Enrique Bustamante

HISTORIA DE LA RADIO

Y LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA

Una asignatura pendiente

de la democracia

HISTORIA DE LA RADIO

Y LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA

Una asignatura pendiente

de la democracia

Enrique Bustamante

Dedicado a la memoria de Ernest Lluch, asesinado por ETA en 2000, promotor de la universalización de la sanidad pública española, inigualable rector de universidad, persona tolerante y negociadora e historiador ponderado; mi entrañable y añorado amigo.

Prólogo

La historia de la televisión es una historia reciente, como reciente es ese sorprendente fenómeno de ver el mundo, lo que pasa en el mundo, lo que nos enseñan del mundo, desde un rincón de nuestro espacio privado. Esa historia tiene diferencias importantes frente a otro tipo de historiografía. Es cierto, sin embargo, que por muy reciente que sea el desarrollo del fenómeno televisivo, lo que investigamos y aprendemos de él tiene que apoyarse, también, en la escritura, en los documentos y, sobre todo, en la información clara de los impulsos políticos, ideológicos, culturales y económicos, que alimentan esa complicada maquinaria que mueve el diario y casi incesante chisporroteo de las imágenes.

El sometimiento y, en algunos casos, la claudicación ante tan complejos factores, dan a los modernos medios de información y, principalmente, a la televisión una extraña fragilidad y debilidad. Porque por muy distinto que sea el maravilloso y, al par, delicado fenómeno de poder mirar aquello que no está en el espacio inmediato en el que se desplazan nuestros ojos, la posibilidad de que esa mirada lo sea efectivamente depende de factores que, al parecer, nada tienen que ver, desgraciadamente, con la democracia, la educación, la ilustración y, por supuesto, con el respeto debido a una sociedad de ciudadanos dignos y libres. Esos factores distorsionantes y corruptores se fundan en una concepción de los medios de información y formación televisiva como fábrica de imágenes condicionada a factores económicos. El montaje inevitable y necesario de la tramoya televisiva, que no puede prescindir, obviamente, de la economía, no implica que sus productos tiendan sólo a la rentabilidad de sus inversiones. Los fines y objetivos esenciales de los productos de la televisión son demasiado delicados, demasiado «humanos», para que puedan convertirse en un mero negocio empresarial.

Lo que vamos descubriendo en la pantalla depende y varía, pues, en función de los dueños de las imágenes que, como en la caverna platónica, alimentan el fuego que alumbra las sombras contempladas por los atenazados prisioneros. Esta situación no es sólo el recuerdo de una famosa simbología de la tradición literaria, sino que responde a una permanente complicación en el engranaje de nuestras visiones y »presentaciones» de la realidad natural y de la realidad social. Pero, al mismo tiempo, el descubrimiento del enorme tinglado que, para bien o para mal, sostiene las imágenes que nos «echan» y que, en muchos casos, constituye un elemento esencial en el, digamos, amaestramiento, aprendizaje, adiestramiento o —con una palabra esperemos que adecuada— en la educación de los ciudadanos, es una saludable medida terapéutica ante las manipulaciones a que, con frecuencia, se ven sometidas las imágenes y sus palabras.

De los muchos condicionamientos, interpretaciones y derivaciones de estos hechos sobre los que tanto se debate, voy a referirme, únicamente, a algo que constituye, tal vez, el tema central del excelente y utilísimo libro de Enrique Bustamante. Es cierto que el argumento de este libro es la historia de la televisión española, pero precisamente esa perspectiva histórica y la jugosa documentación que para entenderla nos suministra permiten adivinar las amenazas que sobrevuelan el mundo «fenomenal» o, más levemente dicho, fenoménico de la televisión.

Porque son fenómenos, apariencias, visiones lo que se nos presenta ante los ojos. Fenómenos que no están allí donde los vemos, sino en otras partes: en los estudios, o en la cámara que los ha recogido del mundo real. Pero tanto los que están montados por sus programadores o productores, como la selección de aquello que rastrearon las cámaras por la vida son resultado siempre de una manipulación. Una manipulación que, en sí misma, no tiene que resultar perniciosa para la siempre pasiva mirada que los recibe, los soporta, los resiste. Precisamente porque los fenómenos, las visiones, son manipulables, pueden ser objeto de múltiples perspectivas, de innumerables insinuaciones, alusiones, reticencias, propuestas y, también, falsificaciones.

Por ello, todo lo que tiene que ver con la estructuración de nuestro cerebro, con la educación, ha sido siempre una presa apetecible para los poderes tiránicos u oligárquicos que, a lo largo de los siglos, han pretendido mantener esos cerebros en la ignorancia, en la estupidización o en el sueño dulzón de las frases hechas, las palabras vaciadas, anestesiadoras de la sensibilidad y del pensamiento. En nuestro tiempo, ese camino hacia la esterilización de la sensibilidad y la inteligencia podría facilitarse con las inmensas posibilidades que la intermediación televisiva permite.

Es absolutamente falsa esa teoría de la inocuidad e inocencia y, si se quiere, intrascendencia de lo que vemos en las pantallas, sobre todo para quienes por su edad o por su inmadurez mental están, continuamente, condenados a entender el mundo desde el pringoso chorreo de programas degradadores o perturbadores. Precisamente, por el poderoso impacto de las imágenes y la creación de reflejos condicionados que, a la larga, producen en el cerebro, percibimos, de paso, la fuerza que ejercen en la configuración de nuestras formas de pensar esas imágenes, cuando llevan consigo algún ideal digno, alguna propuesta humanitaria, en el sentido más amplio del término. Pero también, la consideración de todas esas inmensas posibilidades de abrir nuestra mirada a otros espacios, como un simple juego económico, y a los espectadores, como indefensa mercancía, debe ser algo inaceptable para cualquier empresa televisiva y, sobre todo, para una televisión pública. Un ejemplo aleccionador de lo que acaba de esbozarse lo constituye la lectura de este libro, donde se refleja la historia del poder político en función de las determinadas presiones con que ese poder ha pretendido, con mayor o menor fortuna, con mejores o peores intenciones, controlarlo.

Una larga experiencia de siglos ha hecho posible interpretar, con claridad, los rasgos y perfiles de la historia desde las proyecciones de los lenguajes que nos la contaban, y de los fundamentos ideológicos que sostienen esos lenguajes. Es verdad que para quien, sincera y libremente, pretenda enterarse de nuestra memoria colectiva siempre se abre la puerta de aquella historiografía que, como la que hoy se nos presenta, está llena de ideales democráticos. Y esos ideales tienen que hacerse presentes, sobre todo, en el caso de los medios de comunicación públicos, que, por encima de cualquier interés mercantil y partidista, intentan alcanzar un determinado nivel de independencia frente a posibles corrupciones reales o ideales. El problema consiste, sin embargo, en el sentido del concepto de independencia, tan usado para caracterizar la neutralidad y el equilibrio de todo aquello que decimos o que mostramos. Porque la independencia democrática, la independencia ciudadana, la independencia pública, nos obliga a depender de esos ideales de la democracia que, como la justicia, la educación, la dignidad, el respeto, la solidaridad, la verdad, la lucha contra la miseria, la tensión hacia la igualdad, no son proyectos utópicos sino horizontes sin los cuales apenas tiene sentido la vida humana.

Es difícil la consolidación, la realización de este paisaje ideal que hoy más que nunca está necesitado de nuestro esfuerzo y nuestro entusiasmo. El día en que el juego político asuma esos ideales, y sepa crear las instituciones y los instrumentos que los convierten en posibles y, por lo tanto, en realizables, empezaremos a creer en el ya viejo tópico de los derechos humanos, de los derechos humanos de los ojos que tienen que mirar el mundo recortado en el escueto espacio de una pantalla. La lectura del libro de Enrique Bustamante nos enseña, a través de esa historia de la lucha por la educación o la destrucción de la mirada, el horizonte en el que se recorta el proyecto de lo público como algo que, mas allá de la maquinaria partidista, constituye la mayor riqueza de la democracia. Ése tendría que ser el verdadero ideal de la política.

Emilio Lledó

Introducción

La actualización de este libro hasta finales de 2012 exige algunas precisiones que deben anteceder al texto de 2006, que, en mi opinión, continúa teniendo plena vigencia.

El origen de este trabajo, más allá de mis 25 años de entonces enseñando en la universidad y escribiendo sobre la economía y las políticas de la radio y la televisión en España, se situó en un encargo explícito de la prestigiosa editorial RAI/ERI de la radiotelevisión pública italiana, cuyas colecciones de investigación en comunicación acumulan ya un rico catálogo de más de trescientas obras. Pero el 50 aniversario de RTVE, en 2006, presionaba sobre la trabajosa preparación de la edición italiana y, con la generosa cesión de derechos de la RAI a Gedisa, se publicó antes en español el cuerpo central del trabajo. Sólo en diciembre de 2008 apareció por fin la edición en italiano en la colección Zone, en dos volúmenes y un total de 911 páginas, que incluyen amplios anexos de documentos y apéndices, con una antología de textos sobre RTVE, una selección de normativas españolas, cronologías detalladas e incluso una guía sintética del sistema televisivo español. Por la tarea ingente que representó la excelente preparación de estos libros, debo hacer constar mi agradecimiento al editor italiano de la RAI, Bruno Somalvico, al de la obra, Gianluca de Matteis, a la traductora Francesca Ciotti y a Alessia di Giacomo, que preparó buena parte de la documentación.

La revisión y actualización de este estudio a 2011, final del Gobierno de Rodríguez Zapatero, me ha parecido importante para completar la historia narrada, que quedaba interrumpida en 2006, apenas a dos años de comenzar su mandato. El retraso en tal tarea ha permitido por añadidura ampliar esta visión a los intensos acontecimientos que sobre el audiovisual ha deparado el nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy en el primer año completo de su Gobierno. Una revisión y ampliación en el epílogo hasta la actualidad que enriquece la perspectiva parcial que prestaban los cambios de 2005-2006, aunque aparezca también mucho más de relieve el juego perverso de reformas y contrarreformas, de avances y retrocesos, que aqueja al audiovisual español a lo largo de toda su historia.

Además, de la edición italiana, hemos rescatado ahora el prólogo de Emilio Lledó, que expresa muy claramente no sólo el rico pensamiento de este destacado filósofo español contemporáneo, sino también el espíritu humanista y democrático que encarnó la Comisión para la Reforma de 2004-2005 que él presidió y de la que todavía me enorgullece haber formado parte. En tiempos de crisis, económica y sobre todo de valores, sus palabras constituyen, a contracorriente, un soplo de aire fresco, cargado de ilusiones a medio-largo plazo para el porvenir de la ciudadanía española y, más allá, de la humanidad entera.

Este libro no podría haberse escrito en su forma y contenidos presentes, por muchos esfuerzos que yo le hubiera dedicado, sin la labor previa de muchos investigadores generales de la historia contemporánea de España que han trabajado con honestidad desde hace años en la revisión, difícil todavía, controvertida y hoy sujeta a múltiples revisionismos y tergiversaciones, del pasado español desde los comienzos del franquismo. Mi homenaje está explícito en la utilización de sus textos y de sus citas. Tampoco, por otro lado, hubiera podido realizarse sin el apoyo de algunos pocos historiadores de la radiotelevisión en España, de entre los que destaca por su labor de notario minucioso de RTVE durante el franquismo y la transición democrática el fallecido Josep Maria Baget. Porque la abundante literatura sobre la radio y la televisión en España está plagada de obras anecdóticas de personajes de la pequeña pantalla, de frívolos best sellers de quiosco y de auténticos «ajustes de cuentas» entre beneficiarios de una época que se sintieron damnificados en la siguiente.

Dicho esto, hay que puntualizar que ambas fuentes se han desarrollado habitualmente casi sin tocarse ni contaminarse. Por ejemplo, la historiografía del franquismo y de la transición, que ha producido ya una enorme cantidad de literatura, y la historia de la radiotelevisión española, terreno de pocos historiadores documentados pero también de mil historias personales anecdóticas de los protagonistas de cada época (ingenieros, locutores, periodistas, realizadores...), han marchado generalmente en paralelo. Por un lado, sorprende que muchos historiadores que han prestado una notable atención a la producción intelectual y cultural no hayan tenido casi nunca en cuenta ni a la televisión ni a la radio, por contaminadas que pudieran estar por la cultura oficial. Por otro, la mayoría de los historiadores de la radio y la televisión han obviado el contexto histórico, político y económico de cada época, aunque, en ocasiones, datos y fechas sin conexión establecida con los procesos radiotelevisivos parecieran atender a ese requerimiento. Más aún, se ha olvidado con frecuencia el propio marco político y legal, social y cultural, de ideas y económico, que rodeaba a los medios de comunicación electrónicos en cada período.

Ciertamente, y como metodología general, la titularidad de los medios de comunicación audiovisuales —sea estatal o privada— no constituye un factor unívoco de su evolución, ni anula la autonomía de la razón económica en su caso, o la dinámica a veces de vuelos propios de los creadores y los profesionales del medio, ni la capacidad de revelador que la programación obtiene sobre varios de estos factores. Pero todos estos elementos, destacados en la historia de algunos monopolios europeos de radiodifusión desde su nacimiento, se oscurecen en el caso español hasta hacerse subordinados y complementarios cuando la política general y la economía determinan tan directa, sistemática y profundamente los destinos continuos del presunto «servicio público» y todas sus derivaciones.

En primer lugar, y por razones obvias, esa conexión entre política y radiotelevisión es tan estrecha durante todo el franquismo que ningún autor ha podido ignorarla. Es así sintomático que las etapas propuestas para analizar esta dictadura coincidan curiosamente a grandes rasgos con las ideadas para la televisión. Muchos historiadores generalistas han señalado de esta forma una periodización analítica muy similar para la política, la economía y la sociedad, a la que los historiadores de los medios vislumbraban en la radiodifusión: la construcción de la dictadura de Franco (1939-1953) es también la época del rodaje de la radio estatal en un sistema dual insólito en toda Europa; la consolidación del régimen en el contexto internacional (1953-1962), en transición obligada desde la autarquía a la integración económica internacional, coincide con la «tecnología experimental» y los inicios del despliegue de TVE; y el desarrollismo económico en la madurez del régimen (1962-1975) se proyecta sobre toda la etapa de dominio de TVE, distinguiéndose con frecuencia en esta última etapa un primer período de pugna interna en el régimen (el de la consolidación de TVE, entre 1962 y 1969), que se salda con la época de dominación de la tecnocracia opusdeísta; y, finalmente, está el período de la crisis del sistema y su agonía, que coincide con la física del dictador (1969-1975) pero, asimismo, con la crisis política de RTVE.

Se podría discutir acerca del mantenimiento de una tan estrecha interrelación durante las épocas posteriores, como fueron la transición, los gobiernos socialistas o las legislaturas dominadas por el Partido Popular. Pero basta revisar las vicisitudes de RTVE en la época del monopolio y, más adelante, el juego de agentes implicados en el audiovisual público y privado para constatar que la actuación del poder ejecutivo y sus decisiones fueron la variable fundamental y condicionante de toda la radiotelevisión española. Unas determinaciones que, naturalmente, están interrelacionadas a su vez con la situación y evolución económica y con las transformaciones sociales que sufre el país en estas décadas.

La metodología seguida en este libro evidencia esas convicciones, pero apela también a su demostración ante el lector. Los cuatro capítulos que siguen al del franquismo se ciñen a las alternancias en el poder de los diferentes partidos. El contexto político y económico, pero también de política cultural y de comunicación, de cada capítulo y período, precede al análisis de los cambios en la radio y la televisión; en esa reflexión cobran fuerza no sólo los debates políticos y las opciones legales —reveladores de las mentalidades de cada época—, sino también las prácticas y discusiones en la programación y el análisis económico del sector. Una perspectiva, esta última, que se va imponiendo inevitablemente con creciente fuerza en el relato, por encima incluso de las intenciones previas del analista, como demostración de la progresiva dominación de la «televisión económica» sobre las visiones políticas y culturales de antaño.1 En cambio, como podrá observarse, este análisis dedica sólo una justa y escasa medida a los sucesivos directores generales de RTVE, objeto obsesivo de abundantes balances en el pasado, en tanto figuras personales que parecían liderar la historia en la cúspide de la empresa, cuando no eran generalmente más que el fruto, en buena medida pasivo, de un marco general determinado.

Paradójicamente, el propósito inicial de esta obra era dar cuenta de la evolución del pensamiento político y social sobre la radiotelevisión española, una labor esencial tras el 50 aniversario de la llegada al país de la televisión (55 cumplidos ya en 2011) y a casi 70-75 del nacimiento de la radio. Pero como se dice de la novela, los personajes —la realidad en este caso— tienen más fuerza que las intenciones y los deseos del autor. En ausencia de una nutrida colección de informes periódicos independientes como los que la BBC puede ostentar a lo largo de su historia, el pensamiento en torno al servicio público en España o, en general, sobre el papel de la radiotelevisión se encuentra oculto en centenares de leyes y decretos, se debe seguir a través de múltiples declaraciones, programas electorales y debates parlamentarios, y sólo aparece en toda su plenitud en los hechos. Con la sola excepción quizá del Informe del Senado de 1995 y del Informe del Consejo para la Reforma de 2005, la realidad española es poliédrica y enrevesada, contradictoria muchas veces entre los decires y los haceres, y sólo resulta especialmente elocuente cuando se expresa en las decisiones y los datos económicos y financieros. De esta forma, el propósito de este libro se fue desplazando con una cierta inercia hacia una historia de RTVE, luego a toda la radiodifusión pública y, para mejor explicarla, a una historia de toda la radio y la televisión, con las limitaciones inherentes a tales ambiciones y los consiguientes posibles errores debidos al autor.

Por lo demás, una vez metido en la piel de historiador, cada una de las épocas tiene sus especiales dificultades. Sobre el franquismo y la transición hay que decir, como reconocía una historiadora experta en el asunto, que «no son objetos fríos», en donde sea posible una «imparcialidad aséptica ante hechos de una inmoralidad injustificable [...]». Más complicado todavía es analizar acontecimientos de los que el investigador mismo ha sido testigo sin caer en la tentación de realizar un «ajuste de cuentas» con el pasado, tan inútil como peligroso. Sin embargo, de ambos períodos y de los gobiernos socialistas de Felipe González se cuenta ya con un acopio de datos empíricos, análisis y observaciones que permiten cierta capacidad de distancia y objetivación personal. Aún más arriesgado pues es el estudio del período de Gobierno de José María Aznar y del Partido Popular. Tanto es así que un historiador tan honesto y ponderado como Javier Tusell describía una de sus obras cuasi póstumas de 2004, en donde abordaba dicho período, como un libro no de historia sino de «análisis político», por la falta de una información acumulada y un plazo suficiente como para ejercer de historiador.2

Si esta época todavía demasiado inmediata, 1996-2004, exige sin embargo un esfuerzo suplementario de distancia al analista, más difícil aún es repasar con coherencia y desapasionamiento en los acontecimientos de los últimos años (2004-2012). Una dificultad que se incrementa notablemente cuando el autor ha tenido algún papel relevante en esos sucesos, porque exige todavía mayor energía para lograr que el caudal de información y los juicios de valor que inevitablemente anidan en su selección sean verificables e incontrovertibles, más allá de las opiniones. Pero sin la descripción y el análisis de esa etapa el estudio de la radiotelevisión española quedaría mutilado de elementos básicos por más que el final de la historia —raramente redondo y absolutamente feliz en la realidad— esté siempre por escribir y quede fuera del arco temporal considerado. En definitiva, en la historia se da por supuesto que nunca hay cierre del relato y que el «continuará» es inútil para un observador inteligente.

Más aún, aunque en ocasiones resulte infructuosa esta pretensión democrática, la acción de los ciudadanos —incluyendo en ella el conocimiento del pasado— puede modificar la historia del futuro.

Enero de 2013

1. De alguna forma, esta obra podría servir de comprobación empírica, en un tiempo y un país concreto, de las tesis sostenidas en mi libro La televisión económica (Gedisa, Madrid, 1999).

2. Como decía Tusell en la introducción a su libro El aznarato, la historia «necesita contar con un tipo de información privada o pública, oral o escrita —que, de momento, no es accesible y que tardará en serlo. La Historia es posible cuando el número de testimonios y de estudios sobre aspectos concretos permite aventurar cierto grado de perdurabilidad e imparcialidad. Además, con el paso de los años, las polémicas de otro tiempo pierden su virulencia y su impacto sobre la vida política inmediata» (Tusell, 2004, p. 11).

1

El franquismo:

radio y televisión autoritarias

Sin tratar de realizar paralelismos automáticos, parece inevitable acordar que entender este largo período en la historia de la radio y la televisión en España, de casi cuarenta años tras el «Alzamiento Nacional», exige tener en cuenta procesos de orden político, económico y social que a su vez determinan una situación peculiar de la cultura y sus medios de difusión en la España de esa dura época, aunque sólo sea porque la radiotelevisión estatal muestra permanentemente, durante casi cuarenta años, una proyección directa y escasamente mediada de la política general.

De esta forma, los relevos de los directores generales se demoran poco respecto a los cambios en el Gobierno. Asimismo, la longitud de sus mandatos es una variable claramente dependiente de las vicisitudes políticas: frente a la estabilidad prolongada en períodos relativamente tranquilos (5-6 años para los primeros directores de radiodifusión), se suceden períodos breves en las épocas de confrontación interna (8 meses entre 1962-1963); junto a nuevos mandatos prolongados en los años de consolidación del régimen (de 4 a 6 años en la segunda mitad de los años sesenta y primeros setenta), hay cortas permanencias de los máximos cargos (7 a 13 meses) en la crisis final del régimen. Además, el perfil mismo de esos altos puestos de RTVE evoluciona al impulso de las adaptaciones del sistema político, comenzando por la preponderancia inicial de los militares durante una larga primera etapa, como figura que es necesario añadir en España a la sucesión de profesiones emblemáticas habitual en otras televisiones europeas: los ingenieros, los realizadores, los presentadores y los periodistas.

El franquismo ha sido considerado, en efecto, por muchos historiadores como un fenómeno particular, diferente de los regímenes fascistas europeos de esa época, con rasgos comunes pero también con otros singulares.3 Un régimen en el que el papel del partido único, sólo nominalmente anclado en la Falange o el Movimiento, era sustituido o ensamblado por el ejército (Nicolás, 2005, p. 70) o, dicho de otro modo, en el que el «fascismo desnaturalizado» estaba ampliamente supeditado a los intereses de ese Estado (Terrón, 1981, p. 54). Su ideología más permanente será, así, el «nacionalcatolicismo», definido por una estrecha colaboración entre las dos ideologías coherentes del sistema, el falangismo y el catolicismo integrista, con combinaciones cambiantes de su peso en los casi cuarenta años de dictadura, y asentado en una estrecha colaboración entre el Estado y la Iglesia, «en pro de un objetivo común, el control de la sociedad civil [...]» (Nicolás, 2005, p. 96).

Sin embargo, estas matizaciones no niegan una represión de dimensiones estremecedoras, teniendo en cuenta sólo la posguerra, que convirtió a España en una «inmensa prisión» (Nicolás, 2005, p. 67). Así, historiadores muy prudentes estiman que fueron entre 50.000 y 79.000 las ejecuciones realizadas por consejos sumarísimos tras el fin de la guerra, y unos 300.000-370.000 los encarcelados durante todo el estado de guerra (desde abril de 1939 hasta abril de 1948). Todo ello sin contar con más de medio millón de exiliados (Tusell, 2005, p. 27; Di Febo y Juliá, 2005, pp. 33-34). Como señalan los autores citados, se trató de una «depuración masiva de los vencidos hasta erradicar por completo todo lo que los vencedores tenían como causa del desvío de la nación» (Di Febo y Juliá, 2005, p. 34).4

Si esta represión general a gran escala y el exilio masivo de intelectuales subsiguiente provocaron una cultura «sesgada de forma abrupta por la dictadura» (Nicolás, 2005, p. 173), «mutilada» en la ciencia y el pensamiento (Tusell, 2005, p. 35) respecto a una brillante etapa anterior de creación intelectual en la II República, tal situación tenía forzosamente que condicionar toda la cultura, la educación y la comunicación social. Más aún cuando la depuración masiva afectó especialmente, junto a maestros y profesores, a los periodistas (1.800 aceptados entre 4.000 expedientes tramitados) (Terrón, 1981, p. 64).

Ciertamente, el franquismo evolucionó notablemente en su amplia duración. Así, los años cincuenta fueron testigos de la integración internacional del régimen dictatorial y de su apertura comercial y financiera, acabando con el aislamiento y la autarquía económica que habían caracterizado al sistema durante más de una docena de años. En la política internacional, los jalones fundamentales de este proceso son la firma de los acuerdos con el Vaticano y Estados Unidos (1953) y la aprobación del ingreso de España en la ONU (1955); en el interior, es preciso destacar el conjunto de reformas económicas conocidas como Plan de Estabilización (decreto ley de Ordenación Económica de julio de 1959; BOE de 22-7-1959), que realmente abarcan medidas muy diversas desde 1951: reforma fiscal, liberalización del comercio y de la economía hacia el exterior, integración en organismos económicos internacionales como la OCDE o el FMI. A partir de 1960-1961 se verán las consecuencias positivas de la nueva política económica, con tasas fuertes de crecimiento económico en la década siguiente, pero también se verificarán fenómenos desgarradores: una inmigración interior masiva (4,5 millones de habitantes entre 1960-1970) y una «dramática diáspora española camino de Europa» (Lacomba, 1972, p. 28), con más de 1,5 millones de inmigrantes sólo en Francia, Alemania y Suiza.

Tales reformas y los cambios consiguientes producidos en el régimen, mucho más allá de las circunstancias que explicaban su origen, han llevado a discusiones intelectuales entre historiadores que se prolongan hasta hoy. Algunos autores han hablado de un «régimen autoritario» de «pluralismo limitado» (Linz, 1974), para distinguirlo del fascismo, por su falta de ideología coherente y su carencia de movilización permanente de la población. Pero esta afirmación ha sido rechazada frontalmente por otros autores que lo consideran una «dictadura cesarista, con una base militar, fascista y católica» (Juliá, 1999, p. 159). Otros autores lo han caracterizado como un «régimen de absolutismo despótico» (Vilar, 1977), o como un sistema «autoritario-tecnocrático» (Tezanos, 1989, p. 14) negando tal «pluralismo», limitado realmente a las distintas familias políticas que integraban el régimen. Ni el preámbulo ni el articulado de la Ley de Prensa de «guerra» de 22 de abril de 1938 (BOE de 23-4-1938), utilizada profusamente en la represión contra la libertad de expresión hasta su derogación, veintiocho años después, se compadecen de ningún tipo de pluralismo de opinión.5

En todo caso, parece claro que «en el franquismo no hubo verdadero espacio de publicidad», ni presencia ni intermediarios de la sociedad civil, sino asunción de la publicidad por el discurso oficial y sus organismos: «De ahí la imposición de un espacio público totalmente unificado (equivalente, a nivel ideológico, al partido único a nivel político)» (Imbert, 1990, p. 49). Con todos sus rasgos particulares, la estructura mediática española de esa etapa enlaza con las notas comunes de lo que un experto de la evolución internacional de la comunicación ha señalado para las «sociedades autoritarias corporativistas»: «El poder político tiende a estar monopolizado por el partido gobernante y a mantenerse por medio de un sistema clientelista de patrocinio que reúne a diferentes grupos sociales dentro del Partido y del Estado. La “voluntad del pueblo” que representa los medios de comunicación tiende a definirla el partido gobernante» (Curram, 2005, p. 259).

Pero si los primeros movimientos obreros ya se habían producido en 1945-1947 y en 1951, las reformas económicas ocasionarán en un primer momento una fuerte recesión y una acusada inflación, con las consiguientes reacciones sociales de protesta. El año 1956, justamente el del nacimiento de la televisión en España, ha sido señalado por diversos autores como el momento en que los desequilibrios estructurales se desencadenan, con numerosas movilizaciones obreras y estudiantiles de protesta. Y el año 1959, cuando TVE comenzaba su verdadera cobertura nacional, ha sido calificado como el punto en que España se encontraba prácticamente en suspensión de pagos internacional. Desde el punto de vista ideológico, los años cincuenta son también la época de una adaptación relativa de la ideología oficial del régimen a los nuevos tiempos, con una merma de sus señas de identidad fascistas y un acento en el catolicismo integrista, que conectaba mejor a escala internacional con el ambiente de la guerra fría.

Sin embargo, las reformas económicas, el lavado de cara ideológico y la apertura al exterior no pueden ocultar su acompañamiento de una «represión implacable en el interior» (Di Febo y Juliá, 2005, p. 88). Un régimen represivo que no se limitó a los primeros años marcados por la ley marcial (hasta 1948), sino que continuó durante los años cincuenta, sesenta y setenta. En efecto, la transición económica y consiguiente adaptación del régimen fue acompañada permanentemente de acciones represivas que respondieron a cada movimiento reivindicativo social o político. La permanente represión general se agudizó en diversos momentos con el mecanismo del «estado de excepción», iniciado en 1956, cuyo objetivo era intensificar el terror entre la población general con la eliminación temporal de las precarias garantías civiles, incluyendo la suspensión temporal de la inexistente libertad de expresión (art. 12 del Fuero de los Españoles sobre la «libre expresión de las ideas»). Además, un arsenal de leyes represivas fue desplegándose complementariamente en esos años: Ley de Orden Público, de julio de 1959; Ley contra la Rebelión Militar, el Bandidaje y el Terrorismo de septiembre de 1960, etcétera.

Por ejemplo, en contra de los movimientos estudiantiles de 1956 se suspendieron durante tres meses los derechos de libre residencia y movimiento y se clausuró la Universidad Complutense de Madrid. Frente a las huelgas mineras de Asturias, en marzo de 1958 se declaró el estado de excepción en esa región, con cientos de deportados, despedidos y detenidos. En mayo de 1962 se declaró el tercer estado de excepción frente a las huelgas de Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya. Como reacción al «contubernio de Múnich» de junio de 1962 (reunión de movimientos de oposición en el Movimiento Europeo) se produjeron numerosas detenciones y destierros.

En todo caso, los años sesenta han sido considerados por muchos autores como los de la consolidación de la dictadura, tras la recuperación y las fuertes tasas de crecimiento económico vividas en esa época. Un proceso que el régimen y algunos autores revisionistas recientes han utilizado como una especie de legitimación de la dictadura por el éxito económico del «desarrollismo». Sin embargo, prestigiosos historiadores económicos han concluido que ese crecimiento económico espectacular no puede atribuirse ni al régimen ni a su planificación —al que sin embargo se debieron quince años de estancamiento—, sino que tal sistema actuó más bien de freno, como signo de la aceptación a regañadientes de la economía de mercado y del impulso conjunto de la economía europea; es decir, que los datos positivos no responden al propagandístico «milagro español», sino a un «milagro europeo» y que, en todo caso, esos procesos, en el marco del peculiar régimen organizado, originaron «desigualdades muy profundas», incluso cuando la sociedad de consumo se había extendido relativamente en la segunda mitad de los años sesenta y primeros setenta (Tortella, 1994, pp. 206-221).6

Más allá del éxito económico y de la inevitable transformación de la sociedad española, de hecho la represión no cesó hasta el final, hasta la muerte del dictador, con condenas a muerte y ejecuciones trágicas: de Julián Grimau (1963), de Puig Antich (1974) y de cinco militantes de ETA y del FRAP (septiembre de 1975), por más que las circunstancias internas e internacionales determinaran una última década de vida de la dictadura caracterizada por «una erosión progresiva de la capacidad represora del régimen, una disminución constante de su apoyo social y un creciente deterioro de su cohesión interna» (Tezanos, Cotarelo y Blas,1989, p. 188).

Así, resulta claro, frente a múltiples mistificaciones posteriores, que ni en los períodos de crecimiento económico de los años sesenta, ni en los de depresión de los setenta, el franquismo tuvo la más mínima voluntad de avanzar hacia una democracia, sino que por el contrario mostró un afán de permanencia en el poder a toda costa, que se tradujo en los últimos años de la vida del régimen en endurecimientos del sistema «que nos conducen a una verdadera vorágine terminal» (Tezanos, Cotarelo y Blas, 1989, p. 782).

Es curioso que muchos historiadores, volcados hacia la evolución de la cultura en todas sus formas —el cine, la ficción literaria o el pensamiento— , hayan olvidado la radiodifusión en sus análisis. Sin dejar de poner en cuestión este olvido, que deja en la sombra a una parte importante de la vida social española, habría que convenir en este caso que la mediocridad cultural de la vida cotidiana se extendió ampliamente a RTVE que, salvo casos muy excepcionales, permaneció al margen de la evidente explosión de creatividad cultural española iniciada en los años sesenta a pesar de la censura.

Esto no significa olvidar o desvalorizar la aportación de muchos realizadores, guionistas o periodistas que, como apuntaba el más veterano de los historiadores de la televisión española, intentaron trabajar a contracorriente de los controles y las censuras oficiales (Baget, 1993, p. 303). Pero excluye toda historia nostálgica y rosa de RTVE en el franquismo, cultivada en numerosas conmemoraciones históricas de RTVE, incluso durante la democracia; y ello no puede hacer tampoco olvidar la historia siniestra de muchos directivos y profesionales que durante décadas colaboraron por convicción o por razones mercenarias con el régimen, con sus manipulaciones y censuras, en un contexto de autoritarismo y represión extremos.

Una radio estatal tardía

En España la radio estatal llega muy tardíamente en relación con el contexto europeo de la época (en Alemania desde 1923, en Italia desde 1924, en el Reino Unido desde 1922), pero este retraso se inserta en el conjunto de otros rasgos singulares de las telecomunicaciones españolas. Su contexto histórico explicativo se ubica especialmente en la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, bajo el reinado de Alfonso XIII (iniciada por un pronunciamiento militar el 13 de septiembre de 1923 y que se extiende hasta 1930), que no solamente permitirá la explotación privada de la radio, sin contrapartida estatal, sino que también concederá el monopolio de la telefonía a una empresa privada, Telefónica de España. Esta empresa, controlada por la compañía estadounidense ITT hasta 1945 y posteriormente «nacionalizada» a buen precio, sustentará un monopolio cuasi privado durante setenta y cuatro años, básicamente hasta el final en manos del capital bancario, aunque mantenida bajo tutela del Estado, que conservó una mayoría accionarial relativa. Se generaba así una doble anomalía española en Europa (compartida en la radio con Portugal y en el teléfono con Rumanía) que chocó estridentemente durante décadas con la titularidad y gestión estatal habitual de los entes públicos radiofónicos y de los PTT (Poste, Telegraph, Telephone, denominación genérica de los monopolios estatales de comunicaciones y correos) europeos (Bustamante, 2000).

Como en otros países europeos, ciertamente, las radios privadas fueron pioneras en los años veinte (Radio Ibérica, en 1923), y resultaron especialmente impulsadas inicialmente por las principales industrias eléctricas y de telecomunicaciones, asociadas en Unión Radio para dinamizar el sector con su emisión en cadena, presidida en su primera conformación por el presidente de la ITT (Garitaonaindía, 1989, p. 140), que contribuiría a inaugurar la primera emisora de Madrid en 1925.7 Pero la diferencia con el entorno europeo estribó en que el Estado no asumió posteriormente la gestión directa de ese medio e incluso no creó la radio estatal durante un largo período. En efecto, y pese a las normativas legales que desde 1907-1908 refrendaban el monopolio estatal sobre las ondas, la creación de una radio pública se frustró reiteradamente durante años, más allá de las proclamaciones oficiales y de los intentos de diversos gobiernos.8 Así, la II República pretenderá una y otra vez, pero sin éxito, en medio de sus sucesivas debilidades, conformar una radio pública. La ley de junio de 1934 consideraba a la radiodifusión como «una función social y privativa del Estado», y así se produce el primer intento de crear un Servicio Nacional de Radiodifusión, aunque con apertura a una posible competencia privada mientras se constituía la red estatal (Gorostiaga, 1976, p. 8; Franquet, 1988, pp. 79-80; Merayo, 1992, p. 76). Por reglamento de 1935 (22 de noviembre), se reitera de nuevo la construcción del Servicio Nacional de Radiodifusión, reservando incluso al Estado el establecimiento y la explotación de los servicios de «radiodifusión de sonidos e imágenes, ya en uso o que puedan inventarse en el futuro» (Bustamante, 1982, p. 155; Pérez Ornia, 1989a, p. 305).

Pero será en plena guerra civil, y en el territorio conquistado por la sublevación militar, cuando nacerá realmente el germen de lo que será la radio estatal, proyecto animado por la intensa utilización del medio por los militares sublevados desde los primeros momentos del «Alzamiento Nacional»: Radio Salamanca, inaugurada en enero de 1937 como primera emisora «nacional», con equipos de retransmisión donados por la Alemania nazi. Poco después se extiende a Radio Nacional de La Coruña, en un proceso de expansión que acompañará al curso de la guerra civil. Las emisoras creadas a partir de entonces se irán agrupando durante los años siguientes según su diferente adscripción a organismos políticos del régimen: Radio Nacional de España, Red de Emisoras del Movimiento (REM), Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) —ambas en manos del partido único o de sus prolongaciones— y Cadena de Emisoras Sindicales (CES), del sindicato vertical instituido por el régimen.

Así, el aparato de propaganda construido desde los tiempos de guerra, y manejado durante los primeros años por la Falange (transformada ya de germen de partido único en entidad burocrática identificada con el Estado), incluía un formidable emporio de medios para la época, desde los diarios del Movimiento (muchos procedentes de instalaciones y cabeceras incautadas, como Arriba o Pueblo), hasta editoriales de libros y revistas, pasando por RNE y las restantes cadenas de la radio estatal (agrupadas en Redera, Red Nacional de Emisoras), e incluyendo el NO-DO (noticiario oficial de pase obligatorio en las salas de cines, ideado al estilo del Cinegiornale italiano).

La Ley de Prensa de 1938 (22 de agosto, BOE de 23-4-1938), conocida generalmente como «ley de guerra» o de «Serrano Súñer» (por el ministro de Gobernación, cuñado de Franco, que la promovió), consolidó esta situación durante veintiocho años de vigencia. Inspirada en los textos legales italianos de la época (1923-1925), llevará aún más lejos una doctrina dictatorial que partía de la consideración de que, «una vez redimido el periodismo de la servidumbre capitalista de las clientelas reaccionarias o marxistas, es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de prensa» (preámbulo). El articulado, sin embargo, no solamente establecerá la censura previa general obligatoria, sino que amenazará con duros castigos a «todo escrito que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación o del régimen, entorpezca la labor del gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectuales débiles» (art. 18). Al año siguiente, el del final de la guerra, una orden del Ministerio de la Gobernación (6 de octubre) someterá a toda la radio comercial a la censura previa e instaurará la prohibición de emisión de informativos durante un largo período (hasta octubre de 1977).

Por otra parte, y en lo que respecta a los medios de comunicación privados, los directores de periódicos eran designados por el Gobierno en toda España, al igual que los de las emisoras de radio, y sus contenidos sometidos a una férrea censura previa. Además, el Estado se reservaba la facultad de autorizar la edición o emisión, de controlar el registro de profesionales de la información y de vigilar la gestión y los cambios de propiedad. En medios públicos y privados, estos resortes fueron complementados durante años por la institución de la «consigna», instrucciones precisas omnipresentes para todo tipo de informaciones que aseguraban la «unificación ideológica» de todos los medios (Terrón, 1981, p. 67).

En suma, como se ha concluido, la prensa y los restantes medios por extensión se habían convertido en una «institución nacional» en la que los periodistas ocupaban el papel de «funcionarios de la ideología» en un potente aparato de Estado al servicio de la propaganda del régimen, un régimen que ejercía «un absoluto control [...] sobre la producción ideológica» (Terrón, 1981, pp. 64 y 26, respectivamente).9

Las responsabilidades oficiales sobre la radio, siguen en las vicisitudes burocráticas de los primeros gobiernos de Franco: Como el resto de los medios estatales, la radio fue encomendada, primero, en plena guerra civil (1936), al Gabinete de Prensa y Propaganda de la Junta de Defensa Nacional y en 1938 a la Subsecretaría de Prensa, Propaganda y Turismo del Ministerio del Interior, reconvertido más tarde en Ministerio de la Gobernación. En mayo de 1941, pasa a la Delegación Nacional de Radiodifusión, integrada en la Vicesecretaría de Educación Popular de Falange Española y de las JONS, encargada a Rafael Arias Salgado dentro del Ministerio de la Secretaría General del Movimiento Nacional. En agosto de 1944, ese servicio de Radiodifusión incluye las funciones de director general de la radio estatal. Y un año después, en julio de 1945, la Vicesecretaría de Educación Popular es integrada en la nueva Subsecretaría de Educación Popular, dentro del Ministerio de Educación Nacional, ya como Dirección General de Radiodifusión.

Más allá de estas reorganizaciones, los nombres de los departamentos encargados resultan ya significativos. En definitiva, como se ha concluido: «Consolidada la victoria militar, el régimen franquista utiliza la radiodifusión para mentalizar adecuadamente a la sociedad que trataba de dominar. Para ello era necesario controlar la radio y especialmente la información [...]» (Prado, 1989, p. 17).

Mientras tanto, el cine, otro medio de gran repercusión en esa época, será objeto de una especial vigilancia, incluyendo la intervención y censura sobre la producción y la distribución, y medidas tan arbitrarias y nefastas para el futuro como la prohibición de las versiones originales de películas extranjeras desde 1941 y la obligatoriedad del doblaje, que consagrará rápidamente la dominación del cine estadounidense.

En 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo (MIT), que absorbe las competencias anteriores de la Subsecretaría de Educación Popular, reconvirtiendo a su responsable desde 1941, Gabriel Arias Salgado en ministro (que se mantiene en el cargo hasta 1962). Y ahí se ubicará, desde 1952, la Dirección General de Radiodifusión como responsable de controlar el conjunto de la radiodifusión pública, con Jesús Suevos como titular (hasta abril de 1957), a quien se adscriben también los servicios de televisión desde 1953.10 La huella de ambos altos puestos —encargados también de vigilar y censurar a los medios privados— será enorme durante esa larga etapa. Y vendrá acompañada de una prolífica tarea de artículos y discursos que constituyen toda una «doctrina española de la información», el «arias-salgadismo», calificado como un «cuerpo doctrinal preciso que se corresponde con una ideología necesaria sublimada sobre los intereses políticos derivados de la guerra civil» (Vázquez Montalbán, 1973, p. 142).11

Se trataba de una verdadera «teología de la información», como la calificó el propio Arias Salgado, es decir, una acabada mezcla de ideología fascista y católica integrista, la esencia del nacionalcatolicismo que inspiró al régimen franquista durante décadas. Una teoría con aspiración universal y que hundía sus raíces en la filosofía escolástica en la que Arias Salgado era experto, en el pensamiento tradicional católico, el derecho natural y la furibunda oposición al marxismo y el liberalismo. Se fundaba en la concepción de un Estado teocrático, del «gobernante santo», que poseía la verdad revelada y estaba legitimado, por tanto, para el control de las ideas y la censura. De forma que el origen divino del poder justificaba su intervención absoluta en el mundo del derecho a la expresión libre, así como su proclamación de que la libertad era solamente para «lo bueno y lo verdadero», y «ninguna libertad para el error y el mal». El «servicio público» era esa noción de la información que sólo tenía por objetivo la consecución del «bien común nacional», la protección de una «opinión nacional» derivada de una élite en el poder que perseguía además la defensa de España frente a las leyendas negras y los «intereses antiespañoles» (Terrón, 1981, pp. 93-104).12

En noviembre de 1952, un decreto establecerá un nuevo plan para la radiodifusión en ondas medias (BOE de 26-11-1952), reafirmando la propiedad y gestión estatal de las ondas nacionales, aunque permitiendo excepcionalmente el arrendamiento a empresas privadas de las emisoras comarcales cuya gestión se prohibía transmitir a extranjeros. En 1955 tendrán lugar las concesiones oficiales del MIT de emisoras privadas comarcales, todas ellas caracterizadas desde los años cuarenta por propietarios y fundadores de probada fidelidad al régimen: la SER (antigua Unión Radio) y la Rueda de Emisoras Rato (desde 1940), la Compañía Intercontinental de Radio (creada en 1946 por Serrano Súñer) y la Compañía Aragonesa de Radiodifusión, con condiciones estrictas de censura previa del conjunto de la programación, conexión obligada con los «partes» (noticiarios) de RNE, además del pago de un canon obligado al Estado del 5 % de los ingresos y, por supuesto, de la obligación de acreditar la «adhesión al Movimiento Nacional». De la misma forma, entre 1957 y 1958 se establece, de acuerdo con el Concordato con el Vaticano de 1953 y con la Conferencia de Obispos Metropolitanos Españoles, el germen de la cadena COPE, constituida por más de dos centenares de emisoras parroquiales (Bustamante, 1982, p. 155; Franquet, 1988, p. 80; Prado, 1989, p. 123).

El nacimiento de una televisión de régimen (1956-1962)

Ciertamente, en España, como en otros muchos países, hay una historia pretelevisiva que varios historiadores han estudiado ya,13 una sucesión de experimentaciones e intentos frustrados que se remontan a 1929 y 1932, 1938 y 1948, pero que sobre todo anteceden a la inauguración oficial, desde junio de 1952 a octubre de 1956, con la curiosidad anecdótica de una colaboración técnica múltiple que osciló entre Philips y las cadenas estadounidenses RCA y NBC. En todo caso ese período, que se ve marcado por la falta de entusiasmo del Gobierno por el nuevo medio —explicable sobre todo por el aislamiento internacional del régimen, su incapacidad técnica y su precariedad financiera—, tiene una escasa trascendencia sobre los acontecimientos posteriores.

En efecto, la historia oficial de la televisión en España comienza el 28 de octubre de 1956, domingo, con la inauguración de las primeras emisiones regulares desde los estudios iniciales del Paseo de la Habana, realizadas por menos de cincuenta empleados y colaboradores.14 Una llegada con notable retraso respecto a otras realidades europeas (1946 en Reino Unido; 1951 en Japón y Alemania; 1952 en Italia), pero también en América (1944-1945 en EE. UU.; 1950 en Brasil y México; 1951 en Argentina). En cualquier caso, parece que la inauguración fue incluso adelantada respecto al plan inicial por las luchas internas del régimen entre falangistas y católicos, cuando los primeros intentaban hacer valer rápidamente sus logros frente al imparable avance político de los segundos (Palacio, 2001, p. 41). Porque apenas unas semanas después, en Febrero de 1957) el Gobierno es remodelado por Franco, dando por primera vez entrada a dos personalidades importantes del Opus Dei (Mariano Navarro Rubio, en Hacienda, y Alberto Ullastres, en Exteriores), quienes comienzan la progresión de sus correligionarios hacia la cima del régimen que culminará en los años sesenta y setenta. Asimismo, el reflejo del cambio de Gobierno se hará sentir al poco tiempo en RTVE con la sustitución en la Dirección General de Radiodifusión de Jesús Suevos por José María Revuelta, nombrado en abril de 1957, y que se mantendrá en el cargo más de cinco años (hasta julio de 1962).

Los historiadores han mostrado su acuerdo sobre el aspecto llamativo de que tal acontecimiento no mereciera una especial atención por parte de la prensa de la época, quizá por dirigirse a unos 600 receptores y una cobertura de menos de 70 kilómetros alrededor de Madrid. Pero también, probablemente, porque el Gobierno y los medios tenían otras cuestiones más relevantes en que pensar, ya que ese año se vive una grave crisis económica (con índices elevados del coste de la vida entre 1955 y 1959) y política: iniciada en 1955, 1956 contempla una insólita movilización estudiantil y obrera (en Madrid, Asturias y Barcelona) que provocará el cierre de la Universidad Complutense, la expulsión de profesores, el cese del ministro de Educación, Joaquín Ruiz Giménez, y la suspensión de la supuesta libertad de expresión (artículos 14-18 del Fuero de los Españoles).15 Una situación que, al decir de algunos historiadores, inaugura «una nueva oposición política» (Tusell, 2005, p. 137) de generaciones e ideas diferentes a las que habían protagonizado la guerra. La respuesta, también en el plano del control informativo, fue fulminante: si en mayo de 1958 la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento destacaba en su punto segundo que la libertad de expresión debía respetar rigurosamente esos principios, en julio de 1959 se aprobaba la nueva Ley de Orden Público ( BOE de 31-7-1959), que regulaba la legislación para los estados de excepción, y restauraba en ellos la censura previa.

En todo caso, la trascendencia de la inauguración de TVE en 1956 reside justamente en sus elementos simbólicos e ideológicos, que marcan el sello futuro de la dictadura sobre la televisión estatal. Efectivamente, ese día, coincidente con la fiesta religiosa de Cristo Rey y víspera del aniversario de la fundación de la Falange Española, hacia las 18.00 horas, el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, acompañado del director general de Radiodifusión y otros cargos del régimen, tras la emisión de una misa solemne oficiada por el confesor particular de Franco, pronunciaba un famoso discurso múltiples veces glosado por los historiadores:

Hoy, día 28 de octubre, domingo, día de Cristo Rey, a quien ha sido dado todo poder en los Cielos y en la Tierra, se inauguran los nuevos equipos de Televisión Española. Mañana, el 29 de octubre, fecha del vigésimo-tercero aniversario de la fundación de la Falange Española, darán comienzo, de una manera regular y periódica, los programas diarios de televisión. Hemos elegido estas dos fechas para proclamar así los dos principios básicos que han de presidir, sostener y enmarcar todo desarrollo futuro de la televisión en España: la ortodoxia y el rigor desde el punto de vista religioso y moral, con obediencia a las normas que en tal materia dicte la Iglesia católica, y la intención de servicio y el servicio mismo a los grandes ideales del Movimiento Nacional [...] Bajo esta doble inspiración y contando con el perfeccionamiento técnico, artístico, cultural y educativo de los programas, que han de ser siempre sanos y variados, espero con vuestra colaboración que la televisión española llegará a ser uno de los mejores instrumentos educativos para el perfeccionamiento individual y colectivo de las familias españolas. Quedan inaugurados los nuevos equipos y estudios de la televisión española. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!

Por encima del valor de los discursos, TVE nace como órgano de la Administración central del Estado, sin personalidad jurídica propia alguna y sujeta al derecho administrativo. Ciertamente, en octubre de 1957 se crea la ARE (Administración Radiodifusora Española) como «organismo autónomo» (BOE de 20-11-1957), pero esa entidad —pese a su desarrollo reglamentario— nunca llegó a ser operativa. La única novedad en esos años fue la creación de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, a la que se le encargó «la realización en exclusiva de las emisiones de televisión y el desarrollo técnico de la televisión nacional» (Decreto de 3-10-1957).

Junto a esta nula autonomía administrativa, destaca el control extremo de la selección y el funcionamiento de los directivos y el personal en general, «estricta y segura» según los analistas: «Sobre todo guionistas e ideólogos han de responder a las premisas más determinantes del arias-salgadismo» (Vázquez Montalbán, 1973, p. 31). Además, el dispositivo de censura interno y externo será omnipresente, como han atestiguado numerosos directivos de la empresa de aquellos momentos.16

TVE comienza pues en 1956-1958 como un acontecimiento exclusivamente madrileño, porque no llegará hasta febrero de 1959 a Barcelona, para irse expandiendo después por toda España a golpe de instalación de repetidores, en su mayor parte sufragados o subvencionados por los propios ayuntamientos y diputaciones afectados. Significativamente, la estructura de la red de difusión irá de la ciudad al campo, como en los sistemas comerciales; y será estrictamente radial, con centro en Madrid, una característica por lo demás general a las infraestructuras y telecomunicaciones de la época, pero que sin duda «refuerza el carácter centralista» de TVE (Pérez Ornia, 1989a, p. 307; Palacio, 2001, p. 49).

La programación inicial no superaba las tres horas por día (de las 21.00 a las 00.00 horas), para aumentar a cuatro horas/día en 1957 (desde las 20.15 horas) y alargarse los fines de semana hasta la 1 de la madrugada. Pero teniendo en cuenta que ese año cerró los lunes, y en agosto y Semana Santa, por descanso o vacaciones del personal, las emisiones totales apenas superarían las 1.200 horas en 1957. En 1959 las emisiones se amplían a 5 horas/día, pero esos horarios se mantendrán —sin considerar el experimento de emisión matinal en la primera cadena entre 1959-1962, luego suspendido— con leves incrementos en la primera cadena durante casi todo el franquismo.

El primer informativo televisado no tendrá lugar hasta el 2 de noviembre de 1957. Pero para ello los primeros acuerdos de intercambios de noticias se realizarán no con agencias europeas sino estadounidenses (CBS, UPI) (Bustamante y Guiu, 1988, p. 122). Sin embargo, los principales jalones de la programación y la información en esos años coinciden con las grandes celebraciones del régimen, como la retransmisión (abril de 1959) del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, desde El Escorial hasta el Valle de los Caídos, que exigió un alarde técnico en la transmisión; la información sobre la visita del presidente estadounidense Eisenhower a Madrid (diciembre de 1959); o la emisión durante cuatro horas de la boda de la española Fabiola con el rey Balduino de Bélgica (diciembre de 1960), que supuso una primera conexión a través de Eurovisión (TVE había ingresado en la UER en 1960, diez años después de su creación).

En 1957 aparecen los primeros anuncios publicitarios, orientados prioritariamente al patrocinio, pero su expansión se producirá sobre todo en 1959, completada ya la difusión hacia otras regiones, con una generalización de los spots (Barber y Torrejón, 1986). Además de ser pionera en la emisión masiva de publicidad, TVE se convirtió asimismo en una de las primeras cadenas de televisión de toda Europa en importar series y telefilmes estadounidenses, poco tiempo después de su misma invención en las cadenas de Estados Unidos. Así, el primer «telefilm» (como eran llamados habitualmente en esa época en España, cualquiera que fuera el formato) estadounidense historiado en su emisión por TVE fue Patrulla de tráfico, en 1957. Más relevante aún que esta precoz llegada será el peso decisivo que la ficción televisiva estadounidense tendrá en toda la historia de la televisión franquista, muy por delante de todos los formatos nacionales, teatrales y dramáticos incluidos.

La consolidación de la televisión (y del régimen dictatorial) (1962-1969)

Este período estará marcado por el nombramiento de Manuel Fraga Iribarne como ministro de Información y Turismo (julio de 1962), a quien seguirá una semana después el de Roque Pro Alonso como director general de Radiodifusión. Sin embargo, la fugaz estancia de ese militar abre paso a una gestión de más de seis años (desde abril de 1963 hasta el final de la etapa considerada) de Jesús Aparicio Bernal, cuya influencia y nombramientos se mantienen prácticamente hasta la transición democrática.

En el plano general, muchos historiadores han caracterizado este período como los años de la «madurez» del régimen. Época de crecimientos económicos brillantes, aunque también de movilizaciones sociales crecientes que siguieron provocando una represión dura por parte de la dictadura: declaración del estado de excepción frente al movimiento huelguístico de la primavera de 1962; encarcelamientos, destierros y feroz campaña propagandística contra el «contubernio de la traición», como fue llamada la reunión de la oposición democrática de ese mismo año en Múnich; ejecución en 1963 del dirigente comunista Julián Grimau...

En todo caso, en términos televisivos, la expansión y consolidación del nuevo medio en esos años es apabullante, al calor de la recuperación económica general y de la expansión del consumo, pero sobre todo, en concreto, por la potencia multiplicada de los ingresos publicitarios. Un Plan Nacional de Televisión (1964-1967) se desarrolló en paralelo con el I Plan de Desarrollo y, bajo su cobijo, en 1964 (siempre el 18 de julio) se inauguraron con toda pompa los nuevos estudios de Prado del Rey, con la asistencia del propio Franco, coincidiendo con la conmemoración de los XXV Años de Paz, evento que centrará una de las campañas propagandísticas más intensivas del régimen, especialmente protagonizada por el medio televisivo. Ese mismo año TVE llega hasta Canarias, logrando pues una dimensión enteramente nacional, y comienza algunas débiles programaciones desconectadas autónomas.

Sin embargo este período, sobre todo desde 1965, está considerado por muchos autores como el del comienzo de la llamada «apertura», que tendrá su principal baluarte en la supuesta apertura informativa, una operación de adaptación ideológica a las nuevas circunstancias nacionales e internacionales calificada como «cambio en el régimen y no del régimen» (Tusell, 2005, p. 219).

En esa línea no resultaba ya presentable la Ley de Prensa de guerra, mantenida durante 28 años, con la única salvedad de las proclamaciones retóricas del artículo 12 del Fuero de los Españoles de 1945 (especie de Constitución formal franquista);17 como no lo había sido el estado general de guerra, sustituido desde 1956 por la legislación del estado de excepción que, reforzado por la Ley de Orden Público de julio de 1959, venía a surtir los mismos efectos prácticos pero embellecía la denominada «democracia orgánica». Además, resultaba necesario adecuar la normativa a los nuevos tiempos de la comunicación social, impulsada por el crecimiento rápido de la publicidad y el desembarco masivo de las agencias publicitarias transnacionales, que se instalan sobre todo en esos primeros años sesenta. De forma que los trabajos preparatorios, llevados a cabo desde 1956, culminaron finalmente, bajo el Ministerio de Fraga, en la nueva Ley de Prensa e Imprenta, llamada muchas veces como «ley Fraga» (Ley 14/1966, de 18 de marzo, BOE de 19-3-1966), que eliminaba formalmente la censura previa.18 Todo un aparato legislativo complementario afrontará en esos años la transformación de la información y la expansión de la publicidad: Estatuto de la Publicidad de 1964 (BOE de 15-6-1964), Estatuto de la Profesión Periodística (BOE de 15-5-1964), reorganización y lanzamiento del Instituto de la Opinión Pública, creado en 1963... Asimismo se crearán nuevas «escuelas oficiales», destinadas a formar profesionales adeptos en la publicidad (Escuela Oficial de Publicidad, en 1964) y en la radiodifusión (Escuela Oficial de Radio y Televisión, en 1967), además de reforzar la Escuela Oficial de Periodismo, situada simbólicamente, en la segunda mitad de los años sesenta, en las dependencias traseras del Ministerio de Información y Turismo; con poco éxito en el empeño y rodeadas de una contestación política creciente, todas ellas más la escuela de cine desaparecerán para integrarse en las facultades de Ciencias de la Información, inauguradas en 1972.

El alcance y los efectos prácticos de esta «apertura» han sido y continúan siendo controvertidos entre periodistas e historiadores. En los medios impresos, e incluso en la radio privada, se permitió una cierta crítica y contestación, las más de las veces dirigidas indirectamente a través de temas sociales o de análisis internacionales. Una apertura en todo caso muy relativa y nada exenta de riesgos para periodistas y editores, porque sólo entre 1966 y 1969 se contabilizaron 619 expedientes contra la prensa, con 217 sanciones, entre ellas fuertes multas, suspensiones e incluso cierres definitivos de publicaciones y detenciones (Terrón, 1981, p. 206; Nicolás, 2005, p. 408). En cambio, en los medios audiovisuales estatales, y muy especialmente en TVE, no puede advertirse el menor cambio de situación ni en términos estructurales ni en los contenidos y sus controles.19 Además, hubo signos contradictorios de retroceso, como la creación de una nueva jurisdicción especial, la del Tribunal de Orden Público (desde diciembre de 1963), que comenzó con carácter preventivo pocos meses antes de la campaña de los XXV Años de Paz (marzo de 1964), pero que se mantendría operativa durante muchos años contra la oposición y la prensa. Como se ha concluido, pues, «la apertura y evolución de la dictadura permanecería anclada en el reino de las apariencias» (Nicolás, 2005, p. 239).

Lo más relevante de esta etapa resulta la evidencia de un cambio notable ideológico entre el arias-salgadismo y el fraguismo: aunque Fraga ha dejado poca literatura personal sobre su doctrina de la información, la bibliografía de algunos de sus colaboradores más íntimos (como Gabriel Elorriaga) evidencia —aunque en continuidad con la matriz original de que el Estado poseía la verdad— nuevas ideas más «desarrollistas» y pragmáticas: «Una especie de despotismo ilustrado hecho a la medida de un país insuficientemente desarrollado para permitirse la experiencia de la democracia formal» (Vázquez Montalbán, 1973, p. 147).

El cambio también es relevante para la radiodifusión y el conjunto de los medios estatales ya que, en esta etapa, la propaganda de la dictadura se orientó, más que hacia la movilización ideológica, hacia la desmovilización y la despolitización, porque «esa actitud tan extendida le sirvió de muestra del supuesto consenso, a fin de desprestigiar a una oposición con la que cohabitó hasta el final sin que su acción lograra remover los pilares del autoritarismo» (Nicolás, 2005, p. 267).

En todo caso, este período está marcado por la expansión y prosperidad de RTVE. En noviembre de 1966 se inaugura la segunda cadena, denominada generalmente como UHF por la banda de frecuencias de su emisión (Ultra High Frequency), pero con una programación limitada a tres horas al día (de las 21.00 a las 00.00). Además, los horarios de emisión de la primera cadena se amplían algo. De forma que, si añadimos la aportación limitada de la segunda cadena (otras 3-4 horas/día, en los mejores años del franquismo), la programación se aproximó, al final del período franquista, a las 5.500 horas/ año, con reducciones importantes en 1970-1973, explicadas oficialmente por «motivos económicos y de posibilidades de producción propia» (Presidencia del Gobierno, 1976, p. 89).

Así, más que por los horarios, esa etapa está marcada por la consolidación de TVE como medio masivo y cada vez más hegemónico en los usos comunicativos y de ocio de la sociedad española. Una expansión que es visible en las estimaciones más verosímiles del número de receptores (de los 300.000 de 1962, a los 3 millones de 1969), y que se explica directamente por la expansión general del consumo en los hogares españoles, pero que fue buscada de forma sistemática por el régimen en una larga serie de medidas, entre las que resalta la campaña de los «teleclubs», objeto de un auténtico plan del Ministerio de Información y Turismo, iniciado en 1964 en vinculación con el II Plan de Desarrollo, y que constituirán una auténtica red en la segunda mitad de los años sesenta (4.300 en 1969). Según esta planificación estatal (Memoria del Plan) aquéllos debían estar creados en zonas rurales o grandes ciudades, orientados por monitores con una formación previa oficial y, aunque estaban subvencionados por el Estado central, en la práctica los costeaban en buena medida los ayuntamientos.20

Más polémico ha resultado el análisis histórico de la programación en esos años, objeto de juicios matizadamente diversos entre historiadores. Ciertamente, no hay dudas de que se mantuvo en continuidad la hegemonía de las series y telefilmes norteamericanos en la ficción, complementados por un teatro español acrítico y una información «que suavizó el lenguaje apocalíptico arias-salgadiano, pero creó una nueva fórmula de mitificación española basada en los logros del desarrollo» (Vázquez Montalbán, 1973, p. 153).

Pero parece innegable que, especialmente con el impulso de la programación de la segunda cadena, desde 1964-1965 se comenzó una política de producciones propias cuidadas, en series y espacios dramáticos sobre todo, movidas también por la voluntad de potenciar la imagen de TVE —y del franquismo, naturalmente— en los concursos internacionales (Montecarlo, Milán, Cannes, Montreux, Eurovisión). Este proceso estuvo propiciado por la entrada, en la segunda cadena principalmente, de la segunda generación de realizadores formados en la Escuela Oficial de Cinematografía (EOC), muchos de los cuales alcanzarán notoriedad en los años siguientes como directores cinematográficos. A este respecto, algunos historiadores de la programación televisiva han hablado incluso de una particular «edad de oro» desde la primera mitad de los años sesenta, de la que formarían parte numerosos directores de prestigio en el cine español de la época posterior.21

Sin descartar parte de verdad, por razones obvias, a este razonamiento, ya que los creadores audiovisuales no tenían más remedio que acudir a la única televisión que les permitía crear y sobrevivir, parece al menos dudoso el impacto real de esas obras sobre la sociedad y la cultura española de la época. Y, en todo caso, a pesar de cierta tarea de cine-club de la segunda cadena, esa acción no fue ni lejanamente comparable al papel motor que muchas televisiones públicas europeas jugaron en el apoyo al nuevo cine en los años sesenta-setenta, inexistente en España. Además, como se sabe, la segunda cadena fue durante todo el franquismo una cadena marginal, frenada completamente en su expansión desde 1967, que no despegaría en su difusión hasta principios de los años ochenta, con menos del 50 % de la cobertura de la población española en 1976 (Baget, 1993, p. 302; Pérez Ornia, 1989b, p. 321). Y justamente ese carácter minoritario fue el que amparó el abordaje de «ciertos problemas culturales considerados como excesivamente peligrosos para la primera cadena»; incluso con participación de profesionales y personajes que estaban «en rigurosísima lista negra de la primera cadena» (Vázquez Montalbán, 1973, p. 71). Todo ello en un porcentaje mínimo, que las fuentes oficiales de los años setenta evaluaban en un 6 % del total de emisiones, muy por debajo de los porcentajes del 20-30 % estimados en Europa (Presidencia del Gobierno, 1976).

Más arriesgado es el debate sobre el análisis de la programación general de la época, que se extiende hasta el final del franquismo y que incluso tendrá repercusiones posteriormente. En términos generales se ha afirmado que la estructura de programación del franquismo nos proporcionaría datos muy similares a los comentados para el caso europeo: en ausencia de estructuras sofisticadas de programación, los programas dotados de una gran heterogeneidad se mezclaban sin diluirse en el conjunto. Asimismo existía una importante presencia de espacios culturales, sobre todo en la segunda cadena, que, deberá recordarse, no tuvo una cobertura verdadera estatal hasta 1982 (Contreras y Palacio, 2001, p. 59).

Ciertamente, está la dificultad práctica de analizar en vivo la programación, por la pérdida material de buena parte de sus copias hasta los primeros años setenta (Barroso y Tranche, 1996, p. 6). Y habría que prevenir la confusión que puede establecerse entre el estado de las técnicas de programación y los contenidos concretos u orientaciones más sobresalientes de la época. Sin embargo, algunos primeros estudios empíricos y sistemáticos sobre las emisiones programadas en esta época muestran que una constante de TVE fue «el protagonismo otorgado al entretenimiento en su programación», muy por encima de los países del entorno europeo (Gómez, 1998, p. 407); es decir, una «vocación lúdica» dominante en los veinte primeros años de su existencia, aunque eso no eliminara los programas informativos y formativos (Gómez, 2003, p. 121). En esa línea, en uno de los escasos análisis por géneros de esa época se estima que TVE dedicaba un 42 % a contenidos de entretenimiento, frente al 24 % de información general y el 4 % de programación cultural (González Seara, 1968, p. 153). Además, se prodigan los testimonios y juicios en el sentido de que «TVE tuvo un papel irrelevante en su función cultural y educativa», pese a los intentos de programas educativos en breves períodos, como Imágenes para el saber (1966-1968) (Baget, 1993, p. 303).22

En los primeros años setenta, puesto que esta polémica abarca los contenidos hasta el final del franquismo, se puede citar el testimonio de un primer análisis comparativo de la programación televisiva española con la de las televisiones públicas europeas que, con cifras precisas, concluía que «TVE dedica a programación de información y cultura un porcentaje de tiempo sensiblemente inferior al dedicado por todas las televisiones reseñadas, incluidos los segundos canales de aquellas emisoras que los poseen» (Bollo, 1972).

Mientras tanto, la radio continuó todos esos años profundizando y consolidando la estructura generada tras la guerra civil: la emisión obligada simultánea de las emisiones locales de OM en FM se exige en 1958 (BOE de 5-10-1958); el Plan Transitorio de Ondas Medias (BOE de 30-12-1964) mantendrá esa arquitectura, y la renovación de las licencias privadas en 1972 y 1975 culminará este último año con la cesión obligada al Estado del 25 % de las acciones de las cadenas comerciales.23

Auge y crisis de RTVE, en paralelo a la crisis del franquismo (1969-1975)

El período final de esta etapa está marcado por la crisis del régimen, sólo en parte provocada por el ocaso físico del dictador. En octubre de 1969, tras la crisis originada por el escándalo Matesa (un fraude sobre créditos a la exportación, entronizado en instancias oficiales), se forma un Gobierno «homogéneo» dominado por el Opus Dei. En esa crisis cesará Fraga como responsable del MIT para ser sustituido por Sánchez Bella. Diez días después, Adolfo Suárez, que llegará a ser el presidente del Gobierno en la transición a la democracia, es nombrado director general de RTVE, cargo en el que permanecerá casi cuatro años. Será el último de los mandatos largos en RTVE porque, a partir de entonces, la propia sucesión de cambios de gobierno —provocada especialmente tras el asesinato del presidente Carrero Blanco por ETA en noviembre de 1974— determinará mandatos generalmente inferiores a un año para los directores generales sucesivos.

Como uno de los motores de esta crisis de la dictadura, el período estará marcado por periódicas fuertes protestas laborales, con un elevado y creciente ritmo de huelgas y movimientos estudiantiles y de oposición política en ascenso. Además, desde 1967 comienzan las acciones de ETA, que alcanzarán su culminación en los años setenta. La crisis, a su vez, desencadenará incrementos espasmódicos de la represión, agravada en los períodos de mayor debilidad, especialmente en la etapa final del régimen. Se contabilizan, pues, en esta etapa, miles de despidos políticos y de juicios en el Tribunal de Orden Público (unas 9.000 personas en los últimos diez años), con 17 muertos directos en protestas laborales en esa etapa (Tusell, 2005, p. 231). Además, frente a los conflictos sociales y el terrorismo político, el régimen mantendrá castigos ejemplares: estados de excepción, como el de febrero de 1969, o el de 1975 en el País Vasco, juicios como los de Burgos en 1971 contra ETA, o el desarrollado contra altos dirigentes del sindicato Comisiones Obreras en 1973 (el proceso 1.001); cierres y ocupaciones policiales de la universidad e incluso ejecución de penas de muerte en marzo de 1974 (el anarquista Puig Antich y el polaco Heinch Chez) y en septiembre de 1975 (cinco militantes de ETA y del FRAP).

Estas reacciones tuvieron su reflejo fiel en el terreno de la información, en donde se refuerza también el aparato represivo: en el plano de la regulación legal con la nueva Ley Antiterrorista de febrero de 1975; y en el campo judicial contra la prensa, con 713 expedientes abiertos y 196 sanciones entre 1969 y 1975 (Terrón, 1981, p. 207; Nicolás, 2005, p. 408). La represión política alcanzará incluso a los trabajadores de RTVE, con el procesamiento y la expulsión laboral de seis profesionales por asociación ilícita y propaganda ilegal en febrero de 1972.

Mientras tanto, la situación jurídica y la estructura y el funcionamiento de RTVE mantuvieron un fuerte continuismo, con escasos cambios formales. En octubre de 1973 se declara que RTVE era un servicio público «centralizado», regulado teóricamente por la legislación de entidades estatales autónomas, pero su dirección y dependencias del Estado continúan inamovibles respecto a la etapa anterior, hasta el punto de que su director general seguía siendo el director general de Radio y Televisión (BOE de 13-10-1973).24

De hecho, este puesto pero también otros altos cargos directivos de RTVE se convierten en esos años en «una suerte de plataforma en el escalafón político de la Administración para casi todos los que consiguieron ocuparlo» (Bustamante, 1982, p. 181). Y muchos de los políticos del régimen que ocuparon la dirección general o las direcciones de medios concretos en esta etapa y otros altos puestos engrosarán la lista de los ministros del final del franquismo y de la transición (Suárez, Sancho Rof, Rosón...), comenzando por la carrera política del propio Adolfo Suárez, desarrollada desde 1963 y casi en su totalidad, con breves paréntesis (en 1967 y 1969), en RTVE: Jefatura de Programas (1965), director de la primera cadena (1967), director general (1969-1973), para luego ser ministro y, finalmente, presidente del Gobierno en 1976.

El mandato de Adolfo Suárez como director general de RTVE fue el último prolongado y relativamente sosegado del franquismo. Pero en su época se creó el Consejo Asesor de RNE y de TVE —en realidad una seleccionada élite de notables que respondían a las diferentes familias del régimen—, dedicado a orientar la programación y nada distante de las funciones de censura de las Comisiones Asesoras (Baget, 1993, p. 243). Tras Suárez vendrán los mandatos cortos de Rafael Orbe Cano (1973) y de Jesús Sancho Rof (noviembre de 1974 ) hasta su sustitución en diciembre de 1975 por Gabriel Peña Aranda, marcados todos ellos por la involución, en cuanto a la manipulación y la censura de la información, provocada por un clima de crisis política.

El símbolo más claro de la consolidación de RTVE en esta etapa, más allá de su expansión natural de audiencias, es la adopción oficial, en 1969, del sistema PAL de color, aunque las experimentaciones venían produciéndose desde 1965 y no se generalizarán a una parte significativa de las emisiones hasta la segunda mitad de los años setenta, si bien con un parque de receptores de apenas el 10 % del total (Barroso y Tranche, 1996, p. 52).

El debate sobre la programación ya contemplado respecto al período anterior podría amplificarse en este período, puesto que algunos historiadores de la programación televisiva han resaltado, en paralelismo con lo ocurrido en otros países europeos a la llegada del medio televisivo, el rechazo de los intelectuales españoles hacia la televisión y, en consecuencia, hacia su programación. Una reacción que habría contribuido decisivamente a la mala imagen de la televisión en España, especialmente desde los años sesenta y que podría extenderse hasta la actualidad. Los informes y artículos críticos sobre TVE, en especial en revistas como Triunfo y Cuadernos para el Diálogo, o especializadas como Film Ideal, Primer Plano o Fotogramas, habrían alimentado ese proceso. En esa perspectiva todo ello, a pesar de reconocer que la falta de legitimidad de origen del franquismo (y de ejercicio) impidió consolidar en torno a la televisión una cultura «nacional-popular» (Palacio, 2001, p. 73), habría venido propiciado por el desencanto de los críticos de los diarios sobre TVE «como medio al servicio de la elevación cultural de los ciudadanos», y por la comprobación de que la información de TVE no era más que una herramienta ideológica al servicio del gobierno (Palacio, 2001, p. 81).

Sin embargo, parece evidente que la oposición al sistema radiotelevisivo fue inimaginable durante décadas, al igual que lo era la contestación a cualquier aparato del Estado. Cuando esa crítica fue posible, en los años setenta y en publicaciones minoritarias, no dedicó mucho esfuerzo a reflexiones o debates intelectuales sobre lo «específico» televisivo, ni a sus comparaciones negativas con el cine, habituales en muchos países europeos dos décadas atrás. Tampoco era posible una colaboración mínima de creadores e intelectuales en la radio y la televisión estatales, como las señaladas en otros países europeos, con un régimen autoritario de este tipo. Lo que se encuentra en los primeros años setenta son más bien críticas, todavía entrecortadas por la censura, hacia la conformación concreta del medio en España. Como decía uno de los autores de uno de los primeros dossiers críticos publicados en Cuadernos para el Diálogo, revista emblemática de la agrupación de todas las corrientes de la oposición al franquismo:

El problema estriba en que TVE no parece ser y ni siquiera parece que pretenda aparentarlo, un medio de comunicación al servicio de la sociedad, sino más bien propiedad exclusiva de quienes la controlan con ánimo de sobrevivir (Bollo, 1972).

Ciertamente las críticas más furibundas se centraban sobre todo en los contenidos y orientaciones de la información televisiva y en su total identificación con la visión propagandística del Gobierno. Pero los principales ataques esgrimidos en los años setenta a TVE no se ceñían sólo a la información, sino que abarcaban el conjunto del modelo programático. Los analistas de entonces destacaban que en la programación televisiva española nunca se hablaba de los problemas de la sociedad: «Así, no es extraño que se hable de una España real y de una España de la televisión, reflejándose en esta expresión el antagonismo que las separa» (Bollo, 1972). Y la calificaban sin rodeos de televisión de «régimen autoritario», en el que se busca que el ciudadano se ocupe de su vida privada y, en frase muy repetida en nuestro país, «no se meta en política»; una programación que «trasluce un conmiserativo desprecio hacia las masas por parte del neodespotismo semiilustrado» (López Guerra, 1973).

Así, TVE prosiguió en esos tiempos su política de prestigio y de premios internacionales, incluyendo la producción de series ficcionales y obras dramáticas de autores que ya comenzaban a tener prestigio cinematográfico. Pero mientras tanto se mantenía la hegemonía en la programación de ficción de los telefilmes y series estadounidenses, con serias consecuencias ya señaladas sobre el futuro.25 Además, en el terreno mismo de la ficción española se mantenía la emisión de obras de encargo con claras funciones propagandísticas: así se ha citado, de forma unánime, la emisión durante 1971-1972 de Crónicas de un pueblo, una serie ambientada en un pueblo castellano armónico, feliz y bien jerarquizado, realizada por Antonio Mercero, cuyos contenidos —más allá de la reconocida planificación desde altos niveles del Gobierno para hacer pedagogía sobre el Fuero de los Españoles— se convirtieron en una especie de quintaesencia del pensamiento franquista de la época. Con más incidencia ideológica seguramente, los concursos espectaculares, iniciados desde los años sesenta (La unión hace la fuerza, Cesta y punto, Gran premio, Un millón para el mejor), culminarán en los primeros años setenta con el programa de éxito Un, dos, tres... responda otra vez (1972-1974), siempre como reflejo del espíritu desarrollista del régimen, empeñado en hacer del consumismo naciente la imagen oficial que podía legitimar el origen espurio del franquismo y camuflar el autoritarismo reinante.

Los estrechos límites de esa apertura en RTVE se mostraron ostentosamente cuando el cantante Serrat, seleccionado para representar a España en Eurovisión en 1968, anunció su decisión de cantar sólo en catalán: fue inmediatamente sustituido por otro artista y la dirección de RTVE prohibió su actuación futura en todos los centros de TVE, incluida la emisión de sus discos en la radiotelevisión estatal. En el orden informativo, cabe recordar el silencio ominoso de RTVE sobre la muerte de Picasso, un enemigo declarado para el régimen franquista durante toda su vida.

Aunque la historia de la censura en RTVE está aún por hacer de una forma detallada, algunos historiadores han atendido a aspectos parciales, como su conflictiva relación en aspectos morales y políticos con el cine internacional incluso en los primeros años setenta (casos de censura ostentosa de filmes de autores tan diversos como Mankiewicz, Billy Wilder, Chabrol, King Vidor, Otto Preminger, George Cuckor, Godard, Kazan, Fellini...). Con mucha mayor razón, el cine español será objeto de una censura rigurosa, pese a que llegaba a la pequeña pantalla tras haber pasado previamente el duro control de la Dirección General de Cinematografía: «Televisión Española llegó al extremo de censurar las películas que consideró antibelicistas, y se obsesionó en la censura moral» (Pérez Ornia, 1980).

Por lo demás, TVE tuvo un papel «central» en la información sobre la larga enfermedad de Franco y en los actos conmemorativos de su muerte (21 de noviembre de 1975), en medio de la mayor exhibición de medios técnicos de su historia, y con testimonios numerosos de la presión sobre los informadores en aquellos tiempos.26 Y el signo político regresivo de la época pudo verse también en TVE cuando, al día siguiente, el presidente del Gobierno, Arias Navarro, leyó ante las cámaras el testamento de Franco, advirtiendo que «los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta».

Mucho más tarde se ha concluido que la manipulación informativa «se convirtió en un vicio del que ya no podrían sustraerse por entero los profesionales del periodismo en TVE [...] hasta ser aceptado como un signo de la fatalidad y no como un error de raíz» (Baget, 1993, p. 303). Incluso en contraposición con las tímidas e irregulares medidas de apertura en la prensa impresa, los testimonios coinciden en considerar la conducta de TVE como una agudización de la censura y el control, como una especie de contrapeso a las muy relativas libertades que se tomaba la prensa impresa.

Otra importante característica innegable de TVE, que la separa de muchas televisiones europeas de esa época, es su extremo y prolongado centralismo. Sólo desde 1969 se comienzan a crear delegaciones territoriales (Bilbao, Santiago de Compostela, Oviedo) no coincidentes generalmente con regiones homogéneas, que por ende no tienen más que un papel de corresponsalías informativas en los primeros años, sin que aborden hasta 1974 los primeros programas específicos para coberturas territoriales concretas (Pérez Ornia, 1989b, p. 324; Moragas, Garitaonaindía y López, 1999, p. 148). Hasta el punto de que hasta octubre de 1963 no se emite el primer programa en catalán en las desconexiones realizadas en Cataluña, un ciclo de teatro de una hora por semana al que se añadirá, en 1967, el programa Mare Nostrum, emitido un martes al mes; todavía en 1975, el circuito catalán sólo mantenía una programación propia de 3 horas al mes (Baget, 1993, p. 303). Como se ha concluido:

El régimen político dictatorial imperante entonces en el Estado español resultaba especialmente represivo ante cualquier manifestación social, política o cultural descentralizadora (VV. AA., 1989, p. 251).

La economía de la radiotelevisión franquista

Entre 1956 y 1958 se desenvuelve la que ha sido llamada «etapa heroica» (Pérez Calderón, 1965, p. 125), una TVE con escasos medios económicos y materiales en el seno de un Estado en crisis económica permanente. El maná de la publicidad, en medio de una mejora radical de las finanzas del régimen, acabará con esa situación y dará impulso a la expansión de RTVE. De hecho, el esfuerzo de extensión territorial de la cobertura de emisiones desde 1959 a 1962 se consigue: por los ingresos cada vez mayores que llegan del campo de la publicidad [...]. La envergadura creciente alcanzada por la publicidad en TVE la convierte no sólo en la exclusiva fuente de financiación, sino incluso en superávit, que el Estado aplica a otros medios informativos bajo su control de carácter deficitario (Vázquez Montalbán, 1973, p. 40).

El franquismo, en efecto, intentó implantar originariamente, desde 1957, un «impuesto de lujo» sobre la tenencia de receptores de televisión, que fracasó rápidamente por la resistencia o la picaresca de los propietarios y parece que también por las desavenencias entre organismos del Estado con competencias en la cuestión (Palacio, 2001, pp. 56-67).

El hecho es que en 1965 (23 de diciembre) se suprime oficialmente el impuesto de lujo sobre la tenencia de receptores de televisión,27 determinando así una hegemonía incontestada de la televisión comercial, insólita en la Europa de la época y que se convertirá en el modelo financiero endémico de TVE.28 Más allá de esa repercusión sobre los destinos del servicio público, hay que anotar una trascendencia general sobre la estructura mediática española: el aniversario de TVE coincide casi exactamente con el de la llegada y expansión de la publicidad moderna a España, en procesos paralelos que se alimentan mutuamente (Bustamante y Guiu, 1988, p. 12);29 y la publicidad en televisión adquirirá precozmente un peso enorme, insólito en el marco europeo, en cuanto a su distribución mediática.30

Los comienzos de esa publicidad fueron un tanto pintorescos en gestión y formatos. Así, entre 1958 y 1963 el Estado sacaba cada año a concurso los espacios publicitarios de TVE, concediéndolos a algunas contadas agencias publicitarias que se convertían luego en minoristas. Se trataba habitualmente de las agencias Publidis y Movierecord, que junto a Telesistemas monopolizarán ese mercado, manteniendo una entente cordiale para evitar una guerra de precios suicida (Barber y Torrejón, 1986). Este sistema singular perdurará hasta 1969, ya que aunque en febrero de 1957 se había creado el germen del departamento de publicidad, y en 1961 se habían dictado nuevas normas de contratación publicitaria, hasta mayo de aquel año no se acabó la explotación por concurso a agencias adjudicatarias, creando por fin la Gerencia de Publicidad que gestionaría directamente la venta de espacios.

En estos primeros años el formato dominante consistía en cuñas vivas y en directo, basadas en diapositivas o cartones con fondo musical y, sobre todo, en la fórmula de patrocinio de programas, con gastos de antena a cargo del anunciante (Barber y Torrejón, 1986). También es la época del reino inicial del dibujo animado, protagonizado sobre todo por los hermanos Moro, pero en dos-tres años se generalizará el formato de spots, sobre todo en las pausas previstas por las series estadounidenses.

En definitiva, como concluía un primer análisis independiente de los años setenta, TVE era, desde la segunda mitad de los años sesenta, «un servicio plenamente rentable» por la publicidad, hasta el punto de que con tales ingresos se pagaban sus gastos pero también el déficit de explotación de RNE, los servicios centrales de la Dirección General e incluso quedaban beneficios al Estado (a través del impuesto de publicidad televisada) (Vázquez Montalbán, 1973, p. 64).

La confirmación de esta aseveración no es fácil de obtener porque la contabilidad de ingresos y gastos de RTVE, inserta completamente en el aparato estatal, es todo menos transparente. Se sabe ciertamente, por las series incompletas de las Memorias de los Planes de Desarrollo, que los ingresos publicitarios de TVE crecen raudamente desde 1959: de 16 millones de pesetas en ese año a 524 en 1963, de los 4.000 de 1969 a los 7.800 de 1975. Pero resulta más difícil, a falta de datos fehacientes sobre los presupuestos de gastos efectivos, aquilatar el peso que la publicidad tenía en su financiación. Sin embargo, hay indicios suficientes como para afirmar que se trató casi todos los años de una fuente hegemónica cuando no total de la financiación de la radiotelevisión estatal.

Así, en 1963, sobre un presupuesto de gastos de 526,95 millones de pesetas, la publicidad proveía un 91,39 % de los ingresos. En el informe del IV Plan de Desarrollo se certificaba que las asignaciones para inversión en el tiempo de vigencia del plan (estudios, edificios, equipos) habían sido inferiores al 10 % de los reintegros de publicidad en el cuatrienio anterior, porcentaje que había sido mantenido en el II Plan de Desarrollo. Y las cifras publicadas de 1973 sobre gastos totales e ingresos publicitarios certifican que, en un año de relativa crisis económica, la publicidad había abonado un 79,81 % del presupuesto, incluyendo los gastos de una ya considerable plantilla laboral.31

Al final del franquismo, algunos documentos oficiales muestran ser conscientes de esta anomalía española respecto al modelo europeo, al señalar que los «mayores contrastes» con Europa se planteaban en televisión por la «peculiaridad de Televisión Española, cuyos recursos proceden de la publicidad televisada, sistema casi único en Europa, si se exceptúan las estaciones de TeleMontecarlo y TeleLuxemburgo» (Presidencia del Gobierno, 1976, p. 84); es decir, para plantearse el dilema de cómo financiar los programas culturales y educativos en ese modelo.32

Las primeras consideraciones sobre la audiencia televisiva, motivadas seguramente por esa dinámica de atracción de la publicidad, se basan en las cifras estimadas de receptores de televisión, siempre resistentes en su fiabilidad a los análisis posteriores. Así, aunque los historiadores de esa época han dado cuenta de cifras de receptores muy diversas según las fuentes, hay dos series de datos más sistemáticos: los proporcionados por RTVE, que no solamente estaban determinados por el afán de arropar la captación de publicidad, sino también por ambiciones políticas, como demuestra el hecho constatado de que los datos eran sistemáticamente anunciados durante años coincidiendo con la celebración del 18 de julio, «conmemoración» del Alzamiento militar (Palacio, 2001, p. 37); y las incluidas en los Planes de Desarrollo tecnocráticos del régimen, siempre inferiores, y que parecen más fiables pese a su contenedor. Reteniendo estas últimas nos encontramos con que los apenas 600-1.000 televisores existentes en la inauguración de TVE se habían convertido en 12.000 en 1958, en 100.000 en 1960, en 300.000 en 1964 y en un millón en 1964; los 2,68 millones de 1968, según esas cifras, se habrían más que duplicado en 1974 hasta alcanzar los 5,71 millones de receptores.

Al calor de las demandas de modernización del régimen, pero sobre todo de la avalancha de las inversiones publicitarias y de sus exigencias de datos justificativos, se comienzan a realizar los estudios de audiencia en España. Las primeras encuestas, realizadas en 1964-1965, son protagonizadas por el Instituto de la Opinión Pública y aseguran que existía ya en la población española un 57 % de televidentes, aunque con una estructura peculiar: «[...] tanto mayor cuanto más elevado es el estatus socioeconómico del individuo, cuanto más grande es la población y cuanto más joven se es». Además, se concluía que los «telefilmes» estadounidenses ocupaban el primer lugar de preferencia, por delante de los informativos (González Seara, 1968, pp. 155-156). Por lo demás, estadísticas dispares, en origen y metodología, nos hablan sin embargo elocuentemente de la expansión de los televisores durante los últimos diez años del franquismo: 32 % de los hogares en 1966 (Foessa, 1967), 38 % en 1968 según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y 79 % en 1975 de acuerdo con esa misma fuente.

Pero las primeras encuestas de RTVE se habían iniciado en 1958 y consolidado en 1968. En este último año, sin embargo, comienza a realizarse la encuesta de Estudio General de Medios (primera ola en octubre), a instancias de los anunciantes y sus necesidades de información, con antecedentes desde 1964.33 Y con ella se inicia realmente la existencia de datos independientes sobre equipamiento de los hogares y audiencia, con los requerimientos mínimos que se exigen en términos modernos.

Conclusiones

Por encima de debates puntuales sobre el valor de ciertas obras y emisiones muy minoritarias, parece evidente que no existió nunca en España una «edad de oro» del servicio público parangonable con la señalada en países europeos democráticos, ni siquiera con los matices críticos que puedan añadirse a estos últimos en su modelo pedagógico, siempre teñido de cierto paternalismo.

Si en la radio el modelo público no fue el prevalente en España durante años como en la generalidad de Europa (Barberio y Macchitella, 1992, p. 17), la gestión estatal no se impuso sino como instrumento propagandístico y de poder, extendido luego al monopolio de la televisión. Completamente ajena a la noción de ciudadanía (citizenship), que tuvo implicaciones trascendentales en otros países (Raboy, 1998; Hibberd, 2005, p. 18), RTVE nunca formó parte de la «esfera pública» ni se empleó en consolidar una «cultura nacional» al alcance de toda la nación, sino que se organizó durante cuatro décadas como una rama del aparato del Estado y, progresivamente desde los años sesenta, como su brazo propagandístico fundamental.

El sistema dual instaurado en la radio no tiene tampoco nada que ver con los modelos bipolares precoces instaurados en otros países (Finlandia y Reino Unido, desde 1953-1954), en medio de una sistemática subordinación en España de la empresa privada a los designios del Estado. Y España carece también, por razones obvias, de esa lenta progresión de capitales aspirantes a la televisión privada (años cincuenta y sesenta) que se produjo en otros países en cuanto se comprobó la vitalidad del mercado publicitario.34

A partir de esas bases, las características de la radiodifusión estatal se alejan lógicamente del modelo de servicio público europeo en todos sus rasgos fundamentales:

— La organización jurídica y la gestión no gozaron nunca en este período de autonomía alguna respecto al Estado, en cuya maquinaria se integraban. Y la contestación vivida en Europa en los últimos años sesenta y primeros setenta adquiere en España la simple forma de crisis y contestación a la globalidad del régimen. No hubo, por tanto, ningún espacio para el proceso de autonomización respecto a los gobiernos vivido paulatinamente en Italia o en Francia en la primera mitad de los años setenta.

— El modelo financiero, con introducción y hegemonía precoz de la publicidad en el contexto europeo, resultaba tan coherente con ese sistema de dependencia gubernamental a ultranza como lo fue el fracaso del canon en un régimen autoritario, en ausencia de las condiciones de consenso democrático que lo hicieron factible en otros países europeos. La restante fuente financiera posible, la subvención pública, ocupó un papel menor y siempre coyuntural, en un marco de ausencia de todo concepto de Estado de bienestar que arropara al servicio público en cualesquiera de sus campos clásicos de la época.

— La inexistencia de toda concepción de «monopolio de producción», en medio de la minimización del papel cultural de los medios audiovisuales, amparó una hegemonía temprana de la ficción estadounidense, correlato a su vez de la visión comercial extrema de la radiotelevisión estatal.

— La nula o, en los últimos años, precaria descentralización de la producción y las emisiones respondió por añadidura a la concepción brutalmente centralista de la realidad en un régimen autoritario que veía con sospecha toda manifestación creativa o informativa que se alejara de su centro de control.

En definitiva, y como escribíamos hace años, puede reafirmarse que:

Lejos del modelo europeo de la televisión como servicio público, controlada por los gobiernos de la dictadura como en ningún país europeo lo consiguiera ningún partido gobernante, férreamente centralista, carente de toda legitimidad (pese al monopolio de oferta detentado) TVE creó así un tipo de relación con el público y, evidentemente, con la política, que siguió pesando duramente sobre la sociedad española (Bustamante y Guiu, 1988, p. 123).

3. Como ha señalado un historiador, el caso español, «en una hipotética escala de fascistización, se situaría, en los años cuarenta, entre el polo superior italiano y el inferior portugués» (Tusell, 2005, p. 29).

4. Como se ha concluido, con abundantes pruebas, «el nuevo Estado se edificó sobre una represión metódica e implacable, que ya no podía tener como meta la consecución de una victoria, sino la erradicación de los virus que habían infectado el cuerpo de la patria: el anarquismo, el socialismo, el republicanismo, la masonería, el separatismo, pero más allá, en zonas más profundas, el liberalismo, origen auténtico de todos los males» (Tusell, 2005, p. 145).

5. El preámbulo de la ley se pronuncia contra «los daños que una libertad entendida al sentido democrático» han ocasionado a la opinión pública, «diariamente envenenada por una prensa sectaria y antinacional», y declara procurar que «el periódico viva en servicio permanente del interés nacional». En su art.1 atribuye al Estado «la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la prensa periódica», responsabilidad concretada en su tristemente famoso art. 2: «la regulación, número y extensión de las publicaciones periódicas», «la intervención en la designación del personal directivo», «la reglamentación de la profesión periodística», «la vigilancia de la actividad de la prensa», «la censura mientras no se disponga su supresión».

6. Un historiador prestigioso y conservador señala significativamente que en Italia y Francia, en condiciones de democracia, se consiguió la modernidad económica en unos tres años durante la posguerra. Mientras, en España la política autoritaria y autárquica provocó que se prolongara esta recuperación durante once-catorce años tras la guerra civil (Tortella, 1994, p. 205).

7. En 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, se permite el establecimiento libre de emisoras por particulares «sin concesión de monopolio alguno», y se dan las primeras licencias privadas (Real Orden de 14-6-1924).

8. En 1923 (27 de febrero), se disponía que «el Estado español podrá explotar el servicio radiotelefónico mediante concesión por sí mismo» (Ley de 26-10- 1907; Real Decreto de 24-1-1908).

9. Sobre la censura durante el franquismo pueden verse Gubern, 1981; Abellán, 1980; y González Ballesteros, 1981.

10. «Debo decir —declaraba Jesús Suevos en una entrevista en fechas muy posteriores— que siempre puse la radio y la televisión al servicio de Franco y del Alzamiento Nacional.» Entrevista con Pedro Muñoz, 1990 (citado en Baget, 1993, p. 20).

11. Vázquez Montalbán, 1973, p. 142. Véase también Moragas, 1981, pp. 224-228.

12. Según uno de los discursos de Arias Salgado, el monopolio estatal de la información o su intervención directa debían impedir «la invasión vertical de las ideas disolventes, las calumnias, las críticas, las medias verdades, las campañas, los silencios, el laicismo, el ateísmo, el libertinaje, la pornografía, las herejías y tantas fuerzas subversivas como andan sueltas por el mundo».

13. Véanse Palacio, 1992, y Baget, 1993; véase asimismo Ibáñez, 2001.

14. La programación de ese día estuvo compuesta, además de por la misa y los discursos políticos, por emisiones de NO-DO, actuaciones de los coros y danzas de la Sección Femenina (rama especializada del partido único) y conciertos, con cierre del himno nacional y la bandera española.

15. Justamente, en 1956, la crisis económica llega a su culminación, reactivando la crisis política. Véanse Clavera, et al., 1973.

16. «Había en la Casa un censor oficial pero también lo eran, por el riesgo que corrían, los directores de programas y hasta los mismos realizadores y no digamos los espontáneos que cogían el teléfono y te llamaban protestando por lo que les parecía censurable. A veces esas llamadas provenían de otros directores generales que, por cierto, eran los peores [...]. Religión, política, sexo, había que mirarlo con lupa. Una equivocación ahí y eras eliminado» (Alfredo Castellón. «Yo estaba allí», en Barroso y Tranche, 1996, p. 46).

17. En su artículo 12, el Fuero de los Españoles proclamaba: «Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los Principios Fundamentales del Estado».

18. Al parecer, el proyecto final de la ley fue elaborado por Pío Cabanillas, notario y subsecretario del MIT por entonces, que en la transición llegaría a ser ministro de Cultura. El artículo 1 de la Ley de 14 de marzo de 1966 reconocía la libertad de expresión en los medios impresos y el artículo 3 suprimía la presentación previa de las obras, pero el artículo 2 extremaba las limitaciones de esa libertad, condicionándola, entre otras cosas, «al respeto a la verdad y la moral», «al acatamiento a la ley de principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales», «a las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y de la paz exterior», etcétera.

19. Como ha escrito un prestigioso autor de la oposición a décadas del franquismo: «Si el fraguismo puede aportar un notable balance positivo en los capítulos de prensa y editoriales, sus avances fueron mínimos en los medios audiovisuales. Funcionaba la ley de peligrosidad social y la capacidad persuasiva” de los medios audiovisuales condicionaba un mayor celo en su control» (Vázquez Montalbán, 1973, p. 145).

20. El modelo de los teleclubs, al parecer copiados de Francia, consistía en un local, con televisor y otros dispositivos audiovisuales, así como una biblioteca elemental que, bajo las directrices del monitor, pretendía ser un «instrumento de educación popular». Y en la Memoria del II Plan de Desarrollo se hacía un llamamiento para que colaboraran con los teleclubs las organizaciones del partido único del Movimiento Nacional y del Estado. En todo caso, esa misma Memoria constata que el objetivo de 7.000 centros previstos no se ha cumplido. Además, en varias regiones se vivieron experiencias curiosas cuando los movimientos de oposición crecientes utilizaron los teleclubs y sus bibliotecas como espacio de concienciación ciudadana contra la dictadura.

21. En la lista citada por varios historiadores, ciertamente notable, de realizadores con prestigio posterior, figuran, entre otros, Mario Camus, Fernando Fernán Gómez, José Luis Borau, Iván Zulueta, Claudio Guerín, Jose Luis Garci, Josefina Molina, Pilar Miró, Gonzalo Suárez, Julio Diamante, Jose María Forqué... (Baget, 1993, p. 88; Palacio, 2001, p. 87). Un analista de la programación considera, incluso, que de 1968 a 1974 se dio «un determinado estilo colectivo de la realización y la producción», al que califica como «reflejo de las formas de expresión de una cultura nacional española, al margen del zafio franquismo» (Palacio, 2001, pp. 128-129).

22. Como ha señalado Jesús García Jiménez, directivo en esa época de programas culturales, «el desinterés de TVE por la cultura a lo largo de todo el régimen de Franco ha sido verdaderamente olímpico. Creemos que con ello no sólo se ha hurtado una de sus misiones esenciales sino que también se han menospreciado las necesidades y los intereses reales de amplísimos sectores de su público» (véase García Jiménez, 1980, p. 399).

23. Esta medida insólita, que algunos interpretaron como un intento de estatalización, pudo ser leída, en sentido contrario, como una medida de consolidación y enquistamiento del poder de las cadenas privadas concedidas por la dictadura «cara a una época que se adivinaba claramente como de reforma y convulsión de las instituciones» (Bustamante, 1983, p. 161). De hecho, apenas se registraron protestas por este motivo de las empresas afectadas hasta años después, cuando el Estado revendió esas participaciones a sus accionistas.

24. Como escribíamos hace años respecto a esta etapa, «el problema del poder en la pequeña pantalla estaba resuelto como una simple prolongación del poder gubernamental, de cuyas disidencias internas, recambios y contradicciones, participaba pues ampliamente» (Bustamante, 1982, p. 181).

25. El modelo comercial no fue presumiblemente ajeno a la dependencia mantenida desde el origen a las importaciones de series de ficción de EE. UU. que, al decir de un historiador, provocaron que «TVE [pasara] así a convertirse en una empresa cultural y económicamente colonizada, a la vez que acostumbraba al público al consumo de un determinado tipo de productos cinetelevisivos con una estructura, ritmo y contenido muy concretos que ha mantenido en épocas posteriores» (Baget, 1993, p. 304).

26. «Aquellos 35 días fueron un vía crucis para los hombres de televisión. El asesinato de Carrero Blanco, veinte meses atrás, había sido un ensayo general que salió mal como todos los ensayos generales. [...] Hubo que intentar saberlo todo: lo que se podía decir y lo que no se podía decir» (Vilá San Juan, 1981, p. 173).

27. El impuesto suponía entre 300 y 500 pesetas anuales en esos años, una cantidad considerable para los salarios de entonces. Se suspendió, oficialmente, por la Ley de 1965 (103/1965, BOE de 23 del 12) que declara que «no podrá exigirse tributo alguno, cualquiera que fuera su forma o denominación, por el uso, tenencia o disfrute de aparatos de televisión» (art. 2). La explicación legal que se daba era por el «carácter cultural de la televisión», pero también por el escaso rendimiento del impuesto sobre los receptores. Un directivo de TVE posterior comentaba la decisión: «Así estaban las cosas, cuando un buen día, hacia el año 1966, alguien se decidió a hacer cuentas y comprobó que la cantidad que se recaudaba era inferior a la que se abonaba por su trabajo a los mismos recaudadores [...] sin abrogaciones, aboliciones. Se olvidó el asunto del “canon” en beneficio de todos» (Macía, Pedro, Hora Cero, citado en Bustamante, 1988, p. 123).

28. «La supresión del impuesto, en especial, es una decisión de gran trascendencia, por cuanto implica un modelo de televisión pública dependiente de los ingresos publicitarios que ya será imposible de rectificar en el futuro» (Baget, 1993, p. 319).

29. Así, uno de los protagonistas publicitarios de esos tiempos dijo que «TVE cumplió 30 años, 27 con publicidad» (Barber y Torrejón, 1986). Este protagonismo de la publicidad televisiva es aún más acentuado si se considera que la radio en España en los años cuarenta había sido un medio escasamente popular (apenas un millón de oyentes) y sometido a continuas restricciones y cortes de electricidad (véase Pérez Ruiz, 2002, pp. 267-275).

30. Por decreto de octubre de 1957 se había atribuido a la Administración Radiodifusora (ARE), además de los créditos presupuestarios, los fondos que correspondieran por publicidad radiada, por el impuesto de publicidad o «por cualquier otro servicio que pueda atribuírsele por razón del servicio que presta».

31. En 1974, los datos oficiales hablaban de 5.703 empleados (3.479 en TVE y 2.224 en RNE). En 1976, a la salida del franquismo, RTVE ya disponía de una plantilla de unos 10.000 empleados.

32. La memoria del IV Plan de Desarrollo se planteaba abiertamente que se podría aceptar que se financiara con los ingresos publicitarios incluso la programación sin publicidad de Radio Nacional de España, pero se preguntaba si «¿está obligada también Televisión Española a cubrir la totalidad de los costos de producción de los programas culturales e incluso educativos?». Para responderse a sí misma que sólo había dos alternativas: o el Estado subvencionaba ese tipo de programas o reinstauraba el impuesto por tenencia de receptores que «antes o después, deberá ser reimplantado en nuestro país» (Presidencia del Gobierno, 1976, p. 96).

33. En 1964 ya se realizan estudios impulsados por CIESA-NCK y el Instituto Eco a instancias de su cliente Colgate. Paralelamente se había creado la OJD (Oficina para la Justificación de la Difusión), encargada de certificar las cifras de tiradas de la prensa escrita. Y la propia Asociación de Anunciantes Españoles (AEA) se había constituido en 1965. Véase AIMC, 1998.

34. Como se ha constatado a través de las memorias de Fraga Iribarne, en 1962 se produjo un intento de la CBS para convencer al Gobierno español de autorizar un canal privado que, evidentemente, no tuvo éxito (Palacio, 2001, p. 36). Fue un conato lógico en la época en que las cadenas estadounidenses invertían en ese campo en América Latina. Sobre las primeras iniciativas privadas en los grandes países europeos, véase Costa, 1986, pp. 271-318.

2

La transición democrática:

nacimiento de un servicio público precario

(1975-1982)

La etapa de la transición democrática española se inicia con la muerte de Franco y la consagración del rey Juan Carlos como jefe del Estado. Su primer Gobierno, presidido por Arias Navarro en continuidad con el régimen franquista, muestra rápidamente una total incapacidad para protagonizar la apertura democrática prometida en su famoso discurso sobre el «espíritu del 12 de febrero», por la fecha en que proclamó el pluralismo que debía ser encarnado por «asociaciones políticas», agrupaciones de familias del régimen que suplantarían a los partidos políticos.

Pronto, en julio de 1976, el rey sustituye a Arias por Adolfo Suárez, que afrontará la reforma de las instituciones franquistas al frente de una coalición de catorce partidos llamada Unión de Centro Democrático (UCD), que consiguió en los primeros años de la transición un apoyo electoral dominante, cercano a la mayoría absoluta, en las elecciones constituyentes de junio de 1977, tras la legalización del Partido Comunista, y en las de marzo de 1979. Su primer revés electoral se produce en las elecciones municipales de abril de 1979, ganadas por las candidaturas de izquierda; y la moción de censura parlamentaria presentada por el PSOE en mayo de 1980 que, aunque sin éxito, contribuirá a debilitar al Gobierno. Pero serán especialmente las confrontaciones en el seno de la coalición gubernamental las que llevarán a la dimisión de Suárez en enero de 1981.

Esta primera etapa coincide cronológicamente, y no por casualidad, con un período en RTVE de claro carácter continuista, con el solo trámite de una nueva consideración jurídica como «entidad autónoma» (Real Decreto de 28-11 de 1977) que no alcanzó a suponer ninguna transformación real. Pero, como consecuencia de los Pactos de la Moncloa, ratificados por el Parlamento en octubre-noviembre de 1977, se crea el Consejo Rector Provisional de RTVE (BOE de 14-11-1977 y de 18-1-1978), encargado especialmente de elaborar el futuro Estatuto de RTVE y que escenificará durante dos años la confrontación política y parlamentaria sobre la reforma democrática del servicio público. En relación estrecha con esta pugna, las acusaciones de manipulación gubernamental y las denuncias de mala gestión e incluso de corrupción económica en la radiotelevisión pública se convertirán en uno de los núcleos del debate político de la transición,35 hasta el punto de formar parte del argumentario central de la moción de censura al Gobierno presentada por el PSOE en el Parlamento en mayo de 1980, y de provocar sendas querellas ante los tribunales de justicia del PCE y el PSOE en marzo-mayo de 1980 contra la Dirección General de RTVE.

El segundo tiempo de este período de transición democrática comprende la etapa de dirección del Gobierno en manos de Leopoldo Calvo Sotelo, marcada en buena medida por el choque que significó el intento de golpe militar frustrado del 23 de febrero de 1981, producido precisamente entre la primera y la segunda sesión de su investidura. Su mandato, en medio de una creciente descomposición de la UCD, llega hasta las elecciones generales de octubre de 1982 —ya con Adolfo Suárez escindido en el nuevo partido CDS (Centro Democrático y Social)—, que concluyen con una derrota electoral aplastante que destruye prácticamente a la UCD y eleva a los socialistas al Gobierno. Según un consenso generalizado entre los historiadores, aquí acaba el proceso de transición democrática, con la amenaza militar diluida y una alternancia política verosímil.

En RTVE esta etapa también está tan determinada políticamente que sus cambios jurídicos apenas se hicieron notar. La promulgación del Estatuto de la Radio y la Televisión (BOE de 12-1-1980), primera norma con rango de ley sobre la radio desde 1934 y sobre la televisión en toda su historia, confiere a RTVE la categoría de «servicio público esencial». Pero su aplicación se demorará hasta principios de 1982 y se verá cortocircuitada por el nuevo clima político creado tras el 23-F, para empujar a RTVE hacia un nuevo período de involución que se mantuvo hasta prácticamente los comicios de 1982. Salvo un breve período durante el mandato de Fernando Castedo en la Dirección General, el estreno del Estatuto no implicará cambios apreciables ni en el modelo financiero y organizativo del servicio público ni en su dependencia gubernamental.

El otro gran termómetro de la íntima correlación entre política y radiodifusión reside justamente en el significativo alto ritmo de rotación de los responsables de RTVE en este período:36 ocho directores en ocho años, con cambios inmediatos en el staff de dirección de la empresa en casi todos los casos. De esta forma, a una alta incertidumbre política se corresponde inmediatamente una notable inestabilidad en la gestión de RTVE; o, dicho de otra forma, el cargo de director general de RTVE adquiere un sello tan intensamente político que quema rápidamente a sus responsables para finalmente ser cesados, al menos como detonante, por alguna emisión incontrolada o por un simple cambio de fuerzas internas en el partido gobernante: Rafael Ansón cesó aparentemente por la emisión de una actuación del cantautor Luis Pastor en la que éste aparecía rodeado de banderas republicanas; Fernando Arias Salgado por dar paso a la aplicación tardía del nuevo Estatuto, pero tras escándalos financieros sonoros y duros enfrentamientos con la oposición; Fernando Castedo, por haber creído en la autonomía predicada en la nueva ley para RTVE, aunque también por el fracaso de UCD en las elecciones gallegas de octubre de 1981; Carlos Robles Piquer dimitió tras una emisión acusada de paragolpista pero, especialmente, tras duros enfrentamientos internos en RTVE. Todos ellos serán acusados periódicamente de manipulación informativa.

La radiotelevisión estatal y la política mantienen así en la transición un estrecho hermanamiento en sus caminos y sus vicisitudes que no desmerece en nada del habitual durante el franquismo. La gran novedad radica en que RTVE se convierte en un nuevo ámbito cada vez más permisivo con las voces críticas, en una pieza fundamental del debate y la contestación política.

Una radiotelevisión de relaciones públicas (1975-1980)

Los comienzos de esta etapa están marcados por el continuismo con la situación política anterior, por la Presidencia del Gobierno en manos de Arias Navarro tras los estertores del régimen por la agonía de Franco y los signos de agotamiento del franquismo: desde las ejecuciones finales hasta el abandono del Sahara a manos de Marruecos. Pero también por un incremento de la presión de la oposición, con la presentación de la Junta Democrática en París (29 de julio de 1974) y la unión final de fuerzas en la Plataforma de Convergencia Democrática, en junio de 1975.

El 15 de junio de 1976 Arias Navarro dimite y en su lugar el rey nombra a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Comienza así la verdadera transición a la democracia, que tendrá sus jalones iniciales básicos en la aprobación de la reforma política por las propias Cortes franquistas (noviembre) y en el fulgurante éxito del referéndum de la reforma: 77,7 % de participación, con un 94,1 % de síes. En las elecciones inmediatas de 1977 la UCD consigue un 34,8 % de los votos con 165 escaños de 360, rozando pues la mayoría absoluta; en los comicios generales de 1979 revalidará esta preeminencia con un 35 % de los votos frente al 29 % del PSOE.

Sin embargo, y a pesar de los avances democráticos de estos tiempos, desde la legalización de los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista de España, hasta el consenso creciente mantenido por el Gobierno con la oposición en los aspectos clave de las reformas económicas y políticas, esta época dista mucho de ser sosegada.

En primer lugar, porque la transición coincide con una profunda crisis económica. Si en los primeros años setenta, en continuidad con la década de los sesenta, España había vivido una fuerte expansión económica, desde mediados de ese decenio hasta los primeros ochenta se produce un crecimiento mínimo, con altas tasas de inflación y de paro. Influye en ello la crisis mundial desatada desde 1973, pero también circunstancias estructurales de la economía española, ante las que UCD no supo o no pudo realizar reformas estructurales profundas (Tortella, 1994, p. 388). Y aunque en 1977 España pide formalmente su adhesión plena al Mercado Común Europeo, ésta sólo se produciría casi diez años después, sin mayor repercusión previa en la situación económica general. De hecho, 1976, el primer año de la transición democrática, ha sido considerado como el más negativo para la economía española en quince años; y 1977, el momento clave de las reformas políticas, ha sido calificado como el momento en que «España estaba en bancarrota», con tasas de inflación que alcanzaron del 30 al 42 % en algunos meses y un 50 % interanual en verano (Tusell, 2005, p. 324). Se constataba así una paradójica coincidencia histórica: «Curiosamente, las dos grandes crisis económicas de nuestro siglo —1929 y 1974— acontecieron en dos años que fueron en España vísperas de profundos cambios políticos» (Di Febo y Juliá, 2005, p. 132).

El otro gran problema fueron las protestas sociales y políticas, marcadas no sólo por la crisis económica sino también por la presión popular hacia la democracia y por los crecientes sectores descontentos del sistema. De esta forma, la transición democrática efectuada por España, considerada generalmente como un modelo de tránsito pacífico, está plagada de episodios violentos: de una parte, por la represión gubernamental, que se cobrará numerosas vidas, como en las actuaciones policiales de 1976 en Pamplona y Vitoria; de otro lado, por la actuación de los grupos de extrema derecha (sucesos de Montejurra, matanza de abogados en la calle Atocha, asesinatos de múltiples militantes de izquierda...), que causaron 72 muertes sólo entre 1979 y 1980; finalmente, por el terrorismo antisistema, sobre todo por el grupo GRAPO (Grupos Antifascistas del Primero de Octubre) y por ETA, que multiplica sus actuaciones en este período, con 329 muertes entre 1976 y 1982. Así se ha evaluado que «durante el período 1975-1980 hubo 460 muertos» por las actuaciones de signo político (Tusell, 2005, p. 279).

Pese a todo ello, la transición fue dando pasos adelante en un clima de difícil consenso que abarcaba los temas de Estado más capitales: la Constitución se fue elaborando y discutiendo desde septiembre de 1977 hasta octubre de 1978, y alcanzó un alto grado de apoyo parlamentario; el referéndum necesario para aprobarla, el 12 de diciembre de 1978, fue todo un éxito, con un 67,1 % de participación, 15,7 millones de síes (87,9 %) y apenas 1,4 millones de noes. Frente a la inflación, los principales partidos y centrales sindicales suscribieron los Pactos de la Moncloa en septiembre de 1977, que contenían esencialmente acuerdos para el funcionamiento de la economía y de las relaciones laborales, pero también todo un programa de actuación jurídica y política en el orden democrático. Sin embargo, a pesar de su victoria electoral en 1979, y en medio de crecientes enfrentamientos entre los partidos y los líderes de la coalición, la UCD comenzó a mostrar claros signos de agotamiento, con errores políticos de bulto, como la convocatoria del referéndum de Andalucía por su grado de autonomía, donde el Gobierno defendió la abstención para resultar claramente derrotado el 28 de febrero de 1980, hecho que determinará la hegemonía política socialista en la región durante décadas.

En ese contexto, la política de medios de comunicación de los gobiernos de Suárez fue tan contradictoria como su política general y mantuvo durante varios años las hipotecas legales heredadas del franquismo, como el artículo segundo de la Ley Fraga, finalmente derogado; e incluso añadió en ocasiones medidas coyunturales de sesgo autoritario, en medio de paulatinos avances en el desmantelamiento del aparato de control y censura del franquismo, como la supresión de las jurisdicciones especiales. Como se ha concluido: «La política de medios de comunicación de UCD [...] tuvo un carácter vacilante, y se realizó casi siempre a golpe de decreto» (Fernández y Santana, 2000, p. 361).

De esta forma y durante casi todo el período continuaron los expedientes, procesos y condenas contra periodistas y publicaciones,37 según la Ley Fraga. Y se adoptaron normativas más duras aún, como la Ley Antilibelo (de abril de 1977 a diciembre de 1978; BOE de 12-4-1977), que hacía recaer la responsabilidad de los textos condenados sobre los directores de las publicaciones y que tendrá una cierta continuidad después, con la Ley de Defensa de la Democracia (conocida como Ley Antiterrorista; BOE de 5-3-1978), que sancionaba, tras el 23-F, los delitos de apología del terrorismo. Así, los conflictos con la prensa y con el movimiento democrático de periodistas se agudizaron, sobre todo en Madrid y Barcelona: huelga en la prensa catalana con ocasión de la detención del periodista Huertas Clavería por un artículo sobre la «vida erótica subterránea» en la Barcelona de la posguerra (junio de 1975); manifestaciones en torno a la detención del periodista Rodrigo Vázquez Prada, acusado por no violar el secreto profesional ante una información sobre la asociación de la Unión de Militares Demócratas (febrero de 1976); protestas por la detención y torturas del periodista Martínez Soler, director de la revista Doblón (marzo de 1976), tras una información sobre la Guardia Civil, etcétera.

En lo que respecta a RTVE, tras la muerte de Franco y bajo la Presidencia del Gobierno a cargo de Carlos Arias Navarro se mantiene un continuismo total e incluso un recrudecimiento de la censura y de la utilización de las listas negras (Pérez Ornia, 1989c, p. 456), una vez suspendido el fugaz intento de apertura de la Dirección General en RTVE de Juan José Rosón, con Pío Cabanillas en el Ministerio de Cultura.38

En julio de 1976, Suárez nombra como nuevo director general de RTVE a Rafael Ansón, un experto en relaciones públicas y en propaganda, que se mantendrá en el cargo unos dieciséis meses. Desde su atalaya, desempeñará un papel clave de asesor en las campañas electorales del referéndum de diciembre de 1976 y de las legislativas de 15 de junio de 1977.39 Una influencia multiplicada, porque su hermano, Luis María Ansón, exdirector del diario ABC, será también designado presidente y director general de la Agencia EFE, el otro gran aparato de comunicación estatal, en donde se mantendrá hasta la llegada de los socialistas en 1982. Los dos «ansones» tendrán un papel clave en el control de ese aparato para la transición democrática.

La especialidad profesional y experiencia del nuevo director general, refrendada por su actuación, dio lugar a múltiples polémicas y análisis posteriores sobre los ejes de su mandato. Así, un experto en comunicación concluía que RTVE, durante la transición y, especialmente durante el mandato de Rafael Ansón, significó, en toda su programación una gran campaña de relaciones públicas del nuevo régimen que facilite el proceso hasta las elecciones generales de 1977. Esto sólo puede realizarse con una televisión activa. La intensidad y el rigor con que se planificó esta campaña constituye el fenómeno persuasivo más importante del nuevo régimen, sólo comparable con la campaña de 25 años de paz y el referéndum de 1966, de forma que los partidos y líderes de la oposición apenas saldrán lo justo para dar credibilidad democrática al sistema (Moragas, 1981).

Como declaraba el propio Rafael Ansón años después: «En primer lugar, yo traté de hacer una televisión que contribuyera a que viniera la democracia. Y creo que dio resultado. Prueba evidente es que vino la democracia. Los hechos son incuestionables. Si es verdad que la televisión es tan importante, sobre todo en aquella época, la democracia vino en cierta medida por la televisión. En segundo lugar, en aquel momento yo no tenía más directrices políticas a las que pudiera hacer caso que las que emanaban del rey y del presidente. [...]. ¿A quién podía yo hacer caso? Pues, efectivamente, de alguna manera, en el aspecto político con minúscula, creo que he sido un eficaz servidor de lo que entendía que querían el rey y el presidente. Creo que la actuación de TVE no es discutible. Creo que la democratización de la propia televisión tampoco lo es» (Pérez Ornia,1988, pp. 88-98).

Para ello mostró una gran generosidad en las negociaciones laborales internas, acordando una ordenanza laboral en 1979 a la que la prensa de la época no dudó en calificar de «sueca», «con mejoras como la semana laboral de 35 horas y aumentos lineales que rompen desde cualquier punto de vista el Pacto de la Moncloa».40 Y con consecuencias de largo alcance, ya que «consagrar algunas situaciones del privilegiado régimen laboral significaría con el tiempo un grave inconveniente para la modernización empresarial del medio» (Pérez Ornia, 1989c, p. 457).

En noviembre de 1977 Rafael Ansón es sustituido por Fernando Arias Salgado. Pero este mandato (de noviembre de 1977 a enero de 1981), estuvo caracterizado por las acusaciones de corrupción y mala gestión, así como por las críticas a la manipulación gubernamental. Paradojas de la historia, el que fue el último director general de la televisión predemocrática era hijo del ministro nacional-católico del franquismo que había inaugurado las emisiones de TVE.

El panorama de la televisión en este período está además marcado por dos grandes debates que comenzarán a despertar entonces para asentarse durante años en la vida social española: el de la descentralización televisiva y el de la apertura a la competencia privada.

El tema autonómico comienza a surgir desde comienzos de la transición, sin que las tímidas medidas de descentralización de RTVE, como la inauguración por parte de Rafael Ansón de Radio 4 en diciembre de 1976, con una programación pionera íntegramente en catalán, resultaran suficientes para satisfacer esas demandas. Así, el Congreso de Cultura Catalana de octubre de 1977,41 el I Congreso de Periodistas Catalanes de febrero de 1978 (Figueres) en su ponencia sobre medios audiovisuales, o el Simposio sobre la Televisión y la Autonomía de Cataluña, organizado por la Facultad de Ciencias de la Información de Barcelona en la Fundación Miró en mayo de 1979, reclamaron una televisión que atendiera a las peculiaridades lingüísticas y culturales catalanas, aunque inicialmente esas reivindicaciones pasaban muchas veces por la descentralización de RTVE.42 El propio grupo parlamentario socialista propondrá, en los debates del Estatuto de Radio y Televisión, que RTVE traspasara a las comunidades autónomas la gestión, producción y programación del segundo canal (UHF) y una parte de la radio estatal (Radio Cadena Española).

De hecho, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en referéndum en 1979 (25 octubre), en su artículo 16.3, adjudicaba a la comunidad autónoma competencias en materia de radio y televisión: «La Generalitat podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social». Y finalmente el Estatuto de Radio y Televisión de 1980 determinará (art. 2) que el Gobierno podrá conceder a las comunidades autónomas la gestión directa de un canal de televisión de titularidad estatal para el ámbito territorial correspondiente, estipulando que la organización y el control parlamentario de esas emisoras debería seguir la normativa del Estatuto (arts. 5-12 y 26).

El otro gran debate nacido desde el inicio de la transición fue el de la televisión privada, que, más allá de un pintoresco y ruinoso conato de televisión de pago por cable en 1972 y 1974,43 comenzará formalmente desde finales de 1976 con la constitución de las primeras empresas aspirantes.44 Una de ellas, Antena 3, que había presentado su solicitud oficial de emisión ante el Ministerio de Cultura, reaccionó ante la falta de respuesta oficial acudiendo en demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional en agosto de 1981. Pero en una sentencia salomónica, el Tribunal Constitucional cerró el paso a esta vía a la italiana a la televisión privada al desestimar el recurso de amparo, sentenciando el 31 de marzo de 1982 ( BOE de 21-4-1982) y reiterando posteriormente (BOE de 15-1-1983) que la televisión privada «no está necesariamente impuesta por el artículo 20 de la Constitución, aunque tampoco esté constitucionalmente impedida, sino que se trata de una decisión política que puede adoptarse por la vía de una ley orgánica».

Al mismo tiempo se desplegará un intenso lobby empresarial y político durante años, que pasa en esta época por las proclamaciones favorables de la patronal de la prensa, AEDE (julio de 1978), de la asociación de grandes anunciantes, AEA (mayo de 1981 y abril de 1982),45 de la gran patronal CEOE (1981)46 e incluso de la Conferencia Episcopal. Pero también por múltiples iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios de la derecha y el centro.

Así, en mayo de 1981 medio centenar de diputados democristianos de UCD (el ala más neoliberal del partido) presenta una proposición de ley orgánica en el Parlamento. Pero las discrepancias sobre esta materia, aireadas en la prensa, enfrentan a varios ministros en el seno mismo del Gobierno: mientras el ministro Pío Cabanillas, solicita al Consejo de Estado un informe sobre la posibilidad de televisión privada que concluye positivamente que el Gobierno puede legislar la concesión de licencias de explotación a empresas privadas del servicio público (julio de 1981), el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, de tendencia socialdemócrata, se opone argumentando que es preciso realizar la modificación legal por ley orgánica. La polémica parece enconarse en UCD, porque entonces los sondeos ya dan ventaja al PSOE.

El Estatuto de 1980, con su proclamación de «servicio público esencial», pero también con su permisividad para la continuidad de la gestión indirecta en la radio, no soluciona nada en esta cuestión, ya que en los debates parlamentarios la defensa de una apertura a la televisión privada esgrimida por varios grupos (diputados de UCD, CD y hasta del Grupo Mixto, como Heribert Barrera) no prosperó en el texto legal. Sin embargo el asunto quedaba abierto, como mostró el ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, al destacar en su intervención final que, sin pretender regular todavía la televisión privada, la definición de servicio público estatal no implicaba el monopolio estatal.

Todavía en abril de 1982, el Gobierno de UCD presenta dos proyectos de ley ordinaria para permitir el «servicio publico indirecto»; y una orgánica sobre «el ejercicio de la libertad de expresión a través de la radiodifusión y la televisión»; e incluso anuncia otro proyecto para regular el tercer canal. Todo ello con un curioso modelo, a ejemplo de la experiencia privada británica de la ITV: un sistema de concesiones territoriales, pero compensado con licencias complementarias de televisión local y el impulso a la creación de grupos multimedia para, en palabras del ministro de la Presidencia, ampliar «la libertad, la competencia y el pluralismo» (Bustamante y Zallo, 1988, p. 150).47 Las elecciones de 1982 darán al traste con estos proyectos de ley que no tuvieron tiempo de ser tramitados en el Parlamento.

La transformación del pensamiento del partido gubernamental es notoria en esta época. Inicialmente, el I Congreso de UCD (octubre de 1978, en Madrid) había aprobado una resolución sobre los medios de comunicación social en la que figuraban tanto la necesidad de garantizar que la radio y la televisión estatales respondieran en su organización a «criterios de servicio público y gestión profesionalizada» como la conveniencia de implementar un sistema de financiación que evolucionara gradualmente hacia un sistema más equilibrado, con aportaciones del Estado y por vía fiscal directa. Sin embargo, el II Congreso de UCD, celebrado en Palma de Mallorca (febrero de 1981), obvió los temas del servicio público para pronunciarse a favor de la televisión privada (Fernández y Santana, 2000, p. 50).

Junto con tales debates se irá agudizando en esa época la lucha por la reforma de RTVE. En septiembre de 1977, en efecto, se había decretado que RTVE era una organización autónoma, entidad de derecho público con personalidad jurídica propia aunque de carácter comercial, que pasaba a depender del Ministerio de Cultura y Bienestar, que había sustituido al viejo Ministerio de Información y Turismo (BOE de 7-11-1977).

En cumplimiento de los Pactos de la Moncloa, firmados el 27 de octubre de 1977, apenas dos semanas después se crea un Consejo Rector Provisional de RTVE integrado, en igual proporción, por miembros designados directamente por el Gobierno y por los grupos parlamentarios (con criterios proporcionales a su peso), entre «profesionales independientes y de prestigio». Pese a este perfil teórico, la mayoría de los consejeros así nombrados eran militantes de los principales partidos parlamentarios, y apenas siete de ellos eran periodistas; pero la resultante principal del sistema fue una abrumadora mayoría para el partido gubernamental: de los 36 miembros del Consejo, 25 correspondieron a la UCD, es decir, un 70 % de su composición, incluyendo su presidente, Martín Oviedo, un destacado diputado del partido gubernamental (Bustamante, 1982, p. 182).

Ese Consejo debía asumir «provisionalmente la vigilancia de la objetividad informativa y del funcionamiento general de RTVE, en especial de los aspectos referentes al gasto», y, sobre todo, tenía como misión la elaboración de un proyecto de estatuto jurídico para RTVE. Pero, tras apenas seis reuniones, el PSOE decide retirarse de sus trabajos en enero de 1978 en protesta por el peso abrumador de los militantes de UCD y la inoperancia del Consejo, para no reincorporarse hasta diez meses después, en noviembre de 1978. Pasarán todavía seis meses antes de que se comiencen los trabajos para elaborar la nueva ley de radio y televisión.

En el capítulo de las novedades de emisión, hay que reseñar que en 1977 la primera cadena amplía sus horarios vespertinos de 14 a 17 horas, mientras que la segunda cadena emitía entre las 18.30 y las 20.30. Además, en 1977 se incorporan a RTVE los sistemas electrónicos ENG. Y, por Decreto del Ministerio de Cultura de 29 de septiembre de 1978, se adopta oficialmente el sistema PAL, ya utilizado desde 1965 y consolidado en 1976 (BOE de 9-10-1978).

El símbolo de la programación de esta etapa será la serie La España de los Botejara, una producción dirigida y escrita por Alfredo Amestoy, «una serie sobre la transición española, vista a través de la biografía y opinión de los miembros de distintas generaciones de una familia española», al estilo del docudrama (Pérez Ornia, 1989c, p. 77). Uno de sus estribillos resultaba curioso: «Ya nos lavamos la cara, ya tenemos democracia». Pero, en general, la ficción nacional tuvo cierto florecimiento, hasta el punto de ser calificada posteriormente así:

[...] para la producción de programas de ficción, el momento no pudo ser más idóneo. En Televisión Española se había consolidado ya un grupo de realizadores, adaptadores y técnicos perfectamente experimentados. La televisión no tenía nada que envidiar al cine nacional, seguramente le superaba en capacidad industrial y profesional (García Serrano, 1996, p. 81).

Muy diferente era el clima que rodeaba a los informativos, el programa clave en una época de transición política, en donde los actores estrella eran los periodistas. Porque las acusaciones de manipulación, sobre todo en períodos electorales, menudean en la prensa en ese período. Así, un dossier periodístico revela el papel parcial que tuvo TVE en la campaña del referéndum de 1976: del 25 de noviembre al 14 de diciembre, de 10 horas de programación había dedicado 3 minutos a la abstención y 6 al no que defendían la ultraderecha y la izquierda no legalizada.48 Y la conclusión de otro estudio de la prensa (apariciones en pantalla, tiempos, alusiones verbales) sobre el comportamiento de RTVE durante la campaña electoral de febrero de 1979 es clara: «UCD copa los informativos», acaparando casi el 90 % de los tiempos en una semana.49

En definitiva, en este período en RTVE el clima interno no hizo más que empeorar:

Los censores siguen en Prado del Rey y los vetos o cierres definitivos abundaron en estos últimos dos años. [...] Mientras la censura «moral» fue cediendo terreno, la política continúa, quizá porque los altos cargos de finales de los sesenta y primeros años setenta, hoy, por paradójico que parezca, han vuelto ocupar los mismos cargos.50

Pero sobre todo lo más grave sería quizá que, como ha resaltado un historiador, «en este período se establecieron y proyectaron hacia la democracia las reglas de una determinada concepción de la información en televisión, caracterizada por “unos márgenes timoratos de lo decible televisivo”, por la oficialidad señalada por el Gobierno y la argumentación sobre la repercusión pública de RTVE» (Palacio, 2001, p. 105).

Al análisis de contenido de la información es preciso añadir un contexto de emisión singular en estas ocasiones políticas, porque la programación festiva alcanzaba su culminación con ocasión de las consultas electorales: el referéndum de la reforma política de 1976, que costó a RTVE unos 1.350 millones de pesetas suplementarios, ocasionó una campaña intensiva de spots desde el 24 de noviembre intercalados sobre todo en series y musicales, con canciones peculiares a cargo del grupo Vino Tinto: «Habla, pueblo [...], para que calle la violencia, la demagogia [...], para que nadie decida por ti». Además, las fechas electorales fueron acompañadas de programaciones especiales; así, el día de las elecciones de 1977 se emitió la película Águilas, dirigida por Frank Capra en 1929, en donde se describía el asalto, evidentemente legítimo, de los marines estadounidenses en Nicaragua para salvar al dictador Somoza de sanguinarios guerrilleros.

No hubo ciertamente inhibición ante estos problemas de los trabajadores de RTVE en este período, porque los movimientos de denuncia de la censura y la manipulación informativa por parte de los propios periodistas y otros trabajadores de la casa fueron continuos. De esta forma, el Comité Anticorrupción, compuesto por 17 miembros y elegido en asamblea el 27 de septiembre de 1978, se presenta con la misión de «investigar los posibles casos de corrupción ideológica o económica» o «las situaciones de despilfarro» que pudieran darse en la radiotelevisión estatal. Y editará hojas «abiertas a los medios informativos» durante varios meses en las que denuncia casos de corruptela frecuentes, como las concesiones de programas a productoras privadas en condiciones dudosas; pero critica, sobre todo, las prácticas censoras, el veto a determinados programas, las campañas promovidas por lobbies privados (como la realizada a favor de la energía nuclear), que muchas veces implicaban a altos cargos del Gobierno o ex-directivos recientes de la propia RTVE (caso Ageurop). En el mismo sentido, en enero de 1979 una comisión de trabajadores de los servicios informativos dirige una carta al director general expresando su «máxima preocupación por la reducción progresiva de los techos informativos y por la tergiversación constante a que se someten las noticias que llegan a Televisión Española», y protesta formalmente «por la falta de libertad de expresión en general y por el cese del director de la primera edición del telediario, Pedro Maciía, en particular».51 Además, aunque en contados casos, se produjeron dimisiones de cargos directivos, como las de los cuatro responsables de informativos en el período de Arias Salgado.

También la oposición parlamentaria comienza a utilizar a menudo a RTVE como motivo de interpelaciones y críticas contra el Gobierno. Muchas de esas polémicas se dirigirán contra el abuso y la manipulación de RTVE por el Gobierno de UCD. Así, el segundo líder del PSOE, Alfonso Guerra, interpelará al director general, Fernando Arias Salgado, en una sesión parlamentaria de junio de 1980: «¿Por qué ha hecho más intensa y grave la censura que en tiempos de la dictadura?», para enumerar a continuación una lista de programas censurados entre 1978 y 1980.52 Pero las motivaciones políticas irán con frecuencia asociadas a las acusaciones de corrupción y mala gestión, apoyadas generalmente en los diversos informes económicos oficiales que van filtrándose a la prensa en esos años y, sobre todo, de la auditoría encargada por el Ministerio de Hacienda en junio de 1979.53 La culminación de ambas polémicas se produce en la moción de censura presentada por Felipe González en mayo de 1980, planteada como censura ética pese a las nulas posibilidades de éxito que tenía, y en la que una parte importante de su argumentación estaba dirigida a ambos problemas de RTVE.

Mientras tanto, en lo que respecta a la radio, el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora de octubre de 1978 adecuaba la normativa española a los acuerdos de Ginebra de 1975, concediendo dos frecuencias nacionales en onda media a la radio estatal y una sola a concesionarias privadas, que recayó en la SER, la principal cadena privada de toda Europa en esa época (entonces con dos ministros en el Gobierno entre sus consejeros y accionistas).54 Pero el Plan Técnico Transitorio de Frecuencia Modulada de junio de 1979 concede 120 emisoras nuevas en una primera fase y adjudica otras 180 en marzo de 1981 por una simple orden del Ministerio de la Presidencia, sin control parlamentario alguno, sin criterios públicos y con una lista de concesionarios que aparece publicada sólo meses después. Sus beneficiarios fundamentales serán dos nuevas empresas, Antena 3 Radio y Radio 80, que agruparán casualmente a decenas de emisoras nuevas desde el día siguiente de las concesiones, para constituir dos cadenas de nueva planta cercanas al partido gubernamental. Se reafirmaba así el apoyo a los derechos adquiridos durante el franquismo pero, sobre todo, se consagraba la precedente discrecionalidad absoluta de la Administración para las concesiones privadas, y la politización con criterios partidistas y clientelares de esas concesiones.

Mientras tanto, el movimiento de radios libres que eclosiona en muchos países europeos desde los años 1974-1976 se hace imposible en España, en donde la frecuencia modulada había sido vinculada indisolublemente desde 1964 a los concesionarios privados en onda media, con emisiones duplicadas obligatorias en ambos soportes. La primera emisora de este tipo no aparecerá pues hasta 1979 (Ona Lliure, en Barcelona), pero ni la normativa ni las concesiones dieron posibilidad de impulsar o legalizar a las emisoras culturales, asociativas o municipales.

Aunque la información se había ido abriendo paso en la radio privada desde los primeros años setenta en forma de informativos locales, deportivos o sociales (Hora 25 de la SER comienza en 1971), también se habían producido retrocesos en esta permisividad. Así, en 1975 constan órdenes del gobierno a las emisoras exigiendo la presentación previa de los programas ofrecidos «en directo». En todo caso, sólo en octubre de 1977 se pudo producir el primer programa informativo en directo, gracias a un decreto que lo autorizaba.

En noviembre de 1977, un real decreto del Ministerio de Cultura incorporaba las cadenas REM-CAR y CES a RTVE, desgajándolas del grupo Medios de Comunicación Social del Estado, en donde se integraban con la antigua cadena de la prensa del Movimiento, que esos años ya era objeto de debates sobre si el Estado debía gestionar medios de prensa escrita, con propuestas diversas sobre su destino (BOE de 25-10-1977).

La reforma democrática radiotelevisiva: el Estatuto de 1980

Este período está determinado en RTVE por la promulgación de la primera ley democrática sobre radio y televisión que consagra la presunta autonomía del ente. Pero aparece aún más marcado, incluso en toda la radio y la televisión, por los acontecimientos políticos desencadenados a principios de 1981, justo unas semanas después de que se inicie la aplicación oficial del Estatuto de 1980.

En efecto, el 29 de enero de 1981 se produce la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Y en plena sesión de investidura de su sustituto, Leopoldo Calvo Sotelo, designado por la UCD, a las 18.30 horas del día 23 de febrero, unos doscientos guardias civiles irrumpen en el Congreso y secuestran al Gobierno y a todo el hemiciclo. Sólo al filo de la una de la madrugada el rey Juan Carlos se dirige a la nación desde el Palacio de la Zarzuela y el golpe de Estado queda abortado.

Por lo demás, este giro no va a significar una recuperación del apoyo popular al Gobierno de UCD. Sus derrotas se acumulan en las sucesivas elecciones del País Vasco, Cataluña, Galicia (octubre de 1981, superada en su derecha por AP) y Andalucía (mayo de 1982). Finalmente, en las elecciones de este último año UCD sufre una derrota espectacular, considerada como «un hito en la historia electoral de Europa»: resulta aplastada, con menos del 7 % de los votos y apenas 12 escaños parlamentarios en el Congreso (Maravall y Santamaría, 1989, p. 229), pese al control férreo de la televisión única. Como comentaba después un analista político: «Es verdaderamente difícil de imaginar que un partido que gobernaba pudiera perder casi cinco millones de votos equivalentes a cerca de 28 puntos porcentuales y a casi el 80 % de su electorado anterior y que de 168 diputados fueran reelegidos sólo 11» (Cagliagli, 1989, p. 404).

El escenario radiotelevisivo de esta época había venido preparándose desde diciembre de 1978 cuando por fin el partido UCD deposita en el Parlamento un primer proyecto de Estatuto, seguramente espoleado por una proposición presentada un mes antes por el PCE, en la que planteaba la necesidad de mantener el monopolio estatal y proponía la presencia de tres representantes de los trabajadores entre diecisiete miembros y tres representantes de los usuarios. Pero las elecciones a las Cortes de 1979 impidieron su tramitación y aplazaron el debate durante cinco meses.

Una vez pasadas las elecciones, en mayo de 1979 se presenta en el Parlamento el nuevo proyecto del Gobierno,55 que comienza a discutirse en la Comisión de Cultura del Congreso. El debate ocupó un total de cien horas (del 6 de julio al 5 de septiembre) y, una vez rechazadas las cuatro enmiendas iniciales a la totalidad (PSOE, CIU, PCE y PNV) y discutidas más de 300 enmiendas parciales, la mayoría retiradas, se producirán cambios sustanciales en el texto inicial en un clima de acuerdo general. Hasta el punto de que, al final del debate, sólo quedaban una veintena de enmiendas mantenidas por sus grupos proponentes.

Algunos extremos de esta discusión resultan sin embargo interesantes, más allá del texto final acordado, y tendrán resonancia en polémicas sostenidas durante largos años. Así, se aceptarán las posiciones de izquierda que sostenían la calificación de «servicio público esencial» para el conjunto de la radiotelevisión (Perez Ornia, 1989c, p. 459). Pero todos los grupos, salvo UCD, proponían inicialmente que el director general fuera nombrado por el Consejo de Administración, enmienda que no fue aceptada, pese a que Coalición Democrática mantendría hasta el final la propuesta.56 PSOE y PCE proponían una presencia significativa de los sindicatos en la gestión, pero el grupo comunista sostuvo hasta el final su enmienda para introducir representantes de los trabajadores en el Consejo, sin ningún éxito. Por el contrario, de los ocho consejeros previstos en el proyecto inicial se aprobó pasar a doce. Y de un solo Consejo Asesor para RTVE se pasó a tres, uno por empresa, pero compuesto cada uno por 20 miembros, una compleja articulación que anticipaba su inexistencia durante años.

En todo caso, la polémica dio paso al consenso: la sesión final de la Comisión, el 27 de septiembre de 1979, duró cuatro horas y los artículos fueron aprobados, casi siempre por unanimidad. De 31 enmiendas presentadas 23 fueron rechazadas, pero la mayoría era por una cuestión de estilo. Finalmente el Estatuto fue aprobado por un voto muy generalizado y quedó listo a falta del trámite del Senado. La mayoría de los portavoces expresa su satisfacción por el consenso logrado. El propio informe de la ponencia resalta que «los ponentes han tratado de llegar a soluciones que estiman positivas, con renuncia en muchos casos de lo que cada grupo entendía como mejor». La prensa titula «Consumado el pacto parlamentario sobre el estatuto de RTVE».57 Las únicas voces discordantes, en medio de la satisfacción general, serán las críticas de los sindicatos y de la agrupación comunista de RTVE en el sentido de que «el Estatuto margina a los trabajadores», de que no fija límites a la publicidad en la radiotelevisión pública y sobre todo de que el nombramiento del director general no era democrático por recaer en el Gobierno.58

Pese a todo, el Estatuto de la radio y la televisión promulgado finalmente (Ley de enero de 1980) contenía importantes novedades respecto a la historia legal de estos medios en España:

— Establecía la gestión directa por el Estado del «servicio esencial de televisión», a través del Ente Público RTVE (art. 5), entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, que lo gestionaría a través de sus empresas filiales, RCE, RNE y TVE, con capital enteramente estatal.

— El Ente RTVE se organizaba básicamente en un Consejo de Administración de 12 miembros, elegidos por cuatro años (una legislatura) por mitades por Congreso y Senado, por mayoría de dos tercios en ambos casos, entre personas de «relevantes méritos profesionales». Sin embargo sus competencias resultan ampliamente recortadas, entre ellas la de emitir su parecer sobre el nombramiento del director general por mayoría de dos tercios que, de no alcanzarse, no derivan en una negativa sino en una especie de abstención formal.

— El Gobierno, en efecto, nombraba directamente al director general por cuatro años, «oído el Consejo de Administración», en un mandato teóricamente inamovible salvo causas muy graves y tasadas (art. 10). Era un cargo de amplias competencias ejecutivas en los terrenos de organización, presupuestos y programación (arts. 10-11).

— Además habría un Consejo asesor en cada una de las sociedades filiales, un Consejo territorial en cada comunidad autónoma y un control parlamentario por una Comisión específica constituida en el Congreso de los Diputados.

Pese a reconocer el salto cualitativo que el Estatuto implicaba como primera ley democrática de los medios electrónicos, hubo ya comentarios en aquella época, tanto desde la prensa como de analistas académicos, que señalaron los peligros que entrañaba. Así, una revista especializada en temas audiovisuales ponía en duda que el Estatuto garantizara una autonomía del medio televisivo.59 Y en palabras de una apreciación más académica: «El texto final aprobado no garantizaba, sin embargo, por sí solo, ni una democratización de la televisión, ni la profesionalización y amplia participación pública que se proclamaba [...] y el nombramiento del director general por el Gobierno junto a su prepotencia en nombramientos y funciones hacía planear de nuevo la gubernamentalización del medio» (Bustamante, 1982, p. 193).

Sin embargo, la aplicación real del Estatuto se demoró todavía un año por las dificultades en llegar a un consenso entre los principales grupos parlamentarios. Así, la primera Comisión de control de RTVE en el Parlamento no se constituye hasta abril de 1980, y entre sus miembros había muy escasas personas relacionadas profesionalmente con la comunicación. Pero, sobre todo, el nombramiento del Consejo de Administración sufrirá aplazamientos sucesivos en su elección, mientras se sucedían duras advertencias de la oposición socialista,60 que culminarán en su moción de censura de mayo de 1980 contra el Gobierno de Suárez.

Por fin, los dos partidos mayoritarios, UCD y PSOE, llegan a un acuerdo conjunto para nombrar al director general según las nuevas reglas, puesto que recaerá en Fernando Castedo, que toma posesión el 9 de enero de 1981. Castedo, que había sido subsecretario de Cultura y siempre militante de UCD, por primera y única vez en la historia de RTVE en democracia recibirá un voto favorable casi unánime del Consejo de Administración de RTVE.

El mandato de Fernando Castedo ha sido considerado así como la única plena, aunque breve y conflictiva, etapa de aplicación del espíritu del Estatuto, porque su nombramiento se produce pocos días antes de la dimisión de Adolfo Suárez, el 23 de enero de 1981, lo que desencadenará un cambio de la relación de fuerzas en el partido de la UCD y en el Gobierno, marcado además por el descenso rápido de su apoyo electoral. Plena, porque sólo un director de consenso podía cambiar la imagen misma de RTVE en poco tiempo. Breve, porque su mandato apenas durará once meses. Conflictiva, porque tras las presiones recibidas de su propio partido, y en medio del clima generado por el frustrado golpe de Estado del 23-F, cesará al director de informativos, Iñaki Gabilondo, en mayo de 1981. Y luego, tras los malos resultados electorales de UCD en los comicios de Galicia, ampliamente superada en su derecha por Alianza Popular, Castedo se vio obligado a «dimitir».

Como ha sido ya ampliamente reconstruido, al día siguiente del descalabro gallego tiene lugar una reunión del comité ejecutivo de UCD, en la que se pide la dimisión de Castedo, tras mostrar el malestar general por sus actuaciones: el director general de RTVE era acusado de beneficiar a los socialistas, pero también de atentar contra las buenas costumbres en las emisiones, entre ellas de algunas series estadounidenses y, especialmente, con la emisión de la película Padre, padrone. El momento decisivo de estas presiones se produce, según declaraciones posteriores de Castedo ante la Comisión parlamentaria, cuando se lo pidieron formalmente el presidente del Gobierno y el del partido (Rodríguez Sahagún) en el Palacio de La Moncloa en la madrugada del 23 de octubre, y tras aconsejárselo directamente el ministro Pío Cabanillas y el propio expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que le había nombrado. Inmediatamente, el presidente del Gobierno, Calvo Sotelo, acepta la dimisión y se celebra un Consejo de Ministros extraordinario que la corrobora y nombra a su sustituto. Pero la carta del presidente del Gobierno comunicando la dimisión al Parlamento estaba fechada un día antes (22 de octubre) de que ésta se hubiera hecho efectiva y no poseía registro ni sello alguno de autenticidad, lo que nutrirá la tormenta política desatada.

El mandato de Castedo fue demasiado fugaz para conseguir cambios profundos en RTVE. Pero sí se apreció de forma general su esfuerzo en la independencia de los programas informativos. Entre sus realizaciones está, además, la eliminación de los departamentos que ejercían el visionado previo y la censura de los programas («Valoraciones de análisis de contenidos»). También se debe tener en cuenta, en julio de 1981, la aprobación por el Consejo de Administración de los «Principios básicos de programación», calificados por algunos analistas posteriormente como homologables con los de otras televisiones públicas europeas, y especialmente como un intento de remedar los cahiers de charge franceses.61

Todo ello respondía a una filosofía del servicio público inédita en la tradición española. De esta forma Castedo, en una de sus comparencias públicas, afirmará que «la radiotelevisión estatal es un medio para la convivencia democrática». Y añadirá que «son también un servicio público de carácter cultural» para la modernización del país, «haciendo participar a la población en el proceso político, facilitando la discusión y la toma de decisiones, obteniendo así un consenso equilibrado en cuestiones difíciles e importantes que destierren para siempre ese concepto de guerra interior entre las dos Españas de que nos habla Machado». Concluirá que el servicio público debe favorecer «una convivencia estable, tolerante, respetuosa y solidaria. [...] Democracia con mayúscula al fin».62

Lo más grave de esta «dimisión» es precisamente el hecho de haberse creado un primer precedente de un caso de esta naturaleza, en contra del tenor literal del Estatuto, que preveía un mandato inamovible de cuatro años, salvo disolución anticipada de las Cortes, o por imposibilidad física o enfermedad superior a seis meses, o por incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u objetivos del Estatuto o condena por delito doloso; y en todos esos casos, a propuesta del Consejo de Administración y por mayoría de dos tercios de sus miembros. Aunque todo parece indicar que tanto Castedo como su sucesor potenciaron estas actuaciones políticas al aceptar la firma de sendas cartas de dimisión anticipadas, antes de su nombramiento efectivo, con lo que dejaban al arbitrio del Gobierno su destino. Además, este primer caso marcará la gestión posterior de RTVE, ya que los mandatos de los directores generales en este período y hasta el final de los gobiernos de UCD no superarán nunca el año de duración (once meses de Castedo, nueve de Robles Piquer y apenas otro tanto de Eugenio Nasarre).

El sustituto en la Dirección General será, en efecto, Carlos Robles Piquer, cuñado de Manuel Fraga Iribarne (dirigente en ese momento de un partido en la oposición a la derecha del Gobierno, es decir, Alianza Popular), que había sido director general de Información, de Cultura Popular y Espectáculo, de carrera diplomática (exembajador en Roma) y que entonces ocupaba el cargo de secretario de Estado para Asuntos Exteriores. Al parecer había sido además uno de los principales impulsores de los «teleclubs» durante los años sesenta, cuando Fraga ocupaba el cargo de ministro de Información y Turismo.

Como un mal augurio para su mandato, pero también para toda la aplicación futura del Estatuto, el nombramiento de Robles Piquer correspondió exclusivamente al Gobierno, sin que hubiera el menor grado de consenso con la oposición parlamentaria. Así, en esta ocasión el Consejo de Administración de RTVE se abstiene de emitir su parecer sobre el nombramiento, al no alcanzar la mayoría requerida de dos tercios de los votos por abandonar la sesión cinco consejeros de los doce. Pero oficialmente se considera cumplido el trámite preceptivo, aunque la oposición socialista se siente engañada y acusa al Gobierno de no cumplir sus compromisos firmados.63 Así, los cuatro consejeros del PSOE presentan un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo, que lo desestima, y luego ante el Tribunal Constitucional, que lo niega en su sentencia.64 También el secretario general del PCE presenta una moción de censura contra Robles Piquer por razón del procedimiento de nombramiento, que es desestimada.

Más allá de estos problemas de origen, la gestión de Robles Piquer significó un retroceso de RTVE a los escándalos de manipulación y censura y las consiguientes polémicas preestatutarias. Y no sólo por la virulencia de los ataques de la oposición, sino también a tenor de las observaciones realizadas por críticos independientes65 y, muy especialmente, por la generación de un clima de enfrentamientos internos inédito en RTVE.

Así, en noviembre de 1981 se denuncian en la prensa graves manipulaciones de la información sobre la manifestación por la paz y el desarme y la libertad, y sobre las concentraciones nostálgicas de la Plaza de Oriente en el sexto aniversario de la muerte de Franco. Y en mayo de 1982, después de la felicitación oficial de altos cargos a la gestión de RTVE, y tras enterarse otros directivos de informativos de su propia dimisión por el telediario, 180 trabajadores de los servicios informativos hacen pública una carta en la que critican duramente la gestión de la nueva Dirección General, asegurando que TVE «por no ser pluralista, no es objetiva, veraz ni imparcial»; además afirman que «se prima y se estimula la docilidad y no competencia profesional», que la información «está dirigida y manipulada» y que «no refleja la realidad del país». Y denuncian «el desprecio del actual director general por los principios que marca el Estatuto de RTVE, el creciente desprestigio público, el grave deterioro interno y la devaluación continua de nuestra dignidad profesional».66 Inmediatamente se desencadena la «guerra de las cartas» cuando, como reacción y en apoyo al director general, aparece la firma de 182 trabajadores de los servicios informativos, capitaneada por su director, mientras se anuncian oficialmente sanciones a ocho directivos y su traslado de puesto.

Las sanciones serán suspendidas posteriormente. Pero la tormenta política no consigue amainar durante mucho tiempo. El grupo socialista presenta en el Congreso una moción de censura contra Robles Piquer por la emisión del programa Golpe a la turca en la primera cadena, en junio de 1982, asegurando que constituía «un acto de irresponsabilidad, de consecuencias objetivamente desestabilizadoras», una auténtica apología del golpismo.67 La Comisión de Control del Congreso reprueba la emisión, considerando que era «inadmisible, mas aún por haber sido repetida tres días después en las desconexiones de Canarias»; e insta al Consejo de Administración a que «exija las responsabilidades que puedan derivarse».68 El 23 de julio, el Consejo decide por unanimidad que se trataba de una «negligencia objetiva». Finalmente, y tras el Mundial de Fútbol, Carlos Robles Piquer dimite.

Para sustituirle, en julio de 1982 es nombrado Eugenio Nasarre, de perfil democristiano y trayectoria de oposición al franquismo (miembro fundador de la revista Cuadernos para el Diálogo), que había sido director general de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia y subsecretario de Cultura. Aunque con un tono completamente diferente al anterior mandato y un discurso más independiente, el breve período de Nasarre apenas dejará huella en RTVE, más allá de la cobertura de la visita del papa a España (31 de octubre a 9 de noviembre de 1982) y, sobre todo, de la gestión de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 desde RTVE,69 no sin que fuera objeto de nuevas acusaciones de favoritismo informativo respecto a la UCD.70

La economía de RTVE en la transición

Durante toda la transición democrática, los ingresos publicitarios mantuvieron un peso hegemónico en la financiación de RTVE, en continua progresión en ese período: de 9.167,1 millones de pesetas en 1976 pasan a 15.344 en 1978 y a 33.846,2 en 1981. Los ingresos comerciales se multiplican, pues, por cuatro en el período considerado, y la televisión —TVE en realidad como monopolio del medio— continuó progresando en su cuota sobre el total de la inversión publicitaria mediática a partir de una expansión mayoritaria hacia los hogares españoles,71 contribuyendo poderosamente al crecimiento absoluto de su peso sobre el Producto Interior Bruto.72 Todo ello incluso después de 1980, con un Estatuto en vigor que preveía que RNE se financiaría mediante subvenciones estatales, y que TVE tendría como fuentes financieras los presupuestos generales del Estado, la comercialización y venta de sus productos, una «participación limitada del mercado de la publicidad y, en su caso, mediante una tasa o canon sobre la tenencia de receptores» (art. 32).

Sin embargo, y como muestra del monopolio de oferta esgrimido, el número de spots emitidos no se multiplica en la misma proporción que los ingresos: de 45.103 en 1976 a 56.449 en 1981. Ni tampoco el tiempo de publicidad emitida, que pasa de 267,43 horas en 1976 a 374,5 en 1981.73 En todo caso la televisión continúa siendo en esos años, como en el franquismo, un medio de élite, reservado a las grandes marcas y anunciantes. Así, si en 1978 en los medios de comunicación generalistas todavía se contabilizaban 15.000 marcas anunciantes, apenas 2.700 concentraban un 94,96 % de las inversiones en RTVE, y 100 marcas sumaban casi el 50 % de la inversión (Bustamante, 1982, p. 58).

Esta información sobre la realidad publicitaria no es sin embargo suficiente para entender la economía de RTVE en esa época. Porque, por ejemplo, en 1976 los gastos se dispararon por la visita del papa y la campaña del referéndum, con lo que subieron realmente a 11.205,5 millones de pesetas, lo que exigió nuevos créditos presupuestarios del Gobierno: 2.000 millones para liquidación de ejercicios anteriores,74 situación que se repitió aproximadamente en varios de los ejercicios posteriores. De hecho, se sabe que en el trienio 1976-1978, las insuficiencias presupuestarias se cubrieron mediante la tramitación de suplementos de créditos por importe similar a los déficits registrados sin mayores especificaciones» (Bustamante y Guiu, 1988, p. 125). Pero en los años siguientes esta situación fue cuestionada por los informes gubernamentales y provocó periódicas polémicas suscitadas por la oposición en el Parlamento.75

En esos años la situación no obedeció, en todo caso, a un plan preconcebido ni a ninguna concepción del modelo del servicio público. Como muestra la liquidación presupuestaria de RTVE ante el Tribunal de Cuentas del Reino en 1979, los ingresos ascendieron en 1979 a 25.970 millones de pesetas, de los que la subvención apenas había cubierto 5.840 millones y los ingresos publicitarios netos 19.890 (76,58 %). Se declaraba así un superávit de 3.990 millones de pesetas, que provocaba un titular entusiasta de la revista oficial de RTVE, Teleradio: «TVE se autofinancia».76 Una situación repetida con euforia indisimulada el año siguiente.77

Así pues, aunque de esa forma espontánea, las subvenciones mantienen un peso relativamente importante durante muchos años, comenzando con apenas un 12,5 % de los ingresos brutos totales en 1975, para aumentar fuertemente en los primeros años de la transición (35,45 % en 1977 y 41,1 % en 1978), e ir progresivamente disminuyendo en los siguientes años hasta alcanzar su mínimo al final del período (15,48 % en 1981; 13,45 % en 1982).

En todo caso, el debate público de esa época no se centra en el modelo financiero, que nadie parece poner en cuestión, pese a su ilegalidad manifiesta tras el Estatuto, sino en la gestión. Así, la crítica sobre RTVE en diversas publicaciones de la oposición comienza a airear casos de corrupción y de mala gestión en RTVE, en buena medida basados en los propios informes oficiales que se van sucediendo desde 1975 hasta la auditoría de 1979.78

Por ejemplo, Cuadernos para el Diálogo, la emblemática revista que reunió durante años a casi todo el arco de la oposición al franquismo, denuncia en un «Informe TVE» de febrero de 1977 la falta de planificación estratégica alguna de RTVE.79 Y El País Semanal publica todo un serial sobre el mismo tema a principios de 1978.80 El Congreso creará incluso en diciembre de 1978 una comisión de encuesta sobre RTVE, aprobada con la abstención del partido gubernamental, UCD.

En septiembre de 1979 El País publica además las conclusiones de un informe encargado por el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, y realizado durante nueve meses desde 1978 por cuatro consultorías, que calificaba a TVE de «desahuciada como empresa».81 Dicho informe provocará una larga réplica del director general, Fernando Arias Salgado,82 que se verá obligado a acudir a una comparecencia parlamentaria el 27 de junio. Pero también ocasionará querellas criminales de la oposición (PSOE y PCE) ante los tribunales contra Arias Salgado y Rafael Ansón. En febrero de 1980, el PSOE interpela al Gobierno en el Parlamento sobre este tema e incluso algunos miembros del ejecutivo sostienen una postura crítica con la gestión de RTVE.83

En definitiva, y como escribíamos en esa época, no sólo la gestión y las finanzas de RTVE se elevan al estrellato sistemático de la vida política, sino que los escándalos económicos comienzan a convertirse en un tema ambivalente, como bandera de los que defendían la democratización de RTVE pero también como pretexto de quienes ya entonces sostenían la necesidad de una privatización: «Paralelamente se desarrolla una gran ofensiva sobre varias vertientes: cada escándalo económico, cada caso de corrupción en el interior de la televisión, cada caso de censura del Gobierno vienen a ser utilizados para resaltar las ventajas de la televisión “libre”» (Bustamante, 1981).

Conclusiones

La primera etapa de la transición democrática, liderada por la Unión de Centro Democrático y por Adolfo Suárez, mantiene intacta una radiotelevisión autoritaria, concebida como máquina del discurso publicitario y de comunicación política vertical (Palacio, 2001, pp. 101-103). Una señal más destacada aún porque el presidente del Gobierno, tras toda una carrera política en RTVE, conocía bien la trascendencia de ese aparato para la democratización del país. Y sin embargo, todo su esfuerzo de consenso con la oposición en los grandes temas de Estado queda paralizado cuando se trata de democratizar la radiodifusión o de prestarle un modelo financiero estable y predominantemente público, terrenos en donde el Gobierno llevó a cabo una tarea reiterada de retrasos y obstrucciones calculadas.84

En su descargo, ciertamente, puede argumentarse la convulsa situación política que caracterizó a los primeros años de la transición democrática, y también la crisis económica que se sufrió todos esos años y que dejaba escaso margen de maniobra financiera. Como se ha recordado en otros aspectos, para explicar la ausencia de reformas económicas estructurales, por ejemplo, o para entender la falta de decisión sobre otras reformas políticas se puede destacar una «característica particular» de la UCD como partido: su naturaleza permanente de coalición electoral de catorce partidos sin cohesión interna, que terminará por provocar su derrota y desaparición.85 Pero aun con esas justificaciones queda un duro juicio de la historia y una hipoteca que pesará ampliamente en los años siguientes.

La aprobación y tardía puesta en práctica del Estatuto, pese al amplio consenso de su nacimiento, no resolvió apenas nada de esos problemas, manteniendo a la televisión especialmente como aparato de propaganda fuertemente jerarquizado y centralizado en sus primeros mandatos:

Así, el período inaugural de Fernando Castedo puede ser interpretado, con una cierta perspectiva histórica, como el intento frustrado de una ruptura parcial al menos con el modelo televisivo existente, como la precaria construcción de una hegemonía de la producción interna al medio que pronto será derribada. Y el mandato de Robles Piquer aparece claramente como el retroceso a posiciones preestatutarias, el encasillamiento en el modelo televisivo heredado del franquismo (Bustamante, 1986, p. 254).

En ambas etapas, así como en el breve período de Eugenio Nasarre, el último de los gobiernos de UCD, quedó ya claro que el pecado original, la raíz esencial de estas disfunciones, era el nombramiento gubernamental que caracterizaba a la cúspide de RTVE, contaminándola con las vicisitudes políticas del partido dominante.86 Porque su poder prácticamente omnímodo anulaba el control del Consejo de Administración —marcado a su vez también por las cuotas parlamentarias, que daban casi siempre una mayoría cómoda al partido gobernante— y transformaba la Comisión Parlamentaria de control en un simple espacio de resonancia de las acusaciones de la oposición y de defensa numantina de los gobiernos, sin mayores repercusiones sobre un control efectivo de las misiones de servicio público. El confuso e improvisado modelo financiero no era más que la expresión coherente de esa gubernamentalización que se trasladaba a todos los aspectos de una gestión ineficaz e incontrolada.

Las responsabilidades por esta situación alcanzan también a la oposición de la época, no sólo por su cesión en aspectos trascendentales del Estatuto, como el nombramiento gubernamental del director general, sino por su utilización desmedida de los escándalos de RTVE y su judicialización ante los tribunales que señalarán la tendencia para la oposición futura. Resulta inevitable reconocer en ese sentido, más aún a la luz de los acontecimientos posteriores a la transición, que al menos el principal partido de la oposición pero también algunos minoritarios comulgaban en una misma concepción instrumental del medio y albergaban secretas intenciones de utilizarlo de forma partidista en breve plazo.87 Gobierno y oposición se empeñan también periódicamente en manejar la bandera de los profesionales del servicio público, apelando a su honor para criticar o defenderse de las acusaciones de manipulación, sin capacidad aparente de distinguir entre empleados honestos que defienden activamente el servicio público independiente de directivos apegados al poder. Y las acusaciones y periódicos escándalos sobre la producción externa dibujarán otro de los caminos endémicos del futuro, aun antes de que se tuviera conciencia de que una de las misiones de la radiotelevisión pública era, justamente, dinamizar el tejido de producción independiente.

En definitiva, la transición democrática española mantuvo una asignatura pendiente extremadamente grave, en contraste con la evolución europea de la época:

— En la línea de otros países mediterráneos, se consolidó una cultura política del clientelismo como base de la organización del servicio público (Humphreys, 1996, p. 157), pero, al contrario que Francia desde 1974, no comenzó siquiera su camino hacia la autonomía respecto al poder político, y al contrario que Italia en 1975, pese a la lotizzacione entre partidos ejercida en este país, no devolvió al Parlamento el centro de poder.88 La ambigüedad permanente sobre el modelo de servicio público y sobre su financiación fueron el corolario obligado de esta opción.

— En lugar del ideal de alternancia en el Gobierno, sostenido en los países anglosajones como motor de la independencia del servicio público, aquí primó la idea de mantenimiento en el poder a ultranza, enquistado en la cultura política y profesional como palanca para impedir el acceso de los otros partidos en la oposición y organizaciones sociales.89

— En consecuencia, la radiotelevisión pública no entró a formar parte, en sentido estricto, de esa «esfera pública» característica de la Europa occidental que implicaba cierto equilibrio entre representación política y sociedad civil (McQuail y Siune, 1998); ni se constituyó en instrumento esencial del proyecto de una cultura unificada popular como elemento de reconocimiento del «conjunto de ciudadanos de un Estado nacional» (Hibberd, 2005, p. 50). Esas concepciones chocaban frontalmente con un país que acababa de salir de casi cuarenta años de dictadura y que mostraba en su estructura regional claras tendencias centrífugas.

35. Como concluía un estudio sobre esta época, «se ha podido ver hasta ahora cómo la radiotelevisión no sólo es objeto de enfrentamiento político sino que forma parte, de manera activa, de la lucha y conquista del poder» (Pérez Ornia, 1988, p. 545).

36. «Este récord, difícilmente igualable, tiene su explicación en ese papel fundamental asignado a TVE durante la transición por todas las fuerzas políticas. Muchas batallas partidarias se desarrollaron en los pasillos de Prado del Rey, y muchos disparos que querían alcanzar otros objetivos se concentraron, en fuego graneado, sobre nuestra televisión» (García Matilla, 1996, p. 95).

37. «Fueron innumerables los procesos a periodistas, que generaron diversas protestas más allá de nuestras fronteras» (Fernández y Santana, 2000, p. 358). En los primeros cinco meses de 1976, en la Asociación de la Prensa de Madrid se denunciaba la existencia de 12 secuestros de publicaciones, 10 periodistas llamados ante el juez, 3 procesados y 2 condenados, 10 detenidos y 4 multados. En los seis primeros meses de 1977 se contabilizaban 30 procesamientos de periodistas, 3 encarcelamientos, 8 condenas a inhabilitación profesional, 10 secuestros de publicaciones y múltiples amenazas por la ultraderecha.

38. «La primavera de la apertura se hace corta y sus protagonistas son destituidos después de ocho meses, porque lo que se llamó el “espíritu del 12 de febrero” [...] no iba a dar más de sí» (Pérez Ornia, 1988, p. 43).

39. Como añadió Rafael Ansón años después: «Yo no me inventé al presidente Suárez, ni inventé que en diez meses se había traído la democracia. Yo me limité a informar al país de que eso era así. Pero yo no me inventé nada, no falsifiqué la realidad. El Gobierno de Suárez, durante aquellos diez meses, era un producto excelente y lo que hubiera sido imperdonable, técnicamente, era no haberlo vendido bien. Y en este sentido, evidentemente, la televisión influyó mucho en que la gente votara a Suárez» (p. 93). Más significativa todavía es la siguiente frase: «Yo me enteré bien de cuál era el proyecto político del rey y del presidente del Gobierno y dije: a servir» (Pérez Ornia, 1988, pp. 88-89).

40. El País Semanal, 29-1-1978.

41. Este manifiesto sobre medios de comunicación, aprobado en Figueres (30 de octubre de 1977), proponía la creación de una televisión catalana como organismo autónomo público y dependiente del Parlamento de Cataluña, en tanto instrumento de la diversidad idiomática, cultural y social del país (Baget, 1993, p. 63).

42. En el simposio se presentó un libro colectivo en donde se concluye asimismo que la televisión catalana, no sometida al Gobierno de Cataluña sino al Parlamento español, debe ser educativa, cultural e informativa. Y señala como mejor solución convertir la segunda cadena de TVE en un canal catalán, financiado por un canon. Véanse más detalles de este caso en Parés, VV. AA., 1981. Asimismo, el Informe Miramar intenta establecer las bases de la organización de la televisión de Cataluña, reclamando una tercera cadena de TVE o un canal independiente, con colaboración de profesionales de RTVE en Cataluña (Baget, 1993, p. 63).

43 . En 1972, cuando Adolfo Suárez era director general de RTVE, se produce un intento precoz de televisión de pago en torno al proyecto de COSESA: un plan mixto de RTVE y la compañía Telefónica que llegó a realizar un tendido de cable a lo largo de unos 8 kilómetros en Madrid y Barcelona. Comercial de Servicios Electrónicos S. A. estaba en esos momentos participada por los cuatro mayores bancos españoles, y en su consejo de administración se sentaban dos ex directores generales de RTVE, Jesús Sancho Rof y Rafael Orbe Cano. El atrevido proyecto, cuya viabilidad económica fue descartada antes de comenzar a operar, tuvo varias lecturas que nunca pudieron dilucidarse: o intento de ruptura del monopolio y privatización parcial, o búsqueda por parte de RTVE de una fuente de financiación complementaria. En todo caso dio lugar a un largo contencioso por las pérdidas entre RTVE y Telefónica que duraría más de una década (Bustamante, 1982, pp. 188-189).

44. La primera petición datada es la presentada por el diario Informaciones, asociado con Prensa Española, empresas en donde se sentaban accionistas de los cuatro mayores bancos del país. Le seguirán solicitudes de la SER, Editorial Católica, La Vanguardia, Televisión Catalana, Antena 3, etcétera. En los primeros años ochenta hubo más de treinta peticiones.

45. En el mes de mayo de 1981, AEA realiza una primera declaración oficial, en su XVI Asamblea, en la que justifica su alegación de que ha llegado el momento de abrir paso a la televisión privada, argumentándola entre otras razones porque «teme que el monopolio por el estado de la televisión pueda representar una amenaza para la libertad en general y ser un instrumento ya preparado para caer un día, tal vez, en manos de un Estado autoritario, enemigo de la libre empresa y del libre mercado» (IP Mark, n.o 182, diciembre de 1978). En su XVII Asamblea General de 30 de abril de 1982 hizo otra declaración solemne exigiendo la apertura a la iniciativa privada.

46. El Informe de la CEOE, apoyado en varias de sus asambleas públicas, se pronuncia por no eliminar la publicidad de TVE, pero asegura que la televisión es, en la España democrática, «un bien escaso, uniforme y racionado, como sucede en los medios dirigidos de los países totalitarios»; argumenta que los anunciantes pagan precios exorbitantes en la televisión estatal, lo que se suma a la «crispación de la audiencia», e incluso a que la televisión haya sido nociva para otros espectáculos como el cine, el teatro o la prensa, para concluir, paradójicamente: «Por lo tanto, y desde una perspectiva de libre empresa, acorde con el modelo de sociedad que se han dado los españoles, el hecho de que la televisión sea un servicio público no es obstáculo para que a su explotación concurra la iniciativa privada mediante las pertinentes concesiones administrativas» (CEOE, Informes y Estudios, n.o 3, febrero de 1981).

47. Véase Diario 16, 18-4-1982.

48. «El clan de los Ansón», Cuadernos para el Diálogo, 5-3-1977.

49. De acuerdo con análisis de contenidos realizados en la prensa de esta época, en las elecciones legislativas de febrero de 1979 los cargos del Gobierno o del partido UCD sumaban un 87,5 % de las apariciones en pantalla, con un 96,5 % del tiempo total de la información electoral (El País, 9/18-2-1979).

50. José Ramón Pérez Ornia, El País, 17-8-1980.

51. El País, 17-1-1979.

52. Citado en José Ramón Pérez Ornia, El País, de 17-8-1980.

53. Informe de control financiero, encargado por el Ministerio de Hacienda entre abril y julio de 1978 y publicado ampliamente en los diarios El País y La Vanguardia en junio de 1979.

54. Con estas medidas se reafirmaba la atribución de concesión de licencias privadas al Gobierno y sus preferencias por las cadenas privadas preexistentes en el franquismo. Pero, especialmente, «Opus Dei y capital transnacional son, pues, dos de las claves esenciales de la SER» (Bustamante, 1982, p. 166).

55. En la prensa se publicará después que el primer texto había sido elaborado por un exministro de Educación, Francisco Villar Palasí, de escaso prestigio positivo en su mandato, que había cobrado medio millón de pesetas de RTVE.

56. En opinión de un crítico e historiador de RTVE: «De hecho, el PSOE no ofreció particular resistencia ante UCD a que la designación del director general fuera competencia del Gobierno ni a que el Consejo de Administración fuera integrado en su absoluta mayoría por políticos o por profesionales que reunieran también aquella condición» (Pérez Ornia, 1989c, p. 567).

57. El País, 28-9-1979.

58. Fotogramas, 2-11-1979; El País, 19-9-1979; Triunfo, 24-9-1979.

59. «Tendremos nueva RTVE antes de que acabe el año. Pero ¿cambiará TVE? Aunque el problema esté constitucionalmente resuelto, la oposición teme que el Gobierno siga barriendo para dentro [...]. Así están las cosas de momento. El estatuto no es el ideal, es tan sólo aceptable como punto de partida para democratizar el medio. El Gobierno no renunciará a controlar RTVE. [...]. Sus señorías fueron conscientes de que les había salido una criatura raquítica e híbrida para cuyo desarrollo va a necesitar más hormonas democráticas de las previstas en el articulado y, por eso, redactado ya el texto, introdujeron una declaración de principios a modo de preámbulo, que corrige la falta de progresismo y la mediocridad legislativa» (Javier Benítez, «La TVE del Estatuto. Una criatura raquítica», Fotogramas, n.o 1.618, 2-11-1979).

60. Alfonso Guerra: «No negociaremos los nombres del Consejo de Administración si no hay previamente el acuerdo moral y político de que TVE dejará de ser el cortijo privado de Adolfo Suárez y que se va a poner al servicio de toda la sociedad» (El País, 14-5-1980).

61. Sin embargo, estos mismos comentaristas añaden que «se nos presentan como profundamente herederos del tiempo social, conceptual e histórico en que fueron redactados [...] y en el tiempo histórico que se conoce como la Transición», es decir, tras el 23–F (p. 64). (Contreras y Palacio, 2001, p. 64).

62. Lección inaugural en la UIMP del curso «Estado y comunicación de masas» (El País, 18-1-1981). Tras su dimisión-cese, Fernando Castedo comentó varias veces las auténticas razones, siempre en el sentido de que se vio obligado a actuar así, aunque, a su juicio, no había razones objetivas para el relevo: «Pienso que algo importante ha cambiado desde que se me nombró, pues se me exige la dimisión por haber hecho aquello para lo cual se me nombró» (Palacio, 2001, p. 121).

63. Alfonso Guerra, segundo líder del PSOE y más tarde vicepresidente del Gobierno, sostuvo en esos momentos que se había elaborado un documento pactado con UCD en el que éste se comprometía a nombrar de común acuerdo al director general, escrito que se encontraba depositado ante el presidente del Congreso, Landelino Lavilla (El País, 24-10-1981).

64. El País, 18-11-1982.

65. Por ejemplo, Alfonso Guerra escribía en esas fechas que la llegada del presidente del Gobierno, Calvo Sotelo, «significó la kabilización de Prado del Rey [...] y de seguido, las purgas, las persecuciones, el cierre de programas, el retrofranquismo en televisión [...]» (Cambio 16, n.o 540, 5-4-1982). Y, en opinión de un crítico televisivo independiente de la época, con este director general «vuelven la censura al medio y los nombramientos de profesionales muy conservadores» (Pérez Ornia, 1989c, p. 461).

66. Informaciones, 5-5-1982.

67. El País, 24-6-1982.

68. El País, 30-6-1982.

69. Años después declarará que «la experiencia de estos tres años últimos refuerza mi convicción de la conveniencia en España de la presencia de una televisión pública [...], con tal de que lo sea de verdad. La inquietante pregunta es si seremos capaces de construirla» (Eugenio Nasarre, «Prólogo», en Piedrahita, 1994).

70. En un análisis sobre la cobertura televisiva electoral durante nueve días, se concluía que UCD y el Gobierno protagonizaron el 65 % del tiempo dedicado a los partidos y a la campaña electoral andaluza (El País, 17-5-1982).

71. Según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, en 1980-1981, el 72 % de los hogares españoles poseía un receptor de televisión en blanco y negro, mientras que sólo un 26 % lo tenía en color.

72. TVE acumulaba ya un 21,1 % de la inversión publicitaria en medios en 1977, porcentaje que en 1980 alcanza el 26,2 %, con un amplio predominio de la televisión para la mayoría de los grandes anunciantes. En total, la inversión publicitaria había aumentado de 34.500 millones de pesetas en 1976 (0,7 % del PIB) a 50.100 en 1978 y alcanzará en 1983 el 0,91 % del PIB (180.000 millones).

73. Fuente: anuarios y memorias de RTVE 1970, 1976 y 1986.

74. El País, 17-9-1976; Informaciones, 30-11-1977. Así, en las cifras de RTVE consta que en 1976 se produjo un déficit por 2.939 millones de pesetas, y 3.868 en 1982.

75. La auditoría del Ministerio de Hacienda, hecha pública en junio de 1979, reconocía que la autofinanciación de RTVE se había agotado en 1975. Y que desde 1976 los gastos habían superado crecientemente a los ingresos, obligando a suplementos de crédito: 460 millones de pesetas en 1976, 3.291,8 en 1977 y 4.000 millones en 1978. Además, calificaba la situación financiera como «caótica» y aseguraba que la gestión se caracterizaba por la «carencia de verdadera programación económica» (Pérez Ornia, 1988, pp. 364-425).

76. Teleradio, n.o 1.169, 19/25-5-1980.

77. En el avance de la cuenta de explotación de 1980 se estima un superávit de 2.850 millones de pesetas sobre un total de gastos de 28.799,8, de los cuales la subvención apenas ha cubierto 6.239,3 millones de pesetas. Teleradio, n.o 1.197, 1/7-12-1980.

78. Entre estos estudios se encuentran: el informe realizado por Hay Ibérica (octubre de 1975) sobre el «clima de RTVE»; el informe conjunto Hacienda-RTVE de 1976 sobre la situación económica y financiera para apoyar la solicitud de crédito extraordinario; el diagnóstico de 1978 sobre los procedimientos y métodos de trabajo en la producción de RTVE; y la auditoría de Hacienda de 1979 ya citada, que originó a su vez un dictamen de la Dirección General de lo Contencioso del Estado en julio de 1979.

79. Cuadernos para el Diálogo, febrero de 1977: dossier «Despilfarros en TVE».

80. Gregorio Morán, «Los hombres de las sombras», El País Semanal, 29-1- 1978.

81. El estudio procedía de cuatro consultoras (Beaudoux Española S. A., ICSA, Sofemasa y TEA) a las que el Ministerio de Hacienda había encargado en secreto un informe de RTVE (Bustamante, 1982, p. 184). El País dedica una serie de artículos: «Las cosas de RTVE» (siete capítulos) entre diciembre de 1979 y enero de 1980, firmados por José Ramón Pérez Ornia.

82. El País, 31-1-1980, pp. 1-2.

83. El ministro de Hacienda declararía meses después ante el Congreso (14 de febrero) que si no se conseguía el saneamiento de RTVE, que costaba dinero a todos los españoles, «habrá que pensar en otras fórmulas».

84. Un cambio democrático «voluntariamente retrasado por los gobiernos centristas»: «Con ello no sólo lograron apoyar y controlar el proceso reformista, sino que pudieron utilizar, al servicio de sus fines, la capacidad persuasiva de una televisión no sujeta de hecho a ningún tipo de control» (Costa, 1986, p. 85).

85. «Esta característica particular del partido es la que explica por qué UCD nunca llevó a cabo las reformas necesarias en el interior del Estado. UCD mantuvo un fuerte control de RTVE, colonizó la empresa estatal y pospuso, desde 1977 hasta 1979, las elecciones locales» (Tezanos, Cotarelo y Blas, 1989, p. 218).

86. Como se ha señalado desde el punto de vista jurídico: «Bajo la apariencia de una ley que suponía el intento de neutralizar la influencia del Gobierno en la radio y televisión públicas, éstas seguirán funcionando con los mismos esquemas que presidieron la etapa anterior al advenimiento de la democracia, con apenas algunos matices significativos» (Linde y Vidal, 2003, p. 265).

87. «UCD y PSOE estaban secretamente convencidos de que la televisión, además de contribuir a instaurar la democracia [...], también servía o ayudaba a ganar las elecciones» (Pérez Ornia, 1988, p. 565).

88. Como se ha señalado, la reforma de la RAI en 1975 tuvo como elemento esencial «el desplazamiento del eje del servicio público del gobierno al Parlamento y por tanto del control de los partidos de la mayoría» (Gournay, Musso y Pineau, 1985, p. 36).

89. Como se ha escrito, el ideal de la independencia del servicio público no sólo fue perseguido por los profesionales, sino también por las élites políticas, en parte por su propio interés, es decir, por la alternancia en el poder (Curram, 2005, p. 245).

3

El período socialista:

un sistema competitivo

y comercializado (1982-1996)

En octubre de 1982, el PSOE consiguió más de diez millones de votos, el 48 % de los sufragios, lo que duplicaba su base electoral y le suponía 202 escaños en el Congreso. Sus lemas —«Por el cambio», pero también «Para que España funcione»— harán mella profunda en una España todavía traumatizada por el golpe frustrado del 23-F. Mientras tanto, el partido gobernante, UCD, resultó aplastado, con menos del 7 % de los votos y 12 escaños, pese a su exhaustivo control de los medios públicos, especialmente de RTVE.90 Fue un caso insólito en los anales de la historia de los comicios generales occidentales, calificado como «un terremoto electoral», «un hito en la historia electoral de Europa» (Maravall y Santamaría, 1989, p. 229), pero que ha sido considerado, al mismo tiempo y de forma general, como «el final de la transición», «el momento final de la transición española a la democracia» y el principio de su estabilidad (Tusell, 2005, p. 325).

Se abre así un sistema de «partido predominante», como ha sido calificado por algunos autores, con un inmenso capital popular que le permitirá pasar sin demasiados daños aparentes el coste político de un referéndum para el ingreso de España en la OTAN —marzo de 1986—, proceso que el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo había iniciado pero que entonces el PSOE había denunciado con virulencia, y que Felipe González retomará con la simple salvaguarda de unas condiciones formales pronto olvidadas; e incluso con respaldo electoral tanto para llevar a cabo una intensa actividad reformadora de la legislación, sobre todo en el plano social (despenalización del aborto en supuestos tasados, la reforma educativa y universitaria), como para emprender una fuerte reestructuración productiva de alto coste laboral.

En efecto, la crisis económica abierta durante la transición no se solucionó abruptamente con el acceso de los socialistas al poder, sino que se mantuvo varios años más: en 1982, el año de la llegada de los socialistas al Gobierno, el PIB sólo creció un 1,2 %, pero la inflación estaba en el 14,4 %, el déficit exterior alcanzaba el 2,2 % del PIB y la tasa de paro llegaba al 16,3 % de la población activa. Como se analizó años después:

La inercia negativa de la economía española a causa de la crisis iniciada en 1973 duró mucho más que en el resto de los países europeos occidentales, hasta tal punto que se consolidó y el cambio político de 1982 no la detuvo (Lluch, 1992, p. 37).

Todavía diez años después, en 1991-1992, se mantiene un paro de 2,5 millones de personas, una tasa semejante a la detectada en 1982, y ello pese a la creación de 1,5 millones de empleos. Pero el efecto de la mejor situación internacional, combinado con los resultados de la integración plena en el Mercado Común Europeo, firmada en junio de 1985 y en vigor desde 1986, dará sus frutos. De esta forma, la recuperación económica fue despegando lentamente entre 1982 y 1985, con tasas de crecimiento del PIB en torno al 2-3 %; y se acelera desde 1985-1986 a buen ritmo, con porcentajes de aumento del PIB entre un 3,7 y un casi 5 %, que se van ralentizando desde 1990. Una idea cabal de este penoso proceso viene de la estimación de que hasta 1992 no se recupera la cota del 80 % de la media europea de renta per cápita en que se estaba en el momento de la muerte del general Franco (Lluch, 1992, p. 46).

Otro dato ilustrativo de este período, incluso en los años de crisis, es que el gasto público de la Administración central española crece mucho más rápido que en los países cercanos, para pasar del 25 % en 1975 al 42 % en 1992, con tasas medias anuales de aumento del 5 %. Se trata del termómetro de un ascenso claro del Estado de bienestar que nunca había existido realmente en el franquismo y, muy precariamente, en la transición. Pero ese incremento es relativo, no sólo por las bajas cotas de partida, sino también porque apenas una parte pequeña de ese dinero fue realmente orientada a los gastos sociales.91 Como ha concluido un historiador, en los años noventa:

La prosperidad económica hizo posible, en fin, un incremento del gasto social muy importante que acabó por configurar un Estado de bienestar en realidad inexistente hasta ese momento, aunque a mediados de la década se situaba en España todavía a gran distancia de lo habitual en Europa (Tusell, 2005, p. 360).

El programa electoral socialista de 1982 no predicaba sólo el cambio y la modernización política y económica, sino que destacaba ampliamente el «cambio cultural». Y el Ministerio de Cultura, dirigido inicialmente por Javier Solana, supuso ciertamente en los primeros años socialistas un esfuerzo notable para realizar una política cultural más activa. De forma que, según su propio balance, en este capítulo las inversiones se duplicaron hasta llegar al 0,99 % del PIB entre 1982 y 1986, con 80.000 millones de pesetas en este período (Ministerio de Cultura, 1987). Aunque también se ha señalado que ese esfuerzo fue desigual, atendió ampliamente al déficit de infraestructuras y recuperó espacio perdido en la cultura clásica (archivos, museos, patrimonio histórico...), pero presentó «importantes deficiencias y lagunas», como los muy escasos atención y dinero dedicados a los sectores culturales más influyentes, el libro o el cine, y el abandono completo de otros, como la música (Bonet, Dueñas y Portell, 1992, pp. 325-329; Bustamante, 2003, p. 33).

En todo caso, la notable dinámica cultural realizada en los años ochenta, una parte de la cual, la más superficial sin duda, se hizo emblemática internacionalmente como la «movida» madrileña pero que también estuvo presente en Barcelona antes y después, se vio mucho más ligada a «la iniciativa social» que a los esfuerzos y la iniciativa de la Administración central (Tusell, 1992, p. 216).

En cuanto a los medios de comunicación, los gobiernos socialistas adoptaron una posición activa, generalmente mediante la regulación legal para atender a reformas importantes del sistema comunicativo y cultural. Así, pueden citarse, en el terreno más positivo, las leyes de apoyo al cine; la regulación objetiva y transparente de las ayudas a la prensa, que antes dependían de la arbitrariedad gubernamental; el impulso a la televisión regional; la regulación de la propiedad intelectual..., y en terrenos más movedizos y dudosos desde una perspectiva socialista, la privatización de los 37 diarios de la sociedad Medios de Comunicación Social del Estado (antigua Prensa del Movimiento franquista), que culminó en mayo de 1984 (adjudicación de los diarios de Santander y Baleares y cierre del vespertino Pueblo); la apertura a la iniciativa privada en televisión que la UCD había sido incapaz de realizar; o la suspensión de las ayudas a la prensa desde 1988, en medio de unos conflictos cada vez más directos con la prensa escrita, alegando la imposibilidad de mantenerlas en el seno de la Comunidad Europea (Fernández y Santana, 2000, p. 175).

En el activo del Gobierno socialista está también la transposición al derecho español, aunque con retraso notable, de la Directiva de Televisión sin Fronteras de 1989, que por fin fue promulgada en julio de 1994 (BOE de 13-7-1994), la cual incluía la regulación del derecho de los telespectadores a conocer con antelación la programación televisiva, una normativa que obligará a los operadores, según su desarrollo reglamentario, a informar con once días de antelación, penalizando los cambios surgidos fuera de ese plazo.

En todo caso, el terreno más paradójico de actuación de los gobiernos socialistas, el más contradictorio entre teoría y práctica, entre oposición y poder, se dará justamente en la radiotelevisión pública. En efecto, durante toda la etapa de la transición, y aunque el predominio de la lucha interna había sido ostentado por los comunistas y el sindicato Comisiones Obreras, el Grupo Socialista de Radio y Televisión, con gran influencia del sindicato socialista UGT y adscrito a la vicesecretaría general del PSOE en esos años (responsabilidad de Alfonso Guerra, futuro vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991), lleva a cabo una notable actividad en la elaboración de propuestas orientadas a la democratización de RTVE. Serán unos documentos cuyo valor esencial será el de irrigar las posiciones socialistas en esos años en sus congresos y propuestas electorales pero que, pese a que muchos de sus miembros ostentarán cargos importantes en la etapa socialista, apenas tendrán relevancia práctica más allá de 1982 (Pérez Ornia, 1988, pp. 212-365).

Ciertamente, en las elecciones del 15 de junio de 1977 no había muchas alusiones en el programa socialista al tema de RTVE más allá de la defensa genérica de «la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión», a tenor de las propuestas del XXVII Congreso del PSOE, el primero realizado en España desde 1932. Pero en la quinta resolución se denunciaba «la supervivencia de instituciones fascistas que controlan la información», y «el control y la manipulación de la radio y la televisión por parte del Estado» (sic). Sobre esta base se exige: «la constitución de un organismo autónomo para la radio y la televisión, controlado por el Parlamento democráticamente elegido» (Pérez Ornia, 1988, p. 122).

En todo caso, la misma madrugada electoral del 15 de junio de 1977, antes de conocerse los resultados electorales y a iniciativa del PSOE, se firma un escrito conjunto con los restantes principales partidos de la oposición que reclama la creación de un órgano democrático de control sobre el medio, cuya misión debería ser «controlar democráticamente la gestión de la empresa y elaborar, asesorado por los técnicos y especialistas necesarios, una propuesta de Estatuto para RTVE» (íd., p. 123).92

Los pronunciamientos del PSOE van a incrementar su firmeza en ese sentido en los siguientes años: en el programa «Propuestas culturales del PSOE» de 1978, se reclamaba la condición de servicio público de RTVE, pluralista, libre y democrática, estatal pero no gubernamental, descentralizada; y se rechazaba la privatización para proponer en cambio la cesión a las comunidades autónomas de la segunda cadena, de su gestión y programación.93 En la misma línea, en mayo de 1979, en el XXVIII Congreso del PSOE celebrado en Madrid con ocasión del centenario del partido, el secretario general Felipe González encuentra tiempo para profundizar en sus aspiraciones sobre RTVE, a pesar del ambiente traumático de esta cita, puesto que en ella las propuestas de dejar el marxismo como simple referencia desencadenan una confrontación que acaba con la dimisión del secretario general, y que sólo se cerrará en el Congreso extraordinario de otoño. Así, en su discurso de apertura de 27 de mayo, Felipe González afirma: «Mucho podríamos decir del papel negativo para la democracia que han jugado los medios de comunicación en poder del Estado y especialmente la manipulación que el Gobierno ha realizado sobre la televisión». Pero, además, la ponencia sobre comunicación proclama que frente a una radio y una televisión concebidos como instrumentos de poder [...] los socialistas proponemos una radio y una televisión concebidas como servicio público, pluralista, libre, democrático, descentralizado, abocado a la difusión de la realidad viva de los distintos pueblos y nacionalidades del Estado, instrumento en suma de la libertad y no de opresión, de información y no de engaño, de reflexión y no de compulsión (Pérez Ornia, 1988, p. 134).94

Todavía en su programa electoral de 1979, en el epígrafe «Cultura, deporte y turismo», el PSOE exigía la discusión y aprobación inmediata del Estatuto jurídico de RTVE, la defensa de la radiotelevisión pública, el saneamiento de las estructuras financieras y organizativas, la eliminación de la corrupción y la descentralización territorial con el fomento de la expresión cultural de las nacionalidades y regiones (Pérez Ornia, 1988, pp. 142-143). Por lo demás, la prensa de esos años, entre 1977 y 1980 sobre todo, está plagada de declaraciones de los más altos dirigentes socialistas sobre RTVE en la misma línea de democratización urgente y de promesa de su independencia definitiva.95

Pero cuando aumentan las posibilidades de acceso al poder, desde 1980 sobre todo, se constata un notable cambio en los documentos socialistas. Así, en el XXIX Congreso se da por cumplida la mayoría de los objetivos anteriores (con el Estatuto ya promulgado) y sólo se reclama más radicalidad, rapidez y profundización en «las reformas estructurales y funcionales emprendidas». Y en el programa de 1982, «Por el cambio», en el epígrafe «La lucha contra la colonización cultural. RTVE», se pide simplemente la culminación del proceso de institucionalización democrática, abordando una reestructuración funcional y administrativa del medio que lo coloque al servicio de toda la comunidad, aunque prometiendo reforzar el carácter público de la política cultural respecto a RTVE (Pérez Ornia, 1988, p. 26).

Más significativamente aún, en las elecciones de 1986, con el PSOE en el gobierno, RTVE no aparecía ya en el capítulo de política cultural del programa electoral, enmarcado por eslóganes centrales como «Para seguir avanzando» y «Por buen camino», sino en el de «Reforma y renovación de la economía», concretamente en el epígrafe «Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones», acciones dirigidas a integrar las redes de comunicación y regular la televisión privada (Pérez Ornia, 1988, pp. 202-203). A partir de ahí, las propuestas socialistas sobre RTVE en futuros congresos o programas electorales desaparecen prácticamente, incluidas nuevas propuestas para la «mejora» de su funcionamiento (Fernández y Santana, 2000, p. 165).

Todavía en 1982, con ocasión de la toma de posesión del primer director general de la etapa socialista, José María Calviño, el ya vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, proclamará que «los miembros del gobierno no tenemos atribuciones en RTVE» y que «queremos lograr una televisión pluralista, así como coherencia en los servicios informativos y respeto a los ciudadanos».96 Pronto se olvidarán tales promesas.

Durante los casi catorce años de Gobierno socialista se van a alternar cuatro directores generales con desiguales períodos de mandato. El primero, José María Calviño, dura casi la primera legislatura completa. Pero en plena mayoría absoluta parlamentaria los dos siguientes tendrán duraciones más cortas: menos de tres años Pilar Miró y apenas un año Luis Solana. En cambio, el período de Jordi García Candau, que se corresponde con la decadencia socialista y con la pérdida de mayoría absoluta, es inusualmente largo, más de seis años. Se evidencia así que, además de la situación política general y a veces por encima de ella, la gestión máxima de RTVE se ve también influida por los equilibrios y las pugnas internas del partido en el poder. Un ejemplo más de la dependencia orgánica entre poder político y servicio público.

El monopolio público roto desde el sector público (1982-1990)

Políticamente los años ochenta están marcados por el enorme apoyo electoral conseguido por el PSOE, que tardará años en irse desgastando pese a las circunstancias económicas desfavorables de buena parte de esa década.97 Pero ese enorme capital electoral va siguiendo una tónica lenta pero paulatina de deterioro al filo de los acontecimientos políticos y de las medidas gubernamentales. El referéndum de la OTAN de marzo de 1986 será ganado ampliamente por el Gobierno, pero no sin un amplio desencanto del electorado situado más a la izquierda. Las confrontaciones sindicales en medio de un duro proceso de reestructuración industrial abocan a la confrontación directa con la propia central de conexión socialista, la UGT, y culminan en la huelga general de diciembre de 1988. Aun así, los comicios de junio de 1986 son ganados de nuevo por el PSOE con neta mayoría absoluta: 182 escaños con un 44,4 % de los votos; y en las elecciones de octubre de 1989, el PSOE obtiene el 39,6 % de los votos emitidos, tres puntos menos que en 1986 y once menos que en 1982. Pierde así la mayoría absoluta, pero se queda a la mitad justa de los escaños del Congreso.

José María Calviño, exsecretario de Adolfo Suárez en RTVE desde 1969 y asesor jurídico de la casa, luego miembro del Consejo a propuesta del PSOE durante el primer Consejo de Administración, es el primer director general nombrado por el Gobierno socialista, con el voto favorable del Consejo de RTVE por amplia mayoría. En su toma de posesión declara que «RTVE tiene que dejar de ser noticia y convertirse en medio de información puntual, veraz, objetiva y cierta».98 Añadirá inicialmente, al tiempo que anuncia medidas revolucionarias para RTVE dentro de sus primeros cien días de mandato, que: «He aceptado plenamente el reto del cambio en RTVE y estoy por cambiar la vida».99

Sin embargo, el período de gracia del nuevo director general duró poco tiempo y fue seguido de una constante crítica de la prensa y la oposición por los cada vez más flagrantes casos de manipulación informativa a favor del Gobierno, contestados siempre de forma displicente cuando no provocadora por el director general. Entre los casos más destacados pueden citarse: la suspensión de la emisión del programa La Clave en enero de 1983, dedicado a los ayuntamientos democráticos, por el veto a la participación de un disidente socialista, que provocará la dimisión del director de Informativos y de ese mismo programa, José Luis Balbín, aunque se emitió un mes después;100 la emisión de un reportaje en un noticiario televisivo de septiembre de 1983 sobre cuatro homicidios cuyos presuntos culpables eran entrevistados a cara descubierta, lo que ocasionó fuertes protestas del poder judicial; un reportaje sobre el pasado político de Fraga Iribarne durante la dictadura, líder en esos momentos de la oposición de derecha de Alianza Popular, fue emitido en un telediario de junio de 1984; además, la prensa criticó duramente el tratamiento prestado por RTVE al referéndum sobre la OTAN de marzo de 1986; y todos los grupos parlamentarios condenaron la no retransmisión del debate parlamentario sobre la expropiación de Rumasa en marzo de 1983, emitido sólo durante la madrugada y en la segunda cadena, pese a una petición unánime en sentido contrario de los portavoces parlamentarios.

Por lo demás, el largo mandato de Calviño de más de cuatro años se verá también deteriorado por la dimisión en septiembre de 1983 del director de TVE, Antonio López, seguida de una lluvia de dimisiones en el área técnica, pero también en la programación y la producción; por las dimisiones-ceses de varios responsables de los programas informativos; y hasta por la confrontación interna con el Consejo de Administración de varios consejeros socialistas contrarios a su gestión a quienes, significativamente, el propio grupo socialista del Congreso llegará a «retirar su confianza», en febrero de 1985.

Le sustituye en octubre de 1986 Pilar Miró, realizadora de RTVE y directora ya de prestigio en el cine español, pero que sólo durará dos años en el cargo. En ese período, y pese a su mayor aura de independencia, la primera mujer directora general de RTVE no se librará de las críticas a la gubernamentalización del medio, por ejemplo con ocasión de las entrevistas periódicas realizadas a Felipe González o por el seguimiento de la huelga general, que conseguirá la gesta histórica de dejar el 14 de diciembre la pantalla en negro, sustituida por la carta de ajuste. Pero la caída de Pilar Miró se debe tanto a la oposición interna encontrada en el propio aparato del PSOE, como al escándalo en que se verá envuelta en 1988 por el gasto de varios millones de pesetas en ropa y regalos, así como en gratificaciones especiales a sus colaboradores (Tijeras, 2005, pp. 81-86). Objeto de una demanda del Partido Popular por «malversación de caudales públicos» sobre la base del informe de la intervención delegada de Hacienda en RTVE, la presión interna y de la oposición se fueron haciendo insoportables hasta que Miró presentó su dimisión, en enero de 1989.101

En su lugar el Gobierno nombra como director general de RTVE a Luis Solana, militante socialista y hermano del destacado dirigente Javier Solana, que anteriormente había sido presidente de la compañía Telefónica durante casi seis años. Pero en ese nombramiento el Consejo de Administración ni siquiera será escuchado. En su breve mandato, de apenas dos años, será objeto de continuas denuncias de parcialidad informativa por parte de la prensa y de la oposición, especialmente en los comicios generales de 1989,102 hasta el punto de que en esa ocasión cuatro partidos de la oposición llegan a firmar un «acuerdo para la defensa del pluralismo político y la objetividad informativa de TVE» ante la Junta Electoral Central; y de que en octubre de 1989 José María Aznar, líder ya del principal partido de la derecha, el Partido Popular, amenace incluso con no presentarse a las elecciones legislativas próximas si TVE mantiene la manipulación informativa. Se produce también una demanda ante el Parlamento Europeo presentada por el Partido Popular Europeo contra la manipulación electoral de TVE, que resulta rechazada por el voto contrario de los socialistas.

Por otra parte, la pugna para modificar el Estatuto de 1980 se mantiene casi constante en todos esos años ochenta. En 1983 y 1985, el Partido Demócrata Popular presenta sendas proposiciones de ley pidiendo cambiar los artículos 10 y 12 del Estatuto de 1980 para que el nombramiento de director general sea realizado por el Parlamento y no por el Gobierno. El intento más cercano al éxito se produce sin embargo en octubre de 1985, cuando en una entrevista personal, «una cordial reunión» según la prensa, Felipe González y Manuel Fraga, dirigente del Partido Popular, acuerdan reformar de común acuerdo el Estatuto, de forma que el director general sea nombrado por las Cortes, además de adoptar posiciones comunes para abrir el camino a la televisión privada. Se trataba de una condición sine qua non del PP para restaurar «el pacto constitucional» y para la vuelta de sus miembros al Consejo de Administración y a la comisión de control parlamentario (retirados durante cinco meses, desde la emisión del vídeo sobre Fraga en junio de 1985).103 Como consecuencia de ese acuerdo, se redacta una proposición de ley conjunta de ambos partidos pero, llegado el momento de su aprobación, el PP se abstuvo con la consiguiente falta de quórum, alegando la actuación de RTVE ante el referéndum de la OTAN y exigiendo el cese de Calviño, con lo que la moción resultó rechazada (Fernández y Santana, 2000, p. 176).

Hubo otros muchos conatos de reforma, como una proposición del Grupo Mixto en octubre de 1986, o el protagonizado por el CDS, liderado por Adolfo Suárez, que llegó a proponer en septiembre de 1988 «una reedición de los Pactos de la Moncloa» para reformar el Estatuto, ampliando el Consejo de Administración de RTVE con representantes de instituciones sociales y reforzando sus competencias, incluida la del nombramiento de director general. El acuerdo propuesto incluía la creación de un Consejo audiovisual y el reparto de canales privados por consenso, pero nunca prosperó.104

El Estatuto, pues, se mantuvo incólume. Pero esta etapa trajo consigo otros elementos que venían a revalidar procesos observados ya en la transición, como regularidades ligadas a la pugna por el servicio público. En primer lugar, la judicialización de la oposición política, que, basada en la gestión económica de RTVE, llevará de nuevo a los directores generales a los tribunales, una experiencia que se repite en los años noventa. En segundo término, tanto las acusaciones de la prensa o los partidos a la manipulación gubernamental de RTVE como su defensa desde áreas oficiales traspasarán con frecuencia las delicadas fronteras entre el cuestionamiento a la dirección del medio y el de la profesionalidad de los informadores, intentando teñir en un caso u otro de corporativismo —para la defensa o el ataque— a la probidad de los profesionales.105 Por lo demás, en esta fase los Consejos de Administración van demostrando su incapacidad para el control de la gestión de la Dirección General. Y las comisiones de control parlamentario comienzan a configurarse como un espacio de dura confrontación y amplia resonancia entre la oposición y la gestión de RTVE y, a través del ente, con el Gobierno. Los consejos asesores nacionales previstos en el Estatuto nunca se constituirán, y los de ámbito territorial irán creándose lentamente, sin tener apenas actividad. Finalmente, los consejos previstos de trabajadores serán directamente desechados por la Dirección General de Calviño como «intento de sóviets» y nunca serán efectivos.

En contraste con ese clima conflictivo, los años ochenta del período socialista son un tiempo de multiplicación de la oferta y de aparente prosperidad en los medios públicos. En junio de 1982 tiene lugar, en efecto, la inauguración del edificio Torrespaña, como centro de producción y emisiones de informativos. Si el tiempo de emisión de ambas cadenas se había mantenido prácticamente estable hasta 1982, entre ese año y 1984 las emisiones se duplican en ambas cadenas. Entre 1984 y 1986 se disparan en su crecimiento, con la eliminación de los tiempos muertos de sobremesa, más las emisiones nocturnas y la televisión matinal durante casi toda la semana, hasta sumar 13.982 horas, incluyendo una notable expansión de las emisiones regionales. Y en 1988 se llenan, prácticamente, con las emisiones de madrugada, las 24 horas de programación.106

El otro terreno de visible prosperidad es el de la producción, en el que, al decir de un experto analista de programación, este período, sobre todo entre 1982-1986, puede considerarse como «la edad de plata» de la ficción televisiva (Palacio, 2001, p. 176). Afirmación matizada porque, efectivamente, entre 1982 y 1990 TVE produjo unas 20 series para la primera cadena en prime time con objetivos precisos, pero «obtuvo un nivel más bien discreto» en su calidad efectiva.107 Y porque en ese período las series y telefilmes estadounidenses pasan del 42,5 % de los programas emitidos en ese formato en 1982 al 74,5 % en 1986 (Bustamante y Guiu, 1988, p. 131) acentuando una dependencia muy superior a la de las televisiones europeas de la época.108

Sin embargo en esta etapa también se produce una primera ruptura formal del monopolio de RTVE, el de emisión. Preparado el terreno por el boicot declarado por RTVE en su red a las primeras emisiones de la televisión autonómica en 1989, y con el pretexto de asegurar la neutralidad de la red de radiodifusión frente a la competencia regional y la privada anunciada, el Gobierno decide la segregación de estos activos, fruto de las inversiones de RTVE durante décadas, en una empresa pública pero independiente, Retevisión, que desde su nacimiento será objeto de múltiples planes y especulaciones sobre su destino.

En ese panorama de luces y sombras hay que consignar la emisión de programas culturales emblemáticos, abiertos a las vanguardias musicales y audiovisuales de larga vida aunque de audiencia minoritaria, como La Edad de Oro (desde 1983) o Metrópolis (desde 1985), generalmente programados en la segunda cadena. Pero también una evidente y creciente orientación comercial que, pese a la abundancia de los recursos publicitarios momentáneos, parece levantarse como una reacción defensiva natural, en tiempos de casi exclusiva financiación publicitaria, contra la creciente concurrencia de los terceros canales y, sobre todo, por la competencia privada largamente anunciada durante la segunda mitad de los años ochenta.

De esta forma, y en uno de los escasos análisis de programación de la época, se constataba con cifras concretas que los programas culturales comenzaban a ser relegados a horarios marginales y los contenidos informativos registraban pérdidas significativas, mientras que los productos recreativos resultaban ser los más beneficiados y reafirmaban así su hegemonía.109 La conclusión, refrendada por análisis posteriores, era que:

[...] en correspondencia con una creciente financiación y comercialización publicitaria, la gestión del servicio público es valorada prioritariamente en términos económicos y de beneficios. Un signo más, en definitiva, de que la dinámica político-cultural, tradicional en el servicio público europeo, deja paso en España, apenas poco después de nacer con la democracia, a una lógica dominante político-económica (Gómez Escalonilla, 2003, pp. 82, 127).

Un servicio público en competencia comercial (1990-1996)

Tras las elecciones generales de 1989, y aunque el Gobierno inicialmente había confirmado a Luis Solana en su puesto, con gran polémica de la oposición, Julián García Candau es designado como director general en febrero de 1990. Había sido miembro del Consejo de Administración de RTVE desde 1979, a propuesta del PSOE, y estaba en el equipo de Calviño, de forma que su llegada fue unánimemente considerada como un rearme de las posiciones de poder del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que sin embargo dimitirá poco tiempo después. En las elecciones de junio de 1993 el PSOE todavía consigue un 38 % de los votos emitidos, que le permitirán conservar el Gobierno pero sin mayoría absoluta hasta las elecciones de 1996, que le desalojarán del poder. Tras las de 1993, García Candau será ratificado por el gobierno y su nuevo mandato se verá apoyado por el Consejo de Administración en julio siguiente y por amplia mayoría (siete votos contra tres abstenciones), con lo que se convertirá en el director más longevo desde los tiempos de estabilidad del franquismo.

Sin embargo este mandato no estará exento de sobresaltos, especialmente en sus relaciones con el principal partido de la oposición, el Partido Popular. En septiembre de 1991 el PP acusa al Gobierno de tener «secuestrada a TVE» por la manipulación informativa y, aunque exculpa a los profesionales de la casa, presenta su queja ante el Congreso. En junio de 1992 se presenta una querella del PP contra el director general, acusándole de arrogación de atribuciones legislativas, malversación de caudales públicos y prevaricación, después de que los miembros designados por este partido hubieran abandonado el Consejo de Administración y la propia comisión de control del Congreso. Frente a las críticas crecientes, RTVE planteará una campaña de publicidad en la prensa diaria —«RTVE explica su gestión»— que hará aún más virulentas las protestas. Todavía en octubre de 1993, el portavoz del Partido Popular, Javier Arenas, pide al Gobierno «un diálogo leal» sobre RTVE y reformar el Consejo de Administración, tras acusar de «catastrófica» la situación económica.110

Durante todo ese tiempo, entre 1991 y 1995, se desarrollarán periódicas comparecencias de García Candau ante la Comisión parlamentaria de control, con acusaciones continuas de manipulación y de ruina económica. En mayo de 1993, en vísperas de las elecciones generales, el PP presenta ante la Junta Electoral Central siete vídeos sobre las informaciones electorales de TVE (entre el 28 de abril y el 5 de mayo) titulados «Historia de una manipulación», en donde intenta demostrar la utilización gubernamental desmedida del servicio público, aunque su denuncia será desestimada. En diciembre de 1995, en su última comparecencia como director general en el Parlamento, García Candau oirá nuevas críticas del PP por la manipulación política y la ausencia de un plan estratégico (Gómez Montano, 2005, p. 272).

Al mismo tiempo los intentos de reforma del Estatuto se reiteran, con apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, hasta octubre de 1992, cuando el partido gubernamental paraliza el proceso. La ponencia había retomado sus tareas desde junio de 1992, pero la comisión prolonga su existencia hasta septiembre para llegar al cierre del Parlamento, en abril de 1993, sin haber podido terminar sus trabajos.

El gran aldabonazo de esta etapa viene del Senado español, donde una Comisión especial «sobre los contenidos televisivos», constituida en diciembre de 1993 para «estudiar las aparentes disfunciones de nuestra televisión», presenta en 1995 sus conclusiones aprobadas por casi unanimidad de los grupos parlamentarios. Sus propuestas abarcan dos grandes ámbitos: la regulación de la televisión y la creación de una autoridad audiovisual.111

En el primer terreno, y sobre la base de que la competencia televisiva no produce espontáneamente una mayor pluralidad en la oferta, el dictamen se plantea el papel del servicio público y su financiación en el contexto de la Unión Europea, para concluir que «en España no existe un modelo definido de televisión pública ni un sistema audiovisual claro». Explica esa disfunción a partir del modelo financiero: «De hecho, Televisión Española es la única televisión de Europa [...] que ha prescindido de una subvención estatal regular y no tiene más remedio que mantenerse y gestionarse en un ambiente de competencia con el sector privado». Y en consecuencia, concluye que: «El modelo de televisión pública necesita una redefinición. La complejidad creciente del espacio audiovisual y los avatares de la financiación de Televisión Española han hecho inviable el modelo definido por los estatutos. Conviene llevarlo a debate y estudiar las posibilidades económicas, sociales y culturales que tenemos para definirlo y actuar en consecuencia». Aunque el informe resulta menos crítico por el tono empleado respecto a los canales autonómicos, a pesar de señalar que «tienden a competir con géneros y formatos muy similares a los del resto de las cadenas» (Senado, 1996, pp. 145-149), sus propuestas finales parecen abarcar a toda la radiotelevisión pública. Así, se aconseja «abordar un nuevo Estatuto para RTVE en el que prevalezcan las funciones sociales, con un plan de financiación dirigido a la disminución progresiva de su participación en el mercado de la publicidad» y con un Consejo de Administración como «órgano de gestión empresarial y profesional». Y concluía: «Urge plantearse, en consecuencia, qué modelo público queremos tener».

El otro gran terreno de propuestas de la Comisión del Senado, el principal por la orientación de sus trabajos, es el Consejo Audiovisual, en el que se parte de la base de la ineficacia de la autorregulación y de los códigos deontológicos o éticos, demostrada ante la inutilidad del código firmado por el Ministerio de Educación y las cadenas de televisión en abril de 1993. En una conclusión aprobada por separado y también por casi unanimidad en el pleno del Senado (235 votos contra 3) se propone una autoridad independiente para «propiciar la intermediación entre las instituciones políticas y el sistema audiovisual, por una parte, y, por otra, entre éste y la sociedad y los derechos ciudadanos», con funciones de asesoramiento, de estudio e información. Dicha autoridad debería tener, en síntesis, las siguientes características:

— Ser elegida por el Parlamento por mayoría de dos tercios y por mitades por el Senado y el Congreso, por un período amplio de seis años sin prórroga correlativa, no revocables y con dedicación exclusiva.

— En relación con el sistema público de radiotelevisión, «atender a la pluralidad y objetividad informativas y al cumplimiento de las funciones sociales y culturales que debe realizar la televisión pública», la promoción de la participación ciudadana, potenciar la cooperación entre las radiotelevisiones públicas, central y autonómicas y propiciar la cooperación con América Latina y con los canales culturales europeos, entre ellos ARTE.

— En su conjunto, funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la legislación, incluida la legislación europea en cuanto a cantidad de la publicidad y publicidad ilícita, de los derechos básicos de las minorías, de mediación y arbitrales, velar por la promoción de los programas de producción propia y atender a las demandas y quejas de los espectadores (Senado, 1996, pp. 175-179).

Durante estos años noventa, la programación se convierte en el centro de una competencia comercial cada vez más dura que alterna géneros y formatos de forma cíclica en las parrillas. Si en 1990 los vídeos de aficionados, las telenovelas y las retransmisiones de fútbol ocupan los puestos principales en el top de programas por audiencias, con algunos realities aislados en puestos relevantes (como el emblemático de la televisión pública Quién sabe dónde, una versión de Chi la visto), en 1993 y 1994 despuntan las series de ficción de producción nacional, sitcoms o dramas, que a partir de los pioneros Farmacia de Guardia y Hostal Royal Manzanares irán apoderándose en los años siguientes de la mayoría de los puestos del ranking por share hasta el punto de ocupar 37 de los 50 primeros programas. Paralelamente, las series estadounidenses de ficción se estancan y son progresivamente expulsadas del prime time. Pero en el cine, emitido de forma masiva en estos años, sólo destacan en los primeros puestos las películas norteamericanas, con escasos scopes para la producción española.

En torno a esos productos se desarrollará una feroz lucha por el liderazgo del mercado de audiencias, protagonizada en ese momento sobre todo por TVE-1 y Antena 3 TV que consiguen, alternativamente por meses, su objetivo, aunque TVE siempre mantenga el liderazgo final (GECA, 1997). Una pugna que tendrá su termómetro destacado en las prácticas sistemáticas de «contraprogramación» (en realidad, desprogramación a última hora de los programas anunciados).

En cuanto al resultado de esta concurrencia salvaje sobre la programación del servicio público, en este período se cuenta ya con observadores internacionales. Así, en un estudio sobre la tipología de estrategias de programación encontradas durante los primeros años noventa en las grandes televisiones públicas europeas, especialmente ante la introducción de los canales privados, a TVE se le adjudicaba (junto a la RAI) el calificativo de «estrategia de identificación» con las cadenas privadas, frente a la de «inmovilismo» de las cadenas alemanas, la de «enfrentamiento parcial» de las francesas y la de «oposición» practicada por la BBC. Una estrategia «según la cual la confrontación con lo privado es buscada de manera directa en los mismos dominios en que las cadenas privadas brillan (diversión ligera, ficción de baja gama)» (Achille, 1994, p. 23).

Por lo demás, en este ambiente de intensa confrontación de las cadenas generalistas y analógicas el progreso de los nuevos soportes tiene un impacto muy limitado. En primer lugar el satélite, con sus antecedentes lejanos desde los años sesenta en su aprovechamiento para las telecomunicaciones (sistemas Intelsat y Eutelsat), y para las emisiones de televisión hacia las islas Canarias, hasta que en enero de 1987 la señal de TVE Internacional sube al satélite.112

Dada la muy escasa visibilidad de estas iniciativas ante los consumidores, la historia auténtica del satélite español en televisión está ligada al DTH (Direct to Home). En este campo, y más allá de las emisiones fantasmales de Canal 10 desde Londres en 1988, un pintoresco intento de televisión de pago pronto fracasado y aconsejado por el ex director general José María Calviño, la historia española de la televisión por satélite arranca realmente con el sistema Hispasat, decidido después de años de proyectos de viabilidad negativos del Gobierno español y lanzado en septiembre de 1992. A partir de ahí, y como ocurrió en otros países europeos, el Gobierno dicta una ley cuya finalidad última era dar utilidad a un satélite que se había comprobado que era infrautilizado en la telefonía: la Ley de Telecomunicaciones por Satélite de diciembre de 1992, que concedía un canal por emisora analógica hasta un total de cinco. El resultado de audiencias de ese bouquet reducido, comercializado por Canal Plus bajo la marca Cotelsat, fue tan negativo que se verá obligado a disolverse en julio de 1995. Pero RTVE recupera esos canales en octubre de 1993 con la transmisión de TVE Internacional hacia América y, en abril de 1994, con la emisión en abierto de los canales complementarios RTVE Deporte, Canal Clásico y, más tarde, Hispavisión. La Administración, por su parte, tendrá que reconocer la inutilidad absoluta de la ley vigente, promulgando en diciembre de 1995 un nuevo texto legal que proclamaba la libertad de emisión por satélite, considerada como fuera del concepto de servicio público.113

El otro gran soporte «novedoso», el cable, se inicia en España en los años ochenta cuando se despliegan redes espontáneas, unas impulsadas por los municipios, las más de las veces por empresas privadas. El fenómeno se acelera cuando en 1986-1987 se desarrolla el mal llamado por la prensa de la época «vídeo comunitario» (una confusa traducción del inglés Community Antena Television), en realidad un negocio de avispados empresarios locales que conectaban la señal de un magnetoscopio para captar clientes de pago a sus servicios, sin abonar derechos de propiedad intelectual. Una vez cortada esa expansión por las leyes (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987 y especialmente la Ley de Propiedad Intelectual de ese mismo año), quedó una red irregular y desconectada que en 1992 contaba con unos 900.000 hogares pasados, pero sólo 120.000 conectados realmente (Bustamante, 1994, p. 2.186).114

Después de años de declaraciones sobre la futilidad de legislar unos soportes supuestamente no urgentes, el Gobierno socialista lleva al Parlamento las leyes de televisión por cable (BOE de 22-12-1995), y televisión local (BOE de 27-12-1995), aprobadas en diciembre de 1995, cuando ya el clima político hablaba elocuentemente de un final de etapa socialista. El último episodio de esta historia de la infancia del cable está protagonizado por Cablevisión, una alianza de Telefónica con la empresa de Canal Plus para la explotación de la televisión por cable de pago que el Gobierno socialista apadrinaba, pero que quedará paralizada por la llegada del Partido Popular al Gobierno.

En cuanto a la radio, durante el período socialista se producen importantes modificaciones en el sistema existente. Las audiencias del medio, que habían subido del 40 al 50,9 % en la segunda mitad de los años setenta y llegan a alcanzar el 61,7 % de la población en 1982, fenómeno típico en una fase de incertidumbre política, caen en 1988 al 52,8 % para mantenerse luego estables en casi todo el período (Bustamante, 1994, p. 2.184). Pero el proceso general más llamativo es el rápido descenso de las audiencias en onda media, mientras se va incrementando paralelamente el éxito de la radio fórmula. Así, la FM supera en 1985 a la onda media, y en 1992 ésta bajaba hasta el 16,5 % del total de la población española, con un 52,4 % declarado de oyentes, mientras la FM ascendía al 39,4 % de la población mayor de cuatro años (Franquet, 1988, p. 97; Bustamante, 1994, p. 215). Este vuelco no se correspondía sin embargo con las programaciones generalistas y de fórmula, cruzadas entre onda media y frecuencia modulada.

Por otra parte, en ese período el panorama de la radio pública comienza a sufrir modificaciones importantes. En pleno mandato de Pilar Miró, en julio de 1988, Radio Cadena Española se fusiona con Radio Nacional de España para constituir una sola cadena de radio pública de ámbito estatal. Sin embargo, en los primeros años de la década de los noventa RNE se mantiene ya entre la tercera y la cuarta posición por audiencias (Franquet, 1988, p. 197). Y comienzan en esta etapa las emisiones de las autonomías, que se despliegan paralelamente a las televisiones regionales: Eusko Irratia en 1982, Catalunya Radio en 1983, Radio Gallega en 1985, Onda Madrid en 1986, Canal Sur Radio en 1987 y Canal Nueve Radio de Valencia en 1989.

En cuanto al panorama de la radio privada, en 1983 y 1989 se producirán nuevos repartos de emisoras de FM. En particular, en febrero de 1989 se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas (BOE de 21-2-1989), que abrirá la puerta a 1.468 emisoras nuevas, repartidas por concesiones en los meses siguientes por el Gobierno central y las administraciones autonómicas, pero dejando fuera a las emisoras municipales, que no serán precariamente legalizadas sino hasta 1999. Las concesiones estatales y autonómicas, con cadenas nuevas insólitas como la de Blas Herrero, con más de medio centenar de emisoras, darán lugar a nuevas polémicas políticas y acusaciones de clientelismo político. Y si en 1984, las dos cadenas creadas de nueva planta por los gobiernos de UCD, es decir, Radio 80 y Antena 3 Radio, se fusionaron en una sola, en 1992 ésta es absorbida por la SER en Unión Radio, una operación cuya autorización por el Gobierno, aunque con condiciones, dará lugar a duras acusaciones de favoritismo por la oposición y a un largo proceso judicial. También en 1992 el Estado decide desprenderse de las participaciones estatales del 25 % de las acciones que habían mantenido desde 1975 en las grandes cadenas privadas, para lo que ofrece su venta a los accionistas dominantes de cada concesión. La radio era ya predominantemente privada y el mapa tardofranquista de tres cadenas se había reconfigurado para ofrecer de nuevo un oligopolio comercial de tres emisoras, integradas en tres grupos multimedia: la Sociedad Española de Radiodifusión (SER, en manos de Prisa), Onda Cero (propiedad de la ONCE) y la COPE, siempre en poder de la Iglesia católica.

Las televisiones autonómicas: un modelo insólito en Europa

En los primeros años ochenta culmina el movimiento reivindicativo y las múltiples propuestas que desde Cataluña y el País Vasco, sobre todo, pero también desde otras regiones, abogaban por un modelo descentralizado de la radiotelevisión pública estatal que colmara las aspiraciones de las comunidades autónomas. Durante estos primeros años se mantiene la incógnita sobre el modelo que cabe adoptar, sin que falten las iniciativas que ofrecen basar esa descentralización en la propia RTVE, bien en forma de un tercer canal regionalizado o según el modelo alemán de un canal nacional compartido.115 Todavía entre junio de 1988 y abril de 1989 se registra un último intento de RTVE, bajo la dirección de Pilar Miró, de crear ese canal sobre la base de la segunda cadena de TVE, dedicándolo a la programación de las autonomías, pero tal intento resultó frustrado como los anteriores, seguramente porque las dinámicas políticas nacionales y regionales y el propio modelo de TVE hacían que fuera ya demasiado tarde para reconducir ese tema (Baget, 1993, pp. 130-132).

Desde 1982 se emprende una política de fuerte incremento de las desconexiones territoriales, movilizadas en parte por el afán de hacer frente a la competencia de las televisiones regionales nacientes, pero también por criterios de mercado, para la captación de publicidad regional y local a tarifas más bajas. Así, en 1984 se inauguran nuevos centros territoriales en Baleares, Cantabria y Madrid, y en 1985 el de La Rioja, completando el mapa regional junto con el centro de producción de Sant Cugat en Barcelona. Y se alcanza una elevada suma de programación descentralizada que comienza a corregir el extremado centralismo tradicional de RTVE: desde unas 1.200 horas/año en 1982, en 1986 las emisiones regionales se habían multiplicado por más de tres, pasando a ser 5.230.116 Así, no parece casual que en 1987 se constatara que los centros regionales se habían convertido en la «segunda televisión del país» por captación publicitaria, con un 9,5 % del total de la inversión (Bustamante y Guiu, 1988, p. 137).117 Sin embargo esta estrategia irá perdiendo fuerza en los años noventa, seguramente por la crisis financiera de RTVE o porque el PSOE abandona su política inicial de veto a los terceros canales en las comunidades autónomas que gobernaba para sumarse a la ola de expansión de televisiones autonómicas (Moragas, Garitaonandía y López, 1999). De esta forma, el modelo de canales completamente autónomos en cada región se fue asentando en esta etapa, con todas sus virtudes y defectos.

El proceso comienza cuando el Parlamento del País Vasco aprueba, en mayo de 1982, la ley de creación de la radiotelevisión autonómica, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía de diciembre de 1979, y comienza en enero siguiente sus emisiones, para sistematizarlas desde febrero de 1983. Por su parte, la Generalitat de Cataluña, aunque con escaso entusiasmo inicial hasta las elecciones de 1980,118 crea por ley en mayo de 1983 la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), de acuerdo con lo previsto en su Estatuto de Autonomía,119 y comienza a emitir en mayo siguiente.

De esta forma, estas comunidades comenzaban la regulación de sus actividades radiotelevisivas, como paso previo a la legalización estatal de sus actividades, aprovechando los momentos finales de debilidad parlamentaria y política del Gobierno centrista, para lanzar sus emisiones sin concesión de frecuencias ni autorización estatal. En efecto, ambos canales autonómicos no se verán autorizados legalmente hasta finales de 1984, una vez entre en vigor su regulación nacional y realizado el plan de frecuencias correspondiente. Pero estas circunstancias tendrán consecuencias tanto en el desarrollo de los canales autonómicos como en las relaciones con el Gobierno central y con RTVE. El caso de Televisión de Galicia, que comienza sus emisiones en marzo de 1985, ya plenamente legalizada, es diferente.

En efecto, ante la presión de los hechos consumados, el nuevo Gobierno socialista se apresura a llevar al Parlamento una ley reguladora del tercer canal de televisión que será aprobada en diciembre de 1983, pero que no entrará en vigor hasta su publicación oficial, a principios del año siguiente (BOE de 5-1-1984). Se trataba de desarrollar rápidamente las previsiones del Estatuto de 1980 pero también, a tenor del texto legal, de limitar desde el centro un proceso políticamente descontrolado.

Así, el artículo primero de dicha ley autoriza al Gobierno para «la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal y para otorgarlo, en régimen de concesión, en el ámbito de cada comunidad autónoma, previa solicitud de los órganos de gobierno de éstas». Además se reiteran los mismos principios que en el Estatuto de 1980, y se define una estructura copiada asimismo de la de éste para RTVE. Más original es la disposición de salvaguardar la propiedad y gestión pública al afirmar que «no podrá enajenarse, hipotecarse, gravarse o pignorarse o cederse en cualquier forma onerosa o gratuita» (art. 9). La ley prevé asimismo que la financiación podrá hacerse «mediante subvenciones, comercialización y venta de sus productos y la participación en el mercado de la publicidad» (art. 17), de forma que la posibilidad de un canon y la limitación de la publicidad, presentes en el Estatuto de 1980 respecto a RTVE, han desaparecido.

Sin embargo, la mayor parte de los artículos restantes compone una batería de limitaciones y prohibiciones destinadas a evitar la competencia con TVE o, como dice el texto legal, a «organizar la concurrencia»: desde la restricción a la emisión por ondas hertzianas hasta la prohibición de exclusivas fuera de su ámbito territorial, incluyendo la prohibición de asociarse, las limitaciones a emisiones en cadena y a la retransmisión en exclusiva de acontecimientos y deportes de interés nacional o de ámbito internacional.

Antes y después de estas previsiones legales, los inicios de estas emisoras autonómicas viven unas difíciles y conflictivas relaciones con la RTVE dirigida por Calviño, hasta el punto de que esta última veta su ingreso en la UER y bloquea el acceso a la red para las conexiones internacionales (retransmisiones deportivas, por ejemplo), lo que obligaba a TV3 a enviar sus imágenes mediante casete, por vía área o terrestre. Unas circunstancias que obligarán a ambas autonomías a tender inicialmente su propia red de difusión, compartiéndola en ocasiones con otros servicios públicos (policía, bomberos o telecomunicaciones de la Administración). La pugna mutua se mantendrá hasta diciembre de 1986, cuando, siendo directora general Pilar Miró, se firma un convenio sobre la utilización de enlaces con TV3 que marcará el paso, si no para la colaboración, al menos para una coexistencia más pacífica.

Los tres canales regionales actuarán pues en solitario durante años, mientras las autonomías gobernadas por el PSOE congelan sus proyectos alegando en muchos casos que sus comunidades tienen necesidades más perentorias, como las de Andalucía o el País Valenciano,120 hasta que se produce una nueva oleada de creación en 1989, con Canal Sur de Andalucía en febrero, Televisión de Madrid en mayo y Canal Nou en abril. En 1989, precisamente, se constituye la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos), que iniciará un esfuerzo de coordinación y copartición de esfuerzos entre los seis canales iniciales.

La segunda mitad de los años ochenta es el turno de los segundos canales de algunas comunidades autónomas. La ETB vasca lanza en mayo de 1986 ETB-2, centrada en una programación en castellano, sin concesión previa de frecuencias por el Gobierno central. El Gobierno vasco alegará que su Estatuto, superior como ley orgánica al Estatuto de radio y televisión de 1980, contemplaba ya el derecho a poner en marcha su propia radio y televisión, además del concedido por la Administración central.121 Este conflicto con el Gobierno español se reedita cuando la dirección de la Corporación Catalana decide lanzar en septiembre de 1988, de forma aún experimental, el segundo canal autonómico, Canal 33, canal que sólo emitirá regularmente desde abril de 1989.

Sin embargo, el nudo de los principales problemas suscitados por el modelo singular de canales autonómicos nace de su propia configuración, notablemente influida por el modelo de RTVE. Primero en su organización y gestión, en seguimiento sospechosamente fiel de las previsiones de la Ley del Tercer Canal y del Estatuto de 1980, que les llevará a corporaciones públicas como cabeza de empresas mercantiles de radio y televisión, a la designación de los directores generales por los gobiernos y a consejos de administración de escasas competencias y marcados por cuotas partidistas.122 Segundo, en su modelo financiero, sellado desde su inicio por una imposible búsqueda de «autofinanciación» por la publicidad que, aunque empíricamente cada vez más infructuosa con el paso de los años y la competencia privada, determinará indeleblemente sus estrategias de programación comercializada durante años. Unas emisiones en lenguas vernáculas o en español, pero que conservan contados lazos de proximidad con el territorio para aspirar a la competencia cosmopolita por las grandes audiencias y la máxima publicidad posible con las grandes ofertas estatales. El símbolo de esa orientación lo constituirá, contra las previsiones de la propia Ley del Tercer Canal, la adquisición en 1990, conjuntamente con la televisión de pago, de los derechos de la liga de fútbol española por un período de cuatro años que, por vez primera, pierde Televisión Española.

Los datos económicos y publicitarios que dibujan la situación de las televisiones autonómicas al acabar esta primera mitad de los años noventa son, así, enormemente elocuentes respecto al modelo construido. Como se concluía en un balance realizado en 1996, ciertamente los terceros canales habían conseguido una cuota de audiencia importante, estabilizada en torno al 15 % del share después de trece años de existencia y frente a la competencia privada. Pero esos canales, diferenciados por una notable variedad de presupuestos y audiencias según las circunstancias de cada región, habían calcado los vicios de la organización y gestión de RTVE. Desde el punto de vista financiero la mayoría dependía en más de un 50 % de sus recursos de las subvenciones o los avales de deuda del respectivo gobierno autonómico, hasta porcentajes que alcanzaban el 71,9 % de la radiotelevisión vasca. Sólo Cataluña mantenía, por el momento, una mayoría de ingresos publicitarios, que suponían un 58 % de sus recursos.123 Como síntoma puede reseñarse que en ese mismo año citado el conjunto de las televisiones autonómicas emitía ya 7 minutos de publicidad diaria de los 15 del conjunto de las televisiones (Vacas, 1999, p. 156).

Ciertamente ese balance debe matizarse porque no puede olvidarse la generación de empleo conseguida y, sobre todo, el impulso a la descentralización de la industria audiovisual que sin las televisiones autonómicas no se habría conseguido. También es cierto que entre la clase política y el público en general las radiotelevisiones regionales han conseguido un notable arraigo que dificulta su cuestionamiento, aunque ello no impidiera en años posteriores diversos intentos de privatización.124 Pero en sentido contrario está el evidente despilfarro de recursos públicos que supone esa proliferación de emisoras, producciones y programaciones, con limitada coordinación entre los propios terceros canales y nula con el servicio público estatal, reproduciendo y afianzando en el ámbito territorial autonómico los peores vicios de subordinación clientelar y manipulación respecto a los partidos gubernamentales de turno.125

La radiotelevisión privada inicial

El debate sobre la iniciativa privada en televisión se mantiene vivo durante todos los años ochenta para cambiar, con su llegada efectiva en 1990, el conjunto del sistema televisivo y mediático español.

Frente a la oposición del Partido Socialista a la televisión privada durante sus primeros años en el Gobierno, en coherencia con su tradición programática de fortalecer prioritariamente el servicio público, se registran diversas iniciativas de la oposición. Por ejemplo, el intento de la candidatura de Antonio Garrigues Walker, que fracasa rotundamente en las elecciones, de poner en marcha las emisiones ilegales de Antena Libertad en las municipales de 1983. En enero del mismo año el grupo del Partido Popular presenta una proposición de ley orgánica sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información a través de la regulación de la radiodifusión y televisión que debía permitir licencias privadas otorgadas por una Comisión Nacional de Radiodifusión y Televisión, pero se verá rechazada por mayoría en marzo, con la oposición del PSOE. Vuelve a reiterarla en septiembre de ese año con similar resultado (Fernández y Santana, 2000, p. 315).

La situación comienza a cambiar cuando el presidente del Gobierno, Felipe González, anuncia en mayo de 1985, en la sesión inaugural del XXV Congreso de la Federación Internacional de Prensa Periódica, la inminente aprobación de la televisión privada, con regulación por ley en esa misma legislatura, aunque advirtiendo que no podría comenzar a emitir antes de la próxima legislatura.126 Sin embargo, el proyecto de ley de 1986, aprobado por el Consejo de Ministros en abril de ese año, tras los pactos entre Felipe González y Manuel Fraga, se verá paralizado por los comicios generales. Será sustituido, tras la mayoría absoluta socialista conseguida, por el aprobado en Consejo de Ministros de abril de 1987. Pero en diciembre de ese año se promulga la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (BOE de 19-12-1987) que, aunque reafirmando que los servicios de telecomunicaciones son «servicios esenciales de titularidad estatal», reservados al sector público, establece excepciones, entre ellas los «servicios de difusión» como la televisión, que pueden estar sometidos a la «gestión indirecta» por concesión (art. 25).

Abierta así la puerta, la Ley sobre Televisión Privada será aprobada por el Parlamento el 14 de abril de 1988 y comenzará su vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE de 5-5-1988). Su preámbulo presenta la apertura a la «gestión indirecta» del servicio público esencial con el objetivo de «ensanchar las posibilidades de pluralismo informativo». Pero las tres concesiones previstas para diez años las debía decidir el Gobierno, según criterios de garantías de la libertad de expresión y pluralismo de ideas y corrientes de opinión, viabilidad técnica y económica y relación entre producción nacional, comunitaria y extranjera, de forma que se seleccionaran las «ofertas más ventajosas para el interés público» (art. 9).

Guiadas por los mismos criterios de objetividad y pluralismo que fijaba el Estatuto de 1980, estas sociedades concesionarias debían mantener sus acciones nominativas, sujetando todo cambio de titular a la información y autorización administrativa obligada. Todo ello para poder ejercitar precauciones anticoncentración, preservando el pluralismo interno (no más del 25 % de las acciones para cada socio) y externo (prohibición de acciones en más de una concesionaria) (art. 19). Además, se establecían condiciones precisas de programación: la publicidad no podía superar el 10 % del tiempo de emisión (art. 15); la programación emitida debería incluir el 40 % de producción originaria de las comunidades europeas, el 55 % del cual debería ser en expresión originaria española; también, las cuotas de emisión en cine obligaban a emitir un 40 % de películas europeas, un 50 % de entre ellas de expresión originaria española (art. 14).

Las concesiones, que agraciaron finalmente a Antena 3 TV, Telecinco y Sogecable y desestimaron a otros dos aspirantes,127 resultaron enormemente polémicas durante años. Algunos grupos frustrados, como el Grupo Zeta, recurrieron a los tribunales. La oposición política y periodística acusó una y otra vez al Gobierno por querer determinar políticamente el mapa televisivo, concediendo canales a una presunta dualidad derecha (grupo de La Vanguardia) e izquierda (Anaya-Fininvest y la ONCE); también por el favoritismo partidista al otorgar una licencia a Canal Plus (Grupo Prisa, editora del diario El País) para una señal codificada y de pago que no estaba contemplada en la ley. El secretismo reinante sobre las condiciones ofrecidas por los aspirantes y, por tanto, las motivaciones objetivas de estas concesiones y los cahiers de charges que les fueran aplicables incrementaron las especulaciones y las críticas durante años.128

El 25 de enero de 1990 comienza sus emisiones Antena 3 TV, seguida en abril por Telecinco y por Canal Plus. Pero en un ambiente de pérdidas continuadas las dos cadenas privadas en abierto sufrirán en ese período, hasta 1996, dos cambios importantes en sus accionistas de referencia: Gestevisión Telecinco pasará de los socios originales mayoritarios (Anaya, ONCE y Fininvest, cada uno con el 25 %) al control por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) y Fininvest y, desde 1996, tras la desinversión de la ONCE, a compartir la propiedad con el grupo alemán Kirch y el español Correo (25 % cada uno como Fininvest). Antena 3 TV pasará del control mayoritario del grupo de La Vanguardia (Godó) al de Zeta aliado con Banesto. Mientras tanto se produce un continuo baile de accionistas menores, con gran repercusión mediática y con problemas periódicos de autorización gubernamental, pago de impuestos y valoraciones encontradas que acabarán con frecuencia en los tribunales de justicia.129 Tan sólo Canal Plus (Sogetel) mantiene todos esos años un accionariado básicamente estable, en consonancia con resultados positivos alcanzados muy rápidamente, desde 1993.

En 1996, al terminar el período socialista, las tres cadenas privadas facturaban un total de 167.160 millones de pesetas y ofrecían unos beneficios totales netos de 12.185 millones (10.720 en 1995), una facturación en la que se incluían unos ingresos publicitarios de 107.541,60 millones. Los resultados después de impuestos mostraban sin embargo situaciones muy diversas, desde 5.937,53 millones de pesetas de beneficios de Canal Plus hasta los 1.184 de Telecinco, pasando por los 5.163,63 de Antena 3 TV. Sin embargo, las tres cadenas presentaban unas tasas muy elevadas de endeudamiento (recursos ajenos sobre recursos propios) que en el caso de Canal Plus Sogecable y de Antena 3 TV superaban el 70 %, y en el de Telecinco ascendían ya al 75,63 %. Ratios claramente ilegales, porque duplicaban ampliamente los topes máximos del 30 % previstos en el ordenamiento legal.130

La economía de la radiotelevisión en el período socialista

Los años ochenta marcan ya la consagración de la televisión como medio hegemónico para el ocio de las familias españolas. En 1985, el 62 % de los hogares poseía televisor en color y el 38 % un receptor en blanco y negro (casi 90 % en 1976), mientras que el magnetoscopio doméstico llegaba al 10 %.131 En 1993, el 97,8 % de los hogares disponía de televisor (sólo un 17 % en blanco y negro), y el 42 % disponía de vídeo, componiendo un visionado que alcanzaba diariamente al 84,6 % de la población.132 Según un estudio más sistemático de audiencias multimedia, en 1982 casi 25,63 millones de españoles veían diariamente la televisión, el 84, 6% de los mayores de 14 años (EGM), y en 1992 eran ya 28,63 millones mayores de 4 años. Pero la competencia y abundancia comienzan a generar nuevos problemas. Sendos estudios sobre el zapping en los primeros años noventa evaluaban que el cambio de canal (flipping) implicaba ya en 1990 al 15, 2 % de los televisores, pero ascendía al 25-35 % en posesión del mando a distancia (Bustamante, 1994, p. 2.184).

Pese a ese reinado incontestable y expansivo de la televisión, en esos años la economía presenta dos etapas bien delimitadas, coincidentes con los períodos marcados en nuestro análisis, los años ochenta del monopolio público y los noventa de un sistema competitivo. En efecto, tras los años de crisis de la publicidad registrada en los setenta, los ochenta fueron llamados la «década prodigiosa», porque entre 1980 y 1990 la inversión se multiplicó por 10 en pesetas constantes. En concreto, entre 1980 y 1985 el crecimiento se mantuvo en tasas cercanas al PIB (del 1 al 2 %). Pero, sobre todo, la recuperación se produce desde 1986 hasta 1990, con una tasa media de incremento anual del 19,1 % (Zallo, 1992, pp. 159-160).133

En esas circunstancias, y en una situación de cuasi monopolio de oferta, ya que los canales autonómicos apenas significaban una pequeña parte del mercado en las escasas regiones en que actuaban, la economía de RTVE se mantiene durante toda la década en términos boyantes, hasta el punto de ofrecer muchos años superávits oficiales que se prolongarán durante buena parte del período: 885,9 millones de pesetas en 1983, 1.337 en 1984, 1.443 en 1985 y 6.922 en 1986,134 aunque fueran puestos en cuestión algún año por los analistas.135

En ese contexto, en 1983 el ministro de Hacienda, Miguel Boyer, decide retirar de los presupuestos generales del Estado la subvención habitual en esos años a RTVE (unos 7.000 millones de pesetas), obligándola así a financiarse completamente con los ingresos comerciales. De forma que, ya ese mismo año, los ingresos publicitarios se ven impelidos de los 40.625 millones previstos a los 48.000 conseguidos. Y seguirán en ejercicios sucesivos una progresión geométrica, duplicándose prácticamente en cuatro años, de los 43.130 millones de pesetas de 1982 a los 90.200 de 1986.136

Se transforma así notablemente el modelo financiero de RTVE, de forma que si en 1980 la subvención estatal aún suponía el 27 % de su presupuesto de gastos, en 1986 era apenas del 1,8 %, mientras que los ingresos publicitarios abarcaban el 94 % de los gastos (Bustamante, 2003, p. 83). Una situación que comienza a contemplarse con asombro en los primeros informes internacionales de la época, con el añadido de que el monto presupuestario de RTVE era mucho menor que los de otras radiotelevisiones públicas europeas.137 Como escribíamos por esos años:

En la práctica, pues, Televisión Española, ente público, asumía plenamente el modelo de financiación comercial sin que ningún tipo de debate clarificara las opciones y consecuencias de una decisión trascendental, tanto para el futuro de la televisión pública como para el diseño global del panorama televisivo español (Bustamante y Guiu, 1988, p. 126).

El incremento de la presión comercial sobre RTVE tendrá su reflejo fiel en la progresión publicitaria de sus emisiones: de 407,3 horas de publicidad emitida en 1982 a las 509,28 de 1986; de los 60.312 spots de 1982 a los 79.655 de 1986 (Gaytán, 1995, p. 104). Pero incluso este aumento rápido está muy por debajo del incremento de los ingresos comerciales, evidenciando que el fenómeno dominante reside en una subida constante de tarifas en tasas muy superiores a otros soportes. Hasta el punto de que durante varios años de esos primeros ochenta se producen protestas de los anunciantes y sus asociaciones, e incluso hay intentos de «huelga» y boicot de las grandes cuentas publicitarias a RTVE, que fracasan siempre por los numerosos «esquiroles» que acuden al medio.

En ese marco, el incremento de la publicidad y del número de marcas —de menos de 1.000 a más de 4.000 a finales de la década— no implica durante varios años un auténtico proceso de democratización publicitaria de la televisión, que queda reservado generalmente a las grandes marcas nacionales y multinacionales en RTVE, con la salvedad del acceso a los programas de los canales autonómicos, más baratos pero también de impacto geográfico y de audiencias reducido.138 Tal cuadro de situación cambiará bruscamente desde 1990, año de la aparición de las televisiones privadas, y no solamente por este nuevo sistema de competencia sino porque su llegada coincide con una grave crisis publicitaria que impulsará una feroz concurrencia por el reparto de un mercado estancado, en medio de pérdidas generalizadas.

En efecto, si la publicidad ya había dado muestras de ralentización desde 1989, se estanca e incluso retrocede desde 1991. Tras las tasas milagrosas de crecimiento de la segunda mitad de los años ochenta, superiores a veces al 30 y hasta el 40 %, en 1991, 1992 y 1993 el crecimiento será nulo e incluso negativo en valor constante. Sólo entre 1994 y 1996 se produce un comienzo de recuperación, cuando las inversiones crecen un 8 % acumulado, en tasas anuales cercanas a las de la inflación y similares al crecimiento del PIB (Díaz Nosty, 2000). Ciertamente, en el conjunto de las inversiones en medios la televisión sube del 31,83 % del total en 1983 al 35,9 % en 1992, superando a la prensa diaria ya en 1993, pero este mayor peso relativo no consigue soslayar la crisis general y, menos aún, alimentar financieramente a un sistema televisivo que se había duplicado en términos de oferta.

El clima de crisis repercute inmediatamente en las transacciones realizadas entre televisiones y agentes publicitarios. Desde abril de 1990 Telecinco comienza a ofrecer elevados descuentos sobre tarifas, flexibilización de la contratación, publicidad no convencional y negociación directa con los grandes anunciantes, a quienes se otorgan garantías de resultados. En 1991 sigue esa estela Antena 3 TV y, desde 1992, TVE y las televisiones autonómicas se ven obligadas a imitar esas técnicas. El resultado inmediato es que los descuentos medios, que hasta 1989 eran habitualmente del 15 %, en 1997 llegaban a un 75 % de media en todas las cadenas, alcanzando en algunas de ellas el 83-84 % (Gaytán, 1995, p. 106). Se produce pues una brusca caída del precio medio por minuto, desde los 3,6 millones de pesetas de 1989 a las 80.000 pesetas de 1993, casi un 82 % de reducción (Bustamante, 1999); lo que implica que una rápida y siempre ascendente saturación publicitaria de las emisiones se hará compatible con menores ingresos relativos de las cadenas durante años.

Ciertamente la publicidad comienza a recuperarse desde 1994 (1,3 % de incremento) y, sobre todo, con tasas cercanas a 3,5 puntos en 1995 y 1996, paralelamente a un incremento del 7 % del PIB en esos años. Además, la inversión en televisión ya suponía en ese último año 229.213 millones de pesetas de un total de 575.183 (Díaz Nosty, 2000). Pero el mercado publicitario para televisión ha quedado marcado por la crisis y ya nunca recuperará su estructura ni sus precios de los años ochenta, aunque mantenga un crecimiento de tiempos en la emisión que le lleva de las 886 horas de 1989 a las 5.749 horas de 1996 en cuanto a publicidad contratada (Díaz Nosty, 2006, pp. 189 y 215-256), un incremento muy superior al de las emisiones, lanzadas sin embargo a un crecimiento constante que bate récords anualmente, de las 35.570 horas en 1989 a 96.694 en 1996.

Las consecuencias de esta situación serán terribles para el conjunto de los operadores, incluidos los privados que acaban de comenzar su andadura, con la carga añadida de inversiones iniciales de establecimiento. Pero muy especialmente para la situación financiera de RTVE y también, aunque desigualmente, para los terceros canales. De este panorama se excluye sólo a Canal Plus, que consigue números negros desde 1993.139 Así, en la primera mitad de la década de los noventa el déficit o diferencia anual entre ingresos y gastos del total de operadores osciló según los años entre los 100.000 y los 150.000 millones de pesetas.

El caso de RTVE es sintomático en esa etapa. Primero sufre un descenso acelerado en su porcentaje de captación sobre el total de la inversión publicitaria: desde el 85,9 % en 1989 al 45,48 % en 1992 (Bustamante, 1994, p. 2.190). En 1993 TVE ya solo suponía un 39,3 % de la inversión publicitaria en el medio, mientras que las privadas alcanzaban un 46,2 % y las autonómicas un 14,5 % (Gaytán, 1995, p. 197). En 1996, sobre una inversión de 229.204 millones de pesetas, 71.495 fueron para TVE, 123.154 para las cadenas privadas y 34.555 millones para las TVAA (Díaz Nosty, 2000, p. 254).

El impacto sobre las cuentas de RTVE es inmediato. En 1990 TVE declaró un beneficio de 7,9 millones de pesetas, pero el conjunto de RTVE había registrado un déficit de 20.349 millones.140 En 1992 comienzan los déficits oficiales: 439 millones de euros en ese ejercicio, 811 en 1993, 643 en 1994 y 880 en 1996. En 1993 el Gobierno accede a suscribir un primer contrato-programa que contempla sólo el coste de actividades marginales del servicio público, como el de Radio Nacional de España y la Orquesta y Coros.141 Pero las subvenciones aprobadas esos años, entre los 191 millones de euros de 1993 y los 132 de 1996, no alcanzaban siquiera para pagar los gastos de la radio, privada ya de publicidad. Se repiten, pues, agujeros financieros que comenzarán a llenarse con las autorizaciones gubernamentales de deuda, primero con la banca española, más tarde también con los bancos internacionales. El Gobierno, alarmado seguramente por el monto acumulado, realiza quitas de deuda relativamente importantes, de 1.393,67 millones de euros entre 1994 y 1996, pero insuficientes para colmar el déficit anual. De modo que en 1996, el año de despedida del Gobierno socialista, el endeudamiento acumulado asciende ya a 1.587 millones de euros.

Todos los protagonistas del momento parecen ser conscientes de la pendiente iniciada. Así, desde 1991 el director general, Jordi García Candau, reclama públicamente al Gobierno una subvención mayor que no es concedida. En ocasión del contrato-programa de 1993, el Gobierno se proponía asumir en el futuro la deuda de las actividades de «servicio público», pero a cambio exigía un plan estratégico de RTVE antes de noviembre y una reducción de plantilla. Y efectivamente la dirección de RTVE elabora un plan de viabilidad que se centraba en cinco puntos: el control del gasto, la reducción de plantillas, una programación de calidad, menor ocupación publicitaria y reestructuración interna de la organización (Sánchez Tabernero, 1997, p. 242). Pero el plan estratégico elaborado en 1994 no llegó a ser aprobado por el Consejo de Administración y no se aplicó, salvo en un punto que nunca encontró contrapartidas: las reducciones sucesivas e importantes de plantilla, que sumaron casi un 30 % de los efectivos humanos, de forma que si en 1990 RTVE tenía 14.194 empleados (10.505 fijos y 3.689 temporales), en 1996 ya sólo quedaban 9.696 (9.343 fijos y 353 temporales). Todo ello conseguido por la vía de expedientes de regulación de empleo con el solo criterio de edad, voluntarios u obligados, que vaciaban a la empresa de muchos de sus mejores profesionales y que, en años posteriores, exigirán nuevas contrataciones temporales.

Mientras tanto, en esos años noventa se suceden de nuevo los escándalos económicos y de gestión sobre RTVE, al filo, otra vez, de informes oficiales. En 1990 la intervención general del Estado ofrece una auditoría que aumenta la polémica del escándalo sobre la gestión y las finanzas de RTVE. La auditoría correspondiente al ejercicio de 1991 y publicada en mayo de 1992 agudiza la polémica en el Congreso. El informe del Tribunal de Cuentas sobre los años 1992-1993 no se publicará hasta febrero de 1996, pero nutrirá aún más a posteriori la polémica sobre la gestión socialista de RTVE.142 El informe similar sobre la gestión de RTVE en 1995 (aprobado en 1998) afirmaba que «la situación de RTVE es de quiebra técnica, con unos fondos propios negativos por un importe cercano al doble del valor de los activos, compensados por una financiación ajena próxima al triple del valor de sus activos y un fondo de maniobra igualmente negativo». El Tribunal reprochaba al Gobierno socialista su inacción ante esta grave situación. Pero ya era demasiado tarde para que ese Gobierno pudiera responder.

La oposición también parece plenamente consciente de estos hechos y los aprovecha en sus críticas gubernamentales de forma sistemática. Así, el Partido Popular califica en el Parlamento la situación de RTVE como de «pura ruina».143 Por su parte, el conjunto de los terceros canales se financiaba en 1990 por las subvenciones en un 32 %, porcentaje que ascendía en 1996 al 44 %. Este último año del período analizado, las televisiones autonómicas sumaban un presupuesto de explotación de 110.217 millones de pesetas y habían generado un empleo directo de casi 5.000 trabajadores, un 25 % del total del empleo en un sector que, en otro caso, hubiera estado acumulado casi enteramente en Madrid.144

Pero durante esos años el sector privado no ofrece una situación mucho más optimista. Hasta 1995-1996, en efecto, las cadenas privadas muestran pérdidas continuas. Telecinco, entre 1990 y 1995, declara pérdidas de 44,20 millones de euros. Antena 3 TV ostenta en su contabilidad en ese período números rojos por 38,28 millones de euros. Y ello pese a que las cadenas privadas se convierten en esa época, con regocijo de las revistas especializadas, en ejemplos modélicos de contabilidad creativa. Todo ello se traduce en periódicos aumentos de capital e índices de endeudamiento muy elevados (Bustamante y Álvarez, 2003, pp. 257-346). En 1996 se estimaba que las pérdidas acumuladas por ambas cadenas privadas generalistas superaban el valor económico de su actividad (Giordano y Zéller, 1999, p. 72).

La competencia que tal catastrófica situación económica general provoca en estos años noventa es feroz y comienza a ser medida ya en términos modernos de audimetría, que apareció oportunamente en 1985, con Ecotel, aunque también mediante las series históricas del Estudio General de Medios de la AIMC. De acuerdo con el audímetro, la cuota de share de TVE baja de 57,2 % en 1991 al 35,9 % en 1996, mientras que las cadenas privadas conseguían ya un 47,3 % y las autonómicas se mantenían en el 15,5 %. Según EGM, TVE había pasado de un 74 % de share en 1990 a un 34,9 % en 1996, mientras que los terceros canales habían ascendido levemente del 14,3 al 15,6 % y las privadas subían hasta el 34,9 %.

Los efectos de la enfermedad económica general sobre la producción audiovisual resultan asimismo devastadores. Como indica un estudio europeo de la época, la producción independiente de ficción española caía en 1992 a tasas mínimas, ridículas en comparación con los países de su entorno (Jézéquel, 1993, p. 103). Y no comenzará a recuperarse hasta los éxitos pioneros de la ficción nacional en 1993 (Farmacia de guardia) y 1995 (Médico de familia, Hostal Royal Manzanares), con efectos visibles desde 1996. En ese año la producción independiente ascendía a 7.221 horas, con un valor estimado de 34.750 millones de pesetas, una cantidad todavía pequeña en relación con el mercado televisivo (Bustamante y Álvarez, 1999, pp. 273-288).

En cuanto al cine, en septiembre de 1983 se producen los primeros acuerdos históricos de TVE con el cine español, propiciados por la entonces directora general de cinematografía, Pilar Miró, que fijarán porcentajes de inversión, tasas y cuotas de proyección y serán revisados en 1987 y 1988. Pero el cumplimiento de TVE de esos acuerdos será muy desigual según los años. Y desde la llegada de la competencia comercial, en 1990, la nueva Dirección General denuncia los acuerdos remitiéndolos a un juego de oferta y demanda, sin tasas ni cuotas estables. Las inversiones de la televisión en el cine español se hundirán durante varios años, sin que puedan ser compensadas por los acuerdos realizados por algunas televisiones autonómicas (ETB en 1984 y TV3 en 1985), con sus asociaciones de productores autóctonos, porque este ejemplo no será seguido hasta muchos años después por otros canales regionales.

Conclusiones

En una etapa definida generalmente por los historiadores como de «consolidación de la democracia» (Tusell, 2005, p. 387), la radiotelevisión pública queda anclada en los resortes autoritarios del pasado, heredados de los gobiernos de UCD, prácticamente sin cambios ni en la organización y la gestión ni en sus dependencias gubernamentales fuertes. Como ocurrió durante la transición, pero ahora durante casi catorce años, los gobiernos de Felipe González no encontraron ocasión ni de aplicar plenamente el Estatuto de 1980 (consejos asesores, participación de los trabajadores, derecho de acceso social...) ni de reformarlo, pese al clamor de la oposición y al suyo propio antes de llegar al poder.

Más aún, los gobiernos socialistas consolidan en los años ochenta un modelo financiero totalmente comercializado, insólito en el panorama europeo, al amparo del monopolio de RTVE y de la crisis económica de la época que, aunque congruente con el clientelismo gubernamental, pervertirá notablemente la oferta programática impidiendo construir una conciencia social sobre la significación del servicio público. A partir de 1990, con la implantación de un sistema competitivo y pese a los crecientes déficits de RTVE, mantendrán ese modelo empresarial contra viento y marea, abriendo paso a una nueva fuente financiera inédita en el paisaje audiovisual europeo: la del endeudamiento en ascenso avalado por el Estado, que debilita aún más al servicio público aherrojándolo frente al nuevo escenario de competencia. Y todo ello incluso en los períodos de bonanza económica y financiera de la década, y en medio de cierto esfuerzo por implantar el Estado de bienestar en otros campos.

Más allá de la incoherencia señalada en su política de comunicación general,145 no es posible dejar de resaltar una ausencia notable de conciencia del servicio público en las áreas gubernamentales y del PSOE que se manifiesta conjuntamente en las perspectivas política y económica. Una carencia que ha sido atribuida a la huella de la hipoteca histórica del franquismo, a la visión prioritaria de la televisión como máquina propagandística y electoral, o a la propia mayoría absoluta de que gozó durante buena parte de sus gobiernos.146

No menos grave es la perpetuación de la tradición anterior de concesiones privadas de radio opacas y decididas sólo por los gobiernos, en función de las coyunturas y los amigos políticos, y su ampliación al campo televisivo.147 Su inevitable corolario en esta etapa es la ausencia de toda autoridad independiente en el campo audiovisual, pese al consenso parlamentario en su favor demostrado en el Senado, que el PSOE nunca intentó establecer con firmeza, seguramente en el contexto señalado de una falta de entusiasmo por las entidades independientes de regulación.148

Todos los demás acontecimientos reseñados en este capítulo se correlacionan lógicamente con estas dos premisas básicas. La oposición seguirá las tradiciones de la época ucedista para agravarlas y consolidarlas: conversión de la Comisión de Control parlamentaria en una simple cámara de resonancia de la descalificación al Gobierno, plagio de los mismos caminos en las radiotelevisiones autonómicas controladas por cada partido, judicialización por demandas contra los gestores de RTVE, escándalos sucesivos sobre la contratación externa de programas del servicio público, etcétera. Los profesionales y empleados serán nueva y reiteradamente objeto de un doble juego perverso: acusados desde la oposición y rehenes desde las áreas gubernamentales que alegan su honorabilidad como salvaguardia. Aunque entre el honor profesional de los más y el colaboracionismo manipulador de muchos directivos median profundas distancias.

En suma, la etapa socialista muestra que:

— La herencia franquista y su visión unidimensional de la televisión como instrumento de poder y propaganda trasciende a la oposición al franquismo, hipotecando incluso la regeneración de la democracia española.149 En definitiva, el Gobierno socialista nunca fue capaz de pensar el servicio público en términos de ciudadanía;150 ni tampoco como elemento trascendental del Estado de bienestar.

— El retraso en la desregulación respecto a otros países occidentales no permite que España aprenda de la experiencia ajena sino más bien todo lo contrario. La tardía introducción de la competencia privada no fue acompañada de una previa o simultánea adecuación del servicio público —conformado para el monopolio— al nuevo entorno competitivo, sino de una comercialización a ultranza compatible con la quiebra práctica del grupo y de una oferta programática extraviada que brillará como extremo de «identificación» con el modelo privado comercial en todos los estudios estratégicos de la época.151

El PSOE perdió las elecciones de 1996 pese a su empeño en mantener ese modelo de radiotelevisión pública y de influir en la estructura de los medios privados. En la oposición, durante ocho años, sufrirá las consecuencias del error de haber dejado al servicio público inerme, listo para su desaparición o para la radicalización de sus peores derivaciones.

90. Todo ello pese a que la prensa denunciaba el uso abusivo en los últimos meses antes de las elecciones de los informativos, con la reserva a UCD y el Gobierno de «los mayores porcentajes de la información nacional» (El País, 7-3-1982).

91. Como han reconocido los historiadores: «Los socialistas aceleraron un fenómeno fundamental de esta década, iniciado con los gobiernos de UCD: el crecimiento del gasto público y su distribución territorial» (Juliá, 1999, p. 265). «Ese gran aumento se debía sobre todo a este reconocimiento de ciertos derechos ciudadanos que se engloban en la expresión “Estado de bienestar” (educación, sanidad, pensiones, seguro de desempleo)» (Tortella, 1994, p. 390). Pero se trata sólo de «una cierta sociedad del bienestar» como reconoce este experto (Juliá, 1999, p. 47). Así, de los doce puntos de aumento en términos de producción en la primera década socialista, sólo 4,7 corresponden a gastos sociales (pensiones, educación, sanidad y vivienda) (íd., p. 46).

92. El escrito constituye un auténtico y ejemplar catálogo de intenciones democráticas: «La radio y la televisión van moldeando un tipo de sociedad, de persona y de relaciones humanas. Es decir, van condicionando el presente y el futuro de la colectividad. La sociedad debe exigir que estos medios contribuyan al enriquecimiento moral, cultural y estético de la persona y sean fiel reflejo del pluralismo social existente y de la diversidad de pueblos que componen nuestro país. Por ello, exigimos que RTVE satisfaga en el futuro estos objetivos, que hasta ahora no se han cumplido de forma adecuada [...]. RTVE pertenece al conjunto de los ciudadanos representados democráticamente en las Cortes. Por ello reivindicamos, inequívoca y firmemente, que sólo las Cortes son soberanas para decidir cómo deben funcionar estos medios de comunicación» (Pérez Ornia, 1988, pp. 124-125).

93. El País, 9-6-1979.

94. El documento plantea 18 puntos concretos que deberían ser garantizados por ley. Entre ellos, «la desgubernamentalización de RTVE» y su control parlamentario, el «carácter gerencial y no político» de su máximo gestor, la participación de los trabajadores y de la audiencia en la gestión del medio, la participación de las autonomías en el control, producción y programación de las emisiones en su ámbito y de las emisiones estatales, la «institucionalización del libre acceso» a partidos y asociaciones, la potenciación máxima de la producción propia, el control de la publicidad y su «progresiva reducción» y la implantación de un canon (Pérez Ornia, 1988, p. 137).

95. Entre las declaraciones recogidas por Pérez Ornia en su tesis doctoral, figuran de forma destacada las de Javier Solana, alto dirigente socialista que se convertirá en el primer ministro de Cultura de la era socialista, que escribe en un artículo de diciembre de 1977, justamente cuando se había constituido el Consejo rector provisional: «Nosotros pensamos en la televisión como instrumento de cultura al servicio de toda la comunidad, y no como instrumento de poder al servicio del gobernante de turno o de los intereses que lo aúpan. Mientras sea esta última la actitud que prevalezca —sea cual sea el disfraz adoptado, haya o no haya una capa de barniz democrático— no será posible ese maridaje de televisión y democracia que la sociedad española necesita» (Javier Solana, «Televisión y democracia», El País, 24-12-1977). Por su parte, el vicesecretario general del PSOE y vicepresidente del Gobierno desde 1982 declaraba en febrero de 1979: «Yo creo que lo de TVE es algo que en este país se debe tomar en serio. O se le exige al gobierno de turno, al que sea, que la televisión esté al servicio de todos los españoles y no de un solo señor, o la televisión se va a convertir en un instrumento caciquil, repugnante [...]. Pero el gran caso de caciquismo es el de RTVE, que la dirige directamente Adolfo Suárez desde La Moncloa. RTVE se ha convertido en el gran cacique de este país» (El Socialista, 25-2-1979, citado por Pérez Ornia, 1988, p. 149).

96. El País, 10-12-1982.

97. Como ha escrito un sociólogo renombrado de la transición: «Aparecía pues, en el cuerpo social, un clima de confianza, expectativa y crédito para los nuevos gobernantes, a contrapelo de una situación económica y social llena de incertidumbres, tensiones y dificultades evidentes» (Wert, 1992, p. 80).

98 . El País, 10-12-1982.

99. Diario 16, 10-12-1982.

100. La Clave era un programa emblemático que había sufrido numerosas censuras en la transición, una adaptación del formato francés Les dossiers de l’écran, de película con debate. En esta ocasión estaba programada la película Don Camilo, dirigida por Julien Duvivier.

101. Pilar Miró se verá absuelta de la acusación de «malversación de caudales públicos» por 8,5 millones de pesetas en julio de 1992, «por desconocimiento de que su conducta fuera incorrecta y haber actuado sin mala fe».

102. El PSOE y sus candidatos duplicaron el tiempo y número de apariciones en pantalla durante la precampaña. Felipe González, por ejemplo, apareció más del doble que los restantes candidatos (1 hora y 51 minutos frente a los 57 minutos de Aznar) (El País, 9-10-1989).

103. El País, 4-10-1985.

104. El País, 6-9-1988.

105. La «guerra de cartas» del período de Robles Piquer se reeditará, por ejemplo, aunque con otros matices, cuando el diario ABC publica un reportaje titulado «Vergüenza nacional», con fotos y nombres de supuestos periodistas de RTVE con carné socialista. La reacción será una respuesta airada de 22 periodistas contratados, respaldados por la solidaridad de las asociaciones de la prensa de Madrid y Barcelona.

106. El tiempo de emisión se mantiene básicamente estable hasta 1982: de las 5.603 horas de 1970 a las 5.966 de 1981 (Televisión Española, 1970; RTVE, 1979, Crónica de un año. 1971-1975). Pero de 6.545 horas en 1982 se pasa en total a 8.662 horas en 1986. El esfuerzo principal lo hace la primera cadena, que pasa de 4.140 horas a 5.747, aunque la segunda asciende de 2.405 a 2.914 (Anuario RTVE 1986, Dirección de Centros Territoriales RTVE).

107. Según un historiador de la programación, el objetivo de esta ficción era «trasladar a la pequeña pantalla el nuevo imaginario pedagógico (socialista), mediante el impulso de una política de decidido apoyo a la producción de series de “calidad” internacional». Nueve de las series emprendidas para todos los horarios versaban sobre la guerra civil (Palacio, 2001, pp. 178-179).

108. Según un estudio académico, Televisión Española había importado en 1983 el 33 % de su programación, 35 % en prime time, incrementando su dependencia exterior muy por encima de la media de las televisiones europeas, situada en un 27 % (estudio realizado por Carmelo Garitaonandía; véase El País, 7-3-1984).

109. «1982 se conforma claramente como el “año del cambio” en todo el período analizado de más de una década. Y su consecuencia es que Televisión Española se conforma como una televisión cada vez más recreativa y cada vez menos informativa» (Bustamante y Guiu, 1988, pp. 132-134).

110. El País, 15-101-1993.

111. Senado, 1996. Los informes fueron realizados por una Comisión compuesta por 30 miembros (12 del PP, 13 del PSOE, 2 de CIU, 1 del PNV, 1 del Grupo Mixto, 1 del Grupo Canario) y presidida por la senadora socialista Victoria Camps. Se realizaron numerosas comparecencias de expertos europeos, entre ellos directivos de la BBC y de ARTE, de la alta autoridad de Portugal y del garante de Italia, así como de expertos y ponentes españoles. Sus propuestas fueron aprobadas en sendos plenos del Senado el 26 de abril y el 15 de noviembre de 1995.

112. Desde 1981 hasta 1989 se suceden diversos informes oficiales que desechan repetidamente la utilidad y el impacto industrial de un sistema español de satélites, que sólo se aprobará finalmente en 1989. En su regulación, el Estatuto de 1980 reservaba la exclusiva de nuevos soportes a RTVE, que nunca hizo uso efectivo de este derecho. En la recta final de la desregulación que permitiría la televisión privada se produce una curiosa experiencia con Canal 10, un canal por satélite y de abono lanzado desde Londres en 1988, que nunca llegará a recibirse en España y cerrará a los nueve meses, pero que se significará como uno de los «timos» televisivos más llamativos de la historia internacional. Canal 10 estuvo liderado por el empresario Talarewitz, y entre los socios perjudicados se encontraban Canal Plus Francia y la CLT.

113. Privada de una oferta española atractiva, la televisión por satélite se mantendrá durante años en un notable infradesarrollo, con unos 883.000 hogares conectados en 1995, en su mayoría por antenas colectivas y gratuitamente.

114. El fenómeno mal llamado de «vídeo comunitario» cobrará un momentáneo auge por diversas sentencias favorables de las Audiencias de Sevilla y del Tribunal Supremo; pero la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, al definir el dominio público (common carrier), y la Ley de Propiedad Intelectual cerrarán el paso a esa expansión. La prolongada ausencia de regulación, determinante del subdesarrollo de ese soporte, no encontrará aparente solución hasta la Ley de Telecomunicaciones por Cable (1995), aprobada por todo el arco parlamentario, salvo la oposición del PP. Pero este partido desencadenará una auténtica ofensiva preelectoral entre junio y octubre de 1996, en pleno período de precampaña, en las grandes ciudades que gobernaba, lo que complicará aún más el proceso posterior de licencias otorgado por el PP, ya en el Gobierno.

115. «Es al servicio público a quien corresponde realizar una auténtica descentralización y quien puede llevarla a cabo por encima de los condicionantes económicos y los desequilibrios regionales. Pero ello exige una fuerte articulación entre las televisiones autonómicas y la televisión pública central, basada en la colaboración, en la complementariedad y no en la marginación, en la construcción incluso de canales nacionales alimentados de forma múltiple, con sustancial ampliación de la base de producción y creatividad» (Bustamante, 1986, p. 272).

116. En 1981 se contabilizaban apenas 1.235 horas de desconexión total. Se afirmaba así que «España tiene una televisión sosa y centralista, en oposición a las emisoras de Reino Unido, Suecia e Italia», frente a las 6.931 de la RAI en esas fechas (El País, 26-12-1982).

117. Véase Anuncios, 27-7-1987.

118. «Un sector relevante de nuestra intelectualidad lo ha juzgado con menosprecio, cuando no con indiferencia. Los partidos políticos, con contadas excepciones, no le han dedicado la atención que a nuestro entender se merece. A menudo la han considerado como el mejor instrumento para la difusión de su ideología (Parés i Maicas, 1981, p. 7).

119. El Estatuto de Autonomía de Cataluña establece en su artículo 16.1 que corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de televisión. Y el artículo 16.3, conectando con lo previsto después en el Estatuto de 1980 y con la futura Ley del Tercer Canal, asegura que el Estado otorgará en régimen de concesión a la Generalitat la utilización de un tercer canal. Sobre la evolución de la televisión en esta región, véase Baget, 1994.

120. La Junta de Andalucía había llegado a elaborar un proyecto con la presidencia de Escuredo que fue paralizado oficialmente cuando éste fue sustituido por Rodríguez de la Borbolla.

121. A diferencia de los restantes estatutos, el de autonomía para el País Vasco establece en su artículo 19.3 que «el País Vasco podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines». Una redacción diferente a los estatutos del resto de las comunidades autónomas, que la atribuye al Gobierno autonómico y de forma vinculada al Estatuto de 1980 y la Ley del Tercer Canal.

122. «Los órganos de gobierno de las televisiones autonómicas reproducen unos esquemas similares a los de RTVE»; «Los Consejos de Administración se han politizado hasta el extremo de que el estatus de independencia concebido para los consejeros ha derivado en un estatus de subordinación partidaria» (Linde y Vidal, 2003, p. 285).

123. (Intermedios, 13-6-1996). En concreto, en 1995 los terceros canales captaban 53.264 millones de pesetas de la publicidad, pero recibían subvenciones por todos esos conceptos de 62.230 millones. En definitiva, su capacidad de autofinanciación no superaba el 30-35 % de los costes (véase López, Risquette y Castelló, 1999, p. 187; así como Bustamante, 1989, p. 67-87).

124. «Las televisiones autonómicas son actores comunicativos potentes y consolidados en los respectivos mercados regionales, y tienen el futuro garantizado gracias al consenso de que son objeto entre los partidos políticos y la ciudadanía en general» (López, Risquette y Castelló, 1999, p. 187).

125. Como escribíamos ya en los años ochenta: «Un fenómeno enormemente positivo en principio como el de la descentralización de la televisión pública, parece haberse saldado así por el momento en la multiplicación a pequeña escala del original modelo construido por TVE». [...] «Puede decirse que los canales autonómicos existentes no han presentado un modelo alternativo de la televisión pública central, sino que han venido más bien a calcar el viejo modelo de TVE [...] En cuanto a modos de financiación [...] han seguido un modelo tan comercializado como la propia televisión pública central. E incluso han actuado, mutuamente con TVE, como motor de homogeneización de la oferta de programas y como vehículo de la transnacionalización audiovisual» (Bustamante y Guiu, 1988, p. 150).

126. El País, 24-5-1985.

127. El concurso público se abre el 23 de mayo de 1989 ante el Ministerio de Transportes, dirigido entonces por José Barrionuevo, anteriormente ministro contestado del Interior, con un plazo de 90 días para dar lugar a una respuesta de la Administración en 30 días hábiles. El 25 de enero de 1989 se había divulgado el pliego de bases para el concurso de adjudicación. Se presentaron cinco aspirantes: Antena 3 TV (Grupo Godó), la Sociedad de Televisión Canal Plus (Prisa, Televisión Canal C, Gestevisión Telecinco (Anaya con Fininvest y la ONCE) y Univisión Canal 1 (Grupo Zeta).

128. La Administración socialista, pero también la del Partido Popular, interpretó durante años que el registro de esas ofertas de aspirantes, depositadas por ley en un registro público, lo eran sólo por estar en manos del Estado, pero no por su acceso al público, acceso que negaron, también durante años, incluso a los investigadores. Los recursos presentados por el Partido Popular, el Parlamento de Cataluña y el Parlamento Vasco serán desestimados por el Tribunal Constitucional en mayo de 1994 y por el Tribunal Supremo en abril de 1997; y la sentencia sobre la demanda del Grupo Zeta, también denegada, coincidirá paradójicamente con el momento en que éste ya se había hecho con el control de Antena 3 TV.

129. Véase Sánchez Tabernero, 1997. El juez Baltasar Garzón abrió un proceso en la Audiencia Nacional contra los accionistas más importantes de Telecinco, es decir, Berlusconi, la ONCE, Javier de la Rosa y otros, por plusvalías no declaradas y evasión de impuestos durante esos años.

130. Noticias de la Comunicación, n.o 162, septiembre de 1997.

131. Un dato que contrastaba con el 52 % que leía la prensa, con el 41 % que leía al menos una vez cada tres meses o con el 31 % que iba al cine al menos una vez en ese trimestre (Ministerio de Cultura, 1985). Muestra de 14.899 hogares sobre 10,5 existentes.

132. Ministerio de Cultura, 1993. Sobre una muestra de 15.000 hogares, mientras que el 50 % había comprado un libro al menos en 12 meses, el 20 % asistió al cine; y la radio era seguida diariamente por el 56,2 % de la población, con un 76,4 % de instalación en los hogares.

133. Las inversiones publicitarias aumentan en esos años con una notable rapidez, desde los 180.000 millones de pesetas de 1982 a los 417.000 de 1986, con una tasa del PIB que pasa del 0,9 % en 1983 al 1,1 % en 1985. En ese conjunto la televisión se mantiene en ese ascenso, con una tasa casi constante superior al 24 % de la inversión en medios.

134. Anuarios e informes de RTVE (véanse Bustamante y Guiu, 1988, p. 127). José María Calviño declarará ante la Comisión de Control del Congreso que «Televisión Española no sólo es autosuficiente, sino que con sus recursos financia las otras actividades» (El País, 10-5-1985).

135. «Los superávits de TVE encubren un grave problema de descapitalización y una deficiente contabilidad», y se anuncian sólo como elemento de propaganda (El País, 27-10-1986).

136. En efecto, la subvención estatal, que alcanzaba los 6.700 millones de pesetas en 1982, será rebajada a 3.973 en 1983 y se limitará en 1985 sólo a las subvenciones al capital (a la inversión) de 1.500 millones, bajando en 1987 a los 500. En los años citados, la facturación publicitaria bruta es la siguiente: 43.083 millones en 1982, 47.600 en 1983, 55.803 en 1984, 63.580 en 1985 y 88.403 en 1986. (Fuente: Anuarios e informes de RTVE, citado en Bustamante y Guiu, 1988, p. 125.)

137. En 1985, cuando el presupuesto de la televisión pública en Italia era de 1.200 millones de ecus, el de Alemania de 3.500 y el de Francia de 690, el de RTVE era de 493. Pero en este último caso se constataba además la falta de canon y de subvenciones (Lange y Renaud, 1988, pp. 135-160).

138. «La televisión, particularmente TVE, es sólo accesible a grandes anunciantes, interesados además en mantener la posesión exclusivista de la televisión» (Zallo, 1988, p. 297).

139. Canal Plus, con un nivel de 767.000 abonados en 1993, reduce y aumenta su capital para acomodarlo a las pérdidas iniciales; pero entre 1993 y 1997 Sogetel, bautizada luego como Sogecable, consigue beneficios de 122,41 millones de euros.

140. Memoria económica, RTVE, 1990, p. 368.

141. En mayo de 1993 el Gobierno aprueba un contrato-programa con el Ministerio de Economía por una subvención de 31.804 millones de pesetas, destinados específicamente a los gastos de RNE, el Instituto Oficial de Radio y Televisión y la Orquesta y Coros de RTVE; pero quedaban expresamente fuera «las actividades que son realizadas en régimen de competencia plena con el sector privado» (El País, 15-10-1993).

142. El Mundo, 2-2-1996.

143. El País, 29-7-1992.

144. Las seis radiotelevisiones autonómicas habían invertido en el servicio público, entre 1990 y 1998, un total de 523.063 millones de pesetas (Vacas, 1999, pp. 174-179).

145. En un análisis realizado a finales de los años ochenta se señalaba que «sólo las concepciones partidistas e instrumentalistas podían explicar una política de comunicación incoherente con continuo entrecruzamiento y vaivenes entre dinámicas opuestas (comercializadora y neoliberal, o proteccionista y pluralista)» (Bustamante y Zallo, 1988, p. 311).

146. «Las peculiares circunstancias en que gobernó durante catorce largos años facilitaron enormemente que el PSOE instrumentalizara la televisión hasta límites realmente inconcebibles para cualquier mentalidad democrática» (Fernández y Santana, 2000, p. 285).

147. Como decía en esa época un estudio europeo: «Si se aborda este mercado con los criterios habitualmente aplicados en Francia o en otros mercados estructurados [...] se puede dibujar el cuadro decepcionante de un servicio público asaltado, debilitado y desnaturalizado que hace frente a una concurrencia privada agresiva, anárquica y empujando hacia abajo» (Jézéquel, 1993, p. 102).

148. «En la imperante situación de confusión de linderos entre partido-Gobierno y Estado no tiene lógicamente cabida una capacidad parlamentaria de control, ni la existencia de instituciones arbitrales-imparciales que respondan a una razón de Estado, distinta de la razón del Gobierno» (Castellano, 1992, p. 150).

149. «La herencia dejada por la dictadura franquista, que se servía de ella como instrumento de propaganda y de mantenimiento de la pasividad de los ciudadanos, se hace sentir incluso después de 1980, cuando se adquiere una autonomía administrativa» (Achille, 1994, p. 37).

150. «El público es concebido como una entidad pública colectiva, según una interpretación que asocia estrechamente, casi sobreponiéndolo, el concepto de público al principio de ciudadanía» (Hibberd, 2005, p. 18).

151. Véase, por ejemplo, CSA, 1994; y también Achille, 1994.

4

Los mandatos «populares»:

dependencia extrema gubernamental y

ruina financiera (1996-2004)

La derrota electoral socialista de 1996, sólo aplazada en las elecciones de 1993, había sido largamente anunciada por los comicios intermedios, pero también por el clima político de un final de etapa que los escándalos políticos habían incrementado, como los procesos por los GAL (grupos terroristas paralelos de extrema derecha dirigidos contra ETA) o los que afectaban a la financiación ilegal del PSOE, como el caso Filesa. Las elecciones europeas de junio de 1994 mostraron ya un vuelco electoral, con el Partido Popular superando al PSOE en diez puntos. Y las municipales de mayo de 1995 habían dado la victoria al PP en 44 capitales de provincia españolas, la mayoría de las 55 existentes.

Sin embargo, y lejos de las expectativas iniciales de un vuelco electoral, en las elecciones generales de 1996 José María Aznar ganó por sólo 300.000 votos de diferencia con respecto al PSOE. Un resultado que los dirigentes del Partido Socialista saludarán como una «dulce derrota», pero que dará inicio a un dominio incontestable del Partido Popular durante ocho años que cambiará a la sociedad española.

En todo caso, esta etapa inicial del PP es considerada por los analistas como un período de relativo consenso, obligado por las alianzas parlamentarias imprescindibles con Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco hasta que, en las elecciones generales de marzo de 2000, José María Aznar gana por mayoría absoluta. Se consagrará a partir de entonces lo que un historiador ha llamado el «estilo de la mayoría absoluta» (Tusell, 2004, p. 214), un Gobierno duro con decisiones perentorias adoptadas en solitario, sin casi otros apoyos parlamentarios, que marcará la séptima legislatura de la democracia.

De este modo, la segunda fase de poder del Partido Popular se convierte en una pendiente, cada vez más rápidamente plagada de confrontaciones políticas broncas que van deteriorando la base política del Gobierno y polarizando a la mayor parte de la población: desde la Ley de Ordenación Universitaria (LOU, de octubre de 2001), que ocasionará manifestaciones masivas de repulsa y un enfrentamiento abierto del Gobierno con el mundo universitario; el «decretazo», una reforma de las relaciones laborales que desencadenará una masiva huelga general el 20 de junio de 2002; los desgarramientos en el seno del ejército que significaron el accidente del avión Yakovlev procedente de Afganistán; o la catástrofe del Prestige en Galicia y la marea negra provocada, hasta el protagonismo de José María Aznar en la foto de las Azores (junto a Bush y Blair), que simbolizó la intervención española en la segunda guerra de Irak, pese a las manifestaciones masivas de protesta contrarias en toda España realizadas en 2003.

En este clima de confrontación social creciente se llega a las elecciones del 14 de marzo de 2004, que, precedidas de forma inmediata por el 11-M, el mayor atentado terrorista que había sufrido España en su historia, desemboca en la derrota clamorosa del Partido Popular y en la vuelta al Gobierno del Partido Socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero.

El mandato popular y su inicial ascenso político están sin embargo explicados en buena medida por una recuperación económica que, aunque apuntada desde 1994, e iniciada según muchos expertos por la política económica del último Gobierno socialista, se relanza y hace visible desde 1996, con una tasa de crecimiento anual del 3 %. Una economía boyante, aunque siempre con fallos estructurales e indicadores arriesgados, acompañará a la gestión del PP en esos ocho años, cifrando en ella buena parte de su activo político. Será complementada por el reiterado mensaje político-económico de «déficit cero» de las cuentas del Estado, un eslogan que parecía encerrar en esa época todas las virtudes del saber hacer económico sin reparar en sus posibles consecuencias sociales. Porque, como se ha evaluado, en la etapa del PP se estabiliza el gasto social en España, que se aleja de nuevo de los parámetros europeos: del 63 % de promedio respecto al gasto en la UE en 1990 al 60 % en 2000 (González y Requena, 2005, p. 176).

El otro gran eje de la política económica neoliberal de los gobiernos de Aznar será, desde sus inicios, la consigna de la privatización del sector empresarial público, predicada incluso en los casos de empresas altamente rentables como una hipoteca de la burocracia y de la ineficacia estatal y una rémora para el progreso económico. Se privatizó así en un breve plazo de apenas dos años, 1996-1998, la mayor parte del sector público que el Gobierno socialista había comenzado a liberalizar pero manteniendo el control estatal, incluyendo las mayores y más rentables empresas públicas (Telefónica, Tabacalera, Repsol, Endesa, Argentaria), según un esquema invariable: construcción de un núcleo «duro» de accionistas corporativos privados y emisión en Bolsa del resto de las acciones. Se realizó así, por un Gobierno paradójicamente minoritario, «una ingente desamortización que superó los cuatro billones de pesetas» y que, más allá de las opiniones divergentes de política económica, mantuvo «sombras importantes» incluso desde un punto de vista liberal.152

No sólo se pasó de «la era de los monopolios públicos a la era de los oligopolios privados» (Tusell, 2005, p. 418), sino que, al mando de ese proceso complejo de negociación, el Gobierno de Aznar colocó en la dirección de las grandes empresas privatizadas a amigos políticos y personales que se mantuvieron después en el cargo, incluso con escandalosos casos de blindaje en el puesto. Además el Gobierno se reservó en cada empresa importante una golden share, o acción de oro, para poder vetar operaciones no deseadas. De esta forma, coincidentemente, las cinco «joyas de la Corona» citadas mantuvieron a los mismos presidentes antes y después de la privatización (Tusell, 2005, p. 181). El otro efecto inmediato de ese proceso fue el relanzamiento masivo de un «capitalismo popular» que en España había mostrado un limitado arraigo. Pero ese fenómeno económico y sociológico se estrellará con la crisis bursátil de 2000-2001.

Liberalización y privatización, como consignas omnipresentes de la política económica del Partido Popular, tienen también su correlato en la creación en este período de numerosas autoridades del mercado, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión de la Energía o la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). En todas ellas, como muestra del desapego de la derecha española, y posiblemente del mundo empresarial mismo, por las autoridades independientes, las regulaciones legales sobre composición y funcionamiento otorgaban un papel hegemónico al Gobierno y a sus representantes directamente elegidos. Pero las amenazas de esa orientación saltarán a la luz de forma abrumadora por el escándalo, en 2001, del caso Gescartera, una agencia de valores que realizó una estafa multimillonaria que incluía a asociaciones religiosas y militares entre sus grandes damnificados; y que reveló, a la vez, los graves fallos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el corazón de la Bolsa, inducidos por la politización partidista de sus cargos y la connivencia establecida con altos puestos del Ministerio de Hacienda. En el mismo campo audiovisual, el PP olvidará sus propuestas al Senado para defender un «Comité de Medios Audiovisuales», como simple apéndice de la CMT, con todos sus miembros nombrados por el Gobierno.153

Por lo demás, se producirán en esta época las mayores fusiones de la historia del mundo financiero español. Si este proceso se había acelerado con las crisis bancarias de finales de los años setenta, catalizado por las intervenciones gubernamentales de Rumasa en 1983 y de Banesto en 1993 (comprado por el Banco de Santander), en octubre de 1999 las cuasi absorciones del Banco Central Hispano por el Santander, para crear el BSCH, y de la banca pública Argentaria por el Banco Bilbao Vizcaya, para generar el BBVA, cristalizarán en una estructura casi duopolista entre dos grandes bancos que culmina el proceso de concentración.

También ha de ser ambivalente y matizado el juicio sobre la política cultural del Partido Popular en donde, aunque se comenzó con malos augurios por la desaparición del Ministerio de Cultura, reducido a una Secretaría de Estado en el Ministerio de Educación y Cultura, los propósitos desreguladores sólo se cumplieron parcialmente. Así, en el sector del libro se comenzó a liberalizar el precio fijo anterior por el capítulo vital de los libros de texto escolar, pero en el cine no se cumplieron las promesas de eliminar las cuotas de pantalla y se aumentó la asignación presupuestaria de las subvenciones. Todo ello, ciertamente, en el marco de un descenso relevante de los presupuestos dedicados a la cultura.

Más paradójico aún es el comportamiento de los gobiernos del Partido Popular en el capítulo de comunicación social, en donde los discursos de liberalización y de canto al libre mercado contrastaron con una práctica ostentosa de intervencionismo sistemático progubernamental tanto en los medios públicos como en los privados. Las pretensiones del primer responsable de la Secretaría de Estado de Comunicación de querer ayudar a fijar la «agenda de los medios» fueron suspendidas tras la pronta dimisión de su titular, Miguel Ángel Rodríguez. Pero el Gobierno de Aznar ejerció una decidida actuación de condicionamiento del mercado al favorecer la compra de medios de comunicación potentes por las compañías estatales inmersas en procesos de privatización.154 Estas influencias sobre la propiedad inducida de los medios afectaron especialmente a la televisión y a la radio, y fueron ejercidas sobre todo a través de la compañía Telefónica, que se convirtió en el «ariete» de la ofensiva informativa e ideológica del PP desde el verano de 1997, cuando adquiere la cadena de televisión Antena 3 y la de radio Onda Cero, constituyéndose en pocos meses en uno de los mayores emporios privados españoles de la comunicación. Pero se prolongaron en el segundo mandato de Aznar, cuando Telefónica vende las acciones que permitían el control de su división de contenidos (Telefónica Media o de contenidos según las épocas) al grupo Planeta, en negociaciones arbitradas por el palacio de La Moncloa.

Igualmente graves pero complementarios fueron entre 1997-1998 los intentos de condicionar la competencia en la televisión digital por satélite de pago mediante una regulación que pretendía abiertamente beneficiar a la plataforma paragubernamental Vía Digital frente a Canal Satélite (iniciativa de Canal Plus), precedidos de una ofensiva judicial contra su empresa, Sogecable, que se mantuvo plagada de injerencias gubernamentales; o el conato de una regulación del fútbol televisado que, pretextando aplicar directivas europeas sobre la retransmisión de deportes de «interés general», buscaba en realidad perjudicar a Sogecable en sus exclusivas deportivas adquiridas y en su explotación en pay per view. Pero ambas iniciativas fueron cortadas de raíz por la Comisión Europea, y obligadas a rectificar legalmente. Por lo demás, la batalla judicial contra el grupo Prisa se saldó con una derrota sin paliativos del Gobierno en los tribunales de justicia; y la fusión de ambas plataformas por satélite en 2004 vino a confirmar cómo el mercado se imponía al voluntarismo político.

En cuanto al sector audiovisual, las posiciones iniciales del Partido Popular eran muy claras antes de su llegada al poder. Así, sobre RTVE, el programa electoral de 1996 arremete contra la «irresponsable y sectaria dirección» ejercida por los socialistas, «que ha conducido a RTVE a una situación de extrema gravedad». Y se compromete a «proponer un acuerdo a todas las fuerzas políticas para diseñar un modelo viable de RTVE», con la reforma del Estatuto de 1980 para conseguir su despolitización, mediante el nombramiento de directores generales profesionales y nunca militantes de partido; además, propugnaba la creación de una comisión nacional de radio y televisión para asegurar el pluralismo, y la privatización de las radiotelevisiones autonómicas (Tusell, 2004, p. 121).

Consecuentemente con esas promesas, en la sesión de investidura del 3 de mayo de 1996 Aznar, en contraste con el anuncio de que su Gobierno remitiría en breve al Parlamento un proyecto de ley que permitiera a las comunidades autónomas que lo desearan la privatización de los terceros canales de radio y televisión, afirma que:

El Gobierno impulsará un modelo viable de radiotelevisión de titularidad estatal que, con mecanismos eficaces, garantice los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad de la información y el respeto al pluralismo, así como un sistema de financiación mixta con los suficientes medios de control en que ha derivado la gestión del Ente público.

Con el paso de los años las promesas del Partido Popular se irán acomodando a las circunstancias del poder, con menos firmeza en los objetivos del servicio público, sobre todo en su desgubernamentalización. De esta forma, en el programa electoral presentado en las elecciones de 2000, volverá a asegurar que la regulación del sector público audiovisual es «claramente insatisfactoria» y apelará a una regulación por consenso, como en 1980. Así, concluye:

Expresamos nuestra voluntad de alcanzar un amplio acuerdo parlamentario para reformar el Estatuto de RTVE y adoptar un modelo de organización y gestión que asegure la observancia de los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y respeto al pluralismo, garantice su carácter de servicio público y establezca un sistema de financiación que haga compatibles los principios de competencia y libre mercado con los de servicio público.155

Todavía cuatro años después, en los comicios de 2004, el programa electoral del PP sigue asegurando que «hemos avanzado en la ordenación del marco jurídico de la radio y la televisión». Pero se marca entre los «principios y objetivos» dotar al sector audiovisual de un «marco adecuado» con el mayor consenso posible y el compromiso con «una radio y una televisión pública de calidad». Entre las propuestas figuran «fijar un nuevo modelo de financiación de las televisiones públicas», «culminar el procedimiento de saneamiento financiero» de RTVE iniciado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) e impulsar que la televisión pública se convierta en el referente del desarrollo de los servicios avanzados y los contenidos que permite la TDT»; además se asegura que «crearemos el Consejo Audiovisual».156

Los avatares de la dirección de RTVE en esta etapa son, por sí solos, enormemente significativos de su orientación absolutamente gubernamental: cinco directores generales en ocho años, comenzando esta carrera por los apenas nueve meses del mandato de Mónica Ridruejo y siguiendo por períodos inferiores a los dos años para casi todos los demás (con la única excepción de los 25 meses de Javier González Ferrari). Un ritmo mantenido incluso en el período de mayoría absoluta y que evidencia la capacidad de RTVE de quemar a sus máximos cargos en su dinámica clientelar hacia el gobierno, aunque adquiere también una significación económica y de gestión ante esa rotación irracional.

La etapa del Gobierno minoritario (1996-2000)

El 4 de mayo de 1996 el Partido Popular consiguió apenas un 39 % de los votos frente al 37,5 % del PSOE, con 156 diputados frente a 141. Pero José María Aznar será investido presidente del Gobierno y gobernará con apoyos parlamentarios nacionalistas cambiantes (Convergencia i Unió de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria), comenzando así lo que su partido había anunciado como la «segunda transición». Un Gobierno que, pese a esta debilidad parlamentaria, tomará decisiones cruciales en el orden económico y social, pero también en el terreno de los medios de comunicación.

En todo caso, el comportamiento económico acompaña a este proceso para hacer más fuertes las posiciones políticas del partido gubernamental. Así, entre 1996 y 1999 la economía española crece a ritmos superiores al 3,5-4 %; y entre 1996 y 2000 España consigue reducir en tres puntos su diferencia respecto a la media de la renta comunitaria, alcanzando un 83 %.

Por lo demás, en materia de cultura, el Gobierno mostrará en estos primeros años una especial sensibilidad por el cine, no sólo al mantener las cuotas de pantalla y aumentar la dotación de subvenciones a la producción española, sino también al aprovechar la reforma de la Ley de 1994 sobre la Directiva de Televisión sin Fronteras para introducir la obligación de todas las cadenas de televisión de destinar cada año el 5 % de sus ingresos a la inversión en películas europeas para cine y televisión (Ley de julio de 1999). Más tarde se reafirmará esta obligación en el contexto de la Ley de fomento y protección y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, de julio de 2001. Aunque a falta de un órgano independiente que controlara su aplicación, nunca habrá garantías reales de su cumplimiento.

Pasa poco tiempo antes de que comiencen a verse signos de un afán de intervencionismo insólito en los medios de comunicación, incluyendo las empresas privadas. Sobre todo está la demanda judicial, al filo del informe solicitado por «un secretario de Estado del Gobierno», en febrero de 1997, de un periodista de amplia trayectoria franquista, Jaime Capmany, contra el grupo Prisa-Sogecable, al que el Partido Popular no había cesado de culpar de su escasa victoria electoral. El caso será archivado en otoño de 1998, y el juez se verá condenado por prevaricación pero, mientras tanto, se lanza una campaña feroz de los medios afines al Gobierno, hasta el punto de que sólo en TVE el presidente de Prisa apareció mas de setenta veces, siempre entrando o saliendo de los tribunales. Además, en julio de 1997 se produce, tras las denuncias en la prensa y el Parlamento de presiones y amenazas del Gobierno al propietario mayoritario de Antena 3 TV, Antonio Asensio, la venta de esta cadena a Telefónica, que será saludada por el portavoz gubernamental como una «simple operación comercial», después de que el Gobierno aprobara esa transacción antes de su firma.157

Más allá de estos episodios sintomáticos y de la consiguiente intromisión específica del Gobierno en la propiedad de las cadenas privadas y en las exclusivas deportivas para televisión, o del intento de influencia directa en el mercado de la televisión de pago digital que se incluyen más adelante en la expansión problemática de los nuevos soportes, este período del Partido Popular resulta denso en actuaciones políticas que determinarán en buena medida el futuro del campo audiovisual español.

Por una parte, en junio de 1996 se crea la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o CMT (BOE de 8-6-1996), cuyas competencias serán ampliadas al campo audiovisual en la convalidación legal del decreto inicial (Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, de abril de 1997) apenas dos meses después de haber comenzado a actuar. El audiovisual ocupará una de las cinco divisiones de un organismo calificado oficialmente como «independiente», pero cuyos miembros eran nombrados por el Gobierno a propuesta del ministro responsable y donde la representación de la oposición fue siempre muy minoritaria. Adscrita durante una primera época al Ministerio de Economía y luego al de Ciencia y Tecnología, la CMT mostrará pronto una cultura de ingenieros y de simple regulación de la competencia en una perspectiva exclusiva de negocios y de mercado totalmente ajena a la regulación del campo audiovisual; mientras, las competencias sobre la regulación de los contenidos televisivos, sobre todo de la normativa europea, seguirán en manos de la Administración central a través de diversos ministerios (Ciencia y Tecnología o Fomento, según las épocas).

Además, y en aplicación de su programa, el Gobierno envía a las Cortes un proyecto de ley reguladora del servicio público de la televisión autonómica que limitaba la publicidad de los terceros canales y permitía su externalización y privatización. Sin embargo, este intento no prosperará por la oposición de sus aliados parlamentarios de entonces, sobre todo de Convergencia i Unió de Cataluña, contrario a permitir esas derivaciones de TV3. En otra decisión de alcance sobre el futuro televisivo, la antigua red de difusión de RTVE, Retevisión, será privatizada por completo en 1997 y vendida al grupo Auna de telefonía, aunque con la garantía de mantener su monopolio legal hasta marzo de 2000.158 La teórica apertura posterior no suprimirá un virtual monopolio privado de este mercado.159

Pero la mayor densidad de acontecimientos sobre el audiovisual reside justamente en los intensos intentos que se producen en esta época, siempre frustrados, por cambiar la legislación y el modelo del servicio público. Así, y por acuerdo general de los grupos parlamentarios, en abril de 1997 se constituye en el Congreso de los Diputados una subcomisión de reforma del Estatuto de 1980 que dará lugar a múltiples propuestas y debates durante meses, motivados inicialmente por las ofertas del presidente del Gobierno.160 Su existencia, sin resultados apreciables de consenso, comienza en abril de 1998, se prorroga en junio de 1999, mediando una retirada momentánea del PSOE, y se cierra finalmente, sin resultados, en el verano de 1999, cuando ya se aproximaba el nuevo clima preelectoral. Su trascendencia, sin embargo, estriba en que durante ese tiempo este foro servirá como inusitado revelador de las posiciones de los partidos políticos y de sus propuestas de futuro, pero también de las razones de fondo para la imposibilidad de llegar a un acuerdo amplio sobre el futuro de RTVE:

— Partido Popular: la propuesta presentada por el Gobierno, apoyada por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, hasta el punto de que la prensa lo denominó el «informe Cascos», tiene como bases más destacadas la necesidad de definir la función de servicio público comprendiendo en ella la totalidad de las actividades de RTVE y el reconocimiento de que la empresa tiene una dimensión adecuada. En sus propuestas defiende una financiación mixta, pública y publicitaria, pero con un peso «primordial» de los fondos públicos, así como un nuevo «modelo institucional» en el que el director de RTVE seguiría siendo designado por el Gobierno, ya que su elección por el Parlamento por mayoría reforzada presentaría «dificultades insuperables», pues sería además presidente del Consejo de Administración; mientras tanto se disminuiría drásticamente el papel de este último órgano, reducido a «funciones de orientación».161

— PSOE: el documento presentado por el grupo socialista califica al sistema televisivo como «claramente imperfecto», para solicitar un sector audiovisual público «fuerte y competitivo» que debe ser conformado por un «pacto de Estado». Coincide en proponer un sistema financiero mixto, con asunción inmediata de la deuda por el Estado. Pero su fórmula organizativa preferida es diametralmente opuesta: un director general nombrado por el Congreso por amplia mayoría de dos tercios de sus votos y por un plazo superior a una legislatura; y un Consejo de Administración, reforzado como «auténtico órgano de representación y gestión», que nombra al director general a propuesta del primero.162

— Izquierda Unida: por su parte, el grupo parlamentario de IU declara que RTVE está en «la peor encrucijada de su historia», reclama la asunción de la deuda por el Estado y propugna limitaciones publicitarias. En cuanto a la gestión, proponía a un director general de RTVE nombrado por el Parlamento por mayoría cualificada y un Consejo de Administración con competencias incrementadas como órgano decisorio en materia de presupuestos, programación y plantilla, pero con representación de los trabajadores de RTVE.163

Pese a tales propuestas, la regulación legal del servicio público continuó igual durante toda esta etapa, ya que el Gobierno no sólo rechazó la única transacción viable de «paz financiera por democracia», sino que se empeñó en fortalecer el poder del director general y su nombramiento directo, es decir, reclamando manos libres en las finanzas de RTVE mientras acentuaba su dependencia gubernamental.164 Pero este inmovilismo no se puede proclamar de la gestión de RTVE, en donde se suceden en este período tres directores generales, con una alta intensidad de polémicas sobre la información y la gestión.

La segunda directora general en la historia de RTVE, Mónica Ridruejo, no obtuvo el apoyo de la mayoría del Consejo de Administración, en donde por otra parte sólo quedaban nueve miembros, pero tomó posesión de su cargo en mayo de 1996. Vinculada familiarmente a altos cargos del PP, aunque no militante formal, había sido directiva en varias empresas financieras relacionadas de manera indirecta con el audiovisual. Desde sus primeras declaraciones se queja de la situación económica heredada, de la «insoportable herencia recibida», y denuncia importantes gastos no contabilizados. Aunque en esa crítica se encontrará con la inusitada defensa del director saliente por parte de los grupos nacionalistas minoritarios, además del PSOE. Pero el período de la nueva directora general va a estar marcado por su anuncio de un Plan de Renovación, realizado a tenor de una resolución del Consejo de Administración de septiembre de 1996, así como por sus insistentes demandas al Gobierno de financiación suplementaria.

El plan «Renove», como se le llamó en la prensa y en RTVE (en referencia al plan de renovación de automóviles antiguos de la época), intentaba ser un plan estratégico y fue entregado al Gobierno en enero de 1997. Tras una evaluación de la situación de RTVE, un repaso de las iniciativas más recientes, como el plan estratégico inédito de García Candau o las propuestas de los sindicatos y del Comité General Intercentros de 1996, y un análisis comparativo con las grandes televisiones públicas europeas, proponía un holding reducido a una «cabecera corporativa» y la implantación inmediata de una contabilidad analítica. Asimismo, partiendo de la petición al Gobierno de un plan de amortización de la deuda acumulada de RTVE, se reclamaba un «marco de financiación estable y plurianual», con aportación importante del Estado.165

Pero el plan contenía otros elementos más polémicos. En primer lugar se inclinaba por programas que «lleguen y gusten a todos los españoles en su conjunto», y sostenía una concepción técnica de la universalidad del servicio público («la técnica permite hoy extender la cobertura a todo el territorio nacional con una estructura territorial mínima», p. 5). De forma que, alegando el principio de subsidiariedad», «el papel vertebrador de cada comunidad autónoma (no del Estado)» correspondía a «las radios y televisiones públicas autonómicas y locales, pero no a las radios y televisiones públicas estatales»: «las comunidades autónomas son quienes deben mantener y costear las ofertas específicas dirigidas a su territorio» (p. 5). En consecuencia, proponía externalizar, vender a la iniciativa privada o ceder a las comunidades autónomas los centros territoriales, eliminando las emisiones de Radio 3 y Radio 4. Unas ideas aparentemente contradictorias con la proclamación, desde la reunión organizada por el PP en julio de 1996 con las autonomías que gobernaba, de profundizar en la línea, ya iniciada por García Candau, de realizar acuerdos suplementarios con los gobiernos autonómicos que permitieran ampliar la programación regional.

Además, los objetivos de rebaja de costes chocaron en esa época con el propósito abierto en áreas gubernamentales de impulsar una plataforma digital por satélite que compitiera con el proyecto de Canal Plus. En esa línea, RTVE intentó dirigir el proyecto paraoficial pero, al no contar con el apoyo financiero del Gobierno, tuvo que dejar el liderazgo en manos de Telefónica, entrando como un socio minoritario. Este revés y la falta de respuesta del Gobierno a sus peticiones de un incremento sustancial de la subvención pública, que se tradujo en una aportación mínima para 1997, pesaron fuertemente en la dimisión de la directora general, en enero de 1997. Pero el breve mandato de Mónica Ridruejo, de menos de 9 meses, no impedirá que durante su época se afianzaran otros de los rasgos del entorno de RTVE. Sea por el debate económico o por la mantenida pugna política sobre la dependencia informativa, en esa época la Comisión de control del Congreso adquiere una mayor relevancia como espacio de confrontación de la oposición con la dirección de RTVE y, en definitiva, con el Gobierno, con un ritmo medio mensual de convocatoria (Gómez Montano, 2005, pp. 268-654).

En su lugar será nombrado Fernando López Amor, militante destacado del Partido Popular, concejal y diputado por ese partido, y cuyo nombramiento conocerá el Consejo de Administración por fax. Una designación problemática ya de partida, puesto que contradecía flagrantemente las promesas del PP de confiar ese puesto a independientes del partido con relevancia en la comunicación. Acudirá a 19 sesiones de control parlamentario, muchas de ellas sobre la manipulación política de los informativos, especialmente respecto al líder de la oposición, Josep Borrell, en una permanente bronca política. El 11 de noviembre de 1998 el portavoz gubernamental Josep Piqué declara que el Gobierno esperaba la renuncia del director general, que se encontraba en estos momentos de viaje en Costa Rica y que desde allí muestra su estupefacción por los rumores sobre su «dimisión».

Pío Cabanillas es nombrado el 20 de noviembre de 1998. Hijo del ministro del mismo nombre del final del franquismo y de comienzos de la transición, había sido directivo en varios grupos de comunicación como News Corporation y Prisa. Pero durante el año y medio que permanece en el cargo sufrirá quince sesiones de control parlamentario, con continuas acusaciones de subordinación al Gobierno. Por ejemplo, en febrero de 1999 el PSOE presenta un informe que mostraba las manipulaciones informativas, pero el PP se defiende alegando que se está acosando a los profesionales. La portavoz del PSOE denuncia que RTVE es «el medio más propagandístico de Europa, a excepción de la televisión de Milosevic» (Tijeras, 2005, p. 239).

La polémica arrecia tras las elecciones municipales de junio de 1999. En el otoño de 1999 el PSOE recurre ante el Defensor del Pueblo, no sin antes retirarse del Consejo de Administración y de la subcomisión de reforma del Estatuto, en protesta por la manipulación y por la falta de propuesta gubernamental de reforma de RTVE. En el mismo sentido se presenta un manifiesto del Colectivo por RTVE en diciembre de 1999. Además, está la feroz polémica desatada por el escándalo lanzado por el PP sobre un supuesto borrado de cintas de vídeo desfavorables a Felipe González en la etapa final de su Gobierno, que pronto se verá desmentido; y la presentación de nuevos estudios académicos encargados por la oposición en febrero de 2000 que intentaban demostrar científicamente el favoritismo gubernamental de la información televisiva. Finalmente, al filo de la campaña de los comicios de 2000, seis partidos políticos de la oposición piden a la Junta Electoral Central que restablezca el pluralismo y se comprometen a reformar el Estatuto.

La culminación de este mandato se verá en las cercanías de los comicios electorales, cuando se pone en marcha un auténtico «modelo preelectoral» de televisión pública en donde el sectarismo en Radio Nacional y en TVE se enmascara en formatos de informativos cada vez más frívolos.166 Tras las elecciones, la remodelación del Gobierno, que incluye a Pío Cabanillas como ministro portavoz, deja vacante la Dirección General de RTVE.

El período de mayoría popular (2000-2004)

En los comicios generales de marzo de 2000, el PP obtiene el 44,5 % de los votos emitidos y 183 escaños, ocho más de los necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso, mientras que el PSOE baja al 34,1 % y 125 escaños (3,4 puntos menos que en 1996). Se ha concluido así, en lógica comparación con lo que implicó el triunfo del PSOE en 1982, que el Partido Popular había conseguido una «mayoría universal», pero con notables matices diferenciadores.167

Este período de gobierno, la VII Legislatura de la democracia, estará lejos de constituir una fase tranquila como parecían augurar los resultados electorales. En primer lugar porque el nuevo Gobierno popular, sin necesidad ya de apoyos parlamentarios ajenos, gobernará de forma imperativa, mediante decisiones, leyes y decretos que polarizan a la sociedad española de forma ascendente y que mostrarán, mucho más claramente que en el mandato anterior, que Aznar estaba «más cercano al neoconservadurismo que al liberalismo» (Tusell, 2004, p. 375), más orientado a la derecha pura con permanente tendencia al autoritarismo que al centrismo que ostentaba su discurso oficial.

Así, la nueva Ley de Educación ocasionará enfrentamientos que trascendían con mucho a la oposición política; y la Ley de Ordenación Universitaria (LOU) desatará protestas masivas de profesores y alumnos y una confrontación permanente del Gobierno con la conferencia de rectores. El «decretazo» de julio de 2002, un cambio brusco en las relaciones laborales y las pensiones no pactado con los sindicatos, provocará la huelga general del 20 de junio de 2002, tras la cual el Gobierno se verá obligado a negociar y retocar profundamente la norma. En materia exterior se produce la «guerra de Perejil» en julio de 2002, es decir, la invasión española de un islote fronterizo con Marruecos que quiebra la tradicional buena relación de vecindad con ese país. Luego acontece el accidente del avión Yakovlev, procedente de Afganistán, que dejará 62 muertos militares en mayo de 1003; y en noviembre de 2003 tiene lugar la catástrofe marítima del Prestige en Galicia, con una pésima gestión informativa de la crisis y de sus causas que lanzará a la calle a cientos de miles de personas en toda España. Finalmente, y tras una larga lista de rupturas de consensos en materia de justicia, de educación o de sanidad, se quiebra también la política exterior consensuada tradicionalmente con la oposición cuando Aznar decide intervenir en primera fila en los preparativos de la guerra de Irak, pese a manifestaciones masivas previas en toda España, y envía allí los primeros contingentes militares españoles.

El corolario de esa progresión ascendente, que contribuye poderosamente a crispar la vida política e incluso ciudadana en esa época, es un descenso paulatino del apoyo electoral. Así, el PP fracasa en su ofensiva en las elecciones del País Vasco en otoño de 2001 contra los nacionalistas. Y si bien en las elecciones municipales de mayo de 2003 no se produce el vuelco que parecía preconizar la confrontación social, el PSOE obtiene unos 200.000 votos más que el PP. Este proceso desembocará en las elecciones de 2004, con sondeos que ya daban ligeras mayorías al PSOE, aun antes de que se produjera el 11 de marzo, el mayor atentado terrorista de la historia española. El intento de manipular masivamente a los medios de comunicación y la especial movilización de los medios públicos a favor de la tesis de la autoría de ETA frente a las evidencias existentes de que el sello era islamista, llevarán al PP a una derrota clamorosa.

Paralelamente y en contradicción con este clima político, la economía española avanza y sus resultados actuarán así como permanente globo de oxígeno de la política gubernamental. En efecto, entre 2000 y 2003 se produce un crecimiento de la economía española de entre el 3 y el 2,3 % anual, pero siempre por encima de la media de la UE. España alcanza casi el 90 % de la renta media de la UE de los quince en 2003. Ese año, el PIB crece el 2,5 % y, en 2004, el aumento es del 2,6 %. Aunque con una política obsesiva de «déficit cero» formal muy discutida en sus resultados, ya que el Gobierno mantenía importantes organismos y empresas públicas (como Renfe o la propia RTVE) fuera de la contabilidad nacional, en 2003 el déficit del Estado alcanzó sólo el 0,03 % del PIB, un triunfo indudable. La otra cara de esta moneda es la evidente disminución del gasto social, hasta el punto de situarse casi diez puntos por debajo de la media europea, según algunas estimaciones. Una merma en el precario Estado social español que no sólo alcanzó a la cultura sino también a la educación (Tusell, 2004, p. 314).

Un terreno a caballo entre la economía y la comunicación, significativo de las orientaciones ideologizadas del poder, será en esta época el de la Sociedad de la Información. El Gobierno lanzará en primera instancia el Plan Info XXI, varias veces anunciado desde enero de 2001, incluyendo una entrevista entre Bill Gates y Aznar, que debía estar vigente hasta 2003 para avanzar en la «Sociedad de la Información para todos». Con un presupuesto teórico de 4.958 millones de euros, en el que se incluía el gasto corriente en informática de los ministerios y la expectativa de una gran inversión privada, en los 300 proyectos de partida el énfasis se ponía en la iniciativa de mercado; asimismo, ni la comunicación masiva ni la cultura tenían ningún papel, y menos aún los medios públicos. En todo caso, los análisis de la prensa avisaron de los escasos resultados de ese plan y de su falta de ejecución presupuestaria mucho antes de su reconocimiento oficial.

Constituida en noviembre de 2002, la llamada «Comisión Soto» —por el nombre de su presidente (máximo directivo de Hewlett Packard)— presenta el informe del mismo nombre, certificando el fracaso del Info XXI, y apela a «un golpe de timón» en la orientación política. Sobre esta base lanza un nuevo plan, «España.es», para el período 2004-2005, que carecía de memoria económica y, por tanto, de presupuestos de inversión. Entre sus áreas de actuación estaban la educación y los «contenidos», pero en estos últimos se incluía el patrimonio o la seguridad, el DNI electrónico o los sistemas antivirus; en definitiva, el programa «comunicación.es» sólo era en realidad, el proyecto de promoción del resto del plan. Tampoco RTVE cumplía papel alguno en este proyecto, pese al lanzamiento previo del plan de DTT, ya agotado en esas fechas. El resultado fue que todavía en 2002 y 2003 los informes de grandes fundaciones privadas alertan de que España sigue estando entre los países peor colocados de la «sociedad del conocimiento», según todas las evaluaciones. Así, pasa del puesto 25 en 2002 al 29 en 2003 según el World Economic Forum.168 Y en 2004 se sitúa, según los más reconocidos indicadores internacionales de la SI, entre el puesto 17 y 23 de los países más desarrollados y en el lugar 19 del ranking de la Unión Europea de los 25, por detrás de algunos de los países aspirantes o recién ingresados.169

En cuanto a la política de comunicación, las promesas explícitas hechas por José María Aznar en los debates electorales y en la propia sesión de investidura de mejorar la calidad de la democracia y, en esa línea, de llevar a cabo una nueva regulación de los medios públicos nunca se cumplieron. Estos propósitos no sólo serán olvidados ostentosamente,170 sino que el instrumento legal preferido para las reformas legales de esa época será la Ley de Acompañamientos de los Presupuestos de cada año —la llamada «ley escoba», que, mezclando múltiples asuntos, impedía su debate racional —, utilizada por ejemplo para desmantelar la legislación anticoncentración en la televisión privada, para llevar a cabo mínimas reformas legales de la televisión pública e incluso para conformar el mapa de la televisión digital terrestre del futuro.

El mayor cambio legal de esta etapa en cuanto al servicio público se limitará a una modificación de la definición del servicio público, encomendado a RTVE, con objeto de cumplir con la normativa de la Unión Europea (BOE de 31-12-2001). Ésta es también la época en que comienza el debate social en España sobre los contenidos televisivos, un debate que empieza a anidar en un concepto ambiguo pero de inmediata comprensión: la «telebasura», las derivaciones de programas de escasa calidad ética y estética inducidas por la competencia comercial generalizada. Pero la respuesta del Gobierno, más allá de culpar a las propias cadenas y de reafirmar su fe en la autorregulación, será mínima, con expedientes abiertos por la desprogramación ilegal que no abocan nunca a ser resueltos, o con un régimen de sanciones gubernamentales que parece premiar crecientemente la violación de la legalidad.171

Las múltiples promesas sobre una autoridad audiovisual independiente nunca se concretarán hasta el fin de la legislatura. Pero la polémica, que irá adquiriendo mayor dureza durante la legislatura entre Gobierno y oposición, residirá de nuevo en la reforma de RTVE, una vez agotada y liquidada la subcomisión del Congreso. Aquí no solamente se olvidan las promesas iniciales, recordadas por el propio Consejo de Administración en octubre de 2000, cuando instaba por unanimidad al Parlamento a reformar el Estatuto de RTVE, sino también los ofrecimientos iniciales, como el del ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, cuando invitaba en el Congreso, en mayo de 2001, a un acuerdo político para nombrar al director general.172 Ese mismo mes el Partido Popular rechaza públicamente en el Parlamento —con el apoyo de los votos de Coalición Canaria y CIU— una moción de IU y el Grupo Mixto sobre la elección del director general por el Parlamento, alegando que ese modelo «sólo existe en Eslovaquia» dentro de Europa.173

La otra vertiente en ascenso de la pugna parlamentaria y periodística será la reforma económica de RTVE, aún más agitada tras la decisión del Gobierno, mediante la «ley escoba» de los presupuestos de 2001, de que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) se hiciera cargo del control de la gestión de RTVE, reforma para la que hubo que cambiar previamente la legislación, a fin de que un organismo autónomo pudiera cobijar a otro.174 Una decisión controvertida, porque la SEPI, heredera del antiguo Instituto Nacional de Industria franquista, se había convertido en los últimos años en una especie de «UVI» o «UCI» de las empresas públicas para, una vez saneadas, gestionar su venta y privatización. También, porque su perspectiva economicista y su dependencia orgánica del Ministerio de Hacienda provocaban muchas más dudas que nunca sobre la desgubernamentalización y regeneración del servicio público. Los informes previos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social pondrán en duda la legalidad e incluso constitucionalidad de esta medida, y aconsejarán en sus dictámenes un debate menos precipitado y criticarán asimismo la vía legal elegida para adoptar esta decisión.

Desde su anuncio, el grupo socialista realiza duras críticas a esta adscripción con ocasión del debate sobre el presupuesto de RTVE para 2001, atacando además al Gobierno por proseguir el endeudamiento y por la ausencia de todo plan de viabilidad. En especial, su portavoz asegura en esos momentos que la integración en la SEPI es «cuestionable desde el punto de vista legal, porque vulnera el marco legal del servicio público, contemplado en la Constitución». Además, y frente a los rumores sobre los planes de esta entidad sobre RTVE, los portavoces del PSOE reprochan al Gobierno «empezar la casa por el tejado» antes de fijar un modelo del servicio público, asegurando que «debería ser al revés».175 Y reclaman en la prensa un «pacto de Estado».176

Esta polémica seguirá en los tiempos siguientes de forma recurrente, especialmente con ocasión de las comparecencias del director general ante la Comisión de Control. Así, los socialistas acusan reiteradamente a González Ferrari de haber perdido sus competencias al estar bajo obediencia de la SEPI, así como de plegarse a los «planes secretos» de privatización que se atribuyen a esta entidad y al Gobierno.177 En mayo de 2003, PSOE y IU vuelven a reclamar en las Cortes un «pacto de Estado» para redefinir el modelo audiovisual español y, dentro de él, una reforma de RTVE que no figura en el anteproyecto de Ley General de la Radio y Televisión barajado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2003. Pero esta ley será aparcada por el Gobierno hasta después de las elecciones.

La otra «gran novedad» de la época fue la corrección del Estatuto de 1980 para encomendar oficialmente a RTVE el servicio público y para definir sus misiones, dos cambios obligados por las directivas europeas. Esta definición, de nuevo incluida en una «ley escoba» presupuestaria de diciembre de 2001, tenía varias características fundamentales interesantes:

— En primer lugar, un sentido integral del servicio público:

Producción y emisión de un conjunto equilibrado de programaciones y canales, generalistas y temáticos, que integren programas diversificados de todo tipo de géneros, para atender a las necesidades democráticas, sociales, y culturales de los ciudadanos, garantizando el acceso a la información, la cultura, la educación y el entretenimiento.

— Contempla también en el servicio público la descentralización radiotelevisiva:

Tanto en sus programaciones de ámbito nacional como en aquellas otras que se dirigen a los ámbitos territoriales [...] que estarán orientadas al fomento, promoción y conocimiento de las diversidades culturales, lingüísticas y sociales de cada una de ellas.

— Incluye las emisiones internacionales para la proyección del Estado español.

— Y sostiene un papel relevante del servicio público en la Era Digital:

El Ente público RTVE promoverá activamente el desarrollo de la Sociedad de la Información, incluyendo los servicios digitales en línea y acercando las Administraciones públicas a los ciudadanos.

Sin embargo esta definición, más concreta que la indirecta a través de principios que figuraba en el texto original del Estatuto, no tendrá mayores consecuencias a falta de toda concreción posterior en un contrato programa y en plazos y géneros determinados. Lo que permitirá en 2002, en la primera verificación ante el Parlamento de las «misiones de servicio público» encomendadas, la presentación de un informe oficial que llevaba a su culminación esta lógica: todo lo que hacía RTVE se convertía automáticamente en servicio público.178

Al mismo tiempo continúan durante todo este período los debates suscitados por las cuentas de RTVE, especialmente con ocasión de la publicación de las auditorias del Tribunal de Cuentas, que, siempre con varios años de retraso, critican duramente diversos aspectos de la gestión del ente. Así, los informes de 1996-1999, difundidos en 2003, condenan la doble remuneración de los máximos directivos, que cobraban también jugosas cantidades por «derechos de imagen»; y censuran las deficiencias de contratación de programas ajenos (películas y series, sobre todo), realizadas a través de intermediarios con fuertes encarecimientos para RTVE. La gestión comandada por la SEPI no dulcificará siquiera esta polémica permanente sobre las relaciones y contratos de RTVE con las productoras privadas (Tijeras, 2005, pp. 177-180). Igualmente nuevas propuestas de los trabajadores a través del comité de empresa (CGI) en febrero de 2001, pidiendo una financiación estable y transparente y una gestión independiente del Gobierno, no tuvieron respuesta alguna.

Los primeros episodios de confrontación tras las elecciones recaerán sobre el nuevo director general, Javier González Ferrari, nombrado en mayo de 2000 tras el ascenso de Pío Cabanillas al cargo de ministro. Periodista, exdirector de RNE y director de los servicios informativos de TVE desde 1996, su designación no será tampoco avalada por el Consejo de Administración. Pero ello no impidió que nombrara inmediatamente como director de informativos a Alfredo Urdaci, quien conseguiría convertir a su vez el puesto en la gran estrella de todas las críticas durante todo ese período, un protagonismo insólito hasta entonces que lo eleva a práctico número dos de la radiotelevisión pública.

Javier González Ferrari sufrirá, por otra parte, duros ataques de la oposición con ocasión de las polémicas sobre informaciones acerca de la Ley Orgánica Universitaria, las elecciones vascas de mayo de 2001, las posiciones enfrentadas sobre el Plan Hidrológico o la huelga general del 20 de junio. Pero también por la censura practicada en la retransmisión de TVE de la gala de los premios Goya de cine, en febrero de 2001, cuyo servicio de imágenes a las cadenas privadas resultó también censurado durante horas en las tomas más expresivas de su lema preferente contra la guerra de Irak.

En julio de 2001 es nombrado José Antonio Sánchez, periodista, subdirector del diario derechista La Razón en el equipo de Luis María Ansón y expresidente de Radio España, así como presidente de Admira Media, la filial de Telefónica para la gestión de los medios de comunicación. Su período, coincidente con el final de la legislatura, se verá permanentemente afectado por los acontecimientos políticos candentes de esta etapa y su reflejo informativo en RTVE, atacado por las cada vez más virulentas críticas de la oposición y la prensa. Sufrirá trece comisiones de control con más de 305 preguntas,179 especialmente con ocasión de la cobertura por TVE de la catástrofe del Prestige, de la creciente implicación del Gobierno en la guerra de Irak, o de la sentencia judicial contra RTVE por su información sobre la huelga general de junio de 2002. Esta última sentencia estaba basada en un informe de la asociación AIDEKA, una entidad constituida por investigadores académicos y profesionales de la información que había realizado un estudio que servirá de base a la demanda presentada por el sindicato Comisiones Obreras contra la dirección de RTVE.180 Tras la vista celebrada en mayo de 2003, la Audiencia Nacional dictaminó una sentencia histórica el 23 de julio de 2003, porque era la primera vez que los tribunales condenaban a RTVE por manipulación informativa y por atentar contra el derecho de huelga, reconocidos en la Constitución. El tribunal ordenó que el 16 de octubre se hiciera en los telediarios de TVE una lectura obligatoria de la sentencia, pero ésta fue difundida tras el cierre del Telediario-2 de la noche, realizada en directo por Alfredo Urdaci, a una velocidad desusada y con una dicción que se hará famosa al mencionar al sindicato demandante CC.OO. (Comisiones Obreras) «c-c-o-o».

AIDEKA volverá a realizar un estudio sobre el tratamiento informativo de la guerra de Irak en abril de 2003, ceñido al Telediario-2 de TVE, el de mayor audiencia, concluyendo de su análisis que, en tiempos, las emisiones de opiniones a favor de la intervención estadounidense y de la guerra duplicaban a las mostradas en contra. Además, encontraron una información sesgada en todos sus extremos a favor de la guerra, ofreciendo una desmesurada información y manipulación sobre los incidentes en torno a las sedes del PP, producidos en el marco de la oposición espontánea contra la guerra.181

También se revitaliza en esta época el frente interno a RTVE, trabajadores de la empresa que critican la manipulación, como el elegido Consejo Provisional de Informativos que pide la elaboración de un Estatuto de Informativos, apoyando la protesta previa de medio centenar de profesionales de la casa en Galicia que habían denunciado la manipulación sobre el Prestige. Todavía en vísperas de las elecciones de marzo de 2002, los partidos de la oposición presentan una denuncia ante la Junta Electoral Central «por el tratamiento informativo de RTVE a los actos de los partidos, claramente favorable al PP». Y cerca de las elecciones de 2004 se elige en RTVE un Comité Antimanipulación, al tiempo que cineastas de prestigio realizan una película con 32 cortometrajes de otros tantos autores, con el título genérico de Hay motivo, y se produce la entrega en la sede de los informativos, Torrespaña, de un escrito de protesta de 300 intelectuales el 10 de marzo.

En esta época la confrontación adquiere tal dimensión popular que en las grandes manifestaciones masivas producidas en España contra la guerra de Irak y en apoyo al «Nunca mais» de Galicia, los manifestantes enarbolaban un grito complementario pero emblemático: «¡Televisión, manipulación!» (Bustamante, 2003b). Como escribíamos en esas fechas:

Resulta inevitable pensar que, sumadas a la herencia lejana y cercana reseñadas, tales actuaciones comunicativas superaron las fronteras-límites de los valores morales compartidos, induciendo una falta generalizada de credibilidad en la información masiva de buena parte de la sociedad española que, en ausencia de confianza, se volcó en la búsqueda de fuentes alternativas. Y más aún, que el propio poder careció de la función de feedback o válvula de alarma de los medios para calibrar el estado de la opinión ciudadana. En cierto sentido, el PP fue así víctima de sus propias tergiversaciones (Bustamante, 2004).

En cuanto a la evolución de la radio en toda esta etapa de ocho años hay que mencionar el reparto de 350 nuevas emisoras de FM, comerciales en su totalidad, que, adjudicadas en su mayoría por las comunidades autónomas, despertarán nuevas polémicas por su sello político. También levantarán un debate similar los cambios bruscos de propiedad, como la compra por Telefónica de Onda Cero en 2001, realizada con la complicidad de la Administración central.

Con escasa repercusión práctica pero alto simbolismo político está también el proyecto de lanzamiento de la radio digital, desde junio de 1999, que pretendía acelerar la transición al DAB (Digital Audio Broadcasting). El Plan Técnico Nacional correspondiente ( BOE de 26-7-1999) otorgaba a RNE cuatro programas de red única más dos con capacidad de desconexiones territoriales, y tres programas para cada comunidad autónoma que venían a sumarse a nuevos programas autonómicos de gestión indirecta y locales. Pero, sobre todo, la apertura a esta nueva red se hacía mediante un concurso celebrado en marzo de 2000 que concedía diez licencias para frecuencias nacionales a otros tantos grupos privados. De ellas, varias licencias recaerán sobre grupos de comunicación sin arraigo ni experiencia radiofónica, pero estrechamente vinculados al Gobierno: El Mundo, Recoletos, Quiero TV, ABC... Pero, en ausencia de un verdadero motor público, el DAB no se desarrollará prácticamente en los años siguientes (Franquet, 1988, pp. 179-212).

La televisión autonómica y local

Pese a los proyectos de reducción drástica de los centros regionales barajados desde el mandato de Mónica Ridruejo, en estos años TVE mantiene su esfuerzo por suscribir acuerdos con los gobiernos autonómicos de cara a una mayor capacidad de producción y programación desconectada de sus centros regionales. Así, en 2003 se estimaba en 5.870 horas su programación territorializada, después de haber suscrito acuerdos con numerosas comunidades, salvo sospechosamente la mayoría de las que estaban gobernadas por partidos de la oposición.182 En todo caso este esfuerzo no podía contrarrestar un crecimiento rampante de los terceros canales.

Pero el acontecimiento más relevante del período de Gobierno del PP en cuanto a televisión regional es, una vez fracasado el proyecto legislativo que en 1997 pretendía abrir el paso a la privatización voluntaria de los canales autonómicos, el intento liderado por el Canal Valenciano y por RTV Madrid de abrirse a la externalización casi total por la vía de los hechos consumados. Sin embargo, este conato se verá frustrado por los tribunales de justicia cuando, a demanda del sindicato Unión General de Trabajadores, los juzgados de Valencia y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de esa región por recurso de la RTV Valenciana sentencian en contra de licitar la prestación por iniciativa privada del suministro de los contenidos audiovisuales, los servicios de promoción e intermediación en la venta de espacios publicitarios y derechos de programas, y el servicio de edición de informativos. Se concluye en ambos casos que este procedimiento, pese a haber sido acordado por el Consejo de Administración por mayoría, iba en contra de la Ley del Tercer Canal y del propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.183 Así se cortará de raíz el proyecto de privatización de otras televisiones públicas regionales, como el de TV Madrid, también ampliamente anunciado.

Sin embargo, y pese a la fuerza de esta sentencia, la proliferación en curso de canales autonómicos en nuevas regiones (Canarias en 1999, Castilla-La Mancha en 2001) o en proyecto amenaza en esta época con incrementar la dispersión de recursos de la televisión pública, aunque resulte justificada por demandas y discriminaciones regionales. En esta línea, el surgimiento de un nuevo «modelo mixto» desarrollado por la TV Canaria,184 pero que pronto seguirán otras regiones, plantea la difícil coherencia entre una televisión pública y la lógica de beneficios de sus socios privados; además, se abrió el interrogante de si es posible cumplir las misiones del servicio público cuando resortes fundamentales como la producción propia o la programación escapan del control público. En sentido contrario está el caso de EITB o radiotelevisión pública vasca, que presentó importantes innovaciones en este período: de una parte, una reforma legal que amplía su Consejo de Administración a miembros propuestos por la universidad, los sindicatos y la academia vasca, lo que rompía la dinámica exclusivamente partidista en un escenario electoral muy fragmentado; de otra, la firma de un contrato-programa para el período 2002-2005 que permitió establecer con concreción las obligaciones de servicio público y fijar su financiación.

En el caso de la televisión local se produce asimismo una vía de hechos consumados, al margen de la legalidad, que será contemplada con displicencia y complicidad por parte de la Administración. Con cientos de emisoras «alegales» creadas antes de la Ley de 1995 y un número mayor aún de estaciones posteriores irremediablemente ilegales, los gobiernos del PP no querrán o no podrán impedir que los grandes grupos regionales y nacionales irrumpan en este mercado a través de compras masivas e incluso de la creación de nuevas emisoras. Prisa-Canal Plus, Correo, Godó o Zeta, y hasta la propia Conferencia Episcopal a través de la COPE, son algunos de los grupos que siguen esta estrategia de toma de posiciones publicitarias y de poder en el ámbito local, en espera de una regulación que no podría más que tomar nota de las conquistas realizadas. Estas cadenas en formación, con muchas decenas de emisoras y vinculadas a grupos multimedia, amenazaban así con eliminar en buena medida el pluralismo congénito a la televisión «de proximidad», pero además planteaban otro problema de concentración multimedia en mercados locales al cruzarse frecuentemente con prensa y radio local en manos del mismo grupo.

De esta forma, en 2002 ya se censaban 897 emisoras locales con programación regular, con un share medio en 2004 del 4 %. También es cierto que, en sentido contrario, se habían constituido redes regionales de emisoras municipales y asociativas, apoyadas sobre todo por los gobiernos autonómicos, como Andalucía Digital Multimedia, que mantenía acuerdos con dos centenares de emisoras. El plan del PP para legalizar estas emisoras sólo en digital, según la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003, presuponía 226 demarcaciones dotadas de un multiplex (cuatro canales) en las que los ayuntamientos podrían, si así lo solicitaban, ser titulares de un programa. Las concesiones privadas debían comprometerse a una programación diaria mínima de 4 horas o 32 por semana, y sólo podrían emitir en cadena 5 horas al día, o 25 por semana. Pero se calculaba que había 2.000 emisoras pedidas, unos 481 múltiples, frente a las aproximadamente mil previstas legalmente. De forma insólita el decreto de partida resultó aprobado por el Gobierno el 12 de marzo de 2004, justamente dos días antes de las elecciones generales, al día siguiente del atentado terrorista (BOE de 8-4-2004).

La televisión privada, en viejos y nuevos soportes

Lo más relevante de esta época es la modificación de las reglas de juego que controlaban la concentración de accionistas y empresas en la televisión privada, según la ley de 1988. Unas normas que se verán modificadas sucesivamente: primero por la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 1998, que reforma su artículo 19, permitiendo que personas físicas o jurídicas posean hasta el 49 % del capital de una sociedad concesionaria (BOE de 31-12-1998); y luego por la ley similar de 2003, que autoriza a poseer a un accionista el cien por cien de una concesión de televisión privada, aunque establece una total incompatibilidad con cualquier otra participación en una segunda concesionaria (BOE de 31-12-2002). Un cambio normativo que será inmediatamente aprovechado por los accionistas de referencia de las dos cadenas privadas en abierto —Antena 3 (Telefónica) y Telecinco (Mediaset)— para aumentar al máximo su participación accionarial. En la práctica, estos cambios, que modificaban profundamente el panorama de la televisión privada sin debate previo sobre el sistema deseado o deseable socialmente,185 serán también progresivamente «flexibilizados» por la vía de los hechos cuando se producen las grandes fusiones bancarias y por la jurisprudencia que se va acomodando a ellas. La salida a Bolsa de las cadenas en 2003 (Antena 3 TV) y 2004 (Telecinco), permitiendo para ello que las acciones no fueran nominativas, eliminará en la práctica cualquier posibilidad de control.

El nuevo escenario regulatorio va a dar lugar a modificaciones profundas de la arquitectura de propiedad de las televisiones privadas. En el caso de Antena 3 TV, la más sometida a los vaivenes político-económicos por su precariedad de resultados y su endeudamiento, está primero la venta sorpresiva en el verano de 1997 —tras denuncias en el Parlamento de su propietario, Antonio Asensio, del Grupo Zeta, por presiones gubernamentales— a la Telefónica de José Luis Villalonga, reconocido amigo de infancia del presidente Aznar. El mismo camino seguirá la cadena de radio Onda Cero, tras la desinversión decidida por la organización de los ciegos españoles, ONCE. Pero el emporio de medios así logrado, engordado en poco tiempo siempre a golpe de talonario y aumentado con la compra a precio astronómico de Endemol y con la creación de Vía Digital, se derrumbará en cuatro años. Y cuando Telefónica, presidida ya por César Alierta, decide vender una división que planteaba problemas crecientes al corazón de su negocio, La Moncloa (sede emblemática del presidente del Gobierno) actúa de nuevo como intermediario para orientar el traspaso, en pleno verano de1997, del 33 % de las acciones de Antena 3 TV por 364 millones de euros a la alianza Planeta-Agostini. En cuanto a Telecinco, su titularidad atravesará primero la quiebra del grupo Kirch, cuyo paquete accionarial pasa al Dresner Bank; y luego, una disminución de la participación del Grupo Correo, que deja a Mediaset como único accionista dominante del grupo.186

Se estructura así una propiedad atípica, una anomalía en el seno de la Europa occidental, en donde la propiedad de las cadenas abiertas suele residir en el capital nacional. En Telecinco, los cambios de accionariado sacan a la luz la hegemonía exclusiva del grupo Mediaset, dominado además, como ya ocurrió en los primeros años noventa, por la titularidad de Berlusconi, un primer ministro de un Gobierno extranjero, lo que teñirá de rumorología política sus decisiones de programación (como la supresión en 2004, antes de las elecciones, del programa crítico de humor Caiga quien caiga). Y en Antena 3 TV, la alianza con un grupo también italiano, De Agostini, con uno español, Planeta, cuyo equilibrio de capital y de riesgo en la sociedad común, Kort Gedding, nunca estará claramente delimitado.

En el balance del quince aniversario de la televisión privada en España (1990-2004), encargado por la propia asociación de las tres cadenas, UTECA, a la consultora Deloitte, antigua Arthur Andersen, se afirma que la televisión privada representa ya un 0,28 % del PIB medido en términos de facturación (de un total evaluado del 0,96 % del PIB para el conjunto del audiovisual), con un total de empleados fijos de 4.109. El informe asegura que, pese a su prosperidad, este sector sólo ha permitido, hasta septiembre de 2004, recuperar el 27 % del capital, con un resultado neto de la actividad positivo de sólo 348 millones de euros, aunque reconoce que ha significado para algunos inversores «importantes plusvalías cuando lo abandonaron». Según este documento, la televisión privada habría tenido, pues, un efecto beneficioso no sólo sobre la industria de la televisión, sino sobre todo el tejido de la industria audiovisual, especialmente sobre la producción independiente, la producción cinematográfica y la posproducción audiovisual, que prácticamente se adjudican sólo a los operadores privados. Sin embargo, el informe concluía con observaciones insólitas para un trabajo de consultoría: «Y que cumplan muchos más. Es el deseo de todos a este sector que cumple 15 años en 2004».187

Pero los grandes sucesos de esa etapa, objeto de enormes polémicas políticas, van a tener lugar en relación con el desarrollo de las nuevas redes, especialmente del satélite digital y de la televisión digital terrestre, que se revelan así como centros privilegiados no sólo de las aspiraciones empresariales sino, sobre todo, de las luchas por el poder político.

La primera gran batalla afecta durante varios años a la implantación y expansión de la televisión digital por satélite y de pago, en donde desde 1997 se avizoran dos competidores: el proyecto Canal Satélite, de Canal Plus (Sogecable, controlada por Prisa y Canal Plus de Francia), y el auspiciado por Telefónica, con participación de RTVE y de otros accionistas menores, entre ellos los canales autonómicos controlados por el Partido Popular. Ante la desigual fortaleza inicial de ambas plataformas, ya que Canal Satélite partía de la cartera de clientes y de derechos de Canal Plus y de una salida previa, en enero de 1997, frente al retardo de Vía Digital hasta septiembre siguiente, el Gobierno promulga una ley en mayo de 1997 por la que supuestamente se incorporaba al derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de diciembre de 1995 (BOE de 6-5-1997). Sus disposiciones tomaban partido abiertamente contra Canal Satélite, discriminando su estándar de descodificador frente al de su competidor, estableciendo un registro oficial obligatorio que rechazará inscribir al grupo opositor, e incluso obligando a que las plataformas de pago comunicaran a la Administración su censo de abonados.188 Una nueva ley de julio de 1997 (BOE de 4-7-1997) se apoya en una directiva europea y en el «interés general» para regular las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos, castigando a las exclusivas deportivas en pago por abono o por pay per view que detentaba Sogecable.

En ambos casos las correcciones sustanciales de Bruselas y la simple inercia de la realidad del mercado se impondrán en poco tiempo para anular todo viso de omnipotencia del poder político en la televisión de pago, haciendo inútiles y fútiles sus maniobras (BOE de 15-9-1997). Así, en 2000 los resultados de ambas plataformas eran muy diferentes, con una preponderancia clara de clientes de Canal Satélite y mucha peor situación para Vía Digital, pero con pérdidas muy importantes de ambos operadores: un total de 1.365 millones de euros entre 1997 y 2001. Esta situación largamente deficitaria dio lugar a negociaciones frustradas de ambas plataformas en 1999, hasta que finalmente, en mayo de 2002, se produjo el anuncio de un acuerdo de fusión en Sogecable, en donde los accionistas de referencia de CSD (Canal Plus Francia y Prisa) y de VD (Telefónica Media) mantendrían los paquetes accionariales máximos, con cierto equilibrio en los cargos de gestión y la unificación de sus filiales básicas. El Gobierno no pudo hacer otra cosa que fijar las condiciones para esta fusión, según las precauciones estipuladas por el Tribunal de la Competencia y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.189

El segundo espacio de competencia política y económica se planteó en la televisión por cable, en la que el Gobierno del Partido Popular había retrasado voluntariamente la contestada legislación de 1995, dictando finalmente un reglamento que cambiaba muchas de sus coordenadas básicas (BOE de 23-12-1995). Aquí finalmente la Administración delimita 43 demarcaciones que serán resueltas por las comunidades autónomas en 1998-1999. Aunque aparentemente concedidas inicialmente a favor de empresas muy diversas, se decantaron enseguida dos polos activos desiguales:190 el grupo Auna-Retevisión (con Endesa y Telecom Italia como socios dominantes), con un 83 % del mercado potencial de hogares, mientras que Cableuropa, dominada accionarialmente por SpainCom (General Electric y Bank of America), ganó en zonas que apenas significaban un mercado potencial del 13 % de los hogares. Las demarcaciones disputadas en Cataluña quedarán en un impasse, con acciones equilibradas de ambos grupos, hasta que Auna consigue decantar a la Generalitat a su favor, controlando la red Menta. En todo caso el cable seguirá un lento desarrollo, especialmente en lo que a televisión de pago se refiere, no disputando ese mercado al satélite sino en muy pequeña medida.191 Más aún porque Telefónica, considerada en la Ley de 1995 como «operador natural» y susceptible por tanto de operar en todos los territorios, decidió no apostar por el cable, decantándose hacia las tecnologías ADSL, una estrategia que sería refrendada en 2001 por el Gobierno, con la liberación de sus obligaciones de inversión en el cable, alegando razones de «neutralidad tecnológica».

Finalmente, pero no en último lugar, está la televisión digital terrestre, o TDT, cuyas expectativas de servicio universal basadas en la expansión consolidada de la televisión por ondas hertzianas arriban en estos finales de los años noventa. Pero aquí también las decisiones del Gobierno, adoptadas con carácter pionero a escala internacional, tras los planes estadounidense y británico, son taxativas y utilizan vías legales heterodoxas. Así, en diciembre de 1997, siempre por el instrumento de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1997, denominación oficial de la «ley escoba» de acompañamiento de los presupuestos, y en su disposición adicional 44, se establece el régimen jurídico de la TDT (BOE de 31-12-1997), que será complementado por el reglamento técnico el 9 de octubre de 1988 (BOE de 16-10-1998), un reglamento que será anulado por el Tribunal Supremo en 2005, anulando también así legalmente el modelo sustentado.192

Según esta normativa, el switch off, el apagón analógico, debía realizarse el primer día de 2012. Pero en el reparto de los canales disponibles, cada operador público o privado recibía la concesión de un solo programa digital, aunque podría recibir más programas con el apagón analógico, de forma que estos cinco programas debían emitir en simulcast (igual programación que en analógico) desde la primavera de 2002. Pero, además, la Administración abría un concurso para la concesión de catorce canales digitales por ondas codificadas (dos múltiples y medio) que, dada la incompatibilidad de las empresas concesionarias ya existentes y de sus socios, se adjudicaron en junio de 1999 al único aspirante, Onda Digital, luego denominada Quiero Televisión, en donde Retevisión, ya privatizada, aparecía como socio dominante. A ejemplo del modelo británico, la televisión de pago se convertía así en el presumible motor de la TDT al tiempo que en ariete fundamental para la concurrencia en este mercado de Pay TV con el satélite. Pero en este caso, además, la concesión recaía en la empresa cuasimonopolista de la red de difusión, poniendo en cuestión su neutralidad, justamente el argumento que se había utilizado para la segregación de la red de RTVE y su posterior privatización.

Además, el Gobierno decidió dar licencias complementarias a nuevos operadores, con el objetivo oficial de asegurar «más competencia, más pluralismo empresarial y, por ende, más pluralismo cultural y político». Pero las nuevas concesiones, otorgadas en noviembre de 2000, recayeron en empresas caracterizadas por su afinidad política con el Partido Popular: Net TV y Veo TV.193 Por su parte, cada gobierno regional podía contar con dos canales para la televisión pública autonómica y conceder otros dos a la gestión privada.

Los resultados de estas operaciones fueron bien contrarios a los que el Gobierno pretendía. Quiero TV (luego bautizada como Ondigital) comenzó sus emisiones en mayo de 2000, con una estrategia centrada en el acceso a Internet desde el televisor y en una tarifa única de abono, pero a finales de 2000 sólo había conseguido una parte minúscula de ese mercado (113.000 abonados, un 3,8 % del total) y perdió en dos años 240,4 millones de euros. Finalmente, en la primavera de 2002 hubo de cerrar sus puertas sin encontrar comprador. Los catorce canales quedaron desde entonces en el congelador hasta que el candidato del PP, Mariano Rajoy, prometió darlos en abierto en las elecciones de 2004.

Mientras tanto, en la primavera de 2002 los cinco canales clásicos, dos de TVE y tres privados de cobertura nacional, estrenaron sus emisiones digitales compartiendo un solo múltiple, sin capacidad de ancho de banda para ofrecer siquiera servicios interactivos. En particular, el servicio público se mostraba en posición de manifiesta incapacidad para arrastrar el desarrollo de la nueva red y para desarrollar en ella las nuevas potencialidades.194 Y en junio de 2002 comenzaron a emitir los nuevos programas nacionales (Veo TV y Net TV), unas emisiones perfectamente inútiles, porque la ausencia de receptores integrados o descodificadores para captar la TDT hacían infructuosos los gastos añadidos en red de los canales analógicos e inverosímiles las inversiones de canales clásicos y nuevos en este soporte. Además, y a falta de nuevos contenidos atractivos, no se produjo demanda de los usuarios ni abaratamiento de los equipos. Con lo que el tercer país en desplegar la TDT se mantuvo durante varios años en los puestos de cola del desarrollo del nuevo soporte, pero con nuevos problemas insólitos: así, los operadores presionaron y consiguieron que el Gobierno, en abril de 2004, levantara sus obligaciones de cobertura, limitándolas a Madrid y Barcelona hasta 2006; y algunas concesiones digitales regionales emitieron ilegalmente en analógico para que alguien las viera.

La economía de la televisión en la etapa popular

Según el balance de la década de 1990-1999, el sector televisivo habría movido en diez años un total de 4,1 billones de pesetas,195 desglosados en 1,30 billones de pesetas para la televisión privada por publicidad y abono, 1,53 para las televisiones públicas por subvenciones y pérdidas autorizadas (con endeudamiento u otras vías) y 1,24 billones de pesetas por publicidad y otros ingresos. Aun deduciendo los ingresos estimados para la radio (unos 250.000 millones de pesetas) el mercado de la sola televisión habría movido en diez años un total de 3,86 billones de pesetas, conformándose así como un sector de peso económico nada desdeñable,196 aunque su significación relativa en el audiovisual europeo fuera limitada.197 Según el Informe de la CMT para 2004, el sector radiotelevisivo había ingresado 6.025,86 millones de euros, que se desglosaban en cuanto a la televisión, en un 46 % de publicidad, un 20 % de subvenciones y un 26,2 % de pago del espectador (del cual sólo un 2,2 % era de pay per view). En lo que se refiere a la televisión en abierto, sumaba un total de 3.995,47 millones de euros, de los cuales 1.492,62 procedían de las subvenciones.198

El motor del crecimiento en esos años había sido pues preferentemente la inversión publicitaria, en la que sin embargo cabía distinguir etapas diferentes, siempre con el elemento a favor de una preponderancia creciente de la televisión en el conjunto de la inversión en medios. Si a partir de 1997 se consiguen tasas de crecimiento importantes en relación con la primera mitad de los años noventa, hasta llegar al 17,35 % de aumento de 1999, en 2001 comienza de nuevo la crisis de la inversión, con un 7,85 % de caída, para volver a recuperarse en los años siguientes. Así, en 2004 la inversión en televisión ascendió a un 15,5 % hasta situarse en un 43,5 % del total invertido en medios frente a un 6,3 % del total) de la radio.

Pero la evolución de estos años es completamente inversa en la radiotelevisión pública, sometida a un endeudamiento financiero creciente, que en la privada, que comienza a ostentar tasas de rentabilidad importantes.

En RTVE la insignificancia de la subvención estatal recibida durante toda esa etapa (menos del 5 % de los gastos anuales) no pudo ser compensada por una captación de ingresos publicitarios sometidos a la competencia creciente y a las crisis periódicas. De forma que los gobiernos del Partido Popular, que antes consideraban «ilegal» este procedimiento, continuaron autorizando una deuda anual creciente en términos de créditos y obligaciones avalados por el Estado para cubrir esos déficits.199 La consecuencia fue un endeudamiento progresivo acumulado que pasa de los 1.587 millones de euros de 1996 a 3.924 en el 2000, aun contando con que en 1999, bajo el mandato de Pío Cabanillas, se producen ingresos atípicos propiciados por el Gobierno.200 Pero las subvenciones oficiales siguieron en el mismo nivel y después el déficit se disparó de nuevo, hasta acumular una deuda de 6.892 millones a finales de 2004.

La gestión de la SEPI no dará solución a este endeudamiento que se mantiene en ascenso durante su control, pese a múltiples promesas lanzadas a raíz del plan-marco que debía cubrir el período 2002-2004.201 Ni el Estado asumió la deuda ni hubo más subvenciones ni se aplicó la contabilidad analítica prometida, de forma que el único resultado de esta adscripción fue todavía una mayor presión comercial para la captación de ingresos publicitarios, sin ningún modelo alternativo del servicio público, así como planes avanzados de nuevas reducciones brutales de plantilla, con posible cierre de los centros regionales, que nunca llegaron a ponerse en práctica. Pero la plantilla de empleados fijos fue descendiendo (de 9.343 en 1996 a 8.286) mientras aumentaba progresivamente de nuevo la de trabajadores temporales (de 353 a 1.078). De forma contradictoria, la SEPI firmó con los sindicatos y la dirección de RTVE un protocolo de negociación en mayo de 2002 que, además de pronunciarse por seguir contando con «una RTVE institucionalmente fuerte» y prometer la solución a la deuda, reafirma una oferta audiovisual básicamente idéntica a la existente, incluyendo la estructura territorial.202 Al filo ya de las elecciones de 2004, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anuncia la solución a la deuda... para la siguiente legislatura.203 En definitiva, como concluía un informe posterior: «No parece que la adscripción a la SEPI del ente público haya abierto la vía para resolver los problemas financieros de TVE».204

Por su parte, las televisiones autonómicas se alimentaron prioritariamente también del dinero público que, por diversos conceptos (subvenciones oficiales a la explotación o el capital, ampliaciones de capital, subvenciones a la lengua autóctona, etcétera), suponía un 60,7 % de sus gastos en 1999, cifrados en 934 millones de euros. En 2003, los terceros canales sumaban unos ingresos operativos de 1.111,1 millones, pero el déficit anual de 430 millones fue colmado mayoritariamente por las arcas públicas: desde el 52 % de TV3 de Cataluña hasta el 72 % de la TV Galicia o el 90 % de Castilla-La Mancha. Además, en varios entes regionales el desequilibrio entre ingresos y gastos fue tapado, igualmente, por deuda avalada por el Estado, hasta una cantidad total estimada en 1.595 millones de euros.

En otras palabras, puede calcularse que el conjunto de la televisión pública sumaba en España, al acabar la década y el siglo, una deuda acumulada de 5.108 millones de euros que llegaba en 2004 a 8.487 millones, lo que hacía imposible la continuidad de este modelo y abría muy serios interrogantes sobre su supervivencia. En el marco de la Unión Europea, quizá con la sola salvedad menor de Portugal, la radiotelevisión pública española era, pues, la peor financiada por el Estado, la de economía más precaria y, lógicamente, la peor dispuesta para afrontar los desafíos futuros.205

Pero el impasse no sólo era financiero sino también legal en el ámbito europeo, ya que a raíz de las denuncias presentadas en Bruselas por Antena 3 TV y Telecinco desde 1992-1994, por «ayudas estatales» y discriminación regulatoria, la Comisión abrió un expediente formal a España, que se materializará en octubre de 2003. En ese documento, la Comisión considera, en sus conclusiones preliminares, que RTVE se beneficia de «una garantía ilimitada en tiempo y valor», conceptuándola como «ayuda estatal» ilegal que amenaza con falsear la competencia. Y recomienda un régimen de ayudas transparente, con asignación adecuada de costes del servicio público, la separación inmediata de cuentas con respecto a las actividades comerciales y el fin de la exención del impuesto de sociedades.206

En cambio, el balance de estos años de televisión privada en España presenta claroscuros económicos que se van aclarando paulatinamente en los comienzos del nuevo siglo. Desde 1997-1998, con el crecimiento de las inversiones publicitarias por la bonanza económica, se comienza a observar una recuperación que se estabiliza más claramente en 1999, hasta alcanzar en 2000 una facturación neta de 1.738 millones de euros y unos beneficios conjuntos de 236 millones; la única salvedad residió en las pérdidas de Sogecable ocasionadas por el lanzamiento de Canal Satélite Digital.207 Sin embargo, y pese a esta época de relativa prosperidad, las cadenas privadas analógicas mantienen hasta el final de la década un nivel de endeudamiento muy superior al 30 % sobre recursos ajenos autorizado por la legislación;208 además de prolongar la inestabilidad accionarial ya mencionada, que evidencia graves problemas económicos y estratégicos, más allá de las cifras contables oficiales. En 2004, las dos cadenas abiertas presentaban récords de beneficios históricos, con 105 millones para Antena 3 TV y 204 para Telecinco.

Por otra parte, la descripción de un sistema televisivo cada vez más ferozmente competitivo tiene diversos indicadores en cuanto a la programación, así como en el doble mercado televisivo de las audiencias y la publicidad. Una pugna que queda marcada por la lucha feroz desatada desde 1990 por las exclusivas de la liga de fútbol española, lanzadas a tasas de inflación aceleradas, que TVE perderá pronto para ser monopolizadas por la FORTA junto a Antena 3 TV y Canal Plus.

En cuanto a las emisiones, si en 1990, año de aparición de las cadenas privadas, la oferta de programas contabilizaba 64.350 horas/año, una década después, y pese a un ligero retraimiento de los horarios en las cadenas nacionales, se estimaba que todas las programaciones analógicas por ondas habían alcanzado un nuevo récord con 121.298 horas, de las cuales 43.304 eran de ámbito nacional (34.982 en abierto y las restantes de Canal Plus) y 77.994 de ámbito regional en 11 canales de 8 regiones. En 2004, el total de los operadores de ámbito nacional y regional llegaban a sumar emisiones de 132.906 horas, de las cuales 97.913 eran de orden autonómico y 8.760 codificadas de pago (Canal Plus).

Más sintomática es la transformación en la composición por géneros de esos programas. Así, en una evaluación sobre esta época (1990-1998), se concluía que la desregulación nos estaba aproximando rápidamente al modelo estadounidense, de forma que las elevadas tasas de ficción, pero sobre todo el crecimiento del infoshow o de los shows, evidenciaban fenómenos más radicalmente llevados a cabo que en otros países europeos; especialmente destacaba la escalada de una información (tanto en los infoshows como en los propios «informativos» o en los magacines) que se convertía en espectáculo por su tratamiento y sus temas, con apertura creciente a la crónica rosa, los sucesos, los deportes o en general las noticias soft (Moragas y Prado, 2000, pp. 173-210). Además, la evolución del ranking de programas de estos años revela un acelerado mimetismo de todas las cadenas, primero en torno a los realities y, una vez agotada esta veta, alrededor de las series familiares, que copan los puestos del top de programas por audiencia en 2004. Se exceptúan, naturalmente, determinadas transmisiones deportivas y programas informativos destacados, especialmente en torno al 11 de marzo.

En cuanto a las audiencias, en donde se han sucedido cambios sustanciales en la última década, si TVE controlaba en 1996 un 37,7 % del share, en 1999 sólo acumulaba un 35,3 %, mientras que las dos cadenas abiertas privadas tenían un 43,7 %. En 2004, el share conjunto de la primera y la segunda cadena había descendido ya al 28,2 % frente al 17,7 % de las televisiones autonómicas y al 42,9 % de las dos privadas en abierto.209 Más preocupante era la continua progresión del apartado de audimetría «otros», suma de canales digitales temáticos más emisoras locales, que había ido pasando del 0,4 % en 1991 al 9,1 % en 2004, alcanzando el 10 % en algunos meses. Porque se trataba de un drenaje permanente del share de las grandes cadenas, cada vez más acelerado en su crecimiento, que amenazaba con deteriorar a medio plazo las bases de su economía publicitaria.

En lo que respecta al mercado de la publicidad, en primer lugar llama la atención la incesante progresión de las emisiones publicitarias y sus niveles de saturación siempre en ascenso. Así, de las 886 horas de publicidad emitidas en 1989 se pasa al total de 8.465 horas emitidas en 2000 y a las 12.861 en 2004. En sentido estricto, la publicidad televisiva pasa de 646 minutos/día en 1992 a 1.386 en 2000 y a 2.108 en 2004. De los 215.262 spots en 1989 se llegará a 1.870.242 en 1999 y a 2.249.130 en 2004.210 Desde luego, la audiencia media de los españoles no evoluciona en esa proporción, aunque crece relativamente desde los 187 minutos por individuo/día hasta los 214 de 1996, para estancarse hasta el 2000 (213 minutos) y elevarse levemente en el cuatrienio siguiente hasta 218 minutos/día en 2004.211 A ello se suma, paralelamente, que la eficacia publicitaria, medida en GRP, desciende en picado en esos años.212

De una saturación media (excluida la autopublicidad) del 2,3 % en 1990, se alcanza así otra del 6,9 % en 1999, porcentaje que oculta tasas mucho más elevadas en algunas cadenas, como el 15-17 % en Antena 3 TV y en Telecinco, o el 10,3 % de TVE-1; y que, naturalmente, se agrava en horarios de prime time o en las temporadas álgidas de la inversión publicitaria. En 2004, las cadenas privadas presentaban índices de ocupación publicitaria (publicidad más autopromoción) cercanos a los topes legales máximos: 20 % de Antena 3 TV y 19,5 % de Telecinco. Pero las estadísticas de la audimetría sobre el «resto de emisión» alcanzaban en 2004 tasas récord insostenibles, como el 29,7 % de Telecinco o el 28,2 % de Antena 3 TV. Es decir, emisiones en muchas ocasiones ilegales durante estos años que, a falta de una autoridad independiente y sometidas a los únicos controles del Gobierno, darán lugar a infracciones periódicas de la legalidad, generalmente resueltas con multas insignificantes, incluso ridículas con relación a los beneficios económicos de la violación legal (Pérez Ruiz, 2005, p. 87).

Todo esto no significa una regeneración de las tarifas reales ni un incremento proporcional de los ingresos publicitarios de las cadenas. Así, los descuentos medios se mantenían en un 72,3 % en 1998, aunque los precios medios por minuto se elevaron levemente en la bonanza económica de 1999-2000, alcanzando unas 700.000 pesetas. A este complejo mercado se añadían elementos particulares del mercado publicitario español. De un lado, el enorme poder de las centrales de compra, por las que pasa buena parte de la inversión publicitaria a la televisión; de otro, el opaco sistema de comisiones que estos intermediarios provocaban.213 En 2004, los ingresos reales publicitarios suponían un 37 % sobre el valor teórico de las tarifas.

La gran novedad de las emisiones de esta época estriba en la producción audiovisual española, que va incrementando con cierta celeridad sus emisiones y recursos financieros desde el páramo contemplado en los primeros años noventa. Así, la producción independiente ascendía ya a 13.458 horas en la temporada 2000-2001.214 El dinero movilizado para esta producción independiente supone su casi duplicación desde los 34.750 millones de pesetas de 1996 a los 312 millones de euros en 2000, aunque el coste medio de esos programas, que ascendía en 1996 a casi 5 millones de pesetas por hora, se reduce en 1999 a poco más de 3 millones de pesetas, o 18.000 euros. Sin embargo, en ese volumen horario los programas de ficción (series o seriales y dibujos animados) componen una proporción importante pero minoritaria, sumando ya en 1999-2000 las 2.127 horas, es decir, un 12,3 % del tiempo difundido.215 Aunque la ficción ocupa un papel muy destacado en la inversión total, pese a su ocupación minoritaria de tiempos, ya que pasó de 84 millones de euros en 1996 a 205 en 2000.216 En la temporada 2003-2004 se evaluaba que la producción independiente total era de 15.717 horas, con un leve descenso respecto al año anterior (GECA, 2005).

Sin embargo, la creación de esta relativamente importante industria de producción audiovisual y de ficción en especial está aquejada de males graves que imponen serios frenos a su creatividad e incluso suponen amenazas importantes a su futuro: hegemonía de la producción financiada (pagada en la totalidad de sus costes por la cadena), con derechos exclusivos eternos para las televisiones y nula participación habitual de las productoras en el copyright; deterioro del beneficio industrial de la producción independiente y su consiguiente descapitalización, al ser remunerada según primas previstas en función del share conseguido; concentración acelerada en siete productoras (un 70 % de la producción independiente y casi toda la ficción) y penetración de los grupos difusores en su capital hasta confirmar auténticos captive producers según la normativa y terminología europeas; así como escasez de coproducciones internacionales (0,5 % de los episodios en el 2000) y pobreza de las exportaciones.

Además, la politización de la gestión de las televisiones públicas en sus relaciones con las productoras, objeto de múltiples escándalos en las últimas décadas, ha generado un tejido de «empresas girasol», orientadas en función de las influencias políticas y personales, que tienden a practicar contratos opacos sobre los que recae permanentemente la sospecha de inflaciones políticas de los costes, y nefastas por todo ello para consolidar una industria de futuro seria. Una práctica que se expandirá a algunas televisiones privadas, por sus conexiones políticas, en el período 1996-2004.

En cuanto al cine en televisión, la llegada del PP al poder es seguida por el hundimiento de las inversiones televisivas, ocasionado por la ruptura —más política que económica— de los acuerdos entre TVE y Canal Plus para la compra conjunta de derechos en abierto y de pago respectivamente. La inversión no se recuperará hasta la siguiente década, en parte por los acuerdos suscritos por la asociación de productores (FAPAE) con las cadenas y por la nueva normativa legal que obligaba a las cadenas a invertir el 5 % de su facturación, pese a que ambas líneas de actuación revelarán una escasa eficacia en su cumplimiento.

La economía de la televisión de pago ofrece importantes novedades en esta época de cambios, con una pérdida relevante de clientes y facturación tras la fusión de las plataformas digitales por satélite y frente a un cable que no acaba de despegar en el negocio televisivo. Así, en 2004 la televisión de pago acumulaba una facturación de 1.692 millones de euros (un 37,4 % del total del mercado televisivo), pero experimentaba un retroceso del 4 % (del 12 % en la televisión por satélite). Aun así, el satélite se arrogaba 1.418 millones como cifra de negocios frente a los 194 del cable (Ono más Auna).

Conclusiones

Los ocho años de Gobierno del Partido Popular significan la culminación de las etapas precedentes en muchos capítulos de la comunicación social española. Pero particularmente representan el olvido inmediato y permanente de las promesas electorales respecto al servicio público radiotelevisivo, con el rechazo a toda reforma, a toda autonomía posible de RTVE respecto al Gobierno, y el impulso hasta el límite de las tendencias anteriores en el conjunto del sistema audiovisual. Se verifica así una señalada congruencia entre sistema político y sistema mediático (Humphreys, 1996, p. 299):

— Se continúa y consolida una manipulación sectaria sistemática del servicio público, llevada en ocasiones al paroxismo, no sólo de la información sino del conjunto de la programación.

— En términos de financiación y gestión, las orientaciones gubernamentales y la encomienda del control de RTVE a la SEPI no hacen más que multiplicar el endeudamiento casi por cinco y extremar la comercialización publicitaria, pese a su contradicción creciente con el expediente de la Comisión Europea en curso. Y ello se produce en una época de prosperidad económica general y financiera del Estado pero en el contexto de una desvalorización perseguida del Estado de bienestar. Nunca como en esta etapa se cumplía tanto la conclusión general que esbozábamos hace unos pocos años: «Desde la transición, los gobiernos han utilizado políticamente al máximo a RTVE mientras agudizaban simultáneamente su bancarrota» (Bustamante, 2002).

— En el camino hay fenómenos menores pero reseñables, como la creciente oposición de los sindicatos y los trabajadores de RTVE a la manipulación, y probablemente también liberados de las afinidades naturales sindicales con los partidos de izquierda que habían paralizado en parte sus reacciones en la etapa anterior. Todo ello en medio del colaboracionismo de muchos directivos con respecto a la censura y la manipulación que, hay que decirlo, no encuentran un rechazo generalizado de la profesión periodística cuya cultura general parece resignada ante un fenómeno vivido como «natural». En sentido contrario se acrecientan fenómenos antes escasamente usuales, como el viaje —muchas veces de ida y vuelta— de los máximos directivos de RTVE desde y hacia la empresa privada de comunicación y, en muchas ocasiones, con la radiotelevisión comercial directamente.

— Este modelo peculiar de radiotelevisión estatal va extendiéndose paulatinamente durante toda la etapa al servicio público regional, en donde la financiación pública precaria, cuando no el endeudamiento considerable a escala de cada comunidad, resulta perfectamente compatible con una manumisión acentuada al poder gubernamental, traducida en ocasiones simbólicamente, como en RTVE, en el ascenso a los puestos máximos de los portavoces, los jefes de prensa o de gabinete de la presidencia de los gobiernos regionales, o simplemente en los vasos comunicantes permanentes entre ambos tipos de puestos.

— Por lo demás, esta fase de la historia de la comunicación española está sobre todo marcada por una lógica de poder político llevada asimismo a sus últimas consecuencias en la influencia sobre los medios privados, y en la conformación misma de su estructura de propiedad y su regulación. Algo que ya se había evidenciado en etapas anteriores con ocasión del reparto de las licencias privadas de radio y televisión, pero que adquiere en esta etapa rasgos delirantes al extenderse también al mundo digital y a las compraventas de empresas de comunicación. Como se ha concluido, este grado de intervencionismo rompía abiertamente con las reglas básicas del juego democrático (Tusell, 2004, p. 122).217

— Pero, además, ese papel gubernamental permanente como «gran arquitecto» del sistema audiovisual, en feliz expresión de unos analistas (Martí y Bonet, 2006), tiene otras consecuencias añadidas bien visibles: primero, una reiterada desregulación de las reglas anticoncentración internas y externas que, junto con la práctica de las concesiones clientelares y de las compraventas inducidas gubernamentalmente, van consolidando en torno a la televisión grupos multimedia cada vez más escasos en número y más potentes; después, una impotencia creciente de los gobiernos para el control de las regulaciones europeas y españolas vigentes que se ve amplificada por la falta de autoridades independientes audiovisuales y el traspaso de parte de esas competencias a organismos provenientes del campo de las redes, contaminados asimismo por la politización reinante; finalmente, como consecuencia natural, las cadenas privadas practican una violación sistemática de las reglas de juego, incluso en medio de beneficios récord, cifrando en esa capacidad de violar los límites buena parte de su competitividad y ostentando incluso su autonomía ilimitada —todavía en vigor la calificación de «servicio público indirecto»— bajo la capa de la propiedad privada pura.

Más allá de coincidencias coyunturales, como la singularidad de una cadena de televisión en manos de la empresa de un primer ministro extranjero, lo relevante es el proceso de internacionalización de las cadenas privadas abiertas de televisión, un fenómeno inusual en Europa, en donde la televisión clásica sigue rimando con soberanía nacional. La alianza entre ese capital transnacional y los grupos españoles se realiza en equilibrios cambiantes, con tendencia a devenir minoritarios estos últimos.

Curiosamente, esta fuerza creciente del juego de los grandes grupos de comunicación españoles y extranjeros en la radiotelevisión, y su ascenso de audiencias, no quitará protagonismo, sino todo lo contrario, a las polémicas cada vez más feroces en torno al servicio público. Ya que, en ausencia de un juego mínimamente neutral o simplemente competitivo de mercado, la radiotelevisión pública aumenta su importancia estratégica pese a sus tasas de audiencia en retroceso.

Y, sin embargo, el control masivo de esos resortes mediáticos públicos y privados por parte del Partido Popular y su activación máxima tras el 11-M a favor de una actuación electoralista en momentos dramáticos, no impedirá su derrota electoral estrepitosa el 14 de marzo de 2004.

152. Véase sobre esta problemática Bustamante, 1998, y Mota, 1998.

153. Véase Enrique Bustamante: «El Comité de Medios Audiovisuales: un grave error», El País, 10-7-1998. La normativa legal de la CMT no contemplaba las competencias audiovisuales, que fueron introducidas en la Ley, de abril de 1997, de Liberalización de las Telecomunicaciones. Su reglamento de funcionamiento nunca contempló el campo audiovisual.

154. Como escribía un historiador: «Con todo, lo más grave fue que esos poderes económicos contribuyeron, de forma desenfadada [...], a la configuración de un grupo mediático adicto al poder» (Tusell, 2004, p. 81).

155. Elecciones generales 2000: el compromiso del centro. Capítulo 5: «La España constitucional. Garantía del proyecto común».

156. Programa del PP: «Avanzamos juntos. Propuestas de gobierno del Partido Popular». Capítulo 26: «Un nuevo marco para el sector audiovisual» (pp. 255-261).

157. Véase Enrique Bustamante: «Una operación comercial», El País, 5-8-1997.

158. Este consorcio estaba dominado sobre todo por Endesa (22 %) y Telecom Italia (21,7 %); pero la marcha de esta última en 2001 cambió totalmente la relación de fuerzas y el BSCH quedó como accionista de referencia.

159. Con una red de 1.700 estaciones (emisores y reemisores) y una cobertura del 98 % de la población, Retevisión siguió manteniendo un dominio casi completo del mercado, con un 96 % de la facturación, sin contar sus servicios punto a punto y de acceso condicional.

160. El 25 de noviembre de 1998 Aznar ofreció en el Congreso un «diálogo sin condiciones» para un modelo «viable, plural y vinculado a la evolución del sector audiovisual en España». (Véase Gómez Montano, 2005, p. 347.)

161. «Informe sobre la función de servicio público y el sistema de financiación en un nuevo modelo de Radiotelevisión Española». Registrado en el Congreso el 18 de junio de 1998 (81 pp.).

162. PSOE, «Diez propuestas para un pacto de Estado sobre el modelo audiovisual público en España» (38 pp. más cuadros).

163. «Propuestas de Izquierda Unida para RTVE», octubre de 1998.

164. Como escribíamos entonces, la única solución era un pacto de Estado que diera «paz financiera a cambio de pluralismo y democracia comunicativos». Para despejar este acuerdo, pedíamos que «el Gobierno debería llegar rápidamente al acuerdo parlamentario, ofreciendo simultáneamente a su actual director un puesto más brillante. Cabe pedirle así, tan sólo, que sea lo más lejos posible de los medios de comunicación. Por favor» (Enrique Bustamante, «RTVE: paz financiera por democracia», El País, 3-11-1998). Una semana después, por pura casualidad, López Amor fue «dimitido» y nombrado inmediatamente presidente del sistema de satélites Hispasat.

165. El informe evaluaba en 85.993 millones de pesetas la subvención anual necesaria para el servicio público, sin contar con la Orquesta y Coros ni con el IORTV (Plan de Renovación, 14 de enero de 1997, 303 pp. más anexos).

166. Véase Enrique Bustamante, «Un modelo preelectoral de televisión pública», El País, 11-10-1999.

167. Para un historiador, autor de esa calificación, la principal diferencia estribaba en que la victoria del PP se logró en buena medida por la abstención de la izquierda, y no por un vuelco electoral masivo como el que dio la mayoría popular durante años al PSOE (Tusell, 2004, p. 194).

168. Véase Auna, Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, Fundación Auna, Madrid, 2003.

169. Fundación Telefónica, La Sociedad de la Información en España. 2005, Telefónica, Madrid, 2005.

170. «Esta vertiente de regulación política sufrió el olvido más palmario y, en muchos aspectos, ni siquiera se llegó a la categoría de intento» (Tusell, 2004, p. 211). Tusell añade que no se produjo ninguna «medida regeneradora» ni siquiera en los medios de comunicación públicos (p. 199).

171. En estos cuatro años el Gobierno abre diversos expedientes por sobrepasar los límites legales de saturación publicitaria a TVE, Antena 3 TV y Telecinco, que nunca significarán ninguna multa. Hasta el punto de que la Comisión Europea apremia al Gobierno a controlar ese aspecto y otros de la normativa, en enero de 2001. En cuanto a la violación continua de la regulación sobre desprogramación, se sabe a tenor de la respuesta oficial a una interpelación parlamentaria, en febrero de 2004, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología había impuesto multas por un valor total de 553.000 euros en 2003 por prácticas de desprogramación; pero esos datos revelaban que el número de expedientes había aumentado mientras que la cuantía se había reducido a la mitad en un año: 65 expedientes y 1,2 millones de euros de sanciones en 2002.

172. El País, 31-5-2001.

173. El País, 23-5-2001.

174. Modificación de la Ley, de 10 de enero de 1996, sobre Creación de determinadas Entidades de Derecho Público, artículo 10: «Podrán adscribirse a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales otras entidades de derecho público respecto a las cuales ejercerá las funciones previstas en esta Ley». También hubo que modificar la Ley, de 14 de abril de 1997, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado en el mismo sentido: entidades públicas empresariales que, «excepcionalmente», puedan dirigir o coordinar a otros entes de la misma naturaleza.

175. Véanse, respectivamente, El País, 8-11-2000, y El País, 10-10-2000.

176. El secretario de organización del PSOE, José Blanco, escribe en esas fechas un artículo de título significativo: «Los peores años en la historia de RTVE» (El País, 13-10-2001). En él califica la situación de «un auténtico problema de Estado», y pide un amplio pacto para conseguir un modelo democrático de servicio público y lograr «una televisión saneada económicamente y financiada básicamente por los presupuestos generales del Estado, tras la asunción de la deuda por éste.

177. «Ahora, usted no pinta nada», dirá la portavoz socialista Rosa Conde al director general, Javier González Ferrari (El País, 22-2-2001).

178. RTVE, 2003.

179. Véase Gómez Montano, 2005, p. 514.

180. AIDEKA de 5 de diciembre de 2002: «Estudio de investigación. Tratamiento informativo de TVE. Huelga general de 20 de junio de 2002». El informe concluye que se produjo ocultación de datos, falsedad, intoxicación y un reparto de tiempos absolutamente desequilibrado en contra de la convocatoria de huelga y de sus partidarios.

181. AIDEKA. «Tratamiento informativo del TD-2 de TVE durante la guerra de Irak», febrero de 2004 (entre 26 de marzo y 9 de abril de 2003), realizado por un equipo de profesores y profesionales de la información, especialmente procedentes de la Universidad Carlos III de Madrid y de Comisiones Obreras.

182. Véase Urraiztieta, 2004, pp. 61-68.

183. Sentencia n.o 56/2004 de 9 de febrero. Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.o 2 de Valencia.

184. Televisión Canaria comenzó a emitir en 1999 con una original fórmula de «externalización» de sus infraestructuras, su producción y programación y los consiguientes recursos humanos, concedidos por concurso a Productora Canaria de Televisión (PCTV), empresa formada a su vez por una filial del grupo Prisa (40%) y empresas locales de producción y televisión local. En paralelo al contencioso mantenido con el Gobierno central sobre la legalidad de esta fórmula y sobre la frecuencia utilizada, se plantearon numerosas tensiones en los primeros tiempos entre la gestión pública y la empresa privada concesionaria.

185. Como afirman dos juristas: «Esta determinación es de una gravedad incalculable» (Linde y Vidal, 2003, p. 378).

186. En 2004 los accionistas dominantes de Telecinco eran: Mediaset, con el 52 % del capital, y Vocento, con el 13 %. El resto eran accionistas minoritarios y acciones en Bolsa.

187. Deloitte, «Estudio del impacto económico de la televisión privada». Informe para UTECA, diciembre de 2004.

188. Según dos expertos jurídicos, esta regulación suponía una interpretación de la misma que favorecía, a todas luces, a uno de los operadores en liza, lo que determinó la intervención correctora de la Comunidad Europea, que obligó al Gobierno a dictar el decreto-ley de 13 de septiembre de 1997 (Linde y Vidal, 2003).

189. En 2004, los accionistas dominantes de Sogecable (que poseía a su vez un 82,5 % de Digital Plus) eran Telefónica, con el 22,23 % del capital y Prisa, con otro tanto. El resto, salvo una participación ya minoritaria de Canal Plus Francia, estaba en Bolsa.

190. Se optó generalmente por grandes demarcaciones que exigían grandes capitales, prácticamente repartidas desigualmente entre los dos grupos, Retevisión u Ono. Dos regiones quedaron desiertas, sin aspirantes: Castilla-La Mancha y Extremadura.

191. En su informe de 2000, la CMT constataba que el cable disponía de unos 298.000 clientes de televisión de pago (un 10 % del total de abonados a la Pay TV) y un ingreso estimado para la televisión de sólo 3.553 millones de euros (un 1,9 % del total de la televisión de pago) (CMT, 2000. www.cmt.es). En 2004, los abonados al cable eran ya 970.000, pero esta red sólo conseguía el 12 % de la facturación total de la Pay TV.

192. En febrero de 2005, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que declaraba nula la orden del Ministerio de Fomento de 9 de octubre de 1998 por la que se aprobaba el reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre. La argumentación del Tribunal alegaba que el ministerio actuó «manifiestamente» fuera de su competencia al presentar un reglamento general como si fuera técnico, lo que hubiera exigido un real decreto del Consejo de Ministros.

193. La absorción posterior de Prensa Española, con el 25 % de las acciones de Net TV, por el grupo Correo planteó un nuevo problema de concentración, ya que la participación de este grupo en Telecinco era incompatible con sus acciones en un nuevo canal de ámbito nacional. Esta ilegalidad se mantuvo sin embargo hasta que el Gobierno socialista la legalizó en 2005. En cuanto a Veo TV, estaba controlada mayoritariamente por el grupo Recoletos-Unedisa (con Pearson como propietario total de Recoletos, que además controlaba la mayoría de Unedisa conjuntamente con el grupo Agnelli).

194. CMT/CAC, 2002 (www.cmt.es).

195. Millones de millones.

196. Noticias de la Comunicación, 2000.

197. Según el Observatorio Audiovisual Europeo, el valor alcanzado por el mercado audiovisual de los 15 países de la UE en 1999 ascendía a 64.610 millones de euros (incluyendo radio, cine-vídeo y entertainment software). Y en ese conjunto el mercado español representaría un 7 % del total europeo, es decir, 4.522,7 millones, frente a un 25 % de Alemania y otro tanto del Reino Unido, un 19 % de Francia y un 10 % de Italia (OEA, 2000).

198. En 2004, de los ingresos de RTVE, 740 millones venían del dinero público y 697,15 eran ingresos comerciales. Las televisiones autonómicas habían recibido 752,32 millones de subvención pública.

199. Sobre la situación en 1998, véase Enrique Bustamante: «La crisis terminal de RTVE», El País, 17-10-1997.

200. En 1999, RTVE ingresó casi 140.000 millones de pesetas extraordinarios por compensaciones por la privatización de Retevisión, diez años antes, por la devolución del IVA por Hacienda, por la venta de sus acciones en Vía Digital y la cesión a esta compañía de derechos de la Eurocopa. Disminuyó así temporalmente su déficit, ofreciendo unos resultados positivos únicos de 197,63 millones de euros y bajó su déficit temporalmente a 3.302 millones.

201. El plan-marco fue suscrito por la SEPI y RTVE en diciembre de 2001 y debía ponerse en práctica desde 2002. Su balance temporal, en ese último año, daba cuenta de un incremento de los ingresos publicitarios y una disminución del gasto, incluyendo la renuncia a los derechos del Mundial de Fútbol de 2003.

202. «Protocolo de negociación entre SEPI, la Dirección de RTVE y los representantes de los trabajadores del grupo de RTVE», 29 de mayo de 2002.

203. El País, 1-10-2003.

204. Ministerio de Industria y Telecomunicaciones, «Estado actual y problemática de la radio y la televisión en España», Informe al Consejo de Reforma, 20 de agosto de 2004 (118 pp.). Su valoración es aún más dura en el texto: «La política de captación de recursos publicitarios impulsada por la SEPI muestra hasta qué punto no había entendido la índole del problema financiero de RTVE. En efecto, la SEPI aplicó a RTVE el mismo criterio que había aplicado a las empresas deficitarias de su grupo: reducción de gastos y aumento de los ingresos para reducir el déficit y por lo tanto la necesidad de financiación adicional con fondos públicos» (p. 35).

205. TVE se alimentó en un 11,5 % del dinero público en 1998 (77,6 % de publicidad), frente a un 76,4 % de Alemania, un 43 % de Francia o un 50 % de Italia. Así, los recursos de las televisiones públicas en España sumaban unos 1.282,7 millones de euros en 1998, frente a los 7.606,3 de Alemania, los 2.497 de Francia, los 5.141,9 del Reino Unido o los 2.535,8 de Italia. Pero, además, habrían descendido en España un 1,6 % desde 1993 a 1998, caso único en Europa (Lange, 1999). Por su parte, un informe europeo destacaba en 2001 que RTVE y RTE (Irlanda) eran las «únicas televisiones públicas que reciben solamente una pequeña parte de fondos públicos» (European Investment Bank, 2001).

206. Comunicación a España de la Comisión del 15-10-2003. Basada en la directiva europea DOC 320 de 15-11-2001 sobre ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión.

207. Los ingresos en el ejercicio 2000 se pueden desagregar en 102.858 millones de pesetas de Sogecable, 89.535 de Telecinco y 96.841 de Antena 3 TV. En ese ejercicio sumaron un beneficio neto agregado récord después de impuestos de 39.382 millones de pesetas, de los cuales 21.377 correspondían a Antena 3 TV y 119.974 a Telecinco, mientras que las pérdidas de Sogecable ascendían a 1.969 (Noticias de la Comunicación, julio de 2002).

208. En 1999, este ratio iba del 38 al 52 % según las empresas (Noticias de la Comunicación, 2000). Además habría que tener en cuenta un endeudamiento conjunto de 105.131 millones a corto plazo y de 29.659 a largo plazo.

209. Véase Díaz Nosty, 2006.

210. Boletín Infoadex Informa, n.o 24.

211. Zenith Media. Informe 2005.

212. Los GRP habrían bajado el 50 % entre 1991 y 2004 (Pérez Ruiz, 2005).

213. En pocos años, y al igual que las agencias publicitarias, estas centrales han efectuado un acelerado proceso de concentración: en 2000, 5 centrales sumaban el 58,4 % de la inversión en televisión, y las diez primeras un 85,5 %, con vinculación habitual a los macrogrupos mundiales de publicidad y, especialmente, a las big five, aunque con incrustaciones financieras españolas importantes (Véase Bustamante y Álvarez, 2003, pp. 257-346).

214. Véase Bustamante y Álvarez, 1999; Bustamante, 2002. Sobre los orígenes y acenso de la ficción española puede verse asimismo Álvarez, Lacalle y Vilches, 1997, pp. 81-97.

215. La producción Independiente habría estrenado en 2000-2001 138 programas con 13.458 horas de emisión (GECA, 2001). Pero según las estimaciones de Eurofiction, la ficción habría supuesto 9.946 minutos en 2000, con un 22 % originadas en España, esto es, 2.225 horas, frente al 59 % de EE.UU. (Buonano, 2002).

216. Según un estudio del INA/Eurofiction para el Observatorio Europeo, en 1999 se produjeron 1.465 programas de 51 títulos y más de 2.532 episodios (desde los 459 programas de 1996 o los 758 de 1997 a los 859 de 1998). Las 872 horas de ficción local estrenadas durante 1999 (sobre 5.786 de los cinco grandes en la UE) habrían costado 187 millones de euros, unos 30.000 millones de pesetas (de un total de 2.773 millones de euros en los cinco grandes países europeos, unos 456.396 millones de pesetas para 5.193 horas) (Jézéquel y Lange, 2000).

217. Como señala este autor, «el propósito de utilizar los resortes de poder para configurar un panorama de medios de comunicación nuevo y benévolo respecto al Gobierno puede considerarse una ruptura contra las normas más elementales de la práctica democrática» (Tusell, 2004, p. 122).

5

Los gobiernos de Rodríguez Zapatero:

de la regeneración del servicio público

al extravío del pluralismo (2004-2011)

Las elecciones generales españolas del 14 de marzo de 2004 fueron las más extrañas, tensas e imprevisibles de cuantas habían tenido lugar en España desde la llegada de la democracia. A priori, la convocatoria se presentaba con rasgos de suspense, ya que el Partido Popular no había cesado de declarar su ambición de conseguir la mayoría absoluta mientras las encuestas mostraban un ascenso paulatino de sus expectativas de votos en favor del PSOE. Además, la ausencia de debates electorales por negativa del PP restaba termómetros de opinión importantes, y los interrogantes se incrementaban por el hecho de que, de los 34,56 millones de votantes, 1,95 millones eran jóvenes que votaban por vez primera. Pero los atentados del 11-M llevaron la incógnita a un terreno imposible de predecir. En la jornada de reflexión la oposición fue unánime en la condena de los silencios y manipulaciones del Gobierno respecto a los atentados, y todos los diarios hablaban de las incógnitas del «síndrome del peor atentado de la historia» del país, con 192 muertos y más de 1.500 heridos, muchos de ellos graves.

Efectivamente, los resultados electorales constituyeron un giro sustancial en la situación política española. El PSOE consiguió un 45,24 %, con 10,9 millones de votos (700.000 más que los de Aznar en 2000; 3,1 millones más que los del partido socialista en esa fecha) y 164 diputados (125 en 2000); por el contrario, el PP descendió en 605.000 votos (un 34,7 %, con 9,63 millones de electores) y se quedó en 148 escaños, incluidos los de UPN. El secreto de la votación, sin embargo, como verificaron después múltiples analistas electorales, no estuvo tanto en el cambio de intención de voto cuanto en la alta participación electoral (un 77,21 %, 8,5 puntos más que en 2000, sólo superada por los comicios de 1982, con un 79,97 %); y especialmente, en esa línea, en el acopio de votos de parte de los abstencionistas de izquierda, que habían acudido en masa a votar por el dramatismo de los últimos días de campaña. Resultaba también significativo, como subrayaron los análisis posteriores, que las regiones de mayor descenso de votos para el PP habían sido Andalucía, País Vasco y Cataluña, justamente las comunidades en donde la confrontación anterior con el Gobierno del Partido Popular había sido más llamativa.

El cambio de partido en el Gobierno no alteró los parámetros en que se venía moviendo la economía española anteriormente: en 2005 el crecimiento se situó en el doble que la media de la Unión Europea, concretamente un 3,4 % frente al 1,7 % de la zona euro, según el Instituto Nacional de Estadística, con una creación de empleo del 3,1 %. Aunque se mantenían grandes disparidades regionales tanto en el ritmo de crecimiento como, sobre todo, en la distribución de la renta per cápita, con doce regiones por debajo de la media (20.838 euros), y una gran distancia entre los 26.000-27.000 euros anuales de renta de Madrid y Barcelona y los 14.000-16.000 de Andalucía o Extremadura.218

Pero la muestra más simbólica de la boyante situación económica en 2005, primer año completo de la nueva legislatura, se dio con el primer superávit estatal neto de la democracia, estimado oficialmente por el Banco de España en un 1,1 % del PIB, es decir, unos 9.950 millones de euros, atribuido especialmente al crecimiento económico y a los bajos tipos de interés. Y ello pese a que en ese ejercicio se había regularizado la deuda histórica del Estado con Andalucía y el endeudamiento acumulado de la empresa de ferrocarriles Renfe (unos 5.700 millones de euros, equiparables a la deuda de RTVE). En contraste, se mantenía un alto índice de inflación y un déficit comercial exterior abultado y en ascenso.

Más compleja era la polémica, apenas recogida en los medios, sobre la concepción fiscal del Estado y, en consecuencia, sobre los recursos disponibles para las políticas públicas, incluyendo especialmente el gasto social. Por encima del superávit ocasional, las estadísticas de Eurostat hablaban de que en 2004 la recaudación fiscal equivalía al 35,4 % del PIB, inferior en cinco puntos a la media de la UE de los 25 (40,7 %) y de la Eurozona (41,4 %), la presión fiscal más baja de Europa después de Irlanda;219 pero que, a su vez, venía determinada por una abrumadora participación en ella de las rentas del trabajo y una mínima en el contexto europeo de las rentas del capital.220 Más silenciado todavía en los medios de comunicación españoles resultaba el debate sobre el gasto público por habitante, el más bajo de la UE-15, o sobre el todavía peor gasto social, que apenas alcanzaba en las últimas cifras el 62 % del promedio de la UE-15, muy por debajo de lo que le correspondería por su PIB.

Éste era un problema que el PSOE prometía remediar en su programa electoral de 2004, pero que después no ha tenido consecuencias visibles, mientras que las reformas fiscales aprobadas en 2006 suponían, sobre todo, una rebaja en el impuesto de sociedades y de los tramos de mayor renta en la imposición directa, con una disminución de ingresos del Estado estimada en unos 4.000-4.500 millones de euros. Pero esta situación determinaba «el subdesarrollo social de España», de sus servicios sociales y de su Estado de bienestar,221 y se proyectaba naturalmente también sobre el servicio público de radiotelevisión, en donde la queja más frecuente de los responsables económicos era el «no hay dinero». Como se alegaba que tampoco había dinero para educación, para sanidad, para pensiones de jubilación o para I+D, todos ellos en niveles muy bajos de gasto público en España, la pregunta central en muchos círculos era ¿dónde está el dinero?, es decir, cómo y por qué no se edificaba un régimen fiscal más igualitario y redistributivo, que permitiera un gasto social equiparable al de Europa occidental.

El nuevo Gobierno también afronta el retraso español en cuanto a la Sociedad de la Información, agudizado por el fracaso de los planes Info XXI y España.es. En su lugar, planteará el Programa Ingenio 2010, cuyo instrumento clave era el Plan Avanza, dotado con 1.197,7 millones de euros para 2006 y de 5.700 millones de euros para los siguientes cinco años; pero parte de esos fondos debían ser aportados por las comunidades autónomas, en convenios con el Gobierno central, y por la iniciativa privada. El Plan Avanza incluía entre sus principales áreas de actuación las de «educación en la Era Digital» y «servicios públicos digitales», así como la de «hogar e inclusión de los ciudadanos», en donde estaban integradas las acciones en pro de la TDT, pero la radiotelevisión pública ni siquiera se mencionaba en el texto central ni en sus anexos; como tampoco en el apartado de promoción de contenidos digitales, que se orientaban sobre todo a acuerdos con la industria y, en cuanto al sector público, sólo se refería a los fondos del patrimonio cultural, los archivos y bibliotecas.222

La política de comunicación y de medios públicos del Gobierno de Rodríguez Zapatero está marcada en buena medida, antes incluso de su constitución, por algunas promesas simbólicas hechas antes de ganar las elecciones. En efecto, el 3 de febrero de 2004 el candidato máximo del PSOE se dirige a la prensa para hacer propuestas relevantes para «las reformas institucionales que necesita nuestro país». Entre ellas hace especial hincapié en los medios públicos de comunicación, de los que afirma que son «una asignatura pendiente de la democracia española», y promete «un compromiso con los españoles»:

Inmediatamente después del 14 de marzo, si es el caso, pondré en marcha un Consejo Independiente de Reforma de los Medios Públicos de Comunicación; un Consejo que tenga como objetivo emitir un informe cuyos principios y reglas para unos nuevos medios públicos de comunicación aceptaré de principio a fin. Ése es mi compromiso.

A continuación Rodríguez Zapatero anuncia la composición de dicho Consejo, compuesto por cinco miembros, y reitera: «El informe [...] lo haré mío, lo aceptaré tal cual».

Por otra parte, el posterior programa electoral del PSOE era muy explícito en cuanto a la radiotelevisión pública. Pero, además, por vez primera en democracia, contenía un amplio y detallado programa de medidas en el campo de la cultura, muchas de las cuales se sustentaban en el papel y la reforma del servicio público.223 Así, proclamaba que era «imprescindible y urgente una reforma de los medios públicos de comunicación que garantice su independencia, el pluralismo político y social y su condición de servicio público»; y se comprometía a «asumir íntegramente los principios y reglas que respecto a ellos contenga el informe que elabore el Consejo Independiente de Reforma de los Medios de Comunicación nombrado por el Partido Socialista».224 Además, se proponía la creación, «mediante ley orgánica, del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales»; una Ley Audiovisual que regule de forma integral la industria audiovisual, que garantice el pluralismo en el sector y que fije «las obligaciones de las empresas privadas en relación con la educación y la cultura»; y finalmente, se prometía un Plan Digital que «ordene el tránsito racional a la Tecnología Digital», con «un papel especial para las televisiones públicas, que deberán actuar como motor del cambio y la investigación tecnológica en España».

Mayores detalles todavía ofrecía el capítulo VII del programa, «Cultura con los ciudadanos», en donde se prometía un cambio radical: «los ciudadanos primero», «elevar el rango de la cultura haciendo de ella prioridad de Estado al situarla en la cúspide del organigrama público»; y después de un duro diagnóstico de las acciones de la política cultural en la etapa del PP, se desgranaban numerosas propuestas de actuación: «propiciar el arte en los medios públicos», inclusión de las competencias sobre RTVE en el organigrama de un nuevo Ministerio para la Cultura y la Comunicación, creación del Defensor del Espectador, eliminación de los contenidos basura en la programación televisiva, «crear a través de los operadores públicos, un gran portal de Internet, con una base sólida de información de calidad», «un nuevo modelo de televisión pública educativa para la cultura en España».

El discurso de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, tras comenzar por el recuerdo a las víctimas («nos faltan 192»), fue muy explícito también al referirse a los medios de comunicación públicos (RTVE y Agencia EFE), «a los que quiero liberar del control del Gobierno al que tradicionalmente han estado sometidos». Y anunció que «el Consejo de Ministros procederá, de inmediato, a nombrar un Consejo Independiente de Expertos, para que en un plazo no superior a nueve meses formule una propuesta que el Gobierno se compromete a traducir en disposiciones legales mediante el correspondiente proyecto de ley que remitiremos a las Cámaras en el primer semestre de 2005». Finalizó con una frase que se hará famosa esos días:

En mi vida ese rumbo ha estado marcado siempre por un credo que quisiera expresar públicamente en un día y un acto como éste: este ideario es breve: un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes.225

Algunos de esos anuncios tienen su reflejo en acciones gubernamentales inmediatas. De esta forma, por ejemplo, el Gobierno aprobó en julio de 2004 (BOE de 20-7-2004) el reglamento de cumplimiento de la Ley de transposición de la Directiva de Televisión sin Fronteras de 1999, delimitando con claridad las condiciones en que se debía aplicar la inversión obligada del 5 % de la facturación de las cadenas de televisión en «obras de ficción unitarias» europeas y españolas.226 Pero esta concreción, que hacía presumible su cumplimiento legal, se enfrentó a la hostilidad de las cadenas de televisión privadas, especialmente de Telecinco y Antena 3 TV, que argumentaron un «expolio de la propiedad privada», con el apoyo de algunos otros medios privados y del propio PP, cuyo portavoz declarará en el Congreso que los cineastas, «pancarteros ingratos» que habían vivido su edad de oro con Aznar, no tenían derecho a ello. Aunque en los dos primeros años se produjo una cierta parálisis de la reforma cultural, el Gobierno anunciaba una nueva ley del cine y otra del libro.

El otro gran debate de los primeros meses del Gobierno de Zapatero fue el de la reforma del servicio público y al plan de la televisión digital, sobre todo en el otoño de 2005. Hasta el punto de que Telecinco y Antena 3 TV denuncian la «histeria colectiva» desencadenada en torno a la «telebasura», y encargan un estudio que intentaba demostrar que los niños ven poco los programas para adultos y que, en todo caso, los ven con sus padres.227 Sin embargo, el Gobierno organizará negociaciones que desembocan finalmente en un código pactado en diciembre de 2004 y firmado en el palacio de La Moncloa, que debía entrar en vigor el 9 de marzo. El modelo seguido por este «pacto antitelebasura», como se le denominó en la prensa, era el «Código de autorreglamentación televisiva para los menores» de noviembre de 2002 en Italia, y fijaba el compromiso de las cadenas de no emitir ningún programa para mayores de 18 años en los horarios infantiles protegidos (entre las 6 de la mañana y las 22 horas), además de la creación de una comisión mixta de seguimiento (con cadenas, productoras y asociaciones ciudadanas) que promocionaría una página web (www.tvinfancia.es) como espacio de quejas y debate. Un año después, las asociaciones de usuarios como AUC, ATR o el propio Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid denunciaban el incumplimiento general del pacto, con cientos de casos de vulneraciones en TVE, Antena 3 y Telecinco sobre todo.

Pero, junto a la reforma del servicio público, la mayor polémica que atraviesa esta primera mitad de la VIII legislatura es la que afecta al Plan de Televisión Digital Terrestre (BOE de 15-6-2005), permanentemente mezclado con la intención del Gobierno de abrir la televisión privada analógica a nuevos competidores. Se desencadenará así la «segunda guerra digital», en realidad más analógica que numérica, pero que contaminará permanentemente la reforma del servicio público, acompañándola en todo su recorrido y superponiéndose a los trabajos del Consejo para la reforma y a la presentación de su diagnóstico final, así como a la aprobación formal por el Gobierno de su proyecto de ley de reforma de RTVE, coincidente en el tiempo con la autorización para la apertura de Canal Plus (29 de julio de 2005). Hasta el punto de que buena parte de las críticas de los grupos privados a la reforma del servicio público no ocultan su intención de criticar al Gobierno por la nueva estructura de la televisión privada, a través del ataque a la reforma de RTVE.

El Consejo para la reforma y su diagnóstico

En cumplimiento de su compromiso electoral, el Gobierno nombró el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado por Real Decreto de 23 de abril de 2004 (BOE de 24-4-2004). Su preámbulo aludía al artículo 20.3 de la Constitución sobre la regulación por ley de la organización y el control de los medios públicos, para asegurar que «considerando que este mandato constitucional no tiene reflejo fidedigno en el actual marco normativo regulador de los medios de comunicación pública, se estima conveniente encomendar a un Consejo independiente, integrado por personas de reconocida auctoritas [...]», cuya función era elaborar un informe en el plazo de nueve meses sobre: «El régimen jurídico, incluido el modo de designación de sus órganos directivos, la programación y la financiación de los medios de comunicación de titularidad estatal».228 El Consejo estaba compuesto por un presidente y cuatro vocales,229 y se extinguiría una vez cumplida su función. Además se añadió un secretario del Consejo, nombrado a propuesta del presidente, y en la fe de erratas publicada días después en el Boletín Oficial del Estado, un «experto en temas de financiación» que debía ser propuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda, sin nombre concreto.230

Este Consejo constituía una auténtica novedad en el ambiente político español, en donde se carecía de una cultura tradicional de comisiones independientes como las «comisiones reales» británicas o las missions francesas. Entre los escasos antecedentes estaba la comisión de reforma de la Sanidad pública, presidida por el exministro Joaquín Abril Martorell,231 con un informe tan elogiado como incumplido. Quizá por ello, el Consejo, rápidamente calificado en la prensa como el de los «sabios», y su informe levantaron una inusitada expectación, que se amplió a sus trabajos, a las filtraciones de sus borradores y a sus resultados finales.

El Consejo para la reforma, constituido oficialmente en el palacio de la Moncloa el 13 de mayo de 2004, en donde sus miembros decidieron no aceptar remuneración alguna por esta tarea, celebró quince reuniones formales entre principios de junio de 2004 y febrero de 2005. Durante ese período, instalado en el ático de la Biblioteca Nacional como sede oficial, desarrolló sus trabajos basados en una amplia consulta a entidades sociales, con más de 80 propuestas recibidas, en la información actualizada proporcionada por las radiotelevisiones públicas más destacadas de los países europeos cercanos (sobre todo BBC, France Télévisions, las alemanas ARD y ZDF, la RAI y la RTP portuguesa), y en una copiosa documentación española y europea, reforzada con consultas y debates con investigadores y expertos españoles reconocidos en radio y televisión. Todo ello con una notable precariedad de medios humanos para tan ingente tarea.232

Entre las propuestas más importantes recibidas figuraban las del Congreso y el Senado, las de varios ministerios implicados (Cultura, Administraciones Públicas, Educación, Interior, Asuntos Exteriores, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales), sindicatos (CC. OO., UGT, APLI, USO, FESP) y asociaciones de telespectadores (AUC, Asociación de Telespectadores y Radioyentes), así como otras procedentes del sector publicitario (AEA, AM), de los productores (ANEPA, FAPAE), de los Consejos Audiovisuales de Cataluña y Navarra, de las radiotelevisiones autonómicas (TVG, RTVA, EITB, TV3), y de las de asociaciones empresariales privadas (AERC, UTECA). Todas ellas con objetivos y proposiciones muy diversas, destilaban sin embargo una alta conciencia general de la importancia y vigencia del servicio público. Pero pese a las cartas del Consejo y los esfuerzos directos realizados en este plazo ante otras instancias importantes, no se pudo conseguir propuestas específicas de otras organizaciones, entre las más llamativas en especial las del Partido Popular o de Izquierda Unida233 y, en el área de la Administración pública, las del Ministerio de Hacienda o de la SEPI, gestora de RTVE desde 2001 y accionista casi única de la Agencia EFE, también incluida en los trabajos. Tampoco hubo propuestas de las asociaciones de la prensa ni de su federación nacional, en la que se agrupaban varios miles de periodistas de los medios públicos, pese a la presencia en el Consejo a título personal de su presidente, salvo propuestas aisladas de varios profesionales de la información.

El ambiente en que se desarrollaron estos trabajos del Consejo durante los primeros meses fue de relativo sosiego, aun en medio de una general expectación mediática que mostró cierto respeto inicial por los trabajos del «Consejo de sabios». Destacaron incluso rasgos de humor en revistas especializadas como la nueva publicación El Virus Mutante, que bajo el título «llega la culturavisión» mostraba en una doble viñeta numerosas alusiones al mundo griego; o la revista El Jueves, que desarrolló en un largo cómic un supuesto encargo de la directora de RTVE al Comité de sabios para que «la regenere (a TVE, no a ella)» y en el que los miembros caricaturizados del Consejo comían y pedían permanentemente más comida. Un conocido escritor y director de cine, Fernando Trueba, publicó incluso un relato breve, «Ahórrate el consejo», en la que se encarga a un detective y asesino a sueldo la destrucción del «Comité de sabios», un trabajo considerado demasiado fácil por el profesional.234

Curiosamente, la primera ofensiva seria en la prensa procedió del recién nombrado secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien, en la primera entrevista tras su toma de posesión, eludía primero pronunciarse sobre la privatización de RTVE alegando esperar al informe del Consejo, para a continuación realizar múltiples alusiones a la financiación y la deuda: «[...] la cuestión es que ese dinero nos lo tenemos que gastar en becas, en proteger a las mujeres maltratadas, en seguridad ciudadana, etcétera». Pero ante la insistencia del entrevistador sobre la privatización de la primera cadena, respondía sobre los plazos de esta operación: «Pronto. Hay cuatro años de legislatura y tendremos que hacer esas reformas y otras más»; añadiendo respecto a las dificultades de sanear la empresa que «si realmente sabemos que no vamos a pagar nada, no hay problemas en sanear la deuda».235 La publicación dio origen a un movimiento de protesta sindical en RTVE que su Dirección tuvo que calmar prometiendo que no habría privatizaciones.

Sin embargo, a finales de 2004 la prensa publicó una resolución de la Comisión Europea por la que se consideraba que las ayudas recibidas por RTVE en años anteriores eran «ayudas existentes» y por tanto legales, sin perjuicio de exigir que el Gobierno español comenzara inmediatamente a cumplir las directrices comunitarias en materia de gestión y financiación. Justamente por esas fechas circularon por las redacciones fotocopias de la correspondencia mantenida entre el comisario europeo Mario Monti y el ministro español de Hacienda y excomisario europeo, Pedro Solbes, a este respecto, en donde ambos acordaban que el Estado español debía asumir indefectiblemente la deuda acumulada.236

Fuegos cruzados sobre la reforma

El otoño de 2004, mientras los trabajos del Consejo se aceleraban, contempló un notable cambio de clima en una parte de la prensa. De un lado, algunos antiguos altos cargos económicos del Gobierno anterior se mostraron hiperactivos sobre el tema y escribieron decenas de artículos de opinión; como José Barea, exdirector de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno con Aznar, ya jubilado, que propuso en sucesivos artículos la división de RTVE en dos sociedades, una de ellas totalmente comercial, que luego sería privatizada; Barea aportaba diversas propuestas complementarias sobre el uso de ese dinero en el futuro: para «proporcionar albergues a los pobres que no tienen siquiera un lugar para dormir», a los que «viven por debajo de la línea de pobreza» [...].237 Otro columnista sistemático será el expresidente de la SEPI con el Gobierno del Partido Popular, quien en defensa de sus planes anteriores nunca cumplidos propugnará una mayor comercialización de TVE, o el cierre de numerosas unidades «con nula o muy escasa contribución al servicio público y que incidían negativamente en el resultado económico, como TVE Internacional, los cinco canales temáticos, las seis emisoras de RNE, el IORTV, la Orquesta y Coros de RTVE, etcétera.238

El tercer frente hostil al Consejo, en medio de crecientes filtraciones sesgadas de los borradores del informe, vino de algunos medios y grupos privados. Destacó especialmente el del diario La Razón (del grupo Planeta), que apostó repetidamente por las divisiones internas en el Consejo y por una supuesta infiltración de corrientes sindicales y políticas izquierdistas. También los frentes hostiles de los diarios ABC y El Correo, así como los de los directivos del grupo Vocento en el que se integraban, quienes en esos meses pidieron reiteradamente una reducción drástica de publicidad de la televisión pública. Este discurso subirá de tono a medida que se acerca el final del informe, con el consejero delegado asegurando que los medios públicos tenían una «amplia ocupación del espacio radioeléctrico, desproporcionada, casi abusiva» para en consecuencia reclamar un redimensionamiento del sector público, que pasaría por «reducir empleos» y por vender parte de su exceso de activos al sector privado», «a entidades económicamente solventes con larga experiencia y tradición en el sector de medios de comunicación, con capital plenamente comprometido con la realidad social española y su futuro».239 Esta campaña culminó cuando los periódicos del grupo publicaron una presunta filtración del informe, asegurando que los trabajos preliminares del Consejo «han previsto incluso el impacto de esta transferencia de medios al sector privado»; información que causó conmoción en varios sectores sociales además de a RTVE, y cuyo efecto no se anuló hasta que otro diario aseguró que «el Comité de sabios descarta privatizar TVE y apuesta por la financiación mixta».240

En sentido contrario, es decir, de apoyo al Consejo y al informe en defensa del servicio público, se produjeron numerosos pronunciamientos aunque éstos tuvieron mucha menor cobertura mediática. Así, en febrero de 2005, unos días antes de la entrega del informe, veintiuna organizaciones sociales, entre ellas los mayores sindicatos, pero también organizaciones de padres de alumnos como CEAPA y de usuarios de comunicación, presentan un manifiesto a favor de una radiotelevisión pública «fuerte, independiente y de calidad», análoga a la de los países de la Europa occidental. Además, y a invitación del Senado español, se leyó en Madrid en enero de 2005 una declaración solemne de la Unión Europea de Radiodifusión que, representada por los máximos dirigentes de la BBC, France Télévisions, ARD y ZDF de Alemania y la RAI, expresa su apoyo a la reforma de RTVE en España. En su declaración, estos directivos reafirmaron que la radiotelevisión pública europea tiene «un papel vital para la democracia, la cohesión social, la diversidad cultural, el pluralismo y la construcción de un espacio de comunicación abierto a todos». Además, mostraban su esperanza en que el proceso de reforma emprendido por RTVE «le permita reforzar su estatus y proyección como radiotelevisión de servicio público y propiciar una sociedad más democrática, libre y socialmente justa».241

Finalmente, el 21 de febrero, un día después del referéndum celebrado en España sobre la Constitución europea, el Consejo entregó oficialmente al Gobierno un informe de 202 páginas, aprobadas íntegramente por cuatro votos, más nueve folios de un voto particular parcial sobre todo respecto a las propuestas financieras, más abundantes anexos de dictámenes financieros y jurídicos y de propuestas sociales (www.presidencia.gov.es, www.mpr.es/gabprensa, www.lamoncloa.es).

El «estado del arte»

El preámbulo, firmado por el presidente del Consejo, Emilio Lledó,242 parte de la necesidad de la reforma y de su orientación práctica, para sostener una noción amplia de servicio público, sustentada en los conceptos de democracia y libertad y en los «derechos humanos de los ojos»: «La idea de servicio público y de su defensa es, desde luego, un bien social que, en cierto sentido, permite fomentar los indudables beneficios de la maquinaria que sustenta la llamada Sociedad de la Información». El servicio público, afirma, no lleva al elitismo de la cultura sino que, por el contrario, consiste en desbaratar una falsa concepción del elitismo:

La cultura puede haberse convertido en elitista, cuando ha perdido el suelo de la democracia. Porque un sofisma destructor de la educación y la cultura misma es pensar que hay territorios de esa cultura exclusivos de una minoría. Precisamente, la creencia en una cultura minoritaria se sustenta, en el fondo, en una lamentable falacia.

Además, añade este prólogo, hace falta una radiotelevisión pública para la educación respecto a la independencia de los ciudadanos:

La problemática independencia se hace inviable si no es una independencia engendrada en los ciudadanos, desde la dependencia a los principios que construyen, como corresponde a la verdadera democracia, el país de todos, la ciudad de todos.

El capítulo 2 del informe compone un amplio «Estado de la cuestión» sobre RTVE y la Agencia EFE.243 En referencia a la primera, se concluye que:

Hoy, visto desde la distancia de casi un cuarto de siglo, puede afirmarse con amplio consenso social y político que el Estatuto ha quedado obsoleto. Su modelo de radiotelevisión pública constituye un factor distorsionante de primer orden —junto a otros como la falta de una autoridad independiente o de una legislación conjuntada y unificada— que hace inalcanzable un sistema televisivo y, por extensión, audiovisual, comunicativo e incluso cultural que resulte equilibrado, armónico y enriquecedor para la vida política, económica y social española.

Además, se critica la indefinición regulatoria del servicio público en España y el extravío de esas misiones en RTVE, con escasos matices respecto a las cadenas privadas. Se denuncia asimismo el proceso de gubernamentalización suscitado a partir del nombramiento por el Gobierno de la máxima dirección de RTVE y de la concepción partidista del Consejo de Administración, así como la inutilidad de la tutela de la SEPI, que no ha resuelto en varios años la existencia de un «modelo financiero inviable». Y se señala la saturación publicitaria de las emisiones y su presión comercial hacia una desvirtuación de las programaciones de servicio público. Sobre estas últimas se constata el descenso de la producción propia de calidad y la opacidad e incoherencia del compromiso con la producción independiente, la derivación espectacular de los informativos contaminados crecientemente por la crónica negra y rosa, el abandono de índices aptos para medir el servicio público frente al share, la escasa proyección exterior de RTVE en el exterior (sobre todo en América Latina y hacia Europa), las insuficiencias de RTVE en la Era Digital, en parte provocadas por la política gubernamental, y la falta de una estrategia definida hacia Internet:

Erróneas políticas públicas y ausencia de estrategias de RTVE se aunaban así para cegar las vías del futuro al servicio público y, de paso, cerrar uno de los caminos más importantes de acceso de sociedades de desarrollo intermedio a la Sociedad de la Información (p. 30).

El punto 2.2. analizaba el marco del modelo radiotelevisivo europeo y la doctrina de la UE sobre el servicio público, estableciendo detalladas comparaciones de organización y financiación con las grandes televisiones europeas y RTVE (pp. 48 a 66). Y el punto 3.1., «Principios de legitimidad y funciones del servicio público en España» (pp. 71 a 87), repasaba la evolución legislativa española sobre el servicio público y su marco constitucional, para concluir desgranando las funciones actuales del servicio público y las exigencias que sobre ellas imponía la Sociedad de la Información, y detallando las funciones hoy necesarias y las bases de su control y cumplimiento. Asimismo, al final describía los indicadores específicos cuantitativos y cualitativos que podían servir para medir el cumplimiento de cada una de esas funciones.244

En cuanto a las propuestas efectivas, el dictamen del Consejo tiene tres partes bien delimitadas de acuerdo con el mandato recibido:245

a) Los contenidos de servicio público

Las actividades y misiones del servicio público están ampliamente definidas de forma integral246 —porque, como se argumenta, no cabe hablar de géneros privativos del servicio público o de la vertiente comercial—, en toda la producción y programación, fijadas en acuerdos-marco (nueve años) y concretadas con exactitud en contratos-programa trianuales. Esta oferta central del servicio público contempla una programación de calidad, estética y ética, en todos los géneros y para todos los ciudadanos, pero con atención especial a la cultura, la educación y la información, a las minorías más inermes de la sociedad y a los problemas sociales más candentes.

Se proponen limitaciones estrictas de la publicidad, por debajo de la legislación general, para impedir que su presión desnaturalice los contenidos del servicio público:247 9 minutos por hora y 10 % del tiempo de emisión en TVE-1 (frente a 12 minutos y 15-20 % de la normativa general) y sólo patrocinio en TVE-2 y RNE, pero progresivamente alcanzadas en cuatro años paralelamente a la expansión digital.

Se establece, por vez primera en España, la aplicación efectiva del derecho de acceso de los grupos sociales significativos mandatado por la Constitución (artículo 20.3) y nunca desarrollado. Porque, se dice, el servicio público no sólo debe estar hoy al servicio de los ciudadanos, sino ser la plataforma básica de expresión y comunicación directa de la sociedad civil. Ese derecho de acceso sería garantizado por el Consejo Audiovisual de España.

En materia de producción, se propone potenciar la creación y la productividad interna, con mayor adecuación de la producción y la programación territorial al Estado de las autonomías, de acuerdo con el saber hacer de cada centro territorial o de producción y en colaboración sistemática con los canales autonómicos.

Pero se aconseja conciliar esta actuación con un papel muy destacado en el fomento de la producción audiovisual independiente, exigiendo un mayor estímulo de la producción cinematográfica española y europea (7 % de los ingresos frente al 5 % general), y en la programación (30 % de cine español, dentro del 50 % de cine europeo y coproducciones), así como de la producción audiovisual en general (15 % de los tiempos frente al 10 % general). Y se prevén fórmulas de transparencia y control estricto de la compra y coproducción ajena, sin intermediarios.

Un apartado completo se ocupa en el informe del papel de «RTVE ante la Sociedad de la Información»,248 del que se predica un «rol de liderazgo estratégico en la Era Digital, especialmente, con un papel motor en las ondas digitales terrestres, como puerta fundamental para lograr una Sociedad de la Información para todos los ciudadanos que, en ausencia de desarrollo e inversiones privadas, todos los agentes del sistema han caucionado tras el fracaso del modelo de pago. Para ello se propone la creación de una filial —«RTVE Digital y Multimedia»— y la potenciación del Instituto Oficial de Radio y Televisión como centro de investigación y reciclaje profesional al digital.

«La Era Digital debe ser, así, la ocasión —se dice— «para realizar una recreación del servicio público radiotelevisivo en España y para reforzar su papel aglutinante entre las diversas culturas y lenguas del Estado español, incrementando su cohesión regional y su articulación democrática.» Y para ello se reclama en la radio un múltiple completo con gestión autónoma, y se proponen nuevos canales digitales: uno educativo, otro interregional y dirigido a la inmigración; en cuanto a la televisión, se piden dos múltiples completos en TDT u ocho programas, con declinación de las funciones de servicio público en nuevos canales temáticos gratuitos de información, educativo-cultural, infantil-juvenil, interregional y, especialmente, un canal destinado a la programación de coproducciones europeas y españolas con Latinoamérica; también se plantean fuertes servicios interactivos y un gran portal de servicio público en Internet, convertido en «el núcleo estratégico de la oferta de contenidos multimedia».

La potenciación de los canales exteriores, generalistas y temáticos se muestra como una pieza indispensable de la proyección exterior de las lenguas y culturas españolas, y del apoyo a su diplomacia.

b) Estructura de gestión independiente y eficiente249

El informe detalla las bases de un nuevo modelo societario para RTVE, el holding Corporación RTVE, caracterizado por su autonomía respecto al Gobierno y por su agilidad organizativa: un Consejo de Administración responsable de ocho miembros, propuestos a instancia de la mitad de los grupos parlamentarios al menos (para respetar a las minorías), con procedencias parciales que rompan la dinámica partidista (Consejo del Audiovisual y sindicatos más representativos con dos miembros en cada caso), y elegido en el Parlamento por mayorías reforzadas de dos tercios. Además, estos consejeros propuestos deberían contar con amplia experiencia en la comunicación y defender su currículo y proyecto ante el Parlamento, siendo luego nombrados con mandatos irrevocables pero improrrogables para reforzar su independencia.

Un director general con un perfil similar al de los consejeros, designado por ese Consejo de Administración por mayoría de dos tercios, previa convocatoria pública e informe preceptivo del Consejo Audiovisual, y plenamente responsable de su gestión ante el Consejo y el Parlamento. Todo ello con el objetivo de despolitizar la gestión y acentuar sus rasgos gerenciales.

En esa estructura societaria tienen un papel importante organismos internos y externos pensados para garantizar la independencia del servicio público y la participación de la sociedad civil: Consejos de Información dotados de un estatuto propio negociado servirían de baluartes contra toda presión ejercida desde el poder político o económico, como garantía del pluralismo y de la objetividad de la información; un Consejo Asesor estatal orientaría los contenidos de servicio público y el derecho de acceso de los grupos sociales; y Consejos Asesores autonómicos desempeñarían funciones similares en cada ámbito regional, incluyendo la orientación del derecho de acceso de los grupos sociales.

La arquitectura de contrapesos y controles así diseñada queda complementada esencialmente por la formación de un Consejo Audiovisual de ámbito estatal, elegido por el Parlamento por amplias mayorías. Este Consejo, autoridad plenamente autónoma organizativa y financieramente, debería controlar cada año el cumplimiento estricto de las misiones de servicio público, además de regular y asegurar el funcionamiento armónico del conjunto del sistema audiovisual, incluyendo el control de la aplicación de la normativa audiovisual europea y española, siempre teñida de sospecha y polémica política en España. Y para ello se proponían líneas de organización y funcionamiento y de responsabilidades, incluyendo la capacidad de concesión de las licencias privadas de radio y televisión, así como de regulación y sanción.

c) Modelo financiero transparente y sostenible250

En el campo financiero, y tras la asunción de la deuda histórica por el Estado de acuerdo con los compromisos gubernamentales con Bruselas, se propone un modelo financiero estable y sostenible, con prohibición estricta de generar un nuevo endeudamiento financiero.

Junto a la autolimitación paulatina de la captación de publicidad, se propone la asunción transparente por los presupuestos generales del Estado del coste neto del servicio público, de acuerdo con los principios europeos de proporcionalidad con las misiones encomendadas y transparencia contable; y se estima que este sistema implicaría un ahorro al Estado en forma de intereses entre el 27-35 % del coste anterior.

Se sugieren porcentajes indicativos para el reparto de las fuentes financieras de acuerdo con la realidad española y europea: entre un 10-15 % para la venta de programas y productos con un esfuerzo comercial, no más del 40 % para los ingresos publicitarios y un 45-50 % para la aportación estatal.

Aun desaconsejando el sistema de canon por su falta de cultura en España y sus dificultades e inconvenientes en la situación actual, no se descarta que, si en el futuro el Gobierno considera que no puede pagar el coste real del servicio público, anuncie la implantación de algún tipo de tasa complementaria finalista.

Se diseñan además las líneas maestras de un auténtico plan estratégico empresarial que potencie los recursos propios y acentúe las sinergias entre canales públicos, incluyendo un marco de relaciones laborales transparente según criterios de mérito y capacidad.

Debates internos y polémicas externas

El quinto consejero incorporado al Consejo, Fernando González Urbaneja, se había opuesto durante los trabajos del Consejo sucesivamente a la propuesta de nombramiento del secretario general y a la formación de un equipo de trabajo, así como a la petición de informes a expertos en radiotelevisión;251 En enero de 2005 presenta un documento titulado «Modelo societario», en donde sostiene que son imprescindibles «medidas y modelos radicalmente distintos».252 Así, propone dos sociedades mercantiles diferentes para RTVE, ambas con el Ministerio de Hacienda como titular de las acciones y encuadradas en la SEPI. La primera cadena incluiría una programación competitiva de radio y televisión comercial; la segunda cadena tendría una financiación presupuestaria anual más venta de programas y patrocinio; pero ambas estarían facultadas para emitir acciones preferentes, cotizadas en Bolsa, sin derecho a voto, preferentemente controladas por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Además, se encomendaría a la SEPI varias tareas: «el saneamiento y liquidación de los activos y pasivos innecesarios, improductivos u obsoletos», «identificar, vender o liquidar los activos del Ente y empresas filiales» y destinar esos recursos obtenidos a la deuda; además de un «inmediato y generoso programa de bajas incentivadas», de expedientes de regulación de empleo negociados que contemplen «trasvases de personas a servicios del Estado». También se pronuncia contra los Consejos Asesores; y propone un Consejo de Administración elegido por el Congreso por tres quintos, pero a propuesta del presidente del Gobierno, quien a su vez recibiría ternas de nombres presentados por las Reales Academias (Española, de la Historia, de Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas). Estas propuestas fueron reiteradamente rechazadas por cuatro consejeros de los cinco.253

Finalmente, en el voto particular final anexo al informe del Consejo, González Urbaneja considera positivas las medidas para evitar las interferencias del Gobierno («pone coto al clientelismo político»), e improcedente la privatización total o parcial. Pero enuncia sus discrepancias: pide «más ambición en las propuestas financieras y de gestión» y tacha al informe de «detallista y académico», «remiso a la hora de abordar los problemas financieros y de gestión». Finalmente lo considera «continuista, insuficientemente fundamentado y no respetuoso con el contribuyente español». Así como que «consagra un sistema desleal de doble financiación», al no separar nítida e inequívocamente la participación del servicio público y la comercial, y las fuentes de financiación por sociedades. En el texto no hay propuesta alguna, pero se remite para ello al diagnóstico presentado por el experto nombrado por Hacienda, cuyas propuestas considera «muy apreciables».

El experto financiero, sin voto en el Consejo, había presentado ya en junio de 2004 unas «ideas preliminares», cuando todavía se estaba en el período de consultas a entidades ciudadanas. En ese primer borrador daba por sentado que el Estado debía cancelar o canjear la deuda de RTVE; y hacía ya propuestas concretas: la división de RTVE en cuatro sociedades, dos de televisión, una de radio y una productora de programas; una sociedad de televisión y una de radio se financiarían con subvenciones, otra de televisión con publicidad. Y planteaba la desaparición de los centros territoriales, que «deberían convertirse en centros de apoyo a la dirección nacional de informativos».254

En una nueva y definitiva versión, fechada en septiembre de 2004, Arnedo realiza un análisis de la situación financiera y contable de RTVE, para entrar a partir del punto 85 en el capítulo de propuestas, sin relación alguna con el diagnóstico, en lo que el presidente Lledó llamaba un «salto de género». Aquí aboga por «una modificación radical del modelo actual»; y preconiza la desaparición del ente y la asunción por el Estado de la deuda y del pago del servicio de esa deuda, pero planteando la división de RTVE en dos sociedades anónimas y otras dos posibles que no se deciden, ambas adscritas a la SEPI: una desempeñaría funciones estrictas de servicio público y se financiaría con subvenciones a cargo de los presupuestos del Estado, la otra «tendría una orientación comercial» y «desarrollaría su actividad en condiciones de mercado». Además se pronuncia en contra del establecimiento de un canon. Y propugna que los centros territoriales «deberían desaparecer parta convertirse en centros de apoyo a la elaboración nacional de informativos, más un centro de producción especial en el de Cataluña».255 Pero estas «sugerencias» de un asesor sin voto legal fueron reiteradamente rechazadas por cuatro votos de los cinco del Consejo.

Desde la publicación oficial del informe se desató una fuerte ofensiva de algunos importantes grupos de comunicación, con intereses directos en la televisión comercial, especialmente del Grupo Vocento, socio minoritario en Telecinco (El Correo, ABC), del grupo Planeta (La Razón,256 pero también Antena 3 TV) y del diario El Mundo257 (Veo TV). El lema preferido de esta campaña fue negar cualquier aportación del informe, hablar de «continuismo», de «inmovilismo», y esgrimir profusamente el voto particular del presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y hasta el desprecio a las propuestas del «asesor financiero» nombrado por el Ministerio de Hacienda para, simultánea y contradictoriamente, acusar al Consejo de haberse dejado influir por el Gobierno; pero también se criticó el informe por limitar la publicidad en los medios públicos, supuestamente para favorecer a nuevos grupos privados, y de mantener la comercialización del servicio público; de recomendar la eliminación del endeudamiento financiero y de hacer pagar más al Gobierno por «lo mismo». Ni los capítulos sobre contenidos estrictos del servicio público ni los de su papel en la Era Digital y ni siquiera aquellos que garantizaban la independencia política de los gobiernos y los partidos, es decir, las principales preocupaciones evidenciadas por la sociedad civil española, recibieron atención alguna por parte de dichos medios.258

Con mayor trascendencia que esta prensa, pero con abundante repercusión en ella, menudean en esas semanas las reacciones del ministro de Hacienda, Solbes, siempre teñidas de cierta ambigüedad: «Lo que no veo es una solución en la que todo sigue igual y lo único es que el Gobierno aporta recursos financieros adicionales. Ésa no es una solución».259 Todavía después de hacerse publico el informe, el ministro declara «que hay que analizar con tranquilidad el informe del Comité de expertos», «hay que ver lo positivo que ofrece»; aunque añade que «habrá que resolver el problema, pero todo gobierno tiene que priorizar los temas y los recursos».260 Finalmente, en declaraciones a la Agencia EFE afronta de forma franca el asunto, al considerar que la propuesta del Consejo le parece «excesivamente simplista», «una solución en la que todo sigue igual y lo único nuevo es que el Gobierno aporte recursos adicionales»; y añade que le resulta: «no aceptable para mí como ministro de Economía, pero tampoco tiene sentido como país, porque lo que queremos es tener unos medios eficientes, capaces de competir en los próximos años».261

En sentido contrario, el informe recibió sin embargo numerosas muestras de apoyo. Entre ellas declaraciones expresas a favor de los sindicatos CC. OO. y UGT así como de la Federación de Sindicatos de Periodistas, pero también de otras entidades sociales como las asociaciones de consumidores y de telespectadores. Algunos grandes diarios informaron de forma amplia y objetiva sobre sus propuestas, entre ellos El Periódico de Cataluña, La Vanguardia o El País. La Plataforma en defensa de los medios públicos, compuesta por más de treinta organizaciones sociales y profesionales, también apoyó el contenido del informe en un comunicado. Y la directora de RTVE calificó en el Parlamento al informe como «muy positivo», como «un trabajo intenso, riguroso», «que sitúa a Radiotelevisión Española en condiciones de equipararse con las radios y televisiones públicas más solventes y prestigiosas del panorama europeo».262 Por el contrario, y dada la defensa que el informe hacía del papel del servicio público respecto al cine o la producción independiente en un marco general de apoyo a la cultura y a la información independiente, resultó clamoroso el silencio de asociaciones profesionales como la Academia de Cine o de asociaciones de productores como FAPAE o ANEPA, trocado en hostilidad en el caso de la Academia de Televisión, así como de las asociaciones y colegios de periodistas, como muestra de la debilidad de esta parte de la sociedad civil, o de sus temores y subordinaciones ante los grupos privados.

Sin embargo, el mayor interés del debate abierto en los medios residió en que versaba casi exclusivamente sobre los aspectos económicos y financieros del servicio público. En parte, porque el papel de ariete de esta ofensiva fue ocupado por economistas y periodistas económicos, que se arrogaban a sí mismos la total pericia en la radiotelevisión y el servicio público, aun sin el menor antecedente de experiencia en los medios audiovisuales, como muestra de la presunta hegemonía absoluta de la razón económica sobre todas las relaciones sociales. Algunos de esos «expertos», profesores de economía y neoliberales extremistas, mantuvieron con notable sinceridad que la «mejor televisión pública es la televisión que no existe», o atacaron la «falacia» de «la necesidad de una televisión pública o de una regulación del mercado audiovisual»;263 y se mostraron escandalizados de que el informe del Consejo pretendiera que el Estado pagara la deuda de RTVE que había avalado.264

Sin embargo, la mayoría de los analistas contrarios al informe fueron más sutiles y utilizaron la referencia a los principios de la doctrina europea del interés general en este campo, suscitando curiosas controversias. Así, la «proporcionalidad» del dinero público con los costes netos del servicio público, exigida por Bruselas, fue leída con frecuencia por los medios neoliberales como reducción a mínimos de las aportaciones públicas según funciones subsidiarias y residuales respecto a los medios privados. Y los costes de RTVE eran magnificados al medirlos por cuota de share conseguida o por captación publicitaria por canal (dos parámetros economicistas que anulaban toda idea de rentabilidad social), mientras se pasaban por alto las comparaciones detalladas del informe de coste por hora emitida respecto a las propias radios y televisiones privadas españolas,265 o se olvidaban los análisis comparados con el servicio público de los otros grandes países europeos occidentales.266

La aplicación de la doctrina europea de la transparencia contable, consustancial a la regla de proporcionalidad para que ésta pueda ser controlable, no significaba para muchos de estos periodistas económicos, como manda la doctrina europea, una contabilidad analítica que permitiera controlar rigurosamente la subvención a las misiones de servicio público, sino una absoluta separación por empresas de las fuentes financieras que haría imposible la supervivencia de la radiotelevisión pública, sin la cual se seguía acusando a ésta de «doble financiación», es decir, de financiarse presuntamente «dos veces» y no de mantener dos fuentes financieras. Pero, en realidad, esta división en sociedades de servicio público y comerciales suponía una proyección mecánica de fórmulas ya aplicadas en España en los últimos tiempos a otros sectores económicos públicos, como los astilleros o los ferrocarriles. Algunos medios esgrimían así en su favor los proyectos privatizadores de Italia y Dinamarca, mostrándose conscientes de que las decisiones de cada país de la Unión Europea podrían tener un efecto dominó en toda Europa.

Entre la ruina financiera de RTVE

y la prosperidad de las cadenas privadas

El 23 de abril de 2004, el Consejo de Ministros había designado como directora general a Carmen Caffarel, la segunda mujer en este puesto en toda la historia de RTVE; ese mismo día el director saliente, José Antonio Sánchez, acepta la «dimisión» del director de informativos, Alfredo Urdaci. Caffarel será investida sin el voto mayoritario del Consejo de Administración, elegido en la anterior legislatura y en donde los consejeros propuestos por el Partido Popular, con alguna dimisión previa, mantenían un equilibrio de fuerzas precario con los propuestos por el resto de los grupos parlamentarios.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Control parlamentario en mayo de 2004, apenas quince días después del comienzo de su mandato, Caffarel anuncia una «profunda democratización del ente», pero la portavoz del PP la acusa inmediatamente de actuar con sectarismo y de ejercer de «comisaria política» del PSOE.267 Seguirán cientos de preguntas en comparecencias de ritmo mensual, muchas de ellas referidas a la etapa anterior y a las críticas al PP por su manipulación informativa o de programas. Otras cuestiones frecuentes se refieren a la caída de audiencias, sospechosas para la oposición de «forzar la privatización» de RTVE; y, en el período final de los trabajos del Consejo, preguntas dirigidas contra este Consejo para la reforma, como las que indagaban respecto a «una influencia decisiva de CC. OO. en la elaboración del informe».268

En el haber de estos dos primeros años de la nueva directora general puede citarse la retirada, en su primera reunión con el Consejo de Administración, del recurso de RTVE ante el Tribunal Supremo por la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional (por atentado al derecho de huelga y al pluralismo), pese a que esta decisión le acarreará las acusaciones del PP de ir en contra de los intereses de RTVE. También los esfuerzos por ampliar los acuerdos de RTVE con las comunidades autónomas, incluyendo las gobernadas por la oposición, aunque estos convenios no dejarán de plantear problemas inmediatos;269 o los ofrecimientos y medidas para ampliar la cooperación con los terceros canales. Y, muy especialmente, un avance notable de los programas informativos hacia una posición neutral, insólita en la historia de RTVE; o el nombramiento de un Defensor del Espectador en febrero de 2006, a falta de otras reformas de mayor calado que se hacían imposibles sin un nuevo marco legal.

Por el contrario, esta etapa está también marcada por un periódico conflicto entre los sindicatos y la Dirección General por la externalización de ciertos programas informativos (España Directo, sobre todo) y por las condiciones de contratación de otros contenidos. Además, los informativos, dotados de una objetividad que el propio Consejo de Informativos de TVE reconoce, mantienen, según sus palabras, «una preocupante tendencia a convertirse en magazines»: «Si los telediarios de la etapa anterior eran una mezcla del BOE y El Caso, en los actuales sobra papel couché. Se afianza el modelo de los telediarios espectáculo».270 En el debe de la Dirección General está también la escasa autonomía lograda ante el plan de «saneamiento» de la SEPI, situación ante la que no supo o no pudo mantener ni siquiera una posición de arbitraje en defensa del servicio público,271 así como las continuas inclusiones en muchos programas de insertos de videoteca del 50 aniversario de TVE que acariciaban siempre una visión nostálgica, imposible en el caso español. Por lo demás, la obligada rendición de cuentas periódica ante el Parlamento de las obligaciones de servicio público se saldó con un informe tan banal e indiscriminado como el anterior.272

RTVE sigue marcada durante toda esta etapa por el déficit anual y el endeudamiento, una situación que determinará estrechos límites para su capacidad de competencia. En efecto, los presupuestos estatales para 2005 habían dejado la situación como antes, con una subvención minúscula y la deuda ascendiendo ya a 7.551 millones de euros (desde 6.892 en 2004). Mientras tanto, la situación laboral se hacía más tensa por la disputa en torno a los incumplimientos del convenio y por la irregular situación de casi mil contratados eventuales, apoyados por buena parte de los grupos parlamentarios.273 Además, en el verano de 2005 se difunden los informes del Tribunal de Cuentas para el ejercicio de 2001, que aseguran de nuevo que «RTVE está en quiebra técnica» y revelan múltiples deficiencias en la gestión y en el control de gastos; en especial, se cuestiona la compra de programas, sobre todo series y filmes, y su encarecimiento por intermediarios innecesarios; además se desvela la infrautilización de recursos internos.274

En abril de 2005, la Comisión Europea había cerrado la investigación contra España por el compromiso firme de las autoridades de implantar una contabilidad analítica en RTVE y de poner fin a la garantía ilimitada. Y el propio presidente del Gobierno había anunciado que los próximos presupuestos del Estado asumirían la deuda acumulada, mientras en la prensa se aseguraba incluso que el Ministerio de Economía ya había computado en términos de economía nacional la deuda, para lo que se emitirían pagarés del tesoro en varios ejercicios.

Sin embargo, los presupuestos generales del Estado para 2006 no dieron respuesta a esta cuestión. De forma que la deuda acumulada seguirá siendo susceptible de manipulación por los más diversos intereses, siempre en contra de la imagen de RTVE. Tras estimar un déficit de 801,7 millones de euros sobre un presupuesto total de 1.535 millones de euros (720 serían ingresados por publicidad), de los cuales los gastos financieros ascendían a 230 millones de euros, la ley presupuestaria se limitaba a conceder una subvención «de manera excepcional» a RTVE de 575,2 millones de euros. Pero una disposición adicional condicionaba esa subvención a la elaboración inmediata de un plan de saneamiento y viabilidad, al margen de la reforma legal emprendida ya en el Parlamento.

En cuanto a las televisiones autonómicas, los tonos grises y negros se acrecientan en esta etapa, dando lugar a un panorama variopinto y caótico, especialmente entre los nuevos miembros del club. En general, los terceros canales ya instalados consiguen una subida de audiencias en 2005, aunque la apertura de nuevos canales comenzará a afectarles en 2006. Y algunas empresas consiguen cierta reforma de sus órganos de gestión y autonomía, además de un notable papel como locomotora de la TDT; es el caso, especialmente, de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que lanza un plan que abarca hasta siete canales de TDT, mientras reforma su estatuto legal reforzando su autonomía respecto del Gobierno. En cambio, en Andalucía el intento de realizar una reforma similar se congelará tras la confrontación con el PP en la creación del consejo audiovisual regional, con intentos coyunturales dudosos como la rebaja de la mayoría reforzada necesaria en el Parlamento para elegir al director de la RTVA de dos tercios a tres quintos, un porcentaje que casualmente se podía alcanzar sin contar con el principal partido de la oposición.

El estallido, en todo caso, del modelo clásico del tercer canal viene de la mano de las cinco nuevas emisoras autonómicas que se añaden en esta época a los ocho operadores agrupados en la FORTA, hasta componer casi un mapa nacional: Baleares, Aragón, Extremadura, Asturias y Murcia. Nuevos modelos, generalmente de bajos presupuestos, pero que combinan en ocasiones la casi total externalización de sus funciones con una acentuada subordinación política al Gobierno regional, que se hace más oscura todavía por la mediación de empresas privadas Así, por ejemplo, la Televisión de Aragón comienza sus emisiones en abril de 2006, con un presupuesto de 50 millones de euros y dando empleo a 300 personas, pero con una producción externalizada en su mayor parte, incluyendo los informativos. Más lejos llega aún la Televisión de Murcia, que se inaugura adjudicando contratos para la programación, la producción y la comercialización de sus soportes, además de la asistencia técnica, a un grupo empresarial de cinco sociedades de construcción local, sin experiencia alguna en el audiovisual, por cinco años y 252 millones de euros. Por su parte, la Televisión de Baleares comienza en septiembre de 2005, con una externalización del 70 % de su programación, incluyendo los informativos, que son confiados a una empresa privada regida por el ex jefe de prensa del Gobierno; mientras, su presidente regional anuncia, solemnemente, que IB3 tendría un presupuesto de 50-60 millones de euros y que sería absolutamente independiente y autónomo. Finalmente, la región de Asturias anuncia un canal de radio y televisión con 98 empleados y un presupuesto de 15 millones de euros, con una externalización de sus corresponsalías, de los deportes y otros programas a través de unas veinte empresas locales. La única comunidad que decide organizar sus canales en coordinación con RTVE es Extremadura, cuya televisión comparte sede y recursos con el centro territorial de la radiotelevisión pública estatal. Frente a este panorama general de las radiotelevisiones públicas, que continúa anclado en la falta de un modelo financiero y de servicio público, los canales privados analógicos presentan en este período una situación financiera espléndida; sobre todo las dos cadenas abiertas, que componen un auténtico duopolio en el contexto de un mercado publicitario en ascenso que les permite ostentar cifras récord de beneficios cada año. En efecto, en 2005 se constata una inversión mediática de 6.644,8 millones de euros (de un total de 13.709,5 millones de euros), de los cuales 2.876,6 correspondían a la televisión (un 44,4 % del total), con un incremento anual del 10,55 %, mientras que la única cadena en descenso era RTVE, con un 2,8 % menos de ingresos. El resultado más visible es que los minutos emitidos de publicidad aumentan a 2.084,2 por día y el número de spots/día a 6.324. Pero los índices de saturación también ascienden, sin relación alguna con la subida de la audiencia media (más de un minuto por individuo/día), hasta un 15,1 % de TVE-1, un 19,6 de Telecinco y un 19,2 de Antena 3 TV.275

Estas cifras tienen su reflejo fiel en las cuentas de las cadenas privadas en 2005, que baten récord de ingresos y beneficios en la historia española, situándose también entre los más altos de Europa. De esta forma, Antena 3 TV declara unos ingresos de 1.004,8 millones de euros (un 23 % más), de los cuales el beneficio neto se elevaba a 226 millones de euros (+101,7 %); y decidía repartir 95 millones de euros en dividendos, aunque en su propiedad seguían los cambios relativos y las pugnas por el equilibrio de poder.276 Por su parte, Telecinco declaraba unos ingresos de 931,11 millones de euros (+17,4 %), de los cuales los beneficios se elevaban a 290,33 millones de euros (+35,5 %). La cotización en Bolsa de ambas empresas se dispara además en este período 2005-2006, situando a ambos valores entre los de mayor crecimiento del mercado, aunque con incertidumbres y descensos cada vez que se anunciaba la posible llegada de nuevos operadores.

El caso de las plataformas de televisión de pago es más complejo, porque el satélite y el cable sufren duros procesos de ajuste en estos años. En el caso del satélite digital, Sogecable declaraba un coste de la fusión cifrado en 341,9 millones de euros; y una pérdida importante en el número de abonados, 1,96 millones a finales de 2005, con una reducción importante de 133.787 abonados respecto a las cifras de 2004, y especialmente frente a los 2,09 millones censados en los dos operadores iniciales. Finalmente, y gracias sobre todo a la publicidad, Sogecable salía de números rojos en 2005 y anunciaba que había cerrado 2005 con unos ingresos de 1.514,5 millones de euros (+5,9 %) y un beneficio de 7,7 millones de euros, que no parecía tan exiguo al compararse con los 152 de pérdidas de 2004. Por lo demás, Sogecable realizaba en esta época una profunda reorganización de su estructura de propiedad, al lanzar Prisa una opa sobre el 20 % de su capital, y ascender tras ello al 44,5 % de la propiedad en 2006. Además, recompró a sus socios en Canal Satélite Digital parte de sus participaciones minoritarias para alcanzar el cien por cien de las acciones. Se conformaba así una clara hegemonía del Grupo Prisa frente a Telefónica (17,25 % del capital desde el 23,8 % que llegó a tener) y otros accionistas menores (Vivendi, con un 3,01 %, BBVA con un 2,1 %).

En la televisión por cable se produce también en este período un cambio fundamental de arquitectura de la propiedad. Ono, el competidor menor, aprovechó la crisis de Auna para comprarla y absorberla por 2.251 millones de euros en julio de 2005. El resultado es un cuasi monopolio del cable a largo plazo, detentado de forma muy mayoritaria por firmas internacionales de capital riesgo (54,7 %) frente a accionistas españoles (17,3 % de Multitel, el grupo fundador; 9,4 % del BSCH, el árbitro de la fusión), que comienza anunciando un plan de recorte de gastos y de empleo, cifrado en un millar de trabajadores. Pese a esa estrategia, Ono cerrará 2005 con unas pérdidas de 466 millones de euros (cinco veces las de 2004) y unos ingresos de 1.726 millones. En esas fechas declaraba contar con 1,77 millones de hogares residenciales conectados, de los cuales 842.000 estaban abonados a la televisión. Su único lejano competidor en la televisión de pago con hilos era Telefónica y su programa Ingenio de ADSL, que intentaba mientras tanto desembarazarse de la pesada herencia de la etapa anterior, en especial de la principal productora europea, Endemol, comprada por su entonces presidente, Villalonga, por 5.500 millones de euros en 2000 y cuyo valor en libros en 2005 apenas ascendía a 850 millones (2.500 como valor teórico en Bolsa).

Un Plan Digital con nuevos canales analógicos

Las promesas electorales del PSOE de relanzar la transición digital de televisión en TDT habían generado amplias expectativas. Pero en torno a este proyecto del Gobierno socialista comienzan, desde el inicio de la legislatura, los rumores, anuncios y aspiraciones en torno a la autorización de nuevos canales analógicos. De forma evidente estaba el destino de la frecuencia de Canal Plus, concedida a Sogecable desde 1990 en codificado y que mostraba ya una exigua cartera de clientes en rápida migración al satélite digital. La posible aparición de un nuevo canal de nueva frecuencia, que según los portavoces gubernamentales tendría como objetivo incrementar el pluralismo, resultaba más sorprendente en el transcurso de un proceso destinado a acelerar la transición digital; más aún cuando en los círculos políticos de la Administración se hablaba de compensar el panorama televisivo con un «canal de izquierdas». Ambos canales novedosos darán lugar a la mayor confrontación conocida en España entre grupos de comunicación poderosos, instalados en las posiciones otorgadas por los gobiernos del Partido Popular y el socialista, así como los grupos que les apoyaban o se beneficiaban de sus decisiones. Se producirá así, durante estos dos años, lo que algunos medios llamaron la «segunda guerra digital».

Ya en diciembre de 2005 los consejeros delegados de las dos cadenas abiertas, Telecinco y Antena 3 TV, habían aparecido conjuntamente ante la prensa para pedir una aceleración del apagón analógico y manifestarse contra la autorización de nuevas cadenas analógicas. Asimismo, numerosos editoriales y columnas de opinión en la prensa habían atacado la apertura a nuevos competidores. Pero el mayor exponente simbólico de esta «guerra mediática» tendrá lugar en febrero de 2005, cuando los máximos directivos de una parte importante de los grupos de comunicación españoles ofrecen una conferencia de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid, con una fotografía de familia que representará simbólicamente la confrontación frontal con el Gobierno.277 En ese acto, paradójicamente sin posibilidad de preguntas posteriores para ejecutivos y propietarios de la información, se limitarán a dar lectura a un manifiesto que expresa su preocupación ante la «indefinición y el favoritismo» demostrado por el Gobierno ante los planes de futuro, que «genera desconcierto y alarma» en el sector. Critican especialmente las intenciones de conceder nuevas licencias y la alteración de los límites de concentración en la radio, y requieren del Gobierno una «clarificación urgente de sus intenciones». Desde el Gobierno, el ministro de Industria les acusa de ir contra la competencia. Y los medios de Prisa, Godó y Zeta les critican vivamente, en «defensa del pluralismo informativo y de la competencia audiovisual».

Pese a este reto, el Gobierno, en diciembre de 2004, aprobó el anteproyecto de ley de «medidas urgentes para impulsar la TDT, la liberalización de la televisión por cable y el fomento del pluralismo», que tendrá una aventurada tramitación, tanto en el Congreso, en donde se encontró con la oposición de múltiples grupos, incluidos algunos de los que apoyaban al Gobierno (Coalición Canaria, Convergencia i Unió, Grupo Mixto), que consiguieron rechazar el trámite de urgencia, como en el Senado, en cuya Comisión de Industria será aprobado provisionalmente el veto del PP. Sin embargo, a su vuelta al Congreso, el PSOE vencerá en la Comisión por un solo voto y conseguirá aprobar totalmente la norma.

La Ley de Medidas Urgentes ( BOE de 5-6-2005) eliminaba efectivamente el tope de tres canales contemplado en la regulación de la televisión privada de 1988. De forma que primero el Consejo de Ministros autorizó a Sogecable a emitir en abierto en la frecuencia de Canal Plus (Cuatro) en julio de 2005; y en noviembre siguiente el Ministerio de Industria concedió un nuevo canal analógico en abierto («La Sexta»),278 después de rechazar las solicitudes de los canales digitales concedidos por el Gobierno del PP, Veo TV y Net TV, para emitir en analógico.279

En lo que realmente se refiere a la televisión digital, la principal novedad legal era adelantar el apagón analógico desde enero de 2012 a abril de 2010; y poner en marcha para ello un nuevo plan de transición digital que preveía la emisión inmediata de 21 canales digitales en abierto, de los que cinco serían adjudicados a TVE. En las negociaciones posteriores entre el Gobierno y los grupos privados se acordó que las tres cadenas privadas analógicas tradicionales recibirían dos canales más (tres cada uno) y los operadores recién llegados se adjudicarían dos cada uno. Tras el apagón analógico se prometía un multiplex a cada canal privado y dos a RTVE, hasta una oferta que alcanzaría los 32 canales de ámbito nacional. Además, cada comunidad autónoma dispondría de uno o dos múltiples, cuatro a ocho canales, en función de las frecuencias disponibles.

Se habló entonces en la prensa de la «paz digital», del «pacto de julio» sobre la televisión. Pero las protestas y recursos legales de varios grupos se mantuvieron, hasta el punto de que el Ministerio de Industria amenazó en varias ocasiones en la prensa con romper el acuerdo y subastar nuevos canales. Finalmente se convoca un concurso formal en el que los aspirantes debían presentar sus planes de negocio, aunque las adjudicaciones se daban por hechas, y se conceden siete nuevos canales digitales.

Los nuevos programas autorizados comienzan a emitir en marzo de 2006. Primero, los cinco operados por TVE que, además de los dos anteriores programas analógicos en simulcast, anuncia la oferta de un Canal 24 horas (información), Teledeportes y dos programas repartidos en una sola frecuencia (Clan TV, infantil y juvenil, y TV 50 años). Después se estrenarán escalonadamente los canales privados digitales, tradicionales y nuevos, que se inclinaban en su mayoría por una programación de deporte, ficción, musicales y de entretenimiento familiar. Sin embargo, los analistas criticaban un exceso de reposiciones de programas viejos y de emisiones incompletas de pocas horas al día.

Antes, en octubre de 2005 se crea solemnemente en la nueva terminal del aeropuerto de Barajas (T-4) la Asociación para el Impulso de la TDT, en donde figuran todas las cadenas nuevas y clásicas, públicas y privadas, además del operador de la red Abertis. Sin embargo, aunque los operadores se comprometían a aportar tanto como el Gobierno, éste sólo ofreció inicialmente 10 millones de euros, destinados en esencia a labores de promoción. El acuerdo contempla además negociar exenciones fiscales y campañas publicitarias y de promoción.

Estos esfuerzos despertaron una gran expectación en torno al lanzamiento de la TDT en las Navidades de 2005. Sin embargo, la euforia inicial, con el anuncio de un millón de descodificadores vendidos, pareció enfriarse notablemente en los meses posteriores, con una ralentización de los encargos y un ritmo de instalación en comunidades de vecinos que ofrecían numerosos interrogantes para el futuro de la transición. La oferta del operador de cable, Ono, de retransmitir todos los canales digitales para acelerar su despegue con casi un millón de hogares más, desembocó en una polémica con los canales abiertos, que se resistían a dejar utilizar gratuitamente sus contenidos.

El otro gran frente en esta época es el de la televisión local, sometida también a una transición forzosa, al menos teóricamente, hacia el mundo digital. En efecto, el Gobierno socialista había rectificado levemente el plan aprobado por el PP en los últimos días antes de las elecciones del 14 de marzo, eliminando las discriminaciones técnicas sufridas por algunas regiones, pero no cambió su filosofía ni la discrecionalidad permitida en los concursos a las comunidades autónomas. Las más de mil emisoras cifradas en el plan (266 demarcaciones, con cuatro programas cada una) debían emitir un mínimo de 4 horas/día o 32 por semana, y sólo podrían programar en cadena 5 horas/día o 25 por semana. Aunque se recomendaba que se valorara, como factor favorable, la experiencia y la existencia anterior a 1995, las televisiones que no consiguieran concesiones digitales deberían dejar de existir en seis meses. En su conjunto, el plan suponía que la televisión local debía servir de locomotora de la TDT, adelantando su digitalización límite a 2008.

El proceso abierto a partir de esta normativa dio lugar ya a apasionadas polémicas políticas. Así, el concurso correspondiente de la comunidad de Madrid desembocará en duras controversias públicas entre grupos de comunicación y, finalmente, en demandas ante los tribunales. Convocado en enero de 2005, con la exigencia de depositar medio millón de euros por cada concesión solicitada en una demarcación —lo que ya excluía a las entidades no lucrativas —, ofrecía 30 licencias privadas de televisión local digital en 44 demarcaciones (sin contar las 10 municipales y las 8 de Madrid capital), a las que se presentaron 115 ofertas de 44 entidades. La resolución del Gobierno de Madrid, por diez años prorrogables, sin límites de concentración específicos y sin pasar siquiera por el Parlamento regional, rechazó todas las emisoras locales existentes, incluyendo algunas asociativas que, como Tele K de Vallecas, llevaban décadas de experiencia, y las licencias recayeron sobre aspirantes connotados por una orientación afín al PP, entre ellos empresas de nula experiencia en el campo televisivo. Inmediatamente, 40 emisoras locales que ya operaban en la región fueron instadas al cierre inmediato, con ocho meses de plazo para los que emitían desde antes de 1995. Y la presidenta de la comunidad declaraba que las emisiones digitales concedidas debían emitir también en analógico para facilitar su despegue, una actividad ilegal que hundiría la presunta transición digital.

Pero la polémica política fue también la tónica dominante en los repartos efectuados por los gobiernos de Valencia, Murcia y Baleares en 2006. O en el concurso de Galicia, en donde la Xunta o gobierno regional del Partido Popular decidió, cuando estaba en funciones por haber sido derrotado por la alianza del PSOE con el Bloque Nacional Gallego (BNG), conceder dos licencias regionales a dos grupos privados caracterizados por su apoyo a las posiciones de derecha: la COPE, del episcopado español, y La Voz de Galicia.

En el campo radiofónico, las novedades sobre la radio pública en esta etapa son escasas, más allá de la vuelta de RNE a los estudios de audiencia del EGM (Estudio General de Medios), considerado como el termómetro básico del sector, de donde los últimos directores generales la habían sacado con la consecuencia de una absoluta ignorancia sobre sus resultados y estrategias.

Pero la gran polémica de esta época en la radio surge, en continuidad con la etapa anterior, de la fusión de la SER con Antena 3 Radio, realizada mucho antes pero objeto de largos procesos judiciales. Porque aquí la Ley de Medidas Urgentes citada, al ensanchar los límites legales de concentración —no más del 50 % de las emisoras ni del 40 % de una comunidad autónoma—, fue interpretada por los grupos contrarios al Gobierno como una concesión al grupo Prisa y una consagración de los resultados de su contestada fusión.

Una reforma democrática con caras contradictorias

La reforma legal del servicio público se concretó en un proyecto de Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, aprobada por el Parlamento el 11 de mayo de 2006 (BOE de 6-6-2006), con el solo voto contrario del Partido Popular, que se reclamaba de «las principales propuestas del informe del Consejo». Pese a las significativas modificaciones que efectúa sobre las propuestas del informe, puede decirse que la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal respetaba sus principales objetivos y suponía un notable avance para RNE y TVE, un cambio cualitativo del servicio público. En efecto, el texto legal define el «servicio público esencial» de una forma integral, incluyendo su función de apoyo a la Sociedad de la Información, y lo encomienda a la Corporación de RTVE, con un desglose de funciones precisas (art. 3). Estas misiones de servicio público serán fijadas en acuerdos-marco a nueve años y contratos-programa trianuales (arts. 4 y 32).

Ciertamente, la prensa especuló mucho sobre la «traición» que supone este proyecto respecto al «Consejo de sabios», curiosamente con especial insistencia en este sentido de algunos medios y grupos que se caracterizaron por la descalificación del informe.280 Y, efectivamente, en el texto aprobado hay cambios relevantes respecto a las propuestas del informe, especialmente en los órganos de gestión y asesoramiento. Así, se mantienen los consejeros propuestos por las centrales sindicales más representativas, pero el Consejo de Administración es aumentado a 12 miembros respecto a los 8 propuestos, de los que 10 serían elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de dos tercios (arts. 10-11). Desaparecían pues algunas de las precauciones adoptadas por el informe para impedir la dinámica militante, entre ellas la de diversificar la procedencia del Consejo (dos por el Consejo Audiovisual), o para asegurar el respeto a las minorías (propuestas de la mitad de los grupos parlamentarios, como mínimo). Pero estos cambios se hicieron justamente con el apoyo de los grupos minoritarios del Congreso, incapaces de calibrar el avance propuesto.

Asimismo, resultaba relevante el cambio en la elección del director general, que según el informe debía ser nombrado por el Consejo tras un concurso público, para asegurar su despolitización, mientras que en el proyecto de ley el nombramiento del «presidente» fue adjudicado al Parlamento entre los doce consejeros elegidos (art. 19). Pero se trataba también de una opción sostenida cuando no propuesta por muy diversos grupos parlamentarios, incluyendo los minoritarios,281 que evidenciaban así un determinado estado de conciencia política. Una situación que se preveía en el informe del Consejo en su addenda final, cuando se afirmaba que las leyes no cambiaban la realidad si no se producía al mismo tiempo un cambio de cultura política. En todo caso, la elección parlamentaria por mayoría reforzada suponía un notable avance en la autonomía de RTVE respecto a la etapa precedente; aunque como consecuencia del sistema de elección modificado y del temor a un bloqueo por parte del PP que podría dar la gestión a la SEPI en una transición indefinida, la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto este último citado, añadieron una cláusula peligrosa para que, sólo la primera vez y tras dos meses sin mayoría suficiente, el Congreso pudiera aprobar el nombramiento del presidente de RTVE por mayoría simple.282

Otras lagunas y disposiciones preocupantes del proyecto de ley, que lo distanciaban claramente del informe del Consejo, como la falta de referencias a la descentralización territorial de producción y emisiones, o el hecho de ceñir las obligaciones de producción propia sólo a los programas informativos, fueron en buena medida paliadas en el Senado gracias a las enmiendas de Izquierda Unida impulsadas por los sindicatos UGT y CC. OO. De esta forma, la ley estipula que el servicio público «contará con la estructura territorial necesaria para atender la adecuada prestación del servicio público, proveer de contenidos regionales a la realidad estatal, contribuir al desarrollo de la cohesión interterritorial [...]» (art. 6); o que la producción propia abarcará «la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas»; o también que no se podrán externalizar los servicios informativos ni ninguno de los contenidos que se contemplen en el acuerdo-marco. Con esos retoques importantes, y aun con los muchos matices que se puedan señalar, la ley significaba en todo caso la más importante transformación democrática del servicio público estatal desde la llegada de la democracia.

Más allá de esta norma, los interrogantes del proceso de reformas legales del audiovisual español vienen, en primer lugar y sobre todo, de las ausencias.283 Por una parte, el aplazamiento de la remisión al Parlamento del proyecto de ley de creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales; puesto que en ese borrador, que nunca pasó de ser un anteproyecto pero que llegó a ser visado por el Consejo de Estado, se recogía el clamor unánime mostrado en 1995 en el Senado español y en buena parte de las propuestas del informe del Consejo de configurar una autoridad independiente y fuerte, con capacidad de vigilancia y sanción de la radiotelevisión pública y privada. Efectivamente, faltaba una competencia capital propuesta en el informe: la concesión y renovación de licencias para la gestión privada, que se atribuía en el anteproyecto al Consejo de Medios Audiovisuales como «informe preceptivo y no vinculante». Pero la historia nos ha enseñado, en Cataluña sin ir más lejos en tiempos recientes, que los gobiernos se resisten a ceder ese poder hasta que los inconvenientes de no seguir un informe independiente, razonado y público, se hacen demasiado graves.

En medio de este compás de espera se produce una dura polémica mediática provocada, a finales de 2005 y principios de 2006, por fuertes intereses económicos y políticos que desencadenarán una oleada de críticas a los Consejos audiovisuales, centrada en el CAC de Cataluña y en su reforma legal, pero que apuntaba especialmente al proyecto de autoridad audiovisual independiente estatal. Los grupos de comunicación más feroces en esa ofensiva serán de nuevo la COPE y el grupo Correo, así como la UTECA (Unión de Televisiones Privadas), que declararán repetidamente su oposición a esos «órganos de censura», equiparándolos a la «censura previa del franquismo», y también la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de la Prensa, que instan al Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley audiovisual de Cataluña, con el apoyo de algunos organismos internacionales como el World Press Freedom Committee284 o la Asociación de Reporteros sin Fronteras. Algunos dirigentes del PP se apresuran a alinearse con estas posturas, acusando al Gobierno de «recuperar la censura», liderados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que anunció inmediatamente la supresión de su Consejo Audiovisual, un órgano sin competencia alguna y que llevaba dos años sin reunirse.

En todo caso, sin esa autoridad independiente del Gobierno, recomendada reiteradamente por el Consejo de Europa y la Comisión Europea pero nunca cumplida por España como caso único en la UE de los 15, la reforma del audiovisual quedaba absolutamente coja y resultaba tan insostenible para el control de los medios públicos estatales —porque sus competencias serían retenidas por el Gobierno— como para el funcionamiento armónico de los medios privados. Además, a falta de todo argumento razonable sobre el anteproyecto de Consejo estatal,285 los desmesurados ataques mostraban la estrategia de algunos grupos de comunicación que, ni siquiera después de instalarse en el sector audiovisual, estaban dispuestos a tener los controles y cautelas comunes a todos los países desarrollados.

El otro retraso clamoroso residió en la Ley General del Audiovisual, una promesa central del programa socialista que se concretó en otro anteproyecto de ley que tenía como objetivo eliminar el caos legislativo existente hoy en la radio y la televisión, así como armonizar una docena de leyes anteriores. En su texto conocido se ordenaba el conjunto del servicio público (Título III), posibilitando un desarrollo ordenado de la radio y la televisión local, municipal o asociativa; y se unificaba y daba coherencia a las obligaciones de los difusores privados, incluyendo un régimen de limitaciones a la concentración de su titularidad (arts. 51-54). Era una pieza legal capital, reclamada desde hace años por muchos operadores como base de una seguridad jurídica indispensable, pero trascendental también en tanto elemento de cohesión y armonía del sistema y de la convivencia entre lo público y lo privado al servicio del interés general.

Ante la temporal ausencia de estos dos proyectos legales, el debate público continuó centrado en la reforma de RTVE, protagonizada no sólo por la ley de reforma citada sino muy especialmente por los planes de la SEPI, que amenazaban con oscurecer e incluso anular en buena medida la trascendencia de la reforma legal emprendida. En efecto, en la Ley de Presupuestos del Estado para 2006, el Gobierno había incluido por primera vez una partida «especial» de 575,2 millones de euros para RTVE, un incremento sustancial respecto a los años anteriores, pero que todavía resultaba corto para colmar el déficit estimado de 571 millones de euros más los 230 previstos de pago de intereses. Sin embargo, una disposición adicional, la número 35, condicionaba esa subvención a la negociación de un plan de viabilidad, «antes de que esté operativa la nueva estructura». Pero no se decía nada en cambio de la deuda acumulada, que ascendía ya a 7.561,7 millones de euros y que el Gobierno se había comprometido tantas veces a asumir.

Si resultaba sorprendente que, en medio de la tramitación parlamentaria de una ley de reforma, se abriera otra vía paralela de cambios en la Ley de Presupuestos, el mecanismo que el PSOE había criticado tanto en la oposición y al que había prometido renunciar, aún parecía más paradójico que se encargara tal tarea a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, cuyas competencias sobre la gestión de RTVE habían sido en efecto puestas en cuestión bajo los gobiernos del PP por el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, pero también directamente por una oposición socialista que, como vimos, había cuestionado asimismo sus planes de reestructuración al margen del Parlamento. Unos proyectos que ahora resaltaban más aún, al pretender adelantarse al nuevo marco legal del servicio público y determinar a priori la puesta en marcha de su nuevo modelo.

En un escueto documento inicial de esquemas Power Point de llamativa pobreza argumental, la SEPI afirmaba que «la situación actual de RTVE es insostenible», alegando el déficit anual y la deuda más las restricciones comunitarias futuras, concluyendo que «el actual modelo de RTVE presenta claras ineficiencias», entre las que incluía elementos reconocidos en el informe como la estructura burocrática de RTVE o sus disfunciones organizativas, pero también factores discutibles como que «la programación actual no optimiza los ingresos» o los altos costes de las desconexiones territoriales,286 e incluso la falta de influencia del departamento comercial sobre la programación, paradójico pecado para unas cadenas de servicio público.

Aunque desveladas a trozos durante semanas, también eran dudosas las bases y metodología sobre las que el Plan de la SEPI decía asentarse, refugiadas en el know how secreto de dos consultoras287 y basadas en comparaciones internacionales que nunca se especificaban. Así, en los documentos y en la campaña de declaraciones y filtraciones desatada,288 se barajan cifras de costes por hora indemostrables y que en algunos casos parecen claramente tergiversados, como cuando en varias declaraciones oficiales se contabilizó como costes de una hora los de las diecisiete horas de emisión desconectada regional; o cuando se citaban comparaciones europeas de gastos públicos en relación con el PIB que no se correspondían con las estadísticas europeas de Eurostat, ni del Observatorio Audiovisual Europeo, ni de la UER. Para colmo de males, no se consideraba el parámetro de población ni de número de hogares, un dato todavía más significativo en una estructura regional como la española.289 Y se introducían informalmente factores discutibles y difíciles de calibrar, como la suma del coste de la radiotelevisión autonómica y hasta de las emisoras locales públicas.

Formalmente, los planes de la SEPI de «viabilidad», «saneamiento» y «futuro» se limitaban a determinar el tamaño de la plantilla de empleados y su estructura.290 Pero inmediatamente y para llegar a este punto se explicitaba que se estaba diseñando un modelo de servicio público, la oferta de la «Nueva RTVE», con concreciones de porcentajes de emisión televisiva para audiencias infantiles (12 %), de cultura (37 %) o informativos (27 %); es decir, justamente la tarea encomendada legalmente al acuerdo-marco y a los contratos programa del Gobierno y el Parlamento.

El modelo financiero prometido en la Ley de Presupuestos no existía en los documentos presentados, pero quedaba claro en ellos la finalidad principal de disminuir las subvenciones estatales y de maximizar los ingresos comerciales con un incremento previsto de la publicidad futura, que pasaría a 260.000 spots (de los 220.000 emitidos en 2005), y la consecuente subordinación de la programación y el aprovisionamiento de programas al departamento comercial.

La vía preferente del plan de «saneamiento» para reducir la plantilla de empleados era la jubilación anticipada, al parecer desde los 50-52 años, sin discriminación de categorías ni de necesidades de la empresa, que sería complementada con bajas incentivadas, es decir, justamente el resorte al que el informe del Consejo pedía renunciar por su demostrado efecto negativo en el pasado y su irracionalidad económica, al vaciar al servicio público de sus creadores y profesionales de mayor experiencia y valía. Más chocante aún era la obsesión de la SEPI por centrar en buena medida la dura disminución de empleo sobre la reducción de los centros territoriales, incluyendo la drástica jibarización de la talla de los centros de producción de Cataluña y Canarias, que en el futuro sólo dependerían de la dirección de informativos. Porque aquí —en curiosa coincidencia con el Plan Renove de 1996 y con algunos proyectos barajados en los primeros años de la década por la SEPI del PP— se evidenciaba una concepción subsidiaria de RTVE respecto a los canales autonómicos e incluso locales que confundía sus funciones y resulta absolutamente contradictoria con el informe del Consejo.291 De esta forma, la SEPI afirmaba «la superposición del servicio público de RTVE con el prestado por órganos similares en las comunidades autónomas», y se refería a la «cobertura territorial pública triplicada: por el Estado, las autonomías y, a veces, los municipios»; aunque se concluía que «la Corporación mantendrá una estructura territorial eficiente y acorde con el modelo autonómico existente en España». También en materia de radio se aseguraba que «existe una gran oferta de emisiones públicas de radio tanto en el ámbito autonómico como local», de donde se concluía una programación territorial recortada,292 incluyendo la centralización total de Radio 5 y el cierre de Radio 4 (emisiones en catalán).

De esta forma, el plan de la SEPI, dirigida por Enrique Martínez Robles, no sólo traicionaba frontalmente propuestas esenciales del informe del Consejo, sino también textos explícitos de la ley recién aprobada e incluso mociones apoyadas por mayoría en el Congreso, con apoyo del propio grupo socialista, como la que instaba al Gobierno a garantizar una estructura territorial para la «correcta prestación y cumplimiento de las funciones de servicio público» o a asegurar un porcentaje mínimo de producción propia «que abarque la mayoría de los programas difundidos en cada ejercicio, sin computar la coproducción».293

Las reacciones sindicales a este duro plan no se harán esperar y ocuparán buena parte de 2006. Su culminación se realizará en la manifestación por el centro de Madrid el 17 de diciembre de 2005 y en la huelga general realizada con muy mayoritario seguimiento en RTVE el 5 de abril de 2006, cuyo elemento más simbólico fue el acortamiento del Telediario-1 a unos quince minutos, en medio del estrépito creciente que se advertía cerca del plató. También se producirán duras críticas al plan desde la oposición política, incluyendo a los portavoces del PP, que en el Congreso acusan al Gobierno de hacer la «verdadera reforma de RTVE al margen del Parlamento» (octubre de 2005): «La reforma real es la que prepara el Gobierno y lo otro es una tomadura de pelo».

Finalmente, el 12 de julio, la SEPI y RTVE firmaron con los sindicatos un acuerdo plagado de metáforas contradictorias que se reclama de la Ley de Presupuestos pero que asegura que «garantiza el cumplimiento del servicio público» de acuerdo con la ley de reforma, así como la estructura territorial y funcional. Todo ello para justificar un «excedente» de la mitad de la plantilla fija (de 4.150 personas sobre 8.242) presentado como adecuación «al dimensionamiento derivado del nuevo modelo» que todavía no había sido definido por el Gobierno y el Parlamento.294

Más allá de los resultados efectivos de este plan, la auténtica próxima piedra de toque de la reforma democrática del servicio público residía en la subvención fijada para 2007 en los próximos presupuestos generales del Estado a RTVE. Porque algunas declaraciones del Gobierno se apresuraban a especular sospechosamente sobre el «ahorro» que traería consigo la reforma laboral de RTVE, mostrando de nuevo una escasa conciencia progresista del servicio público y de sus efectos. Pero, como sugería el informe del Consejo a título indicativo, restando los intereses de la deuda, una subvención por debajo de los 540 millones de euros —mediando desde entonces dos nuevos canales en competencia publicitaria— significaría el principio de la decadencia del servicio público en España hacia la insignificancia social y la hegemonía incontestada de la televisión privada con consecuencias imprevisibles de todo orden.295 A medio plazo, la transición a la TDT y el modelo de Sociedad de la Información serían sus principales víctimas.

Entre la ley de la reforma y la de presupuestos, entre Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda, la reforma del servicio público de radiotelevisión en España continuaba, como en los anteriores veintiséis años, en el filo de la navaja.

La II Legislatura de Rodríguez Zapatero: rumbo extraviado (2008-2011)

En las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, con un 75,3 % de participación, el PSOE conseguía un destacado triunfo con 169 escaños para el Congreso de los Diputados (seis más que en 2004), frente a los 154 del PP. Aunque sin mayoría absoluta (176), sus 11,06 millones de votos (10,16 del PP) tenían un alto valor simbólico y dotaban al presidente Rodríguez Zapatero de una nueva legitimidad democrática frente a la brutal campaña mantenida durante el cuatrienio por la derecha y sus medios atribuyendo la victoria del 14-M a unas circunstancias excepcionales, espúreamente aprovechadas por el Partido Socialista.296

Sin embargo, apenas tres años y medio después, el 29 de julio de 2011, el presidente anunciaba la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones para el 20 de noviembre siguiente.

Sin duda contribuyó a la victoria de 2008, junto a otros factores, la prolongación de la senda de crecimiento económico, que había sido en 2007 de un 3,5 % del PIB (3,6 % en 2006), con un aumento del 3 % del empleo, un crecimiento «notable» según el dictamen del Banco de España, que añadía que la economía española cuenta con «suficientes resortes» para afrontar la «previsible desaceleración» en una «senda gradual». Entre 2004 y 2007, la economía española había disfrutado de un crecimiento acumulado del 9,4 % del PIB. Se prolongaba y consolidaba, aparentemente, lo que un economista calificaba de «período más largo de expansión de la historia económica reciente» de España.297

Pero, pese a esas previsiones optimistas generalizadas en la época, y tras el estallido de las hipotecas basura estadounidenses de 2007, el 15 de septiembre de 2008 se produce la quiebra de Lehman Brothers, que desencadena un terremoto financiero internacional. Y en octubre de ese año, el Gobierno de Washington se ve obligado a salvar a Goldman Sachs y Morgan Stanley, con enormes cantidades de dinero público. Se desencadena así el mayor crash financiero mundial desde la Gran Depresión de 1929.

La reacción del Gobierno socialista fue, primero, minimizar los efectos de la crisis para España e intentar una débil vía neokeynesiana de apoyo a la inversión desde el sector público (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, Plan EEE). Después, el 12 de mayo de 2008, tras una reunión del Ecofin, y ante las evidencias de una crisis avasalladora internacional que afectaba muy directamente a España (caída del crecimiento al 1,1 % en ese año) y la presión de los grandes países de la UE, Zapatero anuncia en el Congreso, en una dramática sesión («cueste lo que cueste y lo que me cueste»), el mayor recorte de gastos sociales de la historia democrática española, con congelación de las pensiones, recortes drásticos de los salarios a los funcionarios y anuncios de reformas laborales y de los plazos de jubilaciones y pensiones. En medio del estallido clamoroso de la burbuja inmobiliaria y financiera, y de un paro rápidamente agigantado, el Plan de Austeridad de 2009 profundizará en esa nueva senda que contradecía todos los programas y promesas del PSOE, con nuevas reformas regresivas en los tres años siguientes: retraso y reducción creciente de las pensiones de jubilación, degradación del marco legal de las relaciones laborales, disminución del gasto social en I+D, en sanidad y educación... La reducción del déficit público se constituía en la sola meta de la política económica.

En julio de 2011, mes del anuncio del fin abrupto de la legislatura, las previsiones de crecimiento más optimistas se situaban en el 0,9 % (0,1 % en 2010). Peor aún, la economía española, después del rescate de Grecia (mayo de 2010), de la intervención europea de Irlanda (noviembre) y Portugal (abril de 2011), y de la imposición a estos países de condiciones draconianas que lastraban su recuperación para muchos años, se enfrentaba cada pocas semanas a la presión brutal de los mercados financieros que, como en el caso de los países citados, abocaba a España a indicadores de riesgo-país y tasas de interés incompatibles con el propio servicio de la deuda (hasta más de 400 puntos de diferencial con la tasa alemana) y, sobre todo, con la recuperación del crecimiento en medio de una situación ilustrada por los 4,1 millones de parados (casi un 20 % de la población activa) al filo del anuncio de disolución del Parlamento.

Nada en los programas electorales de 2008 de los partidos mayoritarios, presididos por la euforia de un crecimiento económico aparentemente imparable, parecía tampoco anunciar estos acontecimientos posteriores ni, en este contexto, las actitudes y políticas que iban a adoptar en cuanto a la cultura y la comunicación social.

El programa oficial del PSOE, titulado «Motivos para creer» hablaba del apoyo a las industrias culturales y de su promoción exterior como uno de «nuestros ejes de acción», y apuntaba la creación de un canal cultural en televisión. Respecto al audiovisual, el capítulo III, «Más democracia y ciudadanía» citaba la reforma de la radiotelevisión pública para prometer «más pluralismo en el conjunto del sector», y proponía un pacto de Estado para extender la reforma de RTVE al conjunto de las comunidades autónomas y a la agencia EFE, para promulgar la Ley General Audiovisual y para crear el Consejo de Medios Audiovisuales «y Multimedia». La reforma de RTVE se daba, por omisión, por consumada completamente, aunque existieran flecos pendientes importantes como el contrato-programa o la aplicación del reglamento del derecho de acceso.

En el programa del Partido Popular, titulado «Las ideas claras (con Rajoy es posible)», había que llegar al apartado final de «más propuestas sociales» para ver la promesa de «una cultura a la vanguardia» o la de potenciar las TIC. Sobre el audiovisual, en los puntos 1.427 a 1.440 ( de 1.791 en total), se prometía una Ley General Audiovisual y una simplificación de la regulación de radio y televisión, se garantizaba un modelo de televisión pública «con contenidos de calidad y de servicio público», un modelo de financiación «equilibrado» y la consolidación de cadenas privadas de radio de ámbito nacional (sic).

Sin embargo, la política cultural del Gobierno en esta segunda legislatura se diferenciará notablemente de los jalones conseguidos en la primera, como las leyes del Libro, la lectura y las bibliotecas (Ley 10/2007, de 22 de junio; BOE de 23-6-2007) o la controvertida aunque positiva Ley del Cine (Ley 55/ 2007, de 28 de diciembre; BOE 28-12-2007), que institucionalizaban un apoyo público progresista a dos industrias culturales centrales, con una inicial adaptación a las transformaciones digitales; también tomará distancia respecto al avance logrado en los primeros años de mandato en relación con la ayuda al desarrollo (duplicación de la aportación española) y la cooperación cultural con el II Plan Director de Cooperación. De hecho, el III Plan Director (2009-2012) sufrirá un brusco freno desde 2009, con retroceso drástico de sus presupuestos, y junto al retórico PACE (Plan Nacional de Acción Cultural Exterior) destinado a coordinar los esfuerzos siempre confrontados de los ministerios de Exteriores y Cultura, se verificarán como otro gesto inútil en medio de este recorte de fondos y de la crisis profunda de la AECID, el mejor instrumento que España había tenido nunca para su proyección y cooperación exterior.298

Inevitablemente, esta segunda legislatura quedará marcada en la historia cultural por jalones menos gloriosos, como la llamada «ley Sinde», aprobada el 15 de febrero de 2011 con los solos votos del PSOE el PP y CIU, y en realidad parte de la magmática Ley de Economía Sostenible (BOE del 5-3-2011, Disposición final 43), que penalizaba a portales y usuarios en defensa numantina del copyright; el cuestionamiento del canon digital por los tribunales europeos y españoles y la brutal crisis de la SGAE pocos meses después, procesada su cúpula por corrupción pero sobre todo cuestionados su democracia interna, su control contable y su reparto arbitrista de derechos, venían a poner de relieve la injusticia e inutilidad de tal regulación ordenada por las grandes majors estadounidenses y por unas pocas estrellas artísticas beneficiadas. Más patética aún puede considerarse la última acción cultural de la legislatura: en julio de 2011, el Consejo de Ministros decide trasvasar las competencias sobre los toros del Ministerio del Interior al de Cultura, en un gesto acorde con las reivindicaciones del sector, pero sobre todo de los segmentos más ultramontanos del PP que, como Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, habían proclamado a la tauromaquia —en su guerra simbólica contra Cataluña— como la culminación de la cultura tradicional española.

En cuanto a la política de comunicación general del Gobierno de Rodríguez Zapatero en esta etapa, es posible reseñar rasgos contados pero muy significativos. Junto a varios intentos frustrados de ayudas estatales a la prensa escrita, hay que destacar por su alto simbolismo, el Manifiesto de Madrid de 3 de junio del 2010, realizado al final del Encuentro Europeo de Medios, bajo el lema de «Los nuevos desafíos», con la organización práctica del Instituto Cervantes y los auspicios efectivos de la Vicepresidencia del Gobierno. Inaugurado por el presidente Zapatero y clausurado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el encuentro reunió en Madrid a lo más granado de los grandes grupos y las patronales mediáticas españolas y europeas —en ausencia de todo medio público— para culminar en este manifiesto de 20 puntos en el que se proclamaba que los «medios periodísticos de comunicación profesionales (sic) constituimos uno de los pilares centrales de las democracias europeas y de nuestros sistemas de derechos y libertades», y reivindicaban la defensa del derecho de propiedad intelectual y una política coordinada contra la piratería, una «articulación concreta del servicio público y de su definición» frente al concepto de servicios de interés general («una no imputación de obligaciones excesivas de servicio público») para la televisión privada, una autorregulación en materia publicitaria y el IVA cero para las publicaciones impresas y on line. El Gobierno español, al final en ese momento de su presidencia europea, se comprometió a apoyar y elevar a Bruselas sus peticiones.299

Política y regulación audiovisual: una intensa actividad siempre «urgente»

En materia audiovisual, esta etapa queda marcada inevitablemente por la acelerada transición digital por ondas que culminará el 3 de abril de 2010, que en la práctica y según las previsiones de la fase III del Plan, comenzó el 10 de marzo y fue cumplida oficialmente el 2 de abril. El Informe final 2010 de Impulsa TDT (editado por el Ministerio de Industria), destaca la hazaña tecnológica consumada, pero anuncia una «segunda transición de la TDT»: la obligada migración de muchas de las frecuencias de canales para dejar libre la banda destinada al «dividendo digital», de dispositivos móviles, que obligará resintonizar y reantenizar miles de hogares hasta 2015. Este grave fallo de planificación de la SETSI, que perjudicará a numerosos canales, se unía a las numerosas zonas de sombra y a los frecuentes fallos de la calidad de la señal digital.

En casi completa ausencia de los servicios interactivos prometidos, se confirmaba la conclusión de que la TDT no había supuesto un cambio tecnológico apreciable sino, fundamentalmente, una ocasión para la reestructuración del sistema televisivo y su regulación. En la práctica, su consecuencia mayor radicaba en el Real Decreto 365/2010 de 26 de marzo (BOE 3-4-2010), que asignó inmediatamente los nuevos múltiples según las promesas anteriores: uno para cada concesionaria privada y dos para RTVE, es decir, 32 programas de ámbito nacional que se irán poniendo en onda paulatinamente en los meses siguientes al apagón analógico, y cuya inverosímil sostenibilidad financiera e impacto en las audiencias determinará de forma insoslayable el nuevo sesgo de la política audiovisual de toda la legislatura.

En el plano legislativo, y después de una congelación práctica de más de tres años de los anteproyectos de Ley General Audiovisual y de Consejo de Medios Audiovisuales (ambos visados en 2006 por el Consejo de Estado), los gobiernos de Rodríguez Zapatero emprenderán, en 2009-2010, una frenética actividad legislativa en el campo audiovisual, presidida especialmente por la figura de los decretos-leyes, luego convalidados como ley generalmente, y por la tramitación de urgencia amparada bien por la transición digital bien por la crisis económica. Ambos argumentos se repiten insistentemente en los grandes cambios legales de la legislatura.

En un panorama obligadamente sintético, éstas son las principales modificaciones legislativas del período:

— El decreto-ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (convalidado como Ley 7/2009, BOE de 4-7-2009), abrirá el fuego argumentando en su preámbulo la necesidad de mantener «la transparencia y el mercado televisivo», así como la viabilidad financiera del sector en plena transición a la TDT. Para ello, a fin de «abrir la posibilidad de capitalización y concentración» declara su propósito de «abrir nuevas oportunidades que no han de mermar el pluralismo televisivo». Especialmente, en su Título II, permite la simultaneidad entre la titularidad de diferentes concesionarios televisivos, marcando como nuevos límites el 27 % de la audiencia nacional (medida en los doce meses anteriores a una fusión), dos múltiples u ocho programas, y la pervivencia de un mínimo de tres concesionarios de ámbito nacional (art.2).

— El decreto-ley urgente de nuevo modelo financiero de RTVE (convalidado como Ley 8/2009; BOE 31-8-2009), argumenta la consecución de la «independencia económica» del servicio público estatal y la necesidad de garantizar la «estabilidad de sus ingresos», así como el propósito de conseguir una «convivencia estable del sector público y privado», para prohibir la publicidad en todas sus formas, el patrocinio y la televenta en RTVE desde finales de 2010, así como el acceso condicional de pago. «El actual estado de cosas —asegura— aconseja acelerar el proceso de cambio estructural.» El texto legal además, limita el presupuesto de gastos (congelación hasta 2012, incremento del 1 % hasta 2014, después el aumento estricto del IPC), y establece las nuevas fuentes de financiación además del presupuesto del Estado, nuevas tasas sobre la reserva del dominio público radioeléctrico, y nuevas tasas sobre los «beneficiados»: el 0,9 % de los ingresos brutos de explotación de las operadoras de telecomunicaciones que ofrezcan acceso a canales de vídeo, del 3 % de las operadoras de televisión de ámbito nacional (con límite del 15 %), y del 1,5 % de los operadores de servicios de acceso condicional (televisión de pago), con límite del 20 % de los ingresos de RTVE. Complementariamente, la ley exige una notable cantidad de «contrapartidas» a RTVE, algunas sacadas del mandato-marco aprobado en diciembre de 2007 (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18-12-2007) y otras suplementarias: no podrá «sobrecotizar» frente a competidores (art. 3), no más del 10 % del presupuesto a derechos de emisión de eventos deportivos, no más de 52 películas/año de estreno en prime time de «grandes productoras internacionales». Un año después, en agosto de 2010, se promulgará el decreto que organiza estas recaudaciones, controladas por la CMT.

— En noviembre de 2009 (BOE de 15-8-2009) se decreta, siempre por vía urgente, la autorización del servicio audiovisual terrestre por acceso condicional (de pago) hasta de la mitad de los programas concedidos, que dará lugar a una confrontación directa del Gobierno con diversos grupos de comunicación, especialmente con Prisa-Sogecable; aunque mal recibida también por otros actores del sector; editoriales, informes y artículos directos de los máximos directivos de este grupo acusarán frontalmente al Gobierno de favoritismo hacia La Sexta y su grupo de empresas y de distorsionar el mercado mediante un intervencionismo partidista.

— La pieza legislativa fundamental del período, y de los gobiernos de Zapatero en este campo es sin duda la Ley 7/ 2010 General Audiovisual (BOE de 1-4-2010). Recortada y cambiada profundamente respecto al anteproyecto de 2006, e insertada en ella la constitución del Consejo Audiovisual, esta ley tantos años reclamada vendrá a acabar con la multiplicidad y desarticulación de la regulación audiovisual de las tres últimas décadas. Presentada en su preámbulo como respuesta a una «asignatura pendiente de nuestra democracia», arropada por un amplio discurso de protección al consumidor, sin embargo, al integrar las nuevas normas de los dos últimos años, y al profundizar en una clara derivación neoliberal, tendrá efectos múltiples sobre el sistema audiovisual español tanto en el ámbito público como en el privado:

a) Sobre la RTV pública: un modelo financiero insostenible

Toda la radiotelevisión pública es calificada como «servicio esencial de interés económico general», adoptando así la terminología europea. En su Título IV la LGA sintetiza la reforma de RTVE y el nuevo modelo financiero, recogiendo los numerosos límites a su actividad y su financiación (arts. 42-43), y precisando sus compromisos en la aprobación «improrrogable» del contrato-programa en un plazo de 180 días que no se cumplirá nunca.

Por omisión, resulta sorprendente que ningún artículo de la LGA cite siquiera el proceso de transición a Internet del servicio público ni las condiciones europeas para su diversificación on line, nueve años después de su primera regulación, y al menos cinco años después de que las grandes radiotelevisiones públicas de la UE comenzaran el pulso con Bruselas en este terreno y el aprovechamiento del test obligado sobre el «valor añadido de servicio público» (public value test).

Respecto a la radiotelevisión autonómica, definida de la misma forma como «servicio esencial de interés económico general», la LGA aplica por vez primera la doctrina europea exigiendo su definición y financiación legal, el pluralismo reforzado de la elección de sus órganos directivos y la concreción de sus misiones en mandatos marco a 9 años. Prohibiendo en términos generales su financiación publicitaria, dejará la puerta abierta a la soberanía de cada comunidad autónoma al añadir a esta prohibición la frase «sin perjuicio de excepciones». También amplía a estas cadenas la exigencia de financiación pública limitada al coste neto de sus misiones de servicio público, y prohíbe la cesión a terceros de la producción y edición de los servicios informativos y de todos los contemplados en el mandato-marco.

Tras la legalización teórica de las radiotelevisiones comunitarias, definidas como «sin ánimo de lucro», la LGA pone tales cortapisas a su desarrollo y gestión, al prohibirles toda comunicación comercial, limitar su presupuesto de gastos a 100.000 euros anuales y obligar a su inscripción en un registro público y su inspección periódica, que en la práctica cortocircuitaba sus posibilidades de existencia y mantenimiento (art. 32). El reglamento para su autorización y actuación práctica nunca llegará a ser aprobado en la legislatura.

El Título V del la LGA está dedicado a la creación y funcionamiento del CEMA (Consejo Español de Medios Audiovisuales), cuyas competencias se ven notablemente recortadas respecto al anteproyecto de 2006, y que nunca llegará a crearse durante esta legislatura por las críticas del PP a su simple existencia y su oposición a un acuerdo parlamentario para su nombramiento. Entre sus competencias recortadas, cabe destacar la capacidad de informar sobre los aspirantes a los concursos de licencias privadas, pero no su decisión ni su consejo vinculante.

b) Sobre la RTV privada: desregulación en cascada

La LGA cambia la definición de las televisiones comerciales de servicios públicos a servicios de «interés general», y recoge y consolida en el Título III las nuevas normas establecidas anteriormente para la televisión comercial, proclamando un mercado audiovisual «competitivo, transparente y plural», desde la desregulación de su concentración (art. 36), o la permisividad para la transmisión y arrendamiento de sus licencias (hasta el 50 %, tras dos años de su adjudicación, art. 29) ; además, amplía estas licencias de diez a quince años y establece su prórroga automática (art. 28) salvo casos de sanciones muy graves, una concesión tanto más insólita por cuanto las concesiones a las cadenas más antiguas acababan de prorrogarse por diez años en abril de 2010 (véase BOE 14-4-2010, resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

El Capítulo II, titulado «los derechos de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual», traduce al derecho español la última directiva de servicios de comunicación audiovisual (antes de televisión sin fronteras) con un lenguaje jurídicamente insólito: los operadores, comerciales, tienen «derecho» así a realizar comunicaciones comerciales, al patrocinio, a la televenta, al emplazamiento de producto y… a la autorregulación. En la práctica, se despliega una de las más neoliberales lecturas de la normativa europea de toda la Unión, manteniendo el límite del 15 % de la publicidad directa sobre el tiempo de emisión (12 minutos/hora de reloj), pero se añade la televenta (otro 5 %), más la autopromoción (fuera de cómputo), más la publicidad indirecta liberalizada ya en la UE, y se le suma la posibilidad de 3 minutos más/hora de reloj para la denominada «telepromoción» (con no más de 36 minutos/día, definida confusa y claramente al margen de la normativa europea). En su dictamen sobre la ley, la AUC concluía que se trataba de una de las opciones más laxas de la UE, de una «transposición inadecuada de la directiva comunitaria», que permitía en la práctica más de 20 minutos de publicidad por hora.

Como desregulación tiene que ser considerada asimismo la rebaja práctica de los compromisos de inversión de las cadenas privadas en el cine, una vieja reivindicación de los grupos comerciales, liderados por Telecinco, en cuyo 5 % sobre facturación se permitirá ahora incluir a la inversión en ficción serial, con la única limitación de reservar el 60 % (3 % de los ingresos) a obras unitarias de la UE, del cual un 50 % (1,5 %) a la producción independiente.

Especialmente, la supresión de la publicidad en TVE levantó una oleada de protestas en el mundo publicitario, que reaccionaba así ante la eliminación del 25 % de la oferta de espacios publicitarios nacionales en el medio (aunque realmente representaban un 12,6 % del tiempo publicitario total, y un 13,6 % del número de spots emitidos, incluidas las televisiones autonómicas). Diversos informes procedentes de las asociaciones del sector evaluaron la fuerte pérdida de mercado y de empleo que ello supondría, advirtieron de su impacto sobre la crisis económica y el paro inducido y pidieron al menos una implantación escalonada de la medida. Ninguna de estas peticiones tuvo éxito.

Las informaciones disponibles pueden ayudar a entender la lógica de estos bruscos cambios de línea gubernamental y su resistencia a las protestas publicitarias y ciudadanas.

Porque según numerosas noticias publicadas en la prensa de esos meses, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, habría constituido una «mesa técnica» con la UTECA para delinear los elementos fundamentales de los cambios de regulación, especialmente la LGA, sin ninguna participación de RTVE ni de las TV. AA. El presidente de la UTECA, Alejandro Echevarría, reconocía paladinamente esa vía al escribir en 2009 que «desde UTECA creímos imperioso que el Gobierno abordase la reestructuración del sector […] un marco legislativo global que evitase el cataclismo. […] Y el Gobierno, en la persona de la vicepresidenta 1.ª […] comprendió el problema y se puso manos a la obra…» (UTECA, 2009).300

Un caso insólito de consenso entre los grandes partidos, pese a la hostilidad abierta de la UTECA, se dará en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (BOE del 29-1-2011), que reafirmaba la prohibición de contratar espacios electorales en medios públicos y en la televisión privada, obligando a esta última también a disponer espacios gratuitos respetando principios de proporcionalidad en los tiempos según los resultados electorales. En la culminación de la ceremonia de la confusión, las cadenas privadas, con el apoyo de asociaciones profesionales satélites como la Asociación de la Prensa de Madrid, reivindicarán la «profesionalidad» de los periodistas no sólo en la selección de los temas sino también en los tiempos, es decir, confundiendo interesadamente los tiempos con los criterios noticiables o, en otras palabras, la profesionalidad con el poder político omnímodo reivindicado por los grupos privados.

Como prolongación lógica de tendencias ya históricas, pero catalizadas por la proliferación de canales en la transición a la TDT, la fragmentación de audiencias se aceleró entre 2004 y 2011. Las tres grandes cadenas nacionales perdieron en efecto entre 2003 y 2007 casi diez puntos de share (del 64,4 al 54,9 %), y otros tantos hasta 2010 (al 43,8 %).

Pero la televisión por ondas mantuvo y aumentó notablemente su audiencia global, desmintiendo tajantemente a los gurús que se habían apresurado a pronosticar su muerte, alcanzando en 2010 el mayor consumo de su historia en España, con 234 minutos por espectador mayor de 4 años/día, casi cuatro horas diarias de media. Como aparato de influencia y como sector económico, pese a la crisis, la televisión de «masas» consolidaba su papel hegemónico en el sistema mediático.301

La radiotelevisión pública (2008-2011):

precariedad financiera y crisis institucional

El resultado de las decisiones legislativas y de los procesos económicos de la legislatura obligan a concluir un notable debilitamiento del polo público televisivo.

La Corporación de RTVE

Las cuentas sobre el peso del servicio público estatal sobre el conjunto del sistema, medido en términos de frecuencias, son muy simples pero altamente significativas del proceso: todavía en 2004, representaban el 50 % de las frecuencias estatales en abierto; en 2005, con la autorización de dos nuevos canales analógicos privados, habían retrocedido a un tercio; entre 2006-2010, durante la transición digital, RTVE ya sólo tenía un 25 % de la oferta (5 sobre 20). Al culminar el apagón analógico, RTVE había quedado reducido a un 20 % de las frecuencias nacionales (8 sobre 32 programas), aunque la Ley de 2009 y la LGA prohibieran de forma insólita (el Estado se autolimitada en su soberanía) que el servicio público superara el 25 % de las frecuencias disponibles. Sus audiencias conjuntas para los dos canales pasaron del 26 % en 2005 al 19,1 % del share en 2010.

Más dramática es la situación financiera de RTVE, especialmente desde 2010, tras la eliminación de la publicidad. Si en 2008 había registrado pérdidas coyunturales (–74 millones de euros), y en 2009 un superávit de 1,4 ME, la pérdida de los 419 ME ingresados en publicidad no resultó compensada en los siguientes ejercicios por las nuevas tasas sobre los operadores privados. En primer lugar, porque el decreto que disponía su cuantía y formas de recaudación tardó un año en ser promulgado. Después, varios de estos operadores intentaron retrasar, disminuir o congelar sus aportaciones con múltiples recursos judiciales (particularmente Sogecable y La Sexta). Las tasas radioeléctricas previstas por el Estado fueron también menores de lo previsto. Y los presupuestos generales, en una época de ajuste generalizado, rebajaron las subvenciones directas. Durante su mandato, el presidente Alberto Oliart alertó repetidas veces de una situación dramática de RTVE, que abocaba a la quiebra. Las cifras barajadas eran de 47,1 ME de déficit en 2010 y de unos 50 en 2011.

Además, las empresas de telecomunicaciones consiguieron un éxito inicial en su denuncia de las nuevas tasas ante Bruselas, cuya Comisión abrió expediente a España por disposiciones que podían ser incompatibles con la normativa europea. A la espera de esa decisión, que podría derrumbar completamente su nuevo modelo financiero (unos 230 ME de ingresos menos), RTVE tenía que pagar además la producción que reemplazaba los espacios publicitarios: casi 400.000 anuncios en 2009 y más de dos mil horas (121.664 minutos), con un presupuesto de gastos en retroceso.

La crisis institucional desatada indirectamente por este proceso aumentó la incertidumbre. Como primer presidente elegido por amplio consenso parlamentario, Luis Fernández, procedente de la empresa privada a la que volverá a su salida (15 de enero de 2007-11 de noviembre de 2009), mostrará una pobre ejecutoria durante esos escasos 36 meses (de los seis años previstos). Bajo su mandato se aplicó el nuevo modelo de corporación, con la aprobación del mandato-marco y se afianzó la imagen de independencia de los informativos; pero la puesta en marcha del derecho de acceso fue prácticamente paralizada y las acusaciones y polémicas por los numerosos contratos suscritos con Mediapro (algunos de claro carácter informativo como España directo), acompañaron todo su período. El hecho de que procediera de una filial de ese grupo (Promofilm) y de que volviera tras su dimisión a una filial de un aliado de Globomedia (Univisión, estudios de Televisa, en Miami) alimentarían las noticias sobre esta subordinación comercial. Dimitió discretamente por razones «estrictamente personales», pero toda la prensa glosó su marginación absoluta del diseño legal del nuevo modelo financiero de RTVE y del proyecto de ley audiovisual.

Le sucedió el exministro de defensa con UCD, Alberto Oliart, una figura de proyección humanista y cuyo nombramiento consensuado por PSOE y PP para los tres años restantes fue recibido con críticas por su avanzada edad, ocultando el hecho relevante de que llevaba años sin puestos ejecutivos y de que su currículum era completamente ajeno a la televisión. La brevedad de su mandato (11 de noviembre de 2009-6 de julio de 2011), por su dimisión en menos de ocho meses, tras un supuesto escándalo por la adjudicación de un contrato menor a una empresa dirigida por su hijo, impide cualquier valoración positiva o negativa.

Mientras tanto, el Partido Popular llegó a presentar en diciembre de 2010 una proposición de ley que, bajo el argumento de «establecer los límites y la dimensión» que debe tener el servicio público y al gasto necesario, proponía retocar la LGA para prohibir al Estado reservar más de un múltiple o cuatro canales para RTVE, es decir, privatizar los otros cuatro (Boletín de las Cortes, 3-12-2010). Además, al filo de las elecciones autonómicas, el PP desencadenará una campaña sistemática de acusaciones de manipulación contra los informativos de RTVE, sin presentar ninguna reclamación en ninguno de los organismos previstos, respondidas por el Consejo de Informativos. Connotados dirigentes del partido, como Gabriel Elorriaga, desde la FAES, multiplicaron en ese tiempo sus declaraciones reclamando la eliminación completa del servicio público, una reivindicación que Esperanza Aguirre justificó, con notable erudición cultural, porque tampoco hay «panaderías públicas».

De esta forma, tras las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo de 2011, a la expectativa de una nueva convocatoria electoral general anticipada, RTVE quedó descabezada en su dirección, sin que el PP —que mantenía el bloqueo a numerosos organismos independientes desde hacía años, entre ellos el propio Consejo de Administración de la Corporación—, accediera a negociar un nuevo nombramiento. En el largo período preelectoral que se avecinaba, el Consejo decidía una presidencia rotatoria entre sus miembros, un mal menor frente a las irresponsables voces que clamaban por la vuelta al nombramiento directo gubernamental, pero que no dejaba de reflejar la grave crisis —institucional y financiera— en que se hallaba el servicio público al filo de un probable cambio de partido gubernamental.

Las televisiones autonómicas:

retroceso en todos los frentes

La situación conjunta de las televisiones autonómicas evolucionó mucho más negativamente aún que la de RTVE en el período considerado (2008-2011). En primer lugar, la televisión regional pública sufrió en términos medios mucho más fuertemente el impacto de la fragmentación de audiencias impulsada por la TDT, de forma que si en 2005 gozaba aún de un share medio del 18 %, en 2010 llegaba a un nuevo mínimo histórico del 11,3 y en julio de 2011 al 9,9 %. En paralelo, y pese a beneficiarse en cierta medida de la renuncia de RTVE al mercado publicitario, las TV. AA. descendían en un 61, 2 % en 2010 en su captación de recursos publicitarios respecto al año anterior (247,6 ME) (CMT, 2010) y seguían descendiendo con mayor celeridad aún en 2011. Para entonces, las subvenciones públicas sufragaban un 75 % de sus gastos anuales (unos 1.280 ME sobre 1.700).

La doble crisis, de influencia y financiera, agravaba sus consecuencias por la falta de reformas de la mayor parte de los canales autonómicos, que salvo en Cataluña (BOPC 136, 08-10-2007), Andalucía (BOPA 780, 14-12-2007) y Asturias se habían resistido todos estos años tanto a una regeneración democrática como al saneamiento y transparencia de sus cuentas en el sentido realizado por RTVE. En particular, en algunas regiones gobernadas por el Partido Popular, cuyos ejecutivos clamaban desde hacía años por la privatización, la manipulación partidista a ultranza y el endeudamiento llevaban a esos canales a su mínima audiencia histórica: éste era el caso de TV Madrid y de Canal Nou de Valencia, que apenas llegaban a mediados de 2011 al 6 % del share. Todo ello y las acusaciones contra RTVE no serán un obstáculo para que gobiernos regionales del PP destacaran después de las elecciones de mayo de 2011 en nombramientos unilaterales y ostentosamente sectarios para las direcciones de sus TV. AA.: María Dolores de Cospedal nombró de esta forma como director general de TV Castilla la Mancha a Nacho Villa, un renombrado periodista de la extrema derecha procedente de la COPE; Esperanza Aguirre hizo lo propio en RTV Madrid con José Antonio Sánchez, justamente el responsable de RTVE entre 2002 y 2004 y bajo cuya dirección TVE había sido condenada judicialmente por manipulación; y en Baleares, el nuevo Gobierno del PP designaba al frente de IB3 a su propio consejero de Presidencia, declarando compatibles ambos cargos.

Pese a este retroceso y a representar ya sólo un 11,8 % del mercado publicitario televisivo, las TV. AA. se enfrentaron durante 2010-2011 a una intensa campaña de lobby de la UTECA y de sus asociadas, en particular de los grupos marginales o marginados ya de ese mercado, como El Mundo o El País, a favor de la supresión de la publicidad en los canales regionales públicos y, en muchos casos, a su privatización o eliminación. El nuevo presidente de la UTECA en 2011, José Miguel Contreras, consejero delegado de La Sexta, reclamaba en su estreno esa eliminación (dependiente de los gobiernos y los parlamentos autonómicos) para ayudar al sector ante la «recaída» de la inversión publicitaria, esgrimiendo con el presidente de Vocento la necesidad de ayudar a la supervivencia de «los operadores pequeños».302 Simultáneamente, economistas neoliberales como los agrupados en FEDEA (una herramienta fiel de las grandes empresas y la banca) adoptaban a las TV. AA. como símbolo del despilfarro público en época de crisis y de ajuste fiscal, no sin que algunos excargos socialistas de los años ochenta (como Ibarra o García Vargas) aprovecharan asimismo para contraponer el «lujo» del servicio público con la crisis de la sanidad o la educación públicas.

La presión de la UTECA contra los últimos y marginales restos de la inversión publicitaria en la televisión pública alcanzó su culminación cuando se presentó, en 2011, el informe encargado a Deloitte y titulado «Análisis comparativo de la televisión regional en Europa. Estudio de los modelos de Televisión Pública»,303 en el que el análisis de la situación de los cinco mayores países europeos abocaba a una ostentosa exageración del coste de las TV. AA. mediante indicadores acientíficos y aberrantes como el «coste bruto normalizado» (o «armonizado») que pretendía combinar el coste de los impuestos por hogar en cada región destinado a los terceros canales con el share conseguido. Su ausencia de conclusiones se colmaba, en un Power Point esquemático, con «una propuesta para España», consistente en un solo canal regional, operado por TVE, en español y sin publicidad. La FORTA respondió encargando un informe a Accenture (Informe sobre el papel de la Televisión Pública Autonómica en España, y presentado en 2012, que valoraba en términos económicos y sociales la aportación de las TV. AA. al desarrollo regional de España.304

La radiotelevisión privada: concentración

e internacionalización (2010-2011)

Las grandes cadenas comerciales abiertas, Telecinco y Antena 3 TV, mantienen en este período a sus accionistas dominantes, como corresponde ortodoxamente a empresas de rentabilidad sostenida. La única excepción residirá en Prisa-Sogecable que, bajo la presión de su enorme endeudamiento, se ve obligada a desprenderse de la Cuatro, absorbida por Telecinco, y a dar entrada en Digital Plus a Telefónica (22 %) y Telecinco (22 %) (976 ME de aportación entre ambos, sobre un valor total estimado en 2.350 ME), mientras pignora una parte importante de la propia empresa madre Prisa (a Liberty Adquisitions Holding) y del grupo editorial Santillana. Aunque la operación de fusión fue presentada en tono triunfalista por los medios del grupo —«Telecinco y Cuatro crean el mayor grupo de televisión en abierto»— se trataba de una simple absorción en cuya resultante Prisa sólo quedaba con un 18,37 % de las acciones y anunciaba su venta en el plazo de dos años.

La renuncia de Prisa a la influencia social y el mercado en abierto fue sólo una más de las obligadas retiradas del sector de grupos de ambiciones multimedia que el mercado se encargó de corregir. Así, Vocento, tras su marcha de Telecinco (venta del 5,1 % por 95,3 ME), se atrincheraba en Net TV con una economía precaria. Y Veo TV, controlada por Unidad Editorial, a su vez dominada por RCS Media Group, tiraba la toalla oficialmente en 2011, tras pérdidas millonarias, anunciando una programación no competitiva y su conversión práctica en un canal de televenta. Quedaba en la resistencia, pese a sus voluminosas deudas, La Sexta, aparentemente un caso insólito en España de un difusor controlado por empresas productoras, pero en donde Televisa de México mantenía más del 41 % del accionariado, y en cuyo accionista dominante, GAMP (Grupo Audiovisual de Medios de Producción), a su vez propiedad de Imagina, figuraba la enorme multinacional publicitaria WPP, con un 20 % junto a Mediapro, Globomedia y otras productoras menores.

Los años 2004-2011 se revelaban así como un período intensivo en concentración e internacionalización de la televisión en España, propiciada directamente por la desregulación oficial. Respecto a la segunda, porque se había consolidado en Telecinco el dominio incontestable de Mediaset de Berlusconi y en Antena 3 TV la alianza Planeta-Agostini (con RTL-Bertelsmann como socio minoritario), a las que sumaban La Sexta (con más del 50 % en manos del capital extranjero) y Veo TV (totalmente en mano de los Agnelli). En cuanto a concentración, la fusión Telecinco-Cuatro significaba la creación de un polo hegemónico en el sector televisivo, no sólo por su control de dos múltiples y 8 programas digitales frente a los 4 de sus competidores, sino por su claro dominio del mercado publicitario.305 En efecto, en 2010, año de la absorción, ambos grupos detentaban el 25,5 % del share, superior al conjunto de RTVE, pero su porción de los ingresos publicitarios en el medio era mucho mayor, alcanzando en 2010 un 44,2 % del total. Si se sumaba el porcentaje de Antena 3 TV, suponían un 73,2 % del mercado publicitario, tasas frente a las cuales las restantes cadenas, como La Sexta con el 11,5 %, o más aún Veo TV (1,1 %) o Net (2,3 %), aparecían claramente como marginales en todo sistema competitivo. Si, como se presuponía en todos los ambientes expertos, Antena 3 TV tanteaba aceleradamente su fusión con otro grupo, de preferencia La Sexta, el sistema español se constituiría como un duopolio cuasi perfecto, con un margen de negocio insostenible para los operadores nacionales tercero y cuarto. En el supuesto de esa absorción, los restantes operadores privados quedarían con un 4,4 % de la audiencia (cifras de 2010).

Ciertamente, el mercado publicitario televisivo ha acusado duramente desde 2008 las consecuencias de la crisis, como corresponde a un mercado enormemente sensible a las coyunturas económicas. De forma que en 2009, la inversión publicitaria en televisión descendía un 23,2 % (2.368,2 ME), acumulando así con el descenso de este último año (–11 %, con 3.082,1) casi un tercio de su valor respecto al cenit alcanzado en 2007 (3.468,6 ME). En 2010, las inversiones se estimaban en 2.589,8 ME.

Sin embargo, esta situación correlativa con la grave crisis económica occidental de la época, no supone resultados automáticos en el plano televisivo. Ciertamente, las grandes cadenas acabaron en 2008 la época en que conseguían beneficios récords sobre facturación de toda Europa (superiores a una tasa del 30 % sobre facturación), pero mantuvieron rentabilidades notables en los años de crisis. De esta forma, Telecinco acumuló entre 2004 y 2007 un total de 1.136,74 ME de beneficio neto (después de impuestos), mientras que declaraba 407,73 ME en el trienio 2008-2010. Por su parte, Antena 3 acumulaba entre 2004-2007 516,34 ME y otros 261,94 ME hasta 2010. Ambos grupos se mantendrán estos años entre los valores estrella de la Bolsa, incluyendo su selectivo Ibex 35.306

La retirada de la publicidad de TVE beneficiará fuertemente a estos agentes, especialmente a los que acumulaban mayores audiencias y GRP, por la vía de un incremento de las tarifas que los medios publicitarios estimaban en una media del 30 por ciento en 2010. De esta forma, los resultados publicitarios de este año, con un incremento relativo a pesar de la gravedad sostenida de la crisis (un 23,2 por ciento más para las televisiones privadas), son un termómetro de los efectos, al menos provisionales, del tsunami publicitario advertido por el sector: los «beneficiados» resultan ser sobre todo Telecinco (un 4,1 % más de saturación frente a un 33,1 % más de ingresos), y La Sexta (un 16, 4 % más del tiempo publicitario y un 30,6 % de la inversión), pero también Antena 3 (un 13,6 % más de ingresos) y Cuatro (un 14,4 % más); el más beneficiado aparentemente, Veo TV, con un 162 % de aumento de los ingresos publicitarios, partía de una base tan minúscula que tal éxito será irrelevante en su economía (CMT, 2010). En todo caso, si se atribuye este incremento global al aprovechamiento de la supresión de publicidad en TVE, el negocio privado propiciado por la ley de 2009 no es efectivamente menor: casi 360 ME de negocio suplementario frente a los teóricos 120 que deberían haber abonado para el sostenimiento de RTVE.

El duopolio efectivo de mercado, consolidado y aumentado en número de programas sobre el panorama casi idéntico de oligopolio perfecto sufrido en España entre 1990 y 2005, no impide concebir una competencia feroz que la crisis ha agudizado entre 2008-2011. En esta línea cobra un valor emblemático la guerra de autopromociones desarrollada entre las dos cadenas hegemónicas en esos años, que pasará a la historia, por méritos propios, como una de las mayores batallas simbólicas de la historia de la televisión comercial.

Así, y como secuela de la confrontación entre Hispania y Felipe y Letizia (10 de noviembre de 2010), Telecinco inicia una campaña de autopromoción que reza «Telecinco líder de audiencia de las cadenas comerciales. Deja atrás la tristeza y anímate en Telecinco», estableciendo comparaciones de audiencia basadas en los resultados parciales más favorables a esta cadena entre el logo de Antena 3 junto al de Telecinco, con una emisión que llegó a un total de 206 veces en tres meses, 71 de ellas (un 23,2 %) en horario máxima audiencia o prime time. Numerosos programas y personajes del corazón de esta cadena repetirán el calificativo de «triste» durante meses, asociándolo siempre a la cadena competidora.

La campaña de Telecinco contra su competidor va a arreciar y a adoptar formas inéditas a partir del lanzamiento por Antena 3 de su campaña de autopromoción «ANTENA 3 PONE» desde el 29 de diciembre de 2010. Inmediatamente, Telecinco responde con una campaña en la que se señala: «Aunque a algunos no les guste, el dato pone lo que pone, y lo que pone es que tú nos eliges en diversión. En 2011 deja atrás la tristeza y diviértete con nuestra mejor programación», mientras en pantalla se comparan gráficos de audiencias entre las dos cadenas, por franjas horarias o géneros (mañanas, ficción, informativos…), exagerando visualmente las escalas diferenciales de los resultados de ambas cadenas (representadas por sus respectivos logos). Esta campaña fue emitida por Telecinco en 106 ocasiones, 14 de ellas en horarios de máxima audiencia.

Es decir, Telecinco, por un lado, se apropia de la expresión «pone» utilizada por Antena 3 en su publicidad como elemento positivo referido a su oferta, modificando su significado y asociándola a su presunto liderazgo; y por otro, se refiere expresamente a la «tristeza» asociada reiteradamente como atributo de identidad de Antena 3. Se despliega así una auténtica conversión de la autopromoción en contrapromoción, que desborda probablemente los límites de la difamación y la competencia desleal. Especialmente, ese episodio revela hasta qué punto alcanzaba en esos tiempos la competencia mercantil cuando cada punto de share estaba valorado en más de 24 millones de euros.

Fuera del modelo de negocio publicitario, la tardía pero apresurada apertura de la TDT a la codificación de pago, ha mostrado en estos años su carácter marginal para la rentabilidad televisiva. De esta forma, y pese al rifirrafe político-mediático producido en torno a su regulación, en 2010, su principal beneficiario, Gol TV, de La Sexta, sólo significaba un 7, 6 % de los abonados y un 2,8 % de la facturación de la televisión de pago. Junto a las otras dos ofertas presentes en ese mercado en 2011, AXN (Sony-Net TV) y C+ 2 (Digital Plus), no parece que pudieran alcanzar durante mucho tiempo tasas significativas ni rentables (CMT, 2010). La práctica quiebra de Veo TV (El Mundo), ya privada tres semanas antes de informativos propios, con cese de emisiones el 30 de junio de 2011 por orden de su casa madre (RSC Media Group, Grupo Rizzoli) tras unas pérdidas de más de 13 ME (con 250 despidos), para ser sustituida «provisionalmente» por un canal de teletienda resulta altamente ilustrador de este escenario.

La televisión regional y local privada:

fracaso absoluto del modelo comercial

Por otra parte, y ante la ausencia de instancias independientes en el campo audiovisual capaces de objetivar estas decisiones, la mayor parte de las concesiones regionales no ha dejado de adoptar sesgos políticos preocupantes, siendo incluso decididas a veces por gobiernos provisionales postelectorales, como Galicia con el Gobierno de Fraga (a la COPE y La Voz de Galicia), o Cataluña en el período final de Pujol (cuatro programas al Grupo Godó). Así, las regiones gobernadas por el PP privilegiaban a la COPE (Galicia, La Rioja, Valencia, Murcia), a Unedisa-El Mundo (Baleares) o a Vocento (Murcia, Madrid) cuando no a grupos mediáticos locales afines (La Verdad de Murcia, Las Provincias, Antena 3 TV en Canarias). Vocento y Prisa-Localia eran de las escasas empresas nacionales favorecidas, además de en regiones gobernadas por el PSOE, por alguna del PP (Navarra) (Bustamante, 2008).

En lo que respecta a los concursos y concesiones de televisión local digital, el panorama es mucho más complejo por su número, pero ha seguido los mismos derroteros: algunas CC. AA. han realizado concursos simultáneos para las concesiones indirectas regionales y locales, otras han convocado éstas o aquéllas, paralizando o manteniendo inacabadas las concesiones (Impulsa TDT. «Contenidos locales»). Algunas comunidades, como la de Madrid, realizó repartos injustificados y totalmente partidistas de las licencias, rechazando por sistema a las televisiones comunitarias. Como señalaba ya un documento anterior de la Fundación Alternativas, sin una Ley General Audiovisual y sin autoridades reguladoras estatal y autonómicas, las posibilidades de desviación que inducirá la lógica del mercado en la práctica de las televisiones locales digitales respecto a los preceptos concesionales permanecerán sin ningún control; y todo apunta a que la televisión local que salga de este proceso «presentará un déficit de comunicación de proximidad» (Prado, 2007).

En fin, según informes oficiales, (Impulsa TDT, mayo 2007-junio de 2009), tanto el reparto de licencias autonómicas y locales privadas como su transición a la TDT habían quedado frustradas e interrumpidas, pero eso no quitaba su impacto sobre el mapa audiovisual español: como concluía un informe, este proceso ha cambiado «profundamente la fisonomía de la TVL», promoviendo y potenciando al sector privado comercial (las tres cuartas partes de programas disponibles), penalizando al servicio público y, muy especialmente, a las televisiones de proximidad (asociativas) que llevaban años emitiendo y que en escasas regiones han conseguido sobrevivir (Corominas et al., 2007), para beneficiar principalmente la formación de redes de los grandes grupos multimedia españoles y, en algunos casos, a grupos empresariales regionales.

En todo caso, y desde el punto de vista financiero, este sistema ha demostrado ser absolutamente insostenible, incluso de forma articulada en grandes cadenas nacionales, ya que todas ellas han recibido un mapa incompleto y desequilibrado de licencias, lleno de lagunas, ausente muchas veces de metrópolis y regiones rentables, inviable para todo plan de negocios racional. Así lo muestra el cierre de Localia (noviembre de 2008), que había conseguido un centenar de emisoras propias o asociadas, regionales y locales, pero en un mapa incompleto; o la desinversión de Vocento en Punto TV. En general, la corta historia de la televisión regional o local privada está plagada entre 2008-2011 de devoluciones de licencias, incumplimientos flagrantes de emisiones digitales, arrendamientos fraudulentos y contenidos lejanos de escaso atractivo comercial. Pero sobre todo, el fuerte retroceso de la inversión publicitaria en televisión local, mucho más agudo que en otros ámbitos, muestra el fracaso rotundo de este mercado y su inviabilidad financiera en el contexto del nuevo sistema televisivo español. Sin embargo, tal fracaso ostentoso no originó ninguna reacción del Gobierno ni intento alguno de reutilizar esas licencias para fomentar una auténtica televisión de proximidad.

Contenidos: varios pasos atrás en la diversidad

Durante los primeros años de la transición ordenada, las instancias oficiales se quejaron varias veces en voz alta de los incumplimientos generalizados de las cadenas privadas en sus compromisos firmados en las licencias de mayoría de programas «originales, novedosos y atractivos en TDT», culpándolas justamente de disminuir el atractivo de esta tecnología para la necesaria colaboración de los usuarios. Desde instancias críticas con el proceso de transición, se advirtió asimismo que tanto los contenidos originales en TDT como los servicios interactivos prometidos estaban «brillando por su ausencia», sin que se produjera ninguna reacción efectiva oficial (Bustamante, 2009). El Informe final de Impulsa TDT, apadrinado por la SETSI hasta confundirse con la palabra oficial, ha dejado de lado cualquier análisis sobre las programaciones ofertadas, hasta el punto de que el apartado correspondiente a la «oferta de canales» se limitaba a describir los contenidos genéricos de cada uno de los programas nacionales, públicos y privados, añadiendo una ficha técnica presidida por su correspondiente logotipo (Impulsa TDT, 2010).

Como consecuencia primordial de la transición a la TDT y del incremento geométrico autorizado de programas, estarían los canales «temáticos» privados, ofrecidos entre 2006 y 2010, e incluso los puestos en marcha en 2010-2011 tras el apagón analógico, una nueva generación de la oferta que presumiblemente debía estar destinada a targets precisos con géneros y formatos monográficos. Sin embargo, y a falta de un futuro análisis sistemático de contenidos de esta nueva oferta, en este último año, además de los seis canales generalistas, y los tres de pago, se podían contabilizar seis de ocio general, multigénero y de targets amplios, tres infantiles/juveniles, dos adjetivados como dirigidos a hombres/mujeres, tres de ficción general y uno deportivo. El único programa especializado en información, CNN +, era en cambio clausurado en diciembre de 2010 para ser sustituido inmediatamente, aunque de forma fugaz por su escaso éxito, por un monográfico dedicado a Gran Hermano.

Muchos de estos nuevos canales han sido arrendados (antes de los dos años legales) o franquiciados a las majors (AXN, Disney…) o simplemente rellenados con cantidades masivas de programas de sus viejas librerías. Según un informe reciente, grandes majors como Columbia, Warner, Universal o Sony, además de la ITV o de Televisa, han desembarcado en España en el mercado abierto a través de la TDT (Academia de TV/EOI, 2010). El resultado inevitable, a falta de cifras oficiales, será un incremento importante de las cifras del déficit comercial audiovisual con los USA frente a una discutible diversidad de la oferta disponible para los usuarios.

En suma y como afirmaba la declaración emitida por la Asociación de Usuarios de Comunicación, al filo del encendido digital:

Con alguna notable excepción, los operadores que actúan en la TDT han tendido a economizar costes de producción y empaquetado, a reutilizar canales y contenidos y, en definitiva, a proteger la posición competitiva de sus marcas principales, mientras practicaban una tímida exposición «transmedia». Estas prácticas han proyectado una imagen de la oferta TDT como replicación o amplificación de canales ya existentes, aunque también es cierto que los espectadores valoran positivamente la oportunidad de ver «en diferido» diversos tipos de programas procedentes de los canales referenciales (AUC, 2010).

La publicidad es un termómetro ilustrativo de la escasa originalidad y orientación de estos programas supuestamente temáticos. Ya que, más allá del tradicional conservadurismo de sus lógicas, centradas generalmente en la máxima captación de GRP’s, resulta significativo que la inversión publicitaria haya acudido en muy escasa medida a esos canales, a gran distancia de lo ocurrido en los países europeos vecinos, y aparentemente en contradicción frontal con la propia teoría publicitaria y comunicativa que cifra en esos programas y targets el futuro de la publicidad moderna. En concreto, resulta destacable que los temáticos, auténticos líderes de audiencia en las últimas temporadas, tomados en su conjunto (hasta en torno al 20 % en 2010), y en crecimiento acelerado especialmente en sus versiones digitales abiertas, presenten una cuota de inversión publicitaria ampliamente desproporcionada respecto a sus logros de share (un 2,3 %).

El máximo y elocuente exponente de esta asignación a los nuevos programas digitales de una estrategia de complementariedad marginal respecto a los primeros canales generalistas líderes es la planificación publicitaria de Antena 3 TV desde 2009 (Atres Advertising): denominada como de «pauta única», se trata simplemente de vender unitariamente en todas sus cadenas una publicidad idéntica y simultánea, que obedece por tanto en sus objetivos y tiempos a la cadena generalista líder, supeditando la programación, los cortes y los targets de público a una estrategia masiva de acumulación de GRP. En 2011, Telecinco (Publiespaña), que había ostentado practicar una estrategia de calidad tanto en su programación generalista como especializada (espacios menos saturados y módulos por target), anunciaba que calcaría desde entonces a su competidor en su venta de espacios.

Conclusiones

El lema permanente de los gobiernos de Rodríguez Zapatero fue el del avance del pluralismo. Desde la transición democrática, ningún gobierno había generado tan fuertes expectativas de regeneración del servicio público y de ordenación racional del conjunto del sector audiovisual, a favor del interés general, del pluralismo y de la diversidad, pero también de un mercado económicamente sostenible y armónico. Asimismo, de forma vinculada se desbocaron las esperanzas de una política cultural activa en la línea de un Estado-providencia modernizado, adaptado a la Era Digital, capaz de situar a la cultura en el centro estratégico de un modelo de desarrollo que combinara las exigencias de la economía de mercado con la redistribución social.

El desarrollo de la política gubernamental en estos campos durante la I Legislatura mostró sin embargo, una línea zigzagueante que se debía en parte a las contradicciones del partido en el poder, pero que revelaba asimismo su debilidad ante una mucho más compleja situación de las fuerzas políticas y sociales: El balance de la II Legislatura del presidente Rodríguez Zapatero, en lo que respecta al sector audiovisual no precisa de muchos juicios de valor ni muchos adjetivos, porque emana limpiamente de la evolución de todos los parámetros significativos del sector, en sus diferentes subsectores y actividades, en cuanto a la competencia y la oferta disponible en términos de mercado, y sobre el pluralismo y la situación institucional y financiera en lo que se refiere al servicio público: Una auténtica contrarreforma contra sus propias decisiones iniciales.

— Como único juicio de valor interpretativo, afianzado en los datos, cabe señalar que no es tanto la crisis económica la que lidera y explica los cambios entre 2008 y 2011, cuanto la crisis de los valores socialdemócratas, agudizada probablemente por el afán de mantener el favor de los medios privados, que informa las políticas audiovisuales del Gobierno socialista y su indefensión ante los intereses y las presiones de los lobbies comerciales audiovisuales. Resulta curiosa la coincidencia de que los protagonistas políticos de esta labor regulatoria intensa sean altos cargos de escasa o nula trayectoria militante socialista, como la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro de Hacienda, Pedro Solbes, o el de Industria, Miguel Sebastián, e incluso los secretarios de Estado de Comunicación, Miguel Barroso (I legislatura), y de Telecomunicaciones, Francisco Ros, o el sempiterno presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles; pero más allá de tentaciones de una historia personal, son el Gobierno y el Partido Socialista quienes avalan esta política que casa mal con la historia y la tradición progresista europea.

— La técnica legislativa audiovisual del Gobierno en estos años, decretos por vía de urgencia, se revela tan nefasta para el debate público sobre el sistema audiovisual como la ejercitada por los gobiernos Aznar, centrada en la ley escoba de los presupuestos generales del Estado. En ambos casos, sucesivos cambios legislativos de relieve con escasos debates públicos van sedimentándose, sin que la ciudadanía pueda percibir el alcance de esas transformaciones en lo que aparece finalmente como la constitución de un nuevo sistema audiovisual. La transición digital a la TDT resalta más como el pretexto de esos cambios y su permanente justificación de urgencia que como el motor real, de naturaleza claramente política.

— Inicialmente, la marcha en paralelo de la ley de reforma del servicio público estatal, con importantes elementos de cambio del servicio público radiotelevisivo, y de un duro plan de ajuste capitaneado por la SEPI, que condiciona e invalida buena parte de las anteriores disposiciones legales, ilustra las paradojas permanentes del poder ejecutivo en España ante la radiodifusión pública, periódicamente mostradas por los más diversos partidos políticos cuando arriban al gobierno. Mejor que la manida metáfora de manos derechas e izquierdas que se ignoran mutuamente, aquí cabría recurrir a la imagen de una duplicidad ideológica permanente, una «doble alma» gubernamental en conflicto inestable.

— El Gobierno socialista mostró también su doble alma: una, respetuosa con el servicio público, descentralizadora y dispuesta incluso a renunciar a su control; la otra, jacobina y neoliberal, carente de un sentido del Estado autonómico y de sus tendencias centrífugas, que harían más trascendental todavía el papel de cohesión del servicio público estatal. La primera, impulsada desde La Moncloa, con la presión sindical y de grupos parlamentarios de izquierda, caminó por el Parlamento en las leyes iniciales de reforma del servicio público; la segunda, movida desde el Ministerio de Hacienda y desde la SEPI, y jaleada desde potentes grupos privados, sólo aspiraba a pagar menos y, para ello, a reducir la radiotelevisión pública a su mínima expresión posible. Un hilo de oro parece, por otra parte, enlazar en el tiempo a ministros de Hacienda de gobiernos tan distintos, desde Boyer a Solbes (PSOE), pasando por Montoro y Rato (PP), como si la ideología de sus partidos no contara nada frente a la «racionalidad» financiera. Pero es el deseo de contentar a los grandes grupos privados lo que finalmente domina desde 2010, en la modificación del modelo financiero de RTVE, en la relajación de las normas anticoncentración y en la Ley General Audiovisual entera.

— El modelo de radiotelevisión autonómico, tan admirado a veces entre los observadores extranjeros por su capacidad de descentralización de la creatividad cultural y del empleo audiovisual, pese a sus evidentes descoordinaciones y despilfarros, parece estallar también en múltiples estructuras y dinámicas, no pocas veces contradictorias con las misiones de servicio público y en donde la función de motor del audiovisual independiente se confunde crecientemente con la máxima opacidad de la manumisión al poder político.

— El resultado final, al terminar el año 2011, es un profundo debilitamiento del polo público televisivo, matizado en el caso de RTVE si se considera como punto de partida la catastrófica situación de 2004, pero ampliamente resaltado con relación a la consolidación que se había conseguido en 2005-2008. Crisis institucional y financiera se dan la mano desde 2010 en RTVE, como clara resultante de los sucesivos cambios legislativos, en un contexto en el que el principal partido de la oposición ostenta sorprendentemente su sistemática falta de respeto a un elemento esencial de la constitución y la construcción europea. Y las crisis de audiencias y financiera se unen en la mayoría de los terceros canales al inmovilismo y la falta de reformas democráticas, al desprestigio por la manipulación conjuntado con el acoso permanente del lobby privado y de los políticos y economistas neoliberales.

— En cuanto a la televisión privada, el Gobierno socialista no parece haber podido sustraerse en los albores de su mandato a la tentación de gran ingeniero en el diseño de la estructura acumulativa del juego de la competencia comercial. Los enfrentamientos y los riesgos políticos corridos por el empeño en abrir un nuevo canal analógico so capa del incremento del pluralismo se entienden mal en plena transición digital y sólo con notable ingenuidad pueden ampararse en la pretensión de aumentar la diversidad de la oferta o peor aún, como se afirmaba extraoficialmente, de abrir paso a un «canal de izquierdas», desconocido en los anales de la televisión comercial mundial y, desde luego, muy lejos de la trayectoria de Televisa. El fracaso del modelo de transición a una TDT plural, y la inviabilidad financiera de la estructura construida, son resueltas en términos de renuncia al pluralismo, de fomento de la concentración, de mayor descontrol de las obligaciones legales de las cadenas y los grupos privados.

— Tales decisiones encajan paradójicamente con la actitud de algunos grupos multimedia y de radiotelevisión que se oponen en esta época frontalmente no sólo a la reforma del servicio público y a la coexistencia ordenada con él, sino también a la creación misma de una autoridad audiovisual independiente capaz de regular y ordenar el sector por encima de toda sospecha de instrumentalización partidista, homologable a las autoridades autónomas de los países desarrollados. Y ello tras el fracaso rotundo e inmediato de los intentos de autorregulación que, a falta de una autoridad firme y autónoma, nunca derivará en corregulación. Así, después de años de reclamar un marco legal estable y previsible, algunas instancias privadas de poder prefieren la continuación de la absoluta discrecionalidad de los gobiernos en la concesión de licencias y en la regulación y sanción de los agentes del sector, a sabiendas de que la sedimentación de concesiones por parte de los sucesivos partidos en el gobierno les permite actuar con total libertad frente a la regulación europea y española, sin riesgo para prórrogas que se adivinan automáticamente inevitables en esa situación. En simples términos descriptivos, en definitiva, en estos casos se trata de grupos «piratas» que se resisten a convertirse en «corsarios», en la feliz definición que hizo hace algunos años un investigador francés (Salaüm, 1989, p. 141).

— El balance en el polo privado, mucho más dominante que antes en términos de influencia y recursos, es claramente negativo en términos de pluralismo, de diversidad de la oferta comunicativa y cultural e incluso de vitalidad de la producción independiente. El fracaso rotundo de los intentos del Gobierno de ampliar el espectro ideológico de las cadenas televisivas (y de paso el de los nuevos actores lanzados por el Gobierno Aznar), resulta en la vuelta a un duopolio acrecentado por la posesión de amplios paquetes de canales generalistas y temáticos en manos de Telecinco y Antena 3, que aumentan su dominio del mercado publicitario y su integración vertical con la producción de programas.

— La frustración de la arquitectura privada y en cadena para la televisión regional y local deja este mercado prácticamente fuera del sistema, pero acaba también con la televisión de proximidad, tanto municipal de servicio público como asociativa y no lucrativa. Cientos de frecuencias digitales quedan congeladas pero sin devolución formal al Estado en la mayor parte de los casos, sin reacción alguna oficial ante el incumplimiento generalizado de los concursos y las licencias firmadas con los gobiernos autónomos. Lo que constituyó un cierto modelo, aunque minoritario siempre, de la televisión local y cercana se confirma ahora como uno de los sistemas televisivos más recentralizados de Europa.

En fin, ateniéndonos al resultado final de la II Legislatura, en términos de pluralismo ideológico y de diversidad cultural, los grandes lemas de la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno en 2004, los logros de los primeros años del Gobierno socialista en cuanto a RTVE son puestos gravemente en peligro en la segunda, en un extravío notable del rumbo iniciado, mientras que se permite por omisión el deterioro de la televisión pública regional y se estimula el poder concentrado y prácticamente omnímodo de los grupos privados. En términos estrictos de su mantenida consigna gubernamental de fomento del pluralismo, el balance no puede dejar de ser muy severo, ya que, como consecuencia, el sistema televisivo español evidencia retrocesos importantes y carencias clamorosas. Pero además, se pusieron los mimbres que permitían fácilmente a un futuro gobierno una involución profunda de la democracia comunicativa.

218. El País, 20-4-2006.

219. El País, 11-2-2006

220. Según el informe de una entidad financiera, el sistema fiscal español había sufrido desde 1998 un fuerte avance de los impuestos indirectos y un retroceso de la imposición directa del 4 %. En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, las rentas del trabajo suponían un 80 % de la recaudación frente a un 20 % del capital. Además, las rentas salariales gravaban sobre todo a las rentas medias («¿Quién paga los impuestos en España?», informe del Servicio de Estudios de La Caixa, Barcelona, marzo de 2006).

221. Sobre esta problemática véase Navarro, 2006.

222. Véase www.red.es. Plan Avanza 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas. Anexo I. Programa de Trabajo 2006. Anexo II. Programa de Trabajo 2007-2010.

223. Véase «Merecemos una España mejor»: programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2004 (202 pp.), capítulo III, «Información libre y plural y transparencia de la vida pública». Véase también, especialmente, «Política cultural. Documento marco. Cultura con los ciudadanos».

224. Se añadía más adelante que el director general de RTVE sería elegido por una mayoría cualificada del Congreso por cinco años, además de un sistema de financiación «estable y suficiente para RTVE, basado en un sistema mixto, cuya principal vía de financiación sería la aportación del Estado vía presupuestos generales» por contrato-programa, con una reducción progresiva de la publicidad hasta 7 minutos a la hora, precedida por un saneamiento económico y financiero «mediante la asunción de la deuda histórica acumulada» para su total extinción en diez años.

225. Se trataba de una frase tomada, como se supo después, del testamento de su abuelo, Juan Rodríguez Lozano, fusilado por las tropas de Franco.

226. Se definían los ingresos computables, el tipo de obras contempladas, el cómputo de la inversión y el órgano encargado de vigilar su cumplimiento: una Comisión Interministerial (Presidencia, Cultura, Industria). Las estimaciones oficiales calculaban que en 2001-2002 las únicas cadenas que cumplían con esta regulación habían sido TVE y Canal Plus y que, por esta vía, el cine español recibiría una inyección financiera de unos 100 millones de euros anuales.

227. ABC, 17-11-2004.

228. La Vicepresidencia del Gobierno clarificó desde la primera reunión el alcance del concepto de medios estatales que correspondía al Consejo y a su informe: RTVE y la Agencia EFE, cuya situación constitucional era mucho peor que la de la radiotelevisión pública, al haber carecido siempre de una ley que regulara su funcionamiento y financiación. Una amplia parte del informe final está dedicado a esta última empresa (estado de la cuestión, marco europeo y propuestas), que obviaremos porque queda fuera del tema de este libro.

229. El Consejo propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero durante la campaña electoral estaba compuesto por Emilio Lledó (catedrático de Filosofía), Victoria Camps (catedrática de Ética y vicepresidenta del Consejo Audiovisual de Cataluña), Fernando Savater (catedrático de Filosofía), Fernando Lázaro Carreter (presidente de la Real Academia Española) y Enrique Bustamante (catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad). Tras el fallecimiento de Lázaro Carreter en pleno período preelectoral, el Gobierno socialista designó en su lugar a Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.

230. BOE, 28-4-2004. Corrección de errores.

231. El llamado «Informe abril» fue realizado por la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud y entregado al Gobierno el 25 de julio de 1991.

232. El equipo de base de que dispuso la Comisión estuvo compuesto, además de por el secretario del Consejo, Manuel Alonso Erausquin, por un documentalista y un redactor cedidos por RTVE, Manuel Aguilar y Pedro Soler; un asesor jurídico a tiempo parcial cedido por la Secretaría de Estado de Comunicación, Ángel García Castillejo; y el asesor financiero propuesto por el Ministerio de Hacienda, Miguel Ángel Arnedo; además contó con una sola secretaria, Marisa Marín.

233. Los vocales del Consejo, Victoria Camps y Enrique Bustamante, se reunieron con responsables de los grupos parlamentarios para incentivar y agilizar la remisión de propuestas pedidas por su presidente. Entre otras instancias mantuvieron entrevistas con el ex responsable de comunicación del PP, Josep Piqué, y con el secretario de esta materia, Gabriel Elorriaga. Ambas reuniones, en un clima cordial, confirmaron una notable identidad de propósitos básicos para la reforma de RTVE. Pero el PP nunca envió propuestas al Consejo, aunque remitió sus documentos al Congreso de 1998. Por su parte, Izquierda Unida envió su programa electoral.

234. El Mundo, 2-8-2004. La historia contenía párrafos de crítica social corrosiva pero premonitoria en cierto sentido: «Bastaría dejar pasear por el asunto la pluma agradecida de tanto articulista cínico para ir creando el estado de ánimo escéptico. Al fin y al cabo la prensa es la primera interesada en que la prensa sea una mierda. [...] Si aquel Comité había sido tan torpe de dejar llamarse sabio no sería difícil prostituir el término, convertirlo casi en un chiste generalizado. Nuestro país es un paraíso para el descrédito. No existe un lugar en el mundo en el que la inteligencia sea tan sospechosa y despreciable. Quizás algún rumor maledicente, algún pequeño vicio, algún amigo incómodo».

235. El País, 11-9-2004. Entrevista al secretario de Estado de Hacienda: «No hay que descartar la privatización de parte de Televisión Española».

236. En su carta, Mario Monti agradece al Gobierno español sus compromisos contraídos respecto a establecer un plan contable analítico, una fijación clara de la compensación por el coste neto del servicio público y la eliminación de la exención del impuesto de sociedades de que gozaba RTVE. Por su parte, Pedro Solbes pide esperar a la reforma en el marco de la revisión del modelo «emprendida por el Gobierno mediante la creación del Comité de expertos»; y excluye la deuda como fuente de financiación futura del servicio público. Asegura finalmente que estas consideraciones «serán puestas en conocimiento del Comité de expertos con la finalidad de que sus trabajos tengan como referencia obligada la normativa comunitaria de financiación». Pero esta comunicación al Consejo nunca tuvo lugar. Carta de Mario Monti a Pedro Solbes del 15-9-2004 (sello de entrada); carta de Pedro Solbes a Mario Monti de fecha 28-8-2004.

237. Véase José Barea, «¿Continuamos mareando la perdiz?» (La Razón, 27-5 y 3-6-2004). También «Presupuesto 2005 y RTVE» (La Razón, 5-8-2004).

238. Véanse entre otras muchas columnas de Ignacio Ruiz Jarabo: «RTVE: ese oscuro objeto de deseo», Cinco Días, 15-6-2004; «La RTVE de Zapatero», Cinco Días, 10-8-2004; «Cambiarla para salvarla», Cinco Días, 6-9-2004.

239. Véanse, entre otras declaraciones, las de Alejandro Echevarría, presidente de Vocento (ABC, 27-2-2004); también las de José María Bergareche, consejero delegado del grupo, premiado por la Asociación de la Prensa de Madrid en 2004 como «reconocimiento a una labor amplia y destacada dentro del periodismo» (ABC, 17-11-2004).

240. Véanse, respectivamente, ABC, 18-11-2004; y El País, 22-11-2004.

241. «Declaración de las radiotelevisiones públicas europeas como consecuencia de la reunión del 24 de enero de 2005 en Madrid», en el Senado español. Firmantes: Ame Wessberg (UER), Markus Schächter (ZDF), Caroline Thonsom (BBC), Marc Tessier (France Télévisions), Flavio Cattaneo (RAI), Flitz Pleitgen (ARD) y Carmen Caffarel (RTVE).

242. El preámbulo (páginas 6 a 18 del informe) fue redactado íntegramente por Emilio Lledó, y presentado al Consejo el 28-1-2005 (véase el Libro de Actas del Consejo).

243. Capítulo 2, «Estado de la cuestión: los medios públicos en España: una necesaria y urgente reforma» (págs. 18 a 69). Ponencia presentada por Enrique Bustamante y aprobada, con múltiples aportaciones de Lledó, Savater y Camps, los días 14 de septiembre y 21 de diciembre (marco internacional). (Véanse Actas oficiales del Consejo, selladas y depositadas en Presidencia del gobierno).

244. Punto 3.1. «Principios de legitimidad y funciones del servicio público en España» (pp. 71 a 87). Este punto fue redactado por Victoria Camps y aprobado el 10-11-2004 (Actas del Consejo).

245. Capítulo 3. «Propuestas respecto a RTVE» (pp. 69 a 172). Este capítulo fue redactado por Enrique Bustamante y aprobado, con muchas propuestas, por Savater, Camps y Lledó, el 30-11-2004 (Actas del Consejo). Además, Emilio Lledó corrigió concienzudamente la redacción final.

246. La definición sintética propuesta (p. 89) incluye «una producción y oferta de programaciones diversas y equilibradas en todos los géneros y para todos los públicos. Unas programaciones que estén encaminadas a: satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; defender su identidad cultural y su pluralismo; promover los valores constitucionales; y estimular la participación democrática». E incluye explícitamente en ella la emisión de canales temáticos y servicios en línea «como elemento motor de una Sociedad de la Información para todos los españoles», además del impulso a la proyección exterior de la lengua y cultura españolas.

247. Punto 3.2. «Actividades y misiones de la radiotelevisión estatal» (pp. 87 a 128).

248. Punto 3.3. (pp. 116 a 128). Aprobado el 30-11-2004.

249. Punto 3.4. «Nuevo régimen jurídico y organizativo del la radiotelevisión pública española» (pp. 127 a 151). Apartado realizado sobre una redacción original de Enrique Bustamante que, con numerosos cambios, fue aprobado el 25-1-2005 (Actas oficiales del Consejo).

250. Punto 3.5. «Financiación equilibrada y sostenible» (pp. 151 a 172). Apartado realizado sobre una redacción original de Enrique Bustamante que, con numerosos cambios, fue aprobado el 28-1-2005 (véanse Actas oficiales del Consejo). El resumen y las conclusiones fueron redactados conjuntamente por Victoria Camps y Enrique Bustamante, y aprobados en la reunión final del 4-2-2005 (Actas oficiales del Consejo).

251. Véanse Actas oficiales de 8-6-2004 y de 6-7-2004.

252. Fernando González, «RTVE necesita una refundación» (FGU. «Modelo societario». Anexo al Acta del 17-1-2004).

253. Rechazadas los días 25-1-2005 y 28-1-2005 (Actas oficiales). Véase El País, 25-2-2005, «González Urbaneja propuso la salida a Bolsa de RTVE».

254. Miguel Ángel Arnedo, «Presentación: mis ideas preliminares» (Anexo al Acta del 25-6-2004).

255. Miguel Ángel Arnedo, «La situación financiera de RTVE a comienzos de 2004. Sus principales problemas y una propuesta de reforma». Presentada al Consejo el 30-11-2004 (56 páginas más cuadros. Anexo al Informe del Consejo. Véanse especialmente los capítulos V al VII, propuestas y conclusiones, pp. 47 a 56).

256. La Razón siguió preferentemente la línea argumental de la conspiración: «CC. OO. se infiltró en el corazón de los sabios en beneficio propio: entre otras cosas habría logrado reducir el recurso a la publicidad y su apuesta por una programación poco competitiva, de gran contenido público» (1-3-2005); los «sabios teledirigidos» (2-3-2005), por la «presión gubernamental»; «Comisiones Obreras y el Colectivo Aideka inspiran el informe del Comité de sabios» (La Razón, 28-2-2005).

257. El Mundo resaltó el voto discrepante, pero sobre todo continuó con su línea anterior de descalificar al Consejo, no ya por su informe, «modelo obsoleto y deficiente», sino porque los sabios son «cercanos a Prisa a la que buscan favorecer» (El Mundo, 22-2-2005, «Los “sabios” cercanos a Prisa piden más subvención y menos publicidad para TVE»).

258. Como señalaba uno de los consejeros, se evidenció una «curiosa alianza de fuerzas organizada»: «Junto a periodistas y medios de honda raigambre franquista, que no soportan unos medios públicos definitivamente lejos de sus manos, se situaban, en efecto, neoliberales extremistas que no ocultaban su burda idea de que “la mejor radiotelevisión pública es la que no existe”, y grupos oportunistas que esperaban la subasta de RTVE en su beneficio». Enrique Bustamante, «Ni tan sabios ni tan necios», El País, 6-4-2005.

259. La Razón, 7-4-2005. «Solbes dice que la solución a RTVE no está en darle más recursos sin redefinir antes el modelo»; «Economía se opone a que el Estado asuma la astronómica deuda de RTVE», ABC, portada, 22-2-2005.

260. El Mundo, 2-3-2005.

261. La Vanguardia, 7-3-2005.

262. Actas de la Comisión de Control, Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2005.

263. Pedro Schwartz, «Privatizar la televisión pública», Expansión, 25-2-2005; Carlos Rodríguez Braun, «Dos falacias sobre política y televisión», ABC, 21-3-2005.

264. Como respondía Fernando Savater, «por los titulares habidos alguien diría que nuestra conclusión más importante ha sido exigir al Estado que pague la deuda acumulada por TVE [...] lástima que, como es lógico, nadie nos haya preguntado jamás si el Estado debe pagar o no las deudas que avala», «Educación cívica: ¿transversal o atravesada?», El País, 11-3-2005.

265. Según el informe, los gastos medios de explotación por hora de emisión televisiva en RTVE no llegaban a 60.000 euros por hora, mientras que en los canales privados sobrepasan los 70.000 euros. Y ello sin contar con que la sobresaturación publicitaria de los canales privados, con tasas muy por encima de la directiva europea (de 25,7 y 29,2 % respectivamente para Antena 3 TV y Telecinco), permitía ahorros del 18 % de los costes de programas frente a RTVE.

266. El informe concluye, en materia de gastos, que la equiparación con las radiotelevisiones públicas europeas calificadas por la UER como large western markets supone un 0,19 % del PIB de gasto público en RTVE (sin los costes financieros del endeudamiento) en relación con el 0,37 % de la BBC o el 0,38 % de Alemania. En términos de gasto total, esa proyección supondría 45 euros por habitante y año en España, con una cifra total de 1.800 millones de euros, cantidad muy lejana de los 1.560 millones de euros de RTVE en 2003, en donde además se incluyen más de 221 de gastos financieros por los intereses de la deuda.

267. El País, 27-5-2004.

268. Boletín del Congreso del 26 de mayo de 2005.

269. Conflicto y polémica sobre los acuerdos de cooperación con las comunidades autónomas. En enero de 2006, la Generalitat valenciana amenaza a RTVE con desahuciar su sede, cedida en mayo de 2004 por diez años. La causa: un reportaje del programa Informe Semanal sobre el urbanismo valenciano y su especulación desbordada.

270. La declaración del Consejo de Informativos de TVE: «Hasta aquí hemos llegado», afirma que «no es el rumbo indicado por el informe de los sabios», aunque reconoce que la «manipulación sistemática ha desaparecido». El BOE se refiere al Boletín Oficial del Estado; El Caso fue un famoso semanario español, ya cerrado, dedicado durante décadas a la crónica negra.

271. El informe enviado por RTVE al Consejo para la reforma, riguroso y amplio, defendía propuestas que estaban en las antípodas del plan presentado por la SEPI en 2006. Así, se pronunciaba por un servicio público fuerte y ampliamente descentralizado, por una limitación de la cantidad de publicidad y una financiación estatal mayoritaria, así como por una plantilla de empleo mantenida, aunque con «importantes cambios en la organización del trabajo». Véase «RTVE: situación actual y perspectivas», julio de 2004 (136 pp.).

272. Grupo RTVE. Informe Anual sobre el cumplimiento de la función de servicio público del grupo RTVE en 2003, Madrid, 2004.

273. Varios grupos de la oposición exigen en el Congreso la regularización de los empleados contratados, incluyendo al PP, quien alega en su apoyo el «informe de los sabios» (El Mundo, 12-6-2005).

274. Expansión, 28-8-2005; El País, 16-10-2004.

275. Véase Infoadex, 2005. Según los índices Zenith, desde 1991 hasta 2005 el consumo de televisión había aumentado un 16 %, mientras que el tiempo de publicidad lo habría hecho en un 361 % y el número de spots en un 459 %.

276. La alianza entre Planeta y Agostini logró hasta un 39,4 % de las acciones de Antena 3 TV. La sociedad Kort Geding se disolvió en 2006, pasando formalmente sus acciones al Grupo Planeta-DeAgostini. Pero en la prensa se especulaba continuamente sobre quién era realmente el socio dominante, según muchos identificado con Agostini, que habría conseguido al menos el 50 % de las acciones, además de haber aportado el capital para la compra. Quedaban accionistas minoritarios pero relevantes como RTL (Bertelsmann, con el 17,26 %) y BSCH (con el 14,20 %).

277. A la conferencia de prensa celebrada el 15 de febrero de 2005 asistieron los directivos de Recoletos, La Razón-Antena 3 TV-Onda Cero (Planeta), Vocento-ABC-Punto Radio, El Mundo y COPE . Una ausencia llamativa fue la del consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, que originó toda clase de interpretaciones, incluyendo la de una cortesía inducida por el primer ministro Berlusconi hacia el Gobierno español.

278. El concurso se resolvió a favor de la oferta presentada por GAMP (Grupo Audiovisual de Medios de Producción) con la mexicana Televisa. En «La Sexta», la empresa fusionada entre Grupo Árbol-Globomedia y Mediapro con varias productoras menores tiene el 60 % de las acciones, mientras que Televisa de México detenta el 40 %. El Grupo Zeta no llegó a presentar su anunciada solicitud, de forma que el único grupo aspirante perdedor fue Kiss Media de Blas Otero.

279. Varios diarios se opusieron beligerantemente a esas medidas. El Mundo en especial sostuvo una ofensiva casi permanente, acusando al gobierno de «ajustar cuentas con El Mundo», de negarles «un asiento en la mesa del futuro» al dejarles un solo canal digital, lo que equivaldría «en la práctica a firmar su certificado de defunción»; y atribuye al Gobierno el crear «un sector teledirigido [...] para favorecer a sus aliados y amigos» (El Mundo, 25-6-2005). Esta oposición tendrá el firme apoyo del PP, que calificó de «atropello» las nuevas licencias analógicas. Incluso Antena 3 y Telecinco anunciaron que iban a recurrir contra la apertura de Canal Plus.

280. Véanse La Razón, 16-2-2006; y El Mundo, 21-2-2005.

281. Los grupos que con mayor insistencia sostuvieron esta opción en sus enmiendas fueron CIU y el PP, pero los demás grupos minoritarios la apoyaron. El PSOE aceptó esa enmienda, así como la de elevación del número de consejeros, alegando su esfuerzo para lograr un consenso parlamentario.

282. La ley preveía en sus disposiciones transitorias que «un administrador provisional único, nombrado por la junta general de accionistas», se haría cargo del Ente RTVE hasta su disolución y la creación de la Corporación RTVE que la sucedería. Los interventores de la SEPI se harían cargo después del ente, que mantendría la deuda acumulada hasta su asunción por el Estado.

283. El Congreso de los Diputados aprobó el 28-3-2006 una moción del grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que, entre otras cuestiones, instaba al Gobierno a «presentar en el actual período de sesiones los proyectos de Ley General Audiovisual y de creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

284. Véase El Mundo, 24-12-2005. En esa época se llegó a celebrar una sesión entre periodistas y diputados populares en el Parlamento Europeo que declararon contra la ley catalana «por su grave vulneración de la libertad de expresión». La Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, aprobada en diciembre de 2005, con los votos contrarios del PP, refuerza al CAC, incluyendo su informe vinculante para la concesión de emisoras privadas. En su artículo más polémico declara que «la información debe ser veraz», «la que se fundamenta en hechos que se pueden someter a una comprobación diligente, profesional y fidedigna» (art. 7).

285. En el anteproyecto, los fines del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales parecían difíciles de objetar (art. 2), entre ellos, «velar por el respeto de los derechos y libertades en el ámbito de los medios de comunicación, públicos y privados», o «impedir cualquier forma de discriminación y proteger la dignidad de las personas y los derechos de los radioyentes, en particular los de la infancia y la juventud, tanto en la programación como en los contenidos publicitarios».

286. Véase SEPI/RTVE «Un nuevo modelo para radiotelevisión pública. Principios básicos del Plan de Saneamiento y Futuro» (18 pp.). Y su continuación, SEPI/RTVE «Un nuevo modelo de Radiotelevisión pública Española», de 10 de marzo de 2006 (12 pp.). (www.rtve.es).

287. Las consultoras aludidas fueron Deloitte (antigua Arthur Andersen), que había realizado numerosos trabajos para las televisiones y los grupos privados, y Boston Consulting Group, también habitual en estudios de reestructuración de los más diversos sectores económicos. Según el presidente de la SEPI, los datos proceden del «know how de nuestros asesores, pero que es secreto por ello, ajustado a las peculiaridades de RTVE y a ejemplos europeos» (Cinco Días, 27-3-2006).

288. Entre las múltiples declaraciones y entrevistas de estos meses, el secretario general de RTVE, también procedente del Ministerio de Hacienda, incidía en esa línea al asegurar que «producir una hora en TVE cuesta el doble que en las privadas» y daba nuevas explicaciones sobre el método utilizado «después de definir la parrilla de TVE y RNE, su descomposición por géneros, el nivel de producción y la organización territorial para prestar el servicio público [...]. A partir de ahí se estudia cuánta gente se necesita y se suma» (El País, 13-3-2006).

289. En el informe del Consejo se distinguía entre costes generales (incluidos ingresos comerciales) y gasto público de RTVE, ambos muy desfavorables para España, pero muy especialmente el segundo. Y también se hacían comparaciones significativas ligadas al tamaño de la población y al número de hogares. Ahí se comprobaba que España tenía la ayuda más baja por hogar (61 euros/año) frente a 116 de Francia, 98 de Italia, y que se multiplicaba por cuatro veces en el caso de Alemania y por tres en el del Reino Unido.

290. RTVE había sufrido ya, entre 1990 y 2003, una reducción de 4.867 empleos. Y su cifra desde entonces, en torno a los 9.200 empleos (de ellos, casi un millar de eventuales), no parece excesiva en relación con la población o el territorio español, ni en términos comparativos con otros servicios públicos europeos: 27.776 empleados fijos en Alemania, 22.416 en el Reino Unido, 10.743 en Francia y 9.793 en Italia.

291. El informe partía de la base de que «la estructura territorial de RTVE está directamente ligada a una visión centralista propia del franquismo». Y añadía que «su funcionamiento rutinario [del Estatuto de 1980] ha puesto de relieve, en regiones y nacionalidades, las carencias de producción y programación para hacer frente al reto de una articulación y cohesión estatales, promovidas desde la cultura y la información». Se consideraba así que la descentralización de RNE atendía a una necesidad del Estado de las autonomías y de su cohesión territorial que debía coordinarse pero no solaparse ni borrarse ante el papel de cohesión regional jugado por las radiotelevisiones autonómicas (véase Consejo para la Reforma, 2005).

292. Frente a las 41.000 horas de emisión estimada en los últimos años (25.000 de ámbito autonómico y 16.000 de ámbito local), la SEPI asegura que RNE dispondrá de emisiones territoriales en las 18 comunidades autónomas y de 35 unidades informativas, todo ello atribuido al área de informativos, con una desconexión territorial de 75 minutos/día entre lunes y domingo (SEPI, 2006). Es decir, 7.756 horas/año.

293. Moción presentada por Izquierda Unida en el Congreso el 22-3-2006 y aprobada por el Pleno el 28-3-2006, con apoyo del grupo socialista.

294. «Acuerdo para la constitución de la Corporación RTVE», firmado por SEPI/RTVE con UGT, CC. OO., USO y APLI. Según el calendario establecido, la plantilla laboral total de RTVE en el segundo semestre de 2008 sería de 6.400 personas en lugar de las 9.366 de 2006.

295. El Informe del Consejo estimaba, sobre datos presupuestarios de 2003, que, en caso de estabilidad de gastos e ingresos publicitarios, la aportación estatal se cifraba entre 540 y 600 millones de euros. Esa subvención directa y transparente supondría ya un ahorro de entre el 27 y el 35 % respecto a la media de 826 millones que el Estado había venido pagando, deuda avalada incluida, en los últimos años (p. 161).

296. Una primera versión de este apartado ha sido publicada por Bustamante, Enrique y Corredor, Patricia, con el título: «La política audiovisual de los gobiernos de Zapatero. Balance de la segunda legislatura». En Lamuedra, coord., 2012.

297. Véase Malo de Molina (2010).

298. Véase García Leiva (2008).

299. Declaración de Madrid: los nuevos desafíos. Suscrita por la AERC (Asociación de Radiodifusión Comercial), la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), la UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), la ACT (Asociación de Televisiones Comerciales Europeas) y la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), el 3 de junio de 2010.

300. UTECA, 2009. La televisión en España. Informe 2009. Presentación. Alejandro Echevarría Busquet. CIEC. 2009. Madrid.

301. «[…] la televisión no ha perdido fortaleza si siquiera ante los nuevos modelos de consumo de medios, que empiezan a estar dominados por el proverbial “veo lo que quiero cuando y donde quiero”, a través de múltiples pantallas» (Madinabeitia, 2010, «La televisión ya no es lo que era», Anuncios XXX Años, n.º 152).

302. Jose M. Contreras. Intervención ante las jornadas «Los retos del sector audiovisual», organizadas por la Asociación de la Prensa de Madrid y Dircom (Madrid, 21-6-2011).

303. www.uteca.com/uteca_contenidos/.../UTECA-240920111310.pdf

304. www.forta.es/Portals/0/Forta1200.pdf

305. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) impuso a Telecinco una sanción de 3,6 millones de euros en julio de 2011 por no haber cumplido en tiempo y forma las condiciones impuestas para la fusión, factores sin los cuales había estimado «que se generaría una reducción de la competencia efectiva en varios de los mercados afectados». Telecinco recurrió la multa.

306. Como reconocía el informe de Uteca en 2010, «las televisiones privadas continúan mostrando unas ratios de rentabilidad muy superiores a la de empresas con mucha mayor antigüedad y peso en el mercado, como lo demuestra el hecho de que la ratio de capitalización bursátil sobre facturación o bien sobre resultado de explotación de las televisiones privadas se sitúe por encima del correspondiente a sectores tan importantes como banca, telecomunicaciones o eléctricas» (UTECA, 2010, p. 229).

Consideraciones finales

El relato histórico de las vicisitudes de la radiotelevisión pública en España deja claro que no hay posibilidad de nostalgias —ni siquiera en medio de aniversarios redondos de medio siglo— sobre una supuesta y maravillosa edad de oro que debamos añorar. Ello no obsta para esperar que, con tantos matices señalados, por algunos de sus programas y por su función general respecto a las cadenas privadas, las autoridades españolas agradezcan públicamente a RTVE algún día, como se ha hecho en el Reino Unido,307 su papel respecto a la cultura y la vida del país desde la llegada de la democracia.

Sin embargo, los cinco capítulos precedentes resaltan cómo el nudo de todas las enfermedades endémicas del servicio público reside en su subordinación al poder político, que conduce hacia una oferta programática ambigua y confusa, así como a la inestabilidad y quiebra financieras.

Como se ha visto, hay elementos que se repiten con cierta cadencia en todos los gobiernos españoles, como las promesas electorales que se van acomodando al ejercicio del poder, los consejos de administración militantes que reiteran las mayorías gubernamentales, las comisiones parlamentarias infructuosas más allá de su escenificación de la confrontación entre Gobierno y oposición, la dependencia y volatilidad de los directores generales de RTVE, la reiteración de las acusaciones cambiantes entre Gobierno y oposición con el argumento recurrente del pasado reciente o lejano, la repetición periódica de los escándalos económicos o la bandera reversible de la independencia de los profesionales. Sin embargo, sería un error contemplar esta historia, sobre todo en democracia, como una repetición cíclica de constantes invariables. Por encima de tales factores, o a través de su propia evolución, se produce una conciencia ciudadana en ascenso sobre la necesidad y utilidad del servicio público y sus trazos irrenunciables, sin la cual los partidos políticos mayoritarios nunca hubieran mantenido en sus programas y sus agendas, con tal intensidad y permanencia, la promesa de una regeneración de la radiotelevisión pública y, por extensión, del conjunto del audiovisual.

De otro lado, los hechos evidencian que el problema no es sólo la radiotelevisión pública. Aunque se mantenga con mayor sordina por los lazos multimedia o las solidaridades naturales entre medios comerciales, este «pecado original» resulta común a la radiotelevisión privada, cuya génesis en unas concesiones arbitrarias, siempre bajo sospecha política, lastra también su desarrollo y su deficiente regulación y control; y determina también aquí potentes clientelismos políticos en los contenidos, relativamente más camuflados que en la radiotelevisión pública por el mito de la «independencia» del mercado. En ambos subsistemas, el Estado (en realidad, los gobiernos) actúa como «ingeniero supremo» que diseña, por acumulación sedimentada, el gran juego político y económico del audiovisual, al margen del interés de la ciudadanía.

El caso español no es, de todos modos, más que el ejemplo extremo de una situación achacada con frecuencia por los analistas a los países mediterráneos.308 En todos ellos, aunque en diversas medidas y con matices nacionales singulares, la radiotelevisión pública ha sufrido crisis más agudas y periódicas, y ha optado por estrategias más comerciales, de casi identificación con la competencia privada; en ellos también, como se ha dicho con cierta ironía, estas crisis del servicio público dan lugar a movimientos de expiación y regeneración309 que no excluyen nuevas crisis futuras sucesivas. Además, el cordón umbilical nunca cortado del sistema audiovisual entero con el poder político coincide con las desregulaciones más duras y con sus reediciones ampliadas y más reiterativas (cuando, como se decía en Francia, cada desregulación oculta, supera, a la anterior («une dérégulation cache une autre»).

Pero el problema en Europa ya no es tan sólo mediterráneo, suponiendo que los pueblos ribereños de este mar tengan una especial maldición poco creíble en estos asuntos, sino también de los nuevos entrantes y aspirantes a la Unión Europea, en donde los estudios preliminares han detectado una profunda debilidad de los entes públicos de radio y televisión, tras el paso brusco a una economía de mercado, con servicios públicos subfinanciados o en quiebra, regulaciones inestables y autoridades débiles.310 Si añadimos algún caso peculiar como Dinamarca, en donde el Gobierno abrió el paso en 2005 a una privatización acelerada de TV-2 tras haber sido condenada por la Comisión Europea a devolver subvenciones indebidas al aplicar una definición minimalista del servicio público, hay que convenir que se trata de un problema europeo y no sólo nacional. Una pugna entre concepciones diversas sobre el papel y la fuerza del servicio público en la futura Unión Europea que pone en cuestión el modelo social europeo y la coherencia entre Estado de bienestar y servicio público, entre audiovisual armónico y salvaguardia del interés común. Pero entre todos los problemas señalados en el mantenimiento de un servicio público emblemático, el principal para los próximos años es ciertamente el de la financiación, el de una voluntad financiera de los Estados que respalde coherentemente su voluntad política (Lange, 2005).

Ahí hay pues que centrar el segundo nivel de problemas. Porque desde el Protocolo de Ámsterdam de 1997 hasta la comunicación de los servicios de interés general de 2001, la Comisión Europea ha desarrollado una doctrina compleja y casuística sobre el servicio público, coherente con su filosofía y sus tratados, que podría servir de marco y acicate para una redefinición y regeneración del servicio público en toda Europa. Ocurre sin embargo que la vigilancia comunitaria parece actuar aquí sobre máximos y no sobre mínimos, olvidando a los países que no cumplen unos estándares elementales de independencia, presencia y financiación del servicio público. Tampoco ha reaccionado contra los países que desoyen o tergiversan sus múltiples recomendaciones sobre las autoridades independientes del audiovisual ni, en términos comparables, con respecto a la situación y las actuaciones de la radiodifusión privada y comercial. La armonización se establece así sobre un rasero mínimo y desequilibrado que actúa de común denominador.

Hace años, en desarrollo de una independencia de criterios que les honra, algunos destacados investigadores anglosajones diseccionaban la política audiovisual europea, piloto a su vez de la política cultural regional, para desvelar su carácter de espacio de confrontación de las «grandes narrativas» europeas contrapuestas: entre la Europa de las patrias y la visión unificadora, entre dirigistas y ultraliberales, intervencionistas y mercantilistas, minimalistas y maximalistas; pero señalaban que, a pesar de las apariencias del discurso oficial, la comunidad había sido incapaz de desarrollar un marco que uniera y armonizara las necesidades culturales, políticas y económicas europeas; y que, finalmente, las medidas dirigistas habían tenido menos efectos que las de liberalización (Collins, 1994), en detrimento del servicio público. Hoy podrían prolongarse esas reflexiones, pero constatando que la nueva firmeza de la comisión respecto a las radiotelevisiones públicas no tiene su correlato ni en la regulación y vigilancia de la concentración de los grupos privados (abandonada toda regulación específica desde el intento frustrado de Mario Monti), ni en el control de su cumplimiento de la regulación europea, ni siquiera en aquellas prácticas que violan y subvierten las reglas de oro de la libre competencia. Una política, pues, desequilibrada, que no puede ampararse ya en la soberanía nacional exclusiva sobre la política y la cultura, y que hace muy difícil la preservación de un servicio público redefinido en ausencia de un sistema armónico integral.

Sorprende por lo demás que en el contexto del impasse producido en la Unión Europea en torno al proyecto de Constitución empantanado, diagnosticado muchas veces como un «déficit de comunicación» por las autoridades comunitarias (que suplanta significativamente al «déficit democrático» tantas veces comentado), las radiotelevisiones públicas y la propia Unión Europea de Radiodifusión, su articulación de esfuerzos más lograda, no hayan sido objeto de una mayor atención y de encargos y apoyos específicos para desempeñar un papel que ningún otro agente podría cumplir; no al servicio de una imposible fabricación por decreto de la identidad europea, sino de la construcción paulatina de una ciudadanía europea que se apoya justamente en su diversidad. Un concepto este último legítimamente en boga hoy en día, gracias al impulso de la convención de la Unesco, en donde los países europeos han jugado un papel muy activo y positivo, pero que apela también al rol insustituible del servicio público en la comunicación y la cultura en todos los ámbitos geopolíticos, sin el cual la creciente fragmentación de los gustos, las identidades y los intereses de nuestras sociedades —y no sólo de regiones y naciones sin Estado— no encontrará una representación fehaciente ni el espacio necesario para conseguir su coexistencia e intercambio. Menos aún en medio de procesos evidentes de oligopolización de la propiedad de los medios y de la consiguiente homogeneización mercantil a escala internacional de la cultura y la comunicación. Y con la espada de Damocles de un paisaje previsible futuro, ya avizorado en muchos países, en el que la multiplicidad y fragmentación de la oferta en canales temáticos y servicios y la consiguiente segmentación de los públicos, al degradar la base económica indispensable para la fabricación de programas de calidad, acabe con los canales generalistas, una experiencia compartida que hoy sustenta el consenso y la cohesión social.

La cuestión alcanza toda su trascendencia actual en el contexto de la transición hacia la Era Digital. Porque ya no se trata sólo del papel clásico del servicio público de radiodifusión, vigente en buena medida,311 sino del destino de esa cercana Sociedad de la Información o del conocimiento cuya importancia no han cesado de reiterar los propios organismos de la UE. Pero este generalizado consenso social sobre la trascendencia nodal de las nuevas tecnologías de la comunicación para todos los órdenes de la sociedad revela que la información y la cultura no afectan ya sólo al pluralismo democrático, sino a todo el desarrollo económico y social de los individuos y los pueblos.312 O, dicho de otra forma, que el debate sobre la regulación de la comunicación, particularmente de la filosofía entre los conceptos de servicio universal o público, ya no sólo es importante para garantizar un acceso igualitario y la calidad de las comunicaciones públicas, sino que además se ha convertido en «fundamental para todo el desarrollo de una sociedad postindustrial (o Sociedad de la Información) como tal» (Burgelmann, 1999, p. 129).

La Unión Europea ha respondido de forma todavía incipiente e incompleta a ese reto. De una parte, numerosos documentos del Consejo de Europa y de la Comisión de Bruselas, incluyendo el propio Protocolo de Ámsterdam, han reafirmado la necesidad de que el servicio público se plasme también en nuevos servicios de información en todas las redes, caracterizándolo como motor de la transición digital, especialmente a través de las ondas pero también de Internet, y como protagonista en el acceso universal de toda la población a la Sociedad de la Información. Sin embargo, es necesario reconocer que una parte importante de los programas y planes de la UE bautizados con frecuencia retórica como «de Sociedad de la Información para todos», desde el Informe Bangemann hasta la cumbre de Lisboa, han olvidado el papel del servicio público en ese proceso, minimizando así la función que podrían cumplir coordinadamente unas entidades que disponen todavía de notables recursos y enormes carteras de programas. Hasta el punto de que tras la cumbre de Lisboa, que proclamó el objetivo de Europa de llegar a ser «la sociedad más competitiva del mundo», tuvo que ser la Unión Europea de Radiodifusión quien recordara que las radiotelevisiones públicas podían ser un elemento clave en esos propósitos para unos países en donde las tasas de población conectadas a las nuevas redes, sea Internet o los servicios audiovisuales de pago, están encontrando techos resistentes que excluyen a más de la mitad de la población.

En los últimos tiempos se pueden señalar otras tendencias peligrosas en el seno de la UE, todavía felizmente no determinantes. Entre ellas ocupa el primer lugar una arriesgada lectura de la «neutralidad tecnológica» que, siendo razonable como reacción al colbertismo voluntarista del pasado (programa RACE y norma MAC de HDTV, por ejemplo), adopta una actitud neoliberal extrema para negar la soberanía de la comisión y de los propios estados a la hora de beneficiar a las redes más baratas y universales, una nueva versión de la tan desprestigiada concepción de la bondad natural de las tecnologías victoriosas en el libre mercado. Otra vertiente peligrosa, que niega la propia doctrina comunitaria sobre los servicios de interés general, es la que a instancias de operadores privados cuestiona las modalidades, la financiación y hasta la autonomía de los estados-miembros a la hora de traducir las misiones de servicio público en las nuevas redes, generando a futuro una especie de tipología disyuntiva de servicios interactivos comerciales y de servicio público que nunca se aceptó en los géneros y formatos radiotelevisivos analógicos.

Y sin embargo, basta revisar los indicadores principales de SI en la UE de los 25 para comprobar que existen enormes disparidades en su seno respecto al acceso y la distribución de los nuevos servicios, tanto en el ámbito de la empresa y la educación como en el de los hogares, que suponen al mismo tiempo tanto un enorme riesgo para su cohesión social, nacional y regional como para su desarrollo y competitividad económica. Unas desigualdades reveladoras en el plano internacional pero que atraviesan también transversalmente cada una de las sociedades nacionales, con simas y fracturas más graves en los países menos desarrollados, sobre todo de nuevo en muchos de los latinos y en los procedentes del «socialismo real» de otra época. La evidencia empírica demuestra así no sólo la obviedad de que la riqueza analógica atrae a la digital, sino que el modelo de mercado puro de SI —Internet, la radio y la televisión digital con acceso al hogar por vías de alto coste para el usuario— no parece capaz de llenar esas brechas durante décadas y que el modelo alternativo clásico para los países en desarrollo, es decir, el acceso colectivo a las nuevas redes, tampoco se está potenciando en esos países de desarrollo intermedio. Sin contar con que en la televisión digital pero también en Internet el modelo de expansión dominante viene acompañado de un salto cualitativo en la comercialización de la cultura, de la concentración monopólica de las plataformas, de la transnacionalización creciente de los capitales y, finalmente, de la homogeneización de los contenidos.313

Queda la tercera vía señalada anteriormente, la del acceso colectivo e individual a través de las redes más universales, las hertzianas digitalizadas de radio y televisión. Pero aquí también son justamente las naciones con servicios públicos más fuertes, bien financiados y diferenciados, las más firmes y consecuentes a la hora de seguir una planificación estratégica que los convierta en locomotora de la transición digital. El texto de Hibberd sobre la BBC publicado por la RAI muestra ejemplarmente esta apuesta firme de la BBC y de su filial on line, pero se podría citar también el caso alemán, pese a su desarrollo cuasi general del acceso por cable-satélite. En cambio, sintomáticamente, los países que no han terminado de aprobar las asignaturas básicas del servicio público, desde su independencia gerencial a su financiación pública suficiente, son los más débiles y atrasados también en este proceso de reconversión de la radiotelevisión pública al entorno digital y multimedia. Como asimismo en los países entrantes y aspirantes a la UE, en los que la alternativa entre «pan y banda ancha» ha sido planteada como una falsa disyuntiva.314 Sin embargo, como muestra el caso de España, ampliamente relatado en las páginas anteriores, parece notoria la incapacidad de muchos gobiernos de las más diversas ideologías para imaginar un escenario alternativo de SI, en cuyo acceso tenga un papel relevante el servicio público, no sólo en la oferta audiovisual sino también en los nuevos servicios y en Internet.315

Habría, por otra parte, que extender la mirada a otras realidades regionales fuera de Europa. Porque desde 2005 llegaron signos fehacientes de que la reforma española y la pugna de modelos europeos en general habían adquirido cierto valor emblemático para muchos países de Latinoamérica en los que la confusión programática, organizativa o financiera, cuando no la jibarización progresiva del servicio público, habían ido ganando terreno en medio de un ambiente dominado durante décadas por el todo mercado. Así, cabe recordar que en Argentina se ha revitalizado en los últimos tiempos la reivindicación de un estatuto independiente y estable para los medios públicos (Canal 7 y Radio Nacional); que en México se ha renovado el debate sobre la necesidad de un consejo audiovisual mientras la situación de los medios públicos y su necesidad vuelven a estar en la arena pública, en medio de un movimiento social amplio de rechazo a la «ley Televisa» de 2006. Y que en Chile, el país que consiguió mantener una televisión pública fuerte (TVN), los acontecimientos están obligando a poner en cuestión su financiación comercial absoluta y su nunca lograda independencia del Gobierno y los partidos. Pero podrían añadirse otros casos nacionales, Colombia, Venezuela, Perú..., en un continente en el que la expansión temprana del modelo estadounidense hizo estragos en la vida social y en la concepción misma de la ciudadanía y su ejercicio. Que en estas condiciones, después de décadas, se mantenga e incluso revitalice ahora este asunto en la agenda pública con las problemáticas de la diversidad cultural y de la Sociedad de la Información, indica que estamos ante disyuntivas de valor universal y no sólo europeas.

Hay pues que admitir que tras la batalla de los medios públicos y de la regulación del audiovisual se camuflan formas muy distintas de entender la sociedad y la democracia, como ámbitos que no pueden estar totalmente enfeudados al mercado y sus lógicas; pero también concepciones diversas del mercado y de su integración en un Estado que es necesario repensar en muchos de sus componentes clásicos. En todo caso, el papel del servicio público, en sus formas clásicas y en sus múltiples adaptaciones al entorno digital e interactivo, supondrá una pieza capital siempre en la conformación de una sociedad democrática avanzada.

307. «El Gobierno —decía una reciente declaración oficial— reconoce la enorme contribución que la BBC ha hecho a la vida y la cultura británica en el Reino Unido y fuera de él.» Tessa Jowell, «Review of the BBC’s Royal Charter. A strong BBC, independent of Gouvernment», marzo de 2005 (www.bbc.uk).

308. Humphreys (1996) se refiere así directamente a la Europa mediterránea, caracterizándola como «cultura del clientelismo» (p. 157).

309. «Crisis y redención parecen constituir efectivamente los términos apropia- dos para dar cuenta de la situación actual del servicio público» (Regourd, 1997).

310. Véase IMCA, 2004. El estudio concluye con el hundimiento de audiencias y recursos de las cadenas públicas, la internacionalización del capital en la televisión comercial, un marco regulador «ni estabilizado ni concluido» y autoridades de regulación «frágiles».

311. Como ha escrito Giuseppe Richeri: «La televisión pública mantiene sin embargo un vigoroso núcleo de objetivos originales, que deben reconsiderarse a la luz de la nueva realidad social y que se han reforzado en la confrontación con la televisión privada» (Richeri, 1994, p. 60).

312. Como se ha afirmado, «no se puede a la vez mantener el discurso de un papel crucial de Internet en la sociedad futura [...] y contemplar una regulación a mínima bajo control de los operadores económicos de Internet. Es decir, Microsoft, ATT & T, Bertelsmann, Vivendi, Murdoch, etcétera» (Dagnaud, Bonnet y Depondt, 2000).

313. Un amplio análisis sobre esta problemática puede verse en Bustamante coord., 2003.

314. Clement, Burgelmann y Bogdanowicz, 2003. Se recomendaba así una «visión holística», con coordinación entre los planes nacionales de desarrollo, insistiendo en considerar a las TIC como «elementos que posibilitan el desarrollo económico, político, social e intelectual, más que como objetos autosuficientes».

315. Como se ha destacado, «la televisión pública en el nuevo ecosistema digital ha de utilizar las posibilidades que le ofrece la tecnología para cumplir dos nuevas misiones básicas: garantizar el acceso universal de toda la población a los nuevos recursos programáticos y configurar una oferta en abierto que pueda satisfacer la demanda plural del público, sin limitarla a la lógica mercantil que siguen las cadenas privadas» (Moragas y Prado, 2000, p. 340).

Epílogo

El Gobierno Rajoy (2012):

el mayor ataque en democracia contra

el servicio público

En las elecciones generales del 20 de noviembre (adelantadas cuatro meses respecto a su calendario natural), el Partido Popular ganó ampliamente con el 44,62 % de los votos y una mayoría absoluta del Congreso de 186 escaños (32 más que en 2008), mientras que el Partido Socialista, hipotecado por las políticas erráticas de Rodríguez Zapatero en su II Legislatura y aquejado de una notable sangría de electores, perdía 59 diputados (con 110 elegidos) y sólo alcanzaba a un 28,73 de los votos emitidos. Se inauguraba así la X Legislatura marcada por el poder omnímodo del PP, incluido el Senado (136 escaños frente a los 48 del PSOE), pero también por la crisis económica.

El Gobierno de Rajoy ejercerá este dominio, desde la primera semana de mandato, con una política económica orientada exclusivamente a la reducción del déficit público, según los dictados de Bruselas y del Gobierno alemán, pese a las continuas invocaciones al crecimiento y al empleo futuros. Comenzando por los recortes del presupuesto público de 16.500 ME del 12 de diciembre de 2011, y continuando por el ajuste de 65.000 ME (incluidos ingresos y reducción de gastos) anunciado en el mes de julio, que añadía recortes a los salarios de los funcionarios o la subida generalizada del IVA al 21 %. Las apelaciones a la «mentira socialista» sobre el déficit (8,5 % del PIB frente al 6,6 comprometido en 2011), aunque buena parte de él estuviera causado por las autonomías gobernadas por el PP, y las advocaciones a la «herencia recibida», servirían de coartada permanente para esta política económica de reducción drástica del gasto público que incluía un programa claramente ideológico contra el sector público y el Estado de bienestar. La nacionalización de Bankia (cuarto banco del país) y la consiguiente petición de rescate financiero a Europa hasta de 100.000 ME no hará más que agravar el círculo vicioso de esta política de austeridad a ultranza con el empobrecimiento general de España.

Los ajustes en cascada del gasto público en políticas sociales (sanidad, educación, desempleo, jubilaciones…), orientados siempre a beneficiar a la gestión privada, y una reforma laboral radicalmente neoliberal se mezclarán durante todo el año 2012 con anuncios o proyectos de ley contra la regulación del aborto o del matrimonio homosexual (frenado éste por el Tribunal Constitucional), a favor de la enseñanza privada y religiosa o en detrimento de la justicia gratuita, en un cóctel explosivo de ajustes económicos neoliberales con medidas enraizadas en la ideología derechista española. Todo ello sin que la situación económica diera la más mínima señal de responder a la presunta bondad de tales medidas.

En efecto, la prima de riesgo-país alcanzaba en julio de 2012 récords históricos de en torno a los 600 puntos básicos (más de un 7 % de interés) y aunque luego se relajara con altibajos, los resultados económicos verificables resultaron catastróficos: 853.900 empleos menos en un año a noviembre de 2012, nutriendo un paro que Eurostat evaluaba en un total de 6 millones de parados, y caída del 1 % del PIB interanual (Informe Trimestral del Banco de España. Boletín Económico de julio-agosto de 2012). En diciembre, el FMI no sólo preveía un descenso del PIB a finales del año en el doble de lo pronosticado por el Gobierno, sino también un 1,3 % menos en 2013, y auguraba que España no cumpliría el déficit comprometido ni en ese ejercicio (un 7 % frente al 6,3 prometido), ni en 2013 (un 5,7 % frente al 4,5). El fantasma de un rescate total de la economía española se mantenía permanentemente en el horizonte.

Promesas electorales en tiempo de crisis

En este contexto, resulta ilustrativa la lectura de los programas electorales del PSOE y del PP para las elecciones generales del 20-N. Porque la primera conclusión es que aprovechan la crisis económica para minimizar sus compromisos sobre la comunicación y la cultura, con mucho menos espacio y protagonismo del que le dedicaron en sus proclamas de 2004 y 2008. Aunque la retórica sobre la cultura y el conocimiento ocupe un papel protagonista en la crisis.316

El programa socialista «para ganar el futuro» es emblemático de ese retroceso, sobre todo respecto a la campaña de Zapatero de 2004. En el capítulo V y en el apartado titulado «un sector audiovisual saneado e independiente», se reconoce que éste «precisa urgentemente» de una actuación global para garantizar una información veraz y una oferta de ocio que favorezca a los creadores y a los espectadores. Se promete la creación «efectiva» del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, se propugna su extensión a consejos independientes por CC. AA., y se garantiza una «adecuada financiación» del servicio público, incluso con «otros instrumentos alternativos de financiación» si la tasa sobre las telecomunicaciones para RTVE es condenada por Bruselas. Además, se promueve una reforma democrática de las TV. AA., y regulaciones que permitan devolver las licencias digitales privadas no utilizadas para disminuir su número.

En cuanto a la cultura, en el capítulo II sobre «una economía sana y competitiva», se inserta un espacio sobre cultura y contenidos digitales, que comienza con la referencia a «una de las grandes culturas del mundo», que han de jugar (las industrias culturales y creativas) un papel relevante en la economía del conocimiento, y siguen referencias a la política cultural como una rentabilidad «por encima de todo, social». Pero aquí, RTVE o el servicio público en general no juegan ningún papel, y las promesas concretas escasean: nuevo modelo de protección de la propiedad intelectual, reforma de la ley de mecenazgo, refuerzo del apoyo a las industrias culturales y a la lengua española…

El programa del PP sobre lo que «España necesita», es más interesante por lo que se omite o sugiere que por lo que afirma, pero no deja de transparentar claras concepciones sobre la comunicación y la cultura. Las referencias al servicio público aparecen en el apartado 1.9, «Nuevas tecnologías para la modernización», que se limita a pronosticar que «estudiaremos la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura presupuestaria que estamos atravesando», estableciendo legalmente techos de gasto y de endeudamiento. Además, se promete impulsar una reforma legislativa para que las administraciones autonómicas y locales tengan «libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas» que permitan la entrada a la participación privada.

En cuanto a la cultura, el programa del PP es todavía más clarificador en su apartado «Comprometidos con el bienestar», en donde tras la familia, la salud, los mayores o el deporte, aparece la afirmación de que «nuestra cultura es una de las más dinámicas del mundo», aunque carece «hoy de una estructura eficaz de difusión y consolidación (sic) de su industria cultural». Las promesas en esta línea mezclan la sustitución de «la trasnochada estrategia de la subvención» con hacer de la cultura «uno de los componentes de la marca España, suprimir el canon pero reforzar el marco legal de protección de la propiedad intelectual e industrial» (sic). La oferta más concreta se refiere a fomentar «la protección de todas las manifestaciones artísticas tradicionales que son parte de nuestra cultura, como la tauromaquia».

Las decisiones del Gobierno del PP en su primer año superaron con mucho los temores generados por esas «promesas». En efecto, a los sucesivos recortes del presupuesto de gastos en cultura del Estado central desde 2008 a 2011, que acumulaban ya casi un 30 %, se sumó el «ajuste» del 18 % decidido en 2012 y aplicado desigualmente sobre los diferentes programas, de forma que, por ejemplo, el apoyo al cine a través del ICAA (Instituto de las Artes y las Ciencias Cinematográficas) sufrió un descuento de casi el 38 % de sus subvenciones. Pero este balance provisional resultaría muy incompleto si no se resaltara que la España descentralizada que llegó a ser elogiada internacionalmente por sus políticas culturales de proximidad, con más de tres cuartas partes del gasto público cultural anual gestionado por comunidades autónomas y ayuntamientos, se reveló como una brutal trampa cuando los recortes en cultura llegaron en 2012 al 60 y 70 % en muchas regiones, para desplomarse a cero en muchos municipios grandes y pequeños.

Naturalmente, estos «ajustes», según la «neolengua» que atraviesa toda la gestión «popular», se ampararon como en otras muchas actividades públicas —sanidad y educación inclusive—, en la lucha contra el déficit, aunque castigaran diferencialmente a los diversos sectores culturales, de forma sospechosamente coincidente con las fobias políticas del partido en el poder (especialmente el cine o el teatro, tachados genéricamente como enemigos desde su oposición mayoritaria a la implicación del Gobierno de Aznar en la guerra de Irak). Pero adoptaron tintes ideológicos singulares cuando, a tenor del propio programa electoral del PP, sus dirigentes esgrimieron la necesidad de acabar con la «antigualla del sistema de subvenciones» como apoyo a la cultura, para abrir paso a un modelo «sostenible», basado en la iniciativa privada, que debería ser estimulada por una reforma de la ley de Fundaciones y Mecenazgo, siempre prometida pero no presentada siquiera en el Parlamento durante ese ejercicio.

Sin debate alguno sobre las implicaciones culturales y sociales de ese presunto nuevo modelo, en medio del salto en el vacío entre la desaparición práctica del apoyo público y la promesa inverosímil de una nueva financiación benéfica privada, el flamante titular de la Secretaría de Estado de Cultura, Carlos Lasalle, a la que había sido degradada el anterior ministerio del ramo, declaraba, con la arrogancia que sólo un autodidactismo mal digerido puede prestar, que se trataba de acabar con el monopolio cultural que el Estado ha detentado sobre la cultura en España desde el siglo xix, aplicando así las discutibles acusaciones de Fumaroli al «Estado cultural» francés317 a un Estado como el español, que en sus mejores momentos en 2007 no llegó a superar el 0,65 % del PIB en gasto cultural, muy lejos de los grandes países europeos de nuestro entorno. Y ello precisamente, cuando esa cifra había bajado a menos del 0,25 % en 2012.

Culminación de las contradicciones de la política derechista y neoliberal, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy situó en primer lugar de su discurso oficial el elogio y el apoyo al «emprendedor», un concepto siempre curiosamente masculino que procede de una degradación escalar desde la creatividad y la innovación por la cultura al start up en cualquier campo y terreno; pero este canto al mercado y a la iniciativa privada resultaba frontalmente contradictorio con la elevación, desde septiembre de 2012, del Impuesto sobre el Valor Añadido en un 162 % para actividades como la asistencia a conciertos musicales o al cine, o para las galerías y exposiciones artísticas (del 8 al 21 %), las tasas más elevadas de toda Europa, manteniendo sin explicaciones para esta discriminación el IVA reducido del 4 % tan sólo para el libro o la prensa en papel, en donde se centraban coincidentalmente los mayores grupos editoriales y multimedia. De forma que los más prudentes cálculos iniciales sobre el consumo de cultura en España, que según las encuestas se había mantenido relativamente resistente a la crisis en los años anteriores,318 vaticinaban una caída en picado de la economía de la cultura y de las industrias culturales españolas.

A la espera de una verificación estadística de estas verosímiles estimaciones, los titulares de prensa en los últimos meses del año no ahorraron los apelativos, —«hemorragia», «abismo», «tormenta perfecta»— para sintetizar gráficamente el interminable rosario de cierres y desapariciones de festivales, ciclos de conciertos, salas de exposiciones y museos en el último año, como la reducción a menos de un tercio de los rodajes cinematográficos en curso en 2012 o, en fin, la muerte en masa certificada de centenares de pymes culturales en todos los campos. La situación de la cultura española, calificada de «encrucijada» a finales de 2011 (Bustamante, 2011), tomaba un año después los peores caminos inimaginables.

Otro campo conexo era la cooperación exterior, en donde España había dado un salto cualitativo desde 2004, alcanzando una ayuda al desarrollo (AOD) del 0,46 % del PIB, con presencia cada vez más relevante de los programas de cooperación cultural y comunicativa, especialmente a través de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), y con la promesa varias veces aplazada de llegar al 0,7 % en 2012.319 Pero sobre la base de diversos recortes ya sufridos por estas partidas desde 2008, el Gobierno de Rajoy anunció un ajuste del 70 %, que nos hacía retroceder a niveles de 2002, al 0,23 % del PIB. Especialmente, la AECID experimentó un recorte en sus presupuestos de más del 60 %, desplomándose en la práctica sus programas plurianuales y su apoyo a redes construidas durante años, con casi total desaparición de la cooperación cultural.

De nuevo, el alibí oficial era la necesidad de reducir el gasto público, tarea tanto más fácil en este campo por cuanto que, como señalaba un analista, «los beneficiarios no votan». Pero tales orientaciones cobraban todo su sentido ideológico cuando se contemplaba el gran proyecto gubernamental de afianzar y desplegar la «marca España», que, lejos de sostenerse en la cultura o ni siquiera en la creatividad, se apoyaría en la expansión de las grandes corporaciones españolas en el exterior. Para ello, el Gobierno del PP nombró un «alto comisionado» para la «marca-España», con categoría de secretario de Estado, sin remuneración fija pero con gastos pagados, nombramiento que recayó en la persona de Carlos Espinosa de los Monteros, destacado directivo empresarial privado desde el franquismo y luego presente en numerosos consejos de administración españoles y multinacionales, aunque sin el menor antecedente en el campo cultural, ni siquiera en su ángulo filantrópico.

Servicio Público: manipulación sistemática

y ruina económica

En su último año como oposición, el Partido Popular había evidenciado dos obsesiones sistemáticas. La primera era recortar drásticamente los recursos materiales de RTVE, y para ello Soraya Sáenz de Santamaría presentó dos proposiciones en el Congreso de los Diputados: recortar el presupuesto de RTVE en 200 millones de euros y quitarle un múltiple (cuatro programas); la segunda, expresada en numerosos mítines y declaraciones pero nunca en los espacios institucionales legalmente previstos, consistía en acusar a los informativos del servicio público de falta de neutralidad, una campaña que culminó en el vergonzoso intento de controlar desde el Consejo de Administración la confección misma de los telediarios (sistema informático iNews). Pero ninguna de esas aspiraciones figuraba en su programa electoral de finales de 2011, en donde prometía «una democracia ejemplar».

Ambas líneas resultaban llamativas desde la oposición en el contexto de la reforma emprendida por el Gobierno Zapatero desde 2006, cuyo logro fundamental fue la desgubernamentalización conseguida, inédita en tres décadas de democracia, y refrendada por los españoles con el liderazgo general de TVE y la primacía permanente de audiencias de sus informativos.

Ninguno de esos logros impidió, sin embargo, la frenética actividad audiovisual del Gobierno del PP, vehiculada generalmente por decreto ley, justificada siempre por la urgencia, la austeridad y la eficiencia. En su primer Consejo de Ministros, celebrado en diciembre de 2011, anunció un recorte para 2012 del presupuesto de gastos de RTVE en la coincidental cifra de 204 millones de euros, (un 17 % del presupuesto total, más de un 37 % de la subvención comprometida); y en los presupuestos generales del Estado para 2013, añadió un recorte suplementario de 50 ME. RTVE, con pérdidas oficiales de 105 ME en 2012 y reducida a un presupuesto de 941,6 ME para 2013, entraba así en un período de absoluta incertidumbre respecto a su oferta y su propia supervivencia económica.

La segunda decisión capital vino mediante el Real Decreto de 20 de abril (BOE de 21-4-2012), que cambiaba sustancialmente el sistema de elección del presidente de la corporación al exigir en segunda votación una mayoría simple del Congreso en lugar de la mayoría reforzada de dos tercios, «que ha demostrado ser ineficaz». De la misma forma, los miembros del Consejo de Administración podían ser nombrados con los solos votos del grupo gubernamental, se recortaba su número para mejor expulsar a los representantes sindicales y se desprofesionalizaba su gestión, al dejar de exigirles dedicación exclusiva. El PSOE se inhibió de los nombramientos y quedó fuera del Consejo de Administración, rechazando frontalmente esta regresión democrática que trasladaba a RTVE al período anterior al Estatuto de 1980; toda una regubernamentalización que anulaba el principal logro democrático de la reforma de 2006 y que, sorprendentemente, se aprobó con el apoyo de Convergencia i Unió, en correspondencia con el favor prestado por el PP en el Parlamento catalán para una involución similar (Ley 2/2012, de 22 de febrero) no sólo de la dirección de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, sino también de un Consell Audiovisual de Cataluña de bien ganada tradición independiente. Se verificaba así que la epidemia de autoritarismo afecta a todas las derechas hispánicas, porque si la pesadilla del PP era Fran Llorente, el director de informativos de TVE, y más allá, el Consejo de Informativos en pleno, la de Artur Mas se llamaba Mónica Terribas, ya defenestrada de la dirección de TV3.

Algunos blogueros captaron rápidamente la contradictoria coincidencia: por los mismos días en que la BBC publicaba en su web la convocatoria de un concurso público para su próximo director general, tras la dimisión anunciada de Mark Thompson, que sería elegido por la autoridad BBC Trust y refrendado por amplia mayoría del Parlamento británico, el Gobierno español promulgaba el real decreto que le permitía designar a dedo al presidente de la Corporación RTVE. El llamativo contraste no apelaba sin embargo a las diferencias entre la BBC y RTVE, sino a la sideral distancia democrática entre la derecha británica y la española.

En efecto, los nombramientos efectuados gracias a estas reformas legales —recurridas ante el Tribunal Constitucional por cincuenta diputados socialistas— superaron ampliamente los peores augurios. Como presidente de RTVE, electo tras cuatro votaciones que marcaban un sello indeleble de ignominia democrática, se designó a Leopoldo González Echenique, abogado del Estado, amigo de la vicepresidenta y del PP, cuyo currículum más cercano al campo audiovisual, aparte su última función como secretario del grupo NH Hoteles, era haber sido director general de la Sociedad de la Información durante seis meses en la era Aznar. Para el Consejo de Administración, con mayoría aplastante del PP, fueron elegidos figuras de tan intensa experiencia audiovisual como un exdiputado del PP, asesor de un consejero anterior, o un empresario privado de larga trayectoria en la industria textil e informática (CIU); sólo dos candidatos aparecían respaldados por su historial profesional en RTVE, pero aceptaban el dudoso honor de ser nombrados sin consenso en un Consejo sin poder alguno, que se limitaría forzadamente a consagrar la destrucción democrática y la ruina económica del servicio público. Aun sin pretensiones de conseguir para RTVE los «talentos renacentistas» que en el Reino Unido se habían señalado como necesarios para el nuevo director general de la BBC, las comparecencias de estos candidatos ante el Congreso (véase Diario de Sesiones, n.º 120, sesión de 11-6-2012) resultaban patéticas, tanto en sus despliegues curriculares como en sus proclamas y promesas de un servicio público fuerte, independiente y plural.

Porque el auténtico núcleo duro de la contrarreforma radicaba justamente en el inmediato nombramiento del nuevo director de informativos: Julio Somoano, expersonal de RNE sin excedencia, y directivo y presentador de los informativos de TV Madrid, caracterizados por su absoluta manipulación a favor de la presidenta Esperanza Aguirre. Autor de una tesina de máster de calidad académica deleznable sobre la orquestación mediática a favor del PP, miembro durante años de un grupo clandestino de profesionales y políticos autodenominado «el lado oscuro», que conspiraba para orientar a los medios a favor de ese partido, Somoano prometió también defender la independencia de RTVE aunque su historial apuntaba más bien a la resurrección de los tiempos de Urdaci, cuando los telediarios de TVE llegaron a ser condenados por los tribunales de justicia por manipulación ostentosa. Así lo entendieron los trabajadores de los informativos de RTVE cuando, en ejercicio de su Estatuto legal, le consideraron como «no idóneo» para el cargo por un 70,97 % de los 472 votos emitidos (8,05 % a favor), aunque desgraciadamente este rechazo no era vinculante para la dirección.

No se trataba de presunciones arriesgadas. En las primeras semanas del nuevo equipo comenzaron a sucederse los ceses fulminantes de directivos de prestigio de los noticiarios, incluidos presentadores de programas de éxito incontestable en televisión y radio, en una auténtica «caza de brujas» que se agudizaría durante el verano hasta llegar a redactores de a pie en muchos casos. En los telediarios, las protestas contra la política económica resultaban sistemáticamente ninguneadas, eliminadas o preteridas a lugares secundarios; cada convocatoria electoral, como las de Galicia o País Vasco, levantó nuevas acusaciones de manipulación; y sus espacios se llenaban de sucesos y noticias económicas «positivas», salidas en su mayor parte de comunicados empresariales, además de abundantes noticias sobre la salud (en medio del profundo deterioro del sistema público de sanidad) y sobre cultura (ignorando su hundimiento). En los programas de debate, la mayor parte de los escasos tertulianos progresistas eran sustituidos por comentaristas que representaban a los diarios de derecha, incluyendo algunos de extrema derecha provenientes de los diarios digitales o los canales de TDT más sectarios. En paralelo, los recortes presupuestarios ocasionaban una grave degradación de la oferta de TVE: pérdida casi total de las últimas exclusivas deportivas, congelación o pase a las cadenas privadas de programas de éxito de producción propia como Cuéntame, Águila Roja o la telenovela Amar en tiempos revueltos (visión novelada pero crítica de la posguerra franquista).

Como consecuencia significativa, TVE cayó en los primeros seis meses del Gobierno del PP del puesto líder (14,7 % de share de audiencias) al tercero detrás de Telecinco y Antena 3, con un 11,5 %, mientras sus propios telediarios descendían rápidamente de audiencias cediendo el liderazgo muchos días a Telecinco. En RNE, a finales de 2012 se constataba con las cifras de EGM la pérdida de 450.000 oyentes (prácticamente uno de cada cinco) y su pase al cuarto lugar de las cadenas por audiencia.

Desmantelamiento de las TV autonómicas

y del Consejo Audiovisual

En todo caso, la hiperactividad gubernamental contra el servicio público no se quedó en RTVE. La ley 6/ 2012 (BOE de 2-8-2012) volvió a modificar la Ley General Audiovisual de 2010 (artículo 40, apartados 2 y 3) para permitir que los gobiernos autonómicos pudieran «flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómica», es decir, privatizar o externalizar a voluntad sus canales autonómicos, incluyendo los servicios informativos. El cambio legal estaba hecho a medida de TV Madrid o Canal Nou de Valencia, caracterizadas desde hacía años por su despilfarro económico a favor de periodistas y productoras amigas y por su manipulación descarada de la información, y castigadas por su caída libre de audiencias (menos del 4,5 %), que podrían así confiar completamente su gestión a empresas privadas después de ejecutar ERES masivos que pusieron inmediatamente en marcha: TV Madrid, con pérdidas de 48 ME en 2012 y una deuda acumulada de 280 ME, planteó un plan de eliminación (Deloitte y Cuatrecasas) de 925 puestos de trabajo (un 78 % de su plantilla); TV Valencia, con un endeudamiento total de 1.300 ME, planificó un ERE de 1.198 empleos (un 76 % de su plantilla). Ni una sola crítica oficial a su gestión aparecía en los planes, ni siquiera sobre la inflación de costes producida por las productoras privadas amigas del poder o por la contratación masiva de periodistas y tertulianos militantes de la derecha.

Puesto que, en época de hundimiento publicitario por la crisis, resultaba inverosímil una privatización por venta de las frecuencias, se daba por sentado que la fórmula más probable de privatización era la ya rodada por la TV de Murcia: externalización a grupos privados, mediando jugosas subvenciones públicas, de un servicio público cuya gestión e información quedarían fuera del control parlamentario y ciudadano. En la prensa, potentes grupos privados ostentaban ya sus intenciones de concursar, y se apresuraban para ello a fichar a exdirigentes notorios del PP como facilitadores de la operación. Pero si el ejemplo llegaba a cundir, la radiotelevisión autonómica, potencial factor de promoción económica de la cultura y la creatividad pero también plataforma trascendental de la identidad y la diversidad, quedaría eliminada en buena parte de las regiones, o relegada, en el mejor de los casos, a una estructura secundaria, comercial y clientelar, sin dejar por ello de resultar manipulable por el partido gubernamental.

Televisión privada: concentración

y descontrol generalizado

El panorama de las cadenas privadas en el primer año de mandato del Partido Popular está en cambio marcado por la consolidación del duopolio casi perfecto, que lleva a los dos grandes grupos, Telecinco y Antena 3 a acumular el 90 % del mercado publicitario, pese a sumar algo más del 55 % del share (contando todos sus canales generalistas y temáticos). Habiendo absorbido buena parte del mercado publicitario que antes correspondía a TVE, desde 2010 se suceden prácticas sistemáticas de violación de los tiempos comerciales permitidos, de los límites y exigencias para la publicidad no convencional e incluso de la separación entre programas y spots, sustituida casi siempre por rápidas ráfagas imprevisibles de autopromoción que dan paso inmediatamente a la publicidad.

La operación de fusión entre Antena 3 y La Sexta había quedado en suspenso tras las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia, especialmente respecto a la comercialización publicitaria del grupo para garantizar la competencia en ese mercado, que el grupo Antena 3 había rechazado amenazando con abortar la operación. Pero el 24 de agosto de 2012, el Gobierno se reúne para decidir, activando por vez primera la cláusula de la ley que regulaba su actuación excepcional «por razones de interés general» (Ley 15/2007, de 3 de julio), enmendar la plana a la CNC, alegando «el mantenimiento del pluralismo informativo, pero sobre todo por el cumplimiento de la liberación del dividendo digital», y suaviza drásticamente esas exigencias, especialmente en materia publicitaria y de plazos.

Tras esa absorción formal, el 1 de octubre, Mediaset y Antena 3 comenzaron en cambio una estrategia de revalorización del precio de sus espacios comerciales, imponiendo sus condiciones en el mercado, mientras la mayoría de los canales comerciales ajenos, suspendidos en tasas menores al 1 % del share, se manifestaban incapaces de sobrevivir.

Finalmente, un proyecto de ley presentado al Congreso a finales de año (Diario de Sesiones de las Cortes Generales de 19 de octubre), venía a asestar un golpe decisivo a toda concepción equilibrada del espacio democrático español, al consagrar la supresión definitiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) previsto en la Ley General Audiovisual de 2010 con importantes competencias en el control del cumplimiento del servicio público y en la regulación del conjunto del audiovisual. Porque, como se reseña en los capítulos anteriores correspondientes, este Consejo, reclamado unánimemente por el Senado en 1995, exigido por el Informe del Consejo para la Reforma de 2005, repetidamente recomendado por el Parlamento y por el Consejo de Europa, y única carencia de entre los 27 países de la UE, no había sido creado en la anterior legislatura por la falta de acuerdo en su nombramiento entre PP y PSOE.

Si embargo, en el citado proyecto de ley, alegando siempre la austeridad y la eficiencia, esa non nata autoridad independiente se subsumiría en la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, junto con las competencias de las suprimidas autoridades de regulación de las comunicaciones, la energía y el transporte, aunque tal supresión chocara frontalmente con la doctrina europea de autoridades independientes en campos muy diferentes y recibiera críticas serias de la propia CMT y de instancias europeas.

En lo que respecta al campo audiovisual, la eliminación de ese Consejo tan largamente demandado revelaba además la concepción gubernamental de la cultura y la información como simple mercado, fuera de toda implicación para el pluralismo y la diversidad. Y permitía no sólo convertir al Gobierno en el único árbitro del servicio público sino también en el guardián, siempre bajo sospecha, de las obligaciones legales del polo privado. Buena parte de las principales competencias legales previstas para el CEMA retornarían según el proyecto de ley al Ministerio de Industria y a la propia Presidencia del Gobierno, que se encargarían, por ejemplo, de definir y controlar el catálogo de acontecimientos de interés general (léase competiciones deportivas) y de administrar las faltas graves y muy graves a las cadenas televisivas, que podían acarrear hasta la pérdida de la licencia.

Todas estas decisiones en tan corto espacio de tiempo evidenciaban la aleación explosiva de la doble alma del Partido Popular, neofranquista (recuperar todo el poder partidista sobre la radiotelevisión pública) y neocom radical (mientras la destruía aceleradamente en beneficio de los grandes grupos privados). Pero la urgencia de estos cambios y su paralelismo con la política económica desarrollada sugieren una hipótesis más amenazadora: la presumible conclusión de las derechas españolas (y catalanas) de que sus medidas económicas y sociales sólo eran compatibles con la degradación del espacio público democrático español. La gubernamentalización de los medios públicos y la total domesticación de los privados encajaría así en una deriva autoritaria cada vez más visible en el terreno legislativo, penal y policial, sobre la base —enormemente peligrosa— de que la democracia perjudica al mercado.

Los resultados de esta política podrían llegar a ser irreversibles, ya que un servicio público deteriorado y reducido a su mínimo peso social tendría muy difícil su regeneración democrática y la recuperación de su prestigio. La «asignatura pendiente» de la democracia española se convertiría así en un fracaso escolar, definitivo y sin paliativos. Toda una degradación de larga duración para la calidad de la vida política democrática en España. Un pesado lastre y un duro juicio para la historia y la herencia de la derecha española.

316. Una primera versión corta de este texto fue publicado con el título «Destrucción democrática: RTVE y la nueva censura audiovisual». Le Monde Diplomatique, edición española, n.º 202, agosto de 2012.

317. Véase Fumaroli (2007), El Estado cultural (ensayo sobre una religión moderna), Acantilado, Madrid.

318. Véase la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2010-2011, Ministerio de Cultura de España.

319. Para un estudio sistemático de la cooperación española con Latinoamérica véase García Leiva, Trinidad, «De la cooperación cultural España-Latinoamérica: un salto cualitativo amenazado por la crisis», en Bustamante, (2011).

Anexos

Cuadros: cronología y financiación

1. Franquismo: directores generales de Radiodifusión y Televisión (1939-1975)

Ministro

Director general

Fecha de toma de posesión

Vicesecretaría de Educación Popular

Alfredo Guijarro Alcocer

22 de julio de 1945

Gabriel Arias Salgado (1951)

(M.I.T)

Jesús Suevos Fernández

28 de julio de 1951

José María Revuelta Prieto

24 de abril de 1957

Manuel Fraga Iribarne (1962)

Roque Pro Alonso

20 de julio de 1962

Jesús Aparicio Bernal Sánchez

26 de marzo de 1964

Alfredo Sánchez Bella

(1969)

Adolfo Suárez González

7 de noviembre de 1969

Fernando Liñán y Zofío (1973)

Rafael Orbe Cano

28 de junio de 1973

Pío Cabanillas Galla (1974)

Juan José Rosón Pérez

11 de enero de 1974

León Herrera y Esteban (1975)

Jesús Sancho Rof

22 de noviembre de 1974

Adolfo Martín Gamero (1975)

Gabriel Peña Aranda

19 de diciembre de 1975

2. RTVE: directores generales durante la transición (1976-1982)

Cargo/Entidad

Nombre

Fecha de toma de posesión

Dir. gral. Radio y Televisión

Rafael Ansón Oliart

23 de julio de 1936

Dir. gral. Organismo Autónomo RTVE

Fernando Arias-Salgado Montalvo

19 de noviembre de 1977

Dir. gral. Ente Público RTVE

Fernando Castedo Álvarez

9 de enero de 1981

Ídem

Carlos Robles Piquer

23 de octubre de 1981

Ídem

Eugenio Nasarre Goicoechea

23 de julio de 1982

3. Directores generales (1982-2005)

Nombre

Fecha de toma de posesión

Gobiernos de Felipe González

José María Calviño Iglesias

7 de diciembre de 1982

Pilar Miró Romero

17 de octubre de 1986

Luis Solana Madariaga

13 de enero de 1989

Jordi García Candau

23 de febrero de 1990

Gobiernos de José María Aznar

Mónica Ridruejo Ostrowska

10 de mayo de 1996

Fernando López-Amor García

7 de febrero de 1997

Pío Cabanillas Alonso

20 de noviembre de 1998

Javier González Ferrari

12 de mayo de 2000

José Antonio Sánchez Domínguez

19 de julio de 2002

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

Carmen Caffarel Serra

23 de abril de 2004

4. Presidentes de la Corporación RTVE

Presidente

Toma de posesión

Luis Fernández Fernández

11 de noviembre de 2009

Alberto Oliart Saussol

6 de julio de 2011

Leopoldo González Echenique

29 de junio de 2012

5. Franquismo: estimación oficial de receptores y de ingresos publicitarios de RTVE

Receptores

Ingresos publicitarios (mill. de pesetas)(1)

Gasto publicitario (mill. de pesetas)(2)

1957

600

0,2 (1956-1957)

1958

12.000

4,44

1959

16,34

1960

100.000

33,83

1961

84,91

1962

300.000

212,89

1963

521,26

1964

1.000.000

901

1965

1.563,1 (1964-1965)

3.094.000

1966

1.750.000

3.771.000

1967

3.255.100

1968

2.685.000

3.456.600

1969

3.000.000

2.432,4 (1968-1969)

3.926.000

1970

3.845.000

4.005.000

3.961.000

1971

4.210.000

1972

4.522.000

4.867.000

1973

4.226.859 (1972-1973)

5.200.000

1974

5.719.000

7.753 (1974-1975)

1975

7.750.000

Fuente: Memoria del IV Plan de Desarrollo.

(1) Las cifras aparecen irregularmente y, al parecer, agrupadas por temporadas. No se cita fuente o metodología utilizada para su cálculo.

(2) Las cifras son citadas como «gasto publicitario. Cifras absolutas», sin que coincidan con la de la misma categoría.

6. RTVE: economía durante la transición (1976-1982)

Tiempo de

publicidad

emitida

(horas)

Número

de spots

emitidos

Ingresos

publicitarios

brutos

Subvención

estatal

oficial

Total de

ingresos

Porcentajes

de la

aportación

estatal oficial

1976

267,43

45.103

9.167

1.310

10.477

12,50

1977

269,93

44.594

11.523

6.330

17.853

35,45

1978

341,75

54.244

15.344

10.710

26.054

41,10

1979

405,13

63.348

21.610

8.015

29.625

27,05

1980

337,9

51.908

27.662

8.053

35.715

22,54

1981

374,5

56.449

33.829

6.200

40.029

15,48

1982

43.083

6.700

49.783

13,45

Fuente: Bustamante, 1988. Elaboración propia sobre anuarios y memorias de RTVE

(cifras en millones de pesetas).

7. RTVE: la etapa de prosperidad (1981-1990)

Año

Subvención pública

Resultados

1983

3.973

–2.239

1984

4.039

911

1985

1.548

1.546

1986

1.507

12.872

1987

500

26.974

1988

0

33.022

1989

0

35.147

1990

130

19.237

Fuente: RTVE y Gobierno del PP: «Informe sobre la función de servicio público y el sistema de financiación en un nuevo modelo de radiotelevisión española». Registrado en el Congreso el 18 de junio de 1998 (cifras en millones de pesetas).

8. RTVE: La etapa del endeudamiento (1991-2004)

Años

Subvención

Déficit

Condonación

Deuda acumulada

1991

0

234

133

1992

0

460

572

1993

191

572

1.193

1994

161

555

183,31

1.501

1995

160

546

545,08

1500

1996

137

614

665,28

1.587

1997

70,4

692

2.669

1998

74,3

708

3.566

1999

74,8

411

(*)

4.599

2000

74

636

3.975

2001

70,9

696

4.799

2002

79,2

599,9

5.547

2003

82,4

600

6.224

2004

78

723

6.915

2005

78

659

7.551

Fuente: SEPI y RTVE (cifras en millones de euros)

(*) Minoración de la deuda, especialmente por la entrega de 841 millones de euros por el Gobierno en compensación por la privatización de Retevisión.

9. Corporación RTVE: financiación (2006-2013)

Años

Subvención

Gastos

Resultados

2006

0

1.536

–216,71

2007

433,6

1.182,3

+18,4

2008

501,4

1.193,3

–71,8

2009

553,3

1.145,8

+1,4

2010

579,42

1.186,28

–47,11

2011

547,59

1.200

–30

2012

342,74

996

–105

2013

292,74

941,6

–

Fuente: liquidaciones de presupuestos hasta 2010. Presupuestos generales del Estado para 2011-2013.

Hasta 2010, casi la mitad de los ingresos procedía de la subvención y el resto de la publicidad; entre 2010-2011, esta última aportación es sustituida por las tasas del espacio radioeléctrico (en torno a los 250 ME y el canon sobre televisiones privadas y empresas de telecomunicaciones, de en torno a 280 ME. Desde 2012, estas últimas aportaciones suman casi un tercio de los ingresos. Los déficits desde 2010 son causados por minoraciones en litigio de las aportaciones privadas.

10. Cadenas privadas: evolución de los accionistas de referencia

1990

1996

2000

2005

Antena 3 TV

*TISA

Banesto

*Zeta

BCH

RTL

*Telefónica

BSCH

RTL

*Planeta/Agostini

BSCH

RTL

Telecinco

*Fininvest

*ONCE

Anaya

*Mediaset

J. de la Rosa

*Vocento

*Mediaset

Kirch

*Vocento

*Mediaset

Dresner Bank

Vocento

Canal Plus

*Prisa

*Canal Plus Fr.

*Prisa

*C. Plus Fr.

*Prisa

*Vivendi

*Prisa

*Telefónica

(*) Accionistas dominantes en cada etapa.

11. Los dos grupos privados dominantes (2011)

Telecinco (Mediaset)

Mediaset Investment (41,22 %)

Prisa (17,34 %)

Bolsa y autocartera

Antena 3 TV

Planeta De Agostini (44,58 %)

UFA Film (RTL) (20,49 %)

GAMP (7 %)

Bolsa y autocartera

Fuente: Memorias anuales.

12. Televisión privada: resultados económicos (1990-1996)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Negocio neto

92.399,60

274.446,17

475.751

617.410

752.800

877.663

1.004.683

Resultados después de impuestos

-69.002

–58.803

–20.891

25.164

–18.589

64.618

73.234

Cifras totales de Antena 3 TV, Telecinco y Canal Plus. Fuente: Noticias de la Comunicación, n.º 162, septiembre de 1997 (cifras convertidas en miles de euros).

13. Televisión privada: resultados económicos (1997-2004)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Negocio neto

1.130.783

1.294.909

1.537.017

1.738.334

1.687.067

1.671.461

1.786.928

2.253.621

Resultados después de impuestos

34.359

125.727

205.338

236.688

119.871

–37.518

–447.245

132.286

Cifras totales de Antena 3 TV, Telecinco y Canal Plus. Fuente: Noticias de la Comunicación, n.º 249, julio-agosto de 2005 (cifras en miles de euros).

14. Grandes cadenas privadas: Resultados económicos (2005-2011)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Negocio neto

2.547,73

3.284,58

3.477,43

3.278,15

2.576,81

2.964,0

2.638,17

Resultados después de impuestos

477,40

582,31

564,59

440,68

199,40

313,88

217,6

Fuente: Noticias de la Comunicación (2006-2012). Acumulado de los tres grupos privados, Telecinco, Antena 3 y Digital Plus.

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