¿Fue Galicia un país celta?

¿Cómo y cuándo nace Galicia?

¿Cuándo surge el idioma gallego y su literatura?

¿Qué impacto tuvieron las peregrinaciones medievales a Compostela?

¿Por qué se separó Portugal de Galicia?

¿Por qué se produjeron las Guerras Irmandiñas?

¿Qué consecuencias tuvieron las políticas de los Reyes Católicos?

¿Qué repercusiones tuvo la introducción del cultivo del maíz?

¿Cuáles fueron las causas del subdesarrollo y la emigración masiva?

¿Cómo nace y evoluciona el galleguismo político?

¿Qué peso tiene hoy el soberanismo en la sociedad gallega?

¿Qué retos afronta Galicia en el siglo XXI?

Justo Beramendi

Historia mínima de Galicia

ePub r1.1

Titivillus 14.11.2018

Justo Beramendi, 2016

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.0

A mis nietos, Marta, Bruno y Mario, los primeros Beramendi nacidos en Galicia.

Prólogo

¿Qué entienden por «Galicia», o por «Francia», o por «España», quienes escriben su historia y los lectores que se disponen a leerla? Seguro que no todos entienden lo mismo. Pero hay una idea común subyacente, pues en caso contrario el enunciado mismo carecería de sentido: la historia de un país es su biografía, la biografía de una especie de sujeto colectivo. Esta personificación de un agregado heterogéneo de individuos, que además cambia radicalmente en todas sus características materiales, mentales y sociales con el paso del tiempo, puede tener alguna base si se aplica a un tramo temporal en el que hay una continuidad apreciable en un conjunto de rasgos comunes a todos los integrantes de ese agregado o «pueblo». Pero se convierte en una imagen carente de toda justificación objetiva cuando tal condición no se da. Y no se da nunca cuando contemplamos el pasado en toda su longitud, es decir, desde la Prehistoria a nuestros días.

Pese a ello, ha sido y es costumbre asentada entre los historiadores caer en esa incongruencia, aun siendo conscientes de ella, sobre todo desde que la historia se nacionalizó en el siglo XIX y se convirtió en instrumento mayor para afirmar la existencia objetiva y perenne de las naciones, aunque no escasean los precedentes de esa práctica ya durante las monarquías llamadas absolutas de los siglos anteriores. El hecho es que seguimos construyendo nuestro objeto de estudio en función del territorio definido por la unidad política o etnohistórica presente que retroproyectamos hasta los primeros pasos de la especie humana en esos pagos. Y así, empezamos la historia de «España» o de «Francia» (y por connotación de los «españoles» o de los «franceses») siglos o incluso milenios antes de que tales nombres tuviesen alguna base real. Y como no hay modo de quebrar tan poderoso hábito, nosotros también iniciaremos este rápido recorrido por el pasado de «Galicia» con las primeras huellas humanas halladas en la esquina noroeste de la península ibérica. Y la terminaremos en nuestros días siguiendo el recorrido habitual por las sucesivas «edades» establecidas desde hace tiempo en la historiografía europea, aunque aquí introduciremos alguna variación en los últimos tres siglos para adaptar mejor los periodos a los grandes cambios cualitativos que se dan en el devenir de Galicia y de España.

Durante la mayor parte de su existencia, la finalidad principal de la Historia como rama del saber no fue establecer la «verdad» de los hechos pasados en toda su complejidad sino utilizar el registro, la tergiversación o la pura invención de una pequeña parte de esos hechos para legitimar y afirmar el poder establecido o un proyecto de poder alternativo. A esta se sumaba a veces el objetivo secundario de usar la Historia como magistra vitae, es decir, como lección ejemplarizante para inculcar en la sociedad determinados valores concordantes con los intereses y la imago mundi de este o aquel grupo social superior.

Galicia no es una excepción en todo esto. La primera obra parecida a una historia del país data de principios del siglo XVI y su protagonista exclusivo es la nobleza. Se trata de la Relación de las casas antiguas de Galicia de Vasco da Ponte, escrita significativamente en un momento en que los grandes señores gallegos eran domeñados por el poder de la nueva monarquía unificada. Hay que esperar casi dos siglos para que aparezca Galicia como sujeto histórico de orígenes mítico-bíblicos que se remontan a los descendientes directos de Noé, como exigía la ideología católica dominante. Así ocurre en la Historia General del Reino de Galicia del jesuita Juan Álvarez de Sotelo y en los Anales del Reyno de Galicia del también eclesiástico Francisco Manuel de la Huerta y Vega, fechados en 1733. Después, los ilustrados gallegos hacen algunas incursiones puntuales en el pasado pero no producen ninguna historia general propiamente dicha. En el siglo XIX se produce, con la onda nacionalizadora, la que podemos considerar primera revolución historiográfica. En la Historia de Galicia (1838) de Joseph Vera i Aguiar los celtas sustituyen a los hijos de Noé como padres de los gallegos, algo muy conveniente para la posible fundamentación de una nación gallega irreductible a cualquier otra. Sobre esta base, primero Antolín Faraldo, después Benito Vicetto y sobre todo Manuel Murguía asumirán los principios y métodos del historicismo europeo. Por su parte, el canónigo Antonio López Ferreiro introduce el positivismo en su magna obra sobre la Iglesia y el señorío de Santiago. Entre todos nos dejan una historiografía gallega, y en su mayor parte galleguista, de un nivel más que aceptable para los parámetros de la época. Su relato, sobre todo en la versión murguiana, contiene además las ideas necesarias para la formulación posterior del concepto de nación gallega y de las ideologías conexas.

Este desarrollo se estanca algo, con la excepción de la Prehistoria, gracias a la obra de Florentino López Cuevillas, en los dos primeros tercios del siglo XX, no en cantidad pero sí en renovación de enfoques y métodos. La segunda «revolución» historiográfica se produce en Galicia, como en toda España, a partir de la década de 1970, cuando la mordaza franquista se afloja y luego desaparece, lo que permite la recepción e implantación de los nuevos modelos de percepción y análisis del pasado que habían aparecido en Europa en las décadas anteriores. En estos últimos cuarenta años, la historiografía gallega, a pesar de sus muchas carencias en número de investigadores y en recursos, ha podido roturar con criterios actuales la mayor parte de los campos antes yermos en las distintas épocas y dentro de cada época en todas sus dimensiones. Y aunque todavía queda mucho por investigar, desde hace años estamos en condiciones de ofrecer una reconstrucción convincente, con sus certezas y sus dudas, del conjunto del pasado de «Galicia».

Tal es el propósito de este pequeño libro que, como toda síntesis, es muy deudor del trabajo de gran número de colegas a quienes he procurado reconocer sus aportaciones, sea en el propio texto, sea en la bibliografía final. Las limitaciones de espacio han dejado fuera a algunos. Les pido disculpas desde aquí. En la medida en que lo permite el nivel actual de nuestros conocimientos, he procurado dar para cada época una visión sintética pero completa de la naturaleza y evolución de los aspectos más relevantes de las sociedades que se suceden en territorio galaico: demografía, sistema económico, estructura social, base étnica, lengua(s), cultura popular (incluida la religión), alta cultura, conflictos sociales y guerras, ideologías y sistema político. A todo ello hay que añadir en el caso de Galicia dos cuestiones de especial importancia, al menos vistas desde el presente. La primera, su dependencia de un poder político ajeno y superior, se da durante la mayor parte de su historia y según las épocas provoca o no ciertas resistencias. La segunda, la existencia de una conciencia colectiva de «nación» y la consiguiente reivindicación de un autogobierno más o menos completo a través del correspondiente nacionalismo, es exclusiva de los dos últimos siglos.

Agradezco a la editorial Turner y al Colegio de México que me hayan incitado a escribir este texto dirigido a un público no especialista, labor de divulgación muy necesaria que, sin embargo, muchos historiadores tendemos a descuidar. He procurado, dentro de la exigente selección de lo más importante que implica una obra de este género, combinar rigor y ecuanimidad con un lenguaje accesible a todos que permita una lectura fácil y, si es posible, amena. No me corresponde a mí, sino a los lectores, juzgar si lo he conseguido.

Santiago de Compostela, mayo de 2016.

I
Los orígenes. Entre la realidad y el mito

[…] a nosa voz pregoa a redenzón da boa nazón de Breogán.

Así termina el himno gallego, poesía de Eduardo Pondal que rezuma celtismo decimonónico. ¿Quién es ese Breogán, supuesto caudillo celta y héroe epónimo nada menos que de la nación gallega? Es puro mito, tomado sin mayor empacho de una leyenda irlandesa del Lebor Gabála Érenn del siglo XI. No es esta la única mitificación de asiento prehistórico que se ha utilizado en Galicia para cimentar un pasado cuanto más antiguo y glorioso, mejor. Como en cualquier país que se precie.

Pero además de mitos hubo realidades. Intentemos desvelarlas.

LOS PRIMEROS POBLADORES

La acusada acidez de los suelos en la mayor parte del territorio que después se llamaría Galicia hace que no dispongamos de restos humanos de los pobladores prehistóricos. Por ello, los investigadores han de basar sus reconstrucciones del pasado más remoto en los objetos y monumentos que se han ido descubriendo. Las huellas más antiguas de presencia humana son toscos instrumentos de piedra del periodo achelense del Paleolítico Inferior, coetáneos del homo erectus (c. 300.000 a. de C.). En cambio no se puede afirmar con total certeza que haya yacimientos del Paleolítico Medio (c. 120.000-30.000 a. de C.), época del hombre de Neanderthal. Sí los hay sin duda, tanto en el suroeste de Galicia como en el este de Lugo, del Paleolítico Superior (c. 40.000-10.000 a. de C.), tiempos de la desaparición de los neanderthales y de su sustitución por los Cro-Magnon, es decir, por nuestra especie actual. Tanto unos como otros formaban, como en todas partes, pequeños grupos de cazadores-recolectores que nos han dejado abundantes restos óseos de varias especies animales y útiles de piedra mejor tallada que antes, pero nada comparable al magnífico arte parietal de la zona cantábrica. Sabemos muy poco del llamado Mesolítico, o transición del Paleolítico al Neolítico, en Galicia (c. 10.000-6.000 a. de C.), años de cambios en la fauna y la vegetación causados por el paso de un clima muy frío a otro templado.

Como bien sabemos, el Neolítico trae consigo la primera gran revolución de la humanidad con el tránsito de una subsistencia basada en la apropiación de lo que ofrece el entorno inmediato (caza, pesca, recolección de vegetales silvestres, manipulación de piedras, huesos, ramas y pieles) a otra que se sustenta cada vez más en la producción (agricultura, ganadería, cerámica, tejido). Esta transformación fundamental, que se inicia en Oriente Medio entre 8.000 a. de C. y 7.000 a. de C., no llega a la fachada oriental de la península ibérica hasta c. 5.500 a. de C. y lo hace a su esquina noroeste procedente del sur y el levante en fecha que no se conoce bien pero en todo caso mucho después. En Galicia, hay alguna datación de polen de cereales hacia 4.500 a. de C. pero no es concluyente. Lo que sí sabemos con certeza es que la agricultura está plenamente asentada unos mil años después y que además aparece asociada al megalitismo, también procedente del sur, quizá del Alentejo portugués.

Se trata de una cultura que presenta rasgos comunes con las demás del megalitismo atlántico europeo, pero que muestra también características singulares. Sus primeras manifestaciones datan de 3.500/3.300 a. de C. y pervive hasta los comienzos de la Edad del Bronce (c. 1800 a. de C.). La conocemos sobre todo por sus enterramientos y los ajuares funerarios que se han conservado. Estos monumentos consisten en una cámara sepulcral (dolmen o anta) cuyas paredes son grandes losas hincadas en el suelo, techadas con otras de parecidas dimensiones simplemente asentadas sobre las primeras. En la fase de apogeo aparecen pequeños corredores de acceso construidos del mismo modo. Sus dimensiones son variables aunque las mayores nunca alcanzan las de las grandes estructuras del sur de la Península. Estos sepulcros, que se cubrían después con un túmulo de tierra (mámoa), suelen estar en puntos elevados que resaltan en el paisaje, lo que permite atribuirles un fuerte simbolismo religioso y/o la función de marcar el territorio de la comunidad. Se conservan varios miles distribuidos por toda Galicia. Si tenemos en cuenta que muchos otros han sido saqueados y destruidos a lo largo de los siglos, esta abundancia indica una densidad demográfica alta para la época y una ocupación dispersa del territorio. En cambio los menhires y los cromlechs, tan característicos de otros megalitismos atlánticos, son muy escasos y de pequeñas dimensiones. No se conservan restos de poblados. El considerable esfuerzo constructivo que se aplicaba a las tumbas contrasta con el casi nulo dedicado a las viviendas, que se hacían con materiales perecederos.

Estas comunidades, de pequeño tamaño, tenían una economía de subsistencia basada en el cultivo de cereales y leguminosas, la cría de ovejas, cabras, cerdos y vacas, la caza, el aprovechamiento del bosque y la fabricación de cerámica y de una variada gama de útiles y armas todavía de piedra. No obstante, había ya vías de intercambio a media y larga distancia como lo prueba la presencia de materias primas foráneas (sílex, azabache) y de algunos objetos suntuarios que indican la existencia de individuos con estatus superior al común. Por esas vías llegarían también desde finales del tercer milenio a. de C. la metalurgia del cobre, la cerámica campaniforme y la substitución progresiva de los enterramientos colectivos por cistas para inhumaciones individuales, algo que puede interpretarse como resultado de la aparición de jefaturas más fuertes. En realidad, no sabemos gran cosa de su organización sociopolítica y tampoco mucho de su religión, salvo que existía y con gran impacto en sus vidas, pues de otro modo serían inexplicables la ingente proporción de recursos que dedicaban a la construcción de los dólmenes y al culto a los muertos, sus esquemáticos ídolos antropomorfos, las pinturas y grabados en algunos monumentos o la orientación de la mayoría de los corredores hacia la salida del sol en el solsticio de invierno.

En los siglos que van de 1.800 a. de C. a 700/600 a. de C., aproximadamente, la introducción y consolidación en Galicia de la metalurgia del bronce (amalgama de 90% de cobre y 10% de estaño, aunque a veces se usaba en lugar de este arsénico o plomo) trajo consigo cambios económicos y sociales. La fabricación del bronce debía de correr a cargo de especialistas, desde la extracción de los minerales, que solo existían en algunos lugares, a la fundición y fabricación de los objetos. Esto estimuló el aumento de la producción agropecuaria para poder alimentar a los productores no primarios. También incentivó el comercio, a veces de muy larga distancia, entre productores y consumidores. El noroeste peninsular jugó un papel importante en estos intercambios, no solo por su riqueza en algunos minerales sino también por su posición privilegiada en las rutas de la Europa atlántica.

Al igual que la anterior, esta cultura no nos ha dejado restos de poblados hasta la fase final en que aparecen los primeros castros. Pero sí tumbas, utensilios, armas, joyas de oro y plata, posibles ídolos cilíndricos y un arte característico, cuya expresión mayor son los petroglifos o grabados incisos sobre peñas al aire libre, unas veces bien visibles desde la distancia, otras en localizaciones más recónditas. Son una de las grandes marcas de identidad, junto con los dólmenes y los castros, de la prehistoria de Galicia. Presentan una combinación de figuras geométricas (círculos concéntricos, espirales, laberintos) y representaciones esquemáticas de personas y animales (ciervos, caballos, serpientes, jinetes, escenas de caza y armas, en ocasiones sobredimensionadas). Los especialistas siguen discutiendo si sus funciones eran religiosas, de identificación de la comunidad, de afirmación del poder o incluso de demarcación del territorio propio. En todo caso, es un fenómeno común a toda la franja atlántica europea y de hecho los diseños circulares son muy parecidos a los de Irlanda y Gran Bretaña. Los hombres armados probablemente representan a personajes poderosos o dioses. Esto, y la ausencia casi total de referencias a las actividades agropecuarias, hace pensar que se pretendía ensalzar a una élite guerrera en una sociedad que tendía a una desigualdad social cada vez mayor. Los enterramientos individuales en cistas y las diferencias en los ajuares funerarios, algunos con ricas joyas de oro y armas de gran calidad técnica, refuerzan esta interpretación. Pero poco más podemos decir de la organización social y política de los autores de los petroglifos.

Lo que sí sabemos es que pertenecían, con las singularidades que se quiera, a un complejo cultural atlántico en el que se practicaba un comercio a larga distancia que venía de atrás. Así lo demuestran la presencia de ámbar u objetos de sílex en los enterramientos, las similitudes en las prácticas funerarias y los hallazgos de armas británicas o bretonas en Galicia y de armas gallegas en la ría de Huelva o en el canal de La Mancha.

LA CULTURA DE LOS CASTROS

En los siglos VIII-VI a. de C. el Bronce final va dejando paso a la llamada cultura castrexa, que conoce su plenitud en los siglos V-II a. de C., coincidiendo con la penetración y generalización de la metalurgia del hierro, y que después se hibrida con la romana a partir de los siglos II-I a. de C. Esta cultura se extendía por la actual Galicia, el norte de Portugal al menos hasta el Duero y el occidente de Asturias. Los autores grecorromanos nos ofrecen ya noticias que debemos acoger con cautela porque están muy condicionadas por los prejuicios del «civilizado» frente al «bárbaro». Tal hace, por ejemplo, Estrabón cuando nos presenta a los habitantes de los castros como salvajes que cocían pan de bellota, bebían cerveza y guisaban con manteca, algo casi repulsivo para quien lo natural era comer pan de trigo, beber vino y cocinar con aceite de oliva. Dos milenios después, y tras muchos siglos sepultadas en el más absoluto olvido, estas gentes resucitarán en el imaginario de algunos escritores, no como salvajes, sino como los celtas fundadores de una nación noble y superior por su estirpe aria. Antes de entrar en esa mitificación y en la polémica historiográfica conexa que todavía colea, veamos qué sabemos con más o menos certeza al respecto.

Como cabe deducir de su denominación, el elemento identificador principal de esta cultura es el castro, nombre con el que se designan en general los asentamientos fortificados, por cierto presentes en muchas otras zonas de la Península con correspondencias culturales muy diferentes. Pero los castros galaicos muestran algunas características propias. Aparte de estar construidos, como todos, sobre una elevación del terreno para una mejor defensa y control del entorno, son de perímetro generalmente circular u ovalado y cuentan con unas obras defensivas a veces realmente sofisticadas, que sin duda implicaron un considerable esfuerzo en trabajo y recursos por parte de comunidades pequeñas y con un nivel técnico muy bajo. En su interior se distribuía de modo irregular un conjunto de viviendas exentas y dependencias de planta también circular, de las que se conserva el zócalo de mampostería sobre el que se elevaba una cubierta cónica vegetal, sostenida por postes de madera. El tamaño medio de los castros va aumentando desde los pequeños del comienzo (en torno a una hectárea) hasta las citanias, verdaderas protociudades que aparecen en la fase final sobre todo al sur del Miño y probablemente por influencia romana. El tamaño de las casas era de cuatro a seis metros de diámetro y solo excepcionalmente alcanzaba los diez metros. En Galicia se conservan unos tres mil castros repartidos por todo el territorio, aunque de modo desigual: más en los valles y en el litoral que en las tierras altas. Pero en todo caso, su abundancia nos habla de una densidad demográfica considerable y su dispersión de un modelo de ocupación del territorio que en lo esencial se mantendrá durante muchos siglos.

La base productiva principal seguía siendo la agricultura y la cría de animales: cereales de invierno y primavera, legumbres, cerdos, cabras, ovejas y en menor medida aves de corral, perros y caballos. El ganado bovino parece más destinado al trabajo que al consumo de carne. Persiste la recolección de frutos, en particular las bellotas de roble y las castañas, y la caza. En las costas se practicaba también la pesca y el marisqueo. Además de en alimentos, los castros eran básicamente autosuficientes en cueros, tejidos y cerámica común. Desconocemos cómo era el régimen de propiedad de la tierra, la organización del trabajo o la distribución del producto. En cuanto a la metalurgia, aunque la potente minería romana posterior borró las huellas de la castrexa, es evidente por la arqueología que utilizaban el cobre, el estaño (muy abundante en Galicia), el plomo, el oro, la plata y en su momento el hierro, que fue desplazando en todas las aplicaciones al bronce, finalmente relegado a usos suntuarios. En muchos castros han aparecido crisoles de fundición, tarea que probablemente corría a cargo de especialistas. En todo caso, está claro que el excedente agropecuario se destinaba a la adquisición de metales o de aquellos objetos y armas que no se producían en el propio castro.

Estos intercambios exigían una actividad comercial. Según Estrabón, existía un comercio de corta y media distancia a través de una red viaria muy inferior a la posterior romana y un comercio a larga distancia, preferentemente marítimo y a cargo de los fenicios asentados en Cádiz. Por esta vía llegaban del Mediterráneo perfumes, ungüentos, aceite, vino, sal y objetos de vidrio y bronce. Y se exportaba estaño, plomo y pieles.

Sabemos muy poco de la organización social y política. Casi todas las informaciones escritas de que disponemos son posteriores a la conquista romana y solo recogen lo que interesaba a los nuevos dominadores o lo que llamaba la atención a geógrafos e historiadores. Así que desconocemos si había algo parecido a clases sociales, cómo se establecía el poder político o qué tipo de relaciones existían entre las comunidades de los castros. No obstante, algo podemos deducir tanto de las fuentes clásicas como de la arqueología. Estrabón nos dice que en todos los pueblos del norte de la Península eran las hijas las que heredaban la tierra y las mujeres las que la trabajaban. De aquí algunos autores concluyeron la existencia de una ginecocracia, algo que hoy no se sostiene por varias razones: los mismos historiadores clásicos destacan el carácter guerrero de esta cultura y las incursiones de rapiña de los guerreros del norte hacia la meseta y no hay sociedad de guerreros varones gobernada por mujeres; los representantes políticos de las comunidades indígenas que aparecen en las fuentes romanas son siempre hombres; y la mayor parte de los objetos de prestigio, entre los que destacan los torques de oro y algún casco ceremonial del mismo metal, y de las representaciones escultóricas son masculinos. Sin embargo, aun descartando el gobierno de las mujeres, sí parece cierto un sistema de parentesco y de herencia de tipo matrilineal, que contrastaba con el férreo patriarcado romano.

Por otra parte, la existencia de objetos de lujo, como la rica orfebrería áurea o las sustancias y adornos importados desde muy lejos, las diferencias en el tamaño de las viviendas y las estatuas de guerreros (que tanto pueden representar a jefes como a dioses) indican cierto grado de desigualdad social y de jerarquización política. Y las obras públicas (el propio castro, algunos edificios y servicios comunes), considerables en relación con la capacidad productiva, no serían posibles sin un poder establecido. Además, en la epigrafía de época romana aparecen «magistrados» y «príncipes» indígenas, autoridades que seguramente existían antes y que Roma asimiló para integrar mejor a los vencidos. Estos indicios se van reforzando a medida que avanzamos en el tiempo, sobre todo después de la introducción del hierro. Había, pues, una aristocracia y algún tipo de jefatura. Del resto nada sabemos, salvo que casi con seguridad todos eran jurídicamente libres, excepto quizá los prisioneros de guerra. Esclavos y libertos serían categorías introducidas por los romanos.

La organización sociopolítica más probable era el escalonamiento familia-clan-castellum o castro-populus. Por los nombres que nos han llegado, los populi (pueblos), cada uno formado por varios castros, eran numerosos e independientes entre sí. Sin embargo, desde la óptica romana el conjunto constituía una etnia única y diferente de los lusitanos al sur o los astures al este, quizá porque, bajo la fragmentación tribal, percibieron unos rasgos culturales comunes. Conocemos los nombres de esos pueblos por Estrabón, Ptolomeo y sobre todo por Plinio el Viejo, funcionario durante un tiempo en la Hispania del siglo I. Según este último, en el convento jurídico de Lucus Augusti (Lugo), que comprendía casi toda la Galicia actual, moraban doce populi con 166.000 individuos; en el de Asturica Augusta (Astorga), veintidós populi y 240.000; y en el de Bracara Augusta (Braga), veinticuatro populi y 285.000. Uno de estos últimos, los Callaeci o galaicos, asentados al norte de la actual Braga, acabarán dando nombre al conjunto bajo la forma de Gallaecia. No es probable que ni el número, ni los nombres ni las demarcaciones territoriales de estos pueblos hubiesen variado mucho respecto de la época anterior a la conquista, dada la propensión de Roma a no cambiar innecesariamente los modos de vida y organización de los conquistados siempre que se doblegasen a su dominio y aceptasen las estructuras imperiales.

Obviamente, su religión era politeísta. Son muy numerosos los nombres de divinidades indígenas que han llegado hasta nosotros, pero sin datos que nos permitan asegurar con certeza la naturaleza de cada una y su jerarquización. Tampoco se han podido identificar templos ni sabemos dónde ni cómo enterraban a sus muertos. Esta niebla espesa alrededor de sus creencias es un caldo de cultivo perfecto para la polémica, que en este caso se entrecruza con las disputas sobre el carácter más o menos guerrero de los castrexos y sobre si eran más o menos celtas. Esta idea del origen celta de los gallegos viene de los historiadores galleguistas del siglo XIX y primer tercio del XX. Basándose en parte en las fuentes clásicas y en parte en los celtistas europeos contemporáneos, dieron por sentado que en los siglos VII-V a. de C. hubo una invasión de celtas procedentes de allende los Pirineos que se establecieron sobre una población autóctona racial y culturalmente diferente a la que dominaron y aculturaron. Y aunque las tesis invasionistas han sido abandonadas hace tiempo, en la actualidad todavía hay autores que siguen defendiendo la presencia de elementos celtas en la cultura de los castros, desde restos léxicos y antroponímicos, a topónimos como el propio de Gallaecia o los acabados en los sufijos briga y dunum, pasando por los nombres de dioses o por similitudes arqueológicas con los asentamientos y las manifestaciones artísticas en otras tierras a las que nadie discute su celticidad como Irlanda, Bretaña o Gales. Otros, como José Carlos Bermejo, hablan de una sociedad «de agricultores y guerreros», con una religión en la que eran dominantes los dioses de la guerra (Cosus, Bandua, Navia, Reva), similares a los de otros panteones indoeuropeos y celtas, a los que rendirían culto cofradías de guerreros. Bajo ellos se situarían multitud de deidades menores dedicadas a actividades agrarias, a la fecundidad, a la muerte, a los caminos o a las aguas. Esta religión sería compartida por parte de los lusitanos y lo mismo ocurriría con una lengua dominante de la familia celta. A favor de su tesis aducen además las imponentes fortificaciones de los castros, la estatuaria, el hecho de que la agricultura estuviese reservada a las mujeres y la facilidad con la que Roma incorporó a guerreros galaicos y lusitanos como tropas auxiliares de sus legiones. Menos contundentes sobre el peso que pudo tener el componente celta en la sociedad castrexa, lingüistas como Ramón Mariño Paz consideran indudables las huellas idiomáticas de origen celta, junto con las de otras lenguas prerromanas de diferente filiación, en el léxico, la toponimia, la hidronimia y ciertas evoluciones fonéticas.

En el bando contrario se sitúan los que, como Francisco Calo, niegan que la guerra fuese importante y más aún que lo celta fuese un ingrediente fundamental de esta cultura. Lo poco que reconocen de ese origen se habría incorporado ya en época romana. Argumentan que el armamento era demasiado ligero, que las fortificaciones solo buscaban el prestigio de la comunidad y el control del territorio, que no se han encontrado huellas de destrucciones de castros por guerras entre ellos y que las fuentes clásicas exageraban la belicosidad de los galaicos para engrandecer las victorias romanas. En cuanto a la religión, afirman que en realidad no sabemos nada de lo que significaban los dioses y diosas, salvo sus nombres. Y por último recuerdan que hoy todos los especialistas reconocen que el término «celta» no se correspondía en la realidad con una identidad étnica bien definida, ni en lo lingüístico ni en lo relativo a la cultura material o espiritual, sino que era una nebulosa de pueblos que se parecían en unas cosas y en muchas otras no.

Celtas o no, belicosos o pacíficos, el caso es que los habitantes de los castros vieron un buen día como unas gentes extrañas y muy bien armadas irrumpían en sus tierras, y no precisamente en son de paz.

LA GALLAECIA

Roma había iniciado la conquista de la península ibérica en el 218 a. de C. con su desembarco en Ampurias en el marco de su enfrentamiento con Cartago por la hegemonía del Mediterráneo occidental. Aniquilado finalmente su rival en el 146 a. de C., aceleró su penetración hacia el interior. Debemos la primera mención de los galaicos a Apiano, que nos los describe luchando, y perdiendo, junto a los vetones contra Cepión cuando este ataca Lusitania en el 139 a. de C. Y justo un año después, en 138 a. de C., se produce la primera incursión romana en el territorio de la cultura de los castros. Según Floro, el cónsul Décimo Junio Bruto, en su campaña de castigo a los revoltosos lusitanos, «penetró más al interior de los pueblos célticos, Lusitanos y todos los Galaicos, pasó el río del Olvido» o Lethes, a pesar de que la leyenda decía que quien lo atravesaba perdía su memoria, su identidad y su patria. Seguramente se trataba del actual Limia y el episodio pudo ocurrir a la altura de Bande (Ourense). La tropa romana recorrió victoriosa la zona entre Duero y Miño hasta el mar venciendo fuertes resistencias. El éxito le valió a su general el título de Galaico pero el dominio que dejó fue muy precario, pues tras su marcha fueron frecuentes las rebeliones, aunque sin duda abrió la puerta a la influencia romana en lo que luego sería el convento jurídico bracarense. No en vano será el sur de la Gallaecia la zona de más temprana romanización y donde algunos castros se desarrollarán formando la protociudades llamadas citanias. Las fuentes no vuelven a dar noticia de estos pueblos hasta seis décadas después. Perpena, general de Sertorius, encabeza una operación contra los galaicos en 74 y en 61-60 a. de C. Julio César realiza una expedición por mar, so pretexto de reprimir las incursiones depredadoras de los lusitanos ayudados de nuevo por los galaicos, aunque su verdadero motivo era hacerse con un buen botín, sobre todo de metales. Y efectivamente lo obtuvo tanto en Brigantium, en la zona de la actual Coruña, como en varias rías de la costa, tras de lo cual volvió por donde había venido y dejó las cosas igual que estaban al llegar. No parece que tuviese que vencer grandes resistencias, lo que indicaría que ya se había ido afianzando la influencia romana. Es probable que en todo ese periodo algunos pueblos se sometieran al vasallaje de Roma, le pagaran tributos e incluso cedieran hombres para sus tropas auxiliares.

La conquista definitiva de los territorios de los actuales País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia y el comienzo de su integración en las estructuras del imperio no se produce hasta el final de las llamadas guerras cántabras (29-13 a. de C.), en las que el propio Augusto tuvo que dirigir en persona las operaciones para aplastar definitivamente la rebelión de los pueblos del norte y el noroeste. Y en relación con esto nace una gesta de esas que no pueden faltar en la historia de cualquier nación digna de tal nombre. En la crónica que escribe Paulo Orosio en el siglo VI, es decir, más de trescientos años después de acaecidos los hechos, se dice que, cercados los galaicos en el monte Medulio por los romanos y viendo la derrota inevitable, prefirieron inmolarse colectivamente antes que rendirse y vivir como esclavos. Como en Numancia. Hasta la fecha ningún estudioso ha sido capaz de localizar el tal monte ni por supuesto de verificar la autenticidad de tan heroico sacrificio.

La pacificación completa no fue inmediata. De cuando en cuando los rescoldos de la rebeldía indígena se reavivaban y había que usar de nuevo la fuerza militar para apagarlos. Pero la situación había cambiado cualitativamente porque ahora Roma estaba decidida a integrar esos pueblos y esas tierras en el imperio. Y lo fue haciendo con eficacia y firmeza, pero también con flexibilidad. El resultado fue la articulación de unas instituciones superiores, iguales a las de las restantes provincias, con otras inferiores que respetaron al principio las autóctonas para que se fuesen romanizando gradualmente, más una latinización progresiva que acabó erradicando las lenguas preexistentes, una hibridación cultural y religiosa en la que después incidió el cristianismo y la convivencia del modelo socioeconómico romano con el indígena. Veámoslo con algo más de detalle.

En la administración del territorio, se empezó incluyendo en la provincia de Lusitania las regiones de Asturias y Gallaecia, esta dividida en dos conventos, el Bracarense y el Lucense. En el año 15, Augusto las desplaza a la jurisdicción de la Hispania Citerior, con capital en Tarraco, y acantona en campamentos estratégicos tres de las siete legiones que habían intervenido en las guerras anteriores, dos para vigilar a galaicos y astures y la tercera para controlar a los cántabros. Todo el territorio al norte del Duero se llamará a partir de entonces Gallaecia, dividida en tres conventos jurídicos: Lucense, Bracarense y Asturicense, con capitales en Lucus Augusti (Lugo), Bracara Augusta (Braga) y Asturica Augusta (Astorga), respectivamente. El territorio del primero comprendía aproximadamente las actuales provincias de Lugo y Coruña; el del segundo, el más extenso, poblado y desarrollado, el norte de Portugal y las actuales provincias de Pontevedra y Ourense; y el tercero, más o menos León y Asturias (véase mapa 1, en la p. 10). En 284-288, Diocleciano convierte Gallaecia en provincia con rango consular y le añade un cuarto convento con sede en Clunia. Vemos, pues, que la Gallaecia romana abarcaba territorios que poco tenían que ver con Galicia, aunque no deja de ser significativo que esta diese nombre a todas las tierras y pueblos comprendidos entre el Duero y el Cantábrico y entre el Atlántico y el Sistema Ibérico.

Cada convento se dividía en populi, cuyo número y habitantes en el siglo I ya conocemos por Plinio. Los populi abarcaban un número variable de demarcaciones menores, los castella (castros), por un criterio probablemente étnico o tribal que preservaba lo fundamental de la organización prerromana. Roma los convirtió en entidades de derecho público (civitates) que contaban con un centro de reunión e intercambio (forum), fuese o no propiamente urbano, y funcionaban como circunscripciones para el cobro de tributos y la recluta de indígenas para el ejército. La epigrafía y los pactos de hospitalidad entre pueblos, o entre estos y Roma, indican que los individuos se identificaban ante la administración por su castellum de procedencia. Todo esto demuestra que el nuevo poder encuadró firmemente la población. Aunque al principio el control fue predominantemente militar, este fue dejando paso al administrativo y judicial en la medida en que los impulsos insurrecionales se fueron apagando y avanzó la integración. De hecho, las dos legiones iniciales se redujeron a una y acantonada relativamente lejos, en lo que luego sería la ciudad de León. En territorio propiamente galaico solo quedaron algunos campamentos menores para unas cuantas cohortes.

Esta superestructura imperial dejó espacios de pervivencia y autonomía a los modos de vida autóctonos. La cultura de los castros no desapareció abruptamente sino que evolucionó hacia formas híbridas en un proceso cuyo ritmo e intensidad fueron mayores en la Gallaecia bracarense que en la lucense y acabó dando lugar a una más de tantas culturas provinciales como existían en el imperio: la galaico-romana. Prueba de ello es que los castros no solo siguieron intactos y habitados, sino que en algunos casos conocieron un considerable crecimiento, sobre todo en el sur, si bien a partir de finales del siglo I se detecta un abandono paulatino que, sin embargo, tardará mucho en ser total, si es que llegó a serlo en las zonas más atrasadas. Esta romanización progresiva se vio estimulada por incentivos y cambios de muy diversa índole.

Para empezar, los romanos procuraron atraerse a las élites indígenas mediante la política de castigar con dureza a los que no se sometían y premiar a los que reconocían su poder garantizándoles su estatus y los beneficios conexos. A ello contribuyeron los pactos de hospitalidad, o acuerdos de amistad entre comunidades, o entre estas y el poder romano, que Roma utilizó en la pacificación del territorio. Para impulsar ese proceso la dinastía Flavia abrió vías jurídicas a la integración. En 73-74, Vespasiano concedió el Ius Latii, o derecho latino, a toda Hispania. Sin embargo el acceso a la ciudadanía romana debió de ser bastante selectivo hasta que en 212 Caracalla la abrió a todos los habitantes libres del imperio.

Otra vía de integración era la militar. Desde muy pronto Roma reclutó a un gran número de galaicos para sus tropas auxiliares. Se calcula que un tercio de las alas y cohortes formadas en Hispania eran de ese origen. Se las enviaba preferentemente a luchar en los puntos más conflictivos de las fronteras del imperio. Los que volvían a su tierra una vez licenciados actuaban como agentes activos de romanización. Un efecto similar tenían los campamentos con tropas romanas en Galicia y su entorno de suministradores y servidores indígenas.

En todo caso, los cambios sociales del conjunto fueron notables, a pesar de las pervivencias. La mayoría de los galaicos eran peregrinos (libres pero sin ciudadanía romana) que se regían por las normas tradicionales de sus comunidades o por las leyes romanas según el asunto de que se tratase y trabajaban las tierras reconocidas por el estado a su castellum a cambio de una renta y en un régimen de propiedad de la tierra que desconocemos. Pero también los había que emigraban a las minas de Asturias o de Huelva. Y estaban los sectores antes desconocidos que llegaron de fuera: italos que ejercían el comercio u ocupaban cargos civiles o militares, artesanos de diversas procedencias que se asentaban en el nuevo mundo urbano, esclavos y libertos domésticos de origen griego u oriental, y los siervos y colonos de las villae de los terratenientes romanos. No obstante, estas diferencias entre lo autóctono y lo foráneo se fueron difuminando de modo que eran ya muy pequeñas al final del imperio.

La latinización también fue paulatina pero muy profunda. El uso del latín para relacionarse con los poderosos solo podía traer ventajas. Los galaicos hablaban una lengua o grupo de lenguas que, preindoeuropeas o indoeuropeas, celtas o no, siguieron vivas durante mucho tiempo, sobre todo en las zonas más rurales, pero acabaron por desaparecer y solo legaron elementos sueltos al romance poslatino. Algunos autores opinan que la latinización completa del mundo rural sería obra del cristianismo a partir del siglo IV. Pero en el mundo urbano las cosas eran muy diferentes. Las estelas demuestran que entre los siglos II y V crece considerablemente el número de galaicos que se expresan en latín.

Otra gran transformación afecta a los asentamientos. Irrumpen las ciudades y con el conocido modelo urbanístico romano. Las principales, capitales de convento, tienen su origen en campamentos, como Lucus y Asturica. Otras de menor tamaño nacen, bien como mansiones o estaciones intermedias de la red viaria que unía las capitales y facilitaba el comercio y los movimientos de tropas (Tui, Iria Flavia), bien alrededor de establecimientos termales (Aquis Celenis, Aquae Flaviae). Lugo es el paradigma de este desarrollo urbano: retícula de calles pavimentadas, cloacas abovedadas, acueducto, red de suministro de agua, termas públicas y privadas, templos, foro y ya en 260-310 un imponente perímetro amurallado que ha llegado hasta nosotros. Además de estos núcleos urbanos de nueva planta y específicamente romanos, aparece un urbanismo híbrido romano-castrexo. Son los castros que se agrandan, se dotan de calles empedradas y canalizaciones, combinan las viviendas circulares con las rectangulares, forman pequeños barrios y hasta alguna plaza en su interior, dando lugar a protociudades que son cabeceras de civitates (Santa Trega, Briteiros, Viladonga). También aparece el hábitat rural romano, entrelazado con la red de castros, que se mantiene. Son los vici o aldeas y las villae, dominios agrarios propiedad de un dominus que las explota mediante esclavos y jornaleros en el alto imperio y con colonos en el bajo imperio.

En paralelo con la urbanización va el desarrollo de las vías de comunicación, bien descritas en el Itinerario de Antonino. En la Gallaecia se construyen tres principales, amén de numerosas secundarias: la XVIII, de Braga a Astorga directamente; la XIX, de Braga a Lugo por Tui y de Lugo a Astorga por el valle del Sil; y la XX, de Braga a Lugo por la costa pasando por Brigantium. También se habilitan vías marítimas y fluviales, para lo que se construyen puertos como los de Iria y Brigantium, este con su famoso faro o Torre de Hércules que, reformado en el siglo XVIII, todavía podemos admirar. Todas estas grandes obras públicas, algunas en uso hasta la Edad Media como las vías y puentes, fueron posibles por la importación de las excelentes técnicas constructivas romanas, algunas, como el hormigón, perdidas con la caída del imperio y no recuperadas hasta el siglo XIX.

Tampoco fueron menores las transformaciones económicas. En el sector primario destacan la introducción de la vid y el olivo en las zonas más cálidas, el uso de arados, aperos y animales de tiro más poderosos que permitieron arar los suelos fértiles y pesados de los fondos de los valles y la práctica de la salazón del pescado. El consiguiente aumento de la producción, sobre todo en las villae, permitió la comercialización de los excedentes y la alimentación de la creciente población urbana. En el sector secundario, mejoran las técnicas y aumentan de tamaño los talleres metalúrgicos, cerámicos, de carpintería, cantería, etc. Pero la industria reina en la Gallaecia era la minería. Desde muy antiguo toda Hispania tenía fama por su riqueza minera. Y aquí, aparte de yacimientos de hierro, estaño y otros metales, había abundancia del más codiciado, el oro. Según Plinio, todos los años salían del noroeste 20.000 libras de oro para el fisco romano. Además de recogerlo en forma de pepitas en los ríos, como se había hecho desde la Edad del Bronce, existían terrenos auríferos enormes que exigían extracciones a gran escala, como Las Médulas en el Bierzo, que los romanos esquilmaron hasta cambiar radicalmente el paisaje, procesando montañas enteras. Su sobreexplotación hizo que empezaran a agotarse ya en el siglo III. Se calcula que hubo en la Gallaecia quinientas minas en las que trabajaron hasta quince mil hombres y se removieron seiscientos millones de metros cúbicos. En las minas, propiedad del imperio, controladas por el ejército y por funcionarios, trabajaban esclavos junto a hombres libres, que acabaron siendo los más numerosos.

Naturalmente este desarrollo de la producción trajo consigo el del comercio, tanto el interior en las ciudades o en los numerosos foros comarcales, como el exterior por vía terrestre o marítima hacia otras regiones del imperio. Galicia importaba productos de uso no masivo (cerámicas y vidrios de calidad, vinos, aceites, salsas, tejidos) y exportaba lingotes metálicos, pieles, lanas y caballos. La relativa modernización económica generalizó el uso de la moneda y fue arrinconando el comercio de trueque.

También hubo hibridación en el plano religioso. Los cultos prerromanos continuaron e incluso sobrevivieron al imperio, como demuestra la campaña de san Martín de Dumio en el siglo VI contra ciertas prácticas y creencias paganas de los rústicos. Pero ahora tuvieron que convivir con el panteón grecolatino, con el obligatorio culto al emperador (que además podía ser muy conveniente porque el sacerdocio oficial era un camino de ascenso social) y con las divinidades orientales como Mitra, Isis o Cibeles que, vía el ejército sobre todo, se habían extendido por doquier. En este maremágnum se producen fenómenos de sincretismo, como la fusión de los indígenas Couso y Bandua con el romano Júpiter. O inscripciones de romanos en honor de un dios indígena y de galaicos en honor de un dios latino.

Pero sin duda la novedad religiosa más importante de cara al futuro fue la difusión del cristianismo, en Gallaecia como en todas partes. La tradición de la predicación del apóstol Santiago en Hispania es muy tardía, del siglo VII, y no está corroborada por datos históricos ciertos. El cristianismo probablemente penetró por las ciudades, junto con otros cultos orientales, con la llegada de soldados, funcionarios o comerciantes convertidos a esa fe. Hacia 250 había comunidades cristianas en Astorga y León y las fuentes nos hablan de la presencia de clérigos y obispos galaicos en los concilios del siglo IV. Obviamente el edicto de Milán en 313 por el que Constantino la declaraba religión oficial favorecería su propagación también aquí. Y así, al concilio de Toledo del 400 asisten ya varios galaico-romanos cuyas procedencias indican que la cristianización había avanzado algo al norte de Braga y al oeste de Astorga. Pese a ello, antes de la llegada de los suevos en 410 su implantación debió de ser bastante minoritaria en las ciudades y muy escasa en las zonas rurales. Del mismo modo, la incidencia de la herejía priscilianista alcanzó su verdadera importancia después, por lo que dejamos su descripción para el capítulo siguiente. La cristianización del grueso del país se produce, pues, tras el hundimiento del poder romano.

Visto todo lo anterior, parece imprescindible matizar la idea de que la Gallaecia fue una provincia muy poco romanizada. Es evidente que su asimilación no es comparable con las de la Bética o la Tarraconense, casi indistinguibles en esto de la propia Italia. Pero a la altura de finales del siglo IV lo romano no era ya algo epidérmico en Gallaecia, sino ingrediente fundamental aunque no único de una cultura y una sociedad mestizas.

II
De Gallaecia a Galicia

Y así, con las cuatro plagas, de la espada, del hambre, de la peste, de las fieras, que se ensañan por todo el orbe, se cumplen las predicciones anunciadas por el Señor por medio de sus profetas.

Con esta visión apocalíptica nos presentaba Hidacio, obispo de Aquae Flaviae (Chaves), las consecuencias de la llegada de los «bárbaros» a Gallaecia en su relato de los hechos acaecidos hasta poco antes de su muerte en 469. Por fortuna, las cosas fueron algo menos catastróficas.

LOS SIGLOS OSCUROS. EL REINO SUEVO

Nuestros conocimientos de los siglos V-VII son muy incompletos, pese a contar con las crónicas de Paulo Orosio y de Hidacio en el sigloV, de Juan de Biclara en el VI y de Isidoro de Sevilla en el VII. Según sabemos, en 409 irrumpen en la Península suevos, vándalos y alanos. Tras dos años de saqueos que el declinante poder hispano-romano es incapaz de impedir, los suevos con su rey Hermerico al frente se asientan en la Bracarense y los vándalos asdingos en la Galicia actual, la zona más pobre. Tras algunos enfrentamientos, los vándalos son expulsados hacia el sur en 419. Los suevos, una federación de tribus precariamente unidas en torno a su rey, apenas llegaban a 30.000 individuos, de los que solo unos 8.000 serían guerreros. Una exigua minoría frente a los 600.000/700.000 galaico-romanos, por lo que no podían dispersarse demasiado. De ahí que se concentrasen alrededor de Braga. Fuera de esa zona, la aristocracia galaico-romana y la emergente Iglesia conservaron su influencia y su poder. Más al norte, las comunidades rurales siguieron con su vida de siempre, libres tanto del poder romano como del suevo. Algunos castros se reutilizaron y se acentuó la decadencia de ciudades y villae. No hay noticias de grandes batallas entre las dos comunidades, fuese porque los invasores eludieron las localidades mejor defendidas, fuese porque el descontento de parte de la sociedad galaico-romana por las cargas del imperio favoreció una cierta conllevancia.

Una vez asentados y libres de la incómoda vecindad de los vándalos, los suevos «cambiaron las espadas por arados», al decir de Paulo Orosio, y procuraron una convivencia pacífica con los autóctonos. Pese a ello la cohabitación no estuvo exenta de conflictos al principio, pues la apropiación de una parte de las tierras por los suevos y el choque político, cultural y religioso entre germanos arrianos y galaicos católicos provocó resistencias de estos últimos, cuyo ideólogo mayor fue precisamente el obispo Hidacio. Rekila (438-448), hijo y sucesor de Hermerico, consiguió que una parte de la aristocracia autóctona empezase a colaborar para no perder sus privilegios. Su hijo Rekiario (448-456) dará un paso más en el camino de la integración convirtiéndose al catolicismo. Y algo debió conseguir, porque es muy significativo que en su ejército figuren ya contingentes galaicos.

Pero antes Rekila había puesto fin a la paz con los vecinos. Invadió la Lusitania y la Bética conquistando sus capitales Emérita Augusta (Mérida) en 440 e Hispalis (Sevilla) en 441. Los visigodos, asentados todavía al norte de los Pirineos, acudieron una vez más en ayuda del imperio. Tras años de derrotas y victorias para ambos bandos, en 456 el visigodo Teodorico II aplastó a su rival en la batalla del río Órbigo, ejecutó a Rekiario en Oporto e hizo del suevo un reino vasallo, que además retornó al arrianismo. Y aquí se interrumpen las crónicas. Hasta 550 no volvemos a tener noticia alguna del noroeste peninsular. En ese ínterin arribaron a la costa norte grupos de britanos que huían de las invasiones anglosajonas de Gran Bretaña. Se instalaron en la comarca de Mondoñedo, organizados en la diócesis de Britonia, y evangelizaron el territorio alrededor del Eo. Su obispo Maeloc asistió a los dos concilios de Braga en 561 y 572. En estos años el rey suevo, y con él todo su pueblo, se convirtieron de nuevo al catolicismo. Pero la historia del reino suevo se acercaba a su fin. El creciente poderío de los visigodos, ahora con su capital en Toledo, les llevaba a buscar el dominio de toda la Península. Tras algunos choques previos, su rey Leovigildo acabó definitivamente con la monarquía sueva en 585. No obstante, hay indicios de que esta región conservó cierta autonomía, como el hecho de que Egica (687-702) asociara al trono a su hijo Witiza y lo enviase a Tui para que reinase en su nombre sobre la antigua tierra de los suevos.

¿Qué transformaciones experimentó la sociedad galaico-romana en los tres siglos justos que median entre la irrupción de los pueblos germánicos por el norte y la de los musulmanes por el sur? Al igual que en el resto de lo que había sido el imperio de occidente, se acentuaron la ruralización, la contracción económica y el retroceso ténico y cultural. En lo social, se redujeron a la mínima expresión los grupos urbanos, se recompuso la clase dominante por la inclusión de la jerarquía cristiana y de nobles suevos y visigodos y probablemente culminó la sustitución de la esclavitud por la servidumbre. Aparte de esto, las líneas maestras de la estructura social debieron de cambiar poco. En lo cultural, no hubo germanización pero sí un cambio importante con la cristianización generalizada, proceso conflictivo que dejó para el galleguismo contemporáneo otro de sus mitos, el de Prisciliano, cabeza de uno de los muchos movimientos «heréticos» que agitaron el mundo cristiano en esos siglos.

Prisciliano, personaje de clase alta y probable origen lusitano, hacia 370 había empezado a congregar a grupos de seguidores muy críticos con el apego de la jerarquía al poder y el lujo. Partidarios de una vida austera, de interpretar libremente los textos sagrados, de la igualdad de la mujer en la Iglesia y del contacto íntimo con la naturaleza, rechazaban la autoridad de la jerarquía y eran propensos al fervor místico a través de cánticos y ceremonias que sus detractores tachaban de mágicas y desenfrenadas. A pesar de ello, Prisciliano fue nombrado obispo de Ávila y sus seguidores empezaron a aumentar en la Lusitania y la Bética. Las sucesivas denuncias e intentos de condenarlo consiguieron finalmente que el emperador Graciano lo declarase hereje y ordenase su destierro. Para defenderse ante el papa Dámaso, con el que no consiguió entrevistarse, Prisciliano emprendió viaje a Italia y por el camino fue creando nuevos grupos de seguidores, sobre todo en Aquitania. Finalmente fue condenado por hereje en el concilio de Burdeos y el emperador Máximo, muy necesitado del apoyo de la Iglesia oficial, lo sentenció a muerte junto con siete de sus compañeros. Fueron ejecutados en Tréveris en 385 o 387.

Como puede verse, el priscilianismo tuvo poco o nada que ver con Gallaecia en vida de su fundador. Sin embargo, tras su muerte su doctrina prendió aquí con rapidez, incluidas las zonas rurales. Los galleguistas contemporáneos atribuirán este éxito a que la naturaleza celta de los galaicos sintonizaba mejor con su heterodoxia que con el catolicismo latino, explicación peregrina por cuanto el movimiento arraigó también en territorios muy diferentes, como la Tarraconense o las Galias. Y en todos ellos, celtas o no, acabó reabsorbido por el catolicismo ortodoxo. Quizá haya que buscar las causas en ese componente de rebeldía social que tanto alimentó también otras herejías y en su mayor afinidad con lo rústico.

En cualquier caso, antes de desaparecer contribuyó mucho a la cristianización, aunque fuese heterodoxa, del mundo rural. Pese a ello, los cultos precristianos y prerromanos siguieron presentes. Todavía en el siglo VI, Martín de Dumio hubo de luchar con energía contra el paganismo y el priscilianismo y hasta escribió un tratado ad hoc, De correctione rusticorum. Y además organizó mucho mejor el ejército ortodoxo creando nuevas diócesis y trazando un mapa de feligresías, bastante concordante con la división anterior en populi y castella, que se recogió en el llamado Parroquial Suevo y que llegará a los tiempos modernos con muy pocas variaciones. Lo cierto es que, cuando acaba el periodo visigodo en 711, no hay ya noticias del priscilianismo y el paganismo parece muy arrinconado, pero no sin dejar su huella, en forma de ciertas supersticiones y creencias sincréticas, en un catolicismo que será la religión única de los galaicos/gallegos para los once siglos siguientes.

Otro aspecto cultural de relieve es el lingüístico. Como era de esperar por el escaso peso demográfico de suevos y visigodos y sobre todo por su inferioridad cultural, el latín acabó prevaleciendo sobre las lenguas germánicas, que solo dejaron un pequeño legado léxico y otro mucho mayor en la toponimima y en los nombres propios. A ello contribuyó también el creciente poder sociopolítico de la Iglesia, que quedó como única depositaria de las letras y la alta cultura. Sin embargo, la desmembración del imperio de occidente en multitud de reinos acentuó las divergencias dialectales de la lengua hablada. Se iniciaba así el largo proceso que conduciría al nacimiento de las lenguas romances y en nuestro caso del gallego.

En resumen, la Gallaecia solo experimenta tres cambios importantes en los siglos V-VII, los tres comunes a todas las provincias del imperio de occidente: la desaparición de la estructura estatal romana, el severo retroceso de la economía y de la civilización grecolatina y el ascenso del cristianismo católico a única religión oficial. Por lo demás hubo sobre todo continuidades, con reajustes de cierta entidad solo en la composición de los grupos sociales dominantes. También hubo continuidad en su identidad político-territorial y en sus peculiaridades socioeconómicas y culturales.

EL REINO DE GALICIA EN LA MONARQUÍA ASTUR-LEONESA

El impacto sobre Gallaecia de la invasión iniciada en 711 fue mínimo. Tropas musulmanas llegaron hasta Lugo en 714 pero se retiraron muy pronto, quizá porque el clima y la pobreza relativa de esas tierras les restaban atractivo. En el reparto que hicieron los invasores, a una parte de los bereberes les tocó la zona comprendida entre Miño y Duero. No aguantaron allí más de cuatro décadas. A mediados del siglo VIII, descontentos con aquella asignación, se sublevaron y la abandonaron. A partir de ese momento el país no volvió a conocer presencia estable musulmana, por lo que la incidencia directa de la cultura islámica en Gallaecia fue nula. Pero era inevitable que tamaña conmoción tuviese algunas consecuencias. Aparte de la llegada de huidos del sur, que parece no fue muy grande, estaba el efecto frontera, que se mantuvo vivo hasta que la Reconquista avanzó lo suficiente. Las crónicas nos hablan de numerosas razzias musulmanas en los siglos VIII y IX, lo que no impidió que la frontera avanzase al sur del Duero hasta situarse en el Mondego ya con Alfonso III (866-910).

Durante el siglo X los enfrentamientos se centraron en la meseta, por lo que Galicia se vio bastante libre de la amenaza musulmana hasta que en 997 Almanzor realizó su famosa incursión y saqueó Compostela para asestar un golpe moral al infiel, profanando lo que ya era uno de los grandes lugares sagrados de la cristiandad occidental. En todo caso, los efectos devastadores de estas campañas no fueron tan grandes ni provocaron cambios significativos de ningún tipo.

Galicia tenía además otra frontera, y de muy difícil defensa: el mar. Por ahí llegaron otros enemigos muy diferentes: los hombres del norte. Que se sepa, los vikingos arribaron por primera vez a las costas gallegas en 844 y 858. Y continuaron visitándolas intermitentemente durante más de dos siglos. En 960 el obispo Sisnando II tuvo que fortificar Santiago para prevenir mejor sus ataques y por cierto murió en uno de ellos. Todavía en 1071 destruyeron Tui y capturaron al obispo. Sin embargo, tampoco provocaron cambios de relieve, ni intentaron un asentamiento permanente. De hecho, el devenir de la Gallaecia altomedieval fue casi exclusivamente endógeno. Y con un gran peso de las inercias continuistas. Salvo en el plano político por la desaparición del poder visigodo, en todo lo demás hubo evolución, no ruptura traumática. La tesis, tan arraigada en la historiografía española, según la cual la arrolladora ofensiva musulmana provocó durante bastante tiempo una especie de desierto o tierra de nadie entre la cuenca del Duero y la cordillera Cantábrica, no parece de aplicación en nuestro caso. Según Carmen Pallares y Ermelindo Portela, la documentación conservada demuestra que la Gallaecia del siglo VIII no era un territorio despoblado ni socialmente desorganizado. Todo lo contrario. Las fuentes nos hablan de una notable continuidad en los lugares habitados y en los modos de producir, de poseer y de convivir. Los nombres latinos y germánicos de la gran mayoría de los siervos indican que procedían de la servidumbre antigua, no de cautivos adquiridos en la guerra. Hay, sin embargo, movimientos menores de población en los siglos VIII y IX. Llegan asturianos, algunos cautivos musulmanes sonreducidos a la servidumbre y crecen los grupos de artesanos y comerciantes de fuera (los francos) en ciudades y villas, sobre todo en Compostela, al compás del auge del Camino de Santiago. También marchan gallegos que dejan su huella en la toponimia de unos 150 lugares del resto de la Península. Y se producen los altibajos típicos del llamado régimen demográfico antiguo en el que las severas limitaciones en la producción de alimentos invierten cada cierto tiempo el crecimiento de la población con hambrunas y mortandades epidémicas.

El elemento básico de la ocupación del territorio, al igual que en la época precedente, es la villa, palabra que ahora no designa el latifundio romano, sino una aldea y su territorio circundante, integrado por tierras de labor, prados y bosque. La delimitación de las villae coincide bastante con las demarcaciones de los antiguos castros. Desaparecido el dux o gobernador provincial visigodo, el nuevo reino se divide ahora en condados, cuyos titulares son de nombramiento regio. Todo indica que hubo continuidad en las autoridades locales civiles y eclesiásticas. Para las comunicaciones continúa en uso la red viaria romana, cada vez más deteriorada. En la economía tampoco hay grandes cambios respecto de la situación anterior. Incluso se mantiene durante bastante tiempo el sistema monetario visigodo. En cuanto a la sociedad, las fuentes permiten conocer su estructura con más precisión que en épocas anteriores. Las clases principales eran la nobleza, encabezada por una reducida aristocracia, los miembros de la Iglesia, los campesinos y los siervos. Salvo los últimos, todos los demás eran jurídicamente libres. Los grupos sociales intermedios (comerciantes, artesanos urbanos, profesionales) eran insignificantes, dada la drástica contracción del mundo urbano y el predominio de la autarquía económica de las comunidades locales.

La aristocracia altomedieval estaba muy ligada a la titularidad de los condados, función política que dependía teóricamente del favor del rey pues todavía no se habían consolidado como propiedad ligada a un linaje. No obstante, las grandes familias aristocráticas de esta época acumulaban ya extensas posesiones, a veces muy alejadas entre sí, y un poder autónomo que solía causar bastantes problemas a la monarquía como veremos. Por ejemplo, Gutier Menéndez, conde de Celanova, emparentado con Ordoño II por matrimonio y padre de san Rosendo, tenía dominios esparcidos desde la costa hasta las tierras de Zamora. Caso parecido era el de los condes de Présaras, con numerosas posesiones por toda la mitad norte de Galicia. Sin embargo, estos patrimonios nobiliarios eran inestables tanto porque las líneas de parentesco masculina y femenina operaban en igualdad como porque había que dividirlos entre todos los herederos. La aristocracia procuró contrarrestar estos efectos disgregadores, sin conseguirlo totalmente, mediante la endogamia y a través de la fundación de monasterios muy bien dotados, que eran como una prolongación de la familia. Los monasterios de Celanova y de Sobrado, creados respectivamente por estas dos casas condales, son paradigmáticos de este fenómeno.

La Iglesia conservó, con muy pocas variaciones, la red parroquial y las diócesis de la época sueva. Era la autora y administradora de la imago mundi y de las normas morales y los valores del conjunto de la sociedad. Y tutelaba la educación de los poderosos. Por ejemplo, la escuela catedralicia de Santiago acogió nada menos que al infante García, hijo de Fernando I y futuro rey de Galicia. Los monasterios «familiares» que hemos mencionado tuvieron además una importante repercusión económica y social en su entorno. Los había mixtos de frailes y monjas, lo que daba lugar a algunas licencias que provocaron la denuncia de clérigos de moral rigorista, como san Rosendo, abad de Celanova, partidario de una separación estricta de ambos sexos.

La lucha permanente contra los infieles y la consiguiente necesidad de reafirmar la identidad propia frente al Otro reforzó la influencia del catolicismo en toda la Península. Y en el caso de Galicia, este refuerzo alcanzó cotas máximas desde la tercera década del siglo IX gracias al oportuno descubrimento de los supuestos restos del apóstol Santiago el Mayor en un paraje entonces deshabitado, pero que probablemente había sido una pequeña mansión viaria romana, a unos veinte kilómetros al norte de la sede episcopal de Iria Flavia. La conversión de este discípulo de Cristo en el gran icono guerrero (Santiago Matamoros) de los cristianos contra los musulmanes elevó al máximo el peso espiritual (y económico) de la Iglesia gallega, no solo en su propia tierra, sino en toda la cristiandad.

Pero la gran mayoría de la población no eran nobles ni clérigos, sino campesinos libres avecindados en las villas, que resolvían sus asuntos internos en las asambleas vecinales. En cuanto a los siervos, la mayoría descendía de los antiguos esclavos romanos y casi todos trabajaban las tierras explotadas directamente por los señores o servían en sus casas y carecían de libertad de movimientos y de derechos. Esta servidumbre entrará en regresión entre los siglos X y XII.

Sin embargo, la independencia económica de los campesinos libres se fue deteriorando con el tiempo, y por dos vías. Por un lado, muchos se fueron endeudando con los monasterios o con los nobles laicos para salvar años de malas cosechas u otras crisis y acabaron obligados a transferirles la propiedad, aunque casi siempre continuaron cultivando las mismas tierras a cambio del pago de una renta o de prestaciones en trabajo y de someterse a la jurisdicción de su antiguo acreedor. La segunda vía, cuyo resultado fue el mismo, benefició sobre todo a los nobles, que aprovecharon su poder judicial para cargar a los campesinos con multas que no podían pagar, por lo que también tuvieron que entregar sus tierras. El sistema hereditario, que repartía por igual el patrimonio entre todos los herederos, contribuyó asimismo a debilitar la base económica de muchas familias y con ello facilitó la expropiación final. Se dio así un proceso a largo plazo que, además de la concentración de propiedades hacia arriba, implicó hacia abajo la confluencia de gran parte de los campesinos originariamente libres con los siervos en una sola clase social, la de los campesinos dependientes de los señores laicos y eclesiásticos en lo económico y/o lo jurídico. Este es el fundamento mayor del régimen señorial, que describiremos en el periodo siguiente, cuando esté plenamente consolidado.

La evolución de la situación social de las mujeres también fue a peor. No es que partiesen de un estatus igual a los hombres ni mucho menos, pero al principio al menos tenían una participación apreciable en asuntos no menores: recibían y transmitían bienes por herencia igual que los hombres, conservaban la capacidad contractual y participaban en la toma de decisiones del grupo familiar. En todo esto se fue retrocediendo poco a poco y los primeros promotores de ese retroceso fueron los clérigos, que crearon el estereotipo del sexo proclive al pecado y por tanto potencialmente corruptor y necesitado de vigilancia y tutela. La mala fama de los monasterios mixtos pudo ser el desencadenante pero en todo caso se empezó por apartarlas del altar y prohibirles que tocasen los objetos sagrados e impartiesen enseñanza a los hombres. En los siglos siguientes se continuará por este camino.

En lo político, la Gallaecia formada por las viejas demarcaciones lucense y bracarense tuvo un peso fundamental en la monarquía astur-leonesa durante toda la alta Edad Media, algo que era percibido desde fuera. Y así, Eginardo, biógrafo de Carlomagno, llamaba rey de Asturias y Galicia a Alfonso II el Casto (791-842). Algo similar hacían las fuentes árabes. Lo cierto es que la nobleza galaica causó más de un quebradero de cabeza a los reyes de Oviedo primero y a los de León después. Hay noticias de rebeliones contra Fruela I (757-768) y Silo (774-783), lo que indica que la incorporación a la monarquía de su parte occidental debió de ser una sucesión de enfrentamientos y pactos con los poderes locales supervivientes al hundimiento visigodo. La estabilidad no parece llegar hasta el reinado de Alfonso II, el verdadero organizador de aquella naciente monarquía, al que los condes gallegos reconocen como su señor. No es ajeno a ello el descubrimiento en esos años del supuesto sepulcro de Santiago y la operación de promoción de su santuario en la que van de la mano Teodomiro, obispo de Iria, y el rey. Este no solo construye una primera iglesia sobre el edículo romano que había allí, sino que le concede al obispo un territorio de tres millas romanas de radio a su alrededor. La luna de miel entre el trono y la sede de Iria-Compostela continuará durante bastante tiempo, pues ambas partes se beneficiaban con la alianza: los obispos porque gracias a los reyes se iban convirtiendo en los señores más poderosos del país y en titulares de uno de los grandes faros del mundo cristiano, y los reyes porque mantenían un poder fiel en medio de un territorio más bien levantisco. En esa línea, Alfonso III (866-910) ordenó edificar a finales de siglo una basílica mucho mayor y su hijo Ordoño II favoreció a la ciudad decretando que perdería la condición de siervo quien permaneciese en el lugar santo cuarenta días sin que lo reclamase su dueño. Y Compostela empezó a crecer al compás de las peregrinaciones, aunque su apogeo tardará un par de siglos en llegar.

Con todo, los nobles gallegos siguieron protagonizando episodios de rebeldía mientras la frontera occidental avanzaba hasta el Mondego, con lo que se completaba la recuperación de toda la Gallaecia y más. Reinando Alfonso III, el conde gallego Froila se rebeló y hasta consiguió ocupar Oviedo y «reinar» allí durante unos meses. Para aliviar estas tensiones, el rey delegó el gobierno de Galicia en su segundo hijo, Ordoño, quien a la muerte de su padre fue coronado rey de Galicia en 910, título que ostentó cuatro años en solitario hasta que lo fue tambien de León en 914 a la muerte de su hermano García. Pero las turbulencias continuaron durante el resto del siglo X. Está claro que Galicia mantuvo durante esos siglos una identidad propia dentro de la monarquía por la cual, aunque fugazmente, llegó a ser un reino independiente en algunas ocasiones. Pero si bien su nobleza nunca acababa de considerarse del mismo tronco que la asturiana o la leonesa, sus profundas divisiones internas le impidieron cimentar un poder político independiente de un modo estable. Tal sucedió de nuevo cuando Fernando I (1038-1065) dividió sus reinos dejando Castilla a Sancho, León a Alfonso y Galicia a García, cuyo reinado solo duró de 1065 a 1071. García intentó estabilizar el reino apoyándose en los obispos y en los infanzones del condado de Portocale, pero su hermano Sancho lo destronó manu militari y lo expulsó de Galicia. Y Alfonso (VI), una vez se deshizo de Sancho y volvió a reunir los tres reinos, atrajo a García con engaños y lo mantuvo prisionero en el castillo de Luna hasta su muerte en 1090. Gallaecia, cuando todavía no estaba partida en dos, perdía una vez más la ocasión, quizá la más clara, de consolidar su independencia. Su mitad meridional sí lo conseguirá poco después.

EL DECLIVE POLÍTICO

Sin embargo, tanto la documentación como los actos de los reyes indican que todos asumían la identidad política diferenciada de Galicia. Alfonso VI (1072-1109) tuvo que vencer algunas resistencias para ser aceptado en el lugar de su hermano. Quizá para limar asperezas y centrarse en su expansión hacia el sur encomendó el gobierno de Galicia con el título de conde a Raimundo de Borgoña, casado con su hija Urraca. El matrimonio formó su corte en Santiago y confió a clérigos y nobles gallegos la educación de su hijo Alfonso Raimúndez, futuro Alfonso VII, rex imperator. Pero en 1096, para dar satisfacción a su hija ilegítima Teresa, casada con Enrique de Borgoña, Alfonso VI segregó la parte sur y, con el nombre de condado de Portugal, se la entregó a su segundo yerno. De paso partía en dos una región tradicionalmente indómita y por tanto la debilitaba. Era el primer paso para el nacimiento del reino de Portugal y para la definitiva reducción de la Gallaecia a los límites de la Galicia actual. A pesar de ello, los señores gallegos continuaron incidiendo con fuerza durante un tiempo en los asuntos de la monarquía.

A la muerte de Alfonso subió al trono, ya viuda, su hija Urraca I (1109-1126), que celebró un segundo y tormentoso matrimonio con Alfonso I de Aragón, luego anulado. Esta unión iba contra los intereses del lobby gallego, por lo que el obispo Diego Gelmírez y Pedro Froilaz, conde de Traba, tutores de Alfonso Raimúndez, decidieron coronar rey de León a aquel niño de seis años en la catedral de Santiago el 17 de septiembre de 1111. Pero cuando se encaminaban a León para que tomase posesión del trono les salió al paso El Batallador, los derrotó y se frustró la operación. Entonces, aprovechando que las relaciones entre madre e hijo se habían agriado, el tándem Gelmírez-Froilaz intentó hacerle rey de Galicia. Urraca, que ya había roto con el de Aragón, se plantó con su ejército ante los muros de Compostela, se ganó el apoyo de una parte de la nobleza gallega y convenció a los burgueses, en ese momento alzados contra Gelmírez, para que le abriesen las puertas de la ciudad. El arzobispo se las compuso para hacer de mediador entre madre e hijo, que firmaron las paces. Pero algunos nobles, con la complicidad de Teresa de Portugal, siguieron intentando la reunificación de la Gallaecia para formar un reino separado de León. Tras un complicado baile de alianzas y contraalianzas entre los bandos, el desenlace llegó, muerta ya Urraca, con las batallas de San Mamede (1128) y Ourique (1139) en las que los portugueses vencieron respectivamente a leoneses y musulmanes. Alfonso Henríquez, hijo de Teresa y nieto de Alfonso VI, pudo proclamarse rey de Portugal sin que su primo Alfonso VII tuviese fuerza para impedirlo. Galicia quedaba definitivamente separada de la que había sido su mejor parte desde la época romana.

Alfonso VII volvió a repartir sus reinos entre sus hijos. Castilla fue para Sancho III y León y Galicia para Fernando II (1157-1188). Tanto este como su hijo Alfonso IX (1188-1230) siguieron muy vinculados a Galicia hasta el punto de que ambos fueron enterrados en la catedral de Santiago. Pero el peso político de los señores gallegos en la corte empezó a desvanecerse a partir de 1230 con la unión definitiva de las dos coronas en Fernando III (1217-1252), y no solo porque este rey no mantuviera con el país las estrechas relaciones de sus antecesores, sino sobre todo porque los grandes avances cristianos hasta Andalucía, unidos a la separación de Portugal, dejaron a Galicia arrinconada en la esquina noroeste y cada vez más alejada de la guerra de cruzada y de los centros de poder. La influencia de la aristocracia gallega entró en un declive imparable y sus energías depredadoras tuvieron que volverse totalmente hacia dentro con las consecuencias negativas que veremos al tratar de la crisis bajomedieval.

EL APOGEO MEDIEVAL. EL CAMINO DE SANTIAGO

Paradójicamente, la decadencia política de los señores gallegos en su relación con el trono coincidió con el periodo de mayor auge económico y cultural de la Galicia medieval, en línea con el de toda la Europa occidental. Pero aquí el motor principal de esa reactivación fue un fenómeno religioso. Las peregrinaciones desde toda Europa al sepulcro del Apóstol impulsaron el crecimiento urbano y la llegada de nuevas ideas y estímulos transformadores. En los siglos XI al XIII aumentó en las ciudades el número de comerciantes y artesanos foráneos (los francos), la incorporación de campesinos al artesanado urbano, el asentamiento de miembros de la media y baja nobleza y la fundación de monasterios y conventos. Las villas costeras también se beneficiaron del desarrollo de la pesca y el comercio marítimo. A finales del siglo XIII los distintos oficios empezaron a organizarse en gremios que regulaban la profesión, la producción y los precios, conseguían privilegios para proteger su mercado y formaban cofradías que combinaban lo religioso con lo asistencial. No obstante, en Galicia estos avances fueron comparativamente menores, salvo en Compostela, único lugar en que, por ejemplo, se creó una cofradía de cambistas, por la gran circulación monetaria que generaban las peregrinaciones. Más entidad adquirió el comercio exterior por vía marítima hasta el final de la Edad Media. Una docena de puertos eran base de un activo tráfico con el Atlántico norte y con el Mediterráneo. Se exportaba vino a Inglaterra y Flandes y salazones de pescado hacia el sur. Y se importaban grandes cantidades de sal desde Bretaña, además de tejidos de calidad y otros productos.

Los habitantes de los burgos, o burgueses en el sentido medieval del término, no eran un conjunto homogéneo. La nobleza urbana participaba en la política de la ciudad, fuese en el gobierno municipal, fuese al servicio del señor en sus relaciones con el ayuntamiento. Y los clérigos tenían gran peso económico e influencia en las villas de señorío eclesiástico, que en Galicia eran la mayoría. Pero el grueso de su población era plebeya: artesanos, comerciantes, criados, profesionales, jornaleros y marginados (lisiados, prostitutas, mendigos) que no eran pocos. Las diferencias económicas y de estatus social dentro de cada gremio y entre unos gremios y otros eran muy acusadas. Los económicamente más fuertes (cambistas, comerciantes mayoristas, notarios) acaparaban la representación política en el ayuntamiento. Sin embargo, la mediocridad de este desarrollo y el peso político de la Iglesia impidieron la formación de un potente patriciado urbano, al modo de otras partes de Europa.

La más beneficiada por estos avances fue naturalmente la meta del Camino, la ciudad de Compostela, de señorío eclesiástico desde su fundación. Expresión mayor del crecimiento de estos siglos, se convirtió en el centro político, económico y cultural del país. Y su señor, en el más poderoso. Especial protagonismo tuvo en ello el prelado Diego Gelmírez, que accedió a la sede episcopal en 1100. A base de moverse como pez en el agua en los conflictos de la corte, consiguió que la reina Urraca ampliase en 1112 la extensión de su señorío, la llamada Tierra de Santiago, desde los ríos Tambre y Ulla hasta el mar. En 1120, además de confirmarle la cesión anterior, lo nombró gobernador de Galicia obligando a los nobles a prestarle juramento de fidelidad. Ese mismo año logró que el papa trasladase el rango de arzobispado de la ocupada Mérida a Santiago, que fue declarada además sede apostólica, con lo cual no solo pasó a ejercer la primacía sobre las demás diócesis gallegas, Braga incluida, sino que se elevó simbólicamente por encima de todas las de la vieja Hispania.

Gelmírez empleó parte de los grandes recursos de que disponía en engrandecer la ciudad. La basílica de Alfonso III se había quedado pequeña para acoger las riadas de peregrinos y era de empaque a todas luces insuficiente para la fama adquirida por el santuario. El nuevo templo lo había iniciado Diego Peláez en 1075, según la traza de las grandes catedrales románicas europeas, pero fue Gelmírez el que aceleró las obras hasta consagrarla en 1122. Su extraordinaria entrada occidental, el Pórtico de la Gloria, es posterior (1168-1211). Además, construyó al lado un espléndido palacio arzobispal, una de las mejores muestras del románico civil que se conservan. La gloria de Gelmírez había llegado a su cénit.

Pero no sin problemas. Algunos nobles, celosos de esta enorme acumulación de poder, intentaron socavarlo por la vía de los hechos construyendo castillos dentro del señorío ampliado. La respuesta fue fulminante: el ejército del arzobispo los asedió y derribó. Más difícil de vencer fue la resistencia de la ciudad, donde la pujante burguesía aspiraba a sacudirse el señorío eclesiástico para depender directamente del rey (realengo), y donde parte del propio cabildo pretendía una mayor participación en el mando y las riquezas. Las fricciones eran continuas y acabaron desembocando en la rebelión abierta de 1117, cuando una turba de vecinos iracundos incendió la catedral y la torre en que se habían refugiado Gelmírez y la reina Urraca. Los asaltantes dejaron salir a la reina pero amenazaron la vida del obispo, que se vio obligado a una huida vergonzosa disfrazado de mendigo. No tuvo tanta suerte su hermano, que cayó asesinado junto con varios criados y ayudantes. Reina y obispo consiguieron al fin salir de la ciudad en una peripecia digna de una película de aventuras. Una vez a salvo, reunieron tropas suficientes y sometieron la ciudad. El castigo no fue demasiado duro: disolución de la hermandad burguesa, devolución a Gelmírez y Urraca de los bienes robados, multa de cinco marcos de plata, destierro de cien cabecillas, entre ellos algunos canónigos, y entrega de las armas y de cincuenta rehenes. Pero la pacificación de la ciudad no fue definitiva. La tensión continuaba y volvió a estallar en 1136, aunque ahora sin reina de por medio. En esta ocasión, Gelmírez fue herido por los asaltantes en el altar mayor de la catedral y no lo mataron de milagro. Finalmente, Alfonso VII, pese a las presiones en contra, le permitió continuar en su puesto hasta su muerte en 1140.

Esta pugna triangular burgueses-obispo-rey no fue exclusiva de Compostela, sino propia de todas las sedes episcopales gallegas como consecuencia de la contradicción de fondo entre el ascenso de actividades económicas que reclamaban estructuras políticas de mayor autonomía y el modelo del señorío, nacido para la organización de la sociedad rural. De aquí los continuos enfrentamientos, a veces muy violentos, como los que tuvieron lugar en Lugo hacia 1120 y en Tui a mediados del siglo XIII. Todavía en 1318-1320 el nuevo arzobispo de Santiago, Berenguel de Landoira, tuvo que vencer por las armas la oposición de la oligarquía urbana y de una parte de la nobleza gallega a que tomase posesión. Pero los obispos gallegos acabaron ganando la partida y ya en el siglo XII consiguieron del rey más y más privilegios, aunque sin llegar a anular totalmente los derechos de los ayuntamientos.

Esta época es también de florecimiento de las artes y las letras. La enorme riqueza que acumulan monasterios y sedes episcopales se traduce en la espléndida eclosión de la arquitectura y escultura románicas, que no se limita a Compostela, aunque alcance aquí sus mejores muestras. El posterior estilo gótico, traído por las órdenes mendicantes de dominicos y franciscanos, tendrá una presencia menor, y a ello pudo contribuir que coincidiese en Galicia con la gran crisis bajomedieval que veremos después.

Pero la aportación etnocultural más importante de estos siglos, para el presente y el futuro, es sin duda la culminación de la larga gestación del idioma gallego y su normalización como lengua escrita y literaria. La progresiva diferenciación entre el latín estándar clásico y los dialectos del latín vulgar había empezado en la época romana. En Galicia, como recogen R. Mariño y H. Monteagudo, las primeras referencias documentales a una lengua hablada distinta del latín datan del siglo XII, y de finales de ese siglo son los primeros textos literarios en gallego. En 1260 Alfonso X autoriza el uso de la lengua vulgar en las escrituras públicas. Este romance occidental era el mismo al norte y al sur del Miño, pero la separación política de Galicia y Portugal y la expansión de este último hacia el sur irán creando una creciente divergencia entre gallego y portugués que, sin embargo, nunca llegará a borrar su origen común.

Pero en los siglos XIII, XIV y XV la lengua gallega, aparte de ser hablada por todos los grupos sociales de Galicia y del naciente Portugal, es también la normal en todos los documentos, salvo en aquellos de especial solemnidad que se seguían reservando al latín. Se traducen de esta lengua y del castellano libros de leyes, de historia, de religión y obras técnicas y literarias. El gallego es el idioma en que se redactan las actas municipales, los reglamentos de los gremios, los contratos, los libros de cuentas y la documentación notarial. Esto no impedía que circulasen algunos escritos en castellano, especialmente desde que la corte, a partir de Fernando III (1230-1252), se dirigió en esa lengua a todos sus súbditos, incluidos los gallegos. A esto se fue sumando la presencia cada vez más frecuente, por nombramiento regio, de no gallegos al frente de las sedes episcopales y del gobierno de Galicia (adelantados, corregidores mayores). Se iniciaba así, mucho antes de los Reyes Católicos, un lento proceso de substitución desde arriba en los usos públicos, que se acelerará en la segunda mitad del siglo XV y culminará en el siglo XVI.

Entretanto, el romance occidental dejó un fruto literario de gran valor: la poesía lírica galaico-portuguesa, que nace en la segunda mitad del siglo XII en Compostela por influencia de estímulos ultrapirenaicos que llegan por el Camino francés. Después se proyecta fuera de Galicia y durante el siglo XIII y parte del XIV llega a ser la lengua lírica por excelencia de toda la Península, con sus centros de gravedad en la corte castellana de Fernando III (1230-1252) y Alfonso X (1252-1284) y en la portuguesa de Don Denis (1279-1325). De aquí que en la extensa nómina de sus poetas encontremos gallegos, como Airas Nunes, Martín Códax o Bernal de Bonaval, junto a muchos naturales de otros reinos cristianos. Esta poesía empezó a perder su impulso creativo en la segunda mitad del siglo XIV y fue progresivamente desplazada por la castellana hasta desaparecer.

GÉNESIS Y CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL

Por mucho que las mayores novedades se produzcan en el ámbito urbano, Galicia, como casi toda Europa, seguía siendo un país abrumadoramente rural. Pero también aquí hubo cambios, y no solo cuantitativos. Población y producción agraria tienen un ciclo expansivo en los siglos XII y XIII al que sigue la gran crisis de los dos siguientes. La presión demográfica, además de expulsar gente del campo hacia ciudades y villas, provoca la fragmentación de las explotaciones, la roturación de nuevas tierras, la introducción de ciertas mejoras técnicas, la intensificación del trabajo campesino y el aumento y diversificación de la producción, aspecto este en el que cabe resaltar la gran expansión del viñedo y la creciente importancia del ganado en la economía campesina. Buena parte de estos progresos se deben a la implantación de los nuevos monasterios de la orden de San Benito, primero en su versión de Cluny, después en la del Císter. Los monjes cluniacenses empiezan a llegar a Galicia durante el reinado de Alfonso VI al hilo de las estrechas relaciones de este monarca con la casa de Borgoña. Les seguirán después los cistercienses, cuya primera fundación en Sobrado, sobre un cenobio anterior, es de 1142. A lo largo del siglo XII tanto Alfonso VII como Fernando II multiplican los señoríos monásticos concediendo numerosas cartas de coto jurisdiccional a estas órdenes, con lo que convirtieron a muchos campesinos en vasallos de los monjes.

Los benedictinos introducen cambios radicales en la vida monástica, y no solo en cuestiones de ascetismo y moralidad. Acaban con el modelo altomedieval de monasterios vinculados a las grandes familias y también con los mixtos y, aunque sus abades siguen procediendo preferentemente de la nobleza, afirman la autonomía de sus centros respecto de los señores laicos. También se muestran mucho más activos en su función de hacedores de la mentalidad colectiva y de controladores de la vida social circundante. Y sobre todo demuestran ser unos excelentes empresarios agrarios, que no solo aceleran la acumulación de bienes raíces aprovechando la precariedad económica de los campesinos, como ya venían haciendo sus predecesores, sino que saben organizar mucho mejor la producción y obtener rendimientos muy superiores. Para ello, aparte de introducir mejoras técnicas, se estructuran en una sede central con tierras explotadas directamente mediante siervos y trabajadores libres a la que suman una extensa red de fincas cultivadas por campesinos dependientes que es administrada por un conjunto de subsedes o prioratos, repartidos por toda Galicia en el caso de los más grandes. De este modo consiguen excedentes comercializables, que son fundamentales para abastecer de alimentos el mundo urbano en expansión. A ellos se debe también en gran medida el gran salto que se produce en la producción de vino que, además de satisfacer el consumo interno, se convierte en el gran artículo de exportación hacia otros países.

En cambio, la llegada de las órdenes mendicantes a principios del siglo XIII no implica cambios socioeconómicos. Volcados en la predicación para depurar la religiosidad, dominicos y franciscanos se asientan en las periferias urbanas, no sin vencer antes algunas reticencias de una jerarquía que, una vez comprueba que son inofensivos para el statu quo, acabará apoyándolos.

En cuanto a la nobleza seglar, seguramente participó también de esta acumulación de tierras, aunque esto lo conocemos peor. Pero la mayor seguridad patrimonial que consigue no viene de ahí, sino de la sustitución del sistema hereditario bilineal e igualitario, propio de la alta Edad Media, por el linaje patrilineal basado en el mayorazgo o vinculación de casi todos los bienes a un solo heredero, normalmente el primogénito varón. En este nuevo sistema, los segundones o quedaban al amparo y a las órdenes del hermano mayor o no tenían más salidas que un buen matrimonio, el servicio de armas con un gran señor o la carrera eclesiástica. Y las hijas o se casaban o iban al convento. Este no es sino un aspecto más del retroceso que sufrió en esta época la situación social de las mujeres, y no solo de las nobles. Se agravó el marco ideológico y jurídico de la discriminación femenina. Por ejemplo, las Partidas establecían la inferioridad de la mujer, su debilidad y propensión al engaño. En consecuencia no podían testificar en los juicios y se las sometía de por vida a la tutela de padres, hermanos o maridos. Esta postergación era algo menor en las mujeres de las clases inferiores, que al menos podían ejercer actividades económicas, sobre todo si eran viudas.

Pero el cambio socioeconómico mayor fue el encuadramiento de la gran mayoría del campesinado en un nuevo modelo de relaciones económicas, sociales y jurídicas que llamamos régimen señorial. Sus fundamentos pervivirán en Galicia nada menos que hasta el siglo XIX. Es un modelo común a gran parte de la Europa occidental pero que en cada región presenta sus peculiaridades.

La acumulación masiva de tierras en manos de monasterios, cabildos y nobles implicaba necesariamente la desposesión también masiva de sus anteriores propietarios, los campesinos libres, aunque casi todos seguían trabajando las mismas fincas pero ahora no como propietarios, sino con una u otra modalidad de dependencia respecto del señor. Si bien por arriba pervive una delgada capa de campesinos propietarios, algunos acomodados, y por debajo otra menguante de siervos y de jornaleros sin tierra, el grueso de la población rural son los campesinos vinculados al señor económica y/o jurídicamente mediante el foro, modelo que se generaliza en el siglo XIII y pronto se convierte en el dominante, aunque también había otros minoritarios como el arrendamiento.

El foro era un contrato por el cual el señor, titular del dominio directo de unas tierras, cedía el derecho a cultivarlas (dominio útil) a una familia o a un conjunto de familias a cambio de una renta (casi siempre en especie y que podía ser fija o proporcional a la cosecha) por un plazo muy largo cuya duración fue variando. Por ejemplo, en el siglo XVIII el más común era la vida de tres reyes más 29 años. Además de esta renta de la tierra, los campesinos asumían otras cargas de naturaleza más bien feudal, como el laudemio, o pago al señor para que este autorizase la venta del dominio útil a un tercero; la luctuosa, en caso de muerte del titular para que los herederos pudiesen continuar con el foro hasta la finalización del plazo; o la entrega de determinados animales y frutos en fechas señaladas. Y en lo jurídico, el campesino se sometía al señorío, o justicia del señor, cuando había lugar. Se estima que el señor se quedaba con un cuarto del producto, porcentaje que podía ser muy superior en cultivos especialmente rentables como el vino. Y a eso había que añadir el diezmo que cobraba la Iglesia por tenerlos espiritualmente sanos. Si tenemos en cuenta que la productividad agraria de la época era más bien baja y que no faltaban los años en que las inclemencias climáticas se llevaban por delante las cosechas, comprenderemos que el foro hacía muy precarios los niveles de subsistencia de casi toda la población. Sin embargo, aunque no llegaba a la enfiteusis o cesión perpetua, daba al campesino una gran estabilidad, una cuasipropiedad compartida, que también tenía su valor.

Se configura así una sociedad articulada por dos clases principales, los señores seglares y eclesiásticos, por un lado, y la masa de campesinos dependientes, por otro. Entre ellos, unas delgadas capas medias formadas por campesinos acomodados, párrocos y clérigos subalternos, soldados y escuderos de las mesnadas feudales, agentes de la justicia señorial, administradores y recaudadores de tributos y rentas. Y por supuesto los grupos propiamente urbanos, cuyo papel no por subordinado dejaba de ser menos importante para el funcionamiento del sistema. Pero el régimen señorial gallego tenía además una característica de gran relevancia: el predominio de los señoríos eclesiásticos sobre los seglares era abrumador, y muy superior al de los demás reinos hispánicos. Cuando se produce la desamortización en el siglo XIX, el 80% de los dominios directos correspondía a monasterios y cabildos, frente a solo el 20% de la nobleza seglar.

LA CRISIS BAJOMEDIEVAL

A la fase expansiva de los tres siglos centrales de la Edad Media siguieron casi doscientos años de profundas crisis en toda Europa. También en Galicia y con gran intensidad. Varias causas, que se potenciaron mutuamente, contribuyeron a ello. La primera es estructural y económica. En ausencia de una revolución agraria imposible entonces por el atraso científico-técnico de la época, tras largos periodos de crecimiento demográfico llegaba un momento en que el incremento en la producción de alimentos no podía seguir el ritmo del aumento de población, una vez agotadas tanto las posibilidades de seguir aumentando la superficie labrada y los rendimientos por hectárea como la pequeña capacidad de las ciudades gallegas de absorber los excedentes demográficos del campo. Tampoco cabía recurrir entonces a las emigraciones masivas, pues, aparte de que la movilidad era muy limitada, casi todos los países accesibles tenían el mismo problema. Por tanto era inevitable que la crisis de subsistencia llegase antes o después. Bastaba una serie de malas cosechas, provocada por sequías o lluvias excesivas, para desencadenar la hambruna. En nuestro caso, a esas causas generales se sumaban la fragmentación de las explotaciones por el sistema de herencia, el peso excesivo de las rentas forales y el empobrecimiento de los suelos por la intensiva explotación precedente. El resultado inevitable era una población mal nutrida, caldo de cultivo perfecto para las epidemias.

La peste llegó por el puerto de Baiona en 1348 y se propagó primero a las ciudades y después al resto del interior causando una gran mortandad. La contracción demográfica de las décadas centrales del siglo XIV se refleja, por ejemplo, en el gran número de explotaciones abandonadas que aparecen en los documentos. Las ciudades aguantaron algo mejor la crisis gracias al comercio marítimo y a las peregrinaciones. Pero persistieron los conflictos entre los obispos y sus ciudades por las mismas causas que en el periodo anterior, conflictos que de vez en cuando desembocaban en motines violentos como el de Lugo en 1386, que nos dejó para la historia a la legendaria María Castaña, o el de Ourense de 1419.

Como no hay mal que por bien no venga, el desplome de la población campesina hizo que se pasase de una falta de tierras a una falta de brazos que las cultivasen. Así que los señores, especialmente los monasterios, se vieron obligados a suavizar las condiciones de los foros. Y por esta vía llegó la crisis interna de la clase dominante. La disminución de ingresos afectó más a nobles que a monasterios y cabildos, no solo porque sus patrimonios eran menores por término medio, sino porque sus gastos eran mucho mayores, ya que tenían que sostener grandes casas y mesnadas. Así que empezaron a presionar sobre los bienes eclesiásticos, bien erigiéndose en «protectores» de monasterios y mitras a cambio de una parte de sus rentas, bien arrebatándoles a la brava parte de sus dominios. Tampoco se privaron de abusos contra los campesinos cuando lo consideraron conveniente para engordar sus ingresos o su poder.

Este retorno a la violencia sistemática por parte de caballeros y aristócratas se vio favorecido por el tercer aspecto mayor de la crisis bajomedieval: las guerras casi endémicas, fuesen por la inestabilidad dinástica en Castilla, fuesen por conflictos con otros reinos, fuese finalmente por el estallido de una verdadera lucha de clases: las llamadas Guerras Irmandiñas. La secuencia empieza con la guerra civil castellana que enfrenta a Pedro I (1350-1369) con su hermanastro Enrique de Trastámara, luego Enrique II (1369-1379), partidario el primero de una mayor centralización del poder en el rey y defensor el segundo de los viejos valores de la nobleza feudal. En Galicia, Pedro cuenta con el apoyo de un sector de la nobleza y sobre todo de las ciudades, que veían en el fortalecimiento de la monarquía un horizonte más favorable a sus intereses. A favor de Enrique se pronuncian la nobleza media de los caballeros, en busca del ascenso social, y los obispos, que veían en el pretendiente una garantía de conservación de sus señoríos urbanos. La victoria final del de Trastámara supuso, no solo un reforzamiento del viejo orden, sino un vuelco en la composición de la aristocracia. Los linajes antiguos fueron postergados o desaparecieron y en su lugar las famosas mercedes enriqueñas configuraron una nueva aristocracia —los Sarmiento, Ulloa, Moscoso, Soutomaior, Enríquez de Castro— que se hizo con el señorío de villas que antes eran de realengo y puso más de un monasterio bajo su «encomienda» para hacerse con parte de sus rentas.

Finalmente, la acumulación de tensiones en el campo y en las ciudades, generadas sobre todo por la agresividad y prepotencia de los nobles, algunos de los cuales se comportaban como auténticos señores de horca y cuchillo, desembocaron en las dos Guerras Irmandiñas. En la primera, una hermandad popularmente conocida como fusquenlla (loca u hosca), capitaneada por el hidalgo coruñés Roi Xordo, se alzó en 1431 en las comarcas de Pontedeume y Betanzos contra los abusos a que sometía a sus vasallos Nuno Freire de Andrade, O Mao (el Malo). Esta revuelta, básicamente campesina como otras muchas jacqueries de la Europa del momento, se extendió por las diócesis de Mondoñedo y Lugo e incluso llegó a afectar a parte de la de Santiago. Pero las tropas de los Andrade, del rey y del arzobispo de Santiago la aplastaron con relativa rapidez.

Mucha más importancia tuvo, por su gravedad y por sus caracteres más modernos, la segunda o Gran Guerra Irmandiña (1467-1472). Ya no se trataba, como en la primera, del alzamiento campesino típicamente medieval, limitado a algunas comarcas y de corta duración. Ahora estamos ante una verdadera revolución antinobiliar que afectó a todo el reino, lo dominó durante dos años y, aunque finalmente vencida, anunció los tiempos modernos tanto por su composición social como por sus objetivos antisistema. Marco propicio para la insurrección fue la debilidad de la monarquía a causa de la guerra civil castellana entre el bando de Enrique IV y el del príncipe Alfonso. Para combatir la inseguridad y la violencia de los señores, las ciudades y villas mayores de Galicia pidieron al rey la formación de las hermandades que ya venían funcionando en Castilla desde unos años antes. Enrique IV acabó ordenando la creación de la Santa Irmandade del Reino de Galicia, cuyas unidades locales se constituyeron efectivamente al amparo de los corregidores que envió desde Castilla auxiliados por destacamentos de hombres armados.

El movimiento se extendió rápidamente hasta formar un enorme ejército popular, que se calcula en ochenta mil hombres en toda Galicia, integrado por burgueses, campesinos y miembros de la baja nobleza que rápidamente tomaron el poder. Los alcaldes irmandiños gobernaban y administraban justicia en nombre del rey. Cumpliendo una supuesta autorización de este, las tropas de la hermandad salieron al campo a tomar y derruir las fortalezas de los señores. Y lo hicieron con gran eficacia, pues arrasaron más de cien castillos y torres fuertes, aunque respetaron la vida de los señores no caídos en combate. Los que pudieron huyeron del reino haciendo bueno el dicho de que los gorriones abían de correr tras los falcones. En la primavera de 1467 Galicia estaba totalmente en poder de los irmandiños y así permaneció dos años, un hecho sin paralelo en la Península.

El fin de la guerra civil castellana en septiembre de 1468 permitió a la aristocracia exiliada recomponer sus fuerzas, no sin incurrir en cuantiosos gastos y deudas. A mediados de 1469 penetraron en Galicia tres ejércitos señoriales al mando, respectivamente, de Pedro Álvarez de Soutomaior (que pasará a la historia como Pedro Madruga), del arzobispo de Santiago y del conde de Lemos, entre cuyos segundos figuraba Pedro Pardo de Cela. Los tres confluyeron en las cercanías de Compostela, blanco mayor, derrotaron a la Santa Hermandad y acabaron tomando la ciudad tras una dura resistencia. A partir de aquí y hasta 1472 la contraofensiva nobiliar se desarrolló fragmentada, comarca a comarca, pero con el resultado final de la derrota definitiva de los irmandiños y el restablecimiento del poder de los señores.

En general, la represión de estos no fue muy dura, y no por generosidad sino por cálculo económico: después de varios años sin ingresos y endeudados por la recluta de las tropas necesarias para ahogar la rebelión, a los señores les era vital que sus vasallos volvieran a trabajar y a generar rentas. El arzobispo Alonso de Fonseca II los perdonó, no reconstruyó las fortalezas destruidas en la tierra de Santiago y hasta entabló buenas relaciones con Alonso de Lanzós, uno de los capitanes más importantes de la disuelta hermandad. Sin llegar a tanto, la mayoría de los nobles hizo algo parecido. Muy significativa es la anécdota del conde de Lemos y Pedro Pardo de Cela. Cuando el primero recuperó Monforte y su comarca, vio que muchos de los comprometidos con la revuelta habían huido. Para que volviesen hubo de prometerles que no tomaría represalias, algo que no gustó al segundo, partidario de que ynchiese los carballos de los dichos vasallos. La respuesta del conde no tiene desperdicio: no colgaría a los campesinos de los robles porque no se abía de mantener de los carballos.

No habían pasado dos años de la pacificación del reino cuando murió Enrique IV en 1474 y estalló otra guerra civil por su sucesión. Pero esta turbulencia tendría consecuencias mucho mayores que las anteriores en todos los órdenes. De hecho, la victoria de su hermana Isabel frente a su hija Juana «la Beltraneja» en 1479 abriría una nueva era en toda la Península. También en Galicia.

III
El reino domado

Se comenzó a domar aquella tierra de Galicia, porque no solo los caballeros della pero todas las gentes de aquella nación eran unos contra otros muy arriscados y guerreros.

Así se refería el cronista Jerónimo de Zurita a las políticas de los Reyes Católicos en Galicia a partir de 1480. El final de las Guerras Irmandiñas no trajo la paz social. Los nobles seguían sin conformarse con lo mucho que tenían y en cuanto podían se apropiaban de dominios y rentas de la Iglesia, peleaban entre ellos o aumentaban por la fuerza las exacciones a los vecinos. La guerra civil castellana por la sucesión de Enrique IV favorecía ese caos. Salvo Pedro Madruga, conde de Camiña, que por sus vinculaciones con Portugal había hecho la guerra en el bando de la Beltraneja, la mayor parte de los grandes señores gallegos ni se había enfrentado claramente a Isabel ni había mostrado mucho entusiasmo en apoyarla.

SOMETIMIENTO Y NUEVO ORDEN

Todo empezó a cambiar, y muy rápido, en cuanto Fernando e Isabel pudieron centrarse en la pacificación de sus reinos, para lo cual lo primero era acabar con el poder y la impunidad de los ejércitos señoriales. En 1480 enviaron al gobernador Fernando de Acuña, acompañado del letrado Garci López de Chinchilla y 300 lanzas, con poderes extraordinarios para reorganizar la Hermandad, ocupar y derruir castillos, administrar justicia sumaria, desterrar a los insumisos y hasta condenarlos a muerte. Y en verdad que cumplieron el encargo sin miramientos, con la ayuda de las ciudades, ansiosas por restaurar la seguridad. El episodio más sonado de esta represión antinobiliar fue la ejecución en 1483 de Pedro Pardo de Cela, aquel que quería llenar de vasallos ahorcados las carballeiras del conde de Lemos. En la guerra de Sucesión había militado en el bando isabelino y, con su mentalidad antigua, pensaba que todo seguía igual. Autonombrado ilegalmente señor de la villa de Viveiro, se había apropiado además de rentas de la iglesia de Mondoñedo. Cuando los reyes le ordenaron renunciar a ambas cosas, se negó y se rebeló. Las fuerzas reales lo prendieron y fue condenado a muerte. La leyenda dice que la esposa acudió a la Corte a pedir clemencia y la consiguió. Pero cuando volvía con el perdón unos canónigos la entretuvieron a la entrada de la villa para que el indulto no llegase a tiempo de impedir la decapitación en la plaza de Mondoñedo, el 17 de diciembre. Símbolo mayor de lo que un cronista de la época llamó la «doma y castración» del reino de Galicia, el nacionalismo gallego lo convertirá siglos después en campeón y mártir de las libertades gallegas. De momento, el hecho sirvió de aviso al resto de la nobleza, que tomó nota de que los tiempos habían cambiado de raíz. Aun así, los aristócratas, sin rebelarse abiertamente, persistieron en sus intentos de neutralizar con diversas artimañas la expeditiva actuación de Fernando de Acuña, pero sin mucho éxito. Solo el conde de Camiña aprovechó sus conexiones con la casa real de Portugal para continuar con sus acciones armadas en el sur. Cada vez más arrinconado, optó en 1486 por cejar en su empeño y marchó a un monasterio en Alba de Tormes a solicitar el perdón real. Allí murió en circunstancias confusas. Según algunos, asesinado.

Pero la erradicación total de la capacidad militar y el espíritu levantisco de la aristocracia gallega no fue inmediata. En vida de Isabel, algunos señores como el conde de Lemos o el de Altamira siguieron tomándose la justicia por su mano. Y todavía en 1518, muertos ya los Reyes Católicos y cuando el poder de su sucesor no estaba aún bien afirmado, el nieto de Pedro Madruga se permitió resolver un pleito familiar atacando con trescientos hombres a la condesa de Camiña y matándola. Una prueba más de que el sometimiento de la nobleza gallega al rey y a sus tribunales no se produjo hasta bien entrado el reinado de Carlos I.

Pese a ello, y salvo en los dos casos citados, los Reyes Católicos no fueron muy severos en sus castigos. Confirmaron las propiedades y privilegios de los nobles a cambio de que se sometiesen a su autoridad, renunciasen a su autonomía militar y se incorporasen a la Corte y a las empresas de la monarquía. En 1486, en su visita a Galicia, obligaron a los señores a acompañarlos en su campaña de Granada, destruyeron algunas fortalezas y restituyeron a la Iglesia las rentas indebidamente usurpadas. Además consolidaron la Hermandad y crearon dos órganos de poder delegado, el gobernador y la Real Audiencia del Reino de Galicia, para dejarlo todo bien atado. La conflictividad pasó de ser violenta a canalizarse por la vía judicial, aunque esta transformación llevó algún tiempo. Para facilitar que los poderosos se plegasen al nuevo estado de cosas, los reyes no aceptaron la pretensión de muchos vecinos de liberarse de la jurisdicción señorial o de aliviar sus cargas y ratificaron en lo principal el estatus socioeconómico de la nobleza laica. Como dice Pegerto Saavedra: «Las armas dejaron paso a las togas, pero nada hubo de democrático ni de popular en una política respetuosa con la sociedad estamental» que trajo consigo una reforma profunda del orden feudal, pero en absoluto su abolición.

En cuanto al espinoso asunto de lo usurpado a la Iglesia, Fernando e Isabel le dieron una solución salomónica, que provocó una cascada de pleitos y reclamaciones que llegaron hasta el papa, con el resultado de que monasterios y cabildos recuperaron algo, pero los nobles se quedaron con buena parte de lo robado. En suma, la doma del reino resultó a la postre muy beneficiosa para la aristocracia gallega. Su alejamiento físico del país le hizo perder poder directo in situ, vacío que sería ocupado por la baja nobleza, pero no tanto como para no seguir a la cabeza de extensas redes clientelares, que procuraban beneficiarse de la influencia de sus señores en la corte.

Pero las reformas de los Reyes Católicos no se limitaron a la nobleza. Afectaron también, y mucho, a la Iglesia, en especial al clero regular. Fue un proceso lento, conflictivo, a veces incluso violento, que produjo grandes cambios en el número de monasterios, en su forma de gobierno, en la procedencia territorial de los abades y en el origen social de los monjes. Antes de la reforma, había un gran número de monasterios masculinos y femeninos, muchos de ellos pequeños, en los que los señores locales gozaban de la «encomienda» e imponían abades y abadesas de su linaje o amistades para que luego estos les hiciesen cesiones ventajosas de rentas y tierras. No es extraño, pues, que algunos de estos nobles se opusiesen, a veces con las armas en la mano, a que se cerrasen los monasterios pequeños. En 1498 se ordena a los benedictinos gallegos que se sometan a la obediencia de San Benito de Valladolid. Y lo van haciendo, pero no todos de forma inmediata y no siempre pacíficamente. Lo mismo ocurre con los cistercienses. Al final del proceso, el grueso de los monjes se había concentrado en un pequeño número de grandes monasterios, de los cuales el mayor con mucho era San Martín Pinario de Santiago. Además, la centralización del gobierno de la orden hizo que la mayoría de los abades y abadesas fuesen foráneos y que hubiese un severo control desde Valladolid sobre la administración económica. La reforma de los femeninos fue aún más radical, pues se suprimieron casi todos y se transfirieron religiosas y patrimonios al de San Paio, erigido en Santiago en 1499. Esta reforma, aunque beneficiosa para la economía de las órdenes, generó un grupo dominante procedente de la nobleza castellana y acabó con la independencia de los monasterios gallegos.

Las ciudades no conocieron cambios tan drásticos, en contra de lo que cabría esperar por su importancia para afianzar el nuevo modelo de monarquía. Pero el poder de la Iglesia gallega favorecía las inercias, pues salvo Coruña, Betanzos, Viveiro y Baiona que eran de realengo, todas las demás eran de señorío episcopal. Al principio, Fernando e Isabel procuraron atraerse a los concejos urbanos confirmando sus privilegios y promoviendo las Hermandades, aunque esta milicia armada le costaba a los vecinos sus buenos dineros. En 1482 las ciudades pidieron una ley general para el reino de Galicia de claro sesgo antiseñorial. Los reyes no aceptaron porque no tenían la intención de perjudicar a los nobles más de lo necesario. Así que las cosas siguieron como estaban. Ni eliminaron cargas feudales ni tocaron el señorío eclesiástico de las ciudades de tal condición ni alteraron los viejos sistemas de nombramiento de los ayuntamientos. Las cargas fiscales acabaron haciendo odiosa a la Hermandad e incluso provocaron algunos motines. Las aspiraciones de los burgueses se vieron frustradas en todo, salvo en la cuestión no menor de la desaparición de la violencia señorial. En cambio Isabel y Fernando pusieron las bases de un órgano, las Juntas del Reino, que echaría a andar con su nieto y que ofrecería a las oligarquías urbanas un cauce de interlocución directa con la monarquía.

Las consecuencias del reinado de los Reyes Católicos para Galicia fueron, y en cierto modo siguen siendo, una fuente de encendidas polémicas en la historiografía y la publicística gallega al menos desde el siglo XVIII. Para unos sus efectos fueron beneficiosos y modernizadores. Para otros, especialmente para los nacionalistas, fueron destructores de la libertad y la identidad del país, primera y fundamental piedra de su opresión nacional durante siglos. Lo cierto es que el reinado de Isabel I fue en Galicia, como en los demás reinos de su corona, revolucionario en lo político, conservador en lo social y reaccionario en lo religioso. Aquí también fueron expulsados los judíos que no renunciaron a su fe, se vigiló estrechamente a los conversos y hubo que aguantar a la Santa Inquisición.

EN LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS

Durante el reinado de Carlos I (1517-1556) quedaron fijados los rasgos de la Galicia del antiguo régimen. En esos años se consolidaron y completaron los cambios iniciados por sus abuelos en todos los órdenes. Pero antes conviene hacer una breve referencia a los ecos que tuvo en Galicia la gran conmoción con que se inauguró ese reinado: la guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1522) o de los Comuneros.

De camino hacia Alemania, donde iba a negociar en persona su elección como emperador, Carlos convocó Cortes de Castilla en Santiago, concretamente en el convento de San Francisco, para que concediesen los fondos extraordinarios que necesitaba la empresa. La tormentosa reunión exigió una segunda sesión en Coruña, puerto de embarque del monarca. Y como sabemos, los procuradores no solo se negaron sino que después de aquello las ciudades castellanas se alzaron en armas contra un príncipe al que consideraban extranjero y contrario a sus intereses. Delegados de las ciudades gallegas aprovecharon la ocasión para reclamar, con el apoyo de la nobleza, que se devolviese a Galicia su representación en Cortes, perdida desde la baja Edad Media, aduciendo que era injusto y perjudicial que la ciudad de Zamora hablase y decidiese en nombre del reino. No tuvieron éxito.

Durante la guerra de los Comuneros, la nobleza gallega demostró que era ella la que seguía mandando. Con el recuerdo de los irmandiños muy vivo todavía, impidió que la rebelión se extendiese a Galicia, aunque hubo algunos conatos, abortando con su influencia cualquier posibilidad de que las ciudades gallegas se sumasen a la Junta de las Comunidades. Ante el vacío de poder creado por la ausencia del rey y por la revolución castellana, un nutrido grupo de señores seglares y eclesiásticos se arrogó la representación del reino, ignorando al gobernador y a la Real Audiencia. Reunidos en Melide el 4 de diciembre de 1520, aprobaron una resolución, que enviaron a Carlos, en la que manifestaban su lealtad a la reina viuda doña Juana y al rey, rechazaban las Comunidades, volvían a pedir el voto en Cortes para Galicia, anunciaban que no se pagaría ningún servicio aprobado por Zamora a no ser que posteriormente fuese ratificado por el reino, pedían para Coruña una Casa de Contratación como la de Sevilla y se responsabilizaban de mantener el orden social. Carlos contestó desde Worms tres meses después agradeciendo su lealtad, aceptando nombrar capitán general y dando largas a lo del voto en Cortes y la casa de contratación. En suma, poca cosa. El regreso del ya emperador en 1522 puso fin definitivamente a las veleidades nobiliares de recuperación de la antigua autonomía. El gobernador y la Real Audiencia fueron en adelante los únicos poderes de iure y de facto y la aristocracia gallega, afincada mayoritariamente en la Corte, tuvo que dedicarse al servicio de la administración y las campañas imperiales. Y aunque algunos mantuvieron en Galicia partidas propias de hombres armados, salvo en algún caso muy aislado como la acometida del arzobispo de Santiago contra los Caamaño de Vilagarcía en 1540, en lo sucesivo esas fuerzas solo entraron en acción cuando lo ordenaba el rey o su gobernador para la defensa del reino, como por ejemplo en 1584 con ocasión del asalto de Drake a Coruña.

Y una vez quedó claro para todos dónde estaba el poder y dónde no, se completó el organigrama de la monarquía en Galicia con tres entes principales: el Gobernador-Capitán General, la Real Audiencia y la Junta del Reino de Galicia. El primero presidía la Audiencia y encarnaba el poder del rey en todas sus facetas. La Real Audiencia, con sede en Coruña desde 1570, era el tribunal superior de Galicia, aunque supeditado al Consejo de Castilla. Como era típico en el antiguo régimen, sumaba a las funciones propiamente judiciales las gubernativas o «de policía». Constaba de siete magistrados, que en el siglo XVIII se ampliaron a diez, cuatro fiscales, seis escribanos, seis relatores y hasta treinta ejecutores de sentencias. Si a estos sumamos los abogados, procuradores y personal subalterno, así como las respectivas familias y criados, tenemos un pequeño ejército que vivía de la Audiencia y confería al tejido socioeconómico de la ciudad una de sus mayores peculiaridades. La mayoría de los magistrados eran foráneos, algo que la Junta del Reino, portavoz de los intereses de la hidalguía gallega, intentó corregir una y otra vez sin éxito, alegando que era necesario que los jueces conociesen bien el país.

A partir de la década de 1530 las Juntas del Reino, bien estudiadas por A. Eiras y M. de Artaza, estuvieron integradas por siete procuradores, uno por cada una de las ciudades representadas en las siete cruces del escudo de Galicia: Coruña, Betanzos, Santiago, Mondoñedo, Lugo, Ourense y Tui. De ellas, las dos primeras eran de realengo y las otras cinco de señorío eclesiástico. Era la Junta una institución peculiar en el entramado de la corona (aunque también existía en Asturias), que daba a Galicia una personalidad política unitaria, quizá en reconocimiento de que siempre se la había considerado un reino. Especie de sucedáneo de Cortes propias, aunque por otro lado desde 1623 Galicia volvió a estar representada como tal en las Cortes de Castilla, sus principales atribuciones eran conceder o denegar determinados impuestos y servicios solicitados por la corona y elevar quejas o peticiones al rey. A cambio debía aplicar algunos mandatos reales, como el reparto de contribuciones o las levas. Sus acuerdos eran vinculantes para todo el reino. Pero sus limitadas competencias las colocaban muy por debajo de unas verdaderas Cortes, sobre todo si las comparamos con las de la corona de Aragón. Carecían de administración y hacienda propias, solo representaban a las oligarquías urbanas en un país eminentemente rural, no tenían autonomía de funcionamiento y sufrían las presiones del poderoso capitán general para que hiciesen lo que quería el monarca. Con todo, tuvieron su importancia, no solo en la defensa de los intereses de la hidalguía sino también como freno a las exacciones de la monarquía, que no pudieron impedir, pero sí rebajar. Y fueron decisivas en 1700 al decantarse por el pretendiente Felipe de Anjou frente al archiduque de Austria en la guerra de Sucesión.

Pero no todos los cambios fueron internos. Galicia, sin comerlo ni beberlo, también había pasado a ser parte de la metrópoli de un imperio mundial. Aparte de la presencia de gallegos en la administración colonial y de una emigración a ultramar de momento poco significativa, el país se vio involucrado en la lucha por el dominio del Atlántico. Los ataques a las costas gallegas, primero de Francia y después de Inglaterra, arreciaron tras la anexión de Portugal por Felipe II en 1580 y más aún después de que el puerto de Coruña fuese una de las bases de partida de la mal llamada Armada Invencible en 1588. Tampoco ayudó nada el auxilio español a los católicos irlandeses. En 1585 Drake intentó sin éxito saquear Vigo y Baiona y en 1589 volvió con una gran flota que ocupó y destruyó parcialmente Coruña (de la resistencia de la ciudad nos ha quedado la heroína María Pita) y también Vigo. Después de esto se reforzaron considerablemente las defensas construyendo castillos y baluartes en Coruña, Vigo, Baiona y la ría de Ferrol. En 1621, con motivo de la guerra con Holanda, se planeó crear una escuadra de Galicia, pero todo quedó en nada. Tampoco faltaron en este siglo los ataques de piratas berberiscos a las Rías Baixas.

La rebelión de Portugal en 1640 trajo la guerra al territorio de Galicia. Las que más sufrieron fueron las poblaciones fronterizas, algunas ocupadas por los portugueses durante bastantes años, como Salvaterra de Miño. La pequeña nobleza tuvo que participar de grado o por fuerza en la defensa del país. La Junta del Reino colaboró al principio con el gobernador para levantar un ejército, que se quería de dieciséis mil hombres nunca reclutados, y que pronto tropezó con la realidad: los campesinos no eran soldados, y además ni se les dotaba bien de armamento y ropa ni se les alimentaba como es debido. Así que en cuanto podían muchos desertaban para volver a sus casas o huir a Castilla. Esto y el aumento de la presión tributaria para financiar la contienda generaron un gran descontento. Incluso circularon pasquines amagando con la unión de Galicia a Portugal. Reducida Cataluña y firmada la paz con Francia, la monarquía pudo concentrarse en el frente occidental y a partir de 1657 envió tropas en la cantidad y calidad adecuadas. Aun así la guerra se prolongó hasta 1668, y solo entonces los portugueses devolvieron las poblaciones gallegas ocupadas.

CONTINUIDADES Y CAMBIOS EN EL RÉGIMEN SEÑORIAL

En estos siglos la articulación del régimen señorial en Galicia sigue basada en el foro, que es y continuará siendo el contrato agrario por excelencia. En el siglo XVI la presión demográfica lleva a la desaparición definitiva de los foros perpetuos, que son sustituidos por los que duran tres generaciones o «voces», en ocasiones más 29 años. Desde el siglo XVII las voces se identifican con la vida de tres reyes. Pero este no es el cambio más relevante del sistema. Ya hemos aludido a un grupo social, la hidalguía o baja nobleza, que en épocas anteriores apenas ha merecido nuestra atención pero que en esta va cobrando una relevancia especial que lo sitúa en una posición central en la estructura social de Galicia hasta finales del siglo XIX. Veamos cómo lo consigue y con qué consecuencias.

Según Pegerto Saavedra, el ascenso de la hidalguía constituye el proceso de movilidad social más importante de la Galicia del antiguo régimen. Pero sin el «exilio» previo de la aristocracia no hubiese sido posible ese ascenso a grupo dominante del país junto con el clero, con el que por otra parte estaba estrechamente viculada pues, salvo los cargos más altos de la Iglesia, ocupados casi siempre por no gallegos, de origen hidalgo era la mayoría de los integrantes de cabildos, conventos femeninos y monasterios así como los titulares de las parroquias más ricas. También copaban los colegios universitarios y las magistraturas judiciales. Sus orígenes eran muy diversos. Unos descendían de linajes medievales de caballeros y escuderos; otros en cambio se habían enriquecido y ennoblecido recientemente desde profesiones como escribanos, regidores, militares y hasta comerciantes. Muchos nuevos hidalgos accedían al estamento bien por el apoyo de algún aristócrata, mejor si era cortesano, bien como premio por servicios prestados a la monarquía y a veces incluso pagando a testigos para la acreditación judicial de la genealogía adecuada.

La fuente principal del patrimonio de los hidalgos eran los contratos de foro suscritos con monasterios sobre fincas suficientes y en condiciones favorables. Naturalmente los hidalgos no cultivaban esas tierras, sino que subaforaban a campesinos el dominio útil del que se habían hecho titulares. Cobraban una renta mayor que la que ellos pagaban a los monasterios y se quedaban con la diferencia. Por esta vía se situaron como intermediarios entre el dominio directo eclesiástico (que luego discutirán) y los verdaderos agricultores. Una fuente complementaria fue la adquisición directa de tierras o de foros aprovechando el endeudamiento de familias campesinas caídas en situación de insolvencia por diferentes causas. Para blindar la base patrimonial de sus casas los hidalgos imitaron a la aristocracia constituyendo mayorazgos, lo que obligaba a parte de los segundones a engrosar las filas del clero, con lo que se realimentaba el vínculo entre los dos estamentos. Su posición les permitió salpicar el paisaje gallego con unas residencias rurales, los pazos, que eran la expresión material de su superioridad social. No obstante, bastantes hidalgos trasladaron su residencia a las ciudades, movimiento que se acentúa en el siglo XVII, sin perder por ello su relación con el campo ni renunciar a sus foros. Allí acabaron de regidores municipales, ejercieron profesiones relacionadas con la justicia o entraron al servicio de la administración de la monarquía.

Pero no todos eran iguales. El estamento nobiliar era internamente muy desigual, pues iba desde el gran aristócrata de título hasta hidalgos pobres que labraban la tierra o incluso ejercían oficios viles. En conjunto, la población hidalga no llegaba al 3% del total, unas 7.500 familias a mediados del XVIII. Los nobles con título de conde o marqués eran menos de cincuenta. La marcha a la corte de los grandes aristócratas, aparte de reportarles una diversificación de sus ingresos, facilitó enlaces con estirpes foráneas con lo que su influencia sobre la sociedad gallega se diluyó aún más. Por ejemplo, en el siglo XVIII, la casa de Alba absorbió por esa vía los condados de Lemos y Monterrei. Aun así sus dominios seguían siendo muy amplios. Las jurisdicciones de los condados de Lemos, Altamira y Monterrrei abarcaban cada una cientos de parroquias con 27.000, 21.000 y 16.000 vasallos respectivamente. Pero lo que predominaba era el hidalgo acomodado de rango medio.

En cuanto al clero, que se quedaba con las dos terceras partes del excendente agrario vía foros y diezmos, no cambió mucho tras las reformas de los Reyes Católicos. Simplemente creció, aunque menos que en el conjunto de España. Entre finales del siglo XVI y el censo de 1787, el clero secular gallego se multiplicó por tres y el regular por dos, lo que suponía aproximadamente un 1% de la población total, frente al 1,5% de la media española.

Por supuesto la base imprescindible del régimen señorial seguía siendo la enorme masa de campesinos dependientes repartidos en unas 30.000 entidades de población agrupadas en unas 3.800 parroquias y varios cientos de jurisdicciones o coutos. Formado en su gran mayoría por minifundistas que tenían asegurado el dominio útil de la tierra a cambio de pagar la renta foral, aprovechaba los recursos de los bienes comunales, tenía una sólida organización social en los marcos de la familia, la aldea y la parroquia y cimentaba su cohesión en la homogeneidad cultural, incluida la lingüística. La mayoría de las descripciones de los contemporáneos, sobre todo en el siglo XVIII, resaltan la opresión y la miseria en que vivían y unos modos de vida más próximos a la barbarie que a la civilización por su lengua, sus creencias y prácticas religosas y otros rasgos de su cultura que para algunos resultaban incluso indecentes, sobre todo por sus bailes y ciertas libertades sexuales, intolerables para la moral tridentina de la España de entonces.

Según Pegerto Saavedra, a quien sigo en todo esto, en esta imagen había algo de verdad y mucho de prejuicios nacidos de una distancia cultural que impedía percibir con ecuanimidad su situación y sobre todo la singularidad de esta cultura popular. En lo que se refiere a la miseria, es cierto que muchos vivían en el límite de la supervivencia y que el crecimiento demográfico aumentó el porcentaje de campesinos pobres al fragmentar cada vez más las explotaciones. Muchos tenían que complementar la producción agraria con el tejido del lino u otras artesanías, con la emigración temporal (fuese a la siega en Castilla, al transporte o al comercio ambulante), o trabajando a jornal para otros. En los episodios de malas cosechas no eran pocos los que habían de marchar a las ciudades buscando el socorro de las instituciones benéficas. Pero en épocas de normalidad todos tenían algo y no se conocían las masas de jornaleros sin tierra de las zonas de latifundio.

También es cierto que su alimentación dejaba mucho que desear, sobre todo en comparación con la de los más acomodados. El pan, que era la base de la alimentación, se hacía de centeno, a veces mezclado con avena, pues el de trigo estaba reservado a los más acomodados. Después el maíz los sustituyó en la Galicia occidental pero más por necesidad que por gusto. En algunas zonas la castaña seguía teniendo importancia en la dieta. De vez en cuando caían un poco de carne o unas sardinas saladas. El vino solo se lo podían permitir los más pudientes.

Pero hay otros indicadores que matizan, y mucho, esa imagen negativa. Según se desprende de los datos del censo de Floridablanca de 1787, la esperanza de vida en Galicia estaba en 31 años, tres más que en el conjunto de España. Las tasas de mortalidad eran claramente más bajas y la longevidad media muy superior a la española. Como observaron algunos contemporáneos, en las aldeas era frecuente ver a campesinos muy viejos, en un tiempo en que superar los sesenta años resultaba muy raro en otros territorios. A ello contribuían el predominio del policultivo minifundista, el complemento pecuario y forestal, las actividades artesanales complementarias, el ínfimo porcentaje de los totalmente desposeídos y la lactancia materna prolongada que rebajaba considerablemente la mortalidad infantil. Además, una fuerte cohesión social, basada en la solidaridad familiar y aldeana, les dotaba de una considerable capacidad para defender y mantener un usufructo estable de la tierra. Los concejos abiertos, formados por los cabeza de familia, participaban en el nombramiento de determinados cargos, otorgaban poderes colectivos para pleitos y contratos y decidían acciones de oposición a decisiones señoriales. Esta intensa vida comunitaria explica también la fuerza de una cultura propia, con sus costumbres, su rico folklore y su oralidad en gallego, que pervivía frente y al margen de la oficial en castellano. Pero esto no quiere decir que no existiesen tambien conflictos en el seno de esa comunidad, fuese entre aldeas, entre familias o entre individuos, normalmente a causa de disputas por la «propiedad» de ciertas fincas o por el aprovechamiento del monte.

En el conjunto del sistema la conflictividad entre clases, aunque siempre presente, fue de baja intensidad durante la mayor parte del periodo. Funcionaron bien los mecanismos amortiguadores que iban desde la pequeña propiedad cuasiuniversal y la solidaridad vecinal a la ayuda de las instituciones rentistas, especialmente la Iglesia, en momentos de grandes calamidades. Contribuían también, no solo los poderes coactivos del Estado y de los señores, sino sobre todo la asunción casi unánime de una cosmovisión que presentaba el orden establecido como un producto de la voluntad de Dios y por tanto como algo natural, indiscutible e inamovible. El caso es que la injusticia no conducía casi nunca a la violencia, sino al recurso a esos innumerables pleitos que enfrentaron a concejos y vecinos con los señores. En más de una ocasión la Real Audiencia, la Chancillería de Valladolid o el Consejo de Castilla pusieron coto a algunas exigencias de estos últimos anulando o reduciendo la cuantía de las cargas.

El hecho es que el régimen señorial pervivió con sus fundamentos indemnes hasta la revolución liberal del siglo XIX. Su presencia en el país era aplastante. Según denunciaría en las Cortes de Cádiz el diputado ferrolano Alonso López, de las 3.755 jurisdicciones que componían el reino solo 300 eran de realengo. Y según Antonio Eiras, a mediados del siglo XVIII casi la mitad de la población vivía en jurisdicciones de la nobleza de título y de la hidalguía, una cuarta parte en la de obispos y cabildos, un 13% en la de monasterios y solo un 10-12% en las de realengo. Este mapa jurisdiccional era, con muy pequeños cambios, el de la baja Edad Media. De una complejidad muy superior al resto de la Península, resultaba irracional e ineficiente para el buen gobierno, como denunciaron los ilustrados en el siglo XVIII. Solo las siete ciudades cabeceras de provincia podían actuar de vehículo de comunicación y aplicación de las órdenes de la Audiencia o del capitán general en aquella intrincada red de cotos, que iban desde los muy grandes a los que contaban solo con un puñado de casas, y a cuyo frente los señores colocaban autoridades que a veces ni sabían leer y escribir.

Este ruralismo extremo implicaba unas ciudades muy pequeñas. En 1591 la mayor, que era Pontevedra gracias al gran desarrollo de la pesca, no llegaba a 7.000 habitantes. Seguía Santiago con unos 5.000 y de ahí para abajo. En conjunto menos del 10% de la población puede considerarse propiamente urbana, lo que indica la debilidad de una burguesía totalmente subordinada al régimen señorial y por tanto de mentalidad muy arcaizante en general, algo que será un serio obstáculo para la modernización del país tras la revolución liberal. A pesar de ello, el papel de las ciudades como centros de poder político, de cultura y en algunos casos del comercio era muy superior a su peso cuantitativo.

LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA

En el último cuarto del siglo XV se inicia un crecimiento demográfico y económico que se prolonga durante la mayor parte del siglo XVI, aunque con notables diferencias entre unas comarcas y otras. Lo indican el gran aumento de los contratos de foro y la roturación de nuevas tierras para cereal y viñedo. Según los censos de 1533 y 1591, si se aplica un coeficiente de cinco personas por familia, Galicia pasaría de 330.000 a 630.000 habitantes, lo que suponía un 8,75% del conjunto español y una densidad (22 hab/km²) algo superior a la media de la corona de Castilla (18 hab/km²). La fase alcista del siglo XVI se quiebra en 1570-1580 para dar paso a otra de signo contrario que dura hasta 1640. En cualquier caso, era uno de los reinos más poblados de la Península.

Pero este balance positivo a largo plazo oculta altibajos, algo inevitable en aquellas economías. Hay brotes de peste en 1518-1519 y 1523-1525, crisis agraria y hambruna en 1563 a la que siguen malas cosechas y brotes epidémicos que culminan en la gran peste de 1567-1573. Otra gran hambruna en 1575 inundó Compostela de gentes buscando amparo y provocó una ola de emigración a Castilla y Andalucía. El siglo se cierra con la gran peste de 1598-1599 que coge a Galicia agotada económicamente tras los ataques de Drake a las costas gallegas y los recursos que hubo que dedicar a la dotación de la Gran Armada. A pesar de ello, no hubo una hecatombe demográfica como en Castilla, sino un brusco frenazo del vivo crecimiento demográfico y económico precedente.

En el primer tercio del siglo XVII hay varios episodios climáticos extremos, con los consiguientes altibajos en la producción agraria y algunos brotes epidémicos. Pero después viene un largo periodo de crecimiento sostenido de la población y la producción, sobre todo en la Galicia occidental, que contrasta con lo que ocurre en Castilla. La causa es la introducción y difusión del cultivo del maíz, que alcanza muy altos rendimientos, especialmente en los valles que miran al Atlántico. Según los cálculos de Eiras, en 1631 la población llegó a 735.000 y en 1709 a 1.067.000, un aumento espectacular para la época. Al mismo tiempo se producen cambios cualitativos, que anticipan características del posterior régimen demográfico europeo: la natalidad baja pero mucho menos que la mortalidad, incluida la infantil, con lo que el crecimiento vegetativo es superior al del régimen antiguo. Este modelo precursor solo se da en la sociedad rural, porque las ciudades, que en todo caso inciden poco en las medias totales, siguen las pautas del régimen demográfico antiguo: natalidad y mortalidad muy altas, con saldo vegetativo bajo y esperanza de vida corta. Otra peculiaridad gallega es el elevado celibato femenino y unos índices considerables de hijos de madres solteras. Este fenómeno, que seguirá presente en el campo gallego hasta el siglo XX, no es achacable a una moral más laxa, sino a causas socioeconómicas: la emigración masculina provoca escasez de maridos, por lo que las mujeres solteras pero con propiedades deciden tener algún hijo para que se haga cargo de las fincas y las cuiden en la vejez.

Y aquí nos sale al paso una de las constantes mayores de la historia de Galicia en los cinco últimos siglos: la emigración. Sin llegar ni con mucho a los altísimos niveles que alcanzará a partir de 1880, la emigración se hace ya estructural como mecanismo corrrector del desequilibrio población-recursos que llega antes o después. Modalidades de emigración temporal que serán típicas hasta el siglo XX se consolidan ahora. En primer lugar, la estacional a la siega en Castilla, en cuadrillas más o menos numerosas, en algunas de las cuales iban también mujeres, lo que provocaba el escándalo y la oposición de clérigos y autoridades. Por esa vía practicaban también una emigración golondrina afiladores, canteros y otros oficios, así como pequeños vendedores ambulantes que llevaban lienzos y traían mercería, especias y quincallería. Por otro lado, las levas empezaron a provocar la huida de numerosos jóvenes a Portugal y a otras zonas de la Península. Unos volvían y otros no. En cuanto a la emigración definitiva, la hubo puntual cuando, tras la expulsión de los moriscos en 1570, unas tres mil personas marcharon para repoblar las Alpujarras. Y la hubo continua a Madrid y otras ciudades castellanas o a las principales urbes andaluzas, en las que los gallegos trabajaron preferentemente como aguadores, criados, mozos de cuerda, afiladores y otros oficios bajos, causa principal de la mala imagen que crearon los literatos castellanos y que acabó incorporándose al imaginario popular del conjunto de España. En cambio, la emigración gallega a América, que tanta importancia tendrá a partir del siglo XIX, apenas si existe ahora, pues se calcula que de los 55.000 súbditos peninsulares de la monarquía que embarcaron a las colonias ultramarinas entre 1493 y 1600, solo setecientos eran gallegos.

También llegaron gentes de fuera, pero en cantidades mínimas. Las peregrinaciones decayeron por el efecto inhibidor de las continuas guerras en Europa. Aun así mantuvieron un nivel no despreciable y continuaron alimentando el asentamiento en Santiago de una variada colonia de extranjeros, algunos vinculados a la industria textil, así como de mercaderes vascos y castellanos. Lo mismo ocurre con el comercio marítimo en los principales puertos. En el siglo XVII, la derrota de los irlandeses frente a los ingleses en Kinsale en 1602 y las expropiaciones y persecuciones contra nobles y clérigos católicos que lleva a cabo Cromwell a partir de 1653 traen a Galicia un contingente de refugiados católicos desde Irlanda. Para educar a sus jóvenes, la Universidad de Santiago crea el colegio de San Patricio, más conocido como colegio de los Irlandeses, cuyo edificio puede contemplarse todavía en la Rúa Nova.

En la agricultura gallega, junto a muchas continuidades, se producen algunas innovaciones. No hay grandes novedades en las técnicas de cultivo, ni en la importancia del aprovechamiento del monte y de las artesanías a tiempo parcial como complementos de las economías campesinas. Hay cambios cuantitativos en la ampliación de la superficie cultivada, en la extensión del viñedo que alcanza su máximo ya en el siglo XVI y en la agudización del minifundio que lleva la superficie media de las explotaciones en el siglo XVII a 1,3 hectáreas en las Rías Baixas. Pero el gran cambio agrario, el que permite aumentos muy notables de la producción de alimentos, de la población y de las rentas de los señores, es la introducción en el siglo XVII de un nuevo cultivo, el maíz, que se adapta muy bien a las condiciones climáticas y edafológicas de la Galicia occidental. Va desplazando a los otros cereales hasta hacerse dominante a mediados del siglo XVIII por sus indudables ventajas. El maíz, motor de la fase expansiva, tampoco es ajeno a la espléndida eclosión barroca que impulsan monasterios, obispados y señores, imposible sin un considerable aumento de sus rentas.

La pesca y las actividades conexas fueron otro avance económico importante. En su Descripción del Reyno de Galizia de 1550, el Licenciado Molina cita ya 17 puertos en los que se pescaba en abundancia sardina, merluza, congrio, ostras y otras especies. Aunque hay testimonios de bacaladeros que iban a Terranova y de alguna actividad en el Gran Sol, casi toda la pesca era de bajura. En el siglo XVI empresas vascas, que en el XVII serían ya gallegas, iniciaron desde algunos puertos de la Costa da Morte y del litoral lucense la caza de la ballena, cuya grasa tenía una buena salida comercial. Pero el puerto pesquero más importante con mucho era Pontevedra, tanto que la convirtió en la mayor ciudad de Galicia en el siglo XVI. Exportaba grandes cantidades de sardina fresca o en salazón a toda la Península gracias a una numerosa flota que iba desde las pequeñas barcas de los pescadores más humildes a barcos de gran porte con tripulaciones numerosas. Muy activa era también la industria de salazón, ahumado o secado. Pesca y transformación generaban además un sinfín de artesanías auxiliares (cestería, tonelería, aparejos) y por supuesto la construcción de barcos. En la cúspide del sector estaban los mareantes, comerciantes al por mayor y armadores, cuya cofradía era uno de los grandes centros de poder económico y social de la ciudad. Aunque a menor escala, algo similar ocurría en otras villas costeras, especialmente en Coruña, donde la cofradía de San Andrés se permitía sostener el principal hospital y poseía un buen número de inmuebles.

Continuando con la tradición medieval, se exportaba también madera, cueros y sobre todo vino, el verdadero rey del comercio gallego en esta época, que iba a toda la cornisa cantábrica, a Inglaterra e Irlanda. El comercio colonial, en cambio, fue la gran asignatura pendiente. En el siglo XVI se hicieron algunos intentos de abrirlo desde Coruña pero fracasaron por falta de productos de exportación y de capitales. En 1522 Carlos I concedió a la ciudad una Casa de Especiería para competir con Lisboa en el comercio de especias hacia la Europa atlántica. El proyecto solo duró seis años por lo escaso del tráfico, al contrario de lo que sucedió con la Casa de Contratación de Sevilla. En 1523 el rey autorizó a ocho puertos, entre ellos Coruña, a comerciar con las Indias, pero con la obligación de informar sobre la carga de salida y de hacer escala en Sevilla al regreso. La concesión se anuló en 1573 y no hay pruebas de que se utilizase en ningún momento.

Tampoco se desarrolló gran cosa el comercio terrestre, en parte por el predominio del autoconsumo campesino, en parte por el pésimo estado de los caminos, solo aptos para las mulas en muchos tramos. Y en cuanto a la industria, permaneció estancada en las artesanías de siempre, urbanas o rurales. Solo cabe señalar la presencia ubicua del tejido de lino en las casas campesinas, que anuncia el gran desarrollo del siglo XVIII. Pero ya en el XVI y el XVII los lienzos gallegos se exportaban a Castilla. Por supuesto, Santiago siguió siendo un oasis de concentración de comerciantes y artesanos, bien organizados en gremios, pero sin atisbo de protocapitalismo.

En conclusión, el perfil económico de Galicia al filo del cambio de dinastía muestra luces y sombras. Luces en las innovaciones y el crecimiento del sector primario y en una salud demográfica que para sí quisiera entonces el resto de la Península. Sombras en el ruralismo extremo y la atrofia de los sectores por donde vendrá el futuro: la industria y el comercio.

IDENTIDAD Y CULTURA

El gallego escrito había empezado a retroceder en el siglo XV y desapareció de los documentos casi por completo durante el primer tercio del XVI, con lo que el castellano pasó a ser única lengua de uso público. Las causas de este proceso son claras. Por un lado, la nueva administración, dominada por letrados foráneos, impone la lengua de la monarquía, que se hace imprescindible en las relaciones con un poder cada vez más judicializado y burocratizado. Por otro lado, la subordinación de los monasterios gallegos a las centrales en Castilla y la política de nombramientos de no gallegos al frente de abadías y sedes episcopales impulsó la rápida castellanización de la Iglesia desde arriba. Aun a costa de entorpecer la comunicación con la gran mayoría de sus feligreses, solo utilizó el latín y el castellano en sus textos y en la formación de sus clérigos, aunque es probable que los párrocos rurales hablasen en gallego con sus fieles. Por estas dos vías, el castellano pasó a ser lengua de los de arriba y puerta de entrada a su mundo. Y el gallego se convirtió, y por varios siglos, en un poderoso marcador social negativo.

Pero el pueblo llano siguió aferrado a su lengua propia, especialmente en el campo. La Iglesia intentó por todos los medios incidir en la cultura popular para limpiarla de creencias, prácticas, fiestas y costumbres, algunas de raíz pagana, que consideraba supersticiosas o inmorales. Consiguió que se cumpliesen formalmente las obligaciones dictadas por el concilio de Trento, pero la cultura y la religiosidad de los campesinos no cambiaron gran cosa, lo que provocó más de un conflicto entre los paisanos y las autoridades. Y así, la sociedad gallega quedó fracturada en dos culturas: la castellanizada de los sectores superiores y la autóctona de casi toda la población. Ayudó a mantener esa fractura el hecho de que la gran mayoría de los campesinos y las clases populares urbanas fuese analfabeta. Y lo era porque los poderosos consideraban inconveniente que accediesen a las letras, capacidad que desde muy antiguo había sido elemento no menor de superioridad social. Por eso apenas había escuelas, salvo las de la Iglesia, destinadas a las clases medias y altas. De hecho, los progresos que hubo en educación y alta cultura se reservaron a los privilegiados. La imprenta entró en Galicia a finales del siglo XV de la mano de impresores ambulantes que atendieron la demanda de las sedes episcopales y algunos señores. Después se crearon algunas imprentas estables, sobre todo en Santiago. Pero la edición de libros e impresos fue un sector poco pujante en Galicia.

Lo que hoy llamaríamos enseñanza secundaria, dirigida a una minoría de varones, se reducía al latín (imprescindible para carreras eclesiásticas, jurídicas o médicas), la gramática y la retórica. Las jóvenes de buena familia aprendían lectura, música o costura en algunos conventos. En las ciudades y villas más importantes se crearon escuelas de gramática, las mejores a cargo de los jesuitas, que fundaron cinco colegios, los más importantes en Santiago (1570) y Monforte de Lemos (1592). También se constituyeron, siguiendo las instrucciones de Trento, los seminarios de Mondoñedo y Lugo a finales del siglo XVI, aunque la calidad de sus enseñanzas dejaba mucho que desear.

Pero el gran avance en este campo fue la fundación de la Universidad de Santiago. El primer paso fue la escuela de gramática que fundó en 1495 el notario Lope Gómez de Marzoa. El segundo, el Estudio General, sostenido por el deán Diego de Muros y su pariente del mismo nombre, que el arzobispo Alonso de Fonseca III, humanista y amigo de Erasmo, convirtió en colegio con estudiantes internos y un programa de estudios ampliado. En 1526, una bula de Clemente VII aprobó la universidad, que en 1545 se instaló en el nuevo edificio renacentista que ha llegado hasta nosotros. A este primer colegio se sumarán los de San Xerome, para estudiantes de menos recursos, y San Clemente para bachilleres. Sus estudios de Gramática, Artes, Derecho y Teología cumplían las funciones de seminario o preparaban para las profesiones jurídicas. Pero los futuros clérigos también podían estudiar en los colegios que franciscanos, dominicos y jesuitas abrieron en la ciudad. Aunque más pequeña y de menor prestigio académico que sus hermanas de Salamanca, Valladolid y Alcalá, la universidad compostelana tuvo mucha importancia en la formación de las élites gallegas. De aquí el forcejeo continuo por su control entre el cabildo, las órdenes religiosas y los propios colegiales, procedentes casi todos de la hidalguía.

A pesar de la castellanización, la conciencia de la identidad gallega no desapareció por completo en las élites. Quizá ayudó a ello la existencia de la Junta del Reino que, pese a sus limitaciones, canalizaba la defensa de intereses y simbolizaba la idea de un país muy antiguo, con historia propia y grandes linajes nobles, que podía presumir de encarnar los valores supremos del momento, pues la sangre de sus hijos jamás se había mezclado con la impura de moros y judíos y era expresión máxima del catolicismo con su apóstol Santiago, que por algo había elegido esta tierra, y no ninguna otra de España, para su descanso eterno. En una precoz manifestación de ese síndrome del agravio que tanta importancia tendrá en el galleguismo político de los siglos XIX y XX, a principios del siglo XVII dos aristócratas gallegos afincados en la corte, el conde de Lemos y el conde de Gondomar salieron al paso de la imagen negativa que pintaban de los gallegos los grandes autores del Siglo de Oro. De Cervantes a Góngora, de Lope de Vega a Tirso de Molina, Galicia era «de España muladar», «sitio inmundo», y los gallegos paradigma de gentes bárbaras, infieles, rudas, estúpidas, que encima hablaban una jerga incomprensible. Gondomar contraataca y, amén de reivindicar los méritos de Galicia, se anticipa en más de un siglo al padre Sarmiento y en más de dos a los primeros galleguistas cuando dice que siendo Galicia «la conquistadora de todo lo que hoy posee la monarquía de España […] es gobernada en lo espiritual y temporal por forasteros, que llevan sus ahorros, sus trabajos y su sudor a enriquecer las otras tierras de donde son naturales». En la misma línea, la obra El Búho Gallego con las más aves de España, de la muy probable autoría del conde de Lemos, canta las bondades del búho gallego, que contrapone a los defectos de las aves que personifican a los naturales de otras tierras. Pero la eficacia de estos desahogos fue nula de momento. Ni siquiera sirvieron para debilitar el estereotipo que combatían.

IV
Borbones y reformas

Habiendo nacido y vivido hasta ahora en Galicia, me ha afligido siempre sobremanera la infeliz constitución en que se hallan los labradores de aquel reino. Con efecto, una tan gran multitud de hombres virtuosos por lo común, tan útiles y necesarios al Estado, que habiéndose empleado toda su vida en las mayores fatigas del trabajo, viven no obstante en la indigencia, alimentados escasamente, envueltos en un tosco sayal, y a veces casi desnudos, oprimidos de las vejaciones de sus señores, tiranizados de las injusticias, arrastrados a las cárceles por los acreedores, abatidos, en fin, y despreciados por las otras clases.

Así hablaba en 1782 el ilustrado Pedro Antonio Sánchez, canónigo compostelano, a la Sociedad Matritense de Amigos del País. Una imagen muy negra, que tenía bastante de verdad, pero no era toda la verdad sobre la situación de Galicia en el llamado Siglo de las Luces. Veamos esas luces y también las sombras.

LA GUERRA DE SUCESIÓN

El siglo XVIII se abre con la guerra, a la vez civil e internacional, por la sucesión al trono de España entre Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Habsburgo. En Galicia, Felipe fue reconocido sin problemas por la Junta del Reino de 1701, así como por las ciudades y la Iglesia. Pero no por ello el país se libró de los efectos de la guerra. El 23 de febrero de 1702 llegó a Vigo el grueso de la flota de Nueva España y allí mismo fue atacada por una potente armada anglo-holandesa que venía de un frustrado asalto a Cádiz. Los atacantes inutilizaron las defensas costeras y las autoridades españolas decidieron incendiar y hundir los barcos españoles en el estrecho de Rande para que no cayesen en manos enemigas. En contra de la leyenda que habla de un gran tesoro hundido, parece ser que previamente se habían desembarcado y enviado al interior la plata y parte de las mercancías de valor. En todo caso fue un desastre militar de gran magnitud en el que, aparte de los barcos, se perdieron dos mil vidas de soldados y Redondela fue ocupada y saqueada. En 1703 Portugal abandonó la neutralidad y entró en la contienda a favor del archiduque, lo que obligó a fortificar la frontera, enrolar a la nobleza, hacer levas y cobrar impuestos extraordinarios. Una vez más las deserciones de los campesinos fueron la nota discordante. Aunque en tierra gallega no hubo grandes batallas, el pretendiente Borbón se fue llevando tropas de Galicia a otras zonas de la Península en que las necesitaba más, en contra del criterio del capitán general y de la Junta que no querían quedar indefensos. Al prolongarse la guerra y sus consecuencias, el descontento fue a más y el entusiasmo pro-Borbón a menos, aunque sin llegar a provocar un cambio de bando. Pero hubo chispazos, como los gritos a favor del archiduque que se oyeron en Santiago en 1707. La gran crisis agraria de 1709-1710 y la exigencia de una nueva contribución de guerra avivó aún más el descontento. Hubo resistencias a pagos y levas, las consabidas quejas de las autoridades locales y hasta impresos anónimos en los que a los lamentos por la «Galicia oprimida», víctima de rapiñas y corrupciones, se añadía nada menos que la amenaza de que Galicia acabase por unirse a Portugal, país hermano que ya había señalado el camino décadas atrás.

Con el fin de las operaciones militares en 1711, Felipe V decidió leerle la cartilla a la Junta del Reino para acabar de una vez con su resistencia a las demandas de soldados y dinero. Llamó a los procuradores a la Corte y los amenazó con el destierro. Y a partir de ahí el capitán general o el intendente hicieron las levas que consideraron oportunas sin consultar con la Junta. Nueva dinastía, nuevos tiempos, nuevos talantes.

Todavía en 1719 las costas gallegas tuvieron que sufrir un devastador ataque de la armada inglesa en represalia por las andanzas en tierras gallegas del duque de Ormond, destacado defensor del pretendiente al trono inglés Jacobo III. Los ingleses saquearon Ribadeo, la ría de Ferrol, la Costa da Morte, ocuparon Vigo y Pontevedra y hasta tuvieron la osadía de exigir un rescate enorme por no atacar Santiago, cosa que no consiguieron. Por fin se fueron, pero no sin dejar tras de sí una estela de destrucción. Por fortuna, desde ese año hasta la llegada de los franceses en 1809, Galicia se vio libre de guerras.

LOS CAMBIOS DESDE ARRIBA

Las profundas reformas en la planta de la monarquía que introducen los Borbones tienen en Galicia un efecto mucho menor que en los reinos de la corona de Aragón. La nueva figura de los Intendentes, creada en 1711, detrae competencias a la Capitanía General y a la Real Audiencia en hacienda y algunas parcelas del gobierno civil. En 1766 Carlos III reforma los gobiernos municipales introduciendo los síndicos y procuradores del común en representación de la burguesía, lo que por cierto ayudó a algunos de sus miembros a conseguir después patentes de hidalguía. Pero sin duda las políticas de la monarquía con mayor impacto en Galicia fueron las cuatro que describimos brevemente a continuación.

En 1726 Felipe V creó el Arsenal de Ferrol, con gobierno independiente del capitán general, para dotar a la armada de unos astilleros y una base naval acordes con los tiempos. El resultado fue que esta villa, poco más que una aldea de pescadores, pasó a ser por un tiempo la mayor ciudad de Galicia, con 25.000 habitantes y una excelente traza urbana de nueva planta. Los astilleros ocupaban entre 6.000 y 15.000 trabajadores según los momentos, aparte de la base naval y sus militares. Aunque la mayoría de los proveedores estaban fuera, fue un poderoso estímulo económico para la comarca, que creó numerosas industrias auxiliares.

En 1748 las nuevas Ordenanzas de la Armada abolieron las jurisdicciones señoriales sobre los pescadores y sus restricciones gremiales, establecieron la libertad de pesca (lo que permitió el asentamiento de los catalanes) y crearon la Matrícula del Mar que, si bien beneficiaba a los pescadores al prohibir que pescasen los labradores de los alrededores, por otro lado los anotaba en un registro y les obligaba a cumplir un servicio de hasta diez años en la Real Armada o a estar disponibles entre los 16 y los 60 años para incorporarse a filas cuando se les requiriese. Esto era una carga muy grande para las familias y dejó un número no pequeño de viudas y huérfanos. No es extraño que provocase una considerable emigración de jóvenes en las villas costeras.

A mediados de siglo, el marqués de la Ensenada proyectó una reforma fiscal consistente en sustituir las rentas provinciales, o impuestos indirectos sobre el comercio, por una Única Contribución que gravaría la producción agropecuaria y las rentas de foros y arriendos y aliviaría algo las cargas sobre la actividad mercantil. Por primera vez los privilegiados tendrían que pagar al rey por sus ingresos. Lo que antes favorecía a Galicia se tornaba en perjuicio comparativo, dado su carácter eminentemente rural y agrario. El proyecto finalmente se abandonó al cabo de veintitantos años de estudios y recogida de datos, entre ellos el famoso catastro de Ensenada, una fuente imprescindible para conocer la sociedad y la economía de la época. Aunque Carlos III ordenó la implantación de la Única en 1770, la fuerte oposición de rentistas y vecinos frustró el nuevo impuesto que fue sustituido por uno más suave. Aun así, la carga fiscal en Galicia subió mucho en casi todos los sectores. La Junta del Reino protestó inútilmente y el descontento desembocó finalmente en los motines de 1790.

En 1764 se autorizó al puerto de Coruña a comerciar directamente con las Indias mediante los buques correo propiedad de la corona. Al principio iban solo a La Habana pero desde 1767 pudieron hacerlo a Buenos Aires. Esto generó un importante tráfico de exportación de salazones y lienzos y de reexportación de textiles levantinos y de algunos productos extrajeros, así como de importación de cueros y productos coloniales. Se formó así en la ciudad un núcleo de burguesía comercial moderna compuesto mayoritariamente de foráneos (vascos, castellanos, catalanes, franceses y otros extranjeros). En 1778 se decretó el comercio libre que amplió el número de puertos autorizados (en Galicia, Vigo y Ferrol). En 1785 empezó a funcionar el Real Consulado de Coruña, para el control y promoción del comercio y el desarrollo económico del país. Pero para entonces había empezado la decadencia del comercio ultramarino por la saturación del mercado indiano, la desaparición de los correos marítimos que obligó a fletar barcos propios, la guerra hispano-británica de 1779-1783 y la neutralidad de 1797 que abrió el comercio a países no beligerantes. Todo ello y la posterior guerra del francés quebró estos negocios y provocó una renovación generacional de los comerciantes y una reorientación de su actividad hacia el tráfico de esclavos con destino a los grandes mercados del Caribe.

AMAGO DE MORDENIZACIÓN

La economía gallega seguía dominada por una agricultura minifundista, con una media en 1752 de 1,5 hectáreas por explotación, fragmentada además en un gran número de parcelas (entre quince y treinta) algunas bastante alejadas entre sí. A mediados de siglo, el 76% de la renta catastral procedía del sector primario. Los beneficios de la introducción del maíz, motor de la fase expansiva desde 1670, tocaron techo hacia 1750 y a partir de ahí se alternaron ciclos de estancamiento, de retroceso y de recuperaciones moderadas. A mediados de siglo apareció un nuevo cultivo, la patata, en las comarcas montañosas de Mondoñedo. Sin embargo, durante mucho tiempo su impacto será mínimo en comparación con el del maíz, a pesar de sus indudables ventajas, que no serán plenamene asumidas por los campesinos hasta el siglo XIX. Su arranque tardío a partir de la crisis de 1768-1769 y su avance lento se debe tanto a la repugnancia que provocaba su aspecto y el hecho de ser un tubérculo, por lo que solo se usaba para alimentar al ganado, como a la oposición de los rentistas, pues hacía descender el precio de los cereales y además no era computable en la renta porque no figuraba en los contratos.

La necesidad de fuentes adicionales de ingresos para una población que crecía a más velocidad que la producción agraria es probablemente una de las causas del gran auge que experimenta en este siglo el tejido del lino en los hogares campesinos. Galicia llega a ser en España la mayor productora de lienzos, de los que una parte importante se destinaba a la exportación. Desde mediados de siglo el aumento de la demanda hace que pequeños comerciantes intermedien con los mayoristas establecidos en ciudades castellanas. Cuando en 1764 se autoriza al puerto de Coruña el comercio con América, el lino cultivado en Galicia resulta insuficiente, por lo que se recurre a importaciones de lino báltico a través de los puertos de Ribadeo, Carril y Vigo, donde operan grupos de mayoristas, la mayoría foráneos (asturianos, castellanos y riojanos) y establecidos en Santiago, que distribuyen el hilo al fiado a numerosos comerciantes menores que, a su vez, se lo revenden a crédito a los campesinos para que lo tejan y después les compran el tejido que vuelve a los mercados por el mismo camino. Pero este crecimiento, como ha señalado Xan Carmona, fue puramente cuantitativo. No hubo mejoras técnicas, ni concentración de la producción, ni división del trabajo, ni intervención de los compradores en el proceso de elaboración. Todo siguió a cargo de las familias campesinas que ejercían el oficio con las técnicas de siempre y de forma estacional como complemento de la agricultura. Son contados los casos de tejedores profesionales a tiempo completo, como los de la zona de Padrón, o de artesanos asalariados que solo aparecen en núcleos urbanos como Coruña. Esto hizo que no se diese el salto técnico de tejer en crudo y después blanquear la tela a blanquear primero la fibra y luego tejer para obtener lienzos finos. Este estancamiento técnico y el hecho de que no se difundiesen las nuevas formas de organización industrial son las causas de que se fuesen perdiendo mercados y que, ya en el siglo XIX, esta industria no pudiese afrontar la competencia de los tejidos de algodón de la nueva industria textil catalana (e inglesa).

Al contrario que la agricultura, la pesca sí conoció en esta centuria transformaciones de gran calado, tanto por la llegada de los fomentadores catalanes como por la instauración de la Matrícula del Mar. Galicia seguía siendo la principal región pesquera. Con sus 2.081 barcos y 7.567 matriculados en 1780, representaba el 35% de la flota española. En la década de 1740 empezaron a llegar desde Cataluña comerciantes dedicados al tráfico de vinos y aguardientes, que pronto ampliaron sus actividades al sector pesquero. Los catalanes revolucionaron las artes de pesca para aumentar las capturas, mejoraron las técnicas de salazón de la sardina mediante el prensado, ampliaron las redes de comercialización y cambiaron las relaciones laborales sustituyendo el quiñón (reparto desigual de lo pescado entre pescadores y armadores) por el trabajo asalariado. Desde 1760 empezaron a aparecer las fábricas de salazón, con mano de obra mayoritariamente femenina. Sus dueños llegaron a desplazar a los grupos privilegiados en el ejercicio del poder local. Esta irrupción en la bien asentada estructura estamental provocó naturalmente reacciones defensivas en los privilegiados, así como las críticas de algunos ilustrados (el padre Sarmiento, José Cornide, Francisco Somoza) a los nuevos métodos, causa según ellos de la supuesta decadencia del sector. Pese a estas oposiciones, en 1808 las fábricas de salazón superaban ya el centenar. Eran la base material de un grupo burgués moderno y de origen externo, si bien el verdadero sistema capitalista no se consolidará en el sector hasta finales del siglo XIX, como veremos. Hubo algunos intentos de contrarrestar este predominio catalán, como el de Jerónimo de Hijosa, que ensayó nuevas técnicas de salazón de abadejo y merluza, pero fracasaron.

Algo se empezó a mover también en el sector secundario que, sin embargo, continuó casi totalmente en manos de los artesanos urbanos y rurales. Además del desarrollo del textil rural ya descrito, aumentaron los curtidurías o tenerías, sobre todo en Santiago, estimuladas por las barreras de Castilla a la importación de cueros vascos (lo que animó a curtidores guipuzcoanos a instalarse en Santiago) y por la apertura del comercio colonial que permitió importar a buen precio pieles en bruto del Río de la Plata. Más interés tienen las pocas iniciativas para dar el salto a la industria fabril. Casi todas fracasaron porque las inercias socioeconómicas fueron mucho más fuertes que la visión de futuro de unos pocos. De todos modos merecen que las recordemos. Aparte de pequeñas «fábricas» de sombreros y pasamanería en varias ciudades, hubo varios intentos fallidos de mecanizar la producción de lienzos o introducir los tejidos de algodón, entre los que destacan dos. A finales del siglo XVII los flamencos Adrián de Roo y Baltasar de Kiel montaron una fábrica de jarcias y lonas en Sada que acabó absorbida por el Arsenal y después otra de mantelería en Coruña, que llegó a ocupar a ochocientas personas en putting out system (trabajo a domicilio combinado con el acabado en fábrica) hasta que quebró en 1809. Y a finales del XVIII, los hermanos Les instalaron en Pontevedra una fábrica de tejidos de lana y algodón muy moderna y mecanizada que no sobrevivió a la guerra del francés.

Pero sin duda la iniciativa industrializadora más ambiciosa, y más ilustrativa de cómo se las gastaba la sociedad tradicional con los cambios, es el caso de Sargadelos. Antonio Raimundo Ibáñez, hidalgo asturiano, solicitó en 1788 autorización para construir en ese lugar de la costa lucense un alto horno de carbón vegetal. Tropezó de entrada con la oposición de los rentistas mindonienses que veían en la introducción del trabajo asalariado una amenaza al orden establecido y con la de los concejos vecinos por lo que significaba el gran consumo de carbón vegetal para los montes de la zona. Las élites locales empezaron a pintar a Ibáñez ante la Real Audiencia como un déspota que tiranizaba a los labradores, los explotaba y les impedía trabajar adecuadamente en la agricultura. A pesar de ello, una real cédula de 1791 autorizó el alto horno y una fábrica anexa de planchas, ferrajes y ollas de hierro. La guerra con la república francesa en 1793 cambió el destino del complejo. Los franceses destruyeron varias fábricas de munición en Navarra, Guipúzcoa y Gerona, lo que obligó a reconvertir Sargadelos a la producción de «bombas, granadas, metrallas y demás municiones» hasta la invasión francesa de 1808. Las ganancias obtenidas permitieron ampliar las instalaciones para la fabricación de lozas finas en 1806. La condición de proveedor del ejército colocó a Ibáñez bajo la protección de la marina y le permitió explotar una gran extensión de bosques y obligar a los vecinos a ayudar en el transporte de carbón. Esta alteración de los usos tradicionales del monte y los métodos coactivos empleados para conseguir mano de obra barata provocaron un gran descontento que culminó el 30 de abril de 1798 con el asalto a la fábrica por una multitud de más de 4.000 vecinos que al grito de «¡Viva la libertad!» arrollaron a la pequeña tropa que la guardaba y causaron serios estragos en las instalaciones. La Real Audiencia, controlada por una hidalguía contraria a este tipo de aventuras industriales, fue dando largas a la reclamación de daños y perjuicios interpuesta por Ibáñez. En realidad, clérigos e hidalgos estuvieron detrás del motín y siguieron azuzando el malestar vecinal hasta conseguir que en 1809, aprovechando el vacío de poder creado por la guerra del francés, una turba lo acusase de afrancesado, asaltase su casa en Ribadeo, lo persiguiese y lo asesinase en las afueras de la villa. Y aunque sus herederos mantuvieron activas las fábricas de fundición y loza durante buena parte del siglo XIX, esta historia es todo un paradigma de las causas del fracaso de la protoindustrializacón de Galicia en el siglo XVIII.

En cuanto al comercio, el terrestre se benefició de la construcción del camino real de Madrid a Coruña, que alivió el aislamiento casi total que padecía Galicia respecto de la meseta, y del arreglo de algunas vías interiores. Pero la mejora fue poca, algo que los ilustrados denunciaron como una de las causas mayores del atraso de Galicia. De hecho, el tráfico de mercancías entre Galicia y Castilla siguió a cargo de las recuas de mulas con las que los arrieros, muchos de ellos maragatos y cameranos, atravesaban las montañas. Los más emprendedores acabarán instalándose en las ciudades gallegas como comerciantes de mayor o menor fuste y unos pocos incluso tendrán entre sus descendientes a los principales banqueros de la Galicia del XIX. Pero de momento las dificultades del transporte, más los peajes que cobraban ayuntamientos y señores, encarecían mucho los productos y eran un factor de bloqueo del desarrollo económico. Algo más fácil lo tenía el comercio exterior, todo por mar, que sin embargo tampoco creció mucho, salvo el ya descrito desde Coruña a las Indias y las importaciones de lino báltico.

Esta evolución económica explica en parte la dinámica demográfica, en la que contrasta una primera mitad de siglo de fuerte crecimiento con una segunda de avances reducidos y oscilantes por el agotamiento de los efectos positivos del cultivo del maíz. De hecho las crisis de subsistencias reaparecen a partir de 1770. En conjunto, Galicia, que había alcanzado 1.300.000 habitantes en 1752, solo suma 50.000 más en 1787. Y hay comarcas, como las de Santiago y Tui, que incluso pierden población. Una población de la que solo el 7% se puede considerar urbana y con mucha benevolencia, pues únicamente tres ciudades (Ferrol, Santiago y Coruña) superaban los 15.000 habitantes. No obstante, la arquitectura urbana monumental conoce una segunda época dorada con una eclosión barroca y neoclásica igual o superior a la románica de la Edad Media.

El deterioro de la relación población-recursos en la segunda mitad del siglo refuerza la función de la emigración como correctora de desequilibrios. La temporal sigue más o menos como siempre. En la definitiva se acentúan las tendencias precedentes, especialmente en la emigración a Madrid, donde hacia 1850 vivían unos 10.000 gallegos, según Ringrose. También crece la emigración a Portugal y empieza a cobrar importancia la americana, a causa de la apertura del comercio colonial. Se estima en 350.000 el saldo migratorio total de la segunda mitad del siglo, cifra considerable que explica la preocupación que provocó en los ilustrados. En cambio, la inmigración fue irrelevante por su cantidad pero no por su cualidad. Ya hemos mencionado la importancia de los catalanes en la pesca-salazón y de leoneses y riojanos en el comercio, así como de las de vascos y asturianos en determinadas industrias. A ellos hay que añadir unas 700 familias de extranjeros (franceses, portugueses, italianos, alemanes, ingleses) que se instalan sobre todo en las ciudades mayores para aprovechar las oportunidades comerciales con las Indias, instalar fábricas o construir grandes edificios.

EL PLEITO FORAL Y OTROS CONFLICTOS

Como ya hemos visto, los foros que los hidalgos habían suscrito sobre todo con los monasterios eran la parte fundamental de sus ingresos. Pero, aunque fuesen una cesión a largo plazo, tenían caducidad y la renovación del contrato no era obligatoria. Por eso la hidalguía intentaba siempre garantizar esa renovación actuando en el campo en que se sentía más fuerte: el judicial. Ya en 1626 y 1629 la Junta del Reino había solicitado al rey que decretase la renovación forzosa de lo que calificaba falsamente de «enfiteusis» (cesión perpetua) «por el gran beneficio que desto resulta a los naturales deste Reino». No faltaron juristas que argumentaban en la misma dirección y que incluso acusaban a los monasterios de haberse atribuido como propiedad de la tierra lo que en realidad era solo señorío jurisdiccional sobre vasallos. Incluso hubo algún aliado tonsurado, pero de una orden que no tenía foros, como el jesuita Juan Álvarez de Sotelo, quien en su inédita Historia General del Reino de Galicia hasta mezcló el asunto con denuncias protogalleguistas, achacando la raíz del problema a las reformas centralizadoras de los Reyes Católicos, causa de la «invasión» de abades y funcionarios foráneos que habían extremado la explotación de los campesinos. Naturalmente hubo respuestas desde el otro bando, como la del abad de San Martín Pinario, que no en vano era el que gozaba de una mayor acumulación de títulos forales.

A mediados del XVIII el conflicto se agravó. Las muertes de Felipe V (1746) y Fernando VI (1759) implicaron la caducidad de muchos foros (establecida en la vida de tres reyes). Los monasterios vieron la oportunidad de sacudirse los problemas que les planteaba la hidalguía (que les discutía el dominio directo en muchos casos y no pagaba la renta estipulada en otros) no renovando los foros y convirtiéndolos en arrendamientos a los campesinos, de plazo mucho más corto, con rentas actualizadas y mayor seguridad jurídica. Y aquí fue Troya. La hildaguía reaccionó acusando a los dueños del dominio directo de querer despojar del dominio útil, no a los hidalgos subforistas, sino a los pobres campesinos. En sus réplicas, los monjes y sus defensores, como el benedictino padre Sarmiento, achacaban la miseria de los campesinos a los subforos de los hidalgos que los explotaban doblemente. En 1760 intervino el Consejo de Castilla abriendo el Expediente General de Foros para recibir dictámenes, memoriales y reclamaciones. Eran defensores de la renovación forzosa la Junta del Reino, el Capitán General, el Colegio de Abogados de Coruña y hasta el arzobispo de Santiago, Rajoy Losada, de familia hidalga. La Audiencia estaba dividida. El frente antimonástico era políticamente poderoso y poderosos eran sus argumentos: la no renovación arruinaría a la hidalguía, acabaría con la seguridad de la que gozaban ahora los campesinos, aumentaría peligrosamente el poder del clero y, en suma, destruiría el orden social vigente con los consiguientes males económicos y políticos para todos. Este discurso, además, sintonizaba a la perfección con la orientación regalista de los gobiernos reformistas: «arruinar la nobleza de Galicia […] sería oprobio de la Nación española y detrimento irreparable de la fuerza de la monarquía. Eso quieren, o eso sin querer piden unos hombres religiosos». Finalmente, el Consejo de Castilla adoptó en 1763 una solución, ratificada por Carlos III, que aparentemente era salomónica pero que en realidad favorecía a los hidalgos: se suspendían los «despojos» sine die con lo que, si bien se reconocía el derecho de los titulares del dominio directo a cobrar la renta foral estipulada en los contratos vigentes, se convertían de facto los foros en perpetuos con lo que se consolidaba el dominio útil de los foreros, fuesen hidalgos o campesinos. Además, las rentas quedaban congeladas, salvo las que eran proporcionales a la cosecha (modalidad que solo era mayoritaria en las zonas vinícolas). La hidalguía aseguraba así sus ingresos pero no podía modificarlos porque tenía que respetar la posición previa de los campesinos que de este modo consolidaban también su dominio útil. Y en este stand by permaneció el foro, no solo durante lo que restaba de antiguo régimen, sino incluso después de la revolución liberal y las desamortizaciones, hasta que desapareció totalmente nada menos que en la tercera década del siglo XX. Esta longevidad anómala tendrá profundas consecuencias sobre la evolución económica y social de la Galicia contemporánea.

Pero no todos los conflictos fueron entre privilegiados. De vez en cuando había algún motín urbano, fuese de raíz antigua, como el provocado por la hambruna de 1709 en Santiago, fuese por motivación más moderna, como los de Ferrol en la década de 1790 por el impago de salarios a los trabajadores del Arsenal. También los había en el campo. Por ejemplo, en la diócesis de Mondoñedo las negativas al pago del diezmo de la patata a partir de 1770 no siempre fueron pacíficas. Pero los más importantes, aparte del de Sargadelos ya descrito, fueron los ocurridos en 1790 en ferias y mercados de toda Galicia. Las causas fueron la creencia en que se iba a instaurar la Única, y la realidad de que se estaban gravando mucho más las compraventas de las ferias en un momento en que estas habían adquirido una importancia antes inexistente en la economía de muchos campesinos. Por ello en varios lugares se lanzaron contra los recaudadores, los golpearon y les robaron las cajas al grito de «Viva el Rey y Muera la Única». Estos disturbios causaron gran preocupación en el gobierno de Carlos IV por temor a que fuesen el preludio de algo similar a lo que estaba ocurriendo en Francia e incluso se llegó a sospechar que las élites urbanas de Galicia, más perjudicadas todavía que los campesinos con la reforma, estaban detrás de aquello. Al final todo se solucionó con una represión relativamente suave.

LA ILUSTRACIÓN EN GALICIA

El predominio de una mentalidad muy tradicional en la sociedad gallega no impidió que el pensamiento renovador de la Ilustración penetrase en sectores minoritarios de la hidalguía y el clero. Estos ilustrados gallegos, como los de cualquier país de Europa, criticaban la ignorancia, las supersticiones, el atraso de agricultura e industria y las penosas condiciones de vida de la mayor parte del pueblo. Y proponían reformas que, sin ir contra los fundamentos de la religión y la monarquía absoluta, fomentasen el progreso material e intelectual de toda la sociedad. Al servicio de estos objetivos crearon varias entidades. La primera fue la Real Academia de Agricultura (1765-1774), constituida en Coruña por un grupo de nobles e hidalgos que pretendían «investigar las causas de la decadencia de la agricultura en las siete Provincias del Reino de Galicia». En 1784 algunos canónigos, profesores de la universidad y burgueses locales crearon la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, que sostuvo Escuelas Patrióticas de dibujo, hilado y tejido, concedió premios para estimular la capacitación de artesanos y campesinos, promovió algunas pequeñas industrias e intentó sin mucho éxito extender el cultivo de materias primas textiles, sobre todo lino y cáñamo, y su transformación industrial. Un año después, y con un programa similar, nació su homónima de Lugo, a iniciativa del obispo y el cabildo. Tenía «por objeto único la felicidad del pueblo». Y en ese mismo año el rey autorizó el Real Consulado de Coruña, cuna del pensamiento económico liberal en Galicia, que organizó escuelas de náutica, matemáticas, comercio y contabilidad.

Los nuevos aires influyeron también en el campo de la educación. Algunos dejaron de considerar el analfabetismo como el estado natural de los de abajo para verlo casi como una enfermedad del espíritu. Bastantes clérigos y seglares entendieron además que la escuela era el mejor instrumento para adoctrinar a los niños en los valores de la recta moral, el respeto al orden establecido y el naciente patriotismo. Por otra parte, el aumento de las ferias y de la industria rural doméstica iba convirtiendo el saber leer y contar en una necesidad práctica, así que también los campesinos empezaron a ver que la alfabetización podía tener utilidad, como no ser engañados en los contratos o poder realizar determinadas actividades mercantiles. El hecho es que se crearon bastantes escuelas primarias por iniciativa de particulares, fundaciones y ayuntamientos de modo que en el censo de 1797 ya figuran 561 escuelas de niños con 14.500 alumnos, y 89 de niñas con 1.700, lo que suponía un 10% y un 1,5% respectivamente. Algunas aldeas contrataban durante el invierno a personas (escolantes) capaces de enseñar algo a los niños a cambio de algunos «ferrados» de cereal, de aquí el nombre de escolas de ferrado. Con todo, el funcionamiento de estas escuelas solía ser muy deficiente. Con instalaciones y materiales casi inexistentes y maestros mal preparados y peor pagados, muchas familias se resistían a que los niños dejasen de trabajar en el campo para ir a clase. La situación en las ciudades era algo mejor sin llegar a ser buena.

Por otra parte, se mantenía la brecha lingüística. Los alumnos monolingües en gallego recibían la enseñanza en castellano, lo que no contribuía a su eficacia. Incongruencia contra la que se alzó a mediados de siglo la denuncia protogalleguista del padre Sarmiento, quien achacaba esta postergación del idioma autóctono a «los no gallegos que a los principios del siglo XVI inundaron el reino de Galicia, no para cultivar sus tierras, sino para hacerse carne y sangre de las mejores y para cargar con los más pingües empleos así eclesiásticos como civiles. Esos han sido los que por no saber la lengua gallega ni por palabra ni por escrito, han introducido la monstruosidad de escribir en castellano para los que no saben sino el gallego puro». En consecuencia, defendía la recuperación del gallego en el culto y en la enseñanza, especialmente en el campo. Pero de momento su voz predicaba en el desierto.

Los cambios educativos llegaron también a otros ámbitos, sobre todo después de la expulsión de los jesuitas en 1767, que favoreció esa secularización del estudio de latín que pretendían Campomanes y otros ilustrados. El interés de la monarquía y de algunos obispos en que los párrocos estuviesen bien formados y comprometidos con las reformas impulsó la constitución de verdaderos seminarios diocesanos que fueron arrinconando las escuelas de franciscanos y dominicos. Incluso las niñas y jóvenes de buena familia pudieron disponer de un centro propio cuando en 1760 se abrió en Santiago el convento de las madres de la Enseñanza, gracias al legado de un indiano. Pero la reforma más importante fue sin duda la de la universidad, que había permanecido totalmente supeditada a la Iglesia desde su fundación. Ya Fernando VI acabó entre 1748 y 1757 con las prebendas y el poder de los colegiales, redujo la presencia de religiosos en la cátedras, aumentó su número, amplió el programa de estudios y reforzó la facultad de Medicina, cambios todos que se anticiparon en veinte años a la reforma general de las universidades que ordenó Carlos III, quien completó la renovación de la de Santiago vinculándola directamente a la monarquía, iniciando la construcción de una nueva sede en el solar expropiado a los jesuitas para separarla físicamente de los colegios y permitiendo la incorporación de profesores de ideas ilustradas para que las ciencias desplazasen a las estériles disquisiciones escolásticas.

Pero la minoría ilustrada no era ideológicamente homogénea. Podemos distinguir en su seno dos tendencias: los reformistas conservadores y los partidarios de cambios cualitativos en la economia y la sociedad, aunque no en el sistema político. Los primeros buscaban la mejora material e intelectual sin cambiar en nada importante el orden establecido. Por ejemplo, Francisco Somoza de Monsoriu defendía la continuidad estricta del sistema foral y veía en el comercio la vía de crecimiento por la que «Galicia pudiera ser una nueva Olanda i un Reino respetable por muchos títulos». Más avanzado era Juan Francisco de Castro, defensor de la supresión de los mayorazgos y de «tantas gravosas imposiciones a que los vasallos viven sujetos para con los dueños de las jurisdicciones y solariegos; esto es, opresión, violencia y tiranía», pese a lo cual aceptaba los fundamentos de la sociedad en que vivía, pues «se necesita en la República un orden de ricos y pobres, nobles y plebeyos». Por su parte, Pedro Antonio Sánchez, aparte de proponer medidas para el fomento de la agricultura, la ganadería y la pequeña industria, asumía ya algunas ideas del liberalismo económico como que «el precio debe ser el efecto de la libre convención entre compradores e vendedores».

Y los había que iban más allá por estimar que no había progreso posible sin acabar con los fundamentos socioeconómicos del antiguo régimen. Por ejemplo, Lucas Labrada, secretario del Real Consulado desde 1802, estimaba imprescindible acabar con el sistema foral, privatizar los montes comunales, desamortizar los bienes vinculados a la Iglesia y a los mayorazgos, disminuir drásticamente la presencia de privilegiados en las instancias de poder, impulsar decididamente la industria moderna y en suma liquidar el «sistema feudal».

¿Y qué idea tenían de Galicia como ente colectivo? Todos, desde Feijóo y Sarmiento a Lucas Labrada, coincidían en que Galicia («patria», «país», «reino», incluso «nación» en sentido antiguo) era una de las unidades históricas que en su día entraron en la formación de una España a la que todos eran absolutamente leales con ese patriotismo prenacionalista que tanto se reforzó en las élites del siglo XVIII. Esto no impedía que en ocasiones afirmasen que esa Galicia sufría opresión o expolio por gentes de fuera o por el propio poder central. En esa línea, José Cornide y otros denunciaban los perjuicios que causaban los fomentadores catalanes o mucho antes el jesuita Álvarez Sotelo clamaba que Galicia estaba «desde los años mil quinientos gobernada y tiranizada en lo espiritual como en lo temporal por extraños de los que trae la malaventura de este Reino». Sin embargo, la castellanización de los grupos dirigentes, ya muy consolidada, explica su indiferencia ante el hecho de que la especificidad étnica y lingüística de casi toda la sociedad no tuviese el menor reconocimiento público. Al contrario, la mayoría opinaba que la lengua y la cultura del pueblo eran un factor más de atraso, por lo que estaban condenadas a desaparecer con el progreso. Como ya hemos visto, una de las pocas excepciones era el padre Sarmiento, quien además pensaba, anticipándose al nacionalismo contemporáneo, que en el gobierno del país «no deben meter mano […] los que jamás han estado en Galicia, ni tienen comprensión del carácter, genio y complexión patria de sus lexitimos y verdaderos Nacionales». Pero esta era una actitud muy aislada que, por tanto, no tuvo consecuencia alguna durante mucho tiempo.

V
liberalismos, atraso y «rexurdimento»

España non é do Rey, senón dos españoles, que por esto mesmo o Rey non ven a ser mais que un veciño da nación a quen todos os demais lle damos e encomendamos o goberno de España.

Así manifestaba en 1812 Gonzalo Senra su naciente fe liberal en la Gazeta Marcial, en uno de los pocos textos de esos años en un gallego trufado de castellano. Pero, entrecruzados con los conflictos políticos, se dan también en Galicia durante el siglo XIX procesos de otra índole que la hacen perder el tren de la industrialización y el desarrollo capitalista.

ABSOLUTISMO «VERSUS» LIBERALISMO

En la primavera de 1808, las noticias de la invasión de las tropas de Napoleón y del destierro forzado de Carlos IV y su familia provocan de inmediato en ciudades y villas de Galicia un levantamiento antifrancés paralelo al del resto de España. Desde finales de mayo, representantes de la hidalguía, el clero, la milicia y el comercio constituyen juntas en muchos lugares. El 2 de junio la de Coruña se declara Junta Suprema del Reino de Galicia (1808-1810) y asume todos los poderes «ínterim no se forman las Cortes para establecer la soberanía unida». Esta conciencia de que su poder era transitorio la lleva el 16 de junio a ser la primera de España en proponer a las demás la formación de un gobierno central. No hay, pues, en sus intenciones, esas veleidades galleguistas o descentralizadoras que pretenden algunos, sino la convicción de que la soberanía correspondía a la representación del conjunto de los súbditos de la monarquía, como demostró en su día Antonio Díaz Otero. Por eso el 9 de julio rechaza la propuesta de la Junta de León de reunir unas Cortes limitadas al norte peninsular, y afirma que Cataluña, Aragón o Valencia deberán olvidarse «de sus fueros» y enviar «diputados a las Cortes que se hagan, siendo estas generales de toda la Nación». En la misma línea, prometerá en 1810 a la recién formada Junta Central que el Reino de Galicia «vivirá siempre unido al cuerpo entero de la Nación». En todo caso, la simple formación de estas juntas ya era en sí un cambio político revolucionario, con independencia de que parte de sus miembros solo pretendiesen expulsar al invasor y devolver el cetro a Fernando VII.

El 3 de enero de 1809 el ejército francés del mariscal Soult penetró en Galicia en persecución del cuerpo expedicionaro británico de John Moore. El 16 de enero, a las puertas de Coruña, los franceses vencieron en la batalla de Elviña, en la que murió el propio Moore. La ciudad capituló tres días después ante la imposibilidad de defenderse, máxime cuando los ingleses se habían retirado por mar. En menos de un mes los invasores ocuparon toda Galicia e intentaron organizar su nueva administración con la colaboración de los afrancesados gallegos, algunos salidos del claustro de la universidad, que aquí, como en todas partes, pensaban que el régimen napoleónico era el único modo de modernizar España y por tanto anteponían sus ansias de progreso a su patriotismo español de viejo cuño.

Pero la mayoría de los gallegos de afrancesados tenía poco. Y menos tras las prédicas enardecidas del omnipresente clero contra aquellos extranjeros sin moral y sin Dios y tras los desmanes de la soldadesca invasora contra personas y bienes. Así que el país se incendió de esquina a esquina. Hidalguía y clero lucharon unidos contra el francés con las armas y la palabra, y contra el naciente liberalismo español de momento solo con la segunda. Su objetivo estaba claro: que las aguas retornasen al cauce por el que discurrían antes de 1808. En cambio, la poca burguesía moderna que había en Galicia combatía por una patria libre tanto del francés como del rey absoluto. Y el campesinado se unió a la resistencia bajo la guía espiritual y militar de la hidalguía y el clero y, como en todas partes, volvió a sus labores cotidianas una vez expulsado el invasor de sus tierras. Hasta los universitarios compostelanos sumaron fuerzas formando un Batallón Literario.

Con el ejército regular bastante desbaratado, proliferaron las partidas, aquí llamadas alarmas, la mayoría capitaneadas por hidalgos, por militares que habían quedado sin unidad o incluso por curas. La guerra de guerrillas alcanzó tal intensidad que los franceses tuvieron que atrincherarse en las ciudades. Pero estas también fueron cayendo en cuanto los grupos irregulares se agregaron en cuerpos mayores y los suministros de armas desde la flota británica surtieron sus efectos. En marzo, al mando del capitán Cachamuiña, tomaron Vigo, la primera ciudad recuperada a Napoleón en toda Europa. En junio, una combinación de unidades regulares y batallones de milicianos con la ayuda de algunos navíos ingleses derrotaron al mariscal Ney en la batalla de Ponte Sampaio, que quedó en la memoria colectiva como la gran gesta que simbolizaba la valentía de los gallegos. Pocas semanas después, Ney y Soult se retiraron de Galicia para no volver. La ocupación había durado seis meses.

Pero las cosas ya no podían retornar a su ser anterior. La guerra popular, aunque la mayoría la hiciese en defensa de la religión y del rey absoluto, fue una experiencia nueva de libertad, de reconstrucción del poder desde abajo, de nacimiento de una prensa que difundía ideas contrapuestas sin someterse a la censura de la Inquisición. Y en esa coyuntura favorable nació, también en Galicia, el liberalismo, sinónimo entonces de revolución destructora del antiguo régimen y constructora de un nuevo sistema político basado en las libertades individuales, en la igualdad civil de todos los ciudadanos y en la soberanía de la nación mediante sus órganos representativos. Naturalmente, la inevitable reacción defensiva de los beneficiaros del viejo sistema generó el bando antagonista, el absolutismo, y con él una fractura que duraría muchas décadas.

De momento el absolutismo era hegemónico en Galicia. Sus líderes mayores eran, cómo no, el arzobispo de Santiago, Rafael de Múzquiz, y el obispo de Ourense, el extremeño Pedro Quevedo, azote del primer liberalismo, aquí y en Cádiz. Y entre sus ideólogos destacaba el compostelano Manuel Freire Castrillón, director de La Estafeta de Santiago (1813-1814). Los muy minoritarios liberales tenían su centro mayor, como era de esperar, en Coruña, donde el exagustino y ahora impresor Manuel Pardo de Andrade dirigía el Semanario Político, Histórico y Literario de La Coruña (1809-1810) y su sucesor El Ciudadano por la Constitución (1812-1814), aunque también contaban con pequeños círculos en otras ciudades, particularmente en Vigo y Santiago. Un indicador imperfecto de la correlación de fuerzas en las élites gallegas lo tenemos en el signo ideológico de sus representantes en las cortes de Cádiz. En 1810, de los 24 diputados por Galicia (16 hidalgos, seis clérigos, un comerciante y un marino), doce eran absolutistas, con el obispo de Ourense a la cabeza, once reformistas moderados y solo uno verdaderamente liberal, el marino José Alonso López. Las elecciones de 1813, realizadas ya en condiciones de cierta normalidad, dejaron aún más claras las cosas: de los 16 diputados elegidos, nada menos que 14 eran absolutistas y de ellos diez clérigos, con el arzobispo de Santiago al frente.

La conmoción política abrió también la espita de las tensiones sociales acumuladas durante siglos. Cuando las Cortes de Cádiz aprobaron en 1811 la abolición de los señoríos jurisdiccionales, muchos campesinos se negaron a seguir pagando las rentas de la tierra, por considerarlas parte de ese señorío. Las sucesivas sentencias de los tribunales dejaron claro que una cosa era la jurisdicción abolida y otra la propiedad de la tierra, que seguía intacta. Pese a ello, la resistencia de los vecinos siguió firme, sobre todo hasta la década de 1820, y en más de una ocasión hubo que recurrir a las tropas para que los rentistas cobrasen foros y diezmos. Las nuevas ideas estimularon también en 1812 una revuelta antifiscal en las comarcas de Viveiro y Ortigueira que tomó las dos villas y obligó a los curas a reformar el cobro de los diezmos.

Pero todas estas alegrías acabaron en 1814 cuando regresó Fernando VII y, apoyándose en el sector absolutista del ejército, abolió la Constitución y sus libertades, restauró el antiguo régimen y reprimió todo lo que pudo a sus contrarios. En Galicia, como en toda España, muchos liberales huyeron al exilio o fueron encarcelados. Pese a ello, el liberalismo no fue erradicado, sino que creció como reacción a la contraofensiva absolutista, especialmente en Coruña, ciudad en la que tuvo lugar uno de los primeros pronunciamientos contra la monarquía absoluta, el encabezado por el general Juan Díaz Porlier el 19 de septiembre de 1815. La falta de apoyos civiles y militares suficientes fuera de la ciudad hizo fracasar el levantamiento, que se saldó con la ejecución pública de Porlier el 3 de octubre en la propia Coruña. En 1820, cuando Rafael del Riego sublevó en Cabezas de San Juan el cuerpo expedicionario que debía embarcar para combatir la insurrección de las colonias americanas, grupos de militares, burgueses y menestrales coruñeses se alzaron de inmediato al grito de «¡Viva la Nación!», tomaron la ciudad y contribuyeron a la breve restauración de la constitución durante el llamado Trienio Liberal (1820-1823). Los liberales se organizaron, también aquí, en las Sociedades Patrióticas y, escarmentados por la dura experiencia de los seis años anteriores, prohibieron la prensa y las asociaciones absolutistas. La respuesta de estos fue la organización de guerrillas rurales, las partidas realistas, dirigidas por una Junta Apostólica integrada exclusivamente por clérigos e hidalgos. Aunque no tuvieron mucho éxito militar, sirvieron al menos para mantener viva la beligerancia absolutista, mientras el bando contrario se dividía cada vez más en moderados y exaltados, precedentes de las dos grandes corrientes del liberalismo posterior.

En 1823 la intervención del ejército francés enviado por la Santa Alianza de las monarquías absolutas europeas devolvió a Fernando VII todos sus poderes y abrió una década de represión antiliberal más sistemática que la primera. Una policía mejor organizada y la acción de la milicia fernandina, los Voluntarios Realistas, mantuvieron el país en una paz forzada y a los liberales fuera de juego. En esos años Galicia fue un sólido bastión del absolutismo. La sede compostelana estuvo ocupada entre 1825 y 1850 por Rafael de Vélez, uno de los más significados ideólogos de la reacción desde los tiempos de Cádiz, famoso por sus libros Preservativo contra la irreligión (1812) y Apología del Altar y el Trono (1818). Y el control político-militar estaba en manos de figuras tan destacadas como el capitán general Nazario Eguía o el gobernador militar de Ferrol, Tomás de Zumalacárregui, el gran caudillo carlista de la década siguiente.

Como bien sabemos, la muerte de Fernando VII en 1833 abre el conflictivo y definitivo tránsito de la monarquía absoluta al régimen liberal en toda España. La guerra abierta entre los absolutistas, ahora carlistas por el nombre del pretendiente, el infante Carlos María Isidro, y los liberales, defensores de Isabel, de solo tres años y de momento tutelada por su madre, la regente María Cristina, repercute inmediatamente en Galicia. El gobernador isabelino se da prisa en depurar el ejército de mandos desafectos, procura controlar al clero y a los carlistas y obliga a todas las instituciones a jurar acatamiento al Estatuto Real, el sucedáneo de constitución aprobado en 1834, que pretendía una tercera vía entre el absolutismo y el liberalismo. También amañó las elecciones de ese año para que los 21 diputados que le correspondían a Galicia según la nueva norma fuesen personas adictas.

Pero nada de esto impidió la insurrección armada de los carlistas. Aunque sus guerrillas alcanzaron una fuerte presencia en ciertas comarcas y contaba con el decidido apoyo de la Iglesia, el carlismo gallego nunca llegó a poner en peligro el poder de los liberales porque, en contra de lo que cabía esperar, la hidalguía no se apuntó mayoritariamente al bando antiliberal. Como ya señaló en su día Xosé Ramón Barreiro, la explicación de esta aparente anomalía está en las peculiaridades que tuvo en Galicia la Desamortización iniciada por Mendizábal en 1836-1837. Como veremos, la única perjudicada fue la iglesia. Hidalgos y campesinos vieron respetados sus derechos y rentas, por lo que no tenían interés alguno en combatir un régimen liberal que de hecho les beneficiaba de un modo u otro. Por eso el carlismo no tuvo aquí tanta fuerza y fue relativamente fácil derrotarlo.

MODERADOS, PROGRESISTAS Y DEMÓCRATAS

Acabada la guerra civil en 1839 con el abrazo de Vergara, los carlistas no desaparecen. De hecho, mantendrán una presencia significativa en el escenario político bajo una u otra denominación hasta el siglo siguiente. Pero su razón de ser, la monarquía absoluta, pasa definitivamente a mejor vida en este momento. Y al menos en Galicia dejan de ser un actor decisivo aunque sus ideas conserven influencia, gracias sobre todo a la lentitud con que la Iglesia va aceptando el régimen liberal. En todo caso, el protagonismo corresponde ahora a las distintas tendencias liberales, que pugnan entre sí por imponer una u otra variante del sistema representativo.

Los moderados eran partidarios de un voto censitario muy restringido a las clases altas, de un poder central que controlase por completo ayuntamientos y diputaciones provinciales y de unas libertades bastante recortadas. Los progresistas querían ampliar el sufragio a las clases medias, aunque no a trabajadores y campesinos pobres, y defendían la autonomía municipal, unas libertades plenas de imprenta y asociación y unas menores cargas tributarias para los de abajo. Unos y otros eran monárquicos. De los segundos se escindirán por la izquierda los demócratas, cuyo primer partido se funda en 1849. Sus principales señales de identidad serán el sufragio universal masculino, el republicanismo, la creciente descentralización del poder y el deseo de mejorar la situación de las clases trabajadoras.

En 1840, el general progresista Baldomero Espartero accede a la regencia, aprovechando su prestigio como vencedor de la guerra carlista y el descontento cada vez mayor con la política antiliberal de María Cristina. Pero sus autoritarios modos de gobernar provocan pronto la escisión del progresismo en dos bandos, división que es aprovechada por los moderados para hacerse con la iniciativa política. En 1843 moderados y progresistas antiesparteristas desencadenan en toda España, incluida Galicia, una marea de juntas revolucionarias que derroca a Espartero y declara la mayoría de edad de Isabel, con solo trece años. Pese a la resistencia de algunas juntas a disolverse, en 1844 los moderados suben al poder en Madrid, encabezados por el general Narváez, e instauran un férreo centralismo. Un año después, con unas cámaras a su medida, institucionalizan la versión más restrictiva del liberalismo con la Constitución de 1845.

En Galicia tuvo lugar una de las primeras respuestas armadas de los progresistas. El 2 de abril de 1846, el comandante Miguel Solís, de quien sus superiores no se fiaban y por eso le habían ordenado que abandonase su destino en Coruña, aprovechó su paso por Lugo camino de Madrid para sublevar un regimiento de guarnición en la ciudad. La acción tuvo éxito y los civiles del progresismo local formaron de inmediato la inevitable Junta de Gobierno, movimiento que fue secundado dos días después por sus correligionarios de Santiago y recibió el anatema de la Iglesia, que los acusó de querer implantar una «República y Convención» como la francesa. En los días siguientes se sumaron unidades militares de Pontevedra y Vigo y proliferaron las adhesiones de numerosas villas. Las reivindicaciones eran las mismas en todos: derrocar a Narváez y bajar los impuestos. Para coordinar a tantas juntas locales el día 15 se constituyó en Santiago la Junta Superior Provisional de Gobierno de Galicia. Su presidente, Pío Rodríguez Terrazo, y su secretario, Antolín Faraldo, pertenecían a la tendencia provincialista del progresismo gallego. Ante la dimensión que alcanzó la rebelión, el Gobierno se vio obligado a enviar tropas suficientes al mando del general Gutiérrez de la Concha, que derrotó a Solís el día 23 en Cacheiras, muy cerca de Santiago. Tras unas últimas escaramuzas por las calles de Compostela, Solís se entregó y fue fusilado, junto con once de sus oficiales, el 26 de abril en Carral. Al día siguiente, los últimos resistentes depusieron las armas en Lugo.

Tras este episodio, que sorprendentemente no figura en muchas historias generales de España, el progresismo gallego retrocedió transitoriamente y el predominio político de los moderados fue en aumento. Para consolidarlo procuraron atraerse a la Iglesia y a la hidalguía, a la que integraron en la administración y en el sistema político, tejiendo una red de clientelas que facilitasen la victoria electoral mediante la manipulación del sufragio y el intercambio de favores. A pesar de ello, el progresismo sobrevivió en la oposición, sobre todo en el ámbito urbano, y sostuvo su propia prensa. En 1854 cambiaron las tornas gracias al inevitable pronunciamiento militar, esta vez en Vicálvaro (Madrid), y los progresistas tocaron poder durante dos años para pasar de nuevo a la oposición. En Galicia, como en toda España, una parte se radicalizó y se hizo demócrata en las décadas de 1850 y 1860. De todos modos, en este tramo final del reinado de Isabel II no hay desde Galicia aportaciones de relieve a la dinámica política española. Solo algún acto sonado, aunque políticamente poco efectivo, como el llamado Banquete de Conxo, de 2 de marzo de 1856, en el que, cosa poco frecuente entonces, estudiantes universitarios y artesanos de Santiago confraternizaron a mesa puesta y escucharon sendos brindis poéticos en castellano de Aurelio Aguirre y Eduardo Pondal (posterior autor de la letra del himno gallego), cuyos contenidos subversivos por demócratas y algo socializantes provocaron una dura condena de la prensa de derechas y de la Iglesia y hasta un amago de proceso judicial. Al final la cosa quedó en nada.

El gran cambio político llegó otra vez desde fuera con la revolución de septiembre de 1868 que derrocó a Isabel II, la mandó al exilio y, mediante la constitución de 1869, estableció por primera vez el sufragio universal masculino y libertades sin recortes, aunque mantenía la monarquía. En Galicia, progresistas y demócratas la secundaron de inmediato, formaron las juntas de rigor y se hicieron con el poder. Como reacción, el carlismo gallego se reactivó algo, pero nada comparable a lo que ocurrió en el País Vasco y Navarra.

El fenómeno político más llamativo de estos años 1868-1874 en Galicia, bien estudiado por Xan Moreno, fue la eclosión repentina del republicanismo, especialmente en su variante federalista. Su modelo de república federal quedó fijado en el Pacto Galaico-Asturiano de 1869 que estimaba inseparables «la defensa de la unidad nacional» y el derecho de cada estado federado a «administrarse, organizarse y vivir como crea más en conformidad con su índole y circunstancias». Aunque fragmentado en varias tendencias y carente de organizaciones disciplinadas y eficaces, el federalismo gallego obtuvo muy buenos resultados electorales ya durante el breve reinado de Amadeo I y llevó a cabo activas campañas de agitación en el mundo rural predicando la abolición de los foros, el impago de impuestos (trabucos en el lenguaje popular) y la resistencia a las levas. Incluso protagonizó en octubre de 1872 una insurrección fallida en Ferrol para acelerar la llegada de la república federal. Una vez proclamada esta el 11 de febrero de 1873, el federalismo gallego paso a controlar las instituciones y ganó las elecciones de ese año.

Los diputados federales gallegos en la asamblea constituyente centraron su actuación en tres cuestiones: el acceso de los campesinos a la propiedad plena de la tierra, la construcción de ferrocarriles que uniesen Galicia con el resto de España y la constitución de un Estado gallego dentro de la federación española. En relación con la primera, se aprobó la Ley de Redención Foral, promovida por Juan Manuel Paz Novoa, y Eduardo Chao presentó un proyecto de ley para combatir el minifundio, que no llegó a tramitarse. Respecto de la segunda y la tercera no hubo tiempo de hacer nada. Pero no todo fue tan constructivo. Las feroces luchas intestinas del federalismo español también afectaron a Galicia. En agosto de 1873 los más radicales quisieron imponer por las armas la República Intransigente y Social y empezaron sublevando el batallón Galaicos de la milicia republicana de la provincia de Ourense. Un año después, la mano derecha del ejército, alarmada con tanta democracia y tanto desorden, silenciaría el griterío y abriría una larga etapa de restauración monárquica para que siguiesen mandando los de siempre.

FOROS SUBDESARROLLO Y EMIGRACIÓN

Si en política Galicia siguió la misma evolución que el conjunto de España durante todo el siglo XIX, no puede decirse lo mismo de la sociedad y la economía. La Desamortización, o expropiación de los bienes raíces de la Iglesia, promovida por Juan Álvarez de Mendizábal a partir de 1836-1837 principalmente para obtener fondos con los que financiar la guerra contra los carlistas, tuvo en Galicia unas peculiaridades decisivas para su futuro. Mientras que en otros territorios las tierras y edificios expropiados se vendieron con transmisión de su propiedad plena, aquí la venta de tierras se hizo con la condición de respetar el dominio útil para evitar una peligrosa desestabilización social e inhibir en lo posible la adhesión de la hidalguía al carlismo. Dicho de otro modo, lo único que realmente adquirían los compradores era el derecho a cobrar la renta foral que antes percibían las instituciones eclesiásticas. Pero los aforados, fuesen hidalgos o campesinos, seguían igual que antes sin más novedad que pagar al nuevo titular del dominio directo. Es decir, no había transformación «burguesa» de la propiedad, sino mero cambio de beneficiario en el escalón superior de un régimen arcaico de tenencia de la tierra caracterizado por la convergencia de varios dominios sobre el mismo bien. Solución que, unida al minifundismo de los cultivadores directos, favorecía el estancamiento agrario. La posterior desamortización civil, iniciada por Pascual Madoz en 1855 para poner en el mercado las tierras vinculadas a ayuntamientos, comunidades parroquiales y otras instituciones, tuvo menos consecuencias, pese a que su extensión no era pequeña en Galicia. La importancia de los montes vecinales para el mantenimiento del sistema agrario tradicional aunó los esfuerzos de campesinos y rentistas por minimizar las privatizaciones de las tierras comunales.

Los compradores de bienes desamortizados fueron mayoritariamente burgueses, profesionales urbanos y comerciantes, todos ajenos hasta entonces al mundo rural, que además hicieron un excelente negocio en la primera desamortización al poder pagar con los muy devaluados títulos de deuda pública. También hubo hidalgos que aprovecharon la ocasión para redondear sus patrimonios. Y pocos fueron los campesinos con dinero suficiente para redimir la renta que gravaba sus fincas.

Al final, los únicos cambios de calado fueron el hundimiento del poder económico de la Iglesia gallega y el hecho de que la clase rentista seglar, en la que ahora convivían viejos y nuevos «hidalgos», pasó a ocupar en solitario el piso superior de la pirámide social. Pero los fundamentos del viejo sistema foral, que articulaba la sociedad rural y la economía, permanecieron intactos. Esto tuvo también consecuencias para el mundo urbano pues el desvío de capitales de industriales y comerciantes para la compra de rentas menguó las posibilidades, de por sí pequeñas, de promover una industria moderna en Galicia.

Los progresistas opinaban que esta pervivencia anómala del sistema foral era uno de los mayores bloqueos al desarrollo económico del país y la causa del estancamiento del sector primario. Los remedios puramente técnicos que muchos predicaban y pocos aplicaban mejoraban poco la situación. Por eso insistían en la necesidad de ir al fondo de la cuestión, a la creación de una verdadera propiedad privada de la tierra eliminando la duplicidad de dominios, lo que según ellos incentivaría la innovación y la producción. Dos eran las formas posibles de esta reforma. La primera, la reversión, privaría al campesino del dominio útil y convertiría al rentista en propietario pleno, al modo de lo acontecido con las enclosures inglesas pero con la notable diferencia de que aquí apenas había landlords o grandes terratenientes. Ahora bien, esto crearía una enorme masa de campesinos sin tierra y probablemente provocaría una dura lucha de clases en el campo al intentar destruir de la noche a la mañana una realidad de siglos en perjuicio de la mayoría. Por eso esta vía tenía pocos partidarios. La segunda era la redención, por la cual el rentista recibiría una indemnización a cargo del Estado o del propio campesino que quedaría así dueño absoluto de sus fincas, lo cual, en teoría, también estimularía la modernización del agro y con ella de toda la economía gallega. Las discusiones en torno a estas opciones culminaron en 1864 en el Congreso Agrícola Gallego, en el que quedó clara la correlación de fuerzas: los redencionistas salieron derrotados ante la arrolladora oposición de los rentistas. Y las cosas siguieron como siempre.

El siglo XIX fue el de la industrialización en la Europa occidental. En Galicia fue el de la desindustrialización, como muy bien ha estudiado Xan Carmona. La mayoría de las pocas fábricas modernas que había antes de la guerra de la Independencia fueron destruidas por franceses e ingleses durante la contienda y no volvieron a funcionar. La de Sargadelos, reconvertida a la producción de loza fina, fue una de las pocas que sobrevivió y aun así acabó cerrando en 1875, tras conocer su mejor época a mediados de siglo. Otra excepción eran los astilleros de Ferrol, ligados a la armada. Pero en general el pequeño tamaño de las clases medias, la escasa capacidad adquisitiva de los trabajadores urbanos y el autoconsumo dominante en la sociedad rural, que seguía siendo la gran mayoría de la población, reducían el mercado al mínimo, lo que desanimaba a posibles inversores que preferían colocar su capital en rentas agrarias o en el comercio de importación de productos destinados a las clases medias y altas. Por otra parte, la competencia de bienes de otras regiones atrofió también la industria rural, tan floreciente en el siglo XVIII. La producción doméstica de lienzos, atrapada en el tradicionalismo técnico de las familias campesinas y en la incapacidad de los comerciantes para dar el salto a una mayor centralización y modernización, no pudo mejorar su calidad y abaratar sus costes para enfrentarse a los tejidos catalanes de algodón y entró en un retroceso imparable. Solo las curtidurías resistieron mejor, pero sin capacidad para cambiar el panorama general. También se mantuvieron a buen nivel hasta la crisis de fin de siglo las exportaciones de vacuno al mercado inglés. Pero en conjunto se cegaron importantes fuentes complementarias de ingresos del campesino, lo que agravó su precariedad económica. En este desierto industrial había un oasis: la industria de la salazón, a la que los catalanes había dado un gran impulso el siglo anterior. Concentrada en las Rías Baixas, siguió creciendo y además, a finales de siglo y comienzos del siguiente, dio el salto a la conserva, como veremos.

Esta atonía industrial y comercial explica en parte la escandalosa demora en la introducción del ferrocarril, el gran símbolo decimonónico del progreso. La previsible escasez de pasajeros y mercancías desalentaba la inversión. Y la inexistencia de ferrocarriles bloqueaba la salida de productos gallegos, especialmente de ganado, a los grandes centros consumidores de Madrid o Cataluña. Un círculo vicioso que no se empezaría a romper hasta los últimos lustros del siglo, y solo en parte. De hecho, el primer tramo ferroviario fue interior y fruto de la iniciativa de la burguesía compostelana: el tren Santiago-Carril, de solo 41 kilómetros, inaugurado en 1873. Hubo que esperar a 1885 para que Galicia quedase unida al resto de España por la línea del norte (Astorga-Monforte, con ramales a Coruña y Vigo). El enlace sur, por Zamora-Puebla de Sanabria-Ourense, no se terminará ¡hasta 1957!

El estancamiento económico agravó el desequilibrio entre población y recursos, pues la primera siguió creciendo, como en toda Europa, gracias a los adelantos en higiene, medicina y capacidad de abastecimientos extraordinarios en casos de malas cosechas. Y si bien todavía hubo episodios típicos de épocas anteriores como la hambruna de 1853 o las cuatro epidemias de cólera entre 1833 y 1873, lo cierto es que en 1860 había unos 450.000 habitantes más que en 1787, con un aumento del 34%, y que en 1860-1900 se sumaron otros 180.000, con un incremento del 10%. Sin embargo, estos crecimientos eran ya inferiores a los del conjunto de España, de modo que la población gallega pasó de ser el 13,5% del total en 1787 al 11,4% en 1860 y el 10,6% en 1900. Una de las causas de este descenso relativo está en la emigración. Hasta mediados de siglo las corrientes migratorias cambian poco respecto las del sigloXVIII: pequeños contingentes de emigración definitiva a otras zonas de España y América (sobre todo a Cuba, a veces en condiciones de semiesclavitud para sustituir en los ingenios a los negros, cada vez más escasos por las trabas internacionales a la trata) y la tradicional emigración temporera a la siega en Castilla, que inspiró los indignados versos de Rosalía de Castro. Pero después el desarrollo económico de Cuba, la política populacionista de países como Argentina, la aparición de grandes barcos de vapor capaces de llevar muchos pasajeros a un coste razonable y la gran crisis agraria finisecular que provocó en Europa la importación masiva de carne y cereales desde los grandes productores de ultramar abrió las compuertas de la gran riada humana, sobre todo a partir de 1880. Se calcula en 370.000 el saldo emigratorio neto de Galicia en el último tercio del siglo XIX, lo que significa que emigró nada menos que uno de cada cinco habitantes. Todo un síntoma de la gravedad de sus desequilibrios.

De esta emigración masiva nació la Galicia exterior, con dos focos mayores. Durante el último cuarto del siglo XIX y primer tercio del XX, los gallegos emigrados crearon en todas partes, y muy especialmente en Cuba y Argentina, un denso tejido asociativo para la ayuda mutua, la preservación de su identidad colectiva y la acción benefactora en sus comarcas de origen (por ejemplo, construyendo escuelas rurales en Galicia). Buques insignia de esta vitalidad colectiva, aparte de una vigorosa prensa propia, fueron los espléndidos Centros Gallegos de La Habana y Buenos Aires.

LA RESTAURACIÓN EN GALICIA

La restauración de la dinastía Borbón en la persona de Alfonso XII trajo consigo un sistema político, el de la Constitución de 1876, que combinaba rasgos viejos, propios del periodo isabelino, con otros nuevos. Aunque de naturaleza conservadora y alérgico a la democracia auténtica, tuvo al menos la virtud de desterrar durante casi medio siglo los pronunciamientos militares como mecanismo «normal» de alternancia en el poder, instaurando un sistema bipartidista en el que conservadores y liberales se turnaban pacíficamente en el Gobierno gracias al clientelismo y el fraude electoral, rasgos sistémicos que se hicieron aún más necesarios para el control político de la sociedad después de la introducción del sufragio universal masculino en 1890. En lo fundamental este sistema funcionó muy bien en todas partes durante sus primeras tres décadas de existencia, salvo en Madrid, Cataluña y País Vasco, donde el naciente movimiento obrero o un regionalismo bien arraigado y combativo o la suma de los dos le crearon más de un problema, sin olvidar algún sobresalto por las acciones del anarquismo agrario en tierras de latifundio. Y funcionó a la perfección en Galicia, donde los personajes del Partido Liberal (Eugenio Montero Ríos y sus yernos, el marqués de Riestra, los Gasset) y del Partido Conservador (el conde de Pallares, José Elduayen, Aureliano Linares Rivas, Saturnino Álvarez Bugallal) se repartieron el control del país con unas redes clientelares que mantuvieron bien engrasado el turno pacífico. Según Ramón Villares, un tercio de los 945 actos de atribución de escaño celebrados entre 1875 y 1923 beneficiaron a solo 26 personas. No es extraño que Galicia se convirtiese en paradigma del caciquismo, quizá algo injustamente porque candidatos a esa honra había muchos.

Uno de los pocos conflictos políticos de cierta entidad que conoció el sistema en Galicia antes de acabar el siglo fue el provocado en 1893 por la decisión del gobierno de trasladar la Capitanía General de Coruña a León, dentro de su programa de reorganización territorial del ejército. Cuestión de prestigio aparte, la ejecución de este acuerdo hubiese supuesto la desaparición del gran número de oficiales y soldados asociados entonces a ese órgano y por tanto un grave perjuicio económico para la ciudad. La reacción ciudadana, rápidamente encabezada por republicanos y regionalistas, llevó a la creación de una Junta de Defensa, a la dimisión del ayuntamiento en pleno y a una desobediencia civil masiva. Al principio el Gobierno contestó procesando y encarcelando a los cabecillas, pero eso solo empeoró las cosas, así que finalmente tuvo que cejar en sus propósitos y dejar la Capitanía General donde había estado desde el siglo XVI.

A extramuros del sistema quedaban las demás opciones políticas que, sin embargo, mantuvieron una presencia pública significativa a través de la prensa, los ateneos y círculos y algunas acciones de protesta. Los republicanos, una vez recuperados del desastre de 1873-1874, se fueron recomponiendo a pesar de sus interminables disputas internas y contaron con líderes de prestigio como Segundo Moreno Barcia y Ramón Pérez Costales. Consiguieron una notable implantación en Coruña, en cuyo ayuntamiento tuvieron siempre una nutrida representación, en ocasiones mayoritaria, aunque la alcaldía quedaba fuera de su alcance pues su titular lo nombraba el Gobierno. En 1887, en el marco de los proyectos similares que el federalismo pimargalliano impulsó en toda España, el republicanismo gallego elaboró su Constitución Regional para el Futuro Estado Gallego, texto que de momento no tuvo efecto práctico alguno pero que treinta años después sirvió de modelo al nacionalismo gallego para su propuesta de descentralización radical del Estado. Por su parte, los tradicionalistas, carlistas o no, asumieron la doctrina socialcatólica y sostuvieron con el apoyo de la Iglesia y de parte de la hidalguía una prensa numerosa y una presencia social muy fuerte. Anarquistas y socialistas, sobre todo los primeros, animaron un naciente movimiento obrero, relativamente débil dado el atraso del país, pero que crecía lentamente y sin retrocesos. Y al calor de la crisis finisecular empezó a dar sus primeros pasos el agrarismo, que se convertirá en el movimiento social más importante de la Galicia del primer tercio del siglo XX, con tres objetivos mayores: la desaparición del foro, la modernización agraria y la mejora sustancial de las condiciones de vida de los campesinos.

GALLEGUISMO Y NACIÓN ESPAÑOLA

La nación española, entendida como sujeto legítimo de soberanía formado por todos los ciudadanos del Estado, nace con la revolución liberal. Pero al principio solo es asumida por una minoría que va creciendo a lo largo del siglo XIX al compás tanto de la lucha contra el patriotismo absolutista como de la nacionalización de sectores de la sociedad hasta entonces ajenos a la política, en particular campesinos y clases populares urbanas. Los ritmos y características del crecimiento social de la nación difieren entre los diversos territorios, condicionados por factores como la evolución socioeconómica, la existencia de instituciones de autogobierno en el presente o en un pasado próximo o una identidad etnolingüística distinta de la de referencia para la nación-Estado.

A comienzos del siglo XIX la identidad étnica gallega, lengua incluida, seguía siendo la de toda la población campesina y demás clases trabajadoras. Es decir, la de por lo menos el ochenta por ciento de la población. Y continuaba funcionando como marcador social negativo con su consecuencia más patente: el largo eclipse de los usos públicos del gallego, incluidos los literarios. Si a esa inferioridad social de la identidad autóctona añadimos la carencia de un auténtico autogobierno corporativo, al modo del existente en las provincias vascas, que generase en las élites gallegas intereses asociados a su mantenimiento, entenderemos que la activación política de esa etnicidad permaneciese bloqueada. Y así, Galicia entra en las convulsiones de 1808-1814 sin que sus singularidades tuviesen un correlato apreciable en el plano de las opciones ideológicas. Algo que no cambia durante la larga fase terminal del antiguo régimen, de modo que en 1808-1839 la confrontación entre patriotismo absolutista y nacionalismo liberal, los dos referencialmente españoles, ocupa tan completamente el escenario político gallego que no deja espacio alguno para que brote una tendencia galleguista ni siquiera marginal. De ahí que los pocos textos en gallego se encuadren sin excepción en ideologías de referente nacional español, sean tradicionalistas como el romance anónimo Un labrador que foi sarxento… (1808), sean liberales como Os rogos de un gallego establecido en Londres (1813), diatriba anti-Inquisición de Manuel Pardo de Andrade, o los constitucionalistas Diálogos en la Alameda de Santiago (1836). Nada hay en ellos de galleguismo; simplemente expresan en gallego opiniones sobre cuestiones generales de la política española. Por otra parte, su escasez indica que el grueso de los destinatarios de los mensajes políticos, las clases medias y altas, tenían el castellano como lengua de comunicación. Por tanto, solo se enviaban tangencial y esporádicamente mensajes en gallego a las clases populares en los momentos de mayor conflictividad para intentar atraerlas pero sin grandes esperanzas de conseguirlo a juzgar por lo magro del esfuerzo.

En suma, hacia 1840 la consolidación de la nación española en Galicia no tenía ante sí más obstáculo que la resistencia de la Iglesia y del tradicionalismo seglar conexo a asumir esa nación como sujeto legítimo de soberanía. Resistencia que se irá debilitando gradualmente en las décadas siguientes cuando el patriotismo español absolutista de esos sectores vaya transformándose en nacionalismo español tradicionalista. Puede decirse, pues, que durante todo el periodo isabelino la nación española, descontados los patriotas absolutistas en retroceso, reinaba sin rival en el universo mental de todos aquellos gallegos a quienes les preocupaba la política, pese al nacimiento y débil desarrollo del provincialismo. Y esto incluso se acentuó en el agitado sexenio 1868-1874. El impulso nacionalizador español se acrecentó en el último cuarto del siglo XIX por dos causas: el componente nacionalista-centralista de conservadores y liberales se intensificó como respuesta al desarrollo y radicalización del regionalismo catalán y del fuerismo vasco; y se completó la nacionalización del grueso del tradicionalismo.

Pero ¿qué ocurría con el conjunto de la sociedad? ¿Hasta qué punto se habían nacionalizado los gallegos en clave española? Si bien queda mucho por investigar en este campo, los estudios que hemos realizado en los últimos años permiten ya avanzar algunas conclusiones, aunque sean provisionales. Todo indica que a finales del siglo XIX la nacionalización española de las clases altas y medias era ya completa aunque, claro está, ideológicamente heterogénea. En cambio era muy deficiente todavía la de las clases populares urbanas y mínima la del campesinado, que entrará en la política y en la nación con el agrarismo del primer tercio del siglo XX. Contribuían a ello el atraso económico y el consiguiente aislamiento del mundo rural respecto del urbano, el analfabetismo y las graves carencias de la red educativa primaria, el propio sistema político clientelar que anulaba la participación efectiva de la mayoría, y el ejército, que si bien cumplió su papel nacionalizador con las clases medias y altas, inhibió el patriotismo popular con su carácter obscenamente clasista y los graves perjuicios que acarreaba a las vidas de los reclutados y de sus familias.

A pesar del éxito relativo de la nación española en Galicia, surge, aunque muy débil, el galleguismo político. Su primera manifestación, el provincialismo, nace en el seno del Partido Progresista en 1840-1846. Debe su nombre al deseo de recuperar para Galicia su unidad político-administrativa previa (reino o provincia única de la monarquía), destruida en 1833 con la reforma de Javier de Burgos que la había dividido en las cuatro provincias actuales. El primer grupo provincialista estaba muy concentrado en Santiago. De sus algo más de sesenta integrantes, más de la mitad eran estudiantes universitarios y el resto eran médicos, abogados, profesores y algún militar. Su centro de reunión era la Academia Literaria, donde debatían cuestiones de historia, derecho, economía y literatura con una mentalidad muy avanzada para la época, que incluso se permitía comentar las obras de los socialistas utópicos. También editaron revistas de corta vida, entre las que destacan El Recreo Compostelano (1842-1843), dirigido por Antonio Neira de Mosquera y Antolín Faraldo; y El Porvenir (1845), redactado por el segundo y por José Rúa Figueroa. Estos jóvenes, sobre todo Antolín Faraldo, introducen el historicismo centroeuropeo en el pensamiento gallego, colocan a Galicia en el centro de sus preocupaciones, la conciben como una comunidad orgánica gracias a su lengua, cultura e historia propias, rechazan los estereotipos negativos, reclaman su derecho a ser respetada y reivindican un impreciso autogobierno. Y todo ello sin renunciar a su compromiso político con el progresismo español, como lo prueba su participación en las juntas revolucionarias de 1840, 1843 y sobre todo en la trama civil del levantamiento capitaneado en 1846 por Miguel Solís.

La derrota de esta insurrección y la represión consiguiente fuerzan la desbandada del grupo, cuyas figuras más destacadas, como el propio Faraldo o el poeta Francisco Añón, han de exiliarse. Sin embargo, su siembra no cae en terreno baldío. Tras un breve eclipse, en la década de 1850 llega una segunda generación de jóvenes provincialistas que se reúnen en el Liceo de la Juventud de Santiago, recogen el legado ideológico de sus antecesores, convierten a los fusilados de Carral en sus primeros mártires, desarrollan mucho más el discurso provincialista y promueven el Rexurdimento, en paralelo con la Renaixença catalana. El movimiento, que agrupa a unas 150 personas con los mismos orígenes sociales que al principio, se propaga fuera de Santiago y alimenta una prensa relativamente numerosa. Sin embargo, estos provincialistas, al contrario que los primeros, apenas actuaban en política y los pocos que se apartaban de esta actitud no lo hacían en cuanto provincialistas sino como progresistas, como moderados o como demócratas. El provincialismo gallego no fue, pues, un movimiento político sino una corriente intelectual y cultural. Por eso sus tres aportaciones mayores fueron el renacimiento literario, la creación de una historiografía galleguista y la formulación de las bases ideológicas de los discursos regionalista y nacionalista posteriores.

La influencia del Romanticismo, con su valoración de las culturas populares y de los tiempos medievales, y el afán de dignificar todo lo gallego frente al menosprecio con que era tratado desde fuera, están detrás de la voluntad provincialista de devolver al idioma del pueblo su perdido rango de lengua culta. Esta empresa la inician poetas de la primera generación, como Domingo Camino o Francisco Añón, pero el impulso definitivo lo darán las grandes figuras de las generaciones siguientes: Rosalía de Castro (1837-1885), Eduardo Pondal (1835-1917) y Manuel Curros Enríquez (1851-1908). En 1853 Juan Manuel Pintos publica en Pontevedra A gaita gallega, primer libro en un gallego todavía plagado de castellanismos. En 1861, siguiendo el ejemplo catalán de dos años antes, se celebran en Coruña los primeros Juegos Florales, en este caso bilingües. Las composiciones presentadas se publican en 1862 en el Álbum de la Caridad, que incluye también una antología de «vates gallegos contemporáneos», en la que figuran ya cuarenta poetas en gallego. En 1863 llega el gran hito de este renacer con la publicación de los Cantares Gallegos de Rosalía. Ya en la Restauración, el gallego literario quedará definitivamente asentado en el ámbito de la poesía con la producción de numerosos autores menores y sobre todo con las grandes obras de madurez de la propia Rosalía (Follas Novas, 1880), de Pondal (Queixumes dos pinos, 1886) y de Curros Enríquez (Aires da Miña Terra, 1880). En cambio, la consolidación de la prosa, literaria o no, tendrá que aguardar al primer tercio del siglo XX.

El germen de la historiografía galleguista está en la obra del ilustrado y liberal Joseph Verea i Aguiar (Historia de Galicia, 1838), importador del celtismo, y en los artículos de Antolín Faraldo en 1842-1843, introductor del historicismo como método de reconstrucción del pasado. Aparte de autores menores, entre los cuales Benito Vicetto alcanzó gran popularidad con sus novelas históricas y sus historias noveladas al gusto romántico, los dos precedentes mencionados inspiran la obra, mucho más rigurosa y decisiva, de Manuel Murguía, quien en la introducción a su Historia de Galicia, iniciada en 1865, establece además las bases de lo que será el concepto de Galicia-nación para todo el galleguismo político hasta el tardofranquismo: la raza celta se asienta en el territorio de la actual Galicia y en comunión con él genera un carácter o alma colectiva que luego se perfeccionará con la adopción del cristianismo. Esto, sumado a la generación de una lengua propia en la Edad Media, completa el conjunto de caracteres objetivos que hacen del gallego un pueblo irreductiblemente diferente a cualquier otro.

Mediada la década de 1880 el provincialismo gallego se transforma en regionalismo. No es un mero cambio de nombre. El galleguismo abandona la matriz política española para adquirir un perfil programático y organizativo propio que lo lleva a actuar como tal regionalismo también en el plano político. Y cruza el Atlántico para arraigar en las colonias de emigrantes, especialmente en Cuba y su pujante Centro Gallego de La Habana. Por otra parte, pierde su homogeneidad ideológica anterior y a la corriente liberal, heredera del provincialismo y cuyo ideólogo mayor sigue siendo Manuel Murguía (El regionalismo gallego, 1889), se suman una tradicionalista, encabezada por Alfredo Brañas (El regionalismo, 1889), y otra federalista, la menos importante. Las tres convergen en la fundación de la Asociación Regionalista Gallega (1890-1893), cuyo programa reclamaba la autonomía política de Galicia, la erradicación del caciquismo, la cooficialidad del gallego, que funcionarios y jueces fuesen naturales del país y una políticas superadoras del atraso y la emigración. Aparte de editar en Santiago su órgano, La Patria Gallega (1891-1892), de organizar en Tui en 1891 los primeros Xogos Frorais íntegramente en gallego y de un efímero protagonismo en la actuación de la Junta de Defensa coruñesa en 1893, su ejecutoria es muy pobre. Huérfana de apoyos sociales de cierta entidad, desapareció pronto víctima de las profundas diferencias entre liberales y tradicionalistas. Unos años después se fundó en Coruña la Liga Gallega da Cruña (1897-1906), esta mayoritariamente liberal, que se limitó a sostener la Revista Gallega (1895-1907), publicar algún que otro manifiesto (algunos rotundamente españolistas con motivo del Desastre de 1898) y apoyar la fundación de la Real Academia Gallega en 1905-1906. También legan al nacionalismo posterior la bandera y el himno de Galicia.

En todo caso, el pobre balance político del regionalismo deja claro que, de momento, la sociedad gallega no era terreno propicio para el cultivo de una opción nacional diferente a la española.

VI
Los progresos truncados

Cuando llegué aquí me topé con un problema de despensa y otro de esclavitud. El hambre había hecho presa en los campos, los caciques expoliaban a mis hermanos y el foro los encadenaba a la tierra que regaban con su sudor.

¡Hermanos, antes la muerte que no ver a Galicia redimida!

Así se expresaba el cura Basilio Álvarez, líder del agrarismo más combativo, en uno de sus incendiarios discursos, pronunciado en Ribadumia en 1912. Aunque no hay que tomarlo al pie de la letra, es muy ilustrativo de cómo desde principios de siglo el conformismo social fue dejando paso a la protesta. Los bloqueos decimonónicas empiezan a quebrarse dando lugar a una modernización incipiente que, sin embargo, no logra superar por completo el subdesarrollo del país antes de que la Guerra Civil provoque un prolongado retroceso que llevará veinte años superar. En esto, y en todo lo demás, la evolución de Galicia comparte muchos rasgos básicos con el conjunto de España pero también muestra peculiaridades que la diferencian. Veámoslo por partes.

INERCIAS Y AVANCES

En el primer tercio del siglo XX, agricultura, industria y servicios empiezan a superar el estancamiento del siglo XIX con diferentes ritmos y por diversas causas. Pero es un crecimiento lento e insuficiente para equilibrar población y recursos, por lo que la principal partida de exportación sigue siendo la mano de obra. La emigración, preferentemente a Cuba y Argentina pero también a otros lugares de la Península y de América, alcanza en 1900-1930 sus mayores cotas, aunque en los años treinta sufre un brusco frenazo primero por la crisis económica mundial y después por la Guerra Civil. La sangría es considerable: la emigración neta en esas tres primeras décadas del siglo se estima en torno a las 300.000 personas sobre un total que rozaba los dos millones en 1900 y se situaba en 2.230.000 en 1930. Vemos, pues, que el crecimiento demográfico sigue a pesar de una pérdida migratoria de entre 500.000 y 600.000 individuos en el medio siglo que va de 1880 a 1930. Esto se debe a que, mientras la natalidad se mantiene relativamente alta, desciende con rapidez la mortalidad, sobre todo la infantil, por las mismas causas que ya mencionamos para el último cuarto del siglo XIX y que ahora aumentan su efectividad, sobre todo los avances médicos. Aun así, ese crecimiento es inferior a la media española, con lo que el porcentaje de la población gallega en el total continúa el descenso iniciado en el siglo anterior: 11,40 % en 1860; 10,6 % en 1900; 9,46 % en 1930.

En el sector primario se produce un cambio realmente histórico: la desaparición gradual del foro, dominante en el campo gallego desde la Baja Edad Media. Ante la devaluación de las rentas forales como consecuencia de la gran crisis agraria de finales del siglo XIXy la presión del agrarismo que hacía cada vez más difícil cobrarlas, muchos rentistas fueron accediendo a negociar individualmente la redención del foro con sus foreros, lo que implicaba que estos pagasen una cantidad equivalente a la capitalización de la renta a un tipo de interés acordado. ¿De dónde sacaban el dinero los campesinos? Una parte procedía de las remesas que los emigrantes enviaban a sus familias y otra de los ahorros que permitían las mejoras en la producción y venta, sobre todo de ganado, que ahora se podía exportar por ferrocarril a los grandes centros consumidores. De este modo, la gran masa de pequeños campesinos dependientes accedió a la propiedad plena de la tierra en una proporción considerable. De hecho, cuando la dictadura de Primo de Rivera promulgó en 1926 la Ley de Redención de Foros para neutralizar una de las causas del movimiento agrarista, la mayor parte de los foros gallegos estaban ya redimidos.

Se produce al mismo tiempo una apreciable modernización técnica de la producción agropecuaria, estudiada por Lourenzo Fernández Prieto. Las innovaciones fueron permitiendo que la producción se orientase cada vez más al mercado. Ayudaron a ello iniciativas públicas como la Granja Agrícola Experimental de Coruña (1888) o la Misión Biolóxica de Galicia, fundada en Pontevedra en 1921. Pero el mayor mérito correspondió al vigoroso asociacionismo agrario que con sus sindicatos y cooperativas promovió la selección de semillas y razas, la adquisición de abonos y maquinaria, la organización de ferias y la apertura de canales de comercialización. Gracias a ello la producción creció con rapidez y se acentuó la especialización ganadera. Las ventas de vacuno pasaron de unas 46.000 toneladas de promedio anual en la última década del siglo XIX a unas 220.000 en el entorno de 1930. Sin embargo, la persistencia del minifundio imponía graves limitaciones al desarrollo agrario. Lo exiguo de la mayoría de las explotaciones y el hecho de que el campesino tuviese que dedicar casi todo su escaso capital a redimir el foro cerraban el camino a una agricultura rentable y competitiva. El cooperativismo, por otra parte minoritario, mitigaba algo los peores efectos de este freno estructural pero no podía neutralizarlos.

Es muy ilustrativo de la naturaleza de la economía gallega de entonces que las principales industrias dependiesen totalmente de una actividad primaria: la pesca. La introducción de barcos de vapor y de nuevas artes como el arrastre permitió no solo aumentar las capturas tradicionales, sino impulsar la pesca de altura en Gran Sol, Canarias o el norte de África. Solo en la ría de Vigo se pasó de 8 vapores en 1888 a 67 en 1900. En la década de 1930 la flota gallega tenía 14.000 barcos, de los que el 70% eran vapores y motoras, empleaba a 58.000 personas y aportaba el 40% de toda la pesca española. Este crecimiento no hubiese sido posible sin el salto de la salazón tradicional a la conserva moderna en latas herméticas. Según Xan Carmona, la industria conservera estaba ya consolidada en 1905. Dos años después contaba con 106 empresas, la mayoría en la ría de Vigo, y producía el 60% de la conserva española, hegemonía que mantendrá hasta la Guerra Civil. Además inducirá en el primer tercio del siglo el desarrollo sostenido de astilleros, fábricas de envases y aparejos y un sinfín de industrias auxiliares, como fundiciones y talleres de fabricación de motores y maquinaria. De estos últimos había 105 en 1908, repartidos entre Coruña y Vigo. La neutralidad española en la Gran Guerra de 1914-1918 dió un impulso adicional al sector.

Ahora bien, salvo este complejo ligado a la pesca y la conserva y el de los astilleros militares de Ferrol, el panorama industrial de Galicia no daba mucho de sí. Algunas minas, las primeras y pequeñas hidroeléctricas, las empresas destinadas a satisfacer los nuevos servicios urbanos como las fábricas de gas y luz o los tranvías eléctricos de Coruña y Vigo, y poco más. Pese a su debilidad de conjunto, este incipiente desarrollo dio lugar a cambios significativos en las ciudades, que crecieron, especialmente Coruña y Vigo, y procuraron ponerse a tono con lo que se estilaba fuera. Se abrieron nuevas calles, se construyeron más viviendas para acoger a los que iban llegando y se mejoraron notablemente los equipamientos: alumbrado y transportes públicos, pavimentaciones, parques, teatros, cines, etc. Y así, Coruña pasó de 43.000 habitantes en 1900 a 64.000 en 1930, y Vigo de 19.000 a 40.000. Más limitados fueron los crecimientos de Santiago (de 15.000 a 23.000) y Ferrol (de 24.000 a 33.000) y muy pequeños los de Lugo, Ourense y Pontevedra, que permanecieron entre los 10.000 y los 14.000. En todo caso, esta modesta expansión urbana no alteró significativamente el abrumador predominio de lo rural. Tampoco el peso excesivo del sector primario, que en 1930 ocupaba todavía al 65,3% de la población activa, frente al 45,5% de la media española. Aunque la industria gallega, con su 14,7% en 1930, había multiplicado por 2,5 veces la ocupación de 1900, seguía muy por debajo del 26,5% de España, que no era precisamente un emporio industrial.

EN LA LARGA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN

La dinámica política gallega de estos años está supeditada en gran medida a las sucesivas crisis y cambios de sistema político que tienen lugar en el Estado. Pese a ello, Galicia muestra también en este campo algunas peculiaridades, aparte de la especial fortaleza del turnismo y el caciquismo. Las tres principales son el agrarismo, el emergente nacionalismo gallego y la existencia dentro del republicanismo de corrientes autóctonas que evolucionan del federalismo decimonónico al autonomismo.

Sin duda Galicia siguió siendo uno de los bastiones de la Restauración. Mientras en Cataluña, el País Vasco, Madrid y algún otro lugar se quiebra el duopolio de liberales y conservadores con nuevas fuerzas políticas que envían al congreso diputados nacionalistas, republicanos e incluso socialistas, aquí las redes clientelares siguieron cumpliendo muy bien su función. Las estructuras del país no permitían un crecimiento suficiente de los partidos de la oposición real. Habrá que esperar a la democracia republicana para que comience en Galicia una dinámica política algo diferenciada.

De momento, el desastre de 1898 no deja secuela ninguna en el funcionamiento del sistema. Tampoco parece afectarle demasiado la llegada de lo que se ha dado en llamar «política de masas», es decir, la creciente incorporación a la política de los sectores sociales mayoritarios, al hilo de los nuevos movimientos sociales, especialmente el obrero, de los avances de la alfabetización, de la modernización y crecimiento de la prensa y de la adecuación de las estructuras partidarias a la nueva situación. Desaparecen por fatalidad biológica buena parte de los grandes nombres de la primera mitad de la Restauración como Aureliano Linares Rivas en Coruña, el conde de Pallares en Lugo, José Elduayen en Vigo o Saturnino Álvarez Bugallal en Pontevedra y Ourense. Otros toman el relevo, como los conservadores Luis Rodríguez de Viguri y Augusto González Besada. En el bando liberal, los dos yernos de Eugenio Montero Ríos, Eduardo Vicenti y Manuel García Prieto, saben administrar bien su legado político cuando don Eugenio muere en 1914. El primero fue ininterrumpidamente diputado por Pontevedra desde 1886 hasta su muerte en 1924 y el segundo, aparte de ser presidente del Gobierno en cuatro ocasiones, representó al distrito de Santiago también sin interrupción durante veinte años a partir de 1893. El férreo control político del marqués de Riestra sobre la provincia de Pontevedra hizo pronunciar a Antonio Maura su conocida frase en el Congreso: «España tiene cuarenta y nueve provincias y la del marqués de Riestra».

Y no eran casos aislados. Los escalones comarcales y locales de las pirámides clientelares continuaron funcionando como una máquina bien engrasada. Al igual que en otras partes, la ley de 1907 promovida por Maura para «descuajar el caciquismo» tuvo un efecto contrario al permitir, en su famoso artículo 29, que ni siquiera hubiese elecciones en un distrito cuando se presentaba un solo candidato. Algo fácil de conseguir en las pequeñas circunscripciones uninominales, que eran casi todas. El porcentaje de diputados gallegos proclamados sin elección fue muy alto en todas los comicios desde 1907 a 1923. De hecho, la representación de Galicia en las Cortes estuvo totalmente monopolizada hasta la dictadura de Primo de Rivera por las diferentes familias de liberales y conservadores, con excepción de un solo diputado republicano y de unos pocos distritos en que algún «independiente» consigue afincarse por una u otra vía, como el caso de Manuel Portela Valladares en la Fonsagrada desde 1905. Este dominio abrumador del turnismo se repetía en los niveles provincial y municipal, con la sola excepción, ya mencionada, del ayuntamiento de Coruña. Algunos republicanos, tradicionalistas, agraristas o nacionalistas accedían a una concejalía o un escaño provincial, pero en tan escaso número que no cambiaba en nada la situación.

El único intento serio de abrir una brecha en el sistema fue Solidaridad Gallega. La experiencia de Solidaritat Catalana en 1906 animó a las fuerzas gallegas situadas extramuros del sistema a seguir su ejemplo. Al igual que en Cataluña, republicanos, carlistas, socialcatólicos, regionalistas y algunos regeneracionistas independientes convergieron antes de las elecciones de abril de 1907 para fundar Solidaridad Gallega con la esperanza de obtener algunos diputados y armar así un frente cívico-político que iniciase la regeneración de Galicia y contribuyese a la de toda España. Al principio el movimiento arraigó sobre todo en Coruña y su área de influencia. Se publicaron algunos periódicos de corta vida (Galicia Solidaria, Solidaridad Gallega, Solidarismo Gallego) y se organizaron grandes mítines en los que los dirigentes gallegos (el regeneracionista Rodrigo Sanz, el carlista Juan Vázquez de Mella, los regionalistas Manuel Lugrís y Juan Golpe) compartieron tribuna con personajes de la hermana catalana que vinieron a echar una mano, como los republicanos Nicolás Salmerón y Josep Vallès i Ribot o el catalanista Lluís Durán i Ventosa. Pero a la hora de la verdad todo fue en vano. Mientras la Solidaritat Catalana abría una nueva era política en Cataluña obteniendo 41 de los 44 escaños en disputa, la gallega no consiguió ninguno. La Restauración todavía era demasiado fuerte en esta tierra. En cambio la Solidaridad derivó aquí por otros caminos. En varias comarcas (Betanzos, Pontedeume, Arzúa, Monforte, Chantada) conectó con el naciente agrarismo y dio lugar a un vigoroso movimiento agrario-regionalista entre 1908 y 1912. En el partido judicial de Betanzos, las protestas contra el caciquismo, los foros y el arbitrario reparto de los consumos alcanzaron una gran virulencia y la reacción gubernamental fue muy dura cuando los solidarios consiguieron en esa zona un total de 258 concejales en las elecciones municipales de 1909. Pero esta llamarada se apagó en poco tiempo, carente de una dirección política y una organización que la mantuviese viva. Este fue el primero y último desafío gallego de alguna entidad al turnismo hasta 1923. Las turbulencias que agitaron el sistema político en el resto de España, como la Semana Trágica de 1909 y sus secuelas, la triple crisis de 1917 o los años de plomo en Cataluña tuvieron aquí un eco menor.

Aparte de esto el panorama político gallego empieza a diferenciarse algo del resto de España con la presencia del nacionalismo organizado. El regionalismo, que había entrado en el siglo XX muy apagado, se reactiva algo gracias a su participación en la Solidaridad y en el agrarismo conexo. En ese marco se edita la primera A Nosa Terra (1907-1908), por cierto mayoritariamente en castellano salvo los textos literarios. Pero entre 1912 y 1916 vuelve a sufrir un eclipse casi total. En este último año, puede que por emulación del nacionalismo catalán y por influencia del debate europeo sobre los derechos de las nacionalidades, se inicia un punto de inflexión con la fundación de las Irmandades da Fala y sobre todo con su I Asamblea Nacionalista, celebrada en Lugo en noviembre de 1918. El manifiesto que allí se aprueba es el acta de nacimiento del nacionalismo gallego, pues declara superado el regionalismo, proclama que Galicia es una nación y establece las reivindicaciones principales: Estado gallego en una federación ibérica, concierto económico entre Galicia y la federación, reforma arancelaria en sentido librecambista, democracia auténtica sin fraudes ni caciques, supresión de las diputaciones provinciales, igualdad de derechos políticos para la mujer, oficialidad del idoma gallego, galleguización de la educación, la justicia y la administración, supresión de los foros, impulso a las comunicaciones y desarrollo económico del país para mejorar la situación de los trabajadores, especialmente de los campesinos, y acabar así con la emigración masiva.

Para su órgano de expresión recuperan la cabecera A Nosa Terra (1916-1936) que ahora está íntegramente en gallego. Las Irmandades instauran en todos sus usos públicos, orales y escritos, un monolingüismo que las distinguen tanto de las demás fuerzas políticas como del bilingüismo del galleguismo precedente. En el ámbito de la prensa son de destacar también la revista Nós (Ourense, 1920-1936) y el diario Galicia (Vigo, 1922-1926), muy innovador por contenidos y formato, que llega a ser el de mayor tirada del país, pero que desaparece por la represión de la dictadura de Primo de Rivera.

Pese a sus esfuerzos, las Irmandades no adquirieron la fuerza suficiente para incidir en la dinámica política gallega. Prueba de ello es que entre 1916 y 1923 solo consiguieron un puñado de concejalías, la más sonada la de Luis Peña Novo en Coruña en 1920. En sus mejores momentos rozaron los 700 afiliados, repartidos en unas veinte agrupaciones en Galicia. También arraigaron en las colonias gallegas de Cuba y Argentina, donde por cierto surgieron en la década de 1920 los primeros y minúsculos brotes de independentismo organizado: el Comité Revolucionario Arredista Galego en La Habana y la Sociedade Nazonalista Pondal y su revista A Fouce en Buenos Aires.

En el seno del nacionalismo, mayoritariamente federalista, conviven dos tendencias mayores: la católico-tradicionalista, opuesta al desarrollo capitalista, ruralista, enemiga de cualquier alianza con los republicanos y reticente a participar en las elecciones; y la liberal-democrática, inspiradora del programa de Lugo, filo-republicana y partidaria de la actuación política en todos los ámbitos. La tensión entre ellas llevó finalmente a una escisión en 1922. De un lado quedó la Irmandade de Coruña, bastión liberal que agrupaba a la mitad de todos los afiliados, y algunas menores de los contornos; del otro, el resto de agrupaciones, más heterogéneo ideológicamente, que en nombre de la pureza nacionalista formaron la Irmandade Nazonalista Galega, presidida por Vicente Risco, el ideólogo principal de estos años y autor de la Teoría do nacionalismo galego (1920). Estas divisiones agudizaron aún más la debilidad de este nacionalismo de primera hora, incapaz de hacerse un hueco político de cierta entidad. En contraste con la creciente fuerza política de los nacionalismos catalán y vasco, su principal legado para el futuro inmediato fue solo cultural y discursivo. Aun así, no fue en vano, como veremos.

En el ámbito de los movimientos sociales, el agrarismo es sin duda el más importante. Su arranque coincide con la crisis agraria finisecular provocada por la llegada a los mercados europeos de grandes cantidades de cereales y carne a bajo precio procedentes de América, Australia y Sudáfrica. En Galicia esto supuso la pérdida del mercado británico, que obligó a reorientar las exportaciones de ganado hacia los grandes centros consumidores de España, algo difícil dadas las carencias de los enlaces ferroviarios. Esta coyuntura negativa, unida a los factores de siempre (el foro, el minifundio, el bajo nivel de vida, los abusos caciquiles) y a la penetración de la nueva política en el campo, provocaron la aparición de las primeras sociedades agrarias a finales del siglo XIX. A partir de ellas, y coincidiendo más o menos con la Solidaridad, nace el verdadero agrarismo, que carecerá de una dirección política común y se mantendrá organizativamente independiente respecto de partidos y centrales sindicales, pero será al mismo tiempo campo de penetración y competencia de las principales tendencias ideológicas presentes en la sociedad gallega. De aquí su perenne división y heterogeneidad.

En el periodo 1907-1912 coexisten en su seno tres corrientes, como puso de manifiesto en su día José Antonio Durán. La Unión Campesina, centrada en los alrededores de Coruña y muy influida por el anarquismo, desaparecerá pronto. El Directorio Antiforista de Teis (1908-1910), promovido inicialmente por algunos políticos liberales, reivindicaba la abolición de los foros y consiguió una notable implantación en las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo. Por último, el agrarismo regionalista, vinculado a la Solidaridad e impulsor de las Asambleas Agrarias de Monforte (1908, 1910, 1911), defendía una reforma agraria basada en la mejora técnico-productiva, en el cooperativismo y en la lucha anticaciquil, más que en la cuestión del foro.

Entre 1912 y 1923 la expansión del agrarismo va acompañada de cambios en sus corrientes internas. Miguel Cabo distingue dos grandes líneas: la socialcatólica y la laica, en la que a su vez conviven distintas fidelidades políticas. La primera fomentaba el cooperativismo y procuraba conservar viva la tradicional influencia de la Iglesia en el mundo rural manteniendo a los campesinos alejados de los partidos democráticos. Creció mucho gracias a la acción de párrocos y propagandistas. En la década de 1920 contaba con unos 500 sindicatos y 45.000 afiliados. El agrarismo laico insistía en la desaparición del foro, organizaba boicots al pago de rentas e impuestos, era más permeable a la influencia de republicanos y galleguistas y apoyaba los esfuerzos por democratizar el sistema. Su primera organización fue la Liga de Acción Gallega (1910-1914), liderada paradójicamente por un cura, Basilio Álvarez, famoso por sus mítines multitudinarios y su encendida oratoria contra foros y caciques. Este movimiento adoptó después la forma de red de asociaciones agrarias, sobre todo en las provincias de Pontevedra y Ourense, que se agrupaban en Federaciones Provinciales y finalmente en una Confederación Regional, que en 1922 sumaba 60.000 asociados y contaba con un diario, La Zarpa. En más de una ocasión, la conflictividad rural dio lugar a que la Guardia Civil disolviese a tiros las concentraciones con el resultado de numerosos muertos y heridos: 7 fallecidos en Oseira (1909), 20 en Nebra (1916), 25 en Narón y Sofán (1917), 4 en Guillarei (1922).

El escaso número de trabajadores urbanos, y menos aún de obreros fabriles, consecuencia del atraso industrial, condicionó negativamente el desarrollo del movimiento obrero. Con todo, tuvo alguna presencia en Galicia desde sus inicios con pequeños e inestables grupos anarquistas en Coruña y Ferrol en 1871-1872 y en otras ciudades después. Algunas huelgas alcanzaron cierta entidad como la de 1891 en Coruña, que se saldó con ocho muertos y la declaración del estado de guerra. En esta década aparecieron sus primeros periódicos, de muy corta vida, como El Obrero en Ferrol o El Corsario en Coruña. El anarquismo sobrevivió muy recluido en su feudo coruñés hasta que en los años de la Gran Guerra las protestas contra la carestía de vida en 1916 y las repercusiones en Galicia de la huelga general de 1917 estimularon su implantación en Vigo y otros lugares.

En 1891 se fundó en Ferrol la primera Agrupación Socialista de Galicia y en 1904 tuvo lugar el congreso constituyente de la Federación Gallega del PSOE con representantes de diez agrupaciones. El crecimiento del socialismo en Galicia fue débil y lento. En 1923 solo tenía unos 650 afiliados. Habrá que aguardar a la Segunda República para que el PSOE alcance en Galicia cierta entidad, con unos 3.500 militantes repartidos por 78 localidades, según León González Probados. Algo más eficaz fue su actividad sindical, que creó una red de sociedades de resistencia impulsoras de numerosas huelgas locales.

TODOS QUIETOS

El golpe de Estado que encabezó el general Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 desde la Capitanía General de Cataluña fue recibido por republicanos, agraristas y nacionalistas gallegos con cierta esperanza por sus promesas de acabar con el caciquismo y conceder alguna autonomía administrativa a las regiones. Como en toda España, muchos creyeron ver en él al cirujano de hierro que Joaquín Costa había considerado necesario para regenerar el país. Además, uno de los cerebros del nuevo régimen, el exmaurista José Calvo Sotelo, había conseguido en 1918 su primer acta de diputado en Carballiño gracias al apoyo de Antón Losada Diéguez, mentor del sector derechista del nacionalismo gallego, con el que seguía manteniendo una buena relación. Esto explica que algunos dirigentes nacionalistas, como también bastantes agraristas, aceptasen formar parte de los nuevos ayuntamientos y diputaciones, confiando en el ofrecimiento de conceder a Galicia una mancomunidad similar a la catalana. Con tal fin, incluso se celebró en Santiago una reunión de representantes de las cuatro diputaciones, con participación de Vicente Risco y Antón Losada. Pero el directorio militar olvidó rápidamente esas promesas e inició una política tan centralista como la anterior y más intolerante todavía con regionalismos y nacionalismos. La aprobación del Estatuto Provincial en 1925 acabó abruptamente con esa efímera colaboración.

Mejor fortuna tuvo la integración de una parte del agrarismo lo cual, junto con la promulgación de la Ley de Redención de Foros, lo acabó neutralizando en buena medida sin necesidad de reprimirlo como antes. Naturalmente, como en toda España, también aquí la dictadura mantuvo en una inactividad y un silencio forzados a todas las organizaciones políticas y sindicales. Los nacionalistas se refugiaron en la cultura y la teoría. Fueron años dorados para el cultivo de la lengua gallega en todos los géneros, en lo que algunos consideran el segundo Rexurdimento. La fundación del Seminario de Estudos Galegos el 12 de octubre de 1923, justo un mes después del golpe de Estado, por un grupo de estudiantes universitarios y su consolidación posterior dio un notable impulso a las ciencias sociales desde Galicia y en gallego.

Los intentos de la dictadura por institucionalizarse mediante un partido único, la Unión Patriótica, y una «constitución» autoritaria fracasaron también en Galicia. Ni los viejos políticos de la Restauración ni la oposición de siempre le prestaron apoyo, aunque tampoco hicieron gran cosa en contra, aparte de prepararse para cuando desapareciese. La forzada dimisión de Primo de Rivera abrió en enero de 1930 el breve capítulo final de la monarquía alfonsina, conocido popularmente como la «dictablanda», por su menor dureza represiva. Y toda la oposición lo aprovechó para reactivarse. En Galicia, los más madrugadores fueron los republicanos autonomistas de Coruña, cuyo líder era Santiago Casares Quiroga. A principios de septiembre de 1929, sin esperar a la marcha del dictador, convergieron con el grupo nacionalista de la ciudad encabezado por Antón Villar Ponte, el fundador de las Irmandades, para formar la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), un partido que sería decisivo en la Galicia republicana. La mayoría de los nacionalistas del resto de Galicia no aceptaron esta vía, por entender que desnaturalizaba su identidad política, y se dedicaron a reorganizar por su cuenta los grupos anteriores a 1923 y a crear otros nuevos, especialmente en las provincias de Pontevedra y Ourense. Socialistas y restantes republicanos emprendieron un resurgimiento similar. Y todos buscaron unir fuerzas ante lo que se avecinaba. Dos fueron los grandes acuerdos. Del Pacto de Lestrove, firmado el 27 de abril de 1930, por la ORGA y Alianza Republicana, que en aquel momento agrupaba al Partido Radical de Alejandro Lerroux y a algunos grupos federalistas, nació la Federación Republicana Gallega (FRG) con el objetivo de traer la república y conseguir la autonomía de Galicia. Y republicanos, agraristas y nacionalistas firmaron el Compromiso de Barrantes el 25 de septiembre con la misma finalidad. De alguna manera, Casares Quiroga, el único gallego presente, representó a estas tendencias en el Pacto de San Sebastián de agosto, en el que se sentaron las bases de la futura república.

Antes de entrar en la etapa republicana, conviene hacer alguna consideración sobre la cuestión nacional en la Galicia del primer tercio del siglo XX. Ya vimos cómo había quedado la implantación de la nación española en la sociedad gallega a finales de la centuria anterior. En las tres décadas siguientes se producen una serie de hechos que inciden positiva o negativamente sobre esa implantación así como sobre la posibilidad de que una parte significativa cambiase el referente nacional español por el gallego. Esos hechos son: la humillación nacional del desastre de 1898, el desarrollo del agrarismo y de un movimiento obrero teóricamente internacionalista, la guerra de África, el antimilitarismo popular, la creciente competencia entre el nacionalismo español, por un lado, y los nacionalismos catalán y vasco por otro, y por supuesto la propia aparición del nacionalismo gallego. Aunque todavía queda mucho por investigar en este terreno, los estudios parciales que hemos venido haciendo permiten aventurar algo que puede parecer contradictorio pero que no lo es. El nacimiento del nacionalismo gallego, que se mantiene en un estado de debilidad social extrema hasta 1931 y crece con rapidez en los años de la República pero sin que le dé tiempo a alcanzar la magnitud suficiente para poner en marcha un proceso de nacionalización alternativa, no es indicador de debilitamiento o retroceso social de la nación española en Galicia. Más bien ocurre lo contrario como consecuencia tanto de una mayor politización de la sociedad por agentes españolizadores en su mayoría como de la mayor intensidad y eficacia de las políticas nacionalizadoras del Estado. Por ello, pese a los esfuerzos galleguizadores de las organizaciones nacionalistas, apenas se erosiona la tradicional función de marcador social negativo de la lengua y la cultura autóctonas.

REPÚBLICA Y AUTONOMÍA

En las elecciones municipales de 12 de abril, la alianza republicano-socialista venció claramente a los monárquicos en las ciudades de Coruña, Ferrol, Santiago y Pontevedra, y con menos contundencia en el conjunto de la provincia de Coruña. Empataron en las ciudades de Ourense y Vigo. Y ganaron los monárquicos en Lugo capital y en las otras tres provincias. Es decir, en el conjunto de Galicia los partidarios del cambio de sistema perdieron. Pero, como ocurrió en toda España, la ola de republicanismo urbano bastó para barrer la vieja política de la noche a la mañana. Los herederos del turnismo, desmoralizados y en desbandada de momento, apenas pudieron presentar batalla en las elecciones constituyentes de 28 de junio, cuyos resultados tuvieron mucho de espejismo. De los 47 diputados que le correspondían a Galicia, las derechas solo consiguieron 6, incluido el incombustible Calvo Sotelo en su feudo ourensano. Lo que entonces se podía considerar centro republicano, nucleado por el Partido Radical, se hizo con 14. Y la mayoría, 27, fue para el bloque formado por la izquierda republicana (17) de ORGA, Acción Republicana y Partido Radical-Socialista, el PSOE (8) y los nacionalistas (2). Estos últimos pisaban por primera vez el Congreso de los Diputados, gracias a la elección de Alfonso R. Castelao en Pontevedra y de Ramón Otero Pedrayo en Ourense, a los que cabe añadir la de los nacionalistas Antón Villar Ponte y Ramón Suárez Picallo dentro de las listas de la ORGA en la provincia de Coruña.

La gran vencedora de la partida en Galicia fue la ORGA y no solo por sus diputados sino porque la inclusión de su líder Santiago Casares Quiroga en el Gobierno y su buena sintonía con Manuel Azaña le permitió hacerse con el mando de los gobiernos civiles y las diputaciones provinciales lo cual, unido a las alcaldías mayores, convirtió a esta organización, que pronto cambió el nombre por el de Partido Republicano Gallego (PRG), en la de mayor poder en Galicia durante el primer bienio republicano. Un éxito demasiado fulgurante para el que conviene buscar una explicación. ¿Acaso el pueblo gallego, ahormado en un clientelismo centenario, se había vuelto demócrata puro de la noche a la mañana? Sorprendente a primera vista. Pero no tanto si consideramos la posibilidad de que los escalones de base de las viejas pirámides clientelares se pasasen con armas y bagajes a quienes consideraban el probable caballo ganador en la nueva situación. Y es que a veces para entender la realidad conviene investigarla por abajo. Veamos qué nos dice.

En el curso de mi investigación sobre el nacionalismo me tomé la molestia de analizar, mesa electoral por mesa electoral, los resultados de las tres elecciones generales que se celebraron durante la República en tres de las cuatro provincias gallegas (no pude encontrar los datos no agregados de la de Pontevedra). El sistema electoral de la Segunda República, de listas abiertas en circunscripciones provinciales, favorecía involuntariamente modos de fraude mucho más sutiles que el antiguo sistema mayoritario en circunscripciones uninominales o que el actual de listas cerradas. La observación de las cifras oficiales de cada mesa electoral da con frecuencia tres tipos de resultados sospechosos, solos o en combinación: una participación anormalmente alta (que puede llegar al 100%); una asignación total o casi total de los votos a una sola candidatura o a dos afines; o cifras idénticas de votos a candidatos de listas antagónicas en una convergencia contra natura. Estas anomalías se dan casi siempre en zonas no urbanas y muy poco en las urbanas. Según mis cálculos, que publiqué en detalle hace años, el porcentaje de votos fraudulentos podía oscilar entre el 31% de los obtenidos por el PSOE en la provincia de Coruña en 1931 gracias a su alianza con los republicanos y el 73% del PRG en la misma provincia en 1933 o los porcentajes algo menores de la CEDA y el Partido Radical en Lugo y Ourense el mismo año. Esto indica que la erradicación del fraude electoral solo fue cierta en las ciudades y apenas avanzó fuera de ellas, por lo que en la atribución final de escaños competían con desigual fortuna la expresión veraz de la voluntad política de los ciudadanos con las influencias clientelares de las distintas fuerzas políticas sobre las élites locales y, a través de ellas, sobre los integrantes de las mesas electorales. Si la composición de una mesa era monocolor, «votaban» todos lo mismo, incluidos los muchos emigrados que seguían figurando en el censo. Si en la mesa los había de distintas cuadras, la misma cantidad de votos se asignaba a los candidatos principales de las diferentes listas con afines en la mesa.

Como hemos visto, en la fundación de la ORGA tuvo un peso importante una parte del nacionalismo gallego. Por eso en su programa figuraba en lugar destacado la autonomía de Galicia y por eso las iniciativas para conseguirla empezaron solo tres semanas después de la proclamación de la República y antes de las primeras elecciones. Mientras Casares Quiroga andaba a sus cosas en Madrid, dos exirmandiños ahora en la ORGA, Antón Villar Ponte y Luis Peña Novo, convocaron una asamblea pro-Estatuto, que se celebró en Coruña el 4 de junio. Acudió una nutrida representación de entidades y partidos, con mayoría de republicanos y nacionalistas. Se presentaron cuatro textos, uno de ellos, el más elaborado, redactado por los nacionalistas del Seminario de Estudos Galegos. Finalmente se aprobaron las bases presentadas por la ORGA, un texto no muy diferente del anterior y basado en el supuesto de una República Federal. Pero la constitución del llamado Estado Integral, aprobada en diciembre, lo haría inviable al prever una descentralización mucho más limitada y de acceso nada fácil. Por otra parte, la ORGA, tras su espasmo autonomista inicial, empezó a conceder menos importancia a la cuestión del autogobierno y más a los problemas generales de la República, que no eran pocos, en parte porque Casares Quiroga le ganó el pulso interno a los exnacionalistas, que se marcharon casi todos a reunirse de nuevo con sus compañeros de siempre.

Entretanto, las formaciones nacionalistas, conscientes de lo mucho que se jugaban, decidieron aparcar sus diferencias ideológicas y acabar con la fragmentación organizativa. Lo hicieron el 6-7 de diciembre en Pontevedra convergiendo todas en la fundación del Partido Galeguista, acto que fue un auténtico punto de inflexión en la trayectoria del nacionalismo. Por primera vez se dotaba de un partido moderno y de momento unido, que demostró una gran capacidad de crecimiento, pues en cuatro años y medio pasó de 700 a casi 6.000 afiliados, de unos 30 grupos locales a 150, de unos 54.000 votos a sus candidatos en 1931 a casi 300.000 en 1936, y de tener una base social de clases medias casi en exclusiva a contar entre sus afiliados con una mayoría relativa de campesinos, empleados, autónomos y hasta pequeños contingentes de obreros. Además, su ala democrática y algo socializante pronto dejó en minoría al sector católico de derechas.

Aunque la autonomía que ofrecía la Constitución estaba muy por debajo de las aspiraciones del PG, este consideró que mejor era eso que nada y centró todas sus energías en conseguirla. Esta muestra de realismo probablemente se debía a que resultaba bastante evidente la indiferencia hacia la autonomía en la mayoría social e incluso el rechazo que inspiraba en buena parte de las fuerzas políticas, y no solo en las derechas que seguían aferradas a un centralismo cerril. El Partido Radical y otras fuerzas republicanas se mostraban reacias. E idéntica actitud tenía de momento el PSOE, quien en octubre, en el congreso de su federación gallega, celebrado en Monforte, había rechazado el proyecto de Estatuto al tiempo que condenaba con dureza al nacionalismo. Si a esto añadimos el rápido enfriamiento de los fervores autonomistas de la ORGA-PRG, entenderemos que el panorama que se le presentaba al PG no era precisamente alentador.

A pesar de ello, la tozudez de los nacionalistas hizo que el proceso autonómico gallego continuase adelante, aunque al principio lo hizo a trancas y barrancas. La Minoría Gallega del Congreso elaboró un nuevo proyecto adaptado a la Constitución y lo envió a las diputaciones para consulta y distribución a los ayuntamientos. Tras unos meses metido en los cajones provinciales sin que nadie hiciese nada, el PG consiguió que el ayuntamiento de Santiago tomase la iniciativa y organizase en julio de 1932 una asamblea de partidos y fuerzas vivas; esta aprobó un texto algo reformado que fue sometido a información pública para la presentación de enmiendas. El tenor de algunas de estas es muy ilustrativo de las suspicacias que la autonomía despertaba en ciertos sectores sociales, especialmente entre los empresarios. Finalmente, del 17 al 19 de diciembre de 1932 se celebró en la facultad de Medicina de Santiago la asamblea de municipios requerida por la Constitución y allí, quizá para que Galicia no fuese menos que Cataluña, el 77,4% de los municipios, en los que vivía el 84,7% de la población, aprobó un proyecto de Estatuto de Autonomía. Estos porcentajes superaban con mucho los mínimos constitucionales exigidos. Ahora solo quedaba que el Gobierno convocase el preceptivo referéndum para, de superarlo, presentar el Estatuto al Congreso y, una vez aprobado allí, que entrase en vigor.

Pero lo que parecía más fácil resultó lo más difícil. El deterioro de las situación social y política en España durante 1933 y sobre todo la inconveniencia política de que Galicia accediese a la autonomía antes que el País Vasco, que tenía su proyecto bloqueado por inconstitucional, llevó al Gobierno central a aplazar una y otra vez la convocatoria con este o aquel pretexto, para indignación de los nacionalistas que atacaron con dureza a Casares Quiroga y a los suyos. Y tanto se fue demorando que se cruzaron las segundas elecciones generales y la situación política cambió radicalmente. A peor.

Pero la autonomía no era el único motivo de fricción. La llegada de la República también avivó el movimiento obrero. Tanto la anarquista CNT como la socialista UGT ampliaron considerablemente sus efectivos y su presencia territorial. También aumentaron huelgas y conflictos sociales, entre los que destaca por su importancia el de los trabajadores de la pesca y la conserva de Vigo en 1932. Con todo, ni las acciones sindicales ni un agrarismo ya lejos de sus mejores días tuvieron en Galicia una incidencia comparable a las de las tensiones sociales del resto de España. Tampoco hubo aquí episodios de anticlericalismo violento.

Las derechas, superado el desconcierto inical, iniciaron pronto su reorganización. En junio de 1931 se constituyó en Santiago la primera agrupación local de la Unión Regional de Derechas, expresión del conservadurismo socialcatólico. En los meses siguientes surgieron grupos homónimos en las principales ciudades. En febrero de 1932 todos se unieron en la Unión Regional de Derechas de Galicia, única formación gallega que participó en marzo de 1933 en la fundación de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Había también otros partidos menores del centro-derecha a la extrema derecha, incluida claro está la monárquica Renovación Española de Calvo Sotelo. Menos importancia tendrá después la sección gallega de Falange Española, fundada en Vilagarcía de Arousa en 1934 y muy circunscrita al principio a universitarios y jóvenes de clase media.

Las elecciones de noviembre de 1933 trajeron un rotundo triunfo de las derechas y del republicanismo centralista del Partido Radical. Este obtuvo 16 diputados, la CEDA 12, los partidos de centro 7 y hasta la extrema derecha de RE, con sus 8 escaños, se situó por encima del conjunto de la izquierda, que hubo de conformarse con los 6 conseguidos por el PRG. Socialistas y nacionalistas quedaron sin representación en Madrid. Pero estos últimos, con sus 120.000 votos, aumentaron mucho sus apoyos respecto de 1931, incluso descontando el efecto de la duplicación del censo electoral por el estreno del voto femenino. Y no solo eso, sino que en las provincias de Coruña y Pontevedra, las más importantes demográfica y políticamente, sobrepasaron al PSOE y se situaron como segunda fuerza del centro izquierda, por detrás del PRG. Estaba claro que el PARTIDO GALEGUISTA era ya un sumando necesario en una futura alianza destinada a derrotar a las derechas en Galicia.

Por lo demás, los nuevos gobiernos, basados en la difícil alianza del Partido Radical y la CEDA, hicieron en Galicia lo mismo que en todas partes: depuraron de republicanos diputaciones y ayuntamientos, en los que colocaron personal adicto, mostraron una creciente intolerancia hacia los derechos democráticos de la oposición y congelaron el proceso autonómico. La llamada Revolución de Octubre de 1934 tuvo en Galicia ecos menores, a pesar de la proximidad de su epicentro asturiano. Pero el Gobierno radical-cedista no hizo distingos y aprovechó la ocasión para reprimir a conciencia censurando o cerrando publicaciones, clausurando locales, prohibiendo mítines y arrestando o desterrando a algunos dirigentes. Por ejemplo, Alfonso Castelao y Alexandre Bóveda, los dos líderes principales del PG, que nada había tenido que ver con los sucesos de octubre, fueron enviados a Badajoz y Cádiz respectivamente mediante sendos traslados forzosos como funcionarios.

Esta ofensiva antidemocrática y antiautonomista convenció a toda la oposición de la necesidad de unirse frente al enemigo común. Y de replantearse algunas actitudes. Los republicanos de izquierda se recompusieron en dos nuevas formaciones, Izquierda Republicana y Unión Republicana, en cuyos programas aparece por primera vez el reconocimiento de que la autonomía de las regiones era importante para la supervivencia de la República. Al PSOE le costó algo más asumir este autonomismo sobrevenido, pero también lo hizo. En Galicia, la dirección del PG, que había procurado no tomar partido en el pleito izquierdas-derechas para preservar sus equilibrios internos, comprendió que el desalojo de las derechas del poder era condición necesaria para conseguir la autonomía. Así que inició un viraje hacia la izquierda en su política de alianzas, aunque esto acabó costándole dos pequeñas escisiones por la derecha. El hecho es que durante 1935 fueron progresando los acercamientos. El PG cesó en sus críticas a Casares Quiroga por su supuesta desidia en la cuestión del Estatuto. Castelao y Bóveda negociaron con la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, que había absorbido al PRG, y por esa vía acabó entrando en el Frente Popular con la condición de que, en caso de victoria, se convocaría sin dilaciones el referéndum del Estatuto y todos los coaligados harían campaña por el sí.

Las elecciones de febrero de 1936 trajeron en Galicia una apretada victoria del Frente Popular, que obtuvo 26 diputados contra 13 del Bloque Nacional, 1 del Partido Radical y 9 de un centro montado para la ocasión por Manuel Portela Valladares. Dentro de los ganadores, los nacionalistas recuperaron sus cuatro diputados de 1931, los socialistas sacaron cinco y hasta los comunistas tuvieron su primer diputado gallego. El resto, la parte del león, fue para los republicanos. Y en el bando contrario, son de destacar los cinco diputados que consiguió para sí Calvo Sotelo. Naturalmente, el nuevo Gobierno se apresuró a cambiar gobernadores civiles, diputaciones provinciales y ayuntamientos, sin que mediaran elecciones locales. Cosas de la convulsa democracia republicana.

Y esta vez se cumplió el compromiso adquirido en lo relativo a la autonomía gallega. Se convocó el referéndum para el 28 de junio y todos los partidos de la coalición ganadora participaron, con más o menos entusiasmo pero disciplinadamente, en la intensa campaña a favor del sí al Estatuto. El día señalado votó el 74,5% del censo electoral y, según los resultados oficiales, se pronunció a favor un sospechoso 99,05%. Días después, una comisión de diputados gallegos se desplazó a Madrid para entregar oficialmente el Estatuto al presidente de la República y al Congreso a fin de que este le diese trámite parlamentario y pudiese entrar en vigor. Pero la sublevación militar del 18 de julio de 1936 lo interrumpió todo. Y para colmo de males, en pocas semanas Galicia quedó en «zona nacional» y descendió sobre sus gentes la que el poeta Celso Emilio Ferreiro llamaría muchos años después a longa noite de pedra.

VII
La larga noche de piedra

Hable bien. Sea Patriota – No sea bárbaro. Es de cumplido caballero que Vd. hable nuestro idioma oficial o sea el castellano. Es ser patriota. VIVA ESPAÑA Y LA DISCIPLINA Y NUESTRO IDIOMA CERVANTINO. ¡¡ARRIBA ESPAÑA!!

Así rezaba una octavilla distribuida por los franquistas coruñeses en 1942. Cinco siglos después, retornaba la «doma y castración», y no solo de Galicia, para retroceder, y mucho, en todos los aspectos.

LA POSGUERRA: SILENCIO Y EXILIO

En los primeros días posteriores el 18 de julio de 1936 los partidos gallegos agrupados en el Frente Popular intentaron contener la sublevación pero las autoridades republicanas se negaron a entregarles armas. Por tanto fue muy fácil para los militares conjurados, falangistas y monárquicos, derrocar a los poderes legítimos tras breves episodios de resistencia. En un par de semanas los «nacionales» controlaban totalmente Galicia. Ni la rapidez de una victoria prácticamente sin bajas ni el hecho de que en los años anteriores no hubiese habido aquí violencia contra las derechas y los curas como en otros territorios indujo una actitud generosa en los vencedores. Todo lo contrario. Durante el resto del verano los partidarios de la República fueron sometidos a una persecución cruel y sistemática. El proyecto Nomes e Voces ha documentado en Galicia 1.466 ejecuciones de sentencias de muerte en consejos de guerra y 3.233 asesinatos extrajudiciales entre 1936 y 1939, a los que hay que sumar muchos más condenados a penas de prisión. En los primeros momentos el objetivo fue descabezar al bando contrario. Fueron asesinados, entre muchos otros, los cuatro gobernadores civiles, los alcaldes de Vigo, Santiago, Ferrol, Sarria y Lalín, los líderes políticos Heraclio Botana (PSOE), Alexandre Bóveda (PG) y Benigno Álvarez (PCE) y los pocos jefes militares leales a la República como el general Rogelio Caridad o el jefe del Arsenal de Ferrol, Antonio Azarola. Después, con el país controlado, se hizo una caza completa de cuadros medios y militantes significados con la ayuda de las milicias falangistas y de las delaciones de algunos curas y de particulares.

Pero la limpieza no se limitó a las izquierdas. Aunque con menos dureza, también alcanzó a quienes, aun siendo conservadores y hasta muy católicos, se habían mantenido fieles a la legalidad republicana y no se habían sumado al alzamiento. Estos no iban a prisión, pero sufrían ora el destierro con o sin expropiación de sus bienes, ora la depuración administrativa. Tal fue, por ejemplo, el caso del galleguista Ramón Otero Pedrayo, separado de su cátedra durante años. Como tantos otros, porque la depuración masiva de las administraciones públicas y de empresas consideradas estratégicas, como el ferrocarril, fue fundamental para asentar el nuevo régimen sobre bases totalmente fiables. Solo después de erradicar toda oposición y liquidar a los últimos maquis, que también los hubo en Galicia, la presión de la dictadura, siempre vigilante, amainó algo a principio de la década de 1950.

Esta represión no solo buscaba destruir hasta la raíz partidos y sindicatos, sino sembrar entre la población un terror paralizante que acabase con cualquier voluntad de resistencia en el presente y en el futuro. Y fue muy eficaz porque consiguió plenamente su objetivo durante más de veinte años. De momento era un aviso de lo que le aguardaba a toda España si los sublevados ganaban la Guerra Civil.

Uno de los principales elementos definidores del Alzamiento Nacional, aparte de su carácter reaccionario y filofascista, era un españolismo radical y totalmente intolerante, no solo con los nacionalismos alternativos, sino también con cualquier lengua diferente de la castellana. Galicia fue la primera en comprobarlo. También fue una de las primeras en probar las mieles del caudillismo y en agradecimiento a su hijo providencial lo agasajó con el pazo de Meirás, antigua casa de los Pardo Bazán, adquirido mediante suscripción «popular» forzosa.

Pero la represión, pese a todo, no fue capaz de acabar totalmente con la oposición interior a la dictadura. Algunos consiguieron escapar a la persecución en ciudades y villas. Fueron los fuxidos (huidos), que se ocultaron en los montes. De aquí nacieron las guerrillas antifranquistas, los maquis, pocas y mal organizadas durante la Guerra Civil. Terminada esta, y sin un país extranjero al que poder huir con facilidad, pues la dictadura portuguesa no era precisamente acogedora, los maquis adquirieron mayor impulso, en parte por la política del Partido Comunista en estos años, en parte por la esperanza de que el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial acabaría también con el régimen de Franco. Sin embargo, desde 1946 quedó claro que Estados Unidos no iba a mover un dedo contra la dictadura española, así que el PCE acabó renunciando a la lucha armada y la Guardia Civil fue liquidando las guerrillas gallegas una tras otra. En marzo de 1952, la detención del mítico Foucellas, que ya llevaba tiempo sobreviviendo solo en el monte, y su posterior ejecución a garrote vil, marcaron el definitivo punto final de este tipo de resistencia.

En cuanto a los partidos políticos, su desarticulación solo dejó en pie unos minúsculos grupos clandestinos que, con gran riesgo de ser descubiertos por la policía, se limitaban a mantener viva la relación entre sus miembros, a ayudar cuando podían a algún compañero en apuros y a esporádicos y muy difíciles contactos con las organizaciones del exilio. Las durísimas condiciones en que tenía lugar esta mínima actividad y el hecho de que en 1946 fuesen detenidos los encargados de las relaciones con el exterior llevaron a las organizaciones socialistas, republicanas y anarquistas del interior a extinguirse. Los comunistas lograron sobrevivir, si bien reducidos al mínimo. Los nacionalistas mantuvieron también en los primeros años una diminuta estructura que participó en los intentos de reorganización unitaria de la oposición. Pero el encarcelamiento de Ramón Piñeiro, encargado de los contactos con el exterior, hizo que el Partido Galeguista dejara de dar señales de vida. La salida de prisión de Piñeiro en 1949 y su establecimiento en Santiago con dedicación exclusiva a las actividades del grupo trajeron un drástico cambio de estrategia. Se abandonó toda actividad política para centrarse en la preservación y difusión de un galleguismo mínimo por la vía cultural. Con tal fin fundaron en 1950 la editorial Galaxia y poco después, cuando se lo permitió la censura, la revista Grial.

Los gallegos demócratas que tuvieron la suerte de no encontrarse en Galicia el 18 de julio, como los diputados que estaban en Madrid o los que ocupaban cargos políticos en diferentes lugares de España, lucharon del lado de la República. Son de destacar el comunista Enrique Líster, organizador del Quinto Regimiento, y el nacionalista Alfonso Castelao con sus denuncias de la barbarie «nacional» en sus álbumes Galicia mártir, Atila en Galicia y Milicianos, y sus viajes por la URSS, Cuba y Estados Unidos para recabar ayudas para la República. En marzo de 1939 todos marcharon al exilio, primero a Francia e Inglaterra, después la mayoría a América. De los que estaban atrapados en Galicia, solo unos pocos pudieron huir al extranjero.

Casi todos colaboraron en la tarea de mantener vivas las instituciones republicanas en el exilio. Los nacionalistas, y sobre todo Castelao, se impusieron además otro objetivo: que las Cortes republicanas aprobasen el Estatuto, con lo que Galicia quedaría institucionalmente equiparada a Cataluña y Euskadi. Castelao ya había conseguido cubrir un primer trámite en la última sesión de las Cortes celebrada en territorio español, en Montserrat, camino del exilio. Pero la aprobación definitiva no llegaría hasta la reunión celebrada en México en 1945.

Entretanto, la única nota diferenciada del exilio gallego fue la actividad de los nacionalistas, muy centrada en el Río de la Plata desde la llegada de Castelao a Buenos Aires en junio de 1940. Hasta su muerte diez años después, llevó a cabo una actividad incesante para mantener vivo el nacionalismo organizado y agrandar el peso político de Galicia dentro del exilio republicano. Con ese fin dirigió la Irmandade Galega, que reinició en 1942 la publicación de A Nosa Terra; junto con los diputados nacionalistas y algún republicano creó en 1944 el Consello de Galiza, sucedáneo de ese Gobierno gallego que no había dado tiempo a constituir en 1936; publicó en 1944 Sempre en Galiza, el gran testamento ideológico de su generación; promovió en 1945 la revista Galeuzca, que pretendía afirmar las alianza con vascos y catalanes; formó parte en 1946 del Gobierno republicano presidido en París por José Giral; y mantuvo unas relaciones, a veces conflictivas, con los restos del nacionalismo que quedaban en Galicia. Pero a partir de 1946-1948, cuando se hizo evidente que la dictadura de Franco tenía muchos años por delante, la vitalidad política del exilio gallego fue decayendo, y más aún tras la muerte de Castelao en 1950.

DE LA AUTARQUÍA AL DESARROLLO

Durante los quince primeros años de dictadura hay un retroceso económico que anula los avances del primer tercio del siglo. La reruralización devuelve el porcentaje de ocupados en el sector primario a valores de finales del siglo XIX sin que por ello aumente la producción agropecuaria, que no recuperará los niveles de preguerra hasta mediada la década de 1950. Por otra parte, la población sigue creciendo aunque lentamente, con el agravante de que la tradicional válvula de escape de la emigración está cerrada de momento. Más bocas que alimentar y menos con que alimentarlas es el terrible binomio que explica la extrema dureza de las condiciones de vida de la posguerra para la mayoría: escasez de todo y racionamiento severo de los alimentos básicos, mercado negro, repunte de la mortalidad y de enfermedades (especialmente la tuberculosis) provocado por la malnutrición y por una red sanitaria anticuada y semidestruida. Solo se salvan de estas desgracias los ricos y los vencedores: oficiales y altos funcionarios, eclesiásticos, jerarcas del Movimiento Nacional, burgueses y estraperlistas al por mayor. Esta penuria fue especialmente aguda hasta 1945 por cuanto el Estado no solo no podía importar lo que faltaba sino que detraía una parte no pequeña de alimentos y materias primas (como el wolframio gallego) para entregárselos a la Alemania nazi como compensación por la ayuda recibida durante la Guerra Civil. La situación empezó a aliviarse algo, pero no mucho, tras el fin de la guerra mundial, tanto porque el escape migratorio empezó de nuevo poco a poco como por la progresiva normalización del mercado.

En esta primera etapa se empieza a perfilar ya el papel que la dictadura asignaría a Galicia dentro de la economía española. En primer lugar, la indiferencia hacia su sector primario, que contrastaba con la protección a trigueros y aceiteros del interior. En segundo lugar, la potenciación de la producción de energía y materias primas para las que el país mostraba evidentes ventajas comparativas. Se fuerza la reforestación de los montes para alimentar las industrias madereras y de pasta de papel. Y se da un gran impulso al sector hidroeléctrico. La construcción de presas y centrales se inicia a finales de los 40 y continúa a buen ritmo hasta los 70. Ya en 1952 la producción de electricidad es 12 veces superior a la de anteguerra y diez años después el índice multiplicador llega a 40. Sin embargo, esta energía, de la que se exportaba más del 70%, no fomentaba la industrialización de Galicia, sino la de los polos de desarrollo de Madrid, Cataluña y País Vasco. Pero sí generó unos pocos grupos económicos de peso, y muy en particular el del tándem Banco Pastor-FENOSA, dominado por la familia Barrié de la Maza, descendiente de aquel francés que se afincó en Coruña casi dos siglos antes. El sector público también hizo algunas inversiones, como la Celulosa de Pontevedra (1956) o la Empresa Nacional Bazán (1947) en Ferrol. En el sector privado, aparte de las conserveras y los pequeños y medianos astilleros que venían de atrás, los hermanos Fernández crearon en 1939 la química Zeltia, que con su famoso ZZ acabó con las chinches en toda España, y en 1960 Pescanova, llamada a ser líder mundial en transformados de pesca; y el Banco Pastor promovió la constructora naval ASTANO en 1944 que pasaría al sector público en 1971. Pero estas excepciones no impedían que hacia 1960 Galicia fuese un país subdesarrollado incluso respecto de la media española.

Las grandes transformaciones se producen a partir de esa fecha. La agricultura y la ganadería vuelven a la senda modernizadora de los años 20 y 30. El régimen, ante el rápido aumento de las necesidades de abasto de las zonas de mayor expansión urbana e industrial, favorece la producción especializada en leche y carne destinadas al mercado. De este modo, el campo gallego, sin cambiar sus estructuras minifundistas, va entrando, en posición subordinada, en los circuitos de la economía capitalista. Esto exigía también mejoras técnicas, siempre a cargo del campesino, de las que es buena muestra la rápida expansión del parque de tractores, que pasa de 872 en 1962 a 63.869 en 1982, y en términos relativos del 0,94% al 11,18% del total de España.

El modelo de industrialización sigue las mismas pautas que en la etapa anterior, pero aumenta considerablemente su intensidad gracias al efecto de arrastre del desarrollo español y a la apertura al capital extranjero. No obstante, la mayoría de las nuevas industrias de gran tamaño, sean públicas o privadas, producen energía o materias primas (Petrolíber, térmicas de Meirama y As Pontes, Alúmina-Aluminio) y generan pocos puestos de trabajo en proporción al capital invertido. Hay dos excepciones que crean sendos focos de alta concentración industrial y obrera, pues las empresas de cabecera se rodean de un gran número de industrias auxiliares: Citröen-Hispania en Vigo y la ampliación de los astilleros ferrolanos. La primera, inaugurada en 1958 y con un crecimiento continuo hasta hoy, es uno de los grandes pilares de la industria gallega desde su fundación. Los segundos conocen un auge muy rápido, favorecidos por la demanda de grandes petroleros, pero decaerán después, primero por el cambio de coyuntura del mercado mundial y después por la reconversión naval consecuencia de la entrada de España en el Mercado Común.

Esta industrialización, unida al consiguiente crecimiento de los servicios públicos y privados, cambia considerablemente la distribución de la población activa. El sector primario pasa del 73% en 1940 al 50% en 1970, cifra esta que es todavía el doble de la media española. La industria aumenta del 10,9% al 23,6% y los servicios del 16% al 26,4% entre las mismas fechas. Aun así, Galicia sigue con unas estructuras productivas que, en lo que se refiere al primer mundo, son más propias de finales del siglo XIX que del último cuarto del XX. Y este subdesarrollo relativo vuelve a ser la causa de la segunda emigración masiva de la historia de Galicia, con cifras que incluso superan a las de la primera. Se calcula en 580.000 el saldo emigratorio neto entre 1941 y 1970, muy concentrado en 1955-1970. Aunque la población crece algo en términos absolutos, continúa el retroceso de su participación en el conjunto español, que pasa del 9,60% en 1940 al 7,60% en 1970. Los flujos migratorios se diversifican respecto de la anteguerra, pues la emigración ultramarina, aunque continúa, pierde peso relativo respecto de la europea (Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido) y la intrapeninsular (Cataluña, País Vasco, Madrid). En todo caso, una vez más el país se ve privado de una parte importante de su potencial demográfico, laboral e intelectual.

EL NUEVO ANTIFRANQUISMO

Al comienzo de la década de 1960 varios hechos estimulan el nacimiento de una nueva oposición a la dictadura: el arranque del desarrollo económico, la tímida liberalización informativa del régimen y sobre todo la llegada a la mayoría de edad de una generación que no sufría el terror que atenazaba a sus mayores, al no haber vivido la guerra y la posguerra. Las huelgas asturianas de 1962 y la fundación de Comisiones Obreras (CC OO) auspiciadas por el Partido Comunista de España (PCE) abren la rápida expansión del movimiento obrero, al que sigue el estudiantil que se inicia en 1963-1965 en Madrid y se propaga a las demás universidades. En junio de 1962 tiene lugar el llamado Contubernio de Múnich, intento fallido de reunificar por arriba las diferentes tendencias antifranquistas de centro-derecha y centro-izquierda que, pese a lo que vienen diciendo sus exégetas, tuvo una repercusión menor en el interior.

El mapa ideológico de esta reactivación política era muy diferente al de preguerra. La dureza de la dictadura que exigía un compromiso muy radical para soportar las condiciones de la acción clandestina, la fascinación que ejercían sobre la juventud las revoluciones coetáneas (China, Cuba, Argelia, Vietnam, etcétera), la aparente solidez del gigantesco bloque de países supuestamente comunistas y el hecho de que el PCE fuese el único partido que había mantenido una mínima resistencia organizada en todo momento se sumaron para generar la primacía de las ideologías marxistas o marxistas-leninistas en ambos movimientos. En cambio, las opciones liberal-demócratas, social-demócratas y anarquistas, mayoritarias en el bando republicano de la década de 1930, tenían ahora una presencia muy débil. Esta mutación ideológica se daba también en los nacionalismos subestatales, aunque en los casos catalán y vasco había un grado de continuidad algo mayor en sus sectores de centro.

En Galicia, como en el resto de España, la fuerza hegemónica de la izquierda era el PCE y sus Comisiones Obreras (CC OO), constituidas aquí en 1967. Un año después, la sección gallega del PCE se convirtió en el Partido Comunista de Galicia (PCG), aunque su autonomía respecto de la matriz española fue siempre más teórica que real. Años después apareció, con mucha menos fuerza que el PCE, el Movimiento Comunista de Galicia, filial del MCE, cuya acción sindical se desarrollaba también en el seno de CC OO. En cuanto a los socialistas, divididos entre el PSOE, los partidarios de Tierno Galván y otras facciones, sus efectivos en Galicia hasta 1975 fueron menos que testimoniales, al igual que los de la UGT. Había por último una miríada de siglas de extrema izquierda y fuerza mínima —PCE(i), LCR, PTE, ORT— cuya incidencia era insignificante.

El nacionalismo gallego resurgió en 1963-1964, y muy cambiado. La mayoría de los jóvenes a los que Ramón Piñeiro y los suyos habían adoctrinado en los 50 acabó por rechazar su abstención de la política y una parte también su antimarxismo. En 1963-1964 nacieron dos partidos: la Unión do Pobo Galego (UPG), marxista-leninista y muy influida por los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo, oscilaba entre el confederalismo y el independentismo; y el Partido Socialista Galego (PSG), imitador al principio de la socialdemocracia europea, derivó hacia 1970, siguiendo la evolución de su joven líder Xosé Manuel Beiras, hacia un marxismo que se quería a la vez revolucionario y democrático y que, respecto de la cuestión nacional, proponía para España una república federal previo ejercicio del derecho de autodeterminación de sus naciones. Hasta 1975 ambas formaciones crecieron poco, aunque algo más la UPG, y su base social estaba casi toda en la universidad y entre los white collars radicalizados, especialmente en la enseñanza y la sanidad. En todo caso, eran suficientemente activas para condicionar las actitudes del resto de la oposición respecto de la cuestión nacional.

Lo cierto es que, a pesar de las profundas diferencias y las frecuentes riñas a cara de perro entre el nacionalismo de izquierda (de momento el único organizado) y la izquierda «estatal», la lucha común contra la dictadura crea un campo de encuentro, inexistente en la década de 1930, por el que las izquierdas no nacionalistas actuantes en Galicia asumen símbolos (bandera, himno, día nacional) y parte de las reivindicaciones (autodeterminación con salida federal) que antes habían sido exclusivas de los nacionalistas. En todo caso, la negativa de Ramón Piñeiro y del grupo Galaxia a reactivar el Partido Galeguista privaba al conjunto del nacionalismo de una fuerza de centro democrático que sintonizase con las aspiraciones políticas de una parte fundamental de la sociedad y que aportase además el activo de legitimidad histórica que solo esas siglas podían dar. Las consecuencias de esta carencia serán de largo alcance tanto en la transición como en el devenir de la Galicia autónoma.

Esta izquierda dirigió algunas acciones importantes en el tardofranquismo, como las protestas campesinas por la construcción del embalse de Castrelo do Miño en 1965, los sucesos de abril de 1968 en la Universidad de Santiago que inauguraron un movimiento estudiantil in crescendo durante los años siguientes, la huelga de los astilleros ferrolanos que se saldó el 10 de marzo de 1972 con dos obreros muertos y numerosos heridos, o la huelga general de Vigo del mismo año que mantuvo la ciudad semiparalizada durante semanas.

LA TRANSICIÓN EN GALICIA

El atentado mortal contra Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, que en mi opinión marca el comienzo del tránsito de la dictadura a la democracia, actuó de revulsivo político pues hizo presumir a la mayoría que el final del régimen estaba muy próximo. En esas fechas la parte derecha del espectro político seguía monopolizada por los políticos de la dictadura, fuesen o no partidarios de reformas. El centro estaba vacío de momento pues, aunque no faltaban pequeños grupos de mentalidad democristiana o liberal-demócrata, no existía ninguna organización en esas coordenadas, aunque esto cambiaría rápidamente tras la muerte del dictador. Por tanto, el antifranquismo organizado estaba todo en la izquierda y en la extrema izquierda, unos encuadrados en el nacionalismo, otros como secciones gallegas de fuerzas de ámbito español. Cada paso de la reorganización de la oposición en España tuvo al poco tiempo su correlato en Galicia. Y así, en marzo de 1975 se constituyó en Viana do Castelo (Portugal) la Xunta Democrática de Galicia, promovida por el PCG. La UPG reaccionó creando en julio la Asamblea Nacional-Popular Galega, frente patriótico pensado para agrupar a todas las organizaciones políticas, sindicales y culturales del nacionalismo. Pero el PSG, ligado a otros partidos afines del resto de España en la Federación de Partidos Socialistas, se negó a aceptar esa hegemonía y, tras algunas vacilaciones iniciales, acabó por no entrar en la AN-PG. Pese a ello, esta se mostró muy activa promoviendo numerosas movilizaciones en el campo y la ciudad, lo que trajo consigo un crecimiento notable de sus efectivos. Simultáneamente se produjo el primer intento de resucitar el galleguismo de centro con la fundación en julio de 1975 del diminuto Partido Galego Social-Demócrata (PGSD).

Naturalmente, la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 lo aceleró todo. Se abrían tres opciones: la continuidad de la dictadura más o menos maquillada; la ruptura preconizada por las izquierdas, que implicaba abrir un proceso constituyente ex-novo y la depuración de responsabilidades de los grandes beneficiarios del régimen; o una reforma pactada para una transición suave hacia una democracia representativa sin ajuste de cuentas y con algunos elementos heredados (por ejemplo, la monarquía y el aparato represor). El empecinamiento continuista del Gobierno de Arias Navarro cedió durante los primeros meses la iniciativa política al combinado de izquierda estatal y nacionalismos subestatales que abogaba, en su mayor parte, por una república federal.

En esta línea las dos plataformas promovidas respectivamente por el PCG y el PSOE convergieron el 13 de julio de 1976 en la Táboa Democrática de Galicia. La Táboa acabaría aceptando en su momento la transición, como su hermana mayor en Madrid. El nacionalismo ya había montado su propia plataforma en enero de 1976, el Consello de Forzas Políticas de Galicia, integrado por la UPG, el PSG y el PGSD más dos añadidos no estrictamente nacionalistas: el Partido Carlista de Galicia y el Movimiento Comunista de Galicia. El primero era puramente anecdótico pero el segundo tenía entonces una afiliación y una presencia sindical no despreciables. Los reiterados esfuerzos de la UPG para que todos se plegasen a sus criterios y sus exigencias de que el PSG abandonase la Federación de Partidos Socialistas y el MCG se saliese de Comisiones Obreras para participar en la construcción de un sindicato nacionalista, entonces en ciernes, acabaron provocando una grave crisis en noviembre y la desaparición del CFPG meses después. No obstante, en su corta vida, el CFPG al menos parió un documento, las Bases Constitucionais, que serían el referente programático básico del nacionalismo en los años siguientes. Esas bases, en total sintonía con la «ruptura», partían de la autodeterminación de la nación gallega para esbozar una estructura más confederal que federal del Estado español y llevaban anexo un programa de profundas transformaciones socioeconómicas en vena socializante. A pesar de sus agudas diferencias en otros aspectos, las tres fuerzas principales del CFPG (UPG, PSG y MCG) se mantuvieron fieles a ese planteamiento después de la desaparición del Consello, con lo que rechazaron el pacto de la transición y, en consecuencia, quedaron descolgadas del proceso constituyente y de su corolario, el proceso autonómico.

A escala estatal, la iniciativa cambió de manos a partir de julio de 1976, con la defenestración de Arias Navarro y la llegada de Adolfo Suárez a la jefatura del Gobierno por nombramiento regio. Como sabemos, Suárez propuso una reforma política que incluía una democracia representativa algo recortada a partir de la transformación legal, y parcial, del régimen anterior y consiguió que las Cortes franquistas se suicidasen aprobando esa ley orgánica que como tal había de ser sometida a referéndum. Y si bien este tuvo lugar en unas condiciones no homologables a las de una verdadera democracia, tampoco fue la farsa total que este tipo de consultas habían sido durante la dictadura. La oposición antifranquista apostó por la abstención o el no. Y perdió por goleada. En Galicia y en España. Y aunque seguro que hubo mucho de fraude en ese 94% de síes con una participación del 77%, en cierta medida estos resultados, vistos a la luz de los comicios posteriores, eran un primer aviso de cuáles podían ser los pesos relativos de las diferentes actitudes políticas en el seno de la sociedad. En todo caso, la consulta del 15 de diciembre de 1976 hizo imposible la opción continuista. En los meses siguientes, Suárez y los suyos se emplearon a fondo para anular también la de la ruptura, con todos bajo la espada de Damocles de un golpe militar que los devolvería a la casilla de salida, o más atrás. Pero Suárez consiguió, por un lado, que los militares se dejasen engañar con la legalización del Partido Comunista y, por otro, que la izquierda y el grueso de los nacionalismos subestatales renunciasen a la república, federal o no, al derecho de autodeterminación, al ajuste de cuentas con los criminales de la dictadura y hasta a la reparación de sus víctimas. Vencía la tercera opción, la tan alabada transición, que alumbró el Estado de las Autonomías y restauró la monarquía. Había vía libre para convocar las primeras elecciones democráticas.

Simultáneamente se iban formando los partidos políticos que serían decisivos en el presente y el futuro de Galicia. Los de derecha, Alianza Popular, y centro-derecha, Unión de Centro Democrático, construyeron sus cimientos con los materiales de derribo reciclables del antiguo régimen, como en todas partes. El de centro-izquierda, el PSOE, lo hizo con recién llegados y con cuadros procedentes de otros partidos de izquierda, especialmente del PSG y del PCG.

El caso de Alianza Popular resulta algo sorprendente. El protagonismo de Manuel Fraga Iribarne en los primeros intentos de reforma del régimen, antes de la muerte del dictador, y la cantidad y calidad de sus amigos políticos en su región natal permitían pensar que Galicia sería el gran bastión de AP desde el principio. Sin embargo, no fue así. El fino olfato político de los principales exfranquistas gallegos les indicó que las circunstancias requerían una opción más centrada y más claramente democrática. Y en esa línea, José Luis Meilán Gil, significado miembro del Opus Dei y antiguo ayudante de Carrero Blanco, creó en agosto de 1976 en la provincia de Coruña el Partido Gallego Independiente, que se integraría pronto en la UCD. También lo harían con sus respectivas clientelas provinciales Pío Cabanillas, tantos años fiel ayudante de Fraga desde los tiempos del ministerio de Información, en Pontevedra; Antonio Rosón, de una de las familias con más prosapia franquista de Galicia, en Lugo; y Eulogio Gómez Franqueira, que tenía la provincia en un puño a través de las cooperativas avícolas (COREN) y la Caja de Ahorros, en Ourense. De este modo, UCD se convirtió de la noche a la mañana en la gran fuerza política de Galicia y AP, a pesar de Fraga, se vio relegada de momento a un papel muy segundón.

En cuanto al PSOE, apenas si existía en Galicia en 1975. Pero su crecimiento fue vertiginoso, alimentado por dos vías que se potenciaban mutuamente: el efecto llamada que tuvo, desde la renovación de Suresnes, la clara opción de futuro que representaba y que se difundía con gran eficacia a través de los medios de comunicación; y las ulteriores crisis del PSG, escindido entre su alma socialista-federalista y su alma nacionalista, y del PCG, que no pudo aguantar unido los primeros fracasos electorales. Uno y otro rellenaron en los primeros tiempos los vacíos cuadros de mando del PSOE en Galicia. Y con estos mimbres se haría el cesto de la autonomía, porque, al contrario de lo ocurrido en los años 30, el nacionalismo gallego, por aquello de que le parecía poca, tendrá en su gestación un papel de mero personaje secundario, aferrado a su proyecto autodeterminista y contumaz en su negativa a adaptarlo a los cambios políticos reales.

El resultado de las elecciones de 15 de junio de 1977, que abrieron de facto el proceso constituyente, destruyó muchos espejismos, también en Galicia. La mayor parte de la ciudadanía había permanecido callada hasta ese día, creando con su silencio la ilusión de que quienes más protestaban en las calles, las aulas o las fábricas eran mayoría en la sociedad. Pero no lo eran. Por los motivos que fuesen, el electorado premió las variantes más moderadas dentro de cada bando, quizá porque ofrecían mejor garantía de un tránsito pacífico hacia la libertad y la democracia, aunque esta fuese imperfecta con sus concesiones a los epígonos de la dictadura. Y castigó a los más radicales, a izquierda y derecha, por el peligro que entrañaban de repetir un enfrentamiento civil que casi nadie quería. Por eso en Galicia quienes más habían luchado contra el franquismo (comunistas y nacionalistas) fueron condenados a la condición de extraparlamentarios, y quienes casi no habían hecho nada (socialistas) o eran beneficiarios recientes del régimen anterior (aliancistas y centristas) se alzaron con el santo y la limosna, especialmente los centristas que enviaron a Madrid nada menos que 20 de los 27 diputados gallegos. El PSOE se tuvo que conformar con tres y los de Fraga con cuatro.

El nacionalismo pagó muy cara su división en tres listas. El tándem UPG-ANPG, todavía no legalizado, se presentó como agrupación de electores, con el nombre Bloque Nacional-Popular Galego (BNPG) y obtuvo un resultado mínimo, algo menos incluso que el PSG y que la coalición entre las dos pequeñas formaciones de nacionalismo moderado, la democristiana Partido Popular Galego y la social-liberal PGSD. En total, 72.982 votos, un 6,4%, repartidos entre las tres a partes casi iguales. Y lo mismo cabe decir de los comunistas, con sus 34.188 votos, aunque estos al menos podían influir en Galicia a través de su sindicato (el mayor de todos en ese momento) y en España mediante sus hermanos políticos. En cambio, el nacionalismo quedó totalmente descolgado de un proceso constituyente, que su izquierda se limitó a rechazar por espúreo y su débil centro-derecha tuvo que contemplar desde la distancia.

Durante el debate constitucional las restantes fuerzas políticas gallegas siguieron al pie de la letra las posturas de sus mayores en Madrid. Al final todos apoyaron la Constitución, salvo el grueso de los nacionalistas y las marginales extrema izquierda y extrema derecha españolas. Por tanto, los resultados del referéndum de 6 de diciembre fueron en Galicia similares al conjunto de España, con la única salvedad de una abstención mucho más elevada, que solo en pequeña parte puede atribuirse a la oposición del nacionalismo.

La aprobación de la Constitución fijaba el modelo de Estado. En relación con la cuestión de la autonomía se habían venido manifestando en Galicia desde 1976 tres actitudes. La derecha de AP quería, como en toda España, la continuidad del centralismo estatal de siempre aliviado, todo lo más, con una descentralización administrativa. El grueso del centro y la izquierda estatal estaban dispuestos a aceptar la recuperación del Estatuto de 1932-1936 o algo parecido. Y el nacionalismo de izquierdas, el único con cierta fuerza organizada, seguía rechazando el pacto fundamental en nombre del derecho de autodeterminación.

A pesar de que en Galicia la presión proautonomía era mucho más débil que en Cataluña o Euskadi, en septiembre se constituyó en Santiago la Asamblea de Parlamentarios de Galicia. El recuerdo de lo conseguido en 1936, el deseo de no ser menos que catalanes y vascos y el convencimiento generalizado de que el nuevo Estado debía ofrecer algún tipo de descentralización se sumaron para inducir en diputados y senadores este autonomismo, en muchos postizo. Pero el Gobierno central, pese a ser del mismo signo que la mayoría de la asamblea, no se mostraba de momento muy receptivo a esas demandas. En cierto modo se repetía la historia de la Segunda República. Para que no se repitiese del todo, el bloque autonomista movilizó a la ciudadanía en una campaña que culminó el 4 de diciembre de 1977 con grandes manifestaciones en las principales ciudades. Solo permanecieron al margen AP, todavía partidaria del centralismo, y la UPG, que continuaba clamando por una ruptura ya imposible.

En parte por esa presión y en parte por la predisposición de los gobiernos de UCD a prefigurar una descentralización imprecisa pero generalizada que colocase a los constituyentes ante hechos consumados, el 11 de marzo Galicia fue incluida en el primer paquete de preautonomías, aunque el decreto de concesión de la gallega se adelantó un par de días a los otros, como para marcar una cierta prelación. Esta preautonomía, escasa en competencias y medios, tenía sin embargo un gran valor simbólico. El 18 de abril se constituyó con toda solemnidad, en el románico palacio de Gelmírez de Santiago, la Xunta de Galicia provisional, formada por once miembros elegidos por la Asamblea de Parlamentarios. La presidencia de la Xunta recayó en Antonio Rosón, de UCD. Esta elección causó al principio hondo descontento entre la izquierda y los nacionalistas, dados los antecedentes franquistas del agraciado y de toda su familia. Pocos sabían que, además, este Rosón profesaba un galleguismo moderado, fruto de sus buenas relaciones con Ramón Piñeiro y el grupo Galaxia. Hombre inteligente y capaz de captar enseguida lo que reclamaba cada circunstancia, pronto dio muestras de ese galleguismo templado que tanto convenía a UCD para inhibir la resurrección de un nacionalismo centrista similar al del Partido Galeguista de la Segunda República.

El 28 de junio Rosón sorprendió a todos con una declaración institucional conmemorativa del XLII aniversario del referéndum de 1936, en la que reclamaba para Galicia el mismo nivel de autogobierno que consiguiese cualquier otra región. Y días después convocó para el 25 de julio la celebración del Día de Galicia, con lo que arrebató a los nacionalistas la exclusividad de esta conmemoración y la oficializó. En la fecha fijada se dirigió a los concentrados en la plaza del Obradoiro desde el balcón del palacio de Rajoy y reivindicó otra vez la autonomía. Naturalmente, los nacionalistas de izquierda ni se dejaron oficializar ni permitieron que les privasen de su misa mayor. La celebraron por todo lo alto, aunque divididos. El BNPG consiguió hacer llegar a pocos metros del Obradoiro, a la plaza de la Quintana, una de las mayores manifestaciones de todos esos años. El PSG, de dimensiones más modestas, se contentó con llenar el Teatro Principal.

La cuestión autonómica estuvo algo oscurecida en los últimos meses de 1978 a causa de la campaña del referéndum de la Constitución. Aprobada esta, las nuevas reglas del juego estaban fijadas. Nacía el Estado de las Autonomías, a medio camino entre el centralismo y el federalismo pleno. Galicia quedaba implícitamente incluida entre las «nacionalidades históricas» por haber aprobado su autonomía antes de la guerra y por tanto todo parecía indicar que le correspondería el nivel superior de autogobierno contemplado en la nueva carta magna. Pero había que moverse para conseguirlo. Y Rosón no perdió el tiempo. La Asamblea de Parlamentarios aprobó su propuesta de crear un grupo de trabajo, la llamada «Comisión dos 16» por el número de sus miembros, que redactase un proyecto de Estatuto. Para obtener el mayor consenso posible invitó a participar no solo a las fuerzas parlamentarias, sino a todos los partidos extraparlamentarios con una mínima implantación, salvo al BNPG. Y todos aceptaron, menos el PSG. La UCD, con excepción de Rosón y algunos más en Galicia, mostró un notorio desinterés por sus trabajos y dejó hacer sin descubrir en ningún momento sus cartas, quizá porque, dejando aparte los casos catalán y vasco, todavía no tenía muy claro cómo encajar el resto de los territorios en el flamante Estado de las Autonomías.

El 1 de marzo de 1979 se celebraron elecciones legislativas y el 3 de abril las primeras municipales de la democracia. Las legislativas cambiaron poco el mapa político gallego inaugurado menos de dos años antes. La UCD retrocedió ligeramente y los tres diputados que perdió los ganó el PSOE, pero aun así su dominio seguía siendo indiscutible. AP, ahora bajo el nombre de Coalición Democrática, mantuvo sus posiciones. El BNPG casi triplicó sus votos, lo que seguramente le reafirmó en sus tesis rupturistas pese a que siguió sin representación parlamentaria. En cambio, el resto de los grupos nacionalistas había reaccionado al fracaso de 1977. El PSG, el Partido Obreiro Galego (escisión de la UPG liderada por Camilo Nogueira) y un refundado Partido Galeguista se unieron en la coalición Unidade Galega y obtuvieron unos resultados decepcionantes. Tampoco le sirvió de nada al PCG su pequeña subida de sufragios. En suma, nacionalistas y comunistas gallegos quedaban fuera del Congreso por segunda vez.

En cambio en las elecciones municipales sí hubo algunas sorpresas. Desde luego, si tenemos en cuenta todos los municipios de Galicia, UCD las ganó también por goleada en número de concejales y de alcaldes. Pero los socialistas demostraron ser una fuerza a tener en cuenta en las ciudades y en bastantes villas importantes. Aunque a menor escala, lo mismo cabe decir de los comunistas. Y la gran novedad fueron los muy aceptables resultados que obtuvo Unidade Galega en los pocos, pero importantes, municipios en que se presentó. Todo ello hizo posible un acuerdo de ámbito gallego, el pacto del Hostal, entre PSOE, PCG y UG que permitió, entre otras cosas, que el primer alcalde de la democracia en Coruña fuese el nacionalista Domingos Merino (del PSG), que en Vigo lo fuese el socialista Manuel Soto, o que el municipio de O Grove lo presidiese el comunista Xaquín Álvarez Corbacho.

Sin embargo, la vida de Unidade Galega sería corta. Las discrepancias entre los socios de la coalición acerca de la actitud a adoptar ante el nuevo sistema político, pues el PSG seguía aferrado a la ruptura, y las turbulencias internas de este partido entre los partidarios de un acercamiento al PSOE y los defensores de un nacionalismo más en la línea de la UPG, hicieron que en pocos meses cada uno de los miembros de UG marchase por su lado, con lo que se frustró una vez más la posibilidad de consolidar una fuerza nacionalista importante que jugase dentro del nuevo sistema.

Entretanto, la Comisión dos 16 cumplió el encargo recibido con diligencia y con un insólito espíritu de concordia, del que participó por primera vez Alianza Popular. En tres meses tuvo listo un proyecto que establecía una autonomía equiparable a la de Cataluña. Pero para entonces el nuevo Gobierno de UCD, nacido de las recientes elecciones, ya tenía claro lo que quería: dividir los territorios en dos clases bien diferenciadas. Por un lado, Cataluña y Euskadi, con auténtica autonomía política. Por el otro, el resto, que debía quedar más cerca de la descentralización administrativa que de un verdadero autogobierno. Y Galicia era fundamental para que ese designio saliera adelante, porque si lo aceptaba siendo «nacionalidad histórica», las demás comunidades, que no tenían tal estatus, probablemente lo aceptarían también.

De aquí que el proyecto de la Comisión dos 16 no gustase nada al Gobierno. Había que corregir el rumbo y para ello la primera medida tenía que ser neutralizar a su patrocinador. Por eso Antonio Rosón, demasiado autonomista y demasiado abierto al diálogo con todos, fue «dimitido» y relegado al puesto honorífico de presidente de la Asamblea de Parlamentarios. En su lugar, el 9 de junio accedió a la presidencia José Quiroga, más dócil a los dictados de la dirección del partido. A pesar de ello, la Asamblea de Parlamentarios modificó muy poco el texto de la comisión y aprobó el 25 de junio un proyecto de Estatuto no rebajado, con el que todas las fuerzas participantes parecían conformes. Este fue el primer indicio de la falta de sintonía entre la dirección central de UCD y una parte de sus dirigentes en Galicia.

Pero el Gobierno no renunció a sus propósitos. En Santiago podían aprobar lo que fuese, que la última palabra estaba en Madrid, concretamente en la Comisión Constitucional del Congreso, donde la UCD central tenía mayoría y unas ideas muy distintas de lo que debía ser la autonomía gallega. A mediados de octubre empezaron las discusiones entre los representantes de los parlamentarios gallegos y la comisión. Las verdaderas intenciones del gobierno quedaron entonces muy claras y fueron denunciadas con dureza por la oposición de izquierdas. Y a pesar de las buenas palabras era imposible ocultar la división en el seno de la propia UCD entre algunos parlamentarios gallegos y el resto. Manuel Fraga, que iniciaba su lento camino hacia la asunción del Estado autonómico, supo ver la oportunidad y también el futuro, y se alineó con los que rechazaban la discriminación de Galicia. Por su parte, los nacionalistas vascos y catalanes, después de un tímido amago de solidaridad, acabaron refugiándose en la «no injerencia», en una mezcla de indiferencia y de complejo de superioridad.

El caso es que, después de un mes de forcejeo, la UCD aplicó el rodillo de su mayoría y el 22 de noviembre se aprobó, con los votos en contra de toda la oposición, un proyecto de Estatuto que dejaba la autonomía de Galicia bajo mínimos y las espadas en alto. Había motivos para que el viejo síndrome gallego del agravio volviese a funcionar a tope. Y a tope funcionó en toda Galicia, de norte a sur, de izquierda a derecha. Una inacabable sucesión de manifestaciones, declaraciones de numerosos «abajofirmantes», mítines, encierros y mesas redondas, en las que incluso participaban destacados dirigentes de la UCD gallega, soliviantaron al país. Hasta se manifestaron los seminaristas de Santiago al grito común de «No al Estatuto de la UCD». Y en esta crispación acabó el año 1979.

De momento, ni unos ni otros cedían. Pero parecía necesario salir de un punto muerto que solo podía beneficiar al nacionalismo de izquierda, abonando sus críticas. Al final Suárez se convenció de que era mejor ceder y en septiembre de 1980 todos se sentaron de nuevo a negociar. Tras casi dos años de trifulca, tres semanas fueron tiempo suficiente para que la UCD salvase algo la cara. El día 29, en el Hostal de los Reyes Católicos, UCD, AP, PSOE, PCG y PG firmaron el pacto del que nacía un Estatuto de primera clase, dentro de lo que permitía la Constitución. Todos parecían contentos, menos los que seguían predicando la ruptura. Pero la imagen de la UCD en Galicia había salido muy malparada. Y su primer proyecto de aplicación del modelo constitucional había quedado inservible. Un año después, el electorado gallego le pasaría la factura.

De momento, el acuerdo dejaba expedito el último trecho del camino. Enviado el texto a Madrid, Congreso y Senado dieron el visto bueno y se convocó el preceptivo referéndum para el 21 de diciembre de 1980. En la campaña se pronunciaron a favor AP, UCD, PSOE, PCG y PG. Pidieron el voto negativo UPG, AN-PG y PSG, reunidos ahora en la llamada Mesa das Forzas Políticas de Galicia, anticipo de la futura coalición BNPG-PSG para las primeras elecciones autonómicas. Por su parte, el POG defendió el voto en blanco. El sí ganó ampliamente, pero el porcentaje conjunto de noes y blancos no fue despreciable y sobre todo solo acudió a votar algo más de un cuarto de los que podían hacerlo. Este triunfo enorme del silencio abstencionista puede parecer contradictorio con el ruido autonomista anterior, pero tiene su explicación. El grueso del nacionalismo, en lugar de ser motor de la autonomía como en la década de 1930, siguió descalificándola por insuficiente. La derecha de AP y buena parte de UCD apenas movieron un dedo por llevar la gente a las urnas. Por tanto, los únicos que hicieron campaña fuerte por el sí fueron el PSOE, el PCG y el galleguismo templado. Y no eran estas precisamente las fuerzas electoralmente mayoritarias del país. En suma, el Estatuto fue refrendado por solo 450.556 electores, de un total de 2.172.898. La autonomía nacía con un serio déficit de legitimidad.

VIII
La Galicia autonómica

Galicia, nacionalidade histórica, constitúese en Comunidade Autónoma para acceder ao seu autogoberno.

A Comunidade Autónoma, a través de institucións democráticas, asume como tarefa principal a defensa da identidade de Galicia e dos seus intereses.

A lingua propia de Galicia é o galego.

He aquí algunas afirmaciones de los primeros artículos del Estatuto de 1980. Por fin la autonomía estaba al alcance de la mano. Sin embargo, la dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981, las secuelas del fallido golpe de Estado de 23 de febrero y el problemático aterrizaje del nuevo gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo retrasaron las primeras elecciones autonómicas hasta el 20 de octubre de 1981. Con sus resultados Galicia anunció al resto de España el ocaso de la UCD, que vio reducidos sus votos a poco más de la mitad, en castigo, no solo por el espectáculo de disgregación que venía dando en toda España, sino también por el triste papel jugado durante el proceso autonómico. En la campaña de esas elecciones cada cual hizo su papel, pero hubo tres sorpresas, todas en relación con Alianza Popular. La primera fue el súbito galleguismo light de un Fraga («galego coma ti») que hasta meses antes se había opuesto a la estructura autonómica diseñada en el título VIII de la Constitución. La segunda, la personalidad de su candidato a la presidencia de la Xunta: Xerardo Fernández Albor, un médico compostelano con antecedentes galleguistas y democristianos mas absolutamente virgen en política. Pero el mensaje caló. Y ahí vino la tercera sorpresa: Alianza Popular conseguía más votos y escaños (26) que una UCD (24) que iniciaba así su rápido hundimiento. Los socialistas, que también habían jugado la carta del galleguismo integrando en sus listas a cuatro independientes del círculo de Ramón Piñeiro, con este a la cabeza, tampoco salieron malparados con sus 16 escaños. Nacionalistas y comunistas tuvieron que conformarse con las migajas: tres diputados para la coalición BNPG-PSG, uno para Esquerda Galega, nuevo nombre del POG, y uno para el PCG. Con la constitución del primer Parlamento de su historia podemos considerar que terminaba la transición en Galicia y se abría un nuevo capítulo de su historia, de momento el último.

POLÍTICA EN EL MARCO AUTONÓMICO

La política gallega viene girando alrededor de dos ejes cruzados de diferenciación política: izquierda-derecha y galleguismo-españolismo. A esto hay que añadir la fuerte incidencia de la política española en la gallega y el vigor de la vieja cultura política clientelar que, si bien hasta ahora ha beneficiado sobre todo a la derecha por ser la que más poder ha ejercido, no es políticamente unívoca, como lo demuestran ciertas experiencias municipales y provinciales.

También hemos de tener en cuenta la rápida expansión y diversificación del sindicalismo. En el tramo final de la dictadura el único sindicato clandestino de peso que existía en Galicia, como en toda España, era CC OO. Esto cambió y muy rápido en la transición. Impulsada por el avance del PSOE, la UGT resucitó con fuerza. Pero en Galicia surgió además un sindicalismo nacionalista que creció a gran velocidad. Nació dividido y durante años reprodujo en su seno los enfrentamientos entre los partidos nacionalistas. Pero en 1994, en paralelo con la progresiva agrupación de estos en el Bloque Nacionalista Galego, sus dos ramas mayores convergieron en la creación de la Confederación Intersindical Galega (CIG), de la que solo quedaron fuera pequeños sindicatos más radicales. Con ligeras oscilaciones entre una elección y otra, CC OO, UGT y CIG se reparten casi a partes iguales la representatividad sindical del país, con lo cual Galicia se parece más en esto al modelo vasco que al catalán.

Con estos condicionantes de fondo, podemos distinguir tres etapas en la evolución de la política gallega hasta 2015. La primera (1981-1989) abarca las presidencias del aliancista Xerardo Fernández Albor y del socialista Fernando González Laxe. El primer Parlamento gallego, en el que nadie tenía mayoría absoluta, se decantó rápidamente por el gobierno en minoría de la fuerza más votada, AP, apoyado por la mayoría de los diputados de UCD, que ventearon el cambio de ciclo y no tardaron en pasarse con armas y bagajes a la derecha. A partir de aquí comenzó la tarea de construir las instituciones autonómicas. Y se fue haciendo, con algún que otro borrón, como la expulsión de los tres diputados del BNPG-PSG por negarse a jurar la Constitución. Paradójicamente, la autonomía gallega iba a ser construida y administrada por la fuerza política más reticente hasta entonces a la descentralización del Estado.

Una de las primeras cosas a decidir era la sede de la Xunta. Nadie discutía que el Parlamento estuviese en Santiago ni que la cúspide del poder judicial continuase en Coruña. Pero quedaba lo más jugoso para una ciudad: la localización del Ejecutivo, con su previsible legión de funcionarios e instalaciones. El 20 de enero de 1982, Fernández Albor declaró que el Gobierno debía permanecer en Santiago. Como era de esperar, el alcalde y las fuerzas vivas de Coruña protestaron airadamente e iniciaron una campaña de agitación que el 8 de junio sacó a la calle a 200.000 coruñeses. O eso decían los medios de la ciudad. Pero la suerte estaba echada, porque en esto, salvo en Coruña, había una rara unanimidad en toda Galicia. En su sesión de 23 de junio, el Parlamento zanjó la cuestión aprobando la ley de Sedes que dejó las cosas como estaban. Además se asumió el traspaso del sistema educativo y se creó la radiotelevisión pública, cuyas emisiones comenzaron en 1985, entre otras actuaciones de menor entidad. Es de destacar también el acento moderadamente galleguista en la política cultural y de comunicación. Lo cierto es que el gallego pasó a ser el idioma oficial prácticamente exclusivo de la Xunta, el Parlamento y la radiotelevisión autonómica, con lo cual menguó rápidamente su antigua función de marcador social negativo. Los símbolos y efemérides (bandera, himno, fiesta nacional) otrora exclusivos del nacionalismo fueron asumidos sin mayor empacho por todos, con lo que se les privó de parte de su carga reivindicativa.

Entretanto, en octubre de 1982 el PSOE se alzaba en Madrid con la mayoría absoluta provocando el primer cambio de ciclo de la joven democracia española. En Galicia, Alianza Popular amplió sus apoyos del año anterior y se consolidó como fuerza dominante gracias al hundimiento de UCD. Nacionalistas y comunistas retrocedieron aún más y siguieron fuera del Congreso. Inevitablemente, todo esto tuvo sus secuelas. AP pudo continuar acogiendo amorosamente a los refugiados que huían en masa del colapso de UCD. Con ellos completó una estructura basada en baronías provinciales que reforzaron sus cimientos desde el gobierno de las diputaciones. Esta transferencia del control de las clientelas locales dio sus frutos en las elecciones municipales de 1983, que la coalición liderada por AP ganó ampliamente. Y todo ello bajo la batuta del vicepresidente de la Xunta, Xosé Luis Barreiro Rivas, auténtico constructor del partido en Galicia, por delegación de un Manuel Fraga que seguía aspirando inútilmente a gobernar algún día en Madrid.

Solo se escapaba la provincia de Ourense, donde Eulogio Gómez Franqueira no aceptó pasarse a AP y desempolvó su galleguismo juvenil (había militado en las mocedades del Partido Galeguista antes de la guerra) para montar una alternativa propia, cuyo primer paso fue Centristas de Ourense. Antonio Rosón también abandonó UCD con la intención de crear una «convergencia galleguista». Estaba claro que un supuesto nacionalismo moderado era la vía de escape de aquellos centristas que se negaban a recalar en la derecha. La operación de reciclaje culminó en 1983 con la creación de Coalición Galega, en la que participó también una escisión del refundado y minúsculo Partido Galeguista, que al menos servía para dar algo de pedigree a la recién nacida.

El Partido de los Socialistas de Galicia (PSdG), nuevo nombre de la sección gallega del PSOE, navegaba de momento con viento de popa gracias al gran triunfo de 1982, pero tenía problemas internos que acabarían pasando factura. El primero, la división entre los galleguistas procedentes del PSG y el resto, fuesen los pocos socialistas pata negra, fuesen los huidos de la demolición a plazos del comunismo galaico. Y el segundo, un acusado déficit de cohesión territorial que daba un peso excesivo a ciertos barones locales como Francisco Vázquez en Coruña o Manuel Soto en Vigo. Pero los efectos negativos de todo esto no se manifestarían hasta más tarde.

El nacionalismo de izquierda había iniciado una corrección de rumbo algo antes de las elecciones de 1982 y el retroceso en estas no hizo sino ratificar la necesidad de cambios. Los sucesivos fracasos electorales y la consolidación del Estado autonómico hicieron comprender por fin a la dirección de la UPG que, de seguir así, caería en la misma marginalidad que los independentistas declarados. Así que inició negociaciones con diferentes colectivos que culminaron el 25 y 26 de septiembre de 1982 con la fundación del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el polideportivo coruñés de Riazor. Esquerda Galega, radicalmente contraria al modelo frentista y entonces con esperanzas de arrebatarle a la UPG la primacía dentro del nacionalismo, se negó a participar en esta iniciativa unificadora. Tampoco se sumaron finalmente ni la independentista Galicia Ceibe ni el PSG. Este último, ya muy debilitado por una escisión anterior en beneficio del PSdG-PSOE, acabaría partido en dos. Una parte la absorbería el BNG y otra Esquerda Galega.

Por tanto, la columna vertebral del BNG seguía siendo el tándem UPG-ANPG, con el refuerzo de afiliados de otras procedencias, entre los que destacaba Xosé Manuel Beiras, exlíder del PSG, que se convirtió desde el primer día, con el visto bueno de la UPG, en la gran figura pública del nuevo Bloque. Este presentaba pocas novedades en el plano discursivo. Galicia seguía definida como colonia que había que emancipar mediante la acción pacífica de un frente de liberación mayoritariamente de izquierdas. En cambio, sí fue importante el cambio de táctica, pues ahora se actuaría políticamente dentro del sistema aunque sin renunciar a los objetivos finales. Y se adoptó un modelo organizativo peculiar en el que coexistían partidos, a los que se reservaba puestos en los órganos de dirección, con afiliados a título individual dentro de un modelo asambleario escalonado. Con este entramado, que se fue complicando con la sucesiva absorción de otras siglas, en la práctica quien ha tenido en todo momento más peso en las grandes decisiones y en el control ha sido la UPG, el partido mejor organizado y más disciplinado.

Y con estos actores llegaron las elecciones autonómicas de 1985. AP subió pero no lo suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, que hubiera necesitado dos escaños más. El PSDG-PSOE se consolidó como segunda fuerza, aunque bajó algo en votos respecto a 1982. El centrismo español, ahora en forma de CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, salió definitivamente del Parlamento gallego, al igual que los comunistas. Esquerda Galega subió de uno a tres escaños y el BNG tuvo un pobre estreno, pues solo consiguió un diputado en la persona de Xosé Manuel Beiras. Pero la gran sorpresa de estos comicios fue Coalición Galega (CG) con sus 11 diputados, una prueba de que los viejos apoyos del centrismo podían funcionar electoralmente con el nuevo ropaje.

La composición del Parlamento volvía a dejar abiertas las opciones: o entendimiento entre AP y CG, o Gobierno de coalición entre la segunda y los socialistas. Todo dependía de Coalición Galega, dividida entre los partidarios de un Gobierno «de progreso», que acabarían escindiéndose al año siguiente para formar el Partido Nacionalista Galego, y los más conservadores, que quedarían con las siglas, y que ahora dejaron claro que no estaban por la labor y preferían que gobernase AP. Esta división anunciaba que, si bien se había demostrado que el nacionalismo moderado podía tener un espacio electoral relativamente amplio, de momento no había un partido con la coherencia suficiente para consolidarlo. El tinglado de CG, armado sobre las antiguas redes clientelares de UCD en Ourense y parte de Lugo, estaba prendido con alfileres y no resistió la primera prueba política importante. Así que Fernández Albor revalidó su presidencia. Y se crearon las condiciones para que AP se apropiase en poco tiempo de la mayor parte de ese espacio en disputa.

No es extraño que este segundo mandato adoleciese de fuertes turbulencias. La cohesión de AP también dejaba mucho que desear. A las desconfianzas mutuas entre fraguistas de siempre y excentristas reciclados se sumaba un creciente deterioro del Gobierno debido a que el poder real estaba en el vicepresidente, y el poder nominal en un presidente al que muchos reprochaban su incapacidad para la política y para la gestión. La falta de sintonía entre los dos acabó en un episodio un tanto esperpéntico. El 30 de octubre de 1986, Barreiro Rivas dio un golpe de mano (con la aprobación inicial de Fraga, según me dijo el propio Barreiro en cierta ocasión) que consistió en que todos los conselleiros le presentaron a Fernández Albor su dimisión en la sesión del Consello de la Xunta de ese día. Naturalmente, la salida prevista era que el presidente dimitiera ante tal desaire y que Barreiro ocupase su lugar. Pero, para pasmo universal, Fernández Albor no dimitió. Ante esta situación imposible, Fraga ordenó desde Madrid a todos, incluido Barreiro, que retirasen sus dimisiones. Unos conselleiros obedecieron y permanecieron en AP. Otros imitaron a Barreiro en mantenerse firme en su postura y salieron con él del partido. De ellos, cinco eran diputados.

Este gravísimo incidente dejó el Gobierno de AP herido de muerte. Las fuerzas de oposición creyeron llegado su momento. Mediante el llamado pacto de Los Tilos, PSDG-PSOE, CG, PNG y el grupo de Barreiro acordaron los términos de un Gobierno de coalición y la moción de censura que el 23 de octubre de 1987 llevó a la presidencia de la Xunta al socialista Fernando González Laxe (procedente del PSG). Barreiro Rivas, elegido a toda prisa presidente de Coalición Galega, recuperó su condición de vicepresidente con el nuevo Gobierno, con lo cual el esperpento quedó completo. Esta jugada lo convirtió para la derecha gallega en el «felón», epíteto que solo se le podía ocurrir a Fraga. AP promovió contra el traidor un procesamiento judicial por prevaricación en la concesión de licencias de juego (durante el Gobierno de la propia AP), lo que le obligó a dimitir en julio del año siguiente y le acarreó finalmente una condena de inhabilitación que lo apartó de la actividad política. Con estos y otros líos, el Gobierno tripartito poco pudo hacer en los dos años que mediaron entre su toma de posesión y las siguientes elecciones autonómicas, aunque tuvo algunas iniciativas de entidad como la creación de las Universidades de Coruña y Vigo por segregación de sus campus de la de Santiago o la del Servizo Galego de Saúde para organizar la transferencia de la sanidad pública, por no hablar de la primera digestión de las consecuencias para Galicia de la entrada de España en la COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.

A todo esto, en Madrid, Manuel Fraga había llegado a la conclusión de que nunca le ganaría unas elecciones generales a los socialistas y que, en consecuencia, su presencia al frente del partido era un obstáculo para que la derecha se hiciese algún día con el gobierno central. Ya había intentado su relevo en la operación fallida de Hernández Mancha. Ahora lo volvió a intentar al tiempo que AP mudaba de piel y se presentaba como Partido Popular. Pero una cosa era que cediera el liderato a José María Aznar y otra que él se retirase de la política. La situación del partido en su tierra le daba ocasión para iniciar un nuevo empeño, algo que traería consigo en Galicia todo un cambio de ciclo.

Y aquí empieza nuestra segunda etapa, la llamada por algunos «era Fraga», en la que el mapa parlamentario acabó reducido a un triángulo compuesto por el PP, el PSDG-PSOE y el BNG. Abarca las presidencias de Manuel Fraga (1989-2005), del socialista Emilio Pérez Touriño (2005-2009) en coalición con el BNG, y el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo (2009-2012), de nuevo del PP. En las elecciones de 17 de diciembre de 1989, el efecto Fraga quedó patente en un leve aumento de votos del PP que fue suficiente para ganar cuatro escaños y la primera mayoría absoluta de la corta historia parlamentaria de Galicia. Aparte de porque el Parlamento se había ampliado de 71 a 75 diputados, esto se debió en buena medida al hundimiento de Coalición Galega, que pasó de 11 escaños a 2. El PSDG también se benefició de esta liquidación con seis actas más. En cambio, Esquerda Galega inició su declive pasando de tres a dos. Pero el otro cambio cualitativo fue el comienzo del rápido ascenso del BNG, que quintuplicó su presencia. Estos resultados anunciaban ya las grandes líneas de la dinámica política de Galicia en el nuevo ciclo.

La primera línea es la hegemonía del PP que acaparó, elección tras elección, algo más o algo menos de la mitad de los votantes y repitió sus mayorías absolutas en 1993, 1997 y 2001. La ocupación total del espacio del antiguo centrismo y de la mayor parte del que podía corresponder a un nacionalismo moderado (la parte pequeña la ocupó el BNG con la absorción del PNG) le permitieron además el control ininterrumpido de las diputaciones de Lugo, Ourense y Pontevedra y el intermitente de la de Coruña, así como gobernar en la gran mayoría de los municipios no urbanos. También consiguió en algunos mandatos las alcaldías de Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo y Ourense, alternando con gobiernos socialistas o de coalición entre socialistas y nacionalistas. Solo A Coruña y Santiago se le resistieron.

Varios son los factores que pueden explicar esta hegemonía, al margen del tópico del conservadurismo innato de los gallegos. El primero es el perfeccionamiento de una red clientelar omnipresente y bien alimentada con los recursos que ofrecían la propia autonomía y los cuantiosos fondos europeos. Este clientelismo presenta dos caras. Una es arcaica, de caracteres decimonónicos aunque con muchos más recursos, basada en el control de diputaciones y ayuntamientos rurales desde los cuales se distribuyen al modo tradicional empleos, prebendas y subvenciones. Era la base del poder de los grandes barones provinciales, «los de la boina», en expresión del ourensano José Luis Baltar, que él mismo contraponía a los del «de birrete», los urbanitas partidarios de una derecha más acorde con los tiempos. La otra cara es más moderna. Consiste en el uso partidista de los medios públicos de comunicación y en la supeditación de los privados, con apenas excepciones, mediante el hábil reparto de la propaganda institucional y los pagos bajo cuerda; en el reclutamiento de una cohorte de publicistas y asesores para neutralizar en lo posible la crítica pública; y en el apoyo de los poderes económicos a cambio de beneficiarlos con la concesión discrecional de obras y servicios públicos.

El segundo factor es la práctica de un galleguismo templado, iniciada ya con los mandatos de Fernández Albor y que continuó. El propio Fraga combinaba sus confesiones de firme españolismo con doctrinas como la «autoidentificación» (antídoto de la autodeterminación) o la «administración única» que sustituiría la administración central por la autonómica allí donde hubiese duplicidades y con la apropiación de las figuras y símbolos más sagrados del nacionalismo gallego, incluido Castelao, cuyas obras Fraga había prohibido en su etapa de ministro de Franco. De este modo el PP gallego consiguió inhibir la emergencia de un nacionalismo moderado que dividiese el campo del centro-derecha. Esto no le impedía mantener una actitud de gran beligerancia frente al nacionalismo de izquierda, por ser de izquierda y por su radicalismo nacionalista. Con ello, el PP se presentaba en Galicia, no como enemigo del sentimiento galleguista de gran parte de la población, sino como uno de sus adalides más eficaces, por moderado, contra los excesos del BNG.

El tercer factor fue la propia figura de Fraga, que no tenía un competidor comparable en las filas del PSDG-PSOE, único partido con posibilidades de armar una alternativa de gobierno. Su presencia sumó hasta 2005 el diferencial de votos necesario para conseguir la mayoría absoluta, imprescindible para gobernar en Galicia, una vez eliminados los partidos intermedios. Pero esta sólida hegemonía popular en Galicia no se explica solo por los activos propios. Hay que tener en cuenta también los errores, flaquezas y limitaciones de la oposición.

Al contrario que el PSC en Cataluña, el PSDG-PSOE fue minimizando su componente galleguista inicial hasta acabar muy desconectado de la identidad gallega. En esto era la contrafigura del PP. Y este error estratégico llegó a su paroxismo en mayo de 1994 cuando, como reacción al gran retroceso experimentado en las elecciones autonómicas de 1993, eligió para la secretaría general a Francisco Vázquez, alcalde de Coruña, quien había fraguado el bloque populista de sus mayorías absolutas municipales con la argamasa de un victimismo antigalleguista muy beligerante. Y así, en la misma medida en que se extendían la identidad gallega y la dual gallego-española, la imagen de los socialistas derivaba justo en dirección contraria, acentuando un mensaje españolista socialmente en retroceso. A esto se sumaban otros males: el reiterado cainismo interno, que ofrecía una imagen negativa de inestabilidad organizativa y desunión; la sumisión acrítica a las políticas de los Gobiernos socialistas en Madrid, algunas lesivas para la economía gallega; y las inevitables salpicaduras de los escándalos de corrupción de la última etapa socialista. El resultado fue el desastre electoral de las autonómicas de 1997 en las que los socialistas siguieron cuesta abajo a toda velocidad, tanto que quedaron por detrás del BNG, en pleno ascenso igualmente veloz.

Francisco Vázquez tardó un año en dimitir y dar paso a Emilio Pérez Touriño, quien empezó a corregir el rumbo. Fue restaurando algo la paz interna, reintrodujo en el discurso socialista las dosis necesarias de galleguismo y federalismo para recuperar a los votantes que se habían ido al BNG o a la abstención, y mejoró las relaciones con el nacionalismo para no cerrar la puerta, como había hecho su predecesor, a una posible coalición, único modo real en Galicia de desplazar del poder al PP. En las autonómicas del 2001 estas tareas estaban todavía a medio hacer pero ya empezaron a dar sus frutos. Hubo un leve aumento, suficiente para igualar en escaños, aunque no en votos, a un BNG que inicaba su declive.

Cuando Fraga llegó a Galicia en 1989, el BNG empezaba un ascenso que puede considerarse espectacular dado el bajo punto de partida. Pasó del 8% de los votos en ese año al 18,7% (13 diputados) en las autonómicas de 1993 y al 24,7% (18 diputados) en las de 1997, lo que además le permitió tener un senador autonómico como segunda fuerza del Parlamento gallego. En 1996 consiguió sus dos primeros diputados en Madrid, que aumentó a tres en 2000. Y en las municipales de 1999 obtuvo, mediante pactos con el PSDG, las alcaldías de Vigo, Pontevedra y Ferrol y participó en los Gobiernos municipales de Santiago y Lugo. Ese mismo día consiguió en solitario un eurodiputado gracias a los 335.193 electores que votaron a Camilo Nogueira. Estos progresos se explican por la conjunción de dos procesos favorables. El primero es la corrección de una anomalía: el considerable peso social y sindical del nacionalismo no había tenido una traducción proporcional en votos y presencia institucional debido tanto a su fragmentación en siglas que disputaban agriamente entre sí como a la contumacia en rechazar el sistema. Estos dos factores electoralmente inhibidores fueron desactivándose entre 1985 y 1995. El liderazgo de Beiras y otros fue llevando al BNG a la asunción de las reglas del juego y a una relativa moderación programática. Y a esto se unió la progresiva unificación de todo el nacionalismo, salvo los pequeños grupos independentistas, en el seno del propio BNG, incluido lo que quedaba del MCG y de Esquerda Galega. El segundo proceso fue la crisis del PSDG-PSOE, que el BNG supo aprovechar para hacerse con una parte importante de las bases electorales del socialismo en Galicia. De hecho, y dada la estabilidad de las mayorías absolutas de la derecha entre 1989 y 2005, lo que hubo entre las dos fuerzas de la oposición fue un juego de suma cero en que las ganancias de una eran simplemente las pérdidas de la otra, sin que ninguna de las dos fuese capaz de arañar nada en el espacio electoral del PP.

Pero el BNG tocó techo en 2000. Las autonómicas de 2001 marcaron el comienzo de un descenso que ha continuado hasta hoy, y acelerándose. A ello ha contribuido la corrección de defectos por parte del PSDG pero también la maduración de las disfunciones de un BNG que no supo corregirlas en los tiempos de bonanza para adaptarse a su nueva condición de posible alternativa de Gobierno. La propia estructura del BNG, buena para conseguir la reunificación de los ya convencidos, unida a la pervivencia de ciertas dosis de sectarismo, menguaba su capacidad tanto para conservar los votantes que le habían llegado del socialismo como para pescar en nuevos caladeros. Prueba de ello es que, con sus 7.000/8.000 afiliados, era el que ofrecía una ratio afiliados/votantes más baja con mucho. Además, a pesar de su evolución, seguía teniendo una imagen de excesivamente radical. Y eso no ayudaba precisamente en una sociedad como la gallega. Un último factor ha contribuido a acelerar ese declive después de 2001. El pequeño descenso que se produjo en las elecciones de ese año fue aprovechado por la UPG para descabalgar a Xosé Manuel Beiras, un líder poco controlable. La operación sucesoria, en beneficio del independiente Anxo Quintana, alcalde de Allariz, no se pudo hacer peor. El espectáculo de división y acusaciones mutuas que el BNG dio por primera vez en público y la dificultad de llenar el hueco que dejaba una figura del carisma y la talla de Beiras sin duda tuvo su parte en el enorme bajón en votos y escaños que se produjo en las autonómicas del 2005, en las que el BNG retornó exactamente a la posición de 1993.

Sin embargo, paradojas de la política, esa derrota trajo consigo, por primera vez, el acceso del BNG al cogobierno de la Xunta. Y esto fue posible, aunque por los pelos, gracias a que la fuerte subida de los socialistas y el leve descenso del PP dejaron a este sin mayoría absoluta por solo un escaño. Los socialistas habían planteado una campaña inteligente en la que las críticas a las obvias deficiencias de gestión y de talante democrático de los populares se combinaron con propuestas atractivas sobre los problemas mayores y con la adecuada dosis de galleguismo, incluido un proyecto de reforma al alza del Estatuto, en la que incluso se llamaba nación a Galicia. Y además, también por primera vez, abrieron la puerta a la única alternativa posible al PP dejando entrever que, si fuese necesario, no habría inconveniente en formar un Gobierno de coalición con los nacionalistas. Por si esto fuese poco, el PSOE había vuelto al Gobierno en Madrid, donde el PP había tenido una triste salida con su actitud ante el atentado islamista de 11 de marzo de 2004.

En cambio, el PP gallego se presentó a estas elecciones en las peores condiciones posibles. La pésima gestión del desastre de la marea negra provocada por el naufragio del Prestige aún pesaba en el ánimo de la mayoría de los gallegos, tanto como la rebelión de los «barones de la boina» que había puesto de manifiesto profundas divisiones y, sobre todo, había dejado en ridículo por primera vez la supuesta autoridad de un Fraga que, a pesar de su evidente deterioro físico y en contra de la palabra dada cuatro años antes, se volvía a presentar a sus 82 años.

Con todos estos datos lo sorprendente no es que el PP perdiese la mayoría absoluta sino que volviese a ganar con claridad a cada uno de sus dos competidores por separado. Pero solo le valía sumar más que los otros dos juntos. Sus 37 diputados nada valían frente a la suma de los 25 del PSDG-PSOE y los 13 del BNG. La rápida negociación del programa de Gobierno común y del reparto de consellerías entre socialistas y nacionalistas, con Pérez Touriño de presidente y Anxo Quintana de vicepresidente, hizo posible un cambio político que en este caso puede calificarse de histórico sin pecar de exageración, aunque solo sea porque provocó que Manuel Fraga cediese el mando del PP gallego a Alberto Núñez Feijóo y se retirase, tras medio siglo de protagonismo político, a ese cementerio de elefantes que llamamos Senado.

Si la formación del bipartito fue ejemplar no puede decirse lo mismo de su funcionamiento. Es cierto que las nuevas políticas sectoriales supusieron un progreso considerable respecto de las anteriores y que por primera vez se tomaron medidas para ir eliminando bloqueos estructurales en el campo y la industria para modernizar el modelo productivo, pero todo esto quedó muy oscurecido por la falta de sintonía entre los dos socios. Sus desencuentros cotidianos acabaron proyectando la imagen de que no había un Gobierno sino dos, y no muy bien avenidos. Por otra parte, no faltaron en algunas consellerías episodios de clientelismo que, si bien eran de entidad mucho menor que los anteriores, fueron aireados y magnificados hasta el paroxismo por algunos medios privados de comunicación que se sintieron perjudicados por ciertas decisiones, y en particular por los supuestos favores al Grupo San José en un concurso eólico para que este financiase a cambio un nuevo diario afín al BNG.

Lo cierto es que en los meses previos a las elecciones autonómicas de 1 de marzo de 2009 estos medios sometieron al bipartito, y muy en especial al BNG, a un ataque inmisericorde por tierra, mar y aire, apoyando al máximo la campaña del PP, que no se caracterizó precisamente por su fair play. La operación triunfó, aunque por poco. Ese escaño que decidía de qué lado se inclinaría una balanza muy equilibrada, lo perdió el BNG en la provincia de Coruña en favor del PP y de nada sirvió que los socialistas mantuviesen sus posiciones. Con sus 38 diputados frente a los 25 del PSDG y los 12 del BNG, Alberto Núñez Feijóo devolvió las cosas a lo que parecía su estado natural en Galicia: el gobierno de la derecha.

Durante su primer mandato, aparte de disminuir apreciablemente los tonos galleguistas del fraguismo, procuró cohesionar y modernizar algo su propio partido rebajando el clientelismo de viejo cuño sin conseguirlo del todo, anuló las políticas renovadoras iniciadas por el bipartito y lidió con lo peor de la crisis económica intentando que las cuentas cuadrasen a base de recortar todo lo que fuese necesario en educación, sanidad, investigación, dependencia, cultura y algo en tamaño de la administración. Por otra parte, la oposición se lo puso bastante fácil. La pérdida del poder devolvió a los socialistas gallegos a sus viejos demonios de cainismo interno y falta de claro proyecto alternativo. Y acabó destrozando el mayor activo que le quedaba al BNG, su unidad. Las tensiones acumuladas en los años anteriores explotaron en la asamblea celebrada en Santiago el 12 de febrero de 2012. Se escindieron, por un lado, el postergado Beiras y sus irmandiños para formar después Anova junto con pequeños grupos de izquierda independentista que ya estaban fuera del BNG, y por otro, un sector de centro-izquierda que crearía Compromiso por Galicia. Adiós al sistema triangular.

La tercera etapa está en sus primeros compases y no sabemos adónde conducirá. Se abre con las autonómicas de 21 de octubre de 2012 en las que el triángulo pasa a cuadrilátero. En la estela de lo ocurrido el año anterior con las eleciones generales, el PP amplía su mayoría absoluta a 41 escaños y el PSDG baja de 24 a 18. Pero el cambio cualitativo viene por el lado del nacionalismo. Anova, el nuevo partido encabezado por Beiras, se presenta por primera vez coaligado con una fuerza no nacionalista, Esquerda Unida, en la Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) y consigue 9 diputados, superando al BNG que queda en 7. El Parlamento gallego ahora es cosa de cuatro. Y no solo eso, sino que los mundos del nacionalismo gallego y la izquierda española se entremezclan por primera vez. Este mestizaje aumenta con la irrupción de Podemos, que se suma a los anteriores en las Mareas locales que ganan las alcaldías de Coruña, Santiago y Ferrol en las municipales de mayo de 2015 y en la coalición En Marea que obtiene seis diputados en Madrid en las generales del 20 de diciembre y se convierte en la segunda fuerza política en apoyo electoral, por delante del PSdG-PSOE. En cambio, el BNG sigue cuesta abajo y pierde sus dos diputados en Madrid. La situación en esta primavera de 2016, que ha presenciado por primera vez la incapacidad del Congreso para formar gobierno, está plagada de incertidumbres también en Galicia. Pero todo apunta al alumbramiento de un sistema de partidos cualitativamente distinto.

MODERNOS PERO VIEJOS

Y mientras los políticos andaban con sus torneos, en el país ocurrían otras cosas, tan importantes o más. Empecemos por la población. Como hemos visto, la demografía gallega había mantenido constantes desde finales del siglo XVIII dos rasgos mayores: un crecimiento vegetativo poderoso, que le permitía aumentar pese a enviar a la emigración contingentes enormes, y una pérdida constante de peso relativo respecto del total español, causada precisamente por esos saldos migratorios. Este modelo demográfico da un giro radical en la década de 1970. La natalidad se desploma como en todas partes, pero aquí más: pasa del 16 por mil en 1975 a 7,2 por mil en 2013, lo que equivale a un descendiente por pareja, es decir, menos de la mitad de la tasa de reposición. La mortalidad, que ya estaba en cotas muy bajas, desciende algo pero muy poco. El resultado es que se pasa de un crecimiento vegetativo positivo en 1975 (6,58) a otro negativo en la actualidad (-3,8 en 2013), déficit que no es compensado por el saldo migratorio, que ha ido oscilando en función de las coyunturas. En la década de 1970 se reduce al mínimo la emigración. En 1980-2000 llegan unos pocos más de los que se marchan. Y en la década siguiente Galicia apenas se beneficia del gran boom inmigratorio que conoce España al calor de la burbuja inmobiliaria. De hecho, el porcentaje de residentes extranjeros aquí es de solo el 3,3%.

Y en los ocho años que llevamos de crisis se ha renaudado la emigración, sobre todo de jóvenes bien formados que aquí no tienen trabajo ni futuro. Según los últimos cálculos, a finales de 2015 eran algo más de medio millón los gallegos residentes en el extranjero. Pero ahora sin reposición interior suficiente. Así que la población total lleva años bajando. Los 2.717.749 habitantes computados a 1 enero de 2016 devuelven el total a niveles de 1997 y son 80.000 menos que el máximo alcanzado en 2010. Galicia pierde unos 40 habitantes al día. Y además los que quedan son cada vez más viejos. Con una esperanza de vida en torno a los 83 años, los mayores de 65 son ya el doble que los menores de 15. De no cambiar radicalmente estas tendencias en las próximas décadas, sea por un improbable repunte enorme de la natalidad, sea por una inmigración masiva, la viabilidad biológica y económica del pueblo gallego es muy problemática.

En lo que se refiere a la distribución territorial de la población, se han acelerado considerablemente dos tendencias que vienen de atrás: los desplazamientos de la población tanto desde el rural hacia las ciudades y sus periferias como desde la Galicia interior a la Galicia costera, especialmente a la fachada atlántica. Mientras el eje Ferrol-Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo concentra cada vez más la población y las actividades productivas no primarias, el resto se estanca y despuebla. Aun así, persiste una gran dispersión en la ocupación del territorio, con un número desorbitado de núcleos de población de tamaño medio, pequeño o mínimo, si bien ha disminuido algo porque muchas aldeas se han vaciado totalmente o solo quedan en ellas unos cuantos ancianos. Evidentemente, el binomio dispersión-envejecimiento es un obstáculo al desarrollo pues encarece mucho la dotación universal de infraestructuras y servicios básicos.

Pese a esta decadencia demográfica, Galicia ha experimentado un notable desarrollo y se ha acercado bastante a las medias española y europea. Esto se ha reflejado, en primer lugar, en cambios espectaculares en la distribución de su población activa. El sector primario ha pasado de un decimonónico 50% en 1970 a un hipermoderno 6,3% en 2015. El avance de la terciarización, otro supuesto indicador de la modernidad, tampoco ha sido pequeño: del 26,4% en 1970 al 71,2% en 2015. En cambio la industria ha retrocedido algo (del 30 al 22,5%) debido a las reconversión naval de los 80 y a varias deslocalizaciones posteriores. En todo caso, es obvio que la economía gallega y el bienestar medio de sus habitantes crecieron, al menos hasta el comienzo de la crisis en 2008. El PIB per cápita gallego, que era de 5.240 €/año en 1975, un 74,9% de la media española, ascendía en 2015 a 20.431€, un 87,7% de esa media. Aun descontando la inflación, la mejora es evidente. Pero también conviene matizarla. Si atendemos a la evolución de la renta familiar neta disponible (RFND) vemos que sus valores relativos son siempre más altos que los del PIB, es decir, la renta media de las familias supera a lo que les correspondería con solo lo producido en Galicia. La diferencia se debe al saldo positivo de lo recibido desde el Estado en prestaciones (pensiones, paro, etcétera) menos lo pagado en impuestos. Y aquí entra de nuevo la demografía, acompañada del Estado del bienestar. A finales de 2015, en Galicia, con una tasa de actividad del 53,3% y un paro del 17,7%, había unos 1.200.000 ocupados y unos 750.000 beneficiarios de pensiones contributivas. Esto da una ratio de 1,6 contribuyentes por pensionista a lo que hay que añadir parados e inactivos no jubilados. En 2014, la diferencia entre lo gastado y lo ingresado en Galicia por la Seguridad Social fue de 3.320 millones de euros, aproximadamente un tercio del presupuesto de la Xunta de Galicia. Aunque el número de parados descienda cuando se supere la crisis, estas cifras revelan la enorme importancia económica de las pensiones en la sociedad gallega actual. Y revelan otra cosa: si no se invierte la tendencia a un envejecimiento creciente, el futuro es oscuro tirando a negro.

Un balance general del periodo presenta progresos indudables junto a problemas graves y de difícil solución. Las infraestructuras han mejorado mucho en hospitales, centros educativos de los tres niveles, contenedores culturales, aeropuertos, puertos, autopistas/autovías y menos en ferrocarril, aunque el localismo y el clientelismo han llevado en muchos casos a una asignación irracional e ineficiente de los cuantiosos recursos disponibles, en gran parte de procedencia europea. Sin cicatrizar aún la profunda herida de la reconversión naval, la industria gallega mantiene sus sectores tradicionales (conservas y otros transformados de la pesca, astilleros, automóviles, energía eléctrica) a los que ha sumado otros que indican una renovada vitalidad de parte de la sociedad civil: moda y confección, electrónica y telecomunicaciones, energía eólica. En el sector primario hay problemas muy graves en la producción de leche y carne, causados tanto por arcaísmos estructurales internos como por la competencia de otros países y por las políticas depredadoras de las industrias y distribuidoras del sector. Algo similar sucede con la pesca debido al crecimiento desmesurado del sector, al agotamiento de caladeros y a las restricciones impuestas por la Unión Europea y otros países. Pero hay también iniciativas innovadoras, como el auge de una acuicultura pujante y de una agroindustria muy diversificada, cuyo buque insignia es la viticultura. Es de señalar también el desarrollo del turismo, gracias en gran parte a una eficaz promoción del fenómeno jacobeo. En conjunto, Galicia es hoy una de las comunidades autónomas de España con un mayor saldo exportador neto, pero esto se debe a la aportación de dos gigantes, Inditex y Citröen, mientras que más de la mitad de las empresas gallegas todavía no saben moverse fuera de su tierra, aunque la otra mitad empieza a espabilarse. También es uno de los territorios de España con los salarios medios más bajos.

IDENTIDADES NACIONALES EN GALICIA

Antes de finalizar abordaré otra cuestión, que creo de interés: la de las identidades presentes en el país y sus pesos sociales relativos. En los capítulos precedentes hemos visto que al menos desde el siglo XII la sociedad gallega ha venido mostrando, en su totalidad o en su mayor parte, una singularidad etnocultural indiscutible. Y que desde el siglo XVI hasta el final de la dictadura de Franco esa singularidad ha estado socialmente discriminada y políticamente excluida por una identidad y unos poderes castellanos/españoles que la convirtieron en signo de inferioridad social, lo cual ayudó a inhibir hasta el siglo XX el desarrollo de un nacionalismo autóctono suficientemente fuerte para generar una nación gallega. ¿Ha contribuido la autonomía a cambiar esto significativamente?

En lo que se refiere a la consideración social de la lengua y la cultura propias, sí lo ha cambiado, y mucho. La función socialmente discriminadora de la lengua gallega ha desaparecido a causa de su introducción (incompleta) en la enseñanza y de su uso casi exclusivo en la vida política, en los escritos de las instituciones, salvo las judiciales, y en la radiotelevisión pública. Al mismo tiempo la creación cultural, preferentemente en gallego, se ha desarrollado y modernizado en todas sus manifestaciones, desde la literatura a la música pasando por las artes plásticas o audiovisuales, en diálogo y mestizaje con el resto del mundo sin renunciar por ello a sus propias raíces. Sin embargo, se da la paradoja de que, justo cuando la escolarización en gallego está generalizada y ha desaparecido su estigma histórico, los usos privados de la lengua retroceden espontáneamente entre los jóvenes.

En lo nacional, la autonomía ha generado un panorama identitario complejo y desde luego bastante diferente del que ofrecen Cataluña y País Vasco, habituales términos de comparación. Los altibajos del nacionalismo, que hemos descrito antes, ya son un primer indicador de las dificultades para que se desarrolle una nación gallega con fuerza suficiente para hacer retroceder a la española. Pero esta tampoco ha salido indemne con la consolidación de la autonomía. Al menos eso nos dice el segundo indicador, las encuestas sobre sentimientos de pertenencia, instrumento algo tosco tal como se formulan las preguntas, pues los encuestados pueden sentirse más o menos vascos o catalanes que españoles por cuestiones que tengan más que ver con el juego de pelota o la sardana que con la naturaleza del Estado. No obstante, su significación política, pese a su imprecisión, no es en absoluto despreciable, sobre todo en los tramos excluyentes de uno y otro extremo.

En la tabla 1 se recogen las actitudes de identificación en Galicia en tres momentos de los últimos treinta años. Lo primero que se observa es el amplio dominio de la identidad dual, que, si asumiésemos el riesgo de traducirlo a términos políticos, indicaría conformidad con el actual Estado de las Autonomías o con uno federal. Los valores de la identidad española, muy pequeños en todo momento, decrecen tanto en la modalidad excluyente como en la no excluyente, lo cual no deja de sorprender teniendo en cuenta la fuerza política del Partido Popular. La identidad gallega no excluyente aparece como la segunda en importancia en todo momento, aunque con considerables altibajos que, por cierto, son sensiblemente paralelos a los de los resultados electorales del nacionalismo.

Si pasamos de las identidades a los modelos de Estado que prefiere la ciudadanía, las respuestas no concuerdan del todo pero tampoco presentan una distribución radicalmente distinta. Bien es cierto que la tabla 2 no recoge ni los efectos de la irrupción de Podemos ni los de la eclosión del independentismo catalán. Pero, aun admitiendo que probablemente los valores reales de las filas cuarta y quinta sean hoy mayores en Galicia, es difícil creer que las correcciones pertinentes nos llevasen a un panorama muy distinto. En cualquier caso, y pese a sus obvias limitaciones, la identidad nacional gallega está ahí, aunque de momento permanezca bloqueada en su desarrollo. Y la española ha retrocedido y sobre todo se ha diluido en ese híbrido que es la identidad dual. Estos han sido los efectos mayores de la autonomía en este campo.

Y aquí termina el viaje por el tiempo de esta sociedad gallega que se adentra en el tercer milenio encuadrada en la segunda división del primer mundo, con la mochila cargada de bastantes progresos y otras tantas carencias; que comparte con sus hermanas la amenaza de quiebra del modelo político y social europeo y la contemplación de un futuro incierto, que puede ser mejor o puede ser peor que el presente; que resiste en su singularidad ante la globalización y que no acaba de decidir si quiere ser nación distinta o seguir instalada en la ambigüedad nacional.

Cronología

I. LOS ORÍGENES

a. de C. |
c. 300.000 | Archelense. Preneanderthales
c. 120.00/30.000 | Posible presencia de Neanderthales
c. 30.000/10.000 | Cro-Magnon. Magdaleniense
c. 10.000 | Mesolítico
c. 4.000 | Posible comienzo de la agricultura
c. 3.300 | Megalitismo. Dólmenes
c. 2.500 | Metalurgia del cobre
c. 2.200 | Cerámica campaniforme
c. 1.800/700 | Metalurgia del bronce. Petroglifos
c. 800 | Inicio cultura castrexa
c. 600 | Metalurgia del hierro
137 | Expedición de Décimo Junio Bruto
61-60 | Campaña de Julio César
29-13 | Campaña de Augusto
d. de C. |
Siglo I | Conventos jurídicos de Bracara, Lucus y Asturica
212 | Acceso a la ciudadanía romana
ca. 250 | Primeras comunidades cristianas
265-310 | Primeras comunidades cristianas
284-288 | Provincia de Gallaecia
385 | Ejecución de Prisciliano en Tréveris

II. DE GALLAECIA A GALICIA

a. de C. |
c. 400-600 | Propagación del priscilianismo en Gallaecia
411 | Llegada de suevos y vándalos asdingos
411-438 | Reinado de Hermerico
419 | Expulsión de los vándalos
438-448 | Reinado de Rekila
448-456 | Reinado de Rekiario
456 | Batalla de Órbigo. Los visigodos derrotan a los suevos. Ejecución de Rekiario.
c. 500 | Asentamiento de britones en la zona de Mondoñedo
585 | Anexión del reino suevo por los visigodos
711-712 | Fin del reino visigodo
714-750 | Presencia musulmana ne parte de Galicia
718 | Reino de Asturias y Galicia
757-783 | Rebeliones de la nobleza gallega contra Fruela I y Silo
791-842 | Reinado de Alfonso II
813 | Descubrimiento del sepulcro de Santiago
814-840 | Contitución del señoría de Santiago y primera basílica
844-858 | Primeras incursiones vikingas
c. 900 | Segunda basílica de Santiago por Alfonso III
910-914 | Ordoño Rey de Galicia
960 | Sesnando fortifica Santiago contra los vikingos
997 | Razzia de Almanzor hasta Compostela
1065-1071 | García, rey de Galicia
1071 | Los vikingos saquean Tui
1075-1122 | Construcción de la catedral románica de Santiago de Compostela
1091 | Raimundo de Borgoña, conde de Galicia
1096 | Enrique de Borgoña, conde de Portugal
1092-1139 | Arzobispado de Diego Gelmírez
1117 | Rebelión de los compostelanos contra Gelmírez
1120 | Alfonso Raimúndez, rey de Galicia. Dieog Gelmírez, gobernador de Galicia. Santiago de Compostela, arzobipado y sede apostólica
1128 | Batalla de San Mamede. Alfonso Enríquez, rey de Portugal
1136 | Segunda rebelión contra Gelmírez
1142 | Primer monasterio cisterciense
1157-1188 | Fernando II, rey de León y Galicia
1168-1211 | Construcción del Pórtico de la Gloria
1188-1230 | Alfonso IX, rey de León y Galicia
c. 1200 | Primeros textos literarios en gallego
1260 | Autorización del uso del gallego en documentos públicos
1279 | Cantigas de Alfonso X
1348 | Peste Negra
1386 | Motín antiseñorial en Lugo. María Castaña
1419 | Motín antiseñorial en Orense
1431 | I Guerra Irmandiña
1467-1472 | II Guerra Irmandiña

III. EL REINO DOMADO

III. EL REINO DOMADO

1480 | Fernando de Acuña, Justicia Mayor
183 | Ejecución de Pedro de Cela
1486 | Visita de Isabel y Fernando a Galicia
1495 | Estudio Viejo de Santiago
1498-1500 | Reforma de los monasterios
1514 | audiencia del Reino de Galicia
1520 | Cortes de Castilla en Santiago y Coruña. Guerra de las Comunidades
1522-1528 | Casa de Especiería en Coruña
1526 | Universidad de Santiago
1528 | Junta del Reino de Galicia
1545 | Inauguración del Colegio de Fonseca
1563 | Hambruna
1567-1573 | Epidemia de peste
1570 | Traslado de la Real Audiencia a Coruña. Colegio de Jesuitas en Santiago
1575 | Hambruna
c. 1580 | Repoblación de las Alpujarras con gallegos
1585 | ataque fallido de Francis Drake a Vigo y Baiona
1589 | Saqueo de Vigo y Coruña por Francis Drake. María Pita
1590 | Colegio de Jesuitas en Monforte de Lemos
1598-1599 | Epidemia de peste
1623 | Concesión a Galicia del voto en Cortes
1640-1668 | Guerra de la independencia de Portugal
1650-1700 | Introducción del Maíz
1671 | Fachada del Obradoiro

IV. BORBONES Y REFORMAS

1701-1715 | Guerra de Sucesion
1702 | Batalla naval de Rande
1709-1710 | Crisis agraria, hambruna y disturbios
1718 | Creación de la Intendencia de Galicia
1719 | La Armada inglesa saquea Ribadeo, Vigo y Pontevedra
1726 | Departamento Marítimo dle Norte con sede en Ferrol
1748 | Matrícula del Mar
1748-1757 | Reformas de la Universidad por Fernando VI
1750 | Arsenal de Ferrol
1750-1800 | Arsentamiento de los catalanes en las rías gallegas. Introducción de la patata
1763 | Pragmática sobre revonación de foros
1764 | correos Marítimos desde Coruña
1765-1774 | Real Academia de Agricultura de Coruña
1760 | Primer colegio femenino en Santiago
1766 | reforma municipal de Carlos III
1768-1769 | Crisis agraria
1771-1786 | La Universidad pasa a depender del rey
1778 | Libertad de comercio con América
1784 | Sociedad económica de Santiago
1785 | Real Consulado de Coruña y Sociedad Económica de Lugo
1790 | Motines contra la Única Contribución. Huelga en el Arsenal de Ferrol por impago de salarios
1791 | Fábrica de Sargadelos
1798 | Motín contra la fábrica de Sargadelos
1800 | El Catón Compostelano, primer periódico de Galicia

V. LIBERALISMO, ATRASO Y "REXURDIMENTO"

1808-1813 | Juntas de Gobierno de Galicia
1809 | Breve ocupación de Galicia por los franceses. Batallas de Elviña y Ponte Sampaio. Linchamiento de Antonio Raimundo Ibáñez en Ribadeo
1812 | Constitución de Cádiz. Revuelta antifiscal en Viveiro y Ortigueira
1814 | Restauración del absolutismo
1815 | Pronunciamiento y ejecución de Porlier en Coruña
1820 | Juntas Revolucionarias en apoyo del pronunciamiento de Riego
1820-1823 | Partidas realistas
1823-1833 | Represión absolutista
1825-1850 | Rafael de Vélez, arzobispo de Santiago
1833-1839 | Guerra carlista
1833 | División provincial de Javier de Burgos
1833-1873 | cuatro epidemias de cólera
1836-1837 | Comienza la expropiación de los bienes de la Iglesia
1840 | Juntas revolucionarias contra Marías Cristina
1840-1846 | Nacimiento del provincialismo
1843 | Juntas revolucionarias contra espartero
1846 | Pronunciamiento progresista de Miguel Solís contra Narváez. Ejecución de Solis y sus oficiales en Carral
1853 | Hambruna
1855 | Desamotización civil de Madoz
1856 | banquete de Conxo
1861 | Primeros Juegos Florales en Coruña
1863 | Cantares Gallegos de Rosalía de Castro
1864 | Congreso Agrícola Gallego
1865 | Historia de Galicia de Manuel Murguía
1868 | Juntas revolucionarias contra Isabel II
1869 | Pacto Galaico-Asturiano
1871-1872 | Primeros grupos anarquistas en Coruña y Ferrol
1872 | Insurrección cantonal en Ferrol
1873 | Ley de Redención foral de Paz Nóvoa. Ferrocarril Santiago-Carril. Sublevación federal intransigente en Orense.
1879 | Centro Gallego de La Habana
1880-1930 | Emigración masiva a América
1885 | Ferrocarril Madrid-Coruña
1887 | Constitución Regional para el Futuro Estado Gallego
1888 | Granja Agrícola Experimental de Coruña
1889 | El Regionalismo gallego de Manuel Murguía. El regionalismo de Alfredo Brañas
1890-1893 | Asociación Regionalista Gallega
1891 | Huelga en Coruña. Ocho obreros muertos. Primera Agrupación Socialista en Ferrol. Bandera de Galicia
1893 | Junta de Defensa de Coruña
1897-1906 | Liga Gallega da Coruña

VI. LOS PROGRESOS TRUNCADOS

1904 | Constitución de la Federación Gallega del PSOE
1906 | Fundación Real Academia Galega
1907 | Himno Gallego. Centro Gallego de Bueno Aires
1907-1909 | Solidaridad Gallega
1908 | I Asamblea Agraria en Monforte. Directorio Antiforista de Teis
1909 | Irrupción agrarista en las elecciones municipales. Disturbios agrarios en Oseira, siete muertos
1910 | Liga de Acción gallega
1916-1931 | Irmandades da Fala
1916 | Disturbios agrarios en Nebra, veinte muertos
1917 | Disturbios agrarios en Narón y Sofán, veinticinco muertos
1918 | I Asamblea Nacionalista
1920 | Teoría do nacionalismo gallego de Vicente Risco
1921 | Misión Biolóxica de Galicia
1922 | Disturbios agrarios en Gullarei, cuatro muertos. Irmandade Nazonalista Galega
1923 | Seminario de Estudos Galegos
1924 | Proyecto de Mancomunidad
1926 | Ley de Redención de Foros de Primo de Rivera
1929 | Fundación de la ORGA
1930 | Pacto de Lestrobe. Compromiso de Barrantes
1931 | Asamblea pro-Estaturo en Coruña. triunfo electoral de la izquierda y primeros diputados nacionalistas. Fundación del Partido Galeguista
1932 | Unión Regional de Derechas de Galicia. Huelgas en Vigo. Asamblea de Municipios: aprobación del proyecto de Estatuto
1933 | Triunfo electoral de la derecha
1934 | Izquierda Republicana absorbe al Partido Republicano Galego. Sección gallega de Falange española
1935 | Dereita Galeguista de Pontevedra
1936 | Victoria Electoral del Frente Popular. Dereita Galeguista. Plebiscito del Estatuo de Autonomía. Sublevación militas. Galicia en zona "nacional"

VII. LA LARGA NOCHE DE PIEDRA

1936-1939 | Represión, huidos y maquis
1944 | Consello de Galiza en Buenos Aires. Sempre en Galiza, de Castelao. Creación de ASTANO
1945 | Aprobación del Estatuto por las Cortes en el exilio
1946 | Descabezamiento de la oposición clandestina
1950 | Editorial Galaxia
1950-1975 | Segunda ola de emigración masiva
1952 | ejecución de Foucellas, el último maquis gallego
1957 | Ferrocarril Madrid-Galicia por Zamora-Ourense
1958 | Instalación de Citröen-Hispania en Vigo
1963 | Partido Socialista Galego
1964 | Unión do Pobo Galego
1965 | Conflicto de Castrelo do Miño
1967 | Comisiones Obreras de Galicia
1968 | Primeras huelgas en la Universidad. Partido Comunista de Galicia
1972 | Huelga en Ferrol. Dos obreros muertos. Huelga general en Vigo
1974 | Partido Galego Socialdemócrata. Unión Democrática de Galicia
1975 | Xunta Democrática de Galicia. Asamblea Nacional-Popular Galega. Primera tienda de Zara
1976 | Consello de Forzas Políticas de Galicia. Táboa Democrática de Galicia. Partido Gallego Independiente. Sección gallega de Alianza Popular. Partido galego Social-Demócrata. Partido Popular Gallego.
1977 | Bases Constitucionais del CFPG. Sección gallega de Unión de Centro Democrático. Asamblea de Parlamentarios de Galicia. Grandes manifestaciones por la autonomía

VIII. LA GALICIA AUTÓNOMA

1978 | Xunta preautonómica. Refundación del Partido Galeguista. Partido Obreiro Galego. Partido Galego do Proletariado
1979 | Comisión dos 16. Proyecto de Estatuto de Autonomía. Unidade Galega
1980 | Oposición general al Estatuto recortado. Pacto del Hostal: Nuevo Estatuto. Mesa das Forzas Políticas de Galicia. Referéndum del Estatuto
1981 | Primeras elecciones autonómicas y primera derrota del UC. Gobierno de AP, presidido por Fernández Albor
1982 | Bloque Nacionalista Galego
1983 | Coalición Galega
1985 | Radiotelevisión autonómica. Constitución de Inditex
1986 | Reconversión naval. Huelga general
1987 | Moción de censura a Fernández Albor. Partido Nacionalista Galego. Gobierno de Manuel Fraga
1989 | Primer gobierno de Manuel Fraga
1990 | Creación de las universidad de Coruña y Vigo
1993 | Segundo gobierno de Manuel Fraga
1997 | Tercer gobierno de Manuel Fraga. El BNG supera en escaños al PSDG-PSOE
2001 | Cuarto gobierno de Manuel Fraga
2002 | Desastre del Prestige. Movimiento Nunca máis
2005 | Fraga pierde la mayoría absoluta. Gobierno bipartito PSDG-BNG, presidido por Emilio Pérez Touriño
2009 | Núñez Feijóo recupera la mayoría absoluta para el PP
2012 | Fragmentación del BNG. Segundo gobierno de Núñez Feijóo. Alternativa Galega de Esquerdas supera al BNG
2015 | Las Mareas se hacen con las alcaldías de Coruña, Santiago y Ferrol. Elecciones generales. En marea, segundo fuerza de Galicia

Bibliografía

ALBERRO, M., «Celtic Legacy in Galicia», E-Keltoi. Journal of Interdisciplinay Celtic Studies, nº 6, 2008, pp. 1.005-1.034.

ALONSO ÁLVAREZ, L., Comercio colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia, 1770-1818, A Coruña, Xunta de Galicia, 1986.

ARIAS VILAS, F., A romanización de Galicia, Vigo, A Nosa Terra, 1992.

ARTAZA, M., Rey, Reino y representación. La Junta General del Reino de Galicia, Madrid, CSIC-EGAP, 1998.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R., El carlismo gallego, Santiago, Pico Sacro, 1976.

—, Liberales y absolutistas en Galicia (1808-1833), Vigo, Xerais, 1982.

—, ed., Historia da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago, USC, 1998-2002, 2 vol.

—, Historia política da Galicia contemporánea, Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 5 vol.

BEIRAS, X. M., O atraso económico de Galicia, Vigo, Galaxia, 1972.

BERAMENDI, J., De provincia a nación. Historia do galeguismo político, Vigo, Xerais, 2007.

—, A Galicia Autónoma, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol.

—, «Galicia en el Estado de las Autonomías», en J. P. FUSI y G. GÓMEZ-FERRER, eds., La España de las Autonomías, tomo XLIII de Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 2007, vol. II, pp. 57-107.

BERMEJO BARRERA, J. C. y LLinares, M., «Los antepasados imaginarios», en R. VILLARES, dir., Historia de Galicia, 1991, vol 1, pp. 21-40.

BLANCO DESAR, M., ed., Galicia: un pobo con futuro? O noso devalo demográfico, Vigo, Ed. Xerais-Museo do Pobo Galego, 2014.

BOUHIER, A., La Galice. Essai geographique d’analyse et d’interpretation d’un vieux complexe agraire, Poitiers, Imp. Yonnaise, 1979.

BRAÑAS, A., El regionalismo. Estudio sociológico, histórico y literario, Barcelona, Jaime Molins, 1889.

CAAMAÑO GESTO, J. M., Prehistoria de Galicia, Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol.

—, A cultura castrexa, Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol.

—, A Galicia romana, Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol.

CABO VILLAVERDE, M., O agrarismo, Vigo, A Nosa Terra, 1998.

CAGIAO VILA, P., ed., Os galegos de ultramar, Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol.

CALO LOURIDO, F., A cultura castrexa, Vigo, A Nosa Terra, 1993.

—, Os celtas. Unha (re)visión dende Galicia, Vigo, Xerais, 2010.

CARBALLO CALERO, R., Historia da Literatura Galega, Vigo, Galaxia, 1975.

CARMONA BADÍA, X., El atraso industrial de Galicia: auge y liquidación de las manufacturas textiles (1750-1900), Barcelona, Crítica, 1990.

CARMONA BADÍA, X y NADAL, J., El empeño industrial de Galicia. 250 años de historia. 1750-2000, A Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 2005.

CASTELAO, A. R., Sempre en Galiza, Buenos Aires, As Burgas, 1944.

COSTA RICO, A., Historia da educación e da cultura en Galicia (séculos IV-XX), Vigo, Xerais, 2004.

DÍAZ OTERO, A., Orígenes, estructura y evolución de la Junta Suprema de Galicia, Santiago, Tesis de Licenciatura inédita, 1980.

DOPICO, F., A Ilustración e a sociedade galega. A visión de Galicia dos economistas ilustrados, Vigo, Galaxia, 1978.

DURÁN, J. A., Agrarismo y movilización campesina en el país gallego (1898-1912), Madrid, Siglo XXI, 1977.

EIRAS ROEL, A., ed., La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos, Santiago, USC, 1981.

FERNÁNDEZ, C., La guerra civil en Galicia, Sada, Ed. do Castro, 1999.

FERNÁNDEZ BAZ, M. A., A formación do nacionalismo galego contemporáneo (1963-1984), A Coruña, Laiovento, 2003.

FERNÁNDEZ LEICEAGA, X. y LÓPEZ IGLESIAS, E., Estructura económica de Galicia, Santiago, Laiovento, 2000.

FERNÁNDEZ PRIETO, L., Labregos con ciencia. Estado, sociedade e innovación tecnolóxica na agricultura galega, 1850-1939, Vigo, Xerais, 1992.

—, Século XX. Unha economía: dúas sociedades, Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol.

FERREIRA, E., Galicia en el comercio marítimo medieval, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988.

GARCÍA ORO, J., Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, Señorío y Nobleza, Santiago, Bibliófilos Gallegos, 1977.

GÓMEZ ALÉN, J., As CCOO de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo, Vigo, Xerais, 1995.

GONZÁLEZ PROBADOS, M., O socialismo na II República (1931-1936), Sada, Ed. do Castro, 1992.

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M., ed., Galicia. Antropoloxía, A Coruña, Hércules, 1997, 2 vol.

GRANDÍO SEOANE, E., Los orígenes de la derecha gallega: la CEDA en Galicia (1931-1936), Sada, Ed. do Castro, 1998.

HEINE, H., A guerrilla antifranquista en Galicia, Vigo, Xerais, 1980.

HERMIDA, C., Os precursores da normalización. Defensa e reivindicación da lingua galega no Rexurdimento (1840-1891), Vigo, Xerais, 1992.

JUANA, J. de y PRADA, J., eds., Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio (1936-1939), Barcelona, Crítica, 2006.

LABRADA, L., Descripción económica del Reino de Galicia [1804], Vigo, Galaxia, 1971.

LAGO PEÑAS, S. y LAGO PEÑAS, I., Vinte e cinco anos de autonomía en Galicia: mudanzas políticas e económicas, Santiago, Xunta de Galicia, 2006.

LÓPEZ CUEVILLAS, F., La civilización céltica en Galicia, Santiago, Porto, 1953.

LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago, Imp. Seminario Conciliar, 1898-1909, 11 vols.

MARIÑO PAZ, R., Historia da lingua galega, Santiago, Sotelo Blanco, 1999.

MÍGUEZ MACHO, A., La construcción de la ciudadanía a través de los movimientos sociales. El movimiento obrero en Galicia (1890-1936), Santiago, Fundación 10 de marzo, 2008.

MONTEAGUDO, H., Historia social da lingua galega: idioma, sociedade e cultura a través do tempo, Vigo, Galaxia, 1999.

MORENO GONZÁLEZ, X., El federalismo gallego en el sexenio 1868-1874, Santiago, Tesis de Licenciatura inédita, 1978.

MURGUÍA, M., Historia de Galicia, Lugo, Soto Freire, 1865-1866, 2 vol.

—, El regionalismo gallego, La Habana, Imp. La Universal, 1889.

OTERO PEDRAYO, R. Ensayo histórico sobre la cultura gallega, Santiago, Nós, 1933.

PALLARES MÉNDEZ, Mª C y PORTELA SILVA, E., Da Galicia antiga á Galicia feudal (Séculos VIII-XI), Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol.

—, De Xelmírez aos Irmandiños (Séculos XII-XIV), Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol

PRADA, J., ed., No solo represión. La construcción del franquismo en Galicia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014.

QUINTANA, X. R., Un longo e tortuoso camiño. Adaptación, crise e cambio no BNG 1974-2009, Vigo, Galaxia, 2010.

RISCO, V., Teoría do nacionalismo galego, Ourense, Imp. La Región, 1920.

—, El problema político de Galicia, Madrid, Cía Iberoamericana, 1930.

SAAVEDRA, P., La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Barcelona, Crítica, 1994.

—, A Galicia do Antigo Réxime (ca. 1480-ca. 1835). A Sociedade. Política e Cultura, Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 5 vol.

SANTIDRIÁN, V. M., Historia do PCE en Galicia (1920-1968), Sada, Ed. do Castro, 2002.

SOBRADO CORREA, H., A Galicia do Antigo Réxime (ca. 1480-ca. 1835). Poboación e Economía, Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol.

VEIGA ALONSO, X. R., El Conde de Pallares e o seu tempo (1828-1908). Aproximación ao activismo das élites na Galicia decimonónica, Lugo, Deputación Provincial, 1999.

VELASCO, C., Galiza na II República, Vigo, A Nosa Terra, 2000.

VILLAR PONTE, A., Nacionalismo Gallego. Nuestra afirmación regional, A Coruña, La Voz de Galicia, 1916.

VILLAR PONTE, R., Doctrina Nazonalista, Ferrol, El Correo Gallego, 1921.

—, Historia Sintética de Galicia, Santiago, Nós, 1932.

VILLARES PAZ, R., La propiedad de la tierra en Galicia, Madrid, Siglo XXI, 1982.

—, dir., Historia de Galicia, Vigo, Faro de Vigo, 1991-1992, 4 vols.

VILLARES PAZ, R. y ARTIAGA REGO, A., Galicia no século XIX, Madrid, Ed. Arrecife-La Voz de Galicia, 2007, 2 vol.