadores. Lo mismo cabe decir hasta del vértice de la familia Caesaris, incluso de los tres más poderosos liberti en la corte imperial, que debido a su enorme influencia bajo Claudio llegaron a tener ampliamente en sus manos el timón de la política romana, concretamente el secretario general imperial (ab epistulis), Narciso; el jefe de la oficina encargada de las peticiones (a libellis), Calisto, y el secretario de las finanzas (a rationibus), Palas. Incluso Palas, que podía permitirse rechazar los 15.000.000 sestercios ofrecidos por el senado en reconocimiento a sus servicios, obtuvo tan sólo las insignias externas de pretor, sin llegar a ser admitido formalmente en el orden senatorial romano (Plin., Ep. 8, 6,1 s.).

Estratos urbanos inferiores

La composición social de las capas bajas de la población en el imperio romano era todavía mucho más heterogénea que la de los estratos elevados. Esto se desprendía, sobre todo, de la diversidad económica, social y cultural de las distintas partes del imperio. Veíamos que esa variedad tenía también importantes consecuencias para la estructura de las capas dirigentes, si bien sus miembros aparecían en la mayor parte de los casos agrupados en organizaciones estamentales e identificadas aquí en cada uno de los escalones de rango por características estamentales unitarias. Pero también los estratos inferiores de este imperio mundial conocieron durante la época del Principado un proceso de integración, aunque la verdad sea que éste —y principalmente en las áreas rurales— no produjo nunca los mismos efectos que en los rangos más altos de la sociedad romana. Así, entre los decuriones itálicos, africanos o panonios del cambio de la primera a la segunda centuria nos encontramos a lo sumo con diferencias de grado, debidas a su número, riqueza o cultura; en cambio, mientras que la población campesina de Italia por esos mismos años comprendía aún muchos esclavos, en África se componía ya en buena parte de colonos y en Panonia, por el contrario, de agricultores independientes.

Tampoco las capas bajas de la sociedad romana estaban divididas seguncriteríos jerárquicos tan claros como en el caso de los grupos superiores. Visibles eran sólo aquellas líneas de separación que discurrían no en un sentido horizontal, como, por ejemplo, entre senadores, caballeros y decuriones sin rango ecuestre, sino en sentido vertical. Ante todo había una línea de separación fácilmente reconocible entre la plebs urbana y la plebs rustica, que venía dada por las diferencias entre la población urbana y rural en cuanto a lugar de residencia, profesión, actividad económica, estilo de vida, posibilidades de ascenso, cultura, tradiciones y costumbres[151]; y éstas eran tanto más llamativas cuanto que representaban un contraste con la estructura de las capas altas, que no acusaban una disociación tan marcada. Ya en los conceptos de urbanitas y rusticitas se expresaba con toda claridad el parecer general sobre el distinto nivel cultural de los habitantes de la ciudad y el campo. Es trabón dividía a la población en habitantes de las ciudades y del campo, mencionando además una categoría intermedia (13, 1,25); Galeno veía una apreciable distinción social entre los bien cuidados habitantes de la ciudad y la castigada población campesina (6,749 s.). Claramente definida estaba además la diferente posición social de los ingenuos, libertos y esclavos, de la que se derivaban también importantes diferencias sociales, toda vez que esas categorías jurídicas reflejaban distintas formas de dependencia de los grupos de población respecto de los estratos superiores. Con todo, y pese al declive perceptible en general del urbanus al rusticus o del ingenuus al libertus y de éste al servus, las fronteras entre todos estos grupos no representaban en realidad líneas claras de división social. La posesión o no posesión de los medios de producción, el bienestar relativo o la pobreza, la parcial o total dependencia de las capas altas, no se deducían simplemente de la pertenencia a una de las categorías de población enumeradas. Antes bien, era en función de estos factores que se daba también dentro de cada uno de los grupos mencionados una profunda estratificación interna, sólo que dicha estratificación era siempre gradual y no presentaba claras separaciones.

Las capas bajas de la población presentaban una mayor unidad en las ciudades que en las regiones rurales. También su posición social —considerada en su conjunto— era más favorable que la de las masas campesinas: en los núcleos urbanos había con frecuencia mejores posibilidades de trabajo, opciones más favorables de elección y cambio de profesión, un mayor campo para la vida pública, más munificencia y, por supuesto, mejores posibilidades de entretenimiento que en el campo. Hecho revelador, los libertos ricos que estaban colegiados en las corporaciones augustales habían ascendido por lo general del círculo de los liberti urbanos. La mayor parte de los integrantes de la plebs urbana no tenía ciertamente tanta suerte. En todo caso, muchos de ellos podían encontrar, al menos en las grandes ciudades, una existencia segura, como venía acaeciendo ante todo en Roma. Significativamente, tales individuos seguían incluyéndose entre la población pobre, aun cuando poseyesen una fortuna de 20.000 sestercios y cuatro esclavos (Juvenal 9,140 s.). A los esclavos mismos, por término medio, les iban las cosas esencialmente mejor aquí que en el campo: Séneca veía una notable diferencia entre la situación más llevadera del esclavo urbano y el pesado trabajo del esclavo agrícola (De ira 3, 29,1); Columela echaba en cara a los serví de la ciudad que, en contraposición a la eficiencia y laboriosidad de sus homólogos de las fincas rústicas, sólo viviesen para las diversiones (1, 8,1 s.). Importante era asimismo que los integrantes de las capas bajas urbanas podían organizarse también en sociedades (collegia). Estos colegios controlados por el estado o por la administración local hacían posible que gentes muy sencillas, incluso esclavos, se encontrasen unidos con sus compañeros de trabajo (p. ej., en el collegium fabrum, existente en muchas ciudades y agrupador de artesanos) o con otros devotos en el culto a la misma divinidad[152]. Los componentes de tales sociedades estaban imbuidos de una cierta conciencia corporativista y a la hora de dirigir la corporación podían imitar la actuación de los dignatarios urbanos; por otra parte, gracias a las tarifas cobradas a los socios y a los regalos de los ciudadanos ricos, estos colegios estaban en condiciones de financiar mejores comidas para sus afiliados y un entierro en toda regla para ellos. Además, a ellos se encomendaba la función del servicio urbano de incendios. Gran importancia tenía asimismo que la plebs urbana en Roma era provista de grano con frecuencia por el emperador y en las restantes ciudades generalmente por particulares acaudalados. A ello se añadían, como más ventajas sociales, las posibilidades de diversión y entretenimiento, sobre todo, los espectáculos del anfiteatro, del circo y del teatro, financiados en Roma también a menudo por el cesar y en los otros centros urbanos por los ciudadanos ricos, sin olvidar las demás ofertas de recreo de una ciudad, incluida la visita a los burdeles (de los que sólo en Pompeya hay 28 atestiguados).

A pesar de todo ello, la vida era dura para la mayor parte de los componentes de la plebs urbana. Sus capas más bajas, sobre todo, conocían el desprecio de los círculos sociales más encumbrados, como pone suficientemente de manifiesto el juicio de Tácito, cuando habla de la plebs sordida et circo ac theatris sueta (Hist. 1,4) [153]. Sus condiciones de vida eran a menudo miserables, las condiciones de trabajo con

frecuencia muy ingratas, la alimentación y el vestido insuficientes en muchos casos, y su hacienda, por lo general, muy pobre[154]. Le afectaban con especial virulencia las escaseces de alimentos, como, por ejemplo, la del año 32 en Roma (Tac, Ann. 6,13). En Roma, v. gr., los mendigos implorando compasión (Séneca, Clem. 2,7) constituían un cuadro frecuente. El celo y la capacidad no garantizaban en absoluto el éxito económico y social, ni siquiera el a menudo lucrativo comercio aportaba beneficios con plena seguridad, como se nos informa de un mercader de la ciudad de Roma (qui negociando locupletem se speravit esse futurum; spe deceptus erat, ILS 7519). Un vivo descontento era ocasionado por las humillaciones que tenían que padecer los clientes pobres, tanto si se trataba de ingenuos como de libertos, en casa de los ricos — con bastante frecuencia incluso por parte de los esclavos (v. gr., Juvenal 3,184 s.). Evidentemente también los esclavos urbanos recibían con frecuencia malos tratos, como, por ejemplo, los que inflingía el senador Larcio Macedo (Plin., Ep. 3, 14,1), quien sintomáticamente era hijo de un antiguo esclavo, al igual que Vedio Polio, cuya crueldad era temida por quienes no eran libres[155].

La dedicación profesional de los integrantes de las capas bajas ciudadanas resultaba muy variada. Ante todo, entre los esclavos y libertos se podían encontrar con gran frecuencia los representantes de la «inteligencia» del imperio romano (prescindiendo ahora de los juristas, que integraban a menudo las capas sociales más altas): como jurisconsultos, administradores de casas y fortunas, médicos, pedagogos, artistas, músicos, actores, escritores, ingenieros, hasta como filósofos, ejercían la mayor parte de las profesiones liberales e intelectuales, cuya reputación era entonces equivalente a la del trabajo manual. Entre los esclavos se contaban muchos sirvientes de la casa y esclavos de lujo, que no encontraban ninguna aplicación en la producción; lo mismo cabría decir de muchas personas nacidas libres y libertos de las ciudades más grandes y principalmente de Roma, donde la extensa capa de los receptores parásitos de trigo constituyó siempre un «lumpenproletariado». En las ciudades más pequeñas del mundo provincial muchos de sus habitantes no eran otra cosa que campesinos que explotaban las fincas de los alrededores. En cambio, en los núcleos urbanos más importantes los miembros de los estratos inferiores desempeñaban por lo general una función económica, en la mayor parte de los casos como artesanos y comerciantes. Muchos de ellos disponían de un pequeño negocio, propio o arrendado, en el que trabajaban solos o con unos cuantos esclavos o libertos. Así, todavía en la Roma de tiempos de San Agustín había una calle de plateros con numerosos talleres (De civ. Dei 7,4). Incluso los esclavos podían llevar una pequeña empresa, como, por ejemplo, en Britania, cerca de Eburacum, un pequeño taller de orives (ILS 3651). Muchísimos artesanos, sin embargo, estaban empleados en los talleres de pudientes hombres de empresa, caso de los numerosos esclavos de los talleres de terra-sigillata de Arretium a comienzos del Imperio, de los libertos de las fábricas de terra-sigillata del norte de Italia durante la primera mitad del siglo I y, sobre todo, de los menestrales de origen libre en las empresas de sigillata gala de épocas subsiguientes. Parecida era la estructura del comercio: gran número de pequeños comerciantes poseían una tienda propia, por ejemplo, los libertos en Roma, donde ponían sus comercios de productos en metal y en los que tenían también ocupados a sus liberti (ILS 7536); los esclavos, cuando menos en calidad de representantes (institor) de su amo, podían regentar un negocio (v. gr., ILS 7479). Muchísimos libertos y esclavos actuaban, sin embargo, como agentes de grandes casas de negocios, así, por ejemplo, numerosos liberti y servi de la familia de los Barbii de Aquileia en las ciudades de Nórico y Panonia[156].

Como se deduce de cantidad de datos, entre los ingenui, liberti y servi podía darse una determinada gradación social en virtud de su situación jurídica, a pesar de lo cual las diferencias sociales entre estos grupos de personas no eran siempre claras en absoluto. Generalmente las fronteras entre tales individuos eran de entrada imprecisas, toda vez que éstas —en las ciudades, al contrario del campo— se originaban muy a menudo como consecuencia únicamente de la estructura generativa de las distintas categorías de población: el esclavo, por lo corriente, albergaba el propósito de ser manumitido y alcanzaba la libertad caso de llegar a la edad adecuada para ello, como muy tarde a los treinta años en la mayor parte de los casos; cualquier liberto era un antiguo esclavo; muchísimos ingenuos eran descendientes de ex-esclavos, ya que el hijo de libertus nacido después de la manumissio era tenido ya por ingenuus. De esta gran movilidad interna de los estratos urbanos inferiores se desprendía, por un lado, el hecho de que un sector muy considerable de las capas bajas de la población, al menos en las grandes ciudades, se componía de personas de origen no libre; Tácito lo veía muy claramente cuando ponía de relieve que un grandísimo número de los integrantes de la población de la ciudad de Roma, más aún, incluso muchos caballeros y numerosos senadores, descendían de esclavos (Ann. 13, 27). Por otra parte, de una estructura como ésta surgía la necesidad de renovar constantemente los efectivos de esclavos.

La fuerte expansión de la esclavitud por los centros urbanos puede atestiguarse, sobre todo, gracias a las ingentes cantidades de inscripciones sepulcrales y votivas que prueban la existencia de muchos servi y liberti en numerosas ciudades del imperio[157]. Resulta imposible calcular el porcentaje de población no libre; la suposición de P. A. Brunt de que la población total de Italia bajo Augusto sumaba unos 7.500.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 3.000.000 serían esclavos[158], resulta probable, pero indemostrable. La única noticia en cierto modo firme sobre el número de esclavos se refiere a Pérgamo, para la que Galeno (5,49) da la cifra de ciudadanos, 40.000, y de todos los adultos con mujeres y esclavos, 120.000; esto querría decir que los habitantes no libres representaban allí hacia mediados del siglo II aproximadamente un tercio del total de la población. Las familias especialmente acaudaladas disponían de muchos esclavos: la legislación augustea contemplaba también la posibilidad de que un dominus poseyese más de 500 servi, y en el palacio de Roma de Lucio Pedanio Secundo, un prominente senador, se encontraban en el año 61, según Tácito, 400 esclavos (Ann. 14,43). La cifra más alta de esclavos en posesión de un amo que está atestiguada es de 4.116 (Plin., N. h. 33,135). De acuerdo con la famosa observación hecha por Séneca, el número de los privados de libertad era globalmente tan alta que éstos habrían supuesto un serio peligro para Roma, caso de poder identificarse los unos a los otros por ir vestidos con una indumentaria especial (Clem. 1,24,1). Pero de tales noticias no ha de concluirse que también en las casas de familias medianamente ricas hayan vivido muchos esclavos. Los precios de esta mano de obra durante los siglos I y II oscilaron de acuerdo con la situación del mercado en las distintas partes del Imperio en cada período, según también la edad, sexo y formación de los esclavos, moviéndose en general entre los 800 y 2.500 sestercios (y de ahí que el precio de un médico tan bien preparado como Publio Decimio Eros Mérula en el momento de su liberación fuese fijado en 50.000 sestercios)[159]. Esto significaba que un decurión urbano, pongamos por caso, cuya fortuna completa, incluidas tierras, casa y mobiliario, ascendía únicamente a 100.000 sestercios, sólo podía permitirse, como mucho, unos cuantos esclavos. En Nórico, por ejemplo, el número de esclavos más alto que se ha comprobado en una casa llega sólo a seis (CIL III 4962), y en las provincias norteñas, sobre todo, son muy infrecuentes las inscripciones sepulcrales en las que se haga referencia a extensas clientelas de libertos en las ricas familias.

Para la adquisición de esclavos ya no se contaba en el Imperio con las ilimitadas posibilidades de los siglos II y I a. C. Bajo Augusto los prisioneros de las expediciones de conquista fueron aún con frecuencia esclavizados, como en el año 25 los 44.000 integrantes de la tribu de los sálasas en los Alpes occidentales (Estr. 4, 6,7), pero con sus sucesores Roma condujo ya pocas guerras de conquista, y en las que se dieron la población no fue siempre, ni mucho menos, vendida como esclava. Dado que además sólo ocasionalmente los pueblos sometidos se levantaron en armas contra Roma, también en el mercado de esclavos se hizo cada vez menos frecuente la llegada de rebeldes castigados; la esclavización de 97.000 judíos sublevados en la gran guerra judía del 66-70 (Jos., Bell. Iud. 6,420) constituyó en realidad un caso excepcional, al igual que el propio levantamiento. El comercio de esclavos con los pueblos vecinos del Imperio, con germanos o etíopes, por ejemplo, sólo pudo cubrir una pequeñísima parte de las necesidades de Roma en este apartado de su vida económica. La mayor parte de la población privada de libertad en tiempos del Principado provenía de dentro del Imperio romano y no fue hecha esclava por la fuerza, tanto menos cuanto que el pillaje humano difícilmente resultaba ya posible bajo las condiciones de estabilidad interna traídas por el Imperio. Muchos esclavos, concretamente esos vernae (oikogeneis) atestiguados en numerosas inscripciones y papiros, eran hijos de matrimonio de esclavos. Ha de aceptarse, sin embargo, que el crecimiento natural de las familias serviles no pudo preservar ni mucho menos aumentar los efectivos de esclavos, y ello ya porque los esclavos alcanzaban a menudo la libertad en edad casadera. El que en la hacienda de Trimalción viniesen diariamente al mundo 70 hijos de esclavos (Petronius, Sat. 53), constituye una exageración literaria consciente.

Una fuente adicional de indudable importancia para la esclavitud residía en la esclavización «voluntaria» de los habitantes libres del imperio. Era, en efecto, una práctica seguida con frecuencia el que familias pobres expusiesen simplemente a sus hijos; éstos eran entonces recogidos por buscadores de esclavos (alumni, threptoi). Las proporciones a que podía llegar esta costumbre se ponen de manifiesto en una carta de Plinio a Trajano, en la que el status jurídico de los expósitos se señala como gran problema que afecta a la provincia entera (Ep. 10, 65,1). En las condiciones económicas adversas en que vivían, sobre todo en las provincias, muchas familias nominalmente libres, aunque de hecho carentes de derechos y recursos, constituían una práctica frecuente que los hijos fuesen vendidos como esclavos o que también los adultos se vendiesen como tales. Entre los frigios, v. gr., que durante el Imperio proporcionaron un número de esclavos especialmente grande, esa costumbre estaba fuertemente extendida (Philostr., Apoll. 8, 7,12). En Dión de Prusa (Or. 15,22 s.), a la pregunta de «cómo crees tú que podría yo convertirme en esclavo», leemos la siguiente contestación: «porque innumerables hombres libres se venden a sí mismos, así que por contrato se convierten en esclavos, ocasionalmente incluso en condiciones nada soportables y extraordinariamente duras». El jurista Marciano consideraba esta última posibilidad de hacer esclavos (si quis se maior viginti annis ad pretium participandum vendere passus est), al menos teóricamente, plenamente equiparable a la esclavización de los prisioneros de guerra y al nacimiento de vernae (Dig., 1, 5,51).

Estos métodos de reducción a la esclavitud no dejaron por ello de ser practicados, ya que durante el Imperio el esclavo podía normalmente esperar una suerte mejor que en los últimos siglos de la República. El convencimiento de que tanto por consideraciones políticas como económicas se hacía preciso un trato mejor a los esclavos que el que se les daba, por ejemplo, en las ergástulas de un Catón, empezó a imponerse ya al término de la República. A lo largo del Imperio esta actitud de los dueños de esclavos se extendió más y más, si bien influyó asimismo el hecho de que la reserva de esclavos no podía ser ya ilimitadamente renovada con nuevos aportes exteriores; las ideas humanitarias de ciertas corrientes filosóficas reforzaron aun más esta tendencia. Para incitar, sobre todo, a los esclavos a unos mejores rendimientos en la producción, se estimuló a éstos por medio de gratificaciones; que el beneficio del amo no dependía de la brutalidad de la explotación, sino del celo en el trabajo del productor, era algo que ya Columela sabía perfectísimamente (De re rust. 1, 7,1). Al mismo tiempo, fueron prohibiéndose cada vez más la crueldad y los malos tratos. Augusto había decididamente desaprobado el cruel tratamiento de Vedio Polio a sus esclavos (Dio 54, 23,2 s.), aun cuando aquél, conforme a la tradición romana, no tenía por costumbre inmiscuirse en la relación entre amos y esclavos, considerada como parte de la esfera privada del individuo. Pero el estado comenzó ya durante su período de gobierno a adoptar medidas en favor de los privados de libertad. La lex Petronia (19 a. C.) prescribía que un esclavo sólo podía ser condenado a lucha a muerte con animales salvajes habiendo dado su consentimiento los magistrados. Emperadores posteriores prosiguieron esta legislación en apoyo de los esclavos. Claudio tenía por asesinato el dar muerte a esclavos viejos y enfermos y dispuso para ellos, caso de ser abandonados por sus dueños, que el estado les procurase atenciones y se les diese la libertad; Domiciano prohibió la castración de los esclavos; Adriano prescribió asimismo la ejecución del esclavo culpable por su amo y hasta el encarcelamiento en prisiones particulares[160]. Siempre de manera creciente, los grupos rectores romanos fueron ajustándose a estas normas de comportamiento, caso, por ejemplo, de Plinio el Joven, que trataba bien a sus esclavos, hasta el punto de permitirles hacer disposición testamentaria de su peculio y de compartir su suerte (Ep. 8, 16, 1 s.). Séneca llegó a expresar abiertamente la opinión de que también los esclavos eran seres humanos (Ep. 47. 1): servi sunt immo homines! Servi sunt! Immo contubernales! Servi sunt! Immo humiles amici[161]. Petronio hacía decir lo mismo a Trimalción en el satiricón (71): también los esclavos son hombres, también ellos beben la misma leche materna que los demás, sólo que ellos han sido víctimas de un triste destino.

Especial importancia revestía el hecho de que los esclavos —al menos en las ciudades— se convertían con gran frecuencia en libertos y después de una determinada edad podían razonablemente esperar la manumissio[162]. Ya con Augusto la manumisión de esclavos se había hecho tan corriente en todas partes que las masas de liberti aparecían al estado como un peligro político y social (cf. Dión. Hal. 4,24 s.). El gobierno imperial hubo de dar a esta corriente una dirección que fuese compatible con los intereses del estado romano. La lex Fufia Caninia (2 a. C.) puso límite al número de esclavos que podían alcanzar a un mismo tiempo la libertad por testamento al fallecer su amo: siendo de 3 a 10 el número de esclavos, la mitad a lo sumo podía obtener la libertad; de 11 a 30, un tercio de los mismos; de 31 a 100, un cuarto; y de 101 a 500, un quinto. La lex Aelia Sentia (4 d. C.) prescribió una edad mínima de 20 años para el manumisor y además, al fijar las modalidades para su liberación, puso más difícil a los esclavos jóvenes (bajo los 30 años) la adquisición del derecho de ciudadanía. El verdadero objetivo de estas leyes no estaba en limitar de forma esencial la manumisión y disminuir el número de liberti: lo que en realidad debían evitar era que las personas de origen no libre lograsen mediante la liberación, en masa y sin control del estado, la ciudadanía romana y con ella una influencia demasiado grande sobre la vida pública. De hecho, una vez promulgadas estas leyes, siguió siendo posible el que todos los esclavos de una casa fuesen hechos libres (Gaius, Inst. 1,44), sólo que no de golpe por testamento y tampoco con el resultado de que todos los antiguos esclavos se convirtiesen sin más ni más en ciudadanos de pleno derecho; un privilegio como éste, si exceptuamos los casos de excepción previstos por la ley, alcanzaba únicamente a los esclavos «maduros, aquellos que en el momento de su liberación habían cumplido los treinta años. Parecidos fines perseguía también la lex Iunia (quizá del 19 d. C.), que a las personas manumitidas a corta edad o en circunstancias poco claras otorgaba sólo el derecho latino, en vez de la plena ciudadanía romana; en esta misma línea la lex Visellia (24 d. C.) prohibía a los libertos revestir magistraturas ciudadanas. Así pues, todas estas leyes ni podían ni querían impedir la práctica general de conceder la libertad a los esclavos tras vencer un determinado tiempo (a menudo en torno a los 30 años). Antes bien, los dueños de esclavos, en la gran generalidad de los casos, siguieron esta costumbre durante los siglos I y II del Imperio en las ciudades del territorio romano, como, por citar un ejemplo, Plinio el Joven (Ep. 8, 16,1). Según el libro de Artemidoro Daldiano sobre la interpretación de los sueños, la esperanza de los esclavos en época de los Antoninos de conseguir la libertad estaba bien fundada; en los casos normales podían resultar inciertos, a lo sumo, el momento y las modalidades de la liberación, pero no el hecho de que ésta se produjese.

La perspectiva de la liberación hacía vivir en la esperanza a muchos esclavos. Eventualmente podía incluso actuar como estímulo para que un no ciudadano vendiese a sus hijos o se vendiese él mismo como esclavo: con la manumisión, y en caso de que el amo fuese un ciudadano, la persona adquiría automáticamente la plena ciudadanía romana o, como mínimo, el derecho latino y con éste un privilegio que un campesino pobre del Alto Imperio, por ejemplo, sólo habría conquistado a duras penas, pongamos por caso tras un servicio militar de 25 años bastante penoso en un cuerpo auxiliar, o que no habría conquistado en absoluto. Al margen ya de todo ello, el esclavo entre tanto era alimentado en casa del amo y muy a menudo recibía una formación profesional concreta, por ej., en un oficio artesanal. En tales condiciones, para un peregrino la esclavización podía hasta resultar «atractiva»; y así nada malo se veía en ella en Asia Menor, según testimonio de Filos trato (Apoll. 8, 7,12). De este sistema se derivaba para el amo la ventaja del celo del esclavo en su trabajo, que no quería dejar pasar la perspectiva de la libertad y además tenía con frecuencia que amasar un pequeño capital (peculium), a fin de comprar con él la libertad en el momento de la manumissio, abonando el precio de compra. Sin embargo, más importantes todavía eran los beneficios que el antiguo dueño extraía de la relación de patronato con su liberto debido a las obligaciones económicas y morales contraídas por este último. Dichas obligaciones podían ir desde la entrega de una parte de las ganancias del liberto hasta la prestación de servicios personales, como, v. gr., atenciones y cuidados en trance de enfermedad[163]. Por consiguiente, este sistema era en realidad sólo una forma más refinada de explotación que la esclavitud sin manumisión, siendo la situación real de muchos libertos decididamente más desfavorable que la de sus pequeños grupos de élite, cuyos miembros, como, por ejemplo, Trimalción, viose liberado de tales ataduras sociales por la muerte de supatronus. Por otra parte, un sistema como éste sólo resultó funcional en tanto que los esclavos a manumitir pudieron ser constantemente restituidos por nueva mano de obra no libre. Pero durante el Alto Imperio esta forma de esclavitud era aún perfectamente practicable y en las ciudades generalmente se estaba acostumbrado a ella; muchos amos se hacían con esclavos, a todas luces con el propósito de concederles la libertad tras un determinado tiempo y de crearse de esta manera una forma de dependencia social particularmente rentable.

Estratos campesinos inferiores

La situación de los esclavos en el campo era con frecuencia considerablemente distinta a la de las ciudades, y esto mismo vale para las capas bajas urbanas y rurales en general. La composición social de la plebs rustica, cuyos integrantes constituían la inmensa mayoría de la población en el Imperio, estaba todavía más diversificada que la de la plebe urbana. Ciertamente en el campo había también ingenui, liberti y servi, pero la relación de fuerzas entre unos y otros estaba en cada una de las regiones rurales aun más descompensada que en las ciudades, y además de esto tales conceptos podían englobar posiciones sociales muy diferentes, toda vez que un campesino nacido libre, por ejemplo, podía ser tanto un pequeño propietario de tierras o un arrendatario, como un jornalero sin parcela alguna[164]. También al hablar de los esclavos ha de diferenciarse entre cada uno de los grupos sociales, sobre todo, entre los esclavos que, en reducido número y a menudo bajo una relación patriarcal, laboraban en las fincas rurales más pequeñas o en las municipales de tamaño medio, y aquellos otros que lo hacían en los latifundios reunidos en equipos de trabajo mayores. Sobre todo en las zonas en que, como en los países del Danubio, la concentración de tierras en pocas manos apenas se conocía, los esclavos —no precisamente numerosos— de los pequeños y medianos campesinos, así como de los hacendados del decurionado de las ciudades, a menudo casi no se diferenciaban de la población rural «libre». Con frecuencia se encontraban en el proceso de producción trabajando codo a codo con el amo y los allegados de éste, y podían tanto fundar una familia como también adquirir una pequeña fortuna. Por el contrario, la situación de la mano de obra no libre en las grandes explotaciones agrícolas era muchas veces realmente desfavorable, aun cuando también aquí se daban diferencias, al margen ya de que los administradores de los predios, de condición servil, los vilici y actores, disponían de una situación privilegiada dentro de la capa rural esclava. Resulta digno de nota el hecho de que un esclavo así pudiese ser alabado con orgullo por sus compañeros como agricola optimus (ILS 7451), como también lo es el que para la administración de la finca se recurriese no pocas veces a esclavos urbanos (v. gr., Plin., Ep. 9, 20,2).

La explotación de los latifundios mediante masas de esclavos no era algo en absoluto extendido a todas las partes en que se daba la gran propiedad; en África y en Egipto, por ejemplo, en los latifundios de los grandes propietarios privados y del emperador trabajaban en mayoría agricultores nominalmente libres. En Italia el trabajo servil en los grandes predios, al menos en el siglo I, era todavía un fenómeno local. Donde mejor aparece testimoniado es en la obra de Columela sobre la agricultura, de los años sesenta de esa centuria[165]. Columela compartía aún en líneas generales la antigua concepción de Catón y Varrón de que a una explotación agrícola se le podía sacar el máximo de beneficio mediante el empleo de esclavos; para incrementar la rentabilidad de la producción, aconsejaba llevar hasta el límite la especialización de la mano de obra servil en el trabajo. Aun cuando evitaba la brutalidad innecesaria, hacía bregar duro a los esclavos, en parte también a la antigua usanza, encadenándolos, y en ellos veía poco más que herramientas de trabajo (De re rust. 1, 8,8).

Con todo, la situación de los esclavos mejoró en tiempos del Principado también en los latifundios: aproximadamente una generación después de Columela, Plinio el Joven hacía observar que en sus fincas quedaban tan pocos esclavos encadenados como en general en las de sus vecinos (Ep. 3, 19,7).

Tampoco faltaban, desde luego, los libertos en el campo y en la agricultura. En las pequeñas y medianas propiedades estaban ocupados no pocas veces liberti, como en el caso de las tierras de los campesinos de Nórico o en las parcelas de veteranos en Dalmacia y Panonia; en general, los esclavos de tales señores parecen haber sido manumitidos con más frecuencia que los adscritos a las grandes explotaciones. La práctica de la manumisión no era tampoco desconocida en los latifundios: Plinio el Joven concedía con generosidad la libertad a sus esclavos, y a todas luces sin tener en cuenta el tipo de profesión que desempeñaban (Ep. 8, 16,1); una inscripción del Forum Livi itálico, fechada en el siglo I, contiene las instrucciones de un propietario de tierras del orden ecuestre a sus libertos, que se ocupaban en el trabajo de aquéllas (CIL XI 600). Pero, por regla general, la liberación de los esclavos en el campo, y en especial dentro de los latifundios, fue considerablemente menos practicada que en las ciudades. Columela habla sólo en una ocasión de manumissio y lo hace para aconsejar que se diese la libertad a aquellas esclavas que hubiesen traído al mundo más de tres hijos de su misma condición (De re rust. 1, 8,19). De ello se sigue que los terratenientes difícilmente acostumbraban a libertar por iniciativa propia a sus esclavos, y además que estaban muy interesados en el mantenimiento de la reserva de esta fuerza de trabajo mediante el nacimiento de los vernae. Ha de aceptarse que aquellas ventajas económicas y sociales que se ofrecían para un amo en la ciudad con la manumisión de sus esclavos, apenas cabían esperarse en el ámbito rural. Para ejercer con éxito como artesano o traficante resultaban imprescindibles iniciativa propia y un cierto margen de juego; un esclavo a la expectativa de ser manumitido y más aún un libertus con su libertad personal podían cumplir mejor esas condiciones que un esclavo abocado a un destino sin esperanza. Para los hacendados, en cambio, este tipo de situaciones constituía un estorbo. Hasta qué punto podía resultar poco rentable para ellos el empleo de fuerza de trabajo libre en lugar de servil, es cosa que se deduce muy claramente de la reflexión hecha por Plinio, en el sentido de que él había tenido que recurrir a esclavos para poner en orden una finca que con el anterior propietario estaba siendo sub-explotada por sus coloni, cuales si fueran imbecilli cultores (Ep. 3, 19,6 s.)

No obstante, en el Imperio se hizo cada vez más difícil reemplazar de generación en generación a las masas de esclavos necesarios para la explotación de los latifundios. Si Columela prometía a las madres de tres niños esclavos lo que a su juicio era una enorme recompensa, entonces es que el crecimiento natural de las familias serviles a duras penas conseguía mantener los niveles deseados. Habitantes libres del imperio pertenecientes a la población peregrina de las provincias —cuando la paulatina extensión del derecho de ciudadanía romana se estaba frenando— preferían probablemente venderse como esclavos en las ciudades, donde contaban con mejores posibilidades de futuro. Consecuentemente, la esclavitud en el campo durante el Imperio fue en creciente retroceso y a todas luces con mayor rapidez que en las ciudades. Su lugar fue ocupado en los latifundios de forma progresiva por el sistema del colonato[166]. El colonus era un arrendatario, que tomaba en arrienda un pequeño trozo de tierra y lo cultivaba junto con su familia (así que su mujer se llamaba colona; por ejemplo, ILS 7454), a la par que satisfacía al propietario de la tierra una determinada renta por los productos obtenidos. En algunas provincias, sobre todo en África, y aquí especialmente en los extensos dominios imperiales, cuya organización laboral ofrecía también un modelo para los latifundios privados, este sistema estaba fuertemente expandido ya en el siglo I. La tantas veces citada inscripción de Henchir-Mettich, datada en los últimos años de Trajano, testimonia la presencia del sistema de colonato como base de la explotación de los dominios imperiales, pero no ya sólo para aquel tiempo, sino también para una época más temprana, pues se refería a una lex Manciana anterior[167]. También en Italia era conocido este sistema desde hacía ya tiempo, si bien a un Columela (De re rust. 1, 7,1 s.), por ejemplo, parecíales esencialmente menos productivo que el de la economía esclavista, y de ahí que él sólo lo aconsejase para el cultivo de predios ubicados en regiones estériles, en los que el empleo de los costosos esclavos no habría valido la pena. A partir del siglo II, sin embargo, esta forma de explotación se extendió también por toda Italia.

La mayoría de los coloni eran personalmente libres, y entre ellos había también ocasionalmente libertos (v. gr., ILS 7455). No obstante, también se recurrió a esclavos en el sistema de arriendos, que como quasi coloni ya en el siglo I (Dig. 33,7,12,3) vivían prácticamente bajo las mismas condiciones que los «auténticos» colonos: el trabajo y la vivienda apenas eran diferenciables; tampoco estos esclavos utilizados como arrendatarios fueron peor tratados que los «libres» coloni, no siendo posible ya, por ej., el encadenarlos; por otra parte, las posibilidades de ascenso social por cambio de domicilio y de profesión eran a menudo para los colonos nominalmente «libres» poco mejores que para los esclavos. Por eso, las diferencias tradicionales en la situación jurídica de los ingenuos, libertos y esclavos fueron perdiendo cada vez más toda su significación social. Con todo, de los colonos de las grandes fincas no llegó a nacer una población campesina muy homogénea, ya que nuevas diferencias sociales hicieron entonces acto de presencia. Así, en la inscripción de Henchir-Mettich se testifican igualmente diversas categorías de trabajadores agrícolas en los dominios del emperador: los coloni «normales», es decir, los pequeños arrendatarios; los coloni inquilini, campesinos asentados en dichos dominios, sin tierras y obligados a diversas prestaciones laborales; y los stipendiarii, otras personas que vivían en parte dentro, en parte fuera del dominio, y de quienes los primero citados habían de obtener a su vez determinadas prestaciones laborales.

En tiempos del Principado los esclavos y colonos representaban a todas luces solamente una minoría de la población rural del Imperium Romanum; en cada una de las partes del imperio, y variando su composición de región a región, vivían otros grupos amplios de población campesina. Pequeños propietarios que poseían tierra por un valor inferior al del censo decurional de la ciudad próxima, los había en la mayoría de las provincias. Este tipo de granja, pequeña y autárquica, que había sido cantada en las Geórgicas de Virgilio, no desapareció en absoluto de Italia durante el Alto Imperio. Como se deduce de los datos sobre las extensiones de las fincas rurales en las tablas alimentarias, a comienzos del siglo II en los alrededores de Veleia y Beneventum —por tanto, en dos zonas tan dispares como las estribaciones septentrionales de los Apeninos y Campania— existía todavía gran número de pequeños propietarios. Además, en la mayor parte del imperio se encontraban en masa campesinos pobres, sin tierras y faltos de recursos, que, incluso en Italia, no estaban acostumbrados a tratar a sus semejantes y que en cada extranjero veían a un enemigo (Fronto, Ad M. Caes. 2,12). A ellos se añadían todavía modestos comerciantes, que no faltaban tampoco en los lugares de mercado rural, y particularmente los pequeños artesanos, que bien en las aldeas o bien en los talleres de las heredades más grandes tenían ocupación, por ejemplo, como herreros o alfareros; a la población campesina pertenecían finalmente también los pequeños arrendatarios y los condenados que trabajaban en las minas.

Estructuras más unitarias y homogéneas en la población campesina del Imperium Romanum se desarrollaron por vez primera en el Bajo Imperio, una vez que la gran propiedad y el sistema de colonato pasaron en todas partes a ocupar el primer plano. Con todo, en un sentido sí fue igual por doquier la situación de los habitantes del agro durante el Alto Imperio: las capas sociales más oprimidas del estado romano fueron siempre los grupos más pobres e indigentes del mundo rural. Entre estos sectores la peor parte no la llevaban ni siquiera los esclavos de los latifundios, que al fin y al cabo representaban un valor para el amo y al menos eran alimentados regularmente, sino sobre todo las masas de campesinos nominalmente «libres», carentes de recursos y, como a menudo sucedía en las provincias, carentes también de la condición privilegiada de ciudadanos romanos. En Judea, por ejemplo, o en Egipto, la suerte de esta población rural era decididamente menos favorecida que la situación de los esclavos en la hacienda de Columela. Filón de Alejandría (De spec. leg. 3,159 s.) nos pinta un cuadro verdaderamente sombrío: los habitantes del rural padecían espantosamente bajo la presión tributaria; cuando un campesino se fugaba, los miembros de su familia o sus vecinos eran brutalmente maltratados y con bastante frecuencia torturados hasta morir.

La estructura en órdenes y estratos y sus efectos

Resumiendo, como mejor puede representarse la estructura social de la llamada época del Principado es en forma de una pirámide (Fig. 1). En ella, ciertamente, ni se reflejan las fuerzas numéricas extremadamente desiguales de cada uno de los estratos, ni tampoco queda expresado el cambio permanente de la sociedad durante los dos primeros siglos del Imperio, hechos que ilustran algunos aspectos especialmente importantes de la jerarquía social.

Puesto que no estaban dadas las premisas para la existencia de un estamento intermedio con auténtica consistencia, puede afirmarse que la sociedad se descomponía en dos grupos principales —y de diferente tamaño—, los estratos superiores y los estratos inferiores. En este conjunto, senadores, caballeros y decuriones sin rango ecuestre —totalizando a lo sumo unas 200.000 personas adultas—, incluso con sus mujeres e hijos, no constituían siquiera más del 1 por 100 de la población completa del imperio. La auténtica capa dirigente, compuesta por los titulares de los cargos senatoriales más importantes, así como por el grupo de caballeros con empleos más altos, comprendía al finalizar la época augustea sólo unas 160 personas, cifra que hacia mediados de la segunda centuria se elevaba aproximadamente al doble. La mayoría de los integrantes de las capas sociales encumbradas, que por sus bienes, sus funciones en los niveles de poder y su prestigio estaba por encima de la masa corriente, aparecía agrupada según claros criterios jerárquicos en distintos ordines, esto es, en unidades sociales constituidas cerrada y corporativamente, con sus respectivos niveles de riqueza, funciones y distintivos de rango. A la vista de sus notas características, cabe considerar estas formas de organización social como órdenes o estamentos. En ellos, por tanto, se aglutinaba la élite de la sociedad, sin distinciones de ningún tipo entre capas altas urbanas y rurales, mientras que los ricos libertos y los miembros de la familia Caesaris, que sólo en atención a su censo de propiedad y en parte a su influencia política podrían contarse entre las capas altas, no fueron aceptados en estos círculos privilegiados de personas y con alta consideración. Pues, en efecto, también entre los libertos ricos se percibe —en el marco de las corporaciones augustales— una tendencia a imitar las organizaciones estamentales, y la familia Caesaris representaba asimismo una asociación de personas definible jurídica y funcionalmente de forma semejante a un orden.

Los estratos inferiores estaban integrados por grupos muy heterogéneos de las masas de población de la ciudad y del campo. En contraposición a los ordines privilegiados, no cabe en absoluto definirlos como estamentos. Sin querer implicar necesariamente con este concepto grupos sociales superpuestos, podemos perfectamente hablar de estratos o capas particulares, que sobre todo por razón de su actividad económica en la ciudad o en el campo, y en virtud además de criterios jurídicos como los de ingenui, liberti o servi, acusaban caracteres distintivos. De acuerdo con ellos, las fronteras entre cada uno de estos estratos inferiores discurrían de abajo hacia arriba, esto es, sólo en parte podían determinar la posición social del individuo; líneas claras de división social en sentido horizontal no las había en el seno de esta población decaída, contrariamente a las nítidas diferencias de posición observables entre las distintas capas altas. Así, dentro de un mismo estrato bajo de población podían darse posiciones muy distanciadas, y, en cambio, cabía hallar otras muy próximas entre individuos concretos de estratos inferiores diferentes.

Ahora bien, está claro que con este modelo no hemos aprehendido toda la realidad del orden social romano durante los dos primeros siglos de la época imperial. Ha de llamarse debidamente la atención sobre dos puntos débiles de dicho modelo. Por un lado, en su bosquejo han pesado decisivamente los criterios jurídicos y organizativos a la hora de hacer las clasificaciones, con lo que las fronteras que surgían entre los grupos sociales por razón de sus funciones y de su prestigio social, y que no coincidían necesariamente con las existentes entre las asociaciones y grupos de personas definibles jurídicamente, no quedan bien plasmadas. Atendiendo a los elementos de caracterización funcional y al prestigio correspondiente, cabríafirmar sobre las capas altas del Imperium Romanum que eran dos los estratos principales que las componían: una élite municipal, de un lado, y una aristocracia imperial, de otro. A la élite municipal, y como estrato más bajo de ella, pertenecían los libertos ricos agrupados en las corporaciones augustales, y como estrato más elevado los decuriones y magistrados corrientes, al igual que sus colegas que eran al mismo tiempo miembros desorden ecuestre, pero que sólo servían en la administración ciudadana y no en la estatal. Los integrantes de la aristocracia imperial, por el contrario, desempeñaban al servicio del estado funciones militares y políticas o, cuando menos, estaban a la expectativa de tales destinos, caso en particular de los senadores sin cargos. De esta aristocracia emanaban todavía la capa rectora político-militar, que se componía de los senadores situados en los puestos elevados y también de los altos funcionarios del estado de condición ecuestre. Por otra parte, ha de hacerse aún hincapié en el hecho de que el modelo aquí esbozado, que enfatiza las diferencias sociales entre las distintas capas de la población, concede a la estratificación social como elemento caracterizador de esta sociedad una importancia excesiva y unilateral. A la hora de determinar las realidades sociales en el mundo romano, no eran en absoluto decisivas solamente las posiciones establecidas dentro de la jerarquía social, sino también las siempre sumamente importantes relaciones personales entre individuos particulares situados más arriba y más abajo: en el seno de la familia, entre un esclavo y su amo; en una comunidad urbana, entre un cliente plebeyo y su patronus de la élite municipal, o en una hacienda, entre los trabajadores agrícolas y el señor de la finca. Mientras que los pertenecientes a un ordo privilegiado cerraban filas conscientemente y en muchos sentidos marcaban las distancias con respecto a los otros grupos jerárquicos de la sociedad, eran los distintos grupos de la población baja del imperio los que más ligados estaban a sus respectivos señores o patroni. Con todo eso, las diferencias sociales, motivadas por los mecanismos de la estratificación social que ya hemos tratado ampliamente más arriba (pp. 146 s.), eran una realidad cuya significación e importancia no pueden ser soslayadas, tanto más cuanto que a los escritores contemporáneos esta forma de división social —entre ricos y pobres o entre grupos definidos de diferente manera y superpuestos los unos a los otros— parecíales determinante.

Así pues, atendiendo a su articulación y división internas, como mejor habría que explicar el orden de la sociedad romana durante las dos primeras centurias del Imperio, al igual que en otras épocas de la historia de Roma, sería a través del concepto de estructura en órdenes y estratos. Por el contrario, el concepto de clase difícilmente resultaría adecuado para definir este orden social. Una clase social se configura sobre la base de que sus miembros ocupan un mismo lugar ante el proceso de producción económica. De forma muy simplificada, ese lugar se establece en función de la propiedad o no propiedad de los medios de producción (que en el mundo antiguo serían bienes raíces y, adicionalmente, talleres con su correspondiente equipamiento), en función de la división del trabajo y del reparto de los bienes de producción. Si la sociedad rofnana de la época del Principado hubiese sido una sociedad de clases, entonces habrían tenido que darse dos clases: la clase alta, cuyos integrantes poseían los medios de producción, no estaban ocupados en las tareas de producción y vivían de los beneficios que daban los bienes trabajados por otros; y la clase baja, cuyos miembros no disponían ni de tierra ni de miembros propios para el trabajo artesanal, aportaban su fuerza directa de producción y alimentaban con sus productos a la clase alta. Determinados grupos de la sociedad romana se ajustarían perfectamente a estos criterios económicos: los senadores podrían colocarse sin dificultades en el primer tipo, y los esclavos de los latifundios en el segundo. Pese a ello, un modelo en clases como éste no haría justicia a la realidad total de la sociedad romana. Para empezar, habría que insertar entre la clase superior y la inferior una clase media, cuyos integrantes habrían dispuesto de medios de producción y, sin embargo, se habrían mantenido como productores directos; a ellos habrían de sumarse grupos sociales tan diferentes como el de los campesinos independientes, con tierra propia, el de los colonos, que cuando menos contaban con tierras arrendadas, y además el de aquellos artesanos con una empresa propia. Decisivo, con todo es el hecho de que la sociedad romana no se articulaba en absoluto solamente atendiendo a los criterios económicos mencionados, sino también en función de puntos de vista sociales y jurídicos que no coincidían plenamente con los económicos. Los decuriones de las ciudades eran no pocas veces campesinos productores directos, y, no obstante, como miembros que eran de un estamento privilegiado, con unas funciones por razón del cargo y un renombre, formaban parte de los estratos superiores. Por contra, los libertos ricos del tipo de Trimalción reunían ciertamente todos los requisitos económicos de una «clase dominante», ya que poseían medios de producción, no eran productores directos y vivían del trabajo de su personal; sin embargo, a ellos les estaban vedadas la entrada en un orden privilegiado, así como la ocupación de los cargos más altos y la consideración de la sociedad. Por consiguiente, sería algo contrario a la realidad el definir a la sociedad romana de la época del Principado como una sociedad de clases (por no hablar ahora de la llamada «sociedad esclavista»). Fue una sociedad dividida en órdenes y estratos, con una estructura verdaderamente peculiar, que pese a los rasgos comunes se diferencia considerablemente de las restantes sociedades preindustriales[168].

Teniendo presente la peculiaridad de esta estructura, se hará comprensible hasta qué punto en tiempos del Principado pudo bastar la elasticidad de este orden social. Puesto que el modelo romano en órdenes y estratos también se impuso en las provincias o al menos señaló aquí la dirección de la evolución social, las posiciones de cabeza fueron abriéndose asimismo a antiguos «no romanos», mientras que los itálicos perdían paralelamente su primitivo papel dirigente. Esa suerte de permeabilidad en el sistema social no ha de confundirse, sin embargo, con la movilidad vertical, consistente en la posibilidad de mejorar o empeorar la propia posición social, bien dentro de una y misma capa social, bien cambiando de adscripción a un estrato por otra a otro diferente[169].

Las posibilidades de ascenso se ajustaban con toda claridad a las líneas de separación que atravesaban la pirámide social. Los ya privilegiados disponían de considerables posibilidades. Caso de utilizar con habilidad los medios económicos a su disposición, y si ascendían dentro del cursus honorum municipal, ecuestre o senatorial, siguiendo el escalafón jerárquico de sus cargos, entonces podían mejorar apreciablemente su status social, como, por ejemplo, Plinio el Joven, que a sus fincas heredadas añadió otras nuevas compradas y fue subiendo peldaño a peldaño en la carrera senatorial hasta el nivel de rango consular. Tampoco resultaba excesivamente difícil el ascenso desde el orden decurional de una comunidad al estamento ecuestre y de aquí al senatorial, pudiéndose dar tal hecho dentro de una misma generación o con el paso de una a otra. Para muchos hombres ricos la diferencia entre los niveles de censo entre cada uno de los ordines no representaba algo insalvable, al tiempo que los estamentos rectores, cuyos efectivos debían ser constantemente renovados a causa de la frecuente falta de descendencia, tenían su fuente natural de reclutamiento en el orden situado un escalón más abajo. Posibilidades de ascenso comparables a éstas no faltaban tampoco, desde luego, entre las capas bajas, sobre todo en las ciudades. Puesto que en una y misma categoría de la población baja podían estar comprendidas posiciones sociales muy distintas, era perfectamente posible experimentar una mejora en la propia situación dentro de tal categoría, sobre todo teniendo habilidad y suerte en la actividad económica. Tal principio valía tanto para los artesanos urbanos, que pocfían llegar a enriquecerse, como para los esclavos rurales, que podían hacer carrera como administradores de fincas. Como resultado de la estructura poco cohesionada de los estratos inferiores, al menos en las ciudades resultaba también posible, en principio, el cambio de status, toda vez que los esclavos se convertían muy a menudo en libertos, y los hijos del libertus nacidos después de la manumissio eran considerados libres. Con todo, no debiera sobrevalorarse la movilidad social en época del Principado en tanto que factor positivo en la vida social. Aquellos que de verdad podían hacer uso de las oportunidades citadas, constituían en conjunto una minoría y en el campo probablemente una minoría muy reducida. De los, por ej., 90 caballeros aproximadamente que cada año ocupaban como prefectos de cohorte los puestos más bajos de la oficialidad ecuestre, únicamente dos tercios conseguían llegar como tribunos militares al siguiente escalón en rango, y sólo un tercio de éstos al tercero de prefectos de ala. Importante era el hecho de que las líneas claves de división social, las que discurrían entre las capas inferiores y las superiores, sólo a duras penas llegaban a ser franqueadas. Quien de antemano carecía de los medios económicos adecuados, podía perfectísimamente seguir sin poseerlos pese a su laboriosidad y a sus cualidades personales. Este era especialmente el caso de la población baja de las áreas rurales, en donde la fortuna resultante de la posesión de bienes raíces estaba repartida de forma más inamovible que en la ciudad. Ciertamente, también en el campo resultaba factible la ascensión social; en tal sentido suele sacarse acertadamente a colación la famosa inscripción de Mactar (del siglo III), en la que un antiguo labrantín informa con orgullo del éxito logrado gracias a su celo en el trabajo (ILS 7457): procedía este sujeto de una familia falta de recursos, se ocupó durante doce años en la recolección como jornalero temporero y durante once lo hizo como representante; merced a su esfuerzo personal se hizo propietario de tierras y en virtud de esta cualificación se convirtió en decurión en su ciudad natal, en la que finalmente ascendió a la alcaldía. Pero una trayectoria como ésta no era desde luego frecuente, sobre todo si pensamos en lo difícil que resultaba ahorrar con el salario de un jornalero sin bienes raíces propios el mínimum de fortuna de un decurión, aunque fuese éste del censo más bajo de las ciudades pequeñas. En las profesiones urbanas era más fácil hacer dinero, aunque también en las ciudades el ascenso social tenía sus límites, sin que debamos desdeñar entre éstos las múltiples restricciones debidas al origen personal y a la situación jurídica, que con bastante frecuencia impedían a quienes triunfaban económicamente, caso sobre todo de los eficientes libertos, el integrarse en la capa superior.

Consecuentemente, era algo poco frecuente y en todo caso atípico en tiempos del Principado, en contraposición a las condiciones de la moderna sociedad industrial, el hecho de que alguien de muy baja extracción se abriese camino hasta los más altos peldaños de la pirámide social. La trayectoria vital de los miembros directivos de la familia Caesaris o de los libertos ricos, que hacía decir a Trimalción sentirse haber pasado de ser rana a ser rey (Petronius, Sat. 77), no representaba una prueba de movilidad social ilimitada, si reparamos en las ulteriores barreras sociales con que tropezaban estas personas; y, aparte de esto, tales personas debían sus carreras no sólo a su capacidad personal, sino también a su gran suerte, concretamente a fabulosas herencias de amos sin hijos o a la inclusión en el personal servil del emperador por nacimiento o comercio de esclavos. La única posibilidad institucionalizada de ascender desde abajo del todo hasta la cumbre de la pirámide social nos la brinda la carrera de aquellos centuriones que a través del primipilado llegaban al orden ecuestre; pero, por ejemplo, hacia mediados del siglo II había un total en torno a unos 2.000 centuriones solamente, de los cuales cerca de un tercio únicamente podían alcanzar el primipilado con rango ecuestre y menos de 10 un grado de rango ecuestre elevado. El emperador tardío Pértinax, que era hijo de un antiguo esclavo y que al comienzo estuvo ocupado como profesor falto de medios, que luego fue acogido en el estamento ecuestre gracias al favor y la protección, que se distinguió por sus brillantes cualidades militares y obtuvo el rango senatorial, en fin, que se situó entre los primeros consulares y tras la muerte de Cómodo fue elegido emperador, tuvo un destino único y sólo posible bajo las nuevas condiciones que trajo consigo la crisis militar y política en el imperio a partir de la segunda mitad del siglo II. Anteriormente, un caso de ascenso comparable a éste habría sido concebible a lo sumo con el paso de varias generaciones. Así los Vitelios descendían según la tradición de un liberto que había sido zapatero remendón; su hijo amasó ya una fortuna en subastas hacia finales de la República; del matrimonio de este Vitelio con una prostituta nació un hijo que fue aceptado en el orden ecuestre y que bajo Augusto consiguió también el rango de procurador ecuestre; este caballero tuvo entonces cuatro hijos, que ya todos fueron senadores, y de ellos uno, por su condición de cónsul en tres ocasiones, pasó a formar parte del círculo de hombres más distinguidos de Roma; su hijo sería ya Aulo Vitelio, el emperador[170].

Así y todo, el sistema romano de sociedad ofrecía muchas posibilidades de elevación personal, y siempre estaba al alcance de cada cual el intentar siquiera sacarles partido; esa elasticidad contribuyó de forma esencial a su fortaleza y estabilidad. A ello se añadía el hecho de que el descenso en la escala social, que era susceptible de producir una especial crispación en quienes lo padecían, constituyó un fenómeno raro bajo las condiciones de estabilidad inauguradas por la época del Imperio. En masa se vieron afectados, todo lo más, los habitantes de las provincias durante las primeras generaciones posteriores a la conquista, y en tiempos del Imperio, por consiguiente, círculos cada vez ya más reducidos. Familias empobrecidas y endeudadas, especialmente en el campo, que tenían, por ejemplo, que vender a sus hijos como esclavos, las hubo siempre, pero lo que se dice capas amplias de la población rara vez conocieron en su totalidad un fenómeno semejante de degradación social; en caso de catástrofes naturales, como, por ejemplo, en el gran terremoto del año 17 en Asia Menor, el gobierno imperial acudía en socorro de la población (Tac, Ann. 2,47). Por lo demás, los privilegios concedidos en su día, tales como la libertad personal, el derecho de ciudadanía, y la pertenencia a un orden, eran muy excepcionalmente retirados a una persona, mayormente en caso de actos criminales, siendo algo automático que los descendientes de los privilegiados heredasen la libertad y la ciudadanía, así como la pertenencia a un orden en la mayor parte de los casos, al menos como cuestión de hecho.

Esta constitución interna de la sociedad romana explica ya por qué las tensiones y conflictos durante la época del Principado difícilmente condujeron a revueltas abiertas. Las luchas de clases, como consecuencia de la estructura social, eran por principio tan poco factibles como en tiempos de la República tardía. Cada uno de los grupos integrantes de la población baja estaba ligado de distintas maneras a las capas superiores y en consonancia con ello se dedicó a menudo a perseguir su propio interés, al tiempo que dentro de los estratos inferiores no se daban líneas claras de división interna; era imposible, pues, que se generase una clase revolucionaria con capacidad de aglutinación, tanto menos cuanto que muchos sectores inferiores de la población en las distintas partes del Imperio se sentían solidarios con sus domini y patroni y no con los de su misma condición en cualquier otro lugar. En suma, el sistema de dominio romano era en el Principado tan fuerte y las condiciones internas del Imperio estaban tan ampliamente consolidadas que las tensiones sociales existentes difícilmente podían estallar en conflictos abiertos.

Dados los presupuestos y exigencias de un gobierno mundial, la monarquía imperial era la forma política más apropiada para asegurar la consistencia de una sociedad regida aristocráticamente como la romana; en aquélla se materializaba un sistema de dominio unitario y estable, que satisfacía al máximo los intereses de las capas altas. Merced al establecimiento de una administración imperial regular y al mantenimiento de un ejército que contabilizaba de 350.000 a 400.000 hombres, fue creado un aparato de poder que garantizaba el control permanente y único de los sometidos y que en lugar de las condiciones desoladoras de la República tardía trajo la estabilidad política; al mibmo tiempo, y debido tanto a la fijación de una normativa única en lo tocante al ejercicio del poder, como al control centralizado de los funcionarios, este aparato resultaba también para las masas más soportable que el anterior[171]. Además, los integrantes de los estratos inferiores fueron incluidos en el sistema de ejercicio del poder de acuerdo con una graduación jerárquica equilibrada: mientras que en la República tardía determinados grupos enfrentados entre sí habían ocupado de forma ininterrumpida el poder y, en cambio, amplias capas sociales rectoras, como, por ejemplo, la mayoría de los caballeros, habían tenido una muy escasa participación en el gobierno, la repartición ahora de las funciones públicas entre el ordo decurionum, ordo equester y ordines decurionum bajo la dirección centralizada del imperio en la persona del cesar, respondía mejor a las realidades sociales.

Junto a todo ello, el gobierno imperial aseguraba también a la sociedad romana una serie de normas ideológicas y éticas que proveían, sobre todo a las capas rectoras, aunque también a amplios sectores de la población, de un sistema unitario de referencia. Esas normas se inspiraron en la renovada tradición religiosa y moral de Roma y fueron de tal forma adaptadas a las necesidades de la época que en adelante quedaron ligadas al culto al emperador y a la obligación moral de guardar lealtad al cesar. Cada grupo social alimentaba el culto a la persona del soberano por medio de sus propios sacerdotes: los sodales Augustales y los miembros de otras sodalidades eran senadores; los altos sacerdotes provinciales, caballeros en su mayoría; en las ciudades había flamines municipales procedentes del decurionado local, Augustales del círculo de los libertos encumbrados, magistri y ministri de los Lares del emperador reclutados entre los restantes libertos y esclavos. Por otra parte, en las provincias orientales, donde la adoración religiosa al soberano se retrotraía a un largo pasado, el culto al emperador no podía ciertamente satisfacer las profundas necesidades religiosas. Pero a eso tampoco se llegaba anteriormente en la religión romana; la función más importante de ésta consistió siempre en prescribir modos de comportamiento que imponían, ante todo, afección a los intereses del estado, y esta ética política constituyó también su sustancia bajo los emperadores. Hasta qué punto se extendieron por todo el imperio las normas de comportamiento romanas, es algo que se pone particularmente de relieve en la preferencia por el empleo en las inscripciones de conceptos imbuidos de valores tradicionales. Alternativas claras a este sistema de referencia apenas se dejaron ver en el Alto Imperio; los privados de libertad, por ejemplo, mantenían en su mayoría cultos que estaban también más o menos arraigados entre las capas altas. Ya sólo por esto, los pocos enemigos realmente conscientes del sistema de gobierno romano, caso sobre todo de los representantes de muchas corrientes filosóficas y sectas, tuvieron un éxito muy limitado en su agitación contra Roma[172].

A la vista de la fuerza mostrada por el Imperio, cualquier rebelión contra el sistema de dominación romana resultaba inútil; Fia vio Josefo formuló de manera suficientemente clara este convencimiento (Bell. Jud. 2,345 s.) Había ahora considerablemente menos motivos para la agitación social que durante las dos últimas centurias de la República, aun cuando la armonía social, tal como Elio Arístides la ensalzaba en su Discurso a Roma (29 s.), fuese sólo un ideal, un sueño. Con la nueva distribución de funciones y parcelas de poder en el cuadro del imperio apenas se dieron conflictos en el seno de los estratos superiores que no pudiesen ser sustanciados por medios pacíficos; la plebe urbana fue abastecida con bastante regularidad; los esclavos recibieron un trato considerablemente mejor que antes y muy a menudo la manumisión; incluso las masas campesinas, y entre ellas las poblaciones rurales muy levantiscas de algunas regiones sometidas por primera vez bajo Augusto, como el norte de Dalmacia o el sur de Panonia, podían anotarse muchas ventajas sociales con la romanización y la urbanización progresivas.

Ello no obstante, también en época del Principado se produjeron ocasionalmente, en tiempos y lugares diferentes, y por distintas causas, agitaciones sociales o estallidos de conflictos políticos abiertos, a los que no faltaban tampoco razones sociales de fondo. Estos movimientos sólo tuvieron un denominador común, si bien justamente esa coincidencia resulta primordial para la comprensión de los conflictos sociales del Imperio: por lo general, partieron de grupos de población sobre los que por causas muy específicas recaía una carga que podríamos considerar en general como atípica y particularmente gravosa.

La suerte de los esclavos durante el Imperio ya no dio más pie a grandes levantamientos serviles, como en la República tardía, aunque el mal trato dado a éstos en casos concretos, y especialmente en los latifundios, podía alguna vez que otra conducir todavía a la rebelión abierta. Así, el senador Larcio Macedo, un contemporáneo de Plinio (Ep. 3, 14,1 s.), fue mortalmente herido por sus esclavos a causa de su crueldad; bajo Nerón un esclavo dio muerte al prefecto de la ciudad, Pedanio Secundo, según Tácito (Ann. 14,42) bien por haberle negado éste la manumisión, bien por celos. Pero, que nosotros sepamos, a un levantamiento de esclavos en toda regla sólo se llegó en el año 24 en Apulia y en la vecina Calabria, además de en el 54, otra vez en Calabria; se trataba de las tradicionales regiones de movimientos serviles, con muchos pastores, cuya situación era particularmente mala y sobre los que sólo a duras penas podía ejercerse un control. Normalmente, sin embargo, la resistencia de ciertos esclavos contra sus amos se manifestaba a lo sumo en forma de huida, lo más frecuentemente de los campos de trabajo[173].

Por lo demás, entre la plebe de las ciudades podía haber lugar a alborotos, si el problema fundamental de la población pobre urbana, el aprovisionamiento de víveres, no era resuelto a satisfacción. Filostrato (Apoll. 1,15) describe de qué manera a principios del siglo I estalló una vez en la localidad panfílica de Aspendo un tumulto de estas características; a ello dio pábulo una falta de víveres, ocasionada por el hecho de que los propietarios de tierras retuvieron el grano para la exportación. Asimismo, Dión de Prusa nos informa de que por esos mismos años él mismo estuvo a punto en una ocasión de ser asesinado en su ciudad natal junto con los dueños de explotaciones agrícolas, pues el populacho tenía la sospecha de que habían elevado los precios del trigo. También por Dión sabemos cómo se llegó a un enfrentamiento abierto en la capital provincial de Cilicia, Tarso, entre los miembros del orden local y las masas azuzadas por los filósofos cínicos, y en especial «los cordeleros» (que por su condición de no ciudadanos eran los más perjudicados). Con cuánta facilidad precisamente las masas de artesanos de las grandes ciudades minorasiáticas podían alborotarse, nos lo muestra la historia del apóstol Pablo con los plateros de Efeso [174].

Todos estos movimientos no representaron en modo alguno un peligro para Roma; a lo sumo, exigieron de ésta medidas policiales. Su reacción, en cambio, fue distinta ante las revueltas en masa contra la dominación romana de los provinciales subyugados. Como en el caso del levantamiento en el bajo Rin y en el del norte de la Galia del año 69, representaban un gran peligro, que sólo se podía conjurar mediante una fuerte leva militar y una vasta campaña de operaciones bélicas. Claro está que estas insurrecciones tenían tanto de movimientos sociales como en su día las revueltas de los aliados itálicos y de los habitantes de las provincias contra la república romana. Sus motivaciones eran principalmente ciertas medidas de orden político y militar, o económico, tomadas por Roma, que afectaban en igual medida a capas muy distintas de la población. En el levantamiento galo del año 21, que había sido desencadenado por causa de la extrema explotación económica padecida por las provincias galas, tomaron parte la nobleza tribal, sus clientes del campo y también los esclavos (Tac, Ann. 3,40 s.); en el 69 los treverienses y bátavos en rebeldía contra Roma fueron acaudillados por su nobleza. Con todo, las motivaciones sociales jugaron también en estos movimientos un cierto papel, al igual que durante la República tardía con los levantamientos de itálicos y provinciales. La mayoría de los que alentaban la resistencia antirromana pertenecían siempre a la población campesina humilde; sobre ellos, antes que nadie, caía todo el peso de la dominación romana en las provincias, pues los representantes de la capa alta local podían llegar fácilmente a un compromiso con Roma. Las disposiciones sobre reclutamiento forzoso tomadas por Vitelio, que desataron en el año 69 la insurrección entre los bátavos, perjudicaban ante todo a la gran masa local (Tac, Hist. 4,14), y en menor medida al estrato superior. Y si aquí Julio Civilis, un miembro de la aristocracia tribal más distinguida (Tac, Hist. 4,13), tomaba el mando de los rebeldes, su propio sobrino Julio Brigán tico combatía del lado romano como oficial de rango ecuestre (ibid., 4,70). Con absoluta claridad pueden reconocerse las razones sociales que latían en el fondo de la gran sublevación judía del 66-70. Las causas de esta revuelta contra Roma residían en la opresión extremadamente dura que sufría la población de Palestina; las masas de los sublevados se nutrieron de campesinos particularmente desesperados, y los grupos más consecuentes aspiraban no sólo a sacudirse el yugo de Roma, sino también a la supresión del dominio de los terratenientes y del alto clero locales[175].

Pero ninguno de estos levantamientos tuvo fuerza suficiente como para conmocionar el orden social romano; la crisis de la sociedad romana imperial tuvo otras raíces.

Capítulo 6

Capítulo 6

LA CRISIS DEL IMPERIO ROMANO Y EL CAMBIO DE ESTRUCTURA SOCIAL

La crisis del Imperium Romanum y la sociedad romana

Cuando Elio Arístides pronunció en el año 143 su Discurso a Roma, estaba convencido de que el Imperium Romanum había alcanzado en su época la más alta cota de perfección: nadie pensaba ya en la guerra (70), el orbe celebraba, por decirlo así, una fiesta continua, y las ciudades rivalizaban en esplendor y belleza (97 s.). Pasados algo más de dos decenios, sin embargo, el imperio romano se hallaba inmerso en una guerra defensiva en las fronteras del norte, que parecía ser más funesta que cualquier otra de las guerras en la memoria de los hombres (SHA, MA 17,2). El período de gobierno del emperador Marco Aurelio (161-180) quedó para la posteridad como una época en la que sin este soberano profecto quasi uno lapsu ruissent omnia status Romani (Epit. de Caes. 16,2). Dión Casio veía en la muerte de este cesar, al contemplar la crisis política durante la autocracia de Cómodo (180-192) y la modificación en las estructuras de poder observable bajo Septimio Severo (193-211) y sus sucesores, el final de una edad de oro y el comienzo de una época de hierro y orín (72,36,4). Bajo Filipo (244-249) un observador hablaba del imperio romano como de un cuerpo enfermo y descompuesto, y también como de un barco sin rumbo y sin esperanza, en trance de hundirse; algunos años más tarde San Cipriano veía ya inminente el fin del mundo, y con Valeriano (253-260), así como durante la autocracia de Galieno (260-268), el destino del Imperium parecía ya sellado por los ataques bárbaros y el desmoronamiento interno. Podemos hablar de una crisis general en el imperio mundial de Roma, cuyos elementos constitutivos más importantes pueden percibirse en tres órdenes de hechos: en la inestabilidad de lo que había sido hasta ahora el orden global de Roma, en la transformación acelerada de las estructuras subyacentes a dicho orden, y en el reconocimiento (o, cuando menos, en la sensación) de los contemporáneos de que su época, en contraposición al tiempo precedente, se caracterizaba por la fluctuación y el cambio. Sólo bajo los grandes emperadores-soldados posteriores a Galieno, especialmente Claudio II (268-270), Aureliano (270-275), Probo (276-282) y, en particular, con Diocleciano (284-305), se alcanzó una estabilización, aunque ya no sobre las bases tradicionales[176].

La crisis no se presentó por doquier a un mismo tiempo y tuvo distintas repercusiones en cada una de las partes del imperio. Egipto y África, pongamos por caso, que permanecieron ampliamente a salvo de las irrupciones bárbaras, y en donde la extensión de la gran propiedad y del colonato se había efectuado ya antes del siglo III, se vieron menos afectados que, por ejemplo, Hispania o Siria. En las provincias danubianas, sobre todo en Panonia, Mesia y Dacia, la vida económica bajo los Severos había sido más floreciente que nunca, y de ahí que la decadencia fuese aquí en los decenios siguientes tanto más acusada[177]. Así y todo, la totalidad del imperio romano asistió a un cambio que comprendió todas las dimensiones del vivir y que produjo profundas alteraciones en la estructura de la sociedad romana. No consistió aquél únicamente en una fuerte reestratificación de la sociedad, sino en el surgimiento de un nuevo modelo de sociedad, de tal forma que este proceso de transformación sólo podría ser comparado por su significado e importancia con el cambio de estructura del siglo II a. C. Ya en época de los Severos pudieron los contemporáneos calibrar algo de su alcance: las consecuencias de la crisis política interna de Roma llevaron a Tertuliano a hacer la observación de que humiles sublimitate, sublimes humilitate mutantur (Apol. 20,2); parecidamente, también Dión Casio hubo de presenciar como todas las cosas se volvían del revés en la jerarquía social de Roma (80, 7,2).

La crisis fue total. De forma rotunda se puso de manifiesto en la catastrófica situación de la política exterior ddUimpedo. Tras el respiro que había supuesto para Roma la victoriosa contraofensiva de Marco Aurelio contra los germanos, a partir de Severo Alejandro (222-235) y Maximino Trax (235-238), el asaltodesde el exterior se reprodujo una y otra vez, tanto en forma de ataques de los germanos y sus aliados a la frontera renano-danubiana, como en la política de expansión del nuevo imperio persa contra las provincias romanas orientales. La derrota del emperador Decio (249-251) contra los godos, la captura de Valeriano por los persas nueve años después, las irrupciones bárbaras en Germania, Galia, Hispania, en los países danubianos, sobre los Balcanes, en Asia Menor, Capadocia, y Siria en tiempo de Galieno, junto con el avance de los germanos hacia Italia bajo Aureliano, señalaron para Roma los momentos más graves en una guerra a la defensiva y sin interrupción. Igual de catastrófica era la situación política interna. Las pretensiones de poder del soberano se elevaron al máximo. En el nuevo sistema político, el Dominado, el estado se convirtió en una institución todopoderosa, que exigía de los subditos una entrega absoluta y que con frecuencia reglamentaba brutalmente sus vidas. Pero, al mismo tiempo, el poder de los cesares se tornó más inseguro. Entre la muerte de Marco Aurelio en su lecho de enfermo y la abdicación de Diocleciano, apenas si hubo emperadores que no hubiesen llegado al trono por obra de la violencia, mediante revueltas militares o en el curso de guerras civiles, y que después no fuesen derrocados por esos mismos procedimientos. Las luchas entre los pretendientes al trono tras el asesinato de Cómodo, el final sangriento de seis soberanos en el solo año del 238, las continuas usurpaciones, y el nacimiento de ámbitos de poder independientes en las provincias galo-germanas, en la zona del Danubio medio y en el Oriente bajo Galieno, supusieron únicamente los momentos álgidos de la crisis política interna. Esa labilidad de la monarquía era la consecuencia inmediata de la preponderancia adquirida por el ejército, principalmente por las grandes unidades de tropas estacionadas en Panonia y Mesia, en el Rin, en Capadocia y Siria; el predominio de lo militar significaba paralelamente una alteración radical de las primitivas estructuras del poder.

También la vida económica del imperio entró en una grave crisis. San Cipriano pergeñaba un cuadro muy sombrío hacia el 253: los medios de subsistencia escaseaban, los precios subían, las minas estaban agotadas, las fuerzas artesanales mermaban; se añadía a esto la falta de campesinos en la agricultura (Ad. Demetr. 3 s.). En la producción agraria se hacían sentir las dificultades crecientes, debidas en primer término a la reducción progresiva de la fuerza de trabajo. Fueron, sobre todo, las ramas de la economía urbana las que con más fuerza se resintieron de todo ello. La producción artesanal se redujo considerablemente; así, por ejemplo, en el NO del imperio los establecimientos de terra-sigillata suspendieron la producción. El comercio se vio una y otra vez interrumpido, particularmente en las provincias fronterizas en guerra. No era posible detener la inflación; hacia mediados del siglo III adquirió proporciones catastróficas. Las consecuencias de las guerras permanentes y de la crisis económica fueron desoladoras para la población. Decayó el número de habitantes y se hizo más corta la esperanza general de vida: Dionisio de Alejandría, un contemporáneo de San Cipriano, aparecía profundamente impresionado por estos fenómenos acaecidos en su ciudad natal[178]. Pobreza y miseria se propagaron todavía acrecidas por las catástrofes naturales.

Eala estructura de la sociedad se operaron enormes cambios. La posición de poder y la situación económica de las distintas capas privilegiadas fueron trastocadas; el claro sistema jerárquico anterior en los órdenes de los honestiores comenzó a debilitarse. Los estratos bajos de la población, a los que tocó cargar con el mayor peso de la crisis, arrastraron una vida de padecimientos en condiciones cada vez más oprimentes, hasta encontrarse con frecuencia en situaciones desesperadas. Por ello la relevancia social de la diferenciación jurídica entre cada uno de los grupos inferiores disminuyó muy acentuadamente: también el personalmente «libre» fue paulatinamente tratado por el estado y los poderosos en igual forma que el no libre. A esto se sumaba el hecho de que a partir de Caracalla (211-217), que había concedido el derecho de ciudadanía romana a todos los habitantes «libres» del imperio, ya no tenía ninguna vigencia en la práctica la función divisoria de un privilegio anteriormente muy importante. Con este desarrollo se sentaban las bases para la formación de una nueva capa de humiliores, que, en comparación con los estratos inferiores marcadamente diferenciados entre sí de la República tardía y del Alto Imperio, resultaba relativamente homogénea. De todas esas modificaciones en la economía y en la sociedad afloraron nuevas tensiones y conflictos sociales, que reaparecerían siempre y que contribuirían a socavar aún más el antiguo orden. Y cuanto más rápidamente se desmoronaban el orden social tradicional y su correspondiente sistema de dominación, tanto más grande se hacía el vacío moral e ideológico en el que irían ganando terreno nuevas corrientes espirituales, como las religiones mistéricas orientales y el Cristianismo, amén de la filosofía neoplatónica.

La crisis no dio comienzo de repente, con las guerras del tiempo de Marco Aurelio o con los conflictos políticos internos bajo Cómodo, sino que fue gestándose ya a los pies de la monarquía antoniniana. En Roma, y ya antes del estallido de las guerras marcomanas en el año 166 ó 167, no eran totalmente desconocidos los nuevos peligros que acechaban en la frontera norte del imperio en forma de movimientos de pueblos y de metamorfosis en la estructura socio-política de los germanos y sus vecinos. Tampoco el acrecentamiento de poder del ejército y, en la misma línea, el progresivo protagonismo político de las provincias militares, datan en principio de las guerras civiles entre Didio Juliano, Septimio Severo, Pescenio Níger y Clodio Albino, del 193 al 197. Las transformaciones en la estructura económica y social del imperio, que conocieron una aceleración muy clara y súbita a partir de las épocas tardo-antoniniana y severa, remontaban en gran parte a procesos de cambio iniciados con anterioridad, procesos que eran difíciles de atisbar tras aquella fachada de mundo aparentemente sano que proyectaban los progresos del emperador Marco Aurelio. Dificultades económicas, especialmente en las ramas de la producción urbana, que habrían de conducir al estancamiento del artesanado y del comercio, a problemas en la agricultura, a la sobrecarga progresiva de los decuriones y, con ello, a considerables alteraciones en la estructura social de las ciudades, no las hubo ni en Italia ni en algunas provincias del Mediterráneo por primera vez en el siglo ni; en Hispania, sin ir más lejos, ya hacia mediados del siglo II, la capa urbana superior daba ciertas señales de agotamiento. También la actividad económica de los libertos con aspiraciones conoció en general un fuerte retroceso en las ciudades durante la segunda centuria. Las razones de esto han de buscarse, sobre todo, en las debilidades estructurales de la economía con base en las ciudades y sus territorios. Esas debilidades estructurales se derivaban, por un lado, del hecho de que en los dos primeros siglos del imperio fueron invertidas inmesas sumas en obras de representación, como foros, templos, teatros, anfiteatros, etc.; pero, por otro lado, se debían también a que con el retroceso de la esclavitud se hizo acuciante el problema de la suficiencia de la mano de obra. Este último proceso, al igual que el de la expansión del colonato en muchas regiones del territorio romano, señalaba ya mucho antes del abierto estallido de la crisis en el imperio un cambio de estructura en las capas sociales inferiores. Finalmente, la propagación de los nuevos sistemas de referencia, que en sus contenidos religiosos y filosóficos venían a satisfacer las profundas necesidades espirituales del momento, no fue, ni mucho menos, un fenómeno que hubiera aparecido por vez primera en el siglo III a resultas de las calamidades del momento.

Ya una referencia de pasada como ésta a la serie variada y múltiple de procesos históricos nos pone de manifiesto que es del todo imposible reducir a un simple denominador común las causas de la crisis del imperio romano. Cualquier propuesta monocausal para solucionar este problema, que en la ciencia histórica se considera como el «problema de los problemas» y que hasta hoy día ha sido discutido ardorosamente, ha de ser necesariamente insatisfactoria. La crisis del Impenum Romanum no se explica ni con la teoría de M. Rostovtzeff sobre el conflicto entre la gran burguesía urbana y las masas populares campesinas, ni con la insistencia de los investigadores marxistas en la crisis de la economía esclavista a raíz de su supuesta improductividad o de su desabastecimiento de esclavos, por no entrar ahora en las muchas otras interpretaciones que se han barajado, desde las que colocan en primer plano las causas económicas y sociales, o a las ideológicas y morales, hasta las que anteponen las razones de política exterior[179].

Que la creciente presión de los bárbaros sobre las fronteras del imperio a partir de Marco Aurelio y, en especial, hacia mediados del siglo III, constituyó un factor decisivamente importante, si bien sólo una de las causas de la crisis, es cosa que salta inmediatamente a la vista. Las guerras contra los enemigos exteriores del estado romano eran susceptibles de acelerar considerablemente la crisis, por ejemplo, por sus efectos económicos, en las pérdidas de población provocadas por ellas, y dieron asimismo impulsos decisivos a los grandes procesos de cambio, como al acrecentamiento del poder de los militares. Con todo, las debilidades de Roma, que hicieron posible los éxitos de los bárbaros, tenían su origen en las alteraciones que en el seno del imperio se habían iniciado ya antes del primer gran ataque con Marco Aurelio o que eran independientes de las acometidas bárbaras, como, v. gr., las pérdidas demográficas producto de las epidemias. Estos procesos de metamorfosis interna eran de muy distinta naturaleza, discurrían en paralelo los unos a los otros, estaban engranados siempre entre sí y sometidos continuamente a una influencia recíproca, hasta el punto de que resulta difícil reconocer qué era causa, qué síntoma y qué efecto. El debilitamiento del orden de los decuriones en muchas ciudades, por ejemplo, sin duda uno de los fenómenos más trascendentales en el cambio de estructura social, fue una causa importante en la decadencia de los centros urbanos en diferentes partes del imperio, pero al mismo tiempo también un síntoma de la crisis económica general y, además de ello, una consecuencia de las deficiencias de la estructura de las ciudades, cuyo florecimiento económico durante el Alto Imperio, al menos en el Occidente romano, había sido debida principalmente a un boom pasajero por la puesta en valor de las provincias. Amén de esto, el decaimiento del decurionado ha de ser considerado en conexión con el cambio de estructura en el campo: el crecimiento por doquier de la gran propiedad entrañaba para muchas explotaciones de tamaño medio, esto es, para el tipo de heredad característico de los decuriones, una peligrosa concurrencia; al propio tiempo, el retroceso de la esclavitud y el sometimiento de las masas campesinas a los latifundistas con el sistema del colonato, acarreaban precisamente a estas propiedades medianas una sensible merma de fuerza de trabajo. Asimismo, la crisis del estamento decurional no se puede separar de la paulatina transformación del imperio desde el Principado al Dominado, con inconsecuencia de que los gobiernos imperiales exprimieron cada vez con más avidez las fuentes de riqueza económica de Jos decuriones. A ello se añadían todavía las destrucciones que las hordas bárbaras ocasionaban en las ciudades y en el campo, y de cuyos perniciosos resultados una familia de decuriones no podía recuperarse tan fácilmente como un gran propietario senatorial, que a menudo disponía de fincas en diferentes puntos del imperio.

A través de este ejemplo podrían quedar reflejadas con claridad las mutuas repercusiones o interrelaciones entre los diferentes procesos de transformación en la época de la gran crisis. Si queremos calibrar su naturaleza, cabría decir, resumiendo, que la crisis del imperio romano ha de atribuirse a una convergencia de causas internas y externas: las invasiones bárbaras encontraron al imperio mundial romano en un momento en el que sus debilidades comenzaban a hacerse más agudas, y lo golpearon con una dureza para la que no estaban debidamente preparadas las estructuras internas de Roma. En concreto, este desajuste se ponía de manifiesto en que el imperio habría precisado de más soldados que antes en una época como ésta

de ataques constantes y peligrosos desde el exterior, de más dinero y de más productos para su abastecimiento, y de una fuerza de trabajo más abundante que en años anteriores para su economía, siendo precisamente ahora, en cambio, cuando podía desplegar una capacidad económica y unas fuerzas de producción inferiores a las de antes. Los resultados de todo ello fueron inestabilidad y cambio del sistema precedente, unidos a la resignación de los contemporáneos.

Alteraciones en los estratos superiores

Ni una sola capa de la sociedad romana quedó sin ser afectada por el gran cambio en tiempos de la crisis, y tampoco el orden senatorial, cuyos miembros constituían en el siglo III, y aún después, al igual que durante el Alto Imperio, el grupo más rico y prestigioso de la sociedad. No se puede afirmar en absoluto que la composición étnica del ordo senatorius se hubiese alterado radicalmente después de mediados del siglo III. El número de senadores de origen provincial se incrementó desde entonces, paralelamente se redujo el de itálicos, y entre los provinciales, sobre todo los africanos y la nobleza de las provincias orientales, tuvieron una representación más nutrida que antes[180]. Pero, al menos un tercio bien a gusto de los senadores provenía también en el siglo III de Italia, al margen de que las siguientes incorporaciones de provinciales al primer estamento llevaron a un cambio tan inapreciable de los ideales y modos de comportamiento senatoriales como el registrado en la centuria anterior. Asimismo tuvo gran importancia el hecho de que los miembros rectores de la milicia, que a menudo poseían un origen muy bajo y procedían en su mayoría de las regiones periféricas del imperio, como, por ejemplo, Panonia o Mesia, rara vez se esforzaban por entrar en el orden senatorial; con ello, la composición del estamento no acusó ninguna mutación interna que reflejase de forma clara y automática el desplazamiento del centro de gravedad política a los países fronterizos.

También la fortuna y el gran prestigio social de los senadores se mantuvieron incólumes. La fuente principal de riqueza de las familias senatoriales fue, como antaño, la gran propiedad fundiaria, caso, por ejemplo, de los Gordianos, de quienes se afirmaba que disponían en las provincias de tantas heredades como ninguna otra persona de aquel entonces (SHA, Gd. 2,3). Puesto que entre las distintas ramas de la producción la menos afectada por la crisis económica, fue el sector agrario, los fundamentos de la riqueza de los senadores apenas se vieron conmovidos; antes bien, fue posible a éstos agrandar todavía más sus latifundios mediante la adquisición de las explotaciones medianas y pequeñas, cuyos propietarios habían sido más duramente castigados que ellos por las guerras, las dificultades inversoras o las catástrofes naturales. Tampoco sufrió apenas el buen nombre de los senadores. El título estamental de clarissimus, que los miembros del orden hacían constar con regularidad y orgullo en las inscripciones desde los tiempos tardo-antoninianos, venía a señalar como precedentemente el rango social más elevado tras el emperador. Dión Casio opinaba que los hombres más ilustres por su descendencia, los mejores y al mismo tiempo los más acaudalados, tanto si eran de Italia como de las provincias, debían pertenecer al orden senatorial (52, 19,2); y los senadores de las épocas posteriores tampoco pensarían de forma diferente. Era característico que los cesares que llegaban al trono partiendo de orígenes humildes, reclamasen para sí el rango senatorial con tanta naturalidad como lo hacían con el rango senatorial de cónsul, igual de apreciado que en el pasado.

De modo muy diferente llegó a acontecer con las funciones y el poder político del estamento senatorial. Si los clarissimi conservaron su bienestar y alta consideración, perdieron en cambio aquel poder con que habían contado durante el Principado en los órganos ejecutivos más importantes del gobierno imperial. La causa residía, sobre todo, en que los soberanos de tiempos del Dominado hubieron de mantener cohesionado el territorio romano en las difíciles condiciones de la gran crisis, acudiendo para ello a métodos muy distintos a los de sus predecesores. Por una parte, se hacían precisos órganos estatales más efectivos que el senado, que ya no podía seguir siendo «mimado (por los emperadores) como un venerable anciano»[181]; por otra parte, los cesares debieron echar mano de un círculo de personas más amplio y mejor cualificado. En consonancia con ello, el cambio que condujo a la despolitización del estamento senatorial se operó en un doble sentido: de un lado, el senado en tanto que institución, que a menudo se mostró como un obstáculo para la realización de diferentes objetivos de la política del emperador, fue ampliamente excluido del acontecer político; en su lugar, aumentó la relevancia del consilium y la burocracia imperiales. De otro lado, los altos cargos de la administración anteriormente reservados para los senadores, así como los comandos militares, fueron transferidos a otro círculo de personas, a los caballeros.

La relación armónica entre emperador y senado, en la que Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio en el siglo II habían basado su monarquía, se vio ya perturbada bajo Cómodo. Entre este emperador y la élite del orden senatorial surgieron una y otra vez conflictos políticos que costaron la vida a numerosos senadores del núcleo dirigente. Nada ponía más claramente de manifiesto la nueva actitud de la monarquía imperial autoritaria frente al estamento rector que una escena montada por Cómodo en el Coliseo y referida por Dión Casio: el joven soberano, haciendo de gladiador, «mató un avestruz, al que decapitó, y se vino hasta donde estábamos nosotros, los senadores, sosteniendo la cabeza del animal en la mano izquierda y la espada ensangrentada en la derecha, sin decir nada, sólo haciendo un movimiento de cabeza con una sonrisa burlona, como dando a entender que eso mismo haría con nosotros» (73,21,1 s.). Tras el derrocamiento de Cómodo y de su sucesor Pértinax, el orden senatorial se desintegró en varias facciones políticas, que los diversos pretendientes al trono no hicieron sino fomentar. Septimio Severo, hombre que ni por su tradición familiar ni por su talante era hostil al senado, actuó sin piedad a la hora de ajustar cuentas con sus enemigos en el año 197, al igual que haría posteriormente Caracalla[182]. Al mismo tiempo, se tuvo cada vez menos en cuenta al senado en los momentos de las grandes decisiones. Maximino Trax fue el primer soberano que ni siquiera hizo sancionar a posteriori su proclamación por el senado, como tampoco compareció ante dicho órgano, ni se presentó en la ciudad de Roma durante sus tres años de gobierno. En determinados casos el senado podía ciertamente tomar la iniciativa, como en el año 193, cuando Pértinax (en una escena a todas luces preparada por sus partidarios) fue proclamado emperador por el senado; asimismo, en el año 238, cuando este órgano declaró la guerra a Maximino Trax y presentó dos candidatos propios al trono en las personas de Pupieno y Balbino; o en el año 275, en que tras la repentina muerte de Aureliano fue nuevamente elegido un «emperador senatorial» en la persona de Tácito. Pero éstos fueron casos excepcionales; en semejantes situaciones, y también en otras, la iniciativa política recaía normalmente en el ejército.

A la par que todo ello, los senadores fueron paulatinamente privados de sus cargos más importantes. El senador romano ideal era según la educación tradicional, domi militiaeque pollens (SHA, MA 3,3, refiriéndose a un senador del grupo dirigente en tiempos de los Antoninos), esto es, funcionario de la administración y general a la vez, si bien, mientras que poseía una formación jurídica de consideración, no tenía nada, en cambio, de oficial profesional del ejército. Ya en época de Marco Aurelio las guerras habían mostrado que las nuevas y difíciles tareas impuestas por la defensa del imperio difícilmente podían ser cumplidas por generales senatoriales de la vieja escuela. En un discurso ficticio de Septimio Severo contra su principal enemigo, Clodio Albino, Herodiano formuló sin tapujos lo que muchos contemporáneos debieron de haber pensado sobre las virtudes militares de la antigua nobleza: este hombre, del linaje más preclaro (2,15,1), no está preparado para la guerra, sino más bien para formar parte de un coro de danza (3,6,7). La única solución, pues, estaba en recurrir a caballeros para los comandos importantes, personas que por la carrera de oficiales inherente a su estamento tenían más experiencia militar que el senador medio. Por consiguiente, los emperadores a partir de Marco Aurelio echaron mano cada vez con más frecuencia del ya conocido expediente de acoger en el orden senatorial a oficiales ecuestres meritorios y transferir a ellos los mandos de las legiones y del ejército; los dos generales victoriosos de Marco Aurelio, Pértinax y Valerio Maximiano, el senador panonio más tempranamente atestiguado, formaban parte de este círculo de personas. No obstante, el foso entre viri militares y viri docti, diserti, litterati dentro del estamento senatorial se hizo así mayor cada día, tanto más cuanto que los primeros con frecuencia apenas tenían la posibilidad, durante su larga carrera militar en las provincias, de permanecer en Roma, de tomar parte allí en las sesiones del senado y de familiarizarse del todo con las tradiciones de la aristocracia[183]. A esto se añadía que la creciente burocracia imperial, por su parte, necesitaba siempre de más personal especializado para la administración civil; y también éste había que buscarlo entre los caballeros. Significativamente, entre los juristas punteros ya desde el tiempo de los Antoninos no predominaban los senadores, sino los caballeros.

Galieno, un gran reformador del ejército romano, sacó la consecuencia de esta evolución: a partir del 262 los comandos de armas y los gobiernos ligados a ellos, con unas pocas excepciones, no fueron entregados más que a caballeros, que ya no entraban en el orden senatorial[184]. No se trataba de una prohibición de principio para los senadores de hacer el servicio militar, como la tradición posterior ha malentendido (Aur. Victor, Caes. 33,34); tampoco era la reforma una medida antisenatorial, ya que la mayoría de los senadores había dejado de ambicionar ya desde hacía tiempo un servicio militar lleno de sacrificios. Pero, desde entonces las funciones más importantes en el servicio imperial fueron de facto sustraídas a los miembros del estamento senatorial. La carrera funcionarial del senador quedó reducida al desempeño de unos pocos cargos civiles inferiores en Roma, al consulado, a la gobernación de unas cuantas provincias sin ejército y a algunos otros departamentos administrativos. Ello significaba que ahora los cometidos de los senadores también sufrían un fuerte recorte en la administración civil. Ciertamente, no se puede hablar por ello de una despolitización completa del ordo senatorius, toda vez que a éste siempre le era posible ejercer su poder a través de los departamentos que le habían sido dejados, y merced también a su riqueza e influencias, si bien el antiguo papel dirigente del orden senatorial dentro del imperio era cosa ya del pasado.

El siglo III fue la gran época del orden ecuestre: puesto que la mayor parte de la oficialidad, aunque también la generalidad del funcionario imperial, pertenecían al ordo equester, los caballeros venían a constituir la capa superior más activa, tanto militar como políticamente, y el sostén más firme del estado. Desde Macrino (217-218), que fue proclamado emperador siendo prefecto del pretorio, dieron a Roma una serie de cesares, entre los que estaban Maximino Trax, Filipo, Claudio II, Aureliano, Probo y Caro. Este enorme crecimiento de poder del estamento ecuestre ha de atribuirse tanto a las cualidades y ambiciones de sus representantes como a las propias necesidades del imperio. Muchos caballeros eran profesionales de la milicia instruidos y a menudo consagrados tras un largo historial militar, como, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo III, Trajano Muciano, de Tracia, que fue ascendiendo desde la condición de simple soldado; otros fueron destacados juristas profesionales, como en la época severa Papiniano, Ulpiano, Paulo o también Macrino. Por otra parte, muchos caballeros ponían el máximo celo en la obtención de los puestos elevados del servicio imperial, ya que éstos, amén de prestigio social y elevados sueldos, proporcionaban cada vez más y más poder. La promoción de tal círculo de personas iba también en interés del cesar, en razón, por un lado, de la multiplicación de tareas en la defensa y en la administración del imperio, y en vista, por otro lado, a ganarse en las convulsiones políticas de esta centuria un apoyo de partidarios leales a base de una nobleza de espada o de toga. Esta tendencia se hizo explícita ya bajo Septimio Severo, soberano que no transfirió las tres nuevas legiones puestas entonces en pie a legados senatoriales sino a prefectos ecuestres, y alcanzó su momento culminante con la reforma de Galieno[185].

Al acrecerse considerablemente para el estado romano la necesidad de oficiales y funcionarios competentes, se elevó también el número de caballeros. A partir de Septimio Severo, los centuriones e incluso los principales (soldados liberados del servicio militar con misiones especiales, con frecuencia en la administración) pudieron alcanzar más fácil y regularamente que antes el rango ecuestre. En el militar la pertenencia al ordo equester era a menudo de hecho hereditaria, ya que los hijos de los centuriones ecuestres se veían incluidos en ese estamento. Lo mucho que se incrementó la necesidad de personal en la alta administración es algo que se evidencia perfectísimamente en el aumento de las procúratelas: con Augusto había poco más de 20 puestos de procuradores, con Trajano ya más de 80, bajo Antonino Pío por encima de los 100, en tiempo de Marco Aurelio unos 125, con Septimio Severo ya más de 170 y bajo Filipo sobre los 180. Dado que entre los caballeros especialmente los soldados provenían con gran frecuencia de las provincias, sobre todo de las provincias militares de la frontera, el número de provinciales dentro del ordo equester ascendió aún más acusadamente que en el siglo II; entre los provinciales eran principalmente habitantes de las provincias orientales, del norte de África, aunque también de los países danubianos, quienes estaban mejor representados que antes. Debido al ascenso de tantos soldados de baja extracción hasta el estamento ecuestre se produjo en su seno una sensible reestratificación social, tanto más apreciable cuanto que el nivel educativo de estos antiguos soldados rasos de las provincias era a menudo bajo; Maximino Trax, por poner un ejemplo, pasaba por ser un «medio bárbaro» primitivo. Pero una «barbarización» del conjunto del orden ecuestre no se operó en absoluto, y la razón de ello no estribó en que en el siglo II aún quedaban entre los caballeros numerosos representantes de las provincias fuertemente romanizadas, así como itálicos; lo que sucedía, en realidad, era que esos oficiales a menudo poco cultivados se esforzaban al máximo por hacer suyos los ideales romanos; incluso vivían convencidos de que ellos eran los auténticos sucesores de los grandes romanos del pasado — caso de los panonios, de quienes se decía a finales del siglo III que su tierra natal, por su virtus, se hacía tan merecedora de ser señora de los pueblos como lo era Italia por su vieja gloria[186].

La situación económica de estos caballeros tan activos militar y políticamente era en la mayor parte de los casos realmente buena; muchos de ellos venían de familias hacendadas y la mayoría invertía sus elevados sueldos en bienes raíces Su prestigio y su conciencia de identidiad, en correspondencia con su creciente poder, se fortalecieron considerablemente. Su lugar jerárquico siguió siendo el de «segundo rango» entre los privilegiados (Dio 52, 19,4), pero era significativo el que los escalones más elevados del rango ecuestre quedasen unidos desde Marco Aurelio a títulos tan flamantes como los del estamento senatorial: los prefectos del pretorio eran eminentisstmi, los procuradores más encumbrados, perfectissimi, los integrantes del grupo de procuradores de rango inmediatamente inferior, egregii[187]. Qué pensaban de sí mismos y de su orden estos caballeros triunfadores, y cómo eran vistos por los demás, puede inferirse de lo que sus contemporáneos —con excepción del orden senatorial— opinaban acerca de los méritos personales de los juristas y especialmente de los oficiales del ejército. Herodiano puso en boca del emperador Macrino las palabras de que su elevación al trono desde el orden ecuestre estaba totalmente justificada, puesto que la mejor cualificación no consistía en el nacimiento noble ni en la fortuna, que también podían hallarse entre quienes eran indignos de tales, sino en los merecimientos de la persona (5,1,5 s.). En el año 291 Mamertino escribía de Diocleciano y de su corregente Maximiano algo que sin duda muchos soldados de las provincias fronterizas gustaban de oír: «Vosotros no habéis nacido ni os habéis educado en una parte de la tierra tranquila y corrompida por los placeres, sino en esas provincias a las que la vida de frontera, enfrentada a un enemigo muy debilitado, aunque inmersa en un permanente estado de guerra, ha habituado de manera infatigable al trabajo y al sufrimiento, donde la vida entera es servicio militar, donde incluso las mujeres son más fuertes que los hombres de otros pueblos» (Paneg. 3,3,9).

No todo el orden ecuestre, ni mucho menos, se vio inmerso en este proceso evolutivo. Había también en el siglo III muchos caballeros que debían su adscripción al ordo equester únicamente a sus bienes de fortuna en tierras y que pertenecían a la capa alta local de una ciudad, como es el caso de un Aurelio Vetiano en Aquincum, possessor en las cercanías de la ciudad junto con varios decuriones más (ILS 7127). Las diferencias sociales entre los caballeros comprometidos política o militarmente y los otros corrientes eran mucho más grandes en el siglo III que en tiempos del Principado, y paulatinamente terminaron en una suerte de bipartición del orden ecuestre: mientras que un grupo numéricamente más pequeño de los caballeros se convertía en la capa alta más poderosa del estado romano, los caballeros normales pasaban a compartir la suerte del decurionado y se hundían con éste hasta el nivel de un estrato social ciertamente privilegiado y hasta relativamente acomodado, pero también presionado muchas veces al máximo por el estado.

En el ordo decurionum de las ciudades hubo también en el siglo III hombres acaudalados y muy acreditados. Alguien así fue, por ejemplo, Tito Senio Solemne, conocido por el «Mármol de Thorigny», de la Galia Lugdunense, cuatro veces seguidas primer magistrado en la comunidad de los Viducasios, en tiempos de los Severos[188]. Él solo podía aportar 332.000 sestercios para la financiación de los juegos gladiatorios; por su autoridad entre sus paisanos se distinguió en el consejo de la Galia y se ganó incluso la amistad de los gobernadores, que lo tenían entre los boni viri, ensalzaban sus honesti mores y le mandaban preciados regalos. La mayoría de los decuriones, no obstante, gozaban de una posición decididamente menos acomodada. Tal hecho radicaba, ante todo, en las debilidades económicas comunes a la generalidad de las ciudades, que afectaban igualmente a sus capas altas. Dado que numerosos decuriones se habían lucrado no sólo con la propiedad agraria, sino también con la artesanía y el comercio, para ellos constituyó un duro golpe especialmente el retroceso de estos sectores económicos. Entre los decuriones había también artesanos y gente de comercio bien situados, lo más frecuentemente en tiempo de los Severos, por ejemplo, en las ciudades del limes danubiano, en las que aparecieron por aquellas fechas numerosos comerciantes sirios y minorasiáticos, impulsando aquí el florecimiento pasajero de estos centros urbanos; tales individuos fueron con frecuencia aceptados en el orden local, como en Aquincum o Brigetio. Sin embargo, más aún que en el Alto Imperio, el tipo de decurión más extendido era el del hacendado con propiedades en el territorio de las ciudades, caso de los possessores en torno a Aquincum (ILS 7127). Muchos de estos decuriones procuraban retirarse de las ciudades a sus fincas en el campo, en donde con frecuencia poseían villas; en tal sentido es significativo el hecho de que, por ejemplo, en las provincias septentrionales del imperio numerosas villas surgieron ahora, en la segunda mitad del siglo II y comienzos del III. La carencia de fuerza de trabajo, las devastaciones debidas a las irrupciones bárbaras y las guerras civiles repercutieron también muy negativamente sobre la producción económica de los fundos municipales. En Nórico, v. gr., varias villas destruidas hacia mediados del siglo III no volvieron a levantarse, y en la Galia extensas superficies de tierras quedaron sin cultivar en esta segunda mitad del siglo[189].

Todavía peor para los decuriones fue el progresivo gravamen a que los sometió el estado. Los latifundistas senatoriales y los grupos rectores del elemento ecuestre gozaban de amplios privilegios económicos y por razones políticas fueron tratados con bastante tacto por los emperadores; la población inferior de las ciudades y del campo era tan pobre que poco podía sacarse de ella. Así pues, era el orden decurional de las ciudades la capa social cuya capacidad financiera resultaba de capital importancia para los crecientes gastos del estado romano. Tras un incremento ya en el siglo III de las cargas y obligaciones de los decuriones destinadas a cubrir los gastos de las ciudades, aquéllas conocieron una reforma que a partir de Septimio Severo las convirtió en un sistema reglamentado por el estado. A las disposiciones tomadas bajo ese emperador y sus inmediatos sucesores se retrotraía en gran parte todo lo que el derecho romano prescribía sobre las cargas (munera) de los decuriones municipales y de los titulares de las magistraturas (honores) en el Bajo Imperio (Dig. 50, 4,1 s.). Las obligaciones de los miembros del ordo decurionum, por tanto, quedaron ahora establecidas con gran exactitud; entre ellas estaban, junto con muchas otras cargas, el abastecimiento de víveres y agua a la ciudad, el arreglo de las calles, el caldeamiento de los baños públicos, la celebración de los juegos públicos o el desempeño de la actividad forense en defensa de los intereses de la comunidad[190]. La aceptación de estos compromisos dejó de hacerse sobre la anterior base de la voluntariedad: en adelante fueron repartidos por el estado, o por los gobernadores en las provincias, siguiendo reglas muy precisas. Ello suponía al propio tiempo el fin de la iniciativa particular, que tan importante papel había jugado en la vida económica de las ciudades durante el Alto Imperio. Uno no podía sustraerse a dichas obligaciones: caso, por ejemplo, de que un decurión abandonase su comunidad, el gobernador tenía entonces que encargarse de que aquél retornase y se le impusiesen los correspondientes munera.

Ni siquiera la decisión de quién, y quién no, debía ser admitido en el ordo de una ciudad quedó al arbitrio de los órganos municipales y de las personas interesadas. Todo individuo que pudiese reunir el mínimo de fortuna exigido para un censo de decurión, tenía por fuerza que abrazar dicho estado, bien por la vía de las magistraturas, bien de forma automática, y soportar las cargas aparejadas al decurionado. Ello condujo a que el rango decurional se hiciese heredable con más frecuencia que antes, ya que los hijos de los decuriones, en tanto que herederos de la fortuna familiar, tenían que ingresar forzosamente en el orden de sus padres. Esto es algo que se pone claramente de manifiesto en la lista de decuriones de Canusium del año 223, donde aparecen con frecuencia decuriones de una misma familia, como también 25 hijos de decuriones menores de edad junto a los 100 miembros ordinarios del consejo (ILS 6121). De esta manera, los que otrora fueron codiciados honores municipales —que para muchos, y principalmente para quienes deseaban medrar socialmente, podían resultar doblemente atractivos por el prestigio social y los privilegios legales inherentes al ejercicio del poder— pasaron a ser cada vez más cargos aceptados a la fuerza, que ahora no comportaban otra cosa que munera y cuyos cometidos eran mirados por los sufridos decuriones como onera invita (Dig. 50, 1,18). Las molestias (vexationes) que había de padecer el decurionado a resultas de la reglamentación burocrática de sus deberes y, sobre todo, las propias cargas financieras, habían supuesto un serio quebranto para esta capa social, antaño fuerte y segura de sí misma, hasta llevarla a la total ruina en algunas ciudades.

Prácticamente extinguido tras la época de los Antoninos hemos de considerar a otro estrato de la población, anteriormente muy bien acomodado y especialmente activo desde el punto de vista económico, el de los libertos ricos. El tipo social encarnado por un Trimalción sería impensable en las condiciones económicas de la gran crisis. Las corporaciones augustales de las colonias y municipios, que en el Alto Imperio habían reunido a los liberti acaudalados, pervivían ciertamente en el siglo III, pero entre sus miembros, que ya no eran tan a menudo manumisos, sino ingenuos, apenas quedaban elementos descollantes por su capacidad financiera. Con ello se destruía la entraña misma de una capa social antiguamente pudiente. Un destino comparable a éste aguardaba, aunque por razones totalmente distintas, a otro grupo social muy influyente y adinerado en tiempos del Principado, el de los esclavos y libertos imperiales. Bajo Cómodo y los Severos el poderío de este estrato era todavía ciertamente considerable, incluso mucho mayor que con la serie de emperadores que van de Trajano a Marco Aurelio, ya que soberanos de gobierno tan autoritario como Cómodo, Septimio Severo o Caracalla no pudieron prescindir en sus conflictos políticos con la élite del imperio de su leal personal doméstico. Bajo Heliogábalo (218222) los libertos de la corte parecían haber asumido casi la dirección del estado. Pero la evolución política subsiguiente del imperio abocó a la destrucción del poder de la familia Caesaris. Con la caída de Severo Alejandro en el año 235 tocó a su fin por una centuria la historia de las dinastías imperiales y con ella, por la continuidad de poder que representaban las familias gobernantes, uno de los presupuestos más importantes para la constitución de un personal cortesano prepotente. Los cambios de gobierno cada vez más frecuentes, que por regla general llevaban aparejado el asesinato del soberano, producían una permanente fluctuación en la composición del personal cortesano: tras el asesinato de un emperador sus servidores más fieles eran en la mayor parte de los casos los primeros en ser ejecutados. Así, por ejemplo, Caracalla mandó acuchillar a los esclavos y libertos de su hermano y corregente Geta inmediatamente después de consumada la conspiración contra éste.

A todas estas alteraciones en los escalones más elevados de la pirámide social se sumó además el cambio operado en la posición social del militar[191]. No fueron solamente los oficiales y jefes del ejército distinguidos y de rango ecuestre los que en el siglo III gozaron de una posición social encumbrada; también los soldados por debajo del rango de centurión constituían un grupo social bastante unitario, con influencia política, prestigio, privilegios y una situación económica relativamente favorecida. La elevación de su posición social se evidencia de forma absolutamente clara en el hecho de que Septimio Severo autorizó a los centuriones y principales a llevar el anillo de OÍ o y, con él, a exhibir un símbolo del status de los caballeros romanos (Herod 3,8,5); se daba así a entender que esos soldados privilegiados — que por lo general habían salido del círculo de la tropa sencilla— eran tenidos por potenciales caballeros El sentimiento de unidad entre los soldados se hizo patente de modo muy expresivo en el fenómeno, ahora más frecuente que antes, de su colegiación en asociaciones (scholae o collegia), las más de las veces según el rango; se añadían a esto los cultos comunes de los soldados, así como el orgullo de saberse parte de un ejército cuya importancia política no dejó en ningún momento de ser celebrada por la propaganda imperial, sobre todo, en las acuñaciones monetarias — con términos tales como fides exercitus. Pero esta capa social que así se configuraba comprendía asimismo grupos de población más amplios. Ante todo, fue importante el que los soldados, que previamente sólo podían vivir en concubinato con sus mujeres durante el servicio militar, quedasen autorizados a partir de Septimio Severo a casarse legalmente De ese modo, en las provincias fronterizas se fue desarrollando un estrato con identidad propia, compuesto por los soldados de los fuertes militares y por sus allegados de los alrededores más próximos Este grupo social se vio además fortalecido por el hecho de que los militares tras su licénciamiento solían permanecer en las cercanías de su lugar de servicio. Aquí pertenecían a la capa alta de los asentamientos contiguos a los fuertes de las tropas auxiliares y a la de aquellas ciudades que ya se habían desarrollado con anterioridad al lado de los campamentos de legionarios; las más de las veces, como en el caso de Aquincum y Carnuntum, eran dos asentamientos urbanos, en concreto, las antiguas canabae legionis pegadas al campamento y la «ciudad civil», algo más alejada. Un factor adicional en el fortalecimiento de esta capa vino dado por la heredabilidad del oficio militar Dado que la milicia, pese a todos sus peligros, traía consigo importantes ventajas sociales, muchos hijos de familias de soldados escogían también la profesión paterna, cosa que iba en interés del estado, pues de esta manera se aseguraba en grado óptimo la renovación permanente del ejército.

Estas ventajas sociales, al margen ya de las enormes posibilidades de ascenso personal en caso de tener aptitudes, residían fundamentalmente en los privilegios financieros y tributarios. Puesto que la autoridad del cesar dependía mucho más que en el Principado de la lealtad del ejército, hubo de pagarse por ésta un alto precio. Lo importante que era asegurarse la fidelidad de la milicia por medios financieros, podemos calibrarlo perfectamente en las famosas últimas palabras de Septimio Severo a sus hijos: «Seguid unidos, enriqueced a los soldados, y preocupaos poco de todo lo demás» (Dio 76, 15,2). Un legionario normal y corriente, que con Augusto había percibido un sueldo anual de 225 denarios y a partir de Domiciano los 300 denarios, con Septimio Severo ganaba ya 550 y desde Caracalla 750 denarios, a pesar de que los gastos de vida en este período de tiempo no se habían elevado aún considerablemente. En el momento de licenciarse el soldado o bien era provisto con tierras o bien recibía dinero, 5.000 denarios a partir de Caracalla. Todavía más importante, sin embargo, eran los donativos percibidos con los cambios de gobierno. Ya Marco Aurelio había regalado, en el año 161, 5.000 denarios a cada soldado pretoriano en Roma, y en el siglo III, cuando el cambio de gobierno, por decirlo así, estaba a la orden del día, un profesional de la milicia podía sin dificultades amasar una fortuna a base de donativos. A esto se añadía la posibilidad, sobre todo durante las guerras civiles, de hacer botín, amén de que en los peores tiempos de inflación el militar era provisto regularmente y con carácter preferente de víveres y vestido. Por consiguiente, el servicio militar constituía también para muchos soldados, que no llegaban siquiera al rango de centurión, un negocio ciertamente lleno de riesgos, pero también muy rentable; un veterano podía perfectamente disponer de un patrimonio por valor equivalente al del censo decurional, sin ser en cambio llamado por el estado a contribuir como un decurión

Alteraciones en los estratos inferiores

También las capas bajas de la población fueron alcanzadas por el proceso de reestratificación social. Las auténticas víctimas de la crisis fueron las masas trabajadoras, tanto en el campo como en la ciudad, Por más que el decurionado viviese agobiado en las ciudades, sus allegados y familiares aún podían a menudo llevar una vida del todo grata en sus villas, mientras que ellos, como honestiores que eran, siempre podían apelar a sus privilegios en caso de intrusiones o abusos por parte del elemento militar y de la burocracia estatal Por el contrario, tanto la pobreza como laapresión, dejos estratos inferiores de la población se incrementaron en escala considerable a lo largo del siglo III En el mejor de los casos, su situación se hacía algo más soportable en las zonas militares, pese a las frecuentes guerras, pues aquí se beneficiaban de sus estrechas relaciones con el ejército; en Paño nia, por ejemplo, los pequeños agricultores pudieron imponerse frente a la gran propiedad con más éxito que en África durante este mismo siglo III Pero en la mayor parte del imperio las cosas se pusieron muy mal para los componentes de los estratos humildes, sin distinciones importantes por lugar de residencia y profesión, de adscripción regional o condición jurídica esta nivelación condujo a que el amplio estrato de los humiliores adquiriese un perfil cada vez más uniforme.

Hasta qué punto vivía en la pobreza la gran masa de población, es algo que se deduce de numerosas fuentes. En tiempos de Decio un prefecto de Egipto aludía con ocasión de un pleito al empobrecimiento tanto de las ciudades como de las aldeas con posterioridad a Septimio Severo, hecho que él mencionada como cosa de todos sabida (Pap. Lond. 2565). Pero ya bajo Severo este mal había atacado igualmente a diferentes grupos de la población, v. gr., a los esclavos y a los campesinos nominalmente libres. Bulla, un jefe de bandidos en Italia, manifestó abiertamente que los esclavos huían de sus amos y se reunían en bandas de salteadores, porque no eran alimentados por sus dueños; hasta libertos imperiales mal pagados llegaron a unirse a estas gavillas (Dio 76,10,5). Por la misma época, propietarios de tierras en Egipto escribían al emperador diciendo que en el distrito de Oxirrinco aldeas enteras estaban amenazadas de quedar despobladas, ya que las cargas tributarias arruinaban a sus moradores (Pap. Oxy. 705). Con el agudizamiento de la crisis económica y financiera posterior a los Severos la situación se hizo peor. A través de la tarifa máxima de los precios y salarios del año 301 nos es dado calibrar cómo vivían las capas más pobres de la población, incluso después de las medidas de estabilización dictadas por Diocleciano[192]. Entonces, una libra de carne, por ej., costaba, según la calidad, de 6 a 20 denarios; un sextario (0,547 litros) de vino, de 8 a 30 denarios; un sextario de aceite, entre 8 y 40 denarios; un par de zapatos, de 50 a 120 denarios. Frente a esto, un simple trabajador agrícola percibía diariamente 25 denarios más una ración de alimento para él; un carpintero ganaba 50 denarios. Por tanto, una familia con hijos, que de un sueldo así había de financiar alquiler, vestido y comida, amén de pagar unos elevados impuestos, no contaba con mucho más que para cubrir el mínimo de subsistencia.

Igualmente dura era la presión sin contemplaciones y a menudo brutal que había de emplearse para asegurar las prestaciones en trabajo y los impuestos, y que inexorablemente afligía a la mayoría de los grupos sociales de la población baja. A tal fin el estado tenía en funcionamiento un aparato de fuerzas de seguridad y funcionarios. Los habitantes de las ciudades y aldeas se quejaban una y otra vez de los abusos de ese aparato. Así, por ejemplo, los colonos del Saltus Burunitanus en África pidieron al soberano que regulase las obligaciones laborales aumentadas arbitrariamente por los grandes arrendatarios de los dominios imperiales y que para ello las ajustase de nuevo a las directrices marcadas por un antiguo decreto imperial; es revelador el hecho de que el arrendatario llegase incluso a mandar soldados contra los colonos, contra los que practicaban detenciones y a los que en numerosos casos llegaban a golpear (ILS 6870). En el siglo III sucesos como éstos estaban a la orden del día, entre otros sitios, en Asia Menor, donde se han conservado numerosos escritos de súplica y queja contra las actuaciones violentas de los funcionarios y las fuerzas de policía; en uno de tales documentos de Asia se protesta de que los representantes del poder estatal habían llegado incluso a despojar a ciertos lugareños de sus medios de primerísima necesidad[193]. Dureza suficiente la tenían ya aquellas medidas que sintonizaban plenamente con las leyes y los decretos emitidos por el emperador. El poder del estado era omnipresente. También las mascas urbanas, en especial los artesanos y mercaderes, se vieron afectados; al igual que los miembros del estrato alto de las ciudades, agrupados en el orden decurional, también ellos fueron constreñidos a asociarse en collegia, con el objeto de controlar y dirigir su actividad. Ya un rescripto de Septimio Severo sobre un colegio de artesanos en Solva, en la provincia de Nórico, prueba con toda claridad en qué sentido estaba interesado el estado en todo ello: los pobres debían desarrollar una actividad de utilidad pública, a cambio de lo cual eran liberados de las cargas comunitarias; sin embargo, aquel de entre los miembros de un colegio que estuviese en una situación financiera mejor o que se hubiese librado del trabajo artesanal, había de ser gravado con los munera públicos, del mismo modo que los decuriones[194].

Esta nivelación de las posiciones sociales en el seno de las capas inferiores trajo consigo importantes consecuencias. El ser o no ser libre personalmente según los viejos criterios no contaba ya como factor decisivo de dependencia social. Esta evolución se vio además acelerada por el hecho de que la cifra de los esclavos y, consiguientemente, también la de los libertos, conocieron una considerable reducción en el siglo III. Las razones de esto residían, por un lado, en las grandes dificultades para el mantenimiento de las reservas de esclavos. Por otro lado, bajo las nuevas condiciones económicas la hasta ahora siempre lucrativa explotación de esclavos y libertos se mostró no rentable: eran cada vez más restringidos los círculos que se podían permitir pagar el precio de compra por un esclavo, mientras que los vernae o los adquiridos siendo niños debían al principio ser alimentados y educados durante largo tiempo sin contrapartida alguna, para que sólo mucho más tarde la inversión resultase rentable. La esclavitud, sin embargo, no desapareció en absoluto; las diferencias jurídicas tradicionales entre esclavos, libertos y libres se mantuvieron en vigor y quedaron recogidas con toda precisión en el Derecho Romano. Pero, paralelamente, el desarrollo jurídico siguió las nuevas formas de dependencia. Las normas de carácter uniformador, incluyendo a los humiliores de las ciudades en los collegia, evidencian tales transformaciones: a partir de la plebe urbana se fue formando una capa social considerablemente unitaria.

Este cambio se deja ver con toda claridad en las leyes y disposiciones que regulaban la situación de los colonos. La decadencia de muchas fincas agrícolas pequeñas y medianas en el curso de la crisis económica del siglo III condujo inexorablemente a la concentración de la propiedad fundiaria en pocas manos, y la extensión de la economía del latifundio produjo en la mayor parte del imperio una expansión del sistema de colonato: los grandes hacendados no podían prescindir de la masa de fuerza de trabajo dependiente y dado que ya no había ni llegaban nuevas reservas de esclavos, la institución del colonato pareció la forma de explotación más adecuada. Una gran parte de las disposiciones del Derecho Romano que se refieren a los colonos, procede significativamente de esta tercera centuria. Se estableció así la forma en virtud de la cual un propietario de tierras y un colonus habían de cerrar un contrato (locatio, conductio); de acuerdo con ello, el propietario arrendaba la correspondiente parcela de tierra por cinco años, al tiempo que el colonus se comprometía al pago anual de una suma de dinero. Con todo, ya en el siglo III se dio con frecuencia la perpetua condueño, es decir, la sujeción de por vida del arrendatario al trozo de tierra cedido. En vista de la presión fiscal y de las devastaciones, muchos colonos no estaban por lo general en situación de cumplir con sus obligaciones financieras anuales; estos arrendatarios endeudados fueron entonces retenidos —a menudo por la violencia— en la finca por los hacendados como fuerza de trabajo barata. De esta forma, surgió en el campo una capa de población poHre y con frecuencia brutalmente oprimida, que estaba sujeta a los estratos altos de la sociedad según unos mismos criterios y que, por consiguiente, presentaba una gran homogeneidad[195].

El cambio de estructura

Las alteraciones en la composición y en la situación tanto de los estratos altos como bajos de la población tuvieron consecuencias muy significativas para la estructura en su conjunto de la sociedad romana, Al ser total la crisis del siglo III, tuvo en el entramado social del Imperium Romanum una repercusión decisivamente más honda que, pongamos por caso, la crisis de la república romana. El orden social tradicional se desintegró y un nuevo orden fue conformándose paulatinamente; el cambio, como era de esperar en la evolución social de una época de crisis, estuvo lleno de contradicciones.

Digno de nota es, ante todo, el modo en que se produjo el cambio en los fundamentos de la estratificación social. Poder, riqueza, prestigio y adscripción a un orden rector ya no iban tan íntimamente unidos como en tiempos del Alto Imperio. En toda la historia romana anterior habría sido inconcebible que una nobleza agraciada con prestigio y riqueza no constituyese al mismo tiempo la capa alta políticamente más poderosa, investida de las funciones estatales superiores; la historia del estamento senatorial durante el siglo III demostraría lo contrario. Igual de interesante es la transformación de los privilegios tradicionales en cargas sociales: el hecho de que los honores urbanos, antes tan atractivos para muchos, se convirtieran en un pesado gravamen, entraba en contradicción con el antiguo orden social, como también lo hacía la tendencia del estado a reclutar por la fuerza a los miembros del antaño acreditado orden decurional.

Simultáneamente, la relación entre el origen de la persona y el principio del mérito sufrió modificaciones. El nacimiento noble siguió siendo algo particularmente apreciado por muchos, pero cosas como la lealtad política, la formación jurídica y especialmente los servicios militares ocupaban ahora un lugar más señalado que antes. Tampoco el advenedizo debía ya, como precedentemente, esforzarse por todos los medios en verse integrado en la aristocracia de sangre. Criterios jurídicos clásicos como los de derecho de ciudadanía y libertad perdieron su decisiva importancia, al igual que las ventajas que se deducían previamente de un origen italiano o de una provincia fuertemente urbanizada. Sintomáticamente, la mayoría de los emperadores procedían de la periferia del territorio romano. Macrino era de Mauritania; Heliogábalo y Severo Alejandro venían de Siria; los Gordianos, de Capadocia; Filipo, de Arabia. Con todo, era de los países del Danubio, cuyas ciudades militares constituían los grupos de ejército más potentes y prestigiosos, de donde provenía la mayor parte de los emperadores-soldados, caso de Maximino, Decio, Claudio II, Aureliano, Probo, así como Diocleciano, Maximiano y los cesares impuestos por ellos, Constancio y Galerio. Con razón hacía observar Aurelio Víctor a propósito de los cuatro primeros monarcas: «Todos ellos tenían su patria de origen en el Ilírico; aunque poco cultivados, se habían formado lo suficiente en las miserias de la vida rústica y de la milicia, y resultaron excelentes emperadores para Roma» (Caes. 39,26). Todas estas alteraciones condujeron a la relajación de la vieja jerarquía social. Dión Casio se exasperaba al recordar que antiguos bailadores podían ahora alcanzar altos comandos de armas (78, 21,2), que los centuriones y los hijos de médicos ascendían a legados de legión (80, 7,1 s.). Pero nada prueba de forma tan palmaria la invalidez de los principios jerárquicos anteriormente tenidos por indiscutibles, como la respuesta dada por el jefe de bandidos Bulla al prefecto del pretorio Papiniano, quien le había preguntado por qué se había hecho salteador: «¿Y por qué eres tú prefecto?» (76, 10,7).

La pirámide social se dividía de diferente manera a como lo hacía antes. En tiempos del Principado los estratos superiores, prescindiendo de los libertos ricos y del personal cortesano, estaban compuestos por los estamentos senatorial y ecuestre, así como por el de decuriones de las ciudades, con más o menos variaciones y grados en cuanto a función, fortuna y renombre. En el nuevo orden social la división de los estratos superiores carecía de homogeneidad y presentaba rasgos contradictorios. Había un orden senatorial muy acaudalado y prestigioso, si bien ampliamente privado de poder; había un orden ecuestre, cuya capa dirigente se caracterizaba, sobre todo, por su enorme poder y cuyos miembros corrientes apenas si se distinguían del decurionado local; este último, en virtud de su patrimonio y de su prestigio, pertenecía a las capas altas, pero por las cargas a que estaba ahora sometido, acusaba rasgos de grupo social oprimido, contrariamente a tiempos precedentes. A éstos se agregaban los soldados junto con sus allegados, quienes, ante todo por la posición de poder del ejército, aunque también por su situación económica relativamente favorecida y sus privilegios jurídicos, se contaban también entre los estratos elevados de la población. Ellos constituían incluso un estrato que, debido a sus prerrogativas e identidad de funciones, así como a la conciencia corporativista de sus integrantes, se organizaba casi como un orden. Con ello, las diferencias entre los honestiores, pese a compartir muchos privilegios resultaban en el siglo III considerablemente más fuertes que en el Alto Imperio.

Las disimilitudes en el status de los distintos grupos de humiliores, contrariamente a lo acaecido entre los estratos superiores, se hicieron cada vez más pequeñas. Como consecuencia del creciente gravamen financiero y de la simultánea y progresiva opresión política de todos los grupos bajos de población, esa evolución se hizo imparable.

Poco cambiaban aquí las cosas las diferencias que persistían en la historia de las distintas partes del imperio, lo mismo que entre cada una de las profesiones; aquellas ventajas sociales, por ejemplo, que poseyeran las masas en las ciudades durante el Alto Imperio, se extinguieron en gran medida.

Así pues, lo que mejor caracterizaría al cambio de estructura en la sociedad romana durante la crisis del siglo III sería esa desigual evolución que tocó vivir a los honestiores y a los humiliores. La disolución del orden social romano tradicional se produjo de suerte y manera contradictorias: la alta sociedad se desintegró en capas muy diversamente estructuradas, mientras que los estratos inferiores desarrollaron una estructura cada vez más unitaria. Por consiguiente, tampoco en esta centuria las capas altas de la sociedad romana conocieron una evolución que hiciera de ellas una «clase»: su único rasgo verdaderamente común era el disponer de bienes raíces, mientras que todo lo demás las separaba — incluidas sus relaciones con el proceso de producción, toda vez que los soldados, por lo general, y las familias de decuriones, al menos con cierta frecuencia, cultivaban por sí mismos sus tierras (o eventualmente acompañados de peones agrícolas dependientes). Los humiliores, por el contrario, mostraban ahora una serie de rasgos que, más que en el Alto Imperio, podrían dar pábulo a hablar de una «clase». Con todo, y pese a su misma situación de productores y de trabajadores dependientes, en un punto decisivo acusaban una gran mezcla de condiciones: una parte de ellos, como los colonos, en tanto que arrendatarios, y el artesanado, seguía disponiendo de sus medios de producción, lo que no se podría decir de otros, caso de los campesinos muy pobres, que debían ganarse la vida como trabajadores asalariados y temporeros.

El desarrollo contradictorio de la sociedad romana durante la crisis no quedó sin consecuencias: las tensiones sociales se agudizaron, nuevos conflictos vieron la luz, y una y otra vez se llegó al estallido de enfrentamientos sociales abiertos, que ya no eran dirimibles por medios pacíficos, sino únicamente a fuerza de extrema violencia, al igual que en la República tardía. En consonancia con la dimensión múltiple de la crisis y las transformaciones sociales operadas, tales conflictos revistieron formas muy variadas: tuvieron lugar, de un lado, en el seno de las capas altas y, de otro, entre los distintos gruposde los estratos inferiores y los detentadores del poder; resultó, así, que en numerosas ciudades el orden senatorial y el ecuestre se vieron tan afectados por la nueva coyuntura como las masas oprimidas del campo y la ciudad. Una característica común unía a estas confrontaciones: el principal enemigo para todos los grupos mencionados era el nuevo estrato dominante, que estaba formado por los oficiales ecuestres y por los funcionarios de la administración, así como por el elemento militar, y tenía su representación institucional por antonomasia en los emperadores autoritarios de tiempos del Dominado, quienes en su mayoría habían ascendido desde dicho estrato y a él debían su poder. Cuan odioso podía resultar un emperador romano durante el siglo III para la gran masa de la población, desde los senadores hasta la plebe urbana y los sencillos labradores, es cosa que se trasluce perfectamente del relato de Herodiano sobre el gobierno despótico de Maximino Trax (7,3,1 s.): era de los que oprimía a los senadores y a los ricos, pero también a los habitantes de las ciudades y a las poblaciones de las provincias; un sentimiento de ira se hizo presa de todo el imperio y todos empezaron a invocar a los dioses vengadores, hasta que finalmente, por el pretexto más insignificante, estalló abiertamente la revuelta.

El estamento senatorial no se resignó en absoluto a su pérdida de poder en los primeros decenios después de Marco Aurelio, si bien era demasiado débil para enfrentarse abiertamente. Consiguientemente, su resistencia contra la monarquía imperial autoritaria se redujo, básicamente, a urdir conspiraciones, con el fin de poner en el trono a un emperador del que cabía esperarse un retorno al viejo ideal de gobierno. Bajo el mandato de Cómodo se hicieron repetidos esfuerzos en tal sentido, hasta que en la persona de Pértinax subió al trono un emperador a gusto de los senadores, si bien resulta significativo el hecho de que este gobernante realmente popular entre la población civil y también entre los ejércitos provinciales fuese derribado por la guardia pretoriana al cabo sólo de tres meses. Tampoco sirvió de nada al orden senatorial el que sus círculos conservadores apoyasen en los momentos de anarquía política intensa a los gobernantes o pretendientes al trono más débiles, como en los casos de Clodio Albino frente a Septimio Severo, de Geta contra su hermano Caracalla; la venganza de los vencedores acababa siempre por socavar aún más la posición de poder del senado. Unicamente en el año 238 tuvieron éxito el levantamiento y la acción bélica de dicha cámara contra Maximino Trax, pero sólo porque en Roma el pueblo abrazó el partido del senado contra el imperio de los militares (Herod. 7, 7,1 s. y 7, 11,1. s.), y porque la resistencia contra el cesar también prendió entre la población de las provincias y de Italia[196].

Aún mayor tuvo que ser el descontento entre muchos decuriones por el nuevo estado de cosas, que les obligaba, contrariamente al orden senatorial, a fuertes sacrificios financieros. Dicho con toda claridad, los decuriones de una ciudad nada podían hacer contra el aparato militar y funcionarial del estado. Y ello es tanto más significativo cuanto que en el año 238 algunos integrantes de las élites municipales escogieron, pese a todo, el camino a la desesperada de la insurrección. La resistencia abierta contra Maximino Trax estalló primero en la africana Thysdrus, donde los hacendados urbanos de los alrededores de Cartago, junto con sus partidarios, dieron muerte a un procurador del emperador y proclamaron al procónsul de África, Gordiano, como nuevo cesar (Herod. 7,4,1 s.). Al movimiento se unió también la población baja de las ciudades y del campo en la provincia de África, pero fue brutalmente sofocado por el ejército de la vecina provincia de Numidia y la represión, de la que fueron principales víctimas las capas rectoras municipales, no se detuvo tampoco ante los estratos bajos de la población (Herod. 7,9,1 s.).

La alianza en África de los decuriones y de las masas populares, tanto urbanas como campesinas, prueba ya hasta qué punto debían de estar insatisfechas las capas inferiores con el sistema de dominio imperante. La plebe de las ciudades, obligada en el marco de los colegios a prestaciones laborales contra su voluntad y sometida al pago de impuestos con una mínima formación de capital, amén de que en los tiempos de la crisis económica general estaba mal aprovisionada, se amotinó una y otra vez desde finales del siglo II[197]. Bajo Cómodo la escasez de cereales en Roma condujo a una guerra civil en toda regla entre el pueblo y la guarnición[198], y las manifestaciones políticas más encendidas contra el régimen existente, como la del 193 contra Didio Juliano, se repitieron también más tarde. En el año 238 se llegó a un auténtico levantamiento popular contra la guardia pretoriana; con Aureliano hubo disturbios entre los trabajadores de las cecas imperiales, en los que según Aurelio Víctor (Caes. 35,6) participaron 7.000 insurrectos. Parecida era también la animadversión de las gentes sencillas de muchas ciudades contra la monarquía imperial y su aparato de poder, tanto más cuanto que en las provincias aquéllas habían de sufrir con más frecuencia que en Roma los males de la dominación militar; la matanza que un Car acalla organizó en Alejandría o la fama de Maximiano, ante cuyo ejército se fugó la población de Emona hasta el último hombre (Herod. 8, 1,4), exacerbaron al máximo los sentimientos de odio. También la hostilidad de las tropas contra la plebe era cosa manifiesta; Herodiano la puso claramente de manifiesto al poner en boca de Maximino Trax la afirmación de que el pueblo en Roma sólo era capaz de dar gritos y que a la vista de dos o tres hombres armados le invadía el pánico (7, 8,6).

Todavía peor era muchas veces la situación de las capas de población en el agro, puesto que aquí la protección que éstas podían hallar frente a la opresión y la violencia era escasísima. Al iniciar Maximino Trax su marcha contra Italia en el año 238, sintomáticamente toda la población rural de los alrededores huyó también hacia Aquileia, el punto de apoyo más importante de los insurrectos, pues nada bueno cabía esperar de los soldados (Herod. 8,2,4). Los colonos endeudados y también los esclavos se daban a la fuga repetidamente; el Derecho Romano hubo de ocuparse permanentemente de este problema a partir de la segunda mitad del siglo II. Estos fugitivi, aunque también las gentes escapadas de las ciudades y los desertores del ejército, se agavillaban con frecuencia en bandas de salteadores; tales latrones constituyeron una amenaza tan seria para la seguridad pública desde fines de la segunda centuria, que contra ellos, como señala Tertuliano (Apol. 2,8), hubieron de reclutarse en todas las provincias fuerzas de seguridad. En muchos casos, de movimientos como éstos surgieron levantamientos en toda regla. Ya con Marco Aurelio se produjo en Egipto una revuelta de pastores (boukoloi); bajo Cómodo, Roma tuvo que sostener una seria guerra contra las masas de prófugos del ejército y de campesinos sublevados (bellum desertorum). En la segunda mitad del siglo III las provincias galas se vieron inundadas por el movimiento de los Bagaudae («los luchadores»), en el que tomaron parte amplios grupos de campesinos independientes, colonos fugitivos y ladrones. Aunque Maximino lograra vencerlos en una campaña, tanto en la Galia como más tarde en Hispania estas revueltas se reprodujeron reiteradamente[199].

Los acontecimientos del año 238, en particular, evidenciaron que el sistema de dominio del siglo III, sobre todo cuando se expresaba en una forma tan extrema como la encarnada por Maximino Trax, suscitaba el rechazo y la resistencia por igual entre el orden senatorial, los decuriones y las masas populares del campo y la ciudad Pero justamente la composición de esta coalición hizo imposible que cristalizase a partir de ella un movimiento revolucionario unitario de los oprimidos. Mientras se tratara de defenderse contra el imperio de la milicia y de la burocracia estatal, los objetivos de los distintos grupos afectados eran coincidentes. Pero, por lo demás, como era natural, los intereses eran muy diferentes. Tal cosa se puso de manifiesto con toda claridad en el propio año del 238. La masa urbana de Roma se alzó junto con los senadores contra Maximino, pero rechazó airadamente a los emperadores colocados por el senado, Pupieno y Balbino, y consiguió la proclamación de un tercero, la de aquel que gozaba de más popularidad como nieto que era de Gordiano (Herod. 7, 10,5 s.); cuando posteriormente Pupieno y Balbino fueron asesinados por la guardia pretoriana amotinada, el pueblo se mantuvo en calma. Ya sólo por estas diferencias de intereses, los movimientos sociales ahora nacientes nada podían conseguir contra el nuevo sistema de dominio. Prescindiendo de esto, toda resistencia resultaba prácticamente inútil, por el hecho de que la milicia era el factor de poder decisivo. La represión sangrienta de la revuelta africana contra Maximino con el envío de una legión puso claramente de relieve la fuerza del ejército. Si Maximino cayó durante el asedio de Aquileia, no se debió a otra cosa que al descontento de sus propios soldados, que le dieron muerte. El sistema de dominio, no obstante, permaneció inalterado, al igual que tras todas las demás revueltas del ejército, en el curso de las cuales sólo se trocaba la persona del emperador, pero no los fundamentos mismos del régimen.

Sucedía así que los problemas sociales no hallaban solución a través de estos conflictos abiertos y declarados, sino que incluso se veían agudizados con ellos; lo que, en realidad, consiguieron fue acelerar más aún el proceso de transformación del orden social tradicional. Tampoco la permeabilidad del nuevo modelo de sociedad en formadon pudo aliviar las tensiones[200]. Antes bien, es una de las contradicciones dignas de nota en el cambio social de la gran crisis el que la movilidad interna de la sociedad romana, que tanto había contribuido en el Principado a la reducción de los conflictos y tensiones, diese lugar durante el siglo III a nuevos campos de rozamiento. Hasta ahora, para la población de las zonas periféricas del Imperium, en las que se reclutaba en su mayor parte el ejército romano, apenas se habían dejado entrever posibilidades de ascenso social a través del servicio militar; la trayectoria vital de la mayoría de los soldados-emperadores, que no pocas veces provenían de ambientes muy humildes, como, por ejemplo, Maximino Trax o Galerio, demostraba con toda claridad ese cambio. Asimismo, las personas capacitadas y ambiciosas de bajo nacimiento, que dispusiesen de un cierto nivel educativo, tenían enormes posibilidades de medrar socialmente en la burocracia imperial. Pero la gran masa de la población podía sacar un menor partido que en el Alto Imperio a las expectativas de ascenso social. La biografía del trabajador agrícola de Mactar, llegado a la más alta magistratura ciudadana (p. 204), no era el caso corriente; antes bien, debieron de ser realmente reducidas las posibilidades de ascender socialmente para los decuriones, los miembros de los colegios ciudadanos y los colonos, que se hallaban atados a sus funciones por una rígida reglamentación. El nacimiento de nuevas fortunas apenas resultaba posible en el caso de estas capas de la población, pues la riqueza adquirida había de ser entregada en seguida al estado en forma de impuestos. Se añadía a esto el que las probabilidades de descender socialmente, contrariamente a la época del Principado, aumentaron de forma extraordinaria a causa de las guerras, las dificultades económicas y la represión política. Como Herodiano hacía notar acertadamente a propósito del período de gobierno de Maximino, uno podía encontrarse todos los días con hombres pobres que el día anterior aún se hallaban en la riqueza (7, 3,3).

Por último, llena de contradicciones estaba también la evolución de aquellas fuerzas políticas y sociales que debían mantener cohesionada a la sociedad romana. La monarquía imperial se trocó en un despotismo[201]. No sólo su aparato cfeoder viose agrandado sino que también se alteró el concepto de soberano: mientras que Augusto había sido el «primero» entre los ciudadanos y el «padre» del pueblo, a partir de Septimio Severo el emperador romano reivindicó oficialmente el título de dominus, teniéndose así por un «señor» sobre sus subditos, como lo era un señor cualquiera sobre sus esclavos; desde los Severos exigió regularmente del ejército y de los municipios una declaración oficial de adhesión a la devotio, a la devoción en cuerpo y alma a su persona; de Aureliano en adelante reclamó abiertamente y sin rodeos la adoración como dios. Pero, al mismo tiempo, el poder de cada emperador aparecía ahora más inestable que nunca; ellos eran Juguetes de su propio aparato de poder y cualquiera que llegaba al trono debía estar preparado para un final violento. Sucedía así que la monarquía imperial era realmente lo suficientemente fuerte como para reprimir los movimientos sociales y las revueltas con su aparato de poder, pero no, en cambio, como para ofrecer un marco político consolidado, en el que amplios grupos sociales fuesen ganados para el sostenimiento del orden establecido, tal como había acontecido durante el Principado.

Lo primero en ser rechazado durante la gran crisis fue el antiguo sistema de valores y referencias: el tradicionalismo, la ética política y el culto al emperador ya no bastaban para infundir ánimo y orientación moral a una sociedad atormentada por la pobreza, las guerras y no poco, también, por el propio sistema estatal. Las religiones mistéricas orientales y el cristianismo, en cambio, no sólo prometían consuelo y salvación, sino que también satisfacían necesidades teológicas, morales y litúrgicas decididamente más profundas; el cristianismo, además, al igual que la filosofía pagana, estaba en condiciones de explicar las causas de todos los males mediante una teoría sistemática. Así crecieron día a día los prosélitos de estas corrientes espirituales. El militar, significativamente, se vinculó principalmente al culto a Mitra, que como dios solar invicto encarnaba el ideal de la soldadesca; grupos más amplios de la población, sobre todo en Oriente y África, se adhirieron al cristianismo; los senadores, como estrato culto que eran, se entregaron en muchos casos a la filosofía neoplatónica. Desde el agudizamiento de la crisis a mediados del siglo III el avance victorioso del cristianismo fue un hecho innegable, y el atractivo de esta religión para la sociedad del Imperium Romanum se puso de manifiesto no sólo en su expansión por todo el territorio, sino también en su capacidad de dirigirse a un mismo tiempo a las capas sociales más diversas y en casos particulares también a los integrantes de la élite dirigente. El estado romano hubo de reaccionar ante este desarrollo. Lo hizo intentando revivir de nuevo el mos maiorum con todas sus implicaciones religiosas y éticas, así como el culto al emperador, inseparable ya de aquél; y no le faltó éxito del todo, sobre todo entre el ejército. Todo lo que en las nuevas corrientes espirituales era conciliable con esa tradición, como la religión de Mitra, fue estimulado, mientras que lo que parecía estar en contradicción con ella, como el cristianismo, fue reprimido con la brutalidad que caracterizaba al nuevo sistema de dominación[202].

Esto significaba que la sociedad romana durante la crisis del siglo III se cuarteaba también ideológicamente en dos frentes contrapuestos. Además, los círculos políticamente decisorios de la sociedad, o sea, los emperadores, las personas clave de la administración y los oficiales del ejército, con su mentalidad conservadora se aferraban a un sistema de valores anticuado, que no era otro que el de un orden social y estatal que ellos mismos habían destruido. Esta contradicción saltaba a la vista, pero no fue reconocida: los emperadores del siglo III no deseaban cambiar el mundo romano, sino que por el contrario estaban convencidos de que sus medidas de fuerza eran las necesarias y las llamadas a tener éxito en la restauración de un viejo orden digno de todo crédito. La «reforma» significaba para ellos reformare el Imperio ad antiquam firmitatem y adpristinam gloriam[203], y el único programa político del siglo III que nos es conocido íntegramente, el que Dión Casio nos reporta en el fingido discurso de Mecenas ante Augusto, no es otra cosa que una exhortación a volver a los ideales del tiempo de los Antoninos. Durante el siglo III esta actitud conservadora de los emperadores era algo acorde con los tiempos que corrían; con ella se podía avivar la conciencia de los puntales más firmes del régimen, y particularmente de los soldados, en el sentido de que ellos eran los salvadores del imperio romano en los momentos de crisis. Pero a la gran masa de la población esta ideología no le decía absolutamente nada, y sobre esa base ya no era posible dar con una solución duradera. Fue así como de la crisis del siglo III salió una sociedad romana profundamente perturbada y alterada en sus fundamentos. Ante todo, se puso de manifiesto que ya no era posible mantener cohesionadas, como en tiempos del Principado, a las fuerzas sociales divergentes en el marco de un sistema de gobierno que gozase de popularidad en amplios círculos. La superación de la crisis política interior y exterior, con los grandes emperadores-soldados del último tercio de la centuria, no fue debida a ningún movimiento de masas, sino al creciente despotismo de un aparato militar y burocrático. Por el momento, además, el futuro de la sociedad romana sólo era concebible en un marco político como éste. La cuestión era sólo saber cuándo este sistema de poder podría encontrar un compromiso con la nueva corriente espiritual más importante, el cristianismo. Este paso inevitable fue dado por Constantino el Grande. Pero también para el imperio cristiano se planteó el problema de hasta cuándo la monarquía imperial podía seguir ofreciendo un marco político adecuado para la sociedad tardorromana.

Capítulo 7

Capítulo 7

LA SOCIEDAD TARDORROMANA

Presupuestos y caracteres generales

Las condiciones sociales del Bajo Imperio en gran parte se basaban en estructuras que habían cristalizado en la época de crisis desde los tiempos tardo-antonianos hasta Diocleciano. El cambio posterior de la sociedad romana tampoco siguió una dirección totalmente nueva, sino que se trató de una directa continuación de aquel proceso de transformación que había dado comienzo con la crisis del siglo III[204].

Nuevas fuerzas sociales fueron imponiéndose paulatinamente a partir del siglo V a raíz de la formación en suelo romano de estados territoriales germánicos. Aun así, éstas no consiguieron alterar los fundamentos del orden social tardorromano en dicha centuria; ni siquiera durante el siglo VI, cuando en occidente ya había desaparecido el poder político romano, fue sustituido el modelo de sociedad tardoantiguo por una estructura social totalmente nueva. La transición de la «Antigüedad» a la «Edad Media» no tuvo lugar de golpe, sino que representó «una larga secuencia de transformaciones graduales», en la que la desintegración del imperio romano occidental supuso un corte sólo en el sentido de que con ella se vino abajo el marco político de la sociedad romana[205].

Esa continuidad en la evolución social era, ante todo, el resultado de que las condiciones económicas que se habían fraguado durante la crisis del siglo III siguieron haciéndose sentir en lo sucesivo y no sufrieron ninguna alteración fundamental. Bajo Diocleciano (284-305) y Constantino el Grande (306337), la situación económica del imperio romano conoció una amplia estabilización merced a las duras disposiciones que se tomaron, y en la época subsiguiente, hasta el período de gobierno de Valentiniano I (364-375), apenas se vio perturbada. No obstante, las consecuencias del cambio de estructura que se había operado en el siglo III fueron irreversibles. Ciertamente, muchas ciudades del imperio aún vivieron una última época de florecimiento, pero ni su producción artesanal ni su vida comercial —sobre todo en la mitad occidental del mundo romano— alcanzaron ya la misma prosperidad que en el Alto Imperio. Fue así como la agricultura incrementó aún más que antes su importancia como fuente principal de ingresos y riqueza; con todo, hubo de padecer también las debilidades estructurales permanentes que se derivaban, ante todo, de la carencia de fuerza de trabajo, así como de la explotación del suelo, a menudo poco rentable, por medio de colonos. Las dificultades económicas aumentaron a escala gigantesca tras el estallido de la nueva crisis política resultante de la incipiente migración de pueblos bajo la presión de los hunos (375). Esta crisis condujo a corto plazo a la demoledora derrota de Roma frente a los godos en Adrianópolis (378). Pero tampoco eran para pasar por alto sus consecuencias a largo plazo: tras la muerte de Teodosio I (379-395), la porción occidental del imperio se vio inundada de bárbaros, con el resultado de que muchas ciudades fueron destruidas o quedaron en gran parte despobladas. Ello tuvo efectos penosos, sobre todo para la manufactura y el comercio, si bien la situación aun dentro del Occidente romano pudo haber variado apreciablemente de una región a otra. A una paralización de la producción artesanal y del tráfico de mercancías ciertamente no se llegó, ni tampoco la vida urbana se apagó totalmente en ninguna parte del imperio. Pero las relaciones campo-ciudad dejaron de basarse, como en el Alto Imperio, en la fuerza de los centros de producción urbanos, para reposar sobre la creciente importancia de las fincas rurales; significativamente, ya desde el siglo IV las grandes haciendas pasaron progresivamente a cubrir su demanda de productos manufacturados recurriendo a la producción propia, y no tanto al comercio[206].

En línea con estos nuevos presupuestos, los propietarios de los latifundios fueron aún más claramente que antes la capa rectora económicamente determinante en la sociedad tardorromana, en tanto que la gran masa desposeída de la población baja se hizo cada vez más dependiente de ese estrato de terratenientes. El que este proceso histórico de evolución social apareciese unido a la desintegración del Imperium Romanum, no ha de atribuirse en absoluto a la creciente presión de los bárbaros exclusivamente, sino a una serie de causas muy complejas y múltiples, entre las cuales las de tipo social pueden definirse de la mejor manera con el concepto de alienación de la sociedad romana de su sistema estatal. A las crecientes dificultades económicas, a los progresivos problemas sociales y políticos, y a los conflictos económicos, la monarquía imperial sólo fue capaz de oponer una política forzada de poder y centralización. Sin embargo, para la realización de esa política se hacía necesario un aparato de poder enorme y más costoso, y al estado se le planteaba el problema cada vez más acuciante de cómo poder asegurar la existencia de tal aparato con el escaso fluido generado por las fuentes económicas del campo y la ciudad. El estado romano, al igual en parte que la monarquía del siglo III, sólo supo hacer uso de métodos coercitivos para obligar a los decuriones, mercaderes, artesanos y trabajadores agrícolas, a rendir en su trabajo y a contribuir al fisco; ese sistema coercitivo fue llevado a su perfección, aplicando el principio de la heredabilidad de los oficios y desarrollando un complejo sistema tributario con gran cantidad de impuestos antiguos y recientes. La falta de libertad y la enorme presión fiscal significaban opresión y agobio para los grupos más extensos de la población, que en el estado sólo veían a un enemigo; pero, por otra parte, sucedía también que ese mismo estado había dejado ya de encarnar los intereses de la capa de grandes propietarios de tierras[207].

El carácter despótico de la monarquía imperial se hizo aún más evidente en la época tardorromana que en el siglo III. Los emperadores eran tenidos por «soberanos de la tierra bajo el sol y señores victoriosos» (ILS 8809), por «señores de todas las cosas humanas» (ILS 807); el trato con ellos quedó marcado en adelante por un rígido ceremonial de corte, fuertemente influido por modelos orientales; la desobediencia al soberano no sólo se consideró como un acto criminal, sino como un sacrilegio. La concepción que tenían del emperador paganos y cristianos se diferenciaba en que para los primeros el soberano seguía apareciéndoseles como un Dios (v. gr., Paneg. 12,4,5), mientras que los segundos veían en él a un monarca por la gracia de Dios; pero esto no cambiaba en nada el carácter sacral de su persona, como tampoco la infinita distancia entre soberano y subditos, pues el emperador era también en la visión cristiana el elegido por la summa divinitas, a quien ésta «confiaba el gobierno de todo lo terrenal»[208]. Su situación de poder fue afianzada a partir de las reformas administrativas y militares de Diocleciano y Constantino gracias a un aparato burocrático gigantesco y a un ejército reorganizado (dotado en el siglo IV con unas fuerzas de, al menos, 435.000 hombres, y más probablemente en torno a los 560.000); el aparato de poder comprendía el personal privado del soberano (sacrum cubiculum) y el personal de las oficinas de la administración central, que juntos constituían el personal de palacio (comitatus), amén de los numerosos funcionarios de la administración civil y de los mandos del ejército en las circunscripciones administrativas superiores y en las provincias del imperio. Los principales cometidos de ese aparato consistían en preservar la unidad imperial y en asegurar el buen funcionamiento del sistema coercitivo de prestaciones laborales y de impuestos. A este mismo fin servía también la administración de justicia, ahora muy intensificada, que tuvo su expresión en una abundante actividad legislativa, así como en la codificación de leyes y en los decretos[209]. La situación de poder del emperador quedó especialmente realzada por el hecho de que en el ejercicio del poder el senado ya no representaba aquella instancia de control, respetable aún, que había sido en el Alto Imperio; en Occidente, donde los monarcas tenían su sede no en Roma, sino en Tréveris, Milán, Rávena o cualquier otro punto, ni siquiera podían efectuarse ya consultas regulares entre el emperador y el senado.

En el siglo IV este régimen era lo suficientemente fuerte como para mantenerse sólidamente y preservar así la unidad del imperio. Pero, debido a la opresión que estaban padeciendo amplísimos círculos de población, cada vez se vio más privado de apoyos dentro de la sociedad romana; fue así como el gobierno imperial, con su aparato de poder, se convirtió paulatinamente en un fin en sí y para sí, en una pura carga, que no hizo otra cosa que aplastar con su sistema coercitivo a la sociedad civil y que al mismo tiempo impuso un freno a su desarrollo. Desde el inicio de las migraciones bárbaras el estado romano se sintió cada vez más impotente para proteger a sus subditos frente al enemigo exterior, se debilitó simultáneamente con la presión bárbara, siempre en aumento y a una escala inusitada, y tras la bipartición del imperio en el año 395 su desintegración se hizo inevitable. Mientras el imperio romano de Oriente, con unos presupuestos sociales en parte más favorables y una amenaza menor de los bárbaros, podía mantenerse en pie e ir reformando paulatinamente su propio sistema de dominio, el imperio occidental tocaba a su fin en el siglo V. Las repetidas incursiones bárbaras, la momentánea ocupación de la ciudad de Roma primero por los visigodos (410) y después por los vándalos (455), y, sobre todo, la formación de estados territoriales germánicos en suelo romano, como en el norte de Africa, Hispania y Galia[210], pusieron de manifiesto con toda nitidez la endeblez de la parte occidental. El final del viejo orden político estuvo marcado aquí por la destitución en el año 476 del último emperador romano en Occidente, Rómulo Augustulo, a manos del jefe de mercenarios germano Odoacro.

En estas condiciones, los fundamentos tradicionales de la estratificación social en el imperio tardorromano sufrieron una conmoción mayor todavía que la del siglo III. Debido a las dificultades económicas de Roma, el abismo entre pobre y rico se hizo todavía más profundo. La importancia que se concedía a la cualificación como propietario queda patente en un edicto de Juliano (361-363) sobre el establecimiento de privilegios penales (confiscación de la propiedad en lugar de la pena de muerte, si alguien ocultaba la fortuna de un criminal): el emperador no distinguía entre honestiores y humiliores, como sucedía en casos semejantes, sino entre locupletes y aquellos que per egestatem abiecti sunt in jaecem vilitatemqueplebeiam (Cod. Theod. 9, 42,5). También se incrementó la diferencia social entre los portadores del poder político y los privados de él, hecho que estaba en correspondencia con las crecientes aspiraciones de dominación manifestadas por el estado; un autor del siglo IV veía dos grupos principales en la sociedad romana de aquel entonces: los potentes, por un lado, y los tenuiores, los pobres, por otro (Anón., De reb. bell. 2,3). En consonancia con la estructura de dominio de la monarquía tardo-antigua, la situación de poder real en que se hallaba cada grupo social era a todas luces consecuencia de su relación con el soberano, en mayor medida aun que durante los primeros siglos del imperio. El personal de la corte gozaba de más influencia que los senadores corrientes y los puestos de mando más importantes iban a parar a los consejeros permanentes del monarca — cosa tanto más explicable cuanto que no pocos emperadores subían al trono de niños, viéndose llevados desde un primer momento por el aparato del estado. Los grupos de personas más influyentes estaban integrados por los miembros del sagrado consistorio (consistorium), que englobaba a los jefes de los departamentos más altos de la administración y que contrariamente al consilium principis del Alto Imperio constituía un órgano de carácter permanente, formado por los generales de más relieve, por los servidores personales de más confianza del soberano y también por los dignatarios eclesiásticos conspicuos. Por consiguiente, el prestigio social de que podía gozar la persona dependía, ante todo, de la riqueza poseída, pero también de la amplitud de su parcela de poder, mientras que la pertenencia a un estamento cerrado había perdido su primitiva significación. El orden ecuestre se vio prácticamente absorbido, por arriba, en el estamento senatorial, y por abajo, en los cuerpos de decuriones — quienes en el Bajo Imperio recibieron a menudo el nombre de curiales por su condición de miembros de los consejos municipales (curiae). No obstante, amplios grupos de la oficialidad y del funcionariado quedaron excluidos, al igual que antes, del orden senatorial, constituyendo, por debajo de las clases de rango senatorial, sus propios grupos de rango; y, paralelamente, dentro del estamento de senadores se configuró asimismo una nueva jerarquía. Como mejor se aprecia en qué medida los grupos de rango, surgidos en parte ahora llegaron a sustituir a los ordines primitivos, es a través de un edicto del año 412, en el que las disposiciones penales contra la herejía aparecían divididas según los distintos grupos de rango. La lista comprende a los illustres y spectabiles (pertenecientes a las dos clases más elevadas del rango senatorial), a los senatores y clarissimi (miembros del senado y otras personas de rango senatorial), a los sacerdotales (individuos con categoría de sacerdotes provinciales), a los principales y decuriones (curiales distinguidos y corrientes), a los negotiatores, plebei (hombres «libres» normales y corrientes en una ciudad o en el campo), a los circumcelliones (trabajadores temporeros de las haciendas y personalmente independientes), y aparte son además mencionados los servi y coloni (Cod. Theod. 16, 5, 52 y 54). Llama aquí la atención el hecho de que las medidas penales para los sacerdotales fuesen las mismas para los senatores, mientras que los clarissimi comparten la misma pena que los principales; y también que a los esclavos y colonos, en tanto que integrantes de unas capas a todas luces muy pobres, no se les prevenga, como a los grupos de los escalones más altos de la jerarquía, con una sanción pecuniaria, sino con el azote. Es asimismo digno de notar que una ley del año 382 prescribiese en Constantinopla un atuendo diario acorde con cada categoría a los miembros de los distintos grupos de rango, tales como senatores, milites, officiales (integrantes de la administración civil) y servi (ibid. 14, 10, 1).

Una vez reunidos los requisitos de riqueza, poder y prestigio, la inclusión en un determinado grupo de rango no dependía ya para riada del origen regional o étnico del individuo; significativamente, la oficialidad del ejército tardorromano a partir de Constantino fue reclutada en medida creciente entre los bárbaros, sobre todo germanos[211]. También la situación jurídica personal no pasó de jugar un papel secundario. La importancia de poseer el derecho de ciudadanía había perdido todo su sentido ya con anterioridad. Pero también la_ diferencia entre libres y esclavos tuvo, más que nada, una mera significación teórica, puesto que el sistema coercitivo de prestaciones laborales, exacciones tributarias y heredabilidad de los oficios venía a representar una forma nueva de falta de libertad, que afectó por igual a la mayoría de los grupos de población y que en la práctica hizo inoperantes las viejas categorías de libertad y de carencia de ella. Por contra, aumentó muy considerablemente la importancia del origen de la persona en la determinación de la posición social: ello fue una consecuencia inevitable de la heredabilidad de la carrera de decurión, mercader, artesano y colono, algo a lo que todos se veían empujados directa o indirectamente, incluidos los soldados y officiales, cuya sucesión en la profesión les venía impuesta por el estado. Lo que la aristocracia de sangre pensaba sobre el nacimiento noble, no podía expresarse mejor que con las palabras del senador Quinto Aurelio Símaco: la sangre esclarecida es algo que se reconoce siempre (Or. 8,3). Empero, tanto la capacidad y el rendimiento puramente personales, como la formación jugaron un gran papel por esos mismos años. Esta curiosa contradicción se explica, por un lado, si pensamos en que las barreras interpersonales, agrandadas con la heredabilidad obligatoria de la posición social, por lo corriente sólo podían ser superadas precisamente a base de esfuerzo individual. Por otro lado, la estructura de dominación del imperio tardorromano no sólo posibilitaba, sino que hasta demandaba el desarrollo de la capacidad personal y del rendimiento individual, siempre que redundasen en beneficio del estado: los intereses de la monarquía imperial radicaban ciertamente en hacer funcionar el sistema de coerción social, pero para ello se hacía necesario un aparato de poder imponente, con lo que el particular podía siempre acreditar su valía y hacer carrera, bien en la burocracia estatal, bien en el servicio militar. A ello se añadían también las posibilidades de ascender socialmente en la iglesia, para lo cual no eran precisos un origen distinguido, sino educación, dotes oratorias o capacidad de organización, del mismo modo que dentro de la burocracia imperial.

Dadas estas condiciones, la división social en la época tardorromana se apartaba considerablemente de la imperante en el Alto Imperio. En sus líneas fundamentales la organización de la pirámide social correspondía al modelo que se había constituido durante la crisis del siglo III, si bien llevando hasta sus últimas consecuencias el cambio en la estructura de los estratos superiores e inferiores de la población que se había operado en aquella centuria. Los honestiores estaban integrados por grupos sociales realmente heterogéneos y muy escalonados en cuanto a su rango, y dicho escalonamiento iba unido a situaciones muy distintas entre las capas altas en lo referente a la propiedad de la tierra y al disfrute del poder: al estrato superior pertenecían, además de la casa imperial, el orden senatorial, en el que formalmente estaban incluidos también los funcionarios administrativos y los oficiales militares de mayor relieve, y que a su vez aparecía dividido en distintos grupos jerárquicos; además de él, estaban los otros grupos de rango de la oficialidad y del personal administrativo; la capa educada restante, junto con las más altas jerarquías eclesiásticas; y, finalmente, los órdenes locales formados por los curiales, quienes por causa de sus pesadas cargas y de su limitación de movimientos se vieron rebajados casi al nivel de los estratos inferiores. Los humiliores de las ciudades y de las comarcas rurales, en cambio, constituían una capa de población relativamente homogénea, cuyos grupos particulares, por sus obligaciones productivas y fiscales, por el constreñimiento laboral a que estaban sometidos, por su fuerte dependencia social, por su pobreza y por su nula reputación, presentaban una serie de rasgos comunes fundamentales. En vista de estos rasgos comunes, y al igual que en el siglo III, esta amplia capa acusaba ciertos caracteres innegables de «clase» social, contrariamente al caso de los estratos superiores, pero, como antaño, seguía faltándole el criterio decisivo en tal sentido, esto es, el de mantener una misma relación con los medios de producción: seguía incluyendo tanto a propietarios directos e indirectos de los medios de producción (artesanos con equipo propio, pequeños campesinos con tierras, colonos en parcelas arrendadas), como a grupos totalmente desposeídos (artesanos en las manufacturas estatales, trabajadores temporeros en la agricultura).

Así, pues, la sociedad romana del Alto Imperio, como en todas las épocas precedentes, se dividía en las dos categorías fundamentales de capas altas y capas bajas, sin que la organización estamental de las primeras fuese tan definitoria como anteriormente. No obstante, la evolución de los órdenes de los curiales, aún más que en el siglo III, apuntaba en la dirección de un nuevo modelo, en el que la nobleza se separaba cada vez más fuertemente de la capa alta de las ciudades. Las notas distintivas de un auténtico «estamento intermedio» no se encontraban realmente entre los curiales[212], pero las poderosas diferencias sociales que los separaban no sólo de los estratos inferiores, sino también de los terratenientes y de los representantes del poder estatal, eran expresión clara de cuan diferente era en su organización la sociedad tardorromana de la del Alto Imperio, con sus estamentos privilegiados a un lado y las masas de la población humilde al otro. Sintomáticamente, ya desde Constantino se impuso la idea de que la población no se dividía en dos, sino en tres grupos principales: una ley del año 326 diferenciaba entre los posesores de la potior dignitas, los decuriones y los plebei (Cod. Theod. 13, 5, 5). Amiano Marcelino hablaba de honorati, urbium primates y plebei (14,7,1), y en un edicto del año 409 se habla de los tres grupos de possessores, curiales y plebei (Cod. Theod. 9, 31, 1).

Estratos superiores

La historia de la élite romana dirigente durante la crisis del siglo III parecía haber abocado a una pérdida completa de la posición rectora del orden senatorial en beneficio del estamento ecuestre. Con todo, el resultado de esta evolución política no consistió en que el ordo senatorius fuese rebajado a la condición de segundo estamento o que se eclipsase por completo: muy al contrario, del cambio de estructura en el siglo III se llegó al resultado a largo plazo eje que los grupos rectores del orden ecuestre quedaron absorbidos en el estamento senatorial, mientras que el ordo equester cesó de existir como estamento. En lo tocante al prestigio del orden senatorial, que se basaba tanto en su ya larguísima tradición, como en la riqueza y el renombre de sus miembros, también en el Bajo Imperio se daba por supuesto que tras la persona del soberano era el ordo senatorius el que ocupaba el rango social más elevado: como siempre, tenía la consideración de pars melior humani generis (Symm., Ep. 1,52), y sus miembros seguían reputándose como nobilissimi humani generis (Symm., Or. 6,1). Por consiguiente, el máximo honor que se podía conceder a los oficiales y funcionarios ecuestres con más merecimientos no era, desde luego, el ascenderlos en sus correspondientes escalones de rango, al margen del primer estamento, como en tiempos de Galieno y sobre todo de Diocleciano, sino precisamente el hacerlos entrar en dicho orden. Esta política procedía de Constantino el Grande, quien entre el 312 y el 326 hizo entrar en el orden senatorial a los caballeros mejor situados y simultáneamente convirtió en senatoriales los cargos públicos ecuestres más elevados. Un conspicuo caballero conocido por nosotros, que tras una dilatada carrera ecuestre sería recibido en el rango consular entre los clarissimi, fue Cayo Celio Saturnino, un leal compañero del soberano (ILS 1214); muchísimas personas de todas las provincias, sin embargo, llegaban también por aquel entonces al estamento senatorial (Paneg. 10,35,2). Unicamente los caballeros pertenecientes a los grupos de rango de perfectissimi para abajo continuaron en adelante excluidos del orden senatorial, y este último escalón de rango, por su apertura a los funcionarios más bajos de la administración y al mismo tiempo por la inclusión en el estamento senatorial de muchos que hasta ahora habían sido perfectissimi, sufrió una cierta devaluación. Esta reforma significaba de hecho el fin del orden ecuestre, si bien éste no fue suprimido formalmente; su lugar fue ocupado en el imperio tardorromano en parte por nuevos grupos particulares del orden senatorial, en parte por funcionarios y oficiales de rango inferior. Pero estos últimos ya no constituían un estamento con entidad propia y, en caso de que a lo largo de su vida alcanzasen altos destinos en el servicio al estado, también a ellos se les recompensaba con el rango senatorial[213].

Pensar que Constantino hubiese buscado con esta política la restauración del poder del orden senatorial, de forma que su período de gobierno no habría significado la culminación del Dominado, sino su terminación, es algo difícilmente admisible[214]. Más bien, lo que aquél trató de llevar a efecto fue el hacer coincidentes el rango funcionarial más alto con el rango social más encumbrado. Tampoco consistieron los efectos de su reforma en un renacer de las posiciones de poder senatoriales. Si los senadores alcanzaron nuevas funciones de mando, ello acaeció, sobre todo, en los nuevos cargos al frente de los distintos departamentos de la administración, en los que única y exclusivamente ellos eran los llamados al servicio de la monarquía imperial. Significativamente, en cambio, no les fueron confiados empleo ni destino militar alguno: administración civil y mando militar estaban totalmente separados en el imperio tardorromano (Cod. Iust. 1, 29,1), y los cargos de la alta oficialidad, como los de duces (jefes de los ejércitos provinciales), comités (comandantes de las fuerzas armadas de movilidad suprarregional) y magistri militum (maestres del ejército), no entraban a formar parte de la carrera senatorial; generalmente, los ocupantes de estos puestos no procedían de la nobleza senatorial, sino que por lo común eran oficiales profesionales, a menudo de baja extracción. Los maestres del ejército estaban en posesión del rango senatorial y desde fines del siglo IV todos los demás comandantes militares fueron incluidos en clases de rango senatoriales, pero tal cosa no cambió en nada el hecho de que los pertenecientes a la nobleza senatorial permaneciesen excluidos de los comandos de armas; no eran ellos los que llegaban a situarse entre los viri militares, sino que, por el contrario, eran éstos los que alcanzaban formalmente el rango de senador.

Como consecuencia de la reforma de Constantino el orden senatorial creció considerablemente. Mientras que el número de senadores romanos en el siglo III —en consonancia con la cifra fijada en su día por Augusto— apenas iba más allá de los 600, esta cantidad se vio triplicada, cuando menos, en tiempos de Constantino. A esto se añadió además la constitución de un segundo senado en la recién creada capital imperial de Constantinopla, cuyo número de integrantes, según Temistio (Or. 34,13) ascendió de 300 a 2.000 en el curso de las tres primeras centurias de su existencia. Tendríamos, así pues que contar con unas 4.000 personas aproximadamente de rango senatorial (excluidas las mujeres) hacia mediados del siglo IV, y esta cifra apenas si se redujo en los decenios siguientes, ya que en sustitución de las familias que se iban extinguiendo llegaban los homines novi. «Hombres nuevos» fueron aceptados siempre en el orden rector también después de Constantino; la admisión tenía lugar bien en la juventud, con el ingreso en la carrera senatorial a partir, como mínimo, de la pretura, o bien en la edad madura, digamos que tras la realización de grandes servicios durante una carrera militar, en virtud del procedimiento de la adlectio en un escalón de rango elevado[215].

Todas estas alteraciones en la estructura de la capa dirigente romana no pudieron hacer que los distintos grupos de ésta llegasen a cristalizar en un estamento homogéneo. Sólo los privilegios y las obligaciones de sus miembros eran los puntos comunes a cada uno de los grupos de rango senatorial: estaban libres de las cargas e impuestos usuales entre fos grandes propietarios urbanos y en las causas penales no sólo quedaban eximidos de los castigos más duros, como el tormento, sino que eran juzgados por tribunales propios de su estamento; en materia financiera estaban obligados tan sólo a un impuesto anual sobre la propiedad fundiaria (collatio glebalis o follis), a desembolsos en común en ocasiones especiales (aurum oblaticium) y a la organización de juegos públicos. En consonancia con la estructura económica del imperio tardorromano se trataba normalmente de terratenientes y gozaban de gran prestigio en la sociedad. Pero sus grupos particulares se distinguían ya unos de otros en función de su riqueza y rango; a esto se añadían además otras diferencias por adscripción regional, origen y funciones, amén de la formación, tradición y, no menos, confesión religiosa.

La evolución económica en el imperio tardorromano, que acabó con muchos pequeños y medianos propietarios, favoreció el desarrollo de las grandes fincas senatoriales. Según Amiano Marcelino, para los senadores era una cuestión de prestigio el volumen de ingresos obtenido por sus fincas en las distintas provincias (14, 6, 10). Consistían sus rentas tanto en dinero como en productos agrarios, sobre todo, cereales y vino. La cuantía de estos ingresos variaba mucho de unos grupos senatoriales a otros. A comienzos del siglo V los senadores más acaudalados podían embolsarse anualmente 4.000 libras de oro, y los pertenecientes a la siguiente categoría de los ricos, de 1.500 a 2.000[216]. Los fundos de estos magnates se repartían muy frecuentemente entre regiones muy diversas del Imperium Romanum, lo que traía como consecuencia el que estas fortunas se viesen mucho menos afectadas por las incursiones bárbaras y las catástrofes naturales que las modestas explotaciones agrarias de los decuriones. Sexto Petronio Probo, un señalado representante de la renombrada familia de los Anicii (cónsul en el año 371), disponía, según Amiano Marcelino (27,11,1), de fincas en casi todo el territorio romano, descollando tanto por semejante riqueza como por la fama de su estirpe y de su poder; Quinto Aurelio Símaco, su contemporáneo más joven (cónsul en 391) y personalidad del mayor relieve entre los senadores paganos, poseía tres casas en Roma, una serie de villas en las proximidades de esta ciudad y en los puntos más bellos de Italia, así como tierras en el Samnio, Campania, Apulia, Sicilia y norte de África. Los Valerii pasaban por ser la familia senatorial más rica en el cambio del siglo IV al V, hasta que Valerio Piniano y su mujer Melania vendieron su patrimonio como cristianos convencidos a comienzos del siglo V: contaban con predios en el norte de Italia, Campania, Apulia Sicilia, Galia, Hispania, África, Numidia y Mauritania, con una renta anual, al parecer, de unas 120.000 libras de oro (más 120.000 solidi y monedas de oro), amén de una casa en el Celio, en Roma, que ningún senador estaba en condiciones de adquirir.

Otros senadores sólo podían exhibir fortunas considerablemente más pequeñas. El orador y poeta Decimio Magno Ausonio (cónsul en 379), un homo novus del senado tardorromano, heredó de su padre, un curial, sólo una parcela de tierra con 50 Has. de labrantío, 25 Has. de viñedos, 12,5 Has. de pastos y más del doble en bosque; los numerosos curiales que tanto en Occidente como en Oriente ascendían al orden senatorial, apenas eran más ricos[217]. Diferencias como éstas en el patrimonio indujeron incluso a Constantino a repartir a los senadores en tres categorías por la cuantía de sus contribuciones rústicas (tres, cuatro u ocho folles = «sacos de dinero»), y Teodosio I introdujo a petición del senado una cuarta categoría (con una obligación fiscal de siete solidi).

Había otras diferenciaciones entre los distintos grupos de senadores derivadas de su nivel de rango, que no respondían a la cuantía de sus fortunas, sino a la valoración que se hacía de cada uno de los servicios en la administración y a la posición de poder unida a ellos. La jerarquía tradicional de los cargos senatoriales perdió toda su vigencia con la desaparición de muchos puestos a mediados y en la segunda mitad del siglo III y, en especial, a partir de la creación de nuevos servicios en la administración pública bajo Diocleciano y Constantino. Ciertamente no faltaron intentos de rehacer el prestigio de algunos cargos tradicionales, y así, particularmente desde Constantino, al consulado ordinario le fue conferido un rango considerablemente más alto que antes en la carrera funcionarial; no obstante, dicho cargo se vio paralelamente devaluado por el hecho de que los generales bárbaros sin un cursus honorum senatorial fueron admitidos también en esta magistratura. Las posiciones de cabeza pasaron ahora a los titulares de unos cuantos cargos antiguos modificados y a los ocupantes de los nuevos puestos de la corte. Eran éstos los prefectos de la ciudad de Roma y Constantinopla, los prefectos del pretorio, los procónsules (de Acaya, Asia y África), el director de palacio (quaestor sacri palatli), el jefe de las cancillerías y del personal de seguridad (magister officii), el jefe de personal (primicerius notariorum) y los dos jefes de los despachos de las finanzas (comes sacrarum largitionum, comes rei privatae), además del maestre del ejército[218]. Las formas definitivas de la nueva jerarquía fueron fijadas mediante una ley de Valentiniano I en el año 372: el orden senatorial quedó dividido en los tres grupos de rango de los illustres, spectabiles y clarissimi, y las mencionadas posiciones de cabeza fueron repartidas entre los dos primeros grupos de rango. A pesar de que Teodosio I elevó el rango de determinados cargos y alteró así la composición de los grupos de rango tales categorías siguieron vigentes en adelante (lo que no excluía ulteriores diferencias de rango, como, pongamos por caso, entre los miembros del senado y los clarissimi «corrientes»); en el siglo V los lugares de honor en el Coliseo, por ejemplo, quedaban reservados según esta jerarquía para los senadores de la ciudad de Roma[219].

Todavía más heterogéneo resultaba el orden senatorial de época tardorromana como consecuencia de la extracción geográfica de su personal, al tiempo que la constitución de grupos regionales de senadores tuvo unos efectos considerablemente más importantes que en el Alto Imperio, momento en el que los intereses y los ideales políticos comunes se habían sobrepuesto a las diferencias entre cada uno de los grupos regionales. Primero se creó una marcada separación entre los senadores de Occidente y los de Oriente: los primeros pertenecían al senado de Roma, los segundos al de Constantinopla. Mientras que la cámara romana podía exhibir a muchas familias de renombre y abolengo, como, por ejemplo, los Anicii, Ceionii o Valerii, en el senado de Constantinopla predominaban, al menos en sus primeras generaciones, los advenedizos, a tal punto que esta corporación sólo fue considerada como un senatus secundi ordinis (Exc. Val. 1,30). Por otra parte, los senadores occidentales eran más nobleza terrateniente que los orientales, entre los cuales no pocos se habían elevado desde los medios artesanales de Constantinopla (Libanio, Or. 42,11 y 22 s.); asimismo, los primeros eran en líneas generales más conservadores que los segundos en cuanto al modo de ver las cosas, lo que se puso sobre todo de manifiesto en la vehemente oposición de amplios círculos senatoriales de Occidente al cristianismo. Pero también en la mitad occidental del imperio se constituyeron grupos regionales muy marcados, y en ello desempeñó no poca importancia el hecho de que muchos grandes propietarios senatoriales vivían siempre en su tierra natal y dentro de su estamento sólo mantenían contactos con sus vecinos; primordialmente como consecuencia de las invasiones bárbaras, que podían poner en serio peligro los dominios senatoriales en una región, se desarrollaron entre estos grupos intereses particulares muy claros, que no siempre coincidían con los de los otros círculos y sólo ocasionalmente con los del poder central. Los grupos regionales más poderosos en las provincias occidentales estaban integrados por los magnates de Hispania y en particular de la Galia, aunque también del norte de África, donde se encontraban extensos predios senatoriales. Pero también en la propia Roma se había consolidado un grupo senatorial realmente vigoroso. Sus componentes vivían bien allí o bien en sus villas itálicas, intervenían en la actividad senatorial y, por lo demás, eran personas políticamente comprometidas; sabedores con orgullo de que ellos conservaban las más antiguas y acrisoladas tradiciones de Roma, reivindicaban para sí una especial consideración y sostenían al mismo tiempo una lucha cerrada contra la iglesia, en la que veían un peligro para el mos maiorum y, consiguientemente, para los fundamentos del estado romano. El círculo que cuajó en torno a Quinto Aurelio Símaco, en la segunda mitad del siglo IV, personificaba este grupo a la perfección, y Símaco mismo, el «primer» senador de su tiempo (Socr. 5,14), hijo de un renombrado senador, titular de cargos públicos y a la vez hombre comprometido en calidad de pagano influyente, era un claro exponente de sus intereses e ideales[220].

Pero, como mejor se expresaban las diferencias sociales existentes dentro del primer estamento era en la forma de hacerse senador. A un lado se encontraban los descendientes de familias senatoriales y también aquellos «hombres nuevos» que podían acceder al estamento rector en su juventud, y al otro lado quedaban los funcionarios de la administración y en particular los generales de baja extracción, que sólo tras una larga carrera en el aparato funcionarial o en el ejército accedían al rango senatorial en edad avanzada. Los primeros habían heredado ya sus fortunas de sus antecesores en la mayor parte de los casos, aprendían con la mocedad a comportarse como personas distinguidas, disponían muy a menudo de una buena formación en las disciplinas tradicionales, como el derecho, la oratoria, la literatura, la historia, y ya desde los cargos más bajos, como la cuestura y pretura, se ejercitaban en las virtudes senatoriales; se constituían de este modo en una nobleza consciente de sus tradiciones y respetada en general. Símaco representaba de forma muy paradigmática este tipo de aristócrata tardorromano. Los funcionarios del estado y comandantes militares de origen humilde llegaban a asimilarse a esta nobleza con mucha más dificultad de lo que lo hicieran en el Alto Imperio los caballeros de mayor relieve acogidos en el orden senatorial. Esto venía fundamentalmente motivado por el hecho de que tales homines novi por regla general no ascendían ahora hasta el rango senatorial partiendo de un nivel social relativamente elevado, como la mayoría de los ecuestres en tiempos del Principado, sino de condiciones sociales a menudo extremadamente humildes. Sexto Aurelio Víctor, por ejemplo, el historiador, procedía de una sencilla familia de campesinos africanos y se abrió paso hasta la vita honestior, al final incluso hasta la prefectura de la ciudad de Roma, gracias a su educación (Caes. 20,5). En todo caso, para estos «hombres nuevos» al servicio de la burocracia imperial la actividad en los departamentos de la administración civil y la formación necesaria para ello suponían siempre un factor de acercamiento y vinculación a los miembros de la nobleza. En cambio, entre la nobleza y los generales tales vínculos se echaban en falta casi por completo. Los militares eran muy frecuentemente de origen bárbaro o mediobárbaros, como en el caso del maestre del ejército Flavio Estilicón, hijo de un oficial vándalo y una romana; sus carreras, como la de Estilicón, ab ineunte aetate per gradus clarissimae militiae ad columen regiae adfinitatis evectus (ILS 1278), se desenvolvían dentro del ejército, con el que la nobleza ya no tenía nada que ver. Consecuentemente, muchos oficiales de la más alta graduación no se ajustaban ni en lo más mínimo a los ideales educativos del orden senatorial; un Vetranio, el maestre del ejército en Ilírico proclamado emperador por sus tropas en el año 350, era analfabeto y pasaba incluso por prope ad stultitiam simplicissimus (Epit. de Caes. 41,25).

Muy diferentes eran también la visión de las cosas y los ideales de los distintos círculos senatoriales. Los frentes entre paganos y cristianos levantaron dentro del estamento barreras ideológicas adicionales; mientras que los primeros insistían en ejercitar todas las virtudes ad exemplum veterum (ILS 1243), los senadores cristianos exhibían en su comportamiento modos «no romanos», como Valerio Piniano, que repartió entre los pobres las inmensas sumas obtenidas con la renta de sus bienes. Cierto que bajo la presión del estado a comienzos del siglo V la mayoría de las familias senatoriales, al menos formalmente, se convirtieron al cristianismo, pero no por ello dejó de arreciar en estos círculos, siquiera en Roma, una violenta campaña de propaganda contra la iglesia[221]. Sólo más tardíamente sería capaz la aristocracia senatorial de llegar a una síntesis entre la tradición antigua y la concepción cristiana, como podemos ver encarnada en el caso de Boecio (muerto en 524).

Más acusada aún se hizo la desintegración de las capas sociales superiores en el imperio tardorromano por la circunstancia de que amplios grupos de ellas no sólo quedaban excluidos del orden senatorial, sino que además, debido a sus funciones, estilo de vida e ideales, encarnaban intereses en parte muy distintos a los de la nobleza tradicional dentro del primer estamento. Estos eran los amplios sectores de los officiales y de los mandos militares integrados en la clase de rango de los clarissimi, además de los intelectuales, y entre estos, sobre todo, los representantes de la jerarquía eclesiástica. La situación financiera generalmente desahogada gracias a la percepción de un sueldo fijo, los privilegios fiscales y penales, las favorables condiciones de ascensión social y, no en menor medida, la considerable influencia política, cualificaban a estos grupos como parte integrante de la alta sociedad. Cuan elevado era el prestigio de los príncipes de la iglesia en la corte imperial, nos lo muestra, por ejemplo, el ascendiente del obispo de Milán, Ambrosio, sobre Teodosio I. Pero precisamente, el diferente nivel intelectual y los diferentes ideales espirituales de los mencionados grupos evidenciaban con suficiente claridad que ellos no podían funcionar ya como aquel soporte unido de la monarquía imperial que habían sido durante el Principado los órdenes de senadores, caballeros y decuriones. Los oficiales eran muy a menudo bárbaros faltos de una educación a la romana; entre los officiales había tanto paganos instruidos, como cristianos; los representantes más conspicuos de la intelectualidad eran en parte paganos comprometidos y en parte cristianos fervientes, los últimos de los cuales se descomponían a su vez en distintos grupos, en tanto que partidarios de la ortodoxia o de tal o cual herejía, y pugnando siempre entre sí.

Así pues, a la monarquía imperial tardorromana faltábale ese estrato superior suficientemente homogéneo y con intereses uniformes en el que poder apoyarse. A tal estado de cosas contribuía muy especialmente la posición de los curiales en la sociedad tardoimperial. En muchos sentidos los curiales eran parte de las capas superiores privilegiadas. Todavía en el siglo IV, muy particularmente, no eran pocas las personas a quienes parecía un ascenso social apetecible la entrada en el orden de curiales de una comunidad. Los curiales eran propietarios de tierras y, si en determinadas circunstancias, como en el caso de un rescripto del año 342, bastaba la posesión de una superficie de 25 iugera (6,3 Has., aproximadamente treinta veces menos de lo poseído por Ausonio en Burdeos) para la cualificación de curial, lógicamente también había curiales ricos, que constituían la capa de los principales en las distintas ciudades; éstos eran, según Símaco, los optimates (Ep. 10,41) y, según Ausonio, los proceres (Mosell. 402) de la población urbana. También poseían los curiales privilegios penales, prestigio y hasta poder sobre sus paisanos: a juicio de Salviano, el curial era un tirano en su ciudad, que creía incluso tener honor y poder (De gub. Dei 5,18). En el álbum de la ciudad africana de Thamugadi, posiblemente del año 363, fueron incluidos 190 miembros del ordo local con sus antiguos títulos y según el orden de rango tradicional, y todavía un siglo más tarde se expresaba a los curiales todo el reconocimiento imperial: en la séptima novela del emperador Mayoriano se hacía notar que curiales nervos esse rei publicae ac viscera civitatum nullus ignorat. Aun así, los cargos públicos que habían revestido los individuos del ordo de Thamugadi no representaban otra cosa que munera pata la mayoría de los curiales, y la función alabada en ellos por Mayoriano no era otra que la de los servicios realizados en pro del estado[222].

Concretamente, a partir de la legislación de Constantino el Grande sobre los curiales, los integrantes de este estrato no fueron tratados ni gravados de modo muy distinto a los no libres. La heredabilidad obligatoria del status de curial no fue realmente prescrita por ley, pero de hecho se trataba de algo generalmente impuesto, toda vez que los hijos de las familias de curiales eran inscritos por lo común en las curiae en virtud de su situación económica. Para completar las curiae se recurrió a otras medidas coactivas; así, por una ley de una ciudad del año 317, en el estamento de los curiales habían de entrar también aquellas personas de más fortuna que se detenían allí como incolae sólo pasajeramente o que siendo forasteros poseían en sus cercanías bienes raíces (Cod. Theod. 12, 1, 5). La libertad de los curiales se vio enormemente recortada. Sólo con permiso del gobernador podían abandonar sus comunidades, incluso cuando por asuntos de la ciudad deseaban visitar al emperador; caso de que se ausentasen más de cinco años, les eran confiscadas sus propiedades; les fue asimismo prohibido el instalarse con carácter permanente en sus fincas rurales fuera de la ciudad; hasta para vender el propio fundo precisaban de una autorización del gobernador[223]. Con mucho, sin embargo, lo peor para ellos eran los servicios obligatorios a los que estaban sometidos. Los curiales eran responsables en sus respectivas ciudades del aprovisionamiento de cereal, del orden ciudadano y de las obras públicas, y al revestir las magistraturas habían de costear los juegos públicos; a más de esto, tenían que llevar las finanzas de sus comunidades y asumían toda la responsabilidad civil en caso de endeudamiento público; pero, sobre todo, a ellos tocaba la recaudación en sus ciudades del impuesto sobre las personas y la tierra, y ciertamente bajo la amenaza de severas penas en_caso de negligencia y la prescripción de responsabilidad personal por las recaudaciones. Como «tiranos» aparecían los curiales ante sus conciudadanos, en especial por causa de ese último cometido que les venía impuesto, y esa hábil maniobra de la política imperial, consistente en hacerlos recaudadores de impuestos en sus propias comunidades, contribuyó considerablemente a la exacerbación de los antagonismos sociales en el imperio tardorromano. Pero, al contraer estas obligaciones, que dadas las condiciones económicas de la época no siempre, desde luego, podían ser atendidas, los curiales se convertían ellos mismos también en víctimas del estado. En tales circunstancias era ilusorio hablar ya de autonomía administrativa de las ciudades; las funciones más importantes en la administración municipal estaban en manos del curator, en tanto que supervisor colocado por el gobierno de las finanzas urbanas. No tiene nada de extraño, pues, que el rango de curial fuese sentido por muchos de ellos no como un privilegio, sino realmente como un castigo. Significativamente^ en el año 375 el gobernador arriano de la diócesis del Ponto tomó contra los cristianos ortodoxos una medida punitiva que antes hubiera sido inconcebible: hacer entrar a sus enemigos en las listas de curiales de las ciudades[224].

Muchos curiales aprendieron la lección y se esforzaron de distintas maneras por escapar a estas cargas. La huida de los curiales de las ciudades fue objeto repetido de la legislación tardorromana; por ella sabemos que muchos individuos de los estratos urbanos superiores no sólo huían al ejército, donde mejor podían escurrir el bulto, pese a la prescripción de regreso a sus curias (Cod. Theod. 12, 1, 22), sino que también ideaban refinados métodos, como, por ejemplo, la obtención del valimiento de un latifundista poderoso tras mantener una relación con cualquiera de sus esclavas[225]. La prohibición en el año 319 de este subterfugio fue más tarde incorporada al Código de Teodosio (12,1,6) y al de Justiniano (5,5,3); pero tanto esta forma de huida, como las practicadas siguiendo otros métodos, no dejaron de repetirse en el futuro. En realidad, las reiteradas disposiciones no pudieron impedir la despoblación de las curias. El que incluso una ciudad tan grande como Cartago no contase con suficientes curiales, fue cosa ya denunciada en el año 339 (Cod. Theod. 12,1,27). En los años ochenta del siglo IV escribía Libanio que en su ciudad natal de Antioquía en Siria, donde había llegado a haber 600 curiales o tal vez el doble, ni siquiera 60 eran ya los disponibles (Or. 48, 4). Por los mismos años en las ciudades capadocias era tan fuerte la falta de curiales que en una ocasión hasta se inscribió entre ellos a un niño de cuatro años en calidad de heredero de una fortuna (Basilius, Ep. 84,2). En el año 429 se comprobó que en África cabía encontrar nullus paene curialis idoneus in ordine cuiusquam urbis (Cod. Theod. 12, 1, 186). Del año 445 procede un decreto, según el cual el ordo de una ciudad, cuando sólo declarase tres curiales, había de considerarse entonces autorizado para trabajar (Nov. Val. 13,10). Estos hechos mostraban claramente la decadencia del estamento de los curiales y, consiguientemente, también el funesto debilitamiento de la vida municipal en las regiones afectadas. Si bien es verdad que el despoblamiento de las curias no era atribuible exclusivamente a las cargas y obligaciones insoportables, y si la situación en las distintas partes del imperio podía ser muy variable, la tendencia general descrita resultaba imparable.

Estratos inferiores

Mientras que los honestiores del Bajo Imperio se desintegraban en numerosas capas de muy diferente posición social, los distintos estratos de población de los humiliores iban unificándose cada vez más. Su nivelación se ponía de manifiesto en el empobrecimiento general registrado en la ciudad y el campo, al igual que en la merma de libertad de las masas de población rurales y urbanas, la cual tenía su razón de ser en las ataduras económicas, sociales y políticas contraídas, y todas ellas muy relacionadas entre sí. La esclavitud había perdido ya antes toda su significación como institución económica y social. «Pero el resultado fue no que ésta diese paso al trabajo libre, sino que, al mismo tiempo que con ella, su concurrente, el trabajo libre, se vino también abajo. Las nuevas condiciones que se hubieron consolidado desde fines del siglo III, no volvieron ya a conocer trabajo libre alguno, solamente constreñimiento a trabajar en el caso de los órdenes convertidos en hereditarios, en el de la población campesina y de los colonos, al igual que entre los artesanos y las corporaciones— del mismo modo que entre los munícipes, hechos ahora los sujetos principales de las cargas fiscales»[226].

La esclavitud no se extinguió ni en las ciudades ni en el campo durante el Bajo Imperio. En Cartago, según San Agustín, en casi todas las familias había esclavos, y en Cirene, al decir de Sinesio, incluso en todas las casas; en la Antioquía de los tiempos de Libanio un propietario de dos o tres esclavos no se contaba entre la gente rica. En las tierras sicilianas de los Valerii senatoriales todavía estaban ocupados 400 serví agricultores a finales del siglo IV y comienzos del V, y por esa misma época trabajaban servuli en las grandes explotaciones agrícolas de Hispania[227]. Fuentes de aprovisionamiento al margen de la proliferación natural de las familias de esclavos tampoco faltaban. La exposición de niños está atestiguada también en el Bajo Imperio como fuente de reposición de esta mano de obra, y era frecuente que las personas endeudadas vendiesen a sus hijos pequeños como esclavos; se podía también comprar esclavos de los bárbaros y ocasionalmente los prisioneros de guerra de estas nacionalidades eran esclavizados, incluso en grandes cantidades, como en el año 406 las de los germanos que irrumpieron en Italia bajo el mando de Radagaiso. En la doctrina jurídica los esclavos seguían siendo considerados como una categoría aparte y todavía en las Instituciones de Justiniano (527-565) prevalecía el criterio de la libertad individual o de su carencia como la nota distintiva más importante desde el punto de vista de los derechos de la persona[228].

Ello no obstante, la diferenciación entre libertad y no libertad en el sentido tradicional tenía ahora poca importancia en el marco de las relaciones sociales. La nivelación se reflejó claramente hasta en el desarrollo jurídico. Por un lado, en el siglo IV la situación jurídica de los esclavos conoció una mejora merced a distintas leyes, siendo en muchos sentidos equiparados éstos a los libres. Así, se defendió al esclavo cristiano contra el amo judío; la castración de los esclavos fue perseguida; incluso los castigos corporales quedaron tolerados sólo como último remedio disciplinario[229]. Un tono particularmente humanitario late en la ley constantiniana del año 325, prohibiendo la separación por venta de los miembros de una familia esclava entre diferentes propietarios (Cod. Theod. 2,25,1). Pero, por otro lado, las masas de población «libres» se vieron en gran medida reducidas al nivel de los esclavos debido a hechos tales como la prohibición de elegir lugar de residencia y profesión, o como la imposición de prestaciones de trabajo y de contribuciones al fisco. Fue particularmente en el tratamiento de los colonos donde hasta la propia teoría jurídica poco a poco dejó de hacer diferenciación entre «libres» y «no libres» [230]. Por su atadura a la gleba (adscriptio glebae) los colonos se consideraban ya a finales del siglo IV como «esclavos de la gleba»: et licet condicione videantur ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimentur (Cod. Iust. 11,52,1,1). Pero también las obligaciones tributarias frente a los terratenientes representaban para ellos una atadura personal muy fuerte, hasta tal punto que incluso en la teoría jurídica aparecían casi como esclavos de los señores de la tierra; por eso, en ocasiones la legislación imperial hablaba incluso de los colonos como «posesión» (Cod. Theod. 4, 23,1). Los derechos de propiedad les fueron arrebatados lo mismo que a los esclavos, quienes sólo con el beneplácito del dueño podían disponer de un peculium propio: los colonos tenían el derecho de adquirir bienes, pero no el de enajenarlos, y aquello que adquirían, jurídicamente hablando, no les pertenecía a ellos, sino a los señores de la tierra (Cod. Iust. 11, 50, 2, 3). De ahí que Justiniano pudiese afirmar con razón que entre servi y adscripticii (colonos adscritos a la gleba) no había en realidad diferencia alguna: ambos estaban sometidos a lapotestas de un señor, y mientras que el esclavo podía obtener la libertad con sus medios de fortuna, el colono era enajenado junto con el trozo de tierra en el que trabajaba (ibid. 11, 48, 21, 1). Las condiciones en que se desenvolvía la vida diaria de los esclavos y de los «libres» apenas ofrecían diferencias, y ciertamente no sólo en las fincas agrícolas, sino también en las ciudades; según Libanio, los artesanos nominalmente libres, si no querían morir de hambre, habían de trabajar más duro que los esclavos (Or. 20,37). A esto se añadía el desprecio que todos los humiliores por igual, nominalmente libres o no libres, habían de padecer por parte de los poderosos: los edictos imperiales, elocuentemente, empleaban la palabrafaex («hez») tanto para el pueblo bajo en general como para los esclavos[231].

Evidentemente, también había diferencias sociales dentro de la amplia capa de los humiliores, en principio, entre la población de las ciudades y del campo, pero también entre los grupos particulares en la ciudad o en el campo, impuestas por la profesión, las relaciones de propiedad y las formas de dependencia frente a los honestiores. Entre la plebs urbana y campesina no sólo se daba una diferenciación en cuanto a lugar de residencia y a profesión, sino también en lo tocante a la posición social. La plebs rusticana fue definida bajo Diocleciano como aquel grupo de población que vive fuera del lugar central amurallado, que satisface la correspondiente tributación en productos agrarios (annona) y que está obligado al pago de un impuesto sobre la persona (capitatio) (Cod. Iust. 11, 55, 1). A la plebs urbana, en cambio, Diocleciano concedió la exención del impuesto personal, privilegio que Constantino confirmó en el año 313 (Cod. Theod. 13,10,2); las obligaciones de este estrato consistían en impuestos aparte, como la collatio lustralis, un impuesto sobre el patrimonio que los comerciantes habían de pagar cada cinco años en oro, y, sobre todo, las prestaciones en trabajo. A esto se sumaba todavía una ulterior diferenciación social: las masas de población rural tenían al mismo tiempo que cubrir la mayor parte de las cargas fiscales necesarias para el sostenimiento del aparato estatal y cumplir con las obligaciones a ellos impuestas por los señores de la tierra; los hombres de la manufactura y del comercio en los centros urbanos, por el contrario, teóricamente sólo debían satisfacer un requerimiento impuesto por el estado. Así, pues, frente a las masas rurales, los habitantes de las ciudades gozaban de muchas ventajas, y al menos en determinados casos, a éstas podía sacársele el debido partido; en Antioquía, por ejemplo, el siglo IV conoció personas del mundo del comercio y la artesanía bien situadas económicamente, que fundamentalmente lo que hicieron fue aprovecharse de la capacidad adquisitiva del importante funcionariado estatal allí residente. Pero, es improbable que en el imperio tardorromano hubiese mediado entre la plebs urbana y la plebs rustica un foso de separación tan marcado como en el Alto Imperio: las cargas de la población ciudadana eran ya suficientemente pesadas, la pobreza y la miseria adquirían grandes proporciones en muchas ciudades, y el control directo del estado resultaba a menudo mucho más terrible que la opresión del señor de la tierra; estaba además el hecho de que el trabajador de una finca podía siempre encontrar, precisamente en el señor de la tierra, una cierta protección contra los abusos del más grande explotador, el estado, al paso que un comerciante o un artesano de la ciudad estaba casi inerme frente a, pongamos por caso, cualquier funcionario corrupto de la administración. Es algo de sobra conocido, por lo demás, a qué grado de corrupción podían llegar los funcionarios del estado, incluso los de más alto rango, en las condiciones creadas por la estructura de dominio tardorromana (v. gr., Amm. Marc. 28, 6, 7 s.) [232].

La plebs urbana englobaba a los comerciantes, artesanos, al personal inferior de la administración local, al servicio doméstico de la capa alta en las ciudades y a los trabajadores ocasionales más pobres. Consiguientemente, y particularmente en las ciudades mayores, estaba compuesta no sólo por los nominalmente «libres», sino también por los esclavos y, en menor medida, por los libertos; los esclavos constituían allí el personal de la casa de los ciudadanos más ricos y fueron aprovechados también para las necesidades de la administración local, sin que faltasen tampoco en el estrato de los artesanos. En las grandes ciudades del Imperium Romanum, sobre todo, y también en muchas otras ciudades de su mitad oriental, las capas comerciantes y artesanales alcanzaban unas proporciones más considerables aun, especialmente en el siglo IV. Libanio atestigua para Antioquía la existencia de panaderos, verduleros, plateros, orives, posaderos, barberos, picapedreros, perfumeros, metalúrgicos, zapateros, tejedores, tenderos, comerciantes del textil; sólo en Roma, según la Notitia urbis Romae, había 254 pequeñas panaderías. En Constantinopla, por lo que cuenta San Juan Crisóstomo, uno se encontraba a cada paso con zapateros, tejedores y bataneros, y, a juzgar por las palabras de Temistio, esta misma ciudad estaba llena de hospederos, maestros de obra y otros artesanos[233]. Muchas personas ligadas a la manufactura estaban ocupadas en pequeñas empresas de su propiedad, aunque no faltaban, desde luego, establecimientos privados de más envergadura, con mano de obra servil o libre. Las «grandes empresas», sin embargo, eran las manufacturas estatales (fabricae), que nacieron en el imperio tardorromano con el objetivo de eliminar o, cuando menos, paliar los problemas de suministro padecidos por el estado, y particularmente por el ejército, a base de una producción artesanal ajustada a tal demanda. Según la Notitia Dignitatum, en Occidente había 20 y en Oriente 15 de estas «fábricas»; la mayoría de ellas estaban para producir un determinado tipo de artículos, como lo era la fabricación de escudos en Lauriacum, Carnuntum y Aquincum, de arcos en Ticinum, de flechas en Concordia, de uniformes en Tréveris y en otros lugares; en estas empresas trabajaban operarios de nacimiento libre y también esclavos, y entre estos últimos había asimismo individuos condenados a prisión[234].

En las ciudades más grandes, por tanto, la plebe se dividía en diferentes estratos, cuya jerarquía social iba desde los comerciantes, los mejor vistos de entre todos y también relativamente acomodados, hasta los esclavos por condena de las manufacturas estatales. Con todo, eran perfectamente visibles los factores que provocaban una amplia nivelación de los estratos urbanos inferiores. Todas las gentes del comercio y el artesanado trabajaban bajo un férreo control por parte del estado. A dicho control servía, como ya antes, el agrupamiento de los artesanos y comerciantes en corporaciones, cuyos miembros se convertían así en fácil blanco de las miradas y la supervisión de las autoridades. Los mercaderes milaneses estaban asociados en un organismo de este tipo (corpus mercatorum Mediolanensium); en Roma los diversos grupos profesionales, por ejemplo, los panaderos (pistores), constituían organizaciones parecidas. La plantilla de trabajadores de cada una de las fábricas estatales formó desde un principio grupos cerrados y organizados a semejanza de los colegios, que fueron administrados con especial rigidez; las penas y castigos habituales en ellos eran los mismos que en la milicia. Aún más fuerte era la dependencia de los mercaderes y menestrales por el hecho de que, al menos en Occidente, no estaban autorizados para elegir libremente su profesión. A los armadores, por ejemplo, se les prohibió expresamente el cambiar de profesión (sint perpetuo navicularii), y la heredabilidad de la profesión se hizo imperativa. La heredabilidad obligatoria se dio asimismo en los oficios; entre los panaderos esta práctica llegó tan lejos que también el yerno de un tahonero había de asumir las cargas de esta ocupación y ejercerlas con las mismas obligaciones que habría tenido en caso de nacer en una familia de panaderos[235]. Y cuanto más difíciles se ponían las cosas para el estado en lo tocante a la producción artesanal, tanto mayor era la presión ejercida sobre los menestrales a través de las corporaciones obligatorias: tras la muerte de Teodosio I y en la parte occidental del imperio, a éstos les quedó terminantemente prohibido revestir cargos municipales, emigrar al campo, alistarse en la milicia o abrazar el estado eclesiástico.

También la situación económica de la plebs urbana era en líneas generales realmente desfavorable; dadas la explotación sin miramientos de los comerciantes y la opresión sufrida por el artesanado, eran ya pocos los que entre éstos conservaban una posición más desahogada —caso principalmente de las ciudades orientales— y también a ellos les amenazaba siempre el peligro de que perdiesen su patrimonio al serles impuesto el ingreso inmediato en el orden de los curiales. Incluso en una gran ciudad tan rica a escala tardorromana como Antioquía, los comerciantes en el siglo IV, según Libanio, sólo «con lágrimas en los ojos» podían pagar su impuesto quinquenal; cuando no estaban en condiciones de hacerlo, únicamente les quedaba como recurso vender a sus niños como esclavos, para poder así cumplir con su deuda fiscal. La mayoría de los artesanos de Antioquía era gente pobre; sus condiciones de vida, a menudo en viviendas misérrimas, eran lamentables; muchos de ellos vivían en tal indigencia que ya el mero hecho de poner una nueva mano de pintura en su taller los dejaba arruinados[236]. En muchas otras ciudades la situación de las capas inferiores de la población debió de haber sido todavía peor. En las ciudades grandes se veían por doquier masas de mendigos enfermos, que eran atendidos y alimentados en las iglesias. Sobre la pobreza reinante en las ciudades africanas contamos con una historia muy elocuente que nos narra San Agustín: un antiguo sastre de Hipona, que había perdido su abrigo, no disponía absolutamente de ningún dinero para comprarse uno nuevo; como por milagro encontró de repente un pez, que pudo vender, si bien el precio de venta no le llegaba aun para el abrigo, sino solamente para alguna lana, con la que su mujer le pudo confeccionar una pieza de ropa para ir tirando. Según Amiano Marcelino, en Roma había muchas personas tan pobres que ni bajo un techo propio podían pasar la noche, sino en tabernas y edificios públicos. La indigencia estaba en consonancia con la bajísima consideración social de que gozaban en general los estratos urbanos inferiores: la plebe de la ciudad de Roma, según Amiano, sólo se interesaba por los juegos de dados y las carreras, a tal punto que con ella no podía contarse ya para hacer nada serio[237].

La plebs rustica, como la plebe urbana, comprendía numerosos grupos de población, cuya situación real, sin embargo, era en líneas generales mala, y sus diferencias sociales ya no tenían la intensidad que en el siglo I d. C., por ejemplo, separaba al campesino independiente del esclavo de un fundo que trabajaba encadenado. La gran masa de la población campesina se componía de trabajadores agrícolas. Pero había asimismo numerosos artesanos, sobre todo en las grandes fincas, a cuyos propietarios Paladio aconsejaba dejar los trabajos de taller en manos de operarios especializados; en los distritos mineros estaban empleados arrendatarios nominalmente libres, al igual que esclavos por condenas[238]. También el personal trabajador agrícola constaba de varios estratos sociales. En los grandes fundos los colonos atados a la gleba representaban la masa de fuerza de trabajo fundamental. Empero, en los latifundios había también inquilini, trabajadores agrícolas allí asentados, pero que hasta Valentiniano I conservaban todavía el derecho de irse del fundo. No faltaban tampoco los jornaleros, que cerraban un contrato con el señor de la tierra y percibían un salario convenido (merces placita) (Cod. Iust. 11,48, 8 1); un grupo especial entre ellos estaba constituido por los trabajadores temporeros, caso de los numerosos trabajadores itinerantes (circumcelliones) del norte de África, que de un verano a otro encontraban ocupación con la recolección en las grandes fincas numídicas. Incluso la capa de campesinos independientes con una pequeña propiedad no había desaparecido en absoluto durante el Bajo Imperio; en Siria, v. gr., según Libanio no sólo había aldeas con un único señor, esto es, con un terrateniente, sino también otras en las que quedaban numerosos pequeños propietarios de tierras. Un estrato especial de la población rural estaba formado por los prisioneros de guerra bárbaros, que eran distribuidos entre diversos señores de fundos y que como quadam servitute dediti (Cod. Iust. 11, 50, 2), aunque ciertamente no del todo en la situación jurídica de los esclavos, debían alcanzar determinados rendimientos productivos (tributarii). Finalmente, al menos en algunas partes de la cuenca occidental del Mediterráneo, como en Sicilia e Hispania, perduraban esclavos en las fincas de los latifundistas, fenómeno inverso al de numerosas provincias, como Siria o Capadocia, por ejemplo, en que, pese a las favorables condiciones para su aprovisionamiento, esta fuerza de trabajo se echaba totalmente en falta. Se deduce de estos hechos que la multiplicidad de capas trabajadoras agrícolas se veía además complicada por las diferencias regionales. Esto es válido incluso para el sistema del colonato, que no estaba extendido por igual en todas partes: en algunas regiones periféricas del imperio, que conocieron una tardía implantación de la economía latifundista, el sistema de colonato no fue institucionalizado antes de la segunda mitad del siglo IV, a saber, en el año 371 en el Ilírico y en el 386 en Palestina[239].

Ello no obstante, los colonos representaban en la estructura agraria la capa de población campesina más representativa y al mismo tiempo la más homogénea. Los derechos de los colonos consistían, por contraposición a los del esclavo, en la facultad personal de poseer bienes raíces y en la capacidad legal de contraer matrimonio, amén de la posibilidad, al menos como privilegio jurídico original, de alistarse en el ejército; pero, dadas sus obligaciones y su limitación de movimientos, en la práctica vivía a menudo en una situación de dependencia mayor que la del esclavo. Una vez que la vinculación de los colonos a la tierra por ellos arrendada y cultivada se hubo convertido en práctica cada vez más usual ya desde el siglo III, Diocleciano acabó por institucionalizar en el marco de su reorganización del sistema fiscal la fijación de los colonos a la gleba. Significativamente, esta forma de dependencia, pronto reconocida como la fundamental, no dejó ya de ser desarrollada y ampliada por medio de nuevas leyes, lo que era tanto más necesario cuanto que las resistencias de la población campesina a este sistema, particularmente en forma de huida de los fundos, ponían siempre en peligro su capacidad de funcionamiento: según Lactancio, la reforma de Diocleciano, con la enormitas de su presión fiscal sobre los colonos, había ocasionado la despoblación y ruina de los campos de labor[240]. Constantino ordenó en el año 332 que quien hubiese dado cobijo a un colono fugitivo había de devolverlo al antiguo dueño del fundo y además satisfacer los tributos pendientes de pago, añadiendo que todo colono sospechoso de emprender la huida sería en lo sucesivo encadenado como un esclavo (Cod. Theod. 5, 17, 1). En el año 357 fue establecido que el propietario no podría llevarse los colonos de una finca si la vendía, sino que aquéllos serían transferidos al comprador junto con el fundo (ibid. 13,10,3). Una serie de leyes posteriores limitó más aún la libertad de movimientos de los colonos; el ingreso en el ejército o en la clerecía les quedó expresamente prohibido. Según una ley del año 419, el colono fugitivo, incluso después de treinta años, había de devolverse al predio donde había nacido, con independencia de si vivía o no todavía el primitivo señor del fundo (ibid. 5, 18,1). Se estaba dando así por supuesto que la heredabilidad obligatoria de la profesión prevalecía lo mismo para el miembro de una familia de colonos, como colonus originarius, que para los comerciantes y artesanos de las ciudades; en virtud de una ley del año 380, al colono le fue hasta interdicta la posibilidad de contraer matrimonio fuera de su estado (ibid. 10, 20, 10).

Algunos grupos menos dependientes entre la población campesina del imperio tardorromano ocasionalmente disfrutaban de una mejor situación económica que la de la masa de los colonos. Empero, la evolución social interna de laplebs rustica tendió, como en el caso de las capas bajas de las ciudades, a una nivelación general. Ante todo, tuvo gran importancia que la forma de dependencia de los coloni adscripticii se generalizase cada vez con más fuerza, mientras que los estatutos jurídicos poseídos por los otros sectores rurales perdían vigor en la mayoría de los casos; la implantación de forma institucional del sistema de colonato en el Ilírico y Palestina en fechas tardías del siglo IV pondría claramente de manifiesto esta tendencia. Por otra parte, es digna de atención la creciente uniformización que iba adquiriendo el sistema de dependencia social también entre los diferentes estratos de la población rural trabajadora. Este desarrollo no sólo es reconocible en el acercamiento entre esclavos y colonos por la concesión a los primeros de varios derechos y por la creciente falta de libertad de los segundos. Los inquilini, que al principio se diferenciaban considerablemente de los adscripticii en virtud de su derecho a

cambiar de domicilio, a partir de Valentiniano vieron como cada vez les eran puestas más trabas a esa libertad de movimientos, hasta perderla totalmente poco después: por una ley del año 419, cual si fuesen normales colonos, habían de ser reintegrados a su antiguo fundo en caso de huida, incluso después de transcurridos treinta años. Todavía más importante fue el hecho de que las condiciones reales de vida de los distintos grupos de laplebs rustica eran muy semejantes, es decir, igual de malas para todos ellos. La presión fiscal constituía la carga más pesada para la población campesina, y sus integrantes quedaban abandonados a las vejaciones de una exacción tributaria que no tomaba en consideración si se trataba de pequeños propietarios o de simples arrendatarios. Consecuentemente, la pobreza en el campo era un fenómeno tan corriente como en las ciudades, y a ello se añadían las condiciones laborales especialmente duras, padecidas en general por los trabajadores agrícolas; en este sentido, resulta revelador el que Constantino en el año 321 declarase el domingo día de descanso para los jueces, artesanos y todas las urbanae plebes, prescribiendo, en cambio, que los habitantes de las regiones rurales «se entregasen al trabajo agrícola libremente y sin restricciones» también los domingos (Cod. Iust. 312,2).

La sociedad tardorromana y la desintegración del Imperium Romanum

La pobreza, la falta de libertad y la opresión habían sido en todas las épocas de la historia de Roma condiciones de vida normales para extensas capas sociales. Pero en el imperio tardorromano los padecimientos de la población se hicieron en muchos sentidos peores que nunca, y, sobre todo, fueron círculos más amplios que antes los que se vieron golpeados por la necesidad y la desgracia. En las ciudades numerosos integrantes del estrato superior, antaño incluido entre los beneficiarios del sistema de dominación romano, vieron descender sus posiciones a partir del siglo III casi al nivel de las capas inferiores, tanto económica, como social y políticamente, así que aquí sólo subsistió una capa muy reducida de población no perjudicada en sus cotas de bienestar. No es de extrañar, pues, que en el Bajo Imperio las tensiones sociales fuesen grandes y que muchos de los contemporáneos formulasen con toda claridad las contradicciones existentes entre ricos y pobres. San Ambrosio se preguntaba indignado: «¿Quién de entre los poderosos no se esfuerza por despojar al pobre de sus escasos bienes, por expulsar al necesitado de la parcela de tierra que ha heredado?… Diariamente son muertos los pobres» (De Nab. 1). En el siglo V Salviano pergeñaba un sombrío cuadro de las injusticias sociales que se estaban dando dentro de un imperio romano ya languideciente: «En un tiempo en que el estado romano está ya muerto o seguramente en sus últimos estertores, y en que allí donde todavía parece con vida se consume estrangulando por las cadenas de los tributos, y en un tiempo como éste son tantos los ricos cuyos impuestos han de pagar los pobres, es decir, son tantos los ricos cuyos impuestos acaban con la vida de los pobres…» (De gub. Dei 4,30).

Lo llena de tensiones que estaba la sociedad tardorromana nos lo muestran las agitaciones sociales permanentes que siempre estallaban de nuevo, tanto en la ciudad como en el campo, y ciertamente por razones muy diferentes. Tras la experiencia del siglo III, no constituía ninguna novedad el hecho, muy frecuente, de que los trabajadores agrícolas, bien fuesen campesinos jurídicamente independientes, bien colonos o esclavos, terminasen por escapar de las cargas fiscales y de los malos tratos, que se agrupasen en bandas de salteadores y forzasen al estado romano a tomar medidas militares contra ellos. El movimiento de los Bagaudae, cuyos integrantes aparecen en las fuentes con los nombres de rusticani, agrestes, rustici, agricolae, oratores, pastores, latrones, tenía viejos precedentes; en la Galia y también en Hispania no cesó de reavivarse con regularidad hasta bien entrado el siglo V. Pero los propios movimientos de resistencia campesina podían aparecer en conexión con motivos antes desconocidos e inoperantes, y que ahora, sin embargo, contribuían a su desarrollo. Donde más claramente se observa esto es en el movimiento de los agonísticos, que sacudió violentamente al norte de África, y sobre todo a Numidia, durante el siglo IV y comienzos del siguiente, y que junto con las revueltas de la Galia e Hispania representó el movimiento de resistencia agraria más desarrollado en todo el imperio tardorromano. Sus animadores eran principalmente los circumcelliones, los trabajadores estacionales de los latifundios numídicos, que, por un lado, vivían sin ingresos fijos y por ello bajo unas condiciones sociales especialmente malas, y que, por otro, sin embargo, no eran tan dependientes personalmente de los terratenientes como los esclavos o los colonos; a ellos, no obstante, se unieron también colonos y esclavos fugitivos. En vida este movimiento no fue sentido en realidad como un fenómeno de tipo social, sino fundamentalmente como una corriente religiosa, ya que tuvo su origen en el cisma donatista de la Iglesia; además, tampoco se dirigió únicamente contra los ricos, sino también, y con gran virulencia, contra la iglesia católica, cuyos episcopi et clerici, según San Agustín, fueron tratados con especial encono por los circumceliones[241].

En las ciudades los factores desencadenantes de la agitación social fueron muy diversos y a menudo de poca monta. En Roma siempre estallaban de nuevo revueltas de hambre, puesto que aquí era frecuente la falta de cereal y vino a causa de las malas cosechas, las dificultades de transporte, los conflictos políticos y, no menos, la corrupción existente. Pero era algo atípico el que el motivo concreto incluso de una revuelta como la del año 356 pudiese radicar sencillamente en la detención de un popular auriga (Amm. Marc. 15, 7, 2), desatando así los sentimientos de odio reprimidos. Por otro lado, el prendimiento de un auriga en Tesalónica provocó en el año 390 un tumulto contra el maestre germánico del ejército Buterico, que para el pueblo personificaba el odioso aparato militar extranjero. En Roma bastó simplemente una elección papal en el año 366 para originar una pelea que costó 100 muertos (Amm. Marc. 27, 3, 11 s.). Algunos años más tarde, en Cesárea de Capadocia, prendió una revuelta ante el propósito del emperador Valente (364-378) de destituir al no grato para él obispo Basilio. En el año 387 tuvo lugar un gran alboroto en Antioquía, una vez que aquí se hubo dado a conocer la subida de los impuestos. Esta multiplicidad de motivos que se observa en una tras otra de las agitaciones no puede hacernos olvidar el hecho de que a la base de todas ellas estaban unas mismas causas: las tensiones sociales de las ciudades, debidas a la pobreza de amplias masas de la población y a su brutal opresión por el estado[242].

Sin embargo, todos estos movimientos de resistencia, revueltas y alborotos no condujeron a una revolución social de los estratos inferiores. Ni la desintegración del sistema de dominación romano ni el paso del orden social «antiguo» al «medieval» fueron producidos por una revolución. La forma de dependencia social más impuesta dentro de las fronteras del Imperium Romanum, tanto antes como después de la caída de Occidente, fue la sujeción de las masas de colonos a los grandes propietarios de tierras, y del siglo IV al siglo VI la estructura del estrato de los grandes propietarios conoció tan pocas modificaciones como la de las masas campesinas. Las revueltas y disturbios en las distintas regiones rurales y ciudades, del mismo modo que había acaecido en épocas anteriores de la historia romana con gran parte de los movimientos de resistencia de semejante naturaleza, se produjeron de forma aislada, tanto en el espacio como muchas veces también en el tiempo; lo que se dice un movimiento revolucionario unitario no pudo desarrollarse. Y tal cosa resultaba imposible, porque el horizonte mental de las capas sociales sometidas —como en la historia precedente del estado romano— llegaba como mucho a vislumbrar el levantamiento contra la violencia y la opresión; pero nunca, desde luego, a desarrollar una teoría revolucionaria en pro del cambio de la sociedad. Sintomáticamente, el objetivo de los colonos y los esclavos fugitivos no era normalmente el reunirse en bandas contra los terratenientes; como se desprende de las fuentes, en la mayoría de los casos sólo huían de una finca a otra, de cuyo nuevo señor esperaban un mejor tratamiento. También los animadores de los movimientos de resistencia más abierta, y entre ellos el de los circumceliones, quienes se organizaban incluso paramilitarmente, no estaban en condiciones de desarrollar una ideología revolucionaria[243].

Pese a la nivelación de los estratos sociales inferiores y pese a los conflictos entre pobres y ricos, el imperio tardorromano no vio cuajar una clase social homogénea y revolucionaria, al igual que tampoco los períodos precedentes de la historia de Roma: los intereses de cada uno de los grupos sociales sometidos podían variar, como antes, en función de la posición y del grado de dependencia de éstos, y tales diferencias eran susceptibles de ponerse claramente de manifiesto incluso en el curso de una misma revuelta. El mejor ejemplo, en este sentido, nos lo ofrece el levantamiento del año 387 en Antioquía: la agitación partió de los ciudadanos más distinguidos y de los curiales de la ciudad, a quienes había comprometido en primer lugar la elevación de los impuestos; pronto, además, se incorporó a la protesta la plebe urbana, azuzada por un coro de agitadores, si bien teniendo unos objetivos que ya no eran compartidos por la mayoría de los integrantes de la capa urbana superior. Al mismo tiempo, en este levantamiento se evidenciaba que lo que allí se dirimía no era simplemente un conflicto social entre capas altas y bajas: las iras de los insurrectos se dirigían, curiosamente, contra el estado, y nada mejor para demostrarlo que la destrucción de las estatuas de los emperadores, como acaecería también en una revuelta del año 382 en la ciudad capadocia de Nacianzo. Pero el estado romano era lo suficientemente fuerte como para reprimir revueltas de esa naturaleza. En Antioquía los militares fueron capaces de restablecer rápidamente la calma; sobre el terror con el que la monarquía imperial procedía a menudo contra los levantamientos puede ilustrarnos el dato de que en el año 390 Teodosio I mandó pasar a cuchillo en Tesalónica a 3.000 personas como castigo por el asesinato de Buterico. Todavía en los años treinta del siglo V la monarquía imperial del Occidente romano se encontraba en condiciones de intervenir militarmente en Nórico contra las sublevaciones[244]. Por consiguiente, los levantamientos y agitaciones de esta época sólo pudieron jugar un papel muy limitado en la disolución del sistema de dominación romano. En algunos casos contribuyeron ciertamente al debilitamiento del imperio, como, por ejemplo, en el año 417, en que la civitas Vasatica, una pequeña ciudad de la Galia, se puso en manos de los bárbaros por obra de una factio servilis[245]. Pero, si el imperio romano de Occidente no resistió ya en el siglo V a la presión de los pueblos bárbaros, ello no fue consecuencia de una revolución, sino, ante todo, de la alienación del estado de la sociedad. Como ya puso de manifiesto el levantamiento en Antioquía, el enemigo principal de los descontentos no era el estrato de los grandes propietarios de tierras, sino el aparato del estado, aunque el rechazo del despotismo imperial era un objetivo que, en último término, también iba en contra de los intereses de los latifundistas. Por lo tanto, la decadencia del imperio romano de Occidente fue un proceso cuya dimensión histórico-social no hay que buscarla en el alzamiento de los estratos inferiores contra un sistema de poder sostenido por sus capas altas, sino en el hecho de que el orden estatal romano acabó por descansar en un estrato muy reducido de su propio aparato de poder y al mismo tiempo se convirtió en una carga para casi toda la sociedad.

Tuvo también su importancia el que la movilidad social, que tanto había contribuido durante el Alto Imperio a la consolidación del sistema de dominación romano en un imperio universal, se demostrase en época tardorromana, tras las señales apuntadas ya en este sentido durante la crisis del siglo III, más bien como una fuerza destructiva, al menos en Occidente. Aquí el régimen imperial alentaba un orden social estatalizado, a base de un estrecho dirigismo profesional y de la imposición de la heredabilidad obligatoria de los oficios en el caso de los comerciantes, artesanos, colonos y, de hecho también, en el de los curiales; también dentro del aparato de poder se exigía la misma heredabilidad de las posiciones sociales, al tiempo que se posibilitaba a los officiales que fuesen sucedidos en sus cargos por sus propios hijos (Cod. Theod. 7, 22, 3). Con todo, la sociedad tardorromana no llegó a ser, evidentemente, un sistema de castas[246]. A varios grupos de la población se les brindó institucionalmente la posibilidad de ascender en la escala social: cualquiera de entre losplebei corrientes que en virtud de sus propiedades en tierras o de su fortuna en metálico alcanzase la cualificación de curial, era hecho entrar en el grupo de los curiales de su ciudad respectiva (v. gr., Cod. Theod. 12, 1, 133), y curiales ricos fueron aceptados entre los clarissimi. En la práctica, las posibilidades de cambiar de profesión y de ascender socialmente eran aún más amplias; las reiteradas restricciones legales contra el cambio de profesión en los curiales, las gentes de comercio, los menestrales y colonos, se enderezaban precisamente a poner coto a ese hábito. Sirviendo a la iglesia, se presentaban buenas oportunidades de medrar socialmente. Lo grandes que éstas podían llegar a ser, sobre todo en Oriente, se pone de manifiesto en el ejemplo del capadocio Eunomio, del siglo IV: siendo hijo de un pequeño campesino, no quiso compartir la pobre suerte de su padre y aprendió a leer y a escribir, se hizo escribiente y pedagogo, se marchó después a Constantinopla, donde trabajó como sastre; luego se desplazó a Antioquía, lugar en que se consagró como diácono; más tarde se convirtió en obispo de Cícico y en sus últimos días vivió en las cercanías de Calcedonia, en una villa de su propiedad[247]. Bajo Valentiniano III (424-455) a las diferentes categorías de colonos, a los esclavos, así como a los comerciantes y artesanos agrupados en corporaciones, y también a los curiales, les quedó vedado en Occidente el revestir cargos eclesiásticos (Nov. Val. 35,3). Pero, por lo menos dentro del aparato funcionarial del estado y en el seno de la milicia había siempre buenas posibilidades de medrar, pese a cuantas prohibiciones se hubiesen establecido de reclutar al personal funcionarial y militar entre las masas de población dependiente. Fue así por lo que se dieron curiosas contradicciones. En la medida en que el estado insistía, por un lado, en el principio de la obligatoriedad y heredabilidad profesionales, se hacía odioso en los medios de la población afectada. Pero, por otro lado, al ofrecer posibilidades de ascenso dentro del aparato administrativo y militar, estaba contribuyendo al máximo a que dicho sistema coactivo fuese continuamente escamoteado en la práctica. Finalmente, favoreciendo como favorecía a la capa privilegiada de funcionarios y militares, cuyos integrantes eran con frecuencia de origen humilde, sólo conseguía despertar sentimientos de insatisfacción y odio entre las masas de los no privilegiados.

Había muchos otros factores de alienación. El divorcio de la sociedad tardorromana del estado se ponía ante todo de manifiesto en que en Occidente las grandes haciendas constituían con sus propios señores unidades económica y políticamente cada vez más autosuficientes dentro del estado. En su abastecimiento eran autárquicas en gran medida; como una descripción de un terrateniente del año 369 nos hace patente, disponían de viñedos, olivares, campos de labrantío, pastizales, bosques, poblados, esclavos urbanos y rurales, artesanos, personal doméstico, colonos, instrumental, ganado y dinero (Cod. Iust. 9, 47, 7,1). El propietario se retiraba cada vez con más frecuencia a su latifundio. Ausonio, tras haber pasado casi dos décadas en la corte imperial, consumió todavía los últimos años del siglo IV entre Burdigala y su finca rural de Aquitania. Pero ya en los años 327 y 354 hubieron de promulgarse leyes obligando a los senadores provinciales a desplazarse a Roma con ocasión de la celebración de los juegos (Cod. Theod. 6, 4, 2 y 4), y en el siglo V muchos magnates se establecieron con carácter definitivo en sus fincas. Allí tenían de hecho poderes soberanos: frente a sus colonos podían constituirse ellos mismos en jueces o nombrarlos a su arbitrio, poseían el derecho a practicar castigos corporales e incluso a aplicar la pena de muerte. Especialmente a partir de fines del siglo IV, se volvieron cada vez más dependientes de su propio personal para hacer frente a los ataques de los bárbaros. Muchas haciendas fueron fortificadas, cosa que quedó además oficialmente autorizada por una ley del año 420 (Cod. Iust. 8,10,10). Numerosos señores de tierras armaban a su personal, como lo hicieron en el año 407 con sus colonos y esclavos los hermanos Dídimo, Veriniano, Lagodio y Teodosiolo en Hispania contra usurpadores y bárbaros, dándose además el caso de que a veces estos ejércitos privados cosechaban incluso más éxitos que las tropas regulares[248]. Resultaba así que entre un gran fundo de este tipo y el poder central apenas se mantenían otros lazos que la obligación tributaria, que en tales circunstancias sólo representaba una carga prácticamente carente de sentido.

Ese divorcio entre la población del imperio y la monarquía se vio aún más agudizada con el llamado movimiento de los patrocinios. Se trataba de una forma de escapar a la inseguridad jurídica y al agobio fiscal, y se dio entre los distintos campesinos independientes, los colonos y hasta vecindarios enteros. Salviano describió dicho movimiento como sigue: para sustraerse a las exacciones tributarias forzosas, «se entregaban… a los grandes en busca de protección y amparo, se daban a los ricos como sus siervos y quedaban expuestos, por decirlo así, a su poder y a su arbitrio» (De gub. Dei 5,38). Las personas en cuestión se colocaban bajo la custodia (patrocinium) de una persona influyente del ejército, de la administración civil o simplemente de un latifundista poderoso, a quien en contrapartida entregaban productos agrarios o dinero, primero en concepto de «regalo» y después como tributo regular. Hacia mediados del siglo IV tenemos ya atestiguadas este tipo de relaciones de patrocinio en Egipto, Siria e Ilírico[249]. Se ponía así de manifiesto una comunidad de intereses muy clara entre los grandes propietarios de tierras y los estratos inferiores, que simultáneamente venía a entrar en total contradicción con los intereses del estado. Este intentó frenar el movimiento introduciendo —desde el año 368— a los defensores plebis, que habrían debido proteger a las comunidades contra la violencia y la injusticia. Pero esta medida tuvo tan poco éxito como las repetidas disposiciones contra los patrocinios de los años 360, 368, 395 y 399, así que por una ley del año 415 éstos quedaron finalmente legalizados (Cod. Theod. 11,24,6). Tal cosa entrañaba que ya no sólo el personal de las diferentes haciendas rurales, sino de hecho también poblaciones enteras de amplios distritos quedaban desconectadas del sistema de dominio imperial, hecho tanto más acusado cuanto que numerosas comunidades urbanas aspiraban también a esa misma protección recurriendo a métodos semejantes. Paralelamente, este desarrollo evidenciaba con toda claridad, lo mismo que la creciente autonomía de las grandes fincas, que la desintegración del orden estatal romano no iba aparejada a la alteración, ni tan siquiera al debilitamiento, del orden social reinante: muy al contrario, este proceso condujo al fortalecimiento del estrato de los terratenientes y a la sucesiva extensión de las formas de dependencia similares al colonato entre amplias masas de la población.

La extensión de los patrocinios tuvo para la monarquía imperial consecuencias decididamente más funestas que los distintos levantamientos y revueltas: debido a la continua merma de tributos, sus fuentes de ingresos necesarios para el sostenimiento del aparato del estado se vieron seriamente amenazadas. No quedó prácticamente más remedio que la elevación de la presión fiscal allí donde el sistema de dominación todavía funcionaba, esto es, en los dominios imperiales y en las ciudades, entre otros sitios. Lo único que se consiguió con ello fue acrecentar más aún el descontento contra el estado, como se puso ya perfectamente de manifiesto a raíz de la elevación de impuestos del año 387 en Antioquía. Y era así como el número de cuantos estaban dispuestos a comprometerse en el sostenimiento del imperio se reducía más y más. Mientras que en esta época hombres de la talla de Ambrosio de Milán, de Basilio de Cesárea, de Gregorio nacianceno, de Gregorio de Nisa o de Agustín de Hipona, se entregaban al servicio de la iglesia, ganaba, en cambio, la indiferencia más general ante los destinos de Roma. La pasividad de la sociedad en la ciudad de Roma, sólo una ilusión de capital en época tardorromana, levantaba duras críticas en Amiano Marcelino: sobre esa ciudad no había otra cosa que contar como no fuesen cosas de revueltas, alborotos de tabernas y nimiedades por el estilo. Salviano no podía sino ofrecer un impresionante testimonio sobre la gran indiferencia reinante en la sociedad romana del siglo V: «Seguimos jugando, pese al miedo de caer en cautiverio, y reímos en medio del miedo a la muerte. Uno diría que todo el pueblo romano se ha atiborrado de una hierba sardónica: muere y ríe». Amplios círculos, sin embargo, sacaban consecuencias muy distintas a la vista del hundimiento de la odiosa monarquía imperial: vivir bajo la dominación bárbara era preferible, ya que en los estados territoriales germánicos en formación el sistema de dominación no se basaba en un aparato de poder agobiante y en un sistema fiscal estatalizado al máximo, sino en formas de dependencia de tipo feudal. Ya Orosio se lamentaba a comienzos del siglo V de que hubiese romanos qui malint inter barbaros pauperem libertatem, quam inter Romanos tributariam solicitudinem sustinere. En tiempos de Salviano era cosa corriente el que amplios grupos de población, y entre ellos incluso personas cultivadas y de lo mejor situadas, desertasen a los bárbaros: «Buscan entre los bárbaros la humanidad de los romanos, porque no pueden soportar la inhumanidad de los bárbaros reinante entre los romanos»[250].

Así pues, no sólo las fuerzas que debieran contener a los bárbaros se debilitaban cada vez más, sino que, encima, uno llegó a acostumbrarse a ellos como a un mal menor preferible al orden estatal romano. Al mismo tiempo, era parte de la tragedia de aquella monarquía el verse forzada no sólo a tolerar los asentamientos dentro de las fronteras del imperio de agrupamientos tribales germánicos muy cohesionados, sino también a fomentarlos, en su propio interés; Pero al hacerlo, estaba cavando su propia tumba en la parte occidental del imperio. Como consecuencia de la huida en masa de la población de la presión fiscal y de la tiranía del estado —de un lado, a las haciendas protegidas de los particulares, y de otro, a los bárbaros—, regiones enteras se quedaron desiertas. Las proporciones a que llego la despoblación de grandes distritos ya hacia finales del siglo IV, se deduce de la afirmación de San Ambrosio, de que la muerte era un destino compartido no sólo por los hombres, sino también por las ciudades y los ámbitos rurales; tantas eran las ciudades y parcelas de tierras que se podían ver carentes de toda vida (Ep 39,3). Con el paso del siglo IV al V la situación empeoró aún más[251] y no quedo más remedio que proceder al asentamiento de bárbaros, a fin de asegurar la repoblación de las regiones abandonadas, cosa que iba en beneficio de la economía romana. Otro problema, especialmente candente, que tenía planteado la monarquía imperial era el de la renovación del ejército, sobre todo si tenemos en cuenta que el ingreso en la milicia fue quedando vedado paulatinamente a casi todos los grupos de la población; también aquí era sólo posible recurrir a los bárbaros, quienes, o bien eran admitidos como tropas regulares en el ejército romano, o bien, como sería lo más corriente a partir de fines del siglo IV, eran alistados en sus propios grupos y entidades tribales en calidad de aliados (foederati). De ese modo se hizo aún más grande el abismo de separación entre la sociedad romana y el gobierno imperial, que poco a poco acabó por mantenerse exclusivamente a base de la ayuda militar bárbara; los resentimientos contra el aparato militar bárbaro estallaban siempre de nuevo, como en el año 390 con el asesinato de Buterico o en el 408 con el derribo de Estilicón, «del pueblo cobarde, ávido, desleal y pérfido de los vándalos, y que tenía por cosa pequeña el gobernar, aunque fuese como un soberano, a las órdenes del soberano» (Oros., Hist. adv. pag. 7,38,1). Al mismo tiempo, la admisión de las entidades y federaciones tribales germánicas en el seno del imperio destruyó la anterior infraestructura del sistema de dominación. Evidentemente, los bárbaros no fueron instalados únicamente en regiones despobladas del todo. De acuerdo con la ley de asentamientos del año 398, la población de las regiones a ocupar estaba obligada a entregar un tercio de la casa y finca a los bárbaros, lo que tuvo consecuencias muy graves para la administración, la justicia y el sistema fiscal. En líneas generales, cierto es que la coexistencia entre romanos y bárbaros funcionó sin mayores roces en las regiones ocupadas, como era de esperar, dadas las diferencias lingüísticas y culturales. El orden social tardorromano no se vio siquiera sacudido en sus fundamentos con este nuevo e imperioso reparto del suelo y de la riqueza, puesto que la constitución social de los germanos era en gran medida equivalente a la de la sociedad tardorromana; al principio sobresalieron con gran fuerza ciertas notas características del orden social germano, tales como la del séquito de los afines (Gefolgschaftswesen), pero ni tan siquiera éstas entraban realmente en contradicción con las estructuras tardo-rromanas. Con todo, debido a la existencia dentro de las fronteras del imperio de estos agrupamientos tribales germanos, tan poderosos militarmente, el poder central sufrió a largo plazo un nuevo debilitamiento, y en el Occidente romano, donde aquél era totalmente dependiente de este aparato de poder, era inevitable que llegase el momento en que el primero fuese barrido por el segundo.

Si en el siglo V los germanos no aparecieron ya tan distantes y extraños como antes a los ojos de la población de dentro del imperio romano, a ello contribuyó de manera decisiva el cristianismo, en tanto que sistema de referencia común para romanos y bárbaros, en lo religioso y en lo ético. Las partes de responsabilidad que tuvo el cristianismo en la decadencia del sistema de dominación romano no consistió, desde luego, en que la enseñanza cristiana hubiese minado el patriotismo romano y así hubiese abierto las puertas a la resignación de unos y otros. El patriotismo de los romanos cristianizados no fue en general inferior al de sus contemporáneos paganos; Romanus orbis ruit, et tamen cervix nostra erecta non flectitur, decía San Jerónimo (Ep. 60 16), y en pro precisamente del imperio cristiano la iglesia empeñó más esfuerzos —sobre todo, en Oriente— que, pongamos por caso, la aristocracia senatorial pagana. La lucha ideológica entre cristianos y paganos y, además, los enfrentamientos entre la iglesia católica y las numerosas herejías fueron, más que lo otro, una fuerza disolvente, si bien tampoco se podría decir de ellos que hubiesen debilitado de forma decisiva al imperio en tanto que sistema de poder político. Lo que, en realidad, hizo del cristianismo un factor de desintegración del orden político romano fue el hecho de haber sido adoptado y practicado también por los germanos. Anteriormente, a lo largo de toda la historia de Roma, el sistema de referencia para la sociedad romana era el mos maiorum, que creaba una frontera de separación insalvable entre romanos y no romanos. Al romano cristiano, en cambio, su religión y su ética lo unían al bárbaro de su misma fe: él era, como decía Orosio, inter Romanos Romanus, inter Christianos Christianus, inter homines homo (Hist. adv. pag. 5, 2,6), y los bárbaros cristianizados habían dejado de ser para él hostes, para convertirse en fratres (ibid. 7, 32,9). Desde una óptica como ésta, incluso la toma de Roma por Alarico en el año 410 no supuso para Orosio un acontecimiento realmente malo, pues, después de todo, también los visigodos eran cristianos, y para Salviano los germanos encarnaban las virtudes cristianas mucho mejor que los romanos. La Romania cristiana, en la que, según la visión de Orosio, habrían de vivir juntos romanos y germanos, no era otra cosa que su ideal del imperio cristiano; su porvenir estaba en el desarrollo de los estados territoriales regidos a lo germano.

En el imperio romano de Oriente las condiciones sociales y políticas fueron más favorables y no produjeron un divorcio tan radical entre el estado y la sociedad como en el Occidente. Las relaciones entre el emperador romano de Oriente y la capa alta de los terratenientes, y en especial el senado de Constantinopla, eran estrechas. La iglesia oriental tenía lazos muy fuertes con el estado y supo brindar a éste un gran apoyo. Además, aquí la heredabilidad obligatoria de los oficios y profesiones urbanos estuvo en gran medida ausente. Y, sobre todo, el imperio romano de Oriente se hallaba considerablemente mejor protegido frente a los bárbaros que el de Occidente.

Así pudo quedar a salvo de la decadencia. En el Occidente, en cambio, la desintegración del ordenamiento de poder imperial no pudo ser atajada. Sus leyes y disposiciones tan inhumanas carecían de todo sentido de la realidad y resultaban inviables en la práctica, sus brutales medidas de fuerza no tendrían ningún éxito a la larga: antes bien, todo cuanto el imperio occidental acometió para preservar su existencia constituyó un fracaso a largo plazo y minó su capacidad de resistencia. Con ello, la estructura de la sociedad no se modificó en sus fundamentos, sino que incluso resultó fortalecida con la extensión de las formas de dependencia parafeudales anudadas entre los grandes propietarios y amplios grupos de población. En cambio, el antiguo marco político fue haciéndose cada vez más anacrónico, hasta desintegrarse totalmente. En este sentido, la crisis del imperio tardorromano evocaba hasta cierto punto la crisis de la República tardía en su último siglo de existencia: tampoco entonces fueron alteradas las estructuras fundamentales del orden social vigente, sino que se vino abajo una forma de organización política ya superada. Pero, mientras que sobre las ruinas de la República pudo levantarse una forma de estado genuinamente romana, en este caso fueron nuevos estados los que asumieron el papel del imperio romano occidental.

Notas

[a] Como lecturas adicionales deseo recomendar al lector algunos trabajos generales de relevancia, que han aparecido más recientemente y que tratan diferentes problemas de la historia social romana. Los resultados de estas investigaciones o no han podido ser tenidos en cuenta para la elaboración de este libro o sólo muy parcialmente han podido ser considerados: M. I. Finley, The Ancient Economy, 2.a ed. (Londres, 1975) (en alemán: Die antike Wirtschaft, München, 1977), sobre lo cual véanse esp. M. W. Frederiksen, Journ. of Rom. Stud. 65, 1975, pp. 164 s., y H. P. Kohns, Gott. Gel. Anz. 230, 1978, pp. 120 s.; P. Veyne, Le pain et le arque. Sociologie historique d’un pluralisme politique (París, 1976); H. Stasburguer, Zum antiken Gesellschaftsideal Abh. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., Jg. 1976, 4. Abh. (Heidelberg, 1976). Un buen acopio bibliográfico se puede hallar en las dos obras colectivas que con los títulos de Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der spaten römischen Republik (Darmstadt, 1976), y Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit (Darmstadt, 1981), ha editado H. Schneider; para una información sobre el estado actual de las investigaciones en torno a la historia social romana son también de utilidad las introducciones escritas por H. Schneider en ambos libros. <<

[b] Ante todo han de ser mencionadas las obras de P. Garnsey (nota 111), T. P Wiseman (54), P. A. Brunt (22), E. Badian (58), P. R. C. Weaver (150), J H. W. G. Liebeschuetz (225), R. Duncan-Jones (99), R. MacMullen (99), R. Teja (204), así como el excelente trabajo de síntesis sobre los fundamentos de la economía antigua hecho por M. I. Finley (109). <<

[c] De acuerdo con este planteamiento la historia de la economía es objeto de la «historia social» sólo en la medida en que la vida económica determina la división de la sociedad y la singularidad de sus distintos estratos. Si en el contexto de este libro la historia económica ha recibido un escaso tratamiento, incluso teniendo en cuenta dicha restricción, ello ha sido debido concretamente a que en la misma serie en que aparece nuestro trabajo se publica también una «historia económica antigua»: vid. Th. Pekáry, Die Wirtschaft der griechisch-römischen Antike, 1.ª ed. (Wiesbaden, 1976) y 2.ª ed. (ibid. 1979) (nueva edición en preparación). <<

[1] Véase E. Gabba, en Entretiens sur l’Antiquité Classique, tome XIII. Les origines de la république romaine (Vandoeuvres-Genéve, 1966), pp 133 s. (en adelante citado: Entretiens XIII); W. Pabst, Quellenkritische Studien zur inneren römischen Geschichte der alteren Zeit bei T. Livius und Dionys von Halikarnass (Diss. Innsbruck, 1969). Para Fabio Píctor léase especialmente A. Alföldi, Early Rome and the Latins (Ann Arbor, 1965), pp. 123 s. (en alemán: Das frühe Rom und die Latiner (Darmstadt, 1977), pp. 119 s. Sobre las investigaciones llevadas a cabo por A. Alföldi acerca de la historia primitiva de Roma, consúltese también su Römische Frühgeschichte. Kritik und Forschung seit 1964 (Heidelberg, 1976). H. P. Kohns subraya con razón en su recensión a la 1.a edición alemana de este libro (Vierteljahresschr. f. Soz.-u. Wirtschaftsgesch. 64, 1977, pp. 409 s.) que nuestras fuentes para la historia social de la República temprana y, en parte también, para la de la media son muy fragmentarias (cf. asimismo W. V. Harris, Amer. Journ. of Philol. 100, 1979, p. 335), y que, en correspondencia con esto, yo habría debido hacer más hincapié en el carácter hipotético de muchas afirmaciones; no menos válido es esto en lo atinente a la cronología de la evolución social. En el estado actual de nuestros conocimientos difícilmente veo un camino más adecuado para describir la historia social temprano-romana que el de seguir los hechos o hitos fundamentales de la lucha entre los órdenes. <<

[2] Para la evidencia arqueológica de la Roma primitiva, véase una síntesis en M. Pallottino, Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (citado en adelante ANRW) I 1 (Berlín-Nueva York, 1972), pp. 22 s., con bibliografía en pp. 46 s. Consúltese, por lo demás, en particular a H. Müller-Karpe, Vom Anfang Roms (Heidelberg, 1959); del mismo, Zur Stadtwerdung Roms (Heidelberg, 1962); E. Gjerstad, Early Rome, I-VI (Lund, 1953-73); del mismo, Opusc. Rom. 3, 1961, pp. 69 s.; y también su Legends and Facts of Early Román History (Lund, 1962); F. E. Brown, en Entretiens, XIII, pp. 45 s. <<

[3] Instituciones: U. v. Lübtow, Das Römische Volk. Sein Staat und sein Recht (Frankfurt a. M., 1955); E. Meyer, Römischer Staat und Staatsgedanke⁴ (Zürich, 1975); id., Einführung in die antike Staatskunde⁴ (Darmstadt, 1980), pp. 151 s. Para la República mírese además esp. F. De Martino, Storia della costituzione romana, I-III (Nápoles, 1951-64), y también J. Bleicken, Die Verfassung der Römischen Republik² (Paderborn, 1978), donde también se describen detalladamente las capas sociales portadoras de las instituciones (cf. a propósito de ello, A. N. Sherwin-White, Gnomon 51, 1979, pp. 153 s.). <<

[4] A. Alföldi, Gymnasium 70, 1963, pp. 385 s., y esp. Early Rome, pp, 193 s. = Das frühe Rom, pp. 181 s. <<

[5] A. Alföldi, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filol., Rendiconti, VIH, 27, 1972 (1973), pp. 307 s., y esp., también de él, Die Struktur des voretruskischen Römerstaates (Heidelberg, 1974). <<

[6] E. Bayer, en ANRW I 1, pp. 305 s. Sobre las condiciones sociales en las ciudades griegas de Italia, vid. E. Lepore, en Recherches sur les structures sociales dans l’antiquité classique (París, 1970), pp. 43 s., y, además, los Atti del 12. Convegno di studi sulla Magna Grecia, Economia e società nella Magna Grecia 1972 (Nápoles, 1973). <<

[7] Consúltese una síntesis en L. Banti, Die Welt der Etrusker² (Stuttgart, 1963); J. Heurgon, La vie quotidienne chez les Etrusques (París, 1961) (en alemán, Die Etrusker², Stuttgart, 1977); M. Pallottino, Etruscologia¹ (Milán, 1972) (en alemán, Die Etrusker, Frankfurt, 1965). <<

[8] Para una visión de síntesis, vid. J. Heurgon, Die Etrusker, pp. 61 s.; Historia 6, 1957, pp. 63 s.; y del mismo, en Recherches sur les structures sociales dans l’antiquité classique, pp. 29 s.; S. Mazzarino, Historia 6, 1957, pp. 98 s.; R. Lambrechts, Essai sur les magistratures des républiques etrusques (Bruselas-Roma, 1959). Estratos inferiores: Th. Frankfort, Latomus 18, 1959, pp. 3 s.; J. Heurgon, Latomus 18, 1959, pp. 713 s. <<

[9] A. Alföldi, Gymnasium 70, 1963, pp. 389 s., y también de él, vid. esp. Early Rome, pp. 206 s. = Das frühe Rom, pp. 193 s. <<

[10] Cf. A. Alföldi, Early Rome, pp. 47 s. = Das frühe Rom, pp. 44 s.; R. Werner, Der Beginn der römischen Republik (München, 1963), databa este acontecimiento en torno al 472/470 (cf. sobre ello, E. Meyer, Hist. Zeitschr. 199, 1964, pp. 578 s.), y E. Gjerstad lo baja incluso hasta el 450: véase la bibliografía en nota 2, y también del mismo autor, Entretiens, XIII, pp. 1 s. <<

[11] Vid. esp. A. Alföldi, en Entretiens, XIII, pp. 225 s.; J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux guerres puniques (París, 1969), pp. 192 s.; R. E. A. Palmer, The Archaic Community of the Romans (Londres-Cambridge, 1970), a propósito de lo cual, cf. A. Alföldi, Gnomon 44, 1972, pp. 787 s. Téngase también en cuenta E. Gjerstad, en ANRW I 1, pp. 136 s. Sobre la historia social de la República romana, cf. la breve exposición y el acopio de fuentes hechos por L. Harmand, Société et économie de la République romaine (París, 1976), y F. De Martino, Storia económica di Roma antica (Firenze, 1979), I, pp. 19 s. Por lo que se refiere a la importancia del sistema de clientelas, consúltese A. von Premerstein, RE IV (1900), col. 23 s., y más recientemente, N. Rouland, Pouvoir politique et dépendance personnelle dans L’antiquité romaine. Genése et role des rapports de diéntele, Coll. Latomus, vol. 166 (Bruselas, 1979) (acerca de este libro, G. Alföldy, Gymnasium 88, 1981, pp. 85 s.). <<

[12] E. Sachers, Pater familias, RE XVIII (1949), col. 2121 s. Cf. E. Burck, Die altrömische Familie, en Das neue Bild der Antike II. Rom (Leipzig, 1942), pp. 5 s. Por lo que atañe a la situación de la mujer dentro de la familia en las distintas épocas, cuestión en la que aquí no podemos entrar, vid. una síntesis en J. P. V. D. Balsdon, Roman Women. Their History and Habits (Londres, 1962) (en alemán, Die Frau in der römischen Antike, München, 1979). <<

[13] Liv. 2,49,3; 2,50,11; Dion. Hal. 9,15,1 s.; Plut. Publicola 21,9. <<

[14] Sobre las instituciones, véase la bibliografía de nota 3; para el sistema ternario de las curias y tribus, A. Alfoldi, Die Struktur des voretruskischen Rbmerstaates, pp. 42 s. <<

[15] Dion. Hal. 5,20,1, y Plut., Publicola 12,4, o bien Plin., N. h. 33,16. Para los datos censales en la República, cf. A. J. Toynbee, Hannibals Legacy. The Hannibalic War’s Effects of Roman Life (Londres, 1965), I pp. 438 s.; P. A. Brunt, Italian Manpower 225 B. C.-A. D. 14 (Oxford, 1971) pp. 3 s. <<

[16] A. Alfoldy, Hermes, 90, 1962, pp. 187 s. <<

[17] A. Alföldi, Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen (Baden-Baden, 1952); ibid., Die Herrschaft der Reiterei in Griechenland und Rom nach dem Sfurz der Könige, en Gestalt und Geschichte, Festschrift f. K. Schefold (4. Beiheft zu Antike Kunst, 1967), pp. 13 s.; del mismo, Historia, 17, 1968, pp. 444 s., contra la tesis opuesta de A. Momigliano, Journ. of Roman Stud. 56, 1966, pp. 16 s. También A. Momigliano ha defendido de nuevo su interpretación: véase Entretiens XIII, pp. 197 s. Para el patriciado primitivo, cf. asimismo P. Ch. Ransuil, Recherches sur le patriciat (509-356 av. J. C.) (París, 1975), y J.-Cl Richard, Rev. des Etudes Latines 54, 1976, pp. 34 s. <<

[18] Sobre los magistrados, véase la bibliografía citada en la nota 3, a más de, especialmente, J Heurgon, en Entretiens XIII, pp. 97 s; J. Jahn, Interregnum und Wahldiktatur (Kallmunz, 1970); F. De Martino, en ANRWI, 1, pp. 217 s. <<

[19] Como visión de conjunto, vid J. Binder, Die Plebs (Leipzig, 1909); W. Hoffmann-H. Siber, RE XXI (1951), col. 73 s. Acerca del nacimiento y estructura de la plebe tempranorromana, vid también I Hahn, Oikumene 1, 1976, pp. 47 s, así como J. C. Richard, Les origines de la plebe romaine Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien (Roma, 1978). Cf. además la bibliografía sobre la clientela de la nota 11. <<

[20] Para la esclavitud en la Roma temprana, consúltese F. De Martino, Labeo 20, 1974, pp. 163 s. (esclavitud por deudas), y L. A. Elnickij, Helikon 15-16, 1975-76, pp. 575 s. (de inspiración marxista). Visión de conjunto sobre la investigación en torno a la esclavitud: N. Brockmeyer, Antike Sklaverei (Darm-stadt, 1979). Supuestos levantamientos tempranos de esclavos: cf. M. Capozza. Movimenti servili nel mondo romano in eta repubblicana I. Dal 501 al 184 a. Chr. (Roma, 1966), con acopio de las fuentes; P. Frezza, Stud. et Doc. Hist. et luris 45, 1979, pp. 289 s. (también sobre secesiones). <<

[21] Liv. 3,15,5 s, y 3,19,6 s.; Dion. Hal. 10,14,1 s., y 10,32,2; Catón, frag. 25 (Peter). Cf. F. Münzer, Appius Herdonius, RE VIII (1912), col 618 s. <<

[22] Visiones de conjunto en un H. Bengtson, Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde I. Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr.² (München, 1970), pp. 53 s.; A. Heuss, Römische Geschichte³ (Braunschweig, 1971). <<

[23] Cf. M. P. Nilsson, Joum. of Rom. Stud. 19, 1929, pp. 1 s. <<

[24] Cf. H. Siber, Die plebejischen Magistraturen bis zur Lex Hortensia (Leipzig, 1936); F. Altheim, Lex sacrata. Die Anfänge der plebejischen Organisation (Amsterdam, 1940); J. Bleicken, Das Volkstnbunat der klassischen Republik (München, 1968); R. Urban, Historia, 22, 1973, pp. 761 s. <<

[25] Según A. Alföldi, Early Rome, pp. 85 s. = Das frühe Rom, pp. 82 s., la fundación de este templo tuvo lugar una centuria más tarde. <<

[26] Acerca de las tribus romanas, vid. L. Ross Taylor, The Voting Districts of the Roman Republic (Amer. Acad. in Rome, 1960). Cf. del mismo autor, Roman Voting Assemblies (Ann Arbor, 1966). <<

[27] El texto en S. Riccobono, Fontes luris Romani Anteiustiniani I. Leges² (Firenze, 1941); R. Düll, Das Zwôlftafelgesetz⁴ (München, 1971). Véase además esp. F. Wieacker, en Entretiens XIII, pp. 291 s.; G. Grifo, en ANRW I, 2, pp. 115 s.; A. Watson, Rome of the XII Tables. Persons and Property (1975). <<

[28] Léase Cic, De re p. 2,39 s.; Liv. 1,43,1 s.; Dion. Hal. 4,16,1 s.; Pap. Oxy. 17, 2088. Sobre los diferentes puntos de vista en la moderna investigación, vid esp. H. Last, Journ of Rom Stud, 35, 1945, pp. 30 s.; E. Stuart Staveley, Historia, 5, 1956, pp. 15 s.; J. Suolahti, The Roman Censors A Study m Social Structure (Helsinki, 1963); G. Pieri, L’histoire de cens jusqu’a la fin de la république romaine (París, 1968); E. Gjerstad, en ANRW I, 1, pp. 172 s. <<

[29] En lo referente a la nivelación de los órdenes mírese la bibliografía de la nota 22, y en particular H. Siber, Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung (Lahr, 1952), pp. 64 s.; J. Heurgon, Rome et la Méditerranée, pp. 303 s. Para el desarrollo social en el siglo IV a. C., F. De Martino, Storia economica di Roma, I, pp. 25 s. <<

[30] Sobre el contenido tantas veces discutido de la reforma agraria licinio-sextia, véase, por ej., G. Tibiletti, Athenaeum N. S., 26, 1948, pp. 173 s., e ibid 28, 1950, pp. 245 s.; A. Burdese, Studi sull’ager publicus (Torino, 1952), pp. 52 s.; por su autenticidad (con base en Catón) están T. Frank, An Economic Survey of Ancient Rome I. Rome and Italy of the Republic (Reedición, Paterson, 1959), pp. 26 s.; F. De Martino, Storia della costituzione romana, I, pp. 336 s. Cf. ya K. Schwarze, Beiträge zur Geschichte altrömischer Agrarprobleme (Halle, 1912), pp. 73 s. En lo tocante al contenido político, véase en particular K. von Fritz, Historia, 1, 1950, pp. 3 s. <<

[31] Acerca de la figura de Apio Claudio Ceco, vid. E. Stuart Staveley, Historia, 8, 1959, pp. 410 s. <<

[32] Cf. ahora R. A. Bauman, Historia, 22, 1973, pp. 34 s. <<

[33] Para la problemática de los primitivos funcionarios plebeyos superiores véase J. Pinsent, Military Tribunes and Vlebeian Consuls - The Fasti from 444 to 342 (Wiesbaden, 1974), según el cual el primer cónsul plebeyo ejerció el cargo en el 342 a. C. <<

[34] Cf E. T. Salmón, Sammum and the Samnites (Cambridge, 1967) Sobre la expansión romana en Italia, vid A. Afzelms, Die römische Eroberung Italiens (340-264 v Chr) (Aarhus, 1942). <<

[35] A J. Toynbee, Hannibál’s Legacy, I, pp. 84 s, esp. 267 s. Para la unificación de Italia, consúltese H Rudolph, Stadt und Staat im römischen Italien (Leipzig, 1935), A. N. Sherwin-White, The Roman Citizenship² (Oxford, 1973), pp 38 s.; H Galsterer, Herrschaft und Venvaltung tm republikamschen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v Chr. bis zum Bundesgenossenkneg 91 v. Chr (München, 1976); M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale (Roma, 1978) Sobre las más antiguas colonias de ciudadanos, véase E Kornemann, RE IV (1900), col 511 s; E T Salmón, Phoenix, 9, 1955, pp. 63 s.; del mismo Roman Colonisation under the Republic (Londres, 1969); acerca de Ostia, R Meiggs, Roman Ostia² (Oxford, 1973), pp. 16 s. <<

[36] Para las guerras púnicas y la expansión romana, consúltese la bibliografía J. Bleicken, Geschichte der Römischen Republik, pp. 220 s. <<

[37] Acuñación de moneda: A. Alfoldi, Rom. Mitt, 68, 1961, pp. 64 s. Censo: H. Mattingly, Journ. of Rom. Stud., 27, 1937, pp. 99 s. <<

[38] P. A. Brunt, Italian Manpower, pp. 3 s. y 121 s. <<

[39] Nobilitas: M. Geizer, Nobilitat der Römischen Republik (Leipzig, 1912) = Kleme Schriften, I (Wiesbaden, 1962), pp. 17 s.; J. Bleicken, Gymnasium, 88, 1981, pp. 236 s. Linajes nobiiiares, composición de la nobleza senatorial: F. Münzer, Römische Adelspartaien und Adelsfamilien (Stuttgart, 1920). Veturii: I. Shatzman, Class. Quart, 23, 1973, pp. 65 s. Admisión de las familias itálicas dirigentes en la nobleza senatorial: W. Schur, Hermes, 59, 1924, páginas 450 s.; H. Galsterer, Herrschaft und Verwaltung, pp. 142 s. <<

[40] Una lista de ellos durante la República en T. R S Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, I-II-Suppl. (Nueva York, 1951-60). Sobre la importancia de los cargos estatales, vid, por ej, J. Bleicken, Chiron, 11, 1981, pp. 87 s. (tribunado de la plebe); para la posición de poder de los magistrados; cf. R. Rilinger, Chiron, 8, 1978, pp. 247 s. <<

[41] E. Badian, Foreign Chentelae (264-70 B. C) (Oxford, 1958); A. J. Toynbee, Hannnibal’s Legacy, I, pp. 341 s. <<

[42] A este respecto, F. Cassola, I gruppi politici romani nel III secolo A C (Trieste, 1962); A. Lippold, Cónsules Untersuchungen zur Geschichte des römischen Konsulates von 264 bis 201 v Chr (Bonn, 1963). A. J. Toynbee, op. cit., I, pp. 328 s., destacaba el papel integrador de las instituciones: «The Romans, like the Americans, believed in the value of constitutional checks and balances as a mechanism for making it difficult for any individual or group to win excessive power». <<

[43] Cf H Hill, The Roman Middle Class in the Republican Period (Oxford, 1952), pp 45 s. (la expresión «clase media» para esta capa social no es muy afortunada); por lo demás, consúltese la bibliografía de la nota 58. <<

[44] Cf. U. Hackl, Chiron, 2, 1972, pp 135 s. <<

[45] Sobre ello, G. Radke, en Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben, I (Berlín, 1969), pp. 366 s. <<

[46] Cf. a este respecto, A J. Toynbee, Hannibals Legacy, I, pp. 341 s. <<

[47] Acerca de estas dos «conjuraciones», vid M. Capozza, Movimenti servi-K I, pp. 75 s, con las fuentes correspondientes. <<

[48] Para este episodio, cf. J. Heurgon, Die Etrusker, pp. 88 s, fuentes incluidas; vid T Frank, Economic Survey, I, pp 69 s. <<

[49] A. J. Toynbee, Hannibal’s Legacy, II, pp. 1 s. Cf. J. Vogt, Historia, 16, 1967, pp. 119 s. —En la recensión hecha a la 1.a edición alemana de este libro (vid. supra nota 1), H. P. Kohns pone en cuestión el «supuesto de una evolución discurriendo en cierto modo sujeta a leyes», así como «el postulado de pretendidas necesidades históricas», que estarían presentes en mi exposición sobre el cambio de estructura del siglo II y la crisis de la República. Sin querer profesar una concepción histórica estrechamente determinista, sigo convencido de que precisamente en los siglos II y I a. C. los factores económicos, sociales, políticos y espirituales empujaron a la evolución histórica de Roma en una dirección muy determinada, que no dejaba apenas alternativas. <<

[50] Sobre la política de expansión romana, vid. el exhaustivo trabajo de E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic² (Ithaca, 1968), en alemán: Römischer Impenalismus (Stuttgart, 1980); R. Werner, en ANRW, I, 1, páginas 501 s.; P. Veyne, Mél. Ecole Fr. Rome, 87, 1975, pp. 793 s.; D. Flach, Hist. Zeitschr., 222, 1978, pp. 1 s.; W. V. Harris, War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B. C. (Oxford, 1979). <<

[51] Respecto de la sociedad romana en el siglo II a. C., consúltese como síntesis K. Christ, Krise und Untergang der Römischen Republik (Darmstadt, 1979), Pp. 67 s.; véase también F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, páginas 237 s,. y Storia economica di Roma, I, pp. 59 s. <<

[52] Aristocracia senatorial en el siglo II a. C.: cf. esp. F. Münzer, Adelsparteien, pp. 98 s.; H. H. Scullard, Roman Politics 220150 B. C. (Oxford, 1951); U. Schlag, Regnum in senatu Das Wirken römischer Staatsmänner von 200 bis 191 a. C. (Stuttgart, 1968). Por lo que se refiere a los modos de comportamiento de la aristocracia romana (también en otras épocas de su historia), cf. P. Veyne, Le pain et le arque. Sociologie historique díunpluralisme politique (París, 1976). <<

[53] Sobre esto, A. E. Astin, Latomus, 16, 1957, pp. 588 s; ibid, 17, 1958, Pp. 49 s.; G. Rogler, Klio, 40, 1962, pp. 76 s. En lo referente al senado y a los cargos senatoriales, véase U. Hackl, Senat und Magistratur in Rom von der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr bis zur Diktatur Sullas (Kallmünz, 1982). <<

[54] Cónsules: T. R. S. Broughton, Magistrates, I, pp. 237 s. Homines novi: T. P. Wiseman, New Me nin the Roman Senate 139 B C. —A. D. 14 (Oxford, 1971), pp. 3 s. <<

[55] Acerca del cambio en la estructura agraria romana, cf. esp. G. Tibiletti, en X Congr. Int. Se. Stor., II, Roma, 1955, pp. 237 s.; en alemán con el título: Die Entwicklung des Latifundiums in Italien von der Zeit der Gracchen bis zum Beginn der Kaiserzeit, en H. Schneider (Hg.), Zur Sozial - und Wirtschafts-geschichte der späten Römischen Republik (Darmstadt, 1976), pp. 11 s.; A. J. Toynbee, op. cit., II, pp. 155 s.; E. Gabba-M. Pasquinucci, Strutture agrarie e allevamento transumante nell’Italia romana (III-I sec. a. C.) (Pisa, 1979). Sobre la propiedad fundiaria y la riqueza de la aristocracia senatorial en la República tardía, cf. sobre todo I. Shatzman, Senatorial Wealth and Roman Politics. Coll. Latomus, vol. 142 (Bruselas, 1975), con una completa «prosopografía de la economía» de los senadores y con pruebas de la concentración de numerosas fincas y grandes fortunas en una mano ya en la época de los Gracos. Cf. a este respecto G. Alföldy, Gymnasium, 84, 1977, pp. 541 s. Bienes de los Escipiones: Séneca, Ep. 86,11; Plut., C. Gracchus, 19; Plut., Ti. Gracchus, 13,2. Licinio Craso Dives: I. Shatzman, op. cit., pp. 18 y 253 s. Sobre las fortunas senatoriales, cf. también J. H. D’Arms, Romans on the Bay of Naples. A social and cultural Study of the Villas and their Owners from 150 B. C. to A. D. 400 (Cambridge/Mass., 1970). En contra de la sobrevaloración de las extensiones de las fincas, vid. esp. K. D. White, Bull. Inst Class. Stud., 14, 1967, pp. 62 s. (en alemán: H. Schneider, ed., Zur Social - und Wirtschaftsgeschichte der späten Römischen Republik pp. 311 s., también acerca del concepto de latifundium); sobre este último, véase asimismo, A. J. van Hooff, Historia, 31, 1982, páginas 126 s.); M. W. Frederiksen, Dialoghi di Arch. 4-5, 1971, pp. 330 s.; E. Badian, en ANRW, I, 1, 670 s. (vid. además nota 60). Problemática de un censo senatorial durante la República: C. Nicolet, Journ. of Rom. Stud., 66, 1976, pp. 20 s. (había sólo un censo para los equites, pero que valía automáticamente también para los senadores). <<

[56] Sobre su persona: A. E. Astin, Cato the Censor (Oxford, 1978) y D. Kienast, Cato der Censor¹ (Darmstadt, 1979). Para el De agri cultura de Catón, H. Gummerus, Der Römische Gutsbetrieb als wirtschaftlicher Organismus nach den Werken des Cato, Varro und Columella, Klio-Beiheft, 5 (reed. Aalen, 1963), pp. 15 s.; N. Brockmeyer, Arbeitsorganisation und ökonomisches Denken in der Gutswirtschaft des Römischen Reiches (Bochum, 1968), pp. 72 s. <<

[57] Cf. esp. H. H. Scullard, Scipio Africanus: Soldier and Politician (Bristol, 1970); A. E. Astin, Scipio Aemilianus (Oxford, 1967); H. Strasburger, Hermes, 94, 1966, pp. 60 s. <<

[58] Fundamental para el orden ecuestre durante la República: C. Nicolet, L’ordre équestre a l’époque républicaine (312-43 av. J.-C.), I-II (París, 1966/ 1974). Tipos sociales de los caballeros: ibid., I, pp. 285 s. Para el tipo de los «new Roman business men», vid. A. J. Toynbee, Hanniba’s Legacy, II, páginas 341 y s., y esp., E. Badian, Publicans and Sinners: Private Enterprise in the Service of the Roman Republic (Oxford, 1972). En lo tocante a los publicani vid., asimismo, C. Nicolet, en H. van Effenterre (ed.), Points de vue sur la fiscalité antique (París, 1979), pp. 69 s. Sobre el nacimiento del orden ecuestre, cf. además M. I. Henderson, Journ. of Rom. Stud.) 53, 1963, pp. 61 s.; vid. también F. Kolb, Chiron, 7, 1977, pp. 239 s. (sobre la importancia de los símbolos de status en el afianzamiento de los grupos de rango social, y entre éstos, en el del estamento ecuestre). Para los ecuestres en la República tardía, consúltese igualmente P. A. Brunt, en R. Seager (ed.), The Crisis of the Roman Republic (Cambridge, 1969), pp. 83 s. (en alemán: H. Schneider, ed. Zur Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der spaten römischen Republik, pp 175 s). Respecto del concepto de eques Romanus, T. P. Wiseman, Historia, 19 1970 pp. 67 s. <<

[59] Por lo que se refiere a la situación de los estratos bajos de población en Roma durante la República tardía, cf. A. J. Toynbee, op cit, II, pp. 332 s., y esp. H. C. Boren, en R. Seager, The Crisis of ihe Roman Republic, pp. 54 s. (en alemán: H Schneider, ed, Zur Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der späten Römischen Republik, pp. 79 s), así como Z. Yavetz, en R. Seager, ed, op cit., 162 s. (en alemán: H. Schneider. ed., op cit, pp. 98 s). Véase también del mismo, en Recherches sur les structures sociales dans l’antiquité classique, páginas 133 s, y Plebs and Princeps (Oxford, 1969), pp. 9 s, además de H Bruhns, en H Mommsen-W. Schulze, ed, Vom Elend der Handarbeit Probleme histonscher Unterschichtenforschung (Stuttgart, 1981), pp. 27 s. Cf. asimismo infra nota 87. Reparto de alimentos y dinero entre los pobres en Roma: C Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine (París, 1976), pp. 250 s. <<

[60] Destino de los pequeños campesinos: A. J. Toynbee, op. cit., II, pp. 10 s., y P. A. Brunt, Italian Manpower, pp. 269 s.; E. Gabba, Ktema, 2, 1911, páginas 269 s.; K. Hopkins, Conquerors and Slaves Sociological Studies in Roman History 1 (Cambridge, 1978), pp. 1 s.; J. M. Frayn, Subsistence Farming m Roman Italy (Londres, 1979); vid además nota 55. Cf. J. K. Evans, Amer. Journ of Ancient History, 5, 1980, pp. 19 s., y 134 s. Trabajo asalariado junto a la mano de obra esclava en la agricultura itálica: J. E. Skydsgaard, en P. Garnsey (ed.), Non-Slave Labour in the Greco-Roman World (Cambridge, 1980), pp. 65 s.; cf. W. Backhaus, en H. Mommsen-W. Schulze (ed.), op cit, páginas 93 s. Fuentes arqueológicas sobre el mantenimiento de las pequeñas haciendas campesinas: T. W. Potter, The Changing Landscape of South Etruria (Londres, 1979); A. Carandini-A. Settis, Schiavi e padroni nell’Etruria romana. La villa di Sette Finestre dallo scavo alia mostra (Bari, 1979); D. W. Rathbone, Journ of Rom. Stud, 71, 1981, pp. 1 s. <<

[61] Sobre la situación de los itálicos tras la segunda guerra púnica, vid. A. H. McDonald, Journ. of Rom. Stud., 34, 1944, pp. 11 s.; A. J. Toynbee, op. cit., II, pp. 106 s.; H. Galsterer, Herrschaft und Verwaltung, pp. 152 s.; V. Ilari, Gli Italia nelle strutture militari romane (Milán, 1974). <<

[62] J. Deininger, Der politische Widerstand gegen Rom in Griechenland 217-86 v. Chr (Berlin-Nueva York, 1971): para el trasfondo social, pp. 263 s. Roma y los griegos: T. Bernhardt, Imperium und Eleutheria Die römische Pohtik gegenüber den freten Städten des gnechischen Ostens (Hamburgo, 1972) Acerca de las condiciones internas del mundo griego durante la República tardía, vid S. Schlichting, Cicero und die griechische Gesellschaft seiner Zeit (Berlin, 1975). <<

[63] Por lo que se refiere a la esclavitud en tiempos de la República tardía, consúltese con carácter de sintesis W. L. Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity (Filadelfia, 1955), pp. 57 s.; E. M. Staerman, Die Blütezeit der Sklavenwirtschaft in der römischen Republik (Wiesbaden, 1969). Véase además esp. W. Hofmann, Dtaloghi di Arch, 4-5, 1971, pp. 498 s.; K. Hopkins, Conquerors and Slaves, pp. 99 s.; F. De Martino, Storia económica di Roma, I, pp. 69 s. <<

[64] Listas más completas, con un análisis de las mismas, en H. Volkmann, Die Massenversklavungen der Einwohner eroberter Städte in der hellenistisch-römischen Zeit. Akad. d. Wiss. u. Lit. Mainz, Abh. d. Geistes und Soz. wiss. Kl. Jg. 1961, Nr. 3 (Wiesbaden, 1961); A. J. Toynbee, op. cit., II, pp. 171 s.; E. M. Staerman, op. cit., pp. 43 s. <<

[65] T. Frank, Economic Survey, I, pp. 194 s., 200. Comercio de esclavos: W. V. Harris, en J. H. D’Arms-E. C. Kopff (ed.), The Seaborne Commerce of Ancient Rome. Mem. Amer. Acad. Rome, vol. XXXVI (1980), pp. 117 s. (también para la época del Imperio). <<

[66] Esclavos en la economía: W. L. Westermann, op. cit., pp. 69 s.; E. M. Staerman, op. cit, pp. 71 s. En Plauto y Terencio: P. P. Spranger, Historische Untersuchungen zu den Sklavenfiguren des Plautus und Terenz. Akad. d. Wiss. u. Lit. Mainz, Abh. d. Geistes - und Sozwiss. KL, Jg. 1960, Nr. 8 «Wiesbaden» 1961). En Catón: bibliografía en la nota 56; sobre el acuartelamiento de esclavos: R. Etienne, en Actes du Colloque 1972 sur l’esclavage (Besançon-Paris, 1974), pp. 249 s. <<

[67] Para Th. Mommsen la «revolución romana» significaba, sobre todo, la crisis política de Roma desde los Gracos hasta Sila: vid. Su Römische Geschischte⁵ (Berlin, 1885), vol. II. R. Syme veía fundamentalmente la esencia de la revolución romana en la reestratificación de la élite dirigente bajo César y, más aún, bajo Augusto: The Roman Revolution (Oxford, 1939) (en alemán: Die «römische Revolution», Stuttgart, 1957). Cf. Sobre esta obra. G. Asföldy, Sir Ronald Syme, Die römische Revolution und die deutsche Althistorie. Sitz. — Ver. D. Heidelberg akad. D. Wiss., Phil. — hist. Kl., Jg. 1983, FET, 1 (Heidelberg, 1983). <<

[68] Cf. A. Heuss, Hist. Zeitschr., 182, 1956, pp. 1 s.; para el empleo del concepto de revolución en los fenómenos y acontecimientos de la Antigüedad, vid. además del mismo autor, ibid., 216, 1973, pp. 1 s. Cf., empero, K. E. Pet-zold, Riv. Stor. dell’Ant., 2, 1972, pp. 229 s.; J. Molthagen, en I. Geiss-R. Tam-chine (ed.), Ansichten einer künftigen Geschichtswissenschaft, 2 (München, 1974), pp. 34 s. Sobre el uso que la historia antigua alemana ha hecho del concepto de revolución, vid., asimismo, C. Gaedeke, Geschichte und Revolution bei Niebuhr, Droysen und Mommsen (Diss. Berlín, 1978); E. Tornow, Der Re-volutwnsbegriff und die spdte Römische Republik — eine Studie zur deutschen Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jh. (Frankfurt am Main-Bern-Las Vegas, 1978); K. Bringmann, Gesch. in Wtss. u. Unterricht, 31, 1980, pp. 357 s.; H. Castritius, Der Römische Vrinzipat ais Republik (Husum, 1982), pp. 12 s <<

[69] Cf. P. A. Brunt, Social Conflicts in the Roman Republic, pp. 74 s. Para estos conflictos, vid. H. Schneider Gesch. in Wiss. u. Unterricht, 27, 1976, páginas 597 s., que explica la crisis de la República a partir de los antagonismos sociales; léase también del mismo autor, Wirtschaft und Politik. Untersuchungen zur Geschichte der späten römischen Republik (Erlangen, 1974), acerca de lo cual vid. H. Castritius, Gymnasium, 86, 1979, pp. 207 s. <<

[70] Como visión de conjunto: J. Vogt, Zur Struktur der antiken Sklaven-kriege, en Sklaverei und Humanität. Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung¹ (Wiesbaden, 1972), pp. 20 s.; vid. además P. Oliva, en Neue Beitage zur Geschichte der Alten Welt II (Berlín, 1965), pp. 75 s., también en H. Schneider (ed.), Zur Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der spaten römischen Republik, pp. 237 s.; E. M. Staerman, Die Blütezett der Sklavemuirtschaft, páginas 238 s.; W. Hoben, Terminologische Studien zu den Sklavenerhebungen der römischen Republik (Wiesbaden, 1978); K.-W. Welwei, en H. Mommsen-W. Schulze (ed.), Vom Elend der Handarbeit, pp. 50 s. <<

[71] Fuentes principales para cada uno de los levantamientos: Diodoro, 34-35, 2,1 s., y 3,1 s. (Sicilia); Apiano, B. civ. 1,539 s., y Plutarco, Crassus, 8,1 s. (Espartaco). Bibliografía más importante: M. Capozza, Atti dell’lst. Véneto, 133, 1974-75, pp. 21 s. (primer levantamiento siciliano); V. Vavnnek, La révolte d’Aristonicos (Praha, 1957), y Eirene, 13, 1975, pp. 109 s.; J. P. Brisson, Spartacus (París, 1959); B. A. Marshall, Athenaeum, N. S., 51, 1973, pp. 109 s. (cronología del levantamiento de Espartaco); A. Guarino, Spartakus. Analyse eines Mythos (Koln, 1980); R. Günther, Der Aufstand des Spartacus. Die grossen sozialen Bewegungen der Sklaven und Freien am Ende der römischen Republik (Koln, 1980); cf. todavía N. Brockmeyer, Antike Sklaverei, pp. 172 s. Más bibliografía en J. Vogt-N. Brockmeyer, Bibliographie zur antiken Sklaverei (Bochum, 1971), pp. 149 s. <<

[72] Para todos los problemas referidos a las ideas religiosas de los esclavos, vid. ahora F. Bomer, Untersuchungen über dte Religion der Sklaven in Gnechenland und Rom, I-IV, Akad. d. Wiss. u. Lit. Mainz, Abh. d. Geistes-u. Soz. wiss. Kl., Jg. 1957 Nr. 7, 1960 Nr. 1, 1961 Nr. 4, 1963 Nr. 10 (Wiesbaden, 1958-64), 2.a edi. de la primera parte en colaboración con P. Herz (Wiesbaden, 1981). <<

[73] Cf. E. Maróti, en Anticnoje obscestvo (Moskwa, 1967), pp. 109 s. <<

[74] E. M. Staerman, op. cit., pp. 279 s. <<

[75] En lo referente a la resistencia de los griegos, cf. J. Deininger, Wider-stand ge gen Rom in Griechenland, pp. 245 s. Dominación romana en las provincias: W. Dahlheim, Gewalt und Herrschaft. Das provinziale Herrschaftssystem der römischen Republik (Berlín-Nueva York, 1977). <<

[76] E. Badián, Foreign Clientelae, pp. 221 s. Sobre la guerra de los aliados y la entremezcla de componentes sociales, H Galsterer, Herrscbaft und Verwaltung, pp. 187 s; cf. además esp. P. A. Brunt, Journ of Rom. Stud, 55, 1965, pp. 90 s.; E. Badián, Dialoghi di Arcb., 4-5, 1971, pp. 373 s. <<

[77] Para la historia de los conflictos principales de la República tardía, véase una detallada exposición en K. Christ, Krise und Untergang der römischen Republik, pp. 117 s. (bibliografía detallada, ibid, pp. 477 s.). Empleo de la violencia: A. W. Lintott, Violence in Republican Rome (Oxford, 1968). Cambios en la constitución del estado: J. Bleicken, Staat und Recht in der römischen Republik. Sitz—Ber. d. Wiss. Ges. Frankfurt/M., Bd. XV, 4 (Wiesbaden, 1978). Ojeada a la situación general a finales de la República: E. S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic (Berkeley, 1974). Problemas de fuentes: E. Gabba, Appiano e la storia delle guerre civili (Firenze, 1956); I. Hahn, Acta Ant. Hung., 12, 1964, pp. 169 s. <<

[78] Trabajos de síntesis sobre los Gracos: vid. esp. F. Münzer, RE, II A (1923), col. 1375 s., y 1409 s.; d. C. Earl, Tiberius Gracchus. A Study in Politics, Coll. Latomus, vol. 66 (Bruselas, 1963); H. C. Boren, The Gracchi (Nueva York, 1968); A. H. Bernstein, Tiberius Sempronius Gracchus (Ithaca-London, 1978); D. Stockton, The Gracchi (Oxford, 1979); Y. Stochat, Recruitment and the Programme of Tiberius Gracchus, Coll. Latomus, vol. 169 (Bruselas, 1980). Estados de la cuestión: E. Badián, Historia, 11, 1962, pp. 197 s., y ANRW, I, 1, pp. 668 s. Partidarios y enemigos de Tiberio Graco: J. Briscoe, Journ. of Rom. Stud., 64, 1974, pp. 125 s. Reforma agraria: J. Molthagen, Historia, 22, 1973, pp. 423 s. Cayo Graco y sus reformas: K. Meister, Chiron, 6, 1976, pp. 113 s. (legislación para los aliados); D. Flach, Zeitschr. d. Savigny-Stiftung, Rom. Abt., 90, 1973, pp. 91 s. (legislación penal). Suerte de la reforma agraria: D. Flach, Hist. Zeitschr., 217, 1973, pp. 265 s.; K. Meister, Historia, 23, 1974, pp. 86 s.; K. Johannsen, Die lex agraria des Jahres 111 v. Chr. (Diss. München, 1971). <<

[79] Sobre la época de Mario y Sila véase en síntesis W. Schur, Das Zeitalter des Marius und Sulla (Leipzig, 1942); T. F. Camey, A Biography of C. Marius² (Chicago, 1970); E. Badián, Sulla. The Deadly Reformer (Sidney, 1970). Estado de la investigación: E. Gabba, en ANRW I, 1, pp. 764 s. Estado de excepción: J. Ungern-Sternberg von Pürkel, Untersuchungen zum spatrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklarung (München, 1970). <<

[80] En lo referente al papel del ejército y de los soldados en la República tardía, vid. R. E. Smith, Service in the post-Marian Roman Army (Manchester, 1958); P. A. Brunt, Journ. of Rom. Stud., 52, 1962, pp. 69 s. (en alemán: H. Schneider, ed., Zur Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der spaten römischen Republik, pp. 124 s.); J. Harmand, L’armée et le soldat a Rome de 107 a 50 avant notre ère (París, 1967); H. Botermann, Die Soldat en und die römische Politik in der Zeit von Caesars Tod bis zur Begründung des Zweiten Triumvirates (München, 1968); E. H. Erdmann, Die Rolle des He eres in der Zeit von Marius bis Caesar. Militärische und politische Probleme einer Berufsarmee (Neustadt, 1972); E. Gabba, Esercito e società nella tarda repubblica romana (Firenze, 1973), pp. 47 s.; cf. también J. Suolahti, The Junior Officers of the Roman Army in the Republican Period (Helsinki, 1955). <<

[81] Cf. E. Gabba, Athenaeum, N. S., 32, 1954, pp. 41 s., 293 s.; Chr. Meier, Res publica amissa. Eine Studie zur Verfassung und Geschichte der spaten römischen Republik (Wiesbaden, 1966; nueva edic. 1980), pp. 208 s. <<

[82] Véase sobre ello la nota 79. Acerca de las repercusiones de las guerras civiles en la evolución social del sur de Etruria, cf. G. D. B. Jones, en War and Society. Historical Essays in Honour and Memory of J. R. Westerd (Londres, 1973), pp. 277 s. <<

[83] Insuperablemente expuesto por R. Syme, Roman Revolution, pp. 28 s. Bibliografía en K. Christ, Römische Geschichte, pp. 134 s., y en J. Bleicken, Geschichte der Römischen Republik, pp. 234 s. Un análisis estructural de las condiciones prevalentes en Roma en el momento de la «última generación» de la República nos lo ofrece E. S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic {vid. nota 77). <<

[84] Optimates: H. Strasburger, RE XVIII (1939), col. 773 s.; populares: Chr. Meier, RE, Suppl. X (1965), col. 549 s. Cf. además del mismo esp., Res publica amissa} pp. 7 s. <<

[85] Para la aristocracia senatorial durante la República tardía véase, sobre todo, R. Syme, Roman Revolution, pp. 10 s.; estado de la investigación con bibliografía en T. R. S. Broughton, en ANRW I, 1, pp. 250 s. Por lo que se refiere a la nobtlitas, cf. A. Afzelius, Class. et Red., 7, 1945, pp. 150 s.; respecto de los «hombres nuevos», T. P. Wiseman, New Men in the Roman Senate 139 B. C. — A. D. 14 (Oxford, 1971). En lo atinente a la toma de postura de los senadores en las guerras civiles de César, cf. H. Bruhns, Caesar und die Römische Oberschicht in den Jahren 49-44 v. Chr. Untersuchungen zur Herrschaftsetabherung im Bürgerkneg (Gottingen, 1978); cf. D. R. Shackleton Baily, Class. Quart, N. S. 10, 1960, pp. 253 s. A propósito de la situación económica de los senadores, vid. M. Jaczynowska, Historia, 11, 1962, pp. 486 s. (en alemán: H. Schneider, ed., Zur Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der späten römischen Republik, pp. 214 s.). Sobre las condiciones económicas de la aristocracia senatorial tardo-republicana, consúltese ahora sobre todo la obra de I. Shatzman (cf. supra nota 55); véase todavía E. Rawson, en M. I. Finley (ed.), Studies in Roman Property (Cambridge, 1976), pp. 85 s. <<

[86] Att. 1, 17,8. Sobre el orden ecuestre en la República tardía mírese la bibliografía citada en la nota 58. <<

[87] Acerca del papel de los veteranos en la República tardía véase ahora esp. H.-Chr. Schneider, Das Problem der Veteranenversorgung in der spdteren römischen Republtk (Bonn, 1977); consúltese también la bibliografía indicada en las notas 80 y 94. <<

[88] Respecto de la plebs urbana a finales de la República consúltese la bibliografía de la nota 59; en lo tocante a su papel en los enfrentamientos durante la crisis de la República, P. A. Brunt, Past and Present, 35, 1966, pp. 3 s. (en alemán: H. Schneider, ed., Zur Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der späten römischen Republik, pp. 217 s.; I. Hahn, en J. Herrmann-I. Sellnow (ed.), Die Rolle der Volksmassen in der Geschichte der vorkapitalistischen Gesellschafts-formen (Berlín, 1975), pp. 121 s.; W. Nippel, en H. Mommsen-W. Schulze (ed.), Vom Elend der Handarbeit, pp. 70 s. <<

[89] Sobre la coniuratio Catalinae cf. esp. E. G. Hardy, The Catilinarian Conspiracy in its Context (Oxford, 1924); M. Gelzer, RE II A, 2 (1923), col. 1693 s.; W. Hoffmann, Gymnasium, 66, 1959, pp. 459 s.; Z. Yavetz, Historia, 12, 1963, pp. 485 s.; H. Drexler, Die Catilinansche Verschwörung Ein Quellenheft (Darmstadt, 1976). Grupos sociales implicados: cf. esp. Cic, Catilina 2, 18 s. Participación de los esclavos en los conflictos políticos y en las guerras civiles de la República tardía: J. Annequin-M. Letroublon, en Actes du Colloque 1972 sur Vesclavage (Besancon-Paris, 1974), pp. 211 s.; N. Rouland, Les esclaves romaines en temps de guerre. Coll. Latomus, vol. 151 (Bruselas, 1977), pp. 77 s. <<

[90] En lo referido al orden social de la República tardía véase en general W. Warde Fowler, Social Life at Rome in the Age of Cicero (Londres, 1907; reimpr. 1964); M. Gelzer, Kleine Schriften, I, pp. 154 s.; F. De Martino, Storia della costituzione romana, III, pp. 102 s.; H. H. Scullard, From the Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 B C. to A D 68 ² (Londres, 1963), pp. 178 s. Cf. E. Wistrand, Caesar and Contemporary Roman Society (Goteborg, 1978). Economía: T. Frank, Economic Survey, I, pp. 215 s. <<

[91] En cuanto a los homines novi entre los cónsules, véase T. P. Wiseman, New Men in the Roman Senate, pp 164 s., 203. <<

[92] Para Cicerón consúltese la bibliografía en K. Christ, Römische Geschichte, pp. 136 s., y J. Bleicken, Geschichte der Römischen Republik, pp. 235 s. <<

[93] Diodoro 36, 3, 1. Acerca de los esclavos y libertos durante la República tardía, cf. W. L. Westermann, Slave Systems, pp. 63 s.; E. M. Staerman, Die Blütezeit der Sklavenwtrtschaft, pp. 36 s.; S. Treggiari, Roman Freedmen du-ring the Late Republic (Oxford, 1969); G. Fabre, Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi a la fin de la république romaine (Roma, 1981). Bases económicas para el ascenso de los libertos en la República tardía: St. Mrozek, Chiron, 5, 1975, pp. 311 s. <<

[94] Colonización, política de naturalización: F. Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus. Akad. d. Wiss. u. Lit. Mainz, Abh. d. Geistes - u. Soz. wiss. Kl., Jg., 1951, Nr. 14 (Wiesbaden, 1952), pp. 7 s.; L. Teutsch, Das Römische Städtewesen in Nordafrika in der Zeit von C. Gracchus bis zum Tod des Kaisers’ Augustus (Berlín, 1962); A. J. N. Wilson, Emigration from Italy in the Republican Age of Rome (Nueva York, 1966); P. A. Brunt, Italian Manpower, pp. 159 s.; A. N. Sherwin-White, en ANRW, I, 2, pp. 23 s, y The Roman Citizenship² (Oxford, 1973). <<

[95] Escalada de los provinciales hasta el senado: T. P. Wiseman, New men in the Roman Senate, pp. 19 s.; para los Balbos de Cádiz, vid. J. F. Rodríguez Neila, Los Balbos de Cádiz. Dos españoles en la Roma de César y Augusto (Sevilla, 1973). <<

[96] Sobre el concepto de ordo en Cicerón cf. J. Béranger, en Recherches sur les structur es sociales dans L’antiquité classique, pp. 225 s.; también ahora, del mismo autor, Principatus (Ginebra, 1973), pp. 77 s.; para el concepto romano de ordo vid. un detenido tratamiento en B. Cohen, Bull. de l’Ass. de G. Budé, 1975, pp. 259 s. <<

[97] Liv., Praef. 9. Respecto del vacío de poder que se crea en la República tardía, cf. Chr. Meier, Res publica amissa, pp. 301 s. <<

[98] En cuanto a Varrón y a sus puntos de vista sobre la esclavitud, consúltese la bibliografía de la nota 56, así como R. Martin, Recherches sur les agronomes latins et leurs conceptions économiques et sociales (París, 1971), páginas 211 s.; del mismo autor, vid. en Actes du Colloque 1972 sur l’esclavage, pp. 267 s. <<

[99] Sigue siendo insuperable como visión de conjunto, pese al excesivo hincapié que se hace en la oposición campo-ciudad y sus consecuencias, la obra de M. Rostovtzeff, Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich, I-II (Leipzig, 1929). Es de utilidad J. Gagé, Les classes sociales dans L’Empire romain (París, 1964), como también esp. R. MacMullen, Roman Social Relations 50 B. C. to A. D. 284 (New Haven-Londres, 1974). En lengua alemana el trabajo de síntesis más reciente es el de J. Bleicken, Verfassungs - und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreiches², 1-2 (Paderborn-München-Wien-Zürich, 1981). Cf. asimismo S. Dill, Roman Society from Ñero to Marcus Aurelius¹ (Londres, 1905). Una buena recopilación de fuentes para cantidad de cuestiones en L. Friedlander-G. Wissowa, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms ¹⁰, I-IV (Leipzig, 192022). Importantes estudios particulares en R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies (Cambridge, 1974). Han de mencionarse aquí nuevos estudios sobre las concepciones antiguas acerca del orden social romano: H. Braunert, en Monumentum Chiloniense. Studien zur augusteischen Zeit. Festschr. f. E. Burck (Amsterdam, 1975), pp. 9 s., y también en H. Braunert, Politik, Recht und Gesellschaft in der griechisch-rómi-schen Antike. Gesammelte Aufsdtze und Reden (Stuttgart, 1980), pp. 255 s. (Juicio de Augusto sobre la sociedad romana según las Res Gestae Divi Augus-ti); G. Alfoldy, Ancient Society, 11-12, 1980-81, pp. 349 s. (Suetonio); del mismo, en Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1975/76 (Bonn, 1978), pp. 1 s. (Historia Augusta). Cf. M. Giacchero, en Mise, di studi classici in onore di E. Manni, III (Roma, s. a.), pp. 1087 s. (Séneca). <<

[100] Para la economía de la época del Imperio, además de M. Rostovtzeff, op. cit., mírese en particular T. Frank (ed.), An Economic Survey of Ancient Rome, II-IV (Baltimore, 1936-40), y F. Heichelheim, Wirtschaftsgeschichte des Altertums (Leiden, 1938), pp. 677 s. Tecnología: F. Kiechle, Sklavenarbeit und technischer Fortschritt im römischen Reich (Wiesbaden, 1969), a más de los recientes trabajos de M. Torelli, L. Cracco Ruggini, y otros, en Tecnologia, economia e società nel mondo romano. Atti del Colloquio di Como 1979 (Como, 1980). <<

[101] Sobre las cifras de población en las ciudades, cf. R. Duncan-Jones Historia, 13, 1964, pp. 199 s., y The Economy of the Roman Empire, pp. 259 s. En cuanto a las dificultades que plantea el hacer una estimación sobre las cifras de población en Roma, vid. F. G. Maier, Historia, 2, 1953-54, pp 318 s Pérgamo: p. 188. <<

[102] Cf. esp. R. MacMullen, Social Relatwns, pp. 48 s. Límites de la economía monetaria: Th. Pekáry, en Les «dévaluations» a Rome. Epoque républicaine et imperiale (Roma, 1980), pp. 103 s. <<

[103] Actividad económica de Trimalción: Petronio, Sat. 75 s.; a este respecto, vid. P. Veyne, Anuales E. S. C, 1961, pp. 213 s. <<

[104] Fundamentos sociales del Principado: A. v. Premerstein, Vom Werden und Wesen des Prinzipates (München, 1937); cf. P. Grenade, Essai sur les origines du principat (París, 1961). Posición del príncipe: J. Béranger, Recherches sur Vaspect idéologique du principat (Basel, 1953); L. Wickert, RE, XXII (1954), col. 1998 s., y en ANRW, II, 1 (Berlín-Nueva York, 1974), pp. 3 s. Auctoritas: A. Magdelain, Auctoritas Principis (París, 1947). Culto imperial, insignias, ceremonias: F. Taeger, Charisma. Studien zur Geschtchte des antiken Herrscherkultes, II (Stuttgart, 1960); A. Alfoldi, Dte monarchische Representation im römischen Kaiserreiche (Darmstadt, 1970); bibliografía en P. Herz, ANRW, II, 16, 2 (Berlín-Nueva York, 1978), pp. 833 s. Vatnmonium, res privata: O. Hirschfeld, Kleine Schriften (Berlín, 1913), pp. 516 s.; H. Nesselhauf, en Hist. - Aug.-CoU. Bonn 1963 (Bonn, 1964), pp. 73 s.; H. Bellen, en ANRW, II, 1, pp. 91 s.; cf. a este respecto, por ej., G. Alfoldy, Bonner Jahrb., 170, 1970, pp. 163 s. (propiedad patrimonial en Nórico). Dominios imperiales: D. J. Craw ford, en M. I. Finley (ed.), Studies in Roman Property (Cambridge, 1976), páginas 35 s. Propiedad y finanzas de Augusto: I. Shatzman, Senatorial Wealth and Roman Politics, pp 357 s. (evalúa la fortuna de Augusto en más de mil millones de sestercios) Emperador y sociedad: abundante material en F. Millar, The Emperor in the Roman World (31 BC-AD 338) (Londres, 1977); cf. al respecto K. Hopkins, Joum of Rom Stud, 68, 1978, pp. 178 s; H. Galsterer, Gott, Gel Anz, 232, 1980, pp. 72 s.; J. Bleicken, Zum Regierungsstil des ró-mischen Kaisers Bine Antwort auf Vergas Millar, SitzBer d. Wiss. Ges. Univ. Frankfurt am Main, Bd. XVIII, Nr. 5 (Wiesbaden, 1982). <<

[105] Augusto y las capas altas de la sociedad: R. Syme, Roman Revolutwn, pp. 276 s. Consejo imperial: J. Crook, Consilium Principis Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocltlian (Cambridge, 1955). <<

[106] Emperador y plebe: D. van Berchem, Les distributions de ble et d’argent a la plebe romaine sous l’Empire (Ginebra, 1939); G. E. F. Chilver, Amer. Journ. of Philol, 70, 1949, pp. 7 s.; Z. Yavetz, Plebs and Princeps, pp. 103 s.; R. Gilbert, Beziehungen zwischen Princeps und stadt Römischer Plebs im frühen Prinzipat (Bochum, 1976). Principios de una política social por parte del emperador: H. Kloft, Jahrb. d. Wittheit zu Bremen, 24, 1980, pp. 153 s. Juramento imperial: P. Herrmann, Der römische Kaisereid, Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung (Góttingen, 1968). <<

[107] Ascenso de los provinciales: R. Syme, Tacitus, II (Oxford, 1958), páginas 585 s., y también de él Colonial Élites (Oxford, 1958), pp. 1 s.; G. Alföldy, Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen Prosopographische Untersuchungen zur senatonschen Yuhrungsschicht (Bonn, 1977). Cornelio Nigrino: G. Alföldy-H. Halfmann, Chiron, 3, 1973, pp. 331 s. <<

[108] RGDA 8. En el año 14 entre los ciudadanos había 836.100 habitantes de las provincias: H. Volkmann, Res Gestae Divi Augusti. Das Monumentum Ancyranum² (Berlín, 1969), p. 21. Concesión del derecho de ciudadanía en el Imperio: F. Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerrechtsplik páginas 96 s; A N Sherwin-White, The Divi Augusti. Das Monumentum Ancyranum (Berlín, 1969), p. 21. Concesión del derecho de ciudadanía en el Imperio: F. Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik, páginas 96 s.; A. N. Sherwin-White, The Roman Citizenship² pp. 221 s.; H. Wolff, Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 401 (Köln, 1976) <<

[109] Elio Aríst., Or. 26,93 s.; Tert., De anima 30. Para calibrar la importancia tenida por las ciudades es fundamental M. Rostovtzeff, op. cit., I, páginas 90 s.; cf. después, A. H. M. Jones, The Roman Economy. Studies in Ancient Economy and

Administrative History (Oxford, 1974), pp. 1 s. y 35 s.; M. I. Finley, The Ancient Economy (Berkeley-Los Angeles, 1973), pp. 123 s.; R. Chevallier, en ANRW II, 1, pp. 649 s.; G. Alföldy, en Stadt-Land-Beziehungen und Zentralitat ais Problem der historischen Raumforschung. Akad. f. (Raumforschung u. Landesplanung, Forschungs - u. Sitzungsberichte Bd. 88 (Historische Raumforschung 11, Hannover, 1974), pp. 49 s.; F. Vittinghoff, Hist. Zeitschr., 226, 1978, pp. 547 s.; Th. Pekáry, en H. Stoob (ed.), Die Stadt. Gestalt und Wandel bis zum industriellen Zeitalter (Koln-Wien, 1979), Pp. 83 s.; W. Dahlheim, en F. Vittinghoff (ed.), Stadt und Herrschaft, Ro-mische Kaiserzeit und Hohes Mittelalter, Hist. Zeitschr. Beiheft 7 (N. F.) (München, 1982), pp. 13 s.; H. Galsterer, ibid., pp. 15 s. <<

[110] Por lo que se refiere a las relaciones sociales prevalentes en cada una de las provincias, consúltense, p. ej. G. CharlesPicard, Nordafrika und die Römer (Stuttgart, 1962); J.-M. Lassere, Ubique Populus. Peuplement et mouvement de population dans l’Afrique romaine de la chute de Carthage a la fin de la dynastie des Séveres (146 a. C.-235 p. C.) (París, 1977); V. Vázquez de Prada (ed.), Historia económica y social de España I. La Antigüedad (Madrid, 1973); J. J. Hatt, Histoire de la Gaule romaine (París, 1970); S. S. Fre-re, Britannia. A History of Roman Britain (Londres, 1967); H. von Petrikovits, en F. Petri-G. Droege (ed.), Rheinische Geschichte I 1 (Dusseldorf, 1978), pp. 46 s.; G. Alföldy, Noncum (Londres, 1974); A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen (Budapest, 1959); del mismo autor, Gesellschaft und Romanisation in der römischen ProvinzMoesia superior (Budapest, 1970); id., Pannonia and Upper Moesia. A. History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire (Londres-Boston, 1974); G. Alföldy, Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien (Budapest, 1965); J. J. Wilkes, Dalmatia (Londres, 1969); U. Kahrstedt, Das wirtschaftliche <<

[111] Gesicht Griechenlands in der Kaiserzeit (Bern, 1954); D. Magie, Roman Rule in Asia Minor (Princeton, 1950); B. Levick, Roman Colómes in Southern Asia Minor (Oxford, 1967); A. H. M. Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces (Oxford, 1971); H. Braunert, Die Binnenwanderung. Studien zur Sozialgeschichte Ägyptens in der Ptolemaer - und Kaiserzeit (Bonn, 1964). La diferenciación entre provincias «desarrolladas» y «atrasadas», como la que hace A. Deman, en ANRW II 3 (Berlín-Nueva York, 1975), pp. 3 s., sobre la base del ejemplo Galia-Norte de África, no se corresponde a la realidad histórica. Para la cuestión de cómo fueron integrados en el imperio romano los diferentes órdenes sociales de las provincias merced a la romanización de las «ruling classes» locales, véase P. A. Brunt, en Assimilation et résistance a la culture gréco-romaine dans le monde ancien. Travaux du VIe Congr. Internat. de la F. I. A. E. C. (Bucuresti, 1976), pp. 161 s. Aristocracia gala en el Alto Imperio: J. F. Drinkwater, Latomus, 37, 1978, pp. 817 s.; cf. R. Syme, Mus. Helv., 34, 1977, pp. 129 s. Sobre los problemas sociales del Imperio y las concepciones griegas referidas a ellos, mírese H. Grassl, Sozial-okonnomische Vorstellungen in der kaiserzeitlichen griechischen Literatur (1.-3. Jh. n. Chr.). Historia-Einzelschriften 41 (Wiesbaden, 1982).

Elio Arist., Or. 26,39 y 26,59. Fuentes jurídicas (principalmente del Bajo Imperio): P. Garnsey, Social Status and Legal Pnvilege in the Roman Empire (Oxford, 1970), pp. 221 s.; cf. del mismo autor, Past and Present, 41, 1968, pp. 3 s. <<

[112] En lo referente a la estratificación social en la época imperial, cf. esp. H. W. Pleket, Tijdschr voor Geschiedems, 84, 1971, pp. 215 s.; R. MacMullen, Social Relations, pp. 88 s.; cf. también M. I. Finley, The Ancient Economy, pp 35 s. Estratos superiores: consúltese ahora M-Th. Raepsaet-Charlier, L’Egalité, 8, 1982, pp 452 s. Para un enjuiciamiento de la división social, vid infra nota 168 con bibliografía. Sobre los títulos de rango, cf. H.-G. Pflaum, en Recherches sur les structures sociales dans L’antiquité classique, pp. 159 s. <<

[113] ILS 6675 y 6509. Cf. esp. R. Duncan-Jones, Papers of the Bntish School at Rome, 32, 1964, pp. 123 s., y The Economy of the Roman Empire, páginas 288 s.; R. MacMullen, op. cit, pp. 5 y 96. <<

[114] Los datos para Egipto en R. MacMullen, op. cit., p. 13, con nota 48. En cuanto al tema de la pobreza en la época imperial, cf. A. R. Hands, Charities and Social Aid in Greece and Rome (Londres, 1968), pp. 72 s. <<

[115] Todo ello detenidamente considerado por P. Gamsey, Social Status and Legal Vnvilege, pp 234 s.; véase asimismo D. Daube, The Defence of Superior Order in Roman Law (Oxford, 1956). <<

[116] G. Alfoldy, Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen, pp. 84 s. <<

[117] A. N. Sherwin-White, Racial Prejudice in Imperial Rome (Cambridge, 1967); J. P. V. D. Balsdon, Romans and Aliens (Londres, 1979); M. Sordi (ed.), Conoszenze etniche e rapporti di convivenza nell’antichità (Milán 1979), Sobre el comportamiento frente a Roma de los pueblos discriminados, cf., por ejemplo, N. R. M. de Lange, en P. D. A. Garnsey-C. R. Whittaker (ed.), Imperialism in the Ancient World (Cambridge, 1978), pp. 255 s. (judíos). <<

[118] Para comprender la importancia de la educación, véase esp. H.-I. Marrou, Histoire de Véducation dans l’antiquité (París, 1948; reed., 1965); G. W. Bo-wersock, Greek Sophists in the Roman Empire (Oxford, 1969); J. Christes, Bildung und Gesellschaft. Die Einschätzung der Bildung und ihrer Vermittler in der griechisch-römischen Antike (Darmstadt, 1975); del mismo, Sklaven und Freigelassene ais Grammattker und Philologen im antiken Rom (Wiesbaden, 1979); St. F. Bonner, Education in Ancient Rome. From the eider Cato to the younger Pliny (Berkeley-Los Angeles, 1977). <<

[119] Rufus: Plin., N. H. 18,37; cf. al respecto, G. Alföldy, Epigr. Studien, 5, 1968, pp. 100 s. Adlectiones bajo Vespasiano: W. Eck, Senatoren von Vespasian bis Hadrian (München, 1970), pp. 103 s. <<

[120] Suet., Aug. 35, 1; Dio 52, 42, 1 s y 54,14, 1. <<

[121] Para lo que sigue, vid., A. Chastagnol, Mél. de l’Ecole Française de Rome, Antiquité, 85, 1973, pp. 583 s., según el cual no puede hablarse de un orden senatorial en sentido estricto sino a partir de Augusto o Calígula. <<

[122] Censo de los senadores bajo Augusto: C. Nicolet, Journ. of Rom. Stud., 66, 1976, pp. 30 s. Finanzas y estilo de vida de Plinio: véase esp. Plin., Ep. 2, 17,1 s.; 3, 19,1 s.; 5, 6,1 s.; 8,2,1 s.; 9,36,1 s.; ILS 2927; cf. a este respecto, R. Duncan-Jones, Papers of the British School at Rome, 33, 1965, pp. 177 s., y The Economy of the Roman Emptre, pp. 17 s.; cf. R. Martin, Rev. d. Eludes Anc, 69, 1967, pp. 62 s. Herodes Ático: Philostr., Vitae Soph. 2,1 (546 s.) y a este respecto, P. Graindor, Un milliardaire antique, Hérode Atticus et sa famille (Kairo, 1930); W. Ameling, Herodes Atticus, I-II (Hildesheim-Zürich-Nueva York, 1983). <<

[123] ILS 1104. Relaciones familiares: cf., p. ej., el —en parte hipotético— árbol genealógico de la familia de Lucio Munacio Planeo Paulino (cónsul en 13 d. C.) en J. Morris, Bonner Jahrb., 165, 1965, pp. 88 s. (con suplemento). Correspondencia de Plinio: A. N. Sherwin-White, The Leiters of Pliny. A historical and social Commentary (Oxford, 1966). Amigos de Frontón: H.-G. Pflaum, en Hommages a J. Bayet, Coll. Latomus, vol. 70 (Bruselas, 1964), Pp. 544 s. Importancia de las relaciones personales para los senadores: cf. R. P. Saller, Personal Patronage under the Empire (Cambridge, 1982). <<

[124] Por lo que se refiere a la formación de un joven senador, véase, v. gr., Tac, Agr. 4,1 s., acerca de Cneo Julio Agrícola. Derecho: W. Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen² (Graz-Wien-Kóln, 1967). <<

[125] Falta de descendencia: J. P. V. D. Balsdon, Roman Women, pp. 194 s.; G. Alföldy, Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen, pp. 85 s. <<

[126] En tomo al concepto de nobilitas durante la época del Imperio, consúltense las reflexiones de M. Geizer, Kleine Schriften, I (Wiesbaden, 1962), pp. 136 s.; K. Schneider, Zusammensetzung des römischen Senats von Tiberius bis Nero (Zürich, 1942); H. Hill, Historia, 18, 1969, pp. 230 s. (como este autor pone de manifiesto, se incluyó en la nobilitas también a unas cuantas familias especialmente meritorias, que habían conseguido el rango senatorial en tiempos del Imperio). <<

[127] Homines novi: R. Syme, Tacitus, II, pp. 566 s.; bajo Augusto: T. P. Wiseman, New Men in the Roman Senate, pp. 10 s. Modalidades de ingreso en el orden senatorial: D. McAlindon, Journ. of Rom. Stud., 47, 1957, páginas 191 s.; A. Chastagnol, Bull. de la Soc. Nat. des Ant. de France, 1971, Pp. 282 s.; del mismo autor, Rev. Hist. de Droit Fr. et Etr., 53, 1975, páginas 375 s.; cf. también de él, Historia, 25, 1976, pp. 253 s. <<

[128] Tac, Ann. 11,23 s., e ILS 212. Vid. sobre ello, A. Chastagnol, loc. cit.; cf. además U. Schillinger-Häfele, Historia, 14, 1965, pp. 443 s. Italia superior: G. E. F. Chilver, Cisalpine Gaul. Social and Economic History from 49 B. C. to the Death of Trajan (Oxford, 1941). <<

[129] Sobre la composición del orden senatorial, véase Epigrafía e ordine se natorio, Atti del Colloquio Internazionale Roma 1981 (Roma, 1983). En detalle cf. además esp. A. Chastagnol, en Mél. de philos., de litt. et d’hist. anc. offerts a P. Boy aneé (Roma, 1974), pp. 163 s. (bajo Augusto); S. J. De Laet, De samenstelling van den romeinschen senaat gedurende de eerste eeuw van het Principaat (28 v. Chr.-68 n. Chr.) (Antwerpen, 1941); A. Bergener, Die führende Senatorenschicht im frühen Prinzipat (14-68 n. Chr.) (Bonn, 1965); P. Lambrechts, La composition du sénat romain de l’accession au trône d’Hadrien a la mort de Commode (IV-192) (Antwerpen, 1936); G. Alföldy, Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen, pp. 61 s.; como visión de conjunto: M. Hammond, Journ. of Rom. Stud, 47, 1957, pp. 74 s. Grupos senatoriales regionales: A. Pelletier, Latomus, 23, 1964, pp. 511 s. (africanos); R. Etienne, en Les empereurs romains d’Espagne (París, 1965), pp. 54 s. (hispanos); G. Alföldy, Epigr. Studien, 5, 1968, pp. 99 s. (dálmatas); H. Halfmann, Die Senatoren aus dem östlichen Teil des Imperium Romanum bis zum Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. (Góttingen, 1979) (del Oriente). Cf. asimismo esp. L. Schumacher, Prosopographische Untersuchungen zur Besetzung der vier hohen römischen Priesterkollegien im Zeitalter der Antoninen und der Severer (96-235 n. Chr.) (Mainz, 1973), pp. 130 s. Para las cuestiones de método, cf. W. Eck, Chiron, 3, 1973, pp. 375 s. Sobre familias senatoriales en particular, vid., p. ej., G. Alföldy, Chiron, 9, 1979, pp. 507 s. (los Gavii de Verona). <<

[130] Sobre la carrera senatorial y sobre sus modalidades en la época imperial, así como sobre las élites senatoriales dirigentes, consúltese en particular E. Birley, Proc. of the British Academy, 39, 1954, pp. 197 s.; id., Carnuntum-Jahrb., 1957, pp. 3 s. (también para la carrera de los ecuestres); J. Morris, Listy Filologiché, 87, 1964, pp. 316 s. y 88, 1965, pp. 22 s. (regulación de edades); G. Alföldy, Die Legionslegaten der Römischen Rheinarmeen. Epigr. Stu-dien, 3 (Kóln-Graz, 1967); del mismo, Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des Römischen Reiches von Augustus bis Diokletian (Wiesbaden, 1969); id., Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen, pp. 33 s.; ibid., Ancient Society, 7, 1976, pp. 263 s.; id., Jahrb. d. hist. Forschung 1975 (1976), pp. 26 s.; W. Eck, en ANRW II 1, pp. 158 s.; A. R. Birley, The Fasti of Roman Britain (Oxford, 1981), pp. 4 s. <<

[131] Cf. esp. G. Alföldy, Bonner Jahrb., 169, 1969, pp. 233 s. (sobre el generalato del ejército romano). <<

[132] Una visión general del ordo equester en A. Stein, Der Römische Ritterstand (München, 1927). Sobre los símbolos estamentales ecuestres, cf. H. Gabelman, Jahrb. d. Deutschen Arch. Inst., 92, 1977, pp. 322 s.; vid. además supra nota 58. <<

[133] Vell. 2, 118,2; cf. H. von Petrikovits, Bonner Jahrb., 166, 1966, páginas 175 s.; D. Timpe, Arminius-Studien (Heidelberg, 1970). <<

[134] Para las carreras de estos primipilares, léase a B. Dobson en ANRW II 1, pp. 329 s.; del mismo, en Recherches sur les structures sociales dans l’antiquité classique, pp. 99 s.; id., Die Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Personlichkeiten eines römischen Offiziersranges (Koln-Bonn, 1978); cf. B. Dobson-D. J. Breeze, Epigr. Studien, 8, 1969, páginas 100 s. <<

[135] Dalmacia: J. Wilkes, en Adriatica praehistórica et antigua. Mise. G. Novak dicata (Zagreb, 1970), pp. 529 s. Nórico: G. Alföldy, Noricum, páginas 124 s., 274 s. Hispania: G. Alföldy, Flamines provinciae Hispaniae citerioris (Madrid, 1973). <<

[136] Composición del estamento ecuestre: E. Birley, Roman Britain and the Roman Army² (Kendal, 1961), pp. 154 s.; cf. del mismo autor, Epigr Studien, 8, 1969, pp. 70 s. Tribunos militares: datos del trabajo aún sin publicar de H. Devijver, Het militaire tribunaat der angusticlavn in het Vroeg-Romeinse Keizemjk (Leuven, 1966). Caballeros africanos: M. G. Jarrett, Historia, 12, 1963, pp. 209 s., y Epigr. Studien, 9, 1972, pp. 146 s.; R. Duncan-Jones, Papers of the British School at Rome, 35, 1967, pp. 147 s. Dálmatas, nóricos e hispanos: véase la nota 135; en cuanto a los caballeros hispanos, léase además esp. a H.-G. Pflaum, en Les empereurs romains d’Espagne, pp. 87 s. Panonios: A. Mócsy, RE Suppl IX (1962), col. 713. Caballeros de las provincias germanas: G. Alföldy, Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e Biz, 24, 1977, páginas 7 s. De Dacia: L. Baila, Acta class. Univ. Saent. Debrecen., 13, 1977, páginas 51 s. <<

[137] Oficiales ecuestres: E. Birley, Roman Bntain and the Roman Army², pp. 133 s.; del mismo, Carnuntum Jahrb., 1957, pp. 13 s., id, en Corolla memonae E. Swoboda dedicata (Graz-Kóln, 1966), pp. 54 s.; G. Alföldy, Die Hüfstruppen der Römischen Provinz Germania inferior. Epigr. Studien, 6 (Dusseldorf, 1968), pp. 111 s. Compilación prosopográfica sobre los oficiales ecues tres: H. Devijver, Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Galhenum, I-III (Leuven, 197680). <<

[138] Un estudio de conjunto en H.-G. Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain (París, 1950), y Les carriéres procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain, I-IV (París, 1960-61), Supplément (París, 1982). En lo tocante a la posición de los caballeros en el estrato dirigente del Imperium Romanum, cf. G. Alföldy, Chiron, 11, 1981, pp. 169 s. <<

[139] Cf. P. Garnsey, en ANRW II 1, pp. 241 s. Breve síntesis en J. Gagé, Les classes sociales dans L’Empire romain, pp. 153 s. Cuestiones de derecho: W. Langhammer, Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones (Wiesbaden, 1973). Ya para cada uno de los ordines en concreto, vid, p. ej., P. Castren, Ordopopulusque Pompeianus. Polity and Society in Roman Pompeii (Roma, 1975); cf. también M L Gordon, Journ of Rom Stud, 17, 1927, pp. 165 (Pompeya); J. H. D’Arms, Amer Journ of Philol, 97, 1976, 387 s. (Ostia). Sobre la capa rectora de las ciudades itálicas, cf. asimismo S. Demougin, Ancient Society, 6, 1975, pp. 143 s (índices de las decurias de la ciudad de Roma procedentes de las ciudades itálicas) Para la capa alta de las ciudades de las provincias noroccidentales, cf. G. Rupprecht, Untersuchungen zum Dekurionenstand in den nordwestlichen Provmzen des Römischen Reiches (Kallmünz, 1975). <<

[140] R. Duncan-Jones, Papers of the British School at Rome, 31, 1963, páginas 159 s.; cf. del mismo, The Economy of the Roman Empire, pp. 283 s. <<

[141] Decuriones en Tarraco: G. Alföldy, RE Suppl. XV (1978), col. 620 s.; en Hispania: del mismo autor, Flamines provinciae Hispaniae citerioris, páginas 20 s.; en Nórico: id, Noricum, pp. 117 s. (Lista; pp. 264 s.); extensión de las propiedades: bibliografía, ibid, p. 321, nota 113. <<

[142] Salona: G. Alföldy, Bevölkerung und Gesellschaft der Römischen Provinz Dalmatten, pp. 108 s.; Dalmacia en general: J. J. Wilkes, Dalmatia, páginas 297 s. Aquincum: A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenknegen, pp. 70 s. Hijos de libertos en el ordo urbano: cf. M. L. Gordon, Journ. of Rom. Stud, 21, 1931, pp. 65 s.; P. Garnsey, en Essays in Honour of C. E. Stevens (Farnborough, 1975), pp. 167 s. <<

[143] P. Garnsey, en ANRW II 1, pp. 229 s. <<

[144] G. Alföldy, Arh. Vestnik, 15-16, 1964-65, pp. 137 s. Sobre familias de este calibre en una ciudad véase además del mismo autor, Los Baebii de Saguntum (Valencia, 1977). <<

[145] Cf. esp. W. Liebenam, Städteverwaltung im Römischen Kaiserreiche (Leipzig, 1900); F. F. Abbott-A. C. Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire (Princeton, 1926), así como A. K. Bowman, The Town Councils of Roman Egypt (Toronto, 1971). <<

[146] Mustis: AE, 1968, 586, 588, 591, 595, 599. Sobre este sistema, vid. R. Duncan-Jones, Papers of the British School at Rome, 30, 1962, pp. 65 s., y The Economy of the Roman Empire, pp. 82 s.; M. Leglay, en Akte des IV. Internat. Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik 1962 (Wien, 1964), pp. 224 s.; P. Garnsey, Journ. of Rom. Stud., 61, 1971, pp. 116 s., e Historia, 20, 1971, 309 s. Para los flamines de África, cf. M. S. Bassignano, II flaminato nelle province romane dell’Africa (Roma, 1974). <<

[147] Sobre el sistema cf. B. Laum, Stiftungen in der griechischen und römischen Antike, I-II (Berlín, 1914); F. Oertel, Die Liturgie (Leipzig, 1917); N. Lewis, Leitourgia Papyri: Documents on Compulsory Public Service in Egypt under Roman Rule (Philadelphia, 1963). En lo referente a las prestaciones de la capa alta urbana, vid W. Eck, en W. Eck-H. Galsterer-H. Wolff, Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift F. Vittinghoff (Köln-Wien, 1980), páginas 283 s. <<

[148] Cf. esp. A. M. Duff, Freedmen in the Roman Empire² (Cambridge, 1958), pp. 69 s., y 124 s., amén de la obra de G. Fabre sobre los libertos en la República tardía (supra nota 93). Cf. además del mismo, en Actes du Colloque 1973 sur l’esclavage (París, 1976), pp. 417 s. liberti en las ciudades de la península ibérica. Conciencia de identidad de los libertos a la luz de las losas sepulcrales: P. Zanker, Jahrb. d. Deutschen Arch. Inst., 80, 1975 (1976), pp. 267 s. <<

[149] Sobre los augustales léase un tratamiento pormenorizado en R. Duthoy, Epigraphica, 36, 1974 (1915), pp. 134 s. (importancia social); Epigr. Studien, 11, 1976, pp. 143 s. (difusión); ANRW, II, 16, 2 (Berlín-Nueva York, 1978), pp. 1254 s. (visión general). Cf. P. Kneissl, Chiron, 10, 1980, pp. 291 s. (para el nacimiento de la augustalidad); G. Alfoldy, Homenaje a García Bellido, IV, Rev. de la Univ. Complutense, 16, 1979 (1981), pp. 195 s. (erección de estatuas de dioses por los seviri Augustales). <<

[150] Una síntesis en G. Boulvert, Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain (Napoles, 1970); del mismo, Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain. La condition de l’affranchi et de l’esclave du prince (París, 1974); P. R. C. Weaver, Familia Caesaris. A social Study of the Emperors Freedmen and Slaves (Cambridge, 1972). Esclavos imperiales en Egipto: I. Biezunska-Malowist, en M. Capozza (ed.), Schiavitù, manomissione e classi dipendenti nel mondo antico (Roma, 1979), pp. 175 s. <<

[151] Cf. esp. R. MacMullen, Social Relations, pp. 30 s. <<

[152] J. P. Waltzing, Etude histonque sur les corporations professionelles chez les romains, I-IV (Louvain, 1895-1900); E. Komemann, RE, IV (1900), col. 380 y siguiente; F. M. De Robertis, Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano, I-II (Barí, 1974); emperador y plebe: véase nota 106. <<

[153] Cf. al respecto Z. Yavetz, Athenaeum, N. S., 43, 1965, pp. 295 s. <<

[154] Véase, por ej., Marcial, 2, 53,1 s.; 11,56,1 s.; 12,32,1 s. Acerca de la situación de la plebe en las ciudades, cf. F. F. Abbott, The Common People of Ancient Rome (Nueva York, 1911); R. MacMullen, Social Relations, páginas 63 s. Por lo que se refiere a la población baja de Roma, vid. el trabajo de P. Huttunen, The Social Strata in the Imperial City of Rome. A Quantitative Study of the Social Representation in the Epitaphs published in the CIL VI (Oulu, 1974). Condiciones de vida (vivienda): T. E. Packer, Journ. of Rom. Stud., 57, 1967, pp. 80 s. <<

[155] Dio 54,23,1 s. Muchos datos en J. Carcopino, La vie quotidienne à Rome a l’apogee de l’Empire (París, 1939); en alemán: So lebten die Römer der Kaiserzeit (Stutart, 1959). <<

[156] Profesiones urbanas: E. H. Brewster, Roman Craftsmen and Tradesmen of the Early Roman Empire (Philadelphia, 1917); H. J. Loane, Industry and Commerce of the City of Rome 50 B. C.-200 A. D. (Baltimore, 1938); I. Calabi Limentani, Studi sulla societa romana. II lavoro artístico (Milán, 1958); F. M. De Robertis, Lavoro e lavoratori nel mondo romano (Barí, 1963); A. Burford, Craftsmen in Greek and Roman Society (Ithaca, 1972); S. M. Treggiari, en P. Garnsey (ed.), Non-Slave Labour in the Greco-Roman World (Cambridge, 1980), pp. 48 s.; H. von Petrikovits, en H. Jankuhn y otros (ed.), Das Hand-werk in vor - und frühgeschichtlicher Zeit, I (Gottingen, 1981), pp. 63 s. (marcas de taller de los artesanos). Para los comerciantes vid. además J. Rouge, Recherches sur Vorganisation du commerce maritime en Méditerranée sous l’Empire romain (París, 1966), pp. 269 s.; O. Schlippschuh, Die Handler im römischen Kaiserreich in Gallien, Germanien und den Donauprovinzen Ratien, Noricum und Pannonien (Amsterdam, 1974); J. du Plat-H. Cleere (ed.), Roman Shipping and Trade: Britain and the Rhine Provinces. CBA Research Report No. 24 (Londres, 1978). Trabajo de los liberti y servi urbanos: A. M. Duff, Freedmen in the Roman Empire,² pp. 89 s.; W. L. Westermann, Slave Systems, pp. 90 s.; del mismo, Journ. of Econ. Hist., 2, 1942, pp. 149 s. Barbii: J Sasel, Eirene, 5, 1966, pp. 117 s. <<

[157] Esclavos y libertos en la época imperial: vid. en síntesis R. H. Barrow, Slavery in the Early Roman Empire (Londres, 1928); A. M. Duff, loc. cit.; W. L. Westermann, op. cit., pp. 84 s.; Cf. también E. M. Schtajerman, Die Krise der Sklavenhalterordnung im Westen des römischen Reiches (Berlín, 1964), trazando un cuadro en exceso sombrío. Importancia económica de la esclavitud: cf. M. Corbier, Opus, 1, 1982, pp. 109 s. Procedencia de los esclavos: M. Bang, Röm. Mitt., 25, 1910, pp. 223 s., y 27, 1912, pp. 189 s.; M. L. Gordon, Journ. of Rom. Stud., 14, 1924, pp. 93 s. Extensión de la esclavitud en el imperio: J. Ceska, Die Differenzierung der Sklaven in Italien in den ersten zwei Jahrhunderten des Prinzipats (en checo con resumen en alemán) (Praha-Brno, 1959); E. M. Staerman-M. K. Trofimova, La schiavitù nell’Italia imperiale, secolo (Roma, 1975); S. Treggiari, Transact. Amer. Philol. Ass., 105, 1975, pp. 393 s. (esclavos de la familia senatorial de los Volusii); G. Prachner, Die Sklaven und Freigelassenen im arretinischen Sigillatagewerbe (Wiesbaden, 1980); J. Mangas Manjarrés, Esclavos y libertos en la España romana (Salamanca, 1971); A. Daubigney-F. Favory, en Actes du Colloque 1972 sur l’esclavage (Besangon-París, 1974), pp. 315 s. (Narbonensis, Lugdunensis); L. Vidman, Listy Filologické, 82, 1959, pp. 207 s.; id., 83, 1960, pp. 64 s. y 229 s., así como Acta Ant. Hung., 9, 1961, pp. 153 s. (Nórico); A. Mócsy, Acta Ant. Hung., 4, 1956, pp. 221 s. (Panonia); G. Alföldy, Acta Ant. Hung., 9, 1961, pp. 121 s. (Dalmacia); I. Biezunska-Malowist, Studii Clasice, 3, 1961, pp. 147 s., y en I. Biezunska-Malowist (ed.), Storia sociale ed economica dell’età classica negli studi polacchi contemporanei (Milán, 1975), pp. 111 s. (vernae en Egipto); id., en Atti dell’XI Congr. Internaz. di Papirol. Milano 1965 (Milán, 1966), pp. 433 s. (libertos en Egipto); id., L’esclavage dans l’Egypte gréco-romaine II. Période romaine (Wroclaw, 1977). Esclavas: S. Treggiari, Amer. Journ. of Ancient History, 1, 1976, pp. 76 s., y en M. Capozza (ed.), Schiavitù, manomissione e classi dipendenti, pp. 185 s. Más bibliografía en J. Vogt-N. Brockmeyer, Bibliographie zur antiken Sklaverei, pp. 37 s. <<

[158] P. A. Brunt, Italian Manpower, p. 124. <<

[159] Cf. W. L. Westermann, op. cit., pp. 100 s.; Mérula (cf. pp. 158 s.): ILS, 7812. <<

[160] Situación jurídica de los esclavos: W. W. Buckland, The Roman Law of Slavery The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justiman (Cambridge, 1908). <<

[161] Cf. W. Richter, Gymnasium, 65, 1958, pp. 196 s. <<

[162] G. Alföldy, Rw Stor del l’Ant, 2, 1972, pp. 97 s, y también en H. Schneider (ed), Sozial- und Wirtschaftgeschichte der Römischen Kaiserzeit (Darmstadt, 1981), pp. 336 s. Sobre la frecuencia de las manumisiones, cf. K Hopkins, Conquerors and Slaves, pp. 99 s Por lo que se refiere a las leyes y situación jurídica de los liberti, vid W. W. Buckland, op cit, pp. 449 s.; A. M. Duff, op. cit., Pp. 12 s. Debo a I. Hahn la referencia adicional a Artemidoro. <<

[163] H. Lemonnier, Etude historique sur la condition privée des affranchis aux trois premiers siècles de l’Empire romain (Paris, 1887); J. Lambert, Les operae liberti. Contributions a l’histoire des droits de patronat (Paris, 1934); G. Fabre, Libertas, pp. 267 s. <<

[164] Para la problemática del campesinado romano durante la época del Imperio véase R. MacMullen, en ANRW, II, 1, pp. 253 s.; id., Social Relations, pp. 1 s.; M. I. Finley, en id. (ed.), Studies in Roman Property, pp. 103 s. (Italia); G. Ch. Picard, en ANRW, II, 3 (Berlin-Nueva York, 1975), pp. 98 s. (Galia y norte de África); C. R. Whittaker, en P. Garnsey (ed.), Non-Slave Labour in the Greco-Roman World (Cambridge, 1980), pp. 73 s. Sobre la agricultura: W. E. Heitland, Agricola. A Study of Agnculture and Rus tic Life in the Greco-Roman World (Cambridge, 1921); K. D. White, Roman Farming (Londres, 1970);

cf. del mismo, Country Life in Classical Times (Londres, 1977) (recopilación de fuentes). Latifundios: véase supra nota 55; y en la nota 60 también bibliografía para la época del Imperio. <<

[165] Sobre esto, H. Gummerus, Der Römische Gutsbetneb, pp. 73 s.; N. Brock-meyer, Arbeitsorgamsation und ökonomisches Denken, pp 137 s.; cf. G. Hentz, Ktema, 5, 1980, pp. 151 s.; consúltese además la bibliografía de la nota 98. <<

[166] Es básico M. Rostovtzeff, Studien zur Geschichte des römischen Kolonates (Leipzig, 1910), R. Clausing, The Roman Coloríate (Nueva York, 1925); P. Collinet, Le colonat dans L’Empire romain (Bruselas, 1937); restante bibliografía en J. Vogt-N Brockmeyer, Bibhograpkie zur antiken Sklaverei, pp. 45 s. Comienzos del sistema de colonato en Italia, su contemplación por los juristas, N. Brockmeyer, Historia, 20 1971, pp. 732 s. <<

[167] Es básico M. Rostovtzeff, Studien zur Geschichte des römischen Kolonates (Leipzig, 1910), R. Clausing, The Roman Colonate (Nueva York, 1925); P. Collinet, Le colonat dans L’Empire romain (Bruselas, 1937); restante bibliografía en J. Vogt-N Brockmeyer, Bibliographie zur antiken Sklaverei, pp. 45 s. Comienzos del sistema de colonato en Italia, su contemplación por los juristas, N. Brockmeyer, Historia, 20 1971, pp. 732 s. <<

[168] Sobre el modelo de división social aquí esbozado y sobre los caracteres fundamentales del orden social romano, vid. asimismo G. Alföldy, Gymnasium, 83, 1976, pp. 1 s. Crítica de este modelo e ideas en parte diferentes a éstas: F. Vittinghoff, Htst. Zeitschr., 230, 1980, pp. 31 s.; K. Christ, en W. Eck-H. Galsterer-H. Wolff (ed.), Studien zur antiken Sozialgeschichte, pp. 197 s.; F. Kolb, en Bericht über die 33. Versammlung deutscher Historiker in Würz-burg 1980. Beih. zu. Gesch. in. Wiss. u. Unterricht (Stuttgart, 1982), pp. 131 s. Respecto a estos pareceres, G. Alföldy, Chiron, 11, 1981, pp. 207 s. Cf. del mismo, en Homenaje García Bellido, IV, Rev. de la Univ. Complutense, 18, 1979 (1981), pp. 177 s., esp. 209 s. (estratificación social reflejada en los honores estatuarios). Para las relaciones sociales entre los integrantes de los distintos estratos, cf. W. Eck, en Colonato y otras formas de dependencia no esclavistas. Actas del Coloquio, 1978. Memorias de Historia Antigua (Oviedo), 2, 1978, pp. 41 s. La teoría marxista, que se mantiene en la idea de que el orden social antiguo constituía una sociedad de clases, se ha apartado entre tanto considerablemente de la concepción de una «sociedad de esclavistas» (por ejemplo, E. M. Staerman, VD1, 1969, 4, pp. 37 s.): véase en tal sentido, v. gr., H. Kreissing, Ethn.-Arch. Zeitschr., 10, 1969, pp. 361 s. <<

[169] Movilidad social en el Alto Imperio: K. Hopkins, Past and Present, 32, 1965, pp. 12 s.; P. R. C. Weaver, ibid., 37, 1967, pp. 3 s. (libertos y esclavos imperiales); H. W. Pleket, Tijdschr. voor Geschiedems, 84, 1971, pp. 215 s.; H. Castritius, Mitt. d. Techn. Univ. Braunschweig, 8, 1973, pp. 38 s.; R. Mac-Mullen, Social Relations, pp. 97 s.; B. Dobson, en Recherches sur les structures sociales dans l’antiquité classique, pp. 99 s. (centuriones). <<

[170] Suet., Vit. 2, 1 s. Primipili- véase nota 134. Pértinax: SHA, P. 1, 1 s. y AE, 1963, 52; sobre ello, H.-G. Kolbe, Bonner Jahrb, 162, 1962, pp. 407 s.; G. Alfoldy, Situla, 14-15, 1974, pp. 199 s. <<

[171] Sistema administrativo: vid, por ej., F. Millar, Journ. of Rom. Stud, 56, 1966, pp. 156 s.; W. Eck, Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Katserzeit (München, 1979). Ejército: A. v. Domaszewski-B Dobson, Die Rang-ordnung des Römischen Heeres² (Koln-Graz, 1967); G. Webster, The Roman Imperial Army of ¿he first and second Centuries A D (Londres, 1969); M. Grant, The Army of the Caesars (Londres, 1974); composición social y étnica: G. Forni, en ANRW, II, 1, pp. 339 s., con bibliografía. <<

[172] Culto al Emperador: mírese la nota 104. Cultos de las distintas capas sociales: J. Beaujeu, en Hommages a J. Bayet, Coll. Latomus, vol. 70 (Bruselas, 1964), pp. 54 s. (orden senatorial); F. Bómer, Untersuchungen über die Religión der Sklaven in Griechenland und Rom, I (vid. nota 72). Extensión e imposición de las ideas y valores romanos en el imperio: G. Alföldy, Die Rolle des Einzdnen in der Gesellschaft des Römischen Kaiserreiches. Erwartungen und Wertmassstabe. Sitz.-Ber. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., Phil-hist. KL, Jg. 1980, 8. Abh. (Heidelberg, 1980). Propaganda antirromana: R. MacMullen, Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest, and Alienation in the Empire (Cambridge/Mass., 1966), pp. 46 s. Sobre los conflictos sociales en el imperio romano, véase en síntesis G. Alföldy, Heidelberger Jahrb.¡ 20, 1976, pp. 111 s., así como en H. Schneider (ed.), Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiser-zeit, pp. 372 s. Para los conflictos en el mundo griego, incluida la época imperial, cf. G. E. M. de Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World from the Archaic Age to the Arab Conquests (Londres, 1981). <<

[173] Levantamiento en el año 24: Tac, Ann. 4,27 e ILS 961 (para la datación vid. G. Alföldy, Fasti Hispanienses, pp. 149 s.). Levantamiento en el año 54: Tac, Ann. 12, 56. Huida de esclavos: H. Bellen, Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich (Wiesbaden, 1971). <<

[174] Disturbios en Prusa: Dion Chrys., Disc 46,7 s.; en Tarso: ibid., 34,1 s., y al respecto, cf. D. Kienast-H. Castritius, Historia, 20, 1971, pp. 62 s. Efeso: Acta App. 19,24 s.; sobre ello, cf. A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the New Testament (Oxford, 1963), pp. 83 s. Cf. además en especial R. F. Newold, Athenaeum, N. S., 52, 1974, pp. 110 s., sobre los alborotos en Roma bajo Tiberio. <<

[175] H. Kreissig, Die sozialen Zusammenhänge des judaischen Krieges (Berlín, 1970), pp. 127 s. Para las revueltas de las poblaciones indígenas sometidas de las provincias, cf. St. L. Dyson, en ANRW, II, 3 (Berlín-Nueva York, 1975), pp. 138 s. Guerra bátava: L. Bessone, La rivolta batavica e la crisi del 69 d. C. Mem. Accad. d. Se. di Torino, Cl. di Se. mor., stor. efilol., Ser. 4.a, vol. 24 (Torino, 1972). Resistencia activa y pasiva contra la dominación romana en el norte de África: M. Benabou, La résistance africaine a la romanisation (París, 1976). <<

[176] Por lo que hace a la crisis del imperio romano vid. R. MacMullen, Roman Government’s Response to Crisis, A. D. 235-337 (New Haven, 1976); cf. en tal sentido G. Alföldy, Htspania Antiqua, 6, 1976, (1978), pp. 341 s. Bibliografía en G. Walser-Th. Pekáry, Die Krise des römischen Reiches. Bencht über die Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts nach Christus (Darmstadt, 1967). Evolución social: consúltese en especial M. Rostovtzeff, Gesellschaft und Wirtschaft, II, pp. 106 s.; J. Gagé, Les classes sociales, pp. 249 s.; una visión general útil la hay en P. Petit, Histoire genérale de l’Empire romain (París, 1974), pp. 507 s. Conciencia de crisis: G. Alföldy, Hermes, 99, 1971, pp. 429 s., e Historia, 22, 1973, pp. 479 s., y esp. Greek, Roman and Byzantine Studies, 15, 1974, pp. 89 s. (en alemán en G. Alföldy y otros, ed., Krisen in der Antike, Bewusstsein und Bewaltigung (Dusseldorf, 1975), pp. 112 s.). <<

[177] Egipto: A. C. Johnson, Journ. of Juristic PapyroL, 4, 1950, pp. 151 s.; Panonia: P. Oliva, Pannonia and the Onset of Crisis in the Roman Empire (Praha, 1962); cf. también el paulatino desarrollo en Norico: G. Alföldy, Noricum, pp. 159 s. <<

[178] En Eus., Hist. eccl. 7, 21,9 s. Sobre la merma de fuerzas productivas y la despoblación del campo, cf. P. Salmón, Population et dépopulation dans l’Empire romain Coll. Latomus, vol. 137 (Bruselas, 1974); C. R. Whittaker, en M. I. Finley (ed.), Studies in Roman Property, pp. 137 s. Economía: bibliografía en G. Walser-Th. Pekáry, op. cit., pp. 81 s. <<

[179] Por lo que se refiere a las distintas opiniones sobre las causas de la crisis y decadencia del mundo romano, véase K. Christ (ed.), Der Untergang des römischen Reiches (Darmstadt, 1970); una interpretación marxista la ofrece, v. gr., E M. Schtajerman, Die Krise der Sklavenhalterordnung, pp. 1 s. <<

[180] Cf G. Barbieri, L’albo senatorio da Settimo Severo a Carino (193-285) (Roma, 1952); cf. asimismo la nota 129. <<

[181] A. Alföldi, en Historia Mundi IV. Römisches Weltreich und Christentum (München, 1956), pp. 211 s. Acerca del orden senatorial en el siglo III vid. esp. A. Chastagnol, Rev. Hist., 496, 1970, pp. 305 s. <<

[182] Conflictos bajo Cómodo: F. Grosso, La lotta política al tempo di Commodo (Torino, 1964), pp. 125 s.; bajo Severo: G. Alföldy, Bonner Jahrb., 168, 1968, pp. 112 s., y A. R. Birley, Septimius Severus, the African Emperor (Londres, 1971); cf. también del mismo autor, Bonner Jahrb., 169, 1969, pp. 247 s., para los acontecimientos del año 193. <<

[183] Mírese al respecto G. Alföldy, Die Legionslegaten der römischen Rhein-armeen, pp. 110 s., y Bonner Jahrb, 169, 1969, pp. 242 s. Pértinax, Valerio Maximiano: véase del mismo autor, Sttula, 14-15, 1974, pp. 199 s. <<

[184] Para la reforma de Galieno véase H.-G. Pflaum, Historia, 25, 1976, páginas 109 s., haciendo hincapié en el papel del militar ecuestre profesional, que revestía los altos mandos tras una larga carrera de soldado y centurión. Cf. además esp. B. Malcus, Opusc. Rom, 7, 1969, pp. 213 s.; sobre cada una de las personas, cf. G. Alföldy, Byzantinoslavica, 34, 1973, pp. 236 s. <<

[185] En lo tocante a esta evolución mírese esp. C. W. Keyes, The Rise of the Equités in the Third Century of the Roman Empire (Princeton, 1915); G. Lopuszanski, Mél. d’Arch. et d’Hist., 55, 1938, pp. 131 s.; H.-G. Pflaum, Les procurateurs équestres, pp. 82 s.; J. Osier, Latomus, 36, 1977, pp. 674 s. Muciano: IGBulg. III², 1570, y a este respecto vid. M. Christol, Chiron, 7, 1977, pp. 393 s. <<

[186] Paneg. 2, 2,2, y en torno a ello, A. Alföldi, Studien zur Geschichte der WeltKrise, pp. 228 s. Composición del orden senatorial en el siglo ni: H.-G. Pflaum, op cit., pp. 186 s.; E. Birley, Epigr. Studien, 8, 1969, pp. 70 s. Élite ecuestre dirigente: G. Alföldy, Chiron, 11, 1981, pp. 169 s. Número de los procuradores: consúltese esp. H.-G. Pflaum, Abrégé des procurateurs équestres (París, 1974), p. 43. <<

[187] Sobre ello, H.-G. Pflaum, en Recherches sur les structures sociales dans L’antiquité classique, pp, 177 s.; G. Alföldy, Chiron, 11, 1981, pp. 190 s. <<

[188] H.-G. Pflaum, Le Marbre de Thongny (París, 1948), a cuento de CIL XIII, 3162. <<

[189] Panonia: cf. A. Mócsy, RE Suppl IX (1962), col. 714. Nórico: G. Alfoldy, Nortcum, pp. 171 s. <<

[190] Bibliografía en nota 19 <<

[191] Para la historia social del ejército consúltese en particular R. MacMullen, Soldier and Civilian in the Later Roman Empire (Cambridge/Mass., 1963); reclutamiento, orden de rango: véase la nota 171. Cf. además H. Zwicky, Zur Verwendung des Militars in der Verwaltund der römischen Kaiserzeit (Zürich, 1944). <<

[192] S. Lauffer, Diokletians Preisedikt (Berlín, 1971); M. Giacchero, Edictum Diocletiani et collegarum de prettis rerum vendium (Genova, 1974). <<

[193] La inscripción en J. Keil — A. v. Premerstein, Bericht über eine dritte Reise in Lydien und den angrenzenden Gebieten Ioniens (Wien 1914) Nr. 9. <<

[194] G. Alföldy, Historia, 15, 1966, pp. 433 s. Para los colegios en general véase la bibliografía de la nota 152; sobre su situación en el siglo III, cf. E. Groag, Vierteljahresschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch., 2, 1904, pp. 481 s. <<

[195] En lo que se refiere al colonato en el siglo III examínese la bibliografía de las notas 166 y 167; a este respecto véase asimismo N. Brockmeyer, Arbeits-orgamsation und ókonomtsches Denken, pp. 254 s.; cf. además W. Held, Klio, 53, 1971, pp. 239 s. <<

[196] Para lo siguiente vid. M. Rostovtzeff, Gesellschaft und Wirtschaft, II, pp. 163 s.; respecto a los acontecimientos del año 238 mírese esp. H. G. Mullens, Greece and Rome, 17, 1948, pp. 65 s.; P. W. Townsend, Yale Class. Stud., 14, 1955, pp. 49 s.; T. Kotula, Eos, 51, 1959/60, pp. 197 s.; X. Loriot, en ANRW II 2 (Berlin-New York 1975), pp. 688 s.; para un correcto enjuicia miento de los sucesos tenidos lugar en África resulta fundamental F. Kolb, Historia, 24, 1977, pp. 440 s. Sobre Maximino Trax y el senado, K. Dietz, Senatus contra principen?. Untersuchungen tur senatonschen Oppositon gegen Kaiser Maximinus Thrax (München 1980), sobre cuyo libro: G Alföldy, Gnomon, 54, 1982, pp. 478 s. Una evaluación de los conflictos sociales del siglo III por F Kolb, en Bonner Festgabe J Straub (Bonn 1977), pp. 277 s.; en lo esencial coincidente G. Alföldy, Heidelberger Jahrb., 20, 1976, pp. 111 s., y en H Schneider (ed.), Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der romischen Kaiserzeit, pp. 372 s. Cf. además M. Mazza, Lotte sociale e restaurazione autoritaria nel III secólo d. C. (Catania 1973). <<

[197] I Hahn, en Die Rolle der Plebs im spatrömischen Reich, ed. por V. Besevliev y W. Seyfarth (Berlin 1969), pp. 39 s. <<

[198] Sobre ello C. R Whittaker, Historia, 13, 1964, pp. 348 s. <<

[199] Fugitivi: H. Bellen, Sklavenflucht, pp. 118 s. Bandidaje: R. MacMullen, Enemies of the Roman Order, pp. 255 s. Boukoloi: Dio 71,4,1 s.; cf. al respecto J. Schwartz, Anc. Soc, 4, 1973, pp. 193 s.; A. Baldini, Latomus, 37, 1978, pp. 634 s. Bellum desertorum: G. Alföldy, Bonner Jahrb., 171, 1971, pp. 367. s. A. Baldini, Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e Biz., 24, 1977, pp. 43 s. (con una sobrevaloración injustificada de las fuentes, en particular de la tabla de Rottweil, cuya inscripción no contiene el texto aceptado por R. Egger y, de acuerdo con éste, también por Baldini). Bagaudas: E. A. Thompson, Past and Present, 2, 1952, pp. 11 s., y en M. I. Finley (ed.), Studies in Ancient Society (London 1974), pp. 304 s. (en alemán: en H. Schneider, ed., Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, pp. 29 s.); B. Cúth, Die Quellen der Geschichte derBagauden. Acta Univ. A. József, Acta Ant. et Arch., 9 (Szeged 1965). <<

[200] En lo referente al discutido problema de la movilidad social durante el Bajo Imperio consúltese la bibliografía de la nota 246, y véase asimismo la nota 169. <<

[201] Cf. la bibliografía de la nota 104. Que la evolución fue continua y progresiva, y que los conceptos de Principado y Dominado no pueden denominar dos períodos históricos tajantemente separados el uno del otro, es algo evidente; véase J. Bleicken, Prinzipat und Dominat. Gedanken zur Periodisierung der römischen Kaiserzeit. Frankfurter Historische Vortrage, 6 (Wiesbaden, 1978). <<

[202] Religiones paganas en el Imperio y su papel en el siglo ni: J. H. W. G. Liebeschuetz, Continuity and Change in Roman Religión (Oxford, 1979); R. MacMullen, Paganism in the Roman Empire (New Haven-Londres, 1981). Cultos orientales: M. J. Vermaseren, Die orientalischen Religionen im Römerreich (Leiden, 1981). Política religiosa: cf. J. Vogt, Zur Reliogisität der Christenver-folger im Römischen Reich. Sitz.-Ber. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KL, Jg. 1962, 1. Abh. (Heidelberg, 1962). Sobre la estructura social del cristianismo preconstantiniano, vid. Th. Schleich, Geschichte in Wiss. u. Unterncht, 33, 1982, pp. 269 s., con bibliografía; infiltración del cristianismo en el orden senatorial: W. Eck, Chiron, 1, 1971, pp. 381 s. En cuanto a la historia social del cristianismo primitivo, que no puede ser tratada en este contexto, véase G. Theissen, Studien zur Soziologie des Urchristentums² (Tübingen, 1983), con estupenda bibliografía. <<

[203] Paneg. 5, 8,3 y 5,14,4; cf. G. Alföldy, Greek, Roman and Byzantine Studies, 15, 1984, pp. 109 s. <<

[204] Condiciones y relaciones sociales en el Bajo Imperio: fundamental es la obra de A. H. M. Jones, The Later Roman Empire 284-602. A social, economic and administrative Survey, I-III (Oxford, 1964). Condiciones sociales en la mitad oriental del imperio: F. Tinnefeld, Die frühbyzantinische Gesellschaft. Struktur-Gegensdtze-Spannungen (München, 1977). Estratificación social: A. Chastagnol, en Colloque d’histoire sociale, Saint-Cloud 1967 (París, 1973), pp. 49 s. Visiones generales útiles en S. Dill, Roman Society in the last Century of the Western Empire¹ (Londres, 1905); J. Gagé, Les classes sociales, pp. 335 s.; A. Chastagnol, Le Bas-Empire (París, 1969), pp. 53 s.; A. Piganiol-A. Chastagnol, L’Empire chrétien (325-395) ² (París, 1972), pp. 318 s., y más recientemente A. Chastagnol L’évolutionpolitique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien a Julien. La mise en place du régime du Bas-Empire (284-363) (París, 1982), pp. 265 s. Deficiente y equívoco es el trabajo de W. Held, Die Vertiefung der allgemeinen Krise im Westen des römischen Reiches. Studien über die sozialökonomischen Verhältnisse am Ende des 3. und in der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts (Berlín, 1974). Para cantidad de cuestiones y aspectos concretos es muy útil S. Mazzarino, Aspetti sociali del quarto secólo. Ricerche di storia tardoromana (Roma, 1951); W. Seyfarth, Soziale Fragen der spätrömischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus (Berlín, 1963). Para problemas concretos de la historia social tardorromana hay un rico material en A. Chastagnol y otros, Transformations et Conflicts au IVe sude ap. J.-C. (Bonn, 1978). Sobre cada una de las regiones y provincias, véase esp. L. Ruggini, Economia e societá nell’ltalia annonana». Rapporti fra agricoltura e commercio del IV al VI secólo d. C. (Milán, 1961); B. H. Warmington, The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest (Cambridge, 1954); H.-J. Diesner, Der Untergang der römischen Herrschaft in Nordafrika (Weimar, 1964); J. M. Blázquez, Estructura económica y social de Hispanla durante la Anarquía militar y el Bajo Imperio (Madrid, 1964); R. Teja, Organización económica y social de Capadocia en el siglo IV, según los padres capadocios (Salamanca, 1974). Formidable exposición de las condiciones económicas y sociales de una provincia en el siglo V: Eugippius, Vita Sancti Severin (para Nórico), y a este respecto mírese esp. R. Noli, Eugippius. Das Leben des heiligen Severin (Berlín, 1963). <<

[205] Cf. al respecto esp. F. Vittinghoff, en Zur Frage der Periodengrenze zwischen Altertum und Mittelalter, ed. por P. E. Hübinger (Darmstadt, 1969), pp. 298 s.; sobre el carácter del período de transición en cuanto «cinta alargada», H. Aubin, ibid., pp. 93 s. (esp. con referencia a lo antiguo Antike und Abendland, 3, 1948, pp. 88 s.). Sobre la valoración de la transición de la Antigüedad a la Edad Media en la investigación más reciente, consúltese P. E. Hübinger, ibid., pp. 145 s. y esp. K. F. Stroheker, ibid, pp. 206 s. Por lo que se refiere a las distintas teorías acerca de las causas de la decadencia del mundo romano véase la bibliografía de la nota 179. <<

[206] Economía en el Bajo Imperio: A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, pp. 411 s. y 712 s.; manéjese además la bibliografía de la nota 204, así como la obra de G. Mickwitz, Geld und Wirtschaft im römischen Reich des 4. Jahrhunderts n. Chr. (Helsingfors, 1932); F. W. Walbank, The Decline of the Roman Empire in the West (Londres, 1946); K. Hannestad, L’évolution des ressources agricoles de Vltalie du 4éme siècle de nôtre ère (Kobenhavn, 1962); T. Précheur-Canonge, La vie rurale en Afrique romaine d’apres les mosaiques (París, 1962). Sobre la importancia de la ciudad, cf., por ej., F. Vittinghoff, en Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter, ed. por H. Jankuhn, W. Schlesinger, H. Steuer (Gottingen, 1973), pp. 92 s. Véase además del mismo esp. en nota 222. <<

[207] Sobre esto, cf. esp. A. Déléage, La capitation du Bas-Empire (Macón, 1945); A. H. M. Jones, Journ. of Rom. Stud., 47, 1957, pp. 88 s.; J. Karayannopulos, Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates (München, 1958); E. Faure, Etude de la capitation de Dioclétien d’apres le Panégyrique VIH (París, 1961); I. Hahn, Acta Ant. Hung., 10, 1962, pp. 123 s.; W. Goffart, Caput and Colonate: towards a History of late Roman Taxation (Toronto-Buffalo, 1974); A. Cerati, Caractére annonaire et assiette de Vimpót foncier au Bas Empire (París, 1975). Para calibrar la importancia que tuvo la presión fiscal en el divorcio entre sociedad y estado, A. H. M. Jones, Antiquity, 33, 1959, pp. 39 s. = id., The Roman Economy, pp. 82 s. (en alemán en H. Schneider, ed., Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, pp. 100 s.). <<

[208] Opt. Milev., App. 3, Idea del emperador en el Bajo Imperio: W. Ensslin, Goltkaiser und Kaiser von Gottes Gnaden. Stiz.- Ber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., 1943, Heft 6 (München, 1943); J. Straub, Vom Herrschendeal in der Spätantike² (Stuttgart, 1964); A. Alfóldi, Die monarchische Reprasentation im römischen Kaiserreiche (Darmstadt, 1970); cf. además A. Lippold, Historia, 17, 1968, pp. 228 s., y J. Béranger, Mus. Helv., 27, 1970, pp. 242 s. Emperador y sociedad: R. Laqueur, en Probleme der Spatanttke, Vortrage…, por R. Laqueur, H. Koch, W. Weber (Stuttgart, 1920), pp. 1 s. Para la historia de la monarquía tardorromana es fundamental el trabajo de E. Stein, Histoire du Bas Empire, I-II (París, 1959). <<

[209] Ejército: véase esp. D. van Berchem, L’armée de Dioclétien et la reforme constantimenne (París, 1952); R. I. Frank, Scholae Palatinae (Amer. Acad, in Rome, 1969); D. Hoffmann, Das Spatrömische Bewegungsheer, I-II, Epigr. Studien, Bd. 7 (Dusseldorf, 1969-70); números de soldados: cf. esp. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, pp. 679 s. Aparato estatal: véase esp. J. B, Bury, History of the Later Roman Empire (reed. Nueva York, 1958), pp. 1 s. A. H. M. Jones, op. cit., pp. 321 s. y 366 s.; A. Chastagnol, La préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire (París, 1960); W. Sinnigen, The Officium of the Urban Préfecture during the Later Roman Empire (Amer. Acad. in Rome, 1957); J.-R. Palanque, Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-Empire (París, 1933); E. Stein, Untersuchungen uber das Officium der Pratorianerpräfekten seit Diokletian (Wien, 1922); A. E. R. Boak, Univ. of Michigan Studies, Human. Ser., 14, 1924, pp. 1 s., y M. Clauss, Der magister officiorum in der Spätantike (4-6. Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche Politik (München, 1980) {magister officii); J. A. Dunlap, Univ. of Michigan Studies, loe. cit., pp. 161 s. (praepositus sacni cubiculi); A. Demandt, RE Suppl. XII (1970), col. 533 s. (magister militum); P. Weiss, Consistorium und Comites Consistoriani. Untersuchungen zur Hofbeamtenschaft des 4. Jahrhunderts n. Chr. auf prosopographischer Grundlago. (Würzburg, 1975). En lo tocante al aparato del estado tardorromano véase asimismo A. Giardina, As peí ti della burocrazia nel Basso Impero (Roma, 1977). Evolución del derecho: F. Wieacker, Recht und Gesellschaft der Spätantike (Stuttgart, 1965). Característica de la estructura de dominación en el imperio bajorromano es la frecuente utilización de eunucos en el servicio imperial: los emperadores podían servirse de los eunucos influyentes como de un eficiente alto aparato de control, si bien éstos no se integraban jamás en la restante élite dirigente y no podían constituirse en nobleza hereditaria. Léase en particular P. Guyot, Eunuchen ais Sklaven und Vreigelassen in der griechisch-römischen Antike (Stuttgart, 1980). <<

[210] Sobre eso, vid. F. Lot, Les invasions germaniques et la pénétration mutuelle du monde barbare et du monde romain¹ (París, 1945). <<

[211] M. Waas, Germanen im römischen Dienst (im 4.Jh. n. Cbr.)² (Bonn, 1971); cf. K. F. Stroheker, Germanentum und Spätantike (Zürich-Stuttgart, 1965), pp. 9 s. <<

[212] S. Dill, op cit, pp. 245 s., la denomina «middle class», al igual que A Chastagnol, Le Bas-Empire, p. 58: «la classe moyenne». <<

[213] Para el orden senatorial en el Bajo Imperio es básico A. Chastagnol, Rev. Htst., 244, 1970, pp. 305 s.; en alemán en H. Schneider (ed.), Sozial- und Wtrtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, pp. 293 s.; mírese también A. Piganiol-A. Chastagnol, L’.Empire chrétien, pp. 381 s. Consúltese ahora esp. J. Matthews, Western Anstocracies and Imperial Court A. D 364-425 (Oxford, 1975) Cf. además P. Arsac, Rev Hist de Droit Fr et El, 47, 1969, pp. 198 s. Sobre el fin del orden ecuestre cf. A. Stein, Der römische Ritter-stand, pp. 455 s. Antigüedad tardía y capa dirigente en general- H Löhken, Ordines dignitatum Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht (Koln-Wien, 1982). Nobleza militar tardorromana: es fundamental A. Demandt, Chiron, 10, 1980, pp. 609 s. <<

[214] Es la opinión de un M. T. W. Arnheim, The senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire (Oxford, 1972); vid. en contra, por ej., W. Eck, Gnomon, 46, 1974, pp. 673 s. <<

[215] Vid. A este resprecto, A. Chastagnol, en Recherches sus les structures sociales dans l’antiquité classique, pp. 187 s. <<

[216] Olympiodorus, Frg. 43 s. (Migne, PG 103, 280). <<

[217] Valerii: Gerontius, Vita Melaniae 1 s.; Símaco: J. A. McGeachy, Quintus Aurelius Symmachus and the senatorial Aristocracy of the West (Chicago, 1942), y R. Klein, Symmachus (Darmstadt, 1971). Hacienda de Ausonio: R. Etienne, Bordeaux antique (Bordeaux, 1962); pp. 351 s. Cf. además esp. S. Dill, Roman Society, pp. 143 s. y 167 s. <<

[218] Consulado: A. Chastagnol, Rev. Hist., 219, 1958, pp. 221 s. Nuevos cargos: bibliografía en nota 209. <<

[219] A. Chastagnol, Le sénat romain sous le régne d’Odoacre. Recherches sur l’épigraphie du Colisée au Ve siècle (Bonn, 1966). <<

[220] Senado de Constantinopla: P. Petit, L’Ant. Class.,26, 1957, pp. 347 s.; A. Chastagnol, Acta Ant. Hung., 24, 1976, pp. 34 s.; F. Tinnefeld, Die früh-byzantinische Gesellschaft, pp. 59 s. Hispanos: K. F. Stroheker, Germanentum und Spätantike, pp. 54 s.; galos: id., Der senatorische Adel itn sp’átantiken Gallien (Tübingen, 1948); cf. W. Held, Klio, 58, 1976, pp. 121 s. Africanos: M. Overbeck, Untersuchungen zum afrikanischen Senatsadel in der Spätantike (Frankfurt, 1973). Senadores de la ciudad de Roma: véase las notas 217 y 219. Sobre la estratificación en el seno del orden senatorial, cf. T. D. Barnes, Pboenix, 28, 1974, pp. 444 s. (nobilitas en la época tardorromana). <<

[221] Conversiones: véase en particular A. Chastagnol, Rev. d. Etudes Anc, 58, 1956, pp. 241 s.; P. R. L. Brown, Journ. of Rom. Stud., 51, 1961, pp. 1 s. En lo referente a la cristianización de la aristocracia imperial manéjese el libro de R. v. Haehling, Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie (Bonn, 1978). Propaganda pagana: véase esp. A. Alföldi, Die Kontorniaten. Ein verkannies Propagandamittel der stadtrömischen Aristokratie in ihrem Kampf gegen das christliche Kaiser tum (Budapest, 1943); cf. más recientemente A. Alföldi-E. Alföldi, Die Kontorniat-Medaillons. 1.a parte: Katalog (Berlín, 1976). <<

[222] Una visión de conjunto en A. Piganiol-A. Chastagnol, L’Empire chrétien, pp. 392 s.; F. Tinnefeld, Die frühbyzantinische Gesellschaft, pp. 100 s. Cf. F. Vittinghoff, en Vittinghoff (ed.), Stadt und Herrschaft, pp. 107 s., quien previene con razón contra afirmaciones generalizadoras acerca de la desfavorable situación de los curiales en la época tardorromana, pero que en conjunto traza un cuadro en exceso optimista. Respecto del álbum de Thamugadi, vid. A. Chastagnol, L’Álbum municipal de Timgad (Bonn, 1978). Por lo que se refiere a la capa alta urbana en el norte de África en época tardorromana, cf. T. Kotula, Les principales d’Afrique. Etude sur l’élite municipale nord-africaine au Bas-Empire romain (Wroclaw, 1982). Munificentia privada en las ciudades de Italia durante la baja época: St. Mrozek, Historia, 27, 1978, pp. 355 s. <<

[223] Prescripciones citadas: Cod. Theod, 12, 1,9; 12, 1,143; 12,8,1 s.; 12,3,1 s. Heredabilidad: Th. Mommsen, Gesammelte Schriften, III (Berlín, 1907), páginas 43 s., pero véase también A. H. M. Jones, Eirene, 8, 1970, pp. 79 s. = del mismo, The Roman Economy, pp. 396 s. Legislación de Diocleciano, Constantino y sus sucesores sobre los curiales: C. E. Van Sickle, Journ. of Rom. Stud., 28, 1938, pp. 9 s. (Diocleciano); J. Gaudemet, Tura, 2, 1951, pp. 44 s. (Constantino); M. Nuyens, Le statut obligatoire des decurións dans le droit constantinien (Louvain, 1964); W. Schubert, Zeitschr. Sav.-Stift., Rom. Abt., 86, 1969, pp. 287 s. (4.-6. siglos). Cf. además W. Langhammer, op. cit. (supra nota 139). <<

[224] Basilius, Ep. 237,2; a este respecto, vid. R. Teja, Capadocia, pp. 181 s. <<

[225] Vid. sobre ello W. Seyfarth, Soziale Yragen, pp. 82 s. En lo referente a, la huida de los decuriones en Capadocia, cf. Th. A. Kopecek, Historia, 23, 1974, pp. 319 s., y R. Teja, op. cit., pp. 18 s. Para Antioquía, cf. P. Petit, Libanius et la vie municipale a Antioche au IVe siecle aprés J.-C. (París, 1955), y esp. J. H. W. G. Liebeschuetz, Antioch. City and Imperial Administraron in the Later Roman Empire (Oxford, 1972), sobre la huida de los curiales, pp. 174 s. <<

[226] Eduard Meyer, Kleine Schriften, I (Halle, 1924), p. 212. <<

[227] Cartago: Augustinus, Enarr. in Psalm. 124,7; Cirene: Synesios, De regno 15; Antioquía Libanios, Or. 31,11; Sicilia: Gerontius, Vita Melaniae 18; Hispania: Oros., Hist. adv. pag. 7, 40,6. Esclavitud de época tardorromana en las ciudades: I. Hahn, Annales Univ. Se. Budapestinensis, Sectio Hist., 3, 1961, pp. 23 s., como también en H. Schneider (ed.), Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, pp. 128 s. (sobre el trabajo libre y esclavo en la ciudad tardoantigua, y también fundamental sobre la capa artesanal); en el campo: W. L. Westermann, Slave Systems, pp. 128 s. <<

[228] Iust., Inst. 1, 3, 7. Esclavitud y pensamiento jurídico: W. Seyfarth, Soziale Fragen, pp. 127 s. Esclavización de los bárbaros en el año 406: Oros., Hist. adv. pág. 7, 37, 16. Sobre la consideración de la esclavitud en el pensamiento político de la época tardoantigua, consúltese I. Hahn, Klio, 58, 1976, pp. 459 s. <<

[229] Colonato: véase la bibliografía de las notas 166 y 195; para el Bajo Imperio consúltese además esp. M. Pallasse., Orient et Occident, a propos du colonat romain au Bas-Empire (Lyon, 1950); A. H. M. Jones, Past and Present, 13, 1958, pp. 1 s. = id, The Roman Economy, pp. 1 s. (en alemán: H. Schneider ed., Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, pp. 81 s.); del mismo, The Later Roman Empire, pp. 795 s.; D. Eibach, Untersuchungen zum spätantiken Kolonat in der kaiserlichen Gesetzgebung unter Berücksichtung der Terminologie (Bonn, 1977). <<

[230] Cod. Theod. 16, 9, 1; Cod: Iust. 4,42,1; Cod. Theod. 12, 1, 39. Esclavos cristianos: P. Allard, Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l’église jusqu’a la fin de la domination romaine en Occident⁶ (París, 1914). <<

[231] Faex… plebeia: Cod. Theod. 9, 42, 5; cf. asimismo vulgaris faex en Amm. Marc. 26, 7, 7: servilis faex: Cod. Theod. 16, 5, 21 y 6, 27, 18. <<

[232] Comerciantes y artesanos en Antioquía: J. H. W. G. Liebeschuetz, Antioch, pp. 59 s. Corrupción en la antigüedad tardía: K. L. Noethlichs, Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spatantike (Wiesbaden, 1981); W. Schuller (ed.), Korruption im Altertum. Konstanzer Symposium Oktober 1979 (München-Wien, 1982). <<

[233] Antioquía: todas las noticias en J. H. W. G. Liebeschuetz, op. cit., pp. 52 s.; Constantinopla: Migne, PG 47, 508 s. (Juan); Themist., Or. 18,223. Véase al respecto, I. Hahn, loc. cit. (vid. nota 227). Sobre la plebe urbana de Roma en la época tardorromana, véase un estudio de síntesis en W. Seyfarth, Soziale Fragen, pp. 104 s.; del mismo, en Die Rolle der Plebs im spätrömischen Reich, ed. por V. Besevliev y W. Seyfarth (Berlín, 1969), pp. 7 s.; y en síntesis, A. Kneppe, Untersuchungen zur städtischen Plebs des 4. Jahrhunderts n. Chr. (Bonn, 1979). Comerciantes y artesanos: consúltese además esp. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, pp. 824 s.; A. Piganiol-A. Chastagnol, L’Empire chrétien, pp. 314 s. En lo referente a la mano de obra artesanal, cf. A. F. Norman, Journ. of Rom. Stud., 48, 1958, pp. 79 s. <<

[234] Véase sobre el tema A. Persson, Staat und Manufaktur im römischen Reiche (Lund, 1923); por lo que respecta a la posición social de los trabajadores en las fabricae, cf. N. Charbonnel, en Aspects de L’Empire romain, ed. por F. Burdeau, N. Charbonnel, M. Humbert (París, 1964), pp. 61 s. <<

[235] Comerciantes en Milán: L. Ruggini, Economía e societá dell’«Italia annonaria», pp. 84 s. Vistores, navicularii: A. Piganiol-A. Chastagnol, L’Empire chrétien, pp. 315 s., 319 s. Leyes citadas sobre los navicularii: Cod. Theod. 13, 5,19 y 13, 5, 12; sobre pistores: ibid. 14, 3, 2 y 14, 3,14. Corporaciones obligatorias: bibliografía en la nota 152. <<

[236] Mercaderes: Libanios, Or. 26,23 y 46,23; artesanos: ibid. 20,36 s.; 29,27; 33,32. Sobre ello, vid. I. Hahn, art. cit., en nota 227, pp. 25 s.; J. H. W. G. Liebeschuetz, Antioch, pp. 52 s. <<

[237] Mendigos: Palladius Monachus, Hist. Lausiaca 68; pobreza en Hippo: Augustinus, De civ. Dei 22,8; pobreza en la sociedad tardorromana en general: E. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale a Byzance, 4 e-7 e siecles (Mouton-París-La Haya, 1977). Plebe en Roma: Amm. Marc. 14, 6,25 s.; cf. 14, 6,2. <<

[238] Manufactura en las haciendas: Palladius, Agr. 1,6 y 7,8. Mineros en el Bajo Imperio: S. Mrozek, en Die Rolle der Plebs itn spatromischen Reich, pp. 61 s. <<

[239] Cod. Iust. 11, 53,1 s. y 11, 51,1. Sobre las diferentes categorías de la población campesina cf. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, pp. 773 s.; A. Piganiol-A. Chastagnol, LEmpire chrétien, pp. 303 s.; cf. F. Tinnefeld, Die frühbyzantinische Gesellschaft, pp. 33 s.; en lo referente a los trabajadores asalariados vid. esp. W. Seyfarth, Soziale Fragen, pp. 95 s. Para Siria, todas las noticias en J. H. W. G. Liebeschuetz, Antioch, pp. 61 s. Sobre Capadocia, cf. R. Teja, Capadocia, pp. 67 s. (quien, al igual que para el Alto Imperio, presupone la existencia de una amplia esclavitud agraria). <<

[240] De mort. pers. 7,3. Para la huida de la población rural vid., por ejemplo, A. E. R. Boak-H. C. Youtie, en Studi in onore di A. Calderini (Milán, 1957), pp. 125 s. (Egipto); H. Bellen, Sklavenflucht, pp. 122. <<

[241] Augustinus, Ep. 185, 7, 30; colonos (rusticana… audacia contra possessores suos) y fugitivi servi: ibid. 108, 6, 18. Por lo que se refiere al movimiento de los agonísticos véase en esp. W. H. C. Frend, The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa² (Oxford, 1971); H.-J. Diesner, en Aus der byzantimschen Arbeit der DDR I (Berlín, 1957), pp. 106 s.; del mismo, Der Untergang der römischen Herrschaft in Nordafrika, pp. 99 s.; Th. Büttner-E. Werner, Circumcelliones und Adamiten (Berlín, 1959); B. Baldwin, Nottingham Mediaeval Studies, 6, 1962, pp. 3 s.; E. Tengström, Donatisten und Katholiken. Soziale, wirtschaftliche und pölitische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung (Goteborg, 1964); R. MacMullen, Enemies of the Roman Order, pp. 200 s. Bagaudas: bibliografía en la nota 199. <<

[242] Roma: H. P. Kohns, Versorgungsknsen und Hungerrevolten im spätantiken Rom (Bonn, 1961). Tesalónica: fuentes en A. Piganiol-A. Chastagnol, L’Empire chrétien, pp. 200 s. Cesárea: Migne, PG 36, 569, y a ese respecto R. Teja, Capadocia, pp. 201 s. Antioquía: R. Browning, Journ. of Rom. Stud., 42, 1952, pp. 13 s.; G. Downey, A History of Antioch in Syria (Princeton, 1961), pp. 428 s.; J. H. W. G. Liebeschuetz, Antioch, pp. 104 s., 164; en general para los levantamientos de la plebs urbana de Roma vid A. Kneppe, Untersuchungen zur stadtischen Plebs des 4. Jahrhunderts n. Chr., pp. 20 s. <<

[243] Cf. esp. F. Vittinghoff, en Zur Frage der Periodengrenze zwishen Altertum undMittelalter, pp. 298 s., como también pp. 358 s. (= Hist. Zeitschr., 192, 1961, pp. 265 s.), con crítica a la teoría marxista de la revolución. Sobre el enjuiciamiento marxista de los acontecimientos tenidos lugar en el Bajo Imperio cf. R. Günther, Klio, 60, 1978, pp. 235 s. (creencia en una «revolución política en la época de transición al feudalismo», tenida lugar en paralelo a la «revolución social» durante el paso de la Antigüedad a la Edad Media). Huida de esclavos y colonos: vid. nota 240. <<

[244] G. Alfoldy, Noricum, p. 214. Nacianzo: Greg. Naz., Ep. 141, y a este respecto cf. R. Teja, Capadocia, pp. 202 s. <<

[245] Paulinus de Pella, Euchar. 328 s. (= CSEL 16, 304). <<

[246] Cf. al respecto R. MacMullen, Journ. of Rom. Stud., 54, 1964 pp. 49 s (en alemán «i H. Schneider, ed., Sozial- und Wirtschaftsgeshtchte der romischenKaiserzett, pp. 155 s.), y esp. A. H. M. Jones, Etrene, 8, 1970, pp. 79 s. = id., The Roman Economy, pp. 396 s., con amplio reconocimiento de las posibilidades de ascenso social en el Imperio tardorromano, en contraposición a la investigación anterior: cf., por ej., P. Charanis, Byzantion, 17, 1944/45 páginas 39 s. (la tesis de Jones, en el sentido de que la sociedad tardía era más permeable que la alto-imperial no es admisible). Movilidad social en el Egipto tardorromano: J. G. Keenan, Zettschr. f. Pap. und Epigr., 17, 1975, pp. 237 s Acerca de las intenciones de la legislación imperial en la fijación de los privilegios y adscripción estamental a la luz de las leyes de Constantino véase D. Liebs, Rev. Internat. des Droits de l’Ant., 24 1977, pp. 297 s. <<

[247] Migne, PG, 35, 464, y al respecto vid R. Teja, Capadoaa, p. 77. Sobre la capa alta eclesiástica cf. W. Eck, Chiron, 8, 1978, pp. 561 s. <<

[248] Synesios, Ep. 130. Hispania: vid. K. F. Stroheker. Arch. Esp. Arq. 45/41, 1972/74, p. 595. <<

[249] Egipto: Cod. Theod. 11, 24, 1, al respecto cf. G. Diósdi, Journ. of Junst. Papyrol., 14, 1962, pp. 51 s. Siria: Libanios, Or. 47, 1 s.; sobre el tema cf. L. Harmand, Libanius: Discours sur les patronages (París, 1955). Ilírico: Amm. Marc. 19, 11, 3. En síntesis, I. Hahn, Klio, 50, 1968, pp. 261 s., vid. también en H. Schneider (ed.), Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, pp. 234 s. Por lo que se refiere a los lazos entre las comunidades urbanas y los personajes poderosos, cf. L. Harmand, Un aspect social et politique du monde romain Le patronat sur les collectivités publiques des origines au BasEmpire (París, 1957). <<

[250] Ammianus: 14, 6, 2 s.; Salvianus: De gub. Dei 7,6 y 5,21; Orosius: Hist. adv. pag. 7, 41,7. Sobre la crítica de Salviano a la sociedad mírese J. Badewien, Geschichtstheologie und Sozialkritik im Werk Salvians von Marseüte (Góttingen, 1980). <<

[251] Claudianus, In Ruf. 2, 38 s., y para este problema vid esp. A. E. R. Boak, Manpower Shortage and the Fall of the Roman Empire (Ann Arbor, 1955); más bibliografía en la nota 178. <<