Este libro asume el reto de proporcionar una breve síntesis de la evolución del País Vasco desde la Prehistoria hasta la actualidad que explique los acontecimientos fundamentales y, también, que interprete las claves de una historia compleja en la que se interrelacionan aspectos políticos, económicos, sociales, demográficos y culturales.

Historia del País Vasco (de los orígenes a nuestros días) resume los principales hitos históricos del País Vasco. En él se conjugan un estilo accesible para el lector no especialista y el rigor de una interpretación que indaga sobre las razones de las vicisitudes históricas del País Vasco y que narra los principales hechos que han determinado este desarrollo: los rasgos básicos de la Prehistoria, los contactos de los vascos con Roma, las guerras de bandos, los motines de la Edad Moderna, las actividades mercantiles y ferronas, las Guerras Carlistas, la abolición de los Fueros, el desarrollo industrial, la II República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición).

Manuel Montero

Historia del País Vasco

De los orígenes a nuestros días

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Arnaut 20.06.13

Manuel Montero, 2004

Selección y localización de las ilustraciones: Estibaliz Jiménez de Abersturi Apraiz. Archivos utilizados: Archivo Foral de Bizkaia (sección fotografía), E.I. Centro de documentación (Hondarribia), K.G. fototeka (Donostia), Archivo E. Txertoa, Salva Aristondo e Iñaki Aguirre

Diseño de portada: Luis Mª Jiménez de Aberasturi (Litografía de John Harper, Boys)

Retoque de portada: Redna G.

Editor digital: Arnaut

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I. LA PREHISTORIA DE LOS VASCOS

Está constatado que el hombre habita el actual territorio vasco desde hace 150.000 años, aunque su presencia quizás fue anterior.

Era el período del Paleolítico Inferior, que duró hasta hace 90.000-80.000 años. Época interglaciar, de clima cálido, el hombre vivía en las terrazas de los ríos, al aire libre. Las primeras señales de vida humana se han encontrado en los amplios valles fluviales del norte y sur del País, en torno al Adour y en la cuenca del Ebro. Quizás todo el territorio estuvo habitado, pero la franja cantábrica, de ríos cortos con frecuentes crecidas, no facilita la conservación de restos.

Desconocemos qué hombre vivía entonces en el actual País Vasco, pues no se han encontrado restos humanos, sino utensilios como hachas, construidas de piedra.

En el Paleolítico Medio (80-90.000 a 30.000 años) el clima se enfrió. Al inicial clima preglaciar sucedió la última glaciación. Por eso, aunque algunos yacimientos arqueológicos están al aire libre, como los de Sopelana, los más importantes son las cuevas, que se convirtieron en la principal vivienda. Destacan las de Lezetxiki, Olha e Isturitz. De esta fase son los primeros restos humanos localizados. Corresponden al hombre de Neardenthal.

Aunque se recogían frutos y tubérculos, la subsistencia dependía de la caza. Se capturaban bisontes, caballos, renos, rinocerontes lanudos, es decir, las especies de clima frío que, como el mamut, abundaron durante la glaciación. A veces, su captura explica la elección de la vivienda. Es el caso de la cueva de Lezetxiki, situada en un lugar idóneo para la caza por ojeo: se batía el monte hasta acorralar a los animales en una hondonada, donde se les daba muerte. El hombre debía enfrentarse, además, a las grandes fieras, a los leones, leopardos y osos, a los que disputaba, incluso, las cuevas en que invernaba el animal.

No se conocen de este período auténticas manifestaciones artísticas. Es posible que en algunas ceremonias adornasen sus cuerpos con ocres, pues hay restos de éstos en cuevas. Había, quizás, alguna concepción del más allá, pues se practicaban enterramientos en los que junto a los cadáveres se depositaban armas y alimentos.

Los instrumentos —bifaces, discos, raederas, cuchillos, raspadores— localizados en poblamientos aire libre como los del Raso y Osaportillo, en Urbasa, o en la cueva de Coscobilo, en Olazagutía, demuestran que, con cierto desfase, arraigaron en el País Vaso los diversos estadios culturales del período, como el achelense, el musteriense, etc.

El Paleolítico Superior (30.000-10.000) coincidió con lo más riguroso de la glaciación. Las nieves perpetuas descendieron en el País Vasco hasta los 1.100 metros, por lo que gran parte de las cumbres no las perdían nunca. Todo el territorio sufría los fríos glaciares. La habitación humana era exclusivamente en cuevas. Son muy pocos los yacimientos arqueológicos de las tierras altas de Álava y de Navarra, pues no podían habitarse las tierras del Sur. Se interrumpió, así, el poblamiento de Urbasa, que había sido continuo desde el Paleolítico Inferior. Gran parte de Navarra quedó despoblada durante un largo período, quizás de cinco milenios, al final del Paleolítico Superior. Los yacimientos del Alto Baztán, abundantes en la época anterior, desaparecen entre el 17.000 ó 15.000 y el 12.000.

Los principales restos del Paleolítico Superior están en la franja cantábrica, la única que posibilitaba la presencia humana en los momentos más rigurosos del período glaciar. Son las cuevas de Aizpitarte, Isturitz, Urtiaga, Santimamiñe Los restos corresponden al hombre de Cro-Magnon, que, según Barandiarán, se asentó en el País Vasco hace unos 40.000 años.

El clima no permitía otros frutos que bayas, por lo que la caza continuó siendo la base de la alimentación. En las armas, mucho más perfeccionadas que las de la época anterior, el material básico era la piedra, pero las azagayas tenían puntas muy afiladas, construidas con astas de reno o de huesos de animales. Es probable que se practicase la caza con trampas.

Cráneo magdaleniense encontrado en la cueva de Urtiaga de Deba (Itziar). Datado en unos 11.000 años antes de Cristo.

Las manifestaciones artísticas del Paleolítico Superior son muy abundantes. El arte mobiliar, que adorna los objetos que el hombre utiliza, está muy bien representado, pero sólo en la cueva de Isturitz, una de las más ricas de Europa en este aspecto. Se han encontrado varillas semicilíndricas fabricadas con cuernos de reno, a veces muy decoradas, bastones perforados, de las que una representa una cabeza de bisonte, siluetas de cabezas de animales, esculturas de animales en huesos y piedras, etc.

Apenas hay arte mobiliar en el resto del País Vaco. En cambio, se desarrolló la pintura, en las paredes de las cuevas. Las de Altxerri (Orio), Ekain (Deba), Santimamiñe, etc. están decoradas con grupos de animales, y, excepcionalmente, con alguna figura antropomorfa. Quizás tenían un propósito mágico-religioso, relacionado con la caza, la actividad que aseguraba la subsistencia. En ese caso, se confiaría en que la imagen atraería al animal representado, y, quizás, aseguraría su captura.

El yacimiento de Isturitz pertenece al área cultural pirenaica, mientras que casi todo el País Vasco entraba dentro de la denominada área cantábrica. Se caracterizaba ésta por la tendencia al aislamiento, fruto de su abrupta orografía, que retrasaba la entrada de innovaciones culturales; por la pobreza de las representaciones mobiliarias; y por la gran duración de los sucesivos estadios culturales, mayor que la de su entorno. Plenamente partícipe de esta cultura, el País Vasco tenía, además, dos tendencias contradictorias. Su accidentado relieve acentuó el aislamiento y la evolución autónoma, de lo que se derivaba, primero, la reticencia a asimilar nuevos elementos; y, después, que cuando éstos arraigaban, perdurasen más que lo habitual. De otro lado, su posición geográfica convertía al País Vasco en zona de paso entre el continente y la península, por lo que estaba en contacto con los distintas corrientes paleolíticas; así, se encuentran elementos que eran exóticos dentro del área cultural cantábrica.

El Mesolítico (10.000-3.500 a. de C.) fue una fase de transición. Acabó la glaciación, retrocedieron las nieves perpetuas, desapareció la fauna propia de los climas fríos, resurgió el mundo vegetal El hombre pudo abandonar las cuevas. Vivía aún de la caza, pero ya no dependía tanto de ella, pues la complementaba con la recogida de frutos. Capturaba ahora caballos, cabras, jabalíes, zorros, gatos monteses e incluso comenzó a recolectar moluscos. La economía, pues, siguió siendo depredadora.

La cueva no era ya la única ni la principal habitación humana. Las temperaturas lo permitían. El hombre que habita el País Vasco construye sus viviendas, que están en espacios amplios. Se extiende, al parecer, por todo el territorio vasco, incluso por el Sur, pues en Treviño hay restos mesolíticos.

El instrumental, más pequeño pero similar al del período anterior, siguió basándose en la piedra tallada como material básico. Por lo demás, las manifestaciones artísticas del período son muy escasas. Las que hay, muestran una tendencia hacia la estilización, con figuras geométricas, abstractas.

El abandono de las cuevas redujo las posibilidades de conservación de poblamientos humanos, por lo que quedan pocos yacimientos de esta etapa. Destacan los de Ispáster, Umieta, Arrazu, y Santimamiñe, entre otros.

Cueva de Santimamiñe. Grupo de bisontes.

En el Neolítico se produjo la gran revolución cultural de la prehistoria. Comenzó hacia el 7.000 a. de C. en el Próximo Oriente, desde donde se extendió paulatinamente. Al País Vasco llegó hacia el 3.500. El hombre abandonó la economía depredadora y se convirtió en productor. Fue el inicio de la agricultura y de la domesticación de animales. El cambio productivo implicó transformaciones sociales y culturales. Apareció la cerámica, por exigencia de las nuevas provisiones alimenticias, así como la piedra pulimentada. Al tiempo, la nueva economía exigía una mayor organización social, con especialización del individuo en tareas organizativas o en las distintas labores agrarias o ganaderas.

Los cambios no fueron simultáneos. La reseñada tendencia al aislamiento hizo que coincidieran a la vez estadios culturales diferentes. En algunas zonas, como por ejemplo en Navarra, el conjunto de las innovaciones neolíticas no penetró hasta comienzos de la Edad del Bronce.

Cueva de Ekain, representación de dos osos.

La agricultura y la domesticación de animales como la cabra, la oveja, la vaca y el cerdo impulsó a la vez la sedentarización (representada por la cueva de Arenaza en Bizkaia y por Los Husos, al Sur) y movimientos de trashumancia anual entre las tierras bajas del norte y las altas del sur.

Lo más característico del Neolítico vasco fue la economía pastoril. Le acompañó una expresión cultural, los dólmenes, cuya distribución se corresponde con la trashumancia ganadera. Abundan en la divisoria de aguas, pero los hay también al norte y al sur. Eran enterramientos colectivos en una cámara cerrada por varias piedras verticales, cubiertas por una horizontal. Los movimientos trashumantes pusieron a los habitantes del País Vasco en contacto con otros pueblos. De ello dan fe algunos elementos culturales, como la costumbre de incinerar los cadáveres, y nuevos rasgos étnicos, que se mezclaron con el anterior substrato, especialmente en el sur, en cuya población estaban presentes elementos mediterráneos.

La Edad de los Metales comenzó hacia el 2000 a. de C., pero La economía neolítica pervivió en amplias áreas, incluso hasta la llegada de los romanos. La introducción de la cultura del bronce fue escasa, y no cambió las formas de vida ni el instrumental, similar al de épocas anteriores, aunque construido de metal.

La Edad del Hierro corresponde al ultimo milenio antes de Cristo. Representaban esta cultura los pueblos indoeuropeos. Penetraron, procedentes del centro de Europa, hacia el 900 a. de C., por los pasos navarros del Pirineo. Desde allí siguieron, al parecer, dos direcciones. Unos, se expandieron por la Ribera del Ebro, hacia tierras de Aragón. Otros, continuaron hacia el Oeste, penetrando en la Llanada alavesa.

Así, la cultura del hierro quedó circunscrita en el País Vasco a las tierras navarras y alavesas, donde se ha encontrado instrumental propio de una economía cerealista, como hoces y molinos. En estas áreas se encuentran poblados fortificados, de origen celta. A esta cultura pertenecen, también, los cromlechs, esto es, monumentos funerarios formados por círculos de piedras o losas por lo común verticales, que rodean túmulos o dólmenes, donde se depositaban las cenizas de los cadáveres incinerados. Sólo los hay en la parte oriental del País, al este del valle de Leizarán. Al oeste, seguían levantándose dólmenes. A finales de la prehistoria había, por tanto, diversos estadios culturales.

La presencia de grupos celtas incorporó al País Vasco nuevas creencias religiosas. De ello es buen reflejo el ídolo de Mikeldi, encontrado en Durango. Representa un novillo con un disco que simboliza el sol o la luna, y es un producto típico de una cultura celta. Lo es también el tesoro de Axtroki, que consiste en dos cuencas de oro decoradas con bandas horizontales, con motivos semejantes a los vasos de la primera Edad de Hierro en Centroeuropa. Se encontró en Escoriaza, cerca del castro de Peñas de Oro.

Cuencos de Axtroki, de oro repujado. Hallados en Escoriaza (Guipúzcoa).

Los castros fortificados que se levantaron en lugares estratégicos de Álava y Navarra representaban nuevas formas de dominio. Resulta verosímil que los nuevos pueblos, que dejaron numerosos topónimos de Álava y Navarra, impusiesen su poder militar y consiguiesen alguna preeminencia sobre la población indígena, y hasta propiciasen la división en clanes, gentilidades y tribus. De hecho, al menos dos de los gentilicios con que se denominaba a las tribus vasca a la llegada de Roma eran de raíz celta: los vascones y los autrigones. Sin embargo, los nuevos pueblos acabarían siendo asimilados por la población antes existente. Sólo así se explica la supervivencia del euskera, una lengua preindoeuropea.

Durante la Edad del Hierro, cuando extensas zonas permanecían aún en el Neolítico, se produjo la llegada de los romanos. Con ellos, el País Vasco entró en la historia.

II. DE LA LLEGADA DE ROMA A LA PRIMERA EDAD MEDIA

Las tribus vascas

Referencias de escritores latinos permiten trazar un cuadro general del territorio vasco antes del contacto con Roma. Lo ocupaban cuatro tribus diferentes, que compartían rasgos étnicos y lingüísticos. De oeste a este eran los autrigones, caristios, várdulos y vascones. Limitaban al norte con el Cantábrico, ocupando los vascones una franja de los Pirineos. Las cuatro tribus se extendían longitudinalmente hacia el Sur, hacia el Ebro, con territorios a ambos lados de la divisoria de aguas. Posiblemente, esta configuración nacía de la trashumancia neolítica, de los desplazamientos pastoriles que buscaban la alternancia estacional entre las tierras altas y las bajas.

Los autrigones abarcaban por la costa el espacio entre el río Asón, que desemboca en Laredo, o quizás el Agüera, unos kilómetros al este, y el Nervión; al sur, penetraban en tierras de la actual Burgos, por el valle de Mena y una amplia zona que incluía Villarcayo, Pancorbo y Briviesca; tenían también la porción occidental de Álava. Los caristios se extendían del Nervión al Deva; su territorio era el que menos se prolongaba hacia el sur, pero contenía la mayor parte de la actual Álava: una línea entre Treviño y Miranda describía aproximadamente su límite meridional. Los várdulos englobaban por el norte el espacio entre el Deva y el actual Oyarzun, que era vascón; por el sur, habitaban el extremo occidental de Navarra y el oriental de Álava. Los vascones ocupaban un amplio territorio, que llegaba quizá hasta Bayona, aunque resulta improbable; ocupaban la Rioja Baja y probablemente alcanzaban el Ebro; por el Este estaban, además de en la actual Navarra, en una zona de Aragón, limítrofe a la Jacetania.

Desconocemos cómo vivían estos pueblos, ni si tenían diferencias entre sí o con su entorno. Los escritores romanos sólo se refirieron genéricamente a los pueblos del norte de la península, en un difuso cuadro que incluía a cántabros, astures, autrigones, vascones, várdulos, caristios o berones y que diluía las posibles peculiaridades tribales. Según Estrabón, quien más se extendió, eran tribus pobres y frugales. Comían carne de cabra, manteca de vaca y bellotas, que molían para hacer pan. Escaseaba el vino y bebían agua y sidra, y practicaban la lucha. Su economía estaba en un estado intermedio, pues recurrían al intercambio de productos, aunque utilizaban también una moneda rudimentaria, laminillas de plata sin acuñar. Realizaban sacrificios humanos y sus costumbres eran, para el escritor latino, rudas e inhumanas.

Roma consiguió dominar el territorio vasco sin fuerte enfrentamiento armado, en contraste con la difícil conquista de sus vecinos los cántabros (las guerras cántabras llenaron el ultimo siglo antes de Cristo). La ausencia de noticias bélicas es general, pero se vislumbra que los comportamientos de los vascones y los de las otras tres tribus fueron diferentes. Los romanos entablaron tempranas y amistosas relaciones con los primeros. Posiblemente, dominaron antes su territorio, pues ya en el 75 a. de C. Pompeyo fundó Pamplona. Resulta probable, en cambio, que sólo controlaran definitivamente las tribus occidentales al terminar las campañas contra los cántabros el año 19 a. de C.

Principales vías romanas del Norte de la Península Ibérica (según datos de Ptolomeo). Julio Caro Baroja, Los pueblos del Norte.

Vías romanas del territorio vasconavarro y los vecinos; las señaladas con trazos interrumpidos, problemáticas. Julio Caro Baroja, Los pueblos del Norte.

La romanización

Una vez establecidas, las relaciones entre Roma y las tribus vascas fueron amigables. Romanos y vascones llegaron incluso a una auténtica colaboración, que explica quizás la expansión de éstos últimos. Se extendieron hacia el este, dominando la Jacetania; hacia el sureste, por tierras de los suessetanos, en torno a las actuales Sos, Sangüesa y Ejea de los Caballeros; y hacia el sur, pasando el Ebro, pues Calagurris y Cascantum se convirtieron en ciudades vasconas. Probablemente, los romanos favorecían a un pueblo con el que tenían buenas relaciones, en detrimento de otros cuyo dominio exigió enfrentamientos, como sucedió con los suessetanos.

No sólo los vascones, todas las tribus vascas tuvieron buenas relaciones con Roma. Participaron pronto en su aparato militar, como lo indican algunas lápidas del siglo I. Una, encontrada en Brescia, en el norte de Italia, cita a una cohors cariestum et veniescum; otra, localizada en Inglaterra, alude a una cohors prima, fide vascorum, civium romanum. De forma que estaban al servicio de Roma unidades militares compuestas por caristios y por vascones, muy alejados de sus lugares de procedencia. Sabemos, también, que había várdulos en la guardia de Mario.

Grabado en una estela discoidal del periodo visigótico.

La colaboración propició la romanización de parte del País, que fue muy acusada en la vertiente meridional, y escasa en la cantábrica. El carácter de la dominación romana explica la diferente penetración territorial de la civilización latina. Roma buscaba, ante todo, un dominio económico, que le suministrase trigo y vino. Su presencia fue importante en las zonas de explotación rentable, por lo que se asentaron en el Sur del País Vasco. Entre los Vascones meridionales —resume Caro Baroja—, la romanización fue tan intensa como en la zona que más de la península. Proliferaron las grandes explotaciones agrarias, que recibían el nombre de fundi, o villae, y utilizaban esclavos. En cambio, las comarcas del norte, malas productoras de cereal y de vino, poco ofrecían. Allí, la presencia romana se limitó a algunos enclaves mineros, como el de Oyarzun, y quizás Triano; y a algunos puntos costeros que servían de refugios portuarios, los de Flavióbriga —posiblemente Castro Urdiales—, Portus Amanus —no identificado—, Fórua —su nombre deriva de forum, término latino que se aplicaba a un núcleo pequeño— y tal vez el Nervión.

Divisiones gentilicias del Norte de la Península Ibérica (según Ptolomeo).

Para consolidar su dominio militar, Roma construyó en su imperio una densa red viaria, que resultó decisiva para la explotación económica y como vehículo de transformación cultural. En el País Vasco, la vertiente meridional conoció intensamente el impacto de estas comunicaciones. La cruzaban el camino del Ebro que unía Lérida con León, a través de Briviesca y Astorga; y la vía Burdeos-Astorga, que atravesaba el Pirineo por Ibañeta, cerca de Roncesvalles, tocaba Pamplona y seguía hasta Briviesca, donde conectaba con la anterior. Por estos caminos penetró la civilización romana.

Hubo, quizás, alguna ruta secundaria, como la posible calzada a los puertos de Flavióbriga y Fórua desde la Burdeos-Astorga. Así parecen indicarlo las monedas e inscripciones halladas en Carranza, Valmaseda y el alto de Gueretiz.

El distinto impacto de la romanización creó economías contrapuestas. En la vertiente meridional aparecieron las primeras ciudades de las que tenemos noticia documental, como las de Pamplona, Veleia, Cascantum, Calagurris, Segia, Caria. Abundaban en el valle del Ebro y en torno a las grandes calzadas. En la franja cantábrica, en cambio, pervivió la economía pastoril, si bien la presencia romana tuvo, forzosamente, que crear algunas relaciones comerciales, e introducir algunos cambios —de ellos dan fe las monedas halladas en Gipuzkoa y Bizkaia— cuya entidad e intensidad desconocemos.

Los siglos oscuros

En el siglo III cambió radicalmente la situación el País Vasco. El Imperio entró en crisis. Fuertes tensiones sociales, pillaje y bandolerismo precedieron a los bagaudas, documentados desde el siglo IV, bandas armadas de campesinos pobres y esclavos fugitivos, que llegaron a enfrentarse al ejército regular y que encontraron, al parecer, apoyos en territorio vasco. Las autoridades imperiales perdieron el control de los pueblos del norte peninsular. Se tornaron en violentas las relaciones entre vascos y romanos. Estos incrementaron la presencia militar en torno a la zona no romanizada, levantando un limes militar seguramente para frenar a los vascos de la vertiente norte. El cerco de guarniciones incluía las de Juliobriga (Retortillo, junto a Reinosa), Veleia, en Álava, y Lapurdum (Bayona). Resulta verosímil, también, que el Bajo Imperio fuese un período de desromanización.

En esta época se desdibujó la antigua división tribal. Un documento del año 456 cita a los várdulos, pero es la última referencia a este nombre. Los de caristios y autrigones habían desaparecido ya. Se imponía la general denominación de vascones. Todo da a pensar que las luchas del Bajo Imperio obligaron a los vascos situados al norte del limes fortificado a unirse y los escritores romanos o visigodos les aplicaron, como único, el nombre del núcleo principal, concluye Mañaricúa.

La división tribal dejó algunas huellas. Una de ellas fue, al parecer, la lingüística. La ubicación de las antiguas tribus corresponde a la difusión de los dialectos vascos. Los autrigones se asentaban en la zona donde primero se perdió el euskera. El dialecto vizcaíno se prolonga en Gipuzkoa hasta la altura del Deba, precisamente el límite de los caristios. El gipuzkoano no sobrepasa Oyarzun, donde comenzaba el territorio vascón.

Las demarcaciones tribales influyeron en la posterior división territorial del País Vasco. Navarra se corresponde, en lo fundamental, a la zona de los vascones. Bizkaia y Gipuzkoa, a la vertiente cantábrica de caristios y várdulos; Álava, a la mediterránea. Además, en los siglos X y XI se llamaba Bizkaia a la franja entre el Nervión y el Deba, la zona donde habitaron los caristios.

Con las invasiones bárbaras del siglo V y el hundimiento definitivo del Imperio Romano comenzó un nuevo período histórico, en el que la situación del País Vasco no es bien conocida. Sólo hay escasas noticias, de autores cuyos pueblos estaban, por lo común, enfrentados con los vascos. Sus versiones son parciales, ambiguas e imprecisas.

Lauda sepulcral, localizada en Franco (Treviño). De procedencia ibérica y datada a comienzos de nuestra Era o algo anterior, demuestra los contactos culturales que tenían las tribus vascas.

Los árabes sólo llegaron a ocupar una parte de Navarra. Los enfrentamientos continuaron, con éstos en el Sur y los francos en el Norte.

El año 509 suevos, vándalos y alanos entraron en la península. Llegaba una etapa de inestabilidad, unas décadas de frecuentes incursiones, saqueos y destrucciones, hasta la estabilización de fines de siglo, cuando los pueblos germánicos se asentaron en el territorio. Desde entonces, los vascos tenían dos vecinos: los francos al norte, y los visigodos al sur. Unos y otros intentaron extender su dominio al País Vasco.

No lo consiguieron. La relación de los vascos con estos pueblos contrasta con la que tuvieron con Roma. Lejos de ser amistosa, se caracterizó por los continuos enfrentamientos. Abundan las noticias de incursiones vasconas hacia el sur y el norte, y de esfuerzos francos y visigodos por controlar el territorio vasco. No llegaron a establecer un dominio duradero y estable, aunque probablemente sí sometieron de forma esporádica algunas zonas. Así lo atestigua la discontinua asistencia de un obispo de Pamplona a los concilios de Toledo.

Dibujo original de José Miguel Barandiarán, trabajo de campo. La plena cristianización del País Vasco fue tardía, pero el proceso siguió distintos ritmos, por el desigual grado de romanización del territorio vasco.

Durante el período existió un Ducado de Vasconia, que abarcaba posiblemente el actual País Vasco y Aquitania, donde se dejaban sentir las incursiones vasconas, pero el nombre no refleja un dominio efectivo, ni una unidad política. Creada por los francos y utilizada también por los visigodos, probablemente esta entidad existió sólo en la intención de sus promotores. Al duque de Vasconia se le encargaría dominar la zona, o, al menos, limitar los movimientos de los vascones. Es posible que actuara en algún momento de forma independiente, pero esto —que tampoco exigía el dominio efectivo de su jurisdicción— se enmarca en las constantes luchas intestinas de las monarquías visigoda y merovingias. Por lo demás, desconocemos la situación interna del País Vasco.

En el año 711 los árabes entraron en la península. Sorprendieron al rey don Rodrigo en una campaña contra los vascones. La situación del País Vasco no cambió cuando al poder de los godos sustituyó el de los árabes, que en el País Vasco sólo llegaron a ocupar una parte de Navarra (dominaban Pamplona en los años 716-719 y 734-740). Continuaron los enfrentamientos armados, con los árabes al sur y los francos al norte. Los simboliza la batalla de Roncesvalles con la derrota de Carlomagno en el 778.

La lenta introducción del cristianismo en el País Vasco refleja su azarosa evolución del primer milenio. A fines del siglo III había llegado a las romanizadas ciudades del sur, pero las convulsiones del Bajo Imperio dificultaron su difusión. Durante muchos siglos convivieron cristianismo y paganismo. En el siglo IX las monarquías de Pamplona y Asturias iniciaron una política misional, para la que se crearon monasterios y diócesis. En el siglo XI, con la proliferación de pequeños monasterios en Bizkaia y Gipuzkoa, se consumaba la cristianización del País Vasco, lo que no obsta para que subsistiesen prácticas paganas, en lento retroceso.

III. LOS TIEMPOS MEDIEVALES

Reino, condados, señorío

Durante la Edad Media aparecieron Álava, Gipuzkoa, Navarra y Bizkaia. Su origen lo explica la dinámica que siguió el País Vasco desde comienzos de la Reconquista.

Al comenzar el dominio árabe de la península subsistían quizás organizaciones de tipo gentilicio, de referencia tribal, pero ya en el siglo VIII se inició el proceso que gestaría nuevas estructuras políticas. Esta evolución se enmarca en la formación de las monarquías cristianas que iniciaron la Reconquista. En el territorio de los antiguos vascones surgió el reino de Pamplona; al este del País Vasco nació la monarquía asturiana, después convertida en el reino asturleonés y, por fin, en el de Castilla. La evolución política del País Vasco durante la Alta Edad Media dependió del desarrollo de estos dos poderes, de sus vaivenes y de su capacidad de influencia.

El territorio vasco siguió caminos diferentes. En Navarra se configuró un poder monárquico, en tomo al rey de Pamplona, con una dinámica propia durante el Medievo. Las futuras Provincias Vascongadas, situadas entre la monarquía asturleonesa o castellana y la navarra, oscilaron entre el reino occidental y el oriental, según cambió la relación de fuerzas, hasta que a fines del siglo XII entraron definitivamente en la esfera de Castilla.

La lucha contra musulmanes y francos introdujo en Navarra los cambios que desembocarían en la formación de un Reino. Desde los años 798-803 las necesidades bélicas alentaron el caudillaje de la familia Arista. Al caudillaje militar sucedió después la monarquía, con Sancho Garcés I, en el 905, pues la preeminencia política se convertía en hereditaria. Comenzaba a reinar la dinastía Jimena, que gobernó durante tres siglos, de momento como reyes de Pamplona. El máximo esplendor llegó con Sancho el Mayor (1000-1035), que consiguió dominar, además de casi toda la Navarra actual —menos la ribera del Ebro, aún en manos musulmanas—, Sobrarbe, Ribagorza, los condados de Aragón y de Castilla, el territorio de las Vascongadas y el reino de León. Desde los inicios de la Reconquista ningún rey cristiano había alcanzado en la península tan amplio poder territorial. Reunió directamente o por lazos de vasallaje todos los Estados cristianos españoles, y hasta alguno francés.

Grabado que representa a Carlomagno. La batalla de Roncesvalles (778) simboliza los enfrentamientos armados de los vascos con los francos.

No se consolidó este poder político. Sancho el Mayor repartió tan amplio territorio entre sus hijos. A García le correspondió el Reino de Pamplona, las Vascongadas y el Norte del actual Burgos. Había comenzado la descomposición de la monarquía, que llegó a desaparecer en 1076, tras la tragedia de Peñalén —el asesinato de Sancho IV por sus hermanos. Los reinos de Aragón y de Castilla se repartieron sus territorios.

En 1134 Navarra recuperó la independencia. García Remírez se alzó como rey, titulándose ya rey de Navarra. Su reino tenía los perfiles actuales, pues incorporó Tudela y territorios al sur del Ebro, conquistados en el intervalo a los árabes. Algunos años después, llegó a dominar la Rioja y las Vascongadas, que, excepto breves momentos, permanecieron en la esfera navarra hasta acabar el siglo. Terminaron entonces las vicisitudes territoriales. Desde 1234, cuando comenzó a reinar la dinastía Teobaldo, con intereses en Francia, los vaivenes políticos de Navarra dependieron del acercamiento a Francia o a la política peninsular.

Hasta el 1200 el territorio de las Vascongadas fluctuó entre la monarquía navarra y la asturleonesa/castellana. Al tiempo, surgieron las tres demarcaciones en que se dividiría en lo sucesivo. Álava y Bizkaia son los primeros nombres de los que tenemos noticia. Aparecen en la Crónica de Alfonso III, del año 900, al relatar acontecimientos de mediados del siglo VIII. Es sólo una mención geográfica, pero evidencia que existían ya unos enclaves con tales nombres, cuyo contenido político o territorial desconocemos. De Bizkaia se excluían Orduña, Sopuerta y Carranza, mencionados aparte en el texto, por lo que quizás comprendía el territorio al este del Nervión que habitaran los caristios.

En el siglo IX el término Álava adquirió connotaciones políticas, pues se le cita como condado. La Crónica de Alfonso II menciona, primero, que Eylo era conde de los alaveses hacia el 868; después, a los Vela Jiménez como condes de Álava. Y en torno al 918 Monio Vélaz, casado con una hija del navarro Sancho Garcés I, ostentó los títulos de conde de Álava y de Bizkaia.

Las vinculaciones políticas de estos territorios son imprecisas. La cita del 918 los relaciona con la Corte navarra, pero antes, cuando aún no se había consolidado el Reino de Pamplona, posiblemente estaban en la esfera asturiana: Alfonso II, hijo de alavesa, se refugió una vez en Álava a fines del siglo VIII; y los Vela Jiménez y los condes de Castilla, ambos bajo la égida asturiana, colaboraron estrechamente en la lucha contra los musulmanes. La relación que en el siglo X tuvieron las Vascongadas con Navarra debió de ser transitoria. Álvaro Herramélliz figura como conde de Álava entre el 919 y el 931 dentro de este ámbito. Después, entre el 932 y el 970 el título lo ostentó Fernán González, que reunió los condados de Castilla y de Álava. Por contra, a comienzos del siguiente siglo, durante el reinado de Sancho el Mayor, el conde de Álava figura en el ámbito de Navarra, coincidiendo con la expansión de esta monarquía. Y dentro de la misma corte se movían el conde de Gipuzkoa, cuya primera mención es de 1025, y los condes de Bizkaia, documentados de forma continua desde 1040.

Teobaldo I (1234-1253). Músico y poeta, desarrolló el Arte Gótico en Navarra, y consiguió, en el plano militar, fama en la sexta Cruzada a Tierra Santa.

Es posible que al principio el condado de Álava incluyese todas las Vascongadas, y que en el siglo XI se convirtiesen en entidades diferenciadas Gipuzkoa y Bizkaia.

Con la crisis del Reino de Pamplona estos enclaves pasaron en 1076 a Castilla, en cuya órbita estuvieron hasta la reconstitución de la monarquía navarra en el 1135. Desde entonces, y hasta fines de siglo, por lo común permanecieron en Navarra. Desde 1180 el señor de Bizkaia figura siempre en la corte de Castilla. Al terminar el siglo, Álava y Gipuzkoa se incorporaron definitivamente a los dominios del rey castellano. En 1199, tras el cerco y capitulación de Vitoria, Alfonso VIII conquistó Álava; al año siguiente, el rey navarro le entregó algunas plazas alavesas que seguían en su poder. También en el 1200 Castilla se hizo con Gipuzkoa; se ha escrito que por entrega voluntaria, pero la documentación es imprecisa: dice a veces que el rey adquirió la provincia, y otras que la prisó, que la tomó; en todo caso, no menciona enfrentamientos armados.

Los condes de Álava y Gipuzkoa eran, al parecer, cargos designados por el rey, para gobernar comarcas fronterizas que exigían atención militar. Titular y territorio no tenían más nexo que la voluntad del rey, que era la máxima autoridad. Quizás el condado de Álava fue de los Vela Jiménez hasta el 918, pero desde entonces los reyes designaron los condes de Álava sin tener en cuenta vinculaciones anteriores. Sancha de Navarra, Fernán González, Munio González, Lope Iñiguez, los Ladrón de Guevara, entre otros, ostentaron sucesivamente el título. En el mismo caso estuvo el condado de Gipuzkoa, en manos de García Armáriz, Orbita Arnárez, Vela de Guevara, Lope Iñiguez, los Ladrón de Guevara. Ambos títulos desaparecieron con la ocupación castellana.

El Señorío de Bizkaia estuvo vinculado a sus titulares en mayor grado. Al menos desde el 1040 los Señores de Bizkaia fueron los López de Haro: sólo perdieron el condado entre 1135 y 1180, cuando recayó en los Guevara, hasta que se lo devolvió el rey castellano. Los Haro cambiaron varias veces la fidelidad monárquica sin perder el dominio sobre Bizkaia, de forma que ostentaron el Señorío en Navarra y en Castilla.

A diferencia de los otros, el de Bizkaia era un señorío jurisdiccional. Posiblemente, el ejercicio de la autoridad gubernativa generó un dominio que no dependía estrictamente de la voluntad del Rey. El señor de Bizkaia tenía competencias que en Álava y Gipuzkoa ejercía el rey: tenía el mando militar, cobraba tributos, nombraba funcionarios (prestameros y merinos), y ejercía la potestad judicial. Mientras en Álava y Gipuzkoa las villas las fundó el rey, en Bizkaia lo hizo el Señor.

En el siglo XIV nació otra ruta mercantil. Unía el interior de la península con los puertos del norte de Europa, privilegiando el papel de las Vascongadas.

Tras la definitiva entrada en la órbita castellana no desapareció el Señorío de Bizkaia, que siguió en manos de los Haro. Era ésta la más poderosa familia de Castilla después de la real, lo que sin duda contribuyó a consolidar el Señorío. Al extinguirse la casa de Haro, el Señorío pasó a los Lara, otro linaje importante. Recayó en 1371 en el infante don Juan, que en 1379 heredó la corona de Castilla. Reino y Señorío tendrían desde entonces un mismo titular, pero Bizkaia mantuvo sus peculiaridades jurídicas.

Durante la Alta Edad Media se forjó la composición territorial de las cuatro demarcaciones vascas.

Navarra, formada por la anexión de territorios al reino de Pamplona, que al principio comprendía la Navarra Media, reproducía básicamente la zona de los antiguos vascones, si bien perdía en 1200 la franja entre Oyarzun y el Bidasoa, conquistada por Castilla.

La antigua distribución tribal tuvo, pues, influencia en la división territorial. La principal novedad fue la aparición de Álava como enclave diferenciado. Probablemente, se debió a la dinámica histórica de este área, con personalidad propia por el papel fronterizo que jugó durante siglos. Lo tuvo ya durante la crisis del Bajo Imperio; después, fue frontera entre godos y vascones, entre éstos y árabes —las crónicas árabes refieren 21 incursiones por tierras alavesas— y, por fin, entre la monarquía navarra y la asturleonesa o castellana.

Álava no incluía en el 1200, cuando la anexión a Castilla, todo el actual territorio alavés. Varias plazas militares las dirigían sus señores, hasta que se agregaron a la provincia las de Portilla, Treviño y Laguardia.

Bizkaia accedió a la unidad por adscripción personal de diversos territorios al Señor de Bizkaia. Al principio, tenía éste la Bizkaia nuclear, que excluía el Duranguesado y las Encartaciones. Era la vertiente norte de la antigua zona caristia. Durango formó en los siglos XI y XII una circunscripción política, que en 1195 pasó a manos castellanas; en 1212 Alfonso VIII lo donó a Diego López de Haro. Más compleja fue la incorporación de las Encartaciones (antiguo territorio autrigón), pues careció de una unidad política como la de Durango. Santurce y Gordejuela eran del Señor de Bizkaia en el siglo XI; Sopuerta, Somorrostro y Carranza lo fueron en el XII; Lanestosa se incorporó a fines del siglo XIII, y Valmaseda al acabar el XIV.

Gipuzkoa no incluía durante la primera mitad del siglo XI territorios al oeste del Deva, de forma que reproducía la franja norte de los antiguos bárdulos, pero sí durante la centuria siguiente. Se incorporó el antiguo territorio vascón situado al este de Oyarzun en 1200, conquistado por el rey castellano. Dentro de Gipuzkoa hubo un demarcación diferenciada, el señorío de Oñate, que no entró en la provincia hasta la Edad Moderna.

La economía medieval

No conocemos bien la economía del País Vasco medieval. La documentación sugiere que en el sur y en Navarra la agricultura estaba más desarrollada que en el norte: en Álava existían fincas agrícolas protegidas por torres; y el asentamiento árabe en el Ebro, en el sur navarro, hizo progresar las técnicas agrícolas, con la noria y sistemas de riego. Posiblemente, esta zona practicaba el pastoreo, pero sin que alcanzase la importancia que tenía en la vertiente septentrional, de economía ganadera y forestal: la ganadería era su actividad más importante; el bosque, que se usaba para la cría del ganado, sólo desaparecía para dejar sitio a las pomaradas; las huertas eran escasas.

El Rey de Castilla o el Señor de Bizkaia crearon Villas en la Costa, para potenciar los puertos; así nacía Bermeo en 1237.

Así, el Fuero de los labradores de Durango de 1150, se promulgó para una sociedad en la que primaba la ganadería. Los labradores tenían que pagar al señor según sus cabezas de ganado. Varios documentos aluden a los pastos, y a tierras, huertas y manzanales, árboles, montes, y pastos, como figura en la donación de la iglesia de Yurreta a San Millán de la Cogolla de 1072. Posiblemente, en los siglos XI y XII se introdujeron prácticas agrícolas pues a mediados del XIII una mala cosecha tenía ya secuelas de hambres y pestes; se paliaban con sacrificios ganaderos, de forma que se complementaban ambas producciones agropecuarias.

Bayonne o Baiona, que perteneció al Reino de Navarra, fue uno de los principales puertos del País Vasco, por el que salían en tiempos los productos navarros.

Así, pues, la economía de la vertiente mediterránea estaba más avanzada. Desde al menos el siglo IX —la primera noticia es del 871—, había ferrerías en tierras alavesas, mientras hasta fines del XIII no se documentan en el norte: los votos de San Millón pedían a las localidades alavesas el pago en rejas de hierro, mientras exigían bueyes en las dos provincias costeras.

Contribuyó a las diferencias económicas el mayor impacto que tuvo en Navarra y en el sur del País Vasco la ruta de los intercambios mercantiles altomedievales, que se estableció en el siglo XI a través del camino de Santiago. Con las peregrinaciones, masivas en el siglo XII y que se practicaban aún el XV, penetraron en la península influencias culturales, políticas y económicas.

El camino más antiguo que afectó al País Vasco seguía el trazado de las calzadas romanas. Tras penetrar en Navarra por Roncesvalles y alcanzar Pamplona, derivaba hacia Salvatierra, Armentia y Miranda de Ebro, a través de Huarte-Araquil. En el reinado de Sancho el Mayor, la conquista de tierras a los árabes permitió un camino más meridional, por lo que la ruta seguía desde Pamplona a Puente la Reina y Viana, para dirigirse después hacia Logroño. Además, se utilizaban el camino que entraba en la Península por Somport (conectaba con el anterior en Puente la Reina, tras pasar por Jaca, Liédena y Monreal) y, con más frecuencia, el camino del Ebro.

Aunque a comienzos del siglo XIII algunos peregrinos llegaban por Irún (seguían por Hernani, Tolosa, el puerto de San Adrián, Vitoria y Miranda), estos intercambios económicos y culturales afectaron sobre todo a Navarra y a la vertiente meridional del País, insertas por el camino de Santiago en el eje que recorría el norte peninsular en sentido esteoeste.

En el siglo XIII nació otra ruta mercantil, que sustituiría en importancia a la anterior, en declive desde el XIV. Unía el interior de la península con los puertos del norte de Europa: Inglaterra, por ejemplo, importaba lana castellana ya a mediados del siglo XIII. Se privilegió así el papel de las Vascongadas, pues sus puertos participaron en el tráfico nortesur. De fines del siglo XIII datan, además, las primeras noticias de ferrerías en Gipuzkoa y en Bizkaia. Durante la Baja Edad Media, por tanto, la economía de la vertiente cantábrica se modernizaba.

Las villas

Las sucesivas novedades económicas propiciaron la aparición de núcleos urbanos. Cuando se fundaban, las villas recibían un marco legal que favorecía se estableciesen artesanos y comerciantes: se les concedía una estructura administrativa propia, dependiente del rey, un territorio bajo su jurisdicción, la autorización para celebrar mercados semanales, privilegios económicos y un régimen jurídico propio.

Las primeras villas se crearon en el camino de Santiago. Fueron Sangüesa y Estella, fundadas en el 1090. Después, nacieron las de Tudela, Puente la Reina y Pamplona. Con la recuperación de la independencia de Navarra en 1134 siguió el aforamiento de villas en el centro y sur del Reino (Olite, Monreal, Los Arcos, Artajona, etc). La ribera del Ebro era, de momento, la zona más urbanizada. Falces, Funes, Sesma, Caparroso, Carcastillo aparecieron ya en el siglo XII.

A los móviles económicos se unieron los militares. El rey navarro y el castellano crearon villas para asentar su hegemonía en las tierras intermedias. El primero fundó en 1165 Laguardia, Vitoria en 1181 y Antoñana y Bernedo el año siguiente, para afirmar sus posiciones en Álava. Las preocupaciones militares propiciaron, a su vez, la creación de Viana, una plaza fuerte para defenderse de Castilla, así como la fundación entre 1263 y 1279 de Torralba, Aguilar y Genevilla, y, a comienzos del siglo XIV, de Huarte Araquil, Echarri Aranaz y Espronceda.

Salinas de Añana, fundada en 1140 para potenciar la población que explotaba las salinas, fue la primera villa creada por Castilla en las Vascongadas. Razones militares inspiraron la fundación de la Puebla de Arganzón, también en el siglo XII, y las erigidas por el rey castellano en Álava durante el XIII (Labastida, Santa Cruz de Campezo, Fresnedo, Corres, Antoñana, Salvatierra, Treviño).

La aparición del comercio norte-sur en el siglo XIII relanzó la fundación de villas en las Vascongadas. La formación de San Sebastián por el rey navarro, en 1181, anticipaba el interés por el tráfico marítimo, pero la nueva fase la protagonizó Castilla, que dominaba las Vascongadas desde fines de siglo. El rey de Castilla o el Señor de Bizkaia crearon villas en la costa, para potenciar los puertos, y en el interior, buscando fomentar las rutas comerciales. En 1199 nacía la de Valmaseda, situada en el camino entre Burgos y puertos vizcaínos. En 1209 recibían la carta-puebla Hondarribia, Getaria y Motrico; en 1237, Zarautz y Bermeo. Entre 1256 y 1268 nacían varias villas en los caminos gipuzkoanos: en la ruta entre Vitoria y San Sebastián, las de Segura, Villafranca y Tolosa: Mondragón y Bergara, como puntos de paso desde el interior a Deba, Zumaya y Getaria.

Bizkaia fue el último territorio en contar con una amplia red de villas. Al acercarse el final del siglo XIII sólo tenía tres: un puerto, Bermeo, y dos villas en los accesos al Señorío: Valmaseda y Ochandiano, fundada esta última en 1254. Posiblemente, el camino de Ochandiano unía Vitoria con los puertos más occidentales de Gipuzkoa. Las siguientes villas vizcaínas, Durango y Ermua, creadas en 1290, estuvieron en esta ruta. En el cambio de siglo, sin embargo, se inició una amplia política fundacional. En 1299 nacieron las villas de Plencia y de Orduña —un nuevo acceso al Señorío— y en 1300 la de Bilbao. Entre 1322 y 1327 otros tres puertos se convirtieron en villas, Portugalete, Lequeitio y Ondárroa.

Desde 1330 la creación de villas tuvo un sentido diferente. Había empezado la crisis social de la Baja Edad Media, y con villas, enclaves amurallados, se protegió a la población del amenazante entorno dominado por las luchas banderizas. Menos Gernika, nacida en 1366, todas las de esta fase tuvieron tal carácter defensivo. Proliferaron en los límites entre Bizkaia y Gipuzkoa, donde surgieron Deba, Placencia, Eibar, Elgóibar, Zumaya, Marquina y Elorrio. Miravalles, Villaro, Munguía, Larrabezúa, Rigoitia nacieron en la misma coyuntura. La agitación provocó también que en Álava se crearan Alegría y Elburgo, según su carta fundacional para que sus pobladores sean tenidos en paz y justicia.

Así, pues, razones muy diversas alentaron la fundación de villas. Hubo motivos económicos, militares y políticos. Estaban, también, las causas demográficas. Probablemente, en el País Vasco la población, como en todo el occidente europeo, se desarrolló entre el siglo XI y comienzos del XIII. La fundación de villas del período sirvió para asimilar este crecimiento, propiciando nuevas funciones productivas. De otro lado, en Navarra las villas atraían a francos, por una política que captaba extranjeros para las actividades burguesas: se restringió la presencia de navarros en las villas hasta que el empuje demográfico forzó a admitirlos; desde 1180-1190 se permitía ya el asentamiento sive navarras sive alias.

A mediados del siglo XIII se interrumpió la presión demográfica. Las villas creadas desde entonces no respondían al avance de la población. Los aforamientos navarros se paralizaron. La mayor actividad fundacional en las Vascongadas sirvió, posiblemente, para reordenar la población que había crecido en períodos anteriores. Hubo, también, móviles sociales al fundarse las villas, sobre todo desde 1330. La conflictividad bajomedieval provocó que los labradores pidiesen protección. Las villas cumplían esta función, pero con frecuencia las de esta fase no gestaron un mundo urbano, y muchas apenas superaron su inicial carácter agrícola. Las poblaron labradores que se refugiaron en sus muros, pero siguieron viviendo de la agricultura. Pero por lo común las villas representan enclaves burgueses, con formas económicas diferentes a las del entorno rural y con una estratificación social relacionada con las actividades artesanales y mercantiles.

La crisis bajomedieval

Pese al desarrollo de los burgos, la del Medievo era una sociedad fundamentalmente agraria, jerarquizada en función de la propiedad de la tierra.

En Navarra los villanos —campesinos, por oposición a los ruanos, que vivían en las calles de las poblaciones— eran el grupo más numeroso. Distintas denominaciones —villanos, rústicos, mezquinos, pecheros, collazos—, aludían a varias situaciones, no siempre bien conocidas. Con frecuencia, estaban adscritos a la tierra y pagaban a los señores renta y tributos, y, como pecheros, contribuciones al rey, a quien prestaban servicios. No faltaban campesinos libres, ni quienes podían abandonar la tierra, si bien al hacerlo la perdían. En conjunto, no distaban mucho de los hombres de la gleba típicos del feudalismo europeo, pues se constata el carácter de siervos. Eran la base de una sociedad rural de rasgos feudales, dominada por los nobles, que presentaban una variada tipología (ricoshombres, caballeros, infanzones o hidalgos).

Los escasos documentos altomedievales que informan sobre las Vascongadas apuntan una sociedad de rasgos similares. En la Baja Edad Media, mejor conocida, en la sociedad agraria había tres grupos básicos:

Los ricoshombres reunían las más extensas propiedades, con posesiones que rebasaban el ámbito del País Vasco. Su actividad fundamental la desarrollaban en la corte de Castilla, donde con frecuencia jugaron un importante papel.

Con los anteriores, los hidalgos componían la nobleza de las Vascongadas. Poseían la mayor parte de la tierra y acaparaban las rentas, pero presentaban situaciones muy diversas, por sus distintos niveles económicos. Destacaban los Parientes Mayores, la cúpula de una sociedad de rasgos feudales. Con amplias posesiones, encabezaban los linajes.

Los labradores, el estrato social inferior, eran la mayoría de la población. En Álava, la provincia mejor documentada, había durante la Baja Edad Media tres tipos de campesinos. Los labradores censuarios estaban vinculados al rey, que podía adscribirlos a una villa; sin tierras, pagaban tributos y prestaban ciertos servicios. Los collazos, sujetos a la jurisdicción real, estaban adscritos a la tierra; los hidalgos los podían trocar, comprar, venderlos o donar. Algunos labradores de las tierras de los hidalgos estaban sometidos a la jurisdicción señorial; podían abandonar tierra y señor, perdiendo sus derechos sobre la heredad que cultivaban.

Desconocemos la proporción de cada grupo y sus condiciones concretas. En las dos provincias costeras se documentan las tres situaciones estudiadas en Álava, pero los collazos sólo aparecen esporádicamente, por lo que quizás eran característicos de la vertiente meridional. Por lo que sabemos, los labradores de Bizkaia y Guipuzkoa dependían también del señor, de los hidalgos o del rey, y no debía de ser excepcional su adscripción a un solar, la restricción de su movilidad, o que careciesen de ella; satisfacían rentas y prestaciones que variaban según su grado de dependencia. Hubo también campesinos libres. Posiblemente, trabajaban como arrendatarios tierras ajenas, pero no conocemos bien su situación, ni el papel social que desempeñaron.

En la jerarquizada sociedad medieval hubo agudos conflictos sociales. Los que afectaron a Navarra a fines del siglo XIII tuvieron una dimensión política. La conflictividad que generaba la alternativa de acercarse a Francia o a la península culminó cuando los francos de Pamplona, apoyados por tropas francesas, arrasaron la Navarrería, en 1276, sellando el triunfo de la política de aproximación a Francia.

Después, en la Baja Edad Media la crisis social sacudió a todo el País Vasco. Se manifestó en la guerra de bandos de las Vascongadas y, en Navarra, en las luchas entre agramonteses y beaumonteses.

La crisis bajomedieval tuvo en el País Vasco su propia dinámica, pero probablemente seguía las mismas pautas de la que sufría la sociedad europea. En torno a 1280 los primeros síntomas de estancamiento económico interrumpieron el crecimiento iniciado a fines del siglo X. Durante el XIV, sobre todo de 1340 a 1370, la crisis fue muy acusada: el hambre y de la peste castigaron a una población excesiva para una economía en recesión. Los problemas desembocaron en una crisis social. El retroceso de las rentas generó agudas tensiones en el siglo XIV, que se prolongaron durante buena parte del XV. Fue decisiva la actitud de la nobleza, pues para mantener su nivel económico acentuó su presión sobre los campesinos y la burguesía. Además, abundaron los enfrentamientos entre los nobles. Con el empleo de la violencia en estos tres frentes (campesinos, villas, y las luchas contra otros potentados) intentaban los nobles captar una mayor parte de la producción, para compensar la disminución que ésta sufría.

La evolución económica del País Vasco coincide, por lo que sabemos, con la del Occidente europeo, bien que con un ritmo propio. En las Vascongadas entre 1280 y 1350 el desarrollo urbano y mercantil coincidió, al parecer, con el deterioro de las rentas agrarias. La depresión se generalizó entre 1350 y 1420. Desde esta fecha, hubo ya una mejoría demográfica y económica, si bien el campo fue reacio a la recuperación hasta aproximadamente 1475.

Esta evolución provocó una crisis social de rasgos similares a la europea. En las Vascongadas el episodio mejor conocido es la guerra de bandos, esto es, los enfrentamientos entre los hidalgos, pero abundan las noticias de presiones nobiliares sobre campesinos y villas. Basten algunos ejemplos: en 1353 algunos campesinos entraron a formar parte de Mondragón para evitar los males é dapnos é furtos é fuerzas é desaguisados de los hidalgos; la carta-puebla de Munguía, Rigoitia y Larrabezúa, de 1376, refiere que los fijodalgos é otros poderosos se atreben á tomar, é robarles. Los nobles presionaban también a las villas —Salinas de Léniz, Valmaseda y Orduña fueron otorgadas en señorío— y se entrometían en actividades mercantiles: por ejemplo, algunos Salazar cobraban impuestos a los barcos que cruzaban Portugalete, contra lo dispuesto en la carta-puebla de Bilbao.

Caracterizó a la crisis bajomedieval vascongada la lucha entre los señores de la tierra, la guerra entre oñacinos y gamboinos, los dos bandos en que se dividió la nobleza. Los bandos, vinculaciones de rasgos feudales, quizás con reminiscencias gentilicias, se formaban por asociación de varios linajes, que algunas veces procedían del mismo tronco. La institución básica era, así, el linaje, que agrupaba a una extensa comunidad ligada por lazos de sangre y por dependencias personales o colectivas: gran parte de la población, incluso no nobles, se integraba en la estructura de bandos.

Torre de Orgaz, finales del siglo XIV. Fontecha.

El Pariente Mayor defendía el patrimonio familiar y tutelaba a los demás miembros del linaje, cuyas propiedades, vida y honor protegía. Como titular del solar, símbolo y soporte material del linaje, poseía la mayor cantidad de tierras, privilegios y rentas, con ingresos muy diversos, desde los típicamente señoriales hasta, a veces, los relacionados con el comercio y la industria. Molinos, pastos, montes, ferrerías, derechos sobre vasallos, patronatos de iglesias (que le permitían percibir el diezmo eclesiástico) componían una compleja gama de composición no bien conocida.

Del Pariente Mayor dependían parientes, atreguados, encomendados y lacayos. Con la entrada en treguas, uno o más nobles —incluso otro pariente mayor— se comprometían a prestarle servicios bélicos a cambio de protección. Por la encomienda, un vecino o grupo de vecinos se vinculaba al jefe de un linaje, de buen grado o por la fuerza: sus prestaciones económicas aseguraban a los encomendados el amparo de los parientes mayores. Además, formaban parte del bando multitud de lacayos, malhechores y salteadores, que los parientes mayores encubrían, protegían y utilizaban en sus expediciones.

Las agitaciones medievales que sacudieron el Occidente europeo tuvieron su expresión en el País Vasco en las guerras de bandos y en las luchas entre agramonteses y beaumonteses. Torre defensiva (siglo XIV) y palacio de Murga (siglo XVI).

Los vínculos sanguíneos entre linajes fueron quizás origen de los bandos, pero su fidelidad no eran incondicional: a veces cambiaban de bando.

En Gipuzkoa la rivalidad entre oñacinos y gamboínos se estructuró a partir de la oposición de los Gamboa-Olaso y los Lazcano, germen respectivo de ambas parcialidades. En Bizkaia encabezaban a los oñacinos los Butrón y los Mujica, y a los gamboinos los Abendaño y los Salazar. Por lo demás, la distribución de ambos bandos, también con presencia en Álava, dependió de las decisiones de los Parientes Mayores.

Las guerras banderizas comenzaron a fines del siglo XIII. Los motivos de las luchas, muy diversos, sólo son inteligibles a partir de la mentalidad medieval. A veces, ocasionaron altercados sangrientos problemas nimios, como el robo de unas castañas o la posesión de una bocina. Era la lucha por el valer más, por la valía personal y familiar, el no reconocer nunca supremacías ajenas. Pero a veces motivos de más enjundia señalan mejor el trasfondo de los antagonismos, como las disputas por la herencia del señor de Ayala, el Señorío de Orozco o el de Marquina. Y si en una villa vivían uno o más linajes, la lucha por el poder municipal originó numerosos incidentes, como sucedió en Bergara, Deba, Mondragón, Lekeitio, Bermeo o Bilbao.

Enrique IV, titulado rey de Navarra y Francia, tenía como divisa «Navarra sin miedo». Era un vestigio del periodo iniciado en el siglo XIII en el que el Reino de Navarra estuvo en el área de influencia de las dinastías francesas.

Las luchas llegaron a ser muy violentas, a veces con gran número de hombres: a la batalla de Elorrio Juan Alonso de Mujica llevó 4.000; en 1414 Alonso de Mújica acudió a la de Munguía con 1.500, mientras su oponente, Gonzalo Gómez de Butrón, mandaba a 800.

La inseguridad se adueñó de todos los órdenes de la vida. Algunos labradores huían, para engrosar el bandolerismo; otros, solicitaban la creación de villas amuralladas.

Pero hubo una reacción más general. El rey impulsó la formación de Hermandades para acabar con los banderizos, conforme al modelo de Castilla, compuestas por campesinos, habitantes de las villas y algunos hidalgos. Las villas —donde, por ser de realengo, era más inmediata la acción del soberano— tuvieron la mayor participación: formaron las primeras Hermandades provinciales. A fines del siglo XIV, sin embargo, toda la tierra vascongada se iba integrando en ellas. En el XV se dotaron de una sólida organización. Contribuyeron a que las provincias se convirtiesen en comunidades políticas: en su seno nacieron las primeras legislaciones de corte foral.

Las Hermandades protagonizaron el ataque a la hegemonía banderiza. La primera campaña general la dirigió Gonzalo Moro, corregidor del rey, que en 1390 encabezó a la Hermandad vizcaína contra los Parientes Mayores. En 1394 junto a la Junta de Gernika y en 1397 con la de Getaria elaboró severas ordenanzas y organizó la justicia con duras disposiciones, que castigaban con la muerte a los ladrones y, también, a sus encubridores.

No acabaron las agitaciones, que llegaron a su punto culminante en 1448, cuando los bandos quemaron Mondragón. Se reorganizó entonces la Hermandad gipuzkoana, que entre 1451 y 1456 destruyó muchas casas fuertes y expulsó a algunos Parientes Mayores. En respuesta, los bandos desafiaron a ocho villas. Provocaron así la definitiva ofensiva de la Hermandad, dirigida personalmente por Enrique IV. Destierros, confinamientos, destrucciones de casas fuertes acabaron por fin con la hegemonía de los bandos en Gipuzkoa.

A petición del banderizo Lope García de Salazar, confinado por sus hijos, y de mercaderes burgaleses y vizcaínos, perjudicados por los robos, Enrique IV envió a Bizkaia al conde de Haro, para acabar con los bandos. No lo consiguió, pues en 1471 le derrotaron los Mújica y los Abendaño. El ocaso banderizo en Bizkaia se produjo con los Reyes Católicos, que a instancias de Bilbao enviaron a Garci-López de Chinchilla. Su Ordenamiento, de 1487, rompió el equilibrio de fuerzas a favor de las villas, al colocarlas bajo el control de la corona.

Pacificación de los bandos Oñacino y Gamboino ante el corregidor Gonzalo Moro.

Todo indica que en las Vascongadas estos conflictos acabaron con la victoria al menos parcial de las Hermandades, a lo que contribuyeron la mejoría económica y la fuerza que adquirían las villas, por el desarrollo comercial. Los Parientes Mayores conservaron algunos privilegios, pero al establecerse la hidalguía universal terminaron en Bizkaia y Gipuzkoa las diferencias jurídicas entre hidalgos y labradores.

En Navarra, la crisis social de la Baja Edad Media siguió una dinámica diferente. Hubo tensiones como las del Occidente europeo, con presiones señoriales sobre villas y campesinos, pero lo más relevante fue el enfrentamiento entre nobles, que presentó características singulares. Tuvo connotaciones políticas, al entremezclarse con un problema dinástico en el que se jugaba el destino del Reino. Además, la hegemonía nobiliar no generó una respuesta organizada, sólo reacciones aisladas, como la de los campesinos de Falces, que en 1337 atacaron al infante Luis, gobernador del Reino; el deterioro de la monarquía impidió que el rey encabezase iniciativas colectivas como la de las Hermandades, de modo que las agitaciones no terminaron por su acción, sino por la intervención exterior.

La pérdida de identidad de la monarquía condicionó la lucha entre agramonteses y beaumonteses, los dos bandos en que se dividió la nobleza. Desde el siglo XIII, con la corona en dinastías francesas, Navarra se subordinaba a intereses exógenos: los franceses copaban la administración, el rey intervenía en la Guerra de los Cien Años. Y después del fecundo, pero excepcional, reinado de Carlos III (13871425), el rey, Juan II, participó como un noble más en las agitaciones nobiliarias de Castilla. Así, el marco de los problemas que se sucedían en la Navarra bajomedieval sobrepasaba sus fronteras.

Influyeron en las agitaciones navarras del siglo XV las políticas de otros reinos. Situada entre las poderosas Castilla, Aragón y Francia, los reinos limítrofes quisieran influir en Navarra, para incorporar o subordinar este enclave estratégico. Tuvieron éxito, por la debilidad de la monarquía y las disputas internas. Unas veces, los propios reyes se apoyaron en facciones foráneas; otras, los reinos limítrofes encontraron apoyos en los bandos navarros. Además, los reyes no intentaron, como en otros reinos, fortalecer el poder real en detrimento de la nobleza, sino que participaron en sus contiendas.

Un problema dinástico desencadenó la guerra. El testamento de doña Blanca, muerta en 1441, nombraba heredero a su hijo don Carlos, el Principe de Viana, pero le exigía que no se titulase rey sin permiso de su padre. Don Juan, empeñado en las luchas nobiliares castellanas, no lo otorgó, y retuvo el gobierno. Estalló un conflicto que se complicó al heredar don Juan la corona de Aragón; el Príncipe de Viana era su primogénito, por lo que los territorios de Aragón se vieron afectados por el mismo problema.

Las disensiones que había en la nobleza navarra, cuyos dos bandos se habían enfrentado ya, se reprodujeron a gran escala, por el apoyo a don Juan o a don Carlos. A éste secundaron los Beaumont, que dieron nombre a su bando. La facción opuesta lo recibió de los Agramont. Ambas familias eran de la Baja Navarra, pero su antagonismo sacudió a todo el Reino, dividido en dos por las impredecibles aspiraciones de los nobles. Casi toda la Montaña, Pamplona, Olite y algunas villas ribereñas (Lerín, Lesma, Mendoza y Arellano) eran beaumonteses. La Ribera era el principal baluarte de los agramonteses, que contaban con Estella y Tudela. De los valles pirenaicos, sólo se alineaba con ellos el Roncal, pero era un punto vital, pues les comunicaba con el conde Foix, aliado de don Juan.

La guerra civil se desarrolló de forma favorable a los agramonteses. Don Juan ostentó la corona hasta su muerte, en 1479. Después, agramonteses y beaumonteses apoyaron distintas alternativas dinásticas.

Las disensiones favorecieron las interferencias exteriores. Terminaron en 1514, con la conquista de Navarra por Fernando el Católico. En guerra con Francia, el rey castellano-aragonés invadió el Reino al estimar que apoyaba a los franceses. Tenía el apoyo beaumontés: en el ejército castellano marchaban significados miembros de este bando.

Concluyeron así las disputas nobiliares, y, con ellas, la independencia de Navarra. Las Cortes juraron a Fernando como rey. En 1516, cuando doña Juana y Carlos I heredaron la corona, se especificaba que tendrían a Navarra como reyno de por sí, de forma que mantendría sus peculiaridades políticas.

Durante la Baja Edad Media se crearon los regímenes forales, que regularon la vida de los cuatro territorios: establecían su organización política e incluían variadas disposiciones, desde las económicas y sociales hasta un derecho civil específico, que sólo faltó en Álava. En las villas sólo se aplicaron en parte, pues se organizaban por sus propios fueros, que les otorgaban además el derecho civil común.

La foralidad vasca desarrollaba los mismos principios que tenían los múltiples fueros nacidos por entonces en los reinos peninsulares, que reproducían los del Occidente europeo. Eran usos y costumbres convertidos en ley por el reconocimiento real, conforme a las concepciones medievales: el ordenamiento político se basaba en el compromiso entre reino y monarca, en un pacto por el cual el poder de éste se supeditaba a la observación de fueros, usos y privilegios.

Grabado que representa la batalla de Pavía, 1525, en la que el gipuzkoano Juan de Urbieta apresó al rey francés. En el siglo XVI, los vascos participaban activamente en la Administración y el Ejército de la Monarquía.

Formada tempranamente una monarquía, los Fueros de Navarra se promulgaron los primeros. Las tensiones entre Teobaldo I y la nobleza forzaron a clarificar las obligaciones de rey y súbditos, poniéndolas por escrito en 1238. Al llamado Fuero Antiguo se añadieron en el siglo XIII diversas disposiciones (los fueros de Estella y Pamplona, usos locales y ordenanzas). En conjunto formaban un cuerpo jurídico de gran prestigio, que reformaron las Cortes de 1330, a instancias de Felipe de Evreux, en el Amejoramiento de Don Felipe. Con algunas ampliaciones, fue el Fuero General que pervivió tras la conquista castellana. Lo completaron Reales Cédulas y leyes elaboradas por las Cortes y sancionadas por el rey.

Las Hermandades formadas contra los banderizos fueron el marco en que se promulgaron los fueros de las Vascongadas. Tras varias disposiciones —destacan las que en Gipuzkoa y Bizkaia promovió Gonzalo Moro a fines del siglo XIV—, los primeros códigos completos se elaboraron a mediados del XV. Fueron el Fuero Viejo de Bizkaia de 1452, los Cuadernos Viejo y Nuevo de la Hermandad de Gipuzkoa de 1457 y 1463; y el Cuaderno de la Hermandad de Álava de 1463 —Treviño, un siglo antes donado por el rey en señorío, quedó fuera de la Hermandad—. Formaron parte de los Fueros de Gipuzkoa y de Álava, también, Reales Cédulas y ordenanzas elaboradas por las Juntas y aprobadas por los monarcas. En Álava regía además la escritura de 1332, que describía la situación social y generalizaba en la provincia el Fuero Real (el derecho común). En Bizkaia, la legislación se actualizó en 1526, en el Fuero Nuevo, acabadas las luchas banderizas, pues muchas de las duras disposiciones de 1452 eran ya innecesarias.

IV. LA EDAD MODERNA

Caracterizó al País Vasco de la Edad Moderna la subsistencia del sistema foral creado en el Medievo. Mientras, en España, desaparecían los demás fueros, de origen y principios políticos similares, el País Vasco se rigió por estas legislaciones durante los siglos en que se construía la monarquía absoluta.

A la singularidad política se unía una estructura productiva atípica. La agricultura de la vertiente cantábrica, escasa en vino y cereales, no conseguía una producción suficiente para toda la población. Por contra, la industria y el comercio presentaban un desarrollo notable, que servía para paliar el déficit de subsistencias. Así, la economía del País Vasco tenía rasgos modernos (debilidad del sector primario y desarrollo del secundario y terciario), acentuados con el paso del tiempo.

La sociedad vasca del Antiguo Régimen presentaba también notas singulares, al menos en Bizkaia, Gipuzkoa y norte de Álava y Navarra: no se dividía en los estamentos característicos de la Edad Moderna, que distinguían entre nobleza, clero y tercer estado sin privilegios. La hidalguía universal, impuesta a fines de la crisis bajomedieval, generalizaba el estatus privilegiado de nobles, y suponía internamente la igualdad jurídica, una circunstancia excepcional en el período. Así, la sociedad no se jerarquizaba de forma estamental, sino por la posición dentro del aparato productivo. En esto el País Vasco presentaba también caracteres modernos.

De otro lado, el ámbito rural y el urbano tenían sus propias estructuras internas y criterios de diferenciación social. En el primero, la concentración de la propiedad de la tierra, entre otras formas de dominio, permitía la hegemonía de los jauntxos, la nobleza rural; en las ciudades, las variadas situaciones generadas por la economía urbana destacaban a la burguesía mercantil como grupo dominante.

Los fueros vascos

Los Fueros definían el ordenamiento jurídico y político del País Vasco durante el Antiguo Régimen. Los fueros vascos compartían algunos principios comunes, pero eran diferentes en cada provincia, por rango y contenido. A veces, sus peculiaridades separaban hondamente las distintas foralidades, pues no hubo uniformidad institucional o normativa.

Aún así, durante la Edad Moderna se asentó la idea de que los fueros de las Vascongadas coincidían en aspectos esenciales, mientras se entendía a los fueros navarros como una realidad diferente. La distinción no era arbitraria. El rango de monarquía que tenía Navarra implicaba, además de un mayor desarrollo institucional, una legitimidad distinta. La organización política, por ejemplo, justifica tanto la distinción entre Navarra y las Vascongadas como la afirmación de la identidad foral de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. En estas tres provincias los organigramas forales (basados en el esquema de Juntas Generales-Diputaciones) presentaban similitudes. Diferían radicalmente del sistema navarro de Cortes, Diputación y Consejo Real, equiparable al de los Reinos nacidos en el Medievo.

Torturas de la Inquisición. La Inquisición persiguió durante siglos (hasta comienzos del XIX) las desviaciones de costumbres, así como las religiosas y políticas.

Este entramado legal se basaba en los Códigos Forales, que, sin embargo, no reglamentaban toda la organización político-administrativa. No siempre recogían por escrito aspectos fundamentales, sobre todo en las Vascongadas; a veces sólo mencionan instituciones tan básicas como el Corregidor o las Juntas Generales, sin detallar su papel o funcionamiento. Tales materias, y otras muchas, no las regulaba una concreta norma legal, sino la tradición.

Esta lógica reproducía el proceso por el que se creó el sistema: los fueros debían su rango de ley al reconocimiento real, pero tenían un origen consuetudinario. Sobrevivieron, por tanto, las concepciones pactistas bajomedievales. Su originalidad residía no en los principios que los animaban, sino en su pervivencia con la monarquía absoluta, basada en teorías diferentes. Con todo, la foralidad no cuestionaba al absolutismo, sino que especificaba, además de normas que regían la vida de la comunidad, la forma en que el soberano ejercía su poder supremo. Por eso, parte de los Fueros la compusieron diversas Cédulas y Ordenanzas promulgadas por el rey.

En el ejercicio del poder participaban representantes del rey y autoridades que designaban las entidades locales. Cada ámbito tenía sus funciones.

En Navarra encarnaban al poder real el virrey y el Consejo Real. Los delegados del rey en Gipuzkoa y Bizkaia eran los corregidores. En Álava no había una autoridad similar; según la práctica foral, el diputado general asumía la representación real, pero sin las atribuciones de los corregidores.

La participación de los delegados reales en la vida política y administrativa de las provincias vascas constituía una pieza básica del régimen foral, no una intromisión que alterase su contenido y significado.

Una de sus competencias fundamentales era la administración de justicia, impartida en nombre del rey. Se atenía al derecho civil foral donde estaba vigente. En casi toda Álava regía el Fuero Real y las autoridades judiciales eran similares a las de Castilla.

Por lo demás, en Navarra el virrey asumía la representación del monarca, a quien la foralidad adjudicaba el poder supremo. Ostentaba el gobierno de Navarra y era el eje de la vida política del Reino.

En Gipuzkoa y Bizkaia los corregidores tenían también atribuciones políticas y administrativas. Al participar en los órganos representativos intervenían en la toma de decisiones, con funciones de control, inspección o arbitraje. Presidían en Gipuzkoa y Bizkaia las Juntas Generales, cuyas decisiones debían avalar. En Bizkaia formaban parte, además, de la Diputación, con la que colaboraban en Gipuzkoa. De otro lado, controlaban la vida municipal, pues los Ayuntamientos tenían que rendirles cuentas; cualquier impuesto municipal requería su aquiescencia. En Álava el diputado general presidía las Juntas, pero el control de los Ayuntamientos correspondía al poder central. Esta función la ejercía en Navarra el Consejo Real, que fijaba, además, los requisitos para acceder a cargos municipales.

Completaban el organigrama foral las instituciones designadas localmente. En las Vascongadas las Juntas Generales ocupaban el lugar central de esta estructura administrativa, papel que en Navarra ejercían las Cortes. Componían las primeras junteros designados por los municipios. Las Cortes de Navarra las formaban tres brazos estamentales.

Grabado que ilustra el libro de Pierre de Lancre Tableau de l'inconstance, París, 1612, del polaco Jane Ziamko. Pierre de Lancre, de ascendencia vasca (su apellido era Rosteguy) fue uno de los jueces más drásticos en sus veredictos sobre supuestos casos de brujería. Para Julio Caro Baroja sus libros sobre el tema merecen el siguiente comentario: «… saqué la impresión de que debía ser un espíritu vulgar y adocenado con bastante cultura humanística y una falta absoluta de criterio…».

Las Juntas se reunían periódicamente. Resolvían conflictos entre entidades locales, establecían las directrices de la administración provincial, planificaban la construcción de caminos (que ejecutaban los municipios, encargados también del orden publico, bajo la dirección de los órganos forales), definían los impuestos provinciales, votaban los donativos al rey y nombraban diversas autoridades (diputados, regidores, escribanos, secretarios, síndicos), que desarrollaban sus decisiones o ejercían algunas competencias forales. Decidir sobre el pago de impuestos era, también, una atribución fundamental de las Cortes navarras; puesto que no se reunían con periodicidad, sino a convocatoria del rey, éste solía congregarlas cuando apretaban las necesidades de la Hacienda; podían, además, elaborar pedimentos de ley, esto es, propuestas legislativas que entraban en vigor si recibían la sanción real.

Las Cortes de Navarra eran estamentales. En el brazo eclesiástico figuraban el obispo de Pamplona y las autoridades de diversos monasterios; en el militar, representaban a la nobleza los caballeros a los que el rey concedía este privilegio, anejo a veces al título; el popular lo componían delegados de las localidades que tenían tal autorización (pasaron de 27 a 38 a lo largo de la Edad Moderna); los designaban los ayuntamientos.

Por contra, en las Juntas Generales de las Vascongadas todas las localidades tenían alguna representación. Por lo común, en los pueblos pequeños a los junteros los elegían entre todos o gran parte de los vecinos, mientras que en los de población numerosa sólo intervenían el Ayuntamiento o algunos vecinos. Esto favorecía la aristocratización de las Juntas, consagrada por los requisitos que debían cumplir los junteros, pues se les exigía un determinado nivel de bienes raíces o de rentas, así como saber leer y escribir en castellano, lo que reservaba el cargo a una élite local.

El sistema foral definía un régimen de autogobierno limitado. Correspondían al rey las principales decisiones, pero los órganos provinciales tenían importantes atribuciones. Eran autónomas en lo administrativo, aunque sus disposiciones requerían la sanción real. Tenían incluso cierta participación en el poder legislativo, en Navarra por la capacidad de las Cortes de pedir leyes, y en las Vascongadas en virtud del pase foral, un mecanismo que quería garantizar que las órdenes reales se ajustasen al fuero. Si los órganos locales estimaban que una orden no respetaba la foralidad, podían devolverla mediante la fórmula se obedece pero no se cumple.

Enrique IV juró el Fuero de Bizkaia en Guernica el 2 de marzo de 1457, bajo amenaza de «no recibir ni obedecer sus cartas».

El mecanismo del pase foral no era cortapisa definitiva a las decisiones del poder central. Devuelta la orden considerada desafuero, si el órgano que la promulgara estimaba que no vulneraba la foralidad, se aplicaba, tras el segundo mandamiento: así se especificaba en 1703, cuando el pase foral se extendió a Álava, en una Real Cédula que describía similar mecanismo para Gipuzkoa. El Fuero de Bizkaia de 1526 preveía, por contra, que la orden que fuese contrafuero sea obedecida y no cumplida ni en primera ni segunda ni tercera fusión (mandamiento), si bien en la práctica del siglo XVIII el pase funcionaba en Bizkaia como en las otras dos provincias.

Similar institución existía en Navarra, con el nombre de derecho de sobrecarta: dificultaba la transgresión del fuero, pero no coartaba la soberanía del rey, pues lo ejercía el Consejo Real, un órgano cuyos miembros designaba el monarca.

De esta forma, el régimen de autogobierno limitado que existía en las provincias vascas quedaba definido en los siguientes términos:

Plena autonomía administrativa, sin más límites que la supervisión de los representantes del poder central, su control de las economías municipales y la necesaria sanción real a las decisiones de los órganos provinciales.

Un poder judicial en manos de los órganos delegados del rey, ajustado al derecho foral donde regía.

Una participación local en el poder legislativo, en las Vascongadas de carácter negativo (capacidad de oponerse a una disposición que afectaba a materias previstas por el fuero, pero no la de elaborar leyes), por el veto suspensivo que suponía el pase foral, y positivo en Navarra, por la iniciativa legislativa a que equivalía el pedimento de ley.

Un poder ejecutivo en las Diputaciones para el desarrollo de las decisiones de Cortes o Juntas Generales.

La aplicación de la legislación promulgada por el poder central en las cuestiones no afectadas por la foralidad.

Las previsiones económicas de los Fueros respondían a la debilidad agrícola y a la necesidad de importar subsistencias, y protegían los sectores secundario y terciario, esenciales en este modelo económico. Se buscaba el abastecimiento con la libre importación de consumos, la prohibición de su reexportación y la exigencia de que desembarcaran parte de su carga los buques que recalasen con vituallas. Para proteger las ferrerías, que jugaban un decisivo papel, se prohibía exportar mineral de hierro y carbón vegetal.

Con estos límites los Fueros establecían la plena libertad económica, eliminando trabas para el comercio e impidiendo los monopolios.

Diversas normas establecían la exención fiscal. Sobrevivían principios impositivos de la Edad Media, cuando el rey tenía dos tipos de ingresos, los ordinarios y los extraordinarios. Los primeros eran ya casi irrelevantes: sólo alcanzaban alguna entidad los derechos de ferrerías en Bizkaia, la alcabala en Álava y el impuesto de tablas, sobre la exportación, en Navarra. Las principales contribuciones a la Hacienda Real se realizaban, así, por vía extraordinaria, esto es, en régimen de donativo voluntario, a conceder previa solicitud del rey.

La exención fiscal imposibilitaba que se generalizase en el País Vasco el régimen impositivo común. El pago de donativos y la financiación de la administración local generaron cuadros fiscales propios y diferentes en cada provincia, determinados por las instituciones locales.

La libertad económica y el principio de exención fiscal hicieron del País Vasco una zona de libre comercio y baja presión impositiva, que contribuyeron al desarrollo mercantil. Colaboraba a ello la ubicación de las aduanas que no estaban en la costa, sino en el interior.

Los Fueros de las Vascongadas preveían la exención del servicio militar, que los de Navarra sólo disponían para la nobleza (aún así, no hubo levas en el Reino). No era un principio absoluto: cada provincia debía prestar el servicio militar en tiempo de guerra, cuando afectara a su territorio; para prestarlo fuera de la provincia se necesitaba el acuerdo de las Juntas. De otro lado, las localidades portuarias participaban en el servicio militar marítimo aun en tiempo de paz.

La legislación foral incluía, también, un derecho civil. No regía en todo el territorio: en casi toda Álava (excepto en el valle de Ayala) y en las villas y ciudades que habían recibido en su carta-puebla un fuero específico, la legislación civil era similar a la de Castilla, construida a partir del derecho romano. El derecho foral, vigente en zonas rurales, buscaba la conservación del caserío como la base económica de la sociedad. El individuo no tenía plena capacidad de disponer sobre sus bienes, pues no podían salir de la familia a la que pertenecían. Se quería, así, evitar la enajenación y la división de la heredad, y asegurar el mantenimiento de unos niveles de producción suficiente.

Las instituciones más características de este derecho civil eran la troncalidad (dificultaba que los bienes pasaran a otras personas), la libertad de testar (heredaba el hijo al que se considerase más adecuado, quedando apartados los demás) y la comunicación de bienes entre marido y mujer (los bienes que aportasen eran comunes a ambos si tenían hijos).

La negociación de los Conciertos Económicos llevaba a la colaboración de las diputaciones de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. En la fotografía, los miembros de la Comisión que nombraron las tres diputaciones para negociar el Concierto de 1906. Madrid. Fot. Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, «Kaulak».

En las Vascongadas el sistema político consagraba la hegemonía rural, con la preeminencia de los jauntxos, pero la burguesía mercantil tenía una participación significativa en el poder. Así lo muestran los organigramas forales de cada provincia.

Las Juntas Generales de Bizkaia se reunían en Gernika cada dos años, además de las convocatorias extraordinarias si lo exigían las circunstancias. A fines del siglo XVIII las formaban 101 representantes: 72, de las anteiglesias de la tierra llana, es decir, de los pueblos de la Bizkaia nuclear (todo el Señorío menos las Encartaciones y el Duranguesado) que no tenían el estatus de villa; 21, de las villas y ciudad; 1, de las Encartaciones (que tenían su propia forma de organización en las Juntas de Avellaneda); 1, del Duranguesado (en el mismo caso, celebraba sus juntas en Gerediaga); 6, de los concejos encartados que obtuvieron el privilegio de enviar junteros. La representación era abrumadoramente rural. El principal enclave urbano, Bilbao, con el 10% de la población, tenía sólo un voto de los 101.

En los órganos ejecutivos nombrados por las Juntas Generales se atenuaba la distorsión que primaba a los municipios rurales. En ellos Bilbao tenía mayor influencia que en las Juntas. Eran fundamentalmente dos instituciones: el Regimiento y la Diputación General. El primero, compuesto por el corregidor, doce regidores, dos letrados, dos escribanos y dos síndicos, asumía las funciones de la Junta cuando no estaban reunidas. En cuanto a la Diputación, formada en el XVIII por el corregidor y seis diputados, desarrollaba los acuerdos junteros. En la práctica, la Diputación tomaba las principales decisiones cotidianas y dirigía la administración de la provincia. En ella la burguesía urbana tenían un peso decisivo. Residía en Bilbao, como el corregidor, y su propio origen traducía la preeminencia bilbaína. Nació por las dificultades de reunir a los 19 miembros del Regimiento: se decidió que asumiesen sus funciones los regidores que viviesen en Bilbao, lo que fue el germen de la Diputación.

En Gipuzkoa los junteros procedían también mayoritariamente del campo, pero la votación fogueral atenuaba el desequilibrio entre la importancia de una localidad y su peso político. En sus Juntas Generales (que con carácter ordinario se reunían una vez al año en una de las 18 villas que rotaban en un orden fijado a fines del siglo XV) no correspondía un voto a cada juntero, sino tantos como vecinos tenía la localidad que representaba, según un cómputo establecido por la tradición:10 de los 63 junteros alcanzaban la mayoría.

Por otra parte, la composición del gobierno provincial privilegiaba a San Sebastián, Tolosa, Azpeitia y Azcoitia, las cabezas de los partidos judiciales en las que alternativamente, por trimestres, residía el corregidor. Conforme rotaba éste, lo hacía la Diputación General Ordinaria, cuya composición cambiaba. Las Juntas sólo designaban a dos de sus miembros, al diputado general y su adjunto, que debían ser vecinos de las cuatro villas mencionadas y que ejercían el cargo mientras el corregidor residía en su localidad, formando la Diputación junto a los dos principales cargos municipales. También existía desde 1748 la Diputación Extraordinaria, que se reunía dos veces al año, si había cuestiones graves. La componían once personas: los cuatro de la Diputación General en ejercicio, los otros tres diputados generales que la presidían por turno y cuatro diputados elegidos por los pueblos de la provincia, uno por partido.

El pretendiente Carlos VII en Gernika.

Las Juntas Generales de las Hermandades de Álava se reunían dos veces al año, en Vitoria y en Arriaga. Eran mayoritariamente rurales, como las Juntas Particulares (compuestas por el diputado general y seis representantes de las cuadrillas en que se agrupaban las hermandades), pero este hecho tenía menos relevancia que en las provincias costeras, por el menor desarrollo urbano. En todo caso, la importancia de Vitoria, el principal centro mercantil, se reflejó políticamente, al ser la residencia del diputado general o maestre de campo que, elegido por las Juntas, dirigía la administración provincial.

El organigrama político de Navarra era radicalmente diferente al de las Vascongadas. De principios similares a los de los demás reinos españoles nacidos en la Edad Media, sus principales instituciones se crearon en el Medievo, de forma que desde fechas muy tempranas quedaron definidas sus competencias y la forma en que habían de designarse.

Las características más destacadas del régimen político navarro eran las siguientes: el amplio desenvolvimiento político e institucional de la legitimidad proveniente del poder real; el carácter estamental de las instituciones representativas; la decisiva intervención del rey en el nombramiento de quienes podían estar presentes en las Cortes; y el mermado papel que jugaban en el proceso político las instituciones provenientes del ámbito político local, circunscritas a lo administrativo, al pedimento de ley y a la decisión sobre los donativos y la forma de recaudarlos.

Para paliar el absentismo real se institucionalizó desde el siglo XVI la figura del virrey, que asumía las funciones del monarca: ostentaba el mando militar, convocaba las Cortes, presidía el Consejo Real y designaba a los alcaldes, entre otras atribuciones.

El Consejo Real de Navarra —el único Consejo de la monarquía que no residía en Madrid— lo formaban siete personas designadas por el rey: un regente (el virrey) y seis consejeros, de los que al menos tres tenían que ser navarros.

Las Cortes se reunían a convocatoria del rey, que podía ponerles un plazo fijo para sus debates, o incluso cerrarlas, lo que no sucedió hasta 1801. Deliberaban los tres brazos reunidos, pero cada estamento votaba por separado. Cualquier decisión requería la unanimidad de los tres brazos.

El órgano ejecutivo delegado de las Cortes era la Diputación. Desde 1678 contaba con siete miembros: dos los nombraba el brazo militar, dos el popular y los otros dos la ciudad de Pamplona. Al votar, tenían peso diferente: los dos del brazo popular contaban con un sólo voto, lo mismo que los designados por Pamplona.

Las competencias de la Diputación navarra se limitaban a la ejecución de lo que expresamente les encargaban las Cortes. Por ello, el cobro de los impuestos para pagar el donativo constituía el núcleo de su actuación.

Prosperidad demográfica y económica

Aunque hubo mortalidades catastróficas, como la peste de 1530, en los dos primeros tercios del XVI continuaba la expansión demográfica iniciada en el siglo anterior. Las Vascongadas, con algo más de 60.000 habitantes por provincia, tenían una densidad media de unos 30 ha./Km², relativamente alta (la de Castilla era de 18 ha./Km²), muy superior a la de Navarra (con unos 145.000 habitantes en 1553), en torno a los 12 ha./Km².

Coincidía esta expansión con una etapa de auge económico, en la agricultura, la industria, el comercio y la pesca. La agricultura, que empleaba a la mayor parte de la población, presentaba gran heterogeneidad.

Grabado de Calixto Ortega: «Manual del viajero en las Provincias Vascongadas por un vascongado» (1847).

La de la vertiente cantábrica vivía una fase de transición. Las rentas comenzaban a fijarse en cereal, pero aún había multas en ganado y se protegía al roble, haya, castaño o manzano: la agricultura estaba sustituyendo a la explotación preferente de bosque y ganado, si bien persistió el déficit de subsistencias. La roturación de bosques, pastos y pomaradas, habitual desde el siglo XV, permitió la expansión del mijo, un cereal pobre. En retroceso, pero aún con importancia, estaba la producción de manzana y de chacolí. La vid, que se extendió por Bizkaia y Gipuzkoa en el siglo XIV, producía una cantidad de chacolí insuficiente para la demanda de ambas provincias. De ahí que se importase vino de la Rioja y la Ribera. Su consumo redujo la necesidad de sidra, y permitió roturar las pomaradas.

La vertiente mediterránea producía, por lo común, subsistencias suficientes para la población. La agricultura de Álava era, en conjunto, pobre, pero dos comarcas solían ser excedentarias, la Llanada, de orientación cerealista, y la Rioja alavesa, que se estaba especializando en la producción de vid, complementada con cereales.

Mayor diversificación presentaba Navarra. Además de trigo, producía cebada, avena, mijo y, en el sur, vid y oliva. La canalización de las aguas del Ebro o el uso de pantanos correspondían a una agricultura evolucionada, con comarcas excedentarias en vino, aceite o trigo. También se exportaba lana, producida por la trashumancia realizada desde los valles pirenaicos.

En conjunto, durante el XVI la producción agraria creció en las Vascongadas en torno al 30%. En Álava se generaron mayores excedentes y en Bizkaia y Gipuzkoa no se agravó el déficit de subsistencias, pese al desarrollo demográfico. La expansión fue similar a la de toda la península, pero acentuada por las transformaciones de la vertiente norte.

El equilibrio económico de Bizkaia y Gipuzkoa dependía en parte de las ferrerías. La exportación del hierro elaborado permitió importar subsistencias. Los campesinos complementaban sus ingresos en las ferrerías o en las labores derivadas de ellas.

Las ferrerías pocas veces empleaban una docena de personas, pero generaban numerosas actividades, para preparar la fundición y dar salida a sus productos: el cuidado y tala del arbolado, la elaboración de carbón vegetal, la extracción de hierro, su transporte hasta la ferrería, el de los elaborados a las renterías (las lonjas donde se vendían), el trabajo de herreros o forjadores, la construcción naval. Las ferrerías, al principio situadas en los montes (cuando sólo usaban la fuerza humana), se ubicaron en los valles fluviales desde que en el siglo XV empleaban la energía hidráulica. Esta se aplicó primero a los fuelles que insuflaban aire para mantener el fuego y, después, a comienzos del XVI, a los martinetes que golpeaban los tochos eliminando las escorias.

Pintura sobre tabla procedente de Legazpia, que representa un milagro que se había producido en la ferrería de Mirandaola. Reproduce la indumentaria de los ferrones y el utillaje utilizado en las ferrerías.

Se explotaron diversas minas, como las del valle del Bidasoa, Peñas de Aya, Aitzgorri, Udala, Araya, Maeztu, Santa Cruz del Fierro o el valle de Zuya, pero la mayoría de éstas no podían abastecer con continuidad a las ferrerías. Así, las de Somorrostro fueron el principal suministro de mineral. De allí se transportaba, en mulas o por mar, a las ferrerías.

Por su importancia económica, el sector estaba muy protegido. Además de la prohibición de exportar vena y carbón vegetal, cabe señalar la preferencia en el uso de bosques comunales o la existencia de una jurisdicción específica. El alcalde de ferrerías, nombrado por los dueños de las ferrerías de una comarca, entendía en los litigios, suscitados por los transportes o por la explotación del bosque, y, sobre todo, de los ríos.

En el siglo XV y gran parte del XVI las ferrerías conocieron una notable expansión, al aumentar las demandas agraria (aperos de labranza), de origen bélico (armas, armaduras) y de los astilleros (anclas, clavos). En 1550 se decía que en Bizkaia y Gipuzkoa había 300 ferrerías, una cifra excepcional, no mencionada ni antes ni después. Buena parte de la producción se enviaba al exterior, a la península o al norte de Europa.

Las 300 ferrerías que menciona Pedro Medina estaban dispersas por toda Bizkaia y Gipuzkoa. Unas 180, en el Señorío, especialmente concentradas en Baracaldo, en el Ibaizábal y en el Cadagua. Gipuzkoa superaba las 100, en el Oria, Urola y Deba. La producción gipuzkoana era, al parecer, la más importante. En el valle del Deba, que se especializó pronto en la siderurgia, se instalaron las mayores ferrerías. No faltaron en Álava, que a la sazón contaba con unas 20, ni en Navarra, en el valle del Bidasoa, donde sólo las de propiedad real eran 28 a fines de la Edad Media.

La sólida implantación de varios circuitos comerciales caracterizaba al País Vasco del período. A caballo entre Francia y Castilla, entre Aragón y el Cantábrico, era necesario punto de paso para diversos intercambios. Además, la necesidad de importar consumos para Bizkaia y Gipuzkoa y la exportación del hierro de las ferrerías impulsaron el desarrollo mercantil.

El tráfico más importante era el de la lana de Castilla. El circuito arrancaba de las ferias castellanas, entre las que descollaba la de Medina del Campo. Por Burgos, se llevaban las lanas a los puertos del Cantábrico, y de éstos, por mar, a Flandes. En el viaje de retorno se importaban pañería flamenca y otras manufacturas. No faltaron viajes a Inglaterra y a Francia. Similar era el circuito que generaba la lana navarra, que salía por Gipuzkoa, sobre todo por San Sebastián. Junto a la lana, los buques vascos llevaban al norte de Europa el hierro de las ferrerías.

Aunque movilizaban menos capitales, otros flujos mercantiles eran imprescindibles para la economía del País: el tráfico minero desde Somorrostro a las ferrerías; el transporte del cereal que abastecía a Bizkaia y Gipuzkoa, habitualmente desde la Llanada alavesa, Navarra, la Tierra de Campos y la Bureba, aunque en años de escasez se traía de Andalucía, del interior de la meseta o de Francia; importancia local tenía, también, el comercio de vino de Navarra a Gipuzkoa y de la Rioja a Bizkaia.

Así, los viajes de arrieros y marinos conectaban al País Vasco con el exterior. Castilla la Vieja, Aragón, el litoral peninsular y los puertos franceses, ingleses y flamencos formaban su área de influencia mercantil.

Diversos puertos participaron en el tráfico, pero pronto San Sebastián y Bilbao canalizaban la mayor parte. Los principales caminos del comercio con Castilla eran, en el XVI, los siguientes: el que penetraba por Valmaseda y por el Cadagua comunicaba con el Nervión; la senda que, desde Miranda o Vitoria, se dirigía a Bilbao por Orduña; el camino tradicional que, por San Adrián, atravesaba Cegama y Segura y unía a Vitoria con Gipuzkoa.

Esta infraestructura era una evolución de las rutas jacobeas medievales, bien que potenciándose los tramos que unían a Bizkaia y Gipuzkoa con el interior. Dos accesos de la meseta a la costa, los de San Adrián y Valmaseda, existían a comienzos de la Baja Edad Media. Después, se abrió el paso de Orduña, pues para competir con los puertos de Cantabria resultaba necesario mejorar las comunicaciones con Burgos.

Navarra comunicaba con el exterior por las siguientes vías: con Castilla, por Cintruénigo; con Aragón, desde Tudela, por el valle del. Ebro; con Francia, a través de los pasos del Pirineo; su conexión con Gipuzkoa, que posibilitaba el acceso al mar, se efectuaba por Lecumberri y Tolosa.

En Bilbao se fundó en 1511, para escapar a la jurisdicción del Consulado Burgalés, el Consulado y Casa de Contratación de Bilbao, que hasta el siglo XIX aglutinó a los mercaderes bilbaínos.

En el principal comercio, el de la lana, los vascos actuaban como intermediarios. No había aún grandes comerciantes vascos que controlaran este tráfico. Eran más bien transportistas que vendían sus servicios. Los mercaderes de Burgos monopolizaban este comercio, por su estratégica situación en las rutas que unían las ferias de la lana y el Cantábrico. En Bilbao se fundó en 1511, para escapar a la jurisdicción del Consulado burgalés, el Consulado y Casa de Contratación de Bilbao, que hasta el siglo XIX aglutinó a los mercaderes bilbaínos. Se ocupó de defender los privilegios de la villa, de los pleitos mercantiles y de los trabajos portuarios.

Al principio, junto a la costa, después en zonas cada vez más alejadas, la caza de la ballena fue desde la Edad Media una de las actividades más características de los puertos pesqueros.

Esta iniciativa era síntoma de la expansión mercantil que vivía el País Vasco desde el siglo XV, prolongada hasta fines del XVI. Se debía al desarrollo del tráfico internacional, al auge demográfico que demandaba más subsistencias y a la expansión ferrona. Era ya un comercio muy variado; se exportaba sobre todo lana y hierro, pero entre las importaciones encontramos, además de vituallas, plomo, estaño, cáñamo, brea, cueros, azúcar y textiles (lienzos, cañamazos, telas, mercerías, paños, cuartillas). El tráfico lanero, el de mayores implicaciones, generó la aparición de una burguesía de creciente peso social. Pero la participación vasca en este comercio era muy inferior a la de Santander, que entre 1562 y 1570 captaba el 65% del producto. Para disputarle esta preeminencia, Bilbao, entre otras iniciativas, intentó en 1553 abrir un camino real en la vía de Orduña para mejorar la conexión con Burgos. Fracasó, por la oposición de Santander, Gipuzkoa y Vitoria, que veían amenazados sus negocios.

En la costa tenía importancia económica la pesca, con dos actividades: la del litoral abastecía de besugo, congrio y merluza; y la pesca de la ballena, con gran desarrollo, aportaba grasa, lengua, huesos, carne. Durante el Medievo las ballenas se capturaban cerca de la costa, donde se presentaban entre octubre y marzo. Cada puerto colocaba en su atalaya un servicio de vigilancia. Avistado el cetáceo, todo el pueblo se movilizaba en pequeñas chalupas. Desde que en el siglo XV disminuyó la afluencia de ballenas, los pescadores tuvieron que desplazarse. A comienzos del XVI estas campañas duraban unos ocho meses, entre primavera y otoño. Se perseguía a los cetáceos en el Atlántico norte. La presencia vasca en Terranova, el Labrador y la desembocadura del San Lorenzo ha dejado su rastro en topónimos (Ille-aux-Basques, Placencia, Port-aux-basques). Corresponden a factorías que servían para fundir la grasa de la ballena o como secaderos de bacalao, cuya pesca complementaba la de la ballena.

La crisis del siglo XVII

En el País Vasco el XVII fue, como en toda la península, un siglo de crisis, pero con características peculiares. No en las comarcas cerealistas de Álava, y probablemente en casi toda Navarra, pues su depresión fue similar a la castellana. Sí, en cambio, en la vertiente cantábrica, que siguió una evolución contradictoria y excepcional: disminuyeron los productos de las ferrerías y del comercio, pero compensó estas caídas con importantes avances en la agricultura, que experimentó, a su vez, cambios profundos.

La profunda depresión de la Álava del cereal se debió a la gran inestabilidad de las cosechas, al retroceso de la demanda de las provincias costeras, ahora más autosuficientes, y a la presión fiscal. La producción agraria disminuyó en torno al 35%, más que la población, que en esta zona bajó alrededor del 25%. El agricultor, con menos producto disponible, sufrió, además, mayores impuestos y exacciones de los ejércitos reales a su paso por la provincia, circunstancia frecuente en este agitado período. La peste de 1596-1601 marca, probablemente, la inflexión de la producción agraria.

Esta epidemia se notó también en las provincias costeras, pero en ellas probablemente dinamizó los cambios en el sector agrario. Y es que en esta zona la crisis del XVII (en la que la demografía se estancó, pero sin retroceder) tuvo una dinámica muy diferente. Cayó la demanda exterior de bienes (los artículos de las ferrerías) y de servicios (el comercio), de los que dependía el equilibrio económico, roto a fines del XVI: al reestructurarse las bases productivas, la revitalización agraria compensó este retroceso.

Desde la segunda mitad del siglo XVI las exportaciones de hierro vasco retrocedían, por la competencia de los nuevos centros siderúrgicos de Suecia y Lieja. Especial importancia tuvo la concurrencia del hierro sueco, cuya evolución técnica (utilizaba altos hornos al carbón vegetal), lo hacía más rentable que el de las ferrerías vascas, pequeñas explotaciones con hornos bajos, sin capacidad financiera para modernizarse. La pérdida de mercados se inició en torno a 1560. Para 1580 disminuía, incluso, el número de ferrerías. Entre 1561 y 1612 no se pudieron arrendar los derechos de ferrerías: nadie se arriesgaba a hacerse con los derechos de una producción en declive. Hacia 1590, por la crisis, surgían tendencias proteccionistas en Bizkaia y Gipuzkoa, enfrentadas al querer monopolizar la producción.

Contribuyeron a los apuros ferrones las alteraciones comerciales. La conflictividad bélica colapsó, a veces definitivamente, los circuitos mercantiles. En ocasiones, los enfrentamientos forzaron a suspender el tráfico. Esta contracción mercantil se agravó por la presencia de corsarios en el litoral, que hasta mediados del XVII afectó a todos los puertos vascos.

En 1564 había ya piratas portugueses en la costa vasca. En 1575 se suspendió el comercio con Inglaterra. En su lucha con Holanda, Felipe II cerró lentamente el comercio con las Provincias Unidas, y Felipe III lo prohibió en 1598. La derrota de la Invencible destruyó, además, parte de la flota vasca.

Al retraerse las exportaciones de bienes y servicios cambió la estructura productiva del País Vasco. Se produjo la ruralización de parte de la población, que abandonó la actividad industrial, mercantil o pesquera por la explotación de la tierra. La ruralización exigía, a su vez, cambios en la agricultura, para absorber el aumento de mano de obra. Se amplió así el espacio cultivado e importantes reformas incrementaron la productividad.

A principios del XVII se roturaban ya tierras yermas, pero tuvo más implicaciones la transformación intensiva: se generalizó el maíz, una planta adecuada a las condiciones de este área, que incrementó la productividad.

Conocido en el País Vasco ya desde el siglo XVI (en 1576 se le cita como mijo de Indias en Mondragón), el maíz se extendió en el XVII, como respuesta a las nuevas necesidades. Al parecer, primero se aclimató en la costa y después, siguiendo los valles, penetró en el interior, donde su producción alcanzó a los demás cereales hacia 1640-80.

La revolución del maíz, que desplazó al mijo, centeno y lino, transformó la explotación agraria, que incluso se localizó en nuevos espacios: el maíz se plantó en los valles, hasta entonces tierra de pastos por su excesiva humedad para el cereal. La producción se multiplicó en el XVII por 2 o por 2,5. De mayor productividad que los cereales cultivados hasta entonces, el maíz permitía eliminar el barbecho, al rotar con trigo y nabo.

También la Rioja alavesa saldó positivamente la crisis del XVII. Posiblemente se cuatriplicó su producción de vino, impulsada por la demanda de Bizkaia, donde se roturaban tierras dedicadas al chacolí y al manzano.

En el sector comercial hubo también importantes transformaciones. Al descender el tráfico se agudizó la competencia. Nacieron las grandes compañías comerciales, que se disputaban las exportaciones de las áreas productivas. Burgos no consiguió adaptarse a las nuevas condiciones y los grandes mercaderes europeos se hicieron con los intercambios mercantiles. El control del comercio que se realizaba a través del País Vasco pasó así de manos burgalesas a comerciantes extranjeros. Al mismo tiempo, se trasladó el centro de contratación, que de Burgos pasó a Bilbao. Entre 1600 y 1635 los comerciantes europeos comenzaron a actuar desde Bilbao, donde se asentaron importantes colonias, sobre todo de ingleses y holandeses.

En 1564 había ya piratas portugueses en la costa vasca. En 1575 se suspendió el comercio con Inglaterra. En su lucha con Holanda, Felipe II prohibió el comercio en 1598 con las Provincias Unidas y la derrota de la Invencible destruyó, además, parte de la flota vasca.

Ante este cambio la actitud de los comerciantes vascos fue de pasividad, que hay que interpretar como de cierto apoyo, al menos por lo que se refiere a Bilbao, beneficiado por su nuevo papel en las contrataciones. Por lo demás, les resultaba indiferente que la lana la controlasen burgaleses o ingleses y holandeses. No cambiaba su función, que seguía siendo la de transportistas. Burgos, por contra, intentó, sin éxito, evitar la presencia extranjera, con continuos pero inútiles Memoriales al Rey.

Las nuevas estrategias comerciales tuvieron espléndidos efectos para Bilbao. Se convirtió en el principal puerto del norte. A mediados del XVII canalizaba el 70% de la lana que exportaba Castilla por mar, y la totalidad de la que salía por el Cantábrico. Cantabria y Gipuzkoa la habían perdido totalmente. Los bilbaínos se hicieron, pues, con el circuito comercial de la lana castellana, evitando la crisis que paralizó a los demás puertos vascos.

Además, a lo largo del XVII los bilbaínos comenzaron a buscar el control del comercio, enfrentándose con las colonias extranjeras. La nueva actitud se percibe ya en 1661, cuando Bilbao impidió que los ingleses creasen un consulado con jurisdicción sobre el comercio de su puerto. Desde entonces, se dificultó la actividad extranjera, como lo evidencian las frecuentes protestas de ingleses y holandeses por las vejaciones a que les sometían los jueces del contrabando.

Por otra parte, la crisis del XVII se manifestó en los apuros fiscales de la monarquía. En Bizkaia provocaron entre 1631 y 1634 el conflicto que se conoce como rebelión de la sal, que muestra la dinámica social del Señorío y el funcionamiento del sistema político foral.

Provocó el motín la Real Orden de enero de 1631 que establecía el estanco de la sal (convertida así en monopolio de la Real Hacienda) y subía su precio en un 44%. Era un contrafuero: se oponía a la libertad de comercio y a la exención fiscal. Varios alegatos insistieron en ello. Un escrito anónimo presagiaba la asonada, al afirmar que por cualquier fuerza que los vizcainos yzieren en defensa de los fueros no yncurran en pena ninguna.

Cuando estalló el motín la defensa del fuero pasó a un segundo plano. Se desbordó incluso la cuestión de la sal, perdida entre diversas protestas contra la presión fiscal. Así, esta rebelión fue, ante todo, un amotinamiento popular contra el aumento de los impuestos reales, similar a los que sacudieron los territorios de los Austrias en torno a 1640, de los que los más relevantes fueron la rivolta catalana y la separación de Portugal.

El estanco de la sal era una medida más de las que sufría el Señorío desde comienzos de siglo. Ya en 1601 quiso el rey extender a Bizkaia la contribución de los millones, a lo que los órganos forales se opusieron tajantemente, con éxito. Después, se sucedieron los donativos. En 1629 el rey pedía un servicio de soldados. En 1631 un nuevo donativo acompañaba al estanco de la sal, que fue la gota de agua que desbordó el vaso. La presión fiscal coincidía con un alza de precios que deterioró los niveles de vida.

Las Juntas, dominadas por una aristocracia rural vinculada a la corte (a la que acudían los segundones de las familias hidalgas para hacer carrera en la Administración), venían aceptando los donativos. Eso sí, los jauntxos evitaban que los impuestos gravasen sus propiedades, fijándolos sobre las transacciones mercantiles. Los amotinados, al tiempo que contestaban los impuestos, cuestionaron a los grupos que ejercían el poder y a su política.

Ochoa Ruiz de Albiz fue condenado a muerte por el juez Chinchilla, «por haber deservido a sus señores».

El motín empezó el 23 de septiembre de 1631, cuando se suspendió la Junta General de Gernika por el acaloramiento de los ánimos. Se celebró tumultuariamente al día siguiente, ante unos 1.500 vecinos. Sus expresiones revelan el trasfondo sociopolítico del conflicto. Parece ser que se gritaba —dice la documentación— que se hablase en vascuence para que todos entendiesen lo que se dijera, que no debían de ser Diputados los que vistiesen calzas negras sino las personas sencillas. El brote popular tuvo éxito, pues no se aplicó la disposición.

Cuando intentó el corregidor implantar el estanco se recrudeció el motín, que llegó a su punto álgido en octubre de 1632, con la muerte del procurador de la Audiencia del Corregidor. Se movilizaron entonces en Bilbao marinos, curtidores, sastres, campesinos… Era ya un agudo conflicto social. Las mujeres de los artesanos increpaban a las mujeres principales diciéndoles que ahora sus maridos e hijos serian alcaldes y regidores, y no los traidores que vendían a la república y pues todos eran iguales, no era bien que unos comiesen gallina y ellos sardinas. De nuevo los amotinados consiguieron su objetivo, imponiendo al Ayuntamiento sus reivindicaciones, que reclamaban contra los impuestos creados los últimos años: ninguna aludía a la sal.

El ultimo estallido tuvo lugar en la Junta General de febrero de 1633. Se congregaron en Gernika cerca de 2.000 marineros y campesinos armados con lanzas, que forzaron a sancionar 24 decretos: se oponían a los nuevos impuestos sobre el comercio, a las trabas que tenían los marineros y a la pesada carga que suponía la represión del bandolerismo. Sólo uno aludía indirectamente a la sal y dos, de forma tangencial, a la cuestión foral.

El conflicto terminó en 1634. Los seis principales responsables fueron detenidos, juzgados sumariamente y ejecutados. Los machines huyeron, durante varios días ningún casero bajó a Bilbao, que, al parecer, llevó la iniciativa en la represión. Después, a fines del 34, la corona suprimía el estanco y perdonaba a los implicados. Cabe pensar que los comerciantes, que habían apoyado el motín contra los impuestos, lo abandonaron al radicalizarse y cuestionar las estructuras políticas del Señorío. Quizás solicitarían entonces al rey que, a la vez que aboliese el estanco, se reprimiese la asonada, de lo que se encargó la villa mercantil.

El siglo del capitalismo comercial

El siglo XVIII fue de prosperidad económica y demográfica: se calcula que la población creció entre 1720 y 1790 en torno al 50%, gracias al auge del comercio, al crecimiento agrario y a la recuperación de las ferrerías.

El sector más dinámico fue el mercantil. La burguesía comercial se convirtió en el grupo social con más influencia en la marcha económica del país, en un período en el que se formó un mercado interior y se generalizó la economía monetaria. El progreso del comercio, general, justifica que se pueda denominar al XVIII el siglo del capitalismo comercial.

La expansión del comercio internacional benefició sobre todo a Bilbao, que se había hecho con el monopolio del tráfico lanero. El auge bilbaíno contrasta con la inicial depresión mercantil de Gipuzkoa, peor tratada por los cambios de la centuria anterior. Sin embargo, en el primer tercio del XVIII la burguesía donostiarra buscó sus propios recursos; se hizo un nuevo circuito mercantil, que unía a Gipuzkoa con las colonias americanas, al formar la Real Compañía Gipuzkoana de Caracas. Por lo demás, los tráficos del siglo XVIII mantenían las estructuras tradicionales, si bien era un comercio más diversificado. Y los comerciantes vascos abandonaron su papel de transportistas en el tráfico internacional y controlaron los principales circuitos comerciales en que participaban.

El punto de arranque de la preeminencia bilbaína fue la reforma de las Ordenanzas Municipales de Bilbao de 1699. Prohibía que los extranjeros interviniesen en su comercio, en una auténtica nacionalización del comercio que se efectuaba a través de Bilbao, desde este momento controlado por mercaderes locales. Desde entonces, éstos desplegaron una ingente actividad económica, encargándose de efectuar las contrataciones. Por vez primera, captaban el gran comercio de la lana que se hacía a través del País Vasco.

Las circunstancias políticas, por otra parte, colaboraron a la expansión mercantil: en especial el que en 1700 los Borbones pasaran a ocupar la corona española. El cambio de dinastía y el conflicto que le acompañó afianzaron a Bilbao. Consolidaron las Ordenanzas de 1699, pues la guerra de Sucesión abortó las intenciones de holandeses e ingleses de desviar su tráfico hacia Santander, descalificados como competidores por ser considerados enemigos. Además, los puertos vascos fueron fundamentales durante la contienda para la comunicación con Francia, pues los de Cataluña estuvieron en manos de los aliados del Archiduque.

El navío del Almirante Oquendo en la batalla de Las Dunas.

La burguesía bilbaína (cuyo apoyo a los Borbones no le impidió comerciar con las potencias enemigas, Inglaterra y Holanda) pudo imponer sus exigencias. Impidió, incluso, que los franceses participaran en el comercio bilbaíno, al negarse a transformar sus nuevas ordenanzas.

Bilbao consolidó durante la guerra el monopolio del tráfico lanero. Así, en 1714 salía por su puerto el 49% de las 108.000 arrobas de lana que por mar exportó España, todo lo que se enviaba por el Cantábrico. En 1715, se embarcaban en Bilbao 93.000 arrobas. Desde entonces, con esporádicos descensos, se conservarían cifras iguales o superiores.

Torre de Mañaria (Bizkaia). Construcción típica de la época en que rige el sistema de linajes.

Por lo demás, el comercio bilbaíno siguió siendo de reexportación, manteniéndose los circuitos tradicionales. Eso sí, se diversificó, pues entraban en Bilbao productos coloniales como azúcar, tabaco y cacao, enviados clandestinamente a Castilla. El contrabando tomó carta de naturaleza entre las actividades de los burgueses vizcaínos. San Sebastián y Vitoria se quejaban al rey, ya en 1661, del escaso control de las aduanas de Orduña y Valmaseda, pero a lo largo del siglo el tráfico fraudulento adquirió gran fuerza. Lo favorecía la situación arancelaria del País Vasco, un territorio de baja presión fiscal, con dos zonas, al sur y al norte, de fuertes aranceles. Constituía una plataforma desde la que atender fraudulentamente la demanda francesa y castellana sin un riguroso control aduanero.

El auge mercantil del Bilbao de comienzos del siglo XVIII implicó cambios socioeconómicos, que se reflejaron en el motín que tuvo lugar en Bizkaia en 1718. Lo motivó un grave contrafuero, el traslado de las aduanas a la costa: la medida entraba dentro de la ideología uniformadora de los Borbones, en su búsqueda de un Estado con unidad política y económica. La respuesta a la medida fue una aguda crisis social, sólo comprensible desde las implicaciones de la prosperidad comercial de Bilbao.

Las tensiones se habían ido acumulando desde comienzos de siglo. Frente al auge burgués la crisis intercíclica castigaba al campo vizcaíno. A veces, como sucedió en 1700 y 1718, las sequías hicieron peligrar las cosechas, y hasta llegaba la amenaza del hambre. De ahí la inquietud que reinaba en el campo y en los sectores populares urbanos. De ahí, también, que se acentuasen los resquemores de la nobleza rural, cuyas rentas se deprimían, respecto a la burguesía, que mejoraba posiciones económicas.

Además, los bilbaínos aprovecharon su prosperidad para mejorar su situación política. En 1704-06 disputaban los derechos de prebostazgo de Bilbao, adquiriéndolos en detrimento del Duque de Ciudad Real, Francisco Idiáquez Butrón Mujica. Después, se estableció en Castilla la Junta de Incorporaciones con el objeto de que el rey recuperase lo enajenado de su patrimonio. La nobleza tenía que demostrar documentalmente la legitimidad de sus posesiones, rentas y prerrogativas, si quería mantenerlas. Peligraban en especial los patronos laicos, que podían perder sus derechos sobre el diezmo, de orígenes no bien documentados.

Duró poco esta situación. La nobleza recuperó pronto posiciones. La paz de 1714 mermó, primero, la capacidad de presión de la burguesía, tan relevante durante la guerra de Sucesión. Cuando el equipo Alberoni entró en el Gobierno volvía la hegemonía nobiliar. En Bizkaia, se creó un clima de revancha. La nobleza quiso limar la pujanza comercial de Bilbao.

Así, en 1714 se disponía que el corregidor asumiese el gobierno de la villa. Y se estableció una Factoría Real de Tabaco, para comprar el que no se consumiese en Bizkaia y reexpedirlo a Castilla. La medida perjudicaba seriamente a los comerciantes, acusados de contrabando de este producto.

Las tensiones se agudizaron con el traslado de las aduanas, que amenazó los negocios mercantiles. Se afirmaba, además, que de no aceptar la medida, Bilbao perdería el monopolio de exportación lanera. Es posible que la monarquía consiguiese apoyos de la nobleza rural, que vería en ella un medio de menoscabar la influencia burguesa. Pero la medida era un contrafuero, pese a que seguían exentos los cereales, vinos, aceites y legumbres.

Las Juntas Generales, controladas por los jauntxos, se opusieron al decreto, pero se sospechó que sus enviados a Madrid, tachados de traidores durante el motín, estaban siendo sobornados. Es posible que al coincidir lo dispuesto por el rey con sus intereses la nobleza rural no defendiese el fuero con la contundencia de otras ocasiones. La medida suponía, sobre todo, un duro golpe al tráfico de coloniales y de subsistencias; además de pagar un arancel, desaparecía la posibilidad del contrabando. Perjudicaba también a campesinos y artesanos, al encarecerse los productos. El panorama no era muy halagüeño, máxime cuando la sequía amenazaba la cosecha.

El 19 de marzo de 1718 se trasladaron las aduanas y el clima se enrareció. En agosto estalló el motín, con la muerte de un aduanero y la quema de los barcos que en Bermeo y Algorta servían de aduanas. Distintas juntas acusaban en los pueblos a la oligarquía del Señorío de querer perder a Bizkaia. Afirmaban que, a ese paso, pronto quedarían sujetos a la fiscalidad castellana y todos serian pecheros y obligados a comer hierba.

El 4 de septiembre campesinos de Deusto, Abando y Begoña bajaban a Bilbao. Exigieron al corregidor que se quitasen las aduanas de la costa. Al negarse, la violencia se generalizó. Se saquearon casas de enemigos de la patria, autoridades que pertenecían a la nobleza rural. Al día siguiente, los campesinos de varias anteiglesias tomaban Bilbao. Obligaron al corregidor a asentir sus propuestas, quemaron varias casas y mataron a tres notables; entre ellos, al diputado Arana, acusado de ser el principal influyente en el establecimiento de las aduanas. Gernika, Portugalete y Bermeo vivían también horas tensas. Después, poco a poco se relajó la tensión.

En noviembre entraron en Bizkaia las tropas reales sin encontrar resistencia. En la represión, muy dura, hubo varios ajusticiados. Eso sí, en 1723 las aduanas volvieron al interior. El indulto llegó en 1726.

En el motín vizcaíno de 1718 resultó decisivo el antagonismo entre notables rurales y comerciantes. Todo indica que el traslado de las aduanas fue, si no provocado, sí utilizado por los jauntxos para perjudicar a los mercaderes. De hecho, los campesinos dirigieron su acción contra los notables rurales, y no contra las autoridades delegadas del rey.

Todo indica, de otro lado, que los comerciantes no se opusieron a los campesinos. El corregidor no consiguió reunir fuerzas para defender Bilbao. Posiblemente, había alguna connivencia, pues los intereses burgueses coincidían con los campesinos. Quizás hubo comerciantes que incluso participaron en el motín. Se sabe que algún mercader de tabacos tuvo un papel activo, instigando a los amotinados.

Frente al auge de Bilbao, al iniciarse el XVIII el comercio gipuzkoano vivía malos momentos. Había perdido el tráfico de lana castellana, y estaba en declive, también, el comercio con Aragón y Navarra, desplazado hacia Bayona, al parecer por el menor control aduanero. La creación en 1682 del Consulado de San Sebastián quiso iniciar la recuperación, que no llegó hasta 1728, al fundarse la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, la mejor expresión del capitalismo comercial en Gipuzkoa.

Presidida por el conde de Peñaflorida, la promovió un grupo de notables gipuzkoanos, de comerciantes donostiarras y nobles progresistas con negocios mercantiles. Buscaba un nuevo tráfico, basado en productos coloniales venezolanos. Tenía dos concesiones: el comercio de cacao y la facultad de perseguir al corso (lo que confiscasen sería para la Compañía).

Constituía una innovación, pues hasta entonces Cádiz y Sevilla tenían el monopolio del comercio americano. Además, la fórmula de la compañía mercantil, con capital reunido por suscripción de acciones, no se conocía en España. La Compañía podría enviar a Venezuela dos navíos anuales, que saldrían de Gipuzkoa. En su viaje de regreso recalarían en Cádiz, para pagar los derechos, y descargarían lo importado en Gipuzkoa, desde donde se distribuiría en un área comercial, que, según el acta fundacional, comprendía las Vascongadas, Navarra, Aragón, Rioja y Castilla la Vieja.

Regatas entre los Guardias Marinas de la «Nautilus» en presencia de S. M. la Reina Regente. Al fondo, el edificio de la «Real Compañía Guipuzcoana de Caracas». San Sebastián.

Al principio la Compañía fue muy rentable: entre 1728 y 1740 repartió beneficios equivalentes al 160% del capital invertido. Pronto la compañía tuvo 20 barcos dedicados al tráfico y otros tantos a la vigilancia del corso y contrabando. Llegó a emplear en mar hasta 2.000 hombres.

Hacia 1740 se torcieron las cosas. Primero, por la oposición que levantó en Venezuela la Compañía Guipuzcoana: en 1738 el cabildo de Caracas protestaba de que estaba estrangulando la economía de la colonia, al pagar por el cacao precios muy inferiores a los de los comerciantes extranjeros, en su tráfico fraudulento. Además, por estas fechas hubo mayor actividad de corsarios ingleses y, por la competencia entre las grandes compañías mercantiles europeas, descendieron los precios de los coloniales.

Para superar los apuros en 1751 se trasladó la sede de la Compañía a Madrid, pero ya no se recuperó. Desapareció en 1778, fusionada con la que se dedicaría al comercio de Filipinas. Contribuyó a su fracaso relativo la falta de apoyo de sectores de la burguesía donostiarra, que por entonces tenían ya en el contrabando una espléndida fuente de recursos.

Con todo, la Compañía Guipuzcoana de Caracas inició la recuperación mercantil de la provincia. Benefició, además, al puerto de Pasajes, desde entonces el más importante de Gipuzkoa, y a la industria ferrona, al fomentar la fabricación de armas en el valle del Deva (tenía centro de compras en Placencia y las exportaba a los puertos españoles y venezolanos).

El despegue mercantil del siglo XVIII estuvo desligado de los demás sectores económicos, pero provocó importantes cambios en éstos. La creciente presencia burguesa relanzó la industria ferrona e inició la explotación capitalista del campo, siquiera de forma localizada.

La estructura productiva de las ferrerías propició que los comerciantes entrasen en el sector. Los ferrones, pequeños industriales con pocos recursos económicos y una producción de acusado ritmo estacional, realizaban los principales desembolsos (la compra de hierro y carbón o el arreglo de la maquinaria) antes de iniciar la producción en noviembre, mientras las ventas no se generalizaban hasta mayo. De ahí el recurso a préstamos, por lo común concedido por comerciantes, con hipoteca sobre la producción e intereses equivalentes al 30% anual o superiores.

Con el auge mercantil y la mayor demanda rural se recuperaron las ferrerías, favorecidas por la Real Cédula de 1702 que prohibió introducir hierros extranjeros en las colonias. Así, la vena que salía de Bizkaia por mar pasó de 140.000 quintales en 1640-48 a 240.000 en 1763-65, según los arrendamientos del derecho de ferrerías. Si en 1687 funcionaban en Bizkaia 127, en 1766 lo hacían 162. No hubo, sin embargo, mejoras técnicas sustanciales, por lo que pervivieron los problemas estructurales del sector.

Crecimiento agrario no significaba necesariamente mejores condiciones de vida. De hecho, se acentuó la dependencia de los labradores respecto a la élite terrateniente.

La agricultura vasca, que en parte había soslayado la retracción del siglo XVII, estaba en idóneas condiciones para aprovechar la tendencia alcista del XVIII. En la Rioja alavesa, Bizkaia y Gipuzkoa esta expansión prolongó el anterior desarrollo, mientras que en las comarcas cerealistas representó una auténtica recuperación, iniciada en torno a 1720, a juzgar por los datos de la Llanada alavesa. Desde esta fecha se constata un cambio general en la coyuntura agraria: la producción creció durante el siglo en torno al 40%, aunque en algunas zonas el progreso fue mucho mayor.

La producción aumentó por roturarse tierras yermas e intensificarse los cultivos. Por ejemplo, a partir de 1720 en algunas localidades de Bizkaia se amplió el espacio cultivado hasta en un 25%, se generalizó el maíz y se intensificó la explotación, al parcelarse las heredades.

En este crecimiento se desarrolló la economía monetaria e inició el final del régimen de autoconsumo, con una incipiente especialización, en la que se generalizaron los intercambios. Se creó un mercado interior. Lo reflejan las ferias nacidas en la segunda mitad del XVIII en Ermua (1752), Axpe de Busturia (1779), Sopuerta, Sopelana y Guecho (1780), Gabica, Frúniz y Bérriz (1781) y Amorebieta (1782) y las que funcionaban en Gipuzkoa en 1757 (Beasáin, Bergara, Azpeitia, Ordizia, Azkoitia, Urretxu, Mondragón, Segura, Elgóibar y Oñati). Algunas se convirtieron en mercados semanales.

Estas transformaciones cambiaron los modos de vida campesinos, cada vez más dependientes de los intercambios. Crecimiento agrario no significaba necesariamente mejores condiciones de vida. De hecho, se acentuó la dependencia de los labradores respecto a la élite terrateniente. De ahí el retroceso del porcentaje de campesinos propietarios, que a lo largo del siglo bajó en Bizkaia y en Gipuzkoa aproximadamente del 50% al 35%.

Con la economía monetaria y los intercambios llegaba el liberalismo económico, y, por tanto, la especulación. Desde comienzos de siglo, cada vez se respetaba menos la tasa del trigo, que se suprimió oficialmente en 1765.

El progresivo endeudamiento campesino fue una de las consecuencias del nuevo estado de cosas. Para participar en la expansión agraria, quienes roturaban nuevas tierras y los pequeños propietarios que trabajaban con reducidos márgenes hubieron de adquirir censos hipotecarios. El recurso al préstamo resultaba arriesgado en un sector cuyo crecimiento no evitó profundas crisis cíclicas, como las producidas en torno a 1713, 1736, 1765 y 1798. A las deudas siguió, con frecuencia, la pérdida de la propiedad, en beneficio del prestamista. De otro lado, la explotación con criterios capitalistas hizo que los arrendamientos se concertasen a plazo más corto, actualizándose para obtener mayores beneficios.

Otra secuela de la especulación fue, en parte, la venta de bienes comunales. En las crisis de subsistencias, había campesinos que no podían pagar los elevados precios del trigo. Los municipios cubrían la diferencia entre el precio al que colectivamente se compraba el trigo y lo que abonaban los consumidores. Así, los ayuntamientos se endeudaron, hipotecando los bienes concejiles, que a veces hubieron de vender. En 1764 las Juntas Generales conocían las primeras ventas de comunales, que siguieron los siguientes años. De momento, esta desamortización municipal tuvo escasa envergadura, pero evidencian cómo los apuros campesinos acompañaban al crecimiento agrario. Con la venta de comunales los labradores perdían un complemento importante de sus rentas.

Tensiones sociales y económicas y realizaciones culturales

Las nuevas condiciones sociales agudizaron las tensiones. Así se reflejó en la machinada de 1766 (paralela a los motines de Esquilache que salpicaron España), cuyo epicentro estuvo en el valle del Deva.

Fue una respuesta a la subida del precio del trigo provocada por la crisis agrícola intercíclica y la especulación. Desde 1760 la producción descendía notablemente. En 1765, la sequía arruinó parte de la cosecha. En Castilla el trigo se encareció 2,5 veces entre 1759 y 1765. Se abolió entonces la tasa del trigo, por Real Pragmática de 11 de julio de 1765, una decisión de gran impacto. En el motín gipuzkoano se protestó contra el alza de precios, pero también contra la especulación que los subía, y, por tanto, contra una oligarquía provincial compuesta por los terratenientes y comerciantes que almacenaban el grano y lo vendían en los meses de carestía.

En toda Gipuzkoa se palpaba en 1766 la inquietud social. En San Sebastián mismo, donde vivía la mayoría de los comerciantes, amenazadores pasquines revelaban la agitación, que contuvo el Ayuntamiento bajando los precios. No sucedió lo mismo en el valle del Deva. Comenzó el motín el 14 de abril, en Azcoitia, cuando los especuladores sacaban trigo, para llevarlo a sitios de mejores precios. Unos zapateros y herreros los detuvieron, y después, una movilización popular exigió que los caballeros abaratasen los granos. Se propagó rápidamente por una amplia zona, que incluía Elgoibar, Deba, Beasáin, Atáun, Eibar, Getaria, Mondragón, Placencia, Ordizia, Zarautz, y, en Bizkaia, Ondárroa, Berriatúa, Ereño, Nachitua y Ea.

Los amotinados pedían pan más barato, pero sus protestas afectaban a diversos aspectos de la vida campesina. Reivindicaban una moral publica tradicional, que excluía la especulación, pero también los fraudes en pesos y medidas y, sobre todo, los abusos eclesiásticos (que ningún clérigo tuviese más de dos capellanías ni cobrasen por los sacramentos, etc.).

60 encarcelados varios procesos, multas, destierros, presidio y condena a galeras fue el resultado de la represión de la «matxinada».

La oligarquía provincial reaccionó enseguida. Al tiempo que se enviaba grano a los pueblos, a bajos precios, en San Sebastián se organizaron milicias de ciudadanos. El 24 de abril estaban ya en Azpeitia, desde donde continuaron una represión con penas de muerte (no ejecutadas), unos 60 encarcelados y varios procesos, que impusieron multas, destierros, presidio y condenas en galeras. Al final, la represión fue inferior a lo previsto, pero pronto se liberaron de nuevo los precios del trigo.

En otro orden de cosas, en 1766 nació una institución con un importante papel a fines del XVIII: la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, inserta dentro de las corrientes racionalistas que recorrían Europa. Fue la primera de las sociedades de amigos del país que surgieron en España durante el reinado de Carlos III. Agrupó a lo más florido de la intelectualidad vasca. El racionalismo ilustrado de los caballerizos de Azcoitia —un grupo social vinculado a las actividades mercantiles, en el que estaba presente, también, la nobleza rural progresista—, alejado de especulaciones teóricas, apostó por un reformismo que buscaba mejoras concretas de la sociedad.

Impulsó la Bascongada Francisco Javier Mª de Munibe, Conde de Peñaflorida. Los estatutos, autorizados por el rey en 1765, constituían un proyecto de regeneración social por la vía de la educación y la ciencia. Pretendía fomentar la agricultura, industria, comercio, artes y ciencias, con la consigna de que se deberá siempre preferir lo útil a lo agradable.

Tuvo socios en el País Vasco, en las principales ciudades españolas y hasta en América y Filipinas, sin perder su carácter vascongado. Su divisa Irurac bat simbolizaba la hermandad de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Algunas obras de sus socios figuran entre las más notables aportaciones de la Ilustración española, como las de Arriquibar, Munibe, Samaniego o Landázuri.

Preocupada por la educación, creó Escuelas de letras menores, en Vitoria, Loyola, Bergara, San Sebastián y Bilbao, y el Real Seminario de Bergara, el primer centro de enseñanza técnica superior en el País Vasco. Del reformismo de la Bascongada dan fe, también, sus propuestas de reformas económicas. La creación de prados artificiales, el fomento del ganado con ejemplares importados, los intentos de mejorar las ferrerías, los estudios sobre la minería revelan una concepción moderna, como también la publicación de libros y noticias, las pensiones a jóvenes para estudiar en el extranjero o los certámenes y premios sobre temas de aplicación práctica. Financiaron sus actividades con suscripciones publicas. Quizás fue éste, el de la financiación, el punto más débil de su programa de reformas. A pesar de su coherente planteamiento, no consiguió detener la crisis económica que se apuntaba en el ultimo tercio del siglo XVIII.

Por entonces varios síntomas señalaban que el modelo de desarrollo tocaba techo. A los apuros agrarios se añadieron los del comercio.

Tenían un origen político. La búsqueda de la unidad nacional inspiró a la monarquía medidas que cuestionaban la foralidad. No todas fueron contrafueros, pero sí la supresión en 1766 del pase foral, que no estuvo vigente durante algunos años, o el intento de restablecer en 1788 el capitulado de Chinchilla, una reglamentación medieval que privilegiaba los poderes del monarca. Más importancia tuvieron a largo plazo las disposiciones que querían unificar el mercado español, revisando el régimen mercantil. El comercio vasco fue gravado en las aduanas del interior. Poco a poco se tendió un cerco arancelario en torno a las Provincias Exentas. Se buscaba, así, ahogar los negocios de la burguesía vasca, sin recurrir a desafueros. En la práctica, era el final del libre comercio.

En 1763 se ordenó registrar en Burgos las mercancías que iban a las aduanas de Vitoria, Orduña y Valmaseda; de salir por Santander, se las desgravaba en un 4%, eximía de alcabalas y rebajaba a la mitad el peaje del nuevo camino de Reinosa.

La nueva postura del Estado se confirmó en 1778: se hizo ver que, para comerciar con América, las provincias vascas deberían reformar su sistema aduanero. San Sebastián y Bilbao no fueron habilitados para tal tráfico, pues se negaron, quizás porque les resultaba más atractivo seguir con el contrabando de coloniales, no muy problemático gracias al escaso control.

Pero las cosas estaban cambiando. En 1779 se fijaron impuestos a los productos que se llevasen a San Sebastián o Bilbao desde cualquier puerto español. Por fin, en 1789 se creó una barrera arancelaria, con derechos en las aduanas interiores que eliminaban las ventajas de la exención fiscal. Constituía una seria amenaza para los negocios de unos comerciantes que habían prosperado, precisamente, en virtud del libre comercio.

V. TRADICIÓN CONTRA REVOLUCIÓN (1793-1839)

De la Guerra de la Convención a la Guerra de la Independencia

La Guerra de la Convención, iniciada tras la ejecución de Luis XVI en 1793, enfrentó por vez primera en el País Vasco a tradición y liberalismo.

En julio de 1794 las tropas francesas que penetraron por Navarra, llegaron a Tolosa, envolviendo las defensas del Bidasoa. Se rindieron Hondarribia, por su insostenible situación militar, y San Sebastián, sin resistencia, quizás por las coincidencias ideológicas de los burgueses con los convencionales. Lo confirmaría su inicial colaboración. Comisionados donostiarras pidieron a los franceses que sea la provincia independiente como lo fue hasta el año 1200. Después, la Junta de Gipuzkoa, reunida en Getaria, estudió enviar diputados a la Convención. Al parecer, parte de Gipuzkoa, de ideas liberales, buscó nuevas alternativas (la independencia, la inserción en la República Francesa…). No se desarrollaron, pues los convencionales gobernaron Gipuzkoa sin un estatus especial.

La Junta Particular y la Diputación que los notables rurales formaron en Mondragón, en cambio, llamaron a defender al rey, la religión y la Patria. El lema tradicionalista movilizó a los campesinos contra los franceses.

En la campaña del 95 Pamplona resistió, pero Bilbao y Vitoria caían en manos del ejército invasor, que llegó al Ebro. Tras la Paz de Basilea, de julio de 1795, los franceses abandonaban sus conquistas.

La guerra, y en particular la actitud gipuzkoana, tuvo consecuencias políticas: el Gobierno promovió una campaña ideológica para demostrar que los fueros los había otorgado el rey, y que, por tanto, podía abolirlos.

Tras la Paz de Basilea, de julio de 1795, los franceses abandonaron sus conquistas.

Por otra parte, las deudas generadas por la contienda forzaron la venta sistemática bienes comunales y abrieron en Bizkaia el proceso que desembocó en la zamacolada, en la que se enfrentaron burguesía urbana y nobleza rural. En 1796, el presupuestos provincial se confeccionó según los intereses mercantiles, pero al año siguiente la nobleza rural, alentada por Zamácola, se gravó al comercio. Las tensiones se agudizaron. Después, Zamácola ideó crear un puerto en el Nervión, que acabase con los privilegios de Bilbao. Estaría en Abando y se llamaría Puerto de la Paz en honor de Godoy, el Príncipe de la Paz, que tenía que autorizarlo (lo hizo a fines de 1801). Al parecer, Zamácola prometió a Godoy, a cambio, un proyecto que se entendió como un paso hacia el servicio militar obligatorio.

Así, en 1804 estalló un grave motín, en el que participaron varias anteiglesias y, en especial, las próximas a Bilbao. La villa fue invadido varias veces por los amotinados. Una tensa Junta General extraordinaria anuló a la vez los proyectos de servicio militar y de Puerto de la Paz.

Alto de Júndiz. Batalla de Vitoria.

Las tensiones sociales se agudizaron por la profunda crisis de la economía tradicional. La agricultura alcanzó su techo entre 1780 y 1790. La roturación de nuevas tierras rompió el equilibrio agrario, al eliminar pastos y bosques. La producción cayó entre un 15 y un 20% en treinta años.

La tala del bosque disparó, además, los precios del carbón. Se redujo la competitividad de las ferrerías, que tenían que enfrentarse ya a los altos hornos de la revolución industrial británica. Por la difícil venta en Europa y la prohibición de importar hierro, en 1800 el 71% del que salía por Bilbao se enviaba a puertos españoles, cuando veinte años antes el 62% iba a los europeos. Pero la reserva del mercado español era sólo un parche, por su reducido consumo y la relajación de los nexos económicos con las colonias.

En torno a 1800 comenzó la crisis del comercio, al desaparecer los grandes circuitos mercantiles: quebraba el tráfico de lana, desde que la revolución industrial privilegió a la producción algodonera.

En esta coyuntura depresiva, la Guerra de la Independencia tuvo profundas repercusiones en el País Vasco.

La presencia francesa tuvo respuestas diferentes. Con José I estuvieron los sectores ilustrados, de planteamientos reformistas. Frente a los afrancesados, se produjo la sublevación popular: se movilizó contra el extranjero liberal y en defensa del orden tradicional. Se levantaron partidas que hostigaban al invasor. Una Junta Patriótica se hizo por unas semanas con Bilbao. No sucedió así en San Sebastián, Vitoria o Pamplona, con más presencia militar, por su posición estratégica en la ruta a Madrid.

Los afrancesados participaron en la aprobación de la Constitución de Bayona. No reconocía los fueros, si bien un artículo, incluido por presión de los diputados vascos, anunciaba que las Cortes los examinarían. También defendieron el fuero los vascos que estuvieron en las Cortes de Cádiz, pero la Constitución de 1812 era igualmente uniformista, aunque su preámbulo enaltecía las libertades forales como antecedente de las constitucionales.

En febrero de 1810 Napoleón desgajó a Cataluña, Aragón, Navarra y las Vascongadas del poder de José 1. El general Dufour se hizo cargo de Navarra y Thouvenot de las Vascongadas, agrupadas en el Gobierno de Bizkaia. Eran gobiernos militares que buscaban aumentar la presión fiscal para financiar la guerra.

La Guerra de la Independencia concluyó en 1813. Tras la batalla de Vitoria, la capitulación de Pamplona, sitiada por Wellington, y el abandono de Bilbao, sólo una población importante, San Sebastián, permanecía en manos francesas, hasta el violento ataque inglés origen del incendio que destruyó la ciudad. Por fin, la batalla de San Marcial, en Irún, puso término a la invasión francesa de la Península.

La crisis de la economía tradicional

Las destrucciones, impuestos y costos de la guerra agravaron las dificultades del aparato productivo. A partir de 1813, se aceleró la venta de comunales. La paralización económica que acompañó a la restauración absolutista y la crisis colonial precipitaron, además, la retracción mercantil y ferrona.

Se restablecieron los fueros, pero absolutismo y liberalismo compartían en los albores del XIX los afanes uniformizadores. El contrafuero de 1818 impuso a las provincias vascas un servicio militar.

Seis años después de la restauración de Fernando VII desaparecían súbitamente los fueros, tras el pronunciamiento de Riego. Hasta 1823, durante el Trienio Liberal, estuvo vigente la Constitución de Cádiz. Se trasladaron las aduanas, se suprimieron la exención fiscal y militar y las instituciones forales. Para la burguesía progresista, en el poder durante estos años, el nuevo régimen ampliaba las libertades históricas. Frente a ellos, se levantaron partidas realistas que defendían la tradición. La movilización campesina la alentaba por el clero y financiaban los jauntxos.

Las agitaciones del Trienio concluyeron en 1823 con la invasión francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis, que restableció el Antiguo Régimen, el absolutismo y las formas tradicionales de gobierno.

La persecución de liberales, la represión de sus agrupaciones y el control de la prensa caracterizaron al decenio absolutista 1823-33. Ahora bien, la evolución del régimen hacia posturas menos intransigentes tuvo secuelas en el País Vasco. Por ejemplo, las Juntas de Bizkaia aprobaron en 1827 un reglamento minero de connotaciones liberales. Introdujo en las minas el sistema liberal de concesiones, pero con una adaptación foral que las reservaba en exclusiva a los vizcaínos. Los mineros locales pudieron obtener concesiones sin competencia de capitales foráneos.

A fines del periodo la profunda crisis económica provocaba ya nítidas reacciones sociales. Así, en 1831 los donostiarras intentaron que las aduanas se trasladasen a la costa (similar petición habían hecho los vitorianos en 1813), para acceder a la unidad del mercado español y contener el derrumbamiento del comercio. San Sebastián, apoyada por Irún, pidió a las Juntas de Gipuzkoa que lo solicitasen al Gobierno. Al rechazarlo las Juntas, los comerciantes amenazaron con romper la unidad provincial.

En vísperas de la carlistada, pues, estaban delimitados los antagonismos entre la burguesía urbana y la sociedad tradicional rural. Las discrepancias ideológicas tenían un vívido trasfondo socio-económico.

La primera Guerra Carlista

Tras la muerte de Fernando VII el 29 septiembre de 1833, comenzó la sublevación carlista. Defendía los derechos al trono de Carlos Maria Isidro de Borbón frente a los de Isabel II, hermano e hija de Fernando VII. El pleito dinástico se convirtió en una guerra civil de contenido ideológico y político. Se enfrentaron los defensores de la tradición y los de la revolución liberal.

A comienzos de octubre se oyeron en el País Vasco las primeras proclamas carlistas. Identificaban la causa dinástica con la defensa del Antiguo Régimen y el repudio del liberalismo. Dios. Patria. Rey, el primer lema carlista, arraigó profundamente en los sectores rurales del País Vasco, mientras la burguesía urbana apostó por el liberalismo.

El enfrentamiento tuvo especial virulencia, por la profunda crisis social iniciada a fines del XVIII, con la quiebra de la economía tradicional. Respondía a los antagonismos de la sociedad vasca, al resumir las tensiones históricas entre la burguesía urbana y la sociedad rural. Los campesinos vascos cerraron filas con el carlismo: el liberalismo económico había empeorado ya sus condiciones de vida.

Los carlistas vascos se movilizaron, así, por la tradición. De ésta formaban parte, también, los fueros, que habían funcionado con el absolutismo. Al principio apenas se mencionan, pero al de unos años las proclamas los incluían entre los objetivos de la lucha. Dios, Patria, Fueros, Rey simbolizaba ya en 1836 las aspiraciones carlistas.

Desembarcando armas para el bando carlista.

También los liberales vascos defendían los fueros. Pero mientras el carlismo quería unos fueros inmutables, cobertura del orden social tradicional, ellos proponían que se adaptasen a las nuevas necesidades, que pervivieran autogobierno y exenciones, pero no las trabas al sistema político revolucionario o a las reivindicaciones económicas burguesas.

Los campesinos, alentados por clero y nobleza rural, levantaron partidas guerrilleras. Los carlistas consiguieron Bilbao y Vitoria, pero carecían de plazas fuertes que actuasen como guarnición militar. Así, tras acabar con las partidas formadas en Castilla, el isabelino general Sarsfield ocupó Vitoria y Bilbao sin dificultades. El ejército tenía así sólidos puntos para sofocar las guerrillas levantadas en el campo. La sublevación parecía sin futuro. A las dispersas partidas carlistas les faltaba estructura organizativa y estrategia para hacer la guerra con posibilidades de éxito.

Zumalacárregui consiguió cambiar las tornas. Organizó las guerrillas con la consistencia de un ejército regular y dirigió la guerra con eficacia espectacular. Dio así su oportunidad política al carlismo, al proporcionarle una notable capacidad militar y el control sobre un amplio territorio.

Incorporado a la sublevación en noviembre de 1833, pronto obtuvo el mando de las tropas carlistas. Las dirigió hasta muerte en junio de 1835. En sólo 19 meses consiguió crear un fuerte ejército, capaz de plantearse el asalto de Madrid. A la casi total carencia de medios se sobrepusieron sus excepcionales capacidades militares y sus virtudes como líder carismático.

Pueden distinguirse tres etapas en la jefatura militar de Zumalacárregui. La primera, entre noviembre de 1833 y junio de 1834, la dedicó a disciplinar y entrenar las tropas. Impidió, además, que los isabelinos controlaran el territorio rural, evitando enfrentamientos abiertos y utilizando la guerra de guerrillas: en ella la superioridad carlista era incuestionable, por su conocimiento del terreno, el apoyo campesino y las capacidades tácticas de Zumalacárregui.

En la segunda fase, entre julio del 34 y abril del 35, Zumalacárregui se hizo con el control de la zona rural y de las comunicaciones. Hizo frente a la nueva estrategia gubernamental, basada en operaciones de envergadura, a cargo de 25.000 soldados. La llegada de Carlos V al País Vasco, de otro lado, condicionó las decisiones de Zumalacárregui, por la necesidad de protegerle.

Los liberales intentaron cercar a Zumalacárregui en las Amézcoas, el corazón del carlismo, estrechando el área dominada por los sublevados. Sin tropas suficientes para mantener las guarniciones que iban ocupando, fueron rechazados. Fracasaron también en su intento de prender a Don Carlos. En septiembre Zumalacárregui marchó a Logroño, se apoderó de un convoy militar, y, al regresar, derrotó a O'Doyle en Alegría de Álava. Meses después, ya con caballería y artillería, triunfó en el Baztán y en el Sur de Navarra. En abril el liberal Mina fue derrotado en la batalla de las Amézcoas.

El carlismo obtuvo entonces cierto reconocimiento internacional. El convenio Elliot, negociado con ambos bandos por los ingleses, buscaba terminar con las represalias sistemáticas que unos y otros realizaban.

En mayo y junio de 1835, la tercera etapa, Zumalacárregui pasó a la ofensiva. Se hizo con la mayoría de las guarniciones liberales. Tomó primero Treviño, aislando Vitoria, y después Villafranca, Eibar y Ochandiano. Los isabelinos abandonaron Durango, Estella, Tolosa, Bergara y el Baztán. Los carlistas dominaban casi todo el territorio vasco, con la excepción de las capitales, algunos pueblos costeros y la franja entre Salvatierra y Vitoria.

Zumalacárregui propuso tomar Vitoria y rápidamente marchar a Madrid. Era quizás la única posibilidad de triunfo carlista, atacar antes de que se reorganizase el enemigo, sucesivas veces derrotado, pero la corte de Don Carlos impuso que en vez de Vitoria se ocupase Bilbao, para conseguir reconocimiento internacional y los recursos de la villa, según los jauntxos rica y próspera. Quizás los recelos rurales ante Bilbao pesaron en esta decisión, fatal para el carlismo: concedió tiempo a los isabelinos para reorganizarse, y, además, en el sitio Zumalacárregui recibió la herida que, mal tratada, causó su muerte. Pronto los carlistas debieron levantar el sitio. Pocos días después, les derrotaban en Mendigorría.

Con 33.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, el general Eguía intentó reorganizar el ejército, pero los carlistas fueron ya incapaces de lanzar grandes operaciones. La situación se estabilizó.

Quisieron desbloquearla desde 1836 algunas expediciones, como la del general Gómez, que marchó hasta Andalucía buscando adeptos, y la Expedición Real, que llegó a las puertas de Madrid. Regresaron sin resultados sustanciales.

Intentaron también ocupar Bilbao. El sitio de diciembre de 1836, en el que hubo una encarnizada lucha, lo levantó Espartero tras la épica batalla de Luchana. También San Sebastián sufrió el acoso carlista, contenido por los liberales donostiarras, el ejército gubernamental y voluntarios extranjeros. Algunos éxitos carlistas de 1837 (la victoria de Oriamendi y la toma de Hernani y de Oyarzun) no desnivelaron la situación.

Guardias forales de Bizkaia que participaron en la defensa de Bilbao durante el sitio carlista de 1874.

Para entonces, el Gobierno se hacía ya con un ejército numeroso y el desaliento se adueñaba de los carlistas, cansados de la movilización permanente y los elevados impuestos. En este clima se sugirieron nuevas vías políticas, como la promovida por José Antonio Muñagorri. Instigado por el Gobierno, su oferta de Paz y fueros invitaba a buscar la paz abandonando las reivindicaciones dinásticas, a cambio de conservar los fueros.

Desfile de tropas regulares (1931) con momo de la inauguración del monumento a los carabineros fusilados por la partida del Cura de Santa Cruz, en Behobia. En 1936, los requetés lo volaron. Años después, fue repuesto.

El enquistamiento militar agudizó las tensiones en la élite carlista. Algunos empezaron a pensar en acuerdos con los liberales. Las disputas entre moderados e intransigentes dieron lugar a la ejecución en Estella de varios generales, ordenada por el moderado Maroto.

Esta crisis, la desmoralización de las tropas y el cansancio civil anticipaban la descomposición del carlismo. La guerra acabó tras las negociaciones entre Espartero y Maroto, jefe del Estado Mayor carlista. El 31 de agosto de 1839 se firmaba el Convenio de Bergara. Lo desautorizó Don Carlos, pero en septiembre los últimos focos carlistas quedaron sofocados.

En el Convenio Espartero se comprometía a recomendar al Gobierno que propusiese la concesión o modificación de los fueros a las Cortes. No se hablaba de confirmarlos, por lo que quebraba el principio de la legitimidad histórica. El planteamiento era liberal: con la Constitución de 1837 los derechos históricos no podían imponerse a los órganos soberanos. Pero del texto firmado en Bergara se deducía que algunos fueros se conservarían.

Iglesia de Begoña, efectos de los proyectiles sobre la torre del campanario.

VI. LA ÚLTIMA ETAPA FORAL (1839-1876)

El sistema político durante la última etapa foral

Tras la I Guerra Carlista se instauró el régimen liberal en el País Vasco, pero no se impuso la uniformidad, por el compromiso gubernamental con el carlismo y la presión de los liberales vascos, que la rechazaban. Se inició la abolición de los fueros, con la ley del 25 de octubre de 1839, que confirmaba los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía. Las imprescindibles modificaciones de los fueros las propondría el Gobierno a las Cortes, tras oír a las provincias forales. No se exigía una negociación, bastaría la audiencia del Gobierno.

En Navarra se formó una nueva Diputación elegida con procedimientos liberales, no estamentales. De su entendimiento con el Gobierno nació la llamada Ley Paccionada, que no fue tal, pues siguió el trámite legislativo habitual, previas conversaciones entre Gobierno y Diputación.

La Ley, de agosto de 1841, liquidó los Fueros de Navarra. Desaparecían las Cortes, las aduanas interiores, el derecho de sobrecarta y la exención fiscal y militar y se aplicaban los procedimientos judiciales y electorales generales. Sin embargo, la Diputación incrementó sus capacidades: asumió la de fijar impuestos, que conservaba Navarra aun teniendo que abonar un cupo anual; y le rendirían cuentas los Ayuntamientos, que antes lo hacían al Consejo Real. La subsistencia del derecho civil foral y el fortalecimiento autonómico de la diputación se presentó como una adaptación de la foralidad.

En Álava, Gipuzkoa y Bizkaia pervivieron Juntas y Diputaciones Forales, que no eran estamentales. Optaron por no dialogar con el Gobierno, de modo que no se desarrollara la ley de 25 de octubre de 1839. Esta se había recibido con alborozo, pero no duró la tranquilidad. Las dificultades comenzaron al asumir en 1840 la regencia el progresista Espartero. Las diputaciones forales proclamaban su lealtad a Mª Cristina, cuando tuvo que exiliarse: en el País Vasco los liberales se estaban inclinando al modernismo, quizás por temor al uniformismo radical de los progresistas.

Los generales Maroto y Espartero.

Las Diputaciones se adhirieron después a la sublevación moderada de octubre de 1841, cuyo principal escenario fueron las provincias forales. Iniciada en Pamplona, se sumó la guarnición de Vitoria, donde Manuel Montes de Oca, antiguo ministro de Mª Cristina, se puso al frente del levantamiento, que fracasó. Casi sin apoyo fuera del País Vasco, incluso las adhesiones locales habían sido escasas. Montes de Oca fue ejecutado en Vitoria.

Tras su triunfo Espartero abolió los Fueros, con el Decreto de 29 de octubre de 1841. Vulneraba la ley de 1839: no era decisión de las Cortes, ni se había oído a las provincias forales. Y es que el liberalismo progresista quería eliminar un foco propicio para ulteriores levantamientos. El Jefe Político (similar al actual gobernador civil) se haría cargo del orden publico; diputaciones y ayuntamientos dejarían de organizarse según uso y costumbre y se aplicaban los nuevos sistemas electorales; desaparecían las Juntas Generales; subsistía el Derecho Civil foral, pero no las peculiaridades de la organización judicial, al dividirse el territorio en partidos; desaparecía el pase foral; las aduanas se trasladaban a la costa y frontera.

Nada decía el Decreto sobre la exención fiscal y militar, pero anunciaba que se aplicarían sin trabas las leyes generales de la monarquía. Así, la medida se entendió como el ocaso de las libertades vascas. Espartero, consciente de que seria mal recibida, disolvió el Ejército del Norte, para reconstituirlo personalmente y evitar nuevas sublevaciones, por influencia de los moderados locales. Para atraerse a las Vascongadas, pedía una relación de los daños de la guerra, con vistas a futuras indemnizaciones.

Espartero perdió el poder en mayo de 1843, tras un pronunciamiento en el que participaron las guarniciones locales. Y entre 1844 y 1854, la década moderada, retuvieron el Gobierno los moderados. Ante la cuestión vasca adoptaron una actitud diferente a la progresista. Primero, por oportunidad política: si los fueros habían sucumbido como castigo a una sublevación moderada, era lógico que ahora los restaurasen. En segundo lugar, por razones ideológicas: frente al dogmatismo progresista preferían el pragmatismo; el concepto de soberanía nacional no era para ellos principio radical, pues defendían la adecuación a las realidades históricas.

El Decreto de 4 de julio de 1844 restituyó parte de los fueros. Volvían las Juntas Generales y las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos recuperaban sus competencias tradicionales. Sin embargo, no se restablecía el pase foral, ni se retocaban las aduanas ni los procedimientos electorales liberales, la organización judicial y las competencias de orden público del jefe político, ahora llamado corregidor político, que presidiría las Juntas.

Se gestaba así un nuevo sistema político, que engarzaba con la tradición foral, pero que tenía nuevos componentes. De ello es buen reflejo el régimen de doble diputación. Subsistían las Diputaciones Provinciales, si bien con reducidas competencias: tutelaban las elecciones y controlaban la libertad de prensa. Las Diputaciones Forales, designadas por las Juntas, concentraban, con estas excepciones, sus competencias tradicionales y las de las diputaciones constitucionales.

Después, los moderados incrementaron el autogobierno de las Vascongadas. La Real Orden de 6 de marzo de 1849 del Ministerio de Gobernación concedió a la Diputación de Álava la facultad de entender sobre los presupuestos municipales, tradicionalmente en manos del poder central. La medida amplió notablemente las atribuciones de la diputación alavesa, pese a su escaso rango jurídico. En 1853 se extendió similar capacidad a las Diputaciones vizcaína y gipuzkoana. Por vez primera en la historia foral las tres provincias se configuraron como marcos administrativos autónomos.

Así, durante la última etapa foral las Vascongadas siguieron una evolución contradictoria. Desaparecieron competencias políticas, como el pase foral, pero se amplió la autonomía administrativa y económica, aun sin engarzarse en el sistema constitucional. Pese a la indefinición jurídica, a la burguesía vasca le resultaban satisfactorias las exenciones, la autonomía y, también, la aplicación de las más características medidas liberales.

Y es que se introducían los cambios propugnados por la revolución burguesa, pues el liberalismo no se reducía a las transformaciones del régimen foral. Se generalizaban nuevos conceptos, gestados en torno al individualismo burgués. Se liberalizaba la propiedad de las minas y se desarrollaba la desamortización eclesiástica, regulada por las leyes de Mendizábal de 1835 y 1836, el mejor ejemplo del triunfo de los esquemas burgueses: tras el Convenio de Bergara se emprendió en el País Vasco la venta de los bienes de la Iglesia. Aunque éstos sólo en Navarra y en Álava alcanzaban cierta envergadura, la desamortización tenía hondo significado, por el poder ideológico de la Iglesia y su animadversión al liberalismo.

La desamortización suscitó resistencias sociales, alentadas por el tradicionalismo, que desanimó a eventuales compradores. Aún así, entre 1841 y 1844, durante el período progresista, alcanzó rápido ritmo. Se interrumpió en 1844, con los moderados. Contra lo pretendido, los campesinos apenas participaron, por su debilidad económica, por no ofertarse las tierras en condiciones adecuadas, o por la hostilidad a unas ventas que condenaba la Iglesia. Por lo común, los compradores residían en los núcleos urbanos. Pese a las trabas tradicionalistas, se aplicó también la desamortización de Madoz, a partir de 1855, con menos dificultades.

Pese a los vaivenes del período (en el que rigieron tres constituciones, las de 1837, 1845 y 1869) y las luchas políticas entre moderados y progresistas, el nuevo régimen, que podría calificarse como una adaptación foral del liberalismo, propició unos años de relativa estabilidad. La mayor autonomía administrativa y económica compensó, desde la perspectiva burguesa, los déficits de legitimidad que tenía el nuevo sistema de autogobierno, así como la pérdida de algunos derechos forales.

Los comienzos de la modernización económica

En los años cuarenta, tras el traslado aduanero, diversas iniciativas burguesas comenzaron a modernizar la economía, cuyas bases tradicionales (las ferrerías, el tráfico de lana…) se habían hundido.

El trigo, que desde 1841 exportó España durante unos 40 años, se convirtió en la base del comercio vasco. La burguesía mercantil mantuvo así sus negocios y pudo afrontar empresas innovadoras, como las que querían mejorar las comunicaciones.

La burguesía bilbaína intentó promover un ferrocarril en 1845, para situar a la villa en un punto estratégico dentro de los enlaces de la meseta con Francia y el Cantábrico y hacer frente al proyecto de una línea Avilés-Madrid, con la que peligraba su participación en el comercio castellano. Se formó la Compañía del Ferrocarril Madrid Irún por Bilbao, con sede en París y colaboración madrileña y extranjera, pero la línea no se construyó, al no desembolsarse el capital por la crisis financiera de 1846.

La construcción de maquinaria fue uno de los sectores que se desarrolló en Bizkaia en el primer tercio del siglo XX.

Otras iniciativas consiguieron transformar algunas ferrerías en modernas metalurgias. Así, en Gipuzkoa funcionaban en 1860 varias fábricas de hierro colado, fundiciones y de armas, nacidas de esta reconversión. Similar renovación se producía en las ferrerías alavesas de Araya. Y en varias localidades vizcaínas (Valmaseda, Durango, Amorebieta, Galdácano, Begoña, Ortuella) se reconvirtieron antiguas instalaciones, como sucedió con la Santa Ana de Bolueta, creada en 1841 por unos comerciantes que importaron técnicas europeas. Resultaron decisivas las iniciativas de los mineros y comerciantes Ibarra Hermanos. En 1846 formaron la Fábrica de Nuestra Señora de la Merced para explotar unas instalaciones de Guriezo. Estaba mal comunicada, por lo que en 1855 los Ybarra fundaron en Baracaldo la Fábrica de Nuestra Señora del Carmen, pionera en la industrialización del Nervión. Construyó hacia 1872 el primer alto horno de carbón mineral del País Vasco.

«La ria es una de las cosas más sugestivas de España. No creo que nada exista en la Península que dé una impresión de fuerza, de trabajo y de energía como esos catorce o quince kilómetros de vía fluvial», escribió Pío Baroja.

De índole modernizadora fue también la creación de papeleras en el valle del Oria, iniciada en 1841 por La Esperanza, de los comerciantes donostiarras Brunet, Tantonat y Guardamino, a la que siguieron las fábricas de Irura (1843), Txarama (1856), Amaroz (1858)…

Los intereses prioritarios de la burguesía vasca seguían siendo los mercantiles, pero algunas iniciativas de los comerciantes resultaron decisivas, como las del Ferrocarril Tudela-Bilbao y del Banco de Bilbao. La burguesía bilbaína vivía críticas circunstancias. En 1855 un grupo francés fundó la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, para construir el Madrid-Irún a través de Miranda de Ebro, Vitoria y Alsasua. Bizkaia se quedaba al margen de la principal conexión de la meseta con el norte. Los comerciantes locales decidieron entonces promover una línea desde Bilbao al interior; y crear el Banco de Bilbao, para dotarle de una base financiera. Los dos primeros ferrocarriles que cruzaron el País Vasco fueron así el del Norte, que unía Irún y Miranda del Ebro en 1864, y el Tudela-Bilbao, que funcionó desde 1863, conectaba con el anterior en Miranda y lo financiaron en lo fundamental capitales de las comarcas afectadas.

La modernización económica del País Vasco llevó a la aparición de muy diversos sectores productivos. La fábrica Chocolates Bilbainos (Chobil) se constituyó en 1920. La fotografía corresponde a 1960.

La Compañía del Ferrocarril Tudela-Bilbao fue absorbida por la del Norte en 1878, pero había conseguido su objetivo de conectar a Bilbao con el mercado interior. El Banco de Bilbao, también de 1857, sobrevivió, como un banco comercial que hasta 1874 tuvo la capacidad de emitir papel moneda.

El desarrollo de la desamortización de Madoz, que afectó desde 855 a los bienes comunales, además de a los eclesiásticos, fue otro éxito del liberalismo burgués. En el País Vasco no tuvo gran importancia económica, pero sí política: simbolizaba el triunfo de la idea burguesa de la propiedad.

Contra la Ley Madoz se movilizaron los grupos tradicionalistas, pero sólo pudieron retrasar su aplicación. En las provincias costeras se realizó el gran asalto a la propiedad eclesiástica. También se vendieron bienes comunales.

Contra la Ley Madoz se movilizaron los grupos tradicionales, pero sólo pudieron retrasar su aplicación. En las provincias costeras se realizó el gran asalto a la propiedad eclesiástica. Se vendieron también comunales (en torno a un tercio de lo enajenado en el XIX), si bien no desaparecieron totalmente. Compraron amplios sectores: pese a las reticencias tradicionalistas —sobre todo, la condena a quienes se hacían con bienes eclesiásticos—, disminuía su capacidad de presión social. No cambiaron las características de los compradores (burguesía urbana y hacendados locales, no los campesinos).

Hubo también decisivos cambios en la minería. El hierro de Bizkaia adquirió creciente interés, tras el invento Bessemer de 1855: conseguía mejor acero, pero exigía hierro no fosfórico, que en Europa sólo abundaba en Suecia y Bizkaia. El mineral vizcaíno presentaba mejores condiciones para explotarlo con destino a la demanda inglesa: era muy rico, fácil de extraer (estaba en superficie) y, cercano a la costa, de transporte poco costoso.

Para explotar de forma masiva hierro debía construirse una nueva infraestructura, la principal inversión que requería en Bizkaia la minería, pues para la extracción bastaba un trabajo de cantera. El primer ferrocarril fue el de Triano, terminado en 1865. Lo construyó la Diputación, contra los hábitos económicos del XIX, pues estas iniciativas solía realizarlas el capital privado. La vía unía al monte de Triano con el Nervión y le eran tributarias las minas más ricas, por lo que sus tarifas fijaron los precios del transporte minero en Bizkaia. La Diputación explotó la línea con precios políticos, que no se correspondían al decisivo papel que el ferrocarril jugaba en el sector. Así, los propietarios y explotadores de las minas pudieron percibir los mayores beneficios, pese a sus exiguos desembolsos iniciales.

Vinculados a los órganos forales a la producción minera, las Juntas Generales suprimieron en 1863 la norma foral que prohibía la saca de hierro.

En vísperas de la guerra varias compañías inglesas se interesaron por el mineral de Bizkaia, como la Bilbao River & Cantabrian Railway, que en 1870 adquirió minas en Galdames y proyectó un ferrocarril hasta la ría.

Pero la mayor parte de la población trabajaba aún en la agricultura. Superó ésta el estancamiento del primer tercio del siglo, por el desarrollo de enclaves urbanos, a los que había que abastecer de subsistencias, y por las mejores comunicaciones, que permitieron dedicar cada comarca a los cultivos más adecuados, pues era posible proveerse de productos de zonas lejanas. Crecieron algunos cultivos tradicionales y las producciones se diversificaron, impulsándose hortalizas y legumbres. La expansión ganadera aumentó la productividad, al aportar más abono, al que se sumó el artificial.

Tranvías aéreos de la Sociedad Orconera Iron Ore Co. Lid., en el Monte Matamoros, 1893. La explotación masiva del mineral de hierro exigió la construcción de una completa infraestructura, que incluía tranvías aéreos, planos inclinados y ferrocarriles mineros. Fotografía, Hauser y Menet.

Desde la pesca de la ballena en la Edad Media hasta las modernas flotas pesqueras, esta actividad marítima ha jugado un papel de primer orden en el País Vasco, en pueblos costeros dotados de gran personalidad.

Pero en las provincias costeras el trigo tendió a desaparecer, desde que el tren acercó a mejores precios el de la meseta. El maíz se convirtió en el cereal por excelencia de este área, en la que la mayor diversificación colaboró a aumentar la productividad, al generalizar la rotación de cultivos. Pero los cambios, muy lentos, no eliminaron el déficit de subsistencias.

También en el campo alavés los cultivos se hicieron más diversos, pero en conjunto no salió de su estancamiento. Sólo en las mejores tierras de la Llanada se recuperó el trigo. El ferrocarril tuvo efectos negativos en las comarcas que no podían competir con el cereal castellano. En la Rioja alavesa hubo intentos de mejorar la fabricación vinícola, sin resultados sustanciales hasta los años 70, tras la ruina del vino francés por la filoxera.

La descarga de los barcos del Nervión solía corresponder a las mujeres. Muelle de Ripa, hacia 1915.

La evolución demográfica permite valorar estos cambios. La población creció lentamente, por los apuros económicos y bélicos. Entre 1787 y 1857 aumentó de 310.000 a 430.000 habitantes, a un ritmo medio del 0,48% anual, por detrás del español (0,55%). Entre 1857 y de 1877 la población creció aún más despacio, hasta 450.000 habitantes, con una tasa del 0,27% (la media española fue del 0,37%). Hubo nítidas diferencias provinciales. En 1857 Bizkaia era ya el territorio más poblado de las Vascongadas, y entre 1857 y 1877 inició un neto despegue, con un aumento medio del 1,35% anual; se había convertido en polo de atracción migratoria. Por contra, Álava perdía población y Gipuzkoa crecía al ritmo del 0,17% anual. Aparecían, pues, nuevos desequilibrios provinciales. El estancamiento alavés contrastaba con los comportamientos de las provincias costeras, y, sobre todo, con la prosperidad que, a Enes de la etapa, vivía Bizkaia.

La última guerra carlista

Durante el periodo los carlistas mantuvieron su ideario, pero parecían acomodarse al vigente estado de cosas. Desde que en 1844 se restablecieron en parte los fueros sus actuaciones se quedaron en las trabas a la desamortización o en las protestas de 1857 por la Ley Moyano que eliminaba atribuciones forales al designar maestros. En ambas ocasiones fracasaron. También el liberalismo vasco perdió radicalidad. Logradas sus principales reivindicaciones, apoyó la gestión de los moderados.

Subsistieron las convicciones foralistas, un sentimiento general. De ahí el éxito de Iparraguirre, que alcanzó con su Gernica'co Arbola enorme popularidad. También tuvieron amplio apoyo las Diputaciones al negarse al desarrollo de la ley de octubre de 1839, así como los senadores Egaña, Barroeta Aldamar y Lersundi cuando defendieron los fueros en las Cortes de junio de 1864. En este ambiente se creó en 1862 la Diócesis de Vitoria, que comprendía Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, antes dispersas en varios obispados. Era la única unidad administrativa que reunía a las Vascongadas.

Pero bajo la aparente estabilidad persistían hondas disensiones. Estallaron en una nueva guerra civil, en 1872. Se reprodujeron los antagonismos de la primera carlistada: liberalismo contra tradición, campo contra ciudad, pero ahora las cosas fueron más complejas, como lo era la sociedad vasca. En el bando carlista hubo algunos sectores urbanos (miembros de la burguesía media, artesanos o un proletariado subempleado). El campo fue mayoritariamente carlista, pero no con la rotundidad de años atrás. En algunas zonas no predominó el tradicionalismo (que recurrió al reclutamiento forzoso) y en otras el conflicto significó un enfrentamiento social. En el carlismo de los años setenta subyacía la protesta contra los nuevos ricos, el malestar de campesinos, artesanos y pequeños notables rurales contra los comerciantes, los propietarios y los nuevos industriales.

Interior del fuerte de Miravilla durante el cerco carlista de 1874. El ejército liberal organizó, con el auxilio de la población civil, una completa defensa de Bilbao. Foto Carlos Monncy.

El carlismo defendió su lema Dios, Patria, Fueros, Rey, pero apenas recurrió a la justificación legitimista. En cambio, la defensa de la religión (atacada, afirmaban, por la revolución liberal) pasó a un primer plano y la causa de los fueros tradicionales jugó un papel mayor que en la primera guerra. Reunió a quienes coincidían en la protesta contra el régimen democrático y en la defensa de unas formas de vida que incluían los Fueros, la monarquía católica, una moral tradicional y el sistema socio-económico del Antiguo Régimen. El ensañamiento carlista contra el liberalismo incluyó acciones contra ferrocarriles, símbolos de la modernización que se repudiaba, la destrucción de registros civiles, la repulsa de las mujeres casadas civilmente y la reposición de diezmos o primicias.

El camino hacia la guerra se inició en 1868, con la Revolución de Septiembre que puso fin al reinado de Isabel II (le sorprendió el pronunciamiento veraneando en San Sebastián) y a la hegemonía del liberalismo moderado. El régimen de aspiraciones democráticas fue un revulsivo para un País Vasco adaptado al liberalismo conservador.

Por entonces encabezaba la Legitimidad un nieto del primer Pretendiente, Carlos VII para los carlistas. Desde 1868 aumentaron sus partidarios; en él vieron católicos y liberales conservadores el instrumento para detener la revolución, que despertó la animadversión de quienes añoraban las antiguas formas de vida, siempre reticentes al liberalismo.

Al principio Don Carlos propuso combatir dentro de los cauces legales, si bien hubo ya en 1869 un intento de sublevación. El carlismo desarrolló una intensa campaña publicitaria en toda España. En las elecciones a Cortes Constituyentes obtuvo resultados satisfactorios, con más de 20 diputados —entre ellos, toda la representación de Gipuzkoa y de Bizkaia—, que formaron una combativa minoría.

La creación de la Monarquía Constitucional cerró al carlismo la remota posibilidad de una vía legal para acceder al poder. La corona recayó en Amadeo de Saboya. Don Carlos, con escasos medios materiales, siguió utilizando vías pacíficas. En 1871 conseguía un notable avance electoral, con 51 diputados (15 en el País Vasco), pero bajó en las elecciones de 1872. Mantuvo 14 diputados vascos, pero en total sólo obtuvo 38. Tras este fracaso Carlos VII llamó a las armas. Se levantaron partidas en el País Vasco y el Pretendiente cruzó la frontera. Tras la derrota de Oroquieta volvió al exilio. Los carlistas vizcaínos firmaron la paz en el Convenio de Amorebieta.

La definitiva sublevación comenzó el 18 de diciembre de 1872, aunque ya unas semanas antes se levantaron partidas, como la del cura Santa Cruz, proclive a acciones violentas. Don Carlos nombró a Dorregaray comandante general. Y al proclamarse la República en febrero de 1873 la sublevación se generalizó. Aun con poco armamento y ninguna artillería, la sublevación se consolidó, en parte por la inoperancia del Gobierno ante la inestabilidad política, el levantamiento cantonal en Levante y la sublevación cubana.

En la batalla de Luchana, en la Nochebuena de 1836, Espartero levantó el sitio carlista de Bilbao, tras conseguir cruzar el río Asúa. Lit. Vallejo.

Dedicó Dorregaray los primeros meses a instalar al carlismo en el campo, recurriendo a la guerra de guerrillas. Rehuyó la batalla hasta la acción de Erául de mayo de 1873, que se saldó con triunfo de los carlistas, que en agosto tomaban Estella, una plaza importante militar y políticamente. Desde el 16 de julio Carlos VII estaba en el País Vasco.

La sublevación tenía ya un ejército de 24.000 hombres. El ejército liberal se encerró en San Sebastián, Tolosa, Irún, Bilbao, Portugalete, Vitoria y Pamplona. El carlismo controló y dirigió el territorio durante más de dos años. Su base administrativa fueron las Diputaciones Forales de las Vascongadas y la Junta Gubernativa de Navarra, que dispusieron levas obligatorias, organizaron los suministros, relanzaron la producción de armamento de Eibar y Placencia y financiaron la sublevación con impuestos y requisas a los liberales, estableciendo una agotadora fiscalidad.

En la batalla de Montejurra de noviembre resistieron a los liberales y, tras conquistar Tolosa, los carlistas decidieron sitiar Bilbao, el símbolo del liberalismo al que se enfrentaban. Su conquista les proporcionaría recursos económicos y quizás reconocimiento internacional, imprescindible para obtener apoyos financieros exteriores. Tras tomar Portugalete, en enero de 1874 los carlistas iniciaron el sitio de Bilbao, que resistió pese a los intensos bombardeos. El ejército liberal respondió entrando en Bizkaia desde Santander. Tras la cruenta batalla de Somorrostro el general Concha liberó Bilbao el 2 de mayo de 1874, tras 125 días de asedio.

El carlismo aún controlaba el territorio, tras fracasar el intento liberal de ocupar Estella, en una acción en la que murió Concha. Lo organizó como un Estado, con capital en Durango, un gobierno de tres ministerios (Guerra, Estado e Interior) y un Boletín Oficial; abrió la Universidad de Oñate, donde instaló una Casa de la Moneda y el Real Tribunal de Justicia. Pero la situación militar se había estancado. El sitio carlista de Pamplona duró varios meses sin avances sustanciales; y fracasó el bloqueo de Irún: 15.000 soldados llegados por mar a San Sebastián levantaron el cerco.

Restaurados los Borbones en la persona de Alfonso XII y sofocadas las sublevaciones cantonales, en 1875 el Gobierno canalizó recursos para el Ejército del Norte, que llegó a los 80.000 hombres, frente a unos 40.000 oponentes. Los liberales levantaron el sitio de Pamplona. Los carlistas aún triunfaron en Lacar, pero estaba ya claro que su victoria era imposible. El hostigamiento liberal fue minando la moral de los partidarios de Don Carlos. Llegaron las disensiones: varios generales se sucedieron en el mando, el propio Dorregaray llegó a ser procesado. El territorio carlista era ya un país cansado de una guerra sin futuro y exhausto por las contribuciones.

A fines de 1875 las tropas liberales iniciaron el ataque definitivo. Vencieron en Zumeltzu y avanzaron sobre Bizkaia y Navarra. El ejército carlista se desmoronó. El 27 de febrero de 1876 Carlos VII cruzaba la frontera. Marcharon 15.000 exiliados. La guerra terminó sin acuerdos. Ningún compromiso como el Convenio de Bergara ataba a los liberales.

Los carlistas abrieron la Universidad de Oñate instalando en ella una Casa de la Moneda y el Real Tribunal de Justicia.

VII. TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS A FINES DEL SIGLO XIX

La abolición de los fueros y la instauración del régimen liberal

Tras la derrota carlista se abolieron los fueros, pese a la oposición de los liberales vascos. Aducían que ellos eran fueristas, y que si se castigaba a los carlistas eliminando los fueros, también se les castigaba a ellos, que tanto habían sufrido durante la guerra. El pragmatismo de Cánovas dio una solución política al problema: optó por la abolición de los fueros, pero manteniendo una autonomía de las provincias vascas. El Gobierno buscaba así una base social en el País Vasco para el sistema de la Constitución de 1876. La burguesía vasca, liberal, insistía en la validez de la autonomía foral.

En el Parlamento los diputados y senadores vascos, liberales fueristas, defendieron unánime y contundentemente los fueros con argumentos históricos y políticos, en un debate en el que destacó el alavés Mateo Benigno de Moraza. No pudieron impedir la aprobación de la Ley de 21 de julio de 1876. Con ella, los fueros vascos quedaron suprimidos. La ley acababa con las exenciones militares y fiscales. Al mismo tiempo abría la posibilidad de un régimen excepcional. Nada se decía del autogobierno que podría subsistir, que se aplazaba a futuras conversaciones con representantes de las Vascongadas. En todo caso, si pervivía alguna autonomía provincial no sería en virtud de derechos históricos. Quedaba al arbitrio del Gobierno, cuya única obligación sería dar cuenta a las Cortes.

El acuerdo fue costoso, por el rechazo que tuvo en el País Vasco la ley del 21 de julio. Juntas y Diputaciones se negaron al principio a aceptar la nueva situación. Por fin, en la primavera del 77 a la decisión de las Juntas de Álava y Gipuzkoa de conversar con el Gobierno se unieron fueristas vizcaínos. Integraron una Diputación Provincial provisional (la Diputación Foral se había autodisuelto al no aceptar la ley abolitoria, siguiendo la línea del liberal Sagarmínaga) designada por el Ministro de Gobernación y compuesta por liberales que querían así salvar alguna autonomía.

De las negociaciones nació un nuevo régimen político-administrativo, el de los Conciertos Económicos. Se reguló por decreto el 28 de febrero de 1878, que establecía cómo el País Vasco contribuiría económicamente al Estado. No se aplicaría el régimen tributario común. Cada provincia pagaría un cupo negociado entre el Estado y las Diputaciones, y éstas recaudarían y fijarían los impuestos, que podrían ser diferentes a los del resto de España. Había cambiado la legitimidad de la autonomía fiscal, que ahora nacía de una concesión estatal, pero ésta se mantenía.

El Concierto se prorrogó en 1887, 1894, 1906 y 1925, variando los impuestos concertados y el montante del cupo. En base a la autonomía fiscal las Diputaciones ampliaron sus competencias administrativas, pues en 1878 se les reconoció a sus decisiones valor ejecutivo, la capacidad de crear arbitrios y el control de los Ayuntamientos, que les debían rendir cuentas.

Así, la autonomía liberal consolidó a las provincias vascas como marcos fiscales y administrativos autónomos. Las Diputaciones desarrollaron una actividad muy amplia: pactan con el Gobierno, establecen impuestos, emiten empréstitos, construyen carreteras y vías férreas, disponen de cuerpos armados, etc. Nunca estas instituciones habían tenido tanta autonomía. Ni unas Juntas Generales, ni un Gobierno, ni unas Cortes, ni un Tribunal de Cuentas fiscalizaba su actuación. Quienes dominaban las Diputaciones podían realizar sin cortapisas su política fiscal y administrativa. De otro lado, fueron designadas por el cuerpo electoral, no por las Juntas Generales. El sistema anterior permitía la hegemonía de la aristocracia rural; el nuevo favoreció a quienes controlaban las elecciones directas con los mecanismos caciquiles de la Restauración.

Este autogobierno carecía de una base jurídica sólida. Los soportes legales de la autonomía administrativa eran órdenes ministeriales, ambiguamente reconocida por las leyes. El autogobierno económico se reguló por Decretos gubernamentales, excepto en 1887, cuando se incluyó el Concierto en el Presupuesto estatal. La fragilidad conceptual de la autonomía liberal se aprecia también en la renovación de los conciertos. Las negociaciones no se ajustaban a ningún marco normativo: sus resultados dependían de la correlación de fuerzas del momento. No se fijaba el cupo a partir de un aparato estadístico, sino de estimaciones a veces arbitrarias.

Así, la autonomía liberal consolidó a las provincias vascas como marcos fiscales y administrativos autónomos. Las Diputaciones desarrollaron una actividad muy amplia, aprovechando la nueva y amplia autonomía.

Los Conciertos supusieron una rebaja fiscal frente a otras provincias, por negociarse con valores subjetivos, al margen de situaciones concretas, y al establecerse el cupo para varios años, en los que la presión fiscal se estabilizaba mientras crecía en el resto de España. Hacia 1912 se calculaba en los impuestos concertados una desgravación entre el 50% y el 60%. No se concertaban todos los impuestos, por lo que también hubo en las provincias vascas una Hacienda estatal. No eran los principales ingresos, pero correspondían a áreas que el Estado consideró privativas: los productos del monopolio del tabaco, de la administración judicial o de las minas.

La autonomía administrativa no tuvo una definición precisa: ninguna ley enumeró o delimitó las competencias de las diputaciones, sólo reconocidas de forma vaga con la fórmula de que éstas mantendrían las atribuciones «que han venido ejercitando». En la práctica, la autonomía liberal de las Diputaciones nacía de su posibilidad de establecer cuadros fiscales y del control de los municipios, que en otras provincias ejercía al Estado, una atribución que se legitimaba apelando a la tradición foral, pero que hasta 1849 la habían tenido las autoridades delegadas de la monarquía.

Su escasa entidad jurídica minusvaloraba la autonomía liberal. Apenas se integraba en el sistema legislativo y su supervivencia dependía de la voluntad del Gobierno. Pero la ambigüedad permitió autonomías provinciales mucho mayores que las previstas por la Constitución de 1876.

La fiscalidad que aplicaron las Diputaciones se basó en los impuestos indirectos, especialmente en los que gravaban el consumo. Era la misma de la última etapa foral, pero las estructuras productivas habían cambiado, al menos en Bizkaia y Gipuzkoa, como consecuencia de la industrialización. Los nuevos grupos hegemónicos, que controlaron las diputaciones, pudieron, apelando a la tradición foral, desviar hacia la imposición indirecta la fiscalidad que hubiera correspondido a las actividades empresariales.

El constante aumento de sus gastos —por aumentos del cupo, y, sobre todo, por sus mayores servicios— forzó a las Diputaciones a introducir nuevos conceptos imponibles, similares a la contribución que gestionaba el Estado. Los adaptaron para atenuar su carácter directo. Inició el proceso Gipuzkoa, que ya en los años ochenta introducía contribuciones directas, si bien no lo hizo sistemáticamente hasta 1917. Álava comenzó el cambio con el nuevo siglo, mientras que Bizkaia fue más reacia a actualizar sus bases impositivas, si bien en 1906 había ya formas del nuevo tipo de imposición.

Al crear esta fiscalidad las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia adaptaron los Reglamentos del Estado (en Álava se recurría al repartimiento por municipios, que equivalía a un concierto dentro de la provincia), pero los nuevos impuestos se introdujeron de forma selectiva, prefiriéndose las contribuciones indirectas. Por ejemplo, en Bizkaia en 1913 por el impuesto de industria y comercio se pagaba el 84% menos que en el resto de España. El principal ingreso era el impuesto de consumos, desaparecido de los presupuestos del Estado. El régimen de Conciertos Económicos y la autonomía provincial permitieron que los nuevos grupos hegemónicos administrasen el país. Pudieron imponer sus criterios, regresivos, sin graves interferencias exteriores.

En conjunto, el sistema constituyó un sistema singular, que sólo en parte enlazaba con los precedentes históricos. Pese a sus precarias bases jurídicas y su dependencia última respecto a la voluntad gubernamental, permitió el funcionamiento estable del País Vasco dentro del sistema constitucional, sin graves disensiones. Constituyó la solución política al problema planteado desde comienzos de siglo por la revolución liberal.

La revolución industrial

En el último cuarto del siglo XIX se produjo en Bizkaia un rápido proceso de industrialización. Lo protagonizó la burguesía minera, capitalizada gracias a la exportación de hierro. Sus iniciativas industriales gestaron el nuevo modelo de crecimiento. El auge minero fue rápido y súbito. En 1878 se extraía 1,3 millones de Tms. de mineral y en 1883 se llegaba a 3,6. En 1890 se acercaba a 5 millones, para alcanzar la máxima explotación en 1899, con 6,5. La producción creció con altibajos de carácter cíclico. Hubo tres momentos de expansión, los años 1878-1882, 1887-1890 y 1895-1899.

La venta del hierro generó un importante flujo de capitales, del que entre el 75 y el 80% se quedó en Bizkaia, en mano de obra, instalaciones, servicios, impuestos, o en la forma de beneficios empresariales. De éstos, hacia el 40% correspondió a las compañías extranjeras que participaron en el negocio minero. Los mineros vizcaínos obtuvieron beneficios cuya cuantía significó un revulsivo económico. Se concentraron en un reducido grupo.

Edificio del Banco de Bilbao con sus ventanales protegidos con pieles, durante el ataque carlista de 1874.

En la última década del siglo 6 grupos, compañías o corporaciones, obtenían alrededor del 58% de los beneficios devengados por el mineral: Orconera Iron Ore, Martínez Rivas, Franco-Belga, Ibarra Hermanos (que participaban además en un cuarto del capital de Franco-Belga y Orconera), la Diputación de Bizkaia (obtenidos en el Ferrocarril de Triano) y el grupo Chávarri. Hubo otros mineros locales con beneficios importantes, como los Echevarrieta y Larrínaga, Darío p. Arana, Gandarias o Lezama Leguizamón. Los Sota, que explotaron minas en Saltacaballos (Cantabria) desde 1887, obtuvieron beneficios similares a los de la élite minera de Bizkaia.

La inversión de beneficios mineros inició la industrialización, cuya cronología siguió, con algún desfase, el ritmo cíclico de la minería.

En el ciclo 1878-1882 se fundaron tres siderurgias. Las promovían los principales mineros. Los Rivas, la San Francisco (1878), Víctor Chávarri la Bizkaia (1882), mientras Altos Hornos de Bilbao (1882) era transformación de la Fábrica de Nuestra Señora del Carmen que regentaban Ybarra Hermanos. Las dos primeras buscaban sólo elaborar lingote, para exportarlo, y Altos Hornos de Bilbao aspiraba a dirigir su producción al mercado nacional.

En el ciclo inversor 1888-92 estos empresarios apostaron por el mercado nacional, reconvirtiendo las siderurgias y promoviendo metalurgias que transformaran sus semielaborados. El cambio se inició hacia 1888, al crearse Astilleros del Nervión, que fabricaron buques para la armada. La burguesía vizcaína comenzó a reivindicar el proteccionismo. Con el acicate de la ley proteccionista de 1891 nacieron varias metalurgias (Talleres de Deusto, Aurrerá, Basconia, Alambres del Cadagua o Tubos Forjados). De estos años data también la compra por bilbaínos de minas de carbón en Asturias y León, el ferrocarril de la Robla (para transportar la hulla leonesa), el Banco del Comercio y las primeras navieras de Sota y Aznar.

El siguiente ciclo comenzó tras la guerra de Cuba. Los altos beneficios mineros de estos años y las mejores expectativas económicas provocaron entre 1898 y 1901 una inusitada movilización de capital. Nació un nuevo sector naviero (133 buques vizcaínos recalaban en 1901 en el puerto de Bilbao, frente a los 37 de 1897), surgieron los seguros, promocionados por navieros, que constituyeron también el astillero Euzkalduna. Se compraron minas de plomo, hierro, cobre, azufre, etc., en Gipuzkoa, Santander, Lugo, Córdoba, Huelva, Sevilla, Jaén, Almería, Teruel, Ciudad Real, Albacete…

Proliferaron las iniciativas financieras: en 1901 había en Bilbao 7 bancos, algunos especulativos. Varios desaparecieron. Sobrevivieron Banco de Bilbao (fusionado con el del Comercio), Banco de Vizcaya y Crédito de la Unión Minera. Los dos primeros los dirigían miembros de la gran burguesía, y al Crédito medianos mineros. En este ciclo se fundaron las primeras empresas eléctricas importantes, se fusionaron Altos Hornos de Bilbao, la «Vizcaya» y la Iberia en Altos Hornos de Vizcaya y los vizcaínos participaron en diversos monopolios, asociaciones de productores y compañías que aspiraban a controlar su ramo productivo.

En la fundación empresarial de los años 1898-1901 se movilizaron pequeños y medianos capitales, pero no se diluyó el control de la oligarquía de origen minero. La euforia económica terminó a mediados de 1901, con el crack de la Bolsa de Bilbao, que liquidó a muchas empresas. Pero había nacido ya una moderna y diversificada estructura de la economía vizcaína.

La industrialización guipuzcoana del XIX no tuvo la intensidad de la vizcaina.

Frente al despegue industrial de Bizkaia, Álava experimentó una grave recesión. Surgieron algunas pequeñas fábricas, en parte artesanales, pero su economía seguía dependiendo de la agricultura, que vivió malos tiempos. Con la revolución de los transportes nació un mercado mundial, en el que difícilmente podía competir el cereal alavés. La legislación proteccionista de 1891 contuvo la competencia exterior, pero no mejoró la baja productividad del cereal alavés. En cuanto a la Rioja alavesa, vivió años de auge tras la guerra, por la mayor demanda consecuencia de la crisis vitícola francesa. No se aprovecharon para captar los mercados que abandonaron los franceses y al recuperarse los vinos de Burdeos acabó esta expansión. Hacia 1888 se agravó la crisis al afectar la filoxera a las cepas de la Rioja.

La industrialización gipuzkoana del XIX no tuvo la intensidad de la vizcaína. En el último cuarto del siglo siguió el asentamiento paulatino de fábricas dedicadas a distintas ramas productivas. Se instalaron industrias de consumo, como la alimenticia o la de madera y muebles, las papeleras modernizaron sus procesos de fabricación y se acentuó la especialización armera de Eibar. Coincidiendo con el boom de Bizkaia de 1898-1901 hubo en Gipuzkoa un auge empresarial, representado por el Banco Guipuzcoano o la participación de fábricas gipuzkoanas en compañías nacionales, como Construcciones Metálicas y La Papelera Española…

Como fruto de su mayor dinamismo, Bilbao tuvo un notable peso en la construcción de la infraestructura ferroviaria del País Vasco. Las vías tendidas entre 1879 y 1890 recorrían las riberas fluviales de su entorno. Unían Bilbao con las poblaciones de ambas márgenes de la ría (Portugalete y Las Arenas), con Durango (siguiendo el Ibaizábal) y con Valmaseda (por el Cadagua). En la siguiente década se prolongaron algunas líneas fuera de los límites de Bizkaia. A partir de Durango y Valmaseda los ferrocarriles que enlazaron Bilbao con Santander, San Sebastián y el norte de León.

La población creció a un rápido ritmo. Entre 1877 y 1900 aumentó un 34%, de 450.000 a 604.000 habitantes. Era un saldo excepcional, pues la población española crecía sólo un 9,3%.

Consecuencia del despegue industrial y minero, el crecimiento era, sobre todo, de Bizkaia, pues pasó de 190.000 a 311.000 habitantes. Aumentó en un 64%, en contraste con el estancamiento de Álava, que creció sólo el 3% (de 93.500 a 96.400): se abandonaban las zonas agrarias y sólo Vitoria presentaba netos ascensos. En Gipuzkoa, acorde con su pausada mejoría de económica, el crecimiento fue más moderado que el vizcaíno: subió de 167.000 a 196.000, un 17%.

La inmigración fue el fenómeno más característico del boom demográfico. Su impacto no fue similar en las tres provincias. Mientras en 1900 sólo el 12,3% de la población gipuzkoana era inmigrante, en Bizkaia alcanzaban el 27,8%. La inmigración se concentró en las zonas directamente afectadas por el despegue minero e industrial. Así, mientras los contingentes de población foránea eran muy reducidos en las comarcas rurales de Bizkaia, entre el 3 y el 7% del total, en los distritos de Bilbao y Valmaseda ocupaban un porcentaje decisivo, del 42%. En estas zonas, de creciente influencia por su vitalidad económica, se estaba creando una nueva sociedad, con problemas y comportamientos distintos a los tradicionales.

El despegue económico y el boom demográfico provocaban en la vida de Bizkaia bruscos y traumáticos. Las transformaciones acabarían influyendo en todo el País Vasco, pero la génesis del pluralismo vasco se explican por los intensos cambios que se daban en esta provincia.

VIII. EL PLURALISMO VASCO

La nueva sociedad

A fines del XIX nació en Bizkaia, inducido por la industrialización, el pluralismo vasco, en el que convivían distintos ámbitos, cada uno con sus valores, comportamientos y concepciones políticas. Lo representaban el liberalismo monárquico, el nacionalismo vasco y el movimiento obrero. En la burguesía industrial nació una nueva versión del liberalismo, que aspiraba a influir en la política del Estado; el proteccionismo inició una evolución ideológica hacia un nacionalismo español.

Entre los grupos de trabajadores surgió un movimiento obrero, de carácter socialista, articulado en agrupaciones sindicales y políticas. Y el nacionalismo vasco fue la reacción de la sociedad tradicional ante las nuevas condiciones; a diferencia del carlismo tenía en cuenta las consecuencias de la revolución industrial.

El liberalismo de referencia fuerista y el tradicionalismo pervivieron en las zonas que no recibieron el impacto directo del hecho industrial, aún en retroceso, durante décadas los antagonismos políticos de Gipuzkoa y Álava pudieron entenderse en las mismas claves del período anterior.

Liberalismo españolista, socialismo y nacionalismo vasco constituían respuestas diferenciadas a un mismo fenómeno, la modernización económica, y reflejaban a distintos ámbitos sociales, con sus dinámicas propias. Los dos últimos, antagónicos políticamente, se vertebraron como movimientos de masas; el liberalismo, como un grupo de presión, compuesto por notables, sin arraigo popular, pero con capacidad de controlar el poder, gracias al sistema político de la Restauración, basado en el caciquismo.

Las prácticas caciquiles decidían los resultados electorales, que no reflejaban la voluntad popular. El Rey Alfonso XIII en Las Arenas.

El régimen se asentaba en el turno entre los dos partidos dinásticos, liberal y conservador, que alternaban en el poder. Los caciques locales se encargaban de obtener los resultados previstos por el Gobierno, falseando las elecciones, un funcionamiento que no cambió tras la instauración del sufragio universal (masculino) en 1891. En el País Vasco este peculiar sistema político tuvo una dinámica propia. Se introdujo el sistema caciquil y la corrupción electoral, pero por lo común las oligarquías locales se sobrepusieron a las orientaciones del Gobierno.

Este funcionamiento autónomo se debió en Álava y Gipuzkoa a la debilidad del liberalismo, que tenía que competir con el tradicionalismo. No pudo imponerse el turno de partidos, pues con frecuencia tenían que coaligarse liberales con planteamientos encontrados. En Bizkaia dominaron los liberales, pero tampoco se introdujo el sistema de partidos turnantes. Durante los años 80 sólo tuvo acogida el partido liberal, por el desprestigio del conservador, al que se responsabilizaba de la abolición foral. Después, el grupo hegemónico, la oligarquía minera, pasó en bloque al partido de Cánovas, porque defendía el proteccionismo. Se situó así al margen del turismo, a lo que colaboró su deseo de asegurarse el control de la provincia.

Los partidos del período (fuesen liberales o tradicionalistas) carecían de una organización estable y de programas definidos. Eran agrupaciones de notables, que juntaban sus redes de influencias en las elecciones.

Las prácticas caciquiles decidían los resultados electorales, que no reflejaban la voluntad popular. En el País Vasco arraigó tempranamente la compra de votos, sobre todo en Bizkaia, aunque también tuvo importancia en Vitoria y se llevó a cabo en Gipuzkoa. Desde de 1891, en todas las elecciones se compraron votos, una corrupción que quizás indicaba cierta conciencia política, pues al menos el elector daba un precio a su voto. A veces el dominio del cacique duró una gran período. Casos extremos los representaron el dominio de los Urquijo sobre el distrito de Amurrio, el de los Gandarias en Gernika o el de Joaquín Arteaga en Zumaya. Mantuvieron sus actas de diputados sucesivas elecciones.

La lentitud de la modernización de Gipuzkoa y su ausencia en Álava explican que en ambas provincias el principal antagonismo del período enfrentase a tradicionalistas y liberales, como en las décadas anteriores.

En el carlismo desaparecían las invocaciones al Rey, pues Carlos VII se había desprestigiado durante la guerra antes sus seguidores. Los ejes de la propaganda fueron unos fueros vinculados a concepciones ultracatólicas y la defensa de la influencia de la Iglesia en la política.

En 1888 el carlismo sufrió una escisión, encabezada por Ramón Nocedal. Acusaba a Carlos VII de liberal. El Pretendiente apoyaba un partido más abierto para actuar más en la esfera política que en la religiosa. Surgió un nuevo grupo, el integrista, que se desvinculaba del pleito dinástico y afirmaba defender la verdad católica íntegra: combatir la secularización de la sociedad y recristianizarla eran sus objetivos. Perdían el proyecto de Estado carlista y afirmaban que sólo hacia falta el reinado social de Jesucristo. Cristo Rey fue su divisa. No despertó en el País Vasco las adhesiones populares del carlismo, pero influyó en las élites intelectuales y en el clero fiel al tradicionalismo ultrarreligioso. La prensa carlista, carmelitas y jesuitas participaron del integrismo.

También los liberales de Álava y de Gipuzkoa permanecieron anclados en sus anteriores bases doctrinales. Componían un grupo heterogéneo, con escasa penetración fuera de las capitales y algunas medianas poblaciones. Se vieron seriamente afectados por el resultado de la guerra. El fin de los fueros desconcertó a quienes tenían en el fuerismo una de sus referencias. Fragmentados en conservadores, liberales y republicanos de diversas tendencias, su unión no era fácil, pues sólo compartían su anticarlismo.

En Álava y Gipuzkoa durante el último cuarto del siglo el tradicionalismo pudo captar cuotas del poder local y provincial y representaciones en Cortes. Ahora bien, su presencia disminuía según se ascendía en la escala política. Controlaban los municipios de amplias áreas, y alguna vez hasta el de Vitoria, pero su participación en el poder provincial era sustancialmente menor, aunque algunos años tuvieron la mayoría de la Diputación de Gipuzkoa, y excepcionalmente de la alavesa; la captación tradicionalista de actas en Cortes disminuía considerablemente.

Los tradicionalistas dominaban algunos distritos. No se les escaparon casi nunca los de Tolosa y Azpeitia. Los liberales, por contra, controlaban los de San Sebastián e Irún y Amurrio. Los distritos de Bergara, Zumaya, Laguardia y Vitoria, en cambio, se los disputaban los dos sectores políticos.

En Bizkaia el liberalismo dinástico se hizo con el control político. Y hacia 1890 la nueva burguesía industrial captó las representaciones en Cortes y controló los principales ayuntamientos y la Diputación. No confiaron la defensa de sus intereses a políticos profesionales, sino que ellos mismos estuvieron en las Cortes. Lo explica la importancia que para el desarrollo empresarial tenían los centros de decisión de Madrid y la búsqueda de reconocimiento social por los nuevos ricos.

El comercio, y después la industria, hicieron que en Bilbao hubiese una importante colonia extranjera. De ello es muestra el cementerio protestante, que también se llamó Cementerio Británico, en lo que hoy se conoce como Campa de los Ingleses. La imagen es de 1874.

Inició este cambio político Víctor Chávarri, diputado por Valmaseda ya en las elecciones de 1886. Desde las siguientes, en 1891, fue habitual la presencia de grandes empresarios en las elecciones a Cortes. Esta hegemonía política de la oligarquía se reprodujo en el nivel provincial. Chávarri fue en esto la personalidad con mayor influencia: a veces se identificaba a diputados provinciales como chavarristas, sin más precisiones.

En Bilbao la numerosa población y la presencia de tradicionalistas, republicanos, socialistas, nacionalistas o fueristas dificultaban el dominio de las redes caciquiles del liberalismo dinástico. Fue el origen de La Piña, como se conoció a la Unión Liberal promovida por Chávarri, formada para impedir disputas entre liberales y preparar las elecciones municipales de 1897. Se repitieron sucesivas veces iniciativas similares. La Piña simbolizó el control caciquil del sufragio y la hegemonía de la gran burguesía vizcaína.

Al acabar el siglo nacionalistas y socialistas participaban ya en las elecciones, pero sin grandes éxitos. Estos dos movimientos y las nuevas opciones ideológicas de la burguesía vizcaína transformarían en algunas décadas el panorama político del País Vasco.

Hacia el liberalismo españolista: el proteccionismo

Entre las novedades ideológicas de fines del XIX se cuenta la aparición del proteccionismo, que arrastró desde 1891 a casi toda la burguesía vizcaína. Quería aranceles que desanimasen la importación. La toma de postura nacía de los intereses siderúrgicos y llevó a la burguesía vizcaína a integrarse en un movimiento de alcance nacional, junto a catalanes, andaluces, asturianos y madrileños. Sus argumentos anticipaban las líneas de un naciente nacionalismo español, al grito de «España para los españoles. ¡Viva el trabajo nacional!». El proteccionismo fue así el puente ideológico con el que la burguesía liberal vasca vadeó la distancia entre su fuerismo del siglo XIX y los postulados centralistas del XX.

La reorientación de las siderurgias hacia el mercado español a fines de los años 80 generalizó en los grupos burgueses estas convicciones. Además, nacieron en Bizkaia diversas metalurgias, desde que en 1890 se anunció una inminente ley proteccionista. Desde entonces un grupo numeroso de capitalistas iba a luchar por la rentabilidad de sus inversiones. La presión proteccionista ante el Estado se convirtió en el medio de asegurar sus negocios. Pronto los industriales captaron las representaciones de Bizkaia, como fruto de unos análisis que apreciaron las dimensiones políticas de los problemas económicos. Pero no bastaba la presencia en Cortes y Diputación. Se emplearon también cauces no institucionales para presionar al Estado.

El Decreto proteccionista de 31 de diciembre de 1891 creaba altos derechos para los productos siderúrgicos, pero permitía que el Gobierno introdujese rebajas en los aranceles mediante Tratados de Comercio; y conservaba tarifas especiales para la importación de material ferroviario.

La primera gran movilización, de 1893, la provocó el intento gubernamental de concertar Tratados de Comercio con Alemania e Italia. El arancel quedaría sin efecto si, como se anunciaba, servían como base para convenios con otros países. Como afectaba a todos los sectores proteccionistas, no sólo a los siderúrgicos, el movimiento fue general. Los industriales bilbaínos pudieron colaborar con la burguesía catalana.

En diciembre de 1893 se celebró en Bilbao un meeting-protesta contra los Tratados de Comercio, que resultó clave en la organización de la burguesía vizcaína como grupo de presión. Demostró una gran capacidad de movilización, que le otorgó de momento el liderazgo del proteccionismo español, bien representado en el mitin. Los discursos definieron algunos características ideológicas del movimiento. Nacionalismo económico español, identificación de los intereses industriales con las necesidades nacionales, aspiración autárquica, exigencia de la intervención estatal en la economía: se configuraban un nuevo ideario, que caminaba hacia un proyecto nacionalista español vinculado a las posiciones empresariales.

Del mitin salió la idea de una asociación de los industriales vizcaínos. Fue la Liga Vizcaína de Productores, que se integró en la Liga Nacional de Productores, nacida casi a la vez, con representantes de Cataluña, Vascongadas, Navarra y Asturias. Su meta iba más allá que la lucha contra los Tratados. Pedía la supresión de todos los privilegios arancelarios.

La Liga Vizcaína de Productores, fundada en enero de 1894, dirigió desde entonces la agitación proteccionista. Ejerció una constante presión sobre la opinión pública, alertándola cuando el Gobierno adoptaba medidas librecambistas. Organizó además a las fuerzas vivas vizcaínas para respaldar a senadores y diputados en la defensa de la protección. Y coordinó la agitación, promoviendo mítines, fomentando una campaña de prensa y alentando las protestas de empresas y corporaciones bilbaínas.

Desde que en 1890 se anunció una inminente ley proteccionista, nacieron en Bizkaia diversas empresas metalúrgicas.

La movilización tuvo éxito pues, tras complejas negociaciones, en julio de 1894 se abandonó el proyecto de los Tratados de Comercio. Sin embargo, la Liga Vizcaína de Productores no desapareció. Reivindicó en lo sucesivo progresos en el régimen arancelario. En esta política la burguesía vasca apenas se vio acompañada por industriales de otras regiones. Su siguiente objetivo —eliminar los privilegios ferroviarios— no afectaba a todo el complejo industrial español. Era una reivindicación sectorial, en la que la siderometalurgia vasca era la principal, casi la única, implicada.

El acto central de la nueva campaña fue el mitin de enero de 1895, en Bilbao. Fue un acto netamente local, con oradores vizcaínos que plantearon los problemas de su industria. Presentado como una reunión de todas las clases sociales, reunió 7.000 obreros, que actuaban así como elemento de presión ante el Gobierno. Se reivindicó el fin de las tarifas especiales de ferrocarriles, y, también, la intervención del Estado en la economía, de modo que en las obras públicas sólo se admitiesen productos nacionales.

El ascenso de Cánovas al poder en marzo de 1895 abrió las puertas al triunfo de las reivindicaciones de la burguesía vasca. Al año siguiente las Cortes discutieron la ley de auxilios a los ferrocarriles y los industriales vizcaínos solicitaron la protección expresa a la siderurgia. La Liga Vizcaína de Productores llegó a amenazar con el cierre de fábricas, si no se abolían las tarifas que desgravaban la importación de material ferroviario. Una ley de septiembre de 1896 las anuló. La Liga lograba así las principales aspiraciones formuladas durante el quinquenio anterior.

El nuevo status permitió que en 1897 se formase el primer Sindicato siderúrgico: las fábricas españolas se repartían el mercado, para aprovechar al máximo los altos precios permitidos por la ley proteccionista, que tendía a aislar al mercado español. Los resultados fueron espectaculares. En 1899 los dividendos de Altos Hornos de Bilbao y la Vizcaya alcanzaban el 20% del capital, beneficios nunca conseguidos por una industria en el País Vasco.

La burguesía vasca comprobaba así las ventajas de la intervención estatal y las posibilidades que se derivaban del proteccionismo, convertidas definitivamente en sus principales aspiraciones políticas. Se completaban con la búsqueda de la concentración empresarial: se concretó en la formación de Altos Hornos de Vizcaya. La integración en los círculos de poder de Madrid, el recurso a los mecanismos de presión y una política corporativa para exigir la intervención económica del Estado configuraban el nuevo panorama político que encabezaba la gran burguesía vizcaína.

Esta actitud respondía al mismo espíritu que triunfaba en casi toda Europa en los años de la segunda revolución industrial. Surgía el capital monopolista, en el que las pequeñas y medianas empresas difícilmente podían rivalizar con el gran capital. Se superaba de forma generalizada el liberalismo ortodoxo. Las élites económicas estimaron que un mayor protagonismo del Estado podía resultar vital para su crecimiento. Se otorgó así un nuevo papel al Estado, que tenía que dejar de ser neutro desde el punto de vista económico. La burguesía de la primera mitad del XIX se había preocupado de distinguir sociedad y Estado, para que el libre juego económico regulase a la sociedad, conforme al principio del laissez faire. A fines del XIX había quebrado de este principio, el Estado no podía quedar al margen de los negocios en la sociedad presidida por el gran capitalismo.

De las nuevas concepciones participó plenamente la gran burguesía vizcaína, que llegó al mundo empresarial cuando se afirmaban las nuevas tendencias. Alababa al orden liberal basado en la competencia, pero apostaba por el modelo monopolista nacido de la segunda revolución industrial. La singularidad del camino que siguió la burguesía vasca no radicaba en estas posiciones. Residía en que llegaban sin pasar antes por la etapa del individualismo empresarial, tal como lo entendía el liberalismo ortodoxo. Al corporativismo de mediados de siglo sucedió otro corporativismo monopolista, que buscaba el apoyo estatal. Y es que en la industrialización de Bizkaia fueron primero las grandes empresas. Después, las medianas y pequeñas, que dependían institucional y económicamente de aquellas.

El nacionalismo vasco

El nacionalismo vasco nació a partir de las repercusiones que tuvieron en la sociedad tradicional la abolición foral y los cambios que produjo en Bizkaia la industrialización. Lo elaboró Sabino Arana, que articuló aspiraciones dispersas de sectores de la sociedad vasca vinculados al tradicionalismo. No obstante, en el nacionalismo también jugaron un papel elementos de origen liberal. Tras 1876 un sector minoritario del liberalismo fuerista evolucionó hacia posturas de tipo nacionalista. Lo representaban en Navarra la Asociación Euzkara y en Bilbao la Sociedad Euskalerría. Rechazaban a los partidos monárquicos, de los que, decían, tendrían que separarse los vascos, para defender la bandera foral. Subyacía la idea de que los vascos tenían una personalidad propia, diferente de la española.

Pero el nacionalismo sabiniano nació desde el tradicionalismo, cuya orientación mantenía; eso sí, a diferencia del carlismo tenía en cuenta las implicaciones de la revolución industrial. Su ideología se configuró como respuesta a las novedades socioeconómicas, cuando se aceleraba en Bizkaia la destrucción de las formas de vida tradicionales y la inmigración hacía retroceder el euskera, cambios que se sumaban a la abolición foral.

Las propuestas de Sabino Arana se concretaron en su enunciación independentista de que Euskadi es la patria de los vascos.

Para Sabino Arana la invasión maketa (la invasión española) era el origen de los males de la sociedad vasca. Teoría antiindustrial, el primer nacionalismo se oponía genéricamente a los males de la industrialización, destacando a uno de ellos, la inmigración. Reforzaba su carácter tradicionalista el peso de la religión, pues se atribuía una misión salvífica de tipo religioso, expresada en el lema Gu Euskadirentzat Ta Euskadi Jaungoikoarentzat (Nosotros para Euskadi, Euskadi para Dios). Para Arana la invasión española constituía germen de deterioro de la moral.

Las propuestas de Sabino Arana se concretaron en su enunciación independentista de que Euzkadi es la patria de los vascos. Se justificaba con argumentos historicistas. Su reinterpretación del pasado legitimaba tales aspiraciones, con el argumento de que las provincias vascas (llamadas ex-Estados vascos) habían sido independientes hasta 1839. La historia inspiraba también su proyecto político, apenas concretado, al proponer la vuelta a las formaciones tradicionales del País Vasco, restaurando usos y costumbres. Los males terminarían con la vuelta a la tradición, una imaginaria sociedad rural formada por caseros de raza vasca legalmente iguales, partícipes de una democracia perfecta, sin las tensiones que traían liberalismo y españolismo. Era la exaltación ruralista de una sociedad preindustrial.

Al principio el nacionalismo, elaborado en Bizkaia, se identificó con bizkaitarrismo: la argumentación histórico-foral le forzaba a expresarse en términos provinciales. Pero implicaba una teoría nacional, al justificarse por la existencia de una raza vasca, Alaba, Benabarra, Gipuzkoa, Lapurdi, Nabarra y Zuberoa tenían así una identidad sustancial con Bizkaya. Proponía una Confederación de los Estados euskerianos, ligados en el orden social y en el de las relaciones con el extranjero, con posibilidad de secesión.

El primer nacionalismo vasco respondía al modelo romántico o tradicionalista: definía la nación en virtud de caracteres objetivos, situados al margen de la voluntad de los individuos. Cinco elementos componían la nacionalidad vasca: raza; lengua; gobierno y leyes; carácter y costumbres; personalidad histórica. El prioritario era la raza, por la reacción a la invasión maketa. Para el primer nacionalismo existía una raza vasca original y pura, si bien no intentó definirla. Se limitaba a afirmar su originalidad, que probaba por la existencia del euskera. Consideraba vasco al de apellido vasco: sea derivó una dinámica excluyente, que dificultaba el arraigo del nacionalismo, por las trabas a quienes no tenían el necesario apellido.

La lengua, secundaria respecto a la raza, servía para demostrar la originalidad y pureza de ésta. Concebida como elemento diferenciador, tenía una función instrumental: el euskera debía propagarse entre las personas de raza vasca, impidiéndose que la aprendiesen los maketos. Los otros tres factores definitorios de la nacionalidad, con menos importancia, precisaban las virtudes de la raza vasca y legitimaban el planteamiento nacionalista.

Tal concepto de nación era tradicionalista. Frente al Dios, Patria, Fueros, Rey del carlismo propuso el lema Jaungoikoa eta Lagizarra (JEL). Mantenía el peso de la religión (Jaungoikoa, Dios), pero el Lagizarra le apartaba del carlismo, cuyo error, según Arana, fue vincular la causa foral a una dinastía. Fuero podía confundirse con privilegio: lo sustituyó con lagizarra, la ley vieja, los usos y costumbres tradicionales. En Jaungoika eta Lagizarra, Eta simbolizaba las relaciones entre Iglesia y Estado. Arana proponía separar ambos campos, aunque la legislación civil debería ajustarse a los preceptos católicos.

El primer nacionalismo vasco, tradicionalista y ruralista, provenía de ámbitos burgueses vinculados al mundo tradicional, cuyos negocios quedaban desplazados en la nueva sociedad industrial. Nació en Bilbao, donde tuvo sus primeros adeptos y éxitos políticos. Su antiindustrialismo reaccionaba ante los emigrantes, pero había una crítica implícita a los nuevos capitalistas, a los que se responsabilizaba de la nueva situación. Su alternativa evocaba un mundo ideal, a construir cuando se consiguiese la independencia.

Sabino Arana empezó su vida política en 1893. En su discurso de Larrazábal expuso las líneas básicas de su doctrina. En 1894 fundó la sociedad nacionalista Euzkaldun Batzokija, con casi 200 miembros. La efervescencia política de algunos sectores propiciaba se propagase el independentismo. Así se reveló en la Sanrocada de 1893, un acto de exaltación fuerista en Gernika, en la manifestación de San Sebastián del mismo año, al grito de ¡Vivan los Fueros!, o en la Gamazada, movilizaciones navarras de 1893 y 1894 contra un presupuesto que vulneraba la Ley Paccionada, que forzaron la dimisión de Gamazo, ministro de Hacienda.

Protagonizó esta agitación el liberalismo fuerista, en el que un sector de la Sociedad Euskalerria evolucionó hacia posiciones nacionalistas. Lo encabezaba Sota y abundaban los navieros. Al principio Arana les rechazaba por liberales, pero afirmaban en 1897 que profesaban su misma doctrina, aun discrepando de la intransigencia que dificultaba el avance nacionalista.

Políticos nacionalistas vascos. De izquierda a derecha de la imagen: Garay, Apodaca, Arbeloa, Heliodoro de la Torre, José Hom Areilza, Luis Arana Goiri, Ramón de Vicuña, José Antonio Lecube y Zarandona (1930).

Coincidiendo con la crisis de 1898 confluyeron sabinianos y euskalerrianos. Estos, un grupo burgués no monopolista, ingresaron en el nacionalismo. Sin una teoría nacional propia, asumían la de Arana, que admitió a los liberales provenientes de la Euskalerria. Influyeron quizás las dificultades que creaban los problemas financieros, la persecución gubernamental y las limitaciones del radicalismo purista.

No se había consolidado aún el nacionalismo. Sus dos primeros periódicos los cerró el gobierno. En 1897 se disolvía el Euzkeldun Batzokija, suspendido dos años antes por orden gubernativa. En 1895 se había creado el Partido Nacionalista Vasco, pero su irradiación no pasaba de Bilbao y algunos pueblos de Bizkaia.

La unión de euskalerrianos y sabinianos fue rentable. En 1898 Sabino Arana fue elegido diputado provincial. Pero nacía un movimiento complejo, con sectores tradicionalistas y burgueses liberales, que no rechazaban la industrialización, ni sacralizaban el independentismo. Sus intereses (que no exigían la intervención estatal proteccionista, pero sí la unidad del mercado español) iban más bien por la vía autonomista. No lo formularon explícitamente, ni cuestionaron en el terreno ideológico (sí en la práctica) la ortodoxia independentista, pero el radicalismo sabiniano se hizo compatible con el pragmatismo burgués. Desde 1898 se abandonó el antiindustrialismo extremo, aun manteniendo idealizaciones ruralistas.

Al comenzar el siglo el nacionalismo, con minorías municipales en Bilbao, Bermeo, Mundaka, Arteaga, sufrió una mayor represión. En 1902, cuando Arana estaba en la cárcel, avanzó la idea de crear una Liga de Vascos Españolistas. Pretendía al parecer crear un partido que aceptando el hecho constitucional luchase por la autonomía, para, evitar problemas legales y defender mejor la nacionalidad vasca. Al morir Arana en 1903 se abandonó esta vía. Desapareció también la posibilidad de innovaciones teóricas. Se frenó cualquier rectificación del radicalismo sabiniano, que quedaría abortada apelando a la fidelidad al fundador, cuya figura se mitificó.

En la primera década del siglo el nacionalismo vasco adoptaba la forma de un movimiento nacional, dotado de un sentido de comunidad. Su implantación social crecía, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa.

El movimiento obrero

El movimiento obrero comenzó a incidir en la vida del País Vasco desde 1890. La clase obrera estaba surgiendo de forma rápida y brusca, por la puesta en explotación de las minas y la instalación de nuevas fábricas. Formaban una nueva sociedad, compuesta básicamente por inmigrantes. En principio llegaban a Bizkaia como temporeros, en los meses de paro estacional agrícola, o con la idea de volver en algunos años a su pueblo.

Los mineros sufrían las peores condiciones. La mayoría eran peones que acarreaban hierro. El patrono podía sustituirlos con facilidad, por la abundancia de mano de obra. Tenían escasa capacidad de exigir mejores condiciones de trabajo. Los obreros industriales podían ejercer mayor presión sobre la empresa. Más estables, su capacidad asociativa era mayor, si bien en este ámbito había situaciones diversas, según trabasen en grandes fábricas o pequeños talleres, o fuesen peones u obreros especializados.

Unos y otros vivían en condiciones precarias, con pésimas condiciones de higiene, de vivienda y de alimentación. El rápido crecimiento de pueblos y barrios no preparados para el boom deterioró los niveles de vida. Las tasas de mortalidad llegaron a superar el 40% (el doble que en las zonas agrarias) y se redujo la esperanza de vida, en algunas localidades por debajo de los 20 años, por las deficiencias higiénicas, sanitarias y laborales.

El hacinamiento alcanzó su máxima expresión en la zona minera. Alejadas las minas de los pueblos, los patronos construyeron barracones, donde se agolpaban un centenar o más de camas, cada una para dos o tres obreros. Por lo común los mineros debían vivir en los barracones, que regentaban capataces de la empresa, a cambio de un pago elevado. También en las viviendas de los barrios era habitual el hacinamiento. La carestía de los alquileres forzaba a subarrendar cuartos. Solían vivir en el mismo piso, de reducidas dimensiones, dos o tres familias y varios huéspedes. La alimentación precaria fue habitual. La base de la dieta era el pan, y se completaba con tocino, tasajo, alubias, garbanzos, patata y vino. Para los mineros era obligatorio consumir en las cantinas de la empresa, cuyos abastecimientos, de altos precios, eran de muy baja calidad.

Las jornadas de trabajo eran largas. En las minas eran al principio de sol a sol. Existía el trabajo a tarea (a destajo): pequeñas cuadrillas ajustaban el sueldo por tanta cantidad de mineral. Era un trabajo agotador, en el que cada obrero obtenía unas dos toneladas diarias de hierro.

El trabajo en las minas, de sol a sol, era agotador. Cada obrero obtenía unas dos toneladas diarias de hierro. Vista general de la mina Carolina.

En Bizkaia arraigó la vertiente socialista del movimiento obrero. Fue, con Madrid y Asturias, uno de los pilares del socialismo español. Se propagó en Bizkaia tras la acción ideológica que encabezó Facundo Perezagua. En 1879 había participado con Pablo Iglesias en la fundación del Partido Socialista Obrero Español y llegó a Bizkaia en 1886 para difundirlo.

Surgieron dos tipos de organización: las sindicales, sociedades de resistencia enmarcadas en la UGT, y las de carácter político, las Agrupaciones Socialistas adscritas al PSOE. La primera fue la Agrupación Socialista de Bilbao. La impulsó en 1887 Perezagua, tipógrafo, con compañeros de profesión. En 1888 nacían las de Ortuella, Sestao y La Arboleda, así como la primera sociedad de oficio, constituida por tipógrafos.

La huelga general de mayo de 1890 resultó decisiva en la formación del movimiento obrero. Iniciada en las minas, se extendió entre los obreros fabriles por solidaridad. Al despido de 5 trabajadores siguió una huelga general en la que se reivindicaba la readmisión de los despedidos, la jornada de trabajo de 10 horas y la supresión del trabajo a tarea, de los barracones y de la compra obligatoria en las cantinas.

El conflicto se generalizó, con 21.000 obreros en huelga, y se declaró el estado de guerra. La autoridad de la provincia pasó al general Loma. El Pacto de Loma, tras una reunión entre empresarios y representantes obreros impuesta por el general, puso fin al conflicto. Los huelguistas veían satisfechas sus reivindicaciones. Constituyó un hito histórico, si bien sus términos se vulneraron después. La huelga consagró el liderazgo socialista.

Se inició así la etapa épica del movimiento obrero vizcaíno, que duró hasta 1912-14 y se caracterizó por la radicalidad socialista y las enconadas relaciones entre patronos y trabajadores. La violencia acompañó también a las otras cuatro huelgas generales que se realizaron hasta 1910. Las mejoras en la situación de los trabajadores fueron lentas. Las sociedades de resistencia, con muy pocos trabajadores, fueron escasas. Para conseguir mejoras sustanciales se confiaba en la huelga general. Era, pues, un movimiento obrero débil, disperso y poco organizado, en parte porque les resultaba fácil a los patronos sustituir a los trabajadores. Tuvo un marcado carácter cíclico. Las huelas de los años de bonanzas económicas, cuando los patronos tenían mayores beneficios y margen de maniobra, se saldaron con victorias obreras. Les seguían la afiliación a las agrupaciones socialistas y nuevos movimientos huelguísticos. Al llegar la crisis, el proceso se invertía.

A las actividades sindicales acompañaron las políticas. Las Agrupaciones Socialistas participaron en las elecciones desde 1891, las primeras con sufragio universal (masculino). En Bizkaia, por la presión del movimiento de masas sobre las estructuras caciquiles, las elecciones otorgaban algunas posibilidades políticas. Pablo Iglesias olía presentar su candidatura por Bilbao, con derrotas menos abultadas que las que sufría en Madrid. Y en Bilbao el PSOE consiguió en 1891 su primer concejal. Desde los años noventa, en Bilbao y en los municipios obreros los socialistas solían tener una minoría de concejales, insuficientes para condicionar las políticas municipales.

La ideología socialista defendía la lucha por la sociedad sin clases; la oposición a colaborar con partidos burgueses; una visión catastrofista del capitalismo, al que se suponía le colapsarían sus contradicciones; y la huelga revolucionaria como arma para acabar con el sistema. Pero el radicalismo ideológico hubo de adaptarse a las realidades concretas. Paulatinamente surgió una línea moderada, que defendía el gradualismo en los cambios sociales.

El antagonismo entre nacionalismo y socialismo fue constante. Para los socialistas la nación era un concepto burgués, que negaba los intereses proletarios. Además, Sabino Arana tachaba al socialismo de antivasco y proponía un movimiento etnicista, con argumentos peyorativos sobre los inmigrantes. Los planteamientos de Arana dieron pie a la aparición de una competencia sindical a los socialistas. Para el nacionalismo los obreros vascos sólo encontrarían solución definitiva a sus problemas con la independencia de Euskadi. En todo caso debían rehuir las agrupaciones socialistas. En 1911 nació Solidaridad de Obreros Vascos, para acoger a los obreros nacionalistas. Sindicato católico, con finalidades mutualistas, se apartaba de los planteamientos de clase de los socialistas. Su actuación, sin embargo, distó mucho de la de los sindicatos católicos no reivindicativos impulsados por la Iglesia a comienzos de siglo.

El sindicalismo nacionalista buscó su expansión entre los obreros de origen vasco. Por contra, la principal base social del socialismo la componían los inmigrantes, para los que fue vehículo de integración en la sociedad local, al proporcionales instrumentos de participación política.

Pero el socialismo atrajo también a obreros de origen vasco. Los había entre los afiliados vizcaínos. Y formaban el primer núcleo obrerista surgido fuera de Bizkaia, el de Eibar, donde se afianzó una sociedad de oficio compuesta por armeros. Adquirió notable fuerza, en parte por la gran capacidad de presión de los armeros, una mano de obra muy especializada. La tradición liberal de Eibar, con un acentuado anticlericalismo, caracterizó también a este núcleo obrerista. A comienzos del XX Gipuzkoa no había profundizado aún en el proceso de industrialización, ni los grupos obreros alcanzaban una presencia relevante. Pero el núcleo socialista de Eibar evidenciaba que este eje del pluralismo vasco no era exclusivo de Bizkaia.

IX. MODERNIZACIÓN SOCIAL Y CAMBIOS POLÍTICOS (1900-1937)

El desarrollo de la sociedad capitalista

En el primer tercio del XX la población creció a un rápido ritmo, desde los 600.000 habitantes de 1900 a los cerca de 900.000 en 1930. Se mantuvo la expansión de Bizkaia, que en 1930 llegaba a 485.000 habitantes. Su incremento decenal se situó entre el 12 y el 18%, a la cabeza de las provincias españolas. Su población se concentraba sobre todo en Bilbao y las márgenes del Nervión. Gipuzkoa alcanzó desde 1900 ascensos similares, en torno al 15% cada diez años. Superaba los 300.000 habitantes en 1930. Caracterizaba a su población la dispersión geográfica. En Álava persistió el estancamiento. En 1930 tenía una población de 104.000, sólo un 8% más que en 1900. Su lento desarrollo despobló las zonas rurales, que sufrieron la sangría de la emigración hacia la capital y las provincias industriales.

La evolución demográfica refleja los comportamientos económicos, tanto el desarrollo capitalista de Bizkaia como el despegue industrial gipuzkoano y el anquilosamiento de las estructuras productivas en Álava.

En Bizkaia los avances siderúrgicos, navieros, bancarios y los astilleros compensaron el agotamiento minero. Se reafirmó la concentración geográfica de la industria vizcaína. En Bilbao nació un complejo espacio urbano, con barrios obreros en los que se hacinaban las viviendas y amplias áreas burguesas en el Ensanche. Su impulso abarcó toda la ría. En la margen izquierda crecían los núcleos obreros y al otro lado de la ría, frente al Abra, comenzó a construirse en 1906 Neguri (el neologismo, de Azkue, quería decir población para el invierno), para residencia permanente de las familias que encabezaban el desarrollo industrial.

Con la Primera Guerra Mundial se multiplicaron los precios de los fletes y las navieras vizcainas conocieron un ascenso sin parangón.

Aunque tras el crak bursátil de 1901 se liquidaron muchas empresas, sobrevivió el marco económico creado a fines del XIX, pese a la paralización de la primera década del siglo. El sector siderúrgico llegó a repartir pingües beneficios, sobre todo desde que en 1906 se recompusiera el Sindicato Siderúrgico español, tras dos años de dura lucha empresarial: eliminada la competencia, se rentabilizó al máximo la protección arancelaria.

Con la I Guerra Mundial llegó la euforia económica, tras las primeras incertidumbres que provocaron la suspensión de pagos del Crédito de la Unión Minera. Después, se inició un despegue espectacular, que duró hasta 1919. La neutralidad española permitía vender a los países beligerantes a los altos precios de guerra. Se dispararon los precios del hierro, en bruto o elaborado, al reclamarlo con urgencia las naciones en guerra. Las navieras vizcaínas conocieron un ascenso sin parangón, al multiplicarse el precio de los fletes. El aumento de los beneficios compensó con creces la pérdida de algunos buques, hundidos durante la contienda. Sus dividendos alcanzaron cifras fabulosas, sin que fuese excepcional el reparto de un 100% anual.

Semejante acumulación de capital, que se reprodujo a menor escala en banca, siderurgia y minería, provocó una nueva etapa inversora. La constitución de nuevas navieras fue constante desde 1915. También astilleros, bancos y siderurgias ampliaron sus capitales; aun sin crearse masivamente nuevas compañías nacieron algunas importantes sociedades, como la Babcok Wilcox, para la construcción de maquinaria, y la Siderúrgica del Mediterráneo, en Sagunto, creada por Sota.

En 1920 llegaron los tiempos difíciles, al caer los precios tras estabilizarse las naciones beligerantes. La industria vizcaína se resintió, pues las inversiones se habían acomodado a los altos precios bélicos. Los aranceles de 1922 y el intervencionismo de la Dictadura de Primo de Rivera permitieron a la economía vizcaína reanudar su progreso. La siderurgia resultó favorecida por la política de obras públicas. La banca, potenciada por las nuevas leyes bancarias, consolidó su presencia en los centros neurálgicos de España. Las inversiones eléctricas darían entonces sus frutos.

Paralelamente, Gipuzkoa se afirmaba durante el primer tercio del siglo como una economía industrial. Su proceso de modernización lo protagonizó una burguesía autóctona, capaz de impulsar un modelo de industrialización caracterizado por la dispersión geográfica, el protagonismo de una pequeña y mediana burguesía y la relativa diversificación industrial. Las papeleras y las metalurgias dinamizaron el crecimiento de Gipuzkoa, pero hubo también otros sectores: textil, pesquero, del mueble, de alimentación… La industria gipuzkoana se distribuyó en los distintos valles fluviales, en los del Deva, Urola y Oria, junto al triángulo descrito por Hernani, Pasajes e Irún.

En la nueva fase industrial de Gipuzkoa se mantuvieron los rasgos básicos que se apuntaban en el XIX. El sector papelero creció y se reestructuró al crearse La Papelera Española, que buscaba el monopolio e integró a algunas factorías gipuzkoanas. Pero fue el sector metalúrgico el que se afirmó como el más importante. En 1906 se constituyó ya la Unión Cerrajera, de Mondragón, por la fusión de Bergarajáuregui, Rezusta y Cía. y la Cerrajera Guipuzcoana. Y durante los años de la guerra mundial nacieron numerosas empresas en el sector. La mayoría eran de reducidas dimensiones. Muchas se creaban por la iniciativa de pequeños capitalistas vinculados anteriormente a la industria. Hubo también capitales exógenos, como los que impulsaron la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, instalada en Beasáin.

En esta renovación tuvo la primacía la industria armera, con centro en Eibar, privilegiada por la demanda bélica. Tras la guerra la producción de bicicletas y máquinas de coser sustituyó a veces a la de armas. Para afrontar la crisis, Alfa fue un primer ensayo de la fórmula de cooperativas.

A los avances económicos descritos acompañaron transformaciones sociales. El movimiento obrero se modernizó: a su anterior radicalismo sucedió la moderación; la negociación sustituyó al sistemático recurso a la huelga como medio de resolver los conflictos laborales.

Las tensiones internas derivadas del fracaso de la huelga general de 1911 favorecieron el cambio de estrategia sindical. Comenzaba una nueva etapa: en la cúpula socialista vizcaína Indalecio Prieto sustituía a Facundo Perezagua; ganaban posiciones los partidarios de reforzar el juego político, contra la anterior postura, de lucha y enfrentamientos sindicales directos con la patronal; y se consolidó el pacto electoral de 1909 con los republicanos. La actividad sindical se moderó, buscando mejoras laborales concretas, con una táctica que combinaba negociación y huelga. A las huelgas generales sustituyeron los conflictos puntuales en empresas o ramos de industria.

A su vez, los sindicatos se reorganizaron, agrupando a los obreros de un mismo oficio en distintas localidades, frente a las antiguas agrupaciones locales por gremios. Se crearon las cajas únicas. El fortalecimiento de los sindicatos, con más servicios asistenciales, y el nuevo rumbo moderado hicieron que, tras el bache de 1911, aumentase la afiliación.

En los años de la Guerra Mundial se produjo una aguda crisis social. Creció el número de obreros, pero descendió su nivel de vida, mientras el capital se enriquecía. Los precios subieron muy por delante de los sueldos. Los socialistas decidieron acentuar la lucha sindical. Junto a los anarquistas convocaron una huelga de 24 horas en diciembre de 1916 y una huelga revolucionaria en agosto de 1917, ambas generales.

La de 1916 tuvo enorme éxito en Bizkaia y Gipuzkoa. Desarrollo distinto fue el de la huelga del 17, peor organizada: socialistas y anarquistas acabaron formulando consignas diferentes. Los primeros (responsables de la huelga en el País Vasco, por el escaso peso anarquista) transformaron su inicial idea revolucionaria en una revuelta reivindicativa. En Bizkaia pararon unos 100.000 obreros, de forma pacífica. Aún así, actuó el ejército y hubo varios muertos. En Gipuzkoa y en Vitoria la huelga tuvo también fuerte eco, pero sin altercados.

Pese a la amplia respuesta, la huelga fracasó. Siguió la represión de los sindicatos, pero después su desarrollo fue favorecido por el deterioro de las condiciones de vida, la crisis política y la buena coyuntura empresarial. La UGT, en enero de 1917 con 4.600 afiliados en Bizkaia, llegaba a 18.000 en mayo de 1920; en Gipuzkoa superaba en 1920 los 5.000. El sindicato nacionalista arraigó en zonas como Bergara, Mondragón o Azpeitia. Los movimientos reivindicativos consiguieron sustanciales mejoras. Un hito lo constituyó en 1919 el logro de la jornada de 8 horas. Aumentó la conflictividad, pero las organizaciones socialistas no abandonaron la línea moderada. Al contrario: su auge reforzó su capacidad de presión y se mantuvo la táctica negociadora. Ningún conflicto tuvo carácter general.

La situación cambió en 1921, por la crisis. Los patronos no estaban dispuestos a concesiones, en un momento de escasos pedidos. Los salarios se negociaron a la baja, y a veces se fijó una jornada laboral mayor que la legal. Los sindicatos perdieron efectivos, por su menor capacidad de presión.

Algunos obreros se radicalizaron, descontentos con la moderación de la UGT; de forma aislada, hubo protestas violentas. El único sindicato cuya afiliación creció fue el anarquista: la CNT protagonizó conflictos laborales y a veces acciones terroristas de acción directa. Y los socialistas sufrieron la división de la III Internacional, partidaria de intensificar la acción revolucionaria. Conectaba con el socialismo vizcaíno tradicional, vinculado a Perezagua, que encabezó la escisión del Partido Comunista en 1921. Los comunistas permanecieron en la UGT: se recrudecieron las tensiones internas, con altercados por el control y orientación de las agrupaciones.

Campaña de Marruecos. Quintos alaveses. 1921-1922. Fot. T. Alfaro.

En conjunto los sindicatos se debilitaron. La mayoría de los conflictos terminaron en derrotas obreras, lo que a su vez les restó apoyos. Al llegar la Dictadura de Primo de Rivera, en 1923, vivían un profundo bache.

El golpe de Estado acabó con la Restauración, en abierta crisis desde 1917. El sistema tenía en el País Vasco una dinámica propia. En general se mantuvo el dominio caciquil de las elecciones, pero se dejó sentir la acción de socialistas, que aliados con los republicanos consiguieron el distrito de Bilbao, y nacionalistas, que alcanzaron sonados éxitos electorales. Y los liberales, al responder al nacionalismo, llegaron a formulaciones ideológicas inusuales en los grupos que tenían el poder durante la Restauración.

Algunos grupos propugnaban la profundización democrática. Los republicanos combatían por erradicar el caciquismo y por la enseñanza laica; se alió con el socialismo democrático, que compartía tales inquietudes. También el nacionalismo quería democratizar la política local. Y sufrió la tensión independentistas-autonomistas, apenas explicitada. El pragmatismo burgués del grupo encabezado por Sota, que no hablaba de independencia, tuvo frutos como la designación en 1907 de un alcalde de Bilbao nacionalista.

Fiesta de los somatenes en Álava.

Las disidencias nacionalistas se tradujeron en la prensa, en el enfrentamiento entre el moderado Euzkalduna y el independentista Aberri. En 1910 se produjo una efímera escisión en el PNV, la del grupo Askatasuna, aconfesional y republicano. Las tensiones se reprodujeron durante la I Guerra Mundial. La división entre aliadófilos, que se expresaban en el Euzkadi (el diario nacionalista desde 1913), y germanófilos, encabezados por Luis Arana, escondía diferencias más profundas. En la Asamblea General de 1916 triunfaron los moderados; se adoptó el nombre de Comunión Nacionalista Vasca, sustituyendo la idea de Comunión a la de Partido.

El Somatén y la Unión Patriótica fueron los instrumentos políticos con los que la Dictadura de Primo de Rivera quiso institucionalizarse. Foto E. Guinea.

El boom económico de los navieros durante la guerra mundial está, al parecer, en la raíz del éxito de la estrategia autonomista. Las elecciones provinciales de 1917 dieron a los nacionalistas el control de la Diputación de Bizkaia. Al año siguiente abandonaron su absentismo en las elecciones a Cortes. Se anunciaron como los políticos que terminarían con el caciquismo, si bien la presencia del nacionalista Ramón de la Sota Aburto al frente de la Diputación no garantizó la limpieza electoral. Los nacionalistas obtuvieron 5 de los 6 escaños de Bizkaia (el de Bilbao iba a manos de Prieto). En Gipuzkoa y Navarra conseguían sendos diputados. Se interrumpían décadas de dominio de la oligarquía liberal. Se imponía un nacionalismo moderado, que participaba en empresas culturales como la revista Hernies (se publicó entre 1917 y 1922). En ese ambiente se fundó en 1917 la Sociedad de Estudios Vascos, todo un movimiento de recuperación cultural.

En 1917 se produjo el primer intento de lograr un Estatuto de Autonomía. Tenía su precedente en 1906, cuando se negoció el Concierto Económico. La Liga foral autonomista de Gipuzkoa (con monárquicos, tradicionalistas y republicanos), secundada después por las otras dos provincias, planteó tal posibilidad, abandonada tras renovarse del Concierto.

El nacionalismo vasco, tras su victoria electoral de 1917, impulsó la demanda autonómica. Contó con amplias adhesiones, incluyendo la de Prieto, que arrastró al grupo socialista del Ayuntamiento de Bilbao. A iniciativa vizcaína las tres Diputaciones demandaron al Gobierno los fueros y, en su defecto, una autonomía radical, que incluyese la gestión provincial de los servicios públicos. Al Estado se reservarían Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, Aduanas, Correos y Telégrafos, Pesas y Medidas, Moneda y Deuda Pública. Se reivindicaba también el reconocimiento por las Cortes de «su personalidad como región». El Gobierno creó en 1918 una Comisión Extraparlamentaria para elaborar tal estatuto. El movimiento estatutista fracasó, al caer Romanones y subir al poder los conservadores en 1919.

Los éxitos nacionalistas de 1917-18 abrieron una nueva etapa, sobre todo en Bizkaia. Se caracterizó por la dialéctica vasquismo-españolismo: el enfrentamiento entre nacionalismos vasco y español condicionó la vida política de 1918 a 1923. Frente a la amenaza nacionalista, los monárquicos vizcaínos terminaron con sus diferencias. En 1919 constituyeron la Liga de Acción Monárquica, que defendía una concepción unitaria de España. En el campo españolista militaban también los socialistas, cuya concepción, sin embargo, distaba del patriotismo de las derechas: en 1918 el PSOE había incluido en su programa el reconocimiento de las nacionalidades. Con todo, las buenas relaciones de la oligarquía con el socialista Prieto daban pie a expresiones del Euzkadi, como la de que «el españolismo es Prieto».

En las elecciones de 1920, pasadas ya las euforias navieras, la Comunión Nacionalista perdía sus diputados. Sus dirigentes hubieron de enfrentarse a los independentistas, que les acusaban de falsear el nacionalismo. Estalló así la escisión del grupo Aberri (el nombre del periódico que expresaba esta crítica). Expulsado en 1921, retomó el nombre departido nacionalista vasco y se declaró heredero de la doctrina sabiniana.

En septiembre de 1923 el golpe de Estado de Primo de Rivera puso fin a la Restauración. En general fue recibido sin hostilidad: muchos vieron en la Dictadura un período excepcional que sanearía la vida política. En el País Vasco algunos grupos burgueses colaboraron con la dictadura, como los mauristas, que enarbolaban la idea regeneracionista de la «revolución desde arriba» de Antonio Maura. También lo hicieron muchos carlistas.

En septiembre de 1923 el golpe de estado de Primo de Rivera puso fin ala Restauración. En el País Vasco algunos burgueses, como los mauristas, colaboraron con la Dictadura.

Los primeros propósitos descentralizadores, de inspiración maurista, animaron a la Diputación de Gipuzkoa a solicitar del Directorio Militar la reintegración foral, el servicio militar autónomo y el apoyo para el euskera. La Diputación vizcaína, en la que abundaban miembros de la Liga Monárquica, tacharon la idea de inoportuna, por fomentar el separatismo. La derecha vizcaína, antes liberal fuerista, había asumido posturas centralistas.

Queriendo institucionalizarse la Dictadura creó la Unión Patriótica, un partido gubernamental que tuvo implantación en el País Vasco. No se toleraron otros partidos. Si las actividades sindicales y culturales. Gibel egiak ekatxari (da la espalda a la tormenta): tal fue el lema que recomendó el Euzkadi. Impedidas sus actividades políticas, el nacionalismo se volcó en empresas culturales. Creó una liturgia de símbolos que definían su concepto del «ser vasco». En 1927 celebró en Mondragón el día del euzkera, una movilización en defensa del idioma y una nueva línea de acción propagandística. El clero joven se convertiría, a su vez, en uno de los difusores del nacionalismo. Y recibió gran impulso su organización de montañeros, los mendigoizales, para mantener unida a sus juventudes.

Con algunas excepciones, los socialistas vascos colaboraron con la Dictadura, siguiendo la orientación del PSOE y UGT. Su política laboral de compromiso levantó críticas de otros grupos obreros. Así, si en los últimos años aumentó la sindicación, la UGT perdió posiciones relativas, en beneficio de anarquistas y, sobre todo, nacionalistas: Solidaridad de Obreros Vascos optó por una política reformista, pero sin comprometerse con la dictadura. A partir de 1927 las primeras huelgas mineras pedían aumentos salariales. No se sumaron los socialistas. En 1928 Solidaridad promovía con los Sindicatos Católicos un frente único contra la UGT en las elecciones metalúrgicas a los comités paritarios y denunciaba el «injusto monopolio socialista» de estos órganos de arbitraje, auspiciados por el Dictador.

El crecimiento económico de los años veinte —ensombrecidos en el País Vasco sólo por la quiebra en 1925 del Crédito de la Unión Minera, cuyo hondo impacto se resolvió al negociarse el nuevo Concierto— permitió a Primo de Rivera gobernar sin oposición, pero a partir de 1928 la peseta se desplomó. Se incrementó la agitación contra el régimen. Creció la subversión estudiantil y la oposición intelectual que encabezaba Unamuno, desde el primer momento contrario a la dictadura. Los socialistas, a inspiración de Prieto, optaron por aliarse con los republicanos. En enero de 1930 Alfonso XIII despidió a Primo de Rivera. Pensaba que así salvaba a la Corona. En realidad perdía su último apoyo, tras su compromiso con la dictadura.

La II República

Siguió, en 1930, una amplia movilización popular. La conflictividad laboral alcanzó los altos niveles de 1919-20. La agitación, síntoma de la descomposición del régimen monárquico, afianzó a la oposición republicana. En agosto de 1930 se llegó al Pacto de San Sebastián, que proyectó una república democrática, la elección de Cortes Constituyentes, la plena libertad religiosa y política y la elaboración de estatutos de autonomía. Participaron grupos republicanos y los nacionalistas catalanes, así como el socialista Indalecio Prieto, a título personal. No acudió el nacionalismo vasco, reacio a aliarse con fuerzas republicanas a las que tachaba de anticlericales y radicales. Prieto y Fernando Sasiain, de Unión Republicana, lograron que se reconociese el derecho vasco a la autonomía, aun sin un compromiso autonómico expreso como con los catalanistas, por temor a que un nacionalismo reaccionario hiciese peligrar al futuro Estado republicano.

Manifestación en Vitoria. 1 de mayo de 1931. Foto E. Guinea.

El nacionalismo vasco estaba por entonces dividido en Comunión y el grupo Aberri. Las nuevas oportunidades políticas que se abrían animaron a acabar con las disensiones. En noviembre de 1930 se celebró en Bergara una asamblea de reunificación, en la que se volvió al nombre de Partido Nacionalista Vasco. La unidad no duró mucho. Al de dos semanas surgía una nueva escisión, la de Acción Nacionalista Vasca. Quería modernizar el nacionalismo con criterios democráticos y prestar más atención al problema social. No sostenía un planteamiento anticlerical, pero sí la tesis de la no confesionalidad. Fue, durante la República, un pequeño partido, sin grandes adhesiones populares: su idea de secularizar al nacionalismo levantó recelos entre el clero, con un papel de primer orden en la movilización nacionalista.

Proclamación de la república. Vitoria, 1931. Foto E. Guinea.

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales, con las que el Gobierno quería iniciar la vuelta a la normalidad política. En las principales ciudades, donde las elecciones no estaban manipuladas, triunfaron las fuerzas republicanas. En las tres capitales vascas ganaron los republicano-socialistas. En Álava y Gipuzkoa (no en Bizkaia) los concejales monárquicos eran mayoría, por el peso de los municipios pequeños, donde persistían los tradicionales vicios electorales, pero quedaba claro que la opinión pública rechazaba la monarquía. Eibar fue la primera localidad en proclamar la república el 14 de abril, anticipándose a Barcelona y Madrid.

Los años de la II República (1931-36) estuvieron condicionados por una profunda crisis económica, con la caída de la producción a partir de 1930. Por ejemplo, el hierro elaborado en Bizkaia bajó un 37% entre 1929 y 1931. Era la manifestación local de la crisis del 29. La Bolsa se resintió en 1931, al alterarse las condiciones políticas y sociales. El Banco de Bilbao cotizaba a 435 a fines de 1930 y a 200 un año después. La Basconia bajaba de 248 a 135. Antes, hubo cierta resistencia a la crisis, por el relativo aislamiento de la economía española, que, por lo mismo, era mucho más vulnerable a las convulsiones internas. El descenso continuó hasta que hacia 1935 se inició una leve recuperación. Hubo un fuerte aumento del desempleo: ya en 1932 se contabilizaban en Bizkaia 25.600 parados.

Las organizaciones obreras, beneficiadas por el cambio de régimen, crecieron espectacularmente. Los sindicatos socialista y nacionalista superaron los 30.000 afiliados. Pero durante el bienio progresista 1931-33 descendió la conflictividad laboral, por la crisis y por las políticas sindicales. La UGT buscaba que se desarrollase la legislación progresista del socialista Largo Caballero y Solidaridad se desplazó hacia la reivindicación autonomista. Sólo anarquistas y comunistas, opuestos a una república que calificaban de burguesa, se alejaron de entendimientos con la patronal.

La República constituía la gran oportunidad de llegar a la autonomía. El PNV impulsó un movimiento de alcaldes para prepararla. La izquierda, que mantenía su postura autonomista pero que anteponía el asentamiento de la república a cualquier demanda, se vio desbordada por la iniciativa. El proyecto de Estatuto, redactado por la Sociedad de Estudios Vascos, quería armonizar la tradición foral y la creación de instituciones comunes para el País Vasco. Sufrió cambios tras su entrega a los Ayuntamientos. El más significativo reservaba al Estado vasco la facultad de negociar concordatos con la Santa Sede. Las fuerzas confesionales empezaron a ver en el Estatuto la posibilidad de aislar al País Vasco de la política laica de la República. «El alma del Estatuto de Estella es la libertad religiosa del pueblo vasco»: así opinaba el beligerante catolicismo de La Gaceta del Norte.

El Estatuto de Autonomía fue suscrito en Estella por 427 alcaldes (de un total de 548), pero no estuvieron representados las más importantes y pobladas ciudades vascas, cuyos alcaldes planteaban el autogobierno desde principios más laicos y democráticos. De «Gibraltar vaticanista» calificó Indalecio Prieto al País Vasco que el estatuto de Estella configuraba.

En las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 triunfó la coalición que formaron PNV, tradicionalistas y católicos independientes, comprometidos en la defensa de la Iglesia y del estatuto de Estella. Sólo en el distrito de Bizkaia-Capital triunfó la coalición republicano-socialista. La alianza estatutaria obtuvo 15 de los 24 diputados que elegía el País Vasco con Navarra. En las Cortes formaron la Minoría Vasco-navarra. No tuvieron éxito. Republicanos y socialistas, mayoritarios, impusieron su criterio, alejado de planteamientos conservadores. Al aprobarse en octubre de 1931 la separación de Iglesia y Estado, la minoría vasco-navarra se retiró de las Cortes. Al tiempo, diversas medidas del Gobierno Provisional levantaron en el País Vasco la oposición religiosa. El Gobierno llegó a cerrar periódicos, suspender manifestaciones contra la República y a incautar fábricas de armas en Gernika y Eibar, por temor a una sublevación.

En el nuevo sistema constitucional no tenía cabida el Estatuto de Estella, con su carga religiosa. Pero, aunque la Minoría Vasconavarra se negó en diciembre a aprobar la Constitución, los nacionalistas pronto la consideraron un cauce válido para sus reivindicaciones autonómicas. Un decreto fijó a fines de 1931 el procedimiento para elaborar los Estatutos. Las Comisiones Gestoras de las Diputaciones (las designaba el Gobierno, pues no hubo elecciones provinciales, por los que republicanos y socialistas tendrían la iniciativa) elaboraría el anteproyecto. Tendrían que aprobarlo después los Ayuntamientos y, antes de pasar a las Cortes, un referéndum.

El nacionalismo vasco vivía un momento de intensa efervescencia. En 1932 celebraba el primer Aberri Eguna. Eligió el domingo de Resurrección, pues el nacionalismo, impregnado de religiosidad, emparentaba la resurrección de Cristo con lo que para el País Vasco suponía la aparición del nacionalismo. Se planteó como homenaje a Sabino Arana y conmemoración de los 50 años del nacionalismo, cuya primera inspiración, según escribió Sabino, le llegó en 1882. Fue el mayor acto de masas hasta entonces afrontado por este movimiento. Acudieron, se calculó, 65.000 personas.

Aberri Eguna de 1934. Instituido en 1932 por el Partido Nacionalista Vasco como Dia de la Patria, desde esta fecha, el domingo de Resurrección fue una jornada de afirmación nacionalista. Foto E. Guinea.

La autonomía no debía sacrificarse a posturas religiosas ni al rechazo a la izquierda: tal fue el planteamiento de la nueva generación nacionalista que encabezaba Aguirre y asumía valores democráticos modernos, de inspiración cristiana. Era un viraje decisivo en la trayectoria nacionalista.

La Asamblea celebrada en Pamplona en junio de 1932 para aprobar el proyecto de Estatuto provocó la salida de Navarra: los municipios navarros que se opusieron superaron a los que lo aprobaron. Los tradicionalistas, mayoritarios en Navarra, no querían participar en una autonomía sin impronta religiosa. Tras la defección navarra hubo de reiniciarse el proceso. De momento se frustraba la esperanza de que entrase en vigor un estatuto vasco, mientras a fines de 1932 se aprobaba el catalán, en la reacción parlamentaria que siguió al fracasado golpe de Estado del general Sanjurjo.

El primer equipo Athletic de Bilbao, hacia 1900. El club se había fundado en 1898 y se convirtió pronto en uno de los símbolos de la villa. Circa 1900. Foto Manuel Torcia «Lux».

Los gigantes y cabezudos constituían, junto al Gargantúa, los emblemas festivos de Bilbao. Tenían su personalidad propia, y los presidían don Terencio y doña Tomasa. Formaban parte del grupo, también, los turcos, los arratianos… Circa 1930. Fot. Manuel Torcida «Lux».

Este referéndum cerró en el País Vasco el bienio reformista 1931-33, en el que el gobierno presidido por Azaña había intentado crear un Estado democrático, con mayor justicia social y autonomías regionales, contra la oposición de las derechas. El 19 de noviembre de 1933 se celebraron nuevas elecciones. Los partidos acudieron sin alianzas. En Navarra ganaron las derechas, mientras el PNV se benefició en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava del voto católico y del temor a la izquierda: obtuvo 12 de los 17 diputados de las tres provincias, el mayor éxito electoral de su historia; la izquierda sólo conseguía 2 (por Bizkaia-Capital) y la derecha 3. Pero la autonomía se frustró en las Cortes: la mayoría, de centro-derecha, era menos sensibles al autogobierno que los partidos que dominaron en el bienio anterior.

Primer aniversario de la proclamación de la República. Vitoria, 1932. Fotografía Yanguas.

El nuevo proyecto de Estatuto, ya sin Navarra, lo aprobaron los alcaldes en agosto de 1933. Después, en noviembre, se realizó el referéndum. Seguido con menor entusiasmo por republicanos y socialistas, el PNV desarrolló una amplia campaña de apoyo, que le enfrentó con las fuerzas políticas ultracatólicas. Estas alegaban que no se podía refrendar el Estatuto, pues equivaldría a legitimar un régimen antirreligioso. Tuvo importancia por ello la postura del obispo, requerido por los nacionalistas. Afirmó Mateo Múgica que eran compatibles el voto autonómico y la oposición al anticlericalismo. La votación a favor del Estatuto fue mayoritaria en Bizkaia y Gipuzkoa y menos contundente en Álava, donde el ejemplo del Obispo, votando a primeras horas, animó a muchos electores indecisos.

La definitiva ruptura del PNV con las autoritarias mayorías católicas se produjo al aprobar las Cortes una desgravación fiscal para el vino. La medida exigía aumentar otros impuestos para compensar los menores ingresos y vulneraba el Concierto Económico, por el que las Diputaciones tenían autonomía fiscal. La aplicación del Estatuto del vino por las Gestoras, de designación gubernamental, enconó el conflicto. Monárquicos, tradicionalistas, republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas apoyaron las reclamaciones municipales de elecciones para designar las Diputaciones. Al radicalizarse el movimiento las derechas lo abandonaron. La movilización, que no consiguió sus objetivos, fue reprimida por el Gobierno.

Los socialistas habían derivado en 1933 hacia posturas radicales, conforme la derecha bloqueaba las reformas. Tras su derrota electoral el proceso se precipitó: se propusieron alianzas con otros partidos obreros, para dar una respuesta revolucionaria a la derecha. Los socialistas vascos buscaron converger con los comunistas. Paralizaron el proceso las direcciones nacionales de PSOE y UGT, que temían perder el control, pero en 1934 fueron frecuentes en el País Vasco las acciones conjuntas. La patronal vasca, en la misma línea que el empresariado español, urgía a enmendar la política social del primer bienio, en su opinión obrerista en exceso. Varias organizaciones patronales vascas entraron en la Unión Nacional Económica.

El temor a que la CEDA accediese al gobierno estuvo en el origen de la revolución de octubre de 1934, una huelga general revolucionaria que alcanzó envergadura en Asturias, Cataluña y el País Vasco. En las provincias vascas el paro fue unánime y hubo enfrentamientos sangrientos con la Guardia Civil y el Ejército.

Cuando entraba en acción, la Guardia Civil recurría frecuentemente a las ametralladoras. George Soria, Guerra y revolución en España

Con algunas excepciones, la Iglesia se inclino por los partidos de derechas, pero una parte del clero vasco lo hizo por el nacionalismo y los catalanes por la Lliga.

Numerosos alcaldes y concejales fueron condenados por abandonar sus funciones, y las cárceles se llenaron de socialistas y comunistas, acusados de alzarse en armas contra el Gobierno. Hubo también condenas para solidarios, pues con frecuencia participaron en los movimientos revolucionarios, pese a la orden de abstención dada por el PNV.

Desde octubre del 34 hasta febrero de 1936 el movimiento obrero languideció, por la represión. En este período se abrió una escisión profunda en el socialismo, entre la tendencia reformista y la vía revolucionaria que defendía Largo Caballero. Los socialistas vascos, con excepción de las Juventudes, se alinearon con Prieto, líder del socialismo moderado.

El segundo bienio, contrarrevolucionario, concluyó en las elecciones del 12 de febrero de 1936. La izquierda formó el Frente Popular, que incluía republicanos, socialistas y comunistas y en el que participó ANV. Su programa ofrecía la amnistía para los presos de octubre y la reanudación de la política democrática de 1931-33; en el País Vasco se incluyó el Estatuto. La derecha no consiguió formar una coalición. Las elecciones dieron la victoria al Frente Popular, cuya representación en Cortes fue mayor que la de los votos, gracias al sistema electoral que favorecía a las coaliciones. En el País Vasco el gran perdedor fue el PNV, que bajó 5 diputados: obtuvo 7, igual que el Frente Popular. Los nacionalistas perdían su clientela más conservadora, retraída por su viraje del segundo bienio republicano.

Tras el triunfo del Frente Popular, mientras las derechas conspiraban contra la República, las izquierdas preparaban, bajo la dirección de Prieto, el Estatuto vasco que garantizase la fidelidad nacionalista al régimen. La radicalización izquierdista de la primavera de 1936 tuvo su reflejo en el País Vasco. Masivas concentraciones acogieron la excarcelación de los presos políticos y a las autoridades de elección popular, repuestas en los ayuntamientos. Proliferaron huelgas en una proporción inusitada. La radicalización apartaba al nacionalismo de la política republicana, pero esto no implicó que apoyase la insurrección militar. Hubo al parecer contactos entre nacionalistas y quienes preparaban la rebelión, pero se impuso la línea que exponía Aguirre en junio de 1936. Reconocía la preocupación nacionalista por la escalada izquierdista: «pero sublevarse, jamás».

La Guerra Civil

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936, largamente preparado, fracasó en los centros neurálgicos de la República y se transformó en guerra civil. Como en el resto de España, en el País Vasco se produjo el enfrentamiento de la población, adscrita a los bandos beligerantes.

La revolución en marcha. Para parte de la izquierda, la República significaba una oportunidad revolucionaria, pero subsistía el temor a la reacción de la derecha (que se reveló en el fracasado golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932).

En julio del 36 los insurrectos triunfaron en Navarra y Álava, donde el carlismo aseguró su éxito. Al parecer, Mola, director de la conspiración, suponía que el PNV no se uniría al Frente Popular para defender la República, y que con su neutralidad la rebelión ganaría en Gipuzkoa y Bizkaia. Erró en el cálculo. En Gipuzkoa milicianos socialistas y anarquistas sofocaron la insurrección de militares del cuartel de Loyola y de falangistas y tradicionalistas. El nacionalismo, a iniciativa de Irujo, se posicionó por la República. En Bilbao las autoridades abortaron los conatos de sublevación. El PNV vizcaíno llamó a defender la legalidad, vencidas las resistencias de quienes querían mantenerse al margen del conflicto. Gipuzkoa y Bizkaia quedaban fieles a la República y su territorio aislado del Gobierno legítimo.

En Gipuzkoa se fragmentó el poder político, con menoscabo de la eficacia. Se formaron tres Juntas de Defensa. La de San Sebastián, con tensiones entre anarquistas y nacionalistas, la formaban los partidos del Frente Popular, la CNT y el PNV. La de Azpeitia, presidida por Irujo, tenía impronta nacionalista; y la de Eibar, socialista.

Columnas de soldados y requetés avanzaron en julio desde Navarra por el Bidasoa, Urumea y Oria, llegando a Oyarzun, Beasáin y Tolosa. El 26 de agosto comenzó la ofensiva contra Irún, pues los sublevados querían cortar la comunicación republicana con Francia. La superior capacidad de ataque de los insurrectos, con intensa preparación artillero y apoyo de la aviación, fue decisiva. El 5 de septiembre tomaron Irún, que antes fue incendiado por sus defensores anarquistas. San Sebastián quedaba sin posibilidades de defensa: así lo estimaron las organizaciones del Frente Popular y el PNV, contra el criterio de la CNT. Abandonada la capital, los nacionales llegaron al Deva, donde los republicanos consiguieron frenarles. El frente se estabilizó. Unas 50.000 personas huyeron a Bizkaia. La represión franquista incluyó la ejecución de 14 sacerdotes, pese a que la rebelión decía defender la religión.

San Sebastián, 1936. Voluntarios republicanos, con las escasas armas conseguidas.

El triunfo de la intolerancia. Las tropas liberadoras destrozan los signos de los partidos democráticos. Ha llegado la dictadura. San Sebastián. 1936.

Bilbao frente a las tropas franquistas. Una barricada en la calle Buenos Aires levantada en 1936. Foto Manuel Torcida «Lux».

En Bizkaia, donde la situación se había estabilizado, se formó en agosto una Junta de Defensa presidida por el gobernador civil y compuesta por todos los grupos que defendían la República, incluida la CNT.

Mientras Bilbao era bombardeado y miles de niños evacuados hacia Inglaterra, Bélgica y la Unión Soviética, se iniciaron los contactos políticos que llevaron a la aprobación del Estatuto de Autonomía el 1 de octubre. Largo Caballero conseguía así que el PNV colaborase en su Gobierno Nacional, en el que figuró el nacionalista Irujo como ministro. J. Antonio Aguirre fue elegido presidente del Gobierno Vasco el día 7, en una casi unánime votación de los alcaldes y concejales vizcaínos y de algunos ayuntamientos gipuzkoanos. Los resultados de las elecciones de febrero no justificaban tal preeminencia, pero para asegurar la adhesión republicana del PNV se primó su presencia política en el País Vasco.

Bilbao. 1937. Blindado ligero entrando en Bilbao. Comenzaba una nueva etapa histórica construida sobre una victoria militar. Foto Manuel Fernández «Cecilio».

Requetés en el Palacio del Obispo agrupados para recibir la bendición antes de salir para Somosierra. Vitoria, 10 de agosto de 1937. Foto E. Yanguas.

En los primeros meses las autoridades militares llevaron la dirección de la guerra. El Gobierno creó el Hospital Central Militar, el Voluntariado de Mar y la Escuela Militar de Euzkadi, y estructuró a un Ejército formado espontáneamente por partidos y sindicatos. Además, se militarizaron empresas de utilidad bélica. A partir de abril, en plena ofensiva franquista, se consagró la dependencia gubernamental del Ejército. El 9 de mayo el propio Aguirre asumió el mando militar. El Ejército Vasco se organizó en difíciles condiciones, por la falta de armamento y de oficiales profesionales. Su inferioridad técnica se hizo patente en la única ofensiva vasca de la guerra. Fue en noviembre de 1936, cuando el mando republicano pensó que un ataque desde Bizkaia aliviaría la presión sobre la capital de España. La ofensiva de Villarreal de Álava duró doce días. El Ejército Vasco no logró su objetivo, pese a la débil cobertura de las tropas de Mola.

Por Dios, por la Patria y el Rey lucharon nuestros padres. Por Dios, por la Patria y el Rey lucharemos nosotros también…

El Ejército franquista en Bilbao. Con la entrada en Bilbao de las tropas «nacionales», el 19 de julio de 1937, terminaba la resistencia armada de la República en el País Vasco. Foto Manuel Fernández «Cecilio».

En marzo de 1937 Franco, tras fracasar su ataque a Madrid, impuso la estrategia de avanzar pedazo a pedazo. Concentró el potencial bélico para acabar con el frente del Norte. Buscaba conquistar las decisivas materias primas e industrias de Bizkaia y de Asturias. La ofensiva empezó en el País Vasco, el 31 de marzo. Los bombardeos aéreos en masa, realizados con ayuda de la aviación alemana y facilitados por la carencia de aviones del Gobierno Vasco, preparaban el avance de las tropas y perseguían desmoralizar a la población. Ochandiano, Eibar, Durango y Gernika sufrieron atroces bombardeos. Aun así, el avance fue lento, por la enconada resistencia. La destrucción de Gernika pasó a ser símbolo universal del horror de la guerra. El gobierno franquista prefirió negar su autoría a asumir la responsabilidad.

Compusieron el Gobierno miembros del PNV, PSOE, Unión Republicana, Izquierda Republicana, ANV y PCE. La mayoría formaba parte del Frente Popular, pero la hegemonía correspondía al PNV. Tenía la Presidencia, era el partido con más carteras, y sus áreas de poder le reservaban la toma de las decisiones más importantes, tales como la Defensa y el mantenimiento del orden. Pero se establecieron directrices comunes, con un grado de consenso al parecer muy alto, pese a formar el Gobierno seis partidos distintos.

La acción gubernamental buscó afirmar el autogobierno, con medidas como la emisión de moneda o la subordinación del Ejército al Gobierno. Justificadas por el aislamiento del País Vasco, expresaban la voluntad nacionalista de representar a la soberanía vasca. Se desarrolló, además, una política de orden, con el mantenimiento de la libertad religiosa y del orden social. No hubo cambios revolucionarios en el sistema económico, tan frecuentes en la España republicana. Las incautaciones sólo afectaban a quienes se probase la colaboración con los sublevados.

Más de una generación fue educada con estos libros que ensalzaban las virtudes de la «Raza Española» y añoraban el «Imperio».

Desfile de falangistas. San Sebastián, 1936.

A comienzos de junio la aviación atacó el Cinturón Defensivo de Bilbao, aún sin terminar, cuyos puntos débiles conocían los insurrectos por los informes del ingeniero Goicoechea, que se pasó al bando nacional. Roto el Cinturón de Hierro y superada la resistencia de Archanda, las brigadas navarras se apoderaron de Bilbao el día 19. En la retirada no se destruyeron las fábricas, sólo se volaron los puentes para dificultar el paso al enemigo.

El Ejército Vasco se replegó sobre Santander, pero los nacionalistas, perdida Euskadi, no parecían dispuestos a seguir el combate por la República. De sus negociaciones secretas con los italianos saldría el Pacto de Santoña. El 25 de agosto los batallones nacionalistas se entregaron a las tropas de Mussolini. Unos días después pasaban a ser prisioneros de los nacionales.

X. EL FRANQUISMO

La ocupación franquista abrió una nueva etapa de la historia del País Vasco. Duró casi cuarenta años. El régimen dictatorial construyó un Nuevo Estado de características totalitarias, en el que no cabía el pluralismo político. Imponía una única visión de España, uniformista: pocos días después de tomar Bilbao un decreto suprimió los Conciertos Económicos de Bizkaia y Gipuzkoa, como castigo a su posicionamiento republicano, alegando que habían «correspondido con la traición» y realizado «la más torpe política antiespañola». Quería aniquilarse cualquier valor distinto a la «unidad de destino» o a la «vocación de Imperio» con los que se identificaba a España.

En 1937 proseguía la guerra, fuera de las provincias vascas. Miles de vascos combatieron en ambos bandos hasta acabar la contienda en 1939. En el republicano, quienes seguían defendiendo la legalidad constitucional. En el sublevado, además de los partícipes de la rebelión, antiguos gudaris incorporados a la fuerza. Varios miles de vascos marcharon al exilio.

El gobierno personal de Franco se institucionalizó en abril de 1937. Un decreto unió en una misma organización a carlistas, Falange y monárquicos independientes. La Falange Tradicionalista y las JONS, el Movimiento Nacional, fue la base política de un régimen autoritario que diluyó las señas de identidad de sus componentes, si bien echó mano, según las circunstancias, de mensajes tradicionalistas, del fascismo de la Falange o del nacionalcatolicismo, que sirvió para legitimarlo desde que el episcopado bautizó como Cruzada la sublevación. El Nuevo Estado se construyó sobre la represión de los vencidos y con la hegemonía política de carlistas, falangistas y la derecha tradicional. La gran burguesía, que colaboró activamente en la victoria franquista, coparía el poder local, y no faltaron miembros de este grupo en la cúpula del Estado.

La industria vizcaína, prácticamente intacta, se puso al servicio de las necesidades del ejército franquista. Las fábricas de utilidad bélica contribuyeron decisivamente a inclinar la balanza militar del lado nacional, que se dotaba de mayor potencia industrial que sus oponentes. Los empresarios recuperaron sus empresas. Y el Fuero del Trabajo definió en 1938 las relaciones laborales del período franquista. Prohibía toda actividad sindical independiente. La Falange obtuvo el control de la única organización sindical, vertical, de adscripción obligatoria para empresarios y obreros.

La autarquía

El ideario fascista aspiraba a la autarquía, una economía basada estrictamente en los recursos nacionales. Pero al margen de estas formulaciones la II Guerra Mundial, con las potencias industriales implicadas en la contienda, obligó a que se intentase desarrollarla. Después, durante la postguerra, siguieron los métodos autárquicos, por el aislamiento español. La búsqueda del autoabastecimiento era forzosa. Ante la escasez, se introdujo el racionamiento. Como consecuencia, surgió un amplio mercado negro y la corrupción administrativa, con graves repercusiones sociales.

Se deterioró el nivel de vida de la población. En el País Vasco, y en general España, el hambre se convirtió en una amenaza real para amplios sectores sociales.

Los niveles de ingresos se ajustaron a límites desconocidos en más de tres generaciones. Diversas noticias indican que en las ciudades el estraperlo proporcionaba un porcentaje de subsistencias a veces superior al 50%. La existencia de un doble mercado, junto al retroceso de la producción agraria, desestructuró la economía. En las ciudades las subsistencias llegaban a venderse a precios 10 veces superiores al oficial. Por ejemplo, en Bilbao el precio del pan en el mercado negro llegó a ser en 1942 casi 13 veces superior al precio del mercado oficial (1,4 ptas., frente a 18 ptas.); el año anterior, el litro de aceite valía en el mercado oficial 4,25 ptas.; en el mercado negro, 55. Los ejemplos podrían multiplicarse.

Hasta 1950 el crecimiento de los precios fue vertiginoso, con un salto espectacular en 1945 y 1946, cuando se produjo una auténtica crisis de subsistencias, la más grave del siglo, con una brusca elevación de precios y un deterioro del mercado que no tiene parangón, ni siquiera en los años de la guerra. En diciembre de 1946 la vida era, conforme a los precios oficiales, casi un 50% más cara que dos años antes. La situación era más dramática medida en los términos del mercado negro. Posiblemente en 1946 se redujo el poder adquisitivo de los trabajadores en torno al 40%, mientras el año anterior su capacidad adquisitiva se había meneado, cuando menos, el 30%.

Los salarios crecieron, pero no al mismo ritmo que los precios. Por ejemplo, se estima que el sueldo de un peón siderúrgico había subido en Bizkaia entre 1936 y 1947 tan sólo un 60%. A la par, el pan valía en el mercado oficial cuatro veces más que en 1936, 30 veces más en el mercado negro. En diez años el salario real se había reducido, probablemente, en torno al 80%. La dramática situación fue objeto de preocupación empresarial, pues llevaba a que disminuyese el rendimiento laboral, que, según fuentes empresariales «es, en general, inferior, al de tiempos normales». Las causas, se decía, «son, principalmente, dos: falta de personal suficientemente especializado y depauperización física del obrero por alimentación deficiente».

La crisis de la posguerra significó, paradójicamente, la oportunidad para espléndidos negocios. Lo permitía el estraperlo, pero incluso los dividendos empresariales subieron, pese a las restricciones en el abastecimiento de materias primas. Con todo, a finales de los años cuarenta, se reclamaba ya el final de la autarquía, una mayor apertura comercial.

Por entonces, el régimen se había institucionalizado. En 1945 se promulgaba el Fuero del Trabajo, cuando la derrota de las potencias fascistas exigía al régimen dotarse de una fachada de legalidad. Regulaba un sistema de derechos y obligaciones, pero otorgaba al Gobierno la facultad de suspender las garantías. En 1947 llegaba la Ley de Sucesión, refrendada plebiscitariamente tras una coactiva propaganda. Declaraba reino a España y facultaba la jefatura de Estado vitalicia del general Franco.

España estaba aislada políticamente, tras la derrota de Italia y Alemania, las potencias que habían apoyado la instauración franquista. Eso sí, el régimen mantuvo el control del orden interior, reprimiendo cualquier contestación. La cultura vasca fue objeto de sospecha, por no ajustarse a la versión oficial de España. Los partidos antifranquistas, con la dirección en el exilio, intentaron, con desigual fortuna, levantar estructuras en el interior. En las primeras organizaciones clandestinas del País Vasco, impulsadas por el PNV, colaboración los demás antifranquistas.

La oposición antifranquista

El nacionalismo vasco, como en general las organizaciones republicanas, confiaba en que tras la guerra los aliados acabasen con el régimen franquista. De ahí el creciente proamericanismo que encabezó José Antonio Aguirre. En este contexto se produjo la huelga de mayo de 1947, impulsada por Aguirre y preparada por diversos grupos antifranquistas, con las consignas del Consejo Vasco de la Resistencia, que integraba a todas las fuerzas políticas vascas. La huelga afectó a las grandes empresas vizcaínas y a algunas zonas gipuzkoanas. Hubo unos 30.000 huelguistas, una cifra sin precedentes desde la guerra, movilizados también por las crítica situación social. El régimen respondió despidiendo masivamente a los trabajadores y readmitiéndolos de forma controlada, con pérdida de derechos de antigüedad.

Pese a su éxito, la huelga del 47, que quería demostrar el descontento social ante el régimen, fue el canto del cisne de una época. La estrategia de la oposición, que confiaba en la actuación internacional para restaurar la democracia, quedó invalidada desde que comenzó en 1947 la guerra fría. Con ella desaparecían casi todas las posibilidades de que los países occidentales hicieran algo para derrocar a Franco. El boicot diplomático se relajaría en 1950, cuando la ONU canceló su resolución de 1946 de retirar los embajadores, pero ya antes se habían iniciado los contactos entre Estados Unidos y Franco, que dieron lugar en 1953 al acuerdo sobre bases militares.

El anticomunismo de los Estados Unidos abrió la puerta a un régimen que podía presumir de haber derrotado en su guerra a los comunistas. No tardaría mucho el reconocimiento norteamericano, y con él, el internacional.

Fracasó así la estrategia de la oposición. Sin margen de maniobra, el nacionalismo en el exilio siguió confiando en la ayuda americana. Medidas como la expulsión de los comunistas del Gobierno Vasco en el 48 querían adaptarse a la guerra fría, pero el gesto, similar a la evolución del PSOE, que también marginaba a los comunistas, era ya políticamente irrelevante. Los acuerdos entre Estados Unidos y el régimen diluían la estrategia del Gobierno Vasco y, en general, la de la oposición al franquismo.

El desarrollismo

Además, en los años cincuenta se producían decisivos cambios en el interior. Se abandonaba, por agotamiento, la vía autárquica. Los préstamos norteamericanos y cierta liberalización económica iniciaron el crecimiento de la producción. Las mejoras en los niveles de vida de los trabajadores eran aún escasas, pero se suprimió el racionamiento. Desaparecía también el mercado negro sobre productos agrícolas, aunque no el de productos industriales y materias primas. Persistía el proteccionismo a ultranza, y el crecimiento produjo graves desequilibrios, evidenciando la escasa capacidad española de importar bienes de equipo y productos energéticos. La inflación se disparó a partir de 1956. Las subidas de precios llegaron a crear una situación crítica. Así lo comprueba un informe secreto del Servicio de Información, de 1957. Desaconsejaba que se subiesen las tarifas ferroviarias de Bilbao-Santurce y Baracaldo-Somorrostro, pues, en opinión policial, «así lo recomiendan actualmente las circunstancias de carácter social». «En este clima de expectante pesimismo colectivo se dan a conocer otras nuevas tarifas, las de autobuses y trolebuses la situación se agrava, el clima se obscurece, el descontento y la desilusión aumenta… [Si RENFE sube los precios] se producirá el chispazo y sin que haya nada organizado políticamente podríamos encontrarnos, como protesta, con un paro absoluto, en principio de más de 50.000 productores de las principales factorías».

El crecimiento económico creó una nueva sociedad vasca: entre 1950 y 1975 la población casi se duplicó. Viviendas en construcción en la calle Rodríguez Arias. Bilbao, 1960.

Fue el momento del cambio económico. Con el Plan de Estabilización de 1959 se inició una nueva política, que buscaba el saneamiento económico y la apertura al comercio exterior. A partir de 1962 se pusieron en marcha los Planes de Desarrollo. Pretendían mantener un crecimiento del 6%, controlar la inflación y diversificar la geografía industrial. Coincidieron con una etapa internacional de expansión económica, que fue decisiva en el boom económico español. Se inició un período de rápido crecimiento.

Las provincias vascas no estaban entre las de «interés nacional» de los planes de desarrollo, pero recibieron intensamente la influencia del desarrollismo de los años sesenta. Las inversiones propagaron por todo el país las fábricas, que saturaron los valles de Bizkaia y Gipuzkoa y que afectaron a Álava, incorporada así a la sociedad industrial. Promovieron el desarrollo capitales locales y, también, el capital extranjero, que penetró en los sectores más competitivos, sobre todo en el químico. En Gipuzkoa se extendieron las cooperativas, un movimiento nacido en Mondragón, que generaría un importante núcleo de sociedades, estructurado en torno a la Caja Laboral Popular y dedicadas a diversos ramos de actividad, como fundiciones, forjas, bienes de equipo, bienes de consumo para el hogar…

La saturación industrial de las provincias costeras canalizó inversiones hacia Álava. En 1950 su actividad fabril se reducía a algunos pequeños establecimientos. Después se produjo una convulsión económica, con un rasgo singular, desconocido en los anteriores modelos industrializadores del País Vasco: la planificación del Ayuntamiento de Vitoria, que creó zonas industriales dotados de una infraestructura. Así, las industrias de Álava se concentraron sobre todo en torno a Vitoria, si bien su comarca del Nervión conoció también el influjo inmediato de la ría de Bilbao.

Todo el País Vasco se vio afectado por la onda expansiva que arrancó del Plan de Estabilización y llegó hasta 1973. Se creó una importante industria química, con centro en Bizkaia, donde se instalarían Sefanitro, Petronor, Dow-Unquinesa… Y continuó el desarrollo de la metalurgia, hegemónica incluso en Álava: en los años setenta aportaba el 40% de la oferta industrial vasca. Apenas se diversificaron las actividades industriales, pues siguieron mandando las tradicionales, sin decisivas innovaciones técnicas ni racionalización espacial. Se mantuvieron fuertes desequilibrios y al boom industrial no acompañaron avances significativos del sector servicios, revelando las insuficiencias del modelo desarrollista.

El crecimiento económico creó una nueva sociedad vasca: entre 1950 y 1975 la población casi se duplicó. La demografía había pasado los críticos decenios de 1930 a 1950 con un crecimiento moderado, mayor que la media española, pero inferior al de 1900-30: los casi 900.000 habitantes de 1930 eran 1.061.000 en 1950, aumentando el 7 y el 11% cada diez años. Después, se inició un boom inusitado, del 29% en los años cincuenta y del 37% en los sesenta. En 1975 el País Vasco tenía 2.070.000 habitantes. La inmigración resultó decisiva en el mantenimiento de la prosperidad industrial.

Franco, emulando a la familia real, pasaba largas temporadas en San Sebastián. Yate Azor. Franco recibe a Balduino y Fabiola de Bélgica. El escándalo en Bélgica por esta entrevista hizo cambiar de lugar de veraneo a la familia real belga para no coincidir con Franco. San Sebastián, 1961.

Foto de propaganda de ETA que mitifica su armamento. El «wazooka» es un trozo de cañería de aguas pluviales y la mira telescópica pertenece a un rifle de 12mm.

El boom demográfico iniciado en 1950 afectó a las tres provincias Bizkaia pasó en 25 años de 570.000 habitantes a 1.043.000, su población de 1975, creciendo el 102%. Gipuzkoa saltó de 364.000 a 682.000, un 82% más. Pero la principal novedad fue que Álava se incorporó a los avances de la población: sus 118.000 habitantes de 1950 se duplicaban en 1975, con 237.000. El despegue industrial de Álava provocó un hito demográfico sin precedentes: entre 1960 y 1970, en sólo diez años, creció el 47%. Tan espectacular boom supuso ante todo una fuerte concentración en Vitoria. En general, el rápido desarrollo demográfico generó concentraciones urbanas con graves taras de hacinamiento y precarias infraestructuras.

La prosperidad desarrollista acentuó un proceso iniciado en la postguerra, la acomodación de amplios sectores de la sociedad vasca al franquismo. Llámese indiferencia política o adaptación a las circunstancias, la apatía de la mayoría silenciosa ayudó a sostener el régimen. Hubo apoyos expresos al dictador, pero también la avenencia no explícita de quienes se enriquecían, de capas medias urbanas… Si bien la represión y el control de los medios de comunicación contribuyeron a la desmovilización, se dio también una adaptación al orden social del régimen, al margen de que los partidos antifranquistas justificaran sus fracasos por la actuación policial.

Las nuevas posiciones políticas

El crecimiento económico y los nacientes desequilibrios creaban nuevas condiciones sociales, para las que no siempre encontraron respuesta los partidos de la república, anclados en dinámicas que se quedaban desfasadas, con sentido en la postguerra, pero que no valían para las generaciones formadas durante el franquismo, cuyo nivel de vida mejoraba. Contribuyó a ello el exilio de sus dirigentes, con un conocimiento superficial de las nuevas realidades. Fue el caso de los socialistas, que permanecieron aferrados a los viejos esquemas, agudizándose la separación entre la militancia del interior y la dirección exterior. Sucedió lo mismo con los republicanos, casi sin presencia interior. Sí se adaptó a las nuevas circunstancias el Partido Comunista, cuya implantación comenzó a crecer.

Impulsó Comisiones Obreras, que participaría en las principales movilizaciones obreras yen 1966 asaltaría con éxito el sindicato vertical.

La evolución del nacionalismo fue más compleja. El PNV había subordinado su estrategia a una intervención exterior y relegado la creación de estructuras activas interiores, aunque no faltaron acciones que demostraban la existencia de una resistencia vasca. En este contexto surgió en 1959 un nuevo grupo nacionalista, Euskadi ta Askatasuna, ETA, que reclamaba mayor activismo. Se convertiría en el grupo antifranquista con más resonancia pública. Era una escisión de EGI del grupo Ekin, un movimiento nacido en 1952 que se integró en la organización juvenil del PNV y cuyas relaciones con la dirección del partido se habían hecho difíciles.

El PC, cuya implantación comenzó a crecer, impulsó Comisiones Obreras, que participarían en las principales movilizaciones obreras y en 1966 asaltarían con éxito el sindicato vertical. En la foto, Dolores Ibárruri.

Cruce de caminos. Manifestantes contra la muerte de un miembro de ETA se cruzan con un jeep del ejército con soldados de reemplazo.

ETA elaboró pronto una nueva estrategia, más activa que la del PNV, al tiempo que redescubría el nacionalismo sabiniano. A las pintadas y colocación de ikurriñas siguieron en 1961 los primeros explosivos y el intento fallido de descarrilar un tren de excombatientes franquistas. En los años siguientes comenzó a teorizar la vía guerrillera, bajo la seducción de los movimientos de liberación nacional de Cuba, Argelia e Israel. Hacia 1964, traduciendo el impacto de los cambios sociales, ETA se alejaba del nacionalismo tradicional, formulando un nacionalismo de los trabajadores.

En 1966 se celebró la V Asamblea de ETA. Triunfaron los partidarios de la lucha armada, que se definían como marxistas y abertzales radicales. Defendían un modelo tercermundista y estimaban que la liberación de los vascos exigía construir una sociedad socialista en Euskadi. Conforme al principio de la espiral acción represión acción se determinó acometer acciones armadas. ETA, definida como «movimiento vasco de liberación nacional», lanzaba la idea de un Frente Nacional, acorde con su concepción de Euskadi como colonia, e intentaba penetrar en el movimiento obrero. La muerte de Etxebarrieta en 1968 empujó definitivamente a ETA hacia la vía armada: replicó dando muerte al comisario de policía Melitón Manzanas.

Por entonces adquirían fuerza otras contestaciones al régimen. Aun siendo actitudes sectoriales, crearon, junto a ETA, una notable efervescencia política. Para el régimen resultó particularmente grave la evolución de la Iglesia vasca, pues la religión constituía una de sus bazas ideológicas. Parte del clero vasco, nacionalista, disentía de la jerarquía. 339 clérigos denunciaban en 1960 la «persecución de las características étnicas, lingüísticas y sociales» vascas. Pronto a las posiciones nacionalistas se sumaron las sociales, tras el giro de la Iglesia durante el papado de Juan XXIII. Las organizaciones cristianas de base (HOAC, JOC, HARC), con éxito en los barrios obreros, representaban la nueva actitud.

Al negarse la jerarquía al diálogo la contestación del clero vasco se convirtió en abierta oposición política antifranquista. Hubo sacerdotes que colaboraron en CCOO o que participaron en ETA. La tensión entre jerarquía y clero se reflejó en ocupaciones del obispado, detenciones, multas. Hasta se habilitó en 1968 una cárcel especial para religiosos, en Zamora. Hacia 1971 la jerarquía vasca adoptó una actitud más abierta. El nuevo obispo de Bilbao, Añoveros, protagonizaría en 1974 un sonado enfrentamiento con el régimen. Una homilía le valió la amenaza de expulsión, por atacar la unidad nacional.

La evolución obrera fue otra fisura del régimen. La conflictividad laboral se hizo crónica a medida que se consolidó el crecimiento económico. Nació un nuevo movimiento obrero, que creaba sus propias normas de actuación, adaptada a las condiciones de un régimen antidemocrático. Conforme a una ley de 1958 los salarios se fijaban con negociaciones dentro del Sindicato Vertical entre empresarios y trabajadores. A menudo los convenios colectivos aumentaban salarios a cambio de mayor productividad, situada en límites exhaustivos y conseguida sin modernizar equipos ya obsoletos. El procedimiento motivó plantes obreros. En 1962 estallaron múltiples huelgas, contestadas con despidos y el estado de excepción en Bizkaia y Gipuzkoa, además de en Asturias. Consiguieron romper la congelación salarial iniciada en 1957. Durante las huelgas comisiones de obreros cubrieron el vacío dejado por los sindicatos tradicionales.

El nuevo movimiento obrero se consolidó los años siguientes. La huelga de Bandas de Laminación de Echévarri de 1966-67, que duró 163 días, la más larga del franquismo, desató la declaración del estado de excepción y encarcelamientos y destierros. Entre 1967 y 1972 se contabilizaban más de mil huelgas en Gipuzkoa y Bizkaia y los trabajadores de Michelín consiguieron en el 72 extender su movimiento a toda Vitoria. La conflictividad se desbordó: hubo 300 huelgas en 1973 y más de 1.000 en 1974. Abundaron las huelgas con motivaciones políticas.

En diciembre de 1970 tuvo lugar el Proceso de Burgos. Un tribunal juzgó a 15 dirigentes de ETA. El Gobierno español quiso convertir el Consejo de Guerra en un escarmiento político. Resultó fatal para el régimen, por la movilización de la opinión pública mundial y la popularidad que adquirió ETA. En toda España se propagaron movilizaciones contra la represión franquista. La sentencia fue una severísima condena, con seis condenados a muerte. No se ejecutaron, ante la presión internacional y la contestación interior.

Pese a la escisión de ETA VI (que se fragmentaría en varios grupos izquierdistas), de 1972, quienes seguían fieles a la V Asamblea iniciaron un despegue espectacular, en activismo y en militancia. Concluyó esta fase en el asesinato de Carrero Blanco, presidente del Gobierno (diciembre de 1973). Se acercaba el final del régimen, y surgía la escisión entre ETA militar y ETA político-militar, que discrepaban sobre la función de la lucha armada y su articulación con la lucha popular. ETA-pm mantenía los esquemas insurreccionales, mientras ETA-m no consideraba conveniente, como grupo armado, participar en acciones de masas. En 1975 el Gobierno respondió a la intensa actividad de ambos grupos con un estado de excepción y la Ley Antiterrorista. En septiembre las movilizaciones no consiguieron salvar la vida de Paredes Manot (Txiki) y Angel Otaegui, fusilados el día 27. Dos meses después moría el dictador.

XI. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y LA AUTONOMÍA VASCA

La efervescencia política se intensificó en 1976, con conflictos como el que provocó la actuación policial en Vitoria-Gasteiz al reprimir una concentración obrera, con resultado de varios muertos. El impacto de la crisis económica internacional iniciada en 1973 coincidió con la transición. La agravaron factores locales, como el terrorismo, con acciones contra empresarios que desanimarían la inversión, o la lentitud con la que la afrontaron los partidos, por entonces más preocupados por cuestiones políticas que por encarar los problemas económicos, de difícil e impopular solución. Repercutió sobre todo en sectores tradicionales como el siderúrgico o el naval, bases de la industria vasca. Pronto comenzó la escalada del paro.

En diciembre de 1976 se aprobó en referéndum la Ley de Reforma Política. La apoyó casi la mitad del electorado vasco (el 49% del censo). Pese a las iniciales reticencias de la oposición antifranquista, que llamó a la abstención, condujo a las primeras elecciones democráticas, las de junio del 77. El partido más votado fue el PNV (281.000 votos, el 28% del total).

En la elaboración de la Constitución de 1978, basada en el consenso de los principales grupos políticos, colaboró el PNV, que finalmente decidió abstenerse, alegando que se ignoraban los derechos históricos del pueblo vasco. En el referéndum constitucional la abstención del País Vasco (56,2% en Gipuzkoa, 55,3% en Bizkaia y 45,8% en Álava) superó a la participación.

La Constitución diseñó un Estado de las Autonomías que permitió la promulgación del Estatuto de Gernika, llamado así por el lugar donde se aprobó el proyecto. Fue negociado por Suárez, presidente del Gobierno, y Garaikoetxea, líder del PNV y tras las elecciones de marzo de 1979 (en las que subió el PNV y bajaron UCD y PSOE) presidente del Consejo General Vasco que formaban los parlamentarios. El estatuto permitía un elevado autogobierno, con una autonomía financiada por los Conciertos Económicos, restablecidos para Bizkaia y Gipuzkoa en 1977. Navarra quedó fuera de la autonomía vasca: el escaso eco nacionalista en Navarra pesó en la decisión.

El Estatuto de Autonomía consiguió un consenso mayoritario. Fue aprobado en referéndum en octubre de 1979. Votó el 59,77% y en las tres provincias ganó el sí, en total un 90,3% de los votantes (el 54% del censo). Se opuso Herri Batasuna, la coalición formada en 1978 por grupos nacidos en el entorno de ETA-m, que mantuvieron su oposición al sistema. ETA-pm, por contra, propició la formación de Euskadiko Ezkerra y desapareció en 1981.

Las elecciones al primer Parlamento Vasco, en 1980, las ganó el PNV. Triunfó en las tres provincias, con 340.000 votos (el 36%). No obtenía la mayoría absoluta, pero podía gobernar en solitario, por el retraimiento parlamentario de HB. El PNV tenía así su oportunidad histórica de construir una autonomía vasca en tiempo de paz. Intentó los años siguientes desarrollar su proyecto de comunidad vasca. Sus símbolos se convirtieron en los del País Vasco y promovió una completa estructura política, que incluía una televisión, una policía, medidas que buscaban la euskaldunización, etc.

En la transferencia de competencias UCD siguió una política cicatera. Quiso en 1981 (en colaboración con el PSOE, en la marea revisionista que siguió al fracasado golpe de estado de Tejero) enmendar las autonomías con la LOAPA, finalmente declarada anticonstitucional.

La victoria socialista de 1982 —en el País Vasco el PSOE igualó en representación al PNV— abrió nuevas circunstancias políticas. Se realizaron nuevas transferencias y se inició una nueva política económica. El PSOE optó por acelerar la reconversión industrial. Resultó conflictiva. Sus críticos, aun reconociendo la necesidad de modernizar el aparato productivo, la tacharon de mecanicista, sin que se impulsase de forma suficiente el empleo alternativo. A fines de 1984 (cuando se daban por concluidas las principales medidas reconversoras) apenas se había acometido la reindustrialización. En medio quedaba una larga secuela de tensiones, como los enfrentamientos entre trabajadores y policía en los astilleros Euzkalduna de Bilbao.

Por lo demás, en la gestión económica se subordinaron todas las medidas al objetivo de controlar los precios. La política de ajuste fue, en general, admitida por sindicatos y patronales entre 1983 y 1986. A corto plazo los efectos de la política monetarista fueron limitados. De forma lenta se contuvo la inflación, pero continuaba la destrucción de empleo.

ETA seguía actuando, pese a las movilizaciones en contra. El PSOE sistematizó una nueva estrategia antiterrorista, basada en un plan global para la actuación policial (el llamado plan ZEN, Zona Especial Norte), la acción internacional para quitar a ETA su refugio francés (con deportaciones y extradiciones) y la reinserción para quienes abandonasen las armas.

En 1983 Bizkaia y Álava sufrieron graves inundaciones que ocasionaron numerosas muertes y pérdidas de más de 500.000 millones. Por entonces las cada vez más frecuentes movilizaciones contra ETA y las protestas abertzales contra acciones policiales y por sospechas de actuaciones irregulares de los aparatos estatales enrarecieron el clima político. Contribuyó a ello la aparición a fines del 83 del GAL (Grupos Armados de Liberación), con oscuras implicaciones policiales y atentados a refugiados en el País Vasco francés, así como el asesinato del senador socialista Enrique Casas, en la campaña electoral de febrero de 1984.

En las autonómicas de 1984 el PNV obtuvo 450.000 votos, pero pronto le estalló un problema interno, en torno a la Ley de Territorios Históricos, que regularía la articulación política del País Vasco. Garaikoetxea defendía que se consolidase el poder gubernamental. Frente a él los foralistas abogaban por transferir competencias a las Diputaciones. El conflicto se enconó y Garaikoetxea hubo de dimitir a fines del 84. El nuevo lehendakari fue Ardanza, a la sazón diputado general de Gipuzkoa. Su pacto de legislatura con el PSOE agilizó las transferencias, bloqueadas desde 1982.

Varios acontecimientos importantes se produjeron en 1986. España ingresó en la Comunidad Europea, acabando con su histórico aislamiento internacional. Se celebró el referéndum sobre la OTAN: ganó la permanencia en la Alianza Atlántica, pero el País Vasco tuvo de nuevo un comportamiento diferencial, pues la abstención y el no fueron mayoritarios. Y se convocaron elecciones generales, en las que el PNV, con tensiones internas, perdió 150.000 votos. Las disputas entre críticos y oficiales se recrudecieron, hasta estallar la escisión de Eusko Alkartasuna (EA), el partido que formó Garaikoetxea. La crisis forzó elecciones anticipadas al Parlamento Vasco, realizadas a fines de año. El PNV fue el partido más votado, pero perdió otros 50.000 votos y el PSOE le superó en parlamentarios. EA conseguía 180.000 votos, mientras las otras dos formaciones nacionalistas, HB y EE, aumentaron su peso. La fragmentación política exigió formar una coalición gubernamental. La realizaron PNV y PSOE, con la presidencia de Ardanza.

En 1983, Bizkaia y Álava sufrieron grandes inundaciones que ocasionaron numerosos muertos y pérdidas de más de 500.000 millones de pesetas.

Los ayuntamientos, disponiendo de mayores recursos, acometen nuevas obras y conservan el patrimonio histórico. Plaza de la Brulleria, con la catedral de Santa María y la torre de los Anda. Vitoria.

En esta legislatura se firmó el pacto de Ajuria Enea, el acuerdo de todos los partidos parlamentarios, excepto HB, por la pacificación. Impulsó una postura común de aislamiento a quienes apoyaban la violencia política. Por entonces, ETA defendía la estrategia negociadora. En la primavera de 1988 fracasaron las negociaciones de Argel, entre ETA y Gobierno.

Hacia 1986 se inició una recuperación económica. Comenzaron a crearse empleos netos y el Producto Interior Bruto creció, en 1987 y 1988, en torno al 5%. Ascendía la inversión extranjera y se contenía la inflación. Pero la mejoría no incidió por igual en todos los sectores sociales. Crecían los beneficios empresariales, pero se mantenía un paro superior al 18%. La euforia económica quedaba reservada a quienes participaban de las alegrías bursátiles, mientras sólo poco a poco aumentaba la capacidad adquisitiva de los asalariados. Se inició una fase de crisis social, con tensiones entre Gobierno y sindicatos. Su máxima expresión fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, con rotundo éxito en el País Vasco.

Las euforias financieras de fines de los ochenta no sirvieron para reestructurar la economía vasca, que mantendría un síntoma de su precaria modernización: es la región de la Comunidad Europea donde tiene mayor peso la industria, que aporta el 48,3% del PIB. Tan extrema especialización implica un deficiente desarrollo del sector servicios. Además, tiene el mayor índice de paro de las regiones industriales, el 19,1%. El censo de 1990 mostraba un hecho sin precedentes en más de un siglo: bajaba la población vasca respecto a la de diez años antes.

El terrorismo siguió condicionando la política vasca, pero las acciones de ETA disminuyeron desde fines de los ochenta. Contribuyeron a ello éxitos policiales como la detención de parte de la cúpula de ETA en 1987 y en 1992. HB mantuvo su propuesta de negociación y una amplia capacidad de movilización, pero sus apoyos electorales descendieron ostensiblemente hacia 1993 (perdió cerca de 60.000 votos sobre los casi 200.000 de 4 años antes). De otro lado, el secuestro de Julio Iglesias Zamora provocó este año una amplia reacción popular, encabezada por los grupos pacifistas surgidos los años anteriores, tras la aparición de Gesto por la Paz. Los primeros enfrentamientos armados entre la policía autonómica y comandos de ETA agudizaron las tensiones entre el nacionalismo moderado y el radicalismo abertzale.

Una adecuada política de construcción de viviendas, con apoyo de diversas instituciones públicas, trata de amortiguar los elevados costes del suelo. San Sebastián.

Las elecciones autonómicas de 1990 consolidaron al PNV en la cabeza de la comunidad autónoma. Tras un efímero gobierno tripartito nacionalista, del PNV, EA y EE, se llegó a fines del 91 a la fórmula PNV-PSOE-EE, convertida en bipartito al fusionarse PSOE y EE. Y tras lo que se llamaron los fastos del 92 comenzó la crisis del sistema de poder socialista. A fines de 1992 todo pareció quebrar. Lo hizo primero la economía, con un rebrote de la inflación y del paro. Siguieron las tensiones internas del PSOE, que ganó las elecciones generales de 1993, pero perdió la mayoría absoluta. Después, llegaron los escándalos financieros y la corrupción.

Los apuros socialistas se tradujeron en las autonómicas de octubre de 1994: el PNV repetía victoria, mientras el PSOE perdía 4 de sus 16 parlamentarios de 1990. IU conseguía hacerse con una presencia significativa en el Parlamento Vasco y UA —la fuerza alavesista que desde 1990 se oponía a políticas nacionalistas como la euskaldunización— se consolidaba. Las elecciones mostraban graves riesgos para la cohesión interna del País, por la fragmentación política del Parlamento (de nuevo con 7 partidos diferentes) y las distintas dinámicas provinciales. A fines de 1994 se formaba un nuevo gobierno tripartito, presidido por Ardanza y compuesto por PNV, PSOE y EA.

Fue el ejecutivo que gobernó hasta mediados de 1998, cuando el PSOE lo abandonó, tras negarse los nacionalistas a exigir el acatamiento a la Constitución para acceder al Parlamento Vasco. Quedaba un gobierno bipartito PNV-EA, pero eran ya inminentes las elecciones autonómicas, a celebrar el 25 de octubre. Significaban éstas el final de una etapa, pues Ardanza no sería el candidato del PNV a lehendakari.

Durante los tensos años 1994-1998 se consumó el desgaste del PSOE, derrotado en las elecciones de 1996 por el PP, que formó Gobierno en Madrid. Por entonces se desvelaban las implicaciones políticas del GAL, hasta llegar al juicio y condena de antiguos altos cargos socialistas.

En parte, la política vasca giró en torno al terrorismo. ETA emprendió el hostigamiento al PP, asesinando a varios de sus concejales. El de Miguel Angel Blanco desencadenó en julio de 1997 la mayor movilización antiterrorista hasta entonces conocida. Pareció detener el desgaste de la Mesa de Ajuria Enea. Las tensiones políticas entre sus componentes, sin embargo, la paralizaron los meses siguientes.

Se gestaba una nueva línea divisoria. Los nacionalistas, junto con IU, se mostraban partidarios de negociar con ETA. PP y PSOE rechazaban esta estrategia. Ambas opciones tuvieron sus apoyos intelectuales. HB siguió sosteniendo la tesis de la negociación. Su decisión de acudir a las elecciones con otras siglas —EH, Euskal Herritarrok— se presentó como una apertura política. Precedió a la formación del Foro de Irlanda, en el que participaban las organizaciones nacionalistas, incluidas PNV y EA. Defendía el diálogo como vía pacificadora. La iniciativa ahondó la crispación, pues fue contestada por los dos principales partidos no nacionalistas del País Vasco.

La agudización de las tensiones políticas coincidieron, en estos años, con una real recuperación económica, propiciada por la coyuntura internacional y los ajustes realizados para entrar en la unidad monetaria europea. Sus principales síntomas fueron la caída de la inflación y la mejoría del empleo. Las nuevas infraestructuras transformaron en parte la imagen del País Vasco. Algunas realizaciones, como el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997, se convirtieron en el símbolo de una sociedad que apostaba por la modernización.

En la noche del 16 de septiembre de 1998 ETA anuncia una tregua indefinida.

Menos de cien años separan estas dos fotos.

MANUEL MONTERO (Ea, Bizkaia —1955—). Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y ex rector de la misma, ha llevado a cabo una intensa labor de investigación y de divulgación de la historia vasca.

Tiene publicadas, entre otras, las siguientes obras: Historia contemporánea del País vasco, Diccionario de Historia del País Vasco, Historia de Vizcaya, La construcción del País Vasco Contemporáneo, Bajo los volcanes, Historia General del País Vasco…