Con el advenimiento de la democracia, se han desarrollado distintos abordajes del pasado del Paraguay. Nuevos sujetos históricos han sido tomados en cuenta y la luz de modernos enfoques ha iluminado y enriquecido la comprensión de nuestra historia. El libro Historia del Paraguay, se propone continuar por el sendero de los grandes historiadores incorporando recientes acercamientos historiográficos.

El libro está organizado en dieciocho capítulos, organizados en dos partes: Desde la Prehistoria hasta la actualidad y Capítulos para una historia social y cultural. Cada capítulo contiene además una bibliografía comentada, con sugerencias de lecturas específicas para quienes quieran continuar profundizando sus conocimientos.

Historia del Paraguay está dirigido a estudiantes, docentes y a todas aquellas personas que desean tener en un solo volumen una narración moderna y ágil.

AA. VV.

Historia del Paraguay

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Himali 27.09.16

Título original: Historia del Paraguay

AA. VV., 2010

Diseño de cubierta: Mariana Barreto Curtina

Editor digital: Himali

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PRÓLOGO

La historia del Paraguay se viene escribiendo y reescribiendo desde hace más de cien años. Autores como Blas Garay, Cecilio Báez, Julio César Chaves o Efraím Cardozo nos han legado excelentes obras, en las que sintetizaron los conocimientos, las ideas y las visiones que prevalecían en la materia, cada uno en el tiempo que le tocó vivir, ya que cada historia es producto de los historiadores de una época y de esa misma época; un reflejo de las inquietudes y de las preocupaciones de cada sociedad.

Por estos motivos, ya iniciado el siglo XXI y en vísperas del bicentenario de la Independencia, resulta necesario e importante retomar el pasado del Paraguay desde las preocupaciones del presente y con historiadores que son testigos y partícipes de este tiempo.

Además, tras la caída de la dictadura y con el advenimiento de la democracia se han desarrollado, tanto dentro como fuera del país, distintos abordajes del pasado del Paraguay. Nuevos sujetos históricos han sido tomados en cuenta y la luz de modernos enfoques ha iluminado y enriquecido la comprensión de nuestra historia. Así, no son solo las dos guerras —la de la Triple Alianza y la del Chaco— ni la conformación del Estado-nación los ejes que guían la comprensión de nuestro pasado. La libertad ha abierto una ventana para mirar nuestra historia con una perspectiva más rica y más amplia.

Esta Historia del Paraguay, editada por el sello Taurus, se propuso como norte deseado el continuar por el sendero de los grandes historiadores, incorporando recientes acercamientos historiográficos. Y también quiere dar cuenta de las preguntas que actualmente nos tienen en vilo a todos para intentar comprender y abordar, por ejemplo, la realidad del campesino y el problema de la tierra, la cuestión de la identidad, el fortalecimiento de las instituciones democráticas e, incluso, el desarrollo intelectual del país.

Por esta razón se ha reunido a un selecto grupo de especialistas, paraguayos y extranjeros, varones y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, para que den cuenta de estas aproximaciones. Esta es una de las riquezas de esta obra, la multiplicidad de voces guiadas por una misma melodía. A su vez, este libro no solo sigue un orden cronológico a la hora de presentar la historia del Paraguay, sino que incorpora capítulos temáticos que nos permiten recorrer la historia a partir de un objeto determinado: el campesinado, la mujer, la geografía, las artes visuales o las diferentes maneras de narrar la historia que se sucedieron desde la colonia hasta nuestros días.

La obra se dirige a un público general, a todas aquellas personas que desean tener en un solo volumen una narración moderna y ágil de la historia del Paraguay. Por eso, no se utilizan notas a pie de páginas, pero se incorpora una bibliografía para cada capítulo, con el fin de brindar lecturas específicas a quienes quieran continuar profundizando en cada tema.

El deseo de los autores es que esta Historia del Paraguay se convierta en un disparador de inéditas y renovadas investigaciones, así como también en una herramienta que sirva para dialogar en torno al pasado compartido y continuar construyendo nuestra sociedad, buscando que sea cada vez más justa.

Ignacio Telesca

Coordinador

PARAGUAY
DESDE LA PREHISTORIA
HASTA LA ACTUALIDAD

CAPÍTULO I

LA HISTORIA Y LOS HISTORIADORES

Liliana M. Brezzo

En 1958, el destacado historiador paraguayo Efraím Cardozo escribió en la introducción a su monumental obra —por su contenido y su extensión— Historiografía Paraguaya, el siguiente texto: «Una historiografía paraguaya no es una historia escrita solamente por paraguayos, sino también por quienes han sentido en su alma como propios los latidos de la historia paraguaya». Al expresarse así, Cardozo recogía en su trabajo una característica predominante de los autores cuyas obras se redactaron entre los siglos XVI y XVIII. Comenzaba en su obra, por ejemplo, citando a los primeros cronistas españoles que, con sus relatos destinados a las autoridades de la Península, pretendían dar a conocer, además de la geografía y los principales acontecimientos acaecidos en estas nuevas tierras, sus méritos y sus servicios públicos buscando mercedes ante la Corona; y a los oficiales españoles que, en el siglo XVIII, permanecieron en estas regiones como integrantes de las comisiones que delimitaron, con los representantes portugueses, las fronteras entre España y Portugal, un tiempo que aprovecharon para escribir y ofrecer descripciones de los lugares en los que estuvieron.

Efectivamente, como ya señalaba Efraím Cardozo, no han sido solo autores del país los que se han dedicado a pensar y a escribir sobre el pasado del Paraguay. Este proceso, cuyo trasfondo apenas ha comenzado a investigarse, se ha nutrido, además, de la producción de historiadores extranjeros, de historiadores no profesionales, de viajeros, de recopiladores de documentos, de ensayistas de todo tipo, de políticos, de novelistas, de poetas, de sedicentes historiadores, de científicos y de periodistas. De esta manera, se configura un terreno heterogéneo, dispar e inabarcable dentro de las posibilidades de este capítulo, en el que se procura mostrar algo de luz sobre algunos de los condicionantes que han intervenido en la evolución de la escritura de la historia paraguaya. También queremos destacar obras y autores particularmente prolíficos que permiten conocer algunos de los rasgos de la práctica histórica en el país. En el resultado, claro está, podrían señalarse ausencias de estudiosos y de obras de valor, aunque difíciles de encuadrar en las secuencias propuestas.

Según se conoce, el primer libro referido al Paraguay se imprimió en Valladolid, España, en 1555. Lo escribió Álvar Núñez Cabeza de Vaca, uno de los principales actores de la conquista española, y se tituló La relación y comentarios del gobernador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, de lo acaecido en las dos jornadas que hizo a las Indias. Antes de su llegada al Paraguay, este jerezano había sido miembro, entre 1527 y 1535, de una expedición que tenía como finalidad la búsqueda de oro a lo largo del sudoeste de Estados Unidos y el norte de México. Durante su «tormentoso» viaje murieron muchos de los integrantes del grupo y otros tantos fueron capturados por los indígenas, incluido el propio Cabeza de Vaca. Pasó seis años en cautividad hasta que pudo escapar y regresar a España. Poco después, en 1537, la corona española lo nombró Adelantado del Río de la Plata. Desembarcó en la costa de Brasil y luego de una travesía a pie, de aproximadamente 1.600 kilómetros, en la que descubrió las cataratas del Yguazú, llegó al Paraguay. Una vez en Asunción, comenzaron los problemas políticos por su gobierno, lo que derivó en su deposición, el reemplazo por Domingo Martínez de Irala y su envío a España como prisionero. Las dos expediciones de este conquistador español quedaron reflejadas en los textos Naufragios (1542), en el que recreaba su experiencia en el norte de América, y el citado Relación y comentarios, que contiene la relación detallada y cronológica de los hechos que le ocurrieron desde su liberación del cautiverio que sufrió en la Florida y su regreso a España hasta su segundo viaje de retorno a América, los problemas en Paraguay y su vuelta a España. Como bien ha sido caracterizado, Álvar Núñez fue un explorador trágico, náufrago reiterado, caminante dramático, en el que sus peripecias y hazañas, encuentros y desencuentros, y fortaleza física y empecinamiento espiritual lo han convertido en una figura célebre para la historia paraguaya.

En 1567 apareció, en Alemania, el segundo texto referido al Paraguay: Historia del Río de la Plata y Paraguay, escrito por Ulrich Schmidl, soldado integrante de la expedición de don Pedro de Mendoza. Schmidl hizo una relación de los acontecimientos sobresalientes en estas regiones entre 1534 y 1554.

Durante los tres siglos que siguieron, la producción histórica sobre el Paraguay se desarrolló y se entrelazó con los relatos sobre los descubrimientos, la ocupación y los conocimientos que se iban adquiriendo de la región. No fue hasta los primeros años del siglo XVII cuando circuló el primer texto producido por un paraguayo. Su empeño no se concentró únicamente en dar cuenta de los hechos vividos personalmente, sino en reconstruir el proceso histórico desarrollado entre el descubrimiento y la conquista del Río de la Plata hasta la fundación de la ciudad de Santa Fe, en 1573. Se trata de Ruy Díaz de Guzmán, nacido en Asunción en 1560, hijo de Alonso Riquelme de Guzmán y de Úrsula de Irala, hija mestiza de Domingo Martínez de Irala y de la india doña Leonor. Aunque redactado en 1612, su manuscrito Anales del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata no se imprimió hasta 1835. Sin embargo, en el tiempo que medió hasta su divulgación impresa circularon numerosas copias utilizadas por cronistas y funcionarios. Más allá de estos datos conocidos, todo son dudas en torno a este texto, pues los estudiosos no se ponen de acuerdo acerca del lugar en que fue escrito: si en Asunción, en Santiago del Estero, en Charcas o en Buenos Aires; tampoco se sabe cuál de las copias que han llegado hasta el presente resulta la más fiel respecto al manuscrito original y, para colmo de incertidumbres, solo parece habernos llegado una primera parte del relato, puesto que se dispone de pruebas que permiten suponer la existencia de una segunda parte escrita por Ruy Díaz.

Contemporáneamente a la redacción de esta obra, en el año 1609 llegaron al Paraguay religiosos de la Compañía de Jesús, quienes establecieron en la región las misiones jesuíticas de guaraníes y que se mantuvieron hasta la expulsión de la Orden en 1767. En el transcurso de esa experiencia muchos de sus integrantes redactaron numerosos escritos para ofrecer un relato de sus experiencias o bien para dar cuenta a sus autoridades religiosas de lo acontecido en las misiones. La cantidad y diversidad de textos producidos por los jesuitas —memoriales, crónicas, epistolografía— así como la ausencia de escritos provenientes de autores paraguayos posteriores al de Ruy Díaz de Guzmán permiten concluir que, hasta finales del siglo XVIII, la historia del país fue de la mano de la historia del Paraguay jesuita. En general, estas obras se concentraron en historiar los esfuerzos evangelizadores realizados por la Compañía, pero facilitaron, a su vez, el conocimiento de la región no solo en España, sino en otros países del Viejo Continente. Los escritos jesuitas comenzaron con la obra del misionero Antonio Ruiz de Montoya, La Conquista Espiritual, que se imprimió en Madrid en 1639. Posteriormente, las autoridades de la Orden vieron oportuno que se redactara una historia «oficial» de la Compañía de Jesús en Paraguay. Así, Nicolás del Techo escribió, con este objetivo, la Historia Provinciae Paraquariae, impresa en 1673, y Pedro Lozano redactó la Historia de la Compañía de Jesús en Paraguay, que vio la luz en 1754. También se publicaron obras de religiosos jesuitas que, sin haber estado en Paraguay, se interesaron por su pasado, como la del polígrafo italiano Ludovico Antonio Muratori, quien en Il Cristianesimo Felice ofreció, hacia 1743, una apología entusiasta de las misiones del Paraguay. Su inmenso éxito de recepción —se hicieron ediciones en italiano y francés— representó el primer impacto del caso paraguayo en la erudición europea. Igualmente, conviene destacar a Pierre François Xavier Charlevoix, quien se dedicó a escribir desde Francia varias obras de historia relativas a los países donde la Compañía desarrollaba su actividad misional. En 1756 publicó Histoire du Paraguay.

En el ocaso del periodo colonial, la historiografía paraguaya se enriqueció con un conjunto de obras sobre la geografía y la historia del país. Sus principales autores fueron varios oficiales de la armada española que formaron parte de las comisiones demarcadoras de límites entre los dominios de España y de Portugal en América del Sur, previstas por el Tratado de San Ildefonso de 1777. Entre estos estaba el navarro Juan Francisco de Aguirre, autor de un voluminoso diario en el que incluyó una historia del Paraguay, a la que denominó Discurso histórico y que constituye, como lo ha subrayado con acierto Ernesto Maeder, «un elogio a quienes fundaron el Paraguay y lo sostuvieron con tenacidad y heroísmo a lo largo de tres centurias». Aguirre arribó a Asunción en 1784, cuando contaba 26 años, pero su labor como demarcador se frustró al no comparecer la contrapartida portuguesa en la zona fronteriza al norte de Paraguay. Por esta razón permaneció en Asunción y recorrió diversos lugares del Paraguay hasta 1796, año en que regresó a España. Durante ese tiempo se consustanció con la región y su gente, dedicó tiempo al conocimiento pormenorizado del país, a su historia y sus aspectos demográficos, económicos y políticos. Fruto de esa labor fue la redacción de un extenso diario fechado en 1793 y al que llamó Discurso histórico, y que comprende la historia del Paraguay durante el siglo XVI, desde la empresa de Pedro de Mendoza hasta la de Juan Ortiz de Zárate y sus continuadores. Pero Aguirre no se dio por satisfecho con esta obra y creyó oportuno continuarla hasta fines del siglo XVIII. Para ello, redactó Las épocas de la Provincia del Paraguay o prosecución del discurso histórico hasta la edad presente. En conjunto, estos escritos son el corpus más extenso y uno de los más importantes de todo el producido por los demarcadores y, a su vez, el menos difundido.

Más éxito y renombre tuvieron, por ejemplo, los escritos de su compañero en las comisiones demarcadoras en Paraguay, Félix de Azara. Su Voyage dans l’Amérique méridionale, editado en París en 1809, y la Descripción de historia del Paraguay y del Río de la Plata, obra póstuma publicada en 1847, obtuvieron una rápida y amplia difusión y le depararon un notable renombre internacional. Otros integrantes españoles en las tareas demarcatorias fueron Diego de Alvear, Antonio Cerviño y Julio Ramón de César, quienes también relataron sus experiencias en Paraguay con suerte variada. En todos los casos sus escritos proporcionaron a las autoridades locales de la época conocimientos geográficos y humanos de la región, así como los primeros mapas fidedignos de la misma.

Llegados a este punto, conviene hacer hincapié en uno de los condicionantes de la historia del Paraguay: su aislamiento. Aguirre expuso en la introducción a sus textos los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de acometer un emprendimiento historiográfico de tal magnitud. Tras largos años de residencia en Asunción, su empeño provenía del desconocimiento generalizado que percibió, tanto en América como en España, acerca de la historia rioplatense. Como en el Paraguay no se alcanzó la conquista de un gran imperio, ni tampoco se hallaron las riquezas que prometía «el nombre hechicero del Río de la Plata», esa empresa de conquista quedó en la penumbra. El autor interpretó con acierto la percepción colectiva de los paraguayos a finales del siglo XVII de que la tierra que habitaban había sufrido un proceso de invisibilización por parte de las autoridades españolas, que la habían convertido en el «confín norteño» del Virreinato, en la «trastienda» del Río de la Plata, aislada e incomunicada; una condición que, en adelante, intervendría en todos los planos de su vida social, incluido el de su evolución cultural y el de la escritura de la historia. Pero el proceso paraguayo de conversión a una «isla rodeada de tierra» no se inició en 1537 con la fundación de la ciudad de Asunción; todo lo contrario, una serie de títulos y preeminencias enorgullecieron en el pasado a sus habitantes. En primer lugar, durante el siglo XVI a esta región se la denominó la Provincia Gigante de Indias, pues sus dominios se extendían por el oeste hasta alcanzar el litoral del Pacífico (incluyendo territorios de los actuales Bolivia y Chile) y por el sudeste hasta el Atlántico. En segundo lugar, la Corona le concedió el título de Muy Ilustre y Fiel por sus importantes servicios como fundadora de ocho ciudades, y recibió otras distinciones como «Amparo de la conquista» y «Madre de todos». Estos reconocimientos, sin embargo, quedaron desmentidos, según el sentir colectivo, por una serie de medidas que contribuyeron a confinar a la provincia, convirtiéndola en una zona periférica del imperio. La principal fue la división territorial, en 1616, que limitó su jurisdicción a las ciudades de Asunción, Villa Rica, Ciudad Real y Santiago de Xerez. Este nuevo diseño geográfico condicionó, a su vez, la salida directa al mar por el Río de la Plata, cuya llave pasó desde entonces a Buenos Aires. Este aislamiento geográfico se expresó, al finalizar el siglo XVIII, en varios sentidos: débil relación entre Asunción y Buenos Aires; dificultades para convertir los ríos Paraná-Paraguay en vías de comunicaciones fecundas, y desarticulación del propio espacio interior. Al mismo tiempo, el rápido mestizaje —favorecido porque no hubo ningún contingente migratorio hacia Paraguay desde la segunda mitad del siglo XVI— dio lugar a una rápida suplantación del grupo conquistador blanco por el grupo mestizo y criollo, lo que otorgó a la provincia una fisonomía particular.

Al encierro geográfico y al núcleo étnico homogéneo se añadió un tercer elemento que reforzó la realidad aislacionista: el dominio de la lengua guaraní. Desde mediados del siglo XVI no fue el castellano sino el guaraní lo que se habló en la intimidad del hogar y en todas las contingencias de la vida, relegando el castellano a la esfera oficial, como medio de contacto y comunicación con la metrópoli, las autoridades y los extranjeros. A todo lo expuesto anteriormente, se sumó el hecho de que la sociedad paraguaya no pudo durante la etapa colonial (a diferencia de lo ocurrido en otros espacios del Río de la Plata y, pese a reiterados esfuerzos) contar con una universidad y una imprenta propias, por lo que menguaron las posibilidades de formación de élites intelectuales y la circulación de libros e impresos.

Las circunstancias políticas en las que se encontró el país después de 1811, momento en el que tuvo lugar la lucha por la independencia, dificultaron aún más la producción y la circulación de ideas y de bienes. En efecto, al aislamiento como resultado de la poliédrica realidad geográfica, étnica y lingüística vino a sumarse el aislacionismo político tras la asunción al poder de José Gaspar Rodríguez de Francia, quien durante su prolongada dictadura, entre 1814 y 1840, desarrolló una política exterior de no-intervención y de absoluta neutralidad como medio para consolidar la independencia nacional. Francia colocó un «cordón político» en torno al país para protegerlo de la desorganización del Río de la Plata, lo que contribuyó aún más a la separación del Paraguay del resto de la región. Esta política de «amurallamiento» unida a la escasa literatura que circuló sobre el país y los pocos habitantes paraguayos que salieron al exterior proyectaron la imagen de un país completamente desconocido.

Estudios provenientes de reconocidos autores paraguayos han coincidido en remarcar el significado principal de esta condición en el movimiento histórico del país. Rafael Eladio Velázquez, por ejemplo, incluyó, a mediados de 1960, el concepto de «mediterraneidad» entre los factores que, sin duda, contribuyeron a la formación de «la más antigua nacionalidad de la América española» junto al sentimiento localista y a la tradición comunera. Por su parte, Julio César Chaves, en un breve y poco conocido texto titulado El aislacionismo en el alma paraguaya, resaltó la tensión entre esa situación de aislamiento y la necesidad de integración y de inserción regional.

Todo lo expuesto anteriormente contribuye a explicar que, durante la primera mitad del siglo XIX, casi sin excepción, las obras que versaron sobre el país vinieran de la mano de viajeros extranjeros: diplomáticos, comerciantes, exploradores, científicos y escritores legaron una masa de relatos acerca de sus experiencias. Durante su gobierno, José Gaspar Rodríguez de Francia, por ejemplo, permitió el ingreso al país del comerciante inglés John Parish Robertson, al que se le unió su hermano William. Ambos se dedicaron a un activo comercio de cueros, armas y otras mercaderías a lo largo del litoral, desde Buenos Aires hasta Asunción, hasta que en 1815, sin que se tengan muy claros los motivos, fueron expulsados del Paraguay. A su regreso a Inglaterra publicaron, en 1838, las conocidas Letters on Paraguay Comprising an Account of the Dictador Francia, que completaron con Francia’s Reign of terror, being a Continuation of Letters on Paraguay. Por su parte, los doctores suizos Juan Rengger y Marcelino Longchamps, que actuaron como médicos de cuarteles y prisiones por algunos años durante el gobierno de Francia hasta que huyeron del país, publicaron en Londres, en 1827, su cuestionado The Reign of Dr. Joseph Gaspar Roderick de Francia in Paraguay.

Luego de un breve interregno consular tras la muerte de Francia, ocurrida en 1840, asumió la presidencia del Paraguay el reconocido abogado Carlos Antonio López. Su administración representó una modificación del enclaustramiento francista al atraer el reconocimiento internacional de la independencia de Paraguay y promover la incorporación de tecnología e inmigración que impulsara el desarrollo económico del país. Cuando, en 1844, se hizo cargo de la primera magistratura, se encontró con la ausencia total de élites rectoras. Comprendió, a su vez, que la formación de personal especializado en los distintos órdenes técnicos y culturales no podía realizarse dentro de un país que no contaba con ninguna universidad ni con espacios académicos similares, sin imprenta, sin periódicos ni circulación de otras publicaciones impresas. López se planteó, ante esa situación, dos alternativas: o importar la totalidad del elemento humano técnico y docente necesario, o buscar la manera de que elementos paraguayos pudiesen adquirir los conocimientos precisos para un desempeño eficaz. La primera línea brindaba una solución inmediata; en cambio, la segunda solo a medio plazo, aunque indudablemente ofrecía sobre la primera ventajas emanadas de la integración de los posibles profesionales extranjeros al medio en que debían actuar. Finalmente, la solución elegida fue intermedia: por una parte, el Gobierno contrató aproximadamente cien técnicos (en su mayoría ingleses) para organizar aspectos importantes de la estructura industrial, como el desarrollo de la fundición de hierro de Ybycuí, el arsenal y el astillero en Asunción, y la construcción del ferrocarril. Por la otra, también favoreció la llegada de europeos dedicados a la enseñanza; así, en 1853, llegó el profesor francés de matemática Pierre Dupuy, quien abrió una escuela privada; Dorotea Duprat instaló el Colegio de Niñas, y Luisa Balet fundó el Colegio Francés de Señoritas. Al mismo tiempo, en 1844, el Congreso Nacional autorizó al presidente López a enviar jóvenes estudiantes con destino a Europa para proseguir sus estudios. Sin embargo, este propósito recién se concretó en 1858, cuando viajó el primer grupo formado por dieciséis estudiantes, de diferentes colegios, a Inglaterra y Francia para estudiar Derecho, Química y Farmacia. Posteriormente, en 1863, cuando ya le había sucedido en la presidencia del Paraguay su hijo, Francisco Solano López, se envió a otros 39 jóvenes con igual propósito.

Otras expresiones de la preocupación de estos gobiernos por impulsar el desarrollo cultural fue la inauguración, en 1856, del Aula de Filosofía, que con el correr de los años reunió a medio centenar de estudiantes bajo la dirección del profesor español Ildefonso Antonio Bermejo, que había arribado al país en 1855, contratado por el Gobierno para organizar la Escuela Normal. En el Aula surgió el grupo de redactores que se responsabilizó de la edición de la revista La Aurora. Enciclopedia mensual y popular de ciencias, artes y literatura, la primera revista cultural paraguaya, cuyas entregas comenzaron en 1860. Natalicio Talavera, Mateo Collar, Andrés Maciel, Mauricio Benítez, Domingo Parodi, Juan Bautista González y Américo Varela fueron algunos de sus redactores más destacados.

Bajo este clima social y cultural existente a mediados del siglo XIX, investigaciones recientes han permitido identificar varios núcleos de letrados. Además del grupo que se formó en torno al Aula de Filosofía, estaban los jóvenes becados que completaban su formación profesional en Europa como Juan Crisóstomo Centurión, Cándido Bareiro, Gaspar López, Gregorio Benites, Miguel Palacios, Cayo Miltos y Juan Bautista del Valle, sobre quienes se abrigaban no pocas esperanzas de que a su regreso al país lideraran el proceso de modernización impulsado por el Estado. También cabe destacar a aquellos letrados que, por su cuenta, escribieron y divulgaron sus ideas sobre el pasado y el presente de su país. Entre ellos debe mencionarse a José Falcón, funcionario del gobierno de Carlos Antonio López, hombre culto y estudioso que dirigió durante muchos años el Archivo Nacional de Asunción, convirtiéndose en el mayor conocedor de sus fondos documentales. El historiador norteamericano Thomas L. Whigham ha resumido recientemente y de esta forma la importancia de Falcón: «Fue quizás el primero en comprender que para que el Paraguay tuviese un futuro debía tener también un pasado y que para conocer el pasado hacía falta clara y abundante documentación. Cuando Carlos Antonio López lo hizo director del Archivo fue una decisión que ningún paraguayo subsiguiente lamentó». Asimismo hay que contabilizar a los llamados «liberales paraguayos», un grupo formado por opositores al gobierno de López, en su mayoría emigrados en Buenos Aires, como Luciano Recalde y Manuel Pedro de Peña, sobre cuyas ideas y escritos ha sido posible profundizar gracias a los debates que protagonizaron en la prensa bonaerense, en los que cuestionaban el régimen político paraguayo definiéndolo como una «dictadura suspicaz», que oprimía y empobrecía al pueblo gracias al monopolio oficial.

Contemporáneamente aparecieron dos obras históricas cuyos verdaderos autores resulta, hasta la actualidad, difícil de establecer. La primera se titula Descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay y es la que habría redactado, hacia el año 1840, el escritor paraguayo Mariano Antonio Molas, durante su prolongado encarcelamiento por orden de Francia debido a su disidencia política. Sin embargo, su recepción en el país fue bastante tardía, puesto que no se publicó en Buenos Aires hasta el año 1868, muchos años después de la muerte de Molas. Similares interrogantes persisten en torno al verdadero autor de la segunda obra, El Paraguay, lo que fue, lo que es, lo que será, adjudicada a Juan Andrés Gelly, redactor del primer periódico que se editó en el país, El Paraguayo Independiente, a partir del año 1845. En tanto algunos autores, como Efraím Cardozo y Julio César Chaves, ratifican su autoría, otros sostienen que Gelly se limitó a traducir al español el texto que, en 1843, dio a conocer el naturalista sueco residente en Paraguay Eberhard Munck of Rosenschold, quien escribió sus impresiones en forma de cartas, que fueron publicadas en portugués: O Paraguai, seu passado, presente e futuro por um estrangeiro que residiu seis anos naquele país. Obra publicada sob os auspícios da legação do Paraguai na Corte do Brasil. Sea quien sea el autor, vale la pena detenerse un momento en las reflexiones íntimas que el escritor desgranó en esta obra, entre las que destacan algunas sobre el carácter del hombre paraguayo, que aparecen como una especie de visión profética sobre lo que ocurriría pocos años después:

El paraguayo es fuerte, sufrido, inaccesible al entusiasmo; pienso que no está dotado de ese valor impetuoso, arrojado, febril, que provoca y busca el peligro y la muerte y que por eso será poco apropiado para la guerra ofensiva; sin embargo, posee una intrepidez serena que ve al peligro y a la muerte sin conmoverse, cualidades excelentes para la defensiva y que desenvueltas en la práctica pueden tornarlos terribles en la ofensiva. El paraguayo es firme, constante, tenaz en sus propósitos… porfía, muere, pero no desiste… tan sumiso es a la autoridad superior que su obediencia llega a la más completa abnegación.

Como muestra del empuje progresista que dio Carlos Antonio López se encuentra el apoyo que se prestó a la primera expedición naval científica, patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos, al mando del capitán Thomas Page, quien reconoció y exploró el territorio paraguayo hasta el río Apa y cuya experiencia recogió, en forma de diario, en la obra La Plata, the Argentine Confederation and Paraguay being a narrative of the exploration of the tributaries of the river La Plata and adjacent countries during the years 1853, 54, 55 and 56 under the orders of the United States Government, publicado en Nueva York en 1859. Asimismo, el científico inglés Charles B. Mansfield, que llegó al Paraguay en 1852, publicó Paraguay, Brazil and the Plate, Letters written in with a sketch of the author’s life by the Rev. Charles Kingsley.

Por esa misma época aparecieron dos obras de autores extranjeros, que además de ofrecer datos sobre la situación del país pretendían contribuir a la reconstrucción de su pasado. Por un lado, el francés Alfredo Demersay, que visitó el país en la época de Francia, comenzó a publicar su Histoire physique, économique et politique du Paraguay a partir de 1851; por el otro, el coronel belga Alfred Du Graty, que estuvo en Paraguay en 1862, publicó en Bruselas Le République du Paraguay.

La evolución de este proceso cultural y los esfuerzos de modernización se vieron drásticamente interrumpidos con el inicio, en 1864, de la Guerra contra la Triple Alianza (Argentina, Uruguay, Brasil), también llamada Guerra del Paraguay. Este conflicto bélico supuso, como todas las guerras, una ruptura intelectual y condicionó el futuro desarrollo cultural paraguayo, sobre todo por las tremendas consecuencias demográficas que supuso la derrota: la reducción de la población a un 30% de los aproximadamente 400.000 habitantes con que contaba el país al comenzar la contienda, conformada fundamentalmente por niños, ancianos y mujeres. Además, se destruyeron o fueron tomados como botín tanto los archivos estatales como los particulares, no permanecieron en pie bibliotecas públicas o privadas y el sistema educativo quedó completamente desarticulado, por lo que la obra de reconstrucción fue lenta y trabajosa.

A pesar de estas tremendas dificultades, a partir de 1870, en medio de la extrema pobreza, del marasmo económico y de los esfuerzos por reedificar el Estado, se fue conformando un grupo social que se convertiría en el más influyente del Paraguay: la denominada Generación del 900 o «Novecentistas». Sus integrantes se formaron primero en el Colegio Nacional de Asunción y, más tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, fundada en 1889. Nacidos, en su mayoría en la primera década siguiente a la contienda, entre sus principales exponentes estaban: Blas Garay (1873-1899), Juan O’Leary (1879-1969), Manuel Domínguez (1868-1935), Fulgencio Moreno (1872-1933), Arsenio López Decoud (1867-1945), Ignacio Pane (1879-1920), Eligio Ayala (1879-1930), Manuel Gondra (1871-1927), Gualberto Cardús Huerta (1878-1949), Alejandro Guanes (1872-1925) y Teodosio González (1871-1932). También se sumarían una ristra de intelectuales extranjeros que llegaron al país, como los españoles Viriato Díaz Pérez y Rafael Barrett; el ruso Rodolfo Ritter, el argentino Martín Goicoechea Menéndez y el suizo Moisés Bertoni. Ambos grupos establecieron vínculos personales e intelectuales, conformando un momento de especial densidad cultural en el que hizo eclosión el oficio del historiador. Fruto de esa actividad, tuvieron lugar los primeros discursos históricos sobre la «nación paraguaya», se promovieron actividades de erudición histórica y se crearon las primeras instituciones culturales como el Instituto Paraguayo y, luego, la Revista del Instituto Paraguayo, la más influyente publicación de la primera década del siglo XX.

En 1896, el joven Blas Garay, recién graduado de abogado, viajó a Europa para desempeñarse como secretario de la legación paraguaya en España, representando al gobierno del general Juan Bautista Egusquiza (1894-1898). Durante su estancia en ese país recibió instrucciones para localizar y copiar, en el Archivo General de Indias y en otros repositorios, un importante corpus documental referido a la historia de Paraguay, sobre todo aquellas fuentes que servían para fundamentar los títulos paraguayos sobre la zona del Chaco y que serían utilizadas en la disputa que el Paraguay mantenía con Bolivia por la posesión de dicho territorio. Sobre esta base, Garay publicó en Madrid cuatro obras concebidas como libros de texto y publicadas en 1897: La Revolución de la Independencia del Paraguay, Breve Resumen de la Historia del Paraguay, Compendio Elemental de la Historia del Paraguay y El Comunismo en las misiones de la Compañía de Jesús. El autor afirmó en el prólogo de la La Revolución de la Independencia: «[…] podrán apuntarse omisiones y desorden, hijos de la precipitación, pero dificulto mucho que se me rectifique nada importante, que está todo muy bien fundado y solo me serví de los autores para colmar los huecos que los documentos dejaban». A pesar de su prematura muerte, en 1898, su breve producción inauguró, desde una perspectiva morfológica, un modelo erudito de escribir la historia, apoyada en documentos. Se estaba ante el momento fundacional de la historiografía nacional paraguaya y puede afirmarse que, a partir de estas obras, los debates sobre las visiones del pasado adquirieron una relevancia singular y la producción historiográfica se acrecentó como nunca antes.

En 1902, se produjo la más grande disputa historiográfica en el Paraguay. Sus protagonistas fueron el joven profesor de Historia del Colegio Nacional, Juan O’Leary, y el más respetado intelectual de la capital paraguaya, el abogado Cecilio Báez, que se «enfrentaron» a través de las páginas de los diarios La Patria y El Cívico. La agria controversia tuvo una envergadura tal que sentó las bases del modo de concebir y de practicar la historia en Paraguay durante todo el siglo XX, que llega, incluso, hasta la actualidad. El origen de la disputa se situó en una serie de artículos bajo el título de «Recuerdos de Gloria», que comenzó a publicar O’Leary en el diario La Patria, centrados en las acciones militares durante la Guerra contra la Triple Alianza, y que tenían el propósito de exaltar el heroísmo del pueblo vencido en una lucha desigual. O’Leary exhibió un discurso según el cual el conflicto tuvo su origen en causas exógenas al Paraguay: las maquinaciones del Imperio del Brasil y la complicidad del gobierno argentino de Bartolomé Mitre. Además, construyó una visión basada en un pasado heroico y glorioso, en el que la sociedad paraguaya vivía feliz y próspera hasta que una serie de causas externas la condenaron a la postración. Por su parte, Báez desgranó una visión crítica de los gobiernos de Francia, de Carlos Antonio López y de Francisco Solano López, cuyos sistemas políticos calificó de tiránicos, haciéndolos responsables de la ignorancia y del embrutecimiento del pueblo así como de llevarlo a una guerra que lo dejó en un completo estado de abatimiento. La polémica alcanzó dimensiones imprevisibles, puesto que al desarrollarse a través de la prensa se amplificó a tal punto que desde ciudades del interior del país, como Itá, Areguá, San Estanislao, Capiatá, Villa Hayes, Luque, Humaitá y Guarambaré, llegaron reiteradas y mayoritarias adhesiones en apoyo de los argumentos expuestos por O’Leary, quien, claro está, salió victorioso. Desde ese momento, el joven historiador se concentró en construir una «historia patriótica», cuyo principal objetivo consistió en custodiar y rehacer la «nación paraguaya» después del drama bélico, aunque para ello tuviera que silenciar faltas o errores del pasado. Así, la postrada sociedad encontró en esta visión del pasado algo que una vez tuvo —bienestar, tranquilidad, riqueza— y que ya no tenía por culpa de los vencedores de la guerra, a quienes se responsabilizaba de su situación. La polémica permitió, de este modo, configurar una historia rebosante de responsabilidades nacionalistas, centrada en la transformación de la imagen de Francisco Solano López, de dictador responsable por desencadenar una guerra desastrosa para el país a héroe víctima de la agresión de la Triple Alianza. Al mismo tiempo el cataclismo bélico se convirtió en «epopeya nacional» y el pueblo paraguayo en el «invicto vencido».

Paralelamente, a lo largo de esos años, nuevos viajeros pasaron por el Paraguay y dejaron escritas sus impresiones. Así, en 1900, el peruano Carlos Rey de Castro llegó a Asunción invitado por el Instituto Paraguayo y de su breve visita quedó un folleto titulado El Paraguay. Rápidas notas de un viajero. El periodista argentino Juan B. González relató en su obra De la Argentina a Chile. Un viaje al Paraguay su paso por la ciudad de Asunción en 1909. En sus páginas descubrió que la capital ya no era la «virginal y solitaria» ciudad, aunque en la zona inmediata al puerto aún se conservaban los edificios de grandes corredores a la calle como los ocupados por el Correo y el Colegio Nacional. La ciudad modernizada, añadía, desplazaba a la colonial con nuevas y amplias avenidas, buenos edificios y armoniosos jardines y parques como en la avenida España.

En 1909, varios profesores de la Universidad de Oviedo se propusieron llamar la atención de los pueblos hispanoamericanos sobre el desarrollo económico y cultural que España alcanzaba en el marco de la paz que siguió a la guerra de Cuba. Los liberales españoles querían modificar la imagen de su país en el continente sudamericano y con ese fin se enmarcan las misiones culturales de Rafael Altamira (1909-1910) y la de Adolfo González Posada (1910). Este último viajó a la Argentina y a Paraguay, donde dio una conferencia en la Universidad Nacional. De su viaje a nuestro país resultó el libro La República del Paraguay. Impresiones y Comentarios, publicado en Madrid en 1911, momento en el que se celebraba el centenario de la Independencia paraguaya.

Precisamente, en el marco de las acciones conmemorativas previstas para tal hecho, un núcleo de los intelectuales más influyentes del país, entre otros Enrique Solano López, Cecilio Báez, Manuel Domínguez, Fulgencio Moreno, Ignacio Pane, Juan O’Leary y Moisés Bertoni, se reunieron para editar la obra colectiva titulada Álbum Gráfico de la República del Paraguay: 100 años de vida independiente, considerada la principal empresa de erudición histórica de ese momento, que tenía el propósito, de acuerdo a lo declarado por su compilador, Arsenio López Decoud, de mostrar una «biografía nacional», es decir, una visión orgánica de la nación paraguaya que adquiría la madurez después de un lento proceso de gestación y de infancia no exenta de dificultades. A pesar de la diversidad de temas que componían los capítulos de este emprendimiento editorial, los trabajos coincidieron en una serie de coordenadas historiográficas que sirvieron de sustento para esfuerzos hermenéuticos posteriores. En primer lugar, transmitió la idea según la cual el Paraguay constituía, en su origen, una nación mestiza, entendida como algo superador a la indígena y asimilada a una nación de raza blanca sui generis. Asimismo, el Álbum Gráfico situó, por primera vez, a los pueblos indígenas como sujetos históricos en el periodo anterior al descubrimiento, constituyéndose, de este modo, en el primer intento por construir una historiografía guaraní no dependiente de los cronistas coloniales. Pero quizás el rasgo más considerable que presentan los textos reunidos en esta obra sea el impulso por exaltar lo propio, hasta tal punto que la producción histórica, en los sucesivos años, se concentró en la consideración de la nación paraguaya como algo específico, especial, absolutamente original.

En general, se puede afirmar que el momento historiográfico comprendido entre la inmediata posguerra (1870) y el centenario (1911) debe ser contemplado en el marco de las consecuencias que el conflicto bélico tuvo en todos los campos de la realidad paraguaya y, también, bajo el influjo del nacionalismo, cuyos términos más habituales fueron reconstrucción y reparación histórica. Así se explica que algunos de los productos historiográficos de esos años se convirtieran en verdaderas gestas de epopeya y exaltación del patriotismo.

La cimentación del discurso histórico liderado por O’Lear y y por quienes compartían su misma visión del pasado propició el inicio y el fortalecimiento de vínculos intelectuales con historiadores argentinos y uruguayos. Los intercambios epistolares y bibliográficos se convirtieron en una vía fundamental de circulación de documentos históricos y, fundamentalmente, de ideas sobre el pasado rioplatense. Del lado argentino es posible identificar a los principales escritores de las llamadas crónicas provinciales: José Lassaga y Manuel Cervera, en Santa Fe; Justo Díaz de Vivar y Hernán Gómez, en Corrientes; Ernesto Quesada, David Peña, Manuel Gálvez, Enrique De Gandía y Fermín Chávez, en Buenos Aires; y Luis Alberto de Herrera, en Montevideo. Paraguayos más jóvenes que los pertenecientes a la Generación del 900, como Juan Natalicio González (1897-1966), Pablo Max Ynsfrán (1894-1972), Tomás Ramón Pereira (1886-1982) y Justo Pastor Benítez (1895-1963), ayudaron también a divulgar, en las primeras décadas del siglo XX, la visión del pasado propuesta por Juan O’Lear y mediante la publicación de escritos en la prensa y la organización de empresas editoriales importantes como la revista Guarania y el establecimiento de la Editorial de Indias.

Este influjo nacionalista en los discursos históricos y su masiva aceptación en la sociedad paraguaya de ese momento explican que los autores que propusieron, en esos años, visiones del pasado alternativas u opuestas tuvieran serias dificultades para ser leídos, independientemente de la importancia y calidad de sus obras. En este sentido, cabe destacar, entre otros, a los escritores Hérib Campos Cervera (padre), Juan Francisco Pérez Acosta, Gualberto Cardús Huerta, Teodosio González, Eligio Ayala y Rafael Barrett, que quedaron marginados en un momento en el que la historia tenía como función principal cooperar en la reconstrucción del país y en el que cualquier crítica al pasado resultaba inadmisible.

Esa construcción nacionalista de la historia acabó de forjarse en la década de 1920, cuando la tensión con Bolivia por el dominio de la región del Chaco Boreal presagiaba una guerra cercana, como efectivamente ocurrió entre 1932 y 1935. Paraguay salió victorioso de la contienda y los gobiernos de la posguerra apelaron ideológicamente al vehemente deseo de unidad nacional, invocando los mayores elementos de cohesión: la Raza, la Tierra y la Historia. En 1936, los héroes militares de la guerra contra Bolivia derrocaron al presidente Eusebio Ayala y lo reemplazaron por el coronel Rafael Franco, por lo que añadieron al hecho revolucionario un ingrediente de alta significación: la reivindicación de la historia paraguaya mediante diversas iniciativas como el decreto del 1 de marzo de 1936, aniversario de la batalla de Cerro Corá, en el que se declaró «héroe nacional a Francisco Solano López, inmolado en representación del idealismo paraguayo»; o la declaración, en septiembre de ese año, de próceres beneméritos a José Gaspar Rodríguez de Francia y a los dos presidentes López.

Asimismo, el conflicto de límites con Bolivia contribuyó a impulsar la promoción y la difusión de los estudios históricos. Como un modo de adiestrar a los jóvenes en la defensa jurídica de los derechos territoriales frente a eventuales demandas por parte de los países limítrofes, se creó, al finalizar la guerra, la cátedra de Historia Diplomática, impartida en la Facultad de Derecho. En 1937, se fundó el Instituto de Investigaciones Históricas (antecedente de la Academia Paraguaya de la Historia) con la finalidad de estimular estudios en esa disciplina; y, finalmente, en 1948, se habilitó la Sección Historia en la Universidad Nacional. Rafael Eladio Velázquez sostuvo, pocos años después, que «si, como se proyecta, se aprovecha la experiencia recogida en ocho años para perfeccionar los planes de estudio y son llevados a la cátedra algunos de los más calificados historiadores nacionales, la Facultad ha de tener influencia decisiva en el desenvolvimiento de los estudios históricos en el Paraguay». Este interés por la historia tuvo un gran espaldarazo gracias a los escritos de varios autores, pertenecientes a la promoción de bachilleres de 1925 del Colegio Nacional de Asunción, como Efraím Cardozo, Julio César Chaves, Hipólito Sánchez Quell, R. Antonio Ramos, Marco Antonio Laconich y Carlos R. Centurión, quienes habían trabajado, en su mayoría, en años previos a la guerra, en la Comisión Nacional de Límites.

En ese contexto de renacimiento del sentimiento nacional, la visión del pasado gestada a comienzos del siglo XX de la mano de Juan O’Leary quedó instaurada como «historia oficial». A partir de 1936, el Estado proveyó de toda una «pedagogía nacionalista», en la que la Historia pasó a tener una función «terapéutica», es decir, a ofrecer una visión idílica del pasado, donde la sociedad vivía en una completa bonanza y prosperidad, hasta que, en el último tercio del siglo XIX, esta fue destruida. De ahí que para los intelectuales paraguayos nacionalistas era necesario restituir en la memoria colectiva un pasado heroico y lleno de grandeza. Igualmente, se trató de una «historia belicista», ya que fueron las guerras el principal interés de los estudios históricos, relegando y marginando otros procesos de importancia para la comprensión del movimiento histórico. Los textos sobre el pasado fueron, a partir de ese momento, menos eruditos que ensayísticos; se focalizaron solo en algunos temas y cultivaron unos mismos adversarios: el Partido Liberal, los historiadores liberales rioplatenses y los imperialismos argentino y brasileño. Esta fuerte relación entre nacionalismo e historia acentuó el «aislacionismo historiográfico», un aspecto que suele desenfocar los hechos históricos, adjudicando valores de originalidad donde no hay más que reflejos de actividades comunes.

Esta visión quedó definitivamente «sacralizada» durante la prolongada dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989). Según pruebas recientes ofrecidas, entre otros, por el investigador Luc Capdevila, el largo stronato supuso, para la práctica de la historia, un aislamiento disciplinar que condicionó la nula recepción de nuevas corrientes y formas de hacer historia, la libre circulación de historiadores, la limitación de intercambios intelectuales y la restricción para consultar documentos posteriores a 1870 en los archivos públicos.

No obstante ese rígido encuadre historiográfico y el ambiente de censura (y de autocensura), hubo quienes se atrevieron a ofrecer valiosos estudios empíricos desde diversas tendencias intelectuales, que produjeron avances de importancia para la interpretación del pasado. En 1963, Óscar Creydt, líder de la Federación de Estudiantes del Paraguay (FEP), publicó Formación histórica de la Nación paraguaya. Se trató de un trabajo precursor al postular —partiendo de un esquema explicativo del materialismo histórico y de su militancia en el Partido Comunista— que en 1811 existía ya una nación paraguaya formada sobre el fundamento de la modernización de la «chacra guaraní» en manos de pequeños agricultores y en pugna con el sistema colonial. Además, consignaba al idioma guaraní como uno de los principales vectores en el proceso de la independencia y apuntaba como causa principal de este predominio la circunstancia de que los hijos mestizos aprendieron el idioma materno junto con el trabajo que en las chacras hacían sus madres.

Luc Capdevila subraya, al referirse al clima cultural de los años crepusculares del stronato, que «después de medio siglo de discurso envolvente y consensual era necesario ser intelectualmente valiente para resistir a esta cultura del pasado». De hecho, hubo intelectuales paraguayos que, a comienzos de 1970, buscaban nuevas claves que permitiesen comprenderlo. Por ejemplo, Josefina Plá se dedicó a analizar el papel de las minorías que participaron en la construcción del Paraguay, y fruto de su investigación fueron trabajos de singular importancia como Hermano negro. Historia de la esclavitud en el Paraguay, publicado en 1972. Por su parte, la antropóloga Branislava Susnik desarrolló investigaciones fundamentales sobre los indígenas y la formación de la sociedad paraguaya.

Entre los universitarios que se formaron bajo la dictadura, la obra de Alfredo Seiferheld merece una atención especial porque, no obstante el aislamiento disciplinario ya aludido, emprendió una auténtica historia contemporánea paraguaya a través de la historia oral, superando las restricciones que los archivos públicos imponían para consultar documentos posteriores a 1870. Seiferheld, integrante de una generación intelectual crítica, diseñó un proyecto historiográfico basado en la historia oral. Entre 1978 y 1983, recogió 103 conversaciones de protagonistas y testigos del siglo, de todas las tendencias políticas, con las cuales, además de otros materiales recopilados, se proponía escribir una historia del siglo XX paraguayo. Sin embargo, murió prematuramente, a los 38 años, por lo que este proyecto nunca vio la luz.

El necesario eclipse del influjo nacionalista en la práctica de la historia en Paraguay aún no se ha producido. No obstante, una serie de acontecimientos originados entre siglos ha abierto un contexto histórico optimista. La caída del régimen de Alfredo Stroessner, en 1989, el inicio del proceso de redemocratización y la integración regional del MERCOSUR, en 1991, han favorecido los esfuerzos por superar el aislamiento, y procurar una historia más abierta a nuevos enfoques teóricos y temáticos, y cuyas perspectivas, en estos primeros compases del siglo XXI, son alentadoras. Los estudios históricos siguen ocupando un lugar importante en las actividades culturales del país, aunque persiste aún «mucho fuego y poca luz» en la práctica de la historia, quizás por la pervivencia de un interés no genuinamente cultural, sino condicionado y plegado a las exigencias y a los objetivos de la política. Parece oportuno, entonces, comenzar con el necesario debate entre historia y nacionalismo, que permita superar las inercias interpretativas sobre el pasado.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Esta bibliografía comentada tiene, simplemente, el propósito de aludir a aquellas obras que han sido utilizadas a lo largo de este capítulo y orientar al lector hacia algunas lecturas complementarias. El estudio histórico de la historiografía paraguaya apenas ha comenzado. Contamos, como instrumentos de aproximación, con los trabajos de Rafael Eladio Velázquez, «Los estudios históricos en el Paraguay», que aparece en Estudios Americanos (Sevilla, 1959), y Breve historia de la cultura en el Paraguay (Asunción, 1999); y la descripción de John Hoyt Williams, «Del calor al frío. Una visión personal de la historiografía paraguaya», sita en Estudios Paraguayos (Asunción, UCA, n. 1, 1973). Las bibliografías preparadas por Margarita Kallsen, Paraguay. Bibliografía Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) (Asunción, 2004), son también de gran ayuda. La autora ha publicado sucesivamente repertorios bibliográficos sobre distintos temas de la historia del Paraguay correspondientes a franjas cronológicas que van desde el año 1800 a 1991. Recientemente se ha ocupado de la edición facsimilar de los números de la Revista del Instituto Paraguayo (Asunción, Kraus, 2008). De igual modo, contamos con el texto de Cecilia Silvera de Piris, Historiografía Paraguaya. Época Independiente (Asunción, 2003).

Desde la perspectiva de la historia de la historiografía puede resultar útil el trabajo de Liliana M. Brezzo, El Paraguay en cinco momentos historiográficos: retos y perspectivas. En los editores Juan Manuel Casal y Thomas L. Whigham, Paraguay: el nacionalismo y la guerra (Montevideo/Asunción, UM-Servilibro, 2009). Y sobre el aporte de historiadores extranjeros para el conocimiento de la historia de Paraguay se puede acudir, entre otros, al artículo de Thomas Whigham, «Los estudios sobre el Paraguay en los Estados Unidos. El análisis histórico», en Revista Paraguaya de Sociología (Asunción, CPES, n. 111/112, 2001).

La producción histórica sobre el Paraguay durante la colonia ha sido descrita e inventariada con rigurosidad por Efraím Cardozo en su obra pionera Historiografía Paraguaya (México, IPGH, 1959). En cuanto a la historiografía jesuita son altamente recomendables los trabajos del investigador Ernesto Maeder, entre los cuales figura el actualizado Las misiones jesuíticas de guaraníes. Dos largos siglos de historiografía y controversia; en Luiz Felipe Viel Moreira (coord.), Instituições, fronteiras e política na História Sul-Americana (Curitiba, Juruá, 2007).

Sobre el historiador paraguayo Ruy Díaz de Guzmán contamos con los estudios de Roberto Quevedo y Alberto M. Salas en los volúmenes XL y XLI del Anuario de la Academia Paraguaya de la Historia (2000-2001), en los que se trascriben manuscritos inéditos procedentes de repositorios paraguayos, españoles y franceses. Para la historiografía de la demarcación y, en particular, sobre los textos de Juan Francisco Aguirre, puede acudirse a la reciente publicación del Discurso histórico sobre el Paraguay, con estudio preliminar y restitución del texto original a cargo de Ernesto Maeder (Buenos Aires, Union Académique Internationale, Academia Nacional de la Historia, 2003).

Para la historiografía del siglo XIX es necesario acercarse a la literatura escrita por los viajeros que recorrieron el Paraguay en distintos momentos de esa centuria. Además de las obras mencionadas a lo largo del capítulo, resulta valiosa la recopilación realizada por Alicia Vidaurreta, El Paraguay a través de viajeros, 1843-1917, que aparece en Estudios Paraguayos (Asunción, Universidad Católica de Asunción, 1972). Al lector que le interese tomar contacto con algunas reediciones recientes de los relatos de viajeros se sugiere el texto de Thomas J. Page, El Río de la Plata, la Confederación Argentina y el Paraguay, editado bajo la dirección de Lorenzo Livieres Banks, con un estudio crítico de Ricardo Caballero Aquino y del propio Lorenzo Livieres (Asunción, Intercontinental, 2007). En cuanto a publicaciones culturales en la época, es posible contar con una edición facsimilar de los números de La Aurora. Enciclopedia mensual y popular de ciencias, artes y literatura, con una introducción, notas e índice del contenido a cargo de Margarita Durán Estragó (Asunción, FONDEC, 2006). Los escritos de José Falcón han sido recogidos, por su parte, en Escritos Históricos, edición y estudios preliminares de Thomas L. Whigham y Ricardo Scavone Yegros (Asunción, Servilibro, 2006).

El momento historiográfico comprendido entre los siglos XVIII y la primera mitad del XX, sus condiciones y características, ha sido recogido por Liliana M. Brezzo en Aislamiento, Nación e Historia en el Río de la Plata. Argentina y Paraguay, siglos XVIII-XX (Instituto de Historia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, 2005). Recientemente se han reeditado varios trabajos de Blas Garay, La Revolución de la Independencia del Paraguay, La Junta Superior Gubernativa y El primer Consulado, con introducción de Mary Monte de López Moreira (Asunción, Servilibro, 2009).

Sobre la controversia entre Cecilio Báez y Juan O’Leary disponemos de dos estudios recientes: uno se titula Polémica sobre la Historia de Paraguay, cuya compilación de textos ha estado a cargo de Ricardo Scavone Yegros, y el estudio preliminar, de Liliana M. Brezzo (Asunción, Tiempo de Historia, 2008); el otro, Periodismo y Nación. Paraguay a inicios del siglo XX, ha sido realizado por Aníbal Orué Pozzo (Asunción, Arandurã, 2008).

Para el itinerario vital de los historiadores pertenecientes a la Generación del 900 resulta imprescindible el meritorio trabajo de Raúl Amaral, El Novecentismo paraguayo: hombres e ideas de una generación fundamental del Paraguay (Asunción, Servilibro, 2006). Se han publicado recientemente biografías individuales de desigual valor, aunque aportan datos y fuentes novedosas para el conocimiento del itinerario intelectual de los biografiados. Entre estas figuran la de Xavier de Assis Careaga, titulada Ritter (Asunción, 2008); de Luis María Martínez (comp.), Hérib Campos Cervera (p.): novecentista olvidado (Asunción, Criterio Ediciones, 2006) y El homenaje a J. Natalicio González (Asunción, Cuadernos Republicanos, 2004).

Sobre los usos del pasado, la función social de la historia y el rol de los historiadores durante la segunda mitad del siglo XX, de manera particular en el proceso de consolidación del Estado stronista, resulta de interés el provocativo ensayo de Guido Rodríguez Alcalá, Ideología Autoritaria (Asunción, Litocolor, 1987). También son estimables los trabajos de Luc Capdevila, «Para una historia del tiempo presente paraguayo. Del pasado/presente entre dictadura y democracia: los historiadores bajo la dictadura», publicado en Res Gesta (Rosario, Instituto de Historia, UCA, n. 46, 2008); de Ignacio Telesca sobresalen los trabajos: «La historiografía paraguaya y los afro descendientes», que aparece en Gladys Lechini (comp.), «Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina. Herencia, presencia y visiones del otro» (Buenos Aires-Córdoba, CLACSO-CEA, 2008); y «El mestizaje en Paraguay como categoría analítica en la obra de Branislava Susnik», divulgado en Res Gesta (Rosario, Instituto de Historia, UCA, n. 46, 2008).

Como parte de estas sugerencias bibliográficas nos parece oportuno llamar la atención sobre la necesidad de acercarse a algunos textos. Por el contexto en el que fueron redactadas, las tendencias intelectuales de sus autores y los argumentos expuestos, las obras que enumeramos a continuación aparecen como fundamentales para aproximarse, siguiendo un criterio cronológico, a la explicación de distintos momentos históricos del Paraguay. Algunas obras resultan, aún en la actualidad, poco conocidas. Con este listado animamos a los lectores a tomar contacto con cada una de ellas, y a embarcarse en la grata experiencia de conocer la riqueza intelectual del país:

—Blas Garay: La Revolución de la Independencia, 1897.

—Gregorio Benites: Anales diplomático y militar de la Guerra del Paraguay, 1906.

—Gualberto Cardús Huerta: Arado, pluma y espada, 1911.

—Fulgencio Moreno: Estudio sobre la independencia del Paraguay, 1911.

—Teodosio González: Los infortunios del Paraguay, 1931.

—Hipólito Sánchez Quell: Estructura y función del Paraguay colonial, 1947.

—Justo Pastor Benítez: El solar guaraní, 1947.

—Manuel Domínguez: El milagro de lo eterno y otros ensayos, 1948.

—Julio César Chaves: El presidente López. Vida y gobierno de don Carlos, 1955.

—Carlos R. Centurión: Historia de la cultura paraguaya, 1961.

—Óscar Creydt: Formación histórica de la Nación paraguaya, 1963.

—Carlos Pastore: La lucha por la tierra en el Paraguay, 1972.

—Josefina Plá: Hermano negro. Historia de la esclavitud en el Paraguay, 1972.

—Alfredo Seiferheld: Conversaciones político-militares, 1985-1987, 4 tomos.

—Eligio Ayala: Evolución de la economía agraria en el Paraguay. Política agraria, 1986.

CAPÍTULO II

LAS NUEVAS REGIONES

Fabricio Vázquez

La geografía se basa tradicionalmente en la composición de elementos naturales como, por ejemplo, los tipos de suelo, los ríos y otras características físicas. Sin embargo, la realidad geográfica de Paraguay ya no está definida ni determinada por los denominados accidentes geográficos, sino por las formas de utilizar y valorar los múltiples territorios que la componen, que no son otra cosa que la apropiación y la transformación del espacio natural por parte de la población, que de forma sostenida modifica la relación con los elementos naturales.

Desde esta perspectiva, la geografía de Paraguay ha dejado de ser una mera descripción detallada de los recursos naturales y de las singularidades regionales para convertirse en un escenario más complejo y transformado. Más allá de una victoria sobre la naturaleza, los nuevos territorios paraguayos reflejan diferentes modelos, visiones y utopías de desarrollo socioeconómico que, si bien se sostienen indefectiblemente sobre poderosos pilares naturales, son pilotados por las fuerzas humanas.

LAS DOS REGIONES DEL PARAGUAY

El territorio paraguayo está conformado por dos regiones naturales, históricas y culturales muy diferentes y, por lo tanto, bien diferenciadas. Lo son tanto que se ha creado una imagen inconsciente de un doble país, integrado por la Región oriental y la occidental, separadas por el río Paraguay.

La Región oriental se caracteriza por tener un clima subtropical y suelos bien regados por ríos y arroyos; en cambio, la Región occidental —también llamada Chaco— presenta un escenario totalmente diferente, con escasez de agua dulce y un clima semiárido. Además, los paisajes naturales de ambos territorios presentan un marcado contraste, lo que determinó en el pasado las formas y los modelos de instalación de poblaciones. Así, la Región oriental, por la exuberancia y diversidad de sus recursos, se constituye como la zona de preferencia y referencia social, económica y cultural del país, mientras que el Chaco aparece como un espacio secundario, accesorio y muy poco atractivo para el establecimiento de poblaciones y explotaciones agrícolas. Esta imagen dicotómica tradicional sobre el espacio paraguayo se ha mantenido constante y únicamente en los inicios del siglo XXI se comienza a establecer cierto reequilibrio regional.

A lo largo de su historia, el poder centralizador de Asunción ha funcionado como un poderoso imán que frenó, casi siempre, la incursión y el descubrimiento del territorio fronterizo. Este ha sido el elemento constante en la configuración territorial de Paraguay: un centro poblado, conocido, y una gran periferia que, progresivamente, fue activándose y poblándose como resultado de influencias económicas y geopolíticas que tienen sus orígenes en la época colonial.

LÍMITES FRONTERIZOS Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO

El territorio paraguayo ha ido cambiando a lo largo de los siglos como resultado de los intereses generados por los imperios coloniales, España y Portugal, y por las potencias regionales, Argentina y Brasil, que aparecieron una vez conquistada su independencia. Durante la época colonial española, Paraguay experimentó varias modificaciones dentro de un juego de poder que fortaleció el papel colonizador de Asunción como ciudad regional, aunque la dejó confinada en el centro del subcontinente americano. En esa época, los avances y las fundaciones de ciudades pretendieron asegurar los límites entre españoles y portugueses, pero esos esfuerzos, en muchas ocasiones, no fueron sólidos, sistemáticos ni estratégicos. Por ello, una vez alcanzada la independencia, los límites entre las nuevas repúblicas no fueron precisos ni se establecieron de forma inequívoca hasta mediados del siglo XIX, e incluso mucho más tarde. Así, la guerra que enfrentó a Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay terminó por fijar los límites con argentinos y brasileños en las zonas sur y este de la Región oriental; en cambio, la región del Chaco precisó de otra guerra, esta vez contra Bolivia, para establecer los límites internacionales.

Más allá de los hechos históricos, la dificultad para definir las fronteras de Paraguay también representó un serio problema de ocupación territorial, con graves desequilibrios espaciales, ya que existían muy pocos puntos poblados y había grandes vacíos demográficos, lo que terminó por reforzar aún más la centralización de Asunción. Sin duda, el efecto de las dos guerras (de la Triple Alianza y la del Chaco) sobre el modelo de ocupación territorial fue clave para entender tanto la concentración asuncena como las dificultades para establecer nuevos poblados y ocupar la periferia debido a la enorme pérdida demográfica que ocasionó la contienda de 1864-1870. A todo esto hay que sumar los conflictos políticos internos que debilitaron, durante varias décadas, el interés estatal para establecer colonias agrícolas u obras de infraestructura que facilitasen la integración de todo el territorio paraguayo. Por ejemplo, al finalizar la Guerra contra la Triple Alianza se vendieron grandes extensiones de tierras, con bosques y población autóctona, a especuladores extranjeros que raramente las explotaron; todo lo contrario, las mantuvieron bajo un control basado en los precios irrisorios y en un mercado de tierras poco dinámico. De esta forma, una gran franja al este de la Región oriental, caracterizada por bosques húmedos sobre suelos basálticos, se mantuvo casi en estado prístino hasta 1970 debido a la inexistencia de actividades productivas agrícolas, ganaderas o industriales. Un poderoso indicador de la valoración del espacio y las diferencias regionales fue la clasificación de las tierras en la venta pública que tuvo lugar en 1885: las tierras de la Región oriental, especialmente las cercanas a Asunción, tuvieron una cotización mayor que las del Chaco, una zona muchísimo más extensa y que aún estaba en disputa diplomática con Bolivia.

El patrón de poblamiento y de actividad económica fue el criterio de división territorial administrativo utilizado en 1906 (y que sigue vigente en la actualidad): los grandes vacíos se localizaban tanto en los departamentos fronterizos como en los más alejados de Asunción, mientras que los más cercanos a la capital, como Cordillera, Guairá y Central, estaban más poblados. Hasta 1950 el territorio paraguayo se estructuraba de la siguiente forma:

a) Un centro urbano incipiente pero con poder: Asunción.

b) Una serie de pueblos situados sobre el río Paraguay, que vivían del comercio portuario básico. Por ejemplo: Concepción y Villeta.

c) Una serie de pueblos del interior con escasa vinculación interna que subsistían sin crecer, especialmente en los alrededores de Asunción y a lo largo de la única vía férrea existente en ese entonces: Paraguarí, Escobar, Caballero, Sapucai, Yuty, entre otros.

d) Grandes zonas vacías o escasamente pobladas y sin poblaciones establecidas, principalmente en el este, norte y sur de la Región oriental.

e) Un estado de abandono, pero no de desinterés en la Región chaqueña.

De este esquema de poblamiento sobresalen algunos rasgos territoriales y culturales básicos, como la conformación de una sociedad mayoritariamente rural, campesina, que practicaba la agricultura como una estrategia de supervivencia. Esto explica el escaso espíritu pionero que frenó, en cierta forma, la ocupación de nuevas zonas, lo que terminó por concentrar la población rural en los alrededores de Asunción. Al mismo tiempo, la inexistencia de políticas públicas que ayudaran a distribuir la población de forma más equitativa por todo el territorio contribuyó para que una gran masa de estos pobladores rurales emigrara al exterior, en especial hacia Argentina. Esta emigración explica que grandes extensiones de la Región oriental quedaran inactivas y sin integración con el resto del país. Paralelamente, en algunas zonas alejadas de Asunción, colonos alemanes, ucranianos, polacos y japoneses comenzaron a emerger con una agricultura comercial que, tímidamente, se fue integrando en los mercados mundiales pero que, paradójicamente, permaneció desvinculada de la economía nacional por falta de conexiones viales. Esta estructura territorial interna se completaba con la integración transfronteriza hacia Argentina y Brasil, siguiendo una dirección este, donde se localizaban los principales puertos marítimos situados en el océano Atlántico, en especial la ciudad de Buenos Aires, que constituía el punto regional de referencia.

A partir de la década de 1950, comenzaron a darse algunos cambios, aunque de un modo lento y difícil. En este periodo se construyeron las primeras rutas pavimentadas en la Región oriental, que se convirtieron en vectores de colonización y ocupación del territorio, especialmente la ruta que une Asunción con Ciudad del Este en la frontera con Brasil. Poco a poco, las antiguas propiedades vendidas a empresas extranjeras a finales del siglo XIX sirvieron para ejecutar la ansiada reforma agraria y así disminuir la creciente población pobre y descomprimir la presión política en la zona próxima a Asunción.

En este contexto, tuvo lugar la «marcha al Este», una suerte de conquista de la selva —que hasta entonces había mantenido su paisaje de bosque húmedo, alto y denso, casi inalterable—, para transformarla en tierras fértiles. Al mismo tiempo, la franja fronteriza este de la Región oriental fue poblada por campesinos brasileños, que cruzaron el río Paraná para instalarse y establecer humildes explotaciones agrícolas. Además, en la zona central de esta región continuaron subsistiendo familias campesinas tradicionales que basaban su economía en cultivos de autoconsumo. Uno de los escasísimos productos que se comercializaban en los mercados internacionales era el algodón, cultivo que representó, hasta la década de 1990, un sistema de vida peculiar de las comunidades campesinas.

Entre tanto, Asunción creció tímidamente en los primeros años de 1950 para pasar, posteriormente, a una expansión acelerada, como respuesta a una crisis de la sociedad rural que solo percibía la posibilidad de ascender socialmente emigrando a la capital. Igualmente, muchos paraguayos, ante la inexistencia de tierras y debido a dificultades políticas del momento, emigraron al extranjero, principalmente a Argentina. En definitiva, el país vivió una gran paradoja poblacional y territorial, pues la poblacion debía buscar alternativas en otros países mientras que existían ventajas estructurales para los colonos extranjeros. Estos poblaron las zonas fronterizas de la Región oriental al ser los únicos que aceptaron las condiciones de aislamiento existentes en ese entonces y porque no necesitaban mantener conexiones estables con Asunción, ya que se alimentaban del dinamismo proveniente de Brasil.

Por su parte, en el Chaco también tuvieron lugar algunas modificaciones en la década de 1980. Un primer paso consistió en la construcción de la ruta Transchaco, que unió Asunción con el centro de esta región; otro, fue la instalación de agroindustrias lácteas de gran eficiencia y productividad —por parte de descendientes canadienses y rusos—, lo que permitió desafiar la representación o la imagen casi siempre negativa de este enorme territorio, hasta entonces calificado por gran parte de la población como el «infierno verde» o el desierto.

Este esquema simplificado de la organización territorial se mantuvo relativamente estable hasta mediados de la década de 1990, cuando comenzaron a operarse diversas transformaciones sociales que tuvieron un notable impacto sobre los aspectos geográficos del país. Así, se pasó de un esquema de regiones duales, oriental y Chaco, a un modelo territorial más diversificado y complejo, dominado por las diferentes territorialidades, la fragmentación, la especialización productiva, la globalización de la economía y el crecimiento urbano. En definitiva, una nueva configuración geográfica en la que se superan los límites administrativos convencionales y las fronteras internacionales.

LA ESTRUCTURA TERRITORIAL CONTEMPORÁNEA

Una primera mirada a la estructura y el funcionamiento territoriales contemporáneos de Paraguay permite diferenciar, al menos, nueve subregiones o entidades territoriales funcionales, definidas en relación con las actividades económicas y los perfiles socioculturales de sus habitantes.

Si la «mirada geográfica» se basó hasta fechas muy recientes en la tradicional división político-administrativa surgida en 1906 (17 departamentos, catorce en la Región oriental y tres en el Chaco), las nuevas transformaciones estructurales exigen otras formas de concebir el territorio, basadas en estrategias y actividades de los actores sociales, encargados de rediseñar los territorios de forma cotidiana. Se asume que las actividades económicas son las principales generadoras de los cambios territoriales al expandirse, comprimirse o concentrarse en diferentes momentos. En efecto, el proceso de construcción territorial (y a veces de destrucción de ciertos recursos naturales) ha modificado sustancialmente el paisaje paraguayo y ha dotado a la tierra de nuevos valores y significados. Se puede afirmar que las actividades agrícolas y pecuarias tienen un fuerte impacto en la transformación del territorio por la intensidad con que modifican el paisaje, a lo que se suma la incorporación de nuevos elementos: la introducción de cultivos, la mejora de las infraestructuras, el crecimiento de las ciudades y la intensificación de los flujos productivos y culturales.

Las nuevas dinámicas territoriales de Paraguay

Hasta inicios de la década de 1990 los grandes espacios vacíos de población, junto con la escasa producción, eran una constante tanto en el Chaco como en la Región oriental, pero en los años posteriores comenzaron a aflorar en algunas zonas y a intensificarse en otras los negocios agropecuarios y forestales. Poco a poco, la economía rural paraguaya empezó a pasar de la subsistencia y el aislamiento a la producción empresarial destinada a los mercados regionales y mundiales, lo que favoreció una mayor integración territorial.

A la expansión de la frontera agrícola y el aumento de la producción se sumaron, en este periodo, los intensos cambios políticos que vivió el país con el retorno a la democracia, en 1989; la integración regional con Argentina, Brasil y Uruguay en el MERCOSUR, en 1991; y la promulgación, en 1992, de una nueva Constitución. Esta conjunción de fenómenos políticos y nuevos elementos económicos actuaron como «disparadores» de la transformación territorial que se inició en esos años y que todavía no ha concluido.

En este nuevo mapa territorial podemos distinguir las siguientes subregiones.

1) La subregión agrícola de utilización intensiva de recursos, altamente integrada a los mercados mundiales

La porción este de la Región oriental, especialmente algunas zonas de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Caaguazú, constituye un territorio especializado en la producción agrícola, sobre todo de soja, maíz y trigo. Esta zona comenzó a transformarse con la llegada de inmigrantes brasileños desde inicios de la década de 1970, quienes buscaban tierras donde asentarse ante el avance de la mecanización agrícola en Brasil. Al principio, cultivaron rubros de subsistencia, mientras se instalaban y creaban espacios de cultivo ganándole espacio a la selva virgen. Paulatinamente, estos pioneros brasileños, descendientes a su vez de colonos italianos y alemanes, fueron avanzando en territorio paraguayo, a la par que se instalaba un nuevo modelo productivo agrícola basado en la mecanización y en la producción intensiva de granos.

De esta forma, una gran parte de la zona fronteriza con Brasil se pobló y activó entre 1970 y 1990 gracias a la migración internacional y a la llegada de paraguayos procedentes de departamentos cercanos a Asunción donde las tierras disponibles eran escasas y la reforma agraria había sido imperfecta. Estos procesos poblacionales están íntimamente relacionados con la geopolítica paraguaya imperante desde 1970, que consistió en un acercamiento a Brasil y en un poblamiento del interior de la Región oriental mediante una colonización rural, denominada «Marcha al Este», entendida como la penetración en la selva de la población originaria del oeste, principalmente de los departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí.

Además de los agricultores minifundiarios brasileños y paraguayos aparecieron, en la década de 1980 y especialmente a partir de 1990, los empresarios agrícolas que se hicieron con el control de grandes extensiones de terreno para iniciar el cultivo intensivo. Este modelo de producción a gran escala y orientado casi en exclusividad hacia los mercados externos exigió importantes inversiones en capital, tecnología e insumos, con el fin de aumentar la rentabilidad del sistema. De esta manera, varias zonas se centraron en el cultivo de la soja, lo que convirtió a Paraguay en uno de los mayores productores mundiales.

Esta subregión también se caracteriza por el surgimiento de un nuevo eje de ciudades que responden a la dinámica agrícola, siendo funcionales a este sistema productivo. Estas pequeñas ciudades son el resultado de un nuevo modelo de urbanización que corre en forma paralela al río Paraná, a una distancia promedio de cincuenta kilómetros.

2) La subregión rural tradicional, escasamente agrícola y recientemente urbanizada

Esta subregión representa la zona de poblamiento más antigua del país, donde se asientan los campesinos que conforman el espacio rural tradicional de la Región oriental. Esta población tiene una cultura campesina y una economía principalmente de subsistencia que se mantuvo funcional hasta la década de 1990.

Las familias campesinas se dedicaban al cultivo de mandioca, maíz, maní y poroto, entre otros productos, mientras que los rubros de renta se reducían al algodón y la caña de azúcar, aunque en condiciones poco favorables. Ante esta situación de estancamiento económico, muchas familias migraron a Asunción y a las ciudades cercanas, por lo que esta subregión tradicionalmente rural se acopló al dinamismo económico y comercial de la capital, sin redefinirse como espacio rural. Este esquema de funcionamiento territorial se mantuvo vigente hasta fines de la década de 1990 y experimentó modificaciones sociodemográficas importantes que reconfiguraron su estructura.

En los inicios del siglo XXI, la mayor parte de la población de los departamentos de Cordillera, Paraguarí e incluso Guairá, continúa siendo rural y sus economías son, principalmente, de autoconsumo. Sin embargo, se vislumbran nuevos elementos que indican una transición hacia una sociedad urbanizada pero que aún mantiene los patrones rurales de conducta. Esta subregión se convierte en la reserva cultural del campesinado tradicional de la Región oriental, donde la antigüedad de la instalación de los poblados crea pertenencia y propaga, hacia Asunción y otras ciudades, los valores sociales hoy aceptados y que son percibidos como elementos socioculturales de la paraguayidad.

La alta concentración de población en estos departamentos y la proximidad con la capital posibilitan que esta subregión todavía conserve los rasgos rurales pero incorpore acciones y estrategias urbanas, con una mayor presencia de la modernidad y de la tecnología. Sin embargo, la fertilidad de los suelos se ha reducido considerablemente, a lo que se ha sumado una fuerte migración de población joven, lo que ha llevado a una progresiva pérdida de la productividad agrícola y al abandono de algunas tierras por la escasez de mano de obra. Una parte de estos espacios agrícolas vacíos ha pasado a empresas que expanden sus cultivos, principalmente caña de azúcar, comprando o alquilando las parcelas campesinas en algunas zonas.

Esta subregión se caracteriza actualmente por poseer una red de ciudades, infraestructuras sociales y vías de comunicación muy densa y desarrollada, que vincula los espacios rurales con los urbanos, principalmente las ciudades de Caacupé, Paraguarí, Carapeguá, Ypacaraí, Yaguarón y Piribebuy, entre otras.

3) La subregión agrícola rural tradicional en transformación

En los departamentos de Guairá y Caaguazú persiste una población campesina tradicional al hallarse más alejada de Asunción que otros departamentos con los cuales comparte la misma configuración socioespacial, como Paraguarí y Cordillera. Esta subregión experimenta transformaciones inéditas consistentes en la transición de una economía de subsistencia y desvinculada de los mercados locales y regionales a una economía agrícola integrada en los mercados mundiales.

Hasta la década de 1990, esta subregión vivió al ritmo del cultivo de rubros tradicionales, en el que la población no disponía de oportunidades comerciales externas y adolecía de un mercado interno muy limitado. De esta forma, las familias campesinas subsistían sin mayores sobresaltos en un esquema de paulatino estancamiento y migración de los miembros más jóvenes hacia las zonas urbanas, principalmente, Asunción y Ciudad del Este. Al igual que en la subregión anterior, la producción de algodón era una de las escasas opciones de renta de las familias.

A partir de 1990, de forma lenta pero sostenida, se iniciaron dos procesos paralelos: por un lado, la caída del cultivo del algodón y, por otro, la aparición de nuevos rubros comerciales que diversificaron y optimizaron la agricultura familiar, como la caña de azúcar, el sésamo, el tabaco, la piña, la sandía y la stevia. En su gran mayoría, la producción de estos rubros se orientó a la exportación en condiciones favorables, lo que generó un incremento en los ingresos familiares y una modificación sustantiva del paisaje, que comenzó a modernizarse, de los servicios, las infraestructuras y del sistema cultural.

Este fenómeno de transición hacia una producción agrícola orientada a la exportación fue posible por los nuevos mecanismos financieros, logísticos y comerciales disponibles, así como la asociación de las empresas privadas con las familias campesinas. Finalmente, la diversa gama de agroindustrias que se instalaron para procesar la caña de azúcar, la mandioca y el arroz terminaron por intensificar la amplitud y la expansión de los sistemas productivos en esta subregión.

Como resultado de estos procesos resurgieron pueblos que, anteriormente, tenían una vida socioeconómica muy reducida y que actualmente experimentan una profunda modernización por la llegada de una gama cada vez más amplia de bienes y servicios, con lo que la frontera entre el mundo rural y el urbano es cada vez más imperceptible. Las nuevas ciudades emergentes de esta subregión son San Estanislao, Santa Rosa del Aguaray, Villarrica, Arroyos y Esteros y San Ignacio, entre otras.

A diferencia de las dos subregiones anteriores, esta no posee límites lineales distinguibles, tratándose de un conjunto de islas que, por las interacciones que mantienen, funcionan como un archipiélago. No obstante, los territorios que conforman esta subregión son varios distritos de los departamentos de Cordillera, Paraguarí, Guairá, Caaguazú y San Pedro.

4) La subregión de la ganadería semiintensiva

La ganadería es una actividad económica muy antigua que viene realizándose, principalmente, sobre pasturas naturales y en zonas donde la ocupación territorial permitió una apropiación de grandes extensiones por parte de unos pocos propietarios, formándose así burguesías ganaderas tradicionales. Los territorios de esta subregión corresponden a varias zonas de los departamentos de San Pedro y Concepción.

El modelo productivo ganadero de esta subregión se caracterizó, hasta 1990, por ser un sistema hiperextensivo, donde pocos animales ocupaban grandes superficies de terreno, sin mayores inversiones en tecnología o infraestructura ante un mercado nacional que no exigía ni cantidad ni calidad. Sin embargo, este escenario comenzó a cambiar a fines de la década de 1990, cuando aparecieron nuevos actores, con mayor capital y acceso a tecnología, que terminaron por dinamizar el sistema productivo con vistas a mercados tanto nacionales como regionales que demandaban productos cárnicos de calidad. A esto se sumó una etapa de precios altos, lo que motivó nuevas inversiones e intensificó los sistemas de explotación.

La nueva ganadería de la Región oriental ha dejado de ser hiperextensiva y se ha vuelto, por el contrario, semiintensiva, facilitada por la capacidad de aprendizaje de los ganaderos locales y la llegada de inversores extranjeros, en su gran mayoría brasileños, que aceleran y pilotan la transformación. A diferencia de las zonas de los departamentos de San Pedro y Concepción, extensas zonas ganaderas tradicionales del departamento de Misiones, en el sur del país, no han experimentado esta transformación, pero han aparecido otros cultivos agrícolas, como el arroz y la caña de azúcar, que compiten con la ganadería extensiva por el control del territorio.

5) La subregión de Ñeembucú

Esta subregión incluye todo el departamento de Ñeembucú y algunas zonas de Misiones. Se caracteriza por diversas debilidades estructurales tanto a nivel productivo como de infraestructuras sociales. Esta zona se halla muy alejada de los principales centros de consumo y no dispone de buenas conexiones viales con el resto de las regiones, lo que la posiciona en una situación de desventaja.

Esta subregión es muy rica en recursos hídricos, que son justamente los que constituyen una barrera de comunicación con las otras zonas y frenan, en cierta medida, su desarrollo. En efecto, el aislamiento crónico de esta subregión la ubica entre las menos competitivas y dinámicas del país, siendo su economía de autoconsumo y con escasa integración comercial y productiva.

6) La subregión asuncena

Asunción constituye la zona más atractiva, pues en ella se concentra la mayor cantidad y diversidad de servicios, infraestructuras y oportunidades, pero que termina siendo víctima de su propia centralidad. Como resultado de la poderosa atracción que generó en las últimas décadas, el espacio asunceno ha comenzado a presentar serias deficiencias de funcionamiento y problemas de gobernabilidad. A su alrededor surgieron, en la década de 1990, nuevas ciudades satélites que se sirven de los servicios de Asunción, lo que provoca una saturación del sistema urbano regional.

La subregión asuncena ejerce un poder territorial que se extiende hasta varias ciudades de los departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí, principalmente aquellas zonas que disponen de buena conectividad vial.

7) Del macro Chaco a los Chacos especializados: fragmentación territorial y nuevas subregiones económicas

El estatus geográfico del Chaco no ha variado ostensiblemente desde hace varios siglos. Para muchos, sigue siendo una región hostil a las iniciativas pobladoras y desprovista de oportunidades y ventajas. No obstante, ha sido una región estratégica para los diferentes gobiernos, sin que esto se haya traducido en políticas públicas específicas para integrar esta gran región en la vida económica y sociocultural del país. Sin embargo, la última década (1998-2008) ha sido pródiga en importantes transformaciones que han modificado tanto el estatus de la tierra como la aptitud económica. La llegada de nuevos actores, varios de ellos extranjeros, y la creación de algunas cadenas productivas (leche, carne) han iniciado una clara modificación del paisaje y de la estructura territorial de esta región. Esto ha permitido cambiar la antigua concepción del Chaco como espacio vacío o como un «mar de tierra», desprovisto de mayor utilidad que la gran extensión de sus tierras, a una imagen dinámica de su economía gracias a la valoración de sus tierras y la interacción de sus actores, lo que ha dado como resultado una mayor integración territorial al sistema nacional. Uno de los elementos que han permitido «alterar» la perspectiva tradicional de la tierra ya no es su mera existencia física, sino la presencia de un conjunto de actores y sistemas productivos que, por primera vez en la historia chaqueña, están presentes de forma simultánea, con condiciones externas ventajosas que posibilitan una integración nacional, siempre subordinada a los sistemas y mercados internacionales.

El primer paso hacia este radical cambio comenzó en 1990 gracias al dinamismo agroindustrial basado en la agricultura y la cría de ganado para la producción láctea. A partir de esa década se dio una progresiva expansión de la agricultura basada en las cooperativas situadas en el Chaco central, que no «consumían» demasiadas tierras pues las actividades agrícolas y ganaderas para la producción de leche requerían proximidad de los centros de procesamiento industrial y mercadeo. Posteriormente, a partir de 1995, la ganadería bovina para la producción de carne se desarrolló e intensificó, lo que permitió la conquista de nuevos espacios, primero en los alrededores de las cooperativas del Chaco central y, luego, en el resto del territorio. La expansión de las parcelas se realizó mediante la compra de tierras por parte de los ganaderos chaqueños, que las adquirieron para ponerlas a producir. La mayoría de los vendedores de esas parcelas eran habitantes de Asunción que no residían en el Chaco y para quienes la venta representó un ingreso económico extra. Al mismo tiempo, la construcción de la ruta Transchaco jugó un rol fundamental al permitir que el sistema económico productivo y comercial chaqueño se integrara con el resto del espacio nacional. Si bien la ruta ya estaba disponible antes, las condiciones internas del Chaco no hicieron posible su utilización intensiva.

Antes de continuar con la exposición sobre los cambios en el Chaco, queremos señalar la preferencia de referirnos a las cooperativas y a los actores privados del Chaco central, sin emplear la denominación menonita (como son conocidos los descendientes de inmigrantes canadienses y rusos), ya que esta palabra tiene relación con una dimensión religiosa del grupo, pero no con su dinamismo económico y territorial, que es el aspecto que nos interesa. Hasta esta época las cooperativas habían funcionado como centros de poder político y económico de una sociedad particular que, desde entonces, se abrió a los nuevos tiempos económicos.

En los inicios del siglo XXI, aparecieron dos nuevos e importantes ejes de producción bovina, además del ya existente en la zona central. El primero de ellos se situó en la franja sureña del Chaco, en concreto en el departamento de Presidente Hayes, donde la ganadería hiperextensiva tradicional se reconvirtió para dar paso a sistemas productivos modernos, integrados y de calidad, gracias a la existencia de bienes, servicios, logística y técnicas disponibles y provenientes de las cooperativas del Chaco central. Además, en este caso, la transición familiar —de abuelos a hijos y luego a nietos— jugó un rol indiscutible en la activación de estas propiedades, que en poco tiempo se modernizaron y se volvieron más intensivas en su manejo y mucho más integradas a los mercados tantos nacionales como extranjeros.

El segundo eje lo conformaron ganaderos inversionistas brasileños, además de uruguayos y europeos, que se instalaron en la zona noreste del Chaco, fronteriza con Brasil, en el departamento de Alto Paraguay. Estos actores debieron encargarse de que el sistema productivo funcionara en su totalidad y, para ello, abrieron caminos y linderos, construyeron tajamares y plantaron pasturas. A los recursos financieros de estos inversores, que les permitieron dotarse de moderna tecnología, se unieron los servicios y el conocimiento de las cooperativas del Chaco central con el objetivo de lograr una producción de carne eficiente y, sobre todo, rápida. Sin embargo, la instalación de estas parcelas productivas exigió la deforestación de grandes superficies arboladas, muchas veces sin los permisos correspondientes otorgados por las autoridades competentes.

Una buena parte de los nuevos actores de esta «reconquista» del Chaco son ganaderos provenientes de los estados brasileños de Mato Grosso y São Paulo que se dedican a esta actividad productiva desde hace mucho tiempo. La primera ola de ganaderos brasileños que se instaló en el Chaco fue a mediados de la década de 1990, aunque no resultó ni muy numerosa ni intensa. La segunda ola vino en los primeros años del siglo XXI (2001-2003), coincidiendo con la llegada a la presidencia de Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. El hecho de que el candidato del Partido de los Trabajadores ganara las elecciones generó inquietud entre los inversionistas brasileños, por lo que estos comenzaron a diversificar sus inversiones, entre ellas en Paraguay, ante el temor de que Lula realizara una reforma agraria que conllevara la confiscación de tierras. A comienzos del 2000, la empresa de capital coreano La Victoria adquirió extensas zonas en el noreste del Chaco, con lo que inició algunos procesos productivos.

Para completar el nuevo escenario, a mediados de 2008, el gobierno argentino modificó la carga impositiva a las empresas agrícolas, por lo que algunos grupos empresariales argentinos y transnacionales del sector se instalaron en el Chaco como medio para garantizar sus inversiones. Al mismo tiempo, se presentaron extranjeros holandeses y daneses con la idea de adquirir tierras chaqueñas para futuras actividades, lo que desató una carrera entre agentes extranjeros por adquirir grandes propiedades aprovechando los irrisorios precios de las tierras en el Chaco.

En los últimos años, las cooperativas del Chaco central han dejado de concentrar la totalidad del poder económico y político de la zona. Este fenómeno está vinculado a una etapa de transición económica, al pasar de una ganadería para la producción de leche a una ganadería para la producción de carne, donde las cooperativas disponían de paquetes tecnológicos adaptados a los socios y al propio sistema productivo imperante. Las ayudas destinadas a los socios que se dedicaban a la producción de leche eran muy inferiores a las necesidades de los socios que se disponían a criar ganado orientado a la producción de carne. En efecto, los altos costos de la tierra y la preparación logística (caminos, alambradas, tajamares, etc.) hicieron que las cooperativas ya no pudieran acompañar esa expansión ganadera, lo que obligó a los propios socios a realizar inversiones fuera del funcionamiento tradicional cooperativo. Esto supuso una ruptura importante del esquema relativamente tradicional de los descendientes de los primeros colonos canadienses y rusos (ya paraguayos), que dio paso a la aparición de una nueva lógica económica. Esta ya no dependía necesariamente del sistema tradicional, sino que podía nutrirse financieramente de otras fuentes como, por ejemplo, los bancos asuncenos, que comenzaban a interesarse en el dinamismo de esta región.

El Chaco central, como motor del conocimiento y la logística ganadera, funciona como el elemento facilitador, catalizador y eje entre las diferentes zonas del Chaco, especialmente entre la ganadería del sur, en Presidente Hayes, y la del norte, en Alto Paraguay. Al mismo tiempo, este modelo productivo regional se conecta con los sistemas productivos de la Región oriental gracias a los dos puentes situados sobre el río Paraguay, uniéndose con las ciudades de Concepción y Asunción.

CONCLUSIÓN

El territorio paraguayo experimenta un proceso de transformación estructural en que la ocupación y la activación de zonas antes olvidadas y subvaloradas juegan hoy un rol relevante en la economía y el poblamiento, lo que obliga al Estado paraguayo, en general muy centralizado, a acompañar este nuevo dinamismo.

Las profundas y sostenidas modificaciones de la estructura territorial tradicional paraguaya deben ser entendidas como la manifestación espacial de los cambios ocurridos en las demás instancias de la vida nacional, como el retorno a la democracia, en 1989, la integración al MERCOSUR, en 1991, la promulgación de una nueva Constitución Nacional, en 1992, y el surgimiento de nuevos rubros agrícolas que dinamizan la macroeconomía.

Este nuevo escenario territorial que detallamos en las páginas precedentes no está exento de conflictos sociales, económicos y ambientales. En algunas zonas, la transición entre subregiones se realiza de forma problemática entre los diferentes grupos de actores, mientras aún se construye un modelo de ocupación del territorio más equilibrado y que asegure a la población mejores oportunidades de desarrollo.

Finalmente, tanto las subregiones de la Región oriental como las del Chaco expresan cambios que están conectados con los procesos mundiales, especialmente los que se refieren a la expansión e intensificación de sistemas productivos agrícolas y ganaderos, consiguiendo que la tierra y el propio territorio pasen de ser un pasivo especulable a un activo valorizador.

La geografía paraguaya continuará modificándose siguiendo las lógicas de los sistemas regional y mundial, pero está llamada a ser concebida como una herramienta de comprensión, diagnóstico y ubicación de fenómenos sociales, demográficos y productivos, por lo que la simple lectura como espacio administrativo debe ser complementada con otros cortes territoriales, tanto geopolíticos como geoeconómicos y ambientales.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Existen muy pocas referencias sobre la geografía paraguaya, al menos, que no sean descriptivas y paisajísticas. Los trabajos de mayor valor conceptual y de análisis son los siguientes: de los geógrafos europeos Gaignard, «Sous-développement et déséquilibres régionaux au Paraguay» (Revista Geográfica, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1968); de Kleinpenning, A Thematic Geography of its Development (Biblioteca Íbero-Americana, 2003); de Souchaud, Geografía de la migración brasileña en Paraguay (ADEPO, UNFPA, 2007). Por su parte, los argentinos Enrique D. Bruniard y Héctor R. Borrini han estudiado con precisión y profundidad la conformación y estructura del territorio paraguayo, desde las economías regionales a partir del siglo XVI. De Bruniard cabe destacar «Paraguay (Ensayo de interpretación geográfica)» (Cuadernos de Geohistoria Regional, n. 27, 1993); y de Borrini, «Poblamiento y colonización en el Chaco paraguayo (1850-1990)» (Cuadernos de Geohistoria Regional, n. 32, 1997).

En la última década sobresalen dos publicaciones direccionadas a estudiar las transformaciones territoriales: Economías Regionales y Desarrollo Territorial, de Borda y Masi (Asunción, CADEP, 2002); de F. Vázquez, Territorio y Población. Nuevas dinámicas regionales en Paraguay (Asunción, ADEPO, GTZ, UNFPA, 2006).

CAPÍTULO III

EL PERIODO PREHISPÁNICO

Adelina Pusineri y Raquel Zalazar

Para conocer la prehistoria del Paraguay, periodo que termina con la llegada de los conquistadores hispanos, necesariamente debemos recurrir a las fuentes arqueológicas y a los estudios de ellas derivados. Pero en Paraguay las investigaciones son muy escasas, sobre todo las realizadas de forma sistemática. En general, fueron viajeros y entusiastas de la prehistoria, interesados por conocer quiénes y qué variedades de culturas y poblaciones habitaban la región, los que nos han proporcionado alguna información sobre los pueblos indígenas que habitaron estas tierras.

Recurrimos a la arqueología porque aporta el conocimiento global de la experiencia humana del pasado así como el estudio en el tiempo y en el espacio, que no solo se interesa por desvelar aspectos referentes a la cultura material dejados por esas sociedades, sino también por comprender sus sistemas sociales. Analizar este espacio sociocultural de una sociedad cuyo pasado es lejano nos plantea la posibilidad de comprender el ámbito de territorialidad constituido por los vestigios arqueológicos materiales y su correspondiente significación simbólica, estudiados por los arqueólogos en los yacimientos o sitios arqueológicos. Estas sociedades del pasado se pueden estudiar a partir de los registros materiales o documentos que evidencian su existencia:

a) Los artefactos: objetos hechos y utilizados por el ser humano como las herramientas líticas (de piedra), cerámicas y armas.

b) Las estructuras: corresponden a los paisajes modificados por el hombre, desde las más sencillas, como fogones y casas-pozos, hasta las más complejas, como construcciones, tumbas, pirámides, etc.

c) Los ecofactos: es el paisaje humanizado, el suelo, las plantas, etc., que los antiguos pobladores domesticaron y transportaron a otros lugares.

d) El arte rupestre: pinturas, inscripciones y grabados dejados en las cuevas, abrigos y paredones.

e) Los biofactos: todo lo que procede de la naturaleza para su alimentación como semillas, huesos de animales, etc.

A lo largo de este capítulo utilizaremos, para explicar la antigüedad de la ocupación humana, la denominación AP referida a «años antes del presente», ya que las últimas investigaciones han consignado que es más apropiado su uso que los tradicionales «antes de Cristo» (a. C.) y «después de Cristo» (d. C.), teniendo en cuenta la variedad de calendarios existentes. Asimismo, la comunidad científica internacional adoptó el año 1950 como el punto de origen de la escala temporal. Se trata de una fecha simbólica al comprobarse la utilidad del carbono 14 (¹⁴ C) para medir la antigüedad de artefactos y eventos.

Para comprender la historia de nuestro país debemos conocer primero qué sucedió en la Prehistoria, cuándo llegó el ser humano, por dónde lo hizo, y qué grupos o pueblos habitaron estas tierras. Por tanto, trataremos, primeramente, del poblamiento del continente americano y de la antigüedad de esos grupos humanos para, luego, centrar nuestra atención en la población prehistórica del Paraguay y culminar con las sociedades indígenas que poblaban el lugar en el momento que llegaron los europeos.

POBLAMIENTO PREHISTÓRICO AMERICANO

Por los estudios científicos sabemos que el continente americano no tuvo una población autóctona, sino que fue poblado por grupos humanos provenientes de Asia. Son varias las hipótesis del poblamiento de América, pero la más aceptada es la existencia de un puente terrestre llamado Beringia, en el actual estrecho de Bering, formado en la última glaciación Würm-Wisconsin (entre los 100.000 y 12.000 años AP), cuando el nivel del mar descendió unos cincuenta metros. Este hecho hizo que emergiera un paso natural entre Alaska y Siberia, por el cual cruzaron varios contingentes humanos que se asentaron en Alaska hace entre 20.000 y 40.000 AP. Según Betty Meggers, dicho puente se formó en dos ocasiones: la primera, hace unos 50.000-40.000 años, cuando lograron cruzar mamíferos como el caribú, el mamut y otros animales pleistocénicos, seguidos posiblemente por algunos grupos humanos procedentes de Siberia; la segunda, hace aproximadamente unos 28.000 a 10.000 años AP, cuando nuevos contingente de seres humanos llegaron al Nuevo Mundo.

Una vez en Alaska, según las investigaciones, estos grupos inmigrantes no pudieron dirigirse hacia el sur debido a la existencia de dos grandes placas o lenguas de hielo en Norteamérica que lo impedían: una, la Occidental, se extendía por la cordillera central de las montañas de la Columbia Británica (actual Canadá) y por el valle del río Columbia hasta las islas Aleutianas; la otra, la de Laurentia, cubría aproximadamente diez millones de kilómetros cuadrados en la fase máxima del glaciar, extendiéndose desde el valle del río Ohio, al norte, hasta el océano Ártico y el océano Atlántico, las laderas orientales de las montañas Rocosas y Alberta central y septentrional. Se cree que hace 10.000 años dichas placas se fundieron, lo que permitió que se abriera un corredor entre ambas, por el que pasaron animales y humanos, favoreciendo el poblamiento del resto del continente. En cambio, otra teoría afirma que existió una ruta alternativa por las costas del Pacífico y que fue utilizada para ir al sur por parte de los grupos de cazadores, lo que implicaría conocimientos de navegación. Pero esta teoría aún no ha sido demostrada fehacientemente ya que los datos arqueológicos que la sustentan son todavía insuficientes.

Sea cual sea la teoría, se sabe que una vez traspasado el corredor, estos antiguos grupos se asentaron en la zona occidental de los Estados Unidos. Posiblemente se dispersaron por las montañas Rocosas, alcanzaron la meseta mexicana, arribaron al istmo de Panamá y siguieron con rumbo sur, pasando por los Andes, hasta llegar a Tierra del Fuego, en el extremo sur de Sudamérica.

Según Betty Meggers, cuando la fauna del pleistoceno se extinguió —se cree que debido a la intensa caza de los grupos siberianos o por un cambio climático al final de este periodo—, los grupos humanos se desplazaron por las costas y comenzaron a vivir de la pesca y de la recolección de moluscos, lo que dio origen a montículos artificiales, conocidos con el nombre de sambaquis, a lo largo de la costa de Perú, Chile, sur del Brasil y sudeste de los EEUU.

Los estudios científicos sobre el poblamiento en Sudamérica afirman que los grupos humanos tomaron dos rutas: una, por los Andes y la otra, por las tierras bajas, es decir, por la actual Amazonia. En este segundo trayecto se distinguen dos grupos de pobladores: los proto-arawak, que se desplazaron hacia el norte y el suroeste, y los tupí, que marcharon hacia el sureste. Esta migración se prolongó durante más de dos milenios y se habría realizado atravesando la selva tropical y a lo largo de los ríos principales y sus afluentes, lo que permitió poblar toda la zona amazónica, caribeña y sudeste de Sudamérica, incluyendo la Región oriental del Paraguay, a la que estaban arribando cuando llegaron los conquistadores españoles.

Durante esta fase de migración hacia el sur, varios grupos humanos pasaron de ser cazadores-recolectores generalizados a convertirse en cazadores-recolectores especializados o complejos. Estos contaron con una mejor y más variada producción de material lítico y experimentaron otra transformación importante consistente en la explotación de la fauna y de la flora a su alrededor. Así, empezaron a procurarse recursos vegetales y animales para una mejor subsistencia, lo que dio lugar a una incipiente forma de cultivo y de pastoreo.

LA ANTIGÜEDAD DE LOS HUMANOS EN AMÉRICA

La datación de los grupos humanos en América es una cuestión muy discutida, ya que existen científicos que aseguran que no tienen una antigüedad superior a 13.500 años AP. En cambio, otros estudios, junto con dataciones de carbono 14, arrojan fechas de entre 30.000 a 40.000 años AP.

La fecha más aceptada era la del yacimiento de Clovis, localizado en el estado de Nuevo México (Estados Unidos), que, según las dataciones y los restos líticos y humanos ahí encontrados, posee una antigüedad de 13.000 años AP. Los paleoindios —así llamados por los estudiosos de la prehistoria americana— eran fabricantes de puntas de piedra acanaladas (denominadas puntas Clovis) y grandes cazadores de mamíferos como el mamut y el bisonte gigante, y se les consideraba los pobladores más antiguos de América. En otros yacimientos, como el de Folsom, también en EEUU, se han encontrado puntas de piedra del mismo tipo Clovis pero con variantes en la manufactura. En el resto del continente también se han hallado puntas líticas del estilo Clovis, aunque en América del Sur el tipo de punta lítica más extendido es el lanceolado plano.

Los yacimientos de Meadowcroft (Estados Unidos), Monte Verde (Chile) y Boqueirão da Pedra Furada (Brasil) son los que arrojan las dataciones de rastros de poblaciones más antiguas. En el primero se han datado los restos de un cesto carbonizado en 19.600 años AP; en el segundo, se han fechado restos de hogueras con una antigüedad de 34.000 años AP; y en Pedra Furada, restos con 32.000 años AP. Teniendo en cuenta estas fechas, se presume que América del Sur tuvo que haber sido poblada hace aproximadamente 33.000 años AP, por lo que la migración inicial al continente americano debió haberse producido 7.000 a 8.000 años antes, lo que establece una posible antigüedad de 40.000 años AP para la presencia humana en América.

Con respecto a Paraguay, tenemos que tener en cuenta las investigaciones regionales: las del arqueólogo brasileño Jorge Eremites de Oliveira en la región del Pantanal Matogrossense; las de los arqueólogos Emília Kashimoto y Gilson R. Martins en la zona del Alto Paraná, y las del equipo argentino del Museo de La Plata y Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata en el Chaco litoraleño. Según Oliveira, para la región pantanera (incluye el Alto Paraguay) las fechas radiocarbónicas más antiguas de presencia humana van desde los 8.100 hasta los 4.500 años AP, y se relacionan con la «arqueología de las tierras bajas» de América del Sur ocupadas por pescadores-cazadores-recolectores. El llamado «óptimo climático ambiental» del holoceno medio —etapa en la que las condiciones climáticas luego de la última glaciación mejoraron y dieron paso a un clima más cálido y húmedo—, que se extendió desde los 7.000 a los 4.500 años AP, permitió que en el Alto Paraná y en Mato Grosso se dieran las condiciones para la expansión de estos grupos de pescadores-cazadores-recolectores.

Los yacimientos en Corumbá y Ladario, en Mato Grosso do Sul, evidencian material lítico y cerámica de grupos humanos dedicados a la caza, la pesca y la recolección de moluscos, quienes formaron intencionalmente estructuras monticulares con los restos de su alimentación y, probablemente, utilizaron canoas como medio de transporte en la zona de inundación. También es posible que estos humanos incorporaran la cerámica hace 4.500 años AP, en forma propia o por adquisición de otros grupos, pues la formación monticular, sobre todo en Mato Grosso do Sul, demuestra una ocupación continua de más o menos 200 años, lo que evidencia cierto grado de sedentarización. Dichos montículos también se pueden localizar en Paraguay, concretamente en Puerto 14 de Mayo, departamento de Alto Paraguay, en el lago Ypoá, entre los departamentos Central y Ñeembucú, así como en otros lugares. A estos montículos se les llama comúnmente Yvy chovi, «tierra acumulada» en guaraní.

En la zona de Alto Paraná, Brasil, los estudios arqueológicos confirman la presencia humana en esa región hace 6.000 años AP. Se presume que grupos de pescadores-cazadores-recolectores fueron los primeros habitantes de esa zona y que contaron con una industria lítica abundante gracias a los yacimientos de rocas en la ribera del río Paraná. Sin embargo, carecieron de cerámica, cuya presencia recién se registra hace 2.000 años AP, posiblemente perteneciente a grupos agricultores advenedizos que desplazaron a estos antiguos grupos de pescadores-cazadores-recolectores.

Dentro de la clasificación de las llamadas «Tierras Bajas», la planicie chaqueña o Gran Chaco sudamericano —región que comprende la planicie centro-sur del continente sudamericano en los territorios de Bolivia, Paraguay y Argentina— constituye una gran laguna en la arqueología, aunque las investigaciones arqueológicas en el sector ribereño Paraguay-Paraná han contribuido a esclarecer el panorama de los sistemas sociales del pasado en esta zona. Según las investigaciones realizadas por un equipo multidisciplinario conformado por arqueólogos y etnólogos argentinos del proyecto De las historias étnicas a la prehistoria en el Gran Chaco argentino —Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata— y el Centro del Hombre Antiguo Chaqueño, con sede en Las Lomitas (Formosa), la secuencia de las ocupaciones humanas en la región se puede remontar hasta comienzos de la era cristiana, esto es, de 900 a 1.700 años AP. Igualmente, las investigaciones arqueológicas realizadas en el sector ribereño chaqueño sobre las formaciones monticulares han puesto en evidencia diferencias entre los emplazamientos al sur y norte de la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, por lo que se han establecido posibles vinculaciones de los yacimientos de la zona norte con el gran pantanal matogrossense a través del río Paraguay. Este hecho es muy importante porque vincula la ocupación del Chaco por grupos humanos antiguos que se movían probablemente por este río, desde el pantanal hasta la desembocadura en el Paraná.

Como vemos, la presencia humana en el Chaco, según los datos arqueológicos, es muy posterior a las otras regiones sudamericanas, tal vez por su clima inhóspito. Cabe recordar que la datación se realiza a partir de materiales líticos y cerámicos, y restos orgánicos dejados por los humanos; también podría ser que no hayan quedado rastros de otros tipos de materiales como puntas de proyectil de hueso, asta o madera, por lo que se podría presumir que el Chaco pudo haberse poblado mucho antes ya que, como dice Calandra, estaban dadas las condiciones climáticas y ambientales, junto con la rica biodiversidad existente en la zona, para que grupos humanos habitaran la extensa planicie chaqueña con anterioridad de lo que las dataciones registran.

En Paraguay, las investigaciones arqueológicas son muy escasas. A pesar de ello, recurrimos a los estudios científicos basados en dataciones y no en estimaciones, como las que realizaron Pallestrini y Perasso y Lasheras. Los primeros, en 1986, dataron al hombre de Py-pucú (en el Sitio Frutos, departamento de Paraguarí) en 3.600 años AP. Mucho más reciente ha sido la investigación arqueológica de José Antonio de Lasheras, director del Museo de Altamira (España), quien dirigió, en 2008, un equipo multidisciplinario para estudiar el poblamiento prehistórico de la zona del Amambay, al norte de la Región oriental, en un abrigo del cerro Jasuka Venda, lugar mítico de la cultura Paĩ Tavyterã. La excavación arqueológica indicó que grupos humanos la ocuparon por largo tiempo. Por la datación del material lítico, de los vestigios de huesos de animales y de los restos de hogar-fuego, el equipo de Lasheras concluyó que «la excavación arqueológica nos informa que el abrigo Itaguy Guasu fue utilizado por grupos humanos que residieron ahí tiempo antes y tiempo después de hace 5.200 años AP». Asimismo, según el informe de Lasheras, por los tipos de grabados de arte rupestre encontrados en el sitio y del tipo pisadas, «se puede afirmar que este tipo de expresión tuvo su origen o desarrollo en este lugar y de ahí se difundió por otras regiones». Esta ocupación humana de larga duración fue anterior a los grupos guaraníes que se instalaron en el lugar, ya que los ocupantes guaraníes de la región datan de unos 800 años AP. Para Lasheras, los grabados rupestres de Jasuka Venda ubican al Paraguay en el mapa del arte prehistórico mundial, y a Amambay en la región donde se concentra mayor cantidad y densidad de grabados del estilo de pisadas.

Por su parte, en el Chaco paraguayo pocos son los estudios arqueológicos realizados hasta el momento y, en su mayoría, no poseen datación radiocarbónica, solo estimaciones y comparaciones con otros estudios de la región. Aun así, tenemos el destacado trabajo de Branislava Susnik (1959) en los conchales de Puerto 14 de Mayo, en Alto Paraguay, donde encontró formaciones monticulares similares a las ya mencionadas en la zona del pantanal brasileño y del Chaco argentino.

POBLAMIENTO PREHISTÓRICO DEL TERRITORIO PARAGUAYO

La arqueología latinoamericana propone, en cuanto a la población sudamericana, una división basada en el desarrollo de las sociedades y las culturas en la que, según Iraida Vargas, se distinguen tres variantes: las formaciones o sociedades cazadoras-recolectoras, las formaciones tribales y las sociedades clasistas-iniciales. Al Paraguay le corresponderían las dos primeras formaciones, que fueron poblando y ocupando el territorio en épocas prehistóricas.

Las formaciones cazadoras-recolectoras, como habíamos dicho anteriormente, se transformaron en grupos de cazadores especializados en su migración al sur y, más tarde, en grupos de sedentarismo creciente, que cultivaban (de manera rudimentaria) y contaban con rebaños de alpacas, llamas, guanacos y vicuñas. Al mismo tiempo, hubo una transición entre los antiguos cazadores-recolectores y los grupos tribales que se caracterizaban por la existencia de una producción controlada de alimentos y una estructura social tribal. En estas sociedades tribales se produjo otra transformación destacada: la jerarquización y el desarrollo de la estructura de poder institucionalizado, o sea, la formación de un protoestado, lo que dio lugar a la desigualdad social y al surgimiento de las clases sociales. De esta manera, dichas sociedades pasaron a denominarse formaciones clasistas-iniciales. Este fenómeno fue más frecuente en la zona andina debido a la riqueza de cultivos, a la gran concentración poblacional y a la integración de diversas poblaciones bajo señoríos económicamente ricos y políticamente dominantes. Debemos recordar que no todos los grupos en América tuvieron igual desarrollo, produciéndose una diversificación de las culturas. Así, en Sudamérica, las sociedades andinas tuvieron un mayor desarrollo que las de las tierras bajas correspondientes a Paraguay.

Para las sociedades que poblaron prehistóricamente el Paraguay se establecen varias áreas culturales, marcadas por el mismo hábitat o región, ya que las áreas ecogeográficas del Paraguay actual se diferencian marcadamente. La Región oriental está enmarcada entre los ríos Paraguay, Paraná y Apa (regada por más de 800 cauces hídricos que la hacen muy fértil) y las elevaciones del Amambay y Mbaracayú, es una región a la que llegaron poblaciones de cazadores-recolectores que se ubicaron en la zona este, es decir, hacia el curso medio del Paraná. Por los restos líticos encontrados, como el hacha azadón, parece que contaban con una incipiente horticultura, por lo que podemos afirmar que no eran exclusivamente cazadores-recolectores. Según Susnik, los protopobladores del Paraguay oriental, antes de la aparición de los guaraníes, eran grupos de cazadores-recolectores, denominados «láguidos», que corresponderían a los grupos de pescadores-cazadores-recolectores antes citados, relacionados con los altoparanaenses de las regiones de Paraná, en Brasil, y de Misiones, en Argentina. Es probable que se traten de las poblaciones prehistóricas de mayor antigüedad en la región.

Estos grupos de pescadores-cazadores-recolectores fueron, posiblemente, desplazados por grupos cultivadores-ceramistas, pues la evidencia arqueológica data la aparición de la cerámica entre 1.500 y 2.000 años AP. Por esta razón, podríamos hablar de grupos cultivadores anteriores a los guaraníes llegados por estas fechas a la zona.

Susnik, de hecho, habla de grupos «paleo-amazónicos» que corresponderían a estos primeros ceramistas que también utilizaban las formaciones monticulares o islas para cultivar y habitar. Por ejemplo, tenemos el caso de Py-pucú —investigaciones arqueológicas realizadas en un conjunto de islas en un esteral del departamento de Paraguarí—, donde se comprobó la ocupación sucesiva del lugar por varios grupos humanos preceramistas y ceramistas.

La llegada de grupos guaraníes, llamados por Susnik «ava-amazónico», a la Región oriental fue posterior. Se puede hablar de la dispersión tupíguaraní desde el Amazonas, moviéndose hacia el sur y el sureste a través de los grandes ríos y sus afluentes, como el Araguaia, el Xingú, el Arinos, el San Lorenzo, el Paraguay y el Paraná. La migración no fue masiva sino más bien progresiva, prolongándose por más de 2.000 años.

De esta manera, tenemos dos olas sucesivas: la primera de los proto-mbya, que eran cultivadores subsistenciales, contaban con cerámica corrugada-imbricada, estaban formados por pequeñas comunidades (te’y), eran socialmente exclusivistas (ore) y se movían alrededor de pequeños ríos y sus afluentes. Este contingente fue ocupando tierras pobladas por grupos de cazadores-recolectores y núcleos paleo-amazónicos, lo que favoreció la toma de contactos de distinta índole, algunas veces en forma pacífica y otras hostiles. La segunda ola fue la de los protocarios, que eran grupos con tendencia al cultivo intensivo y predominio de la cerámica pintada, con formaciones sociales aldeanas (tekoha) e inclusivistas (ñande), que se movían mediante canoas por los grandes ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, y llegaron a establecerse en la costa atlántica. Ambas corrientes se plasmaron socioculturalmente, produciéndose una homogeneidad etno-cultural de los grupos Guaraní.

Branislava Susnik afirma que el dinamismo expansivo de los guaraníes se basó en la búsqueda de la tierra «nueva y fértil», y los chamanes fueron los impulsores del dinámico oguata (andar) y del marandeko (guerrear) con los antiguos pobladores. El sentirse ava implicaba tres factores básicos: la identidad comunicativa del ava ñe’, el ava teko vivencial a base del cultivo y el ancestro mítico común fundador, el tamói.

Los guaraníes se caracterizaban por su orientación agrícola, con cultivos de mandioca y maíz, y su gran dinamismo migratorio, siguiendo el rumbo de los ríos en busca de tierras aptas para nuevas rozas. La caza constituía la fuente de proteínas, pero se fue complementando con la alimentación vegetal (resultante del cultivo y la recolección de frutos), que adquirió nuevas posibilidades a partir de la cocción, lo que implicó la adopción de una nueva tecnología: la cerámica (ollas, fuentes, platos). Además, empleaban sus hachas de puntas líticas pulidas como instrumento eficaz para talar en forma cooperativa y realizar los rozados para el cultivo. Sus viviendas eran grandes casas comunales capaces de albergar a todo un clan o linaje, y su mitología estaba coligada al cultivo. El entierro se realizaba en urnas funerarias, lo que ha posibilitado arqueológicamente establecer la expansión de estos grupos. La antropofagia era generalizada y se realizaba como ritual para obtener maíz, como expresión de victoria sobre el enemigo, o como medio para imponer la autoridad parcial o tribal. Socialmente predominaba el linaje patrilineal, la poligamia no constituía una regla en sí misma, sino la forma en que un hombre podía adquirir más prestigio, pues una mujer más suponía más lotes cultivados, un fuego más, más hijas y, por ende, más yernos miembros de su comunidad, y nuevos brazos para trabajar.

El límite entre las regiones naturales del Paraguay constituyó, indiscutiblemente, el río del mismo nombre que, a la vez, marcaba una frontera entre las poblaciones guaraníes de la Región oriental y los chaqueños de la Región occidental. Los guaraníes, cultivadores tribales, y los chaqueños, cazadores-recolectores, se movían constantemente en busca de mejores cazaderos y tierras para cultivar. Sin embargo, tal frontera no fue infranqueable, pues los chaqueños siempre que podían la cruzaron y, mediante la violencia, tomaban como botín los bienes de subsistencia de los cultivadores guaraníes.

Por su parte, el Chaco paraguayo comprende el triángulo entre los ríos Pilcomayo y Paraguay, y la frontera seca con Bolivia. Por las características climáticas y ambientales, junto con los escasos datos arqueológicos con que contamos, se cree que la llegada de los primeros pobladores, con características de cazadores-recolectores o de cazadores-esteparios, fue la más tardía y pudo haberse producido por dos rutas: una, desde el planalto brasileño; y otra, por la región andina.

Poblamiento prehistórico del territorio paraguayo

José Braunstein distingue la distribución de estos grupos por lenguas mayoritarias que poblaron el Gran Chaco. Un primer grupo lingüístico fue el de los Matako, que ingresó desde el norte por el oeste, siguiendo las cuencas de los ríos centrales Pilcomayo y Bermejo. Por su parte, el grupo Guaycurú ingresó desde el sur por el este, penetrando hacia el noroeste por las mismas cuencas. Sabemos que todos los pueblos que integraban estos grupos lingüísticos eran portadores de elementos culturales que podrían incluirse en la categoría de cazadores-recolectores.

El Zamuco, un tercer grupo, fue desplazado hacia el Chaco, como lugar de refugio, por grupos cultivadores, posiblemente Arawak del planalto brasileño, y llegaron por el noreste aproximadamente hace 1.000 años AP. Por su parte, el grupo Maskoy alcanzó el Chaco central paraguayo como consecuencia de la presión ejercida por los grupos cultivadores, y su migración se superpuso a la de los zamucos. Finalmente, el grupo Chané-Arawak se asentó en el área precordillerana de los ríos Parapití y Guapay (San Miguel de los Chiquitos) y se extendió, antes de la llegada de los guaraníes a la zona, hasta la parte del alto río Pilcomayo. Pero debido a los movimientos de los grupos andinos iniciados hace 1.000 años AP, también tuvo que desplazarse y terminó refugiándose en el Chaco y en el Alto Paraguay.

Los grupos chaqueños, por su misma diversidad, no pueden ser caracterizados por las mismas formas culturales. Antes de la llegada de los europeos no vivían aislados en un encierro ambiental sino que mantenían frecuentes tratos con otros grupos vecinos ya fueran contactos hostiles, pacíficos o de trueque. Esto permitía la difusión de elementos culturales que el pueblo receptor los integraba dentro de sus necesidades materiales, ceremoniales o expresivas. Estos focos de difusión para el área chaqueña estaban determinados por los cultivadores intensivos arawak y por los subandinos, en el norte, y por las sociedades paleo-amazónicas ceramistas y de los guaraníes, en el área del litoral paranaense.

En general, todos los grupos chaqueños poseían la cultura de cazadores-pescadores-recolectores, con un intenso movimiento en busca de nuevas zonas de caza y pesca y, para ello, contaron con instrumentos de huesos, piedra y madera. Aprovechaban, de manera inmediata, los recursos naturales y su vivienda temporal tenía forma de cobertizo. En lo social se caracterizaban por una frecuente y continua fragmentación de los grupos según las posibilidades de subsistencia. Los matrimonios se basaban en la regla de exogamia local o por la unión de clanes. La mitología estaba relacionada con sus actividades cazadoras y recolectoras.

LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y LA LLEGADA DE LOS EUROPEOS

Los guaraníes, si bien eran conscientes de la unidad del ava amazónico, agrupaban sus aldeas por regiones, ligadas a las tierras fértiles y a los intereses de la población aldeana. Esta fuerte conciencia geo-regional —llamada guara por Susnik— se basaba en una comunidad de intereses y en la reciprocidad de vínculos sociales que unían a varios grupos patrilineales. La identificación con su guara era para el guaraní un hecho sumamente importante, pues esta identificación era exclusiva, lo que no permitía que otros vinieran a formar parte de la misma y mucho menos a asentarse en ella.

La documentación del siglo XVI que nos ha llegado indica que estas regiones estaban denominadas por los ríos que las cruzaban, por los nombres de sus caciques o por nombres específicos de los grupos que las habitaban. Así, en el momento del arribo de los españoles a Paraguay, los guaraníes estaban distribuidos, según Susnik, en las siguientes regiones o guara: en el antiguo Guairá, entre los ríos Tieté e Iguazú; en la zona entre el río Uruguay y la Laguna de los Patos en la costa atlántica; entre los ríos Uruguay y Paraná; entre los ríos Paraguay y Paraná, llegando hasta el río Miranda en el norte y hacia el sur ocupando las islas del río Paraná hasta el Tigre, en el delta del mismo río, donde confluye con el Río de la Plata. Estos grupos eran los Carios, los Tobatines, los Guarambarenses Itatines, los Mbaracayuenses, los Mondayenses, los Paranaes, los Uruguayenses, los Tapes, los Mbiazas, los Carios litoraleños y los Chandules.

Por su parte, en el Chaco podían distinguirse tres áreas geoculturales: alto Paraguay, medio y bajo río Paraguay, y la sur-paranaense. Las áreas alto Paraguay y sur-paranaense se encontraban, cuando llegaron los españoles, en pleno proceso de conquista y expansión por parte de grupos Guaraní, Chané y culturas subandinas. Por su parte, la zona del medio y bajo río Paraguay estaba dominada por los payaguás, los mocoretá-mocovíes y los abipones, quienes se movían con gran libertad por los ríos. Estos grupos estaban emparentados con otras etnias pedestres situadas en torno al Pilcomayo y el Bermejo, como los Mbayá-Guaycurú (que luego adoptaron el sistema ecuestre), con quienes los guaraníes, y luego los españoles, mantuvieron constantes rencillas por los ataques a la comarca asuncena. En la zona alto-paraguayense se concentraban los Guató, los Guasarapo, los Matará, los Orejones y los Xarayes.

Durante el periodo hispánico otros grupos chaqueños aparecieron en escena como los grupos Lengua-Emimagá y Cochaboth, quienes también atacaron los núcleos españoles en numerosas ocasiones. Por su parte, los mocovíes, los abipones y los tobas se mantuvieron al sur del río Pilcomayo y hostigaron a los pueblos misioneros. Hacia fines del siglo XVIII se acercaron a la ribera del río Paraguay los maskoys, mientras que los zamucos, al norte, fueron trasladados a una misión en Chiquitos, que fracasó. En el siglo XIX, otros grupos indígenas tomaron contacto con la sociedad paraguaya: los Mataco, los Emok-Toba, los Chamacoco-Ishir y los Ayoreo-Moro.

En definitiva, al llegar los europeos a estas tierras la configuración étnica era bastante heterogénea. Los diferentes grupos siguieron moviéndose, como lo comprueban la documentación y las crónicas de la época. Si bien la Región oriental fue conquistada y colonizada por los españoles ya en el siglo XVI, el Chaco permaneció casi intacto hasta finales del siglo XIX, cuando se emprendió una nueva política de «misionización» y «civilización» de los grupos indígenas.

Podemos afirmar, a modo de conclusión, que todavía queda mucho por investigar en el ámbito de la prehistoria paraguaya. Se necesitan más estudios e investigaciones arqueológicas a nivel nacional para poder conocer mejor nuestra historia antes de la llegada los conquistadores hispanos.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Para saber más sobre el poblamiento y la prehistoria americana es imprescindible recurrir a los trabajos de Betty Meggers, América prehistórica (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979); de Grahame Clark, La Prehistoria (Madrid, Alianza, 1981); de Michael H. Crawford, Antropología biológica de los indios americanos (Madrid, MAPFRE, 1992); y de Jorge A. Rodríguez, Arqueología del sudeste de Sudamérica, publicado en Prehistoria sudamericana. Nuevas perspectivas (Santiago de Chile, Taraxacum, 1992).

En cuanto a los estudios arqueológicos para la región del sudeste sudamericano tenemos las obras de Emília Mariko Kashimoto y Gilson Rodolfo Martins, Uma Longa História em um Grande Rio. Cénarios Arqueológicos do Alto Paraná (Campo Grande, Oeste, 2005); de Jorge Eremites de Oliveira, Arqueologia das Sociedades Indígenas no Pantanal (Campo Grande, Oeste, 2004); de Jorge Eremites de Oliveira, Arqueologia pantaneira: história e historiografia (1875-2000) (Dourados, Editora da UFGD, 2008). Todas estas obras nos permiten tener una visión bastante amplia de la prehistoria de esta región, sobre todo en lo que concierne a los paleoamericanos y los guaraníes.

Sobre el Gran Chaco podemos recurrir a los estudios de los argentinos José Braunstein y otros, «Historia de los Chaqueños. Buscando en la “papelera de reciclaje” de la antropología sudamericana» (Acta Americana, Revista de la Sociedad Sueca de Americanistas, v. 10, n. 1, 2002); de Horacio Calandra y Susana Salceda, «Registro Arqueológico Regional Chaqueño» (Folia Histórica del Nordeste, n.º 16, 2006); de Guillermo Lamenza y otros, «Complejidad e interacción de sociedades prehispánicas ribereñas del Gran Chaco argentino» (Actas del XXVI Encuentro de Geohistoria Regional, 2006) y «Contribución al conocimiento arqueológico del Sector Ribereño del Chaco Meridional» (Presentación en el Encuentro de Geohistoria, 2009). Todos estos estudios arrojan nuevas evidencias sobre las sociedades prehistóricas de la planicie chaqueña.

Los estudios de Branislava Susnik son muy importantes para comprender la dispersión guaraní en la Región oriental y la historia de los grupos indígenas en el Paraguay. Destacamos los siguientes: Dispersión tupí-guaraní prehistórica. Ensayo Analítico (Asunción, Museo Etnográfico Andrés Barbero, 1975); Guía del Museo. Etnografía Paraguaya (Asunción, Museo Etnográfico Andrés Barbero, 5.ª ed., 1976); El rol de los indígenas en la formación y en la vivencia del Paraguay (Asunción, IPEN, T. I., 1982); de Branislava Susnik y Miguel Chase-Sardi, Los indios del Paraguay (Madrid, MAPFRE, 1992).

Otras obras son el resultado de investigaciones arqueológicas en Paraguay, que nos presentan algunos datos sobre la antigüedad y el modo de vida de los grupos humanos en nuestro país. Destacamos los trabajos de Jose Luiz de Morais y José A. Perasso, Tecno-tipología de estructuras de lascamiento del sitio Marcelina-Kue (Itapúa-Paraguay) y Ensayos de Arqueología Paraguaya I (Asunción, Arte Nuevo Editores, 1984); de Luciana Pallestrini, José A. Perasso y Ana M. Castillo, El hombre prehistórico del Py-pucú. (Esbozo arqueo-etnológico) (Asunción, RP, 1989); de Luciana Pallestrini y José A. Perasso, «Projeto Leroi-Gourhan: Arqueologia das “Ilhas” do Paso Py-pucú» (Revista do Museu Paulista, Nova Série, v. XXXI, 1986).

También queremos agradecer a José Antonio Lasheras el habernos proporcionado, para este capítulo, el informe final del trabajo «Patrimonio cultural del pueblo Pai Tavyterã en Jasuka Venda, arqueología y arte rupestre en Itaguy Guasu/Abrigo 1», de marzo 2009. Este informe fue entregado a la dirigencia del Pai Retã Joaju (Pueblo Pai Tavyterã involucrado en el proyecto) así como a la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay. Los resultados aún son inéditos, sin embargo se han consignado por su relevancia para la arqueología y prehistoria paraguayas.

CAPÍTULO IV

CONQUISTA Y COLONIZACIÓN
(1537-1680)

Margarita Durán Estragó

Cuenta la leyenda que los guaraníes recibieron a los españoles con docilidad y sumisión, que entregaron sus mujeres y alimentos sin pedir nada a cambio, en contraste con el indígena chaqueño que resistió, luchó y no se rindió ante los invasores. Rafael Eladio Velázquez señala «que de haber ocurrido de ese modo las cosas no tendría que constituir precisamente motivo de orgullo para nosotros, los paraguayos de hoy, la ascendencia guaraní que a todos nos alcanza. Pero para tranquilidad de mi espíritu no fue así: sin perjuicio del inicial contacto amistoso en la comarca de Asunción y otras regiones, se registraron más de ciento veinte años de resistencia y rebeliones guaraníes en el Paraguay colonial».

La colonización del Paraguay fue, a partir de 1537 y en cierta forma, un accidente histórico, producto del fracaso de un esfuerzo por conquistar el Imperio inca a través del Río de la Plata, es decir, por el este. Unos treinta años antes, navegantes europeos habían explorado las costas atlánticas y los ríos de la cuenca de la Plata, y tuvieron noticias de un fabuloso imperio repleto de tesoros de oro y plata. De ahí proviene el nombre del Río de la Plata con que bautizaron a la región bañada por los afluentes del Paraná y Paraguay, y que se creía (con razón) podía conducirlos a la sierra de la plata.

El primero de estos navegantes fue Alejo García, único superviviente de un naufragio en la costa atlántica y que alcanzó, en 1524, el Alto Perú (hoy Bolivia) en compañía de los guaraníes. Así, se convirtió en el primer europeo que penetró en el imperio incaico, de donde consiguió un rico cargamento de metales preciosos y tejidos. A su regreso, los indígenas lo mataron a la altura del actual departamento de San Pedro, aunque las noticias de su viaje y del tesoro adquirido ya se habían esparcido como un reguero de pólvora por toda España.

El estallido de la «fiebre del oro» hizo que el adelantado Pedro de Mendoza llegara en 1536 al Río de la Plata con una expedición, financiada por él mismo y en parte por banqueros alemanes, integrada por más de 1.500 personas, mucho más numerosa que las de Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Mendoza no trajo consigo agricultores sino soldados, que consideraban el trabajo manual indigno de ellos. Como no trabajaban la tierra, exigieron alimentos a los indígenas de la zona, los querandíes, pero estos no eran agricultores, ya que vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos y miel silvestre, por lo que en ningún caso podían mantener a tantos «estómagos hambrientos». Entonces, los españoles intentaron obtener alimentos por la fuerza, pero solo lograron provocar la hostilidad de aquellos indígenas, quienes multiplicaron sus ataques contra Buenos Aires, la ciudad recién fundada por Pedro de Mendoza.

ASUNCIÓN Y LA FALTA DE MINAS

A pesar del hambre, la desmoralización y las muertes que siguieron al establecimiento de Buenos Aires, un grupo de expedicionarios emprendió la búsqueda de El Dorado y llegó al Paraguay en 1537. Los cario-guaraníes que allí vivían eran agricultores y de ellos obtuvieron aprovisionamientos para proseguir el camino del oro y la plata. Asunción fue fundada por Juan de Salazar y Espinosa como base de operaciones y centro de abastecimiento en reemplazo de Buenos Aires, que fue rápidamente abandonada. Lejos del mar y en medio de la selva, el fuerte de Asunción no hubiera revestido ninguna importancia si no fuera por la abundancia de bastimentos que allí encontraron los españoles.

Uno de los expedicionarios españoles, Domingo Martínez de Irala, llegó al Alto Perú en 1548, pero ya era tarde: otros españoles, al mando de Francisco Pizarro, se habían adueñado del Imperio inca. Tras el desengaño, a Irala y sus compañeros no les quedó más remedio que regresar a Asunción y convertir ese establecimiento provisorio en un lugar definitivo.

Después del descubrimiento de la sierra de la Plata (que no era otra cosa que la conquista del Perú), España perdió interés por el Río de la Plata, un territorio que, a pesar del nombre que llevaba, no poseía metales preciosos. Aun así, los españoles siguieron buscando el oro en el Amazonas, en el Itatín, en el Guairá y en las tierras frías del sur magallánico, aunque el fracaso coronó todos aquellos intentos y vanas ilusiones.

Si bien el Paraguay dejó de interesar económicamente a España, desde el punto de vista político constituyó un importante peldaño fronterizo al defender los límites de la corona española contra las pretensiones expansionistas de los portugueses en el área de Brasil. Sin embargo, la Provincia del Paraguay pasó mucho tiempo sin que tuviese noticias de España. En 1562, luego de más de una década de incomunicación con la Península, las autoridades de Asunción elegidas «según Dios y sus conciencias» —escribía Ruy Díaz de Guzmán— admitieron que el abandono del Paraguay por la Corona se debía, antes que a nada, al «poco o ningún crédito que de estas provincias se tienen, viendo sus muchas armadas y gentes que a ella han venido y las pocas o ningunas que vuelvan por no haber en ellas oro ni plata ni granjerías provechosas que son las principales causas de la perpetuidad de las tierras», tal como refiere el contador real Felipe de Cáceres.

En 1564, el gobernador Francisco Ortiz de Vergara, el obispo fray Pedro Fernández de la Torre junto con una numerosa delegación partieron de Asunción para ir al Perú en procura de auxilio. Este «éxodo» paraguayo causó malestar en las autoridades virreinales y la Audiencia de Charcas no se molestó en escuchar sus peticiones. Pero todo cambió cuando uno de los «peregrinos» extrajo ante los oidores de Charcas un puñado de piedras de raro brillo provenientes de las minas de Guairá, y aseguró que no eran explotadas por falta de mineros y de un gobernador rico. El menosprecio hacia el Paraguay se transformó, de pronto, en un codiciado interés. Con celeridad, la Audiencia de Charcas informó al Rey (Felipe II) que «lo que al presente parece es que aquella tierra es muy buena y tiene metales hartos de oro y plata, cobre y hierro». Al conocerse la buena nueva, un rico hacendado llamado Juan Ortiz de Zárate vendió todas sus posesiones en el Perú y viajó a España para pedir al Rey la confirmación del gobierno del Paraguay. Nombrado adelantado, Ortiz de Zárate llegó a Asunción en 1575 con su tripulación diezmada por el hambre, la peste y la resistencia de los indígenas. También arribaron a Paraguay los franciscanos Luis Bolaños y Alonso de San Buenaventura, fundadores de las reducciones guaraníticas del Río de la Plata. Sin embargo, las esperadas minas que vino a buscar el adelantado fueron solo un espejismo. El Paraguay carecía de metales preciosos, aunque era rico en tierras fértiles, lo que el gobernador Francisco Ortiz de Vergara llamó «agro del mundo».

¿RECIPROCIDAD Y PARENTESCO HISPANO-GUARANÍ?

En el comienzo de la conquista, los españoles trataron a los indios con estratégico respeto y se esforzaron por obtener su colaboración de forma amigable. El sistema de reciprocidad familiar —aceptado por los españoles al tomar mujeres indígenas— les permitió conseguir no solo amantes sino tovaja o parientes políticos que les servían en las tareas domésticas y en el trabajo de la tierra. La contraprestación consistió en proveer a los naturales de utensilios de hierro (hachas, anzuelos, cuñas, etc.) además de reforzar con sus armas la defensa contra los enemigos, otros grupos indígenas.

Las movilizaciones y campañas de conquista llevadas a cabo por los españoles —con indios guaraníes a su servicio— se hicieron cada vez más frecuentes y prolongadas, hasta tal punto que los indígenas comenzaron a sentir el desgaste físico y una gran mortandad. Si al principio acudieron voluntariamente como acompañantes de los españoles, con el tiempo terminaron haciéndolo por la fuerza, lo que motivó la rebelión y el deseo de «echar de la tierra a los cristianos», según relató Ulrico Schmidl (soldado alemán que integró la expedición de Pedro de Mendoza).

Son muchos los cronistas que hablan del enfrentamiento habido entre españoles y guaraníes al inicio de la conquista. Por ejemplo, Ulrico Schmidl cuenta en sus relatos que mientras Juan de Salazar mandaba construir el fuerte de Asunción, el cacique Lambaré y su gente levantaban una defensa para proteger a sus hijas y mujeres. Los españoles sitiaron a Lambaré hasta que los carios se rindieron después de tres días de resistencia ante los arcabuces enemigos y, en señal de sometimiento, entregaron a los españoles alimentos y mujeres. Para evitar posibles levantamientos, como el que ocurrió en 1539, los españoles impusieron a los indígenas la carga del trabajo forzado, unido al sometimiento sexual de las mujeres por medio de la «alianza» con los caciques guaraníes. De esta manera, se desmonta lo que hasta ahora muchos consideran el encuentro romántico del español con la mujer guaraní, y de lo que se llamó «Paraíso de Mahoma». Más allá de los hechos anecdóticos, analizamos las causas de dicha unión y nos encontramos con una realidad diferente, ya que aquellas relaciones se mantenían por la fuerza de las armas y se hallaban asociadas a la reciprocidad guaraní.

Este primer periodo de conquista española fue sangriento y pleno de violencia. Las conjuras indígenas se sucedieron, como la que tuvo lugar el Jueves Santo de 1539 cuando ocho mil guaraníes se reunieron en Asunción para acabar con los blancos al término de la celebración litúrgica de ese día; pero una delación permitió a los españoles adelantarse y colgar a los cabecillas. Otro alzamiento se produjo en la región del Jejuí hacia 1543, cuando los guaraníes, al mando del cacique Taberé, se negaron a entregar víveres a los españoles en represalia por la muerte de otro cacique, Aracaré. Según los cronistas de la época, esta reacción indígena fue aplacada con sangre por Domingo Martínez de Irala, lo que provocó que el descontento de los nativos se extendiera por casi todas las regiones boscosas del norte, los valles del sur y entre los carios de Asunción.

LA ENCOMIENDA

La ausencia de oro y plata en la Provincia del Paraguay obligó a los españoles a buscar en el cultivo de la tierra la fuerza económica necesaria para su supervivencia. En muchas ocasiones, se apoderaron por la fuerza de tierras o chacras que ocupaban los guaraníes. En otras, los españoles se valieron de las rancheadas para reclutar indios. A los que se resistían, se les mataba o eran vendidos o se les cambiaba por caballos y ropas.

El sistema más frecuente para trabajar la tierra fue la encomienda. Este sistema consistía en el reparto de tierras e indios para el servicio de los españoles como recompensa por los servicios prestados a la Corona. En Paraguay no se aplicó hasta 1556, ya al final del mandato de Domingo Martínez de Irala, y fue el fruto de la presión ejercida por los conquistadores quienes, incluso, llegaron a complotarse contra Irala por no atender sus pedidos. Hubo muy pocos encomenderos importantes en Paraguay, ya que al hacerse el reparto de indígenas entre los centenares de conquistadores, a casi nadie le tocó un número considerable de aquellos. Con la implantación de la encomienda, los españoles dejaron de considerar a los guaraníes como tovaja o parientes políticos y los empezaron a tratar como simples siervos. A partir de ese momento, se intensificó el levantamiento de los indígenas que tantas muertes y pérdidas económicas trajo a la Provincia del Paraguay.

Las encomiendas fueron de servicio personal y, hacia 1570, se otorgaban por tres vidas, es decir, la del beneficiario y dos sucesores. Los españoles que contaban con indígenas a su servicio debían impartirles la enseñanza de la doctrina cristiana, para lo cual los encomenderos estaban obligados a sostener al cura doctrinero y debían proporcionar a los naturales alimento, vestido y el cuidado de la salud. Sin embargo, casi siempre se negaban a cumplir estas contraprestaciones.

Las encomiendas del siglo XVII llegaron a ser la columna vertebral de la economía paraguaya. Los indígenas reducidos a pueblos se hallaban sometidos al sistema de encomiendas y, según las leyes vigentes, debían pagar a sus encomenderos un tributo en dinero o en especies, pero este procedimiento fue distorsionado en la práctica, pues los indígenas, en vez de pagar en dinero, cumplían dos meses de trabajo anual gratuito para el encomendero. Además, existía el servicio personal remunerado y obligatorio (conocido como mita) que se imponía por turnos a todos los varones capaces de dichos pueblos. También hubo indígenas que fueron repartidos, a título de encomiendas, a los vecinos. Se los llamaban yanacona (voz quechua que significa siervo) y se los tenía como «originarios» de las ciudades o villas de donde provenían sus encomenderos. Igualmente, las niñas y los niños indígenas también fueron obligados a dejar a sus familiares para el servicio doméstico de los españoles.

El sistema de la encomienda se convirtió en una carga tan pesada que los indígenas lucharon por destruirlo y así recuperar la libertad. Cabe destacar que todos los pueblos indígenas levantados en armas contra los españoles estaban sujetos al régimen de encomiendas. Eran tantas las vejaciones y muertes de los naturales que las voces de protesta de clérigos y religiosos llegaron a oídos del Rey. Así, una Cédula Real de 1582 responsabilizaba a los encomenderos de tantos crímenes y malos tratos:

Somos informados [escribía el Rey al obispo del Río de la Plata] que en esa provincia se van acabando los indios naturales de ella por los malos tratamientos que sus encomenderos les hacen, y que habiéndose disminuido tanto los dichos indios que en algunas partes faltan más de la tercia parte […] y los tratan peor que esclavos y como tales se hallan muchos vendidos y comprados de unos encomenderos a otros y algunos muertos en azote, y mujeres que mueren y revientan con las pesadas cargas, y a otras y a sus hijos les hacen servir en sus granjerías, y duermen en los campos y allí paren y crían mordidos de sabandijas ponzoñosas, y muchos se ahorcan y otros se dejan morir sin comer, y otros toman yerbas venenosas, y que hay madres que matan a sus hijos, en pariéndoles, diciendo que lo hacen para librarlos de los trabajos que ellos padecen, y que han concebido los indios muy grande odio al nombre cristiano y tienen a los españoles por engañadores y no creen en cosas que les enseñan.

Los levantamientos indígenas se sucedieron tanto en los alrededores de Asunción como en otras partes de la región, por ejemplo en el Guairá. En 1561 y parte de 1562, la lucha fue violenta en Ciudad Real, donde miles de indígenas sitiaron dicha ciudad. Pero con la ayuda de Alonso Riquelme de Guzmán y los indios «amigos» al servicio de los españoles, el levantamiento terminó en una dura represión.

Sería interminable hablar de todas las rebeliones indígenas del Paraguay. Según Branislava Susnik, en esas revueltas se manifestó «la importancia de las agitaciones shamánicas con sus proclamas de vuelta a las antiguas costumbres y a los montes». En general, gran parte de las rebeliones y agitaciones indígenas siguieron hasta fines del siglo XVI, aunque también se registraron otras en la segunda mitad del siglo XVII, como el levantamiento de los indios de Yuty (1657) y la rebelión de los naturales de Arecayá tres años más tarde. Nuestra Señora de la Concepción de Arecayá era un pueblo de indios situado sobre el río Jejuí. Fundado en 1630 con indios reducidos al sistema de encomiendas, Arecayá tenía «malísima reputación» ante gobernadores, encomenderos y curas doctrineros, pues muchos eran los cargos contra los indios de Arecayá y muchos más los «abusos y extralimitaciones que los movían a tan sostenida inquietud», como expresó el gobernador eclesiástico de la época, Adrián Cornejo.

En 1660 llegó a Arecayá el gobernador del Paraguay, Alonso Sarmiento de Figueroa. Por medio de un intérprete, el gobernador instó a los indígenas a que cumplieran con las prestaciones de servicio de vidas hacia sus encomenderos. Pero esa noche, mientras los españoles discutían entre ellos sobre la propiedad o tenencia de los indios de Arecayá, sus habitantes crearon un gran alboroto y, según se relata en el informe enviado a España, «repentinamente embistieron los indios y sus macanas, flechas y chuzos, y otros pegaron fuego a las casas donde estaban alojados». Los españoles resistieron cinco días el ataque de los indios hasta que llegaron los curas doctrineros con los indios reducidos de Atyrá, Ypané, Guarambaré y Caaguazú, y lograron liberar a los españoles y poner en fuga a los habitantes de Arecayá. Cuatro muertos y veintidós heridos fueron el saldo que dejó a los españoles «la codicia del servicio del personal», señaló el gobernador eclesiástico. La represión cayó con toda su fuerza sobre Arecayá, al ser capturados noventa y cinco indios con sus mujeres e hijos, a quienes obligaron a confesar en forma colectiva. El gobernador trajo presos y acollarados a ciento sesenta y ocho indios con sus familias y, por el camino, ordenó que fuesen ahorcados trece indios principales, además del corregidor y dos caciques de Arecayá.

Con Arecayá terminaron los levantamientos y la resistencia activa de los guaraníes. Sin embargo, ellos y las demás naciones indígenas del Paraguay, aunque pacificados y reducidos a pueblos, jamás dejaron de resistir a la dominación europea.

La no violencia activa o resistencia pasiva fue una constante de la vida del indio conquistado. La torpeza, la embriaguez, la pereza, la estupidez y tantos otros atributos con que la mayoría de los europeos identificaron a los indígenas no fueron más que manifestaciones de rechazo de estos a todo lo que les alejaba de su teko yma o antiguo proceder.

LAS AUTORIDADES COLONIALES

Al inicio, cuando la geografía conquistada aún era pequeña y los problemas relativamente pocos, las Indias se gobernaron desde el Consejo de Castilla. Con el tiempo, al aumentar el territorio conquistado se vio la necesidad de crear instituciones y organismos propios para dirigir las nuevas tierras. Así, nacieron la Casa de Contratación y el Consejo Real y Supremo de Indias y, ya en el siglo XVIII, se agregó la Secretaría de Despacho Universal de Marina e Indias.

La Casa de Contratación, creada en 1503, se encargaba de administrar los negocios reales de ultramar. Tenía a su cargo el control y la regulación de la navegación; el comercio y la migración entre España y sus posesiones ultramarinas. Su importancia resultó fundamental debido al monopolio establecido por la corona española y sus colonias.

Por su parte, el Real Consejo de Indias, creado el 1 de agosto de 1524, contaba con facultades gubernativas, judiciales, militares, legislativas y de hacienda. Aconsejaba al rey en los asuntos de gobierno, administración y patronato. También proponía el nombramiento de las altas autoridades civiles y eclesiásticas de las Indias Occidentales, así como la modificación o la elaboración de nuevas leyes. A su cargo corría todo el manejo administrativo y judicial del Imperio español. También preparaba los proyectos de resoluciones y los elevaba en consulta al rey, el cual con su aprobación los convertía en cédulas y provisiones. Para llevar a cabo todas estas funciones se componía de un presidente, un gran canciller, ocho consejeros, un fiscal, un secretario y dos escribanos, entre otros.

A medida que el poder español creció y se afianzó, aparecieron otras instituciones de carácter político y militar, con jurisdicción territorial sobre las tierras americanas. En el momento del «descubrimiento», el cargo de adelantado era honorífico y las personas que recibían dicha distinción lo hacían mediante capitulaciones de descubrimiento, conquista o población. El empleo era vitalicio y, a veces, hereditario por dos o más generaciones. Casi siempre iba acompañado del mando político, militar y judicial. En el Paraguay y en el Río de la Plata, ejercieron el cargo de adelantados Pedro de Mendoza (1534-1536), Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1542-1544), Juan Ortiz de Zárate (1569-1576) y Juan Torres de Vera y Aragón (1578-1592), los tres primeros por merced real y el último por derecho sucesorio.

En el Nuevo Mundo, los órganos de gobierno estaban encabezados por los virreyes, alter ego del rey, representantes del monarca. El primer virrey de las Indias fue Cristóbal Colón, cargo que fue perdiendo atribuciones con sus descendientes, pero que reapareció con todo su poder en 1535, al crearse el Virreinato de Nueva España. Siete años después se estableció el Virreinato del Perú, del que dependió el Paraguay hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776. El virrey electo recibía el título de gobernador, presidente de la Audiencia virreinal, capitán general del territorio de su jurisdicción y un poder general que le facultaba para actuar como el mismo rey.

Al frente de una provincia menor, no tan expuesta a acciones bélicas, se hallaba el gobernador. En esta situación se encontraba Paraguay, a pesar de constituir zona fronteriza con los dominios portugueses y de estar expuesta a los ataques de los indios del Chaco. El nombramiento de gobernador provenía del rey y a él solo rendía cuenta de sus actos, aunque también se hallaba vinculado al virrey como representante del monarca. Los gobernantes eran residenciados (juzgados) al término de su mandato. Para ello, el llamado juez de residencia realizaba un cuestionario sobre los problemas más comunes y los vecinos importantes lo llevaban a sumario secreto. A continuación, se llamaba a acusación de cargos y se corría vista a las partes. Si el gobernador resultaba culpable, podía ser castigado.

El principal órgano de la administración de la justicia fue la Real Audiencia, tanto en las Indias como en España. Las audiencias en América eran tribunales colegiados integrados por su presidente y los oidores o vocales. Los autores clasifican las audiencias en varios tipos: virreinales, establecidas en la capital del virreinato y presididas por el mismo virrey; pretoriales, radicadas en la capital de las provincias mayores, a cuyo frente figuraba un presidente que era, a la vez, capitán general y gobernador; subordinadas, como la de Charcas, a cuya jurisdicción perteneció Paraguay hasta 1785, año en que se instaló una audiencia virreinal en Buenos Aires.

Los funcionarios auxiliares y subalternos de la justicia eran los corregidores y alcaldes mayores. El título completo era el de corregidor y justicia mayor, al que a veces se agregaba una designación de orden militar, capitán de guerra o lugarteniente del capitán general. Ocupaba un lugar inferior al de los gobernadores. Los corregidores de América se nombraban para gobernar un pueblo de indios (eran como unos capataces), mientras que el corregidor que administraba un pueblo de españoles era gobernante de comarcas, que casi siempre formaban parte de un virreinato o provincia mayor, es decir, dependían del presidente de una audiencia.

El Cabildo o Ayuntamiento fue la única institución municipal y representaba a las élites locales. El Cabildo de Asunción se creó el 16 de septiembre de 1541, tras la llegada de los hombres emplazados en Buenos Aires. A partir de entonces, el fuerte de Asunción se convirtió en ciudad, dirigida por el gobernador Domingo Martínez de Irala. Más tarde se crearon otros cabildos de españoles, como los de Villa Rica y Curuguaty, y cabildos de indios en las reducciones y pueblos de naturales. Desde el punto de vista edilicio, Asunción siguió siendo la misma ranchería y, aunque llegó a ocupar más de una legua de oeste a este (alrededor de cinco kilómetros) y más de un tercio de legua de norte a sur, no tenía ninguna ordenación por cuadras y solares iguales, sino calles anchas y angostas que salían y cruzaban a las principales «como algunos lugares de Castilla» —según Ruy Díaz de Guzmán— y, antes que calles, eran surcos abiertos por los raudales. Los cabildantes se reunían en la Iglesia Mayor y los acuerdos entre Irala y sus oficiales reales se celebraban todos los lunes en la casa del gobernador.

En los territorios coloniales de las Indias, al igual que la metrópoli, se registraron dos clases de cabildos: los ordinarios y los abiertos. Los primeros estaban integrados por los alcaldes y los regidores, presididos en las ciudades cabeceras de gobernación por el propio gobernador de la ciudad o su lugarteniente. Podían formar parte de ellos los oficiales reales, que eran considerados como regidores natos de la ciudad. También tenía asiento, voz y voto el alférez real con lugar de regidor más antiguo y con salario duplicado. Las atribuciones del Cabildo consistían en elaborar ordenanzas de buen gobierno, que debían presentarse a la audiencia para su estudio, y esta al Consejo de Indias para su aprobación definitiva. Integraban el Cabildo dos alcaldes ordinarios, de renovación anual, y un número variable de regidores que podían ser vitalicios o de mando anual, entre los cuales algunos, como el alférez real, el alcalde provincial de la Santa Hermandad, el alguacil mayor y el fiel ejecutor, tenían funciones específicas de carácter político, policial o económico.

Los alcaldes o jueces de primer y segundo votos administraban justicia. El de primer voto debía recaer en un encomendero y el de segundo voto, en un vecino con «casa puesta», o sea, propietario, descendiente de conquistadores, de buena conducta, que supiera leer y escribir, y tener la confirmación de su cargo. Otros cargos de perpetuidad eran los siguientes: los de relatores o actuarios, que podían ser pregoneros; los escribanos, dedicados a labrar actas capitulares y dar fe de todo lo dicho en el acto; el alguacil mayor, encargado de controlar el orden público, los precios y la calidad de los productos; el fiel ejecutor, que controlaba los pesos y las medidas además de encargarse del saneamiento, alumbrado y sanidad; el depositario, que custodiaba los bienes municipales; y el procurador, experto en leyes. Para poder obtener alguno de estos cargos públicos se debía contar con cinco años de residencia y ser benemérito, es decir, descendiente de conquistadores.

El cabildo abierto solo tuvo lugar en circunstancias excepcionales o en pueblos de exigua densidad de población. Era una reunión de altos funcionarios de la administración a los que se agregaban algunos vecinos para deliberar sobre asuntos de interés inmediato.

LA PROVINCIA GIGANTE DE LAS INDIAS

El territorio de Paraguay tenía como límites la región amazónica, al norte; las tierras de Magallanes, al sur; la línea de Tordesillas, al este; y doscientas leguas de costa sobre el Pacífico, al oeste. De esta manera, Paraguay abrazaba, en el momento de su nacimiento, más de la mitad del continente sudamericano. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente en 1620 con la división efectiva de la, entonces, llamada Provincia Gigante de las Indias y la pérdida de las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Concepción del Bermejo. En ese momento, en las tierras paraguayas, el fenómeno del mestizaje se convirtió en una realidad social. La ausencia de oro y plata, y el aislamiento hicieron que, en poco tiempo, dejaran de llegar más españoles al Paraguay, por lo que los conquistadores se vieron librados a sus propias fuerzas. Estos, ante la falta de mujeres españolas, entraron en mestizaje con las indias guaraníes. Asunción y sus comarcas se convirtieron en centros de reclutamiento de mujeres guaraníes sometidas a la prostitución y al trabajo forzado. Al cabo de una generación, no había en la capital más que 280 españoles, casi todos ancianos, mientras que los mestizos sumaban más de diez mil, según manifestaciones del padre Martín González en 1575.

A lo largo de este periodo, comenzaron a fundarse ciudades en la extensa y dilatada provincia del Río de la Plata. Los españoles supieron asentar con firmeza la ciudad de Asunción, pero la expansión territorial fue obra de la primera generación de mestizos. Aunque se habían abandonado Buenos Aires, Corpus Christi y San Francisco del Biaza, veinte años después de iniciada la ocupación del territorio, Asunción comenzó a constituirse en centro de la conquista y «madre de ciudades». En 1554, se fundó Ontiveros, y tres años después, Ciudad Real; en 1561, Santa Cruz de la Sierra sobre el Guapay; y en 1570, Villa Rica del Espíritu Santo, en el Guairá. Cuando el gobernador Martín Suárez de Toledo lanzó un bando, en 1572, llamando a todos los vecinos y moradores para poblar un puerto río abajo, se presentaron nueve españoles y ochenta mestizos. Estos, comandados por Juan de Garay, fundaron Santa Fe, en 1573, y, por segunda vez, Buenos Aires, en 1580. Posteriormente, otras partidas procedentes de Asunción establecieron Concepción del Bermejo, en 1585, y Corrientes, en 1588.

Primeras ciudades fundadas desde Asunción

En la última década del siglo XVI, surgió la importante figura de Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias. Criollo asunceno, hijo de los españoles Martín Suárez Toledo y María de Sanabria —madre, a su vez, de fray Hernando de Trejo y Sanabria, franciscano paraguayo, fundador de la Universidad de Córdoba del Tucumán—, vivió desde su más tierna infancia según los usos, las lenguas y las costumbres de la tierra, lo que le valió gran ascendencia.

Hernandarias llegó al poder mediante el voto popular, en julio de 1592, a raíz de la deposición del último adelantado, Juan Torres de Vera y Aragón. Por primera vez un hijo de América llegaba a tan alta distinción, pero el temor y la desconfianza que pesaban sobre el Paraguay y su gente hicieron que el virrey del Perú designara gobernador a Fernando de Zárate, obviando la elección de Hernandarias. Pero debido a su avanzada edad, Zárate se vio obligado a abdicar, dejando la provincia «en poder de los mozos locos y sin juicio ni entendimiento», en referencia hecha a los mestizos, partidarios de Hernandarias. Entonces, en reemplazo de Zárate fue nombrado Juan Ramírez y Velazco, quien se hallaba en ese momento en Potosí. Como la fama de Hernandarias ya había cruzado las fronteras, Velazco no titubeó en enviarle poderes para que gobernara en su nombre mientras viajaba al Paraguay. Una vez en Asunción, el nuevo gobernador lo nombró teniente gobernador y capitán general, en julio de 1597. Al cabo de poco tiempo, Ramírez y Velazco murió, por lo que, nuevamente y por tercera vez, Hernandarias quedó al frente del poder. En esta ocasión, el virrey de Perú, Luis de Velasco y Castilla, lo confirmó en su puesto ese mismo año. En 1599, el Rey nombró gobernador del Paraguay a Diego Rodríguez Valdez de la Banda, pero este, como otros anteriormente, murió a poco de arribar al Paraguay, por lo que Hernandarias interinó el gobierno durante un breve periodo. Paralelamente, llegaron a la Corona varios memoriales en los que se peticionaba el nombramiento oficial de Hernandarias como gobernador. Los pedidos provenían del Río de la Plata y también del Perú, lo que motivó que el Consejo de Indias propusiera al monarca que accediera a las peticiones a favor de Hernandarias a fin de lograr «pacificar y componer la gente de las poblaciones que allí hay que es muy inquieta». Contrariamente a todas las tradiciones, Felipe II refrendó su nombramiento como gobernador el 6 de noviembre de 1601 y Hernandarias asumió, por cuarta vez, el poder el 15 de agosto de 1602.

Durante su mandato, se llevó a cabo en Asunción el sínodo diocesano (1603) y se dictaron las famosas «ordenanzas de Hernandarias», que establecieron leyes protectoras hacia los indígenas, y se estructuraron las relaciones de los españoles con aquellos. También se delimitaron las jurisdicciones territoriales y Asunción, como centro del Río de la Plata, se adjudicó un radio de cien leguas a la redonda.

A lo largo de todos estos años se fue acrecentando el problema de la enorme extensión de la Provincia del Paraguay. A medida que, desde Asunción, se iban fundando ciudades, algunos conquistadores sintieron temor de no poder regirse con un solo gobierno. Ya en 1579 el tesorero Montalvo propuso a la Corona la formación de tres gobernaciones en la Provincia Gigante de las Indias, aunque esta sugerencia no reflejaba el sentir de los paraguayos, que no estaban dispuestos a sacrificar su vasto dominio. Sin embargo, gran parte de la dilatada provincia no podía ser atendida con prontitud ante pedidos de auxilio, como acontecía con Villa Rica del Espíritu Santo, asediada insistentemente por los bandeirantes o paulistas.

Bajo este contexto, Hernandarias comunicó al Rey la situación y, en 1607, propuso la creación de un gobierno aparte en el Guairá, que agrupara las ciudades de Villa Rica del Espíritu Santo, Ciudad Real y Santiago de Xerez. Aunque la idea no prosperó, el monarca pidió informes al virrey del Perú, Juan de Mendoza y Luna (marques de Montesclaros), quien señaló: «Es mi parecer que se le agregase también la ciudad de la Asunción donde hoy está la Catedral de Paraguay y tiene la misma o poco menos dificultad de ser visitada desde Buenos Aires». Esta confusión provino de que el virrey no conocía personalmente la Provincia del Paraguay, y como Hernandarias había escrito desde Buenos Aires, creyó que esta ciudad era cabeza de la gobernación.

El gobernador Diego Marín de Negrón, quien sucedió a Hernandarias en 1609, insistió sobre el pedido de su antecesor, pero tampoco tuvo eco favorable. Durante el nuevo gobierno de Hernandarias (1615-1618), este insistió en la formación de un gobierno separado en el Guairá, en los mismos términos que el proyecto de 1607, ante la incesante invasión de los paulistas en tierras paraguayas. Finalmente, el Consejo de Indias estudió el caso, pero lamentablemente el único dictamen analizado fue el que había realizado el virrey Mendoza. Así, el 16 de diciembre de 1616 el Rey estampó su firma al pie de la cédula que decretaba la división de la provincia, mas no como Hernandarias o Marín de Negrón, que conocían el territorio, lo habían solicitado, sino en la forma sugerida por el virrey. La nueva provincia del Guairá quedó integrada por Villa Rica del Espíritu Santo, Ciudad Real, Santiago de Xerez y nada menos que Asunción, capital de la antigua Provincia Gigante de las Indias. Por su parte, la Provincia del Río de la Plata mantuvo Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Concepción del Bermejo. Con esta decisión, el Paraguay perdió su salida al mar, tuvo que vivir de cara al río del mismo nombre y quedó confinado en sus selvas.

LA ECONOMÍA COLONIAL

De la selva paraguaya surgió la yerba o ka’a, infusión medicinal de los guaraníes, que, de pronto, cobró tanto prestigio que se convirtió en bebida y alimento indispensables de los habitantes del Río de la Plata y el Perú. Al principio, los españoles lo consideraron un producto pobre y se desentendieron de él.

Con el tiempo se conoció la yerba mate, planta silvestre que crecía en las regiones del Mbaracayú, Concepción y el Guairá. Esta yerba era muy apreciada, pues los comerciantes se enriquecieron con ella, no así el peón yerbatero, que vivía como un esclavo, sin recibir recompensa por su trabajo.

En 1618, Hernandarias pudo comprobar, con sorpresa, que la yerba se había impuesto de tal modo que se propuso prohibir el uso de dicha bebida, que hacía a los hombres «viciosos y haraganes». También castigó a los mercaderes y peones yerbateros, e incluso llegó a quemar cargamentos de yerba. El provincial de la Compañía de Jesús, el padre Diego de Torres Bollo, acusó su uso ante el Santo Oficio de la Inquisición como una «superstición diabólica que acarrea muchos daños». Pero la Corona desoyó las condenas de Hernandarias y de los jesuitas contra el uso y comercio de la yerba porque vio en ella una fuente de recursos para la Real Hacienda. Pronto los ríos se cubrieron de embarcaciones cargadas de yerba y las caravanas de carretas partieron hacia todas las direcciones. No se hicieron esperar los impuestos de las oficinas receptoras y el «oro verde paraguayo» benefició a la voracidad fiscal antes que a la castigada economía paraguaya. Posteriormente, en 1680, aparecieron nuevos impuestos con el fin de proteger y fortificar la ciudad de Buenos Aires, amenazada por los piratas ingleses. Dicho impuesto se pagaba en la ciudad de Santa Fe y consistía en medio peso sobre cada arroba de yerba introducida y un peso para la que iba al Perú y Tucumán.

LA ESCLAVITUD EN PARAGUAY

Tradicionalmente, se cree que en el Paraguay hubo pocos esclavos de origen africano. Sin embargo, a fines del siglo XVII ya constituían el 12% de la población de Asunción y sus alrededores.

Como se analizará con más detalle en el capítulo XIV, los esclavos en Paraguay podían ser vendidos, donados, hipotecados o dados en préstamo al igual que cualquier objeto de valor. La reproducción, principalmente de mujeres, acrecentaba la fortuna de su propietario, ya que el hijo seguía la condición jurídica de la madre. Las familias pudientes de Asunción y Villa Rica contaban con esclavos domésticos al igual que las órdenes religiosas, que también tenían una gran cantidad de esclavos negros. Pero no todos los negros eran esclavos, ya que algunos pudieron comprar su libertad y otros fueron libres por voluntad de sus antiguos amos.

LA IGLESIA EN EL PARAGUAY COLONIAL

La conquista española se articuló como una empresa al servicio de Dios y Su Majestad. El Real Patronato (derechos y privilegios concedidos por el Papa) otorgaba a los monarcas españoles la potestad de establecer y organizar la Iglesia en las colonias de ultramar. Los reyes recaudaban y administraban los diezmos eclesiásticos y podían vetar las bulas papales. De igual modo, la Corona tenía autoridad para decidir qué clérigos debían de ser nombrados, a dónde tenían que ir, cuáles eran los límites de su jurisdicción y cuánto había que pagarles. También eran decisiones del Rey las dignidades y las prebendas de los cabildos eclesiásticos, así como la autorización para erigir conventos y monasterios. El gobernador del Paraguay, al igual que sus pares en el resto de América, ejercía el vicepatronato para la provisión de curatos y para la vigilancia del cumplimiento de los privilegios reales. Como contrapartida del control estatal en los asuntos de la Iglesia, la Corona garantizaba a los clérigos medios de subsistencia, seguridad, privilegios y autoridad. Los clérigos y religiosos que llegaron a las Indias vinieron como representantes de la Iglesia y como funcionarios del Estado.

La diócesis del Río de la Plata fue instituida escasos diez años después de la fundación del fuerte militar de Asunción, por medio de la bula Super Speculo Militantis Ecclesiae del papa Paulo III, el 1 de julio de 1547. Esta diócesis era sufragánea del arzobispado de Lima y tuvo como sede la ciudad de la Asunción, por haber sido ella centro de la conquista. El primer obispo electo fue el franciscano fray Juan de los Barrios, aunque no llegó nunca a Paraguay. Desde Aranda del Duero (España), donde se encontraba, erigió la iglesia-catedral de Asunción el 10 de enero de 1548. Mientras preparaba su viaje, dotó al nuevo templo de todas las dignidades y prebendas propias de las catedrales españolas, recurriendo a su imaginación más que a la realidad geográfica y humana de su futura sede. El primer obispo que llegó a ocupar la sede fue fray Pedro Fernández de la Torre, también franciscano, venido en 1556. Durante su obispado se construyó la primera catedral, obra iniciada por el gobernador Domingo Martínez de Irala.

Tuvo que pasar un cuarto de siglo para que se estableciera el Cabildo Eclesiástico. Se sabe que en 1572 ya estaba constituido el Cabildo o Coro, aunque incompleto y con prebendas recargadas de tareas, y que actuó con interrupciones y dificultades durante toda la época colonial. Sin embargo, de su seno salieron los provisores o gobernadores eclesiásticos —casi todos paraguayos— que suplieron las largas vacancias episcopales.

Dentro de la Iglesia paraguaya prestaron sus servicios tanto el clero secular como el regular. Integraban el clero secular aquellos sacerdotes que no pertenecían a ninguna orden religiosa, no estaban sujetos a regla especial alguna ni a otra autoridad inmediata que no fuera la del obispo. Los primeros clérigos que llegaron al Río de la Plata lo hicieron con la expedición de Pedro de Mendoza, en 1536. Con la fundación del fuerte de Asunción se establecieron en él los clérigos Francisco de Andrada, primer capellán de Asunción, Juan Gabriel Lezcano, maestro de niños, director del primer coro y autor de una farsa llevada al teatro, y Luis de Miranda de Villafaña, escritor y versificador. También se destacaron, entre otros, los padres Francisco González Paniagua, Martín González y Diego Martínez, quienes actuaron como capellanes de los exploradores, adoctrinaron a los guaraníes y elevaron memorias y cartas al Rey. Con el tiempo ocuparon el curato de españoles de la Encarnación, el de los naturales de San Blas y la atención espiritual de la población campesina de los valles y las villas de la extensa diócesis del Paraguay.

Asimismo, con Pedro de Mendoza llegaron algunos religiosos mercedarios y jerónimos, pero hasta la toma de posesión del obispo Pedro Fernández de la Torre no se establecieron institucionalmente en Asunción. Los mercedarios construyeron un convento y la iglesia de la Merced, que ya estaban terminados a la muerte de gobernador Irala, en 1556. También poseyeron una estancia en Areguá, donde trabajaron cientos de esclavos de su propiedad; y en Asunción se dedicaron a la atención espiritual de los negros, conocidos como kamba la Mercé. Por su parte, los jerónimos fundaron en la capital el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, de vida efímera. Su presencia en Paraguay fue muy escasa, debido a que casi todos ellos hicieron causa común con Álvar Núñez Cabeza de Vaca y decidieron volver a España.

Los franciscanos fueron los que ejercieron más influencia en la vida política, cultural y religiosa del Paraguay. Llegaron al Río de la Plata en 1538, pero no construyeron su convento hasta fines del siglo XVI. Algunas de las principales figuras de la orden franciscana fueron fray Luis Bolaños, Alonso de San Buenaventura, Juan Bernardo (guaireño), Gabriel de Guzmán (nieto del gobernador Irala), Pascual de Rivadeneyra y los obispos Martín Ignacio de Loyola, Bernardino de Cárdenas y Pedro García de Panés. Fray Luis Bolaños fue el fundador de las reducciones guaraníticas, creador del guaraní escrito y traductor del primer catecismo en esa lengua. El obispo Loyola reunió el primer Sínodo de Asunción (1603), de donde surgieron los primeros documentos sociales de la Iglesia paraguaya y en el que se aprobó el catecismo de Bolaños como único y obligatorio para todo el Río de la Plata.

Los primeros jesuitas llegaron al Paraguay en 1588, pero no fue hasta comienzos del siglo XVII cuando se establecieron formalmente en Asunción. En 1607, se erigió la llamada Provincia Jesuítica del Paraguay, y el primer provincial fue el padre Diego de Torres Bollo. Emulando la obra misionera de los franciscanos, los jesuitas comenzaron a estudiar la lengua guaraní de Bolaños para, luego, iniciar la fundación de reducciones. En materia de educación, los jesuitas contaron con un colegio en Asunción, que sin duda alguna fue el centro de estudios superiores de mayor jerarquía en el Paraguay del siglo XVII. Además de sus reducciones, la Compañía de Jesús poseyó gran cantidad de tierras de labor y estancias, todas ellas atendidas por esclavos negros de su propiedad.

La última orden religiosa en llegar al Paraguay fue la de los predicadores, más conocidos como dominicos. En Asunción fundaron el convento de Santa Catalina Virgen y Mártir, en 1627. El templo de La Encarnación, el primero levantado en la ciudad, fue el centro de sus actividades religiosas y culturales por habérselo cedido como convento a fines del siglo XVII. Los dominicos no tuvieron a su cargo indígenas como los franciscanos y jesuitas, pero en su estancia de Tavapy —hoy Roque González de Santa Cruz— atendían espiritualmente a los esclavos negros de su propiedad y a la población española de la periferia. Entre sus principales representantes se encuentran los obispos Alonso Guerra y Reginaldo Lizárraga.

LAS MISIONES FRANCISCANAS

Las primeras misiones del Paraguay se las debemos al franciscano andaluz fray Luis Bolaños. De acuerdo con la mentalidad de la época, no se podía pensar en «cristianizar» al indio sin antes lograr «humanizarlo» mediante el sometimiento a una «vida política y humana». Con dedicación y empeño, Bolaños fue perfeccionando su guaraní con el fin de conocer la cultura y las creencias religiosas de los indígenas. Tradujo al guaraní las oraciones o «rezo», así como el catecismo limense. Después de recorrer el Guairá y adentrarse en la región de los tupíes antropófagos, Bolaños volvió a Asunción y, a unos cuarenta kilómetros de esta ciudad, fundó la reducción de Altos, en 1580. Allí consiguió reunir a más de 1.300 indígenas, a quienes los redujo a pueblo en una región elevada y boscosa. Con esta reducción, el franciscano logró salvar los dos grandes obstáculos con los que tropezaron los clérigos durante los primeros años de colonización: la dispersión de los indígenas y el desconocimiento de la lengua. Bolaños fue el primero a quien los indios escucharon predicar en su propio idioma.

Cuando la misión de Altos ya estaba encaminada, Bolaños y su maestro Alonso de San Buenaventura regresaron a las provincias del norte que seguían agitadas, y allí echaron las bases de la reducción de Pitum (Guarambaré), a fines de 1580. En la última década del siglo XVI se fundaron Atyrá, Tobatí, Perico Guazú, Ybyrapariyara, Terecañy, Pacuyú, Curumiai y otras cuyos nombres no aparecen en los documentos. Con estas fundaciones, Bolaños logró pacificar a los indígenas del norte y mitigar la violencia y muerte de tantos naturales. En contrapartida, los indios reducidos pasaron a trabajar para los españoles.

Entre 1582 y 1585, ambos religiosos recorrieron las ciudades de Villa Real y Villa Rica del Espíritu Santo, y las costas de los ríos Piquyr y y Huibay. En cada una de ellas permanecieron bastante tiempo, adoctrinando a los indios y atendiendo material y espiritualmente a los apestados, tanto españoles como indígenas. En el Guairá se les unieron dos jóvenes: Gabriel de Guzmán y Juan Bernardo, quienes ingresaron en la orden. Posteriormente, todos regresaron a Asunción, donde Bolaños se ordenó sacerdote aprovechando la llegada del obispo Alonso Guerra, en 1585.

Al cabo de poco tiempo, Bolaños y sus compañeros se dirigieron a la provincia del Caraiba, al suroeste de Asunción, y allí, con ayuda de los novicios guaireños, lograron pacificar a los indígenas del lugar, quienes desde hacía mucho tiempo vivían rebelados. Estos indios, conjuntamente con los paranaes, constituían una de las parcialidades guaraníes más resistentes a la dominación española. Bolaños logró trasladar a los caraibas a unos treinta kilómetros de Asunción, en el pueblo de Itá, donde inició con ellos la reducción del mismo nombre, en 1585. Con esta fundación, Bolaños logró la pacificación de dichos naturales, su sometimiento a la dominación española y el inicio del adoctrinamiento en la fe cristiana. Una vez asentada la reducción de Itá, y llevado por el afán de cristianizar a los indígenas, Bolaños se dirigió hacia el este, donde vivían los nativos de Acahay. También estos se hallaban sublevados, aunque no superaban en rebeldía a los de Caraiba. Finalmente, alrededor de 1.700 indígenas de Acahay acompañaron a Bolaños (y a los novicios guaireños) hasta muy cerca de Itá, donde estableció la reducción de Yaguarón, hacia 1586-1587.

Estas primeras misiones guaraníticas se caracterizaron por la escasez de misioneros y la influencia desmedida de los encomenderos. En ellas, no hubo una presencia permanente por parte de los franciscanos pues tenían que desempeñar el papel de misioneros itinerantes realizando múltiples tareas, como la de doctrinero, asistente social, animador y «educador» de los indios reducidos. Los que residían en las reducciones eran los pobleros o capataces de los encomenderos, encargados de enseñar a los indígenas el manejo del arado, controlar los trabajos de hilado de las mujeres y verificar el cumplimiento por parte de los indígenas del servicio personal debido a sus encomenderos.

El peso de las encomiendas y la ausencia de los frailes en las reducciones tuvieron como resultado su decaimiento a finales del siglo XVI. Con ayuda del gobernador criollo Hernandarias, los franciscanos emprendieron un cambio radical en las reducciones al desplazar de ellas al encomendero y al poblero, y al lograr del Rey la exención del servicio de encomiendas por diez años. Esta medida se adoptó para las nuevas fundaciones con el fin de dar impulso al nacimiento de un modelo diferente de reducción y adoctrinamiento de los indígenas. En 1607, Bolaños fundó entre los paranaes la reducción de Caazapá, con indígenas rebeldes a la dominación española. Hacía más de cuarenta años que estos nativos se resistían al servicio personal de las encomiendas, y dieron muerte a todos los que intentaban acercarse a sus tierras. Con la pacificación y reducción de los indios en Caazapá y, años más tarde, en Yuty, otra reducción fundada en 1611, los franciscanos lograron la estabilidad demográfica de los guaraníes.

Hacia 1615, Bolaños dejó las reducciones del Paraguay en manos de sus discípulos y cruzó el Paraná en busca de otros grupos indígenas a quienes adoctrinar y reducir a pueblos. Con ayuda de Hernandarias fundó Itatí, a fines de 1615, y Santiago de Baradero, al año siguiente. Desde ese momento, los franciscanos no erigieron ninguna otra reducción hasta 1678, cuando fray Buenaventura de Villasboa reunió a los naturales monteses en la reducción de Itapé, en tierras donadas por Caazapá.

El trabajo era obligatorio en las reducciones franciscanas. Todos los indígenas capaces en edad y condiciones debían estar al servicio del pueblo y, en ciertos periodos del año, servían a sus encomenderos. El trabajo de las mujeres consistía en cuidar la casa y los hijos, y entregar cada fin de semana el hilado de algodón que les fuera encomendado. Se ocupaban, asimismo, de traer leña y agua al hogar, así como de ayudar en las chacras en tiempo de siembra y cosecha.

Existían dos sectores comunes en las reducciones: uno particular y otro comunitario. El primero aseguraba la subsistencia de la familia y el tamaño de la tierra estaba en relación con el número de hijos con que contaba cada familia. La cosecha pertenecía a los indígenas, pero no así los bueyes y los arados, que eran de la comunidad. También podían tener animales en la casa, como gallinas y cerdos, destinados al consumo familiar. Sin embargo, este sector era casi nulo en los pueblos sometidos al sistema de encomiendas, por lo que eran las mujeres quienes duplicaban sus tareas para hacer las veces de los hombres en las chacras. Por su parte, el sector comunitario comprendía las tierras destinadas a la agricultura y la ganadería, cuya producción se empleaba en el mantenimiento de la comunidad, los gastos del culto y otros. El trabajo y la producción de los talleres también pertenecían al área comunitaria, además del hilado y los tejidos, que se destinaban para proveer de vestimenta a la población. La producción de tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar y otros rubros ocupaba a gran cantidad de indígenas.

Los hombres trabajaban en los yerbales, los tabacales o los cañaverales, según la producción a la que se dedicara el pueblo. Los maestros artesanos dirigían los talleres de carpintería, herrería, platería, tejeduría, escultura, pintura, sastrería, etc. Entre las manufacturas se hallaban las olerías, donde los indígenas fabricaban tejas, ladrillos y objetos de losa. También trabajaban en los hornos para cocer miel y en los trapiches, donde fabricaban mosto.

LA EDUCACIÓN EN EL PARAGUAY COLONIAL

No se puede hablar de educación en el Paraguay colonial sin hacer referencia al papel que jugó en ella la Iglesia católica, que estuvo presente en todo el proceso de formación sociocultural y político de la provincia. En el plano netamente cultural y educativo, la primera participación de la Iglesia se concretó en el adoctrinamiento de los indígenas, labor que desarrollaron los religiosos y el clero secular con exclusividad.

La educación elemental o escuela de primeras letras se inició durante el gobierno de Domingo Martínez de Irala y la enseñanza de algunos oficios ya estuvo a cargo de laicos, aunque en las reducciones de indios las clases las impartieron los curas doctrineros. La enseñanza superior de la población criolla y mestiza recayó en las órdenes religiosas y algunos clérigos ilustres. Los franciscanos contaron con un centro de educación superior en el Guairá, único en su género en el interior de la Provincia del Paraguay.

Una de las primeras medidas de Irala fue, precisamente, la designación de dos maestros de niños, a quienes se les recomendó el «cuidado de su enseñanza» para que los escolares la recibieran «con mucha aplicación». Estas escuelas funcionaron independientemente de las casas de doctrinas que, según Ruy Díaz de Guzmán, se hallaban a cargo de la Iglesia y el cabildo asunceno. A fines del siglo XVI, las escuelas de primeras letras se multiplicaron en el campo, donde los españoles establecieron estancias y chacras. Estas escuelas iban acompañadas del aprendizaje de algunos oficios impartidos por los artesanos que llegaron con las primeras expediciones al Río de la Plata.

El primer centro educativo dedicado exclusivamente a mujeres fue la Casa de Recogidas y Huér fanas, abierta en 1604 por el gobernador Hernandarias y el obispo Martín Ignacio de Loyola. Una de las más destacadas benefactoras de la casa fue doña Jerónima Contreras, esposa del gobernador, quien logró poner al frente de la institución a la madre Francisca Jesusa Pérez de Bocanegra, mujer virtuosa que dedicó muchos años de su vida a enseñar a las jóvenes la doctrina cristiana y las habilidades domésticas de las mujeres españolas. Sin embargo, como era costumbre entonces, las mujeres allí recluidas no aprendieron a leer, ni a escribir ni a contar, como lo hacían los niños y los jóvenes. La Casa de Recogidas y Huérfanas subsistió con muchas dificultades hasta 1617, año en que murió la madre De Bocanegra.

En el mismo año de 1604, Hernandarias y Loyola también fundaron la Escuela y Estudio para la Gente Moza, dirigida por el sacerdote paraguayo Francisco Saldívar. Más tarde, un centenar de jóvenes, hijos de conquistadores, se formaron en dicha escuela en gramática, arte y teología, y unos cincuenta, en el aprendizaje de diversos oficios. Aunque la escuela duró poco tiempo, constituyó el primer centro educativo de nivel superior a la escuela de primeras letras.

LOS BANDEIRANTES

Uno de los objetivos del viaje del adelantado Pedro de Mendoza fue ocupar la mayor extensión de tierra posible, con la idea de impedir el avance portugués hacia el centro del continente. Los límites del Río de la Plata, aunque no reconocidos por los portugueses, iban desde el estrecho de Magallanes hasta el golfo de Santa Catalina. Sin embargo, los cosmógrafos lusitanos dieron a la línea de Tordesillas mayor extensión, tanta que el primer gobernador del Brasil, Tomás de Souza, llegó a denunciar como violatoria a su soberanía la fundación de Asunción, en 1537. España respondió a Portugal defendiendo sus derechos de descubrimiento y conquista, lo que supuso el primer incidente diplomático entre ambas monarquías.

Por esta razón, desde la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, la ruta Atlántica resultó ser la más utilizada por España y en todos los confines posibles hizo ondear su real pendón. El proyecto expansionista de España perdió fuerzas a partir de 1580, año en que ambos reinos se unieron bajo la figura del monarca español Felipe II. Durante sesenta años, tiempo que duró aquel connubio, las incursiones portuguesas salieron de la clandestinidad y consiguieron ampliar sus dominios en perjuicio de España.

En sus incursiones, los portugueses no encontraron oro ni diamantes, pero sí miles de indígenas que podían ser vendidos como esclavos en el Brasil. Así surgieron las bandeiras o caza de indios guaraníes, llevadas a cabo por los mamelucos o mestizos y dirigidas por esclavistas lusitanos que invadieron las misiones jesuíticas y franciscanas y se llevaron acollarados a centenares de guaraníes reducidos.

Ante esas incursiones, surgió la idea de crear una gobernación en el Guairá, separada de la del Paraguay, proyecto que concluyó con la división de la provincia en 1616 y consumada en 1620, con la consiguiente pérdida de la costa atlántica para el Paraguay. En 1629, se desencadenó la más trágica de las bandeiras al mando de Antonio Raposo Tavares, quien capturó a miles de guaraníes. Otras muy cruentas ocurrieron en 1652 y 1676, lo que obligó a los pueblos jesuíticos del Guairá a trasladarse al sur y a los franciscanos al norte. Además, Atyrá, Guarambaré, Ypané y otras reducciones se acercaron a la ciudad de Asunción en busca de refugio.

El Paraguay se fue concentrando territorialmente tras la división de la provincia y la acometida de los bandeirantes, por lo que pasó a ocupar una porción muy estrecha de tierra, hostigada constantemente por los incursiones de pueblos indígenas no sometidos a la corona española.

LOS CONFLICTOS INTERNOS

Desde un comienzo, el territorio paraguayo se vio afectado por numerosos problemas que implicaron, en un principio, a los propios conquistadores y, más tarde, a los pobladores. Entre los primeros podemos destacar, por ejemplo, las destituciones del adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en 1544, y del gobernador Felipe de Cáceres, en 1572; entre los segundos, la resistencia armada, en 1649, del obispo-gobernador fray Bernardino de Cárdenas y el Cabildo de Asunción contra un ejército de indios comandado por los jesuitas, a instancias del virrey del Perú.

Según Rafael Eladio Velázquez, el obispo Cárdenas sintetizó en su persona y en su lucha contra el poder jesuítico los viejos anhelos de libertad y buen gobierno del pueblo paraguayo. Bernardino de Cárdenas nació en el pueblo de Chuquiagu, Alto Perú, hoy Bolivia, en 1582. Siendo muy joven ingresó en la orden de San Francisco y dedicó gran parte de su vida a las misiones de indios. En 1638 fue propuesto para el obispado del Paraguay y llegó a su sede episcopal de Asunción dos años después. Hombre enérgico y celoso custodio de la disciplina de la Iglesia, trató de evitar la intromisión del poder civil en los asuntos eclesiásticos, hecho que lo llevó a enfrentarse con el gobernador Gregorio de Hinestrosa y, en especial, con los padres de la Compañía de Jesús. Cárdenas, haciendo uso de su autoridad canónica, excomulgó a los más exaltados, y al pretender visitar las reducciones jesuíticas bajo su jurisdicción, los conflictos se agudizaron hasta que Hinestrosa lo desterró, con apoyo de los jesuitas. Su exilio duró dos años, pero gracias a la mediación de la Audiencia de Charcas fue restituido en su sede. Para ese entonces, Gregorio de Hinestrosa ya había sido sustituido por el nuevo gobernador Diego de Enobre Osorio. Sin embargo, ante la muerte repentina del gobernador, en 1649, y sin que hubiera dejado sustituto legal, el Cabildo Secular, en ejercicio provisional del poder, designó por aclamación popular al obispo Bernardino de Cárdenas gobernador, justicia mayor y capitán general de la Provincia del Paraguay. Este aceptó convencido de que la voz del pueblo era la voz de Dios. La Revolución comunera, como se la conoce, comenzó como un movimiento instintivo de la Provincia del Paraguay que defendió —según Efraím Cardozo— su derecho a seguir viviendo su vida de libertad, sin someterse a la Compañía de Jesús ni a los gobernantes devotos de ella.

Una de las primeras medidas de Cárdenas consistió, precisamente, en expulsar a los jesuitas de Asunción. Con ayuda de un ejército de indios de las reducciones, Sebastián de León y Zárate, enviado por la Audiencia de Charcas y aliado incondicional de la Compañía de Jesús, logró someter a los partidarios de Cárdenas por la fuerza de las armas, tras librar sangrienta batalla. El obispo-gobernador fue derrocado y expulsado de su diócesis, a la vez que se dictaron severas medidas contra sus principales colaboradores.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

A continuación, presentamos una serie de autores y obras que tratan este periodo y que consideramos de gran interés para los lectores. Entre las fuentes con las que contamos podemos citar, en primer lugar, las Actas capitulares y documentos del Cabildo de Asunción del Paraguay. Siglo XVI (Municipalidad de Asunción, 2001). El texto de Ruy Díaz de Guzmán, Historia del descubrimiento, conquista y población del Río de la Plata (Buenos Aires, 1943), es fundamental para una primera aproximación a estos años de la mano de un testigo privilegiado. La obra de Juan Francisco Aguirre, Discurso Histórico sobre el Paraguay (Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2003), también es un excelente relato de los primeros siglos de la historia paraguaya.

Entre los autores paraguayos que trabajaron este periodo, podemos mencionar a Julio César Chaves, Descubrimiento y conquista del Río de la Plata y el Paraguay (Asunción, Ediciones Nizza, 1968), y a Efraím Cardozo, El Paraguay colonial (Buenos Aires-Asunción, 1959).

Una obra clásica es la de Enrique de Gandía, Francisco de Alfaro y la condición social de los indios. Siglos XVI y XVII (Buenos Aires, 1939). Podemos agregar la de Ramón Indalecio Cardozo, La antigua provincia de Guairá y la Villa Rica del Espíritu Santo (Buenos Aires, 1938), y la de Fulgencio Moreno, La ciudad de Asunción (Asunción, 2.ª ed., 1968).

Con una perspectiva etnohistórica están las obras de Louis Necker, Indios guaraníes y chamanes franciscanos. Las primeras reducciones en el Paraguay (1580-1800) (Asunción, CEADUC, 1990); de Bartomeu Melià, El guaraní conquistado y reducido (Asunción, CEADUC, 1986), y de Branilava Susnik, Una visión socio-antropológica del Paraguay, siglo XVI – 1/2 XVII (Asunción, Museo Etnográfico Andrés Barbero, 1993).

Sobre las órdenes religiosas podemos citar a Raúl Molina, Las reducciones franciscanas y jesuíticas. La enorme gravitación de Hernandarias en su fundación y legislación (Buenos Aires, 1948) y La obra franciscana en el Paraguay y Río de la Plata (Madrid, Missionalia Hispánica, 1954). Sobre Cárdenas, cabe destacar la obra de Blanco Guzmán, Fray Bernardino de Cárdenas. Obispo y gobernador del Paraguay (Criterio Ediciones, Asunción, 2006).

Para una historia social, son fundamentales los trabajos de José Mora Mérida, Historia social del Paraguay 1600-1650 (Sevilla, 1973), y Richard Konetzke, La emigración española al Río de la Plata durante el siglo XVI (Madrid, 1952).

Finalmente, un autor primordial es Rafael Eladio Velázquez. De sus numerosas obras podemos citar: «Indígenas y españoles en la formación social del pueblo paraguayo» que aparece en Suplemento Antropológico (Asunción, Universidad Católica, 1981) y «Rebelión de los indios de Arecayá, en 1660» (Revista Paraguaya de Sociología, n. 2, 1965).

La autora, por su parte, ha aportado a la comprensión de este periodo con las obras Templos de Asunción (Asunción, Universidad Católica, 1987) y Presencia franciscana en el Paraguay (Asunción, 2.ª ed., 2005).

CAPÍTULO V

LA COLONIA DESDE 1680 A 1780

Ignacio Telesca

La división de la provincia a principios del siglo XVII no fue positiva para el Paraguay. Los bandeirantes continuaron sus incursiones en busca de mano de obra indígena, lo que obligó a las poblaciones de la región del Guairá a trasladarse a lugares más seguros. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas norteños no sometidos a la Corona siguieron acechando a los españoles con la intención de recuperar sus territorios ancestrales. Todos estos ataques forzaron, hacia 1670, el traslado de los pueblos de indios que se situaban al norte del río Manduvirá y de Villa Rica del Guairá, en 1676.

A finales del siglo XVII, la Provincia del Paraguay quedó, entonces, reducida a la franja territorial que iba desde el Manduvirá, al norte, hasta el río Tebicuary, al sur; es decir, solo doscientos kilómetros de distancia. Al norte del río Manduvirá se encontraban los pueblos indígenas no sometidos al control español y al sur del Tebicuary se extendía el territorio controlado por la Compañía de Jesús.

Según el censo realizado por el obispo del Paraguay fray Faustino de Casas en 1682 (ver tabla I), la población dependiente de Asunción era de 9.675 personas, de las cuales 2.075 eran indígenas encomendados (encomienda originaria o yanacona), 1.120 esclavos, y el resto, 6.480, españoles. Por su parte, Villa Rica, que ya se había trasladado y asentado en el lugar que ocupa hoy en día, contaba con 729 españoles, 14 esclavos y 442 indígenas sometidos a encomienda, lo que hacía un total de 1.185 personas.

Además de Asunción y Villa Rica existían seis pueblos de indios a cargo de clérigos seculares: Yaguarón, Altos, Tobatí, Ypané, Guarambaré y Atyrá; tres estaban a cargo de los franciscanos: Yuty, Caazapá e Itá; y siete más a cargo de los jesuitas: Nuestra Señora de Fe, San Ignacio Guazú, Santiago, Itapúa, Loreto, San Ignacio Miní y Corpus.

Los pueblos indios reunían un total de 6.933 familias y 27.806 almas, que sumadas a las de los pueblos de españoles daban una población total de 38.666 habitantes, de los cuales la mitad vivía en las reducciones jesuíticas, que dependían del obispado de Asunción. Sin embargo, a esta población jesuítica se la dejaba al margen de la población de la provincia civil, ya que vivía en un régimen aparte y no aportaba a la provincia. Pero no hay que olvidarse de que los indígenas de San Ignacio Guazú sí servían en encomienda a los asuncenos, y era el pueblo de indios que más indígenas encomendados tenía: 448 «indios de tasa» repartidos en diecinueve encomiendas.

Pueblos del Paraguay en 1682 (Maeder, E. y Gutiérrez, R., Atlas Histórico del Nordeste Argentino)

La vida no se presentaba sencilla en aquellos tiempos. El Cabildo de Asunción, el 3 de julio de 1675, se quejaba de las hostilidades ocasionadas por los indígenas, expresaba que estos entraban y salían del territorio sin ser sentidos, «por tener esta costa cuarenta leguas abiertas que no es posible guarnecerlas ni aún con doce presidios». La ciudad se encontraba casi sitiada, las sementeras y haciendas de alredor se iban abandonando y su población se mudaba a Asunción, «que está pereciendo de hambre y suma pobreza».

Pero los cabildantes de fines del siglo XVII no solo se lamentaban del avance de los pueblos indígenas no sometidos, sino que también planteaban otras causas como «la corta fuerza de esta plaza [Asunción] y la general pobreza de los vasallos». Culpaban de su situación, fundamentalmente, a la usurpación del beneficio que producían la yerba y su comercialización por parte de la Compañía de Jesús. Los jesuitas tenían el permiso de la corona española para beneficiar y conducir doce mil arrobas de yerba, pero los cabildantes pedían que se anulara tal derecho.

A esta problemática había que agregarle, aseguraban desde el cabildo asunceno, el que «algunos religiosos y eclesiásticos prelados y personas graves suben a esta provincia con ropa y mercaderías que venden por terceras manos y como pueden, a trueque de yerba, azúcar y tabaco». Esto perjudicaba claramente tanto a los comerciantes como a los encomenderos, e incluso a la Real Hacienda, ya que no se pagaba el impuesto correspondiente.

Por último, los cabildantes también se quejaban de que las encomiendas eran muy pequeñas y, para colmo de males, no siempre los indígenas estaban a disposición de sus encomenderos, sino que eran empleados, bien por el gobernador, bien por el clérigo del pueblo, para otros quehaceres.

POBLACIÓN INDÍGENA Y ENCOMIENDAS

Ser indígena en aquellos momentos significaba, fundamentalmente, estar encomendado. Conviene que recordemos los dos tipos de encomiendas vigentes en Paraguay: la mitaria y la originaria (o yanacona). En la primera, los varones entre 18 y 49 años pagaban su tributo al encomendero en trabajo por sesenta días al año; en cambio, en la segunda, los tributarios vivían directamente con el encomendero, todo el tiempo, y estaba involucrada la familia completa del tributario.

Al comparar los datos entre 1682 y 1726, se constata que el número de encomiendas pasó de 286 a 186, mientras que la población encomendada se redujo casi en un 50%, de 11.253 a 6.748 indígenas. Ahora bien, esta disminución de la población indígena implicó una mayor carga de trabajo para los que quedaron, sobre todo para la extracción de la yerba mate, que era el principal rubro del Paraguay, mercancía y moneda al mismo tiempo.

Esta situación se ve más claramente en el informe enviado por el gobernador Baltasar García Ros al rey en 1707. En primer lugar, señalaba que aunque el número de familias de los nueve pueblos encomendados no era escaso, resultaba notorio su descenso respecto a los padrones anteriores. Y continuaba afirmando que

[…] causa lástima y compasión entrar en lo más de esos pueblos… y la gente muerta de hambre lo más de ella son mujeres por estar ausente los hombres, frecuentemente parte en la asistencia a sus encomenderos, y los más en el beneficios, conducción y transporte de la yerba que llaman del Paraguay. Es queja común y que la experiencia pone delante de los ojos que el trato de esta yerba va disminuyendo los indios de la Provincia… Para haber de esta yerba se ausentan los indios doscientas leguas de sus casas por tiempo de un año, cuando con más brevedad se hace, por de ordinario es de año y medio, y a veces dos años.

El gobernador nada comentaba en este informe de los padecimientos en los mismos yerbales. Pero el sistema de encomiendas no era el único que se aprovechaba de la fuerza laboral indígena. A este había que agregarle los «mandamientos», que era la manera que tenía el estado de hacerse con mano de obra, fuera esta para construir puentes, levantar fuertes o para el transporte en el río. Por otro lado, el mandamiento era la herramienta que tenía el gobernador no solo para hacerse con plata —y de esta manera recuperar la inversión que había hecho al comprar su puesto—, sino también para nivelar las relaciones intra-élite, agraciando con mandamientos a los que no tenían encomiendas asignadas.

García Ros continuaba su informe llamando la atención, justamente, sobre esta realidad de los mandamientos y sus consecuencias:

[…] y el mayor daño es que llega el indio de los montes en que ha estado año y medio, y de allí a quince días con nuevo mandato de los gobernadores, con [lá]grima suyas y de su mujer e hijos, les hacen volver a la misma función de la yerba… Otras veces en llegando los envían a Santa Fe en las barcas sin dejarles gozar de la presencia de su mujer e hijos, y son muchísimo los que irritados y desesperados, por verse tan obligados, no quieren volver a sus casas.

Los gobernadores, en esta época, compraban su puesto a la Corona, que siempre estaba necesitada de dinero para poder mantener las guerras en las que se hallaba inmersa. Por esta razón, tenían como fin primero recuperar su inversión, además de acrecentarla. Al entrar al ocupar el cargo, los gobernadores llevaban gran cantidad de géneros sin pagar impuestos (ropa, paños, bayeta, lienzos, etc.) y estos se depositaban en alguien de confianza para que los vendiera. La compra solo se realizaba con yerba mate, único producto que tenía mercado fuera de la provincia. Si el comprador era un encomendero, podía colectar la yerba a través de sus indios; si no lo era, entonces el gobernador despachaba mandamiento para que tal o cual pueblo le proveyera de indígenas a este futuro comprador de sus géneros. Estos indígenas, como bien sabemos, no estaban libres, sino ya previamente encomendados, por lo que, muchas veces, este mandamiento afectaba directamente al encomendero, que se quedaba sin su fuerza de trabajo disponible. De este hecho, precisamente, se quejaban los cabildantes de manera constante.

Tenemos entonces, por un lado, la explotación del trabajo indígena por parte de los encomenderos que, como vimos, no hacían uso únicamente de los dos meses permitidos por la legislación. Por otro, la explotación de esa misma mano de obra, de manera indirecta, por parte de los gobernadores. Estas dos vías, en numerosas oportunidades (por no decir casi siempre), colisionaron, generándose conflictos que en las primeras décadas del siglo XVIII se volvieron más que violentos.

Claro está que el Paraguay no se reducía solo a pueblos de indios que se despoblaban por la presión de los encomenderos y los gobernadores. Existía otra población que se dedicaba a la agricultura de subsistencia plantando mandioca, maíz, porotos, batatas, entre otros productos, e incluso, aunque no muchas, existían pequeñas estancias ganaderas.

Para comprender las actividades productivas de los habitantes del Paraguay en este periodo, fueran estos españoles o indígenas, podemos señalar lo que manifestó más adelante el gobernador Agustín Fernando de Pinedo (1772-1778) al señalar que «tres objetos son, a los que por inclinación o necesidad, se aplican todos los habitantes de esta provincia. Unos al beneficio de la yerba en los montes donde se cría; otros a la conducción por el río en las embarcaciones del tráfico a Buenos Aires, y otros al cultivo de la tierra».

La mayoría de la población, sin embargo, no poseía tierra propia y vivía en tierra ajena, incluso aquellos que tenían bueyes, vacas y caballos. Es decir, no solamente la población pobre no disponía de tierras, sino que a estos se les sumaban las familias campesinas un poco más acomodadas. Esta realidad vino a marcar el futuro desarrollo socioeconómico de la provincia.

Los que no tenían encomiendas ni eran cabildantes, además del trabajo familiar de la chacra, tenían que colaborar con su servicio y sus armas (quienes las tuvieran) en la defensa de la provincia. Así, una buena parte del año la pasaban en los presidios (guarniciones) que se levantaban en las fronteras del territorio, tanto a lo largo de los ríos como en la región de la cordillera. Para 1706, existían once presidios en las costas de los ríos y dos más en la cordillera. A estos trabajos en los presidios había que sumarles las incursiones en el Chaco para castigar a los indígenas e, incluso, ir conchabado para el beneficio de la yerba. De esta manera, el hombre podía llegar a estar todo un año fuera de su hogar, lo que provocó que las mujeres tuvieran un rol fundamental en el mantenimiento de sus casas. No solo eso, también generó un tipo especial de unidad familiar cuyo centro era la mujer.

La consecuencia más palpable de esta situación general fue la pobreza reinante en la Provincia del Paraguay. Como bien dijo García Ros, «la provincia es dilatada pero muy pobre… y si no fuera por las frutas silvestres que dan los montes gran parte del año perecería de hambre, no solo los miserables indios, sino la mayor parte de la plebe».

La pobreza que menciona el gobernador no obedecía únicamente a causas internas, como la competencia que representaban las misiones jesuíticas, sino también a razones externas. En primer lugar, si el trabajo en el presidio lo realizaban los habitantes de la provincia fue porque la Corona nunca instaló una fuerza militar pagada para la defensa de la región. Al mismo tiempo, el comercio paraguayo se vio perjudicado por la instalación del puerto preciso en Santa Fe en 1679. La ironía es que este impuesto que los productos del Paraguay tenían que pagar en dicho puerto se destinaba a la defensa de las fronteras contra el indígena no sometido, pero únicamente en la jurisdicción de Santa Fe. De esta manera, el paraguayo no solo tenía que defender a su costa su propia frontera, sino que también debía pagar la defensa de las fronteras vecinas. Este impuesto recién se levantó en 1779, un siglo después de haberse establecido.

DESPEGUE TERRITORIAL

El territorio paraguayo se hallaba sometido a los ataques de diferentes pueblos indígenas entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Si bien la población mbayá se ubicaba al norte del río Manduvirá, las últimas posesiones controladas desde Asunción eran los pueblos de indios de Tobatí y Altos, antes de llegar al río Piribebuy. Hacia el sur de Asunción, la situación tampoco estaba tranquila. A principios del siglo XVIII, los payaguá cruzaron el río Paraguay y asaltaron los pueblos de Ypané y Guarambaré (a tres y diez kilómetros del río, respectivamente), e incluso llegaron hasta la estancia de los dominicos en Tavapy (cincuenta kilómetros). Los indígenas también quemaron el presidio de Santa Rosa, lo que obligó a los pobladores circunvecinos a trasladarse hacia el interior, en los valles de Carapeguá.

El nuevo gobernador, Gregorio Bazán de Pedraza(1713-1717), decidió en 1713, tras consultar con el cabildo asunceno y los responsables de las demás guarniciones, refundar el presidio de Santa Rosa a veinticinco kilómetros de la capital provincial. Para ello, hizo uso de la mano de obra de los pueblos de indios cercanos al lugar: Itá, Yaguarón, Guarambaré y Ypané. Sin embargo, lo que tenía entre manos el gobernador no era únicamente una cuestión militar y de defensa de las tierras del interior. A esto se añadía la cantidad de población que se había instalado en tierra ajena, entre el arroyo Caañabé y el río Tebicuary. De hecho, los propietarios de estos parajes, fundamentalmente estancias, elevaron sus quejas al Cabildo. Ante esta situación, en 1714, el gobernador Bazán añadió al presidio una población estable, por lo que ese año fundó San Felipe de Borbón, más conocida como Villeta del Guarnipitán.

La forma que emplearon los gobernadores para poblar la provincia y, al mismo tiempo, la élite de hacerse con nuevas posesiones que a través de las llamadas «mercedes reales de tierra», que se otorgaban bien para estancias, bien para tierra de labores. Entre 1714 y 1726, se repartieron cincuenta y una mercedes de tierra, de las que dieciséis fueron para puestos de estancias. Un análisis de los destinatarios de estas mercedes dadas nos demuestra la «militarización» de la sociedad, pues treinta y ocho de los beneficiados (un 75% del total) tenían un grado militar y más de la mitad de ellos estaban directamente relacionados con la élite: cabildantes, familias de cabildantes, funcionarios (tesoreros), clérigos y conventos. Respecto al lugar geográfico de las mercedes, la mayoría se ubicaban en la costa norte de Asunción, en la región comprendida por los pagos de Tapu’ã, Campo Grande, Mbayué, Tarumandy, Cañada de Garay, Salinas (más de 30 mercedes); valles que se encontraban al sur del río Salado.

Paralelamente, el despliegue territorial se afianzó con la reubicación, en 1682, de Villa Rica en el lugar donde hoy se encuentra, proveniente de la Región oriental, escapando de las fuerzas bandeirantes. Parte de su población quiso seguir cultivando los yerbales que previamente tenían y presionaron al gobierno para la fundación de una villa en aquel antiguo emplazamiento. Así, durante el mandato de Bazán de Pedraza se fundó la villa San Isidro Labrador del Curuguaty, en 1715.

LAS REVUELTAS COMUNERAS

Este inicial despegue territorial, con las mercedes de tierra y los nuevos pueblos fundados, se truncó con un acontecimiento que marcó profundamente la historia de la provincia: las revueltas comuneras.

Se suele comenzar el relato del estallido comunero el 6 de febrero de 1717, fecha en la que entró a gobernar Diego de los Reyes Balmaceda, «día verdaderamente aciago para la triste provincia, si se atienden las resultas», señaló el jesuita Pedro Lozano. Sin embargo, la historia debe comenzar bastante antes. Balmaceda, andaluz de nacimiento, ya llevaba veinte años viviendo en la provincia y estaba casado con Gregoria Benítez, a la sazón sobrina de los sacerdotes jesuitas Blas de Silva, quien llegó a ser provincial entre 1706 y 1709, y de Pablo Benítez, quien fue superior de misiones entre 1721 y 1723; hermana de Andrés Benítez, fiel ejecutor desde 1702; cuñada de Martín de Chavarri, miembro del cabildo entre 1711 y 1731; y de Ramón Caballero Bazán, integrante del cabildo desde 1706 hasta 1722. Como podemos apreciar, Balmaceda estaba inserto dentro de una de las familias más poderosas de la época.

A principios del siglo, Reyes Balmaceda, ya instalado en Asunción, se dedicaba al transporte de yerba mate hacia Buenos Aires en dos barcos que poseía. En 1705, el Cabildo de Asunción resolvió reducir el número de embarcaciones que iban por el río para procurar que el precio de la yerba no bajara en gran medida. Reyes Balmaceda pensó la manera de poder eludir los turnos dados por el cabildo asunceno y propuso a los ministros de la Real Hacienda (que residían en Buenos Aires) que él bajaría en sus barcos los productos de la Corona en forma gratuita a cambio de no someterse a los turnos dados. Aunque a los ministros les pareció muy buena la propuesta y la aceptaron, el teniente general del gobernador José de Ávalos y Mendoza, y miembro del cabildo asunceno entre1693 y 1722, se opuso terminantemente.

Ante esta experiencia, Reyes Balmaceda vio la necesidad de incorporarse al cabildo para defender sus intereses, y así lo hizo en 1707, donde permaneció hasta su nombramiento como gobernador. Esta designación la obtuvo —como solían hacerlo todos en esa época— comprándola. El primer gobernador del siglo, Antonio Escobar Gutiérrez, entregó a la Corona 1.600 escudos de 10 reales de plata como «donativo», eufemismo para enmascarar la compra del puesto. El siguiente gobernador nombrado desde Madrid, Manuel de Robles, aportó a la caja militar 1.400 escudos de plata, y comenzó a gobernar en 1707. A este le sucedió Juan Gregorio Bazán de Pedraza, quien aportó 1.300 pesos escudos de plata para los gastos de la Corona e inició su mandato en 1713. A este iba a sustituirle Antonio Victoria, quien pagó el mismo donativo que Bazán de Pedraza y había conseguido la potestad de nombrar a su reemplazante en el caso de que él no pudiese asumir el cargo. Así ocurrió, y fue elegido nada menos que Diego de los Reyes Balmaceda, a cambio de una buena cantidad de yerba. Y podríamos continuar con la historia, ya que, en 1716, el futuro sucesor de Reyes Balmaceda iba a ser Bartolomé de Aldunate y Rada, quien había provisto a la Tesorería Mayor de Guerra la cantidad de 9.000 pesos al contado, valederos por cinco años de mandato.

En teoría, Reyes Balmaceda no podría haber sido designado gobernador, ya que no solo era residente en Asunción, sino que estaba casado con una asuncena. Sin embargo, consiguió un permiso del virrey que lo dispensaba de estos aspectos y así entró a gobernar. Su política comenzó a dividir al Cabildo pues, en 1719, mandó a prisión a sus enemigos José de Ávalos y Mendoza (al que embargó todos sus bienes) y José de Urrunaga, cabildantes y miembros de la élite asuncena. Las protestas llegaron hasta la Audiencia de Charcas y este organismo envió a José de Antequera y Castro como juez pesquisidor, quien se desempeñaba en la Audiencia como Protector de Naturales.

Es importante detenernos en las acusaciones que se le realizaron al gobernador. A Reyes Balmaceda se lo acusó civil y criminalmente en seis capítulos: el primero, por haber «motivado guerra contra los indios infieles de la nación payaguá, que estaban de paz y avecindados»; el segundo, por haber sacado indios cristianos de los pueblos «para sus utilidades y tratos, teniendo 200 indios por espacio de más de dos años en el beneficio de la yerba». El tercer capítulo hacía referencia a la compra de géneros que había hecho a extranjeros, pero fundamentalmente a que,

[…] para dar expendio a estos géneros, mandó embargar todas las tropas de yerba, que venían de los beneficios, en el paraje que llaman los Ajos, y bajo de este embargo se conducía a su casa, en donde la trocaba por otra yerba dañada que tenía; y a otros les pagaba su yerba en ropa, con grave perjuicio de los interesados, pues la daba a los precios que él quería, y negando licencias a los beneficiadores para pasar a los herbajes, sino es comprándole su ropa.

El cuarto capítulo por haber impuesto, motu proprio, una nueva «sisa-gabela sobre las embarcaciones de aquel comercio», además de haber «prorrateado cantidad determinada de vacas, caballos y herramientas a los demás vecinos, con pretexto de la defensa, siendo para utilidad propia». Como si esto fuera poco, les obligó a los traficantes de yerba a que en el paraje de los Ajos «contribuyesen por cada 20 cargas tres arrobas de yerba». Finalmente, los dos últimos versaban sobre el no haber presentado la Real Cédula que lo dispensaba del ser vecino de Asunción y, el otro, de haber cerrado las fronteras de la provincia, sin permitir correspondencia alguna.

En definitiva, en estos capítulos se reflejó todo el drama de una provincia pobre que vivía casi con exclusividad del comercio de la yerba mate extraída, fundamentalmente, por los indígenas de los nueve pueblos de indios. Ambos grupos, el de Reyes Balmaceda-Benítez y el de Ávalos-Urrunaga, tenían los mismos intereses económicos, pero con la diferencia de que los primeros tenían el poder.

Todas estas acusaciones las vino a investigar Antequera, nombrado por la Audiencia el 11 de enero de 1721. Llegó al Paraguay el 23 de julio de ese año y un mes más tarde comenzó el sumario. En ese momento, fue el grupo de Ávalos el que se hizo dueño de la situación y logró que el gobernador y su grupo no estuvieran en Asunción durante las declaraciones de los testigos. Hecha la averiguación sumaria y escuchados todos los declarantes, la acusación quedó probada. Resulta interesante destacar que en toda esta primera parte del Memorial ajustado, escrito por Antequera, los jesuitas apenas fueron mencionados, y en ningún momento se los relacionó con alguno de los seis capítulos.

Luego de haber comprobado que las acusaciones eran ciertas, Antequera abrió el sobre que la Audiencia le había dado (con la instrucción de abrirlo solo si eran ciertos los cargos), en el cual estaba inserto su nombramiento interno como justicia mayor de la Provincia del Paraguay. Esta cuestión generó mucho debate: corroborar si la Real Audiencia tenía la potestad para nombrar un gobernador. De hecho, el virrey no estuvo de acuerdo con la medida. Antequera asumió el gobierno el 14 de septiembre de 1721 y mandó a prisión a Reyes Balmaceda, le confiscó sus bienes y tres días más tarde escuchó su testimonio. Una vez más el tema jesuítico no apareció en las declaraciones de ex gobernador.

Antequera, en su breve tiempo de mandato, también repartió encomiendas y mercedes de tierra entre sus aliados del Cabildo, y entre los nuevos beneficiarios figuraban varios miembros de la élite asuncena. De las quince mercedes de tierra dadas por Antequera, trece fueron para personas con cargos militares, una a un clérigo y la restante al convento de San Francisco. Creemos que la gran cantidad de mercedes y de encomiendas otorgadas fue un intento de apuntalar su poder, basado en los capitanes y otros militares, así como en parte del clero.

Cuando ya se preveía una sentencia contraria a Reyes Balmaceda, este escapó de su prisión domiciliaria el 15 de abril de 1722. De esta manera, concluyó una primera fase de la etapa inicial de las revueltas comuneras. No es difícil ver en este proceso un típico conflicto de intereses políticos y económicos entre distintos grupos de la élite del lugar. Incluso, un conflicto a nivel gubernamental entre la Real Audiencia y la autoridad del virrey.

El conflicto podría haber terminado en ese momento, pero Reyes Balmaceda no se dio por vencido. Contaba con apoyos en el Cabildo y tenía a su favor las Reales Cédulas del 28 de junio de 1722 y del 5 de mayo de 1723. Estando huido, le llegó un despacho del virrey en el que le mandaba que siguiera en su cargo de gobernador. Inmediatamente, emprendió el camino de regreso y se detuvo en las misiones jesuíticas (donde se encontraban familiares de su esposa). Antes de llegar a Asunción le escribió al Cabildo para que lo aceptaran nuevamente, pero este órgano prefirió no responder, y lo acusó de reo.

Entonces, Reyes Balmaceda decidió refugiarse en Corrientes, pero en esa ciudad fue prendido (otros dirán raptado) el 21 de agosto de 1723 y llevado a Asunción, donde permaneció encarcelado durante dos años. La Compañía de Jesús, que no había aparecido en escena hasta ese momento, vistos los despachos del virrey, dio todo su apoyo a la autoridad central. De hecho, el virrey pidió soldados de las misiones para acompañar a Baltasar García Ros en su viaje a Asunción para detener a Antequera y reinstalar a Reyes Balmaceda. Pero el ejército de las misiones fue derrotado el 25 de agosto de 1724 en la batalla de Tebicuary. Ante este resultado, el gobernador de Buenos Aires, Bruno de Zabala, decidió asumir la misión. Él sí entró en Asunción, liberó a Balmaceda de la cárcel, pero no lo reinstaló en el gobierno, sino que colocó en su lugar a Martín de Barúa, teniente general de Santa Fe.

En esta segunda fase de la primera etapa de las revueltas comuneras sí estuvieron involucrados los jesuitas. No solo porque los asuncenos los veían como los principales instigadores, sino porque organizaron las milicias misioneras que participaron en el mismo frente de batalla. La animadversión contra los jesuitas ya se podía vislumbrar en las Actas Capitulares de 1722, en las que se leían las primeras diatribas contra la Compañía. En ellas se acusaba a las misiones de vender más de 12.000 arrobas de yerba, como le había fijado la Corona, por lo que el precio de la yerba en Santa Fe era cada día más bajo. Al año siguiente, el Cabildo narraba las penurias que pasaba la provincia debido a la cantidad de indios encomendados fugados, y ante la necesidad que se tenía de defender las fronteras, le solicitaban al Rey que los indígenas de los pueblos bajo el control jesuítico también pudieran ser encomendados.

De esta manera, ya no estaba en juego exclusivamente la cuestión política, sino que la intención era hacerse con el control de los cuatro pueblos jesuíticos cercanos al Tebicuary y encomendar a los indígenas a los vecinos de Asunción. Al día siguiente de la batalla del Tebicuary, el Cabildo reunido planteó, de hecho, la expulsión de los jesuitas de las misiones; que fueran sustituidos por curas seculares; y que los indígenas pasaran al servicio de los españoles. Ante esta amenaza, los jesuitas consiguieron una Real Cédula, del 6 de noviembre de 1726, donde se resolvía que «en el ínterin que no mandare otra cosa estén las 30 Reducciones de indios del cargo de la Compañía en el distrito del Paraguay bajo del mando y jurisdicción del Gobernador de Buenos Aires, con plena y absoluta inhibición del Gobernador y Justicia del Paraguay».

El gobierno de Martín de Barúa, si bien calmó las aguas, no terminó con las tensiones entre las partes. De hecho, Bruno de Zabala no realizó ningún «castigo ejemplar» y los cabildantes continuaron en sus puestos, aunque fueron restituidos los que habían sido excluidos. A Reyes Balmaceda se lo sacó de la cárcel, pero no se lo volvió a nombrar gobernador. Antequera, entretanto, se entregó a la Real Audiencia, que lo derivó preso a Lima, donde, finalmente, fue ajusticiado el 5 de julio de 1731.

Martín de Barúa hizo suyas algunas de las luchas de los antequeristas. En una carta dirigida al Rey, fechada el 9 de agosto de 1726, le proponía que, teniendo en cuenta que los vecinos estaban ocupados en la defensa de sus tierras ante los enemigos infieles, «[…] ordenase, siendo servido, a los numerosos pueblos de indios que doctrinan los religiosos de la Compañía, especialmente los cercanos a esta ciudad, que se mantienen sin pensión ninguna, cada uno de ellos contribuyesen por mitas alguna parte de sus indios, y estos se repartiesen a los vecinos para sus labranzas y útiles de su conservación pagándoles su trabajo según ordenanzas de este país…». Para el gobernador, de esta forma, no solo se beneficiarían los vecinos, ya que sus sementeras serían trabajadas, sino también los mismos indígenas, puesto que gozarían de libertad y se «harán más tratables, de la brutalidad en que se halla» gracias al contacto con los españoles.

Esta propuesta de Barúa llegó a Madrid el 4 de noviembre de 1726 y el Rey le solicitó al gobernador de Buenos Aires, Bruno de Zabala, su parecer. Este se posicionó en contra de lo peticionado por su colega del Paraguay porque, en su opinión, no creía que se utilizasen para la labranza, sino para enviarlos a los beneficios de la yerba. Finalmente, el Rey emitió una Real Cédula, el 27 de agosto de 1730, dirigida al gobernador de Paraguay, en la que le ordenaba y mandaba «que ahora no es conveniente la contribución de mitas que solicitáis, sino que se mantengan los indios en sus doctrinas, o a la vista de los curas». Al mismo tiempo, Barúa daba largas a la reinstalación de los jesuitas en su colegio, del que habían sido expulsados durante las revueltas, pero no pudieron conseguirlo hasta 1728, bajo ultimátum del virrey al gobernador.

Quizá fueron en esos cinco años de gobierno de Barúa en los que la comunidad asuncena pudo asumir e internalizar lo que había sucedido. En ese tiempo se fue generando un sentimiento de «cuerpo» no tanto entre los cabildantes y la élite, que ya lo tenían, sino entre los grupos más alejados del poder.

El puesto de gobernador de la Provincia del Paraguay también tuvo sus vericuetos. Bartolomé Aldunate había entregado su «donativo» de 9.000 pesos y había sido nombrado sucesor de Reyes Balmaceda. Pero no tomó posesión del cargo al ser castigado con más de nueve años de cárcel por haber herido a su mujer y a su amante. En su reemplazo, se designó a Francisco Gómez Fraile, pero tampoco asumió, ya que falleció en el camino hacia América. Entonces fue elegido Manuel de Ruiloba, a quien se le concedió el título de gobernador el 31 de agosto de 1731.

Entre tanto, Barúa concluía su mandato en 1730 y el virrey envió a Ignacio de Soroeta para sustituirle. Al enterarse los vecinos del Paraguay de este nuevo nombramiento (sospechoso de ser pro jesuita) y contentos con Barúa, le solicitaron que continuase en el poder. Al parecer no fue el Cabildo el que protagonizó esta sublevación, sino un grupo de cabos y soldados. No es fácil discernir cómo se originó esta sublevación. El obispo de Asunción dejó entrever que fue Barúa quien la provocó porque quería seguir mandando, algo que el gobernador negó rotundamente. Por otro lado, también se acusó de haberla motivado al abogado Fernando de Mompox y Zayas, quien había compartido la cárcel en Lima con Antequera y de la que se escapó y llegó al Paraguay. Este fue recibido por los partidarios de Antequera y se lo señala como el que trajo los informes que aseguraban que el nombrado gobernador era pro jesuita.

Pero, más allá de descubrir quién encendió la mecha, lo central es saber que el terreno estaba abonado para que este fuego prendiera. La expresión que aparece en la documentación, de «cabos y soldados», nos da la referencia de quiénes eran los que estaban involucrados. Los cabos («cabitos» dice Barúa; «cabichuelos», el obispo Palos) no eran los capitanes cabildantes, sino los que estaban al frente de los presidios. Se habla también de la participación de mucha gente, ochocientas personas en armas y a veces más, siendo la mayoría de ellos soldados; es decir, campesinos que tenían que ir a cumplir el servicio militar, los pobres sobre quienes recaía el peso de la defensa, aquellos que ocupaban su tiempo no tanto en la chacra y con la familia, sino en los fortines y en el beneficio de la yerba.

El 9 de diciembre de 1730, el Cabildo y el gobernador recibieron la carta de Soroeta en la que les avisaba de su llegada y su nombramiento. En el salón capitular se resolvió recibirlo, como de costumbre, en el paso del pueblo de Itatí, pero en el transcurso de ese mes los cabos y soldados comenzaron a manifestarse y a llegar hasta Asunción. El 28 de ese mes, le escribieron al gobernador «los militares y soldados y demás gente» con cartas respectivas para el virrey y para Soroeta, en las que se manifestaban contra los miembros del Cabildo leales a Reyes Balmaceda y sus parientes, y contra los jesuitas.

Entonces, los regidores solicitaron al aún gobernador Barúa que pusiera remedio al «exceso público de la junta de número de gente de esta plaza, oficiales y soldados de las costas de la guarnición de esta Provincia», pero este resolvió no poner coto al asunto y hacer «dejación y renuncia del dicho oficio y cargos». Luego, ante el pedido de los cabildantes para que se retrajera, Barúa no lo hizo, sino que se mantuvo firme en su decisión para que «ninguno se persuada que su Señoría tiene ambición de gobernar o mantenerse en el presente». Y concluyó Barúa poniendo en evidencia la realidad: «Respecto de ser la mayor parte de la gente la sublevada, y la ordinaria del manejo de las armas a quienes por cada instante son las que se mandan y faltando estos a la obediencia no hay resto competente para sujeción».

La gente se agolpaba ante las puertas de la sala capitular y la tensión iba in crescendo. La solución que encontraron los cabildantes para apaciguar los ánimos fue pedirles a sus colegas recusados que dieran un paso al costado y estos aceptaron. Cuando el 1 de enero de 1731 se hicieron las votaciones para los oficios, cuatro nuevos puestos fueron ocupados por otros capitanes más afines con los que estaban afuera, al menos por el momento.

Sin embargo, estos cambios de nombres no calmaron los ánimos y el 4 de enero, el Cabildo se reunió, requerido «por los militares y comunidad de soldados de las armas y guarniciones de esta provincia y su procurador Matías de Encinas en su nombre que tienen ocupada esta plaza de armas, calles y otros lugares de la ciudad para presentar un escrito». El acta del día no explicaba de qué trataba el escrito, sino solo que era contra el obispo y los religiosos, y que hablaba de expulsiones y amenazas. Pero, podemos saber del contenido por uno de los testimonios presentados ante el Rey. La carta era, fundamentalmente, contra la Compañía de Jesús. Se la acusaba de comerciar públicamente con géneros de Castilla y de la tierra sin pagar alcabala ni los diezmos de sus haciendas y de los frutos de sus doctrinas jesuíticas; de «infectar» la provincia sin cumplir ley ni cédula real y «que esto basta para que fueran extinguidos de este país y de dichas doctrinas». Se menciona que la Compañía tenía dos grandes almacenes en donde guardaba estos géneros, uno en Asunción y otro en su estancia de Paraguarí. También se la acusaba de que los indígenas andaban armados, de que los jesuitas sacaban y colocaban alcaldes y corregidores sin pedir confirmación al gobierno, y de que, incluso, los mismos curas se mudaban sin examen por el obispo. Por tales razones pedían «que se destierre de este país y de dichas doctrinas a dichos padres por inobedientes a los reales mandatos, defraudadores del real patrimonio y perturbadores de la paz pública de esta provincia».

Ignacio Soroeta presentó sus papeles el 25 de enero de 1731, y fue recibido con devoción por el Cabildo, al igual que por el «común» (que así se denominaba ahora), pero estos últimos se mantuvieron en su idea de no recibirlo como gobernador. Soroeta, al enterarse de esta situación «respecto a la resistencia que había en los militares, con que dicen hacer común, para su recepción del gobierno y capitanía general, desde luego se aparta».

El mando recayó, entonces, en el alcalde ordinario de primer voto, José Luis Bareiro, aunque era el común el que seguía presente en la calle y mandando resoluciones al Cabildo. Días más tarde, obligaron al rector del colegio jesuita en Asunción a que la estancia de Yariguaa (que era parte a su vez de la estancia que el colegio tenía en Paraguarí) fuera utilizada por quien quisiera. También le forzaron a vender únicamente en ese recinto el lienzo, el algodón, los frutos y los animales que la Orden producía.

En esta época se definió claramente a la Compañía de Jesús como la referente de lo que el común comenzó a llamar contrabando, o sea, los que estaban a favor de Reyes Balmaceda. Sin embargo, estos años son los más oscuros, por carecer de tanta documentación como ocurre con la revuelta de Antequera. Lo que queda claro es que el común iba cambiando constantemente de líderes. Uno de ellos, Bareiro (alcalde de primer voto), fue justamente el que puso preso y deportó a Mompox entre abril y mayo de 1731. Pero tampoco él pudo continuar largo tiempo al frente del grupo ya que ese mismo año tuvo que escapar a Buenos Aires. En la carta que Bareiro envió al Rey en 1732, no dudó en referirse a los sublevados como «salteadores de camino, robando estancias de vecinos que no eran de su bando». El mismo Matías de Encinas, quien había sido el procurador del «común», fue despojado de su puesto porque, ante una enfermedad que creía mortal, llamó a un jesuita para que lo atendiera espiritualmente.

Estaba claro que la provincia no estaba bajo el control del Cabildo, sino de este grupo de comuneros que, si bien cambiaba de cabeza visible, seguía unido y aumentando en fuerza. Finalmente, consiguieron que los jesuitas fueran expulsados del colegio el 19 de febrero de 1732 y sus posesiones, repartidas entre los mismos milicianos.

Aunque desorganizado, había un claro reclamo social en este grupo. De hecho, no solicitaba la mano de obra indígena, sino que más bien querían que los jesuitas se marcharan y se llevasen con ellos sus indios. Su principal reclamo fue la tierra, una constante entre sus pedidos.

El año 1733 se tornó aún más inestable, coincidiendo con la llegada del nuevo gobernador a la provincia, Manuel Agustín Ruiloba, el 27 de julio. Quizá no tuvo la misma sagacidad que había tenido Martín de Barúa, pues el mismo día de su llegada, dirigiéndose a los cabos y soldados, les dijo que el común «no era más que una clara y feísima traición contra su Rey y Señor», y ofreció a quien delatase cualquier intento de reeditar aquel tipo de movimiento, la mejor encomienda que estuviese vacía en la provincia. Ruiloba se apresuró en la toma de decisiones sin un previo conocimiento de la realidad paraguaya. Así, antes de un mes en el gobierno ya había sacado un bando por el cual condenaba a pena de muerte «a quien tomase en boca la voz común». Inmediatamente, los comuneros se levantaron contra el nuevo gobernador y se juntaron para acercarse hasta Asunción. Ruiloba no los esperó, sino que salió a enfrentarlos: el 15 de septiembre de 1733 cayó muerto en combate. Al día siguiente, el Cabildo se reorganizó como antes de la llegada de Ruiloba y decidió ofrecerle el puesto de gobernador a Juan de Arregui, recién nombrado obispo de Buenos Aires. Arregui había llegado a Asunción para ser consagrado obispo por José de Palos pero, para amargura del prelado asunceno, sintonizó con los intereses comuneros, al punto de ofrecerle a este trocar de diócesis.

Poco duró en el gobierno el obispo Arregui, al no poder controlar al común, aunque en su breve mandato repartió varias encomiendas a los vecinos. Una vez más, los cabos y soldados se hicieron con el poder inmediatamente y, el 15 de octubre de 1733, realizaron un petitorio de doce puntos que firmó el propio Arregui. Entre otras cosas pedía, nuevamente, que los jesuitas dejaran la provincia, que se llevaran todas sus pertenencias (para que nadie los acusara de ladrones), y que los siete pueblos controlados por los jesuitas que se encontraban entre el río Tebicuary y el Paraná se mudaran al territorio de la gobernación de Buenos Aires. Además, el obispo fray José de Palos también tenía que ser expulsado de la provincia, junto con los miembros del Cabildo que se habían opuesto al común.

Hay, sin embargo, en este petitorio datos nuevos. En primer lugar, el común dejó de llamarse así y se autotituló Junta General de los naturales. En segundo lugar, solicitaron que no se vendieran los oficios capitulares, ni siquiera el de gobernador, sino que se eligiera para estos puestos a hijos de la provincia.

Entre las acciones de esta autodenominada Junta General, que dice el obispo Palos eran más de 1.500 hombres, estaban las de desterrar y embargar las propiedades de sus opositores. Incluso, «quitaron por decreto del obispo gobernador las encomiendas de indios a los que las tenían por merced… y se dieron las más cuantiosas con oficios militares a los que por sus manos mataron al gobernador y las demás, con regimientos, al hermano y yerno del secretario Juan Ortiz de Vergara y a los que convocaron para la sublevación de la provincia». Este tipo de medidas son las que hacen complicado caracterizar al común.

El obispo Arregui no pudo aguantar tanta presión de la Junta General de los naturales, por un lado, y del obispo Palos, por otro. Así, el 9 de diciembre de 1733, dejó Asunción para asumir su diócesis de Buenos Aires, quedando a cargo de la provincia Cristóbal Domínguez de Ovelar, el alcalde de primer voto (que poseía la encomienda más grande de toda la provincia).

Desde Lima, el virrey dio órdenes al gobernador de Buenos Aires, Bruno de Zabala, para que, una vez más, actuara en el Paraguay, al tiempo que suspendió todo comercio con esa provincia. También ordenó a los jesuitas que formaran un ejército a disposición de Zabala, quien llegó a orillas del Tebicuary recién en enero de 1735. Domínguez de Ovelar fue a su encuentro, no para pelear sino para darle la bienvenida y ponerse a sus órdenes, pero Zabala lo envió preso a Buenos Aires. Si bien hubo un intento de alrededor de doscientos comuneros de enfrentar a las fuerzas de Zabala, no se presentó la posibilidad de lucha porque, acampados en Tavapy, se dispersaron ante la llegada del ejército enemigo. Muchos de los comuneros fueron aprisionados y llevados junto al gobernador de Buenos Aires, que todavía se encontraba en San Ignacio Guazú. Allí les instruyó proceso y unos cuantos fueron condenados a muerte y otros desterrados.

Finalmente, el 30 de mayo de 1735, Bruno de Zabala entró en Asunción y declaró nulo el nombramiento de Arregui y lo actuado a partir de ese momento. Restableció al anterior cabildo y nombró cabos y oficiales de todos los lugares y presidios. Al mismo tiempo, indultó a los que se habían quedado con haciendas y encomiendas ajenas, devolviéndolas a sus anteriores dueños, y prohibió toda junta del común en las afueras del lugar. Se marchó del Paraguay luego de nombrar a Martín José de Echauri como gobernador interino.

TRAS LA TORMENTA

Las revueltas comuneras no ayudaron al fortalecimiento de las fronteras y mucho menos al nivel de vida de la población. Esta realidad la expresó claramente el gobernador Marcos José de Larrazábal en su informe al virrey a fines de 1747: «Esta provincia está poblada por la más pobre gente que conozco en cuanto tengo paseado del reino. No es laboriosa y mucho menos industriosa. Esta natural desidia y la continua carga de guardias y destacamentos que de unas y otros hay treinta y dos en el país, rodeado de enemigos por todos sus costados, no les permite salir a los más de la mendicidad».

El tema de la pobreza resultaba lo más acuciante de la realidad paraguaya de la época. Lo era antes de las revueltas y lo fue mucho más después. Esta situación de carestía y pobreza fue reconocida por todos: Cabildo, clero, obispos y gobernadores. La mayoría de los informes hacían hincapié en lo concentrado que vivía la gente, que apenas tenía tierras disponibles para cultivar, por lo que era muy poco lo que se podía plantar, solo lo suficiente para subsistir. Además, se insistía una y otra vez, la mayor parte de la población pasaba el tiempo en la frontera defendiendo los presidios. En otras palabras, si estaban todos «apretados» era porque se veían comprimidos por los avances de los pueblos indígenas no sometidos; si no podían cultivar más que para mantenerse, se debía, por un lado, a que había poca tierra disponible y, por otro, a que los varones pasaban más tiempo en los presidios y yerbales que en sus chacras.

El nuevo gobernador, Rafael de la Moneda (1740-1747), se encargó de dar un impulso a la fortificación de la frontera. En su informe al Rey de 1742 especificaba que habían edificado ocho fuertes en sitios ventajosos «para observar y detener la invasión de los infieles»; además, mandó cavar dos fosos de más de 500 varas cada uno, con sus respectivos parapetos y fuertes, «que han cerrado la entrada a los valles de la Provincia». Según el gobernador, estas construcciones hicieron que los vecinos volvieran a poblar «la mejor porción y más útil de la provincia».

El más importante emprendimiento de este gobernador consistió en la fundación de un pueblo formado exclusivamente con población parda libre, con el fin de ser un parapeto a las incursiones, sobre todo, de los mbayás. Su nombre resultaba bien revelador: Emboscada o Cambá retã (lugar de negros, en guaraní). Según la carta que le envió al obispo de Asunción pidiéndole que nombrase un curato en propiedad, el pueblo tenía más de cien casas y quinientas almas que las habitaban. Con la fundación de Emboscada, el gobernador De la Moneda logró que quedaran resguardados «el Salado y los campos de Tapu’ã que entonces eran el término poblado Provincia de la banda del norte».

El siguiente gobernador, Marcos José Larrazábal (1747-1749), también potenció el fortalecimiento de las fronteras, y apenas una semana después de haber sido recibido en el gobierno salió a visitar los diecisiete presidios, ante las constantes invasiones de los mbayás. Estos presidios, que cubrían desde el Manduvirá hasta el Tebicuary, albergaban a 2.508 soldados. Si tenemos en cuenta que en esa época existían alrededor de 5.872 familias en los pueblos de españoles, e hipotéticamente consideramos a un soldado equivalente a una familia, tenemos que casi uno de cada dos de los «cabeza de hogar» estaba en los fortines fronterizos. Esta realidad era en la que tanto insistían los informes como la primera causa de la pobreza de la provincia, pues los soldados no recibían pago por los servicios y tenían que llevar consigo no solo su armamento, sino también su provisión de comida.

POBLACIÓN Y TIERRAS PARA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

A mediados del siglo XVIII, la Provincia del Paraguay ocupaba, como en 1682, una estrecha franja al este del río Paraguay, enmarcada al sur por el río Tebicuary y, al norte, por el Manduvirá. Hacia el noroeste, la línea se extendía un poco más hasta llegar a la recién fundada villa de Curuguaty (1715), un enclave yerbatero alejado unos trescientos kilómetros de Asunción.

Al sur del río Tebicuary se extendia el dominio jesuítico con sus treinta misiones, un espacio que la Orden logró desanexar del control civil de la provincia paraguaya, aunque trece de ellas dependían del obispado asunceno. Al norte del río Manduvirá, el control pertenecía, fundamentalmente, a los mbayás, los chanés y los guanás. Al oeste del río Paraguay, otros pueblos indígenas se movían libremente, entre los cuales destacaban los payaguás, los mocobíes y los abipones. Hacia el este, el territorio pertenecía al grupo denominado monteses, es decir, guaraníes aún «infieles». La tabla II nos muestra el estado de la población confeccionado por el obispo Manuel Antonio de la Torre en 1761.

La población de los pueblos españoles junto con la de los pueblos indios (y pardos) a cargo de clérigos y franciscanos alcanzaban las 38.575 personas. Si incluimos los pueblos de indios a cargo de la Compañía de Jesús la cifra llegaba a 85.138 habitantes. En otras palabras, el Paraguay no jesuítico representaba menos del 50% del total de la provincia. De esta población de casi cuarenta mil personas agrupadas en menos de diez mil familias, la mayor parte vivía, según Félix de Azara, «desparramada por los campos». La población indígena, al igual que la esclava, seguía siendo la más explotada y vulnerable.

Fuera de Asunción, existían otras dos villas, Villa Rica (hoy Villarrica) y Curuguaty. Dentro de la jurisdicción de Asunción, se encontraban las parroquias de Piribebuy, Carapeguá y Villeta. De la Catedral, en Asunción, dependían otras cinco capillas rurales: Luque, Capiatá, Pirayú, Itauguá y San Lorenzo de la Frontera. También en Asunción funcionaba la parroquia de San Blas, que estaba destinada para los «indios naturales, mulatos y negros».

Poco a poco se fue dando una ocupación del territorio de la mano de las mercedes reales de tierra. En el periodo 1741-1771, se otorgaron 258 mercedes. Al igual que hizo Antequera, las primeras mercedes otorgadas por el gobernador Rafael de la Moneda fueron repartidas entre los miembros más importantes de la élite, encomenderos, regidores y clérigos. De hecho, las primeras siete mercedes fueron puestos de estancia y otras cincuenta se entregaron en los parajes de Mbayué, Tapu’ã, Tarumandy, Cañada, Peñón y las Salinas. Es decir, la prioridad del gobernador De la Moneda consistió en fortalecer la costa norte hasta Emboscada, para garantizar la posibilidad de poblar la zona de la Cordillera de manera segura.

Marcos José de Larrazábal, el sucesor de Rafael de la Moneda, estuvo muy poco tiempo en el gobierno del Paraguay (1747-1749) y siguió el mismo esquema que su predecesor: de las cinco mercedes otorgadas, cuatro fueron de tierras de labor costa arriba y un puesto de estancia en el valle del Tebicuary.

El gobernador que en esa etapa entregó mayor cantidad de mercedes reales fue Jaime de San Just (1749-1761), con un total de 132, de las cuales 84 fueron de tierras de labor y 48 en puestos de estancias. San Just fortaleció la frontera norte, principalmente la región entre el río Manduvirá y el Yhaguy. Al mismo tiempo, se comenzó a poblar la Cordillera y aparecieron nuevos lugares entre las mercedes como Areguá e Itauguá.

Así como Rafael de la Moneda estableció un hito fronterizo con la fundación de Emboscada, San Just hizo lo mismo con el establecimiento, en 1760, de la misión de Belén, a orillas del río Ypané, que acogió a los indígenas mbayás a cargo de la Compañía de Jesús. Si bien no implicó población española, representó más adelante el punto de partida para la reconquista de la zona norte, desde el Manduvirá hasta el río Apa.

A San Just le sucedió durante un año y medio José Martínez Fontes. De las siete mercedes que dio, cuatro fueron puestos de estancias en tierras al sur del río Caañabé. Martínez Fontes cayó gravemente enfermo y finalmente falleció. Lo reemplazó Fulgencio de Yegros y Ledesma, miembro de la élite asuncena, encomendero en Tobatí y maestre de campo, quien se hizo cargo de la provincia hasta fines de 1766. Concluyó este periodo con el gobernador Carlos Morphy, quien se desempeñó en el gobierno hasta mediados de 1772. De las 23 mercedes que quedaron registradas, 11 fueron puestos de estancias; pero, a diferencia de los anteriores gobernadores, concedió ocho en tierras aledañas al Manduvirá.

De esta manera, podemos observar que los gobernadores utilizaron las mercedes, por un lado, para poblar y defender el territorio y, por el otro, para agraciar a los miembros más importantes de la sociedad. La adquisición de tierras no solo era una puerta de entrada a la élite, sino que esta iba acaparando cada vez más puestos de estancias y solares para chacras. Es más, los puestos de estancias no implicaban por sí mismos una actividad ganadera importante (al menos en el periodo abordado), sino que más bien la posibilidad de acoger a familias campesinas arrendatarias o toleradas, que eran las que trabajaban para el dueño de la estancia mientras los varones formaban parte de la milicia del presidio comandado por el mismo dueño.

LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

Para comprender cabalmente la realidad del Paraguay en el último tercio del siglo XVIII es indispensable traer a colación la expulsión de la Compañía de Jesús del territorio español en 1767. Este acontecimiento afectó de manera significativa el ulterior desarrollo de la provincia, tanto a nivel demográfico como territorial, ya que ambos aspectos se encuentran interrelacionados. En la siguiente tabla se muestra el cambio poblacional que se dio después de la expulsión de la Compañía de Jesús.

Como se desprende de la tabla, en estos años la población total creció un 13,4%, mientras que la población no indígena lo hizo en un 99,9%. Esto es así porque una gran parte de la población de las antiguas reducciones jesuíticas pasó a engrosar la población considerada como «española». Este hecho implicó una fuerte presión por el acceso a la tierra. Sin embargo, si al mismo tiempo del éxodo guaraní procedente de los pueblos de indios a la campaña paraguaya no se hubiera dado una conquista de nuevos territorios, hubiéramos asistido a una eclosión social. En otras palabras, crecimientos demográfico y territorial se dieron a la vez luego de la expulsión de la Compañía de Jesús del territorio de la corona española.

La expansión territorial se realizó fundamentalmente hacia el norte y el sur, teniendo como ejes centrales las fundaciones de la Villa Real de la Concepción, en el norte, en 1773; y de la Villa de Nuestra Señora del Pilar del Ñeembucú, en el sur, en 1779. Esta expansión se realizó sobre el territorio controlado previamente por los jesuitas. Desde mediados de la década de 1740, la Compañía de Jesús había establecido nuevas misiones con los indígenas tarumá, en un espacio más allá de las fronteras existentes: San Joaquín, en 1746, y San Estanislao, en 1750. Más tarde, en 1760, se fundó el pueblo de Nuestra Señora de Belén, con los mbayá.

Estos últimos pueblos jesuíticos significarían para la gobernación del Paraguay la punta de lanza para reinstalarse en la zona norte de la provincia, fundamentalmente en cuanto a la relación con los mbayás se refiere. Cuando en 1773, seis años después de la expulsión de los jesuitas, se erigió Villa Real de la Concepción, los mismos habitantes de Belén colaboraron en dicha fundación, realizada a pocos kilómetros de la misión, y los propios indígenas pasaron, desde ese momento, a ser encomendados de los concepcioneros.

En los siguientes mapas se muestran gráficamente los cambios en el territorio ocupado y en la densidad poblacional entre 1740 y 1790.

Cambios en el territorio ocupado, entre 1740 y 1790 (Maeder, E. y Gutiérrez, R., Atlas Histórico del Nordeste Argentino)

La densidad poblacional que había en la región de las misiones jesuíticas disminuyó ostensiblemente en tanto que aumentó en el norte y en el sur de Asunción, es decir, hacia la zona de las misiones de San Joaquín, San Estanislao y Belén y en dirección al Tebicuary, territorio que estaba bajo el control de los jesuitas.

Estos cambios demográficos y territoriales que tuvieron lugar tras la expulsión de la Compañía de Jesús reconfiguraron la provincia. Un nuevo Paraguay cobró forma, con una población mayoritariamente mestiza, aunque se autorreconocía como española, y con un espacio ocupado que duplicaba el que se tenía previamente. Estas nuevas tierras no fueron destinadas a las numerosas familias campesinas sin tierras que estaban «sembradas por los campos», sino que, fundamentalmente, sirvieron para consolidar una nueva élite latifundista que ya se venía gestando en años previos. La ganadería pasó a constituirse en un rubro económico muy importante, no tanto para la exportación como para el consumo interno, y lo fue de la mano de la explotación yerbatera. Los cueros se utilizaban para armar los tercios de yerba y la carne se consumía en los yerbales. De esta manera, se entraba en un nuevo periodo de la historia antes de la independencia.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Una bibliografía sobre el siglo dieciocho paraguayo no puede prescindir de los trabajos de Branislava Susnik, entre los que destacamos Una visión socio-antropológica del Paraguay del siglo XVIII (Asunción, Museo Etnográfico Andrés Barbero, 1990-1); ni tampoco de los de Juan Carlos Garavaglia, Mercado interno y economía colonial (México, Grijalbo, 1983) y Economía, sociedad y regiones (Buenos Aires, Ediciones de La Flor, 1987). Otro autor clave para nuestro periodo es Rafael Eladio Velázquez, quien volcó sus investigaciones en un sinfín de artículos, entre ellos: «La fundación de la Villeta del Guarnipitán en 1714 y la población del litoral paraguayo» (Revista Paraguaya de Sociología, n. 5, 1966, pp. 60-82); «La población en Paraguay en 1682» (Revista Paraguaya de Sociología, n. 24, 1972, pp. 128-148) y «Poblamiento del Paraguay en el siglo XVIII. Fundación de las Villas y formación de los núcleos urbanos menores» (Revista Paraguaya de Sociología, n. 42/43, pp. 175-189).

Un resumen general de los aspectos económicos y demográficos lo tenemos en los dos volúmenes de Jan Kleinpenning, Paraguay 1511-1870. A Thematic Geography of its Development (Frankfurt-Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2003). Para los temas cartográficos es fundamental el Atlas histórico del Nordeste Argentino (Resistencia, IIGHI, 1995), realizado por Ernesto Maeder y Ramón Gutiérrez.

Sobre los aspectos económicos y cuestiones relacionadas con la tierra, contamos con las obras de Juan Bautista Rivarola Paoli: La economía colonial (Asunción, edición del autor, 1986) y El régimen jurídico de la tierra (Paraguay en los siglos XVI-XIX) (Asunción, edición del autor, 1993). También está el texto clásico de Carlos Pastore, La lucha por la tierra en el Paraguay (Asunción, Intercontinental, 3.ª ed., 2008). Podemos añadir la compilación de artículos realizada por Thomas Whigham y Jerry Cooney, Campo y frontera. El Paraguay al fin de la era colonial (Asunción, Servilibro, 2006), con textos del mismo Cooney y de James Saeger sobre la encomienda.

Sobre el tema de la encomienda, contamos con el texto de Blanca Rosa Romero de Viola, Paraguay siglo dieciocho, periodo de transición (Asunción, Ediciones Comuneros, 1987), y con un minucioso artículo de María Laura Salinas, «Evolución de las encomiendas indígenas en el Paraguay (1754-1780)» (XVI Encuentro de Geohistoria Regional, Resistencia, 1996, pp. 511-523).

Para los primeros años de nuestro periodo es importante el texto de Roberto Quevedo, Paraguay, años 1671 a 1681 (Asunción, El Lector, 1984). Sobre la revuelta de los comuneros podemos citar, del mismo autor, Antequera: historia de un silencio (Asunción, La Voz, 1970); de Justo Pastor Benítez, Los comuneros del Paraguay, 1640-1735 (Asunción, Casa-Libro, 1976); de Viriato Díaz-Pérez, La revolución de los comuneros de Castilla y el levantamiento de los comuneros del Paraguay (Asunción, Servilibro, 2007, 1.ª ed., 1930); y de Adalberto López, The Revolt of the Comuneros, 1721-1735: A Study in the Colonial History of Paraguay (Cambridge, Schenkman, 1976). Un análisis de las élites, en Hildegard Thomas de Krueger, El Cabildo de Asunción (Asunción, Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, 1996).

Son útiles también los libros de Efraím Cardozo, El Paraguay colonial, las raíces de la nacionalidad (Asunción-Buenos Aires, Ediciones Niza, 1959); de Hipólito Sánchez Quell, Estructura y función del Paraguay colonial (Asunción, Comuneros, 7.ª ed., 1995); y de José Luis Mora Mérida, Iglesia y sociedad en Paraguay en el siglo XVIII (Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1976). Hemos avanzado parte de estas reflexiones en Tras los expulsos. Cambios demográficos y territoriales en el Paraguay después de la expulsión de los jesuitas (Asunción, CEADUC, 2009).

Entre las fuentes que se hallan publicadas son fundamentales los dos tomos de la Historia de las revoluciones de la Provincia del Paraguay (1721-1735) (Buenos Aires, Edición Cabaut, 1905), de Pedro Lozano; de José de Antequera y Castro, las Cartas escritas al Ilmo Fray Joseph de Palos (Asunción, Cabildo Editora, 1983) y su Memorial ajustado (versión digital en la Biblioteca Virtual del Paraguay, www.bvp.org).

Asimismo, cabe citar a Juan Francisco Aguirre, Discurso histórico sobre el Paraguay (Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2003); a Félix de Azara, Viajes por la América meridional (Madrid, Espasa Calpe, 1969) y Geografía física y esférica de las Provincias del Paraguay y Misiones (Montevideo, Anales del Museo Nacional, 1904).

CAPÍTULO VI

LAS MISIONES JESUÍTICAS

Ernesto J. A. Maeder

Las misiones jesuíticas de guaraníes constituyeron, desde los inicios del siglo XVII, un distrito misional de características peculiares, que formó parte tanto de la Provincia del Paraguay como de la del Río de la Plata o Buenos Aires. Este distrito, si bien subordinado política y eclesiásticamente a los gobernadores y obispos de ambas provincias, y encuadrado en la estructura institucional indiana, logró adquirir una cierta autonomía de gestión y rasgos que lo destacaron en el conjunto del sistema colonial de aquella época.

Los jesuitas consiguieron, al cabo de muchos esfuerzos y contrariedades, reunir en grandes pueblos a las diseminadas aldeas de los guaraníes, dispersas en diferentes regiones, y establecer con ellas un distrito de vastas dimensiones geográficas, densamente poblado. Allí se conformó un régimen socioeconómico uniforme, con sus propias estructuras urbanas y de abastecimiento, y una atención pastoral privilegiada, que incluyó expresiones artísticas de relieve.

Estas misiones, también conocidas como los «treinta pueblos» o «reducciones», no solo llamaron la atención en su tiempo sino que, a su vez, suscitaron recelos y críticas, vistas como potenciales rivales de las jerarquías y los intereses económicos de las respectivas provincias, particularmente en Paraguay. Favorecidos por la protección real, los jesuitas consiguieron superar más de una vez esas impugnaciones. Así, alcanzaron para sus indios la condición de no ser encomendados a particulares, colocándolos bajo el patrocinio real; obtuvieron una regulación del tributo en condiciones más favorables que el resto de los indios en otros pueblos; gozaron de beneficios en la comercialización de la producción de las misiones; y organizaron el reclutamiento de las milicias guaraníes, las cuales, por más de un siglo, sirvieron a la defensa interior y exterior de ambas provincias, sin costo para la Real Hacienda y bajo la dirección de los jefes militares de dichas provincias.

En esas condiciones, a todas luces excepcionales dentro del sistema colonial español, la presencia de las misiones jesuíticas de guaraníes no pudo menos que incidir en la historia general del Paraguay. Y a través del enfrentamiento entre ambas estructuras e intereses es posible comprender las razones por las cuales, en más de una ocasión, se suscitaron reiterados conflictos (de considerable magnitud y graves consecuencias) con los jesuitas del Colegio de Asunción y las misiones bajo su jurisdicción. Esta situación culminó, luego de la llamada «guerra guaranítica» (1754-1756), con la expulsión de la Compañía de Jesús de España y las Indias. Luego de dicho suceso, las misiones perdieron su situación privilegiada, ya que la Corona procuró su integración con el resto de la sociedad colonial, con resultados fatales y evidentes en el último tercio del siglo XVIII.

Localización de las misiones jesuíticas (Maeder, E. y Gutiérrez, R., Atlas Histórico del Nordeste Argentino)

EL PROYECTO MISIONAL DE LOS JESUITAS

A fines del siglo XVI, el Paraguay asomaba como una provincia en vías de consolidación. Pese a su relativo aislamiento respecto de los centros del mundo colonial —el Perú y el puerto de Buenos Aires, recientemente fundado—, contaba con varias ciudades de reducida escala urbana y con autoridades políticas y episcopales. Algunas órdenes religiosas, como los franciscanos y los mercedarios, prestaban apoyo al escaso clero local y contribuían a brindar un cierto control sobre el mundo indígena de su territorio. Al margen de esa frontera, una gran cantidad de guaraníes se hallaban diseminados en zonas próximas a la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay y sus numerosos afluentes.

A ese ámbito también se sumaron los jesuitas. Su presencia en el Paraguay y Río de la Plata tuvo lugar a fines del siglo XVI, a través de misiones venidas desde el Perú y el Brasil. Su convocatoria había sido solicitada por el obispo de Tucumán, fray Francisco de Vitoria, y fue así como los primeros jesuitas llegaron a Tucumán en 1585 y a Asunción, en 1587. Desde entonces, se mantuvo sobre toda esta región una misión dependiente de la Provincia del Perú, que tuvo como superiores a Francisco de Angulo (1585-1590), Juan Font (1590-1593) y Juan Romero (1593-1607), acompañados de un grupo limitado de sacerdotes en el Tucumán, en Asunción y el Guairá. Tanto en Paraguay como en el Río de la Plata, algunos padres, como Juan Saloni, Manuel Ortega y Tomás Fields, a los que se agregaron luego Alonso Barzana y Marciel de Lorenzana, se aplicaban a sus ministerios entre españoles e indios, y se familiarizaban con la lengua guaraní. Las instrucciones del Padre General al superior le recomendaban, por el momento, «no hacer residencia ni tomar compromisos de localización, viviendo de limosna y esperar, pues el tiempo dirá lo que después convenga hacer».

Esta labor causó una impresión favorable y las autoridades vieron en ellos a sacerdotes aptos para mejorar y extender la relación con los guaraníes, como antes lo habían alcanzado los franciscanos. Estos habían logrado, desde la década de 1580, a través de la acción de hombres como fray Luis de Bolaños y Alonso de San Buenaventura, el dominio de la lengua guaraní y la formación de las primeras reducciones. Así persuadieron a caciques y a diversas parcialidades de vivir en grandes poblados, lo que facilitó tanto la formación religiosa como la disponibilidad de la mano de obra para sus encomenderos, a través de un régimen en el cual el aprovisionamiento y la vida religiosa y social estaban asegurados.

En ese marco, y pese a que la presencia jesuítica en la región era aún tenue, el padre general Claudio Aquaviva (1581-1615) tomó en Roma una decisión trascendental. A partir de los informes recibidos y a la gestión allí cumplida por el padre Diego de Torres (procurador de la Provincia del Perú), el «general» de la Compañía de Jesús dispuso, en 1604, la creación de la Provincia Jesuítica del Paraguay, separada de la del Perú y con jurisdicción sobre Chile, Tucumán y el Río de la Plata. Igualmente, estableció que Diego de Torres se hiciera cargo de esa nueva provincia. Sin embargo, distintas dificultades demoraron el cumplimiento de la medida hasta 1607, cuando el padre provincial pudo disponer la creación y la organización de los colegios y las misiones que la Compañía de Jesús mantendría en su nueva provincia.

En lo que al Paraguay se refiere, el Colegio de Asunción se fundó en 1608 y fue su rector el padre Vicente Griffi. Desde allí partieron las futuras misiones en ese distrito. El nuevo provincial, Diego de Torres, tenía vasta experiencia en el Perú y Nueva Granada, poseía ideas claras y decisión respecto de la tarea que le esperaba en esta región. Su visión de la situación ya la había expuesto en 1603, en un memorial al presidente del Consejo de Indias, en el que reclamaba la reforma de los abusos que se habían manifestado en el sistema de encomiendas con servicio personal, así como el agravio causado a los indios por sus patronos encomenderos. Al mismo tiempo, llamaba la atención sobre las poblaciones de indios sin evangelizar que vivían al margen de la frontera colonial, pues «aunque muy apartados de la vista y memoria de todos, hay innumerables personas con suma necesidad de remedio, que son los indios de muchísimas provincias extendidas por más de mil quinientas leguas y seiscientas de ancho», cuya conversión confiaba llevar a cabo.

Durante su gestión, y luego de su paso por Chile y Tucumán, Diego de Torres tomó algunas medidas en beneficio de los indios, todas ellas en clara oposición a los abusos que observaba en las prácticas de los colonos y autoridades. Entre ellas, aprobó una Instrucción para la conciencia de los encomenderos, que exigía comportamientos morales para obtener la absolución de los penitentes. Estas y otras acciones semejantes de rigor moral, que si bien eran irreprochables en el plano ético, causaron molestias entre los afectados, enfriando el apoyo que los jesuitas habían recibido inicialmente en el Paraguay.

LA EXPANSIÓN INICIAL DE LAS MISIONES ENTRE LOS GUARANÍES

El proyecto misional del padre Diego de Torres se puso en marcha a fines de 1609. Contó, para ello, con el apoyo de las autoridades, que dieron orden a sus subordinados de colaborar con los padres en el Guairá. A su vez, se acordó con los misioneros un estipendio similar al que recibía un cura doctrinero, pero a repartir entre los dos sacerdotes encargados del curato de cada reducción reconocida oficialmente y abonado por las cajas reales. En cuanto a las directivas, tanto de carácter general como particular, insistían en el nivel espiritual, el apoyo mutuo que se debían los misioneros y su labor pastoral. Se les recordaba, además, tener presente que iban «a la gente más pobre, desvalida y bien dispuesta» y que se debían a ella como sus pastores y protectores.

En esta primera etapa, los misioneros tuvieron tres destinos: el primero fueron los guaraníes del Paraná, al sur del río Tebicuary, en donde ese año se fundó la misión de San Ignacio, luego llamada Guazú; el segundo se dirigió hacia el Guairá, donde, en dependencia de Villa Rica y Ciudad Real, se fundaron las reducciones de San Ignacio y Nuestra Señora de Loreto, en 1610. La tercera dirección se encaminó hacia los indios guaycurúes de la ribera del río Paraguay, frente a Asunción, nómadas, cazadores y guerreros, a quienes se intentó localizar en un asiento estable. Pese a reiterados esfuerzos misionales, este intento no logró mantenerse.

En los primeros años, los jesuitas ganaron experiencia y pudieron consolidar las reducciones iniciales. Pocos años después, y a partir de dichos pueblos, el impulso misional se expandió en varias direcciones, siempre tras los guaraníes. En el área del Paraná se fundaron los pueblos de Encarnación de Itapúa (1615), Concepción (1619) y Corpus Christi (1622), y en el alto Paraná, las reducciones de Nuestra Señora del Acaray (1619) y Nuestra Señora del Yguazú (1626). Más tarde, en la cuenca del río Uruguay, se establecieron las reducciones de los Santos Reyes de Yapeyú (1626), San Nicolás (1626) y San Francisco Javier (1629).

A su vez, en el área del Guairá y en la cuenca de los afluentes del Paraná-panema, se produjo otro deslizamiento misional en la década de 1620, donde se levantaron varias reducciones. Ya en plena década de 1630, la expansión misional iniciada en la cuenca del río Uruguay alcanzó las serranías del Tapé, en la zona de Río Grande, donde se estableció otro grupo de reducciones. A su vez, en el norte del Paraguay y en dependencia de la villa de Santiago de Jerez, los jesuitas iniciaron sus misiones entre los guaraníes del Itatín.

Este proceso de expansión misional supuso, en esa etapa, la fundación de casi cuarenta misiones, aunque no todas alcanzaron la misma consistencia y continuidad. De todos modos, el ciclo registró dimensiones territoriales y demográficas extraordinarias, que pusieron de manifiesto el renovado ímpetu misional que los jesuitas incorporaron a esta región.

Todo parece indicar que al avenirse las pequeñas aldeas guaraníes a formar grandes poblados, como eran las reducciones, tuvieron en cuenta algunas circunstancias y conveniencias. Entre ellas, la promesa verbal hecha por los jesuitas de no privarlos de su libertad y evitar que fueran encomendados a los conquistadores. A ello se unió el temor inminente de ser aprisionados por los paulistas (bandeirantes) que llegaban en busca de indios para ser vendidos como esclavos y, ante cuya amenaza, la presencia de los jesuitas parecía ofrecerles la defensa indispensable. También se añadieron obsequios en herramientas de hierro y ganado para tiro y consumo. Al parecer, la seducción del mensaje de salvación del que eran portadores los padres de la Compañía y su conducta solidaria con sus neófitos en sus tribulaciones, éxodo y defensa de sus vidas, decidieron a la mayoría de los guaraníes a someterse a su patrocinio.

Otro rasgo sorprendente de este despliegue misional fue la dimensión y composición del elenco de los jesuitas que lo integró. Pocos en número, de varias nacionalidades europeas y americanas, con buenos conocimientos y dominio de la lengua guaraní, contaron con verdaderos líderes como Marciel de Lorenzana, Simón Mascetta, José Cataldini, Roque González de Santa Cruz, Diego de Boroa, Antonio Ruiz de Montoya, José Van Suerck, José Berger y Juan Vaisseau, entre otros. Todos ellos se dedicaron a evangelizar a los guaraníes con riesgo de sus vidas, como aconteció en varios casos, por ejemplo el criollo paraguayo Roque González de Santa Cruz, asesinado en 1628.

De todos modos, esta descripción sumaria del proceso misional cumplido por los jesuitas sería incompleta si no se tomaran en cuenta las consecuencias de los ataques externos que sufrieron las reducciones, a manos de los paulistas, y de los desencuentros, de orden interno, que se suscitaron con los vecinos del Guairá y Asunción. En este caso, al interpretar negativamente el modo con que los jesuitas concibieron sus misiones, privilegiando a los guaraníes y restando, con ello, mano de obra a los beneficiarios locales de las encomiendas.

Esta cuestión, tal vez la más compleja de interpretar, requiere tener en cuenta que la iniciativa misional de los jesuitas comenzó con indios guaraníes próximos a centros poblados, que ya se hallaban encomendados a los vecinos de Asunción y de las villas del Guairá y del Itatín. Más adelante, cuando la expansión misional se extendió y tomó otros rumbos, la condición en que se hallaban los guaraníes era diferente, ya que la mayoría de los neófitos del Paraná, Uruguay y Tapé se componía de indios no sujetos al poder colonial y, por ende, no encomendados. De este modo, hubo diferentes situaciones desde el punto de vista de su dependencia: los ya encomendados, los encomendados o empadronados en situación muy laxa, respecto de sus amos, y los enteramente libres de dominio, como los del Uruguay y Tapé.

Al mismo tiempo, el crecimiento misional se repartió entre dos provincias: por un lado, el Guairá, el Paraná y el Itatín quedaron bajo la jurisdicción del Paraguay, mientras que las reducciones del sur del Paraná, Uruguay y Tapé pasaron a depender de Buenos Aires. En Paraguay se plantearon varios problemas: uno, acerca de si los indios se hallaban previamente encomendados, lo que chocaba con el deseo de los jesuitas de ponerlos bajo poder real; otro, con el éxodo en las misiones de San Ignacio y Loreto, lo que ocasionó el consiguiente despoblamiento del Guairá y la defección de los vecinos de Santiago de Jerez al abandonar la ciudad y a los guaraníes de su contorno. En cambio, en las reducciones colocadas bajo la jurisdicción de Buenos Aires no hubo ese tipo de cuestiones, ya que los indios allí reducidos no habían conocido sujeción alguna al poder de la sociedad colonial.

La irrupción de los paulistas (tras la devastación de las reducciones del Guairá), la amenaza sobre las reducciones de San Ignacio y Loreto, el enfrentamiento de los jesuitas con los vecinos de Villa Rica y Ciudad Real, el éxodo dispuesto por el padre superior Antonio Ruiz de Montoya y, finalmente, el abandono de ambas villas trajeron sobre los jesuitas acusaciones y pleitos, que agravaron las tensiones que vivió Asunción a lo largo del siglo y que tornaron difíciles las relaciones en que se hallaba no solo el Colegio, sino las misiones que pertenecían a aquella provincia.

En cambio, la irrupción de los paulistas en las misiones del Tapé y del Uruguay, su emigración hacia las tierras de la margen derecha de este río y, sobre todo, la articulación de un sistema de defensa frente a la agresión paulista, que permitió el éxito militar en Caazapá Miní y en Mbororé (1641), no ocasionaron conflictos con la sociedad colonial rioplatense. Todo lo contrario, contribuyeron a dar forma y consolidar territorialmente ese distrito misional, donde se asiló la diversidad de los guaraníes provenientes de otras regiones, ahora bajo reglas uniformes y confiados en su propia capacidad de defensa y en sus posibilidades de desarrollo, bajo el patrocinio de los jesuitas.

INTEGRACIÓN DEL DISTRITO MISIONAL ENTRE 1641-1685

El impacto producido por la irrupción de los paulistas entre 1628 y 1641 provocó pérdidas ingentes en vidas y bienes, así como el desmantelamiento y abandono de varios distritos misioneros. Y si bien la derrota sufrida por los paulistas en Mbororé frenó esta serie de ataques, los jesuitas se vieron obligados a replantear la estructura territorial de sus misiones. El forzoso repliegue de los guaraníes permitió concentrarlos en un territorio más restringido, pero también más seguro e integrado. Este nuevo territorio abarcaba desde el río Tebicuary, en el sur del Paraguay, hasta la margen derecha del río Uruguay, ya en la provincia bonaerense. Allí, en el actual nordeste de la Mesopotamia argentina (provincias de Corrientes y Misiones), se constituyó el que, desde entonces, fue el asiento principal del distrito misionero.

Las pérdidas en vidas, pueblos, edificios, ganado y bienes fueron cuantiosas. La cantidad de pobladores guaraníes apresados y conducidos a San Pablo involucró a miles de personas, sin contar con los muertos, heridos y dispersos. Los que sobrevivieron, tanto del éxodo guaireño como de los pueblos evacuados del Uruguay, fueron trasladados a nuevos asentamientos. De las trece reducciones del Guairá, apenas se restablecieron dos; de las del Acaray-Yguazú, solo quedó una; de las del Tapé y Uruguay oriental, se rescataron cinco; y de las del Itatín, perduraron únicamente dos.

También hubo bajas en el plantel de los misioneros. Varios perdieron la vida por muerte violenta y otros por penurias y enfermedades. De todos modos, ya en 1644, tras la recepción de una nueva remesa de jesuitas, las reducciones de guaraníes contaban con cincuenta sacerdotes para las veinte reducciones que se hallaban entre el Paraná y el Uruguay, más las dos que subsistían en el norte del Paraguay, emigradas del Itatín.

La concentración de todas las reducciones en un solo distrito permitió una mejor atención pastoral de las mismas y ventajas en la comunicación y apoyo entre sus pueblos. Con ello, se produjo una gradual integración entre los guaraníes de distintas regiones, como los paranaes, guaireños, tapés e itatines. También se tendió a la uniformidad de procedimientos, dada la cercanía en que se hallaba un pueblo de otro, y en el socorro solidario, ante necesidades provocadas por las malas cosechas, epidemias y otras calamidades. De ese modo, el distrito fue adquiriendo una creciente homogeneidad. Y si bien se habían perdido espacios y catecúmenos, las ventajas de la paz parecían compensar los sufrimientos pasados. Por un cierto tiempo, los jesuitas no crearon nuevas misiones y se dedicaron a la consolidación y organización del distrito Paraná-Uruguay, el cual fue adquiriendo perfiles propios y notoria importancia en el ámbito colonial.

Al mismo tiempo, se fue gestando en la conducción de las misiones una cierta tendencia hacia la autonomía. La ubicación del distrito en la frontera oriental, su aislamiento relativo respecto de los centros urbanos de ambas provincias, la gran dimensión de la población guaraní agrupada en la veintena de pueblos (con una cultura y una lengua similares) y la adopción de un sistema productivo que aseguraba el vestido y la alimentación de esa población, dejando excedentes comerciables, eran aspectos que contribuían a reforzar esa orientación. Incluso, la necesidad de valerse por sí mismos en su defensa, sin contar con la ayuda adicional de las autoridades, facilitó su fortalecimiento. Dicha tendencia, vista con ojos suspicaces, dio lugar a que más adelante se hablara de un «Reino jesuítico» o de un distrito al margen de la potestad real.

Sin duda, no se trataba de alcanzar independencia, algo inimaginable en la estructura político-religiosa de la monarquía hispana y de la época. Solo se buscaba crear algunas condiciones que permitieran una labor pastoral más profunda y eficaz, así como formas de vida más justas para sus neófitos. Y, sobre todo, se quería evitar que quedaran sojuzgados por el régimen de encomiendas y volcar el esfuerzo laboral de los indios únicamente en beneficio de sus respectivas comunidades.

Distintas medidas alcanzadas a lo largo de esta época pusieron de manifiesto los perfiles propios y las diferencias que separaban al distrito jesuítico de la sociedad colonial en la cual se hallaba inserto. En el orden interno, el cambio de misiones temporarias, como era el propósito inicial de la Compañía de Jesús, al rango de misiones permanentes o doctrinas de indios con cura de almas, fue un rasgo que parece abonar esa tendencia a la autonomía. El ejemplo de la misión de Juli, en el Perú, donde se obtuvieron buenos resultados pastorales, parece haber sentado un precedente favorable para que las misiones de guaraníes siguieran ese ejemplo. Por otra parte, la escasez de clero secular dio lugar a que los jesuitas y franciscanos tomaran a su cargo las misiones en el Paraguay y el Río de la Plata, y se condujeran en ellas como «curas de indios». Esta modalidad, si bien trajo notables progresos en el campo pastoral, también suscitó dudas iniciales hasta dentro de la Compañía y, más tarde, dio lugar a algunos conflictos de jurisdicción con los diocesanos de ambos obispados, por el derecho que reclamaban en la colación de los curas.

Otro rasgo de esa tendencia autonómica lo constituyó la propuesta de los jesuitas de encomendar al Rey las nuevas reducciones, en vez de hacerlo en beneficio de particulares. La petición fue autorizada por el virrey del Perú en 1631, a través de una provisión, medida que luego fue ratificada por el propio monarca en 1633. Pero, tras la irrupción de los paulistas y la concentración de reducciones antiguas y nuevas en el distrito del Paraná-Uruguay, los titulares de las viejas encomiendas reclamaron sus derechos sobre los indios, ahora desplazados a otros lugares. Esto dio lugar a demandas judiciales, destinadas a dilucidar esos derechos frente a la nueva situación. Como resultado de estos pleitos, quedó en claro que los indios de San Ignacio Guazú, los de Corpus y los de Itapúa mantenían las encomiendas otorgadas anteriormente a vecinos de Asunción. Pero en los dos últimos casos los litigantes no aceptaron que la prestación de los indios a sus amos se hiciera en frutos y no en mitas de labor, conforme a lo previsto en las ordenanzas de Alfaro, por lo que los vecinos perdieron sus derechos y las reducciones quedaron encomendadas al Rey. Lo mismo aconteció con las de San Ignacio y Loreto, y con las dos del Itatín. De modo que, en el conjunto, solo San Ignacio Guazú quedó con parte de su gente encomendada a vecinos de Asunción, mientras que las demás reducciones (y las que se agregaron después) quedaron exentas de servir a particulares y confiadas al soberano.

No menos importante en el desarrollo de esta dimensión autonómica de las misiones fue la creación de las milicias. Surgieron por la necesidad de defenderse ante los ataques paulistas y obtuvieron permiso real para portar armas de fuego, por lo que se convirtieron en una fuerza permanente, equipada y adiestrada con regularidad. Con ello, no solo se brindó seguridad al distrito, sino que benefició a las autoridades provinciales que las utilizaron en múltiples ocasiones. En ausencia de fuerzas militares regulares, salvo el presidio de Buenos Aires, los gobernadores de ambas provincias requirieron a las autoridades jesuíticas el envío de esas milicias para atender conflictos externos, como el desalojo de los portugueses de Colonia del Sacramento, o internos, como las sublevaciones indígenas, ataques a poblaciones coloniales y la construcción de obras de defensa. Conducidas por jefes militares españoles, las tropas guaraníes respondieron con obediencia y eficacia en las oportunidades en que fueron convocadas. Su disponibilidad y bajo costo, ya que los gastos corrían a cargo de las misiones, tornaron a las milicias en una fuerza indispensable hasta el primer tercio del siglo XVIII.

Otros hechos de orden económico, como el tributo de los indios, contribuyeron a consolidar esta tendencia que fue diferenciando a las misiones. Vencidos los plazos de exención de las distintas reducciones antiguas y nuevas, se hizo necesario que la Corona censara a los indios y estableciera el tributo correspondiente. Dicha medida tuvo lugar después de la visita del oidor Juan Blázquez de Valverde en 1657, quien empadronó a los indios y fijó el número de los tributarios. Tiempo después, tras un largo debate, se determinó el monto a pagar, consistente en un peso por cada indio varón entre los 18 y los 50 años. Esa tasa anual per capita era inferior a la que abonaba el resto de los indios encomendados en la provincia, pero debía ser pagada en plata y no en mitas de trabajo o especies, como lo hacía el resto de los indios. Para el abono del tributo, se acordó que ese monto se descontara de la asignación del sínodo que anualmente recibían los curas de misiones, y se autorizó a las misiones a remitir hasta 12.000 arrobas de yerba a las procuradurías de Santa Fe y Buenos Aires. Con su venta, se cubría la diferencia que hubiera del monto total del tributo y se atenderían las necesidades de los pueblos. Dichas medidas, que favorecían a los jesuitas y sus misiones, merecieron la queja de los yerbateros paraguayos, perjudicados por esta competencia comercial, aumentando con ello el resentimiento hacia la Compañía de Jesús y sus guaraníes.

ORGANIZACIÓN INTERNA Y AUMENTO POBLACIONAL

Al mismo tiempo que las misiones redefinían su territorio y adquirían sus rasgos peculiares, la organización interna del distrito se consolidó paulatinamente. El misionero Francisco Jarque ha descrito con detalle el nivel alcanzado por dichos pueblos, en 1687, cuyo conjunto sobresale dentro del marco urbano en que se desenvolvían las pocas ciudades de aquellos dos territorios.

Tanto las reducciones antiguas como las recién trasladadas adquirieron una fisonomía urbana semejante: la planta de los pueblos constaba de una plaza, en torno de la cual se ubicaban la iglesia, la residencia de los curas, los depósitos, los talleres y se completaba con largas filas de casas con galería al frente, en donde habitaban los indios en viviendas unifamiliares. Los edificios fueron sustituyendo los materiales perecederos, como el barro y la paja, por otros más resistentes como el adobe, el ladrillo y la teja cocida. También se fue ampliando la capacidad de las iglesias y mejorando otras dependencias y servicios. En esos espacios se desarrollaba la vida cotidiana, marcada, en gran medida, por las devociones y las ceremonias religiosas, la catequesis y la formación de los niños más aptos para el canto coral, la música y la escritura.

En el orden político, los pueblos contaban con su corregidor y su cabildo, con cargos elegibles sujetos a la aprobación de los gobernadores. Un cierto grado de descentralización permitió que tanto los curas como el Cabildo pudieran disponer la ejecución de tareas y servicios que incluían a otros sectores de la comunidad, como los ejercicios militares, la celebración de las fiestas, la atención de los enfermos e impedidos y las obligaciones laborales en los talleres.

En el aspecto económico, estos pueblos —que ya albergaban poblaciones de varios miles de habitantes— precisaban de un abastecimiento seguro y regular de alimentos y bienes de uso. Las bases de su economía se apoyaban en tres pilares: la agricultura, la ganadería y la artesanía. En el primero, cada familia tenía asignado un lote para su cultivo y, al mismo tiempo, existían lotes más extensos donde se plantaban cereales, algodón, caña de azúcar y yerba mate para el uso común, reserva de semillas y exportación de excedentes elaborados, como la yerba ka’a mini y el lienzo de algodón. En el segundo, las estancias de cada pueblo se proveían de los animales necesarios para consumo, tiro y carga, así como la producción de mulas y otros bienes. En el tercero, grupos de indígenas se dedicaban a los servicios de mantenimiento y mejora edilicia del pueblo: fabricación de ladrillos y tejas, carpintería, herrería, cantería y otras muchas actividades, como pintura, talla de imágenes, copias de libros, etc. Asimismo, entre 1700 y 1722, la creación de una imprenta doméstica proveyó a las reducciones de los libros necesarios para el servicio religioso y la catequesis.

Por otra parte, y al margen de las normas generales que regían la vida de las misiones en la legislación indiana, los jesuitas destinaron para el gobierno de las reducciones a dos superiores que, en dependencia del padre provincial, se encargaban directamente de la atención y dirección de las mismas, asesorados por un cuerpo de consultores. Fruto de esa labor fueron los reglamentos de 1642 y 1688, las normas para canalizar los litigios entre los pueblos y cuestiones disciplinarias.

Al amparo de la paz alcanzada entre 1640 y 1680, mejoraron los pueblos, las condiciones de vida y, para sorpresa de muchos, aumentó la población. La congestión producida en las veinte reducciones hizo necesario arbitrar planes para fundar nuevos pueblos con los excedentes de población y, al mismo tiempo, procurar la ocupación de las tierras abandonadas al oriente del río Uruguay.

La historia demográfica de las misiones permite conocer que tanto en la segunda mitad del siglo XVII como en el primer tercio del siglo XVIII, la población guaraní creció en forma considerable y constante.

Ese aumento sostenido de la población fue el resultado del crecimiento natural de los guaraníes ya reducidos, es decir, hubo más nacimientos que defunciones. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de algunos retrocesos, sobre todo debido a epidemias, traslados de guaraníes para trabajos públicos en Buenos Aires o Montevideo, y movilizaciones prolongadas ante conflictos militares, como ocurrió en el caso de los comuneros del Paraguay.

De todos modos, el crecimiento vegetativo de los indios permitió el repoblamiento y la fundación de nuevas reducciones como, por ejemplo: San Francisco de Borja (1682), San Nicolás (1687), San Luis Gonzaga (1687) y San Miguel (1687), todas ellas ubicadas al oriente del río Uruguay. Años después, y en esa misma región, se fundaron: San Lorenzo (1690), San Juan Bautista (1697) y Santo Ángel (1706), pobladas también con excedentes de población de las otras misiones.

En el sur del Paraguay se ubicaron los restos de las misiones del Itatín que, en 1668, constituyeron allí los pueblos de Santiago y Nuestra Señora de Fe. A ellos se agregaron: Jesús (1685), con emigrantes del Monday; Santa Rosa (1698), Trinidad (1706) y Santos Cosme y Damián (1718). De este modo, hacia 1720 las reducciones sumaban ya treinta pueblos. De ellos, trece correspondían a la Provincia del Paraguay y los diecisiete restantes a la de Buenos Aires.

Fue así como el distrito misional, comprimido por la necesidad en 1641, logró consolidarse y expandirse, recuperando antiguos territorios, donde se formaron extensas estancias de ganado hacia el este y el sur del río Uruguay. Esta expansión iba a traer en el futuro complicaciones con los vecinos portugueses, quienes desde la última década del siglo XVII se habían extendido hacia el sur del litoral atlántico de Río Grande, y también con los charrúas, que señoreaban entonces los espacios al sur de Río Grande, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental.

OTRAS MISIONES EN LA PERIFERIA DE LOS GUARANÍES Y NUEVOS CONFLICTOS

La plenitud adquirida por las misiones de guaraníes y la consolidación del sistema que las regía parecían un hecho definitivo a principios del siglo XVIII.

La monarquía, si bien atendió numerosos reclamos sobre distintos aspectos de la situación de las misiones, decidió otorgar a los jesuitas su plena confianza por medio de la Real Cédula del 28 de diciembre de 1734. En ella se aprobaron casi todos los aspectos pendientes de la administración de las misiones, se confirmaron sus privilegios y se mantuvo el monto del tributo. Entre los rasgos más destacados que la Provincia Jesuítica del Paraguay logró en ese enclave misional de guaraníes estaban los siguientes: un distrito conformado por numerosos pueblos, con decenas de miles de indios cristianos; edificios importantes por sus dimensiones y arquitectura; una economía sustentable; milicias adiestradas que, a pedido de los gobernadores del Paraguay y Buenos Aires, habían realizado, entre 1637 y 1720, más de treinta campañas exitosas; florecimiento de la música, el canto coral e incluso la fabricación de una imprenta doméstica. Los mapas de la época, en su mayoría de factura jesuítica, destacaban la ubicación de estas misiones en la cuenca del Plata, e implícitamente dejaban traslucir el orgullo que la Orden sentía por este distrito, mirado ya entonces con admiración, pero también con inocultable recelo desde encumbrados escenarios europeos y americanos.

Sin embargo, no ha de creerse que el empuje misional se había detenido. Con el auxilio de los mismos guaraníes, se desarrollaron nuevas acciones entre los pueblos de la periferia del distrito. Algunas tuvieron éxito y otras resultaron efímeras. Así, por ejemplo, al norte del Paraguay, se localizaron, en 1697, otros grupos guaraníes, y tras varias tentativas infructuosas, en la década de 1720, se pudo radicar en sus tierras del Tarumá dos nuevas reducciones: San Joaquín (1746) y San Estanislao (1751). En cambio, fracasó la misión entre los guañanás del alto Paraná.

Otra acción misional se dirigió hacia los guenoas y yaros, nómadas del grupo charrúa, que se desplazaban al sur de Yapeyú. Con los guenoas se logró establecer la misión de Jesús María entre 1682 y 1708. Pero la rivalidad que estos grupos mantenían con los guaraníes y las disputas por el uso de los campos de pastoreo de las estancias de los pueblos del Uruguay, derivaron en un conflicto que se prolongó hasta 1715. Los charrúas, al ser derrotados, perdieron su dominio en las campañas de Entre Ríos, Corrientes y Río Grande, y fueron desplazados hacia la Banda Oriental.

Hubo también otras acciones misionales, como las iniciadas en la zona chaqueña con mocobíes y abipones, y las del oriente boliviano, donde las misiones de Chiquitos alcanzaron un notable desarrollo. Estas, tras un laborioso proceso de gestión cumplido entre 1699 y 1735, llegaron a constituir un segundo distrito misional, el cual, a imitación de lo alcanzado entre los guaraníes, se destacó también por sus dimensiones demográficas, desarrollo pastoral, edilicio y cultural.

A pesar de estos resultados halagüeños, el desenvolvimiento de las misiones no dejó de suscitar conflictos, tanto con la sociedad colonial como con las autoridades políticas y eclesiásticas. Ya en 1642, Antonio Ruiz de Montoya resumió en un extenso alegato los temas más controvertidos y las respuestas que le merecían los diferentes cuestionamientos. Explicaba que a los jesuitas se les imputaban: el mantener ocultas minas de oro en las misiones; tener y fabricar armas de fuego; poner obstáculos a la visita de gobernadores y obispos, así como el ejercicio del comercio. Si bien las imputaciones merecieron respuestas documentadas, no todos los tópicos aludidos desaparecieron del imaginario popular, agitado más de una vez por intereses locales.

Con el correr de los años y el crecimiento alcanzado por el distrito, se agregaron nuevas interferencias al sistema, como destinar corregidores españoles a las reducciones o pedir el traslado masivo de guaraníes a Buenos Aires para trabajos públicos. También se hizo presente el «recelo nacionalista» ante la presencia de misioneros extranjeros, a lo que se añadió el regateo por el monto, la extensión y el cobro del tributo asignado a los guaraníes. Asimismo, algún obispo creyó oportuno ejercitar su jurisdicción en la colación de los curatos y otros en reclamar el pago del diezmo a las misiones. Estos y otros temas semejantes se fueron resolviendo en diferentes épocas y en distintos ámbitos, como la Audiencia de Charcas, el virrey del Perú, el Consejo de Indias o la sede real, a cuyos estrados los jesuitas supieron apelar con perseverancia y, generalmente, con buenos resultados. En cambio, la frustración que en más de una oportunidad sintieron los medios locales ante estos resultados, así como las ventajas que las misiones obtenían en la comercialización de la yerba, o la disponibilidad de las milicias en apoyo de las decisiones reales, dejaron siempre un sabor amargo y un resentimiento muy notorio en la Provincia del Paraguay.

Ejemplo de esa sorda tirantez fue la trascendencia que adquirieron algunos conflictos vividos en esa provincia. Uno de ellos fue protagonizado por el obispo fray Bernardino de Cárdenas entre 1644 y 1651, mientras que el segundo tuvo como protagonistas a José de Antequera y Castro y el movimiento comunero en dos etapas: 1721-1725 y 1730-1735. En ambos casos el enfrentamiento con los jesuitas contó con el apoyo del sector dirigente de Asunción y concluyó con hechos de violencia, conflicto con las autoridades virreinales y la expulsión de los jesuitas del Colegio de Asunción. Estos pudieron volver a su antiguo establecimiento solo tras el cese de los conflictos y el restablecimiento de la autoridad real. El resultado para el Paraguay fue el cese de su jurisdicción sobre las misiones del Paraná, que se transfirió a Buenos Aires desde 1726. Por otro lado, la participación de las milicias guaraníes en la revuelta comunera —decisiva para el restablecimiento de la autoridad—, si bien constituyó un servicio de lealtad a la Corona, no dejó de motivar suspicacias en otros ámbitos, que creyeron ver en ellas la fuerza armada de un «Reino jesuítico» en potencia. Una interpretación maliciosa que en poco tiempo halló eco en los rumores cortesanos y fue difundida en panfletos internacionales.

A mediados del siglo XVIII, un nuevo conflicto, que pronto adquirió dimensión internacional, volvió a colocar en el centro de la polémica a los jesuitas del Paraguay y sus misiones de guaraníes. En virtud del Tratado de Madrid de 1750, se establecieron nuevos límites entre España y Portugal en América del sur. En el ámbito rioplatense, Portugal debía ceder Colonia del Sacramento y dejar a España el pleno uso del Río de la Plata, al tiempo que España compensaba esa devolución cediéndole el territorio de Río Grande, desde el Atlántico hasta su límite oeste en el río Uruguay. Como era notorio, en ese territorio se hallaban las siete misiones orientales, que además extendían sus estancias hacia el este. Esta operación afectaba a los jesuitas, ya que para hacer efectivo el acuerdo se debían desocupar dichos pueblos y estancias, y trasladar a los guaraníes hacia la otra margen del río Uruguay. Para ello, se establecieron plazos perentorios y una módica compensación para cubrir los gastos del traslado. Pero los guaraníes se opusieron al traslado, reclamando al Rey por vía epistolar la revisión de la medida, invocando que ellos se hallaban en las tierras de sus ancestros y que no comprendían cómo podrían ser entregadas a sus enemigos seculares, los portugueses.

Sin embargo, estos y otros argumentos fueron desestimados. Se arbitraron las medidas para hacer efectivo el cumplimiento del tratado y se designaron los comisionados regios encargados de su ejecución (si bien se prorrogó un primer plazo para el traslado de los pueblos), aunque las autoridades tropezaron con dificultades para obtener el acatamiento de las medidas por parte de los guaraníes. En algunos pueblos se logró iniciar la retirada, pero en otros no se consiguió persuadir a los indios, por lo que se interrumpieron las mudanzas, la agitación creció y la rebelión se hizo manifiesta en 1752. La disciplina interna se fue quebrando y los curas de los pueblos se vieron en un conflicto de lealtades, entre sus feligreses guaraníes y las autoridades coloniales.

El 26 de febrero de 1753, una partida binacional de demarcadores fue detenida en Santa Tecla por las avanzadas de los guaraníes ya sublevados, quienes no les permitieron seguir adelante. El incidente fue magnificado por las autoridades y dio lugar a que el padre provincial, José Barreda, renunciara a los curatos de los siete pueblos sublevados, con el fin de deslindar responsabilidades ante la Corona. Entonces, los comisarios regios de ambas naciones combinaron un plan militar para obligar a los guaraníes a cumplir el tratado. Dicha campaña, realizada en 1754, fracasó por impericia en la conducción, pero se reanudó más tarde, con mayor número de fuerzas y recursos. El 10 de febrero de 1756, las tropas hispano-portuguesas se enfrentaron con las milicias guaraníes y las derrotaron completamente en Caibaté. Los guaraníes se desbandaron, cesó la resistencia y los pueblos fueron ocupados. A su vez, la lealtad de los jesuitas se vio cuestionada y se dispuso un sumario para juzgar la conducta seguida por aquellos curas más directamente involucrados en la relación con los guaraníes de los siete pueblos.

Al margen de este conflicto local, la política portuguesa, conducida desde 1756 por el ministro Sebastián José Carvalho, cambió su rumbo y desistió de la entrega de Colonia del Sacramento. Así, el tratado fue anulado en 1761, de común acuerdo, y todo volvió al mismo estado en que se hallaba antes de la rebelión guaraní. Pero las consecuencias para las misiones fueron nefastas: el conflicto, si bien localizado en el Uruguay, había sembrado profundas desconfianzas en las autoridades metropolitanas sobre la lealtad de los jesuitas y la presunta autonomía de que, al parecer, gozaban las misiones.

LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS Y LA SECULARIZACIÓN DE LAS MISIONES

Terminada la insurrección de los guaraníes y recuperados en buena parte los dispersos, los pueblos orientales recomenzaron sus rutinas. La anulación del tratado, en 1761, restableció los antiguos límites y pareció asegurar un retorno a la paz y el orden tradicional del distrito jesuítico. Este aún mantenía su importancia demográfica, pues un informe de 1760 indicaba que de la población total de ambas provincias, el 57% correspondía a los guaraníes de las misiones, mientras que los habitantes del Paraguay alcanzaban el 20% y los de Buenos Aires, el 23% restante.

Sin embargo, la crisis dejó heridas y desconfianzas entre las autoridades metropolitanas y la Orden. Es cierto que el gobernador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, había logrado, en un segundo proceso, la exculpación de los jesuitas sindicados como promotores del alzamiento, y que, desde Madrid, se había autorizado el envío de una nueva remesa de misioneros para el Paraguay. Pero otras medidas, como una Real Cédula de 1766, parecían contradecir esa política conciliatoria. Efectivamente, por esa disposición se resolvió abrir a concurso los curatos de las misiones para el clero secular, medida que si bien respondía a lo tradicionalmente reclamado por los obispos, también indicaba que la política eclesiástica de la monarquía comenzaba a tomar otro rumbo, desplazando a los jesuitas de su antiguo enclave.

Por otra parte, el entorno del distrito misional había comenzado a modificarse: la sociedad colonial paraguaya y rioplatense empezaba a extenderse y a ganar espacios para el desarrollo de las estancias de ganado y la explotación de las vaquerías de la Banda Oriental y el Río Grande. El antiguo aislamiento, que durante tantos años había protegido a las misiones, comenzó a diluirse, y los contactos y las disputas por los espacios no tardaron en aparecer y multiplicarse. La presencia de los portugueses era ya un hecho en el litoral atlántico y su deslizamiento hacia el interior de Río Grande provocó un nuevo conflicto entre 1762 y 1763. Pese a ello, su avance era inevitable, y las tierras de las misiones, que ocupaban allí un vasto espacio, pronto fueron demandadas por la economía ganadera, en plena expansión en toda la región.

A esta situación regional se sumó, tanto en Europa como en España, un clima político adverso a los jesuitas. Las ideas de la Ilustración y las tendencias regalistas —que ponían en materia eclesiástica los intereses de la monarquía por sobre los de la Santa Sede— situaron a la Compañía de Jesús como un obstáculo a la potestad de los soberanos por su adhesión explícita al Pontífice y por su gravitación en distintos niveles de la sociedad y la cultura de la época. Estas razones prevalecieron en Portugal cuando, en 1759, se inculpó a los jesuitas de un atentado contra el Rey, se expulsó a la Orden y se secularizaron sus misiones de Marañón y Pará, en el Brasil. En 1764, Francia adoptó la misma medida en sus dominios. En ese ambiente, no fue sorprendente que el monarca español Carlos III repitiera esa misma política en España y en las Indias, ordenando la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767.

El detonante de la medida parece haber sido la revuelta de 1766 (conocido como motín de Esquilache), que alarmó al soberano Carlos III y puso en cuestión su seguridad. Se abrió una investigación secreta de los hechos, encomendada al fiscal Pedro Rodríguez de Campomanes, y en su informe se responsabilizó a los jesuitas de ser los instigadores del motín. Además, les acusó de graves imputaciones del más diverso orden, por lo que concluía recomendando que «sería indispensablemente necesario para la seguridad de la sagrada persona de Su Majestad y del reino entero, que el Rey haga uso de su potestad económica para proclamar el extrañamiento del reino de los jesuitas y la expropiación de sus bienes». Consideradas las acusaciones por el Consejo Extraordinario nombrado al efecto, se aceptó la opinión del fiscal y, posteriormente, el Rey dictó la medida el 20 de febrero de 1767 y encomendó su ejecución, en el mayor secreto, al conde de Aranda.

En los 75 parágrafos del informe que se refieren a las misiones y al «reino jesuítico del Paraguay», se hizo hincapié en desmerecer la obra cumplida en las reducciones y a recoger las antiguas acusaciones de Cárdenas y de los comuneros. Se les imputó haber instigado a los indios a la sublevación, de ejercer el gobierno despóticamente en los pueblos, de explotar a los indios y acumular riquezas en beneficio propio, y otras acusaciones semejantes. Los cargos acumulados por el fiscal correspondían a épocas y situaciones muy diversas; otros eran inexactos y todos sus argumentos estaban teñidos de prejuicio. Los jesuitas, en este caso, fueron condenados sin conocer las acusaciones y sin posibilidad de defensa.

Los padres acataron la decisión sin resistencia. En 1768, una expedición militar dirigida por el gobernador Francisco de Paula Bucarelli recorrió los pueblos misioneros, detuvo a los jesuitas y los embarcó rumbo al exilio. Se realizó en esa oportunidad el inventario, con el registro minucioso de las características urbanas de cada reducción, sus chacras y estancias, así como la totalidad de sus bienes muebles y semovientes. Dichos inventarios constituyen la mejor documentación del estado material en que se hallaban las misiones en el momento de la expulsión.

La reorganización del distrito, que inmediatamente ordenó Bucarelli, tuvo por objeto escindir el antiguo régimen, separando el gobierno temporal del espiritual, y favorecer su integración en la sociedad colonial. Para conseguirlo, modificó la estructura política creando dos gobernaciones. Se secularizó su administración a través de una sede central en Buenos Aires y administradores particulares a cargo de cada pueblo. Los curatos se distribuyeron entre frailes franciscanos, mercedarios y dominicos, con sujeción a los respectivos obispos. En definitiva, la integración con la sociedad colonial tendría lugar, según los reglamentos dictados al efecto en 1768 y 1770, a través del comercio, el uso de la lengua española y los matrimonios mixtos. El desarrollo de este proceso y sus resultados, lamentablemente desafortunados, constituyen otra historia que excede el marco asignado a este capítulo.

Con la expulsión de los jesuitas del Paraguay y el Río de la Plata en 1768, se interrumpió una labor de vastos alcances. En lo que a las misiones de guaraníes se refiere, su aporte a la organización de los pueblos, preservación del régimen de encomiendas, difusión y práctica de la fe católica; instalación de oficios, mejoramiento en la producción agropecuaria, desarrollo urbano y edilicio; formación de artesanos, introducción de la música europea y fabricación de instrumentos musicales; formación de coros y orquestas como complemento de la liturgia; copia e impresión de libros en idioma guaraní, entre otras actividades, constituyen el fruto de una acción paciente, disciplinada y perseverante con la formación de una sociedad cristiana indígena. El patrimonio artístico, edilicio y mobiliario de las reducciones ha sido registrado y evaluado más de una vez, y le ha valido ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sin duda, esa labor tuvo imperfecciones, errores y altibajos. Tropezó también con incomprensiones y hostilidades por parte de la sociedad colonial y de las autoridades. Las respuestas de la Compañía a los problemas de orden material no siempre fueron acertadas ni oportunas. Pero la empresa, sostenida a lo largo de un siglo y medio, constituyó un elevado ideal misionero y civilizador. Caracterizada más de una vez como utopía, ha ocupado en la historia del Paraguay y de toda la América hispana colonial un sitio relevante, por la trascendencia de sus ideales y la calidad de sus realizaciones.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

La información sobre este tema es inmensa. La bibliografía, que durante mucho tiempo tuvo un tono polémico, se ha normalizado y, con mejor información y comprensión, aborda hoy las distintas dimensiones de aquella empresa misional y las características de la sociedad colonial y guaraní de entonces. Ante la imposibilidad de dar cuenta de todo ese caudal bibliográfico, solo anotaremos algunas obras necesarias para profundizar el tema.

Entre las bibliografías y cuerpos documentales destaca la obra de Efraím Cardozo, Historiografía paraguaya. Paraguay indígena, español y jesuita (México, IPGH, 1959); de Hugo Storni S. J., Catálogo de los jesuitas de la Provincia del Paraguay 1585-1768 (Roma, IHSI, 1980); de Bartomeu Melià y Liane M. Ángel, Guaraníes y jesuitas en tiempo de las Misiones. Una bibliografía didáctica (Santo Ángelo, URI-CEPAG, 1995); de Ernesto J. A. Maeder, «Las Misiones jesuíticas de guaraníes. Dos largos siglos de historiografía y controversia» (en Luis Felipe Vial Moreira, coord. Instituições, fronteiras e política na historia sul americana, Paraná, Jurua, pp. 15-31).

Igualmente, Pablo Pastells y Francisco Mateos, Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay (Madrid, 9 v., 1912-1949); Jaime Cortesão y Helio Vianna, Manuscritos da Coleção de Angelis (Rio de Janeiro, BN, 7 v., 1951-1970); Carlos Leonhardt, Cartas anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús 1609-1614 y 1615-1637 (Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 2 v., 1927-1929); Ernesto J. A. Maeder ha proseguido esta edición con las cartas correspondientes a 1637-1639, 1632-1634, 1641-1643, 1644, 1645-1649 y María Laura Salinas, las de 1650-1654 (Resistencia, IIGHI-CONICET, 1996-2008).

Entre los historiadores de la Compañía de Jesús, cabe citar a Nicolás del Techo, Historia Provinciae Paraquariae (Lieja, 1673; edición en castellano con prólogo de B. Melià, realizada en Asunción por FONDEC-CEPAG, 2005); Pedro Lozano; Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay, (Madrid, 2 v., 1754-1755); Pierre F. X. de Charlevois, Histoire du Paraguay (París, 3 v., 1756).

Algunas fuentes coetáneas son indispensables como, por ejemplo, de Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tapé (Madrid, 1639; hay edición reciente, Rosario, 1984); de Francisco Jarque, Insignes misioneros de la Compañía de Jesús, Estado presente de sus misiones en Tucumán, Paraguay y Río de la Plata (Pamplona, 1687; hay reedición anotada, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2009); de Antonio Sepp, Relación del viaje a las misiones jesuíticas (traducción de W. Hofmann, Buenos Aires, EUDEBA, 3 v. 1971-1974); de José Cardiel, Carta relación de las Misiones de la Provincia del Paraguay (1747), con estudio y notas de Guillermo Furlong (Buenos Aires, 1953).

Entre los estudios modernos, debe recordarse la obra de Pablo Hernández, Organización de las doctrinas guaraníes de la Compañía de Jesús (Barcelona, G. Gili, 2 v. 1913); de Guillermo Furlong, Misiones y sus pueblos de guaraníes (Buenos Aires, 1962); de Magnus Mörner, Actividades políticas y económicas de los jesuitas en el Río de la Plata (Buenos Aires, Paidós, 1968); de Máxime Haubert, La vida cotidiana de los indios y los jesuitas en las misiones del Paraguay (Madrid, Temas de Hoy, 1991); de Antonio Armani, Ciudad de Dios y ciudad del sol. El Estado jesuita de los guaraníes (1609-1768) (México, FCE, 1982); de Arno Álvarez Kern, Missões: una utopía política (Porto Alegre, Mercado Aberto, 1982); de Ernesto J. A. Maeder, Aproximación a las misiones guaraníticas (Buenos Aires, EDUCA, 1996); y de Antonio Astraín, Jesuitas, guaraníes y encomenderos (Asunción, CEPAG, 1995).

En cuanto a la época y la sociedad colonial, además de lo que se menciona en otros capítulos de esta obra, conviene agregar a Carlos E. Romero Jensen, El Guairá. Caída y éxodo (Asunción, FONDEC, 2009); Louis Necker, Indios guaraníes y chamanes franciscanos. Las primeras reducciones franciscanas del Paraguay (Asunción, CEA-UCA, 1990); Regina Gadelha, As missões do Itatim. Um estudo das estruturas sócio-econômicas do Paraguay (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980); Rafael Carbonel de Masy, Estrategias de desarrollo rural en los pueblos guaraníes (Barcelona, Bosch, 1992); Ernesto J. A. Maeder y Alfredo Bolsi, «Evolución y características de la población guaraní de las misiones jesuíticas, 1671-1767»(en Historiografía 2, Buenos Aires, 1976, pp. 113-150); Oreste Popescu, El sistema económico en las misiones jesuíticas. Un vasto experimento de desarrollo sudamericano (Barcelona, Ariel, 1967); Juan Carlos Garavaglia, «Las misiones jesuíticas: utopía y realidad» (en su Economía, sociedad y regiones, Buenos Aires, La Flor, 1987, pp. 121-191) y Mercado interno y economía colonial. Tres siglos de la yerba mate (México, Grijalbo, 1983); Guillermo Wilde, Religión y poder en las misiones guaraníes (Buenos Aires, SB, 2009) y «Estrategias indígenas y límites étnicos. Las reducciones jesuíticas del Paraguay como espacios socio-culturales permeables» (en IHES 22, Tandil, 2007, pp. 213-240); Lia Quarleri, Rebeldía y guerra en las fronteras del Plata. Guaraníes, jesuitas e imperios coloniales (Buenos Aires, FCE, 2009); Alberto De la Hera, Iglesia y Corona en la América española (Madrid, MAPFRE, 1992).

La fisonomía de los pueblos y sus rasgos urbanos se encuentran en Ramón Gutiérrez, Evolución urbanística y artística del Paraguay (1637-1911) (Resistencia, UNNE, 1978); Ernesto J. A. Maeder y Ramón Gutiérrez, Atlas urbano del nordeste argentino. Misiones jesuíticas y pueblos de indios (Resistencia, IIGHI, 1994) y Atlas histórico del nordeste argentino (Resistencia, IIGHI, 1996); Bozidar Darko Sustersic, Templos jesuítico-guaraníes (Buenos Aires, Instituto J. Payró, 2005); Guillermo Furlong, Historia y bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses (Buenos Aires, Guarania, tomo I, 1953).

CAPÍTULO VII

EL VIRREINATO
DEL RÍO DE LA PLATA (1776-1810)

Herib Caballero Campos

Este capítulo abarca la etapa que va desde el establecimiento del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, hasta la independencia del Paraguay, en 1811. Durante este periodo ocurrieron significativas transformaciones en la Provincia del Paraguay, siendo una de las más resaltantes la integración al mercado regional de la cuenca del Río de la Plata.

Durante los últimos cuarenta y cinco años de dominio español, se desarrollaron nuevas dinámicas sociales y económicas relacionadas con los procesos históricos descritos en el capítulo V. Dichas dinámicas obligaron a la sociedad a redefinirse en cuanto a las relaciones entre los diversos actores y sus identidades en el seno de la sociedad provincial paraguaya.

Esta sociedad en transformación es la que se encontró a finales de la primera década del siglo XIX con la grave crisis de la monarquía hispánica y que derivó en la independencia de la América española.

LAS REFORMAS BORBÓNICAS: EL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA

Para tener un marco adecuado de este periodo debemos comprender una serie de medidas políticas adoptadas por la corona española. Estas reformas tenían un objetivo claro: aumentar los ingresos fiscales y disminuir la burocracia, con el fin de lograr una mayor eficiencia de los funcionarios reales en la administración de las provincias americanas.

Las reformas comenzaron una vez concluida la Guerra de Sucesión Española (1700-1714) con la victoria de la dinastía de los Borbones, encarnada en la figura del rey Felipe V, contra el pretendiente austriaco, el archiduque Carlos. Los cambios introducidos por los Borbones tenían por finalidad convertir a las colonias americanas en fuentes de materias primas y, a la vez, transformar la América española en un mercado reservado para la manufactura peninsular.

Las principales reformas se afianzaron en el último tercio del siglo XVIII, bajo el reinado del rey Carlos III y fueron posibles gracias a la acción de visitadores como Nicolás de Areche y José de Gálvez (también ministro de Indias). Así, el 16 de octubre de 1765, el monarca estableció el comercio libre entre las Islas de Barlovento y un número reducido de puertos españoles. Con dicha medida se estableció el sistema de tributación por arancel ad valorem y se quebró el secular monopolio del puerto preciso en Sevilla y Cádiz. Sin embargo, la oposición de las oligarquías vinculadas al tráfico monopólico, tanto en la Península como en América, evitó la ampliación de dicha medida hasta el 2 de febrero de 1778. En esa fecha, por Real Decreto, se declaró el Régimen de Libre Comercio, por el que se permitía a Buenos Aires mantener comercio con Perú y Chile. Con esta medida se levantaron las principales trabas para el desarrollo del comercio legal interprovincial e interregional en todo el territorio español.

Al mismo tiempo, con esta disposición se simplificó el proceso de aplicación de los onerosos y complejos impuestos existentes en ese momento, que en numerosas ocasiones eran evadidos por los comerciantes. El Reglamento de Libre Comercio permitió el aumento de las mercaderías comercializadas y, además, implicó una reducción de los precios de ciertos productos. A pesar de todo, el contrabando persistió como práctica comercial.

Desde el punto de vista político-administrativo, el rey Carlos III decidió la creación, en 1776, del Virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires. Dicha entidad se estableció con un claro objetivo estratégico y militar: por un lado, una mayor eficacia administrativa de un vasto territorio (actuales Argentina, Paraguay y Uruguay); y, por el otro, mejorar la defensa y las fronteras ante los avances portugueses procedentes del Brasil. También se quería mejorar el control sobre el territorio ante posibles expediciones de británicos y franceses por el Atlántico sur. El primer virrey fue Pedro de Cevallos.

De igual modo, para conseguir una mejor eficiencia se introdujo una nueva figura gubernativa: las intendencias, que seguían el modelo centralizado francés del siglo XVII. La figura del intendente se introdujo en la península Ibérica en 1721, estableciéndose tres tipos diferentes: el Intendente de Provincia, que tenía a su cargo las causas de justicia, policía, hacienda y guerra, y actuaba como un sustituto de los gobernadores y los corregidores; el Intendente de Ejército y Hacienda, que tenía jurisdicción por encima de las provincias; y el Superintendente de Real Hacienda. Para el historiador español Luis Navarro García, el régimen de intendencias tenía por objetivo establecer un funcionario de alto rango al frente de las circunscripciones provinciales.

La Real Ordenanza de Intendentes para el Virreinato del Río de la Plata fue adaptada y modificada por la Junta de Ministros, y bajo la dirección del activo ministro de Indias, José de Gálvez, fue promulgada el 28 de enero de 1782. Con esta medida se establecieron ocho intendencias: Buenos Aires, Salta del Tucumán, Córdoba (estas dos, resultado de la división de la antigua Gobernación del Tucumán), Potosí, Charcas, Cochabamba, La Paz y Paraguay. Además se crearon los gobiernos militares de Mojos, Chiquitos, Misiones y de la Banda Oriental. La Ordenanza constaba de 276 artículos y, para noviembre de 1783, se habían remitido las copias impresas y los respectivos títulos de intendentes en las ocho intendencias creadas.

Los intendentes americanos se hicieron cargo de las cuatro causas al igual que sus pares de la península Ibérica (justicia, administración general o policía, hacienda y guerra), lo que supuso un aumento de sus facultades con respecto al cargo de gobernador que hasta ese momento existía. La Real Ordenanza fue recibida en la Provincia del Paraguay cuando ocupaba el cargo de gobernador y capitán general Pedro Melo de Portugal (1778-1787), quien fue designado como primer gobernador-intendente.

De igual modo, los intendentes cumplieron con sus obligaciones de informar sobre todo lo que les exigía la Real Ordenanza. Por ejemplo, sobre el posible beneficio del cáñamo y el caraguatá, de maderas que produjeran tintes, de los méritos de civiles y eclesiásticos que fueran merecedores de la gracia real e incluso sobre elementos de la naturaleza que pudieran ser útiles o importantes, por lo que se envió al Museo Natural en España un informe escrito por Félix de Azara acerca de las plantas petrificadas.

En materia del gobierno, el Cabildo asunceno vio disminuidas sus funciones, acciones y decisiones, lo que provocó no pocas cartas de quejas contra los intendentes Joaquín Alós y Brú (1787-1796) y Lázaro de Rivera (1796-1806). Lo que no se puede negar es que los intendentes de Paraguay pusieron celo en cumplir con su principal cometido, que consistía en reducir la autonomía de gestión y control económico del cuerpo municipal. Dichas medidas no pueden ser vistas más que como una lucha por el poder, un combate que terminó afectando los intereses de algunos sectores de la élite asuncena.

Para el historiador británico John Lynch, los intendentes se erigieron en los agentes de la autoridad real con la misión de subordinar sus respectivas jurisdicciones al poder central. Con respecto a los intendentes paraguayos, Lynch sostiene que fueron de óptima calidad. Por su parte, el historiador argentino Edberto Acevedo considera que los intendentes del Paraguay mantuvieron incólume el principio de autoridad y, sobre todo, trabajaron en beneficio de los súbditos y del Estado.

LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL PARAGUAY

Las medidas borbónicas se comprenden en la configuración de un nuevo tipo de imperio, el mercantil, que ya fue desarrollado, en primer lugar, por los holandeses y los ingleses. El crecimiento económico en el siglo XVIII se debió al incremento del comercio de productos agrícolas como el café, el té y el tabaco, entre otros. Para el historiador Guillermo Céspedes del Castillo, dichas transformaciones condujeron a la monarquía española a formular por primera vez una política económica coherente en sus extensos dominios americanos.

Desde la expulsión de los jesuitas en 1767, el comercio asunceno de yerba se encontraba en pleno crecimiento gracias al incentivo que supuso el decreto de libre comercio aprobado en 1778. Con esta medida aumentó considerablemente el comercio en la entonces denominada «Carrera del Paraguay», que enlazaba Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Asunción. Fruto de esa mejoría, comerciantes porteños invirtieron, mediante créditos o habilitaciones, en la explotación yerbatera.

A lo largo de este periodo los principales rubros de la economía paraguaya fueron la yerba, el tabaco, la madera, el comercio y la industria naval.

• La producción de yerba mate

Con las nuevas condiciones comerciales, fueron varios los comerciantes asuncenos que se dedicaron con mayor fuerza a la explotación de los yerbales. Según el historiador norteamericano Thomas Whigham, la explotación de la yerba se expandió a nuevos territorios, lo que permitió que la producción yerbatera se incrementara de forma sostenida. Así, en 1776, la exportación total de este producto fue de 27.000 arrobas, cantidad que se quintuplicó en los siguientes años para la exportación, alcanzando las 125.271 arrobas en 1781 y las 247.290 arrobas en 1783. Al año siguiente, la producción disminuyó, aunque mantuvo un promedio de cerca de 160.000 arrobas anuales, siendo el año de 1798 el de máxima producción, con 330.480 arrobas de yerba.

El proceso de extracción, laboreo y transporte de la yerba mate en los bosques del Paraguay era una faena sumamente extenuante para quienes trabajaban como peones yerbateros. Estos eran contratados por un beneficiador que pagaba su licencia al Cabildo de Asunción, al entonces denominado estanco de la yerba. Este beneficiador generalmente recibía, en carácter de crédito o «habilitación», de un comerciante asunceno un poco de dinero, provisiones y herramientas para proceder a la elaboración de la yerba en los yerbales naturales. Dicho crédito era sumamente alto, por lo que normalmente el beneficiador y los mismos peones difícilmente podían salir de la pobreza.

Con respecto a la situación de los peones, el gobernador Joaquín de Alós y Brú reglamentó las relaciones entre los beneficiadores y comerciantes de yerba. En esta reglamentación, estableció un proceso de convocatoria de acreedores, mediante la declaración de los peones de la cantidad de deudas. Se dispuso, además, el orden de cobro de los acreedores de cada peón y, finalmente, se acordó que solo los peones «limpios de deudas» podían «habilitarse» nuevamente.

Para trasladar las provisiones y a los peones era necesaria una buena cantidad de bueyes y mulas, pues no existían caminos para llegar a los recónditos yerbales del Caaguazú y del norte del territorio.

• El cultivo del tabaco

El 1 de mayo de 1779, por instrucciones del Rey, se estableció la Real Renta de Tabacos y Naipes en la Provincia del Paraguay. Mediante esta medida, la monarquía se encargaba de comprar el tabaco y de venderlo a través de la red de estancos existente en todo el Virreinato del Río de la Plata, lo que presumiblemente reportaría excelentes ganancias para la Corona. Con el establecimiento de dicha institución, se introdujo en el Paraguay la moneda metálica.

El interés principal de la monarquía fue la producción del tabaco torcido negro, similar al que se producía en el Brasil, pues era del gusto de los consumidores europeos. Esto implicaba una fuerte sangría económica para la Corona, que tenía que importar este tabaco desde Portugal, y lo que pretendió la monarquía fue que el dinero se quedara en las arcas reales, por lo que consideró que el Paraguay era el lugar ideal para potenciar su producción. Sin embargo, diversos factores afectaron su cultivo hasta que, finalmente, fue suspendida su producción en 1788.

Otro rubro importante fue el tabaco en rama, del cual se producían dos tipos: de pito y de hoja. Este rubro tuvo continuidad en el tiempo y fue principalmente cultivado por pequeños cosecheros, considerados los más pobres de la provincia. El tabaco en rama fue utilizado para la elaboración de cigarros.

En general, los principales cultivadores de tabaco eran pequeños y medianos agricultores que habitaban, sobre todo, en los valles de Paraguarí y la Cordillera. La producción tabacalera siguió en aumento, pero debido al contrabando, las malas condiciones de almacenamiento y, especialmente, un sistema de transporte bastante precario, la calidad de los tabacos almacenados en Buenos Aires se vio afectada. Ante esa situación, el virrey Nicolás del Campo (1784-1789) ordenó limitar la producción a 8.000 o 9.000 arrobas anuales. Pero esta medida consiguió desalentar la producción, pues los cosecheros de tabaco buscaron otros rubros más rentables como la caña de azúcar o el laboreo en los yerbales.

Sin embargo, la necesidad de aumentar la producción tabacalera continuó y, de hecho, el contrabando fue creciendo a lo largo de la última década del siglo XVIII. A finales de 1800, llegó a Asunción el director general de la Renta, Francisco Ortega y Barrón, con la misión de retribuir a los cosecheros de tabaco con la liberación de la pesada carga del servicio militar, que implicaba hacer las guardias en los presidios a lo largo del río Paraguay. Dicha medida fue duramente cuestionada tanto por el gobernador intendente Lázaro de Ribera como por el Cabildo. La determinación surtió efecto de inmediato, pues si en 1800 se habían recolectado 14.828 arrobas de tabaco en rama, en 1801 la producción aumentó a 32.957 arrobas, llegando a la máxima producción en 1810, con 54.610 arrobas recolectadas. A la par que la producción se recuperó, el contrabando no cejó y, al mismo tiempo, muchas personas que no eran agricultores se beneficiaron con la exención brindada por la Renta de Tabaco.

Tal era el nivel alcanzado por el contrabando del tabaco hacia las denominadas «provincias de abajo», que el cronista Francisco de Aguirre escribió que detener dicho comercio ilícito era como intentar poner «puertas al monte». En 1809, la producción cayó a tan solo 4.447 arrobas, lo que llevó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros a prohibir la libre comercialización del tabaco en el interior de la Provincia del Paraguay. La medida provocó la enérgica protesta del Cabildo el 10 de febrero de 1810, aunque, en una etapa marcada por los prolegómenos de la independencia, la medida no fue cumplida.

Tal fue el rechazo al sistema monopólico representado por la Real Renta de Tabacos que en el Congreso del 17 de junio de 1811, Mariano Antonio Molas propuso en su voto que «quedara extinguido el Estanco del Tabaco quedando de libre comercio como otros cualquier fruto y producciones de esta Provincia». El tabaco que se encontraba en los depósitos de la Real Renta fue utilizado para pagar a las tropas que participaron de las batallas de Paraguarí y Tacuary en 1811.

• La exportación de maderas

Otro rubro importante de este periodo fue la exportación de maderas, aunque existen datos de una gran deforestación a partir de la expulsión de los jesuitas.

El proceso funcionó mediante licencias otorgadas por los administradores de los pueblos a comerciantes interesados en extraer maderas. Dicho proceso de extracción también estaba vinculado al desarrollo de las carpinterías que confeccionaban muebles.

Tal era el número de aserraderos y carpinterías en Asunción que el gobernador Lázaro de Ribera promulgó, a pedido del síndico procurador de la ciudad, Ceferino Acosta, un bando de buen gobierno en el que «ordeno y mando nuevamente que nadie ponga entonces en las calles o veredas quitando luego, las maderas, palmas, cañas y otras, como igualmente los aserraderos que con escándalo público suelen colocarse sobre ellas mismas, bajo la pena de perderlas a beneficio de los propios de la ciudad y dieciocho pesos de multa con reagravación en caso de reincidencia».

Si bien las series de datos no se encuentran completas, se sabe que en 1781 fueron exportadas 11.508 varas de madera y en 1784, seis veces dicha cantidad, es decir 67.413 varas. A fines de este periodo, en 1809, se exportaron 70.725 varas, que cayeron a 16.632 en 1810. Para 1811 tan solo se exportaron 120 varas debido a las condiciones de hostilidad con la Junta de Buenos Aires.

• La mejoría del comercio

Las nuevas condiciones económicas y políticas facilitaron el desarrollo del comercio, lo que conllevó la circulación de moneda metálica en el territorio. Uno de los indicadores de ese auge fue el número de barcos que zarpaban con productos hacia el Río de la Plata. A este respecto, el historiador paraguayo Julio César Chaves señala que en 1776 partieron de Asunción tan solo dos barcos y dieciocho embarcaciones menores, mientras que en 1793 el movimiento aumentó a trece barcos y ciento trece embarcaciones menores.

La mayor parte de la clase comercial extranjera residente en Asunción había migrado recientemente hacia el Paraguay y, una vez allí, se alió con la élite local a través de matrimonios con las principales familias de la provincia, que se dedicaban a la ganadería y a la explotación de yerbales.

En este intenso flujo comercial, la gran beneficiada en las transacciones fue la sede del Virreinato, Buenos Aires, pues los comerciantes de esta ciudad proveían al Paraguay de artículos de consumo y, sobre todo, vestimentas. Según Vives Azancot, los comerciantes porteños establecieron intereses del 8% en cada giro comercial a Asunción, cuando lo usual era del 5%.

De igual modo, la «Carrera del Paraguay» conoció un intenso tráfico comercial que, según el historiador norteamericano Jerry Cooney, a fines del siglo XVIII se constituyó en un vínculo vital para el comercio de la región rioplatense.

• La industria naval

El desarrollo del comercio hizo necesario aumentar el tonelaje de la flota que cubría la «Carrera del Paraguay», lo que favoreció el desarrollo de una incipiente industria naval. Entre 1797 y 1801, se construyeron seis fragatas, ocho bergantines, cinco sumacas y un quechemarín. Los astilleros se encontraban en Angostura —el más importante—, Villeta, San Antonio, Villa Real, Asunción, Ñeembucú y en Alfonso. La mayor parte de las embarcaciones fueron construidas por encargo de los comerciantes porteños, siendo el pionero Antonio Necochea, miembro de la clase comercial bonaerense y del Cabildo de Buenos Aires.

El gobernador Lázaro de Ribera escribió al Rey proponiendo que a los comerciantes que construyesen barcos mayores se les exonerara de las cargas impositivas, «con el fin de evidenciar las grandes proporciones que tiene esta Provincia para la construcción de bajeles por la abundancia y excelencia de las maderas que tiene este río Paraguay navegable hasta el océano, cuyas márgenes son unos bosques inmensos que facilitan el corte en la lengua del Agua o en los mismos astilleros».

LA SOCIEDAD

Todos los cambios anteriormente mencionados configuraron nuevas costumbres en la sociedad provinciana del Paraguay. Podemos conocer dichas costumbres a través de diversas fuentes oficiales como la producida por los intendentes y por los cabildos, que buscaban regular la vida de los habitantes de una sociedad que había ingresado a una nueva dinámica.

Con la circulación de moneda metálica en la Provincia del Paraguay se originó una nueva lógica de consumo, que permitió la apertura de diferentes negocios como las pulperías, las carnicerías y las platerías, que nos indica la demanda de artículos de consumo y también de lujo por parte de la sociedad asuncena.

En las pulperías se vendía de todo. Así se constata en las ventas que el pulpero Juan Ferreira, del barrio La Encarnación, realizó en 1786: caldos, comestibles, pan, harina, pan de maíz, almidón, vino de Mendoza, tinto y blanco; aceite, vinagre, aguardiente de la tierra, aguardiente mistela, velas de sebo, grasa, jabón blanco, jabón de la tierra, dulces de ladrillo, maíz, tocino, longanizas, azúcar rubia y blanca; sal, arroz, yerba, queso y otras menudencias.

Las pulperías no fueron espacios exclusivamente comerciales, sino que también se convirtieron en espacios de sociabilidad, de encuentro, de discusión y difusión de ideas. Las principales diversiones eran el juego de las cartas y las fiestas (que incluso se practicaban en los velorios de los párvulos, costumbre que era penada por la Iglesia con la excomunión). También eran comunes las procesiones religiosas, que se continuaban con fiestas y bailes que se prolongaban hasta bien entrada la noche. En 1802, el gobernador-intendente Lázaro de Ribera ordenó a los jueces que en los bailes se prohibiera que los asistentes se disfrazaran como indios.

Asimismo, a través de diversos bandos de buen gobierno, se prohibió el uso de explosivos en las fiestas, pues podían confundir en caso de la alerta ante un ataque de los indios chaqueños. Además, se estableció una hora de toque de queda, que primero se fijó a las nueve de la noche y luego se extendió una hora más.

La pequeña ciudad de Asunción se transformó urbanísticamente. Se construyeron casas más sólidas que, en su mayoría, pertenecían a los nuevos miembros de la élite comercial. En este sentido, también transformaron su fisonomía otras localidades como Villarrica, Villa Real y Pilar, que constituían centros urbanos de relevancia en la provincia.

LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Así como se produjeron transformaciones en el aspecto económico, la Provincia del Paraguay se encontraba inmersa, al igual que todo el subcontinente, en una intensa dinámica demográfica. La población aumentó, pasando de las 85.138 personas en 1761 a los 108.070 habitantes según el censo de 1799, como se puede ver en la siguiente tabla.

Por otro lado, se produjo una profunda transformación de los grupos de personas en cuanto a sus categorías jurídicas establecidas. Como vimos en el capítulo V, en el censo de 1761 había 51.921 pobladores indígenas y tan solo 33.217 españoles y pardos (o mulatos). En cambio, en el censo de 1782, la población indígena disminuyó a 30.171 personas, mientras que la población no indígena aumentó a 66.355 habitantes. Este cambio se explica porque los indígenas emigraron hacia los valles meridionales, en los cuales eran prácticamente aceptados como campesinos provinciales, por lo cual su «salto» hacia una clase superior era sencilla o, por lo menos, para las autoridades que realizaron los censos podían fácilmente pasar por mestizos paraguayos.

Es interesante observar que, en este periodo, gran parte del comercio asunceno tuvo entre sus principales exponentes a varios extranjeros, en su gran mayoría portugueses, aunque también los hubo de Austria, Francia, Génova, Irlanda y de otros lugares procedentes. Incluso, algunos de ellos prestaron servicios a las armas españolas en la defensa de la provincia.

Uno de los más destacados fue el poderoso comerciante flamenco José Cohene, quien poseía embarcaciones, encomiendas y producción yerbatera. Otro importante miembro de este grupo fue el capitán García Rodríguez Francia, portugués, que llegó a la provincia para el beneficio del tabaco torcido, y posteriormente ocupó altos cargos en la burocracia provincial. También hubo numerosos comerciantes españoles que se afincaron en el Paraguay y se vincularon con familias patricias asuncenas.

La inserción de dichos comerciantes en los cargos importantes de la sociedad colonial provocó la reacción de los miembros de la antigua élite asuncena, a pesar de que los extranjeros fueron apoyados por el gobernador Agustín Fernando de Pinedo (1770-1778). En las acusaciones que el Cabildo de Asunción formuló en contra de dicho gobernador, en un escrito dirigido al Rey en enero de 1776, se decía que «en lugar de dichos oficiales colocó a Don Fernando de la Mora, patricio honrado de buena familia, y de experiencia militar, a Don José Antonio Zavala de igual calidad, mas sin conocimiento militar, por su corta edad, a Don Juan Laguardia y Don José Cohene, ambos extranjeros, y sin la menor experiencia militar, como si faltasen en la Provincia sujetos españoles en quienes recayesen iguales cargos».

La relevancia económica que adquirieron los miembros de la nueva élite se demuestra en el litigio originado en el pedido de Pedro Gracia y otros pobladores de la Villa de San Pedro del Ycuamandyyú. Estos solicitaron, en 1789, que se levantara la merced real a favor del factor de la Real Renta de Tabacos Juan José González, que consistía en una extensión de terreno de diez leguas de largo por diez leguas de fondo sobre el río Jejuí. Gracia argumentaba que González era un extraño y que dicho repartimiento podía servir para diez puestos de estancia, y que la citada merced iba en detrimento de los descendientes de conquistadores.

Un segmento importante de la población de la época eran los pardos o mulatos. En el censo de 1782 representaron el 11,2% de los habitantes de la provincia, es decir, un total de 10.846 personas, de las cuales 6.793 eran libres y 3.953, esclavos. Dicha población no sufrió grandes variaciones en los siguientes años, ya que en el censo de 1799, ordenado por el intendente Lázaro de Ribera, representó el 11,4% de la población provincial, o sea, 12.546 habitantes, de los cuales 7.938 eran libre y 4.598, esclavos. La mayor parte de estos pertenecían a órdenes religiosas y a familias importantes, que los ocupaban en distintas labores. En cambio, los pardos libres, a fin de gozar del privilegio de la libertad, debían pagar un tributo al Rey, que consistía en un marco de plata.

Cabe señalar que este segmento de la población se integró, a través de varios mecanismos, a la población mestiza con el objetivo de evitar las consecuencias de su condición de pardo y, sobre todo, por la carga impositiva que la misma implicaba.

LA EXPANSIÓN TERRITORIAL

Con el aumento demográfico, la población comenzó a buscar nuevas tierras de labranzas. A este hecho se unió el inicio, desde 1780, de un periodo de paz prolongado con los indios del Chaco, lo que favoreció el establecimiento de nuevos núcleos de población. Dicha expansión territorial se produjo en torno a dos núcleos: la frontera norte y el Ñeembucú, al sur.

El núcleo de la frontera norte se originó en torno a la fundación de la Villa Real de Concepción, el 25 de mayo de 1773, por parte del gobernador Agustín Fernando de Pinedo. Posteriormente, alrededor de este núcleo, el intendente Pedro Melo de Portugal fundó, el 16 de marzo de 1786, la Villa de San Pedro del Ycuamandyyú, a orillas del río Jejuí; un poco más tarde, el 14 de junio de 1787, se erigió la Villa del Rosario del Cuarepotí, entre los ríos Manduvirá y Jejuí.

Por su parte, en el núcleo Sur se inició la expansión territorial con la fundación de la Villa del Pilar del Ñeembucú, el 12 de octubre de 1779, a cargo de Pedro Melo de Portugal. Además, este intendente convocó a la población para que voluntariamente ocupara los pasos de Curupayty y Humaitá.

Estas poblaciones recién fundadas permitieron que, en sus respectivas zonas de influencia, surgieran espontáneamente diversas poblaciones, que permitieron a los pobladores acceder a tierras para la labranza o la ganadería. En ambas fronteras es interesante resaltar que uno de los principales rubros económicos fue la producción ganadera, que tenía por principal fin la exportación de cueros, que también se empleaban para envasar el tabaco y la yerba mate.

Tanto en Concepción como en Pilar se produjo una acumulación de tierras por parte de personas vinculadas a la élite asuncena, como resultado de los repartimientos realizados por los gobernadores. En el caso de Concepción, Renée Ferrer indica que en 1792 se repartieron 4.442.079 hectáreas entre 52 estancias. Nidia Areces señala que los principales beneficiados por estos repartimientos fueron criollos y peninsulares que habían participado en la reconquista del territorio norteño. En la parte de Ñeembucú, se repartieron un total de 169.096 hectáreas entre 66 estancias, con la característica de que el 60% de ellas tenían una superficie mayor a las mil hectáreas. Para Ignacio Telesca, este acaparamiento de propiedades implicó una lucha por la posesión de dichas tierras entregadas por parte del gobernador Pedro Melo de Portugal. Igualmente, Telesca señala que la élite asuncena aprovechó la expulsión de los jesuitas para acaparar tierras, demostrándose dicha situación en el hecho de que el 50% de los beneficiarios de la merced de tierras no vivían en la entonces recién fundada Villa del Pilar.

LA IGLESIA EN EL PARAGUAY

Una de las funciones que tuvieron los intendentes fue el vicepatronato regio de la Iglesia católica en sus respectivas provincias. Esta situación fue origen de numerosos conflictos entre el clero y los nuevos gobernadores, por diversas cuestiones, la mayoría de ellas de índole protocolar, como la disputa por la preeminencia en los actos oficiales o religiosos, como por ejemplo entre el obispo de Asunción, Luis de Velasco, y el gobernador Pedro Melo de Portugal.

El primer obispo que gobernó la diócesis de Asunción durante este periodo fue fray Luis de Velasco y Maeda, quien asumió el cargo por poder en 1780, y ocupó la sede efectivamente a fines de 1784. Al fallecer en la capital paraguaya, en 1792, fue designado como sucesor Lorenzo Suárez de Cantillana, quien no tomó posesión efectiva de su obispado. A este le siguió Nicolás de Videla del Pino, quien llegó a Asunción en 1804 y gobernó la sede asuncena hasta 1807, fecha en la que pasó a ocupar el obispado de Salta. A Videla le sucedió el franciscano fray Pedro García Panés.

Según Félix de Azara, en 1793 la Iglesia del Paraguay estaba conformada por ciento treinta y cuatro eclesiásticos y ciento diez frailes, distribuidos en los diversos conventos de la provincia. Un fuerte impulso tanto para la Iglesia paraguaya como para la educación de la provincia fue la fundación del Real Colegio Seminario de San Carlos, un centro que fue posible, tras seculares intentos del vecindario asunceno, gracias a los fondos provenientes de otras diócesis y de la Junta de Temporalidades. En su carácter de vicepatrono, el gobernador Pedro Melo de Portugal lo inauguró el 12 de abril de 1783 y el primer rector fue Gabino Echeverría y Gallo.

Dicho colegio cumplió una relevante función al formar en sus aulas a los eclesiásticos y a los destacados hombres de la vida pública de la etapa final de la colonia y de los primeros años de la República. Estuvo en funcionamiento hasta 1824, año en que fue clausurado por José Gaspar Rodríguez de Francia.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

En cuanto a crónicas de la época, deben ser consultadas las obras de Félix de Azara, Descripción General del Paraguay (Madrid, Alianza Editorial, 1992) y Viajes por la América Meridional (Madrid, Espasa Calpe, 1969); y de Juan Francisco de Aguirre, Diario (Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 1948-9).

Con respecto al funcionamiento de la intendencia del Paraguay cabe destacar la obra de John Lynch, Administración colonial española 1782-1810. El Sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata (Buenos Aires, EUDEBA, 1962); de Edberto Óscar Acevedo, La intendencia del Paraguay en el Virreinato del Río de la Plata (Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996); y la serie de artículos sobre este periodo que fueron publicados en una sola obra de Jerry Cooney, Economía y Sociedad en la Intendencia del Paraguay (Asunción, CPES, 1990).

En materia económica es referencial y pionera la obra de Juan Carlos Garavaglia, Mercado interno y economía colonial (México, Grijalbo, 1983). También es importante consultar la obra de Thomas Whigham, Lo que el río se llevó, estado y comercio en Paraguay y Corrientes, 1776-1870 (Asunción, CEADUC, 2009); de Herib Caballero Campos, De moneda a mercancía del Rey. Efectos y funcionamiento de la Real de Tabacos y Naipes en la Provincia del Paraguay 1779-1811 (Asunción, Editorial Arandurã, 2006).

Para una información general sobre economía y demografía está la magnífica obra de Jan M. G. Kleinpenning, Paraguay 1515-1870. A Thematic Geography of its Development (Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2003).

Para comprender en profundidad aspectos como las identidades de la población, el demográfico y de la expansión al Ñeembucú, se encuentra la obra pionera y sumamente relevante de Ignacio Telesca, Tras los expulsos. Cambios demográficos y territoriales después de la expulsión de los jesuitas (Asunción, CEADUC, 2009). En cuanto al poblamiento y la expansión en la región norteña, debe tenerse en cuenta la obra de Renée Ferrer, Un siglo de expansión colonizadora. Núcleo poblacional establecido en torno a la Villa Real de la Concepción, origen y desarrollo socioeconómico (Asunción, Editorial Histórica, 1985). Asimismo es destacable la contribución en este tema de Nidia Areces, Estado y Frontera en el Paraguay, Concepción durante el gobierno del Dr. Francia (Asunción, CEADUC, 2007).

Para un mayor conocimiento sobre la situación de la Iglesia pueden ser consultadas las obras de José Luis Mora Mérida, Iglesia y Sociedad en Paraguay en el siglo XVIII (Sevilla, EEHA, 1976); y de Alfredo Viola, Real Patronato y Obispos del Paraguay colonial (Asunción, CIDSEP-UCA, 2002).

En cuanto a las costumbres y las prácticas sociales, pueden ser consultadas la obra de Rafael Eladio Velázquez, El Paraguay en 1811 (Asunción, edición del autor, 1966); y la de Herib Caballero Campos, Los Bandos de Buen Gobierno de la Provincia del Paraguay (1778-1811) (Asunción, Arandurã, 2007).

Con respecto a los gobiernos de este periodo, puede leerse la obra de Blanca Romero de Viola, El Paraguay siglo XVIII: periodo de transición (Asunción, Editorial Comuneros, 1987); y también la investigación de Mary Monte de López Moreira, Ocaso del colonialismo español. El Gobierno de Bernardo de Velasco y Huidobro, su influencia en la formación del Estado paraguayo (1803-1811) (Asunción, FONDEC, 2006).

CAPÍTULO VIII

DE LA INDEPENDENCIA A LA GUERRA
DE LA TRIPLE ALIANZA (1811-1870)

NIDIA R. ARECES

En 1810, las colonias americanas iniciaron un complejo proceso de disolución del gran conjunto multicomunitario que era el Imperio español. De los distintos movimientos de independencia, el de Paraguay —en comparación con los del resto de los territorios americanos— fue un caso precoz de ruptura de vínculos con la metrópoli, España, y con la submetrópoli, Buenos Aires. Un aspecto significativo es que el vínculo se rompió no solo precozmente, sino también abruptamente, fractura que se precipitó en la medida en que los acontecimientos de la Península se conocieron y su repercusión política desencadenó el proceso independentista: la doble abdicación, el 6 de mayo de 1808, de Fernando VII y de su padre Carlos IV a favor de Napoleón, en la localidad de Bayona; la ocupación del territorio español por el ejército francés; y la sustitución de la autoridad del Rey prisionero por una Junta Suprema Central de gobierno del reino de España y de las Indias. Ante esta situación, las opciones que se abrieron eran, bien la insurrección, bien la lealtad al depuesto monarca o a la autoridad que pretendía sustituirlo.

Paraguay fue una de las colonias que, inicialmente, optaron por permanecer leales a la Corona. En concomitancia con esta postura, una vez iniciado en Buenos Aires el movimiento de mayo de 1810, Asunción no respondió a la convocatoria de la primera Junta porteña. Esta misma Junta fue la que, después de enviar emisarios con el objeto de informar sobre los acontecimientos, puso en marcha un plan para aislar al Paraguay, provincia que no reconoció la supremacía que Buenos Aires pretendía imponerle. La aceleración de los acontecimientos provocó, inmediatamente, interrupciones en el comercio entre Asunción y Buenos Aires, situación que se profundizó con el Congreso del 24 de julio de 1810, cuando Paraguay manifestó fidelidad al Consejo de Regencia, por ser el «representante legítimo de Fernando VII», y declaró que se guardase «armonía correspondiente y fraternal amistad con la Junta Provisional de Buenos Aires, suspendiendo todo reconocimiento de su superioridad en ella». Con la metrópoli invadida y sus autoridades buscando legitimarse y sostenerse en el poder, en las ciudades americanas adquirieron importancia vital los derechos al libre comercio acoplados a las cuestiones de competencias en la distribución de cargos entre criollos y peninsulares, que se habían acentuado en los tiempos del reformismo borbónico.

El mencionado Congreso también resolvió la creación de una Junta de Guerra con el objetivo de organizar la defensa provincial, al mismo tiempo que reivindicó los derechos americanos en consonancia con la fidelidad al Rey. Al revivirse antiguas competencias con Buenos Aires se acrecentó la hostilidad, por lo que los dirigentes paraguayos, de momento, prefirieron continuar dependiendo de España, lo que indica que los acontecimientos ocurridos en esa provincia a partir de 1810 no pueden desprenderse de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires ni en la Península. Esto permite observar uno de los rasgos paradójicos de la independencia paraguaya: comenzó con la defensa del depuesto monarca Fernando VII y concluyó con la proclamación de la República y del principio de la soberanía popular, término que solo se comprende acabadamente si se tienen en cuenta los usos del lenguaje propios de la época. Desde un comienzo, el movimiento independentista con el que despegó la construcción del Estado-nación paraguayo contó con una amplia adhesión popular, que se extendió fuera de los ámbitos urbanos. Rengger y Longchamps, médicos suizos que permanecieron seis años en el Paraguay, expresaron su opinión acerca de esta participación en la que la mayoría apenas sabía «lo que era independencia nacional, libertad civil o política», siendo la campaña, particularmente, «el teatro de las violencias», en la que se permitía todo si se invocaba al patriotismo, y «las pasiones podían impunemente satisfacerse bajo esta égida». Aparte de la efervescencia política que puede confundirse con violencia, se rescata sobre todo el sentido de pertenencia, de «patria», que se manifestó apenas iniciado el proceso independentista, que mostraba una superación del sentido territorial que tenía para ir convirtiéndose en un sentimiento asociado a la moral y a la defensa de intereses superiores.

Los focos conspirativos e insurreccionales se potenciaron desde la marcha del general Belgrano. Si bien aislados, se habían propagado, sobre todo entre los civiles más instruidos y acriollados, en medio de los cuales predominaba una fuerte inclinación antiespañolista y, en la mayoría de ellos, una enraizada simpatía porteñista. Entre los conspiradores figuraron el administrador del táva de Yaguarón, Juan Manuel Granze, declarado porteñista y suegro de Pedro Somellera, uno de los líderes de la conspiración; también en Villa Real de la Concepción, Pedro N. Domeque, el cura J. F. Samaniego y el Dr. Manuel Báez se manifestaron a favor de Buenos Aires, mientras que en San Pedro de Ycuamandyyú lo hizo José María Aguirre.

Para enfrentar al ejército invasor enviado por la Junta de Buenos Aires, se organizó una fuerza militar que todavía tenía mucho de las formaciones milicianas vigentes durante la colonia. La victoria frente a los porteños tuvo como consecuencia que los capitanes-estancieros que lideraron el ejército paraguayo entraran activamente en la vida política, y constituyeran uno de los pilares de los acontecimientos que sobrevendrían. Después de la derrota del general Belgrano, el teniente-coronel Fulgencio Yegros, desde Itapúa, y el general Manuel Atanasio Cavañas, desde la Cordillera, imbuidos de proyectos separatistas y revolucionarios, prepararon una marcha hacia la capital. Las circunstancias políticas precipitaron los hechos y obligaron a los integrantes del ejército victorioso a actuar rápidamente en mayo de 1811. En el transcurso de esos sucesos se habían producido distintas reacciones, siendo una de ellas, la más extrema, la proveniente del núcleo más acaudalado de los españoles, cuando corrió la falsa noticia de la derrota de las fuerzas provinciales frente a Belgrano, avalada por la apresurada huida del campo de operaciones del último gobernador-intendente Bernardo de Velasco y Huidobro. Prestamente estos españoles huyeron con sus familias y caudales, en diecisiete embarcaciones, hacia Montevideo, ciudad-puerto que se mantenía como baluarte realista.

Un grupo de oficiales patricios acompañados de cuerpos de soldados instalaron, el 16 de mayo de 1811, una Junta de Gobierno de tres miembros, tras la aceptación del gobernador Velasco de las condiciones impuestas por los revolucionarios. Además de este, integraron la Junta José Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Valeriano Zeballos, este último español como el gobernador, quien muy poco tiempo después, el 9 de junio de 1811, fue destituido. Esta Junta de Gobierno, ya reducida a dos miembros, finalizó su mandato al iniciarse el primer Congreso Nacional, convocado para el 17 de junio de 1811. Los militares actuantes proclamaron que con este cambio de gobierno se evitaba que la provincia fuera entregada a «una Potencia Extranjera».

Los sucesos reseñados corresponden a la primera fase política del proceso, periodo que transcurrió entre mayo de 1810 y junio de 1811, y que estuvo centrado en los cambios que se produjeron localmente y que se desencadenaron en concordancia con los sucesos porteños. Esta fase finalizó cuando la Junta relevó del poder a Velasco y proclamó formalmente la independencia, no solo respecto de Buenos Aires, sino de todo país extranjero, haciéndose eco de la teoría del pactum translation. La Junta aludía en sus proclamas a los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, dando cuenta de la difusión que estos principios habían tenido en tierras americanas.

En esta etapa inicial, la Junta de Gobierno fue uno de los fundamentos institucionales de la independencia paraguaya, movimiento juntista que tuvo su parangón con los que se dieron en la Península y en otros futuros estados americanos. Esta primera institución de gobierno independiente concentró las funciones que antes incumbieron a cabildos, audiencias, virreyes y gobernadores, y su accionar dio lugar, paulatinamente, a nuevas estructuras estatales.

Durante este contradictorio proceso se sucedieron las pugnas entre las distintas facciones, lo que dio como resultado vacilaciones y retrasos frente a la declaración formal de la independencia, a la definición de la forma de gobierno y a la defensa de los logros que se iban obteniendo. Los notables no españolistas, el sector prominente de la sociedad, pretendieron erigirse en gestores del movimiento. Por su parte, la gente de oficio y la peonada del trajín de Asunción también se movilizaron, haciendo escuchar su voz en los espacios que se abrían para la discusión: iglesias, tabernas, pulperías, etc., en todo sitio donde pudieran reunirse. El control político de los partidos de la campaña, exceptuando posiblemente los cabildos de Villarrica, Curuguaty y Pilar, se basó en el autoritarismo de jefes militares, jueces de Paz y curas-párrocos que respondían al gobierno central y que tenían ideas muy apegadas a las formas tradicionales, muchos de ellos identificando la independencia con el «nuevo gobierno» y la libertad sintetizada en «obediencia, fraternidad y unión».

A partir de esos sucesos, el Ejército —otro pilar del proceso de emancipación—, si bien tuvo en Paraguay una corta actuación, que se dio cuando repelió la invasión porteña, pasó a ocupar un primer plano en la palestra política, lo que terminaría desembocando en reacomodamientos y desequilibrios entre civiles y militares. La habilidad política de un letrado, el Dr. Francia, y de su facción política permitió que progresivamente fuera acomodando el baluarte militar e imprimirle determinadas características a su organización y composición, transformándolo en uno de los puntales de la dictadura y de los gobiernos que le siguieron.

La segunda fase política comenzó después del golpe de Estado que dio la Junta de Gobierno reemplazando al gobernador Velasco, quien —por su precipitada retirada del campo de batalla ante el invasor y otras no muy felices actuaciones durante su gobierno— había perdido credibilidad política. Esta fase adquirió un cariz revolucionario y de enfrentamientos facciosos y se extendió hasta el Congreso de octubre de 1814, momento en el que se estableció la Dictadura Suprema del Dr. Francia.

Uno de los hechos relevantes de esta etapa fue la realización del Congreso del 17 de junio de 1811, que envió a declarados partidarios de la revolución como comisionados al interior. Sin embargo, muchos de ellos, aunque fervorosos en su adhesión, no tenían una comprensión acabada de las cuestiones que debían plantearse alrededor de los principios políticos que se debatían y que fracturaban el campo político. Este Congreso ya no era un cabildo abierto que debía manejarse con las pautas del gobierno colonial, sino que se componía de los principales individuos de las diferentes corporaciones y de los diputados de villas y poblaciones, ascendiendo al número de trescientos cincuenta. En los debates sobresalió Mariano Antonio Molas, vocero de los patriotas, que se erigió en el «tribuno» de esa asamblea, propugnó la constitución de la primera Junta, lanzó la idea de la confederación y sostuvo «que cualquier americano de nacimiento pudiere ocupar cargos públicos en el Paraguay», siendo su voto compartido por la casi unanimidad de los representantes.

El 23 de junio de 1811, una vez terminado este Congreso Nacional, se constituyó una Junta Superior Gubernativa de cinco miembros, que conformó el primer gobierno compuesto exclusivamente por paraguayos. Estaba integrado por Fulgencio Yegros, como presidente; Gaspar Rodríguez de Francia, Pedro Juan Caballero y el presbítero Juan Francisco Xavier Bogarín, como vocales, y Fernando de la Mora, como vocal secretario.

El fracaso de la revolución realista de septiembre de 1811, la misión de Manuel Belgrano y Vicente A. Echevarría enviada por Buenos Aires y la remoción del vocal fray Juan Francisco Xavier Bogarín, con quien el Dr. Francia sostenía serias discrepancias políticas, posibilitaron que este, quien se había retirado de la Junta, se reintegrara, aunque por muy corto tiempo, puesto que al agudizarse las contradicciones entre los distintos grupos políticos, se apartó por segunda vez el 15 de diciembre de ese año, lo que provocó otra crisis política. Su alejamiento del poder se prolongó, en esta oportunidad, durante casi un año, hasta el 16 de noviembre de 1812, tiempo en el cual Gaspar Rodríguez de Francia pidió la reunión de un nuevo Congreso, para resolver el problema de la constitución de la Junta. Finalmente, su reincorporación se concretó con una serie de condiciones: separación del asesor Gregorio de la Cerda, entrega del mando de un batallón y del manejo de la mitad de las armas y municiones de la provincia, y convocatoria a un Congreso General con el fin de declarar la independencia de forma definitiva. Resultó ser un golpe maestro, pues el ejército le respondía y el caudillismo —entendido como el fenómeno en que bandas armadas y facciones, que no responden a ninguna institución, luchan por el poder— fue sofrenado, lo que desbrozó rápidamente el camino para que asumiera el control del gobierno.

Un hecho que cabe rescatar en este proceso, y que da las pautas del comportamiento y definición posicional del futuro dictador, tuvo lugar en agosto de 1811, con el estallido de la primera crisis, en la que se vieron las diferencias entre los integrantes del gobierno. Francia, sin contar todavía con suficiente base política que lo apoyara y sin control sobre los cuerpos militares, optó por retirarse. Sin embargo, su capacidad y habilidad política habían quedado suficientemente demostradas, por lo que fue permanentemente requerido por los otros integrantes de la Junta —Fulgencio y Antonio Tomás Yegros, Pedro Juan Caballero (caudillo reconocido por el Ejército como jefe triunfante frente a Belgrano y a Velasco) y Fernando de la Mora (rico propietario de Tapúa con fuertes conexiones comerciales en Asunción, congresal en 1811 y comisionado por la Junta para restablecer Fuerte Borbón, en el límite con Brasil)—, para que se reincorporara. Sus méritos fueron reconocidos de una u otra forma por todos los protagonistas de estos sucesos, dada «su buena y acertada dirección en las arduas empresas que hemos tenido entre manos». También pidieron su reintegro los oficiales del cuartel de Asunción, acerca de los cuales Francia guardaba justificadas reservas. La posición de que las fuerzas armadas debían estar subordinadas al gobierno la sostuvo durante toda su gestión. En la carta que Francia envió al Cabildo, el 3 de septiembre de 1811, fijó sus principios sobre el ordenamiento de la sociedad, en la que debía «haber una jerarquía, en que cada uno se contenga, sin salir de la esfera y facultades que le señalen su puesto y el lugar a que está destinado». La imagen de sociedad que defendía se aproximaba más al tipo estamental y corporativo del Antiguo Régimen.

El 6 de enero de 1812, la Junta Superior planteó un ideario político que se encaminaba a la constitución de la «nueva Patria», pero dicho ideario se encontraba desfasado con los aún confusos intereses de la sociedad en su conjunto, sin que la Junta pudiera controlar las arbitrariedades de las nuevas autoridades ni el reconocimiento de la autoridad tradicional de los patricios asuncenos. La pregunta que cabe formularse es: ¿En qué medida la sociedad en su conjunto, especialmente la del interior y los sectores populares urbanos, comprendía el nuevo lenguaje de la «libertad», basado en los principios ilustrados y revolucionarios, y actuaba en consonancia con ellos? ¿O eran otros los principios sobre los que se basaba, acordes con formas más tradicionales, inclinadas al acatamiento a instancias superiores y al logro del «bien común»?

La situación vigente había llevado a algunos de los departamentos del territorio a un estado casi anárquico y de inseguridad, combinado con una mayor desocupación y deterioro económico. Además, las actitudes arbitrarias de las autoridades de la campaña, el deficiente manejo político de los jefes militares, la influencia de los «ilustrados», muchos de ellos partidarios porteñistas —en momentos en que la Junta de Buenos Aires no cejaba en sus pretensiones de mantener la anterior dependencia que el Paraguay tenía con esa ciudad—, impelían a la Junta a buscar la estabilización política. En este estado de cosas, el Dr. Francia se erigió como la figura que podía lograrla a partir de su conducta y experiencia política, que terminaron por aglutinar y cooptar estratégicamente a los distintos actores políticos.

El liderazgo de Francia se fue consolidando y tuvo su clara expresión en el Congreso de 1813. Convocado para el 12 de octubre, suponía el fin del mandato de la Junta Superior Gubernativa, que prácticamente se había reducido a la actuación de un solo integrante, abriendo paso al primer Consulado. Este Congreso convocó a diputados de toda la provincia, que deliberaron en el templo de La Merced. También se permitió la presencia del enviado del gobierno de Buenos Aires, Nicolás Herrera, quien ignoró el tratado firmado por Paraguay y Argentina el 14 de octubre de 1811, que establecía, entre otras cuestiones, las siguientes: el libre comercio del tabaco, extinguiendo el estanco, la sisa y el arbitrio que anteriormente se pagaban en Buenos Aires; la supresión del derecho de alcabalas para los productos enviados desde Asunción a Buenos Aires; la conservación de los límites entre ambas intendencias hasta que un Congreso General los definiera, quedando el departamento de Candelaria, que formaba parte de la Gobernación de las Misiones, en custodia interina de Asunción; y el reconocimiento de la independencia del Paraguay respecto a Buenos Aires, proponiendo estrechar los vínculos entre ambas partes por medio de una federación y alianza indisoluble, que invocaba la «unión y común felicidad de ambas Provincias y demás confederadas». Pero el tratado no solo fue transgredido, sino que el triunvirato porteño no aceptó reconocer la independencia y reclamó, a su vez, que Paraguay colaborase en la asistencia militar y económica del ejército argentino que operaba en la Banda Oriental. La negativa paraguaya se basó en que sus esfuerzos estaban encaminados a la defensa de la frontera norte concepcionera frente a los portugueses. Como resultado, la Asamblea del año XIII reunida en Buenos Aires tampoco contó con la concurrencia de una delegación paraguaya, por lo que Paraguay siguió un accionar soberano y autónomo frente a poderes exteriores.

Es sintomático que una vez que se malogró el intento de confederación con Buenos Aires, Paraguay —que había instalado el tema de la confederación rioplatense en términos de la igualdad entre los pueblos— fuera el primero del antiguo virreinato rioplatense en separarse e independizarse. Si en el modo estamental de representación Asunción encontró una garantía para conservar la relativa autonomía de que había gozado en los tiempos coloniales y colocarse de igual a igual frente a Buenos Aires, con la implementación de nuevas modalidades de representación internas logró separarse de la submetrópoli y constituir un Estado nacional. Pero es interesante observar que, frente a Buenos Aires, Paraguay defendió la teoría representativa tradicional, de acuerdo con lo estipulado por el primer Congreso de junio de 1811; mas, en el interior de la provincia, durante la siguiente fase política, se operaron profundos cambios en los modos de representación, que consistieron en la reformulación de las bases sobre las cuales se sostenían sus tendencias autónomas y, por consiguiente, los fundamentos de constitución de un Estado independiente que, como otros, se estaba desprendiendo del antiguo virreinato rioplatense.

Así, en este segundo Congreso, a través de una amplia convocatoria, se aseguró la incorporación de representantes de las poblaciones más alejadas del interior y, por consiguiente, la participación política de la campaña. El Congreso contó, de esta manera, con una importante representación popular que previamente se había reunido en asamblea en sus comunidades de origen, superando los mil diputados. Según los hermanos Robertson, siete octavos de esos diputados pertenecían a las clases inferiores, y la mayoría de ellos eran partidarios del Dr. Francia, puesto que la élite asuncena y sus allegados rechazaban su liderazgo. El gran número de diputados participantes, sobre una posible población de 200.000 habitantes, le dio un carácter popular avalado porque sus bases de convocatoria fueron las del sufragio universal y la representación proporcional, lo que implicó una supresión de las representaciones de derecho. Frente a las opiniones que sostienen que el Congreso fue democrático, abierto y deliberativo, otras opiniones, como las de Johan R. Rengger y Marcelin Lompchamp, afirmaban, desde una óptica nada objetiva, que estaba mal constituido, porque los elegidos eran «las personas más ineptas del mundo pasando su tiempo más en las tabernas que en el Congreso», que la mayoría eran analfabetos y que se dejaban influir por otros al no tener opiniones propias por estar acostumbrados en sus pueblos a acatar las directivas del comandante, del juez o del cura. Al mismo tiempo, Asunción era un hervidero de gente pues carecía de la infraestructura necesaria para alojar a todos, situación que se repetiría con el Congreso de 1841, convocado después de que muriera el dictador.

El Congreso de 1813 estableció como Ley Fundamental la celebración anual de un Congreso General en la provincia, basado en el principio de «pueblo libre y soberano», identificando la soberanía con el propio ser de la nación, con su verdadero espíritu. En esos tiempos políticos que correspondían a los pasos iniciales de la construcción del Estado-nación paraguayo, todavía no se visualizaban los rasgos definidos de una modernidad política. Sus características eran de una etapa intermedia entre la soberanía pasiva del pueblo al individuo elector, del simple consentimiento al autogobierno, del pueblo en tanto cuerpo al individuo autónomo. Se usaba el término ciudadano haciendo alusión al titular de los derechos políticos, natural de la provincia, residente en la jurisdicción, hombre casado o soltero mayor de veintitrés años, categoría que ya no podía confundirse con la de vecino, como el que fue convocado y participó en los cabildos abiertos o en las Juntas y Congresos de 1810 y 1811. Sin embargo, a pesar del intento para que el beneficio alcanzara a un número significativo de personas, el derecho a la ciudadanía se ejerció únicamente en circunstancias específicas y, por consiguiente, no logró materializarse en el ejercicio auténtico de esa atribución por el individuo. Este, como tal, había aparecido como individuo abstracto que podía ocupar un puesto en la función pública o desempeñar un cargo administrativo, desplazando la anterior necesidad de pertenecer a un determinado estamento. Se le otorgó desde el Congreso de 1811 una importancia crucial al lugar de nacimiento, aunque se aceptó también a los americanos que estaban vinculados con la comunidad por opciones político-ideológicas.

Los Congresos de 1813 y 1814 acogieron a un conjunto de ciudadanos que disponían de derechos políticos y conformaban asambleas que eran la representación de la Nación, por lo que estaban obligados a actuar llevados por el interés general. Lo interesante es —y esto en gran medida explica el poder que recayó en Gaspar Rodríguez de Francia y su legitimidad— que surgida de esa Asamblea la forma de gobierno y los hombres que lo representaban, también terminaba el deber de los sufragantes, por lo que a partir de ese momento la soberanía residía en las autoridades elegidas y la representatividad era anulada.

Si con anterioridad al Congreso del 30 de septiembre de 1813 se juraba fidelidad a Fernando VII, y su bandera y escudo flameaban junto a la bandera tricolor, al proclamarse la República se dejaron de lado estos símbolos, afirmando la independencia paraguaya tanto de España como del Río de la Plata. A su vez, ese Congreso estableció el Consulado, régimen que significó una decidida concentración de poder y el comienzo del gobierno personal del cónsul Dr. Francia, puesto que el otro cónsul elegido, el teniente coronel Fulgencio Yegros, prácticamente le delegó el ejercicio de las funciones públicas que alternadamente debían cumplir durante su periodo consular. Durante el Consulado, los extranjeros fueron empadronados, se expulsaron entre cien y doscientos españoles a la provincia de Corrientes y se les aplicó la ley de «muerte civil». Al mismo tiempo, los oponentes porteñistas fueron desplazados (algunos exiliados) mediante distintas maniobras políticas. Igualmente, se estableció una estrategia de no intervención en los conflictos del Río de la Plata, se negaron a alianzas que, según se creía, podían acarrear más problemas que ventajas, como la que buscó el caudillo oriental José Gervasio Artigas.

El Congreso Nacional del 3 de octubre de 1814 dio por finalizada la institución consular y designó al Dr. Francia Dictador Supremo de la República, con carácter temporal, por cinco años, ungido por siete octavas partes de los mil diputados asistentes. Francia realizó una administración tolerante y eficaz, preparándose de esta manera para el nuevo Congreso de 1816, que solo contó con ciento cincuenta asistentes. En él se aprobó su designación como Dictador Perpetuo de la República, «en calidad de ser sin exemplar», con el voto unánime de los congresistas. Este mismo Congreso resolvió que la República tuviera un congreso general «cada vez y cuando el Dictador haya por necesario», convocatoria que no se efectivizó durante la dictadura.

TENDENCIAS POLÍTICAS Y ESTRUCTURA SOCIAL

Desde los prolegómenos del proceso independentista hasta que Francia asumió como dictador actuaron distintos grupos políticos. Entre 1811 y 1814, se puede detentar un conjunto de elementos sintomáticos de un proceso revolucionario: invocación patriótica que alude a la patria paraguaya; ansias de libertad frente a la metrópoli y a la submetrópoli; impacto y difusión de los principios de la Revolución Francesa; protagonismo de una joven generación de paraguayos concienciados sobre el rol histórico que debían cumplir y creciente participación popular.

Uno de esos grupos, el revolucionario-democrático, se caracterizó por su radicalismo social y político, su tenaz oposición al mantenimiento del vínculo colonial con la metrópoli y su resistencia al predominio de Buenos Aires. A esta facción la apoyaban incondicionalmente los pequeños y medianos propietarios rurales, arrendatarios y sectores medios y bajos del clero. El liderazgo estaba en manos del Dr. Francia, que había ganado entre la población un creciente prestigio gracias a su desempeño como funcionario probo. Este prestigio se fue incrementando por el ejercicio eficiente y desinteresado de la práctica forense, a partir de la cual consolidó su fama no solo en Asunción, sino también en el interior de la provincia.

Por su parte, el grupo liberal-republicano representó un reformismo moderado que excluía el compromiso con la potencia colonial. En él se reconocían distintos sectores: uno, que mantenía su adhesión a Buenos Aires, cuya base de apoyo era muy limitada y su más reconocido jefe, Pedro Somellera; otro, cuyo proyecto, si bien republicano, no proponía sustanciales modificaciones al orden vigente. Contaba con más adherentes que el anterior, aunque gran parte de sus partidarios se mostraban inquietos frente a la posibilidad de «una revolución desde abajo», lo que en los momentos definitorios los inclinaba a los conservadores. Estos últimos, los españolistas o leales, que constituían la expresión política del rechazo militante al levantamiento de los sectores populares y defendían el mantenimiento de los vínculos con la metrópoli, fueron prontamente desplazados de la arena política y sujetos a medidas punitivas de distinta índole, como sucedió en otras ciudades de Hispanoamérica.

El marco referencial de este proceso político era el de una sociedad en la que, hasta ese momento, detentaban el poder familias de antigua prosapia colonial. Los comerciantes y viajeros ingleses que recorrieron y residieron en la región rioplatense entre 1809 y 1820, como los hermanos Robertson, apreciaron que Paraguay tenía «aunque no duques o marqueses, sí unas clases comparativamente ricas», siendo ellas «quienes recibían y se dividían las ganancias anuales por la producción que habían embarcado». Los productores y los comerciantes más beneficiados se ubicaban en la cúspide de la pirámide social y de los ámbitos de decisión, estableciendo con su clientela una relación asimétrica, pero, al mismo tiempo, conveniente para ambos. La interrupción del comercio de yerba mate y tabaco, sobre todo con Buenos Aires, afectó a sus miembros al desarticular las redes de negocios y alterar las acciones políticas que ellos realizaban esencialmente en forma corporativa. Se observa que una cuestión aglutinante en estas acciones políticas fue la definición de las relaciones que debían establecerse con Buenos Aires, cuando el pueblo y la legitimidad de su representación entraban en el escenario político.

En esa definición de las relaciones con Buenos Aires, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno independiente paraguayo fue el apresamiento y la expulsión, después de permanecer preso casi cien días, del hasta entonces teniente gobernador Pedro Somellera, nacido en San Pedro, en la jurisdicción de Buenos Aires, quien había acompañado en su gestión al último gobernador-intendente. El Dr. Francia, amigo de Somellera, le había expresado con anterioridad que «era menester que cada uno sirviese a su país; que no hacía falta en el Paraguay», postura que reafirmó en distintos momentos de su prolongada gestión de gobierno frente a porteños, portugueses y otros extranjeros.

El caso de Somellera, como el de otros, lleva a pensar que en el proceso político paraguayo se produjeron situaciones que fueron afirmando la identidad que se percibía como propia frente a la de «los otros», fueran porteños, españoles o portugueses. En esta construcción identitaria, el manejo de la alteridad fue posibilitando a los actores políticos a «imaginar la nación», proceso sin duda múltiple y cuyas perspectivas no redujeron la formación del Estado y de la nación solo a acciones y reacciones de las élites. Junto a ellas, y en competencia, los «de abajo» no podían dejar de ser incorporados si se estaba pensando en un proyecto que involucraba a la población en su conjunto. La formación de naciones modernas fue el resultado de intensos conflictos, donde los distintos sectores de la población participaron con sus propios discursos e ideologías.

Los cambios políticos no dieron lugar a transformaciones en la estructura de la sociedad paraguaya que, por un largo periodo, mantuvo las características del Antiguo Régimen de tipo colonial y, en consonancia con ese modelo, no adoptó prácticas políticas de corte moderno ni modificó sus tradicionales costumbres de vida ni formas de sociabilidad. Hubo algunos sectores, los granaderos en la ciudad y los comandantes, delegados y alcaldes en la campaña que, en el transcurso del proceso político que se iba desarrollando, fueron ocupando espacios de reconocimiento que se consolidaron durante la dictadura francista, y que fueron cooptados plenamente por la autoridad del dictador y sometidos a sus directivas, permitiéndole así articular la trama de su régimen en todo el territorio paraguayo.

Las familias patricias de los estancieros paraguayos mantuvieron presente un fuerte sentido localista y eran conscientes de «la realidad de su provincia-patria», según la expresión de Branislava Susnik. Gozaban en el interior de un reconocido prestigio, que generaba la interdependencia socioeconómica de la población que, a su vez, reconocía su autoridad, afirmada por la jefatura militar que en los distritos tenían estos estancieros, entre cuyas funciones recaía el cumplimiento del servicio de defensa y de milicia. Estos hacendados-jefes militares fueron considerados peligrosos, influyentes y reacios al poder por parte del último gobernador-intendente español. El tipo de relaciones establecidas entre estancieros y masa rural constituyó, sin lugar a dudas, el basamento de un caudillismo rural, que el dictador Francia se encargó de reprimir.

Una vez afirmado el régimen, el Dr. Francia instaló una administración de corte muy centralizada, en la que controló a los funcionarios regionales, quienes eran designados por su adhesión política. Al reorganizar el cuerpo administrativo y de funcionarios regionales, asalariados y revocables, se socavaron los lugares de poder heredados de la colonia. El reclutamiento preferencial de la nueva camada de funcionarios de la época independiente en capas de la sociedad antes desplazadas, hizo más difícil el pacto entre los administradores y los administrados, y algunas formas de lucro se hicieron imposibles, y por ello se sucedieron, en parte, los cambios y los traslados que dentro de la administración ordenó el dictador.

El resultado contundente de la independencia en Paraguay fue desembarazarse de la tutela de la metrópoli, España, y de la submetrópoli, Buenos Aires. Tras haber rechazado la intervención de Buenos Aires, en Paraguay no se produjeron ni guerra contra la metrópoli ni conflicto civil. Enfrentarse a las tropas porteñas implicó dirimir, en un breve plazo, una cuestión que tuvo repercusiones en distintos niveles y marcó el futuro de las relaciones entre Asunción y Buenos Aires. Fueron las relaciones entre la ciudad cabecera y la subsidiaria, y las resultantes luchas faccionales, las que imprimieron la tónica del transcurrir de los primeros tiempos de la independencia paraguaya. Concomitante con ello, y en un intervalo de poco tiempo, Paraguay logró organizarse como República soberana bajo la forma de una dictadura, forma que evoca a los dictadores de la República romana, a quienes en tiempos difíciles se les conferían atribuciones extraordinarias y autoridad suprema. De igual modo, el consulado evoca a las formas de gobierno de la antigua Roma pensando en una institución que, por su composición, brindara desde el Ejecutivo controles y contrapesos al sistema.

LA DICTADURA DE FRANCIA

Iniciado el proceso de independencia, las rivalidades faccionales fueron de corta duración al imponerse la autoridad, indiscutible y legitimada, del Dr. Francia, quien se erigió en portavoz del «pueblo soberano» al asumir como dictador. La legitimidad que en el Antiguo Régimen personificaba el soberano fue reemplazada por la de la nación cuya representatividad residía en el dictador de la República. Este eliminó la competencia entre poderes ofreciendo protección a cambio de obediencia: la simple copresencia, jurídicamente no jerarquizada, de muchos grupos políticos en el interior de un conglomerado social comportó, de hecho, el riesgo de conflictos de lealtad y, en definitiva, de guerras civiles, que no se dieron en Paraguay. El monopolio político estuvo definido por la coerción, y en estrecha conexión con el fiscal, y fue ejercido en el interior por medio de un férreo control político y social, y frente a otros estados, a través de la implementación de medidas de clausura de las fronteras y de refuerzo de los cuerpos militares a quienes la dictadura privilegió.

La intención y la finalidad en este ejercicio del poder por parte del dictador se pueden sintetizar en el concepto de «soberanía atributo», que convierte a un determinado poder político en supremo, añadiendo a su capacidad de dirección la de obrar como instancia final de decisión, acción y sanción. El poder determinado como soberano, dentro del ámbito de su actividad, no se encuentra subordinado a ningún otro. Como cualidad del poder es comprendida como soberanía interior y determina aquel poder en el Estado que no reconoce a ningún otro por encima de él. Como atributo del Estado, afirma su individualidad, autodeterminación e independencia respecto de los otros particulares. Se comprende como soberanía exterior y no tiene sentido de superioridad sino de igualdad.

• Las relaciones exteriores bajo Francia

La defensa de la soberanía exterior paraguaya fue objetivo prioritario de la dictadura francista, al tratar de preservar el territorio heredado de la colonia, de lograr la libre navegación de los ríos y de sostener la independencia paraguaya en un plano de igualdad tanto frente a la poderosa Inglaterra como al convulsionado Río de la Plata o al inquietante vecino brasileño. En condiciones de amenaza exterior permanente, el Paraguay cerró y protegió sus fronteras de acuerdo con las condiciones externas, de tal manera que ese aislamiento fue un elemento condicionante de la política de la dictadura que proclamó sus derechos al dominio de los territorios heredados de la colonia.

Las relaciones establecidas con el Imperio de Brasil venían marcadas desde los tiempos coloniales, cuando incursiones portuguesas entraban en territorio paraguayo, en especial en la región ocupada por las misiones jesuíticas. Esta política expansiva fue seguida con constancia y capacidad por los estadistas del Brasil independiente. En los primeros años del gobierno del Dr. Francia, el comercio con los portugueses no sufrió interrupción. La dictadura no desconocía las ventajas de establecer un tráfico fluido, pero por encima de ellas primó la defensa de la soberanía paraguaya. Hacia 1818, los portugueses acrecentaron sus fuerzas en el Mato Grosso y el dictador ordenó cortar cualquier tipo de relación y prohibió al año siguiente todo intercambio. A partir de este momento, la frontera norte se mantuvo cerrada hasta la muerte de Francia, a pesar de distintos intentos de los portugueses para reabrirla.

El Imperio brasileño buscó la neutralidad paraguaya en la inminente Guerra Cisplatina contra las Provincias Unidas del Río de la Plata, y para ello designó, en 1824, a Antonio Manuel Correa de Cámara como cónsul comercial con residencia en Asunción. Al llegar, a mediados de 1825, el Dr. Francia presentó sus reclamos y presionó para terminar con las incursiones brasileñas en la frontera norte así como con el auxilio y apoyo que daban a los indios. Correa reconoció las quejas como legítimas y le aseguró que las violaciones serían detenidas. Sin embargo, en 1827, cuando regresaba de nuevo, nada se había modificado y, consecuentemente, Francia prohibió su arribo a Asunción y lo retuvo en Itapúa (donde permaneció hasta 1829). En la década de 1830, las relaciones entre Paraguay y Brasil se mantuvieron estables en la medida en que quedó habilitada la ruta comercial, a lo que se sumó el cese de toda actividad hostil en el territorio de las misiones por parte del Imperio.

Un «intruso» famoso fue Aimé Jacques Bonpland, naturalista francés, que contó con el apoyo del caudillo entrerriano Francisco Ramírez y recibió una concesión de su gobierno para poner en marcha en Santa Ana una empresa yerbatera. Esta instalación fue considerada por el dictador como una amenaza para los intereses paraguayos por su cercanía a Itapúa. Sospechaba que allí iba a establecerse una base de operaciones que facilitaría la invasión de los ejércitos de Ramírez, por lo que ordenó desmantelar Santa Ana y las patrullas paraguayas capturaron a Bonpland. Este hecho tuvo gran repercusión internacional y fueron varios los políticos y científicos que pidieron su liberación. Bonpland fue obligado a permanecer en Paraguay durante nueve años, en los que recibió, como él lo manifestó, un trato cordial.

El incremento del comercio hizo que el Dr. Francia se decidiera a ocupar Candelaria por la fuerza. Para ello, comenzaron los trabajos de construcción del fuerte San José sobre el río Paraná y se apresó, en 1823, a todos los posibles sospechosos. Estas acciones fueron consideradas por los correntinos como una invasión a su territorio, como una «guerra no declarada entre Paraguay y Corrientes», según expresión del historiador John Hoyt Williams. Aun así, la dictadura, a través de distintas medidas, mantuvo el control sobre Candelaria. Entre 1832 y 1834, se produjeron continuos enfrentamientos y el gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, logró un acuerdo con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe para establecer una alianza defensiva y ofensiva. Los correntinos comenzaron a trabajar nuevamente los yerbales de Candelaria e intentaron interrumpir el comercio paraguayo. En respuesta, el Dictador aseguró nuevamente el área e hizo escoltar a los comerciantes brasileños. Su vigilante política le permitió mantener el control del territorio hasta el fin de la dictadura, sin emprender abiertas hostilidades y con la intención de defender los principios soberanos de la República en ese territorio.

Las relaciones con Buenos Aires fueron complejas y pasaron por grandes turbulencias. Cuando el Dr. Francia estaba librando, a través de escritos y de manejos diplomáticos, la contienda con la ex cabecera virreinal, esta prevenía a sus compatriotas «pues de otra suerte, con todos sus títulos de República Soberana e Independiente, no será bien considerada sino a manera de una República de [indios] Guanás con cuya substancia y sudor engordan otros», haciendo referencia a la dependencia tributaria que el pueblo guaná tenía respecto al mbayá-guaicurú, y copiando el significado profundo de un Estado-nación que se considerara libre y soberano frente a otros.

Las relaciones con Buenos Aires tuvieron un importante hito en el Decreto Supremo de 1814, dirigido contra los comerciantes vinculados con esa plaza comercial, que regulaba el comercio exterior, imponía un sistema de licencias comerciales y establecía la obligación de obtener una autorización del gobierno para exportar los productos locales, cuyo precio mínimo fijaba el Estado por decreto. Esta medida vino acompañada por la imposición a los comerciantes porteños de las correspondientes licencias, afirmando el control paraguayo sobre el ingreso de productos, pero, al mismo tiempo, manteniendo la libre navegación de los ríos. Francia sostuvo con firmeza que las naciones independientes solo comercian «con quien quieren, cuando y como quieren y les acomoda, cesando cuando no [lo] consideran conveniente por cualquier motivo». A partir de su designación como dictador, Gaspar Rodríguez de Francia únicamente otorgó permisos especiales a los que deseaban exportar por vía fluvial los frutos del país y la madera, siempre que los dueños de las embarcaciones se comprometieran a regresar con armas y municiones, requerimiento indispensable para lograr no solo la autarquía económica, sino la autonomía política. En definitiva, logró imponer el control estatal sobre el comercio exterior que, hasta 1814, había estado principalmente en manos de españoles y porteños.

Después de la frustrada experiencia con los hermanos Robertson, la desconfianza de Francia hacia los extranjeros fue total, pero más con los porteños, quienes, con la aplicación del Reglamento de septiembre de 1812, habían duplicado los gravámenes cobrados por Buenos Aires sobre los productos paraguayos. Esta ciudad formalmente había autorizado el libre comercio, pero, en realidad, exigía el pago de impuestos superiores a lo pactado, represaba las cargas paraguayas y bloqueaba el río, presionando para que Paraguay aportara para la defensa común. Fue en ese momento cuando Francia privilegió el tabaco, alrededor del cual hizo girar los derechos soberanos de la provincia, expresando que ningún pueblo tenía el mismo derecho para «establecer ni perpetuar estancos en otro», aludiendo a las restricciones que pesaban sobre Paraguay durante la colonia.

En 1814, los porteños utilizaron la reglamentación sobre la yerba mate como una de las tantas estrategias para no permitir la separación del Paraguay, presionándolo para que volviera a la órbita porteña. Los asaltos combinados y los enfrentamientos entre federales y unitarios en el territorio rioplatense contribuyeron a devastar el comercio paraguayo: las exportaciones pasaron de los 391.233 pesos en 1816 a los 57.498 en 1820, mientras que las importaciones se redujeron aún más drásticamente, de los 83.460 pesos en 1816 a los 4.824 en 1822. Los comerciantes, cuyos depósitos se hallaban repletos de yerba y tabaco, vieron su capital no solo improductivo, sino decreciendo día a día, como consecuencia del deterioro que sufrían sus productos y el incremento de los gastos generados por mantenerlos en depósito.

El control del gobierno se fortaleció después del complot de 1820, un vasto movimiento conspirativo para derrocar al régimen, en el cual estuvo involucrada buena parte de la élite terrateniente en connivencia con Buenos Aires, y en el que participaron supuestamente Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Manuel Iturbe, Miguel A. Montiel, el doctor Juan Aristegui y los hermanos Acosta, entre otros. Los dirigentes fueron apresados y sus bienes fueron confiscados. Pero en 1821 se descubrió otra conspiración vinculada al caudillo entrerriano Ramírez, por lo que los cabecillas fueron condenados a muerte y fusilados; otros quedaron confinados en prisiones del interior del territorio y algunos implicados lograron escapar, refugiándose en Buenos Aires. Así, en 1822, el Dr. Francia ordenó el cierre definitivo de los puertos paraguayos a través de los cuales se conectaban con el exterior, Pilar e Itapúa, y de las fronteras con el Imperio del Brasil y con las provincias del Río de la Plata. Únicamente el puerto de Itapúa, en 1823, fue habilitado como una vía de comercio legal, una válvula, que el Gobierno controló. Los efectos deseados eran reducir el contrabando y obligar a los comerciantes particulares a no operar sin licencias, a pagar los derechos e impuestos, y a respetar los precios que fijaba el Estado. Posteriormente, a partir de 1829, se abrió el puerto de Pilar, aunque con una corriente de intercambio de menor cuantía que la que pasaba por Itapúa.

• La economía durante la dictadura

Desde 1830, el gobierno francista buscó dar salida a los productos paraguayos y descongestionar la producción acumulada. Para ello, compraba yerba mate, tabaco y madera a los particulares a precio corriente del país para, posteriormente, venderlos a precios onerosos en las provincias vecinas. Con esta medida pretendió apoyar a los productores y, en cambio, gravar con una «contribución» a los comerciantes que realizaban el tráfico Asunción-Itapúa, que se había incrementado a partir de 1834, lo que provocó el retiro a la campaña de muchos de esos negociantes, donde podían vivir sin mayores exigencias económicas. Ese apoyo al campesinado estuvo acompañado, en la última década del gobierno de Francia, por una reducción de la alcabala y la abolición del diezmo, reemplazado por la Contribución Fructuaria de verano e invierno, un impuesto del 5% sobre las cosechas de esas temporadas.

En cuanto a los impuestos, durante la administración de la dictadura, estos disminuyeron drásticamente. Así, de 222.131 pesos en 1816 (el 84% del ingreso total) se pasó a 31.084 pesos en 1840 (el 16,5% de las recaudaciones). El objetivo no era solo su reducción, sino la búsqueda de nuevas fuentes de rentas en el marco de una economía más equilibrada y diversificada, siendo esta regulada por el Estado.

A pesar de su estructura productiva y del restringido mercado interno, la economía paraguaya no podía mantenerse en una autarquía total. Necesitaba utensilios para el artesano, herramientas diversas para los trabajos rurales, tejidos de buena fabricación, etc. El Estado ejerció un estricto control del comercio, tanto externo como interno; participó directamente de las transacciones al comprar efectos y vender mercaderías de sus propiedades. Contó para ello con las denominadas Tiendas o Almacenes del Estado, depósitos donde se guardaban los bienes estatales. Igualmente, el gobierno realizó actividades mercantiles que correspondían, la mayoría de las veces, a simples pagos in natura a causa de la escasez de numerario; por eso, la yerba y el tabaco costearon la parte esencial de las importaciones. Esto significó una compensación para un buen número de comerciantes paraguayos frente a la pérdida de los mercados externos de esos productos a causa del control estatal.

El comercio experimentó un mayor impulso en la década de 1830, «la década dorada» de la dictadura, en la expresión de José A. Vázquez. A pesar de las marcadas dificultades en las relaciones comerciales entre Corrientes y Pilar, estas se mantuvieron incluso después que se estableciera la ruta entre San Borja e Itapúa a través del río Uruguay. El comercio se caracterizó por la regularidad, sin alzas espectaculares ni bajas calamitosas, lo que le permitió asegurar al Tesoro Público apreciables rentas, provenientes, principalmente, de los impuestos sobre ventas. Toda mercadería introducida en el país debía aforar, es decir, tasarse, a los efectos de conocerse el monto sobre el cual recaerían los impuestos. Después del aforo, operación que se cumplía en Asunción con la personal asistencia del dictador, se hacía el ofrecimiento de frutos del país por parte de la Tesorería, a cambio de las facturas que interesaban al Estado o a la Tierra pública. Al no fijar el comercio en valores o precios preestablecidos —sino en la utilidad o valor de uso de las importaciones en relación con la cantidad de trabajo requerido para producir el artículo de exportación—, el Paraguay adquirió sus importaciones en trueques por sus exportaciones, sin incurrir en déficit en la balanza comercial. Mientras la idea de la absoluta autarquía paraguaya es históricamente incorrecta, bien es cierto que la economía controlada por el Estado paraguayo excluyó el establecimiento del clásico mercado libre capitalista.

La dictadura impulsó la actividad artesanal y manufacturera. El taller de cureñas funcionó sin interrupción, trabajando en él operarios libres y algunos esclavos del Estado, a quienes se pagaba semanalmente su sustento como «oficiales carpinteros». Mayor amplitud tuvo el ramo de la armería, dedicado a la fabricación de fusiles. En 1816, existían dos talleres, uno en Asunción y otro en Pilar, que era el centro de acantonamiento de tropas con un número importante de oficiales y operarios, a quienes se abonaban sueldos mensualmente. De igual modo, los trabajos de herrería crecieron desde mediados de 1827. Anexo a estos talleres —que eran como un embrión del futuro arsenal instalado en la época de Carlos Antonio López— funcionó otro de platería de bastante importancia. También se desarrolló la fabricación de cables para embarcaciones, producción ya iniciada en la época colonial, así como las curtiembres, en las que trabajaban esclavos del Estado a cargo de los jueces de Paz suplentes.

Aspectos sumamente positivos de la dictadura, que ni siquiera sus detractores pudieron ignorar, fueron el ordenado sistema contable y el logro de un excepcional estado financiero. Al morir el Dr. Francia eran cuantiosos los bienes dejados por su honesta administración y eficaz política económica. Las rentas del Estado provenían de los diezmos, de un impuesto sobre las tiendas, de otro sobre las casas de piedra de la capital, de los derechos de importación y exportación; de la alcabala, del papel sellado, del ramo de correos, de las multas y confiscaciones; de la herencia de los extranjeros, del producto de los bienes nacionales. La mayoría de estos habían sido implementados en época colonial, pero lo que modificó fundamentalmente el régimen fueron la puntualidad, la regularidad y el rigor con que el fisco realizó la percepción de impuestos.

• El Ejército y la administración durante el estado francista

El tipo de política económica reseñada implicó, por parte de la dictadura, la necesidad de contar con otros aparatos del Estado que le fueran acordes. La milicia colonial llegó a la revolución controlada por las clases propietarias, y fue esta milicia de linaje proveniente de las encumbradas familias terratenientes la que resultó depurada por el Dr. Francia. Su gravitación política también terminó por ser severamente limitada, aunque solo tras el complejo proceso que se dio entre 1810 y 1816. El dictador aumentó el número de efectivos básicamente con la idea de dotar al aparato administrativo del Estado de un apoyo armado, pero sin conceder a los jefes militares un poderío político. Si bien el militarismo se relaciona con el problema de la formación del Estado en América Latina, uno de los objetivos de la dictadura fue que los militares constituyeran un sector profesionalizado del aparato estatal. De todas maneras, las Fuerzas Armadas fueron el espejo de la sociedad en que nacieron, por lo que el desarrollo de la sociedad, la formación del Estado y la situación geopolítica tuvieron incidencia directa sobre su organización. Para Francia, la organización y el poder del Ejército constituían un símbolo de la soberanía, porque no tenían que convertirse en un ente apartado de los intereses propiamente nacionales, sino que debían responder y servir al Estado, por lo que las Fuerzas Armadas se erigieron en el sector más importante y costoso de la defensa nacional.

El reclutamiento militar se realizaba entre los hombres más fuertes de cada localidad, excluyéndose los de familias distinguidas, no por privilegio, sino para evitar su inclusión en las filas del Ejército y, desde esos cuadros, tener la posibilidad de organizar y fomentar alguna fuerza de oposición a la dictadura. No existían rangos mayores a tenientes y capitanes, y entre los mismos se realizaba una rotación periódica de sus destinos. Además, desconocían la cantidad exacta de efectivos, dato que solo sabían el dictador y el tesorero. Los ascensos eran minuciosamente estudiados, teniendo en cuenta, principalmente, la aptitud y la adhesión a la causa de la República, y se aplicaban severos castigos y reprimendas a los contraventores. Los sueldos de los militares eran superiores a los de cualquier categoría burocrática, aunque se retenía una parte de ellos para alimentación y vestuario, cuyas remesas provenían de las Estancias de la Patria.

La administración de la dictadura también se centralizó en la persona del propio Francia, de quien dependían directamente todos los funcionarios, desde los residentes en Asunción (como el Secretario de Gobierno o Fiel de Fechos) hasta el más insignificante escribiente de pueblo. Se mantuvo la antigua división del país en comandancias, cuyo funcionamiento estaba dirigido desde Asunción. El dictador, en el vértice de la pirámide administrativa, ejerció el papel de contralor, pero, al mismo tiempo, no dejó de enseñar, recriminar y, si era preciso, castigar con el objeto de formar una administración eficiente, integrada por ciudadanos celosos de sus deberes y responsabilidades.

La administración la integró un personal nuevo, partidario del régimen, extraído no ya de los sectores privilegiados, sino de aquellos que no habían gozado de una instrucción que los capacitara para ejercer las tareas de gobierno. En Asunción, bajo las órdenes directas del dictador, funcionaban la Secretaría de Estado, sin ningún poder de decisión ministerial, y el Ministerio de Hacienda y Tesorería. El secretario o fiel de fechos era el responsable de la autenticidad de los documentos y de su remisión, pero no pasaba de ser un amanuense que recibía toda la documentación dirigida al Dr. Francia, quien durante todo este periodo realizó una labor gigantesca, metódica y continuada. En el Ministerio de Hacienda y Tesorería ninguna operación se realizaba sin la licencia del dictador, quien consideraba las finanzas públicas una de las claves del mantenimiento de su política, por lo que no permitía la deshonestidad ni el fraude. Dentro del sistema de las finanzas públicas, en las villas y partidos se encontraban los receptores de impuestos, y en los pueblos de indios, los administradores de temporalidades, funcionarios similares a los existentes durante la colonia. Los efectos y el metálico recibidos en nombre del Estado eran transportados por tropas del Ejército a Asunción, donde pasaban a la Tesorería y a los almacenes o tiendas del Estado, con administradores que completaban el cuadro del personal mencionado.

El Cabildo, la particular institución del régimen español en América, llegó a la dictadura como un engranaje más de la maquinaria administrativa y tampoco escapó al proceso centralizador. El Cabildo como bastión del españolismo experimentó modificaciones a partir de 1811, al estar sus cargos ocupados por adeptos al Dr. Francia. El Libro Capitular solo registró los dictados del dictador, que le llegaban por escrito, en forma de notas, decretos o «autos supremos», o de manera verbal. En cuanto a las funciones tradicionales de esta institución local en materia tributaria, el dictador las fue limitando y desplazando a la administración central de gobierno. Finalmente, el 30 de diciembre de 1824, suprimió los cabildos, tanto de la capital como de algunas de las villas del interior.

El poder centralizado se mostró claramente en el sector agrario con la constitución de bienes del Estado, las llamadas «estancias de la Patria» o «de la República», cuya producción respondió en gran medida a las necesidades estratégicas de la defensa militar. La Estancia de la Patria de Suribí-í, situada en Villeta, era el establecimiento modelo del dictador, organizado en los inicios de su gobierno. Hay que tener en cuenta que un poco menos de la mitad de la superficie del territorio de la Región oriental y la totalidad del territorio del Chaco, desde el río Bermejo hasta el Jaurú, pertenecían al Estado al finalizar el gobierno francista. Estos bienes territoriales del Estado se habían formado con las tierras de propiedad de la corona española, con las que fueron del dominio de la Iglesia católica y de sus instituciones (adjudicadas al Estado por la Ley de Reforma de Regulares del 20 de septiembre de 1824), y con los bienes de los adversarios políticos y de algunos españoles, confiscados por orden de la dictadura. Paraguayos desposeídos y emigrantes recibieron tierras del Estado, que las arrendaba a muy moderados alquileres por periodos indefinidos, bajo la sola condición de que debían ser cultivadas o convertidas en pasturas. Esas tierras mantuvieron, por lo menos, a 49.000 personas, es decir, el 13% de la población del país. En otras palabras, aproximadamente uno de cada ocho paraguayos vivió en su propia granja o estancia arrendada al gobierno.

• La política social, religiosa y educativa

Francia se guió por el principio «el bien particular debe ceder al bien común y general», teniendo como objetivo la defensa de la soberanía. Buscó, para ello, el apoyo del campesinado, al que respaldó realizando una distribución más equitativa de la posesión de la tierra y una defensa de la economía popular con medidas que evitaron las fallas de abastecimiento y los abusos de precios. Igualmente, controló a los sectores privilegiados despojándolos de su poder político y limitándoles el control económico. Actuó como un Estado benefactor que socorría a los pobladores de menos recursos, repartiéndoles reses de las estancias de la Patria o entregándoles bienes de las tiendas del Estado.

A partir de 1830, el gobierno francista implementó medidas para disminuir los impuestos que incidían en la economía de la población: reducción de la alcabala y abolición del diezmo, reemplazado por la contribución fructuaria de verano e invierno. Pero tanto la alcabala como la contribución fructuaria experimentaron progresivas reducciones en los siguientes años. Al mismo tiempo que se redujeron los impuestos que más presionaban a la población, se generaron y desarrollaron nuevas fuentes de rentas para el Estado, con el objetivo de alcanzar una economía más equilibrada y diversificada, tratando de romper con el monocultivo y los efectos que acarreaba.

La política social de corte popular que siguió la dictadura favoreció el crecimiento de la población. El total de habitantes en 1846 era de 233.394 y el promedio de personas por familia, de 9,80; lo que significa que Paraguay, en un lapso de cuarenta y siete años, había experimentado un crecimiento en cifras absolutas de 125.324 habitantes y del 101,5% en cifras relativas. La mayor parte de la población se concentraba en torno a un semicírculo de aproximadamente doscientos kilómetros, cuyos extremos eran Asunción y Villa Rica. Dentro de dicha área, Asunción sumaba el 4,09% de habitantes y los actuales departamentos Central, el 19,92%, Cordillera, el 17,18%, y Guairá, el 7,59% de habitantes. Las tres cuartas partes de la población total del país residían en esta región, que ocupaba un área de 11.002 km².

Las implicancias de este tipo de política fueron ventajosas para el conjunto de la población. El régimen sostuvo que se debía beneficiar a una mayoría, por lo que se propuso minar los privilegios de los grupos de poder tradicionales, eliminando cualquier tipo de oposición contestataria. Para conseguirlo, Francia, en muy corto plazo, ocupó un lugar indiscutible en la toma de decisiones y de medidas públicas, legitimando y sosteniendo su derecho a mandar y, en consecuencia, a ser obedecido, en una República soberana e independiente.

En Paraguay, la modernidad tardó en expresarse y configurarse porque no se dieron transformaciones en las pautas sociales y culturales, e incorporaciones de prácticas modeladoras de cambios en la sociedad civil y en el Estado acordes con una política moderna. Esto también se visualizó en el cuerpo doctrinario jurídico, cuya base fundamental durante el francismo y en los primeros tiempos del lopismo siguieron siendo, básicamente, las leyes y los códigos que rigieron durante la colonia, excepto que el ejecutivo estableciera lo contrario al hacer uso de esa concentración de poder de la cual gozaba.

Con respecto a la influencia de la Iglesia, se puede pensar que en la política religiosa implementada por Francia se entrelazaron de una manera compleja los principios de la Ilustración y una razón de Estado revolucionario-pragmática. El dictador se mostró como un gobernante sin ataduras religiosas, pero, a su vez, convencido de la necesidad de la religión para la estabilización del orden social. No dudó, por consiguiente, en ordenar la expropiación económica como condición para un sometimiento riguroso de toda oposición clerical, así como el pago oficial al clero y la sujeción del culto a los intereses estatales. Se puede pensar en una Iglesia subordinada al Estado mediante un proceso de nacionalización de la Iglesia. Contradictoriamente, se mantuvo la influencia de los pa’i, cimentada en las creencias populares. Una combinación entre creencia y racionalización que le permitió al Gobierno mantener determinados controles sobre la población. Fue el Estado dictatorial el que centralizó y representó mucho de lo que anteriormente se hallaba depositado en la Iglesia.

A partir del descubrimiento de la «Gran Conspiración» de 1820, el Gobierno obligó al clero a prestarle juramento de lealtad y abolió el fuero eclesiástico, lo que quebró el esquema corporativo heredado de la colonia. Profundizó estas medidas con el cierre del Real Seminario de San Carlos, en 1823, y con la confiscación de sus tierras (para tener una idea de su magnitud, 876 familias recibieron lotes cuando se hizo la división de las mismas). Estas últimas medidas fueron las que le acarrearon las más punzantes críticas de los partidarios de mantener las relaciones entre Estado e Iglesia tal como se habían heredado de la colonia. El aparato eclesiástico siguió cumpliendo con sus funciones, es decir, la institución eclesial se mantuvo transformada e inserta en el cuerpo de un Estado-nación en formación y, por lo tanto, debía respetar los principios gubernamentales e inclinarse frente a los intereses de la Nación.

El Gobierno asumió el control financiero y el sostenimiento económico de la Iglesia, a pesar de que las tasas eclesiásticas de diezmo y cuatropea no siempre fueron utilizadas para sostenerla, sino que se destinaron para gastos de la tropa. La relación Iglesia-Estado, problema que ocasionó largos y costosos enfrentamientos en otros países americanos, fue resuelta en corto tiempo por la dictadura al imponer el criterio acorde con las transformaciones del Estado y viendo a la Iglesia como una rémora que necesitaba remozarse al ritmo de los nuevos tiempos. Sin embargo, hay que reconocer que a principios de la década de 1840, el clero católico estaba integrado por solo 56 sacerdotes, la mayoría de ellos ancianos y enfermos, según informaron al papa Gregorio XVI los cónsules Carlos A. López y Mariano Roque Alonso: «Puede pensarse que ninguna Iglesia del orbe cristiano católico romano se habrá visto en circunstancias tan tristes y afligentes como la Iglesia del Paraguay siendo más punzante en su dolor la difícil comunicación con la Santa Sede, y las demoras del trámite a tan enorme distancia».

No se podía obviar tampoco el importante papel que la Iglesia había tenido en el ámbito educativo, por lo que correspondía ahora al Gobierno fomentar y apoyar la educación elemental básica. En parte se instruía con el Catecismo Patrio Reformado, preparado por Francia y de lectura obligatoria en las escuelas públicas de primeras letras, donde se resumían los principios de su régimen. El Catecismo era el régimen «regulado por principios sabios y justos, fundado en la naturaleza y necesidades de los hombres y en las condiciones de la sociedad», aplicable al pueblo porque «el hombre, por muy buenos sentimientos y educación que tenga, propende al despotismo», siendo el actual primer magistrado el que se ocupaba «de nuestra prosperidad y bienestar». El Catecismo también denotaba a los que declamaban contra su sistema que eran «los antiguos mandatarios que propendían a entregarnos a Bonaparte, y los ambiciosos de mando», aseverando que el sistema era «bueno» y que esto se probaba «con hechos positivos», como «haber abolido la esclavitud sin perjuicio de los propietarios y reputar como carga común los empleos públicos, con la total supresión de los tributos». En cuanto a las rentas del Estado, planteaba que los tributos podían ser reducidos «de manera que nadie sientiese pagarlos», lo que era posible «trabajando todos en comunidad, cultivando las posesiones municipales como destinadas al bien público, y reduciendo nuestras necesidades, según la ley de nuestro divino maestro Jesucristo». El resultado del sistema era «ser felices», lo que se conseguía si se mantenían «vigilantes contra las empresas de los malos», entiéndase los opositores al sistema. Finalizaba invocando a Dios que «conservara [al sistema] en cuanto sea útil».

LA REPÚBLICA DE CARLOS A. LÓPEZ

La confusión se apoderó del país cuando aconteció la muerte del Dr. Francia, el 20 de septiembre de 1840. Se inició, entonces, una crisis de sucesión en la cual los hombres más cercanos al dictador, como Policarpo Patiño y Manuel Antonio Ortiz, pugnaron por ocupar la presidencia. Después de un tiempo marcado por la inestabilidad política, se hizo cargo del gobierno una Junta provisional bajo control militar hasta que, en 1841, se constituyó el segundo Consulado, integrado por Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso.

El segundo Congreso se reunió en noviembre de 1842 (el primero había tenido lugar un año antes) con cuatrocientos diputados, en el que se aprobó el Acta de la Independencia, se ratificó la soberanía y se proclamó que el Paraguay no era patrimonio de persona ni de familia alguna. Dispuso, también, otras medidas de distinta índole y de suma importancia para la construcción estatal, como la adopción definitiva de los símbolos patrios (bandera y escudo). Paralelamente, el segundo Consulado reconoció, en 1842, la necesidad de contar con moneda propia, por lo que ordenó la acuñación de las de cobre.

El 14 de marzo de 1844, se reunió un nuevo Congreso que dio por terminado el gobierno consular y eligió como presidente a Carlos A. López. Este Congreso también aprobó la Ley General para la administración del país, preparada por López con la colaboración de Andrés Gill, que fue considerada como la Constitución de la República. En esta Ley se establecieron la división y la limitación de los poderes, cuyas disposiciones legitimaban las acciones políticas del gobierno y que mantuvieron su vigencia durante la Gran Guerra. Además, el poder era nominalmente tripartito, el Congreso debía convocarse cada cinco años con doscientos diputados, el presidente electo debía tener 45 años o más, suficiente capacidad, honradez y patriotismo, y un capital propio de 8.000 pesos. Asimismo, el primer mandatario debía durar diez años en el cargo, ser del fuero común (ni eclesiástico ni militar) y no se prohibía su reelección. Sus atribuciones eran plenas y autoritarias, si bien se reconocía la igualdad de los hombres ante la ley penal y el libre derecho de presentación de reclamos y quejas; imponía, a su vez, el deber de «reconocimiento y obediencia» al presidente, y no figuraba referencia alguna acerca de la «libertad cívica» ni de la «libertad individual». Se estableció así un Ejecutivo fuerte que concentró todo el poder en manos de un solo hombre, con el argumento de que merced a este sistema en el Paraguay no había peligro de caer en el caos, como les había sucedido a los países vecinos. La ley, al determinar la primacía del Ejecutivo, desequilibró la división de poderes y ficcionalizó la participación de los otros dos en el ámbito público.

Mediante esta Constitución, el gobernante debía encuadrarse dentro de ciertas normas jurídicas y políticas, que la distinguieron de la dictadura, para que el país marchara «prudentemente» hacia la consolidación de las «libertades públicas». El presidente López no estableció el principio de sufragio universal porque consideró que acarreaba graves dificultades y, con este criterio, propuso la reducción a cien del número de diputados, conformando así una verdadera élite electoral. En resumen, esta Ley no respondía a los tiempos del moderno constitucionalismo en la medida en que no se especificaban derechos y garantías de los ciudadanos ni se encontraban expresados con claridad los fines del Estado. De todas maneras, y a pesar de ciertas falencias, puede considerarse como punto de partida de la organización institucional del Paraguay. El Congreso de 1856 la modificó, en el sentido de habilitar a los militares el acceso al cargo de Presidente y de reducir a 30 años la edad requerida, lo que posibilitaba el futuro acceso a la presidencia de Francisco Solano López, uno de los hijos de Carlos Antonio.

En opinión del presidente Carlos Antonio López, Paraguay, al igual que todos los países hispanoamericanos, no estaba preparado, por falta de experiencia y de educación cívica, para la vida democrática y el goce de los derechos políticos. En su opinión, las otras repúblicas, por haber querido pasar de golpe del absolutismo colonial a la libertad, se despeñaron en los abismos de la anarquía. Solo Paraguay, expresaba López, lo evitó gracias a sus instituciones, que al ser provisionales necesitaron de reformas graduales «para que el pueblo se acostumbre al uso regular y moderado de derechos que aún no conoce». Era, sobre todo, en la educación donde estribaba la posibilidad de regenerar políticamente al país, pues antes de establecer libertades y derechos políticos había que conocer el auténtico significado de esas palabras. De esta manera, se establecieron como textos obligatorios en las escuelas Los derechos y deberes del hombre social (1842) y el Catecismo cívico (1855), que transmitían nociones básicas acerca del gobierno representativo y de los derechos individuales, afirmando que «después de la idea de Dios y de la Humanidad, la idea de Patria es la más sublime y fecunda en inspiraciones heroicas». Más tarde, Francisco Solano López hizo reimprimir el Catecismo de San Alberto, insinuando (quizás) sus intenciones monárquicas, texto que desapareció de las escuelas y bibliotecas una vez concluida la guerra.

El gobierno de Carlos A. López, imbuido de las ideas de la época, se empezó a plantear la cuestión de la esclavitud, que había existido en Paraguay desde la colonia. El país había heredado de los tiempos de Francia, aproximadamente, mil esclavos, obtenidos al confiscar las propiedades de la élite. Estos esclavos no fueron liberados, pero, en cambio, se promulgó la ley de la libertad de vientres en 1842, que acabó con el comercio esclavista y garantizó que los hijos de esclavas fueran libres a partir de los veinticinco años de edad. La aplicación de esta ley ocasionó un mayor índice de natalidad con el consiguiente aumento de la población esclava y el descenso de los precios de venta.

Ildefonso Bermejo, quien vino al Paraguay en la época de López, sostenía que el presidente había organizado el país con una «estructura Nacional, Popular y Socialista, anti-oligárquica e igualitaria». Si bien estas connotaciones pueden o no aplicarse, la idea que tendría que primar es de progreso y orden, pensados estos para la mentalidad de mediados del siglo XIX, lo que, con respecto al modelo francista, implicó la puesta en marcha de una serie de cambios que generaron modificaciones en la estructura heredada y efectos sobre los comportamientos políticos y sociales, y las prácticas vinculadas a ellos.

Los periódicos El Eco y El Semanario, que estuvieron al servicio del gobierno, presentaron al pueblo paraguayo en el exterior como pacífico, dispuesto a vivir en «orden y progreso», como aspiraba el Ejecutivo, sin que se vislumbrara ningún peligro de inquietud y revuelta social. En ese mismo tiempo, el cónsul inglés Herken Henderson, expulsado poco tiempo después del país por un entredicho con el Gobierno, opinó —desde una óptica muy poco objetiva— que «las masas», teniendo un clima adecuado y un suelo fértil que facilitaba la producción con poco tiempo de trabajo, miserablemente estaban desprovistas de ambición alguna para mejorar su condición a través de su propia iniciativa, lo que combinado a las pocas exigencias de consumo contribuían a modelar su carácter apático y a inducir holgazanería y vicios. El Eco, sin embargo, manifestó la percepción de que el pueblo se iba desprendiendo de esa propensión al aislamiento. Contribuyó a este cambio la presencia de técnicos extranjeros que López contrató para realizar multiplicidad de tareas en distintos ámbitos, impulsando así a la «regeneración progresista», en términos del discurso oficial. De todas maneras, cuando hacia 1860 los emigrados realizaban una de las tantas campañas opositoras, apelando a principios como el de la soberanía del pueblo y el ejercicio de las libertades ciudadanas, El Semanario contestó publicando en sus páginas que todavía los pueblos americanos se encontraban en una «etapa de noviciado» para ejercitarlas, y que si se apresuraban los tiempos se podía caer en la anarquía o equivocarse por desconocimiento de los principios y los derechos políticos.

• Los cambios económicos y sociales

Durante los dieciocho años de mandato de Carlos A. López tuvieron lugar importantes acontecimientos y realizaciones, tales como: la inauguración del templo de la plaza fuerte de Humaitá; el primer tramo del Ferrocarril Nacional; la creación de la Flota Nacional; las fundiciones de hierro de Ybycuí y el desarrollo del Arsenal; el incremento de la producción y el comercio; las obras de riego, represas y canales, así como nuevos puentes y caminos; el aumento de la productividad agrícola debido, entre otros factores, al rescate de la tradición indígena de las dos cosechas anuales. El Gobierno obtuvo importantes rentas por el alquiler de las tierras a los hacendados, el ferrocarril y las fundiciones de hierro, al mismo tiempo que promovió la exportación de los productos del país. Su ímpetu progresista lo materializó construyendo numerosos edificios públicos y más de trescientas escuelas, tras la declaración de la enseñanza gratuita y obligatoria. En el plano cultural, se favoreció la formación de artistas, la instalación de imprentas, la venida de compañías extranjeras de arte escénico, etc. En síntesis, se tomaron distintas medidas para impulsar el resurgimiento de la vida social y cultural.

El censo de 1846 contabilizó una población total de 258.862 habitantes. En él se registraron pueblos que hacia 1820 apenas constituían un pequeño grupo de familias asentadas en sitios dispersos, inmersas en un vasto y envolvente medio rural. De forma conjunta con el inicial empuje fundacional, se produjo el poblamiento espontáneo con la ocupación de tierras rurales por familias e individuos que, por propia iniciativa y contando con sus propios recursos, fueron erigiendo capillas. La tónica general fue la dispersión de la población en valles y compañías, donde los paraguayos de esos tiempos vivían como lo habían hecho desde tiempos ancestrales, «sembrados por los campos». La base campesina se mantuvo en el país durante el lopismo, aunque este fomentó otros sectores de la economía e incorporó importantes avances técnicos, aportados por médicos, ingenieros y otros profesionales extranjeros invitados a establecerse en el país, al mismo tiempo que estudiantes paraguayos fueron enviados a especializarse en centros europeos.

Una de las cuestiones centrales del gobierno de Carlos A. López fue la política sobre tierras. El cuerpo de leyes sobre las tierras públicas fue acompañado de profundos cambios en la política fiscal. Entre esas leyes se incluían: la denominada «jubilación de naturales», la obligación del pago de la media anata, la expansión de las estancias del Estado, la ley sobre tierras públicas y la prohibición de ventas de tierras a extranjeros. Este cambio institucional, con todas las transformaciones que encerraba, y profundizado durante el gobierno del mariscal Francisco Solano López, experimentó un fuerte quiebre con la Guerra Grande. El excedente de las Estancias del Estado representó, a fines del gobierno del Dr. Francia y durante las presidencias de los López, un importante rubro para las rentas estatales, mientras que el sobrante de ganado y cueros fue exportado por cuenta del Estado.

En época de Carlos A. López surgió un nuevo y rico grupo de familias notables vinculadas con los cambios económicos que se estaban experimentando y que tenían como eje la reactivación del puerto de Asunción y de la navegación fluvial. Uno de los efectos de esa mejora económica y el cambio de clima político fue el regreso a la capital de familias de linaje y caudal que se habían retirado a sus propiedades rurales en la época del Dr. Francia, al mismo tiempo que se fortaleció otro sector de familias enriquecidas por el comercio y los privilegios concedidos. Tanto nacionales como extranjeros abrieron locales comerciales y crecieron algunos barrios capitalinos, como Catedral, Encarnación, Recoleta y San Roque, con lo que la urbe adquirió otra fisonomía más activa y renovada.

Después de la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, y del reconocimiento de la independencia paraguaya por la Confederación Argentina —lo que tuvo como efecto habilitar el libre acceso del Paraguay al mar—, se intensificaron las relaciones con el mundo exterior. A comienzos de 1850, Paraguay celebró tratados comerciales con varios estados europeos y el creciente bienestar del país hizo surgir un mercado, sin duda limitado, pero lucrativo, para artículos europeos. Al menos en Asunción, las telas inglesas conquistaron el mercado y en las familias de la alta sociedad la porcelana desplazó a la vajilla de plata y a los sencillos objetos de barro de Itá. Aun cuando las nuevas instalaciones industriales, como la fundición de hierro, el astillero o la red de telégrafos, sirvieron casi exclusivamente para fines militares, también llegaron al Paraguay en el proceso de renovación económica las primeras máquinas de coser y los primeros aparatos fotográficos. Sin embargo, para la transformación de las costumbres y las relaciones sociales seguramente fue aún más importante la creciente presencia de extranjeros, vistos como modelos a imitar y emular.

A los comerciantes y representantes diplomáticos pronto se sumó una serie de «expertos» europeos. En 1853, Carlos A. López envió a su hijo Francisco Solano a Europa, donde debía promocionar el país en el ámbito diplomático, realizar una serie de encargos a firmas europeas, sobre todo británicas, y contratar técnicos y expertos que pudieran dirigir la construcción de las instalaciones en el Paraguay y adiestrar el personal. Así, arribaron artesanos, técnicos y profesionales con sus familias, quienes ejercieron influencia en los parámetros relacionales y de sociabilidad.

Con Carlos A. López se modificó la etiqueta en los círculos relevantes —probablemente influyera el modelo de familia que tenía el presidente—, lo que, a su vez, otorgó a las mujeres y a las familias una importante posición en la estructura social y política. Las cenas formales siguieron siendo reuniones sociales limitadas a los extranjeros y a los banquetes oficiales extraordinarios, construyéndose en Asunción un teatro y un Club Nacional, espacios donde la élite y los extranjeros podían encontrarse y exhibirse. No obstante, la mayoría de los extranjeros encontró bastante aburrida y provinciana la vida social paraguaya, incluso poco tiempo antes de estallar la guerra. El inglés, residente en Buenos Aires, Michael G. Mulhall relata que el Club Nacional era una linda casa con habitaciones altas y amplias, una buena cocina, bodegas de tamaño mediano, una sala de billar, un comedor y un salón de baile de primera categoría; en cambio, la sala de lectura era una decepción, puesto que las mesas estaban cubiertas de ilustraciones de la moda parisina de verano para hombres y del Correo de Ultramar. Este último y El Semanario eran los únicos periódicos para suscribirse. Un atractivo lo constituían dos mesas para juegos de naipes, que al atardecer animaban a algunos concurrentes a reunirse, aunque los extranjeros raramente asistían a tales encuentros intelectuales. Y, continuaba Mulhall, la falta de noticias o la escasez de buenos cigarros hacían la vida todavía más desagradable de lo que ya lo hacía el clima. Nadie hablaba nunca de política, ya que era considerado impropio de una persona educada. «Muy a disgusto yo elegiría Asunción como lugar de residencia, pero estoy firmemente convencido que ésta es la ciudad más floreciente del continente», seguramente impactado por las transformaciones que estaba experimentando el país.

De todas maneras, la estructura piramidal de poder no fue modificada. El vértice estaba en manos de Carlos A. López, quien mantuvo el control de todas las decisiones. La oposición no dejó de acusarlo de enviar al exilio a mentes preclaras o de marginar capacidades. El núcleo de familias en ascenso constituyó el sostén de un gobierno influenciado también del progresismo que debía extenderse y afirmarse en el marco de una sociedad regida por el orden. Sin embargo, cualquier medida que perjudicara sus intereses, como el aumento de los aforos aduaneros, que afectaba el ingreso de algunos géneros importados, ocasionaba protestas. La tendencia del grupo era más a acumular que a invertir su capital, al no contar con una mentalidad capitalista y no ser estimulado por el Ejecutivo, el que monopolizaba todos los emprendimientos públicos. Esta actitud no facilitó la reproducción del capital y, por consiguiente, puso un freno al crecimiento. Desde otra perspectiva, el surgimiento de este grupo no significó que se dieran muchas posibilidades de cambios en el estatus social, excepto en la carrera militar y en la administración, pero las condiciones favorables para la ocupación y el trabajo plenos dieron oportunidad a un mayor consumo por las clases menos pudientes, gente de servicio y peonada, que aspiraban a un mayor bienestar y confort, cuyo acceso no alteró sus costumbres habituales.

En síntesis, si bien se dieron transformaciones, ni el estado ni los sectores acomodados generaron un cambio radical. Durante la etapa de los López, el Estado fue cada vez más omnipresente, tanto en la esfera de lo público como de lo privado, aunque en esta última se dio una cierta distensión propia de los nuevos tiempos, aunque sin aflojarse demasiado los controles del aparato represivo estatal.

• El Estado lopista

Con la finalidad de entablar nuevamente relaciones con el exterior, el Consulado proclamó en 1842, y por segunda vez, la independencia, para presentar la imagen de un país que se encontraba en el correcto camino institucional. Carlos A. López reafirmó esta estrategia con la convocatoria de varios Congresos, realizados en 1844, 1849, 1854 y 1857, a la vez que mandó mensajes especiales con la intención explícita de que se legitimara lo actuado en su gobierno y dando una imagen de que se transitaba el camino normativo y ordenador necesario a toda República. De esta manera se fue institucionalizando el Estado, aunque actuó con precaución en lo que se refería a la firma de todo tratado internacional, al exigir que fuera reconocido por autoridades. El 4 de noviembre de 1855 se constituyó el nuevo Consejo de Estado, con los ministros de Exterior, Interior, Hacienda, Guerra y Marina, los funcionarios administrativos fueron directamente designados por el presidente López, conformando así un cuerpo plenamente cooptado por el Ejecutivo.

El Estado francista había formado un personal que, en algunos casos, continuó en la función administrativa y política durante la época de los López como, por ejemplo, Juan Manuel Álvarez y Domingo Francisco Sánchez. El primero provenía de la comandancia de Concepción y, desde 1827, había servido como ministro de Hacienda. Después de la muerte de Francia continuó como tesorero y también ocupó el cargo de secretario interino de gobierno del Consulado (marzo y abril de 1841). Debido a su avanzada edad, se retiró en 1844 y vivió de su pensión oficial hasta su muerte, en 1857. El segundo, Francisco Sánchez, ejercía funciones de escribiente del fiel de fechos, Policarpo Patiño, en 1826; más tarde, en 1832, fue secretario del alcalde de Primer Voto, José Manuel Ortiz; y luego cubrió diversas secretarías de 1841 a 1844. En la administración de Carlos A. López, ocupó el cargo de secretario de gobierno, en cuyo puesto continuó hasta 1860, cuando fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Solano López lo designó, en 1862, ministro del Interior y presidente del Consejo de Ministros; y más tarde, en 1865, vicepresidente del Paraguay. Continuó cumpliendo sus funciones durante la Gran Guerra y murió junto al mariscal, el 1 de marzo de 1870, en Cerro Corá.

La etapa de Carlos A. López, ¿significó una fractura con la situación heredada, la continuó o la profundizó? ¿Qué principios, erigidos en los primeros tiempos de la independencia y encarnados en el cuerpo de la República, se mantuvieron? Se dieron rasgos que permiten establecer un símil con la dictadura: la efectividad de su poder, la estructuración interna, jerarquización, articulación y distribución de competencias de su dominación. Ambos concibieron el gobierno como una institución tutelar y unipersonal, heredero de la tradición monárquica, valorada por ser una obra de tres siglos a la que de ninguna manera había que destruir para colocar el régimen representativo, que según expresiones del presidente López no era comprendido por las masas. Asimismo, decía que al pueblo había que regenerarlo para «ponerlo y guiarlo en el camino por donde debe ir, para llegar, sin riesgo de extravíos y caídas, al punto a que forzosa e inevitablemente le han de conducir las ideas dominantes del siglo y la fuerza del ejemplo». Al mismo tiempo, manifestaba serias reservas acerca de la viabilidad de un gobierno resultante de un acto popularmente consentido, a pesar de lo cual admitía la provisionalidad de un «poder fuerte, ilustrado y prudente» —poder ejemplificado en el suyo— que conducía a esa meta ideal. Carlos A. López prefirió legitimar su poder como proveniente de una autoridad suprema, sin basarse en el principio del consentimiento popular o común como norma final a través de la cual buscar la legitimidad. Ignoró, por consiguiente, la importancia del libre consentimiento en la construcción de cualquier entidad política. Impuso, además, una política personalista y estatizante que, en particular, le acarreó la oposición del patriciado asunceno, del «bastión de los veinte apellidos», frente al que López desarrolló estrategias de contención y desplazamiento, en algunos casos revestidas de aristas persecutorias.

Carlos A. López heredó las Fuerzas Armadas del régimen francista, aumentó y reorganizó los cuadros, y los tecnificó incorporando armamento moderno. Según su mensaje de 1849 al Congreso, consideraba que el Ejército se encontraba «adelantado», equipado y armado, alabando a los jefes y a los oficiales, y en particular a su hijo Francisco, quien había establecido «el orden y la disciplina». Las ordenanzas militares sobre el robo y la deserción, promulgadas en 1848, interpretaron la nueva «moralidad» que se quería imponer a través de un estricto código de castigos, con el objetivo de poner fin a los supuestos «excesos» del periodo de Francia, en referencia a la conducta que el dictador había tenido para administrar el Ejército y designar a la oficialidad. Sin duda, las Fuerzas Armadas respondieron con total acatamiento al poder concentrado en el presidente López, aunque en determinados momentos, como cuando se estaba definiendo la sucesión presidencial, en ese aparentemente monolítico cuerpo se visualizaron fisuras que revelaron la existencia de voces contestatarias.

• Las políticas exterior e interior

Con mucho recaudo y no pocas situaciones diplomáticas engorrosas, Carlos A. López abandonó la política de neutralidad y de bloqueo interno, defendida e impuesta por Francia en las casi tres décadas anteriores, y se firmaron tratados de amistad, comercio y navegación —algunos nunca ratificados— con los países vecinos, Francia y los Estados Unidos. Distintos pensadores e intelectuales señalaron los peligros que entrañaban la apertura de fronteras, la penetración del comercio internacional y, con ello, de nuevas ideas, sostuvieron que sus efectos no serían inmediatamente beneficiosos; todo lo contrario, alterarían el equilibrio de una sociedad que, desde la dictadura, veía al extranjero no solo como extraño, sino como potencial enemigo, y que contaba con muy limitadas y controladas prácticas políticas. En particular, la cuestión se centraba en cuáles serían los principios y los mecanismos para restablecer las vinculaciones con los países limítrofes. Las implicancias de la difusión de las ideas de su tiempo condicionaron al primer mandatario para mantener, con algunas reformulaciones, la organización política, comercial y social de la época del Dr. Francia. Para ello, López se valió de un fuerte proceso de militarización, que le permitió fortalecer la defensa de un país cuya historia mostraba el acoso que sufría de sus vecinos y de los comerciantes y encargados de negocios de Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

En el marco de este proceso, la agresividad más eficaz del capitalismo, la vinculación con el mercado mundial y el triunfo de políticas librecambistas generaron demandas y requerimientos que, hacia fines de la década de 1840, atrajeron la atención sobre el territorio paraguayo y cambiaron las reglas de juego, en cierta medida condicionadas por los países vecinos, cuyo objetivo era la obtención de la libertad de navegación de los ríos interiores. El Imperio brasileño veía afectadas las comunicaciones entre Río de Janeiro, sede del Gobierno, y la provincia de Mato Grosso. Mientras que el Brasil sostenía para el Amazonas una doctrina gemela a la paraguaya, su papel se invertía en el Río de la Plata, donde su hábil diplomacia apelaba a distintos argumentos para sustentar esta manifiesta contradicción de su política exterior.

A propuesta de Juan Andrés Gelly, en ese entonces encargado de negocios ante el Imperio, se iniciaron las tratativas para demarcar los límites entre los dos estados. Se reconocía como divisoria el río Negro, en la margen derecha del Paraguay, siempre que se aceptara el río Blanco en la margen izquierda, y se dejaba neutral el territorio comprendido entre este último y el Apa. La intención paraguaya, con ese tratado, era preservar la zona comprendida entre los ríos Apa y Blanco, aún no ocupada por el Imperio brasileño, aunque, por primera vez, Paraguay renunciaba explícitamente al territorio comprendido entre los ríos Negro y Jaurú. Sin embargo, el Imperio no consideró este tratado, a pesar de que las condiciones le eran favorables, puesto que desde el establecimiento de las localidades de Coimbra y Albuquerque los paraguayos no tenían control sobre esa área. Por el contrario, el avance brasileño continuó, asegurado mediante la construcción de nuevos puestos, a la par que fueron atacados, en el primer quinquenio de la década de 1850, los fuertes de San Carlos, Estrella o Apatuyá, Bella Vista y Arrecife, que resguardaban el Apa. Ante los rumores de una invasión general, el Gobierno paraguayo ordenó, en 1855, el retiro de las guarniciones apostadas a la izquierda del mencionado río y su movilización hacia el sur, así como el traslado de los colonos y el ganado de las estancias de particulares y del Estado a la margen izquierda del río Ypané.

La cuestión de límites en la frontera norte siguió provocando controversias e incidentes entre Brasil y Paraguay, lo que marcó el clímax previo a la guerra. Los brasileños ocuparon las tierras comprendidas entre los ríos Blanco y Apa y reclamaron la libre navegación y comercio, mientras que Paraguay sostuvo que así sería, siempre y cuando se llegara a un arreglo sobre la cuestión de límites. Uno de los mayores problemas del espacio fronterizo matogrossense continuó siendo la difícil comunicación con las regiones costeras del Imperio, que se pudo facilitar al franquearse la navegación del río Paraguay en 1856, aunque fue nuevamente interrumpida a los pocos años, tras iniciarse las hostilidades.

Además de la mencionada política militar, y para consolidar la defensa de las fronteras, se comprendió la necesidad de disponer de una flota mercante con buques a vapor. Los mercantes extranjeros que remontaban el río Paraguay con rumbo a Corumbá tenían permiso de proveerse de ganado, aves y otros comestibles en la Villa de Concepción, pero se prohibía la introducción de artículos, por no hallarse dicho puerto habilitado para el comercio exterior.

Las medidas efectivizadas por los López fueron cuestionadas por sus detractores, que vieron la primacía de los intereses particulares en su implementación. Entre otros, Manuel Pedro Peña, resentido con la familia López, les acusó de latrocinio y enriquecimiento ilícito, por apropiarse de estancias que eran del Estado, por las especulaciones con las empresas de ferrocarril y por la compra de armas de guerra y de los vapores Tacuarí y Río Blanco. En general, estas acusaciones reflejaron la manifiesta tendencia general de la burguesía hacia el «fraudeopulencia». Peña inculpó al Gobierno del genocidio de los kainguá en los yerbales de Concepción, Curuguaty, Villarrica y Yuty, y también de los mbayá-guaycurúes de la región del río Apa. Además, caracterizó el decreto de 1848 que suprimía el régimen comunal y el encierro en los táva guaraníes como de «robo inhumano de sus propiedades… para satisfacer la codicia del rapiñador». Hay que recordar que las relaciones hostiles con los kainguá y mbayá-guaycurúes y las periódicas campañas locales de exterminio constituían un problema crónico desde la época colonial. Pero, efectivamente, la estatización de la propiedad comunal decretada por el presidente López (medidas semejantes fueron implementadas en otros países americanos) afectó irreversiblemente el sistema comunitario de los guaraníes, que sufrieron un retroceso en su tradicional y resguardada autarquía económica.

Con respecto a la jubilación de naturales, formulada con el objetivo de hacer ingresar en el patrimonio estatal todos los bienes de los pueblos de origen indio, el decreto del 22 de marzo de 1843 ordenó a los administradores, corregidores y cabildos que elevaran al Gobierno la lista de los naturales «que por sus muchos servicios y buen comportamiento merezcan la jubilación». Se modificó, así, el sistema de reparto de tierras y ganado hasta ese momento vigente, heredado de la colonia y conservado durante la dictadura. El derecho a la propiedad de la tierra y a la explotación ganadera se limitó a los «nativos capaces de muchos servicios y de buen comportamiento», de lo que se deducía que a la población se la estaba calificando con la utilización de un parámetro que la hacía merecedora o no de tierras y de ganado.

La cuestión se profundizó aún más. Siguiendo pautas de carácter utilitario y empujado por las necesidades de obtención de rentas, el Estado paraguayo, en 1848, se declaró propietario de las tierras de las comunidades indígenas. La medida trajo aparejado un cambio sustancial en la condición del indio, ya que de vivir en comunidad se transformó, progresiva pero inexorablemente, en asalariado, sometido y expoliado, integrado coactivamente al mercado de trabajo. La misma ley de reforma de 1848 se aplicó a las tierras de propiedad privada de los indígenas que, al mismo tiempo, poseían tierras de uso comunitario.

Sobre esta política para con los indígenas las opiniones son divergentes. Mientras unos alegaban que, aunque la reforma hizo que los indígenas perdieran sus tierras y su fuente de subsistencia, también representó un progreso, por haber producido el desmembramiento de las comunidades indígenas, liberando fuerza de trabajo para participar en una sociedad basada en los principios de libre mercado. Para otros, en cambio, la reforma representó el tan ansiado sueño de los encomenderos y, por supuesto, de los estancieros, favoreciendo su enriquecimiento personal; por tanto, se trató de una política de corte regresivo. Un tercer grupo opinaba que los indígenas pasaron a trabajar como arrendatarios de las tierras del Estado, tras haber sido alienados de sus tierras a causa de la reforma.

Otra de las medidas polémicas del momento se refiere al pago de la media anata. Las tierras del norte del río Aquidabán-nigüí quedaron exceptuadas de su pago, por encontrarse ubicadas en el territorio en litigio con el Imperio brasileño. Pero ¿qué se buscaba con esta obligación? El decreto del 19 de julio de 1843 se basó en la obligación del propietario de pagar la media anata y dispuso que los propietarios de tierras de merced real que no la hubieran abonado, pagaran al Ministerio de Hacienda el 5% del valor corriente del inmueble o del precio que en adelante tuviera. Ese valor corriente sería fijado por dicho Ministerio, con el asesoramiento de dos peritos nombrados para ese efecto. También obligaba al pago del 5% del precio corriente a los poseedores de tierras donadas por los anteriores gobiernos patrios, con la salvedad de que debía ser «considerado con equidad según las circunstancias», lo que aseguraba también a los propietarios que atestiguaran certificación de pobreza. Como consecuencia de la aplicación de este decreto, muchos antiguos propietarios, al no poder certificar su calidad de ser los dueños, por no poseer los títulos o por haberlos perdido u otras razones, fueron registrados como ocupantes de propiedades del Estado. El efecto fue que gran cantidad de propiedades, cuyos dueños recibieron reducidas indemnizaciones, pasaron a manos del fisco, lo que permitió un aumento de las tierras estatales.

• Balance del gobierno de López

La naturaleza de la actividad política desplegada por el dictador Francia y el presidente López, básicamente, apuntó al hecho de emitir órdenes, a partir de las cuales se anudó una cadena de mando que terminó siendo la transmisora de las relaciones asimétricas que establecieron. En esa actividad gubernamental importó tanto hacer política a partir de la distribución, teniendo como norma lograr un mayor bienestar de la comunidad, como hacer política para «nosotros en contra de los otros», teniendo siempre presente la amenaza permanente del vecino, llámese porteño o brasileño. Para llevar a cabo una u otra acción política controlaron los instrumentos de la coerción física, uno de los componentes esenciales del poder, que se encontraba legitimado por el acatamiento y el consenso de la población. Si se dieron voces de protesta, estas, sobre todo, se escucharon en el exterior.

Uno de los principios que guiaron la política de esos mandatarios era el de mantener a toda costa la soberanía de ese Estado-nación que se estaba consolidando. Ser soberano representó la esencia misma de la Nación. La sostenían utilizando el aislamiento o la apertura controlada de las fronteras o la navegabilidad de los ríos para ampliar y afianzar el proceso de estatalidad. Una estatalidad que, por su propia naturaleza, encerraba distintas cuestiones: la jurisdiccional (en su más amplio sentido), la administrativa, la fiscal y financiera, la cultural y confesional, y las relaciones exteriores, aspectos ineludibles de toda construcción estatal. En este sentido, el inicio de la supremacía del Dr. Francia estuvo marcado por las relaciones con Buenos Aires, las provincias del Río de la Plata y el Brasil, en consonancia con el presidente Carlos A. López, quien continuó la política de defensa de la soberanía y bregó por un acuerdo sobre la libre navegación de los ríos que respetara los inalienables derechos paraguayos. Su pretensión era mantener el equilibrio, por cierto inestable, entre los intereses que defendía y los del exterior. Un equilibrio que, bajo condiciones más apremiantes, no pudo sostenerse y que desembocó en una trágica guerra. Esta interpretación deja de ser esquemática y unilateral si se advierten las transformaciones que claramente se observan en Paraguay a mediados del siglo XIX, los intereses contrastantes de los países vecinos sobre la cuenca de la Plata y los cambios en el sistema mundial, acoplados con la expansión colonialista, que no dejó de inmiscuirse a través de enviados y diplomáticos extranjeros.

En esas décadas de formación del Estado-nación paraguayo, se encontraron presentes rasgos que eran inherentes al mismo proceso y que no dejaron de tener como referente a la misma sociedad que lo sustentaba y retroalimentaba. Una sociedad casi homogénea, cuya raigambre guaraní estaba combinada con rasgos españoles, lo que generó un fuerte mestizaje, y donde predominó la base campesina, que compartía tradiciones de patrimonialismo y solidaridad comunal. Su funcionamiento se atuvo más a antiguas formas vinculadas a sociedades del Antiguo Régimen, a pesar de experimentar cambios que no alcanzaron los términos deseables de una modernización, la que solo influyó en limitados círculos capitalinos que estaban vinculados con el exterior.

Los rasgos del proceso formativo también se vincularon con el tipo de organización sociopolítica que se alcanzó, en lo que atañe a la centralización del poder, la organización del ejército nacional y la defensa a ultranza de la soberanía, en el marco de una construcción identitaria que se encontró favorecida por la identificación con un territorio definido por los grandes ríos, Paraguay y Paraná; la base cultural y lingüística guaraní, la impronta que dejó la Compañía de Jesús así como la identificación con fuertes tradiciones trasuntadas en valores aceptados por el conjunto de la comunidad. Esta formación estatal se completó y se interrelacionó con los esfuerzos que se realizaron para construir un orden legal, a pesar del autoritarismo centralizado, cuyo vigor no mermó en el transcurso del tiempo; un orden al que se acoplaron la regulación normativa de la actividad económica y social y una política educativa asentada, especialmente, en el logro de una primaria alfabetización en todo el territorio del país.

Carlos A. López, como se ha visto, impulsó notablemente el desarrollo socioeconómico del país y recorrió Europa y otras partes del mundo mostrando los productos distintivos del Paraguay, como el tabaco, la yerba mate y el muy apreciado algodón. La primera línea ferroviaria, los primeros telégrafos y la primera fundición de hierro de toda Sudamérica se instalaron en las ciudades de Asunción e Ybycuí, mientras que el primer buque construido en Latinoamérica y uno de los primeros del continente, el Yporâ, fue botado en los astilleros de Asunción con una fornida coraza de acero.

Semanas antes de la muerte de este presidente, Paraguay era un país sin desempleados y con una balanza comercial favorable. La educación era obligatoria y gratuita, con casi 30.000 niños en las escuelas (resultado obtenido en menos de quince años). Las industrias textiles, siderúrgicas y de la construcción empezaban a dar sus primeros pasos, favorecidas por las políticas proteccionistas implementadas a su favor. Todo indicaba que el Paraguay se convertiría, o ya lo era, en un punto de referencia en la economía de los países americanos.

LA REPÚBLICA DE FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

El presidente Carlos A. López redactó un pliegue constitucional, en el cual designó a uno de sus hijos, el entonces brigadier Francisco Solano López, presidente provisorio, e hizo obligatoria la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la formación de un nuevo gabinete. En noviembre de 1862, dicha Asamblea resolvió nombrar a Solano López jefe de Gobierno, y fue ascendido al rango de mariscal.

Francisco S. López heredó un Estado nacional centralizado, consolidado y sin deudas. En el transcurso del mandato de su padre y el suyo propio, se incorporaron importantes avances técnicos, se impulsó la puesta en marcha de centros manufactureros e industriales, se tendieron líneas ferroviarias, se promovió la navegación fluvial y se potenciaron las exportaciones. Con mucho recaudo y no pocas situaciones diplomáticas problemáticas, se abandonó la política de neutralidad y de bloqueo interno defendida e impuesta por el Dr. Francia y se firmaron tratados de amistad, comercio y navegación —algunos nunca ratificados— con los países vecinos, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica, propugnando una política de «equilibrio» en la región del Plata.

El capital político con que contaba el nuevo mandatario se asentó originalmente en el poder que su padre, el «Excelentísimo», como se lo conocía, había logrado acumular en su prolongado gobierno. Pero sus proyectos diferían. Según la opinión de algunos historiadores, entre otros Efraím Cardozo, pensaba implantar una monarquía absoluta, a diferencia de su antecesor, quien en las postrimerías de su vida elucubró con implantar una monarquía de tipo constitucional. De todas maneras, la resistencia de parte del patriciado asunceno a la continuidad del poder autócrata, comprometido en un desarrollo estatista, ya se había manifestado en 1859, con la conspiración Decoud-Machaín-Canstatt, aunque no afectó el curso político programado por el jefe de gobierno, Carlos A. López.

Al asumir el gobierno, el mariscal López expuso en un manifiesto lo que se puede considerar como su programa nacional, basado en el ideario de la «regeneración política». Esta implicaba el reconocimiento de la República del Paraguay como un «poder político» entre los países rioplatenses y el logro en el concierto de las naciones de un prestigio internacional. Para cumplir con los principios de ese ideario, el Mariscal demandó a todos los ciudadanos «subordinación y fiel observancia de las leyes», en un marco de «orden, justicia, moralidad, paz, unión y concordia». Consideró que cada país tenía «su peculiar modo de ser o de marchar» y que el orden público y la tranquilidad reposaban en el Paraguay sobre «los hábitos de su misión y respeto a la autoridad», según explicó en una carta al encargado de negocios Manuel Moreira de Castro. Desatado el conflicto, reclamó al pueblo una «respuesta obediente» a su «grito nacional de guerra». El componente emocional de sus arengas y discursos fue el del patriotismo, entendido como «amor a la patria». Tal sentimiento se enroscó con la defensa de la soberanía en circunstancias en que su existencia como Estado independiente estaba en peligro. La imagen del paraguayo, hombre y mujer, niños y ancianos, como patriota y soldado cumplía la función de aunar fuerzas materiales y morales para repeler a los invasores.

La «regeneración política» estaba encabezada por Solano López, quien se propuso mantener y alimentar una relación «mágica» de identificación con la mayoría del pueblo transmitiendo la imagen de «Héroe defensor de la Patria», depositario de todas sus esperanzas. Sin embargo, para sus detractores los pasos para acceder al poder y las acciones que le siguieron lo erigieron en un tirano, un sultán o un emperador, mientras que otro importante sector de la población y del espectro político mostró adhesión a sus principios de gobierno y aceptó su forma de hacer política.

Solano López asentó su régimen, sobre todo, en las Fuerzas Armadas que comandaba y que se había encargado de reformar. La conscripción era universal desde mediados de la década de 1850 y los reclutas provenían tanto de la capital como de los pueblos y ciudades del interior. Unos y otros compartían las prácticas y los ejercicios, criterio cuya aplicación llevó a una igualación y convivencia de los distintos sectores sociales de la población.

Juan Crisóstomo Centurión distinguía a «la clase alta» y a la «clase de pulpería», sosteniendo que, antes de la guerra, la clase baja adoptó una actitud hostil con los sectores pudientes, actitud avalada por el «despotismo estatal», cuya intención era lograr una nivelación social, imposible de alcanzar. Centurión identificaba la «clase de pulperías» con la de todos los trabajadores sin tierras, artesanos y jornaleros.

En cuanto al clero, se habían dado ciertos cambios durante el francismo. Muchos de sus integrantes, pertenecientes a los curatos rurales, pasaron a las filas de esta clase popular, dado el proceso de secularización y estatización de los bienes eclesiásticos que el Dr. Francia emprendió y, por consiguiente, se dio un proceso de nivelación material con esos sectores. Sin embargo, gozaban de un reconocimiento de la población, que respetaba las tradiciones y era profundamente devota, situación que se mantuvo durante los López.

El médico italiano Paolo Mantegazza, que visitó el Paraguay en tiempos de Carlos A. López, opinó, desde una perspectiva muy parcial, que la familia López y otras «familias parásitas» constituían una menguada «aristocracia enigmática». Entre este grupo y el sector de esclavos se encontraba, según este viajero, una «multitud» con una economía frugal a base de «mandioca y carne», y señalaba que la clase popular urbana era muy dada a las diversiones, entendiendo por esto su dedicación al juego, al baile, a la bebida y otros placeres. Desde otra óptica, Ildefonso Bermejo opinaba, en un artículo publicado en El Semanario, acerca de la «nueva burguesía pudiente», integrada por aquellos que habían logrado un mejor estatus económico a través del recuperado comercio o bien ejerciendo funciones públicas o adquiriendo tierras fiscales u otros bienes, y que pugnaba por mostrar su nueva clase social en los espacios públicos. Según algunos observadores coetáneos, eran 78 las «cabezas de las familias dirigentes» en Asunción, de las cuales una vez finalizada la guerra solo sobrevivieron cinco (el resto murió en los campos de batalla o ajusticiados como traidores).

Estas familias notables estaban conformadas por jerárquicos funcionarios, comerciantes y grandes hacendados, quienes, a la vez, tenían licencias mercantiles, y altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Opuestas a estas se hallaban las «familias vulgares», el pobrerío urbano blanco o pardo, cuyos integrantes eran reclutados para los distintos emprendimientos estatales y/o formados en diversos oficios en las escuelas talleres. En el medio rural, se encontraba un campesinado que vivía en villas y estaba disperso por todo el país —en el que la mujer cubría roles de gran significación y relevancia— y convivía en ese medio con distintas categorías de trabajadores: peones, arrimados agregados, conchabados, etc.

Solano López heredó un país con una creciente productividad, según la estadística agrícola de 1863. Con el objetivo de incentivar aún más los rendimientos agrícolas y ganaderos, así como organizar mejor el trabajo, dictó instrucciones específicas a los jueces de Paz y otros funcionarios en quienes recaía la administración de la campaña. Con respecto al comercio, desde el Consulado de 1842 se habían comenzado a introducir medidas para romper con el aislamiento heredado de la etapa francista. La cuestión se seguía centrando, y en esos momentos se acentuaba la necesidad de su resolución en el marco de la política rioplatense, en la libre navegación de los ríos Paraguay y Paraná. El 13 de junio de 1864, Francisco Solano López buscó una salida y dispuso nuevas tarifas para artículos de comercio de exportación e importación. Luego, con el bloqueo debido a la guerra, decretó, el 22 de febrero de 1867, la apertura de la vía de comunicación comercial entre Corumbá y Santo Corazón, pueblo de la provincia de Chiquitos, con el objetivo de promover el comercio entre Bolivia y el litoral del río Paraguay. También otorgó permiso de libre extracción de la moneda metálica vía Corumbá para los importadores de las provincias bolivianas y una exportación libre de los productos paraguayos.

LOS TIEMPOS DE LA GUERRA

La convocatoria del Congreso de 1865 tuvo la intención de que se legitimara la guerra —que ya se había iniciado— con el argumento de que Francisco Solano López iba a «consultar la voluntad de la Nación». Al validar el Congreso la decisión adoptada, dio curso legal a un trascendente hecho que alteró trágicamente la historia del país. Todo el pueblo se movilizó y, si bien los exiliados se encargaron de atacar al régimen, la mayoría de los paraguayos se mostraron cohesionados frente al conflicto. William Hadfield, secretario del comité que propiciaba el servicio de vapores desde Liverpool hacia Brasil y el Río de la Plata, estaba convencido del potencial comercial del Paraguay, pero observó (caracterización que se difundió en el exterior) que los paraguayos no eran buenos para una ofensiva, sobre todo en el caso de tener que combatir fuera de los límites del país, pero eran tenaces en la defensa e intrépidos frente al peligro. Durante el desarrollo de la guerra, los paraguayos defendieron palmo a palmo el territorio, contribuyendo toda la población, tanto pudientes como los que no lo eran, con el costo de la guerra, aportes que constan en voluminosos legajos del Archivo Nacional de Asunción.

Los periódicos editados durante la guerra por parte del gobierno paraguayo difundieron, entre las tropas y la población, las informaciones de los acontecimientos según la óptica del régimen de López, coadyuvando con sus opiniones a crear la imagen estereotipada del enemigo. Aparecieron periódicos como Cacique Lambaré, escrito completamente en guaraní, y Cabichuí, en el que se mezclaba castellano y guaraní, lo que supuso la utilización por primera vez de esta lengua en el periodismo paraguayo en forma sistemática. Estos periódicos sirvieron de eficaces vehículos de transmisión del ideario del Mariscal: para hacerlo, se basaron en la tradición y en una idea de Patria y de Nación que respetaba las raíces ancestrales del pueblo paraguayo. Cabichuí, por ejemplo, desde su aparición, el 13 de mayo de 1867, hasta su extinción en San Fernando, el 20 de agosto de 1868, publicó 95 números, cuyas páginas estaban ilustradas con retratos y caricaturas de escenas y personajes de la «gran epopeya». A su vez, el Cacique Lambaré contaba con una viñeta que representaba a este cacique en actitud de sepultarse al pie del cerro antes que ver a su patria deshonrada. El Ejército imperial brasileño era el blanco predilecto de los epítetos más fuertes y denotativos, mientras que al presidente argentino, Bartolomé Mitre, le dedicaron varios poemas y caricaturas aludiendo a su condición de «traidor», además de alusiones personales sobre otros jefes y oficiales de las tropas enemigas.

La Guerra de la Triple Alianza, también llamada por los paraguayos «Guerra Grande», por los brasileños «Guerra do Paraguai» y por los uruguayos y argentinos «Guerra del Paraguay», fue el conflicto bélico en el cual una coalición, conformada por Brasil, Uruguay y Argentina, se enfrentó militarmente contra Paraguay. El origen inmediato de la contienda se encuentra en 1863, cuando fue derrocado el gobierno blanco de Uruguay, de tendencia federal y único aliado del Paraguay en la región. Solano López se aprestó a intervenir en defensa del régimen depuesto y le declaró la guerra al Imperio brasileño. Si bien el gobierno de Mitre se había manifestado neutral, no permitió el paso por Corrientes de las tropas comandadas por el presidente paraguayo, quien, ante esta actitud, se vio obligado a declarar la guerra también a la Argentina, país en donde la entrada al conflicto no gozaba de popularidad. Argentina junto con Uruguay y Brasil firmaron, en mayo de 1865, el Tratado de la Triple Alianza, en el que se fijaron los objetivos de la guerra y las condiciones de rendición que se le impondrían al Paraguay. El jurista argentino Juan Bautista Alberdi, una vez difundido dicho tratado, se convirtió en el «campeón» de la causa paraguaya, y otros países americanos (los de la costa del Pacífico) reclamaron el cese de las hostilidades y protestaron por los términos del tratado. El conflicto no tuvo precedentes en la historia de América Latina, por su duración, el elevado número de víctimas y sus consecuencias, que implicaron el inicio de una nueva etapa en el espacio rioplatense.

A fines de 1864, cuando había tenido lugar la intervención brasileña en Uruguay, fue apresado en el puerto de Asunción el navío Marqués de Olinda, de la Compañía de Navegación a Vapor del Alto Uruguay, que pretendía mantener una línea fluvial regular entre Montevideo y Cuiabá, la capital matogrossense, dadas las dificultades de conexión existentes entre Mato Grosso y Río de Janeiro. Solano López ordenó la captura del mencionado barco cuando, tras haberse reabastecido en el puerto asunceno, navegaba aguas arribas transportando al nuevo presidente de Mato Grosso, Carneiro de Campos. Este acto implicó el comienzo de la anunciada y previsible guerra entre Brasil y Paraguay, siendo el primer teatro de la contienda la frontera concepcionera-matogrossense. El sentido primordial de esta invasión, iniciada en diciembre de 1864, fue demostrar los derechos soberanos sobre un territorio que se encontraba en litigio, una cuestión de límites que se resolvió una vez finalizada la Guerra Grande.

Entre las causas de la contienda, la política desarrollada por los países beligerantes en las décadas de 1850 y 1860 tuvo mucho que ver con una gran cantidad de cuestiones no resueltas y que definían temas de soberanía y de territorialidad de los nuevos estados de América del Sur. También incidió la presión de intereses extranjeros, sobre todo británicos, que eran los principales proveedores de armas y de personal técnico al Paraguay de los López. Se estima que, a mediados de 1850, aportaban un 75% de las importaciones paraguayas, y a quienes les interesaba imponer su política librecambista, en el marco de la expansión del capitalismo. Privadamente, la mayoría de los diplomáticos británicos en el Río de la Plata fueron muy críticos con el régimen de los López y no dejaron, casi en su totalidad, de culpar al Paraguay por el estallido de la guerra. También resulta significativo que Gran Bretaña realizara muy pocos esfuerzos por mediar entre Paraguay y los integrantes de la Triple Alianza. Igualmente, no puede dejarse de señalar que, si bien la exportación de armas y municiones al Río de la Plata fue prohibida en 1865, Brasil siguió recibiéndolas a través de una fluida comunicación marítima. Además, tanto Brasil como Argentina obtuvieron financiamiento para la guerra a través de las casas de empréstitos inglesas, vía que le resultó conveniente a Gran Bretaña, ya que pasaba por una situación angustiosa debido a la crisis del algodón, provocada por la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865), aunque rápidamente había buscado aprovisionarse de otros productores como Egipto y el mismo Brasil. De todas maneras, Paraguay podía abrirle a Gran Bretaña nuevas perspectivas de inversión, ante la novísima pero creciente producción algodonera registrada en 1863, fruto de las 800.000 hectáreas plantadas en territorio paraguayo. Sin embargo, la cuestión era que Paraguay poseía su propia industria y se mostraba reacio a entrar en negociaciones crediticias con la alta banca londinense, por lo que Gran Bretaña inclinó la balanza a favor de la Argentina y del Imperio de Brasil.

En el desencadenamiento del conflicto mucho tuvieron que ver las cuestiones de límites y navegación que entretejieron las relaciones platinas en la década de 1850 y 1860, cuando no se descartaba el estallido de un conflicto entre Brasil y Paraguay, no solo por el desacuerdo en materia de límites en la zona del río Apa, en el norte paraguayo, sino por la restricción impuesta por el gobierno de López a la navegación del río Paraguay, situación que para el Imperio era crucial, porque representaba la absoluta incomunicación con sus territorios de Mato Grosso. En este sentido es importante resaltar el Protocolo secreto firmado entre Brasil y Argentina en diciembre de 1857, por el que se establecía que si el gobierno brasileño se veía obligado a recurrir a medidas coercitivas e incluso ir a la guerra contra el Paraguay, la Confederación garantizaba su consentimiento para que las fuerzas brasileñas atravesaran el territorio de Corrientes.

Mientras que Carlos A. López actuó pragmáticamente y buscó un equilibrio en el campo de las relaciones exteriores, en particular con los países vecinos, su hijo Francisco Solano inició una política acorde con lo expresado en el Manifiesto de Asunción: participación en las cuestiones regionales, a pesar de que tanto Brasil como la Confederación no lo trataban de igual a igual. Si el proceso que condujo a la guerra marcó el triunfo más alto del estilo político de Solano López como jefe de la Nación, la guerra, paulatinamente, puso fin a su eficacia ante la presión de los acontecimientos. A medida que el conflicto reveló su verdadera dimensión, y el país advirtió que tenía que afrontar su primera guerra moderna, la política seguida por el presidente tuvo que acudir cada vez más a mecanismos de corte autoritario.

Tras la invasión de la provincia de Corrientes por el ejército paraguayo como consecuencia de los sucesos en Uruguay, en abril de 1865, el primer mandatario argentino, Bartolomé Mitre, prometió una guerra rápida, visión apoyada por otros ministros de su gestión, sin evaluar la verdadera situación a la que se enfrentaba y los recursos con que contaba. Entre diciembre de 1864 y mediados de septiembre de 1865, las tropas armadas paraguayas invadieron el territorio brasileño y el argentino con la intención de conseguir una victoria decisiva por medio de una guerra relámpago y constituir un nuevo equilibrio en la cuenca del Plata.

El plan se vio frustrado porque las fuerzas invasoras de Corrientes y de Río Grande do Sul no aprovecharon adecuadamente el factor sorpresa y su aliado en Uruguay, el partido blanco, fue desplazado del poder. El tratado de mayo de 1865 fue la ocasión para avanzar en una alianza estratégica de mayor alcance, por la cual Argentina y Brasil establecieron una política de cooperación en el Río de la Plata, en la que ejercerían una hegemonía compartida que sustituyera las rivalidades y las disputas que habían predominado en sus relaciones. Esta cooperación no se dio y, por el contrario, la Alianza tuvo que enfrentar divergencias que se manifestaron en el curso de los acontecimientos. Desde la segunda mitad de 1866, con excepción de la inflexible decisión del Imperio del Brasil, tanto Argentina como Uruguay quisieron poner fin al conflicto. El desastre aliado en Curupayty asustó de tal manera al Congreso argentino, que autorizó a Mitre a negociar con el Paraguay una tregua o una paz definitiva y a no cumplir el tratado, pero el Gobierno imperial recusó la iniciativa y se negó a permitir cualquier tipo de modificación en el pacto. Impopularidad y cansancio adquirieron visos de sublevaciones en la Confederación: a fines de 1866, se sucedieron montoneras y rebeliones de las provincias argentinas contra el Gobierno central, que se prolongaron durante todo el año siguiente. En noviembre de ese año, por ejemplo, se sublevaron doscientos ochenta soldados que estaban acuartelados en Mendoza, a la espera de marchar hacia el teatro del conflicto.

Los acontecimientos de la guerra prosiguieron y también los actos de heroísmo. A los hechos mencionados: la invasión brasileña al Uruguay, el apresamiento del navío brasileño Marqués de Olinda en aguas paraguayas, el fin de la guerra en la Banda oriental, la ofensiva paraguaya sobre Mato Grosso, las declaraciones de guerra y el Tratado de la Triple Alianza, les siguieron el combate de Riachuelo, la rendición de Uruguayana, las batallas de Estero Bellaco, Tuyutí, Sauce, Boquerón Curupayty; las campañas de Humaitá y de Pikysyry; el combate de Lomas Valentinas, la batalla de Piribebuy y la campaña de la Cordillera. Iniciada la fase final de la contienda, Asunción fue ocupada por los aliados en enero de 1869 y, según concuerdan todos los testimonios, el pillaje llevado a cabo por las fuerzas brasileñas, comandadas por el general en jefe, Marqués de Caxias, estuvo a la orden del día. La ciudad sufrió un saqueo devastador, en especial los depósitos de tabaco, cuyos propietarios eran en su mayoría extranjeros. Un periódico francés del Río de la Plata expresaba: «Los soldados de la Revolución, los apóstoles del progreso, los misioneros de la libertad, han actuado exactamente como los romanos en la toma de Jerusalén, como los turcos en la toma de Missolonghi». A pesar de la ocupación de la capital, López logró rejuntar un ejército de 12.000 almas, integrado por pocos soldados profesionales y mayoritariamente por viejos y niños. El Imperio, frente a esta reacción, decidió continuar la guerra sin cuartel, mientras que los argentinos y uruguayos consideraron que, ocupada Asunción, la guerra había finalizado, por lo que dejaron unos pocos regimientos y se marcharon de regreso a sus países. En el combate de Cerro Corá (1870), el último de la guerra, los escasos combatientes paraguayos se enfrentaron a las fuerzas brasileñas, superiores en número. El combate terminó con la muerte del mariscal López y el exterminio de los sobrevivientes. El país, ocupado por las fuerzas militares del Imperio, quedó totalmente en ruinas.

Cualquier intento por evaluar el costo de la guerra implica entrar en la confusión. Uno de los datos más controvertidos consiste en la evaluación del número y la naturaleza de la población paraguaya. Paraguay tenía, al comienzo de la guerra, pocos habitantes menos que Argentina; pero, una vez finalizada la contienda, la diferencia fue notable. George G. Petre, ministro británico en Argentina, insistió en que la población se redujo de cerca de 1.000.000 de personas, que había en 1864 (según información volcada por Alfredo Du Graty), a no más de 300.000, de las cuales más de las tres cuartas partes eran mujeres. Sea cual sea el cálculo que se acepte respecto de la población antes de la guerra —450.000 habitantes es probablemente la cifra más correcta—, cerca de la mitad pereció durante la contienda. La relación de mujeres por varón se calculó en alrededor de cuatro a uno, pero hubo sitios donde la diferencia era mucho mayor. La cuestión es que no existe un censo confiable de los años que antecedieron a la conflagración. El último conocido fue el de 1846, que consignó 238.862 habitantes, aunque no se registraron algunos distritos y se subestimó la población infantil. Con todo, se puede evaluar aplicando una tasa de crecimiento poblacional de entre 1,7-2,5% anual, que eran los promedios habituales en la región en esa época, por lo que en Paraguay había, en 1864, entre 420.000 y 450.000 personas, aproximadamente. Sobre la base de estas cifras, tan solo en un lustro desapareció un porcentaje enorme de la población total del país, lo que constituye una situación sin precedentes, si se lo compara con otras situaciones similares que se han dado en la historia de las naciones modernas. Sin embargo, otros investigadores sostienen que la población de posguerra era de 220.000 personas.

Gran parte de las víctimas de la guerra fallecieron en combate, como lo prueba la altísima disminución de la población masculina. El resto murió a causa de crímenes, penurias y, sobre todo, enfermedades, hambre y agotamiento, teniendo en cuenta que el país sufrió un colapso productivo durante los largos años de la guerra, precisamente por la falta de mano de obra masculina para realizar los trabajos intensivos de las chacras, que obligó a las mujeres a efectuar todo tipo de actividades. Todo esto generó un círculo vicioso de hambre, miseria, enfermedades y muerte, del que fue muy difícil recuperarse, proceso en el que la mujer paraguaya cumplió un eficaz y loable papel.

Las consecuencias más visibles de la guerra fueron los cambios concernientes a sus habitantes, una de cuyas manifestaciones fue el desequilibrio que creó, no solo entre los sexos, sino entre las generaciones. Los efectos de la conflagración no se agotaron en las transformaciones que la sociedad misma experimentó en cuanto a la densidad de población, a la estructura familiar, al relevo generacional y al lugar de los individuos en el orden social. El campo político tuvo que reacomodarse rápidamente frente a las fuerzas de ocupación y reorganizar todos los estamentos del Estado y de la administración pública.

Otras consecuencias notorias fueron las relacionadas con las pérdidas de gran parte de su patrimonio cultural, como archivos del Estado y bibliotecas; la destrucción de lugares de memoria colectiva, como monumentos y símbolos nacionales; y restricciones como la prohibición del uso del idioma guaraní, que básicamente tuvieron su origen en la reacción contra el programa de reconstrucción nacional del lopismo.

El conflicto también trajo otro efecto: la pérdida de una parte importante del territorio que se había heredado de la colonia, alrededor de 160.000 km². Algunos autores la clasificaron como una «guerra total», porque interfirió profunda y decisivamente en la vida de las poblaciones que se vieron afectadas con la movilización de hombres y recursos, la destrucción de las actividades productivas y la interrupción de los intercambios comerciales. Para otros, no alcanzó tal dimensión; si bien es cierto que afectó a civiles y militares por igual, fue de tal magnitud que involucró a la mayor cantidad de soldados que recuerda la historia de América Latina.

Habría que analizar en profundidad algunas cuestiones que atañen no solo a los elementos materiales, sino a los sentimientos de pertenencia identitaria, a las formas de hacer política y a las intencionalidades económicas. Y, sobre todo, enfrentarse a los contenidos y representaciones de un relato construido desde fines del siglo XIX, que se mantiene vigente y que sigue siendo referencial, porque cada uno conoce e interpreta los hechos de la guerra al mismo tiempo que impregna el espacio público y el imaginario colectivo, pivotes fundamentales de toda conformación identitaria que, al preguntarse sobre su futuro, se remonta a su pasado buscando respuestas que mucho tienen que ver con las experiencias históricas transitadas por la sociedad paraguaya. La guerra en sí misma, la representación de sus vivencias, los relatos transmitidos de generación en generación, en simbiosis con el imaginario colectivo, enmarcan para el pueblo paraguayo una tragedia de inconmensurables dimensiones, cuyos significados difieren, resignificándose continuamente. La guerra ha impactado no solo en la esfera político-ideológica, sino también en la de los sentimientos, aguijoneando la conciencia que sin duda, tiene que dar lugar a seguir repensando y democratizando lá escritura de la historia.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

En la siguiente bibliografía solo se hace mención de algunos títulos, ante la imposibilidad de poder citarlos todos en este capítulo, recalcando que los que no se incluyen no dejan de realizar valiosos aportes.

Los pioneros trabajos de Rafael Eladio Velázquez caracterizan la sociedad, la política y la cultura de distintas épocas: El Paraguay en 1811. Estado político, social, económico y cultural en las postrimerías del periodo colonial (Asunción, 1965) y Breve Historia de la Cultura en el Paraguay (Asunción, 1965).

En Una visión socioantropológica del Paraguay del siglo XIX (Asunción, Museo Etnográfico Andrés Barbero, 1992), Branislava Susnik analiza también la conformación social, haciendo hincapié en elementos que inciden en la construcción cultural e identitaria.

Sugerentes observaciones sobre la historiografía son expuestas por John Hoyt Williams, «Del calor al frío. Una visión personal de la historiografía paraguaya» (Estudios Paraguayos, Asunción, Universidad Católica de Asunción, v. 1, 1973).

Blas Garay es uno de los primeros en enfocar la dictadura, utilizando renovados materiales documentales, en Tres ensayos sobre historia del Paraguay (Asunción, Guarania, 1942). A su vez, Fulgencio R. Moreno da importancia al factor económico en Estudio sobre la Independencia del Paraguay (Asunción, Carlos Schauman Editor, Comuneros, 3.ª ed., 1985). Cecilio Báez, Ensayo sobre el Doctor Francia, la dictadura en Sudamérica (Asunción, H. Kraus, 1910), reconoce al Dr. Francia como el fundador del Estado. Por su parte, Justo Pastor Benítez, en La vida solitaria del Dr. José Gaspar de Francia. Dictador del Paraguay (Buenos Aires, El Ateneo, 1937), sostiene que la dictadura es una necesidad histórica. José Antonio Vázquez valoriza el régimen en El Doctor Francia. Visto y oído por sus contemporáneos (Buenos Aires, EUDEBA, 1975). La biografía que intenta superar la antinomia francismo-antifrancismo es la de Julio César Chaves, El supremo Dictador. Biografía de José Gaspar de Francia (Buenos Aires, Nizza, 1958), al considerarlo no como el fundador de la independencia, sino como su más enérgico defensor. John H. Williams analiza en The Rise and Fall of the Paraguayan Republic. 1800-1840 (Austin, Institute of Latin American Studies. The University of Texas, 1969) la formación de la República desde una óptica económico-social. Raúl de Andrada e Silva, en Ensaio sobre a dictadura do Paraguay. 1814-1840 (São Paulo, Universidade de São Paulo/Fundo de Pesquisa do Museo Paulista, v. 3, 1978), argumenta que la dictadura es un régimen de rigor, pero, al mismo tiempo, de orden y seguridad, sensible a las necesidades de los humildes. Richard L. White estudia «La política económica del Paraguay popular(1810-1840). La primera revolución radical de América» (Estudios Paraguayos, v. 3, n. 1, junio 1975; v. 3, n. 2, diciembre 1975; v. 4, n. 1, diciembre 1976) y sostiene la radicalización del proceso que se corresponde con las ideologías y realidades históricas de la época. Para Sergio Guerra Vilaboy, «El Paraguay del Doctor Francia» (Crítica y Utopía, Buenos Aires, n. 5, 1946, pp. 93-125), la independencia paraguaya es un caso singular y basa su interpretación en el análisis de clase y de la dependencia. Adriano Irala Burgos indaga el Estado paraguayo como matriz del hombre individuo social, y la ideología y el discurso político de la época, en La ideología del Dr. Francia (Asunción, Carlos Schauman Editor, 1988). La compilación de Jerry W. Cooney y Thomas Whigham, El Paraguay bajo el Dr. Francia. Ensayos sobre la Sociedad Patrimonial (1814-1840) (Asunción, El Lector, 1996), agrupa trabajos bajo un denominador común: la sociedad patrimonial. Antonio R. Ramos aborda sus propuestas de política exterior en La política del Brasil en el Paraguay bajo la dictadura del Dr. Francia (Buenos Aires, Nizza, 1959). Estudios recientes se plantean, desde otras perspectivas, el proceso de independencia y la dictadura. Nora E. Bouvet se interesa en la escritura y el lenguaje de los protagonistas en Poder y escritura. El doctor Francia y la construcción del Estado paraguayo (Buenos Aires, EUDEBA, 2009). Nidia R. Areces, en Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno del Dr. Francia (Asunción, CEADUC, 2007) y otros trabajos reflexiona sobre la construcción del Estado y el poder dictatorial.

En cuanto a la historiografía sobre la presidencia de Carlos A. López, Juan F. Pérez Acosta lo presenta como el constructor eficaz y laborioso del Estado paraguayo en Carlos Antonio López: Obrero Máximo (Buenos Aires, Guarania, 1948). Una obra coetánea de carácter doctrinario, El Paraguay: lo que fue, lo que es y lo que será (1848), de Juan Andrés Gelly, traducida a varios idiomas, fue escrita con la intención de dar a conocer la plataforma política lopista. Julio César Chaves analiza las cuestiones de límites y libre navegación, presentando a López como el forjador de la identidad nacional que concentra un poder discrecional, en El Presidente López. Vida y gobierno de Don Carlos (Buenos Aires, Ayacucho, 1955). En Hombres y épocas del Paraguay (Buenos Aires, Nizza, 1957), Arturo Bray aborda biografías de gobernantes desde Francia hasta Francisco Solano López y sobre este escribe Solano López: soldado de la gloria y del infortunio (Buenos Aires, G. Kraft, 1945). Justo Pastor Benítez analiza la incidencia que en ella tiene la gestión del presidente López, en Carlos Antonio López: estructuración del Estado paraguayo (Asunción, C. Schauman, 1990, 1.ª ed, 1949). Jerry Cooney y Thomas L. Whigham (comps.), en El Paraguay bajo los López. Algunos ensayos de historia social y política (Asunción, CPES, 1994), reúnen trabajos a través de los cuales brindan un vivencial cuadro del complejo social.

La producción sobre el mariscal Francisco Solano López y la guerra es de una gran extensión y oscila entre una perspectiva académica y una militante. Sobre el Mariscal y su actuación se manifiestan actuales sostenedores que siguen, entre otros, a Juan O’Leary, El libro de los héroes: páginas históricas de la guerra del Paraguay (Asunción, Librería La Mundial, 1922). Efraím Cardozo documenta los sucesos del Río de la Plata que conducen al estallido de la guerra en Vísperas de la guerra del Paraguay (Buenos Aires, El Ateneo, 1954). Este tema lo estudia también Pelham Horton Box en Los orígenes de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza (Buenos Aires, Nizza, 1958). Entre los argentinos, Ramón J. Cárcano, en Guerra del Paraguay. Acción y reacción de la Triple Alianza (Buenos Aires, D. Viau, 1941), plantea que esta se entrelaza con las luchas facciosas de la organización nacional rioplatense. León Pomer, desde el revisionismo, denuncia el rol de Gran Bretaña en el conflicto y sus vínculos con el mitrismo, los colorados orientales y el Imperio del Brasil, en La guerra del Paraguay. Estado, política y negocios (Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1971). Recientemente Liliana Brezzo, en La Guerra de la Triple Alianza en los límites de la ortodoxia: mitos y tabúes (Talca, Ed. de la Universidad de Talca, 2007) y otros trabajos, realiza interesantes aportes. Guido Rodríguez Alcalá, en Imágenes de la guerra y del sistema (Paris, Revue Nuevos Mundos, 2006), se centra en la idealización de la guerra. Otras contribuciones son las de Diego Abente Brun en «La guerra de la Triple Alianza: tres modelos explicativos» (Revista Paraguaya de Sociología 64, 1, Asunción, CPES, 1989, pp. 175-197), y de Juan Carlos Herken Krauer, Gran Bretaña y la Guerra de la Triple Alianza (Asunción, Arte Nuevo, 1983), quien analiza las imágenes sobre la guerra expresadas por el diario The Times, en Londres. El brasileño Francisco Doratioto, en Maldita guerra. Nueva historia de la Guerra del Paraguay (Buenos Aires, Emecé, 2004), se propone como objetivo analizar la política exterior del Imperio. Desde el revisionismo, Júlio José Chiavenato plantea el Genocidio Americano: a Guerra do Paraguay (São Paulo, Ed. Brasiliense, 1979). Son sugerentes los desarrollos de Thomas Whigham en The Paraguayan War. Causes and Early Conduct (Nebraska Press, 2002, v. 1) y «La guerra destruye, la guerra construye. Ensayo sobre el desarrollo del nacionalismo en Sudamérica» (Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios: 2006. http://nuevomundo.revues.org/index2074.html). Distintos textos y temas son analizados por Milda Rivarola en La polémica francesa sobre la Guerra Grande (Asunción, Editorial Histórica, 1988). Margarita Kallsen Gini elabora un completo estado de la cuestión en «Referencias bibliográficas de la historia paraguaya. Guerra contra la Triple Alianza» (Asunción, Estudios Paraguayos, Universidad Católica, v. 1, 1989). Los trabajos editados por Nicolas Richard (e. a.), Les guerres du Paraguay aux XIX et XX siècles (Paris, CoLibris éditions, 2007), brindan una mirada global sobre los conflictos bélicos paraguayos de los tiempos contemporáneos.

Por último, es de rigor citar las obras de algunos autores que aparecen en el capítulo: Juan Crisóstomo Centurión, en Memorias o reminiscencias históricas sobre la Guerra del Paraguay (Asunción, Ed. Guarania, 1994); el español Ildefonso Antonio Bermejo, en Vida paraguaya en tiempos del viejo López (Buenos Aires, EUDEBA, 1973); y la obra de Johan R. Rengger y Marcelin Lompchamp, Ensayo histórico sobre la Revolución del Paraguay y el gobierno dictatorial del doctor Francia (París, 1827).

CAPÍTULO IX

RECONSTRUCCIÓN, PODER POLÍTICO
Y REVOLUCIONES (1870-1920)

Liliana M. Brezzo

Dirimidas las pugnas por hacerse con el poder por parte de las facciones políticas emergentes en la primera década de la posguerra, finiquitadas las cuestiones de límites con los gobiernos de la Triple Alianza y asentadas las bases del plan de reconstrucción nacional, en 1880 comenzó para el país una época de estabilidad política que se prolongó durante casi un cuarto de siglo, hasta que una coalición de intereses, unida a la oposición del Partido Liberal, acabó con el régimen colorado. Una vez vencido el enemigo común, las facciones del liberalismo reanudaron sus antiguas luchas intestinas, promoviendo un ciclo revolucionario que tendría su fin después de las trágicas jornadas de 1911-1912. Los colorados, por su parte, a partir de la instauración del nuevo orden político, rehusaron presentar candidatos porque no tenían fe alguna en la promesa de elecciones limpias que hicieron los liberales, por lo que adoptaron una política oficial de abstencionismo. Desde que cayeron del gobierno, en 1904, se negaron a participar en las elecciones y su objetivo consistió, desde ese momento, en fomentar la fragmentación entre los liberales y aprovechar, luego, la oportunidad para recuperar el poder. Entre tanto, los liberales cívicos (una facción del partido) estaban dispuestos a buscar el apoyo de los colorados para contrarrestar la fuerza de los liberales radicales, una facción mucho más numerosa. Y, al mismo tiempo, tanto liberales como colorados no dejaron de agitar la tradicional cuestión de declararse amigos o enemigos del Brasil o la Argentina, lo que produjo la internacionalización de la política interna.

LA SOCIEDAD DE LA POSGUERRA

La guerra del Paraguay contra la Triple Alianza fue única en el escenario latinoamericano por su duración, el número de víctimas y sus consecuencias. Si tenemos en cuenta la desproporción entre los problemas regionales que constituyeron sus antecedentes y su desenlace, bien podría concluirse que fue, en sentido no figurado, «un sangriento monumento a la ignorancia y al malentendido».

En lo que respecta al Paraguay, la hecatombe fue de tal magnitud que todo su tejido económico, social, político y cultural quedó deshecho. Las consecuencias más visibles fueron los cambios concernientes a los habitantes, cuya manifestación paroxísmica fue el desequilibrio demográfico que estableció entre sexos y generaciones. Según cálculos modernos e imparciales, Paraguay contaba con, aproximadamente, 500.000 habitantes en 1865, que quedaron reducidos en 1870 a menos de la mitad, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. La guerra significó un nuevo punto de partida en la evolución de esa población, por cuanto no solo provocó una constricción considerable de los combatientes, es decir, de aquel segmento de sexo masculino en edad activa, sino que estimuló, a su vez, un manifiesto y excesivo engrosamiento de los otros contingentes en edades no productivas y, en especial, del sexo femenino. Es factible inferir, además, otra serie de secuelas sociales y emocionales ante semejante devastación. Entre ellas, cabe mencionar el cambio sustancial del papel de la mujer, por ejemplo, en la organización interna del núcleo familiar y en su intervención en el sistema de producción económica, debido a que un apreciable número de familias debieron contar con una mujer como único sostén y principal orientadora.

Otro de los efectos de la guerra hay que buscarlo en el éxodo de la población hacia regiones del país que se suponían más seguras, a medida que el ejército aliado fue ocupando el territorio paraguayo. Una vez finalizada la contienda, toda esa población civil se dirigió a Asunción, único centro urbano del país, y a los poblados aledaños —cubriendo una franja de 70 kilómetros a lo largo de la vía férrea entre Asunción y Paraguarí— en busca de recursos para superar su mísero estado. Este proceso de reasentamiento provocó una superpoblación en la capital que, de estar totalmente deshabitada, pasó a tener, entre enero y marzo de 1869, alrededor de 14.000 personas, entre militares y civiles. Esto obligó al gobierno provisorio, instalado en el mes de agosto del mismo año, a decretar una serie de traslados compulsivos —sobre todo de los desamparados y sin sustento— a campos vecinos. Tal conglomerado urbano hizo aumentar la mortalidad, las epidemias y la miseria. El fenómeno de la mendicidad llegó a su extremo entre aquellos que pertenecieron a la clase más pobre, al no conseguir volver a su casa ni establecerse de nuevo. Investigaciones sobre la posguerra se han ocupado de analizar, basándose en crónicas recogidas en los periódicos paraguayos, los fenómenos de prostitución y vagancia que se vivieron en el espacio urbano, ocupado, por un lado, por un crecido número de tropas aliadas, vivanderos y comerciantes extranjeros; y, por otro, por la población civil paraguaya, circunstancia que implicó una convivencia entre vencedores y vencidos, en una situación de verdadera asimetría, que supuso relaciones espinosas y precarias, en las que la violencia tuvo manifestaciones desproporcionadas y difíciles de contener.

La evocación de estos efectos negativos de la guerra exime de la necesidad de abundar en los destrozos ocasionados por el paso de las tropas enemigas en territorio paraguayo. Asunción fue saqueada, a partir del mes de enero de 1869, cuando entraron las fuerzas aliadas: los muebles de las casas, las mercaderías, todo lo que constituía la fortuna de sus habitantes fue robado, así como los depósitos particulares de tabaco, cueros y suelas. Estos destrozos afectaron más crudamente a los que tenían algo que perder, aunque fuese poco. Los pobladores urbanos se vieron privados de sus bienes inmobiliarios porque todas las viviendas particulares fueron ocupadas por vivanderos, comerciantes y extranjeros que seguían al ejército aliado y que presentaron a sus antiguos propietarios contratos de locación o títulos fraguados, mientras que los edificios del Estado quedaron a disposición de los jefes aliados.

La del Paraguay, como toda guerra, favoreció, a su vez, a las personas con más suerte o más hábiles. Vía estrecha, pero brillante, por medio de la cual muchos hombres de negocios y manipuladores de dinero lograron un ascenso en la escala social. Detrás de las fuerzas militares marchaban proveedores —buscadores de fortuna con poco o ningún escrúpulo— que se lanzaron tras el negocio del aprovisionamiento, pues el Ejército no contaba con servicios propios de intendencia, estableciendo hoteles, restaurantes, cafés, confiterías, tiendas y almacenes bien surtidos; ferreterías, carpinterías, boticas, peluquerías, casas de remates y bancarias. Estos proveedores abastecieron no solo a las tropas de ocupación, sino a toda la población civil, y se convirtieron en la única fuente de suministro de bienes y servicios. A falta de excedentes de producción local, todos los alimentos y productos manufacturados provenían de Buenos Aires, que se convirtió en el gran centro abastecedor. Y en una plaza llena de necesidades, como era Asunción, donde no existían ni competencia ni precios de mercado, y con el hambre a cuestas, «nadie discutía el precio del kilo de fideos o de un pedazo de carne», por lo que las ganancias de cada venta eran altísimas. La guerra incitó, entonces, dos movimientos inversos y simultáneos: de pauperización y de promoción social.

Los efectos del cataclismo bélico sobre la sociedad paraguaya no se agotan en esta descripción, pero pueden guiar acerca de la reflexión sobre los cambios sociales operados, que concernieron tanto a los individuos como a las estructuras sociales, más discretas y profundas. Como epifenómeno, el enfrentamiento bélico actuó sobre el ritmo de transformaciones ya comenzadas y, de hecho, aceleró la adopción de los principios liberales compartidos por los estados de la región desde mediados de siglo XIX.

Una vez que las fuerzas aliadas ocuparon la capital paraguaya, la guerra se dio por concluida. Las acciones militares se limitaron a perseguir a Francisco Solano López y a los restos del ejército paraguayo, hasta que, el 1 de marzo de 1870, las tropas brasileñas alcanzaron y dieron muerte a López en Cerro Corá. Poco antes, el 25 de agosto de 1869, asumió, previo acuerdo de los vencedores, un gobierno provisorio, bajo la forma de un Triunvirato, integrado por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya, que declaró al ex presidente paraguayo «fuera de la ley y para siempre arrojado del suelo paraguayo, como asesino de su patria y enemigo del género humano».

Al mismo tiempo, un núcleo de ciudadanos que había vivido exiliado durante los gobiernos de Francia y de los López regresó al país, decidido a instaurar un régimen constitucional que garantizase, según su entender, aquellos derechos políticos y económicos básicos que no habían sido respetados antes de la guerra. Entre estos retornados se encontraban Juan José y José Segundo Decoud, Facundo Machaín y Benigno Ferreira. Algunos de ellos combatieron a Solano López enrolados en el ejército argentino o en la unidad de la Legión Paraguaya, cuyos integrantes eran conocidos como los «legionarios». Este grupo, que consideró la derrota la oportunidad de edificar un nuevo país, se vio enfrentado con aquellos que habían combatido en las filas de López, para los que la guerra había constituido una acción de defensa nacional en contra del invasor extranjero. A los integrantes de este sector, que en los comienzos estuvo liderado por Cándido Bareiro, se los denominó «lopistas» o «reconstructores», y en sus filas se integraron militares, como los generales Bernardino Caballero y Patricio Escobar; ex funcionarios del gobierno de López, como Félix Egusquiza y Carlos Saguier; y estudiantes y becados en Europa, como los hermanos Cayo y Fulgencio Miltos y Juan A. Jara. Ambas facciones fueron la base de los que luego serían los dos partidos políticos tradicionales. Los denominados «legionarios» fundaron, en 1870, el Gran Club del Pueblo; y los seguidores de Bareiro, el Club del Pueblo.

Mediante el decreto del 5 de febrero de 1870, casi un mes antes de la muerte del mariscal López, el Triunvirato estableció las garantías civiles y políticas de los ciudadanos hasta tanto se promulgara una Constitución. Con esta normativa quedó declarada la caducidad de la Ley de Administración Política promulgada por Carlos A. López en 1844. Poco después, se convocó a elecciones de representantes para integrar una Convención Nacional Constituyente, que coronó sus trabajos con la sanción y la jura de la Constitución, el 25 de noviembre de 1870. Esta norma, que rigió el país por espacio de siete décadas, representó una reacción contra el sistema político imperante desde 1811 e implantó uno de corte democrático-liberal, en concordancia con las constituciones escritas por otras naciones americanas. Sus redactores estaban decididos a extirpar todo vestigio de lo que calificaron «viejo estado socialista despótico» y a introducir el liberalismo y las instituciones democráticas. La Carta Magna estableció el Paraguay como una República, única e indivisible; adoptó para su gobierno la forma democrática representativa y organizó el Estado en tres poderes. Se declararon los derechos del hombre, consagrando la libertad de reunión, de petición, de usar y disponer de la propiedad, de asociación, de religión, de publicar ideas por la prensa, de igualdad ante la ley y de emitir sufragio.

Los gobiernos de la primera década —presididos sucesivamente por Cirilo Antonio Rivarola, Salvador Jovellanos, Juan Bautista Gill, Higinio Uriarte, Cándido Bareiro y Bernardino Caballero— tuvieron que hacer frente a necesidades apremiantes: finiquitar los tratados posbélicos con los países de la Triple Alianza, repoblar el territorio y poner en marcha un proyecto de reconstrucción nacional.

Durante el mandato de Salvador Jovellanos (1871-1874) se inició el proceso de negociaciones de límites con los países vencedores de la guerra. En el mes de enero de 1872, Paraguay y Brasil firmaron un acuerdo general de Paz y Límites, otro de Extradición y un tercero de Amistad, Comercio y Navegación. Por el primero de ellos, el Paraguay reconoció los derechos del Brasil sobre la zona comprendida entre los ríos Apa y Blanco, un territorio de 3.324 leguas cuadradas (alrededor de 16.500 km²) situado entre las cordilleras de Amambay y Mbaracayú, que el Imperio reclamaba como de su propiedad desde antes de la guerra. Con el segundo, se acordó la permanencia de las tropas brasileñas de ocupación hasta la aprobación de los tratados con Argentina. En cuanto al tercer tratado, Brasil se aseguró el libre tránsito de su producción de Mato Grosso por el territorio paraguayo hacia el Río de la Plata.

Un año más tarde, el gobierno de Uruguay autorizó al plenipotenciario José Sienra Carranza a suscribir los ajustes definitivos con el Paraguay. De este modo, el 13 de diciembre de 1873, se firmó el tratado de Paz y Comercio entre ambos países. Los acuerdos con Argentina se firmaron en Buenos Aires, el 3 de febrero de 1876, durante la presidencia de Juan Bautista Gill (1874-1877). En ellos, Paraguay reconoció el Chaco central como argentino y el río Paraná como límite al sur y al este. A su vez, el resto de la región chaqueña quedó dividida en dos partes: la Argentina renunció a reclamarlo al norte del arroyo Verde, y desde esa misma línea hasta el río Pilcomayo, el territorio quedó sometido a arbitraje del presidente de los Estados Unidos. El 12 de noviembre de 1878, el mandatario estadounidense, Rutherford Hayes, resolvió la cuestión otorgándole al Paraguay «el título legal y justo al territorio situado entre los ríos Pilcomayo y Verde, así como a la Villa Occidental comprendida dentro de él». En agradecimiento a este acto, el Congreso paraguayo determinó, por ley del 13 de mayo de 1879, que fuera cabeza del departamento del Chaco, y la Villa Occidental, en lo sucesivo, pasó a denominarse Villa Hayes. Asimismo, Paraguay aceptó pagar todos los gastos de guerra e «indemnización por los daños causados a la propiedad pública y privada». Una vez finalizados estos acuerdos diplomáticos, en junio de 1876, después de seis años de terminada la guerra, se completó la desocupación militar del territorio paraguayo por parte de las fuerzas militares aliadas.

Otros aspectos derivados del conflicto armado demandaron también negociaciones diplomáticas. Una cuestión delicada fue la situación que la guerra dejó a la Iglesia del país: de 110 sacerdotes con que contaba en 1864, solo sobrevivieron 31; a esto se unía que el último obispo, monseñor Manuel Antonio Palacios, implicado en los procesos de San Fernando, había sido procesado por conspiración y fusilado en Itá Ibaté, en 1868, por orden del presidente Francisco Solano López. Esta acefalía se intentó subsanar mediante la designación, en un primer momento, de un Vicario Foráneo Apostólico, y luego, en 1871, de un administrador del obispado, hasta que fuera definitivamente confirmado un nuevo diocesano. El vicepresidente Higinio Uriarte envió a Roma, a mediados de 1877, al doctor José del Rosario Miranda, en carácter de ministro plenipotenciario ante la Santa Sede, con la finalidad de llegar a una solución respecto a la cuestión religiosa en el país. Miranda consiguió que el papa Pío IX enviara a Asunción al arzobispo de Nacianzo, Ángel Di Pietro, en carácter de delegado apostólico en Argentina y enviado extraordinario en Paraguay, para que procediera a negociar con el Gobierno las bases para la reorganización de la Iglesia en el país y, posteriormente, la institución de un nuevo obispo. Finalmente, tras los trámites para la provisión del obispado, en octubre de 1879, el presbítero Juan Pedro Aponte fue designado obispo del Paraguay, con jurisdicción sobre toda la geografía del país.

En materia educativa, las primeras disposiciones legales dictadas por el gobierno provisorio, a partir de 1869, también parecieron «partir de la nada», como si en el territorio nunca hubiera existido organización educativa alguna. La escuela primaria fue la primera institución oficial de enseñanza que se organizó y, en 1877, con la creación del Colegio Nacional de Asunción, se impulsó la enseñanza superior. A principios de 1878, el gobierno paraguayo inició gestiones en Buenos Aires, a través de su encargado de negocios Carlos Saguier, para contratar un director y el cuerpo de profesores necesario para cubrir cargos en aquel colegio.

Todas estas diligencias se desarrollaron en un contexto social, en el que resultaba imperioso sentar las bases de un plan de reconstrucción nacional.

LOS PILARES DE LA RECONSTRUCCIÓN

Las bases de la reedificación del Paraguay, desarrolladas por los diferentes gobiernos en la inmediata posguerra, descansaron en la interacción de factores exógenos de crecimiento: inmigración y capitales externos, tanto en forma de empréstitos como de inversiones directas que facilitaran la modernización de la estructura económica. La incorporación de brazos europeos, se pensó, ayudaría a repoblar el país y haría crecer, en forma geométrica, la producción agrícola de rubros exportables al mercado mundial. Al mismo tiempo, ese flujo inmigratorio forzaría un mayor rendimiento de la fuerza de trabajo nativa, cuya supuesta «inferioridad productiva» era un tema de constante recurrencia en los argumentos de los políticos nacionales y de los inversores extranjeros.

Mas los sostenes de ese ambicioso proyecto empezaron a quebrarse ya en la década de 1870. El espectacular negocio de las emisiones de bonos paraguayos en 1871 y 1872, renegociados con poco éxito en 1875, cerró el acceso a los mercados de capitales durante varias décadas y tuvo escasos efectos visibles en las finanzas del Estado paraguayo. No menos estrepitosos fueron los primeros intentos de inmigración europea, con colonos alemanes (1870) y británicos (1873-74). Su fracaso contribuyó, además, a acrecentar la leyenda sobre la inadecuación de Paraguay como receptor de inmigrantes europeos, que habría de seguir deteniendo a futuros colonos y potenciales pequeños inversores hasta bien entrado el siglo XX. Los intentos posteriores fueron relativamente más exitosos, aunque no exentos de problemas, como las colonias australianas de Nueva Australia y Cosme y las alemanas de San Bernardino y Nueva Germania. Por otra parte, su impacto en la estructura económica del país fue lento y relativo: cerca del 80% del cultivo agrícola establecido por estos grupos tuvo un carácter de autoabastecimiento y de comercialización regional (mandioca y maíz), con lo que se integraron al mismo tipo de actividad productiva que los centros poblacionales nativos. La agricultura languideció durante las dos décadas finales del siglo XIX, con una superficie total cultivada por debajo del nivel alcanzado en la preguerra. Por ejemplo, en 1894 la tierra cultivada llegó a las 100.000 hectáreas, lo que era un nivel bajísimo comparado con las 200.000 hectáreas de 1863.

Dentro del esquema de recuperación, el Estado ponderó pagar los préstamos extranjeros gracias a los ingresos fiscales derivados del nuevo flujo productivo que inmigrantes e inversores extranjeros producirían. Pero la principal actividad económica recayó, prontamente, sobre las bases tradicionales de la economía paraguaya durante los últimos dos siglos: yerba mate y tabaco; y la principal (y única) fuente de ingresos del Estado provenía de los impuestos al comercio exterior. Esta fuente tenía, no obstante, sus limitaciones, y para comienzos de la década de 1880 la imposición al comercio exterior estaba bastante por encima de los niveles que se tenían en la época de los López —creando una estructura impositiva proteccionista, en contradicción con los supuestos principios librecambistas invocados por los dirigentes políticos después de 1870—, por lo que no era posible seguir expropiando recursos por ese lado. Primero, porque significaba enfrentarse con intereses exportadores y comerciales muy fuertes; segundo, porque, de hecho, cada «apretón» del recurso aduanero multiplicaba el contrabando. La debilitación de las fronteras nacionales, debido en parte a la ausencia de un cuerpo militar y burocrático eficaz, y el constante incremento de las tarifas aduaneras hicieron que el contrabando asumiese, desde los primeros años de posguerra, el carácter de un fenómeno generalizado.

Fue en esa coyuntura cuando se dieron los primeros pasos para poner en marcha la venta masiva de las tierras públicas y los yerbales, procesos que se concretaron con las leyes de 1883, 1885 y 1886. La mayor parte de los lotes en venta correspondieron a la zona del Chaco, aunque también se vendieron tierras en la Región oriental. No obstante, los bajos precios y las condiciones liberales para la operación, junto con la obligación de adquirir media legua cuadrada (aproximadamente 2,5 km²) como mínimo, impidieron que los compradores modestos pudieran acceder a la propiedad (los pobladores paraguayos, arruinados por la guerra, no podían permitirse el lujo de esta adquisición). En cambio, esas condiciones permitieron la entrada masiva de una significativa cantidad de especuladores e inversores argentinos, además de políticos y empresarios paraguayos que tampoco desaprovecharon la oportunidad para acumular tierras, comprándolas y luego revendiéndolas a especuladores extranjeros, lo que les reportó enormes beneficios. Esta transferencia de la mayor parte de la tierra paraguaya de propiedad pública a la privada no se tradujo en ningún progreso económico, sino que instauró el latifundio, con terratenientes absentistas, en tanto que la mayoría de los habitantes se vieron relegados a la condición de peones, obligados a trabajar y a producir para aquellos. A fines del siglo XIX, unos 79 propietarios poseían casi la mitad de la tierra del Paraguay —el 50% de la superficie del Chaco pasó a manos de particulares, entidades bancarias y sociedades extranjeras—, proceso que culminó en las primeras décadas del siglo XX, cuando 19 propietarios se hicieron con el control de más de la mitad del territorio nacional. Los dueños de estas tierras se distribuyeron, en distintos grupos, dentro de unos dominios que iban desde las 100.000 hectáreas hasta más de 400.000 hectáreas. Solo a principios del siglo XX, la venta masiva comenzó a dar algunos efectos productivos, con la instalación de las industrias extractivas en el Chaco paraguayo y, en un segundo nivel, con el inicio de las saladeras. Ubicadas en la denominada «región del quebracho», que se extendía desde el norte de la provincia de Santa Fe, pasando por el Chaco argentino y Formosa, hasta llegar al Chaco paraguayo, el desarrollo de la industria del tanino representó para el Paraguay un progreso favorecido por la diferencia relativa en el precio de la tierra, que llegó a neutralizar las condiciones negativas de los altos costos del transporte entre el norte paraguayo y Buenos Aires. En 1900, el argentino Carlos Casado instaló la primera fábrica de tanino en el Paraguay, a la que se sumaron otras, casi todas radicadas en la zona de Concepción, a orillas del río Paraguay. En el sector de los quebrachales paraguayos operaron varias fábricas: Puerto Casado, Campos y Quebrachales Puerto Sastre, Quebrachales Fusionados (que tenía tres fábricas de tanino: Puerto María, Puerto Max, Puerto Tirol), New York and Paraguay Company SA: Puerto Pinasco, Estancias y Quebrachales Puerto Galileo y La Forestal del Paraguay. Se unirían luego las empresas The River Plate Quebracho Company y The American Quebracho Company, de capitales ingleses.

A mediados de la década de 1880, cuando la tierra triplicó su valor, una multitud de bancos empezó a instalarse en Paraguay. Hacia 1887, entre otros, Enrique Solano López, uno de los hijos del ex presidente Francisco Solano López, promovió la creación del Banco Territorial y Agrícola, con el objetivo de operar con crédito agrícola y efectuar transacciones hipotecarias y bancarias en general. Tiempo después, en 1895, comenzó a funcionar el Banco Territorial del Paraguay, establecido para invertir en tierras que iban a ser subdivididas para su venta a compradores nacionales y extranjeros. Pero la especulación frenética elevó las rentas rápidamente y creó valores ficticios, sobre los que los propietarios obtuvieron en préstamo grandes cantidades, y pronto los bancos se encontraron «cargados» de tierras cuyo valor real apenas representaba un cuarto del total de la suma que se había prestado con esa garantía. Esta política descuidada de préstamos explica la mayor parte de las dificultades que encontraron el Banco Nacional, el Banco Hipotecario, el Banco del Paraguay y Río de la Plata, y el Banco Territorial. No menos importante es que muchos de los compradores que intentaron utilizar la tierra con fines productivos pronto se dieron cuenta de que la falta de medios de comunicación y de transporte, así como la escasez de mano de obra hacían prácticamente imposible otro tipo de explotación que no fuera la ganadera extensiva (y aun esta actividad requería condiciones especiales). Paralelamente, la extensión del gran latifundio repercutió en el estrechamiento de la frontera agrícola disponible para los pequeños propietarios y arrendatarios, y creó obstáculos estructurales para los pequeños flujos de inmigrantes europeos que deseaban convertirse en colonos agrícolas.

Todo esto explica que la distribución del ingreso que la actividad económica del país generaba era extremadamente desigual. La concentración desproporcionada de los beneficios en un reducido número de comerciantes y exportadores, y la marginación de la mayoría de la población a niveles de precaria subsistencia fueron características del comportamiento económico de la época. Así, el grupo superior, que representaba menos del 10% de la población total, recibía casi el 50% del ingreso interno, mientras que el 60% de la población, que integraba el estrato de bajos recursos, solo recogía aproximadamente el 15% del ingreso nacional.

Bajo este prisma, al comenzar el siglo XX, el Estado paraguayo aparecía débil, con agudos problemas de corrupción, con sus mecanismos de generación de ingresos agotados y fuera de la imposición al comercio exterior. En cuanto a los capitales externos, el espectacular negocio de las emisiones de bonos paraguayos en Londres, realizado en 1871 y 1872, ayudó, ciertamente, a acrecentar la riqueza personal de quienes intervinieron directamente en el proyecto, pero sus únicos efectos visibles en las finanzas del Estado fueron las de estimular una seguidilla de intentos revolucionarios contra el régimen de la época, en los que los cabecillas estaban más interesados en llegar primero a las arcas del Estado antes que en cualquier otro proyecto político de importancia. Peor aún, el fraude de las emisiones de bonos, de 1875, cerró el acceso a los mercados de capitales para el país durante décadas. Por medio de estas dos operaciones, el Paraguay obtuvo 1.500.000 libras, de las que apenas 600.000 llegaron al país.

LA AGONÍA DEL RÉGIMEN COLORADO

El asesinato del presidente Juan Bautista Gill, el 12 de abril de 1877, por un grupo de personas que no pertenecían a ningún partido político, pero que se le oponían por considerarle un títere de los brasileños y que, a su vez, estaban peleados con Barerio y con Caballero, marcó el punto más crítico de la situación política de la década, en cuyo transcurso el ininterrumpido enfrentamiento entre las facciones condujo al país a un estado de total subversión. El magnicidio catapultó a los «militares lopistas» al poder, agrupados en torno a la figura de Bernardino Caballero. Este asumió la presidencia provisional en 1880, tras la muerte de Cándido Bareiro, y luego, tras una elección formal, a partir de 1882. Pero ya a mediados de esa década, algunos paraguayos comenzaron a mirar con malos ojos la política dadivosa del presidente Caballero: las impugnaciones en torno a la corrupción oficial y a la especulación que los integrantes del gobierno llevaron a cabo, con ocasión de la venta de las tierras públicas, aceleró la «embestida» opositora. El movimiento abarcó a antiguos legionarios que no perdonaban a Caballero su origen lopista, a ex lopistas que habían roto con Caballero y a una generación de jóvenes que aspiraban a un gobierno «honrado». El 10 de julio de 1887 se fundó el Centro Democrático (CD), que luego comenzó a denominarse Partido Liberal. Según testimonios de sus principales dirigentes, la fundación obedeció a cinco propósitos: reafirmar el cumplimiento de la Constitución Nacional de 1870; conquistar elecciones limpias; lograr honestidad pública y denunciar la corrupción; frenar la política de venta de tierras y bienes del Estado del gobierno de Bernardino Caballero; y solucionar el problema del Chaco.

Por su parte, Bernardino Caballero organizó a sus propios partidarios de forma eficiente y fundó la Asociación Nacional Republicana (ANR), también llamada Partido Colorado. Esta formación política, sucesora de la facción denominada Club del Pueblo, nació como expresión del nacionalismo de posguerra, se proclamó heredera de la lucha de Francisco Solano López y fue la expresión de una reacción a las tropas de ocupación en la Guerra de la Triple Alianza. De aquí deviene, según el testimonio de sus dirigentes, su ideología «republicana, agrarista, popular y democrática». Caballero, que luego de la presidencia ocupó el cargo de senador, era en 1887 el jefe absoluto del Partido Colorado, que contaba en su seno con los principales jefes del lopismo sobrevivientes: los generales Escobar, Duarte y Delgado, el coronel Meza y el capitán de fragata Ortiz, entre otros. Caballero había sido ayudante de campo de Francisco Solano López y, según evidencias recogidas por el escritor argentino Estanislao Zeballos en una entrevista mantenida con militares paraguayos, «López jamás lo había tratado mal por su carácter serio, prudente, reservado y astuto, méritos que se completaban con el de haber sido uno de los pocos hombres que se atrevían a hablar y a aconsejar al Mariscal». En el seno de los republicanos había, sin embargo, otro sector, liderado por el senador José Segundo Decoud, perteneciente al grupo de jóvenes paraguayos retornados al finalizar la guerra y que, luego de redactar y asegurar la adopción de la Constitución liberal en 1870, se había unido a Caballero en la fundación de la ANR.

A mediados de los años ochenta, durante la presidencia del general Patricio Escobar (1886-1890), se efectuó el primer censo nacional de la posguerra, que arrojó un total de 329.645 habitantes. Al mismo tiempo, comenzaron a advertirse señales de debilitamiento del caballerismo, sobre todo porque, transcurridos más de diez años desde la sanción de la Constitución, aún se esperaba, sin que ocurriese, que la vida política se fuera a institucionalizar: las elecciones tenían lugar siempre bajo un clima de fraude y violencia, y el sector republicano-militar dejaba entrever claramente que no iba a consentir un sistema de partidos competitivo que permitiera poner en juego, de una manera más o menos leal y limpia, el poder político central, es decir, la presidencia de la República.

El poder militar construido por Carlos Antonio López y, sobre todo, por su hijo Francisco Solano desapareció por completo después de la guerra, no solo porque sus cuadros fueron «devorados» en el transcurso de la lucha, sino también porque los ejércitos de ocupación se constituyeron, en la primera década de posguerra, en los factores reales de poder. De aquella fuerza militar únicamente quedaron bandas armadas que respondían a caudillos locales o a las facciones en que se dividía la élite gobernante, aunque la Constitución de 1870 explicitaba, en su artículo 73, que las Fuerzas Armadas debían estar subordinadas a la autoridad civil, bajo la jefatura del presidente de la República y la dirección suprema del Congreso. El Ejército gozaba, a su vez, de una baja reputación y, de hecho, pertenecer a él era una forma de castigo. Sin embargo, aun con una precaria estructura, no dejaba de ser una fuerza poderosa en los años electorales. Los políticos, por su parte, estaban hartos de que el Ejército y los líderes militares los miraran con recelo y que los gobiernos apelasen a su apoyo para sobrevivir, haciendo de él un factor decisivo en política. Por este motivo, José Segundo Decoud se perfiló como el candidato natural a la presidencia para suceder a Escobar, pero su candidatura fue bloqueada por el sector de Caballero, quien logró el ascenso de Juan Gualberto González en las elecciones de 1890.

Ante esta situación, los liberales intentaron un putsch contra el régimen, en el que participaron, entre otros, Cecilio Báez, Alejandro Audibert y el mayor E. Vera. Si bien el golpe fue derrotado, sirvió para catapultar al ministro de Guerra, general Juan Bautista Egusquiza, que se convirtió en el nuevo líder de los colorados y candidato a la presidencia. Egusquiza había actuado durante la guerra en el ejército argentino, revistiendo el grado de capitán una vez finalizada la contienda. Al regresar a su país continuó en las filas militares, ya que el Gobierno le reconoció su graduación, hasta que fue ascendido a general de brigada en 1892. Luego del putsch, Egusquiza se convirtió en el candidato natural para el cambio presidencial de 1894. Su rival, José Segundo Decoud, a pesar de tener el apoyo irrestricto del presidente González, no contaba con la anuencia de la dirigencia partidaria, en manos de Caballero y Escobar, quienes tampoco respaldaron, en un principio, a Egusquiza. Pero, sobre todo, los dos generales estuvieron de acuerdo en evitar la elección de Decoud a la presidencia e intentaron conseguir la deposición del presidente González, su principal sostenedor. En la noche del 8 de junio de 1894, Egusquiza se hizo con el control de los cuarteles y González fue obligado a renunciar. El vicepresidente, Marcos Morínigo, tuvo a su cargo la finalización del mandato presidencial, hasta que el líder de la asonada cuartelera fue elegido unánimemente por el colegio electoral para el periodo presidencial 1894-1898. Su condición de colorado moderado persuadió a los generales de la necesidad de llevar a cabo una apertura democrática y una política de conciliación con la oposición. No obstante, aunque fue uno de los miembros fundadores de su partido, el presidente intentó crear un nuevo orden de cosas, el «egusquicismo», que aspiraba a transformar el viejo régimen de los generales Bernardino Caballero y Patricio Escobar, estableciendo como programa de acción los siguientes aspectos: la democratización de la sociedad paraguaya; la institucionalización de un Ejército profesionalmente mediocre, pero que se presentaba como una fuerza política formidable en años electorales; la primacía de los civiles más capaces para los cargos públicos, sin importar su filiación partidaria; la realización de elecciones libres y transparentes, sin interferencias gubernamentales; y la emergencia de un Poder Judicial independiente. Las medidas tomadas por el general-presidente con vistas a la profesionalización del Ejército y la Marina tuvieron gran trascendencia. En primer lugar, para lograr que las Fuerzas Armadas se sometieran al control gubernamental, designó como ministro de Guerra y Marina al doctor Emilio Aceval, un civil que provenía de la actividad económica. En segundo término, para conseguir la profesionalización de los militares, decidió enviar a jóvenes cadetes a la Argentina y a Chile en calidad de becados, algunos de los cuales tuvieron más tarde protagonismo castrense, como Manlio Schenoni, Eugenio Garay y Adolfo Chirife. Luego, Egusquiza llamó al general liberal Benigno Ferreira, que residía en la Argentina desde hacía veinte años, para integrar el Gobierno, tras la muerte del mayor Eduardo Vera, lo que originó una sorda oposición de algunos miembros del Partido Liberal que no deseaban avenirse a esta política conciliadora, y que culminó con la división entre liberales-radicales, liderados por Cecilio Báez, y liberales-cívicos, encabezados por el propio Ferreira. A su vez, la nueva tendencia reformista fue también cuestionada entre los elementos jóvenes del coloradismo, que se dividieron entre caballeristas y egusquicistas. Estos últimos eran, de hecho, los dueños de todos los resortes en el Gobierno y no tuvieron dificultades para imponer a su candidato, Emilio Aceval, como su sucesor en la presidencia.

Lentamente, pero de manera irreversible, el régimen colorado vio abrirse el vacío a sus pies, porque esa escisión interna fue exacerbada, además, por una vasta coalición de intereses sociales y económicos que, a principios de 1904, se pusieron en su contra y determinaron su caída. Entre las cuestiones concurrentes estuvo la del ferrocarril, que constituía la inversión británica de mayor significación en la economía paraguaya y que pasaba por serios problemas financieros y agudas disputas con el Ejecutivo. En el mes de mayo de 1871, se aprobó la disposición que autorizaba a enajenar, bien a perpetuidad, bien por tiempo determinado, los ferrocarriles; pero la operación fracasó en el primer intento, en 1874, por exigirse al comprador la prolongación del tramo Paraguarí-Villarrica. Entonces, el Estado paraguayo se hizo cargo de dicho trayecto mediante la utilización de fondos originados en la venta de tierras fiscales, aunque, finalmente, no pudo pagar las deudas contraídas con la empresa encargada de dicha obra, y se vio obligado a vender todo el ferrocarril a un consorcio inglés. El 12 de junio de 1889, se firmó el contrato entre la Paraguay Central Railway Company Ltd. (PCRC) y el Gobierno, por el que quedó constituida una sociedad mixta para la explotación del tramo Asunción-Villarrica y la futura extensión hasta Encarnación. Ya en 1891 se iniciaron las protestas y los conflictos, cuando la compañía suspendió la construcción del tramo hasta Encarnación (la compañía había completado el ramal Ybytymí-Villarrica) y presentó sucesivas propuestas de aumento en las tarifas y solicitó la no intervención estatal. La falta de entendimiento persistía en 1904, a pesar de la presión diplomática que decidió llevar a cabo el gobierno británico, luego de que la compañía presentase en Londres su versión de la crisis con la administración paraguaya.

Otro importante factor que produjo el debilitamiento del régimen colorado estuvo en la pérdida de apoyo por parte de los grupos ganaderos y exportadores (entre los que existían fuertes intereses argentinos), al verse amenazados por las medidas comerciales y fiscales adoptadas por el Poder Ejecutivo, como el aumento de las tarifas aduaneras, las restricciones al libre comercio y la expropiación de la mitad de la venta libre de las exportaciones de cuero. A estos grupos se sumó el descontento de los asalariados urbanos, en lucha por los efectos de la inflación y la pérdida del valor real de sus sueldos, y de los pequeños productores campesinos, cuyos ingresos en pesos paraguayos, de curso legal, se esfumaban en semanas.

De forma paralela a las renovadas disidencias entre «caballeristas» y «egusquicistas» que dieron lugar a la defenestración del presidente Aceval y la asunción del vicepresidente Héctor Carvallo, comenzaron a darse indicios de entendimiento entre las distintas facciones del Partido Liberal, gracias al acercamiento de sus dos líderes, Cecilio Báez y Benigno Ferreira, cuya gravitación en el ambiente político había ido en aumento, lo que permitió la unión de cívicos y radicales bajo la dirección de Ferreira. Paralelamente, en 1902, se habían celebrado elecciones presidenciales, en las que resultó ganadora la fórmula colorada integrada por Juan Antonio Escurra y Manuel Domínguez. A fines de 1903 empezó a tomar forma un vasto movimiento revolucionario liberal que, en agosto de 1904, inició una revolución campal para apoderarse del poder. Los rebeldes comenzaron una larga campaña para vencer la resistencia de los gubernistas en diversas zonas del país, en las que se sucedieron varios encuentros armados, hasta que la caída de la ciudad de Encarnación señaló la derrota definitiva del régimen colorado. La revolución, que duró cuatro meses, tuvo su desenlace con la intervención como mediadores de los ministros de Argentina y Brasil. A bordo de la cañonera argentina El Plata, en Puerto Pilcomayo, el presidente Juan Antonio Escurra y el jefe del gobierno rebelde, Benigno Ferreira, acordaron designar un presidente provisorio y constituir un gabinete mixto. El 19 de diciembre de 1904, Escurra presentó su renuncia y se nombró a Juan Bautista Gaona a cargo del Poder Ejecutivo.

EL ORDEN LIBERAL Y LAS REVUELTAS DE 1908 Y 1911-1912

En el mes de diciembre de 1905, con motivo de las tensiones que originó la destitución del presidente provisional Juan Bautista Gaona, perteneciente a los cívicos, y su reemplazo por el canciller Cecilio Báez, de la facción radical, la unión concertada entre ambos sectores liberales en pos de los objetivos revolucionarios estuvo a punto de romperse. La fisura se soldó a duras penas, y de modo transitorio, para permitir que el 25 de noviembre de 1906 asumiera la presidencia, con el voto de las dos facciones, el general Benigno Ferreira. Fanático antilopista, había prestado servicio en el ejército argentino durante la pasada guerra y regresó a su país luego de Cerro Corá. Si bien impulsó en los inicios de su administración varias obras de progreso, como la organización del servicio de la policía, la creación con oficiales de escuela de un Ejército regular, la iniciación de obras de dragado en los ríos interiores, obras en el puerto de Asunción y el establecimiento de legaciones permanentes en el Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia, su persona no logró concitar ninguna adhesión entre las clases populares, que lo veían como un líder distante y ajeno a sus necesidades, que evitaba su contacto. Esta impopularidad, unida a las tensiones en el seno del partido gobernante, que no cesaron en ningún momento, configuraron un malestar político que fue profundizándose rápidamente. Las presiones más intensas provinieron de un sector de oficiales subalternos liderados por el joven e impetuoso mayor Albino Jara, que se había hecho muy popular a base de prestigios no siempre envidiables. Este optó por la carrera de las armas y en 1897 fue becado a Chile, donde egresó de alférez. El movimiento de 1904 contribuyó a catapultarlo, y cuatro años después entró en el Ministerio de Guerra y Marina, convirtiéndose en la figura desestabilizadora de la situación. El 2 de julio de 1908 la tensión política tuvo una violenta explosión, a través del pronunciamiento militar que el mismo Jara inició junto al capitán Américo Benítez, algunos oficiales subalternos y varios partidarios radicales. En la madrugada de ese día se apoderaron, sin disparar un tiro, del cuartel del Regimiento de Artillería y del 2.º de Infantería, y tomaron presos a los jefes y oficiales no comprometidos con el movimiento, así como al ministro de Guerra, coronel Manuel Duarte. Poco antes, la Artillería había emplazado sus cañones a una cuadra de la policía y rompió fuego sobre ella con las armas de las que se habían apropiado, provenientes del arsenal (adquiridas recientemente en Europa por el ministro Duarte). Por su parte, el jefe de Policía, Elías García, formó tres cantones que ocuparon el Teatro Nacional, la Catedral y la casa de la familia Patri. El combate se generalizó en toda la ciudad y los enfrentamientos entre gubernistas y revolucionarios se prolongaron hasta el oscurecer. En ese 2 de julio, los ministros del Interior, Manuel Benítez; de Justicia, Carlos Isasi; y de Relaciones Exteriores, Cecilio Báez, se reunieron en la estación del ferrocarril para organizar las fuerzas y formar partidas con civiles y el personal de las comisarías, aunque solo disponían de algunas armas antiguas y casi ninguna munición. El presidente Ferreira, con unos sesenta hombres (en su mayoría marineros y vigilantes), se mantuvo en el Palacio de Gobierno, que fue rodeado y bombardeado. En la madrugada del 3 de julio, Elías García se reunió con el cuerpo diplomático y, más tarde, con Ferreira —contando con el acuerdo de la Junta Revolucionaria, que encabezaba Jara—, para conseguir la suspensión momentánea de las hostilidades. La renuncia del primer mandatario y el respeto a la vida e intereses de su persona, de sus ministros y funcionarios que se encontraban en el país, fueron las condiciones de paz presentadas y aceptadas por los revolucionarios.

Obtenida la deposición de Ferreira, asumió la jefatura del Estado el vicepresidente Emiliano González Navero, quien de inmediato disolvió el Congreso y el Estado Mayor del Ejército, y decretó el estado de sitio en todo el territorio paraguayo. Pero el principal efecto del triunfo de este pronunciamiento, básicamente militar, fue la ruidosa desaparición política de los cívicos, cuyos más importantes se refugiaron en territorio argentino. Por su parte, los ex integrantes de la Junta Revolucionaria pasaron a ocupar los ministerios: Manuel Gondra, Interior; Eusebio Ayala, Relaciones Exteriores; Gualberto Cardús Huerta, Hacienda; Manuel Franco, Justicia; y Albino Jara, el de Guerra. Además, el ex jefe de la Junta, Adolfo Riquelme, asumió la jefatura de Policía. Con poca o ninguna experiencia, los radicales carecían de dirigentes suficientemente formados y con fuerte arraigo en la opinión pública, lo que determinó una situación cada vez más comprometida y cuyo primer efecto fue la rápida descomposición del gabinete. Efectivamente, a los pocos días renunciaron los ministros del Interior y de Justicia.

Desaparecidos los cívicos, la expectativa de los radicales se centró, ahora, en la evolución que podían tomar los colorados. Un mes después del movimiento del 2 de julio ya se corría la voz en la capital paraguaya de la incubación de una nueva revuelta, motivada por la ambición colorada de recuperar nuevamente el poder y por la resistencia que provocaba en el grupo de oficiales la voluntad omnímoda del ministro de Guerra, Albino Jara, en especial su renuencia a reponer a los jefes militares caídos con el golpe del mes de julio.

La existencia del gobierno radical, a mediados del año 1908, era precaria y la situación financiera desesperante, pues todo estaba en quiebra: el comercio, la banca y el Tesoro público. Las autoridades del Partido Colorado, por su parte, para defenderse de las imputaciones que se les hacían de hallarse en preparativos de una próxima revolución, lanzaron un manifiesto señalando la falsedad de tales rumores. Declaración que desmintieron los hechos cuando, el 21 de septiembre, un sargento de línea delató que «algunos compañeros suyos de Artillería y de Infantería, comprados por caudillos colorados, al mediodía, cuando los oficiales estuvieran en la mesa de sus respectivos cuarteles, caerían sobre ellos, pasándolos a cuchillo y levantando las tropas, recibiendo inmediatamente de fuera su dotación de jefes y oficiales, y que en las mismas circunstancias debían caer los cinco ministros del Ejecutivo». Si bien la calma no se vio alterada, la situación en Asunción siguió llena de incertidumbres. Mientras tanto, el comercio estaba prácticamente paralizado y se temían movimientos subversivos en algunos departamentos del interior.

El «sector histórico» del Partido Liberal —como se autodenominaron para diferenciarse de los liberales radicales gubernistas— lanzó también un manifiesto para «sacudirse» cualquier responsabilidad en las acusaciones de conspiración y, a la vez, para condenar el movimiento del mes de julio de 1908, al que reconocían como un pronunciamiento militar, y a su gobierno emergente, como una dictadura castrense, porque había disuelto los poderes Legislativo y Ejecutivo, suspendido las garantías individuales, encarcelado a personas, dictado y derogado leyes, y reclutado tropas. Luego de la denuncia colorada hecha el 21 de septiembre, el Gobierno impulsó una fuerte acción represiva contra los opositores: decenas de presos políticos fueron enviados a Bahía Negra —muchos de ellos personas de representación social—, deportados o encarcelados. Mientras estas medidas cavaban abismos en la familia paraguaya, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogar el estado de sitio hasta el 31 de marzo de 1909. Aunque con intenciones patrióticas, los jóvenes hombres del gobierno pretendían llevar a cabo reformas profundas por medio de la violencia, mas esta solo les sirvió para exacerbar más los ánimos. A esto se sumó, el empeño por alejar del poder a ciertas personalidades «gastadas» por las luchas políticas, como remedio para afirmar su precaria situación, los obligó a improvisar hombres sin antecedentes en la vida pública. Fue en estas circunstancias cuando el dirigente radical Manuel Gondra se convirtió en la figura política del momento, al asumir el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Eusebio Ayala. Consejero y director del radicalismo, se le consideraba uno de los más altos representantes de la intelectualidad paraguaya y el candidato que contaba con mayores posibilidades de éxito en la próxima contienda electoral, si la situación del radicalismo en el gobierno llegaba a consolidarse. El 10 de octubre de 1909, el Ejecutivo convocó elecciones generales a senadores y diputados para el mes siguiente, si bien lo que le preocupaba no era el resultado de su lista, pues tenía asegurado el triunfo por ausencia o prisión de los dirigentes de los partidos opositores, sino las cada vez más consistentes informaciones de que los cívicos refugiados en Buenos Aires y los colorados distribuidos en las provincias del norte argentino estaban a punto de alzarse en armas para reconquistar la situación producida por el 2 de julio.

Con estos datos, que evidenciaban que el coloradismo no se resignaba a permanecer alejado del poder, el gobierno radical contrapesó la idea de una posible reconciliación con los cívicos, que conjurase el accionar de aquellos, porque, al fin y al cabo, el distanciamiento entre ambos sectores liberales obedecía más a divergencias personales que de fondo. En medio de este estado de efervescencia política, el 1 de abril de 1909 se iniciaron las sesiones del Congreso, con mayoría radical. Finalmente, en septiembre de ese año se desencadenó la tan anunciada rebelión de los colorados, encabezados por José Gil, que tomaron la ciudad de Pedro González, mientras aguardaban noticias de Humaitá, cuya guarnición debía adherirse al movimiento insurgente. Pero el plan ya había sido descubierto y reprimido en esa localidad, por lo que, una vez informado de ello, Gil resolvió atacar Laureles, defendido por setecientos hombres bien armados, donde, tras una cruenta batalla, fue derrotado. El jefe rebelde y sus tropas cruzaron de nuevo el Paraná y pasaron a territorio argentino. De igual manera, en Palma Chica (Alto Paraguay) el intento colorado fue reprimido con energía. Los radicales también lograron pacificar los departamentos del norte y del sur, mediante el envío de expediciones militares, que se convirtieron en teatro de combates continuos entre las fuerzas leales y revolucionarias; además las montoneras fueron totalmente aniquiladas. Para arribar a la completa pacificación, el Gobierno licenció las milicias —el Ejército se calculaba en más de 6.000 hombres— y devolvió a los hombres a las tareas agrícolas. Sin rentas de consideración y con una situación financiera «pavorosa», urgía la paz para reponerse de la postración económica y social. A finales de 1909, consolidado el gobierno de González Navero, comenzó a diseñarse en su seno la división que suscitaba el próximo cambio presidencial. Alejados los cívicos y los colorados (sin dirección por ausencia o prisión de sus principales figuras), los candidatos de la fracción liberal que se perfilaban eran: el coronel Albino Jara, que parecía tener las mayores probabilidades de éxito, al ser el jefe absoluto del Ejército; el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Gondra, sostenido por grupos de la juventud y por los elementos más «pensantes» de su partido; y el ministro de Hacienda, Víctor Soler, sin más bagaje político que su actuación como senador (donde permaneció poco tiempo), pero que se había destacado por ser uno de los más exaltados miembros del grupo radical y el que con más tesón impulsó la política rigorista gubernamental, negándose a toda transacción o arreglo con los adversarios. Entre el inestable temperamento de Jara y el jacobinismo de Soler, los electores prefirieron a Manuel Gondra, por lo que el 25 de noviembre de 1910 se hizo cargo de la presidencia. Sin embargo, el coronel Jara no se resignó a la derrota que lo alejaba del poder y, un mes después, respaldado por el Ejército, depuso a Gondra y se autoproclamó presidente. El surgimiento del «jarismo» supuso para el Partido Liberal una nueva escisión, en tanto que su maniobra para hacerse con el poder significó el inicio de una de las etapas de anarquía más agudas que registró la historia paraguaya. Los excesos del nuevo mandatario provocaron el levantamiento de sus propios aliados políticos, que lo presionaron para que renunciase el 5 de julio de 1911, a cambio de la promesa de ser electo presidente para el periodo 1914-1918. En su reemplazo llevaron a la presidencia provisional a uno de sus amigos, Liberato Rojas.

Los radicales expulsados o que se marcharon por su propia voluntad durante la presidencia de Jara, instalados en Buenos Aires, cerraron filas en torno al ex presidente Gondra y al joven ex intendente de Asunción durante su breve gestión, Eduardo Schaerer, cuya energía demostrada en esos críticos momentos contribuyó para que se perfilase como uno de los nuevos líderes del partido. Schaerer, que ya era un exitoso hombre de empresa, financiaba desde 1904 el periódico El Diario, y en estas circunstancias inició una virulenta campaña contra el «jarismo» y el gobierno de Rojas. Así, los radicales se dividieron entre la facción gondrista, que se oponía al actual estado de cosas, y la jarista, dispuesta a sostenerlo. Entre tanto, los cívicos, que fundaron el Partido Liberal Democrático (PLD), bajo el liderazgo de Antonio Taboada, y el Partido Colorado también se pronunciaron apoyando a Rojas.

En la capital argentina, los gondristas formaron un Comité Revolucionario y negociaron con el empresario portugués Manuel Rodríguez la financiación de una revolución. Con estos recursos adquirieron el Constitución, un barco de ultramar que llegó al Río de la Plata en noviembre de 1911, y en el que se embarcaron hacia la ciudad de Pilar, elegida como sede para la instalación del gobierno rebelde. Allí constituyeron una Junta Revolucionaria compuesta por el mismo Gondra, Manuel Franco, Emilio González Navero, José P. Montero y Eduardo Schaerer. Desde esa localidad promovieron la organización de montoneras en todo el territorio paraguayo, procuraron adhesiones de civiles y de algunos sectores del Ejército, y consiguieron que el cañonero Triunfo, la mejor nave de la flota gubernista, se pasara a sus filas.

El 14 de enero de 1912, en cooperación con la revolución, se produjo un golpe en la policía de Asunción, sin que hasta ese momento se hubieran registrado enfrentamientos armados entre gubernistas y rebeldes. Al día siguiente, la capital amaneció en manos de los complotados, el presidente Rojas fue apresado e instado a renunciar. Mientras se esperaba el arribo de Gondra, se formó un Triunvirato y se organizaron cantones en toda la ciudad, convirtiendo la plaza Uruguaya, la estación del ferrocarril y Sansón-Cué en los principales reductos. Los colorados, que se sintieron descolocados con la suerte de Rojas, decidieron atacar y recuperar Asunción, ante cuyo empuje los radicales se retiraron momentáneamente a sus barcos y abandonaron la capital, con lo que el Partido Colorado quedó dueño de la situación política. Entonces, el Congreso designó, el 28 de febrero, al colorado Pedro Peña como nuevo presidente provisional.

Paralelamente, los gondristas fueron derrotados en Humaitá por el coronel Jara, que se manifestó no solo dispuesto a luchar contra los revolucionarios, sino también contra el gobierno de Rojas, en una lucha sin tregua por el poder que se había convertido en guerra civil y que había fisurado la sociedad paraguaya. A principios del mes de marzo de 1912, el Paraguay tenía tres gobiernos: el de Peña, en Asunción; la Junta Radical, instalada en Pilar y en Humaitá; y el de Jara, apoyado por los cívicos. Los gondristas pasaron al contraataque y bombardearon Asunción con todo su potencial armamentista, con lo que obtuvieron la evacuación precipitada de los colorados y el reemplazo de Peña en la presidencia por el radical Emiliano González Navero. Pero los gondristas aún debían hacer frente a los jaristas, que tenían establecido su cuartel general en Villarrica. Jara avanzó hacia la capital hasta llegar a Paraguarí, donde cayó herido en un enfrentamiento; murió el 15 de mayo de 1912.

Desaparecidos los cívicos y los jaristas, y con la política abstencionista de los colorados, la situación del radicalismo quedó clarificada. La revolución, sólidamente preparada y bien dirigida, catapultó a la presidencia al binomio encabezado por el líder revolucionario Eduardo Schaerer y Pedro Bobadilla para el cuadrienio 1912-1916.

LIBERALISMO Y ESTABILIDAD

En el interregno transcurrido desde 1902 hasta 1912, ningún presidente civil del Paraguay terminó su mandato dentro de los términos constitucionales, por lo que a Schaerer le tocó asegurar la vuelta al imperio de las instituciones, además de afianzar al radicalismo tras el triunfo revolucionario. En este sentido, su gestión fue (y tuvo que ser) una presidencia política, de defensa y consolidación, desde la cual logró afianzar su liderazgo como jefe indiscutible del radicalismo y convertirse en el más escuchado y acatado de sus prohombres. Con una cultura mediana y adquirida tardíamente, más en la experiencia que en los libros, ajeno a la meditación y al estudio, Schaerer fue catapultado al prestigio partidario durante la revolución, de la que fue uno de los propulsores más firmes. Más atento a los fines que a los medios, apasionado en la acción y tenaz en el esfuerzo, buscó y encontró en el portugués Manuel A. Rodríguez la ayuda pecuniaria que se necesitaba para la empresa revolucionaria. En los círculos partidarios asuncenos acostumbraban a llamarlo el «hombre práctico», cobrando distintos valores según lo empleasen amigos o adversarios. Los primeros calificaban así su sentido de la realidad, su clara visión de los intereses del país, el acierto de sus iniciativas; en cambio, sus enemigos lo hacían para aludir a su falta de moralidad pública, sus apetitos subalternos, su afán personal hacia el negocio y el lucro. Calidad, por un lado, y defecto, por el otro, se explica que pudiera ser, al mismo tiempo, un elemento de progreso para el país, en el orden material, y objeto de reparos y desconfianzas, en el orden moral.

En 1914 se efectuó un nuevo censo nacional de población, que arrojó un total de 650.000 habitantes, lo que representó un aumento con respecto al efectuado en 1886, que contabilizó algo más de 300.000 habitantes. Lo que parecía encaminarse hacia un desenvolvimiento normal de la vida del país, se tornó grave a los pocos meses de iniciarse la gestión de Schaerer. La situación política comenzó a verse amenazada por noticias de complots y movimientos destinados a alterar el orden público. De hecho, el 1 de enero de 1915, se produjo una sublevación en el regimiento de Artillería, bajo el liderazgo del capitán de artillería Fidel Ferreira, que fue rápidamente sofocada.

La falta de homogeneidad en el radicalismo paraguayo constituyó otro obstáculo para normalizar la situación política, al quedar delineadas en su interior dos tendencias distintas, cuyas disensiones se hicieron cada vez más notorias. Por un lado se hallaba Schaerer, al que acompañaban varios de sus ministros, el jefe de policía, el intendente municipal, algunos empleados públicos y el prestigioso comandante Chirife. El presidente se mostraba deseoso de hacer política por su propia cuenta, prescindiendo del partido, pero su actitud encontraba un fuerte antagonismo en la Comisión Directiva, que contaba con la adhesión de la mayoría de los miembros del partido y estaba presidida por el doctor Manuel Franco, aunque a nadie se le ocultaba que su verdadero jefe era el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Gondra. Este sector, si bien no podría considerarse contrario al gobierno, entendía que no debía aceptar sus actos sin controlarlos y discutirlos. Las relaciones entre los gubernistas y la Comisión Directiva se volvieron tirantes con el correr de los meses, a pesar de que ambos bandos optaron en algunos casos por llegar a acuerdos con el fin de evitar mayores distanciamientos.

El 2 de enero de 1916 se celebró la convención de los radicales, con el objetivo de designar candidatos para presidente y vicepresidente de la República en el próximo periodo. La Asamblea proclamó, como todos esperaban, la fórmula Gondra-Franco; pero, ante la imposibilidad del primero, por razones legales, de aceptar la elección, fue sustituida por el binomio Manuel Franco-José Pedro Montero. El radicalismo se mostró satisfecho con esta solución, confiando en un seguro triunfo en los comicios, ante la abstención de las facciones opositoras o por carecer de elementos y arraigo en la opinión pública. Si bien la designación del ministro de Interior de Schaerer, José Montero, suscitó al comienzo alguna oposición, por carecer del prestigio del doctor Franco, el hecho de contar con reales y positivos servicios a su partido hizo que, finalmente, fuera aceptado para secundarlo en la fórmula presidencial. Por su parte, Eduardo Schaerer permitió que la elección recayera en Manuel Franco, a pesar de que había sido, entre los radicales, uno de los que más oposición le hicieron desde la banca de senador, asumiendo la actitud de un severo juez de toda su administración y mostrando, en la actuación partidaria, cierto grado de independencia y criterio propio, que también los había enfrentado. Pero Franco representaba, para un espíritu práctico como el de Schaerer, una solución intermedia entre su sector y el de Manuel Gondra, cuya candidatura había vetado y a quien no apreciaba personalmente. Franco, que en el ámbito privado era un abogado respetado y laborioso, de carácter retraído, casero y enemigo de todo tipo de exteriorizaciones, tenía como características indiscutidas su honradez y su buen criterio, aunque se le adjudicara la carencia de algunas aptitudes políticas, sobre todo cierta ingenuidad y un escaso conocimiento de los hombres.

Manuel Franco asumió la presidencia el 15 de agosto de 1916. Sus esfuerzos, en los primeros meses de gestión, se dirigieron a la rama administrativa, preocupándose por disminuir los gastos públicos, a la vez que impulsó dos proyectos de especial relevancia: la reforma de la ley electoral, sancionada en 1917, sobre las bases de la emisión secreta del voto y de la lista incompleta, lo que aseguraba una representación proporcional en el Congreso de los partidos políticos; y el establecimiento del servicio militar obligatorio. Sin embargo, esta última ley solo pudo entrar en vigencia a medias, por falta de recursos para la creación de cuarteles y otros elementos requeridos para la organización de las Fuerzas Armadas.

No obstante las tensiones y disputas entre franquistas, schaeristas y gondristas en la formación gobernante y los rumores de alteración del orden público por parte de los elementos de la oposición, los radicales lograron mantener unidos a sus dirigentes, por lo que la gestión presidencial no se vio turbada hasta el momento de elaborar la lista de candidatos a diputados y senadores, en las elecciones de marzo de 1917. El malestar en el seno del partido, producto de las influencias personales contrapuestas, desembocó en la primera crisis ministerial y en la renuncia de los ministros de Hacienda y de Guerra y Marina. El cambio tuvo su origen en el antagonismo existente entre los tres hombres de más peso en las esferas gubernamentales que, con motivo de las listas de candidatos radicales, ejercieron su influencia no siempre a favor de las mismas personas, lo que determinó las dificultades que culminaron con el cambio ministerial. De la misma edad —Franco y Gondra tenían 46 años y Schaerer 47—, pero con tres temperamentos muy distintos, ejercían su ascendiente de diferente manera. De la terna, Schaerer era el elemento más activo, con una influencia decisiva, porque contaba con el concurso del Ejército y de la mayoría de los partidarios, pero por su carácter absorbente pretendía tener bajo una férrea influencia a Franco, situación de la que este pretendía liberarse y distinguirse como un gobernante probo y bien inspirado. Gondra, por su parte, era un intelectual de relevantes méritos y de una honradez por nadie desmentida, que propendía al ejercicio oculto de un poder que se insinuaba sin definirse, que sugería sin concretar, que obraba sin aparecer, en una especie de penumbra, sustrayéndose a toda exteriorización personal dentro del partido y a actuar en él en virtud de una gran facultad de sugestión y de seducción, lo que unido a una «aparente indiferencia y a cierto desgano indolente», le habían granjeado el definitivo desprecio de Schaerer. De todos modos, era indudable que con su personalidad desconcertante y enigmática se había granjeado las simpatías de todos los universitarios y las del pequeño círculo intelectual asunceno, en cuyos ámbitos sus opiniones eran apreciadas y requeridas.

Mientras se desarrollaba este choque de personalidades en el interior del Partido Liberal, el 5 de junio de 1919 el pueblo paraguayo recibió con sorpresa y consternación la noticia de la muerte del presidente Franco. El deceso del aún joven y respetable mandatario abrió una expectativa no exenta de inquietud. En cuanto al radicalismo, su jefe y principal influencia, Eduardo Schaerer, contaba con una posición política fuerte y predominante, pero también existían radicales que le eran poco adictos y que habían tratado de reducir su acción. La contraposición de influencias entre schaeristas y franquistas se manifestó durante la presidencia de este último, en cuyo mandato (no obstante su fidelidad al partido) gobernó sin el concurso de Schaerer y había hecho gala de cierta tolerancia con la oposición, lo que nunca fue visto con buenos ojos por los schaeristas. En opinión de Schaerer, y de sus amigos, la desaparición de Franco y el advenimiento de José P. Montero constituían un cambio favorable, del que saldrían fortalecidos.

La oposición, por su parte, consideró una pérdida significativa la del presidente Franco, quien, por su independencia de carácter y tolerancia, había obtenido cierto grado de simpatía y confianza, mientras que Montero suscitaba dudas e inquietud, porque su cercanía a Schaerer les hacía temer un concepto estrecho y parcial de sus funciones. Manuel Franco fue uno de los presidentes más populares de la historia del Paraguay. Sus métodos se ajustaron al espíritu de la época, que era optimista y pensaba que el progreso era inevitable, puesto que había pruebas de ello por doquier. Pero ese ambiente de autosatisfacción terminó repentinamente. Primero se produjo su inesperada muerte, que eliminó el símbolo de los «buenos tiempos». En segundo lugar, ocurrió algo verdaderamente fatal para el sistema que Franco representaba: el final de la Primera Guerra Mundial, que reventó la burbuja de prosperidad determinada por el interés que había acaparado el mercado paraguayo, ante la gran demanda de carne y la relativa importante existencia de vacunos disponibles. De este modo, el país debió afrontar de nuevo los mismos problemas relacionados con el desarrollo de su capacidad económica, como una débil moneda, la escasez de capitales, los vacíos en legislación agraria, la falta de viabilidad y la insuficiencia de la producción.

José P. Montero completó el periodo presidencial tras la muerte de Franco hasta que, el 29 de junio de 1920, el Congreso declaró electos como presidente y vicepresidente de la República, para el periodo 1920-1924, a la fórmula integrada por los liberales Manuel Gondra y Félix Paiva. Con la nueva década emergió, desde el interior del propio partido gobernante, una poderosa corriente de renovación y de transformación de las prácticas políticas, liderada por una flamante generación de hombres, cuya actuación fue descollante hasta el inicio de la Guerra del Chaco.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

La época histórica correspondiente a este capítulo ha sido todavía poco estudiada. Disponemos, sin embargo, de un conjunto de obras relativas a distintos tramos del periodo. Una visión de la primera década posbélica la ofrece Harris Gaylord Warren, Paraguay y la Triple Alianza. La década de posguerra (Asunción, Intercontinental, 2009). La compilación de artículos del mismo autor norteamericano, a cargo de Thomas L. Whigham y Jerry W. Cooney, Paraguay: revoluciones y finanzas (Asunción, Servilibro, 2008), aborda diferentes cuestiones de importancia del periodo 1870-1920. Una buena síntesis es la que ofrece Paul H. Lewis, «Paraguay, de la Guerra de la Triple Alianza a la Guerra del Chaco 1870-1932», en Historia de América Latina (Barcelona, Crítica, v. 10, 1991). Algunas cuestiones han sido analizadas a través de la documentación procedente de los archivos de los ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina y de Paraguay, y los resultados han sido recogidos por Liliana M. Brezzo y Beatriz J. Figallo, La Argentina y el Paraguay: de la guerra a la integración (Rosario, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, 1999). Son útiles, asimismo, el trabajo de Ricardo Caballero Aquino, La segunda República paraguaya 1869-1906. Política, Economía, Sociedad (Asunción, EDIPAR, 1985), y los textos colectivos de Juan M. Carrón, María G. Monte de López Moreira, Anselmo Ayala y Salvadora Jiménez, El régimen liberal 1870-1930. Sociedad, Economía y Cultura (Asunción, Arandurã, 2004); y de Roberto Céspedes, Pablo Herken, José Luis Simón, Paraguay, Sociedad, Economía, Política (Asunción, El Lector, 1988).

Para el análisis de cuestiones particulares sugerimos la lectura de los trabajos de Víctor Jacinto Flecha, «Años 20: movimientos sociopolíticos en el Paraguay y proyección posterior», en Revista Paraguaya de Sociología (Asunción, CPES, n. 72, 1988); de Juan Carlos Herken Krauer, «La revolución liberal de 1904 en el Paraguay: el trasfondo sociopolítico y la perspectiva británica», que aparece en la Revista Paraguaya de Sociología (Asunción, CPES, n. 62, 1985).

La importante y espinosa cuestión de los empréstitos posbélicos de los años 1871 y 1872 ha sido analizada, junto a la correspondiente compilación documental relativa a esas negociaciones, por Washington Ashwell y Ricardo Scavone Yegros, en Gregorio Benites, Misión en Europa 1872-1874 (Asunción, FONDEC, 2002). En este volumen también se estudian las relaciones con la Santa Sede y la provisión del Vicario Foráneo. Para la reorganización de la Iglesia paraguaya a partir de 1870 sugerimos el texto de Ignacio Telesca, Pueblo, curas y Vaticano. La reorganización de la Iglesia paraguaya después de la Guerra contra la Triple Alianza 1870-1880 (Asunción, FONDEC, 2007).

La dinámica de las relaciones diplomáticas paraguayas con los gobiernos de la Triple Alianza luego de la guerra ha suscitado un amplio interés por parte de investigadores de diferentes horizontes, sobre todo desde comienzos del siglo XX. Entre los trabajos que han soportado el paso del tiempo están los de Ramón Cárcano, La diplomacia de la Triple Alianza (Buenos Aires, 1910); Ernesto Quesada, Historia diplomática nacional. La política argentino-paraguaya (Buenos Aires, 1902); Antonio Salum Flecha, Historia diplomática del Paraguay. De 1969 a 1990 (Asunción, Comuneros, 1990); y Eduardo Amarilla Fretes, Liquidación de la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Negociaciones diplomáticas (Asunción, Imprenta Militar, 1941). Algunos estudios sobre el desarrollo militar de la guerra se han ocupado, asimismo, de las negociaciones posteriores, como el importante trabajo de Francisco Doratioto, Maldita Guerra. Nova historia da Guerra do Paraguai (São Paulo, Companhia das Letras, 2002). También en la reciente compilación de la correspondencia entre el diplomático paraguayo Gregorio Benites y el argentino Juan Bautista Alberdi se recogen tramos de diversos e importantes asuntos de la posguerra: Juan Bautista Alberdi - Gregorio Benites. Epistolario inédito (1864-1883) edición crítica anotada de Élida Lois y Lucila Pagliai y Estudios históricos de Liliana M. Brezzo y Ricardo Scavone Yegros (Asunción, FONDEC, 3 tomos, 2006).

Sobre la historia de los partidos políticos es muy útil el análisis de Carmen Colazo (comp.), Los partidos políticos en el Paraguay (Asunción, CID-SEP, 1998). La dinámica de la economía y de la sociedad paraguaya tras la guerra ha sido analizada en los trabajos de: Washington Ashwell, Historia Económica del Paraguay. Estructura y dinámica de la economía nacional 1870-1925 (Asunción, Carlos Schauman, 1989); Domingo Rivarola, Una sociedad conservadora ante los desafíos de la modernidad (Asunción, CPES, 1994); y Juan Carlos Herken Krauer, El Paraguay rural 1869-1913. Contribución a la historia económica regional del Plata (Asunción, CPES, 1984).

CAPÍTULO X

GUERRA INTERNACIONAL Y CONFRONTACIONES
POLÍTICAS (1920-1954)

Ricardo Scavone Yegros

Durante la década de 1920, se inició en el Paraguay el periodo de más generalizado cuestionamiento a la democracia liberal, con el argumento de que no era apropiada para promover el desarrollo económico y los cambios sociales que requería el país. El Partido Liberal de gobierno, dirigido en esos años por el sector gondrista o guggiarista del radicalismo, intentó encaminar las transformaciones dentro del marco de la Constitución de 1870, pero fue rebasado en su esfuerzo. La Guerra del Chaco constituyó, en ese contexto, un paréntesis dentro del proceso de desmoronamiento del orden liberal, que se concretó con la Revolución de 1936 y la adopción de una nueva Constitución en 1940. El Estado abandonó su neutralidad y tomó intervención activa en la economía y en la promoción de los derechos sociales. Entre 1936 y 1954, con las Fuerzas Armadas como factor determinante de poder, la convivencia política estuvo dominada por la intolerancia y el sectarismo, y aunque hubo avances, algunos de mucha relevancia, en lo esencial no se alcanzó ni el despegue económico ni la transformación sustancial de las condiciones de vida de la población.

SEGUNDA PRESIDENCIA DE GONDRA

En agosto de 1920, asumió la presidencia de la República, por segunda vez, Manuel Gondra, líder intelectual de los radicales, dando inicio a una gestión que pretendía caracterizarse por la austeridad administrativa y el respeto al Estado de Derecho. Gondra había sido elegido como candidato del Partido Liberal mientras ejercía las funciones de ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Los liberales gubernistas recurrieron a él —reclamándole un sacrificio que dudaba en aceptar—, confiados en que su prestigio preservaría la unidad del partido, dividido en torno a la figura del ex presidente Eduardo Schaerer, contra cuyos afanes de predominio político se levantó un sector renovador liderado por José P. Guggiari. Schaerer no simpatizaba del todo con la candidatura de Gondra, pero accedió a apoyarla, conservando el control de la conducción partidaria. Un hombre de su confianza, Félix Paiva, completó, como candidato a vicepresidente, la fórmula que resultó electa para el periodo 1920-1924.

El país afrontaba en esos momentos una grave crisis económica. La caída de la demanda y de los precios internacionales de los productos básicos, como consecuencia de la finalización de la Primera Guerra Mundial, afectó seriamente la economía global, con secuelas que se hicieron sentir en Paraguay desde mediados de 1920. Los frigoríficos se cerraron, la producción pecuaria sufrió un duro impacto y el deterioro se proyectó al sistema bancario, con la consiguiente retracción del crédito. En 1921, la actividad comercial e industrial se redujo notablemente.

La población del Paraguay se acercaba en aquel entonces a los 800.000 habitantes, de los cuales unos 80.000 residían en la capital. No había en el resto del país otra ciudad que concentrase más de diez mil personas. Se estimaba que alrededor del 70% de la población vivía en áreas rurales. El ferrocarril, que enlazaba Asunción con Encarnación, y el río Paraguay eran las columnas vertebrales de la comunicación interior. La inmigración no revestía mayor relevancia: en el quinquenio 1917-1921 apenas se registró la llegada de 1.832 inmigrantes. En cambio, una parte considerable de la población económicamente activa había emigrado hacia las regiones vecinas del nordeste argentino y el Mato Grosso brasileño, durante los periodos de mayor inestabilidad política o en busca de mejores oportunidades de trabajo. En 1920, unos 17.000 paraguayos fueron registrados en los territorios argentinos de Formosa, Chaco y Misiones.

Los principales productos de exportación eran el extracto de quebracho, el tabaco, la yerba mate, las maderas, la naranja y el tasajo. Las exportaciones de carne conservada, muy significativas en los años anteriores, se redujeron notablemente en 1920 y ya no figuraron en las estadísticas de 1921. El país importaba gran parte de las manufacturas que consumía. Aparte de las unidades productivas artesanales y de pequeñas fábricas de bienes perecederos destinados al mercado interno, la actividad industrial se concentraba en las tanineras y en los frigoríficos, que pertenecían a capitalistas extranjeros y operaban en relación con los mercados internacionales.

El primer comprador de los productos paraguayos era Argentina, como importador genuino, pero también como país de tránsito, ya que en sus puertos —y en menor medida en los del Uruguay—, la carga se redespachaba hacia otros destinos. Paraguay dependía de esa relación, que no solo pesaba por su propio valor, sino porque Argentina dominaba la salida y el ingreso de su comercio exterior, tanto en cuanto al transporte fluvial como al ferroviario.

El funcionamiento regular del aparato estatal en medio de la crisis recayó sobre el ministro de Hacienda, Eligio Ayala, quien consideró que el primer paso para afrontarla y producir una reacción consistía en ordenar las finanzas públicas mediante «la tarea odiosa, oscura y sin prestigio de corregir corruptelas financieras y administrativas, de organizar las oficinas perceptoras de rentas, la contabilidad financiera, de asegurar el control eficaz de las operaciones del Tesoro, y depurar y vigorizar las finanzas de la nación».

Al margen de la crisis económica, la lucha política también ocupó la atención de los gobernantes durante 1921. En febrero de ese año tuvieron lugar, con relativa calma, aunque con denuncias de fraude y coacciones, los comicios para la renovación parcial del Congreso. El Partido Liberal de gobierno obtuvo el 59% de los votos, la Asociación Nacional Republicana, el 31%, y el 10% restante se distribuyó entre las candidaturas de liberales democráticos o cívicos, independientes, clericales y socialistas.

A continuación, el partido gubernametal se concentró en las asambleas departamentales y distritales, donde los «renovadores» obtuvieron triunfos con los que pretendieron desplazar al senador Schaerer de la conducción partidaria. Los schaeristas denunciaron la injerencia del ministro del Interior, José P. Guggiari, en el proceso electoral interno, y el presidente Gondra intervino con el objeto de conformar una lista única para la Comisión Central del partido. En las negociaciones, el primer mandatario comprometió la sustitución del ministro del Interior por alguien que diese garantías de imparcialidad al schaerismo.

Sin embargo, Gondra demoró el relevo del ministro Guggiari y Schaerer decidió presionarlo. El 29 de octubre de 1921, el ex presidente se instaló en dependencias del Departamento de Policía y, con la adhesión del batallón de Guardiacárceles, intentó obligar al jefe de Estado a que adoptase una decisión. Al evaluar Gondra la disposición de los mandos militares para sostener su autoridad, se quedó con la impresión de que únicamente contaba con «jefes de fuerzas sin fuerzas». Los gondristas acusaron al ministro de Guerra y Marina, coronel Adolfo Chirife, de haber engañado y traicionado al presidente asumiendo una actitud de prescindencia que favoreció a los sublevados.

Con la sensación de hallarse inerme y no queriendo ceder a la presión, el presidente Gondra renunció al cargo y, en la madrugada del 30 de octubre colocó en el ejercicio del Poder Ejecutivo al vicepresidente de la República, Félix Paiva. Sin embargo, este no pudo formar un gabinete que satisficiera a las dos fracciones y renunció, a su vez, el 3 de noviembre. La solución de la crisis se alcanzó el 7 del mismo mes, cuando el Congreso aceptó ambas renuncias y designó como presidente provisorio de la República al senador Eusebio Ayala, quien se había mantenido ajeno a las pugnas que dividían al radicalismo.

LA GUERRA CIVIL DE 1922-1923

La elección del doctor Ayala fue solo una tregua en la puja política de los radicales. La personalidad del nuevo presidente, a quien se reconocía capacidad, preparación y experiencia, dio tranquilidad a la población, sacudida por una crisis política que había llegado a niveles inesperados, hasta el punto de no haber propiamente gobierno durante más de una semana, por lo que se llegó a considerar la disolución del Congreso y la instauración de un régimen militar.

Ayala debía desempeñar la presidencia en forma provisoria hasta la elección de un mandatario que completase el periodo constitucional. En el gabinete que constituyó predominaron los gondristas, lo que fue consentido a regañadientes por el senador Schaerer y su grupo, en aras de la reconciliación partidaria. De todos modos, fueron separados de sus carteras Guggiari y el coronel Chirife.

En abril de 1922, al inaugurarse las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Ayala instó al Legislativo a que tomase una decisión con respecto a la convocatoria a comicios, ante «la necesidad de constituir un Poder Ejecutivo con un mandato que no sea precario». Los gondristas se mostraron inclinados por confirmar al doctor Ayala en la jefatura del Estado, pero los schaeristas, descontentos con algunas decisiones del presidente, decidieron acompañar una propuesta de la representación colorada, en el sentido de convocar a elecciones de inmediato. A mediados de mayo, el Congreso sancionó, con el voto de colorados y schaeristas, un decreto legislativo por el que se determinó que las elecciones presidenciales se realizarían en julio y el mandatario electo asumiría sus funciones el 15 de agosto de 1922. Al mismo tiempo, comenzó a plantearse la candidatura a la presidencia del coronel Chirife, comandante de la Segunda Zona Militar.

En los primeros meses de mandato, Ayala trató de mantener el equilibrio entre las dos fracciones radicales, pero fue distanciándose en forma paulatina de los schaeristas. La ruptura se hizo efectiva con la convocatoria a elecciones y las acciones iniciadas por el schaerismo en favor de la candidatura del coronel Chirife, a quien el Gobierno objetaba por ser un militar en servicio activo y por estar acusado de connivencia con la sublevación de octubre de 1921. El presidente resolvió, entonces, vetar la decisión congresal, esperando que la mayoría colorado-schaerista no conseguiría los dos tercios de votos requeridos para rechazar el veto.

La mayoría convocó a Congreso pleno y, el 30 de mayo, adoptó una resolución que declaraba que el jefe del Estado carecía de facultad para vetar un decreto legislativo —que no era una ley—, dictado en ejercicio de facultades exclusivas del cuerpo congresal. Fue este el último golpe en el crispado enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, aunque en realidad ya no resultaba necesario, porque el presidente Ayala había retirado el veto el día anterior. El primer mandatario, pese a reafirmar la legalidad del veto, manifestó que lo retiraba para «sustraer del debate público, la única causa que hoy divide y encona los ánimos», y ante la alteración del orden en el país.

En efecto, el veto presidencial provocó el levantamiento de la Segunda y Cuarta Zonas Militares, bajo el comando de los coroneles Chirife y Pedro Mendoza, a incitación de los schaeristas, y con el argumento de que dicho veto suponía un atentado contra la Constitución. Más adelante, se sumó a los rebeldes la Primera Zona Militar, comandada por el teniente coronel Francisco Brizuela.

Al parecer, el coronel Chirife confiaba en que conseguiría imponerse sin derramamiento de sangre y que el Gobierno no atinaría a reaccionar. Los jefes sublevados, «antes de tomar ninguna actitud», invitaron al ministro de Guerra y Marina, coronel Manuel Rojas, a entablar conversaciones. El ministro aceptó, con acuerdo del presidente y con el ánimo de ganar tiempo, y así organizar la resistencia en Asunción, donde el Gobierno estaba prácticamente indefenso. En la capital únicamente contaba con la Escuela Militar —cuyo director, el coronel Manlio Schenoni, asumió el comando de las fuerzas leales—, una compañía de zapadores, el escuadrón escolta, la flotilla y elementos de la policía. Las tropas se completaron con miembros del Partido Liberal y de la Liga de Obreros Marítimos, que debían enfrentarse a un enemigo con mayor instrucción militar y armado con lo mejor del parque de guerra del Paraguay.

Las gestiones para alcanzar un entendimiento y la indecisión de los sublevados permitieron a las fuerzas gubernistas adelantar su organización y preparar las obras de defensa de la capital. El 9 de junio, el ataque de los rebeldes fue rechazado, tras sangriento combate. Estos se replegaron hacia Paraguarí, población que evacuaron el 14 de julio, ante el avance de las tropas gubernamentales. Los rebeldes se establecieron entonces en Villarrica, pero a fines de julio se retiraron igualmente de allí para fortificarse en Caí Puente (actual Coronel Bogado), en el sur del país, de donde fueron desalojados en noviembre, gracias a una maniobra envolvente que permitió a las fuerzas leales ocupar la retaguardia de los sublevados, en Carmen del Paraná. A partir de la victoria de Caí Puente, las fuerzas gubernistas dominaron la situación, sin poder, empero, imponerse. Los rebeldes se retiraron hacia Caaguazú y los yerbales del norte, donde pudieron reorganizarse y emprender acciones de guerrilla o montoneras.

El Gobierno afrontó la primera etapa de la guerra civil en condiciones adversas: tuvo que improvisar sus fuerzas y organizarlas; no consiguió que el Congreso declarase el estado de sitio, que recién pudo implantarse en septiembre de 1922, al comenzar el receso legislativo, y solo dispuso de los recursos ordinarios establecidos en el Presupuesto Nacional.

La prolongación de la guerra civil fue atribuida a las contemplaciones y a una mal apreciada falta de energía del presidente Ayala, quien trató de armonizar las ansiedades de los políticos con las limitaciones de las fuerzas militares. En esas circunstancias, el Partido Liberal le planteó que fuera candidato para el próximo periodo constitucional, por lo que Ayala renunció a la presidencia, para no tener que presidir su propia elección. El Congreso, que prácticamente ya no pudo reunirse después de mayo de 1922 y tuvo que ser reconstituido mediante elecciones de renovación parcial en abril de 1923, aceptó en ese mismo mes la renuncia del presidente provisorio, y designó en su reemplazo a Eligio Ayala, ministro de Hacienda hasta ese momento.

En abril y mayo de 1923, las operaciones militares languidecieron. Pero el 18 de mayo falleció el coronel Chirife en el Alto Paraná, aquejado por una grave enfermedad y, en junio, las fuerzas leales comenzaron a acorralar a los rebeldes, aunque estos consiguieron escapar y caer sobre Asunción, en julio, de manera sorpresiva. La capital, desguarnecida, pudo detener con grandes esfuerzos el ataque y a continuación se produjo la desbandada de los sublevados. Los jefes del levantamiento se refugiaron en Argentina y la guerra civil concluyó después de trece meses.

Las pérdidas y los gastos ocasionados por la larga guerra civil fueron compensados por la recuperación de la economía a partir de 1923, como consecuencia de la reactivación económica en Europa y el aumento de los precios internacionales. Las exportaciones de productos cárnicos recuperaron importancia. El frigorífico de San Antonio reinició sus operaciones y la compañía inglesa Liebigs adquirió y reactivó el frigorífico de Zeballos Cué. Además, el desarrollo del cultivo del algodón ubicó a este producto entre los principales rubros de exportación del país, en momentos en que su precio se incrementó sensiblemente. Los años siguientes fueron de recuperación y crecimiento económico, con el tipo de cambio estabilizado y equilibrio presupuestario, facilitado por el aumento de las recaudaciones y la contención de los gastos.

EL GOBIERNO DE ELIGIO AYALA

La fracción liberal triunfante en 1923 consideró que había dado el golpe de gracia al caudillismo y a la injerencia de los militares en la política, y que la poderosa corriente de renovación surgida en el seno del propio partido de gobierno permitiría realizar las transformaciones que demandaba la sociedad.

En agosto de 1923, se convocó a elecciones para completar las cámaras legislativas, dado que las de abril de ese año permitieron regularizar el funcionamiento del Congreso en pleno y de la Cámara de Diputados, pero no así de la Cámara de Senadores. A tal efecto, el Poder Ejecutivo, reconociendo la «disolución automática» del Senado, cesó a quienes habían abandonado su cargo. Los comicios se efectuaron en septiembre, y los liberales gubernistas —previamente unificados con los cívicos o democráticos— se aseguraron todas las bancas en disputa, ya que el Partido Colorado no tomó parte en los comicios.

Para el periodo 1924-1928, el Partido Liberal decidió presentar la fórmula Eligio Ayala-Manuel Burgos, quedando descartada la candidatura de Eusebio Ayala. Antes de las elecciones, el presidente provisorio renunció al cargo que venía desempeñando desde abril de 1923 y el Congreso eligió en su reemplazo, en marzo de 1924, al doctor Luis A. Riart, quien se encontraba al frente de la cartera de Hacienda.

El doctor Eligio Ayala inició su mandato constitucional en agosto de 1924 con la economía en crecimiento, las finanzas públicas ordenadas, las Fuerzas Armadas en proceso de reorganización y un partido político fuerte que lo respaldaba. Su temperamento poco contemporizador y la honestidad con que manejaba los recursos públicos le generaron frecuentes roces con la dirigencia del liberalismo, que el presidente del partido, José P. Guggiari, procuró disipar para evitar fisuras en el respaldo de la tarea de organización administrativa que llevaba adelante el primer mandatario.

Guggiari también tuvo a su cargo las negociaciones para el retorno de los colorados al Congreso. El acuerdo quedó consagrado mediante una reforma de la legislación electoral, sancionada en enero de 1927. En lo esencial, se estableció el sistema de votación por lista completa —que impedía alterar los nombres y el orden de ubicación de los candidatos propuestos por los partidos—, así como la representación proporcional limitada, en cuya virtud los cargos serían distribuidos en proporción a los votos obtenidos, solo entre las dos listas con mayor número de sufragios. Se creó, además, una Junta Electoral Central, dependiente de la Cámara de Diputados. La reforma fue calificada por sus críticos como inconstitucional y antidemocrática, ya que suponía cerrar las listas y reservar, de hecho, los cargos electivos para liberales y colorados.

La decisión de levantar la abstención y participar en las elecciones legislativas de 1927 provocó discrepancias dentro del Partido Colorado, que más adelante llevaron a la escisión entre «eleccionistas» y «abstencionistas», constituyendo cada fracción sus propias autoridades. Con anterioridad, los radicales schaeristas habían conformado el Partido Liberal del llano.

En las elecciones para la renovación parcial de las cámaras, efectuadas en marzo de 1927, se registró una participación inusitada, pues votó más del 70% de los inscriptos, o sea, alrededor de 105.000 personas. El 54% de los votos fueron para el Partido Liberal y el 30,4% para el Partido Colorado. Hubo, además, un 14,2% de votos en blanco, propiciados por los disidentes colorados y liberales.

Pero no todo era política de partidos. Serias cuestiones sociales, arrastradas desde mucho tiempo atrás, preocupaban al país. En el campo, el principal problema era la mala distribución de la tierra, ya que se estimaba que al menos el 70% de los agricultores ocupaba y trabajaba predios ajenos. En las ciudades, el valor real del salario disminuía, mientras los precios de los bienes de consumo aumentaron de manera considerable. En los establecimientos forestales y yerbateros las condiciones de trabajo se regían por la libre contratación civil, y el Estado se abstenía, en general, de intervenir para la prevención de abusos e injusticias. Era frecuente que los obreros o peones cobraran sus salarios con vales que solo podían canjearse en los almacenes del mismo establecimiento. La mala distribución del ingreso mantenía a gran parte de la población, especialmente en las áreas rurales, en situación de pobreza crítica. Se calculaba que cuatro niños de diez morían antes de llegar a la edad adulta, y tres sobrevivían atacados por serias enfermedades.

Todo esto provocó cuestionamientos al orden liberal, por más que el Gobierno y sectores del oficialismo propiciaran los cambios, y abandonaran posiciones ortodoxas. En 1926, se sancionó la Ley de creación, fomento y conservación de la pequeña propiedad agropecuaria, que facilitó la formalización de los ocupantes de predios rurales de dominio privado y la utilización de tierras fiscales con fines de colonización. En 1927, se dictó una ley sobre accidentes de trabajo y, al año siguiente, se decidió constituir una comisión parlamentaria para estudiar el régimen de contratación laboral en los yerbales y obrajes.

AL BORDE DE LA GUERRA

El Partido Liberal presentó para el periodo 1928-1932 la candidatura de José P. Guggiari, presidente de la agrupación y el más popular de sus dirigentes. El Partido Colorado participó en los comicios con la fórmula Eduardo Fleytas-Eduardo López Moreira. Este hecho representó que por primera vez se disputara en las urnas la jefatura del Ejecutivo. El triunfo correspondió a la dupla integrada por Guggiari y Emiliano González Navero, quienes asumieron sus funciones en agosto de 1928. El ex presidente Eligio Ayala fue nombrado ministro de Hacienda del nuevo gobierno.

Poco después, en diciembre de 1928, casi estalló la guerra con Bolivia, a raíz del incidente del fortín Vanguardia. Restablecida la calma, en marzo de 1929 se realizaron las elecciones para la renovación parcial de las cámaras del Congreso, y el presidente Guggiari se declaró satisfecho por ver lograda en el Paraguay, luego de sacrificios y empeños tenaces, «una cultura cívica tan completa». Guggiari era, en puridad, un hombre aferrado a los principios democráticos y pretendía gobernar con tolerancia y amplio respeto a las libertades individuales. No siempre pudo hacerlo, ante una convivencia política signada cada vez más por la agresividad y por un creciente cuestionamiento a la eficacia del liberalismo para viabilizar las transformaciones que demandaba el país.

Las huelgas y la actividad sindical adquirieron inusual combatividad a partir de 1927, tanto en la capital como en el interior, y la fuerza pública debió intervenir con frecuencia para contenerlas. Los lazos del partido de gobierno con la dirigencia obrera se fueron cortando. Se incrementó, en cambio, entre los trabajadores la influencia de comunistas y socialistas, que también se hacía sentir entre los estudiantes. En 1929, se difundió el Nuevo Ideario Nacional, suscrito, entre otros, por Óscar Creydt y Obdulio Barthe, en el cual se sostenía que «el régimen de la democracia parlamentaria se acercaba a su quiebra definitiva», y se postulaba la creación de una «República Comunera», formada por comunas urbanas, suburbanas y rurales, bajo el gobierno de juntas locales de obreros y campesinos. Se planteaba, además, la nacionalización y la socialización de los medios de producción.

Junto a las ideas de izquierda, las de derecha cobraban igualmente fuerza, inspiradas en procesos políticos que tenían lugar en Europa y en América. Mayor impacto generó a este respecto la campaña de reivindicación de los gobiernos fuertes del siglo XIX, que fue moldeando un nacionalismo exaltado en amplios sectores de la población, y muy especialmente entre los militares. Muchos pensaban que la democracia liberal había sido una imposición de los vencedores de la Guerra contra la Triple Alianza, que no se acomodaba a la idiosincrasia de los paraguayos.

Otros simplemente querían aprovecharse de la debilidad del Gobierno. Así, los partidos y los grupos políticos intensificaron los ataques contra la administración de Guggiari a través de la prensa y en el Congreso. Además de los reclamos puntuales, se agitó una cuestión que unificó a todos, como fue la defensa del Chaco. La oposición acusó a los gobernantes de no preparar al país ante la amenaza boliviana, de permitir el avance boliviano en el territorio disputado y de actuar con debilidad en las negociaciones diplomáticas. Los excesos determinaron la adopción de medidas represivas. Entre septiembre de 1929 y julio de 1930 se mantuvo el estado de sitio y, bajo su imperio, el Poder Ejecutivo apresó y deportó a sus adversarios más sañudos.

A este estado de cosas se añadió el estancamiento económico, como consecuencia de la gran depresión mundial de 1929. A la contracción y disminución del valor de las exportaciones se sumaron los efectos de las trabas impuestas por la Argentina a los productos del Paraguay que tenían en ese país su principal mercado. La crisis se tradujo en retracción del comercio y de las actividades productivas, incremento del desempleo y disminución de los ingresos fiscales. Para empeorar la situación, en octubre de 1930 falleció inesperadamente el ministro de Hacienda, Eligio Ayala, columna vertebral en el manejo de las finanzas públicas desde 1920.

El año que siguió a la muerte del ministro Ayala fue de intensa agitación. Las derivaciones de una huelga de albañiles llevaron al Poder Ejecutivo, en febrero de 1931, a prohibir el funcionamiento de varias entidades sindicales, a decretar nuevamente el estado de sitio y a detener y confinar en el interior del país a dirigentes obreros. Se denunció que algunos de ellos estaban en correspondencia con el comunismo soviético, del que recibían instrucciones y dinero. En ese mes de febrero, un grupo de trabajadores y estudiantes vinculados al Nuevo Ideario Nacional, dentro de un plan más amplio, tomaron por unas horas la ciudad de Encarnación, declarándola «comuna revolucionaria libre».

En marzo de 1931, se efectuaron con normalidad las elecciones de renovación legislativa. El Partido Liberal obtuvo el 55,5% de los votos, el Partido Colorado eleccionista, el 26,7%, y los votos en blanco totalizaron el 17,7%. Entre tanto, las reformas legislativas siguieron adelante. En junio, el Gobierno remitió al Congreso proyectos para la creación del Departamento Nacional del Trabajo y la reglamentación de los derechos de asociación y paro laboral. También se sancionaron leyes sobre enseñanza profesional y asistencia médica en los establecimientos industriales, y sobre locación de servicios en los obrajes del Alto Paraná, así como un nuevo Código Rural.

Pese a todo, la efervescencia política no cedió terreno. En abril, un amotinamiento de conscriptos, que exigían su relevo y el pago de haberes, fue sangrientamente reprimido en el fortín Coronel Martínez. El hecho dio a conocer las deplorables condiciones en que se encontraban las guarniciones del Chaco, lo que precipitó la renuncia del ministro de Guerra y Marina, general Manlio Schenoni, cuya gestión era cuestionada por la oposición, y provocó fricciones entre el Gobierno y algunos mandos militares. Además, también en abril, se abortó un intento de rebelión y se dispuso el destierro del ex presidente Schaerer, así como la expulsión del Partido Liberal del senador Modesto Guggiari, líder de un grupo de congresales disidentes del oficialismo. Los liberales gubernistas intentaron dominar la situación planteando el estudio de una reforma del régimen electoral e iniciaron negociaciones para su reunificación con los liberales del llano.

Las cosas se salieron de control en octubre de 1931. El 23 de ese mes, una manifestación estudiantil que reclamaba la defensa del Chaco forzó los cordones de seguridad y avanzó hasta los jardines del Palacio de Gobierno, donde fue reprimida, dejando un saldo de varios muertos y heridos. El hecho conmovió al país y el Gobierno sintió su derrumbe, pero las Fuerzas Armadas lo sostuvieron, conjurando la crisis. El presidente Guggiari, refugiado en la Escuela Militar, decretó el estado de sitio, solicitó al Congreso que investigara su actuación y delegó el poder en el vicepresidente González Navero. La Cámara de Diputados, de la que se habían retirado los representantes de la oposición, consideró que no había lugar para que se formase una causa contra el presidente, por lo que Guggiari reasumió sus funciones en enero de 1932. A pesar de todas las dificultades, pudo concluir su mandato en agosto siguiente y traspasarlo a Eusebio Ayala, postulado por el Partido Liberal para ejercer la presidencia durante el periodo 1932-1936. La transmisión de mando tuvo lugar en momentos en que ya se había iniciado la Guerra del Chaco, y los paraguayos se aprestaban a defender la integridad de su territorio, postergando para más adelante los afanes de transformación política, social y económica del país.

EL CONFLICTO POR EL CHACO BOREAL

La guerra entre Paraguay y Bolivia estalló a mediados de 1932, aunque se fue incubando durante largo tiempo. El Chaco, vasta llanura extendida entre la cordillera de los Andes y el río Paraguay, era en el momento de producirse la independencia de ambos países un territorio desconocido, marginal, sin delimitaciones definidas y habitado únicamente por indígenas que no se sometían a autoridad estatal alguna. La combatividad de sus pobladores, las adversas condiciones climáticas y la deficiencia e irregularidad de los cursos de agua en su interior habían desalentado la ocupación y la apertura de caminos en ese territorio.

La controversia comenzó en 1852, cuando el representante de Bolivia en Buenos Aires protestó contra el tratado de límites suscrito ese año entre el Paraguay y la Argentina, e invocó los derechos de su país al Chaco. Hasta ese momento, Paraguay no tenía dudas en cuanto a su dominio sobre la región chaqueña y de que los límites con Bolivia se encontraban tierra adentro. El gobierno boliviano confirmó, luego, que sus aspiraciones, fundadas en la jurisdicción de la antigua Audiencia de Charcas, abarcaban todo el Chaco Central y Boreal, hasta la confluencia de los ríos Bermejo y Paraguay. De todas maneras, tras la Guerra contra la Triple Alianza, Paraguay y Argentina se repartieron esas tierras sin tomar en cuenta las alegaciones bolivianas. En virtud del tratado de límites de 1876 y del laudo arbitral dictado en 1878 por el presidente de los Estados Unidos Rutherford B. Hayes, quedó consolidado el dominio paraguayo sobre el Chaco Boreal, desde el río Pilcomayo hasta Bahía Negra.

En 1879, se iniciaron las negociaciones de límites entre Paraguay y Bolivia, animadas, en un principio, por el propósito de dividir el Chaco Boreal mediante una transacción amigable, ajena a consideraciones sobre mejor derecho. El Chaco constituía para Bolivia, ante todo, una salida hacia los grandes puertos del Plata y el Atlántico, mientras que el Paraguay aspiraba a la apertura de nuevos mercados, a generar un activo movimiento comercial en el río de su mismo nombre y a definir de una vez su territorio. Así, el primer Tratado de Límites, firmado en 1879 por los plenipotenciarios José Segundo Decoud, por el Paraguay, y Antonio Quijarro, por Bolivia, partió el Chaco Boreal en dos secciones relativamente similares, mediante una línea recta trazada desde frente a la desembocadura del río Apa en el río Paraguay hasta el Pilcomayo. Pero el arreglo no llegó a realizarse, y luego se produjeron hechos que cambiaron la faz de la cuestión.

Por razones esencialmente financieras, el gobierno paraguayo dispuso en 1885 la venta de las tierras del Chaco. Hasta entonces, las fronteras de ambos países, es decir, los límites hasta donde llegaba su autoridad, se mantenían en la periferia de esa vasta región. Con la venta de las tierras chaqueñas arrancó un proceso de ocupación paulatina de la parte oriental del territorio en disputa. El Chaco dejó de ser para el Paraguay un desierto que nada aportaba y se convirtió en un área productiva, en la que se asentaron cada vez mayores intereses particulares.

Hubo, entre tanto, otros dos intentos de arreglo transaccional, con los tratados de 1887 y 1894, pero ninguno de ellos entró en vigencia. Con el cambio del siglo, el gobierno y la opinión del Paraguay asumieron una posición menos favorable a las transacciones y plantearon abordar la cuestión «a la luz de los títulos y derechos históricos y legales de ambos países», en virtud de los cuales, a su criterio, los límites debían fijarse en el río Parapití (o Parapetí) y al norte de la Bahía Negra.

Junto con las negociaciones diplomáticas y la divulgación de los títulos históricos y jurídicos, se llevó adelante la ocupación militar del territorio en litigio. Desde la década de 1880, el Paraguay aseguró el dominio del litoral hasta Bahía Negra. Bolivia, a su vez, estableció una línea de fortines a lo largo del Pilcomayo que, en los primeros años del siglo XX, llegó hasta los Esteros de Patiño. Los diplomáticos de los dos países, al tiempo de estudiar nuevas líneas para un arreglo directo, fueron abordando la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional, que debería ser limitado, porque Paraguay se negó a someter a un nuevo laudo el territorio que le había sido acordado por el fallo de 1878, y Bolivia quería asegurar, en cualquier caso, un puerto soberano sobre el río Paraguay, al sur de Bahía Negra. Desde 1907, los acuerdos suscritos para ordenar las discusiones diplomáticas consagraron, igualmente, la obligación de ambos países de observar el statu quo, es decir, de no alterar sus ocupaciones en el territorio disputado.

Pero los compromisos no se cumplieron y, en la década de 1920, las fuerzas militares de los dos países avanzaron hasta encontrarse en el interior del Chaco Boreal. El primer incidente provocado por la proximidad de las guarniciones se produjo en 1927, cuando fuerzas bolivianas detuvieron y dieron muerte al teniente paraguayo Adolfo Rojas Silva. A este siguieron otros incidentes que predispusieron a las poblaciones de ambos países hacia la opción bélica. Con anterioridad, en 1924, el gobierno del Paraguay, al comprobar el avance boliviano en el Chaco, había tomado la decisión de contrarrestarlo y, para ello, además de la ocupación militar por medio de precarios fortines, impulsó un plan de adquisiciones de elementos de defensa y de organización de las Fuerzas Armadas.

El incidente suscitado por la muerte del teniente Rojas Silva impulsó la reactivación de las negociaciones diplomáticas. Aceptados los buenos oficios del gobierno argentino, se celebraron en Buenos Aires conferencias entre delegados del Paraguay y Bolivia en los años 1927 y 1928. La delegación paraguaya planteó como cuestión previa el restablecimiento del statu quo de 1907, pero la delegación de Bolivia rechazó la interpretación paraguaya en cuanto a los alcances y la vigencia de dicho statu quo. El gobierno argentino propuso, entonces, el retiro por parte de los dos países de los fortines más próximos y el establecimiento de una zona desmilitarizada, con el fin de evitar choques en el territorio en disputa. Las delegaciones no pudieron ponerse de acuerdo sobre esta propuesta y las conferencias se suspendieron sin resultado alguno.

En diciembre de 1928, tropas paraguayas destruyeron el fortín boliviano Vanguardia, construido poco antes al noroeste de Bahía Negra, lo que motivó la ruptura de relaciones diplomáticas. Fuerzas militares de Bolivia, después de intentar sin éxito la toma del fortín paraguayo Galpón (el más próximo a Vanguardia), ocuparon y retuvieron el fortín Boquerón, en el interior del Chaco, a modo de represalia. Los dos gobiernos, conscientes de que no estaban aún en condiciones de afrontar una guerra, sometieron el incidente a una Comisión de Investigación y Conciliación, que sesionó en Washington con representantes de Colombia, Cuba, Estados Unidos, México y Uruguay. En septiembre de 1929, la Comisión dispuso la reconstrucción del fortín Vanguardia por parte de Paraguay y la devolución del fortín Boquerón por parte de Bolivia, volviendo al statu quo anterior a los hechos de diciembre de 1928. Se restablecieron, además, las relaciones diplomáticas. No obstante, no se reanudaron las negociaciones para una solución pacífica de la controversia y los preparativos militares se intensificaron.

En 1931, un entredicho entre las representaciones del Paraguay y Bolivia en Washington en torno a la llegada al Paraguay de dos modernas cañoneras (que le aseguraban el dominio del río), provocó nuevamente la ruptura de relaciones diplomáticas. A finales de ese año, se consiguió instalar en la capital estadounidense una conferencia, bajo los auspicios de una Comisión de Neutrales, para discutir un Pacto de No Agresión, que conjurase los posibles enfrentamientos entre las guarniciones chaqueñas. Estando en curso esas negociaciones, se iniciaron las hostilidades en el Chaco.

LA GUERRA DEL CHACO

La causa principal de la Guerra del Chaco fue la larga controversia diplomática en torno al dominio del Chaco Boreal, que conllevó la ocupación militar del territorio en disputa y predispuso a las sociedades de ambos países hacia soluciones de fuerza que limpiaran el honor nacional ultrajado, poniendo fin a lo que se calificaba como intransigencia del adversario para reconocer las pretensiones íntegras de cada país.

Desde luego, también entraron en juego factores económicos. Los establecimientos forestales y ganaderos del Chaco aportaban una parte muy significativa de los ingresos fiscales del Paraguay. Estaba, además, el petróleo, descubierto en los extremos occidentales del Chaco, y cuya explotación había sido concedida por el gobierno de Bolivia a la Standard Oil, de Estados Unidos. Las dificultades que encontró esta empresa estadounidense para extraer el petróleo boliviano por territorio argentino, reafirmaron la intención de Bolivia de asegurarse un puerto propio sobre el río Paraguay, que facilitase la exportación de dicho producto. La restricción a las operaciones de la Standard Oil en la región era, además, un interés del gobierno de Argentina y de los capitales británicos que operaban allí.

Por otra parte, la situación interna de los dos países que se enfrentaron en el Chaco se había complicado mucho en los años previos al estallido de la guerra. En Bolivia, el gobierno del presidente Daniel Salamanca afrontaba una crisis política y económica muy delicada. Algunos autores sostienen que las decisiones adoptadas por él, en cuanto a las acciones militares de 1932, además de basarse en la confianza en las fuerzas propias y en el menosprecio de las del adversario, estuvieron motivadas por el temor a que el colapso económico llevase a Bolivia hacia la anarquía social.

El hecho puntual que produjo el estallido de la guerra fue el desalojo por parte de fuerzas bolivianas del fortín paraguayo Carlos Antonio López, situado a la vera de la laguna Pitiantuta, en junio de 1932. Tropas de Paraguay recuperaron la laguna en el mes de julio, y Bolivia, que presentó este hecho como una agresión inmotivada, reaccionó ocupando los fortines paraguayos Corrales, Toledo y Boquerón, a fines de ese mismo mes. Se pensó que, después de esas pretendidas represalias, las gestiones diplomáticas pondrían término al incidente, como había ocurrido en el caso del fortín Vanguardia.

Pero las hostilidades no se detuvieron. El gobierno paraguayo autorizó al comandante de las fuerzas del Chaco, teniente coronel José Félix Estigarribia, a retomar Boquerón. Un contingente de más de 5.000 hombres inició el ataque el 9 de septiembre y chocó contra posiciones eficazmente fortificadas. Al fracasar los ataques frontales, se decidió cercar el fortín, para evitar que recibiera refuerzos y provisiones. Tras veinte días de intensos combates, las fuerzas paraguayas, incrementadas durante la batalla, ocuparon Boquerón, aunque con grandes pérdidas de vidas humanas.

Además de recuperar Toledo y Corrales, las tropas paraguayas tomaron, en los días subsiguientes a la caída de Boquerón, los fortines Castillo, Ramírez, Yucra, Arce y Alihuatá. La ofensiva se detuvo en las últimas semanas de 1932, en el kilómetro 7 de Saavedra. Los reveses militares obligaron al gobierno boliviano a incrementar la movilización de tropas y a poner al frente de sus fuerzas combatientes al general Hans Kundt, militar alemán que había sido en el pasado jefe del Estado Mayor General y organizador del Ejército de ese país.

Con Kundt a la cabeza, las fuerzas bolivianas organizaron una fuerte contraofensiva. Dos grandes arremetidas se produjeron en el primer trimestre de 1933 contra los fortines paraguayos Nanawa y Toledo, que pudieron resistir. En cambio, los bolivianos consiguieron recuperar Alihuatá y desalojar a los paraguayos del camino de Saavedra. En los meses siguientes, la ofensiva de Bolivia fue general en toda la línea, que quedó estabilizada entre Nanawa y Toledo, con un enorme desgaste para las tropas bolivianas en vidas y material bélico. En septiembre de 1933, Paraguay recuperó la iniciativa y cercó a las tropas enemigas en Pampa Grande y Pozo Favorito. Después se produjo el ataque decisivo en el sector de Alihuatá o Zenteno y en el de Gondra, que llevó al descalabro de las fuerzas de Bolivia: dos divisiones capitularon en Campo Vía, en diciembre de 1933, y quedaron como prisioneros 250 jefes y oficiales, y 8.000 soldados. Como consecuencia de la derrota, el general Kundt fue reemplazado por el general Enrique Peñaranda.

Al concluir la batalla de Zenteno-Gondra se acordó un armisticio, que permitió reorganizar las fuerzas beligerantes. En los primeros meses de 1934, el ejército boliviano fue replegándose paulatinamente hasta hacerse fuerte en el fortín Ballivián, sobre el río Pilcomayo, donde se concentraron grandes efectivos, así como también en El Carmen. Ante la estabilización del frente en Ballivián, que parecía inexpugnable, el comando paraguayo resolvió desplazar tropas hacia las espaldas del enemigo. En agosto, sus fuerzas tomaron los fortines Picuiba y 27 de noviembre, se aproximaron al río Parapití, y atrajeron hacia la zona una parte de las fuerzas bolivianas.

La disminución de tropas en El Carmen permitió al ejército paraguayo operar con éxito contra sus defensas, lo que concluyó en noviembre de 1934 con la captura de miles de prisioneros, armamento y un centenar de camiones. Poco después, también cayó Ballivián. En el mismo mes de noviembre, tras un enfrentamiento con los militares, fue derrocado el presidente Salamanca, y asumió la jefatura del Estado boliviano el vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. En diciembre, se desbarató la ofensiva boliviana en el sector de Picuiba.

De Ballivián los bolivianos se retiraron hacia la Serranía de Ybybobo y luego a los contrafuertes andinos, atrincherándose en Villamontes, casi en los confines del Chaco. Las fuerzas paraguayas intentaron, sin éxito, tomar esta localidad. Al norte, consiguieron cruzar el río Parapití, ocupar la población de Charagua y acercarse a los pozos petrolíferos. Una fuerte contraofensiva boliviana les obligó, empero, a retroceder varios kilómetros hasta Huirapitindy.

En el primer semestre de 1935, las acciones bélicas se estancaron y ninguno de los dos beligerantes parecía capaz de obtener una victoria definitiva mediante la rendición incondicional del enemigo. Las tropas adelantadas del Paraguay se encontraban a unos setecientos kilómetros del río del mismo nombre, cubriendo un amplio frente, en un terreno que favorecía la defensa del enemigo. El aprovisionamiento y el transporte de los combatientes demandaban una logística cada vez más costosa y las disponibilidades financieras del Gobierno se estaban agotando.

De hecho, la Guerra del Chaco obligó a Paraguay a realizar un esfuerzo extraordinario. La conducción del Estado durante esos años se concentró en las experimentadas manos del presidente Eusebio Ayala. Pragmático y eficiente, Ayala administró con inteligencia el aparato gubernamental y las finanzas públicas, orientándolos hacia el sostenimiento del esfuerzo bélico. El ambiente de enfrentamientos, que había predominado en los años previos a la conflagración, fue reemplazado por una tregua política tácita, a lo que se sumó la reunificación del Partido Liberal de gobierno con el del llano. En las elecciones de renovación legislativa de 1933, representantes del schaerismo se incorporaron al Congreso, que estuvo integrado durante la guerra únicamente por liberales.

El comando en jefe del ejército paraguayo en el Chaco fue ejercido a lo largo del conflicto bélico por el teniente coronel, y luego general, José Félix Estigarribia. Sus excepcionales cualidades de templanza, serenidad y carácter le permitieron conducir con éxito las fuerzas militares y ejercer una autoridad que fue fundamental para el mantenimiento de la disciplina y la buena organización entre la oficialidad y las tropas. Estudioso y buen observador, el comandante paraguayo supo adaptar sus conocimientos teóricos a las peculiaridades de la geografía chaqueña y de sus comandados para el desarrollo de las acciones bélicas. Condujo un plantel de jefes y oficiales que demostraron capacidad y compromiso, aunque no siempre plena armonía, entre los que se destacaron, citando solo a los comandantes de Cuerpos de Ejército, los coroneles Juan B. Ayala, Nicolás Delgado, Gaudioso Núñez, Carlos J. Fernández, Rafael Franco, Luis Irrazábal y Francisco Brizuela.

Las tropas combatientes debieron enfrentarse no solo a las fuerzas enemigas sino, antes que nada, a las grandes dificultades naturales del territorio chaqueño. El problema más angustioso fue el de la falta de agua, que se cobró miles de vidas y obligó a que la caballería combatiera sin caballos y a que el transporte de provisiones y otros elementos se efectuara principalmente por medio de camiones. Las deficiencias del transporte y las limitaciones para el abastecimiento frenaron, muchas veces, el avance regular de las operaciones militares.

Asimismo, el país tuvo que organizar una enorme estructura para atender las necesidades de las fuerzas combatientes, que incluyó desde la compra, acopio, distribución y transporte de alimentos, uniformes, herramientas, combustible, armas y municiones, hasta los servicios de salud y de asistencia espiritual. En los Arsenales de Guerra y Marina de Asunción, cerca de quince mil obreros trabajaron, en tres turnos, para la fabricación y reparación de elementos bélicos.

En la retaguardia, la guerra potenció las actividades económicas del país. Con la gran movilización de hombres, el desempleo disminuyó sensiblemente. La excepcional demanda de alimentos, vestuario y elementos para las fuerzas combatientes reactivó la producción y la ocupación internas, al igual que las ventas del comercio local. La recuperación de la economía mundial contribuyó también al incremento de las exportaciones y de los ingresos fiscales. Con todo, en razón de la limitada capacidad financiera del Estado, el esfuerzo bélico se efectuó en un marco de precariedad y grandes sacrificios. La superioridad de las fuerzas bolivianas, en efectivos y elementos de defensa, fue muy notoria durante la mayor parte de la conflagración.

En los primeros meses de la guerra, el traslado de tropas y abastecimientos resultó más fácil para el Paraguay que para Bolivia. El transporte fluvial y la vía férrea que comunicaba Puerto Casado con el interior del territorio chaqueño permitieron el rápido traslado de los contingentes paraguayos en momentos decisivos. Las fuerzas bolivianas, en contrapartida, tuvieron que efectuar una larga y demorada travesía desde los centros de reclutamiento, por malos caminos y con insuficientes medios de locomoción. La diferencia se revirtió posteriormente, con el avance de las fuerzas paraguayas hacia el occidente chaqueño.

El Estado paraguayo pudo atender el financiamiento de la guerra mediante la utilización de las reservas internacionales de la Oficina de Cambios, la emisión monetaria, la expropiación de un porcentaje de las divisas provenientes de las exportaciones y la requisa de bienes solicitados para el Ejército en campaña. Se apeló también, de manera limitada, a los créditos interno y externo.

En los tres años que duró el conflicto, Paraguay movilizó a unos 140.000 hombres, equivalentes a más del 15% de su población, de los cuales 36.000 murieron en el Chaco; por su parte, Bolivia movilizó a aproximadamente 200.000 soldados, de los que perecieron más de 50.000. Al finalizar la conflagración, Bolivia mantenía unos 2.500 prisioneros paraguayos; y se calcula que el Paraguay capturó cerca de 21.000 prisioneros, de los cuales más de 4.000 habrían fallecido en cautiverio.

La guerra impuso grandes desafíos a la diplomacia paraguaya. Varias gestiones se sucedieron, desde 1932, para poner término a las hostilidades, impulsadas por la Comisión de Neutrales de Washington, los países vecinos y la Sociedad de Naciones. En mayo de 1933, el Paraguay declaró el estado de guerra, con el fin de hacer cumplir a los estados limítrofes los deberes de la neutralidad y así pudo interrumpir el aprovisionamiento a las fuerzas bolivianas por territorio argentino, aunque no consiguió frenar el libre tránsito desde Chile, en donde Bolivia pudo contratar mineros para reemplazar a los movilizados, y oficiales para su ejército. El Paraguay se aseguró, en contrapartida, el apoyo efectivo del gobierno argentino, del que obtuvo armas, municiones, elementos sanitarios y combustible, que resultaron fundamentales para la prosecución de las operaciones.

El largo e infortunado trámite de la cuestión del Chaco ante la Sociedad de Naciones concluyó con el retiro del Paraguay de dicho organismo, en febrero de 1935, ante la decisión que adoptó de mantener la prohibición de venta de armas para Paraguay y de levantarla para Bolivia. Las gestiones de paz se trasladaron, entonces, a Buenos Aires, donde, en mayo de 1935, quedó constituido un grupo mediador con representantes de los países vecinos y de los Estados Unidos, bajo la presidencia del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Días después llegaron a esa capital los cancilleres de Paraguay y de Bolivia, y se adelantaron las negociaciones para poner fin a la guerra. Durante el desarrollo de estos debates, se libró en el Chaco la última gran batalla, en la zona de Ingavi, donde fue derrotada la Sexta división boliviana. El comando paraguayo exageró las proporciones de la derrota enemiga, con el obvio designio de que la noticia influyera en las negociaciones que estaban en curso.

Tratado de Paz del 21 de julio de 1938. Mapa de Juan Esteban Vacca, Notas de la pasada Guerra del Chaco (Buenos Aires, 1938)

El 9 de junio de 1935 se alcanzó un acuerdo y el día 12 se suscribió el Protocolo de Paz, por el cual se acordó el cese de las hostilidades, sobre la base de las posiciones alcanzadas por uno y otro ejércitos. Se decidió, además, la desmovilización de los combatientes y el establecimiento de una Conferencia de Paz para resolver la cuestión de límites. Al mediodía del 14 de junio, se ejecutó el cese del fuego en los frentes de batalla del Chaco y una Comisión Militar Neutral fijó, mediante hitos, las posiciones en que se encontraban los contendientes. En los meses posteriores se concretó la desmovilización de las fuerzas militares. Más de 54.000 bolivianos y 46.000 paraguayos dejaron el Chaco, y la Conferencia de Paz declaró, en octubre de 1935, el fin de la guerra.

LA REVOLUCIÓN DE 1936

Los paraguayos que tomaron parte en la Guerra del Chaco volvieron a la normalidad de sus vidas animados por ansias de renovación. Habían integrado una organización eficaz que consiguió expulsar al enemigo del territorio en disputa, gracias a los esfuerzos de toda la población. Resultaba natural que se sintieran artífices potenciales de la grandeza de la patria, y que confiasen en que, después de la conflagración, había llegado la hora de las grandes transformaciones. Más comprometidos se consideraron los jefes y oficiales, consustanciados con las inquietudes y aspiraciones de la ciudadanía que habían comandado. El presidente Ayala advirtió a la dirigencia política del liberalismo que una profunda revolución se estaba operando en el país, y que era preciso encauzarla, sin aferrarse «a las viejas concepciones».

No obstante, las esperanzas de renovación chocaron con la dura realidad. Las finanzas del Estado habían tocado fondo y el Gobierno debió, antes que nada, reajustar el gasto público, desmantelando la estructura montada para la guerra. Se dispuso la desmovilización de oficiales y soldados, sin compensaciones y sin acompañar su reinserción a la vida civil. La forma en que el Gobierno ejecutó esta medida dejó la sensación de que se estaba cometiendo una injusticia o, al menos, un acto de ingratitud. En los mandos del Ejército existía también molestia por la forma en que se administraron los ascensos y los reconocimientos. A ello se sumaban las pugnas en el Partido Liberal de cara a las elecciones presidenciales para el periodo 1936-1940, la angustiosa situación económica del país y los problemas sociales no resueltos.

A principios de febrero de 1936, el Ejecutivo dispuso la detención y expatriación del coronel Rafael Franco —director de la Escuela Militar y presidente de la Asociación Nacional de Excombatientes— junto con otros oficiales, a quienes acusó de conspirar en su contra. La decisión adoptada contra un prestigioso jefe como el coronel Franco aceleró los afanes conspirativos de los mandos medios y la oficialidad joven del Ejército. Así, el 17 de febrero, bajo la dirección de los tenientes coroneles Federico W. Smith y Camilo Recalde, estalló el movimiento revolucionario en Asunción. El doctor Ayala, tras intentar resistir, renunció a la presidencia para evitar enfrentamientos estando en proceso las negociaciones de paz con Bolivia. El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Estigarribia, se encontraba por razones de servicio en el Chaco, y al retornar a la capital fue detenido. Él, el expresidente Ayala y otras personalidades del régimen caído quedaron bajo arresto y, posteriormente, salieron al exilio.

El movimiento de febrero fue esencialmente militar, pero concitó grandes expectativas en la población. Los sublevados difundieron un Acta Plebiscitaria, en la que anunciaron el cese del personal de los tres poderes del Estado y la restitución de la nación paraguaya «al nivel de su historia en el Río de la Plata, al libre dominio de su suelo y a la grandeza de su porvenir». El 19 de febrero, se firmó el denominado Decreto Plebiscitario, por el cual los jefes y oficiales, «interpretando las aspiraciones del Ejército Libertador», designaron al coronel Rafael Franco como presidente provisional de la República. Igualmente, se autorizó a Franco a convocar, en su oportunidad, una Convención Nacional Constituyente y a dictar decretos con fuerza de ley. La Constitución de 1870 sería observada solo en su espíritu y preceptos fundamentales, «considerándose las circunstancias del momento histórico».

El 20 de febrero tomó posesión de la presidencia el coronel Franco e integró un gabinete ministerial con personalidades de diversa extracción y tendencias políticas, a quienes ligaba, antes que nada, el antiliberalismo. El nuevo mandatario no incluyó, al principio, como ministros a representantes de los dos sectores que constituían su más firme apoyo, es decir, a los militares y a los excombatientes. El Gobierno, además, se había constituido sin un programa definido, que fue elaborando sobre la marcha. En marzo siguiente, se declaró identificada la «Revolución Libertadora» con el Estado paraguayo y se prohibieron, por un año, las actividades políticas y de organización partidista o sindical que no emanasen del Estado o de la Revolución. El Ejecutivo reaccionó ante la febril actividad reiniciada por los comunistas y otros sectores de izquierda, aprehendiendo y deportando a dirigentes obreros y estudiantiles; posteriormente, prohibió toda actividad destinada a propagar, difundir o implantar el comunismo en el Paraguay.

Pronto se produjeron fricciones entre los grupos que apoyaban al Gobierno. En mayo de 1936, dejaron sus cargos los ministros que sostenían más claramente posiciones de izquierda y de derecha, y en agosto del mismo año la decisión de conformar un partido oficial provocó la renuncia del ministro de Agricultura, Bernardino Caballero, militante del Partido Colorado. Desde ese momento, el gabinete quedó bajo el predominio de los hombres de la Liga Nacional Independiente, reducida agrupación de intelectuales nacionalistas liderada por el canciller del gobierno revolucionario, doctor Juan Stefanich. En noviembre de 1936, se constituyó el partido de la Revolución, con el nombre de Unión Nacional Revolucionaria, que integraba a elementos de la Liga Nacional Independiente, la Asociación Nacional de Excombatientes, liberales disidentes, estudiantes y obreros.

El gobierno revolucionario modificó sustancialmente la estructura y las funciones del Estado, efectivizando su intervención en la economía y en la atención de los problemas sociales. Se estableció el Departamento Nacional del Trabajo, con facultades de mediación, inspección y vigilancia, y se consagraron los derechos de libertad sindical, jornada de trabajo diaria de ocho horas y pago de salarios en dinero. Se creó, igualmente, el Ministerio de Salud Pública, mientras que el de Economía, establecido durante la guerra, fue transformado en Ministerio de Agricultura. La Oficina de Cambios pasó a ser el Banco de la República del Paraguay. Por otra parte, en mayo de 1936, se dictó el Decreto-Ley de Reforma Agraria, fundado en el principio rector de que la tierra debía ser de quien la trabajara. En su virtud, el Ejecutivo expropió, entre junio de 1936 y febrero de 1937, casi 85.000 hectáreas, que fueron transferidas a unas diez mil familias de agricultores.

El gobierno de la Revolución también encaró la denominada «Restauración histórica del Paraguay». En marzo de 1936, en el aniversario de la muerte del mariscal Francisco Solano López, se cancelaron todos los decretos dictados en su contra y se lo reconoció como «Héroe Nacional sin ejemplar». El inconcluso Oratorio de la Virgen de la Asunción fue habilitado como Panteón Nacional y en él se depositaron sus pretendidos restos, traídos desde Cerro Corá. Se declaró al Mariscal, al dictador Francia y al presidente Carlos Antonio López «Próceres Beneméritos de la Nación», y de tal manera quedó oficializado el culto patriótico a sus gobiernos, lo que con el tiempo se aprovechó para encontrar fundamentos históricos al ejercicio autoritario del poder en el Paraguay.

El predominio en el Ejecutivo de la Liga Nacional Independiente, los esfuerzos del gabinete ministerial para contener las injerencias militares, las intensas campañas interna e internacional de desprestigio promovidas por los sectores de oposición —especialmente los liberales— contra la gestión del coronel Franco, y las alternativas de las negociaciones diplomáticas en la Conferencia de Paz del Chaco, generaron un nuevo levantamiento de las Fuerzas Armadas en agosto de 1937, por el cual se planteó al presidente la conformación de un gabinete militar y, al final, se lo derrocó y se puso fin a su mandato.

LA PRECARIA RESTAURACIÓN CONSTITUCIONAL

Los mandos militares se levantaron contra el coronel Franco con el propósito declarado de regularizar la situación institucional del país, dentro del marco de la democracia liberal. Aunque originalmente habían pretendido establecer un gobierno militar, los sublevados encomendaron el ejercicio de la presidencia provisional al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, doctor Félix Paiva, quien había militado en el Partido Liberal. Este aceptó la responsabilidad, con la condición de que se restableciera el imperio de la Constitución de 1870 y se le dejase libertad de acción en el gobierno. Las Fuerzas Armadas se reservaron los Ministerios del Interior y de Guerra y Marina, mientras que las demás carteras fueron confiadas a profesores de la Facultad de Derecho. De todos modos, los militares no se retiraron a sus cuarteles ni se mostraron dispuestos a dejar de influir en la gestión gubernamental.

La restauración constitucional conllevó el fin de la tregua política y permitió el retorno de la dirigencia liberal del exilio. Se restableció la Junta Electoral Central con representantes del liberalismo y del coloradismo y, en diciembre de 1937, se convocaron elecciones para reconstituir el Poder Legislativo. La situación política, sin embargo, no conseguía consolidarse. Entre septiembre y diciembre de 1937 se registraron levantamientos militares, que fueron dominados con efusión de sangre. Con el fin de prevenir nuevos intentos de subversión, el Gobierno desplegó una intensa actividad policial destinada a controlar a los opositores. El Partido Colorado, que había formalizado su unificación en 1938, decidió, finalmente, no participar en los comicios de ese año, por considerar que no existían garantías suficientes para el desarrollo de actividades proselitistas. Además, el país padecía un notorio estancamiento de las actividades productivas y comerciales, y el déficit fiscal parecía insoluble.

Las elecciones legislativas se efectuaron en septiembre de 1938 y ambas cámaras quedaron integradas exclusivamente con representantes del Partido Liberal. El Congreso confirmó a Félix Paiva como presidente provisional y este incorporó a algunos miembros del liberalismo a su gabinete de ministros. De todos modos, la instalación de las cámaras legislativas acentuó la pugna entre los liberales y el alto mando militar. En tales circunstancias, pareció encontrarse una salida institucional con la postulación del general José Félix Estigarribia a la presidencia de la República para el ciclo 1939-1943. Su candidatura, sostenida por los militares, fue propiciada también por un sector mayoritario del Partido Liberal, que se impuso sobre los dirigentes aferrados a las tradiciones civilistas de esa agrupación política. El prestigio y la autoridad moral del general Estigarribia sirvieron para aproximar a los dos grupos preponderantes, con la confianza de que el nuevo jefe de Estado restablecería además la disciplina en las Fuerzas Armadas. Sin oposición, la fórmula liberal, completada con el doctor Luis A. Riart como candidato a vicepresidente, fue consagrada por las urnas y los nuevos mandatarios asumieron sus funciones el 15 de agosto de 1939.

Mientras tanto, durante el gobierno de Paiva tuvieron lugar importantes definiciones en materia de política exterior. En julio de 1938, luego de tres años de complejas negociaciones, se alcanzó un entendimiento en la Conferencia de Paz del Chaco, que permitió la firma, en ese mismo mes, del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las Repúblicas de Bolivia y el Paraguay. Se decidió que la línea divisoria entre ambos países debía establecerse por medio de un arbitraje de equidad, sobre la base de las últimas propuestas aceptadas por cada uno de ellos. En realidad, los límites habían sido acordados previamente y el arbitraje fue solo un recurso para hacer más aceptable el arreglo por parte de las opiniones públicas de los ex beligerantes. En el Paraguay, el tratado fue sometido a un plebiscito, en el que votaron por su aprobación más de 135.000 electores y en contra, unos 13.000. El Colegio Arbitral, constituido por representantes de los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, dictó su fallo en octubre de 1938: por él, Bolivia preservó la zona petrolífera en el extremo occidental del Chaco, pero quedó excluida del litoral del río Paraguay al sur de Bahía Negra, y el Paraguay reafirmó su dominio sobre la mayor parte del territorio en disputa.

En julio de 1939, se suscribió un Tratado Complementario de Límites entre el Paraguay y la Argentina, que puso término a las discusiones sobre la delimitación entre ambos países en la cuenca del río Pilcomayo. Con los acuerdos de 1938 y 1939 y los actos internacionales celebrados en su virtud quedaron fijados la extensión y los límites de la Región occidental del Paraguay.

Asimismo, en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Paraguay se aseguró la cooperación financiera de los Estados Unidos para el impulso de su desarrollo. En junio de 1939, el general Estigarribia, ministro Plenipotenciario ante el gobierno de Washington, formalizó con el Secretario de Estado de ese país el acuerdo por el que se concedieron tres millones de dólares para la construcción de una carretera desde Asunción hacia el este, en dirección a la frontera con Brasil, y medio millón de dólares más para fortalecer las reservas del Banco de la República. Además, el gobierno estadounidense se comprometió a enviar misiones técnicas para colaborar en la modernización del sistema financiero y la atención de la salud pública. Esta cooperación, incrementada de manera progresiva, produjo en los años siguientes un significativo impacto económico y político en el país, y permitió a los Estados Unidos neutralizar las simpatías y los apoyos que el nazismo alemán llegó a concitar, en especial en una parte del alto mando militar.

ESTIGARRIBIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1940

La esperanza de que con la asunción del nuevo gobierno se iniciara una etapa de mayor tranquilidad política quedó prontamente desvanecida. La integración del gabinete ministerial, con liberales jóvenes y dos jefes militares, despertó las primeras reacciones adversas. Dentro del liberalismo se objetó la decisión de confiar el Ministerio del Interior a un jefe del Ejército; y muchos se sintieron decepcionados porque todos los civiles del gabinete pertenecían al Partido Liberal. Sectores de las Fuerzas Armadas no estuvieron satisfechos con el restablecimiento del liberalismo en el poder, ni admitieron de buen grado que se pretendiese colocar a las instituciones castrenses en situación subalterna. La prensa opositora no aminoró las censuras al Ejecutivo y los estudiantes reforzaron su movilización y manifestaciones de protesta. Nuevas gestiones para que el Partido Colorado levantara su abstención y participase en las elecciones de renovación del Poder Legislativo tampoco prosperaron. A todo esto se sumó la difícil situación económica.

Con motivo de la creciente agitación estudiantil, el Gobierno dispuso, en enero de 1940, la intervención de la Universidad Nacional y el cese de sus autoridades, medidas que agravaron las críticas y las protestas. Poco después, se decidió el arresto y la posterior deportación del director del diario El Tiempo, vocero de un grupo de intelectuales católicos que mantenían vinculaciones con elementos militares y que llevaban adelante una campaña virulenta contra el Ejecutivo. El general Estigarribia percibió la existencia de una trama o, al menos, de inquietudes militares por detrás de las perturbaciones políticas. Entendió, además, que con las normas constitucionales no podría conjurar la crisis, y que era necesario un reajuste institucional sobre nuevas bases o, en otras palabras, adelantarse a la revolución haciendo la revolución desde el poder.

A mediados de febrero, el jefe de Estado anunció al presidente del Partido Liberal su decisión de cambiar la composición del gabinete y de estructurar un nuevo orden institucional. El Directorio de ese partido resolvió entonces, con disidencias, que el Congreso se autodisolviera mediante la renuncia de todos los senadores y diputados, declarando previamente la necesidad de la reforma constitucional, con el fin de dejar en libertad de acción al presidente de la República. Los liberales podrían, en lo sucesivo, colaborar con el gobierno, pero bajo su responsabilidad personal.

Ante la dimisión colectiva de los miembros del Congreso, e invocando el propósito de «salvar de la anarquía a la familia paraguaya», Estigarribia asumió el 18 de febrero de 1940 la plenitud de los poderes públicos; declaró subsistente el capítulo de la Constitución de 1870 relativo al Poder Judicial, así como los derechos y las garantías consagrados en ella y que no se opusieran «a la nueva organización del Estado Paraguayo»; y estableció una tregua política indefinida. El nuevo gabinete ministerial quedó integrado con militares y hombres de diversa extracción política, quienes asumieron los cargos a título personal y no partidario.

Al mismo tiempo que implementaba un ambicioso plan de gobierno, el general Estigarribia se ocupó de la reforma constitucional. Descartó la convocatoria a una Convención Constituyente ante la evidencia de que las elecciones de convencionales obligarían a levantar la tregua política y de que, dada la abstención colorada, solamente participaría de los comicios el Partido Liberal. El presidente dirigió en persona la preparación del proyecto de Constitución, redactado de conformidad con sus orientaciones por los ministros Justo Pastor Benítez y Pablo Max Ynsfrán. El documento fue puesto a consideración del gabinete y de los altos mandos militares y, posteriormente, fue sancionado y promulgado por decreto del Poder Ejecutivo, en julio de 1940. Para guardar las formas, la nueva Constitución fue sometida a un plebiscito, efectuado a principios de agosto, sin tiempo ni condiciones para una genuina deliberación ciudadana. Una vez aprobada por el voto popular, fue jurada solemnemente el 15 de agosto de ese año.

Los dos grandes ejes de la Constitución de 1940 consistían en asegurar la primacía del interés general sobre los intereses particulares y en organizar un Estado fuerte, en el que el Poder Ejecutivo tuviese mayor preponderancia. El Estado ya no sería neutral, sino que tenía atribuciones para intervenir en la vida social y económica. La propiedad privada debía cumplir una función social y se proscribía la explotación del hombre por el hombre. Se establecía que las libertades garantizadas por la Constitución eran de carácter social, y que, por tanto, las exigencias del orden público podían limitar su ejercicio, con sujeción a la ley. El Presidente de la República podía disolver el Congreso, decretar por sí mismo el estado de sitio y dictar decretos-leyes durante el receso legislativo. Se eliminó la vicepresidencia y se creó un Consejo de Estado, como órgano asesor del Poder Ejecutivo, integrado por los ministros de Estado, representantes de la Iglesia católica, la Universidad, las Fuerzas Armadas, el comercio y las industrias agropecuarias y transformadoras. El Poder Legislativo sería, en lo sucesivo, unicameral, con una sola Cámara de Representantes.

Además del nuevo marco constitucional, en febrero de 1940 se dictó el Estatuto Agrario, instrumento jurídico con el que se pretendía afrontar y resolver el crucial problema de la propiedad rural, sobre la base del reconocimiento de su función social y con el programa de que «todo hogar paraguayo debe estar asentado sobre un pedazo de tierra propio que le produzca lo necesario para la vida». Se sostenía entonces que los predios rurales del Paraguay estaban acaparados por unas pocas compañías extranjeras y que los paraguayos eran dueños de apenas el 5% de su territorio. De hecho, 14 propietarios poseían en la Región oriental siete millones de hectáreas, y 11 eran dueños de cinco millones de hectáreas en el Chaco. El nuevo estatuto declaró susceptibles de expropiación, con fines de utilidad social y pago de indemnización, entre otros, los predios ocupados por núcleos mayores de veinte personas, y cualquier tierra apta para la explotación agropecuaria que no se encontrara racionalmente explotada. Estableció también la reversión al Estado de las tierras rurales no aprovechadas de manera racional, pertenecientes a extranjeros que residieran en el exterior y que adeudasen más de cinco años de impuesto inmobiliario.

Aprobada y jurada la nueva Constitución, el presidente se abocó a concretar la segunda etapa de la asistencia financiera estadounidense, cuando ocurrió lo imprevisto. El 7 de septiembre de 1940, el general José Félix Estigarribia falleció junto a su esposa en un accidente de aviación, en las cercanías de Altos, dejando truncada su obra. El país quedó consternado con la noticia y los funerales del conductor del Ejército del Chaco constituyeron una apoteosis. Estigarribia fue ascendido en forma póstuma a mariscal y sus restos fueron depositados en el Panteón Nacional.

EL GOBIERNO DE HIGINIO MORÍNIGO

La Constitución disponía que, en caso de fallecimiento del jefe de Estado, la Cámara de Representantes y el Consejo de Estado, reunidos en Asamblea Nacional, eligieran a un presidente provisional, encargado de convocar elecciones en el plazo de dos meses. Como ninguno de esos órganos estaba integrado en ese momento, los mandos militares obtuvieron del Consejo de Ministros la designación como presidente interino del ministro de Guerra y Marina, general Higinio Morínigo, quien confirmó a los ministros de Estigarribia en sus respectivas carteras. Sin embargo, antes de un mes, el nuevo mandatario provocó la renuncia de los ministros liberales y dispuso su apresamiento y salida del país. No se trató de un mero cambio ministerial, sino de una verdadera redefinición política. El general Morínigo se fue desprendiendo, después, de los demás colaboradores de su antecesor, y completó su gabinete con militares y con miembros de un grupo de intelectuales católicos críticos de los partidos políticos tradicionales, conocidos como «tiempistas», porque tenían como vocero el diario El Tiempo.

En octubre de 1940, dentro de los dos meses siguientes a su designación, Morínigo convocó los comicios presidenciales para el 15 de febrero de 1943, justificando —mediante una interpretación torcida de la norma constitucional— que esta solo establecía «la fecha de convocación a elecciones, pero no la de su verificación». Luego, en ceremonia efectuada en marzo de 1941, los jefes y oficiales del Ejército y la Marina juraron lealtad al Gobierno, suscribiendo un documento en el que se declaraba que «el sistema liberal individualista ha sido la causa principal de la anarquía política, de la miseria económica y del atraso moral de la nación», y que «los políticos profesionales que ese régimen nefasto engendró deben ser reducidos a la impotencia para alejar la posibilidad de cualquier reacción que apeligre la estabilidad del nuevo Orden Nacionalista Revolucionario».

Al amparo de la tregua política, el gobierno de Morínigo llevó adelante una persecución persistente contra los partidos políticos. El Partido Comunista estaba proscrito, el Partido Liberal fue disuelto por decreto en abril de 1942, y el Partido Colorado sufrió igualmente restricciones para el desarrollo de sus actividades. El Gobierno intentó en los primeros meses de gestión acercarse al franquismo, pero las exigencias del líder de esta agrupación impidieron todo entendimiento. En enero de 1941, se decretó también la tregua sindical, por un año, y se reglamentó el derecho de asociación gremial. Dirigentes políticos, estudiantiles y obreros fueron encarcelados, confinados y desterrados, mientras que la prensa fue directamente controlada por el gobierno.

De esta manera, durante varios años se impuso un gobierno autoritario, fundado más que nada en el apoyo de las fuerzas militares, de espaldas a la ciudadanía, cuyos intereses y aspiraciones el gobierno pretendía interpretar. El presidente administraba las diferencias que surgían en el seno de las Fuerzas Armadas, actuando como un árbitro o moderador que guardaba el equilibrio entre los distintos grupos. Pudo sostenerse de tal manera, entre otras razones, porque el contexto internacional le resultó propicio. El gobierno del Paraguay, que hasta entonces se mantuvo en una posición de neutralidad en relación con la Segunda Guerra Mundial, se alineó con Estados Unidos después del ataque japonés a ese país, y rompió las relaciones políticas, comerciales y financieras con los países del Eje (Alemania, Italia y Japón) en enero de 1942. Esta decisión le aseguró el apoyo político estadounidense y el incremento de su cooperación técnica y financiera. Asimismo, el gobierno paraguayo negoció y firmó importantes acuerdos de cooperación y facilidades comerciales, portuarias y de navegación con Argentina y Brasil, países que, por lo demás, condonaron la enorme y pesada deuda que el Paraguay tenía con ellos, a raíz de la Guerra contra la Triple Alianza.

En 1941, el gobierno de Morínigo integró el Consejo de Estado, pero no convocó a elecciones para la Cámara de Representantes. Al aproximarse la fecha fijada para los comicios presidenciales, las Fuerzas Armadas proclamaron al presidente como candidato, y en enero de 1943 se convocó a una «votación nacional» para plebiscitar la reelección del jefe de Estado. La ciudadanía fue llamada no a elegir un presidente, sino a decidir si continuaría o no en funciones el general Morínigo, prohibiéndose la propaganda política, «a fin de no dividir la familia paraguaya o agitar la opinión pública». La votación se realizó en cuatro fines de semana, desde el 16 de enero hasta el 14 de febrero de 1943. En el decreto de convocatoria se justificó el procedimiento consignando que «la Revolución paraguaya no acepta, en esta etapa de su vida, la intermediación entre las masas ciudadanas y el Estado, de los llamados partidos, de cuyas actuaciones de más de medio siglo se tienen como trágica secuela, la prostitución de las austeras costumbres cívicas del país, la anarquía disociante y el endeudamiento y el atraso antinacionales e injustificables de la República». Siendo el voto obligatorio, sufragaron 186.660 ciudadanos, de los cuales 169.338 votaron por la continuidad del general Morínigo y más de 10.000 lo hicieron en blanco.

La economía del país se había reactivado por el incremento de la producción y las exportaciones ante la demanda internacional de productos primarios provocada por la Segunda Guerra Mundial. Entre 1940 y 1946 el valor de las exportaciones se triplicó. Además de los mercados tradicionales, Gran Bretaña y Estados Unidos se convirtieron en importantes destinos para la producción paraguaya. Los rubros principales siguieron siendo los de carne conservada, extracto de quebracho, fibras de algodón, maderas, cueros, tabaco y yerba. El país registró en esos años un alto nivel de ocupación y producción, con un incremento notable del costo de vida.

La intervención estatal en la vida económica se intensificó aun más. El Estado asumió inequívocamente un papel rector en la economía. Se dispuso su intervención en la fijación del cambio y de los precios de productos de primera necesidad, así como en el acopio y comercialización de productos agropecuarios. Se instauró también el régimen de racionamiento y de cupos para la venta de ciertos productos importados. En 1942, se adoptó una nueva unidad monetaria, el guaraní, y se prohibió el uso en transacciones internas de monedas extranjeras y de la unidad de cuenta denominada «peso oro sellado». Después, se determinó que el Banco del Paraguay concentrase la facultad de emisión monetaria, el control de las importaciones y de cambios, el crédito al sector productivo y la superintendencia del sistema bancario.

El Gobierno adoptó, por otra parte, muy significativas disposiciones en beneficio de los trabajadores: estableció el salario mínimo y el seguro social obligatorio. En cambio, poco adelanto hubo en esos años en la redistribución de la propiedad rural y en el acceso del agricultor al dominio de la tierra que trabajaba.

A pocos meses de iniciado el segundo periodo de gobierno del general Morínigo, las diferencias entre los tiempistas y el alto mando militar terminaron provocando la salida de los primeros del gabinete ministerial, en 1944. De tal manera, el grupo de oficiales encabezado por el comandante de la Primera División de Caballería, coronel Victoriano Benítez Vera, y por el jefe del Estado Mayor General, coronel Bernardo Aranda, conocido como «Grupo de la Caballería», incrementó aún más su influencia, tanto en el ámbito castrense como en el gubernamental, en detrimento de la autoridad del presidente y de sus dos principales colaboradores militares, los generales Vicente Machuca y Amancio Pampliega.

No obstante, la hegemonía militar no iba a perdurar por mucho tiempo. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar diversas gestiones, muy especialmente por parte de los Estados Unidos, con la intención de que se llevara a cabo una apertura democrática en el Paraguay. En enero de 1946, el general Morínigo anunció la decisión de iniciar un proceso de normalización institucional mediante el restablecimiento de la libertad de prensa, el levantamiento de la tregua política y la preparación de los comicios para integrar la Cámara de Representantes. Como el oficialismo no quiso limitarse a presenciar el eventual proceso de apertura política y dejarlo en manos de los partidos tradicionales, hubo intenciones de organizar «las fuerzas civiles de la Revolución». En particular, el Grupo de la Caballería propició la creación de un Partido Laborista y, con el afán de controlar los tiempos políticos, influyó decisivamente en la reorganización ministerial de marzo de 1946, en la que fue excluido del gabinete el ministro de Defensa Nacional, general Vicente Machuca. De todas maneras, en mayo, el general Machuca asumió el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, y al hacerlo abogó por «la edificación de un Ejército limpio de toda contaminación política».

Además de disponer algunos cambios en el Estado Mayor General, el general Machuca se presentó en la División de Caballería, en ausencia del coronel Benítez Vera, con la finalidad de investigar denuncias formuladas contra este comandante. Benítez Vera, quien se encontraba en Buenos Aires cumpliendo una misión oficial, regresó abruptamente a Campo Grande, sede de la división, y exigió al presidente la destitución del Comandante en Jefe. Estando así las cosas, unidades de la misma División de Caballería se levantaron contra su comando divisionario, quien fue finalmente separado del cargo, al igual que el Jefe del Estado Mayor General y otros oficiales, en junio de 1946. La ambigua actitud adoptada en el curso de los acontecimientos por el presidente Morínigo llevó a los jefes militares triunfantes a plantear su cambio; pero ni el general Machuca ni el general Pampliega aceptaron asumir la conducción del país en esas circunstancias, y el presidente pudo continuar en el cargo, con la autoridad muy disminuida y con el compromiso de proceder de una vez a la apertura democrática.

El general Morínigo reconstituyó su gabinete designando como ministro del Interior a un civil y como ministro de Hacienda a J. Natalicio González, destacado dirigente del Partido Colorado, quien ya antes se había aproximado al Gobierno y desempeñaba las funciones de ministro plenipotenciario en el Uruguay. El nuevo ministro del Interior anunció, poco después de asumir sus funciones, que se restablecería la libertad de prensa y se levantaría la tregua política, medidas que se efectivizaron en el mes de julio. Luego se integró un gabinete de coalición con tres ministros colorados, tres ministros de la Concentración Revolucionaria Febrerista y dos militares, en las carteras del Interior y de Defensa Nacional.

Esta apertura permitió que los dirigentes políticos exiliados retornaran al país. Los partidos restablecieron sus órganos de prensa y se abocaron a las tareas de organización y proselitismo, con miras a la anunciada Convención Constituyente que se pretendía celebrar en el año 1947. Se restableció la Junta Electoral Central, aunque con representación únicamente del Partido Colorado y de la Concentración Febrerista, y bajo la presidencia de un jefe militar. También fue derogado el decreto de disolución del Partido Liberal y los comunistas pudieron salir de la clandestinidad. El cálculo de los políticos no se limitó a la conquista de la voluntad ciudadana en los próximos comicios solamente con programas y discursos. Una abierta disputa por ocupar espacios en la Administración pública y aprovechar los recursos estatales enfrentó a los dos partidos que participaban del poder, y tanto estos como los de oposición, con mayor o menor intensidad, se cuidaron de cultivar relaciones con elementos militares, en previsión de que estos pudieran cumplir un rol fundamental en las definiciones políticas que debían darse en los meses siguientes.

Las disputas dentro del gobierno de coalición desembocaron en la crisis de enero de 1947, cuando los ministros del febrerismo renunciaron a sus cargos por diferencias surgidas a raíz de la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuya titularidad reclamaban tanto la Concentración Febrerista como el Partido Colorado. Ante esto, los altos mandos decidieron el 11 de enero, en reunión mantenida con el general Morínigo, excluir igualmente a los ministros colorados y conformar un gabinete militar que diese garantías de neutralidad política hasta la instalación de la Convención Constituyente. No obstante, el presidente, a quien no entusiasmaba la idea de convocar de inmediato a dicha Convención, contando con las fuerzas de la División de Caballería, la Escuela Militar y la Policía capitalina, y con el apoyo de dirigentes del coloradismo, dejó de lado lo resuelto y conformó, dos días después, un nuevo gabinete colorado-militar.

LA GUERRA CIVIL DE 1947

El golpe del 13 de enero generó las resistencias de quienes quedaron fuera y, principalmente, de la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas. En ese mes, se produjo un conato de rebelión en el Regimiento de Artillería de Paraguarí y, a principios de marzo, tras un frustrado asalto a la Policía de la Capital por partidarios del febrerismo, los oficiales de la Primera Región Militar, con asiento en Concepción tomaron la unidad y se sublevaron contra el gobierno. A las fuerzas de Concepción se sumaron las del Territorio Militar del Chaco, así como jefes y oficiales que guardaban reclusión en la prisión militar de Peña Hermosa. Poco después, el teniente coronel Alfredo Galeano asumió la jefatura del movimiento, reafirmando su carácter eminentemente militar y consignando en una proclama que el mismo se proponía «lavar las ofensas» inferidas a las instituciones armadas y «restituir al pueblo sus derechos y libertades conculcados».

En lugar de desplazarse inmediatamente hacia la capital, los sublevados actuaron con suma prudencia. Al parecer, esperaban que con su pronunciamiento otras unidades del Ejército y la Marina se unieran a ellos. Además, no confiaban en sus tropas de reclutas insuficientemente instruidos, y se resistieron a incorporar reservistas experimentados por el prurito de no politizar el levantamiento. Sin embargo, pronto se asociaron a los rebeldes figuras prominentes de la Concentración Febrerista, encabezadas por su propio líder, el coronel Rafael Franco; del Partido Liberal y del Partido Comunista. La presencia de estos últimos permitió a la propaganda oficial presentar el movimiento como auspiciado y dominado por el comunismo internacional.

Localizado el levantamiento en los departamentos de Concepción y Amambay, parte del Chaco y el norte de San Pedro, el Gobierno mantuvo el control del área más poblada del país. Se hizo fuerte en la capital y pudo proveerse de lo que necesitaba desde el exterior, por tener expedita la navegación del río Paraguay, solo amenazada, débil y brevemente, en el mes de julio por las cañoneras Paraguay y Humaitá, tomadas por los rebeldes e inmovilizadas posteriormente en el Paraná por la artillería y la aviación gubernamentales. El Gobierno contó con la lealtad de una parte de las Fuerzas Armadas y completó sus cuadros y efectivos con oficiales retirados y reservistas colorados, en su mayoría excombatientes de la Guerra del Chaco. El coloradismo mostró en esos momentos una firme determinación de conservarse a toda costa en el poder. La guerra civil, además, le permitiría disminuir el peso político de los militares y depurar el Ejército.

En abril de 1947, se constituyó la Junta de Gobierno Revolucionaria, integrada por los tenientes coroneles Fabián Zaldívar Villagra, Aureliano Mendoza y Alfredo Galeano. Para entonces, el Gobierno ya había organizado el Primer Cuerpo de Ejército, que operó en el norte bajo el mando del coronel Francisco Caballero Álvarez, hijo del fundador del Partido Colorado. A mediados de marzo, el coronel Federico W. Smith asumió el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, pero se retiró del cargo a fines de abril, cuando se dispuso sin su autorización el ataque a la Marina, en Asunción, que dio lugar a tres días de intensos combates. El desarrollo de las operaciones militares obligó a los sublevados a modificar el alto mando a fines de mayo: Mendoza quedó como comandante en jefe y Galeano, como jefe de Estado Mayor; la Primera División de Infantería fue encomendada al coronel Franco; la Segunda, al teniente coronel Antonio Granada; y la Primera División de Caballería, al coronel Alfredo Ramos, de destacada actuación, al igual que Franco, en la Guerra del Chaco. Cabe resaltar que ninguna de las divisiones contaba con la dotación reglamentaria.

El frente se estabilizó en los meses de mayo y junio alrededor del río Ypané, que las fuerzas gubernistas pudieron cruzar a mediados de julio, lo que obligó a los rebeldes a replegarse hacia el norte. A continuación, ocuparon Horqueta y Belén, y se aprestaron a librar el combate decisivo en Concepción. La superioridad del ejército leal era ya incontrastable. Se estimaba que el Gobierno tenía ahí más de 8.000 hombres, bien armados y pertrechados, frente a 2.300 de los rebeldes. El comando de los sublevados tomó entonces la decisión audaz de desprenderse de las fuerzas enemigas y avanzar por el río Paraguay hasta las proximidades de Asunción, con la intención de ocuparla, aprovechando que se encontraba débilmente protegida. La fuerza principal del Gobierno se hallaba en el norte, y solo se podía desplazar hasta la capital por tierra, en un tiempo mayor que el que demandaría el traslado de los sublevados por vía fluvial.

En varias embarcaciones, los rebeldes partieron de Concepción el 31 de julio, forzaron el paso en Puerto Milagro y siguieron a Puerto Ybapobó, donde el comandante Ramos resultó gravemente herido, por lo que debió delegar el comando de la División de Caballería. La navegación se hizo más lenta de lo que se había previsto y esto dio tiempo al Gobierno para organizar la defensa de la capital. Durante la marcha, la aviación gubernista destruyó parte de la artillería y el arsenal de los sublevados. Estos desembarcaron, finalmente, al norte de Emboscada y formaron tres columnas para avanzar hacia la capital, pero esta dispersión de fuerzas resultó fatal. A mediados de agosto chocaron con las defensas de Asunción, improvisadas con reservistas y voluntarios colorados, bien armados y con gran potencia de fuego. Tras fuertes combates, y con la llegada de las fuerzas gubernistas del norte, el levantamiento fue vencido, después de cinco meses de guerra civil. El ejército profesional y apartidario quedó herido de muerte.

Sin embargo, la violencia no concluyó con la derrota militar de los rebeldes. Milicianos colorados, y posiblemente también «pescadores en río revuelto», llevaron adelante desmanes y saqueos ante la impotencia del Gobierno para contenerlos. Las agresiones verbales, las persecuciones, los vejámenes y el enfrentamiento de varios meses habían dividido profundamente a los paraguayos. Miles de personas se vieron obligadas a salir del país.

La revolución afectó, desde luego, las actividades económicas. En gran proporción, las tareas rurales fueron abandonadas a causa de las movilizaciones y de la emigración. Igualmente, el aprovisionamiento de las fuerzas combatientes, la matanza y el hurto de ganado afectaron la producción de los frigoríficos. Las exportaciones cayeron de 82.678.601 guaraníes, en 1946, a 65.703.073 guaraníes, en 1947. El sostenimiento del esfuerzo militar demandó al gobierno gastos imprevistos, y el costo de vida en la capital se incrementó en casi 30%, según estimaciones oficiales.

GUIONES Y DEMOCRÁTICOS

El triunfo del Gobierno en la guerra civil fue, en gran medida, obra del Partido Colorado, que desde ese momento se mostró resuelto a asumir plenamente la dirección política del país. Pero si para la conquista del poder pudieron disimularse las diferencias existentes en su seno —contenidas además por la autoridad moral del presidente del partido, doctor Juan León Mallorquín, fallecido en junio de 1947—, la puja por el poder puso de manifiesto una fuerte división interna entre los seguidores de Federico Chaves, dirigente tradicional que lideraba el sector conocido como «democrático», y los de Natalicio González, talentoso escritor nacionalista, antiliberal y anticomunista, apoyado por los combativos «guiones rojos» y por otros grupos, identificados en conjunto como «guiones». Si bien los democráticos controlaban la estructura partidaria, los guiones estrecharon lazos con el presidente Morínigo y se sintieron respaldados por las fuerzas de seguridad.

En noviembre de 1947, se llevó a cabo la convención del Partido Colorado para definir las candidaturas al poder Ejecutivo y la Cámara de Representantes. Tras varios enfrentamientos, los democráticos se retiraron de la convención, que quedó en manos de los guiones, y Natalicio González fue proclamado candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 1948. Federico Chaves, quien ejercía el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y otro ministro del sector democrático renunciaron a sus carteras, en protesta por la actitud que adoptó el general Morínigo ante lo que calificaban como un «atraco de los guiones».

Los comicios se efectuaron en febrero de 1948 con una única fórmula, y Natalicio González quedó electo para el periodo 1948-1953. La Cámara de Representantes se instaló en el mes de abril solo con colorados. El traspaso del mando presidencial estaba previsto para el 15 de agosto, pero seguidores del presidente electo decidieron sacar del medio al general Morínigo, de quien se sospechaba que pretendía dar un golpe para asegurar su continuidad en el poder, o que iba a permanecer como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o ministro de Defensa durante el gobierno de su sucesor, manteniendo así el control sobre las instituciones militares. En junio de 1948, un mes y medio antes de que concluyera su mandato, un levantamiento militar y policial dirigido por civiles forzó al presidente Morínigo a renunciar al cargo. El movimiento se ejecutó sin consultar con el presidente electo, quien continuaba ejerciendo las funciones de ministro de Hacienda, y cuya autoridad quedó debilitada.

La Asamblea Nacional, conformada por los miembros de la Cámara de Representantes y del Consejo de Estado, aceptó la renuncia del general Morínigo y eligió como presidente provisional a Juan Manuel Frutos, presidente de la Corte Suprema de Justicia y dirigente histórico del coloradismo. Finalmente, el 15 de agosto de 1948, Natalicio González asumió la presidencia y en su gabinete se mantuvieron los ministros que habían acompañado al doctor Frutos, lo que preservó el equilibrio entre los distintos grupos internos del guionismo, que no solo constituían fuerzas políticas, sino que se repartían el respaldo o las simpatías de jefes del Ejército. Además, tempranamente se hizo sentir la acción de los democráticos, con el afán de dividir a los colorados del gobierno, agitando la bandera de la unidad partidaria y presentando la continuidad del primer mandatario como un obstáculo para la consecución de esa unidad.

En octubre de 1948, el presidente González pudo contener un levantamiento del Colegio Militar y el Regimiento de Artillería situado en Paraguarí. Sin embargo, a finales de enero de 1949, otro movimiento impulsado, en nombre de la unidad del Partido Colorado, por los ministros Felipe Molas López y Liberato Rodríguez, con apoyo de la División de Caballería, consiguió imponerse, y el jefe de Estado se vio obligado a renunciar.

La Asamblea Nacional confió, esta vez, la presidencia provisional al general Raimundo Rolón, ministro de Defensa del presidente depuesto. En el gabinete se integraron representantes del sector democrático, mientras que Molas López y Liberato Rodríguez retuvieron las carteras de Educación e Interior, respectivamente. Después, el general Rolón anunció la convocatoria a elecciones presidenciales para el mes de abril, en momentos en que se comenzaba a hacer propaganda en favor de su propia candidatura a la jefatura del Estado. Como respuesta, las autoridades del Partido Colorado confirmaron la candidatura del ministro Molas López. Los mandos militares hicieron, entonces, una declaración expresa, en el sentido de que las Fuerzas Armadas deseaban que en la próxima etapa de gobierno la primera magistratura fuese ejercida por «un hombre de armas esencialmente civilista» como el general Rolón. Aun cuando este rechazó días después la propuesta, consciente del mal efecto que la misma había provocado en la cúpula del coloradismo, su suerte estaba echada. El 26 de febrero de 1949, el presidente provisional, el comandante de la División de Caballería y otros oficiales fueron detenidos, y los nuevos mandos militares encomendaron la presidencia provisional a Felipe Molas López.

El nuevo mandatario asumió el cargo ante la Corte Suprema de Justicia. Luego, disolvió la Cámara de Representantes y convocó a elecciones legislativas en coincidencia con las presidenciales. El gabinete ministerial quedó integrado en forma preponderante con democráticos, y el propio Federico Chaves ocupó la cartera de Relaciones Exteriores. El general Emilio Díaz de Vivar, vinculado a ese sector, se hizo cargo del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, y otro democráticos, Epifanio Méndez Fleitas, asumió la jefatura de la Policía capitalina. Antes de las elecciones, el Gobierno dejó en libertad a todos los que guardaban reclusión por motivos políticos.

Con Molas López como candidato único y una sola lista para la Cámara de Representantes, las elecciones tuvieron lugar, tal como estaba previsto, en abril de 1949. Federico Chaves asumió la presidencia de la Cámara de Representantes y Molas López prestó juramento como Presidente constitucional, el 14 de mayo de 1949. En sus propias palabras, la economía del país, después de tantos meses de agitación, estaba jaqueada por el «encarecimiento extraordinario de la vida», el «éxodo de las masas trabajadoras del campo hacia la ciudad o el extranjero» y «la enorme inflación, provocada en gran parte por el despilfarro de los dineros del pueblo, sumados al déficit presupuestario y al monopolio irregular de divisas extranjeras».

De todos modos, el mandato de Molas López no duró mucho tiempo. Los democráticos, que ocupaban ya la mayor parte de los espacios de poder, llegaron a la conclusión de que el presidente conspiraba contra ellos y de que era conveniente tomar de una vez el gobierno. En septiembre de 1949, a raíz de una crisis militar, la Junta de Gobierno del Partido Colorado retiró su confianza al presidente de la República, por lo que Molas López renunció y fue reemplazado por Federico Chaves.

LA PRESIDENCIA DE FEDERICO CHAVES

El sector democrático del coloradismo quedó, así, al frente de la conducción del Estado, pero no mostró apuro por restablecer la democracia, ni la plena vigencia de las libertades individuales, ya que, en su concepto, hacía falta previamente asegurar la pacificación espiritual del país. En noviembre de 1949, se convocó a nuevas elecciones presidenciales, que se efectuaron en julio de 1950, sin participación de los partidos opositores. Chaves fue electo para completar el periodo 1948-1953, y posteriormente, en 1953, fue reelegido para el periodo 1953-1958. El país vivió bajo su mandato casi un quinquenio de estabilidad política. Se consolidó un sistema de partido único, en el que la Junta de Gobierno del Partido Colorado cumplió el papel de órgano rector de la política interna. Las actividades de la oposición fueron desalentadas y reprimidas, se mantuvo el estado de sitio y la prensa quedó bajo estricto control gubernamental. Aunque no dejaron de surgir disputas internas entre los democráticos, el presidente de la República las administró con una combinación de paciencia, astucia y bonhomía, como un «patriarca», que era el título con el que lo designaban sus seguidores. Las fuerzas militares, en proceso de completa «coloradización», entraron también en una etapa de mayor estabilidad, bajo el comando en jefe del general Díaz de Vivar y, posteriormente, del general Alfredo Stroessner. Se reforzaron los lazos con Argentina, con la que llegó a suscribirse un Convenio de Unión Económica, en agosto de 1953, y se amplió la cooperación técnica y financiera estadounidense.

En 1950, se llevó a cabo un censo nacional, que determinó que la población del país nominalente censada era de 1.341.333 habitantes, de los que 12.881 eran indígenas. En la capital vivían 206.634 personas y otras 635.557 residían en la región central del país, conformada por los departamentos de Cordillera, Paraguarí, Central, Guairá y Caazapá. El 65% de la población se asentaba en áreas rurales y se estimaba que, aproximadamente, el 4% del territorio estaba destinado a la agricultura, el 45% a la ganadería y el resto eran bosques. Aparte de Asunción, solo tres ciudades tenían más de diez mil habitantes: Villarrica, con 14.680; Concepción, con 14.640; y Encarnación, con 13.321. Del total de los habitantes censados, 47.113 eran extranjeros, en su mayor parte procedentes de Argentina (20.899), del norte de Europa (11.688) y menonitas (9.950).

El comercio exterior siguió girando en torno a los mismos productos: maderas, extracto de quebracho, fibras de algodón, cueros vacunos, carne conservada, yerba mate y tabaco. Pero algunos de ellos ya presentaban una disminución significativa en su volumen y participación, como era el caso del extracto de quebracho, que cada vez tenía menos demanda en el mercado internacional. Argentina era todavía el principal comprador y proveedor del país.

A principios de 1953, el presidente Chaves declaró que la etapa de «pacificación espiritual» se había cumplido, pero que estaban pendientes, para restablecer las libertades públicas, las de fortalecimiento económico y reconstrucción del país. La inflación, el contrabando y las especulaciones con los permisos de importación y con el cambio de divisas entorpecieron el desarrollo regular de las actividades económicas. El Gobierno adoptó un Plan de Estabilización y Fomento, cuyos principales impulsores y ejecutores fueron Guillermo Enciso, ministro de Hacienda, y Epifanio Méndez Fleitas, quien pasó de la jefatura de Policía de la Capital a ejercer las funciones del presidente del Banco Central, en noviembre de 1952.

Pero poco después de iniciarse el nuevo periodo constitucional, en enero de 1954, el jefe de Estado separó de sus cargos al ministro Enciso, a Epifanio Méndez, al ministro del Interior, Tomás Romero Pereira, y al jefe de la Policía capitalina. Se sostuvo que el presidente, a quien se le escapaban de las manos las riendas del gobierno, actuó así influido por dirigentes partidarios de segundo orden, que buscaban distanciarlo de la dirigencia superior del coloradismo. El error definitivo tuvo lugar a principios de mayo de 1954, cuando Chaves respaldó al comandante de la División de Caballería de Campo Grande en detrimento de la autoridad del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Stroessner. Este reaccionó de manera inmediata y, con apoyo de los altos mandos militares, forzó la renuncia del presidente.

La crisis dio lugar a intensas negociaciones políticas. La Junta de Gobierno del Partido Colorado se mantuvo en sesión permanente por varios días, y el 8 de mayo adoptó una salida institucional en cuya virtud su presidente, el arquitecto Tomás Romero Pereira, asumiría la presidencia del país en forma provisional, con siete ministros civiles y tres militares, y convocaría a elecciones presidenciales, en las que el partido de gobierno presentaría como candidato para completar el periodo constitucional al general Alfredo Stroessner. Así, el 15 de agosto de 1954, un militar asumió nuevamente la presidencia de la República, pero esta vez su mandato se extendería por más de treinta y cuatro años.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Aunque no existen estudios completos acerca del periodo que abarca el presente capítulo, se cuenta con investigaciones muy valiosas sobre aspectos relevantes, como las de Milda Rivarola, Obreros, utopías y revoluciones. La formación de las clases trabajadoras en el Paraguay liberal (1870-1931) (Asunción, Centro de Documentación y Estudios, 1993); de Washington Ashwell, Historia económica del Paraguay (Asunción, Carlos Schauman Editor, v. I, 1989; Asunción, Ediciones y Arte, v. II, 1996); de Carlos Pastore, La lucha por la tierra en el Paraguay (Asunción, Intercontinental Editora, 3.ª ed., 2008); y de Luis A. Galeano, La hegemonía de un Estado débil (Asunción, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, 2009).

El libro de Paul Lewis, Paraguay bajo Stroessner (México, Fondo de Cultura Económica, 1986), es útil para aproximarse al proceso político paraguayo, sobre todo a partir de la Revolución de 1936. Testimonios de personalidades de destacada actuación pública en el periodo fueron reunidos por Alfredo M. Seiferheld en Conversaciones político-militares (Asunción, El Lector, Tomos I y II, 1984; Asunción, El Gráfico, Tomo III, 1986; Asunción, Imprenta Salesiana, Tomo IV, 1987).

En cuanto a los antecedentes y el desarrollo de la Guerra Civil de 1922-1923, pueden consultarse los textos de José P. Guggiari y Justo Pastor Benítez, Jornadas democráticas (Asunción, Imprenta Ariel, 1924); y de Rogelio Urízar, Los dramas de nuestra anarquía (Rosario, Editorial Fundación Ross, dos volúmenes, 1989). Los gobiernos de Eligio Ayala y José P. Guggiari han sido objeto de varios estudios, entre los cuales se destacan los de Milda Rivarola, La contestación al orden liberal. La crisis del liberalismo en la preguerra del Chaco (Asunción, Centro de Documentación y Estudios, 1993); y de Efraím Cardozo, 23 de octubre, una página de historia contemporánea del Paraguay (Buenos Aires, Editorial Guayrá, 1956).

La Guerra del Chaco dio lugar a una enorme producción bibliográfica. Dos buenas síntesis siguen siendo los estudios de David H. Zook (jr.), La conducción de la Guerra del Chaco (Buenos Aires, Círculo Militar, 1962); y de Roberto Querejazu Calvo, Masamaclay: Historia política, diplomática y militar de la Guerra del Chaco ([1965], Cochabamba, Los Amigos del Libro, 5.ª ed., 1992). Los aspectos económicos de la guerra fueron abordados por Washington Ashwell en el segundo tomo de su Historia Económica citada y por Alfredo M. Seiferheld en Economía y petróleo durante la Guerra del Chaco (Asunción, Instituto Paraguayo de Estudios Geopolíticos e Internacionales, 1983).

Quien mejor ha estudiado las incidencias políticas y militares de la posguerra del Chaco fue Alfredo M. Seiferheld en sus libros Estigarribia: veinte años de política paraguaya (Asunción, Editorial Laurel, 1983); Nazismo y fascismo en el Paraguay: vísperas de la Segunda Guerra Mundial 1936-1939 (Asunción, Editorial Histórica, 1985); y Nazismo y fascismo en el Paraguay: los años de la guerra 1939-1945 (Asunción, Editorial Histórica, 1986). Puede señalarse también la compilación, en cuatro volúmenes, de Saturnino Ferreira Pérez, Proceso político del Paraguay. Una visión desde la prensa (Asunción, El Lector, tomos I y II, 1986; Asunción, El Lector, tomo III, 1987; Asunción, Imprenta Salesiana, tomo IV, 1989).

Informaciones sobre la Revolución de Febrero de 1936 y la gestión del gobierno del coronel Franco se pueden encontrar en los libros de Juan Stefanich, El Paraguay en febrero de 1936 (Buenos Aires, Editorial El Mundo Nuevo, 1946); La diplomacia de la Revolución (Buenos Aires, Editorial El Mundo Nuevo, 1945); La restauración histórica del Paraguay (Buenos Aires, Editorial El Mundo Nuevo, 1945); y Renovación y liberación. La obra del Gobierno de Febrero (Buenos Aires, Editorial El Mundo Nuevo, 1946); así como el de Juan Speratti, La Revolución del 17 de febrero de 1936 (Asunción, Escuela Técnica Salesiana, 1984). La visión contraria fue expresada por Policarpo Artaza en Ayala, Estigarribia y el Partido Liberal (Buenos Aires, Editorial Ayacucho, 2.ª ed., 1946).

Con relación al gobierno de Estigarribia y la Constitución de 1940 son muy esclarecedores los testimonios y juicios de Justo Pastor Benítez, registrados en El mirador de un exilado (Buenos Aires, Talleres Gráficos Lucania, 1949); Cuaderno de Peña Hermosa y otros escritos (Asunción, Araverá, 1984); y Estigarribia, el soldado del Chaco (Buenos Aires, Editorial Difusam, 1943). También resulta de interés la documentación compilada por Leandro Prieto Yegros en El proceso de la dictadura liberal de 1940 (versión documental) (Asunción, Editorial Cuadernos Republicanos, 1985).

En lo referente al gobierno de Morínigo son recomendables las memorias publicadas por Augusto Ocampos Caballero, Testimonios de un Presidente. Entrevista al general Higinio Morínigo (Asunción, El Lector, 1983), y las del general Amancio Pampliega, aparecidas con el título de Misión cumplida (Asunción, El Lector, 1984). Conviene, igualmente, consultar la obra de F. Arturo Bordón, Morínigo, un paréntesis trágico en la vida democrática del Paraguay (Asunción, Editora Tabaré, 1975). Para la Guerra Civil de 1947 se puede recurrir a los trabajos de Washington Ashwell, Concepción 1947: cincuenta años después (Asunción, Edipar, 1998); y de Alcibiades González Delvalle, El drama del 47. Documentos secretos de la Guerra Civil (Asunción, Editorial Histórica, 1987).

Sobre los gobiernos colorados, contienen mucha información, entre otras, las obras de Natalicio González, Cómo se construye una nación (Asunción-Buenos Aires, Editorial Guarania, 1949) y Vida y pasión de una ideología (Asunción, Ediciones Napa, 1982); y de Epifanio Méndez, Diagnosis paraguaya (Montevideo, Talleres Prometeo, 1965) y Lo histórico y lo antihistórico en el Paraguay. Carta a los colorados (Buenos Aires, Artes Gráficas Negri, 1976). También están las compilaciones de Alfredo M. Seiferheld, La caída de Federico Chaves. Una visión documental norteamericana (Asunción, Editorial Histórica, 1987); y de Leandro Prieto Yegros, El coloradismo eterno con Stroessner. De la división a la unidad partidaria (Asunción, Editorial Cuadernos Republicanos, 1988).

CAPÍTULO XI

EL RÉGIMEN DE STROESSNER (1954-1989)

Andrew Nickson

Alfredo Stroessner Matiauda gobernó el Paraguay desde el 15 de agosto de 1954 hasta el 3 de febrero de 1989. También conocido como «El Rubio», «Mburuvicha» y el «Segundo Reconstructor», fue el jefe de Estado que más tiempo gobernó en la historia de Latinoamérica y el tercero en el mundo en el periodo posterior a 1945, después de Kim Il Sung, en Corea del Norte, y de Todor Zhukov, en Bulgaria. Fue también el presidente que gobernó durante más años en la historia paraguaya, y sus casi 35 años de mandato dejaron una marca indeleble en la psique del país.

Nació el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación, hijo de un inmigrante alemán, Hugo Stroessner, y de la paraguaya Heriberta Matiauda. Entró en la Escuela Militar de Asunción el 1 de marzo de 1929, a los dieciséis años, y como oficial de artillería del ejército paraguayo peleó en la Guerra del Chaco. En 1940, fue ascendido a mayor de artillería y en diciembre de 1945, a teniente coronel. Tuvo un rol importante en asegurar la victoria del Partido Colorado durante la guerra civil de 1947. Desde entonces, ascendió rápidamente en el seno de las Fuerzas Armadas y asumió el rango de coronel en marzo de 1948.

Tras la guerra civil, se desataron feroces peleas entre las distintas facciones del Partido Colorado, momento en el que Stroessner fue influenciado por Epifanio Méndez Fleitas, y se alió con los llamados «democráticos» contra los denominados «guiones». En octubre de 1948, se vio involucrado en un fallido levantamiento militar contra el entonces presidente guionista, Natalicio González. Tuvo que escapar escondido en la valijera de un auto para llegar a la embajada brasileña y, de allí, partió al exilio. Regresó al país desde Argentina, en forma clandestina, para colaborar nuevamente con Méndez Fleitas en el golpe del 26 de febrero de 1949, que derrocó al presidente Raimundo Rolón y colocó a Felipe Molas López en la presidencia como líder de un Partido Colorado unido. Stroessner fue recompensado por sus servicios con el retorno al comando de su regimiento el 4 de marzo y fue promovido al rango de general de brigada el 15 de agosto de 1949. Tras la caída de Molas López, orquestada por los democráticos en septiembre de 1949, Stroessner dirigió la resistencia ante los intentos del nuevo presidente, Federico Chaves, de purgar las Fuerzas Armadas de los simpatizantes guionistas. Sin embargo, su ascenso meteórico continuó al ser nombrado comandante de la División de Artillería, en septiembre de 1950, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el 13 de octubre de 1951, a la temprana edad de 39 años.

Desde entonces, silenciosamente, movilizó el apoyo de los colorados conservadores y de los grupos, dentro de las Fuerzas Armadas, que se oponían a la relación cada vez más estrecha entre el gobierno de Chaves y el gobierno populista de Juan Domingo Perón, en Argentina. Al hacer esto, aprovechó la tradicional antipatía militar hacia un antiguo enemigo de la Guerra de la Triple Alianza y utilizó, en el transcurso de la Guerra Fría, el temor del gobierno de los Estados Unidos ante la expansión internacional del comunismo. En enero de 1954, desde el relativo anonimato de su puesto, Stroessner demandó una mayor participación militar en el gabinete de Chaves, mientras que, inteligentemente, aprovechó los celos dentro de la Caballería, entre su comandante, el coronel Néstor Ferreira, y el mayor Virgilio Candia. Las «presiones» de Stroessner forzaron la renuncia de Méndez Fleitas a la presidencia del Banco Central y debilitaron el apoyo político hacia Chaves. A lo largo de esta etapa, la estrategia de Stroessner fue la de animar el enfrentamiento entre los partidarios de Chaves y los de Méndez Fleitas. Al debilitar la unidad de los democráticos, las Fuerzas Armadas podrían asumir el poder bajo su propio control.

Entre el 3 y el 8 de mayo de 1954, tuvo lugar una serie de levantamientos militares en Asunción y sus alrededores, lo que ocasionó la muerte de 25 personas. La sublevación produjo alianzas cambiantes entre las fuerzas leales a Chaves, a Méndez Fleitas y al mismo Stroessner. El desenlace final quedó determinado con la alianza tácita entre Stroessner y Méndez Fleitas para expulsar a Chaves de la presidencia. Una vez conseguido esto, Tomás Romero Pereira juró como presidente provisional y, poco después, Stroessner fue designado candidato del Partido Colorado para las elecciones presidenciales venideras. El 11 de julio de 1954, como único candidato, fue elegido presidente de la República y, en agosto, asumió la primera magistratura para completar el periodo presidencial de Chaves. De manera significativa, al asumir la presidencia retuvo su puesto como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

EL LARGO GOBIERNO DE STROESSNER

El extenso mandato de Alfredo Stroessner, conocido como el «stronato», puede ser dividido en tres etapas principales: fase de consolidación (1954-1967); fase de expansión (1968-1981); y fase de descomposición (1982-1989).

• La fase de consolidación (1954-1967)

En octubre de 1955, se reunificó el Partido Colorado en términos aceptables para Stroessner, quien forzó al populista y democrático Epifanio Méndez Fleitas, su principal rival, al exilio en 1956. A partir de ese momento, Stroessner tuvo la fuerza necesaria para imponer un programa de estabilización económica decidido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los primeros en el mundo, para controlar la creciente inflación, medida que también aseguró un sólido apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos. En ausencia de una burguesía industrial significativa, el régimen se ganó el apoyo de los sectores agroexportador y financiero, que fueron los principales beneficiarios del programa de estabilización. Esto implicó un congelamiento de los salarios y recortes del gasto público.

Al aplastar el disenso dentro del Partido Colorado y de las Fuerzas Armadas, el régimen estuvo en mejores condiciones para lidiar con los cuestionamientos a su autoridad que surgían en la sociedad. La caída del ingreso real, causada por el plan de estabilización, condujo a un descontento laboral creciente que culminó en la huelga general de 1958. Una vez reprimida la huelga, se impuso un liderazgo sindical stronista en el seno de la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT). Este sindicato estuvo dirigido por Enrique Volta Gaona, líder de una asociación sindical paralela, la Organización Republicana Obrera (ORO), establecida en 1946 por los guionistas para combatir la influencia comunista en el movimiento sindical. El régimen aprobó, entonces, una legislación laboral autoritaria que restringió severamente los derechos de los trabajadores.

La oposición dentro del Partido Colorado y de las Fuerzas Armadas al régimen fue severamente castigada. El 12 de marzo de 1959, diecisiete diputados colorados, pertenecientes a las tres facciones del partido —guionistas, chavistas y epifanistas—, enviaron una nota al Congreso para protestar contra la represión de manifestantes estudiantiles y pidiendo el levantamiento del estado de sitio, una amnistía para los exiliados políticos, la libertad de prensa y la redacción de una nueva Constitución. La nota fue aceptada por la Junta de Gobierno el 24 de marzo, y se la envió a Stroessner. En respuesta, el 28 de abril, el estado de sitio fue levantado; pero al mes siguiente volvieron las protestas estudiantiles y las manifestaciones callejeras, que culminaron en una violenta represión policial. Con una estrecha mayoría, el 29 de mayo, la Cámara de Diputados condenó la brutalidad policial, lo que significó un voto de no confianza en Stroessner. La respuesta de éste fue contundente: disolución del Congreso, reimposición del estado de sitio y envío de las tropas de la Caballería a ocupar Asunción. El 1 de junio, trescientos civilistas fueron arrestados y a muchos de ellos los deportaron a la Argentina, donde formaron un movimiento colorado en el exilio llamado Movimiento Popular Colorado (MOPOCO). De manera similar, una rebelión militar contra la «coloradización» de las Fuerzas Armadas fue cortada de raíz en 1962.

Animados por el éxito de la revolución cubana de 1959 y la división dentro del Partido Colorado, nacieron esporádicos movimientos guerrilleros en Argentina, como los disidentes liberales pertenecientes al Movimiento 14 de Mayo y los comunistas agrupados en el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA). Sin embargo, las fuerzas de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas los destruyeron para mediados de la década de 1960. Una importante consecuencia de la fallida oposición armada fue la gran limitación al disenso democrático dentro del país. Constantemente acusados de planear «el derrocamiento violento del gobierno democrático», el espacio político para los partidos de oposición se volvió extremadamente estrecho.

A finales de 1960, el régimen había adquirido un control total sobre el Partido Colorado y la oposición tolerada en el país, pues las figuras más prominentes de la oposición colorada estaban en el exilio. El Partido Colorado, ahora purgado de sus disidentes antimilitares, se convirtió en un instrumento político que juró lealtad incondicional a Stroessner y a las Fuerzas Armadas, a la vez que movilizó un apoyo de las masas al Gobierno a través de una extendida red nacional de sucursales del partido, conocidas como seccionales. Al mismo tiempo, se fue construyendo una fachada de democracia parlamentaria desde 1963, cuando el grupo «renovación» —una muy pequeña facción liberal— fue oficialmente reconocido como Partido Liberal, a cambio de su participación en las elecciones presidenciales de ese año, en las que Stroessner fue reelecto. La nueva Constitución de 1967 animó a la mayoría de los liberales, ahora reconocidos como Partido Liberal Radical, a participar en las elecciones presidenciales de 1968, que Stroessner volvió a ganar.

A pesar de una política de exoneraciones fiscales para atraer la inversión extranjera y la creciente ayuda de los Estados Unidos bajo el programa Alianza para el Progreso, el crecimiento económico de 1954 a 1973 apenas superó al aumento demográfico. La exportación de productos primarios como madera, yerba mate y tanino se estancó, y la producción per cápita de productos alimenticios para el consumo local cayó notablemente. Los ingresos reales se redujeron ante la ausencia de una reforma agraria y el lento crecimiento de la industria. Sin embargo, la actividad económica del Estado aumentó de forma gradual, financiada por flujos sustanciales de ayuda extranjera. La inversión pública se destinó a la integración física del país a través de la construcción de rutas y escuelas, y la provisión de electricidad y servicios sanitarios. La desenfrenada corrupción en el manejo de estos fondos, por parte de los líderes del régimen, sirvió para disminuir el descontento dentro del Partido Colorado. Estos ingresos ilícitos, junto con los que procedían de la participación militar en el creciente negocio del contrabando, se invirtieron, mayormente, en estancias. A su vez, esto amplió la base política de la oligarquía rural latifundista, representada por la Asociación Rural de Paraguay (ARP), lo que redujo aún más la presión para iniciar un proceso de industrialización. A pesar de la abundancia de tierras para el cultivo, cerca del 70% de la población siguió reducida a condiciones de semisubsistencia en parcelas minifundistas. El desigual sistema de tenencia de la tierra generó en el área rural una constante emigración de jóvenes pobres hacia Argentina. Un programa de gran escala, pero severamente subfinanciado, de colonización se llevó a cabo desde mediados de la década de 1960 hacia la Región de la Frontera Este (RFE), con la intención de posponer la reforma agraria en el área tradicional de asentamiento, la zona central, cerca de Asunción.

• La fase de expansión (1968-1981)

La tasa vegetativa de crecimiento económico se interrumpió como resultado de la construcción, con Brasil, del gigantesco proyecto hidroeléctrico de Itaipú. Durante el periodo comprendido entre 1973 y 1980, el índice anual de crecimiento económico fue del 9%, el más alto de Latinoamérica.

En esos años, tal era el poder de la élite rural que respaldaba al régimen, que no apareció ni un solo plan para utilizar la más mínima parte de ese enorme 50% de electricidad generada por Itaipú o para montar un programa de industrialización, basado en actividades con uso intensivo de energía eléctrica. En su lugar, y gracias a la fuerte presión y coimas del gobierno brasileño, casi toda la energía se vendió al Brasil, con el fin de abastecer la pujante economía regional de São Paulo y sus alrededores.

Paradójicamente, el impacto del programa de colonización fue el de profundizar, antes que reducir, la base agroexportadora de la economía. La rápida deforestación de la RFE y el flujo creciente de colonos brasileños condujeron a una dramática expansión de las exportaciones de soja y algodón. Estos productos reemplazaron rápidamente los bienes tradicionales de exportación, como tabaco y derivados de la carne, en la generación de divisas. Los nuevos intereses económicos asociados con este boom de los cultivos (granjeros brasileños y corporaciones agrointernacionales) fortalecieron el bloque agroexportador, cuyos intereses fueron crecientemente representados por el régimen de Stroessner. Al examinar el impacto político y social de la expansión económica durante la década de 1970, James Painter argumenta que Stroessner demostró la misma capacidad de adaptación a los cambios domésticos e internacionales que hizo en el periodo 1954-1967, y concluye que el régimen no era más débil a inicios de los años ochenta que una década antes.

De hecho, el stronato se hallaba, probablemente, en su auge a lo largo de la década del setenta, cuando la prosperidad económica facilitó enormemente el reparto en la distribución del poder entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado. A través de una hábil mezcla de cooptación y represión, el régimen manejó de forma eficaz los descontentos sociales y políticos. En protesta a una enmienda constitucional hecha en 1977 y que permitía la reelección ilimitada de Stroessner, la mayoría de los liberales, entonces agrupados en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se retiró del Congreso. En su oposición a la reelección de Stroessner en 1978, el PLRA unió sus fuerzas con el MOPOCO y el Partido Demócrata Cristiano, para conformar la alianza llamada Acuerdo Nacional (AN). Sin embargo, la capacidad de movilización del AN para oponerse al régimen resultó ser extremadamente limitada. Irónicamente, el único intento serio de atentado contra la vida de Stroessner ocurrió durante esta fase. En noviembre de 1974, se descubrió un coche bomba cerca de la oficina central del Partido Colorado, adonde él debía asistir para una recepción oficial.

Mientras tanto, el descontento social fue despiadadamente aplastado. Un movimiento campesino independiente, las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), surgió durante la década del sesenta como reacción al desigual sistema de tenencia de la tierra y contó inicialmente con el apoyo de la Iglesia católica. Cuando el movimiento comenzó a desafiar el tradicional apoyo campesino al Partido Colorado, el régimen acusó a la Iglesia de fomentar el comunismo. Las LAC fueron destruidas en 1976, cuando se vinculó a algunos de sus líderes con un incipiente grupo guerrillero, la Organización Primero de Marzo (OPM), que había sido creada a inicios de los setenta por estudiantes radicalizados, durante sus estudios en Chile. Las fuerzas de seguridad asesinaron a veinte de sus miembros y 2.500 campesinos fueron arrestados en todo el país. El repentino recrudecimiento en la escala de las violaciones a los derechos humanos dirigió la atención internacional, por primera vez, hacia el uso sistemático de la tortura por parte del régimen y la apremiante situación de más de cien presos políticos de larga duración.

• La fase de descomposición (1982-1989)

Cuando el grueso de la represa de Itaipú se terminó, en 1981, el boom económico llegó a un abrupto final. Este hecho coincidió con una reducción del precio internacional de la soja y del algodón, lo que derivó en varios años de estancamiento económico. Enfrentado a un deterioro en la balanza de pagos, la tasa de cambio (126 guaraníes por cada dólar) fue abandonada en julio de 1982. Esta tasa se había mantenido sin variación desde 1960 y llegó a simbolizar la política de estabilidad monetaria que, de acuerdo con la retórica del régimen, daba sustento a la estabilidad económica para la «Paz y Progreso» que trajo al Paraguay. Por lo tanto, su abandono fue percibido no solo como un retroceso económico, sino también como un revés político significativo. El nivel de vida de las clases pobres urbanas se redujo, en tanto que la economía sufrió un brote inflacionista como consecuencia de la devaluación del guaraní. La primera crítica abierta a Stroessner y el inicio de un debate sobre la sucesión —temas tabúes hasta ese entonces— estuvieron íntimamente vinculados al abandono de esta política de tasa de cambio fija.

En 1983, Stroessner fue reelecto en otra elección fraudulenta, tras competir contra candidatos de las dos facciones oficialmente reconocidas del liberalismo: el Partido Liberal y el Partido Liberal Radical. No obstante, debido a la presión internacional hacia la democratización, desde diciembre de 1983 se les permitió a los líderes del MOPOCO retornar al Paraguay, luego de veinticinco años en el exilio, lo que levantó especulaciones sobre la reunificación del Partido Colorado. Sin embargo, esta formación continuó fiel al Acuerdo Nacional y sus líderes se vieron sujetos a constantes hostigamientos.

Una creciente marea de descontento social empezó a tener su expresión política por medio de la Iglesia católica y los partidos tolerados de la oposición, agrupados en el AN, así como a través de los medios de comunicación, sindicatos y movimientos estudiantiles, todos los cuales comenzaron a demostrar una mayor independencia respecto al control del gobierno. El desalojo de campesinos y de comunidades indígenas por parte de empresas agroindustriales y la finalización de la obra de Itaipú, que hasta ese entonces daba trabajo a muchos campesinos sin tierra, dieron origen a un serio problema relacionado con la falta de tierra rural y al nacimiento del movimiento campesino. Pero de significación aún mayor fue el malestar que comenzó a penetrar en la, hasta ese entonces, «unidad granítica» del mismísimo Partido Colorado.

Los orígenes estructurales de esta división emergente dentro del partido se remontan al rápido crecimiento del sector público durante la década del setenta. Los pingües beneficios de contratos asociados con el proyecto de Itaipú atrajeron la afiliación de oportunistas políticos, que usaron sus cargos de confianza dentro de la administración pública para el enriquecimiento personal. En este contexto económico favorable, el empleo público creció rápidamente, a la vez que esos aprovechados utilizaron su patronazgo político para ofrecer puestos a cambio de apoyo político. Mientras que la población económicamente activa aumentó un 2,9% anualmente, entre 1972 y 1982, el empleo público se incrementó mucho más rápidamente: un 4,4% anual.

Mientras siguió el crecimiento económico, la élite tradicional del Partido Colorado hizo la vista gorda a las actividades de estos neocolorados, quienes luego fueron llamados los «militantes». Por su parte, los «tradicionalistas» tendieron a ser los descendientes de la élite socio-política conformada durante la era liberal y, en su gran mayoría, eran terratenientes. Su soporte político se basó predominantemente en las áreas de asentamiento rural de antaño, donde los lazos de compadrazgo aún vinculaban a los campesinos pobres con los bolicheros que controlaban las seccionales del partido. Por el contrario, los neocolorados provenían de la pequeña burguesía rural y su soporte era fuerte en un medio social más agitado, es decir, las nuevas zonas de colonización. Frente a la corrupción desenfrenada en la titulación de tierras y el abuso de los derechos adquiridos a la tierra, el tener contactos personales dentro de la administración pública se convirtió en la única protección con la que podía contar el campesinado para frenar la expulsión arbitraria, con excepción de las reducidas áreas donde el movimiento campesino independiente seguía teniendo cierto arraigo.

La primera división que vio la luz pública surgió en la convención del Partido Colorado de 1984, cuando el secretario privado de Stroessner, Mario Abdo Benítez, fue propuesto como vicepresidente del partido. Abdo Benítez había amasado una fortuna gracias a su rol de «guardián» de Stroessner, y también ejerció un fuerte patronazgo político. Cuando este intento fue rechazado por la mayoría tradicionalista de la Junta de Gobierno, una facción se unió en torno a Abdo Benítez. Desde entonces, en su batalla por el control del Partido Colorado, los militantes enfatizaron su lealtad personal a Stroessner, por encima de la lealtad al partido, proclamándose orgullosamente a sí mismos como Colorados Combatientes Stronistas (CCS). Sin embargo, los tradicionalistas los acusaron de usar la figura de Stroessner para secuestrar al partido y utilizarla para sus propios fines. Luego de décadas en las que la Junta de Gobierno impuso listas sin cuestionamiento, comenzaron a aparecer múltiples listas para el liderazgo de las seccionales del partido.

Estas divisiones se profundizaron en septiembre de 1985, luego de la intervención de Carlos Romero Pereira, miembro de la Junta e hijo del antiguo presidente del Partido Colorado, Tomás Romero Pereira. En un discurso a la juventud colorada, Romero sorprendió a la audiencia refiriéndose a la falta de conducta ética en el partido. Denunció la corrupción y la mala gestión pública, que atribuía a los oportunistas políticos que se afiliaron al partido simplemente para el enriquecimiento personal. Una facción, llamada colorados «éticos», se conformó en torno a Romero, y propuso un diálogo con el AN. En respuesta a esta actitud, los tradicionalistas cerraron filas tras el viejo Juan Ramón Chaves, de 85 años, quien había sido presidente del partido desde 1962 y personificaba su vínculo con el periodo pre-Stroessner.

Hacia 1986, los éticos expresaron su oposición a la candidatura de Stroessner, pidiendo un candidato civil para las elecciones presidenciales de febrero de 1988. Esta fue la primera vez, desde 1959, que una facción dentro del partido se opuso abiertamente a Stroessner. Aunque atraían considerable atención en los medios, la fuerza de los éticos dentro del partido era débil y su llamado a un diálogo con los partidos de la oposición los distanció de los tradicionalistas y de las otras facciones que habían emergido dentro del coloradismo.

Las cada vez más profundas divisiones dentro del Partido Colorado culminaron en una ruptura abierta luego del congreso partidario celebrado el 1 de agosto de 1987. En él, los militantes tomaron el control del aparato de la ANR por la fuerza y prohibieron la entrada de los delegados tradicionalistas. Una lista dura de cuatro candidatos militantes, llamada el «cuatrinomio de oro», fue electa para liderar el partido sin oposición. Estaba encabezada por Sabino Augusto Montanaro, ministro del Interior, que ocupó la presidencia de la Junta de Gobierno; Adán Godoy Jiménez, ministro de Salud y Bienestar Social; Mario Abdo Benítez y José Eugenio Jacquet, ministro de Justicia y Trabajo. La victoria de esta línea dura, que tenía estrechos vínculos con el aparato represivo y que estaba imbuida de una virulenta ideología anticomunista, profundizó las divisiones en el partido y provocó mayores temores en el seno de los partidos de la oposición.

Stroessner estaba cada vez más identificado con los militantes, quienes reforzaron su base política en el país durante la campaña para las elecciones presidenciales de febrero de 1988. Echaron a los tradicionalistas de sus cargos dentro de la administración pública e iniciaron la represión contra el AN. Aunque Stroessner ganó la fraudulenta elección con un predecible 89% de los votos, la ascendencia de los militantes fue incapaz de detener los crecientes problemas del régimen. La visita del papa Juan Pablo II, en mayo de 1988, centró la atención internacional en la naturaleza autoritaria del régimen de Stroessner; y los desacuerdos con respecto al itinerario del Papa llevaron a un severo deterioro de sus relaciones con la Iglesia católica. Asimismo, las relaciones con los Estados Unidos empeoraron cuando los militantes resistieron sus iniciativas de promover un diálogo político con el AN. La administración estadounidense protestó también ante las crecientes restricciones a la libertad de prensa y las violaciones de los derechos humanos. Entre tanto, la situación económica se fue deteriorando, lo que perjudicó al previamente dócil sector privado, mientras que la creciente corrupción y la sobrecarga de empleados en la administración pública, controlada por los militantes, condujo a un serio déficit fiscal, un auge inflacionario y un rápido aumento de la deuda externa.

En agosto de 1988, Stroessner, ya con 76 años de edad, canceló una visita oficial a Taiwán debido a un problema de salud, que derivó en una operación de próstata. El eventual reconocimiento acerca de su enfermedad tuvo una gran significación política, ya que durante muchos años se había proyectado la idea de un «líder eterno» del Paraguay. En respuesta a la creciente oposición pública al régimen, animada por el respaldo de la Iglesia católica a las «marchas del silencio» en favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos, en septiembre de ese año los militantes desencadenaron una campaña contra la Iglesia, acusando a sus obispos de difundir la teología de la liberación. La situación se descontroló el 10 de diciembre de 1988, con motivo de una marcha realizada en Asunción, para conmemorar el 40.º aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A pesar de su prohibición y del arresto de sus principales organizadores en los días previos, el número de personas que salieron a las calles fue el mayor visto desde hacía años. En el transcurso de la marcha fueron arrestadas unas cuatrocientas personas, pero, por primera vez en décadas, los manifestantes se enfrentaron contra la policía y los matones de la facción militante. La movilización ciudadana contra el régimen estaba creciendo rápidamente, y la iniciativa política estaba pasando del antiguo liderazgo de los partidos del AN hacia un nuevo movimiento de centro-izquierda, el Movimiento Democrático Popular (MDP), formado en julio de 1987, con un programa de oposición contra el régimen. Sin embargo, a pesar del golpe de los militantes y de las crecientes protestas cívicas, los tradicionalistas rehusaron conformar una alianza antidictatorial con el Acuerdo Nacional. En su declaración para conmemorar el 101.er aniversario de la fundación del Partido Colorado, el 11 de septiembre de 1988, los tradicionalistas, aunque condenaron «la hegemonía de un sistema autoritario de gobierno», se abstuvieron de criticar a Stroessner y de abordar la cuestión más amplia de la democratización.

LA CAÍDA DEL RÉGIMEN

El aumento del rechazo hacia los colorados militantes contribuyó para que el deseo de desalojar a Stroessner abarcara no solo a los partidos de oposición y a los tradicionalistas, sino también a grupos de las Fuerzas Armadas, del sector privado y del propio gobierno de los Estados Unidos. Dentro del Ejército, la ascendencia de los militantes era vista con especial alarma, después de que comenzaran a ejercer su influencia política entre los militares. En diciembre de 1988, Gustavo Stroessner, hijo del presidente, fue ascendido al rango de coronel en la Fuerza Aérea y los militantes hicieron circular su nombre como un potencial sucesor de su padre para ocupar la presidencia. Su falta de experiencia militar y el hecho de que perteneciera a la Fuerza Aérea provocaron hostilidad dentro de los rangos más altos del Ejército, que ejercían el virtual monopolio del poder dentro de las Fuerzas Armadas.

Para los Estados Unidos, se vislumbraba en el horizonte una peligrosa posibilidad de polarización política de un país que, hasta ese entonces, era visto como un oasis de paz y tranquilidad dentro del torbellino de Latinoamérica. Las relaciones entre el régimen de Stroessner y el gobierno de los Estados Unidos se habían deteriorado desde mayo de 1985, cuando, en un discurso, el presidente Reagan se refirió al Paraguay como una dictadura, al igual que Chile, Cuba y Nicaragua. Este viraje en la política exterior de los Estados Unidos —luego de décadas de abierto sostén del stronismo— se explica, en parte, en términos de la política que desarrollaron los Estados Unidos en América Central durante esa época. La administración Reagan trataba de justificar su guerra de contrainsurgencia en El Salvador y Nicaragua argumentando que era en favor de la «lucha por la libertad y la democracia». Así, distanciarse del régimen de Stroessner se tornó un imperativo, para asegurar la consistencia de la política exterior estadounidense en América y evitar, de esta manera, la acusación de hipocresía.

En noviembre de 1985, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Clyde Taylor, tenía prevista una estrategia para asegurar un cómodo traspaso en el periodo post-Stroessner, con miras a disminuir la polarización política que, en ese momento, era considerada por los analistas políticos de su gobierno como posible antesala de la emergencia de una oposición liderada por la izquierda. Taylor quería promover un diálogo político sustantivo entre el régimen y la oposición, con mediación de la Iglesia católica. Se esperaba que tal apertura política permitiera a los partidos tolerados, pero ilegales, del AN participar en las elecciones presidenciales de febrero de 1988. En la búsqueda de este objetivo estratégico, la embajada de los EEUU adoptó una política de «dos vías», diseñada para reforzar los elementos moderados y proclives a este país dentro de la oposición y, a la vez, presionar a Stroessner para que abandonara los rasgos más autocráticos de su régimen. A pesar de los esfuerzos, esta política fracasó contundentemente, puesto que el régimen se negó a participar en el diálogo nacional propuesto por la Iglesia. La presión estadounidense a favor de los derechos humanos, su protesta por el cierre del periódico ABC Color y las interferencias de la señal de Radio Ñandutí, así como las reuniones entre diplomáticos norteamericanos y líderes del AN solo lograron reforzar a los militantes en su conflicto con los tradicionalistas. Al denunciar la «interferencia imperialista» en los asuntos internos del Paraguay, los militantes hábilmente apelaron al nacionalismo profundamente arraigado en el campesinado del Partido Colorado. La toma violenta del partido por los militantes, en agosto de 1987, puso fin a cualquier posibilidad de que los partidos del AN participaran en las próximas elecciones presidenciales. La estrategia de los Estados Unidos a favor de una «democracia restringida» no estaba dando resultado. Pero lo que empeoró la situación fue la reelección presidencial de Stroessner, en febrero de 1988, que no se tradujo en ningún impacto positivo para paliar los crecientes problemas económicos del país.

Durante los años del boom en la década de 1970, el régimen se había embarcado en varios proyectos de inversión pública sobredimensionados y mal diseñados, financiados por préstamos extranjeros, que se pusieron en funcionamiento a mediados de los años 80. Desde entonces, y después de 25 años de estricto cumplimiento con las políticas de estabilidad macroeconómica establecidas por el FMI, el Paraguay comenzó a experimentar un crecimiento del déficit de la balanza de pagos. Además, se introdujo un sistema de tasa de cambio múltiple que favoreció abiertamente las importaciones del sector público, así como en el pago por servicios de la deuda externa. El alto nivel de reservas, acumuladas durante los años del crecimiento económico, se redujo rápidamente, cayendo de 780 millones de dólares, en 1981, a 170 millones, a finales de 1988. Luego de décadas de presupuestos equilibrados y beneficios inesperados para las finanzas públicas (durante los años de Itaipú), comenzó a aparecer un creciente déficit fiscal. El número de empleados públicos escaló cuando los militantes quisieron reforzar su apoyo dentro del Partido Colorado. Así, el empleo en el sector público se elevó un 5,4% anual, entre 1980 y 1987, mientras que el empleo en empresas del Estado se duplicó de 11.000 a 22.000 trabajadores en ese mismo periodo. Para 1987, los empleados del sector público representaban el 12% de la población económicamente activa. Muchos de esos puestos recientemente creados fueron ocupados por «planilleros», personas que figuraban en la nómina de pagos, pero que no trabajaban. Con el empeoramiento de la crisis económica, las relaciones con el Banco Mundial se deterioraron por desacuerdo sobre la tasa de cambio más apropiada para el desembolso y el reembolso de los préstamos internacionales. La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) hicieron causa común en la primera crítica abierta a la política económica del régimen.

Asimismo, la rápida ascendencia de los militantes generó más inquietud en Washington, ya que, además de la polarización de la situación política, se convirtieron en el principal obstáculo para la implementación de un programa de estabilización económica. Esto obedeció, principalmente, a que la puesta en marcha de severos recortes del gasto público (medida recomendada por el FMI) dañaría seriamente su base política en la administración pública, así como la credibilidad de su discurso populista.

Entre tanto, Luis María Argaña, abogado colorado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, reemplazó a Juan Ramón Chaves como jefe de los tradicionalistas y lanzó una serie de reuniones políticas en todo el país, con la idea de impulsar la oposición a los militantes dentro del coloradismo. El 12 de enero de 1989, los colorados militantes intentaron una reorganización de las Fuerzas Armadas, con el fin de sacarle a Rodríguez y a otros oficiales no-stronistas el control directo de las tropas. Esto resultó ser un grave error estratégico, que llevó, finalmente, a la caída de los militantes y de Stroessner, pues Rodríguez, temiendo una amenaza a su autoridad, hizo causa común con Argaña y los tradicionalistas para expulsar a Stroessner.

En la mañana del 1 de febrero de 1989, Rodríguez rehusó asistir a la reunión semanal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (también se había ausentado la semana anterior), presidida por Stroessner. Él era muy consciente de que su negativa a obedecer la orden de renunciar a su puesto como jefe del Primer Cuerpo de Ejército implicaría su arresto inmediato. En lugar de asistir, acuarteló a sus tropas con anterioridad y se dispuso a esperar el momento adecuado. Este llegó en la noche del 2 al 3 de febrero, cuando lideró el golpe que puso fin al régimen. Luego de unos días de arresto domiciliario, el 5 de febrero se le permitió a Stroessner salir del país con dirección a Brasil, país que le otorgó asilo político. A pesar de la euforia general que marcó el derrocamiento, la intención principal del golpe militar, antes que democratizar el país, fue restablecer la relación armónica entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado, que había sido seriamente dañada en los años previos, debido a las actividades de la facción militante.

LOS PILARES DEL RÉGIMEN

La longevidad del régimen se basó en la alianza tripartita que Stroessner supo forjar, como presidente de la República, con los militares y su propio partido. Cuando llegó al poder, en 1954, Stroessner heredó una alianza cada vez más estrecha entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, que provenía desde la guerra civil de 1947. Como veterano de la Guerra del Chaco y partidario del gobierno de Morínigo durante la contienda civil, sus credenciales políticas y nacionalistas se adaptaron bien al papel que eligió jugar durante las siguientes tres décadas.

Bajo su régimen se terminó de construir el edificio de un Estado corporativo, cuyos cimientos ya habían sido iniciados por Morínigo en la década de 1940. El Partido Colorado y las Fuerzas Armadas desarrollaron, desde 1954, una relación simbiótica, supervisada por Stroessner en su calidad de Jefe de Estado, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presidente Honorario del Partido Colorado.

• El Partido Colorado

El primer pilar del régimen fue el Partido Colorado, profundamente remodelado por Stroessner. De ser un partido tradicionalista y clientelista, desgarrado por discordias internas y dividido por caudillos, se convirtió en una máquina política jerárquica que ofrecía lealtad indiscutida a Stroessner. Esto lo logró al imponer una disciplina de hierro a través de las estructuras formales del partido. En la cima de dicha estructura se encontraba la Junta de Gobierno, compuesta originalmente por 35 miembros, cuya autoridad se extendía hasta las compañías rurales, a través de una red extensiva de seccionales y subseccionales. Los miembros de la Junta tenían la tarea de asegurar la elección periódica, en cada seccional, de una lista única de candidatos aprobada por el liderazgo nacional. A su vez, estos líderes locales del partido ejercían un sistema eficaz de patronazgo, a través de su acceso a la burocracia en general, y a los políticos nacionales, en particular. Por ello, la posesión de un carné del partido proveía, incluso al campesino más pobre, de algún beneficio tangible en su trato con el Estado. Los incondicionales al partido en cada localidad, conocidos como pyrague, también cumplían un rol de seguridad al ejercer la vigilancia sobre las actividades, reales o imaginadas, de la oposición política a nivel local. Como resultado de estos factores, la afiliación al Partido Colorado, que estaba computarizada y se renovaba anualmente, creció velozmente durante el stronato, hasta alcanzar, supuestamente, más de 1.300.000 miembros en 1986, de los cuales el 43% eran mujeres. Esta cifra oficial resulta muy exagerada, ya que para las elecciones presidenciales de 1988 había solo 1.442.607 electores. De todas maneras, incluso si la cantidad de miembros se redujera a la mitad, ya ofrecía testimonio sobre la considerable hegemonía política ejercida por el partido, en un país en el que, en 1986, la población de más de 15 años era solo de 2,2 millones. Para 1988, la estructura del partido se extendía por 236 seccionales ubicadas en todo el país, de las cuales 25 estaban localizadas en Asunción, lo que suponía un promedio nacional de una seccional por cada 17.000 personas.

Esta verticalización de la estructura del Partido Colorado le permitió ahondar en su penetración en la sociedad civil. La afiliación al partido fue obligatoria para los funcionarios públicos, a los que se les descontaban aportes obligatorios de sus salarios para financiar Patria, el diario del partido. La pertenencia al partido era también obligatoria para los maestros, médicos y la mayoría de los demás profesionales empleados por el Estado. Ni siquiera los más altos niveles del Poder Judicial estaban exentos de esta extrema politización, tal como lo ejemplifica la presencia de jueces de la Corte Suprema de Justicia en reuniones partidarias, vistiendo el característico pañuelo rojo. De esta forma, el Partido Colorado se convirtió no solo en una parte fundamental de la vida diaria, sino también en el «Partido del Estado».

• Las Fuerzas Armadas

El segundo pilar esencial de la «unidad granítica» del régimen fue la desprofesionalización y partidización de las Fuerzas Armadas. Basado en su creciente identificación con el Partido Colorado tras la guerra civil de 1947, los vínculos organizacionales que unían a estas dos instituciones fueron altamente reforzados durante el stronato. En julio de 1955, los oficiales de las Fuerzas Armadas se vieron obligados a afiliarse al partido, y varios de rango superior fueron miembros de la Junta de Gobierno del partido. La entrada al prestigioso colegio de oficiales, Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López, se restringió a los hijos de padres fehacientemente miembros del Partido Colorado. En el gabinete, los ministerios claves (Defensa, Hacienda y Obras Públicas) estuvieron reservados para generales. Este vínculo orgánico con el partido se formalizó en 1980 con la Ley 832, del Estatuto Militar, que dio a las Fuerzas Armadas la función de garantizar la seguridad interna del país, «en colaboración con otras instituciones de poder nacional». En cada una de las ocho elecciones presidenciales, las Fuerzas Armadas anunciaron públicamente su apoyo a la candidatura de Stroessner.

• Alfredo Stroessner

A pesar de no tener un carácter carismático, a lo largo de su régimen se edificó un fuerte culto a su personalidad. Esto se manifestó de varias maneras: el uso de su nombre para una ciudad, Puerto Presidente Stroessner, y de edificios públicos; el despliegue de su fotografía en todas las oficinas públicas; la peregrinación anual a la residencia presidencial de miles de acólitos en el día de su cumpleaños (3 de noviembre); y el uso extensivo de la propaganda en los medios que lo alababan hasta el exceso. De cualquier manera, Stroessner no conformó la imagen estereotipada del caudillo latinoamericano. El culto al dictador enfatizó no solo su equilibrada persona, sino también, y más significativamente, la importancia de la alianza entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la «Paz y Progreso», que se convirtió en el ubicuo eslogan propagandístico del stronato.

LOS MECANISMOS SOSTENEDORES DEL RÉGIMEN

El régimen de Stroessner descansó en cinco mecanismos cruciales que le permitieron mantenerse en el poder durante tanto tiempo: una fachada democrática, un sistema de represión eficaz, la corrupción institucionalizada, el uso de la ideología nacionalista y el apoyo de los Estados Unidos.

• Una fachada democrática

Contrariamente a otros regímenes militares en América Latina, el de Stroessner mantuvo una fachada de vida democrática, en la forma de un sistema parlamentario que incluía a varios partidos políticos y repetidas elecciones fraudulentas. Esta fachada, que llevó a Francisco Delich a referirse al régimen como una forma de «despotismo republicano», era un eslabón importante de su estrategia de legitimación, tanto en la arena doméstica como en la internacional. A lo largo del stronato, la supuesta legalidad de las acciones del régimen y sus estructuras pretendidamente democráticas fueron temas centrales que se repetían ad náuseam en el discurso oficial, tanto dentro como fuera del país. Se realizaron elecciones presidenciales cada cinco años, en las que participaban partidos de oposición legales, pero domesticados, cuyas actividades estaban restringidas por los mecanismos del Estado corporativo. A partir del golpe del 4 de mayo de 1954, en lugar de tomar el poder directamente, Stroessner colocó a un civil, Tomás Romero Pereira, como presidente interino, y luego se autoproclamó candidato del Partido Colorado en las elecciones presidenciales de julio de 1954. De acuerdo con la Constitución de 1940, Stroessner solo podía ejercer el poder por un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años. Esto tenía efecto desde 1958, ya que su mandato entre 1954 y 1958 se consideraba como la terminación de la presidencia del depuesto presidente Chaves. Stroessner fue reelecto sin oposición en 1958 y nuevamente en 1963, esta vez en elecciones contra un solo candidato títere, quien fue premiado con el puesto de embajador en el Reino Unido. En 1962, una pequeña facción del Partido Liberal reconoció la legitimidad del régimen y fue recompensada con bancas parlamentarias. Cinco años más tarde, esta legitimidad se extendió cuando los otros tres partidos de oposición de ese entonces, Liberal, Radical Liberal y Febrerista, participaron en la redacción de la Constitución autoritaria de 1967. Además de subordinar el Poder Legislativo y el Judicial al Ejecutivo, la nueva Carta Magna le permitió a Stroessner extender su mandato por dos periodos consecutivos más. Posteriormente, la enmienda constitucional de 1977 eliminó esta limitación, permitiéndole convertirse en «presidente vitalicio». En total, Stroessner fue reelecto siete veces, en elecciones caracterizadas por su falta de credenciales democráticas. De acuerdo con el escrutinio oficial, obtuvo un promedio del 88,7% de los votos: 1954, 98,4%; 1958, 97,3%; 1963, 90,6%; 1968, 70,9%; 1973, 83,6%; 1978, 90,0%; 1983, 90,1%; y 1988, 88,6%.

El régimen le dio mucha importancia al respeto a la ley, y sus acciones siempre fueron defendidas por estar de acuerdo con la legalidad constitucional. La separación formal de los poderes era reconocida, aunque el Judicial y el Legislativo eran, de hecho, apéndices del Ejecutivo, que ejercía el poder de manera totalmente arbitraria. El régimen utilizó esta pretensión de legalidad como un elemento clave en la fachada democrática, en defensa de sus graves violaciones de los derechos humanos. El estado de sitio fue permanente durante el stronato, levantado únicamente en los días de elecciones. Aunque nunca fue reglamentado, la declaración de estado de sitio ofreció un argumento legal conveniente para que los miembros de la Corte Suprema suspendieran las garantías de hábeas corpus. Dos leyes en particular, la ley 294, de 1955, de Defensa de la democracia, y la ley 209, de 1970, de Defensa de la paz pública y las libertades personales, proveían la base legal para los actos represivos.

• Un sistema de represión eficaz

El sistema represivo del régimen tuvo un papel central en el mantenimiento del control social durante el stronato. Sin embargo, en un aspecto importante este difería del de los «regímenes de excepción» en la región del Cono Sur: no se crearon unidades policiales paralelas ni milicias clandestinas. Por el contrario, las graves violaciones de los derechos humanos fueron realizadas por las mismas estructuras formales y visibles del Estado. No se montaron centros de detención ni de tortura clandestinos, sino que la tortura se realizó en los mismos cuarteles de la policía, y los presos de larga duración fueron detenidos en comisarías policiales. Los puntos neurálgicos del aparato represivo se centraron en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC) y en la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT) de la policía, que coordinaban las operaciones de inteligencia, contrainteligencia y actividades operacionales. La vigilancia regular de las actividades de opositores al régimen era realizada por una red extensiva de informantes, los pyrague, dentro de la administración pública, el servicio diplomático y, sobre todo, entre los activistas locales de las seccionales del Partido Colorado.

Una estrategia de contrainsurgencia, llamada «represión preventiva» —revelada públicamente por primera vez por el general Gerardo Johansen, en una reunión de la Junta Interamericana de Defensa celebrada en Montevideo, en 1972—, fue el principal factor del mantenimiento del control social. Bajo esta estrategia, ante el menor atisbo de una oposición armada al régimen, las fuerzas de seguridad respondieron de una manera totalmente desproporcionada. Esto implicó arrestos, interrogatorios, torturas y encarcelamiento de un vasto círculo de individuos, cuyo único «crimen» era el de ser pariente, amigo, compañero de trabajo o vecino de ese pequeño número de personas que estuvieron dispuestas a participar en una resistencia armada al régimen. Esta estrategia, que se basaba en detenciones de corto tiempo, durante las cuales el uso de la tortura era la norma, fue eficaz para inculcar un clima de miedo en la gran mayoría de la población. La práctica común de redadas, junto con los ubicuos pyrague y los rumores de radio so’o, animó esa arraigada cultura del miedo, desconfianza y autocensura (ñemongyhyje) en la población.

Durante casi todo el stronato un promedio de cien prisioneros políticos de larga duración permanecieron bajo detención. La mayoría eran miembros del Partido Comunista Paraguayo (PCP), que sufrió, más que ninguna otra organización política, la violación de sus derechos humanos. Dos de sus secretarios generales fueron asesinados estando bajo custodia policial: Miguel Ángel Soler, en 1975, y Antonio Maidana, en 1980. Sin excepción, los movimientos armados contra el régimen de Stroessner —el Movimiento 14 de Mayo (creado en 1959), FULNA (en 1960), OPM (en 1976) y el Grupo de Caaguazú (en 1980)— fracasaron. Los servicios de contrainsurgencia fueron exitosos al «cortar de raíz» cada uno de estos intentos de oposición armada, antes de que pudieran constituir una amenaza real para el régimen.

El uso extendido de las detenciones masivas en épocas de mayor descontento político (1960, 1976 y 1980) dio, a veces, la falsa impresión de un sistema de represión torpe y desorganizado. Al contrario, el régimen mantuvo una lista precisa y actualizada de todos los presos políticos. El descubrimiento, en diciembre de 1992, de un archivo central, con dos toneladas de documentación relativa al DIPC, reveló una forma de operación mucho más sistemática. El llamado «archivo del terror» contenía contundente evidencia sobre seis principales alegatos de violaciones de los derechos humanos contra el régimen: la primera, la tortura era una práctica policial común con los presos políticos; la segunda, los detenidos desaparecidos bajo detención fueron, de hecho, asesinados y catalogados mediante el uso de una codificación especial: «empaquetados»; la tercera, las actividades de los líderes opositores al régimen, tanto dentro como fuera del país, eran celosamente monitoreadas; la cuarta, Stroessner recibía regularmente informes escritos acerca de la represión y la vigilancia de parte de las fuerzas de seguridad; la quinta, una red extensiva de informantes (pyrague) era empleada por el Departamento de Política y Afines (DPA); y la sexta, varios opositores al régimen fueron secuestrados en el exilio, mediante la Operación Cóndor, una red de colaboración para el intercambio clandestino de presos políticos, organizada por los regímenes militares que gobernaban los países del Cono Sur en los años setenta y ochenta del pasado siglo.

Estos hallazgos, efectuados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), confirman la estrategia de represión preventiva realizada por el régimen. La CVJ estimó un total de 19.862 arrestos arbitrarios durante el stronato, de los cuales no menos de 18.772 (94%) implicaron algún tipo de tortura. En contraste, la CVJ reportó solamente 59 ejecuciones extrajudiciales, 336 desapariciones (la mitad de las cuales corresponden a extranjeros o desconocidos) y 3.470 casos de exilio político forzado.

El estado de los medios de comunicación poco antes del derrocamiento de Stroessner también ofrece una visión aproximada del impacto de la represión contra la libertad de expresión bajo el stronato. En ese momento, ningún periódico de la oposición o revista circulaba legalmente dentro del Paraguay. El principal diario, ABC Color, fue clausurado en 1984, y el único semanario de oposición, El Pueblo, estaba cerrado desde agosto de 1987. La situación con respecto a la radio y televisión no era mejor. Los dos canales privados de televisión, Canal 9 y Canal 13, pertenecían a parientes y allegados a Stroessner, y no se permitía ningún reportaje referente al Acuerdo Nacional. A pesar de una gran cantidad de radios locales, la autocensura aseguró que la crítica a la dictadura permaneciera muda. Esta conducta se vio reforzada con el castigo impuesto a Radio Ñandutí y Radio Cáritas, las únicas dos emisoras que habían osado cuestionar a la dictadura.

• La corrupción institucionalizada

La corrupción tuvo un rol crucial en el mantenimiento del régimen, al expandirse rápidamente durante el stronato hasta tal punto que Paraguay se convirtió en un sinónimo de corrupción. Esta imagen internacional se debió, en gran medida, al refugio que Stroessner ofreció a una serie de ladrones de bancos, estafadores y artífices de fraudes de todo el mundo. Asimismo, Stroessner consideró el sector público como un botín y, junto con su camarilla de militares y civiles acólitos, dispuso de los recursos del sector público como si fueran propios. Sin embargo, contrariamente a Somoza en Nicaragua, Stroessner tuvo cuidado de no alienar el pequeño sector privado, muchos de cuyos miembros se beneficiaron de una relación íntima con altos funcionarios del gobierno, con la recompensa de ganar licitaciones para proveer bienes al sector público.

La corrupción fue particularmente importante para asegurar el sostén militar del régimen. La corrupción de los militares se vio facilitada por el visto bueno de Stroessner para que los oficiales en servicio activo pudieran, a la vez, realizar actividades comerciales privadas. En la práctica, esto significó que la jerarquía militar dedicó parte de su tiempo a negocios privados. El uso de equipos e insumos pertenecientes a las Fuerzas Armadas (camiones, máquinas de construcción vial y gasolina) con fines privados devino en norma, así como el uso de conscriptos como mano de obra sin costo. De esta forma, la corrupción contribuyó a detener la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Aunque la variedad de actividades ilícitas realizadas por la jerarquía militar resultó extensa, tres elementos fueron particularmente importantes: el contrabando, el tráfico de narcóticos y el tráfico de armas.

Hacia finales de la década de 1950, Paraguay surgió como centro de distribución para el contrabando hacia Argentina y Brasil, coincidiendo con la introducción de protección tarifaria a las industrias de sustitución de importaciones en esos países. Varios generales fueron recompensados por su lealtad a Stroessner con el control del contrabando de cigarrillos y whisky. En una entrevista de 1965, Stroessner se refirió a esta actividad como «el precio de la paz», lo que daba a entender que el descontento militar fue aliviado con la atracción de las ganancias que podían obtenerse a través de estas actividades ilícitas, pero oficialmente sancionadas. Desde los años setenta, el mercado del contrabando se diversificó y expandió a gran escala, convirtiéndose en un aspecto fundamental de lo que, rápidamente, llegó a ser una de las economías más abiertas del mundo. Para 1988, el Banco Mundial estimó que las importaciones y exportaciones «no registradas» eran iguales, o posiblemente mayores, que el comercio registrado.

El affaire Ricord, acaecido en 1971-1972, llamó por primera vez la atención sobre el rol del Paraguay como trampolín en el tráfico de heroína desde Europa hacia los Estados Unidos. El asunto conllevó una breve ruptura de las relaciones armónicas entre el Paraguay y los Estados Unidos, debido a que varias figuras militares de alto nivel fueron acusadas por el gobierno estadounidense de tener vínculos con el narcotráfico. Encabezó la lista el general Andrés Rodríguez, en ese entonces el segundo en el comando de las Fuerzas Armadas, quien fue colocado en una «lista negra» de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) y se le prohibió su ingreso a los Estados Unidos.

La complicidad en el tráfico ilegal de armas, principalmente a través de la provisión de certificados de origen falsos, también otorgó sustanciales ganancias a varios miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas. A comienzos de 1980, Paraguay fue acusado por el gobierno estadounidense de haber roto el boicot internacional de armas a Irán, al proveerle de 23 aviones de guerra. Entre 1978 y 1985, oficiales de alto rango emplearon las facilidades del puerto libre en Paranaguá (Brasil) como conducto para el abastecimiento ilegal de armas a Sudáfrica, lo que rompía el embargo internacional de armas al régimen de apartheid.

Los militares no fueron los únicos en beneficiarse de la corrupción institucionalizada. Las comisiones (o coimas) cobradas por los políticos en los contratos internacionales de construcción resultaron muy altas, en general entre el 10 y el 20% del monto nominal. Los contratos más importantes estuvieron asociados con la represa hidroeléctrica de Itaipú. En 1973, miembros de la cúpula del régimen estuvieron envueltos en las negociaciones del Tratado de Itaipú con los militares brasileños, y existen fuertes sospechas de que recibieron grandes sobornos a cambio de prestar su acuerdo a los términos tan evidentemente contrarios a los intereses nacionales del Paraguay. La sobrefacturación en los contratos, debido a la ausencia de una política de licitaciones internacionales obligatorias, fue la principal causa del alza en el costo total del proyecto. Así, de un precio inicial estimado en 2.033 millones de dólares en 1973, se llegó a los 20.000 millones en 1991. El Consorcio Nacional de Empresas Paraguayas (CONEMPA) mantuvo un casi monopolio de los contratos ganados por empresas paraguayas, con un total de 1.475 millones de dólares en el periodo entre 1973 y 1983.

A lo largo del stronato, la entidad pública encargada de promover la reforma agraria, el Instituto de Bienestar Rural (IBR), concedió grandes extensiones de terrenos públicos (tierra fiscal) a dirigentes de las Fuerzas Armadas y del Partido Colorado, a precios muy por debajo de su valor comercial. Ninguna de las personas beneficiadas resultaba elegible según la legislación de reforma agraria vigente, que estaba diseñada para beneficiar a familias sin tierra. Además, estos beneficiarios ilegales recibieron lotes cuyas extensiones excedieron considerablemente los límites legales, e incluso, en algunos casos, recibieron más de un lote de terreno en distintos puntos del país. La CVJ examinó las 20.705 concesiones de tierra otorgadas entre 1954 y 2003, que alcanzaron un total de 12.229.594 hectáreas. La CVJ encontró que 4.232 lotes, entregados a 3.336 beneficiarios y que sumaban un total de 7.806.369 hectáreas, fueron ilegalmente concedidos. De ese número de lotes ilegales, 3.054 se concedieron en el este del país, lo que equivalía a un 43% del total de la tierra distribuida en esa zona, es decir, 1.507.535 hectáreas de un conjunto de 3.497.781 hectáreas. Por su parte, en el Chaco, los otros 1.178 lotes ilegales sumaron el 72% del conjunto de tierras distribuidas en esa región, o sea, 6.298.834 hectáreas de un total de 8.731.813 hectáreas. Este abuso sistemático de la legislación vigente fue el factor principal que explica la creciente desigualdad en la distribución de la tierra entre 1956 y 1991. La corrupción fue, por lo tanto, una de las causas principales del problema creciente de escasez de tierras, invasión de tierras y conflicto social, que caracterizó al Paraguay rural desde mediados de la década de 1980 en adelante.

La institucionalización de la corrupción tuvo el efecto de desmovilizar a la oposición y de convertir a una proporción significativa de la población adulta en cómplices tácitos del régimen. La corrupción, sea en forma de contrabando, adjudicación fraudulenta de contratos o coimas a personas en posiciones de poder, forjó un esprit de corps tácito entre los acólitos del régimen, en el afán común de mantener sus privilegios. El control del aparato del Estado hizo posible que el Partido Colorado pudiera dispensar favores en cadena que, a su vez, ayudaron a los caudillos locales a extender su base de poder.

En octubre de 1990, poco después de la caída del régimen, se embargaron los activos de 36 ex oficiales del régimen, que totalizaban 550 millones de dólares, el equivalente al 25% de la deuda externa del país. De este total, se recuperaron solamente 12 millones de dólares en efectivo, en bienes inmobiliarios o en ganado, que pertenecían a tres altos oficiales: Hugo Dejesús Araújo, ex director del Instituto de Previsión Social; Roberto Knopfelmacher, ex presidente de la empresa estatal siderúrgica (ACEPAR); y Francisco Alcibiades Brítez, ex jefe de policía. Fueron los tres únicos oficiales acusados de corrupción, pero obtuvieron la impunidad mediante un simulacro de devolución de lo escamoteado al fisco.

• La ideología nacionalista

El régimen de Stroessner utilizó hábilmente el discurso de la identidad nacional para realzar su legitimidad. Basándose en la contranarrativa que elaboró la Generación del 900, adaptó y manipuló la historia de la Nación. Esto se repitió a través de un sistema público de educación altamente centralizado (en materias como Historia, Geografía e Instrucción Cívica), en la literatura, en la prensa (Patria y La Voz del Coloradismo) y en la cultura popular, a través de historias, imágenes, paisajes, símbolos y rituales. Más importante aún, el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas y, sobre todo, el propio Stroessner estuvieron incluidos en la narrativa, como una continuación de la línea histórica de los héroes nacionalistas.

Stroessner fue retratado como el sucesor natural del más importante líder militar de la etapa nacionalista, el presidente Francisco Solano López. También era presentado como el «Segundo Reconstructor», siguiendo los pasos del «Primer Reconstructor», el presidente colorado Bernardino Caballero (1880-1886). De acuerdo con la mitología del partido, mientras que a Caballero se le atribuyó el haber restablecido la deshecha economía en los años posteriores a la Guerra de la Triple Alianza, a Stroessner se le asignó el haber garantizado la paz política y el progreso económico tras la inestabilidad política y la inflación desenfrenada que siguieron a la guerra civil de 1947. Irónicamente, si el régimen estaba caracterizado por esta «Paz y Progreso», entonces, por definición, la oposición política amenazaba estos logros.

Para el observador independiente, estos paralelos históricos están repletos de contradicciones. López peleó para defender la Nación contra Argentina y Brasil; pero, en cambio, bajo Stroessner la penetración brasileña en el Paraguay fue extensiva, como resultado del Tratado de Itaipú, lo que favoreció la entrada de más de 250.000 colonos brasileños en la región fronteriza del este del país. De todas maneras, el régimen fue exitoso en apelar a los profundos sentimientos nacionalistas de la cultura paraguaya para obtener una marcada ventaja. Tan fuerte resultó esta identificación del partido con la identidad nacional que, en el discurso del régimen, la expresión «ser colorado es la mejor manera de ser paraguayo» fue profusamente empleada.

El régimen también fue hábil en manipular los arraigados sentimientos populares contra la «invasión extranjera», como legado de la derrota en la Guerra de la Triple Alianza, con miras a promover sus propias credenciales nacionalistas. Durante el periodo 1958-1963, los propagandistas del régimen se refirieron a los guerrilleros del Movimiento 14 de Mayo y del FULNA como «legionarios», término peyorativo utilizado para referirse a los paraguayos que pelearon en las filas enemigas durante la mencionada guerra. Desde 1920, una generación de ideólogos nacionalistas, como Juan O’Lear y, Manuel Domínguez e Ignacio Pane, ampliaron el término para referirse, sin ninguna moderación, a los miembros del Partido Liberal en general, debido a su hostilidad hacia Francisco Solano López. Este discurso patriótico se convirtió en una potente fuerza para obtener el apoyo de los pynandi a favor de los colorados durante la guerra civil de 1947. Al «capturar» de esta manera el sentido nacionalista, el discurso del régimen fue igualmente exitoso en la redefinición de los movimientos armados contra Stroessner, tildándolos de mezcla diabólica de liberalismo legionario y del comunismo internacional, cuyo elemento en común era la funesta amenaza que significaban para la nación. En consecuencia, el apoyo popular al Movimiento 14 de Mayo y al FULNA resultó muy débil.

La postura ferozmente anticomunista del régimen no fue una simple estrategia oportunista diseñada para acceder a la ayuda norteamericana. La guerra entre el Paraguay (Estado y sociedad) y la subversión nacional e internacional, del «bien contra el mal», permitió al stronato justificar y legitimar la represión doméstica. No fue solamente que el conflicto de clases, en particular, e incluso el conflicto político, en general, violaran los principios de la unidad granítica, tal como lo señalaba la letra de la Constitución —el artículo 71 de la Constitución de 1967 prohibía «el odio entre los paraguayos o la lucha de clases»—, sino que esto le permitió a Stroessner proclamar la defensa del país y de lo autóctono contra la (mítica) amenaza del extranjero, el traidor y lo exótico, en una repetición de los conflictos pasados del Paraguay.

El régimen empleó la identidad nacional como una herramienta fundamentalmente conservadora, diseñada para fortalecer el statu quo autoritario. No fue utilizada para promover la modernización y la industrialización, sino que, por el contrario, se esgrimió como un mecanismo de control que sirvió para movilizar y unir las élites y las masas en torno a Stroessner y suavizar las inherentes tensiones de clase, género y otras identidades en competencia. El énfasis en el discurso sobre la tradición y el aislamiento condujo a un síndrome defensivo, a una mentalidad sitiada y a una hostilidad hacia el cambio y las nuevas ideas.

• El apoyo de los Estados Unidos

Los Estados Unidos fueron cómplices en la génesis del gobierno colorado después de la guerra civil de 1947, así como en la preparación del terreno para el régimen de Stroessner, pues los militares norteamericanos lo «alimentaron» desde principios de la década de 1950. Días después del golpe de mayo de 1954 que derrocó a Chaves, Stroessner viajó a Lima, donde se reunió con los jefes del Comando Estratégico de los EEUU. Desde entonces, dicho gobierno tuvo un rol central en el mantenimiento del régimen durante su fase de consolidación, a cambio de su postura anticomunista en el fragor de la Guerra Fría. Entre 1954 y 1960, Paraguay se convirtió en el tercer destinatario de la ayuda norteamericana en Latinoamérica bajo el programa Alianza para el Progreso. Sin embargo, los Estados Unidos hicieron la «vista gorda» al hecho de que gran parte de esta ayuda se desvió, como resultado de la corrupción desenfrenada. Por ejemplo, aunque la construcción de caminos se anunció como uno de los mayores logros, solamente se pavimentaron 12 kilómetros anuales entre 1954 y 1968.

Los Estados Unidos también fueron cómplices en el establecimiento de una unidad de inteligencia contrainsurgente especializada dentro de la policía paraguaya. Como parte de un programa de asistencia técnica de la USAID (en español, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), aparentemente dirigido a «la reforma de la administración pública», entre 1956 y 1958, el coronel norteamericano Robert Thierry organizó la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT). Bajo la etiqueta de «lucha contra el comunismo», la «Técnica», tal como era conocida, estableció una red extensiva de informantes de la policía y pasó a ser el principal centro de tortura de los detenidos políticos a lo largo del stronato.

Luego de décadas de silencio durante la Guerra Fría, no fue hasta la fase de descomposición del régimen que Estados Unidos comenzó a apoyar la democratización en el Paraguay. Sin embargo, las sugerencias hechas por Frank Mora y Jerry Cooney, de que los oficiales norteamericanos lideraron la lucha por los derechos humanos en las últimas décadas del régimen son altamente cuestionables. Irónicamente, las revelaciones de la prensa de que el general Rodríguez, brazo derecho de Stroessner, estaba envuelto en el tráfico de drogas, condujeron a su prohibición para entrar en el país norteamericano desde 1974. Sin embargo, en noviembre de 1988, esta prohibición terminó abruptamente cuando el general Woerner, comandante en jefe del Comando Sur, se reunió con él en Paraguay. Dos meses después, el 2 y 3 de febrero de 1989, Rodríguez dirigió el golpe que derrocó a Stroessner y el gobierno de Estados Unidos lo reconoció rápidamente como nuevo presidente, sin dar nunca una explicación oficial por esta flagrante contradicción: rehabilitar a un general vinculado con el tráfico de drogas con miras a la democratización. De hecho, el apoyo de Estados Unidos a Rodríguez demoró el proceso de democratización, al prolongar el gobierno corrupto del Partido Colorado por otros veinte años.

CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE STROESSNER

Varios intentos se han hecho para caracterizar al régimen de Stroessner: «caudillo», «tradicional-autoritario», «transicional del régimen tipo caudillo a un régimen moderno burocrático autoritario». Sin embargo, la etiqueta de «caudillismo» es cuestionable. Aunque personalista y violenta, su altamente centralizada, estable y no carismática forma de liderazgo difiere marcadamente de los clásicos regímenes de caudillo, como el de Trujillo (República Dominicana) y Somoza (Nicaragua). Benjamín Arditi se refiere al «Estado omnívoro», que controlaba el disenso con dos estrategias interrelacionadas: la «desmovilización corporativa de la sociedad», a través de la cual el régimen desactivaba las organizaciones sociales independientes, permitiendo únicamente la movilización por líneas sectoriales bajo control estatal; y la «ritualización de políticas institucionalizadas», mediante la cual el partido oficial monopolizaba la toma de decisiones, hasta la exclusión de la oposición parlamentaria y extraparlamentaria.

Es tentador caracterizar el gobierno de Stroessner al lado de los regímenes militares de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay durante la última década del stronato. Estos regímenes, llamados «burocráticos-autoritarios», emplearon la represión dura para desmovilizar los movimientos sociales de obreros industriales que pedían mejores salarios y condiciones de trabajo, para «restablecer el orden social» y crear un clima de estabilidad, con el que buscaron atraer la inversión extranjera. Los golpes militares contra los gobiernos democráticos llevaron a una reestructuración mayor del Estado, en el que la toma de decisiones se puso bajo el control burocrático de las Fuerzas Armadas, con el asesoramiento de las nuevas élites tecnocráticas. El régimen de Stroessner compartió similitudes ideológicas con estos sistemas, principalmente su adhesión a la anticomunista Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que consideró las acciones de apoyo a los pobres como «subversivas». Como resultado de la DSN, también tuvieron en común la violación sistemática de los derechos humanos y de los derechos políticos.

Sin embargo, el régimen de Stroessner, operando en un país que era aún mayoritariamente rural, con escasa industrialización, ausencia de partidos programáticos y poca experiencia democrática previa, desplegó cuatro diferencias importantes con respecto al «autoritarismo burocrático»: en primer lugar, el poder estuvo altamente personalizado y centralizado en la figura de Stroessner, antes que en los militares como institución; en segundo lugar, las Fuerzas Armadas estuvieron visiblemente identificadas con el Partido Colorado; en tercer lugar, un partido político se convirtió en uno de los pilares del régimen. Más que basarse exclusivamente en las fuerzas de seguridad para llevar a cabo la represión, el Partido Colorado fue un elemento central en el control de la oposición política y de las organizaciones sociales. Su extensa red de seccionales también se empleó como mecanismo para la administración del sistema de patronazgo del régimen; y, en cuarto lugar, mientras que las dictaduras del Cono Sur reconocieron abiertamente su carácter de «regímenes de excepción», el de Stroessner siempre mantuvo su fachada democrática, para darse a sí mismo un aura de legitimidad.

La más sugerente caracterización del régimen de Stroessner, hasta la fecha, es la ofrecida por Marcial Riquelme, quien sostiene que este se aproximó a lo que Max Weber llamó «sultanismo», una variante del patrimonialismo. Este sultanismo es una forma de gobierno personalizada y centralizada, en la que los funcionarios se reclutan sobre la base de la lealtad personal al gobernante. Sin embargo, mientras en el patrimonialismo el ejercicio del poder está circunscrito por la tradición y la costumbre, en el sultanismo éste no opera con estos constreñimientos, sino que procede sobre la base de la absoluta discreción del líder. Basándose en el modelo de Juan Linz, Riquelme ofrece cinco hechos estructurales del régimen, que lo definen como «neosultanismo»: el primero, el poder era ejercido de manera arbitraria y discrecional, sin las limitaciones impuestas por una legislatura o Poder Judicial independiente; el segundo, la implementación de estas decisiones tomadas por el jefe de Estado dependía de unas Fuerzas Armadas más partidizadas que institucionalizadas y de un partido de base patronal que administraba el sistema de sobornos y recompensas; el tercero, en términos de su reclutamiento, desempeño, ascenso y retiro, los empleados públicos se asemejaban más a sirvientes personales del jefe de Estado que a funcionarios de un servicio civil; el cuarto, la lealtad de los empleados de la administración pública y de los militares hacia Stroessner era personal. Esta lealtad se basaba en el miedo al dictador y en las recompensas materiales que este dispensaba a sus incondicionales; y quinto, el ejercicio arbitrario y personalista del poder llevó a la ausencia de límites claros entre los recursos públicos y privados. El jefe de Estado y su círculo civil y militar íntimo disponían de los recursos públicos como si fueran propios.

Tal como concluye Riquelme, «si el régimen de Stroessner no era ni totalitario ni burocrático-autoritario, tampoco era simplemente una dictadura tradicional encabezada por un caudillo militar. Su dominación estaba basada en un sistema calculado de recompensas y castigos, que no dejaba nada a la improvisación o a la suerte. El orden legal que apuntalaba al régimen podría ser ajustado tanto como sea necesario, en orden a ajustarlo a los deseos discrecionales del jefe de Estado». El derrocamiento violento del régimen en 1989 es consistente con la caracterización de Riquelme de «neosultanismo», un tipo de régimen en el que los mecanismos institucionales para la transferencia pacífica del poder se hallan ausentes.

MITOS Y REALIDADES DEL RÉGIMEN DEL STRONATO

Hay cuatro mitos sobre el régimen de Stroessner que continuaban siendo sorprendentemente vitales hasta fechas recientes. Disipar estos mitos, necesariamente, da lugar a algunas verdades incómodas.

Un primer mito es que el régimen gobernó el país con casi ningún apoyo de la población. Tal como este capítulo sugiere, de hecho, el régimen contó con el soporte de un número significativo de la población. Este apoyo derivó de dos de los mecanismos de mantenimiento del régimen: manipulación y corrupción. Esta última estuvo institucionalizada y otorgó beneficios no solo a los generales del Ejército y a los ministros colorados, sino también a una amplia gama de oficiales de bajo rango en las Fuerzas Armadas y a empleados de nivel medio del sector público. En las áreas rurales, el sistema extensivo de patronazgo proveyó de muchos trabajos a personas que no los habrían obtenido por la sola vía de los méritos propios.

El segundo mito se refiere a la perspectiva de que el régimen fue derrocado por un movimiento popular para conseguir la democracia, similar a lo que estaba ocurriendo en muchos otros países del mundo al final de la Guerra Fría. De hecho, el movimiento de protesta durante la segunda mitad de 1980 fue relativamente reducido con respecto a la cantidad de personas movilizadas y estuvo concentrado casi exclusivamente en Asunción. La evidencia más convincente contra este mito es el destino de Stroessner y otros acólitos luego de su derrocamiento. Si el golpe militar hubiera sido consecuencia de un descontento social extendido, es difícil imaginar que Stroessner hubiera podido ir al exilio, tal como sucedió, y que los oficiales del aparato represivo en la DNAT hubieran podido continuar en sus puestos durante tres años más. De hecho, la caída de Stroessner tiene mucho más que ver con los esfuerzos por restablecer la alianza entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado.

El tercer mito concierne a la perspectiva de que el Partido Colorado habría sido tan fatalmente dañado por su cercanía e identificación con el régimen de Stroessner, que su caudal electoral disminuiría significativamente una vez que tuviera que enfrentarse a unas elecciones genuinamente democráticas. Como la historia de la transición lo confirma, el Partido Colorado demostró ser duradero, hasta el punto de que en las elecciones generales de abril de 2008 continuó siendo la asociación con mayor apoyo electoral, al llevarse el 31% de los votos de la Cámara de Diputados y el 27,2% de los del Senado.

El cuarto y último mito se refiere a la perspectiva de que la gestión económica del régimen resultó positiva, como lo ejemplifica el eslogan «Era feliz y no lo sabía». De hecho, la tasa de crecimiento económico durante la mayor parte del stronato apenas alcanzó al del aumento poblacional. La expansión de infraestructuras físicas y sociales (carreteras, servicios sanitarios, electricidad, telefonía, escuelas y centros de salud) fue muy limitada debido a la corrupción desenfrenada en la utilización de los préstamos extranjeros. Como resultado, al inicio de la transición a la democracia, los indicadores de acceso a la salud primaria, educación básica, servicios de agua, conexiones eléctricas y líneas de telefónica fija se hallaban entre los más bajos de toda América. El llamado «programa de colonización» de 1960 fue un funesto fracaso, por la altamente inadecuada asistencia técnica ofrecida a los colonos. Este error, junto a la escandalosa adjudicación de la tierra fiscal a altos oficiales del régimen, abrió la puerta para compras masivas de tierras por parte de los colonos brasileños, desde 1970 en adelante. Estas dos desastrosas políticas fueron responsables del creciente conflicto por la tierra en la etapa pos-Stroessner. La única excepción al bajo crecimiento tuvo lugar durante la construcción de la represa de Itaipú. Sin embargo, en este aspecto se manifiesta lo que, quizás, fue el mayor fracaso económico del régimen: su incapacidad para mejorar los niveles de vida de la población paraguaya a través de un programa de industrialización, aprovechando el enorme recurso hidroeléctrico disponible desde 1982. El régimen no hizo nada al respecto.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Para la caracterización del régimen son fundamentales los textos de Marcial Riquelme, Towards a Weberian characterization of the Stroessner regime in Paraguay, 1954-1989 (European Review of Latin American and Caribbean Studies, 57, 1994); de Benjamín Arditi, «El Estado omnívoro: poder y orden político bajo el stronismo», en Adiós a Stroessner: la reconstrucción de la política en el Paraguay (Asunción, RP Ediciones y CDE, 1992); y de Fernando Masi, Stroessner: la extinción de un modelo político (Asunción, Ñandutí Vive e Intercontinental Editores, 1989). Aún cuando más periodístico que analítico, Bernardo Farina ofrece el único tomo que abarca el periodo del stronato en su totalidad, El último Supremo: la crónica de Alfredo Stroessner (Asunción, El Lector, 2003).

Para la fase de consolidación del régimen y el papel del gobierno de los EEUU, contamos con los textos de Myriam Yore, La dominación stronista: orígenes y consolidación, seguridad nacional y represión (Asunción, BASE-IS, 1992); Alfredo Seiferheld, La caída de Federico Chaves: una visión documental norteamericana (Asunción, Ediciones Histórica, 1987); Alfredo Seiferheld & José Luis de Tone, El asilo de Perón y la caída de Epifanio Méndez: una visión documental norteamericana (Asunción, Ediciones Histórica, 1988); y Aníbal Miranda, Estados Unidos y el régimen militar paraguayo, 1954-58 (Asunción, El Lector, 1988). Frank Mora & Jerry Cooney ofrecen una visión informativa, pero muy benigna, del papel de los EEUU en Paraguay and the United States: Distant Allies (Athens, Georgia, University of Georgia Press, 2007). El éxito del régimen en aniquilar los movimientos armados en su contra es abordado por Marcelo Lachi (comp.), Insurgentes: la resistencia armada a la dictadura de Stroessner (Asunción, Universidad del Norte, 2004); y por Cristina Treherne, The guerrilla war of the Paraguayan Communist Party (Portsmouth, Inglaterra, Prensa Libre, 1982).

Paul Lewis cubre la fase de consolidación y expansión del régimen hasta mediados de la década de 1970 en Paraguay bajo Stroessner (Mexico City, Fondo de Cultura Económica, 1986), aunque sufre la desventaja de basarse casi exclusivamente en fuentes oficiales. El impacto político y social del boom económico de la década de 1970 lo examina James Painter en Paraguay in the 1970s: continuity and change in the political process (Londres, Institute of Latin American Studies, University of London, 1983). Las grandes represiones a mediados de la misma década son analizadas por Alfredo Boccia, La década inconclusa: historia real de la OPM (Asunción, El Lector, 1998).

Para los problemas económicos que desencadenaron la descomposición del régimen, a partir de los inicios de la década de 1980, son útiles los textos de Dionisio Borda, «La estatización de la economía y la privatización del Estado en el Paraguay, 1954-1989» (Estudios Paraguayos, v. 17, n. 1-2, 1993); de Luis Campos y Ricardo Canese, El sector público en el Paraguay: análisis de sus inversiones y empresas (Asunción, CIDSEP, 1987); y de Andrew Nickson, Tyranny and longevity: Stroessner’s Paraguay (Third World Quarterly, vol. 10:1, l988). Entre los varios estudios acerca de la caída del régimen se destaca la obra de Benjamín Arditi, Adiós a Stroessner: la reconstrucción de la política en el Paraguay (Asunción, RP Ediciones y CDE, 1992). Andrew Nickson resalta las fuerzas conservadoras que impulsaron el golpe del 2-3 febrero de 1989 en The overthrow of the Stroessner regime in Paraguay: reestablishing the status quo? (Bulletin of Latin American Research, 8, 1989).

La fachada democrática, uno de los soportes del régimen, es abordada por Francisco Delich, «Estructura agraria y hegemonía en el despotismo republicano» (Hegemonía y alternativas políticas en América Latina, México D. F., Siglo XXI Editores, 1985). Basándose en las revelaciones del «archivo del terror», Alfredo Boccia, Myrian González y Rosa Palau ofrecen un análisis del sistema represivo en Es mi informe: los archivos secretos de la policía de Stroessner (Asunción, CDE, 1994). Acerca de la violación de derechos humanos durante el stronato son importantes: el primer informe de Amnistía Internacional, escrito por Anthony Marecos, Prison conditions in Paraguay (Londres, Amnesty International, 1966); y los textos de José Luis Simon, La dictadura de Stroessner y los derechos humanos (Asunción, CIPAE, 1990); de José Blanch (comp.), El precio de la paz (Asunción, CEPAG, 1991); y de la Comisión de Verdad y Justicia, Informe final. Anive haguã oiko. Capítulo de Conclusiones y Recomendaciones sobre DDHH en Paraguay (Asunción, 2008).

No existe un estudio analítico acerca de la corrupción durante el stronato, pero Domingo Laíno ofrece una selección de varios casos en Paraguay: represión, estafa y anticomunismo (Asunción, Ediciones Cerro Corá, 1979). Para entender la importancia de la manipulación de una ideología nacionalista en el sostenimiento del régimen son fundamentales los textos de Peter Lambert, como «Ideology and opportunism in the regime of Alfredo Stroessner» (Ideologues and ideologies in Latin America, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1997) y «Myth, Manipulation and Violence: Relationships between National Identity and Political Violence» (Political Violence and the Construction of National Identity in Latin America, New York, Palgrave Macmillan, 2006, pp. 19-37).

CAPÍTULO XII

DESPUÉS DE LA DICTADURA

Diego Abente Brun

La noche del 2 de febrero de 1989, fiesta de la Virgen de La Candelaria, el país contempló azorado el golpe militar que, sospechado tantas veces por algunos, anunciado por otros y por muchos soñado, finalmente estaba sucediendo. Así, en la mañana del 3 de febrero, la ciudadanía se echó a las calles para celebrar la caída de la dictadura stronista. En ese momento, estaba claro cuál era el sistema que acababa de colapsar, y este era el motivo de la indescriptible alegría popular, pero no cuál lo iba a reemplazar. El fin de la dictadura significó muchas cosas, pero en su dimensión más esencial representó el desmantelamiento de un sistema autoritario de dominación política basado en la identificación del Estado con el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, y en una estrategia de represión, control y cooptación estatal de la oposición política y de los actores sociales independientes. La proclama de los militares victoriosos fue clara y ambigua a la vez, ya que argumentaron que el golpe se había realizado en defensa de la democracia y por el respeto a los derechos humanos, pero también para asegurar la unidad y continuidad del coloradismo en el poder. Se trataba, claramente, del inicio de un proceso de liberalización, pero no necesariamente de democratización stricto sensu.

En este capítulo examinaremos estas dos últimas décadas de la historia del Paraguay, con el objetivo de desentrañar la nueva dinámica política generada tras el golpe, pero haciendo también referencia a los concomitantes cambios económicos y sociales. En el primer apartado, «¿Transición a qué?», analizaremos la etapa inicial del proceso que, lenta y gradualmente, fue prefigurando las etapas siguientes. En el segundo, «La transición recomienza», exploraremos el periodo comprendido entre 1993 y 1998, que puede caracterizarse como la etapa más estrictamente negociada y de transición. En el tercer apartado, «Democracia en aprietos», examinaremos la tumultuosa etapa que abarca desde las primeras elecciones libres y competitivas, celebradas en 1998, hasta el colapso del sistema de partido hegemónico en 2003. El último apartado, «Una historia nueva», analiza brevemente el periodo abierto en abril de 2008 con el triunfo de la, hasta entonces, oposición política.

¿TRANSICIÓN A QUÉ?

La proclama de los militares victoriosos encerraba una profunda contradicción. Se iniciaba la transición, es cierto, pero ¿transición a qué? ¿Cómo conciliar la democracia con el principio de la continuidad del Partido Colorado en el poder? Esta contradicción central marcó todo el periodo de mandato del general Andrés Rodríguez. Postergando la resolución de estas contradicciones latentes, y luego de un considerable «tira y afloja» con la oposición, Rodríguez logró articular un consenso político básico sobre una agenda de liberalización, pero no necesariamente de democratización, del sistema político, basado en cuatro puntos:

a) El levantamiento del estado de sitio, vigente ininterrumpidamente desde 1954.

b) El reconocimiento de los partidos políticos y el respeto a las libertades civiles y políticas de organización, manifestación, prensa, asociación y sindicalización.

c) La legitimación del nuevo gobierno a través de elecciones, el 1 de mayo de 1989, para completar el mal llamado «periodo constitucional 1988-1993» del general Stroessner, y la participación de la oposición en ellas. Para conseguirlo, había que reemplazar previamente el sistema electoral, instaurado en 1959, de prima de dos tercios para la mayoría y castigo para las minorías, que se distribuían proporcionalmente el tercio restante, por el sistema de representación proporcional.

d) La convocatoria a una Convención Constituyente para la reforma de la Constitución de 1967.

Sin embargo, el interrogante de si el proceso se clausuraría con la liberalización pero sin una democratización real siguió flotando en el ambiente. La respuesta no fue el resultado de un plan o proyecto premeditado, sino que fue evolucionando como subproducto de un proceso político mucho más complejo, desencadenado por el golpe, pero sobre el que sus autores tenían un control limitado. Rodríguez controlaba las Fuerzas Armadas, mas no estaba claro que dominara el Partido Colorado. La oposición, todavía debilitada por 35 años de represión, no tenía la capacidad de llegar al poder, pero sí podía ser un factor deslegitimador de un gobierno necesitado de legitimación política más que de poder fáctico. Y, finalmente, pero no menos importante, la presión internacional ejercida por el emergente MERCOSUR, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que hacían inviable una reproducción del stronismo sin Stroessner. En síntesis, el proceso de transición no tenía un destino claro. El Gobierno apuntaba hacia el establecimiento de una democracia sui generis, con el Partido Colorado en el poder y las Fuerzas Armadas ejerciendo el rol de árbitro. La oposición, por su parte, utilizó los espacios de libertad recién conquistados para organizarse, competir y presionar por la vigencia de una democracia real.

Tal como se había anunciado, el 1 de mayo de 1989 se realizaron las elecciones generales legitimadoras del golpe de La Candelaria. Rodríguez obtuvo el 74,9% de los votos, contra el 20,3% de Domingo Laíno, candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Además, el Partido Colorado se hizo con dos terceras partes de las bancadas en ambas cámaras del Congreso. Las elecciones fueron libres, pero no limpias. Por ejemplo, el padrón utilizado no fue depurado e incluía más de 2,2 millones de electores, cuando el nuevo padrón empleado en las elecciones municipales de 1991 solo contenía 1,3 millones de inscriptos. Esta comparación demuestra que el padrón stronista contenía, por lo menos, 900.000 nombres duplicados, inventados o de personas fallecidas. No fue hasta años más tarde, en 2001, cuando el padrón nacional alcanzó la misma cifra de 2,2 millones de inscriptos que figuraron en 1989. Además, en estos comicios, hubo 24 localidades donde el total de votos excedió en, al menos, un 29% el número de inscriptos respecto al padrón de 1991. La mayoría de los observadores coincidieron, sin embargo, en que la victoria de Rodríguez fue indiscutible, aunque el margen debió haber sido menor. Para la oposición, la elección, más que un acto electoral, resultó el principio de un proceso, y como tal fue asumida.

Muy pronto quedó en evidencia que no existían en el nuevo régimen un actor hegemónico cohesionado ni una agenda compartida. El gobierno de Rodríguez se caracterizó por un precario equilibrio entre dos sectores. Por una parte, la mayoría de los militares de alto rango, que actuaron, fundamentalmente, en función de la defensa de sus propios intereses, amenazados por la frustrada purga stronista. El general Rodríguez era su líder, pero carecían de un proyecto común suficientemente elaborado. De cara al futuro, Rodríguez era, pues, un primus inter pares. Tampoco en el sector tradicionalista colorado existía tal proyecto. Luis María Argaña aparecía como el referente político de mayor peso de los sectores desplazados por el stronismo militante, pero tampoco había un proyecto compartido. Era, por tanto, otro primus inter pares. Esta división de la nueva coalición gobernante jugó un rol decisivo en la dirección del proceso iniciado el 3 de febrero, de la misma manera que el fraccionamiento de la coalición gubernamental fue determinante en la caída de la dictadura de Stroessner. La debilidad del líder militar y del referente político del golpe los llevó a ambos a buscar aliados dentro y fuera de la alianza gobernante.

El general Rodríguez anudó un esquema de lealtad en las Fuerzas Armadas, en el que aseguró a sus seguidores un rol privilegiado y permitió que el coronel Lino Oviedo, que surgía como el militar de mayor poderío entre sus seguidores, aspirara a la sucesión, aunque en un futuro aún no determinado. Para fortalecer su base política, que era en realidad su talón de Aquiles, Rodríguez logró el apoyo de los sectores emergentes del Partido Colorado liderados, en lo político, por Ángel R. Seifart y representados, en lo económico, por la nueva burguesía, surgida al amparo de los contratos estatales, en la década de 1970. Obtuvo también el respaldo de los desplazados de otrora, entre ellos los antiguos contestatarios de finales de la década de 1950 y los seguidores de Édgar L. Ynsfrán, defenestrado en 1966. Igualmente, buscó granjearse la simpatía de los opositores a través de un deliberado acercamiento a algunas de sus figuras emblemáticas, como el escritor Augusto Roa Bastos y el jurista Jerónimo Irala Burgos, quien fue nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia, así como de la designación de otros opositores en puestos diplomáticos en el exterior. De la misma manera, cortejó el favor internacional integrándose en el MERCOSUR y aprobando como primera ley de su periodo la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Por su parte, Argaña aglutinó a los sectores más stronistas y autoritarios del Partido Colorado, desarrollando un discurso esencialmente conservador.

En el plano económico, el gobierno de Rodríguez adoptó una política de corte heterodoxo, al introducir el tipo de cambio libre y fluctuante, reformando el sistema impositivo, adoptando un generoso marco de incentivos para las inversiones y sentando las bases de la futura privatización de algunas empresas públicas. Al mismo tiempo, mantuvo intactas las características esenciales del régimen anterior, entre ellas el férreo control partidario sobre el aparato del Estado y sus principales empresas, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO), la Corporación de Obras Sanitarias de Asunción (CORPOSANA), Petróleos Paraguayos (PETROPAR), la Industria Nacional del Cemento (INC) y Aceros del Paraguay (ACEPAR); y las empresas binacionales Itaipú y Yacyretá. Como consecuencia obtuvo, en lo político, el apoyo de los sectores empresariales; y, en lo económico, una expansión modesta pero sostenida.

En 1991, se realizaron los primeros comicios municipales libres para la elección, por el voto directo, de los intendentes, que hasta entonces eran designados por el Poder Ejecutivo. A pesar de los múltiples problemas de organización, fiscalización y control, la oposición hizo grandes progresos. El PLRA aumentó su caudal electoral, al pasar del 20% obtenido en 1989 al 34%, además de conquistar importantes intendencias. En Asunción, sede real y simbólica de los poderes del Estado, el Movimiento Asunción Para Todos, con la candidatura de Carlos Filizzola al frente, obtuvo el 35% de los votos y la intendencia. Estas elecciones marcaron un hito para la oposición y para el gobierno, que solo logró el 44% de los votos a nivel nacional. El nuevo proceso empezaba gradualmente a tener las características de toda democracia: certeza de las reglas, procesos y plazos, pero incertidumbre en los resultados. Para todos, fue un indicador con el que se inició un nuevo tipo de juego político, en el que la adopción de nuevas estrategias, recursos y proyectos determinó el resultado de los comicios.

En diciembre de 1991 se realizaron las elecciones para la Convención Nacional Constituyente. El Partido Colorado, «en función de gobierno», demostró haber aprendido la lección mucho más rápido que los opositores. Con una lista unificada y un lema sencillo, pero descarnado y brutal, dirigido a los funcionarios públicos: «No patee su olla», obtuvo una holgada mayoría absoluta del 55,1% de los votos, contra el 27% del PLRA y el 11% de los sectores independientes, aglutinados alrededor del Movimiento Constitución Para Todos.

A pesar de los temores de que la mayoría absoluta del Partido Colorado en la Convención produjera un documento de corte neoautoritario, el resultado fue muy distinto. Fragmentados en distintos grupos, los propios convencionales colorados prefirieron adoptar la figura de un Ejecutivo débil y un Congreso fuerte, con el fin de asegurar que, de estar en la oposición interna, no pasasen a la «llanura», a la que les había desterrado Stroessner. El intento del general Rodríguez de introducir una cláusula que permitiera su reelección fue derrotado, y en las disposiciones transitorias se introdujo un «artículo candado» ad hominem, para evitar que incluso sus familiares pudieran ser candidatos, pues se mencionaba en ese momento a su hija Mirtha como potencial candidata presidencial.

La nueva Constitución fue promulgada en un ambiente de alta tensión, sin la participación del presidente Rodríguez y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Con ella comenzó un nuevo juego político centrado en las elecciones de 1993. En el Partido Colorado las líneas se tensaron en torno a los dos grupos en el poder: Rodríguez y sus seguidores optaron por la candidatura presidencial de Juan Carlos Wasmosy, un outsider ex liberal y quizás la figura más prominente de la nueva burguesía surgida al amparo de los negocios con la dictadura de Stroessner; Argaña, por su parte, aglutinó al sector más tradicional del partido y a un buen número de stronistas reciclados. La elección interna, realizada el 27 de diciembre de 1992, resultó intensamente disputada y, según observadores independientes, la ganó Argaña por estrecho margen. Este hecho fue reconocido públicamente, en el año 2008, por el senador Juan Carlos Galaverna, uno de los principales operadores de la candidatura de Wasmosy.

Sin embargo, la decidida intervención del ya general Lino Oviedo y la virtual toma del edificio partidario y secuestro de las actas de escrutinio permitieron que el Tribunal Electoral declarara ganador a Wasmosy. La herida causada fue profunda y sus repercusiones tuvieron largo alcance. Los argañistas llegaron a amenazar con no votar por Wasmosy en las elecciones nacionales. El general Oviedo participó activamente en la campaña electoral recorriendo pueblos y ciudades y, según algunos observadores, advirtiendo de que los colorados que no votaran por Wasmosy perderían sus puestos de trabajo. Lo cierto es que la tan temida defección no tuvo un impacto significativo, a juzgar por el hecho de que la candidatura presidencial de Wasmosy obtuvo el 40% de los votos, mientras que la lista de senadores, la que mejor refleja el factor partido, alcanzó el 42%.

En la oposición el proceso tampoco fue fácil. Laíno, que se había destacado en la lucha contra la dictadura de Stroessner, especialmente en su fase final, era considerado por muchos liberales como el candidato natural, no solo del PLRA, sino de toda la oposición. Sin embargo, los sectores independientes, que habían probado el sabor de la victoria con Filizzola en 1991, se consideraron igualmente llamados a disputar la candidatura presidencial. La emergencia del Partido Encuentro Nacional (PEN), en torno a la figura de Guillermo Caballero Vargas, un empresario textil proveniente de una familia de larga trayectoria política en el Partido Febrerista, se convirtió en un fenómeno social de grandes proporciones.

A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, la oposición no lograba unificarse. Para los partidarios de Laíno su candidatura era innegociable; en cambio, los encuentristas argumentaban que el candidato liberal no conseguía conquistar el voto de los colorados desafectos, indispensables para ganar, y que Caballero Vargas sí apelaba con fuerza a esos sectores que, en definitiva, inclinarían la balanza en una u otra dirección. La propuesta de una encuesta sobre cuál de las formulas, Laíno-Caballero o Caballero-Laíno, concitaba mayor apoyo no fue aceptada por el PLRA, por lo que, finalmente, la oposición concurrió a las elecciones con dos candidatos. Algunos sectores del liberalismo prefirieron este escenario creyendo que les resultaría favorable, pues Caballero Vargas restaría votos a Wasmosy, con lo que Laíno podría alcanzar el triunfo en un final apretado de a tres. De igual modo, algunos sectores del PEN prefirieron la consolidación de un proyecto alternativo al de los partidos tradicionales antes que el triunfo en las elecciones. Los unos creyeron que en el riesgo está la ganancia, mientras que los otros pensaron que el futuro les sonreiría. Al final del día, hubo riesgo pero no ganancia, y futuro pero no sonrisa. La democracia, que pudo haberse inaugurado en 1993, se postergó cinco años más y con un alto costo.

LA TRANSICIÓN RECOMIENZA

Las elecciones de mayo de 1993, libres y competitivas, no fueron, sin embargo, limpias. El Encuentro Nacional, por ejemplo, no tuvo acceso al padrón hasta último momento y, aun así, no en medios magnéticos que permitieran un rápido chequeo. La Junta Electoral Central (JEC) era un «búnker» controlado por operadores del wasmosismo y no había forma de verificar efectivamente las actas que llegaban. Sobre el terreno, únicamente el PLRA logró controlar la mayoría de los lugares de votación, y como las papeletas eran destruidas luego del acto electoral (solo se guardaban las actas), resultaba imposible conducir un recuento para verificar los resultados. Al final, la Junta Electoral Central proclamó ganador a Wasmosy con el 40% de los votos; Laíno obtuvo el 32% y Caballero Vargas, el 23%.

Algunos observadores independientes opinaron que era imposible determinar cuál fue el resultado real de la contienda, ya que cualquiera de los tres pudo haber sido el triunfador, aunque por escaso margen. Los seguidores de Laíno sostuvieron que la victoria fue de su candidato. Otros argumentaron que ganó Wasmosy, pero por un margen menor. El ex presidente estadounidense Jimmy Carter, que acudió como observador, reunió a los tres candidatos y logró un compromiso para que los problemas que aquejaron los comicios no se repitieran en el futuro. La oposición reconoció el resultado como válido, con el convencimiento de que suponía un paso hacia la completa democratización del país y considerando que, aun en dichas condiciones, había obtenido mayoría parlamentaria y el presidente electo era el primer civil en ocupar la primera magistratura en 39 años. La etapa de Rodríguez se convirtió así, en retrospectiva, en la transición a la transición.

El gobierno de Wasmosy comenzó marcado por esta doble debilidad. Hipotecado ante el general Oviedo desde las internas, Wasmosy tampoco contaba con mayoría parlamentaria. La oposición se había alzado, por primera vez, con mayoría en ambas cámaras del Congreso: 25 de los 45 senadores y 42 de los 80 diputados. Además, producto de la aplicación del sistema D’Hondt y de las elecciones internas directas, aproximadamente la mitad de los congresistas colorados pertenecían al movimiento argañista.

A pesar de su extrema debilidad, el gobierno de Wasmosy comenzó con un importante apoyo de la oposición liberal, que propuso y firmó con él un llamado «pacto de gobernabilidad». De carácter ambiguo en sus objetivos y en sus procedimientos, el pacto le dio un respiro a Wasmosy en el Congreso y, a cambio, le garantizó a Laíno el control del PLRA y a su partido, espacios de poder en entes públicos además de la embajada en las Naciones Unidas. También logró desplazar al Encuentro Nacional a una incómoda posición al tener que optar por apoyar un pacto del que no era parte para sostener al gobierno y avanzar en el proceso de transición o sumarse a la oposición argañista, que agitaba las banderas del pasado. Con dicho respaldo, Wasmosy logró el apoyo parlamentario para la aprobación de un millonario crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sustentado en una «carta de intención» firmada por el gobierno saliente y que representaba, en realidad, un recetario a la medida del llamado «Consenso de Washington». Esta agenda de reforma del sector público fue el caballito de batalla de Wasmosy para poner en práctica su plan de hacer avanzar el país 50 años en cinco años, como rezaba su eslogan electoral. Al final, aunque la mayoría de las leyes propuestas fueron aprobadas, entre ellas la de reforma de la Banca Central, la de creación del mercado de capitales, la nueva Ley de Bancos y la modificación de la Ley de Privatización, la reforma del sector público quedó en la nada.

Con excepción de la reforma de la carta del Banco Central, que resultó razonablemente exitosa, todas las demás iniciativas terminaron fracasando. Lo más grave fue la oscura privatización de las Líneas Aéreas Paraguayas (LAP) y la Flota Mercante, que agravó los costos de la mediterraneidad exponencialmente y convirtió al Paraguay en el único país del continente americano sin acceso aéreo directo al mundo.

El gobierno de Wasmosy presidió también la peor crisis financiera del siglo. A pesar de las nuevas leyes financieras, el deficiente y corrupto sistema de supervisión bancaria llevó a las crisis de 1995 y 1997, que acabaron con los ahorros de toda la vida de miles de familias paraguayas. Bancos y financieras se embarcaron en una «orgía» de negocios turbios con empresas relacionadas y en un sistemático vaciamiento de sus activos. Los casos más notables fueron los del Banco General y del Banco Unión, pero media docena de otras entidades financieras también sucumbieron. El costo fue asumido por el Estado, que en algunos casos tuvo que indemnizar a los ahorristas menores.

Mientras que en el plano económico Wasmosy tuvo un magro saldo en su haber, la necesidad de implementar las nuevas instituciones previstas en la Constitución de 1992 permitió alcanzar logros destacables en el plano político. En primer lugar, la oposición impulsó con éxito la ley de desafiliación al Partido Colorado de los miembros de las Fuerzas Armadas, nefasta herencia stronista. Se reconstituyó, luego, la Corte Suprema de Justicia con nueve miembros nuevos y un perfil más pluralista. Igualmente, se creó la Justicia Electoral con un Tribunal Superior equilibrado, para garantizar la limpieza de los comicios de cara al futuro. Finalmente, se creó la Contraloría General de la Nación, para fiscalizar el funcionamiento del sector público, aunque en este campo el resultado fue escaso, como lo atestigua el hecho de que el primer contralor, propuesto por la oposición liberal, terminó procesado ante la Justicia por hechos de corrupción.

El hecho que marcó de manera más notoria al gobierno de Wasmosy fue la relación que mantuvo con su principal aliado militar, el general Lino Oviedo, nombrado comandante del Ejército. En los primeros tres años se sucedieron numerosos roces entre ambos, marcados la mayoría de las veces por el intento de Oviedo de gobernar desde la sombra. El enfrentamiento más duro se produjo en la tarde del 22 de abril 1996, cuando el primer mandatario destituyó al comandante del Ejército. Oviedo se negó a aceptar la orden y se atrincheró en su comando, acompañado por un gran número de generales. En la anacrónica tradición de los «pronunciamientos», emplazó al presidente Wasmosy a que renunciara, so pena de destituirlo por la fuerza.

Oviedo contaba con la lealtad de una gran cantidad de oficiales superiores y generales, pero se le oponían la Fuerza Aérea, la Marina y un sector de la Infantería. El Congreso, en pleno, se pronunció en apoyo a Wasmosy y se declaró en sesión permanente. La comunidad internacional apoyó con fuerza al presidente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, que se encontraba en Bolivia, viajó urgentemente a Paraguay para respaldar la democracia. La larga crisis terminó en la madrugada del día siguiente, con la derrota del intento de golpe de Estado. Pero, sorpresivamente, Wasmosy ofreció a Lino Oviedo el Ministerio de Defensa, lo que provocó una masiva demostración ciudadana en la mañana del 23 de abril, que lo obligó a cambiar dicha decisión.

La crisis finiquitó la carrera militar de Oviedo, pero su levantamiento contra un mandatario impopular le sirvió como plataforma para su proyecto político. Aquellos que apoyaron al gobierno constitucional de Wasmosy, aunque no a él personalmente —en parte por consideraciones patrióticas y en parte por cálculos electorales—, terminaron pegados a su impopular gobierno y pagaron un alto costo político en las subsiguientes justas electorales.

LA DEMOCRACIA EN APRIETOS

La transición terminó y la democracia se inició, stricto sensu, en 1998, pues ese año culminó el proceso iniciado con las elecciones municipales de 1991 y tuvieron lugar las primeras elecciones generales libres, limpias y competitivas. Por ello, quizás, los procesos preelectoral y electoral de 1998 fueron aún más conflictivos que los de 1993, y el enfrentamiento más duro se dio en el interior del Partido Colorado.

Luis María Argaña volvió a presentar su candidatura con la certeza de que esta vez la conquistaría. Oviedo, que a través de sucesivas «chicanas» judiciales venía eludiendo el veredicto de la Justicia por su intento de golpe de 1996, presentó también la suya. Por su parte, Wasmosy, que en principio había hecho las paces con Argaña para enfrentar a Oviedo, decidió, al final, no apoyarlo y lanzar la candidatura de Carlos Facetti.

Las elecciones internas coloradas tuvieron lugar en diciembre de 1997, y dieron como ganador a Oviedo, sobre quien aún pesaba un interminable proceso judicial. El Gobierno resolvió, entonces, proceder con el juicio a Oviedo, pero en la jurisdicción militar, que lo condenó a diez años de prisión. Este, que se encontraba entonces prófugo, prometió competir desde la prisión militar, pero apeló la sentencia del Tribunal Militar ante la Corte Suprema de Justicia. En marzo de 1998, la Corte denegó su pedido y confirmó la prisión dictada por la Justicia militar, con lo que quedó inhabilitado como candidato presidencial. Siguiendo lo establecido en la legislación electoral, lo reemplazó su candidato a vicepresidente, Raúl Cubas Grau. A su vez, Argaña se convirtió en aspirante a vicepresidente, con lo que la fórmula electoral colorada fue Cubas-Argaña. Oviedo, desde la prisión militar, exhortó a votar por esta fórmula con el eslogan «Tu voto vale doble», insinuando así que Cubas, una vez en el poder, lo liberaría.

En la oposición el proceso fue más fácil. El Encuentro Nacional declinó la candidatura presidencial en favor de Domingo Laíno y propuso como candidato vicepresidencial a Carlos Filizzola. Se daba así satisfacción a la demanda que el PLRA había planteado ya en 1993, de que el candidato a presidente fuese de dicho partido.

Los resultados electorales de mayo de 1998 dieron la victoria a la fórmula Cubas-Argaña con un contundente 54% de los votos, mientras que la fórmula Laíno-Filizzola obtuvo el 43% de los votos. La oposición también dilapidó su mayoría parlamentaria y varias de las gobernaciones conquistadas en 1993. Como consecuencia de la catastrófica derrota, Domingo Laíno perdió por completo su poder y el PLRA pasó de ser un partido disciplinado en torno a un líder a convertirse en un archipiélago de facciones en permanente disputa por la hegemonía.

Sin embargo, el gobierno de Cubas fue breve. A pesar de que el Partido Colorado tenía mayoría en ambas cámaras, los opositores unieron fuerzas con los argañistas y permitieron que sus candidatos se hicieran con el control de las mesas directivas. Esta alianza se fue consolidando a medida que el gobierno de Cubas daba signos cada vez más claros de que el gobernante real era Oviedo. A fines de 1998, Cubas conmutó la pena de Oviedo y ordenó su libertad. La Corte Suprema se opuso, pues el proceso de conmutación debía hacerse consultando con esta institución, por lo que ordenó su regreso a prisión. Cubas se negó a acatar dicha disposición y, a partir de ese momento, se desencadenó una feroz lucha política entre Cubas y Oviedo, por una parte, y el Congreso y la Corte Suprema, por la otra.

El conflicto se agudizó y llevó a que la Cámara de Diputados aprobara el juicio político contra el presidente Cubas. Pero antes de que se pronunciara el Senado, se produjo el trágico asesinato del vicepresidente Argaña, el 23 de marzo de 1999. La mayoría de los observadores atribuyeron el magnicidio a Oviedo, y esa fue también la percepción de la ciudadanía. Entonces, la gente se volcó a las calles, tomó las plazas del Congreso, centuplicó a los manifestantes pro oviedistas y exigió la destitución de Cubas. En una noche trágica, francotiradores apostados en edificios vecinos al del Congreso dispararon contra los manifestantes y causaron la muerte de siete de ellos. Ante las presiones nacional e internacional, Cubas presentó su renuncia y viajó al Brasil. Oviedo huyó a la Argentina, donde recibió el asilo del primer mandatario Carlos Menem. El presidente del Senado y del Congreso, Luis González Macchi, siguiendo la cláusula de renuncia y acefalía prevista en la Constitución, asumió la Primera Magistratura y anunció la conformación de un gobierno de unidad nacional con la participación de todos los partidos políticos.

Pocas veces en la historia paraguaya se dio una ocasión tan propicia para un gobierno de unidad nacional que pusiera un proyecto de país por encima de hegemonías partidarias, ambiciones personales y consideraciones crematísticas. Esta magnífica oportunidad, sin embargo, fue tristemente dilapidada. El nuevo gobierno emergió como un gigante con pies de barro: contaba con el apoyo mayoritario de la población y el respaldo de más de dos tercios del Congreso, pero, al no ser producto de unos comicios, la mayoría parlamentaria corría el riesgo de diluirse con la misma rapidez con la que se había formado. La complejidad del panorama político no era solo coyuntural, sino estructural, debido a algunos absurdos errores de la Constitución de 1992. En efecto, la cláusula de acefalía presidencial estipulaba para dicho caso una línea de sucesión y no la elección de un sucesor. Sin embargo, para el caso de acefalía vicepresidencial en los primeros tres años del mandato, sí contemplaba la elección de un sucesor. Correspondía, por tanto, elegir un nuevo vicepresidente para acompañar a un presidente no electo para el cargo. El potencial para una crisis política de proporciones era evidente.

A esto se sumó un liderazgo presidencial débil y vacilante, sujeto a constantes presiones de facciones del Partido Colorado y del PLRA. En el primero, los sectores más cercanos a la familia del asesinado Argaña demandaron mayores espacios de poder. En el segundo, las facciones enfrentadas se disputaron los espacios del partido y se desplazaron los unos a los otros. En poco tiempo, el PLRA exigió una mayor cuota de poder, y la incapacidad de ambas partes de alcanzar un acuerdo razonable lo llevó a abandonar el gobierno. De nuevo en la oposición, el PLRA se alió con el oviedismo, que recuperaba gradualmente su poder y, sobre todo, un aliado crucial.

De cara a las elecciones para la vicepresidencia, el Partido Colorado postuló al concejal Félix Argaña, uno de los hijos del ex vicepresidente activos en política y el que mayor respeto inspiraba. El PLRA eligió a Julio César Franco. La mayoría de los observadores políticos estimaron que, de ganar Argaña, González Macchi sería forzado a renunciar y Argaña lo reemplazaría. Igualmente consideraron que, de ganar Franco, el mismo sustituiría a González Macchi por medio de un juicio político de signo contrario al realizado contra Cubas. Las elecciones del 13 de agosto de 2000 dieron como ganador a Franco, quien, con el apoyo del oviedismo, obtuvo el 47,8% de los sufragios, contra el 47% de Argaña, es decir, una diferencia de menos de 10.000 votos sobre un total de 1.250.000 votos válidos. Franco no logró generar las condiciones para un juicio político, y esto fue algo que le reprocharía el oviedismo constantemente.

Desde ese momento, no quedó para González Macchi más que hacer la cuenta regresiva, ya que las únicas bases sólidas de apoyo que le quedaban eran, por una parte, los argañistas, temerosos de una vendetta oviedista y, por la otra, los sectores democráticos opuestos al regreso del oviedismo. Los sucesivos intentos de destituir a González Macchi fracasaron solo por razones circunstanciales, pues la mayoría votaba en contra, pero no todos por las mismas razones. Algunos sectores lo hacían porque estaban convencidos de que el apoyo de Oviedo a la candidatura de Franco no podía ser gratuito, y creían que de la mano de Franco volvería el oviedismo al poder. Otros sectores, más preocupados por su propio bienestar, lo hacían a cambio de las inmensas y mensuales concesiones del gobierno. El tráfico de influencias, que se inició en el periodo 1993-1998, floreció hasta alcanzar niveles nunca antes vistos. El Gobierno perdió el poco rumbo que había tenido y sucumbió a un acelerado proceso de feudalización estatal.

Finalmente, a menos de seis meses del fin del mandato de González Macchi —cuando ya Franco había renunciado a la vicepresidencia para postularse como candidato presidencial para las elecciones de 2003, por lo que la sucesión recaería en el presidente del Senado, y cuando aparentemente el Gobierno se cansó de otorgar concesiones a algunos de sus diputados—, el juicio político súbitamente prosperó y obtuvo los votos necesarios en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, algunos de quienes habían sido los más tenaces defensores del Ejecutivo se convirtieron en sus peores detractores; pero, de nuevo, la suerte le salvó al presidente González Macchi. Tampoco todos los que votaron en contra del juicio político lo hicieron por iguales motivos. Algunos actuaron para preservar sus canonjías, otros para obtenerlas o aumentarlas, y otros para evitar el trauma político de una nueva destitución ad portas de la elección de un nuevo gobierno y que, además, entronizaría en el poder a uno de los políticos más cuestionados del país: Juan Carlos Galaverna.

Mientras tanto, la situación económica y social, opacada en la agenda política por la sucesión de crisis y minicrisis que se inició en la segunda parte del gobierno de Wasmosy, continuó deteriorándose. La fase de lentísimo crecimiento económico se había iniciado años atrás, pero desde 1996 y hasta el año 2000 (cinco años consecutivos) el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fue negativo. En el año 2000, el pésimo comportamiento del sector agrícola contribuyó a la peor recesión de la etapa. Una leve recuperación en 2001 fue seguida por otro mal año y las nefastas repercusiones de la profunda crisis económica de la región. Así se llegó a 2003 con el PIB por habitante ligeramente inferior al de 1989 y con más del 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza.

Sería erróneo atribuir mecánicamente la constante situación de crisis política del periodo al mal desempeño de la economía, o viceversa. Es evidente, sin embargo, la relación entre ambos. El factor vinculante fue el deterioro de la gobernabilidad, producto del mal diseño institucional, de la ausencia de liderazgo político y del aumento descontrolado de las tendencias rentistas tanto en el ámbito político como en el económico. El país se había convertido en una suerte de «tierra de nadie» y los actores políticos y económicos, en depredadores embarcados en una caza desenfrenada de privilegios y canonjías.

Las elecciones de 2003 representaron una suerte de repetición del escenario acaecido diez años antes. En el Partido Colorado, el asesinato del vicepresidente Argaña y la expulsión de Lino Oviedo y sus seguidores —que fundaron el partido Unión Nacional de Colorados Éticos (UNACE)— dejaron al candidato a vicepresidente de Argaña, Nicanor Duarte Frutos, como el único líder con proyección nacional. Aun así, este se impuso con dificultad al empresario tabacalero Osvaldo Domínguez Dibb, un outsider dentro del coloradismo, en una complicada elección interna celebrada en diciembre de 2002.

En la oposición, el Partido Encuentro Nacional pagó un alto precio por su participación en el gobierno de González Macchi y la actuación de algunos de sus principales líderes, por lo que se redujo a una expresión electoral marginal. El tercer espacio pasó a ser ocupado por el emergente partido Patria Querida, liderado por el empresario de las finanzas Pedro Fadul. A diferencia del PEN, Patria Querida tuvo desde su nacimiento un perfil de derecha, pero, igual que aquel, compitió con el PLRA por la candidatura presidencial de la oposición. En el PLRA, el ex vicepresidente Julio César Franco impuso su candidatura con holgura, pero, como Laíno en 1993, enfrentó el desafío de lograr aglutinar a todo el campo opositor. En este caso, el PLRA aceptó realizar una encuesta para escoger a un candidato único, pero el candidato de Patria Querida consideró que su candidatura ya se había impuesto en los sondeos y apeló al voto útil a su favor.

El voto útil, como en 1993, resultó inútil, y las elecciones consagraron la continuidad de la hegemonía colorada, dando como ganador a Duarte Frutos con el 37% de los votos. Franco obtuvo el 24%, Fadul el 21% y el candidato de UNACE, Guillermo Sánchez Guffanti, logró el 13%.

Duarte Frutos inició su mandato con un discurso y un accionar, a la vez, renovadores y firmes. El éxito de su ministro de Hacienda, el respetado economista independiente Dionisio Borda, en resolver la crisis fiscal del Estado y la ausencia de rivales partidarios de peso le permitieron mantener una hegemonía significativa en el partido de gobierno. Mas, en lugar de utilizar dicha influencia para producir cambios profundos en la estructura socioeconómica del país y renovar tanto el sistema político como su propio partido, se concentró en acumular poder personal y se embarcó en una campaña de reforma constitucional que le permitiera optar a la reelección.

Para conseguirlo, Duarte Frutos recompuso la estructura del Partido Colorado alrededor de la misma lógica del stronismo. Impuso un fuerte énfasis a la partidización de la administración pública, incrementó la discrecionalidad en el manejo y el acceso a los recursos públicos (especialmente las binacionales Itaipú y Yacyretá); exacerbó el doble discurso en los temas sociales y de interés nacional; instauró una lógica de exclusión partidaria (solo los seguidores del presidente acceden a cargos de importancia y todos sus principales operadores políticos, especialmente presidentes de seccionales o unidades de base, lo hacen), y sometió al Poder Judicial y al Ministerio Público a su designio político. En síntesis, autoproclamándose el tendota (conductor o führer), puso todo el poder del Estado al servicio de sus aspiraciones personales.

Esta repatrimonialización del Estado siguió los mismos patrones stronistas. Por una parte, el proceso se hizo posible gracias a que el gobierno de Duarte Frutos logró quebrar el frente opositor ofreciendo a algunos de sus sectores prebendas y canonjías. Por la otra, y a salvo del acervo patrimonial del líder y especialmente de sus seguidores, se dejaron dos instituciones básicas para la reproducción del sistema: el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. También durante la dictadura de Stroessner un militar ocupó el Ministerio de Hacienda, con la firme misión de asegurar el equilibrio fiscal, condición ineludible para la perpetuación del sistema. De la misma manera, el Banco Central fue confiado a un funcionario cuya misión consistió en evitar a toda costa el descontrol monetario y la inflación. Ambos cargos cumplieron su función con religiosa puntillosidad hasta poco antes de la caída del stronismo.

De igual manera, Duarte Frutos declaró el Ministerio de Hacienda «zona de exclusión partidaria», como una forma de asegurar una administración que salvara a su nuevo gobierno de la catástrofe fiscal y financiera heredada de la administración anterior y acentuada por la crisis económica de la región. Cuando su ministro de Hacienda, Dionisio Borda, intentó ir más allá de la honestidad y la eficiencia en el control de la política fiscal e incluyó en su agenda otras medidas de reforma del Estado fue prontamente forzado a renunciar. Su reemplazante, Ernst Ferdinand Bergen, dio marcha atrás a las reformas, pero mantuvo la «zona de exclusión» del ministerio. Y lo mismo ocurrió con el sucesor de este, César Barreto, nombrado en julio de 2007.

Una vez cumplida la primera mitad del periodo presidencial, el escenario político cambió drásticamente. El hecho detonante fue la aceleración de los tiempos políticos desatada por el presidente Duarte Frutos, en su intento de modificar la Constitución para hacer posible la reelección.

El primer acto fue el adelantamiento de las elecciones internas del Partido Colorado, que debían realizarse a mediados de 2006 y pasaron a febrero de ese año. Con un despliegue de recursos estatales pocas veces visto, la elección consagró la victoria del primer mandatario, quien obtuvo más del 63% de los votos, contra apenas el 31% de su principal adversario, Osvaldo Domínguez Dibb. La amplitud de dicho margen hizo que hasta los analistas más conservadores dudaran de esos guarismos, inusuales en todas las recientes elecciones internas coloradas. Lo relevante, sin embargo, no fue tanto el control del Partido Colorado, que se daba por descontado, sino la manipulación del Poder Judicial. La Constitución prohíbe al Presidente de la República ocupar cualquier otro cargo, pero la Justicia aceptó que Duarte Frutos inscribiera su candidatura a la presidencia del partido mediante el ardid semántico de que una cosa era ser electo y otra ejercer. En el momento de asumir las autoridades, el primer mandatario presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el fallo judicial anteriormente mencionado (e irónicamente contra la propia norma constitucional) y solicitó, como medida cautelar, que la misma fuera suspendida mientras se estudiaba el fondo de la cuestión. La Corte Suprema otorgó de inmediato la medida cautelar, lo que permitió a Duarte Frutos asumir la jefatura del partido, mientras abordaba el estudio de la cuestión de fondo, lo que, por supuesto, nunca fue resuelto.

La reacción ciudadana contra este hecho, sin embargo, sorprendió a propios y extraños. Una masiva y espontánea manifestación congregó a más de 40.000 personas para protestar contra esta manipulación de la Justicia, al grito de «¡Dictadura, nunca más!». El Gobierno, sorprendido por la magnitud de la reacción, realizó una retirada estratégica: Duarte Frutos pidió permiso a la presidencia del partido y entregó la presidencia interina a su, entonces, mano derecha, José Alberto Alderete.

La manifestación ciudadana fue el comienzo del final, enterrando el intento de reformar la Constitución o, peor aún, de recurrir a la figura de la enmienda, procedimiento inconstitucional para la modificación de la cláusula de no-reelección. No obstante, el Gobierno volvió a la ofensiva en las elecciones internas coloradas para candidatos presidenciales. En este segundo acto, Duarte Frutos intentó imponer la candidatura presidencial de su ministra de Educación, Blanca Ovelar. También, en abierta violación de la Constitución, se postuló como candidato a senador. El rival de Blanca Ovelar, el vicepresidente Luis M. Castiglioni, fue considerado un candidato con mejores posibilidades y figuró siempre muy por delante en las encuestas. A pesar de la increíble movilización de recursos y de las presiones ejercidas, las elecciones internas dieron como ganadora a Ovelar por solo 4.000 votos, de un total de 800.000 votos emitidos. Castiglioni alegó que el resultado fue producto del fraude, y muchos observadores coincidieron. El Partido Colorado acudía, de esta manera, a las elecciones de 2008 tanto o más profundamente dividido que en 1993.

El tercer y último acto consistió en rehabilitar a Oviedo y dividir el frente opositor, que hasta entonces incluía a UNACE. Resultó la última carta, el as sacado de la manga por Duarte Frutos. De la noche a la mañana, con inusitada rapidez, un proceso judicial de revisión solicitado por Oviedo, que llevaba literalmente años esperando, se resolvió a su favor. El fiscal accedió al pedido de los abogados de Oviedo, la Corte Suprema de Justicia convocó a un número de testigos (ex militares) y todos declararon no haber «visto» el intento de golpe de Estado de 1996. Con la rapidez de un rayo, la Corte anuló la sentencia firme y ejecutoriada de 1998, absolvió a Oviedo y el Ejecutivo le devolvió el grado de general en retiro. En ese momento, como candidato presidencial, se esperaba que Oviedo dividiera el voto opositor y asegurara la victoria colorada, como en elecciones anteriores.

UNA HISTORIA NUEVA

El 20 de abril de 2008, el ex obispo Fernando Lugo, con el apoyo de una amplia coalición política denominada Alianza Patriótica para el Cambio (APC), fue electo presidente, poniendo fin a un régimen de partido hegemónico que había durado 61 años. Lugo obtuvo el 41% de los votos y derrotó a sus dos rivales: Blanca Ovelar, del Partido Colorado, que consiguió el 30% de los votos, y Lino Oviedo, del UNACE, obtuvo el 22%. Con la elección y asunción de Fernando Lugo, no solamente colapsó uno de los sistemas de partido hegemónico más antiguos y duraderos del continente, sino que también el Paraguay experimentó, por primera vez en sus casi doscientos años de historia independiente, el traspaso democrático y pacífico del poder de un partido a otro.

Este hecho, que representa el cambio político más profundo en la historia paraguaya reciente, no fue sin embargo resultado de un parto simple. Si bien es cierto que la división del Partido Colorado jugó un rol importante, no menos significativa fue la capacidad de la oposición de unirse en torno a un candidato ganador.

Desde 1993, la oposición enfrentaba un dilema de difícil resolución. El PLRA, la principal fuerza política, contaba con una fuerte base de apoyo nacional y una estructura electoral formidable, que le aseguraban una votación histórica que oscilaba en torno al 30%. Sin embargo, se mostraba también incapaz de atraer el voto independiente, un conjunto relativamente amorfo que, aproximadamente, representa entre un quinto y un sexto del electorado. Este sector está constituido por personas no afiliadas a los partidos tradicionales, generalmente de clase media, de extracción urbana y periurbana, y mayoritariamente ubicado en el centro del espectro ideológico. Una parte menor de este sector es rural y campesina y, además, de izquierda.

Candidatos del sector de centroizquierda, como el Encuentro Nacional, o de centroderecha, como Patria Querida, habían conquistado el grueso de esos votos en las elecciones anteriores, pero los mismos constituían una base electoral insuficiente para ganar sin el voto y, sobre todo, sin contar con el aparato electoral del PLRA. En definitiva, en cada elección se repetía una situación idéntica: el PLRA poseía el aparato sin el cual no se podía triunfar, pero no contaba con el candidato que pudiera sumar los votos necesarios para hacerlo; y los sectores independientes poseían candidatos con alta posibilidad de ganar, pero no tenían la estructura electoral necesaria.

Este dilema se resolvió tras un largo y complicado proceso de negociación, cuando el PLRA declinó la candidatura presidencial en favor de Lugo. Este se había destacado en la década anterior por su apoyo a las reivindicaciones campesinas y se había convertido en un catalizador de los sectores progresistas y de izquierda. Aunque objeto de desconfianza de grupos más conservadores, se había ganado, sin embargo, un liderazgo indiscutible con el éxito de la marcha ciudadana de marzo de 2006 y la confianza de muchos por su ya célebre autodefinición ideológica: mbytetépe, poncho jurúicha (justo en el medio, como la ranura del poncho).

El resultado de la elección de abril mostró algo más que la victoria de la oposición. El 41% obtenido por la APC no fue, al final de cuentas, tan distinto del 43% que obtuvo Laíno en 1998, ni del 45% que resulta de la suma aritmética de los votos de Franco y Fadul en 2003. Aun agregando al de Lugo el voto logrado por Fadul, no se sobrepasa el mismo 43% de 1998. Esto pareciera indicar que, más que un realineamiento electoral de carácter estructural, lo que ocurrió en los comicios de 2008 fue que el problema de descoordinación estratégica que la oposición había sufrido antes, les aconteció esta vez a los sectores colorados y neocolorados u oviedistas. Probablemente, Oviedo se alzó con los votos de los colorados que se oponían a Nicanor Duarte Frutos y a su manejo de la interna partidaria, pues, de lo contrario, la pérdida de siete puntos porcentuales del Partido Colorado, con relación a su elección anterior, debió haber redituado en alguna medida en un mayor porcentaje de votos para Lugo. Es decir, Oviedo no le restó votos a Lugo, como calculó Duarte Frutos, sino que se encargó de acoger los votos del Partido Colorado que Duarte Frutos había alienado. Lamentablemente, no existen surveys fidedignos para comprobar o desechar estas hipótesis, que permiten ensayar una explicación plausible, pero no categórica. En todo caso, los guarismos demuestran que son frágiles las conquistas alcanzadas y que el país está expuesto a dar marcha atrás.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

La bibliografía de este periodo tan reciente de la historia paraguaya es escasa. La primera reflexión colectiva sobre la etapa inaugurada por el golpe del 2 de febrero analiza el proceso desde una perspectiva multidisciplinaria y es el resultado de una conferencia realizada en el Kellogg Institute, de la Universidad de Nôtre Dame, a fines de 1989. Los textos están incluidos en Diego Abente Brun, Paraguay en transición (Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1993). Otros análisis del proceso desde sus inicios son los de Benjamín Arditi, Adiós a Stroessner: la reconstrucción de la política en el Paraguay (Asunción, CDE y RP, 1992); y de Charles G. Gillespie, «Democratizing a One-Party State» (Journal of Democracy, 1:4, 1990).

La evolución económica está bien estudiada en dos obras de Dionisio Borda y Fernando Masi: «Paraguay: estancamiento económico y desgaste político en los años del MERCOSUR» (Roberto Bouzas, comp., en Realidades Nacionales Comparadas, Buenos Aires, Altamira, 2002) y Economía y empleo en el Paraguay (Asunción, CADEP, 2007).

Sobre partidos políticos hay un interesante capítulo de Esteban Caballero Carrizosa en el volumen Paraguay en transición. Un tratamiento más extenso se puede encontrar en Diego Abente Brun, «The Paraguayan Party System in Transition» (Scott Mainwaring and Timothy Scully, Eds. Party Systems in Latin America, Stanford University, 1993). Este libro ha sido traducido al castellano.

Eventos críticos de la década de 1990 están bien analizados en dos artículos publicados en Nueva Sociedad: el primero, de Benjamín Arditi, «Elecciones municipales y democratización en el Paraguay» (n. 117, 1992); y el segundo, de Esteban Caballero Carrizosa, «Wasmosy. A tientas en un mundo hostil» (n. 137, 1995). La fase final y crítica de este periodo está estudiada por José María Costa y Oscar Ayala Bogarín, Operación Gedeón: Los secretos de un golpe frustrado (Asunción, Editorial Don Bosco, 1996); Arturo Valenzuela, «The Coup that didn’t happen» (en Journal of Democracy, 9, 1, January 1997); y Diego Abente Brun, «People Power in Paraguay» (en Journal of Democracy, 10, 6, April 1999).

Para el análisis de aspectos más puntuales y recientes puede consultarse el trabajo de Line Bareiro, «Tres Nicanores distintos y un solo presidente del Paraguay. ¿Cuál será el verdadero?» (Revista Novapolis, n. 4, 2003); y los de Diego Abente Brun, «Paraguay en la Encrucijada» (Revista de Ciencia Política, Chile, Volumen especial, 2007), «Paraguay: ¿Jaque Mate?» (Revista de Ciencia Política, Chile, 28, 1, 2008) y «Paraguay: The Unraveling of One-Party Rule» ( en Journal of Democracy, 20,1, 2009).

Estudios centrados en sociología electoral sobre la misma época son los de Roberto Céspedes: «Capacidades y libertades: participación en las elecciones municipales de 2001 en Paraguay» (Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano, n. 23, 2006) y «Paraguay: recursos y libertades, participación en las elecciones municipales de 2001» (Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano, n. 22, 2006).

Finalmente, Diego Abente Brun y Fernando Masi editaron y comentaron un volumen reciente con una mirada al proceso desde la perspectiva de académicos «paraguayólogos», Estado, economía y sociedad. Una mirada internacional a la democracia paraguaya (Asunción, CADEP, 2005).

CAPÍTULOS
PARA UNA HISTORIA
SOCIAL Y CULTURAL

CAPÍTULO XIII

LA MUJER EN LA HISTORIA DEL PARAGUAY

Barbara Potthast

Paraguay es, tal vez, el país latinoamericano que más atención ha prestado al rol de las mujeres en su historia, incluso antes de que los estudios sobre mujeres y de género se propagaran en las ciencias sociales. Esta atención, no obstante, está ligada a una visión histórica nacionalista y, además, enfocada hacia los acontecimientos políticos. Así, por ejemplo, se resalta el aporte de las mujeres en la creación y la «conservación» de la nación, sobre todo en las guerras, dejando de lado problemas sociales o económicos. Esta perspectiva reduce a las mujeres (y a los hombres), bien a heroínas nacionales, bien a víctimas que no permiten ni preguntas críticas ni interpretaciones alternativas. La importancia histórica y el papel de las mujeres paraguayas no se restringen a unas cuantas protagonistas, ni a su participación en las guerras ni a su rol de madres. Para no dejar de lado aspectos menos llamativos, pero igualmente importantes, el presente capítulo introduce cuatro ejes temáticos relacionados con la política, la economía, la sociedad y la cultura en cuatro grandes periodos cronológicos: la conquista y la época colonial, los regímenes de Francia y los López, la República de la posguerra y la dictadura stronista y la transición.

LA CONQUISTA Y LA ÉPOCA COLONIAL

Durante este largo periodo histórico, las mujeres, sobre todo las indígenas, desempeñaron un destacado papel. Fueron factores importantes, aunque pasivos, en las alianzas políticas, y agentes activas en el desarrollo sociocultural. Además, ellas aseguraban la bases de subsistencia, tanto de la población indígena como de la española.

En las sociedades guaraníes, las mujeres sellaban las alianzas políticas entre los grupos domésticos. La exogamia constituía, y no solo para los guaraníes, el medio tradicional para consolidar los pactos políticos. A través del intercambio de mujeres, los tovaja —hombres de los grupos familiares aliados— se obligaban a apoyarse y socorrerse mutuamente. Únicamente las relaciones de parentesco suponían una garantía para la estabilidad de una alianza interétnica o interfamiliar, y solo los lazos de sangre podían garantizar que el principio de reciprocidad fuera realmente observado. El número de mujeres del que disponía un hombre se volvió un indicador de su prestigio político, por lo que la poligamia devino en un medio imprescindible para la conservación del poder por parte de los cabecillas. Aquel que disponía de varias mujeres, como los caciques, obtenía apoyo material y gran influencia. Este rol femenino no significó que las mujeres consiguieran poderes políticos; todo lo contrario, fueron transformadas en objetos de los intereses políticos de sus familiares masculinos, tanto padres como hermanos.

El rol político de las mujeres se ve claramente en el momento de la conquista, cuando los guaraníes, después de reconocer la superioridad militar de los españoles, decidieron aliarse con los poderosos invasores. El pacto fue sellado con la «entrega» de varias mujeres a los españoles, cuyo número varió según el rango militar de cada uno, como relata el cronista alemán Ulrico Schmidl. La importancia de esta práctica, que no fue exclusiva de la conquista en el Paraguay, se basa en el hecho de que aquí no se limitó a los primeros encuentros, ni a unos pocos oficiales, sino que fue un fenómeno muy extendido, entre otras causas, porque casi no hubo mujeres españolas que acompañaran a los conquistadores. Enseguida surgió una generación de hijos mestizos que, por falta de alternativas, fueron reconocidos por sus padres como descendientes legítimos. El ejemplo más conocido es el gobernador Domingo Martínez de Irala, quien en su testamento hizo mención, por su nombre, de nueve hijos y de sus madres indias, con lo cual los legitimó a todos. Luego de los conflictos con el adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Irala casó a algunas de sus hijas con oficiales españoles pertenecientes al grupo de su adversario y cuyos hijos, a su vez, jugaron un rol de primer orden en la posterior conquista y colonización de la región del Plata. La familia Irala muestra la importancia de las mujeres en el campo político, aunque no se les otorgó ningún poder o capacidad decisiva propia. Sin embargo, resulta significativo que Irala casara a sus hijas con españoles recién llegados y no con otros mestizos, de modo que estas hijas y sus descendientes establecieron la base para una clase dirigente que, mediante casamientos dentro del mismo grupo o con inmigrantes españoles, se aisló cada vez más de los indígenas y mestizos comunes.

Con la consolidación del poder español en América del Sur terminó la dependencia de los aliados indígenas y, con ello, la necesidad de fraguar alianzas. En ese momento, las mujeres perdieron su rol de agentes político-sociales y la reciprocidad de las relaciones familiares se transformó en una de dominación política y explotación económica por parte de los españoles.

Las mujeres de la élite mestiza y española, no obstante, continuaron jugando un cierto rol político indirecto cuando se convirtieron en el medio para entablar nuevas relaciones de parentesco o confirmar otras antiguas, que a su vez eran redes de poder.

La importancia de las mujeres en la sociedad guaraní y colonial, así como el afán de los hombres por obtener unas cuantas, no se basó solamente en necesidades políticas o sexuales sino también económicas. En la cultura guaraní, la alimentación se conseguía mediante una agricultura simple, la caza y la pesca. Mientras que las dos últimas eran tareas del hombre, la primera recaía en manos de las mujeres. Como escribió el presbítero Francisco de Andrada, el 1 de marzo de 1545, al Consejo de Indias: «[…] hallamos Señor en esta tierra una maldita costumbre, que las mujeres son las que siembran y cogen el bastimento; y como quiera que no nos podríamos aquí sustentar con la pobreza de la tierra fue forzado tomar cada cristiano indias de estas tierra contentando sus parientes con rescates para que les hiciesen de comer».

Es decir, las mujeres no eran solamente concubinas y agentes sociopolíticos, sino también proveedoras de alimentos. Aunque a los españoles les parecía una mala costumbre, la división de trabajo guaraní no cambió durante mucho tiempo. Al contrario, el hecho de que los hombres indígenas ya no podían cazar y pescar porque tenían que servir como soldados, guías y, más tarde, como recolectores de yerba mate para los conquistadores, aumentó la carga de las mujeres.

Los españoles observaron cada vez menos la antigua reciprocidad y obligaron tanto a hombres como a mujeres a varios tipos de trabajo. Las mujeres garantizaban la subsistencia con su trabajo agrícola, pero también producían alimentos elaborados y telas y mantenían las casas. Cuando Martínez de Irala introdujo, en 1556, la institución de la encomienda, esta se basó en las formas anteriores de trabajo indígena. La encomienda mitaya, es decir, el servicio de trabajo regulado en turnos de una parte de la población masculina de un asentamiento de encomienda, se desarrolló sobre todo para la explotación de los yerbales. Al lado de esta persistía —en contra de las leyes de la Corona— la encomienda originaria o yanacona, cuyos indios vivían permanentemente en las casas o en los campos de un encomendero. Probablemente, esta forma de encomienda era la continuación del antiguo sistema, basado en relaciones de parentesco. La paulatina extinción de este sistema, en el siglo XVIII, no cambió mucho la situación y los trabajos de las mujeres; solamente que estos se desarrollaron, a partir de entonces, en un marco legal diferente.

Los roles políticos y económicos descritos anteriormente tuvieron la consecuencia de que las mujeres indígenas fueran las agentes más importantes del desarrollo sociocultural de la sociedad paraguaya temprano-colonial. Ya hemos mencionado el importante rol de las mujeres para el desarrollo de una sociedad mestiza y de un grupo dirigente igualmente impregnado por el mestizaje. Este mestizaje biológico llevó a una transculturación muy fuerte de la sociedad y la cultura paraguayas, un rasgo distintivo de este país que, en siglos posteriores, cobró importancia política al convertirse en un factor importante del nacionalismo paraguayo. Al principio, no obstante, la estrecha convivencia entre conquistadores y conquistadas y la consecuente mezcla biológica fueron mal vistas. Los clérigos se quejaron del abuso sexual de las mujeres indígenas y de la poligamia informal de los españoles. Llamaron al Paraguay «Paraíso de Mahoma» porque los hombres tenían más mujeres que las que permitía el Islam. Los sacerdotes vieron las relaciones entre españoles y mujeres indígenas, sobre todo, en términos de moral sexual, ignorando o callando sus bases político-económicas. La oposición clerical contra Irala señaló la violencia y la inmoralidad de las relaciones entre hombres y mujeres en Paraguay; en cambio, los historiadores nacionalistas del siglo XX solo vieron informalidad e inicial reciprocidad en estas relaciones, y llegaron a postular que no hubo conquista, sino atracción física y amor recíprocos.

Además, sea cual fuese la causa, los efectos de este proceso de mestizaje no son objeto de discusión: el desarrollo de una población y cultura hispano-guaraníes que se manifiesta, por ejemplo, en el uso del idioma indígena, en la elaboración de ciertos productos artesanales y en la pervivencia de las costumbres. Los agentes de este proceso de transculturación, es decir, de las influencias mutuas en las dos culturas, fueron las mujeres indígenas, ya que ellas educaron a los hijos de los conquistadores en su idioma, prepararon sus comidas y les contaron sus mitos y cuentos. Y aunque la élite pronto empezó a separarse de sus raíces indígenas y a buscar alianzas europeas o entre ellos mismos, la influencia cultural indígena resultó importante. Además, fue reforzada en cada generación por la servidumbre indígena y las mucamas.

Las sirvientas en las casas españolas y las indígenas que se quedaron en los pueblos fueron cristianizadas y obligadas a usar ropa europea. También conocieron nuevas técnicas productoras que les enseñaron los misioneros y las españolas que llegaron a Asunción, aunque en un número menor que en otros lugares de América. Las mujeres españolas introdujeron sus visiones sobre los roles de género europeos, sus conceptos de honor y algunas instituciones europeo-cristianas como, por ejemplo, la Casa de Recogidas y Huér fanas. Esta institución colonial-española, semejante a un convento, fue fundada en 1604 por Francisca Pérez de Bocanegra, con apoyo del gobernador de Paraguay y del obispo de Asunción. Albergaba a mujeres solteras, pobres y huérfanas, todas familiares de los conquistadores. En esta casa se preparaba a las jóvenes, principalmente, para sus futuros quehaceres de esposa y madre. Sin embargo, la institución decayó lentamente después de la muerte de su fundadora, en el año 1617.

En el Paraguay tampoco se fundó un convento de monjas que pudiera actuar como punto de cristalización de la cultura femenina de la clase alta, sobre todo por la relativa pobreza del país. Esta falta de conventos significó que no existía ninguna entidad de instrucción donde las mujeres pudieran aprender a leer y escribir, por lo que hasta las damas de la élite paraguaya eran, en su mayoría, analfabetas, como observaron viajeros a principios del siglo XIX.

LOS GOBIERNOS DEL DR. FRANCIA Y DE LOS LÓPEZ

Con la Independencia y la introducción de la República, las mujeres no obtuvieron derechos políticos formales. No obstante, sus manifestaciones políticas durante la Guerra de la Triple Alianza marcaron un impacto simbólico importante. En estos años, su aporte para la subsistencia del país y del Ejército fue decisivo, más que los actos combativos que se destacaron en la memoria colectiva posterior.

La proclamación de la República permitió que los hombres paraguayos obtuvieran derechos políticos ciudadanos, aunque los pudieron ejercer de forma muy limitada, debido al carácter autoritario de los gobiernos. Aunque en la Revolución Francesa algunas mujeres habían empezado a discutir sobre la necesidad de extender la «libertad, igualdad y fraternidad» también a las «hermanas», tal idea no fue debatida en Paraguay (ni en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas). Durante el régimen del Dr. Francia, las actividades políticas masculinas estuvieron restringidas, incluso eliminadas. El hecho de que Francia no estuviese casado impidió, además, que una mujer ejerciera algún tipo de influencia sobre él. Por su parte, Carlos Antonio López fue un hombre de familia, y su esposa e hijos tuvieron una posición destacada. Mantuvo, no obstante, la división de género tradicional; y si hubo alguna influencia femenina, debió de ser indirecta. Más difícil resulta hacer un análisis del rol político de la compañera de Francisco Solano López, la irlandesa Elisa Alicia Lynch. Lo que sí sabemos es que ella se relacionó socialmente con la mayoría de los comerciantes y diplomáticos extranjeros, y su casa fue una especie de salón parisino, donde los extranjeros se reunían y discutían.

Con el estallido de la guerra, el papel político de las mujeres no cambió en el plano jurídico, pero sí en el simbólico. Tanto las mujeres de la élite como las de las clases populares tomaron posiciones políticas, fueron utilizadas para los fines propagandísticos de López y se convirtieron en objeto de discusión política en el extranjero. Además, algunas también sufrieron represiones políticas por parte del presidente.

Al inicio de la guerra, las mujeres acudieron en gran número a despedir a las tropas con fiestas y regalos. Donaron víveres y pertrechos para el ejército; las más acomodadas ofrecieron sus esclavos y las señoras de clase alta, sus alhajas. Al principio, estas reuniones y ofrendas resultaron relativamente espontáneas pero, al poco tiempo, las autoridades locales empezaron a coordinar y controlar tales eventos. En agosto de 1866, la publicación de los puntos secretos del tratado entre Argentina y Brasil desató una ola de fervor nacional y de apoyo a López, en la cual participaron hombres, mujeres y niños en edad escolar. Sobre todo en Asunción, las mujeres empezaron a organizar asambleas, donde se pronunciaron apasionados discursos en apoyo del presidente y de la guerra. En el campo, y entre las mujeres analfabetas, estas asambleas se desarrollaron, generalmente, después de la lectura pública de las noticias de la guerra. Francisco Solano López y Elisa Lynch aprovecharon este apoyo espontáneo para sus fines propagandísticos y lo transformaron en un movimiento dirigido por ellos. Para las mujeres de la élite, los discursos de apoyo se convirtieron en actos necesarios para evitar represalias y las donaciones se transformaron en gestos simbólicos.

La prensa, dirigida por el Gobierno, cubrió ampliamente estos sucesos. El tradicional Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles los describió en el mismo estilo que los eventos sociales de la preguerra, solamente que ahora reprodujo, además, los discursos pronunciados por lo que se llamó «el bello sexo nacional». Se llegó, incluso, a tratar a las damas como «con-ciudadanas», con lo que, de esta manera, un presidente cada vez más despótico intentó darse una apariencia moderna y democrática. Además, surgieron nuevos diarios bilingües o solo escritos en guaraní, dirigidos a las clases populares, que difundieron informes de guerra y noticias sobre reuniones patrióticas y acciones heroicas de hombres y mujeres, en un lenguaje más sencillo y polémico. Destacaron algunas historias sobre mujeres que se defendían contra animales feroces, aludiendo al carácter guerrero del pueblo paraguayo, así como advertencias sobre los «negros» brasileños, que querían esclavizar al pueblo paraguayo y deshonrar a sus mujeres.

En estos textos apareció, por primera vez, la imagen de la mujer paraguaya como combatiente, tan importante en la memoria posterior. Además, se divulgaron varias «ofertas» por parte de mujeres para tomar las armas, que al final fueron rechazadas por el presidente. No todas estas ofertas resultaron ser mera propaganda, pero una lectura crítica de los documentos que hablan sobre estas proposiciones muestra que muchas surgieron en el calor de las discusiones sobre los problemas de la guerra y que fueron, más bien, un deseo de ayudar a la defensa del pueblo que un verdadero deseo de participar en los combates. Madame Lynch y las hermanas del presidente se aprovecharon de estos gestos para sus propios usos propagandísticos como, por ejemplo, para crear el famoso Batallón de Mujeres de Areguá, que nunca combatió y que solo participó, simbólicamente, en un evento que tuvo lugar en Asunción. Sin embargo, los diarios dieron publicidad a este acto, lo que favoreció la difusión en el extranjero de noticias sobre mujeres paraguayas combatientes y provocaron, a su vez, un debate sobre el carácter del gobierno de López y el nacionalismo de los paraguayos. Salvo algunos casos excepcionales y de autodefensa desesperada, como ocurrió después de la toma de Piribebuy, la contribución más importante de las mujeres a la guerra no se produjo «en el campo de la batalla», sino en el campo propiamente dicho, es decir, en la agricultura.

En la última fase de la guerra, numerosas mujeres fueron víctimas de la represión del régimen de Francisco Solano López, y resultaron condenadas por delitos políticos, como el de hablar de una posible derrota paraguaya o criticar las condiciones en los campamentos de soldados. Otras fueron perseguidas porque pertenecían a una familia sospechosa, en la que un pariente masculino estaba implicado en la conspiración real o supuesta contra el presidente, o se había pasado al bando aliado. Muchas de las mujeres que se habían destacado en las reuniones patrióticas no pudieron evitar esta condena. Con la retirada de lo que quedaba del ejército paraguayo, estas señoras sospechosas fueron destinadas a lugares cada vez más remotos e inhóspitos, donde muchas murieron de agotamiento y hambre.

El hecho de que el Paraguay fuese capaz de resistir la presión militar conjunta de los aliados durante más de cinco años y de que no existiesen grandes problemas para alimentar a la población hasta la última fase de la guerra, llamó la atención de los contemporáneos, tanto más teniendo en cuenta el aislamiento geográfico del país, que imposibilitó la importación de bienes, y el enrolamiento de casi toda la población masculina en el ejército, lo que trastornó la actividad económica. Esta situación fue posible porque, desde hacía siglos, las mujeres se encargaban de gran parte de la economía de subsistencia y del pequeño comercio. La producción de los artículos de subsistencia, desde la mandioca hasta el tabaco, pasando por la caña, se hallaba, en gran parte, en manos de mujeres. También el abastecimiento de las tropas dependía tanto de las estancias de la patria, que suministraban la carne, como de las frutas y verduras que vendían las mujeres. Este papel de abastecedoras fue, al principio, un buen negocio para ellas, ya que podían vender mayor cantidad al Estado. Pero cuando la suerte de la contienda cambió y las acciones militares llegaron hasta sus pueblos, la situación se volvió bastante difícil. A partir de 1866, prácticamente toda la producción agrícola estuvo en manos de las mujeres, que además empezaron a asumir otras tareas pesadas. Se necesitaron cada vez más mujeres en los campamentos, donde trabajaron como enfermeras, lavanderas, cocineras y, más tarde, también ayudaron en el transporte de material pesado. Cuando los productos importados, como medicinas o telas para uniformes, empezaron a escasear, los conocimientos sobre las plantas y las hierbas locales, que las mujeres del campo poseían, adquirieron una gran importancia.

Pero las mujeres no pudieron compensar completamente el trabajo masculino y los trastornos de la guerra hicieron cada vez más difícil la subsistencia. En la última fase de la guerra, cuando ya se había evacuado toda la parte meridional del país, las mujeres desplazadas, que seguían labrando la tierra en sus nuevas zonas de asentamiento, en circunstancias muy difíciles y sin herramientas adecuadas, fueron forzadas a abandonar los campos, por razones militares, antes de que pudieran cosechar. Los paraguayos, tanto civiles como militares, pasaron hambre y las enfermedades se propagaron rápidamente. Al final de la guerra, no fueron tanto los enfrentamientos militares los que diezmaron a la población paraguaya, sino la malnutrición y las infecciones.

La Guerra Grande destruyó no solamente las estructuras políticoeconómicas de la República paraguaya, sino que también alteró la vida social y cultural que había empezado a brotar a mediados del siglo. Bajo el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, la marginación de la clase española y de la Iglesia, la clausura de las instituciones de educación superior y el aislamiento del país restringieron gran parte de las expresiones sociales y culturales, especialmente de la élite. Pero con la reapertura hacia el exterior y la política de modernización de Carlos Antonio López el panorama cambió. La sencilla vida de las damas de la élite paraguaya se reformó debido a la influencia de mujeres europeas. Algunos de los expertos técnicos contratados en Europa trajeron a sus esposas a Asunción, donde introdujeron la normas burguesas europeas. Hasta ese momento, la vida de las mujeres había transcurrido en la rutina diaria casera, sin grandes eventos sociales ni culturales, salvo los bailes tradicionales y las fiestas religiosas. Aunque más acomodadas, la vida de las mujeres de la élite se asemejaba bastante a la de las populares en cuanto al uso del idioma guaraní y la costumbre de fumar cigarros o andar descalzas en la casa. Con la llegada de las europeas se propagaron las modas del «Viejo Continente» y nuevas costumbres de sociabilidad. Así, las visitas informales a las casas fueron sustituidas por invitaciones más formales, bailes con disfraces o encuentros en el Teatro Nacional. Las europeas introdujeron, además, los conceptos de honor y educación burgueses. La portavoz de este grupo fue Purificación Jiménez de Bermejo, llamada Doña Pura, esposa del publicista y pedagogo español Ildefonso Bermejo. Ella publicó, en octubre de 1855, un catecismo titulado Deberes Domésticos, dirigido «a las madres de familia y a las señoritas que han de serlo». Con este libro, uno de los primeros y pocos textos impresos en el Paraguay antes de la guerra, hizo su entrada al país este desconocido género literario. Además de nuevas formas de lucirse, la alfabetización y la formación cultural de las mujeres, hasta ese momento casi totalmente descuidadas, cobraron más importancia.

Aunque se detestaron mutuamente, mujeres como Doña Pura y Elisa Lynch fueron agentes en el mismo proceso: introducción de nuevas costumbres y pautas de comportamiento femenino, sobre todo para la élite urbana. El rechazo de las damas de la clase alta paraguaya a madame Lynch se debió, sobre todo, a la circunstancia de que ella no estaba casada con Francisco Solano López, un hecho que no importaba a las mujeres del pueblo, donde las relaciones informales se encontraban muy extendidas desde los tiempos de la conquista. Los códigos de honor popular no cambiaron; y hasta qué punto las kygua vera, en los centros urbanos, se vieron afectadas por los cambios en la moda y la sociabilidad de la élite es algo difícil de establecer.

DESDE LA POSGUERRA HASTA EL STRONISMO

Después de la devastadora Guerra contra la Triple Alianza, fueron las mujeres quienes tuvieron que asumir la tarea de la reconstrucción social y económica del país, mientras que el campo político quedó bajo dominio masculino. Poco a poco se desarrolló un movimiento feminista; trabajadoras de diferentes áreas empezaron a organizarse y, a partir de los años veinte y treinta, las mujeres comenzaron a destacarse en el ámbito cultural.

Al terminar la guerra, el nuevo gobierno empezó a reorganizar la vida política en el país. Entre tanto, las mujeres sobrevivientes intentaban regresar desde las zonas donde se habían refugiado hacia Asunción, ya que el campo estaba destruido. No había herramientas ni semillas para sembrar, y animales peligrosos habían vuelto a amenazar a las poblaciones. La situación en la capital también era complicada. Muchas mujeres encontraron sus casas ocupadas por forasteros; otras tuvieron que dormir en la calle, pedir limosna o prostituirse con los soldados de las tropas aliadas.

No todos los hombres paraguayos murieron en la contienda, pero la relación demográfica entre los sexos resultó muy desequilibrada. Había un promedio de cuatro mujeres por cada hombre, y en algunos lugares la relación era de una a diez o veinte. Paraguay se hizo, entonces, famoso en el mundo como «el país de las mujeres», refiriéndose solamente a la situación demográfica, no a la política.

A nadie se le ocurrió pedir derechos políticos para las mujeres en los debates sobre la nueva Constitución que entró en vigor. Es cierto que algunos periódicos publicaron noticias sobre el nacimiento del movimiento sufragista en Europa y Estados Unidos, pero no hicieron ninguna conexión con la situación paraguaya. Esto no significa que las mujeres paraguayas no opinaran sobre política, pero ya no eran consideradas como «con-ciudadanas»; al contrario, el hecho de que López hubiese abusado del rol político de las mujeres, para sus fines propagandísticos, servía ahora para desacreditar esta idea completamente. La participación de las mujeres en protestas y enfrentamientos contra medidas que calificaron de inaceptables fue tomada, más bien, como un atavismo o una prueba de la rusticidad y falta de cultura de la mujer paraguaya. El comandante de las tropas argentinas observó: «El elemento mugeril está aquí en tal mayoría, y su modo de ser es tan especial que no hay un solo barullo en que no tome una parte activa». Dejando del lado el hecho de que la situación demográfica condicionaba la omnipresencia de las mujeres, estas tenían también motivos para participar en cada disturbio, pues era su única posibilidad de ejercer algún tipo de influencia.

Poco a poco la situación cambió. La paulatina reconstrucción del país vino acompañada de una mejor educación básica y técnica de las mujeres, ya que los políticos comprendieron que, tal como estaba la situación social y demográfica, el futuro de la nación dependía de ellas. Y la nueva generación de mujeres educadas empezó a interesarse y a pronunciarse sobre asuntos políticos, tal vez bajo la influencia de ideas feministas procedentes de Europa y América, que entraron en el país a través de la prensa y por la inmigración de mujeres europeas. Desde 1870, el diario La Regeneración empezó a difundir noticias sobre el movimiento feminista en España y Gran Bretaña, y otros periódicos siguieron esta línea, aunque la mayoría de los artículos sobre mujeres se ocuparon de su educación. En 1901, las protestas de un grupo de mujeres de la ciudad de Concepción que se habían rebelado contra la elección de José Segundo Decoud como senador desataron un debate sobre el feminismo entre Cecilio Báez y Arsenio López Decoud en los periódicos. No obstante, discutieron el tema a un nivel muy general, con escasas referencias a la situación paraguaya.

Pocos años más tarde, en 1907, Serafina Dávalos, la primera mujer que se graduó en la Universidad de Asunción, publicó su tesis doctoral en Derecho, titulada Humanismo. Este primer manifiesto feminista y femenino paraguayo resultó una crítica sagaz de los sistemas político, jurídico y educativo del Paraguay de entonces. Varios años después, le siguió otra doctora en Derecho, Virginia Corvalán, quien tituló su tesis Feminismo y demandó derechos políticos para las paraguayas. Estas mujeres son las feministas más destacadas de principios del siglo XX. Fueron fundadoras de las primeras asociaciones feministas y lograron el apoyo de otras mujeres y hombres, tanto en los debates públicos como en sus carreras profesionales. Serafina Dávalos ocupó un puesto en lo que sería hoy la Corte Suprema de Justicia, entre 1908 y 1909. En 1910, participó como delegada oficial en el Primer Congreso Internacional Femenino celebrado en Buenos Aires, donde presidió la comisión de derecho. En este congreso —considerado el inicio del movimiento feminista en el Cono Sur—, Dávalos fue nombrada miembro de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), una asociación que luchó a nivel panamericano por el sufragio femenino. En 1920, Serafina Dávalos y Virginia Corvalán, con el apoyo del diputado Telémaco Silvera, fundaron el Centro Feminista Paraguayo. La creación de esta institución fue la consecuencia del fracaso de una iniciativa anterior, por parte de Telémaco Silvera, en 1919, para establecer la igualdad cívica de las mujeres.

En los años veinte y treinta tuvo lugar una intensa discusión sobre la igualdad jurídica de las mujeres, centrada en el Código Civil paraguayo de 1876 y 1889 —en gran parte una adaptación del código argentino de Vélez Sarsfield—, pues contenía muchas reglas discriminatorias contra las mujeres, en especial las casadas. El debate se realizó en varios foros promovidos por mujeres y hombres, como, por ejemplo, en la Asociación Feminista, institución creada en 1929.

Durante los años treinta, la discusión sobre el rol político de las mujeres adquirió otro giro, por la ola de nacionalismo que se extendió en Paraguay a causa del conflicto con Bolivia por el dominio del Chaco y que derivó en una guerra. Algunas feministas se caracterizaron por su pacifismo, pero la mayoría de las mujeres apoyó a los soldados y sus familias con variadas actividades. Las mujeres de la élite organizaron comisiones para recaudar fondos para la guerra, prepararon talleres para la manufactura de uniformes y, otra vez, donaron sus joyas para la defensa de la patria. Las campesinas, a su vez, volvieron a labrar la tierra sin ayuda masculina. Hubo innovaciones, no obstante, en la forma de apoyo femenino, que reflejan los cambios sociopolíticos generales. Por un lado, las mujeres jóvenes de la clase media fueron adiestradas por la Cruz Roja como enfermeras y jugaron un rol importante en la atención médica de los soldados. Por otro, se creó la institución de las «madrinas de guerra», quienes mandaron frutas, tabaco y dulces a los soldados «adoptados», alentándoles en el combate en sus cartas. Además, se ocuparon de los huérfanos y familiares de los soldados caídos, en instituciones caritativas. La participación femenina en la defensa del territorio, sobre todo la de las enfermeras y de las madrinas, al contrario de lo ocurrido durante la guerra anterior, fue reconocida públicamente, con condecoraciones y conmemoraciones. Pero también modificó la posición de varios hombres respecto al rol político, por lo que se alzaron voces masculinas que demandaron otorgar a las mujeres plenos derechos políticos en vista de sus contribuciones durante la contienda.

En el fervor de la Revolución Febrerista de 1936, el movimiento feminista tuvo un auge, aunque breve, con la creación de la Unión Femenina del Paraguay y la aparición de un periódico feminista, Por la Mujer, en donde se debatían los proyectos jurídicos. La nueva Constitución autoritaria de 1940 y el posterior gobierno de Morínigo reprimieron toda actividad política y forzaron a muchas mujeres al exilio. Por este motivo, el Consejo de Mujeres del Paraguay, fundado en 1940 y perteneciente a la Red de Consejos de Mujeres Interamericanas, solamente podía desarrollar actividades culturales y sociales.

En definitiva, la Constitución autoritaria de 1940, la guerra civil de 1947 y la dictadura de Stroessner interrumpieron esta historia de luchas por la igualdad de las mujeres.

Las guerras y el tradicional rol de campesinas obligaron a las mujeres a asumir la tarea de reconstruir la economía y la sociedad paraguayas. La Guerra contra la Triple Alianza destruyó toda infraestructura, mientras que el comercio y la agricultura quedaron totalmente paralizados. A esto se sumó la falta de recursos y personas para iniciar las tareas de reconstrucción. La mayoría de los hombres en edad productiva estaban muertos, por lo que las mujeres dominaron completamente la economía de subsistencia y el pequeño comercio. Ínterin, los hombres volvieron a restablecer el sector exportador y la vida política.

La extrema situación demográfica llamó la atención sobre un fenómeno que muchas veces ha sido considerado consecuencia de la guerra: el de la mujer jefa de familia. Es cierto que, en este contexto, la mayoría de las mujeres tenía que dirigir el hogar y trabajar para el sustento de su familia, pero el fenómeno en sí mismo no era nuevo. Ya antes de la guerra, en las ciudades, más de la mitad de los hogares estaban encabezados por una mujer, mientras que en el campo prevalecían hogares dirigidos por una pareja. Esto se debió a la migración interna (y, más tarde, externa) de las mujeres hacia las ciudades, un fenómeno que se acentuó en el siglo XX. En general, los hombres se conchabaron en los yerbales, las estancias o en el transporte, y no siempre volvieron a sus casas, mientras que las mujeres mantuvieron la familia con los trabajos de subsistencia en el campo o tuvieron que migrar hacia las ciudades, donde había más posibilidades de trabajar en el servicio doméstico y el comercio informal. Estas pautas de trabajo se acentuaron después de la guerra, no solo por la falta de mano de obra masculina, sino por los cambios en el régimen de la tierra y la falta de un mercado para la venta de los productos tradicionales. Mientras que en las ciudades, a principios del siglo XX, surgieron nuevas formas de trabajo asalariado, en las zonas rurales los métodos de producción del campesinado no cambiaron. Esta falta de perspectivas económicas fue la causa principal por la que las paraguayas migraron hacia las ciudades en los dos últimos siglos.

La migración rural-urbana de las mujeres campesinas y su empleo predominantemente en el servicio doméstico dieron lugar, en 1884, a una ley de reglamentación sobre este tipo de trabajo, la primera regulación laboral que se registra en el Paraguay. Pese a que esta ley imponía una serie de condiciones laborales y puede ser calificada como de amparo para las trabajadoras, según explica Francisco Gaona, «venía a satisfacer, primordialmente, exigencias de las amas de casa de la sociedad semicolonial asunceña, atormentadas por la inestabilidad de este personal desprendido de la comunidad rural y, por consiguiente, constituido o integrado por el sector de las capas más empobrecidas del campesinado que, sin horizontes y sin esperanzas, huían de sus ambientes lugareños, abatidos por la miseria y la amargura, carentes de los conocimientos más elementales sobre el manejo del hogar y que en su total mayoría eran analfabetas».

Con la lenta recuperación del Paraguay, a principios del siglo XX, se produjeron cambios socioeconómicos importantes, sobre todo en las urbes. Surgieron fábricas de tabaco, alimentos, dulces, textiles y calzado, en las que trabajaban mujeres de manera predominante. Los mercados centrales volvieron a funcionar y siguieron siendo el área de las mujeres. La paulatina recuperación económica y cívica llevó también al surgimiento de sindicatos y asociaciones de trabajadoras. Entre 1913 y 1914, se crearon uniones de cartoneras, cigarreras y costureras; después las de lavanderas y vendedoras del mercado; las de maestras y otras profesiones. No podemos enumerar todas las agrupaciones, pero es importante mencionar que se fundaron varios sindicatos de mujeres o estas participaron en sindicatos mixtos. Cuando se creó la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), en 1936, y luego la Confederación de Trabajadores Paraguayos (CTP), estas organizaciones centrales incluyeron varios sindicatos femeninos y mixtos. La mayoría de las mujeres paraguayas, sin embargo, trabajaron en la economía de subsistencia o en los servicios domésticos sin el apoyo de ninguna asociación laboral.

Aunque para muchas mujeres, sobre todo en el campo, los cambios de las primeras décadas del siglo XX fueron mínimos, en las ciudades se notaron transformaciones significativas, tanto en el trabajo como en su rol socioeconómico. Para las clases media y alta, las mejoras en la educación femenina abrieron nuevas perspectivas laborales que, a su vez, crearon otros espacios de instrucción. Se fundaron escuelas públicas para niñas, pero lo más importante fue la apertura de escuelas normales para la formación de maestras y escuelas femeninas para profesiones de comercio. Las jóvenes empezaron a trabajar como dactilógrafas, telegrafistas y tenedoras de libros, al mismo tiempo que las mujeres de la clase acomodada estudiaron medicina, farmacia o derecho en la universidad. Con la Guerra del Chaco, su presencia en el sector comercial y en la administración pública aumentó significativamente, ya que tenían que reemplazar a los hombres que estaban en el frente. Para que esto sucediera más rápido, se creó el Secretariado Paraguayo de Niñas, dependiente del Ministerio de Educación, que organizó cursos en esas áreas. Después de la guerra, se convirtió en una institución de enseñanza media, a la que siguieron otras. Con el regreso de los hombres, las posibilidades de encontrar un empleo bien remunerado y de alto prestigio y capacidad de decisión disminuyeron, pero las mujeres de clases media y alta ya habían mostrado que eran trabajadoras cualificadas para este tipo de tareas y defendieron sus conquistas.

La posguerra abrió nuevas posibilidades educativas para las mujeres porque su instrucción fue vista, ahora, como un requisito esencial para la recuperación del país, por lo que ya no se restringió a unas pocas mujeres privilegiadas de la élite. Además de las escuelas básicas estatales, se crearon instituciones de educación media y superior, fundadas por mujeres paraguayas e inmigrantes. Las hermanas Adela y Celsa Speratti dirigieron la primera Escuela Normal de Maestros en Paraguay, y Serafina Dávalos fundó, en 1904-1905, una escuela comercial para niñas. Otra pedagoga importante fue María Felicidad González, maestra egresada de la escuela de las hermanas Speratti, que entre 1921 y 1931 fue directora de la Escuela Nacional de Profesores. Además, representó al Paraguay en el Congreso Interamericano de Mujeres (CIM) que tuvo lugar, en 1922, en la ciudad estadounidense de Baltimore, donde las mujeres americanas se unieron para luchar por el sufragio y la igualdad de derechos.

El fruto de esta labor educativa femenina no se dejó esperar, y pronto hubo mujeres no solamente en las instituciones de educación, sino también en todos los espacios públicos culturales. Surgieron periodistas femeninas y mujeres que, ocasionalmente, publicaron artículos y poesías en los diarios. Entre 1902 y 1904, funcionó el periódico La Voz del Siglo, dirigido por Ramona Ferreira, quien tuvo que exiliarse en 1904. Otras mujeres, tanto en Asunción como en otras ciudades como Concepción y Encarnación, desarrollaron actividades periodísticas. A partir de los años treinta, se incrementó la presencia femenina en los círculos intelectuales, dando charlas en el Ateneo y publicando poemas y cuentos. Además, en 1936, editaron una revista dedicada exclusivamente a las mujeres, Por la Mujer, que se dirigía a «las mujeres que trabajan y piensan», cuyo fin era la defensa de los derechos de las mujeres y los niños. En los ámbitos artístico y científico, personajes como Teresa Lamas y Josefina Plá se hicieron oír por primera vez, artistas que fueron reconocidas como tales por sus colegas masculinos.

STRONISMO Y TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA

Durante los primeros años del stronismo, las mujeres obtuvieron, por fin, plenos derechos cívicos, aunque no los pudieron ejercer debido a la dictadura. Al final de esta época, no obstante, varios grupos de mujeres se unieron y consiguieron entrar en el proceso constitucional y social de la transición con proyectos y metas concretos. Las mujeres estaban ahora presentes en la esfera pública, aunque la situación económica y familiar de la mayoría seguía siendo precaria, lo que les forzó, en número creciente, a emigrar hacia otras ciudades del país o al extranjero.

La guerra civil de 1947 y el posterior golpe de estado del general Alfredo Stroessner obligaron a muchas activistas políticas a exiliarse o a callarse. Represión y miedo dominaron la actividad pública, y las antiguas redes femeninas se rompieron. No obstante, durante los primeros años de la dictadura obtuvieron tanto el derecho al sufragio como importantes modificaciones en su posición civil. Esta aparente contradicción, sin embargo, tiene su explicación.

La constante labor de las mujeres organizadas en la CIM así como la coyuntura política, con su discurso de democracia y liberalismo occidental, llevaron a un convenio panamericano en 1948, en el cual los países latinoamericanos se comprometieron a establecer la igualdad jurídica y política de las mujeres. Paraguay ratificó este convenio en 1951, y ese mismo año se fundó la Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer, que presionó para establecer cambios civiles y políticos de las mujeres. Aunque hay que ubicar la fundación de esta asociación en la política del Partido Colorado de querer controlar los movimientos sociales y a sus propios partidarios, la Liga no solamente reunió a mujeres de la ANR, sino también a feministas liberales, entre otras tendencias. La Liga Paraguaya fundó su propio periódico, El Feminista, que se editó entre 1953 y 1962, y organizó mítines, conferencias y programas de radio. Gracias a estas actividades y la cercanía al nuevo gobierno colorado-militar, la Liga logró, en 1954, la revisión de la mayoría de los párrafos discriminatorios del Código Civil y, en 1961, la igualdad de sus derechos políticos. Paraguay fue el último país latinoamericano que concedió el derecho del sufragio a las mujeres (1961). Este logro fue tanto una victoria de las luchas femeninas iniciadas a principios del siglo, como de la coyuntura internacional y de la estrategia política de Stroessner.

En los años siguientes, se crearon nuevas agrupaciones femeninas, aunque no siempre feministas, y el Partido Colorado integró a mujeres en su sistema político. Algunas de ellas, partidarias del régimen, ocuparon cargos y alcanzaron funciones políticas y administrativas dirigenciales.

En la última etapa de la dictadura surgió, no obstante, un nuevo y amplio movimiento de mujeres. Este fenómeno se debió, por un lado, a la influencia del debate que se generó en toda Latinoamérica a partir del Decenio de la Mujer, establecido por las Naciones Unidas (1975-1985), y del cual Paraguay no pudo escapar; y, por otro, al aumento de la oposición contra la dictadura de Stroessner. El factor desencadenante del movimiento fue, sin embargo, el nuevo Código Civil de 1987, que volvió a introducir leyes discriminatorias contra las mujeres. Para combatir este «desarrollo», catorce grupos de mujeres se unieron bajo el lema «Por nuestra igualdad ante la Ley». Se creó la Coordinadora de Mujeres Paraguayas (CMP), que convocó varios encuentros para preparar un anteproyecto de modificación parcial del Código Civil, que fue presentado, por primera vez, en 1989 y abrió la brecha para la presencia de las mujeres en el proceso de transición. La CMP reunió en ese momento entre 30 y 40 iniciativas femeninas de diferente índole, desde gremios femeninos y grupos feministas, hasta instituciones de investigación de temas de género. Gracias a estas acciones, muchas paraguayas entraron en el proceso de reorganización democrática bien preparadas y con demandas y posturas claramente definidas. Así, para influenciar la labor de la Asamblea Nacional Constituyente (1991-1992), la CMP organizó foros en los que se capacitaron y se movilizaron las mujeres. Estos foros formularon sus demandas, que fueron introducidas en la Asamblea Constituyente por la presión constante de varias ONG y por la creación de una Interbancada de Mujeres. Mediante esta institución, representantes femeninas de diferentes partidos políticos unieron sus votos o hicieron propuestas comunes en temas que afectaban directamente los intereses de las mujeres. Buscaron el apoyo de los distintos partidos y movimientos políticos a sus reivindicaciones, y tuvieron éxito, pues, finalmente, la Constitución de 1992 extendió plenos derechos civiles y políticos a las mujeres. Igualmente, reconoció los derechos reproductivos de la persona, el principio de igual salario por igual trabajo y la no discriminación por sexo. Además, se creó una Secretaría de la Mujer con rango de ministerio.

En los años siguientes, se crearon movimientos como la Red de Mujeres Municipales, la Red de Mujeres Políticas y la Coordinadora Interpartidaria de Mujeres del Paraguay, que siguieron la línea no partidaria de los primeros años de la transición. Además, varios partidos políticos introdujeron cuotas para la representación femenina y nacieron otras destacadas asociaciones como la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadores Rurales e Indígenas (CONAMURI) y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, portavoces de los intereses de mujeres rurales y populares.

En 1993 se aprobó un nuevo Código Laboral, que consagró la igualdad de género; y en 1995 se lograron otras conquistas en el mundo laboral. Ese mismo año las mujeres consiguieron, además, modificaciones en el Código Civil, al introducirse el fenómeno del acoso sexual y el reconocimiento de la concubina como beneficiaria en casos de muerte. Poco después, las mujeres lograron la promulgación de una ley contra la violencia familiar y casera; y, desde finales del siglo XX, están luchando para la aceptación de los derechos de mujeres lesbianas.

Gracias a esta labor, las mujeres han alcanzado importantes avances en términos legales y han cambiado la relación del Estado respecto a temas de género. Dados el sistema jurídico deficiente y la persistencia de actitudes patriarcales y machistas en la sociedad, estos logros son una base sobre la cual hay que seguir trabajando para que se modifiquen actitudes y estructuras discriminatorias.

Pese a las mejoras en los códigos laborales, la igualdad de género dista mucho de ser una realidad. Esto se debe a las todavía deficientes posibilidades de educación, sobre todo para mujeres en el campo, y a coyunturas económicas generales. La concentración de tierra y la extensión del «agro-business» han agravado la ya difícil situación de los campesinos, de manera que muchos emigran hacia Asunción y el exterior. Este proceso migratorio se ha incrementado y «feminizado».

Hasta mediados del siglo pasado, la migración hacia el extranjero fue, principalmente, masculina y estacionaria; es decir, los emigrantes se trasladaban para trabajar en las cosechas y luego volver a sus hogares. La guerra civil de 1947 y la represión política de la dictadura dieron lugar a una migración más duradera, incluso permanente, hacia otros países, sobre todo a Argentina. En esta emigración participaron las mujeres, que se exiliaron con sus compañeros e hijos o se fueron solas para salvaguardar a sus familias. Además, la crisis del modo de producción minifundista de los años sesenta aumentó la migración dentro del país. Este éxodo, más individual que familiar, mostró claras diferencias de género: mientras los hombres continuaron con los desplazamientos temporales en el campo o se contrataron en el sector de la construcción (en las ciudades y en las represas de Itaipú y Yacyretá), las mujeres se marcharon hacia los centros urbanos y de allí al exterior, sobre todo a Buenos Aires, para trabajar en el servicio doméstico.

Salvo un leve descenso en las décadas de los setenta y ochenta, esta corriente migratoria arrancó fuertemente a partir de los noventa. Además, el ámbito migratorio se extendió: Argentina siguió siendo el país receptor más importante, aunque destinos como España, Estados Unidos y Brasil se convirtieron también en opciones. El grado de «feminización» de la migración, que no es privativo del Paraguay, se muestra en los datos para Argentina: mientras que en 2001 el 58% de los casi 325.000 paraguayos residentes en este país eran mujeres, en 2008 estas ya representaban el 65%. La mayoría de ellas trabaja en el sector informal, con los consiguientes problemas para las condiciones de trabajo. No obstante, estas mujeres mandan una gran parte de su salario a sus familiares en Paraguay, que a veces cuidan a sus hijos, a los que han tenido que dejar. Esto significa que los familiares dependen, en cierto grado, del trabajo y las remesas de las mujeres emigrantes, por lo que se convierten en un factor económico importante, tanto a nivel familiar como estatal.

Los cambios legales, políticos y económicos de dos décadas de transición democrática han modificado el rol de las mujeres en la sociedad y la cultura paraguayas. Se han conquistado importantes posiciones, sobre todo en el sector político formal, aunque los valores tradicionales, el autoritarismo y el pensamiento patriarcal necesitan todavía un largo trecho para cambiar, especialmente en lo que se refiere a la mentalidad y las estructuras socioeconómicas. Que una mujer indígena haya ocupado, por primera vez, una silla ministerial, durante el gobierno de Fernando Lugo, es un símbolo de estos cambios, aunque el proceso es lento y precario, como breve fue su estadía como ministra.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

En general, la bibliografía sobre mujeres y relaciones de género es todavía muy deficiente y desigual para las distintas épocas históricas. Para tratar el tema de las mujeres indígenas contamos con el libro de Marilyn Godoy Ziogas, Indias, vasallas y campesinas. La mujer rural en las colectividades tribales, en la colonia y en la República (Asunción, Arte Nuevo, 1987), que analiza, desde el punto de vista antropológico, el rol socioeconómico y simbólico de las mujeres guaraníes, y brinda una buena síntesis de los quinientos años, concentrada en la etapa de la conquista y la segunda parte del siglo XVI. Además, las obras de Branislava Susnik nos brindan abundante información sobre las relaciones de género y las estructuras familiares. Véanse, por ejemplo, su trabajo El rol de los indígenas en la formación y en la vivencia del Paraguay (Asunción, Instituto Paraguayo de Estudios Nacionales, dos tomos, 1982) y Branislava Susnik y Miguel Chase-Sardi, Los indios del Paraguay (Madrid, MAPFRE, 1996).

Una obra pionera sobre el rol de las mujeres en la historia desde la conquista es la de Idalia Flores de Zarza, La mujer paraguaya, protagonista de la historia, 1537-1870 (Asunción, El Lector, tomo I, 1987); y 1870-1932. Guerra del Chaco (Asunción, Ñandutí Vive/Intercontinental Editora, tomo II, 1993). Esta obra, no obstante, sigue la línea tradicional de una historia política y nacionalista que analiza los acontecimientos centrales de la nación y resalta a figuras claves y héroes.

Otro enfoque más centrado en las mujeres populares y en las estructuras socio-culturales y económicas es el de Barbara Potthast, Paraíso de Mahoma o País de las Mujeres. El rol de la mujer y la familia en la sociedad paraguaya durante el siglo XIX (Asunción, Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, 1996). En la primera parte, tras una breve síntesis de la situación colonial, la obra se ocupa del rol socioeconómico de las mujeres, así como de las estructuras de hogar durante los gobiernos de Francia y Carlos Antonio López; mientras que en la segunda trata del rol durante la Guerra de la Triple Alianza. En esta obra, Potthast revisa algunos de los mitos sobre el papel de las mujeres en esta época, sobre todo en lo que se refiere a la guerra y a la tesis de que la jefatura femenina del hogar en Paraguay es una consecuencia de la Guerra Grande. Para este tema en especial véase, también de la misma autora, «Protagonists, Victims and Heroes. Paraguayan Women during the Great War» (Hendrik Kray y Thomas L. Whigham: I die with my country. Perspectives on the Paraguayan War, 1864-1870, Lincoln/Nebraska, University of Nebraska Press, 2004, pp. 44-60); también cabe destacar «Algo más que heroínas. Varios roles y memorias femeninas de la Guerra de la Triple Alianza» (Revista Diálogos, X, 1, 2006, pp. 89-104, en la página web http://www.dialogos.uem.br/viewissue.php?id=13#Artigos).

La memoria de las luchas femeninas por la igualdad en la época de la posguerra fue callada y olvidada durante la dictadura militar, cuando cualquier perspectiva crítica y emancipadora de la historia paraguaya fue supeditada a una narración heroica, centrada en acontecimientos militares y políticos. Esta memoria fue rescatada por varias historiadoras y sociólogas en la época de la transición, pero queda mucho por investigar. En 1993, Line Bareiro, Clyde Soto y Mary Monte editaron las fuentes más importantes para una historia de las mujeres paraguayas en el siglo XX. Presentan documentos de periódicos, libros y leyes oficiales sobre la lucha política por la igualdad ante la ley, las organizaciones más importantes y los periódicos feministas: Alquimistas. Documentos para otra historia de las mujeres (Asunción, Centro de Documentación y Estudios, 1993). Durante la «década de las mujeres» (1975-1985), creció la investigación sociológica y económica sobre las mujeres y aparecieron obras importantes, como la compilada por Luis A. Galeano Romero, Mujer y trabajo en el Paraguay (Asunción, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, 1978). En esta época se publicó también el primer libro de testimonios de mujeres populares, que es importante e informativo: Marilyn Godoy Ziogas, Olga Caballero Aquino y Manuelita Escobar de Peña (comp.), Pintadas por sí mismas. Historia de diez vidas (Asunción, Las Autoras, 2.ª ed., 1986).

Inmediatamente después de la caída del régimen militar, apareció un volumen que representa la importancia de las organizaciones femeninas para la transición: Graciela Corvalán (comp.), Entre el silencio y la voz. Mujeres. Actoras y Autoras de una sociedad en cambio (Asunción, GEMPA/CPES, 1989). En esta obra se tocan temas jurídicos, políticos y culturales, y se efectúan análisis de la situación de las mujeres rurales. Una buena síntesis de los movimientos políticos llevados a cabo por las mujeres en la transición se puede encontrar en el artículo de Clyde Soto, «Mujeres paraguayas, ciudadanía social y democracia política» (Pilar Sánchez Ochoa e Isabel M. Martínez Portilla, Mujeres Latinoamericanas. Entre el desarrollo y la supervivencia, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 1999, pp. 60-71).

A partir de 1980 han aparecido varias publicaciones sobre temas específicos como la jefatura de la mujer en el hogar. Cabe destacar el libro de Olga Caballero Aquino y Marina Díaz de Vivar Prieto, Mujer paraguaya. Jefa de familia (Asunción, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política, 2005); y el de María Victoria Heikel, Ser mujer en Paraguay. Situación socio-demográfica y cambios registrados en el periodo intercensal 1982-1992 (Fernando de la Mora, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, 1996).

Un cuadro instantáneo de la situación de las mujeres a principios del siglo XXI es el informe elaborado por la Secretaría de la Mujer, de la Presidencia, y también el informe no gubernamental de la CMP para el encuentro mundial de mujeres en Beijing; ambos documentos fueron publicados en la Revista Paraguaya de Sociología (XXXIX, 11-115, 2002, pp. 7-264). Además, el Centro de Documentación y Estudios (CDE), en Asunción, así como la CLACSO, en Buenos Aires, han publicado varios documentos de trabajo sobre temas actuales de mujeres paraguayas, muchos de ellos accesibles en las páginas web de estas instituciones.

Por último, se referencia la obra de Francisco Gaona que se cita en el capítulo, Introducción a la historia gremial y social del Paraguay (Asunción, RP Ediciones, tomo II, 1987).

CAPÍTULO XIV

AFRODESCENDIENTES:
ESCLAVOS Y LIBRES

Ignacio Telesca

Forma parte de nuestro imaginario popular el dicho que «En Paraguay no hubo negros». O si los hubo, son los que vinieron con Artigas en 1820. Sin embargo, desde la excelente obra de Josefina Plá, Hermano negro, ya queda constancia documental de la presencia africana desde los mismos inicios de la colonia. Sin embargo, nos encontramos con una segunda dificultad: la idea que identifica presencia afrodescendiente con esclavitud y el pensar que como esta se abolió en 1870, a partir de esa fecha concluye la presencia de los descendientes africanos en el Paraguay.

Por esta razón, el presente capítulo tiene dos partes: en la primera, analizaremos el tema de la esclavitud; en la segunda, nos detendremos a comprender la vida de los afrodescendientes libres, las discriminaciones que sufrieron, las estrategias que utilizaron para eludir esta exclusión y cómo se fue creando en la sociedad un mecanismo de invisibilización del afrodescendiente.

LA ESCLAVITUD EN PARAGUAY

La esclavitud en Paraguay no tuvo la importancia económica que alcanzó en otras partes de América. Esto no significa que su presencia no haya sido destacable en estas tierras. La presencia de africanos en lo que hoy constituye el Paraguay fue constante desde los primeros tiempos de la conquista; africanos, conviene recordarlo, que no llegaron por su propia iniciativa, sino ya esclavizados: en su tierra fueron cazados, embarcados en condiciones infrahumanas y, finalmente, los que sobrevivían al llegar al puerto de destino, eran marcados igual que el ganado.

Sabemos que Domingo Martínez de Irala contaba con una licencia, dada en 1534, por la cual podía introducir cien africanos al Río de la Plata. Se tienen noticias también de que, en 1539, hubo una almoneda (venta pública) de dos esclavos en el fuerte de Buenos Aires. Josefina Plá encontró un documento en el Archivo Nacional de Asunción, fechado en 1556, referente a la venta de los bienes de Juan Nava: entre ellos estaba un matrimonio esclavo, proveniente de África, con su hijo ya «criollo de la tierra».

Africanos esclavizados siguieron entrando en la antigua Provincia Gigante de las Indias, principalmente vía Brasil y, sobre todo, mediante el contrabando. Así, entre 1588 y 1597, llegaron desde las costas brasileñas 233 esclavos, de los cuales 219 fueron introducidos en forma de contrabando. Pero fue a partir del siglo XVII cuando encontramos barcos negreros anclados en el puerto de Buenos Aires: en marzo de 1602, llegaron dos navíos con un «cargamento» de 675 esclavos.

No existe una contabilidad precisa de todos los esclavos ingresados por el puerto bonaerense durante el siglo XVII, pero algunos autores sostienen que fueron más de 20.000. Tampoco sabemos cuántas de estas personas esclavizadas llegaron a la Provincia del Paraguay, pues únicamente contamos con el censo efectuado en 1682 por el obispo del Paraguay, fray Faustino de Casas. Según este censo, en Asunción existían 1.120 esclavos de ambos sexos y en Villa Rica del Espíritu Santo, 14. Estos datos hay que comprenderlos en el contexto de la época y de los procedimientos censales. En el Paraguay de fines de siglo XVII, solamente existían dos villas importantes: Asunción y Villa Rica, aunque esta última acababa de establecerse en el paraje que hoy ocupa, lo que explica, en parte, la poca cantidad de esclavos. Además, la población de la provincia era escasa: en el área regida por Asunción vivían 9.675 personas y en la de Villa Rica, apenas 1.185 personas. Es decir que los esclavos representaban un poco más del 10% de la población de las villas. Llama la atención, sin embargo, que en el censo no se mencionen mulatos libres ni tampoco mestizos, de manera que solo aparecen españoles, esclavos e indios.

Antes de que el Paraguay proclamara su independencia, contamos con dos censos detallados: uno realizado en 1782, por el entonces gobernador Melo de Portugal, y el otro en 1799, confeccionado por el gobernador-intendente Lázaro de Rivera. Para el periodo independiente hasta 1870 el único censo realizado fue en 1846, por orden del presidente Carlos Antonio López.

La tabla I nos muestra la población total «negra y mulata» (utilizando expresiones de la época), dividida en libre y esclava, así como también el porcentaje del total de la población del Paraguay.

Podemos observar que la población «negra y mulata» sobrepasaba el 11% poco antes de la Independencia y que posteriormente se redujo a poco más del 7%. Sin embargo, si nos fijamos con atención, apreciaremos que el porcentaje de esclavos se mantuvo estable en este periodo, lo que quiere decir que lo que se redujo fue la población considerada parda libre.

Es importante hacer una precisión respecto a la terminología. En el Paraguay se utilizaba indistintamente las palabras negro, pardo y, a veces, mulato para referirse a la población que descendía de los africanos esclavizados que llegaron a la región. Si bien en otras partes de América hubo una clara distinción en la terminología, no ocurrió lo mismo en el Paraguay.

Esta población afrodescendiente estaba concentrada fundamentalmente en Asunción.

La cuarta parte de la población afrodescendiente de la provincia vivía en la capital. Es más, para 1782 representaba el 54,7% de la población asuncena, porcentaje que, se redujo al 42,7% diecisiete años más tarde. Esto nos muestra que, en los tiempos en que tuvo lugar la Independencia, de cada dos asuncenos, uno era afrodescendiente.

Esta concentración en la capital de la provincia se dio también porque en ella se encontraban las rancherías de esclavos que poseían las órdenes religiosas. Para mediados del siglo XVIII estas órdenes tenían más de la mitad de los esclavos de la Provincia del Paraguay. Cuando los jesuitas fueron expulsados, en 1768, contaban con una cantidad de 1.002 esclavos, repartidos en la ranchería de su colegio en Asunción y en las estancias de Paraguarí y San Lorenzo. Por la misma época, los mercedarios sostenían más de 500 esclavos en su estancia de Areguá y una cantidad similar poseían los dominicos en su estancia de Tavapy (hoy San Roque González). A estas cifras hay que sumar los que poseían los franciscanos en las rancherías de sus conventos y los que los curas de las distintas parroquias o capillas disponían de forma personal. Cuando las órdenes religiosas fueron suprimidas por el Dr. Francia, en 1824, sus esclavos pasaron a engrosar los bienes del Estado.

Los esclavos eran considerados por sus amos como «alhajas», es decir, como objetos de su propiedad, y de esa manera eran tratados o maltratados. Los límites del maltrato los fijaba la autoridad judicial, que variaba según los lazos que mantuviese con el dueño del esclavo. Porque, a fin de cuentas, no era el maltrato lo que se juzgaba, sino si este era desproporcionado a la falta que hubiese cometido el esclavo en cuestión, y esta desproporción la decidía el juez. En el caso en que se le diese la razón al esclavo o la esclava, el amo tenía que darle «papel de venta» para que pudiera ser adquirido por otra persona. De esta manera, el esclavo no ganaba la libertad, sino un nuevo amo, con la esperanza de ser mejor tratado.

Los trabajos realizados por los esclavos eran múltiples, dependiendo de la edad, el sexo y el lugar de residencia. Nunca faltaban los propios quehaceres de la casa, pero es importante notar que, muchas veces, los amos alquilaban a sus esclavos, quedándose con lo que estos ganaran. En otras palabras, no solo el patrón utilizaba al esclavo para su servicio personal, sino que también era su fuente de subsistencia.

Respecto a las actividades en las estancias, mucho no variaron a lo largo del tiempo. En el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, se conserva un informe fechado el 31 de diciembre de 1767 escrito por Salvador Cabañas —administrador de las propiedades de los jesuitas ya expulsados—, dirigido al gobernador, en el que narraba los siguientes trabajos:

Extracto de los negros que mantiene esta estancia de Paraguarí capaces de servicio, de los que se han inventariado entre sanos, viejos y enfermos y sus aplicaciones

Todas las mujeres casadas se aplican a las hilanzas y en las trasquilas a sus tiempos. Todas las muchachas de 8 hasta 15 años se dedican a carpir las chacras y demás que en ellas y en casa se ofrece

Como se puede apreciar en este detallado informe, existía una clara división de tareas: los varones dedicados con el ganado y la cosecha de los productos de chacra; las mujeres, con la hilanza y la carpida. Además de los productos agropecuarios, en la estancia también se fabricaban tejas y ladrillos.

Félix de Azara, que estuvo en el Paraguay los últimos veinte años del siglo XVIII, nos dejó un relato idílico sobre la vida de los esclavos en la provincia. Señaló este oficial español que la suerte de los esclavos «no difiere nada de la de los blancos de la clase pobre y hasta mejor […]. La mayoría muere sin haber recibido un solo latigazo, se los trata con bondad, no se los atormenta jamás en el trabajo, no se les pone marca, y no se los abandona en la vejez […] se los viste tan bien o mejor que a los blancos pobres y se les da un buen alimento».

Sin lugar a dudas, los esclavos en toda la región del Virreinato del Río de la Plata vivían mejor que los caribeños (aunque el esclavo seguía sin ser dueño de su libertad). Por otro lado, en el Archivo asunceno se encuentran innumerables casos de quejas por maltratos, e incluso aparecen rebeliones de esclavos ante sus amos castigadores. Es de suponer que las órdenes religiosas trataron a sus esclavos con menos violencia, aunque en sus estancias nunca faltó el cepo correspondiente.

La independencia del Paraguay, en 1811, no implicó la abolición de la esclavitud, sino que esta continuó durante unas cuantas décadas más. La mayor diferencia que se registra es que, si bien antes las órdenes religiosas eran las principales poseedoras de esclavos, ahora esta función recayó en el Estado. Además de formar parte de las estancias de la patria, los esclavos estatales trabajaron en todas las obras públicas como, por ejemplo, en la apertura de los caminos.

Incluso después de la independencia se pueden encontrar en el Archivo Nacional de Asunción papeles de venta de esclavos, como el siguiente: «Esta esclava llamada Ubalda de edad de 24 años y sus dos hijos Francisco y Ambrosio, el primero de 9 para 10 años y el segundo para 2 años. La madre sabe lavar, planchar y cocinar y se venden los tres en cantidad de seiscientos pesos libres de escritura y alcabala, el que la quiera comprar véase con su ama Doña Josefa Antonia Cordero y se le dan tres días de término. Asunción 23 de julio de 1812».

El cambio más importante hacia la abolición de la esclavitud se dio el 24 de noviembre de 1842, cuando los cónsules Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López decretaron la libertad de vientres de las esclavas. Hay que recordar que la esclavitud se transmitía por la madre, es decir, el hijo de una mujer esclava siempre era esclavo; en cambio, si un varón esclavo tenía hijos con una mujer libre, los hijos eran libres. En el primer artículo de dicho decreto se establecía claramente que «desde el 1 de enero del año entrante de 1843 serán libres los vientres de las esclavas, y los hijos que nacieren en adelante serán llamados Libertos de la República del Paraguay». Ser liberto no implicaba la libertad, sino que, como lo indica otro artículo, «quedan en la obligación los libertos de servir a sus señores como patrones de los libertos hasta la edad de veinticinco años los varones y las mujeres hasta los veinticuatro años». En el Archivo Nacional de Asunción no se ha encontrado ningún documento que haga referencia a que un liberto haya conseguido su libertad al llegar a la edad estipulada, aunque tampoco sabemos si alguno quedaba aún con vida.

Los esclavos y los libertos continuaron desempeñando sus trabajos tradicionales en las obras públicas y en las estancias, a los que se añadieron la fundición de hierro en Ybycuí, los astilleros y los arsenales. La mayoría de las edificaciones levantadas antes de la guerra fueron construidas por mano de obra esclava, como, por ejemplo, la Aduana, el Teatro, el Palacio de Francisco Solano López y el actual Panteón. Durante la guerra contra Argentina, Brasil y Uruguay, participaron tanto en el frente de batalla como en la fabricación de municiones. La presencia esclava en el Paraguay independiente también fue importante; no tanto, quizá, por el peso demográfico, sino por la importancia de su trabajo.

Juan Crisóstomo Centurión, uno de los que acompañaron al mariscal López hasta sus últimos días, en sus memorias aporta un dato sobre el número de esclavos en el Paraguay. Comenta Centurión que luego de la derrota en la batalla de Tuyutí, ocurrida el 24 de mayo de 1866, Francisco Solano López procuró la reorganización de su ejército, para lo cual «hizo venir de las estancias del Estado y de establecimientos particulares seis mil esclavos que los distribuyó en los diferentes cuerpos para reemplazar las bajas». Esta cifra nos mostraría que la población esclava alcanzaría alrededor de 20.000 personas, lo que supone el 4% de la población total.

La suerte de los esclavos en la guerra no fue diferente a la del resto de la población: la mayoría pereció en el frente de batalla, de hambre o por enfermedad. Sin embargo, algunos sobrevivieron, y fueron estos los que encontró el conde d’Eu, comandante en jefe del ejército brasileño, cuando recorría el país persiguiendo al mariscal López, en 1869. El 12 de septiembre de ese año, el conde d’Eu escribió al gobierno provisorio —recientemente constituido en Asunción—, manifestándole que durante sus recorridos no pocos esclavos se le habían presentado pidiéndole la libertad. Ante esta situación, el comandante brasileño indicó al nuevo gobierno que la ocasión era propicia para proceder a la abolición de la esclavitud, y que se tomara este hecho como una demostración de la nueva etapa que se abría (no deja de ser irónico que la propuesta proviniera de un oficial brasileño, cuando el Imperio no abolió la esclavitud hasta 1888). El Triunvirato le hizo caso y, el 2 de octubre de 1869, decretó la abolición de la esclavitud. Entre los considerandos del decreto se decía que la existencia de la esclavitud era incompatible «con los principios de la libertad, igualdad y justicia que el gobierno proclama». Además, consideró la esclavitud como legado «de los tiempos que pasaron y que solamente la bárbara tiranía que ha pasado sobre este pueblo ha podido perpetuarla».

Este decreto fue confirmado por la Constitución Nacional promulgada y jurada el 25 de noviembre de 1870. En su artículo 25 se establecía «que en la República del Paraguay no hay esclavos; si alguno existe queda libre desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a que diere lugar esta declaración. Los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio paraguayo».

Con este artículo constitucional concluye la historia de la esclavitud como institución en el Paraguay. Sin embargo, la presencia afrodescendiente permanece hasta nuestros días, no solo la de los sucesores de estos últimos esclavos, sino también por la descendencia de aquellos esclavos que consiguieron su libertad a través de los siglos.

AFRODESCENDIENTES LIBRES

La acción de dar libertad a un esclavo se denomina manumisión. Por esta vía, muchos esclavos dejaron atrás su condición servil para comenzar una nueva vida como personas libres. Las manumisiones se pueden dar de diferentes maneras: que el mismo esclavo compre su libertad; que consiga a alguien que se la compre; o que los propios amos lo liberen del yugo de la esclavitud. En el Archivo Nacional de Asunción se encuentran varios casos de manumisiones y, aunque todavía no contamos con un estudio completo de todas ellas, podemos ver algunos ejemplos.

Baltasar era un niño esclavo de cinco años, hijo de madre esclava y de padre español. Este último, apiadado por su hijo, compró su libertad, aunque pidió que se le redujese el precio. Finalmente, le dio la libertad después de haber pagado 160 pesos. En otro caso, nos encontramos con Lorenzo Salinas, pardo libre, que quería comprar la libertad de su hermano, Mariano, que era aún esclavo del capitán Juan de la Guardia. Para tal fin tuvo que pagar 500 pesos en 250 arrobas de yerba. También está el caso del pardo libre Joaquín José de Frías, quien fue comprando de a poco la libertad de su esposa, María Zelada, algo que sucedió en 1815.

La otra manera de conseguir la libertad era a través de la voluntad del amo de donársela, algo que ocurrió en muchas ocasiones a través de los testamentos. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1805, Clara de Aguiar, vecina de Asunción, declaraba ser su «voluntad que después de mis días quede libre perpetuamente de toda servidumbre y esclavitud mi esclava María Josefa». Se encuentran también casos de mala intención en esta donación de libertad, ya que los dejaban libres cuando el esclavo ya era mayor y no podía mantenerse por sus medios. Es decir, para el amo significaba deshacerse de un «bien viejo» y no tener que mantenerlo en su vejez.

Si bien a través de las manumisiones podemos comprender cómo el grupo de los pardos libres fue aumentando, no tenemos que perder de vista que el principal crecimiento se dio a través de los hijos de las pardas libres. Sabemos, a partir de los trabajos de Barbara Potthast, que la mayoría de estos hijos no nacieron de matrimonios consagrados por la Iglesia, sino que eran fruto de relaciones muchas veces circunstanciales. Por esta razón, la presencia afrodescendiente libre fue muy importante en el Paraguay desde los primeros años de la colonia.

La corona española se dio cuenta muy pronto de que la presencia de afrodescendientes libres en sus colonias no estaba contemplada en sus primeras políticas. Siempre se pensó la relación entre españoles e indígenas, a los que luego se les sumaron los que venían esclavizados desde el África. Sin embargo, ahora había una nueva categoría de personas que había que ordenar. Para tener un control más preciso sobre ellas, la Corona les obligó a pagar un tributo consistente en un marco de plata; aunque rápidamente comprobó la dificultad para cobrarles, ya que al «ser gente que no tiene asiento ni lugar cierto» era conveniente «obligarlos a que vivan con amos conocidos», y que sean estos los que tengan que pagar dichos tributos «a cuenta del salario», según expresaba la Real Cédula del 29 de abril de 1577.

En la Provincia del Paraguay se dejó de cobrar dicho tributo durante los siglos XVI y XVII, pero en 1714 se obligó nuevamente a todos los negros y mulatos libres a que se presentaran para empadronarse y volver a pagar el marco de plata. Sin embargo, no consta en la documentación que se haya realizado este padrón. El primero que encontramos es el realizado por Antequera y Castro en 1723.

Como bien señaló Félix de Azara, la institución del amparo se fue degenerando, convirtiéndose en «un medio que usan los Gobernadores para gratificar a sus favoritos sin que S. M. vea un real de tributos, ni los hombres libres la libertad». Y agregó que «ningún esclavo ni su posteridad puede tener libertad aunque se la dé su legítimo dueño, porque al momento que alguno la consigue lo aprisiona el gobernador y lo entrega a algún particular, en amparo, según dicen, para que lo haga trabajar como esclavo sin más obligaciones que la de cualquier dueño respecto a sus esclavos, menos que no le puede vender».

Esta situación ambigua del amparo también fue aprovechada por las órdenes religiosas, ya que otorgaron la libertad a sus esclavos, pero «a medias», es decir, permanecían en las estancias bajo la categoría de «amparados». Por ejemplo, Diego de los Reyes Balmaceda, que era síndico del convento de San Francisco, debía a la Real Caja 115 pesos y 4 reales, por siete pardos libres que pertenecían a dicha orden. Es más, cuando en 1714 se fundó la población de Villeta del Guarnipitán, se trajo para su poblamiento a 38 familias de pardos libres, de las cuales 12 estaban asentadas en las tierras que los dominicos tenían en Tavapy.

Que la población parda libre era importante en la Provincia del Paraguay, al margen de los esclavos, se pone de manifiesto, justamente, con la fundación de San Agustín de la Emboscada, en 1741, pueblo habitado exclusivamente por pardos libres. En las cercanías del lugar se había alzado, previamente, el fuerte de Arecutacuá, cuya función era la de ser un antemural frente a las incursiones de los grupos indígenas aún no sometidos por los españoles. En la construcción de Arecutacuá habían participado 40 mulatos libres, muchos de los cuales permanecieron en el lugar una vez terminado el fuerte, en 1719. Sin embargo, el lugar escogido no fue el ideal, pues enseguida faltaron los recursos alimenticios, al tiempo que la creciente del río Paraguay destruyó parte de la construcción. Las revueltas comuneras de 1721-1735 terminaron de despoblar el fuerte, aunque algunas familias de mulatos permanecieron en sus cercanías.

En 1741, el gobernador Rafael de la Moneda decidió mudar de lugar el emplazamiento y transformar el fuerte en un pueblo. La función continuaría siendo la misma, la de defensa, y los pobladores seguirían siendo, exclusivamente, pardos libres. Para 1745, Emboscada ya estaba lista, y en 1761, según el informe del obispo Manuel Antonio de la Torre, ya vivían allí 112 familias y 572 personas. No se sabe con certeza cómo se convocó a estas familias, pero se cree que algunas ya habitaban en la zona previamente y otras fueron extraídas de sus amparadores. De hecho, el obispo se negó, en un principio, a nombrar un cura para Emboscada, acusando al gobernador de quitárselos «a los amos a quienes servían».

No fue este el último pueblo que se formó con población parda. Ya en los inicios de la vida independiente, cumpliendo la misma finalidad de antemural, se creó el pueblo de Tevegó (1813), en el norte, cercano a la Villa de Concepción. Sin embargo, este nuevo pueblo tan solo duró diez años, ya que el Doctor Francia ordenó su despoblamiento y envió a la población a radicarse en Concepción y su distrito.

Emboscada fue un caso único en la América colonial. Los pardos libres fueron liberados de pagar el tributo del marco de plata y se los dispuso como pueblo de indios, viviendo en comunidad, aunque los habitantes de Emboscada peticionaron al gobernador para que los dejase trabajar como libres o mudarse al Chaco. De hecho, la población de esta localidad fue constantemente explotada por los gobernadores, ya que, según Azara, «arbitrariamente disponen como que carecen de patrono y a cualquiera hora se hallan en su hogar».

La población en Emboscada se mantuvo estable y creció al igual que la población general del Paraguay. La tabla III nos muestra cómo se produjo este aumento poblacional.

A partir de 1799, se incorporó al censo la población española, es decir, ni parda ni indígena. En 1846, esta población aumentó con respecto al total, y pasó de ser apenas el 10% en 1799, a representar el 30% cincuenta años más tarde. Pero de la tabla se puede extraer un dato aún más significativo. En 1782 y 1799, la población parda que vivía en Emboscada representaba el 11% de toda la población parda de la provincia; sin embargo, en 1846, el 30% de los pardos del Paraguay vivía en Emboscada. ¿Qué había pasado? ¿Muchos pardos libres se mudaron a Emboscada? La respuesta a estos interrogantes nos lleva a un tema fascinante sobre la población afrodescendiente en el Paraguay y que nos permite comprender su presencia en nuestros días.

Antes que nada, hay que afirmar que no hubo una migración de pardos libres a Emboscada, sino que lo que se redujo fue la población considerada parda libre en general, que pasó del 7,4% en 1799, al 3,6% en 1846. ¿Qué ocurrió, entonces, con los afrodescendientes? ¿Desaparecieron? ¿Se mezclaron?

En esos tiempos, ser considerado negro, pardo o mulato suponía ser discriminado. Ya vimos que, por el mero hecho de serlo, estaban obligados a pagar un tributo a modo de impuesto. La discriminación también era jurídica, religiosa y educativa. Así, por ejemplo, un pardo no podía casarse con quien quisiera ni tampoco podía aspirar al sacerdocio, entre otras cosas. De hecho, los pardos tenían una iglesia especial en Asunción. Mientras que los templos de la Catedral y La Encarnación estaban destinados para la población española, el de San Blas era exclusivamente para los negros, pardos e indígenas que vivían en la ciudad. Los afrodescendientes libres procuraron por todos los medios superar esta exclusión social, y su estrategia no consistió en iniciar una lucha por los derechos de la minoría, impensable en aquellos tiempos, sino que siguieron la táctica de dejar de ser vistos como pardos, para ser considerados como españoles. Aunque no parezca sencillo de comprender que alguien que era pardo pudiera «pasar» como español, hay que tener en cuenta ciertas características de la Provincia del Paraguay que ayudarán a comprender la posibilidad de ese salto.

Recordemos que, tras la división territorial de la Provincia Gigante de Indias, alrededor de 1620, el Paraguay comenzó un proceso de empobrecimiento acelerado. Esto se debió, fundamentalmente, a que se vio atacada tanto por los bandeirantes portugueses como por los pueblos indígenas no sometidos por los asuncenos. Hasta tal punto llegó la contracción de la provincia que, para 1680, el Paraguay comprendía una estrecha fracción de territorio, limitado al norte por el río Manduvirá y al sur por el Tebicuary.

Además, y por la misma pobreza de la provincia, no llegaron más contingentes de europeos al Paraguay desde 1575. Es decir, a partir de esa fecha la población se fue haciendo cada vez más mestiza, y estos mismos mestizos fueron considerados por las autoridades como españoles. Entonces, por más que nosotros veamos un proceso de mestizaje cada vez mayor entre los mestizos, los indígenas y los afrodescendientes, ellos se consideraban españoles. Al mismo tiempo, los propios pardos tampoco tenían el color de piel igual que sus antecesores traídos como esclavos desde África, y sin contar que no todos venían del mismo lugar geográfico, sino que provenían de diferentes sitios del continente africano.

Teniendo en cuenta este contexto, nos resulta más accesible la comprensión de las estrategias utilizadas por los afrodescendientes para dejar de ser tenidos por pardos y pasar a ser considerados como españoles. Para conseguirlo, emplearon tres estrategias diferentes: vestirse como españoles, utilizar las iglesias de los españoles y enrolarse en las milicias.

Respecto a la primera, la vestimenta, contamos con un acta del Cabildo de Asunción, fechada el 3 de marzo de 1757, en la que este órgano se quejaba al gobernador de que los pardos vestían de sedas y que incluso utilizaban galones de plata y oro, y hasta espuelas y cabezadas de plata. El problema para los cabildantes radicaba en «que por esta causa no hay excepción de los españoles y señores en los actos públicos». Pero los miembros del Cabildo no podían aceptar esa falta de distinción, por lo que solicitaron al gobernador que mandara un bando en el que solo se «les permita a los dichos negros, negras, mulatos y mulatas que vistan ropa de lana de Castilla decentemente sin cintas y galones de plata y oro, ni que se les permita usen espuelas ni cabezadas de plata». Parece que este pedido no tuvo mucho efecto, porque un año más tarde, el 8 de mayo de 1758, se volvió a repetir la solicitud.

De esta manera tenemos, por un lado, un cierto grupo de la población parda con capacidad adquisitiva parecida a la de la población española, lo cual, como sabemos, tampoco era mucha (ni todos los pardos ni toda la sociedad se vestían de seda ni usaban galones de oro). Al mismo tiempo, la población parda utilizaba la vestimenta como un mecanismo de identificación con los españoles, quienes sí sentían el impacto, al punto de prohibir dicha mimetización. En cierta manera, si esa identificación por la vestimenta era posible, nos da pistas sobre la poca diferenciación existente entre los reconocidos como «españoles» y los considerados «pardos». Cierto es que la vestimenta puede verse como una estrategia para ser considerado «español», o simplemente como un mero afán de progreso. El apoderarse de los símbolos del otro siempre fue una estrategia utilizada por los grupos marginados.

La segunda estrategia fue el uso de las parroquias destinadas a españoles para formalizar los bautismos y casamientos. Ya vimos que la parroquia de San Blas no tenía un territorio fijo, sino que la «jurisdicción del párroco [de dicha parroquia] se extiende a todos los indios, mulatos y negros así esclavos como libres, moradores en todo el distrito de la Catedral y La Encarnación [en Asunción]». Esto debe entenderse como que obligatoriamente los indígenas y afrodescendientes tenían que participar en ese templo y no en las otras dos parroquias de la ciudad, la Catedral y La Encarnación. Si una criatura era bautizada en alguna de estas dos parroquias, significaba que no era mulata, negra ni india. Para que esto ocurriese, se necesitaba de la complicidad del cura o que las diferencias exteriores no fueran notorias. Pero, una vez más, los cabildantes se quejaron porque los negros y mulatos no utilizaban su iglesia, sino que se bautizaban y casaban en las de los españoles. Por eso le solicitaron al gobernador «que esta gente se bauticen y casen en su iglesia».

La vida religiosa de la comunidad afrodescendiente era más que intensa. En la iglesia de San Blas funcionaba la Cofradía de San Baltasar, y el oficial de dicha cofradía, José Antonio Aponte, comentó al gobernador que la misma fue erigida con autoridad eclesiástica a «favor de los negros, pardos y demás gente de servicio de este vecindario». Incluían también a los esclavos «con tal que consientan sus amos y protesten no impedirles la debida contribución y la asistencia a los ministerios que como tales cofrades sean obligados». Funcionaba, de acuerdo con el oficial Aponte, desde 1650, en que se instituyó, y su finalidad principal era, además de la devoción a San Baltasar, asistir a los cofrades durante su enfermedad y muerte. Sabemos también que en los conventos de los jesuitas y de los franciscanos funcionaban también cofradías de negros, y que participaban de los ejercicios espirituales que los sacerdotes organizaban.

Finalmente, la tercera vía para alcanzar el «estatus» de español fue la de las milicias. Para fines del siglo XVIII, se estaban reorganizando las milicias de la provincia y las compañías de pardos se encontraron con la realidad de que cada vez tenían menos miembros. En 1796, los comandantes de las cuatro compañías de pardos que existían se quejaron ante su autoridad y expresaron que «[…] hallándose exhaustas de individuos dichas compañías [las de pardos], así por la extracción o separación de estos soldados, los que olvidando su calidad se hallan interpolados entre las milicias españolas, como también por la falta de jurisdicción para obligar a varios pardos libres exonerados de toda pensión, antes bien entregados a una suma libertad y ocio nada útiles a ambas majestades (de los cuales presentamos listas) así de los que se han separado como de los que viven en la forma predicha […]». Lo llamativo no es solo que los pardos quisieran dejar de serlo incorporándose a las compañías de españoles, sino que estos últimos los aceptasen sin ningún reparo. Una vez que se realizó el listado de los pardos que se habían unido a las compañías de españoles, se puede ver un agregado en el margen de algunos de los nombres, con la aclaratoria «probó ser español». Desgraciadamente, no contamos con estos instrumentos de probanza, pero no deja de ser llamativa esa «discrepancia» acerca del estatus.

Este «paso categorial» a través de la milicia lo vemos reflejado en la historia de Tomás Sosa. Una vez casado, la familia de su consorte quiso anular el matrimonio alegando desigualdad de sangre (y esto ocurrió en 1822). El cura de Capiatá, Pedro José Moreno, replica que ya le había comentado a la familia de la novia, antes de la boda, que la bisabuela de Tomás había sido parda, pero que su «sucesión había sido procreada de hombres blancos». Y agrega, como dato probatorio, que los «varones de la expresada sucesión por la relatada cualidad habían servido a lo político y militar entre los blancos».

Algo parecido le ocurrió a Pedro Juan Ortiz, a quien, en 1832, el cura de Yuty, Julián Curtido, no le permitió casarse

… porque dicen que el abuelo de mi pretendida es pardo, y que por esto ella mi pretendida me es desigual. En lo que juzgo que nuestro cura no tiene razón de excusarse: lo primero porque el padre legítimo de mi pretendida fue hombre blanco sin disputa ni duda alguna, y la madre, aunque haya sido mestiza, por el matrimonio se hizo de la misma condición que su legítimo marido […]. Lo segundo porque fuese lo que fuere mi pretendida, es reputada por blanca en el público, pues que un hermano suyo entero es soldado urbano, que está sirviendo en la clase y compañía de blancos.

Tomás Sosa y Pedro Ortiz continuaron con sus matrimonios sin ningún impedimento posterior, lo que nos sirve para reafirmar que el desempeñarse en funciones de blancos ya era argumento probatorio de ser español. Lo interesante de estos dos últimos casos es que sucedieron durante las primeras décadas de la vida independiente del Paraguay.

Tenemos que tener en cuenta que esta interrelación entre blancos y pardos iba mucho más allá de la estrategia que pudieran utilizar los afrodescendientes. Por ejemplo, se puede ver que en las devociones de la cofradía de San Baltasar no solo participaban negros y mulatos, sino también los mismos españoles. Cuando el oficial Aponte le comentó al gobernador-intendente los beneficios de la cofradía que funcionaba en la iglesia San Blas, añadió que todos estos favores concedidos por el Santo Rey Baltasar «ha sido irresistible aliciente para haber muchos sujetos españoles de primera calidad mezclándose (como olvidados de ella y su abatimiento) entre nosotros, pujándonos a porfía, o arrebatándonos en cierto modo el culto al santo, en cumplimiento de sus humildes votos». La frase referida a la mezcla de españoles con pardos puede parecer algo meramente circunstancial, que se dio exclusivamente en el ámbito religioso. Sin embargo, nos pone de manifiesto que la relación entre españoles y pardos fue mucho más cercana y asidua de lo que tradicionalmente se piensa (y tampoco podría haber sido de otra manera).

Queda claro, entonces, que los afrodescendientes, aunque disminuyó su presencia en los censos, no desaparecieron. Incluso siguieron viniendo al Paraguay, como es el caso de Francisco Rivero. Él se definió como «negro Angola, natural de África, residente en el partido de San Lorenzo del Campo Grande». Había llegado al país en 1839 y llevaba catorce años residiendo en Paraguay. Contaba con «treinta y tantos años» y era soldado de las milicias urbanas en su valle. Su caso nos ha llegado porque quiso contraer matrimonio con Cristina Curveiro, «negra, natural y vecina del partido de Luque», y, para ello, tuvo que dar testimonio de que era soltero y libre. Como testigos presentó a Inocencio Antonio Pereira, José Domingo Fernández y Joaquín Moreira, los tres de la nación de Congo, y quienes comentaron que, junto con Francisco, se habían escapado de su amo que residía en Porto Alegre y se allegaron al Paraguay. En otras palabras, a mediados del siglo XIX aún nos encontramos en Paraguay con africanos libres residiendo en sus valles y haciendo una vida activa entre la población. Son estos afrodescendientes los que también participaron activamente durante la Guerra contra la Triple Alianza, formando el famoso batallón nambi’i (oreja pequeña, en guaraní).

Si su presencia fue tan clara, la pregunta que nos queda es qué sucedió después. La primera respuesta que nos viene a la mente es que los afrodescendientes desaparecieron por causa de la guerra. Sin lugar a dudas, no es un dato para dejar de lado, pero la guerra afectó a toda la nación, no solo a los pardos; e incluso vimos que las fuerzas brasileñas de ocupación aún se encontraban en su camino con personas esclavas.

También observamos que una de las estrategias de los afrodescendientes para evitar la discriminación y la exclusión era la invisibilización, es decir, el pasar desapercibido y conseguir el estatus de «blanco». Sin embargo, y a pesar de estas estrategias, casi el 10% de la población siguió siendo considerada parda antes de la guerra, ya sea libre o esclava.

Un tercer aspecto a tener en cuenta es la invisibilización o negación, por parte del resto de la sociedad, de la presencia africana. Mencionamos ya la política, tanto del Paraguay colonial como de la época independiente, de enviar a los afrodescendientes bien lejos, a Emboscada primero, a Tevegó después, como el primer antemural de los ataques indígenas o portugueses.

Por otro lado, parece claro que quien había dado el «paso categorial», y ya tenía el estatus de español o de blanco, no iba a hacer nada para autorreconocerse como pardo, ni él ni su descendencia. Lo mismo ocurrió con la sociedad como conjunto: desde hacía siglos que se venía produciendo un mestizaje amplio, aunque sin reconocérselo como tal. Por esta razón, la palabra mestizo estaba ausente en los censos y en los documentos de la época. Todos se reconocían como blancos, como españoles primero, paraguayos después.

Lo que nos cuenta el español Ildefonso Bermejo —uno de los extranjeros que vinieron con Francisco Solano López a mediados del siglo XIX— es más que ilustrativo. Bermejo nos dejó una narración rica en detalles sobre la vida social del Paraguay de esos años. Por ejemplo, sobre el Congreso Nacional reunido en 1857 para reelegir al presidente Carlos Antonio López, señaló que entre sus miembros no observó a ningún negro, pero «sí noté que había gran número de mulatos». Recordemos que para ser elegido parlamentario había que ser propietario y, de una manera u otra, ser miembro de la élite local representada. Lo que está claro es que donde Bermejo solo vio mulatos, los mismos parlamentarios (y el resto de la sociedad) vieron únicamente paraguayos, blancos de linaje.

Ser calificado como mulato en esos tiempos era sinónimo de insulto, además de ser receptor de todas las discriminaciones referentes a tal condición. Un ejemplo de esto nos lo da el caso de la familia Machaín. Acusados de conspirar contra el gobierno del Dr. Francia, este ordenó, en 1835, que «en lo sucesivo la descendencia de la mulata santafesina Clara Aguiar […] no se casen más». Cuando, al año siguiente, Juan José Machaín fue ejecutado, en su partida de defunción se añadió que este era «descendiente de la mulata Clara Aguiar». A la muerte del dictador, los familiares directos pidieron a los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso que se levantara la prohibición de casamiento y se quitara «la mancha» a la nobleza de sangre familiar. Los cónsules concedieron lo primero, pero no lo segundo; y como manera de ampararse por su decisión aclararon que era «público y notorio que han venido de abajo muchos mulatos».

Durante la Guerra contra la Triple Alianza también podemos ver un tema llamativo. La prensa de trinchera no cesó de mofarse de los soldados brasileños por ser afrodescendientes, relacionándolos constantemente con los macacos. En ningún momento hubo un reconocimiento de sus propios soldados, que tenían el mismo origen. Es más, la representación de las fuerzas paraguayas, que puede ser vista en los grabados de estos mismos periódicos, era, una vez más, la imagen del militar o de la mujer blancos de linaje.

Tras la guerra, el Paraguay necesitó reconstruirse a sí mismo, pensar su historia, reconocer su identidad. También su conformación étnica, qué era ser paraguayo. Al principio, las respuestas siguieron una continuidad con lo ya visto. Por ejemplo, el diplomático paraguayo Gregorio Benites describió al Paraguay, en 1889, como «un pueblo cristiano, europeo de raza, que habla el idioma castellano».

Entrado ya el siglo XX, se intentó responder a las causas del heroísmo paraguayo demostrado en la guerra. Unos dijeron que dieron su vida por el temor a López; otros, por el contrario, sostuvieron que la respuesta se debía encontrar en el tipo de «raza paraguaya», conformada por la sangre guaraní y la española, un tipo superior no solo a la argentina y brasileña, sino, incluso, a la del resto de Europa. Para estos intelectuales, como Manuel Domínguez, este mestizaje se produjo solamente en el siglo XVI, durante la conquista; y luego, por una supuesta ley biológica, en la quinta generación se habría vuelto blanco, un blanco sui generis, remarcó.

Como se ve, en esta construcción de la «raza paraguaya» el aporte afrodescendiente no tuvo ninguna importancia. En la introducción al Álbum Gráfico del Paraguay, que se editó en ocasión del primer centenario de la Independencia, el editor responsable, Arsenio López Decoud, no dudó en afirmar que «existe entre nosotros una perfecta homogeneidad étnica: el pigmento negro no ensombrece nuestra piel».

Pocos cambios se dieron en las siguientes décadas. Natalicio González (presidente de la República entre 1948 y 1949), si bien reconoció la presencia afrodescendiente, sostuvo que «la proporción de negro que intervino en la constitución étnica del pueblo, fue realmente insignificante». Es más, señaló que «los negros se disuelven y desaparecen, sin contribuir con ningún elemento, ni siquiera al folklore popular».

Desde hace unos años, la Asociación Afroparaguaya Kamba Kua viene realizando un proceso de recuperación de la identidad afrodescendiente en el Paraguay, y ha logrado que surjan otras organizaciones en localidades donde hubo y hay presencia afrodescendiente, como Emboscada y Paraguarí. Además, estas asociaciones han formado una Red Paraguaya de Afrodescendientes. Con ayuda internacional, han logrado realizar un primer censo de las comunidades, y se espera que en la boleta censal del 2012 aparezca una pregunta sobre la identidad étnica de la cual uno se siente parte. Hay una búsqueda importante, por parte de esta red, de hacer visible la presencia afrodescendiente no solo para toda la población, sino también, y fundamentalmente, para el Estado.

Al mismo tiempo, también resulta clave no reproducir la comprensión del Paraguay que forjaron los intelectuales de principios del siglo XX, común al resto del continente. Por el contrario, se debe iniciar la construcción de una identidad multicultural histórica del Paraguay, matizando el concepto de mestizaje y haciendo hincapié en la presencia africana en este mestizaje; ser conscientes de la historia de discriminación y exclusión que esta población ha sufrido a lo largo de los siglos, desde la esclavización en el continente africano hasta la invisibilización por parte de los estados modernos.

Los afrodescendientes no son un capítulo cerrado en la historia de nuestro país; forman parte del mismo Paraguay. En otras palabras, Paraguay es, al igual que el resto de América, americano, europeo y africano.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Podemos decir que la bibliografía sobre el afrodescendiente se inaugura con el texto capital de Josefina Plá, Hermano negro. La esclavitud en el Paraguay (Madrid, Paraninfo, 1972). La obra se centra fundamentalmente en la esclavitud, pero abarca también aspectos de los pardos libres. Más centrado en el siglo XIX, John Hoyt Williams es autor de «Esclavos y pobladores: observaciones sobre la historia parda del Paraguay en el siglo XIX» (Revista Paraguaya de Sociología, 31, 1974, pp. 7-27); Williams ya había abordado el tema en «Tevegó on the Paraguayan Frontier: A chapter in the Black History of the Americas» (Journal of Negro History, 56:4, 1971, pp. 272-284); y luego en «Black Labor and State Ranches: The Tabapi Experience in Paraguay» (Journal of Negro History, 62:4, 1977, pp. 378-389). De esos años es el texto de Jerry Cooney, «La abolición de la esclavitud en el Paraguay», que aparece en la obra compilada por el mismo autor y Thomas Whigham, El Paraguay bajo los López. Algunos ensayos de historia social y política (Asunción, CPES, 1994, pp. 25-38, original inglés de 1974). En esta misma colección apareció otro texto del mismo autor sobre nuestro tema «El que roba mi buen nombre… La venganza del Dr. Francia» (pp. 159-174).

De Jerry Cooney también tenemos «El afroparaguayo» en Presencia africana en Sudamérica, de Luz Martínez Montiel (coord.) (México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995, pp. 449-525). A nuestro entender, es el mejor resumen sobre el tema.

Ana María Argüello trabajó la esclavitud en su tesis doctoral, y fruto de ella es El rol de los esclavos negros en el Paraguay (Asunción, Centro Editorial Paraguayo, 1999). Alfredo Boccia Romañach también trató el tema en su obra Esclavitud en el Paraguay. Vida cotidiana del esclavo en las Indias Meridionales (Asunción, Servilibro, 2004).

Sobre Emboscada tenemos dos textos muy importantes: uno, de Agustín Blujaki, Pueblos de pardos libres: San Agustín de Emboscada «(San Agustín de la Emboscada)» (Revista Paraguaya de Sociología, 57, 1983, pp. 7-36).

Nuevos abordajes sobre el tema se pueden ver en Capucine Bodin, «Esclaves, pardos et milices au Paraguay XVIIe-XIXe siècles» (Stella Sandro y Bernand Carmen, D’esclave à soldat. Miliciens et soldats d’origine servile, XIIIe-XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 341-364). En nuestros textos, «La población parda en Asunción a fines de la colonia» (Estudios Paraguayos, XXII y XXIII, 1-2, 2005, pp. 29-50); «Afrodescendientes en el Paraguay. Invisibilidad, mestizaje y la narración de la historia nacional» (Estudios Paraguayos, XXV, 1-2, 2007, pp. 77-86); «Reflexiones acerca de la identidad del Paraguay en los albores de la Independencia, de españoles a paraguayos» (Historia Paraguaya, XLVIII, 2008, pp. 295-332). Las estrategias afrodescendientes y los esclavos de los jesuitas los hemos trabajado detenidamente en Tras los expulsos. Cambios demográficos y territoriales en el Paraguay después de la expulsión de los jesuitas (Asunción, CEADUC, 2009).

Para una comprensión del Paraguay con afrodescendientes, resulta fundamental la trilogía de Branislava Susnik, Una visión socio-antropológica del Paraguay (Asunción, Museo Etnográfico Andrés Barbero, 1990-1991 para el siglo XVIII; 1992 para el siglo XIX; y 1993 para el siglo XVI hasta la mitad del XVII).

Un análisis de las luchas actuales de la Red Paraguaya de Afrodescendientes se puede encontrar en el texto de Nancy Medina y José Carlos Medina, «Una deuda histórica en la construcción de la ciudadanía paraguaya. La afirmación de los derechos de afrodescendientes en el Paraguay» en Derechos Humanos en Paraguay, 2009 (Asunción, Codehupy, pp. 221-7).

También hacemos referencia a las obras de los autores que se citan en el capítulo. De Félix de Azara, Viaje por la América meridional (Madrid, Espasa Calpe, 1969) y su Geografía física y esférica de las Provincias del Paraguay y Misiones (Montevideo, Anales Museo Nacional de Montevideo, 1904). Ildefonso Bermejo, en la obra Episodios de la vida privada, política y social de la República del Paraguay (Asunción, Quell y Carrón, 1913); y Natalicio González, Proceso y formación de la cultura paraguaya (Asunción, Editorial Guarania, 1948).

CAPÍTULO XV

LOS CAMPESINOS Y LA LUCHA POR LA TIERRA

Luis A. Galeano

El análisis que se presenta en este capítulo se centra en la trayectoria histórica de los campesinos desde la Independencia, en 1811, hasta los primeros años del siglo XXI.

Respecto al alcance del presente trabajo, cabe formular determinadas especificaciones. En primer lugar, al abordarse el estudio desde la perspectiva del largo plazo, el énfasis se ha puesto en los principales rasgos del campesinado, referidos a su inserción en la estructura económica y social nacional, vigentes en el transcurso de los periodos históricos identificados. En segundo término, el eje prioritario del análisis está relacionado con el acceso al recurso prioritario de la economía campesina: la tierra. En la medida en que dicho acceso estuvo sumido en disputas con otros sectores y clases sociales, el énfasis se centra en la lucha por la tierra. Y, por último el análisis incluye también la caracterización de los perfiles básicos correspondientes a la clase terrateniente y a la empresarial capitalista, poderosos contendientes del campesinado.

INDEPENDENCIA Y GOBIERNO DE FRANCIA: EL INICIO DE UNA COEXISTENCIA NO PACÍFICA

Durante la colonia, el campesinado se constituyó, desde un punto de vista étnico, como sujeto social surgido del mestizaje hispano-guaraní. Pero fue en la época del Dr. Francia cuando se materializó su proceso germinal de arraigo histórico. En efecto, en esa etapa, el campesinado dispuso de un escenario socioeconómico, cultural y político propicio para consolidarse como clase social.

En el régimen francista, se transformaron sustancialmente el acceso y la tenencia de la tierra. La disposición estatal se aplicó en 1825: según esta, los tenedores de las «tierras de la República debían presentar al Gobierno, por intermedio de las Comandancias de campaña y en términos de tres meses, los títulos o las certificaciones que justificasen la propiedad de los campos que ocupaban, y el que no lo hiciere, en el plazo acordado, se considerarán propiedad del Estado todas las tierras ocupadas por los particulares». El resultado fue que, al año siguiente, más de la mitad de las tierras de la Región oriental estaban controladas, de hecho y de derecho, por el Estado.

El Gobierno emprendió un impactante proceso de redistribución de la posesión de la tierra, a través del sistema de arrendamiento, cuyo resultado fue un reparto bastante equitativo. Es por esto que algunos autores sostienen que, durante el régimen francista, se concretó una «radical reforma agraria», la primera llevada a cabo en América Latina. Basándonos en datos, cabe señalar que, hacia 1840, alrededor de 6.000 lotes agrícolas fueron distribuidos entre familias campesinas; «esas tierras mantenían, por lo menos, a 49.000 personas o el 13% de la población de la nación; en otras palabras, uno de cada ocho paraguayos vivía en su propia granja arrendada del gobierno». De igual modo, el Gobierno también entregó provisión de ropas, herramientas y animales a los agricultores de menores recursos, por lo que resulta pertinente calificar aquel proceso de reestructuración socioeconómica como una reforma agraria.

No obstante, la mencionada reforma no impidió que emergieran procesos de diferenciación estructural en el interior del propio campesinado. En efecto, sobre la base de datos históricos referidos a los montos de los cánones arrendaticios, se ha podido constatar que, de hecho, existían dos estratos de pequeños agricultores: uno contaba con mayores extensiones de tierra y recurría a una amplia diversificación productiva agropecuaria, condiciones que generaban la autosubsistencia familiar y posibilitaban una articulación inicial con el mercado; el otro estaba constituido por familias que poseían menos extensiones de tierra y de otros recursos productivos, situación que les exigía apelar al trabajo temporal en las explotaciones de los campesinos más acomodados, a cambio de bienes o de alguna precaria remuneración.

Más allá de aquellos procesos iniciales de diferenciación socioeconómica, el aspecto relevante fue la consolidación del campesinado criollo como clase social con identidad propia. Desde entonces se ha constituido en una clase social que, a pesar del estado de subordinación que ocupó en los sistemas de dominación imperantes, logró desempeñar papeles destacados en los distintos escenarios sociales y políticos en los que se ha gestado la historia del Paraguay republicano. Igualmente, es importante puntualizar que en esa época pudieron cimentarse las comunidades rurales que, aunque articuladas con las ciudades y las aldeas semiurbanas de entonces, comenzaron a desarrollar redes propias de reciprocidad y solidaridad social.

La clase terrateniente no desapareció aunque perdió fuerza y gravitación, sobre todo al final (1830-1840), cuando las finanzas públicas se equilibraron y los gastos del Estado fueron cubiertos con las fuentes de renta que el Dictador puso cuidadosamente en ejecución. Los sectores terratenientes de origen colonial no afectados por las medidas confiscatorias (ex encomenderos en la mayoría de los casos) y algunos grupos que comenzaron a acrecentar su patrimonio a través del acceso a las tierras públicas por el sistema de arrendamiento pudieron incrementar sus intervenciones en los circuitos «controlados» de los mercados interno y externo.

Finalmente, cabe puntualizar que, en esta etapa, ambas clases ya estaban fuertemente insertas en la estructura agraria y la disputa por la tierra entre campesinos y terratenientes no se manifestó tal y como ocurrió en las sucesivas etapas históricas. La demanda campesina por el acceso a la tierra fue canalizada por la fuerte intervención del Estado en la reestructuración de la tenencia. Y, por su parte, los terratenientes no tuvieron la capacidad para concentrar su uso ni para ejercer su poder a partir del control de este estratégico recurso productivo.

LOS GOBIERNOS DE LOS LÓPEZ (1841-1870): UNA COEXISTENCIA NO PACÍFICA

Desde los años inmediatos a la conclusión de la dictadura, el ámbito agrario mostró signos de mayor complejización en su estructura y relaciones sociales, fenómeno que afectó los roles de los campesinos y de los terratenientes.

Durante los gobiernos de los López, la masa campesina continuó operando dentro de márgenes básicos de la autosubsistencia. No obstante, los signos característicos consistieron en el afianzamiento de un sector y en una mayor diferenciación en el interior del mismo.

El estrato de campesinos autosuficientes (mboriahu ryvatã) se afianzó aún más. Para ello, las familias recurrieron a una consistente diversificación productiva, siendo los principales cultivos de alimentación el maíz, la mandioca y el poroto. Entre los cultivos comerciales se destacaron, en un primer momento, el algodón y, posteriormente, el tabaco. A estos se agregaron rubros de aves y una amplia gama de animales, especialmente vacunos. El estrato campesino más pobre (mboriahu apĩ) también se expandió. Aunque las familias no llegaron a experimentar carencias extremas en materia de alimentación, la subdivisión de las parcelas de tierra, debida a la alta tasa de natalidad, y las consecuencias negativas provocadas por el endeudamiento —generado por la creciente articulación de la economía campesina y la economía de mercado— impulsaron el progresivo empobrecimiento de este segmento campesino. En estas condiciones, los miembros de las familias tuvieron que apelar al trabajo en las fincas de los campesinos acomodados, así como en las explotaciones ganaderas y agrícolas de los terratenientes.

Dos aspectos que merecen destacarse, más allá del mencionado proceso de diferenciación socioeconómica, son: por una parte, el progresivo fortalecimiento del campesinado, particularmente del segmento autosuficiente, en la época de los López; por otra, el hecho de que el conjunto del sector campesino se constituyó en la clase social más numerosa de la sociedad paraguaya. En efecto, según algunas estimaciones, antes de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) la población oscilaba entre 400.000 y 600.000 personas, y cabe suponer que más de las dos terceras partes de esa población estaban constituidas por campesinos.

En la época del Consulado, ejercido por Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso (1841-1843), se dictaron medidas destinadas a promover la instalación y la consolidación de explotaciones ganaderas de cierta envergadura, por medio de la distribución de las tierras públicas, bajo el régimen jurídico de la enfiteusis. Así, se conformaron medianas y grandes explotaciones —que abarcaban entre 5.000 y 10.000 hectáreas—. Además de la región central, en la que estaba asentada la mayoría de la población campesina, las nuevas estancias ganaderas se localizaron en la Región oriental: en el norte, en los actuales departamentos de Concepción y San Pedro; en el este, Alto Paraná e Itapúa; y en el sur, Misiones y Ñeembucú.

Además de la tierra, el Estado posibilitó el acceso a préstamos a favor de los terratenientes. Por ejemplo, la concesión de préstamos consistentes en autorizar la utilización de los animales recibidos por el diezmo de «cuatropea», con el compromiso de devolver la cantidad recibida o su valor correspondiente. Algunos ganaderos recibieron hasta mil cabezas de ganado vacuno pertenecientes al mencionado diezmo, o bien lotes de más de cien caballos. Hacia principios de la década de 1860, además de un segmento de medianos ganaderos, estaba plenamente fortalecido un estrato de grandes ganaderos, quienes conformaban la cúpula de la clase terrateniente. Algunos de ellos habían comenzado a surgir durante los últimos años de la dictadura de Francia, pero otros, los más numerosos, se formaron durante el mandato de López, apelando a la influencia que poseían en la estructura del poder político dominante, porque ocupaban cargos públicos o porque pertenecían al círculo de influencia vinculado a la familia gobernante.

La consolidación de ambas clases sociales, la campesina y la terrateniente no desembocó en un conflicto abierto, aunque derivó, entre otras consecuencias socioeconómicas y políticas, en una primera disputa no manifiesta por la posesión de la tierra. En efecto, en las zonas más densamente pobladas (actuales departamentos Central, Cordillera y Paraguarí), las familias que contaban con escasas extensiones de tierra se vieron obligadas a hacer que los pocos animales vacunos que poseían pastaran en los campos comunales; pero si estos eran insuficientes, la única alternativa que tenían era que los animales se alimentaran en las tierras cada vez más cercanas de los terratenientes ganaderos. En algunos casos, los karai guasu (grandes señores) daban su anuencia porque los acuerdos los realizaban con campesinos que formaban parte de sus peonajes o clientelas. No obstante, hubo ocasiones en que no se dieron esas condiciones y los campesinos ingresaron sus animales en las tierras de los terratenientes sin su conformidad. Y era en estas situaciones cuando surgían las disputas, manifestadas en las protestas y en los pedidos de los grandes señores para que intervinieran las autoridades y desalojaran los animales «intrusos» de sus tierras.

LA EMERGENCIA DE LA LUCHA POR LA TIERRA: 1870-1930

La estructura agraria y la composición de las clases campesina y terrateniente se restablecieron después de la Guerra de la Triple Alianza. A la clase terrateniente se incorporaron miembros que provenían de otros estratos de la clase alta (grandes comerciantes e industriales) y, sobre todo, agentes vinculados con el capitalismo internacional. El campesinado, por su parte, experimentó un proceso de crecimiento demográfico y de expansión del territorio ocupado. Sin embargo, los accesos a la tierra, a la estructura productiva y al mercado tuvieron lugar mediante el contradictorio proceso de inclusión y exclusión sociales.

Un destacado conocedor de la realidad rural de la época como Moisés S. Bertoni caracterizó las estrategias productivas y de supervivencia de los estratos campesinos. En su opinión, existían dos clases: los minifundistas semiasalariados y los campesinos medianos.

Los minifundistas semiasalariados contaban con escasas extensiones de tierra, a las que accedían a través de formas precarias de tenencia: ocupación y aparcería. Ante los requerimientos de las necesidades básicas, los miembros adultos de las familias, preferentemente hombres, se vieron obligados a emprender el éxodo temporal hacia los yerbales del Alto Paraná (Paraguay), las grandes explotaciones agropecuarias localizadas en las provincias limítrofes de la Argentina (Formosa, Corrientes y Misiones), o hacia algunas explotaciones ubicadas en el Mato Grosso (Brasil). El salario que recibían era escaso y no siempre la aventura rindió los frutos esperados. En no pocos casos, esos campesinos regresaron a sus casas con las manos casi vacías. La mujer, por su parte, permaneció en la casa y fue la que, con el apoyo de los hijos, se encargó del sustento familiar, en el contexto de una economía de subsistencia. Una variante de esta alternativa, que creció con el tiempo, fue la migración definitiva del grupo familiar de una zona rural del país a otra, donde el acceso a la tierra era más amplio y existían mejores condiciones para la práctica de las estrategias de sobrevivencia.

Los campesinos medianos contaban con mayores extensiones de tierra y, al mismo tiempo, accedían a ella mediante sistemas más firmes de tenencia, preferentemente la propiedad. Apelaban a estrategias productivas más diversificadas, combinando los rubros agrícolas con los ganaderos; y en algunas zonas, sobre todo en las que se localizaban las comunidades rurales más densamente pobladas del área central articulada en torno a Asunción, recurrían a la elaboración artesanal de algunos productos destinados a la alimentación, por ejemplo la miel de caña de azúcar, la vestimenta y los tejidos. La autosustentación de esta capa campesina dependió, en gran medida, de las condiciones en que se daban sus vinculaciones con el mercado. La disminución de los precios de los productos comercializados, en no pocos casos, se tradujo en endeudamientos que, a su vez, acarrearon la venta de animales, incluidos los bueyes, y de los recursos productivos, sobre todo la tierra. Debido a las permanentes crisis socioeconómicas y políticas que tuvieron vigencia durante este lapso histórico, una proporción creciente de estos campesinos no escaparon de la pobreza y la exclusión social.

Para evitar la exclusión y posibilitar el acceso de los campesinos a la tierra, se promulgaron leyes específicas. En 1904, se dictó la denominada ley de Colonización y del Hogar; en 1918, se promulgó la ley del Homestead, con el objetivo de «ceder a título gratuito a quienes soliciten un lote fiscal, que no podrá exceder en ningún caso de diez hectáreas en la parte Oriental, y de veinte en la parte Occidental». Y finalmente, en 1926, se aprobó la ley sobre la Creación, Fomento y Conservación de la Pequeña Propiedad, que tuvo como finalidad distribuir adecuadamente la tierra a las familias campesinas y, así, poner fin a las irregularidades cometidas en el ámbito de la cesión gratuita. En la medida en que la aplicación de estas leyes no vino acompañada de programas de financiamiento y apoyo técnico, el fortalecimiento de la agricultura campesina no se logró. Así, se inició una experiencia sociopolítica que se repitió, salvo en determinadas coyunturas, en las etapas posteriores de la historia agraria paraguaya.

La puesta en marcha de las leyes de venta de las tierras, en los años 1883 y 1885, respondió no solo a la necesidad de enfrentar las consecuencias de la crisis económica una vez concluida la guerra, entre las que se destacó la crisis fiscal, sino también a las nuevas coordenadas ideológicas que los actores políticos más importantes empezaron a asimilar en ese periodo. En ese sentido, los principios del liberalismo económico comenzaron a ser postulados por esos actores, fenómeno que implicó la reversión de la política estatista imperante durante los gobiernos de Francia, sobre todo, y de los López, en menor medida.

En un corto tiempo, el proceso de venta de las tierras públicas generó el afianzamiento del gran latifundio. Hacia 1888, ya se había llevado a cabo la enajenación del 77% del total de las superficies de las tierras públicas que se vendieron entre 1884 y 1914, proporción que equivalía a 19.758.750 hectáreas. Teniendo en cuenta que la venta de las tierras públicas ya se había iniciado en 1881 y que existe un registro documental hasta el año 1914, cabe consignar que, en ese lapso de treinta y cuatro años, alrededor de 26 millones de hectáreas, es decir, el equivalente al 64% de la superficie del actual territorio paraguayo, pasaron del dominio público a manos privadas.

Si bien una proporción de esas tierras se orientó hacia la instalación de explotaciones familiares campesinas, la gran mayoría de las tierras públicas vendidas se destinaron a la constitución de grandes latifundios. Aunque un número menor se ubicó en la zona central de la Región oriental, la gran parte de los latifundios se localizaron en los departamentos más alejados de esta Región (Concepción, Amambay, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú) y también en la Región occidental o Chaco. Las propiedades más extensas fueron adquiridas por agentes de capital extranjero que, en la mayoría de los casos, pusieron en funcionamiento unidades productivas extensivas y extractivas, ganaderas y de explotación de la madera y de la yerba mate. En menor medida se las empleó para la instalación de complejos agroindustriales, especialmente para la fabricación del tanino. Una firma extranjera, Carlos Casado S. A., adquirió alrededor de 5,6 millones de hectáreas en el Chaco, mientras que la Industrial Paraguaya S. A. compró un total de 2,6 millones de hectáreas en la Región oriental, zona donde se localizaba una importante proporción de los yerbales naturales del país.

La concentración de la tierra en grandes latifundios generó el proceso de exclusión e impulsó a los grupos campesinos a asumir dos tipos de respuestas: la primera consistió en la migración, temporal o permanente, en busca de los ingresos complementarios imprescindibles para la supervivencia; la segunda radicó en la lucha por no ser desalojados de la tierra ocupada, o para acceder a otra nueva. En el año 1903, en el área de Concepción, se dio uno de los primeros casos impactantes de lucha por la tierra. Numerosas familias campesinas se movilizaron en defensa de sus derechos ante el desahucio con el que fueron amenazadas por un representante de la burguesía emergente asuncena, quien había comprado tierras fiscales que ya estaban ocupadas por esas familias campesinas desde hacía varias décadas. No fue casual que aquel y otros conflictos entre campesinos y terratenientes constituyeran factores condicionantes de la denominada Revolución de 1904. Desde ese momento, la lucha por la tierra se instaló en el escenario político nacional como uno de los grandes problemas sociales que debían ser encarados y resueltos.

PERSISTENCIA DE LA CRISIS E INICIOS DE LA MODERNIZACIÓN: 1930-1954

En el transcurso de las décadas de 1930, 1940 y el primer quinquenio de 1950, la crisis agraria se insertó en un contexto de agravamiento de la situación sociopolítica, que venía de décadas anteriores. Fueron esos procesos históricos los que prepararon, entre otros factores, el camino para la instalación de la dictadura stronista en 1954. No obstante, la estructura agraria en esta etapa comenzó a manifestar los primeros signos de modernización capitalista.

Según el censo agrícola aplicado en los años 1942-1944 —primer relevamiento estadístico sistemático realizado sobre las explotaciones agrarias en el Paraguay—, las fincas menores de veinte hectáreas representaron el 93% del total. Teniendo en cuenta que ese segmento productivo comprendía casi todo el sector, el dato consignado pone de relieve el gran peso que correspondió al conjunto de las unidades productivas campesinas. Asimismo, en los periodos históricos precedentes ya estaban perfilados dos estratos bien diferenciados, por lo que era de esperar que, con el transcurso del tiempo, esa diferenciación se profundizara aún más. En ese sentido, llama la atención que el 30% de las unidades agrícolas tuviera menos de dos hectáreas, lo que constató que no solo la diferenciación interna se agudizó, sino que también la descomposición de la economía campesina tradicional empezó a difundirse. Si el desarraigo no llegó a límites extremos fue porque, entre otros condicionamientos, los hogares campesinos se localizaban en el entorno inmediato de la red de parentesco, cuyo núcleo de articulación era el hogar paterno. Además, era un ámbito comunitario en el que primaban las relaciones de reciprocidad.

Las explotaciones minifundiarias se localizaban en las zonas rurales más pobladas que, a su vez, reunían dos características resaltantes. Una consistía en la proximidad a los principales núcleos urbanos de la época. En efecto, el 60% de este tipo de fincas y hogares campesinos se ubicaban en Caraguatay (actual departamento de Cordillera), Paraguarí, Quiindy (anexado posteriormente al anterior), Villeta (hoy departamento Central) y capital. La segunda característica se daba en la articulación geográfica de las áreas rurales a través del ferrocarril, una de las principales vías de comunicación y de transporte que existían en aquel entonces. Tal fue el rasgo distintivo de las comunidades de Villarrica (Guairá) y Caazapá, conectadas a Asunción y a Argentina a través de la vía férrea. Por cierto, las explotaciones campesinas menores de una hectárea en estos dos últimos departamentos representaban el 20%. En estos casos, parte de las alternativas de supervivencia de los campesinos minifundistas semiasalariados consistía en la inserción temporal en los mercados de trabajo rural y urbano del país, así como en las provincias fronterizas de Argentina. Un estudio realizado en 1975 recogió el testimonio de un campesino minifundista y asalariado temporal en dichas provincias, durante la primera mitad del siglo XX, y que ha sido similar a los de miles de otros campesinos paraguayos:

Actualmente [1975] tengo 69 años. Fui a la Argentina, por vez primera, en 1926, cuando era todavía niño, junto con mi padre y hermanos. En esa época ya iban algunos cosecheros desde esta zona [distrito de Acahay, departamento de Paraguarí]. Después de la Guerra del Chaco [1932-1935] volví a irme. También después de la revolución del 47, retomé el rumbo. Me iba en compañía de mi hermano, mi cuñado y luego mis hijos. Ahora ya soy viejo y hace varios años que no me voy. Pero, si consigo un poco de dinero, tal vez pueda viajar de nuevo para la cosecha del algodón. Iría por necesidad. Necesito manta. Con lo que se gana aquí no se puede comprar nada. Suelo trabajar en mi chacra y para otros vecinos.

A la altura de la tercera década del siglo XX, emergieron en la estructura agraria paraguaya los primeros representantes de la producción capitalista. En algunas regiones, como Itapúa, se difundió un estrato de empresas agrícolas familiares (farmer) gestionadas, en su gran mayoría, por colonos extranjeros, que arribaron al país en las primeras décadas del siglo. En efecto, según los datos del censo agrícola de 1942-1944, en ese departamento, las explotaciones agrícolas correspondientes al estrato de 20 a 49,9 hectáreas representaban el 16% del total, rango que llegó a ser bastante más elevado que los registrados en las otras regiones. El Chaco Central fue otra de las áreas donde se asentaron los farmer. En ese escenario regional se localizaron los agricultores inmigrantes menonitas, que empezaban a operar en explotaciones familiares modernas de mayor envergadura que las de los inmigrantes de la Región oriental. En ese sentido, cabe consignar que, de acuerdo con dicho censo, en la zona chaqueña las unidades productivas de 50 a 99,9 hectáreas comprendían el 13%, proporción considerablemente más elevada que el 1% registrado a nivel nacional.

De las formulaciones precedentes se constata que al final de los años 30 y a principios de los 40 emergieron los primeros segmentos de la agricultura moderna capitalista, promovidos por los colonos procedentes del extranjero. El modelo adoptado fue el de las explotaciones familiares tipo farmer, que introdujeron innovaciones tecnológicas importantes, entre ellas el uso del tractor. Las primeras importaciones tuvieron lugar entre 1945 y 1953, con un total de 513 tractores.

El predominio del latifundio, proveniente de las etapas anteriores, continuó en este periodo, como se constata en los datos del censo agrícola de 1942-1944. En el inicio de la década de 1940 existían «catorce propietarios [que] poseían en la Región oriental 7.000.000 de hectáreas, y once, en el Chaco, 5.000.000; donde no se levanta un rancho por prohibición de sus dueños». En la mayoría de las regiones primaba el latifundio ganadero, cuyas principales características eran las siguientes: a) explotación extensiva; b) ocupación de gran parte de las praderas de la Región oriental; c) un importante porcentaje de esas praderas eran necesarias para el desarrollo de la producción agrícola de la población concentrada en la zona central de la Región oriental (zonas de la capital, Villa Rica y pre-Misionera); d) la decadencia y la desaparición de los pequeños productores de ganado; e) las grandes praderas en el Chaco se mantenían como reservas, a bajo precio.

La cuestión agraria, en especial la vinculada con la tenencia de la tierra, adquirió una creciente complejidad en el transcurso de este periodo histórico. Los problemas por la posesión de la tierra no escaparon a las contradicciones en las que estuvieron sumidos los actores sociales y políticos más gravitantes.

Una vez que accedió al gobierno, la Revolución Febrerista (17 de febrero de 1936) promulgó el Decreto-Ley N.º 1.060 De Reforma Agraria. Sobre la base de esta disposición jurídico-normativa y junto con el importante apoyo de sectores populares campesinos, el gobierno febrerista llevó a cabo uno de los procesos más intensivos de redistribución de tierra agraria realizados durante el conjunto del periodo histórico estudiado. En el transcurso de un año, se llegaron a expropiar aproximadamente 85.000 hectáreas de tierra. La ejecución de este proceso de reforma afectó los intereses de latifundistas y de otros actores sociales y políticos dominantes, lo que provocó tanto la reacción de los latifundistas locales como de los agentes del capitalismo internacional.

Con la subida a la primera magistratura del general José Félix Estigarribia, en 1939, se dio una coyuntura histórica propicia para la puesta en vigencia de una nueva legislación agraria. El Estatuto Agrario de 1940, según Carlos Pastore, uno de sus autores,

… se proponía realizar la revolución agraria con la ley en la mano, para evitar la violencia y la anarquía. Por eso no correspondía darle filiación doctrinaria. Si la legislación que ordena dar tierra a los agricultores paraguayos es considerada socialista, que sea socialista; si se quiere que sea liberal, bien está que lo sea. Pero ningún principio o doctrina puede desviarnos del propósito de defender la vida del campesino, que produce la riqueza elaborada en el país y que, sin embargo, no tiene hogar ni tierra propia, ni goza de la seguridad social sancionada por la ley.

Consecuente con esta línea política ideológica señalada, las soluciones en los casos de los conflictos de tierras se concretaron no solo en el marco de las disposiciones legales vigentes, sino también en el ámbito de procesos políticos que no implicaron la ruptura con los intereses de la oligarquía terrateniente. En la práctica, en vez de recurrir a la expropiación forzosa, las tierras en disputa ubicadas en la Región oriental, pertenecientes a terratenientes, fueron permutadas por tierras localizadas en el Chaco, varias veces superiores en tamaño y valor.

LA CUESTIÓN CAMPESINA EN LA MODERNIZACIÓN AGRARIA AUTORITARIA INCONCLUSA: 1954-1989

Durante la dictadura stronista (1954-1989), especialmente en el transcurso de las décadas del setenta y ochenta, tuvo lugar un proceso que cabe calificarlo de «modernización agraria autoritaria inconclusa». En esa época, se concretó una primera fase de modernización capitalista de la estructura agraria del país, teniendo como base los factores precedentes del periodo anterior. Resultó un proceso de transformación estructural que, además de los intereses económicos y políticos provenientes de los centros hegemónicos de poder mundial, fue impulsado por el régimen autoritario imperante. Aunque fue un proceso histórico que no terminó de afianzarse plenamente, sus consecuencias acabaron siendo sumamente impactantes, tanto en la diferenciación y la descomposición campesinas, como en la lucha por la tierra.

En el transcurso de esta etapa, se llevó a cabo la instalación de los numerosos núcleos llamados «de colonización» (nuevos asentamientos rurales), principalmente en los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú. Se calcula que, desde fines de los años cincuenta hasta la década del setenta, se incorporaron a estos núcleos 120.000 familias campesinas, procedentes de antiguas zonas o comunidades. Extensos latifundios inexplotados se destinaron a un proceso que se denominó de «apertura de la frontera agrícola», en el que las tierras distribuidas a los campesinos representaron una pequeña proporción, en comparación con las que le correspondieron a la empresa agrícola capitalista. El acceso de los pequeños agricultores se vio estimulado por el bajo valor de las tierras y por las movilizaciones que empezaron a encarar los grupos y las organizaciones campesinas en pos de la demanda por la tierra, entre ellas las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), uno de los movimientos sociales más vigorosos de la historia social paraguaya hasta el presente.

Aquella colonización se limitó a la distribución de la tierra y no vino acompañada por una política integral de desarrollo rural y de fortalecimiento de la agricultura familiar, por lo que muy pronto aparecieron signos de descomposición campesina. Según datos de los censos agropecuarios de 1981 y 1991, en los departamentos anteriormente mencionados, el número de las explotaciones menores de cinco hectáreas se duplicó, lo que evidenció que, en apenas dos décadas (y en muchos casos en menos tiempo), los lotes a los que inicialmente accedieron las familias campesinas (tierras de diez a veinte hectáreas) fueron subdivididos entre los miembros del grupo familiar o se vendieron, en partes, a terceros. La venta de las parcelas empezó en la medida en que el monocultivo del algodón, en vez de fortalecer, tornó más vulnerable la unidad productiva campesina, ante su endeudamiento no sostenible. Posteriormente, con el avance de la modernización y ante el incremento del precio de la tierra, los lotes campesinos fueron adquiridos por las empresas agrarias. En las regiones donde la modernización agraria se intensificó, como Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y parte de Caaguazú, se verificó un rápido proceso de exclusión campesina.

Por el contrario, la presión por la tierra fue mucho menor en las zonas y localidades donde el campesinado —desde la primera mitad del siglo XIX— venía combinando los trabajos dentro de sus predios con otras ocupaciones extraprediales, siendo estas últimas realizadas de forma creciente en los núcleos urbanos. El incremento de las explotaciones menores de cinco hectáreas en los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central, entre 1981 y 1991, fue menor al 20%. Por cierto, se sabe que las mencionadas estrategias fueron realizadas en el marco de la sobrevivencia, que implica igualmente un proceso de exclusión económica y social, aunque no necesariamente ha desembocado en situaciones de pobreza extrema —al menos de forma generalizada—, como ha ocurrido y está sucediendo en las regiones de fuerte impacto de la modernización capitalista agraria.

El proceso de modernización capitalista, concretado durante la dictadura stronista, generó fuertes impactos en el conjunto de la estructura agraria. Por un lado, en la fase final del stronismo, comenzó a percibirse la disminución de la importancia relativa de las explotaciones de 20 a 100 hectáreas, que, en gran medida, eran gestionadas a través de empresas familiares (explotaciones farmer) desde el periodo histórico anterior. Estas comenzaron a instalarse, precisamente, en las mencionadas regiones de modernización, por medio de agricultores extranjeros que arribaron al país en las primeras tres décadas del siglo XX. La crisis que experimentó la producción de algodon (incluso soja), al inicio de los ochenta, y el avance excluyente de la mediana y de la gran empresa agraria fueron los factores, entre otros, que debilitaron la sostenibilidad de esa modalidad productiva. Por su parte, la mediana y la gran empresa agraria se incrementaron fuertemente.

En los departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, los aumentos de dichas explotaciones superaron el 100%, y algunas de las grandes empresas pertenecían al capital extranjero. Igualmente, en los años ochenta, empezaron a expandirse innovadoras explotaciones ganaderas (manejadas a través de avanzada tecnología) no solo en las señaladas regiones de modernización agraria, sino también en otras áreas del territorio nacional, como Concepción, Misiones, Caazapá y Chaco. Estas explotaciones se consolidaron gracias a la creciente inserción de la carne vacuna nacional en determinados mercados extranjeros de la región y de otros continentes.

El periodo más represivo de la dictadura tuvo lugar en el transcurso de los años setenta. En aquel entonces se concretó un fuerte crecimiento económico, impulsado por la dinamización del sector de la construcción, destacándose, entre otras obras, la represa de Itaipú. A su vez, en esa época imperaban, en la mayoría de los países de América Latina, regímenes militares autoritarios que, al igual que el régimen stronista, apelaron a la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) para reprimir a las organizaciones y los movimientos sociales y políticos que cuestionaban el orden por ellos impuesto.

Hacia mediados de los años ochenta resurgió la lucha por la tierra. Si bien determinados grupos campesinos fueron desalojados por la fuerza de las ocupaciones de los latifundios, la dictadura no pudo impedir la reaparición de las organizaciones reivindicativas y del movimiento campesino. A la crisis de la economía se sumaron el inicio de la transición democrática en los países vecinos (Argentina, Brasil y Uruguay) y el deterioro de la legitimidad del régimen stronista, manifestado en la cada vez más notoria división interna del Partido Colorado. Teniendo en cuenta esta coyuntura sociopolítica y la aceleración del proceso de exclusión campesina, no fue casual que la lucha por la tierra se intensificara. En efecto, durante 1988, se registraron 23 conflictos por la tierra, especialmente en las regiones donde la modernización de la producción agraria tenía mayor difusión.

MODERNIZACIÓN AGRARIA INTENSIVA EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

Durante los años noventa y en el transcurso de la primera década del siglo XXI, el proceso de modernización agraria se ha intensificado y sus impactos sobre el conjunto de la economía campesina han sido y son más notorios.

Según los censos agropecuarios de 1991 y 2008, las explotaciones menores de cinco hectáreas mantuvieron, prácticamente, su peso relativo: 40% y 43%, respectivamente. Por lo tanto, el peldaño más bajo del minifundio campesino continuó siendo el estrato más numeroso del conjunto de las unidades productivas agrarias. El promedio de dos hectáreas de tierra de las que disponían casi 120.000 familias evidenció que la economía campesina había llegado a un límite mínimo de su base productiva, y que el sustento familiar dependía cada vez más de los trabajos extraprediales de sus miembros. En esas condiciones, la opción de la migración se incrementó notablemente, en comparación con la tendencia observada durante la dictadura. En nuestro país, la urbanización es un proceso de transformación estructural que comenzó a acelerarse a finales de 1990. El crecimiento experimentado por las poblaciones de los centros urbanos del interior del país se debió (y se debe), en gran medida, a la migración de corta distancia por parte de estos campesinos desarraigados.

En los últimos años, el proceso de descomposición está afectando al conjunto de los estratos productivos campesinos. En ese sentido, resulta pertinente destacar que, al comparar los datos de los dos últimos censos agropecuarios (1991 y 2008), no solo se incrementó el peso de las explotaciones campesinas muy pequeñas, como se ha visto, sino que igualmente los valores correspondientes a las explotaciones de más envergadura, correlativamente, han decrecido. Por consiguiente, dicho proceso está afectando, además de a los campesinos sin tierra y a los minifundistas semiasalariados, a los cultivadores autosuficientes, que generalmente suelen ubicarse en el estrato de diez a veinte hectáreas. El principal factor condicionante de esta descomposición campesina inclusiva es la intensificación de la modernización, mediante la excluyente difusión de la empresa capitalista agropecuaria, en un contexto en el que la globalización tiende a acentuar sus impactos. Una de las manifestaciones de este último fenómeno viene dada por el hecho de que los miembros jóvenes de las familias de este estrato campesino medio se están sumando a los contingentes que se marchan al extranjero, especialmente a España. Según un estudio realizado en el 2006, aproximadamente el 30% de los ingresos extraprediales de las familias del mencionado estrato provenían de las remesas exteriores.

En la actualidad, tienden a predominar dos grandes escenarios rurales, en los que las estrategias de vida de los grupos campesinos adquieren determinadas singularidades.

Uno de ellos es el conformado por las zonas rurales de más antigua constitución histórica, los departamentos Central, Cordillera y Paraguarí, y cuyo gran epicentro económico, social y político es el área metropolitana de Asunción. De hecho, es un escenario al que cabe denominarlo de «nueva ruralidad», apelando a una categoría conceptual de reciente utilización. En lo económico, la agricultura campesina ya no es la principal fuente de producción e ingreso. En no pocos casos se combina con la producción artesanal o microindustrial. En otros, los miembros más jóvenes de las familias se insertan en las explotaciones familiares, cuando son operadas a través de márgenes de productividad relativamente competitivos, como acontece con los horticultores y los fruticultores. En lo social, las comunidades rurales consiguen mantener relaciones de confianza y reciprocidad. Y en lo cultural, la fuerte articulación entre el campo y la ciudad se traduce en el uso intensivo de los medios masivos de comunicación e información. La pobreza campesina crítica existe, pero no tiene la incidencia que se verifica en otras regiones del país.

El otro escenario es el que se caracteriza por el creciente impacto que la modernización agraria empresarial está teniendo sobre el proceso de descomposición campesina, cuyas principales tendencias ya fueron expuestas previamente. La modernización agraria empezó a consolidarse en el este de la Región oriental y desde allí se expandió, en las últimas décadas, hacia el centro de dicha región, de norte a sur. Sin penetrar en el escenario de la nueva ruralidad, la modernización agraria también se está afianzando en el Chaco central. Asimismo, cabe puntualizar que la exclusión y la expulsión campesinas no han tenido una vigencia uniforme en todas las zonas rurales. En aquellas áreas en las que tanto las familias como las comunidades campesinas se han visto sometidas a procesos intensivos de vulnerabilidad, ante el fuerte debilitamiento de sus capitales sociales, el proceso de empobrecimiento y de exclusión ha sido más crítico. Esta situación es la que, por ejemplo, está teniendo lugar en el departamento de Caaguazú. Según los datos de una encuesta hecha en 2006 a explotaciones de hasta 50 hectáreas de tierra, en Caaguazú, la situación de pobreza alcanzaba al 72% de las familias y la pobreza extrema, al 53%. Por el contrario, en otros departamentos, la exclusión campesina es menos impactante, como en Concepción, donde, según la misma fuente informativa, la pobreza total afectaba al 57% de las familias y la extrema, al 30%. La pervivencia de relaciones propias del capital social comunitario y la mayor inserción de los campesinos en organizaciones de productores serían los factores, entre otros, que explicarían la menor incidencia de la pobreza en Concepción.

En esta fase más reciente y actual se constata la tendencia, ya iniciada en la etapa anterior, a la fuerte difusión y afianzamiento de la empresa agropecuaria capitalista en la mayoría de las regiones rurales del país.

Por el contrario, entre 1990 y la actual década, las empresas agrícolas familiares, farmer, perdieron su importancia relativa. En efecto, las explotaciones de 20 a 49,9 hectáreas, que representaban el 10% en el año 1991 (sobre la cantidad total de unidades productivas), descendieron al 8% en 2008. Igual tendencia experimentaron las explotaciones de 50 a 99,9 hectáreas, pasando del 2,5% en 1991 al 2,1% en 2008. Contrariamente también, el peso relativo de las medianas empresas agrarias aumentó, tal como lo evidencian las informaciones de las explotaciones de 100 a 499,9 hectáreas: 2,5% en 1991 y 3,8% en 2008. Dicho fenómeno, igualmente, involucró a las grandes empresas, que operan con 500 y más hectáreas de tierra, ya que pasaron del 1,6% en 1991 al 2,7% en 2008.

Estas tendencias tienen fuertes impactos en la estructura y en el proceso agrario del país. En un contexto histórico marcado por la intensificación del proceso de globalización, la articulación de los mercados nacionales con los centros hegemónicos mundiales exige que las modalidades productivas agropecuarias reúnan las capacidades de competitividad que poseen, precisamente, la mediana y la gran empresas capitalistas; capacidades de que limitadamente disponen las explotaciones farmer y de las que, prácticamente, carecen las unidades productivas campesinas. Si la soja y la carne vacuna nacionales tienen, en la actualidad, una importante inserción en los grandes mercados mundiales, se debe, en gran medida, a la vigencia de dichas modalidades productivas.

La agudización y la mayor difusión de la exclusión campesina han intensificado la migración del campo a la ciudad, no solo en el interior del país, sino también la que se dirige a los países extranjeros. Sin embargo, esta migración no ha impedido que numerosos grupos campesinos continúen apelando a la histórica opción de encarar la lucha por el acceso a la tierra; lucha que presenta nuevos rasgos, provenientes del contexto social y político que supone el proceso de democratización, tras la caída de la dictadura stronista en 1989.

El mismo día en que se inició el cambio del régimen político, grupos de campesinos sin tierra organizados ocuparon latifundios en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. Desde entonces y hasta el año 1999, sobre todo en esos y en otros departamentos donde la modernización agraria capitalista se intensificó, la lucha por la tierra se difundió. En efecto, a lo largo de ese periodo se sucedieron, aproximadamente, 434 conflictos por la tierra. Con la democracia surgieron las condiciones propicias para la creación y el rápido fortalecimiento de organizaciones campesinas, que fueron las que impulsaron, en mayor o menor medida, la mencionada lucha. Si bien algunas ya se habían constituido en los últimos años de la dictadura, como el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), liderado por ex liguistas agrarios, la mayoría de ellas se formaron en los momentos iniciales de la transición política, como, por ejemplo, la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización Nacional Campesina (ONAC), también impulsada por ex liguistas; la Unión Nacional Campesina (UNC) y la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). Algunas de ellas, se debilitaron y dejaron de accionar, como el MCP y la UNC, fenómeno que no impidió el surgimiento de nuevas organizaciones, como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), integrada por entidades regionales y grupos que pertenecieron a las organizaciones que dejaron de participar en los escenarios social y político.

En el transcurso de estos primeros años del siglo XXI, la lucha campesina por la tierra continúa siendo uno de los principales ejes de conflicto de la sociedad paraguaya. Por ejemplo, entre los años 2000 y 2007, tuvieron lugar 403 conflictos de tierra. La agudización de la exclusión campesina, generada por el avance cada más firme de la modernización agraria capitalista, y la vigencia de una democracia más bien política, centrada en los actos eleccionarios y sin asumir la solución de los problemas generados por la desigualdad social, han sido y son los factores que, en la actualidad, continúan recreando los condicionamientos propicios para la persistencia de esta lucha social.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Para un contexto general sobre nuestro tema podemos remitirnos a la clásica obra de Carlos Pastore, La lucha por la tierra en el Paraguay (Montevideo, Ed. Antequera, 1972); el texto de Daniel Campos, La lucha por la tierra y políticas públicas: un intento de periodización histórica (Asunción, Pasado y Presente de la Realidad Social Paraguaya, CPES, 1995); y el de Quintín Riquelme, Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino (Buenos Aires, CLACSO, 2003). Hemos trabajado también el tema en nuestras obras La sociedad dislocada (Asunción, CPES, 2002) y La hegemonía de un Estado débil (Asunción, CPES, 2009).

Para el primer periodo republicano hasta la guerra son importantes los trabajos: de Juan Carlos Herken Krauer, «Proceso económico en el Paraguay de Carlos Antonio López: la visión del cónsul británico Henderson (1851-1860)» (Pasado y Presente de la Realidad Social Paraguaya, Asunción, CPES, 1995); de Richard Alan White, La Primera Revolución Radical de América (1811-1840) (Asunción, Ed. La República, 1984); y el de John Hoyt Williams, The Rise and Fall of the Paraguayan Republic (University of Texas, ILAS, 1979). Entre las fuentes para este periodo podemos acudir a Franciso Wisner, El Dictador del Paraguay: José Gaspar de Francia (Buenos Aires, Ed. Ayacucho, 1957).

Para la etapa posterior a la guerra, una primera aproximación es el texto de Moisés Bertoni, «Cuarta Conferencia del Instituto Paraguayo» (Revista del Instituto Paraguayo, n. 11, 1898). Hemos utilizado mi trabajo «Dos alternativas históricas del campesinado paraguayo: migración y colonización» (Revista Paraguaya de Sociología, n. 41, 1978); y los de Ramón Fogel, «Colonización y Estructura Agraria» en Estado, campesinos y modernización agrícola (Asunción, CPES, 1982) y Utilización de datos secundarios en investigación social (Asunción, CPES, 1976).

También se consultó la obra elaborada por el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS). Análisis de aspectos socioeconómicos, ambientales e institucionales en cinco departamentos (Asunción, 2006); y sobre las Ligas Agrarias hemos utilizado la obra de Ignacio Telesca, Ligas Agrarias Cristianas, 1960-1980 (Asunción, CEPAG, 2004).

A nivel estadístico, se ha hecho uso de los materiales elaborados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Censo Agropecuario 1991 (Asunción, 1994) y el Censo Agropecuario 2008 (Asunción, 2009). También es una fuente de consulta permanente el Informativo Campesino, editado por el Centro de Documentación y Estudios (CDE).

CAPÍTULO XVI

CONSIDERACIONES SOBRE EL ARTE DESDE LA
GUERRA CONTRA LA TRIPLE ALIANZA

Ticio Escobar

Sin pretensiones de dar cuenta cabal de un siglo demasiado complejo como el XX, este capítulo propone un breve recorrido acerca de lo ocurrido en él en el ámbito de las artes visuales en el Paraguay. El eje central en torno al cual se definen estas líneas está constituido por el itinerario de la modernidad, que ocupó casi todo el siglo pasado. Entre otros problemas, la modernidad plantea uno inevitable: las disputas, asimetrías y «destiempos» ocurridos entre el arte hegemónico, a cargo de las metrópolis centrales, y el producido por las periferias y condicionado por los modelos metropolitanos. Estas tensiones originan desplazamientos, reacomodos y reformulaciones que, en muchos casos, dan como resultado productos nuevos, marcados siempre por sus orígenes diversos y por el esfuerzo que exige la conversión intercultural.

En verdad, toda la modernidad del arte latinoamericano podría estudiarse a partir de la oposición entre los intentos de preservar lo propio y los de imponer lo ajeno. Pero también podría ser analizada a través de la nueva producción que surge en la brecha abierta por ese conflicto. El gran programa moderno sufre alteraciones importantes al recaer sobre historias paralelas y ser asumido por otros sujetos ubicados más allá de las zonas centrales. Pero estas mismas alteraciones y desplazamientos, que terminan traicionando el modelo metropolitano, abren un camino a la diferencia y terminan avalando la posibilidad de hablar de otras formas de arte vinculadas con la memoria propia, y abiertas a proyectos diversos.

A lo largo de estas páginas únicamente nos ocuparemos del arte de filiación moderno-ilustrada, no porque las manifestaciones de arte indígena y popular carezcan de importancia, sino porque sus imágenes tenaces se resisten a ser registradas en la historia tradicional del arte: requieren otros abordajes.

LOS ANTECEDENTES

Aunque produjo un desgarramiento profundo en la continuidad de la cultura paraguaya, la Guerra contra la Triple Alianza generó sus propias expresiones artísticas. Las xilografías, realizadas por soldados combatientes, que ilustraron los periódicos surgidos durante la contienda, especialmente Cabichuí y El Centinela, devienen en una de las expresiones más interesantes del grabado popular latinoamericano de su época. El grabado guerrero se alimentó de diversos componentes: el humor criollo-guaraní, la sensibilidad rural y su percepción del espacio y la figura, las formas europeas (románticas y neoclásicas) de segunda mano y las abstractas proclamas del mariscal López. Pero, impulsadas por la premura de sus circunstancias, estas xilografías potentes, urgentes, lograron reformular aquellos elementos dispares en imágenes nuevas, aptas para expresar tanto la tragedia de la guerra como momentos de la historia y el deseo colectivo que trasciende la inmediatez del horror cotidiano.

Después vino el silencio. Solo lograron sobrevivir manifestaciones del arte indígena, cauteladas por su propia distancia, así como formas del arte popular, generalmente a cargo de mujeres, como la cerámica y los tejidos.

LA PARTIDA HACIA LA MODERNIDAD

Una vez concluida la contienda contra la Triple Alianza, el Paraguay se dispuso a recuperar el curso de su quebrantada historia desde el fondo de la más radical dependencia. Hasta las primeras décadas del siglo XX, la cultura visual paraguaya pasó a depender de la hegemonía del arte italiano y, más tarde, del francés, pero no lo realizó directamente, sino a través de la subhegemonía rioplatense. Poco después de terminada la guerra, se instalaron en Asunción profesores italianos, como Héctor Da Ponte, y en 1906 partieron para formarse en Europa los primeros estudiantes de artes plásticas. Los becarios, entre otros, Juan Samudio, Pablo Alborno, Carlos Colombo y Modesto Delgado Rodas, marcharon a Italia, no porque este país interesara demasiado al Paraguay, sino porque significaba bastante para la Argentina, cuyos modelos estéticos de comienzos de siglo provenían de las viejas academias italianas.

Aunque las influencias francesas llegaron, en primer lugar, a través de los contactos de Samudio con la pintura impresionista, no provinieron directamente de Europa, sino a partir del viaje del joven artista a Buenos Aires con motivo de la Gran Exposición del Centenario (1910), que reunía a una cantidad considerable de artistas franceses abiertos a las primeras tendencias modernas. Años más tarde, en 1916, Andrés Campos Cervera (conocido como Julián de la Herrería) trajo directamente de París una obra audaz, que remató el ciclo impresionista y anticipó planteamientos posimpresionistas. Esta pintura inquietó a los artistas locales, sobre todo a Samudio y Delgado Rodas, pero lo hizo aún sin mayores consecuencias. Aunque estremecido por las influencias citadas, el esquema de la pintura paraguaya siguió respondiendo a paradigmas académicos de representación.

Sin embargo, si consideramos esta posición desde las peculiaridades del lento proceso de gestación de la modernidad paraguaya, es indudable que aquellos paradigmas comenzaron a ser cuestionados. Pero no a través de proclamas, sino mediante transgresiones mínimas de la perspectiva, desencuadres en el cubo escenográfico de la representación clásica, desconocimientos de los cánones cromáticos y técnicos de la figuración naturalista.

LA TRANSICIÓN: LOS PREMODERNOS

Comenzar a cuestionar la tradición académica de las Bellas Artes desde los tímidos recursos del impresionismo local llevó casi un cuarto de siglo. Pero ciertos acontecimientos sacudieron una historia que comenzó a acelerarse. La perturbación provocada en el imaginario colectivo por la Guerra del Chaco afloró fuerzas apenas ya contenidas. En lo político, descubrió una escena sacudida por una crisis de hegemonía que detonó, posteriormente, en la revolución de 1947 y que fue resuelta, con mucho costo, en 1954, cuando Stroessner inició su gobierno dictatorial. En el ámbito de las artes visuales, este momento se manifestó claramente en un cambio de sensibilidad que correspondió al momento posimpresionista, si tomamos como referencias el arte occidental y su lógica histórica. Esta etapa de transición cubrió aproximadamente el tiempo transcurrido entre dos fuertes hitos de la historia del Paraguay: el final de la Guerra del Chaco y los inicios de la dictadura de Stroessner.

Presionada, quizá, por los aires urgentes de la posguerra, la etapa resume apretadamente la escena posimpresionista anterior a los «ismos» europeos de comienzos del siglo XX. Una vez más, esta condensada compilación se realizó a través de la mediación de Buenos Aires; de hecho, equivalió a una reinterpretación diferida del posimpresionismo porteño anterior a la revolución del movimiento Martín Fierro, que en 1924 introdujo aquellos «ismos» en la capital argentina.

Estas mediaciones expresan, obviamente, los avatares ineludibles de la dependencia. Pero en nuestro caso, más que de dependencia cabe hablar de subdependencia. El Paraguay recibió los modelos europeos filtrados por las submetrópolis regionales: Buenos Aires, primero, y São Paulo, después, a través de cuyas intercesiones realizó, a su manera, el camino trazado por la modernidad occidental (europea, primero, y estadounidense, luego). Paradójicamente, el arte dependiente tuvo una posibilidad de producir signos propios. Las alteraciones que generaron las sucesivas copias, cuando lograron ser asumidas en el contexto de una historia particular, terminaron por tergiversar el modelo y fundar un nuevo espacio. Así, muchas obras destinadas a constituir copias de segunda mano de los prototipos metropolitanos, pudieron recuperar su originalidad en cuanto transgredieron los códigos centrales y se afirmaron como propuestas diferentes.

Dos fueron las principales características del incipiente proceso moderno paraguayo en el ámbito de las artes visuales. En primer lugar, la subdependencia no solo alteró el sentido de los signos hegemónicos, también desplazó sus efectos. Al pasar por las sucesivas instancias de intermediación, se alargó el tiempo que corre entre el ejemplar y su copia. Tal demora abrió la posibilidad de que los artistas periféricos asumieran las direcciones extranjeras según el ritmo de los tiempos locales. Eso ya había ocurrido desde los primeros tiempos: los antiguos guaraníes comenzaron imitando dócilmente las imágenes barrocas y terminaron reinterpretándolas en relación con sus mundos propios (el llamado barroco guaraní), y todo el arte popular nacido a lo largo del siglo XIX se afirmó a partir de modelos, en parte, importados de España. Ya vimos que, para expresar verdades nuevas, crecidas a medio camino entre el horror y el humor, los grabados guerreros del Cabichuí torcieron el rumbo de la caricatura finisecular europea o de aquellas formas románticas y neoclásicas, conocidas por reproducciones o enseñadas por el maestro italiano Alejandro Ravizza. La modernidad paraguaya se consolidó sobre la base de adulteraciones de las vanguardias europeas, en gran medida producidas por la acción de sensibilidades diferentes y, en parte, por los retrasos que promueve la dependencia. En uno y otro casos el resultado consistió en la creación de formas nuevas reacomodadas mediante registros estéticos y ritmos históricos peculiares.

La segunda característica de la bisoña modernidad paraguaya se basó en el hecho de que cada una de las sucesivas etapas marcadas por el programa moderno no estuvo, como en Europa u otros países latinoamericanos, a cargo de movimientos colectivos, sino de una persona. Durante las primeras décadas del siglo XX, un artista representó un momento de la gran secuencia moderna: Juan A. Samudio encarnó el momento impresionista, aunque enmarcado aún en códigos naturalistas.

Durante el periodo de la transición hacia la modernidad, volvió a repetirse este fenómeno por el que basta un nombre para representar una etapa entera. Fue un momento en el cual se enfrentaron las dos tendencias que conformarán la plataforma moderna: por un lado, el expresionismo, preocupado por la intensidad de los contenidos, y por otro, el formalismo de filiación cubista o, por lo menos, geometrizante, ocupado en la organización compositiva y formal de la obra. Cada una de estas posiciones fue asumida por un artista. En 1933, tras nueve años de ausencia, regresó Jaime Bestard, cuya pintura desarrolló formas compactas y una estructura esquematizada y firme. En 1936, Wolf Bandurek, pintor polaco que llegó a Asunción huyendo del nazismo, asumió el cometido de elaborar contenidos dramáticos ligados a la historia del Paraguay y nunca expresados en la plástica. Su figuración, melancólica pero efusiva, se encontró en el otro extremo de la limpieza constructiva de Bestard. Este litigio cerró el escueto momento posimpresionista paraguayo y abrió la siguiente etapa.

Las obras de Andrés Guevara y Ofelia Echagüe realizaron, mediante breves gestos, la síntesis entre ambos momentos: la solidez estructural (promovida por Bestard) y la intensidad expresiva y dramática (planteada por Bandurek). Es posible que ninguno de los primeros fuera influenciado por los segundos, pero cada quien cumplió individualmente las exigencias de una etapa, que en las metrópolis se encontraba a cargo de movimientos o tendencias colectivas. Las obras de Guevara y Echagüe apenas marcaron un trayecto, pero la fórmula a la que arribaron ambos —básicamente una extraña alianza entre versiones locales del cubismo y el expresionismo— constituyó la plataforma sobre la cual se afirmaría la incipiente modernidad de la plástica paraguaya.

TIEMPOS MODERNOS

Forzando un poco los hechos, podríamos afirmar que la madurez de la modernidad del arte paraguayo coincide, de manera bastante aproximada, con el tiempo de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Obviamente, no debería interpretarse esta coincidencia como si aquella fuera causada por esta —como si constituyera su expresión o su lado inverso—, pero es indudable que la dictadura marcó con fuerza el devenir entero del arte moderno paraguayo. Claro está que el arte tuvo que sortear represiones y censuras, inventar formas solapadas e intensificar sus metáforas para nombrar momentos oscuros, ya que no se podía hacer de frente. Pero los cortes históricos siempre son introducidos retrospectivamente y de manera bastante arbitraria: nunca un suceso tiene, por sí mismo, la fuerza como para desviar el curso del tiempo, sino que significa la eclosión (o la interpretación de una supuesta eclosión) como factor desencadenante de fuerzas que ya venían empujando aisladamente y sin mucha visibilidad y, sobre todo, sin autoconciencia de continuidad histórica, aunque la tuviera en secreto.

El Grupo Arte Nuevo nació en 1954. Estaba integrado por Josefina Plá, Olga Blinder, Lilí del Mónico y José Laterza. A este núcleo se unieron, de manera más o menos continua, otros artistas como Leonor Cecotto, Edith Jiménez y Hermann Guggiari. Por un lado, el grupo cumplía dos requisitos decisivos de las vanguardias modernas: plantear explícitamente la ruptura con el arte tradicional e integrar un colectivo respaldado por un manifiesto que, tras la signatura de Josefina Plá y João Rossi, asumió conscientemente su carácter moderno. Pero, por otro, el Grupo Arte Nuevo ignoró otras exigencias de la modernidad, como la actualidad y la sincronía con los tiempos oficiales del arte.

La primera de la serie de exposiciones que organizó el grupo se llamó «Primera Semana de Arte Moderno Paraguayo», en obvia alusión a la experiencia brasileña, aunque esta había tenido lugar nada menos que treinta y dos años antes. Así, la novel modernidad paraguaya realizó su vacilante proceso según los ritmos de su propia temporalidad, desdeñosa de la vigencia de su intento. El gran desafío moderno se movió en torno a la oposición entre la autonomía de la forma y la intensidad de la expresión. En el Paraguay, este problema, que ya había sido esbozado en las dos décadas anteriores, se planteó como negociación entre el rigor del lenguaje y la atención a los contenidos de una historia cada vez más agitada, o cada vez más percibida en tal carácter. Ya en 1952, en el catálogo de la primera exposición de Olga Blinder, Josefina Plá detectó con lucidez la cuestión: «Unifica a los artistas… su ansiedad sincera por renovar, paralelamente con la forma, el contenido de la pintura paraguaya».

Básicamente, la propuesta artenovista se mostró, por un lado, preocupada por la organización constructiva y las soluciones geometrizantes; y, por otro, abierta a los excesos expresionistas y las cuestiones sociales. El resultado fue una suerte de expresionismo «cubistizado», a caballo entre el rigor compositivo y la manifestación de contenidos que empujaban desde más allá del círculo autónomo de la forma. Esta complicada síntesis tradujo la necesidad local de afirmar un ámbito propiamente estético o visual sin sacrificar la inscripción de situaciones existenciales y perturbaciones históricas que inquietaban de manera especial a los artistas que carecían, hasta entonces, de canales de expresión.

Resulta obvio que en el acuerdo entre la eficacia de la forma y la verdad de los contenidos entraron diversos ingredientes estilísticos. Aparte del cubismo y del expresionismo, muchos empujes regionales e internacionales de las primeras vanguardias internacionales aportaron lo suyo: el muralismo mexicano, el indigenismo, los fauvistas, los naïfs y el art decó colaboraron con un proceso que buscó tanto apuntalar su arquitectura como soltar sus fantasmas y nombrar las oscuridades de su tiempo.

Paralelamente al expresionismo (que marcó todo el devenir de la modernidad paraguaya) cabe mencionar el cubismo como el movimiento encargado de estabilizar las formas del arte paraguayo. En verdad, tal como sucedió con el surrealismo, el cubismo asumió una función totalmente diferente a la que cumplía en Europa: no debía desarmar una representación académica bien consolidada ni buscaba desmantelar la lógica del espacio naturalista (ni aquella representación ni esta lógica habían logrado moldear la plástica paraguaya), sino delimitar mejor el área del espacio visual y apuntalar sus formas.

En rigor, este trabajo ya había comenzado antes y no significó, por cierto, una ruptura fundacional. La diferencia en relación con la historia anterior es que el Grupo Arte Nuevo se presentó con una intención disruptiva y disputó la escena de la representación a la planteada en clave académica, aunque, de hecho, esta ya venía siendo cuestionada en silencio durante décadas. Samudio dio un primer paso incorporando códigos impresionistas; Julián de la Herrería aportó principios posimpresionistas; Bestard y Bandurek reivindicaron la autonomía estética de lo formal y de lo expresivo; Ofelia Echagüe propuso una tregua entre ambos términos de una oposición planteada de manera demasiado binaria. Pero ninguno de ellos reivindicó la innovación (opuesta a la tradición) como valor de su obra. De modo que la preocupación por lo nuevo, tan enfáticamente marcada por los primeros «modernos», constituyó un movimiento casi tautológico: era la misma preocupación, o la conciencia del problema, lo que marcaba una posición «moderna». Lo mismo habría de ocurrir después con Los Novísimos.

El otro factor que demarcó esta etapa de la anterior fue el hecho de que en esta los grupos asumían una cierta dirección colectiva. Este fenómeno no cuajó mucho en el resto de la historia: salvo el caso de Los Novísimos, ninguna tendencia o movimiento alcanzó a formular programáticamente una identidad de conjunto deslindada de las demás y definida en torno a un manifiesto. Muchos grupos, cuya presencia marcó el proceso que estamos siguiendo, tuvieron una actuación fugaz en cuanto tendencia o movimiento, y solo pueden ser comprendidos de manera conjunta desde interpretaciones posteriores.

La llegada de Livio Abramo, en 1956, refrendó con claridad este momento. El maestro brasileño trajo su propio trabajo de síntesis entre lo formal y lo expresivo, pero fue en el Paraguay donde llegó a consumarlo a través de sus xilografías, que dejaron una fuerte impronta en el medio local, a través del Taller de Grabado Julián de la Herrería, donde se formó la mayor parte de la siguiente generación de grabadores.

TIEMPOS MODERNÍSIMOS

Es difícil sustraerse a la tentación de señalar la década de 1960 como una etapa específica del proceso que estamos bosquejando. Pero tampoco parece necesario evitar esta acotación: queda claro que las secciones que traza la historia resultan cortes simplificados y provisionales, intentos de esquematizar un flujo que rebasa todas las categorías. Tras esta salvedad, esta década se puede tomar como un particular momento de inflexión en aquel proceso. El afianzamiento de la hegemonía estadounidense desplazó la europea y diseminó por toda Latinoamérica la pulsión por el cosmopolitismo internacional: estar al día, aggiornarse, se volvió un imperativo de valor universal.

Tal desplazamiento del canon metropolitano coincidió en nuestro país con el afianzamiento de las influencias brasileñas. Sin embargo, Buenos Aires siguió constituyendo una referencia fuerte, constatable, sobre todo por la ascendencia de la neofiguración porteña y el prestigio del Instituto Di Tella, que indicaba rumbos claros al experimentalismo que agitó la escena paraguaya a fines de los años sesenta. Pero esta década comenzó con otro momento, iniciado estrictamente sobre el filo de los años cincuenta, con la abstracción de Carlos Colombino y, aun de manera más radical, con la de Edith Jiménez. Esta abstracción, impulsada por la sucesiva depuración de la imagen figurativa, significó otro paso en la purga de la representación (la autonomía de la estética), que precisó afirmar un terreno propio desvinculado de referencias naturalistas.

A los citados artistas se sumaron, entre otros, Lotte Schulz, Laura Márquez y Michael Burt, cuyas obras se desenvolvieron a partir del enmascaramiento progresivo de toda figuración, latente siempre en el fondo de las formas geométricas u orgánicas que definían la tendencia abstracta. Esta misma culminó en el «informalismo matérico», depurado de toda memoria representativa, de Fernando Grillón, Alberto Miltos y Ricardo Yustman; y, posteriormente, en la imagen óptico-generativa de Enrique Careaga.

Pero fue la irrupción de Los Novísimos lo que definió mejor el espíritu de los sesenta. Y lo hizo más por su posición discursiva que por su producción artística. El grupo, conformado por José Antonio Pratt, Enrique Careaga, William Riquelme y Ángel Yegros, irrumpió con una conciencia clara de vanguardia: se propuso constituir una alternativa creadora basada en la ruptura generacional, la apertura internacional y la innovación radical de medios expresivos. En realidad, los lenguajes que emplearon Los Novísimos —básicamente la abstracción informalista y la neofiguración— constituyeron readaptaciones tardías de tendencias metropolitanas ya presentes, de manera dispersa, en el medio. Su programa de ruptura, entonces, debe buscarse en su combativa defensa de la actualidad del arte o, mejor aún, en la puesta en debate de esa posición.

A lo largo de la década, esta postura generó una interesante discusión entre el valor de lo propio y de lo ajeno, entre la importancia del ajuste al horario internacional del arte, por un lado; y la búsqueda de señales vinculadas con la experiencia histórica del país y la región, por el otro. Así, en implícita respuesta a esta posición, se consolidó la obra de artistas que venían trabajando desde la década anterior: Edith Jiménez (xilografía), Olga Blinder (pintura y grabado), Carlos Colombino (xilopintura) y Hermann Guggiari y Laterza Parodi (escultura).

La discusión reapareció en distintos momentos de la década de los sesenta. En efecto, disuelto el grupo de Los Novísimos, algunos de sus miembros pasaron a integrar las filas de los «experimentalistas», denominación que, a título de mera referencia, designó las búsquedas de Ricardo Migliorisi y Bernardo Krasniansky. Ambos artistas comenzaron a desarrollar una obra deliberadamente osada y agresiva que apelaba a nuevas modalidades de representación: happenings, environments, performances, audiovisuales y propuestas objetuales que, muchas veces, recurrieron a la provocación y al escándalo, y siempre a la perturbación de la sensibilidad para desafiar un concepto demasiado satisfecho de la experiencia estética. Los experimentalistas volvieron a provocar discusiones interesantes con referentes de posturas que cuestionaron el puro impacto y la superficialidad de sus recursos (Colombino, Blinder). Esos debates fueron importantes porque marcaron el devenir de un proceso con tensiones fértiles que impidieron posiciones fijas y abrieron el camino a la diversidad de los medios expresivos. En términos de historia del arte, importan más esas tensiones que las rápidas propuestas de quienes las provocaban. Y eso porque los conflictos en controversia no se debieron a meras circunstancias o a posiciones personales, sino que revelaron uno de los problemas básicos del momento: el que opone lo particular y lo internacional, el que enfrenta el arte a la pregunta: ¿Cómo asumir la contemporaneidad sin tirar por la borda la experiencia de una historia propia? Años después, esta pregunta reaparecería bajo otros términos: ¿Cómo ser fiel a lo local sin evitar lo global?

Por otra parte, el tema del compromiso con el medio remitió a una cuestión más espinosa: una de las grandes proclamas de la modernidad se vincula con su vocación emancipadora y su perspectiva utópica. El arte paraguayo creció en tiempos de la dictadura y exigía una posición ante ella. Algunos artistas, como Olga Blinder y Carlos Colombino, se expusieron al denunciar directamente la represión y la tortura; otros recurrieron a rodeos metafóricos para nombrar los atropellos del autoritarismo militar. Estas «figuras oblicuas» ayudaron no solo a insinuar posiciones críticas, sino también a forzar el lenguaje para acoger sugerencias intensas y alusiones que terminaron enriqueciendo su potencial retórico. Tanto las denuncias directas como los rodeos poéticos contribuyeron a cuestionar, desde los terrenos de la representación, la verticalidad y los dogmas del sistema, y ayudaron a entrever los conflictos encubiertos por los mitos de la dictadura.

La década de los años sesenta terminó, imprevisiblemente, en un animado acto de cierre: casi todos los artistas que trabajaban entonces (nombrados o no en este breve recuento) sellaron un implícito encuentro, una tregua, en un conciso pero intenso tiempo de experimentación, que dio por concluida esta etapa con cierto aire de espectacularidad liviana.

REFLEXIONES SOBRE EL ARTE EN LOS AÑOS SETENTA

Pero esa apresurada puesta en escena local del repertorio más atrevido del arte actual terminó pronto. La década de los años setenta comenzó con un tono grave, quizás más conservador. Por una parte, tuvo lugar un momento de ajuste de elementos que, por haber ocurrido demasiado precipitadamente, no hubo tiempo de consolidar sus formas ni de dejar tradición alguna. Por otra, ese momento coincidió con un proceso de crecimiento económico que actuó como un factor de doble signo: alentó el desarrollo de una imagen concesiva, adecuada a los requerimientos del mercado, y facilitó la profesionalización de los artistas. Además, posibilitó la especialización técnica e impulsó discretos mecenazgos estatales o empresariales. Estos condicionamientos también otorgaron un respiro adecuado para un debate más sereno sobre el estado de las artes visuales. Por último, hay que considerar la importancia de las tendencias analíticas del llamado «arte conceptual», que acercaron influencias al medio local y centraron la discusión en la propuesta de las obras: en estas, la pura idea comenzó a disputar importancia a su misma ejecución.

Pero, en verdad, la década se había iniciado con la contracara del sentido analítico que luego habría de marcar su curso. Por un lado, casi al margen del programa moderno, algunos artistas como Ignacio Núñez Soler, Pedro Di Lascio, Jacinto Rivero y Leonor Cecotto trabajaron, de manera obstinada, una imagen tributaria de la memoria local, a través de recursos propios forzadamente vinculados con el arte naïf. Por otro lado, artistas como Ricardo Migliorisi, Lucio Aquino, Susana Romero, Fernando Grillón y Mabel Arcondo desarrollaron (y algunos de ellos continúan haciéndolo) una figuración fantástica, cuando no alucinante, basada en el absurdo; y en el caso de Migliorisi, en el erotismo. Por último, los dibujos de Jenaro Pindú, Ricardo Yustman, Selmo Martínez, Luis Alberto Boh y, más tarde, Miguel Heyn comenzaron, de manera casi súbita, a explorar situaciones de una profunda desazón, basada en la amenaza de lo extraño-monstruoso: las señales de un tiempo oscuro que planeaba bajo la forma de una inminencia inquietante. El hecho mismo de que esta tendencia constituyera el lado inverso de la especulación analítica, que vendría enseguida, anunció un vínculo entre ambas: los delirios del dibujo fantástico constituyeron el sustrato sombrío sobre el que la reflexión del lenguaje se desarrolló y hacia la cual mantuvo una apertura.

En efecto, las posiciones analíticas se centraron en el lenguaje mismo de las obras y recalcaron la idea secreta, la propuesta conceptual que las puso en movimiento. Pero esta tendencia especulativa, casi teorizante —amenazada siempre por el mero ingenio que, desde el pensamiento, impulsa el juego de la imaginación—, se mostró, al mismo tiempo, preocupada por levantar pronunciamientos acerca de las adversidades de la situación histórica, especialmente la marcada por la dictadura. Tanto, que la atención concedida a los contenidos históricos casi terminó por desplazar el puro examen del lenguaje y sus dispositivos de significación.

Las tendencias analíticas, conocidas como «re-figurativas», integraron, o por lo menos hicieron coincidir, a artistas como Carlos Colombino, Osvaldo Salerno, Bernardo Krasniansky y Luis Alberto Boh. En torno a este núcleo, no asumido como tal, se acercaron, a veces brevemente, otros artistas como Ricardo Migliorisi, Susana Romero, Olga Blinder y Mabel Valdovinos, que venían trabajando un dibujo severo, basado en la abstracción óptico-generativa.

Si consideramos el trasfondo de la re-figuración, advertiremos que tras ella se encontraba latente el problema de sintetizar los aspectos gramaticales y lingüísticos de la obra, considerada de manera autónoma, y la presión de los contenidos históricos que empujaban desde fuera del círculo de la representación. Este círculo comenzó a ser desmontado en el momento posterior, pero ahora se presentaba como lugar de oposición entre el mundo de los signos y el de la realidad, como espacio donde se jugaba el conflicto de la representación.

Ubicado en este proceso, la re-figuración significó una posibilidad de sortear una dirección demasiado panfletaria de la contestación política. Asimismo, permitió esquivar los riesgos de un formalismo conceptualista obsesionado por la autonomía del lenguaje. En cierto sentido, esta imagen, simultáneamente reflexiva y dramática, puede ser considerada como una de las respuestas a los conflictos que asediaron el desarrollo de la modernidad paraguaya. Concilió la pureza de la forma y la verdad de los contenidos, pero también medió entre el peso de la tradición local y la apertura a los movimientos internacionales. Forzando un poco la lectura, puede ser leída como uno de los cierres de la modernidad paraguaya. Un cierre provisional, claro, pues la historia no admite suponer modelos consumados, y menos aún en el plano del arte, cuyo movimiento continuo y sus paradojas constantes impiden concebir una clausura definitiva y concluyente.

MÁS ALLÁ DE LA MODERNIDAD

Con la caída de la dictadura, en 1989, se produjeron en el ámbito de las artes visuales una «bajada» de la tensión creativa y la pérdida de empujes y entusiasmos. Este «aflojamiento» pudo haber tenido varias causas. Por una parte, el desconcierto que provocó la derrota del enemigo común (la dictadura), que había constituido un frente ante el cual se afirmaban cierto sentido de colectividad y coincidencia contestataria. Por otra, la aparente culminación de la experiencia moderna no dejó lugar para objetivos muy claros: ¿Cuáles serían los nuevos pasos a seguir una vez concluido un ciclo demasiado largo? Por último, cabe considerar el «neutral» horizonte posmoderno, que expresó los tibios tiempos de la globalización y la estetización difusa del mundo en clave de espectáculo.

Pero los mitos del fin de la historia no se sostuvieron demasiado. La desencantada escena posmoderna no pudo ignorar el «llamado de lo real», los viejos fantasmas y las amenazas nuevas de una historia que no había cambiado profundamente. En toda la región del Cono Sur, las llamadas posdictaduras, del periodo de transición a la democracia, no pudieron cicatrizar las heridas abiertas durante la represión, ni conciliar sus conflictos profundos ni tampoco evitar nuevos procesos de corrupción, violencia e inequidad, promovidos, en parte, por la neoliberalización transnacional. Las graves crisis políticas, socioeconómicas y éticas (culturales) que sacudieron a los países del sur durante los años noventa no coinciden con las imágenes blandas y los formatos espectaculares de la cultura hegemónica global, ni se expresan en las formas apáticas del posmodernismo de los primeros años noventa. Este desencuentro promovió que, sobre el trasfondo de un debilitamiento global del sentido histórico, la práctica visual de los países periféricos intentara pronto recuperar la densidad de sus producciones, más allá de las livianas seducciones de los imaginarios transnacionales.

Pero, paralelamente a este resurgimiento crítico, ciertos artistas renombrados, como Livio Abramo, Olga Blinder, Hermann Guggiari, Enrique Careaga y Susana Romero, aseguraron la continuidad del proceso del arte moderno y su empalme, furtivo a veces, con las prácticas que se produjeron a lo largo de los noventa. Iniciada ya la década y vinculados, en parte, con el trabajo de artistas que ya habían producido una obra significativa, Osvaldo Salerno, Ricardo Migliorisi y Bernardo Krasniansky, se manifestaron nuevos artistas como Carlos Almeida, Pedro Barrail, Marcos Benítez, Gustavo Benítez, Gustavo Beckelman, Cristian Ceuppens, Lisandro Cardozo, Feliciano Centurión, Alejandra García, Engelberto Jiménez, Adriana González, Mónica González, Fátima Martini, Margarita Morselli, Carlo Spatuzza, Karina Yaluk y Marité Zaldívar, entre otros. La última generación de los años noventa se integró con jóvenes artistas: Bettina Brizuela, Claudia Casarino, Fredi Casco, Marcelo Medina y Paola Parcerisa, entre otros.

Aunque no corresponde hablar de movimientos o programas claros, los artistas de este momento compartieron cuestiones comunes que tienen que ver con la pérdida de la moderna autonomía de lo estético y, consiguientemente, con los procesos de concurrencia, desplazamiento y cruce entre disciplinas que hasta entonces transcurrían de manera paralela y separada (artes visuales, audiovisuales, escénicas, coreográficas, musicales, etc.). También coincidieron en su preocupación por las grandes cuestiones que presentó el posmodernismo de fines de los ochenta y comienzo de los noventa, y que desembocaron, reformuladas, en esa escena promiscua donde se entrelazan prácticas artísticas diversas, calificadas vaga y simplemente como «contemporáneas» (en oposición nominal a las «modernas»).

Aquellas cuestiones provienen del retroceso de lo estético formal y del avance de contenidos narrativos extraartísticos vinculados con la política, la sociedad, la historia y la subjetividad (la obsesión por el cuerpo, la memoria, la identidad, el relato personal, la amalgama de tecnologías y medios distintos). Abierto el círculo del arte regido por la hegemonía de la estética, creció el interés por los contenidos extraartísticos, es decir, por lo que ocurría más allá de la forma cerrada sobre sí misma: la realidad social o individual, las pragmáticas colectivas, lo real, comprendido como aquella zona intensa y oscura que no puede ser simbolizada mediante el lenguaje.

Por un lado, la irrupción de la hibridez y la intertextualidad (causada, una vez más, por el colapso de la autonomía del arte) promovió la importancia concedida a disciplinas ajenas a la estética: la antropología, la filosofía, el psicoanálisis y, aun, la sociología y la economía aportaron conceptos ansiosamente asumidos por las nuevas formas de arte. Por otro, ese mismo fenómeno cuestionó la vigencia de un solo modelo de arte y asumió formatos provenientes de culturas alternativas o masivas: populares, indígenas, publicitarias, mediáticas.

Este panorama —impugnador de autonomías y purezas sectoriales y, por ende, impulsor de contaminaciones entre lenguajes y disciplinas diversas— facilitó el encuentro con otros medios técnicos y expresivos, como la fotografía. De hecho, el contemporáneo protagonismo de la fotografía tiene que ver tanto con su posibilidad de registro de la realidad, incluso en clave poética, como con la ruptura de sus límites tradicionales y su potente aporte a la crítica de la representación. A los nombres que ya venían, desde décadas anteriores, trabajando la imagen fotográfica, como Jesús Ruiz Nestosa, Carlos Saguier, José María Blanch y Manuel Prieto, se sumó una nueva tanda generacional interesada no tanto en explorar los aspectos estéticos como sus implicaciones conceptuales, en la que estaban Fernando Allen, Carlos Bittar, Juan Britos, Juan Carlos Meza, Jorge Sáenz, Rosa Palazón y Gabriela Zuccolillo, entre otros. Aunque siguieron reivindicando, en muchos casos, la especificidad del género fotográfico, en otros trabajaron en pie de igualdad con artistas que recurrieron a la fotografía como un medio visual equivalente a la pintura o la gráfica. El audiovisual, especialmente el formato video, adquirió en ese momento una presencia creciente, anuncio de la irrupción del nuevo cine que, en la década siguiente (la que arranca en 2001), se afirmará como uno de los medios con mayor empuje y potencial innovador en el terreno de la creación visual. Nombres como Paz Encina, Pablo Lamar y Juan Carlos Maneglia, a los que hay que sumar un contingente de importancia en la década recién citada, constituyen referentes significativos de ese momento.

LOS OTROS CAMINOS

Paralelamente al derrotero moderno, que señaló la dirección de casi todo el siglo XX, se mueven artistas o sectores populares e indígenas inscritos en una tradición propia que, en parte, coincide hoy con muchos postulados de la contemporaneidad.

La actual discusión acerca del prejuicio, de origen colonialista, de que existe un modelo único de cultura, permite ampliar el ámbito de la producción artística e incluir en él expresiones diferentes. Si no resultaba admisible hablar de modernidades alternativas, sí es posible hablar de otras contemporaneidades. En aquel ámbito, lo contemporáneo se define por la posibilidad de responder mediante imágenes y símbolos las cuestiones que plantea el presente. Por eso, hoy se consideran contemporáneos los esfuerzos de todos los artistas que buscan expresar o discutir la vigencia de su propio tiempo, provengan estos artistas de una filiación vanguardista ilustrada, continúen o recreen tradiciones populares, o inventen formas sin preocuparse de su sincronía con los ritmos marcados por la cultura hegemónica. Una vasija de uso cotidiano o un traje ceremonial, aunque ambos repitan pautas centenarias, resultan contemporáneos mientras sean confeccionados hoy y continúen vigentes: mientras sirvan a quienes los producen para renovar el sentido social. Condicionados por historias nuevas, los artistas populares e indígenas resisten la presión del mercado global, reformulan sus pautas tradicionales o se apropian de formas eruditas, técnicas nuevas o códigos industrializados para seguir produciendo obras, por medio de las cuales se identifican y que sirven para resignificar sus mundos acorralados.

Algunos artistas «cruzaron» casi todo el siglo XX proponiendo modelos creativos propios. Tal es el caso de Ignacio Núñez Soler, cuyas obras difícilmente pueden ser equiparadas a las de los naïfs europeos, aunque se insiste a veces en identificar unas y otras. Ciertos pintores como Juan Bautista Rojas, Carlos Federico Reyes (conocido como Mitã’i Churi) y otros que surgieron a comienzos del siglo XXI, como Benjamín Ocampos, entran y salen de la modernidad —para emplear una figura de García Canclini— según sus propios impulsos e intereses expresivos.

Otra situación es la de artistas indígenas que, al margen de los que continúan con sus pautas estrictamente tradicionales, incorporan técnicas, imágenes y empleos contemporáneos. Tal es el caso de las esculturas guaraníes, la indumentaria maká, los dibujos ishir, el carnaval chiriguano, etc. Algunos sectores populares conservan esquemas rituales de origen colonial y los enriquecen con formas sincréticas provenientes de la estética moderna y los medios de comunicación: fiestas patronales como las de San Pedro y San Pablo, en Altos, y la de San Francisco Solano, en Emboscada, reformulan los libretos religiosos (integrados, a su vez, por pautas católicas oficiales y patrones estéticos populares) y los adaptan a públicos y oficiantes, cuyas sensibilidades han cambiado y requieren otros insumos imaginarios.

Por último, y siempre a nivel de mero ejemplo, ciertos artistas-artesanos rurales adoptan modelos y circuitos económicos modernos y contemporáneos sin sacrificar la originalidad de sus obras ni la memoria de su origen indígena o mestizo. Uno de los casos más ilustrativos nos lo dan las ceramistas de Itá y Tobatí, cuya asombrosa imaginación y audacia expresiva trascienden los formatos de lo que podría ser considerado como arte popular.

Estas atrevidas reformulaciones son difícilmente clasificables e invaden de manera continua el espacio elástico de lo corrientemente conocido como «arte contemporáneo». En estas obras mezcladas se encuentra no solo una garantía de diversidad cultural, sino también una reserva de originalidad y potencia expresiva en la incierta escena del arte contemporáneo.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Una bibliografía amplia sobre este tema se halla en los dos tomos de Una interpretación de las artes visuales en el Paraguay (Asunción, Colección de las Américas, 1982-1984) y en El arte fuera de sí (Asunción, Centro de Artes Visuales/Museo del Barro, FONDEC, 2004), de Ticio Escobar. Conjuntamente con Olga Blinder y Josefina Plá se ha publicado Arte actual en el Paraguay. 1900-1995 (Asunción, Don Bosco, 1997).

De Josefina Plá son importantes sus textos «Arte paraguayo», escrito de presentación en el Catálogo de la muestra de Olga Blinder (Asunción, Centro Cultural Paraguayo - Americano, 1952); «El arte en el Paraguay», en la Enciclopedia del Arte en América. Historia II (Buenos Aires, Omeba, 1969); y sus Treinta y tres nombres en las artes plásticas paraguayas (Asunción, Editorial Cultura, 1973).

También es importante rescatar la obra de Jorge Báez, Artes y artistas paraguayos (Asunción, El Liberal, 1941); de Miguel Ángel Fernández, Art in Latin America Today: Paraguay (Washington, OEA, 1969); y de Juan Manuel Prieto, «Una década sin historia» (Asunción, diario Última Hora, marzo de 1980).

Una aproximación actual se puede revisar en la obra de Adriana Almada y Javier Rodríguez Alcalá, Arte Contemporáneo en Paraguay (Asunción, Ediciones Faro para las Artes, 2002); de Adriana Almada, Colección privada. Escritos sobre artes visuales [en Paraguay] (Asunción, FONDEC, 2005); y de Javier Rodríguez Alcalá, «Arte Nuevo y la reinvención del j(f)uego» (Asunción, Arte-Cultura, n. 2/3, enero 2010).

El arte del Paraguay en el contexto de América Latina se hace presente en la obra de Damián Bayón (recopilador), América Latina en sus artes (México, Siglo XXI, 1974); de Federico Morais, Artes plásticas na América Latina: do trance ao transitório (Rio de Janeiro, Civilizaçâo Brasileira, 1979); y en la de Marta Traba, Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas (Buenos Aires, Siglo XXI, 2005).

CAPÍTULO XVII

HISTORIA DE LA LITERATURA

Mar Langa Pizarro

«Del Paraguay sé que no conoce ni de oídas la palabra arte. Allí solo se dan loros y yerba mate».

Alberto Hidalgo, Índice de la nueva poesía americana, 1926.

Casi un siglo después de esta despectiva sentencia, la literatura paraguaya sigue siendo una gran desconocida. «Incógnita» la llamó Luis Alberto Sánchez, quien le dedicó una veintena de líneas en su voluminosa Nueva historia de la literatura americana (1944). La idea caló tan profundamente que ha servido para titular libros y todavía pervive en muchos manuales. Los problemas para publicar, la escasez de mercado lector y la poca resonancia internacional forman un trío de nefastas consecuencias para quienes escriben en este territorio largamente marcado por guerras, censuras y exilios.

Establecer una Historia de la literatura paraguaya supone abordar siglos de producción en varias lenguas, con estudios que a menudo han sustituido el rigor por los tópicos. Falta perspectiva temporal para enfocar el reciente florecimiento creativo y ni siquiera tenemos la certeza de conocer todos los hitos literarios: por ejemplo, entre 2000 y 2009, Francisco Díaz recuperó más de cien obras que se creían perdidas. Así, este breve recorrido por las letras del país solo pretende ser un conjunto ordenado de sugerencias, una hoja de ruta que invite al descubrimiento.

LOS INICIOS: LA LITERATURA HASTA LA GUERRA GRANDE

Los pueblos indígenas que habitaron el actual Paraguay durante la etapa prehispánica carecían de escritura. Al contrario de lo sucedido con mayas, aztecas e incas, los mitos guaraníes permanecieron ignotos para el gran público hasta 1978.

El quehacer literario en castellano comenzó casi con la fundación de Asunción. Luis Miranda de Villafañe, llegado con la expedición de Mendoza, escribió las coplas del llamado Romance indiano hacia 1546, aunque no se editaron hasta 1881. El primer autor en prosa fue el paraguayo Ruy Díaz de Guzmán, a quien debemos La Argentina, escrita en 1612. Sin embargo, tres de los libros que componen la obra estuvieron inéditos hasta 1836, mientras que el cuarto se perdió. Tan temprano nacimiento literario no conllevó la conservación de un corpus abundante de textos debido a varias causas: el nivel cultural medio de los conquistadores era bastante bajo; el Sínodo de Tucumán (1597) prohibió la llegada de obras profanas; la carestía de recursos frenó el crecimiento demográfico; el progresivo aislamiento dificultó la formación de una clase culta; y, a pesar de los reiterados intentos, la falta de una universidad, que no se estableció hasta 1889. Mientras Lima tuvo imprenta en el siglo XVI, en Paraguay solo apareció en los umbrales del XVIII; pero desde la expulsión de los jesuitas, en 1768, no existió ningún medio para publicar hasta la aparición de la imprenta civil en 1844. Así, la mayor parte de la producción literaria se perdió, quedó inédita durante siglos o apareció en otros lugares.

La situación no mejoró con la independencia del país. Aunque la primera Junta de Gobierno declaró obligatoria la enseñanza y dispuso la compra de una biblioteca y una imprenta, pronto se abortaron sus proyectos. La dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia aisló el país, controló férreamente a sus habitantes, inspeccionó la llegada de cualquier publicación y cerró el único centro de enseñanza superior existente. Que se sepa, solo se representó El rosario perseguido (1816), de José Manuel Arias. Y ninguna de las tres obras conservadas de ese periodo es literaria.

Durante el gobierno de Carlos A. López, llegó el español Ildefonso A. Bermejo para poner en marcha el Teatro Nacional. Gracias a la adquisición de la primera imprenta civil, se editaron sus obras teatrales Una llave y un sombrero y Un paraguayo leal. También se publicaron las novelitas Prima noche de un padre de familia (1858), atribuida al deán Bogado o al arcediano Barrios, y Por una fortuna, una cruz (1860), de la probablemente uruguaya Marcelina Almeida. De igual modo, nacieron varios periódicos: El Paraguayo Independiente (1845-1852), redactado por el propio presidente, y El Semanario, dirigido por Gelly (1853-1856) y, posteriormente, por Bermejo, Natalicio Talavera y Gumersindo Benítez (1857-1868). Además, Bermejo también dirigió Eco del Paraguay (1855-1857) y la revista La Aurora (1860-1861), que difundió las ideas románticas y las creaciones del alumnado del Aula de Filosofía.

Los logros literarios languidecieron durante el mandato de Francisco Solano López debido a la devastadora Guerra contra la Triple Alianza. En el transcurso de la contienda, la prensa ridiculizó al enemigo, ensalzó la figura del presidente e inflamó el patriotismo. Frente a la postura de su padre, Solano López usó el guaraní tanto en sus discursos y escritos como en la transmisión de secretos militares. Natalicio Talavera, Juan Crisóstomo Centurión, Fidel Maíz y Víctor Silvero colaboraron en el periódico bilingüe Cabichuí (1867-1868, 95 números). El guaraní fue la lengua de Cacique Lambaré (1867-1868, 16 números), mientras que el castellano lo fue de El Centinela (1867, 63 números) y La Estrella (1868-1869, 41 números). Las crónicas de Natalicio Talavera (1839-1867), conocido por poemas patrióticos como su famoso Himno, se recogieron en el libro La Guerra del Paraguay (1958).

Por su parte, el estadounidense Cornelio Porter Bliss, llamado por Solano López para escribir la historia del país, se burló de los aliados en la obra teatral La divertida historia de la Triple Alianza (1866), lo que no evitó que fuera torturado por conspiración. El boliviano Tristán Roca trató de infundir fe en la victoria paraguaya con la pieza La conferencia de Don Pedro II (1867), un año antes de morir fusilado por orden de López. La represión también alcanzó a actores y músicos nacionales y extranjeros.

LAS BASES: DE 1870 A LA GUERRA CIVIL DE 1947

Terminada la devastadora guerra, comenzó el proceso de reconstrucción con la fundación del Colegio Nacional, la restauración del Seminario, la creación de la Escuela de Derecho, el Ateneo, la Universidad y la Escuela Normal; el nacimiento del Teatro Olimpo y la ampliación del Nacional, aunque siguió inconcluso el Teatro Nuevo, que se usó como prostíbulo. Víctima de esa modernización fue la lengua guaraní, prohibida en las escuelas, el Ejército y la Administración, y abandonada en los escritos.

En 1872, se publicó la primera novela en formato libro. Asimismo, el periodismo alcanzó gran difusión como vocero del partido gobernante a través de La Prensa (1898), de Blas Garay, y de La Patria (1899), de Enrique S. López; y de la oposición, con El Pueblo (1899), de Francisco L. Bareiro. Por su parte, La Voz del Siglo (1902) fue el primer periódico paraguayo fundado y dirigido por una mujer, la librepensadora Ramona Ferreira, quien tuvo que abandonar el país después de que su imprenta sufriera varios ataques. Al proceso de incorporación femenina contribuyó Serafina Dávalos, fundadora de la Escuela Mercantil de Niñas, en 1904, y primera abogada paraguaya, con una tesis que cuestionaba las bases de la opresión sexual.

Durante la posguerra, hubo grupos teatrales aficionados, al mismo tiempo que las compañías extranjeras trajeron obras románticas y dramas de tesis, aunque predominó el repertorio lírico. El español Benigno Teijeiro Martín escribió, en Paraguay, El Doctor Francia, estrenada en 1874. Además, se representó la primera pieza escrita por un paraguayo: el desaparecido sainete Los polvos del Chirrimbimbín (1882), de Ángel Peña.

En esos años nació la «Literatura de la Consolación», dedicada a devolver al país la confianza y el orgullo perdidos, siendo uno de sus representantes Adriano M. Aguiar, con la obra Episodios militares (1898). Paralelamente, la familia Decoud dio cuenta de la tragedia a la que el país fue empujado por Solano López: Juan José lo hizo en verso; Héctor F., en prosa; y Diógenes, en obras como Leyenda americana, Gloria del mar y El indio errante. De esa etapa también fueron la novela corta de Centurión, Viaje nocturno de Gualberto (1877); los libros de cuentos Leyenda guaraní (1885), de José de la Cruz Ayala, y Las últimas memorias de un loco (1890), de Z. Albornoz y Montoya.

La primera generación de intelectuales paraguayos surgió hacia 1900, pero su afán reivindicativo los encaminó más a la prosa histórica que a la literatura. Por ello, los comienzos narrativos se debieron a tres escritores extranjeros. La obra folletinesca, con rasgos románticos, costumbristas y naturalistas, Ignacia, la hija del suburbio (1905) se considera la primera novela paraguaya. Su autor, el argentino José Rodríguez Alcalá (1883-1959), llegó en 1900 a Asunción, donde escribió, además, ensayos históricos, dos volúmenes de cuentos románticos, Gérmenes (1903) y Ecos del alma (1904), y la primera Antología paraguaya (1910). Su compatriota Martín de Goycoechea Menéndez (1877-1906) residió en Paraguay los últimos cinco años. Exaltó los tópicos del país, ensalzó el heroísmo paraguayo y alabó a Francia y López en Cuentos de los héroes y de las selvas guaraníes (1905). Contrario a esa tendencia fue el anarquista cántabro Rafael Barrett (1876-1910), cercano a la también española Generación del 98. Llegó a Asunción en 1904 y su presencia inauguró la denuncia social, con ensayos periodísticos que aunaron crónica y ficción. Su artículo «Bajo el terror» (1908) lo condujo a la cárcel y al exilio. Publicó, por entregas, Lo que son los yerbales y El dolor paraguayo; y, en forma de libro, Moralidades actuales. Póstumamente se editaron sus Diálogos, de inspiración platónica, y las colecciones de relatos Cuentos breves y Del natural.

Las publicaciones periódicas paliaron la falta de editoriales. Entre los colaboradores de la Revista del Instituto Paraguayo (1896-1909) estuvieron Ignacio Pane, Guido Boggiani, Manuel Domínguez, Moisés Bertoni y Juan C. Centurión. El simbolismo y el modernismo locales encontraron espacio en la primera revista literaria paraguaya, Crónica (1913-1914), fundada por Roque Capece Faraone, Leopoldo Centurión, Pablo Max Ynsfrán y Guillermo Molinas Rolón. En 1916 apareció la mensual Letras y en 1921, la quincenal La Novela Paraguaya, donde predominó el cuento folletinesco.

Salvo algunas excepciones, como el dramaturgo Leopoldo Ramos Giménez, la generación modernista ignoró la perspectiva de Barrett y adoptó la revisión histórica. Eloy Fariña Núñez (1885-1929) exaltó a Paraguay en Canto secular (1911) y en el libro de cuentos Las vértebras de Pan (1914). Fortunato Toranzos Bardel elaboró estampas folclóricas por aquellos años, aunque no se recopilaron como libro hasta 1960. También la primera novela escrita por una mujer tuvo que esperar cuarenta y cinco años en un cajón antes de ver la luz: se trata de Don Inca (1920), de Ercilia López (1865-1963), en la que se describe la guerra como una heroica epopeya y refleja la posguerra con rasgos románticos. Esa idea del patriotismo se manifestó igualmente en su poema «Al Paraguay» (1879).

El prolífico modernista bilingüe Ignacio Pane (1880-1920), autor de Poesías (1900), presentó Diálogo entre madre e hija (1901) y publicó Diálogo de los muertos (1909). En 1915, Rafael Rodríguez Rojas vio editada la comedia Flor del valle y J. Demetrio Morínigo estrenó el drama Martirios de una madre. Poco después, se llevaron a escena obras del conocido poeta bilingüe Manuel Ortiz Guerrero, como Eireté y El crimen de Tintalila, y de dramaturgos como Leopoldo Centurión, Francisco Martín Barrios y Pedro Juan Caballero.

En 1920, apareció la primera novela publicada como libro por un escritor paraguayo: Aurora, de Juan Stefanich, cuya trama sentimental no evitaba la crítica al país. Al costumbrismo regionalista contribuyeron Ricardo Santos, con El hombre de la selva (1920), y Eudoro Acosta, con Cuentos nacionales y Corazón raído (1923). Además, nos han llegado algunas novelas cortas de esa década, como las de Lucio F. Mendonça y de Malner R. Torres.

Teresa Lamas Carísimo (1887-1976) fue la primera paraguaya que publicó libros en el país: los dos volúmenes de cuentos costumbristas y sentimentales, Tradiciones del hogar (1921 y 1928), recrean sucesos del siglo XIX. Escribió también una novela histórica, por entregas, Huerta de odios (1944), y el libro de relatos La casa y su sombra (1955). En el campo de la prensa, algunas poetas emplearon seudónimos para escribir. Así lo hicieron Inés Marsal (Noemí del Mara), la argentina de nacimiento Josefina Sapena (Blanca Lila), quien publicó Naranjos en flor (1928), y Serviliana Guanes, que recopiló sus versos en el inédito El cofre de mis sueños. Por su parte, Renée Checa escribió Sillares (1933), obra muy bien acogida en Francia.

Las revistas Juventud (1923-1926) y Alas (1924) difundieron corrientes literarias universales y dieron voz a jóvenes paraguayos adscritos al romanticismo y modernismo poéticos, así como a la narrativa costumbrista y folletinesca. Destacaron Hérib Campos Cervera, Vicente Lamas, Heriberto Fernández, Raúl Battilana y Pedro Herrero. Cercana al grupo se hallaba la pintora y poeta Ida Talavera.

La española Josefina Plá (1903-1999) llegó en 1926 a Paraguay, donde desarrolló una inconmensurable labor como pedagoga, poeta, dramaturga, narradora, crítica, ensayista y ceramista. En su primera etapa, solo publicó el poemario El precio de los sueños (1934) y muchas de sus piezas teatrales se perdieron o se representaron décadas después. En el teatro de aquellos años, se vieron obras de tesis y simbolistas escritas por Roque Centurión, Arturo Alsina, Facundo Recalde y Luis Ruffinelli.

La revista Ocara poty cué mí (1922) acogió la poesía popular en guaraní. La comedia de Félix Fernández (1897-1981) Mborayhu paha (estrenada en 1923) dio inicio al teatro en esa lengua, que tuvo seguidores como Martín Barrios y Rigoberto Fontao Meza. Por su parte, Narciso R. Colmán (1876-1954), conocido como «Rosicrán», fue autor del poema supuestamente mitológico Ñande ypykuéra (1929) y de los primeros relatos publicados en guaraní, Kavaju sakuape (1930).

Durante la Guerra del Chaco, el castellano se prohibió en el campo de batalla. El más popular de los vates paraguayos, Emiliano R. Fernández (1894-1949), animó a las tropas con poemas en lengua indígena. Triunfaron las obras costumbristas y jocosas de Julio Correa (1890-1953) como Sandía yvyguy, Guerra aja, Tereho jevy fréntepe, representadas por el grupo que él mismo formó. Correa, cuya influencia fue decisiva, también compuso poemas sociales y fue actor, director y productor teatral hasta su muerte. Entre tanto, Centurión Miranda estrenó con gran éxito Tuyú (1933), un drama en guaraní sobre las miserias de la retaguardia. También escribió en guaraní Teodoro S. Mongelós (1914-1966), llamado «el poeta de los humildes» por su preocupación social. Su obra se difundió musicalizada y en revistas, como la del poeta bilingüe Carlos Miguel Jiménez (1914-1970), fundador de la Asociación de Escritores Guaraníes (1960).

La Guerra del Chaco no generó mucha literatura en Paraguay. Sirvió de inspiración para Enriqueta Gómez Sánchez (1892-1952), autora del primer poemario publicado por una mujer paraguaya: Oro y Acero (1936) y de Ofrendas (1939); Hugo Rodríguez Alcalá, Estampas de guerra (1937); y los poemas de Arnaldo Valdovinos, El mutilado del agro (1935), quien también trató el conflicto bélico en artículos como «Bajo las botas de una bestia rubia» (1933) y en relatos como Cruces de quebracho (1934). Además, José Santiago Villarejo, que fue combatiente, reflexionó sobre la situación humana en la contienda con Ocho hombres y Hoohh lo saiyoby (1934). Más tarde, Villarejo trató la Segunda Guerra Mundial en Cabeza de invasión (1944) y guardó un largo silencio hasta la aparición de Eutimio Salinas (1986). Aunque escasa, la literatura sobre el combate supuso un acercamiento a la realidad, actualización que también se percibe en las novelas de la tierra de Natalicio González, La raíz errante (1937, editada en 1953), y Juan Felipe Bazán, Del surco guaraní (1949).

En los años cuarenta, se gestó la dramaturgia paraguaya moderna. Se crearon la Compañía Paraguaya de Comedias (1940-1946), de Centurión Miranda, y la Compañía del Ateneo (1941-1947 y 1952-1982), dirigida por el español Fernando Oca del Valle. A Centurión, Ruffinelli y Plá se unieron otros autores renovadores como el pintor Jaime Bestard, con Arévalo y Los gorriones de la loma; el más tarde ideólogo y ministro stronista Ezequiel González Alsina, La quijotesca rubia, El gran rival y Bolí (escrita en jopara); y Augusto Roa Bastos, Mientras llega el día.

La llamada Generación del 40 incorporó técnicas vanguardistas y temas sociales. Además de autores como Plá y Roa Bastos, participaron de ese cambio Hugo Rodríguez Alcalá, Gabriel Casaccia, Óscar Ferreiro y José María Rivarola Matto. Al instalarse definitivamente en Paraguay (1938), Josefina Plá coincidió con Campos Cervera, quien había regresado del primer exilio. Juntos crearon Vy’a Raity, considerado el grupo fundador de la poesía paraguaya moderna, al que poco después se incorporó Elvio Romero. Al margen del grupo, José Antonio Bilbao publicó, entre 1946 y 1982, múltiples poemarios de tendencia academicista y, posteriormente, algunas colecciones de relatos.

En 1940 nació la poesía erótica paraguaya. La maestra, periodista y actriz Dora Gómez Bueno (1904-1987) publicó el poemario Flor de caña (1940), al que siguieron otros cuatro libros. Por su parte, María Concepción Leyes (1891-1985) intentó revalorizar la narrativa tradicional con Tava’i (1942), que recogía mitos y costumbres del país; Río Lunado (1951), que evocaba leyendas folclóricas; y Madame Lynch y Solano López (1957), que fue una de las primeras biografías noveladas de Paraguay.

UNA LITERATURA ESCINDIDA (1947-1980)

La inestabilidad política, las dificultades editoriales, el escaso mercado lector y la desatención crítica siempre han forzado a la intelectualidad a abandonar Paraguay. Pero la emigración fue masiva a raíz de la guerra civil de 1947. Quienes se marcharon tuvieron más posibilidades de publicar, conocer y aplicar innovaciones literarias, y consiguieron que Paraguay entrara en los manuales de literatura universal. Sin embargo, su producción apenas llegó a quienes vivían en el país.

Gabriel Casaccia (1907-1980), considerado fundador de la narrativa paraguaya moderna, emigró a Argentina en 1935. Antes había publicado Hombres, mujeres y fantoches (1930), novela que después repudiaría. Los relatos de El guahú (1938) daban cabida a la crítica social y a la descripción de un Paraguay sin idealizaciones. La actualización de la novela paraguaya llegó con el existencialismo y la indagación psicológica de Mariano Pareda (1940). Tras experimentar con la literatura onírica, en El Pozo (1947 y 1967), emprendió una eficaz denuncia en La Babosa (1952), que fue recibida con estupor y escándalo en el Paraguay de las exaltaciones patrióticas. Posteriormente, atacó la dictadura stronista con La llaga (1964) y lamentó el extrañamiento de la patria en Los exiliados (1966).

También en Argentina escribió sus principales obras Augusto Roa Bastos (1917-2005). Cuando salió de Paraguay, en 1947, en busca de oportunidades para publicar, apenas había escrito algunos poemas y una obra teatral. Su primer libro de relatos, El trueno entre las hojas (1953), anticipó las características del boom hispanoamericano. Hijo de hombre (1960) desarrolló técnicas renovadoras (ruptura de la linealidad, alternancia de narradores) y mezcló realidad, mitos y símbolos con crítica sociopolítica. En los años sesenta, reunió sus cuentos en cuatro libros. Inauguró la moderna «novela del dictador» con Yo, el Supremo (1974), que añadió a las innovaciones formales (lenguaje neobarroco, reproducción de documentos, polifonía) la falta de distanciamiento épico para abordar la figura de Gaspar Rodríguez de Francia. Aunque Yo, el Supremo fue el primer exponente de la nueva narrativa histórica paraguaya, su influjo en el país resultó ostensiblemente menor que el de Hijo de hombre.

A Carlos Garcete (1918-2003) sus ideas lo llevaron a un exilio de casi cuarenta años. Los cuentos de La muerte tiene color (1958) denunciaban los problemas surgidos por las diferencias partidarias. Resultó el comienzo de una trayectoria inscrita en el realismo social, con obras teatrales, como La caja de fósforos (estrenada en Francia, 1963), y narrativas, como El collar sobre el río (1986) y El caballo del comisario (1996).

Hérib Campos Cervera (1905-1953) recogió sus poemas en Ceniza redimida (1950), libro aparecido durante el largo exilio bonaerense, donde encontró la muerte. Como obra póstuma se publicó Hombre secreto (1966). Sus composiciones, intimistas y sociales, empleaban técnicas heredadas de las vanguardias para expresar el dolor del destierro y de la patria atormentada por luchas y tiranías. Su influencia en Paraguay es tal, que se le considera una de las voces líricas más importantes del país. Comparte ese honor con el indiscutible Elvio Romero (1926-2004), quien trató los problemas latinoamericanos en poemas sociales de enorme fuerza y gran perfección. Desde su exilio en Argentina (1947-1991), Romero alcanzó reconocimiento internacional: dictó conferencias; le dedicaron poemas R. Alberti y N. Guillén, y lo elogiaron los premios Nobel G. Mistral, M. Á. Asturias y P. Neruda. Su primer poemario, Días roturados, tuvo una excelente crítica, que se repitió en los doce restantes. Por su parte, Hugo Rodríguez Alcalá (1943-2007), mientras ejerció la docencia en varias universidades norteamericanas, siguió con su producción literaria. Publicó Abril que cruza el mundo (1960) y El canto del aljibe (1973), antes de regresar a Paraguay al jubilarse.

El exilio supuso dolor y oportunidades. En cambio, quienes se quedaron en el país tuvieron que optar entre el silencio, el escapismo, el halago al régimen, la peligrosa oposición y los intentos renovadores de escasas resonancias.

En la segunda mitad de los años cuarenta, el sacerdote español César Alonso de las Heras (1913-2004) fundó la Academia Universitaria, en la que participaron poetas como Rubén Bareiro Saguier, Carlos Villagra Marsal, Ester de Izaguirre, Rodrigo Díaz Pérez, Elsa Wiezell, José María Gómez Sanjurjo y Gustavo Gatti. Las obras de De las Heras mezclaban la angustia existencial con el influjo de la Generación del 27 (Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado) y la paraguaya Generación del 40. También participaron en la Academia la poeta, cuentista y dramaturga María Luisa Artecona (1927-2003), dedicada fundamentalmente a la literatura infantil. Y José-Luis Appleyard (1927-1998), autor de poemarios, como Entonces era siempre y Solamente los años; piezas teatrales, como Aquel 1811; monólogos, como La voz que nos hablamos; y relatos poéticos, como Desde el tiempo que vivo.

Aunque Claudio Romero, El terruño, y Juan Felipe Bazán, Polen al viento, reflejaron la vida cotidiana, y Waldemar Acosta exaltó lo paraguayo en Ñandé, los años cincuenta marcaron la introducción de nuevas tendencias narrativas. Por ejemplo, Bestard publicó la primera novela autobiográfica paraguaya, La ciudad florida; J. M. Rivarola Matto (1917-1998) inauguró la tendencia crítica, con su denuncia de la situación en los yerbales, en Follaje en los ojos; y Reinaldo Martínez optó por el realismo social de influencia picaresca con la obra Juan Bareiro.

La llamada Generación del 50 encontró su órgano de difusión en la revista Alcor (1953-1960), dirigida por Rubén Bareiro y Julio César Troche. En ella publicaron plumas de la talla de Elvio Romero, Augusto Roa Bastos, Josefina Plá, Hugo Rodríguez Alcalá y Francisco Pérez-Maricevich. Alcor fue clausurada tras la detención de Bareiro (por haber aceptado el premio cubano Casa de las Américas de 1971), pero la presión de escritores de renombre internacional, como G. García Márquez, S. de Beauvoir, J. Cortázar, M. Duras, M. Vargas Llosa, M. Yourcenar, C. Fuentes y J. P. Sartre, facilitó su liberación, aunque no evitó su exilio. Entre las obras de Bareiro destacan los poemarios Biografía de ausente, A la víbora de la mar y Estancias, errancias, querencias, así como los volúmenes de cuentos Ojo por diente y El séptimo pétalo del viento.

Entre tanto, Roque Centurión fundó, en 1948, la Escuela Municipal de Arte Escénico. Entre 1958 y 1964 funcionó el grupo Debate, dirigido por Plá, en cuya nueva etapa generó obras como Alcestes y Las ocho sobre el mar. José María Rivarola Matto mezcló seriedad y comicidad en piezas de ambientación rural y trama nacionalista; el prolífico Mario Halley Mora (1927-2003) se inició con En busca de María y continuó con obras en castellano, como Un paraguayo en España y La madama, y en guaraní, Plata yvyguy rekávo; y Carlos Colombino (1937) aportó Momento para tres y La parábola del sitio más perfecto.

En 1958, Tito Jara Román creó el Teatro Experimental, con el propósito de «acercar al trabajo escénico ciertos valores esenciales hasta hoy ausentes […] independencia ante constreñimientos lucrativos y políticos, y el anhelo de superación de moldes arcaicos». Román acercó hasta las barriadas un repertorio ajeno al costumbrismo.

En los años sesenta, Josefina Plá testimonió el sufrimiento de los más desfavorecidos en los cuentos de La mano en la tierra; Jorge Ritter denunció la situación del campesinado en El pecho y la espalda; Villagra insertó experimentalidad en la novela nativista Mancuello y la perdiz; y José-Luis Appleyard enfrentó el tema del exilio en Imágenes sin tierra. Por su parte, Ana Iris Chaves (1922-1993) mezcló una trama amorosa con exaltaciones nacionalistas y recursos innovadores en Crónica de una familia. Más tarde, publicó la novela Andresa Escobar y tres colecciones de relatos. Y la tendencia regionalista se mantuvo con Halley Mora, Borja Loma y Hermes Giménez Espinosa.

En esa misma década, Plá publicó poemarios como La raíz y la aurora (1960) y Polvo enamorado (1968), y se dedicó al teatro con Historia de un número (1969). Al mismo tiempo, impulsó la llamada «Promoción del 60», que integraron Colombino, Pérez-Maricevich, Roque Vallejos y Miguel Ángel Fernández, autores de poemas sociales y políticos, como sus coetáneos Osvaldo González Real, Jacobo Rauskin, Rudi Torga y Raquel Chaves. La revista Criterio (1966-1971) aglutinó a un grupo de jóvenes universitarios, entre los que figuraban Juan Manuel Marcos y René Dávalos. Por la misma época, se iniciaron Jorge Canese, Renée Ferrer, Guido Rodríguez Alcalá, Alicia Campos Cervera, María Eugenia Garay y Pedro Gamarra, entre otros. La fallida resistencia cultural de 1969 marcó la narrativa de los setenta. Con obras existenciales e inconformistas, Augusto Casola, El laberinto, y Jesús Ruiz Nestosa, Las musarañas, se convirtieron en ejemplos del exilio interior. Entre los trasterrados, cabe citar a Lincoln Silva (1945), escritor de una crítica humorística de la dictadura paraguaya, en La rebelión después, y una sátira política sobre un hombre de izquierdas, en General, general; y a Juan Manuel Marcos (1950), quien ejerció la docencia en Estados Unidos mientras cultivaba la poesía, el ensayo y el teatro.

Mientras, Ovidio Benítez Pereira unió el tema político y la experimentación formal en la novela La sangre y el río (1976); también denunció injusticias por medio de símbolos en las obras teatrales ¿Dónde está? (1971) y El loco (1986). Alcibiades González Delvalle llevó a escena temas históricos en la trilogía Los procesados del 70, San Fernando y Elisa (la segunda de las obras fue prohibida en 1984). El teatro en guaraní tuvo exponentes como el poeta y narrador Rogelio Silvero, autor de Ñorãirõ rapykuere, Jagua rekove y Karai Francia.

A finales de los años sesenta, el único escenario existente era el del Teatro Municipal, donde solo se representaban las obras que decidía el régimen. Como protesta, Héctor de los Ríos lo abandonó y creó un grupo itinerante. La escena se renovó gracias a compañías como Teatro Popular de Vanguardia (TPV), fundado en 1963 por el argentino Óscar Wespel y, más tarde, dirigido por Torga, Antonio Pecci y Hugo Herrera. El TPV puso en marcha talleres de creación colectiva y representó pantomimas y farsas basadas en obras de Shakespeare y Lorca. El grupo universitario Tiempoovillo (1969-1974), influido por Grotowski y encabezado por Agustín Núñez y Ricardo Migliorisi, estrenó piezas de creación colectiva como Currículum vitae (1971) y De lo que se avergüenzan las víboras, en la que denunció, con éxito, la destrucción de las culturas indígenas. Núñez fundó también el Centro de Expresión Teatral (1977), responsable de numerosos montajes y de talleres actorales.

El Teatro Estudio Libre (1970-1998), una escisión del TPV, llevó representaciones en castellano y guaraní a áreas rurales y suburbanas. Alcanzó gran éxito con obras de Néstor Romero Valdovinos (1916-1987), quien desde el exilio en Buenos Aires escribió las comedias Un paraguayo en Buenos Aires y Más allá del río. Romero Valdovinos, considerado sucesor de Correa, también escribió poemas sociales en castellano y guaraní, libretos radioteatrales y piezas costumbristas y sociales como Mbokaja ha’eño y Poeta, leproso y obrero.

Antiguos miembros de Tiempoovillo, como Raquel Rojas y Tony Carmona, fundaron el grupo de teatro colectivo Aty Ñe’e (1975), al que se unió el dramaturgo González Delvalle. Este grupo adaptó obras populares basadas en los cuentos picarescos de Perurimá, abordó problemas rurales en obras como El Almacén y Mandyjuty, e influyó en la creación de elencos teatrales fuera de Asunción. Entre los numerosos grupos independientes, figuraron Laboratorio (Gloria Muñoz Yegros, Carlos Cristaldo) y Teatro Universitario (Pecci, Nucky Walder, Víctor Bogado). Por su carácter contestatario, muchos de los elencos sufrieron represalias y la sala Teatro Cero, un proyecto de Adolfo Ferreiro y del argentino Ángel Moglia, fue clausurada el día de su inauguración (1971), a la par que Moglia tuvo que abandonar Paraguay. Tres años se mantuvo abierto el local de La Farándula(1977-1980), de Héctor de los Ríos, que alojó a cuantas compañías lo solicitaron, hasta su clausura policial.

En los años setenta, autores como Jorge Canese y Mario Casartelli enmascararon el malestar sociopolítico en poemas experimentales, mientras Guido Rodríguez Alcalá lo expresaba abiertamente y Renée Ferrer se refugiaba en el intimismo. A finales de esa década, el Taller de Poesía Manuel Ortiz Guerrero se propuso contactar con las clases populares integrando el guaraní y, para ello, publicó los volúmenes colectivos …Y ahora la palabra (1979) y Poesía taller (1982). Participaron de esa apuesta, entre otros, Moncho Azuaga, Jorge Aymar y Santiago Dimas Aranda, a los que se sumaron jóvenes como Miguel Ángel Meza, Susy Delgado, Victorio Suárez, Delfina Acosta y Mabel Pedrozo.

En 1982 se prohibió Paloma blanca, paloma negra, de Canese, por llamar a Paraguay «este país de mierda». Sorprendentemente, las obras de Elvio Romero fueron declaradas de utilidad pública. Paralelamente, los medios de comunicación que incrementaron su oposición al régimen sufrieron las consecuencias: ABC Color fue prohibido, Radio Ñandutí fue censurada y Criterio tuvo que enfrentar el exilio de algunos de sus más valiosos colaboradores. Esta represión hizo que el público volcara su interés en la ficción, género que sorteaba mejor la censura. Quizá por ello aumentaron las publicaciones literarias.

EL DESPERTAR: 1980-2000

En 1979, la imprenta Arte Nuevo inauguró la colección «Linterna» con el relato de Roa Bastos Lucha hasta el alba. Un año después, Juan Bautista Rivarola Matto puso en marcha la editorial Napa, con «Libro paraguayo del mes», un importante proyecto que sobrevivió seis años y editó veintisiete obras narrativas, además de una colección de poesía en la que aparecieron, por ejemplo, La llama y la arena, de Plá, y Leviatán etcétera, de Guido Rodríguez Alcalá. Mejor suerte tuvo El Lector, de Pablo Burián, emprendimiento que nació como quiosco, en 1971, continuó con una labor editorial, en 1982, y se erigió en importante Centro Cultural, en 2004. Por su parte, a lo largo de seis años (1982-1988), Alcándara editó sesenta volúmenes de poesía paraguaya, que incluyeron a Goycoechea Menéndez, O’Leary, Plá, Roa Bastos y Campos Cervera, entre otros. Uno de sus directores, Carlos Villagra, también dirigió Araverá (1984-1987), dedicada a la narrativa paraguaya. Además, Librería Comuneros, de Ricardo Rolón, devino en editorial; y Editorial Salesiana se convirtió en Don Bosco (1986). En algunos proyectos, Don Bosco se unió a Intercontinental, fundada como librería, en 1987, por Alejandro Gatti. RP Ediciones publicó más de noventa obras en una década, antes de que Expo-libro adquiriera sus fondos (1996) y pasara a ser editorial. En 1991, nació Arandurã, de Cecilia Rivarola y Cayetano Quattrocchi, que destacó por su número de títulos y su apoyo a la narrativa joven. Desde su fundación, en 1995, Servilibro, dirigida por Elisabeth Báez y Vidalia Sánchez, apostó por la calidad y se convirtió en la editorial paraguaya con más títulos publicados, casi quinientos. En 1997, la editorial Santillana se instaló en el país.

Desde su regreso a Paraguay (1983) hasta que le sucedió Dirma Pardo, a mitad de los años noventa, Hugo Rodríguez Alcalá dirigió el Taller Cuento Breve, en el que se formaron muchas narradoras y algunos narradores, cuyas creaciones han aparecido en nueve volúmenes colectivos.

En los años ochenta, se creó el Centro Paraguayo de Teatro, que organiza la Semana de Teatro y es sede de la biblioteca «Josefina Plá». Además, en esa decada se convocaron dos concursos teatrales, auspiciados por Arlequín y la Cooperativa Universitaria; el único de los noventa fue el Molière, organizado por la Embajada de Francia, entre 1993 y 1995. Más numerosos han sido los premios de relatos, entre los que figuran el de El Lector (1983-1994), el del Centro Cultural El Cabildo (desde 2006, para cuentos en castellano y guaraní) y el Elena Ammatuna (desde 2007). También hay premios de novela, como los organizados por el PEN Club (desde 1972), el Club Centenario (desde 1994) y el Ateneo Cultural Lidia Guanes (desde 2008). Cabe añadir el certamen de la Municipalidad de Asunción y el polémico Premio Nacional de Literatura (instituido en 1991, bienal). Sin apoyo institucional, la Cámara Paraguaya de Editores, Libreros y Asociados (CAPEL) organiza desde 1994, anualmente, la Libroferia Internacional de Asunción. Estas iniciativas han incentivado la creación literaria.

Mientras Plá, Colombino, Halley Mora y Romero Valdovinos continuaban su labor teatral, nació el grupo Arlequín (1982), de la mano de José Luis Ardissone, que ha puesto en escena más de ciento cincuenta obras y organiza un Festival Internacional de Teatro. El monopolio del Teatro Municipal (que cerró sus puertas en 1995) se quebró gracias al local estable de este grupo, al que se han añadido una decena de salas. Por su parte, la Universidad Católica creó un Departamento de Teatro (1987), que montó, en 1989, el primer espectáculo paraguayo de calle: Los niños de la calle, de Moncho Azuaga (1953), considerado heredero de Correa. En 1991, se suprimió la Comisión de Moralidad y Espectáculos, y se puso en escena la espectacular versión teatral de Yo, el Supremo, dirigida por Agustín Núñez. La creación del Elenco Municipal Teatral de la Ciudad de Asunción (1994) y de la Licenciatura en Pedagogía Teatral (2000) se hallan entre las apuestas de esta etapa, en la que han predominado el teatro comprometido, el comercial y el clásico.

Entre tanto, escribieron poemarios en guaraní José Ramón Silva, Tangara tangara, y Susy Delgado, Tataypýpe, entre otros. En 1981, apareció la primera novela en este idioma: Kalaíto Pombero, de Tadeo Zarratea. Carlos Martínez Gamba (1942-2010) ha usado el guaraní en poemarios, Pychãichi, Plata yvyguy y Tapekue ka’a, y en narrativa, como Ta’anga Vera Rendy y Jagua ñetu’o. Ramona Quebranto (1989), de Margot Ayala, fue la primera obra en jopara, lengua convertida en vía de expresión del grupo teatral Yma Guare.

La novela vivió una notable actualización en los años ochenta, de la mano de Guido Rodríguez Alcalá (1946), Juan Manuel Marcos (1950) y Raquel Saguier (1940-2007). En el Paraguay todavía amordazado por Stroessner, Guido Rodríguez Alcalá mezcló documentación e invención para abordar la Guerra de la Triple Alianza desde una perspectiva contraria a la oficial. Esta valiente apuesta por desmitificar el pasado a través de técnicas de la nueva narrativa histórica se materializó en Caballero (1986) y Caballero rey (1988), ambas narradas por Bernardino Caballero (fundador del Partido Colorado y considerado el sucesor de López). El lenguaje del protagonista, plagado de incorrecciones e incoherencias, nos acerca a un pícaro cobarde, analfabeto y manipulador, que nada se parece al héroe retratado por los revisionistas. Además, la ironía y el desorden temporal propician la distancia crítica de quien la lee.

Juan Manuel Marcos usó la experimentalidad para encubrir el contenido político en El invierno de Gunter, una obra compleja, donde se manifiestan el idealismo juvenil, la condena a la violencia y la necesidad humana de libertad y amor. Su ubicación en Corrientes apenas camuflaba la denuncia a la dictadura paraguaya.

Raquel Saguier forjó una de las obras más interesantes de la literatura paraguaya actual. Tras quedar finalista en el concurso de La Tribuna (1965) con Los principios y el símbolo, su primera publicación se demoró dos décadas: La niña que perdí en el circo (1987), una excelente novela que adopta la perspectiva de una niña para reivindicar el papel de la mujer y narrar la búsqueda del padre; La vera historia de Purificación (1989) abogaba por la emancipación femenina; Esta zanja está ocupada (1994) empleaba una trama policial para criticar a la sociedad y la política paraguayas; La posta del placer (1999) daba vida a personajes abrumados; y El amor de mis amores (2007) relataba la lucha que mantuvo Saguier contra la enfermedad que le arrebató a su marido.

La narrativa paraguaya se ha alejado del folclorismo, ha actualizado su temática y ha sucumbido a la necesidad de forjarse un estilo. Al igual que en el resto del mundo, predomina lo urbano sobre lo rural, lo individual sobre lo colectivo. Además, ha aumentado el porcentaje de escritoras de calidad. Es el caso de Renée Ferrer (1944), quien ha publicado poemarios, obras teatrales, narrativa infantil y colecciones de relatos, como La seca y otros cuentos, Por el ojo de la cerradura y Entre el ropero y el tren; y novelas, como Los nudos del silencio (1988, revisada en 1992), centrada en la figura de una mujer, víctima de la sociedad y del torturador stronista que tiene por marido; y Vagos sin tierra (1999), donde usa un lenguaje lírico para narrar la lucha por la tierra. También el tema ecológico preside sus relatos, como en el caso Desde el encendido corazón del monte (1994). Esta misma temática desarrollan Luisa Moreno, en Ecos de monte y arena (1992), y María Irma Betzel, en Savia bruta (1998).

Santiago Dimas Aranda (1923) denunció el aumento de la represión dictatorial en La pesadilla (1980) y Jesús Ruiz Nestosa (1941) vistió de experimentalidad la novela política Los ensayos (1982). Al caer Stroessner, Gilberto Ramírez Santacruz (1959) pudo publicar Esa hierba que nunca muere (1989), que narraba la lucha guerrillera, combinando ideología marxista con nacionalismo paraguayo. Se siguió cultivando la novela política de denuncia por medio de Canese, Stroessner roto, y Dimas Aranda, Medio siglo de agonía; la tendencia experimental siguió con Moncho Azuaga, Celda 12; Canese, Papeles de Lucy-fer; y Joaquín Morales, Historia(s) de Babel; y la novela irónica tuvo como representante a Guido Rodríguez Alcalá, con El rector. Santiago Trías Coll recurrió a la política-ficción, Emiliano González Safstrand denunció la corrupción y Catalo Bogado escribió relatos cercanos a las memorias. Andrés Colmán, El último vuelo del pájaro campana, y Michael Brunotte, Una herencia peligrosa, incorporaron a la novela política los recursos de la policiaca. Por su parte, Roa Bastos cerró la «trilogía del dolor paraguayo» con la novela política El fiscal, donde el protagonista exiliado se enfrentaba a la dictadura, en un proceso que lo degradaba. El mismo afán de realización guió a sus personajes en Contravida y Madama Sui.

Como en el resto del mundo, la narrativa histórica es uno de los subgéneros fundamentales en Paraguay. A su asentamiento contribuyó, en los años ochenta, Juan Bautista Rivarola Matto (1933-1991) con la novela corta San Lamuerte y la trilogía compuesta por Diagonal de sangre, La isla sin mar y El santo de guatambú, presididas por la pretensión de objetividad histórica. En los noventa, Roa Bastos abordó la humanización de Colón con Vigilia del Almirante; Hernáez ambientó Donde ladrón no llega en la época de la expulsión jesuítica; y Colombino trató el «descubrimiento» en De lo dulce y lo turbio. También han escrito cuentos históricos, entre otros, Ramírez Santacruz, Osvaldo Jaeggli, Hugo Rodríguez Alcalá, Maybell Lebrón y, con particular acierto, Helio Vera (1946-2008), autor de relatos de enorme calidad, como los reunidos en Angola y otros cuentos y La paciencia de Celestino Leiva.

En los años noventa, Chiquita Barreto recogió sus cuentos eróticos en Con el alma en la piel (1994) y Delirios y certezas (1995), mientras Verónica Balansino publicó la novela policiaca Escenas (1999). La ciencia-ficción, que se inició con los relatos de González Real y Manuel Argüello, se desarrolló con la novela en «portuñol» El goto (1998), del cineasta José Eduardo Alcázar, autor también de Porpix termina (2002) y Te quiero, gata (2009).

Durante la transición, lograron publicar poetas como Noemí Ferrari, Nilsa Casariego, Leni Pane, Susana Riquelme y Elinor Puschkarevich. En la obra de Jacobo Rauskin, pronto la esperanza devino desencanto; y tanto Hugo Rodríguez Alcalá como Delfina Acosta escribieron romances históricos. Reclamaron el lugar de la mujer los versos de Susy Delgado, Amanda Pedrozo, Delfina Acosta, Nila López y Lourdes Espínola.

LUCES Y SOMBRAS DEL NUEVO MILENIO

Poco a poco el guaraní va dejando de ser la lengua de lo popular, porque quienes lo usan han abordado nuevos temas y luchan por forjarse un estilo. A ello han contribuido, por ejemplo, Rudi Torga, Félix de Guarania, Feliciano Acosta y Lino Trinidad Sanabria. Sin embargo, aunque poco más de la mitad de la población paraguaya pueda expresarse en castellano, este sigue siendo el idioma de la gran mayoría de los libros y de toda la prensa.

En el siglo XXI, nuevas revistas culturales, como Takuapu, se han sumado a otras ya existentes: la Revista de la Sociedad de Escritores del Paraguay y Arte y Cultura. El teatro se extiende fuera de Asunción gracias al Centro Interdisciplinario de Difusión Educativa (CIDE), de Blas Alcaraz, que organiza festivales itinerantes, desde 1988. Desde 2007, se celebra anualmente el Festival Internacional de Teatro Independiente Pirologías, organizado por la Compañía Nacional de Fósforos.

Dramaturgas como Herenia López, Gloria Muñoz y Edda de los Ríos han llevado a escena la situación de las mujeres paraguayas. José Luis Ardissone, autor de La pasión de Rafael Barrett y Pancha y las sombras, ha visto reconocida internacionalmente su labor como actor y director. Interesante es también la trayectoria de Wal Mayans, fundador de Hara Teatro (2006), un proyecto experimental que combina teatro, danza y música.

Novelistas que tuvieron que publicar en el extranjero lo hacen ahora en su país. Es el caso de Fernando Caballero, autor de El río del este (México, 1971), Sois como dioses (Argentina, 1997) y El quinto evangelio según Flavinia Marcio (Paraguay, 2008). La novela histórica sigue teniendo plena vigencia: Maybell Lebrón recrea la mujer a la que López amó y ajustició en Pancha Garmendia (2000); el español afincado en Paraguay Félix Álvarez (1945-2006) reconstruye un crimen en el Perú del siglo XVII en Madre Sacramento (2000); Colombino usa procedimientos posmodernos para jugar con el mito de la concubina de López en El dedo trémulo (2002); Guido Rodríguez Alcalá ofrece una visión novedosa sobre el paso de la colonia a la independencia en Velasco (2002), y apuesta por la narratividad al abordar la figura de Elisa Lynch en El peluquero francés (2008); Gino Canese recurre a las leyendas guaraníes para denunciar el exterminio indígena en Jasy y Kuarahy (2002); y Luis Hernáez muestra la fundación de Asunción y la Revolución Comunera en Ese interior reino de nada (2003).

Últimamente, la novela ha denunciado el stronismo. Por ejemplo, Efraín Enríquez Gamón (1935) ordena Memorias de Escorpión (2004) mediante los pensamientos del dictador; Pepa Kostianovsky (1947), en Aldea de penitentes (2006), usa la ironía para mostrar el clientelismo del régimen; Colombino narra el horror de la dictadura en Humo sobre humo (2006); Ferrer nos acerca a la amante de un dictador en La querida (2009). La denuncia de la corrupción política y la infidelidad a los ideales antiestronistas han guiado las novelas de Aníbal Barreto Monzón (1954) en El doctor, mi candidato (2003) y en La vida en pedazos (2009); la desilusión ante una transición incapaz de paliar los problemas preside Segundo horror (2001), de Augusto Casola (1944). Asimismo, turbias tramas políticas ocupan la tetralogía de Juan Carlos Herken (1953): El mercader de ilusiones (1995), La Villa de Amatista (2003), Un verano en París (2009) y Carta de Ulises (2009).

El erotismo preside novelas como La obsesión de Andrea (2004), de Juan Manuel Salinas Aguirre; y comedias como Abulio el inútil, de Irina Ráfols. Además, Lucía Scosceria (1945-2008), autora de la novela t-quiero.com (2001), recogió sus cuentos eróticos en La siesta en que la cueva se tragó al ladrón (2007).

En este nuevo milenio, muchas mujeres han logrado publicar novelas y colecciones de cuentos, por ejemplo: Maribel Barreto, Código Arapónga, El retorno de Arapónga, La otra orilla y El país de las aguas; Susana Gertopán, El nombre prestado, El retorno de Eva y El otro exilio; Claudia González, Cuentos breves del olvido, Jugando con mamá y Elegía a Luciana; Mabel Pedrozo, Debajo de la cama, Noche multiplicada y Juego de sábanas; Lourdes Talavera, Junto a la ventana, Zoológico urbano y Afinidades furtivas.

Además, han empezado a divulgarse las obras de quienes nacieron en los años sesenta y setenta. José Manuel Pérez Reyes (1972) tiene publicados los volúmenes de cuentos Ladrillos del tiempo y Clonsonante. Se ha decantado por la narrativa fantástica y de ciencia ficción el argentino residente en Paraguay Juan de Urraza (1974), autor de varios libros de cuentos y de las novelas La Sociedad de las Mentes e Ironía. El actor Nelson Aguilera (1961) se dio a conocer como poeta en 2000 y, desde entonces, ha publicado más de una veintena de obras, entre las que destacan Cuentos para mujeres, Héroes y antihéroes, Cuentirrelatos para jóvenes y En el nombre de los niños de la calle, donde denuncia a quienes se enriquecen con la explotación infantil. Denuncia y bajos fondos aparecen también en la novela El Rubio, de Domingo Aguilera (1967), que usa el lenguaje popular paraguayo para mostrar el funcionamiento del hampa y sus conexiones con el poder político-económico. En De naranjos y flores, de Diego Marini (1972), Asunción es escenario de una trama amorosa y otra criminal, salpicadas por críticas al país, humor, lirismo y coloquialismos. Rick Taylor (1977-2004), autor del poemario Polvo medular, se adhirió al realismo sucio en la novela La ciudad de los corazones negros, que narra la soledad de los personajes en un mundo violento y cruel.

La narrativa paraguaya del comienzo del tercer milenio huye de la idealización anterior y está en consonancia con la del resto del mundo: variedad de tendencias, incorporación de la mujer, auge de la prosa histórica y aparición de una nueva generación, cuyos intereses están más próximos a los de sus coetáneos de diferentes lugares que a los de sus compatriotas de otras edades.

También en poesía hay voces nuevas, como la de la española de origen Montserrat Álvarez (1969), autora de Zona dark y Underground, siempre atenta a las zonas ocultas de la existencia. Además, a finales de los noventa, un grupo de universitarios lanzaron un manifiesto reivindicando la literatura. Entre las nuevas voces, podemos citar a Saskia Saer, Lía Colombino, Marcelo Sarubbi, José Antonio Alonso, Mónica Laneri, Diana Villaverde, etc.

A pesar de los avances, los problemas no han terminado: falta apoyo oficial, las tiradas no superan los mil ejemplares, la distribución resulta poco ágil, escasea la crítica seria y el precio de libros es inalcanzable para buena parte de la ciudadanía. A esto se une que, según estimaciones de UNICEF, casi el 60% de la población es analfabeta total o funcional. Esta falta de mercado lleva a que muchas obras salgan a la luz gracias a la autoedición. En 2009, el año con más títulos paraguayos publicados, se alcanzó la cifra de seiscientos, incluyendo ficción y no ficción. Ese mismo año, la novela de Carlos Martini Dónde estará mi primavera vendió quinientos ejemplares, lo que fue considerado un récord. Son las luces y las sombras de una literatura que promete.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

El Portal Paraguay de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com) resulta un recurso indispensable, ya que ofrece obras de casi cien autores de narrativa, poesía, teatro, ensayo e historia literaria. En www.portalguarani.com y en http://letrasparaguayas.blogspot.com encontramos excelente información actualizada. La obra de Thomas Welch y René Gutiérrez, Bibliografía de la literatura paraguaya (Washington, Biblioteca Colón, 1990), ofrece más de 1.500 citas en orden alfabético. Para los textos en guaraní, la web de Lustig (www.staff.uni-mainz.de/lustig/guarani) es sumamente útil y viene a complementar la obra de Rubén Bareiro Saguier, Literatura del Paraguay (Asunción, Servilibro, 2004), dedicada a recoger y estudiar textos indígenas.

Una visión general de lo acontecido en las letras del país puede encontrarse en la obra de Hugo Rodríguez Alcalá y Dirma Pardo Carugati, Historia de la literatura paraguaya (Asunción, El Lector, 1999). Entre las aportaciones de Teresa Méndez-Faith, destaca Breve diccionario de la literatura paraguaya (Asunción, El Lector, 2.ª ed., 1996), con 321 fichas bibliográficas. Las actas del «Coloquio Internacional Encuentros con la Literatura Paraguaya» se recogen en Dos orillas y un encuentro [Mar Langa Pizarro (ed.), Universidad de Alicante, 2005].

Varias revistas han dedicado monográficos a la literatura paraguaya: Scriptura (Universitat de Lleida, n. 21-22, 2010, coordinado por Francisco Tovar y Gabriella Donisi); América sin Nombre (Universidad de Alicante, n. 4, 2002, coordinado por Mar Langa Pizarro y José Vicente Peiró); e Hispanorama (Asociación Alemana de Profesores de Español, n. 98, 1998, coordinado por Sonja M. Steckbauer). A Roa Bastos consagraron números Anthropos (n. 115, 1990), Cuadernos Hispanoamericanos (n. 493-494, 1991) e Ínsula (n. 521, 1990), que se suman a los numerosos estudios existentes sobre este autor.

En el ámbito teatral, conviene consultar el ensayo de Josefina Plá, Cuatro siglos de teatro en el Paraguay (Asunción, Universidad Católica, 3 v., 1990, 1991 y 1994), que abarca de 1544 a 1988; y el de Agustín Núñez, Teatro Independiente en el Paraguay (Asunción, Municipalidad-El Estudio, 2007), que trata el periodo 1958-2007. La narrativa de finales del siglo XX cuenta con antologías como la de Guido Rodríguez Alcalá y María Elena Villagra, Narrativa paraguaya (1980-1990) (Asunción, Don Bosco, 1992); y estudios como el de José Vicente Peiró, La narrativa paraguaya actual (Asunción, UniNorte, 2006). Entre los ensayos y antologías poéticas, pueden consultarse los libros de Josefina Plá, Voces femeninas en la poesía paraguaya (Asunción, Alcándara, 1982); y de Renée Ferrer de Arréllaga y Miguel Ángel Fernández, Poetisas del Paraguay: voces de hoy (Madrid, Torremozas, 1992).

CAPÍTULO XVIII

HISTORIA DE LA MÚSICA

Luis Szarán

El Paraguay es un país eminentemente musical, cualidad que se podrá apreciar ampliamente a lo largo de estas páginas. La rica, profunda y variada expresión musical de los habitantes de la era precolombina se evidencia por la intensidad de sus cantos, muchos de ellos conservados hasta el presente. Cantos y rituales destinados a celebraciones de agradecimiento, de aliento previo a las batallas, propiciatorios para el éxito en la cacería y abundancia en las cosechas, para los entierros, con fines eróticos o de simple esparcimiento en las horas de ocio. Las expresiones musicales continuaron con la rápida aparición de nuevas formas de canto, danza y ejecución instrumental, que surgieron como resultado del encuentro con las corrientes migratorias —española y, en menor grado, africana— luego de la conquista.

El mestizo, portador en sus genes de esa musicalidad primigenia, desarrolló nuevas formas de expresión musical y abrazó la guitarra y el arpa, el canto y la danza introducidos por los españoles, y los convirtió en elementos vitales de su existencia. Este fenómeno, que marca diferencias notables con otras naciones del continente, se manifiesta en la extraordinaria producción, tanto en cantidad como en calidad, del cancionero popular, así como por la presencia de la música en los momentos más importantes de la vida del paraguayo, desde su nacimiento, celebrado con cánticos, hasta su muerte, acompañada por música.

No estuvieron ajenos a este aspecto los representantes de las misiones religiosas que se instalaron en el territorio a partir del siglo XVI. Dominicos, mercedarios, franciscanos y jesuitas, cada uno desde una perspectiva diferente, se valieron de la música como elemento aglutinador y de motivación del pueblo aborigen hacia la misión pastoral. Con plena convicción en los resultados, solicitaron a sus sedes en Europa instrumentos musicales, partituras y accesorios, hasta clamar a sus superiores «que bastaría una sola orquesta para convertir a todo el continente». Con la emancipación del país con respecto a España, de igual manera nacieron nuevos géneros musicales: la canción patriótica, los bailes populares, el Himno Nacional y los aires nacionales. A lo largo de todo este tiempo han predominado la cultura oral por encima de la académica, el relato por encima de las escrituras, la transmisión del canto de generación en generación sin partituras. Este aspecto ha sido una característica distintiva del Paraguay hasta bien entrado el siglo XXI. A lo largo de estos dos siglos de vida independiente, el proceso ha estado marcado por una inmensa producción de música popular y folclórica, y por una escasa producción de música culta, que apenas alcanza el centenar de obras entre sinfonías, conciertos y música de cámara.

EL ARTE MUSICAL DE LOS ABORÍGENES

A la rica diversidad cultural de las naciones indígenas de esta extensa región —expresada en las numerosas familias lingüísticas que poblaron y pueblan el Chaco y el sur del actual Paraguay— se une un conjunto de coincidencias en la manera de hacer música en la vida cotidiana. Además de las prácticas ya señaladas de celebración y animación para la superación de las propias dificultades (aspectos relacionados con la función social de la música), se agregan las formas de expresión que resaltan por unir en un todo el acto de expresión: texto, canto, danza y ejecución musical en una sola actividad, sobre todo cuando se llevan a cabo las grandes ceremonias de la comunidad como, por ejemplo, las curaciones, las orgiásticas, las propiciatorias o las celebraciones por logros obtenidos.

Investigaciones arqueológicas y etnográficas, realizadas a comienzos del siglo XX, han permitido obtener valiosos registros de varias parcialidades hoy desaparecidas y de otras que, a pesar del tiempo transcurrido y las influencias de la cultura occidental, logran mantener algo de su estilo original. En todas ellas, la frase musical se percibía claramente, con diferentes grados de complejidad, de acuerdo con las etnias, pero las mismas eran de libre construcción y su desarrollo se producía por reiteración, con variaciones. El acto musical se repetía durante largo tiempo hasta finalizar por cansancio físico de los participantes o por pérdida de interés gradual del grupo. La necesidad del menor esfuerzo mental y de cohesión grupal para las canciones y danzas colectivas suponían un predominio absoluto del ritmo binario, cerrando el círculo rítmico con el menor número de acentos y pulsaciones. En los casos de piezas instrumentales de ejecución solitaria o el canto llano, se llevaban a cabo de manera libre y según las posibilidades del instrumento o del relato.

El material disponible en cada región definió el tipo y la variedad de los instrumentos musicales. Las calabazas se convirtieron en sonajas; semillas, dientes, pezuñas y trocitos de huesos de animales hicieron de sonajeros; los troncos huecos y un cuero de animal o tejido vegetal formaron tambores y las tacuaras sirvieron para flautas y bastones sonoros. Las sonajas rellenas se empleaban como instrumentos sagrados para los rituales de los chamanes de las etnias Matako, Maká, Chiripá, Mbyá y Pãi, entre otras. Por su parte, el bastón de ritmo solamente era ejecutado por las mujeres en las etnias Guaraní. Entre los Chulupí, Chorotí, Lengua, Maká y Sanapaná, se utilizaban los sonajeros atados a los pies para los rituales de la pubertad. Los hombres de la etnia Chamacoco empleaban esos sonajeros durante el ritual de los enmascarados, en los que representaban a genios demoniacos, mientras que los Toba los usaban durante la danza de la cabellera y los Chulupí, para alejar a los espíritus vengativos.

Una gran variedad de sonidos se obtenían de los tambores, construidos de diferentes formas. Por ejemplo, el tambor de agua consistía en un tronco ahuecado al que se introducía agua en diferentes volúmenes y se colocaba una membrana tensa en el extremo superior; en cambio, otros eran elaborados con barro cocido y membranas de pieles de animales. Este instrumento se empleaba para cantos de guerra o para acelerar la madurez de los frutos.

Los huesos, astas vacunas y tacuaras servían de material básico para la confección de flautas. Tanto el material original empleado como la variedad de orificios generaban una inmensa cantidad de posibilidades sonoras. En la cultura guaraní, la flauta se define como mimby y existen varios tipos, según el tamaño y la función que cumplen. También estaban las llamadas flautas de pan, con tres o cuatro cañas de diferentes tamaños, agrupadas una al lado de otra.

Otros instrumentos musicales, de empleo y ejecución solitarios, eran los arcos sonoros con resonadores o de boca, consistentes en una cuerda tensada hecha de vegetales trenzados o de tiras de cuero de animales. Los mismos se ejecutaban con los dedos en forma percutida o por frotación con un pequeño arco. Asimismo, entre los guaraníes se empleaban los silbatos que se hacían de trozos de madera, producían solamente dos notas y llevaban por nombre sereré y naseré.

LA ETAPA COLONIAL: LAS MISIONES JESUÍTICAS

A diferencia de otras naciones de América en las que la herencia cultural de los años de la colonización española dejó un rico patrimonio artístico —cuyas huellas se encuentran en los archivos de las grandes catedrales—, en el Paraguay esta herencia cultural se refleja solamente en sus expresiones populares mestizas. Los toques de caja y flautilla, así como los «aires plañideros españoles, en tono de lamentos», son citados por los cronistas y visitantes de la Asunción colonial. Tambien se menciona otra esporádica actividad, como la desarrollada por un «Coro de músicos» de la catedral de la ciudad que, hacia 1545, lo integraban Gregorio de Acosta, Juan de Xara, Antonio Coto, Antonio de Tomás y Antonio Romero.

Las danzas posteriores al Renacimiento, y en cuyo proceso de afirmación a nivel europeo España jugó un papel importante, fueron interpretadas en los pequeños círculos sociales de la capital. Muchas de estas, como el canario, la españoleta, los matachines, el pasacalle, la chacona y la zarabanda dieron origen a danzas mestizas, conocidas como danzas tradicionales del Paraguay. Acerca de estos bailes practicados en los pueblos de españoles y de indios, durante los siglos XVII y XVIII, el capitán de fragata Juan F. Aguirre señaló en su diario: «Prosiguen dominantes los cantares y bailes antiguos españoles… el baile es frecuente: se reduce a los comunes de la tierra, pericón, navecillas, zamarrillas, sombrero y seguidillas…». Igualmente, Aguirre describe las condiciones y el ambiente social entre los años 1785 y 1790, al señalar que «los indios son idóneos en todo: fabrican instrumentos, herramientas, vasijas, telares… y para las letras. A las visitas obsequian con entremeses y bailes, comedias, cañas, parejas y sortijas. Las fiestas más solemnes son las de los santos patronos: imitan el pase a caballo español con estandartes fingidos y vestidos antiguos que los ridiculizan. En esos días comen grandemente. Día y noche caja y flautilla, son días en que trabaja bien la música».

«La tierra sin mal», «La República de Platón», «Un Paraíso en el Paraguay», «El triunfo de la humanidad», «El Estado musical de los jesuitas», «El país de los primeros cristianos» y «La República de Dios» son expresiones empleadas por los historiadores, a lo largo de los siglos, para tratar de sintetizar el sacro experimento social llevado a cabo en tierras de Sudamérica por parte de los jesuitas: las reducciones. El padre Antonio Ruiz de Montoya las describió de esta manera: «Llamamos reducciones a los pueblos de indios que viviendo a su antigua usanza en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en tres, cuatro o seis casas solas, separadas a legua, dos, tres y más, unos de otros, los redujo la diligencia de los padres a poblaciones grandes y a vida política y humana, a beneficiar algodón con que se vistan».

En siglo y medio, a partir de 1609, los jesuitas fundaron numerosos pueblos y llegaron a contar con una población organizada de unos 150.000 indios. Para ello, se valieron de todos los medios para atraer a los indígenas, al mismo tiempo que construyeron iglesias, establecimientos agrícolas y ganaderos, y aplicaron la educación por el arte en sus más variadas expresiones. La jornada cotidiana comenzaba con las iniciales luces del día y la primera actividad correspondía al encargado de hacer sonar las campanas. Los dos padres jesuitas se dirigían a la iglesia para pasar una hora de oración en silencio. Mientras, los niños recorrían los alrededores con música, cantando. Más tarde, entraban en la iglesia, colocándose a la derecha los niños y a la izquierda las niñas. Se daba inicio a cánticos guiados por un catequista indígena y luego comenzaba el oficio. Al final, todos se despedían con cánticos; los niños y niñas se dirigían a sus estudios y los mayores, al trabajo.

La musicología actual ha realizado valiosos aportes para la revelación del esplendor del arte musical en las misiones de la antigua Provincia Jesuítica del Paraguay. Lo que hace más de tres décadas existía solamente en las apasionadas crónicas, cartas anuas y libros, hoy se muestra en miles de hojas de manuscritos musicales, de autores barrocos y anónimos, que corroboran ese esplendor del llamado con cierta exageración, pero no muy lejos de la verdad, el «Estado musical de los jesuitas». Desde el inicio mismo de la utopía de buscar «el paraíso en la tierra» a través de la fundación de las reducciones jesuíticas, la música ejerció un papel de primera magnitud, acompañando todos los momentos de la vida en cada reducción. Los primeros misioneros músicos fueron Rodrigo de Melgarejo, Jean Vaisseau y Luis Berger, quienes ya tomaron conciencia de que la música atraía a los indígenas de una manera excepcional. La llegada a las misiones de Anton Sepp permitió el primer y definitivo acto revolucionario de «educación por la música».

El primer contingente de misioneros músicos introdujo en las reducciones el canto llano. Se trataba, en su mayoría, de piezas musicales que provenían de la catedral de Toledo (España). El paso de ese estilo homofónico, del canto a una voz al moderno estilo del barroco, que abría las puertas a la música instrumental y vocal con nuevos horizontes, se debe a Anton Sepp. Este notable músico, nacido en 1655, provenía de la región del Tirol y descendía de una familia noble: Sepp von Seppenburg zu Salegg. De niño formó parte del coro de la Corte Imperial de Viena, en el que sobresalió como cantante y ejecutante de diversos instrumentos. En 1674, ingresó en la Compañía de Jesús, atraído por su prestigio, por la vocación de servicio y, más que nada, por el ejercicio de la disciplina que había practicado desde niño. En 1687, fue ordenado sacerdote en Ausburgo (Alemania) y completó, al mismo tiempo, su formación de músico. Dos años después, se embarcó en Cádiz rumbo a las reducciones jesuíticas. El padre Sepp trajo consigo los mejores instrumentos disponibles en Europa: un órgano, espinetas, clavecines, bombardas, chirimías, tiorbas y el arpa renacentista, instrumento del que derivó, siglos más tarde, el arpa paraguaya. En el pueblo de Yapeyú fundó el primer taller de fabricación de instrumentos musicales, e instaló así el arte de la lutería. Apenas llegado a destino, el padre Sepp cautivó a los propios misioneros con sus instrumentos: «Les tocábamos una pieza en la trompa grande, traída de Ausburgo, y otra trompa pequeña, traída de Génova. Esos buenos padres jamás habían oído tales músicas, pero lo que les arrebató el corazón fue la música tocada con el dulce psalterio. Después y en compañía del padre Böhem toqué diferentes flautas, las que había comprado en Génova, y después les toqué el violín y la tromba marina, que es un instrumento de una sola cuerda, pero cuyo sonido es semejante a la trompeta y que yo había hecho construir en Cádiz. Los padres quedaron sumamente complacidos y les parecía poco lo que les había tocado». Anton Sepp falleció en 1733, a los 77 años de edad, en la reducción de San José.

Entre la nueva generación de misioneros músicos, a partir del aporte de Anton Sepp, cabe destacar al suizo Martin Schmid, a Juan José Messner, de la región de Bohemia, y a Florian Paucke, de Silesia, quien estuvo en Córdoba y otros lugares. Los dos primeros se establecieron en Chiquitos, donde Schmid construyó imponentes iglesias, fundó una Schola Cantorum y enseñó a los indígenas a fabricar instrumentos. Su herencia es, en la actualidad, el más importante punto de referencia para el estudio de la música de las reducciones, ya que en Chiquitos se han encontrado miles de manuscritos de la época, gran parte de ellos copiados por Schmid y Messner.

Sin duda, la figura más importante de la música es el italiano Domenico Zipoli. Nacido en Prato, en 1688, y fallecido en Córdoba, en 1726, Zipoli constituye hasta el presente la mayor personalidad musical europea que desarrolló su actividad en Sudamérica. Considerado como el último heredero de la gran tradición organística italiana, alcanzó los puestos más codiciados como organista en Roma, en la basílica Santa María de Trastevere y la Chiesa del Gesù (la iglesia de los jesuitas). Ingresó en la Compañía de Jesús a mediados de 1716 y al año siguiente partió rumbo al Río de la Plata, en una expedición que incluía a celebridades como el historiador Pedro Lozano, los misioneros Nussdorfer, Asperger y Lizardi, y los arquitectos Primoli y Bianchi. Zipoli se estableció en el convento que los jesuitas tenían en Córdoba, donde continuó sus estudios teológicos y compuso música que luego se enviaba, por medio de emisarios, a los treinta pueblos que formaban parte de las reducciones. Su trabajo como organista y compositor fue rápidamente valorado, como expresó Faenza, en 1793: «Nadie fue más ilustre, ni llevó cosas a cabo, que Domenico Zipoli, otrora músico romano, a cuya armonía perfecta nada más dulce ni más trabajado podía anteponerse… Más mientras componía diferentes composiciones para el templo, que desde la misma ciudad principal de la América Meridional, Lima, le eran pedidas, enviándose a través de grandes distancias con mensajeros especiales». Por su parte, Pedro Lozano escribió: «Dio gran solemnidad a las fiestas religiosas mediante la música, con no pequeño placer así de los españoles como de los neófitos… Enorme era la multitud de gentes que iba a nuestra iglesia, con el deseo de oírle tocar hermosamente». En los breves ocho años y cinco meses de actividad en las reducciones jesuíticas, Zipoli compuso una enorme cantidad de música, que hasta hace poco tiempo era desconocida, ya que la mayor parte de su obra fue destruida tras la expulsión de los jesuitas, en 1767. En 1972, tuvo lugar el descubrimiento de más de 5.000 manuscritos en la Chiquitania de Bolivia, gracias al arquitecto suizo Hans Roth. Este hallazgo está considerado como el de mayor trascendencia para la musicología de Hispanoamérica. La presencia de Zipoli en las misiones fue un misterio, sobre todo para los europeos, por el hecho de que de un día para otro, y en el momento más alto de su carrera, desapareció de la vida musical italiana. Incluso, algunos tratadistas han dudado de la autenticidad de sus obras y otros, de la existencia misma del compositor.

LA MÚSICA CALLADA: LA DICTADURA DE FRANCIA

Luego del movimiento revolucionario que condujo a la independencia del Paraguay, en 1811, se hizo con las riendas del poder José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó durante más de veinticinco años. Bajo el título de Supremo Dictador, impuso un sistema basado en la delación y el terror. Clausuró las fronteras y controló personalmente la entrada al país de extranjeros, información y publicaciones. Rodríguez de Francia tuvo numerosos detractores y admiradores, aunque algunos historiadores, como Dionisio González Torres, destacan el florecimiento de la música en esos años:

Durante la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia, la música popular tuvo gran desarrollo y difusión porque organizó bandas militares en todas las unidades de la Capital y de la Campaña, facilitó la incorporación de instrumentos musicales (clarinetes, pífanos, trompas, oués, violines, tambores, triángulos y panderetas) en la tienda del Estado, donde se vendían cuerdas de arpa y guitarra a precios reducidos. Además un hecho de fundamental importancia: la creación en 1817, en la Capital, de la Escuela de Jóvenes Aprendices de Música Militar, donde se destacó el maestro de música Manuel Sierra, y en las bandas de la Capital, Benjamín González y Felipe Santiago González. Hábiles guitarristas y cantores de los años 30 del siglo pasado fueron los maestros José Gabriel Téllez, Luis María Quintana y el famoso guitarrista y cantor popular Cangué Herreros, de Carapeguá, soldado del Batallón Escolta.

Se destacaron también, durante la época posterior a la Independencia, los músicos Vargas, guitarrista y poeta; Casal y Rufino López, de Luque, guitarristas; Perico Agüero, de Caraguatay; Ulpiano López, de San Pedro; Tomás Miranda (Tomás Carapeguá), Anastasio Rolón, de Caraguatay, guitarrista y poeta, autor del primer Himno patriótico, con su música y letra en guaraní.

Entre tanto, cronistas y viajeros de la época, como Rengger y Longchamp, se refirieron a las severas restricciones en la vida social y artística: «La guitarra, compañera inseparable del paraguayo, enmudeció para siempre». De todas maneras, en el ambiente campesino paraguayo se fue gestando la naciente música popular, cuya descripción apropiada encontramos nuevamente en los relatos de Rengger y Longchamp:

La música es monótona, por lo que casi todas las canciones tienen la misma tonalidad. El canto se acompaña con guitarra, que todos, por supuesto, tocan mediocremente. El tema de las canciones es, generalmente, desafortunado, los lamentos de un celoso, etc. Hay pocos cantos nacionales. La danza es pesada, sin gracia. Se bailan contradanzas españolas, cuyas figuras o evoluciones son a veces agradables. Los músicos son los mismos que tocan en las iglesias porque, afuera de estos, casi nadie sabe tocar decentemente…

De la fusión entre los cantos españoles y la incorporación de los textos en guaraní nació el purahéi asy (canto lloroso), que los hermanos ingleses Robertson, que viajaron por el Paraguay, mencionan en su obra.

LOS AÑOS DORADOS: LOS LÓPEZ

Tras la dictadura de Gaspar Rodríguez de Francia, en el periodo de 1840 a 1864, cuando se inició la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), Paraguay atravesó por una etapa de crecimiento en los órdenes material y cultural. Los gobiernos de Carlos Antonio López y de su hijo Francisco Solano se caracterizaron por el impulso a fuertes migraciones de técnicos, ingenieros e intelectuales provenientes de Europa. Se construyeron grandes edificios, hasta hoy emblemáticos, como el Palacio de Gobierno, el Panteón de los Héroes, el Cabildo y el Teatro Nacional, una réplica de la famosa Scala de Milán. En 1853, nació el primer periódico, El Paraguayo Independiente, al que siguió, en 1855, Eco del Paraguay. En el campo artístico se promovieron las actividades públicas, en su mayoría ofrecidas por compañías españolas e italianas que realizaban giras por el Río de la Plata.

La vida social en la capital giraba en torno a las grandes veladas del Club Nacional, organizadas por Alicia Elisa Lynch, compañera de Francisco Solano López. Replicando la moda de la música y los bailes de salón de la corte de Napoléon III, se bailaban lanceros, cuadrillas, contradanzas, valses, mazurcas y polcas. El pueblo observaba estas danzas y las replicaba en las plazas, adaptándolas a su idiosincrasia, lo que dio origen a las danzas tradicionales y populares. De estas, sobreviven en la actualidad: la contradanza, la cuadrilla y el lancero; el santa fe, la golondrina, el montonero, la polca paraguaya, el london karape, la palomita, el solito, el cielito, la mazurca y chotis, entre otras.

Entre las personalidades provenientes de Inglaterra, Francia e Italia que llevaron a cabo valiosos aportes al desarrollo técnico y cultural del país se destaca la labor de Francisco Sauvageot de Dupuis, músico francés, formador de la primera generación de músicos profesionales y creador de las principales bandas de música de la época.

Nacido en París, en 1813, Dupuis llegó al Paraguay en 1853, contratado por el gobierno de Carlos Antonio López como jefe de música al servicio de la República, para la formación de bandas de música militar y oficiar como profesor de la Academia Literaria. Su sueldo era incluso superior al de los ministros, pues en 1856 percibía cien pesos mensuales, mientras que el ministro de Guerra y Marina, Francisco Solano López, recibía solamente cincuenta. Entre sus mejores alumnos se destacaron Cantalicio Guerrero e Indalecio Odriosola. Falleció en Asunción el 2 de julio de 1861, y dejó más de veinte agrupaciones musicales conformadas. Asimismo, está considerado como el probable autor de la música del Himno Nacional. Acerca de su trabajo, escribió el diario La Democracia, el 13 de marzo de 1858: «El inteligente y activo Dupuis presentó en la última revista 74 alumnos de música perfectamente aptos para componer la banda militar del Cuerpo Nacional de Artillería. Es digno de elogiar la prontitud con que ha enseñado a estos jóvenes militares. Ya son cuatro las bandas militares que alternan descansadamente en el servicio de la plaza, debiéndose añadir las diferentes bandas pertenecientes a distintas fuerzas militares destacadas en otros puntos de la frontera».

LA RECONSTRUCCIÓN (1870-1925)

Finalizada la trágica Guerra de la Triple Alianza, los sucesivos gobiernos impulsaron no solo la reconstrucción física del Paraguay sino también la de su memoria cultural, e incentivaron la consolidación del arte y la cultura. Así, en 1874, el gobierno de Juan Bautista Gill contrató al director de bandas de origen italiano Luis Cavedagni para reorganizar las actividades musicales en Asunción. Su mayor aporte fue el Álbum de los Toques más Populares del Paraguay, editado por A. Demarchi y Cía. en Buenos Aires, en 1887, que constituye el primer documento de música impresa en la historia del país. El álbum incluye música y danzas del Paraguay como la palomita, Raído terere, Cerro León, London karape, Colorado, Mamá kumanda, Taita mandi’o y otras. En el campo de las instituciones culturales, en 1891, se inauguró el Teatro Nacional (hoy Teatro Municipal) y, en 1895, se fundó el Instituto Paraguayo, que aglutinaba a los mayores intelectuales de la época. Además, se incrementaron las presentaciones de compañías de zarzuelas españolas y óperas italianas, cuyas orquestas eran reforzadas por músicos locales.

El paso del siglo XIX al XX, aun tratándose de años turbulentos en la vida política del país, fue una época de esplendor en el arte musical, pocas veces visto a lo largo de su historia. Por ejemplo, era común que grandes óperas como La Bohème o Tosca se llevaran a escena pocos años después de su estreno en Italia. Al mismo tiempo, el estallido de la Primera Guerra Mundial favoreció a la economía de la región e incrementó la presencia de artistas destacados y compañías europeas itinerantes. En 1912, se estrenó Tierra Guaraní, la primera comedia o zarzuela del Paraguay, con textos del español Fermín Domínguez y música de Nicolino Pellegrini.

En estos años, se crearon numerosas instituciones y asociaciones musicales como la Sociedad Lírico-Dramática, la Sociedad Eslava, la Sociedad Filarmónica Asuncena, Amigos del Arte, Sociedad Orquestal, Sociedad Musical de Socorros Mutuos, Academia Santa Cecilia, la sociedad coral alemana Sangensrunde y el Instituto La Salvia. La casa de música Villadesau realizó las primeras ediciones en discos de música paraguaya así como ediciones de música popular y las recopilaciones de Aires Nacionales de Aristóbulo Nonón Domínguez.

De importancia para la formación académica de los músicos paraguayos resultó la nueva ola migratoria de intérpretes extranjeros. A los ya mencionados Luis Cavedagni, fallecido en 1916, y el director italiano Nicolino Pellegrini, se sumaron Mauricio Lefranck, Cipriano Ochoa, Jaime Segalés y Emilio Malinverni. Varios maestros paraguayos adquirieron fama y se proyectaron al exterior, como Fernando Centurión (1886-1938), violinista y compositor formado en los conservatorios de Lieja y París, fundador del Cuarteto Haydn y el Gimnasio Paraguayo. Uno de los artistas más trascendentales para la historia de la música del Paraguay fue Gustavo Sosa Escalada, creador de la escuela guitarrística paraguaya y maestro de una de las glorias de la música universal en el campo de dicho instrumento: Agustín Pío Barrios, más conocido como Mangoré.

Agustín Pío Barrios nació en San Juan Bautista, en 1885. Comenzó a tocar la guitarra en su pueblo natal y hacia 1898 fue invitado por Gustavo Sosa Escalada para estudiar en el Instituto Paraguayo de Asunción. En la capital, además de Sosa Escalada, recibió lecciones de Nicolino Pellegrini. En 1903, en carácter de alumno, actuó por primera vez en el escenario del Teatro Municipal y, en 1908, se presentó como solista en el Teatro Granados, acompañado de una orquesta dirigida por Pellegrini, tocando a dúo con Sosa Escalada sus propios arreglos y variaciones sobre aires nacionales. En 1910, emprendió su primera gira artística por Argentina y Chile, lo que aprovechó además para completar su formación.

En 1912, se estableció en la capital de Uruguay, Montevideo, donde conoció a Martín Borda y Pagola, amigo, confidente y depositario de sus manuscritos. A partir de 1916, realizó giras por toda América y Europa. En 1939, fue invitado por el presidente de El Salvador para establecerse en el país e impulsar la creación de una escuela guitarrística. En El Salvador falleció el 7 de agosto de 1944. Barrios es autor de un centenar de piezas para guitarra y la mayoría de los estudiosos de su obra coinciden acerca del valor y la proyección universal de su musica, y ubican a Barrios como el compositor para guitarra más destacado y representativo de América. Por ejemplo, el célebre guitarrista australiano John Williams, en el material adjunto a su disco sobre Mangoré, afirmaba que «Barrios fue el más grande compositor para guitarra de todos los tiempos».

LA GENERACIÓN DE ORO (1925-1950)

En 1912, se fundó la Banda de Músicos y la Escuela de Aprendices de la Policía de la Capital. Su primer director, Nicolino Pellegrini, logró dotar a los integrantes de dicha agrupación no solo de una sólida formación, sino que los motivó hacia el estudio de la composición musical. A partir de mediados de la década del veinte comenzaron a visualizarse los frutos. Así, José Asunción Flores creó la guarania en 1925, Herminio Giménez se destacó como gran compositor, seguido de otros grandes músicos de destacada importancia en la historia de la creación musical del país como, por ejemplo, Mauricio Cardozo Ocampo, Carlos Lara Bareiro, Emilio Bigi, Félix Fernández y Darío Gómez Serrato. El cancionero musical popular, tanto en polcas paraguayas como en canciones y guaranias, alcanzó su máximo esplendor, que no volverá a repetirse, por medio de las creaciones de esta generación de compositores.

Asimismo, el arpa paraguaya, bajo el impulso de Félix Pérez Cardozo, adquirió relevante notoriedad en el Río de la Plata, al que luego se sumaron los aportes de Digno García, Santiago Cortesi, Dionisio Arzamendia, Cristino Báez Monges, Abel Sánchez Giménez, Luis Bordón, entre otros.

La guarania se encuentra estrechamente unida a la destacada figura de José Asunción Flores. Nació en Asunción, en 1904, y realizó sus primeros estudios musicales como aprendiz, con 11 años, en la Banda de Música de la Policía de la Capital. Sus maestros fueron Nicolino Pellegrini, Mariano Godoy, Eugenio Campanini y Salvador Déntice, mientras que practicó el violín con Fernando Centurión y Carlos Esculies en el Gimnasio Paraguayo. En 1922, compuso su primera polca, Manuel Gondra; y, en 1925, creó una forma de canción paraguaya que denominó «guarania» y que constituye, en la actualidad, una de las expresiones más representativas de la música popular paraguaya. Hacia finales de los años treinta se afilió al Partido Comunista, pero tuvo que exiliarse al ser perseguido por sus ideas, junto con numerosos artistas e intelectuales del Paraguay, y se radicó en Buenos Aires. En la capital argentina formó su agrupación Orquesta Ortiz Guerrero, con la que realizó históricos registros discográficos y con música de su propia autoría. En 1936, tras el éxito de la revolución febrerista, regresó por un breve lapso a Paraguay, aunque poco después volvió a instalarse en Argentina. Su guarania India fue declarada «Canción Nacional», por decreto del Poder Ejecutivo, en el año 1944. A partir de 1954, estrenó obras sinfónicas en Buenos Aires y Rosario. En 1967, viajó a la Unión Soviética para realizar conciertos de sus obras con la Orquesta de la Radio y Televisión de Moscú. Falleció en Buenos Aires en 1972.

CREACIÓN ACADÉMICA Y CONSOLIDACIÓN

A partir de la guerra civil de 1947 y hasta el final de la dictadura de Stroessner, en 1989, se produjo en el país la mayor migración de artistas e intelectuales, en sentido contrario a lo sucedido en épocas anteriores, pues esta vez se expulsaba de la tierra a los propios habitantes. De esta manera, se desarrollaron dos culturas paraguayas paralelas: la del exterior y la de los que quedaron adentro, tanto en los ámbitos de la creación literaria como tambien científica, intelectual y artística.

En el campo musical, los más importantes creadores de música sinfónica fijaron su residencia en Argentina y Brasil, como fueron los casos de José Asunción Flores (1904-1972), Herminio Giménez (1905-1991), Carlos Lara Bareiro (1914-1988), Francisco Alvarenga (1910-1957) y Emilio Bigi (1919-1969); además de Nicolás Pérez González (1935-1991), quien se estableció en París. En el Paraguay permanecieron Remberto Giménez (1899-1977), fundador de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) y compositor sinfónico; Juan Carlos Moreno González (1916-1982), creador de la zarzuela paraguaya y autor de música para piano, de cámara y sinfónica; Juan Max Boettner (1899-1957), principal teórico de la música en el país, autor de escritos sobre historia de la música del Paraguay; Luis Cañete (1905-1985) y Florentín Giménez (1925), entre otros.

En años recientes se destaca el trabajo creativo de Luis Szarán, Daniel Luzko, Saúl Gaona y Diego Sánchez Haase. En el campo de la interpretación adquieren notoriedad internacional los guitarristas Sila Godoy, Felipe Sosa, Berta Rojas y Luz María Bobadilla. Propuestas innovadoras para el cancionero popular aparecen en la década del setenta, como la Avanzada, de Óscar Nelson Safuán, y el Nuevo Cancionero, inspirado en movimientos similares del cancionero latinoamericano.

El advenimiento de la transición democrática, a partir de 1989, resulta beneficioso para la fundación y consolidación de las instituciones culturales —en especial con la creación del Premio Nacional de Música—, y para promover las nuevas creaciones, como el Conservatorio y la Orquesta Sinfónica Nacional, al igual que la Facultad de Música de la Universidad Nacional. Este nuevo clima también ha permitido la puesta en marcha de valiosas iniciativas artísticas y culturales desde los sectores público y privado, como, por ejemplo, la Sociedad Filarmónica de Asunción, los elencos artísticos de la Universidad del Norte y el proyecto de integración social y comunitaria, a través de la música, Sonidos de la Tierra, que se lleva a cabo en todos los rincones del país.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

En la bibliografía que presentamos a continuación se citan algunos libros y artículos que, aunque no son específicos sobre música, incluyen capítulos o menciones especiales relacionadas con la música del Paraguay.

El primer musicólogo que ha estudiado, en sus principales aspectos, la música en el Paraguay fue Juan Max Boettner, cuya obra Música y Músicos del Paraguay (Asunción, Autores Paraguayos Asociados, 1957) continúa siendo la principal fuente de consulta acerca de todos los periodos de la música del Paraguay. Como complemento a esta obra y con aportes más recientes se puede consultar el Diccionario de la música en el Paraguay, de Luis Szarán (Asunción, 1997).

El libro de Juan Max Boettner es el más completo, aunque en lo referente a la música de los aborígenes abarca una limitada cantidad de etnias. Algunos artículos complementarios se pueden hallar en Juan Carlos Moreno González, Datos para la historia de la música (Asunción, Ed. Ateneo, 1943). Menciones especiales a Carlos Vega, Música sudamericana (Argentina, Ed. Buenos Aires, 1946); y Luis Szarán y J. A. Perazzo, Estudios sobre música indígena y popular Anguá Pararã (Asunción, 1978). El libro de Branislava Susnik, Los indígenas del Paraguay (Asunción, 8 v., desde 1980), es de suma importancia, pues se incluye la descripción de instrumentos musicales.

Acerca del esplendor musical de las misiones jesuíticas y las reducciones franciscanas en los siglos XVII y XVIII la literatura es más abundante. En ese sentido las cartas de Anton Sepp son muy interesantes, como Relación de viaje a las misiones jesuíticas. Continuación de las labores apostólicas y Jardín de flores paracuario (Argentina, Ed. EUDEBA, 1971-1974) y Un tirolés entre los guaraníes (Argentina, Misiones, Ed. Casa Parroquial Salesiana Capiovy, s/fecha). Otro estudioso que ha logrado profundizar acerca de la importancia de la música en las misiones fue el jesuita Guillermo Furlong, en Misiones y sus pueblos de guaraníes (Argentina, Ed. Talleres Gráficos de Limicop, 1978). Otros aportes más recientes se encuentran en José A. Perazzo, Los Guarayu. Guaraníes del oriente boliviano (Asunción, RP Ed., 1988). Luis Szarán y Jesús Ruiz Nestosa, Música en las reducciones jesuíticas (Asunción, Ed. Missions Prokur S. J. Nürnberg, 1996).

Acerca del rico y vasto folclore del Paraguay la bibliografía se vuelve más abundante. Un libro de cabecera es el de Mauricio Cardozo Ocampo, Mundo folklórico paraguayo (Asunción, Ed. Cuadernos Republicanos, tres tomos, 1989) y también Mis bodas de oro con el folklore (Asunción, 1975). Desde diferentes ángulos y con enfoques sobre temas específicos encontramos antologías de canciones y reseñas históricas en Aristóbulo Domínguez, Aires nacionales paraguayos (Asunción, Ed. Manuel Villadesau, 1928); Luis Cañete, Lenguaje musical paraguayo (Asunción, Ed. APA, en mimeógrafo, 1960); Dalmidio A. Baccay, Vitalidad expresiva de la música guaraní (Argentina, Ed. Buenos Aires, 1961); Celia Ruiz de Domínguez, Danzas tradicionales paraguayas (Asunción, 1974); Luis Szarán y J. A. Perazzo, Estacioneros (Asunción, Ed. Nuevo Mundo, 1979); Dionisio González Torres, Folklore del Paraguay (Asunción, edición del autor, 1980); Federico Riera, Recuerdos musicales del Paraguay (Argentina, 1984); y Miguel A. Rodríguez, Semblanzas biográficas de creadores e intérpretes populares paraguayos (Asunción, Ed. Compugraph, 1992).

La creación de la guarania como nuevo género musical ha motivado un amplio estudio y entrevistas personales a su creador, José Asunción Flores: Sara Talia, José Asunción Flores (Argentina, 1976); A. Almada Roche, Flores. Pájaro lírico y musical (Argentina, Ed. Del Pez, 1984). Las biografías y los ensayos biográficos son los aportes más recientes; por ejemplo, Bacón Duarte Prado, Barrios. Un genio insular (Asunción, Ed. Ara Verá, 1985); Demetrio Ortiz, Autobiografía (Asunción, 1987); Laureano Fernández y Alberto de Luque (compiladores), Emilianore. Vida y obra (Asunción, RP Ed., 1987); Cancio Jiménez, Escritores y músicos de la época de la Guerra del Chaco (Asunción, Ed. Intento, Tomo I, 1987, y Tomo II, edición del autor, 1988); José Fernando Talavera, Herminio Giménez (Asunción, Ed. Histórica, 1988); Roberto A. Romero, Emiliano R. Fernández. Mito y realidad (Asunción, Ed. Kallsen, 1988); Saturnino Ferreira Pérez, Barrios. Su entorno, su época, su drama (Asunción, Ed. Comuneros, 1990); Luis Szarán y Sila Godoy, Mangoré. Vida y obra de Agustín Barrios (Asunción, Editorial Don Bosco y Ñandutí Vive, 1994); Bernardo Garcete Saldívar, Luis Alberto del Paraná. Perfil de un triunfador (Asunción, ed. del autor, 1995); y Juan M. Marcos y José A. Galeano, Maneco Galeano. Despertar. Antología (Asunción, edición de los autores, 1995).

CAPÍTULO XIX

HISTORIA DE LA LENGUA GUARANÍ

Bartomeu Melià, s. j.

En la historia del Paraguay hay un extraño y desconcertante silencio con respecto a la lengua guaraní. Son rarísimos los libros —y menos aun los artículos— que tienen en cuenta que los habitantes de esa colonia española, y después como país independiente, no hablaban, por lo general, otra lengua que la guaraní. No solo la lengua indígena se reproducía en sus espacios propios, sino que conformó la comunicación normal de criollos y mestizos quienes, por otra parte, siempre se consideraron españoles. La paradoja es que la lengua guaraní fue durante siglos la lengua «española» del Paraguay. Es probable que la historiografía nacional, por ignorancia y por olvido, haya preferido obviar una realidad tanto más molesta cuanto más presente.

DE PUEBLO INDÍGENA A UNA SOCIEDAD NO INDÍGENA

La llegada de europeos a la que se llamó Provincia del Paraguay fue relativamente baja: 3.087 entre 1535 y 1600. Ante la falta de oro y plata, la Provincia dejó de atraer a nuevos contingentes y ni siquiera retuvo a los que ya habían llegado, pues se cree que apenas permanecieron entre 1.000 y 1.200 europeos. De Asunción, el padre mercedario Juan de Salazar dijo, en 1545, que era «un pueblo de más de quinientos hombres y más de quinientas mil turbaciones». En 1597, la población española era de 200 hombres, ascendió a unos 300 vecinos en 1608 y alcanzó los 600 en 1620, a los que habría que sumar otros 100 vecinos de Villarrica y 30 de Ciudad Real. Solo en 1682 la cifra de españoles se elevó a 2.000, que junto con sus familias alcanzaban los 6.480 miembros, según el censo realizado por el obispo fray Faustino de Casas (ver cap. V).

A pesar del ocaso demográfico producido por la conquista y colonización española, la población mayoritaria, como veremos, continuó siendo indígena guaraní. En estas circunstancias, no resultó fácil mantener una sociedad española castiza, como hubieran deseado algunos, en la que se mantuviera el castellano como lengua común. Juan de Salazar y Espinosa, fundador de Asunción, expresó en 1556 su recelo de que «muertos los padres, los hijos quedarían como indios en sus costumbres, no habiendo contratación de cristianos». Ese mismo año, uno de los primeros encomenderos, Domingo Martínez —después clérigo y cura párroco en la catedral y padre de hijos naturales mestizos—, formuló deseos «para que no venga la tierra en poder de mestizos y naturales… que es cosa de gran compasión y dolor que el padre haya servido veinte y tantos años… y ahora muriendo, sus hijos sepa que han de ir en poder de indios y de tan poca razón como éstos».

¿Qué era ser español en aquel Paraguay? España no era una unidad nacional homogénea, pero los hombres que vinieron en las expediciones del siglo XVI eran portadores de ciertos rasgos y actitudes comunes. Podemos destacar tres: religiosamente eran cristianos católicos; se regían por una economía de acumulación de bienes, en la que el botín y el pillaje ejercido sobre las riquezas encontradas a su paso era la práctica normal; y hablaban la lengua castellana.

El castellano, como lengua de tradición y prestigio, lo hablaban los primitivos conquistadores, pero sufrían al ver que no prevalecía y se lamentaban de que «van quedando pocos de los que primero aquí llegaron», según manifestaban los oficiales reales Rojas Aranda y García Cunha, el 15 de junio de 1594. Los criollos, ya en pequeño porcentaje, conversaban en castellano, pero en los juicios y temas administrativos se hacía necesario, a menudo, utilizar los servicios de un intérprete. Los mismos gobernantes mostraban su preocupación, ya que la lengua vernácula invadía la vida cotidiana, lo que dificultaba la labor de la minoría letrada y administrativa.

Los diversos proyectos educativos de los españoles en Asunción, comenzando por los de Irala y pasando por los de Hernandarias, fueron decididamente hispanizantes. Cabe destacar la Casa de doncellas huérfanas y recogidas, bajo la dirección de la «madre» Francisca de Bocanegra durante los años 1603-1617; y «un estudio para la gente moza», regentado por el licenciado Francisco de Zaldívar, también en los años iniciales del siglo XVII. El cabildo de Asunción, en 1625, todavía alegaba como motivo para la creación de un colegio que «los hijos de los nobles conquistadores corrían el riesgo de adquirir las costumbres de los indios».

En el siglo XVII, la colonia paraguaya todavía escribió algo de literatura en castellano, cuya culminación fue la Historia Argentina del descubrimiento, población y conquista de las Provincias del Río de la Plata, de Ruy Díaz de Guzmán, escrita en 1612 pero publicada en 1834. Asimismo se encuentran, por ejemplo, los escritos personales del padre Roque González de Santa Cruz, quien también escribió en guaraní. Después, la literatura en castellano en el Paraguay quedó prácticamente silenciada.

En realidad, a lo largo del siglo XVII y todavía más en el XVIII, la sociedad paraguaya se orientó claramente a un nuevo monolingüismo guaraní, aunque permaneció la voluntad de mantener en ese lejano Paraguay las formas de vida hispanas. Una de las más persistentes preocupaciones del grupo de los encomenderos —hacendados y cabildantes que, en adelante, se atribuyeron el papel rector de la sociedad colonial— fue el de mantener el modelo cultural primigenio, es decir, más de apropiación de recursos y trabajo ajeno que de paciente productividad. El Paraguay entró con la encomienda, instaurada en 1556, en un claro proceso de empobrecimiento. Y el pobre fue identificado con el guaraní.

• Los guaraníes del Paraguay

Desde el punto de vista documental, la carta, fechada en 1528, del español Luis Ramírez (participante en la expedición de Caboto) fue la primera que registró el nombre de un pueblo o nación que se autodenominaba guarení, que por afinidad fonética podía ser también guariní. Dado que la palabra guariní es «guerra» en guaraní, el significado sería «nación guerrera». Sin embargo, en toda la documentación posterior, y hasta los tiempos actuales, se ha escrito guaraní, de etimología un tanto difícil, pero que puede interpretarse como la «gente por antonomasia», «persona cierta y genuina, exclusiva y originaria».

«Aquí con nosotros —anotó Ramírez— está otra generación que son nuestros amigos, los cuales se llaman guarenís y por otro nombre chandris. Estos andan derramados por ésta tierra y por otras muchas, como corsarios, a causa de ser enemigos de todas éstas otras naciones y de otras muchas que adelante diré. […]. Estos señorean gran parte de ésta India y confinan con los que habitan en la sierra. Estos traen mucho metal de oro y plata en muchas planchas y orejeras y en hachas, con que cortan la montaña para sembrar».

A medida que las expediciones fueron explorando el Río de la Plata encontraron, efectivamente, en su margen oriental a otros grupos indígenas con características económicas y culturales parecidas y con una lengua común. La presencia masiva de hablantes de esa lengua se constató de manera evidente cuando los conquistadores llegaron al lugar donde estableció, en 1537, el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción.

Los guaraníes eran grandes migrantes, pero no nómadas, que vivían en aldeas de grandes casas, de una, dos o cuatro casas —en el Ambaré, lugar vecino al nuevo fuerte español, contamos cuatro de ellas según la ilustración de Ulrico Schmidl—. Socialmente se estructuraban en familias extensas, bastante autónomas, que políticamente solían juntarse en asambleas (aty) para discutir y decidir sobre asuntos importantes y trabajos comunes. Pa’i era el nombre del padre de familia, nombre de respeto, aplicado también a los viejos, a los hechiceros o chamanes y a las personas de consideración; a la madre le correspondía el nombre de ha’i. Eran agricultores y practicaban gran variedad de cultivos. Parte esencial de su cultura era su modo de ser religioso, practicado mediante cantos y danzas, en los cuales «se hacían palabra» (ñembo’e), es decir, creaban y recitaban oraciones. Numerosos líderes religiosos guiaban e impulsaban esta forma de vida.

Los indígenas guaraníes se dieron a conocer a medida que se ampliaba el área de exploración y conquista española. La autodenominación no era siempre guaraní, pero la lengua y las costumbres de todos ellos eran muy cercanas. En la región de Asunción se llamaban carios; los del norte del Manduvirá se presentaban como tobatín; más hacia arriba estaban los de Guarambaré; y en la posterior marcha española hacia el norte se encontraron los itatín. El contacto con los guaraníes, y por lo tanto con la lengua y sus variedades, fue un proceso largo. Así, hacia el este aparecieron los del Mbaracayú y en la margen derecha del río Paraná, los de Guayrá; más allá del Tebicuary estaban los Canoeros del Paraná, mientras que otros grupos se asentaban en ambas márgenes del río Uruguay; y más hacia el este, los tapés. Ya en el siglo XVII se encontraron en el mismo corazón del Paraguay oriental los tarumá y los mbyá. Pero hay que resaltar que muchos guaraníes, considerados como monteses o cayguáes, no fueron contactados hasta bien entrado el siglo XX.

El guaraní es una lengua de la familia lingüística tupí-guaraní en la cual se cuentan otras 25 lenguas diferentes, dispersas por toda el área amazónica y subtropical. Dentro de esta familia lingüística se pueden distinguir varios subconjuntos, que en el caso del guaraní agrupa, actualmente, a seis lenguas diferentes: mbyá, paĩ-tavyterã, avá-guaraní, guaraní occidental, ñandeva y guaraní paraguayo. Este último es de creación mucho más reciente, pues tiene su origen en el siglo XVI, durante la colonia, como parte de un proceso de mestizaje entre españoles y guaraníes.

• Mestizaje, violencia y bilingüismo

Con la instalación de los españoles en Asunción comenzó una historia compleja y bastante confusa debido al afán de situar un mestizaje armonioso y feliz como relato fundador de la nación paraguaya. La historia convencional, sobre todo en el siglo XX, ha convertido en mito la falacia de que el Paraguay (país bilingüe) tiene su origen en el mestizaje. Ahora bien, ¿hasta dónde llegó el fenómeno del mestizaje? ¿Cuáles fueron sus características y consecuencias en el campo de la comunicación lingüística?

La convivencia de españoles con la sociedad guaraní y la unión de los primeros con las mujeres guaraníes es un hecho claro. Que los guaraníes aceptaran a los españoles en su sistema de reciprocidad económica y parentesco, dada también la necesidad que tenían recién llegados de proveerse de alimentos y disponer de mujeres, nada tiene de extraño. El nombre de karai se refiere a personas con poderes chamánicos sobrenaturales y con él fueron honrados los españoles, lo que permite pensar que fueron considerados no solo como personas (ava) como ellos, sino además de rango importante. Años después, en 1620, el jesuita Marciel de Lorenzana sintetizó el proceso en estos términos: «llamáronse luego los indios y españoles de cuñados; y como cada español tenía muchas mancebas, toda la parentela acudía a servir a su cuñado, honrándose con el nuevo pariente. Viéndose los españoles abundosos en comidas de la tierra y con tantas mancebas, no aspiraron a más…; y, como estaban en el Paraíso de Mahoma, se gobernaban a su modo».

Domingo Martínez de Irala, en 1556, calculaba en torno a 522 los españoles que habían llegado al Paraguay en diversas expediciones. Además, se vanagloriaba de la existencia de una población de 3.000 mestizos, lo que suponía un elevado porcentaje de unos seis hijos/as por conquistador en los primeros 20 años de la colonia. Sin embargo, a los siete años de fundada Asunción, y a pesar de la idealización de Irala, ya se escuchaban voces de denuncia contra el maltrato a las mujeres guaraníes, las numerosas muertes y el ocaso demográfico que el nuevo sistema español provocaba.

Dentro del modelo colonial, aquella amistad y «cuñadazgo» inicial no podía sino derivar hacia el abuso y la violencia. La mujer guaraní se convirtió en «pieza» económica, criada, brazo agrícola y procreadora de nuevos brazos, como anotaron Susnik y Zavala. Por lo tanto, la «poligamia» hispano-guaraní no fue el efecto de un simple libertinaje sexual, sino la imposición de un nuevo sistema económico cuyo resultado era el genocidio. La llegada y el establecimiento del sistema colonial produjo más muerte que las guerras. El padre Martín González denunció, en junio de 1556, la opresión y la crueldad que escondía ese «Paraíso de Mahoma»: «Las indias puestas en los cristianos eran tan apremiadas muchas de ellas, que, de verse así, unas huían a sus tierras, y traídas las azotaban; otras de verse fatigadas y con el deseo de sus hijos y maridos, y visto que no podían ir a ellos, se ahorcaban; ya que esto no hacían, hartábanse de tierra, porque antes querían matarse, que no sufrir la vida que muchos les daban […] las indias que se han traído a esta ciudad, después de la prisión del gobernador Cabeza de Vaca, sería nunca acabar; pero paréceme que serán casi cincuenta mil, antes más que menos; y ahora al presente estarán entre los cristianos quince mil, y todas las demás son muertas».

Los testimonios y las denuncias de este tenor enviadas a los reyes de España fueron frecuentes entre 1545 y 1556. Ya el primer período de la conquista, que podemos delimitar entre 1537 y 1556, y sobre todo su continuación, de 1556 a 1610, representaron una horrenda y espantosa caída demográfica: de 200.000 guaraníes se pasó a alrededor de 20.000. Únicamente las reducciones de los franciscanos, iniciadas hacia 1580, lograron estabilizar una población que, en vez de caer vertiginosamente, trazó una suave pendiente casi horizontal, con puntos de disminución o de recuperación según lugares y años.

En lo que atañe a los mestizos fruto de las primeras uniones, hay que distinguir entre aquellos que fueron tenidos como «mancebos de la tierra», es decir, de madre guaraní y reconocidos por sus padres españoles, que se sintieron españoles y quedaron inscritos en el cuadro cultural de sus padres; y los que resultaron producto de uniones al paso y que permanecieron en el ambiente guaraní de su madre y sus parientes. Los primeros mantuvieron una mayor exposición a la lengua castellana, pero los segundos, encerrados en la esfera social de sus madres, tuvieron un acceso muy limitado a la nueva lengua. Se inició, así, la categoría de los bilingües guaraní hablantes, que siguieron con el guaraní como lengua primera y propia.

La introducción de la encomienda cerró la época del cuñadazgo e introdujo la sumisión forzada de los guaraníes a un nuevo régimen de servidumbre, en realidad un cautiverio apenas disimulado. En ese contexto, el escaso bilingüismo inicial retrocedió pues los españoles ya no se mezclaron más con los guaraníes, ni biológica ni socialmente.

Es de primordial importancia resaltar que la colonia en Paraguay no estaba conformada solo por las ciudades de españoles —Asunción, Ciudad Real, Villarrica y Santiago de Jerez, con su escasa población—; también se hallaban los pueblos de indios, un total de 25, que perduraron hasta después de la Independencia y que son los tradicionales pueblos del Paraguay. En ellos, la población era guaraní en su casi totalidad, si bien fueron alcanzados profundamente por el proceso colonizador, sobre todo en tres rasgos esenciales de su cultura: ya no pudieron regirse por su sistema político de asamblea (aty); su estructura y práctica religiosa quedó sumergida y negada, sin cantos ni danzas, sin mitos ni creencias; y su economía de reciprocidad perdió amplitud y vigor. Todos estos factores llevaron a modificar el lenguaje y la lengua, sustituyendo los sentidos tradicionales de las palabras a la par que se introducían neologismos e hispanismos. Al final del proceso, se hablará español con palabras guaraníes o guaraní con palabras españolas, como dijo Marcos Morínigo.

Para guiarnos en el proceso lingüístico paraguayo tiene gran importancia la composición de la población y su evolución a lo largo de esta época, como puede verse en las tablas que da Ignacio Telesca en el capítulo V (pp. 88, 106-7).

• El otro guaraní o «tercera lengua»

La política inicial del conquistador español en el Río de la Plata no consistió en favorecer el bilingüismo sino en introducir la lengua castellana. En ese proceso, tanto los indios guaraníes como los recién llegados comenzaron a conocer y usar palabras y expresiones de las respectivas lenguas. Así, con extrañeza y satisfacción, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, al llegar a Asunción en 1542, encontró a guaraníes que hablaban castellano, como en el caso de algunos caciques que, incluso, habían castellanizado sus nombres: Pedro de Mendoza, Juan de Salazar Capitari, Francisco Ruiz Mayrarú, Lorenzo Moquirací, Gonzalo Mayrarú… Como expresó Silvio Zavala «no se olvide que en la sociedad colonial la posición más ventajosa era la de los españoles; y que el mestizo, cuando podía llegar a ella, la prefería claramente a la dependencia en que los veía sumidos, de los que trataba con ahínco de diferenciarse».

También fueron bilingües los «lenguas» o intérpretes, no necesariamente hijos mestizos, que se desempeñaron como acompañantes de los misioneros y asesores en cuestiones de lengua, aunque en general trabajaron en contra de los intereses de los guaraníes. Los frailes franciscanos colaboraron en la traducción del Catecismo breve de Lima (siempre atribuido a fray Luis Bolaños), y cabe destacar a Bartolomé Escobar, asesor tanto de Bolaños como del gran lingüista jesuita Antonio Ruiz de Montoya.

De todos modos, en el área de mayor influencia española la lengua guaraní se reprodujo socialmente en la casa y en la calle, sin maestros ni modelos, sin gramáticas y sin literatura. Pero, al mismo tiempo, el guaraní se simplificó, se resignó a aceptar cada vez más hispanismos, empobreció su vocabulario así como su variada riqueza en los modos de decir.

A mitad del siglo XVIII, la depauperación del guaraní en el ámbito asunceño era notable. El padre José Cardiel, en 1758, tildó el «guaraní paraguayo» o dialecto de las poblaciones del campo, chacras y estancias como «jerigonza, un agregado de solecismos y barbarismos de la lengua guaraní y guaraní con castellano, lengua tan corrupta y tan adulterada, que quienes sabían la propia guaraní no la entendían; en fin, un desconcertado lenguaje y una algarabía».

Sin embargo, la realidad no era tan dramática, aunque es cierto que ese «guaraní paraguayo» se alejaba notablemente del guaraní de los indios y del de las misiones jesuíticas. Refiriéndose a la misma época, el jesuita Martín Dobrizhoffer escribió, en 1784, que todos hablaban guaraní como su lengua natal y muchos pronunciaban bastante bien el español, pero acotaba que «a decir verdad mezclan ambas lenguas y no entienden bien ninguna… los españoles corrompían miserablemente la lengua india y las indias la española. Así nació una tercera o sea la que usan hoy en día».

Sin embargo, la dificultad reside en saber en qué consistía ese «guarañol» colonial, ya que de esa sociedad hispano-guaraní no ha quedado ningún escrito, pues como decía Cardiel de esos españoles del Paraguay «nunca escriben cosa alguna en la lengua del indio, como ni nunca rezan en ella, sino en castellano».

En realidad, el poder colonial nunca promovió el uso del guaraní. El panorama empeoró en 1768 cuando el gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, presentó una Instrucción para que se enseñase el castellano con el fin de civilizar, desterrar la rusticidad y lograr uniformar el lenguaje para que no se permitiese que los muchachos hablasen guaraní. No obstante, el intento resultó un fracaso. El gobernador Lázaro de Rivera acusó, en 1796, de «la pérdida efectiva de más de cien mil pesos que se han llevado las dotaciones de unos maestros inútiles, por no decir perjudiciales… Hemos llegado al extremo de que la lengua del pueblo conquistado sea la que domine y dé la ley al conquistador». En aquella época hablar castellano en Paraguay era ser extranjero.

EL GUARANÍ GRAMATICALIZADO

La colonia en Paraguay tuvo varias ramificaciones que se reflejaron en distintos tipos de sociedad así como en diversas formas de hablar y servirse de la lengua guaraní.

• La lengua guaraní convertida y reducida

Los jesuitas llegaron a Paraguay en 1588, pero no fue hasta 1609 cuando se instauró en la Provincia un nuevo tipo de misión entre los guaraníes, que puede definirse como colonia sin colonos. Se trató del régimen de misión por «reducción», promovido por la corona española desde 1503, que consistía en juntar a la gente dispersa en grandes poblaciones. Desde 1580, los franciscanos ya habían adoptado el sistema, pero fueron los jesuitas quienes lo aplicaron con mayor amplitud y radicalidad, al liberar a los indios del régimen de la encomienda.

En esos pueblos-misión se mantuvieron los elementos esenciales del sistema guaraní: conservación del territorio (no invadido ni usurpado por los colonos), mantenimiento del sistema económico basado en la reciprocidad (sin circulación de dinero en la comunidad) y, sobre todo, preservación de la lengua, aunque más estandarizada y general.

Algunas características históricas y sociales hicieron que el guaraní de las misiones jesuíticas se diferenciara del de los españoles del Paraguay. Los jesuitas se dedicaron con ahínco a estudiar y a hablar la lengua guaraní, lengua única, «oficial», y de uso normal de una población misionera que, en 1732, albergó una población de 141.182 personas, repartidos en sus 30 pueblos. Por el contrario, las villas y los pueblos de españoles y mestizos del Paraguay apenas contabilizaron 32.645 personas en 1762.

La lengua fue para los jesuitas un medio para entender y ser entendido, un modo de «hacerse» guaraní con los guaraníes. La «reducción» del guaraní a una gramática escrita se convirtió en una tarea primordial. Efectivamente, esa lengua se adaptó a las necesidades de la evangelización, que exigía un nuevo lenguaje de palabras y expresiones. De ahí que, junto con la gramática, vino casi siempre la elaboración de diccionarios, en los cuales no solo aparecieron los modos de decir tradicionales, sino también neologismos e hispanismos. La fonética, la morfología y la sintaxis se mantuvieron iguales, pero las formas del discurso registraron significativas innovaciones.

Por desgracia, los trabajos gramaticales realizados por los frailes franciscanos resultan imprecisos, aunque son de gran valía. El provincial de los jesuitas, Diego de Torres Bollo, certificó, en 1610, que Bolaños «es la persona a quien se debe más en la enseñanza de la lengua de los indios por ser el primero que la ha reducido a arte y vocabulario, y traducido en ella la doctrina, confesonario y sermones».

Asimismo, buenos gramáticos fueron el padre Marciel de Lorenzana, fundador de San Ignacio Guasú, y su compañero el padre Francisco de San Martín —tan obsesionado con el estudio de la lengua que se volvió loco—, pero no dejaron nada escrito. El padre Alonso D’Aragona, fallecido en 1629, redactó una Breve introducción para aprender la lengua guaraní. Por su parte, el padre Antonio Ruiz de Montoya, entre 1639 y 1640, publicó en Madrid su monumental libro en tres volúmenes Tesoro, Arte y Vocabulario y Catecismo de la lengua guaraní, obra no superada hasta hoy y que acaba de ser reeditada en cuatro volúmenes (2011). Finalmente, el padre Paulo Restivo revisó y actualizó gramaticalmente lo que con el tiempo se había vuelto desuso, y fruto de ello fueron el Vocabulario de la lengua guaraní (1722) y el Arte de la lengua guaraní (1724), impresos en las propias imprentas de las misiones —las primeras del Río de la Plata.

• La literatura guaraní religiosa

Como era de prever, la producción literaria en el contexto misionero se centró en los temas de religión, como los catecismos, los sermonarios, los manuales litúrgicos y los libros de devoción. La primera versión al guaraní de las oraciones de la vida cristiana fue la de Bolaños y, después, el Catecismo breve y cotidiano, proveniente del Concilio de Lima de 1583. Los sínodos de Asunción de 1603 y 1632 tomaron esos textos como normativos para todos los pueblos de indios.

El Catecismo de la lengua guaraní, de Montoya, fue la versión en guaraní del catecismo del padre Ripalda —que recorría toda España— y el primer libro bilingüe de toda la literatura paraguaya (algo que los jesuitas no volvieron a repetir). Bastante posterior resulta la famosa traducción al guaraní de una obra clásica de la literatura española: De la diferencia entre temporal y eterno, del padre Eusebio Nieremberg, obra de gran estima en todo el mundo católico del siglo XVII. Se trata de uno de los primeros libros impresos en las reducciones jesuíticas (1705) y, al igual que la edición europea, se adornó con una serie de grabados cincelados por los mismos indios guaraníes. Esta obra, rarísima y de gran valor, acaba de ser reeditada en facsímil en Buenos Aires (2010).

Más originales resultaron los libros Explicación de el Catecismo en lengua guaraní (1724) y Sermones y ejemplos (1727), ambos de Nicolás Yapuguay y editados en las imprentas misioneras. En el prefacio se dice que «muy conocida y superior es la capacidad de ese Nicolás Yapuguái, cacique y músico de Santa María y muy alabada su composición por la propiedad y claridad y elegancia con que felizmente se explica». Se trata, probablemente, del mayor escritor guaraní en esta lengua.

Del jesuita paraguayo José Insaurralde es el manual de piedad Ara poru aguyyey haba (Del buen uso del tiempo), edición póstuma en dos tomos hecha en Madrid (1759-60), que «enseña a los indios punto por punto, cómo pasar el día íntegro santa y dignamente, ya sea trabajando en casa, ya cultivando el campo, ora camino de la iglesia o asistiendo a la Santa Misa, ora recitando el Santo Rosario o haciendo cualquier cosa»; este texto, de hecho, hace referencia implícitamente a las prácticas cotidianas y al modo de ser y vivir en los pueblos de las reducciones.

Entre los manuscritos conservados y todavía no editados hay una buena colección de catecismos, al parecer preparados para ser divulgados en una publicación que no vio la luz, que se conservan en el Museo Británico.

• Uso político de la escritura por parte de los guaraníes

Los guaraníes, que en un primer momento pensaron que los jesuitas en «los libros traían la muerte» y que el papel (tupã kuatia) era un medio mágico que revelaba secretos y adivinaba el porvenir, aceptaron con entusiasmo la escritura, como instrumento eficaz de comunicación, de denuncia y de política.

El testimonio más antiguo que tenemos de un texto guaraní originario es la «Respuesta que dieron los indios a las Reales Providencias en las que se manda no sirvan los Indios de las Reducciones más que dos meses como S. M. lo manda y no sean llevados a Mbaracayú en tiempo enfermo», fechado el 25 de agosto de 1630. Hay en él frases de alto dramatismo y denuncia firme de la injusticia y muerte a la que están sometidos: «Aquellos yerbales del Mbaracayú están del todo llenos de los huesos de nuestra gente. La casa de Dios solo tiene los huesos de nuestras mujeres; los huesos de nuestra gente muerta encuentran al Mbaracayú como lecho… Los españoles son nuestros enemigos… Nada pagan los españoles por el cansancio de nuestra gente. Lo único que traemos es cansancio; enfermedad es lo que traemos…». Con este texto, el guaraní muestra su fuerza y lucha social contra la encomienda y la explotación de la yerba en el Paraguay, oro verde para unos, infernal yerba para los trabajadores.

La misma lengua guaraní se prestó también para escritos más amenos, sensacionales e incluso divertidos, como es el Diario hecho por un indio de lo que sucedió en el segundo desalojamiento de los portugueses [de la Colonia de Sacramento] en 10 de septiembre de 1704 [hasta el 18 de marzo de 1705]. En este manuscrito de 52 páginas —apenas conocido y todavía inédito— tenemos un verdadero reportaje de guerra en el que se suceden episodios sorprendentes, aventuras y hazañas, desdichas y muertes, contados con realismo y humor. A su valor histórico hay que añadir el lingüístico, que lo convierte en pieza de la literatura clásica, como no tenemos otra en el ámbito paraguayo de la época. Es una especie De Bello Gallico a lo guaraní, escrito por un soldado de tropa, pero que domina bien la pluma; tal vez se trate del secretario del cabildo de Corpus, su pueblo natal.

Donde el uso político de la lengua guaraní se manifestó con fuerza y propiedad fue en los numerosos escritos surgidos a propósito de la llamada «guerra guaranítica», motivada por el Tratado de Madrid de 1750, cuando los Cabildos de seis de los siete pueblos afectados y el cacique Nicolás Ñeengyrú expresaron las razones y su sentir sobre la grave injusticia e insensatez política de las autoridades españolas, que entregaban esos pueblos a los portugueses. Estos textos representan un elevado nivel de la literatura guaraní de todos los tiempos —que difícilmente alcanzan los escritos administrativos del gobierno— por la fineza de matices, la pureza del texto, su claridad expositiva y su contenida emoción, lo que redunda en fuerza y belleza. «Los caciques, sin que lo sepamos, y sin hacer caso de nosotros, envían su gente, se avisan con sus papeles de día y de noche», decía el cura del pueblo de San Juan en marzo de 1753.

La circulación epistolar resultó, en esas circunstancias, frecuente y rápida. La lengua popular no solo consistió en la comunicación de mensajes y noticias ocasionales y personales, sino que adquirió también rango de lengua oficial. Que un medio típicamente colonial como la escritura, que generalmente debía servir para adoctrinar a los indios, fuera aprovechado ahora por los guaraníes en la defensa de sus derechos y en lucha por la libertad exasperaba a las autoridades españolas, por lo que se lo atribuían a los jesuitas, como si los guaraníes fueran incapaces de ello. Todo ese periodo, que se prolonga hasta 1759 y es parte esencial de la historia del Paraguay, únicamente se puede entender si se lee la documentación en guaraní conservada en varios repositorios como el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo de Simancas y el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires.

Pocos años después, en 1767, el rey Carlos III ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus dominios, por lo tanto también del Paraguay. De los pueblos guaraníes salieron los jesuitas, en 1768, aunque no fue fácil sustituirlos por otros religiosos que supieran, por lo menos, algo de la lengua guaraní. Esa lengua, a veces llamada jesuítica, pero que en realidad fue utilizada sobre todo por los cabildos, los dirigentes y diversas personas de la comunidad guaraní, mantuvo una estructura gramatical muy sólida y normalizada, que el antropólogo León Cadogan calificó de clásica. No era una lengua pura, si por ello se entiende sin transformaciones ni incorporaciones de nuevos términos, ya fueran neologismos o hispanismos, pero era una lengua que decía con propiedad lo que tenía que decir. Pero no se puede olvidar que en los pueblos misioneros subsistieron, al mismo tiempo, los dialectos que denotaban el origen diverso de sus habitantes, ya que no todos procedían de un mismo lugar.

La expulsión tuvo graves consecuencias pues se inició para esta lengua un doble proceso. El primero, corto, se relacionó directamente con los episodios del desalojo. Los guaraníes manifestaron su disgusto y tristeza al mismo tiempo que afirmaron su lealtad al sistema de vida de los pueblos jesuíticos. Son notables, por su contenido y forma literaria, la Carta en lengua guaraní en la que el pueblo de San Luis ruega que permanezcan entre ellos los Padres de la Compañía de Jesús (febrero de 1768) y otra escrita al rey por los corregidores y caciques de los treinta pueblos, que fue enviada junto con su traducción castellana.

El segundo proceso acusó rápidamente la falta de normativa gramatical y léxica, así como la intrusión de formas del hablar provenientes del Paraguay español. Esto se debió a que, muy pronto, terratenientes y comerciantes (españoles, criollos y mestizos) ocuparon las tierras y funciones administrativas rectoras de los pueblos guaraní-jesuíticos. El fenómeno se hizo patente a medida que pasaban los años y el guaraní de las misiones se volvió más «paraguayo». Una larga serie de 59 documentos, recopilados entre 1768 y 1813, reflejan esos cambios. Durante muchos años, el guaraní sin jesuitas todavía fue jesuítico, pero se degradó hacia modos de hablar cada vez más híbridos, como aparece, de modo evidente, en un estado de cuentas sobre ganado y otros bienes almacenados y comercializados en los años 1777-1778, que se encuentra en el Archivo Nacional de Asunción: la caligrafía, hermosa y cuidada, remite a los tiempos de antes, pero el vocabulario para designar los productos y artículos registrados está ya hispanizado en exceso.

En 1810, el general Manuel Belgrano, que se encaminaba hacia el Paraguay atravesando el territorio de las Misiones, realizó una serie de proclamas —con las que quería ganarse la voluntad y la adhesión de la provincia del Paraguay a la Junta Gubernativa de Buenos Aires— que fueron vertidas al guaraní por quien, probablemente, había sido el secretario del pueblo de Candelaria. Los escritos, de gran estilo, claro y persuasivo, muestran la virtud del guaraní cuando se lo maneja con destreza y elegancia, siendo más directo y conciso que el mismo original en castellano. Este documento, relativamente extenso, cierra el periodo del guaraní colonial, que en cuanto a literatura se desarrolló casi exclusivamente en los pueblos jesuíticos, con algunos textos provenientes del ámbito franciscano.

Dejada a sí misma, sin gramática y sin literatura (aunque estas no son esenciales ni necesarias), la lengua guaraní quedó librada a la improvisada cotidianeidad.

INDEPENDENCIA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

¿De quién y para quién fue la Independencia del Paraguay cuyo proceso se inició el 14 de mayo de 1811? Según la documentación de aquellas fechas (bastante escasa, por cierto), de sus congresos y juntas, no se trató de una revolución, sino más bien de la consumación de un proyecto de españoles contra españoles, de una forma de gobierno opresivo por otro de libertad respecto a Buenos Aires y a la metrópoli que, por razones ajenas a la independencia, resultó —hay que reconocerlo— más autoritario. La correspondencia y papeles del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y su entorno dan perfecta cuenta de ello.

• Estado y pueblo paraguayo. De 1811 a 1870

Con la salida de los jesuitas se inició un proceso de difusión del modo de ser de la lengua paraguaya en las Misiones, que finalmente acabó por diluir las diferencias entre el guaraní de las reducciones y el procedente del Paraguay español.

La fecha de la Independencia a efectos de lengua hablada resulta irrelevante. Llama la atención, sin embargo, que en la documentación oficial no encontramos un solo papel en guaraní después de 1813. Se extendió, a partir de entonces, en todo el país lo que antes solo se decía de Asunción y ciudades de españoles, que «nunca escriben cosa alguna en la lengua del indio, aun los que saben escribir». Si algo se escribió, la administración del gobierno de Francia (1814-1840) no lo consideró digno de ser guardado ni archivado. Las diatribas del dictador contra la «moda paraguaya», «la paraguayada» y el «a lo Paraguay» probablemente no se referían directamente al pueblo común, a la gente rei —ya que mantuvo políticas muy favorables para los campesinos—, sino a sus funcionarios militares que no entendían «la cosa de que se trata», como ha hecho ver Nora E. Bouvet. De todos modos, a Francia le exasperaban ciertos comportamientos: «los paraguayos todavía son como los Tapes, dominados por el Pa’í, gente puramente idiota, sin ninguna ilustración» (4 marzo 1822). El «Yo» de Francia se construyó en contraste con los paraguayos a los que tachaba de ineptos, simples, ignorantes o idiotas, porque no entendían su reforma política. Aunque no lo expresó claramente, el poco dominio del castellano fue la causa de esa ignorancia y simpleza. En este contexto resulta lógico que el guaraní no recibiera de Francia ningún incentivo, si bien fue tolerado. En la escuela, escasamente desarrollada, la lengua de enseñanza fue el castellano.

La desequilibrada relación entre lengua oficial y lengua del pueblo continuó durante el gobierno de Carlos Antonio López (1844-1862). El guaraní se hablaba por todos lados, pero no se registraba en ninguna parte. Ya en el siglo XVIII hubo gobernadores que se quejaron de la poca entrada que había tenido el castellano en el Paraguay, pero Carlos Antonio López fue el primer gobernante que tuvo una decidida política en favor de la lengua colonial, mediante la creación de escuelas —30.000 niños en ellas—, una imprenta que editaba solo en castellano y el nacimiento de dos periódicos: El Semanario y El Paraguayo Independiente, ambos en castellano; lo mismo sucedió con el incipiente teatro asunceño. Por el contrario, hablar guaraní en las escuelas era castigado, por ejemplo con la entrega de anillos de bronce a los que eran pillados conversando en guaraní y el sábado «cada uno de los poseedores como incurso en delito, llevaba el castigo de cuatro a cinco azotes», recordó el escritor Juan Crisóstomo Centurión.

Lo paradójico es que el presidente Carlos Antonio López, a través del Decreto del 7 de octubre de 1848, al suprimir la institución de los táva o pueblos, declarar extinta la «comunidad» y apropiarse de sus tierras, aceleró la entrada de los guaraníes en la sociedad paraguaya, reforzando el uso del guaraní en ella. Aunque los guaraníes castellanizaron sus apellidos, no dejaron de hablar en su idioma.

Tanto José Gaspar Rodríguez de Francia como Carlos Antonio López marginaron el guaraní y no le dieron ninguna cabida oficial en el seno del Estado-nación. Pero, al mismo tiempo, el guaraní prescindió de ellos y siguió siendo la lengua propia del Paraguay, cada vez más generalizada y pareja en el uso, si bien es cierto que continuó sin gramática escrita ni literatura.

Casi todos los viajeros, diplomáticos, médicos, naturalistas y curiosos que viajaron por el Paraguay entre 1814 y 1864 anotaron, gratamente sorprendidos, que la lengua del pueblo era el guaraní, que se empleaba por doquier, que las mujeres no conocían otro idioma, que era muy apta para la gracia y el donaire y que, en fin, era la preferida aun por aquellos que sabían castellano. «El guaraní es, evidentemente, la auténtica lengua del Paraguay, hablada por todos sus habitantes sin excepción», expresó Germán de Granda.

Esos gobernantes, de hecho tan preocupados por afirmar la soberanía y el aislamiento del Paraguay, no acabaron de percibir que en la lengua guaraní era donde radicaba la identidad que se quería afirmar. Y tuvieron para con ella una actitud si no de entera negación, sí de grave omisión.

En 1864, durante el gobierno del mariscal Francisco Solano López (1862-1870), Paraguay entró en Guerra contra la Triple Alianza y la lengua guaraní pasó a primer plano y adquirió plena visibilidad. En los campamentos militares únicamente se hablaba dicha lengua entre oficiales y soldados. En ese momento, reapareció la literatura guaraní como patrimonio de la nación paraguaya. Incluso el mariscal López hablaba el guaraní «con especial agrado y hasta con elegancia», según el padre Fidel Maíz. Los diarios de campaña, Cabichuí (bilingüe) y Cacique Lambaré (en guaraní), restauraron la literatura en guaraní, como solo se había dado en el ámbito guaraní-jesuítico. Como anoté en otra ocasión, «el estado de lengua que se ofrece a los oídos y a la lectura confirma las características que se venían constatando en las descripciones de quienes visitaban el Paraguay: una lengua coloquial y doméstica, capaz de no poca ironía, manantial del que surgen dichos chispeantes y proverbios agudos, usada en canciones de ingenuas comparaciones y ricas en poesía, en que se habla de amor o se cuenta un trágico suceso. En esta lengua cantaban los soldados en las trincheras». La Guerra contra la Triple Alianza dejó el país destrozado y desangrado, casi sin hombres, y fueron las mujeres quienes se encargaron de rehacer el modo de ser de la nación (ocupada por los vencedores) consiguiéndolo a través de la lengua, nunca olvidada.

• Los «guarangos»

Los últimos años del siglo XIX y todo el siglo XX representaron para el Paraguay un nuevo periodo colonial en el cual los hombres de gobierno, los (pocos) intelectuales y los maestros de escuela fueron ganados en favor de ideologías que conspiraron abiertamente contra el guaraní, lengua denunciada como el gran enemigo del progreso. El desprecio y la discriminación contra los hablantes de guaraní se hicieron sentir, especialmente, en la educación formal, aplicándoles el peyorativo epíteto de «guarango». En aquellos tiempos, las mujeres de la burguesía recordaban con resignación —algunas con humor— su formación en los que el uso del guaraní era ridiculizado y proscrito. Paralelamente, la inmigración de europeos reforzó la castellanización, aunque muchos de ellos no tuvieron reparo en aprender el guaraní con el fin de comunicarse con clientes y empleados.

Al mismo tiempo, sin embargo, la creación de la revista Ocara poty cue mi (Revista de composiciones populares) en 1922, permitió divulgar ampliamente canciones y poesías que se convirtieron en tradición oral, constituyéndose en un privilegiado corpus de la lengua.

La Guerra del Chaco (1932-1935), como había ya ocurrido en la Guerra Grande (1864-1870), reveló de nuevo al guaraní como lengua del pueblo paraguayo. En los campos de batalla se habló guaraní y se prohibió el uso del español para dificultar la apropiación de mensajes por parte del enemigo. Una orden del Comando en Jefe estableció que «las conversaciones y claves secretas se harán exclusivamente en guaraní». Poetas y dramaturgos crearon una literatura guaraní popular, recibida con gran aceptación y agrado por todos y convertida en patrimonio del folclore tradicional. En ese momento se estaba a un paso de que el guaraní pasase de lengua nacional a oficial, pero ni la burguesía criolla ni el poder establecido lo permitieron. De hecho, aunque una lengua no es solo gramática ni literatura, no se dieron las condiciones científicas ni el ejercicio del buen decir para que el guaraní afrontase, decididamente, la entrada en la modernidad. Hubo poesía, y buena, pero faltó prosa y discurso en los campos de la política, del derecho y de la administración. Ni siquiera la Iglesia católica —y menos otras confesiones cristianas— realizó un trabajo de adaptación de su lenguaje ritual a la lengua del pueblo; los buenos oradores que hubo raramente dejaron sus palabras por escrito.

Hay que remarcar que las inacabables discusiones sobre cuestiones de ortografía resultaron la gran rémora de la lengua guaraní a lo largo del siglo XX, aunque fueron una excusa frecuente para no darle entrada en el sistema de comunicación y educación moderno. Ciertamente había aparecido algún excelente trabajo de Marcos A Morínigo, así como ensayos de gramática y escuetos diccionarios. Venido del campo de la filología clásica y lenguas asiáticas, el padre jesuita Antonio Guasch realizó una gran contribución con su Idioma guaraní, que desde 1944 ha conocido numerosas ediciones, y su difundido Diccionario castellano guaraní (siendo la 4.ª edición de 1961, la definitiva). Su mérito principal, además de su capacidad para caracterizar con creatividad las categorías del guaraní, consistió en haber señalado e insistido en que el futuro de la lengua se halla en la prosa, que es la forma ordinaria de comunicación. A él también se le debe la primera antología de textos en prosa, ausente desde los tiempos de la Guerra contra la Triple Alianza. Por otra parte, el Diccionario guaraní español y español guaraní de A. Jover Peralta y Tomás Osuna (1950) ha prestado grandes servicios. Hay que remarcar que ambas obras han sido constantemente plagiadas.

• Políticas lingüísticas recientes

En los últimos 50 años, la lengua guaraní continúa en un contexto de colonización cultural agravado. La doctrina del bilingüismo, con sus medias verdades, favorece el retroceso de esta lengua, que solo se recupera gracias a la producción social popular que le asegura la comunicación, pero que, a su vez, arrastra otros peligros, como su carencia de normatividad y marginalidad literaria.

En los primeros tiempos de la dictadura stronista (1954-1989), la situación lingüística del Paraguay prolongó el cuadro de la posguerra del Chaco. En 1967, una nueva Constitución reconoció el guaraní como lengua nacional, protegiéndola y promoviendo su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Sin embargo, un reducido, pero sistemático, movimiento académico intentó orientar el guaraní hacia formas puristas y concepciones gramaticales inapropiadas, donde prevaleció la creación de neologismos que hasta ahora han tenido escasa aceptación, provocando la hilaridad y el descaso de los hablantes reales de guaraní ante casos como, por ejemplo, la numeración, los nombres de año y horas, los días y los meses, los vocablos para realidades tecnológicas (teléfono, televisión, computación), etc. Este uso artificial de la lengua se ha querido implantar a través de la escuela donde, junto con la escasa capacidad didáctica de los docentes, provocó más rechazo que estímulo. De esta manera, el guaraní se convirtió en lengua extranjera en la propia escuela.

Conviene señalar que en los medios académicos de fuera del país la situación del guaraní paraguayo ha dado lugar a numerosos estudios sociolingüísticos. Por su parte, la literatura, más en poesía que en prosa, ha ido adquiriendo una cierta jerarquía, aunque no ha entrado todavía dentro de los hábitos de lectura de la población.

Un importante hito tuvo lugar el 29 de diciembre de 2010, cuando el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Lenguas, que reglamenta los artículos 77 y 140 de la Constitución Nacional de 1992 (que ya había declarado la oficialidad del guaraní junto con el castellano). Con esta ley, se protegen y garantizan tanto las lenguas indígenas del Paraguay como el lenguaje de señas. Asimismo, se crea la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní.

Pero dos cuestiones siguen pendientes. Por un lado, se mantiene una teoría del bilingüismo que no propicia, de ningún modo, el uso de una lengua marcada políticamente y socialmente con el estigma de la inferioridad; por el otro, el guaraní sigue y seguirá, probablemente, en relación diglósica con el castellano, es decir, como variedad «baja» de comunicación. Los problemas a los que se enfrenta el guaraní —entre otros, la falta de investigación lingüística, su bajo grado de normalización, la poca competencia en la didáctica de la lengua, el hecho de considerar la escuela como lugar privilegiado de enseñanza y aprendizaje, la ausencia (casi total) en los medios masivos de comunicación (prensa y televisión), su exclusión de amplios campos de la vida social y la carencia de normatividad—, difícilmente pueden ser resueltos a partir de una secretaría y sus funcionarios.

La situación a la que el guaraní tiene que hacer frente, como la afrontaron otros países y regiones que vieron menoscabados el uso y el prestigio de sus respectivas lenguas propias por diversos tipos de colonialismo (República Checa, Finlandia, India, Cataluña, etc.), difícilmente se puede solucionar a partir de la doctrina del bilingüismo.

En Paraguay, según el censo de 2002, efectuado por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), la situación del guaraní era la siguiente:

En general, los guaraní hablantes pasan rápidamente a guaraní bilingües y después a castellano bilingües; pero los castellano hablantes, aun procediendo de castellano bilingües, difícilmente recuperan la lengua. El hecho de ser el guaraní paraguayo una lengua indígena dentro de una sociedad no indígena y profundamente colonizada lo coloca en un difícil camino que está por ser trazado, aunque hay experiencias históricas aprovechables. Aquí se encuentra el desafío, al mismo tiempo que su atractivo.

La lengua guaraní, ¿hará todavía historia? ¿Habrá documentos históricos que digan y registren la historia contemporánea de un pueblo que en su mayoría habla guaraní? El futuro de la historia está en la lengua de quien la hace, la dice y la escribe.

• Las lenguas guaraníes indígenas en el Paraguay

Los pueblos guaraníes que mantienen sus lenguas tradicionales no han desaparecido a pesar del acoso y la coacción colonial hecha durante siglos. Varios de esos pueblos, después de un primer contacto generalmente catastrófico, se retiraron a zonas poco trilladas por españoles y paraguayos. La presión sobre sus territorios ha comenzado a sentirse en los últimos 50 años, cuando la estructura agrícola del país cambió como consecuencia de un profundo proceso de deforestación y reafirmación de latifundios, que no dejan espacio a los territorios indígenas.

Por ahora, a pesar de las presiones, las poblaciones indígenas permanecen e incluso aumentan. Como se observa en la siguiente tabla, los guaraníes se reparten, aproximadamente, en las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, aunque en ella no se contabilizan los numerosos guaraníes occidentales de Bolivia, el norte de Argentina y la costa Atlántica del Brasil.

Todos ellos hablan variedades de lenguas propias, casi desconocidas aun por los que hablan el guaraní paraguayo, pero que se revelan de gran riqueza conceptual y expresiva en sus mitos, cantos rituales y discursos políticos. A través de etnógrafos como el alemán Curt Unkel Nimuendayú —autor de Las leyendas de la creación y destrucción del mundo como fundamentos de la religión de los Apapocuva-Guaraní (1914)—, del paraguayo León Cadogan —con Ayvú Rapytá, textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá (1959)—, y ahora mediante una considerable literatura producida por los propios indígenas, sus lenguas se afirman y normalizan (mucho mejor que el guaraní paraguayo) aunque en sus aldeas la escuela representa también una amenaza para su autenticidad y propiedad, ya que intervienen demasiados elementos exteriores perturbadores, como la pretendida unificación de sistema educativo y lingüístico.

La literatura guaraní, no solo la literatura en guaraní, como puede ser considerada gran parte de la producida en guaraní paraguayo, podría reconducir la cuestión lingüística a horizontes de reafirmación y renovación. La utopía ha puesto los pies en el suelo y comienza a tener lugar.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

La documentación en lengua guaraní ha permanecido, generalmente, ausente de la historiografía paraguaya. En cambio, tiene mayor presencia en los estudios de carácter bibliográfico donde se registran libros y manuscritos existentes en archivos nacionales o particulares y en bibliotecas. Por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (Leg. 120j, n. 7, pp. 5-6); las Cartas de Indias (Madrid, 1877) y Cartas de Indias II (Biblioteca de Autores Españoles, t. CCLXV, 1974, pp. 569-633) recogen documentación de primera mano de los años 1555 y 1556 que obligan a contrastar la visión idílica del mestizaje paraguayo. También resultan muy importantes los Manuscritos da Coleçao de Angelis (MCA), I. Jesuítas e bandeirantes no Guairá (1594-1640) (Rio de Janeiro, Introdução, notas e glossário por Jaime Cortesão, Biblioteca Nacional, 1951).

La obra de Guillermo Furlong, Historia y bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses (1700-1850) (Buenos Aires, Guarania, tomo I, 1953) es un instrumento excelente para conocer la magnitud e importancia de los escritos del área jesuítica, aunque no da cuenta de sus contenidos textuales. Ticio Escobar y Osvaldo Salerno han reeditado Cabichuí (1867-1868) (Asunción, Museo del Barro, 1984), mientras que on line se encuentra el periódico Cacique Lambaré (1867-1868) en www.staff.uni-mainz.de/lustig/guarani/cacique/tabla.htm#1 Se trata, en ambos casos, de documentos históricos y lingüísticos de la mayor importancia. Otras páginas electrónicas bajo el lema de «guaraní» permiten hoy ensanchar considerablemente la consulta actualizada de textos y estudios. Carecemos, por ahora, siquiera en forma de una antología, de textos guaraníes que son fundamentales para la historia colonial y de las dos guerras internacionales del Paraguay, que permanecen en estado de manuscritos.

La obra de Pedro Encina Ramos y Tatajyva, Las cien mejores poesías en guaraní (1981, 2.ª ed., 1997), ofrece una interesante antología del guaraní popular. Historia de la cultura guaraní (1988), de Basílides Brítez Fariña, aporta numerosos datos esquemáticos para visualizar el proceso de obras e instituciones. El profesor Germán de Granda ha reunido estudios sociolingüísticos e históricos esenciales en Sociedad, historia y lengua en el Paraguay (Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1988).

El autor de este capítulo ha presentado la historia del guaraní en el Paraguay en varias obras: La lengua guaraní del Paraguay (Madrid, 1992), La lengua guaraní en el Paraguay colonial (Asunción, 2003), Mundo guaraní (Asunción, 2006 y 2011) y Pasado, presente y futuro de la lengua guaraní (Asunción, 2010).

En las citas se han utilizado también los textos de Rafael Eladio Velázquez, «Paraguay en la época de Roque González de Santa Cruz» en Roque González de Santa Cruz; colonia y reducciones en el Paraguay de 1600 (Asunción, Ed. Loyola, 1975, pp. 9-35); de Branislava Susnik, El indio colonial del Paraguay. El guaraní colonial (Asunción, Museo Etnográfico Andrés Barbero, 1965); y de Louis Necker, Indiens guarani et chamanes franciscains: les premières réductions du Paraguay (1580-1800) (París, Anthropos, 1979 y Asunción, CEADUC, traducción castellana de 1990).

También se ha hecho uso de la obra de Silvio Zavala, Orígenes de la colonización en el Río de la Plata (México, Colegio Nacional, 1977); de Nora E. Bouvet, Poder y escritura: el doctor Francia y la construcción del Estado paraguayo (Buenos Aires, Eudeba, 2009); de Juan Crisóstomo Centurión, Memorias o Reminiscencias históricas sobre la guerra del Paraguay, (Asunción, El Lector, 4 tomos, 2010); de Ricardo Lafuente Machaín, El gobernador Domingo Martínez de Irala (Buenos Aires, Bernabé y Cía., 1939); y de Marcos Augusto Morínigo, Hispanismos en guaraní (Buenos Aires, 1931).

Las citas de los jesuitas las encontramos en Martín Dobrizhoffer, Historia de los Abipones (Resistencia, Argentina, 3 v., 1967-1971) y en José Cardiel, Declaración de la verdad (Buenos Aires, 1900).

BIOGRAFÍAS

Abente Brun, Diego

Ph. D. en Ciencias Políticas por la University of New Mexico, Estados Unidos.

Areces, Nidia R.

Doctora en Historia e Investigadora del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Brezzo, Liliana M.

Doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Caballero Campos, Herib

Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.

Durán Estragó, Margarita

Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Asunción y licenciada en Notariado por la Universidad Católica de Asunción.

Escobar, Ticio

Abogado por la Universidad Católica de Asunción. Curador, profesor, crítico de arte y ministro de la Secretaría de Cultura del Paraguay.

Galeano, Luis A.

Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid y máster en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Santiago de Chile.

Langa Pizarro, Mar

Doctora en Filología Hispánica, miembro de una Unidad de Investigación en la Universidad de Alicante, profesora de Literatura y crítica literaria.

Maeder, Ernesto J. A.

Doctor en Historia, profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y director del Instituto de Investigaciones Geohistóricas.

Melià, Bartomeu, s. j.

Jesuita. Doctor en ciencias religiosas por la Universidad de Estrasburgo (1969). Premio Bartolomé de las Casas 2010.

Nickson, Andrew

Economista por la Universidad de Cambridge. Profesor de gestión pública y estudios latinoamericanos en la Universidad de Birmingham.

Potthast, Barbara

Doctora en Historia y catedrática de Historia Ibérica y Latinoamericana en la Universidad de Colonia, Alemania.

Pusineri, Adelina

Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Asunción y máster en Antropología Social por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Scavone Yegros, Ricardo

Abogado por la Universidad Católica de Asunción. Miembro de Número de la Academia Paraguaya de la Historia.

Szarán, Luis

Director de orquesta, compositor y musicólogo. Director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA).

Telesca, Ignacio

BA y MA in Modern History (University of Oxford) y Doctor en Historia (Universidad Torcuato di Tella).

Vázquez, Fabricio

Doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Toulouse, Francia.

Zalazar, Raquel

Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Antropología Social por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.