Akal / Historias

Roger Price

Historia de Francia

Traducción de la 1.ª edición: Beatriz Mariño

Actualización de la 3.ª edición: Alfredo Brotons Muñoz

Este libro proporciona la información más actualizada y exhaustiva de la historia de Francia que abarca desde la Alta Edad Media hasta nuestros días. Entre sus temas centrales trata las relaciones entre el Estado y la sociedad, el impacto de las guerras, la competencia por el poder y las formas en que este ha sido utilizado a lo largo de la historia del país galo. Analiza a sus grandes protagonistas como Felipe Augusto, Enrique IV, Luis XIV, Napoleón y De Gaulle y contextualiza sus trayectorias dentro de los procesos de cambio de las estructuras económicas y sociales y de las creencias, al mismo tiempo que ofrece una información muy valiosa sobre la vida de hombres y mujeres corrientes. Esta tercera edición ha sido revisada con profundidad e incluye un nuevo capítulo sobre la Francia contemporánea, una sociedad y un sistema político en crisis como resultado de la globalización, el aumento del desempleo, un sistema educativo ineficiente, las crecientes tensiones sociales y raciales, la corrupción, el ascenso de la extrema derecha, y una pérdida generalizada de confianza en los líderes políticos.

ROGER PRICE es profesor emérito de Historia en la Aberystwyth University, Gales. Ha escrito numerosas obras sobre la historia de Francia, siendo sus más recientes publicaciones: The French Second Empire: An Anatomy of Political Power (2001) y People and Politics in France, 1848-1870 (2004).

Diseño de portada

RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Título original

A Concise History of France (Third Edition)

© Ediciones Akal, S. A., 2016

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4262-4

Agradecimientos

El autor de una obra de carácter general como esta se halla en deuda con muchas personas, incluidos los estudiantes que entre 1968 y 1993 asistieron a mis cursos en la Universidad de East Anglia y posteriormente en Aberystwyth, con los antiguos y nuevos colegas y con los bibliotecarios de ambas instituciones, así como con los de la National Library of Wales. Estoy especialmente agradecido a William Davies, de la Cambridge University Press, por primero plantearme este desafío y luego animarme a otros proyectos. Su sucesor, Michael Watson, junto con Isabelle Dambricourt y Chloe Dawson, fueron de inestimable ayuda en la preparación de las siguientes ediciones, lo mismo que Elizabeth Friend-Smith, Fleur Jones y Abigail Jones. Los siguientes amigos leyeron y comentaron el manuscrito original: Malcolm Crook, Colin Heywood, Oliver Logan y el muy añorado Peter Morris. La contribución de Heather Price ha sido enorme. Richard Johnson, de la Universidad de East Anglia, dibujó algunos de los mapas, y Mary Richards, Jean Field y Mike Richardson, correctores de la Cambridge University Press, hicieron sugerencias sumamente provechosas.

Por sus constructivas críticas, por su paciencia, por su afecto y por su alegría, sigo profundamente agradecido a Richard, Luisa, Luca y Charlotte; a Siân, Andy, Molly y Lilly; a Emily, Dafydd y Eleri; a Hannah y Simon, y a mi querida Heather.

Introducción

La entidad a la que denominamos Francia es fruto de una evolución centenaria, durante la cual la acción política y el deseo de engrandecimiento territorial de los sucesivos monarcas, ministros y soldados impulsaron la unidad de varias regiones. Con todo, dicha evolución no fue lineal ni sus resultados obvios, por lo que conviene evitar la tentación de una explicación de carácter teleológico. El factor clave de este proceso fue la aparición de un Estado relativamente fuerte en Île-de-France y la expansión de su autoridad. Nuestro objetivo es explicar cómo y por qué se produjo este fenómeno.

La propuesta de escribir un libro que cubra un periodo de tiempo tan vasto atrae e intimida a la vez. Ofrece al historiador la oportunidad de contemplar los resultados de estudios más restringidos –generalmente su objeto de investigación– en un contexto histórico más amplio, pero también le plantea problemas fundamentales de perspectiva e interpretación. Nunca se podrán dar por resueltas cuestiones como la de «hasta qué punto es posible reconstruir el pasado a partir de los restos que de él conservamos» (R. J. Evans). Las pruebas a disposición de los historiadores consisten en fragmentos, a menudo producto del azar, que se han de contextualizar en el esfuerzo por reconstruir su significado. Todo estudio histórico es selectivo, especialmente cuando abarca tantos siglos. La cuestión es determinar qué debemos seleccionar, cómo presentar un hilo conductor en el caos de los acontecimientos y en la sucesión de generaciones –que tienen un papel central en la historia–, cómo definir el tiempo histórico y trazar la oscilante frontera entre cambio y continuidad. Podríamos optar por una historia política organizada según criterios cronológicos y descriptivos, pero correría el riesgo de convertirse en un mero catálogo de los grandes protagonistas de cada época y de su actuación.

El nacimiento, en la década de los veinte, de la historia social, a menudo asociada con Marc Bloch y Lucien Febrve, fundadores de la llamada Escuela de los Annales, requirió que incluso el historiador político situara a los grandes hombres y la evolución de las instituciones del Estado en el contexto de sistemas sociales cambiantes. Mientras los historiadores continuaban su diálogo autocrítico con el pasado y debatían acerca de la importancia relativa de los factores económicos, culturales e ideológicos en el proceso de la formación y el cambio sociales, se produjo una proliferación de enfoques. Las atractivas simplicidades de un enfoque estructuralista, basado en las clases y neomarxista, asociadas en las décadas de los sesenta y setenta con Fernand Braudel y Ernest Labrousse, se rechazaron como en exceso deterministas y conducentes a un descuido reduccionista de los «actores históricos», de la «cultura» y de la comunidad. A la decisión de integrar a los «pobres» en los registros históricos siguió un deseo de reconocer la importancia del género y la etnicidad como claves para la explicación de la elección y la conducta. Los hallazgos en antropología social se han desplegado también a fin de crear una consciencia de la importancia del lenguaje, las imágenes y la acción simbólica en la construcción de la identidad social y de una historia «cultural» que sitúe a la ideología, en lugar de a la sociedad y la economía, en el centro de la experiencia humana.

En ausencia de leyes generales del desarrollo histórico y como resultado de una mayor consciencia de la extraordinaria complejidad de la interacción humana, entre los historiadores se desarrolló una crisis de confianza. Esta se ahondó frente al reto planteado por una filosofía «posestructuralista» y «posmoderna» asociada con Michel Foucault, Jacques Derrida y otros, la cual, en su versión más extrema, hace hincapié en que toda percepción de la «realidad» está mediada por el lenguaje, en que todo texto posee una gama de significados posibles y en que la investigación histórica misma no es nada más que una reflexión sobre el discurso. Si el pasado carece de toda realidad fuera de la representación que los historiadores se hacen de él, se sigue que la «realidad» no se puede distinguir de su representación. La historia se convierte así en meramente un género literario entre otros, en poco diferente de la novela.

Valioso por cuanto anima a los historiadores a cuestionarse sus supuestos, un posestructuralismo que desafía las bases sobre las que se han construidas las ciencias sociales, incluida la creencia en un conocimiento verificable y el valor de la investigación empírica, ha de desecharse en último término como un callejón sin salida intelectual: como poco más que un refrito de antiguas discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad. Plagada de jerga y cada vez más autorreferencial, la posmodernidad se convirtió en una caricatura de sí misma, un arrogante y elitista juego lingüístico. Aunque es importante reconocer la necesidad de desarrollar modelos de causación más complejos e inclusivos, es también vital abordar «la cultura y la identidad..., el lenguaje y la conciencia, como fenómenos cambiantes que se han de explicar en lugar de como la explicación última de todos los demás fenómenos sociales» (Tilly). Los individuos desarrollan una consciencia social dentro de la multiplicidad de complejas situaciones de la vida diaria. La identidad no es una constante. La construcción de un contexto explicativo con significado por parte del historiador requiere el reconocimiento de las estructuras, tanto a pequeña como a gran escala, que afectan al individuo y procuran las bases para la interacción social.

La auténtica crisis que afronta la historia es probablemente su fragmentación. El historiador profesional típico lleva a cabo investigaciones conducentes a la publicación de monografías que hagan avanzar el conocimiento y el análisis, una labor docente que desarrolle las actitudes críticas e inquisitivas entre los estudiantes, y lo que los franceses llaman «vulgarización»: un término sumamente desafortunado para describir la esencial tarea de comunicación con el público más amplio posible. El reto que esto plantea es la reconciliación de la credibilidad profesional con las demandas comerciales de los medios de comunicación. Tanto en los textos impresos como en la televisión, las demandas de accesibilidad amenazan con ofrecer distorsiones simplificadoras de situaciones históricas complejas y un regreso a la peor clase de historia descriptiva, junto con explicaciones de los hechos de los grandes personajes que, al quitar importancia al contexto, pasan por alto la revolución en el método histórico inaugurado hace casi un siglo por Bloch y Febvre.

El tema central de este libro es, pues, el proceso continuo de interacción entre el Estado y la sociedad. El Estado ha sido definido por la especialista en historia social, Theda Skocpol (States and Social Revolution, 1979) como «un conjunto de órganos administrativos, políticos y militares dirigidos y, mejor o peor, coordinados por un poder ejecutivo». Evidentemente, estos órganos administrativos y coercitivos se mantienen mediante recursos que proceden de la sociedad. Su demanda aumenta considerablemente en tiempo de guerra, por lo que esta se convierte en un estímulo de primer orden tanto en la evolución de las instituciones estatales como en los conflictos sociales y políticos. Al menos desde Locke, los escritores liberales han visto al Estado como un poder moralmente neutro, capaz de imponer la ley y el orden y de defender a sus ciudadanos de toda amenaza exterior. Sin embargo, con ello ignoran cuestiones tales como la del origen social de los legisladores y gobernantes, el concepto que estos tenían de su papel y su actitud respecto de los gobernados. Karl Marx y los sociólogos italianos Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca representan la tradición contraria, al concebir el Estado como instrumento de la minoría dirigente; a su vez, Antonio Gramsci resaltó no sólo el peso de las instituciones estatales de naturaleza coercitiva, sino el predominio cultural de las clases más favorecidas (por su estatuto legal, su riqueza y su educación) como instrumento para mantener el control social y limitar la repercusión de otros sistemas de valores que, en caso contrario, habrían competido entre sí.

Con ello no se pretende sugerir que el Estado represente automáticamente los intereses de la clase socialmente dominante ni presentarlo como una realidad unitaria. Su capacidad de intervención varía según la época y el lugar. La participación del Estado en la pugna institucional, política y militar, y el intento de reforzar sus propias instituciones puede conducir fácilmente al enfrentamiento por la apropiación de los recursos. No obstante, la captación de altos funcionarios del Estado, reclutados casi siempre entre las clases altas, y el ascendiente que pueden tener sobre los representantes del Estado parecen confirmar una influencia predominante. Aun así, la competencia en el seno de los grupos dominantes por imponerse o mantener bajo su control las actividades estatales sigue siendo una importante fuente de conflicto.

Las principales cuestiones que nos plantearemos afectan al poder político: ¿por qué es tan importante?, ¿quién lo ejerce?, ¿cómo se hace uso de él?, ¿en interés de quién y con qué consecuencias?, ¿cómo reaccionan los súbditos a la actividad de los gobernantes (por ejemplo, a sus demandas de recursos para mantenerse como terratenientes o empresarios, o a los impuestos con los que sostener la maquinaria estatal)? La posibilidad de resistencia colectiva parece ligada a la percepción de derechos y de justicia, a la capacidad de organización, a la posibilidad de protesta y a las perspectivas de éxito o de represión. Así pues, ha estado influida por los cambios en el orden social e institucional. ¿Por qué se producen los cambios políticos?

Evidentemente, todas estas cuestiones afectan tanto a los sistemas sociales como a los comportamientos y estructuras políticas. El orden social no se mantiene sólo ni de manera principal por la acción del Estado, sino gracias a un amplio espectro de instituciones sociales que van desde la familia a la comunidad local, pasando por organizaciones religiosas, educativas y benéficas, o por relaciones de dominio o laborales. En cualquier caso no responde a un plan preconcebido, sino que es resultado de los procesos de socialización, y el contacto diario legitima y refuerza una amplia gama de dependencias. La sensación de impotencia de los desposeídos y su necesidad de actuar con prudencia muestra que la inexistencia de un conflicto abierto no supone falta de tensión política y social. Las formas de control dependen en gran medida de las actitudes que impone la vida cotidiana, es decir, según la lógica de la edad y del grupo, así como por la estructura social y por los medios utilizados por el Estado y las elites sociales. Los historiadores prestan especial atención a un grupo y olvidan otros. Las modas cambian. Así, perteneciendo los historiadores en su mayoría al sexo masculino, se los ha acusado, y con razón, de ceguera respecto al otro sexo. No es este el lugar adecuado para iniciar un debate respecto a las ventajas de utilizar al grupo o a la clase como categorías de análisis frente al sexo, o bien de reflexionar sobre las dificultades de incluir el género como concepto en una historia de Francia. Baste con señalar lo que es y ha sido siempre evidente: que hombres y mujeres tienen experiencias singulares y otras compartidas, y que la percepción de género afecta a la totalidad de la actividad y del discurso económico, social y político. Como señala Hufton, el objetivo del historiador debería ser «integrar cualquier experiencia que haya venido definida por el sexo en el contexto más amplio de lo social y lo económico».

No podemos, por otro lado, olvidar la dimensión espacial a la que tanta relevancia dio Fernand Braudel, recogiendo así la tradición francesa que asocia estrechamente historia y geografía. A lo largo de este trabajo se pondrá de relieve la importancia crucial de las redes de comunicación como cortapisa o como instrumento para facilitar la actividad económica y política y la difusión de ideas. No obstante, el propósito principal de esta breve introducción es delimitar el escenario teniendo en cuenta algunos elementos recurrentes en la historia de Francia.

Una característica evidente de Francia, según sus actuales límites fronterizos, es la diversidad geográfica. El geógrafo Philippe Pinchemel distingue cinco regiones naturales: una zona oceánica y templada en el noroeste, desde Vandée hasta Champaña, de tierras bajas cubiertas por una espesa capa de suelo fértil y con abundante pluviosidad; el nordeste, como área de planicies y piedra caliza, con suelos pobres, excepto alguna zona aislada, y con las duras condiciones del clima continental; el sudoeste, con sus llanuras, colinas y planicies, es más verde, más fértil y menos rocoso que la región del sudeste, que se extiende desde Lemosín hasta las llanuras de Provenza, desde Rosellón hasta las llanuras del Saona (Pinchemel lo describe como «un mosaico [...] lleno de contrastes naturales», con estériles planicies de caliza y escarpadas colinas intercaladas con reducidas y discontinuas áreas fértiles en llanuras y valles que gozan de un clima mediterráneo) y, finalmente, la montaña –el Macizo Central, el Jura, los Alpes y los Pirineos– poco apta para el asentamiento debido a sus delgados suelos y al corto periodo de cultivo, así como por el difícil transporte de hombres y mercancías. Si, en términos generales, el norte forma parte de las zonas de clima templado, y el sur –con sus secos veranos y temperaturas elevadas– al área mediterránea, los sistemas montañosos complican el panorama al introducir rasgos propios de un clima alpino en el sur. Además, al desplazarnos hacia el interior, el clima oceánico se ve más influido por el continental. En lo que a clima se refiere, Francia se caracteriza por las importantes variaciones locales, una notable irregularidad y las anomalías estacionales en temperatura y pluviosidad. Desde tiempo inmemorial y hasta bien avanzado el siglo XIX –mientras predominó el aislamiento y los sistemas de baja productividad agrícola–, las adversas condiciones climáticas, especialmente los veranos húmedos en el norte y las sequías del sur, constituyeron una amenaza para la cosecha de cereal, con el consiguiente riesgo de malnutrición o muerte para los más desfavorecidos. El control de los escasos recursos, el acceso a la tierra o la provisión de alimentos se plantearon con mayor agudeza que nunca. Y, al aumentar la tensión social, la carestía creó problemas políticos de primer orden.

Figura 1. Mapa físico de Francia (fuente: R. Price, A Social History of Nineteenth-Century France, Hutchinson, 1987).

Pese a la presión del clima, la sociedad fue capaz de adaptarse. La transformación del paisaje francés es buena muestra de la continua adaptación del hombre tanto a los imperativos impuestos por el clima como a los cambios en la densidad de población y a las presiones sociopolíticas. El paisaje rural y el urbano son fruto de la compleja interacción entre las condiciones naturales, los cambios tecnológicos y demográficos y el solapamiento entre fases de desarrollo. Aunque en el siglo XX, sobre todo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se introdujeron cambios más radicales que en ningún otro periodo –la mecanización, los herbicidas y fertilizantes químicos y la concentración parcelaria–, el paisaje todavía revela el contraste entre las áreas de cercamiento y otras de campos abiertos, creadas en la Edad Media, al extenderse los asentamientos a lo largo de los valles de los ríos, las llanuras y las laderas poco escarpadas. En Picardía, Île-de-France, el norte y Champaña y, especialmente, en la mayor parte del este de Francia persisten los grandes espacios abiertos, con escaso arbolado, asociados a grupos de aldeas en las que se concentra la población, pese a que la práctica habitual de pastos comunales y el sistema de rotación colectiva comenzaron a desaparecer a principios del siglo XIX. Lo mismo sucede en la región mediterránea. A pesar de que la revolución de los transportes transformó su agricultura al permitir el acceso de su vino a los grandes mercados, la región sigue marcada por la estructura anterior, como la concentración del hábitat y los restos de terrazas en las laderas de las colinas que testimonian la continua lucha por la supervivencia. Sólo a finales del siglo XIX se redujeron las grandes extensiones dedicadas al cultivo de cereal, al poder prescindir de la autarquía gracias a la menor densidad de población y a la garantía de aprovisionamiento externo. En el oeste, el paisaje sigue aún marcado por el modelo de áreas cercadas y asentamientos dispersos, indicando el proceso gradual de colonización territorial del Medievo. Aunque a menor escala, la estructura básica de los asentamientos se ha mantenido notablemente similar desde el final de la Edad Media. Grandes setos o muros de granito señalan los límites y ofrecen cobijo a los animales, mientras que complejas redes de caminos vecinales permiten el paso a los campos. La Baja Normandía, Bretaña, Anjou, Maine y Vandea muestran otros modelos, en los que el cultivo de la tierra en el fondo de los valles se combinó con la explotación forestal y el pastoreo en las tierras altas. La capacidad de las economías locales para sostener a su población dependía más de la estructura del suelo y de los recursos naturales que de los métodos de cultivo. Como resultado, la densidad de población varió de acuerdo con el nivel de vida. Los tradicionales estilos de construcción, aun enmascarados por adiciones posteriores, son otros testimonios de la pasada variedad regional. El ferrocarril, el motor y la disminución de los costes de transporte permitieron la producción en masa de los materiales y una mayor uniformidad en la construcción urbana y rural, al tiempo que el ladrillo y, después, el cemento sustituyeron al sillar y a la madera.

En la sociedad tradicional eminentemente agrícola que prevaleció hasta el siglo XIX, el crecimiento demográfico constituía el principal incentivo para aumentar la producción. Para obtener una mayor cantidad de alimentos, era preciso cultivar nuevas tierras y aumentar las cosechas con lentas mejoras en la rotación de cultivos. La sobreexplotación y el cultivo de tierras marginales redujeron la productividad y aumentaron los riesgos de cosechas malogradas, de desnutrición, la propagación de enfermedades y la alta tasa de mortalidad que suele ir asociada a un entorno de pobreza. De ahí la obsesión general por garantizar la subsistencia. En la sociedad contemporánea el principal acicate para aumentar la producción agrícola deriva de la urbanización y de los cambios en la dieta alimenticia que lleva consigo la industrialización y una mayor prosperidad. El aprovisionamiento está garantizado por las importaciones, y la productividad aumenta sobre todo por los avances técnicos: los forrajes, la especialización y, más recientemente, la maquinización, los fertilizantes, los herbicidas, la inseminación artificial y la reproducción selectiva de animales y plantas, junto con la concentración de las explotaciones. El capital ha reemplazado a la tierra o al trabajo como principal factor de producción. El abaratamiento de los grandes transportes y la mayor rapidez en la difusión de la información ofrecen nuevas oportunidades a los empresarios, aunque en mercados mucho más competitivos.

La evolución demográfica tuvo también un impacto decisivo en el medio natural, al promover sucesivas etapas de desmonte de tierras y tala de bosques. Finalmente, a finales del siglo pasado, se intensificó la urbanización y las ciudades y villas se extendieron sobre las áreas rurales circundantes. Las líneas del ferrocarril y los grandes bulevares rediseñaron el plano de las grandes ciudades, facilitaron el tránsito de gentes y mercancías y con ellas desapareció la pintoresca confusión de la ciudad tardomedieval, que perduró hasta mediados del XIX. De nuevo, la etapa posterior a 1945 trajo consigo mayor destrucción y construcción que ningún otro periodo precedente. La creación de una red urbana ha tenido una importancia crucial en el desarrollo del conjunto de la sociedad francesa. La población urbana posee una función fundamental en el terreno comercial, administrativo, judicial, militar, religioso y cultural. En muchos aspectos, las aldeas dotadas de un mercado y las ciudades de distinto tamaño fueron el elemento más dinámico de la sociedad. Al crecer en las encrucijadas de los sistemas de comunicación, sus demandas estimularon la producción rural de comestibles y manufacturas, al tiempo que ejercían un control administrativo y político creciente sobre su propio hinterland. Es difícil construir una tipología. La lentitud y el precio de las comunicaciones promovieron el desarrollo de una red de pequeños centros mercantiles. La mayor parte de las pequeñas ciudades sólo tenían importancia a nivel local o regional. Incluso antes de la aparición del ferrocarril, miles de pequeñas gabarras o barcos garantizaban, por vía fluvial o marítima, el suministro de los grandes centros. El Sena y sus afluentes llevaban el pan, el combustible y la madera para la construcción a París, que junto con los grandes centros regionales, como Lyon, y puertos como Marsella, Burdeos y Ruan, desempeñaron un papel clave en la historia de Francia. La ubicación y actividad de estos centros, y las del área que los circundaba, influyeron decisivamente en la distribución regional de la riqueza, les otorgaron su ascendiente cultural y administrativo, y los convirtieron en lugar de residencia de las elites locales y de una compleja gama de artesanos y profesionales, aunque también fueron foco de atracción de las capas pobres y desfavorecidas a la espera de trabajo o de auxilio benéfico. La industrialización desencadenó un proceso de crecimiento selectivo y acelerado en medio de esta red urbana, que en su esencia seguía respondiendo al patrón medieval. Para cubrir las necesidades de vivienda, trabajo, servicios, educación e higiene de la creciente población, y para facilitar la circulación de personas y mercancías, las ciudades experimentaron una drástica transformación. De nuevo fue el crecimiento demográfico, la mejora de las comunicaciones y la integración de los mercados lo que impulsó la innovación tecnológica. La estructura y la tecnología de la actividad manufacturera eran prácticamente idénticas a las de la Edad Media. A finales del siglo XVIII y durante el XIX empezó a mecanizarse la fabricación, en detrimento de los dispersos talleres urbanos y rurales. Comenzaba así una era de continuas y rápidas innovaciones tecnológicas, con fases de especial crecimiento en las décadas de 1840, 1890 y tras 1945.

Figura 2. Evolución comparativa de la población (en millones), Francia, Inglaterra y Gales.

La importancia de las comunicaciones está fuera de toda duda. La calidad de las comunicaciones terrestres y marítimas determinó el futuro comercial, la estructura de la demanda de alimentos y manufacturas y la capacidad de crecimiento de la población urbana. Además, las comunicaciones abrieron nuevas posibilidades de información a los gobiernos, facilitaron la transmisión de instrucciones y la imposición de su autoridad. Antes de que el siglo XIX revolucionara los transportes, el tamaño de Francia y su estructura continental, plantearon problemas de comunicación y control mucho más acuciantes que los de Gran Bretaña, rodeada por el mar.

La unidad impuesta al principio a través de medidas políticas y del poder militar se reforzó gracias a la revolución de las comunicaciones, cada vez más generalizada. El proceso iniciado en el siglo XVIII con la mejora de los caminos y las vías fluviales continuó con la introducción de las nuevas tecnologías: el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono y la reciente tecnología de la información, cuyo impacto se multiplica gracias a la generalización de la educación y a los medios de comunicación de masas. Estas innovaciones proporcionaron servicios antes inimaginables y transformaron la circulación de personas y bienes, la ocupación del ocio, la educación y, en último término, el control social. Pero, además, crearon un sentimiento de pertenencia más profundo y, finalmente, de nacionalismo tal y como lo entendemos hoy en día. Así pues, la integración económica, social, cultural y política depende sobre todo del desarrollo de los medios de comunicación, mientras que la demanda de mejora de las comunicaciones deriva de la nueva percepción de la sociedad respecto a sus necesidades económicas, culturales y políticas.

La estructura de este libro ha venido impuesta por su extensión y por su objetivo principal: facilitar al lector la comprensión de la Francia contemporánea. Es imposible entender el presente sin tener en cuenta el pasado, pero, como cabe argumentar que la repercusión del pasado disminuye con el transcurso del tiempo, trataremos con más detenimiento el pasado reciente que épocas más lejanas a la nuestra.

Cada uno de los capítulos se centra en un periodo más o menos extenso en el que la continuidad en la evolución de las estructuras económicas y sociales y en los problemas políticos predomina sobre los cambios. La larga Edad Media y la Edad Moderna se caracterizaron por el intento de los monarcas de imponer su poder a los grandes señores y a la nobleza rebelde. Ello tenía lugar en un contexto demográfico en el que la baja productividad agrícola y las repetidas crisis malthusianas frenaban el crecimiento de la población, mientras en el ámbito económico el capitalismo y la iniciativa urbana iban penetrando lentamente en la sociedad rural. La Revolución y el Imperio fracasaron a la hora de establecer un sistema político coherente y efectivo, y el resultado fue la aparición de una política de masas en el contexto de una sociedad en transición hacia el capitalismo moderno. En el periodo de 1815 a 1914 se aceleraron los cambios económicos, sociales y políticos, mientras se desarrollaba el largo debate entre los partidarios de la reforma política (mouvement) y los de la résistance, apoyados generalmente por el Estado. La etapa entre 1914 y 1945 se caracterizó por el estancamiento económico y social, y por la devastación que produjeron los conflictos bélicos. Finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzaba un periodo de prosperidad sin precedentes, de reconstrucción, crecimiento económico e impresionante cambio social. El último capítulo se centra en la aparición, desde la década de los setenta, de una sociedad posindustrial, y en las oportunidades y los costes de continuar con la integración europea y la globalización. Dado el tiempo que de forma inevitable transcurre entre la redacción y la publicación, ninguna obra –tampoco esta– puede estar al día respecto al más inmediato presente. Con todo, espero que ayude a comprender incluso los acontecimientos que no han podido ser contemplados aquí.

PARTE I

Francia medieval y moderna

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta primera parte es analizar la configuración y evolución de los sistemas sociales y políticos que existieron en Francia durante las edades Media y Moderna hasta 1789, y el desarrollo de lo que los historiadores alemanes han denominado el Lehnstaat, o monarquía feudal, y su sucesor, el Ständestaat, o sociedad de órdenes. Se trata de un mundo gobernado por reyes y príncipes, bajo el dominio de la nobleza, y en el que, pese al florecimiento de las ciudades, predomina la vida rural y la actividad agrícola. El poder dependía de la riqueza y del control de los escasos recursos y, en particular, del acceso a la tierra y del estatus (que el sociólogo alemán Max Weber definió como «la apreciación social del honor»), que se reconocía sobre todo a los clérigos, a quienes correspondía orar por la salvación del hombre, y a los guerreros, encargados de la defensa de la sociedad. Semejante concepción, consagrada por la Iglesia, legitimaba el orden social y justificaba el conjunto de formas que adoptaba el control social; aunque, en último término, la capacidad para obtener de la población impuestos, rentas, derechos señoriales y diezmos dependía del recurso a la fuerza armada.

¿A partir de qué fecha podemos situar el nacimiento de Francia? El proceso de construcción del Estado fue, como veremos, desigual y discontinuo. Tras el hundimiento del Imperio romano y de los reinos francos que lo sucedieron, se hizo necesario crear instituciones políticas capaces de ejercer el control de vastos territorios y movilizar sus recursos humanos y económicos. El resultado fue la lucha entre los grandes señores territoriales por obtener la supremacía local, regional y, finalmente, nacional. Algunas entidades políticas crecieron a costa de sus competidoras, en una historia en la que la guerra desempeñó un papel crucial y, aunque la evolución dependió de la superioridad militar, permaneció estrechamente ligada al desarrollo del comercio, a la mejora de las comunicaciones y al crecimiento de las ciudades. El aumento de su poderío burocrático y militar permitió a los grandes señores territoriales controlar mejor a sus súbditos y emprender acciones bélicas en el exterior. Así pues, el desarrollo del Estado reforzó los medios de control social, pero constituyó también un motivo de conflicto debido a la rivalidad entre los grupos dominantes y a la resistencia de aquellos a quienes se pretendía controlar y explotar. Los súbditos carecían de una alternativa como la del nacionalismo moderno. A finales de la Edad Media parece haber surgido un sentimiento difuso de lealtad hacia una dinastía en particular y, como consecuencia de la Guerra de los Cien Años, la sensación de distinguirse de otros pueblos. Pero las solidaridades locales y la fuerza de la costumbre y la cultura dificultan extraordinariamente cualquier generalización respecto al desarrollo social o político. Las perspectivas de la mayor parte de la población dependían de la socialización en la familia y en la comunidad local. Estas instituciones establecían las normas de conducta y proporcionaban un mecanismo de control que en lo fundamental se autorregulaba, y en el que el respeto por el clérigo y el seigneur eran incuestionables si se deseaba garantizar la seguridad y el sustento en este mundo y la salvación en el del Más Allá. Con ello no se pretende negar que relaciones que habitualmente tenían como fundamento la deferencia y la cooperación pudiesen, en determinadas circunstancias, engendrar hostilidad y conflicto.

1

Población y recursos en la Francia preindustrial

Los historiadores se han centrado con demasiada frecuencia en acontecimientos políticos espectaculares, de forma que han descuidado así realidades históricas de mayor importancia, como las constantes en la estructura económica y social, que conformaron de modo tan profundo los sistemas políticos. Francia siguió siendo una sociedad eminentemente agrícola: en el siglo XVIII la población rural todavía representaba el 85 por 100 del total. El cambio tuvo lugar de manera lenta y con regresiones, al producir los agricultores una cantidad de alimento que apenas cubría sus propias necesidades de sustento y las de los habitantes de las urbes y grupos sociales privilegiados, que dependían de ellos. Pese a la mejora de las técnicas productivas en la agricultura y la industria y a la mayor eficiencia en la organización de las comunicaciones y el comercio, durante los siglos que estudia este capítulo no se desarrollaron cambios estructurales fundamentales ni en el modo de producción ni en la distribución de mercancías. La pobreza generalizada limitó el proceso de acumulación de capital. La repetición de los ciclos en los que el crecimiento demográfico estimuló inicialmente el incremento de la producción, seguidos de periodos de carestía y crisis demográfica, es buena prueba de ello. Sólo a finales de este largo periodo, en el siglo XVIII, empezaron a percibirse señales de un cambio fundamental, que anunciaba el inicio de un sistema económico y social mucho más productivo.

Las sociedades que emplean tecnologías relativamente simples suelen cambiar con lentitud. En nuestro caso, la falta de información haría muy arriesgada una opinión respecto al ritmo del cambio, pues varían considerablemente, según el tiempo y el lugar, algunos indicadores clave, como el rendimiento de los cultivos. Investigaciones recientes sugieren que entre los siglos IX y XIII, el rendimiento del cereal podría haberse incrementado de un 2,5 a un 4 por simiente, reflejando de este modo el estímulo que suponía el crecimiento de la población y del comercio. Por lo general, la oferta de alimentos fue suficiente y su calidad nutritiva probablemente aumentó. Con todo, la sociedad tradicional siguió teniendo como características permanentes la inestabilidad y la inseguridad. Con una cantidad de semilla tan escasa en proporción al producto, la disminución de la cosecha en, pongamos por caso, un tercio de lo habitual suponía que la provisión de alimento disponible se había reducido a la mitad, ya que el resto del grano tenía que utilizarse como simiente. A largo plazo, estos siglos de subsistencia relativamente segura estimularon el matrimonio a edad temprana y el crecimiento demográfico, de manera que a finales del siglo XIII y, sobre todo, en el siglo XIV la presión sobre la demanda de alimentos se hizo de nuevo patente. A comienzos del siglo XIV, los rendimientos del trigo oscilaban entre el 2,5 obtenido en los Alpes y el excepcional 8 o 9 de las fértiles llanuras del norte de París. La productividad se estancó reflejando la incapacidad para introducir las mejoras técnicas susceptibles de incrementar la producción per cápita de manera duradera y proteger la oferta de alimentos. Los sistemas tradicionales de producción agraria eran más flexibles de lo que generalmente se cree, y podían adaptarse al crecimiento demográfico y al aumento de las oportunidades de mercado gracias a la progresiva acumulación de pequeños cambios. No obstante, en la mayor parte de las regiones había pocos incentivos para producir con vistas a los mercados exteriores, dada la pobreza de las comunicaciones y la fuerte presión por garantizar la propia provisión de alimentos.

Imponiéndose una perspectiva donde predominaba el corto plazo, los agricultores centraron su actividad en sacar el mejor partido a los recursos naturales locales. Se concentraron en la producción de cereales y mantuvieron sólo el ganado necesario para la producción de leche, carne y lana, o como fuerza de tiro. Su objetivo esencial era cubrir las necesidades domésticas de subsistencia. Sólo aceptaron innovaciones, ya fuesen nuevos cultivos o prácticas agrícolas, que no pusiesen en peligro el equilibrio existente. El problema permanente era cómo mantener la fertilidad del suelo. El escaso número de ganado limitaba la disponibilidad del abono como fertilizante y obligó a los agricultores a dejar en barbecho una tercera parte o incluso, en caso de suelos pobres, la mitad de sus tierras. Era preciso cuidar las tierras para evitar consecuencias desastrosas a largo plazo. A corto, el barbecho supuso un grave problema para los más pobres, que sólo lo respetaron por la presión colectiva. Al escasear los animales de tiro y con la generalización del arado ligero, la agricultura dependía del esfuerzo humano en el empleo del utillaje agrícola. Durante la Edad Media sólo los campesinos de Flandes hallaron una alternativa a este sistema improductivo: gracias a la proximidad de los mercados urbanos, a la utilización de detritos urbanos como fertilizantes y a la productividad relativamente elevada de las cosechas, pudieron suprimir el barbecho y cultivaron tubérculos como alimento para el creciente número de ganado. La lenta sustitución del buey y el esfuerzo humano por el caballo y el arado de vertedera a finales del siglo XII –sobre todo en las grandes explotaciones y en el norte de Francia– permitió arar la tierra con mayor rapidez y profundidad y aumentar los rendimientos. Pero los caballos eran caros, enfermaban con facilidad y necesitaban más alimento que los bueyes, de manera que no se generalizó su uso hasta el siglo XVIII o comienzos del XIX.

Lámina 1. Un campesino ara la tierra a finales del siglo XII. Obsérvense las ruedas y la reja de metal. Durante siglos los caballos fueron un lujo y se utilizaban bueyes o vacas como animales de tiro. Biblioteca Nacional, París.

El gran periodo de roturación de la tierra que comenzó hacia el año 1000 alcanzó su apogeo en el siglo XIII. El paisaje se transformó con la tala y quema de bosques (pese a su valor como material de construcción, como combustible y como medio de sustento humano y animal), al desecarse los pantanos y recortarse terrazas en las laderas de las colinas; un fenómeno que pone de relieve la continua lucha por mantener el equilibrio entre las necesidades de la población y los recursos. Por esta época se creó la mayor parte de la red de las, aproximadamente, 35.000 comunidades que todavía existen. Aunque dicha evolución suele explicarse como resultado del crecimiento de la población, también contribuyeron otros factores, como las favorables condiciones climáticas, con un clima seco y templado, y el lento crecimiento del comercio gracias a la mayor seguridad existente al cesar las incursiones vikingas en el norte y las sarracenas en el sur. Al imponerse la autoridad regia sobre los belicosos señores feudales, aumentó el sentimiento de seguridad. El comercio comenzó a tener un peso algo mayor en la economía; la evolución fue gradual y distinta según el momento y el lugar, y en ningún caso fue lineal. Por lo general, se multiplicaron los mercados locales y aumentó la circulación de moneda como principal forma de pago, aunque desde la perspectiva actual esa evolución nos parezca lenta. La cantidad disponible de dinero en moneda era aún escasa debido a la limitada producción de lingotes y a la tendencia general al atesoramiento. Desde el siglo X, y sobre todo desde mediados del XI, los mercaderes de productos de lujo (especias, marfiles y tapices procedentes de Oriente), o de vino (un cultivo eminentemente destinado al comercio siempre y cuando fuese posible transportarlo por vía marítima o fluvial, como en la región de Burdeos) y otros productos alimentarios de gran volumen, crearon vías terrestres muy transitadas que unían los pequeños núcleos urbanos. Estos nacieron al abrigo de una posición geográfica privilegiada, como las encrucijadas de caminos o el cruce de un puente: Marsella, Ruan, Arras, Orleans y París, antiguos asentamientos de ciudades romanas que declinaron en el siglo IV, son algunos ejemplos. En términos generales, con el paso del tiempo habría resultado imposible vivir en completa autarquía. No sólo era necesario comprar determinados productos, como la sal o el hierro, sino que había que hacer frente, además, a la demanda de gabelas e impuestos por parte de los seigneurs, de la Iglesia y, en particular, del Estado. Así pues, el campesino se vio forzado a aceptar la economía monetaria. El proceso fue gradual, variado en la forma según el espacio y el tiempo, y cualquier cosa menos lineal. En general, los mercados locales se multiplicaron, lo cual favoreció el comercio entre las ciudades y sus territorios de influencia, mientras que a partir de los siglos XI y XII las ferias se constituyeron cada vez más en centros focales para el comercio a larga distancia de artículos de valor relativamente alto y portátiles. Las grandes ferias en Troyes, Provins, Bar-sur-Aube y Lagny en la Campaña, y las redes de intermediarios que conectaban el noroeste con el sur, se desarrollaron bajo la protección de condes locales mientras estos pudieron ofrecer protección efectiva y una moneda local fuerte y abundante. Desde finales del siglo XIII se desarrollaron nuevas rutas como resultado del crecimiento del comercio marítimo. La circulación de monedas acuñadas, el medio esencial de pago, no hizo sino crecer, aunque, desde nuestra perspectiva, lentamente. Además, siempre había escasez de ellas debido a la limitada producción de metales preciosos en lingotes y a la tendencia a acapararlos de quienes conseguían un producto tan escaso y útil.

Es preciso insistir en el papel de intermediario de las ciudades como mercado de los productos alimentarios de cada localidad y en el pequeño tamaño de la mayor parte de estas urbes en comparación con las actuales. Para las gentes de la época, París, con 200.000 habitantes en 1320, era una ciudad enorme. Como centro del poder real, duplicó su tamaño en dos generaciones y su red fluvial la convirtió en el principal centro comercial de la región. El crecimiento de las ciudades fue especialmente llamativo en el norte, entre las cuencas del Meno y el Escalda y la del Sena, que unían estos puntos con el tráfico marítimo de vino, sal y lana. Lille, Douai y Arras, y otros puntos en el comercio marítimo como Brujas, Ruan, La Rochela, Burdeos, Bayona y Marsella, alcanzaban entre los 15.000 y los 40.000 habitantes. El aumento de la productividad agraria favoreció el desarrollo del comercio y la diversificación de las actividades. Al mismo tiempo, la prosperidad generó la aparición de una jerarquía social urbana basada en la riqueza que diferenciaba a los mercaderes de los pequeños comerciantes y los artesanos, así como de los jornaleros, a menudo más conflictivos. En periodos relativamente prósperos, como el siglo XII, se amplió considerablemente la construcción de viviendas sólidas, utilizando materiales constructivos locales, y se mejoró la dieta.

En virtud de datos muy incompletos, los historiadores demográficos han calculado que la población (dentro de los límites de la Francia moderna) creció de más o menos 5 millones en el año 1000 a tal vez 15-19 millones a mediados del siglo XIII, mientras que la densidad demográfica (sobre todo en el norte, en Normandía, Picardía y la Île-de-France) probablemente se cuadruplicó, pasando de los 10 a los 40 habitantes por kilómetro cuadrado niveles que no se sobrepasarían hasta la revolución tecnológica de finales del siglo XVIII y del XIX. Estos cambios estuvieron ligados a unas pautas de continuidad; en especial, a un régimen demográfico con altas tasas de natalidad y mortalidad, al escaso celibato, al matrimonio relativamente tardío, a la baja tasa de hijos ilegítimos y de la concepción prematrimonial y a la preeminencia de la familia nuclear. La población siguió dependiendo del resultado de la cosecha, de modo que quienes padecían desnutrición, sobre todo los más jóvenes y los ancianos, solían sufrir también disentería, diarrea, problemas respiratorios y otras enfermedades comunes. Las epidemias eran igualmente frecuentes: viruela, peste bubónica, gripe, fiebres tifoideas, tifus y malaria. A los estragos producidos por la carestía y la enfermedad se sumaban los de la guerra. Los ejércitos no sólo traían la muerte a la población civil; consumían también sus provisiones y propagaban infecciones. La frecuencia de estas crisis, el sufrimiento que engendraban y la limitación que imponían al crecimiento demográfico son características de la civilización tradicional.

La recurrencia de las crisis de subsistencia, debida a una amalgama de factores económicos, sociales y políticos, mostró repetidamente la incapacidad para lograr que la producción de alimentos creciese al ritmo de la población. Para la mayor parte de los agricultores, la diversificación de los cultivos en un sistema de policultivo de subsistencia era el principal recurso para proteger a sus familias de la carestía que podían crear las condiciones climáticas. Aun así, al aumentar la densidad de población, se incrementó el riesgo de pérdida de la cosecha, pues había que reservar al cultivo de los cereales básicos una cantidad de tierra de labranza mayor, reducir el número de cabezas de ganado y la cantidad de abono y, lo que es más importante, la productividad per cápita. De forma simultánea, la fragmentación de las explotaciones agrícolas y el crecimiento del número de los que carecían de tierras acentuó la vulnerabilidad de gran parte de la población. La prosperidad y la miseria, la vida y la muerte siguieron dependiendo de la calidad de la cosecha. Las repercusiones de las malas cosechas variaron considerablemente. Debieron de ser especialmente severas en momentos de elevada densidad de la población, cuando no había otro medio de obtener alimentos o si estos ya se habían visto mermados por dos o más periodos de carestía. Los veranos húmedos hacían peligrar sobre todo las cosechas de cereales; las primaveras frías, el vino, y la sequía, los pastos. La mortandad aumentaba, caía la tasa de natalidad y se posponía el matrimonio, mientras la población trataba de ajustarse al cambio de las perspectivas económicas.

Lámina 2. El sufrimiento: las guerras, la carestía y las epidemias durante la Guerra de los Cien Años redujeron alrededor de un 40 por 100 a la población. Miniatura atribuida a Jean Bourdichon. Biblioteca de la Escuela de Bellas Artes, París.

La dependencia de la cosecha fomentó un sentimiento de fatalidad ante la naturaleza y el designio divino. La mayor parte de los adultos había tenido la dura experiencia de ver cómo la carestía y la enfermedad diezmaban a sus familias y amigos. A finales del siglo XIII, después de dos o tres siglos más o menos benignos, se percibían ya en muchas regiones los síntomas de la extrema presión que la población ejercía sobre los recursos al aumentar los precios y el valor de las tierras. A su vez, atraída por la mano de obra barata, la fabricación de manufacturas se extendió también al agro. Cabe en lo posible que un enfriamiento general de la superficie del planeta redujese los niveles de productividad; de hecho, entre 1309 y 1311, y de 1315 a 1317, hubo grandes hambrunas. El efecto de las malas cosechas se agravó debido a la especulación y el pánico, en el contexto de una sociedad en la que las reservas estaban limitadas por la baja productividad y por la inexistencia de medios de almacenamiento, y en la que las dificultades de transporte encarecían y ralentizaban los intercambios de comestibles entre regiones. El empobrecimiento era una amenaza constante para la mayor parte de la población. El peligro no residía sólo en la perspectiva de inanición; en los inviernos fríos, la enfermedad y la hipotermia hacían especial mella en los desnutridos. La debilidad, el sufrimiento psíquico y el envejecimiento prematuro eran habituales. Las elevadas tasas de mortalidad daban fe de la precariedad de las condiciones de vida. La supervivencia dependió a menudo de la solidaridad familiar y vecinal, aunque las crisis de subsistencia fueron también una de las principales causas de desorden. El resentimiento se dirigió contra los que poseían un excedente productivo susceptible de comercialización, ya fuesen terratenientes, seigneurs o mercaderes, o contra los que habían olvidado su deber de proteger a los más pobres, como los nobles, clérigos y funcionarios.

La llegada de la Peste Negra, entre 1347 y 1348, multiplicó la mortandad. Los sucesivos brotes de la enfermedad originaron a un largo periodo de caída demográfica que se mantuvo en la mayoría de las regiones hasta aproximadamente 1450, y redujo a muchas comunidades a la mitad o a un tercio de su población. La peste y la horrible agonía que provocaba dejaron hondas secuelas en la psicología colectiva. Lo que entre el 60 y el 80 por 100 de los infectados podía esperar era una muerte espantosa. Los sucesivos brotes de la plaga (con 22 epidemias en París hasta 1596) pueden asociarse con primaveras y veranos cálidos y húmedos, cuando las pulgas se multiplicaban y el contagio era más probable. El pánico cundió cuando los que se lo podían permitir escaparon de las ciudades. Dejaron atrás calles vacías y en silencio, tiendas cerradas con tablas y por doquier el hedor de los cadáveres en descomposición. Esto no podía ser sino el castigo divino por los pecados humanos. Procesiones de penitentes imploraron el perdón. Muchos encontraron el olvido en el alcohol. Otros buscaron chivos expiatorios, por lo general judíos o individuos sospechosos de brujería. Con el tiempo, la bacteria de la plaga pareció perder virulencia. Tal vez las poblaciones desarrollaron cierta inmunidad. Los cordons sanitaires establecidos por las autoridades en el esfuerzo por impedir la extensión de la enfermedad también tuvieron su impacto. No obstante, durante el siglo XVII alrededor de un 35 por 100 de la población (ca. 2,4 millones de personas) sucumbió, y el último gran rebrote de la peste bubónica, en el sur de Francia en 1720, segó la vida de 50.000 marselleses, alrededor de la mitad de la población de la ciudad.

La devastadora combinación de crisis de subsistencia, peste y guerra durante los siglos XIV y XV invirtió la tendencia previa al crecimiento demográfico y dejó una profunda marca en el tipo de asentamiento y en el paisaje rural, en el sistema de cultivos, en la propiedad y en las relaciones sociales. La población no se recuperó hasta que se restableció la paz y cesó la virulencia de la enfermedad. Como contrapartida, la menor presión demográfica facilitó a los más desfavorecidos el acceso a los recursos y permitió una mejora del nivel de vida y una mayor independencia. Se contrajo matrimonio a edad más temprana, con el consiguiente aumento de la natalidad, pero su repercusión no se dejó sentir inmediatamente, debido a la elevada tasa de mortalidad infantil. De esta manera, la recuperación fue lenta y sólo se hizo patente a partir de mediados del siglo XV, pese a la carestía y a la epidemia de los años 1480-1482. Además, el proceso fue desigual y benefició sobre todo a las ricas llanuras de cultivo de cereal del norte, más integradas en las redes comerciales. En 1515, la población de los actuales límites fronterizos de Francia volvió a alcanzar los 20 millones (16 o 17 millones según las fronteras de entonces) y mantuvo cifras similares a lo largo de los dos siglos siguientes. Esta fase de recuperación, tras los sucesivos desastres del siglo XV, se mantuvo hasta la década de 1560. Sin embargo, el crecimiento demográfico, el desempleo y el descenso en la productividad intensificaron gradualmente el impacto de las malas cosechas, mientras que el deterioro de las condiciones climáticas con el comienzo de la «Pequeña Edad del Hielo» contribuyó a la creación de situaciones de hambruna en 1618, 1630-1631, 1649, 1661-1662, 1693-1694, 1709-1710 y 1712-1713. Circunstancia agravante en este sentido constituyó la brutalidad de la soldadesca durante la Guerra de los Cien Años con Inglaterra, y más adelante las guerras de religión y la Fronda.

Con posterioridad, desde alrededor de 1600 hasta la década de 1640, o en bastantes casos hasta los años setenta, muchas regiones experimentaron una mejoría, con la notable excepción del nordeste, devastado de nuevo por la guerra. A pesar de ello, el reinado de Luis XIV finalizó con dos décadas muy duras marcadas por cosechas desastrosas y por el intenso frío de los años 1694 y 1709-1710. En muchas áreas el estancamiento se prolongó hasta los años treinta. Estas fueron las últimas grandes crisis de subsistencia.

Entre 1730 y 1750, Francia entró en un periodo de transición demográfica y crecimiento sostenido de su población. El proceso fue rápido; de los 22 millones de habitantes de 1715 se pasó a los 28 de 1789. Las tasas de crecimiento y sus fechas variaron según la región. La escasez, con sus graves secuelas sobre la dieta y la resistencia a la enfermedad, siguió afectando al estrato más pobre de la sociedad, de manera notable entre 1739-1741 y al final de la década de los sesenta, de nuevo entre 1787 y 1788 y repetidamente durante la primera parte del siglo siguiente. Tales crisis de subsistencia –con alzas en el precio del cereal de un 50 a un 150 por 100, frente al triple de periodos anteriores– causaron muchos sufrimientos y malestar social pero no mayor mortalidad. Además, la mayor parte de los conflictos bélicos se desarrollaron fuera de las fronteras y, al no derivar de divergencias religiosas, fueron mucho menos brutales que antes.

Aunque las razones de esta evolución son complejas, cabe señalar algunos factores que debieron de incidir en este proceso, como el aumento, lento pero acumulativo, de la productividad agraria, favorecida por condiciones climáticas relativamente buenas; la mejora de las comunicaciones y de la distribución de alimentos; la ayuda estatal a los pobres mediante la subvención del pan o del trabajo; la capacidad para obtener medios de pago y la generalización de la manufactura rural, como medio de completar los ingresos derivados de la tierra. La mortalidad resultante de las epidemias no se redujo por los avances médicos, sino por mejoras marginales en la dieta y los cuidados sanitarios, por la acción gubernamental que creó «cordones sanitarios» para evitar la propagación de la enfermedad y por la menor virulencia de esta. La mejora de las condiciones de vida y la expansión demográfica fueron evidentes en el norte, el este y el sudeste; en contraposición, Bretaña y algunas zonas del centro, como la región de Orleans, Berry y Turena, tuvieron altas tasas de mortalidad y un violento recrudecimiento de las crisis demográficas a partir de la década de 1770. En Normandía, buena parte de la cuenca de París y parte del centro y del sudoeste, la mortalidad no alcanzó las cotas de Bretaña, pero prevaleció la tendencia a restringir voluntariamente la natalidad y limitar así el crecimiento de la población.

Por otro lado, la frecuente desnutrición, padecida en todas las regiones, aumentó la vulnerabilidad ante las enfermedades; mientras que las crisis, más frecuentes en las últimas tres décadas del siglo, aunque no tan espectaculares como en el pasado, siguieron dando buena muestra de la pobreza y del sufrimiento físico reinantes, de la mayor presión sobre los recursos, de la caída del nivel de vida y de la persistente debilidad del sistema agrario ante las alteraciones climáticas. El factor fundamental en el ciclo económico siguió siendo el resultado de la cosecha. Por lo demás, en una sociedad eminentemente rural, la elevada densidad demográfica implicaba la existencia de muchos arrendatarios y trabajadores potenciales y, por tanto, mayor parcelación de tierras y empobrecimiento. El desarrollo de la manufactura rural y la emigración estacional son prueba de la desesperada lucha por la subsistencia. En estas circunstancias, los que controlaban los escasos recursos, y sobre todo los que tenían acceso a la tierra, se encontraban en una posición muy fuerte. La presión demográfica les permitía exigir rentas más altas y pagar salarios más bajos. Así pues, las condiciones demográficas tuvieron una importancia vital en el reparto de la riqueza entre los distintos grupos sociales y afectaron también a los recursos –rentas y recursos humanos– de los que disponía el Estado.

Pese a la rémora constante de la pobreza, había sin embargo comenzado un periodo de transformación económica que, aunque al comienzo no comportó una innovación tecnológica importante, podría verse como un preludio al cambio estructural en la economía que iba a tener lugar en el siglo XIX. Como en los países en vías de desarrollo de hoy día, el crecimiento económico ofrecía una vía de escape al hambre, las enfermedades y la muerte prematura. El crecimiento de la población, el alza de los precios y el desarrollo del comercio interior, gracias a la mejora de las comunicaciones y a la mayor disponibilidad y rapidez en la circulación del dinero, fueron los principales promotores del cambio. Las reducciones en el coste del transporte de un producto tenían como efecto la reducción de su precio para el consumidor y la ampliación de su mercado. El incremento en el comercio exterior también desempeñó su papel, con el comercio triangular de esclavos y productos coloniales enriqueciendo a la burguesía mercantil de Burdeos, Marsella, Nantes, Ruan y Le Havre, y estimulando la construcción naval, la pesca, la agricultura y la industria textil en los entornos de estas ciudades.

Lo que distinguió a este periodo de los anteriores, en Francia como en los demás países de la Europa occidental, fue el incremento relativamente rápido de la actividad, y que había de ser un incremento sostenido. No volvieron a repetirse las crisis que el clérigo inglés Thomas Malthus describió de modo tan convincente, en las que al crecimiento de la población y de la producción agrícola e industrial lo sucedía la pérdida de la cosecha, la epidemia y la guerra. Esto hizo del siglo XVIII el comienzo de una nueva época (ca. 1730-ca. 1840) de lenta y discontinua transición a la sociedad industrial. Poco a poco, el proceso se aceleró y finalmente transformó la existencia de la humanidad.

La agricultura, que todavía era la principal fuente de rentas y de empleo, se transformó con el desmonte de tierras, la lenta expansión del alforfón en los suelos pobres del Macizo Central y de Bretaña y del maíz en el sudeste, el cultivo de la patata y el forraje y la disminución del barbecho, sobre todo en el norte. Según las estimaciones más optimistas (como la de J.-C. Toutain, Le Produit de l’agriculture française, 1961), la producción agrícola aumentó un 60 por 100 entre 1701-1710 y 1781-1790. Pero hay que manejar estas cifras con cuidado, pues disponemos de poca información y muchas explotaciones agrícolas mantuvieron su estancamiento técnico hasta bien entrada la siguiente centuria. Por otro lado, la dificultad de las comunicaciones hizo que el comercio se limitase a los valles de los ríos y llanuras. Las condiciones geográficas eran la principal causa de la disparidad regional. Aparte de una pequeña minoría de grandes terratenientes y agricultores adinerados que habitaban primordialmente en el norte, bastante urbanizado, y en la región de París, la gran masa de la población estaba compuesta por pequeños campesinos cuyo principal empeño era mantener a sus familias. Con frecuencia, la lucha diaria por la subsistencia y la obligación de pagar impuestos, rentas y derechos señoriales los obligó a contraer deudas. Pese a que la agronomía estaba de moda, los grandes terratenientes invirtieron poco en la agricultura. Al aumentar la población, los campesinos intentaron arrendar tierras y se emplearon como jornaleros. Con todo, de modo gradual y discreto, se fue produciendo un cambio. El crecimiento demográfico, las nuevas posibilidades comerciales y el alza de los precios estimularon el incremento de la producción.

Además, la población rural empezó a depender más que nunca de actividades suplementarias, como la emigración estacional, el transporte y la manufactura a destajo de algunos productos, como paños, clavos y cuchillería, para su comercialización por mercaderes urbanos. Esta diversificación contribuyó a hacer factible el crecimiento de la población, proporcionándole recursos adicionales. Los historiadores han relacionado este proceso de «protoindustrialización» con la industrialización de algunas regiones en las que los mercaderes urbanos supieron aprovechar el bajo coste de la mano de obra campesina y acumular capital. Con gran lentitud, desde la década de 1780 empezaron a adoptar las técnicas británicas y a mecanizar la producción. Pese a que algunos calculan que la producción de manufacturas se cuadruplicó entre 1701-1710 (un periodo de depresión) y 1781-1790, no cabe duda de que se utilizaron casi exclusivamente las técnicas tradicionales, bien en los talleres urbanos, que en las grandes ciudades dependían sobremanera de los gremios autónomos, preocupados por defender sus privilegios y su monopolio, pero capaces de adaptarse a la expansión del mercado con una creciente especialización y división del trabajo; bien en talleres rurales dispersos, que empleaban mano de obra o fuerza animal, que de forma excepcional se complementaba con energía eólica e hidráulica. Los principales protagonistas de este proceso fueron los mercaderes, que organizaron la distribución de las materias primas y los productos manufacturados. En realidad este periodo fue sobre todo de capitalismo comercial, más que industrial, y su prosperidad estuvo estrechamente ligada a la de la agricultura. El aumento de la producción de manufacturas siguió pautas similares a las de otros periodos de crecimiento demográfico. El hecho de que se tratara ahora de un crecimiento sostenido y de naturaleza diferente es lo que requiere una explicación.

Las ciudades eran centros comerciales y administrativos, y algunas experimentaron un notable crecimiento debido a la inmigración. Hacia 1789 casi el 20 por 100 de la población (unos 5.400.000 habitantes) podía ser considerada urbano. La red, algo difusa, de grandes ciudades y pequeños centros era el núcleo de la actividad económica y del creciente control administrativo. París, que en el siglo XVI contaba entre 200.000 y 250.000 habitantes (aproximadamente el 1,5 por 100 de la población francesa), alcanzó en el XVII los 550.000 habitantes, y a finales de la siguiente centuria, los 650.000 (entre el 2 y el 2,5 por 100 de la población total), lo que refleja el acelerado proceso de urbanización y mejora que siguieron las principales ciudades francesas durante el siglo XVIII, beneficiarias de la eliminación de crisis demográficas de orden mayor. La destrucción de las murallas medievales y la construcción de nuevos quartiers, de amplios bulevares, anchas plazas y hermosas casas urbanas aristocráticas fueron pruebas de la acumulación de riqueza y de la demanda creciente de bienes de lujo.

El desarrollo de Francia durante el siglo XVIII fue muy importante y convirtió al país en una de las principales potencias económicas. La tasa de crecimiento de las manufacturas, alrededor de un 1,9 por 100 anual, probablemente era superior a la de Gran Bretaña (alrededor del 1,2 por 100). Si bien la tecnología británica era desde tiempo atrás más avanzada, sólo durante el periodo de la Revolución y el Imperio se hizo notoria la divergencia. La ventaja de la productividad agraria británica aumentó y se reflejó en una calidad de vida superior. La mejor eficacia de las comunicaciones, el desarrollo de los mercados, el crecimiento de la productividad agraria y la mayor demanda de manufacturas impusieron un aumento de la producción textil y metalúrgica, que estimuló las innovaciones técnicas y la rápida difusión de las nuevas tecnologías. Gran Bretaña fue pionera en la sustitución del agua y la madera por el carbón y la máquina de vapor como principales fuentes de energía. Francia, forzada por imperativos técnicos similares, habría de contentarse con seguir sus pasos a lo largo de buena parte del siglo siguiente.

La distinción entre estructuras económicas y sociales e instituciones políticas es en cierto modo arbitraria al englobarse estas en las primeras. Sin embargo, la construcción del Estado tuvo lugar en dicho contexto y en él debemos enmarcar la historia política. Estos factores y condiciones determinaron los recursos humanos y financieros de quienes en cada momento particular controlaban el Estado o bien aspiraban a ostentar el poder.

2

Sociedad y política en la Francia medieval

El reino de Francia emergió lentamente de entre las ruinas del Imperio carolingio. En el año 843, el Tratado de Verdún dividió el Imperio entre los hijos de Ludovico Pío y estableció un reino occidental que gradualmente adoptaría el nombre de «Francia». Al describir estos y posteriores acontecimientos, los historiadores dependen de la supervivencia fragmentaria de pruebas en gran medida producidas por eclesiásticos y en general de carácter ambiguo; de crónicas exageradas y distorsionadas por sus autores con fines políticos, ideológicos o retóricos; de cédulas reales que proyectaban una imagen idealizada de la realeza, y de documentos legales que presentaban principios abstractos de la justicia. Cronistas como el monje Aimoin, quien vivió en Fleury-sur-Loire hacia el año 1000, crearon una tradición que identificaba esta Francia con la Galia romana y la presentaba como el baluarte de la cristiandad. La ulterior creación de la Francia moderna, obra de varios siglos, se inspiró en el sueño de la reconstrucción del reino de Carlomagno. Eran muchos los obstáculos que dificultaban la supervivencia, no digamos ya la expansión, de cualquier unidad política. Al principio, la pobreza de las comunicaciones y la falta de información, la baja densidad demográfica, las escasas rentas y la inexistencia de funcionarios asalariados hizo imposible toda unión entre las grandes unidades territoriales. El gobierno fue por fuerza descentralizado. Sobrevino entonces una etapa de fragmentación política y territorial que se mantuvo hasta entrado el siglo XII. En gran parte, la evolución de los señoríos y principados estuvo muy determinada por el resultado de los conflictos bélicos. Las estructuras sociales se adaptaron a la organización de la guerra. El pueblo se acogió a la protección de los señores locales y estos, a la del príncipe de la respectiva región, que a menudo –como en Flandes, Borgoña y Aquitania– era un heredero de los titulares de las circunscripciones territoriales establecidas por el rey carolingio Carlos el Calvo. Esta fragmentación, muy clara en el siglo IX, se acentuó todavía más hacia el año 900, cuando los antiguos administradores reales, los condes de cada localidad y, después, los castellans, que habían actuado como sus representantes, aprovecharon la rivalidad de los poderosos para hacerse con nuevas parcelas de poder autónomo. En cada estrato social los hombres buscaron la protección de sus más poderosos vecinos, a veces con la esperanza de enfrentarlos entre sí y, en cualquier caso, creando un entramado de vínculos que con frecuencia se contradecían y destruían toda jerarquización política. Por poner un ejemplo extremo, hacia 1150 el conde de Champaña era vasallo de 10 señores; entre otros, del rey de Francia, el duque de Borgoña y el arzobispo de Reims. La gran nobleza mantuvo su autonomía durante siglos y se buscó aliados que la ayudasen a preservarla. Se concluyeron formas de relación contractual y de clientelismo, especialmente en el norte, por las que los más débiles se convertían en vasallos de los más fuertes y acordaban prestarse consejo y asistencia militar y financiera a cambio de protección y justicia. Reyes, príncipes y condes intentaron reforzar su poder rodeándose de guerreros y especialmente de la caballería, pesadamente armada, que constituía el corazón de todo ejército. La concesión de un feudo, con sus tierras y rentas, tenía lugar mediante una ceremonia cuyo carácter religioso (con rituales como la prestación de juramento sobre reliquias sagradas) cumplía una doble función: hacer hincapié en la obligación que vinculaba a las partes contratantes –el seigneur y sus hombres– y dar publicidad al propio contrato. No obstante, la proliferación de castillos, que inicialmente eran concebidos como abrigo, mediante torres de madera emplazadas sobre un montículo y rodeadas de una empalizada y un foso, y desde el siglo XI construidos en piedra, ponía de relieve la fragmentación del poder, la inseguridad y la anarquía reinantes.

Muy pronto los feudos y las tierras que los circundaban pasaron a tener carácter hereditario. Las fortalezas eran medios de protección y garantía de control sobre la población local. Además, desempeñaban una función central en las continuas luchas de los señores por el control del territorio, que a menudo degeneraron en banderías y vendettas. Para reprimir estos desmanes, la Iglesia alentó el ideal cristiano de la caballería, al tiempo que surgía entre los caballeros el sentido de pertenencia a un orden social común, capaz de controlar territorios y recursos, y de equiparse adecuadamente y por sus propios medios para la guerra, auténtica razón de su existencia. Maduró así una ética o un código de conducta compartido. La política matrimonial debe interpretarse en el mismo sentido, como señal de la creciente cohesión de grupo, del intento de evitar la división de feudos, como modo de crear una red de solidaridad y como prueba del orgullo de linaje. Hacia mediados del siglo XII o comienzos del XIII se consolidó la existencia de un orden privilegiado, el de la nobleza, casi siempre hereditaria. Pese a algunos que, sin ser nobles, adquirieron feudos, sobre todo en momentos de expansión económica, e imitaron el estilo de vida de los nobles o lograron que el monarca les confiriese un título, lo cierto es que hasta el 4 de agosto de 1789 la nobleza fue una casta cada vez más cerrada. Formaban parte de ella los herederos de la aristocracia carolingia y las familias de châtelains o castellanos, que mediante el vasallaje y la guerra habían adquirido el derecho hereditario a un feudo.

Figura 3. La creación de Francia, I. Tratado de Verdún del 843 (fuente: J. Revel, L’Espace français).

En contraposición, los campesinos instalados en sus tierras debían satisfacer el pago de un censo, en dinero o en especie; estaban obligados a utilizar el horno, el molino o la prensa de vino del señor; prestaban servicio militar en su ejército; construían fortificaciones; y trabajaban las tierras que el señor administraba directamente. Para acceder a una parcela de tierra, debían entregar al señor los recursos que garantizaban su bienestar. De este modo, señores y campesinos aceptaron una serie de obligaciones vinculantes sobre las que se cimentaba una relación muy desigual. Hacia el siglo XI la mayor parte de los campesinos se vieron reducidos a la condición de dependencia servil como contraprestación por su seguridad y protección. En el sur, donde la densidad de población era menor, el poder de los señores sobre las tierras no fue total; por el contrario, en el norte, se suponía que la totalidad de las tierras estaban sujetas al sistema feudal. La norma consuetudinaria era la de «ninguna tierra sin señor». Se restringió el derecho de los siervos para moverse fuera de la comunidad y se exigió un permiso señorial (que obtenían mediante el pago de una gabela) para poder contraer matrimonio o legar bienes a sus descendientes. La finalidad de estas medidas era preservar la integridad económica del señorío.

El señor limitó su explotación para asegurarse de que los siervos pudiesen cumplir con sus obligaciones en moneda y en especie, y por el compromiso cristiano de proveerles de la ayuda necesaria. Evidentemente, la vida de la población rural mejoró en periodos de prosperidad o, cuando tras el desastre demográfico, había mucha tierra y menos mano de obra disponible. Bajo estas condiciones, los señores estaban más dispuestos a hacer concesiones. El proceso de emancipación de los siervos se inició ya en el siglo XII y prácticamente finalizó tras la Peste Negra, aunque los derechos señoriales persistieron hasta 1789. Mientras tanto, la subordinación económica, social y cultural del campesinado mostró algunas fisuras, como algún incidente de resistencia violenta de poca importancia y del que rara vez poseemos testimonios coetáneos. Numerosas acciones revelaban la fuerza de la tradición y de la organización comunal y la capacidad para percibir oportunidades de protesta verbal o violenta. En alguna ocasión se produjeron protestas masivas o jacqueries. La brutalidad de la actuación tanto de los insurgentes como de los que pretendían reprimir la insurrección revela la fuerza de la tensión reprimida y, en algunos momentos, quizá también la inestabilidad emocional de una población afectada por el miedo al hambre, la enfermedad y la guerra.

Las relaciones que se establecieron durante este periodo de «feudalismo», desde el siglo IX hasta el XII, constituyen una prueba evidente de la debilidad del Estado y de su incapacidad para ofrecer protección y justicia. A la explotación económica se le sumó el control político, pues se permitió a los señores cobrar peajes e impuestos por la celebración de mercados y ferias, obtener los beneficios y el poder de impartir justicia y ejercer su autoridad sobre un campesinado que antes era libre. Muchos de los vínculos sociales que se establecieron en este periodo pervivieron hasta 1789, aunque la transformación de las estructuras sociales y políticas alteró su significado. Para el pueblo llano, el pago de derechos a los señores y de diezmos al clero se justificaba por la necesidad de mantener a los guerreros y a los clérigos que los protegían de las amenazas de este mundo y del más allá.

Sin embargo, incluso en este periodo de fragmentación del poder estatal, el ideal de la monarquía sobrevivió, inspirado por la leyenda de Carlomagno y por el concepto de la realeza cristiana, del monarca como el defensor de su pueblo, la fuente de la justicia y el protector de la Iglesia. En el año 987, cuando falleció el último de los carolingios, Luis V, las asambleas de nobles y obispos celebradas en Compiègne y Senlis ofrecieron la corona a Hugo Capeto, poderoso magnate bajo cuya autoridad se encontraban los condados de París, Senlis, Dreux y Orleans. Cuando Hugo persuadió a sus pares para que aceptasen a su hijo Roberto como heredero, convirtió la dignidad real, hasta entonces electiva, en monarquía hereditaria. Pese a ello, sólo se reconoció a los Capetos una autoridad simbólica. El declive del poder monárquico continuó. Los señores feudales de Bretaña, Macizo Central y sur de Francia prácticamente ignoraron la existencia del rey. Su sentido de la independencia se acentuó ante las peculiaridades étnicas y culturales de los pueblos que intentaban tener bajo control. Las fuerzas centrífugas siguieron siendo predominantes. La posición del rey no era mucho mejor que la de cualquier otro príncipe territorial, permanentemente involucrado en alguna lucha por incrementar sus dominios y su poderío. La fuerza de los Capetos en el norte de Francia derivaba de las tierras que poseía o dominaba el rey, y de su talento para asegurarse el vasallaje de Île-de-France y del área circundante (por ejemplo, los condados de Anjou, Blois y Soissons). La autoridad del rey dependía también de sus castillos, centros vitales del poder. Las ambiciones de los «castellanos» de cada localidad, familias como los Montlhéry y los Montmorency, o los príncipes territoriales vecinos, como los condes de Anjou y Blois-Champagne, o los duques de Normandía y Flandes, eran una amenaza constante. Estos dos últimos eran especialmente peligrosos. Mediante arduos esfuerzos habían logrado mantener la jerarquía señorial y la autoridad central con mucha más eficacia que los propios Capetos. Insistieron en que había de rendírseles homenaje y en la prestación del servicio militar y mantuvieron a raya a la justicia y al clero. Como era de esperar, la autoridad dependía en gran manera de la fuerza y personalidad de condes y duques. En Normandía, tras la muerte de Guillermo el Conquistador en 1087, estalló la anarquía política y la crisis de la autoridad central mientras Robert Curthose y William Rufus se disputaban su herencia. Con todo, debido a la fuerza que les otorgaba ser reyes de Inglaterra, los duques de Normandía se negaron a rendir homenaje al rey francés hasta bien entrado el siglo XII y en algunos periodos, entre 1109-1113 y 1116-1120, se produjeron serios enfrentamientos. El mantenimiento de la autoridad de los Capetos dependió del cuidadoso diseño de sistemas de alianzas.

El principal rasgo distintivo del rey capeto frente a los demás señores era su carácter sagrado. En el siglo XI, sólo él era el ungido durante su coronación en Reims con los santos óleos, con el crisma enviado desde los cielos en la boca de una paloma para la coronación, en el siglo V, de Clodoveo, el primer rey cristiano de Francia. La realeza podía de este modo representarse como una forma de sacerdocio. Tras su coronación, el rey era incluso capaz de obrar milagros al curar escrófulas mediante el toque de su mano y la señal de la cruz. Sin embargo, habrían de pasar siglos antes de que alcanzase incluso una frágil hegemonía política. La preeminencia del rey dependía de su capacidad para ejercer un dominio militar y político real sobre príncipes y nobles, que, al menos nominalmente, le debían vasallaje. Requería, además, del desarrollo de un sistema administrativo, financiero, judicial y militar capaz de afirmar y, posteriormente, mantener el poder real. Una evolución en este sentido se inició a finales del siglo XI, pero fue necesariamente lenta dadas las dificultades con las que tropezó en la práctica y los esfuerzos que realizaron los señores locales con el fin de afirmar su poder territorial rival. En lo esencial, esta segunda edad feudal –como la denominó el gran medievalista francés Marc Bloch– se caracterizó por la creciente habilidad de la corona para utilizar las instituciones feudales en su propio provecho. La anarquía se vio poco a poco reemplazada por el creciente orden institucional aunque, cada vez que la autoridad real flaqueaba, los magnates estaban prontos a revisar su relación con el rey. La fidelidad era un concepto elástico.

Lámina 3. Coronación de un rey de Francia. La unción con los santos óleos distinguió a los Capetos de otros señores feudales, otorgando a sus reivindicaciones una legitimidad añadida. Miniatura de mediados del siglo XI. Biblioteca Nacional, París.

El crecimiento de la población y el desarrollo económico desempeñaron un papel crucial en el incremento del poder real durante etapas claves, como desde finales del siglo XI hasta principios del XII o al iniciarse el siglo XIV, es decir, durante los reinados de Felipe Augusto (1180-1223), san Luis (1226-1270) y Felipe el Hermoso (1285-1314). Cuando los hombres del rey se establecieron definitivamente en Lyon (1312), la densidad demográfica había alcanzado una tasa que no se superaría hasta el siglo XVIII. Los Capetos se beneficiaron de la posición geográfica de sus dominios, en una región fértil que era encrucijada de vías fluviales y de caminos. De hecho, el desarrollo de las instituciones estatales se encuentra estrechamente relacionado con el crecimiento de una economía fundamentada en el intercambio. Ambas dependían de la mejora de las comunicaciones, de la mayor agilidad en la circulación de moneda y del incremento de la capacidad productiva. Un proceso de crecimiento de larga duración de la actividad económica terminó resolviéndose en un aumento de las rentas procedentes de los dominios reales, derechos señoriales y administración de justicia, peajes y tributos. Las relaciones sociales se monetizaron, lo que permitió el desarrollo de una burocracia asalariada y dependiente, y la creación de un ejército más numeroso y eficaz. Los príncipes podían pagar a sus funcionarios, contratar a mercenarios y construir sólidas fortalezas más complejas y costosas, capaces de resistir a arietes y catapultas. Citados por primera vez en el sitio de Metz en 1324, inicialmente los cañones debieron de representar un espectáculo aterrador de fuego y humo más que un arma eficaz.

En la práctica, la reforma administrativa vino impuesta por las necesidades de la guerra. El viejo principio de que el rey debía vivir de las rentas que le proporcionaban sus propios dominios impidió obtener los recursos necesarios para una expansión política y para el mantenimiento de un ejército permanente que complementase la leva feudal. Medidas como la confiscación de las propiedades de los judíos, en 1306, o de los templarios en 1307, eran sólo un paliativo temporal. Felipe Augusto y san Luis lograron imponer tributos extraordinarios para financiar las cruzadas y, una vez que hubo quebrado el viejo principio, ya no fue posible restablecerlo en su plenitud. Nuevas guerras trajeron consigo nuevos tributos. Además, el desarrollo de la burocracia acarreó un aumento de los gastos incluso en tiempo de paz. Desde el reinado de Felipe el Hermoso fue necesario aceptar un aumento de los impuestos directos (especialmente de la taille, que en algunas regiones recaía sobre la propiedad y en otras sobre los individuos) e indirectos (como los impuestos sobre la bebida, el ganado o la sal) como medio, casi permanente, de financiar las guerras contra los ingleses. En alguna ocasión, sobre todo durante el violento siglo XIV, se intentó edulcorar la situación convocando los Estados Generales, en los que estaban representados nobleza, burguesía y clero. Se intentó convencerlos de la necesidad de recaudar nuevos impuestos. Pero el principio de tributación permanente resultaba inaceptable y los intentos de la Corona por establecer nuevos gravámenes generaron numerosos conflictos. Además, quedaban varios problemas por resolver, como elaborar la lista de productos susceptibles de gravamen para el contribuyente, o paliar la escasez de moneda, un recurso escaso. De cualquier forma, los principales rasgos de la consolidación del Estado fueron el control sobre un territorio cada vez más extenso, el desarrollo de un sistema administrativo y judicial centralizado y la creciente influencia y habilidad para servirse de las instituciones eclesiásticas, reflejo de la victoria del poder temporal sobre el ideal de una teocracia papal.

De esta manera, la región bajo control de los Capetos fue expandiéndose gradualmente desde su base territorial inicial en Île-de-France. Tradicionalmente, el rey y su entorno habían intentado mantener la autoridad sobre sus dominios desplazándose a los distintos castillos y señoríos para supervisar personalmente su administración y prestar audiencia. Desde mediados del siglo XI se crearon unas unidades administrativas, prévotés, regentadas por los prevôts, como agentes del poder real. El periodo entre el siglo XII y el XV fue de transición, durante el cual el sistema de gobierno feudal/señorial comenzó a transformarse gracias a las mayores competencias legislativas y al impulso de las formas burocráticas de administración, en un sistema monárquico que mantuvo sus rasgos esenciales hasta la Revolución. El reinado de Luis VI (1108-1137) dio un nuevo paso en la transformación de la Corte; de mero entorno del soberano pasaba a ser una organización más efectiva de gobierno. La Corte siguió siendo el centro de actividad política, un foco de atracción de los más capaces y poderosos que modeló el estilo de vida de los estamentos superiores. Luis VI y sus consejeros, el abad Suger de Saint-Denis y Raoul de Vermendois, procuraron poner coto a las ambiciones de la nobleza respecto al carácter hereditario de los cargos, precisando las funciones burocráticas ligadas a estos. Pese a esta reafirmación del poder público y al desarrollo de una organización administrativa, era imposible, y habría sido desacertado, excluir a los grandes señores del Consejo, supremo órgano de gobierno. Las relaciones personales siguieron teniendo una importancia fundamental. El peligro evidente era que, especialmente durante situaciones de minoría de edad o de debilidad del rey, en el seno del Consejo aparecieran grupos rivales que paralizaran la Administración.

Entre las novedades que introdujo el siglo XII estaba la creación de los baillis, oficiales enviados a provincias como inspectores itinerantes y como jueces, y la creciente utilización de documentación escrita para asegurar el registro y transmisión de la información y las instrucciones. Los nobles, como los funcionarios, se vieron en la obligación de convertirse en letrados. Se produjo un proceso gradual de ósmosis entre la cultura escolástica y la cortesana, y surgió una cultura fundamentada en los valores clásicos y los de la caballería. En lugar de seguir a la Corte ambulante, se fue creando poco a poco una Administración central y permanente, bajo las órdenes directas del monarca, compuesta por profesionales, clérigos y miembros de la pequeña nobleza con experiencia jurídica. París, una ciudad bien amurallada y con considerable importancia comercial y estratégica debido a su posición geográfica, asumió las funciones de capital del reino. Con el crecimiento de sus funciones gubernamentales y su imponente catedral, cada vez mejor fortificada bajo el reinado de Felipe Augusto, dotada de calles pavimentadas, nuevos edificios gubernamentales y residencias aristocráticas, equipada con una universidad que formaba a teólogos y a abogados canónicos y civiles con una clase de comerciantes cada vez más instruidos y capaces de comunicarse a través de las rutas comerciales, asumió paulatinamente las funciones de una ciudad capital. Es más, en 1210, como resultado de un importante programa de reparación y construcción, 113 fortalezas protegían la demesne regia.

Desde mediados del siglo XIII, con san Luis, un rey inspirado en los ideales religiosos del «rey justiciero» (roi justicier), y en particular a comienzos del siglo XIV, cuando aumentó el volumen y la complejidad de los asuntos, empezaron a ganar autonomía las instituciones especializadas, nacidas al amparo de la Corte. El Parlement, establecido por san Luis en las inmediaciones de la Sainte-Chapelle, construida entre 1246 y 1248 como relicario de la corona de espinas con la que Cristo había sido crucificado, asumió la función de supremo tribunal de apelación, con autoridad sobre todos los demás tribunales, organizados según un criterio jerárquico. Durante el siglo XIV se encargó de las protestaciones de sus magistrados contra las ordenanzas reales que no se «atenían a razón». El Parlamento y la Chambre des comptes (Cámara de cuentas) para la supervisión de la Administración financiera eran testimonios de la profesionalización jurídica y administrativa de los oficiales. En el siglo XV se les sumaron los Parlements, creados en su mayor parte en las provincias periféricas adquiridas durante y después de la Guerra de los Cien Años. Su creación implicaba reconocer la peculiaridad de las regiones recién incorporadas, y constituyó un medio de integrarlas mejor en Francia. Así, la actividad e influencia de la Administración real se fue haciendo omnipresente. Se insistió, además, en la mejora de la organización y del procedimiento, en la transparencia y superioridad de la justicia real en comparación con la que impartían los tribunales señoriales y eclesiásticos. Desde el siglo XIII, el rey, como suzerain o superior feudal, hizo uso de las prerrogativas que le otorgaba un creciente poder político y reivindicó el derecho de apelación ante los tribunales reales por litigios resueltos mediante los tribunales señoriales. En el siglo XV la Corona asumió nuevas facultades, como la disolución de un tribunal señorial en el caso probado de abuso de poder. Los señores se sintieron profundamente agraviados e interpretaron estas medidas como una amenaza contra su dignidad y posición, contra su autoridad frente a sus subordinados y contra sus rentas. Por su parte, los tribunales eclesiásticos reclamaban la competencia respecto de los asuntos en los que se viese envuelto el clero, en caso de delitos contra la religión, en materia de matrimonio y en numerosos conflictos sobre la propiedad. El esfuerzo por limitar su jurisdicción estaba estrechamente ligado a la negativa del poder secular a aceptar las pretensiones papales de supremacía política sobre el monarca.

Pese al creciente poder del rey, las estructuras económicas y sociales básicas obligaron al mantenimiento de un gobierno descentralizado. La función primordial de la Corona era la administración de justicia como medio de preservar el ordenamiento público. Pero, al contar con una burocracia de dimensiones reducidas, en una era de comunicaciones difíciles, aquella dependía inevitablemente de la cooperación de las elites locales y, en particular, de los magistrados municipales y entidades señoriales. Aun en fechas avanzadas, en 1535, sólo había unos 7.000 u 8.000 funcionarios reales, uno por cada 2.000 habitantes, incluyendo a los que desempeñaban cargos de menor importancia. Hasta bien entrado el siglo XIX la mayor parte del pueblo llano evitó el contacto con el sistema judicial regio. En general, los que carecían de recursos preferían solucionar sus asuntos en el marco de su comunidad, y evitar los costes, la pérdida de tiempo y los riesgos que entrañaba la intervención de una autoridad ajena –por su cultura, su lenguaje, sus experiencias y simpatías– a los problemas de la gente sencilla. Las jerarquías locales y las redes de obligación siguieron siendo determinantes importantes en la interacción entre la Administración regia y las comunidades. El gobierno eficaz dependía del logro de un grado de consenso y del respeto a las costumbres y las elites locales.

El elemento personal permaneció en el centro del gobierno. Algunos monarcas de fuerte personalidad, como Luis VI o Felipe Augusto, lograron estrechar los lazos de vasallaje y reafirmar su carácter jerárquico. Ante la insubordinación o deslealtad de funcionarios y señores territoriales, no dudaron en utilizar los medios judiciales o militares a su alcance. Muchos señores carecían del poder militar necesario para oponerse a esta centralización real y hubieron de conformarse con actuar como agentes del rey en la administración de justicia, la recaudación de tributos y la leva de soldados, así como en la protección de la Iglesia. En contraste con los reyes y príncipes, que podían evitar la división de sus propiedades en el momento de la sucesión, la pequeña nobleza se fue debilitando a medida que se sucedían las generaciones. Aun en periodos de expansión económica, la creciente tendencia al lujo llevó a muchos de sus miembros al empobrecimiento. Como consecuencia, esa pequeña nobleza se hizo más dependiente de los grandes señores feudales. Las cruzadas, un proceso ininterrumpido que se prolongó a lo largo de tres siglos, redujeron las tensiones internas al alejar y, evidentemente, conducir a la muerte prematura a muchos jóvenes. En contraste con anteriores tendencias, se inició la concentración del poder en manos de los príncipes territoriales y del monarca. Suger, consejero de Luis VI y abad de Saint-Denis, resumió con toda claridad la doctrina de la preeminencia real al insistir en que los vasallos de los vasallos del rey debían fidelidad en primer lugar al monarca, situado en el vértice de la jerarquía feudal, antes que a su señor directo, tal y como acordaba el uso anglonormando. Esta doctrina se oponía a la norma consuetudinaria conforme a la cual «el vasallo de mi vasallo no es mi vasallo», de manera que no fue aceptada hasta bien entrado el siglo XIII. Aun así, en 1202 Felipe Augusto pudo hacer uso de sus derechos como señor feudal y, como señor de Normandía y Aquitania, exigió homenaje del rey Juan, lo que debilitó en estos dominios la autoridad del rey inglés sobre sus vasallos. Ante el aparente aumento del poder y del prestigio real, los señores prefirieron apelar al arbitraje del monarca antes que resolver por sí mismos sus querellas. Esta apelación se utilizó alguna vez para justificar una expedición militar en una región que antes estaba al margen del control real, como es el caso de Mâconnais en 1160. En estas ocasiones, la guerra se concibió como instrumento de ejecución de las decisiones judiciales y, en aplicación del Derecho, el rey pudo imponer su autoridad o incluso confiscar las tierras de sus vasallos mayores, de rango principesco. En un contexto social y político cambiante, los monarcas pudieron servirse del sistema feudal, que originalmente surgió como consecuencia de la debilidad del poder central, para restablecer su propia autoridad. Prueba del éxito que obtuvieron fue la respuesta de sus vasallos al llamamiento para defender el reino frente al emperador del Sacro Imperio Germánico, Enrique V, en 1124. La presencia de los nobles en la Corte proporciona otro testimonio adicional. Durante la mayor parte del siglo XI la gran nobleza y los obispos abandonaron la Corte, dejando libre el terreno a la pequeña e inquieta nobleza de Île-de-France. Esta situación empezó a cambiar cuando Luis VI reforzó la autoridad real. Aumentó el interés por ocupar el cargo de consejero real, por adquirir el rango de oficial y por participar del poder. La condición y posición personales estuvieron cada vez más determinadas por la Corona.

Lámina 4. El retorno de Felipe Augusto a París tras la victoria de Bouvines. Miniatura del siglo XV. Biblioteca Real Alberto I, Bruselas.

El reinado de Felipe Augusto fue decisivo en la construcción del Estado francés debido a la expansión territorial llevada a cabo por el monarca y al sometimiento de rivales poderosos, especialmente del Imperio angevino creado por Enrique II de Inglaterra. La importancia de la personalidad individual se pone de manifiesto en la manera en la que Felipe Augusto supo aprovechar la rivalidad entre Enrique II y sus hijos, que incitaban y encarnaban las complejas discordias feudales existentes en los dominios de los Plantagenet. Posteriormente, pese a la derrota que le infligió Ricardo Corazón de León, fallecido en 1199, aún obtuvo importantes éxitos a costa del indeciso e impopular Juan I y de sus aliados. La victoria sobre el rey inglés en La-Rochelle-au-Moine en 1214, y la de Bouvines frente a Otón IV, sacro emperador germánico, y sus aliados flamencos e ingleses, señalaron el punto culminante de su reinado. El triunfo del monarca francés alteró de forma radical el equilibrio de poder europeo y debilitó notablemente a su rival. Por lo demás, el territorio recién conquistado incrementó de modo sustancial los recursos humanos y financieros de la Corona. Sus ingresos aumentaron un 160 por 100 entre 1180 y 1203, lo que exigía una ampliación de la Administración central. Como su título y el águila en su sello sugerían, Felipe representaba una «imagen» imperial de la monarquía. En cuanto rey, sólo debía homenaje a Dios, mientras que la autoridad regia estaba claramente situada por encima del poder de los nobles.

Luis VIII (1223-1226) remató la conquista de Poitou y extendió la autoridad real a Languedoc, amparando su intervención en la condena eclesiástica de la herejía cátara y el papel del monarca como defensor de la fe. Por otra parte, los matrimonios y las correspondientes dotes permitieron al monarca adquirir nuevos territorios. Felipe Augusto obtuvo Boulenois y Artois en 1180, gracias a su matrimonio con la sobrina del conde de Flandes. En cambio, en 1229, el fracaso del proyecto matrimonial entre un hermano de san Luis y la heredera del condado de Toulouse retrasó la incorporación de este territorio hasta 1271. En 1291, Felipe el Hermoso extendió sus dominios sobre Champaña y Bretaña merced a su política matrimonial. En contraste, el Delfinado fue adquirido en 1349 mediante compra. La continua expansión territorial de los dominios reales permitió a la monarquía acumular recursos y poder.

Figura 4. La creación de Francia, II. El reinado de Felipe Augusto, 1180-1223 (fuente: J. Revel, L’Espace français).

Desde el punto de vista ideológico, el engrandecimiento del poder monárquico se apoyó en una Iglesia deseosa de apuntalar el orden social y defensora de los derechos y obligaciones sagradas de un monarca que, mediante su coronación en Reims, se convertía en ungido del Señor. Desde finales del siglo X, la Iglesia recurrió a la amenaza de excomunión en un vano intento por garantizar la «paz de Dios», y apoyó al monarca como guardián de dicha paz. Durante la debilidad de la monarquía, sólo la Iglesia había sabido preservar las tradiciones de una administración burocrática y crear una estructura institucional alternativa y, una vez establecido el orden y la prosperidad, obtuvo importantes beneficios que le permitieron emprender la construcción de las grandes catedrales de París, Reims, Chartres y Laon. A través de la red de parroquias y de su participación en la vida cotidiana de la población, la Iglesia ofreció una explicación total del universo, una serie de pautas de conducta obligadas para ricos y pobres, y justificó el orden social en términos que perdurarían durante todo el Antiguo Régimen. Según su doctrina, Dios había dividido a la sociedad en tres órdenes: los que se ocupaban de la oración, los encargados de luchar y los que debían trabajar. La interdependencia de estos grupos constituía la base del orden social y político; quienes trabajaban debían servir y mantener a los demás a cambio de sus oraciones y de su protección. La salvación sería su recompensa final. El papel del monarca, en tanto que dirigente militar, y la sagrada naturaleza de sus funciones hizo que la Iglesia insistiese en la condición masculina de su titular. A las mujeres les faltaba la capacidad física y emocional necesaria para ejercer el poder.

Pese a que las relaciones entre Iglesia y Estado se basaban en la interdependencia –al principio el clero obtuvo numerosos cargos en la Corte gracias a su monopolio de la expresión escrita–, también se vieron empañadas por conflictos de intereses y por el resentimiento de la Iglesia ante la utilización del derecho regio de designación de cargos en monasterios y obispados, basado en el patronato real. Por su parte, los reyes recelaban de las pretensiones de un papado que, como representante de Dios en la tierra, reivindicaba el ejercicio de la suprema autoridad. Las reformas emprendidas por Gregorio VII y sus continuadores en la segunda mitad del siglo XI intentaron mejorar la preparación y el compromiso personal del clero. Querían reforzar su independencia frente al poder secular y afirmar la supremacía espiritual y política del pontífice, capacitado para excomulgar y destituir a los reyes. Con el desarrollo de las comunicaciones, se incrementó el control papal sobre las provincias de la Iglesia. Pero el auge del poder real era incompatible con ese control y estalló una amarga disputa entre Felipe el Hermoso y Bonifacio VIII por la tributación del clero y la autoridad del rey para imponer al clero la disciplina que le era propia. El conflicto, en el que representaron un papel importante los juristas educados en la universidad y conocedores del Derecho romano, tuvo como colofón la creación del galicanismo, construcción doctrinal que defendía la independencia del poder temporal y las libertades de la Iglesia de Francia frente al ideal teocrático. Felipe el Hermoso insistió en que había recibido su trono directamente de Dios y obtuvo el apoyo de la Asamblea que celebraron los tres órdenes, o Estados Generales, en Notre-Dame de París en 1302. La debilidad del papado durante el siglo XIV, incluido el periodo de «cautiverio babilónico» en Aviñón (1309-1377), y la existencia de papas rivales entre 1373 y 1418, permitió la reafirmación ulterior de las libertades de la Iglesia galicana. Todo ello culminó en la Pragmática Sanción de Bourges, de 1438, acuerdo por el que una asamblea del clero decidió restringir sustancialmente la autoridad papal y las exacciones fiscales de este en Francia.

De esta manera, a lo largo de un periodo de tres siglos, los reyes de Francia lograron imponerse militar e ideológicamente. Aun así, persistieron importantes amenazas que cuestionaban su autoridad. Pese a haber sido sometidos a estricto control real, los distintos principados mantuvieron sus costumbres y sus ordenamientos jurídicos, derechos confirmados con ocasión de su correspondiente incorporación al reino. Hasta la Revolución, las diferencias geográficas del derecho consuetudinario reflejaron las divisiones políticas de los siglos XI y XII, y aun de época anterior. La tradición jurídica del sur, en la que predominaba el derecho escrito y la romanización jurídica, difería considerablemente de la del norte, que otorgaba mayor importancia al derecho consuetudinario. Estas diferencias se acentuaban por la falta de unidad lingüística; la langue d’oc, que se hablaba en el sur, era mucho más próxima al latín que la langue d’oil del norte. Por otro lado, pese al desarrollo de la Administración y a los recursos de la Corona, las distancias, la lentitud de las comunicaciones y el reducido tamaño de la burocracia real limitaron la eficacia del control central. Siempre era posible que los grandes señores, las comunidades urbanas o campesinas opusieran resistencia a la autoridad del monarca. Cuando a la oposición interna se le sumó la intervención externa de Inglaterra, llegó a temerse la anarquización en una sociedad militarizada donde el gobierno estaba lejos de tener el monopolio de la fuerza armada. Así, en 1314 se organizaron ligas de nobles en Bretaña, Picardía, Borgoña y Champaña, que exigían el respeto a las costumbres provinciales y protestaban contra los tributos. El peligro político aumentó al reunirse los delegados de estas regiones, aunque, por fortuna para la Corona, fueron incapaces de acordar una estrategia común. A una escala completamente distinta se produjo el conjunto de acontecimientos conocidos como Guerra de los Cien Años.

Durante aproximadamente ciento treinta años, desde 1335 o 1340, la carestía, la enfermedad y la guerra sumieron a cuatro generaciones sucesivas en la miseria y la desesperación, y amenazaron la supervivencia misma de la dinastía y el Estado. El aumento de la densidad de población llevaba aparejada la dificultad de aprovisionamiento de los alimentos necesarios. El estallido de la peste bubónica en Europa, en 1347, aniquiló aproximadamente a un tercio de la población, y a la primera epidemia letal siguieron otras muchas en intervalos de unos quince años. Aunque el número de bajas estrictamente bélicas durante la Guerra de los Cien Años no fue muy elevado, los ejércitos transmitían epidemias a su paso. Además, las guerrillas y el bandolerismo que acompañaba al derrumbamiento del Estado destruyeron hogares, ganado y cosechas, cebándose sobre la población. Esta combinación de factores causó graves desórdenes desde el punto de vista económico y social. Una sociedad anteriormente bien ordenada parecía estar en peligro de desmoronamiento.

Bajo estas circunstancias, y al igual que en el siglo XI, la búsqueda de seguridad impulsó la construcción de fortificaciones y acentuó el localismo. Se desarrollaron formas de «feudalismo bastardo», de clientelismo en el que las ciudades cobraron mucha más importancia al convertirse en centros militares, en refugio y fuente de dinero. Los débiles buscaron la protección de los poderosos y el resultado inmediato fue el debilitamiento de la autoridad del monarca. A largo plazo las guerras supusieron de nuevo un fuerte impulso en la mejora de la Administración real. Aunque en comparación con épocas posteriores los ejércitos medievales eran pequeños –con, por ejemplo, tal vez de 12.000 a 15.000 franceses desplegados contra 8.000 ingleses y galeses en Agincourt en octubre de 1415–, sus fuerzas eran considerables si se tienen en cuenta los recursos disponibles. El intento de aumentar las exacciones fiscales entrañaba siempre el peligro de provocar el descontento de los nobles, quienes se habían quedado al margen de la creciente burocracia e insistían en que el rey debía conformarse con los ingresos que le proporcionaban sus propios dominios. En 1356-1358, durante la cautividad de Juan II y con motivo de la debilidad de un gobierno que había caído en el descrédito tras las derrotas de Crécy y Poitiers, el delfín, el futuro Carlos V, hubo de hacer frente a la nobleza disidente, a los mercaderes de París, liderados por su prévôt, Étienne Marcel, y a las quejas de los Estados Provinciales reunidos en París y Toulouse. Era evidente que estos grupos aumentaban sus reivindicaciones en momentos de crisis y de debilidad de la Corona. Los esfuerzos por conciliar a los grupos más influyentes, la nobleza, la burguesía urbana o el clero, a través de los Estados Provinciales y de los Estados Generales, como los de 1343 y 1355-1356, corrían el riesgo de proporcionar una plataforma a las voces críticas, decididas a limitar la arbitrariedad de los oficiales reales. Reclamaban la celebración regular de asambleas, el derecho de consulta en materia tributaria y en caso de leva y un papel en la designación de los oficiales reales, demandas que el delfín Carlos se mostró poco dispuesto a escuchar. Estos sucesos coincidieron con rebeliones campesinas (jacqueries), que amenazaron seriamente a la ciudad de París, cuando los campesinos protestaron contra la tributación real y las exacciones impuestas por la nobleza, que había demostrado ser incapaz de proteger a sus siervos del pillaje de la soldadesca. Los intereses divergentes de los distintos grupos y el deseo generalizado de un gobierno fuerte que mantuviese el orden social contribuyeron a promover una recuperación momentánea. No obstante, la minoridad de Carlos VI en la década de 1380 y su posterior enfermedad mental durante un momento de profunda crisis demográfica y económica europea fueron el caldo de cultivo para la guerra, la revuelta y la matanza y, tras la tregua de 1388, para la intervención inglesa de 1412.

Las guerras tuvieron como causa los problemas de superioridad feudal y las aspiraciones de varios candidatos al trono de Francia. En 1293-1297 Felipe el Hermoso intentó aplastar a sus vasallos más poderosos: el rey de Inglaterra, como duque de Guyena, y el conde de Flandes, cuya influencia se basaba en la prosperidad industrial y comercial de las ciudades flamencas. Eduardo I logró retener Guyena, pero con ello quedó obligado a rendir homenaje. Flandes fue severamente castigada militar y económicamente.

Figura 5. La creación de Francia, III. Tratado de Brétigny, 1360 (fuente: J. Revel, L’Espace français).

Felipe murió en 1314. En 1328 fallecieron también sus tres hijos y con ellos se extinguió la línea directa de sucesión de los Capetos. En esta situación, dos candidatos reclamaron sus derechos sucesorios: la hija de Felipe, Isabel, cuyo hijo Eduardo III acababa de ocupar el trono inglés, y el primo de esta, Felipe, conde de Valois. Una asamblea de nobles y del clero, reunida en Vincennes, reconoció a Felipe VI como rey, dando así prioridad a los varones en el acceso al trono y excluyendo al rey de Inglaterra. Pero en este momento la principal preocupación de Eduardo III era restablecer el orden en Inglaterra y retener lo que le quedaba de Guyena, de manera que en 1329 rindió homenaje al rey en Amiens. Sin embargo, en 1337 reclamó el trono de Francia. Probablemente concibió la operación como una aventura militar que le podría reportar un buen beneficio, para asegurar el comercio de la lana inglesa con Flandes, proteger la herencia de los Plantagenet en el sudoeste y desviar las energías de los inquietos barones ingleses hacia el continente.

En Crécy (1346) y Poitiers (1356), los ejércitos franceses, poco organizados y dirigidos por comandantes ineptos, sufrieron las grandes derrotas que los coetáneos debieron de interpretar como un juicio de Dios. En Poitiers fue hecho prisionero el rey francés, Juan II el Bueno. Eduardo III no reclamó el trono francés en las negociaciones que siguieron a su liberación, pero obligó al monarca galo a renunciar a la mitad de su reino, incluida Normandía; el delfín, futuro Carlos V, se negaría a reconocer el acuerdo. Finalmente, en 1360, agotados por el esfuerzo bélico, los contendientes firmaron el Tratado de Brétigny. A cambio de la liberación de Juan II, el rey de Inglaterra obtenía buena parte del sudoeste y gran cantidad de oro, pero renunciaba a Anjou y a Normandía. La paz no duraría mucho. En 1368 Carlos V aprovechó el resentimiento de los barones de Aquitania a raíz del intento inglés de imponer una administración centralizada y aumentar la tributación, y accedió a su petición de arbitraje. La guerra se prolongó durante diez amargos años, en los que los ingleses fueron perdiendo territorios hasta quedar reducidos a una pequeña parte de Gascuña, en el área que circundaba los puertos de Burdeos y Bayona, vinculados a Inglaterra por el comercio del vino. Sólo en 1388 se firmó una tregua duradera, respetada hasta 1412, cuando una fuerza expedicionaria inglesa asoló parte de Normandía y Anjou. A esta agresión la siguieron otras mucho más graves por parte de Enrique V, quien aprovechó la rivalidad de los príncipes de la sangre ante los episodios de locura de Carlos VI. La primera campaña del monarca inglés culminó en 1417 con el desastre de la nobleza francesa en la batalla de Agincourt y la posterior invasión de 1417. En 1420 se firmó el Tratado de Troyes; Enrique V contraía matrimonio con Catalina, hija de Carlos VI, y era nombrado heredero de la Corona francesa. Y, efectivamente, su joven sucesor, Enrique VI, se convertiría en rey de Inglaterra y Francia en 1422.

No obstante, los fundamentos de esta monarquía dual resultaron endebles. El delfín, que ya se autodenominaba Carlos VII, y bajo cuyo control se encontraban el oeste, el centro y el Midi, rechazó los términos del acuerdo. Además, dadas las limitaciones del poder militar inglés, se apoyó en un partido francés ligado al duque de Borgoña. En 1429, inspirándose en los éxitos iniciales de Juana de Arco, comenzó la recuperación francesa. El duque Felipe el Bueno temía las secuelas de la guerra en Borgoña y decidió firmar la paz por separado en 1435. En los siguientes quince años la causa inglesa tropezó con una creciente resistencia y sufrió derrota tras derrota, perdiendo incluso París en 1436. Además, la adopción de medidas de carácter moderado hizo que las regiones que habían estado bajo el dominio inglés aceptasen el restablecimiento de la soberanía francesa. Al igual que en otras regiones que se habían incorporado en fecha reciente al reino, se crearon para ellas Parlements a imagen y semejanza del de París, con importantes funciones administrativas y judiciales.

Lámina 5. Asedio de Orleans. Juana de Arco representó un papel decisivo en la liberación de la ciudad, una de las más prósperas y mejor fortificadas de Francia. Ambos contendientes utilizaron artillería. Miniatura de finales del siglo XV. Biblioteca Nacional, París.

La dramática sucesión de hambrunas, epidemias y guerras durante no menos de ciento treinta años había diezmado a la población, que pasó de 16-17 millones de habitantes a 12 millones. Aunque las estructuras de una sociedad que seguía siendo rural se mantuvieron prácticamente intactas, el proceso de ajuste a las intensas y prolongadas crisis amplió el papel del comercio en la economía y el de la burocracia en el Estado. Aumentó la importancia económica y política de las ciudades. Además, las guerras afianzaron la lealtad hacia la dinastía, y los llamamientos del monarca a un esfuerzo común contra los ingleses crearon un sentimiento difuso de identidad francesa. A partir de la década de 1450, durante un siglo en el que, a pesar de las malas cosechas, las masas disfrutaron de condiciones relativamente favorables, el orden se restauró, la población volvió a aumentar, el comercio floreció y se aportaron los recursos para un fortalecimiento de las instituciones estatales. El resultado fue la creación, a partir del feudalismo, de un Estado dinástico, un état royal, cuyos elementos centrales –monarquía, religión, honor aristocrático y clientelismo– continuarían, sin embargo, sujetos a considerables tensiones.

3

Sociedad y política en la Francia moderna

El sufrimiento que causaron las largas guerras contra los ingleses y la anarquía interna impulsaron el ideal del buen gobierno, concebido como un Estado fuerte, capaz de imponer el orden. La glorificación de la monarquía por los historiadores, los artistas y los arquitectos, públicamente expresada en los rituales, las ceremonias, las leyes y la religión, estableció la imagen de la douce France gobernada por el «rey más cristiano»: guerrero, protector de la Iglesia y salvador de su pueblo. Al tiempo, se realizaba un renovado esfuerzo por someter a la nobleza militar ofreciéndole algún cargo al servicio del rey. A pesar de que la tributación continuó suscitando serios conflictos, la fiscalidad regia fue encontrando, en principio, una paulatina aceptación en aras del «bien común». Los últimos años del reinado de Carlos VII (1435-1461) y los de Luis XI (1461-1483) fueron una etapa esencial en la reconstrucción política. La actividad económica permitió un aumento considerable de las rentas del Estado y la recaudación fiscal pasó de 1,7 millones de libras tornesas en 1439 a 2,3 millones en 1449 y 5,1 en 1482. La seguridad de contar con unos ingresos y las necesidades bélicas permitieron crear un ejército permanente de 12.000 o 15.000 hombres equipados con artillería y reducir la dependencia de las levas feudales, que no desaparecieron totalmente hasta 1697. Era, pues, el primer paso hacia el monopolio estatal de la fuerza armada. Además, la creciente centralización exigía un apoyo más eficaz a los oficiales de justicia y administración por parte del personal militar. En 1515, una estructura administrativa compuesta por unas 600.000 personas (alrededor del 4 por 100 de la población), incluidos los soldados y otras personas a su cargo, gobernaba a los 16 millones de habitantes del reino. Los nobles, sin embargo, continuaron desempeñando un papel capital en la preservación de la ley y el orden. La unidad administrativa básica era la châtellainerie, regia o señorial: generalmente, un castillo, tierras y derechos dependientes, y una única «costumbre». En 1500, la de Pontoise incluía 43 parroquias. Los châtelains, lo mismo que los consejos municipales, eran responsables de los tribunales, los cuales impartían alta (delitos capitales), media o baja (disputas por cuestiones de propiedad u ofensas menores) justicia, con las comunidades mismas haciendo cumplir las decisiones. Sin embargo, en una sociedad aún poco vigilada, en la que el número de agentes del rey seguía siendo relativamente pequeño, la «autoayuda» era habitual y la violencia corriente.

Figura 6. La creación de Francia, IV. El reinado de Luis XI, 1461-1483 (fuente: J. Revel, L’Espace français).

El gobierno efectivo dependía del fuerte liderazgo monárquico, en particular de la capacidad para refrenar las rivalidades aristocráticas y contener las fuerzas centrífugas. El restablecimiento del poder real llevó aparejada la idea del rey como «emperador en su reino»; la reafirmación de los derechos soberanos de los tribunales reales; el esfuerzo por impartir justicia de manera más coherente, menos costosa y más popular, y el afán de un monarca como Luis XI por elegir a sus propios oficiales, con el consiguiente disgusto de los nobles, que se sintieron excluidos. El nombramiento de gobernadores provinciales inicialmente extraídos de entre los nobles de mediana categoría provocó mucho descontento entre la alta nobleza, hasta que esta consiguió asegurarse estos nombramientos y el acceso al patrocinio y el poder militar que los acompañaban. Gran parte de la antigua nobleza había desaparecido de todos modos durante las guerras, lo cual abría oportunidades para la movilidad ascendente de soldados con éxito y burgueses acaudalados. A mediados del siglo XVI había unos 25.000 nobles, divididos según su riqueza, cultura e influencia pero con percepciones comunes sobre el «honor» personal y familiar, y una sensación de superioridad social todavía estrechamente asociada con el agresivo código del guerrero.

En 1477, con la muerte de Carlos el Temerario sin herederos varones desapareció el principado de Borgoña, aunque el acuerdo al que se llegó posteriormente condujo a la pérdida de la mayor parte de Flandes. El matrimonio de Ana de Bretaña con Carlos VIII, en 1491, supuso la extinción del último principado territorial autónomo, incapaz de preservar su independencia al no poder obtener más ventajas de la rivalidad entre Francia e Inglaterra. En conjunto, la situación difería radicalmente de la fragmentación del año 1000 o de la amenaza de disolución del reino durante la Guerra de los Cien Años, aunque no cabe duda de que el peso de la geografía, las particularidades provinciales y la defensa de los privilegios de la nobleza siguieron poniendo límites al poder real. Con todo, durante la minoría de Carlos VIII, en 1484, la regente Anne de Beaujeu se atrevió a convocar en Tours los primeros Estados auténticamente nacionales y representativos. Cada uno de los tres estamentos y bailiazgos envió a un diputado habilitándose un procedimiento no muy distinto del que se emplearía en 1789. Se les reconoció, además, el derecho a presentar una lista de reivindicaciones, articulada como un cahier de doléances, y a debatir la política del gobierno. No obstante, a pesar de que los representantes aceptaron dócilmente el establecimiento de nuevos impuestos, no se cumplió la promesa de volver a convocarlos al año siguiente. La monarquía asumía sus responsabilidades, por las que habría de rendir cuentas a Dios, pero era más difícil justificar su actuación ante sus súbditos.

El largo reinado de Francisco I (1515-1547), como los de sus sucesores Enrique IV y, en particular, Luis XIV, estuvo marcado por la determinación y la arrogancia de su protagonista, decidido a imponer su voluntad en Francia y en Europa. Aunque devolvió la capitalidad a París, Francisco I –como Luis XI– sentía gran atracción por el valle del Loira. En Chambord se construyó un palacio que simbolizaba con todo detalle la glorificación de la Corona. Era un escenario perfecto para la vida cortesana, un centro de irradiación del mecenazgo regio y un instrumento potencial para someter a la aristocracia. En el ejercicio del poder seguía desempeñando un papel capital la casa real, sobre la que centraba la lealtad y que atraía a quienes buscaban recompensas financieras y nombramientos en el ejército y la burocracia. Aunque el ideal de la fidelidad seguía siendo influyente, las relaciones feudales se habían venido en gran medida abajo durante las largas guerras y estaban siendo reemplazadas por relaciones menos formales de patrón-cliente. La monarquía ofrecía a sus clientes nobles una participación en el poder, lo cual les permitía salvaguardar sus intereses privados y construir su propia red de clientes armados y utilizar el desempeño de cargos como un medio de complementar los ingresos procedentes de sus fincas. Más aún, la vida en una corte peripatética, el centro cultural preeminente, facilitaba la continua redefinición de las maneras y el gusto nobles. Para los ambiciosos y aquellos que podían permitirse los costes de la apariencia, este era el lugar en el que había que estar. La ordenanza de Villers-Cotterêts, de 1539, hacía hincapié en que el francés debía reemplazar al latín en los documentos oficiales; esto aceleró el proceso de expansión de la lengua vulgar, que se convirtió en la usual entre las elites locales, en la lingua franca del comercio y, progresivamente (tras un proceso de difusión que sólo se completó con la escolarización obligatoria, a finales del siglo XIX), en la lengua de la inmensa mayoría de la población.

Con la creación de un Estado administrativo, los reyes de Francia forjaron la propia nación. Durante el reinado de Francisco I, los eruditos apelaron a los precedentes sentados por los emperadores romanos y por Carlomagno, y hasta a la Biblia, para reforzar la pretensión del monarca de ser «emperador» en su reino y «guardián supremo» del Estado y de la Iglesia. No obstante, se hacía una distinción entre su autoridad absoluta y el despotismo. Así, en 1515 Claude de Seyssel insistió en los límites impuestos al monarca por la ley divina, las reglas de la justicia natural y la legislación acumulada del reino, tal como las interpretaban los Parlamentos. El evidente optimismo de los escritores humanistas a comienzos del siglo XVI, su orgullo por el redescubrimiento de la Antigüedad y el rechazo de la barbarie del pasado más inmediato, y la aparente prosperidad y el bienestar material de buena parte de la población, más aún no deberían hacernos ciegos a la fragilidad de un equilibrio amenazado por el crecimiento demográfico, la guerra y las divergencias religiosas.

La guerra representaba una oportunidad para que un monarca aumentara su reputación y honor, y lograra objetivos territoriales dinásticos. Simplemente se daba por supuesto que los sujetos recibirían con agrado la oportunidad de alcanzar la gloria. Los brillantes éxitos militares y los desastres atroces se alternaban. No obstante, el sueño de la hegemonía europea y la rivalidad entre Francisco I y el habsburgo Carlos V implicarían al país en un rosario de guerras en el exterior y en el desorden interno, que se mantuvo hasta 1661. Las regiones fronterizas resultaron devastadas mientras que las ganancias permanentes fueron limitadas. En el este se obtuvieron Metz, Toul y Verdún. Los ingleses tomaron Calais. Más importante fue que el tamaño de los ejércitos y el coste de sus suministros y equipamiento, de los mosquetes, la artillería y las fortificaciones aumentaron enormemente, y con ello los problemas financieros de la monarquía. Más aún, un rey menor de edad o débil (y todos los hijos de Enrique III y Catalina de Médici, que gobernaron entre 1559 y 1584, fueron inexpertos e ineficaces) fomentaba el surgimiento de facciones en la Corte y en toda la Administración regia por cuanto las ambiciones privadas competían con las responsabilidades oficiales. Era evidente que los poderosos magnates territoriales no habían perdido la capacidad de plantearle un reto militar al monarca.

La situación se envenenó a causa de las divergencias religiosas. De que la Iglesia católica romana no había perdido vitalidad daban prueba los elevados niveles de gastos en la construcción y restauración de edificios religiosos, la devoción popular manifestada en procesiones, peregrinaciones y confraternidades y la veneración de reliquias santas y las apelaciones a los santos intercesores, en particular a la Virgen María. La regeneración de la Iglesia y la mejora de la asistencia pastoral también contaban con amplio apoyo. Entre las personas con mayor nivel educativo se desarrolló un interés humanista por los estudios bíblicos, así como la crítica a los «abusos» clericales. En buena medida, es en este movimiento reformista donde han de buscarse las raíces del protestantismo. En una era en la que las creencias religiosas impregnaban casi todos los aspectos de la vida, y en la que la Iglesia de Roma concentraba una enorme influencia, el avance del protestantismo suponía un problema de primera magnitud y despertaba profunda preocupación. Las disputas religiosas reflejaron, además, las divisiones sociales y políticas. Aunque Francisco I era un escéptico en materia religiosa y su sucesor, Enrique II (1547-1559), era hombre de fe, ambos concibieron a la Iglesia como instrumento político fundamental y fuente de ingresos; así pues, era preciso protegerla. Por otro lado, era evidente que las disputas religiosas podían alentar o servir de pretexto a la protesta política. La división del centro político en facciones se repitió en la periferia en los enfrentamientos entre la clientela de los grandes señores provinciales y, al margen de la aparente justificación política o religiosa, a menudo degeneraron en mero bandolerismo.

El protestantismo reivindicaba una religión fundamentada en la Biblia, y la emancipación respecto a una institución clerical opresiva. Por su parte, los conservadores opinaban que, si se quería defender el orden social, había que proteger la ortodoxia religiosa y moral, primera obligación del rey como elegido de Dios. Un fracaso aquí implicaba que el monarca era indigno de tan alto oficio y, de hecho, este fue el principal argumento aducido por los Guisa para justificar la creación en 1576 de la Santa Liga, que debía impedir el acceso al trono del protestante Enrique de Navarra. La localización geográfica del movimiento de adhesión al protestantismo es difícil de explicar. En parte reflejaba la influencia regional de algunos grandes señores, como los Montmorency-Châtillon o los Borbones, y también el impacto de los conflictos religiosos en la lucha de la nobleza por el poder político. Esta rivalidad afectó al propio Consejo Real. En un principio, la mayor parte de las Iglesias protestantes se establecieron en el sur y en el oeste, incluida Normandía, en torno a París, y en la Champagne y Borgoña en el este. En algún momento u otro, el protestantismo atrajo a tal vez un quinto o un cuarto de la población, y en particular a comunidades urbanas relativamente instruidas de profesionales y artesanos. Las clases más pobres parecían indiferentes. Las zonas rurales seguían siendo abrumadoramente leales a la Iglesia católica, con raras excepciones como las Cevenas, donde a los partidarios de la reforma los motivaba en parte el deseo de abolir el diezmo. Inicialmente divididos por el cisma, fueron alentados por Juan Calvino y forzados por la persecución a organizarse más eficazmente. Un sínodo reunido en París en 1559 redactó una profesión de fe y previó asambleas locales, regionales y nacionales. La propaganda evangélica adoptó un tono intransigente, animada por la creencia profunda en que la gracia salvadora de Dios estaba predeterminada. Los protestantes insistieron en que los rituales de la Iglesia católica eran meras invenciones humanas, ofensivas para el Señor, y en que debían ser sustituidos por sencillos servicios religiosos organizados en torno a los sermones, los rezos y los salmos. Su odio a la «idolatría» se tradujo en una iconoclastia generalizada.

La división final norte-sur, una vez que se empujó a los protestantes a la región que circundaba Montauban, Nîmes y La Rochela, fue consecuencia de la derrota militar y de la persecución a la que después se vieron sometidos. Es posible que el protestantismo haya llegado a atraer en algún momento a una cuarta o quinta parte de la población; en particular, a los profesionales y artesanos de las ciudades. En cambio tuvo muy poca implantación en el medio rural –salvo el caso notable de Cevenas–, donde uno de los motivos de adhesión fue el deseo de abolición del diezmo. Su derrota se debió a la suma de una serie de factores. Entre otros, a la oposición de una monarquía que, merced al Concordato firmado con Roma en 1516, ya había logrado imponer su supremacía sobre la Iglesia; podía controlar la designación de obispos y abades, y limitar estrictamente las exacciones tributarias papales. El protestantismo constituía una amenaza para las bases seculares y religiosas de la monarquía francesa. Es más, desafiaba la «verdad» religiosa y, en comparación con algunas partes de Alemania, la imprenta y las universidades parecían haber desempeñado un papel menos dinámico en la difusión de las nuevas ideas. Además, la corrupción del clero era quizá menos escandalosa, mientras que el calvinismo no conseguía atraer a las sensibilidades religiosas populares. De hecho, el desafío protestante revigorizó a la Iglesia católica, una institución en situación excepcionalmente buena para movilizar a aquellos para los que la parroquia seguía desempeñando un papel cultural primordial en cuanto era el lugar del bautismo, el matrimonio y el entierro, con su sacerdote ofreciendo las llaves para la salvación eterna mediante la confesión, la penitencia y la participación en la Eucaristía. En los sermones, panfletos y murales que presentaban una visión aterradora del Juicio Final, la herejía se asociaba con el Diablo. Se generó un temor generalizado a la ira divina. La intolerancia se impuso como un deber a todos aquellos que temían el juicio de Dios y trataban de aplacar la cólera divina tan evidente desde la hambruna y la plaga de 1586-1587. Hacia la década de 1560 los protestantes estaban ya muy debilitados pero no lo bastante como para acabar con ellos. Con las guerras de religión se inició una crisis de primer orden que ponía en cuestión el principio mismo de la autoridad monárquica.

Bajo estas presiones, el gobierno monárquico experimentó un proceso de desintegración parcial que cobró especial gravedad tras 1559, al fallecer Enrique II dejando como sucesor a un menor. Los magnates aprovecharon la situación. Utilizando argumentos de carácter religioso, las voces críticas, católicas o protestantes, negaron el carácter sagrado de la institución monárquica. Durante las guerras libradas entre 1562 y 1598, ambos bandos rechazaron la posibilidad de un compromiso. Los más radicales recurrieron incluso a teorías que justificaban el tiranicidio. Pero lo más grave fue el derrumbamiento del control central en los sistemas administrativo y judicial, ya descentralizados y cada vez más divididos por los enfrentamientos entre facciones. La matanza de la Noche de San Bartolomé, iniciada el 27 de agosto de 1572, condensa la inseguridad, la violencia y el resentimiento que había generado la guerra civil. Durante las fiestas de celebración del matrimonio del príncipe Enrique de Navarra con Margarita de Valois parece que Carlos IX ordenó el asesinato de los líderes protestantes. El control de los acontecimientos no tardó en perderse, y en el plazo de cuatro días 10.000 personas fueron masacradas en París y en 12 ciudades de provincias. Esto sólo sirvió para prolongar el conflicto a pesar de la ya claramente inferior posición militar de los protestantes. Los asesinatos, las violaciones, las torturas y los saqueos ejemplificaron lo completamente que los valores civilizados se olvidaban en estas guerras de religión, en una lucha entre sistemas rivales de creencias. En las regiones más gravemente afectadas por el conflicto, particularmente en el este, donde fuerzas españolas intervinieron en apoyo de la Santa Liga, el constante movimiento de tropas aumentó enormemente la probabilidad de escasez de alimentos y epidemias. Las opiniones del anónimo autor de las Vindicaciones de la libertad contra los tiranos (1579), que trataba de justificar la resistencia a los gobernantes que hubieran violado sus pactos con sus súbditos, podían confrontarse con las de Jean Bodin, quien en los Seis libros de la República (1576) insistía en que debía haber una única fuente de autoridad tanto en la familia como en el Estado. Condenaba sin paliativos las opiniones contrarias, que sólo podían llevar a «una licenciosa anarquía... peor que la tiranía más cruel del mundo».

Lámina 6. Saqueo de una granja, una imagen clásica de las desgracias de la guerra. Tras haber forzado la puerta, los soldados matan a los hombres, violan a las mujeres y se llevan todo lo que encuentran. Museo Bargoin, Clermont-Ferrand. Foto: Giraudon.

La crisis se agravó. El desmoronamiento de los ingresos fiscales hacía difícil mantener un ejército del rey en pie de guerra. Quienes afirmaban que había fracasado en el combate contra la herejía desafiaron la autoridad de Enrique III. Este perdió el control de París tras un «día de las barricadas» (12 de mayo de 1588) y, en el curso de unos Estados Generales convocados en Blois, los delegados de la capital demandaron reuniones regulares de esta cámara. Insistieron en que debía reconocérsele el derecho a dar su consentimiento a los impuestos y a la guerra, e incluso el deber de deponer a los monarcas que no respetaran las leyes «fundamentales» del reino o no protegieran a la Iglesia. La respuesta del rey a este desafío fue ordenar el asesinato de los líderes de la Santa Liga: el duque y el cardenal de Guisa. A continuación, denunciado como un «malvado Herodes», él mismo fue asesinado por un fraile dominico. El heredero legítimo era su primo, el líder militar protestante Enrique de Navarra, que subió al trono como Enrique IV. El nuevo rey tuvo enormes dificultades para procurarse el reconocimiento de sus derechos y restaurar la situación financiera, la fuerza militar y la autoridad de la Corona. La nobleza católica lo consideró un peligro para su fe y para los derechos y privilegios que previamente había obtenido de la monarquía. Enrique IV, un maestro a la hora de buscar una solución de compromiso, intentó conciliar a sus adversarios. Una poderosa corriente de opinión apoyaba al rey legítimo y se sentía agraviada por la intervención española en favor de la Liga Católica. Además, la amenaza de la anarquía que traía la radicalización de la Liga en algunas ciudades del norte y la violencia campesina hizo que la nobleza y el patriciado urbano cerraran filas en torno al rey. La situación política mejoró sensiblemente tras 1593, cuando la decisión de Enrique IV de convertirse al catolicismo se combinó con la promulgación del Edicto de Nantes (1598), que otorgaba a los hugonotes una serie de garantías político-militares, poniendo bajo su control cerca de 200 plazas fuertes, principalmente en el sur.

Otra gran novedad del reinado fue la paulette (1604), medida fiscal por la que se regularizaba la venta de cargos, un mecanismo tradicional de obtención de ingresos. Los oficios públicos pasaron a ser hereditarios previo pago de unos derechos. Aunque fuesen de rango menor, los oficios públicos conferían a su poseedor categoría y privilegios, y los más importantes, a menudo simples sinecuras, llevaban aparejada la condición nobiliar. La venta de cargos como recurso para el aumento de las rentas públicas había comenzado en el siglo XIV y se había hecho cada vez más frecuente durante el reinado de Francisco I. Al comprador le suponía réditos financieros, exenciones fiscales, estatus social y, en algunos casos, incluso el ingreso en la nobleza. De manera que aquella inversión, además de promover un empleo racional del capital, «constituía un importante canal de movilidad social, proveía de personal administrativo al Estado y aseguraba una importante fuente de ingresos a la Corona» (Doyle). A corto plazo esto sirvió para reducir la influencia de los magnates en la Administración y limitar sus posibilidades de crear una clientela propia. En cambio, a largo plazo, la vinculación de los oficios públicos, en tanto que propiedades, y la creación de una elite que se perpetuaba dificultaron en gran manera la reforma judicial y fiscal. En parte, esto se debía a la multiplicación del número de oficios venales, superior a los demás países europeos, para afrontar los costes de la guerra en el siglo XVII. A comienzos del XV había unos 5.000 funcionarios venales, pero a mediados de la década de 1660 su número llegaba a los 45.000, y en 1789 a 70.000. El sistema condujo al ennoblecimiento de ricas familias burguesas, que abandonaron el comercio y se dedicaron a la profesión judicial o administrativa. Aunque irritó sobremanera a los nobles, esta situación mejoró las posibilidades de ascenso social, trajo la renovación de los grupos dirigentes y creó una idea de comunidad de intereses entre las clases acaudaladas.

Figura 7. La creación de Francia, V. La expansión del dominio regio durante el reinado de Enrique IV, 1589-1610 (fuente: J. Revel, L’Espace français).

Con el asesinato de Enrique IV, en 1610, desapareció un gobernante enérgico y eficaz. Preocupados por la perspectiva de otro periodo de desórdenes intestinos, los diputados del Tercer Estado convocados a unos Estados Generales en 1614 declararon que era una ley fundamental que el rey «es soberano en su Estado y sólo a Dios debe su corona». Bajo la regencia de María de Médici y el reinado de Luis XIII (1610-1643) se produjo un nuevo enfrentamiento entre facciones rivales, lo que provocó a otra fase de anarquía que sólo finalizaría entre 1625 y 1642, cuando los cardenales Richelieu y Mazarino intentaron restablecer el liderato del poder central. Richelieu aplastó el protestantismo como fuerza militar y acabó definitivamente con las guerras de religión. Se crearon los commissaires regios, precursores de los intendants. Dotados de considerables poderes de control e intervención como agentes del Consejo Real, y designados en esta época para misiones concretas, desempeñaban comisiones de carácter no venal y dependían de la Corona de manera mucho más directa que la inmensa mayoría de los officiers (titulares de oficios venales). Se les requirió que cooperaran con el gobierno y establecieran buenas relaciones con las elites locales, y se les otorgaron responsabilidades especiales en materia de justicia, policía y finanzas. Rápidamente convertidos en un elemento normal de los gobiernos provinciales, demostraron ser capaces de prácticamente duplicar los ingresos fiscales en una década a partir de 1635. La guerra contra España, en el marco de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), multiplicó sus tareas. El aumento masivo de los impuestos, que probablemente se cuadruplicaron en los años treinta, suscitó nuevas protestas populares, especialmente peligrosas durante la Fronda (1648-1652), pues a ellas se sumaron algunos miembros de la alta nobleza y de la magistratura, irritados por los agresivos métodos de los dos cardenales y por el engrandecimiento de sus familias.

La Fronda –una confusa mezcla de conflictos– prolongó la devastación causada por la Guerra de los Treinta Años, especialmente al nordeste de París. Reveló la capacidad que los gerifaltes feudales como los Orleans, Condé, Conti y Longueville conservaban de desafiar la autoridad de la Corona, de nuevo debilitada por una minoría de edad, la de Luis XIV cuando en 1643 ascendió al trono. La rivalidad entre facciones llevó a los grandes aristócratas a actuar como caudillos regionales que movilizaron a parientes, clientes y dependientes. Al menos inicialmente, contaron con el apoyo de muchos funcionarios, incluidos los magistrados del Parlamento de París, irritados por la devaluación de los cargos existentes debido a las continuas ventas, así como por el crecimiento de los impuestos. Los «tiránicos» excesos del poder regio fueron denunciados y se hicieron llamamientos a la convocatoria de los Estados Generales. En agosto de 1648, en las calles de París volvieron a aparecer barricadas, y en enero del año siguiente el joven rey se vio forzado a huir de su capital: una experiencia que lo marcó de por vida. Finalmente, este asalto fragmentado fue decayendo como consecuencia de las hostilidades mutuas entre sus principales defensores y la reacción de rechazo que en los funcionarios desafectos produjo la arrogancia de los gerifaltes y la propensión de estos a recurrir al apoyo español. Los nobles menores, lo mismo que los magistrados, se habían aprovechado de las quejas populares, pero pronto temieron que la protesta se les fuera de las manos. La sociedad del siglo XVII se caracterizaba por la pobreza crónica y endémica, así como por la brutalidad generalizada. Los vagabundos y las tropas indisciplinadas aumentaban la sensación de inseguridad. Las malas cosechas intensificaban la miseria popular, como también la probabilidad de una resistencia violenta a las exacciones financieras de los señores y los clérigos y, especialmente, a los requerimientos del gobierno. Cuando los officiers del rey eran partes interesadas, a menudo la ausencia, o si no el coste excesivo, de las compensaciones legales parecían dejar pocas alternativas. Se trataba de otro ejemplo de penuria económica y descontento popular. El campo y la ciudad se opusieron con violencia al pago de las exacciones tributarias exigidas por la nobleza y el clero y, en particular, a las del gobierno. La indefensión jurídica, allí donde los officiers regios eran parte interesada, dejaba pocas alternativas. Así pues, el descontento tuvo que adoptar otras formas: mutilación de animales, quema de pajares y apaleamiento de los agentes regios y señoriales. Pero se emplearon también otras formas de expresión, como las canciones irreverentes, la cencerrada o charivari, o la quema de efigies durante los carnavales. Este último ejemplo era una de las maneras tradicionales de manifestar el descontento; formaba parte del ritual de protesta, y permitía descargar las tensiones, evitando al mismo tiempo la represión oficial. En ausencia de una policía local eficaz y con el respaldo de un intenso sentimiento de solidaridad comunal, estas acciones obligaban a los señores y a los recaudadores de impuestos y del diezmo a actuar, cuando menos, con cautela.

Lámina 7. Luis XIV en 1660. A la edad de veintidós años traslucía ya el sentido de la dignidad personal que habría de caracterizarlo. Pintura de Wallerant Vaillant. © Roger Viollet/TopFoto.

Aun así, una mala cosecha podía crear una presión insostenible en amplios sectores de la sociedad. El bienestar de los campesinos ricos y los artesanos podía verse amenazado, al igual que la supervivencia de los pobres. La ansiedad, la amargura y la inestabilidad emocional que creaba esta situación superaban el temor a la represión y provocaban brutales protestas o incluso grandes revueltas. Por lo general en ellas participaban sobre todo los campesinos pero también artesanos urbanos, comerciantes, miembros de la pequeña nobleza carente de rentas y profesionales. Los conflictos estallaban sobre todo en las zonas sin guarnición local o, durante la guerra, en caso de transferencia de tropas hacia las fronteras. Las sublevaciones más notables fueron las que tuvieron lugar en Guyena y otras provincias del sudoeste en 1548; en el Delfinado a finales de la década de 1570; en Normandía y en Bretaña y, de nuevo, en el sudoeste en 1590, y en el sudoeste (Quercy) en 1624. Sin embargo, las más graves fueron las de los Croquants, entre 1636 y 1637, que afectaron a una región muy extensa entre los ríos Loira y Garona, y la de los Nu-Pieds, en 1639, en Normandía. Los rebeldes utilizaron las estructuras y redes económicas de su comunidad como base organizadora y justificaron su acción en la costumbre y la religión. El clima de oposición generalizada a la autoridad, sobre todo contra los recaudadores de impuestos, espoleaba sus acciones. La imposición de nuevas cargas fiscales o el mero rumor al respecto eran motivo suficiente para hacer sonar las campanas, enviar emisarios de los pueblos y poner en marcha a la muchedumbre. Esta radicalización popular se explica por la presión que suponía para una economía rural de subsistencia la exacción de un tributo monetario, que obligaba a los campesinos a buscar desesperadamente algo que vender o a encontrar una ocupación remunerativa y que, a menudo, les privaba de los alimentos necesarios o los empujaba al endeudamiento. Las revueltas se producían sobre todo durante las guerras, cuando aumentaban las exacciones tributarias de modo más o menos arbitrario y por razones que la población que las padecía difícilmente podía comprender. Lo cierto es que, aunque alteraron el orden público, no ponían en cuestión el sistema social. Ante todo reivindicaban la disminución de tributos y la «justicia». En su mayoría los señores compartían la primera de estas reivindicaciones, pues la tributación al Estado ponía en peligro el pago de rentas y derechos señoriales. Al campesinado le fue imposible escapar de los lazos de dependencia que lo ataban a los terratenientes y al clero. Al final, el localismo y la limitación de objetivos ayudaron a sofocar las revueltas, sobre todo una vez que se pudo reunir la fuerza militar necesaria, y cuando las elites locales llegaron a la conclusión de que los disturbios podían volverse contra ellas y decidieron cooperar con las autoridades regias.

La coronación de Luis XIV en 1654 significó una celebración simbólica de este tiempo de problemas. A pesar de estos desórdenes, la máquina administrativa sobrevivió y, aunque con deficiencias, continuó en funcionamiento, y podía servir como base sobre la que se restableciese finalmente la autoridad real. Lo cierto es que las guerras habían aumentado las necesidades financieras del Estado, y la impaciencia del gobierno con respecto a los órganos intermedios, como los Estados Provinciales y los municipios, había espoleado el autoritarismo de los oficiales regios. A finales del siglo XVII prácticamente desaparecieron las revueltas armadas a gran escala, se reforzó el aparato represivo del Estado y las cargas fiscales fueron menos gravosas, al tiempo que la difusión de la educación y una cultura religiosa más eficaz, ligada a la Contrarreforma católica, favorecían una mayor disciplina social. Durante los años siguientes, la principal causa de protesta popular sería el elevado precio de los alimentos, que provocaría manifestaciones en lugares de mercado y ataques contra los transportes y los mercaderes sospechosos de especular con las mercancías. Los incidentes de esta naturaleza aumentaron a comienzos del siglo XVIII, pues el comercio y el espíritu de lucro entraban en contradicción con las necesidades de subsistencia de las capas más pobres y con la moral tradicional. Los conflictos persistirían hasta mediados del siglo XIX. La mejora de las comunicaciones, la modernización de los sistemas mercantiles y las mayores garantías de aprovisionamiento cambiaron la situación.

En gran medida el reinado de Luis XIV (1643-1715) se ha visto aún más oscurecido por el mito que el de Enrique IV. Sin embargo, se puede definir como un nuevo intento de poner fin a la fragmentación política y a la anarquía social que encarnó la Fronda. El mayor éxito del rey fue la pacificación interna alcanzada en los primeros años de su reinado. Al asumir el control personal del gobierno en 1661, el monarca pareció lleno de energía pero peligrosamente ávido de gloria. En la continua pugna contra los Habsburgos, los franceses tenían la ventaja de contar con un reino bastante homogéneo, con redes internas de comunicación, mayor capacidad de movilización y superiores recursos. No obstante, las victorias iniciales, la expansión territorial resultante y la posibilidad de una hegemonía gala asustaron a los demás países europeos. La permanente movilización que exigían los conflictos bélicos acabó por conducir al país al desastre. Pero esto tuvo también su lado positivo, pues mantuvo a los ejércitos extranjeros fuera del territorio francés, se pagó a las tropas con mayor regularidad y aumentó su disciplina, y los nobles estuvieron más que nunca al servicio del Estado, en el ejército o en la Corte. Prosiguió el desarme de los castillos de la nobleza y de las ciudades iniciado por Richelieu y Mazarino, logrando por primera vez hacer de la fuerza armada un monopolio regio.

En muchos aspectos Luis XIV se limitó a poner en práctica el sistema de gobierno ideado por sus predecesores, en el que el soberano, designado por la Divina Providencia, debía ser símbolo y fuente de unidad. Para cumplir este cometido podía recurrir –y controlar– a la alta nobleza, confiriéndole algún puesto en la Corte, en el gobierno de las provincias o un mando en el ejército, lo que sirvió también para canalizar la belicosidad de la baja nobleza hacia el servicio de la monarquía, al dejar de ser un instrumento de la gran nobleza para serlo del rey. Las incesantes guerras casaban bien con el concepto medieval de casta militar que la nobleza tenía de sí misma. Un cuidadoso control de los sistemas de patronazgo y del ejército permitió al rey comprar la lealtad de los estamentos más altos o, llegado el caso, utilizar la coacción. Así se creó la imagen de un monarca todopoderoso, el Rey Sol, que gobernaba en espléndido aislamiento desde su nuevo y suntuoso palacio de Versalles. Además de simbolizar el poder real y la gloria, Versalles constituyó el polo de atracción de una cultura aristocrática, de buenas maneras y conducta reservada. El servicio al rey en la Corte permitía obtener una posición de rango elevado y pensiones, muestra de la generosidad real. Desde la perspectiva del monarca, el enorme dispendio que significó la construcción del palacio era dinero bien gastado; reforzaba la dependencia de la alta nobleza, a la que podía controlar de cerca, y mantenía al rey más aislado que nunca respecto a las realidades de su entorno: engrandecía a su persona y a su dinastía.

Figura 8. La creación de Francia, VI. El reinado de Luis XIV (fuente: J. Revel, L’Espace français).

Otro acontecimiento de gran relevancia política y simbólica fue el nuevo ataque al protestantismo, que culminó en la revocación del Edicto de Nantes en 1685. Probablemente era inevitable. Las disposiciones del Edicto ya habían sido recortadas de manera sustancial. La existencia de un colectivo armado dentro del Estado era intolerable. Desde 1622 sólo La Rochela y Montauban permanecían bajo control protestante. Aunque la Paz de Alès de 1629 ratificó el Edicto de Nantes, suprimió el derecho a mantener plazas fuertes aun en estas ciudades. Por entonces los protestantes ya estaban muy debilitados por las deserciones, cada vez más frecuentes; en particular, las de los líderes de la nobleza, temerosos de perder el favor real. La Contrarreforma, que no tuvo gran eco en Francia hasta la primera década del siglo XVII, empezó por entonces a producir su efecto. Impuso un nuevo orden a una Iglesia que acababa de recobrar la mayor parte de los bienes usurpados o perdidos durante las guerras de religión. A lo largo de las décadas de tensa coexistencia que siguieron, las congregaciones protestantes tuvieron que pagar impuestos especiales y se cerraron más de tres cuartos de sus iglesias. Los esfuerzos por promover las conversiones incluían también el alojamiento que las familias daban a las tropas (dragonnades). En 1685, Luis XIV, convencido de lo acertado del principio «una fe, un rey, una ley», pudo revocar el Edicto sin temor a graves alborotos. A los protestantes no les quedaron más alternativas que la conversión, el paso a la clandestinidad o la emigración. Entre 140.000 y 160.000 escogieron la última. Sin duda, el hecho de que entre ellos hubiera muchos comerciantes y fabricantes (aunque en parte compensado por la llegada de católicos irlandeses refugiados) tuvo perniciosas consecuencias económicas. La arremetida que a continuación se produjo contra el jansenismo, cuyos partidarios atacaban la corrupción en el seno de la Iglesia y llamaban al logro de la perfección espiritual, estuvo análogamente motivada por la hostilidad hacia la «herejía» y respondía a lo que el rey consideraba como un desafío a su autoridad. En 1713, la negativa del Parlamento de París a registrar la bula papal condenatoria Unigenitus anunció una inminente disputa acerca de la autoridad en el Estado y en la Iglesia.

El hecho de que Luis XIV supiese hacer uso efectivo de este sistema político es buena prueba de su capacidad, de su determinación de excluir del Consejo Real a todo gran señor susceptible de crear conflictos y favorecer a los miembros de una nobleza relativamente nueva y centrada en actividades de carácter burocrático y del profundo deseo de las clases acomodadas de evitar toda recaída en la anarquía. El monarca y la nobleza compartían un sentido muy preciso de la jerarquía social, en la que el rey ocupaba indiscutiblemente el vértice y podía apelar al honor y a la lealtad de sus súbditos. Una etiqueta cuidadosamente diseñada acentuaba la distancia social entre uno y otros. Aunque todavía estallaba alguna disputa ocasional, su alcance estaba limitado por el poder superior de la Corona y por el vínculo que ligaba a la mayor parte de las familias con la institución monárquica, ya se tratase de la vieja nobleza (noblesse d’épée o «de espada») o de la nueva nobleza judicial y burocrática al servicio del Estado (noblesse de robe o «de toga»). Poco a poco, la nobleza fue convenciéndose de que sus necesidades estaban mejor cubiertas dentro del Estado que luchando contra él. El acuerdo se mantuvo mientras los estamentos superiores consideraron a la monarquía como protectora de sus intereses vitales.

El desenvolvimiento del absolutismo (un término acuñado a finales del siglo XVIII), una etapa crucial en el proceso de construcción del Estado, suponía un aumento de la capacidad de intervención del poder central a través del progresivo desarrollo de la administración burocrática. No obstante, Luis XIV y sus sucesores se encontraron con muchos de los obstáculos de tiempos anteriores, como las distancias, las comunicaciones difíciles y los recursos insuficientes. Tuvieron que actuar dentro de los límites trazados por las instituciones establecidas y la extrema variedad y heterogeneidad de leyes y costumbres, y en el marco de una sociedad preindustrial. La ejecución en provincias de la política del gobierno central dependía en especial de los intendants, reclutados entre los ambiciosos jóvenes de la nobleza miembros del Consejo Privado. Cada intendente era responsable de una de las 33 grandes unidades administrativas (généralités); a sus órdenes estaban los oficiales subordinados (subdélégués), casi siempre pertenecientes a la nobleza local, que administraban una élection o circunscripción local. Supervisaban todos los aspectos de la Administración general y a menudo de la municipal, incluyendo la administración de justicia y el establecimiento y recaudación de impuestos. La actividad de estos pocos agentes de la Administración central dependía de la cooperación de los notables de cada localidad, nobles o burgueses cuya capacidad de influencia derivaba de su riqueza, propiedades o reconocimiento por parte de la comunidad, así como del cargo que desempeñaban. En la base de la jerarquía judicial estaban los 70.000 tribunales señoriales. De manera que en muchos casos los delegados del gobierno central eran, con todo, gentes vinculadas a la localidad y se comportaban como tales. Las relaciones familiares y la solidaridad local supusieron un obstáculo permanente para el desarrollo de la burocracia. Abundaron los conflictos jurisdiccionales y las rivalidades entre las instituciones gubernamentales, exacerbados por la continua creación de nuevos cargos (muchos de ellos venales), lo que incrementaba los costes y ralentizaba la gestión administrativa y las tareas judiciales. La desobediencia encubierta y la tergiversación a la hora de ejecutar las instrucciones sustituyeron a la franca oposición. La situación de los intendants era tanto más difícil por cuanto carecían del apoyo de verdaderas fuerzas propias. Lyon, con 150.000 habitantes, contaba sólo con 84 hombres, mientras que en el ámbito rural operaba un cuerpo regio de caballería (la maréchausée), compuesto por un total de 4.000 hombres. La autorregulación de las comunidades era la solución ideal. En caso de desorden grave no existía otra alternativa que recurrir al ejército, pero su intervención podía demorarse y desagradaba a los mandos militares. Así pues, los intendants hubieron de amoldarse a las condiciones de cada localidad. Hacia la década de 1780 comenzó a menguar su autoridad como resultado del declive del poder central, que corría paralelo al creciente afianzamiento de la nobleza y de las instituciones en las que los intereses de esta se hallaban mejor representados.

Las deficiencias del sistema se notaban sobre todo en la administración de justicia, cruel y muchas veces parcial; por otra parte, la reforma aquí era sumamente difícil. La venta de cargos reforzó la independencia de la gran mayoría de los officiers. Los gobiernos no se atrevían a suprimir los oficios venales ni tenían medios para rescatarlos. En el mejor de los casos, un rey enérgico, como Luis XIV, podía servirse del patronazgo para mantener bajo su control instituciones de vital importancia como los pocos Estados Provinciales todavía en pie y los Parlamentos, tribunales superiores de justicia de la respectiva región e instancia responsable del registro de los edictos del gobierno, requisito indispensable para que adquiriesen validez legal. Sin embargo, la decisión de los sucesivos monarcas de no proceder a la convocatoria de los Estados Generales entre 1615 y 1789, y la ausencia de una institución representativa y consultiva de ámbito nacional, debilitó seriamente la relación de la monarquía con aquellos de sus súbditos que más contaban.

En esta situación, la administración interna siguió siendo «un diálogo entre la Corona y las elites locales, las instituciones y los grupos sociales, cada uno de ellos celoso protector de sus tradiciones y sus privilegios incancelables» (Mettam). A cambio de la prestación de tributos y servicios se acordó otorgar determinados privilegios a algunos grupos urbanos (officiers, corporaciones, etc.). Por el contrario, en el ámbito agrario el papel central correspondía al seigneur. El ejercicio del poder en el ámbito local y regional continuó dependiendo en gran manera de las estructuras sociales propias del señorío, de las relaciones internas de la elite, y entre esta y los sistemas sociales sobre los que intentaban imponer su autoridad. Las disposiciones del centro no siempre se ejecutaban en el ámbito local, sobre todo si se trataba de algo crucial como las finanzas. La guerra y la preparación para la guerra eran rasgos de identidad del Estado del ancien régime. La mayor parte del presupuesto se empleaba en gastos bélicos, que suponían casi siempre la tercera parte o más de la mitad del total presupuestario y alcanzaba hasta un 70 por 100 en tiempos de guerra. Los frecuentes conflictos, la imposición de una forma de reclutamiento militar mediante la conscripción en 1688 y el tamaño de los ejércitos (que alcanzó los 500.000 hombres en época de Luis XIV) implicaban un esfuerzo cada vez mayor. Dadas las exenciones fiscales de la nobleza y el clero, casi todo el peso de la recaudación recaía sobre el campesinado, el grupo más débil. La situación empeoró aún más por los elevados costes de la recaudación fiscal, que dependía de los titulares de oficios venales o, en el caso de la imposición indirecta, de arrendadores de impuestos que, a modo de consorcio, operaban previa contratación con la Corona. Unos y otros disponían de multitud de agentes y estaban tan interesados en servir al Estado como en obtener un beneficio personal. El esfuerzo de Colbert por estimular la producción de manufacturas y el comercio colonial formaba parte de las medidas destinadas a aumentar las rentas con las que sufragar la supremacía militar. Su repercusión fue sólo marginal y casi no afectó a las estructuras económicas. En cambio, se recurrió cada vez más al mercado de capitales de París, lo que condujo al incremento del monto de la deuda, cuyo servicio acabaría siendo muy difícil de afrontar y haría a la Corona muy dependiente de los grandes financieros. Durante la mayor parte del siglo XVIII el servicio de la deuda representó entre un 15 y un 20 por 100 del presupuesto, pero en 1788 alcanzó ya la cifra insostenible del 49 por 100. El interés de los grandes prestamistas –muchos de ellos recientemente ennoblecidos– y de las principales familias nobles por mantener una situación tan lucrativa supuso un obstáculo permanente a la reforma.

El reinado del Rey Sol concluyó con una profunda crisis social. El principal motivo era el peso de la carga fiscal que, además, recaía sobre una población muy afectada por los devastadores efectos meteorológicos sobre la cosecha –como en 1694– o por la suma de desastres militares y naturales, como en el periodo entre 1708 y 1710. Al cabo de casi veinticinco años de enfrentamientos, la guerra concluyó con el agotamiento de los beligerantes y la firma de los Tratados de Utrecht y de Rastadt de 1713 y 1714. En agosto de 1715, un monarca deprimido y agonizante advertía a su sucesor aún niño de que

toda tu felicidad dependerá de tu sometimiento a Dios y del empeño que pongas en procurar el bienestar de tu pueblo. Esto significa que deberías evitar, en cuanto te fuera posible, entrar en guerra. Es la ruina del pueblo. No sigas el mal ejemplo que yo te he dado. Con frecuencia he ido a la guerra demasiado a la ligera y la he continuado por vanidad. No me imites a mí, sino sé un príncipe de la paz.

El orden político sobrevivió a pesar de todo. En contraste con estas décadas de calamidades, el resto del siglo XVIII, en particular entre los años 1745 y 1770, se caracterizó por la recuperación económica y demográfica, y por una larga etapa de paz y orden interno. De la mayor prosperidad dieron prueba la rápida expansión del comercio interior, la mayor presencia de las fuerzas mercantiles en toda la sociedad y, especialmente, el surgimiento de una categoría de consumidores acomodados de clase media. El comercio exterior se expandió rápidamente. El tráfico colonial de esclavos, azúcar, índigo, tabaco y café trajo riqueza a los comerciantes de Burdeos, Marsella, Nantes, Ruan y Le Havre. Las colonias caribeñas eran una fuente de gran prosperidad pero, además, una poderosa causa de rivalidad con Gran Bretaña. El perjudicial impacto de la guerra y la frecuente perspectiva de malas cosechas que causaran una crisis económica generalizada constituían síntomas de la continua fragilidad del sistema sociopolítico. Aunque hubo signos de innovación técnica tanto en la agricultura como en la fabricación de bienes, y a pesar del hecho de que la mejora en las condiciones climáticas, en las comunicaciones y en la distribución de alimentos limitaba la intensidad de las crisis de subsistencia, las estructuras económicas y sociales básicas de una sociedad preindustrial sobrevivieron. Francia siguió siendo una sociedad eminentemente agraria, con pequeños talleres dedicados a la producción de manufacturas, dispersos entre el campo y la ciudad, y con una economía que dependía por entero de la cosecha. El ordenamiento jurídico de una sociedad corporativa y estamental se mantuvo intacto, fundamentado, como en el año 1000, en la actividad de cada grupo: los que oraban, los que luchaban y los que trabajaban. En una sociedad con una estricta jerarquización, aunque no inmóvil, la dependencia, el miedo y el sentido de inferioridad que subyacían bajo la resignación y las muestras de respeto mantenían a raya a los más débiles. De modo similar, las instituciones políticas del ancien régime cambiaron con gran lentitud, y fueron un precedente utilizado con notoria efectividad por quienes defendían sus intereses adquiridos. No obstante, y pese al lento curso que siguió el cambio social, estas estructuras sociales acabaron por resultar anacrónicas.

Lámina 8. Construcción de una carretera. La obligación de la corvée (1738), la creación del Corps des Ponts et Chaussées (1750) y la gran inversión pública facilitaron la circulación de hombres y mercancías. Pintura de J. Vernet (1774). Museo del Louvre, París. Foto: Giraudon/the Bridgeman Art Library.

Desde hace ya algunos años no está de moda incidir en las causas sociales de la Revolución de 1789. Frente a la interpretación marxista de una lucha entre una nobleza decadente y una burguesía en ascenso, hoy día los historiadores tienden a subrayar los intereses que compartían nobles y burgueses, y en la diferenciación interna de cada uno de estos grupos. Así, se citan las palabras de Jacques Turgot en 1776: «La cuestión del privilegio ya no enfrenta a las familias nobles y al pueblo llano, sino a pobres y ricos», y se insiste en la emergencia de un grupo de notables, de los que sólo una parte eran nobles. En una sociedad que se veía a sí misma dividida en «órdenes», cada grupo tenía su propia jerarquía y una cima que ocupaban los que se distinguían por su riqueza, su posición y su poder. Los nobles y los ricos compartían numerosos intereses al ser propietarios de tierras y disfrutar de un mismo estilo de vida y una posición privilegiada. La burguesía seguía siendo una clase preindustrial, compuesta sobre todo por propietarios agrarios, profesionales, financieros y comerciantes. Lejos de ser hostiles a la nobleza, los burgueses acaudalados soñaban con llegar a ser nobles como último peldaño en su ascenso personal. En todo caso, el problema consiste en explicar por qué las líneas de conflicto trazadas en 1789 habrían de oponer en lo fundamental a aristócratas y burgueses. El rápido derrumbamiento del régimen, que probablemente tiene como único parangón los sucesos en la Europa del Este entre 1989 y 1990, es inexplicable sin analizar las tensiones sociales subyacentes.

La nobleza francesa no era, ni mucho menos, un grupo social en declive. Muchos nobles desempeñaron un papel decisivo en el proceso de innovación agraria e industrial. Comerciantes y profesionales de posición ascendente veían en la adquisición del rango nobiliar la máxima expresión del éxito. Pese a que los nouveaux riches o advenedizos despertaron el resentimiento sobre todo de familias de antiguo linaje empobrecidas, la nobleza estaba relativamente abierta y continuó regenerándose. La tierra era aún la principal fuente de ingresos y la mayor parte de las familias limitaban sus inversiones, a la manera tradicional, a la compra de tierras y oficios, beneficiándose del aumento que experimentaron los precios hacia 1730. Por el contrario, algunas de las familias más ilustres, como los Orleans, decidieron invertir en los sectores más dinámicos de la economía: industria textil, minería y metalurgia. Como cualquier otro grupo social, la nobleza estaba dividida en grupos que poseían distintas percepciones de lo que eran sus intereses vitales: un grupo acaudalado y otro empobrecido, la nobleza cortesana y la pequeña aristocracia de provincias, la vieja y la nueva nobleza y las clientelas políticas y los clanes familiares. La gran mayoría de la nobleza provincial sentía resentimiento ante el poder y la ostentación de las grandes familias de la Corte (con unos 4.000 miembros), que monopolizaban pensiones, favores reales y oficios de relevancia en el ejército y la burocracia. Las familias de vieja raigambre se mofaban de las pretensiones de los recién llegados, que al cabo de dos o tres generaciones solían estar plenamente integrados, tal como muestra la migración desde oficios judiciales, propios de la nobleza de toga, hacia oficios de naturaleza militar. A muchas otras familias nobles apenas les alcanzaban los ingresos. No podían hacer frente a la educación o a la inversión que permitían obtener un oficio o comprar el equipamiento esencial para la carrera militar. Sólo conseguían mantener una «distancia social» con el campesinado gracias a su orgullo, el culto al honor, el sentimiento de pertenecer a una raza aparte, la apariencia de credibilidad histórica que les daban obras como la del conde de Boulainvilliers (Essai sur la noblesse de France [1732]), el derecho a utilizar espada y el banco familiar en la iglesia del villorrio. La nobleza empobrecida corría el riesgo de acabar realizando un trabajo manual degradante u ocuparse de alguna actividad lucrativa que podía abocarla a la dérogeance, la pérdida de rango y privilegios, incluida la exención de impuestos, más importante dada la indigencia de sus poseedores. La gran mayoría se mantuvo entre estos dos polos. Disponer de ingresos, educación y cultura era la única manera de mantener las apariencias. Podían optar por evitar los gastos y la tensión de la vida cortesana dividiendo su tiempo entre el castillo y la casa urbana, supervisando sus fincas, desempeñando un papel en la Administración local, haciendo obras caritativas, «protegiendo» a su pueblo y participando de las simbólicas relaciones diarias entre superiores e inferiores denotadas por el lenguaje –el empleo por el superior del familiar tu (tú) y por el inferior, en respuesta, del formal vous (vos)– o por la deferencia asociada con el gesto de destocarse. Formas de partición hereditaria que favorecían la primogenitura, y una estrategia matrimonial cuidadosamente planificada que incluía el ingreso de las hijas no casaderas en un convento, constituyeron los principales medios para mantener intactas las posesiones familiares. En relación con la capacidad de una familia de aparecer comme il faut, las mujeres desempeñaban claramente un papel de primer orden. A pesar del doble rasero sexual y al hecho de que a las hembras las definieran socialmente sus relaciones con los hombres, en la práctica las influencias informales y el dominio femenino en el hogar habían difuminado la división formal entre la esfera pública de la vida, dominada por los varones, y la privada.

Las estimaciones respecto al número de los nobles en 1789 oscilan entre las cifras de 110.000 y 350.000, es decir, entre el 0,5 por 100 y el 1,5 por 100 de la población. Al contrario que en Gran Bretaña, en Francia, los títulos y el estatuto nobiliar pasaban del progenitor a la totalidad de la descendencia. Si aceptásemos la cifra más baja, tendríamos que suponer que durante el siglo XVIII se habría ennoblecido una de cada cuatro familias, una tasa relativamente alta de movilidad social en sentido ascendente. Por el contrario, la cifra más alta supondría que sólo una de cada 20 familias habría adquirido este estatuto en fecha reciente, lo que parece más acorde con la idea del segundo orden como una casta de difícil acceso, aunque en absoluto cerrada. En comparación con otros grupos sociales, los privilegios de la nobleza y sus valores característicos le otorgaban mayor cohesión y superioridad moral. Tradicionalmente los nobles prestaban sus servicios en la burocracia estatal y el ejército. En concreto, la militar parecía la más honorable de sus funciones, en virtud de la cual estaban dispuestos a sacrificar sus vidas y en la que residía la justificación de sus privilegios fiscales y señoriales. Los nobles habían venido ocupando los puestos más importantes del Estado y la Iglesia desde tiempo inmemorial; de los 65 ministros nombrados entre 1718 y 1789, sólo tres carecían de esta condición, aunque otros pertenecían a familias ennoblecidas recientemente. De esta manera los nobles eran tanto agentes del poder real centralizador como sus más encarnizados oponentes en provincias. Sólo la Revolución impondría un mayor sentido de unidad.

La «burguesía» constituía también un grupo muy heterogéneo. En su acepción más usual, el término (cuando no se utilizaba en sentido técnico para referirse a los habitantes emancipados de una ciudad) hacía referencia a los propietarios o rentiers. La expresión vivre bourgeoisement significaba vivir de rentas que no eran fruto del trabajo y compartir el desdén de la aristocracia hacia los que realizaban una actividad manual. A menudo poseían un oficio que confería nobleza, un oficio para cuya compra precisaban de recursos, contactos útiles y conexiones familiares. De forma parecida, una práctica legal requería de una cara educación, pero también ofrecía perspectivas de un estilo de vida cómodo, ocio para el cultivo del intelecto y un grado de independencia.

Aunque la estructura de la burguesía varió según las funciones económicas y administrativas de cada ciudad, los miembros más acaudalados componían un pequeño grupo relativamente coherente; vivían unos cerca de otros en mansiones recién construidas, amuebladas a la última moda; celebraban frecuentes reuniones sociales, y contraían matrimonio entre sí. En la escala social venían a continuación los négociants (comerciantes), los marchands (los mercaderes, fabricantes de manufacturas y comerciantes al por menor), los profesionales y la clase media baja de los tenderos y los artesanos autónomos. La solidaridad no podía ser muy grande entre grupos tan diversos. Los artesanos se sentían orgullosos de su «arte», una habilidad adquirida sólo tras un largo periodo de aprendizaje. El sentido de comunidad moral suavizaba las tensiones entre maestro y aprendiz, y los distinguía de otras profesiones, muy especialmente de la masa de trabajadores no especializados, que luchaban desesperadamente por su subsistencia. En 1789, en una ciudad como Orleans, négociants, marchands, oficiales, profesionales y tenderos representaban el 7 por 100 de la población activa, y los maestros artesanos el 30,8 por 100. Pese a que sólo un 16 por 100 de la población vivía en núcleos urbanos por lo general pequeños y de aspecto medieval, no cabe menospreciar su repercusión como centros económicos, administrativos, políticos y culturales.

Aunque la nobleza fuese la meta y el modelo de las clases medias, su arrogancia podía provocar resentimientos. La vía de mayor prestigio para alcanzar este estatus era la compra de un oficio que implicara ennoblecimiento. Necker calculó que existían unos 4.000 oficios de este tipo. La condición de noble era incompatible con actividades «degradantes» de carácter pecuniario o con el trabajo manual, y había que adoptar el estilo de vida de un hacendado. Aun así, el proceso de adaptación podía durar dos o tres generaciones. Además, en el transcurso del siglo XVIII, la prosperidad económica, la riqueza y la rivalidad por conseguir un cargo en un momento en el que algunas instituciones como los Parlamentos se iban haciendo más excluyentes redujeron las posibilidades de promoción social y exacerbaron la hostilidad hacia una nobleza consolidada. La tensión se agudizó sobre todo en el ámbito local, donde se notaba más la arrogancia nobiliaria. Con todo, no cabe concluir que la burguesía tuviese conciencia de clase antes de 1789, aunque los más informados y conscientes, como terratenientes, mercaderes, rentiers o profesionales, se sintieron atraídos por las nuevas ideas de igualdad y de mérito personal, y rechazaron con mayor energía los privilegios de la nobleza.

Pese a la aparición de algo análogo a una estructura de clases fundamentada en la riqueza y el origen socioprofesional, los viejos conceptos del «honor» y la «dignidad» siguieron mediatizando las relaciones sociales. Las pretensiones de la aristocracia y su empeño en mantener diferencias jurídicas y sociales eran motivo de tensión. La nobleza de vieja cuna se creía una raza aparte al tener la crianza y el culto al honor como señas de identidad. Como era lógico, la nobleza reciente, en vías de asimilación, y, sobre todo, los miembros del Tercer Estado, más conscientes del desdén aristocrático, se sintieron agraviados. La vía de promoción social estaba plagada de obstáculos, y el número de cargos disponibles era siempre pequeño; además, la depresión económica podía desbaratar los planes más elaborados. Pese a todo, los juristas, terratenientes, officiers, grandes comerciantes (négociants) y rentiers eran conservadores, así que en vísperas de la crisis prerrevolucionaria su descontento empezaba sólo de forma tímida a insinuarse como expresión política. En parte, esa expresión constituía una respuesta a la denominada «reacción aristocrática», al intento de la nobleza por retener su predominio en la designación de cargos civiles y de los principales mandos militares. Los nobles creían ser, por naturaleza, los consejeros natos y exclusivos de la monarquía y creían tener el derecho y la correspondiente obligación de servirla. Sus privilegios no eran sino la recompensa por tales servicios. En muchos aspectos la calificación de «reacción» es desafortunada. No fue una ofensiva deliberada de los privilegiados; la nobleza actuaba como había actuado siempre. No obstante, dicha expresión transmite de manera eficaz el creciente desasosiego que despertaba su actuación entre otros grupos sociales. La Ley Ségur de 1781, que era fundamentalmente una codificación de medidas anteriores, restringió el acceso directo a determinadas categorías en el ejército, que quedaron reservadas a los vástagos de familias pertenecientes a la aristocracia al menos durante cuatro generaciones. El objetivo era crear un cuerpo de oficiales imbuido de los tradicionales valores marciales; pero, en la práctica, la ley apenas tuvo efecto. Aun antes de que llegara a promulgarse, el 95 por 100 de los oficiales eran nobles. No obstante, la nobleza reciente, contra la que había sido dictado, lo esgrimió como prueba del exclusivismo de la vieja aristocracia. Otros rasgos de esta «reacción» afectaron directamente a la vida rural.

Se estima que a finales de siglo la nobleza poseía alrededor del 25 por 100 de las tierras, el clero entre el 6 y el 10 por 100, la burguesía alrededor de un 30 por 100 y el campesinado entre el 40 y el 45 por 100. En un periodo de alza de los precios, la tierra era una inversión atractiva y otorgaba, además, posición social. Buena parte de las tierras de la aristocracia y el clero se concentraban en las fértiles llanuras del norte, mientras que las pertenecientes al campesinado tendían a concentrarse hacia el sur. Hacia el nordeste de la línea entre Caen y Lyon, los nobles poseían alrededor del 30 por 100 de la tierra cultivable, mientras que hacia el sudoeste sus posesiones rara vez sobrepasaban el 20 por 100. En algunas localidades, en particular cerca de las grandes ciudades, la proporción era mucho mayor. Para muchos terratenientes la inversión de capital para la mejora de las explotaciones agrícolas tenía escaso interés, especialmente cuando cabía sumar al incremento de los arrendamientos las rentas procedentes de derechos señoriales o del ejercicio de un cargo. De esta manera, un número relativamente pequeño de familias aristocráticas podía apropiarse quizá de una cuarta parte de las rentas que generaba la agricultura. Por otra parte, su poder económico se reforzaba por el poder social y político que les confería la Administración de la justicia señorial y, en caso de conflicto, el apoyo de una administración compuesta por miembros de la nobleza decididos a defender el orden social constituido. Las condiciones de vida del campesinado variaban mucho de región en región, según el medio natural y la división de la propiedad. Los campesinos representaban las tres cuartas partes de la población, pero, tras satisfacer el pago de rentas, derechos señoriales, diezmos e impuestos, apenas les quedaba una tercera parte de lo que producía la tierra. Cuando se la vendía, había que pagarle una suma al señor, el cual también gozaba de un derecho de prioridad de compra y de muy apreciados derechos de caza. La práctica cada vez más corriente por la cual feudistes profesionales rastreaban en los fueros en busca de obligaciones en desuso podría verse como una forma de racionalización empresarial o como una intensificación de la explotación, según el punto de vista.

Otros factores que influían de manera decisiva en su situación eran el régimen de concesiones agrarias, la implicación en las actividades de la manufactura rural, las diferencias en la estructura del hábitat, los usos comunales, las tradiciones respecto a formas de cultivo y la condición jurídica personal, con alrededor de un millón de siervos en el Franco-Condado y Nivernais. Aunque sólo fuese una minoría, quizá una tercera parte del campesinado dispuso de tierras suficientes como para mantener a su familia. El resto se vio obligado a arrendar una parte de la tierra o a vender su fuerza de trabajo para subsistir. La presión demográfica y el repetido parcelamiento de las explotaciones condujeron a muchos a la miseria y permitió a los señores aumentar la extensión de sus tierras, al tiempo que se procedía a nuevas subdivisiones para aumentar el número de tenencias agrarias con concesiones de corta duración. Al igual que en periodos precedentes de recuperación demográfica, el incremento de las relaciones comerciales y de una producción destinada al comercio revalorizó los recursos económicos básicos e intensificó la competencia por su control. Algunos propietarios agrarios empezaron a utilizar medios de explotación más racionales y lucrativos. Mejoraron los métodos de explotación, comercializaron más sus productos, invirtieron en la explotación de materias primas, sobre todo agua, madera y carbón, e intentaron incrementar las cantidades percibidas en concepto de arrendamiento y derechos señoriales, asistidos por una supervisión más eficaz y por las mejoras de las técnicas cartográficas y contables. En una etapa de creciente presión demográfica sobre los recursos, el aumento de los arrendamientos y los precios empeoró la situación de los más débiles, quienes luchaban por obtener tierras, por un trabajo o, al menos, por asistencia benéfica. Como era de esperar, estas condiciones generaron la hostilidad de la población contra aquellos nobles, clérigos o burgueses, que acumulaban tierras y explotaban los escasos recursos, la mayor parte bajo su control, a expensas del campesinado. Como siempre, este se resistió pero desde su permanente posición de debilidad ante la justicia señorial y el control aristocrático de los sistemas judicial y administrativo.

El señorialismo planteó complejos temas económicos y legales, y provocó fricciones sin fin. La resistencia adoptó varias formas: litigios sobre el cercamiento de las tierras comunales y la restricción de los derechos consuetudinarios respecto a los aprovechamientos forestales, o el aumento de los delitos en un mundo que seguía siendo crudo y brutal, pese a la mayor alfabetización y a los esfuerzos de la Iglesia por estimular el autocontrol. Ambos fenómenos revelaban un espíritu más combativo y mayor capacidad de resistencia por parte de la población rural ante el desarrollo de una agricultura basada en el capital. Esto se hacía especialmente evidente cuando, tras una cosecha insuficiente, el acaparamiento y la especulación producían un alza del precio de los alimentos. El peso de los arrendamientos, los derechos señoriales, el diezmo y los demás tributos (que en un año normal suponían ya la tercera parte o la mitad de los ingresos brutos del campesinado) se hizo intolerable. Ciertamente la situación no era nueva, y tampoco constituía una novedad la tendencia de los más pobres a personalizar sus problemas y culpar a los mercaderes, a los señores y al clero. Los tribunales señoriales, su derecho de imponer tributos y exigir prestaciones laborales, sus enojosos monopolios, el privilegio de la caza y su boato eran patentes en el norte, el este y el centro-este, mucho menos en el Macizo Central y en el sur. Todo ello debía parecer especialmente superfluo una vez que el señor ya no brindaba protección frente a los merodeadores, y cuando la mayor parte de las funciones judiciales había sido transferida a letrados locales o asumida por la monarquía. Aunque fuesen plebeyos los que ejercían estos derechos, el sistema estaba muy identificado con la aristocracia. En las regiones en las que el poder señorial tenía mayor incidencia, fueron más intensas las presiones del capital por adquirir tierras y optimizar los beneficios. En contraste, el diezmo pagado a la Iglesia era muy elevado, y representaba alrededor de un 10 o un 12,5 por 100 de la cosecha en el sudoeste, en contraste con el 7 o el 8 por 100 del resto del país. La tributación constituía otra carga más sobre los hombros del campesino, del que se requería, además, la prestación de servicios en caso de construcción de carreteras, alojamiento y transporte para las tropas y reclutamiento militar. Si no estallaron graves revueltas contra la tributación a lo largo del siglo XVIII, al menos es perceptible un gran descontento, en particular contra los impuestos indirectos, como la gabelle (gabela) de la sal. Sin embargo, el peso de la protesta había experimentado un cambio, pasando de la resistencia contra los requerimientos estatales a la defensa de los intereses comunales frente a las crecientes prácticas capitalistas de terratenientes y señores, de mercaderes y propietarios de tierras.

Lámina 9. Batalla de Fontenoy, durante la Guerra de Sucesión austriaca, 11 de mayo de 1745. El mariscal de Sajonia ofrece las banderas capturadas a Luis XV. Pintura de Horace Vernet. © RMN-Grand Palais (palacio de Versalles)/Christian Jean.

No obstante, el detonante final de la crisis del ancien régime sería la situación financiera. La muerte de Luis XIV dio paso a la regencia de Felipe de Orleans (1715-1723), durante la cual el aventurero escocés John Law vio ocasión propicia para poner en práctica sus grandes planes para la recompra final de cargos venales. En 1716, Law fundó un banco privado con derecho a la emisión de papel moneda y que asumía la responsabilidad de la deuda del Estado a cambio de la concesión de privilegios comerciales monopolistas y la responsabilidad en la recaudación de impuestos indirectos. El resultado fue desastroso. Los esfuerzos de Law por mantener sus complejas empresas a flote generaron un frenesí especulativo según se iban emitiendo más y más billetes y acciones. Cuando la burbuja finalmente estalló, en mayo de 1720, quienes habían persistido en la esperanza de obtener mayores ganancias sufrieron graves pérdidas. Los especuladores que ya habían vendido hicieron enormes fortunas. El Estado mismo pudo pagar los préstamos con billetes devaluados. A continuación, entre 1726 y 1743, el cardenal Fleury sirvió como primer ministro de Luis XV (1715-1774). Al rey se le ha retratado como la pura encarnación del vicio y como un gobernante que hacia el final de su largo reinado auspició reformas que podrían haber salvado a la monarquía. Característica principal del periodo fue la casi inexistencia de conflictos bélicos en el exterior. Fueron años de reorganización administrativa y estabilidad fiscal y, pese al fracaso de los planes de Law para imponer la reforma financiera y presupuestaria y proceder al rescate de los oficios enajenados, se restringió el gasto y se redujeron los impuestos. Hubo un intervalo entre las guerras del Rey Sol y los conflictos bélicos –la Guerra de Sucesión a la Corona de Austria (1741-1748), la Guerra de los Siete Años (1756-1763) y la de la Independencia americana (1777-1783)–, que, al llevar al Estado a la bancarrota, provocaron el estallido de la Revolución. Como suele suceder, los historiadores han prestado escasa atención al periodo de paz.

Al final, Luis XV demostraría ser un rey demasiado débil y el cardenal Fleury, a sus noventa años, demasiado anciano para resistir las presiones de la Corte en favor del apoyo a Prusia y contra el enemigo hereditario, los Habsburgos, entrando en la Guerra de Sucesión austriaca (1741-1748). La derrota militar de entonces, y las que habrían de venir, fueron sin duda un revés para el prestigio del monarca. Especialmente humillante fue el Tratado de París, con el que se puso fin a la Guerra de los Siete Años. Además, en 1763 la deuda nacional se situó en los 2.200 millones livres, y los esfuerzos por mejorar la posición financiera del Estado mediante un aumento de la tributación tropezaron con la oposición de las clases privilegiadas. Esa oposición fue articulada desde los Parlements, 13 tribunales de justicia «soberanos» que actuaban como última instancia de apelación, y otros 25 tribunales soberanos, que, por lo general más especializados, se ocupaban de cuestiones fiscales. Adquirido el oficio mediante compra, los miembros de estas instituciones eran inamovibles. Se distinguían, además, por una larga tradición de oposición a la Corona, tal y como mostraban las remonstrances, o escrutinio crítico de las distintas propuestas legislativas, y por denegar el registro de disposiciones legislativas de la monarquía, requisito indispensable para que fuese eficaz ante un tribunal. Pese a que el rey podía obligar a los Parlamentos a registrar la ley mediante un procedimiento conocido como lit de justice, estos podían retrasar su ejecución y dar curso público y motivado a su protesta. Los Parlamentos tenían, además, amplias competencias administrativas en su propia localidad, lo que podía causar un conflicto con la burocracia regia. Por lo general, los miembros de los Parlamentos tenían tras de sí una historia de división interna que los había incapacitado para enfrentarse al gobierno. No obstante, desde la década de 1750 parecen haber incrementado sus críticas contra la política gubernamental. En la década de los ochenta serían un punto central en el planteamiento y desarrollo de la crisis política, sobre todo como vehículo de expresión del descontento nobiliar. La mayoría de los miembros había heredado sus cargos, siendo ya miembros de la nobleza (caso del 97 por 100 de los de Toulouse entre 1775 y 1790, del 90 por 100 de los de Grenoble o del 82 por 100 de los de París, aunque la proporción era mucho menor en los demás lugares). Además, el acceso al oficio de consejero del Parlamento confería la condición de noble. Los nobles estaban decididos a salvaguardar sus derechos, sus privilegios y propiedades, pero también estaban imbuidos de vagos ideales respecto a su obligación de proteger la Constitución y al pueblo frente al «despotismo» del rey. Esta mezcla de principios liberales y de defensa de los propios privilegios atrajo considerable apoyo público. Entre 1763 y 1764, el Parlamento de París reclamó el derecho de controlar los impuestos. Después, los Parlamentos provinciales protestaron contra la política gubernamental e incluso fueron a la huelga.

A finales de 1769 el déficit presupuestario había alcanzado los 63 millones de libras y se habían gastado por adelantado las rentas públicas de los dos años siguientes. En esta situación desesperada y para evitar toda oposición, por una vez Luis XV actuó con decisión. En febrero de 1771, su canciller Maupeou exilió a provincias al Parlamento de París y renovó la composición de los Parlamentos incorporando a funcionarios asalariados dependientes del Estado. El abad Terray emprendió la reforma fiscal. En 1774 el presupuesto estaba prácticamente equilibrado y el crédito estatal restablecido. Pero falleció Luis XV, y su sucesor, mucho más débil, dominado por sus cortesanos y deseoso de evitar la impopularidad, interrumpió las reformas de Maupeou en el preciso momento en que empezaban a surtir efecto. La monarquía perdía así la iniciativa política. Durante años los Parlamentos, escarmentados por la experiencia de las reformas de Maupeou, mantuvieron una actitud más prudente, pero era sólo una cuestión de tiempo. Se siguió reclamando la convocatoria de los Estados Generales o, al menos, de los Estados Provinciales para aprobar exacciones tributarias. Todo ello alimentó una corriente crítica, evidente ya desde mediados de siglo, sobre todo en los 17 volúmenes de la Encyclopédie, publicada entre 1751 y 1772 y editada por Denis Diderot y Jean d’Alembert. Los 150 autores que colaboraron en su redacción, movidos por la firme convicción de que el progreso era posible utilizando como instrumento la razón, rechazaron todo argumento que se fundamentase en la costumbre o la religión, e insistieron en la necesidad de someter las instituciones y la tradición a una crítica racional. De modo característico, en La noblesse commerçante (1756), el abad Coyer ridiculizó el argumento tradicional que justificaba los privilegios nobiliarios invocando su papel secular en el ejército. Todo esto contribuyó al desarrollo de un clima intelectual muy complejo que sirvió para legitimar cualquier forma de descontento. Así Voltaire, que inicialmente habían elogiado el Parlamento inglés como un cheque para el poder real, llegó a tener una esperanza mayor de reforma en el ejercicio ilustrado de ese poder. Más ampliamente, el aprendizaje clásico compartido por todos los hombres educados y tan obvio lo largo de la literatura y las artes, fomentó el interés por los conceptos de ciudadanía y patriotismo asociados a la República romana, que inspiraron a Jacques-Louis David su sensacional cuadro del Juramento de los Horacio. En su Contrato social, Jean-Jacques Rousseau fue más allá al proponer la renuncia a los derechos individuales a favor de la voluntad colectiva. Sus autores, los llamados philosophes, carecían sin embargo de un programa político. Apoyaban a la monarquía por su supuesta utilidad social, pero muchos nobles y burgueses deseaban una mayor participación en los asuntos de gobierno. El corolario fue la elaboración de una doctrina que debía mucho a L’Esprit des lois de Montesquieu y que, además de exigir mayores competencias constitucionales en cuanto a la elaboración de leyes, aprobación de los impuestos y la salvaguarda de las «leyes fundamentales» del reino, condenaba el «despotismo», como una forma degradada de gobierno monárquico. Así pues, a mediados de siglo emergía una nueva cultura política. Sus defensores no se veían a sí mismos como revolucionarios, pero participaron en un juego peligroso al desdeñar los valores establecidos y presentaron nuevas ideas respecto a cuestiones tales como las obligaciones del gobierno o el papel de los propietarios, sin reflexionar mucho sobre sus posibles implicaciones prácticas. Más que una sociedad igualitaria, defendían la meritocracia, la ampliación de los derechos civiles y la libertad, frente a las arbitrariedades de la Administración y a los efectos restrictivos de la organización corporativa en la actividad económica. La conquista de la «felicidad» era la meta, y la «razón» el instrumento. En la práctica, la reforma del sistema jurídico contó con gran apoyo. Se suponía que la abolición de jurisdicciones constantemente enfrentadas entre sí y de los complejos procedimientos judiciales haría a la justicia más asequible. Las críticas más exacerbadas se dirigieron contra la Iglesia, que parecía ejemplificar el mundo de lo irracional y de la superstición y, por tanto, era enemiga de la razón.

Es difícil apreciar el impacto de la Ilustración. No cabe duda de que estuvo de moda en los círculos con mayor formación cultural, nobles o no y, en particular, entre las generaciones jóvenes, agrupadas en torno a las academias provinciales, en los salons de las clases altas, en las logias masónicas, socialmente más heterogéneas, en los círculos literarios y en los cafés. Sin embargo, no fue una oposición organizada desde el punto de vista intelectual. Gracias a la mayor alfabetización y a la existencia de una burguesía de profesionales relativamente bien preparada, las nuevas ideas tenían más audiencia que nunca. El número de libros publicados anualmente se había elevado de menos de 1.000 en 1715 a más de 4.000 en 1789 y, mientras que en 1700 sólo existían tres periódicos, todos ellos publicados por el gobierno, en 1785 había más de 80, incluidos algunos publicados en el extranjero. No obstante, es difícil saber hasta dónde caló el nuevo ideario; al menos de forma intencionada, la Ilustración no pretendía llegar a las masas. Sus defensores desconfiaban, y temían los desórdenes populares. Con todo, la utilización de un lenguaje en principio universalista de derechos y justicia facilitó la popularización de las nuevas ideas, simplificadas y a menudo distorsionadas por los panfletos o la tradición oral, entre una audiencia compuesta por una clase media alfabetizada y por artesanos. Aunque molesta, la censura demostró ser ineficaz. Conviene recordar, sin embargo, que la mayor parte de la población permaneció al margen de las nuevas tendencias, mientras muchos miembros de las clases educadas las ignoraron o les fueron hostiles, en particular las generaciones de más edad, sin vínculos con los círculos intelectuales. La tradición y la religión siguieron predominando. Aunque con menor repercusión, las obras de contenido religioso ocupaban un lugar destacado en la producción impresa, señal del peso del conservadurismo en la era de la Ilustración, cuando la mayor parte de la población era aún, total o funcionalmente, iletrada. Entre los 130.000 eclesiásticos activos en la década de 1780, unos 50.000 párrocos y coadjutores, reclutados entre las secciones más acomodadas e instruidas de la población rural, las clases medias y el artesanado, ofrecían guía religiosa moral y –adicionalmente– política. Mejor formados que nunca y asistidos por monjes y monjas ocupados en buenas obras, su espiritualidad cada vez más cristocéntrica les procuró estima y respeto generalizados. Paradójicamente, también producía creciente resentimiento su condescendiente, y a menudo arrogante, obsesión con los delitos morales y especialmente sexuales. El descenso en vocaciones religiosas y en legados que garantizaran oraciones por las almas en el Purgatorio sugiere que no todo iba bien. Más aún, los sacerdotes mismos estaban a menudo insatisfechos con una situación en la que los nobles monopolizaban los altos cargos (sólo el 1 por 100 de los obispos nombrados entre 1774 y 1793 no eran nobles) y podían apropiarse de buena parte de los ingresos procedentes del diezmo. Esta tensión interna tendría importantes consecuencias en 1789.

Mientras tanto, sin embargo, el conservadurismo político del clero garantizaba que el mensaje desde el púlpito –todavía el medio más eficaz de transmitir noticias y opiniones– siguiera centrándose en la imagen del «rey paternal» (roi-père). Si algo iba mal, especialmente en una coyuntura alcista del precio de los alimentos, no se atribuía la culpa al monarca, sino a la incompetencia y a las aviesas intenciones de sus ministros. Así, los esfuerzos de Turgot en la década de 1770 por reducir el intervencionismo de las corporaciones, imponer la libre circulación del grano en el interior y, de manera más general, por crear el marco adecuado para la reactivación económica y aumentar con todo ello la recaudación fiscal tropezaron con la oposición de burócratas y Parlamentos. Estos temían que la liberalización indujese a desórdenes y compartían el miedo popular a la especulación y al «complot de la carestía». En las condiciones de mercado existentes, muy limitado por la pobreza de las comunicaciones, no hubo forma de evitar que la mala cosecha de 1775, el alza de los precios y el recelo ante las medidas de Turgot provocasen una protesta generalizada, la llamada «guerra de la harina», que finalizó con la destitución del ministro y la reinstauración de la intervención del mercado.

La difusión de los ideales de la Ilustración alcanzó incluso a los círculos gubernamentales, como prueban la supresión de la tortura judicial y el reconocimiento de los derechos civiles a los protestantes. Muchas de las principales reformas judiciales que se llevaron a cabo después de 1789 fueron ya debatidas entonces. Se respetaba la capacidad crítica y muchos de los grandes reformadores formaban parte del sistema. Sin embargo, frente a la oleada de críticas de los años ochenta, los contemporáneos tuvieron la impresión de que el gobierno era inflexible. El movimiento contra el despotismo real surgió, paradójicamente, de instituciones nobiliarias y privilegiadas como los Parlamentos, que aprovecharon la oportunidad que les daba el deterioro de la situación financiera y el desesperado intento del gobierno por ponerle remedio.

Había tres importantes problemas financieros: las exenciones fiscales, la ineficacia y la corrupción en la recaudación de impuestos y la ausencia de un sistema estable de crédito público. Los planes de reforma iban y venían. En 1775, Turgot propuso la instauración de asambleas locales y provinciales, elegidas por propietarios, que se responsabilizarían de la recaudación de impuestos, especialmente de las contribuciones territoriales, que él proponía que se convirtieran en la principal fuente de ingresos del gobierno. Junto con sus planes para reformar los gremios, así como la corvée (trabajo en la construcción de carreteras), poderosos intereses creados denunciaron esto, y su posición en el gobierno del rey se vio fatalmente debilitada como resultado de sus críticas de los gastos militares. A continuación, Jacques Necker, un banquero suizo, fue nombrado director general de finanzas (1777-1781) debido a la pericia que desplegó en la obtención de los préstamos necesarios para financiar la participación francesa de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Como experimento, consiguió establecer dos, así llamadas, asambleas provinciales, y en ellas instituyó el precedente de votar por cabeza (en lugar de por propiedad), así como una duplicación de la representación del Tercer Estado. Sus sucesores –Jean-François Joly de Fleury, Henri Ormesson y Charles Calonne– dieron marcha atrás a estos ataques a la venalidad, pero consiguieron suscitar una acerba oposición al intentar reducir las exenciones fiscales de las cuales disfrutaban las clases privilegiadas.

Aunque las cifras sólo pueden ser aproximadas dada la ausencia de un control presupuestario eficaz, se estima que en 1788, en un año de paz, el gasto total del gobierno se distribuía entre un 26,3 por 100 en concepto de gastos militares, un 23,2 por 100 en gastos civiles y un 49,3 por 100 que absorbía en su totalidad el pago de la deuda, frente al 15 por 100 o al 20 por 100 habitual. La opinión pública culpó casi siempre a las extravagancias de la reina María Antonieta y a la Corte del monto de la deuda (estas extravagancias, en efecto, representaban el 5 por 100 del gasto total). Pero la principal causa de la crisis financiera fueron los costes de la guerra. La estabilidad futura del reino de Francia habría requerido evitar compromisos militares, pero Luis XVI deseaba ardientemente participar en la Guerra de la Independencia americana y vengar las derrotas sufridas en la Guerra de los Siete Años. Necker recurrió al crédito para financiar los éxitos de las tropas francesas y los préstamos constituyeron una pesada carga para el sistema financiero. Simultáneamente, los Parlamentos bloquearon todo intento de gravar con nuevos impuestos a las clases privilegiadas. El propio gobierno dudaba a la hora de llevar adelante tales iniciativas, pues muchos de los proyectos de reforma habrían supuesto una pérdida de ingresos a corto plazo. Pese a que en los círculos ministeriales se estaba al tanto de la situación, el rey y los ministros de la Guerra y la Armada no reparaban en gastos. De modo que en el verano de 1788 el Estado estaba en bancarrota, y en agosto el Controleur général, Charles Lambert, se vio obligado a suspender el pago de los intereses de la deuda. La necesidad de adaptar el arcaico sistema de gestión financiera y recaudación tributaria a las necesidades del Estado moderno era imperiosa. Desde hacía tiempo se venía demostrando que sólo se podría incrementar la recaudación limitando la exención de impuestos directos de que disfrutaban el clero, la nobleza, algunas corporaciones urbanas y otros grupos, e imponiendo la supervisión directa del Estado sobre la recaudación de los impuestos indirectos, que hasta entonces se había confiado a compañías privadas. La taille, el principal impuesto directo, recaía casi exclusivamente sobre el campesinado y tenía un efecto negativo respecto a una política que impulsaba el crecimiento de la productividad como alternativa para el incremento del rendimiento fiscal. Los obstáculos que bloqueaban la reforma eran de naturaleza técnica y social. Aunque la presión fiscal seguramente fue menor que la de Gran Bretaña u Holanda, la población estaba convencida de todo lo contrario. Esto se debía, en parte, a la complejidad del sistema, y también a las diferencias regionales en cuanto al tipo y escala de los impuestos, disparidades que alimentaban la sospecha de arbitrariedad. Holanda y Gran Bretaña tenían además otra ventaja, al disponer de instituciones crediticias eficaces y de gobiernos que, respaldados por una mayor confianza pública, podían conseguir préstamos a un tipo de interés menor. Desde el punto de vista social, el mayor obstáculo para la reforma era la nobleza. Ciertamente muchos nobles estaban dispuestos a aceptar reformas a cambio de mayor participación en el poder político, pero, en la práctica, cualquiera que fuesen las medidas, la intervención ministerial se enfrentaba con la oposición de algún sector de la elite social, cuya intransigencia parecía indicar una creciente inseguridad respecto a su posición. El último intento desesperado por vencer esta resistencia condujo directamente al estallido de la Revolución.

PARTE II

La revolución dual: Francia contemporánea y actual

INTRODUCCIÓN

Las causas de la Revolución francesa han sido debatidas hasta el infinito. En nuestro siglo, el análisis de sus efectos ha originado a la aparición sucesiva de dos ortodoxias. Primero vino la asociada con Georges Lefebvre y los historiadores de credo marxista. Sostenían que la Revolución era el triunfo de una «burguesía» ascendente decidida a desafiar las pretensiones sociales y el dominio político de la nobleza. Esta doctrina presenta a la Revolución como la muy retardada conclusión del sistema feudal. Daría paso, así, a la aparición de la sociedad capitalista moderna. Los posteriores intentos por situar a la Revolución en un contexto cronológico más amplio han acabado por cuestionar su relevancia como acontecimiento histórico. Pese a que los revolucionarios persiguieron claramente la desaparición de algunos de los obstáculos institucionales que dificultaban el desarrollo de una economía de mercado, parece que la Francia de 1815 no difería mucho de la de 1789. Era ante todo una sociedad preindustrial dominada por una clase privilegiada de terratenientes. Sólo posteriormente, al acelerarse el ritmo del cambio socioeconómico, se produjo un cambio radical de la sociedad. Pero, aun entonces, el proceso de desarrollo que llevaba aparejada la industrialización fue más lento que en Gran Bretaña o en Alemania.

Este énfasis de los historiadores, sobre la continuidad del periodo revolucionario, ha hecho que se preste más atención a la trascendencia ideológica y política que al impacto económico. Durante estos años de convulsiones se creó y se difundió una nueva cultura política. La soberanía pasó del monarca al pueblo. Entre las dificultades que esto acarreaba estaba la de definir el concepto de «nación» y las modalidades de su intervención en el ámbito político. Para ello se presentaron varias propuestas de tipo constitucional. En el proceso, los términos «derecha» e «izquierda», «conservador» y «radical», fueron adquiriendo un nuevo significado. Se forjaron numerosas alianzas políticas y se fijaron los programas en los que habrían de inspirarse los activistas políticos aunque, como es lógico, sujetos a una constante labor de reinterpretación para adaptarse a las cambiantes condiciones sociales y políticas. Adoptando una posición de compromiso, como mejor se podría concebir la Revolución francesa es como parte de una revolución dual y permanente con bases tanto socioeconómicas como políticas. Ha inspirado esperanza y temor, en ocasiones con una peligrosa intensidad diríase que religiosa. Mientras que los republicanos llegaron a ver 1789 como la inauguración de un reinado de la libertad y como un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la democracia, los de sesgo más conservador centraron su atención en la violencia asociada con el Terror revolucionario. Como resultado, hubo que esperar hasta la Quinta República para alcanzar un verdadero consenso respecto a las instituciones. Del impacto de esta revolución dual se ocupará la siguiente sección de este libro.

4

Revolución e Imperio

LA CRISIS FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN

El derrumbamiento de la monarquía absoluta debió de parecer a sus contemporáneos repentino y sorprendente. Presagiaba dos décadas de turbulencia revolucionaria y guerra, tras un siglo en el que los desórdenes internos dignos de mención habían sido casi inexistentes. Además, pondría en peligro la estabilidad del sistema social y estatal de la mayor parte de los países europeos, y propiciaría a una nueva cultura política que todavía modela nuestro pensamiento y nuestra acción. De manera inevitable, la explicación de los acontecimientos varía. El concepto de la revolución burguesa, inventado por historiadores liberales como François Mignet y François Guizot en la década de 1820 y, refinado por Karl Marx, gozó de una última revitalización en el 150 aniversario de la Revolución, en 1939, año marcado por la publicación de Quatre-vingt-neuf de Georges Lefebvre (posteriormente traducida al inglés como The Coming of the French Revolution). Para su autor, marxista, la Revolución consistió en la toma del poder por la burguesía, una clase nacida al amparo del desarrollo más que secular del capitalismo en la sociedad francesa. El derrumbamiento de la monarquía permitió a sus representantes hacerse con el poder y suprimir los privilegios aristocráticos, estableciendo la igualdad entre los ciudadanos. El factor desencadenante fue la oposición de la aristocracia terrateniente a las reformas fiscal e institucional que limitaban sus privilegios, y la habilidad de los líderes políticos burgueses para aprovechar el descontento popular en el campo y la ciudad, especialmente en París, y derrotar a la reacción aristocrática y monárquica. Lefebvre identificó cuatro movimientos revolucionarios: el bloqueo de la aristocracia a la reforma emprendida por el monarca; la revolución de la burguesía; la revolución urbana, simbolizada en la toma de la Bastilla, y la revolución del campesinado. Estaban interrelacionados, pero perseguían distintos objetivos.

Esta sería la interpretación preponderante durante casi veinte años, hasta que en 1955 Alfred Cobban la contradijo en la conferencia titulada «The Myth of the French Revolution» («El mito de la Revolución francesa»). Cobban rechazaba la idea de que la Revolución supusiese «la sustitución del feudalismo por un orden capitalista burgués». En su opinión, fue fruto del afán de los propietarios de tierras y de la clase media profesional por acceder a los cargos públicos y al poder político. En vez de promover el desarrollo del capitalismo, la Revolución lo retrasó. Pese a la condena sin ambages de Lefebvre, quien lo tachó de reaccionario, el ataque de Cobban a la visión tradicionalmente aceptada suscitó un amplio debate que aún hoy se mantiene. La sugestiva seguridad de una explicación estrictamente centrada en el concepto de clase se ha perdido para siempre. En 1967, el estadounidense George Taylor afirmó que 1789 fue «esencialmente una revolución política con consecuencias sociales y no una revolución social con consecuencias políticas». En su provocador Penser la Révolution française (1978), el destacado revisionista francés François Furet, explicando la radicalización de la Revolución, insistió en que fue la ideología más que la clase el determinante esencial de la conducta política. Su perspectiva era similar a la adoptada durante la Revolución por el conservador británico Edmund Burke al afirmar que el cambio gradual era preferible a un levantamiento violento inspirado por fanáticos e inevitablemente conducente a un caos sangriento.

Más recientemente, el «revisionismo» mismo ha sido criticado como un callejón sin salida intelectual. Se han hecho esfuerzos por entender el contexto en el que las ideas políticas se difundían, y esto ha llevado a una reafirmación de la importancia de la «clase» social como factor explicativo, no en un rígido sentido marxista, sino en forma de grupos de intereses «reaccionando a oportunidades en una situación fluida» (Popkin). Hoy se cree que los acontecimientos políticos (la convocatoria de una Asamblea de Notables por parte del monarca y la preparación y celebración de los Estados Generales en 1789) revivieron y acentuaron las complejas tensiones sociales que suscitaban la gestión de la propiedad y el acceso al poder político, y concentraron en la aristocracia el malestar de las clases medias, los trabajadores urbanos y el campesinado. Mientras que el estallido de la Revolución debe interpretarse a partir de una combinación de circunstancias fortuitas, sus causas fundamentales estaban firmemente arraigadas en la estructura de la sociedad francesa y en su sistema político. El fracaso del gobierno para hacer frente a la envergadura del problema fiscal redujo su prestigio y la aparente ineficacia incrementó el interés de las propuestas de reforma constitucional. Al decaer el apoyo de muchos de los que antes habían sido sus defensores habituales, el gobierno tuvo menos capacidad para utilizar la reforma o la represión, y la oposición se movilizó con prontitud, logrando abolir finalmente el ancien régime.

Al menos en teoría, el sistema de gobierno francés se configuraba como una monarquía absoluta, de manera que el derecho divino constituía la única limitación a los derechos del monarca. El rey era fuente de todo derecho y de la autoridad administrativa. Podía nombrar a los funcionarios, declarar la guerra, concluir la paz e imponer tributos. En 1766, Luis XV declaró que «el poder soberano reside exclusivamente en mi persona. Sólo a mí compete el poder legislativo, sin que exista ninguna responsabilidad al respecto por parte de otros o división alguna de ese poder. El orden público emana en su totalidad de mi persona y los derechos e intereses de la nación están ligados necesariamente a los míos y descansan sólo en mis manos». Como el clero, omnipresente, se encargaba de recordar a la población: «Esta es la voluntad de Dios». Uno de los principales logros de Luis XVI fue debilitar de manera sustancial la secular veneración popular por el monarca.

Lámina 10. Luis XVI con el atuendo de la coronación. Pintura de Joseph-Siffred Duplessis. Museo Carnavalet, París. © Roger-Viollet/TopFoto.

Como hemos visto, en la práctica existían severas limitaciones al poder de la autoridad central por la relación de interdependencia entre la Corona y sus súbditos más influyentes. Estos ocupaban los principales cargos en la Administración y el ejército, en las instituciones judiciales –incluidos los tribunales soberanos– y, muy especialmente, en los Parlamentos, que afirmaban ser los guardianes de las leyes fundamentales del reino. Otros factores que restringían el poder de la monarquía eran la escasa envergadura de la burocracia que dependía de ella y el hecho de que muchos funcionarios hubiesen comprado su derecho al oficio, lo que, en su opinión, les otorgaba considerable independencia. Hay que tener en cuenta, además, la dificultad material de recibir información y mantener el control sobre un vasto territorio escasamente comunicado pese a las importantes mejoras que se realizaron en las carreteras durante el siglo xviii. En otras palabras, existía un notorio y peligroso desfase entre las responsabilidades políticas asumidas por el monarca y las condiciones materiales necesarias para desempeñarlas. En ningún otro ámbito era más evidente esta situación que en aquellos que dependían en primer lugar de la responsabilidad gubernamental, como el mantenimiento de la justicia, la guerra y la exacción de tributos para financiar estas actividades.

Para lograr un gobierno eficaz, eran precisas las concesiones recíprocas entre el rey, las elites sociales y los titulares de oficios. Conciliar intereses complejos y divergentes nunca fue tarea fácil. La solución de los graves problemas a los que se enfrentaba la monarquía francesa de finales del xviii habría requerido un liderato excepcional y el mediocre Luis XVI carecía de las cualidades y de la preparación necesarias. Tampoco tuvo la fuerza de carácter para elegir y apoyar con firmeza a un primer ministro eficaz. La delegación de sus poderes le habría parecido contraria al derecho divino que le habilitaba para gobernar. La debilidad de la monarquía absoluta, su excesiva dependencia de la habilidad y voluntad de quien heredase el trono se acentuó por la ausencia de un sistema eficaz de coordinación de la actividad ministerial y de procedimientos estatales para presentar los asuntos a la consideración del monarca. Su intervención en el gobierno carecía de sistematicidad, a menudo estaba mal informado o era objeto de las intrigas palaciegas. Un rey que rara vez abandonaba Versalles, salvo para ir de caza, quedaba al margen física y, lo que es peor, psicológicamente de los problemas de su reino. Como consecuencia, sus decisiones políticas traslucían la influencia de un reducido círculo de consejeros de la aristocracia que lo contemplaban con desdén y deseaban tan sólo emprender aquellas reformas que no modificasen su propia situación social y su poder político. La estabilidad ministerial y las políticas consistentes estaban siempre a merced de los enfrentamientos entre las facciones que componían ese pequeño círculo. La situación se volvió tanto más peligrosa por la implicación de la reina, María Antonieta, y su determinación a apoyar a sus favoritos personales en la defensa de alguna forma de constitucionalismo aristocrático descentralizado y de desafiar a las absolutistas más tradicionales, y devotos católicos, favorecidos por el rey.

El 20 de agosto de 1786, Calonne, el Controlleur général, advirtió a Luis XVI de que el Estado se encontraba al borde del colapso financiero. Según sus cálculos, no del todo certeros, en ese año los ingresos ascenderían, aproximadamente, a 475 millones de libras y los gastos a 587 millones. Un aumento de la deuda a tal escala no se podría financiar por mucho tiempo. Cabía adoptar varios cursos de acción; se podían hacer economías, pero su alcance era limitado. Había que pagar la deuda y sus intereses o se derrumbaría la confianza en el sistema financiero. Los ahorros en materia militar comprometerían la posición internacional de Francia. La reducción de los gastos de la casa real y los de las obras públicas eran otra posibilidad, pero no cubrirían el déficit de manera alguna. Se podía aumentar los impuestos, pero la carga fiscal se consideraba ya excesiva, y la enconada oposición que habría que esperar de las clases privilegiadas lo hacían políticamente arriesgado. Calonne llegó a la conclusión de que «es imposible aumentar la tributación, ruinoso acudir siempre al crédito y no basta con limitarnos a las reformas económicas. Tal y como están las cosas, siendo las vías ordinarias incapaces de guiarnos hasta nuestro objetivo, la única alternativa posible, el único medio de poner las finanzas en orden debe consistir en la revitalización del conjunto del Estado mediante la remodelación de todo aquello que es negativo en su constitución». En un Plan sumario para la mejora de las finanzas, que presentó al rey inspirándose en proyectos anteriores de Turgot y Necker, propuso una gran reorganización del Estado, a la luz de los principios de la razón. Su plan, tal y como fue aprobado por Luis XVI en el otoño de 1786, proponía gravar las tierras con un tributo que debía satisfacerse en especie en el momento de la cosecha y del que nadie estaría exento, aunque por lo demás los nobles seguirían gozando de importantes exenciones. Esforzándose por conciliar a los distintos grupos privilegiados, el plan proponía la creación de una red de asambleas locales y provinciales, elegidas por los terratenientes, que repartirían la tributación y supervisarían las obras públicas, aunque siempre bajo estricto control de los intendants del gobierno. Se adoptarían, además, medidas para estimular la actividad económica, como la abolición de las barreras aduaneras internas y la mejora de las carreteras. Y se relajarían los controles sobre el comercio del grano. A corto plazo, y para solventar el acuciante problema de la deuda, Calonne proponía obtener nuevos préstamos que podrían ser devueltos con facilidad una vez que las reformas comenzaran a surtir efecto.

Para garantizar el apoyo a estas medidas y vencer la probable oposición de los Parlamentos a la hora de registrar nuevas disposiciones, Calonne sugirió que se convocase una Asamblea de Notables, cuyos 144 miembros habrían de ser elegidos por el rey de entre las «personas de posición, merecedoras de la confianza pública y cuya aprobación influiría poderosamente en la opinión pública». Al parecer, creía que este cuerpo elegido a dedo se mostraría razonable y comprendería que la nobleza y su preeminencia social y política no podían ser objeto de ataque. Ciertamente, esto habría sido inconcebible para un gobierno compuesto por el rey y sus nobles.

La Asamblea, de la que formaban parte príncipes de la sangre, obispos, miembros principales de las familias de la aristocracia, magistrados y representantes de los Estados Provinciales y de algunas ciudades, se reunió por vez primera en Versalles el 22 de febrero de 1787. Pronto quedó claro que Calonne se había equivocado al imaginar el escenario. Los miembros de la Asamblea desconfiaban de él, en parte porque la valoración de la situación financiera de su predecesor Necker era más optimista. Le exigieron un estado de cuentas detallado. Los representantes de las clases privilegiadas mostraron su conformidad con la reducción de sus privilegios fiscales pero sólo a cambio de reformas políticas que condujesen al establecimiento de un gobierno representativo. Calonne intentó justificarse en un panfleto que le enajenó aún más las simpatías de los notables y enfureció al rey, quien, como venía siendo habitual, no le prestó apoyo frente a las intrigas de la Corte y las críticas públicas adversas. Lo reemplazó Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse, cuyo esfuerzo por ganar adeptos para la reforma tampoco tuvo mayor éxito. Se despidió a los notables y Brienne acudió en cambio al Parlamento de París. Pero los parlamentarios, movidos por su propio interés y apoyándose en un público hostil a todo posible incremento de la tributación, se sumaron al ataque contra el gobierno. Aunque estaban dispuestos a aceptar algunas de las propuestas –como la libre circulación del grano, la conmutación de la corvée (prestación en la construcción de carreteras) por el pago de un tributo y el establecimiento de Asambleas provinciales–, se oponían a las principales medidas fiscales afirmando que sólo los Estados Generales podían sancionar nuevos impuestos. Tenían en mente un cuerpo similar al que se había reunido por última vez en 1614, en el que se votaría por estamentos y bajo el estricto control de la nobleza y el clero.

Los intentos por forzar la conformidad del Parlamento mediante un lit de justice y su inmediato exilio a Troyes provocaron una protesta generalizada. Brienne, al parecer deseoso de evitar un enfrentamiento, renunció al proyecto de gravar las tierras y, por tanto, a la convocatoria de los Estados Generales. Se adoptaron otras enérgicas medidas. El 8 de mayo de 1788, el canciller Chrétien-François de Lamoignon forzó el registro de los edictos que anunciaban la creación de un nuevo Tribunal plenario, que asumía muchas de las funciones parlamentarias y en la práctica las mutilaba. La respuesta fue la propagación de la llamada «revuelta aristocrática», en la que los nobles y los miembros de los Parlamentos provinciales incitaron a la protesta contra el «despotismo» ministerial. La opinión pública estaba ya soliviantada por la oleada de panfletos que criticaban a los ministros y llamaban a la reforma constitucional. Las revueltas de Rennes y Grenoble fueron tan graves que hubo que recurrir a las tropas. Una firme intervención represiva seguramente habría calmado los ánimos. Pero la creciente pérdida de confianza en el régimen que se traslucía en la indisciplina de los oficiales nobles del ejército (que daban un mal ejemplo a sus subordinados y con consecuencias que acabarían por recaer sobre ellos mismos), la resistencia general a suscribir un nuevo préstamo y la inminente amenaza de bancarrota obligaron a Brienne a aceptar la convocatoria de los Estados Generales, fijándose una fecha para su reunión: el 1 de mayo de 1789. Consciente de su fracaso, presentó la dimisión. El nuevo equipo ministerial dirigido por Necker abandonó la reforma en curso y se restablecieron los Parlamentos. Fue en este momento, agosto de 1788, cuando el sistema monárquico cayó en un completo descrédito. El rey y sus consejeros parecieron perder toda voluntad de reforma o de imponer el orden a la nación, y se creó un peligroso vacío de poder. Ahora la cuestión era quién iba a dominar los Estados Generales; se asumía que estos, en cualquier caso, habrían de emprender una reforma constitucional importante.

La crisis se agravó aún más por la racha de malas cosechas de cereales de los años setenta y ochenta, que culminó en 1788, un año de sequía seguido de desastrosas tormentas. La abundante cosecha de vino produjo un exceso de oferta y la caída del precio de un producto que para muchos campesinos era el único cultivo comercializable. La enfermedad del ganado se sumó a estos problemas. En 1788 y 1789 el incremento cíclico máximo del precio del trigo superó en dos tercios al mínimo de 1786 (en 1770 había alcanzado el 100 por 100 y volvería a llegar a esta cifra en 1812 y 1817). Las familias se vieron forzadas a gastar una parte creciente de sus escuálidos presupuestos en la compra de alimentos básicos, y cayó la demanda en la construcción, el sector textil y respecto a los demás productos de numerosos talleres rurales y urbanos. El tratado anglofrancés de comercio aumentó la oferta de productos manufacturados en el momento más inoportuno. El empleo y los salarios de buena parte de la población se derrumbaron en el mismo momento en que crecía de manera sustancial el coste de la vida. En tiempos normales, un asalariado gastaba alrededor del 70 por 100 de su sueldo en su sustento. En París, donde la hogaza de pan de cuatro libras costaba en agosto de 1788 nueve sueldos y en febrero de 1789 14 libras y media, un trabajador afortunado que mantuviese su empleo disponía tan sólo de un salario de 20 a 35 sueldos diarios. Un invierno extremadamente frío empeoró la situación; al problema de conseguir alimentos se sumaba el del combustible. La inseguridad y el sufrimiento alcanzaron incluso a los que disfrutaban por lo general de una posición desahogada, como los artesanos o los granjeros.

Así las cosas, se recurrió con frecuencia a los medios tradicionales de queja y se presionó a las autoridades para que prestasen ayuda. Los disturbios en lugares de mercado, el saqueo de las panaderías, los ataques a los transportes de grano y las ventas forzosas del cereal y del pan a precios «adecuados» se convirtieron en moneda corriente desde enero y, sobre todo, desde marzo de 1789 y durante el tiempo de la soudure, el periodo en el que se había agotado casi todo el producto de la cosecha del año anterior y todavía no se había recogido el fruto de la siguiente. Era la respuesta al temor que despertaba el hambre, a la profunda inquietud que sentían las masas en una sociedad preindustrial permanentemente amenazada por la indigencia, y cuyo mejor testimonio era la presencia constante de la carestía en el folclore popular, que recogía numerosos relatos sobre gentes que morían de hambre o se veían forzadas a comer alimentos en estado de putrefacción, hierbas y hierbajos. Los mendigos eran omnipresentes y, por donde quiera que fuesen, repetían la vieja amenaza de quemar los hogares de aquellos que se negasen a darles limosna. Los delitos se multiplicaban. Aunque los trabajadores urbanos demostraron en alguna ocasión su capacidad para organizar huelgas –como sucedió con los tejedores de seda de Lyon en 1786–, no obstante, si querían mejorar su nivel de vida en un periodo de gran alza de los precios de los alimentos, parecía más eficaz forzar su baja que la subida de los salarios, así que reaccionaron, sobre todo, como consumidores. Desde la perspectiva del gobierno, los desórdenes más graves fueron los de Reveillon, en París. Los disturbios se produjeron a raíz de una reunión electoral en la que Reveillon, un fabricante de papel pintado, hizo una imprudente observación a favor de la reducción de los salarios. El rumor se extendió, y el 27 y 28 de abril de 1789 estallaron las graves revueltas, que hubieron de ser sofocadas mediante la intervención militar y cuyo saldo ascendió a 50 víctimas entre heridos y muertos. De hecho, durante la primavera intervino constantemente el ejército con carácter disuasorio o para reprimir las revueltas. El cansancio y las dudas respecto al apoyo del gobierno acabaron con la moral de las tropas.

Una de las cosas que más contribuía a inflamar los ánimos era que algunos, como los panaderos, mercaderes, hacendados y terratenientes, parecían sacar provecho del sufrimiento general acaparando el grano y forzando el alza de los precios. A los mercaderes que, con el apoyo de las autoridades, aprovechaban las diferencias de precio entre distintas plazas se los acusó de privar del cereal a los habitantes de las zonas en las que se producía. El aumento del transporte de grano, inevitable en un periodo de escasez, se interpretó como prueba de perversos propósitos, y así también el hecho de que el aumento del precio fuese proporcionalmente mucho mayor que el déficit de la cosecha, pese a que la explicación residía en el efecto conjunto de la especulación y el pánico de los consumidores, que llevaba al agotamiento de las existencias. Todos estos factores revelan el escaso desarrollo del sistema comercial en una era de pobres comunicaciones. El desarrollo del capitalismo comercial había acentuado la divergencia de intereses entre los codiciosos y prósperos mercaderes y fabricantes de manufacturas de las ciudades y sus trabajadores y, en el campo, entre los terratenientes y granjeros más acomodados y el resto de la población. En marzo de 1789 los miembros de los tres Estados empezaron a reunirse por todo el país para redactar sus cuadernos de quejas (cahiers de doléances) y presentarlos ante los Estados Generales, en un ambiente enturbiado por la sensación de injusticia, odio y sospecha.

Para remediar la crisis de subsistencia, el gobierno había intentado proteger e incentivar el comercio del cereal, lo que suscitó la sospecha de los consumidores de que amparaba a los especuladores. Además, suspendió las exportaciones, efectuó grandes compras en el exterior y ofreció ayudas a la importación. Se hicieron especiales esfuerzos para garantizar el aprovisionamiento de París. Sin embargo, el resultado fue la difusión de un rumor que acusaba a los ministros de estar implicados en la denominada «conjura del hambre». La creencia de que los poderosos conspiraban con los ricos mercaderes para castigar a los desvalidos y obtener pingües beneficios reaparecía con cada crisis. Aunque la identidad de los conjurados variaba de un lugar a otro, según las tensiones sociales de cada localidad, en un periodo de crisis política era de esperar que los ministros, objeto ya de tantas críticas, fuesen acusados del último crimen social: una maquinación para dejar morir al pueblo de hambre. Como era lógico, se echó la culpa al gobierno –que, por lo general, se arrogaba el crédito de la prosperidad– del sufrimiento general. La pobreza y la supuesta conjura hicieron más intolerable aún el pago de los derechos señoriales y del diezmo. A ello se sumaba la caída de la actividad económica, que redujo bruscamente los ingresos del Estado. La actitud de la población durante la crisis traslucía de manera muy distorsionada la situación política, al tiempo que la carestía contribuyó de manera decisiva a la politización de las masas urbanas y rurales.

En este contexto se preparó el encuentro de los Estados Generales. El 25 de septiembre de 1788, el Parlamento de París declaró que la forma constitucionalmente correcta era la de la reunión precedente, de 1614, y que, por tanto, cada uno de los Estados deliberaría y votaría separadamente y podría vetar las propuestas de los otros dos. Esta decisión defraudó a los admiradores del modelo del Parlamento británico o de las instituciones americanas. De los llamados «patriotas» surgió el influyente grupo de la «Sociedad de los treinta», reclutados entre la audiencia habitual de los prestigiosos salones de París. De los 55 miembros que conocemos, 50 eran aristócratas, casi todos de familias de abolengo que habían sido excluidas de los cargos públicos debido a intrigas palaciegas. A diferencia de la mayor parte de los aristócratas que tan sólo querían limitar el poder de la monarquía apuntalando las instituciones tradicionales, generalmente bajo su control, como los Parlamentos, los Estados Provinciales y los Estados Generales, los «patriotas» adoptaron el modelo de la monarquía constitucional británica como un instrumento más liberal y capaz de asegurar la posición predominante de una elite próspera, de la que no sólo formaban parte los nobles. Con semejante ideario, no puede sorprender la simpatía con la que los acogió una audiencia compuesta por las acomodadas y educadas clases medias.

Mediante la circulación de panfletos y los modelos de cahiers de doléances, los «patriotas» buscaron apoyos para modificar el procedimiento de los futuros Estados Generales. Reivindicaban para el Tercer Estado un número igual de representantes que para los demás órdenes e, implícitamente, el voto individual frente al de cada Estado, con lo que desaparecía el derecho de veto de la aristocracia. Como respuesta apareció un documento alarmista firmado por los príncipes de la sangre, que se ofrecían a renunciar a sus privilegios fiscales, pero atacaban este género de iniciativas por considerarlas «susceptibles de sacrificar y humillar a vuestra brava, antigua y respetable nobleza» y una afrenta al mismo monarca. Advertían al rey del peligro de una revolución de los principios de gobierno que concluiría en un ataque contra la propiedad. Este documento, al que la nobleza y sus oponentes consideraron como una suerte de manifiesto de la aristocracia, demuestra que muchos nobles estaban dispuestos a transigir y perder su privilegiada posición fiscal, pero revela también su firme decisión de preservar cuanto fuese posible su estatuto social y político. A finales de 1788 peligraban los privilegios de los propios Parlamentos, lo que los hizo más comprensivos con la monarquía.

Pese a que muchos nobles dieron la bienvenida a la campaña contra el despotismo y estaban dispuestos a perder algunas de sus ventajas, la mayor parte no quería renunciar al predominio de la aristocracia en los Estados Generales. En una palabra, se negaban a compartir el poder político que parecían tener al alcance de la mano. Así, el Parlamento de París estaba dispuesto a otorgar una mayor representación numérica al Tercer Estado pero no el voto individual. Por el contrario, la segunda Asamblea de Notables, convocada por Necker en noviembre de 1788, aceptaba el voto individual, pero rechazaba la igualdad numérica, con lo que los delegados del Tercer Estado quedaban en una posición abiertamente subordinada. El debate sobre la representación fue crucial, pues cambió la línea del conflicto político. Como reacción al exclusivismo nobiliario, aumentó la hostilidad de la oposición «patriótica» contra los Parlamentos, y los privilegios en general. El creciente número de las resoluciones, peticiones y panfletos redactados por personalidades que alcanzarían renombre nacional (Emmanuel Sieyès, Constantin-François Volney, Pierre-Louis Roederer o Jean-Paul Rabaut de Saint-Étienne y los de otros autores menos conocidos), era indicativo del rápido proceso de politización y de la convicción de los representantes más ilustrados de la plebe de que luchaban por un propósito común. El panfleto más influyente fue seguramente «¿Qué es el Tercer Estado?», del abad Sieyès. El Tercer Estado, afirmaba, lo es «todo», «la nación entera», capaz de sobrevivir sin ayuda de los demás órdenes. «Nada puede funcionar fuera del Tercer Estado; todo iría infinitamente mejor si no existiesen los demás órdenes», y «¿qué es lo que ha sido hasta ahora en el terreno político?», se preguntaba: «nada, pero su demanda es ser alguien». Sieyès llegó tan lejos como para proponer una reunión del Tercer Estado al margen de los otros dos y su autoproclamación como Asamblea Nacional, con competencia para deliberar y adoptar decisiones relativas a los asuntos del conjunto de la nación. Su panfleto fue adoptado como programa del «partido patriótico», al que no cabe ver como una organización política similar a las actuales, sino como un conjunto de grupos, algunos, sobre todo en París, agrupados en torno a los clubes. Estos proporcionaban un foro idóneo a los oradores que ya gozaban de cierta notoriedad política, como Pierre Brissot; a los philosophes, como el marqués de Condorcet, o a los nobles liberales, como el marqués de Lafayette, el duque de La Rochefoucault, Charles Talleyrand y el conde de Mirabeau. Algunos centros de provincias experimentaron una efervescencia similar. Mirabeau publicó en Aix su «Llamamiento al pueblo de Provenza», y Maximilien Robespierre el panfleto «Llamamiento al pueblo de Artois» en Arras. La convocatoria de los Estados Provinciales del Delfinado, en junio de 1788, contribuyó al desarrollo de un debate cada vez más vigoroso. Los diputados, reunidos en Vizelle, decidieron acabar con la ocupación de escaños por derecho propio; en el futuro los delegados serían elegidos. Además, el voto sería individual y el Tercer Estado tendría un número de diputados equivalente a la suma de los otros dos. El gobierno aceptó estas propuestas, que se convirtieron en el modelo de la campaña para reunir a los Estados de otras provincias y del debate sobre los Estados Generales. Pero estos acontecimientos suscitaron la alarma e intransigencia de los nobles. Estaba cambiando la naturaleza misma del proceso político. Cuanto más se exageraba y se generalizaba el resentimiento de la burguesía contra los privilegios, tanto más crecía el temor del clero y la aristocracia, decididos a defender a toda costa sus distinciones y su poderío. La polarización social y política se extendió con rapidez.

El anuncio de Necker en la Resolución del Consejo de Estado del Rey del 27 de diciembre de que la representación del Tercer Estado igualaría a la del clero y la nobleza fue bien acogido, pero no satisfizo a la opinión «patriótica». Para que la votación fuese individual, era preciso que los tres Estados llegasen a un acuerdo, lo que parecía improbable. El panfleto de Sieyès «¿Qué es el Tercer Estado?» denunciaba violentamente a la nobleza y al clero por su negativa a reconocer los derechos de sus conciudadanos. De modo amenazador, el periodista Mallet du Pan observó: «El debate público ha cambiado. El rey, el despotismo y la Constitución son cuestiones secundarias: estamos ante una guerra entre el Tercer Estado y los demás órdenes». El afán de los miembros del Tercer Estado por lograr una representación paritaria en los Estados Provinciales de Provenza, Guyena, el Franco-Condado, Artois y Bretaña avivaron la llama y desembocaron en los enfrentamientos callejeros de Rennes, de enero de 1789, entre estudiantes de Derecho y los partidarios de la aristocracia. El conflicto se había precipitado por la arrogante resistencia de la aristocracia bretona a aceptar toda fórmula de compromiso. Un panfleto titulado «Tratado sobre la nobleza del Parlamento bretón», de diciembre de 1788, hablaba ya de «la peligrosa insurrección del Tercer Estado». Significativamente, los diputados elegidos por el Tercer Estado de Bretaña para los Estados Generales se distinguirían por su intransigente animadversión contra la nobleza. Reuniéndose regularmente como Club Bretón, donde se encontraban con «patriotas» de actitud similar y mantenían correspondencia con sus electores, estos hombres contribuyeron a la radicalización de la opinión en la Asamblea Nacional y en los centros urbanos de Bretaña.

El 24 de enero de 1789 el gobierno ordenó que los diputados de los Estados Generales fuesen elegidos por cada orden en las bailliages y sénéchaussées, o sea, en las unidades administrativas básicas. Aunque la regulación era sumamente compleja y con numerosas variantes, en la mayor parte de las áreas los miembros del Primer y Segundo Estado asistieron personalmente a la respectiva Asamblea electoral. Por el contrario, en el Tercer Estado, mucho más numeroso, sólo los varones mayores de veinticinco años y que contribuyesen al pago de las rentas del Estado podían participar en una Asamblea primaria en la que se elegían a dos representantes por cada 100 hogares; a continuación, estos dos delegados asistirían a la Asamblea electoral del bailliage. La mayor parte de las Asambleas electorales se celebraron en marzo y abril de 1789, teniendo como telón de fondo la crisis económica, el desorden social y la agitación política. El gobierno no intentó influir en los resultados, dejando que las circunstancias locales y la influencia de las ideas políticas aireadas en numerosos panfletos fuesen factores determinantes.

La información que poseemos respecto al número de votantes es incompleta. En las parroquias rurales de los alrededores de Ruan sólo votó un 23 por 100 de los posibles electores. En la propia ciudad de Ruan se alcanzó el 40 por 100. En Alsacia votaron entre un 55 por 100 y un 60 por 100 en Estrasburgo y Colmar. De modo sorprendente, sólo alrededor del 30 por 100 votó en París, lo que sugiere que quizá la conciencia política era mucho menor de lo que los historiadores nos han hecho creer. Los asistentes a las Asambleas secundarias del Tercer Estado procedían casi siempre de los grupos más instruidos y acomodados de cada comunidad. Como es natural, llevaron el peso de los debates los que tenían mayor capacidad y seguridad para dirigirse a un público, en particular los letrados y los funcionarios. De los 1.318 diputados que ocuparon un escaño en los Estados Generales, 326 correspondían a la aristocracia o al clero. En comparación con la Asamblea de 1614, la proporción de representantes del bajo clero (220) era mucho mayor; así pues, predominaban los curas parroquiales, frente a los obispos, abades, canónigos y monjes, que por lo general ocupaban la cúspide de la jerarquía eclesiástica. Entre los 330 nobles, había representantes de las más antiguas, prestigiosas y acaudaladas familias, incluidas La Rochefoucauld, Luynes, Orleans, Noailles y Montmorency. Ciento sesenta y seis eran oficiales del ejército, una proporción elevada que indica la decisión de la nobleza menor de provincias, hasta entonces sin poderes, de poner freno a los aristócratas de la Corte y parlementaires, que tradicionalmente se habían arrogado el derecho de hablar en su nombre. No deja de ser significativo el que las Asambleas eligiesen sólo a 22 miembros de los Parlamentos en un ambiente tenso y propicio a la disputa. En ello influyó sin duda la exclusión o retirada de muchos funcionarios que habían adquirido hacía poco la condición de nobles y a los que ofendía ocupar un escaño entre los delegados del Tercer Estado. Pese a que la reunión de Versalles demostró que alrededor de 90 delegados de la aristocracia eran políticamente liberales, la gran mayoría de ellos estaban decididos a defender con firmeza la posición y las distinciones sociales de su estamento. Entre los delegados del Tercer Estado, cuya representación se duplicó hasta los 661, 214 pertenecían a profesiones liberales, incluidos 180 hombres de leyes. Había relativamente pocos representantes del comercio (76 mercaderes, 8 fabricantes de manufacturas y 1 banquero). El resto se consideraban propietarios de tierras, una condición que compartían todos los demás diputados de su estamento, cualquiera que fuese su actividad profesional. Fueron, sin embargo, los delegados con conocimientos legales los que se impusieron en Versalles; era un grupo bastante uniforme en cuanto a experiencia, cultura e intereses, y muchos de ellos ocupaban algún cargo venal.

Las elecciones y la preparación de los cahiers de doléances avivaron el debate político y facilitaron el acceso de las nuevas ideas políticas en el medio rural. Por lo demás, crearon un peligroso sentimiento de expectativa. ¿Por qué iba el rey a solicitar una lista de los males si no tuviese la intención de ponerles remedio? Se difundió así la creencia de que los derechos señoriales, el diezmo y los impuestos estaban a punto de desaparecer, lo que con frecuencia incitó a rehusar el pago. Aunque los cahiers demostraban gran confianza en la rectitud de intención del rey, contribuyeron a extender la idea de que pronto se implantaría un sistema político más liberal, la sociedad sería más igualitaria y se produciría una mejora material del nivel de vida, una suposición que amenazaba la estabilidad del sistema político.

Los cahiers de doléances ofrecen abundante información (se redactaron unos 40.000) que, analizada con cuidado, nos da importantes datos respecto a la actitud de buena parte de la población en cuestiones sociales y políticas cuando estaba a punto de producirse una transformación sustancial de las instituciones francesas. En contraste con los cuerpos deliberantes de la Iglesia, en las Asambleas del Primer Estado predominaba el clero parroquial, que en muchos bailliages aprovechó la oportunidad para expresar su protesta contra los obispos y los miembros de las órdenes monásticas. Se lamentaban de la incautación del diezmo y de las escasas rentas con las que contaban, criticaban el pluralismo y la no residencia y apoyaban un gobierno diocesano mediante sínodos elegidos y mayor facilidad de acceso a la jerarquía eclesiástica. Con todo, se hizo hincapié en las materias que los unían. Así, opinaban que el catolicismo debía seguir siendo la religión oficial y que la Iglesia debía retener el control de la educación. Eran contrarios a una actitud más tolerante hacia el protestantismo. La influencia de las ideas «filosóficas» y secularizantes les causaba clara inquietud. Además, había un consenso bastante amplio a la hora de aceptar la reducción de sus privilegios fiscales.

Los cuadernos de quejas de las Asambleas del Segundo Estado reflejaban una voluntad similar de renuncia al privilegio fiscal (en un 89 por 100 de los cahiers nobles), así como el deseo de reemplazar a la monarquía absoluta por alguna forma de monarquía constitucional. Se condenaba al sistema vigente de gobierno por despótico y corrupto, pero no responsabilizaban al monarca, sino a los ministros y cortesanos que mantenían al rey mal informado, dilapidaban los recursos y monopolizaban los cargos. La solución parecía ser la convocatoria regular de los Estados Generales, la responsabilidad ministerial ante un cuerpo electivo y ante el monarca y una reforma del sistema legal que protegiese la libertad individual. No obstante, en su mayoría los nobles creían estar llamados a desempeñar el principal papel dentro de las nuevas instituciones y mantener el monopolio de los altos cargos en la burocracia, el ejército y la Iglesia. La mayor parte de los cuadernos de la nobleza insistían en que la votación de los Estados Generales que iban a introducir estas reformas debía efectuarse por estamentos –una manera de defender «las justas prerrogativas de la nobleza y el clero», según el diputado Jean-Jacques d’Eprémesnil–, aunque un porcentaje significativo (38,76 por 100) aceptaba el voto individual. Sólo el 5 por 100 de los cahiers apoyaba la igualdad de oportunidades, que la mayor parte ni siquiera mencionaba (en contraste con el 73 por 100 de los cahiers del Tercer Estado de los medios urbanos). Respecto a los derechos señoriales, la nobleza se encontraba al parecer dividida entre los que disponían de fortuna y podían afrontar su pérdida y la masa de los hidalgos rurales (hobereaux) que, al carecer de una posición económica tan desahogada, hicieron de su defensa una cuestión de honor. Sin embargo, el punto más destacado de estos cuadernos es el amplio consenso con los del Tercer Estado respecto a la creación de un Estado liberal y constitucional.

El proceso electoral contribuyó de manera sustancial a la politización de la burguesía que había preparado los cahiers urbanos del Tercer Estado. En las ciudades, su redacción estuvo dirigida por grupos organizados, como los gremios, las corporaciones y los consejos municipales, que se centraron en los problemas locales. Por lo demás, apoyaban la convocatoria regular de los Estados Generales y la votación individual, el fin de las exenciones fiscales de la nobleza y del acceso privilegiado a los cargos y otras medidas, como la abolición de las barreras aduaneras internas para estimular la actividad económica. En cambio eran mucho más circunspectos respecto a la supresión de los derechos señoriales, los cargos venales o los gremios, la desaparición del diezmo o la confiscación de las propiedades de la Iglesia. No pretendían atacar el derecho a la propiedad y, en todo caso, apoyaban una reforma limitada, sin cambios drásticos. Fueron los cahiers urbanos los que más incidieron en las cuestiones políticas. Simpatizaban con la idea de un gobierno constitucional; una asamblea electiva debía aprobar las exacciones tributarias y las cargas debían ser iguales para todos; mostraban además cierta tendencia a apoyar la abolición del sistema señorial. Como era de esperar, mientras que los representantes de las corporaciones (maestros y jornaleros) condenaban otras formas de privilegio, para limitar la competencia pretendían conservar el control del acceso a su oficio.

Aunque la mayor parte de los cahiers rurales siguieron el modelo de los de las ciudades, se ocuparon en particular de sus problemas específicos: el peso de los derechos señoriales, el diezmo y la excesiva tributación. Pese a las protestas por el cercamiento de tierras comunales o por negar a los campesinos pobres los tradicionales derechos de disfrute, la tensión entre pobres y ricos tuvo escaso reflejo, pues los cahiers fueron elaborados por la burguesía campesina o por los más pudientes. Más usual aún era la hostilidad hacia la ciudad, lugar de residencia de recaudadores de impuestos, de los mercaderes, del parasitario alto clero y de los ausentes propietarios de tierras, que explotaban al campesino. Pese a ello, no se puso realmente en tela de juicio a las instituciones fundamentales del ancien régime.

La conclusión más clara tras el análisis de los cahiers es la de un sorprendente consenso entre los representantes de los tres Estados. La reforma fiscal y judicial, una mayor apertura en el acceso a los cargos y un gobierno mínimamente representativo seguramente habrían contentado a la población. La cuestión es explicar cómo se vio Francia arrastrada a la Revolución existiendo este acuerdo. Una de las claves reside en la incapacidad del gobierno monárquico para responder a las demandas que se le planteaban.

EL DEBATE SOBRE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Con la monarquía absoluta desacreditada y el consiguiente vacío de poder, surgió el enfrentamiento entre los nobles que, en realidad, habían compartido con la monarquía el poder político gracias al cuasi monopolio de cargos, y los no nobles, que al cuestionar los privilegios de la aristocracia demandaban igualdad de derechos a la hora de acceder al poder político. La crisis política iniciada en 1787 había tenido como resultado inmediato el recrudecimiento de la oposición de la nobleza frente a la monarquía, y espoleó también la firmeza de los no nobles por el procedimiento de elección de los diputados de los Estados, la preparación de los cahiers y la guerra de panfletos. Cuando los diputados se reunieron en Versalles el 4 de mayo de 1789, con ocasión de los Estados Generales, reinaba la tensión y el recelo. Bajo estas circunstancias, la incapacidad del gobierno para mantener el liderato tuvo desastrosas consecuencias. Los discursos del rey y de Necker en la sesión de apertura de los Estados Generales carecían de una propuesta de programa. Mientras aceptaban vagamente que podía ser la ocasión para emprender algunas reformas, advertían del peligro de toda acción precipitada, y nada hicieron por resolver el problema inmediato del procedimiento de votación. Tal ineptitud produjo decepción y desafecto.

Las dificultades procedimentales que vinieron a continuación reflejaban y exacerbaban las divisiones. En ausencia de un liderato claro por parte del gobierno respecto a la votación, los delegados del Tercer Estado, dirigidos por los del Delfinado y Bretaña, que llevaban 12 meses enfrentados a las autoridades y eran muy hostiles a las pretensiones de la nobleza, presionaron para que se verificasen conjuntamente las credenciales. En principio, el clero y la aristocracia rechazaron esta maniobra, pero continuaron las conversaciones sobre el procedimiento que se debía seguir, hasta que el 20 de mayo la nobleza (por 206 frente a 16) decidió que el voto por estamentos y el veto mutuo eran derechos fundamentales para la seguridad de la monarquía y la salvaguarda de la libertad. Al fin, el 10 de junio, Sieyès propuso celebrar una reunión del Tercer Estado para que pudiese escrutar los resultados de la elección por sí solo en caso de no llegar a un acuerdo. La propuesta fue aprobada por 493 votos a favor y 41 en contra. La decisión de autoproclamarse Asamblea Nacional del 17 de junio (por 491 votos a favor y 93 en contra) revelaba una mayor ambición, evidente en la resolución que autorizaba la continuidad de la recaudación de impuestos. Gran parte de los diputados del Tercer Estado, aunque moderados, estaban decididos a hacerse notar y llevar a cabo la reforma constitucional. Ya no cabía duda: se desafiaba la soberanía del rey y el estatuto social y político de la nobleza.

Con su autoridad puesta a prueba, el 23 de junio Luis XVI convocó una sesión especial de los Estados Generales. Pretendía presentar un programa y recuperar la iniciativa. Pero fracasó también, porque los funcionarios olvidaron informar al Tercer Estado de que el lugar en el que se reunía estaría cerrado hasta que se celebrase la sesión real. El 20 de junio, al llegar a la reunión, los diputados supusieron que la clausura del lugar era resultado de un complot real y decidieron reunirse en el interior del recinto en el que se jugaba a la pelota. Allí adoptaron el juramento de no dispersarse hasta conseguir la reforma constitucional. Al parecer, siguiendo los consejos de Necker, las propuestas del rey consistían en la votación conjunta en los asuntos importantes, la convocatoria regular de los Estados, la aprobación de la Asamblea en toda nueva exacción de tributos, la reforma fiscal, la descentralización del gobierno local mediante la creación de un tejido de Estados Provinciales, así como garantías de libertad individual e igualdad de acceso a los cargos. Estas propuestas conciliatorias podrían haber sido eficaces, pero, bajo la presión de la reina y de sus hermanos, Luis XVI invalidó las decisiones adoptadas por el Tercer Estado el 10 y el 17 de junio. Su visión de los propios derechos y deberes y los de los estamentos privilegiados le impedían entender las demandas de reforma. Además, creía conveniente la separación entre los estamentos y, aunque en ocasiones pudiesen celebrar reuniones conjuntas, los estamentos privilegiados debían preservar su derecho al veto ante las iniciativas que los afectasen. Despechados, los delegados del Tercer Estado decidieron resistir a toda costa. Necker, que se había ausentado a propósito de la sesión real del 23 de junio, fue destituido el 11 de julio.

La nobleza, que en su mayoría había acogido favorablemente el discurso del rey, se alarmó por la incapacidad del gobierno para disolver el Tercer Estado, que había puesto en cuestión su autoridad. La determinación de la Asamblea de resistir a la presión real se vio fortalecida cuando se le sumaron la mayor parte de los diputados del clero y, el 25 de junio, 47 nobles liberales. El 27 de junio, en su afán por ganar tiempo mientras se movilizaba a las tropas de la región de París, el rey ordenó a los miembros del clero y a los nobles que quedaban que se uniesen a la Asamblea. La noticia fue recibida con entusiasmo en París, pero el rey jamás aceptaría voluntariamente una pérdida de sus soberanos poderes y decidió recurrir a la fuerza militar. Esta medida podría haber tenido éxito si no hubiese sido por la intervención de las clases populares. Por lo demás, la creciente indisciplina en el ejército y la fuerza de la oposición limitaron la capacidad de acción coercitiva de la monarquía.

La ineptitud del gobierno para controlar los desórdenes generados por la crisis de subsistencia en la primavera y el comienzo del verano de 1789 le granjeó las críticas de las clases propietarias. Además, la creencia de que el rey atendería a las quejas recogidas en los cahiers había dado alas a la protesta popular y al rechazo a pagar los derechos señoriales, el diezmo y los impuestos. Los manifestantes acusaban al gobierno de no querer prestarles ayuda, mientras protegía a los mercaderes y especuladores que querían matar al pueblo de hambre. Explicaban el alza continua del precio del pan como resultado de un complot de los aristócratas. En su opinión, las maquinaciones del estamento privilegiado derivaban del deseo de castigar a los desposeídos y obstaculizar los trabajos de los Estados Generales, de los que se esperaba que trajeran tiempos mejores. La decisión del gobierno de reforzar las guarniciones militares de la región de París con regimientos de mercenarios despertó nuevos rumores. Mientras tanto, sin embargo, la incesante actividad y la falta de liderato habían ido deteriorando la disciplina y la moral de unidades clave como la Guardia Francesa de París, lo que agravó así la crisis de confianza en el rey y sus consejeros. El activismo político se enardeció con la destitución de Necker que, según los «patriotas», era el único hombre capaz de solucionar los problemas financieros del régimen y único ministro comprometido con la reforma debido a los elevados precios y al inminente golpe militar. Estos temores desembocaron en las revueltas de París del 12 de julio, cuando una muchedumbre de tenderos, pequeños comerciantes y trabajadores quemó las odiosas barreras aduaneras e intentó armarse para resistir a la tiranía del rey. La búsqueda de armas derivó en la toma de la fortaleza real de la Bastilla del 14 de julio, en la que participaron muchos desertores de la Guardia. El hecho tendría notable importancia simbólica. Pero en la práctica inmediata tuvo mayor relevancia la creación por parte de los ciudadanos de las clases medias de un Comité Permanente que reemplazaba a la municipalidad real, abrumada por los acontecimientos, y de una milicia ciudadana cuya tarea consistía en preservar el orden y proteger a la ciudad de cualquier ataque. La doble finalidad de la milicia mostraba la ambivalencia de las clases propietarias: temían la revuelta popular, pero necesitaban el apoyo de sus molestos aliados para enfrentarse al rey y a las Fuerzas Armadas.

Lámina 11. La toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Pintura anónima. Museo Nacional del Palacio de Versailles. Foto: Giraudon/the Bridgeman Art Library.

Las noticias de París, la expectación que crearon y el derrumbamiento del poder central, así como los rumores que relacionaban desde antiguo las manipulaciones especulativas con el temor hacia la nobleza, generaron un paroxismo de inquietud en el campo. Normandía, el bajo Maine, partes de Flandes, la alta Alsacia y el Franco-Condado, Mâconnais y el Delfinado se vieron muy afectadas. El campesinado intentó defender los intereses comunales contra las exacciones de una panoplia de explotadores, entre los que se contaban los terratenientes, señores, recaudadores de impuestos y del diezmo, granjeros capitalistas y mercaderes. En algunas regiones, como el Languedoc, en las que el peso de la imposición tributaria, el señorío y la comercialización tenían menor importancia, parece haberse notado menos el impacto de las revueltas. Aunque hubo poca violencia personal, se saquearon e incendiaron cientos de castillos en los que se buscaban provisiones escondidas de grano y se destruyeron los registros señoriales.

Lámina 12. Un castillo en llamas y huida de sus moradores, verano de 1789. Grabado anónimo. Museo Carnavalet, París. Foto: Giraudon/the Bridgeman Art Library.

Por lo general, los campesinos celebraron la victoria de la justicia popular en un ambiente festivo. La crisis económica había incrementado la miseria y el miedo al hambre. La redacción de los cahiers alimentaba la esperanza de una existencia más segura. La decisión del rey y su nobleza de mantener sus derechos exclusivos ponía en peligro esta aspiración y pareció legitimar la acción directa. El pánico se extendió, lo que dio lugar entre el 20 de julio y el 6 de agosto a la histeria colectiva que los historiadores denominan la grande peur o «gran miedo». Corrían los rumores de que la quema de los castillos era obra de un grupo de bandoleros que practicaban el asesinato, la violación y el pillaje y destruían la cosecha. Para restablecer el orden, se crearon Administraciones municipales y milicias civiles en París y provincias. Utilizaban el armamento capturado en los arsenales o el que voluntariamente les habían cedido las tropas. Evidentemente, las elites locales habían perdido la confianza en la capacidad de la monarquía para cumplir con su obligación fundamental, el mantenimiento del orden, y sospechaban de la sinceridad del compromiso del rey y de la aristocracia respecto a la reforma constitucional. La composición de estos nuevos cuerpos difería según la naturaleza de las elites locales, el equilibrio entre los grupos políticos y el empuje popular. No sólo mantuvieron el orden social; su actividad implicaba la disolución del gobierno real. De hecho orientaron su actuación según las directrices de la Asamblea Nacional y no las del monarca.

El 16 de julio, el ministro de la Guerra, al duque de Broglie, advirtió al rey de que ya no se podía contar con el ejército. El régimen había perdido el monopolio de la fuerza armada. En su desesperación, Luis XVI acudió de nuevo a Necker y, frente a la muchedumbre armada, a las puertas del Ayuntamiento de París, se puso la escarapela tricolor, que unía el blanco de los Borbones con el rojo y azul de la ciudad. Aceptó, además, los nombramientos de los «patriotas» Bailly, como alcalde, y Lafayette, como comandante de una milicia cuyo título de Guardia Nacional indicaba sus aspiraciones políticas. El 4 de agosto la autodenominada Asamblea Nacional Constituyente, de la que formaban parte el clero y algunos nobles, como el duque d’Aiguillon y el vizconde de Noailles, decidió abolir el sistema señorial. En lo que Georges Lefebvre calificó como «el certificado de defunción del Antiguo Régimen», los diputados abolieron el régimen feudal y, por tanto, la servidumbre, la justicia señorial, los derechos exclusivos de caza y, al menos eso se creyó en un principio, los derechos señoriales y el diezmo. Con estas medidas se pretendía pacificar el ámbito rural. En realidad, los diputados, habiéndose beneficiado muchos de ellos del sistema, no las tenían todas consigo. Se creó un comité que confirmó la desaparición de toda forma de servidumbre personal, pero requería de los campesinos la recompra de aquellos derechos que, fundamentándose en una «relación contractual» más o menos ficticia, implicaban, por tanto, derechos de propiedad. Se fijó el precio multiplicándolo por 25 sobre su valor anual, una proporción que no satisfizo a nadie. Por lo demás, obligaba al pago de los atrasos de los últimos treinta años, lo que degeneró en una nueva oleada de ataques a los castillos señoriales. En general, los campesinos, que carecían de recursos y de la voluntad de compensar a los señores, desoyeron las estipulaciones de la Asamblea. Los pagos para la redención fueron escasos. Al final, el 15 de julio de 1793, tras otra oleada de protestas masivas a causa de las pobres cosechas, de la desconfianza que inspiraban las intenciones nobiliarias y por la necesidad de contar con apoyos para sostener la guerra, la Convención abolió definitivamente los derechos sin compensación alguna. Estas medidas implicaban la remodelación total de las relaciones sociales. Causaron sustanciales pérdidas económicas a los señores y destruyeron el fundamento legal del poder nobiliar en el medio rural.

Lámina 13. La noche del 4 de agosto de 1789; la revolución social. La Asamblea Constituyente vota la abolición del sistema señorial. Grabado de Helman siguiendo a Charles Monnet. Biblioteca Nacional, París. Foto: Giraudon/the Bridgeman Art Library.

El 26 de agosto se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Era una declaración de principios esclarecedora y mostraba la firmeza de los diputados de proclamar a todo el orbe el carácter revolucionario de sus intenciones, así como condenar implícitamente las bases fundamentales del ancien régime. Parcialmente redactada por Lafayette y siguiendo de cerca la Declaración Americana de Independencia, también reflejaba una tradición de la ley natural europea. La declaración afirmaba un compromiso con el imperio de la ley, con la igualdad ante la ley, con el gobierno representativo, con la libertad de expresión, asociación y religión y con la igualdad en el acceso a los cargos. Representaba un renovado asalto a los privilegios y una afirmación de la soberanía de la nación, en lugar de una monarquía que había perdido su estatus como institución sagrada. Garantizaba asimismo la propiedad privada como un «derecho natural e irrenunciable», fundamento del orden social y político; al fin y al cabo, se trataba de una asamblea de propietarios. Así, a pesar de que el decreto del 19 de junio de 1790 abolía el carácter hereditario de la nobleza y un conjunto de medidas cuestionaba sus privilegios, este estamento mantenía su posición, y su riqueza permaneció prácticamente intacta. Aunque la propuesta contaba con el apoyo de nobles tan eminentes como los hermanos Lameth, Noailles y Lafayette, también reflejaba la decreciente influencia de los diputados extraídos de las clases privilegiadas. Aunque la nobleza iba a seguir siendo un grupo de elevado estatus con gran parte de su riqueza intacta, este asalto a las elites hereditarias que desde tiempo inmemorial habían compartido el poder con el rey tuvo un efecto traumático y contó con una acerba oposición. El ideal de la Asamblea Nacional Constituyente era crear una situación a partir de la cual los individuos serían libres de disponer de sus talentos y propiedades, sólo limitados por la estipulación de que sus acciones no debían ir en perjuicio de otros. El ideal de los constituyentes era crear una situación en la que los individuos dispusiesen libremente de su talento y sus propiedades con la única limitación del interés común.

Por otro lado, adoptaron medidas para reactivar la economía. En agosto de 1789 se puso fin a las restricciones en el comercio de cereales; el 12 de octubre se legalizó el préstamo a interés; la Ley d’Allarde, del 2 de marzo de 1791, suprimió los controles de las corporaciones artesanales y mercantiles, y los controles oficiales sobre las manufacturas. Muchos terratenientes y campesinos se beneficiaron también de la supresión de los diezmos y los derechos señoriales. Buena parte de la población conservó más productos, para vender o para consumir. En la economía productiva, sin embargo, sucesivos levantamientos crearon una atmósfera de incertidumbre más conducente a una actividad especulativa que empresarial sostenida. Las necesidades de la guerra no tardarían en llevar a la reimposición de controles económicos. Una inflación rampante amenazaba con parálisis. No sorprende que el deseo de seguridad junto con un activo mercado inmobiliario fomentara que el capital se desviara del comercio y la manufactura, con una producción industrial que probablemente alcanzó su nivel más bajo en 1796. A continuación, un incremento en la seguridad interna y la ampliación de las fronteras mejoraron las oportunidades, pero la guerra marítima, en la que el dominio británico era más completo que nunca antes, continuó produciendo un impacto devastador sobre los puertos y sus entornos terrestres, previamente los sectores más dinámicos de la economía.

El 11 de agosto de 1789 se abolió la venalidad de cargos que, lejos de una generosa compensación, abría el camino a la reorganización del sistema administrativo. Desde tiempo atrás se criticaba el complejo caos del conflicto de jurisdicciones de la administración del ancien régime. Se emprendió una reestructuración racional, creándose una jerarquía de comunas, distritos y departamentos. Otros principios de orientación, como reacción al absolutismo y encaminados a debilitar el poder del Ejecutivo, fueron la descentralización y el carácter electivo de los cargos. Los ideales fundamentales de soberanía popular y gobierno representativo y electivo se reconocieron por ley el 14 de diciembre de 1789. Los diputados y funcionarios serían elegidos entre los miembros activos de la población, es decir, entre los contribuyentes que pagasen en forma de impuestos el equivalente a tres días de trabajo. Los más pobres, los desposeídos, carecían de la independencia que se consideraba indispensable para tener derecho a voto y, por tanto, fueron excluidos. Aun así, se constituyó un electorado muy numeroso: 4,3 millones de electores, que incluían a los 77.590 ciudadanos de París. La restricción fundamental en la participación política era el requisito de elevada contribución (10 días) que se exigía para poder presentarse a los cargos, así como el principio de elección indirecta. Por lo demás, se adoptaron medidas que limitaban el radicalismo de los diputados, como la ley Le Chapelier de junio de 1791, que prohibía la asociación de los trabajadores y la huelga como un freno de la libertad individual. Simultáneamente, se utilizó la fuerza para reprimir manifestaciones contrarias.

Las inspiradas frases de la Declaración de Derechos eran una cosa, y la ejecución de las medidas de reforma y la solución de los problemas financieros, por los que se habían reunido los Estados Generales, otra. Pronto se vio que era más fácil derrocar a un régimen que alcanzar un acuerdo sobre el que había de sucederlo. El debate sobre el nuevo sistema de gobierno y la inevitable lucha por el poder que vino a continuación dividió a los nuevos gobernantes. Cuando se le sumó la presión de la guerra, se produjeron grandes realineamientos políticos y se inició un proceso de politización que amenazaba con llevar a las masas a la arena política. Los problemas eran en verdad acuciantes. Había que volver a definir la autoridad política y restablecer el gobierno efectivo. En buena medida las decisiones políticas adoptadas por la Asamblea reflejaban su composición social. Muchos diputados tenían una posición desahogada y deseaban salvaguardar el orden social, todavía muy ligado a la tierra, así como mantener a la monarquía como su principal valedora. La solución recogida por la Constitución de 1791 reconocía al rey una autoridad formal como cabeza del Ejecutivo, pero procuró limitar su poder insistiendo en que las órdenes del rey sólo serían válidas si llevaban el refrendo de los ministros, responsables ante la Asamblea electiva y ante el monarca. El derecho de veto del rey en los proyectos legislativos sólo podía demorar su ejecución (entre dos y seis años) y era ineficaz en materia financiera. Estas estipulaciones reflejaban una evidente falta de confianza, que dificultó sobremanera el funcionamiento del nuevo sistema.

Los desórdenes que habían precedido y acompañado a la Revolución y el amplio rechazo a pagar impuestos agravaron aún más los problemas financieros del gobierno. La Asamblea Constituyente se había reunido para ponerles solución y tuvo que tomar medidas excepcionales. El 2 de noviembre de 1789 decidió adoptar la propuesta de Talleyrand, obispo de Autun, y confiscar las propiedades de la Iglesia. Al agravarse la crisis en marzo de 1790, decidió emitir letras del Tesoro (assignats) con la garantía del valor de las tierras confiscadas (biens nationaux). Después, la masiva emisión de valores condujo a una rápida devaluación. El efecto de las medidas fue considerable. La verdad es que la Asamblea no pretendía poner fin a una Iglesia a la que todavía se veía como fundamento del orden moral. Se había prometido apoyo estatal al clero y a su labor educacional y caritativa. En cambio, era poca la simpatía que despertaban las «inútiles» órdenes contemplativas y las dedicadas a la enseñanza y a la caridad, consideradas ineficaces y derrochadoras. Los decretos del 13 de febrero de 1790 y el 18 de agosto de 1792 decretaron su disolución. Por desgracia, pese a las buenas intenciones de las distintas asambleas en materia de educación y beneficencia, el resultado fue negativo. Las urgentes necesidades financieras de la guerra frustraron pronto todo logro real. Con todo, la asistencia pública como responsabilidad del Estado y, en particular, su obligación de proveer de una educación libre y obligatoria e incrementar la instrucción, las virtudes cívicas y la unidad lingüística y nacional inspirarían el programa de la izquierda durante todo el siglo siguiente. De manera inmediata, desde octubre de 1789, la Asamblea empezó a intervenir activamente en la reorganización de la Iglesia. Esto y la garantía de libertad de cultos que proclamaba la Declaración de Derechos ponían en peligro la autonomía y los derechos exclusivos del clero católico. La Constitución Civil del Clero, de julio de 1790, extendió los principios de la reforma administrativa a la Iglesia, proporcionando los medios para la elección del clero en las asambleas departamentales electivas. La Iglesia quedaba sujeta al Estado y a la sociedad civil en un modo que el papa no podía aceptar. Pío VI contemporizó, pero el juramento de lealtad exigido a los clérigos en su nueva posición como funcionarios del Estado (según el decreto del 17 de noviembre de 1790) era excesivo, y en marzo y abril de 1791 el papa condenó las reformas. Al principio, el clero había saludado cordialmente la democratización de la Iglesia, pero la decisión papal obligó a muchos de los que ya habían jurado (entre el 50 y el 60 por 100) a retractarse. Su decisión original reflejaba en gran medida la actitud de sus parroquianos respecto al régimen revolucionario y, significativamente, un mapa de 1791 que registrase las decisiones de uno u otro signo se correspondería bastante con los que ilustran la división política entre la izquierda y la derecha hasta la década de los cincuenta.

Las políticas anticlericales y antirreligiosas que adoptaron las autoridades para imponerse a la Iglesia reforzaron la decisión de muchas comunidades de defender su derecho a un párroco, como intermediario vital entre Dios y los hombres. Más que ninguna otra cosa, esto sentó los pilares para una resistencia multitudinaria a la Revolución. Los temas religiosos seguirían ocupan un lugar central en el conflicto político a lo largo del siglo siguiente. Más inmediatamente, en febrero de 1791 unos 200 diputados –en su mayoría nobles y sacerdotes– habían dejado de asistir a las reuniones de la Asamblea Nacional Constituyente y estaban optando por formas extraparlamentarias de resistencia. Al menos hasta el verano de 1790, y a excepción de las clases antes privilegiadas, el régimen que había eliminado o suavizado el peso de los derechos señoriales, impuestos y diezmo, contó con amplio apoyo. La ocupación de tierras fue un elemento importante en la creación de un partido prorrevolucionario. La incautación de las propiedades de la Iglesia y, después, las de los émigrés (sólo aproximadamente la mitad eran nobles) por el decreto del 3 de junio de 1793 afectó a un 15 por 100 del territorio nacional. A pesar de que se había prometido facilitar el acceso de los pobres a la propiedad, dividiendo las propiedades en parcelas de menor tamaño y permitiendo el pago en doce años (decreto del 14 de mayo de 1790), la necesidad urgente de incrementar las rentas del Estado hizo que en mayo de 1791 se exigiese un depósito del 30 por 100 y el balance de más de cuatro años y medio con venta al mejor postor. Los decretos más igualitarios, del 3 de junio de 1793 y del año II, tuvieron escasa repercusión y pronto se dio marcha atrás. Así pues, no puede sorprender que los que tenían recursos aprovecharan la oportunidad para comprar en las grandes subastas. Su efecto en las estructuras sociales varió de modo considerable según las regiones y la cantidad de tierras subastadas. En particular, las propiedades de la Iglesia eran muy extensas en las ricas llanuras del norte, hasta el 30 por 100 o el 40 por 100 del suelo en Picardía; en cambio, en algunos lugares del sur no llegaban al 3 por 100. La mayoría de los nobles, quizá hasta cuatro quintas partes, soportaron la Revolución muy enojados por la pérdida de sus títulos (decreto del 19 de junio de 1790), de su poder y de su posición, con frecuencia inseguros y atemorizados, pero sufrieron escasas pérdidas materiales por la abolición de los derechos señoriales. Posteriormente, muchos emigrados pudieron, por uno u otro medio, recomponer sus haciendas, aunque no cabe duda de que, como grupo, la nobleza perdió mucho con la Revolución. Este fue, en concreto, el caso de un departamento fronterizo como el norte. Georges Lefebvre estimaba que la participación en la propiedad de las tierras siguió la evolución que muestra la tabla 1.

Tabla 1. Participación en la propiedad de la tierra (porcentaje)

Departamento del norte

1789

1802

Clero

20

0

Aristocracia

22

12

Burguesía

16

28

Campesinado

30

42

Figura 9. La Constitución Civil del Clero (porcentaje de los que prestaron juramento) (fuente: M. Vovelle [ed.], L’État pendant la Révolution, Éditions La Decouverte, 1988).

El caso del norte es poco representativo de la participación del campesinado en la compra de tierras, pero incluso allí se vieron superados por la burguesía, los propietarios existentes, los profesionales, los mercaderes y los fabricantes de manufacturas, que adquirieron dos tercios de las tierras en venta, logrando un dominio económico creciente de la ciudad sobre su hinterland rural. Las tierras suponían seguridad y posición social, además de buenos ingresos. Pese a que un número no despreciable de los campesinos acomodados podían adquirir tierras, la situación de la mayor parte de la población rural cambió poco con la Revolución. Este hecho engendró la amarga decepción del campesinado y explica su decisión de oponerse a la aplicación de decretos, como los del 10 de junio de 1793, que trataban de facilitar el cercamiento y la partición de las tierras comunales. Estas decisiones se interpretaban como un ataque a las prácticas comunales tradicionales, cruciales para la supervivencia de los más pobres. La concepción revolucionaria de la propiedad como un derecho individual, al margen de toda restricción, contaba con poco apoyo en la comunidad rural. Las masas campesinas mantuvieron una actitud dividida frente a una revolución que prometía tanto y daba tan poco. Pese a su frontal oposición a toda posibilidad de restablecer el sistema señorial o el diezmo, la mayor parte de los campesinos carecía de un compromiso real con los sucesos y pronto fueron indiferentes a todo asunto político que no los afectase directamente. Con todo, el debate nacional sobre las características del nuevo régimen y la lucha por el poder entre individuos, familias, clanes y demás grupos sociales en numerosas ciudades y pueblos prolongó la crisis política.

A pesar de todo, la Revolución había llegado a un punto de no retorno. Sus principales compromisos eran los principios de igualdad ante la ley, soberanía de la nación e instituciones representativas. Las instituciones políticas y sociales habían experimentado un cambio sin precedentes. Se había creado una nueva cultura política. Pese a que se siguió buscando un arreglo con el rey (hasta el momento cualquier otra alternativa resultaba impensable), era evidente que los diputados intentaban restringir sustancialmente los poderes del monarca. No obstante la magnitud de los cambios, había un gran consenso a favor de la Revolución, con la única excepción de una pequeña minoría de nobles y el alto clero. En estas condiciones, Luis XVI no tenía otra alternativa que hacer concesiones. En cambio, a una parte de la Corte encabezada por el hermano del rey, el conde de Artois, la situación le parecía intolerable y optó por el exilio, integrando así la primera oleada de émigrés. Pronto se unirían a ellos un creciente número de oficiales nobles, unos 6.000, incapaces de tolerar la indisciplina o de efectuar el juramento de lealtad, que se exigió desde 1791 y omitía cualquier mención al rey. Aunque se quedaron muchos oficiales que, como el joven Napoleón, se beneficiarían de la rapidez de los ascensos, los émigrés constituyeron los cuadros de la contrarrevolución.

LA RADICALIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN

A este periodo inmensamente «creativo» lo siguió una etapa que los historiadores revisionistas han tendido a rechazar desde los años sesenta por parecerles una aberración innecesaria. Mientras que historiadores de la tradición «ortodoxa», incluidos sucesivos ocupantes de la cátedra de Historia de la Revolución francesa en la Sorbona, como Albert Mathiez, Lefebvre y Albert Soboul, celebraban los logros democráticos e igualitarios de este periodo, desde la década de los setenta historiadores «revisionistas» como François Furer insisten convincentemente en que 1789 plantó las semillas de un radicalismo autoritario y fundamentalmente destructivo que ellos desechaban como una aberración innecesaria. Los militantes revolucionarios del año II, que representaban los valores igualitarios y el compromiso con la defensa de la República frente al enemigo interior y exterior, fueron marginados y destituidos como alborotadores. Existen aspectos del Terror que son ciertamente odiosos, pero algunos historiadores, apoyados por medios de comunicación conservadores, han ido demasiado lejos al presentar el Terror como el primer paso hacia el terrorismo revolucionario del siglo xx, ejemplarizado en los gulags de Stalin. Exagerando a menudo el número de víctimas, han descrito la represión de los movimientos contrarrevolucionarios de Vandée como un presagio del genocidio nazi. Esta interpretación, en lo fundamental antihistórica y sin duda histérica, sólo puede entenderse como un rasgo de la política de la derecha reaccionaria de nuestros tiempos. Pasa por alto la amenaza que suponían los reaccionarios de la época para las conquistas de 1789 y sus apoyos en el extranjero. Pese a que el desafío al privilegio y las expectativas que de él se derivaban habían creado gran tensión social, fue sobre todo el peligro de la contrarrevolución lo que radicalizó a la Revolución.

El continuo declive de la autoridad del gobierno del rey fue otra de las claves de la radicalización. Luis XVI demostró ser incapaz de dirigir a los grupos en litigio en la Asamblea de manera que, cualquiera que fuese la iniciativa, esta se desarrollaba al margen de los órganos de gobierno. Este proceso fraguaría con dificultad. Al principio, la Asamblea Constituyente había sido prácticamente unánime en su compromiso con la monarquía, aunque, señaló, Luis XVI ya no sólo reinaba «por la gracia de Dios», sino también «de acuerdo con la ley constitucional del Estado». Continuó el debate en torno a la naturaleza de la monarquía y los poderes del rey y de la Asamblea; en otras palabras, con relación a quién debía ejercer el poder. Grupos organizados de manera abierta discutían acerca de las formas de la nueva comunidad política. Una mayoría de los políticos socialmente conservadores, como Lafayette, Bailly, Sieyès, Talleyrand e incluso Mirabeau –que en secreto recibía dinero del monarca–, deseaban poner fin a la Revolución y reconciliarse con el rey. En cambio, los más radicales se movían cada vez más al margen de la Asamblea y buscaban el apoyo de las clases populares de París. El nivel de movilización de las masas en la capital, escaso en un principio, aumentó con rapidez debido a las actividades de los clubes políticos, que se reunían en lugares como el antiguo convento de los dominicos (jacobinos) o de los franciscanos (cordeliers) e imprimían una enorme cantidad de hojas informativas y periódicos efímeros, como el Ami du peuple de Jean-Paul Marat y el Patriot français de Brissot. La competencia, primero entre nobles y no nobles, y después, entre los grupos burgueses de los feuillants, los girondinos y los jacobinos y su esfuerzo por lograr el apoyo popular, tuvo como resultado la democratización política, pero llevó también a una agudización del conflicto. Bajo la influencia de los profesionales y los periodistas, que participaban en los clubes, se crearon sociedades que se agitaban a favor de la ampliación del derecho de sufragio, de referendo y del derecho de destituir a los diputados. La baja clase media de comerciantes, artesanos y obreros especializados que formaba parte de estos grupos compartía un creciente compromiso con la democracia, el desdén por la moderación de la Asamblea Constituyente y el mismo recelo ante el monarca. Esto ya se pudo observar el 5 de octubre de 1789, cuando las masas obligaron al rey a abandonar el palacio de Versalles y dirigirse a las Tullerías. La Asamblea también hubo de desplazarse. Estaba en marcha un proceso de educación política y de politización de la vida cotidiana. El contenido y los objetivos de la política estaban transformándose.

Era evidente que, aunque se le obligaba a hacer concesiones, Luis XVI participaba de mala gana en el proceso de reforma política. Las sospechas en torno al monarca y sus consejeros aumentaron, y alcanzaron el punto culminante el 23 de junio de 1791, cuando la familia real trató de huir de Francia dejando tras de sí un memorando justificativo de quejas sobre los límites impuestos al derecho del rey de nombrar funcionarios, la capacidad real de vetar la legislación y la creciente influencia radical de los clubes. Para muchos, la huida hasta Varennes, donde el rey fue arrestado, rompió de manera definitiva la magia de la monarquía. Simultáneamente, el deseo de un gran número de diputados de encontrar alguna forma de acuerdo con el desacreditado monarca intensificó la tensión política. En la Asamblea, los moderados, como Antoine Barnave, deseaban conservar una monarquía fuerte por temor a que una República degenerase en la anarquía. Por su parte, los radicales Georges Danton, Camille Desmoulins y Robespierre hacían campaña para someter a juicio a un rey que había demostrado ser traidor y perjuro. La tensión social reinaba también en las calles. El 17 de julio la Guardia Nacional, dirigida por Lafayette, dispersó brutalmente a una muchedumbre pacífica que se había reunido en el Campo de Marte para firmar una petición en contra de la rehabilitación del rey, lo que causó unas 50 víctimas. En esta fase, incluso los antiguos liberales reclamaban un paso radical para establecer una República. Cuando la Asamblea Constituyente remató sus trabajos, la sucedió la Asamblea Legislativa, que promulgó la Constitución del 13 de septiembre de 1791. La monarquía estaba ya profundamente desacreditada.

El mandato de la Asamblea Legislativa, del 1 de octubre de 1791 al 20 de septiembre de 1792, fue corto pero crucial. Se aboliría la monarquía y la Revolución se radicalizaría todavía más a causa de la guerra, la amenaza contrarrevolucionaria y los desórdenes que provocaron la escasa cosecha y la inflación. La Asamblea Constituyente había prohibido la reelección, de manera que los nuevos diputados eran neófitos en política nacional. En su composición había menos clérigos y antiguos nobles, si bien muchos diputados procedían de la próspera clase media de los propietarios y profesionales con experiencia en el gobierno local. No cabe duda de que la gran mayoría habría sido partidaria de una política moderada. Así, 250 de los 745 miembros pertenecían al club de los feuillants; sólo habían sido elegidos 136 jacobinos, y algunos se pasaron después al partido de los girondinos, así denominado por pertenecer muchos de sus líderes (Pierre Vergniaud, Marguerite-Elie Guadet, Armand Gensonné y Jean-François Ducos), al departamento de Gironda. A pesar de las divergencias, la práctica totalidad de los diputados suscribía los principios de 1789. Por esta razón, incluso los moderados, como los «patriotas», creían en la urgencia y legitimidad de adoptar medidas represivas contra los nobles emigrados y el clero refractario –el partido aristocrático–, y apoyaban más las posturas de los jacobinos que las más prudentes de los feuillants. Conjuntamente tomaron la decisión del 20 de abril de 1792, a favor de una acción militar contra los emigrados que amenazaban las fronteras, y contra los «déspotas» que los protegían. Esta decisión que, en efecto, desencadenó la guerra con las potencias europeas, estaba muy influida por el conflicto interno. El rey aceptó la decisión con la esperanza de ver derrotada a la Revolución. Lafayette y sus socios pensaron que el prestigio de una victoria bélica les permitiría aplastar a los jacobinos. Brissot y los girondinos, convencidos de la existencia de una conspiración internacional para restaurar el ancien régime mediante la invasión y la subversión interna, confiaron en la capacidad del ejército revolucionario para aplastar a sus oponentes y liberar Europa. Este sueño seducía también a muchos jacobinos, con la única excepción de Robespierre, quien arengaba en el club jacobino contra los peligros de la guerra. La situación militar se deterioró rápidamente y en julio hubo que aceptar que la patria estaba en peligro (la patrie en danger). La guerra tuvo un impacto decisivo en la situación política interna.

Por entonces las diferencias entre los diputados que deseaban un arreglo con el rey y los militantes políticos decididos a lograr la victoria a cualquier precio eran ya insuperables. En agosto, la publicación del manifiesto contrarrevolucionario del duque de Brunswick, quien dirigía al ejército invasor prusiano y austriaco, dio alas al apoyo popular partidario de una acción contra el rey y contra otros políticos subversivos y corruptos. Al recibirse la noticia de las victorias militares prusianas en la frontera oriental y aumentar el temor a un complot contrarrevolucionario, estalló el conflicto entre la Asamblea y la Comuna de París y los clubes radicales. El 9 y 10 de agosto unos 25.000 miembros de las sociedades populares y de la democrática Guardia Nacional asaltaron las Tullerías, mataron a unos 600 soldados de la Guardia Suiza del rey e hicieron prisionero al monarca. Las tropas abandonaron a Lafayette, quien intentó marchar sobre París y restaurar el orden constitucional. Entre el 2 y el 6 de septiembre, ante la creciente amenaza de invasión y el miedo a la traición, se ejecutó en París a 1.400 prisioneros políticos. La mayor parte de los conservadores de la Asamblea Legislativa huyeron, dejando a la mayoría girondina al mando. Bajo la presión popular, se efectuó una votación en virtud de la cual se suspendió al rey de sus funciones. Se reunió entonces la Convención para preparar una nueva Constitución que, una vez finalizada la era monárquica, garantizaría la libertad y la soberanía popular. La elección se llevó a cabo por sufragio universal masculino (con la excepción de los sirvientes domésticos, a los que se juzgaba faltos de independencia), aunque se trataba también de una elección indirecta. Durante las siguientes semanas, los girondinos decretaron la deportación del clero refractario, la abolición definitiva de los derechos señoriales sin compensación y la subasta de las propiedades de los emigrados, medidas que el rey había bloqueado previamente. Incluso entre los comprometidos con la victoria había diferencias en cuanto a la táctica militar y política, y los miembros de los grupos en litigio se acusaron mutuamente de traición. A pesar de estas medidas aparentemente radicales, los líderes girondinos fueron cada vez más censurados por los radicales parisienses por oponerse a la sublevación del 10 de agosto, a la destitución del rey y a la imposición de controles sobre la provisión de alimentos.

Lámina 14. El asalto a las Tullerías, 10 de agosto de 1792. Pintura de Jacques Bertaux. Museo Nacional del Palacio de Versalles. Foto: Giraudon/the Bridgeman Art Library.

La Convención Nacional gobernaría Francia desde septiembre de 1792 hasta noviembre de 1795. Muestra de la indiferencia popular y de los límites de la politización es el hecho de que en su elección sólo participaron unas 700.000 personas, frente a un electorado potencial de 7 millones. Al igual que en las Asambleas precedentes, predominaban los burgueses prósperos. El 10 de agosto de 1793, primer aniversario del asalto a las Tullerías, se promulgó una nueva Constitución. Aunque se suspendió su entrada en vigor debido a la crisis militar, indicaba sin ambages el deseo de ganar el apoyo popular mediante una única Cámara, elegida por sufragio directo y masculino, que elegiría, a su vez, al Ejecutivo. Además de la libertad que proclamaba la Declaración de Derechos de 1789, su preámbulo garantizaba los derechos de asistencia pública, educación e incluso insurrección contra la opresión. A pesar de ser el documento constitucional más democrático de la época, pronto lo oscureció la enconada división de las facciones, sobre todo entre los girondinos y los montañeses (montagnards o diputados radicales que ocupaban los escaños de la izquierda, en lo alto de la Asamblea), surgidos de las filas del club de los jacobinos y liderados por personalidades eminentes de la delegación parisiense, como Robespierre, Danton y Marat. Ambos grupos luchaban por el apoyo de la mayoría de los diputados independientes, la llamada «llanura». Aunque existía un consenso generalizado respecto a asuntos fundamentales, como la necesidad de proteger la propiedad privada, la defensa de la Revolución y una política exterior agresiva para lograr la «fraternidad y ayuda mutua» de los oprimidos pueblos de Europa, las divergencias políticas eran explosivas. Los montañeses creían que sus adversarios carecían de un compromiso real en la campaña para acabar con la contrarrevolución y mostraban un apoyo tibio al juicio y posterior ejecución del rey, que tuvo lugar el 21 de enero de 1793. Por su parte, los girondinos sospechaban que los jacobinos estaban planeando utilizar el violento apoyo popular para imponer la dictadura de París sobre las provincias. La lucha por el poder en la Convención se agudizó al agravarse la crisis militar, en la primavera y verano de 1793, y parecer más necesario que nunca la adopción de medidas para combatir a los enemigos internos de la República. Las noticias sobre la traición del general Dumouriez, quien mantenía contactos con los austriacos, y las manifestaciones populares de París contribuyeron a que el Parlamento apoyase la purga de los líderes girondinos y el terror contra los enemigos de la nación. Los jacobinos más extremistas llamaron al «pueblo» para salvar a la Revolución de la traición de «los ricos».

Lámina 15. La ejecución de Luis XVI, 21 de enero de 1793. Última ruptura simbólica con el ancien régime y un desafío a las testas coronadas de Europa. Foto: the Stapleton Collection/the Bridgeman Art Library.

El esfuerzo militar creó graves problemas. Había que formar, equipar y alimentar a las tropas. Se agudizó la crisis financiera del Estado. Al emitirse mayor cantidad de papel moneda (assignats), se disparó la inflación. A pesar de la buena cosecha de 1792, los trastornos de la guerra y la inflación causaron una importante escasez de alimentos. La movilización de hombres y recursos conduciría al disenso interno. En parte, esto se debía a la escala misma de la movilización, que implicaba un llamamiento generalizado a las armas (levée en masse) y, cuando la multitud de voluntarios resultó insuficiente, se recurrió al reclutamiento obligatorio. En el verano de 1792 el número de hombres ascendía a 400.000, casi todos reclutados en 1789. Pese a la emigración masiva de los nobles, los oficiales eran casi siempre soldados profesionales que debían su rápido ascenso a su propia capacidad y a la Revolución. Su victoria sobre el duque de Brunswick en Valmy, el 20 de septiembre de 1792, salvó a la Revolución y «liberó» la orilla izquierda del Rin. La siguiente victoria de Jemappes permitió la ocupación de los Países Bajos austriacos (aproximadamente el territorio de la Bélgica moderna), pero ponía en peligro los intereses estratégicos y comerciales de Inglaterra y Holanda, y la Convención les declaró la guerra en febrero de 1793. A partir de ese mes, sin embargo, lo que quedaba del antiguo ejército regio y de los nuevos batallones de voluntarios se amalgamaron para constituir una fuerza de combate más eficaz. Pese a la emigración masiva de nobles, los oficiales eran principalmente soldados profesionales que debían su a menudo rápida promoción a su propio talento y a la Revolución misma.

En muy gran medida, la instauración del sistema de gobierno conocido como el Terror determinó las actitudes tanto de los contemporáneos como de los comentaristas posteriores hacia la Revolución. Sin embargo, no debería considerarse simplemente como una violencia insensata. Muchas de las medidas adoptadas podrían justificarse como respuestas a las derrotas de la primavera de 1793, a la nueva amenaza de la contrarrevolución y a la demanda de una acción decisiva por los clubes parisienses y las sociedades populares. Se planteó como un recurso temporal; tal y como señalaba un decreto de octubre de 1793, el gobierno de Francia sería «revolucionario hasta que reine la paz». La voluntad de la Convención se cumpliría ahora a través de los ministros, que informarían a sus comités y, en concreto, al Comité de Salvación Pública (una especie de gabinete de guerra que ejercía funciones de supervisión general) y al Comité de Seguridad General, responsable de dirigir el país. Estas instituciones suplantaron al Cuerpo Legislativo mientras duró la situación de emergencia. En provincias actuaban a través de las autoridades electivas locales y los clubes populares jacobinos, aunque los delegados de la Convención, représentants en mission, eran la máxima autoridad. En caso de necesidad podían acudir al ejército, a los guardias nacionales o a las armées révolutionnaires, grupos de civiles armados que existían en una tercera parte de los departamentos. Estaban compuestos por los entusiastas jacobinos de las ciudades, decididos a imponer las virtudes republicanas y el estilo de una revolución eminentemente urbana sobre el recalcitrante mundo agrario. La evolución mostraba, en cierto modo, la vuelta a un gobierno centralizado y el reforzamiento del Estado tras el breve experimento de la descentralización. Con todo, las condiciones divergían mucho y la puesta en práctica del Terror estuvo lejos de ser uniforme. Se siguió dependiendo de la buena voluntad de los funcionarios locales, con frecuencia muy comprometidos con las facciones en lucha e indiferentes a los sucesos del exterior u hostiles a la interferencia de los delegados del Estado en los asuntos de su comunidad. Los partidarios de una radicalización de la Revolución parecen haber sido muy numerosos en París y en algunas de las principales ciudades, en las amenazadas regiones fronterizas y en algunos puntos del centro y del sudoeste. Se calcula que se llevaron a cabo 17.000 ejecuciones «legales», a las que habría que sumar las muertes no autorizadas de entre 30.000 y 40.000 personas. El asesinato judicial y la masacre de prisioneros pueden explicarse pero bajo ninguna circunstancia justificarse. La mayoría de las víctimas eran trabajadores manuales o campesinos, aunque, en proporción, sin duda fue la nobleza la que más sufrió. El impacto del Terror fue aún mayor debido a las numerosas detenciones y al cautiverio, que afectaron a unas 500.000 personas, alrededor del 3 por 100 de la población adulta. Todo ello creó gran ansiedad incluso en los pueblos más aislados.

La movilización militar, la necesidad de alimentar al numeroso ejército y el caos del mercado de los alimentos que habían creado las turbulencias, la inflación y las pobres cosechas añadieron a los demás males la preocupación casi obsesiva por la subsistencia. La reducción del poder adquisitivo y el alto desempleo se hicieron más severos debido a la pérdida de mercados exteriores en la guerra. La tensión social y las grandes protestas populares, con revueltas en numerosos lugares de mercado e intentos de quebrar la comercialización de los alimentos, amenazaban el aprovisionamiento de las ciudades. Creció la animadversión hacia un gobierno que no podía garantizar la subsistencia de los pobres. En estas circunstancias, aunque apoyaba el libre comercio, en mayo y septiembre de 1793, la Convención se vio obligada a imponer un precio máximo para el trigo e hizo del acaparamiento especulativo ofensa capital. Robespierre insistía en que «la existencia es el primero de los derechos». Pero las medidas pretendían ser sólo temporales, una concesión al esfuerzo bélico y a las presiones de los tenderos de París, los artesanos y los trabajadores, es decir, a los llamados sans-culottes, que llevaban pantalón largo en vez de calzones y, por extensión, a todos los que trabajaban con sus manos. En realidad, la falta de medidas efectivas ante la mala voluntad de mercaderes y campesinos, atraídos por los precios del mercado negro, y el obstruccionismo de muchas municipalidades rurales hicieron sumamente ardua la aplicación del control; el mismo intento y la incautación causaron gran agitación, por lo que el gobierno revolucionario deseaba ardientemente acabar con el experimento, y el Terror económico se relajó incluso antes de la caída de Robespierre y fue definitivamente arrinconado el 24 de diciembre de 1794.

Otra manifestación del Terror fue la campaña de descristianización promovida en algunas zonas durante el otoño de 1793 y la primavera de 1794. Unía el sentimiento antirreligioso intelectual y el anticlericalismo popular, y cobró nuevos bríos cuando el clero refractario se asoció al fanatismo contrarrevolucionario. Entre sus manifestaciones estaba la presión para que los clérigos dejaran de ejercer sus funciones, la destrucción de imágenes religiosas y la clausura de las iglesias, la caza de clérigos disidentes y, finalmente, el intento de crear un nuevo culto revolucionario fundamentado en la Razón y el Ser Supremo. La desacralización de la vida cotidiana incluyó la adopción de un nuevo calendario en el que desaparecía el domingo. Esta campaña obtuvo distintos resultados. En buena medida dependió del entusiasmo de los représentants en mission. Ciertamente, se había destruido la credibilidad de la Iglesia oficial y constitucional, y en muchos lugares se debilitó la observancia del culto religioso, sobre todo en algunos puntos de la región de París, Normandía, el corredor del Ródano y en el centro, donde la influencia de la Iglesia era ya débil. En muchos otros lugares se reforzó el apoyo al clero como reacción ante el ataque a las prácticas religiosas tradicionales.

Al tomar estas medidas, la Convención estaba haciendo concesiones a las clases populares parisienses, trabajadores y maestros de los gremios de París, que habían participado en todas las manifestaciones masivas desde la toma de la Bastilla. Gracias a su ayuda había prevalecido la Revolución. El estallido de la guerra y la contrarrevolución habían radicalizado el liderato revolucionario y reforzado su dependencia del apoyo de las masas. Las facciones políticas de la Convención podían apelar a los que quedaban al margen de sus muros. Entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 1793, los miembros de los órganos del gobierno local parisiense, de las sections y de la municipalidad instaron al arresto de los dirigentes girondinos y a una acción bélica más enérgica. Los diputados se vieron obligados a aceptar el 4 y 5 de septiembre, cuando nuevas manifestaciones demandaron el establecimiento de un «gobierno revolucionario». En ausencia de una burocracia estatal o un partido monolítico, si el gobierno quería imponer el aprovisionamiento de alimentos, a la represión política no le quedaba otra alternativa que recurrir a las sociedades populares locales y a las armées révolutionnaires, compuestas en su mayor parte por los sans-culottes y repetidoras de eslóganes como guerre aux tyrans (guerra a los tiranos), guerre aux aristocrates (guerra a los aristócratas) o guerre aux accapareurs (guerra a los especuladores). Los clubes proliferaban y en el año II se extendieron a muchas áreas rurales. Varían las cifras relativas a su importancia, entre 5.000 y 8.000, y 500.000 y 1 millón de miembros, lo que implicaría uno de cada 12 o de cada 6 varones adultos, aunque los activistas regulares debieron de ser muchos menos. Sus líderes siguieron siendo sobre todo profesionales burgueses o terratenientes, pero, como resultado del proceso de politización, fue patente alguna democratización.

Los sans-culottes, y en particular sus miembros más activos, eran un grupo socialmente heterogéneo, con distintos intereses, compuesto por maestros artesanos, jornaleros y tenderos, es decir, los elementos más instruidos y prósperos de las clases populares. Los más pobres fueron indiferentes o se sintieron excluidos. Los cerrajeros, carpinteros, zapateros y sastres parecen haber sido los más activos. Las lealtades de pertenencia gremial y vecinal les daban un sentido de unidad, y en algunas ciudades provinciales, así como en algunos barrios de la capital, les hizo ser capaces de organizar la acción política en encuentros y manifestaciones y, en París, en reuniones regulares de las sections. Condenaban en los términos más feroces a todos los sospechosos de ser tibios hacia la Revolución y, sobre todo, a los «ricos y corruptos», ya fuesen aristócratas, financieros, terratenientes, mercaderes o especuladores en general, a los que acusaban de explotar a los pobres. Su hostilidad era en parte una forma difusa de antagonismo de clases. Más que compartir una ideología política sistemática, suscribían el conjunto de los valores igualitarios. Les parecía injusto que algunos ciudadanos tuviesen propiedades importantes, mientras que otros vivían en permanente inseguridad, o que algunos consumidores tuviesen abundante bebida y alimentos, mientras que una multitud a menudo renunciaba a ellos. Su ideal era una comunidad en la que todos tuviesen que trabajar y en la que cada familia pudiese alcanzar una posición y tener la seguridad de poseer una pequeña propiedad; en definitiva, una sociedad en la que los ricos se viesen privados de las cosas superfluas para poder atender a los pobres. Pese a suscribir el derecho a la propiedad privada, creían que «las necesidades del pueblo» debían limitar el derecho absoluto a la propiedad. Un símbolo era el pan, que debía tener un precio asequible, al alcance de todos. Además, exigían el derecho a intervenir en las decisiones del gobierno, no sólo mediante la elección de diputados, que debían ser destituidos cuando se apartasen de las instrucciones, sino también por medio del derecho de súplica, una forma de soberanía popular que constituía una evidente amenaza para los derechos de las Asambleas electivas. Así, las masas empezaron a asumir y adaptar los lemas e ideales de los grupos políticos en litigio por el poder y amenazaron con convertirse en una fuerza política independiente. Los líderes de este movimiento no se ocuparon mucho de arbitrar un sistema de coordinación de su acción ni en París ni en provincias. Sus actividades siguieron siendo, en lo fundamental, locales.

El principal vínculo entre este movimiento popular y los jacobinos era el compromiso que ambos habían contraído respecto a la defensa de la Revolución. Al principio, la amenaza de la contrarrevolución encabezada por los nobles emigrados –establecidos desde 1789 en Niza, Turín, Lausana, Mannheim, Coblenza y Bruselas, donde buscaron el auxilio de las potencias europeas y organizaron redes para conspirar en Francia– se agravó por el aumento de la resistencia popular a la Revolución. Parecía una «vasta conspiración contra la libertad de Francia y la futura libertad de la raza humana» (Hérault de Séchelles). Varias razones explican esta evolución. Una característica del movimiento, y en verdad su principal debilidad, era su localismo. En efecto, había gran resentimiento por la interferencia de la nueva Administración en los asuntos comunales. En muchas zonas la acción coercitiva, que se servía del ejército, de los guardias nacionales urbanos y las armées révolutionnaires, era mucho mayor que durante el Antiguo Régimen. Por lo demás, desde 1790 buena parte de la población había empezado a creer que los sacrificios que la Revolución le exigía superaban con mucho los beneficios que le reportaba. No obstante, el rechazo al jacobinismo no implicaba necesariamente la ayuda a la contrarrevolución de los emigrados y aristócratas. El apoyo popular a una oposición armada estuvo muy ligado a la importancia de la cuestión religiosa. El conflicto reflejaba a menudo tensiones prerrevolucionarias. En la primavera de 1790 hubo ya una reacción en el Midi y, en particular, en el área de Montauban y Nîmes contra el creciente papel del protestantismo en los asuntos locales. El rumor de que se iba a aplastar a los católicos incrementó el sectarismo. Estos movimientos y los intentos posteriores de sublevar a los campesinos de Lozère y Ardèche, en julio de 1792 y principios de 1793, fueron fácilmente sofocados. En otras partes, el apoyo al clero que se había negado a aceptar la Constitución civil fue más peligroso.

En regiones donde la fe estaba más arraigada, el clero refractario encarnaba los ideales religiosos de la comunidad, ocupaba un lugar importante y era influyente; era preciso resistir ante los intentos de gentes extrañas para negarlo. Aun siendo una de las causas de la movilización contrarrevolucionaria, las cuestiones religiosas deben ser analizadas junto con la decepción que suscitaron las disposiciones revolucionarias sobre la propiedad, la hostilidad ante las exacciones fiscales, contra las levas forzosas y la incautación de alimentos y caballos por la que se percibía un papel moneda cada vez más devaluado. El ansia de tierras de los campesinos era tal que, incluso en las zonas donde habían apoyado al clero refractario, se apoderaron de las propiedades que antes pertenecían a la Iglesia. Los lugares en los que la solución respecto a la tierra favoreció a los grupos influyentes de la comunidad tendieron a defender, o al menos no se opusieron activamente, a la Revolución. En cambio, la frustración fue muy intensa al ver que se les escapaba la oportunidad de comprar tierras, en beneficio de los especuladores burgueses de las ciudades cercanas, y cuando la abolición del diezmo no liberó a los arrendatarios, pues fue reincorporado a sus arriendos. Durante la primavera y el verano de 1791 estalló la violencia en el oeste. En 1793, alcanzó en la Vandea y en el sur de Anjou las dimensiones de una rebelión; en puntos de Bretaña y Normandía fue menos grave. El servicio militar obligatorio y especialmente el decreto del 24 de febrero de 1793 añadieron combustible a las llamas del descontento. Los conflictos duraron hasta 1796 y, con carácter intermitente, hasta más allá de 1799. En los cuatro departamentos de la Vandea militaire, se calcula que unas 170.000 personas perdieron la vida como resultado de la guerra de guerrillas y la brutal represión, aunque tales estadísticas probablemente subestiman el impacto de los esfuerzos militares, con frecuencia indiscriminados, por despejar el país de insurgentes y de todos aquellos que pudieran prestarles socorro. Las bajas militares fueron también cuantiosas en estos conflictos domésticos. La violencia fue por consiguiente una característica primordial de la contrarrevolución lo mismo que el Terror. El peligro aumentó al aceptar los artesanos y los campesinos el liderato de nobles con experiencia militar. Por lo general la relación era tensa pues, aun cuando artesanos y campesinos luchasen por la misma causa que los nobles, ello no suponía que deseasen la restauración íntegra del ancien régime.

El «federalismo» dificultó aún más las cosas. A muchos moderados les parecía que una minoría de diputados, apoyados por el movimiento popular de París, quería usurpar los derechos de los representantes electos de la nación. La democratización del gobierno local, la emergencia de un jacobinismo popular «extremista» y la amenaza que ello suponía para las relaciones sociales vigentes hicieron crecer la alarma. En la primavera de 1793 surgió un movimiento de resistencia al Terror. Atrajo a sus filas a los liberales monárquicos pero, sobre todo, a los republicanos conservadores de ciudades como Burdeos, Lyon, Marsella, Nîmes, Montpellier, Toulon y Caen. En todos estos lugares las clases medias altas deseaban que se defendiese la libertad, el orden y la propiedad, y se oponían a la anarquía implícita en las propuestas de una ley agraria que suponía una redistribución de la tierra y la leva de préstamos forzosos por parte de los «ricos». En una época en la que los sucesos de Vandée y la guerra en el exterior exigían grandes sacrificios y recursos militares, esta nueva amenaza a la supervivencia de la República fue interpretada por los jacobinos como una forma odiosa de traición. Cuando los federalistas de Lyon y Marsella, desesperados, nombraron a los realistas para dirigir su ejército, y los de Toulon apelaron a los ingleses y les entregaron buena parte de la flota francesa, quedaron expuestos a brutales represalias.

En agosto de 1793 los realistas o los federalistas actuaban en cerca de 20 departamentos. La escasez de tropas hizo que el gobierno central perdiese el control de extensas áreas. No obstante, la República resistió. La falta de coordinación del ejército de los federalistas favoreció su derrota. Vandée, capaz de movilizar a 30.000 hombres, planteaba problemas militares de mayor alcance, pero a finales de año también fue vencida. La continua actividad de la guerrilla –la chouannerie, en algunos puntos de Vandea, Bretaña y Normandía–, tan difícil de sofocar a causa del conocimiento del terreno que tenían los activistas, de la difícil topografía y del apoyo de la comunidad hizo más intrincado el círculo vicioso de matanzas y represalias y creó odios perdurables.

Mientras la Revolución estuvo en peligro, sus defensores compartieron un imperioso sentido de unidad. Sin embargo, con las victorias militares del otoño y el invierno de 1793 frente a los enemigos del exterior y del interior aparecieron las fisuras. Se intensificó la lucha entre las facciones. Desde el otoño de 1793 Danton y sus aliados insistieron en la necesidad de suavizar el Terror. Jacques Hébert, por el contrario, quería endurecerlo. Robespierre y sus seguidores aislaron políticamente a ambos grupos, y entre marzo y abril de 1794 se guillotinó a sus líderes. El Comité de Salvación Pública estaba decidido a restablecer la autoridad gubernamental en la capital, y a controlar el movimiento popular que ejercía sobre él una constante presión en pro de la radicalización. La incorporación de muchos militantes en la floreciente burocracia o en el ejército facilitó las cosas. Otros estaban demasiado asustados, desilusionados o fatigados como para seguir trabajando en política. La pérdida de espontaneidad probablemente era inevitable. Entre enero y abril de 1794 se acabó con el liderato y la organización del movimiento popular parisiense y, de forma simultánea, con algunos de los más firmes partidarios del radicalismo revolucionario.

Se aplastaron rápidamente los ensayos posteriores de los sans-culottes, quienes recurrieron a la fuerza para defender su concepción popular de la democracia. Pero el éxito de los jacobinos les había enajenado la simpatía popular por la que llegaron al poder en el verano de 1793. Por otra parte, muchos miembros de la Convención habían aceptado el Terror como una solución con carácter temporal. Las victorias militares de junio y julio de 1794, obtenidas gracias a la dirección de los oficiales recién ascendidos, a la superioridad numérica francesa y a la división de las tropas enemigas, pusieron fin a la amenaza de invasión y dejaron al Terror sin justificación. La mayoría de los diputados detestaban el supuesto proyecto de Robespierre de hacer del Terror una forma permanente de gobierno con el que crear un nuevo orden moral. Eran contrarios a la ejecución de personalidades de sus propias filas y, en concreto, a la de Danton. ¿Quién se podía sentir a salvo? El Comité de Salvación Pública estaba dividido tanto en el terreno personal como en el político. Cuando el 26 de julio de 1794 Robespierre denunció ante la Convención a Joseph Cambon, Jacques-Nicolas Billaud y otros, los acusados se defendieron con denuedo y lograron un clamoroso apoyo. Al día siguiente, la Asamblea votó el arresto de Robespierre y sus aliados y procedió a su rápida ejecución. La reafirmación del poder soberano del Parlamento vino secundada por el recorte de los poderes de los comités. Se emprendió la purga de los sospechosos de jacobinismo y de los sans-culottes en la Administración y la Guardia Nacional, y se clausuraron o reprimieron las sociedades populares. Se liberó a los presos políticos y los diputados girondinos aún vivos recuperaron su escaño. Estos sucesos del mes de Termidor, en el año II del calendario revolucionario, marcaron el comienzo de la transición a un régimen más conservador.

Lámina 16. La República conservadora, Termidor del año II (28 de julio de 1794). Las tropas leales a la Convención llegan al Ayuntamiento de París para arrestar a Robespierre. Grabado de Helman, según C. Monnet. Biblioteca Nacional, París, Cabinet des Estampes. Foto: Giraudon/the Bridgeman Art Library.

LA REPÚBLICA CONSERVADORA

El periodo se inició con unas condiciones de miseria extrema y generalizada debidas a la peor crisis de subsistencia que había padecido el país desde 1709. La causa era la pobreza de las cosechas de 1794 y el largo y duro invierno de 1794 a 1795. Las revueltas populares del primero de abril y del 20 al 23 de mayo en París estallaron sobre todo por el desesperado deseo de un descenso en el precio del pan pero bajo el eslogan «pan y Constitución del 93». Fueron fácilmente sofocadas por las tropas y la Guardia Nacional de los barrios acomodados de París. Era el fin de los sans-culottes como movimiento político significativo para los próximos treinta y cinco años. El 23 de agosto se decretó la clausura de los clubes políticos y de las sociedades populares que todavía existían. El frío, el hambre y la represión se cobraron su precio. Se recurrió cada vez más al juicio sumario de los tribunales militares. La posterior conspiración de François-Noël Babeuf (que defendía la abolición de la propiedad privada) para tomar el poder finalizó prematuramente con su arresto en mayo de 1796 y dio una nueva excusa para detener a los sospechosos. La Convención podía ya completar su tarea y preparar una nueva Constitución. La Constitución democrática del verano de 1793, aprobada pero nunca aplicada, parecía peligrosamente igualitaria. En contraste, la Constitución del año III preveía la creación de un órgano legislativo bicameral con un Consejo de los Ancianos (Conseil des Anciens) y un Consejo de los Quinientos (Conseil des Cinq-Cents). La elección era indirecta. Se elegía de entre aproximadamente un millón de varones, alrededor del 20 por 100 del electorado, a los miembros de las Asambleas departamentales, cuyos 30.000 miembros elegían, a su vez, a los diputados. El sufragio masculino se concibió como una solución a la anarquía y al despotismo. Además, como garantía frente a una posible victoria electoral de los realistas, se estipuló que dos tercios de los diputados elegidos para el Conseil des Cinq-Cents y de los Anciens fuesen miembros de la Convención. Se mantuvo el principio de igualdad ante la ley y se garantizaron firmemente los derechos de propiedad. Pero el documento silenciaba el derecho al trabajo, a la asistencia pública y a la educación básica, que habían defendido los jacobinos. A partir de ahora serían materias de responsabilidad individual y no estatal. Lo cierto es que el fin de los controles económicos asociados con el Terror parecía confirmar la indiferencia del régimen hacia el sufrimiento popular. Se invistió del poder ejecutivo a un Directorio de cinco miembros. Pero, para evitar una repetición de la dictadura, se impuso una rigurosa separación de poderes.

El nuevo régimen tendría que estar permanentemente alerta frente a los riesgos de una izquierda jacobina y una derecha realista, y necesitaría desesperadamente de una base social y política a la que pudiese considerar propia. El peligro que entrañaba la búsqueda de un equilibrio fue pronto evidente. El descontento por la perpetuación en el poder de la Convención condujo a la sublevación de París del 5 de octubre de 1795 y forzó al régimen a buscar el apoyo de la izquierda. Esto sólo le sirvió para enajenarse la voluntad de su electorado natural: los notables moderados.

La alianza con la izquierda no podía ser más que una maniobra táctica a corto plazo. Pese a que el peligro monárquico indujo a buscar en numerosas ocasiones la unidad republicana, el miedo en los círculos gobernantes de que pudiese derivar en un renacimiento de la alianza entre los jacobinos y las clases populares los llevó a la represión. De manera similar, la apertura hacia la derecha, como en el caso del decreto del 21 de febrero de 1795 que establecía la libertad de conciencia religiosa, tuvo demasiadas restricciones como para tener éxito. Lo cierto es que la amenaza monárquica parecía muy real. Se podía detectar diariamente en el atuendo, la afectación y la arrogancia de la llamada jeunesse dorée (juventud dorada) de París. Se ponía de manifiesto también en las continuas insurrecciones del oeste, contra las que Hoche utilizó la fuerza militar en la primavera de 1795, desplegando en el campo un contingente de 100.000 hombres, organizado en columnas volantes. En los pueblos del valle del Ródano y en el sudeste se vengaron los antiguos excesos jacobinos. Se los intimidó o condenó al ostracismo y algunos fueron ejecutados. El año más sangriento de este Terror Blanco fue 1795 y se mantuvo hasta, al menos, 1802, como venganza y reafirmación de la jerarquía social. La purga en la Administración de los simpatizantes del jacobinismo y el derrumbamiento del gobierno local ante desertores, prófugos y bandoleros dejó a los antiguos militantes al descubierto. El activismo realista era obvio. A pesar de la burda intransigencia de las demandas de Luis XVIII en la declaración de Verona del 24 de junio de 1795 a favor de la restauración de la «antigua Constitución», las posteriores elecciones revelaron un apoyo considerable a la monarquía entre el electorado más acomodado. Tanto es así que, tras el golpe de Estado del 4 de septiembre de 1797 –el 18 Fructidor del año V–, el Directorio tuvo que anular los resultados electorales de más de la mitad de los departamentos, reactivar la legislación contra los emigrados y clérigos, y emprender una nueva purga en la Administración. Se había violado la Constitución.

El régimen termidoriano y el del Directorio han tenido mala prensa. No obstante hay que tener en cuenta las dificultades que tuvieron que vencer. El fin del Terror no puso término a los problemas creados por la guerra civil y la guerra en el exterior, ni tampoco a los surgidos por las malas cosechas. Aunque el Directorio hizo grandes progresos para acabar con la inestabilidad financiera causada por la depreciación masiva de los assignats, las purgas de la burocracia y el Parlamento debilitaron considerablemente la autoridad del gobierno central y acabaron por aislarlo. Su supervivencia se debía a la habilidad de hombres como el vizconde de Barras y Lazare Carnot y, en particular, a la división y fragilidad de sus adversarios. Con todo, corría gran riesgo, pues la guerra y su propio aislamiento lo hacían cada vez más dependiente de las fuerzas armadas. Las victorias militares, que mantuvieron al ejército fuera de Francia y ocupado en los saqueos y en vivir del campo, aligeraron las dificultades financieras del régimen. Además, sus oficiales superiores se oponían a la restauración realista, que habría amenazado su propio estatus, y al renacimiento de los jacobinos, que impondrían un control civil sobre sus actividades. El afán de someter a control a los generales fue rechazado. El ejército revolucionario se había transformado en una fuerza profesional, al margen de la sociedad civil.

EL CONSULADO Y EL IMPERIO

Hacia finales de los años noventa, la República, personalizada en sus pendencieros políticos, había caído en el descrédito. Muchos, incluso entre los propios diputados, deseaban un gobierno fuerte, capaz de salvaguardar el orden social y respetar la libertad personal y la igualdad ante la ley, principales conquistas de 1789. En cambio, no había acuerdo respecto a cómo lograr este objetivo. Muchos grupos buscaron el apoyo de un general influyente. Se asignó este papel a Jean-Baptiste Bernadotte, Barthélemy Joubert, Victor Moreau y, por fin, a Bonaparte. Para Sieyès y sus partidarios, temerosos de una revitalización del jacobinismo en el Directorio de junio de 1799, Bonaparte tenía claras ventajas. Además de su talento como soldado, poseía contactos muy útiles con las elites intelectuales y políticas, y era muy popular entre las tropas y la población civil. Sirviéndose del pretexto de una trama jacobina, se convenció al Legislativo para que se trasladase a Saint-Cloud, en las afueras de París; allí, del 18 al 19 de Brumario de 1799, rodeado por las tropas, se presionó para que aceptase el establecimiento de un consulado dirigido por Sieyès, Ducos y Bonaparte. Aunque el golpe había sido planeado con el objetivo de reforzar la autoridad de Sieyès y sus partidarios, pronto quedó claro que el poder efectivo estaba en manos de Bonaparte, gracias al apoyo militar. La Constitución del año VIII (1799) lo nombró primer cónsul por un periodo de diez años, otorgándole importantes poderes ejecutivos. Aunque se reconoció el sufragio masculino, al igual que antes, se mantuvo a la democracia a raya, estableciendo un sistema de elección indirecta en el que los candidatos al Cuerpo Legislativo (Corps législatif) eran elegidos por un Senado nombrado por cooptación. Por otro lado, se reprimió a la prensa y toda actividad política. Para evitar posibles dificultades con el Cuerpo Legislativo, se acordó la celebración de un plebiscito que legitimase estas disposiciones y se manipularon cuidadosamente sus resultados. Pese a que el poder de Bonaparte descansaba en el apoyo del ejército, su régimen, aunque autoritario, no desembocó en dictadura militar. Mantuvo la supremacía de la Administración civil, aunque la incesante tarea de proveer de los medios para hacer la guerra absorbió buena parte de su energía.

El problema inmediato era imponer la autoridad gubernamental en un país sacudido por el bandolerismo y el descontento político, y en el que los administradores locales habían perdido la confianza popular. Para restablecer el orden y crear un consenso en torno al nuevo régimen, se adoptaron varias medidas conjuntas: una acción militar contra los insurgentes realistas del sur y del oeste; concesiones a los católicos, por las que se restablecía el culto dominical, y una generosa amnistía de la que se beneficiaron los realistas y los jacobinos. A continuación se adoptaron otras disposiciones que tenían por objeto la consecución de una Administración más eficaz y representaban un nuevo paso en pro de la creación de un Estado centralizado: l’État bureaucratique. La ley del 7 de febrero de 1800 consagraba el sistema prefectural. Se creaba una estructura despolitizada y jerárquica, con funcionarios que, como representantes del Estado en cada departamento, gozarían de un elevado salario y alta posición. Se renunció al principio revolucionario que hacía de los funcionarios locales cargos electivos; la designación vendría de arriba. De modo significativo, el 40 por 100 de los 281 prefectos nombrados entre 1800 y 1814 pertenecían a la nobleza del ancien régime. Aunque estas medidas aumentaron la capacidad de la Administración central de aplicar las políticas gubernamentales en las provincias, no debería perderse de vista que el número relativamente pequeño de funcionarios, así como las deficientes comunicaciones, propiciaba que se continuara confiando en la cooperación de las elites locales, en especial de aquellos escogidos como alcaldes en unas 40.000 comunas. La veracidad de la mayor parte de la información estadística tan diligentemente recogida por los funcionarios napoleónicos en un esfuerzo por calcular los recursos humanos y económicos de la nación fue desde luego dudosa.

A pesar de su propia ignorancia en cuestiones administrativas y financieras, y sus frecuentes ausencias, Bonaparte demostró una enorme energía y disposición a aceptar las propuestas reformistas de administradores experimentados como Charles-François Lebrun y Charles Gaudin, este último un antiguo colaborador –como ministro de Finanzas– de Necker. Por otra parte, una recaudación más eficaz de los impuestos (ley del 24 de noviembre de 1799) y la creación de un banco central devolvieron la confianza en las finanzas del Estado. Otro progreso considerable fue la preparación de nuevos códigos legales en marcha ya antes de que se estableciese el Consulado. La nueva legislación confirmaba los principios básicos de libertad personal e igualdad legal de 1789, e intentaba proteger y regular la transmisión de la propiedad privada que, tras la desaparición de los estamentos, era el origen de la posición social. Tras la destrucción de la sociedad estamental, la propiedad se había convertido de hecho en la fuente esencial de estatus social. Como medio de conciliar a las elites colonial y mercantil, considerables recursos se dedicaron a la reinstauración en las colonias de la esclavitud, que había sido abolida en el año II.

El prestigio del régimen aumentó gracias a las victorias militares que remataron en la Paz de Lunéville (8 de febrero de 1801), por la que se establecía el dominio francés sobre el norte de Italia y la orilla izquierda del Rin, y la firma del Tratado de Amiens con Inglaterra (25 de marzo de 1802). Ni Austria ni Inglaterra podían tolerar a largo plazo la hegemonía francesa. No obstante, por el momento, la paz liberó nuevas fuerzas con las que imponer la represión interior que necesitaba Napoleón para emprender nuevas iniciativas conciliatorias. En abril de 1802 se concedió una amnistía a los que jurasen lealtad y aceptaran el reparto revolucionario de la tierra; sólo quedaban excluidos 1.000 emigrados. La noche del 15 al 16 de julio de 1802 se firmó un Concordato, negociado con el papado desde una posición de fuerza. Este documento materializaba el cinismo de Napoleón, que concebía la religión como un instrumento de control social. Sin embargo, para los católicos fue más fácil aceptar al gobierno y la causa realista se vio desarmada. El Concordato reconocía la preeminencia del catolicismo como religión de la mayoría de la población y sometía al clero al estricto control del Estado. En cualquier caso, fue acogido con alegría porque ponía fin a un periodo de enconadas disputas entre Iglesia y Estado que amenazaban los propios fundamentos de la religión tradicional. El nuevo consenso no se vio afectado siquiera por la posterior ocupación napoleónica de los Estados papales ni por la excomunión.

En agradecimiento por sus conquistas, el 6 de mayo de 1802 el Senado decidió ampliar el mandato de Napoleón otros diez años. Por su parte, el Conseil d’État (Consejo de Estado) sugirió la celebración de un plebiscito para preguntar a la nación si deseaba nombrarlo cónsul vitalicio con derecho a la designación de su sucesor. Así, los Cuerpos legislativos, compuestos por propietarios y sometidos a sucesivas purgas hasta estar conformados sólo por partidarios del régimen, otorgaron el poder a Napoleón, tratando de evitar las incertidumbres de una elección y de un gobierno parlamentario; la población, sin embargo, permaneció indiferente tras años de represión. El establecimiento del Imperio hereditario el 18 de mayo de 1804 era un instrumento más para apuntalar la seguridad de los que servían al régimen tras una serie de complots de asesinato de los realistas. Tuvo escaso efecto sobre las instituciones de gobierno, pero su valor simbólico fue inmenso al poner fin a la era revolucionaria. La nueva monarquía, como la República conservadora que la precedió, fue un régimen represivo, dedicado a asegurar el statu quo social. La censura y la autoglorificación imperial manipularon la opinión pública. Los opositores fueron víctimas de arrestos arbitrarios o de la acción represiva de la gendarmería o el ejército imperiales.

El principal objetivo de Napoleón seguía siendo establecer un gobierno efectivo, reforzar la jerarquía social, asegurar el predominio militar y político de Francia en Europa y garantizar la continuidad de su dinastía en Francia. Se creó una nueva jerarquía social basada no sólo en la riqueza, sino también en el servicio al Estado. Sus miembros, reclutados entre las clases medias y altas, se educaron en los lycées (ley del 1 de mayo de 1802), bajo estrecha supervisión estatal. Se les otorgaron distinciones, como la Legión de Honor (mayo de 1802) y la nobleza imperial (1808). Las ventajas del extenso Imperio atrajeron a hombres de distinta procedencia. Los nobles del ancien régime representaban un 22 por 100 de la nueva nobleza, el 20 por 100 procedía de las clases populares y el 58 por 100 de la burguesía. La comunidad de intereses redujo la falta de cohesión política. Pese a que la mayor parte de la vieja nobleza decidió quedarse al margen, con el paso del tiempo fueron pocas las familias que no formaron parte de la Administración civil o del cuerpo de oficiales. Los éxitos del régimen y las perspectivas de continuidad hicieron que los nobles olvidasen su antiguo desprecio por el «usurpador». Como en el ancien régime, para la burguesía un cargo siguió siendo el principal medio de ascenso social. La censura y la autoglorificación imperial manipularon la opinión pública. Los opositores fueron víctimas de arrestos arbitrarios o de la acción represiva de la gendarmería o el ejército imperiales.

Lámina 17. Austerlitz (2 de diciembre de 1805) confirmó la superioridad militar francesa tras la ocupación de Viena, que sancionó el Tratado de Presburgo. Las fuerzas austrorusas fueron derrotadas y sufrieron 37.000 bajas; 30.000 soldados fueron hechos prisioneros. Por su parte, los franceses perdieron 8.000 hombres. Grabado de Johann Moritz Rugendas. © París-Museo del Ejército, Dist. RMN-Grand Palais.

Con una Administración más eficaz, el régimen se volvió más dictatorial. Se hizo caso omiso de las instituciones representativas, pese a que la pertenencia a un colegio electoral departamental era fuente de distinción social. De hecho, desde 1802 se restringió la participación en los colegios electorales a los 600 hombres que pagaban las mayores rentas de los departamentos, como era el caso de los propietarios de tierras, mercaderes al por mayor y abogados. En la cúspide, la creciente intolerancia del emperador ante cualquier discrepancia hizo que se destituyese a ministros como Jean-Antoine Chaptal, Talleyrand y Joseph Fouché. El régimen dependió cada vez más de la voluntad y habilidad del dictador. A corto plazo, la paz religiosa, el orden social, la prosperidad material y la interminable lista de victorias militares lo protegieron de cualquier oposición. Los trabajadores que pudieron escapar al servicio militar, ya fuese por fortuna, edad o cargas familiares, se beneficiaron de la reducción de mano de obra disponible y del alza de los salarios. Los consumidores urbanos y la mayor parte de la población rural disfrutaron de las buenas cosechas habidas entre 1802 y 1809, en un periodo de prosperidad por el que el régimen demandó y obtuvo considerable crédito.

Lámina 18. Napoleón reparte Europa entre sus hermanos. Grabado de Gauthier. Museo Carnavalet, París. © Roger-Viollet/TopFoto.

Pusieron fin a este periodo la mala cosecha de 1810 y el deterioro de la situación militar. En gran medida meramente había representado la recuperación de las pérdidas del periodo revolucionario. Aunque ciertamente pueden identificarse ejemplos localizados de innovación y crecimiento, sobre todo en las industrias textil y metalúrgica de las zonas de París, Ruan, Lille y Mulhouse, protegidas por la guerra de todos los rigores de la competencia británica, la tecnología francesa había ido quedando retrasada con respecto a la de su rival.

No obstante, la guerra perpetua acabaría llevando al Imperio al colapso. El intento de Napoleón de imponer a Europa la hegemonía política y económica de Francia mediante el Sistema Continental (1806) avivó la resistencia. Exacerbaron la situación los esfuerzos por hacer de Francia la potencia económica dominante a través del Sistema Continental (1806), concebido con el fin de debilitar a Gran Bretaña mediante el boicot a sus productos desde el Continente, que se convertiría entonces en el mercado y fuente de materias primas para las manufacturas francesas.

A pesar de sus pretensiones monárquicas, los aliados percibían al emperador como la encarnación de una política exterior agresiva y revolucionaria. Más aún, la ausencia de objetivos definibles a largo plazo, aparte del dominio completo, fue con toda probabilidad la causa de que Napoleón se excediera en sus ambiciones. La reorganización napoleónica del ejército, entre 1800 y 1804, la cuidadosa preparación de la guerra y su genialidad táctica fueron ventajas de corta duración. A pesar de las formidables victorias durante la campaña de Austerlitz, y en Jena y Auerstadt, sus opositores, una y otra vez derrotados, aprendieron de sus errores. La Guerra de la Independencia española (1808-1814) supuso una enorme sangría de recursos. La invasión de Rusia en 1812, emprendida pese a los consejos en contra e inspirada por el empeño en castigar al zar por retirarse del Sistema Continental, resultó catastrófica. La superioridad numérica de la población francesa y la de los territorios anexionados en edad de ser llamada a filas desapareció con la retirada de las tropas y las dificultades para recaudar tributos entre los vencidos. El coste económico y humano de la guerra aumentó y, con él, la oposición política. Es difícil calibrar la fuerza de la oposición. Los informes administrativos solían contar al emperador y a sus ministros lo que deseaban oír: la constante lealtad y el amor del pueblo por su gobernante. Los grupos de oposición política eran tres: los republicanos, los realistas y –los más preocupantes– los fatigados por la guerra. Tras la pronta represión, y en particular tras la ola de detenciones de 1801, a la oposición republicana y popular no le había quedado otra alternativa que el grito anónimo de «abajo Napoleón» y el debate, en privado, de los grupos del viejo jacobinismo. La vigilancia policial y las persecuciones ocasionales crearon un clima de temor y moderación. Los grupos realistas, encabezados por los Caballeros de la Fe (Chevaliers de la Foi), de 1809, se mantuvieron más activos planeando asesinatos de personalidades y creando redes clandestinas en contacto con los emigrados y con los ingleses. El desprecio de la alta sociedad hacia el régimen se expresaba casi siempre en privado. Muchos de los que se habían apuntado en sus filas y ocupaban algún cargo aceptaban esta situación como temporal, mientras no hubiese otra alternativa. Incluso algunos generales, como Bernadotte, Moreau y Jean-Charles Pichegru, dudaron durante mucho tiempo de los motivos que podía tener un hombre capaz de abandonar a sus tropas, primero en Egipto en 1799 y después en Rusia en 1812, y que parecía esperar mucho del ejército en beneficio de su propia gloria personal.

Figura 10. El apogeo del Imperio, 1812 (fuente: R. Gildea, Barricades and Borders: Europe 1800-1914, Oxford University Press, 1987).

El cansancio de la guerra aumentó pronto con el fracaso de la aventura rusa y durante las campañas defensivas de 1813 a 1814. El bloqueo británico agravó la crisis comercial causada por las escasas cosechas de 1811 a 1812. Un invierno extremadamente crudo intensificó el sufrimiento y el descontento de la población. La presión fiscal, que aumentó en 1809, fue más difícil de soportar. Se elevó el número de prófugos, que habían sido un problema mucho menor para el Imperio que para la República o el Directorio debido a la eficacia de su política y a su prestigio. Los que podían compraban reemplazos. Vale la pena indicar que entre 1800 y 1814 el reclutamiento obligatorio afectó al 7 por 100 de la población, una cifra bastante alta pero pequeña en comparación con el 20 por 100 de la guerra de 1914. Sin embargo, a finales de 1813, los aliados cruzaron el Rin y Wellington avanzó por el Midi. En diciembre, por 229 votos a favor y 31 en contra, el Corps législatif, por lo general tan dócil, votó a favor de la paz sobre la base de las «fronteras naturales» de Francia (en lo esencial, las de 1792). El único resultado fue el aplazamiento de la sesión. En 1813 y 1814, ante el aumento del número de bajas y la caída de la moral de las tropas, los jóvenes se negaron a presentarse a filas y crearon un problema de primera magnitud. Se reanudaron las hostilidades de la guerrilla en el oeste al sumarse a ellas los prófugos y, por otro lado, en muchas partes del centro de Francia, la llamada a las armas del lejano gobierno central para defender a la nación entraba en contradicción con los problemas de la vida cotidiana. Si a ello se le sumaban los desórdenes por la subsistencia y el desempleo, el resultado era la quiebra de la ley y el orden, sobre todo en el ámbito rural. La derrota y las revueltas internas pusieron en peligro la lealtad condicionada de las clases prósperas, que se basaba precisamente en la promesa de estabilidad social y prosperidad. El 31 de marzo de 1814, pese a la magnífica campaña defensiva, los aliados entraron en París. El 2 y 3 de abril, el Senado y el Corps législatif votaron la destitución del emperador. El 6 de abril, en Fontainebleau, sus propios mariscales lo obligaron a abdicar. Los notables le retiraron su apoyo. Mientras tanto, el pueblo contemplaba indiferente estos sucesos. Como Napoleón había predicho en respuesta a la reacción popular que causaría su desaparición: On dira Ouf!

Lámina 19. El paso del Berézina, 25-29 de noviembre de 1812, un momento crucial en la desastrosa retirada de Rusia. Litografía de Victor Adam. Biblioteca Nacional, París, Cabinet des Estampes. Foto: Giraudon/the Bridgeman Art Library.

El Senado, compuesto por dignatarios imperiales, funcionarios y hacendados, muchos de ellos miembros de las anteriores legislaturas, elaboró una nueva Constitución. Las propuestas que sirvieron de base a la nueva Carta constitucional recordaban mucho a la Constitución de 1791. Se establecía una monarquía constitucional, pero el rey tendría considerable poder como cabeza del Ejecutivo. Se incorporaban otras conquistas cruciales de 1789, como la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y de prensa, y se garantizaban las disposiciones revolucionarias respecto a la tierra. La Cámara Baja del Parlamento se elegiría mediante un sufragio muy restrictivo, en el que sólo participarían los ricos, los que tenían «verdadera» importancia social. Bajo las presiones de los aliados y para garantizar la restauración de la legítima monarquía, el antiguo conde de la Provenza, que, a la muerte todavía niño del hijo de Luis XVI en prisión el año 1795, había adoptado el título de Luis XVIII aunque rechazando la tricolor como símbolo de la nación, hubo por lo demás de aceptar este compromiso. La Carta se proclamó el 4 de junio.

Sólo la notoria incompetencia de la monarquía y sus partidarios pudieron devolver el favor popular a Napoleón. La necesidad de reducir de manera sustancial el tamaño de la Administración y el ejército, en una Francia limitada a sus antiguas fronteras y que requería tan sólo un ejército para tiempos de paz, sirvió para eliminar a los posibles opositores, premiar a los partidarios y situar a personas de confianza en puestos clave. Esto creó un gran descontento, en especial porque parecía anunciar una contrarrevolución a gran escala. En el campo se difundieron los rumores que apuntaban a la recuperación de las tierras por parte de los antiguos emigrados y a la reimposición de los derechos feudales y del diezmo.

Napoleón aprovechó la situación y la popularidad de la que todavía gozaba entre las tropas. Su regreso desde el exilio de la isla de Elba el 1 de marzo de 1815 parece haber revivido el sentimiento radical antiaristocrático, anticlerical y nacionalista; un renacimiento neojacobino que preocupó gravemente a los «respetables» propietarios. Esos notables temían también el estallido de una nueva guerra. Para ganarse el apoyo de estos cuadros, que eran esenciales, Napoleón prometió establecer un régimen constitucional y parlamentario en un «Acta Adicional», similar en muchos aspectos a la Carta de Luis XVIII.

Con todo, el apoyo a la vuelta del emperador estaba lejos de ser total. Era más incondicional en el norte y el este, donde más se habían sufrido las consecuencias de la invasión aliada. En otras partes, la respuesta era a menudo la indiferencia o la oposición activa, como en las regiones costeras que anticiparon el restablecimiento del bloqueo británico, o en puntos del sur y del oeste, donde la oposición popular a la política religiosa de la Revolución y, después, al reclutamiento forzoso había sido más fuerte. Así, en estas regiones se tomaron brutales represalias contra los simpatizantes del bonapartismo cuando Waterloo puso fin a la aventura napoleónica de los Cien Días. La derrota absoluta forzó al emperador a abdicar por última vez el 22 de junio de 1815. Tras ello, se procedió a su confinamiento a una distancia segura, lejos en el Atlántico, en la isla de Santa Elena. Allí dedicó sus energías a la construcción de un mito bonapartista de autojustificación y, como veremos, políticamente potente.

El total desmoronamiento del imperialismo napoleónico no conseguiría de hecho convencer a los que admiraban todavía los logros del emperador, ni tampoco a las generaciones de historiadores populares que siguen venerando el sepulcro imperial, de que reflexionaran lo suficiente sobre los peligros implícitos en la dictadura de un individuo extraordinariamente egotista y obsesionado con los conceptos militares del honor, el sacrificio y la gloria. El resultado último de sus sangrientas campañas podría además sugerir que la historia militar francesa no se caracterizaría tanto por sus gloriosos triunfos como por la frecuencia de los fracasos catastróficos.

CONCLUSIÓN

Con estas medidas no se puso término a la inquietud política en Francia. La era revolucionario-napoleónica había destruido los viejos hitos y tuvo efectos imperecederos en el pensamiento político de las gentes respecto a la res publica. Se habían sentado los precedentes y formado las alianzas en las que se basarían las generaciones venideras. Los temores y deseos de la época conformaron la agenda del siguiente siglo. Las masas habían entrado en la arena política; habían tomado conciencia de la relevancia de las cuestiones políticas en la vida cotidiana y en la organización política. Ni la mejor organización de fuerzas policiales sería capaz de invertir enteramente la situación. La alarma que había forzado la llegada del Terror exacerbó la polarización política a favor o en contra de la Revolución.

En los últimos años está de moda, y no sólo entre los historiadores «revisionistas», políticamente conservadores, rebajar la importancia de la Revolución (y, por extensión, la de las revoluciones). Se intenta reducirla a la condición de un epifenómeno (la Revolución como continuidad) pasajero, con efectos poco perdurables y, en lo fundamental, de carácter negativo. Existen ciertamente varias razones para rebatir estos argumentos. Las estructuras preindustriales de la economía francesa se mantuvieron intactas, con una agricultura de baja productividad, sistemas de transporte lentos y costosos, redes comerciales fragmentadas y fabricación de manufacturas a pequeña escala. No se estimuló el proceso gradual de cambio hacia una creciente comercialización y productividad, que ya se podía observar durante la precedente centuria, sino que se ralentizó.

Desde el punto de vista social parece adecuado subrayar la continuidad del periodo anterior a la Revolución y los comienzos del xix. Fue la estructura de las elites lo que más se vio afectado por la Revolución y el Imperio, e incluso en este ámbito el impacto fue limitado. El declive de la sociedad de órdenes ya estaba en marcha antes de la Revolución. La abolición de los privilegios de la nobleza confirmó y remató este proceso. Pese a las importantes transferencias de tierras que redujeron el poder social y económico de la nobleza y la Iglesia, la principal consecuencia fue la de consolidar los modelos ya existentes de grandes propiedades y la posición de los ricos, entre los que seguían destacando los nobles. En una sociedad eminentemente agrícola, en la que la riqueza derivaba en lo esencial de la tierra y era indispensable para mantener el adecuado estilo de vida y proporcionar la educación que permitiese el acceso a la actividad profesional o a los cargos políticos, los notables mantuvieron muchas de sus características prerrevolucionarias, aun cuando muchos no nobles engrosaron sus filas. Los años posteriores a 1789 facilitaron la movilidad social, sobre todo mediante el servicio al Estado y la especulación de la tierra y el aprovisionamiento del ejército, pero las aspiraciones de los nuevos ricos se acomodaron al modelo que habían definido los que ya estaban establecidos. Las elites sociales de comienzos del xix, como las del xviii, eran el resultado de un complejo proceso de mestizaje entre familias bien asentadas y aquellas con ambiciones. Sin embargo, la Revolución había creado una gran inseguridad. El conflicto político y la lucha por el poder habían dejado una secuela de división en el seno de las elites y despertaron la aspiración, más o menos formulada, de otros grupos.

Lámina 20. Los comienzos de la industrialización. Mina de carbón cerca de Lieja. Obsérvese la máquina de vapor utilizada para el drenaje, y a la multitud, preocupada por un accidente acaecido el 29 de febrero de 1812. Museo Carnavalet, París. Foto: Giraudon/the Bridgeman Art Library.

Desde luego, se había creado una nueva cultura política e instaurado nuevas instituciones, las cuales, centradas en concepciones de los derechos del hombre, iban a afectar fundamentalmente, y para bien, a nuestra manera de concebir las relaciones sociales. De esta manera, aunque es importante rechazar el concepto exagerado de la Revolución como «motor de la historia» en el sentido marxista, no cabe ignorar su enorme influencia en la escena política e ideológica. Fueron necesarias varias generaciones para llevar a cabo el programa que había elaborado, y el esfuerzo por lograrlo marcaría de manera muy profunda el siglo venidero cuando, para completar la Revolución, los defensores del mouvement chocaron con los partidarios de la résistance a cualquier cambio.

5

El siglo XIX: continuidad y cambio

En 1815 se restauró la monarquía borbónica en la persona de Luis XVIII, hermano del rey ejecutado en 1793. No se trataba, ni mucho menos, de la vuelta al estado de cosas prerrevolucionario. En la Carta otorgada por el rey a la nación se reconocían los logros de 1789: monarquía constitucional, gobierno representativo e igualdad ante la ley. En muchos otros aspectos, el programa político a debate del siglo venidero había sido establecido tras los largos años de luchas internas y guerra en el exterior, entre 1789 y 1815. La movilización política constante había creado una nueva cultura política. Los que habían vivido los acontecimientos de cerca transmitieron su forma de pensar a sus hijos. Había nacido un amplio espectro de opciones políticas: los partidarios de una monarquía católica reaccionaria, los comprometidos con los principios liberales de 1789, los seguidores del igualitarismo de los sans-culottes, los nacionalistas jacobinos y los bonapartistas. Cada una de estas posturas significaba la adhesión a referencias e imágenes muy selectivas de la Revolución (la Declaración de Derechos Humanos, la ejecución del rey, Robespierre, Napoleón, etc.). Representaban distintos sistemas de valores alrededor de los cuales se unían los «partidos políticos» (que no surgieron como tales hasta la década de 1900), que podían movilizar un apoyo más amplio. En realidad, los comportamientos seguían estando muy influidos por las ideas del periodo revolucionario-imperial. Con el tiempo y con la influencia no sólo de los sucesos políticos, sino también del desarrollo socioeconómico –en marcha desde el siglo precedente y ahora avanzando a ritmo acelerado–, estas ideas fueron a menudo reinterpretadas de manera más o menos consciente. La cronología del cambio social y económico difiere mucho del calendario político. De manera que la historia del siglo XIX debe ser contemplada en el trasfondo de dos revoluciones, la industrial y la política.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

La Revolución y la guerra habían deformado los antiguos patrones de crecimiento. El bloqueo marítimo había destruido el próspero comercio ultramarino, mientras las industrias que contribuían al esfuerzo militar y los mercados ampliados al compás de los cambios fronterizos florecían. En las estrechas fronteras de 1815 fue necesario retomar el modelo de crecimiento prerrevolucionario. El crecimiento de la población y la urbanización estimularon el comercio de los productos agrarios. La productividad aumentó paulatinamente gracias a cultivos intensivos asociados a una agricultura mixta. Se desarrolló la fabricación artesanal de manufacturas al aumentar la mano de obra urbana y rural. Creció la productividad como resultado de una mayor especialización, de la concentración y la mecanización, así como por el inicio del cambio estructural y la moderna industrialización. Tras un largo periodo de transición dominado por la agricultura y la fabricación artesanal, comenzaba la marcha hacia un sistema económico en el que, aun perviviendo importantes rasgos del pasado, predominaría la producción industrial. Aun así, en muchos aspectos se mantuvo la estructura económica y social del Antiguo Régimen. Los acontecimientos de la Revolución tuvieron escasos efectos sobre la economía preindustrial, de bajo nivel de productividad, con un sistema que seguía siendo vulnerable a las frecuentes crisis derivadas de las malas cosechas, la elevada subida de los precios de los alimentos y la caída de la demanda de manufacturas. El cambio estructural de la economía se debió a la elevada demanda que llevó aparejado el crecimiento demográfico, al lento crecimiento de la renta per cápita y al impacto de las innovaciones tecnológicas sobre la provisión de productos agrícolas y manufacturas. A partir de la década de 1840 se emprendieron, de forma gradual al principio y después con creciente rapidez, algunas innovaciones que afectaron en particular a las comunicaciones ferroviarias y al telégrafo eléctrico, a la organización del comercio, a la producción de textiles, la metalurgia y la ingeniería. Uno de los avances más llamativos fue la adopción del vapor como una fuente relativamente barata, flexible y abundante de energía. En conjunto representaba la transición de una civilización basada en el agua y la madera a otra en la que el carbón y el vapor serían las principales fuentes de energía. Esta fue una transformación comparable en escala a la producida en nuestro tiempo por la revolución en la tecnología de la información.

El crecimiento del siglo XIX difería del de periodos anteriores por estar asentado e implicar cambios estructurales fundamentales de naturaleza económica y social. Una de las características más relevantes es el importante aumento de la producción per cápita, tal y como se muestra en la tabla 2. Las cifras deben ser utilizadas con precaución, pero pueden ser indicativas de tendencias generales.

Tabla 2. Renta nacional a precios constantes (en francos de 1905-1913)

Años

Renta nacional total (millones de francos)

Renta per cápita (francos)

1825-1834

10.606

325,6

1835-1844

13.061

380,5

1845-1854

15.866

443,0

1855-1864

19.097

510,9

1865-1874

22.327

602,0

1875-1884

24.272

644,2

1885-1894

26.713

696,6

1895-1904

30.965

794,7

1905-1913

34.711

876,4

No existe una explicación simple para estos cambios económicos. Naturalmente, el ejemplo británico, el deseo de emularlo y el temor a la competencia que representaba fueron muy estimulantes, pese a las medidas de protección. Sin embargo, los cambios económicos en Francia deben ser explicados desde el punto de vista de su contexto específico, de sus peculiares condiciones geográficas, sus estructuras de mercado y de la disponibilidad y costes de los factores de producción.

El crecimiento sostenido suponía la ruptura del círculo vicioso que en una sociedad tradicional implicaban las bajas rentas por la escasa productividad per cápita y el bajo nivel de inversión en capital fijo que, a su vez, venía determinado por la escasa demanda resultante de los reducidos ingresos. El problema se acentuó con la tendencia a la aceleración del crecimiento demográfico en los primeros estadios del desarrollo, en una época en la que el crecimiento de la industria y las posibilidades de empleo al margen del sector agrícola eran bajas. En buena medida los ingresos per cápita y la totalidad del ciclo de crecimiento dependían del aumento de la productividad agrícola capaz de alimentar a la población y proporcionar recursos a la industria. Era preciso un largo periodo de creciente demanda para incentivar la innovación económica, que venía condicionada por las técnicas disponibles y la capacidad de los posibles innovadores para utilizarlas, lo que, a su vez, dependía del capital disponible y de la mano de obra especializada. La innovación inicial debe ser analizada en el contexto de los sistemas económicos locales y regionales. Las nuevas técnicas eran mejor aceptadas si se adaptaban a los sistemas productivos existentes, si el coste del capital era menor y si había más posibilidades de financiarlas mediante inversiones propias. En realidad, la modernización no implicaba sólo la sustitución de la «modernidad» por la «tradición», sino también el intercambio de los atributos de ambas, y se la ha de considerar en el contexto de los sistemas económicos locales y regionales establecidos.

La estructura de la demanda se transformó decisivamente por la innovación de los transportes, que amplió el número de mercados potenciales reduciendo el coste del intercambio de mercancías. No cabe duda de que la eficacia de los transportes mejoró sustancialmente desde la década de 1840. Aportaron los medios que garantizaban la rápida circulación de bienes y de personas y, a través del telégrafo y la prensa, de la información. Aunque ya se habían hecho progresos anteriores a la construcción de las redes ferroviarias, las formas tradicionales de transporte constituían un obstáculo central para el desarrollo de un mercado unificado y desincentivaban el incremento de la producción. La comparación es sumamente instructiva. Inglaterra, un país de mucho menor tamaño, disponía de la ventaja de un sistema relativamente denso de redes fluviales que facilitaban la creación de un mercado unificado. Francia presentaba mayor parecido con la extensión territorial de Alemania, en donde el ferrocarril había sido la clave para emprender los cambios de la estructura del mercado. Es más, la construcción de los ferrocarriles creó una importante demanda de productos de ingeniería de alta calidad, entre ellos locomotoras y material rodante, raíles y materiales de construcción. Hubo que reunir enormes cantidades de capital y crear complejas organizaciones burocráticas para garantizar la seguridad y la rentabilidad de los trenes. Las primeras líneas importantes, de París a Orleans y a Ruan, se inauguraron en 1843. Luego la construcción se ralentizó, y aun se interrumpió como consecuencia de la larga crisis de mediados del siglo. A finales de 1847 sólo había 1.830 kilómetros de vías en uso. En 1870, la cifra había aumentado hasta los 20.000 kilómetros, y en 1914 hasta los 40.770, a los que había que sumar más de 7.000 kilómetros de raíles de vía estrecha y tranvía. Mientras que el volumen de los bienes transportados por carretera y vías fluviales creció lentamente hasta alcanzar 2.900 y 3.900 millones de toneladas por kilómetro en 1905-1914, el de los transportados por ferrocarril llegó a 21.000 millones. La creación de una red viable, especialmente durante la década de 1850, junto con la mejora de las conexiones por carretera con las estaciones ferroviarias, transformó las prácticas comerciales. La apertura de mercados mayores y más competitivos intensificó la presión innovadora sobre toda la economía. Los cambios en el transporte también afectaron profundamente a las estructuras espaciales de la actividad económica. Además, la mejora de las comunicaciones reforzó la importancia de las ciudades como centros económicos, como polo de atracción de la actividad empresarial, del capital y de la mano de obra. Se estableció una jerarquía funcional más clara entre las ciudades como mercados de productos agrícolas e industriales. Sería exagerado calificar al ferrocarril como condición previa, necesaria para una ampliación sustancial del mercado, pero los cambios en el transporte afectaron sin duda alguna y de manera muy profunda a la estructura espacial de la actividad económica. La producción a gran escala depende del acceso a amplios mercados. Antes del desarrollo de la red ferroviaria, los elevados costes del transporte impedían escapar a un sistema económico basado en la producción a pequeña escala para una demanda localizada. La excepción eran las regiones cercanas al mar o a las vías fluviales, con un acceso al mercado relativamente fácil. Las nuevas formas de transporte tendían a favorecer el acceso de las áreas de llanuras y valles, más desarrolladas, con una productividad mayor, y rentas e inversiones potenciales. Con la tendencia a la concentración de las inversiones en las regiones más dinámicas, apareció una economía dual. Los sectores más «modernos» y los más «tradicionales» no estaban aislados unos de otros, pero se distinguían en función de la escala e intensidad del capital empleado en la producción. Estas diferencias eran especialmente marcadas en la agricultura, entre las explotaciones más orientadas hacia el mercado y aquellas cuya actividad se centraba en las necesidades familiares.

Los factores fundamentales en la demanda de productos agrícolas fueron el crecimiento de la población y el consumo per cápita. La diversidad de la agricultura francesa se muestra parcialmente en la figura 11. La productividad fue altísima en las zonas, especialmente en el norte, con mejores tierras y acceso a los mercados. Durante siglos, grandes granjas se habían desarrollado con densidades mayores de ganado, más fuerza de tiro y estiércol, mejores equipamientos y sistemas de rotación más complejos. Antes de la revolución de las comunicaciones, en una sociedad rural de bajos ingresos, la dieta y la composición de la demanda se transformaban con lentitud. El cambio las aceleró. El proceso de urbanización, en particular, suponía que sólo una pequeña parte de la población producía su propio alimento. La demanda de los consumidores en las populosas ciudades y la mejora del acceso al mercado urbano incentivó la innovación agraria. La transformación de las estructuras agrícolas tradicionales fue inevitablemente lenta dado su delicado equilibrio interno. Había que cultivar nuevas plantas que permitiesen la división del trabajo durante el año agrícola. Todavía tuvo mayor relevancia la producción de una serie de productos en un sistema de policultivo. Los productos con diferente ciclo vegetativo daban determinadas garantías frente a la pérdida de alguna cosecha por las condiciones climáticas. La innovación, aunque siempre había existido, dependía por lo general de una confianza en que la sustitución de un elemento del sistema de cultivo no rompería el equilibrio del conjunto. Los campesinos, que dominaban buena parte de la agricultura y debían sustentar a sus familias, precisaban de una prueba empírica que mostrase las ventajas de los cambios antes de ponerlos en práctica. Estaban más preocupados por no correr riesgos que por obtener beneficios.

Figura 11. Francia desarrollada y subdesarrollada, I. Producción de trigo en 1840 (fuente: R. Price, An Economic History of Modern France, ca. 1730-1914, Macmillan, 1981).

Las innovaciones se llevaron a cabo mediante la lenta acumulación de experiencias obtenidas, en primer lugar, por los grandes hacendados que poseían tierras y capital suficiente como para arriesgarse. Sin embargo, pese a las dificultades de acceso al mercado, ni siquiera las familias más tradicionales del campesinado pudieron ignorar totalmente las consideraciones de tipo comercial. Cada familia tenía que cultivar algo que produjese dinero, vender su fuerza de trabajo a la industria rural o recurrir a la emigración temporal para obtener los recursos suficientes con los que hacer frente al pago de impuestos y comprar aquello que no podía producir localmente o ahorrar a fin de hacer realidad el sueño de todo campesino de adquirir más tierras. A principios de siglo, el esfuerzo de los agricultores se concentraba en la producción de cereales. Sólo una vez garantizado su suministro de alimentos por la mejora de las comunicaciones, se sintieron lo bastante seguros como para especializarse más en la producción de lo que naturalmente crecía mejor y respondía más precisamente a las demandas de carne, productos lácteos, fruta y vino en los mercados urbanos que tan rápidamente estaban creciendo.

La mejora inicial del acceso al mercado mediante la construcción de la principal red ferroviaria tuvo lugar entre los años 1840 y 1870. Esto y la construcción de enlaces secundarios por ferrocarril y carretera estimularon un notable crecimiento de la productividad y la comercialización. La mayor producción y el alza de los precios trajeron consigo la prosperidad. En el último tercio del siglo, sin embargo, la caída de los precios y los elevados costes de la producción causaron una severa crisis y el declive de la tasa de crecimiento del producto. La existencia de mercados nacionales e internacionales más integrados y el incentivo de aumentar la producción abocó a la crisis de superproducción, sobre todo de la harina y el vino. La recuperación comenzó a mediados de los años noventa, pero fue lenta y poco firme. Volvieron a introducirse las tarifas para proteger la producción y limitar la competencia de las importaciones, y se disminuyó el interés por los cambios. Así, aun en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la agricultura francesa seguía siendo arcaica. Buena prueba de ello sería la supervivencia de un gran número de pequeñas explotaciones agrícolas, el aislamiento de algunas regiones donde las condiciones naturales no favorecían la adopción de las innovaciones y la creación de una agricultura moderna. Con todo, pese a las limitaciones, el cambio de los años cuarenta fue fundamental para la evolución de la agricultura a largo plazo. Durante este periodo desaparecieron finalmente las crisis de subsistencia, el contexto en el que operaban los agricultores se transformó y en tres o cuatro décadas se efectuaron más cambios que los realizados durante muchos siglos. Esto marcaba una ruptura decisiva con el pasado.

Sobre la base de comparaciones internacionales, el desarrollo de la industria francesa, como el de la agricultura, ha sido considerado deficiente. Esta visión no carece de limitaciones. No tiene en cuenta las diferencias de las estructuras económicas y sociales que lideraron un crecimiento industrial distinto pero igualmente racional. Las estimaciones relativas a la tasa de crecimiento durante el siglo XIX varían considerablemente (entre un 1,8 por 100 y 2,9 por 100 anuales). Sin embargo, la producción parece haberse incrementado seis veces en 1913. El crecimiento en el periodo de 1815 a 1846 fue seguramente lento y regular, interrumpido por pequeñas fluctuaciones. Entre 1846 y 1851 se produjo una crisis política y económica de gran alcance, seguida por el gran crecimiento de 1852 a 1857. 1858 y 1859 fueron años de depresión. El lento crecimiento de 1860 a 1882 se vio interrumpido por la guerra de 1870, en el que se inició una etapa de prosperidad sólo interrumpida por la Gran Guerra. Por todo ello, la industrialización era la respuesta al cambio de las condiciones de mercado, a las nuevas oportunidades y a la presión competitiva que animaron a la innovación. Un complejo número de factores, entre los que se encuentran el aumento de la demanda de un producto, el coste comparativo entre mano de obra y maquinaria y la inversión de capital, junto a la innovación técnica, dieron lugar a cambios trascendentales en la estructura económica y en la productividad, en especial en el sector industrial y su adaptación a las circunstancias particulares del tiempo y el lugar.

No obstante, no se produjo un cambio brusco en la estructura de la industria de Francia. La escasez de las comunicaciones creó un mercado descentralizado y, por tanto, una producción dispersa. En general, los artesanos y mercaderes producían y redistribuían las mercancías dentro de hinterlands limitados. Las producciones caras y poco competitivas estaban protegidas por los elevados costes del transporte. El modo más simple de responder al aumento de la demanda es producir más de la misma manera. Esta decisión no resulta necesariamente absurda o perezosa, sino que puede implicar una utilización inteligente de los recursos existentes. En el caso de Francia, la decisión vino determinada por la disponibilidad de mano de obra barata y la continua división del mercado hasta la década de 1850. La estructura de la demanda era compleja. Dependía no sólo del tamaño de la población y de la renta per cápita, sino también de un conjunto de decisiones relativas al gasto y de los gustos personales.

Con todo, la tasa de aumento de la demanda de productos industriales continuó bajo la influencia de un crecimiento demográfico relativamente lento, la baja productividad de la agricultura tradicional, la inmovilidad de la población y el lento crecimiento de las ciudades. La situación empeoró con la caída de los precios agrícolas. A lo largo del siglo, la distribución de gran parte del producto en forma de rentas, intereses y dividendos y, a la inversa, las restricciones impuestas a las rentas salariales, sirvieron para mantener la demanda burguesa de productos de lujo, que impidió el desarrollo de la producción en masa. En cierto modo, los mercados de exportaciones compensaron las limitaciones de la demanda interna. Tras el desastre de la etapa revolucionaria aumentaron las exportaciones, siempre que no compitiesen con la producción fabril inglesa, es decir, las de los productos de gran calidad como las sedas y los articles de Paris, tradicionalmente producidos a pequeña escala y particularmente vulnerable a las recesiones del comercio.

Una vez introducidos los nuevos equipos, se empleaban durante cincuenta años o aún más, con ocasionales modificaciones. Las principales excepciones fueron la construcción de establecimientos metalúrgicos a gran escala y el desarrollo de la red ferroviaria, en los que la tecnología avanzada representada por la máquina de vapor se integró a lo que antes era un medio intensivo de transporte. Los cambios tecnológicos en estos dos sectores afectaron al conjunto de la economía, que hubo de proveer de grandes cantidades de hierro y acero, y dispuso de un medio de transporte pesado de bajo coste.

El ritmo de los cambios se aceleró como resultado de la mejora en las comunicaciones, la integración de los mercados y la transición de las comunidades locales cerradas a más abiertas. La demanda de productos como utensilios de hierro y prendas de algodón creció en paralelo a los ingresos de los agricultores y, en especial, la reducción de su coste. Esto resultó decisivo para la creación de importantes mercados homogéneos y altos niveles de demanda de artículos normalizados. El creciente predominio de las formas de producción fabriles sobre las artesanales y de la economía industrial sobre la agricultura se hizo cada vez más evidente. En y alrededor de París, Lyon, Lille, Ruan, Mulhouse y Marsella –ciudades bien situadas por lo que se refiere al acceso a suministros de capital, trabajo y materias primas y, mediante el transporte fluvial y ferroviario, a potenciales mercados– surgieron polos de crecimiento. Para muchos pequeños productores la difusión de métodos de producción que utilizaban el capital de manera intensiva era premonitoria de un periodo de crisis y decadencia. Se estima que la tasa de crecimiento de la industria mecánica a gran escala, por ejemplo entre 1835-1844 y 1855-1864, duplicó a la del resto. En el plazo de veinte años pasó de un cuarto a representar más de un tercio del producto industrial total. Las pequeñas empresas estaban en desventaja en un comercio cada vez más competitivo debido a su incapacidad para mantener economías de escala, los escasos vínculos con las redes comerciales, los reducidos beneficios y el limitado acceso al crédito exterior, que dificultaba su innovación y las hacía vulnerables a las fluctuaciones económicas. La extensión del mercado, la creciente complejidad y coste de la tecnología favorecían a las grandes empresas, aunque las pequeñas lograron sobrevivir gracias a la mayor especialización. La ampliación de los mercados y la complejidad y el coste crecientes de la tecnología favorecieron a las grandes empresas y el surgimiento de un capitalismo gerencial, así como, hacia el final del siglo, la aplicación concertada de la ciencia a la producción y el advenimiento de una «segunda» revolución industrial, caracterizada por el desarrollo de la electrometalurgia y los productos químicos a gran escala, y posteriormente por la aparición del motor de combustión interna y la automoción.

Figura 12. Francia desarrollada y subdesarrollada, II. La máquina de vapor como indicador de la industrialización. Cantidad por departamento en 1841 y 1878 (fuente: G. Dupeux et al., Atlas historique de la France contemporaine, Armand Colin, 1966).

El crecimiento de los servicios fue otro de los rasgos característicos de la modernización económica y supuso la competencia entre comunidades por el desarrollo y por las redes comerciales y financieras. El volumen de los bienes producidos y comercializados transformó estructuras y hábitos. Decayeron las tradicionales ferias. Al aumentar la escala de la producción y el nivel de inversiones, los fabricantes de manufacturas adoptaron una postura más activa con vistas a los mercados. Comenzaron a realizar labores de prospección de clientes –el viajante apareció en la década de 1820– y a anunciar su mercancía. El desarrollo de la prensa de masas tendría un papel central. También cambió el comercio al por menor debido al aumento del número de tiendas e incluso de los primeros almacenes. Conforme crecían los ingresos, el comercio al por menor también se transformó como consecuencia del establecimiento de un número creciente de grandes almacenes y cadenas de tiendas, y especialmente de tiendas de barrio. La distribución de catálogos para el encargo por correo llegaba a las comunidades más aisladas. Para finales de siglo se había creado una sociedad de consumo de masas.

Tabla 3. Crecimiento de la población (1750-1911)

Año

Población (millones)

Año

Población (millones)

1750

21,3

1861

37,4*

1801

27,3

1872

36,1*

1821

30,5

1881

37,7*

1831

32,6

1891

38,3*

1841

34,2

1901

38,9*

1851

35,8

1911

39,6*

*Afectados por cambios territoriales.

La economía preindustrial que había sobrevivido hasta mediados de siglo se transformó en todos estos ámbitos y con ello se produjo una revolución social de gran alcance. La transformación de las estructuras económicas permitió considerables mejoras del nivel de vida y cambios en la actitud ante esta, cuyos efectos se dejaron sentir tanto en el descenso de la tasa de natalidad como en la de mortalidad. Además, las ciudades reemplazaron a los pueblos como lugar principal de residencia. Francia se diferenció de las demás naciones que experimentaron la industrialización en el siglo XIX por tener una tasa de crecimiento demográfico relativamente baja. En comparación con los actuales países del Tercer Mundo, la presión demográfica sobre los recursos era mucho menor. La sustancial reducción en el número de hombres disponibles para el servicio militar despertaría una creciente preocupación sin embargo.

Cabe señalar tres fases principales de evolución en el periodo de 1815 a 1914. El primero, desde aproximadamente 1815 hasta alrededor de 1848, se caracterizó por la lenta evolución económica. Pese al incremento de la productividad agrícola, el crecimiento de la población de muchas regiones mantuvo la dieta alimenticia en un nivel bajo. Este fue sobre todo un periodo de continuidad en comparación con la segunda mitad del siglo XVIII, con altas tasas de natalidad y mortalidad, si bien en descenso. Culminó con la intensa crisis económica, social y política de mediados de siglo (1846-1851). El segundo periodo, que puede identificarse en términos generales con el Segundo Imperio, se caracterizó por la rápida industrialización, la revolución de los transportes, el rápido crecimiento urbano y la migración hacia el campo. El nivel de vida ciertamente mejoró, pese a que una primera tendencia a la disminución de la tasa de natalidad pareció nivelarse. El tercer periodo, alrededor de 1871-1914, supuso una nueva caída en la tasa de natalidad, pero el impacto en el conjunto de la población se compensó parcialmente por la reducción de la mortalidad como consecuencia de la mejora del nivel de vida que llevó consigo el desarrollo económico. Durante estos años la migración al campo fue mucho más intensa. Con todo, esta descripción de las tendencias generales no contradice las diferencias regionales en cuanto a comportamiento demográfico. Las fechas y alcance de la transición de un modelo preindustrial a otro más moderno varían notablemente y dependieron de un complejo de factores adicionales. Con la urbanización se transformaron las ciudades, que seguían teniendo un aspecto casi medieval, hasta convertirse en centros urbanos modernos. La evolución fue compleja y dependió en su escala y naturaleza de las estructuras socioeconómicas preexistentes, que no eran en absoluto homogéneas, y de la naturaleza del cambio económico. Al tiempo que se incide en la importancia de la urbanización, es asimismo importante recordar su relativa lentitud en comparación con la de otras partes de Europa. El periodo de la Revolución y el Imperio había sido de estancamiento y el crecimiento urbano en la primera parte del siglo fue probablemente inferior al de la mayor parte del siglo XVIII. Con todo, en 1851 el 25,5 por 100 de la población era urbana y la proporción llegó al 44,2 por 100 en 1911.

El rasgo más notable fue el crecimiento de París. En 1851, el 3 por 100 de la población francesa tenía su residencia en la capital y sus alrededores; en 1911 ya era el 10 por 100. La estructura económica de la ciudad fue cada vez más compleja. En las primeras décadas de siglo todavía predominaban las formas artesanales de producción. Posteriormente se desarrolló la industria pesada, especialmente la ingeniería y las industrias químicas en el norte y este de la ciudad, mientras que en las áreas del centro, aunque seguían ejerciéndose los oficios artesanales, se desarrollaron también actividades administrativas, financieras y comerciales. Estas estimularon la inmigración, pese a que el elevado precio de la vivienda obligó a los menos pudientes a establecerse en los barrios periféricos. La aparición de los servicios de transporte urbano en los años setenta, los ferrocarriles suburbanos, los tranvías y, finalmente, el autobús y el metro permitían vivir a relativa distancia del centro de trabajo. La migración a las ciudades ha existido siempre a causa de la pobreza del campo. El desarrollo industrial y comercial del siglo XIX incrementó de forma notable la necesidad de mano de obra urbana.

Desde tiempo inmemorial, la principal causa de migración a las ciudades era la pobreza rural. Sin embargo, allí donde había trabajo, el coste del alojamiento había obligado a aquellos con bajos salarios a residir en condiciones de hacinamiento e insalubridad tanto en los centros de las ciudades como en quartiers más periféricos. En la década de 1840, el tejido urbano estaba siendo sometido a fuertes tensiones. Luego, la aceleración del desarrollo industrial y comercial incrementó considerablemente la demanda de trabajo en las ciudades. A partir de mediados de siglo, la «subclase» subempleada que anteriormente había causado un intenso miedo social disminuyó rápidamente en tamaño. Las ciudades se hicieron más atractivas debido a las oportunidades de trabajo y a los salarios más altos, a la mayor seguridad, a los trabajos menos duros (especialmente para las mujeres) y a la mayor cantidad de tiempo libre. Su atractivo aumentó sobre todo desde los años cincuenta, debido a la mejora de las condiciones de vida y de las comunicaciones, que hicieron a la población rural más consciente de las diferencias.

Este proceso de transformación socioeconómica iba inevitablemente acompañado de cambios esenciales en la cultura y el comportamiento popular, Nació una clase trabajadora con una difusa sensación de identidad colectiva creada por las dificultades compartidas que las familias afrontaban para llegar a fin de mes y un gran descontento con la desigualdad social, los patronos explotadores y un Estado represivo. La secularización y la mayor alfabetización de las masas constituían otros indicios del cambio cultural. La Iglesia tenía una importancia menos inmediata en un medio urbano al disminuir la dependencia de la naturaleza. La educación tenía más valor práctico en una sociedad industrializada, más comercial y en la que la Administración era más importante. Para las elites, que tomaban las decisiones cruciales respecto a la inversión en colegios, prometía ser un instrumento muy eficaz para «civilizar» a las masas y salvaguardar su propio poder.

SOCIEDAD Y POLÍTICA

La abolición de los privilegios legales en 1789 hizo de la riqueza el principal medio de distinción. Al mantenerse las formas tradicionales para crear riqueza, Francia seguía en 1815 bajo el dominio de una elite social, compuesta predominantemente por terratenientes nobles y no nobles que, por lo general, desempeñaban o habrían desempeñado algún cargo en el Estado, y por un número creciente de profesionales y hombres de negocios. Se distinguían por la posesión de determinados atributos, como la riqueza, la influencia social y el poder político, y constituían un punto de referencia para los demás grupos sociales. La importancia política a escala nacional de estos notables se mantuvo hasta la década de 1870, cuando las estructuras sociales tradicionales y los modelos de comportamiento fueron lentamente transformados por el cambio económico. Durante el periodo de la monarquía constitucional (1815-1848), esta situación se materializó en un sistema electoral en el que la propiedad constituía el primer elemento de cualificación y, reforzada por el proteccionismo económico introducido en abril de 1816, tenía como objetivo limitar la inestabilidad y salvaguardar los intereses creados. Se soslayaba así la soberanía popular y el peligro que los pobres e iletrados podían representar para lo que se entendía como la libertad genuina y la propia civilización cristiana. Propiedad equivalía a capacidad. La carencia de propiedades era prueba de la falta de idoneidad intelectual y moral. Por lo demás, el sistema incitaba a utilizar al máximo la influencia personal. El notable era un individuo cuya posición dependía de su situación social en la comunidad local y de la presunción de sus vecinos de que, efectivamente, gozaba de predicamento ante personalidades importantes del gobierno. Su posición social, su estilo de vida y su educación le permitían intervenir en las cuestiones locales y nacionales. Disponía de los medios para acumular capital social y desarrollar las perspectivas de hacer carrera mediante la participación en las redes sociales abrumadoramente masculinas que, en ausencia de «partidos», también constituían la base de la actividad política. La centralidad de París en estos procesos sociopolíticos resulta evidente.

Por lo general, los notables se opusieron a la ampliación de los derechos políticos a las clases más pobres y defendieron, con mayor firmeza si cabe, sus derechos como propietarios. Formaban un grupo muy poderoso de résistance. Su prosperidad y su educación les permitían ejercer considerable influencia como políticos, funcionarios, terratenientes, patronos y benefactores, en un periodo previo a la aparición del estado de bienestar. Los múltiples medios de que disponían para ejercer presión o utilizar su influencia les dieron enormes ventajas en el juego político. Para ellos, como seguramente para gran parte de la población, las experiencias de la Revolución habían supuesto una gran desilusión. Al final no había significado sino la incautación de la propiedad, la imposición tributaria punitiva, el reclutamiento forzoso, el ataque a la Iglesia, el Terror y la amenaza de mayor anarquía social. El siglo XIX se obsesionó con la amenaza de revolución. Ello se debía sobre todo al desengaño profundo ante lo que se interpretaba como un cambio político y social incompleto. Algunos de los descontentos, los partidarios del mouvement, sólo se sintieron satisfechos con la limitada extensión del sufragio en 1830; otros, cuando se introdujo el sufragio universal masculino en 1848, y otros muchos, cuando se proclamó definitivamente la República, a finales de la década de 1870. Por otro lado, la estructura de la clase dirigente cambió de forma paulatina cuando la concentración de las finanzas y la industria modificaron las condiciones y la escala del enriquecimiento. Aunque la riqueza absoluta de los terratenientes no declinó hasta la década de los setenta u ochenta, su declive relativo se inició mucho antes. La depresión agraria del último tercio de siglo aceleró el proceso. Los terratenientes fueron, de manera progresiva, transfiriendo el capital a formas de inversión más lucrativas. Una grande bourgeoisie compuesta por financieros e industriales importantes fue adquiriendo progresivamente predominio económico, así como la capacidad para ejercer el poder político formal y, a través de la actividad de los grupos de presión, informal.

Sin embargo, aunque cambió la estructura de la clase más próspera y otros niveles más bajos de la escala social obtuvieron bastante poder político, la sociedad francesa siguió fundamentada en la desigualdad. Por tanto, pese a la tentación de centrarse en los dramáticos sucesos políticos, no deberíamos subestimar la importancia de la continuidad. El acceso al poder político y, sobre todo, a los puestos clave del gobierno, del Parlamento y de la Administración siguieron dependiendo de la propiedad y de la educación que preparaba a los hombres para la vida pública. La hegemonía cultural y política de las clases propietarias no se puso en cuestión. Se defendieron los privilegios de las clases altas y, cuando se creyó oportuno, como en junio de 1848 o con la Comuna de París de 1871, se utilizó brutalmente la fuerza armada. La historia política de la Francia del siglo XIX puede ser definida como una continua búsqueda de estabilidad. Por fin, al acabarse la década de los setenta, se garantizó la estabilidad pero sólo mediante el establecimiento de un gobierno muy centralizado, el de la Tercera República, más capaz que sus predecesores de influir y controlar a los grupos sociales y a las regiones que dividían la nación. Para ello fue preciso modernizar las técnicas de gobierno, imponer una socialización política más eficaz, institucionalizar la protesta y conferir mayor legitimidad al régimen.

Las funciones del Estado en el siglo XIX siguieron siendo las mismas, las del état-gendarme, cuya primera tarea era salvaguardar la ley y el orden y promover la unidad nacional, lo cual implicaba con frecuencia el despliegue del ejército y duras condenas penales. Las necesidades de la defensa –la provisión de sistemas armamentísticos cada vez más costosos y el reclutamiento de cantidades crecientes de hombres (ca. 390.000 en 1850 y 620.000 en 1900)– imponían considerables cargas financieras. La maquinaria del Estado seguía bajo el control de altos funcionarios primordialmente procedentes de las elites sociales, cuyos orígenes influían sin duda en las decisiones que tomaban. No obstante, para conseguir estos objetivos, debía ocuparse de las obras públicas y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías de la comunicación (ferrocarril y telégrafo) que multiplicaban la eficacia de la centralización política y administrativa. El número de funcionarios del Estado (incluidos los empleados de correos y los maestros) creció desde unos 300.000 en 1850 hasta 583 en 1910. Se instauró un sistema de educación de masas (leyes de 1833, 1850 y 1882) que garantizase mayor homogeneidad cultural y un estrecho control social. Se promovió diligentemente un sentido de unidad nacional. Desde luego, la instrucción primaria, que era todo lo que la inmensa mayoría de los niños recibía (incluso en 1914, sólo el 5 por 100 de los niños varones alcanzaba la educación secundaria), se estableció como un «sistema de subordinación» (Bayly) más que como un medio de promover la movilidad social. La Tercera República salió victoriosa del gran reto de la guerra de 1914 y sobrevivió hasta el desafío, aún mayor, de 1940. Antes de analizar estos sucesos, conviene detenerse en la compleja evolución política del siglo XIX.

LA RESTAURACIÓN

El retorno de los Borbones en 1814-1815 se debió sobre todo a la derrota militar. No era el mejor de los comienzos. Pese al escaso entusiasmo, al menos se ponía fin a la guerra y, por otro lado, Luis XVIII comprendió la necesidad de tranquilizar social y políticamente a las clases dominantes y promulgó una Carta constitucional. En ella se conferían al rey muchos más poderes de los que le reconocía la Constitución de 1791, y se afirmaba que «la persona del rey es sagrada e inviolable», y que «el poder ejecutivo pertenece al rey en solitario». Por lo demás, sólo el monarca tenía derecho de iniciativa legislativa y podía disolver el Parlamento cuando lo estimase conveniente. Se conservaron, no obstante, algunas disposiciones liberales muy importantes, como la obligación de refrendo ministerial de los actos del rey y la necesidad de consentimiento parlamentario en la imposición de tributos, una manera eficaz de ejercer presión. La Carta prometía también salvaguardar la libertad individual, reconocía la igualdad ante la ley y las libertades esenciales para el debate político y establecía que el Legislativo sería elegido por los que tuviesen capacidad para efectuar una decisión racional, lo que dependía de la posesión de propiedades, la educación y el ocio. La vida política se centró cada vez más en el debate parlamentario. Las libertades básicas necesarias para la actividad política también se reconocieron.

Lámina 21. La familia real en mayo de 1814. De izquierda a derecha: el hermano del rey, el conde de Artois (futuro Carlos X); Luis XVIII; su sobrina, la duquesa de Angulema (hija de Luis XVI); el duque de Angulema y el duque de Berry, hijos del conde de Artois. Museo Carnavalet, París. Foto Giraudon/the Bridgeman Art Library.

Además, indicaba que se respetaría la posición establecida y los derechos de propiedad, incluidos los de las tierras confiscadas a la Iglesia y a los emigrados durante la Revolución. Entre las clases acomodadas reinaba el criterio de que debía aceptarse un compromiso que impidiera tanto la vuelta del ancien régime como los peligros de la soberanía popular. De este modo, con el apoyo de los altos mandos militares y de los simpatizantes de la monarquía, el cambio de régimen fue relativamente fácil. Las masas saludaron el fin del reclutamiento forzoso y, como muchos creían, de la imposición tributaria. Los empresarios, sobre todo en los puertos, ansiaban la prosperidad. Pero fue sobre todo la nobleza la que más festejó el supuesto retorno a una edad dorada en la que su dominio era incuestionable. Al reavivarse el patriotismo popular revolucionario y un incipiente jacobinismo, como consecuencia de la aventura napoleónica de los Cien Días, creció la preocupación por asegurar el orden social.

La oposición tardó en manifestarse. Ello se debió en parte a la represión que siguió a Waterloo. Pese a las críticas previas al modelo imperial centralizado, los Borbones decidieron mantener el aparato de control y vigilancia existente. Por otro lado, las gentes de mayor conciencia política todavía dudaban de la naturaleza del nuevo régimen, mientras que el ansia de paz y orden era general. Seguramente muchos notables deseaban una monarquía constitucional moderada que evitase excesos en la política interior y exterior similares a los que se habían vivido desde 1789. Aunque no eran partidarios entusiastas de los Borbones, muchos de los no nobles, como terratenientes, profesionales, hombres de negocios o prósperos campesinos, estaban dispuestos a aceptar al régimen siempre que se respetasen sus aspiraciones elementales. En contraste, los nobles, el clero y los miembros de otros grupos sociales bajo su influencia acogieron muy favorablemente al nuevo gobierno. Animados por el duque de Artois –futuro Carlos X– y su entorno, confiaban en que al final se les compensaría por todos los sufrimientos padecidos durante la Revolución y se impondrían en el Estado y el ejército. Muchos creían que era la voluntad de Dios que Francia se viera limpia de los residuos de jacobinismo y ateísmo, y que fuera castigada por el asesinato de Luis XVI. Los inspiraban un sentido del noblesse oblige, un compromiso que incluía un estilo de vida y unos modales distintivos, la pertenencia a redes sociales especiales, un arrogante desdén por los socialmente inferiores y una concepción idealizada de la sociedad cristiana, con el château en el centro de cada pueblo.

La elección del primer Parlamento del régimen, conocido como la Chambre introuvable, se desarrolló en un ambiente de terror político en agosto de 1815. Unos 50.900 electores eligieron a 402 diputados. El 78 por 100 eran francamente conservadores, y de ellos un 52 por 100 pertenecía a la nobleza del ancien régime. Los demás no se oponían al régimen, salvo en el caso de peticiones exageradas de los diputados más extremistas, los ultras, con una organización semiclandestina denominada Chevaliers de la Foi. Bajo la influencia del antiguo ministro de Napoleón, Fouché, Luis XVIII no quiso arriesgarse a adoptar las medidas radicales que demandaban los ultras. Disolvió la Cámara en septiembre de 1816 y, en parte utilizando la influencia gubernamental, logró asegurar la elección de una mayoría mucho más moderada. Entre sus logros hay que mencionar la ley electoral de 1817 por la que, mediante procedimientos censitarios, se creaba un electorado de 100.000 personas, compuesto sobre todo por terratenientes. El gobierno procedió a expulsar a los ultras de la Administración y autorizó el regreso de los exiliados. Sin embargo, la reconciliación no podía ir mucho más lejos. Los éxitos electorales de los liberales atemorizaron al ministro Elie Decazes, quien elaboró una ley electoral más restrictiva, y en ese momento, 1820, el asesinato del heredero del trono, el duque de Berry, último vástago en la línea directa de los Borbones hasta el nacimiento de su hijo póstumo, precipitó la crisis. Se adoptaron excepcionales medidas de represión que incluían la detención sin juicio durante tres meses, una rigurosa censura y una legislación electoral todavía más restrictiva. Esto aceleró el proceso de polarización política entre los ultrarrealistas y los liberales, y entre los nobles y los no nobles en el seno de la elite y, en el ámbito regional, entre el oeste y el sur y otras áreas. Por encima de todo, estos sucesos ponían fin al intento de ampliar la base de apoyo del régimen y gobernar mediante el consenso. Sin embargo, la situación distaba de ser irreparable. La exitosa intervención militar en España en 1823 contribuyó considerablemente a la consolidación del régimen.

La tensión política creció con la llegada al trono de Carlos X, en septiembre de 1824. El nuevo rey tenía un concepto de sus derechos y deberes que a duras penas era compatible con la monarquía constitucional. Se apoyaba en el gobierno del conde de Villèle y en una Cámara dominada por los ultras y elegida en 1824, tras la crisis del asesinato, con tres quintas partes en manos de la nobleza y la mitad compuesta por antiguos emigrados. Con todo, la mayoría estaba escindida por las enconadas disputas entre los partidarios de una monarquía aristocrática y clerical, y François La Bourdonnaye y los monárquicos constitucionalistas, inspirados en el vizconde de Châteaubriand, y estas facciones se dividían, a su vez, por disputas personales y por la rivalidad de influencias y cargos. La provisión de compensaciones para antiguos exiliados cuya tierra se hubiera confiscado durante la Revolución los liberales la describieron como una multa a la nación impuesta por una mayoría de nobles egoístas. La preocupación por las intenciones del régimen no hizo sino aumentar con los esfuerzos de este por prestar apoyo al propósito de la Iglesia de restaurar el «orden moral». Medidas como la ley contra el sacrilegio y las compensaciones a los antiguos emigrados por las tierras que les habían sido confiscadas durante la Revolución, que los liberales definieron como una multa impuesta a la nación por una mayoría de nobles egoístas, inflamaron los ánimos. La incitación oficial a efectuar ostentosas misiones religiosas, que reclamaban en provincias una penitencia colectiva por los desaguisados de la Revolución, causó mayor tensión y alteró notablemente el clima político. El trabajo de reconstrucción tras las depredaciones de la Revolución también requirió la urgente recuperación de seminarios en los que educar a los cada vez más numerosos clérigos seglares y el fomento de la expansión de las órdenes religiosas, en especial a aquellas comunidades femeninas tan útiles en la prestación de asistencia e instrucción para los pobres. Una íntima alianza entre el trono y el altar promovió el supremo objetivo de reafirmar la fe religiosa. También garantizó que la religión siguiera siendo un tema políticamente divisivo.

Además, entre 1817 y 1827 se manipuló el sistema electoral para reducir el número de votantes de 100.000 a 89.000. Junto con el trato de preferencia a los nobles en un ejército y una Administración ya considerablemente encogidos con el retorno a la paz, y la presión a favor de la restitución que con frecuencia ejercían los párrocos sobre aquellos que, durante la Revolución, ya considerablemente encogidos con el retorno a la paz, habían adquirido propiedades anteriormente pertenecientes a la Iglesia, las políticas del gobierno crearon una creencia cada vez más generalizada en que se planeaba un regreso al ancien régime.

Lámina 22. La solemne bendición de la cruz. La restauración del orden moral o la reconquista católica, 1826. Una de las muchas misiones que intentaban volver a establecer la piedad colectiva. Grabado de Massard. Biblioteca Nacional, París.

Los críticos del régimen eran esencialmente liberales comprometidos con la monarquía constitucional que, inicialmente al menos, habían visto como una garantía más probable de la libertad y el orden a los Borbones que a otro Bonaparte o una república. Los republicanos que se atrevían a debatir sus ideas abiertamente eran escasos, y la muerte del exemperador en mayo de 1825 dejó a los bonapartistas sin un líder claro, aunque un culto semirreligioso y romanticoide de Napoleón pervivió en canciones, retratos, poemas y recuerdos, en cuanto parte de la «alta» cultura tanto como de la popular. En la mayoría de las regiones parecía haber poco interés sostenido por la política fuera del estrecho círculo de los hombres con dinero y tiempo libre. La oposición, sin embargo, ya contaba con cuadros. Los informes policiales afirmaban que la mayoría de los liberales eran abogados o comerciantes, o bien miembros desplazados de la antigua elite de funcionarios imperiales y oficiales del ejército prematuramente retirados con la mitad de la paga. En toda ciudad pequeña se reunían con regularidad en cafés y clubes para leer periódicos y comentar sus contenidos. Sin embargo, como el sistema electoral requería que los candidatos parlamentarios fueran acaudalados y debido a la publicación de los discursos parlamentarios, los miembros de la oposición solían ser miembros de la elite terrateniente. Significativamente, en 1825, las suscripciones a los periódicos progubernamentales sumaban 20.000, el doble que a los de la oposición. Aunque estas cifras eran pequeñas, en la prensa se encontraban no solamente noticias y comentarios, sino también liderazgo, un medio de organizar las campañas electorales y la sensación de pertenencia a un movimiento. Por supuesto, el número de los lectores era muy superior.

Los éxitos liberales en las elecciones de 1827 convencieron al rey de sustituir a Villèle por el más liberal vizconde de Martignac, un movimiento que rápidamente percibió que no había hecho sino estimular una mayor oposición. Carlos X, cuyas actividades contrarrevolucionarias entre 1789 y 1792 tanto habían hecho ya por desacreditar a los Borbones, esta vez se superó a sí mismo. En agosto de 1829 la designación del duque de Polignac como primer ministro, un místico que ignoraba los éxitos electorales liberales de 1827, culminó la polarización, pues lo colocó a la cabeza de un gabinete que, en las personas de La Bourdonnaye y el mariscal Bourmont, simbolizaba la derrota, la humillación nacional y el Terror Blanco de 1815. Parecía confirmarse así la sospecha de que el rey planeaba un golpe de Estado. Como respuesta, la asociación liberal Aide-toi, le ciel t’aidera («Dios ayuda a quien se ayuda»), creada en un principio para asegurar el registro de los votantes, apeló al pueblo para que se negase al pago de los impuestos. Los líderes moderados, como Guizot, se encontraron poco a poco a la cabeza de una peligrosa coalición que incluía a los jóvenes activistas republicanos. La escasez de la cosecha, el alza de los precios, el desempleo y la miseria avivaron el fuego. Las dos elecciones sucesivas de 1830 tuvieron como resultado una mayoría hostil al gobierno. Lo cierto es que los diputados liberales no querían la revolución, y seguramente se habrían contentado con que el rey aceptase su veredicto respecto a Polignac y reconociese el derecho del Parlamento a negar su confianza a los ministros. Ambos grupos estaban dispuestos a obrar de acuerdo con su interpretación, mutuamente excluyente, de la Carta. El rey creyó que las concesiones lo arrastrarían a la revolución. Invocó su poder para decretar el estado de emergencia, conforme el artículo 14 de la Carta, y promulgó las ordenanzas de julio por las que se endurecía la censura, se disolvía la Cámara recientemente electa, se revisaba el sistema electoral para aumentar la influencia de la Administración y se reducía el electorado a una cuarta parte, con 23.000 electores procedentes, por lo general, de la nobleza terrateniente. Estas disposiciones hicieron estallar la crisis. Con desgana, los miembros de la elite social y política se vieron forzados a elegir entre la monarquía borbónica y la libertad. Pese a que la oposición liberal contaba con figuras como el duque de Broglie y el conde Molé, la gran mayoría de los nobles se inclinaban sin duda por el monarca. En las filas de la oposición figuraban prósperos terratenientes, antiguos servidores del Imperio y miembros de las profesiones liberales, que desempeñaron un papel destacado. De nuevo, el conflicto constitucional habría de ser decidido en las calles de París.

Los liberales llamaron a la resistencia con una proclama redactada en términos bastante ambiguos por Adolphe Thiers y Charles de Rémusat. Aunque era una protesta pacífica, degeneró en violencia. La llamada a la defensa de la «libertad» movilizó a una coalición heterogénea compuesta por gentes de las clases medias y trabajadores de la ciudad. El primer enfrentamiento con la gendarmerie, que intentaba disolver a los manifestantes, tuvo lugar en la place du Palais Royal, durante el mediodía del 27 de julio. Por la tarde, las tropas, exasperadas por las mofas y las piedras, decidieron disparar, al parecer sin haber recibido la correspondiente orden. A ello lo siguió la violenta lucha callejera en los barrios pobres de la capital. Aunque la guarnición estaba compuesta por unos 11.000 hombres, no se habían efectuado los planes necesarios para una insurrección, y eran escasas las provisiones de munición y alimentos. El mariscal Marmont, el jefe militar, era impopular y carecía de confianza en sí mismo. El ejército no estaba preparado para la lucha callejera. El 28 de julio se ordenó a tres columnas que convergieran en el Ayuntamiento y destruyesen las barricadas que se encontrasen en el camino. Lograron su objetivo, pero las barricadas se levantaron inmediatamente después de que hubieran pasado. Aisladas, cansadas y hambrientas, las tropas comenzaron a confraternizar con los insurgentes, entre los que se encontraban muchos antiguos soldados de los ejércitos imperiales. Cabía la posibilidad de esperar a los refuerzos de provincias, pero Carlos X estaba cada vez más descorazonado por unos informes en los que quedaba claro que no se podía depender de esos refuerzos. La Administración real se derrumbó en casi todas partes y sus miembros fueron rápidamente reemplazados por los representantes de la oposición liberal. El 31 de julio el rey aceptó el nombramiento del duque de Orleans como lieutenant-général del reino con la esperanza de salvar algo del desastre. El 2 de agosto abdicó en favor de su nieto, el duque de Burdeos, todavía un niño. Retiró las ordenanzas y aceptó la celebración de nuevas elecciones. Pero era demasiado tarde.

Lámina 23. Lucha en el bulevar de los Italianos, 28 de julio de 1830. Litografía de V. Adam. Museo Carnavalet, París. Foto: Museos de la Ville de Paris. © SPADEM.

La Revolución de Julio había estallado porque muchos miembros moderados de las clases dirigentes retiraron su apoyo natural a un régimen que amenazaba los principios fundamentales del gobierno representativo que encarnaba la Constitución. Más aún, Carlos X se había mostrado en exceso favorable a un único elemento de la elite: la nobleza. Y, al actuar así, había puesto en peligro la posición de la que gozaban los demás notables desde 1789. La pérdida de legitimidad parece haber influido incluso en sus más decididos partidarios y explica la falta de decisión de algunos oficiales de la guarnición parisiense. Los sucesos se desarrollaron con tanta rapidez, y en una dirección tan inesperada, que cogió desprevenidos a los líderes de la oposición. Un pequeño grupo de políticos liberales puso a Lafayette, el viejo héroe de 1789, al frente de la Guardia Nacional y estableció una comisión municipal encargada de preservar el orden. Los asustaban los gritos de Vive Napoléon II!, Vive la République! y A bas les Bourbons! y, sobre todo, la perspectiva de una nueva intervención de las masas en la política, que podía desembocar en la guerra en el interior y el exterior. El 30 de julio, para acabar con el vacío de poder, ofrecieron el trono al duque de Orleans con la condición de que se comprometiese a respetar los principios de la monarquía constitucional. La proclamación, redactada por Thiers, presentaba al nuevo rey como «un príncipe devoto de la causa revolucionaria» y «un rey-ciudadano». El 31 de julio Luis Felipe nombró a su gobierno y acordó una reunión de la Cámara de Diputados. El 8 de agosto la Cámara votó a favor de una revisión de la Constitución que alteraba de modo sustancial el equilibrio de poderes entre el rey y el Parlamento a favor de este último. Con este motivo, se afirmaba abiertamente el carácter contractual de la relación entre el rey y la nación, obligando a Luis Felipe a jurar fidelidad a esta Carta revisada y de talante más liberal. Una importante purga en la Administración, unida a la retirada de muchos nobles de la vida pública debido a su renuencia a servir al «usurpador», confirmó la derrota de la reacción aristocrática.

Lámina 24. Lafayette recibe a Luis Felipe ante el Ayuntamiento de París, 31 de julio de 1830. Pintura de Éloi-Firmin Féron. © RMN-Grand Palais (Palacio de Versalles)/ Derechos reservados.

LA MONARQUÍA DE JULIO

Pese a lo pronto que se restableció la autoridad del gobierno central, la situación política no dejó de ser tensa. El choque de intereses entre los distintos grupos que habían derrocado a los Borbones era inevitable. Una vez alcanzados sus objetivos, la mayor parte de los liberales se volvieron políticamente conservadores, preocupándose de la protección de su libertad personal y su propiedad. Sin embargo, la Liberté por la que habían luchado tenía distintos significados. Tras la Revolución, la gente se sentía libre para discutir la situación en reuniones y periódicos. El descontento pudo expresarse mediante una nueva ley electoral que redujo el requisito para votar de 300 a 200 francos en el pago de impuestos. Se aminoraba así el peso de los nobles dentro del electorado y se otorgaba el sufragio a muchos propietarios de tierras (que junto con los agricultores representaban el 56 por 100 de los votantes en 1846), funcionarios (aproximadamente el 8 por 100), profesionales (aproximadamente el 10 por 100), hombres de negocios y una pequeña mayoría de artesanos prósperos (aproximadamente el 26 por 100). Se siguió excluyendo a la vasta mayoría de la baja clase media, a los labradores y a los trabajadores urbanos. De este modo, mientras que en Gran Bretaña la ley electoral de 1832 reconocía el derecho de sufragio a 1 de cada 25 ciudadanos, en Francia la proporción equivalía tan sólo a 1 de cada 170, aunque la creciente prosperidad fue ampliando el número de electores de 166.000 a 241.000, mientras que la ley sobre elecciones municipales de 1831 dio el voto a unos 3 millones. Este electorado ampliado pero aún pequeño daría un sólido apoyo parlamentario al régimen. No obstante, para algunos de los que habían sido excluidos todo esto era muy arbitrario. Los militantes republicanos, todavía una reducida minoría, protestaron por que una Cámara de Diputados drásticamente reducida, y no una Asamblea Constitucional de nueva elección, hubiera tomado las decisiones constitucionales más importantes. El mismo gobierno divergía respecto al grado de la liberalización política que había que emprender. El ministro de Justicia, Jacques-Charles Dupont de l’Eure, dimitió y denunció a continuación al régimen por «repudiar a sus autores y a su apoyo natural y retornar con incontestable predilección a las tradiciones y hombres de la Restauración». En París se produjo un renacimiento de la prensa republicana. En provincias se reavivó parcialmente la red de comités creados para oponerse a los sueños absolutistas de Carlos X. Además, y esto explica el carácter crecientemente conservador y represivo del régimen, la revolución devolvió a las masas a la arena política. Los encomios oficiales a su coraje animaron a los trabajadores parisienses a tomar las calles y a exigir el enjuiciamiento y castigo de los ministros de Carlos X. Simultáneamente se sirvieron de peticiones y huelgas para lograr otros objetivos prácticos, como salarios más altos, reducción de la jornada laboral y prohibición de la maquinaria que amenazaba el empleo. Exigían a un gobierno que creían erigido por ellos mismos el reconocimiento del derecho humano fundamental a un salario de subsistencia. Se sintieron defraudados cuando el gobierno se negó a darles una respuesta, mientras se deterioraba seriamente el nivel de vida como resultado de la crisis económica que siguió a la revolución.

Las reivindicaciones populares tropezaron con la incomprensión del gobierno que se había comprometido con «el principio de libertad de industria». La ocupación obrera de Lyon en noviembre de 1831 y su lema «vivir trabajando o morir luchando» crearon conmoción. El periodista Saint-Marc Girardin señaló que esta insurrección había «revelado un gran secreto»: «los bárbaros que amenazan a la sociedad no están [...] en las estepas de Tartaria [...]; se encuentran en los suburbios de nuestras ciudades industriales». El gobierno estaba decidido a acabar con la agitación política y a reprimir el creciente número de asociaciones creadas por los trabajadores para proteger sus derechos. Combinó la represión con un esfuerzo por salvaguardar el «orden social» a largo plazo mediante la promulgación, en 1833, de una ley sobre educación primaria con la que pretendía «moralizar» a los estamentos inferiores mediante la instrucción religiosa, fomentar el uso del francés en lugar de los idiomas regionales y, en general, potenciar el sentido de identidad nacional. A las comunas que todavía carecían de escuela (aproximadamente un tercio) se les requirió que crearan una, y a cada departamento que destinara fondos a la formación de los maestros. El tema de las niñas –su socialización en los apropiados roles de género– no tardó en abordarse. De momento, sin embargo, la escolarización obligatoria aún distaba de constituir una prioridad.

Como respuesta, pequeños grupos de republicanos de clase media comenzaron a buscar apoyos al margen del reducido electorado, y a politizar a los trabajadores descontentos a través de organizaciones clandestinas como la Société des Droits de l’Homme (Sociedad de los Derechos Humanos). La progresiva unión de los jóvenes militantes republicanos con los trabajadores sería vital para la formación intelectual de ambos grupos. Condujo a una mezcla de las ideas políticas republicanas con las derivadas de la cultura tradicional de los gremios artesanales. El periodo posrevolucionario duró hasta la promulgación de la ley de abril de 1834 que prohibía las asociaciones; la oleada de llamamientos a la insurrección y la brutal represión que los siguió fue inmortalizada por el dibujo de Daumier sobre la matanza llevada a cabo por las tropas de la Guardia Nacional en el claustro de Saint-Merri de París. Resultó fundamental en el despertar de la conciencia de clase y acercó a la baja clase media y al artesanado a la política republicana, para la que ganó nuevos adeptos. No obstante, en el futuro inmediato las consecuencias serían limitadas y fragmentarias debido a la represión gubernamental. Desde la década de los años cuarenta, en la cual la transformación capitalista de la economía fue más intensa y puso en peligro las tradiciones y prácticas de trabajo artesanales, la idea socialista de una sociedad más igualitaria, basada en cooperativas autorreguladas, atrajo especial interés.

La paz política de los años posteriores a 1834 se debió en parte a la firmeza y a la represión del gobierno y, en parte, al apoyo que prestaba un pequeño electorado a un régimen que le permitía defender sus propios intereses a través del Parlamento. Los sucesivos gobiernos intentaron garantizar el orden no sólo mediante la acción policial, sino también por la protección económica –un «principio conservador esencial», según el primer ministro Guizot– y la prosperidad, a la que sirvió de base un gran programa de obras públicas, que incluía la construcción de las líneas ferroviarias. El rey, cabeza del Ejecutivo, hizo pleno uso de sus facultades y se aseguró de que los ministros compartiesen sus objetivos. El gobierno, responsable ante el Parlamento, intentaba mantener el apoyo de la mayoría recurriendo ampliamente al patronazgo. No obstante, a la monarquía orleanista le faltaba el atractivo místico de su predecesora, de derecho divino. El apoyo que se le prestaba era mucho más condicionado. A su favor contaba con una oposición débil y dividida tanto fuera como dentro del Parlamento. En sus filas militaban desde los partidarios de otra restauración borbónica hasta los legitimistas de la derecha y los republicanos de la izquierda. Las voces más críticas procedían de la oposición «dinástica». Por su parte, periódicos como Le Siècle volvieron a emplear el lenguaje de 1789, atacando a la aristocratie bourgeoise dominante. Los políticos excluidos del poder condenaban la corrupción del sistema representativo. Acusaban al gobierno de abuso de influencia en las elecciones. Tras el catastrófico resultado de 1846, intentaron cambiar las reglas del juego mediante la reforma del sufragio, no para otorgar el voto a las masas, sino para procurar una mayor representación de las clases medias propietarias. Sin embargo, desde una posición de aparente fuerza Guizot estaba decidido a rechazar reformas que pudieran provocar una derrota electoral del gobierno. Él estaba convencido de que la ampliación del sufragio no haría sino politizar a los miembros menos capaces y responsables de la sociedad: aquellos más probablemente partidarios de una revolución radical.

La posición del régimen no era tan segura como parecía. En las elecciones de 1846 obtuvo el favor de los votantes de la baja clase media de las grandes ciudades, que formaban parte de la oposición. Además, perdía crédito por los escándalos en las altas esferas, las continuas críticas de la oposición respecto a la corrupción electoral y al uso del patronazgo para controlar a los diputados y, en particular, por la severa crisis económica, que comenzó entre 1845-1846 y originó grandes protestas populares. Se disipó la imagen de prosperidad, que el régimen cultivaba, y la reemplazaron el pesimismo y la ansiedad. La agitación política se multiplicó, sobre todo por medio de la campaña de los «banquetes», con la que se intentaba soslayar las leyes que prohibían las reuniones políticas. Este recurso fue utilizado por vez primera por los miembros de la oposición dinástica, como Odilon Barrot, quien era partidario de una ampliación limitada del sufragio mediante la reducción del límite establecido en el requisito de imposición tributaria a 100 francos. Los moderados perdieron pronto la iniciativa ante republicanos como Alexandre-Auguste Ledru-Rollin, que en Lille, en noviembre de 1847, había exigido ya el sufragio universal masculino. Como un auténtico romántico, idealizaba al «pueblo» como el «Ecce Homo de la era moderna», cuyo «descenso de la cruz» y «resurrección» estaba cerca. En su opinión, si se quería evitar una revolución sangrienta, los cambios políticos necesitaban ir acompañados de reformas sociales sin especificar que pusiesen término al sufrimiento de las masas. La intransigencia del gobierno, tal y como se mostró en un discurso agresivo pronunciado desde el trono el 28 de diciembre, concitó una oposición aún más virulenta. Esto aumentó el temor de los conservadores a la «anarquía» y al «comunismo».

La campaña de los banquetes obtuvo amplio apoyo en los centros de la oposición del norte y este y, según se planeaba, debía culminar en el banquete masivo de París. El gobierno, intranquilo por los desórdenes, prohibió la reunión, un gesto que produjo una sensación de alivio entre los políticos liberales y los republicanos moderados. Sin embargo, otras personalidades, menos conocidas y más radicales, convocaron una manifestación de protesta. El 22 de febrero de 1848 una multitud de estudiantes y trabajadores se reunieron en La Madeleine y la plaza de la Concordia y, cuando la policía intentó dispersarlos, estallaron incidentes de esporádica violencia. Al día siguiente, algunos elementos de la clase media que formaban parte de la Guardia Nacional manifestaron su apoyo a la reforma y la antipatía que sentían por un régimen que parecía representar sólo los intereses de las clases altas, la llamada grande bourgeoisie. Esto pareció persuadir al rey y a sus consejeros de la conveniencia de emprender una reforma. La noticia de la sustitución del intransigente Guizot por el liberal Louis Mathieu Molé fue bien recibida en la milicia urbana. En contraposición, la clase trabajadora de los suburbios comenzó a construir barricadas. Con todo, la situación se podría haber estabilizado de no ser por la descarga que efectuaron las tropas que hacia las 10 de la noche protegían el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el bulevar de los Capuchinos. Una población enfurecida comenzó a construir cientos de barricadas volcando carros y barriles y cogiendo piedras del pavimento de las estrechas y tortuosas callejas de la ciudad vieja. Procurando salvar la deteriorada situación, se instó al indeciso monarca a abdicar. Los miembros de la oposición dinástica, incluidos Barrot y Thiers, intentaron en vano garantizar la regencia de su nieto. Simultáneamente, los líderes republicanos, en las oficinas de periódicos como Le National y La Réforme, empezaron a darse cuenta de que era posible un final más radical. Al comenzar la mañana del 23 de febrero, seguramente sólo una minoría de la población parisiense era abiertamente republicana. Al despuntar el alba del 24 de febrero, había ya 1.500 barricadas y una insurrección multitudinaria contra el rey que «asesinaba a su pueblo». La pérdida de confianza en el liderato político y la inexistencia de instrucciones claras hizo inútil el empeño del mariscal Bugeaud por despejar las calles. Finalmente, tuvo que retroceder con sus fuerzas, cada vez más desorganizadas, hacia las Tullerías. Al mediodía, entre escenas de gran desorden y la euforia popular, la muchedumbre vitoreó en el Ayuntamiento a un Gobierno Provisional compuesto por conocidos políticos y periodistas republicanos. La Segunda República, como la primera, tendría gran repercusión en la cultura política. Los temas de la primera revolución, reinterpretados a lo largo de décadas de gradual cambio económico y social, fueron revisados con celeridad. Se creaba una nueva percepción de la sociedad y la política que decidiría las opciones disponibles de las siguientes décadas.

LA SEGUNDA REPÚBLICA

La revolución estalló como resultado de una situación en la que la crisis económica y social habían hecho perder al régimen incluso el apoyo de sus habituales adeptos. Su fracaso consistía en no haber sabido hacer concesiones a tiempo. Al final, un incidente fortuito le había hecho perder la legitimidad ante muchos y, desde luego, ante los habitantes de la capital. Para su sorpresa, un puñado de activos republicanos había aprovechado la situación de desmoronamiento gubernamental y tomado las riendas del poder. Ahí empezaron los problemas. Los miembros del Gobierno Provisional estaban divididos social, política y personalmente y carecían de experiencia de gobierno. La mayoría de los moderados, y a la cabeza de ellos el aristócrata y poeta Lamartine, opinaba que su papel era restablecer el orden y la continuidad de la Administración, reduciendo su actuación al mínimo hasta la elección de una Asamblea Constituyente. La gran expectación entre las masas de París hizo que incluso este grupo de hombres cautos se viera obligado a reconocer el sufragio universal masculino, la democratización de la Guardia Nacional –lo que suponía armar al pueblo– y la libertad de prensa y de reunión. Una minoría, dirigida por Ledru-Rollin, el socialista Louis Blanc y el trabajador y veterano de las sociedades secretas Albert Martin, apoyaba una acción más radical. Pronto no cupo duda de que resultaba más fácil ponerse de acuerdo para enfrentarse al depuesto régimen que encontrar algo que lo reemplazase.

Posteriormente, Alexis de Tocqueville señaló que París estaba «en las manos de los que nada poseían [...]. En consecuencia, el terror de las demás clases era extremo [...]; la única comparación posible sería la del sentimiento de las ciudades civilizadas del mundo romano cuando se encontraron repentinamente en manos de los vándalos o los godos». Fuera de París, la noticia de la revolución produjo gran conmoción y alarma entre los que todavía tendían a relacionar la República con el Terror. En ausencia de otra alternativa, el cambio fue aceptado a regañadientes por los conservadores, a los que daba cierta confianza la presencia de personalidades como Lamartine en el gobierno. En contraste, muchos de los miembros de la baja clase media y de los trabajadores reaccionaron con entusiasmo a lo que parecía ser el comienzo de una nueva era. Esta expectación ponía en una situación difícil a un gobierno preocupado por imponer su autoridad y que, en cualquier caso, debía de hacer frente a multitud de problemas, entre otros, la organización de las elecciones y la ayuda a los que habían perdido su empleo a causa de la falta de confianza financiera que se derivó de la revolución. La educación política de las masas evolucionó deprisa debido a la multitud de periódicos, clubes políticos y asociaciones de trabajadores que se crearon aprovechando la nueva libertad. Probablemente sólo una minoría de los trabajadores y campesinos entendía la política en cuanto a instituciones o a una ideología elaborada, pero en las grandes ciudades se coreaban gritos en favor de la «organización del trabajo» y la République démocratique et sociale; se demandaba la asistencia del Estado en la creación de una red de cooperativas de productores que sustituyesen la explotación capitalista. El discurso de los clubes parisienses, como la Société Républicaine Centrale de Blanqui o el Club de la Révolution de Barbès, era casi siempre extremista. El manifiesto de este último anunciaba que «sólo tenemos una República nominal; necesitamos la República real. La reforma política es sólo el instrumento de la reforma social». Estos radicales estaban decididos a impedir una repetición de lo que consideraban como la traición de 1830, y organizaron manifestaciones multitudinarias para mantener una continua presión sobre el gobierno.

El 25 de febrero el Gobierno Provisional había reconocido ya el derecho al trabajo y pareció que emprendería una profunda reforma. En realidad, todo lo que se proponía era recurrir a la solución tradicional de crear talleres benéficos para los desempleados, suministrando trabajo manual a bajo precio. Se crearon los denominados Talleres Nacionales en París y otras grandes ciudades. Mientras, la fundación de la Comisión Luxemburgo, compuesta por representantes del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores, y encargada de examinar las condiciones de trabajo y proponer reformas, reafirmó la creencia de que los grandes cambios eran inminentes. Pero la principal preocupación del gobierno era promover la recuperación económica devolviendo la confianza a los empresarios. Para ello había que proteger el orden público y evitar medidas socializadoras. El primero de estos objetivos y la amenaza de intervención extranjera, dispuesta a hacer respetar lo establecido en el acuerdo de paz de 1815, obligaron al gobierno a ponerse en manos del ejército. Las protestas campesinas contra el sistema capitalista, que amenazaba las tradicionales prácticas agrícolas, tuvieron idéntico efecto. Las esperanzas del campesinado en una acción positiva del gobierno se disiparon con la introducción de un suplemento que gravaba adicionalmente las tierras en un 45 por 100. Con ello se pretendía equilibrar el presupuesto y financiar los Talleres Nacionales. El gobierno se vio cada vez más falto de apoyo popular y pasó a depender de las elites sociales que, al margen de anteriores creencias políticas, aparecían ahora unidas en su oposición a la reforma social. Con la introducción del sufragio universal masculino, por el que se pasó de golpe de 250.000 a casi 10 millones de electores, se cumplió el viejo sueño de los radicales. Por primera vez en la historia, la totalidad de la población masculina de un gran Estado obtuvo el derecho al voto, y demostró gran madurez política, pues en abril de 1848 votó el 84 por 100 del electorado. Las mujeres seguían privadas del derecho al voto. Limitadas incursiones feministas en la política en 1848 provocaron de hecho considerable preocupación. Una implicación como esa en los asuntos públicos chocaba con los ideales de domesticidad y la creencia en la inferioridad intelectual de las mujeres que los hombres de todos los credos e incluso muchas mujeres compartían. A los republicanos les preocupaba además, y probablemente con razón, que el voto de las mujeres –así como su influencia informal– aumentara la influencia del clero. En cualquier caso, para los conservadores la ampliación del derecho al voto constituía una pesadilla, el primer paso posiblemente hacia una completa revolución en la sociedad.

Pese a que materializaba la pesadilla de los conservadores, en realidad, fueron los demócratas los defraudados. La falta de partidos organizados hizo que la elección de candidatos siguiese dependiendo en muchas áreas, sobre todo en los distritos rurales, de la actividad de pequeños grupos de notables con experiencia política. La organización y la propaganda de los conservadores eran más eficaces. Ante el elevado número de candidatos, muchos votantes se inclinaron por los que ocupaban una posición destacada en la comunidad local, incluido el clero, ya fuese por su riqueza, su educación o el cargo administrativo. De hecho el sufragio universal masculino estableció una clara correspondencia entre las creencias religiosas y el conservadurismo político contra lo que se entendía como un desafío a los eternos valores de la religión y del orden social. A falta de influencia siempre se podía recurrir a la intimidación. Los pobres necesitaban actuar con cautela. Los republicanos tuvieron poco tiempo para reflexionar sobre esto antes de la votación del 23 de abril. Una gran mayoría de los diputados electos eran conservadores y antiguos monárquicos que, como resultado de la continua crisis de confianza, habían adoptado la etiqueta republicana. Cuando se reunió la Asamblea Constituyente, eligieron a una Comisión Ejecutiva compuesta, en lo fundamental, por los miembros más moderados del anterior Gobierno Provisional.

Los resultados electorales causaron gran descontento entre los radicales. El 15 de mayo se celebró una gran manifestación en París que concluyó con la caótica ocupación de las masas del lugar de reunión de la Asamblea. Exigían la creación de un Comité de Salvación Pública que recaudase un impuesto social para financiar la inmediata creación de cooperativas de productores. El resultado fue la determinación de los conservadores de restablecer el orden social. Para los radicales, los Talleres Nacionales simbolizaban la esperanza de crear un mundo mejor, pero los conservadores los veían como una amenaza revolucionaria, por la que «el Estado contribuye monetariamente a que 80.000 trabajadores aprendan las técnicas de la revuelta en la ociosidad del cabaré», decía un periódico refiriéndose al proyecto parisiense. El 22 de junio se anunció su clausura. Nada se hizo para convencer a los miles de desempleados de que se les seguiría suministrando ayuda. Además, la amenaza del gobierno de recurrir a la fuerza aumentó la desconfianza respecto al proceso político legal y confirmó la idea de que ante un gobierno así no quedaba otra alternativa que la de recommencer la révolution. El 23 de julio, bajo el grito de «¡libertad o muerte!», se levantaron barricadas en todos los barrios pobres del este de la ciudad. Los insurgentes carecían de un plan global, tampoco había un liderato colectivo y la revuelta pronto degeneró en la desesperada defensa de barrios aislados.

Lámina 25. Junio de 1848: barricada en la rue Saint-Antoine. Litografía de Beaumont y Ciceri. © RMN-Grand Palais/Agence Bulloz.

Aunque los datos varían, se calcula que un número importante de hombres y mujeres (quizá entre 20.000 y 30.000) se sintieron lo bastante defraudados con el resultado de la revolución como para arriesgar sus vidas en pro del establecimiento de un régimen que respondiera a sus necesidades. Creían luchar por la justicia. Contra ellos se erigieron las fuerzas del «orden»: miembros de la Guardia Nacional procedentes de los barrios prósperos del lado oeste (una quinta parte de la Guardia estaba compuesta por trabajadores); la Guardia Móvil, reclutada entre los jóvenes trabajadores en el paro que, no estando vinculados por lazos de solidaridad gremial o vecinal, seguían siendo leales a sus camaradas y al gobierno que les pagaba su salario, y el ejército regular, al que las clases propietarias acabarían por considerar como «el salvador de la civilización». El mando conjunto correspondió al ministro de Defensa, el general Cavaignac, quien a petición de la Asamblea Constituyente se hizo cargo también del gobierno. Deseoso de evitar una repetición de los sucesos de febrero, en los que se había aprovechado la dispersión de los grupos de soldados para aplastarlos, concentró a las tropas. Aunque esta táctica favoreció inicialmente la extensión de la revuelta, después de tres días de enconadas luchas callejeras, logró sofocar la insurrección. El artista Meissonier «vio cómo se abatía a los defensores y caían de las ventanas; el suelo quedó sembrado de cadáveres y la tierra se cubrió del rojo de la sangre [...]». Era el fin de la izquierda parisiense por toda una generación. Cualquiera que sea la naturaleza sociológica del conflicto, los coetáneos lo interpretaron como una lucha de clases entre la burguesía y el pueblo. En opinión de Tocqueville, la insurrección fue «el intento brutal, ciego pero muy poderoso, de los trabajadores por escapar de la indigencia que les imponía su condición, y que entendían como opresión ilegítima [...]. Esta mezcla de codicia y de falsas teorías hizo de la insurrección una fuerza formidable [...]. Habían asegurado a estas pobres gentes que el bienestar de los ricos se fundamentaba en cierto modo sobre el robo a los pobres». La prensa conservadora describió los sucesos como un estallido de fútil salvajismo, una revuelta cuyo objetivo era «la destrucción y el pillaje». Tras el grito inicial de triunfo ante la «victoria obtenida por la causa del orden, la familia, la humanidad y la civilización», apareció el recelo y aumentó la demanda de mayor represión. La actividad política fue severamente restringida. La nueva Constitución, promulgada el 4 de noviembre de 1848, preveía la elección de un presidente con gran poder ejecutivo.

El candidato elegido el 10 de diciembre por un 74 por 100 de los votos fue Luis Napoleón Bonaparte, que venció así a Cavaignac, quien obtuvo sólo el 19 por 100. Autor de dos patéticos intentos de derrocar la Monarquía de Julio y de famosos panfletos en los que se esbozaban «ideas napoleónicas» y medios sumamente vagos para el logro de la «extinción de la pobreza», el sobrino del emperador sacó partido al culto al gran soldado y líder político que habían difundido a lo largo de los últimos treinta años multitud de libros, panfletos, litografías y objetos de devoción.

La designación de los miembros del gobierno que hizo Bonaparte, casi todos ligados a la monarquía orleanista, parecía confirmar su compromiso con el llamado «partido del orden». La Asamblea Constituyente, consciente de su creciente aislamiento político y sujeta a la presión del nuevo gobierno, votó su propia disolución el 29 de enero. Las elecciones que se celebraron a continuación, el 13 de mayo, estuvieron mucho más politizadas que las de abril de 1848, sobre todo en provincias. El resultado mostraba una clara división entre izquierda y derecha, entre el conservadurismo reaccionario y el republicanismo radical, con los republicanos moderados en el centro presionados por unos y otros. El movimiento démocrate-socialiste o montagnard, que puede ser interpretado como el primer intento de crear un partido nacional moderno, incorporaba a los demócratas y a los socialistas decididos a defender la República y a luchar por una verdadera reforma social. En mayo, se eligió a unos 200 montagnards y, pese a su número, los 500 conservadores se alarmaron por el inesperado éxito radical. Sus votos no procedían sólo de los enclaves dominados por las clases trabajadoras de París y Lyon, que apoyaban a los «rojos», sino también del ámbito rural, supuestamente «incorruptible» y conservador. ¿Hacia dónde podía conducir todo esto? Empezó a vislumbrarse una perspectiva apocalíptica de victoria socialista que acabaría por amenazar la propiedad privada, la fe religiosa y la familia. Por otro lado, pese a la constante represión, la organización y la propaganda démocrate-socialiste habían logrado sobrevivir en algunas áreas, en forma de periódicos, panfletos, almanaques, grabados y canciones. Se presentaba así un programa social basado en unas cuantas consignas que relacionaban los problemas cotidianos de las gentes con los objetivos políticos de la izquierda. De esta manera, la política empezó a parecer relevante a los ojos de las masas. Denunciaban los impuestos, la explotación de los ricos, la tiranía del capitalismo en general, y de la usura en particular. En un periodo de continua depresión económica, la instauración de una République démocratique et sociale, que prometía créditos baratos para satisfacer el hambre de tierras del campesinado y proteger a los que se sentían amenazados por la expropiación por deudas, tenía gran atractivo. Otro tanto podría decirse de la promesa de educación gratuita, de la garantía del derecho al trabajo y del apoyo estatal para la creación de cooperativas de productores y consumidores. Este sería el camino hacia la liberación del proletariado. Las medidas debían financiarse aumentando la imposición a los ricos y nacionalizando algunos sectores clave, como los ferrocarriles, canales, minas y compañías de seguros. De este modo se reconciliaría el ideal de una sociedad de pequeños productores independientes, el de los sans-culottes de 1793, con el desarrollo de una economía capitalista moderna.

Como reacción, los parlamentarios conservadores intentaron cambiar de nuevo las reglas del juego político. Como dijo un funcionario judicial, era intolerable que se ofreciese «a los comunistas la posibilidad de que las urnas los convirtiesen algún día en reyes. La sociedad no debe suicidarse». Una nueva ley electoral hizo desaparecer a alrededor de una tercera parte de los votantes más pobres de las listas y se intensificó la acción contra los periódicos y organizaciones de la izquierda que perduraban, obligándolos a pasar a la clandestinidad. En un esfuerzo por salvaguardar el futuro, otra ley sobre la educación primaria (la loi Falloux) reforzó el mensaje religioso y socialmente conservador transmitido en las escuelas, así como el poder de supervisión del clero. A la Iglesia se la asociaba íntimamente con las fuerzas políticas «reaccionarias», a pesar de que el clero seguía insatisfecho con todo aquello que no fuera el control total de la instrucción de los jóvenes. Ni siquiera estas medidas hicieron mucho por frenar la histeria conservadora. Al acercarse las elecciones legislativas y presidenciales de 1852, arreciaron los rumores sobre un complot socialista. La búsqueda de una alternativa colocó a Luis Napoleón en una posición de fuerza como titular de la presidencia. Pese a que la Constitución excluía un segundo mandato, las facciones conservadoras fueron incapaces de acordar una alternativa. Además, Bonaparte había decidido no dejar el poder sin haber cumplido lo que consideraba su misión histórica: la regeneración de Francia.

Como cabeza del Ejecutivo, le resultó fácil organizar el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851. El golpe se dirigía tanto contra los grupos monárquicos representados en la Asamblea Nacional como contra los republicanos radicales. Pero, como sólo estos últimos presentaron resistencia, adquirió un carácter sobre todo antirrepublicano. Hoy hay que interpretarlo como la culminación de un largo periodo de represión de la izquierda. En París la resistencia fue muy pequeña debido a los arrestos preventivos y al despliegue militar previo. Eran pocos los trabajadores dispuestos a arriesgarse a repetir la insurrección de junio para defender los derechos de una Asamblea monárquica contra un presidente que prometía restablecer el sufragio universal. Lo mismo sucedió en otras ciudades, donde sólo hubo pequeñas manifestaciones. No obstante, se resistieron unos 100.000 hombres de unas 900 comunidades rurales y pequeñas ciudades, sobre todo del sudeste. Procedían de regiones en las que predominaba la pequeña explotación agrícola y donde las dificultades que había creado el crecimiento demográfico se habían acentuado por los persistentes problemas de las actividades orientadas al mercado, como el cultivo vitivinícola y de la seda, la silvicultura y la industria rural, en general. Todavía más significativa fue la pervivencia de organizaciones clandestinas democrático-socialistas, que fueron el instrumento de movilización en defensa de la République démocratique et sociale y de la nueva era de seguridad y felicidad, que se les había prometido para el año 1852. La ingenuidad de su fe no resta méritos a su esperanza en el progreso y en el triunfo de la democracia. Pero el movimiento fue sofocado con facilidad por las tropas, que se trasladaron al campo una vez restablecido el orden de sus guarniciones urbanas. A esto siguió un ajuste de cuentas con la izquierda: con poca consideración hacia la ley, se practicaron más de 26.000 detenciones en toda Francia. Los conservadores, muy inquietos por los relatos burdamente exagerados de las atrocidades de los «rojos», daban gracias a Dios por su liberación. El Estado policial parecía ser su única esperanza. El 20 de diciembre se convocó un plebiscito que debía sancionar una extensión de los poderes del príncipe-presidente. Luis Napoleón estaba decidido a obtener una amplia mayoría y se comunicó a todos los funcionarios que, si querían mantener su puesto, debían prestar su apoyo. El lema fundamental era la alternativa entre «la civilización o la barbarie, la sociedad o el caos». Se prometió que, tras la era de desorden inaugurada en 1848, se impondría el orden, la paz y la prosperidad. El resultado de la votación era predecible: 7.500.000 votos a favor, 600.000 en contra, y un millón y medio de abstenciones. La oposición se concentró en las grandes ciudades. Como símbolo del porvenir, se sustituyó la imagen de la República en las monedas y sellos por la de Son Altesse Impériale Monseigneur le Prince-Président. El 1 de enero de 1852, en un solemne servicio celebrado en Notre Dame, el arzobispo de París cantó el Domine salvum fac ludivicum Napoleonem, como si el Imperio aún existiese. El 12 de mayo se distribuyeron en el ejército las nuevas banderas con el águila imperial. Liberada del Terror, la clase alta celebró con gran entusiasmo el carnaval de 1852.

A largo plazo, la crisis de mediados de siglo, desde 1846 hasta 1852, mostró el horror que suscitaba la revolución social y la voluntad de las elites de recurrir a la represión violenta para defender sus privilegios. Pero la crisis constituyó también un estadio importante en la politización de las masas. La introducción del sufragio universal masculino incitó a la movilización política a favor de la izquierda y la derecha. Pese a la represión, durante estos años se precisó el concepto de República y se conquistó el apoyo de las masas. Aunque se mantuvieron divergencias fundamentales entre moderados y radicales, unos y otros comulgaban con los ideales de 1789-1794. Si bien la resistencia al golpe de Estado de 1851 tenía mucho en común con las «primitivas» tradiciones de protesta popular, se inspiraba en la ideología política. La Bonne, la République démocratique et sociale había sido presentada, con bastante éxito, como el instrumento para erigir una sociedad más igualitaria y justa. El golpe hundió estas esperanzas. Por segunda vez un Bonaparte apoyado en el ejército aplastaba a una República. Al cabo de un año, del 21 al 22 de noviembre de 1852, siguiendo otra campaña bien orquestada, se convocó un segundo plebiscito por el que se aprobaba el restablecimiento del Imperio hereditario, proclamado el 2 de diciembre, día del aniversario de Austerlitz. Su Constitución se basó eminentemente en la del primer Imperio. Otorgaba enormes poderes al príncipe-presidente, que a partir de entonces sería el emperador.

EL SEGUNDO IMPERIO

Las intenciones del nuevo emperador Napoleón III han sido objeto de frecuente debate. La reputación de este extraño personaje, iluminado por la creencia en su propio destino, quedó dañada de manera irreparable tras el desastre militar de 1870. Sin embargo, no es posible despacharlo sin más, como hizo Victor Hugo al denominarlo Napoléon le petit. Sus objetivos estaban claros: despolitizar el gobierno instaurando un poder ejecutivo fuerte y estable, capaz de promover la modernización económica y social, y así «poner fin a la era de revolución, satisfaciendo las legítimas necesidades del pueblo» (2 de diciembre de 1853). Durante la primera década, por lo menos hasta 1857, el poder personal del emperador fue inmenso. Convocaba a los ministros una vez por semana para discutir la agenda por él elaborada. Le informaban y tomaba las oportunas decisiones. De este modo, ante la inactividad del Corps législatif, se anuló la tradición de responsabilidad ministerial ante el Parlamento, que se había venido asentando poco a poco desde 1814. En estos años, el régimen se caracterizó por la continua represión política, la estrecha colaboración con las fuerzas reaccionarias y clericales y el control de las elecciones apoyando a los candidatos «oficialistas». Sin embargo, aun en esta etapa, la ejecución de la política gubernamental se vio obstaculizada por los complejos y contradictorios grupos de interés, por las dificultades prácticas con las que tropezaba el control administrativo y financiero y por las vacilaciones de la propia dirección del Estado. El nuevo régimen dependía de los servidores aristócratas y grands bourgeois de los gobiernos precedentes. La mayoría de los ministros eran conservadores y antiguos orleanistas, como Pierre Magne, Achille Fould, Eugène Rouher y Jules Baroche. El número de auténticos bonapartistas era muy pequeño. Como señaló el antiguo primer ministro orleanista Guizot, «una insurrección puede ser reprimida por los soldados y una elección ganada por los campesinos. Pero el apoyo de los soldados y los campesinos no basta para gobernar. Es imprescindible la cooperación de las clases altas, que son los gobernantes naturales». Napoleón parece haber supuesto que los notables se adherirían a su gobierno. En buena medida, se vería defraudado.

No obstante, en los primeros años, la existencia de un gobierno fuerte, la estabilidad política y la bonanza económica otorgaron prestigio al régimen. La pretensión del emperador de ser «el salvador de la sociedad» contó con el favor de las clases propietarias. Cuantiosas inversiones en las infraestructuras de transporte constituyeron un importante estímulo para la economía. La decisión del emperador de crear una ciudad capital «moderna» y prevenir las amenazas de la revolución y el cólera se llevó a la práctica en parte con el apoyo de inversores privados y de ingenieros del gobierno movilizados por el barón Haussmann, el enérgico prefecto del Sena. Gran parte de la población rural de la que dependía el apoyo electoral lo veía como «su emperador», que ofrecía protección tanto contra la restauración del ancien régime como contra el caos revolucionario. Además de la obtención de recursos a través de los impuestos y el servicio militar obligatorio, este fue un régimen que reportaba beneficios en forma de líneas férreas y carreteras, y ofrecía subvenciones para la construcción o renovación de iglesias y escuelas. Pese a que la historiografía republicana tiende a minimizar su importancia, muchos trabajadores simpatizaron también con el régimen debido a la leyenda de Bonaparte y a la inclinación del emperador por los pobres.

Lámina 26. Napoleón III, la emperatriz y el príncipe imperial rodeados por el pueblo. Uno de los muchos grabados populares. Al fondo se puede ver la imagen de Napoleón I, el fundador de la dinastía. Grabado de Leopold Flaming. Biblioteca Nacional, París.

La Guerra de Crimea (1853-1858), emprendida con el fin de defender a un Imperio turco en estado de desintegración frente a la «barbarie» rusa y la amenaza que este suponía para la civilización europea, y a la que se enviaron hasta 310.000 soldados y marinos (por 98.000 británicos), reveló la superioridad del ejército francés sobre sus aliados y adversarios. El éxito pareció volver a situar a Francia en un lugar de preeminencia en Europa. En 1859, la marcha del emperador a la guerra en Italia se celebró con una exhibición de nacionalismo belicoso incluso en enclaves de la oposición, como París o Lyon. Así pues, el Segundo Imperio gozó de un apoyo más unánime que el que habían tenido sus predecesores. Los resultados electorales sugieren que esta situación alcanzó su cénit en 1857, cuando, pese al gran abstencionismo, los candidatos oficiales obtuvieron 5,5 millones de votos por 665.000 de la oposición. Aunque los prefectos mostraban gran preocupación por la opinión pública, en las ciudades era mucho más difícil controlar al electorado y, de hecho, sólo participó el 60 por 100. En gran medida el favor con el que contaba el régimen, en especial el de las elites, fue siempre condicionado. Disminuyó al ir desapareciendo el peligro de sublevación revolucionaria. Una vez que el orden pareció garantizado, los notables presionaron de nuevo para que se restableciese el sistema parlamentario y para poder participar de modo activo en la toma de decisiones y proteger sus intereses. Las críticas surgieron, por tanto, del grupo que había celebrado el golpe, que ya no creía necesario un régimen autoritario. Entre las voces discordantes estaban los liberales socialmente conservadores pero también los republicanos que, víctimas del golpe, repudiaban al Imperio y todos sus logros.

Durante la década de 1850 y prácticamente casi toda la siguiente, la oposición republicana siguió siendo frágil. En muchas regiones, el proceso de politización durante la Segunda República no había durado lo suficiente como para que las masas llegasen a comprometerse. La represión había sido efectiva. Muchos antiguos activistas, sabedores de que estaban fichados, habían adoptado una postura de sumisión. En la década de los cincuenta, los informes administrativos de provincias respiraban una seguridad que contrastaba de lleno con el tono alarmista anterior al golpe de Estado. En las elecciones de 1852 los republicanos optaron por la oposición conservadora o decidieron abstenerse. Los republicanos moderados, Cavaignac y Lazare-Hippolyte Carnot, elegidos en París, y Jacques-Louis Hénon, en Lyon, se negaron a prestar el juramento de lealtad al monarca y perdieron su escaño. Pero en muchas partes de Francia los republicanos siguieron reuniéndose, en el trabajo, en bares y en sus hogares, y ocultaron su actividad política bajo la tapadera de las asociaciones voluntarias. De esta manera mantuvieron –o crearon– los cuadros necesarios para una reconstitución final del partido republicano.

Desde 1860 cambió el trasfondo político. El régimen de Napoleón III, a diferencia del de su ilustre tío, no fue adoptando un carácter cada vez más autoritario. Al contrario, dio pasos decisivos para establecer un régimen parlamentario. Animado por su hermanastro el duque de Morny, por Alexandre Walewski –hijo ilegítimo de Napoleón I– y por su primo, el príncipe Napoleón, y deseoso de crear un régimen constitucional que dependiese menos de su propia supervivencia, el emperador confirió al Cuerpo Legislativo, por el decreto del 24 de noviembre de 1860, el derecho a debatir el discurso de la Corona al inicio de cada sesión parlamentaria. Después acordó que los ministros sin cartera podrían explicar y defender la política gubernamental ante la Asamblea. Y, además, pese a los recelos de los ministros más autoritarios, como Baroche, Fould y Rouher, se autorizó a la prensa a publicar íntegramente los debates y a dar publicidad a sus actividades. En diciembre de 1861, Napoleón decidió poner solución a la creciente preocupación de los medios financieros por la deuda nacional y por los heterodoxos procedimientos de Haussmann para financiar la reconstrucción de París, y autorizó el control presupuestario del Parlamento. Era un instrumento vital para reforzar la influencia de la Asamblea representativa. Por lo demás, pese a que la legislación represiva se mantuvo intacta, a lo largo de la década hubo una tolerancia mucho mayor respecto a la prensa. Se estaba gestando un nuevo clima político.

Al parecer, una vez restablecido el orden, el emperador se había propuesto introducir una serie de reformas que debían reconciliar a liberales y republicanos con el régimen. El gobierno autoritario era visto como un obstáculo para la modernización económica y social. Al menos al principio, la política de liberalización mostró confianza en la estabilidad del régimen. Sin embargo, algunas medidas tuvieron un efecto complejo y a menudo contradictorio. Entre ellas cabe señalar: la amnistía de los republicanos, la alianza con el Piamonte contra Austria y en apoyo de una «Europa de las nacionalidades», el debilitamiento de la alianza entre la Iglesia y el Estado de la Segunda República para desarrollar la educación primaria como medio de control social, el tratado comercial con Inglaterra de 1860 con el que se quería intensificar la competencia y forzar la modernización, el refuerzo del papel del Parlamento y la legalización de la huelga. Al comprender que el régimen no utilizaría la fuerza bruta contra las voces críticas, aumentó la censura de los que opinaban que las nuevas medidas y la voluntad del emperador de hacer uso de su poder personal ponían en peligro sus intereses vitales. Entre los descontentos estaba la Iglesia, preocupada por el desafío del nacionalismo italiano al poder temporal y político del papa, y los liberales, que temían el trastorno económico que crearía el libre comercio y, en particular, su repercusión sobre los precios agrícolas y sobre la industria metalúrgica y textil. Reivindicaban mayor liberalización de las instituciones políticas para facilitar el control parlamentario de la política gubernamental y restaurar la influencia de las elites sociales.

El vigor de la oposición demostró el fracaso del régimen respecto a la reconciliación nacional. Pero, al contrario que sus predecesores, Napoleón III estaba dispuesto a adaptarse a las circunstancias. La liberalización fue el instrumento para tranquilizar a las elites, de cuya cooperación dependía en definitiva el régimen. La lentitud y dificultad de las condiciones en las que se desarrolló hizo que los conservadores liberales no se sintiesen tan agradecidos. El proyecto de apertura a la izquierda levantó sospechas. Las medidas eran conciliadoras. En 1861, el sobrino del emperador, el príncipe «republicano» Napoleón Jérôme, creó un grupo de discusión dirigido a los trabajadores. Se envío una delegación de trabajadores a la Exposición Internacional de Londres de 1862. En 1864 se legalizó la huelga y hubo una creciente tolerancia respecto al ilegal asociacionismo laboral. Sin embargo, nada podía reemplazar el apoyo de los conservadores y, al disminuir este, al régimen no le quedó otra alternativa que hacer nuevas concesiones y aceptar la decisión de los notables de restablecer los acuerdos institucionales que habían hecho a la monarquía de julio tan receptiva a sus demandas. La liberalización fue, así pues, la respuesta a la presión.

El incremento de esta presión tuvo un claro reflejo en el desmoronamiento gradual del sistema de candidaturas oficiales, que comenzó durante la campaña de las elecciones legislativas de 1863. El principal riesgo era el aumento del número de candidatos de la oposición y, por consiguiente, una mayor agitación política, y las censuras de clérigos y proteccionistas, antiguos partidarios del gobierno, y con una firme base política en la respectiva localidad. En ausencia del incondicional apoyo de las clases dirigentes, el manejo de las elecciones se hizo cada vez más arduo. Se animó al electorado a rechazar la interferencia oficial que afectara a la «dignidad» e «independencia» de los votantes. La negativa a aceptar el «asesoramiento» oficial parecía muy probable y, por tanto, la totalidad del sistema estaba en peligro.

Tabla 4. Resultados de las elecciones legislativas

Años

Votantes registrados

Votos al gobierno

Votos a la oposición

Abstenciones

1852

9.836.000

5.248.000

810.000

3.613.000

1857

9.490.000

5.471.000

665.000

3.372.000

1863

9.938.000

5.308.000

1.954.000

2.714.000

1869

10.417.000

4.438.000

3.355.000

2.291.000

En las elecciones de mayo de 1863 se reconstruyó una oposición parlamentaria muy heterogénea pero eficaz. Incluía a un gran número de legitimistas, decididos a defender los intereses de la Iglesia y deseosos de ignorar las instrucciones del pretendiente borbón, el conde de Chambord, que defendía la no participación en la vida política; notables orleanistas irreconciliables; liberales independientes, y republicanos. Aunque sólo tuvieron éxito 32 opositores radicales, se unieron a los más liberales y fundaron un Tercer Partido. Este resultado y la influencia de la oposición en las grandes ciudades crearon gran inquietud en las filas de los partidarios al régimen. Se efectuaron nuevas concesiones y, en 1868, se reconocieron las libertades de reunión y de prensa. El contexto político había cambiado de nuevo de manera radical. Se creyó contraproducente el descaro con el que la Administración había intervenido en las elecciones. Los actos de la oposición política fueron mucho menos arriesgados. Hubo un renacimiento espectacular de los periódicos y los mítines políticos, la mayor parte de ellos hostiles al gobierno. La circulación de los periódicos de París, que en 1830 alcanzaba los 50.000 ejemplares, se elevó en 1869 hasta más de 700.000. Esta cifra revela el aumento de la tasa de alfabetización, la reducción de los costes de producción y, evidentemente, la situación política. Renacía el interés por la política acabando con la indiferencia de dos décadas. El resultado de las elecciones de 1869 fue un duro golpe para el régimen y puso de relieve el ascenso de la oposición respecto a las elecciones anteriores.

Los resultados de París impresionaron a los coetáneos. Los candidatos gubernamentales sólo obtuvieron 77.000 votos, frente a los 234.000 de la oposición y 76.500 abstenciones. Además, la campaña estuvo marcada por el ascenso de Léon Gambetta, figura central de la izquierda, famoso por sus discursos como abogado defensor en juicios políticos. Su adhesión a un programa que incluía vagas promesas de reforma social estuvo acompañada por grandes manifestaciones contra el régimen, en las que las masas cantaban La Marsellaise y se enfrentaban a la policía y a las tropas. Esto, y una visión teleológica de la historia, han hecho que muchos historiadores exageren la fuerza de la oposición republicana. Si las elecciones de 1869 revelan el incremento del apoyo a los republicanos declarados, sugieren también que este tenía límites muy precisos. De los 78 oponentes declarados al régimen que fueron elegidos, sólo 29 eran republicanos; los otros 49 eran liberales. Además, aunque el público se sintió muy impresionado por los mítines y los periódicos más extremistas, la mayoría de los líderes republicanos eran moderados y querían evitar la violencia. Los burgueses republicanos eran tan partidarios de la propiedad privada y del sistema económico liberal como el gobierno. Al parecer, los moderados, como Jules Favre, Jules Simon y Ernest Picard, estaban dispuestos a aceptar el Imperio liberal. Confiaban plenamente en los medios legales de acción política y pospusieron el establecimiento de la República a un futuro indefinido. Gambetta expresó a la perfección su punto de vista al escribir: «Para nosotros la victoria de la democracia y de sus instituciones libres implica seguridad y prosperidad en los intereses materiales, garantizar los derechos de todos, el respeto por la propiedad, la protección de los legítimos y básicos derechos del trabajo, y el ascenso moral y material de las clases bajas, pero sin comprometer la posición de los favorecidos por la riqueza y el talento [...]. Nuestro único objetivo es engendrar la justicia y la paz social». Su catecismo era «el progreso sin la revolución». En contraste, la agitación socialista parecía capaz de hacer renacer la «amenaza roja» y, al igual que en 1848, inquietar a la masa de los pequeños propietarios y desencadenar la acción represiva del gobierno.

Lámina 27. Factoría Schneider en Le Creusot, uno de los principales centros metalúrgicos del Segundo Imperio. Contaba con 15 fundiciones, 160 hornos de coque y 85 máquinas de vapor. Acuarela de Bonhommé. Foto: DEA/G. DAGLI ORTI/De Agostini/Getty Images.

No es fácil definir el apoyo republicano. Tenía partidarios en todos los grupos sociales, pero fue eminentemente urbano y solía ser la respuesta a la continua competencia por la posición local de los grupos burgueses jóvenes y emprendedores. Aunque no deba interpretarse toda manifestación de protesta de los trabajadores como oposición, los conflictos en la industria y, en particular, la oleada de huelgas de 1869-1870, cuando se desplegó a las tropas contra los huelguistas, avivaron sin duda la tensión. Aunque el nivel de vida había mejorado desde finales de los años cincuenta, muchos trabajadores vivían aún en condiciones muy difíciles, cuando no miserables, e inseguras. En contraste, la población rural, con algunas excepciones regionales, tenía más motivos para apoyar al régimen. Los líderes de la oposición lo explicaron como resultado de la manipulación de la Administración, que había mantenido al campesinado en la ignorancia. Esto llevó al liberal Lucien-Anatole Prévost-Paradol a tildar al régimen de campagnocratie impériale, basada en la «imbecilidad rural y el embrutecimiento provinciano». Expresaba la arrogancia intelectual parisiense, que secundó el republicano Henri Allain-Targé al afirmar que la futura República precisaría reeducar a los «35 millones de brutos que componen la Nación hasta que alcancen el rango de ciudadanos activos».

Sin embargo, las elecciones de 1869 mostraron la creciente amenaza de aislamiento que se cernía sobre el régimen. Entre los diputados recién elegidos, al menos 98 eran liberales que antes habían apoyado al gobierno y cuya opinión divergía muy poco de la de los diputados de la oposición. Muchos apoyaron una demanda inmediata de responsabilidad ministerial ante el Corps législatif. No había duda de que había que hacer concesiones si se quería mantener la alianza con las elites sociales. Al final, se decidió aceptar un estricto control parlamentario de los ministros y del presupuesto. A partir de este momento los ministros precisaron del apoyo de la Asamblea, aunque según la Constitución sólo eran responsables ante el emperador. Como señaló con júbilo un periódico republicano, «el Imperio del 2 de diciembre ha dejado de existir». A las concesiones siguió la ardua tarea de nombrar a un gobierno que tuviese la confianza del emperador y de la mayoría de la Cámara. Al fin, el 2 de enero de 1870 se formó un gabinete dirigido por un antiguo republicano moderado, Émile Ollivier. Pese a que algunos liberales de la oposición, como Thiers, no estaban satisfechos dado el excesivo poder personal que conservaba el emperador, la mayor parte de los diputados lo vieron como una medida necesaria para preservar la paz social en una situación de creciente tensión social y de inquietud política. En efecto, el conservador «Partido del orden» de la Segunda República estaba reformándose.

Las primeras medidas del nuevo gobierno confirmaron el apoyo conservador. Incluían la renuncia definitiva al sistema de candidaturas oficiales. Se destituyó a Haussmann, el controvertido prefecto del Sena, para satisfacer a los ortodoxos intereses financieros, y al ministro de Educación, Victor Duruy, para pacificar a los clericales. Se anunció la realización de una encuesta sobre legislación consuetudinaria, lo que se interpretó como el preludio del proteccionismo económico. También se adoptaron otras medidas, como el uso de las tropas para restaurar el orden social amenazado por los huelguistas del gran centro industrial de Le Creusot y por las manifestaciones republicanas de París. En efecto, muchos liberales opinaban que la liberalización había llegado bastante lejos. Su objetivo era restablecer los controles parlamentarios sobre el gobierno y ampliar la libertad de prensa, pero poco a poco empezaron a temer un abuso de la libertad. Al igual que en 1848, la llamada a la revolución de algunos sectores de la prensa republicana y la proliferación de mítines en París, junto con las exageradas descripciones de la prensa conservadora, fomentaron el «pánico rojo». La participación en una gran alianza conservadora de los clericales y los liberales críticos al Imperio puso en marcha un proceso de polarización similar. Al parecer no había otra solución que la de apoyar a un régimen que, como señalaba machaconamente la propaganda oficial, era el garante efectivo del orden social y la civilización cristiana.

El 8 de mayo de 1870 se celebró un plebiscito para saber si el electorado apoyaba las reformas liberales que se habían llevado a cabo desde 1860. Los partidarios del voto afirmativo hicieron mayor hincapié en el peligro de la revolución que en los logros del régimen. Como era de esperar, un periódico clerical de Alsacia afirmó que «nuestro voto afirmativo pretende fortalecer al emperador frente a los rojos». El resultado final supuso un éxito abrumador del régimen: 7.350.000 votos a favor frente a 1.538.000 en contra y 1.900.000 abstenciones. En opinión de un alto cargo, esto representaba «una nueva consagración de la dinastía napoleónica». El régimen había logrado escapar al aislamiento político. El Imperio liberal ofrecía más libertad política, orden social y renovada prosperidad; tenía, pues, gran atractivo. Los centros de oposición siguieron estando en las ciudades, con un 59 por 100 de votos negativos en París y hasta un 70 por 100 en los suburbios obreros del nordeste de la ciudad. Con todo, en comparación con las elecciones de 1869, la oposición parecía ir menguando. Los republicanos se sintieron sumamente defraudados. El mismo Gambetta hubo de admitir que «el Imperio es más fuerte que nunca». El único plan viable parecía ser una larga campaña en la que se persuadiese a las clases medias y al campesinado de que la República no equivalía a la revolución.

En esta situación, el derrumbamiento del Imperio se debió finalmente a la incompetente gestión de la política exterior. La victoria de Prusia sobre Austria en 1866 había alterado el equilibrio de poder europeo. Desde entonces, la opinión pública francesa creía que una guerra podía reafirmar la autoridad de Francia. Sin embargo, el estallido de la guerra de 1870 se debió a una serie de errores de un gobierno que actuaba bajo la presión de la opinión conservadora. La histérica reacción de la prensa de derechas ante la noticia de la candidatura de un Hohenzollern al trono de España tuvo una importancia fundamental a la hora de crear un clima proclive a la guerra. A pesar de que el emperador y Ollivier seguramente habrían aceptado de buen grado la mera retirada de la candidatura, los diputados conservadores exigieron de Otto von Bismarck una serie de garantías que les fueron denegadas en términos insultantes en el infame telegrama de Ems. Aceptar su respuesta habría implicado un humillante revés en política exterior y arriesgarse a una moción de censura parlamentaria que podría poner en cuestión el fundamento de la Constitución recientemente revisada y, en especial, el poder personal del emperador. En esta situación, a pesar de que sabía que la preparación militar era escasa, Napoleón sucumbió a la influencia de la emperatriz, del ministro de Asuntos Exteriores, el duque de Gramont, y el ministro de la Guerra, el mariscal Le Boeuf, y de los bonapartistas más autoritarios, y cifró sus esperanzas en que la victoria consolidaría el régimen. La política interior se vio claramente desplazada hacia el área de asuntos exteriores.

La respuesta pública inicial fue, de hecho, abrumadoramente positiva. Salvo una pequeñísima minoría de militantes revolucionarios, incluso los republicanos estrecharon filas en torno a la causa nacional. Enormes multitudes llenaron las calles y entonaron canciones patrióticas para despedir a las tropas. El pánico llegó con las primeras derrotas militares. El emperador reaccionó a la crisis militar sustituyendo al gobierno de Ollivier por uno compuesto por los bonapartistas autoritarios, bajo la dirección del general Cousin-Montauban. Pero esta medida no pudo alterar el hecho de que el ejército estaba mejor preparado, en cuanto a organización, entrenamiento y material, para lidiar con problemas de seguridad interna que para librar una gran guerra europea. La movilización de las tropas había sido caótica. Las maniobras sobre el terreno pusieron de relieve la debilidad del Estado Mayor y la falta de una coordinación eficaz, en la que las bienintencionadas interferencias del emperador agravaban aún más las cosas. El élan, el espíritu de improvisación y la capacidad para salir del paso sin saber cómo, de la que se vanagloriaban los líderes, les costó cara. La incapacidad del alto mando para concentrar las tropas, que podría haber compensado por sí sola la inferioridad numérica, hizo el desastre prácticamente inevitable.

La noticia de la derrota de Sedán y de la capitulación del emperador y de todo un ejército llegó a París el 2 de septiembre y se hizo pública al día siguiente. Este fracaso acabó definitivamente con el crédito del régimen. Grandes multitudes apoyaron al pequeño grupo de 27 diputados republicanos que querían ponerle fin. El 4 de septiembre invadieron el palacio Bourbon y obligaron a dimitir al Corps législatif. En una situación política tan incierta, las tropas y las fuerzas de policía encargadas de proteger la seguridad de la Asamblea se negaron a hacer uso de la fuerza contra las masas. Movidos por el deseo de impedir un relevo revolucionario y la necesidad de reemplazar a la Administración imperial, un grupo de diputados moderados de París proclamaron la República y nombraron un Gobierno Provisional de Defensa Nacional con el que proseguir la guerra, presidido por el gobernador militar de la ciudad, el general Trochu. En provincias, la noticia de la derrota y la revolución produjo una gran sorpresa, pero no quedaba sino aceptar la iniciativa parisiense. El Imperio, en sus varios aspectos, se había granjeado muchas simpatías. La liberalización y el claro compromiso con la ley y el orden parecían reforzarlas. Pese a sus temores iniciales, el gobierno y las elites habían aprendido a vivir con el sufragio masculino. Como medio de expresar bien apoyo, bien un sentimiento de injusticia, las votaciones se habían institucionalizado. La «democracia» parecía haber vuelto irrelevante la Revolución. Sin embargo, la derrota militar representaba el fracaso del gobierno a una escala suficiente para destruir la legitimidad del régimen. Tuvo un efecto enorme y a largo plazo sobre el equilibrio de poder europeo. La fuerza industrial, demográfica y militar del Imperio alemán representó un desafío permanente para sucesivos gobiernos franceses.

Lámina 28. París, 4 de septiembre de 1870. Tras las noticias de la derrota y captura del emperador en Sedán, la multitud se congrega ante el Cuerpo Legislativo. Los diputados republicanos declaran a «la patria en peligro» y proclaman el fin de la dinastía de los Bonaparte. Pintura de Jacques Guiaud. Museo Carnavalet, París/Roger Viollet/TopFoto.

LA TERCERA REPÚBLICA, 1870-1914

Una vez proclamada la República, su supervivencia pasó a depender del resultado de la guerra. Había que hacer frente a varios obstáculos importantes; sobre todo a la escasez de tropas adecuadamente entrenadas y a la falta de equipos tras la derrota y el desastre de la capitulación de los ejércitos imperiales en Sedán y Metz. Nunca se llegó a recuperar totalmente la moral. Los conservadores, en especial, dudaban de la conveniencia de seguir luchando en una guerra que ya se daba por perdida. Temían que, al igual que en 1791, esta provocara una radicalización política. Bajo estas circunstancias, la tarea de los inexpertos gobernantes republicanos fue mucho más ardua. Invocaron la tradición jacobina para justificar nuevas levas y aumentar los impuestos, pero sólo consiguieron elevar la tensión. En una situación desesperada, con París sitiado, el gobierno tuvo que pedir un armisticio, y en febrero de 1871 convocó unas elecciones en las que la cuestión fundamental era continuar o no la guerra. El amplio deseo de paz y orden, y el descrédito en el que habían caído los bonapartistas y los republicanos, dieron una enorme mayoría a los notables monárquicos, partidarios de restablecer la paz. El fracaso de los republicanos acarrearía nuevas dificultades.

Durante el sitio de París (desde el 19 de septiembre de 1870 hasta el 28 de enero de 1871), se armó y se incorporó a la Guardia Nacional a los varones adultos que aún quedaban en la ciudad, pertenecientes en su mayoría a las clases más desfavorecidas. La radicalización política, ya perceptible en los últimos años del Imperio, se acentuó frente a la traición de un gobierno que había firmado una paz «humillante», por el desfile triunfal de las tropas alemanas por las calles de un París que la Guardia Nacional y las tropas regulares hubieran defendido con éxito, y por la pérdida de Alsacia-Lorena. El futuro de la República parecía preocupante. La nueva Asamblea Nacional que se reunió en Burdeos el 12 de febrero estaba compuesta por los republicanos más moderados, bajo la dirección del archiconservador Adolph Thiers. Parecía desvanecerse toda perspectiva de instaurar la République démocratique et sociale. La crisis se agravó ante la insensibilidad de un gobierno que pretendía retirar el sueldo a la Guardia Nacional, único ingreso con el que contaban muchas familias, y que amenazaba la existencia de numerosos pequeños negocios, a los que se les requirió el pago inmediato de las rentas y deudas comerciales. No obstante, la revuelta que estalló el 18 de marzo fue en gran medida espontánea. Tomó inicialmente la forma de resistencia popular ante el intento de apoderarse de la artillería de la Guardia Nacional instalada en las colinas de Montmartre, mediante una operación carente de tacto y llevada a cabo con incompetencia. Los síntomas de descontento entre las tropas implicadas causaron el pánico de Thiers, quien ordenó la retirada a Versalles hasta que llegasen nuevos refuerzos militares. Se creó entonces un vacío de poder que, sin duda, facilitaba la insurrección que tanto se temía. Surgieron dos poderes políticos rivales: el comité central de la federación de los batallones de la Guardia Nacional de la ciudad y el gobierno nacional de Versalles. Cada uno contaba con su propia fuerza armada. El 26 de marzo, tras el fracaso de unas confusas negociaciones, la elección de la Comuna de París convirtió la insurrección en una revolución. El 2 de abril estalló la lucha entre los dos cuerpos. Desde la perspectiva actual, no cabe duda de que el movimiento parisiense, con poco apoyo en provincias y aislado militarmente por un «cordón sanitario», estaba llamado al fracaso. Fue brutalmente reprimido por las tropas del ejército imperial, liberadas de los campos de prisioneros alemanes con este propósito. Los guardias nacionales, con poca disciplina y mal dirigidos, fueron incapaces de defender la ciudad. La lucha se convirtió en un intento desesperado por la defensa de barrios aislados y duró toda una semana, la denominada «semana sangrienta» (21-28 de mayo). El ejército tuvo 500 muertos y 1.100 heridos graves como consecuencia de los feroces enfrentamientos callejeros. Poco se sabe del número de víctimas entre los insurgentes; los cálculos oscilan entre 6.000 y 30.000 muertos, muchos de ellos ejecutados sumariamente tras la rendición. Además, en los días subsiguientes se practicaron más de 38.000 detenciones. Es evidente que los generales y diputados monárquicos y republicanos aprovecharon la oportunidad para ajustar cuentas a los radicales, que habían amenazado el orden social con sus llamamientos en pro de la reforma y su retórica revolucionaria, y a las masas desarraigadas, la «clase peligrosa» que, decían, conspiraba para aniquilar a la sociedad civilizada. Como señaló de manera significativa el ministro de Educación, Jules Simon: «Junio de 1848, marzo de 1871: una misma lucha». En el otro lado de la línea política divisoria, la Comuna creó el mito socialista del heroísmo revolucionario. Sin embargo, y de manera muy significativa, esta habría de ser la última gran revolución del siglo XIX. Surgida de las peculiares circunstancias que habían creado la guerra y la derrota, a largo plazo no fue más que un interludio en el proceso de institucionalización de la protesta política.

Figura 13. La pérdida de Alsacia-Lorena (fuente: Dupeux et al., Atlas historique).

Quedaba por determinar la naturaleza del nuevo régimen. En ello se siguieron enfrentando el Partido del Orden, defensor de la jerarquía social y la monarquía, y decidido a presentar résistance al cambio, y los partidarios del mouvement, a favor de un gobierno representativo y de «mayor justicia social». Una vez desaparecido el peligro de la extrema izquierda –al menos de momento–, los republicanos moderados pudieron marcar distancias con sus aliados coyunturales, los monárquicos. Los grandes mitos de 1789 volvieron a ser el punto de referencia esencial y el fundamento de dos culturas políticamente opuestas. Las elecciones legislativas de febrero de 1871 generaron una Asamblea, cuya mayoría (cerca de 400 diputados sobre 645) era partidaria de establecer algún tipo de monarquía constitucional. Esa mayoría hizo algunos progresos. En mayo de 1873, un gobierno partidario de la causa monárquica –con el mariscal Mac-Mahon como presidente y el duque de Broglie como primer ministro– sustituyó a Thiers, cuyo ministerio había aplastado la Comuna, logrado la retirada de las tropas alemanas mediante el pago de una indemnización de 5.000 millones de francos y emprendido la urgente tarea de reorganizar las fuerzas armadas. El error de Thiers había sido su creciente simpatía por la idea de una República conservadora como «el régimen que menos nos divide». Aun así, al igual que en 1850, los realistas desaprovecharon la oportunidad y fueron incapaces de lograr una restauración.

Lámina 29. Mayo de 1871. Para detener el avance de las tropas del gobierno hacia la ciudad, se prende fuego a París. Las Tullerías y el Ayuntamiento fueron destruidos. Museo Carnavalet, París. Foto: Musées de la Ville de Paris. © SPADEM.

El obvio candidato al trono, el conde de Chambord, nieto de Carlos X, exiliado en Austria y sin relación con los acontecimientos de Francia, seguía empeñado en sustituir la bandera tricolor, «emblema de la revolución», por la blanca con la fleur de lys de la vieja monarquía. Los aproximadamente 100 diputados legitimistas de la Asamblea Nacional apoyaban su intransigencia; no así los 200 orleanistas, que simpatizaban con la política conservadora, pero se sentían incómodos ante las formas más extremas de veneración del altar y del trono de los legitimistas. Dada su obstinación, los líderes monárquicos se vieron obligados a posponer un arreglo constitucional y decidieron esperar hasta la desaparición del conde de Chambord, que carecía de descendencia. Los derechos sucesorios legítimos pasarían entonces a la Casa de Orleans y se esperaba que esta uniría a los grupos monárquicos enfrentados. En el intervalo estaban decididos a instaurar un régimen que, con ayuda de la Iglesia, restableciese el orden moral. Francia tenía que expiar las faltas por las que Dios le había infligido la derrota militar. El renacimiento religioso parecía prometer seguridad en el exterior y en el interior, pues cada uno aceptaría el lugar que le correspondía en la sociedad según designio divino. Durante los primeros años de la Tercera República fue sobre todo la defensa de la religión, más que la propia monarquía, la que prestó cohesión y dio sentido a la causa conservadora.

En contraposición, los 150 republicanos elegidos en 1871 hicieron causa común en torno al anticlericalismo y la defensa de la República. Pese a la represión de comienzos de la década, no se volvió a la clandestinidad. También continuó la institucionalización de la protesta política, interrumpida por la Comuna. Los portavoces republicanos resaltaban su compromiso con la legalidad y acusaban a los conservadores de reaccionarios deseosos de restaurar no sólo la monarquía, sino también los privilegios señoriales y el diezmo. Además, llevarían al país a otra guerra en defensa del poder temporal del papa. De todo ello se deducía que los republicanos eran los auténticos defensores del orden social. Con este planteamiento se quería implícitamente disociar a la República de la revolución. Incluso los radicales restaron importancia a la reforma social. La mayor prosperidad de los años setenta les permitía olvidar su anterior llamamiento a los petits para que se movilizasen contra los gros, y preocuparse de los intereses de aquellos a los que Gambetta denominó ahora las couches nouvelles: la baja clase media de pequeños propietarios y campesinos. Esta política tendría creciente éxito electoral. Con las elecciones parciales la composición de la Asamblea cambió rápidamente. Ya en julio de 1871, cuando 114 distritos electorales celebraron elecciones, los republicanos obtuvieron 100 diputados más. Era indicativo de las peculiares circunstancias en las que se habían celebrado las de febrero y del apoyo real a la República conservadora de Thiers, quien, después de todo, había acabado con la Comuna de París. En enero de 1875, el conservador católico Henri Wallon se hizo con apoyo suficiente como para lograr que se efectuase una enmienda constitucional favorable al establecimiento definitivo de la República.

La Constitución de este mismo año procuró evitar el error de 1848 y dispuso que el presidente sería elegido por el Parlamento y no por sufragio popular. Tras la Comuna se le había otorgado un poder ejecutivo considerable, pero en la práctica las Asambleas, cada vez más dominadas por los republicanos, intentaron mantener su predominio y el papel clave en el gobierno de un président du conseil (primer ministro) dependiente del Parlamento. En las elecciones generales de 1876 obtuvieron un escaño 340 republicanos, elegidos sobre todo en el este y el sudeste, y 155 monárquicos, procedentes de las áreas rurales del oeste y el noroeste. Casi la mitad eran bonapartistas, elegidos sobre todo en el sudoeste a raíz del renacimiento que experimentó este movimiento en 1873 y que sólo se extinguió con la muerte del príncipe imperial en la guerra zulú, en 1879. El resultado electoral suponía el enfrentamiento inmediato entre los diputados republicanos y el presidente, un monárquico. En mayo de 1877, cuando la Cámara le denegó su confianza, Mac-Mahon optó por la disolución. En octubre, pese al retorno a un sistema bonapartista de presión gubernamental, el electorado eligió a 321 diputados republicanos frente a 208 de tendencia monárquica. Mac-Mahon tuvo que pedir al republicano moderado Jules Dufaure que formase gobierno. Pero la cohabitación fracasó, y en enero de 1879, cuando los delegados de los municipios eligieron a una mayoría monárquica para el senado, Mac-Mahon hubo de aceptar que su posición era insostenible.

No cabe explicar la victoria republicana recurriendo sólo a la sociología. Las divisiones ideológicas rebasaban las de clase. Suponía, en efecto, la derrota de la elite social tradicional representado por la fin des notables (D. Halévy), compuesta sobre todo por propietarios nobles y no nobles, pero a la que también se habían afiliado muchos hombres de negocios, ricos profesionales o personajes como el duque de Decazes –con intereses en el campo de las finanzas y la minería– y el duque de Broglie, presidente de la compañía Saint-Gobain, especializada en vidrio y productos químicos. En cambio, una parte importante de la elite económica –financieros, como Henri Germain, o personalidades de la industria del hierro, como Jacques Dorian y Pierre Magnin– simpatizaban con una República conservadora; también los profesionales y hombres de negocios con predicamento e influencia en la localidad, en contacto relativamente íntimo con un electorado de masas (la couche sociale nouvelle a la que Gambetta había apelado en un discurso pronunciado en Auxerre en 1872) que ya había alcanzado un importante nivel de consciencia política y que cada vez estaba más convencido de que sus intereses materiales y sociales estarían mejor servidos en una República.

A la dimisión de Mac-Mahon siguió un largo periodo de gobierno republicano conservador que se mantuvo hasta 1898. Los cambios de alianzas y las repetidas crisis ministeriales no deben ocultar esta importante realidad. Al principio se introdujo un programa con el que se pretendía establecer un sistema político de talante democrático-liberal. Cualquiera que fuesen sus deficiencias, lo cierto es que constituyó una reafirmación de la libertad individual. En ausencia de una organización moderna de partidos, las redes informales, los comités electorales y los periódicos que representaban una ideología en la que la República aparecía ligada al progreso ilimitado hacia la libertad y la prosperidad material confirieron a los republicanos moderados sentido de unidad y su misma razón de ser. Se suavizaron las restricciones que pesaban sobre la libertad de prensa y los derechos de reunión y asociación, incluida la creación de sindicatos (leyes del 29 de enero y 30 de junio de 1881, y del 28 de marzo de 1884, respectivamente). Disminuyeron también las medidas represivas contra las manifestaciones. Al igual que sus predecesores, una vez en el poder los republicanos olvidaron sus planes de descentralización administrativa. De hecho, se retiró de la Administración a las figuras sospechosas de poder obstruir la aplicación de las leyes republicanas. Se tomaron algunas medidas anticlericales, como la revocación de la prohibición de trabajar los domingos y el restablecimiento del divorcio, aunque no se puso en peligro la posición de la Iglesia católica y romana como religión oficial. El Concordato tenía sus ventajas.

Lámina 30. Campesinos en un tren. Foto: Popperfoto.

Para los republicanos lo principal era instaurar un sistema educativo secular con el que combatir el oscurantismo clerical, asegurar la emancipación del individuo y salvaguardar los principios de 1789. Según Jules Ferry, la ley del 28 de marzo de 1882, por la que se imponía una educación primaria obligatoria y gratuita y desaparecía la instrucción religiosa, era «la mayor reforma social y [...] la reforma política más duradera». Para él, la educación era una importante fuente de poder. Al inculcar las nociones fundamentales de responsabilidad cívica, patriotismo y el respeto a la ley, la propiedad y el orden, la educación laica proporcionaba a la República burguesa los medios de protección contra sus enemigos monárquicos y clericales de la derecha, y contra el peligro de revolución social de la izquierda. En 1886, la nueva legislación fue sustituyendo al clero en todos los colegios públicos por personal laico.

El nuevo gobierno se mostró también muy activo en el ámbito económico. Intentó conciliar a los distintos grupos de interés, reconociendo las muchas dificultades con las que tropezaran desde el comienzo de la depresión de finales de la década de los setenta. En 1878, Charles de Freycinet puso en marcha, como medida contracíclica, un programa de obras públicas destinado, en particular, a mejorar las comunicaciones mediante la construcción de líneas de ferrocarril secundarias y carreteras locales. Pese a ser criticado por sus costes, se ganó el favor de multitud de votantes de las pequeñas ciudades y del campo. La reintroducción de aranceles aduaneros proteccionistas por Jules Méline, entre 1881 y 1892, consolidó las simpatías hacia una República que prometía progrès y bonheur (progreso y felicidad). Su política se reflejaba en el compromiso filosófico de preservar la Francia «eterna» y rural frente al impacto depravado del capitalismo y la urbanización. El gobierno aprovechó el ataque populista al monopolio de los bancos y las compañías ferroviarias, pero, en la práctica, su política protegía los derechos e intereses de los propietarios y mantenía una actitud de laissez-faire respecto a la reforma social.

Los republicanos moderados deseaban una forma de consenso político que protegiese el statu quo y favoreciese las posibilidades de progreso individual. Esto y el creciente papel del Estado como proveedor de servicios despertaron un interés renovado por la política. Los diputados debían hacer cuanto pudiesen para cultivar sus relaciones con los ministros y obtener favores para sus electores. A pesar de que se había creado un sistema político estable, las críticas aumentaron. En parte esto reflejaba un gran realineamiento político. Una vez desbancadas las elites tradicionales y alcanzados sus principales objetivos políticos, muchos republicanos conservadores y de las sólidas clases medias trataron de defender su posición privilegiada contra grupos más radicales. En fecha tan temprana como 1887, Maurice Rouvier, muy vinculado al gran capital, intentó formar una derecha de la mayoría parlamentaria centrista. Aunque la iniciativa fracasó a causa de las divergencias religiosas, puso de relieve el interés de muchos republicanos por formar una amplia alianza conservadora que defendiese el orden social. La victoria electoral de estos opportunistes en 1893 les permitió arriesgarse a una ruptura con los republicanos a su izquierda y reemprender el proyecto de creación de una alianza con sus aliados de la derecha. Hombres más jóvenes, como Raymond Poincaré, Louis Barthou y Théophile Delcassé, con menos vínculos emocionales con el pasado, temían más por el ascenso del socialismo que por la lucha con los clericales. La serie de atentados anarquistas de finales de los años noventa, que incluyeron el asesinato del presidente Carnot, confirmaron su inquietud. Al final, el ansiado realineamiento no llegaría a producirse.

Lámina 31. La trilladora, sin duda el útil que más se introdujo en las granjas francesas durante el siglo XIX. Pintura de Albert Rigolot. Museo de Bellas Artes, Ruan. Foto: Giraudon/the Bridgeman Art Library.

La pérdida de apoyo electoral en 1898 indicaba que muchos votantes rechazarían un desplazamiento hacia la derecha. La sospecha mutua por cuestiones religiosas entre los republicanos conservadores y los que estaban a su derecha pervivió y aun se agravó como consecuencia del affaire Dreyfuss. A esto se le sumaba el peligro del fanatismo nacionalista de la extrema derecha, demostrado en el absurdo intento de Paul Déroulède de febrero de 1899 por persuadir a las tropas a que se sumasen a un golpe, y en la hostil muchedumbre que insultó al presidente de la República, Loubet, en las carreras de Auteil en junio. Estos sucesos y la evidente moderación de muchos de los llamados radicales incitaron, en cambio, a un giro hacia el centro-izquierda, en defensa de la República. El colofón fue la creación del bloc des gauches (bloque de las izquierdas) de las elecciones de 1902, en el que participaban muchos republicanos conservadores, como Poincaré y Pierre Waldeck-Rousseau, junto con los radicales y los socialistas reformistas como Alexandre Millerand.

La evolución de los radicales merece un examen más detallado. Al principio se presentaron como los protagonistas del peuple frente a los grands. Proclamaron su fidelidad al programa de Belleville de 1869 de Gambetta. Exigieron la reforma constitucional para abolir algunos vestigios del sistema monárquico como la presidencia y el Senado, la descentralización de la Administración, la elección de los jueces, la separación de Iglesia y Estado y la reforma social, con reducción de la jornada laboral y pensiones para ancianos y enfermos financiadas mediante un impuesto sobre la renta. Habían condenado a los opportunistes por su cauta política religiosa y por sus estrechos lazos con las grandes finanzas. Pero, en realidad, la falta de disciplina de partido hacía que los diputados se sintiesen obligados, ante todo, con los electores de su distrito. Su responsabilidad radicaba en conseguir más carreteras, escuelas y puestos de trabajo. Los límites entre los partidos siempre habían sido flexibles y la inestabilidad ministerial era una consecuencia inevitable. Bajo estas circunstancias, y sobre todo tras las elecciones de 1885, cuando el equilibrio político quedó en manos de los radicales, la división interna y la falta de disciplina de partido les impidieron aprovechar su ventaja. En periodos de crisis del régimen, los radicales cooperaron con los republicanos más conservadores y respetaron la «disciplina republicana», como sucedió al iniciarse el neobonapartismo del general Boulanger en 1889 o, cuando tras la primera votación en las elecciones de 1895, pareció factible una victoria de los conservadores clericales. En circunstancias similares, en junio de 1899, participaron en el gobierno de défense républicaine de Waldeck-Rousseau. Así pues, su papel fue secundario, de apoyo, salvo cuando Léon Bourgeois pudo formar gobierno en octubre de 1895. Pero en abril perdió el apoyo del Parlamento debido a sus muy modestas propuestas respecto al impuesto sobre la renta que, según los diputados, crearía un peligroso precedente. Con todo, estos éxitos limitados sugieren que el intento de mejorar la organización radical a tiempo para las elecciones de 1902 podría haber tenido un elevado coste político.

El Partido Radical siguió siendo más un parti des cadres que un partido de masas. Se basaba en grupos informales de notables locales que dispensaban ayuda a sus comunidades. Sus diputados carecían de disciplina, aunque en la rue Valois de París se creó algo parecido a la organización electoral de un partido moderno. Esto contribuyó a la victoria de 1902. La elección de 233 diputados radicales inauguraba la gran etapa de gobierno radical en alianza con los republicanos de izquierda –de hecho, eran más bien moderados que rechazaban la lógica de la posición progressiste de Méline respecto a la necesidad de firmar una alianza con la derecha para defender el orden social– y con 43 socialistas. Esta situación se mantuvo durante los gobiernos de Émile Combes, Ferdinand Sarrien y Georges Clemenceau, hasta 1909. Se hizo algún tímido intento de introducir las pensiones de jubilación, pero, sobre todo, la etapa se caracterizó por un nuevo ataque a la Iglesia, en buena medida como respuesta al affaire Dreyfuss, y por la amenaza renovada de la extrema derecha hacia la República.

El affaire Dreyfuss se inició cuando el ejército procesó a un oficial judío al que acusaba de espionaje. Se había convertido en una cause célèbre en 1898, cuando el gran novelista Émile Zola puso en entredicho el veredicto en una carta abierta al presidente de la República, y luego fue él mismo declarado culpable de deshonrar al ejército. Las pruebas nunca fueron claras, pero los conservadores hicieron del caso un paradigma de la defensa del honor del ejército, única institución capaz de mantener la autoridad y el orden en el interior y de defender a la patria en el exterior. Se consideraban los únicos patriotas y despreciaban a los «malos» franceses, que ponían en cuestión su chovinismo, y en particular a los socialistas, sindicalistas, judíos y radicales, como Joseph Caillaux, partidarios de crear un impuesto sobre la renta para financiar la reforma social. Rechazaban los valores igualitarios de la República a favor de un catolicismo místico y hacían apología de la violencia y la guerra. Los líderes intelectuales de la extrema derecha –Paul Déroulède, Maurice Barrès y, en especial, Charles Maurras–, a través del periódico (y movimiento político) L’Action française, rechazaban los valores igualitarios de la República a favor de un catolicismo místico, un monarquismo autoritario y un antisemitismo visceral, además de una glorificación de la violencia y la guerra. El culto a Juana de Arco vino a simbolizar la unión espiritual de Religion y Patrie, mientras la derecha también se apoderaba de los antiguos símbolos de la República revolucionaria, como La Marseillaise, la bandera tricolor y, naturalmente, el ejército. Al atraerse a los seguidores y acaparar los ideales del conservadurismo tradicional, la nueva derecha creó una fuerza política mucho más poderosa que cualquiera de las que había tenido desde 1870, que se basaba en su oposición a la democracia y el parlamentarismo para reclamar un poder ejecutivo fuerte, con el que superar las facciones políticas y sociales. Lo cierto es que la combinación obtuvo algunos éxitos espectaculares. En las elecciones municipales de París de mayo de 1900 logró ocupar 45 de los 80 escaños disponibles, y consiguió un apoyo muy notable entre los grupos que se sentían amenazados por la evolución de la sociedad moderna, como los clericales –representados por el principal periódico católico, La Croix–, los miembros de las elites tradicionales y los pequeños empresarios. La fuerza latente de su antisemitismo la revelaron las actividades de las ligas derechistas y la incidencia generalizada de la violencia verbal e incluso física.

Lámina 32. Comida familiar. Caricatura de Caran d’Ache que ilustra las enconadas disputas que suscitó el affaire Dreyfuss. Biblioteca Nacional, París, Cabinet des Estampes.

La reacción de la izquierda fue denunciar al clericalismo como principal enemigo y atacar sus raíces, es decir, a las escuelas católicas, cuyas enseñanzas ponían en peligro la unidad nacional y las instituciones republicanas. Así, se tomaron varias medidas que culminaron con la supresión de las órdenes religiosas católicas dedicadas a la enseñanza y el cierre de sus escuelas en julio de 1904. En diciembre de 1905, la Iglesia dejó de tener carácter estatal. Se acababa, pues, con el Concordato napoleónico, que reconocía a la Iglesia un lugar especial en la vida del país y la compensaba por las pérdidas sufridas durante la Revolución mediante el pago de un estipendio al clero. Estas medidas generaron una fuerte resistencia a la elaboración de inventarios oficiales sobre las propiedades eclesiásticas. Por lo demás, la derecha gozó tan sólo de un limitado apoyo electoral entre las masas. La xenofobia y el antisemitismo de sus principales representantes le enajenó muchas simpatías aun en los distritos electorales que en potencia eran conservadores y clericales. Con todo, no debemos subestimar su importancia; contribuyó a colocar el nacionalismo y la acuciante amenaza alemana en el centro del orden del día. Un gran cambio político estaba ya en marcha, al aumentar el apoyo no sólo hacia la política «patriótica», sino en oposición a lo que parecía el creciente «peligro social».

Una vez que los radicales obtuvieron la victoria «final» sobre el ancien régime, su principal preocupación era el aumento del malestar entre los trabajadores industriales que demandaban una jornada laboral de ocho horas, y especialmente entre los mineros traumatizados por los 1.200 fallecidos que causó una explosión en Courrières, en el Pais-de-Calais, el 10 de marzo de 1906, así como entre los campesinos en las zonas vitivinícolas del sur, que en 1907 protestaron por el desmoronamiento de los precios. Clemenceau, que como ministro del Interior ya había puesto en marcha una política represiva, fue nombrado Président du conseil en 1906. Los aliados socialistas del anterior gobierno lo denunciaron muy pronto como el premier flic de France (el primer «poli» de Francia). Su política se centraba en el culto a la ética, a las instituciones de la sociedad burguesa de propietarios y al orden social. Aunque la concepción del Estado de los radicales se inspiraba en los ideales igualitarios de la Revolución, también defendía los derechos del individuo en una democracia respetuosa con la propiedad privada. Hacía tiempo que los llamamientos radicales a favor de la justicia social carecían de contenido. El acceso al poder y la mejora de la situación económica de muchos de sus partidarios habían transformado el movimiento radical en una fuerza antirrevolucionaria.

Lámina 33. Huelga en una cuenca carbonífera del norte. Se envía a las tropas para acabar con la huelga. Grabado de L’Illustration.

Otra cuestión es si la amenaza socialista, que tanto preocupaba a radicales y conservadores, tenía algún fundamento real. A los socialistas les costó algún tiempo recuperarse de los efectos de la represión que siguió a la Comuna de París. No obstante, tras la elección de un diputado en Marsella en 1881, obtuvieron cada vez mayor número de escaños. En 1913 lograron 1.413.000 votos. En 1886 formaron un grupo parlamentario, independiente de los radicales, que en el periodo inmediatamente anterior a la guerra contaba ya con 102 diputados. No obstante, el temor de los conservadores era exagerado. En abril de 1905 se creó el Parti Socialiste Unifié, conocido como SFIO por su subtítulo idealista: Section française de l’Internationale Ouvrière (Sección francesa de la Internacional Obrera). Aunque era fruto del esfuerzo por presentar una alternativa clara, no pudo resolver las muchas divergencias ideológicas y tácticas existentes. Las amargas disputas sectarias no cesaron entre los políticos, así como con los miembros de la Confédération générale du travail (CGT), la organización sindical creada diez años antes.

El deterioro de las relaciones con la Alemania imperial, manifiesto desde el incidente de Agadir, en julio de 1911, afectó más a la reorganización de la política interna que el ascenso del socialismo. Las relaciones internacionales constituían la principal preocupación de los políticos y fueron decisivas en la designación del republicano conservador Poincaré como jefe de gobierno, en enero de 1912, y como presidente, en mayo. Aunque intentó formar un gobierno de coalición nacional, fracasó por la negativa de los radicales a aliarse con conservadores como Méline o con los católicos. Bajo la nefasta influencia de funcionarios intensamente patrióticos y germanófobos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y con el apoyo de la derecha, Poincaré preparó al país para una guerra que, en su opinión, era inevitable. Para ello, estrechó lazos con Gran Bretaña y, especialmente, con Rusia –la única potencia que parecía probable que prestara un importante apoyo militar en una guerra continental–, y reforzó el papel y la capacidad del ejército, al tiempo que apelaba al sentimiento de unidad nacional. El Imperio, conseguido como resultado del implacable expansionismo favorecido por los intereses militares, comerciales y misioneros, se había convertido en una prueba del estatus de la nación como gran potencia, así como de su misión civilizadora. En caso de guerra, su miríada de pueblos compensaría la escasez de personal militar en la métropole. La prensa conservadora y los diarios de masas, como Le Petit Parisien, contribuyeron a crear un ambiente cada vez más chovinista. Pero el debate respecto a la organización de las fuerzas armadas estuvo tan mediatizado por las circunstancias de la política interna como por las necesidades militares reales. Los socialistas y los radicales repudiaban una xenofobia nacionalista que amenazaba con devolver el poder a la derecha y, en agosto de 1913, una minoría de 204 diputados se opuso a la ampliación del servicio militar de dos a tres años. Sin embargo, la mayoría (358 diputados) estaba decidida a luchar para que Francia contrarrestase la capacidad militar germana. Lo cierto es que, con el recrudecimiento de la situación internacional, todos, incluida la izquierda, se inclinaron a favor del ejército.

Los debates de las elecciones de abril y mayo de 1914 se centraron en el reclutamiento y en la financiación del creciente presupuesto militar. El nuevo líder de los radicales, Caillaux, al que los conservadores consideraban sospechoso por su deseo de mejorar las relaciones con Alemania, inflamó más los ánimos al proponer la creación de un impuesto sobre la renta. Pese a que los ricos repetían una y otra vez que había que hacer mayores sacrificios, se negaban a contribuir económicamente a la seguridad nacional. La victoria electoral de la izquierda, con 342 escaños, incluidos los 102 diputados socialistas que hacían hincapié en la necesidad de movilizar a la clase trabajadora internacional contra una guerra imperialista, puso de relieve la hostilidad que suscitaba la ampliación del servicio militar. Al final, aunque el gobierno de mayoría radical estaba dirigido por René Viviani, un socialista independiente, no se quiso correr el riesgo de debilitar a las fuerzas armadas y no se revocó la ley de los tres años.

Durante la crisis internacional de julio de 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, las decisiones esenciales en política exterior las adoptó un pequeño grupo de políticos, la mayoría de ellos abogados, junto con diplomáticos de carrera y haute-bourgeois –principalmente formados en la École libre des sciences politiques– y soldados, influidos por sus percepciones de las intenciones y la fuerza de sus adversarios y aliados, y de su propio apoyo político interno. Poincaré fue el hombre más influyente en política exterior durante los años que precedieron inmediatamente a la guerra. Al principio como primer ministro y después, durante los cruciales días de julio de 1914, en el cargo supuestamente decorativo del presidente, aprovechó la incompetencia e inexperiencia del primer ministro Viviani y de los ministros de Exteriores Stéphen Pichon y Gaston Doumergue para insistir en la necesidad de apoyar a Rusia y respetar la alianza de la que parecía depender la seguridad francesa. En una visita previa organizada a San Petersburgo, sin querer la guerra, Poincaré insistió en la necesidad de no abandonar a Rusia y respetar la alianza sobre la cual la seguridad francesa parecía depender. El abandono de Rusia habría implicado un cambio decisivo del equilibrio de poder europeo a favor de la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría e Italia). Incluso si la guerra no era inevitable, con un cierto fatalismo la Francia republicana se había obligado a aceptar las consecuencias de las iniciativas políticas definidas por la autocracia rusa y una sensación de urgencia determinada por imperativos militares. A la movilización rusa del 31 de julio siguió una declaración de guerra de Alemania contra el Imperio zarista al día siguiente y contra Francia el 3 de agosto.

La facilidad con que se llevó a cabo la movilización demostró que, pese a las divisiones sociales, el sentido de comunidad nacional era muy profundo. La capacidad para moldear a la opinión pública es un aspecto esencial del poder social. Y se logró gracias al desarrollo del sistema de educación primaria, implantado en 1833, y mediante el control de los medios de comunicación, que progresivamente llegaron a representar una fuente importante de información. Esto facilitó la creación de un amplio consenso respecto a valores sociales básicos, presentados como verdades eternas. La institución de la propiedad fue un rasgo esencial de este código normativo, por cuanto vinculaba a las clases acaudaladas con sectores mucho más amplios de la clase media, la clase media-baja y la población rural. El abrumador consenso, empleando el lenguaje de 1789, a favor de valores como el sufragio universal y la democracia parlamentaria, la creencia en la innata superioridad de la civilización francesa y la elemental devoción a Francia implicaban la responsabilidad moral de defender a la patria. Estos sentimientos habían sido creados, en gran medida, de forma deliberada, mediante la educación, el servicio militar universal (introducido en 1874) y los medios de comunicación de masas. Como señaló repetidamente el historiador y educador Ernest Lavisse, «si el escolar no se convierte en un ciudadano plenamente consciente de su deber y en un soldado que ame las armas, el maestro habrá perdido su tiempo».

6

Tiempo de crisis: 1914-1945

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

El estallido de la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento histórico de primera magnitud, el inicio de una era de conflictos catastróficos que redefinirían la situación global de Europa, así como el lugar de Francia en el continente. La guerra sorprendió a la mayoría de los franceses. El decreto de movilización no despertó gran entusiasmo. No obstante, los reservistas obedecieron la orden de presentarse ante su respectivo regimiento y fueron despedidos por las aclamaciones de una multitud convencida de que Francia había sido víctima de una agresión gratuita y de que la guerra sería breve. La prensa fue unánime al publicar y tildar de execrables los crímenes cometidos por los «bárbaros teutones» e insistió en la superioridad militar francesa y el poder de la «apisonadora» rusa. Los críticos del régimen republicano, tanto de derechas como de izquierdas, se unieron a la causa: los nacionalistas con su confianza potenciada por el sentimiento de que sus advertencias se habían visto confirmadas, los curas confiados en que en este momento de crisis la población acudiría a la iglesia en busca de esperanza y consuelo. Los periódicos socialistas, que acababan de adoptar una postura pacifista y antimilitarista, informaron ahora a sus lectores de que «la patria, seno de todas las grandes revoluciones, la tierra de los derechos y la libertad, está en peligro» y llamaron a la participación en una guerra justa en defensa de la relativamente progresista República francesa contra un Imperio alemán autocrático y agresivo. En 36 departamentos hubo manifestaciones menores contra la movilización, principalmente convocadas por militantes socialistas y sindicales, pero la inmensa mayoría de los activistas eran reacios a poner en tela de juicio una acción que podría resultar beneficiosa para el enemigo.

Se dejaron de lado las diferencias sociales y políticas y surgió un patriotismo común, la union sacrée, a la que se refería Poincaré. Abrumada por la rapidez con la que se sucedían los acontecimientos y persuadida por la propaganda, la mayor parte de la población estaba decidida a defender a la civilización francesa contra el militarismo alemán. Se creó un consenso genuino que en el terreno gubernamental se tradujo en la incorporación de dos socialistas, el veterano marxista Jules Guesde y Marcel Sembat, y dos representantes de la derecha, Delcassé y Millerand, al gobierno. La resignación se convirtió rápidamente en resolución; un élan patriótico se convirtió en la emoción dominante durante las siguientes dos semanas, cuando los reservistas movilizados abandonaron sus comunidades de origen. Los sentimientos nacionalistas predominaban abrumadoramente a pesar de la ansiedad causada por la partida de hombres y cabezas de familia al frente. La fuerza de este consenso inicial la hacía evidente la muy exigua proporción de hombres (en torno al 1,75 por 100) que no se presentaron en sus puestos. Dada la fuerza del antimilitarismo en la izquierda, el gobierno había esperado que hasta el 13 por 100 pudiera intentar eludir el servicio. De hecho, desde 1905 la policía tenía orden de llevar una lista de aquellos que pudieran desorganizar los movimientos de tropas o causar el caos económico, sobre todo miembros de la federación sindical CGT, y especialmente los ferroviarios, mineros del carbón y trabajadores en los muelles y barcos, en la industria eléctrica y en los servicios de correos y telégrafos. A estos había que arrestarlos preventivamente en caso de guerra: una medida que enseguida pareció innecesaria dada la debilidad del movimiento sindicalista, la falta de apoyo a la acción revolucionaria entre las bases y la ausencia de planes concretos para interferir en el proceso de movilización, el cual por sí mismo se deshizo de muchos posibles alborotadores. La imposición de la ley marcial frenó a otros, lo mismo que la sensación de aislamiento en una nación comprometida en la defensa de sí misma.

La pequeña minoría que se oponía a la guerra, sin un liderato y amenazada con la cárcel, fue incapaz de resistir al inmenso fervor patriótico. Se aceptó sin ambages el concepto católico de la «guerra justa» y la invocación del espíritu de Juana de Arco, reforzada por la visión clerical del momento como una época de aflicción y expiación de los pecados. El resurgimiento religioso que acompañó al estallido de la guerra fue de corta duración, pero no debe subestimarse el papel desempeñado por la Iglesia en la creación del espíritu de devoción patriótica. La guerra puso también a prueba el proceso de socialización promovido por el sistema educativo durante los años anteriores.

Lo cierto es que la union estuvo sometida a una gran tensión. Los distintos grupos políticos la concebían como una tregua a corto plazo, periodo en el que suponían que se resolvería el conflicto, y la prensa exageró su fuerza en demasía. En la práctica, los distintos grupos confesionales y políticos mantuvieron sus objetivos de preguerra y cifraron sus esperanzas en sacar partido de esta. Como es lógico, tenían una visión diferente de la naturaleza y fines por los que se luchaba. Para la izquierda se trataba de una batalla defensiva contra el militarizado y depredador Imperio alemán, y su derrota llevaría al establecimiento de una República democrática. Por el contrario, la derecha tendió a interpretar la guerra como la lucha de dos pueblos por su supervivencia; Francia intentaba defenderse del «salvajismo instintivo que representaba Alemania en carne y hueso» (Maurras).

Sin embargo, y aunque rápidamente volvieron a surgir sospechas mutuas, la necesidad de sacar al enemigo de suelo francés siguió constituyendo una base para la cooperación. La cultura de guerra que se desarrolló se caracterizaba por la ferocidad de su retórica en apoyo de una cruzada moral justificada por las noticias que llegaban de atrocidades alemanas. La propaganda oficial y la censura no tuvieron tanta importancia como los desbordamientos de la emoción en los periódicos, la música y el cine.

Proseguir el esfuerzo militar en un trasfondo de repetidas derrotas y con el desgaste de la guerra de trincheras y sus perniciosos efectos sobre la moral de las tropas implicaba someter al sistema social y político a una gran tensión. Los preparativos de la guerra habían comenzado tiempo atrás y la movilización militar se efectuó sin grandes dificultades. Sin embargo, la superioridad militar y táctica del ejército alemán no dejó de producir su efecto. En comparación con sus adversarios, los franceses adolecían de escasez de oficiales subalt ernos y suboficiales, de una relativa falta de equipamiento esencial, en especial artillería pesada, y de una instrucción más adecuada para desfilar y romper huelgas que para la guerra moderna. Inspirados por el Plan Schlieffen, el 3 de agosto las fuerzas alemanas iniciaron su rápido avance a través de Bélgica con el objetivo de rodear a los importantes ejércitos franceses en el norte y tomar París. Malinterpretando las intenciones alemanas, el alto mando francés ordenó un avance en las provincias «perdidas» de Alsacia y Lorena, lo cual dejó a los ejércitos del norte frente a fuerzas inmensamente superiores. Convencidos de la superioridad militar y moral de la ofensiva, los generales adoptaron tácticas que dieron por resultado las masacres sufridas en las primeras batallas de confrontación. Entre agosto y septiembre se perdieron unos 329.000 hombres, y alrededor de la mitad de los soldados franceses muertos en la guerra lo fueron entre agosto de 1914 y finales de 1915. A pesar de estos sacrificios, los franceses se vieron obligados a retroceder hasta que el general Joseph Joffre logró organizar el contraataque y lanzarse en septiembre contra el flanco más expuesto del enemigo, el del Marne, obligándolo a adoptar una posición defensiva, lo que propiciaría la creación de una línea continua de trincheras desde Suiza hasta el mar.

Lámina 34. La táctica ofensiva de 1914-1915. Enorme número de bajas y logros mínimos.

Síntoma del mutuo agotamiento fue que estos dispositivos defensivos, constantemente reforzados, se concibieran con el fin de proporcionar un lugar de respiro donde reorganizarse y recuperar bríos. En la práctica, crearon las condiciones para la llegada a un punto muerto y una larga guerra de desgaste. Gracias al «milagro del Marne», Joffre, mayor desde 1911, conquistó el respeto de la opinión pública y logró que los militares se impusieran a los políticos en las decisiones de carácter estratégico. En cuanto símbolo del esfuerzo nacional, dio rienda suelta al desprecio por los políticos tan característico de los jefes militares, poco preocupados por mantener al gobierno informado de sus planes. Millerand, el ministro de la Guerra, se plegó ante los expertos militares.

Joffre, dando rienda suelta al desprecio que suelen sentir los militares por los políticos, apenas informaba al gobierno de sus planes. Sin embargo, la confianza en el alto mando se agotó cuando este fue incapaz de cumplir sus promesas. Los efectos adversos de una sucesión de ofensivas mal planeadas debilitaron la moral militar. Por fin, el elevadísimo número de víctimas de Verdún condujo a la destitución de Joffre, a finales de 1916, como primer paso para restablecer la autoridad ministerial. Aun así, nunca se resolvieron satisfactoriamente problemas tales como el control parlamentario sobre los ministros y respecto a la actividad de un Estado cada vez más intervencionista, o los medios de defensa de las libertades en tiempo de guerra.

Nivelle, el sucesor de Joffre, fue designado, en parte, porque de cara a los generales que llevaban más tiempo en el cargo, al ser protestante, no era sospechoso de hostilidad hacia la República, pero también porque podía convencer a los políticos de ser el hombre providencial que lograría quebrar finalmente el sistema de trincheras alemán. Su desastroso fracaso en el Chemin des Dames casi acaba con el ejército.

En la primavera y verano de 1917 se produjeron varias sublevaciones. Cuarenta y nueve divisiones decidieron no participar en ningún otro ataque y limitarse a defender sus posiciones. En medió de la tensión de los bombardeos, del miedo a la muerte y de una vida miserable, arreciaban las protestas contra la incompetencia y la arrogancia de la oficialidad, la exigüidad del racionamiento y una política de permisos inadecuada. Aunque parece que no había ningún tipo de intencionalidad política, los generales tendieron a atribuirlo a agentes subversivos. Se adoptaron severas medidas para restablecer la disciplina y se mejoraron las condiciones. La severidad con que se castigó a los «líderes» sospechosos, con el resultado de 3.427 llevados ante los tribunales militares, 554 sentencias de muerte y 49 ejecuciones, se combinó con la mejora en las condiciones. Tras una serie de ofensivas preparadas con cuidado, con objetivos limitados y, por tanto, con un número relativamente reducido de víctimas, las tropas recuperaron, al menos en parte, la confianza en los mandos. Gracias a ellas, el sucesor de Nivelle, el general Philippe Pétain, héroe de Verdún, obtuvo fama de humanitario, y Francia pudo resistir la terrible crisis que desencadenaron la retirada de los rusos de la guerra y el reforzamiento del ejército alemán en el frente occidental. Pese a los horrores vividos, los soldados siguieron luchando, en parte como consecuencia de la disciplina militar a la que estaban sometidos, pero especialmente por lealtad a sus camaradas inmediatos y un sentido del deber, de la responsabilidad patriótica con las familias y la patria, además del odio al invasor. Querían la paz, pero, después de tanto sacrificio, estaban decididos a no perder la guerra.

Lámina 35. La guerra de trincheras: consecuencias del combate cuerpo a cuerpo en la región del Mosa. © Roger-Viollet/TopFoto.

El deterioro de la situación militar tendría graves consecuencias políticas. El evidente cansancio de las tropas que se encontraban en el frente y los sacrificios que impuso la guerra a la población civil afectaron sin duda al estado de ánimo general. Ya en 1915, un pequeño grupo de socialistas dirigidos por el yerno de Karl Marx, Jean Longuet, pese a que asumía el compromiso de defensa nacional, comenzó a poner en duda la falta de voluntad del gobierno respecto a considerar la posibilidad de una paz negociada y su evidente determinación de luchar hasta el final (jusqu’au bout). Las autoridades prohibieron entonces a los delegados socialistas asistir a la conferencia de la Asociación Internacional de Trabajadores, que se celebró en territorio neutral, en Estocolmo, en 1917. Esta medida y el creciente descontento de la clase trabajadora con las condiciones de vida y de trabajo fueron llevando gradualmente a los socialistas a la oposición y, en septiembre, dimitieron los ministros del partido que formaban parte del gobierno. En noviembre accedió al poder Clemenceau, la encarnación de la República jacobina. Se inspiraba en un patriotismo intransigente y en la determinación de restaurar la autoridad civil sobre los militares. Contaba, además, con el apoyo de una mayoría parlamentaria decidida a proseguir la guerra. En enero de 1918 se detuvo al antiguo ministro del Interior, Malvy, y al líder radical Caillaux acusándolos de derrotismo. Culminaba así el progresivo desplazamiento del gobierno hacia la derecha y la pérdida de identidad de los radicales que aceptaban cada vez más el nacionalismo de los conservadores. De hecho, la mayor parte de la población no veía otra alternativa que la de luchar hasta el final en una guerra por la que ya se habían hecho tantos sacrificios. Una paz negociada con una Alemania invicta habría supuesto añadir nuevas concesiones territoriales a las que se habían hecho en 1871 y esto era inaceptable.

Entre tanto, había que cubrir las enormes necesidades del ejército y los costes de la guerra. La financiación se llevó a cabo mediante impuestos indirectos, enormes préstamos y la emisión de moneda. Se calcula que de los 157 billones de francos de oro (de 1913), a los que ascendió el gasto del gobierno entre agosto de 1914 y octubre de 1919, 45 billones procedían de ingresos fiscales, 60 billones de obligaciones contraídas para la defensa y los restantes 52 billones de otros instrumentos de crédito. Hasta 1916 los parlamentarios se opusieron con éxito a la introducción de un impuesto sobre la renta, que sólo tuvo un peso considerable en los ingresos del gobierno una vez finalizado el conflicto. A la hora del esfuerzo de guerra, la clase media parece haberse desprendido con más facilidad de sus hijos que de sus bienes. El resultado inevitable fue la inflación. Además, el enorme esfuerzo de la población civil era tanto más difícil por cuanto habían quedado en poder del enemigo importantes regiones industriales del norte y el nordeste, que suministraban el 48 por 100 de la producción de carbón y el 58 por 100 de la de acero. La hazaña económica impresiona todavía más si se piensa que, debido a la «ilusión de la guerra corta», los planes de movilización no habían tenido en cuenta la producción de munición. La escasez de mano de obra y de materias primas se notó desde un principio. Alrededor de un 63 por 100 de los trabajadores industriales se encontraban prestando servicio militar, incluidos muchos de los que poseían una especialización básica en la producción de guerra. A finales de 1915 se impuso la urgente necesidad de sentar prioridades y se liberó de sus obligaciones militares a unos 500.000 trabajadores especializados. En estas condiciones, la intervención del Estado en la economía fue aumentando a una escala sin precedentes; se fijaron precios, se distribuyeron las materias primas y se organizó la producción y el transporte. Se creó así una estructura improvisada de viejas y nuevas organizaciones administrativas, a menudo en estrecha colaboración con las organizaciones de los trabajadores. Intentando maximizar la producción, se ofrecieron a los empresarios anticipos importantes y sustanciosos beneficios. A pesar de que estas redes de control desaparecieron poco después del armisticio, la experiencia obligó a reflexionar sobre el papel del Estado en la economía y en cómo lograr mayor eficiencia. La guerra no supuso tan sólo el despilfarro de recursos. El esfuerzo bélico y los elevados beneficios que ofrecían algunos sectores, sobre todo el acero, la ingeniería, la electricidad y la industria química, promovieron la expansión y la innovación técnica. Con todo, hay que detenerse en las pérdidas derivadas de la acción militar, la destrucción causada por la ocupación del norte de Francia y el efecto distorsionador de las necesidades militares sobre la diversificación de los recursos.

Lámina 36. Oficiales superiores elaboran planes al margen de la realidad del frente. Dibujo de Georges Scott. © París-Museo del Ejército, Dist. RMN-Grand Palais.

La ocupación del norte, la escasez de fertilizantes y maquinaria y, sobre todo, la confiscación de animales de tiro y el reclutamiento de la mano de obra fomentaron una brusca caída de la producción agrícola. La cosecha de grano de 1917, la peor de la guerra, no alcanzó el 40 por 100 del nivel de producción anterior al conflicto. Pese a que las importaciones cubrieron buena parte del déficit, la subida de los precios de los alimentos era inevitable y forzó finalmente al gobierno a intervenir e imponer el racionamiento. Mientras tanto, el incentivo de los altos precios dio lugar a un esfuerzo sobrehumano por parte de las mujeres, ancianos y niños que aún quedaban en las áreas rurales. La producción de carne, vegetales y frutas mejoró, y muchos campesinos pudieron saldar sus deudas, adquirir tierras y quizá mejorar su nivel de vida. Las pensiones que se pagaron a las familias de los combatientes parecen haber sido un ingreso adicional para muchas familias de campesinos pobres. Sin embargo, fue la población rural la que más sufrió, pues tuvo casi la mitad de las bajas. Aun así, no escapó a las críticas. Con el aumento de los precios, los consumidores urbanos acusaron a los campesinos de «avaricia». Los elevados precios de los alimentos eran una de las principales causas de protesta de los trabajadores industriales. La decisión de aumentar la productividad y la jornada laboral, justificada por la guerra, llevó adicionalmente a un incremento considerable de los beneficios, con el consiguiente resentimiento de los trabajadores que se quejaban de que sus salarios crecían mucho menos que los precios y, como consecuencia, su dieta era cada vez más inadecuada para hacer frente al duro trabajo físico. A los trabajadores fijos varones les preocupaba, además, que se empleara mayor número de mano de obra no especializada, lo que ponía en peligro su posición, su remuneración y sus planes de futuro. Entre los recién llegados había muchas mujeres atraídas por la perspectiva de una mejor remuneración en las fábricas de artillería, y a menudo forzadas a buscar un suplemento a la pensión que recibían para poder hacer frente a las necesidades de la vida urbana.

Lámina 37. Movilización para la «guerra total»: trabajadoras de una fábrica de munición. Foto: P. Lorette.

A pesar de estos problemas y de la inevitable tensión social, durante algún tiempo fue excepcional cualquier actitud que no fuese el apoyo incondicional a la guerra. A finales de 1916, pese al escaso entusiasmo reinante, la población parecía haberse adaptado a unas circunstancias que ya eran rutina. Agotado el fervor inicial, había que seguir viviendo y aceptar incluso la pérdida de un ser querido con un sorprendente grado de estoicismo. Siempre se podía buscar consuelo en el optimismo de la prensa; aunque, al prolongarse la guerra, los soldados mostraron un desprecio total hacia este bourrage de crâne (lavado de cerebro). Las quejas por el elevado coste de la vida eran frecuentes, pero la privación nunca llegó a tal grado como para suscitar amplias protestas.

El fracaso de la ofensiva de 1917 puso fin a toda esperanza de que la guerra terminaría pronto. En su lugar quedó la amedrentadora impresión de que la guerra no acabaría nunca. La clase media, que probablemente era la que manifestaba con más estruendo su patriotismo, y los campesinos, los más resignados, parecían haber aceptado la situación. La primera, pese al elevado número de bajas entre los oficiales jóvenes y a las dificultades materiales de las familias que dependían de un sueldo fijo, había soportado demasiado para retroceder. El descontento era más claro entre las clases populares. Su sufrimiento, debido a las condiciones de vida y de trabajo, se acentuó por la impotencia de los sindicatos, en un principio atados por la union sacrée y, desde enero de 1917, por procedimientos de arbitraje obligatorios. El descontento necesitó algún tiempo hasta adquirir forma política. Muchos socialistas y sindicalistas habían sido llamados a filas y los que quedaban hubieron de resignarse a la inactividad durante un conflicto que, al fin y al cabo, iba a ser breve. Las primeras oleadas huelguistas estallaron en la región de París en enero y entre mayo y junio de 1917, incluso antes de que el público fuese consciente de la desastrosa ofensiva de Nivelle. En general, se trataba de manifestaciones espontáneas de unos 100.000 trabajadores, casi siempre mujeres, de la industria textil y de las fábricas de municiones. Se quejaban de los sindicalistas que, al encontrarse en la reserva, podían ser llamados al frente si caían en desgracia ante las autoridades. Las huelgas terminaron pronto por la imposición de un arbitraje obligatorio y el aumento de los salarios. Lo mismo sucedió con las huelgas de las factorías de municiones de Toulouse y de la cuenca del Loira. Pese a la conmoción que creó el desfile extraoficial del Primero de Mayo, en el que entre 5.000 y 10.000 personas marcharon por los grands boulevards de París y se profirieron gritos de «¡abajo la guerra!», la inmensa mayoría de los trabajadores no se oponía al esfuerzo bélico, aunque todos deseaban proteger sus intereses vitales. No obstante, tras la ofensiva de Nivelle, el pesimismo se extendió. Las cartas revisadas por los censores del correo revelaban la tensión y el cansancio de la guerra y, con ello, el deseo generalizado de llegar a una paz de compromiso. Sin embargo, siguieron siendo muy pocos los partidarios de la paz a cualquier precio. Mientras los alemanes ocupasen territorio francés y tras los muchos sacrificios, no había otra alternativa que luchar hasta la victoria final. Según los informes de los prefectos, la intranquilidad era debida a los «problemas sociales» y algunas concesiones a las demandas de los trabajadores calmarían la situación. Pronto disminuyó la preocupación por los efectos que pudiera tener la Revolución rusa sobre la clase trabajadora pues, cuando los trabajadores se dieron cuenta de su repercusión en la situación militar, el entusiasmo se convirtió en hostilidad.

En mayo de 1918 se inició una segunda oleada de huelgas en las fábricas de munición de la región de París. Afectó a bastante más de 100.000 trabajadores, aunque fueron más graves y estuvieron mejor organizadas las de los mineros y trabajadores del sector de la ingeniería en el área de Saint-Étienne. Al igual que en anteriores ocasiones, había pocos indicios de una acción revolucionaria. La evidente firmeza del gobierno de Clemenceau respecto a proseguir la guerra hasta la victoria final tuvo un efecto positivo sobre la moral, y la gran ofensiva alemana de marzo hizo que de nuevo se cerrasen filas en torno a la causa nacional. El general Ludendorff apostó por el empleo de tropas trasvasadas desde el este tras la debacle rusa y requirió de sus ejércitos un último esfuerzo convulsivo a fin de obtener la victoria. Esta iba a ser muy reñida. A pesar de los éxitos iniciales de los alemanes, la tenaz resistencia, las cuantiosas bajas y su carencia de reservas, tanto en hombres como en material, detuvieron el asalto.

El desesperado esfuerzo aliado logró atajar este último gran ataque alemán y, finalmente, abatió al ejército enemigo. El contraataque fue sabiamente coordinado por el general Ferdinand Foch, a quien finalmente habían aceptado los aliados como comandante supremo en el momento de la crisis final. Participó en él, por primera vez, un elevado número de tropas estadounidenses. Esta reacción, junto con la pronta caída de las potencias centrales, sorprendió a los aliados, que habían preparado una ofensiva final para 1919. La victoria, pues, era posible. El deseo de expulsar al enemigo de Francia y de dar una lección al invasor aniquilando a su ejército e invadiendo su territorio se atemperó por la necesidad de salvar vidas y acabar pronto con la guerra. El armisticio entró en vigor el 11 de noviembre de 1918 y fue celebrado con enorme alegría. Sus condiciones hacían prácticamente imposible que los alemanes reanudaran la guerra. Al año siguiente, el Tratado de Versalles impuso la admisión de la culpa en la provocación de la guerra, así como importantes reparaciones, pero las condiciones estuvieron muy por debajo de las exigidas por el victorioso generalísimo, el recientemente ascendido mariscal Foch, quien advirtió de que Versalles representaba meramente una tregua de veinte años al cabo de los cuales Alemania buscaría venganza.

EL PERIODO DE ENTREGUERRAS

La guerra había terminado. La victoria parecía representar el triunfo de las instituciones republicanas. Al menos en apariencia, Francia era la principal potencia continental europea. Se había reparado la humillación de 1870 y recuperado los territorios perdidos de Alsacia y Lorena. Pero la desilusión campeó de nuevo al adquirirse conciencia de las implicaciones que a largo plazo tenía la participación en un conflicto tan cruel y sangriento. Era, en efecto, una victoria pírrica. Los costes humanos eran escalofriantes. Se había movilizado a casi ocho millones de hombres y las víctimas se elevaban a 1.322.100 (el 16,8 por 100), una proporción que se elevó al 25 por 100 en la infantería e incluso más entre los oficiales subalternos y los suboficiales. Otros muchos (aproximadamente tres millones) habían quedado mutilados o debilitados por la experiencia. Ellos y sus familias nunca olvidarían. Más de un millón cobrarían una pensión por invalidez. El impacto demográfico fue especialmente grave en el caso de Francia, que había movilizado a 168 de cada 1.000 habitantes y perdido a 134 de estos hombres. Gran Bretaña, en cambio, había movilizado a 125 y perdido a 16, y Alemania había movilizado a 154 y perdido a 30. En un país que ya estaba viviendo el estancamiento demográfico, la pérdida de tantos jóvenes (el 27 por 100 del grupo de los que contaban entre dieciocho y veintisiete años) y el declive resultante en el número de matrimonios y nacimientos tuvieron un efecto evidente en la década de los treinta, al disminuir la mano de obra disponible y el número de varones en edad de reclutamiento.

La guerra también afectó a largo plazo a la economía de forma significativa. A pesar de los progresos de comienzos de siglo, Francia había ido a la guerra en una situación de relativo atraso en comparación con Gran Bretaña y Alemania. Aunque el balance económico no era totalmente negativo, en el sentido de que se había producido un eficaz movimiento de inversiones, se seguía estando en números rojos. En 1919 los niveles de producción agrícola e industrial eran un 45 por 100 más bajos que los de 1913. Se habían destruido los recursos o se habían desviado hacia usos militares. Las luchas habían devastado amplias áreas de la tierra de cultivo más productiva, el ganado había desaparecido y las ciudades y villas estaban en ruinas. En la zona de ocupación alemana, la sobreexplotación y la destrucción sistemáticas habían reducido drásticamente la capacidad productiva de las minas y factorías y la capacidad de transporte de la red ferroviaria. La desorganización y el duro trato dispensado a la población de las áreas ocupadas, que se vio privada del adecuado suministro de alimentos y combustible y sometida a trabajos forzados, sería una de las principales causas del éxodo masivo de los refugiados del norte en 1940. Querían evitar a toda costa una repetición de la experiencia del dominio alemán.

Lámina 38. El coste de la reconstrucción: las ruinas de Montdidier (Somme), junio de 1919. Foto: Collection Albert Kahn.

La desmovilización de las enormes fuerzas militares, la disposición de un excedente de armamentos, la reasignación de recursos y la reconstrucción costaron tiempo y dinero. Aun así, el proceso se llevó a cabo con sorprendente rapidez. La guerra había alentado a muchas empresas de gran tamaño a modernizar su equipamiento y a hacer un uso más eficiente de la mano de obra. La producción industrial alcanzó los niveles de preguerra hacia 1924, y hacia 1929 superaba en un 40 por 100 el nivel de 1913. Intervinieron conjuntamente varios factores: el estímulo de la reconstrucción, la liberación de la demanda reprimida de los consumidores y el aumento de las exportaciones, gracias a la depreciación del franco en los mercados internacionales de divisas. Empezó a parecer que la guerra había sido tan sólo un breve paréntesis en el proceso de crecimiento económico a largo plazo. De hecho, los datos sugieren que los años de la guerra y la década de los veinte fueron en muchos aspectos una continuación del periodo de dinamismo que había comenzado en la última década del siglo pasado. Sin embargo, el proceso de crecimiento y concentración de la producción sería insuficiente para eliminar los mayores problemas estructurales de la economía francesa. Estos derivaban de la combinación del estancamiento demográfico y de la demanda, la pervivencia de un sector agrícola muy grande e ineficaz, y de numerosas pequeñas o medianas empresas mal equipadas desde el punto de vista industrial y comercial. La existencia de compañías modernas y a gran escala en sectores como la industria química, la ingeniería eléctrica o la industria del motor, que habían podido invertir los enormes beneficios obtenidos durante el conflicto, contrastaba abiertamente con la cauta reticencia a invertir de muchos empresarios. Como consecuencia, la maquinaria industrial de la década de los treinta tenía, por término medio, unos veinte años, en comparación con los siete de la alemana. El coste de la producción continuó siendo relativamente alto y los empresarios (patronats) siguieron obsesionados por la necesidad de protegerse contra los competidores extranjeros. Los inversores potenciales solían preferir la relativa seguridad de los préstamos del gobierno. No obstante, los esfuerzos desiguales por incrementar la productividad se acentuaron por la relativa prosperidad de los años veinte y por la depresión de la década siguiente, en la cual se impuso la racionalización. La tabla 5 aporta una idea de la escala del cambio estructural.

Tabla 5. Distribución de la población activa en la industria (porcentajes)

1913

1938

Variación

Energía

4,0

6,2

+2,2

Construcción y material de construcción

18,6

16,9

–1,7

Industria metalúrgica e ingeniería

14,7

22,6

+7,9

Industrias químicas

1,6

3,9

+2,3

Textiles

42,4

29,7

–12,7

Industria agrícola y alimentaria

7,8

9,6

+1,8

Fuente: J.-C. Asselain, Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours, vol. II: Le blocage de la croissance pendant l’entre-deux-guerres, Éditions du Seuil (1984), p. 74.

Tabla 6. Estructura de la población activa (porcentaje)

1913

1938

Agricultura

37,4

31,4

Industria

33,8

32,3

Servicios

28,8

36,3

La tabla 6 muestra el continuo abandono de la agricultura, la decadencia de la producción artesanal y el desplazamiento de la industria a favor de los servicios, tan característico de una economía en vías de modernización. A su vez, estos muestran el crecimiento de la burocracia «moderna», del sector bancario y financiero y de las cadenas comerciales, así como el florecimiento de las pequeñas tiendas y bares. Otra característica del periodo fue la concentración de buena parte de estas actividades dentro y alrededor de París, una ciudad de «aluvión», frente al subdesarrollo del oeste, del centro y del sudeste.

El estancamiento tecnológico se notó más en la agricultura que en la industria. Los progresos en la mecanización fueron lentos. En 1938 sólo había en uso 35.000 tractores; su precio era elevado y los campesinos, a menudo ligados aún al ideal de la autarquía, desconfiaban de los préstamos. La mayor parte de los pequeños agricultores poseían una renta insuficiente como para poder amortizar sus deudas. Además, eran poco conscientes de las posibilidades que les ofrecía el mercado o de los beneficiosos efectos potenciales de la inversión. La contabilidad era un misterio. Los costes eran altos y las ganancias en la productividad derivaban, sobre todo, de la disminución de la mano de obra excedente mediante la migración. Como era de esperar, los terratenientes conservadores, preocupados por que aumentasen los costes y disminuyese la sumisión de los trabajadores, condenaron sus efectos como moralmente corrosivos. Las cosechas de cereales alcanzaron hacia 1929-1931 los 14,2 quintales por hectárea, poco más que en el periodo anterior a la guerra (de 13,3), y muy por debajo de la media británica y alemana (de 21,9 y 20,5, respectivamente). Aunque la productividad se mostraba muy superior en las grandes explotaciones capitalistas de la cuenca de París y en el norte, la tercera parte de la fuerza de trabajo, ocupada en la agricultura, sólo representaba una cuarta parte del producto nacional. No obstante, durante la década de los veinte se elevó el precio de los alimentos, lo que creó una sensación de bienestar entre la población rural. El efecto de ampliar horizontes que tuvo la guerra se reforzó por el fácil acceso a las pequeñas ciudades por tren o el transporte a motor, y el comienzo, desde 1928, de la electricidad en el campo. El resultado fue la mejora de la dieta, el cambio en la vestimenta y el declive de las costumbres locales, aunque las viviendas de muchos campesinos seguían siendo miserables.

Pero había que hacer frente a los costes de la guerra, a la deuda contraída, sobre todo, con británicos y estadounidenses. Pero la fuga de oro y divisas durante el conflicto, la venta de activos en ultramar y la importante pérdida de inversiones que supuso la Revolución rusa dificultaron mucho la tarea. La guerra triplicó los precios y, una vez que se suprimió el control de cambios impuesto durante el conflicto, se produjo una masiva depreciación del franco, al tiempo que la población perdía toda esperanza de retorno a la «normalidad». Con tales dificultades no cabe sorprenderse de que los políticos franceses interpretasen el tratado de paz con Alemania no sólo como un instrumento para garantizar la seguridad militar a largo plazo, sino también como un medio para obligar a Alemania a efectuar verdaderas y ajustadas reparaciones financieras en pago de una guerra de la que el mundo entero la consideraba culpable. El lema «Alemania debe pagar» tuvo un apoyo casi unánime. De hecho, el desacuerdo entre los aliados respecto a la suma que Alemania debía pagar creó un importante resentimiento entre las gentes que opinaban que Francia era el país que había hecho mayores sacrificios humanos, y la evidente «mala voluntad» germana al conocer el alcance de las reparaciones suscitó parecida hostilidad. Finalmente, hasta que en 1931 se suspendieron los pagos, Francia recibió la importante suma de 10.000 millones de francos (con el valor de 1913). Para Alemania era una carga muy pesada, pero los franceses la consideraron insuficiente.

Así pues, Francia salió de la guerra victoriosa pero gravemente herida, con la seguridad a largo plazo gravemente debilitada por el desmoronamiento de su anterior aliado ruso, el creciente aislacionismo estadounidense y la renuencia británica a contraer compromisos militares formales, así como la determinación alemana a tomarse la revancha de lo que se percibía como la injusta humillación impuesta por el Tratado de Versalles. Por otro lado, la capacidad del sistema social y político, que había resistido triunfalmente la amenaza militar, se vería sometida a prueba con otra crisis que demostró la desconfianza abrumadora, la incapacidad de adaptación y el endurecimiento de las relaciones sociales y políticas que había producido la guerra.

Cualesquiera que hubiesen sido los cambios, lo cierto es que la sociedad francesa seguía estando fundamentada en una profunda desigualdad. Los datos sobre transmisión hereditaria sugieren que la mitad de la riqueza transmitida de una a otra generación correspondía a tan sólo el 1 por 100 de los fallecidos. En una sociedad de aproximadamente 14 millones de campesinos, 13 millones de trabajadores y 14 millones pertenecientes a la heterogénea clase media, sólo la gran burguesía –una parte del conjunto de la burguesía– tenía auténtico poder. El acceso a la educación, principal determinante social, dependía de la cuna, la cultura y, en definitiva, de la riqueza. La inmensa mayoría de los niños asistían a la escuela primaria hasta los catorce años de edad; una pequeña minoría recibía instrucción en las clases de primaria adscritas a lycées de pago. Las mujeres también seguían discriminadas negativamente. Aunque la Cámara de Diputados acordó, en 1919, el sufragio femenino, la propuesta fue rechazada en el Senado, y luego no fue un tema que los políticos juzgaran de máxima prioridad.

Sólo unos pocos lograban ascender en la escala social a causa de su habilidad, su buena fortuna y su conformismo. El auténtico peligro para el orden establecido procedía, por un lado, del cambio estructural que se estaba produciendo en la economía y, por otro, de las actividades de los «renegados» políticos, los políticos izquierdistas de la clase media y media-baja que, ya fuese por un genuino deseo de lograr una sociedad más igualitaria o por lograr el éxito electoral, estaban dispuestos a emprender reformas capaces de desestabilizar el sistema. Al menos, las elites ya asentadas siempre podían contar con el instinto conservador de muchos de los que se vanagloriaban de tener alguna posesión, por pequeña que fuese, o cualificación profesional, como es el caso de algunos campesinos, tenderos, oficinistas, hombres de negocios o profesionales, o bien de aquellos decididos a «mejorar su situación», directamente o a través de sus hijos, y que emulaban en muchos aspectos a sus «superiores», intentando distinguirse de los desposeídos o de los ignorantes. De este modo, muchos trabajadores especializados y mejor pagados soñaban menos con la revolución que con la promoción social. La prensa de masas y la radio alentaban estas ideas al difundir una ideología eminentemente conservadora, pese a sus pretensiones de imparcialidad.

La guerra había estimulado la adhesión a los valores nacionalistas, y en las elecciones de 1919 los conservadores obtuvieron un éxito abrumador. Se beneficiaron, además, del nuevo sistema electoral, que favorecía a aquellos partidos capaces de organizar coaliciones. Para la izquierda los resultados fueron desastrosos. El Partido Socialista, aislado tras su abandono de la union sacrée en 1917 y dividido internamente por la actitud hacia la revolución bolchevique, rechazó toda avenencia con los partidos «burgueses». Esto obligó a los radicales a negociar acuerdos con los conservadores y unirse al Bloc national, cuyos representantes más destacados, Clemenceau y Millerand, insistían en la necesidad de mantener la union de los tiempos de guerra. En efecto, parte del centro político, que en 1914 se había aliado con la izquierda, se desplazó ahora a la derecha. La creación del Bloc mostraba la decidida voluntad de los conservadores de aceptar el régimen republicano y la creencia de muchos radicales de que la verdadera amenaza al orden establecido procedía ahora de la izquierda. El entendimiento al que llegaron la Iglesia y el Estado resumió la aproximación de los dos grupos. A pesar de que los votos socialistas aumentaron del 17 por 100 al 21 por 100, conforme al nuevo sistema electoral pasaron de ocupar 102 a 68 escaños. Además, perdieron su escaño muchos de los radicales que se habían opuesto a una alianza con la derecha. Como consecuencia, los partidos de centro-derecha obtuvieron 450 escaños, sobre un total de 616.

El resultado fue la formación de un gobierno dirigido por Millerand y, desde 1922, por Poincaré. Clemenceau había perdido toda posibilidad debido a la hostilidad creciente que despertaban su anticlericalismo, su insistencia en la necesidad de mantener la austeridad y de elevar los impuestos, y su deseo de imponer una presidencia muy intervencionista. La agresiva política exterior del gobierno se materializó en la lucha por garantizar las reparaciones de guerra y alentar los movimientos separatistas de Renania. Culminó en 1923 con la ocupación del Ruhr. Esta decisión alarmó tanto a la opinión pública como para provocar un desplazamiento hacia la izquierda y dar la victoria electoral a la alianza de centro-izquierda, el Cartel des gauches. La campaña puso de nuevo de relieve la división de los radicales y, por tanto, la inestabilidad del grupo que hacía las veces de «bisagra» del centro y de cuyo apoyo dependía la supervivencia del gobierno. No obstante, pese a las divergencias en cuestiones como la reforma social, en 1924 pudieron llegar a un acuerdo respecto a la necesidad de colaborar en pro de la paz permanente y la seguridad colectiva con la creación de la Liga de Naciones. Este proyecto quedaría asociado a la figura de Briand, y en 1925 abrió paso a la firma del Pacto de Locarno, por el que Alemania reconocía, y británicos e italianos garantizaban, las fronteras orientales de Francia. El acuerdo se completó con la firma de otros tratados defensivos entre Francia y sus aliados checos y polacos. Sin embargo, el gobierno de centro-izquierda fue tan sólo un paréntesis en el largo periodo de dominio conservador, que se mantuvo hasta 1932. Poincaré tuvo bajo su control el panorama político hasta 1929, con un programa destinado a garantizar la seguridad militar, eliminar la inflación, equilibrar el presupuesto y limitar la carga impositiva; a ello se unía su antisocialismo visceral y su afán de vincularlo con la terrible amenaza bolchevique.

Con la formación del gobierno de la Union nationale en 1926, presidida primero por Poincaré y después, cuando por motivos de salud presentó la dimisión, por André Tardieu y Pierre Laval, se aprobó finalmente una ley, en 1928, que obligaba a la protección por enfermedad. Esta medida se había adoptado ya en 1921, cuando la posguerra difundió la noción de responsabilidad social. El subsiguiente intento de financiarla mediante un seguro volvió a mostrar la oposición de las clases medias ante cualquier insinuación de reforma social que hubiese de ser financiada con impuestos. Tras la llamada a la defensa del «orden moral» y las advertencias contra la dependencia de la beneficencia social, latía la falta de solidaridad. El planteamiento obtuvo aún mayor eco gracias a la debilidad de la izquierda. Al principio, tras la guerra, el Partido Socialista y los sindicatos incrementaron su número de militantes a causa del odio que suscitaba un régimen que había llevado al país a un baño de sangre, y por la convicción de que la revolución era inminente. Desde 1917 los socialistas tuvieron que definir su postura ante el bolchevismo. Al final, esto fue lo que produjo la escisión. En el Congreso de Tours de diciembre de 1920, ignorando las advertencias de Léon Blum respecto a un extremismo izquierdista el 67,3 por 100 de los delegados votó a favor de la adhesión a la Internacional Comunista y redujo el SFIO a 30.000 miembros. En su actitud influían decisivamente el antibelicismo, el entusiasmo por el aparente éxito de los sóviets a la hora de establecer una nueva forma de gobierno popular, la desilusión a causa del repetido fracaso electoral para conseguir una profunda reforma social y el interés evidente de muchos diputados socialistas por «hacer carrera». Sin embargo, muchos de estos camaradas errantes volvieron al redil al crecer la inquietud por el servilismo que exigía y la brutalidad con la que el régimen soviético trataba a los comunistas de otros países. De manera que el Partido Socialista volvió a ser el principal defensor de la reforma social.

Lámina 39. El miedo que suscitaban las grandes huelgas, tras la revolución bolchevique, permitió a los conservadores utilizar como motivo de la campaña electoral de noviembre de 1919 la imagen de un hombre con un cuchillo en los dientes. Biblioteca Nacional, París, Cabinet des Estampes.

Pero el partido seguía estando profundamente dividido entre los partidarios de un acercamiento a los comunistas y los que deseaban colaborar con los radicales. La polémica se inflamó tras el fracaso de la huelga general de mayo de 1920, al escindirse una minoría comunista de la federación de sindicatos (Confédération Générale du Travail) y formar la CGT Unitaire en enero de 1922. La afiliación sindical descendió de unos 2 millones en 1919 a 600.000 en 1921. Al dividirse la izquierda, disminuyó el apoyo de los electores. En las elecciones de 1920 los socialistas obtuvieron alrededor de una quinta parte de los votos y los comunistas una décima parte. Sin embargo, estos últimos crearon un movimiento bien organizado que tenía como bastiones los suburbios industriales de París y partes del Cher y Francia central. Su base eran los trabajadores que, pese a la subida real de los salarios en la década de los veinte, tenían todavía miserables condiciones de vivienda y padecían una rigurosa e insensible disciplina en su lugar de trabajo. Aun así, la militancia comunista descendió de los 110.000 de 1921 a los 30.000 de diez años después. El partido mantenía la unidad interna a cambio del aislamiento político respecto del resto de la nación. Llevaba adelante una política centrada en la oposición de clase no sólo respecto a los partidos «burgueses», sino, en particular, frente a su principal rival en el voto de los trabajadores, los socialistas, a los que tildaba de «traidores sociales». Por su parte, los socialistas, aunque no repudiaban los ideales y el lenguaje revolucionario y se negaban a participar en el gobierno, mantenían una política en lo esencial reformista, que implicaba pactos electorales con el Partido Radical, reacio a adoptar medidas sustanciales de reforma económica y social. Al menos esta flexibilidad táctica les permitió sacar ventaja de la pérdida de apoyo a los comunistas en las ciudades y a los radicales en el campo.

Lámina 40. Más propaganda electoral conservadora. Se acusa al gobierno del Cartel de Izquierdas del déficit presupuestario y la inflación. Cartel de Jack. Biblioteca Nacional, París, Cabinet des Estampes.

Para los coetáneos, la inflación y la incapacidad de los sucesivos ministros para equilibrar el presupuesto constituían los problemas más graves. La inflación había sido causada por la guerra y la reconstrucción, que obligaron al gobierno a aumentar enormemente los créditos y el volumen de dinero en circulación (de 6.000 millones de francos en 1914 a 37.000 millones en diciembre de 1920). Los precios se incrementaron a lo largo de los ocho años siguientes a la guerra y el gobierno fue incapaz de llegar a un acuerdo y, mucho menos, de resolver el problema. Ello produjo, además, la espectacular depreciación del franco. La moneda había perdido la mitad de su valor durante la guerra y su caída se aceleró tras la retirada del apoyo británico y estadounidense en marzo de 1919. La creciente falta de confianza desencadenó la especulación y la fuga de capital. El fracaso de la ocupación del Ruhr de 1923, con la que se pretendía asegurar el pago de las reparaciones, aumentó el pesimismo. Entre 1922 y 1926 se volvieron a doblar los precios. La devaluación internacional fue aún mayor: en 1914 la libra esterlina se cambiaba a 25 francos; en julio de 1926 a 243. Los grandes perdedores fueron los que dependían de rentas, y ello en un país que todavía carecía de un sistema de pensiones para los jubilados. Los bonos de renta fija que solían adquirir habían perdido hacia 1926 cinco sextas partes de su valor respecto al periodo de preguerra. Por otra parte, la inflación y el consiguiente alivio sobre la deuda fomentaron la prosperidad, mientras que la devaluación favorecía el comercio exterior. Muchos grupos sociales parecen haber aumentado sus rentas; los trabajadores, por ejemplo, entre un 9 y un 26 por 100. Pero siguió predominando el pesimismo general que creaba el continuado aumento de los precios. La hiperinflación alemana de 1923 hacía realidad la más negra de las pesadillas.

Sólo la formación del gobierno de Poincaré, en junio de 1926, trajo consigo la estabilidad financiera. Su talante conservador y el apoyo de la autoproclamada Union Nationale, compuesta por los radicales y los diputados de derechas, contribuyeron a devolver la confianza a los círculos financieros, que dudaban de la capacidad de los anteriores gobiernos del Cartel des gauches (Cartel de Izquierdas), a cuyo frente estuvo Edouard Herriot. Se adoptaron medidas aparentes y reales, como el aumento de impuestos y de la tasa de interés, y la reducción del gasto gubernamental. En junio de 1928 se decidió volver, limitadamente, al patrón oro, pero el franco mantuvo una quinta parte del valor de preguerra; una medida realista para evitar una pérdida de competitividad en los mercados internacionales como la que había sufrido la moneda británica tras la sobreevaluación de 1925. Tardieu hizo incluso esfuerzos por reducir la tensión social compartiendo algunos de los beneficios de la prosperidad mediante la legislación sobre el seguro social y las prestaciones familiares. Inevitablemente, la perspectiva de que se les requirieran aportaciones alarmó a los empresarios. No obstante, los efectos positivos fueron de corta duración.

El crac de Wall Street de octubre de 1929 fue el punto de partida de la crisis más seria que jamás haya experimentado el mundo capitalista. La década de los treinta se caracterizaría por la severa depresión, y con ella se desvanecerían los sueños de estabilidad nacional y hegemonía internacional. La crisis se dejó sentir en Francia más tarde que en otros países industrializados. De manera que 1930 fue un año de prosperidad. La estabilización de Poincaré –esto es, la devaluación– hizo a los productos franceses más competitivos en el mercado internacional, al menos hasta la devaluación de la libra en septiembre de 1931. El relativo atraso de la economía y las limitaciones de su integración en los mercados internacionales retardaron el impacto de la crisis y, cuando por fin alcanzó a Francia, bajo la forma de la bancarrota, la caída de la producción y el desempleo no tuvo la gravedad que en otros lugares. En cambio, fue mayor su duración y se convirtió en una década de permanente crisis. Sin embargo, muchos franceses saludaron el mayor equilibrio de la economía nacional, que mantenía a mucha gente en el ámbito rural, sin tener en cuenta que la crisis afectaba también a la agricultura, donde se experimentó una caída de los precios debido al excesivo abastecimiento de los mercados nacionales e internacionales. El precio de las hortalizas cayó un 34 por 100 entre 1930 y 1935, y el de la carne un 40 por 100. Las rentas de los terratenientes, las ganancias de los agricultores y los jornales de los trabajadores sufrieron igualmente un importante descenso. La capacidad adquisitiva de la población rural se vino abajo. La crisis en Francia iba a ser más prolongada que en cualquier otra parte. La de los treinta fue una década de crisis perpetua.

La estabilización de Poincaré fue un breve paréntesis dentro de un largo periodo de desequilibrio. El déficit presupuestario, ahora debido a la reducción de los ingresos fiscales, condujo a la depreciación de la moneda en el mercado de divisas. Sin embargo, la mayor parte de los líderes políticos, con la notable excepción del socialista Blum y del conservador Paul Reynaud, se oponían radicalmente a devaluaciones planificadas como las de Gran Bretaña en 1931 y Estados Unidos en 1933, cuya finalidad era estimular el comercio. Dada la apasionada oposición contra la devaluación, percibida como una «estafa» al ahorro, los políticos corrían un riesgo importante. Era mucho más rentable censurarla en los términos más apocalípticos. Cuando en 1934 Reynaud se mostró partidario de la depreciación, Action française, el órgano de la extrema derecha, con uno de sus habituales juegos de palabras, lo acusó de «parásito», de tener «la mente y la moral de una termita», y pidió su encarcelamiento. La decisión de mantener el valor internacional, el statu quo y la capacidad adquisitiva de la moneda y evitar una vuelta a la inflación de los años veinte supuso una pérdida de competitividad para los productos franceses en los mercados mundiales. Entre 1929 y 1935 el volumen de las exportaciones se contrajo en un 44 por 100 y su valor descendió un 82 por 100. La participación del país en el comercio internacional de productos manufacturados, por lo demás ya muy reducido, cayó del 11,2 por 100 de 1929 al 5,8 por 100 de 1937. Aunque se logró estimular el comercio dentro de los mercados protegidos del Imperio –que llegó a suponer entre un 25 y un 30 por 100 de las exportaciones en 1936-1938–, no pudo compensar la pérdida de mercados en los principales países industrializados ni evitar la creciente tendencia a la importación de alimentos y petróleo. El centenario de la conquista de Argelia y la creación de una «Francia más grande» se celebró en 1931 con una formidable y muy publicitada exposición.

En 1938 los niveles de producción no eran muy superiores a los de 1913. Precisamente por ello puede decirse que Francia fue el país más afectado de entre las potencias económicas. Los precios cayeron un 46 por 100 entre 1929 y la primavera de 1935, en la caída del ciclo; las acciones perdieron un 60 por 100, y la producción industrial se redujo aproximadamente a una cuarta parte. En algunos sectores clave de la industria pesada, como la producción de acero, la caída fue del 40 por 100 y, por el contrario, la industria de bienes de consumo –con la única excepción de los textiles– sufrió mucho menos. La caída de los precios desincentivaba las inversiones. La pasividad de los fabricantes de manufacturas a la hora de renovar el capital fijo redujo la productividad con una caída del 37 por 100 de la fabricación de equipo industrial. Es cierto que en Francia el desempleo fue mucho menor que en Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Aun admitiendo que la cifra oficial de parados debería doblarse y que la tasa real sería de un millón, con la región de París como la más afectada, representa tan sólo el 2,6 por 100 de la población, frente al máximo del 7,6 por 100, 9,4 por 100 y 12,75 por 100 de las otras tres naciones. En cualquier caso todos estos datos esconden la pérdida del puesto de trabajo de los ancianos y las mujeres, la repatriación de los inmigrantes y la importancia del subempleo debido a la reducción de horas de trabajo. No obstante, cuando los precios cayeron, muchos de los que conservaban su trabajo gozaron de considerables mejoras en sus ingresos reales. Los niveles de consumo personal seguían siendo sorprendentemente altos, en buena medida porque la caída nominal en los ingresos nacionales de en torno a un tercio entre 1929 y el fondo de la crisis en 1935 se compensó en parte con el 20 por 100 de descenso en los precios al por menor.

No obstante, no se pudo evitar la intensa sensación de inseguridad. Por otro lado, la crisis no afectó por igual a todos los grupos sociales. La masa de los pequeños campesinos fue la que más sufrió al caer los ingresos reales en la agricultura en un 32 por 100. Muchos trabajadores industriales disfrutaron de un aumento de sus ingresos reales, aunque eran muy conscientes de la pérdida de valor de sus salarios y de la amenaza del desempleo. Los beneficios empresariales descendieron alrededor de un 18 por 100 y afectaron sobre todo a los pequeños fabricantes de manufacturas y a los tenderos, mientras que los ingresos reales de los terratenientes y rentistas con rentas fijas tendieron a aumentar. En general, los privilegiados conservaron su posición pero en un clima de creciente tensión social y política. Al menos el cine y la música popular ofrecían una distracción relativamente barata ante los problemas de la vida diaria. Entre los mayores éxitos se encontraban las canciones de Edith Piaf y Charles Trenet, y las películas de René Clair y Marcel Pagnol. Unas y otras resultaban atractivas por su gusto por el drama y el romance, mientras que el humor corría a cargo del cómico Fernandel. En general, los intelectuales condenaban las películas importadas de los Estados Unidos por considerarlas pueriles. Filmes tan extraordinariamente escapistas como La calle 42 (1933), Melodías de Broadway (1936) y Blancanieves (1938) gozaron sin embargo de un éxito comercial mayor que el grueso de los poco imaginativos productos domésticos.

Una constante de la época fue la debilidad gubernamental. Los políticos y los economistas –y no sólo en Francia– se sentían impotentes, simplemente reaccionando a los problemas conforme ocurrían. Aunque los repetidos déficits presupuestarios eran una consecuencia más que una causa de la depresión, los gobiernos seguían obsesionados con la necesidad de lograr el equilibrio y se embarcaron en políticas deflacionarias que aún redujeron más la demanda. La multiplicidad de partidos y su escasa disciplina hacían que el gobierno quedase a merced de coaliciones parlamentarias inestables y que los ministros invirtiesen buena parte de su tiempo tratando de manipular a los diputados. En el periodo de entreguerras se sucedieron 42 gobiernos, con una media de unos seis meses en el poder, incapaces de desarrollar una estrategia a largo plazo. El sistema electoral daba un poder desproporcionado al electorado rural y al de las pequeñas ciudades, por lo general contrario a la reforma social, supuestamente favorable a los trabajadores urbanos, y a los impuestos necesarios para financiarla. Tendían a confiar en partidos como el radical que, pese a presentarse como de izquierdas, era abiertamente conservador desde el punto de vista económico y social, y cuyos diputados, si no dirigían el gobierno, al menos ocupaban en él un lugar destacado. Los diputados, por lo general, pertenecían a las profesiones liberales y hacían un notable esfuerzo por mantener el apoyo de su circunscripción, centrándose en cuestiones locales y procurándoles el apoyo de los ministros.

En parte, la estabilidad burocrática compensaba la inestabilidad gubernamental, pero esto otorgaba el protagonismo político a los funcionarios, procedentes de las clases altas, que ocupaban los cargos más destacados. El sistema de gobierno no era el idóneo para luchar contra grandes crisis. Era incapaz de considerar, y menos aún de aceptar, las propuestas de planificación y creación de una economía mixta de apolíticos o tecnócratas conservadores como Auguste Detoeuf, presidente de la compañía de ingeniería eléctrica Thomson; de economistas como Alfred Sauvy, al que animaban una suerte de ideas morales y científicas, o de sindicalistas reformistas como Léon Jouhaux, secretario general de la CGT. Sus ideas fueron rechazadas por una derecha comprometida con el libre mercado y por una izquierda que concebía el Estado sólo como instrumento de opresión. La consecuencia fue la pérdida de confianza en el régimen durante la década de los años treinta.

El caso de la agricultura, donde el problema fundamental era la sobreproducción, muestra con claridad la incoherencia de la política del gobierno. En un principio se elevaron las tarifas proteccionistas. Su reacción ante las buenas cosechas de 1932 y 1935 fue la falsificación de los datos para evitar la alarma del mercado. No obstante, los precios continuaron bajando, y en junio de 1933 el trigo, a 85 francos el quintal, se pagó a la mitad de precio que en 1929. El siguiente paso, en julio de 1933, fue imponer un precio mínimo de 115 francos. Pero, con insuficientes fondos y servicios para almacenar el superávit, esta política duró poco tiempo y sólo estimuló la aparición de un mercado no oficial en el que el trigo podía comprarse por unos 60 o 70 francos. Se intentó, también, reducir la oferta de vino imponiendo restricciones en el cultivo y una reducción obligatoria de la superficie cultivable, pero el efecto sobre los precios fue muy limitado. En otros sectores se introdujeron, asimismo, medidas presuntamente encaminadas a combatir la deflación, como las que tenían por objetivo proteger a los pequeños tenderos contra la competencia de las grandes cadenas comerciales. Respecto al déficit comercial, más que adoptar medidas para estimular las exportaciones y, por tanto, actuar contra las causas, el gobierno optó por limitar sus efectos, y desde el verano de 1931 se endureció el proteccionismo. El sentimiento de inseguridad era tan fuerte que incluso los vendedores por cuenta propia, como los de las industrias de la lana y la seda, veían con agrado la perspectiva de una autarquía.

En mayo de 1932 el electorado se orientó hacia la izquierda en busca de una solución. Fue su mayor éxito electoral desde antes de la guerra, pues obtuvo 334 diputados, a sumar a los 157 radicales y 129 socialistas, frente a los 230 de la derecha. En contradicción con la retórica que empleaban, los radicales siguieron oponiéndose con dureza a las medidas fiscales que podían perjudicar a sus circunscripciones de pequeños negociantes y campesinos. Los ministros radicales, liderados por Herriot, defendieron la ortodoxia financiera y el restablecimiento de la confianza. Se preocuparon, tanto como los conservadores, por reducir el gasto y equilibrar el presupuesto. Era una política que sus aliados socialistas difícilmente podían aceptar. Las sucesivas combinaciones ministeriales fueron incapaces de llegar a un acuerdo. Al agravarse la crisis económica, los ministros se vieron cada vez más impotentes. Tras las graves revueltas de París del 6 de febrero de 1934 y la dimisión del indeciso gobierno de Edouard Daladier, accedió al poder la Union Nationale, que incluía a los radicales, pero estaba dominada por los conservadores. La dirección correspondió, sucesivamente, a Gaston Doumergue, Pierre-Étienne Flandin y Laval. Este se hallaba aún más obsesionado que sus predecesores por evitar la inflación adoptando medidas deflacionistas. El Parlamento le otorgó «poderes excepcionales para garantizar la defensa del franco y ganar la batalla contra la especulación». Su política se centró en restablecer la competitividad de los productores franceses reduciendo los precios. Para ello procedió al recorte brutal, de un 10 por 100, del sueldo de los funcionarios, redujo el interés pagadero de la deuda y, de manera muy original, decretó reducciones de los alquileres y de los precios del pan, el carbón y la electricidad. Entre 1932 y 1935 se sucedieron 11 gobiernos y 14 planes de recuperación económica, todos basados en la combinación de medidas deflacionistas y proteccionistas, con el propósito de asegurar el statu quo social y económico. Había que defender la paridad del franco a cualquier precio. Desgraciadamente, las medidas sólo contribuyeron a acentuar el estancamiento económico. Los funcionarios con mayor responsabilidad, los representantes del Banco de Francia, que pese a su función de banco central todavía era una entidad privada, y algunos destacados industriales, como Peugeot, De Wendel o Schneider, miembros de la elite social más exclusiva, se aliaron para ejercer su influencia a favor de la continuidad.

El cambio era tanto más difícil por la inestabilidad política que reflejaba el carácter fragmentario del sistema político, el papel de bisagra de los radicales y la facilidad con la que los diputados rebeldes abandonaban al gobierno que había incurrido de alguna manera en su desagrado. En esta situación, los políticos estaban poco dispuestos a emprender la importante reforma económica y social que la crisis demandaba. Se negaban también a aceptar una reforma del sistema político que tendiese al presidencialismo y reforzase al Ejecutivo frente al Parlamento. Todo lo más que podían aceptar era otorgar algunos poderes excepcionales al presidente en caso de crisis, como ocurrió durante la crisis financiera de 1935, en la que se reconoció a Laval la capacidad temporal de dictar decretos de urgencia. Para mayor dificultad, los gobiernos hubieron de hacer frente a un alarmante deterioro de la situación internacional. En Lausana, en julio de 1932, las grandes potencias reconocieron la incapacidad de Alemania para seguir pagando las reparaciones y su derecho al rearme. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller y, en octubre, Alemania se retiró de la Conferencia de Desarme de Ginebra. En junio de 1934, mientras el gasto militar francés alcanzaba su mínimo histórico, el gobierno empezó a ver la necesidad de rearmarse.

Entre las clases medias y, sobre todo, entre los grupos más prósperos e influyentes, el permanente ambiente de crisis, el miedo al empobrecimiento y a la pérdida de posición social, y la sensación de mayor debilidad en el ámbito internacional, dieron lugar a una alarmante pérdida de confianza y a la convicción de que la democracia había fracasado. Muchos opinaban que sólo un gobierno autoritario podía resolver los problemas de la nación. La llamada al «orden moral» procedió de nuevo de la derecha, en la que se fundían nacionalismo, clericalismo, liberalismo económico y antibolchevismo. Cada éxito electoral de la izquierda reavivaba el antiparlamentarismo. La elite, con poder económico y notable influencia en el gobierno, en la Administración y en los medios de comunicación, aceptaba a duras penas que el poder político estuviese en manos de gentes con objetivos contrarios a los suyos propios. Esta actitud dio lugar a la creación de las Jeunesses Patriotes de Pierre Taittinger en 1924, organizadas con un criterio militar, uniformadas y decididas a la acción callejera. Su parecido con el fascismo era patente, tanto en organización como en objetivos y formas de actuación. Estas agrupaciones (ligues), tuvieron muchos simpatizantes durante la siguiente década. La más notable fue la Croix de Feu, creada como una organización de excombatientes, que pronto atrajo a un amplio grupo de las clases medias y que en su mejor momento llegó a tener 300.000 militantes. Se caracterizó por su ferviente anticomunismo y antisocialismo, por su inclinación por el tradicionalismo conservador católico y la defensa de la jerarquía social, más que por los ideales del fascismo y, aunque expresaba su apoyo a la jerarquía social establecida, sus portavoces denunciaban a los partidos políticos como «mentirosos, parasitarios, corruptos y anticuados». A partir de 1928, Henri Dorgères y sus Chemises vertes expresaron la angustia de muchos campesinos: su deseo de impuestos más bajos, de un final de las importaciones, y de protección de los valores y las tradiciones de la sociedad rural. Estas asociaciones eran herederas de las organizaciones del extremismo nacionalista de la década de 1880 y, al igual que ellas, ansiaban un gobierno autoritario que reemplazase a la decadente, corrupta e ineficaz República. Contaban con el apoyo de personajes influyentes, como los mariscales de Francia que aún quedaban, y con importantes fondos de las organizaciones de patrones y empresarios, como el fabricante de perfume François Coty y los industriales Ernest Mercier y François Wendel, uno de cuyos objetivos a principios de los treinta parece haber sido recabar apoyos a favor de Pétain como potencial salvador. Como es natural, no todos los excombatientes pertenecían a la derecha. Muchos se inclinaban por el pacifismo de la izquierda. No obstante, el rencor visceral hacia los políticos estaba muy extendido y se deseaba algo parecido a un renacimiento de la union sacrée, aunque el desencanto en Francia hacia el gobierno nunca tuvo la intensidad que en Alemania. La depresión económica no fue tan grave y el país no había sufrido una derrota militar tan desmoralizadora.

En algunos momentos la crisis fue muy aguda, como durante el affaire Stavisky, a comienzos de 1934, cuando el fraude financiero de un judío ucraniano naturalizado francés parecía implicar a importantes figuras políticas y proporcionó la excusa perfecta para una campaña de la extrema derecha en la que se mezclaban los temas habituales de xenofobia, antisemitismo y antiparlamentarismo con el odio a la República. El 7 de enero, la Action française organizó una serie de manifestaciones que culminaron el 6 de febrero con el encuentro de varias ligues de la derecha en París. Cuando algunos grupos intentaron romper el cordón policial que protegía la entrada a la Cámara de Diputados, se inició la refriega, en la que murieron 15 personas y hubo más de 2.000 heridos.

Lámina 41. Desfile de miembros de la Croix de Feu ante su líder, el teniente-coronel de La Rocque. Fundada en 1927 como organización de excombatientes, desde 1933 logró reclutar a militantes en un espectro social más amplio y desarrolló una estructura paramilitar. © Roger-Viollet/TopFoto.

El primer ministro, el radical Daladier, tuvo que dimitir ante la falta de apoyo de los líderes de su propio partido. Se creó así un peligroso precedente que dejaba al gobierno a merced de la calle. Doumergue abandonó su retiro para restablecer el orden y reformar el sistema político. Pero, en vez de aprovechar las condiciones creadas por el 6 de febrero, que habrían permitido reforzar la autoridad del Ejecutivo, se dejó llevar por las disputas entre los radicales y los miembros conservadores de su Administración. Entre estos últimos estaba Tardieu que, como miembro de anteriores gobiernos, había canalizado fondos hacia las ligues. Además, el Senado, con su habitual irresponsabilidad, se opuso a una propuesta que reducía sus poderes para hacer caer al gobierno. Doumergue y su sucesor Laval, como medida a corto plazo, sólo podían intentar restaurar la confianza empresarial equilibrando el presupuesto. En 1935 redujeron el gasto público con medidas que incluían el recorte en pensiones empleando los poderes para gobernar por decretos de emergencia para evitar el debate parlamentario. La crisis del Estado liberal se estaba haciendo cada vez más intensa.

Lámina 42. 6 de febrero de 1934: militantes de las organizaciones de extrema derecha se enfrentan a la policía que protege los accesos a la Cámara de Diputados en la plaza de la Concordia. Acabó con 15 muertos y más de 2.000 heridos.

A largo plazo, el resultado más importante del 6 de febrero fue la creación del Front Populaire (Frente Popular), la alianza de los partidos comprometidos con la República democrática preocupados por la posibilidad de un golpe de Estado fascista. Sin duda eran muchos los obstáculos que dificultaban la creación de una gran alianza de la izquierda. Los comunistas, comprometidos con la lucha de clases y convencidos de que la depresión era la última gran crisis del sistema capitalista, criticaban, sobre todo, a los «traidores» socialistas que, mediante el reformismo, trataban de desviar a la clase trabajadora de su verdadero objetivo. Por su parte, los socialistas desconfiaban de las propuestas de cooperación en un front unique (frente único). Los intentos de colaboración del pasado habían terminado invariablemente en un ambiente de mutua recriminación. Además, comunistas y radicales eran polos opuestos. Inmediatamente después del 6 de febrero, y con los radicales en el gobierno de Doumergue, los partidos no paraban de lanzarse mutuos improperios. La posibilidad de crear un Frente Popular que apelase a la acción conjunta de los demócratas no se planteó hasta finales de junio, cuando el líder comunista Maurice Thorez decidió dar vía libre siguiendo las instrucciones de Moscú, muy alarmado por el avance de la amenaza fascista. El Partido Comunista superaba así el aislamiento y la ineficacia a la que lo había llevado su táctica de lucha de clases. Junto con la devoción patriótica de los jacobinos a la defensa nacional, que se mantuvo hasta la firma del pacto germano-soviético de agosto de 1939, este cambio de los comunistas logró atraer mayor apoyo de las masas. En el intervalo, en julio, negociaron con los socialistas un acuerdo de ayuda mutua contra el fascismo, la guerra y la política de deflación del gobierno de Doumergue. A continuación, para sorpresa de los socialistas y preocupación de los radicales, se invitó a los obreros y a las clases medias a sellar una alianza. Pero la unidad contra la amenaza internacional del fascismo era el principal objetivo, y los comunistas estaban decididos a no asustar a los radicales y a rebajar el tono de su programa revolucionario.

La decisión de los radicales de sumarse al Frente Popular dependía del resultado de su lucha interna entre los partidarios de Herriot, que se oponía a la colaboración, y los llamados «jóvenes turcos», entre los que se encontraban Jean Zay, Jacques Kayser, Pierre Cot y Pierre Mendès-France, apoyados por Daladier y reforzados por el creciente desencanto que producía la alianza con los partidos de la derecha. Finalmente, en junio de 1935 se decidió colaborar, y el 14 de julio los tres partidos de la izquierda concurrieron, simbólicamente unidos, a la manifestación multitudinaria que se celebraba en París. A continuación nombraron un comité encargado de organizar la colaboración para la campaña electoral de abril y mayo de 1936. Los principales obstáculos para el acuerdo parecían ser la elaboración de una política económica que fijase los instrumentos de financiación de las reformas sociales, la escala de las nacionalizaciones y el problema de la devaluación. La moderación del compromiso mostró que el principal objetivo del Frente Popular era la defensa de las instituciones republicanas. Sin embargo, fue decepcionante para todos los que habían creído que la unidad de la izquierda abriría la puerta a un radical cambio económico y social. En realidad, poco cabía esperar de una alianza de partidos entre los que había tantas suspicacias.

La campaña electoral se inició en abril de 1936, con la novedad de que los portavoces de los partidos se sirvieron de la radio para llamar la atención del público sobre los puntos de debate. En realidad, estuvo plagada de contradicciones. En la primera vuelta, cada uno de los partidos del Frente Popular presentó sus propios candidatos y su programa, en flagrante contradicción con aspectos del programa conjunto que habían acordado presentar en la segunda votación. Los socialistas proponían importantes nacionalizaciones y la abolición del Senado, propuestas que constituían un anatema para los radicales. El partido estaba internamente dividido tanto respecto a la táctica, donde se mantenía la contradicción entre la retórica revolucionaria y las propuestas reformistas, como en otras cuestiones fundamentales, como si era preciso abandonar la política de no participación en un gobierno de coalición, en el caso de que la alianza saliese victoriosa de las urnas. Los comunistas, conscientes del fuerte deseo de unidad de las masas trabajadoras, aceptaron en marzo la fusión de las dos federaciones de sindicatos rivales; por lo demás, daban total prioridad a la unión del movimiento antifascista y, para ello, era imprescindible contar con el apoyo de las clases medias.

Lámina 43. Léon Blum y su gobierno del Frente Popular ante el palacio del Elíseo en 1936. Hulton Archive. Foto: Keystone/Getty Images.

Su principal ventaja radicaba en que podían ofrecer una explicación coherente de la crisis económica y poner como ejemplo de solución a los males del mundo el experimento soviético de crecimiento planificado. El programa acordado conjuntamente por la izquierda incluía propuestas para proteger a las instituciones republicanas, como la supresión de las ligues, la defensa de la educación laica y de los derechos sindicales. Atacaba la política deflacionista anterior y presentaba medidas destinadas a reducir el desempleo y mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, con un programa de obras públicas, el aumento de las ayudas al desempleo y la reducción de la jornada laboral. Estas medidas y la reforma fiscal debían ayudar a mejorar el poder adquisitivo y estimular la recuperación económica. Se pretendía, además, ayudar al campesinado mediante una intervención estatal de los mercados agrícolas que asegurase el aumento de los precios. En política exterior, el gobierno del Frente Popular promovería el desarme y la seguridad colectiva a través de la Liga de Naciones.

El programa, en suma, se inspiraba más en el New Deal estadounidense que en el socialismo. Las únicas nacionalizaciones que se plantearon, la de la industria de armamento y la del Banco de Francia, aspiraban a poner freno al poder e influencia de los grupos conservadores más importantes. Era un programa moderado que ofrecía una reforma social genuina e intentaba ofrecer garantías a los pequeños propietarios que apoyaban al Partido Radical. Aun así, toda insinuación de medidas destinadas a reducir el poder de las elites conservadoras levantaba una tormenta de protestas y se alentó una movilización política inspirada por la arrogancia y el temor. La utilización por parte de los conservadores de la «política del miedo» (Jackson) recogía temas contenidos en un manifiesto del candidato parisiense de la Fédération républicaine:

Si el Frente Popular sale victorioso,

habrá una fuga de capital;

habrá una devaluación que llevará a la bancarrota;

reinará la anarquía;

habrá guerra;

porque tras el Frente Popular se esconde la sombra de Moscú.

Al principio, los resultados de la elección fueron desalentadores para la izquierda. En la primera vuelta, los partidos del Frente obtuvieron 5.420.000 votos, sólo 300.000 más de los que habían obtenido en 1932. El factor decisivo fue la disciplina de los electores, que acabaron votando al candidato que parecía tener más posibilidades de ganar la segunda vuelta del 3 de mayo. El Frente obtuvo una neta mayoría, con 376 escaños, a diferencia de los 222 de los partidos de derecha. Además del sólido apoyo de la clase trabajadora, el Frente también obtuvo votos de las clases medias bajas y, en particular en el sur, de la población rural. El evidente desplazamiento del electorado hacia la izquierda aumentó de manera sustancial la presencia de comunistas y socialistas en la Cámara, que pasaron a ocupar de 10 a 72, y de 97 a 146 escaños, respectivamente. Aunque el Frente había obtenido este resultado a costa de sus aliados radicales, que de 159 sólo retuvieron 116 escaños, su supervivencia dependería del asustadizo grupo de los diputados de esta formación.

El 4 de mayo, Léon Blum, líder del partido mayoritario de la coalición, reclamó la dirección del gobierno del Frente Popular, que se compuso en su mayoría de socialistas y radicales. Los comunistas decidieron quedarse al margen con el pretexto de que su participación podía desatar el pánico. A partir de entonces le prestaron su apoyo leal y, como el elemento más radical de la alianza, multiplicaron por 10 el número de sus afiliados, alcanzando en 1937 los 300.000. En contraposición, Blum partía del supuesto de que, al carecer de una mayoría parlamentaria socialista, su mandato no bastaba para introducir profundas reformas sociales. Esta convicción y las particularidades de la alianza con los radicales no permitieron efectuar más que reformas limitadas. Sin embargo, la formación del gobierno –que por primera vez incluía a tres mujeres como subsecretarias– había creado una sensación generalizada de expectación, especialmente demostrada con una ola sin precedentes de huelgas y ocupaciones de fábricas en la que participaron unos dos millones de trabajadores. El movimiento era espontáneo y localizado. Se trataba de la eufórica explosión de los trabajadores a quienes les parecía que ahora todo era posible. Entre sus reivindicaciones estaba la dignidad del trabajo, las protestas por la dura disciplina laboral y la exigencia de una mejora de las condiciones de vida, empleo y seguridad.

En comparación con las esperanzas y temores que había suscitado el gobierno, las medidas que se tomaron en el verano de 1936 eran muy moderadas. Habían sido dictadas por las circunstancias iniciales y, sobre todo, para poner fin a las huelgas. Los representantes de los patronos y los de la CGT se reunieron la noche del 7 al 8 de junio y firmaron el acuerdo de Matignon. Ambas partes estaban asustadas por su incapacidad para controlar el movimiento obrero. Acordaron un aumento de salarios de entre el 7 por 100 y el 15 por 100 para aumentar el poder adquisitivo y estimular la recuperación económica y reconocieron el derecho de negociación de los sindicatos. A estas medidas se las sumaron otras, como la legislación que preveía, por primera vez, el derecho a dos semanas de vacaciones pagadas por año trabajado y a una semana de 40 horas laborables. Con ello se pretendía mejorar la calidad de vida de los trabajadores y reducir el desempleo. Para extender la aplicación de las medidas a la población rural, se creó una agencia oficial (Office interprofessionel du blé) como mecanismo para estabilizar y elevar los precios del cereal. Se adoptaron, asimismo, otras medidas menos eficaces para garantizar que el Banco de Francia diera prioridad al interés nacional por encima del de sus accionistas. Por lo demás, la nacionalización de las fábricas de armamento sólo contribuyó a mantenerlas en el mismo estado de desorganización en el que ya se encontraban. Además, Blum atemorizó a los industriales y financieros sin lograr, por lo demás, mejorar el control del gobierno respecto de sus actividades.

El resultado, seguramente inevitable, fue la decepción de muchos partidarios comunistas y socialistas que apoyaban al Frente Popular y culpaban a Blum de excesivo legalismo. De forma simultánea, los radicales se sentían molestos por todo lo que ya se había hecho. Operar en un contexto económico básicamente liberal y adoptar medidas que ponían en peligro la confianza de los mercados significaba jugar con fuego. La falta de control de cambios, inaceptable para los radicales, propiciaba fugas masivas de capital. Los intentos de los patronos por minimizar la repercusión de los acuerdos de Matignon elevaban la tensión social, al tiempo que las medidas que contemplaban aumentaban los costes, reducían la competitividad internacional y provocaban la inflación en el interior. En septiembre fue inevitable proceder a la devaluación del franco (de un 30 por 100) que el gobierno se había comprometido a evitar. Tal y como resultó después, esta decisión contribuyó muy poco a incrementar la competitividad de las empresas francesas, que sufrían de escasez de inversiones. En enero de 1937, en un intento por restablecer la confianza de los inversores y reducir las tensiones con los aliados radicales, Blum anunció una pausa en el programa gubernamental de reforma social. Tampoco ayudó a atajar la reacción conservadora. La decisión de dedicar mayores recursos al rearme en respuesta a la remilitarización alemana del Rin y el debate en torno a si se debía prestar apoyo a la Segunda República española crearon nuevas fricciones en la alianza. Cuando Blum solicitó a la Cámara poderes extraordinarios para combatir el continuo deterioro de la situación financiera, los diputados votaron a favor, pero el Senado se opuso. Blum dimitió el 20 de junio de 1937.

Desde ese momento y hasta el otoño de 1938, el Frente Popular fue desintegrándose de forma gradual como resultado del deterioro de las relaciones entre los partidos que lo formaban. Al principio, como la mayoría parlamentaria había sobrevivido a la dimisión de Blum, el presidente de la República tuvo que recurrir al radical Camille Chautemps para que formase un gobierno en el que participaron Blum y otros socialistas hasta su retirada final en enero de 1938. Incapaz de dar marcha atrás o proseguir las reformas, Chautemps hizo poco más que asistir a una nueva oleada de huelgas, al empeoramiento de la balanza de pagos y al aumento del déficit presupuestario debido al creciente gasto militar y a la caída de los ingresos fiscales. La nacionalización de las compañías ferroviarias con la que se creó la SNCF fue tan sólo un medio para evitar la bancarrota y se llevó a cabo de manera extremadamente favorable a sus accionistas. En marzo, Hitler se anexionó Austria. Mientras tanto, los políticos franceses se debatían en la crisis interna que habían creado los socialistas al negar su apoyo a Chautemps para adoptar medidas de urgencia con las que combatir los problemas financieros. Chautemps presentó la dimisión.

Las reglas del juego parlamentario requerían que los socialistas formasen gobierno. Se recurrió a Blum con el encargo de formar un gobierno de concentración nacional que preparase al país para una guerra a todas luces inevitable. Los conservadores se opusieron inmediatamente, resueltos a terminar con el Frente Popular. El segundo gobierno del Frente nació sentenciado, y las propuestas de sus dirigentes para introducir un control de cambios y un impuesto sobre el capital aceleraron su final. El presidente Albert Lebrun llamó al líder radical Daladier para formar gobierno. Los socialistas quedaban al margen. Pero, con la esperanza de mantener el frente antifascista, los partidos de la izquierda le otorgaron su confianza. La discordia que crearon los Pactos de Múnich, violentamente censurados por los comunistas, acabó formalmente con el Frente Popular.

El mandato de Daladier estaría dominado por el deterioro de la situación internacional y por el intento de restablecer el orden interno. Confiaba en que los mecanismos del liberalismo económico permitirían la recuperación. Deseando acabar con los alborotadores, las fuerzas del orden y los patronos actuaron con firmeza contra los huelguistas. Pronto se vio que el gobierno dependía del apoyo parlamentario de la derecha y que su mejor carta era el tan cacareado anticomunismo. El 1 de noviembre de 1938, el diario L’Ere nouvelle pudo afirmar con júbilo que «la revolución de junio del 36 ha sido verdadera y definitivamente superada». El lenguaje era indicativo del grado en el que el Frente Popular había reflejado, y alentado, la polarización política. Las esperanzas de la izquierda y de los trabajadores habían creado en la derecha y en las clases propietarias una visión apocalíptica de anarquía revolucionaria, alimentando el resentimiento hacia un gobierno que con sus medidas parecía favorecer a los obreros a expensas de la clase media. Se establecieron paralelismos entre Blum y Aleksandr Kérenski, cuya actitud había preparado el camino al bolchevismo. Se denunció al Frente Popular como complot judío y comunista. Un grupo extremista de oficiales del ejército fundó el Comité secret d’action révolutionnaire, más conocido como Cagoule, que preparó incluso un golpe de Estado. Aunque fue descubierto por la policía en noviembre de 1937, es muy significativo que grandes figuras militares en el retiro como los mariscales Pétain y Franchet d’Esperey, conocedores de lo que se estaba preparando, no considerasen como su obligación informar a las autoridades. Otro rasgo de la resistencia al comunismo fue la creación de nuevos partidos de extrema derecha. La Croix de Feu, prohibida en junio de 1936 al igual que otras ligues, se transformó en el Parti Social Français, con 600.000 u 800.000 militantes en pro de un gobierno fuerte y autoritario. El Parti Populaire Français, creado por el antiguo comunista Jacques Doriot, tenía un carácter más abiertamente fascista y contaba escasamente con 200.000 miembros. El ambiente político se emponzoñó con una ola de violencia verbal, y a veces física, en la que incluso políticos de perfil, en principio, más moderado, como Tardieu o Laval, se hacían eco de los sentimientos de la extrema derecha. Dicho sea en su honor, en abril de 1939 el gobierno aprobó leyes –luego revocadas por el régimen de Vichy– que convertían en delito la incitación al odio racial o religioso en la prensa.

En este contexto de amarga desunión interna, el gobierno de Daladier tuvo que afrontar la crisis que creaban la continua depresión económica y el deterioro de la situación internacional. La producción industrial continuó cayendo durante los primeros meses de 1938. En septiembre, los primeros ministros de Gran Bretaña y Francia, Neville Chamberlain y Daladier, abandonaron a Checoslovaquia a su suerte. Era el precio que había que pagar, opinaban, si se quería mantener la paz. A su regreso del humillante encuentro de Múnich fueron saludados como héroes por la inmensa mayoría de sus conciudadanos. Léon Blum tradujo sin duda la confusión reinante cuando escribió: «Probablemente se ha evitado la guerra. Pero en condiciones tales que yo, que nunca he dejado de luchar por la paz [...], soy incapaz de sentir alegría [...] y me debato entre el cobarde alivio y la vergüenza». Se deseaba desesperadamente evitar una matanza como la de 1914. En Francia, los conservadores, traumatizados por los hechos de 1936, temían que otra guerra pudiese provocar una nueva revolución, y muchos de ellos dieron la bienvenida a la Alemania nazi como una barrera contra el avance del bolchevismo en Europa. No obstante, Daladier, preocupado por la inferioridad militar francesa e incapaz de actuar independientemente de los británicos o de hacer caso omiso del abrumador peso de la opinión pública, parece que se hacía pocas ilusiones. Sin embargo, después de Múnich, y en interés de la defensa nacional, se permitieron numerosas excepciones a la ley de las 40 horas y se introdujo un tiempo de trabajo extra obligatorio. Por otra parte, el Senado estaba dispuesto a reconocerle a Daladier los poderes que le había negado a Blum. Apoyando a los patronos contra los trabajadores, el gobierno participó en el contraataque a los obreros, que habían desafiado por corto tiempo la exclusividad de su derecho de gestión de sus empresas. Esta actitud y la reactivación económica que produjo el rearme contribuyeron a restablecer la confianza de los inversores y dieron lugar al inicio de una recuperación de la economía, evidente desde el otoño de 1938.

La ocupación alemana de los Sudetes en marzo de 1939 provocó un vuelco en la opinión pública. En julio, según una encuesta de opinión, el 70 por 100 de la población se oponía a hacer más concesiones a Alemania. La larga lista de concesiones a Hitler que se había iniciado con la aceptación del rearme alemán en 1935 sólo había dado lugar a nuevas exigencias. Se acordó garantizar la integridad territorial de Polonia como un medio para desalentar la expansión de Alemania, que podría conducir a la guerra. Las sospechas británicas respecto a los rusos impidieron la creación de una alianza que por sí sola podría haber hecho la garantía efectiva desde el punto de vista militar. Cansado por la falta de resolución occidental y sospechando de sus motivos, Stalin firmó un acuerdo con los alemanes el 23 de agosto de 1939 que sentenciaba el destino de Polonia. Por supuesto, también significaba que, en comparación con la situación de 1914, Francia entraría en esta guerra como parte de una alianza militar considerablemente más débil.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Cuando estalló la guerra el 3 de septiembre, en respuesta a la invasión alemana de Polonia, el entusiasmo fue escaso. El recuerdo de la carnicería de 1914 aún estaba muy vivo. En concreto, los conservadores adoptaron una actitud de resignación ante un conflicto que amenazaba con servir a los intereses de la Unión Soviética, debilitando a Gran Bretaña, Francia y Alemania. Su preocupación aumentó el 20 de septiembre, cuando el Partido Comunista francés, siguiendo con retraso las instrucciones de Moscú, dejó de ser el apoyo más activo de la causa antifascista para oponerse frontalmente a la guerra y presentarla como resultado de la rivalidad imperialista y, por tanto, al margen de los trabajadores. Se declaró al partido al margen de la ley y se encarceló a sus diputados. Tras la declaración formal del inicio del conflicto, sobrevino un largo periodo de relativa calma en el frente occidental, la denominada «extraña guerra». Firmemente atrincherados tras la Línea Maginot, los franceses y sus aliados británicos se mantuvieron a la defensiva mientras se aplastaba a los polacos, en cuya defensa habían declarado la guerra. Parecía que evitaban toda ofensiva que pudiese involucrarlos en el conflicto. El pensamiento estratégico se basaba en el supuesto de que una guerra larga permitiría una acumulación de fuerza militar de nuevo basada en los recursos industriales de los Estados Unidos, al mismo tiempo que un bloqueo marítimo debilitaba a Alemania.

La aparente falta de peligro alimentó la disidencia política en el interior, en claro contraste con la union sacrée de 1914. El 19 de marzo de 1940 una moción de censura parlamentaria obligó a Daladier a dimitir. Se le criticaba la falta de acción militar y la derecha lo culpaba de no haber acudido rápidamente en defensa de Finlandia ante el ataque de las tropas soviéticas. Los aliados habían sopesado seriamente esta posibilidad, que los habría llevado a un enfrentamiento extremadamente peligroso tanto con la Alemania nazi como con la Rusia soviética. Reynaud, aparentemente más dinámico, reemplazó a Daladier. No obstante, el antiguo primer ministro obtuvo la cartera de Defensa en un gobierno más amplio al que se incorporaron los representantes de todas las tendencias políticas presentes. La rivalidad personal entre ministros y dirigentes militares y la falta de objetivos claros dificultaron el esfuerzo bélico francés. Alemania cogió a los aliados por sorpresa mientras planeaban operaciones periféricas contra las instalaciones petrolíferas soviéticas y el suministro de hierro a Alemania procedente de Escandinavia. Invadió primero Dinamarca y Noruega, y el 10 de mayo de 1940 se inició la ofensiva occidental de la Wehrmacht.

El alto mando francés, a pesar de la aparente confianza hacia el general Gamelin, estaba muy poco preparado para resistir un ataque alemán encabezado por la utilización masiva de la fuerza aérea y los tanques blindados. La derrota de 1940 debe atribuirse sobre todo a los altos cargos militares que, como Pétain, ejercieron notable influencia en la preparación militar del país durante el periodo de entreguerras. La experiencia de la guerra anterior los había convencido de las ventajas defensivas del armamento moderno. Sin embargo, culparon a los políticos de la derrota, pese a que desde 1934 se habían ido aprobando grandes aumentos del gasto en defensa. Para maximizar las ventajas de los ejércitos defensivos, se diseñó la Línea Maginot, a la que entre 1930 y 1936 se destinaron importantes sumas del presupuesto. La línea no cubría la frontera con Bélgica, ni siquiera después de su declaración de neutralidad en 1936, y tampoco se hizo nada para preparar posiciones defensivas a lo largo de la ruta que había seguido el ejército invasor alemán en 1914 o frente a las colinas y bosques de las Ardenas belgas, que se suponía eran impenetrables para grandes contingentes de tropas. Se pretendía que el manejo relativamente fácil de la Línea Maginot permitiría la concentración de recursos humanos para defender Bélgica y el norte de Francia en caso de que los alemanes volviesen a violar la neutralidad belga.

Lámina 44. Paul Reynaud sale de una reunión del Gabinete, 21 de mayo de 1940. En el plazo de semanas, sus compañeros, el viceprimer ministro, el mariscal Pétain y el comandante en jefe Weygand presionarían para que se firmase el armisticio. Foto: Keystone/Hulton Archive/Getty Images.

En realidad, las fuerzas aliadas que penetraron en territorio belga para repeler la invasión fueron rebasadas por las divisiones alemanas que cruzaron las Ardenas y rompieron la débil línea francesa en Dinant y Sedán. La crisis que vino a continuación reveló la incompetencia del alto mando. Los sucesivos comandantes en jefe, Gamelin y Weygand, y el general Georges, que comandaba el decisivo frente nororiental, eran de edad avanzada, estaban cansados y se habían quedado obsoletos frente a la realidad de una guerra moderna. Al parecer, no se había sacado lección alguna de la Blitzkrieg, con tanta rapidez que había aplastado en septiembre al ejército polaco. La fuerza aérea francesa estaba mal dotada, debido, en parte, a la ineficacia de la industria aérea y, en parte, a la mala dirección. Sólo intervino un pequeño número de aviones británicos. No se tuvo en cuenta el potencial ofensivo de la concentración de blindados y, pese a que se disponía de una importante cantidad, se hallaban muy dispersos apoyando a la infantería. Los intentos de frenar el avance alemán mediante el envío irregular de tropas inadecuadas estaban llamados al fracaso. Dejando a un lado las serias deficiencias aéreas, lo que condujo al rápido y total derrumbamiento y a la pérdida de la «batalla de Francia» fue la indecisión de la cúpula, la incoherencia de las estructuras de mando, una táctica inapropiada y la falta de preparación, más que la inferioridad numérica o material. La planificación operativa ortodoxa y la opción por la preparación metódica y un frente continuo significaban que los oficiales franceses de alto rango no estaban preparados intelectualmente para afrontar una batalla de confrontación fluida y de raudos movimientos. Rápidamente se vieron superados por los acontecimientos. La evacuación de 329.000 efectivos británicos y franceses por Dunquerque señaló la desintegración final de la fuerza de combate más eficaz de los aliados. Los esfuerzos posteriores de Weygand para establecer nuevas líneas defensivas en los ríos Aisne y Somme, con despliegue de fuerzas con mucho superadas en número, estaban destinadas, tal como se llevaron a cabo, al fracaso.

En cinco semanas los alemanes hicieron 1.850.000 prisioneros. Cayeron alrededor de 92.000 combatientes, lo que da una idea de la intensidad de los combates en algunos sectores, pese a ser un número reducido en comparación con los feroces enfrentamientos de la guerra anterior. Una multitud de miserables refugiados bloqueó las carreteras que conducían al sur. Asustados por el amargo recuerdo de la anterior ocupación alemana, entre seis y siete millones de personas abandonaron sus hogares intentando escapar del área en expansión en la que se libraba la guerra. Los servicios fundamentales se colapsaron cuando los funcionarios abandonaron sus puestos y se sumaron al éxodo. El gobierno buscaba un lugar más seguro que París, y se trasladó primero a Tours y después a Burdeos. Desesperado, Reynaud destituyó a algunos generales y remodeló el gobierno. La incorporación al Ministerio de Defensa de uno de sus protegidos, un tal general Charles de Gaulle, experto en guerra acorazada, no tuvo un efecto inmediato. Mucho más relevante fue el nombramiento del mariscal Pétain como viceprimer ministro. El 12 de junio, apoyado por el nuevo comandante en jefe, Weygand, el mariscal solicitó el armisticio. Al parecer, la obsesión de Weygand era salvaguardar el honor del ejército y, al igual que en 1871, preservar su integridad como medio de asegurar el orden social y evitar el triunfo del comunismo. Con la peculiar arrogancia del militar que se ve a sí mismo como guardián del espíritu nacional, se opuso con todas sus fuerzas a la capitulación del ejército tal y como la propuso Reynaud, quien quería evitar nuevos sacrificios inútiles. El gobierno tendría así «libertad de acción» y la opción de continuar la guerra en las colonias. Mientras se mantuvieron las hostilidades, la responsabilidad del resultado se repartió en partes iguales. Pétain condenó al Frente Popular como símbolo y causa de la decadencia nacional. Sin embargo, no cabe duda de que la principal causa de la derrota fue la incompetencia de los propios generales.

El 16 de junio, Reynaud, agotado y bastante intimidado, presentó su dimisión a favor de Pétain. El mariscal anunció un día después su intención de firmar el armisticio. Indudablemente, su decisión reflejaba la opinión general de que no había otra alternativa. No cabía pensar en una lucha hasta el final que habría devastado a Francia. En la hora del desastre, el viejo héroe de Verdún, alrededor del cual se había construido un imponente mito, se presentó ante sus compatriotas como su salvador potencial. Su oferta de «la entrega de mi persona para atenuar el sufrimiento» de Francia, mientras se difundía por radio la petición de armisticio, fue recibida con emoción y gratitud. Pese a que el cese del fuego no entraba en vigor hasta el 25 de junio, acabó inmediatamente toda resistencia organizada. La guerra pareció irremisiblemente perdida. La población interpretaba que, si el poderoso ejército francés era incapaz de resistir a los alemanes, en un futuro muy próximo los británicos también se verían obligados a claudicar. El 17 de junio partió de Burdeos camino de Londres un oscuro general, De Gaulle, subsecretario del Ministerio de la Guerra. Dada la situación, era inevitable que tanto la marcha de De Gaulle como su creación de un Comité Nacional Francés, que habría de actuar como «guardián provisional del patrimonio de la Nación», pasasen prácticamente inadvertidas. La inmensa mayoría de los funcionarios y de aquellos oficiales militares no desmovilizados o en campos de prisioneros de guerra siguieron lealmente en sus puestos en la misma Francia y en todo el Imperio. Todos aquellos militares en servicio que se encontraban en territorio británico cuando Francia se rindió optaron por la repatriación en lugar de continuar la lucha. El ataque británico a la flota francesa en Mers el-Kebir los días 3 y 4 de julio de 1940 a fin de asegurarse de que nunca caería bajo control alemán y que causó 1.297 muertes provocó considerable hostilidad hacia el antiguo aliado.

Los términos del armisticio fueron severos. Sólo se suavizaron debido a la preocupación alemana por evitar que Francia siguiese participando en la guerra. Por esta razón decidió que el gobierno debía permanecer en Francia, impidiendo así que buscase refugio en Inglaterra o en las colonias. Además, la continuidad de una Administración y una policía francesas reduciría sustancialmente la demanda de personal alemán. Había que reducir el ejército francés a 100.000 hombres, y su función sería, exclusivamente, mantener el orden interno. La parte de la flota que permanecía en los puertos nacionales sería desmovilizada. Se ocupó, asimismo, una parte importante de Francia, la más productiva y densa demográficamente, y se le impuso una enorme carga para cubrir los costes de los invasores.

Pronto fue evidente la subordinación del gobierno francés. En agosto de 1940, en manifiesta contradicción con el acuerdo de armisticio, el Reich se anexionó de nuevo Alsacia y Lorena. Les impuso el servicio militar obligatorio y un intenso programa de germanización. A lo largo de los años siguientes las demandas alemanas serían cada vez más exorbitantes y llevarían a la sistemática explotación de la economía francesa. La vuelta a la «normalidad», que muchos habían anhelado, no tuvo lugar; la razón obvia fue la continuación de la guerra. Contra todo pronóstico, los británicos decidieron seguir luchando. Los alemanes, incapaces de superarlos en el aire, fracasaron en su intento de invadir Inglaterra a través del Canal y, finalmente, se dirigieron hacia el este en busca de su Lebensraum (espacio vital). A corto plazo, la preocupación principal de los ocupantes era utilizar los recursos franceses y mantener una base segura para la acción militar. A largo plazo, una vez asegurada la victoria final, Francia debía convertirse en el mercado y terreno de juego europeo. Parecía más sensato mantener a los franceses en la ignorancia de estos planes y animarlos a regatear en un intento por mejorar su posición dentro de una Europa bajo dominio alemán.

Figura 14. La división de Francia en 1940 (fuente: J.-P. Azema, From Munich to the Liberation, 1938-1944, Cambridge University Press, 1984).

Para muchos franceses, y sobre todo para la derecha, la causa de la derrota era la decadencia nacional. No obstante, constituía una oportunidad histórica para emprender el cambio. Al igual que muchos otros militares, el hombre hacia el que se volvió el país en busca de liderato, el mariscal Pétain, se sentía atraído por la idea de un gobierno fuerte y autoritario. Los políticos y la política parlamentaria sólo le inspiraban desprecio. El 1 de julio designó a los miembros del gobierno en las pequeñas e incómodas habitaciones de hotel balneario de Vichy, con la intención de un pronto retorno a París. La desmoralizada Asamblea Nacional había encargado a Pétain, por 569 votos a favor frente a 80 en contra, la elaboración del proyecto de una nueva Constitución y le había otorgado mientras tanto «pleno poder ejecutivo y legislativo [...] sin restricciones». El mariscal y sus consejeros empezaron a diseñar una «revolución nacional». Las «resoluciones constitucionales» de julio concentraban en la persona del mariscal los poderes de presidente y de primer ministro, con derecho a designar a su sucesor y, en ausencia de una Asamblea electa, la capacidad de ejercer la potestad legislativa mediante un Consejo de Ministros compuesto por miembros designados por él mismo. Pétain, muy sensible a la veneración popular de la que era objeto, había decidido gobernar pese a sus ochenta y cuatro años. De hecho, se mantuvo alerta políticamente, lo que creó gran frustración a sus aliados jóvenes. Eligió como su representante a Pierre Laval, prototipo del político manipulador de la Tercera República y cuatro veces primer ministro. Laval no quería perder el tiempo con elevadas consideraciones sobre la regeneración nacional. Era un hombre pragmático decidido a mejorar las relaciones con Alemania y al mismo tiempo preservar, en la medida de lo posible, la soberanía francesa. Sus ambiciones lo llevaron a su destitución en diciembre de 1940. Pero, a partir de abril de 1942, gracias al apoyo alemán, logró ser la figura dominante del régimen de Vichy, aunque no cabe duda de que las decisiones políticas importantes siguieron precisando del apoyo del mariscal.

Lámina 45. La nueva germanización de Alsacia. Un desfile nazi en Estrasburgo en octubre de 1941. Los jóvenes podían ser reclutados para servir en las fuerzas armadas alemanas. Foto: Taillandier.

La visión de Pétain podría resumirse en la fórmula «trabajo, familia, patria» (travail, famille, patrie), que sustituía a la divisa republicana liberté, fraternité, egalité. Su sueño era restablecer las virtudes del trabajo duro, la honestidad y el respeto por los superiores que, en su opinión, regían la sociedad rural. La nota dominante en las declaraciones gubernamentales no era tanto el fascismo sino un tradicionalismo vinculado a movimientos derechistas como Action française. En muchos aspectos se hacía eco del régimen de «orden moral» de la década de 1870, erigido, asimismo, sobre una derrota humillante. Incluso nacionalistas antigermanos, como el general Weygand, podían apoyar unas medidas que consideraban esenciales para la regeneración nacional y condenar el tipo de indisciplina ejemplificada en el desafío de De Gaulle al legítimo gobierno de Francia.

Al margen de la multitud de propósitos confusos, y a menudo contradictorios, los partidarios más devotos del régimen compartían una serie de intenciones. Entre ellas destacaba el permanente anhelo conservador de un gobierno fuerte como respuesta a la amenaza de revolución social, de la que el Frente Popular era tan sólo su más reciente manifestación. Deseaban un gobierno de elites, la protección de la propiedad privada, la armonía social y el orden. Por encima de todo, los unía su común hostilidad hacia los supuestos culpables de la humillación nacional: maestros, judíos, francmasones y bolcheviques. Había que excluirlos de la comunidad nacional y apartarlos de sus puestos en la función pública (unos 35.000 despidos) y profesiones. En este contexto de revolución cultural, la adecuada formación de la juventud adquirió una gran importancia como instrumento de protección del orden y de la jerarquía social. La posición de la clase dominante estaría garantizada restringiendo aún más el acceso a la educación secundaria y reafirmando su fundamento clasista; los demás grupos sociales recibirían una instrucción que no alimentase ambiciones irrealizables. Los maestros que desearan mantener su puesto deberían cantar las alabanzas del régimen. Se enfatizó la responsabilidad de los progenitores y se pusieron los medios para reducir el número de mujeres que trabajaban fuera del hogar, al tiempo que se glorificaba su papel de madres y esposas. Sólo la creciente escasez de personal detuvo el despido de las funcionarias casadas.

Al menos inicialmente, el régimen de Vichy obtuvo un amplio apoyo por parte de una población aturdida por la rapidez y consecuencias de la derrota: no había otra alternativa real. Y, además, el gobierno de Pétain era el legítimo sucesor de la desacreditada Tercera República, aunque lo más relevante fue la asunción por parte del mariscal de las cualidades místicas de padre y redentor de la patria, en la «atroz situación» resultante del hecho de que «el destino de Francia ya no depende de los franceses» (Bloch). Sólo él podía prometer protección frente al invasor. Un culto de la personalidad se fabricó y mantuvo en carteles y canciones, en las esferas de la prensa, la radio y los periódicos que se hallaban bajo control, en toda clase de recuerdos, con giras provinciales de Pétain, en las escuelas y los grupos juveniles, y en fiestas públicas como la que –con significado, por no decir otra cosa, ambiguo– glorificaba a Juana de Arco. Mediante la intercepción de cartas y el pinchazo de líneas telefónicas, el régimen estaba también decidido a asegurarse de estar informado sobre el estado de la opinión pública.

Durante la mayor parte del régimen de Vichy, el sentimiento de absoluta derrota y el deseo de preservar la apariencia de normalidad llevaron a la mayor parte de la población a refugiarse en la intimidad de sus hogares e intentar obtener de la situación el mayor partido posible. Algunos grupos parecieron prestar más apoyo al régimen que otros. Incluían a las elites de los grandes empresarios y los terratenientes tradicionales, los altos funcionarios y muchos de los notables locales, que como alcaldes continuaban desempeñando un importante papel en la Administración local. En concreto, los católicos se alegraron por la adhesión del régimen a las enseñanzas religiosas de moralidad, familia e importancia de los valores espirituales, y por su actitud favorable a la educación religiosa. El cardenal Gerlier, arzobispo de Lyon, afirmó que, «si hubiésemos salido victoriosos, probablemente seguiríamos siendo prisioneros de nuestros errores. Mediante la secularización, Francia se encontraba en peligro de muerte». Pese a que algunos clérigos censuraron, a título individual, al gobierno de Vichy y las medidas alemanas y, especialmente, el trato de que eran objeto los judíos, la jerarquía eclesiástica se mantuvo fiel al régimen, y aun en febrero de 1944 calificó a la resistencia de «terrorismo».

Lámina 46. El mariscal Pétain y Pierre Laval en Vichy en noviembre de 1942, acompañados por los cardenales Suhard y Gerlier. Como en la década de 1870, tras la catástrofe previa, el Estado y la Iglesia decidieron colaborar en el restablecimiento del orden moral. © Roger-Viollet/TopFoto.

Sin embargo, se mantuvo la permanente tensión entre la ideología tradicionalista del régimen y los problemas que se le presentaban en la práctica, como la organización y necesidades materiales de una sociedad urbana moderna, o la obligación de satisfacer las insaciables exigencias del invasor. La economía se subordinó de manera creciente a los intereses alemanes. En 1943 se exportó a Alemania el 15 por 100 del producto agrícola y el 40 por 100 del industrial a título de costes de la ocupación, cuya carga se había hecho aún más pesada debido a la sobreevaluación del tipo de cambio del marco. Se estima que los pagos franceses a Alemania representaron en ese mismo año el 36,6 por 100 de la renta nacional y equivalían a una cuarta parte del producto nacional bruto de la Alemania de preguerra. Con todo, estos datos no tienen en cuenta la contribución efectuada por el gran número de trabajadores franceses que se encontraban en Alemania, ni los bienes y servicios que las tropas alemanas consumieron en Francia. Ciertamente, si contabilizásemos la demanda de las fuerzas de ocupación, habría que deducir que una tercera parte de la fuerza de trabajo francesa se empleó en cubrir las necesidades alemanas. Francia, en efecto, contribuyó sobremanera al esfuerzo bélico alemán. Para ello, el gobierno fomentó las virtudes de la sociedad rural y «la vuelta a la tierra», como baluarte contra el avance del materialismo, mientras se veía obligado a estimular el remembrement, es decir, la consolidación de las pequeñas explotaciones, con el fin de incrementar la productividad. La corporation campesina creada en diciembre de 1940 como sistema de autorregulación de los productores se convirtió muy pronto en un instrumento burocrático de intervención estatal del mercado para establecer cuotas de producción y fijar precios... en niveles de los que los campesinos estaban decididos a hacer caso omiso.

También en industria, la demanda alemana exigió igualmente una planificación, precursora de la tecnocracia de posguerra. La retórica paternalista y las estructuras corporativistas que debían unir a patrones y trabajadores acabaron por ser la cobertura de una política cada vez más favorable a los empresarios. En agosto de 1940 se prohibieron las federaciones de sindicatos y las pocas huelgas que se efectuaron, como la de los mineros del norte en mayo de 1941, fueron objeto de una brutal represión. Muchos empresarios aceptaron gustosamente una situación que les parecía la contrapartida del Frente Popular y que garantizaba la libertad de empresa. Ofrecía una oportunidad inmejorable a los que podían vender productos que escaseaban, ya fuesen alimentos para los franceses o vehículos para los alemanes. En una economía por lo demás en depresión, la tentación de producir bienes para el invasor era a menudo irresistible. La productividad, sin embargo, cayó considerablemente como resultado de la escasez de personal y la desmoralización de una población activa mal alimentada.

La vuelta de Laval al gobierno en abril de 1942 simbolizó la victoria de los pragmáticos frente a los tradicionalistas y el abandono efectivo de un sueño. A pesar de que el régimen siguió beneficiándose sobremanera del prestigio personal del mariscal Pétain, la fuerza motriz de sus actividades fue cambiando progresivamente, y de la restauración de Francia pasó a la participación en la cada vez más desesperada cruzada de los alemanes contra la amenaza bolchevique a Europa. Al principio sólo un pequeño grupo de políticos e intelectuales fascistas celebró abiertamente la victoria alemana, como Marcel Déat y Doriot, por una parte, y Robert Brasillach, Pierre Drieu La Rochelle y Louis-Ferdinand Céline, por otra. Despreciaban tanto al antiguo régimen liberal democrático como a los valores conservadores y tradicionalistas a los que se adhería el nuevo régimen. Como consecuencia, el gobierno de Vichy los mantuvo a distancia hasta sus postrimerías. No obstante, constituyeron el núcleo duro del «colaboracionismo» comprometido. Para los alemanes fueron una amenaza muy útil, el fundamento de un posible gobierno alternativo y un medio de ejercer presión sobre el de Vichy.

Al principio su actividad se centró en París, a través de los diarios subvencionados por los alemanes. Antiguos marginados, se vieron de pronto con una invitación a participar de los placeres de la alta sociedad parisiense. En París, el Parti Populaire Français de Jacques Doriot ayudó a organizar la Legión Antibolchevique, por la que 12.500 voluntarios franceses vistieron el uniforme alemán y fueron a combatir a los rusos. Marcel Déat y Joseph Darnand fueron los únicos fascistas que obtendrían finalmente una cartera, al ser nombrados en diciembre de 1943 ministro de Trabajo y secretario general para el Mantenimiento del Orden, respectivamente, aunque algunos simpatizantes como Pucheu (ministro de Industria y después de Interior), Jacques Benoist-Méchin (responsable de las relaciones con Alemania) y Ferdinand Marion (ministro de Propaganda) también ocuparon puesto clave en el gobierno. Su incorporación no se produjo hasta que los conservadores tradicionalistas comenzaron a desertar, cuando se dieron cuenta de que la guerra podía saldarse con la derrota alemana.

Evidentemente, el colaboracionismo no fue un fenómeno que afectase tan sólo a los políticos; toda la población hubo de adaptarse al dominio alemán. La vida está llena de ambigüedades. La colaboración podía deberse a un comportamiento calculado o a una relación accidental. A menudo el trabajo hacía inevitable el contacto con las fuerzas de ocupación, como en el caso de los funcionarios del gobierno, en los trabajos de ingeniería, en las redes ferroviarias o en un café. Muchos funcionarios se limitaron a proseguir la actividad que desempeñaban antes de la guerra. En principio era la manera de mantener su salario y su derecho de jubilación, pero también implicaba un respeto por la aparente continuidad del Estado francés. Posteriormente, los mantuvo en su puesto la pura inercia y la falta de un empleo alternativo, pero también la lealtad profesional y la determinación de preservar una sociedad en orden.

Lámina 47. Mineros franceses trabajando bajo supervisión alemana. © Roger-Viollet/TopFoto.

Se intentó crear una organización popular comprometida con Vichy, llamando en nombre del mariscal Pétain a los veteranos de la Primera Guerra Mundial a formar parte de la Légion française des combattants, la cual a comienzos de 1941 contaba con 590.000 miembros, un periódico y un programa de radio diario. Los diversos grupos de colaboracionistas que se peleaban entre sí también llegaron a atraer a unos 220.000 miembros hacia la cima que alcanzaron a finales de 1942, en buena parte procedentes de las clases medias bajas urbanas. Sin embargo, lo extremo de sus opiniones pareció limitar su poder de captación. En la práctica debía incrementar las filas del cuerpo de funcionarios y convertirse en el eslabón que uniese al gobierno con las masas. En el ámbito local, se designó, más que se eligió, a los alcaldes y se procedió a la purga de los Ayuntamientos. La creciente dificultad de la situación económica y la carestía hacían necesario una mayor intervención estatal y el apoyo del aparato policial del Estado. Esta afirmación de la primacía de la Administración pública sobre la política satisfacía a muchos funcionarios, aun cuando molestaba a los partidarios tradicionalistas del regionalismo y la Administración descentralizada.

De esta manera, bajo el régimen de Vichy se impuso el dominio de una elite social y administrativa que no había sido elegida pero que, a través del cuerpo de funcionarios, ejercía un control sobre las instituciones locales de gobierno y las corporaciones. A falta de un electorado que conquistar, estaba muy bien situada para favorecer sus propios intereses sectoriales.

En concreto, al comienzo del periodo que siguió al armisticio, se dejó un grado considerable de iniciativa a las autoridades del régimen, aunque el reconocimiento efectivo de su soberanía en la zona ocupada dependió ya por entonces, y pese al acuerdo de armisticio, del capricho de los ocupantes. Las autoridades alemanas impidieron la ampliación de la organización juvenil a la que el régimen de Vichy otorgaba tanta importancia como agente de la regeneración moral. La colaboración, no obstante, parecía ser, cada vez más, la vía necesaria para participar en términos relativamente favorables en la nueva Europa que Alemania construía. El 24 de octubre de 1940 Pétain celebró un encuentro con Hitler en Montoire, y en el discurso del 31 de octubre declaró: «Entro hoy en la senda de la colaboración con honor y para mantener la unidad francesa [...] en el marco de una actividad que creará un nuevo orden europeo». Por otro lado, el enojo que produjeron el ataque británico a Mers el-Kebir y la toma por parte de la Francia Libre del África ecuatorial, junto con la firme decisión de mantener el Imperio, avivaron el interés por llegar a un acuerdo con los alemanes. La determinación de resistir estas incursiones por la fuerza –tal y como mostraron el éxito de la defensa de Dakar de septiembre de 1940 y los duros enfrentamientos entre junio y julio de 1941 en Siria– no llegó a desembocar en el deseo de aliarse con Alemania en la guerra contra Gran Bretaña. Aunque es probable que la razón fundamental fuera la preferencia del propio Hitler por mantener una Francia neutral, lo que evitaría la extensión de la guerra y la apertura de nuevos frentes.

A cambio de la colaboración Vichy esperaba obtener algunas concesiones en los términos del armisticio, la liberación de los casi dos millones de prisioneros de guerra en poder de los alemanes y, finalmente, un tratado de paz favorable. Pero los alemanes no estaban dispuestos a responder a la insistencia de Laval sobre la conveniencia de mostrar a los franceses los beneficios de la colaboración. Su fracaso en este terreno y la posibilidad, como creía Pétain, de que estuviese acumulando demasiado poder condujeron a su destitución en diciembre de 1940. Con ello se confirmaron las dudas de Hitler respecto a la sinceridad de las intenciones francesas. Pese a todo, se siguió buscando desesperadamente un acuerdo general que rigiese las relaciones franco-alemanas. El almirante François Darlan, que hacia febrero de 1941 se convirtió en el ministro más poderoso de Vichy, aspiraba a que Francia pudiese ocupar el papel marítimo y colonial de la debilitada Inglaterra. La vuelta al gobierno de Laval, el político francés al que Hitler detestaba menos y, por tanto, cada vez más independiente de Pétain, implicaba un nuevo compromiso en la estrategia colaboracionista. Sin embargo, esto tuvo lugar en un momento –abril de 1942– en el que los alemanes aumentaron la presión sobre Francia, conscientes de las consecuencias de una guerra larga. Laval intentó sacar partido de la situación y obtener concesiones de los alemanes a cambio de la «importante ayuda económica». El 13 de diciembre de 1942 mencionó por primera vez la posibilidad de una alianza militar «para salvar a nuestra civilización de la caída en el comunismo», pero negociaba desde una posición de extrema debilidad y obtuvo escaso eco. No obstante, ni siquiera el claro incumplimiento de las condiciones del armisticio que constituían los desembarcos de los aliados en el norte de África y el posterior adentramiento alemán en la zona no ocupada el 11 de noviembre de 1942 desviaron a Vichy de la senda de la colaboración. Los alemanes pudieron disolver el ejército del armisticio sin prácticamente encontrar resistencia. En el mismo norte de África, sin embargo, la orden de Pétain de enfrentarse a los aliados fue contravenida por Darlan, quien casualmente estaba visitando la zona. El ejército, así salvado de la destrucción, iba a entrar de nuevo en la guerra del lado aliado, a pesar de seguir bajo el mando de oficiales principalmente pétainistas.

En la misma Francia, la credibilidad del régimen fue decreciendo rápidamente. Cada vez resultaba más evidente que había sido reducido a un estado de completa dependencia y sumisión creciente. Satisfacer las demandas de la economía de guerra alemana y proteger la seguridad de sus fuerzas militares se volvió de primordial importancia. También se estaba haciendo evidente que Vichy había optado por apoyar al bando perdedor en la guerra. Podría haber sido de otro modo si Gran Bretaña hubiese llamado a la paz, como se había esperado que con seguridad sucedería. Sin embargo, incluso en ese caso lo mejor que Francia podría haber esperado habría sido el estatus de un Estado clientelar favorecido en una Europa subordinada a las necesidades alemanas. Conforme la situación evolucionó, el régimen de Vichy se comprometió más y más con una política reaccionaria que favorecía a las elites existentes y a la Iglesia católica, en buena medida a expensas de las clases más pobres, las cuales quedaban sometidas a los controles paternalistas y autoritarios de la derecha. En la práctica, iban a experimentar poco más que la escasez en los bienes de primera necesidad, una dura disciplina laboral, la pérdida de derechos democráticos y la represión policial. Paulatinamente, la única –y cada vez más improbable– esperanza del régimen era una especie de paz de compromiso. Mientras esta llegaba, trataba de defenderse contra una oposición interna rampante.

Más tarde se diría que Vichy había servido como «escudo de protección» ante desafueros aún peores, que quizá podrían haber llevado a Francia a la situación de Polonia. Sin embargo, la «revolución nacional» y la legislación antimasónica y antisemita de 1940 fueron medidas políticas del propio régimen; la última precedió en dos años a la presión alemana para colaborar en la «solución final» de la cuestión judía. El antisemitismo de Vichy era más nacionalista y católico que racista, y reflejaba los prejuicios de buena parte de la población. Ciertamente, el armisticio obligó al gobierno francés a repatriar a los refugiados judíos de origen alemán que habían buscado cobijo en Francia, pero el Estatuto de los Judíos del 3 de octubre de 1940 fue ante todo una iniciativa francesa. Excluía a los judíos franceses de cualquier cargo electivo, de la función pública, la enseñanza y el periodismo, e impuso cuotas para su acceso a la mayor parte de las profesiones. Las excepciones fueron los veteranos de guerra y algunas familias establecidas desde hacía mucho tiempo en Francia, a los que se consideró bastante asimilados. Por lo demás, y como perverso instrumento para preservar los jirones de su soberanía, el régimen ejecutó cada vez más, como si fuesen suyas, las medidas del invasor. En la Francia ocupada se incautaron las propiedades judías con la colaboración de Vichy. Desde el verano de 1941 se efectuaron redadas de judíos extranjeros y se los deportó. Más que a ningún otro grupo, a ellos se los veía como prescindibles, y su sacrificio como un medio útil de mejorar las relaciones con el ocupante. El 16 y el 17 de julio de 1942, la policía arrestó en París a 12.884 judíos, incluidos 4.051 niños, y a muchos de ellos se los alojó en condiciones atroces en el velódromo Vel’d’hiv en espera de la deportación. Después, se extendieron estas medidas al territorio no ocupado como parte de una política de uniformización legislativa del territorio esperando que este espíritu de cooperación facilitara la extensión de la autoridad civil del Estado de Vichy en la zona alemana. Además, el régimen confiaba en participar de los beneficios que supondría la incautación y venta de los bienes judíos. Esto afectó a unos 40.000 negocios –tiendas de barrio lo mismo que grandes empresas–, cuyos propietarios se vieron en consecuencia privados de su medio de subsistencia.

Los partidarios del gobierno de Vichy han señalado que sólo el 26 por 100 de los 350.000 judíos extranjeros residentes en Francia fueron deportados y que, de estos, unos 24.000 eran ciudadanos franceses. Con honrosas excepciones, algunas familias francesas escondieron a muchos judíos corriendo un gran riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la acción contra los judíos franceses se llevó a cabo con la cooperación oficial de las autoridades nacionales y la activa colaboración de la policía. En agosto de 1942 el arzobispo Saliège de Toulouse y otros cuatro prelados franceses protestaron; sin embargo, la simpatía del pueblo se mobilizó sólo gradualmente.

Lámina 48. Ejecución de jóvenes miembros de la Resistencia por tropas alemanas. © Roger-Viollet/TopFoto.

El proyecto de mayo de 1942 con el que se pretendía animar a los obreros franceses a trabajar voluntariamente en Alemania fue un éxito porque posponía –aunque sólo hasta agosto– la intención alemana de recurrir al reclutamiento obligatorio. En total, marcharon a Alemania unos 40.000 voluntarios, casi siempre desempleados, y 650.000 trabajadores forzosos como parte del Service du Travail Obligatoire (STO). Por otro lado, alrededor de cuatro millones también trabajaron en Francia, en algún momento, para los ocupantes. El intento de muchos hombres jóvenes de escapar al STO reforzó la hostilidad e incluso la resistencia activa contra el gobierno francés y la ocupación alemana. Pero la creciente dificultad para mantener el orden público llevó a Vichy a endurecer las formas de represión, desatándose una guerra contra sus enemigos internos que contribuiría a destruir su legitimidad. La Administración francesa y su policía, apoyada por los 45.000 voluntarios de la milice creada en enero de 1943 como fuerza auxiliar para mantener el orden, se enzarzaron en una guerra civil y actuaron como agentes de los ocupantes. Los asistía una inmensa multitud de denunciantes anónimos deseosos de saldar antiguas cuentas, un síntoma indicativo de la profunda desmoralización.

El régimen colaboró estrechamente con los alemanes para conservar alguna autonomía pero también por deseo expreso de participar en la lucha contra el comunismo y otras formas de «terrorismo». Progresivamente, la colaboración fue orientándose hacia la propia preservación. La liberación a manos de los aliados amenazaba con convertir a Francia, de nuevo, en un campo de batalla y desatar la guerra civil. Los éxitos del ejército Rojo acentuaban este temor. Seguramente el número de mujeres y hombres franceses que colaboraron entre 1943 y 1944 con la policía y con grupos como la milice en defensa de la «ley y el orden» y contra los «bandidos» equivale al de los que participaron en la Resistencia. En total, se dio muerte a unos 40.000 miembros de la Resistencia y rehenes; 60.000 fueron deportados a campos de concentración acusados de «gaullismo, marxismo u hostilidad al régimen», mientras que otros 100.000 fueron deportados a causa de su raza. Con el nombramiento de Joseph Darnand como jefe de Seguridad, en diciembre de 1943, la acción policial se tornó cada vez más brutal, practicándose la tortura y la ejecución de rehenes, pese a que en esta fase la acción de los alemanes contra la Resistencia fue aún más decisiva. La inminencia del desembarco aliado intensificó la crueldad de la represión, que alcanzó niveles de paroxismo tras el día D, cuando, en el pánico de la retirada, las fuerzas alemanas mataron indiscriminadamente a civiles inocentes y a miembros de la Resistencia. En total se asesinó a unos 40.000 resistentes o rehenes, y 60.000 fueron deportados a campos de concentración por «gaullismo, marxismo u hostilidad al régimen».

La Resistencia se había desarrollado lentamente. Tras la derrota no había muchas más alternativas que la «acomodación» (Burrin) y sacarle el mayor partido posible a la situación. A la gente la absorbía cada vez más la lucha por llegar a fin de mes y evitar los problemas. El cine y en muchos casos la religión constituían vías de escape de una realidad a menudo dura y de la soledad experimentada por las numerosas mujeres cuyos maridos eran prisioneros de guerra. La mayor parte de la población había apoyado los esfuerzos del régimen de Vichy por sacar el mayor partido posible de la situación y, al principio, se vio gratamente sorprendida por el inusual comportamiento disciplinado de las fuerzas ocupantes. Sin embargo, había un deseo general de verlos partir y de aguardar, por tanto, con esperanza la victoria aliada. Las pintadas, el acuchillamiento de los carteles oficiales, el abucheo de los noticiarios en el cine, actos menores de sabotaje y la sintonización de la BBC eran síntomas todos ellos del descontento generalizado. La profunda desmoralización de gran parte de la población, junto con la ansiedad causada por la creciente brutalidad de los ocupantes, no se traducía sin embargo en una oposición activa. La Resistencia procedía de diversas fuentes, y en su desarrollo adoptó distintas formas. Las primeras señales procedieron de la publicación clandestina en noviembre y diciembre de 1940 de los periódicos Combat, de Henry Frenay, y Libération, de Robert Lacoste y Christian Pineau. Uno y otro intervinieron para contrarrestar el paralizador sentido de aislamiento que reinaba entre los potenciales opositores. La Resistencia partió de la nada y el proceso de aprendizaje tuvo un coste elevado. Tal fue el caso de los escasos enfrentamientos públicos, como la manifestación de estudiantes de París del día del armisticio, el 11 de noviembre de 1940, o la huelga de los mineros del nordeste de mayo de 1941. En ambos casos el motivo principal fue la carestía, pero el prefecto de Vichy y los alemanes lo interpretaron como agitación comunista. No obstante, los ocupantes no empezaron a inquietarse seriamente hasta junio-agosto de 1941, tras la invasión de Rusia y la participación plena de los comunistas en la Resistencia. En este momento comenzó un círculo vicioso por el que a cada acción se respondía con la salvaje represión que pronto aumentó la animadversión contra el ocupante. El deterioro del nivel de vida, el avance de las tropas alemanas sobre el territorio no ocupado y el reclutamiento forzoso de trabajadores hacia Alemania marcaron nuevas etapas en el aumento de la resistencia frente al invasor y, cada vez más, contra el desacreditado régimen de Vichy. Los éxitos militares aliados contribuyeron a crear un nuevo clima de esperanza.

Distintos motivos inspiraban diversas formas de resistencia. Inicialmente, estas adoptaron la forma de una serie de iniciativas inconexas en localidades concretas, especialmente urbanas, llevadas a cabo por pequeños grupos de personas de ideas afines con vínculos de parentesco, amistad, profesión, religiosos o de actitudes políticas. Se contaban entre ellas oficiales políticamente conservadores alistados en el ejército de Vichy, funcionarios públicos o intelectuales que se reunían en el Museo del Hombre de París. Los trabajadores, sometidos a la represión y la explotación alemanas y al autoritarismo de Vichy, eran también importantes, dada la impenetrabilidad para la policía de algunos barrios de París, como el faubourg Montmartre, Les Halles o Belleville. Se desarrolló ante todo en la zona ocupada, donde el enemigo estaba siempre presente, mientras que en el sur la existencia de Vichy ocultaba más esta realidad. Las formas de resistencia fueron diversas y obedecieron a distintos motivos. Al principio se presentó como una serie de iniciativas inconexas en localidades concretas, llevadas a cabo por pequeños grupos de personas afines, bien por parentesco, amistad, profesión o actitud religiosa o política. En muchos casos, sobre todo en el área rural, era posible vivir en paz y tener muy poco contacto con el ocupante, aunque la confiscación oficial de alimentos acabó por alterar también a los campesinos. La lealtad al mariscal y el anticomunismo limitó la participación de los conservadores. No obstante, pese a la escasa implicación de las clases altas, no se debe subestimar el papel de las clases medias. Conforme Vichy y los alemanes fueron requiriendo más cosas de ellos, los funcionarios y la policía fueron estando menos convencidos de las virtudes de la colaboración, y siendo menos de fiar y, en especial a medida que aumentaba la perspectiva de una victoria aliada, más decididos a evitar comprometerse. Gradualmente, la maquinaria del Estado comenzó a desintegrarse. El futuro presidente socialista, François Mitterrand, de extrema derecha en la preguerra, se convirtió de funcionario leal y muy condecorado de Vichy a miembro activo de la Resistencia, a pesar de que nunca dejara de venerar al mariscal Pétain.

Las actitudes y filiaciones cambiaron con el paso del tiempo. El apoyo de los distintos grupos sociales aumentó progresivamente como reacción patriótica frente a la humillación del gobierno, y como respuesta humanitaria, a menudo inspirada en principios cristianos, ante el racismo y la brutalidad nazi. Además, la reacción de los individuos dependió de sus convicciones políticas y de sus experiencias en el trato con las fuerzas de ocupación, que variaban mucho de una localidad a otra. El primer grupo político que respondió a la represión de los sindicatos y a la pérdida de las libertades civiles y políticas fue el socialista. La directriz oficial de los comunistas, consecuencia del pacto germano-soviético, era evitar el enfrentamiento con el ocupante, mientras tachaba de «traidores» a los miembros de Vichy. Sin embargo, la publicación clandestina L’Humanité adoptó un tono cada vez más hostil, incluso antes de la invasión de la Unión Soviética, aumentó el sabotaje industrial y se prepararon almacenes de armas. Finalmente, la participación plena de los comunistas tuvo una fuerte repercusión, pues aumentó el número y la capacidad de lucha de la Resistencia. Por lo demás, la decisión convirtió al Partido Comunista en una fuerza política de primera magnitud. Aunque, al igual que en la milice, los activistas procedían de todo el espectro social, la Resistencia daba a menudo la impresión de ser un instrumento para continuar la lucha de clases.

Entre los grupos sociales pobres, más afectados por la carestía y las privaciones, reinaba un ambiente de protesta y animadversión contra los más acomodados. El reforzamiento de la autoridad de los empresarios, la persecución de los sindicalistas y la ampliación de la jornada laboral suscitaron mayor descontento. La caída de los niveles de producción, la imposibilidad de acceder a los mercados ultramarinos, las adquisiciones alemanas y la reticencia de los campesinos a vender sus productos en el mercado libre cuando se podía comprar tan poco con sus ingresos contribuyeron a crear una penuria sin igual desde finales del siglo XVIII. En septiembre de 1940 se racionó el pan y a finales de 1941 se impuso el racionamiento a muchos otros productos. Hacia 1943 la dieta impuesta oficialmente por el racionamiento alcanzaba sólo 1.200 calorías, muy por debajo, por tanto, de las 1.700 que suelen ser recomendadas. Al año siguiente la tasa de mortalidad alcanzó el 19,1 por cada 1.000 habitantes, lo que contrastaba con el 15,3 del periodo anterior a la guerra. La situación de las mujeres era especialmente penosa, pues tenían que esperar durante horas en largas colas para poder alimentar a sus familias. Creció la obsesión respecto a cómo cubrir las necesidades físicas inmediatas y, como era de esperar, los que podían acudieron al mercado negro. Los cortes de energía y la carestía de combustible para calentarse acentuaron el sufrimiento de una población, por lo demás, castigada por la frecuencia de las redadas policiales, la deportación para trabajos forzados y los ataques aéreos de los aliados (que provocaron un total de 60.000 muertos).

Los distintos grupos y redes locales que componían la Resistencia ajustaron cada vez más su actuación a la influencia de los británicos y de la Francia Libre, y desarrollaron todo un abanico de funciones: desde el acopio de información sobre movimientos de tropas, la habilidad de los ferroviarios, la distribución de panfletos y diarios, la preparación de escondites y las vías de escape para sospechosos políticos, refugiados judíos y militares aliados, hasta el sabotaje y el asesinato. La actividad guerrillera comenzó en 1943 en zonas escasamente pobladas del centro y el sur. Se trataba de grandes grupos armados, compuestos por jóvenes que habían escapado al reclutamiento para trabajos forzados en Alemania, adiestrados por los escasos oficiales del ejército que simpatizaban con la Resistencia y por los experimentados refugiados de la República española. A principios de 1944 la Resistencia debió de contar probablemente con unos 30.000 miembros. Su actividad era extremadamente peligrosa; eran frecuentes los infiltrados y, en caso de captura, podían contar con la tortura y una muerte terrible. A ello se le añadía la preocupación de que las autoridades alemanas se vengasen en sus familias y sobre inocentes rehenes.

La cooperación entre los distintos grupos locales se desarrolló lentamente a causa de los riesgos que implicaba el darse a conocer y a la mutua desconfianza política. Al principio, la repercusión de los franceses libres asentados en Londres fue muy limitada. Los británicos y, sobre todo, los estadounidenses contemplaban todavía la posibilidad de negociar con Vichy. A pesar de que el apoyo inicial de Churchill a De Gaulle se debió tan sólo a la falta de una alternativa mejor, la constante negativa del general a reconocer la legitimidad del gobierno de Vichy, su absoluta intransigencia en la defensa de lo que consideraba los intereses vitales de Francia y el poder militar que fue adquiriendo al liberarse parte del territorio colonial mejoraron lentamente su posición ante los aliados. Sin embargo, esto no bastó para resarcir al general de lo que consideraba una dependencia humillante. Los Franceses Libres se vieron excluidos de los desembarcos aliados en el norte de África en noviembre de 1942, tras lo cual los estadounidenses hicieron todos los esfuerzos por negociar con el pétainista almirante Darlan y, después del asesinato de este, con el incapaz general Giraud. Aunque Churchill admitió que no había alternativa real a De Gaulle, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt siguió resistiéndose, incluso durante la liberación al reconocimiento de una Administración liderada por alguien al que él percibía como un general no elegido y escandaloso.

Aun así, la posición del líder de la Francia libre cambió de forma radical en mayo de 1943, cuando se creó el Conseil National de la Résistance (CNR), compuesto por los representantes de los grupos políticos y organizaciones de la Resistencia. Uno de sus líderes, el antiguo prefecto Jean Moulin, miembro de Combat, un grupo de Lyon de inspiración católica, convenció a sus compañeros para que se manifestasen a favor de De Gaulle. Preferían recurrir a la Francia Libre para lograr ayuda y, en particular, las armas que tanto necesitaban, que acudir a los aliados. Además, De Gaulle estaba dispuesto a transigir hasta donde fuese necesario con tal de ganar autoridad en Francia, y en concreto para comprometerse con el restablecimiento de la democracia una vez finalizada la guerra. El creciente apoyo a De Gaulle por parte de la Resistencia en el interior, la determinación del general de impedir el triunfo del comunismo en la Francia de posguerra y la manifiesta incompetencia de sus posibles rivales obligaron a los aliados a aceptar su preeminencia y reconocer el estatus del Comité Français de Libération Nationale. El Comité lo fundaron en junio de 1943 algunos líderes de la Resistencia y antiguos políticos de la Tercera República, como Vincent Auriol y Mendès-France. Fue adoptando el carácter de un Gobierno Provisional con un ejército regular de 500.000 hombres, compuesto en el norte de África y equipado por los aliados.

Sin embargo, internamente siguieron perviviendo las grandes tensiones políticas, así como las divergencias en cuanto a táctica y objetivos. El arresto, tortura y muerte de Moulin en junio de 1943 fue un síntoma de los peligros de la resistencia, la repetida fragmentación de sus estructuras como resultado de la represión y los constantes esfuerzos por volver a consolidar sus actividades. La creciente influencia comunista en Francia era motivo de especial preocupación. Los comunistas, en particular, continuaron imaginando un futuro de lucha como preludio de la revolución social y no sólo contra el enemigo alemán, sino también contra las traicioneras clases dominantes. Esta actitud se oponía radicalmente a la de otros grupos más conservadores y prudentes cuya principal preocupación era preparar la acción que debía prestar auxilio a los aliados en el todavía lejano día de la liberación. Como consecuencia, el Front National de los comunistas y el de los Francs-Tireurs et Partisans Français se vieron, en general, privados de dinero y armas en comparación con los recursos que enviaban los franceses libres y el Ejecutivo británico para operaciones especiales a las organizaciones no comunistas de los Mouvements Unis de la Résistance y su Armée Secrète. La lucha por el poder en el mundo de la posguerra se gestó aun antes del desembarco de los aliados.

Con ayuda de su arrolladora superioridad aérea, el 6 de junio de 1944 las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, logrando una rápida concentración de fuerzas y una progresión a partir de las cabezas de puente. París fue liberado el 25 de agosto, y en el intervalo las tropas franco-estadounidenses desembarcaron en el sur, el 15 de agosto, y avanzaron por el valle del Ródano. A fines de año había sido liberada la mayor parte del país. La contribución de las fuerzas regulares francesas en los primeros desembarcos fue limitada, para gran disgusto de De Gaulle. La Resistencia tampoco había llamado al pueblo a la sublevación. Su papel principal en la gran estrategia aliada había consistido en retrasar la llegada de los refuerzos alemanes al frente de Normandía. A pesar de que la acción de los grupos comunistas y no comunistas había sido coordinada con bastante éxito por la estructura de mando general de las Forces françaises de l’interieur (FFI), se había visto perjudicada por la falta de equipo militar. La ciudad de París, como muchas otras, pudo liberarse a sí misma tras la retirada de los alemanes hacia el este.

Eisenhower, comandante supremo de los aliados, había planeado evitar la ciudad y no correr el riesgo de involucrarse en una lucha de conquista casa por casa, pero esto significaba ignorar la resolución de los líderes de la Resistencia de desempeñar un papel más activo, en particular de los comunistas. La rebelión se inició el 19 de agosto y obtuvo el apoyo de la policía, supremos resistentes en el último minuto. A cambio, Eisenhower se vio obligado a enviar rápidamente a la Segunda División Acorazada Francesa de Leclerc. El 25 de agosto, desobedeciendo las órdenes de Hitler de luchar sobre las ruinas de la ciudad, el comandante alemán se rindió. El triunfo costó la vida a unas 3.000 personas, entre miembros de la Resistencia y civiles. Pese a haber desempeñado un papel secundario y subordinado, la participación de las fuerzas francesas en la liberación de París contribuyó en gran medida a devolver a los franceses la confianza en sí mismos. De Gaulle llegó a París por la tarde. Su discurso en el Hôtel-de-Ville puso de manifiesto su habitual genio para la fabricación de mitos: «¡París! ¡París humillado! ¡París roto! ¡París martirizado! ¡Pero ahora París liberado! Liberado por sí mismo, por su propia gente con la ayuda de los ejércitos de Francia, con el apoyo y la ayuda de Francia entera, de la Francia luchadora, de la Francia eterna». Además de reinstaurar la legitimidad del Estado, estaba decidido a recuperar una sensación de unidad nacional en torno a la leyenda de una resistencia heroica. El decisivo papel desempeñado por los comunistas en la liberación de París, e incluso el de los aliados, fue convenientemente pasado por alto. Aunque la Resistencia desempeñó un papel esencialmente subordinado y secundario en la liberación, la contribución de las fuerzas francesas, incluidos muy particularmente los 24.000 miembros de las FFI [Fuerzas Francesas del Interior] que perdieron sus vidas, hizo mucho por restaurar la confianza de la nación en sí misma.

Ante tal embestida, finalmente Vichy se desintegró. Las autoridades alemanas obligaron al gobierno a desplazarse primero al este de Francia y, después, como auténticos cautivos, a la propia Alemania. En el ámbito local, la Administración se derrumbó. Sólo unos cuantos funcionarios ideológicamente fieles y miembros de la milice participaron en las últimas, y casi siempre feroces, persecuciones. La petición de Pétain a los franceses de que se mantuviesen neutrales fue desoída. Su primera preocupación, al parecer, consistía en garantizar una transferencia de poder ordenada y evitar las luchas internas. Tras tantos años de sufrimiento y opresión, había un peligro real de que la liberación degenerase en un ajuste de cuentas multitudinario y en la guerra civil, como el mariscal temía. Ciertamente, la perspectiva de la liberación creó una gran expectación tanto entre los miembros de la Resistencia como entre la masa pasiva de ciudadanos que se apuntaron en el último segundo a la cruzada antinazi. En este contexto, la izquierda política, reforzada por sus vínculos con la Resistencia, parecía representar el interés nacional. El programa del CNR fomentó en parte esta interpretación. Prometía desmantelar y nacionalizar los imperios económicos «de carácter feudal», encomendar a los trabajadores la planificación de una prosperidad mayor y mejor repartida y crear un sistema de Seguridad Social. Era el rechazo al individualismo de las clases propietarias y la aceptación de que la pobreza era tanto responsabilidad individual como del conjunto de la sociedad. Cuando los yacimientos de carbón en el Gard y en el norte de Francia fueron liberados, los mineros se negaron a reconocer la autoridad de los propietarios y llevaron a cabo una nacionalización de facto. Una vez más, un sentido milenario de la anticipación se desarrolló en algunos sectores de la comunidad, al mismo tiempo que el temor social alentó a los conservadores, fuera cual fuera su disfraz político, a prepararse para la lucha contra el comunismo.

Mientras que la Resistencia estuvo compuesta por gente de toda procedencia social, las elites tradicionales y los grandes empresarios no pudieron evitar totalmente ser identificados con la Tercera República o con Vichy. Con el régimen también se derrumbó en buena medida la derecha. Los antiguos partidarios del autoritarismo hubieron de hacer frente a la pesadilla de una revolución social inspirada en el comunismo. En la práctica, la fase de peligro fue corta, tan sólo el intervalo de vacío de poder que transcurrió entre la caída del régimen hasta que su sucesor impuso su control. Con todo, en esta fase se ejecutó sumariamente a unos 10.000 supuestos colaboradores, una cifra bastante alta pero muy inferior a la que dieron después algunos conservadores, intentando empañar la reputación de la Resistencia. Tribunales legalmente constituidos dictaron otras 7.037 sentencias de muerte, aunque sólo se ejecutaron 1.500. Más de 40.000 personas fueron condenadas a penas de cárcel y otras 50.000 a la pérdida de derechos civiles. Muchas otras, en especial las mujeres que habían mantenido relaciones sentimentales con alemanes, fueron humilladas y paseadas por las calles con las cabezas rapadas. Tras una fase inicial de reacción violenta, los castigados pasaron a ser más los diseñadores de la política de Vichy que sus ejecutores, a menos que estos se hubieran mostrado particularmente celosos en el cumplimiento de su deber.

Las pasiones se fueron calmando gradualmente. Incluso Xavier Vallat, uno de los arquitectos de la legislación antisemita de Vichy en su calidad de jefe del Comisariado General para las Cuestiones Judías, fue condenado a sólo diez años de encarcelamiento. Sería puesto en libertad en 1949 y amnistiado cinco años después. Pétain y Laval hubieron de pasar por juicios sumamente partidistas. Aun así, sus abogados pudieron basar su defensa en el éxito de ambos en procurar una protección al menos parcial frente al ocupante. Otro mito conservador estaba en ciernes. No obstante, los dos fueron condenados a muerte. Laval fue fusilado, pero a Pétain se le conmutó la pena debido a su avanzada edad y su galopante senilidad. Los grupos de perfil alto como los intelectuales y los periodistas sufrieron mucho más que los dirigentes y empresarios que tan esenciales habían sido para el funcionamiento de la colaboración y que a menudo habían conseguido hacer de ella una alternativa muy provechosa. Más de 20.000 funcionarios fueron despedidos como parte de una purga especialmente severa en la policía. Sin embargo, en 1950 la mayoría de ellos habían sido readmitidos; la maquinaria del Estado sobrevivió prácticamente intacta. La continuidad parecía esencial para el buen funcionamiento del nuevo régimen y para la reafirmación de una democracia republicana centralizada sobre las iniciativas locales. Los altos funcionarios eran demasiado útiles como para someterlos a las sanciones que tal vez habrían merecido, y estaban lo bastante bien conectados como para ocultar sus acciones anteriores. Más aún, las personas que se sentían culpables de colaboración en cualquiera de sus formas, grandes o pequeñas, eran demasiadas como para que una investigación exhaustiva contara con un apoyo sostenido. En muchas zonas rurales y ciudades pequeñas, los grupos dirigentes tradicionales se reafirmaron rápidamente, a menudo para dominar los comités de liberación locales a fin, sostenían, de proteger «la integridad de las comunidades locales» (Gildea) y evitar una toma del poder por parte de los comunistas. En la práctica, la decisión de proseguir la guerra hasta la victoria final y dejar para luego la obra de reconstrucción sería prioritaria frente al castigo o la reforma social. Con el objetivo de crear una sensación de unidad y propósito nacional, De Gaulle insistió en que la inmensa mayoría de la población había apoyado o al menos simpatizado con la Resistencia. Este mito sobreviviría, en buena medida incontestado, hasta la década de los setenta, cuando el convincente documental de Marcel Ophuls Le Chagrin et la pitié y la obra del historiador estadounidense Robert Paxton reavivaron los recuerdos de los compromisos que formaron parte de la vida cotidiana bajo el régimen de Vichy.

A medida que la victoria aliada se iba haciendo más palpable, la población comenzó a pensar en el mundo de la posguerra. Dentro de la Resistencia la opinión más extendida era la de evitar la mera restauración del sistema político y social de preguerra y crear una sociedad más igualitaria. Los próximos a De Gaulle y los militares del ejército del norte de África que simpatizaban con Vichy temían a los muchos grupos dominados por el comunismo, que formaban parte del segmento mayor y más activo de la Resistencia. No cabía duda de que la tarea de imponer la autoridad de un nuevo gobierno acarrearía importantes peligros. La intención de los aliados había sido la de asegurar las zonas de retaguardia de los ejércitos, estableciendo un gobierno militar propio. Tal y como resultó, el Comité Francés de Liberación Nacional, la transferencia del poder se había preparado cuidadosamente. A comienzos de 1944 se habían creado jerarquías administrativas y militares secretas en paralelo con las del Estado de Vichy. Como delegado general de De Gaulle en Francia se nombró a Alexandre Parodi, con Jacques Chaban-Delmas como delegado militar nacional y el general Koenig como comandante de las FFI. También se nombraron commissaires para sustituir a los prefectos de Vichy. Por lo general procedían de la elite social y política establecida –hombres como Michel Debré, antiguo alumno de la prestigiosa Sciences-Po y de la Escuela de Caballería de Saumur, que tomó posesión en Angers–, pero pertenecientes a una generación diferente, más joven que la de sus predecesores. El 2 de junio el Comité se había proclamado a sí mismo Gobierno Provisional y había diseñado un nuevo marco institucional. Incorporó al gobierno a distintas tendencias políticas, incluidos los comunistas, para mantener el equilibrio de poder con la Resistencia y lograr el consenso político.

Lámina 49. Ejecución de miembros de la milice en Grenoble en agosto de 1944.

En otro terreno, el recibimiento triunfal de De Gaulle en varias ciudades liberadas y sobre todo en París legitimó su figura como la encarnación del resurrecto Estado francés. La autoridad del Gobierno Provisional sobre la Resistencia se fortaleció por la incorporación de sus miembros en el ejército regular y por el desarme de los civiles, que fue emprendido en octubre. Con lo que a muchos miembros de la Resistencia debió de parecer una prisa casi indecente, fueron dejados de lado. Por su parte, y en interés de Francia y de la Unión Soviética, los comunistas estaban demasiado ocupados con la continuación de la guerra como para arriesgarse a una guerra civil. Su moderación suponía la perspectiva de apoyo de la población tras la victoria final. Mientras tanto, todavía había mucho que hacer antes de la expulsión final del enemigo. Además, a la gente también había que alimentarla y evitar que se congelara durante el invierno sumamente duro de 1944-1945, y esto en medio de la devastación causada por la guerra. Las redes de comunicaciones habían recibido los ataques de amigos y enemigos por igual. Los combustibles escaseaban. La distribución de productos de primera necesidad era difícil y el mercado negro no dejaba de crecer con fuerza. Aunque se había logrado la victoria, había que devolver a sus hogares a unos dos millones de antiguos prisioneros y deportados, y desmovilizar a los soldados. Los supervivientes judíos siguieron encontrando antisemitismo y con frecuencia dificultades insuperables para lograr la restitución de sus propiedades. El sufrimiento y la frustración eran generalizados.

Lámina 50. La liberación: el general De Gaulle desfila por los Campos Elíseos, 26 de agosto de 1944. Foto: Robert DOISNEAU/Gamma-Rapho/Getty Images.

La escala del éxito de De Gaulle subió con la decisión de los aliados de tratar a Francia no como Estado colaboracionista, sino como cobeligerante. En contraposición, el régimen al que los franceses habían dado la bienvenida en 1940 fue un sonoro fracaso. Vichy, en efecto, fue una vuelta de tuerca más en la larga guerra civil que se había iniciado en 1789. La etapa había comenzado con la crisis económica de los años treinta y el establecimiento del Frente Popular y el régimen de Pétain de Vichy fue el punto culminante. Era la última de las crisis que se sucedieron entre 1914 y 1945 y que dan al periodo su unidad esencial. Con ella finalizaba una larga época de estancamiento económico y social. En claro contraste, las siguientes tres décadas, las trente glorieuses, serían de crecimiento económico sostenido y de transformación de la sociedad francesa.

7

Reconstrucción y renovación: las trente glorieuses

INTRODUCCIÓN

Como la mayoría de los acontecimientos transformadores, la Liberación suscitó expectativas de reforma política y social, y al mismo tiempo considerable ansiedad, especialmente en el seno de las elites establecidas. La derecha había quedado desacreditada como resultado de su asociación con Vichy. Comprometida con la justicia social y la modernización económica, la izquierda iba en ascenso. En los años siguientes, Francia experimentó un ciclo ascendente de crecimiento sostenido: las treinte glorieuses, como los denominó el economista Jean Fourastié. Un enorme estímulo lo aportaron la reconstrucción, y luego la liberalización del comercio internacional y el aumento de la prosperidad doméstica. Un mayor compromiso del Estado y elevados niveles de inversión tanto pública como privada favorecieron la existencia de una demanda sostenida. Este desarrollo de una economía mixta estableció un marco para la renovación y expansión de la empresa capitalista, inicialmente basándose en recursos y mano de obra anteriormente infrautilizados, y cada vez más en una tecnología mejorada. Fueron la escala y el ritmo del cambio, en contraste con los periodos tanto previo como posterior, los que definieron estas tres décadas. Las estadísticas sobre el crecimiento del producto interior bruto (PIB) constituyen el índice más claro del cambio (véase tabla 7).

Un crecimiento tan rápido, y los cambios estructurales en la economía y la sociedad que lo acompañaron, provocaron inevitablemente repetidas crises d’adaptation. Además, se aprovechó la oportunidad para aumentar los gastos en bienestar social, con importantes efectos redistributivos.

Tabla 7. Crecimiento del PIB, 1896-1996 (incremento porcentual medio anual)

1896-1913

1,9

1959-1969

5,7

1913-1929

1,5

1969-1973

5,6

1929-1938

-0,3

1973-1979

3,0

1945-1951

8,7

1980-1991

2,1

1952-1959

4,2

1991-1996

1,1

Fuente: K. Mouré, «The French economy since 1930», en M. Alexander (ed.), French History since Napoleon, Arnold Publishers, 1999, p. 374.

Esto contribuyó a fomentar un consenso social a favor de la modernización. No obstante, entre las clases adineradas había un considerable descontento con las reformas, mientras que la intensificación de las presiones competitivas amenazaba los intereses vitales de muchos agricultores, trabajadores de industrias no competitivas y pequeños empresarios. En un tiempo extraordinariamente corto, a la promesa de una nueva era de justicia social iba a seguir una restauración de las relaciones sociales y políticas del periodo de preguerra. Muchos antiguos résistants iban a sentir el agrio sabor de la traición. Más realistamente, apenas sorprende que la heterogénea coalición formada en la lucha contra los ocupantes comenzara a pelearse entre sí en cuanto se trató la cuestión de determinar la forma de la reconstrucción y el lugar reservado al poder político. El desmoronamiento del consenso político de centro-izquierda que había nacido de la resistencia y la inevitable recuperación de la derecha amenazaron rápidamente con desestabilizar y, cada vez más, desacreditar a la Cuarta República.

Un sistema de gobierno basado, como el de la Tercera República, en alianzas rápidamente cambiantes en el seno de una clase de notables políticos y en la elección por representación proporcional era intrínsecamente inestable. Los gobiernos con mayorías no permanentes no eran los más adecuados para ocuparse de los problemas de la reconstrucción y la rápida expansión de las responsabilidades del Estado, las guerras coloniales, las repetidas crisis financieras y la tensión social causada por el desigual acceso a los réditos del crecimiento económico. A diferencia de la Tercera República, sin embargo, cuando el Estado había parecido el espectador impotente del cambio económico y social, el resultado ya no fue de tablas. Las fuerzas económicas y sociales, especialmente la internacionalización de la actividad económica como resultado del ascenso de Estados Unidos y los movimientos hacia la integración europea, eran demasiado fuertes. Más aún, una burocracia cada vez más segura de sí y vigorosa aportó orientación y continuidad. En este aspecto, una de las flaquezas del régimen –la disociación entre el poder político, administrativo y económico− facilitó la reconstrucción y la instauración de un Estado del bienestar, e inauguró un periodo de crecimiento económico sostenido y mejora del nivel de vida sin precedentes. En muchas facetas, el régimen reveló una comprensión más firme de las realidades económica y política que los gobiernos británicos del mismo periodo.

ECONOMÍA

La transformación del marco en el que se desarrollaba la vida cotidiana es el rasgo más revelador de la escala y el ritmo del cambio socioeconómico de la posguerra. En 1945 el paisaje rural difería muy poco del de finales de la Edad Media, y las ciudades, superpobladas, con escasez de viviendas y marcadas por el desarrollo industrial decimonónico, se asemejaban a las del Segundo Imperio. Entre 1946 y 1975, la población pasó de 40,3 a 52,6 millones. La esperanza de vida para los hombres subió de los sesenta y dos a los sesenta y nueve años, y para las mujeres de los sesenta y siete a los setenta y siete. La proporción de la fuerza laboral empleada en la agricultura cayó del 36 por 100 en 1946 al 8,6 por 100 en 1979 y, mientras que los empleados en la industria aumentaron lentamente del 32 por 100 al 35,3 por 100, el empleo en el sector servicios se incrementó mucho más espectacularmente, del 32 por 100 al 56 por 100. La construcción a gran escala de viviendas y oficinas, y la demolición de muchas de las viejas fábricas cambiaron el aspecto de la mayor parte de las urbes. Por otro lado, el nivel de vida y las condiciones de trabajo mejoraron sensiblemente. El automóvil, símbolo de la nueva era de producción en masa y de la mayor capacidad de movilidad individual, se generalizó. Como es lógico, no todo fueron cambios. Lo viejo coexistió con lo nuevo, aunque el grado y el ritmo de la transformación superaron a los de cualquier periodo precedente. La reconstrucción de la posguerra, primero, luego el rápido crecimiento económico y el cambio estructural de la década de los sesenta, la modificación de las pautas de consumo, el cambio de mentalidad y la asunción por parte del Estado de un aumento considerable de sus obligaciones permitieron dar los pasos fundamentales en pro de la modernización y modificaron de manera sustancial el equilibrio entre cambio y continuidad. El resultado final fue la revolución social a gran escala.

Al menos inicialmente, los distintos grupos políticos y los restablecidos sindicatos mantuvieron un importante grado de consenso respecto a la reconstrucción. Los discursos, los noticiarios y los artículos de prensa ensalzaban a los mineros, a los trabajadores de la industria del acero y a los ferroviarios, y espolearon el entusiasmo popular. La prolongación de la jornada laboral y el aumento de la productividad compensaron la escasez de mano de obra. Las condiciones materiales así lo exigían. Había que hacer frente a una enorme tarea, mucho mayor que tras la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con las previsiones del Ministerio de la Reconstrucción, la vuelta a la «normalidad» tendría un coste de 4.900 millones de francos o el equivalente a la renta nacional de tres años de preguerra. Otras fuentes sugieren que la guerra supuso la destrucción de más de una cuarta parte de la riqueza nacional, frente a la décima parte del conflicto anterior. Los estragos de la guerra, las incautaciones alemanas, la prolongada falta de atención al mantenimiento y reposición de bienes esenciales fomentaron la escasez en necesidades básicas, como el combustible y los alimentos. En 1944 la producción industrial alcanzó tan sólo el 38 por 100 de la de 1938. Una de las prioridades era reconstruir la infraestructura de transportes, que había sido el objetivo principal de los bombardeos aliados y de la actividad de la Resistencia. Al final de la guerra se mantenían en servicio 18.000 kilómetros (en tramos sin conexión entre sí) de los 40.000 de las líneas ferroviarias, y sólo quedaba uno de cada cinco camiones. El otro gran reto era la «lucha por el carbón», que seguía siendo el principal carburante en la industria y en el uso doméstico, y del que no había más que 40 millones de toneladas (contando con las importaciones), en comparación con los 67 millones de 1937. Aunque se estaba produciendo ya un desplazamiento hacia otras fuentes de energía, en 1950, los carburantes sólidos todavía representaban un 74 por 100 del consumo energético (en 1913 constituían el 90 por 100), la energía hidroeléctrica cubría el 7,5 por 100 y el petróleo, el 18 por 100. La puesta en marcha y modernización de la industria del acero y de las ingenierías eran también urgentes.

Las condiciones exigían una mayor intervención del Estado en la economía y la intensidad del sentimiento anticapitalista del periodo de la Liberación así lo demandaba. Gran parte de la población consideraba al patronat culpable de la derrota de 1940 y de colaboracionismo; por tanto, quedaba «descalificado» (De Gaulle) para mantener su posición preeminente. Era preciso que el Estado tomase las riendas e interviniese directamente no sólo en la reconstrucción, sino también en un programa de modernización económica y social al que impelía la visión de Francia, ampliamente compartida, como una sociedad arcaica y atrasada. No se podía confiar la tarea de poner a Francia a la altura de otras sociedades occidentales a una clase capitalista «malthusiana», que había dado ya sobradas muestras de sus deficiencias. Las nacionalizaciones ocuparon un lugar muy destacado en el programa de marzo de 1944 del Consejo Nacional de la Resistencia, reflejando así el amplio consenso que había creado no sólo la guerra, sino también la reacción a la crisis económica de preguerra. Entre diciembre de 1945 y mayo de 1946, debido al colaboracionismo de sus directores, pasaron a ser propiedad del Estado las principales compañías bancarias y aseguradoras, los servicios de gas y electricidad y las minas, que se sumaban de esta manera a empresas como Renault. Se pagó la correspondiente indemnización a los accionistas, por lo general al cambio vigente en el mercado, que era muy bajo. Pese a las grandes esperanzas de los trabajadores de dichas empresas, pocos fueron los cambios en su relación con los empresarios, salvo una mayor seguridad en el empleo. Aunque el Estado intervino a menudo en la planificación a largo plazo, en el día a día las empresas nacionalizadas operaron de manera similar a cualquier otra.

Otro de los rasgos de la etapa de reconstrucción fue la aparición de los planes que, concebidos durante el periodo de entreguerras, parecían ahora imprescindibles dada la dificultad de las circunstancias. Un equipo dirigido por Jean Monnet preparó el primero y lo publicó en enero de 1947. El plan intentaba establecer prioridades, difundir información (recogida por un servicio estadístico que llegaba a todas partes), ofrecer previsiones de tipo económico y facilitar contactos entre empresarios, sindicalistas y funcionarios, con el fin de crear un clima favorable a la inversión. No se trataba de una planificación al estilo soviético como la que deseaba el Partido Comunista, sino de una forma de tecnocracia por la que funcionarios procedentes del grupo más elitista de la educación superior, las grandes écoles, intentaban lograr un funcionamiento más eficaz del sistema capitalista. Aunque el establecimiento de vínculos directos entre el gobierno y algunos sectores de la economía fue mucho más importante. El punto de vista ortodoxo del Ministerio de Economía y la preocupación gubernamental por restablecer la confianza empresarial como medio de promover la recuperación pronto predominaron. Así lo requería el nuevo clima intelectual de amplia aceptación de la teoría económica keynesiana y su insistencia en la necesidad de intervención del Estado para promover el crecimiento y el pleno empleo. La etapa del Estado-regulador habría de mantenerse hasta principios de la década de los ochenta. El casi monopolio estatal de la información estadística dificultó el análisis crítico de su actividad. Además, en las condiciones de la posguerra no quedaba otra alternativa que soportar un elevado déficit comercial si se quería asegurar la importación de los principales alimentos, materias primas y bienes de equipo. La presión no se redujo hasta 1948, con la llegada del Plan Marshall y el suministro de ayuda a gran escala desde Estados Unidos, deseoso de promover la recuperación europea. El plan mezclaba el altruismo con los intereses particulares del país que prestaba la ayuda, e incrementó tanto la admiración como la repulsa por lo «americano», ya estuviese representado por una manifestación cultural como la de Hollywood o por la tecnología industrial avanzada.

Lámina 51. La reconstrucción: el Partido Comunista apela a un esfuerzo mayor. Foto: Taillandier-DR.

Hacia 1947-1949, los sectores clave de la economía habían alcanzado al menos el nivel de preguerra. La reconstrucción se efectuó sobre todo a costa del consumo. En un esfuerzo por restablecer el suministro industrial, se restringió el de carbón, gas y electricidad para uso doméstico. El racionamiento del pan se mantuvo hasta 1949, pese a que empezaba a ser evidente que el mantenimiento de las importaciones y la recuperación interna podían conducir a problemas de sobreproducción como los anteriores a la guerra. El primer plan, preocupado por la producción, intentó estimular una revolución agraria mediante la ampliación del uso de tractores (20.000 en 1946, 558.000 en 1958 y un millón en 1965) y productos químicos, inaugurando un ciclo de innovaciones tecnológicas que se financió sobre todo mediante préstamos y, por tanto, con un enorme endeudamiento del campesinado. La dependencia de las cooperativas y empresas de procesamiento de alimentos respecto a bancos y contratos agravó aún más la dependencia de los agricultores. Indudablemente la productividad progresó mucho, con una tasa anual del 6,4 por 100 entre 1949 y 1962, sobre todo por la pérdida de importancia del cultivo de cereales frente a productos de mayor valor como la fruta, los vegetales, la carne y los productos lácteos. El abismo técnico entre los agricultores capitalistas a gran escala en la cuenca de París y el norte y los pequeños agricultores de las tierras altas, que producían para mercados locales, también se ensanchó más que nunca.

La etapa de reconstrucción puede considerarse finalizada en 1949-1950; en estos años se superó el nivel máximo de la producción anterior a la guerra, alcanzado en 1929. El éxito de la reconstrucción proporcionó una base firme a un periodo único de crecimiento sostenido y acumulativo, caracterizado por importantes aumentos en la productividad, en los salarios reales y en el poder adquisitivo del conjunto de la población, y por cambios fundamentales en la estructura social y económica. En Europa, los logros franceses sólo se vieron superados por los de Alemania Federal. Después, el Estado continuó desempeñando un papel muy importante mediante la inversión directa y la creación, en parte a través del plan, de un clima favorable a la actividad empresarial. Hasta el establecimiento del Mercado Común (CEE), los gobiernos mantuvieron un decidido proteccionismo, utilizando un arsenal de medidas monetarias para facilitar la expansión de una industria que se fundamentaba en la protección del mercado interno, y mediante la financiación deficitaria para mantener el elevado nivel de inversión en infraestructuras y estabilizar el sistema capitalista.

La inflación sería un problema persistente. La financiación deficitaria, la expansión de la oferta monetaria durante y después de la guerra, la escasez y el pronto abandono de muchos de los controles impuestos durante el conflicto generaron importantes alzas de precios, empujadas también por el notable aumento de los salarios que exigieron los trabajadores al ver que bajaba su nivel de vida. En 1948-1949, cuando la estabilidad parecía posible debido al aumento de la producción y a los controles eficaces, el efecto de la Guerra de Corea sobre el precio internacional de las materias primas hizo estallar una nueva oleada inflacionaria. Ciertamente, la inflación contribuyó a revitalizar la actividad económica al ampliar los márgenes de beneficios y reducir el peso del endeudamiento, pero también puso de manifiesto la fragilidad de la recuperación económica, la ineficacia del sistema político, y contribuyó a elevar la tensión social. La curva de inflación sólo se redujo con las medidas que puso en marcha Pinay en 1952-1953, que combinaban la persuasión con los controles y el crédito para reducir el exceso de capital. La mayor estabilidad financiera propició el segundo ciclo de crecimiento, que finalizó en 1956 con la inflación que produjeron los elevados costes de la guerra de Argelia, la repercusión de la crisis del canal de Suez sobre el precio del petróleo y otras materias primas y el gasto de un gobierno de izquierdas comprometido con la reforma social. La suma de estos factores redujo la competitividad francesa en los mercados internacionales y afectó seriamente a la confianza empresarial.

A pesar de estos obstáculos, el crecimiento de la productividad elevó los ingresos de las empresas y las economías domésticas e incentivó la inversión y el consumo, creando de este modo las condiciones favorables para un crecimiento económico duradero y sostenido. La creciente movilidad de la fuerza de trabajo y su traslado desde sectores poco dinámicos, como la agricultura y la industria textil, a otros más productivos en cuanto a renta per cápita, como los sectores químico, eléctrico, de ingeniería y construcción, fue un aspecto decisivo en este proceso y ayudó a remediar el problema de escasez de mano de obra hasta la entrada en el mercado de trabajo de las generaciones de posguerra. Francia se integró cada vez más en el sistema económico europeo occidental y atlántico. Luego, junto a los esfuerzos desacertados de aferrarse al Imperio, hubo movimientos importantes dirigidos hacia la reconciliación franco-alemana y la mayor unidad europea, primero con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en 1947, y la entrada en la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), creada en 1948 para gestionar la ayuda otorgada a través del Plan Marshall; el Consejo de Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 1949), después, con la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA, 1951), y la posterior creación de la CEE en 1957.

La firma del Tratado de Roma en 1957, a la que eran contrarios muchos empresarios, puede parecer una paradoja frente a las políticas proteccionistas de los gobiernos de posguerra. Sin embargo, representó una nueva etapa en el compromiso en pro de la modernización al permitir el acceso a nuevos mercados e intensificar la competencia. Más aún, el Tratado, en parte inspirado por «imperativos geopolíticos», buscaba ligar a Alemania Occidental a una unión que, según Robert Schuman, el ministro de Exteriores, haría «no sólo impensable sino materialmente imposible» otra guerra.

En una situación de rápido aumento de los precios y de creciente déficit comercial, la opinión generalizada era que Francia no lograría cumplir los compromisos contraídos en el Tratado de Roma. No sólo había que eliminar los aranceles en el comercio comunitario en un plazo de doce a quince años (como sucedió en 1968), sino que el Tratado exigía también una reducción de los aranceles impuestos a las importaciones procedentes de otros países hasta situarlos al nivel de 1958, que tendía a ser inferior al francés. En compensación, la Política Agrícola Común (PAC), acordada finalmente en 1962, estipuló precios garantizados y ayudas económicas y, debido a la dura negociación del gobierno francés, resultó sumamente favorable a su electorado campesino. Estas medidas y la expansión del mercado potencial beneficiaron sobre todo a los grandes agricultores, el 10 por 100, a quienes en 1968 correspondía ya el 60 por 100 de la producción total. Dieron, además, un margen de subsistencia a muchos pequeños agricultores, al ralentizar el proceso de cambio estructural necesario para aumentar la competitividad internacional de la agricultura francesa. En 1973, el 60 por 100 de las explotaciones agrícolas contaba con menos de 20 hectáreas. Muchas familias, sobre todo de las tierras altas, del sudoeste y el interior de Bretaña siguieron viviendo en la pobreza y su situación mejoró sólo poco a poco, como resultado de la emigración y de medidas como la ley de Pisani de 1960, que incitaba a los agricultores a acogerse a la jubilación. Los campesinos (y los pequeños comerciantes) fueron, consecuentemente, protegidos del pleno impacto del libre mercado, aunque sus ingresos siguieron estando sujetos a los caprichos meteorológicos, a tipos de interés fluctuantes y a los cambios de la PAC.

Francia demostró ser capaz de cumplir sus obligaciones respecto a la CEE. Adoptó una serie de medidas deflacionarias que incluían la indexación de precios y salarios, la relajación de los controles administrativos y el restablecimiento parcial de los mecanismos de mercado. Otro factor vital fue el fuerte liderato político de De Gaulle, con objetivos precisos y dispuesto a animar –y aun a forzar– la reestructuración industrial y la modernización mediante la inversión en la mejora de las comunicaciones, el abaratamiento del crédito, la concesión de préstamos al exterior y las concesiones fiscales. En síntesis, la creación de la Comunidad promovió un rápido crecimiento del comercio entre los seis Estados miembros. A pesar de que los agricultores y empresarios tuvieron, sin duda, grandes problemas para adaptarse a un mercado cada vez más homogéneo y competitivo, las ventajas de la integración saltaban a la vista y el proceso parecía irreversible. El gobierno quería fomentar la concentración industrial y la reestructuración agrícola para asegurarse de que Francia ocuparía un lugar entre los líderes europeos. El resultado superó las previsiones. Durante los quince primeros años desde su incorporación a la CEE, el país creció anualmente un 5,5, más incluso que Alemania Federal (un 5 por 100), y la gran rentabilidad incentivó el elevado nivel de la inversión. La economía francesa experimentó un proceso de cambio estructural, en el que el crecimiento de la industria favoreció la modernización de servicios como el sector bancario y la publicidad. Las ventajas comparativas también produjeron sus efectos. Así, el acicate para emprender un cambio fue especialmente efectivo en la agricultura y en la industria alimentaria y en los sectores aeronáutico y automovilístico, al tiempo que la economía se beneficiaba de la importación de maquinaria procedente de Alemania y los consumidores de los refrigeradores y las lavadoras italianas. El abaratamiento de las materias primas y de la energía en los mercados internacionales, y la importancia de la inversión extranjera, sobre todo estadounidense, contribuyeron también al crecimiento. Simultáneamente, la orientación hacia un mercado dinámico de productos de alta calidad implicó un desplazamiento respecto a los mercados menos competitivos del antiguo Imperio colonial, de manera que la zona del franco francés, que a finales de los años cincuenta representaba una cuarta parte de las exportaciones, veinte años más tarde representaba tan sólo el 5 por 100 del total.

Con el cambio del contexto económico, y desde luego político, era inevitable que aumentasen las críticas liberales respecto al papel del Estado, a su ineficacia y al despilfarro en la utilización del plan, de las inversiones directas, los controles de precios, los subsidios y la manipulación del sistema fiscal. Como respuesta, el énfasis se desplazó hacia la creación de un clima favorable a la inversión del sector privado. La participación del Estado y de las empresas públicas en la inversión total, que había alcanzado el 38,4 por 100 en 1949-1953, se redujo a un 28,5 por 100 hacia 1969-1973. No obstante, la inversión en una serie de proyectos de prestigio concebidos como de importancia nacional contradijo en parte esta política. En el ámbito aeroespacial los proyectos de la década de los cincuenta incluían a las Fuerzas Aéreas y a la aeronave comercial Caravelle; después, al supersónico Concorde y el Airbus. La nave espacial Ariane, diseñada para llevar satélites al espacio, aseguró la presencia francesa en un área de tecnología avanzada; lo mismo cabe decir respecto a las enormes inversiones del programa nuclear, la tecnología de la información, el transporte y el armamento. Todos ellos mostraban la determinación, que compartieron todos los gobiernos, por incentivar la continua modernización tecnológica. El resultado coste/eficacia de estos programas es difícil de evaluar, y no sólo por la complejidad de su repercusión, sino también porque el apoyo del gobierno y la falta de una contabilidad real ocultan muchos errores. En el caso de la industria nuclear, la confidencialidad ha inhibido todavía más el debate respecto a cuestiones cruciales, como las de la seguridad y la eliminación de residuos.

La inflación continuó siendo un problema a lo largo de toda la década de los sesenta, agravada, además, por la expansión masiva de los créditos bancarios necesarios para sufragar los grandes programas de inversión. No obstante, la inversión pasó del 20 por 100 de la década de los cincuenta al 23,5 por 100 del PIB anual entre 1965 y 1973, y alcanzó la cima en 1974, con el 24,7 por 100, un nivel no superado por ningún otro país europeo. El resultado fue la introducción de métodos de producción más eficaces que permitieron la producción en masa de bienes duraderos como los automóviles, un antiguo lujo que ahora se convirtió en el símbolo más poderoso de la nueva sociedad de consumo. En 1960 el 30 por 100 de los hogares ya poseía un coche. En 1973 esta cifra se elevó al 62 por 100. Los avances científicos, sobre todo en la industria química y electrónica, crearon un abanico cada vez más amplio de productos, desde sopas de sobre hasta refrigeradores y televisores, a precios asequibles para la gran masa de la población, que con frecuencia los adquiría a crédito.

El periodo de crecimiento económico más rápido de la historia de Francia tuvo lugar entre 1958 y 1973, con un efecto acumulativo. La renta per cápita casi se dobló entre 1960 y 1975, y, significativamente, se estima que en un 60 por 100 ello se debió a la innovación tecnológica. El cambio estructural de la economía fue la respuesta a las nuevas oportunidades y a la mayor competitividad. La adaptación no siempre fue fácil. Entre las causas que incrementaron la competitividad estaba el mayor tamaño de las empresas, debido a la presión técnica y financiera, y estimulada también por el gobierno. Uno de los casos más espectaculares fue el de la adquisición de Citroën por Peugeot y el desarrollo de las grandes compañías, como Péchiney-Ugine-Kuhlman en la producción de metal y productos químicos. La proporción de la mano de obra empleada en las empresas de más de 500 trabajadores (y excluyendo a las de menos de 10) aumentó del 37 por 100 al 45 por 100 entre 1962 y 1974. En los años sesenta, con la liberación del consumo reprimido, se inició la transformación del comercio y de la vida cotidiana, al ponerse en marcha primero los supermercados y, después, los hipermercados, como Carrefour, Radar y Euromarché, y cadenas más especializadas, como la FNAC, para equipos fotográficos y libros, Darty en electrodomésticos o Bernard en el ramo de la carnicería. Todos ellos presentaban además grandes facilidades de acceso para el creciente número de vehículos y operaban conforme a los mismos principios básicos de bajos márgenes de beneficio en cada producto, rápida renovación de stocks, compras a gran escala y pago aplazado de los proveedores, de manera que el dinero pudiera utilizarse para operaciones en los mercados financieros. Pese a una legislación restrictiva, durante la década de los sesenta, los supermercados de los barrios periféricos de París aumentaron de 10 a 253, con un crecimiento lo suficientemente importante como para suponer una competencia insostenible para muchos de los pequeños comerciantes. Los supermercados vendieron el 8 por 100 de la venta de alimentos de 1965 y el 45 por 100 de la de 1985. Sin embargo, perviven muchos huecos que permiten a los pequeños comerciantes sobrevivir suministrando un servicio personal, garantizando la calidad o mediante una especialización de sus productos.

SOCIEDAD

La relevancia del cambio económico, que introdujo con rapidez innovaciones tecnológicas de la importancia de las que últimamente han experimentado la electrónica, la tecnología de la información y la robótica, fue acompañada de una transformación del nivel de vida, de las mentalidades y las relaciones sociales. Como es natural, también se mantuvieron algunos rasgos del pasado. En algún momento, la percepción que cada generación tiene de la sociedad y de los acontecimientos en los que transcurre su vida se halla muy influida por la experiencia acumulada durante los años de formación. El historiador necesita situar a cada generación en su clase o su lugar de origen como determinante básico de su actitud y comportamiento. De las tres generaciones que compartieron la década de los sesenta, la primera se había formado en la experiencia de la Primera Guerra Mundial. La mayor parte de sus componentes mantenían un vínculo directo con el mundo rural. Sus hijos, relativamente poco numerosos y nacidos en las décadas de los veinte y los treinta, estuvieron marcados por la vivencia de la Segunda Guerra Mundial y la austeridad de la posguerra. No obstante, esta fue la generación que rompió con la tradición, con la «Francia eterna». A su vez, sus hijos, los de la generación del baby boom, fueron mucho más numerosos y crecieron en la prosperidad. Estos fueron los primeros retoños de la sociedad de consumo y sus valores serían radicalmente diferentes a los de sus padres o abuelos; los sesenta fueron «los años de la ruptura» (Borne). El crecimiento económico facilitó la movilidad social y geográfica. Las ciudades recobraron su vitalidad y el éxodo rural se aceleró. Se cuestionaron los tradicionales valores religiosos y morales como parte de una revolución de «las inclinaciones y las expectativas» (Rioux). Las estadísticas sobre las estructuras socioprofesionales son el indicador más claro de la magnitud del cambio. Muestran una rápida caída de la población agrícola, la estabilidad numérica de los trabajadores industriales y la disminución del número de los empleadores, contrarrestada por un aumento sustancial de los profesionales y directivos, con el consiguiente reforzamiento de las clases medias.

Tabla 8. Evolución de los grupos socioprofesionales entre 1954 y 1975 (porcentaje de la población activa)

1954

1962

1968

1975

Agricultores

20,7

15,8

12

7,7

Trabajadores agrícolas

6

4,3

2,9

1,8

Empresarios

12

10,6

9,6

8,7

Profesiones liberales y dirección superior

2,9

4

4,9

6,9

Dirección media

5,8

7,8

9,9

13,8

Oficinistas

10,8

12,5

14,8

16, 6

Trabajadores

33,8

36,7

37,7

37

Otros

8

8,3

8,3

7,5

Fuente: J. L. Monneron y A. Rowley, Les 25 ans qui ont transformé la France, Nouvelle Librairie, 1986, p. 133.

Uno de los primeros síntomas del cambio fue el aumento de la tasa de natalidad, evidente desde 1943, y que implicaba un cambio de actitud difícil de explicar en una época de crisis aguda. Este crecimiento demostró ser más importante y estable que el que se había producido tras el conflicto bélico anterior. La tasa media del 21 por 1.000 que se alcanzó en 1945-1950 fue la más alta durante cincuenta años y, pese a que posteriormente disminuyó, siguió situándose por término medio en el 17 por 1.000 aun en 1966-1973, incentivada por las generosas subvenciones a las familias y la mayor confianza en el futuro. Acompañada de la disminución de la mortalidad y del aumento de la esperanza de vida de todos los grupos sociales, Francia experimentó el crecimiento demográfico más rápido de su historia, con un 0,8 por 100 al año entre 1946-1962.

La presencia de un elevado número de jóvenes y la reducción de la edad de jubilación crearon una pesada carga a la población activa de los nacidos en el periodo de entreguerras, relativamente poco numerosos. El problema de la escasez de mano de obra fue aliviado por la repatriación final de más de un millón de ciudadanos franceses residentes en el norte de África (pieds noirs), la creciente incorporación de la mujer al trabajo, el éxodo desde una agricultura de baja productividad a empleos urbanos más productivos y la inmigración a gran escala de gentes procedentes de países europeos más pobres y de las antiguas colonias africanas. El número de residentes extranjeros aumentó de 1,7 millones en 1954 a 4,1 millones en 1975 (el 6,5 por 100 de la población). Según las cifras oficiales, el número de residentes argelinos pasó de 211.000 en 1954 a 884.000 al final de 1975. El crecimiento demográfico fue, a la vez, causa y efecto de la expansión económica y, finalmente, supuso un aumento sustancial de la fuerza de trabajo, de 2,5 millones entre el censo de 1962 y el de 1975.

No obstante, desde los años setenta todo indicaba el comienzo de una nueva fase demográfica. Pese a la aparente mejora en su estatus como consecuencia de la concesión del derecho al voto en 1944, en las décadas de la inmediata posguerra las mujeres parecen en gran medida haber aceptado los ideales del hogar, la maternidad y la feminidad reflejados en el baby boom y proclamados en los medios de comunicación. Gradualmente, y con independencia de la clase, se desarrolló un mayor sentido de autonomía personal. Para satisfacer las cada vez mayores necesidades materiales de sus familias, las mujeres propendieron más a buscar trabajo fuera de casa y por periodos más largos de sus vidas. El tamaño de la familia promedio volvió a decrecer. El estatus legal de las mujeres también cambió. El derecho y la religión no conservaron sino una importancia marginal con respecto a la actividad sexual. Los artículos del Código Napoleónico que las subordinaban a sus padres o maridos se derogaron en 1965. Una generación de más edad se desesperó con la aparente transformación de los principios morales. La ley que legalizó el aborto en 1975 seguramente no hizo mucho más que mejorar las condiciones sanitarias de una práctica muy extendida. En cuanto al trabajo, seguían concentrándose en profesiones particulares pobremente remuneradas: en 1975 constituían el 97,6 por 100 de los secretarios, el 83,9 por 100 de los enfermeros y el 67,2 por 100 de los profesores de escuela primaria. En una sociedad dominada por los varones, la progresiva feminización del trabajo en las tiendas y en las iglesias en un momento en el que las nuevas tecnologías estaban transformando las tareas correspondientes, de la máquina de escribir al ordenador, es especialmente revelador.

La recuperación económica que siguió a la guerra se debió sobre todo a la limitación del consumo. La mejora del nivel de vida que muchos esperaban tras la derrota de Alemania tardó bastante en hacerse notar. Ante la urgente necesidad de inversiones en las industrias básicas, se pospuso incluso la necesaria mejora del número de viviendas, tanto más urgente desde la arremetida de la depresión de los años treinta. Todos los partidos políticos coincidieron en que debía darse prioridad al incremento de la producción industrial, pero la CNR se había comprometido asimismo con medidas de reforma social. Estas y el aumento inmediato de los salarios, con el que se pretendía compensar la reducción en un 30 o 40 por 100 del salario real durante la guerra, fueron medios adicionales para incentivar el esfuerzo productivo. En una declaración de principios, el preámbulo de la Constitución de 1946 reconocía el derecho a la Seguridad Social. Los decretos del 4 y el 19 de octubre de 1945 extendían de modo considerable la protección ante la enfermedad, la vejez y los accidentes de trabajo. Se dieron también otros pasos para ampliar los derechos de los arrendatarios de tierras y, con gran irritación de la patronal, se crearon comités de empresa por los que los trabajadores participarían en la gestión de su centro de trabajo. A través del plan, mediante la intervención directa en la economía y las garantías de bienestar que ofrecía, el Estado había dado los pasos necesarios para pasar de una economía liberal a un sistema económico y social mixto. Con todo, pese a los cambios señalados, otros aspectos permanecieron inamovibles. Medidas como las que impusieron la creación de los comités de empresa resultaron ineficaces, pero los gobiernos, cuyo principal objetivo era lograr un aumento de la producción, no deseaban adoptar otras más radicales. Por la misma razón no se hizo esfuerzo alguno por ejecutar las disposiciones que contenía la carta de la CNR, como la confiscación de los beneficios del mercado negro o la de los derivados de contratos con los ocupantes alemanes. Pese a que la mayor parte de los políticos conservadores y de los empresarios trataron de pasar inadvertidos y no les quedó otra solución que la de aceptar la reforma, no tardaría en llegar su momento. Lo sucedido no era suficiente como para alterar la desigualdad de fondo de la sociedad francesa o para abrir el pequeño círculo de los que tomaban las principales decisiones.

Bajo estas circunstancias, el descontento general era inevitable. El suministro de alimentos era inadecuado; las colas, interminables. La carestía, se decía, era culpa de los especuladores y de la avaricia de los ricos. La recuperación de las rentas reales fue lenta. En la primavera de 1947 la capacidad adquisitiva de los salarios equivalía al 64 por 100 de la de 1938. La jornada laboral era prolongada, de unas 45 horas a la semana en 1948. Al menos el desempleo era casi inexistente, pero la inflación erosionaba con rapidez el valor de los aumentos salariales. Incluso, cuando mejoró el aprovisionamiento de alimentos, los bienes de consumo seguían escaseando. Las compensaciones por un esfuerzo tan importante eran pequeñas. La agitación política aumentó el malestar y se difundió un clima de inseguridad e injusticia. Las clases propietarias se quejaban del presunto trato privilegiado que recibían los trabajadores; denunciaban el control de los alquileres, los aumentos de los salarios y a los sindicatos. Les preocupaba el efecto que tenía la inflación sobre sus rentas y su posición social en el futuro. No obstante, a muchos agricultores, manufactureros, mercaderes y comerciantes que operaban en el mercado de la venta les fue muy bien, en contraste con los asalariados, que parecían estar en clara desventaja.

Gran parte de la población continuó viviendo hacinada y la insalubridad de las viviendas mejoró poco con respecto al siglo XIX. La situación de la vivienda era desesperada y su activación se había pospuesto desde el inicio de la depresión de la década de los treinta, unido a la destrucción sufrida durante la guerra y a las necesidades de inversión más apremiantes en las industrias de base. En casos extremos, la escasez de viviendas dio lugar a los bidonvilles, el chabolismo de la periferia de muchas áreas urbanas. Solo gradualmente, desde 1954, aumentó el número y la calidad de las viviendas, aunque muchos de los inmuebles estandarizados (grands ensembles) y de bajo precio que se habían construido durante los años sesenta para los trabajadores fabriles y de oficinas estaban tan mal construidos que pronto degeneraron en barriadas pobres. A la vez que la conservación de los centros de las ciudades históricas, lo mismo que las demoliciones de Haussmann un siglo antes el efecto fue la destrucción del tejido y la vibrante cultura de muchos quartiers de clase obrera. Con todo, el aumento de los ingresos y las ayudas gubernamentales mejoraron de forma notable el nivel de las viviendas. Hacia 1975, una de cada dos familias vivía en un inmueble de reciente construcción. En 1954 más de un tercio de los hogares carecía de agua corriente, y sólo el 17,5 por 100 disponía de un baño o una ducha. Hacia 1975, el 70 por 100 contaba ya con estos servicios. La calefacción central también se generalizó pronto. En 1962 disponían de ella un 19 por 100 de los hogares; en 1982, el 67 por 100. Junto con el mayor espacio físico y la comodidad, cambió también el estilo de vida. La televisión reemplazó a la mesa de comedor como centro de la vida familiar. Asimismo se procuró modernizar y rejuvenecer también los centros urbanos. París trasladó el mercado de la carne desde el centro de la ciudad, en Les Halles, a Rungis y, en su lugar, construyó un centro comercial subterráneo cubierto por un parque. Desde los años sesenta se promovió la descentralización económica y se incentivó el desarrollo regional, aunque el resultado no fue homogéneo.

El crecimiento económico y el aumento de la productividad laboral de los años cincuenta se hicieron notar en los ingresos y en la capacidad adquisitiva. La mejora de las rentas reales de la década siguiente, alrededor de un 6 por 100 por término medio, llevó a una verdadera explosión de la demanda y la difusión de los cuatro productos –casi siempre adquiridos a crédito– que habrían de simbolizar la nueva era: el frigorífico (del que sólo disponían un 7,5 por 100 de los hogares en 1959), la lavadora (el 10 por 100), la televisión (un 26 por 100) y el automóvil (el 21 por 100), cuyo número pasó de 5 a 15 millones entre 1960 y 1975. A estos habría que añadir en los años setenta el teléfono –del que en 1968 sólo disponía el 15 por 100 de las familias, frente al 74 por 100 de 1982–, como nuevo medio de comunicación en sustitución de la correspondencia. La proporción de la renta destinada a alimentos es también muy significativa: pasó de un 34 por 100 a un 27 por 100 durante los años sesenta, al tiempo que los gastos de vivienda, salud y ocio aumentaban. Los menos afortunados estaban decididos a alcanzar a las prósperas clases medias y a adquirir bienes de consumo duraderos, mientras que los herederos de los campesinos y pequeños empresarios permanecieron fieles al sueño de adquirir una propiedad. En 1978, el 50 por 100 de la población mayor de cuarenta años era propietaria de su vivienda, frente al 20 por 100 de 1955. Hacia la década de los setenta este grupo mostró su deseo de mayor autonomía inclinándose por pequeñas casas con jardín, en vez de apartamentos. Una de las paradojas del periodo fue la mayor homogeneidad del consumo, a pesar de las posibilidades de expresarse con independencia en el vestido o en la cultura. Mientras que los intelectuales y los ricos manifestaban su desprecio por los valores de la sociedad de consumo, resentidos por la extensión de muchos de los privilegios que antes habían estado reservados a unos pocos, la mayor parte de la población disfrutaba de una seguridad y bienestar que los mayores sólo habían imaginado en sueños. Con todo, la disparidad de las rentas entre los distintos grupos sociales, y dentro de ellos, siguió siendo muy notable.

El desarrollo del estado de bienestar contribuyó a reducir la desigualdad. Los decretos de 1945 y la ley de mayo de 1946 crearon la Seguridad Social, con la que se quería mejorar la protección parcial hasta entonces existente contra la enfermedad, la invalidez, la maternidad y la vejez, y hacerla extensiva a todos los asalariados y, progresivamente, al conjunto de la población. Al mismo tiempo, y como medida en pro de la natalidad, se incrementaron de manera sustancial las ayudas familiares. En 1947 se introdujo el salario mínimo interprofesional (denominado, desde 1970, el SMIC: salaire minimum interprofessional de croissance). Aunque, en la práctica, los gobiernos, empeñados en limitar su impacto inflacionario sobre los salarios más bajos, permitieron que estuviese por debajo de la media salarial.

Las mejoras sanitarias, notorias como en el caso de la desaparición del azote de la tuberculosis y la posibilidad de atención médica gratuita gracias a la Seguridad Social (que reembolsa un 80 por 100 del coste) y al seguro, han llevado aparejado un aumento importante del gasto público. La longevidad y el envejecimiento de la población han acentuado esta tendencia. Los ancianos y los inválidos fueron desatendidos durante mucho tiempo por un sistema de Seguridad Social que se centraba sobre todo en la mejora de la situación de la infancia y de los trabajadores. Entre 1946 y 1952 se fijaron pensiones mínimas para la mayor parte de la población, pero, al disminuir el apoyo familiar debido a la mayor movilidad social, hubo que adoptar nuevas medidas. Al incremento de la cuantía de las pensiones se sumaron las iniciativas de municipios y parroquias y, sobre todo, el esfuerzo personal para ofrecer distintos medios de ayuda y entretenimiento, que han mejorado mucho la situación de los ancianos.

Como se puede constatar, la Seguridad Social ha tenido un papel crucial en la protección del nivel de vida de las familias. Su peso como componente de los ingresos medios de los hogares aumentó de un 2,9 por 100 en 1929 al 16,6 por 100 en 1950, el 25 por 100 en 1970 y el 35,2 por 100 en 1980, debido sobre todo al incremento del desempleo. Financiado por el seguro, la contribución empresarial y los impuestos, el sistema supone una transferencia de rentas de los menos necesitados a los más desfavorecidos. Sin embargo, ha sido objeto de numerosas críticas que tienen como portavoces a algunos grupos de interés, como los médicos, deseosos de proteger su independencia y sus ingresos, y los empresarios, que rechazan un sistema de contribuciones que incrementa sus costes. En su condena, interesada y egoísta, de la llamada cultura de la dependencia, los ricos tienden a ignorar la falta de equidad de una estructura impositiva que, al fundamentarse sobre los impuestos indirectos, impone una carga muy pesada a los más pobres. Además, olvidan el efecto inherentemente conservador de un sistema que disminuye el malestar social.

Entre las consecuencias más importantes de la expansión económica y del sistema educativo hay que señalar la mayor movilidad geográfica y social. Se calcula que unos 12 millones de personas cambiaron de lugar de residencia entre 1954 y 1962. Aunque el movimiento social ascendente ha sido importante, los más pobres encuentran todavía numerosos obstáculos para adquirir la educación necesaria, ya sea por su desventaja social o autoimpuesta, o bien por el mero hecho de que, pese a su aumento, el número de puestos de trabajo cualificados, de supervisión y dirección, es limitado. El espacio reservado a los recién llegados se vio constreñido por el crecimiento económico y la capacidad de los privilegiados para mantener su posición en la jerarquía profesional, social o económica, a menudo coincidentes. La generación que alcanzó la madurez en los años sesenta fue la que estuvo en mejores condiciones para aprovechar esta oportunidad.

El sistema heredado en 1945 imponía la educación primaria con carácter obligatorio hasta los catorce años. La educación secundaria se reservaba a una pequeña minoría (alrededor de unos 200.000 escolares en cada periodo). La educación era eminentemente humanística y las lenguas clásicas mantuvieron su predominio. Sólo un 3 por 100 de cada grupo de edad llegaba al examen final: el baccalauréat. El sistema traducía la jerarquía social reinante, con una segregación manifiesta entre la educación primaria y la secundaria y entre sexos. A excepción de un grupo muy pequeño de destacados alumnos de familia obrera o campesina, sólo las clases medias accedían a la educación secundaria. El predominio del Estado era incuestionable, con un programa de estudios uniforme destinado a asegurar la difusión de una cultura común y de las virtudes cívicas, en particular en el oeste. Se toleró, no obstante, la presencia de escuelas católicas de carácter privado. Los padres las preferían no sólo por la formación religiosa que impartían, sino también por su reputación a la hora de mantener una firme disciplina y como signo de su posición social. Progresivamente, aumentaron las críticas contra un sistema educativo al que se culpó de elitista y de descuidar la formación científica y técnica.

La llegada de la generación del baby boom, la urbanización y el compromiso de los gobiernos de posguerra de ampliar la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años (en 1959) y facilitar el acceso a la enseñanza secundaria exigía aumentar y redistribuir los recursos con urgencia. En cualquier caso había que prever un notable aumento de la demanda, tal y como sucedió en la educación preescolar desde 1949-1950, en la educación primaria en 1951-1952, en las escuelas de secundaria en 1957-1958 y, finalmente, en la educación superior desde 1964. No obstante, los sucesivos gobiernos no fueron plenamente conscientes de que el crecimiento demográfico y la modernización de la sociedad francesa implicarían un aumento sustancial de la escolarización y de la demanda de educación secundaria y superior, de manera que su respuesta fue casi siempre inapropiada. El número de los alumnos de secundaria pasó de alrededor de un millón en 1950-1951 a cinco millones en 1979-1980. De estos, más de una tercera parte obtuvieron el baccalauréat, de modo que el instrumento de cualificación de una pequeña minoría se convirtió en un título de masas. Los problemas de la expansión fueron enormes. Había que construir y equipar escuelas, formar a los maestros y adaptar los programas escolares a las necesidades de una instrucción masiva. Las reformas se sucedieron y crearon aún mayor confusión. La más importante fue, seguramente, la de 1975, cuando René Haby, ministro de Educación en el gobierno de Valéry Giscard d’Estaing, impuso la enseñanza secundaria. El acceso se amplió enormemente, aunque persiste el elitismo en los procesos de selección de algunos prestigiosos liceos o escuelas privadas. Hace tiempo que las humanidades se vieron reemplazadas por las matemáticas en la elección previa a la educación superior. Los poderosos sindicatos de enseñanza, interesados ante todo en la defensa de sus propios intereses, contribuyeron muy poco al enconado debate sobre objetivos y métodos educativos. No obstante, conforme se ha ido desarrollando una sociedad de relaciones menos autoritarias, han ido cambiando también los métodos de enseñanza, y las nuevas generaciones de maestros se preocupan más por estimular la curiosidad y la capacidad crítica de sus alumnos que por la mera transmisión de conocimientos. Con todo, en la práctica, esta pedagogía idealista, pensada para profesores entusiastas y competentes y alumnos inteligentes y con gran motivación, ha deparado bastantes fracasos. Desde los años ochenta y noventa se intenta hallar –no sólo en Francia– una suerte de compromiso entre el deseo de estimular la creatividad del alumno y la vuelta a un sistema educativo ordenado y en el que se respete la disciplina.

La universidad tampoco escapó a los problemas de la masificación. Hacia 1980, los 100.000 estudiantes de 1950 se multiplicaron por 10, y en los años noventa el número ha seguido aumentando debido al decidido esfuerzo gubernamental para ampliar el acceso a la educación superior. En el terreno académico, el elitismo se reduce hoy al proceso de selección de las instituciones de mayor prestigio, las grandes écoles, que permiten acceder a los puestos de mayor influencia y remuneración del sector público y de la empresa privada y mediante el proceso de pantouflage; prestigiosas redes de licenciados que comparten un compromiso con la modernización (y la promoción mutua) y la circulación entre la función pública, los negocios y la política.

¿El crecimiento económico y la reforma social han disminuido la desigualdad? No cabe duda de que el nivel de vida ha mejorado mucho y la movilidad social ha aumentado conforme la expansión de compañías del sector público y privado como France Télécom y Airbus, en la industria del motor, la electrónica y la producción de energía, en la sanidad y en las universidades, han ido creando altos niveles de demanda de empleados bien cualificados. Las nuevas oportunidades también reflejaban la creciente complejidad y la terciarización de la economía y la expansión de los servicios públicos. La cantidad de doctores y profesores, y de personal directivo, administrativo y técnico tanto en las empresas públicas como en las privadas, ha crecido considerablemente. Estos han sido los grupos especialmente beneficiados por el desarrollo de las oportunidades educativas y del Estado del bienestar. Pero la barrera que se ha cruzado es la que dividía al campesinado y a los trabajadores de los oficinistas y de los cargos inferiores de la Administración. El acceso a los puestos directivos de la Administración y la burocracia es todavía muy restringido, y son estos quienes tienen el poder. Entre ellos cabe citar a los directores y gerentes de las grandes compañías, altos funcionarios, profesionales de prestigio de la medicina, el derecho y los medios de comunicación, determinados grupos de interés y, por último aunque no por ello menos importantes, los políticos. La relación que mantienen la riqueza y el poder es muy compleja. Si bien pervive un empresariado de base familiar en algunas grandes compañías, como Michelin, Dassault o Schlumberger, la mayor parte están bajo la dirección de un gerente y pertenecen a un grupo de accionistas, ya sean individuos o instituciones. Aunque el historiador intenta evitar el error de contemplar a las elites sociales y políticas como una estructura monolítica –olvidando a veces amargas experiencias personales, generacionales o profesionales y rivalidades ideológicas–, lo cierto es que esta «realidad desordenada» (V. Wright) deja entrever la existencia de un grupo que ostenta el poder público y privado, cuyos miembros han sido reclutados en su mayor parte entre la burguesía de París, y a los que vincula un sentido de pertenencia basado en el origen social, la educación, el matrimonio, la asunción de normas de comportamiento y la residencia parisiense. Comparten, además, objetivos como la dirección eficaz de una sociedad plural, la economía capitalista y la salvaguarda del orden social. La mayor movilidad social en el seno de la función pública y una clase patronal cada vez más tecnocrática no han alterado esta situación de manera sustancial. El éxito suele ser el resultado de una acumulación de esfuerzos que dura, por lo general, dos o tres generaciones y se traduce en riqueza y bagaje cultural. La minoría de los recién llegados triunfó gracias a su capacidad y esfuerzo, y a su voluntad de adaptación a las normas establecidas. Como tantas veces en el pasado, en la Francia posterior a la guerra las nuevas elites se fundieron con las antiguas. Los objetivos compartidos convencieron incluso a muchos católicos de que finalmente aceptaran la permanencia de las instituciones republicanas.

Tabla 9. Profesiones de la clase media, 1954-1982

1954

1975

Industriales

86.000

61.600

Vendedores al por mayor

183.700

190.200

Artesanos

734.700

535.344

Comerciantes

1.274.000

921.000

Profesiones liberales

163.160

249.440

Fuente: D. Borne, Histoire de la société française depuis 1945, Armand Colin, 1988, p. 112.

Cualquiera que sean los límites de la movilidad social, la expansión económica ha facilitado de modo considerable el ascenso, creando una amplia clase media tan decidida como siempre a incidir en el abismo que la separa de las clases trabajadoras. Es la clase que más se ha beneficiado de las nuevas posibilidades educativas y del estado de bienestar. Aunque en términos relativos ha disminuido el número de empresarios y profesionales, en los últimos años las clases medias han tendido a la estabilidad. El cambio tecnológico y la concentración de la actividad económica han perjudicado sobre todo a los artesanos y pequeños comerciantes, y su inseguridad se tradujo en un acercamiento político al «poujadismo» en los años cincuenta y al Frente Nacional. En cambio, para muchos trabajadores e inmigrantes la posesión de un pequeño negocio todavía representa una posibilidad de promoción social.

En marcado contraste, la pérdida de peso de la agricultura es evidente tanto en su contribución al PIB como en la disminución de la población activa que se dedica a esta actividad, que ha descendido de 7,4 millones en 1946 a 2 millones en 1975. Si a esto le añadimos las innovaciones técnicas y el apoyo a los precios, el resultado es un aumento notable de las rentas que percibe la agricultura. No obstante, salvo en el caso de las grandes explotaciones del norte y de la cuenca parisiense, siguen siendo relativamente bajas. La calidad de las comunicaciones y el constante deseo de mejorar el nivel de vida ha agudizado el malestar en el ámbito rural y aumentado el apoyo a la actividad de los grupos de interés. Sin embargo, la demanda de precios protegidos entra en conflicto con el deseo del gobierno y de la Comisión Europea de reducir la sobreproducción agrícola. Por otro lado, la dependencia respecto a los grupos sociales dominantes ha sido reemplazada por la subordinación a los bancos (en particular al Crédit Agricole), que financiaron la revolución técnica, y a las cooperativas y compañías de procesamiento alimentario, a las que los agricultores están ligados por contratos de larga duración. Durante las décadas que siguieron a la guerra, el declive de la población rural estuvo acompañado por un deterioro de los servicios públicos, cuando cerraron sus puertas las iglesias, las escuelas, las oficinas de correos y las tiendas ante la falta de clientes. La principal red social ha desaparecido. La compra de una segunda residencia por parte de las gentes procedentes del exterior ha elevado los precios de las viviendas, que hoy resultan prohibitivos para las jóvenes parejas de la localidad. La tasa de emigración ha disminuido desde mediados de los años setenta por lo que cabe suponer que se está estableciendo un nuevo equilibrio entre las tierras y su población. Con todo, será frágil, pues el reducido tamaño de la población rural y de su capacidad de voto la ha hecho más vulnerable desde el punto de vista político, incitando a los gobiernos a otorgar primacía a la demanda de abaratamiento de los alimentos de los consumidores. La posición social del agricultor, como guardián de la naturaleza, podría mejorar gracias al movimiento ecologista, aunque esto volvería a implicar cambios esenciales en los métodos de cultivo y en la forma de vida. Mientras tanto, la desesperación de muchas comunidades rurales puede provocar episodios de protesta y desorden.

Por el contrario, la clase obrera industrial inicialmente se expandió en las décadas de posguerra. A partir de la década de los cincuenta, muchos trabajadores comenzaron a disfrutar de una rápida mejora en sus niveles de vida. Un nuevo estilo de vida y una cultura más materialista e individualista surgieron con la provisión de viviendas subvencionadas por el Estado y la posesión de coche (por casi el 75 por 100 de las familias de clase trabajadora en 1975) y televisor (el 88 por 100). No obstante, muchos trabajadores seguían insatisfechos, más conscientes de la amenaza que para sus remuneraciones nominales suponía la inflación que del aumento gradual de sus ingresos reales. Esta «generación única», un proletariado relativamente homogéneo y con consciencia de clase que se forjó en las luchas de la década de los treinta, la guerra y la reconstrucción, y simbolizado sobre todo por las heroicas figuras del minero del carbón y el obrero siderúrgico, iba a verse rápidamente arrollado por la innovación tecnológica y los cambios estructurales en la economía. Es más, la generalización de la renovación urbana trajo como resultado la destrucción física de muchas comunidades formalmente vibrantes –aunque atrozmente alojadas− de la clase obrera.

A partir de la década de los sesenta, el empleo descendió en las antiguas industrias básicas, como las del carbón, el acero y los productos textiles. Gobiernos ansiosos por expandir la prosperidad y empresarios que buscaban una mano de obra menos militante y más barata desarrollaron plantas de fabricación de coches y otros productos de consumo en terrenos rurales, especialmente en el oeste, en torno a Rennes y Caen. El desarrollo del trabajo en líneas de ensamblaje para una mano de obra en gran medida no cualificada en plantas automatizadas ofreció empleo a emigrantes del campo, del sur de Europa y del extranjero, así como a un número creciente de mujeres. En las grandes fábricas de producción en masa de bienes de consumo y en las pequeñas empresas textiles o en la construcción, la intención de la dirección era contratar mano barata y poco exigente, de la que pudiese prescindir con facilidad en caso de recesión y efectuar nuevas contrataciones si las condiciones mejoraban. Pero lo que los empresarios entendían por flexibilidad y reestructuración implicaba mayor inseguridad para el trabajador. Además, la amplia reconstrucción urbana ha destruido muchos de los vitales –u horribles– vecindarios de la clase trabajadora. En cambio, en sectores de la industria con una proporción elevada de fuerza de trabajo cualificada, como en la aeronáutica o en las industrias químicas y en la electrónica, la innovación ha dado lugar a la creación de empleo estable y mejor remunerado. Lo mismo se puede decir de muchas pequeñas y medianas empresas familiares del sector de la ingeniería. Mientras los trabajadores mejor pagados y los del sector público han podido mantener la protección que les da la militancia sindical, otros grupos carentes de una representación eficaz han sido, en efecto, marginados. Al final, estas diferencias determinan una fragmentación mayor del mercado de trabajo y de la propia clase trabajadora, al diverger las condiciones laborales y el estilo de vida.

Los trabajadores disfrutan de un aumento del ocio, característica de la sociedad contemporánea, tanto en términos de tiempo ganado al trabajo como gracias al declive de actividades tradicionales como la asistencia a los templos los domingos. A pesar de su supervivencia como fenómeno cultural formativo, para la mayor parte de la población la religión se ha reducido casi a la insignificancia como componente de la vida diaria. La participación del cristiano-demócrata Mouvement républicain populaire (MRP) en la lucha de la Guerra Fría contra el comunismo alentó a elementos conservadores y moralmente en bancarrota de la jerarquía vaticana próxima a Pío XII a reafirmar la autoridad absoluta del papado. La falta de vocaciones religiosas de la década de los cincuenta y la brusca caída del número de sacerdotes son signos reveladores de una crisis y de la incapacidad para luchar contra la secularización. La liberalización de la doctrina de la Iglesia aparentemente prometida por la elección de Juan XXIII (1958-1963) como papa y como consecuencia del Concilio Vaticano II fue revocada por sus sucesores. La Iglesia parecía cada vez más fuera de juego, especialmente en cuestiones morales tan cruciales como el aborto y la anticoncepción, el papel de las mujeres en la sociedad y el celibato del clero, y esto a pesar del desarrollo de una teología moral menos rigorista. Durante los años sesenta, los domingos empezaron a cobrar un significado distinto, conforme a una nueva sociedad y a la cultura de masas. Por entonces surgió la cultura pop, relativamente al margen de las clases sociales, devota de ídolos como Johnny Hallyday y Sylvie Vartan. Constituía un síntoma, según los críticos, de la «americanización» de la cultura francesa; Bob Dylan animó a los jóvenes a creer que les temps changent. A pesar de los embrutecedores controles gubernamentales y la censura de los noticiarios, la radio y la televisión, lo mismo que las apuestas y el deporte, vivieron un formidable apogeo, lo mismo que los gastos en vacaciones.

VIDA POLÍTICA

La Cuarta República

En el referendo del 21 de octubre de 1945 una gran mayoría votó a favor de poner fin a la Tercera República. Ese mismo día se eligió una Asamblea Constituyente cuya misión era preparar la nueva Constitución. Las mujeres votaban por primera vez, aunque en la mayor parte de los partidos había muy pocas representantes femeninas. La política siguió siendo dirigida de forma abrumadora por los hombres. El referendo, para el que se utilizó un sistema de representación proporcional, mostró un desplazamiento masivo hacia la izquierda. Tres cuartas partes del electorado apoyaron a los partidos que se identificaban de manera más clara con la Liberación: los comunistas (Parti Communiste Français, PCF), los socialistas (Section Française de l’Internationale Ouvrière, SFIO) y los cristiano-demócratas (Mouvement Républicain Populaire, MRP). Sin embargo, en cuanto comenzó la lucha por el poder, las desavenencias de estos grupos fueron evidentes. Lo mismo sucedió respecto a su relación con el general De Gaulle. En principio, la Asamblea le reconoció su posición única como jefe del Estado, pero el 20 de enero de 1946, tras su desacuerdo con los ministros por el presupuesto del ejército, el general presentó la dimisión, consciente de que, al restablecerse el sistema de partidos, era muy probable que se desafiase su autoridad y dando por supuesto que la opinión pública no tardaría en reclamar su retorno. Tendría que esperar hasta 1958.

Lámina 52. Brigitte Bardot en el plató de rodaje de Una vida privada, el 1 de enero de 1961. Foto: Loomis Dean/Tim & Life Pictures/Getty Images.

Tabla 10. Resultados de la elección de la Asamblea Constituyente, 21 de octubre de 1945

Votos

Porcentaje de votos

Escaños

Comunistas

5.024.174

26,12

159

Socialistas

4.491.152

32,35

146

Radicales (UDSR* y otros)

2.018.665

10,49

60

MRP

4.580.222

23,81

150

Conservadores, independientes y otros

3.001.063

15,60

64

Abstenciones

4.965.256

20,1**

* Union Démocratique et Socialiste de la Résistance.

** Porcentaje de votos registrados.

El idealismo que quedaba de la Resistencia, la seguridad de que los partidos comprometidos con el «tripartidismo» obtendrían la mayoría y el temor a un gobierno autoritario contribuyeron a que se restableciese pronto el sistema parlamentario. Se optó por una presidencia carente de poder real, aunque seguramente buena parte del electorado habría preferido un poder ejecutivo fuerte dadas las difíciles circunstancias en las que se encontraba el país. Las propuestas iniciales de la Asamblea, apoyadas por comunistas y socialistas, optaban por un sistema unicameral, con una Cámara de los Diputados omnipotente. De forma inesperada, un referendo celebrado el 5 de mayo de 1946 la rechazó por 10,5 millones de votos frente a 9,4 millones. La razón parece haber sido el miedo a que pudiese caer bajo el control del Partido Comunista. Durante la campaña de junio para la elección de una segunda Asamblea Constituyente, el MRP, que había instado al voto negativo, aumentó de modo significativo sus resultados a expensas de los socialistas. Era evidente que los partidos de la izquierda (comunistas y socialistas) ya no ejercían el control absoluto de la Asamblea. El «tripartidismo» sobrevivió, pero la alternativa que habían creado el centro-izquierda (MRP) y el reemergente centro-derecha pareció tener posibilidades reales, sobre todo tras la vuelta de De Gaulle a la arena política.

En Bayeux, el 16 de junio de 1946, pronunció un discurso favorable a un régimen presidencial, con un jefe del Estado independiente de los partidos, aunque responsable ante el Parlamento. No obstante, el 13 de octubre otro referendo aceptó las propuestas de la segunda Asamblea Constituyente para el establecimiento de una Cuarta República con Asamblea bicameral. Aunque el socialista Auriol, elegido presidente (1947-1954) en una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas, llegaría a desempeñar un papel influyente en la formación de gobiernos, el Senado y el presidente sólo iban a gozar de un poder muy limitado. La autoridad estaría en manos de los diputados electos de la Asamblea. Los efectos más perturbadores del prolongado debate constitucional fueron la apatía pública –nacida en parte de la desilusión que creaban las dificultades económicas– y la falta de interés y compromiso de muchos dirigentes políticos.

Desde el punto de vista político, la Cuarta República podría dividirse en cuatro fases. La primera se encontraba dominada por el «tripartidismo», con un gobierno basado en la coalición de los socialistas, comunistas y cristiano-demócratas. Fue un periodo fructífero de reforma social y económica, que finalizó en mayo de 1947, cuando, al iniciarse la Guerra Fría, los comunistas pasaron a la oposición. Los reemplazó una alianza de radicales y otros centristas, que crearon una tercera fuerza, opuesta por igual a los comunistas y a los gaullistas de la derecha. Posteriormente, tras las elecciones de 1951, los radicales y los conservadores dominaron el gobierno, hasta que en 1956 volvió una mayoría compuesta por los socialistas y sus aliados para intentar afrontar los crecientes problemas financieros y la guerra colonial en Argelia.

La voluntad de colaborar entre sí de los tres principales grupos políticos de la Resistencia suponía un compromiso para llevar a cabo las medidas de reforma contenidas en la Carta de la CNR. El apoyo popular con el que contaban había quedado demostrado en las elecciones a la Asamblea Constituyente de octubre de 1945. Sin embargo, y quizá fuera inevitable, la unidad duró poco. A la derrota del enemigo común la siguió la reconstrucción de la vida política, más o menos conforme al modelo del periodo de preguerra. Las tensiones que generaba una alianza tan delicada se agudizaron. Los comunistas habían sido objeto de sospecha desde un principio y los sucesos del este de Europa parecían ratificar la desconfianza. La fuerza electoral del PCF hizo que, en particular, los socialistas vislumbrasen la posibilidad –muy poco atractiva– de convertirse en el hermano menor de una coalición dominada por comunistas. Ni los socialistas ni el MRP estaban dispuestos a aceptar al líder comunista Thorez como primer ministro. Por su parte, De Gaulle se aseguró de que fuesen excluidos de ministerios clave como los que ejercían el control de la policía o el ejército. La conformidad inicial de los comunistas para moderar los sueños revolucionarios de sus seguidores se debió a la voluntad de Stalin, quien no quería desafiar a las potencias occidentales en una época en la que la principal preocupación de la Unión Soviética era asegurarse el control de la Europa del Este, pero también al compromiso de los líderes comunistas con la reconstrucción y a su convicción de que su brillante hoja de servicios y el crédito moral que les había dado la guerra les garantizaría el apoyo popular. La perspectiva de llegar al poder, quizá con ayuda socialista, les debió de parecer muy real. A finales de 1946, el PCF, con 800.000 miembros principalmente de la clase trabajadora, era el mayor partido político, estaba bien organizado, contaba con la simpatía de artistas influyentes e intelectuales como Pablo Picasso y Jean-Paul Sartre, y tenía una influencia predominante sobre los sindicatos, con su sentido de la identidad en ningún sitio más evidente que en la anual Fête de l’Humanité.

En contraposición, el MRP fue fundado en noviembre de 1944 como un instrumento de reconciliación entre los trabajadores y la Iglesia, y entre esta y la República. La jerarquía católica, desacreditada por sus estrechos vínculos con Vichy, estaba dispuesta a aceptar una política más liberal a cambio de conservar su influencia en el nuevo régimen. Sin embargo, pese al idealismo de izquierdas de sus fundadores, en 1945-1946 ya empezó a ceder ante la posición más conservadora de gran parte de sus simpatizantes. Muchos procedían de grupos abiertamente conservadores desprestigiados por su relación con el colaboracionismo de Vichy. Para estos, el MRP era ante todo un baluarte contra el marxismo, de manera que la filiación política tradujo más que nunca el mapa de las creencias religiosas.

Sin embargo, la Guerra Fría fue perfilando cada vez más la situación política de Francia. Al principio muchos políticos, también los comunistas, compartían el objetivo de devolver al país la posición que tenía antes de la guerra, como potencia militar e imperial. Aceptar el rango de nación secundaria y la pérdida del Imperio colonial iba a ser difícil. La lucha de las dos superpotencias por la hegemonía y la agonía de la descolonización lo hicieron aún más doloroso. De Gaulle se había sentido muy ofendido al no ser invitado a las conferencias de las grandes potencias en Yalta y Potsdam, en 1945, pero la dependencia de la ayuda estadounidense dificultaba la adopción de una línea dura e independiente. Hubo que hacer varias concesiones, como la creación de una Administración centralizada en la Alemania occidental y el acceso libre de los productos estadounidenses al mercado francés. La Administración norteamericana se expresó con claridad respecto a la insatisfacción que le producía la presencia de comunistas en el gobierno, y en febrero de 1947 Dean Acheson advirtió al presidente Truman de que la posibilidad de que los comunistas tomasen el poder en Francia era muy real. En junio se anunció el Plan Marshall, por el que se aprobaba un vasto programa de ayuda a Europa. Entre abril de 1948 y enero de 1952 Francia recibió 2.629 millones de dólares, de los que 2.122 eran no reembolsables. El plan fue concebido como un medio de abrir mercados a los productos estadounidenses mientras se ayudaba a la recuperación europea, y como un instrumento para reducir el empleo y la pobreza, que podrían ser aprovechados por los comunistas para fomentar el desorden político. Fue un paso fundamental en pro del reforzamiento de la alianza occidental.

Tabla 11. Resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional, 10 de noviembre de 1946

Votos

Porcentaje de votos

Escaños

Comunistas

5.430.593

28,2

182

Socialistas

3.433.901

17,8

102

Radicales, UDSR y otros

2.136.152

11,1

69

MRP

4.988.609

25,9

173

Conservadores, independientes y otros

3.072.743

15,9

76

Abstenciones

5.504.913

Las elecciones a la Asamblea Nacional del 10 de noviembre de 1946 revelaron que el proceso de polarización izquierda-derecha estaba en marcha y que la izquierda era minoritaria. El disenso disolvió la alianza tripartita y no fue posible renovar la coalición de gobierno. Los esfuerzos de la Administración socialista de Blum por controlar la inflación y estimular la recuperación económica resultaron vanos. Los socialistas estaban muy divididos. En el congreso que celebraron en julio de 1946 habían elegido a Guy Mollet como secretario del partido. Mollet formaba parte de una plataforma que rechazaba el modelo soviético, pero reafirmaba el compromiso de los socialistas con la ideología marxista. Censuraba, además, una estrecha colaboración con los partidos burgueses y recomendaba establecer lazos con los comunistas. Pero no era el momento apropiado. Con el deterioro de la situación internacional, los comunistas, aguijoneados por las críticas soviéticas, denunciaron el imperialismo occidental, el Plan Marshall y a todos los que lo apoyaban, incluidos los socialistas. La imposición brutal del dominio soviético en la Europa del Este convenció definitivamente a los socialistas de que el comunismo era un peligro mucho mayor que la democracia liberal y capitalista. Los rumores de un inminente golpe de Estado comunista llevaron a Paul Ramadier, el socialista que sucedió a Blum en enero de 1947 con un gobierno que incluía a los radicales y a otros representantes del centro, a alertar a las unidades militares de confianza. En este contexto, la dimisión de los ministros comunistas del gobierno de Ramadier, en mayo de 1947, era inevitable. La causa inmediata fue la denuncia de Thorez respecto a los salarios y controles de precios, y la negativa de los ministros competentes a votar créditos para la guerra de Indochina. El PCF pretendía conquistar el apoyo de los trabajadores, decepcionados por la lentitud de la reforma y de la mejora del nivel de vida, y canalizar su protesta por la vía de las huelgas y la violencia. En esta fase, sin embargo, todavía se creía que los ministros comunistas volverían a formar parte del gobierno. Esta actitud, y sucesos como la ocupación soviética de Praga, que el PCF saludó como una «gran victoria de la democracia checa», fueron creando un clima propicio al anticomunismo, cada vez más exagerado pero comprensible.

La tensión política interna se exacerbó aún más cuando el miedo a la amenaza nuclear alcanzó su punto culminante, entre 1948 y 1958, con los sucesos de Praga, el bloqueo de Berlín y la guerra de Corea. Firmado en marzo de 1947 por Francia y Gran Bretaña, el Tratado de Dunkirk estaba dirigido a evitar un potencial resurgimiento de Alemania. En 1949, el afán del ministro de Asuntos Exteriores, Georges Bidault, y su homólogo británico, Ernest Bevin, por lograr el apoyo militar de Estados Unidos tuvo su fruto en la creación de la OTAN, preludio de un rearme final de la Alemania Occidental que levantó ampollas. El Partido Comunista se fue convirtiendo en una fuerza permanente de oposición. En un periodo de intenso debate político y de militancia comprometida, con el prestigio que había dado al partido y a la Unión Soviética la liberación de Europa, el PCF y sus organizaciones pudieron crear una contracultura muy dinámica y ofrecer un refugio espiritual a los miembros de una clase trabajadora, cada vez más exhausta y desmoralizada pero dispuesta a luchar contra los bajos salarios y la injusticia social. Pese a la incompetencia de su estrategia política e industrial, en 1951 obtuvo el voto de una cuarta parte del electorado. Después, poco a poco, el apoyo fue disminuyendo. El partido estaba cada vez más centrado en los asuntos internos, empeñado en preservar la pureza del estalinismo y en aislar a los disidentes. Cuando las tropas soviéticas aplastaron la revuelta húngara de 1956, el PCF se felicitó por esta nueva victoria del leninismo. Sin embargo, aun contando con numerosos apoyos entre la clase trabajadora –incluso tras la escisión, provocada por los anticomunistas en abril de 1948, de la federación de los sindicatos (CGT) para crear la CGT-FO (Force ouvrière)–, no pudo escapar al aislamiento. Además, los cambios en la estructura de la fuerza de trabajo acarrearon una pérdida progresiva del número y de la importancia económica del electorado obrero, que se diversificó y se integró cada vez más en la sociedad del país.

Lámina 53. Tropas, empleadas por los ministros socialistas como rompehuelgas en octubre de 1947 y comienzos de 1948, custodian bocaminas en la región de Saint-Étienne.

En noviembre de 1947, la frágil coalición de Ramadier dejó paso a un gobierno liderado por Schuman, del MRP, cuya composición revelaba un giro claro hacia la derecha. En este contexto, el propio ministro del Interior, el socialista Jules Moch, optó por la acción represiva contra las huelgas y los manifestantes. Durante los meses de noviembre y diciembre, apelando a la «defensa de la República», movilizó a 60.000 policías antidisturbios y a efectivos del ejército contra 15.000 mineros. Pero los socialistas, miembros de un partido de ideología revolucionaria, se sentían incómodos en medio de una sucesión de gobiernos de la conservadora «Tercera Fuerza», hábilmente presididos por el radical Henri Queuille, y comprometidos con la Alianza Atlántica, las guerras coloniales, la oposición a la reforma social y la represión del movimiento obrero. Aunque hicieron caer a varios gobiernos entre 1947 y 1951 por la reforma económica y social, no lograron contrarrestar la creciente adhesión del MRP al liberalismo ni el conservadurismo de fondo del Partido Radical, liderado aún por incondicionales de la Tercera República, como Herriot y Daladier. Esta situación y la discordia interna que provocaba hicieron perder credibilidad al Partido Socialista. De los 280.000 militantes con los que contaba en 1947 pasó a 130.000 en 1951, y su fuerza acabó limitada a los viejos baluartes del norte y el Midi. Los resultados de las elecciones de 1951 mostraron abiertamente su debilidad, pese a que la reforma del sistema electoral tenía como finalidad perjudicar a los oponentes del régimen de izquierda (los comunistas) y de derecha (los gaullistas). En el futuro los gobiernos procederían del centro-derecha, con una participación meramente ocasional de los socialistas.

Tabla 12. Elecciones a la Asamblea Nacional, 17 de junio de 1951 (Francia metropolitana sólo)

Votos

Porcentaje de votos

Escaños*

Comunistas

4.910.547

25,67

101

Socialistas

2.774.842

14,35

107

Radicales

1.887.583

9,87

95

MRP

2.369.778

12,39

96

Conservadores, independientes y otros

2.656.995

13,88

108

Gaullistas

4.125.492

21,56

120

Abstenciones

4.859.968

* Incluidos los territorios de ultramar.

Al tiempo que dividió a la izquierda, la Guerra Fría contribuyó a que la derecha cerrase filas y, bajo el estandarte del anticomunismo, se asegurara un apoyo masivo. Esto facilitó el retorno de muchos de los antiguos simpatizantes de Vichy. El miedo a la revolución social, que había conducido a las sangrientas matanzas de 1848 y 1871, siguió siendo un argumento convincente. De él se sirvieron el católico MRP y De Gaulle, al fundar su Rassemblement du Peuple Français (RPF) en abril de 1947. Aparentemente convencido de que la guerra global contra el comunismo estaba próxima, el general hizo un llamamiento a favor de la alianza del capital y el trabajo en el sistema de libre empresa, del rechazo a la política de enfrentamiento de partidos, por la consecución de una Francia fuerte e independiente en el seno de la alianza occidental y por la creación de un gobierno firme y eficaz. Esta declaración de guerra a la Cuarta República agradaba en particular a las clases propietarias, pero, como ocurriera con el bonapartismo, tuvo partidarios entre todos los grupos sociales. A finales de año el movimiento contaba con alrededor de un millón de seguidores, muchos procedentes de las filas del MRP. Una organización tan activa era una clara amenaza para el régimen, pero demostró ser incapaz de mantener la cohesión entre grupos tan dispares, que la interpretaron como un intento más. Durante los años 1950-1951 perdió entusiasmo y decayó el número de seguidores.

No obstante, la recuperación de la derecha era evidente. Aunque contaba con el apoyo del MRP, los gobiernos que emanaron de la Asamblea electa en 1951 representaban, en lo fundamental, al centro-derecha. Así lo demostró la política del gobierno de Pinay de 1952, que intentaba promover la liberalización económica, limitar el gasto público y reducir los impuestos. Eran medidas acordes con los tiempos, tendentes a la moderación, a mantener el crecimiento económico y a suavizar la transición de la austeridad al consumismo. Sin embargo, a corto plazo poco pudieron hacer para reducir un déficit presupuestario ocasionado, en buena medida, por la guerra colonial de Indochina. El conflicto se podría haber evitado si los grupos de interés y las autoridades militares de la colonia hubiesen respetado el acuerdo de 1946 entre el líder comunista Ho Chi Minh y el enviado de De Gaulle, Jean Saintenay. Como resultado, un ejército con demasiados cometidos y mal equipado se vería envuelto durante siete años en una lucha cada vez más desesperada. «Deshacerse» del Imperio seguía siendo una posición que la mayoría de los políticos no se atrevía a adoptar.

Otro problema constante era el desequilibrio de la balanza de pagos. El malestar popular era patente, en el caso de los agricultores, por el descenso de los precios agrícolas y, de manera general, por la existencia de un sistema fiscal regresivo y el efecto de la inflación sobre los salarios. La inestabilidad gubernamental, con gobiernos que rara vez superaban los seis meses, acentuaba la impresión de vivir en el caos. Pese a que en la práctica el establecimiento de un nuevo gobierno no suponía más que un reajuste del personal del ministerio, no cabía duda de que, con la Asamblea elegida en 1951, era imposible lograr la estabilidad política. Las divergencias entre los partidos y las fisuras en el seno de cada uno de ellos eran demasiado profundas. Los gobiernos podían caer de repente y por cualquier asunto.

La Cuarta República tuvo, quizá, su última oportunidad tras el desastre militar de Dien Bien Phu, cuando el 17 de junio de 1954 se nombró primer ministro a Pierre Mendès-France, un crítico severo del sistema político y partidario de un gobierno fuerte, coherente y reformista, que contaba –en apariencia– con amplio apoyo parlamentario y popular. Su propósito era negociar la rápida retirada de Indochina y acelerar la modernización económica y social. En vez del usual reparto de ministerios entre los partidos gobernantes, Mendès-France insistió en el nombramiento de hombres jóvenes e independientes de reconocida competencia. Eligió a François Mitterrand, del centro-izquierda, para el Ministerio del Interior; al gaullista de izquierdas Jacques Chaban-Delmas para Obras Públicas, y al experimentado Edgar Faure para el Ministerio de Economía. No obstante, la energía e integridad del nuevo primer ministro, que se negó a participar en el habitual juego político y se dirigió por radio a la nación, pasando por alto a la clase dirigente, despertó las sospechas entre las filas de su propio Partido Radical.

El problema más urgente, la guerra de Indochina, se resolvió con el armisticio del 21 de julio, que acordó la división del país por el paralelo 17 y la retirada de la fuerza expedicionaria francesa, cuyo número de víctimas ascendía a unos 92.000 hombres. El acuerdo supuso una profunda humillación para sus líderes. Responsabilizando a los políticos de la derrota, decidieron no hacer ninguna otra concesión en lo que concebían como una cruzada contra el comunismo internacional. La Asamblea del 10 de agosto decidió otorgar a Mendès-France poderes económicos excepcionales y, pese a su corta duración, el gobierno introdujo una serie de medidas tendentes a mejorar la competitividad de la economía francesa. Incluían el apoyo a los precios agrícolas, créditos baratos y ayudas para la reestructuración y formación profesional de la industria. Sorprendentemente, el interés público por una política social que prometía aumentar el gasto en vivienda y en educación fue escaso. En cambio, la campaña del gobierno contra el alcoholismo provocó virulentos ataques por parte de aquellos que destilaban alcohol casero y por los grupos que lo comercializaban. Las críticas solían tener un tono antisemita e intentaban arrojar dudas sobre las credenciales de un primer ministro que prefería la leche a los viriles licores nacionales.

Aunque las primeras encuestas de opinión sugerían que Mendès-France tenía el apoyo entusiasta de la mayor parte de la población, esta suposición duró poco. La derecha lo atacó por su supuesta traición al Imperio. Se dudó de su resolución a la hora de defender los intereses vitales de Francia. El problema de la Comunidad Europea de Defensa, y las implicaciones que tenía para la soberanía nacional la creación de un ejército europeo, desencadenaron una agria polémica y mostraron la profunda división que reinaba entre los simpatizantes del gobierno. De hecho, Mitterrand fue acusado de filtrar secretos militares a los comunistas, víctima de una conjura del servicio secreto para desacreditar al gobierno a cuyo servicio estaba. Por su parte, el líder socialista Mollet se preocupó más de preservar la unidad de su partido que de apoyar al gobierno. En tales circunstancias era de esperar que las propuestas de reforma constitucional con las que Mendès-France quería reforzar al Ejecutivo obtuviesen escaso apoyo parlamentario, pese al extendido deseo popular de acabar con un conflicto político cada vez más estéril.

Lámina 54. El gobierno de Pierre Mendès-France, 19 de junio de 1954. A su derecha, François Mitterrand. Foto: Viollet/TopFoto.

Al final fueron los acontecimientos del norte de África los que desencadenaron el enfrentamiento decisivo. El gobierno reaccionó con firmeza ante el estallido de violencia que se produjo en Argelia en mayo de 1945 y de nuevo en noviembre de 1954 y la creación del Front de Libération National (FLN). Mitterrand declaró, inequívocamente, que Argelia seguiría siendo parte de Francia y, para ello, envió tropas de refuerzo y ordenó numerosos arrestos. No obstante, el deseo de Mendès-France de poner fin al protectorado de Túnez y mejorar la situación de los musulmanes argelinos arrojó sospechas sobre la firmeza de su compromiso. El 5 de febrero de 1955 se produjo la derrota parlamentaria definitiva. Los conservadores, que temían perder por el programa de modernización del primer ministro, se sumaron a los diputados del MRP, para quienes una reforma en Argelia era signo de debilidad, y a los comunistas, contrarios a cualquier gobierno «neocapitalista». El propio Partido Radical se escindió. Edgar Faure desafió a Mendès-France por el liderato del partido y, de hecho, logró formar un gobierno de centro-derecha el 23 de febrero. Pero incluso este maestro del compromiso político sucumbió ante el debate sobre la reforma electoral del 29 de noviembre. Aun así, en vez de aceptar la derrota, Faure utilizó alguno de los artículos más complejos de la Constitución para lograr la disolución del Parlamento antes de que finalizase el mandato, algo que no había sucedido desde 1877.

La campaña que precedió a las elecciones del 2 de enero de 1956 mostró la creciente fragmentación política. Mendès-France consiguió formar el Front Républicaine con apoyo de los socialistas y de representantes del centro-izquierda, como Mitterrand, algunos miembros del UDSR (Union Démocratique et Socialiste de la Résistance), Chaban-Delmas y algunos gaullistas. Su programa, necesariamente ambiguo, defendía una paz negociada en Argelia y la continuación de la modernización económica y la reforma social. En la desapacible campaña, los conservadores moderados temieron, y con razón, verse rebasados por la derecha por los candidatos del movimiento poujadista (por el nombre de su líder) de la Union de Défense des Commerçants et Artisans, al que apoyaban los pequeños comerciantes y los agricultores del área subdesarrollada del centro y sudoeste, opuesta a la modernización. El partido contaba además con el apoyo de una extrema derecha partidaria de luchar en defensa de la causa francesa en Argelia (Algérie française), de la que formaban parte luminarias como el violento exparacaidista Jean-Marie Le Pen. Todos ellos compartían el menosprecio por el Parlamento, una xenofobia extrema, el antisemitismo y un anticomunismo visceral.

Tabla 13. Elecciones a la Asamblea Nacional, 2 de enero de 1956 (Francia metropolitana sólo)

Votos

Porcentaje de votos

Escaños*

Comunistas

5.514.403

25,36

150

Socialistas

3.247.431

14,93

95

Radicales, UDSR y otros

3.227.484

14,84

91

MRP

2.366.321

10,88

83

Conservadores, independientes y otros

3.259.782

14,99

95

Poujadistas, extrema derecha

2.744.502

12,62

52

Gaullistas

842.351

3,87

22

Abstenciones

4.602.942

* Incluidos los territorios de ultramar.

Las elecciones no ofrecieron una clara mayoría. Los gaullistas, en particular, ya estuviesen en el centro-izquierda o en el centro-derecha, perdieron numerosos escaños. El presidente de la República, René Coty, decidió que el socialista Mollet estaba en mejor situación que Mendès-France para formar gobierno. En realidad, el gobierno se apoyó en una coalición parlamentaria de centro-izquierda, muy inestable y permanentemente amenazada por la indisciplina parlamentaria y la división de los coligados. Aunque suele decirse que el gobierno de Mendès-France fue la última oportunidad de amparar a la Cuarta República por la vía de la reforma, lo cierto es que, pese a la furiosa oposición de los conservadores ante el aumento de los impuestos, el gobierno de Mollet llevó a cabo importantes mejoras sociales en beneficio de los ancianos y los enfermos, y aumentó los fondos destinados a la vivienda y la ayuda regional. Con todo, como un mal presagio, la guerra de Argelia empezaba a absorber recursos materiales y humanos en una cantidad tal como para poner en peligro la estabilidad financiera y el crecimiento económico. Y emponzoñaba aún más la vida política.

Mollet partió de dos supuestos falsos: primero, creer que el FLN se conformaría con medidas que no supusiesen la independencia total y, segundo, que los franceses que residían en Argelia aceptarían reformas que pudieran mermar sus privilegios. Pronto saldría de su error. Los asesinatos que llevaron a cabo soldados y civiles franceses, en venganza por la matanza de 123 civiles europeos organizada por el FLN en la región de Constantina en agosto de 1955, seguramente acabó con toda esperanza de alcanzar un arreglo, como el de la integración de Argelia en Francia con pleno reconocimiento a sus habitantes de los derechos de ciudadanía. Las limitadas concesiones políticas que hizo a la población musulmana –y que la Administración colonial rara vez cumplió– fueron ineficaces ante la resistencia de la mayoría de la población a seguir tolerando la inferioridad social y racial. Estaban a punto de repetirse los errores de Indochina. A los sucesivos gobiernos no les quedaba otro remedio que aceptar el consejo interesado de los administradores y jefes militares de la colonia, y rendirse a la opinión de los colonos y de los políticos conservadores. De esta manera, el gobierno cayó en manos del nacionalismo extremista. Tratando de hallar una solución militar, Mollet se encontró en la paradójica situación de ser objeto de la condena de la izquierda y del apoyo de la derecha. La «pacificación» era ahora condición previa para emprender la reforma. En la búsqueda de una solución militar, Mollet se encontraría cada vez más en la paradójica posición de ser condenado por la izquierda y apoyado por la derecha.

Lámina 55. Operaciones militares en Argelia: alerta en la casba. Foto: Central Press/Getty Images.

El ejército obtuvo notables éxitos. La dura experiencia de Indochina había dado mayor firmeza a los oficiales. Creían que su misión era integrar a Argelia en la comunidad nacional y proseguir la cruzada contra la subversión instigada por el comunismo que, a sus ojos, era el único impedimento. Logrando mantener a Argelia bajo su control, el cuerpo de oficiales podría volver a presentarse como el símbolo de Francia. Su patriotismo sólo se veía superado por la arrogancia y el desprecio que sentían por los políticos que, en su opinión, los habían traicionado en el anterior conflicto bélico, traición que podrían repetir ahora. Finalmente se reclutó a unos 400.000 hombres. Los paracaidistas del general Massu se impusieron en la batalla de Argel a las redes urbanas del FLN. La construcción de la línea electrificada Morice causó un gran número de bajas entre los independentistas que cruzaron la frontera desde sus refugios de Túnez. El reclutamiento de tropas auxiliares musulmanas (harkis) puso de relieve y ahondó la división entre la población indígena, y fortaleció la situación militar francesa.

Sin embargo, desde el punto de vista político, la campaña fue un desastre. En noviembre de 1956, Francia atacó –junto a Gran Bretaña e Israel– al Egipto de Nasser creyendo que instigaba y suministraba armas a los insurgentes argelinos. El bombardeo del pueblo tunecino de Sakhiet en febrero de 1958 y, en particular, el recurso creciente a la tortura para obtener información acentuaron la impresión internacional de barbarie. En la misma Francia empezó a tambalearse el apoyo, antes multitudinario, a favor de una Argelia francesa. La censura al gobierno procedía, sobre todo, de los comunistas, de algunos activistas católicos, de miembros de las juventudes socialistas, como Michel Rocard, y de publicaciones de gran difusión, como el diario Le Monde y el semanario L’Express. Con todo, eran pocas las voces críticas en comparación con los sentimientos belicistas de la prensa de derechas y de la radio y la televisión, bajo el control del gobierno. Aun así, la opinión pública, que fue relativamente indiferente a una guerra distante como la que libraron tropas regulares y coloniales en Indochina, estaba mucho más preocupada por un conflicto que tenía lugar en un área que se consideraba parte de Francia y que llevaba al reclutamiento de un número creciente de jóvenes. En una encuesta realizada en otoño de 1957, la mayoría de los entrevistados dudaba sobre el hecho de que Argelia debiera seguir siendo francesa. La oposición aumentó por los reparos morales y políticos que suscitaba el conflicto, y por las dudas respecto a la conveniencia de mantener una guerra que cada vez costaba más vidas y recursos financieros, pese a la propuesta de Estados Unidos de contribuir a los gastos como parte de la lucha internacional contra el comunismo. La dimisión de Mendès-France, ministro sin cartera en el gobierno de Mollet, y las críticas de Mitterrand mientras se mantuvo en el gobierno eran un síntoma de la desconfianza que sentía la propia elite política.

La sustitución de Mollet por los radicales Maurice Bourgès-Maunoury, primero, y Felix Gaillard, después, implicó una remodelación ministerial entre socialistas, miembros del MRP y radicales, incapaces de hallar una alternativa al problema argelino o a la escalada de problemas financieros que creaba la guerra. No obstante, en mayo de 1958 los socialistas llegaron finalmente a la conclusión de que la alianza con la derecha no lograría resolver el problema de Argelia. Su retirada hizo la formación de gobierno todavía más difícil. Después de casi un mes, el presidente Coty llamó a Pflimlin, del MRP, para que formase gobierno. Lo más significativo de esta decisión era que previamente había exigido que se entablasen negociaciones con el FLN. París acogió su nombramiento con manifestaciones y los civiles y militares que estaban en Argelia rechazaron abiertamente la autoridad del gobierno. Era la crisis final.

En Argelia, los extremistas franceses llamaron a la resistencia y esta vez obtuvieron el apoyo de los altos mandos militares. El 13 de mayo un Comité de Salvación Pública, uno de cuyos miembros era el general Massu, asumió el poder. En respuesta, Pflimlin optó por la línea dura, llamando a todos los partidos a la defensa de la República. Planteó la cuestión de confianza y obtuvo el voto de 274 diputados; pero una minoría importante, de 129, rechazó su política. Al menos, los socialistas estaban dispuestos a volver a formar parte del gobierno. Pero estaba claro que el primer ministro no quería correr el riesgo de arrastrar al país a una guerra civil para imponer su autoridad. Su intento de contemporizar y las maniobras de los dirigentes gaullistas Chaban-Delmas y Michel Debré dieron alas a los generales rebeldes. El 15 de mayo, el general Salan, comandante en jefe en Argelia, vitoreó ante la muchedumbre reunida en el edificio del Gobierno General de Argel: Vive De Gaulle! Ese mismo día, De Gaulle declaró estar dispuesto a hacerse cargo del poder, un gesto que el gobierno no condenó.

Lámina 56. Manifestaciones en Argel, en 1958. Foto: Meagher/Getty Images.

La guerra civil era una posibilidad real. Los generales de Argelia prepararon lanzamientos de paracaidistas en la región de París para que allí se reuniesen con las tropas susceptibles de sumarse a una rebelión. De Gaulle siguió sin pronunciarse para contrarrestar el planeado golpe de Estado de los militares. Con el paso de los días se derrumbaba la autoridad del gobierno. Los ministros estaban paralizados por el miedo a provocar una guerra civil en la que su apoyo incondicional serían los menospreciados comunistas. Pflimlin, su diputado Mollet e incluso el presidente Coty estaban en contacto con De Gaulle. Del 24 al 25 de mayo, los rebeldes tomaron Córcega sin ninguna resistencia. El 27 de mayo De Gaulle, con total desprecio hacia la Constitución, anunció su intención de formar gobierno. Pflimlin, consciente de su aislamiento y ansioso por evitar un conflicto, dimitió. Al presidente Coty no le quedaban más alternativas que la dictadura militar u ofrecer el gobierno a De Gaulle. Se decidió por la última opción y De Gaulle fue debidamente invitado a convertirse en el último primer ministro de la Cuarta República. Pese a que se había negado a condenar a los militares golpistas y había manipulado la crisis esperando que se acudiese de nuevo a él como salvador de la patria, al menos la promesa del general de respetar las instituciones republicanas parecía ofrecer una salida a la crisis sin llevar aparejada la humillación total.

El 28 de mayo una manifestación masiva en París, con Mendès-France y Mitterand a la cabeza, rechazó el proyecto. El 1 de junio De Gaulle se presentó ante la Asamblea Nacional, que le otorgó poderes extraordinarios por seis meses con el apoyo de 329 diputados, frente a 224, entre los que se encontraban los comunistas y parte de los socialistas. El gobierno de De Gaulle reflejaba la voluntad general de llegar a un acuerdo. La situación parecía requerir un gobierno de concentración nacional, que incluyese a las grandes figuras del arco parlamentario, salvo los comunistas y, de manera señalada, a su predecesor, Pflimlin, junto con Pinay, al cargo de la economía. Para mayor tranquilidad, formaron parte de él pocos gaullistas comprometidos. Una de las primeras tareas era redactar una nueva Constitución y poner fin a la Cuarta República.

La Quinta República

El estilo en el ejercicio de la autoridad política y la estructura de las instituciones experimentarían cambios fundamentales. El objetivo de De Gaulle era todavía el de su discurso de Bayeux de 1946. Quería mantener el sistema parlamentario al tiempo que reforzaba el poder del presidente de la República y su capacidad para imponer el interés nacional por encima de los particularismos partidistas, los sindicatos, las empresas y cualquier otro interés particular. Otra urgente tarea era poner fin a la guerra de Argelia y, con ello, al continuo drenaje de recursos humanos y económicos. Estos objetivos debían ser medios para lograr un fin de mayor alcance: la modernización de la economía y la sociedad francesas y devolver al país al lugar que le correspondía entre las grandes potencias. Las frecuentes referencias de De Gaulle a los valores eternos de Francia escondían la decisión de adaptar la nación a la realidad de un mundo en rápida transformación.

Un comité de expertos y otro compuesto por ministros, a cuyo frente se encontraba el hombre de confianza de De Gaulle, Debré, y eminentes personalidades del régimen anterior, como Pflimlin y Mollet, redactaron la nueva Constitución. El resultado reflejaba las opiniones del general. El presidente elegiría al primer ministro y era responsable de la actuación del gobierno. Su posición salía reforzada por el derecho de dirigirse a la nación mediante la celebración de referendos, un recurso del viejo bonapartismo de consecuencias tan imprevisibles que rara vez se acudió a él. Poseía, asimismo, el derecho de disolución de la Asamblea Nacional, un medio eficaz para presionar a sus miembros, y asumía poderes especiales en caso de urgencia. El gobierno seguiría siendo responsable ante la Asamblea Nacional, que podía obligarlo a dimitir mediante la moción de censura, aunque esta requería ahora el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados y, para dificultarla más, las abstenciones computarían negativamente. Otras disposiciones debilitaron aún más a la Cámara, como las restricciones al derecho de los diputados de plantear cuestiones o enmiendas a la legislación, la reducción de la duración de las sesiones y de su competencia general en materia legislativa. Era un intento deliberado de debilitar el poder del Parlamento e incrementar la autoridad del Ejecutivo. Al igual que en Gran Bretaña, en el futuro el Parlamento podría influir pero no controlar al gobierno. Por lo demás, el propio De Gaulle resolvió muchas de las ambigüedades que contenía el documento constitucional durante el largo periodo de su mandato, hasta abril de 1969.

Al refuerzo de la autoridad presidencial contribuyó el fracaso de los diputados en cuanto a desarrollar las competencias potenciales del Parlamento y su tolerancia frente a los abusos. Publicada el 4 de septiembre –aniversario de la proclamación de la Tercera República en 1870–, la nueva Constitución obtuvo el apoyo del 80 por 100 de los votantes en el referendo del 28 de septiembre celebrado con este motivo. Los partidos de la derecha estaban resueltamente a favor; la izquierda apareció dividida y los comunistas constituyeron la principal oposición, aunque también la rechazaron algunas figuras, prominentes pero aisladas, como Mendès-France y Mitterrand. Este describiría esta nueva manifestación de autoridad carismática como un «golpe de Estado permanente».

Se introdujo por decreto un nuevo sistema electoral para las elecciones legislativas. Su falta de equidad implícita queda demostrada por el hecho de que, para triunfar, un candidato de la derecha precisaba 20.000 votos, un socialista 79.000 y un comunista 380.000. Con todo, en las elecciones del 23 y 30 de noviembre de 1958 se constataron importantes cambios en el comportamiento del electorado, que respaldó mayoritariamente a los gaullistas y a otros candidatos conservadores, unidos en la Union pour la Nouvelle République (UNR), mientras la izquierda perdía un buen número de votos debido a su actitud confusa u hostil hacia De Gaulle. Un 70 por 100 de los diputados electos apoyaban a De Gaulle. Obtuvieron también un escaño muchos recién llegados. Sólo una cuarta parte de los nuevos diputados tenía experiencia parlamentaria previa. Opositores de talla, como Mendès-France o Mitterrand, fueron derrotados. Esta iba a ser una Asamblea compuesta en buena medida por recién llegados. Sólo alrededor de un cuarto de los nuevos diputados se había sentado en el anterior Parlamento.

Tabla 14. Elecciones a la Asamblea Nacional, 23 y 30 de noviembre de 1958 (Francia metropolitana)

Porcentaje de la primera vuelta

Escaños tras las dos vueltas

Porcentaje de escaños

Comunistas

18,9

10 (con dptos. ultramar, 10)

2,1

Socialistas

15,7

40 (con dptos. ultramar, 47)

8,6

Radicales y otros

8,2

37 (con dptos. ultramar, 40)

8,0

MRP

10,8

55 (con dptos. ultramar, 64)

11,8

Gaullistas

20,3

196 (con dptos. ultramar, 206)

42,2

Conservadores, independientes y otros

24,2

127 (con dptos. ultramar, 129)

27,3

Otros

81 diputados de ultramar

En las elecciones presidenciales del 21 de diciembre, el 78,5 por 100 de los concejales y diputados que formaban parte del colegio electoral (de 80.000 personas en total) apoyaban a De Gaulle. El 10 de enero de 1959 el general pidió a Debré, un gaullista comprometido y firme partidario de mantener el control francés de Argelia, que formase gobierno. Pronto quedó claro que De Gaulle pretendía definir su propia esfera de acción y que contemplaba a los ministros, incluido el jefe de Gobierno, casi como a subordinados. El que no se ajustase a este papel podía contar con una destitución rápida y segura, en la que se mostraba la tendencia a reemplazar por tecnócratas a las personalidades más independientes. Los ministros podían contar ahora con más poder, pero carecían de autonomía. La estricta separación de poderes, que hacía incompatible el mandato parlamentario con una cartera ministerial, parecía confirmar que los ministros carecían de una base de poder independiente. Por lo demás, la posición del presidente se afianzó tras el referendo de septiembre de 1962, que sancionaba su elección por sufragio universal. La elección directa otorgaba una legitimidad adicional al titular de la Presidencia. Con el atentado de los extremistas de la Algérie française en Petit-Clamart el 22 de agosto, De Gaulle intentó poner los medios para que su sucesor pudiese adquirir el suficiente prestigio, como elegido del pueblo, para mantener un fuerte liderato. Algunos comentarios hostiles interpretaron esto como un asalto a la tradición republicana y recordaron a sus lectores que el último presidente elegido por sufragio universal había sido Luis Napoleón Bonaparte, quien había implantado una dictadura. Incluso Debré se sintió obligado a dimitir como protesta, mientras que la oposición parlamentaria fue suficiente para echar abajo el gobierno, ahora liderado por Georges Pompidou, el anterior director del gabinete del general.

Tabla 15. Elecciones a la Asamblea Nacional, 18 y 25 de noviembre de 1962

Votos de la primera vuelta

Porcentaje de votos

Escaños después de las dos votaciones

Comunistas

3.992.431

21,7

41

Socialistas

2.319.662

12,6

66

Radicales y otros

1.384.498

7,5

42

MRP

1.635.452

8,9

38

Gaullistas UNR y otros

5.847.403

31,9

233

Conservadores, independientes y otros

2.540.615

14,3

52

Ante la decidida oposición parlamentaria a sus reformas, De Gaulle disolvió la Asamblea y convocó un referendo (28 de octubre), al que siguieron las elecciones para elegir una nueva Asamblea (18 y 25 de noviembre). Salió triunfador de ambas convocatorias. En el referendo, el 61,7 por 100 del electorado votó a favor de la reforma constitucional; en las elecciones, la UNR obtuvo niveles récord de apoyo para un partido político francés. En ninguna de las votaciones fue sin embargo la victoria tan aplastante como tal vez habría deseado el general. Derrotó al centro, pero la izquierda salió bien parada del proceso de polarización política. Con estas victorias se completó la reforma constitucional que creó el sistema presidencial de la Quinta República. Los cambios institucionales y el desarrollo, más gradual, de las convenciones constitucionales abrieron paso a una nueva cultura política. Quizá el mayor logro de De Gaulle durante este fructífero periodo de gobierno fue la creación de un sistema político aceptable para casi toda la población. Por primera vez desde la Revolución reinaba el consenso a favor de las instituciones republicanas.

El sistema político implantado en 1958 era abiertamente presidencial. De Gaulle se reservó la defensa, la política exterior y la cuestión argelina. El primer ministro, cualquiera que fuese su posición constitucional, era ante todo un hombre del presidente. Los ministros eran meros ejecutantes; con frecuencia procedían de la burocracia y podían ser reemplazados a voluntad, y no tanto por el Parlamento, al que se trataba con cierto desdén como un instrumento de debate pero incapaz de tomar decisiones. La sustitución del leal Debré por Pompidou en abril de 1962 era sintomática del poder del presidente, y lo mismo cabe decir de su inmediata reelección tras la moción de censura que lo obligó a dimitir.

Otra tendencia fundamental, visible desde las elecciones, fue el comienzo del proceso de «bipolarización», una reestructuración política en la que los distintos partidos tendían a incorporarse al gaullismo o a los grupos de la oposición, con partidos del centro, como el radical o el MRP, prácticamente absorbidos en la coalición presidencial. En realidad, este proceso de ajuste a las nuevas instituciones le vino impuesto a los partidos políticos por un sistema electoral en el que eran imprescindibles las alianzas. En abierto contraste con la Tercera y la Cuarta República, el desarrollo de una coalición dominante de talante conservador, aunque heterogénea, forzó asimismo la unidad de la izquierda. El propio papel de De Gaulle, en apariencia contradictorio, como líder del partido, sirvió para asegurar al UNR y a sus aliados la mayoría parlamentaria. El general reconocía así que incluso un presidente elegido por sufragio universal dependía del apoyo institucional de un partido político durante la prolongada duración de su mandato, de siete años. Otro factor que contribuyó a la bipolarización fue, como es lógico, el sistema presidencial, que se centraba en la necesidad de apoyar a las personalidades capaces de conquistar el cargo en una votación final en la que sólo participarían dos candidatos. Desde el punto de vista del elector, la limitación de la competencia entre partidos y, por tanto, de la libertad de elección tiene como contrapartida una definición más clara de las alternativas.

Cualquiera que fuese la retórica sobre la unidad nacional, en lo esencial, el suyo era un gobierno de derechas y su política económica y social eran aceptables para una amplia coalición de centristas y conservadores. Por añadidura, mientras De Gaulle siguiese siendo el jefe del Estado, el régimen se beneficiaría del singular prestigio que tenía el antiguo líder de la Francia Libre. La gran ventaja del Estado gaullista fue su estabilidad, esencial para continuar la modernización. No obstante, antes había que eliminar el último gran legado del colonialismo.

La rebelión de los musulmanes argelinos en protesta contra el dominio europeo estalló el 1 de noviembre de 1954. Tras por lo menos 300.000 muertes y numerosas atrocidades por ambos bandos, en julio de 1962 el resultado fue la retirada francesa. La desconfianza del ejército frente a los líderes políticos desembocó en la vuelta de De Gaulle. La aparente traición del general a la causa de la Algèrie française condujo a muchos de estos mismos soldados a la segunda intentona de golpe de Estado, en abril de 1961. La política de De Gaulle era ante todo pragmática. Partía del deseo fundamental de mantener estrechos vínculos entre Francia y Argelia, y de una combinación entre la constante represión militar de la reforma social y política, hasta llegar a aceptar de mala gana (ya en septiembre de 1959) que la «autodeterminación» de Argelia era inevitable. La retirada acabó siendo la solución al despilfarro de los recursos materiales y humanos necesarios para la modernización de Francia (aunque es probable que los costes económicos se hayan exagerado), y de poner fin a una larga crisis que había llevado a los militares a irrumpir en la política, que ponía en peligro la estabilidad y que, tras la publicación internacional de las muchas atrocidades, amenazaba con minar la credibilidad moral de Francia.

El referendo del 8 de enero de 1961 mostró que una gran mayoría de votantes (75,2 por 100) quería que la guerra acabase. Entre los que votaron contra las propuestas de De Gaulle estaban los comunistas, que con su falsa lógica habitual defendían la independencia de Argelia, pero se oponían al gobierno por principio, y la extrema derecha, que instaba a una solución militar a cualquier precio. La sangrienta campaña que libraron oficiales y civiles rebeldes en Francia y en Argelia no cambió la política del gobierno. En cambio ensanchó el abismo que separaba a las dos comunidades en territorio argelino e impidió que el millón de europeos residentes o los musulmanes que habían colaborado con el ejército francés pudiesen permanecer en el país tras su independencia. Unos 150.000 musulmanes tuvieron que sumarse, junto con sus familias, al éxodo de los europeos. Para ignominia de todos, muchos más fueron abandonados a su cruel suerte.

La guerra también había intensificado la tensión racial en la misma Francia. París, con sus 180.000 argelinos –en su mayoría trabajadores inmigrantes–, había servido de base de reclutamiento y principal fuente de fondos para el FLN, así como de escenario para las rivalidades a muerte y las intimidaciones en el sentido del movimiento nacionalista. Aunque el gobierno negoció con los representantes del Front de libération nationale argelino en Evian, el 17 de octubre de 1961 la policía de París lanzó un feroz asalto contra una multitud pacífica pero provocativa de más de 20.000 personas que protestaban contra la imposición de un toque de queda a los norteafricanos. Unos 11.000 fueron arrestados y al menos 200 murieron a manos de los defensores de la ley y el orden. Desde su nombramiento en 1958, el prefecto de policía Maurice Papon animaba a llevar a cabo una represión implacable. De la desaparición de una gran cantidad de personas, junto con el descubrimiento de cuerpos flotando en el Sena, siempre podría culparse a los conflictos intestinos entre facciones nacionalistas rivales. La posterior violencia policial en febrero de 1962, esta vez dirigida contra los manifestantes anti-OAS de izquierdas, causaría la muerte de nueve personas, aplastadas cuando buscaban escapar por la estación de metro Charonne.

En política internacional, la llegada de De Gaulle supuso un cambio de perspectiva y la decisión de proteger lo que el general concebía como intereses nacionales de vital importancia. El descontento con lo que se percibía como el fracaso de los Estados Unidos en prestar apoyo suficiente a las fuerzas francesas durante la campaña de Dien Bien Phu y con la presión ejercida para poner prematuramente fin al ataque anglofrancés a Egipto ya había animado a los políticos franceses a soñar con ejercer un papel más independiente. Gobiernos sucesivos, y muy especialmente el liderado por Mendès-France en 1954, se habían comprometido a desarrollar el potencial militar del poder nuclear. El enfriamiento de la Guerra Fría hizo más seguro emprender una política exterior más autónoma y enérgica. El desprendimiento del Imperio cambió el foco de la planificación estratégica. En mayo de 1962 se declaró contrario a una mayor integración en la Comunidad Europea, favoreciendo, en cambio, la cooperación en el marco de una «Europa de las Naciones» mucho más flexible. En su opinión el Estado-nación era, y seguiría siendo, la principal realidad en las relaciones internacionales. Francia se distanció cada vez más de la Alianza Occidental y, en particular, de la política exterior estadounidense. Finalmente, en marzo de 1966, se retiró de la estructura militar de la OTAN. Aunque reconocía la importancia de la protección nuclear estadounidense, el régimen de De Gaulle invirtió muchos más recursos que los gobiernos anteriores en el desarrollo de una fuerza nuclear independiente. Un primer artefacto se hizo estallar en el desierto argelino en febrero de 1960, y en su desarrollo, así como en el de los sistemas de lanzamiento, se iban a invertir enormes sumas. Con ello quería salvaguardar al país de un chantaje nuclear ruso, o de cualquier otro Estado, en caso de que Estados Unidos no quisiera arriesgarse durante la campaña de Suez a una guerra nuclear total para proteger a sus aliados. La desconfianza con respecto a las intenciones estadounidenses fue una de las razones para que De Gaulle se opusiese a la entrada del Reino Unido en la Comunidad Europea. Se suponía que los británicos representarían los intereses estadounidenses. En cambio, tanto el presidente francés como el canciller alemán, Konrad Adenauer, empeñaron sus esfuerzos en conseguir la reconciliación franco-alemana.

La existencia de un amplio acuerdo a favor de estas políticas consolidó a los gobiernos de la derecha durante las siguientes décadas. Francia parecía haber recuperado su «auténtica» posición como gran potencia. Sin embargo, pese a los intentos de acercamiento a la Unión Soviética, la realidad estuvo marcada por el continuo compromiso con el anticomunismo y por la dependencia de la Alianza Occidental, especialmente evidente en los momentos de gran tensión internacional, como durante la crisis checa de agosto de 1968.

Lámina 57. El general De Gaulle se dirige a la nación por televisión, 23 de abril de 1961. Foto: Hulton Picture Company..

El incremento del poderío militar dependía, en buena lógica, de la modernización económica. Una vez que se sentaron los cimientos, el crecimiento económico y la reestructuración continuaron a un ritmo acelerado. La estabilidad política, el rigor presupuestario y una política antiinflacionaria más eficaz, características de la presidencia de De Gaulle, facilitaron mucho esta evolución. El Tratado de Roma, que convertía a Francia en miembro de la Comunidad Económica Europea, se había firmado en 1957 y entraba en vigor el 1 de enero de 1959. Aparte de sus potenciales ventajas económicas, la Comunidad constituía un medio de satisfacer el deseo de contener las ambiciones alemanas y ofrecía a Francia la oportunidad de ejercer un papel predominante en una resucitada Europa occidental... y, de hecho, una influencia mayor sobre temas internacionales más amplios. Así, en mayo de 1962 el general declaró su oposición a una mayor integración, para en lugar de eso favorecer la cooperación en una «Europa de las naciones» mucho más flexible. Él daba por supuesto que la nación-Estado era, y seguiría siendo, la realidad fundamental en los asuntos internacionales.

Lámina 58. Reconciliación y construcción de una nueva Europa. El general De Gaulle con el canciller Konrad Adenauer durante su visita a Alemania Occidental en septiembre de 1962. Foto: Camera Press (GB) Ltd.

Lámina 59. El establecimiento del Mercado Común por el Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957 y vigente desde el 1 de enero de 1959, significó una oportunidad y un desafio a las empresas francesas. En la imagen, cartel del Mercado Común, diseñado por Savignac, 1957. Foto: Larousse.

La progresiva apertura de fronteras de la CEE hizo a las empresas francesas más competitivas en el ámbito internacional. Se les otorgaron numerosas ayudas e incentivos fiscales, al tiempo que se beneficiaban del rápido crecimiento (sobre todo antes de 1975) que se estaba produciendo en la economía europea y en la mundial. El crecimiento económico, además, contribuyó a la mejora del nivel de vida; la renta per cápita aumentó por término medio un 4,5 por 100 al año entre 1959 y 1973. El gobierno se atribuyó buena parte del crédito de la prosperidad. Sin embargo, el descontento persistió. En parte se debía a que, al mejorar las condiciones, resultaba más difícil aceptar la gran desigualdad en la distribución de la riqueza y, en parte, porque la política gubernamental, destinada a limitar las consecuencias inflacionarias del continuo crecimiento, tendía a disminuir las inversiones en vivienda, escuelas y hospitales, a imponer el control salarial, a periódicos aumentos del desempleo y a generar una mayor inseguridad. El resurgir de la oposición política fue uno de los síntomas del malestar, más profundo por la evidente incapacidad de intervención de un movimiento sindical débil y dividido.

Tabla 16. Elecciones a la Asamblea Nacional, 5 y 12 de marzo de 1967

Votos en la primera vuelta

Porcentaje de votos

Escaños tras la segunda vuelta

Comunistas

5.039.032

22,51

73

FGDSa

4.231.173

18,90

121

Centrodemócratas

3.153.367

14,09

41

UDRb (gaullistas y aliados)

8.608.959

38,45

244

Nota: a Féderation de la Gauche Démocrate et Socialiste.
b Union pour la Defense de la République.

La Quinta República había generado una situación que podía ser desastrosa para la izquierda. En las elecciones de 1958 sólo fueron reelegidos 10 diputados comunistas, 47 socialistas y 40 radicales. Los comunistas iniciaron lo que iba a ser un prolongado declive, aunque durante mucho tiempo fue imperceptible. El público siguió relacionando a los socialistas, como a los radicales, con los errores de la Cuarta República. Por otro lado, la colaboración de los dos partidos era casi imposible dado el rígido estalinismo de los comunistas y su postura prosoviética. Las elecciones legislativas de 1962, en las que De Gaulle se podía arrogar el mérito de haber solucionado la cuestión argelina, parecieron confirmar la impresión de decadencia. Sin embargo, a medida que avanzaba la década, la izquierda se enfrentó al excesivo poder «personal» del presidente y a la injusticia social. Las elecciones presidenciales de diciembre de 1965, en las que De Gaulle no obtuvo la mayoría absoluta en la primera vuelta y se vio obligado a un humillante desempate con Mitterrand (obteniendo finalmente el 55,2 por 100 de los votos), y las elecciones legislativas de marzo de 1967, demostraron un notable aumento del público que se interesaba por este punto de vista de la izquierda.

El cambio de actitud de la oposición se debía a la mayor voluntad de colaboración de los comunistas y a la aparición de una alternativa factible a De Gaulle en la persona de Mitterrand. Ya había conseguido persuadir a la corriente mayoritaria de los socialistas y a varios grupos disidentes, así como a los radicales, a colaborar en una nueva Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste (FGDS). Su estrategia a largo plazo alteraría el equilibrio político de la izquierda y reduciría a los comunistas a una posición subordinada, ampliando así el atractivo electoral de la oposición.

Lámina 60. La policía persigue a los manifestantes, 6 de mayo de 1968. Foto: Caron.

Los inesperados desórdenes, rápidamente extendidos, de 1968 fueron una prueba más del descontento. De pronto salió a la superficie todo el resentimiento latente contra el autoritarismo en la familia, el gobierno o el lugar de trabajo; contra el elitismo social y su plasmación en la enseñanza secundaria y superior; contra una educación masificada y su inadecuada dotación de recursos; contra la desigualdad, la injusticia y la inseguridad que creaba el rápido cambio social. El movimiento se inició en marzo en el campus de Nanterre, a las afueras de París, con la protesta estudiantil por las deficiencias del sistema educativo y el funcionamiento del sistema capitalista, cuya inmoralidad había dejado a las claras la política estadounidense en Vietnam. La iniciativa partió de pequeños grupos –normalmente marginales– de trotskistas, anarquistas y maoístas, y se extendió por la ineptitud de las autoridades académicas y la brutalidad policial. En la noche del 10 al 11 de mayo se levantaron las primeras barricadas y empezaron los disturbios en el centro de la capital. A continuación, las manifestaciones llegaron a provincias. Estallaron huelgas masivas y se ocuparon fábricas, con la participación de unos 10 millones de trabajadores y una pérdida de 150 millones de jornadas laborales. Todo esto contribuyó a crear un ambiente de euforia ante lo que parecía un nuevo comienzo, sobre todo entre los jóvenes, que se reunían en las facultades, teatros, cafés y calles de París. La situación sorprendió al gobierno por completo y, aunque improvisó un programa basado en un vago proyecto de «participación» de los estudiantes y trabajadores en la toma de decisiones y ofreció un aumento salarial, fue ignorado. También se pasó por alto la declaración de Mitterrand que instaba a la creación de un Gobierno Provisional bajo la dirección de Mendès-France. Su posterior anuncio de que se presentaría como candidato a la presidencia les pareció a muchos una señal de la peor clase de oportunismo político. Para el movimiento estudiantil todas estas maniobras de la vieja elite política carecían de importancia.

Lámina 61. Manifestación gaullista en los Campos Elíseos, 30 de mayo de 1968. Foto: © Le Campion/ANA.

Estos acontecimientos descubrían algunos de los problemas de un sistema político centralizado en exceso, pendiente de las decisiones de un jefe de Estado que estaba envejeciendo y que, en la práctica, era incapaz de dar rápida respuesta a una crisis inesperada. Mostraban asimismo una pérdida de confianza en las instituciones. Para aterrorizar a los conservadores, incluido su primer ministro Pompidou, Francia pareció estar al borde de una nueva revolución de características casi decimonónicas. Pero no tuvo lugar. De Gaulle, que el 29 de mayo había volado a Baden-Baden a consultar con el general Massu, se recobró de lo que parecía haber sido una pérdida inicial de confianza y tomó de nuevo la iniciativa alternando las concesiones y la represión. Mirándolo retrospectivamente, no parece haber sido una ardua tarea. La decisión del Partido Comunista, la principal fuerza organizada en la izquierda, de mantenerse dentro de los márgenes de la legalidad y evitar un posible derramamiento de sangre fue especialmente significativo. Al gobierno le favoreció sobremanera la falta de unidad de sus críticos. Los líderes sindicales se movían por objetivos limitados como el aumento salarial y la mejora de las condiciones laborales, y querían controlar y contener la protesta. Se oponían radicalmente, por tanto, a los utópicos líderes estudiantiles y a los miembros de los grupos disidentes de extrema izquierda, a los que el dirigente comunista Georges Marchais tildó de «falsos revolucionarios», amantes de la retórica y la teatralidad. No había, en cambio, una organización con voluntad o capacidad de dar el paso final y tomar el poder. La decisión del Partido Comunista, la principal organización de la izquierda, de actuar dentro de los límites de la legalidad y evitar un baño de sangre fue bastante significativa, tal y como lo fue la decisión del gobierno de evitar una escalada de violencia como las de las revoluciones del siglo precedente. El 30 de mayo, en una locución por radio, De Gaulle anunció la disolución de la Asamblea y llamó a la acción en defensa de la República y contra la anarquía y el comunismo. Una enorme manifestación gaullista en los Campos Elíseos, cuidadosamente orquestada, dotó de mayor peso a su demanda. En las elecciones que siguieron el 23 y el 30 de junio, el régimen, participando en una plataforma de defensa de la ley y el orden, pudo emprender el camino para restablecer su legitimidad. No cabía duda de que la «mayoría silenciosa» no quería una revolución. Los viejos valores seguían vivos. La extrema izquierda estaba aislada. Se volvió poco a poco al trabajo y se arrinconó la protesta revolucionaria.

Tabla 17. Elecciones a la Asamblea Nacional, 23 y 30 de junio de 1968

Votos en la primera vuelta

Porcentaje de votos

Escaños tras la segunda vuelta

Comunistas

4.435.357

20,03

34

FGDS

3.654.003

16,50

57

Centro (PDMa)

2.290.165

10,34

33

UDR (gaullistas)

9.663.605

43,65

293

RIb

917.533

4,14

61

Nota: a Progrès et democratie moderne.
b Républicains indépendants.

Lámina 62. Georges Pompidou, como primer ministro, con un joven Jacques Chirac a su izquierda. Foto: AFP/Getty Images.

Por encima de todo, el resultado de las elecciones reveló la fuerza del conservadurismo político. En gran medida fue una reacción basada en el temor a la revolución social. Pese a la victoria, estaba claro que los sucesos de mayo habían debilitado de manera considerable la autoridad de De Gaulle. La reputación del primer ministro Pompidou, capaz de enfrentarse mejor a la crisis, fue la única que salió bien parada. Su posterior destitución parece haber sido un intento mezquino del general por eliminar a un subalterno al que los acontecimientos habían convertido en un sucesor potencial. De Gaulle decidió por entonces reemprender la búsqueda de una «tercera vía» entre el capitalismo y el comunismo y revitalizar así el régimen. Para lograr una mayor participación, presentó una serie de propuestas al electorado, que incluían la colaboración de los trabajadores en la gestión de las empresas y una descentralización limitada del gobierno, mediante la delegación de poderes a las regiones, aunque restando competencias al Senado, que había servido con frecuencia de caja de resonancia de la oposición. Las propuestas constituyeron un gran error. El interés público fue escaso y eminentes representantes de la mayoría conservadora se declararon a favor del no, como fue el caso de Valéry Giscard d’Estaing, resentido por haber sido utilizado como chivo expiatorio para imponer medidas impopulares y posteriormente, en 1966, destituido como ministro de Economía. La situación empeoró cuando Pompidou anunció su intención de presentarse como candidato en las siguientes elecciones presidenciales, con lo que los conservadores contaban con un firme candidato a suceder a De Gaulle. Tal y como había prometido, De Gaulle dimitió cuando un 53 por 100 de los votantes rechazaron sus propuestas. Año y medio después de volver a la vida privada, el 9 de noviembre de 1970, el general falleció.

La desaparición de su líder podría haber creado graves problemas al partido gaullista, que casi carecía de programa y cuya cohesión se cimentaba en la lealtad al general y en el deseo de participar en el reparto de cargos. Pompidou, hijo de un maestro socialista del empobrecido Cantal, que había hecho carrera gracias a su paso por la École Normale Supérieure y al mundo de la banca, era casi un desconocido cuando De Gaulle le confió el cargo de primer ministro. Sin embargo, durante los seis años siguientes dio pruebas de sus dotes como líder político hasta que, al presentarse como posible sucesor en 1968, De Gaulle lo destituyó. En junio de 1969 era el evidente candidato presidencial de la derecha. Su éxito debió mucho a la evidente desorganización de los socialistas, para los cuales, en una candidatura conjunta, Gaston Defferre y Mendès-France sólo obtuvieron el 5 por 100 en la primera vuelta... frente al 21 por 100 del candidato comunista. Asistido por la confusión de la izquierda, Pompidou fue elegido por una importante mayoría (58,21 por 100 de los votos) frente al centrista Poher. Con todo, gran parte del apoyo popular de De Gaulle desapareció, de manera que el nuevo presidente dependió mucho más de la lealtad de los conservadores tradicionales. Sin embargo, no se volvió a la situación política anterior al segundo mandato de De Gaulle, en 1958. Pompidou estaba decidido a ejercer plenamente los poderes, así como a disfrutar de los placeres de la alta sociedad, que le daba la Constitución y el prestigio de un presidente elegido por sufragio universal. Esto y el deseo de varios partidos políticos de seguir ajustándose al sistema configurado entre 1958 y 1962 dieron lugar a la «normalización» de un diseño constitucional que en sus orígenes debía mucho al «carismático» liderato del general.

Tabla 18. Elecciones a la Asamblea Nacional, 4 y 11 de marzo de 1973

Votos de la primera vuelta

Porcentaje de votos

Escaños tras la segunda vuelta

Comunistas

5.084.824

21,40

73

Socialistas y aliados

4.919.426

20,71

102

Réformateurs (centro)

3.048.520

12,88

34

UDR y aliados

9.009.432

37,32

183

Republicanos independientes

55

Pompidou dependía, en particular, del gaullista UNR como apoyo político organizado. Aunque el partido se había creado apelando a la mística de la liberación y como organización al margen del tradicional conflicto entre partidos, pronto asumió los rasgos de un partido de derechas. Al estar en el poder, atrajo a otros grupos no gaullistas del centro y la derecha y, en especial, a los Républicains-Indépendants, dirigidos por Giscard d’Estaing. Se creó así la primera gran federación de la derecha, unida por el deseo de conservar el poder y enfrentarse a la lenta recuperación de los partidos de izquierda, aunque tampoco escaparía a las divisiones internas, tanto personales como institucionales. El primer ministro, Jacques Chaban-Delmas, tenía una larga trayectoria marcada por la fidelidad a De Gaulle y el respeto al Parlamento. Sin embargo, intentó realzar la autoridad de su cargo a costa de la presidencia, lo que para Pompidou tenía que ser, por fuerza, inaceptable. Chaban apeló a la incomodidad de los gaullistas frente a un presidente que no había participado en los heroicos días del movimiento, durante la Resistencia, que no formaba parte del RPF tras la guerra o ausente en 1958. Bajo la influencia del sindicalismo cristiano de Jacques Delors, Chaban-Delmas estaba empeñado en mejorar las relaciones entre los trabajadores, la patronal y la Administración, y en mejorar las condiciones materiales con medidas como la elevación del salario mínimo. Pese a que las reformas que realizó fueron por lo general superficiales, sus referencias a una «política contractual» y a la necesidad de crear una «nueva sociedad» enojaron profundamente a Pompidou. En 1972 fue sustituido por Pierre Messmer, a todas luces el hombre del presidente, en una elección que implicaba la reafirmación del carácter presidencial del régimen y de su compromiso con la ortodoxia financiera y el crecimiento económico. Un favorito especial del presidente, Jacques Chirac, antiguo estudiante de clase media alta en la École national d’administration que había sido lanzado en paracaídas sobre una circunscripción rural de la Corrèze (a la que, algo en él típico, se adaptó con entusiasmo), fue nombrado ministro de Agricultura. Ante las elecciones previstas en 1973, los conservadores cerraron filas en torno al gobierno y obtuvieron, sorprendentemente, una holgada victoria.

Lámina 63. El paisaje urbano transformado por la construcción, a una escala sin precedentes, de nuevas oficinas y apartamentos. Foto: Sappa/CEDRI.

Esta fue la recompensa por el restablecimiento del orden social en 1968 y el éxito de una política económica destinada a combatir la inflación, lograr el equilibrio presupuestario, devolver la confianza al mercado y estimular la continua modernización económica, medidas que dieron a Pompidou un lugar en la historia. Como parte de su política de crecimiento toleró algunas de las manifestaciones menos estéticas del desarrollo, y siguió dedicando importantes fondos a proyectos de prestigio, como el Concorde, el Airbus europeo, la creación de enormes fábricas siderúrgicas en Fos, cerca de Marsella, y un programa –mucho más fructífero– de inversión en telecomunicaciones. En gran medida, estas políticas eran continuación de las de De Gaulle. Lo mismo cabe decir en política exterior, aunque el mayor europeísmo del presidente permitió la ampliación de la Comunidad Europea con la entrada del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en 1972. Pero Pompidou trató de suavizar también las tensiones que creaba la modernización ofreciendo a los agricultores precios garantizados y limitando el desarrollo de los supermercados para proteger los intereses de los pequeños comerciantes.

Pompidou salió airoso del difícil cometido de suceder a De Gaulle. No obstante, a finales de 1973 tuvo que enfrentarse a los nuevos problemas que se derivaron de la repentina subida del precio del petróleo, que se multiplicó por cuatro como consecuencia de la guerra árabe-israelí, y que daba comienzo a una crisis internacional de gran magnitud. Una de las más importantes innovaciones tecnológicas del periodo de posguerra había sido la rápida sustitución del carbón por el petróleo como fuente principal de energía. En 1973, el petróleo satisfacía el 75 por 100 de las necesidades energéticas de Francia. Era relativamente barato y más fácil de usar. Inevitablemente, el aumento del coste de las importaciones de petróleo supuso un grave deterioro para la balanza comercial. En febrero de 1974, la inflación ascendió al 15,6 por 100 y la tasa de crecimiento se redujo a la mitad (aunque aún alcanzaba el 3 por 100). La balanza comercial pronto se deterioró. El desempleo crecía y, con él, la tensión social y el descontento general. En un periodo en el que se precisaba de un gobierno fuerte, el presidente, que padecía leucemia, falleció el 2 de abril de 1974. Finalmente las trente glorieuses llegaron a su fin.

8

Una sociedad bajo presión

INTRODUCCIÓN

A las trente glorieuses –un periodo sin precedentes de prosperidad, movilidad social y seguridad laboral (especialmente entre 1955 y 1975)– siguió una prolongada crise d’adaptation cuando gobiernos sucesivos intentaron adaptarse no solamente a los problemas causados por las crisis del petróleo de la década de los setenta, sino al impacto más fundamental y multifacético de la globalización y de una «tercera» Revolución industrial. Los mercados de bienes y servicios, y los de capital y mano de obra, se transformaron merced a innovaciones tecnológicas cuyas consecuencias fueron enormes reducciones en el coste de las comunicaciones y los transportes. El impacto de la integración de mercados se vio considerablemente reforzado por el ulterior desarrollo de la Unión Europea (UE), así como por el resultado de acuerdos internacionales más amplios para reducir las barreras comerciales. El crecimiento del capitalismo global conllevó nuevas oportunidades económicas pero en el seno de un entorno mucho más competitivo. Los cambios eran constantes y tuvieron un impacto enorme sobre la cultura, así como sobre los bienes materiales. El desarrollo de una sociedad de consumo y de compromiso con la realización personal se produjo por tanto a paso acelerado. Más aún, aunque el Estado seguía poseyendo una gran capacidad de intervención, las empresas multinacionales, las fuerzas mercantiles y la imperiosa necesidad de fomentar la competitividad en el seno de la economía global en desarrollo desafiaban su capacidad de salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. Además de crisis a plazo más corto, los cambios estructurales provocaron altas tasas de desempleo, especialmente entre las minorías jóvenes y étnicas, e intensificaron la dificultad de financiar las ayudas sociales, así como las pensiones y la sanidad de una población envejecida. Las deficiencias del sistema educativo hacían especialmente evidente la desigualdad social. Como resultado de estos factores, la soberanía nacional, el Estado del bienestar e incluso los rasgos distintivos de la cultura francesa parecían bajo amenaza.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Aunque en los veinte años posteriores a 1967 el crecimiento económico prosiguió a un ritmo del 3,3 por 100 anual (del 2,8 por 100 en Alemania, del 2,6 por 100 en la Gran Bretaña), tras la cima del 5,9 por 100 alcanzada en 1973 se hizo evidente una pronunciada ralentización. En la década de los ochenta las tasas de crecimiento habían caído a más o menos el 2 por 100. De esta deceleración los economistas más optimistas culparon a las crisis del petróleo de 1973 y 1979. Anteriormente, como las demás economías industriales, Francia se había visto muy beneficiada por las importaciones baratas. En 1973, el petróleo importado satisfacía el 75 por 100 de las necesidades energéticas. Inevitablemente, el impacto sobre la balanza de pagos y sobre los costes empresariales de la cuadruplicación de los precios entre septiembre de 1973 y enero de 1974 fue enorme. Más aún, el incremento en el precio de los combustibles provocó una aguda depresión al reducir la demanda de otros productos. Al final de la década, como resultado de la guerra entre Iraq e Irán se produjo una segunda crisis del petróleo. En 1979-1980, sin embargo, un empleo más eficiente de la energía y la inversión sostenida en la energía nuclear –que en 2002 produjo el 75 por 100 de la electricidad doméstica– había reducido la dependencia de la energía importada; la última mina de carbón se cerró en 2004.

Sin embargo, en lugar de concentrarse en los efectos temporales de unos mayores costes de la energía, los economistas más pesimistas trataron de explicar la ralentización del crecimiento en términos de problemas estructurales causados por una inversión insuficiente en nuevas tecnologías, junto con la mala distribución de los recursos inducida por el asistencialismo en una época en que la rápida internacionalización del comercio estaba intensificando la competencia. El Instituto Nacional de Estadística (INSEE) pareció confirmar esta opinión al calcular que la tasa de crecimiento de la productividad laboral, que entre 1953 y 1973 había promediado un 5,1 por 100 anual, entre 1979 y 1984 había caído al 2,4 por 100. Parece claro que a comienzos de la década de los ochenta habría habido una recesión aun sin la crisis del petróleo, por más que esta agravara considerablemente las dificultades. Los niveles de inversión de capital y aumento de la productividad seguían siendo suficientes para permitir el incremento continuo de los ingresos reales y garantizar un alto nivel de demanda de productos de consumo. A diferencia de la década de los treinta, el comercio mundial no dejó de expandirse. Mientras que entre 1929 y 1935 el proteccionismo generalizado había causado una reducción del 44 por 100 en las exportaciones, entre 1973 y 1979 estas crecieron en realidad un 50 por 100. Más aún, la participación francesa en las exportaciones industriales mundiales subió del 7,9 por 100 en 1973 al 8,6 por 100 en 1978, de manera que la balanza de pagos, desequilibrada por el aumento de los precios del petróleo, en las vísperas de la segunda crisis del sector se había restablecido. El pesimismo generalizado que cundió a pesar de estos éxitos se debió a la creciente inflación, que el gobierno parecía incapaz de controlar, al aumento del desempleo y al desconcertante efecto de un largo periodo de estancamiento relativo.

El desempleo, que antes de 1973 afectaba a menos del 3 por 100 de la población activa, creció rápidamente para luego nivelarse en torno al 10-12 por 100 registrado a finales de la década de los ochenta. Los jóvenes, los no cualificados y los inmigrantes eran los que más probabilidades tenían de hallarse en paro. Dar con una solución resultaba difícil dado lo complejo de las causas. Estas incluían las crecientes cantidades de jóvenes que entraban en el mercado de trabajo; el adverso impacto de la crisis del petróleo sobre la demanda internacional de algunos productos, especialmente de equipamiento industrial, y el aumento de los costes salariales, que alentaba los esfuerzos por mantener la rentabilidad mediante la inversión de capital a fin de reemplazar la mano de obra. Muy gravemente afectadas se vieron las tradicionales industrias típicas del norte y el este –el carbón, el acero y los productos textiles–, que afrontaron los trastornos en sus mercados mediante el empleo de fuentes de energía y materiales alternativos. Las políticas regionales diseñadas en los años sesenta para ayudar a las zonas en declive o subdesarrolladas y limitar la congestión en la región de París fueron de una eficacia limitada. Por lo general, produjeron empleo de bajo coste a tiempo parcial o sin cualificación, en su mayor parte para mujeres, excepto allí donde, como en Grenoble y Toulouse, se combinó con una cuantiosa inversión en infraestructuras, en educación e investigación técnica y científica y en proyectos subvencionados por el Estado. Como resulta bastante claro, algunas regiones son más adecuadas para el desarrollo económico que otras, debido a la disponibilidad de mano de obra especializada, capital, habilidades empresariales y comunicaciones eficientes, así como por su atractivo como mercado.

El otro factor excepcional de la crisis fue que se acompañó de una vuelta a altas tasas de inflación, no a la deflación que la teoría y la experiencia económicas podrían haber sugerido. La tasa anual de inflación ya había crecido del 3,3 por 100 entre 1965 y 1968 al 6,3 por 100 en el periodo de 1970 a 1973. En 1974 alcanzó el 15,2 por 100, y siguió rondando entre el 10 y el 12 por 100 durante el resto de la década. El aumento en los precios del petróleo sólo contribuyó en un 2 por 100 a este mayor incremento. Las causas principales fueron las subidas salariales debido a la escasa cualificación, el crecimiento del endeudamiento de las empresas y el Estado, los crecientes niveles de crédito bancario a pesar de las altas tasas de interés, la bajada en el valor de cambio del franco y el creciente desequilibrio del sistema financiero internacional. Resolver estos problemas requería de un competente liderazgo político. Enfrentados a dificultades sin precedentes que las soluciones keynesianas previamente aplicadas demostraban ser incapaces de resolver, los gobiernos adoptaron políticas a menudo contradictorias.

No obstante, durante los años ochenta y noventa la economía francesa creció un 1,9 por 100 anual frente al 1,3 por 100 en Alemania y el 2,3 por 100 en la Gran Bretaña. Entre las empresas de primera línea mundial se hallaban AXA (seguros), Carrefour (venta al por menor), L’Oréal (cosméticos) y Danone (alimentación)...; esta última, aun así, muy pequeña en comparación con Kraft o Nestlé. Peugeot/Citroën (PSA, al cabo de doscientos veinte años todavía controlada por la familia de sus fundadores) llegó a ser por poco tiempo el fabricante de coches europeo de más éxito con su colección de vehículos de atractivo diseño y el mantenimiento de altos niveles de utilización y rentabilidad de las plantas. Michelin, uno de los líderes mundiales en la fabricación de neumáticos, vendía un 80 por 100 de su producción fuera de Francia. Toulouse se convirtió en el principal centro en la producción del avión Airbus por la empresa europea EADS. Una mano de obra cualificada y unas infraestructuras eficientes atrajeron también cuantiosas inversiones estadounidenses y japonesas.

Sin embargo, con frecuencia a la internacionalización de las ventas seguía la de la producción. Así, a fin de estar más cerca de los clientes y reducir los costes laborales, en 1999 Michelin produjo un trauma mayúsculo al prescindir de 7.500 trabajadores en Clermont-Ferrand, su localidad de origen. Al parecer, dar empleo a una persona en Francia costaba 50.000 euros, en la República Checa 10.000 y en Marruecos 3.000. Este fue un aviso de lo que estaba por venir en toda la industria automovilística, en especial para los fabricantes de coches destinados a los mercados de masas y sus proveedores, a los cuales resultaba difícil competir en el más lucrativo extremo superior del mercado con los homólogos de BMW y Mercedes, y que luchaban con la sobrecapacidad en el ámbito europeo. En 2012, PSA –que en febrero de 2013 registraba unas pérdidas anuales de nada menos que 5.000 millones de euros– sólo conservaba el 41 por 100 de su producción en Francia, y Renault (aunque fortalecida por su alianza con Nissan) sólo entre el 30 y el 35 por 100. Líder en el desarrollo de los coches eléctricos, por motivos de costes, Renault se vio obligada a recurrir a proveedores asiáticos de baterías. A partir de 2012, el final de la producción de coches en Aulnay, una de las pocas plantas de fabricación supervivientes en la región de París, reforzó las perspectivas pesimistas.

Los signos del declive en competitividad internacional eran del todo evidentes. Aunque en 2010 Francia seguía contando con 39 entradas en la lista de Fortune de las 500 empresas más importantes del mundo ordenadas según sus ingresos totales mientras que alemanas había 37, durante la década precedente la participación del país en las exportaciones europeas de mercancías había caído del 15,7 al 13,1 por 100..., lo cual reflejaba, especialmente por comparación con Alemania y los Estados Unidos, un fracaso en el control de los costes laborales y que no se invertía lo suficiente en formación e investigación y desarrollo. Así, entre 1998 y 2010 se calcula que en Francia los costes laborales crecieron un 25,5 frente al 5,4 por 100 en Alemania.

En ocasiones, las presiones sobre las principales empresas para que aumentaran su rentabilidad propició problemáticas adquisiciones internacionales. Mediante compras a veces temerarias y por lo general caras, Jean-Marie Messier convirtió a Générale des Eaux, especialista en suministros de agua y tratamiento de residuos, en Vivendi, el conglomerado transatlántico de comunicaciones y entretenimiento. La montaña de deudas que se fue acumulando acabó finalmente con la pérdida de la confianza de los inversores. En la época de las últimas extralimitaciones de Messier, las pérdidas eran enormes (13.600 millones de euros en 2001). A comienzos del nuevo siglo, otras empresas importantes pasaron también por dificultades. El grupo dedicado a la ingeniería Alstom y el productor de equipamiento para las telecomunicaciones Alcatel estuvieron al borde de la bancarrota y, para desesperación de la Comisión Europea, su reestructuración requirió de ayudas estatales. Los restos de la producción nacional de acero estaban bajo la amenaza de cambios cíclicos en la demanda y de los esfuerzos de la empresa angloindia Arcelor Mittal por concentrar la actividad en la costa de Dunquerque en perjuicio de Florange en Lorena. France-Télécom también contrajo enormes deudas debido a diversas adquisiciones, de licencias de telefonía móvil entre otras, que realizó dentro del país y en el extranjero. En el importante y rentable sector de los bienes de lujo destinados a la exportación, que daba empleo a unas 200.000 personas y contribuía en un 5 por 100 a la producción industrial total, LVMH y Pinault-Printemps-Redoute no dejaron de tener sus problemas, en parte debido a la excesiva diversidad y a una desviación del negocio principal.

Los esfuerzos en exceso ambiciosos de la compañía de propiedad estatal EDF por adquirir empresas de energía británicas y estadounidenses llevaron a descuidar la gestión de las ya envejecidas 59 centrales de energía nuclear construidas en Francia entre 1971 y 1991, las cuales aún generan en torno al 78 por 100 de la electricidad francesa, así como a un debilitamiento del papel puntero de otra empresa franco-alemana, Areva, dedicada al diseño y la construcción de plantas nucleares. La entrada de Areva y EDF en un mercado en rápido crecimiento como el chino representaba el aprovechamiento de una oportunidad pero a riesgo de transferir tecnología a homólogos locales que probablemente no tardarían en convertirse en competidores en los mercados globales. A pesar de la preocupación por los costes de construcción, el destino de los residuos nucleares y los potenciales daños medioambientales, en especial tras la catástrofe de Fukushima ocurrida en Japón el año 2011, una industria que conserva una considerable importancia estratégica y provoca la actividad de eficaces grupos de presión –apoyados por el Estado– sigue contando con considerable apoyo.

Todo esto, y los resultados a veces desastrosos, podría servir como advertencia sobre los puntos flacos de la cultura de la gestión prevalente en las compañías francesas más grandes. Los líderes empresariales siguen siendo en gran medida antiguos estudiantes de instituciones meritocráticas de talla mundial como la École Polytechnique y la École Nationale d’Administration (ENA), círculos sociales relativamente cerrados, casi exclusivamente franceses y en su inmensa mayoría masculinos. Los relacionados con este íntimo y enormemente gratificante mundo de consejos de administración de empresas entrelazadas forman una elite económica de políticos y funcionarios de primer nivel con fuertes vínculos entre sí sobre la base del beneficio mutuo. Es más, frente a la vertical gestión autocrática, la influencia de los ciudadanos normales lo mismo que de los accionistas resulta limitada. Las reformas en la gestión empresarial propuestas en 1995 por el Informe Vienot se han ido poniendo gradualmente en práctica a fin de fomentar una mayor transparencia en los procedimientos. Esto también representa una respuesta a la globalización de los mercados de capitales. En 2000, un 40 por 100 de las acciones negociadas en la Bourse de París eran de propiedad extranjera. Compañías como Aventis, Suez y Total/Fina/Elf se vieron cada vez más forzadas por importantes inversores institucionales estadounidenses o británicos a adoptar una perspectiva más amplia, así como enfoques anglosajones de la gestión.

Por supuesto, con esto no se ha dicho todo. Además de las 40 compañías punteras (el CAC 40), con fuerte presencia en los mercados internacionales, y de las 2.000 compañías que cotizan en bolsa, las cuales dependen de mercados nacionales o incluso regionales, actualmente existen unos 2 millones de pequeñas y medianas empresas. El fracaso en la reproducción de los éxitos del Mittelstand alemán –firmas de tamaño medio que elaboran productos de alta calidad, en especial maquinaria, muy solicitados– parece consecuencia de una menor eficacia en la gestión, el cortoplacismo, la baja cualificación y la infrainversión, debida esta en gran medida a la reluctancia de los bancos a conceder créditos, así como a la lentitud con que las grandes compañías pagan a los subcontratistas. En sectores tan diversos como la industria textil, del calzado, de electrodomésticos y juguetera sólo ha sobrevivido una pequeña minoría de fabricantes de lujosos productos de alta calidad. Aunque son numerosas las oportunidades que siguen abiertas a los pequeños empresarios, en especial en la prestación de servicios, invariablemente tales compañías han de hacer frente a una considerable presión competitiva. En diez años a partir de 1986, sólo en París, cerraron más de 3.000 tiendas (una de cada 10). Se trataba sobre todo de tiendas de alimentación en zonas de clase trabajadora y en los suburbios, donde se enfrentaban a la competencia de los hipermercados y supermercados, en especial Carrefour; cafés incapaces de combatir la propagación de los establecimientos de comida rápida –simbolizados por McDonald’s–, y minoristas especializados sin ninguna posibilidad de competir ni en precio ni en variedad con los productos ofrecidos por FNAC si hablamos de libros, CD, DVD y cámaras, por Castorama para los entusiastas del bricolaje o por Go Sport. Como siempre, el mundo de la pequeña empresa está en estado de flujo constante. La creciente importancia de las ventas por internet ofrece una vez más nuevas oportunidades, además de la intensa competencia de entidades como Amazon-France.

En el sector financiero, el final en 1971 de la disciplina financiera impuesta por los acuerdos de Bretton Woods había facilitado una expansión crecientemente desregulada del crédito público y privado, y reforzado la dependencia de los gobiernos con respecto a las instituciones financieras. La ideología de la eficiencia de los mercados y el potencial de enormes réditos animó a los banqueros a descuidar la gestión del riesgo y a promover la venta de instrumentos financieros cada vez más complicados. En agosto de 2007, la casi quiebra de un importante banco francés –BNP Paribas– como resultado de su exposición a las inversiones en hipotecas subprime podría haberse visto como un presagio de los problemas futuros. Sin embargo, el inicio de una grave crisis financiera global en septiembre de 2008 resultó traumático. En mercados poco regulados, los gobiernos y los consumidores, así como las instituciones financieras, habían acumulado deudas insostenibles en un esfuerzo por mantener la inversión y el consumo mediante el acceso a dinero «barato». Aunque probablemente mejor regulados que sus equivalentes estadounidenses y británicos, y desde luego no tan entusiastas de los préstamos hipotecarios, inevitablemente los bancos franceses se resintieron. La deuda pública y la exposición de bancos como la Société Générale a la debacle de las subprime en los Estados Unidos y a la crisis financiera griega constituían poderosos motivos para la preocupación.

Más aún, el coste de la deuda financiera, así como el aumento de los costes laborales, apuntaba a una falta creciente de competitividad. En 2008, los sueldos, que en 2000 habían sido un 8 por 100 más bajos que los de Alemania, fueron un 10 por 100 más altos. La diferencia la marcaban niveles de desempleo muy superiores y un acelerado proceso de desindustrialización, con la contribución de la industria a los ingresos nacionales cayendo al 14 por 100 en 2010 frente al 25 por 100 en Alemania, donde importantes reformas en el mercado laboral llevadas a cabo a comienzos de la década de 2000 habían reducido costes y ayudado a generar un dinamismo exportador. Los líderes políticos franceses fueron lentos en aceptar la necesidad de medidas de austeridad tan radicales... e impopulares. Una reducción del gasto público –que desde los primeros años setenta superaba a los ingresos, y que habría requerido una reforma de las pensiones y sistemas asistenciales– habría inevitablemente provocado protestas generalizadas.

En el campo también ha habido cambios enormes conducentes a la virtual desaparición de la explotación agrícola tradicional. En el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, y con considerable éxito, la política del gobierno se dirigió hacia la modernización de la agricultura, la maximización de los rendimientos y la mejora del nivel de vida rural. El Mercado Común trajo consigo mercados protegidos y precios garantizados y, aunque los enormes subsidios beneficiaban en especial a los grandes agricultores –sobre todo a los sumamente eficientes productores de cereales y remolacha azucarera del norte y a los productores intensivos de carne de cerdo y pollo en el oeste–, en todo el sector la productividad aumentó considerablemente como resultado de la mecanización y el empleo intensivo de productos químicos. El banco Crédit Agricole prestaba el capital. Sin embargo, los agricultores estaban cada vez más dominados por las grandes empresas agroindustriales que controlaban los suministros y el procesamiento y comercialización de los productos alimenticios. Más aún, en la década de los ochenta se había vuelto imposible que los gobiernos hicieran caso omiso de la creciente crisis en agricultura como consecuencia de la sobreproducción y la caída de los precios.

La población rural estaba desmoralizada y en descenso. Integrados en un mundo urbano por los coches, la música popular y la televisión, muchos jóvenes no deseaban ganarse la vida en una granja familiar. De hecho, a finales del siglo XX la agricultura daba empleo a sólo el 4 por 100 de la fuerza laboral (un tercio en 1945) y apenas aportaba más que el 3 por 100 al PIB. Desde 1970, el número de explotaciones agrícolas había caído de 1,6 millones a 700.000 como consecuencia de la creación de sociedades de cartera mayores, y el funcionamiento de la mitad de estas se basaba en el trabajo parcial. En la siguiente década el número cayó a 490.000 debido a la desaparición de muchas pequeñas granjas lecheras. La marginalización de la agricultura en el seno de la economía también hacía cada vez más difícil oponerse a las propuestas de reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. En 2001, Francia recibía el 22 por 100 de las subvenciones de la PAC. Se calcula que estas equivalían a entre un 15 y un 20 por 100 el coste de los alimentos. Sin embargo, se podía confiar en que los ministros franceses pusieran en marcha una tenaz acción de retaguardia tanto contra las propuestas británicas, más atentas a las necesidades de los consumidores, de reducir los precios garantizados, como contra los esfuerzos por reducir los subsidios a la exportación, de devastador impacto sobre la agricultura de los países en desarrollo: disputas que con frecuencia meramente disfrazaban la competencia por la cuota de mercado entre Francia y los Estados Unidos, los dos mayores exportadores de productos agroalimentarios.

La confianza de los consumidores también se ha resentido como consecuencia del impacto medioambiental de la agricultura capital-intensiva a gran escala. Como respuesta, la Confédération Paysanne y su pintoresco líder, José Bové, intentaron crear una alianza entre pequeños agricultores, ecologistas y consumidores para defender la calidad de los alimentos, la salud pública y las prácticas ecológicas sanas contra las fuerzas del mercado, así como contra la ingeniería genética en plantas y animales. Percepciones urbanas románticas muy difundidas sobre «el eterno orden de los campos» potenciaron la capacidad de tales grupos para atraer apoyos y convencer al público de aceptar bloqueos de autopistas y el vertido de estiércol en los bulevares parisinos como métodos de ejercer presión sobre los gobiernos. En diciembre de 1993, aunque era alcalde de París, Chirac se sintió obligado a solidarizarse con los intereses de su circunscripción rural en la Corrèze oponiéndose a los acuerdos globalizadores presentados durante las negociaciones para la liberalización del comercio GATT. Insistió en que el campo se tenía en fideicomiso como rasgo excepcional del patrimonio nacional.

Parece probablemente que en el futuro los agricultores serán subvencionados según su papel primordial sea la producción de alimentos en mercados competitivos o, alternativamente, la conservación de un paisaje idealizado y estático como parte del «patrimonio rural». También se animará la diversificación continua, donde el turismo creará un mercado de alquiler inmobiliario y la venta de productos característicos de valor relativamente alto –vino, queso y artesanía– en las puertas de las granjas. De hecho, y a pesar de la pronunciada bajada en el número de agricultores, en muchas zonas el largo descenso de la población rural se ha compensado con los habitantes de ciudades que, en busca de un idilio rural o bien desesperados por escapar de un medio ambiente cada vez más degradado y sin poder adquisitivo para permitirse una cara propiedad en la ciudad, han comprado casas a una distancia de París y las principales ciudades de provincias en ocasiones larga pero posible de cubrir todos los días. Muchas familias, en una buena cantidad de casos procedentes de otros países, han adquirido también segundas residencias vacacionales en las zonas más pintorescas y accesibles. De modo que la sociedad rural se ha urbanizado progresivamente. Como resultado, los precios de las casas han aumentado en muchos casos por encima de los niveles que los locales se pueden permitir. Además, las residencias vacacionales no han conseguido evitar el envejecimiento gradual de la población permanente, el cierre de escuelas y tiendas y la decadencia general de los servicios.

En conjunto, el impacto del progreso económico sostenido ha sido especialmente evidente en el rápido descenso del empleo industrial y agrícola y el crecimiento en importancia y dinamismo del sector servicios de la economía, en un proceso de terciarización común a todas las economías avanzadas... y en la transformación del mundo del trabajo. En la década de los ochenta, más del 60 por 100 de la fuerza laboral activa ya trabajaba en el sector terciario, incluidos algunos de los mejor remunerados y los peor pagados. De hecho, el desarrollo del sector terciario ha adoptado diversas formas, entre ellas la dispensación de servicios personales, desde fontaneros y peluqueros hasta abogados, y el crecimiento del sector público, incluidos funcionarios y maestros; de transporte y turismo; banca y seguros, y la publicidad y los sistemas de ventas al por menor o al por mayor.

Tabla 19. Estructura de la población activa (por 100)

1973

1985

Sector primario

10,9

7,5

Sector secundario

37,8

30,6

Sector terciario

51,3

61,9

Ulteriores desarrollos, asociados con el espectacular desarrollo de la tecnología de la información, prometen mejores oportunidades para el incremento de la productividad económica y la creación de riqueza pero también una competencia global incluso más intensa y una mayor desigualdad social. Aunque la mayoría de la población continúa disfrutando de prosperidad material, el consumismo rampante y los crecientes niveles de estrés, el trabajo en un mercado laboral más competitivo y menos seguro y la vida en ciudades congestionadas y contaminadas, en las que la delincuencia y la tensión racial se percibe que representan crecientes amenazas han inducido una sensación de crisis. La mayor opulencia tiene sus costes.

PROBLEMAS SOCIALES

La definición, y solución, de estos problemas es en buena medida responsabilidad de una elite sociopolítica relativamente pequeña, cuyo control del gobierno y los medios de comunicación le permite ejercer una considerable influencia sobre actitudes públicas más amplias. La desigualdad de las herencias y en los ingresos, además de las diferencias en el acceso al capital social y cultural, lleva invariablemente a enormes disparidades en la ostentación del poder. Así, un papel predominante siguen desempeñándolo antiguos alumnos de un pequeño número de prestigiosos lycées parisinos, los más cualificados y más ambiciosos de los cuales luego cursan sus carreras en instituciones de nivel universitario o en la École Libre des Sciences Politiques, y en torno al 5 por 100 de los cuales siguen siendo estudiantes en grandes écoles como Polytechnique, Mines, Normale Supérieure y, más recientemente, Hautes Études Commerciales, cuyo ascenso refleja a la vez los cambios en las necesidades de la economía y la interconexión efectiva. Especialmente importante es la École Nationale d’Administration, fundada en 1945 con el fin de engendrar a una meritocrática elite administrativa y que cada año selecciona a unos 120 estudiantes en virtud de exámenes escritos y orales ferozmente competitivos. Luego, los nombramientos para los tres cuerpos administrativos más prestigiosos (la Inspection Générale des Finances, el Conseil d’État y la Cour des Comptes), abren el camino hacia lo alto tanto en el funcionariado como en la empresa privada. En 1999, dos tercios de los presidentes de las 40 compañías más importantes eran antiguos alumnos de la Polytechnique o ENA. Esto es sintomático de la interpenetración entre los poderes económico, social y político. Los puestos de liderazgo en los principales partidos políticos de izquierdas y derechas también los ocupan, por lo general, antiguos alumnos de grandes écoles con una formación profesional común y similares valores.

La clase dirigente (el establishment) así creada ha sido supuestamente escogida en función de los méritos mediante exámenes públicos que permiten la entrada en la universidad de todos los que obtengan el baccalauréat al final de su educación secundaria. Además de las bien financiadas grandes écoles, existen más de 80 universidades más o menos prestigiosas y otro centenar de instituciones tecnológicas. En la práctica, los datos prosopográficos sugieren que los hijos de miembros de la elite existente gozan de ventajas considerables. La riqueza heredada importa. Los antecedentes familiares y los vínculos de parentesco siguen siendo de importancia capital en el establecimiento de ambiciones y logros, y en la acumulación de capital cultural, y por eso se encargan indirectamente de la admisión en las escuelas e instituciones más prestigiosas de la educación superior. Como resultado, el sistema es tan elitista como su equivalente británico, basado en las universidades de Oxford y Cambridge (Oxbridge). Luego, las tupidas redes sociales constituidas en torno al parentesco, la amistad, el matrimonio entre iguales y la experiencia educativa compartida son los determinantes cruciales de las perspectivas de carrera. No sorprende que los sucesivos gobiernos hayan sido convencidos de eximir a las grandes écoles, tan importantes en el proceso de formación de elites, de reformas presuntamente igualitarias en la educación superior.

No obstante, se ha expresado una preocupación creciente por la competencia e incluso la integridad de estas elites. Se ha sugerido que la base de su reclutamiento es demasiado restringida, su formación demasiado limitadamente concebida y los productos finales demasiado inflexibles. Sin embargo, los cambios han sido lentos. La discriminación positiva para apoyar a los estudiantes de orígenes menos privilegiados sólo han tenido un impacto marginal. Si el expresidente Nicolas Sarkozy –un hombre desde luego resentido– se formó como abogado, su predecesor y su sucesor fueron productos de la ENA, el segundo de ellos miembro de la promotion Voltaire de 1980 actualmente dominante en Francia. El descontento generalizado con la autosatisfacción y el arrogante aire de superioridad que se cree típico de los miembros de la elite se ha visto reforzado, más aún, por las acusaciones de corrupción. El pantouflage, el proceso por el cual los políticos y funcionarios se han movido tradicionalmente entre el empleo en la Administración pública y el trabajo en el sector privado, ha contribuido a crear redes de seguridad basadas en el intercambio mutuo de favores. En su punto culminante, durante la década de los noventa, esta clase de situación hizo posible que el banco nacionalizado Crédit Lyonnais emprendiera una agresiva y temeraria política de préstamos, financiando la promoción inmobiliaria en Francia y Asia, y ocultando sus crecientes pérdidas mediante una contabilidad creativa. La factura la pagó el contribuyente. La supervisión, a cargo de los propios directores del banco, el Ministerio de Hacienda y el Banco de Francia, resultó palmariamente deficiente. Conviene saber que el presidente de la compañía, Jean-Yves Haberer, había ejercido previamente como inspecteur des finances y fue el funcionario jefe del Ministerio de Hacienda. Los magistrados encargados de investigar una actividad tan turbia se quejaron de la cultura de la confidencialidad, así como de las interferencias políticas en las investigaciones. Tales transgresiones revelan la determinación de los miembros de la vida política a conservar sus privilegios e inevitablemente a arrojar dudas sobre la legitimidad del sistema político.

La atmósfera de desconfianza ha aumentado con la apertura de una brecha entre la comprensión de las implicaciones de la globalización por la elite y las preocupaciones expresadas por muchos ciudadanos franceses. Como para ilustrar la confusión, el 4 de octubre de 1996, mientras afirmaba que el sistema de Seguridad Social era «la última muralla» contra lo que podría ser una dramática decadencia de la civilización, el presidente Chirac insistió sin embargo en que el déficit público, y especialmente en sanidad, se había vuelto «insoportable». A los políticos conservadores, así como a los representantes de Medef, la principal organización empresarial, les preocupa en especial que las altas tasas de impuestos personales y corporativos, así como las cargas de la Seguridad Social y los obstáculos legales y costes del despido de empleados, hayan reducido la productividad y la competitividad. A la mayoría de los que adoptan decisiones clave, la necesidad de liberalizar los mercados de capitales y laboral, y de reducir los gastos del Estado (en 2007 equivalentes al 52 por 100 de PIB) y la regulación, les parece evidente e inevitable si es que Francia quiere conservar su lugar en el mundo. En un periodo de recesión económica, sin embargo, el descontento público por los ingresos y el estilo de vida de los que disfrutan los directores de las empresas del CAC 40, cuyos comités de remuneraciones supuestamente recompensan el «éxito» pero condicionados por la ley del apoyo mutuo, es cada vez más evidente. Los esfuerzos de los empresarios y los representantes del mundo del entretenimiento por minimizar sus obligaciones fiscales al tiempo que en voz alta condenan el «fraude a la Seguridad Social», así como sus muy publicitadas amenazas de abandonar Francia, han provocado un enfado añadido.

Hay factores demográficos que aumentan la complejidad de la situación. El incremento en los costes de la sanidad son debidos al envejecimiento y a la creciente obesidad de la población, el impacto del sida, el recrudecimiento de las enfermedades asociadas con la pobreza y los efectos de la aceleración de los cambios sociales en niveles estresantes, así como al desarrollo de una tecnología médica más costosa. El malgasto es también considerable. Los pacientes, el 75 por 100 de cuyos costes son normalmente reembolsados por el seguro sanitario público y el resto por seguros privados o mutuos o, en el caso de los muy pobres, por el Estado, pueden realizar repetidas visitas al médico y consumir enormes cantidades de medicinas con frecuencia inútiles. La racionalización pretende atender a las cambiantes necesidades de la sanidad e instaurar controles mayores sobre el gasto, así como hacer que los usuarios paguen más. La reforma, sin embargo, seguirá encontrando resistencia, no sólo por parte de grupos de pacientes preocupados por asuntos como los cierres de hospitales, sino también de los médicos y trabajadores de los servicios sanitarios ansiosos por proteger los salarios, la seguridad laboral, la edad de jubilación y las pensiones generosas, y por evitar el deterioro de lo que es un sistema sanitario de suma calidad.

Aunque el descenso en popularidad del matrimonio y la creciente probabilidad de los divorcios han aumentado considerablemente el número de las familias monoparentales y de los individuos aislados, la familia tradicional sigue siendo de capital importancia para la cohesión social. Cada vez se basa con mayor fuerza en relaciones más afectivas y menos paternalistas y autoritarias. Mientras que las mujeres aún aceptan más de la parte que les correspondería de las responsabilidades domésticas, gradualmente el matrimonio –o, mejor dicho, la cohabitación– parece haberse convertido en una asociación igualitaria. En reconocimiento de las cambiantes mores sociales, en 1999 la legislación permitió que las «parejas que cohabitaran, fuera cual fuera su sexo», se registraran como una unión civil. Más aún, la prestación de servicios de atención infantil financiados por el Estado ha facilitado el trabajo de las mujeres fuera del hogar. Se ha de hacer también hincapié en el impacto sobre las actitudes y la conducta de la legislación liberalizadora sobre la anticoncepción (1967), el aborto (1974) y el divorcio por mutuo consentimiento (1975), así como contra el acoso sexual en el lugar de trabajo. Sin embargo, las tensiones impuestas a la vida familiar por la necesidad de que ambos padres trabajen para mantener el nivel de vida no deberían pasarse por alto.

Junto con las generosas ayudas a la familia, estos desarrollos han contribuido a que –con 1,89 niños por mujer entre 2005 y 2010– la fertilidad sea mayor que en otros países occidentales. No obstante, el descenso a largo plazo en las tasas de fertilidad y el aumento en la esperanza de vida (78,2 años para los hombres y 85,3 para las mujeres en 2010) ya han creado una población con una alta ratio de pensionistas por trabajadores. En 2040, la proporción de personas de más de sesenta años es probable que ascienda de un quinto a un tercio. Inevitablemente, una población envejecida incrementará considerablemente los costes del sistema de pensiones y sanitario. No sorprende que la reforma del sistema de pensiones y el aumento de la edad de jubilación de los sesenta a los sesenta y dos años se haya convertido en un tema político cargado de emotividad, especialmente para aquellos grupos como los trabajadores ferroviarios y la policía, cuyos «regímenes especiales» permitían un retiro temprano en compensación por las difíciles condiciones laborales.

Más aún, cuando el número de parados creció en la década de los setenta, la subida en espiral de los costes asistenciales se convirtió en motivo de grave preocupación y llevó a restricciones de los derechos de ayuda social en 1984, algo con consecuencias particularmente duras para los desempleados jóvenes y de larga duración. Luego, la necesidad de reducir los gastos del gobierno a fin de potenciar la competitividad económica francesa y satisfacer los criterios de Maastricht para la Unión Monetaria Europea exacerbó el problema. Los déficits presupuestarios se convirtieron en la nueva «prioridad de prioridades» del gobierno, con el cambio de acento anunciado como el medio más eficaz de recortar el desempleo a largo plazo, cuando la reducción de la deuda pública llevara a la caída de las tasas de interés, y esto a su vez estimulara la inversión y la creación de empleo.

Entre comienzos de 1997 y diciembre de 2000 se calcula que se crearon 1,6 millones de nuevos empleos. Esto se debió en parte a las prósperas condiciones económicas y a la creación y el crecimiento de pequeñas compañías basadas en la alta tecnología informática y, en cierta medida, a la reducción de la jornada de trabajo semanal por parte del gobierno socialista. Sin embargo, la semana de 35 horas, junto con los elevados costes de la Seguridad Social, frecuentemente llevó a las compañías grandes a reorganizar las prácticas laborales a fin de aumentar la productividad y evitar la necesidad de contratar a más empleados. Nuevos problemas surgieron. Como resultado de la erosión del empleo industrial, el número de trabajadores industriales continuó bajando hasta llegar al 13 por 100 más o menos de la población adulta, con un 44 por 100 adicional empleado en el sector servicios, a menudo en trabajos a tiempo parcial, temporales y mal pagados. La concentración de los sucesivos gobiernos en caras medidas para la creación de empleos a corto plazo y de baja productividad para los jóvenes hizo poco por elevar los niveles de cualificación, mientras que la proporción de las mujeres y de los hombres de edad en la población activa se vio drásticamente reducida como consecuencia de las jubilaciones tempranas, de modo que, en 2010, en el empleo productivo sólo quedaba un excepcionalmente bajo 39 por 100 de los situados en el grupo de edad comprendido entre los cincuenta y cinco y los sesenta y cuatro años. Los niveles de desempleo seguían también pertinazmente altos entre los jóvenes, las mujeres, los no cualificados y en las regiones deprimidas.

Gradualmente, los gobiernos han ido aceptando los argumentos de los empresarios a favor de mercados laborales más flexibles y una relajación de las regulaciones destinadas a proteger los derechos de los trabajadores. El número de afiliados a los sindicatos se ha desmoronado (hasta más o menos el 8 por 100 de la fuerza laboral), y con ello la consciencia de clase de buena parte de una clase obrera cada vez más fragmentada. No obstante, el empleo sigue siendo un importante tema electoral, lo cual refleja la creciente sensación de vulnerabilidad entre los autónomos, así como entre los empleados de todos los sectores de la economía y de todas las clases sociales, en un momento en el que la aplicación de la tecnología de la información, junto con la reestructuración de la actividad empresarial, ha producido un fuerte impacto en el mercado laboral. Como de costumbre, en la banca, cuando el Crédit Agricole asumió el control del Crédit Lyonnais en 2002, se consiguió una sustanciosa reducción en los costes mediante un importante recorte cuantitativo en equipos técnicos. Al contrario de lo sucedido con la explosión de oportunidades y la expansión de las clases medias en los años sesenta, el espacio disponible para la movilidad social ascendente se ha contraído. El descenso en la escala social se ha vuelto más corriente. Las diferencias en experiencia de los estratos de edad –una fracture générationelle– se han hecho evidentes. Por comparación con sus predecesores –especialmente castigados por la pobreza en su vejez– y sucesores –llegados al mercado laboral en un momento de ralentización de la economía–, las generaciones nacidas entre 1950 y 1975, y especialmente los altos directivos y funcionarios, han gozado de carreras relativamente bien remuneradas y seguras, y de pensiones generosas. Hoy día, para la inmensa mayoría de ciudadanos corrientes, las «clases dominadas», el empleo, la prosperidad y la seguridad parecen amenazados por visiones apocalípticas de cambios globales sin freno y de la desestabilización asociada con el capitalismo posindustrial, así como por la desmedida avidez de las elites sociales. Como consecuencia de la grave crisis financiera iniciada en 2008, el desempleo ascendió a 3 millones de personas en mayo de 2011. El número de personas definidas como «pobres» por los estadísticos oficiales creció de 7,83 a 8,17 millones en el plazo de un año.

En contraste con la prosperidad de la que todavía disfruta buena parte de la población, una considerable minoría, incluidos muchos miembros de minorías étnicas, está pasando por auténticas, o al menos relativas, penurias. Hasta cierto punto, las dificultades se concentran en las regiones que atrajeron a más inmigrantes durante las treinte glorieuses. Así, fuera del boulevard périphérique que define los límites de la ciudad de París con sus 2 millones de habitantes, otros 8 millones de personas viven en las a menudo aisladas y marginadas urbanizaciones que forman parte de un gran París. El desmoronamiento del empleo en las formalmente vibrantes comunidades de mineros del carbón y obreros siderúrgicos en lugares como Lens y Valenciennes en el norte y Longwy en Lorena, o en centros textiles como Roubaix y Tourcoing, ha tenido también consecuencias sumamente perniciosas. Particularmente entre los parados de larga duración, así como entre los miembros de sus familias, son muchos los que han padecido una sensación de exclusión social, y buscado con frecuencia alivio en las drogas y el alcohol. Las subvenciones concedidas por el Estado para animar a la fundación de nuevas empresas y la renovación de las viviendas sólo han tenido un impacto limitado. Donde peor se muestra probablemente la situación es en las zonas de marginación dentro de las ciudades y en los suburbios creados en los años sesenta y setenta, caracterizados por brutales torres de apartamentos y la falta de servicios colectivos. Los construyeron políticos bienintencionados y urbanistas ansiosos por mejorar un parque de viviendas arruinado por mucho tiempo de descuido y la devastación de la guerra, y están enormemente superpoblados como resultado del crecimiento de la población y la inmigración en masa. Los líderes políticos actuales prometen de forma parecida mejoras para entornos físicos cada vez más degradados y condiciones de vida en continuo proceso de deterioro, pero los cambios son lentos, tal vez porque entre los desafectos hay pocos votos que ganar. Pese a los esfuerzos por mejorar el parque público de viviendas a bajo coste (habitation à loyer modéré) y de animar a las constructoras privadas, lo elevado de los alquileres y la dificultad para la obtención de préstamos hacen que alrededor de 8 millones de personas habiten viviendas «deficientes». Al menos la movilidad y el acceso al empleo en la región de Partís deberían mejorar con la construcción para 2017 de un supermetro de 130 kilómetros de longitud.

Entre tanto, la sensación de privación y descontento sentida por los ocupantes de fincas de muchos pisos venidas a menos es palpable, sea en La Corneuve en los suburbios de París, en Chanteloup-les-Vignes (donde se rodó la película El odio, con su realista plasmación de la violencia de las bandas y los encontronazos con la policía) o en Val-Fourré a las afueras de Nantes: la finca más grande, con 25.000 inquilinos. Situaciones parecidas reinan en Les Minguettes a las afueras de Lyon o La Concorde tocando a Lille. La desindustrialización ha traído pérdida de empleos, dependencia de la asistencia social y sentimientos de inutilidad. Se provocan reacciones complejas. Por un lado, el desempleo y las penurias exacerban las tensiones de género, generacionales y étnico-culturales. Los blancos, en los suburbios más antiguos, así como los que se sienten relegados con el cambio en el carácter étnico de las fincas producido por la inmigración, se quejan con amargura de las diferentes culturas y costumbres, y de lo que perciben como un trato preferencial a los negros y árabes por parte de las autoridades locales. Quienes se lo podían permitir ya se han marchado. Por otro lado, una sensación compartida de exclusión y de descontento por el estigma adscrito a vivir en un barrio de mala reputación une a jóvenes parados en bandas callejeras racialmente mixtas y en una hostilidad común hacia los que creen responsables de sus apuros. Las pintadas no hacen sino patentizar la sensación de frustración y los que consideran sus motivos. La más corriente es probablemente «Que se joda la policía». Grupos pop como Nique ta mère («Fóllate a tu madre») triunfaron con letras como «no tenemos nada que perder porque nunca hemos tenido nada. Yo de ti dormiría con un ojo abierto; que tiemble la burguesía, la chusma anda suelta». El descontento de los jóvenes también lo expresa la proliferación del vandalismo y la delincuencia –sobre todo trapicheo de droga, atracos y pequeños robos–, así como las violaciones, que revelan una percepción perturbadoramente negativa de las mujeres, y los ataques contra la policía, ella misma acusada con frecuencia de hostigamiento... y no del todo injustamente, dada la probabilidad mucho mayor de que a uno le pidan que se identifique si no es blanco. Los graves desórdenes que, durante tres semanas, ocurrieron en noviembre de 2005 en Clichy-sur-Bois, cerca de París, tras la electrocución accidental de dos jóvenes perseguidos por la policía podrían presentarse como una expresión del descontento acumulado. El desprecio con que el entonces ministro del Interior Sarkozy se refirió a los alborotadores como racaille (escoria) de la que había que deshacerse con una manguera no hizo sino inflamar la situación, aunque una postura de firmeza con respecto a la ley y el orden contribuyó desde luego a potenciar su campaña presidencial en 2007.

En toda Francia, la policía ha identificado más de 700 quartiers difficiles en los que los arrestos lo más probable es que desencadenen disturbios, quema de vehículos y saqueos en los que cada vez participan más grupos rápidamente movilizados por los omnipresentes teléfonos móviles y las redes sociales. Inevitablemente, esto ha creado un clima de inseguridad y temor, especialmente en los barrios más degradados y, junto con la mucho más extendida sensación de pánico provocada por la prensa popular, ha mantenido el tema de la ley y el orden en las primeras páginas de la agenda política. Así es desde luego como lo quieren los sindicatos policiales como respaldo a su demanda de un aumento en el número y los salarios de sus miembros, y la oposición a la reforma de sus propias prácticas de trabajo. Lo que realmente se necesita, sin embargo, no son más policías (ya hay 146.000 policías nacionales controlados por el Ministerio del Interior, 101.000 gendarmes dependientes del Ministerio de Defensa y 13.000 policías municipales), sino un despliegue más eficaz y, en especial, la cooperación en lugar de la rivalidad entre las diferentes fuerzas del orden. La dirección incompetente es un problema mayor que la insuficiencia numérica, y desde luego hace tanto más difícil un trabajo con frecuencia sumamente estresante.

En 2002, Sarkozy, insistiendo en que los policías no eran trabajadores sociales, abolió la policía de barrio (pólice de proximité) creada por primera vez durante el Segundo Imperio y restaurada por Lionel Jospin, primer ministro, en 1998 como medio para aumentar la confianza y la seguridad locales. La financiación de proyectos comunitarios (deporte, música o cultura) y del trabajo social se redujo al mismo tiempo. Se prefirió un papel represivo e intervencionista: investigar los delitos, comprobar identidades y «recuperar los barrios». Las reformas del sistema judicial propuestas durante la presidencia de Sarkozy, que debían haber reducido los poderes de investigación del juge d’instruction mientras consolidaban la autoridad de los fiscales públicos, fueron ampliamente percibidas como un medio para reforzar el control del gobierno y como una politización del sistema legal.

Lámina 64. Protesta contra la reforma del sistema de pensiones, Marsella, el 13 de mayo de 2003. Foto: Gérard Julien/AFP/Getty Images.

Las tensiones inevitables en cualquier sociedad cuando inmigrantes con costumbres diferentes entran en el espacio de una población asentada y compiten por el trabajo y el alojamiento no se han hecho sino evidentísimas, cuando más recientemente en el caso de la hostilidad popular y oficial hacia los romaníes. Francia es sin duda una sociedad racista. Así, según una encuesta realizada por Harris en 1999, el 68 por 100 de una muestra representativa de la población creían de sí mismos que tenían tendencias racistas, con el 61 por 100 insistiendo en que en Francia había demasiados extranjeros. Desde 1983, el 28 por 100 había votado, al menos en una ocasión, al Frente Nacional. Se reveló una hostilidad particular hacia los individuos que se percibían como procedentes del norte de África, al considerar normalmente que preferían aprovechar los beneficios de la asistencia pública antes que los del trabajo: una acusación dirigida a muchos inmigrantes pero más aún a los norteafricanos, porque se suponía que ni podían ni querían integrarse en la sociedad francesa. Cabe destacar que los negros, especialmente los procedentes de los départements d’outre-mer en el Caribe, es más raro que se encuentren con prejuicios que las personas de origen norteafricano aunque más que los inmigrantes blancos. Estas actitudes son en parte consecuencia de las profundas cicatrices dejadas en la memoria colectiva por la Guerra de Independencia argelina.

La considerable contribución de tropas norteafricanas en el esfuerzo militar francés en las dos guerras mundiales y en Indochina parece haberse olvidado, como también la de las primeras generaciones de inmigrantes a la prosperidad de posguerra. Alentados a mudarse a Francia por compañías importantes como Renault en busca de mano de obra barata, y a emplearse como trabajadores no cualificados en la construcción y la minería, ellos y sus hijos encontraron pocas oportunidades laborales como resultado de la robótica y los recortes. Muchos habían escapado de la pobreza rural y la horrible violencia de la guerra colonial, y del sangriento conflicto civil vivido en Argelia en la década de los noventa. Lo normal era que, una vez encontrado trabajo por los hombres, sus familias los siguieran. El creciente número de mezquitas con imanes por lo general reclutados en el Magreb, de carniceros halal y de antenas parabólicas orientadas hacia cadenas de televisión árabes daba prueba de su presencia y de la continuidad de sus compromisos con sus comunidades de origen, así como con aquellas en las que se habían asentado.

Lámina 65. Dependencia del trabajo de los inmigrantes para sostener el crecimiento económico: normalmente alojados en viviendas de bajo coste, como aquí en Gennevilliers en la década de los ochenta. Foto: Chollet-Rapho.

El objetivo oficial sigue siendo la asimilación de los inmigrantes, lo cual de hecho sí parece haber hecho mucho por promover la integración e incluso por favorecer la movilidad social ascendente. Las autoridades francesas rechazan el modelo británico de multiculturalismo como divisivo y segregacionista. Más aún, la hostilidad hacia cualquier forma de diferenciación cultural está institucionalizada por un profundamente arraigado compromiso oficial y público con los valores universalistas, seculares e igualitarios de La République une et indivisible, acompañado por la insistencia en que los grupos étnicos, raciales, religiosos, regionales y corporativos no deberían tener derechos ni privilegios peculiares. En línea con esto, las estadísticas oficiales publicadas rechazan las distinciones basadas en la raza o la religión. Así, el número de musulmanes en Francia sólo puede calcularse: de 5 a 6 millones, de los cuales unos 3 millones son de origen norteafricano o descendientes, incluidos 1,5 millones con vínculos argelinos. La presencia de un número desconocido de inmigrantes ilegales hace que la opinión pública infle extraordinariamente estas cifras.

Tradicionalmente, las escuelas han desempeñado un papel vital en el proceso integrador. Sólo por esta razón, la insistencia en 1989 de tres colegialas de Creil, cerca de París, y en 2003 de dos estudiantes de Aubervilliers, en los suburbios parisinos, en su deber religioso de cubrirse la cabeza con un pañuelo cuando asistían a escuelas públicas laicas se vio envuelta en una controversia judicial. En 2004 se aprobaron leyes que reforzaban las disposiciones secularizadoras de la ley de educación de 1905. Se decidió que la ley que prohíbe la exhibición «ostentosa» de símbolos religiosos, interpretada como no aplicable a «discretos» crucifijos o estrellas de David, prohibía los pañuelos en la cabeza por probablemente «constituir un acto de presión, provocación, proselitismo o propaganda». Las autoridades educativas argumentaron que la conducta de los estudiantes equivalía a sugerir que a la sharia, la ley sagrada, musulmana debía concedérsele prioridad sobre la ley civil. Apoyada por el presidente Chirac y la mayoría de los diputados parlamentarios, la prohibición oficial corría sin embargo el riesgo de reforzar la influencia de los grupos islamistas que afirmaban que los musulmanes estaban siendo tratados injustamente. Muchos representantes jóvenes de una segunda o tercera generación, ciudadanos franceses pero atrapados entre dos culturas, parecen cada vez más resueltos a afirmar su identidad islámica, en el caso de las jóvenes adoptando el pañuelo en la cabeza que sus madres habían rechazado y, más en general, aceptando el apelativo beur (árabe en jerga parisina) y adoptando una cultura basada en el reggae, el rap y el raï árabe, a la vez que expresándose en una jerga impenetrable. Ayunan durante el Ramadán y exigen comida religiosamente correcta en las cantinas escolares. En 2004, un informe del Consejo de Integración calculaba que el 31 por 100 de ellos abandonaba los estudios en el instituto. En otro tiempo habrían querido convertirse en franceses. Sintiéndose rechazados pero sin tener adónde ir, muchos se han vuelto cada vez más asertivos.

La hipersensibilidad de los líderes políticos franceses de cualquier tendencia (pero en especial de derechas) a esta situación puede ilustrarla aún mejor la respuesta a los acontecimientos del 6 de octubre de 2001, cuando las selecciones de fútbol argelina y francesa se enfrentaron por primera vez en París: los musulmanes nacidos en Francia silbaron durante la interpretación del himno nacional francés, y luego invadieron el terreno de juego y obligaron a la suspensión del partido. Esto contrastaba diametralmente con la masiva celebración de la victoria de un equipo francés multirracial en la final de la Copa del Mundo de 1998. Algo típico en él, el por entonces enérgico ministro del Interior, el conservador Sarkozy, reaccionó con desmesura al promulgar legislación que convertía en delito penal cualquier ofensa contra los principales símbolos de la República: la Marsellesa y la tricolor. Existe un claro peligro de que el fundamentalismo musulmán y la amenaza del terrorismo con que frecuentemente se lo asocia refuercen más aún los estereotipos raciales y la tensión, y de que eso pueda provocar una respuesta ultranacionalista. Sin embargo, también hay señales más positivas. La mayoría de los jóvenes musulmanes, especialmente los que viven en zonas étnicamente mixtas y comprometidas con la educación, sigue estando a favor de la integración. El creciente número de matrimonios mixtos constituye un indicio de ello. No obstante, las predicciones de que los jóvenes se irían distanciando progresivamente del islam no se han confirmado. Mientras que, en conjunto, se calcula que alrededor del 15 por 100 de los musulmanes asiste con regularidad a los oficios religiosos, estudios recientes (Le Monde, 1 de noviembre de 2012) señalan que el 90 por 100 de los comprendidos entre los dieciocho y los veinticinco años de edad respeta las prescripciones dietéticas del Ramadán, y que el 30 por 100 del grupo de edad que va de los veintiuno a los veinticinco años asiste a los rezos. Muchos de ellos, habitantes de los quartiers immigrés en los suburbios, sintiéndose rechazados, han ido abandonando paulatinamente los sueños de sus padres y han decidido rechazar la cultura europea. En Francia podría no haber más que 12.000 salafistas militantes pero muchos más favorables a un islamismo tradicionalista, esto es, homofóbico y en el que a las mujeres se les impone un papel subordinado, que ven con simpatía la campaña palestina contra la ocupación israelí, y que en sus páginas web llaman a una guerra santa contra los judíos y los «cruzados».

En Francia hay unas 2.000 mezquitas y lugares de oración que apoyan un proceso de reislamización. En ocasiones, como en la mezquita Al-Fath en una zona deprimida del XVIII arrondissement de París, los devotos invaden las calles circundantes. En este caso, y en lugar de hacer concesiones a los escandalizados conservadores, la respuesta del Ayuntamiento ha sido pragmática y conciliadora, con la construcción de un nuevo centro cultural islámico. En otras partes, con frecuencia se han puesto obstáculos y negado los permisos de edificación. La inauguración de la gran mezquita de Estrasburgo el 28 de septiembre de 2012 –a la que asistió Manuel Valls, ministro socialista del Interior– fue la culminación de veinte años de esfuerzos.

Pese a los gestos bienintencionados, sigue habiendo un peligro muy real de que los fundamentalistas, así como los representantes de la extrema derecha y del centro-derecha en la política francesa, traten de exacerbar las diferencias. En 2011, tras intensos debates, el burka, que tapa a las mujeres de la cabeza a los pies, fue prohibido en los lugares públicos por razones de seguridad y para impedir lo que el presidente Sarkozy calificó como la «subyugación» y «degradación» de las mujeres. El peligro que implica la estricta insistencia oficial en la asimilación es que interfiera en el complejo y difícil proceso en marcha de adaptación de los musulmanes al entorno cultural más amplio en el que viven y de los no musulmanes a los musulmanes que viven entre ellos.

También el cristianismo sirve de rasgo capital para el enfrentamiento de sistemas de identidad, aunque muchas veces es sólo una vaga adhesión a los principios básicos de la fe la que ha sobrevivido a los desafíos de la secularización. Así, el 90 por 100 más o menos de niños franceses bautizados por sacerdotes católicos en 1945 había caído al 50 por 100 en 2000. Mientras que en 1966 el 80 por 100 de la población francesa afirmaba ser católica romana, en 2007 esto sólo se podía decir del 50 por 100, con una asistencia a misa de sólo el 5 por 100, y estos pertenecientes muy mayoritariamente a las generaciones de mayor edad. Según un estudio de 2012, los sans religion constituían el 35 por 100 de la población y el 63 por 100 del grupo de edad comprendido entre los dieciocho y los veinticuatro años.

Además de sintomático, este descenso subraya la grave crisis por la que como institución está atravesando la Iglesia católica. En una época de prosperidad creciente, cuando la autogratificación parece cada vez más ser la norma, se hace menos caso de las doctrinas morales del clero. La llegada de un papa relativamente liberal, Juan XXIII (1958-1963), hizo abrigar esperanzas de que la Iglesia tendiera la mano e intentara comunicarse más eficazmente con la población. La reafirmación de la doctrina tradicionalista por sus sucesores, Pablo VI (1963-1978) y especialmente Juan Pablo II (1978-2005) y Benedicto XVI (2005-2013), y en concreto su refrendo de la condena católica de la anticoncepción trajeron consigo una considerable pérdida de autoridad. Mientras que en la década de los cincuenta se confesaba mensualmente el 20 por 100 de los católicos adultos practicantes, a comienzos de la de los noventa la cifra había caído al 1 por 100 y, aunque las mujeres seguían yendo a misa más que los hombres, más del 80 por 100 de las asistentes regulares no tenían intención alguna de hacer caso de las instrucciones del Vaticano sobre el control de la natalidad.

El número de sacerdotes también disminuyó, debido tanto al descenso en las vocaciones como a los abandonos, estos con frecuencia como resultado de la voluntad de no respetar la necesidad del celibato. En dos décadas, entre mediados de los sesenta y mediados de los ochenta, el clero secular bajó de los 40.000 a los 27.000 componentes. La situación ha continuado deteriorándose, y el número de miembros de las órdenes religiosas también se ha desplomado. Se han fusionado parroquias, y un clero muy envejecido se ha visto obligado a confiar más en el compromiso de laicos devotos. Como institución, a la Iglesia nunca le ha resultado fácil admitir errores o aprobar reformas. Asediada por revelaciones de transgresiones sexuales y abuso de niños por sacerdotes, el carismático papa polaco y su no menos autoritario sucesor fueron, por tanto, responsables de una decadencia religiosa sin precedentes, aunque toda reunión de jóvenes creyentes, por ejemplo en Taizé, renueve la esperanza en una recuperación.

La influencia de la Iglesia en la conducta política ha disminuido al mismo tiempo. Sin embargo, en la esfera de la educación, tradicionalmente un importante campo de batalla entre la Iglesia y la República, los conflictos no han cesado. Cuando, en junio de 1984, el gobierno socialista aprobó planes para un limitado aumento del control estatal de las escuelas católicas privadas, a las cuales había concedido considerables subvenciones, se vio obligado a desistir ante una enorme manifestación de padres airados inspirada tanto por el esnobismo de las clases medias como por convicciones religiosas. Aunque antes de las elecciones legislativas de 2012 la Union pour un Mouvement Populaire (UMP) y los socialistas reafirmaron su compromiso con la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado y con la libertad religiosa, tras ellas el tema del matrimonio homosexual todavía pudo provocar importantes manifestaciones.

La educación sigue ocupando un lugar central en los ideales compartidos de igualitarismo republicano y una sociedad secular unida. En la práctica, por supuesto, aunque facilitan la movilidad social, las escuelas también desempeñan un papel vital en la reproducción de las elites sociales y en la perpetuación de la desigualdad. En la sociedad del conocimiento en ciernes, el logro de una ventaja educativa para los hijos, sea en el entorno con mejores recursos y más disciplina de una escuela privada o en un acreditado lycée estatal, puede fácilmente convertirse en un asunto de vital trascendencia para los padres ansiosos por allanar a su prole el camino conducente a las grandes écoles y a brillantes carreras profesionales. Hoy día, tres cuartas partes de los alumnos perseveran, y a menudo con muchos apuros, hasta completar el muy comprehensivo baccalauréat, que abre las puertas de la educación universitaria. El sistema educativo, diseñado para asimilar a las clases más pobres a una cultura de elite, o al menos para prepararlas para un mercado laboral dominado por el sector servicios, con toda la diversidad por la que este se caracteriza, ha sido sin embargo criticado con frecuencia por no conseguir desarrollar la formación profesional según el modelo alemán, y producir en cambio una «subclase» carente de destrezas lingüísticas y matemáticas básicas, así como de la competencia cultural necesaria para el éxito. Su número y la frecuente falta de motivación entre los estudiantes ejercen una considerable presión sobre las escuelas estatales. Para los mal pagados y a menudo desmoralizados maestros, la gran dificultad la constituye la motivación de unos alumnos muchas veces revoltosos, con una baja autoestima y en su inmensa mayoría representantes de las clases populaires aisladas de los valores culturales del sistema educativo. Invariablemente, sin embargo, los esfuerzos por mejorar la formación de los profesores y la atención a los estudiantes «fracasados» se ven limitados por las prioridades financieras y contestados por los poderosos sindicatos de profesores, los cuales se encuentran atrapados en la disyuntiva entre el fomento de la creatividad de los alumnos y las presiones a favor de un regreso a un sistema de instrucción más estructurado y disciplinado, como el elogiado en su momento por el presidente Sarkozy y del que resulta un ejemplo típico la decisión que este tomó de abandonar el enfoque temático y universalista en la enseñanza de la historia, que es el que actualmente está de moda, para volver a los métodos nacionalistas y estrictamente cronológicos de la Tercera República.

Las universidades mismas, en su mayoría obligadas a la gratuidad de las clases, están a menudo masificadas, mal dotadas, con profesorado escaso, y sólo pueden funcionar gracias a una enorme tasa de abandonos –con frecuencia más del 50 por 100– en el primer año. La consciencia de su bajo prestigio internacional ha estimulado la adopción de reformas, aprobadas en 2009 y en vigor en 2012, concebidas para conceder mayor autonomía a las instituciones y permitir una previa selección de los estudiantes según la aptitud. Con toda probabilidad, las universidades que más financiación, tanto privada como pública, atraigan y cada vez más dedicadas a la investigación se destacarán gradualmente de las demás, todavía concentradas en la producción en masa de licenciados en Ciencias Sociales. En un mercado laboral menos expansivo y más competitivo, el desarrollo de la instrucción de las masas ha contribuido a la devaluación de titulaciones académicas antes apreciadas, así como a la generalización de la desilusión entre los jóvenes aspirantes al desempeño de profesiones bien remuneradas de clase media.

El sentido de identidad y el estatus internacional de la nación también han parecido amenazados por la «americanización». La posición del inglés como el idioma internacional de los negocios, de la ciencia, de la publicidad, de internet y, en gran medida, de la música popular, y como la segunda lengua escogida por la mayoría de escolares, parece sin embargo irreversible. Considerable energía emocional y cuantiosas subvenciones se han concentrado en el cine francés, que lleva en estado permanente de crisis desde que la expansión de la audiencia televisiva puso fin a la inmensa popularidad de que gozó el cine de posguerra. El número de hogares con un aparato de televisión pasó del 15 por 100 al 70 por 100 durante los años sesenta, y luego hasta el 95 por 100 en 1990. La producción cinematográfica ha fluctuado con el nivel de apoyo estatal: por ejemplo, de las 95 de 1995 se pasó a las 181 de 1999. El público, sin embargo, ha preferido mayoritariamente el cine estadounidense, probablemente debido a la calidad de su factura, así como a las enormes sumas invertidas en su creación y comercialización. En 1999, incluso el éxito de Astérix (un emblema de la seguridad en sí mismos y la astucia de los franceses) y Obélix contra César quedó empequeñecido por el de la epopeya estadounidense Titanic, una película a la que sólo los efectos especiales salvan de su espantosa banalidad. El desarrollo de la televisión por satélite y por cable, y las ventas cada vez más masivas de DVD y el streaming digital no van probablemente sino a aumentar el dominio estadounidense del mercado cinematográfico. Sin embargo, una venta de entradas por valor de 215 millones de euros –la mejor en cuarenta y cinco años– y la apertura de multicines en todos los centros comerciales, junto con la producción de 271 películas francesas, propiciaron una renovada sensación de optimismo.

La dimensión culinaria de la globalización ha sido también motivo de preocupación. Sólo en parte medio en broma, el 9 de septiembre de 1999 Alain Rollat escribió en Le Monde: «La resistencia a las pretensiones económicas de las hamburguesas es, sobre todo, un imperativo cultural». No obstante, McDonald’s ha seguido aumentando la variedad de sus productos, adaptándose a las peculiaridades del mercado local, mientras que el número de los cafés tradicionales ha decrecido enormemente. Esto es también sintomático de una ampliación en el abanico de actividades de ocio. EuroDisney se estableció cerca de París en 1992, a pesar de todo lo que simbolizaba, porque prometía trabajo y grandes ingresos por turismo.

Reina el pesimismo, pero la cultura francesa, elitista o popular, sigue siendo vibrante. La extraordinariamente cara afirmación de grandeur en la que Miterrand se embarcó podría entenderse como representativa de una firme autoconfianza, una determinación a dejar un sello cultural y, a la manera bonapartista, transformar y revitalizar la capital. La construcción, casi sin tener en cuenta los costes, de monumentos como la Grande Arche, la Ópera de la Bastilla, la Pirámide del Louvre, el nuevo Ministerio de Hacienda (cuyo traslado a Bercy permitió la renovación de los palacios del Louvre y las Tullerías) y, sobre todo, la Bibliothèque François Mitterrand, al que siguió el Musée du Quai Branly de Chirac (una evocación poscolonial del arte «primitivo»), difícilmente podría haber tenido mayor impacto. La inauguración del Centro Pompidou en Metz en mayo de 2010 representó la colaboración en el esfuerzo de los gobiernos local y central para compartir bienes culturales y estimular áreas deprimidas. En el plano de la alta cultura, cuantiosas inversiones han elevado los niveles en música clásica y ópera, y provisto de sedes impresionantes. Intelectualmente, una serie de académicos franceses, entre ellos Roland Barthes, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Michel Foucault y Jean Baudrillard, desarrolló los tremendamente influyentes conceptos filosóficos de estructuralismo y posmodernidad: la búsqueda de realidades subyacentes.

Por supuesto, las diferencias sociales sobreviven. El acceso desigual al capital cultural es evidente en la asistencia a conciertos orquestales, la ópera, el teatro y las principales exposiciones, y en la adquisición de libros y revistas especializados. Los gobiernos socialistas de los años noventa, de manera similar a lo que les sucedió a los regímenes pos-Liberación, iban a ver frustrados sus sueños de democratización de la cultura. El público sigue siendo abrumadoramente de mediana edad y clase media. En cuanto a la cultura popular, aunque a las cadenas de televisión los programas estadounidenses les resultan baratos de adquirir y a menudo sumamente populares entre el público, los productos de cosecha propia, especialmente los «culebrones» y los concursos, atraen a grandes audiencias a pesar de su calidad muchas veces ínfima. En los medios de comunicación, a partir de la década de los sesenta, los periódicos políticamente comprometidos fueron dando progresivamente paso a publicaciones como Paris-Match o L’Express, o bien Le Figaro Magazine, enfocados especialmente a directivos y profesionales demasiado ocupados para leer un periódico diario. Las revistas de intereses especiales, particularmente de las mujeres, han fomentado la fascinación por el estilo de vida, el deporte y la vida de las personalidades mediáticas. Acontecimientos como el Tour de Francia atraen a muchísimo público. Las carreras de caballos siguen siendo populares, sobre todo por la oportunidad de apostar que ofrecen. La tendencia más amenazante es probablemente el creciente control de los medios de comunicación por parte de un pequeño número de poderosos grupos financieros como medio para favorecer sus intereses empresariales y condicionar el debate político. Este proceso, inevitable en un mercado cada vez con menos restricciones desde la liberalización de los años ochenta, ha permitido a los dos principales contratistas de defensa, Lagardère y Dassault, asumir el control de hasta el 70 por 100 de la prensa, con graves implicaciones para la vida política del país. Otra amenaza la constituye la caída en picado del número de lectores hasta alrededor de los 8 millones para los periódicos nacionales y los 17 para los regionales, con Ouest France (2,2 millones de ventas) como el de más éxito gracias a sus historias de «interés humano» y enfoque regional. Aunque la prensa regional desempeña un papel clave en la política regional y en la lucha contra la corrupción, la desaparición de las más débiles y la concentración de la propiedad redujeron el número de sus cabeceras de 170 a poco más de 60 entre 1944 y 2010. Incluso el centro-izquierdista Le Monde, el más prestigioso de los periódicos nacionales, con una circulación de 1.223.000 en 2010, cuando se vio al borde de la bancarrota, sucumbió a la absorción por un pequeño grupo de financieros decididos a humillar a sus sindicatos, y a reducir sus altos costes editoriales y de impresión. Las publicaciones online, los e-books y la competencia por los ingresos de la publicidad son rasgos adicionales de una revolución en las comunicaciones que plantea un desafío a los medios de comunicación tradicionales y al comercio en general.

Que los problemas sociales esbozados más arriba son comunes a todas las sociedades europeas no ha ahorrado a los sucesivos gobiernos franceses, con independencia de su cariz político, críticas por su incapacidad para aportar soluciones. Este patente fracaso ha alimentado una desconfianza casi instintiva hacia los motivos y la competencia de los políticos. Este, pues, es el lugar para considerar la evolución de la vida política de una sociedad bajo presión.

VIDA POLÍTICA

En abril de 1974, la muerte del presidente Pompidou desencadenó una despiadada batalla electoral en la que los dos protagonistas principales fueron los políticos conservadores Chaban-Delmas y Giscard d’Estaing. La aparente fortaleza del primero como héroe de la resistencia y antiguo primer ministro, y su posición como candidato de la gaullista Union des Démocrates pour la République (el nombre de la UDR de 1967 a 1976), se vio minada por la deserción de un grupo de notables gaullistas liderados por el ambicioso Chirac. Las rivalidades personales se combinaron con el desasosiego causado por el evidente compromiso de Chaban-Delmas con la reforma social. Más aún, unas encuestas de la policía no habían dejado duda alguna a Chirac, nombrado ministro de Interior justo antes del fallecimiento de Pompidou, de que Chaban probablemente perdería en una segunda vuelta con Mitterrand, el principal aspirante de la izquierda. Al final, Chaban se vio obligado a retirarse tras la primera votación, en la que no obtuvo más que el 15 por 100 de los votos. En sus apoyos habían hecho además mella algunas acusaciones de evasión fiscal y apariciones televisivas mediocres por comparación con las de Mitterrand (43 por 100) y del líder de RI, Giscard d’Estaing (32 por 100). Como resultado, fue este último, un no gaullista, el único conservador para la segunda vuelta. Esto fue un indicio de un cambio en el equilibrio de poder en el seno de la coalición conservadora y de un regreso a una confrontación más directa entre izquierda y derecha. Giscard –juvenil, elegante y con una gran inteligencia muy evidente– obtuvo 13.396.203 votos (el 50,8 por 100). Esto significaba que, por primera vez durante la Quinta República, el presidente no iba a ser el líder del primer partido en el Parlamento: un factor que por fuerza causaría problemas de gestión política. La continua revitalización de la izquierda, reflejada en los 12.971.604 votos (el 49,2 por 100) obtenidos por Mitterrand, obligaría a un cierto grado de unidad entre los políticos conservadores.

El nuevo presidente era un miembro sumamente bien conectado de la elite social tradicional y antiguo alumno de la École Polytechnique y de la École Nationale d’Administration. Como sus predecesores, estaba comprometido con la modernización económica y social, y además con la creación de una «sociedad liberal avanzada». Previamente había sido un ministro de Hacienda muy ortodoxo. Ahora sus objetivos esenciales iban a ser el restablecimiento de las condiciones para un regreso al conocimiento económico rápido, el cual había llegado a percibirse ampliamente como la norma más que como un estado excepcional de los asuntos, y una reducción en las posibilidades de conflicto social. El resultado global fue un gasto público excesivo y considerables aumentos en los salarios y los beneficios sociales. Las personas nombradas para el cargo de primer ministro, primero Chirac y luego Raymond Barre, trataron desesperadamente de aplicar una política económica eficaz. Se hicieron esfuerzos por identificar los sectores punteros que probablemente fueran competitivos en los mercados mundiales y cuyo éxito constituyera un estímulo vital para las empresas francesas. Los productores de armamento, la industria aeronáutica –que con sus socios europeos desarrolló el Airbus–, el programa espacial, así como las telecomunicaciones y la tecnología de la información, fueron estimulados por enormes contratos y subvenciones estatales. En un esfuerzo por equilibrar los libros, sin embargo, el gobierno de Chirac (mayo de 1974-agosto de 1976) también promulgó restricciones crediticias que tuvieron como resultado un ahondamiento de la recesión y se abandonaron a favor de políticas reflacionarias que no hicieron sino estimular la subida de la inflación. La tensión entre el presidente y su primer ministro a propósito de estos asuntos aumentó. Casi inevitablemente también, hubo desacuerdo sobre el equilibrio de autoridad entre ellos. Finalmente, Chirac se vio obligado a dimitir el 25 de agosto de 1976, y fue sustituido por Barre, un economista profesional que, a falta de base política propia, era mucho más dependiente del presidente.

A continuación, Barre (1976-1981) trató de aplicar una política económica más cauta en respuesta a los problemas causados por la crisis del petróleo, un intento de restaurar la confianza empresarial mediante una liberalización económica que implicaba una reducción de la intervención directa del gobierno en la economía y una mayor confianza en las fuerzas del mercado para restaurar las competitividad internacional. El programa de austeridad del gobierno, que incluía incrementos en las contribuciones a la Seguridad Social y una congelación de precios y salarios, no fue muy popular, pero sí contribuyó a estabilizar la inflación, aunque en un nivel alto (9 por 100 en 1977). Esto fue prioritario sobre la reducción del desempleo, del que a finales de 1978 eran víctimas 1,3 millones de personas y, de hecho, resultó ser un medio útil de frenar los inflacionarios aumentos salariales.

Al principio, Giscard desempeñó un papel decisivo en la aprobación de importantes reformas liberalizadoras concebidas para actualizar la ley y ajustarla mejor a una moralidad cambiante. La edad para el consentimiento válido para mantener relaciones sexuales y para votar se redujo a los dieciocho (ley del 5 de julio de 1974), se legalizó el aborto (17 de enero de 1975), los trámites de divorcio se simplificaron y se autorizó a los farmacéuticos a vender anticonceptivos (julio de 1975). La generosidad con los recursos de la Seguridad Social aumentaron, y se hicieron esfuerzos por mejorar el acceso a la educación secundaria (loi Haby del 11 de julio de 1975). Se intentó desacralizar el cargo de presidente. Giscard hablaba por televisión de una manera informal, relajada, en agudo contraste con el estilo casi regio que desarrolló más tarde. A pesar de los esfuerzos realizados por reconciliar a los gaullistas y recompensar a Chicar con el cargo de primer ministro, en el seno de la coalición conservadora el primer programa legislativo del presidente causó sin embargo considerable desasosiego y tensión. La mayoría de los conservadores no estaban dispuestos a apoyar propuestas que reforzaran los derechos de los trabajadores y aumentaran los impuestos sobre los beneficios del capital como medio para aliviar la carga que los impuestos indirectos imponían a los pobres.

Estas divisiones se hicieron cada vez más patentes cuando Chirac reorganizó a los gaullistas en el más agresivamente populista Rassemblement pour la République (RPR), un mecanismo diseñado para que lo ayudara a hacer realidad sus evidentes ambiciones presidenciales. Y aún aumentó la presión más al presentarse como candidato al puesto de alcalde de París, recientemente creado por Giscard como un importante paso hacia la descentralización y, el 25 de marzo de 1977, derrotó al candidato escogido por el propio presidente. La respuesta de Giscard fue organizar a los grupos conservadores no gaullistas en la Union pour la Démocratie Française (UDF), con la esperanza de aumentar su atractivo en el centro, para los moderados políticos. A corto plazo, a pesar de las constantes tensiones, la amplia alianza conservadora sobrevivió. Una determinación a aferrarse al poder en interés propio aseguró la cooperación en la segunda vuelta de las elecciones legislativas de marzo de 1978. La victoria resultó tanto más fácil por la reavivación de los conflictos internos en la izquierda.

En los restantes años de su presidencia, Giscard centró su atención en los asuntos internacionales, con poco impacto excepto en Europa donde, como resultado de una iniciativa conjunta franco-alemana, se acordó que el Parlamento europeo fuera elegido por sufragio universal. Esto sucedió no obstante el desagrado que en los gaullistas producía cualquier reforzamiento del principio de supranacionalidad. Por lo demás, de la «mediación» francesa en las relaciones cada vez más tensas entre las superpotencias se hizo un ostensible caso omiso. De hecho, los crecientes problemas domésticos redujeron inevitablemente el prestigio internacional del gobierno. En 1979-1980, la segunda crisis del petróleo triplicó los precios, renovó las dificultades con la balanza de pagos y aumentó la inflación (11,8 por 100 en 1978, 13,4 por 100 en 1979) y el desempleo.

La sensación general de desasosiego y de inseguridad la intensificó la amenaza del terrorismo, ejemplificada por una explosión en una sinagoga situada en la calle Copérnico de París. Según una encuesta del Institut Français d’Opinion Publique (IFOP) de septiembre de 1979, sólo el 26 por 100 de los que respondieron estaban satisfechos con el desempeño del presidente. Las críticas no hicieron sino arreciar cuando el semanario satírico Le Canard enchaîné sacó a la luz el extraño asunto de los diamantes del «Emperador», el regalo hecho a Giscard por el desagradable emperador Bokassa, gobernante del Imperio centroafricano (como se había rebautizado a la República Centroafricana). Junto con su creciente hauteur, esto fue progresivamente haciendo de Giscard un hazmerreír. Aun así, a lo largo de 1980 las encuestas de opinión seguían indicando que en las elecciones presidenciales de 1981 derrotaría a cualquier posible competidor de la izquierda. A pesar de la «crisis» económica, la mayoría de la población seguía disfrutando de una prosperidad muy real.

No obstante, la lenta recuperación de la izquierda de las profundas divisiones y la debilidad de los primeros años de la Quinta República constituía una creciente amenaza para el dominio conservador. En 1964 se habían iniciado serios esfuerzos de cooperación más estrecha a iniciativa del Partido Comunista, entonces el grupo más importante de la izquierda y ansioso por escapar a su aislamiento político. El fruto fue la candidatura de Mitterrand en las elecciones presidenciales de 1965. Los acontecimientos de 1968 y la escisión del decrépito Partido Socialista habían impedido ir más lejos. Para estimular un esfuerzo renovado, fueron necesarios los desastrosos resultados de la izquierda en las elecciones presidenciales de 1969, cuando sus dos candidatos fueron eliminados en la primera vuelta. Al principio, la creación de un nuevo Parti Socialiste en julio de 1969 no cambió mucho las cosas. Sólo tras la elección de Mitterrand como primer secretario en el congreso celebrado en Epinay en junio de 1971 aparecieron nuevas iniciativas.

Mitterrand era un intruso al que no se identificaba con ninguna de las facciones en pugna dentro del partido. Se había desplazado a la izquierda como medio para oponerse al gaullismo. Su reputación como figura destacada de la resistencia durante la guerra reforzaba sus credenciales y, hasta 1994, puso mucho cuidado en ocultar sus inclinaciones de preguerra hacia la neofascista Croix de feu, así como su compromiso inicial con Pétain y el régimen de Vichy, y la larga amistad en la posguerra con René Bousquet, secretario general de la policía de Vichy y destacado colaboracionista. El 7 de junio de 1972 se alcanzó con los comunistas un acuerdo para presentar un programa común al electorado. Los socialistas aceptaron que el objetivo fuera una «ruptura con el capitalismo» mediante la nacionalización de sectores clave de la economía; los comunistas concedieron que a una victoria electoral no la seguiría una «dictadura del proletariado» y se atuvieron a una política electoral democrática. La convivencia nunca fue fácil. Los líderes de ambos partidos estaban decididos a asumir el papel predominante a la vez que a mantener la autonomía de sus propias organizaciones. Aun así, los resultados de las elecciones legislativas de marzo de 1973 parecieron confirmar la validez de la alianza. Aunque la izquierda sólo había mejorado si se comparaba con el desastre de 1969, los socialistas habían conseguido detener su caída electoral y habían atraído a una parte de los votos populares casi tan grande como los comunistas.

A pesar de los recelos que esto les produjo, los comunistas aceptaron apoyar la candidatura de Mitterrand en las elecciones presidenciales de mayo de 1974 y contribuyeron enormemente a su meritorio resultado. Desde finales de año, sin embargo, los portavoces del Partido Comunista, y especialmente su secretario general, Marchais, menudearon los ataques contra sus otrora aliados. Finalmente, en septiembre de 1977, denunciando la moderación de sus socios y su disposición a entrar en la colaboración de clases, los comunistas renunciaron a la unión. Desde luego, seguía habiendo diferencias ideológicas de peso entre un Partido Socialista cada vez más pragmático y un Partido Comunista comprometido con el socialismo de Estado según el modelo soviético. Este cambio de táctica y las recriminaciones mutuas que provocó tenían sin embargo poco sentido práctico en una época en que las encuestas de opinión habían indicado que la izquierda tenía muchas posibilidades de alcanzar una mayoría en las elecciones legislativas de marzo de 1978.

Las idas y venidas en la política del Partido Comunista reflejaban la oposición de Marchais a quienes él describía como los liquidateurs en su partido –esto es, los modernizadores favorables a un compromiso inequívoco con la democracia–, así como su creciente temor al declive permanente del que hacía tan poco había sido el partido político francés más fuerte. Del 28 por 100 en la primera vuelta de 1946 y una media del 26 por 100 a lo largo de toda la Quinta República, los votos al Partido Comunista ya habían caído al 20 por 100 en 1978. Esta tendencia continuaría, con una posterior debacle del apoyo electoral hasta situarse en el 16 por 100 en 1981 y en el 9,8 por 100 en 1986 (por debajo del Frente Nacional). Acompañaron al fracaso electoral un descenso en la afiliación y en la actividad militante, la caída en las ventas de la prensa del partido, la desmoralización generalizada y una creciente marginalización incluso en las localidades del «cinturón rojo» de París. En cualquier caso, habría sido difícil resistir a un complejo de presiones que se reforzaban mutuamente y, en particular, a unos cambios en la estructura social que implicaban la disminución de la clase obrera tradicional con la subcultura que la distinguía, una falta de interés entre los votantes jóvenes en el comunismo de estilo soviético y una competencia más eficaz por parte de los socialistas. Agravaban los daños la incapacidad de la jerarquía comunista para desarrollar una respuesta coherente y sostenida a estos problemas, y su constante determinación a deshacerse de los disidentes. El partido siguió sistemáticamente la línea soviética, y así apoyó las invasiones rusas de Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968 y Afganistán en 1979. La floja respuesta de los líderes a los acontecimientos de mayo de 1968 en la misma Francia, y luego el impacto de la publicación del Archipiélago Gulag de Aleksandr Solzhenitsyn en 1974 arrojaron más dudas sobre sus credenciales morales, así como políticas. Sólo los esfuerzos de Mijaíl Gorbachov a finales de la década de los ochenta por liberalizar el sistema soviético acabarían provocando las críticas de Marchais a los líderes soviéticos. La combinación de este debilitamiento del Partido Comunista con el ascenso de una alternativa socialista moderada desradicalizó a la izquierda y la hizo más elegible.

Más inmediatamente, sin embargo, el efecto del abandono por los comunistas de la alianza electoral de 1978 fue clarísimo. En las elecciones legislativas a la izquierda le fue bien en la primera vuelta, e incluso fortaleció su posición en la segunda, pero no consiguió alcanzar una mayoría global. Esto se debió en gran medida a la renuencia de muchos de los que votaron socialista en la primera ronda a apoyar a los candidatos comunistas en la segunda: un resultado que deterioró aún más las relaciones entre los dos partidos. Otra vez se había revelado que a la izquierda le resultaba aún más difícil que a la derecha responder a las tendencias bipolarizadoras activadas por el sistema político de la Quinta República. Estas divisiones, si algo hicieron, fue reforzarse durante la larga campaña que precedió a las elecciones presidenciales de 1981. Los comunistas parecían preocupados por destruir las posibilidades de victoria socialista, y presentaron a Marchais como su propio candidato. Al comienzo, los socialistas mismos se dividieron entre los partidarios de Michel Rocard y los de otra candidatura de Mitterrand.

Tabla 20. Resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional, 12 y 19 de marzo de 1978

Votos de la primera vuelta

Porcentaje de votos

Escaños tras la segunda vuelta

Comunistas

5.791.125

20,61

86

Socialistas

6.403.265

22,79

114

UDF

6.712.244

23,89

137

RPR

6.416.288

22,84

154

Por fortuna para la izquierda, estas desavenencias las compensó la disensión en la derecha, donde el RPR y su candidato, Chirac, criticaban constantemente las políticas promovidas por Giscard y a un gobierno en el que aquellas estaban realmente representadas, hasta el punto del aplazamiento de los presupuestos de 1980.

La sorpresa de la primera vuelta, en la que Miterrand y Giscard empataron con el 26 por 100 de los votos para cada uno, mientras Chirac obtenía el 18 por 100 y Marchais sólo el 15 por 100, fue el desmoronamiento constante del voto comunista. Marchais se vio obligado a desistir a favor de Mitterrand. Su fracaso debilitó la validez de una de las principales críticas conservadoras a Mitterrand, a saber, que su elección abriría la puerta a los comunistas. Decepcionado por su eliminación en la primera vuelta, Chirac, como era previsible, llamó al «voto en conciencia» para la segunda, lo cual llevó al comentarista político Raymond Aron a señalar amargamente que «no es tanto que la izquierda haya ganado como que la derecha se ha suicidado». Giscard mismo acusaría a Chirac de «traición premeditada».

Lámina 66. Elecciones presidenciales: Valéry Giscard d’Estaing y François Mitterrand en un debate televisivo, el 5 de mayo de 1981. Foto: AFP/Getty Images.

La campaña de Mitterrand, cuidadosamente planeada, lo presentaba como la forcé tranquille, el guardián de valores establecidos, así como el defensor de reformas sensatas y moderadas. Esto contrastaba agudamente con el agresivo enfoque escogido por Marchais y Chirac, y las estudiadas ambigüedades de Giscard. Las políticas presentadas por Miterrand eran de hecho considerablemente menos radicales que las contenidas en el programa del Partido Socialista. No obstante, su victoria final, con 15.708.262 (el 51,76 por 100) de los votos emitidos, la debió especialmente al apoyo de una izquierda compuesta por los defensores de la reforma social. Reflejó una creciente preocupación por el desempleo y la amenaza para el nivel de vida, de los que inevitablemente se culpaba al gobierno en ejercicio. Venció en 65 de los 96 departamentos, y progresó inesperadamente en zonas católicas del este y el oeste, tradicionalmente hostiles a la izquierda, así como reforzó su posición en el norte industrial, la región de París, el Midi y Borgoña. Desde el punto de vista sociológico, le fue especialmente bien entre los trabajadores manuales y de cuello blanco, y los grupos directivos inferiores.

Lámina 67. Presentación de Mitterrand como la force tranquille: con un fondo rural, se combinaba la promesa del cambio con lo seguro. Cartel de Séguéla.

Estaban comenzando a surgir nuevos patrones electorales que reflejaban el cambio socioeconómico y la decadencia de las subculturas católica y comunista. El electorado se estaba volviendo más fluido. En cualquier caso, el político que primero había ganado protagonismo como activista de la resistencia, que había sido un faro en la desacreditada Cuarta República, un hombre despreciado por los conservadores como «el eterno perdedor», e incluso acusado en la izquierda de buscar el liderazgo del Parti Socialiste por oportunismo más que por cualquier sentido de compromiso, había vuelto para demostrar su habilidad política como crítico de los gobiernos conservadores y como líder de un rejuvenecido Partido Socialista. Por fin, al tercer intento, había conseguido su objetivo de ser elegido presidente. Un individuo reflexivo, descrito por diversas fuentes como distante, arrogante y narcisista, a Mitterrand, como a De Gaulle, le preocupaba su lugar en la historia. De modo parecido, estaba decidido a situar a Francia en el puesto que le correspondía entre las grandes potencias y, para conseguirlo, continuar con el proceso de modernización económica y social. Además, sin embargo y aunque motivado por una ambición desmesurada, Mitterrand también parecía conservar un vago compromiso con una mayor justicia social. Ocupó el palacio del Elíseo durante catorce años, admirado por muchos pero también muy detestado. Durante estos años, a pesar de sus anteriores condenas del carácter autoritario del régimen, Mitterrand trató de ejercer la autoridad de un monarche républicaine, haciendo pleno uso de los poderes de la presidencia, en particular los de hacer nombramientos con los que crear una red de dependientes y, al menos durante algunos periodos de la Administración socialista, conservar el control de la toma de decisiones. Incluso durante los incómodos periodos de cohabitation con primeros ministros conservadores, Mitterrand pudo ejercer considerable influencia, especialmente en lo que había llegado a verse como las áreas reservadas de la política exterior y de defensa.

Como había prometido, tras su elección Mitterrand disolvió inmediatamente la Asamblea Nacional en un intento de asegurarse una mayoría parlamentaria en la que apoyarse. Las elecciones, celebradas en junio de 1981, marcaron un profundo cambio en el equilibrio de poder. En buena medida esto se debió a la abstención de muchos de los habituales votantes conservadores, desanimados por la elección de un presidente socialista y por la desorganización de la derecha. Sin embargo, no sólo la derecha tenía problemas. El funcionamiento eficaz del sistema político parecía requerir que el presidente y la mayoría parlamentaria procedieran del mismo medio político. Como resultado, el Partido Comunista perdió más de la mitad de sus escaños, con lo cual dejó a los socialistas con una mayoría absoluta.

Tabla 21. Resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional, 14 y 21 de junio de 1981

Votos de la primera vuelta

Porcentaje de votos

Escaños tras la segunda vuelta

Porcentaje de votos

Comunistas

4.003.025

16,13

44

9,0

Socialistas

9.387.380

38,02

285

58,0

Union pour la nouvelle majorité (RPR y UDF)

10.649.476

42,9

–

–

RPR

–

–

88

17,9

UDF

–

–

62

12,6

Los socialistas celebraron su victoria presidencial de un modo que revelaba un fuerte sentido de la historia, con una formidable manifestación en la plaza de la Bastilla y una ceremonia en el Panthéon en la que el nuevo presidente depositó rosas en las tumbas de Victor Schoelcher, quien en 1848 había desempeñado un destacado papel en la abolición de la esclavitud en las colonias y luego en la oposición democrático-socialista al futuro Napoleón III; de Jean Jaurès, el humanitario socialista asesinado por un nacionalista extremista en 1914, y de Jean Moulin, el mártir de la Resistencia. En el poder por primera vez durante la Quinta República, la izquierda estaba eufórica. Se había generado una fuerte expectación más en virtud del radical programa del Partido Socialista, con su condena del sistema capitalista, que de las más cautas propuestas presentadas por Mitterrand. La alentó aún más el nombramiento como primer ministro de Pierre Mauroy, profesor de Historia, sindicalista y animador juvenil, representante de los antiguos bastiones de la clase obrera en el norte. El gobierno mismo lo componían 36 socialistas extraídos de sus diversas facciones internas enfrentadas, e incluía a luminarias como Delors (ministro de Economía y Hacienda), Gaston Defferre (Interior) y Alain Savary (Educación), además de dos radicales de izquierdas; pero era la presencia de cuatro comunistas lo que produjo más comentarios, tanto en el interior como en el extranjero. Su precaria participación en el gobierno, por primera vez desde 1947, representaba una recompensa por el apoyo electoral, y por su parte un intento de relanzar la decreciente popularidad de su partido, aunque su posición evidentemente subordinada hacía de esta una táctica peligrosa. De hecho, su influencia iba a ser escasa, mientras que las campanas de alarma que sonaron en Washington no tardó en calmarlas el evidente deseo de Mitterrand de mejorar la cooperación con los aliados occidentales.

No obstante, las medidas adoptadas por el nuevo gobierno anunciaban un inaudito programa de reformas influido por la economía keynesiana, la experiencia del Frente Popular, y la determinación a reforzar el Estado del bienestar y llevar a cabo la «ruptura con el capitalismo» que representaba la nacionalización de los bancos e importantes empresas industriales. Se anunció la creación de un impuesto sobre el patrimonio que afectaba a los muy ricos, un aumento del 10 por 100 en el salario mínimo legal y el incremento de las ayudas familiares, así como el proyecto de crear de inmediato 55.000 empleos en el sector público. Se abolió la pena de muerte y –concesión simbólica a campesinos y ecologistas– se abandonó un polémico plan para ampliar las zonas de entrenamiento militar en Larzac. La ley de descentralización (3 de marzo de 1982), impulsada por Defferre, marcó un importante distanciamiento de las tradiciones centralizadoras del Estado francés. Durante las décadas siguientes haría mucho por revivir la democracia local. Instauró las 22 regiones, establecidas en 1972 con fines de planificación económica, con asambleas electas dotadas de considerable poder. Al mismo tiempo, en los departamentos la autoridad ejecutiva se transfirió del prefecto al presidente del consejo de departamento (conseil général) constituido por elección y con responsabilidad especialmente en los ámbitos sanitario, de los servicios sociales y viario. El poder de las comunas en cuanto a urbanismo también se incrementó. Fue este un intento de hacer a los gobiernos locales más democráticos y responsables, así como más eficaces.

Desde luego, la descentralización no se hizo efectiva de la noche a la mañana. Hubo que superar los problemas de las responsabilidades superpuestas. El cambio en las reglas de juego político llevó su tiempo. Más aún, la dependencia del apoyo financiero del Estado central, de sus servicios técnicos y de su capacidad de tomar decisiones siguió obstruyendo el logro de la autonomía real. No obstante, se había dado un paso importante hacia el aumento de la sensibilidad del gobierno central, de las grandes empresas y de los medios de comunicación a las necesidades locales. Las ciudades más grandes se beneficiaron especialmente. Centros económicamente deprimidos como Lille y Saint-Étienne aumentaron su capacidad de desarrollar los complejos sociales y culturales necesarios para atraer a los inversores y a los turistas. En el platillo negativo, como en el caso de Lille –el feudo de Mauroy–, la deuda de la ciudad creció enormemente. Las cuantiosas inversiones del gobierno también resultaron necesarias para pagar el rodeo que el tren de alta velocidad (TGV) de París a la costa del Canal había de dar para pasar por Lille. Más alarmante aún fue la posterior investigación llevada a cabo por la Cour des Comptes, que reveló cálculos extraordinariamente optimistas del tráfico que se iba a generar y, lo peor de todo, la connivencia entre los ejecutivos de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) y los contratistas de ingeniería de caminos en la exageración de los costes. Luego se amañaron concursos a fin de evitar las pujas competitivas. A lo largo de los años ochenta, una serie de escándalos revelaron una considerable confusión entre la vida pública y empresarial, y su corrupción, en ciudades tan diversas como París, Lyon, Marsella, Nantes, Niza, Grenoble y Angulema. Tal parece haber sido el resultado de medidas que concedían poder en urbanismo y mayor autonomía financiera a los alcaldes de la mayoría de las comunas: una fuerte competencia entre los empresarios por los contratos de obras públicas, el coste creciente de las elecciones, la codicia humana y los contactos establecidos entre los miembros de redes sociales a menudo vinculados con asociaciones voluntarias como las logias masónicas. No obstante, hasta el procesamiento en 1996 del diputado socialista y antiguo ministro Henri Emmanuelli, y de Alain Carignan, alcalde de Grenoble y ministro por el RPR, fueron sumamente raras las acusaciones a altos cargos del gobierno –ni tampoco a los empresarios con los que tenían relaciones– de tráfico de influencias, bien en beneficio propio o de sus partidos políticos.

Aunque los políticos implicados fueron una minoría, el problema de la corrupción en los más altos noveles del Estado se demostró sin embargo que era sistémica más que una simple cuestión de codicia individual. La recién descubierta determinación de los magistrados a erradicar la fraudulencia se debió inicialmente a los ajustes de cuentas entre grupos políticos rivales, pero también fue representativa de la creciente renuencia de una nueva generación de magistrados, periodistas de investigación y policías, animados por los éxitos de sus colegas italianos, a tolerar delitos con los que sus predecesores, como consecuencia de las presiones políticas y la avidez por hacer carrera, habían estado dispuestos a hacer la vista gorda. Preocupados por el impacto de las acusaciones de encubrimiento sobre la opinión pública, los ministros fueron incapaces de impedir una serie de funestas investigaciones. En 1992, el primer ministro socialista, Pierre Bérégovoy, creó varias comisiones de investigación, y subsiguientes administraciones conservadoras hicieron sus propias contribuciones. El resultado fueron normas mucho más estrictas para la obtención de contratos públicos y para la financiación política, con una prohibición de las contribuciones empresariales y una ampliación sustancial de las subvenciones públicas de los partidos políticos, llevada a efecto por primera vez en 1988.

El complejo programa de reformas económicas y sociales en que se embarcó el gobierno socialista provocó inevitablemente bastantes críticas internas e internacionales. El mismo Mauroy advirtió de que, como en 1936, la consecuencia de un intento de hacer caso omiso de la lógica de los mercados sería la rápida debacle de la Administración. Su deseo de un cambio importante de política generó una lucha por el alma del Partido Socialista, en la cual el primer ministro contó con el apoyo de Delors y Rocard, y la oposición de Jean-Pierre Chevènement y Bérégovoiy, que defendían un socialismo más radical. Sin embargo, la aplicación de una nueva estrategia económica se inició en el verano y el otoño de 1982, cuando Mitterrand aceptó su necesidad. La derrota en las elecciones municipales de marzo de 1983 pareció convencier aún más al presidente de la necesidad de mayor cautela. Cuando, el 24 de junio de 1984, el intento de Savary de avanzar hacia el logro del antiguo sueño de izquierdas de crear un sistema educativo único y secular reduciendo las subvenciones a los colegios confesionales provocó una manifestación de hasta un millón de personas en apoyo de la independencia (cuantiosamente subvencionada) de los colegios católicos y de una elitista educación elitista, Mitterrand retiró la medida sin consultar. Savary y Mauroy se sintieron obligados a dimitir. Chevénement, sustituto de Savary, se comprometió a adaptar la educación a las necesidades de un mundo cambiante mediante una recuperación de los niveles. El currículo troncal, con su hincapié en la ciencia y la tecnología, y también en la alfabetización y la aritmética básicas, y su preocupación por los resultados medibles más que por el desarrollo individual, fueron rasgos de las reformas educativas propuestas por los gobiernos franceses, así como británicos, de cualquier cariz político.

Cambios de política aún más drásticos estaban también en cartera. El presidente mismo había alimentado la ilusión de que una ruptura con el capitalismo era posible. La principal tendencia de la política del gobierno encabezado por Mauroy se había dirigido sin embargo hacia la estimulación de la actividad económica a fin de reducir el desempleo y conseguir una prosperidad más ampliamente compartida. Al principio, aunque comprometido con la modernización económica y en concreto con el desarrollo de la tecnología de la información, el gobierno socialista invirtió grandes cantidades de recursos en las industrias en regresión del carbón, el acero y la construcción naval como respuesta a las demandas de sus electores tradicionales. Para garantizarse el apoyo futuro a esta estrategia económica del Estado, y a fin de compensar la aparente timidez de los inversores privados e institucionales, se nacionalizaron instituciones financieras como Paribas y Suez, lo mismo que los 39 bancos que seguían en manos privadas. Otros candidatos a convertirse en propiedad del Estado eran las principales compañías siderúrgicas, todas al borde de la bancarrota, y, más importante aún, las fábricas de sectores estratégicos como la aeronáutica, la electrónica, la industria química y la tecnología de la información. Se despertó también un interés por el control de las principales fábricas de armamento Dassault-Breguet y Matra, y de otro potencial campeón nacional, la empresa de informática entonces en dificultades CII Honeywell Bull. Estos serían los polos de crecimiento cuyo desarrollo estimularía a toda la economía. Como consecuencia, la participación del Estado en la facturación industrial se incrementó desde el 16 por 100 hasta el 30 por 100. La proporción de trabajadores industriales empleados en el sector público ascendió desde el 11 por 100 hasta el 24,7 por 100. Se suponía que el control del gobierno sobre una proporción de la actividad económica mucho mayor de lo que era normal en las demás economías avanzadas permitiría el desarrollo de un programa de inversiones coherente. En la práctica, sin embargo, se permitió que el control siguieran ejerciéndolo los gestores existentes. Además, se había esperado que el crecimiento de las inversiones y la restructuración industrial absorberían el desempleo y situarían a la industria francesa en una buena posición para sacar ventaja de la expansión de la economía internacional predicha de manera tan confiada –e incorrecta– por los analistas económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras que tuvieron un impacto sorprendentemente escaso sobre los niveles de desempleo, estas políticas económicas del Partido Socialista espantaron desde luego al mundo empresarial y financiero, y a la riqueza en general, y generaron una violencia verbal casi sin precedentes.

La confianza empresarial disminuyó además por causa de medidas destinadas a aumentar la igualdad social. Entre ellas se encontraba el incremento en el salario mínimo y los servicios sociales, junto con el impuesto a los ricos. Esta medida, esencialmente simbólica, afectaba sólo a los Gros, el 1 por 100 de los hogares con fortunas superiores a los tres millones de francos. Sin embargo, sumados los ataques verbales contra los ricos, provocó una fuga de capitales, como en 1936. Lo mismo hicieron también los esfuerzos del ministro de Trabajo, Jean Autoux, por mejorar los derechos colectivos de los trabajadores a expensas de la autoridad de los directivos. Para el patronat esto parecía representar un asalto a sus prerrogativas esenciales. Preocupaba asimismo gravemente el impacto de la reducción de la semana laboral (a 39 horas) y la instauración de unas vacaciones pagadas de cinco semanas. Estas eran medidas que el gobierno esperaba que mejoraran la calidad de vida y, junto con el adelantamiento de la edad de jubilación y la recapacitación, contribuyeran a la reducción del desempleo. El principal efecto de los esfuerzos por estimular la demanda, sin embargo, fue el de incrementar las importaciones y producir un deterioro en la balanza de pagos, así como una rápida subida de la inflación. Aunque no tan pernicioso como la reflación de Chirac en 1975, el intento de estimular la economía redujo inevitablemente la competitividad de las empresas francesas en una época en que los competidores estaban aplicando políticas deflacionarias. Aquello condujo a tres devaluaciones del franco en el lapso de 18 meses y reveló la estrechez de los límites impuestos a la autonomía nacional por las restricciones económicas internacionales. Sobre todo, la espiral inflacionista obligó al gobierno a una reconsideración de su estrategia.

A una congelación inicial de salarios y precios (julio-noviembre de 1982) siguió la imposición de la moderación salarial en el sector público, mientras que el sector privado pudo sacar ventaja del temor al desempleo y la debilidad crónica de los sindicatos. El aumento de los impuestos y los recortes en los gastos asistenciales redujeron el déficit presupuestario del gobierno. Los altos tipos de interés rebajaron el gasto de los consumidores. Se puso fin a la indexación automática de los salarios –una medida que la derecha no se había atrevido a adoptar– con el fin de ayudar a la lucha contra la inflación. También se puso en tela de juicio el acierto de las nacionalizaciones. Cualesquiera fueran las intenciones, había reducido claramente la libertad comercial, la disciplina de los mercados y, por tanto, la competitividad de importantes compañías como Thomson, Pechiney y Rhône-Poulenc, además de redundado en el derroche de los enormes recursos invertidos en las industrias del carbón y el acero. Parecía claro que sólo la estimulación de la iniciativa empresarial conseguiría una vuelta a tasas de crecimiento mayores y la reducción efectiva del desempleo.

Para sustituir a Mauroy, dimitido el 17 de julio de 1984, el presidente nombró al juvenil Laurent Fabius, su antiguo jefe de gabinete, como a la vez el símbolo y el agente de un sustancial cambio de política. Los objetivos del nuevo primer ministro, un producto de clase media alta de la ENA y un socialdemócrata, eran favorecer la recuperación económica y reconstruir la imagen del gobierno a tiempo para las elecciones legislativas de 1986. El cambio de política produjo mucho descontento en el ala izquierda del Partido Socialista, los sindicalistas y los comunistas, los cuales acabaron por salir de un gobierno en el que se habían sentido cada vez más incómodos, con la esperanza de que esto reforzaría su atractivo para la izquierda. Sin embargo, la mayoría de los socialistas pareció aceptar, y con sorprendente facilidad, que había límites a lo que el Estado podía conseguir en materia de reformas sociales. Participaron en el giro general de la opinión hacia el neoliberalismo, tal vez ocultándose a sí mismos la verdad, con la seguridad de que la nueva política no era más que un ajuste temporal. No obstante, el cambio de política tuvo un impacto profundamente negativo sobre la popularidad del gobierno.

Inevitablemente, los vaivenes de la política económica estaban dañando la reputación de Mitterrand. Muchos de los que habían confiado en él con la esperanza de cambio se distanciaron. El reconocimiento por el gobierno del poder de las fuerzas del mercado y su aceptación de la necesidad de una racionalización y una modernización de las empresas condujo a un aumento del desempleo. Los resultados de las elecciones municipales en la primavera de 1983 y de las europeas en junio de 1984 fueron decididamente desfavorables. Según una encuesta del IFOP de noviembre, sólo el 26 por 100 del electorado estaba satisfecho con el desempeño de Mitterrand. La estrategia del gobierno Fabius fue la de estimular la rentabilidad como medio para financiar la inversión en lugar de destinar los fondos estatales a un número limitado de sectores «clave». Comenzaron las privatizaciones. Se invitó a los inversores a pujar por hasta el 25 por 100 de las acciones de las compañías nacionalizadas, así como por la propiedad absoluta de algunas de sus filiales. Se impusieron cuantiosas reducciones a la capacidad de las industrias del carbón, el acero y la construcción naval. Se animó por igual a las compañías públicas y privadas a reducir costes mediante despidos. En mayo, el gobierno no hizo nada por impedir la bancarrota de Creusot-Loire, compañía puntera en ingeniería que daba empleo a 30.000 trabajadores. Se estaba llegando a reconocer que los rápidos cambios tecnológicos y la intensificación de la competencia internacional habían provocado una apremiante necesidad de cambios estructurales en la economía. Niveles de desempleo que previamente se habrían considerado inaceptables era probable que se alcanzaran en el futuro inmediato. En 1985 la inflación se había reducido al 5 por 100, pero el desempleo seguía obstinadamente por encima del 10 por 100. Un abismo separaba a la mayoría de la población que seguía gozando de un creciente nivel de vida y una «subclase» –compuesta por aquellos sin cualificación y mal pagados, más los parados– cada vez más a merced de la «flexibilidad» del mercado laboral y con toda la inseguridad y toda la tensión causadas por los empleos a corto plazo y a tiempo parcial. Aproximadamente el 29 por 100 de todas las familias estaban oficialmente clasificadas como «pobres» y, a pesar del apoyo prestado por el sistema de asistencia social, muchos de ellos pasaban por considerables penurias.

En agudo contraste, durante las décadas siguientes los ricos se beneficiaron de una enorme subida de los valores inmobiliarios y de los dividendos accionariales (de 42.000 millones de francos a 5,39 billones de francos entre 1980 y 1995). Al mismo tiempo, los ingresos salariales, que en los quince años anteriores habían crecido en un 62 por 100, sólo subieron un 5 por 100. Un nuevo orden económico se había inaugurado. Los socialistas se habían visto obligados a reconocer la primacía del mercado. Su fracaso tuvo como consecuencia una victoria conservadora en las elecciones legislativas de 1986 y un periodo de cohabitation entre el presidente Mitterrand y Chirac, el primer ministro que la mayoría le impuso. Las políticas de esta y posteriores administraciones iban a caracterizarse por la continuidad en lo sustancial, pues adoptaron políticas esencialmente neoliberales en un esfuerzo de adaptación a la globalización, así como al Acta Única Europea de 1986. Esta aspiraba a eliminar las barreras no arancelarias a los flujos comerciales y del capital, así como todas las diversas prácticas anticompetitivas, entre ellas las subvenciones del Estado, a las que tradicionalmente tan aficionados eran los gobiernos franceses. Las políticas de otros periodos de gobierno socialistas tras las elecciones de 1988 y 1997 confirmarían estas opciones, a pesar de la continua búsqueda de una «tercera vía» entre el dirigisme del Estado y el capitalismo liberal.

Estos reveses de la izquierda dieron nuevas alas a los conservadores, al principio aturdidos por su inesperada pérdida del poder en 1981. Para hacer su oposición eficaz, habían tenido que arrostrar considerables dificultades, en parte porque ahora, con la confirmación del ascenso del Frente Nacional en las elecciones, eran tres partidos los que competían en la derecha. En los inicios, los militantes de ese partido habían incluido a miembros de grupos de extrema derecha previamente marginalizados, entre ellos monárquicos, antiguos partidarios de Vichy y de la Algérie Française, antisemitas, estudiantes neonazis y católicos tradicionalistas. Los desilusionados con los partidos existentes ampliaron cada vez más el espectro de sus votantes. El Frente Nacional tenía a un líder elocuente, enérgico y bastante amenazador en Jean-Marie Le Pen, quien reiteraba constantemente un llamamiento populista relativamente simple a todos aquellos a los que desagradaban los extranjeros, preocupaban la delincuencia y el desempleo y querían pagar menos impuestos y reafirmar la soberanía francesa mediante el abandono de la Comunidad Europea. Muchas de las preguntas que Le Pen planteaba guardaban relación con temas de preocupación común; sus respuestas se basaban en supuestos racistas y xenófobos profundamente punitivos, un antisemitismo visceral y una determinación a expulsar a los musulmanes de Francia. Así, del semanario National Hebdo se podía esperar que condenara tanto el «judaisme políticamente organizado» como a los inmigrantes musulmanes. El programa de 1991 del partido exigía la «repatriación» de tres millones de «inmigrantes» y la «preferencia nacional» en el acceso al empleo, al alojamiento y a las ayudas asistenciales. La supervivencia a más largo plazo del Front lo garantizaban el entusiasta compromiso de los activistas locales, especialmente en las zonas urbanas en las que se habían asentado grandes cantidades de inmigrantes, y la creación de una subcultura transversal específica. Más aún, al Front le dieron credibilidad la atención de los medios de comunicación y los retorcidos esfuerzos de una serie de políticos de la corriente dominante entre los conservadores por evitar la condena de un partido que podría resultar un útil aliado electoral. Sólo cuando calcularon que una actitud antirracista podía reportarles más votos, se mostraron los líderes conservadores dispuestos a intentar aislar al Frente Nacional, al mismo tiempo que adoptaban lo sustancial de la posición de este sobre la ley y el orden y la nueva inmigración.

El desafío conservador al gobierno socialista lo debilitaron aún más las constantes peleas entre y en el seno de la UDF giscardiana y el RPR de Chirac, que reflejaban la aversión mutua, así como las diferencias políticas entre ambos líderes. La UDF tendía a hacer hincapié en la libertad individual y la responsabilidad del Estado como garante de la justicia, el RPR a ser populista y autoritaria en la tradición bonapartista. Entre tanto, Barre atacaba a ambos. A la derecha, pues, le resultaba difícil comprometerse con un líder y potencial candidato presidencial único, aunque la balanza del apoyo popular se inclinó desde luego a favor de Chirac, cuyo estilo agresivo le confería un perfil más alto. La derrota de Giscard en las elecciones presidenciales de 1981 y la pérdida de capacidad para atraer financiación había debilitado mucho a la UDF. Más aún, carecía de la fuerza organizativa básica del RPR. Pese a la enconada rivalidad, el propio interés propició sin embargo una alianza, y la publicación de un programa conjunto para las elecciones legislativas de 1986. Este prometía la privatización de compañías nacionalizadas, reducciones en el gasto público y recortes fiscales que liberaran «la iniciativa individual en la vida económica, social y cultural». En conjunto, representaba una reafirmación del compromiso del liberalismo decimonónico con el individualismo posesivo.

Cualesquiera que fueran los problemas de la derecha, estaba claro que en la carrera a las elecciones la posición de los socialistas era muy débil. En un esfuerzo por minimizar los efectos de la pérdida de apoyo electoral, Mitterrand presentó una propuesta sumamente polémica de cambio del sistema electoral. Las circunscripciones uninominales iban a ser sustituidas por una forma de representación proporcional sobre una base departamental. El peligro era que este regreso al sistema electoral de la Cuarta República podría propiciar la restauración del inestable sistema multipartidista por el que se había caracterizado ese régimen, y en particular facilitar las cosas al Frente Nacional. Esto parece haber formado también parte de los cálculos de Mitterrand, suponiendo como suponía que el resultado sería una pérdida de votos para los principales partidos conservadores y contribuiría a la fragmentación de la representación de la derecha en el Parlamento.

Los principales temas de la campaña fueron el desempleo y la inseguridad causada por la delincuencia y el terrorismo. Más que nunca, el estilo fue americano, con los conservadores en concreto empleando las últimas técnicas de marketing. Aun así, la UDF y el RPR juntos consiguieron una mayoría parlamentaria absoluta sólo por dos votos. Mientras que los esfuerzos de los socialistas por subrayar el éxito de su política económica tras el abandono de la reflación en 1982 no fueron enteramente convincentes, las evidentes divisiones entre los líderes conservadores redujeron también la credibilidad de su campaña. No obstante, y a pesar de la sorprendente capacidad de los socialistas para retener parte de sus ganancias previas, sobre todo en el norte, los resultados apenas podían ocultar la gravedad de su derrota. Más aún, ambos extremos –los comunistas y, en particular, el Frente Nacional– mejoraron sus resultados, con el de derechas obteniendo representación por vez primera.

Tabla 22. Resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional, 16 de marzo de 1986

Votos

Porcentaje de votos

Escaños

Comunistas

2.663.259

9,7

35

Socialistas

8.688.034

31,6

215

RPR-UDF

11.506.618

42,1

–

UDF

–

–

129

RPR

–

–

145

Frente Nacional

2.701.701

9,8

35

Esta era una situación en la que al presidente, como árbitro, le quedaba un considerable margen de maniobra, aunque él aceptó que la constitución le exigía nombrar a Chirac, como líder del mayor partido de la alianza conservadora, primer ministro. Se creó así una situación sin precedentes, con el presidente y el primer ministro procedentes de constelaciones políticas diferentes y competidoras. ¿Dónde residiría la autoridad final?

Que la situación se aclarara costó un tiempo, pero en el otoño de 1986 se había trazado una precaria línea de demarcación por la cual Mitterrand asumía un papel preeminente en las esferas de las relaciones internacionales y la defensa, como de hecho la constitución indicaba que debía ser. De todos modos, un amplio consenso político en estas áreas redujo la posibilidad de conflicto. El único desacuerdo, y limitado, afectaba a la continuación de principios básicos de la política exterior gaullista como el mantenimiento de una presencia francesa en el primer plano de la escena mundial, respaldado por una fuerza disuasoria nuclear independiente. Además de revocar su anterior hostilidad a esta política de grandeur, los socialistas también hicieron evidente su compromiso con el fortalecimiento de la Comunidad Europea, en parte para continuar estimulando la modernización y en reconocimiento de la debilidad de los Estados europeos individuales en una economía internacional enormemente competitiva, en parte como medio para contener a la única potencia europea de primer nivel: Alemania.

Un papel activo en los asuntos internacionales tenía la ventaja de permitir a Mitterrand seguir en primera línea. Más aún, él no dudó en aconsejar –públicamente y en privado– sobre toda una diversidad de temas domésticos y, negándose a firmar decretos administrativos, podía aplazar su entrada en vigor. En efecto, Mitterrand estaba comenzando a pulir una pose que ya había comenzado a adoptar hacia el final del periodo de gobierno socialista: la del presidente por encima de la política de partidos. Aunque, como líder de la mayoría parlamentaria, Chirac seguía siendo el socio dominante, se vio perjudicado por la inesperada recuperación de la popularidad del presidente y por el evidente deseo del público de que la cohabitation funcionara a fin de evitar una crisis política potencialmente desestabilizadora. Con los ojos puestos en las elecciones presidenciales de 1988, ni Chirac ni Mitterrand estaban dispuestos a correr el riesgo de aceptar la responsabilidad del fracaso.

El líder del RPR formó rápidamente un gobierno dominado por representantes de su propio partido, principalmente políticos con experiencia ministerial previa. Para muchos comentaristas, este regreso de la derecha al gobierno parecía un regreso a la normalidad. Influido sin embargo por la moda dominante de liberalismo intelectual, Chirac estaba decidido a romper con el pasado autoritario, centralista, del gaullismo. Procedió a la privatización y la desregulación generalizadas, aunque esto no iba a incluir los monopolios del sector público tradicionales como el gas, la electricidad y las telecomunicaciones, ni industrias estratégicas como la aeroespacial. El desacuerdo sobre estos asuntos iba a ser sólo una de las causas de fricción en el seno del gobierno y de la mayoría conservadora. Entre las demás se iban a contar el eterno problema de la financiación del sistema de Seguridad Social, la reforma de la legislación laboral a favor de los empresarios, la revisión de las leyes de nacionalidad a fin de discriminar peyorativamente a los inmigrantes y la respuesta correcta a las propuestas desarmamentistas del líder soviético Gorbachov.

Chirac tampoco estaba contento. La puesta en marcha de las privatizaciones se vio dificultada por el descalabro bursátil internacional en octubre de 1987, aunque para entonces muchos de los bancos y las empresas industriales previamente nacionalizados por los socialistas, con unos 400.000 empleados, ya se habían transferido al sector privado. La casi inevitable protesta estudiantil contra la reforma de la educación superior a finales de 1986 y las huelgas en los servicios públicos crearon una impresión de debilidad. Más aún, el gobierno no consiguió producir la solución mágica a los problemas económicos del país que muchos de sus partidarios parecían esperar. De hecho, a finales de 1987 los principales índices económicos –tasas de crecimiento, déficit presupuestario, inflación, desempleo, balanza comercial y competitividad internacional– parecían sugerir sin excepción un fracaso. La pérdida de popularidad del gobierno tuvo mucho que ver con esto. La crítica de la oposición quedó de hecho bastante en sordina, con los socialistas padeciendo una crisis de confianza y paralizados por la determinación de Mitterrand a hacer que la cohabitation funcionara y su confianza en el prestigio de este como vehículo para la vuelta al poder. En su congreso de 1987, las diversas facciones del partido consiguieron llegar a un acuerdo al menos sobre la necesidad de construir una imagen de unidad, pragmatismo y moderación.

Durante la campaña presidencial de abril-mayo de 1988, Mitterrand siguió distanciándose del Partido Socialista y ampliando su enfoque. El tema dominante de su campaña fue la unidad nacional: La France unie. Su programa era vago pero tranquilizador sobre cuestiones como el Estado del bienestar, el compromiso con la perseverancia en la modernización económica y la ayuda a las empresas a prepararse para el Mercado Único Europeo, que había de instaurarse en 1992. En 1988, los socialistas habían aceptado claramente la cultura «empresarial». Mitterrand podía también presentarse como el guardián de la democracia y de una sociedad pluralista contra la amenaza que suponía el torpe hincapié del gobierno Chirac en «la ley y el orden» y las poses de la extrema derecha. Al final, la única sorpresa fue la holgura de su mayoría en la segunda vuelta.

A Chirac lo había puesto a la defensiva la necesidad de defender un desempeño del cargo con claroscuros. La promesa de más privatizaciones y lo que fácilmente parecían ser recortes fiscales para los ricos había limitado el atractivo. Más aún, para la primera vuelta tuvo que dedicar un considerable esfuerzo a derrotar a sus rivales de derechas: Barre y Le Pen. Mientras que él no podía permitirse contrariar a sus partidarios, pues dependería de ellos en la segunda vuelta contra Mitterrand, también estaba claro que adoptar una actitud amable con el Frente Nacional podía tener como consecuencia la defección de los conservadores comprometidos con la democracia y una sociedad multirracial. Antes de las elecciones, con su reputación de gestión económica eficaz, lo probable había parecido que Barre se convirtiera en el principal candidato conservador. Una campaña anodina, en parte como consecuencia de una encomiable pero poco realista renuencia a emplear a expertos profesionales en relaciones públicas, iba a privarle de esta posición. Cada vez más, votar a Barre parecía inútil. Chirac ofrecía en buena medida la misma política, y con Mitterrand Francia ya poseía un tranquilizador estadista anciano. En la primera vuelta, Barre obtuvo el 16,5 de los votos frente al 19,9 por 100 de Chirac. La sensación fue el 14,4 de Le Pen, los votos de casi cuatro millones y medio de personas. Sobre los importantes temas de la inmigración y la ley y el orden fue él quien de hecho marcó la agenda.

Con Barre y Le Pen eliminados, Chirac abandonó la pose tranquila, como de estadista, adoptada previamente. Su considerable energía la empleó para la confrontación, usando términos como «mediocre», «incompetente» e «incapaz de ejercer ningún cargo público» para describir al presidente en ejercicio. No obstante, ni el dramatismo de los últimos días de la campaña, con el gobierno de Chirac pudiendo anunciar la liberación de los rehenes en poder de terroristas árabes en Beirut, así como un sangriento ataque contra nacionalistas canacos en el territorio de Nueva Caledonia, en el Pacífico, consiguió recabar apoyos suficientes. Mitterrand obtuvo el 54,01 por 100 de los votos, cosechados sobre todo entre las filas de los desempleados, trabajadores industriales, empleados públicos y los jóvenes, mientras que los agricultores, pequeños empresarios, altos directivos, los mayores y los católicos practicantes se decantaron en su mayoría por Chirac. Aunque, en lo político, entre los partidarios de Mitterrand había de todo un poco desde la izquierda al centro, globalmente seguía siendo evidente una polarización entre la izquierda y la derecha. A la designación de Rocard como primer ministro el 9 de mayo de 1988 siguió la disolución de la Asamblea Nacional en un intento de conseguir una mayoría socialista. Los resultados fueron decepcionantes, con una gran abstención y una renovada sensación de unidad ante la adversidad en la derecha. Esto no podía ocultar el propio fracaso de Chirac, reflejado en el cambiante equilibrio entre los partidos conservadores, junto con la aparición en la Asamblea Nacional de un centro reconstituido, formado por 41 diputados distanciados de la derecha por el neoliberalismo radical, reconfortados por el descalabro de los comunistas y la moderación de los socialistas y dispuestos a considerar una alianza con la izquierda. Así, aunque los socialistas no contaban con una mayoría absoluta en el Parlamento, su posición en el gobierno la apuntaló esta contra-izquierda emergente, además del hecho de que sólo podría derrotárselos sumando los votos de toda la oposición, comunistas incluidos. La propia disciplina interna del partido, que desmentía su pasado faccionalismo, iba a resultar otro factor clave.

Tabla 23. Resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional, 5 y 12 de junio de 1988

Porcentaje de votos

Número de escaños

Porcentaje de escaños

Comunistas

11,3

27

4,7

Socialistas

37,5

278

48,2

RPR-UDF

19,5

130

22,5

UDF

19,2

128

22,2

RPR

2,9

13

2,2

Frente Nacional

9,7

0a

–

Nota: auno posteriormente, cuando hubo que cubrir una vacante.

La elección por Mitterrand de un rival político, el austero protestante Rocard, como primer ministro tal vez pareció bastante sorprendente, pero, como líder de precisamente una de las facciones en el seno del Partido Socialista, Rocard seguía dependiendo del presidente. Mitterrand también continuó distanciándose de los asuntos diarios de gobierno y concedió a su primer ministro una autonomía considerable en las cuestiones domésticas, mientras que él se reservaba de nuevo la defensa y los asuntos exteriores y europeos. Esta división del trabajo relajó las relaciones entre ambos. Una vez demostrada su competencia como gestor, probablemente Rocard tuvo suerte de ser empujado a la dimisión en mayo de 1991, tras la conclusión con éxito de la Guerra del Golfo y justo en el momento en que el crecimiento económico se ralentizaba. Para sucederlo, Mitterrand nombró a Edith Cresson como primera mujer en desempeñar el cargo de primer ministro de Francia, cabe suponer que con la esperanza de que la solidez de su perspectiva socialista daría un nuevo ímpetu a una Administración sin mucho brillo y distraería la atención de la desaceleración económica y de los rumores de corrupción política. A falta del respaldo fuerte de alguna de las facciones del Partido Socialista, también ella dependía mucho del presidente, y el programa satírico de televisión Le Bebêtte Show le colgó rápidamente el mote de «Edith A-mis-pies». La franqueza e incompetencia general de Cresson no tardó en demostrarse como un desastre. Su gobierno se vio asediado por perjudiciales huelgas en el sector público, y su concepción intervencionista y proteccionista de la «Fortaleza Europa» resultó inaceptable para la mayoría de sus colegas. La presencia en su gobierno de pesos pesados políticos como quien acabó siendo su sucesor (en abril de 1992), el cada vez más liberal ministro de Hacienda Pierre Bérégovoy, también impuso considerables límites a su autoridad.

En política económica, las lecciones de comienzos de los años ochenta se tenían bien aprendidas. La disciplina del mercado internacional parecía insoslayable. Bérégovoy redujo el gasto público y el impuesto de sociedades. Se autorizó la privatización parcial de las importantes compañías petrolíferas Eli-Aquitaine y Total, y del gigante de la industria química Rhône-Poulenc. Las reformas internas iban a ser muy modestas durante la segunda parte del gobierno socialista. Se dio prioridad a la lucha contra la inflación. Además, la dimensión europea cobró una mayor prominencia como parte de la batalla por mantener la competitividad económica, pero también porque Francia quería seguridades tras la reunificación de Alemania en 1990. Se siguieron haciendo esfuerzos por mejorar la educación y aumentar las inversiones en investigación y desarrollo. En agudo contraste con el gobierno conservador británico, la Administración socialista también apoyó la «dimensión social» del proyecto del Mercado Único. No obstante, unos informes que revelaban que el crecimiento anual medio en los salarios reales entre 1983 y 1988 era prácticamente nulo, así como la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, produjo bastante preocupación entre los militantes socialistas que creían que debían aspirar a más que a convertirse en un partido de gobierno dedicado al desarrollo de un «capitalismo templado» (Rocard). Los escándalos provocados por la financiación política ilícita y la abierta corrupción se sumaron a la sensación de desánimo.

Sin duda, a la derecha la había desmoralizado su nueva exclusión del poder, que tan improbable había parecido hacía tan poco como a mediados de 1987. Se abordaron importantes cuestiones estratégicas sobre asuntos como si el RPR y la UDF debían fusionarse para formar un único partido liberal-conservador según el modelo británico, y sobre cuál debía ser su actitud con respecto al Frente Nacional. Buscando inspiración en los logros de Napoleón III descritos en su libro Luis-Napoléon le Grand, el gaullista de izquierdas Philippe Séguin se mostró crítico con unos líderes que, según él, se habían desplazado demasiado hacia la derecha. No obstante, la posibilidad de una recuperación de los conservadores era evidente. El RPR, en particular, con sus diputados, consejeros regionales y concejales municipales, y una eficaz organización de masas, seguía siendo una fuerza potente. Aunque mucho más fragmentada, y aparentemente bajo la amenaza permanente de disolución, la UDF también conservaba la lealtad de un numeroso grupo de diputados. Los dos principales partidos de la derecha compartían valores conservadores esenciales y el apoyo de un poderoso complejo de grupos de presión y medios de comunicación. Cuando iniciaron el largo camino a las elecciones legislativas de 1993 y presidenciales de 1995, la gran incógnita, pese a sus pobres resultados en las elecciones legislativas de 1988 –exagerados por la vuelta a la circunscripción única–, seguía siendo la capacidad que el Frente Nacional seguía conservado de atraer a votantes que de otro modo habrían en buena medida apoyado a los demás partidos de la derecha. Bajo estas circunstancias, Charles Pasqua recordó a los diputados conservadores que su objetivo primordial era derrotar a los socialistas, y también los valores que compartían con el Frente Nacional. Chirac guardó silencio. Sólo Simone Veil estuvo dispuesta a declarar que, enfrentada a una elección entre la extrema derecha y los socialistas, ella votaría por los segundos.

Las elecciones generales de 1993 iban a ser catastróficas para la izquierda. La representación de los socialistas y sus aliados se redujo de 282 diputados a 67, y la de los comunistas de 27 a 25, mientras que en la derecha la UDF obtuvo 206 escaños en lugar de 129, y el RPR pasó de 127 a 242. Teniendo en cuenta a los independientes, el 83 por 100 de los diputados de la Asamblea Nacional eran conservadores. Pese a lo mucho que se habló de la igualdad de género, el nuevo Parlamento se caracterizó también por la tasa más baja de representación femenina en la UE (5 por 100). El porcentaje de votos de los socialistas, el 14,5 por 100, fue el peor desde la fundación del partido en 1971. Hostigado por los aliados de Mitterrand, Rocard se sintió obligado a dimitir como líder del partido. El 1 de mayo, el anterior primer ministro, Bérévogoy, se suicidó. La derrota y las especulaciones de la prensa sobre el préstamo sin intereses que había imprudentemente aceptado de un empresario de dudosa reputación que casualmente también era amigo íntimo de Mitterrand lo habían sumido en una depresión. El Partido Socialista parecía condenado al desierto electoral. Sin embargo, el resultado no fue tanto una declaración de apoyo a la derecha como un voto contra un presidente y un gobierno por los que los electores se habían sentido abandonados. Dadas las circunstancias, Chirac, el lógico candidato a primer ministro, prefirió concentrarse en los preparativos para las elecciones presidenciales y que Mitterrand entrara en un periodo de cohabitation bastante cordial con un primer ministro, Edouard Balladur –un producto especialmente engolado de Sciences Po y la ENA–, que era miembro del RPR de Chirac pero que no tardaría en erigirse en rival de su líder.

Culpando a sus predecesores socialistas del calamitoso estado de las finanzas públicas, Balladur presentó un presupuesto de austeridad con una congelación salarial en el sector público, aumentos en los impuestos sobre las ventas y reducciones en los gastos sanitarios. Su aire aparentemente autosatisfecho no tardó en hacer que en la prensa satírica se le describiera como «Su Suficiencia», un Luis XVI de peluca empolvada transportado por lacayos en silla de manos. Aun así, consiguió dejar en el público la impresión de competencia previamente producida al frente del Ministerio de Hacienda, y ganarse el apoyo de la prensa conservadora mediante importantes concesiones fiscales a los ricos. Más aún, pareció capaz de hacer que funcionara la cohabitation. Sin embargo, un intento de reformar la ley de educación Falloux, que databa de 1850, a fin de facilitar las subvenciones a las escuelas católicas, fue criticado por el presidente e incluso por Mons. Decourtray, el arzobispo de Lyon, por la probabilidad de que reabriera la «guerra de las escuelas». Los maestros de las escuelas públicas se pusieron en huelga, y el 13 de enero de 1994 el Consejo Constitucional dictaminó que la propuesta violaba el principio de igualdad entre los ciudadanos. Una enorme celebración sacó a las calles de París a unas 900.000 personas. A esto siguieron en marzo más manifestaciones de amenaza de docentes y estudiantes en protesta por el desempleo (que había alcanzado el 12,6 por 100) y por las propuestas de reducir el salario mínimo para los jóvenes. Una vez más, Mitterrand se mostró bastante capaz de sacar ventaja de las divisiones entre los conservadores, aunque padecía un cáncer de próstata que acabaría por producirle la muerte (el 8 de enero de 1996), y algunas revelaciones sobre sus tendencias derechistas de juventud, así como las turbias transacciones financieras de algunos de sus más íntimos colaboradores, lo perjudicaron gravemente.

Este es probablemente el lugar de formular un juicio provisional sobre el periodo Mitterrand. Pese a sus anteriores invectivas contra De Gaulle, y su condena del sistema de gobierno presidencialista inaugurado por el general por considerarlo «un golpe de Estado permanente», Mitterrand usó plenamente los amplios poderes de su cargo, y rechazó reformas constitucionales que podrían haber debilitado su autoridad. Presidente elegido con un mandato de cambio, rápida y casi instintivamente se dio cuenta de que la política es, o al menos debería ser, el arte de lo posible. El experimento socialista de 1981-1983 fue un fracaso, y Mitterrand reconoció de inmediato que, para conservar la competitividad económica internacional en una era de globalización, se necesitaba una liberalización económica y la reducción del gasto público. Sin embargo, el coste de este vuelco político en términos de expectativas frustradas e ideales echados por tierra fue tremendo. En todo el mundo occidental el neoliberalismo imperaba cada vez más, mientras que los partidos de izquierdas no conseguían ofrecer alternativas intelectuales y prácticas creíbles. Mitterrand no fue ni más ni menos que uno de los que compartieron este estruendoso fracaso.

Durante su larga vida política había coqueteado con una amplia variedad de credos políticos. Se le ha criticado con severidad su aparente falta de integridad. Desde luego, no pueden caber dudas sobre su intensa ambición personal ni sobre su determinación a dejar huella en la historia. Hacia el final de su segundo periodo en el cargo, su imagen pública se había vuelto casi monárquica, la de un príncipe maquiavélico. Sin embargo, en una entrevista con el historiador François Bédarida apenas 48 horas antes de traspasar los poderes presidenciales a Chirac, Mitterrand afirmó que sus convicciones socialistas no habían cambiado. Había querido transformar las relaciones entre los ricos y poderosos y la masa de la población, pero las circunstancias habían hecho esto imposible. De manera similar, hablaba apasionadamente de lo que se había convertido en el principal objetivo de su segundo mandato, el de la mayor integración europea como un medio para asegurar el futuro de Francia en un mundo de bloques de poder regionales compitiendo entre sí y el de hacer frente a la amenaza que podrían suponer las renovadas tensiones nacionalistas en una Europa dominada por una Alemania recientemente reunificada. Así, en colaboración con el canciller alemán Helmut Kohl, el presidente francés había trabajado por completar los preparativos para la unión monetaria y el Tratado de Maastricht (1992). Mitterrand había también potenciado con éxito la legitimación de las instituciones de la Quinta República y, en un periodo potencialmente desastroso de cohabitation, conseguido definir las respectivas esferas de influencia del presidente y el primer ministro.

¡La persistencia da sus frutos! En mayo de 1995, Chirac vio cumplida su antigua ambición de acceder al cargo de presidente. En una campaña típicamente enérgica se presentó como un líder fuerte, que ofrecía «cambios profundos» y una «ruptura con el pasado», y simultáneamente prometió reducir los impuestos y el déficit público. Pese a las deserciones de Pasqua, ministro del Interior, y de Sarkozy, el juvenil ministro del Presupuesto –a los cuales nunca se les perdonaría que calcularan que Balladur era el más fuerte de los dos candidatos presidenciales–, Chirac había conservado la lealtad de eminencias gaullistas como Alain Juppé, el ministro de Asuntos Exteriores, y de Séguin, presidente de la Asamblea Nacional, así como el control de la maquinaria del partido RPR. En la primera vuelta obtuvo el 20,8 por 100 de los votos frente al 18,5 por 100 del bastante acartonado y soso Balladur, el 15 por 100 de Le Pen y el 23,3 por 100 de Jospin, el candidato socialista y antiguo ministro de Educación. Una vez eliminado su rival de la derecha, Chirac hizo un llamamiento populista centrado en los temas de la delincuencia y la inmigración, típicos de la derecha, mientras trataba de aventajar a Jospin abordando los temas del desempleo y la pobreza, y la necesidad de aumentar el gasto en educación y asistencia social. Incluso reclamó incrementos salariales a fin de estimular el crecimiento económico. Como Mitterrand había advertido: «Va deprisa pero no sabe adónde». Este no era tanto un programa político como un intento de sobornar al electorado, y funcionó. Con excepción de los miembros del Frente Nacional, recibió el apoyo de los conservadores de todas las tendencias. Aunque adoleciendo de una cierta falta de credibilidad, en la segunda vuelta se decantaron por Chirac el 52,6 de los votos (15.766.658), que incluían a la mayoría de las personas de menos de treinta y cinco años y al 40 por 100 de los trabajadores manuales. Jospin, elegido por los socialistas sólo después de que el antiguo presidente de la Comisión Europea, Delors, hubiera decidido no presentarse, al menos tuvo la ventaja de no estar demasiado estrechamente vinculado con Mitterrand y las acusaciones de depravación y falta de principios que habían ensombrecido los últimos años del presidente moribundo en el cargo. Asimismo antiguo estudiante de la ENA, presentó un programa imaginativo con promesas de una reducción en el horario laboral, la creación de impuestos a los movimientos «especulativos» de capital y a la contaminación industrial, así como una reducción del mandato presidencial de siete a cinco años. Como Chirac, también él declaró su compromiso con la Unión Monetaria Europea y la consecuente necesidad de reducir el déficit presupuestario. Dadas las circunstancias, y considerando los pobres resultados obtenidos por los socialistas en las elecciones europeas de 1994 (con sólo el 14,5 por 100 de los votos), su 47,4 por 100 (14.191.019 votos) fue todo un logro: una recompensa a su aparente modestia y franqueza.

Lámina 68. Investidura de Jacques Chirac como presidente de la República, el 17 de mayo de 1985: despedida del presidente saliente. Foto: Pascal Pavani/AFP/Getty Images.

Una vez en el poder, Chirac adoptó inmediatamente un estilo más relajado en comparación con la mayestática grandeur de sus predecesores, y abandonó la flota de aviones presidenciales y las caravanas de coches con su escolta de motociclistas de la policía y las sirenas a todo volumen. La imagen cordial, sympathique, que proyectaba era sumamente atractiva. De mucho mayor importancia potencial para la práctica del gobierno era la promesa de sesiones parlamentarias más largas y esfuerzos por facilitar el control más eficaz de las actividades del gobierno, desarrollos contrarios sin embargo a la autoritaria personalidad del nuevo presidente y las tradiciones de su cargo. La promesa de un gobierno menos dirigiste también se oponía a las oportunidades que le ofrecían a la derecha su control de la presidencia, de la Asamblea Nacional, de 20 de los 23 consejos regionales y cuatro quintos de los 96 departamentos. El nombramiento por el presidente de Juppé como su primer ministro –otro tecnócrata culto y bastante distante formado en la ENA– parecía prometer competencia y continuidad. En realidad, el casi inmediato desmoronamiento de la popularidad del nuevo gobierno iba a ser el resultado inevitable de la incapacidad del presidente para cumplir rápidamente, si es que alguna vez, las muchas, a menudo contradictorias, promesas hechas durante su campaña electoral.

En general se aceptaba que la posición de Francia como potencia económica puntera no podía mantenerse más que sobre la base de elevados niveles de inversión de capital, el aumento de la productividad y una reducción de costes. Los economistas y los empresarios insistían constantemente en que los principales problemas eran la rigidez del mercado laboral, su impacto exacerbado por el salario mínimo y los elevadores costes de la Seguridad Social, la fiscalidad excesiva (41,1 por 100 del PIB a finales de 1994, el 47,5 por 100 en 1996), los déficits presupuestarios y el alto coste del endeudamiento. El plan para «modernizar Francia» presentado por Juppé en noviembre de 1995 preveía aplicar reducciones largamente debatidas en el coste de las pensiones y la atención sanitaria, liberalizar el mercado laboral e iniciar la reforma de la educación y la Administración pública, así como de la cara red ferroviaria (la SNFC). Se quiso también ajustarse a los criterios establecidos en 1992 por el Tratado de Maastricht, que preveía la Unión Monetaria Europea, para la cual era precisa una reducción del gasto público del 5 al 3 por 100 del PIB. Estas propuestas y la arrogante manera en que se presentaron constituían claramente una amenaza para una serie de grandes intereses creados, y en buena medida se abandonaron en medio de las manifestaciones de masas y la generalización de muy perniciosas huelgas.

El gobierno vivía asimismo sometido al goteo constante de escándalos en los medios de comunicación. Así, en mayo de 1996, Jean-Claude Méry, un promotor inmobiliario y tesorero oficioso del RPR de Chirac, comenzó a divulgar información sobre las donaciones generalizadas que este, y en menor medida los Partidos Socialista y Comunista, habían recibido de compañías ansiosas de conseguir contratos públicos. En el caso del RPR, lo habitual había sido al parecer llevarse entre el 5 y el 10 por 100 del valor de los contratos a través de cuentas bancarias secretas abiertas en paraísos fiscales. Chirac, que había sido alcalde de París durante mucho tiempo (desde 1977 hasta 1995), se encontraba entre los implicados. Su colaborador más íntimo, Juppé, acabó siendo declarado culpable (el 30 de enero de 2004) de emplear dinero de los contribuyentes parisinos para pagar los salarios de empleados a tiempo completo del RPR mientras ocupó el cargo de tesorero de la ciudad (y secretario general del RPR) entre 1988 y 1995, y se le impusieron 18 meses de cárcel que no tuvo que cumplir. Que, inmediatamente después de dictada esta condena, y haciéndose pasar por una víctima, Juppé recibiera una invitación a cenar de Chirac y fuera descrito por el presidente como un individuo de «calidad, competencia, humanidad y honradez excepcionales» representó una expresión de la arrogancia del poder y desprecio de la ley.

Desde luego, corrían rumores sobre algunos de los predecesores de Chirac, y en especial sobre Pompidou. De Gaulle, el patricio Giscard y el cínico y amoral Mitterrand habían sido probablemente culpables de vanidad y arrogancia más que de corrupción. Sin embargo, todos habían hecho un mal uso de los servicios secretos a fin de presionar a los periódicos e impedir que se investigara a sus colaboradores. Una investigación de nueve años de duración de la compañía petrolífera Elf, anteriormente propiedad del Estado –en origen creada para asegurar los suministros de petróleo en África–, que finalmente llegó a los tribunales en noviembre de 2003, sacó a la luz una alucinante historia de sobornos, con regalos en dinero, joyas y casas de campo, y el desvío de unos 350 millones de euros de fondos de la compañía entre 1989 y 1993. En esto habían participado no sólo su cúpula directiva sino también traficantes de armas, los servicios de inteligencia y políticos franceses y africanos además de sus amantes. Quedó también claro que el presidente Mitterrand, a través de la agencia de su hijo Jean-Christophe, había aprobado estas prácticas como medio para ejercer presión en los asuntos domésticos y de conservar la influencia francesa en el África poscolonial.

Al fracaso de los planes de reforma económica del gobierno siguió un regreso a caros, poco sistemáticos y en gran medida poco exitosos esfuerzos por reducir el desempleo. Al mismo tiempo, la aceleración de la innovación tecnológica y la agudización de la competencia internacional alentaron las fusiones y las reducciones de plantilla en los sectores industrial y de servicios de la economía. El resultado fue que se continuaran perdiendo empleos, el crecimiento del trabajo a tiempo parcial y a corto plazo y el aumento de la inseguridad, la desigualdad y el descontento. Cada vez más, en algunas compañías punteras que hacían amplio uso de la alta tecnología o en aquellas que fabricaban objetos de lujo, un mercado laboral de dos niveles daba empleo muy bien pagado a trabajadores cualificados, mientras en otras partes el trabajo se transfería al este de Europa o a Asia, y los jóvenes se veían excluidos del empleo debido a los altos costes sociales impuestos a los potenciales patronos.

Menos de seis meses después de haber tomado posesión del cargo, Chirac cesó a 13 ministros en un esfuerzo desesperado por contrarrestar las críticas provocadas por las promesas rotas, los rumores de corrupción y las hostiles reacciones internacionales al capricho de la reanudación de las pruebas nucleares en el Pacífico. La adopción de medidas con el objetivo de reducir el gasto público por decreto más que a través del Parlamento y prácticamente sin ninguna preparación de la opinión pública recordó las peores prácticas de un autocrático sistema presidencialista. Sin embargo, los socialistas, desgarrados entre sus facciones, parecían igualmente incapaces de entusiasmar al electorado y, aparentemente con el fin de reforzar su mandato, Chirac convocó elecciones legislativas anticipadas para el 25 de mayo y el 1 de junio de 1997, probablemente suponiendo que el resultado era predecible. Sin embargo, buena parte del electorado pareció sentirse ofendida por lo que se antojaba una cínica maniobra política, y aprovechó la oportunidad para castigar al gobierno. La campaña conservadora fue un fracaso caracterizado por despiadadas luchas internas entre políticos ambiciosos tomando posiciones con la mirada puesta en la presidencia. Los llamamientos habituales en tiempos de adversidad a la creación de un único partido conservador competían con el ruido de las disputas acerca de la integración europea, la gestión económica y la estrategia con respecto al Frente Nacional, lo cual, al dividir el voto conservador, dio probablemente la victoria a Jospin. Más aún, el líder socialista había prometido reducir el número de parados recortando la semana laboral de 39 a 35 horas sin ninguna reducción en los salarios, y creando 350.000 empleos en el sector público; reducir la desigualdad social aumentando los impuestos sobre el patrimonio e incrementando el gasto en salud y en beneficios sociales, y poner fin al programa de privatizaciones y rechazar el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento de la Eurozona, que amenazaba con imponer restricciones a los esfuerzos del gobierno por estimular la economía. Puso también mucho empeño en mejorar su adusta imagen y, en alianza con los comunistas y los verdes, llamó al electorado a «atreverse a volver a la izquierda».

Fue ahora para un Chirac temporalmente afectado de neurosis de guerra el turno de cohabitar, y con un líder socialista, Jospin, que como primer ministro estaba decidido al pleno ejercicio de los poderes de su cargo. Se sentaron las bases de un proceso de puja, con la victoria en las elecciones presidenciales de 2002 como premio.

Tabla 24. Resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional, 25 de mayo y 1 de junio de 1997

Partidos

Porcentaje de votos tras la primera vuelta

Escaños tras las dos vueltas

Izquierda tradicional

Socialistas

25,5

258

Comunistas

9,9

37

Verdes

3,6

8

Diversos

3,2

16

Total

42,1

319

Derecha tradicional

RPR

16,8

140

UDF

14,7

109

DLa

2,8

1

Diversos

1,9

7

Total

36,2

257

Otros

Frente Nacional

14,9

1

Diversos

6,8

0

Total

21,7

1

Total global

100

577

Nota: aDémocratie libérale.

Fuente: basado en Economist Intelligence Unit, Country Report: France, tercer trimestre de 1997.

La situación económica global parecía propicia. Cuando la economía mundial se vio envuelta en el boom del .com, el crecimiento económico promedio de Francia entre 1998 y 2000 fue del 3,3 por 100 anual. La inflación, la deuda pública y el propio déficit del Estado fueron sin excepción relativamente bajos. Los socialistas estaban ansiosos por mantener el crecimiento y reducir el desempleo. Jospin también estaba aparentemente más comprometido con una agenda socialista que el Nuevo Laborismo en la Gran Bretaña o los socialdemócratas alemanes. Mientras aceptaba la realidad de globalización, también insistía en la necesidad de regular el capitalismo. Su fórmula favorita era: «Sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado». Así, la «Ley sobre la modernización social» hizo más difícil para las compañías el despido de trabajadores, mientras que la aprobación entre 2000 y 2002 de la semana laboral de 35 horas por Jospin y Martine Aubry, la ministra de Asuntos Sociales, como un medio de «repartir» el trabajo y mejorar la vida causó problemas a los empresarios, aumentó más sus costes y provocó un torrente de quejas. A los empleados no se los obligaba a aceptar una reducción de su jornada laboral, de manera que el principal efecto de la legislación fue la ampliación de sus vacaciones anuales y el aumento de sus horas extra pagadas.

Esta combinación de factores hizo desde luego que el desempleo cayera hasta el 9 por 100 de la población activa. Sin embargo, seguía considerablemente por encima de los niveles británicos, y era especialmente alto entre los jóvenes. El desempleo también seguía siendo pertinazmente alto entre las mujeres, aunque los socialistas al menos dieron un paso importante hacia el logro de una representación política más justa para ellas. El 3 de mayo de 2000, la Asamblea Nacional, en la que sólo el 10,9 por 100 de los escaños en la Cámara Baja y el 5,9 por 100 en el Senado los ocupaban mujeres, votó que se exigiera a los partidos presentar un número igual de candidatos y candidatas en todas las elecciones.

El contrataque de Chirac y la reafirmación de su autoridad presidencial eran inevitables, y el preludio de un intento de lograr una reconquista más profunda del poder en las siguientes elecciones presidenciales y legislativas, en 2002. Como de costumbre, aprovechó la oportunidad que le ofreció el tradicional mensaje presidencial por radio y televisión a la nación con motivo del 14 de julio de 1977 para comprometerse a una «cohabitación constructiva» con la Administración socialista a la vez que, en tono condescendiente, lanzaba punzantes críticas contra la mayoría de las decisiones adoptadas por el gobierno. Llamado al orden por Jospin dos días después, Chirac insistió en que era responsabilidad suya expresar sus opiniones siempre que lo juzgara «útil». Mientras que formalmente fingían respetar las esferas de competencia respectivas, el presidente y el primer ministro estaban en realidad a matar, con cada uno de ellos tratando de reinterpretar la Constitución a su favor y esperando que el otro sufriera un revés desastroso.

En el gobierno, Jospin fue más pragmático de lo que su programa había sugerido. Así, se hizo un intento de combinar los compromisos igualitarios con la sanidad universal y una política financiera redistributiva con los esfuerzos por reducir el déficit del gasto público recortando el coste de las pensiones y eliminando el derroche de los recursos sanitarios. También se asumieron caballos de batalla del credo conservador como la lucha contra la delincuencia y la inmigración ilegal, mientras Dominique Strauss-Kahn, ministro de Hacienda, revelaba un fuerte compromiso con la liberalización de los mercados como medio para aumentar la eficacia económica. Al mismo tiempo que desarrollaba políticas concebidas para estimular el empleo, el gobierno de hecho se deshizo de unas 2.000 empresas, por valor de 180.000 millones de francos –mucho más de lo que habían conseguido sus predecesores conservadores–, aunque en 2002 el Estado conservaba una participación de control en 1.500 compañías, entre ellas gigantes como los proveedores de electricidad y gas, correos y los tremendamente caros ferrocarriles, todas las cuales estaban a resguardo de la competencia pura y dura.

En muchos respectos, los ajustes tácticos del primer ministro fueron impresionantes, pero su resultado fue un gradual debilitamiento de la confianza en su juicio tanto entre el público general como entre los colegas políticos. En la coalición gubernamental era evidente que había graves disensiones, en especial entre sus cada vez más disgustados miembros comunistas y verdes, pero con algunos socialistas acusando también a Jospin de buscar un acuerdo con los defensores liberales de la globalización y los proyectos hegemónicos del gobierno de los Estados Unidos. La pérdida de ministros clave como Strauss-Kahn debido a unas acusaciones infundadas de corrupción, del ministro de Educación, Claude Allègre, como consecuencia de su incapacidad para convencer a los ruidosos sindicatos de la enseñanza de que tomaran en consideración la reforma, de Aubry, el ministro de Trabajo, por su deseo de convertirse en alcalde de Lille, y del aún más autoindulgente ministro del Interior, Chevènement, como protesta contra el refuerzo de la autonomía Córcega contribuyó a la impresión de que este era un gobierno en estado de descomposición. La debilidad de los sindicatos, la falta de confianza en la democracia parlamentaria y la experiencia de gobiernos ofreciendo concesiones a fin de evitar la confrontación animaron aún más a la acción directa. En septiembre de 2000, el bloqueo de refinerías de petróleo por camioneros que protestaban contra los elevados precios del combustible, una huelga de taxistas y las carreteras atascadas por los tractores de los agricultores aumentaron la sensación de caos. Las gasolineras se secaron rápidamente mientras las empresas, incapaces de llevar a cabo sus repartos ni de funcionar sin repuestos, despedían a trabajadores. Inevitablemente, este descontento generalizado tuvo graves consecuencias políticas. Los recortes fiscales ofrecidos por el nuevo ministro de Hacienda, Fabius, un antiguo primer ministro, parecían concebidos con el fin tanto de restaurar la popularidad del gobierno como de reforzar los incentivos para trabajar e invertir. Por desgracia, en 2001 la situación económica era menos favorable. El desempleo comenzó, una vez más, a aumentar. A pesar de sus reformas, la izquierda no había conseguido generar el entusiasmo popular. En las elecciones municipales de marzo de 2001, aunque la derecha perdió el control de París y Lyon, en otros lugares sus avances fueron considerables.

Los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales celebradas el 21 de abril de 2002 fueron sin embargo enormemente traumáticas. Muchos comentaristas políticos habían considerado probable que Jospin derrotaría a un presidente mancillado por los escándalos. Al final perdió porque, en la lucha de personalidades, su personalidad austera, su irritante aire de confianza en sí mismo y unas apariciones por televisión bastante envaradas no consiguieron atraer la simpatía pública. Según el semanario satírico Charlie Hebdo, fue una batalla librada entre la «corrupción» y la «constipación». Más aún, en la competición por sobornar al electorado, Chirac prometió recortes fiscales mucho más cuantiosos que Jospin, e incluso niveles más elevados de gasto en sanidad, educación y lucha contra la delincuencia. Ambos candidatos se habían dado cuenta de la necesidad de apelar al centro, con Chirac incidiendo en su compromiso con la «solidaridad» social y la protección del medio ambiente, y Jospin insistiendo en que su programa «no era socialista». Las clases medias acomodadas, los católicos y los antiguos votantes habían parecido sentirse más probablemente atraídos hacia Chirac, y los empleados, en especial los del sector público, hacia Jospin. Las encuestas de opinión habían predicho que Le Pen obtendría sólo el 7 por 100 de los votos emitidos en la primera vuelta, un error que da idea de lo reacios que muchos se sentían a admitir sus simpatías por la extrema derecha a los encuestadores.

Se había supuesto que para la segunda vuelta, tras la eliminación de las figuras menores, los candidatos serían el presidente en ejercicio Chirac, fortalecido por la creación de la Union pour la Majorité Présidentielle (luego Populaire), que unía a las tres familias de la derecha republicana –el centro, los liberales y el gaullista RPR–, y el aspirante socialista. Sin embargo, en la primera vuelta Jospin, quien para la mayoría de los observadores imparciales había demostrado ser un primer ministro eficaz, obtuvo solamente el 16,2 por 100 de los votos emitidos, por debajo del 16,9 que se llevó el neofascista Le Pen. El 19,9 por 100 de Chirac distaba de representar una afirmación de devoción pública y fue el menor porcentaje jamás alcanzado por un presidente en ejercicio. Un 47 por 100 de los votantes habían dispersado sus papeletas a favor de otros 13 candidatos, aparentemente como protesta contra los sistemas social y político. Un récord de 28,4 por 100 de los votantes registrados no se molestó en acercarse a las urnas. Todo esto parecía demostrar una sensación generalizada de distanciamiento. Muchos votantes no vieron mucho dónde elegir entre un presidente y un primer ministro que previamente habían compartido el poder.

Jospin se resintió más debido a la tendencia de los votantes a acusar al primer ministro más que al presidente de problemas sociales como la delincuencia y el desempleo. Muchos votantes de izquierdas apoyaron a una panoplia de candidatos inelegibles, suponiendo que en la primera vuelta podían expresar tranquilamente sus preferencias particulares o emitir un voto de protesta y luego unirse en favor de Jospin en la segunda. Entre sus candidatos alternativos de izquierdas figuraba Chevénement, el anterior primer ministro, en representación del Mouvement des Citoyens, supuestamente creado para defender la soberanía nacional y los valores republicanos contra las amenazas de la UE. Obtuvo el 5,33 por 100, suficiente por sí mismo para conseguir que su egolatría privara a su antiguo colega íntimo Jospin de un lugar en la segunda vuelta. Arlette Laguillier, la representante perpetua de la autoritaria Lutte Ouvrière trotskista, obtuvo el 5,72 por 100 –más que el lamentable 3,37 por 100 del representante comunista Robert Hue, una figura evidentemente representativa del desmoronamiento final de su otrora poderoso partido–, mientras que otros trostskistas –Olivier Besancenot, de la Ligue Communiste Révolutionaire, con el 4,25 por 100, y Daniel Gluckstein, del Parti des Travailleurs– se sumaban a la fragmentación de la izquierda. La mayor parte de los votos al candidato de los Verdes, Noël Mamère, también podrían haber sido para Jospin. Para los socialistas resultó especialmente inquietante la decisión de muchos trabajadores de apoyar al Frente Nacional de Le Pen.

Lámina 69. Cartel en apoyo de Jean-Marie Le Pen para las elecciones presidenciales del 30 de abril de 2002. Foto: Getty Images.

El 5 de mayo, en la segunda vuelta y con una participación de más del 80 por 100, Jacques Chirac obtuvo el 82 por 100 de los votos (21.316.647) cuando la mayoría del electorado se unió en torno a la idea de que la posición política de Le Pen era moralmente indefendible. Muchos votantes habituales de la izquierda se sumaron al eslogan «Vota a un ladrón, no a un fascista». No obstante, el líder del Front Nacional recibió el 18 por 100 de los votos emitidos, probablemente sumando a sus propios votos de la primera vuelta el 2,34 por 100 originalmente cosechado por Bruno Mégret, su antiguo lugarteniente convertido en rival. Más de cinco millones y medio de personas votaron a Le Pen, con concentraciones regionales en el sur mediterráneo y partes económicamente deprimidas del nordeste. En el programa satírico de televisión Les Guignols de l’Info, el muñeco de Le Pen comenzó a aparecer en silencio y, cuando se le preguntaba qué hacía, respondía: «Nada, sólo esperar»..., supuestamente al catastrófico desmoronamiento final de la confianza en los partidos dominantes.

El nivel de apoyo a la extrema derecha, el evidente compromiso de los activistas locales, un alto grado de lealtad en sus votantes y la capacidad de Le Pen para atraer a los jóvenes puso también sobre el tapete la cuestión de si, en algún momento de un futuro no muy lejano, tal vez tras la desaparición de su actual líder, el Frente Nacional no podría entrar a formar parte de una coalición de gobierno con los conservadores tradicionales, según el modelo italiano, o informalmente, como en varias regiones francesas. De hecho, la escisión del partido en 1998 la habían causado en parte diferencias sobre la estrategia; Mégret, un más cerebral antiguo alumno de la Polytechnique, había llegado a rechazar un papel permanente y «estéril» en la oposición, y estaba mucho más deseoso que su líder de tomar en consideración alianzas electorales. A él lo desesperaban la imagen pública creada por los comentarios racistas de Le Pen y sus modales chulescos, y acusaciones desaforadas como las recogidas en una entrevista publicada por Le Monde (2-3 de marzo de 1997), en la cual Le Pen sostenía que Chirac era un «gigoló» (tenu) esclavo de organizaciones judías internacionales como Bnai Brith, que lo proveía de «enormes sumas de dinero».

Mientras tanto, Chirac pudo disfrutar de la perspectiva de otros cinco años en el cargo (reducidos de siete por el referendo de diciembre de 2000), protegido del enjuiciamiento por corrupción en virtud de una pertinente resolución adoptada por el Conseil Constitutionnel en 2001 que otorgaba la inmunidad provisional al presidente. Como él mismo había señalado en el curso de una –típicamente respetuosa– entrevista televisiva, «no podemos permitir que las sospechas inducidas por los medios de comunicación impidan a un presidente cumplir con los deberes que le son propios». Evidentemente, el sacrosanto principio de igualdad ante la ley no se extendía al presidente de la República.

Su posición se vio muy reforzada por los resultados de las elecciones legislativas de 2002, que lo liberaron de las restricciones y las frustraciones de la cohabitation. Con la fundación de la UMP, Chirac también estuvo muy cerca de conseguir el largamente debatido objetivo de crear un único partido conservador para luchar por la elección en todas las circunscripciones. La nueva agrupación se basaba primordialmente en su propio RPR, pero incluía a muchos miembros de los otros dos principales partidos del centro-derecha, Démocratie Libérale y la Union pour la Démocratie Frrançaise, y dejaba fuera solamente un residuo de esta última, liderado por François Bayrou. Hablando con toda la autoridad del jefe del Estado, a muchos votantes Chirac se les antojaba sin duda el hombre que más tenía que ofrecer.

El sistema electoral de mayoría simple contribuyó a mantener la primacía de la línea divisoria entre izquierdas y derechas, y a conseguir que los partidos extremistas no obtuvieran representación en la Asamblea Nacional. En cualquier caso, el apoyo a la extrema derecha cayó al 12,5 por 100 de los votos emitidos. El Partido Socialista, liderado por su anodino primer secretario, François Hollande, se presentó a las elecciones con un programa que prometía un aumento del salario mínimo, el final de las privatizaciones y mejoras en la protección de los derechos laborales. Completamente desmoralizada tras la derrota y dimisión de Jospin, la izquierda sufrió una debacle y perdió hasta 100 escaños. Luminarias como Aubry (autor de la semana de 35 horas), Hue (el líder comunista) y Dominique Voynet (de los Verdes), fueron derrotados. El Partido Socialista estaba dividido entre «modernizadores» y «tradicionalistas», estos últimos convencidos de que el partido se había desplazado demasiado hacia el centro y, en el proceso, perdido su identidad definitoria. Entre los primeros se contaban Hollande y eminencias tan ambiciosas como Fabius y Strauss-Kahn, defensores de la economía de mercado y decididos a resistir a las tentaciones de lo que el segundo llamaba el gaucho-populisme, que relegaría al partido a la oposición permanente como consecuencia de la pérdida del centro.

Tabla 25. Resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional, 9 y 16 de junio de 2002

Partidos

Porcentaje de votos tras la primera vuelta

Escaños tras las dos vueltas

Derecha tradicional

UMP

33,4

369

UDF

4,8

22

Otros

5,5

8

Izquierda tradicional

Socialistas

23,8

141

Comunistas

4,9

21

Verdes

4,4

3

Otros

2,9

13

Extrema derecha

Frente Nacional

11,1

0

MNRa

1,1

0

Otros

0,3

0

Extrema izquierda

2,7

0

Otros

4,3

0

Nota: aMouvement National Républicaine.

Mientras el Partido Socialista no alcanzara un grado mayor de unidad y demostrara ser capaz de acordar un conjunto coherente de políticas, parecía probable que sus representantes atacarían de manera oportunista al gobierno en todos los frentes. La recuperación a largo plazo dependía de la ampliación de la base electoral sin por ello perder parte de sus votantes tradicionales a favor de los partidos a su izquierda, y de que encontraran a un candidato presidencial elegible.

La posición política de Chirac parecía inexpugnable, y sus responsabilidades inmensas: «Cinco años para cambiar Francia», según el periódico conservador Le Figaro. Esto, sin embargo, requeriría mayores destrezas que las de un manipulador político ansioso por evitar la confrontación y con el hábito de decirle a su público lo que suponía que a este le gustaría oír. ¿Tenía el presidente de la República la visión y la determinación necesarias, y la capacidad para comunicar la necesidad de cambio a una población que desconfiaba de los políticos de todas las tendencias?

Las relaciones con los Estados Unidos constituían una importante causa de preocupación. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, el presidente Chirac expresó sus sinceras condolencias. Al mismo tiempo, el antiguo ministro socialista de Exteriores, Hubert Védrine, advirtió a los estadounidenses de que no cayeran en «la monstruosa trampa» tendida por los terroristas con el fin de que una reacción extrema desencadenara un «choque de civilizaciones». Siguiendo una línea similar de pensamiento, luego Chirac sintió la necesidad de negar su apoyo al ataque contra Iraq de 2003, expresó su preocupación –bien fundada, como los acontecimientos demostrarían– por las nefastas consecuencias de una acción militar precipitada y, más aún, sugirió que la misma invasión provocaría más ataques terroristas. Había asimismo una auténtica preocupación por que la invasión de un Estado árabe exacerbara las tensiones raciales en el interior de la misma Francia. La desesperación de Chirac ante los esfuerzos de Tony Blair por reforzar la llamada «especial relación» con los Estados Unidos y con ello ejercer una influencia moderada en Washington resultaba absolutamente evidente.

Sin embargo, el dilema planteado por la relativa impotencia fue –y sigue siendo– considerable, especialmente entre los políticos inspirados por un sentido latente de grandeur. El final de la Guerra Fría había parecido reducir la dependencia de las garantías de seguridad que aportaban los Estados Unidos. La nueva situación requería también un replanteamiento a fondo de las prioridades en materia de defensa. Aunque la tentación inicial fue simplemente reducir gastos, la creciente amenaza del terrorismo hacía tanto más evidente la necesidad de proyectar el poder militar francés mediante el rápido despliegue de fuerzas sumamente móviles. En 1996, esto había animado a Chirac a anunciar el final escalonado del servicio militar obligatorio para finales de 2001, con la consiguiente reducción del tamaño del ejército en un tercio: un paso de inmensa importancia simbólica tanto como práctica. La necesidad de una mayor profesionalización se había vuelto más importante que el ideal jacobino de la nación en armas. La decisión de ingresar en la estructura del mando militar integrado de la OTAN, en 1995, también reveló una mayor disposición a cooperar. La experiencia no fue enteramente satisfactoria. El ataque de 2003 a Iraq, que pareció el presagio de la aplicación de una doctrina de la guerra preventiva, no hizo sino confirmar las dudas francesas sobre el liderazgo estadounidense. La alternativa preferida, reivindicada por todos los presidentes franceses desde el general De Gaulle, sería un «mundo multipolar» en el que la UE, efectivamente dominada por un núcleo interno liderado por Francia y Alemania, estableciera sus propios objetivos de política exterior.

A fin de alcanzar el éxito electoral, Chirac había hecho toda clase de promesas incompatibles –reducir impuestos al mismo tiempo que gastar más en defensa, la lucha contra la delincuencia y sanidad– y había justificado el aumento del gasto basándose en evaluaciones excepcionalmente optimistas del crecimiento económico. Un resultado inmediato de estos compromisos sería imposibilitar la reducción del gasto público en cumplimiento de los acuerdos previamente contraídos como parte del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento de la Eurozona. Así, sacado de una relativa oscuridad por su nombramiento como primer ministro, Jean-Pierre Raffarin afrontó una tarea muy ingrata. Escogido en los círculos ajenos a la elite política parisina, de apariencia afable y apocada, se esperaba de él que contribuyera a la construcción de la imagen de un gobierno cercano al pueblo, así como que desviara las críticas a Chirac. La luna de miel política de Raffarin fue, sin embargo, breve. Le resultó difícil imponer disciplina a sus ministros en guerra. El rápido descenso de su popularidad era un indicio de la extrema volatilidad de un electorado aún más distanciado de la clase política cuando, durante el verano de 2003, se calcula que unas 15.000 personas, en su mayoría de edad avanzada, murieron como consecuencia de una ola de calor, y los ministros no parecieron dispuestos a interrumpir sus vacaciones para ocuparse de la crisis.

Raffarin se movió con cautela para introducir mayor «flexibilidad» en el mercado laboral debilitando la seguridad de la que disfrutaban los empleados. También intentó que gradualmente aumentara el número de años de trabajo requeridos para tener derecho a una pensión. En el caso de los empleados públicos, se pasaría de treinta y siete a cuarenta y medio en 2008 y a cuarenta y dos en 2020. Estaba claro, sin embargo, que los servidores públicos no iban a renunciar a retirarse a los cincuenta y cinco, a la seguridad del empleo y a las generosas pensiones sin luchar. Ni la perspectiva de una vida laboral más larga ni las reducciones en el tamaño de una burocracia «abotargada» y «privilegiada» resultaban muy atractivas para los empleados de Electricité de France o la SNFC ni para los maestros y funcionarios. Aunque sólo el 9 por 100 de la población activa estaba sindicado y el número de días perdidos en huelgas era relativamente bajo, la proporción subía al 25 por 100 en el funcionariado y la mayoría de la población tenía un interés vital en la prestación de servicios sociales y sanitarios. Frente a la amenaza de importantes manifestaciones, Raffarin mantuvo con valentía que «la calle puede exponer sus puntos de vista, pero la calle no gobierna», y arrostró todo un mes de huelgas y protestas. Sin embargo, este no fue más que el primer asalto. Las elecciones regionales celebradas en marzo de 2004 fueron un desastre para el partido gobernante: a pesar de la persistente debilidad de los socialistas, perdió el control de 20 de las 22 regiones..., todas salvo Alsacia y Córcega.

Otro motivo de preocupación para el presidente Chirac era la probabilidad de que la ampliación de la UE de 15 a 25 Estados miembros en mayo de 2004 incrementara considerablemente la dificultad de alcanzar acuerdos políticos viables. También amenazaba con disminuir la influencia francesa. La Unión había surgido de un deseo de procurar paz y estabilidad tras dos catastróficas guerras. Sucesivos gobiernos franceses trataron de usar la integración para fomentar la modernización interna y, en estrecha alianza con Alemania, como medio para reafirmar la influencia francesa dentro y fuera de Europa. No obstante, el resultado de la gradual acumulación de poder por las instituciones europeas, entre ellas el Banco Central Europeo y el Tribunal Europeo de Justicia, junto con la ampliación de la Comunidad, fue una inevitable pérdida de soberanía nacional. El euroescepticismo era cada vez más popular y ofrecía a los ministros un medio útil para transferir la culpa de políticas impopulares. De modo que el pacto de estabilidad firmado con el fin de impedir la irresponsabilidad fiscal por parte de los Estados miembro comprometidos con la unión monetaria y que restringía los déficits públicos a un máximo del 3 por 100 del PIB fue repetidamente infringido por Francia y Alemania aduciendo que el gasto deficitario y la «flexibilidad» constituían medios esenciales para contrarrestar la recesión económica. La Comisión Europea aceptó tácitamente que había pocas posibilidades de que Francia aceptara las recomendaciones vinculantes sobre política fiscal que, en teoría al menos, estaba legalmente obligada a imponer.

En 2005, un referendo admitido a regañadientes por Chirac pidió la aprobación de las propuestas de una mayor integración europea incorporadas en un borrador de Constitución preparado por un comité presidido por el expresidente francés Giscard d’Estaing. Aunque acordadas en junio de 2004 por los líderes de la UE reunidos en Dublín, estas propuestas fueron humillantemente rechazadas por el 55 por 100 del electorado francés. A pesar de la insistencia de Chirac en que la UE constituía el medio para proteger el modelo social francés de las amenazas planteadas por la globalización y el neoliberalismo anglosajón, había preocupación generalizada por la potencial pérdida de soberanía nacional y la perspectiva de ser engullidos dentro de un sistema federal liderado por una Alemania cada vez más firme desde la unificación. A los socialistas especialmente les producía ansiedad la perspectiva del trasvase de puestos de trabajo a zonas de bajo coste de Europa central. Entre los trabajadores industriales y los desempleados eran evidentes unos elevados niveles de oposición. Fabius afirmó que la Constitución propuesta consagraba principios neoliberales a expensas de los «temas sociales». El referendo también representó una oportunidad de rechazar a los líderes de una elite política cada vez más desacreditada.

La respuesta de Chirac a este revés fue una remodelación del gobierno, aunque resistió a la tentación de sustituir a su asediado primer ministro, en parte porque el sucesor obvio, Sarkozy, el ministro del Interior hiperactivo y obsesionado con la publicidad –una figura reminiscente del joven Chirac– albergaba claramente ambiciones presidenciales. Chirac no tenía ninguna intención de convertirse en un «pato cojo». El «ascenso» del exabogado del Ministerio del Interior al Ministerio de Hacienda, políticamente más arriesgado y de perfil más bajo, y del ministro de Exteriores, Dominique de Villepin, al Ministerio del Interior, probablemente representó un intento de alterar el estatus relativo de ambos. Posteriormente, Chirac insistiría en que el deseo de Sarkozy de suceder al desacreditado Juppé como presidente de la UMP era incompatible con el cargo ministerial, y forzaría su dimisión del gobierno. No obstante, el sacrificio dejó al joven aspirante con una potente base política desde la que tratar de hacer realidad sus ambiciones. De hecho, Les Guignols de l’Info lo presentaban enterrando vivo a un displicente Chirac. Se estaba preparando el escenario para las elecciones presidenciales de 2007.

Lámina 70. Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy asisten a una ceremonia en honor de Lucie Aubrac, una de las más grandes heroínas de la Resistencia durante la guerra, en el patio de los Inválidos de París, el 27 de marzo de 2007. Foto: Reuters/Charles Patiau.

En el periodo previo se hizo evidente que entre los conservadores las actitudes hacia otra candidatura de Chirac se habían polarizado. Su personalidad, la apariencia de bonhomie, resultaban atractivas. Sus muy humanos deslices incluso parecían aumentar su popularidad entre los devotos. Muchos votantes aceptaban su alegato de ser la desafortunada víctima de insidiosas acusaciones y el altivo desprecio con que las calificaba de abracadabrantesques. Sin embargo, se había desarrollado una grave crisis de confianza en la elite política y en las instituciones de la Quinta República. Una encuesta de opinión del IFOP de junio de 2006 registraba el 70 por 100 de insatisfacción con el gobierno, un nivel récord. La sorpresa fue, pues, poca cuando el 11 de marzo, envejecido y desacreditado, Chirac anunció, sin dar razones, que no se presentaría a un tercer mandato, lo cual dejaba el camino expedito para una candidatura de Sarkozy.

En su panfleto preelectoral, el nuevo aspirante conservador se describía a sí mismo como comprometido con «el trabajo, el respeto a la autoridad, la familia y la responsabilidad individual», y como decidido a resolver los acuciantes problemas del elevado desempleo, la excesiva deuda pública y el aumento de la delincuencia. Para bruñir sus credenciales derechistas, en un discurso pronunciado en Metz invocó el espíritu de Juana de Arco y Maurice Barrès, dos iconos nacionalistas, así como apeló a la «herencia de dos mil años de civilización cristiana». La perspectiva de elegir a un presidente fuerte firmemente comprometido con el reforzamiento del orden social sedujo a muchos miembros de todos los grupos sociales, y especialmente a las generaciones de más edad, que se sentían amenazadas por la creciente inseguridad asociada con la globalización. La promesa de recuperación económica, así como de impuestos más bajos, fue también muy atractiva.

El 21 de abril de 2007, con una enorme participación del 83,8 por 100. Sarkozy obtuvo el 31 por 100 de los votos en la primera vuelta, y la socialista Ségoléne Royal el 26 por 100. Candidata de los elementos «blairitas» ansiosos de «modernizar» el Parti Socialiste, a Royal la debilitaban las divisiones en el seno del partido, reflejadas en el apoyo poco entusiasta de su secretario general, Hollande, padre de sus hijos y supuesta pareja, aunque ya se habían separado. Los resultados parecían confirmar que la época en que la mayoría de los miembros de las «clases populares» votaban a la izquierda había pasado: sólo el 25 por 100 de los obreros y employés había votado a Royal. El apoyo a la «extrema» izquierda también había descendido. El meritorio 18,3 por 100 de Bayrou indicaba una renuencia a apoyar al abrasivo Sarkozy en el centro-izquierda, mientras que el 11,1 de Le Pen –un gran descenso con respecto a 2002– reveló el éxito de los esfuerzos conservadores por atraer a la extrema derecha. En la segunda vuelta, el 5-6 de mayo, el 53,06 por 100 de Sarkozy representó un claro margen de victoria sobre Royal (con el 46,94 por 100), basado en su capacidad para conseguir el apoyo del electorado conservador tradicional y de los miembros de las profesiones de gestión y liberales, así como para encontrarlo también entre las clases populares. Casi el 70 por 100 de quienes en la primera vuelta habían apoyado a Le Pen votaron por él en la segunda.

A juicio de muchos comentaristas posteriores, Sarkozy cometió dos «pecados originales» tras su victoria. Fueron estos, sostenían, los que en «último término» destruirían sus posibilidades de reelección en 2012. El primero fue una celebración ostentosa, triunfalista y muy publicitada con sus acaudalados colaboradores en el exclusivo restaurante Fouquet de París, vista como reveladora del amor del presidente electo al dinero y el lujo. El segundo fueron la familiaridad general y la falta de dignidad, consideradas como degradantes del cargo para el que había sido elegido. La publicidad dada a su romance con la antigua supermodelo Carla Bruni no haría sino exacerbar la situación. A mediados de 2008, sólo el 38 por 100 de los que respondían a las encuestas de opinión estaban dispuestos a manifestar confianza en su presidente.

Sarkozy había prometido inaugurar una «nueva era en la política francesa», y comenzó vigorosamente a pesar de las graves dificultades causadas por un ahondamiento de la crisis financiera global y los problemas particulares de la eurozona. Su estilo de gobierno producía una impresión de dinamismo. Mientras que sus predecesores se habían concentrado en gran medida en la política exterior y de defensa, y dejado los asuntos domésticos principalmente a sus primeros ministros, Sarkozy intervenía en todas las esferas del gobierno, a menudo haciendo caso a sus consejeros personales –los más destacados entre ellos Claude Guéant, secretario general en el Elíseo, y Henri Guaino– y líderes empresariales. Los ministros eran consultados con menos frecuencia que en el pasado. Las reuniones del gabinete, como consecuencia del empleo de los nombres de pila y el tuteo, se hicieron menos formales pero también menos estructurados, y dominados por los intrincados monólogos del presidente. Los ministros, incluido el primer ministro, François Fillon, eran muchas veces tratados con malhumorado desprecio. El político centrista Bayrou describió el régimen como una «egocracia».

Aunque el presidente consideraba en gran medida como una pérdida de tiempo las tradicionales reuniones semanales con los ministros de Defensa y Exteriores –este último el exsocialista Bernard Kouchner, el altruista cofundador de Médicos sin Fronteras–, la defensa constituía un problema de primer orden. Los resultados de un reajuste de políticas que Sarkozy desveló en 2008 dejaban clara la desesperada necesidad de modernizar el equipamiento militar. Los satélites de vigilancia, los drones, los helicópteros de ataque y los aparatos de gran carga –financiados en parte por las reducciones en encargos de aparatos convencionales– requerían cuantiosas inversiones. También se propuso la construcción de dos submarinos nucleares y un portaviones, aunque la de este –un medio para proyectar poder– no tardaría en posponerse debido a su coste. Los principales objetivos eran la creación de una fuerza expedicionaria de 30.000 efectivos, con 70 aviones y el apoyo de dos grupos navales, y la conservación de la force de frappe nuclear, último símbolo de la grandeur: una «política de seguro de vida» con la que prácticamente toda la elite política estaba plenamente comprometida. En principio se esperaba que conservaran 300.000 efectivos, pero las Fuerzas Armadas iban a reducirse hasta los 250.000, y el ejército a 100.000, lo cual provocó en mayo de 2011 una advertencia del almirante Guillaud, jefe del Estado Mayor de la Defensa, en el sentido de que las «frágiles y debilitadas» Fuerzas Armadas serían incapaces de cumplir compromisos tradicionales como la defensa de las antiguas colonias africanas. Esto lo confirmó la experiencia de la participación en la fuerza de la OTAN, en su inmensa mayoría formada por estadounidenses, en Afganistán, de la cual los 4.000 efectivos que componían las tropas de combate francesas acabarían por retirarse a finales de 2012 como consecuencia del «impasse militar» al que se había llegado y del número creciente de bajas.

Fillon había insistido en la necesidad urgente de reducir el gasto público en una época en que la deuda pública acumulada había llegado al 84 por 100 del PIB, reflejo de un fracaso constante en los intentos de equilibrar los presupuestos desde 1974. Esto parecía plantear una amenaza a la sostenibilidad del muy cacareado modelo social del país. Más aún, la enorme pérdida de competitividad en las empresas francesas durante los diez años anteriores parecía requerir urgentemente reducciones en la presión fiscal a fin de reforzar los incentivos y las presiones a favor de la competitividad dentro de la economía de mercado. Una serie de iniciativas relativamente modestas destinadas a reducir el déficit público al 3 por 100 en 2013 se basaban sin embargo en predicciones sumamente optimistas de crecimiento económico. La «ley de modernización de la economía» presentada por la ministra de Hacienda, Christine Lagarde, en abril de 2008 simplificaba el papeleo para las empresas, aumentaba la edad de jubilación de sesenta a sesenta y un años, introducía más flexibilidad en la semana de 35 horas y pretendía penalizar a los desempleados que rechazaran ofertas de trabajo... reviviendo la tesis liberal del siglo XIX según la cual era por culpa de la pereza por lo que los pobres habían atraído la pobreza sobre sí. Las universidades, mediocres, tremendamente superpobladas y controladas desde el centro, se vieron sacudidas por la perspectiva de mayor autonomía en cuanto a nombramientos, salarios y competencia por la financiación pública y privada. Sin embargo, estas medidas distaban mucho de las reformas estructurales exigidas por las agencias de calificación y el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, entre 2007 y 2010 los esfuerzos por estimular la economía en respuesta a la crisis financiera, así como el impacto de la crisis misma, elevaron el déficit presupuestario del 2,7 por 100 del PIB al 7,1 por 100, antes de volver a caer al 5,6 por 100 en 2011. Los patronos tampoco estaban satisfechos y exigieron más desregulaciones, así como reducciones en los impuestos sobre las remuneraciones, a fin de estimular la actividad económica.

Más aún, las huelgas y las manifestaciones, y los desastrosos resultados de las elecciones regionales de marzo de 2010, en las que el apoyo a la UMP se desplomó al 35 por 100 y la dejó con el control de sólo una región, dejaron claro que el público estaba cada vez más desencantado con un presidente que parecía estar asistiendo al ahondamiento de una crisis económica y al incremento del desempleo sin hacer nada. Como en él era típico, Sarkozy no había dejado de prometer reformas concebidas para aumentar la competitividad económica mientras simultáneamente atacaba a la «dictadura de los mercados» y prometía una política industrial junto con la protección de los empleos amenazados en las industrias automovilística y siderúrgica. Sus muy publicitadas visitas a fábricas amenazadas de cierre y las promesas de impedir el trasvase de trabajo al este de Europa se recibían con escepticismo creciente. Un virulento antisarkozismo se estaba convirtiendo rápidamente en un rasgo de la escena política. El presidente era percibido cada vez más como falto de sinceridad e identificado como le président des riches.

Supuestamente en pro de la «solidaridad», grupos con poderosos intereses creados, entre ellos no sólo los atribulados trabajadores sanitarios sino también los docentes y funcionarios, protestaban por las congelaciones salariales y el deterioro de las condiciones laborales en el sector público, pues el gobierno intentó tardíamente reducir el tamaño y aumentar la eficacia de una «inflada» burocracia. Aunque una proporción sorprendentemente baja de los trabajadores franceses pertenecía realmente a los sindicatos, y su influencia dependía de un papel oficial en los consejos laborales y las negociaciones colectivas, en octubre de 2010 se calculaba que hasta 3,5 millones de personas habían participado en manifestaciones contra la dilución de la semana de 35 horas y la reforma de las pensiones. Aunque consiguieron que las reformas del mercado laboral se pospusieran hasta después de las elecciones de 2012, la potencia de las protestas populares parecía haberse reducido sin embargo merced a una legislación que exigía servicios mínimos en las escuelas y el transporte público durante las huelgas, así como a una creciente comprensión de que el cambio se había vuelto necesario.

De forma similar, las apelaciones al sentimiento antiinmigrantes tuvo un efecto desigual sobre la reputación del gobierno. Tras la creación de un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional en 2007 se trató de vincular la inmigración con la delincuencia y se hicieron vigorosos esfuerzos por expulsar a los inmigrantes romaníes ilegales procedentes de Rumanía y Bulgaria. Estas tácticas bien podrían atraer a potenciales votantes de extrema derecha, pero asimismo corrían el riesgo de legitimar las tesis del Frente Nacional y dividir a los conservadores más moderados. Los repetidos escándalos aún desacreditaron más al presidente. El más señalado fue su intento de conseguir el nombramiento de su hijo estudiante Jean como presidente de la administración del quartier de empresas de La Défense. Lo mismo que su predecesor, Sarkozy y la UMP fueron también acusados de financiación ilegal de campañas, con el caso sumamente publicitado que implicaba fondos provistos por Lilian Bettencourt, heredera del emporio de los cosméticos L’Oréal. La opacidad de este asunto la aumentaron las afirmaciones de que, a instancias del presidente, las autoridades de la contrainteligencia habían realizado escuchas telefónicas en un intento de identificar las fuentes de la información filtradas a Le Monde. Las pruebas de facturas de gastos excesivos o injustificados de los ministros, junto con la aceptación de lujosas vacaciones sufragadas por los gobiernos egipcio y tunecino a Fillon y a la ministra de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, y el reconocimiento sin ambages por el ministro de Cultura, Frédéric Mitterrand, de que pagaba por sexo con boys en Tailandia, reforzaron la percepción pública de la arrogancia, depravación y codicia de la elite. No obstante, la posición de Sarkozy no parecía haberse debilitado por el juicio que se le abrió a Chirac –en diciembre de 2011– por la malversación de fondos públicos cuando era alcalde de París. El expresidente estaba mal de salud, tenía graves lapsus de memoria y se había convertido en una figura por la que el público sentía afecto. Recibió una condena de dos años que no cumplió por no ser reincidente.

Sarkozy también hizo un considerable esfuerzo por mejorar su imagen pública adoptando un porte menos hiperactivo y más presidencial, tanto en el interior como en el ejercicio de la presidencia en reuniones internaciones como la del G8 celebrada en Deauville en mayo de 2011 y la del G20 celebrada en Cannes en noviembre. El éxito de la intervención liderada por los franceses en apoyo de una rebelión contra el coronel Gaddafi, el líder libio –al cual el gobierno anteriormente había intentado venderle armas–, supuso un drástico vuelco en la política exterior que sorprendió incluso a Juppé, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Estuviera inspirada por convicciones humanitarias o por el oportunismo, esta acción gozó de considerable respaldo público. También contribuyó a hacer creer a Sarkozy que, a despecho de las negativas encuestas de opinión que cuatro meses antes de las elecciones presidenciales de 2012 revelaron que el número de sus partidarios había caído hasta el porcentaje récord del 30 por 100, los votantes estarían ansiosos por votar a un candidato que previamente había adoptado una actitud de dureza frente a la delincuencia y la inmigración, y ahora podía demostrar que había ejercido un liderazgo eficaz durante las crisis financieras global y de la eurozona: un candidato con «credibilidad». Que en enero de 2012 la agencia de calificación crediticia Standard and Poors rebajara la deuda francesa supuso, pues, un duro golpe.

Esto pareció tener tanto mayor importancia porque las encuestas de opinión ya señalaban que el candidato socialista más probable a la presidencia, Strauss-Kahn, un eminente antiguo ministro de Hacienda y actual director gerente del FMI, sería claro ganador de la confrontación con el presidente en ejercicio. Sin embargo, las acusaciones de violación dirigidas contra Strauss-Kahn en Nueva York en marzo de 2011 obligaron al consumado «socialista del champán», un legendario y absolutamente imprudente donjuán, a presentar su dimisión en el FMI y a retirarse como potencial candidato a la presidencia francesa. Luego se le acusaría de estar implicado en una red de prostitución en Lille. El caso puso de relieve que, según se calculaba, en Francia había 75.000 mujeres violadas cada año –normalmente a manos de hombres conocidos por ellas– y que sólo entre el 1 y el 2 por 100 de los acusados eran finalmente condenados. ¿Qué decía esto sobre las actitudes hacia las mujeres?

La posición de Sarkozy se vio sin duda reforzada por la ignominia de un candidato aparentemente imbatible, así como por su sustitución en el FMI por Lagarde, la sumamente bien considerada ministra francesa de Hacienda. Los socialistas estaban sumidos en la confusión, al menos temporalmente, cuando se hizo posible una auténtica competición por la nominación como su candidato presidencial. Entre los aspirantes se contaban Fabius, el fino y cortés ex primer ministro que había dividido profundamente al partido con su rechazo de la Constitución de la UE en 2005; Bertrand Delanoë, el alcalde de París; el juvenil Valls, quien insistía en la necesidad de repensar una anticuada ideología socialista y al que por consiguiente se acusaba de deslealtad, y Royal, decidida a repetir el desafío de 2007. Las encuestas sugerían, sin embargo, que los dos más probables vencedores de Sarkozy serían Aubry, la idealista e intervencionista exministra de Trabajo y autora de la ley de las 35 horas, alcaldesa de Lille y líder del Partido Socialista desde 2008, que representaba a la izquierda del partido, y Hollande, un socialdemócrata y más moderado y menos divisivo antiguo partidario de Strauss-Kahn, a pesar de que durante sus once años como secretario general del partido se había ganado fama de incoloro, había sido responsable de las desastrosas campañas presidenciales de 2002 y 2007 y, aunque próximo a Mitterrand, no había conseguido ser nombrado ministro. En el programa satírico de televisión Les Guignols de l’Info, un muñeco de látex lo representaba desde hacía mucho tiempo como un afable incompetente.

Cuando en marzo de 2001 se había presentado a sí mismo como potencial «presidente normal», a Hollande, como Chirac diputado de la rural Corrèze, sus rivales no se lo habían tomado en serio. Fabius llegó a menospreciar su candidatura calificándola de broma. Eso iba a cambiar pronto, cuando adoptó un porte de más autoridad y pragmatismo, favoreció tranquilizadoras políticas moderadas y renovó su imagen perdiendo peso y poniéndose gafas de diseño. Hollande prometió una presidencia menos autoritaria gracias a la potenciación del papel del primer ministro, y de los ministros en general, y a la salvaguarda de la autonomía del sistema judicial y de la policía. En unas elecciones primarias abiertas no solamente a los miembros del Partido Socialista sino a los votantes dispuestos a prometer fidelidad a «los valores de la izquierda» y pagar un euro, Hollande obtuvo finalmente 2.800.000 (el 57 por 100) de los votos emitidos. Aunque habían perdido tres campañas presidenciales anteriores y aún no se les habían caído las cicatrices de la humillación de Jospin por Le Pen en 2002, los socialistas estaban fuertemente atrincherados en los niveles local y regional, habían conseguido controlar el Senado y esperaban beneficiarse de la hostilidad a Sarkozy como revelaba una encuesta de opinión tras otra.

A la primera vuelta de las elecciones, el 22 de abril de 2012 se presentaron 15 candidatos. Los que se consideraba con posibilidades de pasar a la segunda eran cuatro: Sarkozy, Hollande, Marine Le Pen (tras la retirada de su padre) y el centrista Bayrou. El candidato presidente, adoptando una pose de «Capitán Intrépido», trató de apelar a valores tradicionales como «el valor, la responsabilidad y la autoridad». En Annecy, el 16 de febrero, aun admitiendo errores pasados, insistió en su honestidad y sinceridad. Sostuvo que las sucesivas crisis vividas desde 2008 habían marcado el final de una era, pero también representaban una oportunidad de crear un nuevo mundo mejor. Al mismo tiempo, rechazó el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parejas de homosexuales, así como la eutanasia y, más aún, prometió redonner la parole au peuple aumentando la frecuencia de los referendos. El electorado quedaba avisado de que sería poco prudente prescindir de un presidente experimentado en la cima de la crisis más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. A los lectores de los periódicos conservadores se les recordaron las temerarias políticas seguidas por Mitterrand tras su elección en 1981, que con subidas de impuestos y aumentos del gasto habían destruido la competitividad y la credibilidad financiera internacional de Francia. Sarkozy predijo que en la era de la globalización la adopción de un enfoque parecido por parte de Hollande tendría consecuencias aún más funestas. La canciller alemana Angela Merkel, preocupada por la determinación de Hollande a presionar en favor de medidas que estimularan el crecimiento en el seno de la UE, llegó a dar el insólito –y probablemente contraproducente– paso de ofrecer su apoyo a Sarkozy.

En uno de sus típicos discursos, en Arras Sarkozy también recordó a los votantes que pudieran sentir la tentación de apoyar a Le Pen los resultados que él había conseguido en el tema de la inmigración y la dureza de su postura frente a la delincuencia. Junto con su defensa de la laïcité, estas políticas estaban implícitamente ligadas a la amenaza que suponía el islam. Se sugirió que un gobierno socialista sería débil en materia de seguridad, incompetente para enfrentarse al terrorismo y propenso a hacer demasiadas concesiones a los fundamentalistas musulmanes. Temas de tanto simbolismo como el burka, la carne halal y los rezos en la calle a las puertas de las mezquitas se utilizaron –empleando un lenguaje difamatorio– como temas de campaña.

Aunque el influyente periódico británico The Economist denunció a los dos principales candidatos por haberse embarcado en «una campaña absolutamente frívola» y rechazado afrontar la realidad del deterioro de la situación económica, ambos aceptaban la necesidad urgente de reducir la deuda pública. Fillon, el primer ministro, defendiendo el éxito de su gobierno en aumentar los impuestos de sociedades y sobre la renta, se comprometió a mayores reducciones del gasto, a aumentos en el impuesto sobre el valor añadido, en los impuestos a las grandes empresas, a reformar las pensiones y a penalizar a los desempleados que se negaran a recibir formación o rechazaran ofertas de trabajo. Por el contrario, Hollande propuso aprobar una tasa fiscal del 75 por 100 para quienes ganaran más de 1 millón de euros al año, y además aumentar el impuesto anual sobre el patrimonio a los activos de más de 1,3 millones, junto con un impuesto sobre los dividendos, así como acabar con las exenciones fiscales que tan ventajosas eran para los ricos. En su opinión, el aumento en los ingresos permitiría al gobierno equilibrar sus libros y al mismo tiempo subir el salario mínimo, crear 60.000 nuevos puestos docentes y volver a la era de la jubilación a los sesenta años, aunque sólo para aquellos que hubieran comenzado a trabajar a los dieciocho. Prometió que estas medidas las financiarían las economías que se hicieran en los departamentos gubernamentales, así como la reforma fiscal, mientras que otro estímulo económico vendría de la renegociación del acuerdo de la eurozona para fomentar la disciplina fiscal.

La campaña socialista despegó realmente con una concentración, a la que asistieron unos 10.000 partidarios, en Le Bourget, justo a las afueras de París, el 22 de enero, en la cual Hollande presentó su visión de una República basada en redressement national, justice et espérance, y una urgente determinación a «superar la crisis y librarnos del ilegítimo poder de las finanzas». Estas, y no Sarkozy, insistió, eran su auténtico adversario. Adoptando el programa del Partido Socialista, llamó a la separación entre la función crediticia y las actividades de inversión más especulativa de los bancos, y a la abolición de los productos financieros «tóxicos» y los paraísos fiscales. Las pequeñas y medianas empresas recibirían el apoyo de un banco público de inversión, y se haría un importante esfuerzo para aliviar la escasez de viviendas asequibles mediante la construcción de un millón de nuevas casas. Hollande reiteró su promesa de ser un «presidente normal» –por comparación con el hombre poco halagadoramente descrito por su portavoz como «un cruce entre Silvio Berlusconi y Vladímir Putin»– y su determinación a entablar un «diálogo social» y a ponerse al servicio de todo el pueblo. Insistió incluso en que no tenía intención alguna de atacar a los creadores de riqueza, sino sólo a «la riqueza insolente..., la arrogancia de los poderosos, las fortunas simplemente legadas en herencia».

Durante el resto de su campaña, Hollande se dedicó a atacar la personalidad y la «catastrófica» presidencia de Sarkozy, descrita como representante sólo de los intereses de les puissants, les rentiers, les fortunés y caracterizada no sólo por la moda bling-bling sino también por el «zigzag». En un multifacético ataque lanzado en Besançon el 10 de abril, culpó a Sarkozy de la pérdida de 400.000 empleos, del paro juvenil, de la decadencia de la agricultura, del desmoronamiento del nivel de vida y del aumento de la inseguridad. En una formulación de su filosofía política publicada con el título Changer de destin, Hollande buscó inspiración en la historia: en la Revolución de 1848 y la Comuna de París, en los dreyfussards y la Resistencia, así como en el patriotismo del general De Gaulle. Entre las demás figuras que le inspiraban destacaban los líderes socialistas Jaurès y Blum y, en menor grado, Mitterrand, su primer mentor. Una redistribución igualitaria parecía interesarle más que la creación de riqueza. Hollande prometió que los impuestos se repartirían conforme a los principios mismos de la justicia republicana que informaría sus decisiones en general. Su compromiso con el ideal republicano de laïcité –tolerancia y separación estricta entre Estado y religión– se vio también enérgicamente reafirmado con la promesa de añadir a la Constitución la ley clave de secularización de 1905. En sus muy esperadas Mémoires, Chirac aprovechó la oportunidad para afirmar que Hollande poseía la capacidad para convertirse en un «verdadero estadista» y hacer hincapié en lo mucho que le disgustaba un sucesor al que durante mucho tiempo había despreciado. Seguida por afirmaciones de que el expresidente tenía intención de votar al candidato socialista, esta intervención se vio sin embargo en buena medida contrarrestada por la entusiasta participación de su esposa Bernadette en la campaña a favor de Sarkozy.

Más amenazadores para las aspiraciones de Sarkozy a la reelección fueron los ambiciosos esfuerzos del Frente Nacional por constituirse en el principal partido de la derecha. Para ello era necesario intentar cambiar la imagen del Front mediante un proceso de dédiabolisation: un intento de Marine Le Pen de distanciarse del antisemitismo que había llevado a su padre a menospreciar el Holocausto como un mero «detalle» en la historia, de su obsesión con la «pérdida» de Argelia y del chovinismo chulesco. Igualmente potente fue su condena de la incapacidad del presidente para mantener la autoridad del Estado y de las elites políticas en general al hacer caso omiso de las preocupaciones de la gente «corriente», de las amenazas planteadas por el creciente desempleo, del deterioro del nivel de vida y de la creciente inseguridad que ella asociaba a la criminalidad. Le Pen llamó a un endurecimiento de la acción policial, a la restauración de la pena de muerte y a poner freno a la inmigración y la «islamificación», que ella presentaba como una amenaza a los principios de la laïcité y a los derechos de las mujeres.

El Frente Nacional, también ofrecía protección contra las amenazas asociadas con la globalización –un système économique sauvage– y la pertenencia a la UE. Se sostuvo que la afirmación de los intereses específicamente franceses mediante la reinstauración del proteccionismo económico, junto con la devaluación, una política económica inflacionaria, un freno al «feudalismo financiero» de los bancos y la reducción de impuestos para las familias con bajos ingresos, facilitaría la reindustrialización y una vuelta al crecimiento económico. Dictadas por el pragmatismo y por principios, estas políticas representaban un esfuerzo por mantener la fidelidad de la tradicional extrema derecha autoritaria y por ampliar el apoyo entre las mujeres y, en las clases media baja y obrera, entre los temerosos del desempleo y la movilidad social descendente, así como hacia la gente que se creía que vivía ociosamente del Estado del bienestar. Abogada y miembro del Parlamento europeo, y muy eficaz en sus apariciones en los medios de comunicación, Le Pen trataba de convencer a los votantes de que ella representaba a un partido moderado, patriótico y respetable. En antiguos centros mineros deprimidos como Hénin-Beaumont, en el norte de Francia –en competencia con un Partido Socialista regional debilitado por las acusaciones de nepotismo y corrupción–, así como en muchas comunidades rurales, el Frente Nacional se hizo un lugar en la política local celebrando pequeñas reuniones en cafés y plazas de mercado. Centrándose en temas como la vivienda y la disminución en los servicios, Le Pen pudo instaurar una base política sostenible y presentarse como la «candidata de los olvidados».

Sin embargo, la continuidad entre Le Pen padre y su hija se hicieron tanto más evidentes cuando, durante la campaña electoral, erigiéndose en defensora de l’ordre républicain, advirtió de las «olas rompientes» de la inmigración musulmana y de la amenaza de «esclavización» a través de la imposición de la ley de la sharia. En un discurso pronunciado en Rouen el 15 de enero de 2012, Le Pen condenó el multiculturalismo e insistió en la necesidad de la asimilación, señalando al skyline de la ciudad como un recordatorio de las raíces cristianas de la civilización francesa. En marzo, en Marsella, culpó a la criminalidad apenas reprimida de los norteafricanos del tráfico de drogas y de la inseguridad endémica de la ciudad. El asesinato de tres soldados y otras cuatro personas, incluidos tres niños judíos, por Mohamed Merah en Toulouse y Montauban, descrito como «la punta del iceberg», constituyó una nueva oportunidad para exigir un control más estricto de la inmigración, que se pusiera fin a la construcción de mezquitas y se proscribiera a los imanes radicales. De este modo, Le Pen estaba desempeñando un importante papel en el establecimiento de la agenda política.

De manera parecida, a Hollande lo estaban debilitando los fuertes ataques que desde la izquierda le lanzaba Jean-Luc Mélenchon, un exsenador socialista que representaba a un Front de Gauche respaldado por el debilitado Partido Comunista junto con diversas facciones trotskistas.

Tabla 26. Resultados de las elecciones presidenciales, primera vuelta, 22 de abril de 2012

Candidato

Porcentaje de votos

Hollande

28,63

Sarkozy

27,18

Le Pen

17,90

Mélenchon

11,10

Bayrou

9,13

Joly

2,31

En una entusiasta concentración en la plaza de la Bastilla el 18 de marzo de 2012 –el aniversario de la creación de la Comuna de París en 1871– culminada con el canto de la Internationale, Mélenchon exigió pensiones para todos a los sesenta años, un aumento inmediato de un 20 por 100 en el salario mínimo, un salario máximo de 360.000 euros y la salida de la OTAN. Un voto de protesta a favor del Front o de los Verdes y una izquierda dividida revivieron la pesadilla de una posible eliminación del candidato socialista en la primera vuelta. En esta ocasión sin embargo y pese al relativo éxito del candidato del Front de gauche, Hollande obtuvo una apretada victoria. A los candidatos centrista y verde (Eva Joly, del MEP) les fue especialmente mal.

En la definitiva segunda vuelta entre Sarkozy y Hollande, el 6 de mayo, el éxito dependería de la capacidad de atraer a votantes que en la ronda anterior habían apoyado a los candidatos eliminados. Mientras que casi todos los partidarios de Mélanchon dieron su voto a Hollande (81 por 100, según una encuesta posterior) junto con los que habían apoyado a Joly –atraídos por la promesa de un lugar en el gobierno y una marcha atrás en energía nuclear–, lo mismo hizo buena parte del electorado de extrema derecha (el 14 por 100). Otros siguieron el consejo de Le Pen y emitieron un voto en blanco o se abstuvieron (el 35 por 100) en lugar de votar a Sarkozy (aunque el 51 por 100 sí lo hizo). Evidentemente, la victoria de este amenazaría su objetivo de convertir al Frente Nacional en la principal fuerza de la derecha. Sus ataques más feroces los dirigió consecuentemente contra Sarkozy en lugar de contra Hollande. El centrista Bayrou, aunque sumamente crítico con la política económica de Hollande, decidió apoyarle debido a su mayor humanidad y apoyo a Europa, si bien sólo le hizo caso un 29 por 100 de sus seguidores.

Según las encuestas de opinión, el resultado iba a ofrecer pocas dudas, con la encuesta final de Ipsos MORI señalando que el apoyo a Hollande era mayor en las ciudades que en las zonas rurales, y entre los directivos, los miembros de las profesiones liberales e intermedias, el personal administrativo y los obreros, mientras que Sarkozy se llevaba la palma entre los artesanos, los tenderos, los empresarios, los jubilados y los grupos de mayores ingresos por hogar. No obstante, el presidente estaba claramente decidido a continuar con su enérgica y agresiva campaña. Siguió expresando su completo desdén por su rival socialista, al que describía como un indeciso peso ligero, carente de ideas, falto de carisma y energía –l’enarque, le techno, le mou– y, paradójicamente, como el candidato de «el sistema», un mentiroso que prometería cualquier cosa con tal de ganar.

Lámina 71. François Hollande y Nicolas Sarkozy durante un debate televisado en los estudios de La Plaine Saint-Denis, cerca de París, el 2 de mayo de 2012. Foto: Reuters/France 2 Television/Handout.

Tabla 27. Resultados de las elecciones presidenciales, segunda vuelta, 6 de mayo de 2012

Candidato

Porcentaje de votos

Hollande

51,63

Sarkozy

48,37

Las tácticas de Sarkozy fueron similares a las que había empleado para destrozar la imagen de Royal en 2007. Sus partidarios se entusiasmaron mucho con un debate televisado el 27 de abril en el que pareció mucho más seguro que un Hollande más bien evasivo, así como con una concentración de masas minuciosamente escenificada en Villepine durante la cual se presentó como un líder fuerte con una clara visión de «La France forte». Su respuesta a los asesinos de Toulouse y Montauban tuvo toda la dignidad y autoridad que podía esperarse del presidente de la República. Su problema esencial lo constituían las opiniones que despertaba su desempeño del cargo... por comparación con las promesas de 2007.

Por primera vez en unas elecciones presidenciales, París apoyó al candidato socialista, con el 55,6 por 100 de sus votos. A pesar del aparente triunfo de Hollande, indicios de que no todo estaba bien se advirtieron sin embargo en una posterior encuesta de Ipsos MORI que revelaba que la preocupación dominante del 55 por 100 de los partidarios de Hollande era echar a Sarkozy, con sólo el 45 por 100 positivamente inclinado hacia el candidato socialista.

Tabla 28. Resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional, segunda vuelta, 17 de junio de 2012a

Votos

Porcentaje de votos

Escaños

Socialistas

9.420.889

40,9

280

UMP

8.740.628

38,0

194

Ecologistas-Verdes

829.036

3,6

17

Nouveau Centre

568.319

2,5

12

PRGb

538.331

2,3

12

Front de Gauche

249.498

1,1

10

Parti Radical

311.199

1,4

6

Frente Nacional

842.695

3,7

2

Alliance Centriste

123.132

0,5

2

Centre pour la France

113.196

0,5

2

Otros partidos de derechas

417.940

1,8

15

Otros partidos de izquierdas

709.395

3,1

22

Otros

165.050

0,7

3

Notas: alos resultados incluyen a 36 diputados elegidos en la primera vuelta, celebrada el 10 de junio.

bParti Radical de Gauche.

Por el contrario, el 54 por 100 de los votos a Sarkozy habían estado absolutamente destinados a apoyarlo. No obstante, a la inicial victoria socialista siguió el éxito en las elecciones legislativas celebradas en junio.

Lámina 72. El presidente francés saliente y Carla Bruni-Sarkozy abandonan el Palacio del Elíseo el día de la investidura del nuevo presidente francés François Hollande, el 15 de mayo de 2012. Foto: © KeystoneUSA–ZUMA/Rex Features.

La nueva Asamblea contendría a más mujeres que su predecesora (el 25 por 100 frente al 18), especialmente entre los socialistas. Aunque el 40 por 100 de los diputados eran nuevos, su edad media era de cincuenta y cinco años. Más aún, el 75 por 100 de ellos se beneficiaría del polémico cumul des mandats al ostentar simultáneamente cargos locales y regionales, así como nacionales. La sorpresa de la segunda vuelta fue la mayoría absoluta conseguida por los socialistas solos, que los liberaba de la esperada necesidad de depender de los Verdes y el Front de Gauche..., este último reducido de diecinueve a diez escaños (nueve de ellos trasvasados a los comunistas). Los socialistas también controlaban el Senado, todas menos una de las 22 regiones y gran parte de los gobiernos locales. La única nota discordante y un tanto ridícula la dio la humillante derrota en La Rochelle de una excesivamente confiada Royal –la candidata presidencial de 2007 y expareja de Hollande– a manos de un disidente socialista que gozaba del apoyo muy comentado en las redes sociales de la actual pareja del nuevo presidente, la famosa periodista Valérie Trierweiler.

La erosión del apoyo a la conservadora UMP resultó especialmente evidente en las ciudades y sus suburbios, y en toda la mitad occidental del país (además del eje Le Havre-Perpiñán). El partido perdió a algunas de sus figuras más destacadas, entre ellas Alliot-Marie, la antigua ministra de Defensa, y Claude Guéant, quien había ostentado la cartera de Interior. Aunque Le Pen perdió por poco las elecciones en Hénin-Beaumont, donde se enfrentó a un desafío deliberadamente simbólico de Mélenchon y el Partido Comunista, así como de un anodino –aunque al final ganador– representante local del Partido Socialista, dos miembros de su partido –uno de ellos su sobrina Marion Maréchal Le Pen– vencieron en el sur. Más importante fue que, a pesar de la advertencia de Fillon acerca de la incompatibilidad fundamental de sus valores, entre los candidatos conservadores con dificultades no siempre se resistió la eterna tentación de subrayar los ideales patrióticos que compartían con el Frente Nacional. Evidente era también la continuación del desmoronamiento del centro con la derrota de Bayrou, lo cual contribuía a un proceso de polarización política. Más importante fue que la participación en la segunda vuelta se quedara sólo en el 55,4 por 100, lo cual denotaba un generalizado escepticismo en relación con el sistema político y los políticos en general, así como indiferencia, sobre todo entre los jóvenes.

Con el control, sin embargo, de la Cámara de Diputados y del Senado, así como, abrumadoramente, de los gobiernos regionales y locales, la pregunta esencial era: ¿qué harían los socialistas con su victoria?

CONCLUSIÓN: UNA CRÓNICA PROVISIONAL DE LOS SOCIALISTAS EN EL PODER

El nuevo presidente se dio claramente cuenta de que, tras la toma de posesión el 15 de mayo, su Administración se enfrentaría a una ola de problemas sin precedentes. La situación en la que se encontraba el gobierno socialista era sumamente grave. La posición de Francia como quinta economía más grande del mundo estaba amenazada por el descenso de la productividad, la caída de la competitividad, un déficit creciente en comercio internacional, el incremento de la deuda pública, las altas tasas de desempleo a largo plazo y el inminente peligro de más pérdidas de empleos, además de la crisis en la eurozona y la amenaza de contracción económica global, todo apuntando a una urgente necesidad de reformas de la clase prometida por Sarkozy en 2007 pero nunca efectivamente puestas en práctica. El fracaso en el desarrollo de nuevos modelos económicos y gubernamentales dentro de la misma Francia, así como en la más amplia UE, corría el riesgo del empobrecimiento, del aumento de la desigualdad y de la tensión social. La viabilidad del tan cacareado modelo social francés parecía bajo amenaza. La tarea parecía ser nada menos que la reinvención de la socialdemocracia.

Un informe presentado el 5 de noviembre de 2012 por Luis Gallois –exdirector ejecutivo de la compañía aeroespacial EADS– ponía de relieve la rápida erosión de la competitividad francesa en una compleja economía posindustrial globalizada y cada vez más feroz. Pese a los éxitos de importantes empresas de aeronáutica, procesamiento de alimentos, energía nuclear, comunicaciones y bienes de lujo, la relativa decadencia, así como el proceso acumulativo de desindustrialización (con una producción industrial que representó el 22 por 100 del valor añadido en 1998 y el 16 por 100 en 2008), eran especialmente evidentes por comparación con Alemania. El informe culpaba a la inflexibilidad del mercado laboral y a los excesivos costes impuestos a las empresas por las cargas sociales, a los bajos niveles de productividad laboral como consecuencia de un exceso de vacaciones y lo temprano de las jubilaciones, a la insuficiente inversión en alta tecnología y a la pobreza de las relaciones entre la investigación en la universidad y el desarrollo y la empresa, al burocrático «culto de la regulación» y al limitado número y la baja capitalización de las pequeñas y medianas empresas. Había claramente una urgente necesidad de estimular una cultura de la innovación y, rechazando un enfoque estadístico, Hollande prometió poner en práctica las propuestas del informe. Finalmente, parecía estar desarrollándose una mayor sensación de urgencia. Una vez más, sin embargo, la pregunta clave era: ¿sería sostenible?

En su discurso inaugural, el nuevo presidente se había comprometido a mejorar la eficacia del gobierno mediante la reinstauración de la división gaullista del trabajo entre el presidente, quien decidía las prioridades y nombraba al primer ministro, y los ministros, los cuales eran responsables de su aplicación y prometió que gozarían de mucho mayor autonomía de la que su hiperactivo predecesor había permitido. Con estos nombramientos, y por primera vez, se hacía un considerable esfuerzo por conseguir la paridad de género entre los ministros: una tarea difícil dado el predominio masculino en la Asamblea Nacional. Sin embargo, tras la malhumorada negativa de Aubry, frustrada por no llegar a primera ministra, a aceptar un puesto menor, la única ministra de primer nivel sería Christine Taubira, una exnacionalista de la Guayana, en el ministerio de Justicia. Sólo cuatro de los 34 ministros tenían experiencia de gobierno. Su curva de aprendizaje sería abrupta. Las presiones de los mercados financieros y de la oposición política, así como la sensación de expectación evidente ente los partidarios del gobierno, hizo que el periodo de gracia concedido al nuevo gobierno fuera sumamente breve.

Como primer ministro, Hollande escogió a Jean-Marc Ayrault, un exprofesor de alemán que desde 1997 había sido el pragmático líder, bastante reservado y desde luego poco carismático, del grupo parlamentario socialista, y eficaz alcalde de Nantes. Otras figuras clave eran el más llamativo exprimer ministro Fabius como ministro de Exteriores, empeñado en la completa retirada de las tropas de combate de Afganistán para finales de 2012... y el igualmente ambicioso Valls como un enérgico ministro de Interior reminiscente de un joven Sarkozy. También él abogaba por la dureza policial –convencido de que, incluso en los deprimidos quartiers oubliés de la République no había excusa para la delincuencia y la violencia–, así como por una legislación contraterrorista más eficaz. La sustitución del director de la lucha contraterrorista y del prefecto de la policía de París, ambos considerados demasiado próximos a Sarkozy, fue indicio de la sensibilidad de tales temas, y de un esfuerzo por evitar estigmatizar a los musulmanes y con ello alentar el reclutamiento de terroristas locales, un motivo de creciente preocupación.

Pierre Moscovici, como ministro de Hacienda, sería el responsable de aumentar la recaudación fiscal y de señalar en qué se había de ahorrar. El gobierno planeó reducir el gasto público del 56 por 100 al 51 por 100 del PIB para 2017, y aumentar los ingresos fiscales en 72.000 millones de euros, los cuales se sumarían a los 15.000 millones de aumento planeados por la Administración anterior. Esto constituirá sin duda un grave trauma para un público mal preparado por el populismo y la política de gestos propiciados por ambos candidatos presidenciales. La gravedad de la situación la puso aún más de relieve el descubrimiento de un déficit de 10.000 millones de euros en las cuentas del anterior gobierno Fillon, además de un informe de la Inspection Générale des Finances según el cual era necesario ahorrar unos 5.000 millones de euros al año simplemente para alcanzar el equilibrio en 2017.

Para reducir el impacto sobre los servicios públicos, así como sobre la confianza de los consumidores y el crecimiento económico, se proponía un redressement dans la justice (en lugar de «austeridad»). Esto requería un aumento de la contribución de los ricos a través de un incremento en los impuestos sobre el patrimonio, de sucesiones y sobre los dividendos, además de la simplificación de un sistema fiscal sumamente complejo a fin de permitir el cierre de importantes grietas fiscales. El aumento de los impuestos a los que disfrutaban de una posición económica más acomodada –con una tasa del 45 por 100 para las ganancias de más de 150.000 euros, complementada con una esencialmente simbólica tasa fiscal temporal límite del 75 por 100 para los 3.000 individuos con ingresos superiores a 1 millón de euros– se presentó como esencial para el cumplimiento de un compromiso con la redistribución de la riqueza y como un medio equitativo para mejorar la financiación del Estado. La «indecente» remuneración de los líderes empresariales, que constantemente exigían «restricciones» a sus empleados, parecía inaceptable. El presidente y los miembros de su gobierno mismos aceptaron una reducción del 30 por 100 de sus salarios.

Como era de esperar, estas medidas provocaron una tempestad de protestas, combinada con amenazas por parte de quienes se veían a sí mismos como los principales creadores de riqueza de la nación de abandonar el país para marcharse a los más acogedores climas de Londres, Ginebra o Bruselas. En el caso más publicitado, el primer ministro describió como «lamentable» la decisión del actor Gérard Depardieu de solicitar la ciudadanía rusa. Las reacciones de los inversores extranjeros que poseían el 40 por 100 de las acciones en las compañías punteras incluidas en la lista del índice bursátil CAC 40 produjeron mayores motivos de preocupación. El hombre que el 22 de enero, en Le Bourget, había declarado «mon adversaire, c’est la finance» parecía también decidido a regular el sector financiero..., lo cual, para resultar eficaz, requeriría la colaboración británica y estadounidense, así como de la UE, a fin de frenar la actividad especulativa y fomentar un apoyo más productivo a la innovación, y en especial a las pequeñas y medianas empresas con potencial para crear empleos. Hollande –un europeo convencido– estaba además ansioso por llevar a buen puerto una difícil renegociación del pacto fiscal acordado por su predecesor con la canciller alemana. Aunque aceptaba la urgente necesidad de una disciplina financiera más rigurosa mediante una reducción deflacionaria del déficit público hasta el 3 por 100 del PIB, el nuevo presidente prefería un enfoque algo más gradual, en un esfuerzo por evitar que la mayor austeridad no sumiera a la economía en una recesión aún más acusada. También estaba ansioso por proteger a las familias con bajos ingresos –aunque el aumento del salario mínimo se limitó al 2 por 100–, así como por cumplir su compromiso de campaña de crear 65.000 nuevos puestos en las prioritarias áreas de la educación, la justicia y la policial, dando preferencia a la instalación de guarderías en las zonas deprimidas, la mejora en la formación de los profesores y al equipamiento de las escuelas con tecnología de la información. No obstante, Hollande no tenía ninguna intención de repetir los errores de anteriores administraciones socialistas que en 1981, a comienzos de la presidencia de Mitterrand, habían aumentado considerablemente los gastos o, durante la cohabitation de Jospin y Fabius con el presidente Chirac, reducido drásticamente los impuestos.

Sin embargo, los defensores de la austeridad no tardarían en entrar en conflicto con Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, al cual se había encargado conseguir una recuperación económica pero sospechoso de los consejos «ultraliberales» dados a la nueva Administración por altos funcionarios nombrados por el gobierno Sarkozy. Además de tratar acerca de los medios para lograr una mayor flexibilidad del mercado laboral con los patronos y los sindicatos, Montebourg intentó inmediatamente impedir el despido programado de trabajadores. Sin embargo, en industrias acosadas por la sobreproducción, entre ellas la automovilística y la siderúrgica, compañías como PSA Peugeot-Citroën y Acelor Mittal estaban desesperadas por emprender la restructuración a fin de reducir costes. Aunque pronto retirados, gestos como la amenaza de nacionalizar una planta de laminación de acero en Florange, en la Lorena, transmitieron una sensación de impotencia y no hicieron nada por mejorar las percepciones del gobierno entre los empresarios. El «compromiso histórico» (Hollande) del 11 de enero de 2013 entre (algunos) sindicatos y la organización patronal (Medef), que debía de reducir la regulación del mercado laboral, fue por tanto una sorpresa y provocó un optimismo probablemente exagerado.

Como no cabía esperar otra cosa, desde la oposición conservadora llovieron agresivos ataques a la política «idiota» del gobierno. Fillon advirtió de que el resultado de sus políticas sería una «catástrofe social y económica». El apoyo de Hollande al matrimonio homosexual como medio para aumentar la igualdad civil y de los votos de los extranjeros (incluidos muchos musulmanes) en las elecciones locales, y su chasse des riches aún enfureció más al peuple de droite –incluidos eminentes portavoces católicos– y provocó una enorme manifestación en París. Sin embargo, a la oposición no le faltaban problemas propios. La rápida retirada de Sarkozy desató las recriminaciones. Las culpas por la derrota habían de repartirse, y comenzó una lucha por la sucesión que amenazaba con fracturar de nuevo al partido conservador unificado entre su centro-derecha y los elementos centristas. La obsesión de Sarkozy con la inmigración, el islam y la delincuencia, y la adopción de buena parte del discurso de la extrema derecha, junto con el abandono del gaullismo social del antiguo RPR y del cristianismo social de la UDF, ya habían desplazado el centro de gravedad del conservadurismo a la derecha. Jean-François Copé, secretario general de la UMP y uno de los dos principales aspirantes a la presidencia del partido, adoptó rápidamente posiciones similares. Fillon, su rival –acusado de haber sido un débil primer ministro manipulado por Sarkozy–, corría el riesgo de verse arrastrado a la derecha en una enconada batalla personal con Copé. La causticidad de estas divisiones también propició que algunos militantes volvieran los ojos a Juppé, el antiguo ministro de Exteriores y primer ministro, como una alternativa menos divisiva y, tal vez más seriamente, a considerar la perspectiva de una renovada candidatura de Sarkozy a las elecciones presidenciales de 2017. A un hombre que, favorecido en esta fase del proceso por las encuestas de opinión, ha vivido para la política, sigue teniendo una confianza extraordinaria en sí mismo y siente un desprecio absoluto por las capacidades de Hollande lo mismo que por las de sus rivales conservadores bien podría convencérsele de que abandonara diligentemente su cómodo retiro o al menos mantuviera abiertas sus opciones y, con el apoyo de la Association des Amis de Nicolas Sarkozy, hiciera todos los esfuerzos por no caer en el olvido.

Lámina 73. El presidente Hollande pasa revista a las tropas durante una visita a la base militar de Kapisa, Afganistán, el 25 de mayo de 2012. Foto: Joel Saget/AFP/Getty Images.

La impaciencia pública y la aparente inacción del gobierno socialista alentaron a sus críticos. El cumplimiento de los primeros 100 días de Hollande en el poder el 12-13 de agosto se vio marcado por dos noches de violentas protestas en los quartiers populares de Amiens que concentraron la atención pública sobre la dimensión de la desafección y las amenazas al orden social que suponían un alto y persistente desempleo, unas pobres condiciones de vida, el fracaso escolar, la discriminación racial y social y el «hostigamiento» de la policía. Contener la amenaza del terrorismo absorbería también una considerable energía y requeriría cuantiosas inversiones de recursos económicos, policiales y militares. La Comission sur la Moralisation et la Renovation de la Vie Politique, creada bajo la presidencia de Jospin, podía ofrecer valiosas sugerencias sobre temas tan importantes como la derogación de la inmunidad judicial de la que gozan los presidentes mientras están en ejercicio, el freno a la acumulación de cargos locales y nacionales (el cumul des mandats), las finanzas electorales o la mediación en los conflictos de intereses, pero parecía improbable que contribuyera mucho a la restauración de la confianza pública en los políticos o el interés por la política; en otras palabras, a restaurar la legitimidad del Estado. Una rápida y, al menos inicialmente, eficaz acción militar de la antigua potencia colonial en Mali para detener una creciente amenaza islamista elevó brevemente la reputación de Hollande, pero también recordó a los ministros el riesgo constante de lo inesperado.

Evidentemente, Francia afronta importantes problemas para conservar su prosperidad, su cohesión social y su estatus internacional. Entre los políticos y economistas no hay consenso sobre las soluciones a los problemas actuales. La respuesta neoliberal a la globalización y al incremento de la movilidad del capital y laboral ha exigido la racionalización de las empresas, la privatización de los activos estatales, una mayor flexibilidad del mercado laboral y la reducción de los costes no salariales (esto es, la asistencia social). Junto con la aceleración de los cambios tecnológicos –la tecnología de la información, la robótica o la biotecnología–, esto ha tenido como resultado aumentos sustanciales de la productividad y de los ingresos y la riqueza de la nación pero al mismo tiempo el crecimiento del desempleo (que en 2013 se espera que llegue al 11 por 100 de la población activa), la inseguridad, la pobreza y la desigualdad, una división social entre aquellos con habilidades demandadas y los no cualificados, empobrecidos y excluidos. La legislación social concebida para proteger a los débiles y para potenciar la cohesión social ha llegado a verse como un obstáculo al libre funcionamiento del mercado. Este es el nuevo «realismo» tan eficazmente fomentado por organizaciones internacionales como el FMI y la OCDE.

El État-Providence, el modelo social europeo desarrollado después de 1945, producto de un siglo de luchas, está siendo atacado. Aunque, hasta cierto punto, la vida económica sigue arraigada en el seno de las entidades nacionales, la capacidad del Estado para dirigir la economía se ha visto sustancialmente debilitada. La globalización ha aumentado enormemente el poder de los mercados financieros y de las agresivas empresas multinacionales expertas en la evasión de impuestos. La soberanía nacional, la estabilidad económica, la autonomía cultural e incluso la seguridad personal están también amenazadas por el control sobre la difusión de la información que cada vez ejercen más Google, Amazon, Apple y Facebook. En el interior, la principal amenaza la supone una coalición de políticos conservadores e intereses empresariales que gozan del apoyo de los medios de comunicación propiedad o dependientes para sus ingresos publicitarios de importantes conglomerados y en los cuales un pequeño número de periodistas/personalidades mediáticas desempeñan un papel clave en la «información» del público. Los beneficios potenciales son enormes. Cuantiosas concesiones fiscales –personales y a las empresas– se han presentado como incentivos esenciales para el emprendimiento, el medio necesario para el relanzamiento de la economía. Mientras tanto, la carga fiscal se ha desplazado cada vez más a los peor pagados merced al creciente empleo de los impuestos indirectos para aumentar la recaudación. En el pasado reciente, las privatizaciones reportaron al Estado activos a precios atractivos. El potencial «refuerzo» de la asistencia social mediante los seguros privados ofrece ulteriores posibilidades de lucro. Simbólicamente, representaría la creciente comercialización de todos los aspectos de la vida.

¿Hay alguna alternativa? En el futuro inmediato es mucho lo que dependerá de la capacidad y voluntad de Hollande de ejercer su autoridad. Lo mismo que Chirac y Sarkozy, en el pasado se ha mostrado reacio a adoptar decisiones políticas difíciles. Las acusaciones de inacción y de falta de coherencia en el gobierno sustituyeron rápidamente la sensación inicial de expectación. El inesperado rechazo por el Consejo Constitucional de la simbólica tasa fiscal del 75 por 100 fue un primer golpe a la autoestima del presidente y la reputación del gobierno. Sin embargo, es demasiado pronto para juzgar los logros de la Administración socialista elegida en 2012 contra la serie de crisis económicas y sociales que afronta. Llevará tiempo aplicar los ambiciosos cambios en los que parece empeñada. La intervención eficaz en la economía para aumentar la productividad y la competitividad requiere de cooperación por parte de los líderes empresariales y los empleados, así como una reducción en la escala, el coste y la inercia sin más de los mecanismos burocráticos. No obstante, las garantías colectivas de salud y seguridad deberían defenderse por razones morales y en interés de la democracia o, como mínimo, por propio interés en la limitación del crecimiento de la pobreza y sus acompañantes: la delincuencia, la tensión social y los conflictos. En áreas como la sanidad y la educación queda mucho margen para la creación de un empleo útil del que el mercado nunca proveerá adecuadamente. Más en general, a los mercados también se les ha de volver a imponer un determinado grado de regulación a fin de compensar de la inseguridad provocada por la comercialización y la globalización. La experiencia del gobierno socialista de 1981, sin embargo, dejó claro que ningún Estado puede esperar resistir por sí solo a las presiones del mercado global. Paradójicamente, pues, es mediante la extensión y el fortalecimiento de la UE y de sus dimensiones social, así como económica –esto es, mediante una mayor pérdida de soberanía nacional–, como mejor pueden conservarse las instituciones y la identidad nacional de Francia, y evitarse su ulterior marginalización en la escena mundial.

Pese a la prosperidad de la que disfruta la mayor parte de la población, actualmente cunde una peligrosa sensación de malestar. Deriva de esta una alarmante sensación de distanciamiento con respecto al sistema político, con sus constantes peleas intestinas y las disputas por los cargos entre líderes con ambiciones presidenciales. Envueltos en cómodos entornos en los cuales disfrutan de generosos salarios y cuentas de gastos, a los ministros, senadores y diputados, lo mismo que a los periodistas de la prensa escrita y la televisión, y a quienes participan en blogs y tuits con los cuales interactúan de manera oportunista, a menudo parece faltarles el contacto con el público en su sentido más amplio.

El interés público por la política como medio para la expresión de valores morales, y medido por la afiliación a los partidos políticos y los sindicatos, o a los movimientos sociales comprometidos con la ecología o el feminismo, o incluso por la lectura de periódicos, evidentemente ha disminuido. La desilusión con el sistema político se ha generalizado. El electorado sigue siendo volátil. La debilidad de la Asamblea Nacional, el desdibujamiento de las diferencias ideológicas y el consenso liberal compartido sobre tantos temas económicos y sociales han dejado a muchos las manifestaciones de masas o el apoyo a los extremos políticos como el único medio a su alcance para protestar contra un sistema que parece estar dándoles la espalda. Esta sensación de distanciamiento se aplica en particular a las generaciones más jóvenes, con altos niveles de desempleo y perspectivas menguantes. Los franceses musulmanes están asimismo cada vez más preocupados por el rechazo oficial del multiculturalismo y las demandas de asimilación de los musulmanes en el mainstream francés a través del sistema educativo. Si bien es necesario fomentar el desarrollo de una sensación compartida de comunidad entre todos los grupos étnicos que ocupan el mismo espacio social, cabría fomentar con mayor fuerza la tolerancia mutua, el aprecio por el individuo y el respeto a los procesos democráticos.

A pesar de estos graves problemas, el sistema del gobierno presidencialista en origen erigido sobre las ruinas de la Cuarta República parece probable que sobreviva, y con él el compromiso básico con el «orden republicano», con una estructura política liberal-democrática y con un modelo social dirigido hacia el bienestar en el seno de un sistema económico fundamentalmente capitalista, orientado por los mercados. Una fuerte sensación de la identidad nacional continuará expresándose mientras los líderes políticos traten de influir en el desarrollo de la UE en interés de Francia. Salvo en el caso de que se produzca una importante crisis internacional –y causas potenciales para ello no es precisamente lo que falta–, parece probable que la economía francesa continúe adaptándose a las oportunidades y los desafíos del Mercado Europeo Único y de una mayor globalización, y a los cambios en la división internacional del trabajo. En mercados fuertemente competitivos y ante la agudizada competencia por el capital, el petróleo y las materias primas industriales inducida por el rápido crecimiento de las economías china e india, así como por el insaciable y predatorio capitalismo de los Estados Unidos, esto no hallará exento de dificultades. No obstante, la mayor parte de la población parece destinada a gozar de una creciente prosperidad mientras, al mismo tiempo, se adapta a una mayor inseguridad y unas condiciones laborales más estresantes. Sin embargo, sigue habiendo considerable potencial para el conflicto sobre el desigual acceso al poder político, a las oportunidades educativas y de empleo y a la salud, mientras que las horribles tensiones causadas por las diferencias raciales y culturales y el terrorismo conservan su potencia. No hay, pues, nada inevitable en cuanto al aumento de prosperidad. El proteccionismo y la guerra pusieron fin a un periodo anterior de globalización en el siglo XIX. Todo sistema social está sujeto a tensiones y a presiones impredecibles; debemos esperar de todo corazón que quienes ostentan el poder, operando en el marco de un eficaz sistema de gobernación, mitiguen su impacto.

Bibliografía

UNA BREVE GUÍA DE LECTURAS ADICIONALES

Además de esta bibliografía, los lectores pueden consultar las siguientes revistas: French History; French Historical Studies; French Politics; French Politics, Culture and Society; Contemporary French Civilisation, y Modern and Contemporary France, además del sitio web H-France.

GENERAL

BERTIER DE SAUVIGNY, G. de, Historia de Francia, Madrid, Rialp, 2009.

CLOUT, H. D. (ed.), Themes in the Historical Geography of France, Londres, 1977.

COLE, R., Historia de Francia, 2.ª edición, Madrid, Celeste Ediciones, 1989.

GILDEA, R., The Past in French History, Londres, 1994.

JONES, C., The Cambridge Illustrated History of France, Cambridge, 1994.

LA EDAD MEDIA

ALLMAND, C., The Hundred Years War, Londres, 1987.

—, (ed.), Power, Culture and Religion, c. 1350-c.1550, Londres, 1989.

BALDWIN, J. W., The Government of Philip Augustus Foundations of French Royal Power in the Middle Ages, Londres, 1986.

BISSON, T. (ed.), Cultures and Power: Lordship, Status and Process in Twelfh-Century Europe, Filadelfia, 1995.

BOUCHARD, C., «Strong of Body, Brave and Noble»: Chivalry and Society in Medieval France, Nueva York, Ithaca, 1998.

BULL, M. (ed.), France in the Central Middle Ages, Oxford, 2002.

DUBY, G., France in the Middle Ages 987-1460, Londres, 1991.

DUNBABIN, J., France in the Making 843-1180, Londres, 1985.

GAPOSCHKIN, M., The Making of Saint Louis: Kinghip, Sanctity, and Crusade in the Later Middle Ages, Nueva York, Ithaca, 2008.

GRANT, L., Abbot Suger of Saint-Denis: Church and State in Early Twelfth-Century France, Londres, 1998.

HALLAM, E. H. y EVERARD, J., Capetian France 987-1328, Londres, 2001.

JAMES, E., The Origins of France, from Clovis to the Capetians, 500-1000, Londres, 1982.

PEGG, M., A Most Holy War: The Albigensian Crusade and the Battle for Christendom, Oxford, 2008.

ROUX, S., Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford, 1998.

SKODA, H., Medieval Violence: Physical Brutality in Northern France, 1270-1330, Oxford, 2013.

SUMPTION, J., The Hundred Years War, 3 vols., Londres, 1999-2009.

LA FRANCIA MODERNA TEMPRANA

BEIK, W., A Social and Cultural History of Early Modern France, Camdridge, 2009.

BELL, D., Lawyers and Citizen: The Making of a Political Elite in Old Regime France, Oxford, 1994.

BENEDICT, P., Cities and Social Change in Early Modern France, Londres, 1989.

BERGIN, J., The Rise of Richelieu, Londres, 1991.

—, Church, Society and Religious Change in France, 1580-1730, Londres, 2009.

BRIGGS, R. M., Communities of Belief: Cultural and Social Tensions in Early Modern France, Londres, 1988.

BURKE, P., The Fabrication of Louis XIV, Londres, 1992.

CAMPBELL, P. R., Power and Politics in Old Regime France, 1720-1745, Londres, 1996.

CENSER, J., The French Press in the Age of the Enlightenment, Londres, 1994.

COLLINS, J., The State in Early Modern France, Cambridge, 1995.

DARNTON, R., The Devil in the Holy Water, or the Art of Slander from Louis XIV to Napoleon, Filadelfia, 2010.

DAVIS, N. Z., Society and Culture in Early Modern France, Londres, 1965 [ed. esp.: Sociedad y cultura en la Francia moderna, Barcelona, Crítica, 1993].

DEE, D., Expansion and Crisis in Louis XIV’s France: Franche-Comté and Absolute Monarchy, 1674-1715, Rochester, Nueva York, 2009.

DEWALD, J., Aristocratic Experience and the Origins of Modern Culture, Berkeley, California, 1993.

DIEFENDORF, B., Beneath the Cross: Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris, Nueva York, 1991.

GREENGRASS, M., Governing Passions: Peace and Reform in the French Kingdom, 1576-1585, Oxford, 2007.

GOUBERT, P., L’Ancien régime, 2 vols., París, 1969-1970 [ed. esp. El Antiguo Régimen, 2 vols., Madrid, Siglo XXI de España, 1970].

GRUDER, V. R., The Notables and the Nation: The Political Schooling of the French, 1787-1788, Cambridge, Massachusetts, 2007.

HARDMAN, J., Overture to Revolution: The 1787 Assembly of Notables and the Crisis of France’s Old Regime, Oxford, 2010.

HOFFMAN, P., Growth in a Traditional Society: The French Countryside, 1450-1815, Princeton, Nueva Jersey, 1996.

HOLT, M. P., The French Wars of Religion, 1562-1629, Cambridge, 1995.

HUFTON, O., The Poor in Eighteenth-Century France, Oxford, 1974.

JONES, C., The Great Nation: France from Louis XV to Napoleon, Londres, 2003.

JONES, P., Reform and Revolution in France. The Politics of Transition, Cambridge, 1995.

KNECHT, R., The French Wars of Religion, 1559-1598, Londres, 1989.

—, The French Renaissance Court, Londres, 2008.

LYNN, J., The Wars of Louis XIV, Londres, 1999.

MAJOR, R., From Renaissance Monarchy to Absolute Monarchy, Londres, 1995.

PARROTT, D., Richelieu’s Army: War, Government and Society in Eighteenth-Century in France, 1624-1642, Cambridge, 2001.

PITTS, V., Henri IV of France, Baltimore, 2012.

POTTER, D., Renaissance France at War: Armies, Culture and Society, c. 1480-1560, Woodbridge, 2008.

RANUM, O., The Fronde, a French Revolution, 1648-1652, Londres, 1993.

RILEY, J. C., The Seven Years War and the Old Regime in France, Londres, 1986.

ROCHE, D., A History of Everyday Things: The Birth of Consumption in France, 1600-1800, Cambridge, 2000.

STONE, B., The French Parlements and the Crisis of the Old Regime, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1986.

SWANN, J. y FELIX, J. (eds.), The Crisis of the Absolute Monarchy, Oxford, 2013.

WOLFE, M., The Conversion of Henri IV: Politics, Power, and Religious Belief in Early Modern France, Cambridge, Massachusetts, 1993.

WOOD, J., The King’s Army: Walfare, Soldier and Society during the Wars of Religion in France, 1562-1576, Cambridge, 1996.

LA FRANCIA REVOLUCIONARIA Y NAPOLEÓNICA

ALEXANDER, R., Napoleon, Londres, 2001.

ANDRESS, D., The Terror: Civil War in the French Revolution, Londres 2006.

ASTON, N., Religion and Revolution in France, 1780-1804, Londres, 2000.

BACZKO, B., Ending the Terror: The French Revolution after Robespierre, Cambridge, 1994.

BROWN, H. y MILLER, J. (eds.), Taking Liberties: Problems of a New Order from the French Revolution to Napoleon, Manchester, 2002.

CAMPBELL, P. (ed.), The Origins of the French Revolution, Londres, 2006.

CHICKERING, R. y FÖRSTER, S. (eds.), War in an Age of Revolution, 1775-1815, Cambridge, 2010.

COBB, R. C., The Police and the People, Oxford, 1970.

CROOK, M., Election in the French Revolution, Cambridge, 1996.

DOYLE, W., The Oxford History of the French Revolution, Londres, 1989.

—, The Origins of the French Revolution, Oxford, 1988.

—, Aristocracy and its Enemies in the Age of Revolution, Oxford, 2009.

DWYER, P. y FORREST, A. (eds.), Napoleon and His Empire, 1804-1814, Londres, 2007.

FITZSIMMONS, M., The Night of the Old Regime Ended: August 4 1789, Filadelfia, 2003.

FORREST, A., The Soldiers of the French Revolution, Durham, Carolina del Norte, 1990.

—, Paris, the Provinces and the French Revolution, Londres, 2004.

GARRIOCH, D., The Making of Revolucionary Paris, Berkeley, Califormia, 2002.

GOUGH, H., The Terror in the French Revolution, Londres, 1998.

FURET, F., Revolutionary France, 1770-1880, Oxford, 1992.

JENNINGS, J., Revolution and the Republic: A History of Political Thought in France since the 18th Century, Cambridge, 2011.

JONES, P. M., The Peasantry in the French Revolution, Londres, 1988.

LEWIS, G. y LUCAS, C. (eds.), Beyond the Terror. Essays in French Regional and Social History, Cambridge, 1983.

LYONS, M., Napoleon Bonaparte and the Legacy of the French Revolution, Londres, 1994.

MARKOFF, J., The Abolition of Feudalism: Peasants, Lords and Legislators in the French Revolution, Filadelfia, 1996.

MCPHEE, P., Living the French Revolution, Londres, 2006.

—, Robespierre: A Revolucionary Life, Londres, 2012.

POPKIN, J., Revolucionary News: The Press in France, 1789-1799, Durham, Carolina del Norte, 1990.

SUTHERLAND, D., The French Revolution and Empire: The Quest for a Civic Order, Oxford, 2003.

TACKETT, T., Religion, Revolution, and Regional Culture in Eighteenth-Century France: The Ecclesiastical Oath of 1791, Princeton, Nueva Jersey, 1986.

—, Becoming a Revolutionary: The Deputies of the French National Assembly and the Emergence of a Revolucionary Culture, 1789-1790, Filadelfia, 1996.

—, When the King Took Flight, Cambridge, Massachusetts, 2004.

WOLOCH, I., The New Regime. Transformation of the French Civic Order, 1789-1820, Londres, 1994.

—, Napoleon and His Collaborators: The Making of a Dictatorship, Nueva York, 2001.

EL SIGLO XIX

AGULHON, M., The Republican Experiment, 1848-1852, Cambridge, 1983.

COLLINGHAM, H. A. C., The July Monarchy 1830-1848, Londres, 1988.

GIBSON, R., A Social History of French Catholicism, Londres, 1989.

HARRIS, R., The Man on Devil’s Island: Alfred Dreyfus and the Affair that Divided France, Londres, 2010.

HARVEY, D., Paris, Capital of Modernity, Londres, 2004.

HAZAREESINGH, S., (ed.), The Jacobin Legacy in Modern France: Essays in Honour of Vincent Wright, Oxford, 2002.

—, The Legend of Napoleon, Londres, 2005.

—, From Subject to Citizen: The Social Empire ad the Affair that Divided France, Londres, 2010.

HEYWOOD, C., The Development of the French Economy, 1750-1914, Cambridge, 1992.

LEHNING, J., To Be a Citizen: The Political Culture of the Early Third Republic, Nueva York, Ithaca, 2001.

MAGRAW, R., France 1815-1914. The Bourgeois Century, Londres, 1983.

—, A History of the French Working Class, 2 vols., Oxford, 1992.

MCMILLAN, J., France and Women 1789-1914: Gender, Society and Politics, Londres, 2000.

— (ed.), Modern France, 1880-2002, Oxford, 2003.

PILBEAM, P., Republicanism in Nineteenth Century France, Londres, 1991.

PINKNEY, D., The French Revolution of 1830, Princeton, Nueva Jersey, 1972.

PORCH, D., The March to the Marne: The French Army, 1871-1914, Cambridge, 1981.

PRICE, R., The French Second Republic. A Social History, Londres, 1972.

—, The Modernization of Rural France, Londres, 1983.

—, A Social History of Nineteenth-Century France, Londres, 1987.

—, The French Second Empire: An Anatomy of Political Power, Cambridge, 2001.

—, People and Politics in France, 1848-1870, Cambridge, 2004.

TOMBS, R., France, 1814-1914, Londres, 1996.

—, The Paris Commune, 1871, Londres, 1999.

WAWRO, G., The Franco-Prussian War, Cambridge, 2003.

ÉPOCA DE CRISIS, 1914-1945

ADAMTHWAITE, A., Grandeur and Misery: France’s Bid for Power in Europe, 1914-1940, Londres, 1995.

BECKER, J.-J., The Great War and the French People, Oxford, 1986.

BERNARD, P. y DUBIEF, H., The Decline of the Third Republic 1914-1938, Cambridge, 1985.

BOYCE, R. (ed.), French and Defense Policy 1918-1940, Londres, 1998.

COBB, M., The Resistence: The French Fight against the Nazis, Londres 2009.

DIAMOND, H., Fleeing Hitler: France 1940, Oxford, 2007.

DOMBROWSKI, N., France under Fire: German Invasion, Civilian Flight and Family Survival during World War II, Cambridge, 2012.

GILDEA, R., Marianne in Chains: In Search of the German Occupation 1940-1945, Londres, 2002.

GRAHAM, B., Choice and Democratic Order: The French Socialist Party 1937-1950, Cambridge, 1994.

HORNE, J. (ed.), State, Society and Movilization during the First World War, Cambridge, 1997.

JACKSON, J., The Popular Front in France: Defending Democracy, 1934-1938, Cambridge, 1988.

—, France: The Dark Years, Oxford, 2001.

—, The Fall of France: The Nazi Invasion of 1940, Oxford, 2003.

JACKSON, P., France and the Nazi Menace: Inteligence and Policy-Making 1933-1939, Oxford, 2000.

KEDWARD, H. R., Resistance in Vichy France, Oxford, 1978.

—, In Search of the Maquis: Rural Resistece in France, Oxford, 1993.

KEIGER, J., France and the Origins of the First World War, Londres, 1983.

MARTIN, B., Years of Plenty, Years of Wants: France and the Legacy of the Great War, DeKalb, II, 2013.

NORD, P., France’s New Deal: From the Thirties to the Postwar Era, Princeton, Nueva Jersey, 2010.

PASSMORE, K., From Liberalism to Fascism: The Right in a French Province 1928-1939, Cambridge, 1997.

PAXTON, R. O., Vichy France: Old Guard and New Order, Nueva York, 1982.

PROST, A., In the Wake of War: «Les Anciens Combattants» and French Society, Oxford, 1992.

REARICK, C., The French in Love and War: Popular Culture in the Era of the World Wars, New Haven, Conneticut, 1997.

SHENNAN, A., The Fall of France, Londres, 2000.

SHERMAN, D., The Construction of Memory in Interwar France, Chicago, 1999.

SMITH, L., AUDOIN-ROUZEAU, S. y BECKER, A, France and the Great War 1914-1918, Cambridge, 2003.

SWEETS, J., Choices in Vichy France: The French under Nazi Occupation, Oxford, 1986.

VINEN, R., Unfree French, Life under the Occupation, Londres, 2006.

WALL, I., French Communism in the Era of Stalin, Westport, Conneticut, 1983.

RECONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN: LAS TRENTE GLORIEUSES

BEEL, D. The French Communist Party in the Fifth Republic, Oxford, 1994.

BERNSTEIN, S., The Republic of De Gaulle, Cambridge, 1993.

EVANS, M., Algeria: France’s Undeclared War, Oxford, 2011.

FENBY, J., The General: Charles de Gaulle and the France He Saved, Londres, 2010.

GILDEA, R., France since 1945, Oxford, 1996.

GORDON, P., A Certain Idea of France: French Security Policy and the Gaullist Legacy, Princeton, Nueva Jersey, 1993.

GOUGH, H. y HORNE, J. (eds.), De Gaulle and Twentieth-Century France, Londres, 1994.

HAZAREESINGH, S., In the Shadow of the General: Modern France and the Myth of De Gaulle, Oxford, 2012.

HEWLETT, N., Modern French Politics: Analysing Conflicts and Consensus since 1945, Oxford, 1998.

HITCHCOCK, W., France Restored: Cold War Diplomacy and the Quest for Leadership in Europe, 1944-1954, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1998.

HOUSE, J. y MACMASTER, N., Paris 1961: Algerians, State Terror, and Memory, Oxford, 2006.

LORCIN, R., Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria, Londres, 1995.

PULJU, R., Women and Mass Consumer Society in Postwar France, Cambridge, 2011.

RIOUX, J.-P., The Fourth Republic, 1944-1958, Cambridge, 1987.

RIOUX, J.-P. y BERSTEIN, S., The Pompidou Years, 1969-1974, Cambridge, 2000.

TALBOT, J., The War without a Name: France in Algeria, 1954-1962, Nueva York, 1981.

VINEN, R., France, 1934-1970, Londres, 1996.

WRIGHT, V., American Influence in France 1944-1954, Londres, 1992.

UNA SOCIEDAD BAJO ESTRÉS

BELL, D. y CRIDDLE, B., The French Socialist Party: Emergence of a Party of Government, Oxford, 1987.

COLE, A., François Mitterrand: A Study in Political Leadership, Londres, 1994.

DALEY, A. (ed.), The Mitterrand Era: Policy Alternatives and Political Mobilization in France, Nueva York, 1996.

DRAKE, H., Contemporary France, Londres, 2011.

ELGIE, R., Political Institutions in Contemporary France, Oxford, 2003.

FENBY, J., On the Brink: The Trouble with France, Londres, 2002.

GAFFNEY, J., French Presidentialim and the Election of 1995, Aldershot, 1997.

GOODLIFFE, G., The Resurgence of the Radical Right in France: From Boulangisme to the Front National, Cambridge, 2012.

GORDON, P. y MEUNIER, S., The French Challenge: Adapting to Globalization, Nueva York, 2001.

GREGORY, A. y TODD, U. (eds.), Women in Contemporary France, Oxford, 2000.

HANLEY, D., Party, Society, Government: Republican Democracy in France, Oxford, 2002.

JACKSON, J., MILNE, A.-L. y WILLIAMS, J., May 68. Rethinking France’s Last Revolution, Londres, 2011.

KEELER, J. y SCHAIN, M. (eds.), Chirac’s Challenge: Liberalization, Europeanization and Malaise in France, Londres, 1996.

LAUGHLAND, J., The Death of Politics France under Mitterrand, Londres, 1994.

MCMILLAN, J. (ed.), Modern France, Oxford, 2003.

ROSANVALLON, P., The New Social Question: Rethinking the Welfare State, Princeton, Nueva Jersey, 2000.

ROSS, G., HOFFMAN, S. y MALZACHER, S. (eds.), The Mitterand Experiment: Continuity and Change in Modern France, Cambridge, 1987.

SA’ADAH, A., Contemporary France: A Democratic Education, Oxford, 2003.

SIMMONS, H., The French National Front, Boulder, Connecticut, 1996.